Categoría: Administración

El sector de la automoción juega un papel estratégico en la economía española, al tener un importante efecto tractor sobre numerosas regiones, por su peso en el Producto Interior Bruto nacional, por el empleo directo e indirecto que genera, por su aportación a la balanza comercial y a la inversión en innovación que se refleja en una constante mejora de nuestra competitividad: Representaba antes de 2020 hasta el 10 % del Producto Interior Bruto y el 19 % del total de las exportaciones españolas. El sector da empleo en 2023 a 650.000 personas de manera directa y casi 2 millones de puestos de trabajo en total están ligados de algún modo a él. Las plantas del sector automoción y su cadena de valor en España emplean además un importante número de puestos de trabajo de alta cualificación, con buenas condiciones y abundantes externalidades positivas en el tejido industrial de las regiones donde están instaladas.
La coyuntura del sector, no obstante, dista de ser favorable desde el año 2020, cuando a los cortes de las cadenas de suministro mundiales se han unido las intensas caídas de la demanda en nuestros mercados de exportación ante las medidas de restricción de la movilidad. A estas circunstancias, se ha sumado la escasez de algunos componentes críticos y el aumento de los costes energéticos derivados de los efectos en los mercados internacionales de la invasión rusa de Ucrania.
Estas circunstancias hacen urgente acelerar el profundo cambio de paradigma que ya se está produciendo en el ecosistema de la movilidad, hacia el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado. Este cambio introduce innovaciones disruptivas en toda la cadena de valor, basadas en los pilares de la doble transición como son la reducción de emisiones, el avance hacia un sector más circular, la reducción del consumo de energía y de combustibles fósiles, el uso de energías renovables y la digitalización.
Afrontar este proceso transformador es un reto de carácter estratégico para la economía española y europea, que requiere de actuaciones y capacidades que desbordan las de estricto carácter industrial y que deben ser acometidas también desde otros ámbitos, muchos de ellos novedosos, para conseguir el objetivo último: una nueva industria de automoción para una nueva movilidad. Ello en línea con los principios básicos de la Unión Europea de transformación digital y medioambiental, con objetivos ambiciosos como la reducción del 100 % de emisiones de CO2para ciertos vehículos nuevos en 2035 negociada en el paquete «Fit for 55».
El proceso descrito implica la participación del sector privado a través de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que permitan hacer realidad sus objetivos, con el apoyo del sector público. El interés público de las referidas inversiones resulta incuestionable, especialmente en el marco definido por las libertades del mercado interior, dada su evidente necesidad para posibilitar la transformación y el desarrollo futuro de este sector estratégico para nuestro país
El Consejo de la Unión Europea, acordó el 21 de julio de 2020 un paquete de medidas de gran alcance, las cuales aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 e incorporan un instrumento europeo para la recuperación (NextGenerationEU), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, «MRR»). Para acceder a los recursos financieros de este mecanismo, los Estados miembros debían elaborar un plan orientado a la recuperación. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR) español fue definitivamente aprobado por Decisión de Ejecución del Consejo (en adelante, CID por sus siglas en inglés) relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España el pasado 13 de julio de 2021.
El PRTR traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, con el objetivo de una reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década a través de la financiación de los fondos Next Generation EU, provenientes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).
El PRTR contempla diez políticas palanca y treinta componentes, recogiendo un conjunto coherente de inversiones y reformas orientadas a la recuperación y a impulsar un cambio de modelo económico, productivo y social para abordar de forma equilibrada los retos futuros: hacia una España más sostenible, digitalizada, en igualdad y con mayor cohesión social.
De las diez políticas palanca, la quinta, «Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora», se centra esencialmente en la competitividad industrial y de las pymes.
De las treinta componentes, la presente línea de ayudas, se incardina en el marco del componente 12 («Política Industrial»), inversión 2 (C12.I2) «Programa de Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial», del PRTR, de acuerdo con la CID. En esta inversión se enmarca la línea de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial, cuyo objetivo principal es impulsar la transformación de las cadenas de valor estratégicas de sectores industriales con gran efecto tractor en la economía, y alineadas con la estrategia europea de ecosistemas industriales.
Este programa contribuirá al cumplimiento de los objetivos CID 184 a 186.
Los proyectos que constituyen dicho PRTR, alineados con los objetivos del MRR, la transición verde y digital, permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones que permitan, por un lado, un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y, por otro, una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
Por otro lado, en cumplimiento con lo dispuesto en el PRTR, en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 de 12 de febrero de 2021, por el que se regula el MRR, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al MRR, así como con lo requerido en la CID, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en cumplimiento de la presente orden, deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el Componente 12, Inversión C12.I2 en la que se enmarca, tanto en lo referido al principio DNSH, como especialmente en lo que se refiere a las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del PRTR.
Asimismo, conforme a lo señalado en la CID, este programa tiene asociado etiquetado verde y digital. Concretamente, en relación a la inversión 2 del componente 12 y al objetivo 185, los criterios de selección deben garantizar que al menos 455.000.000 de euros contribuyan a los objetivos relacionados con el cambio climático con un coeficiente climático del 100 %, y al menos 1.500.000.000 de euros con un coeficiente climático del 40 %, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero. Como alternativa, y de forma justificada, los criterios de selección garantizarán que al menos 2.531.500.000 euros contribuyan a los objetivos relacionados con el cambio climático con, en promedio, un coeficiente climático de al menos el 40 %, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
Las etiquetas climáticas asociadas a esta inversión son la 22 (Procesos de investigación, transferencia de tecnología e innovación y para la cooperación entre empresas, centrándose en la economía hipocarbónica y la adaptación al cambio climático del sector industrial español, con un coeficiente asociado del 100 %), 23 (Procesos de investigación, transferencia de tecnología e innovación y de cooperación entre empresas, con especial atención a la economía circular y al sector industrial español, con un coeficiente asociado del 40 %), 24 (Proyectos para mejorar la eficiencia energética en el sector industrial (pymes y grandes empresas), con un coeficiente asociado del 40 %), 24 bis (Eficiencia energética y proyectos de demostración en grandes empresas y medidas de apoyo, con un coeficiente asociado del 40 %), 25 ter (Construcción de nuevos edificios energéticamente eficientes, con un coeficiente asociado del 40 %), 28 (Energía renovable: Eólica, con un coeficiente asociado del 100 %), 29 (Energía renovable: solar, con un coeficiente asociado del 100 %), 33 (Sistemas de energía inteligentes (incluidos las redes inteligentes y los sistemas de TIC) y su almacenamiento, con un coeficiente asociado del 100 %), 47 (Apoyo a procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos en las pymes, con un coeficiente asociado del 40 %), y 47 bis (Apoyo a procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos en las pymes, con un coeficiente asociado del 40 %). En este sentido y de acuerdo con lo señalado en la CID, la línea de ayudas regulada por esta orden priorizará las actividades que se integren en alguna de esas etiquetas.
Asimismo, la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, a través de su artículo 7 amplía la obligación de ahorro acumulado de uso final de la energía por parte de los Estados miembros. Esta orden de bases contribuirá, asimismo, a alcanzar los objetivos de ahorro de uso final de la energía establecidos en el artículo 7 de la referida Directiva de eficiencia energética y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En cuanto al objetivo de contribución a la transición digital, la inversión 2 del componente 12 tiene asociada la etiqueta 10 (Digitalización del sector industrial -pymes y grandes empresas -, con un coeficiente asociado del 100 %), por lo que se promoverá que se financien actuaciones que sean subsumibles en esta categoría.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, aprobó en 2021 la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) en el marco del PRTR.
Esta orden fijaba las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a agrupaciones sin personalidad jurídica propia para la realización de proyectos con carácter tractor dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado.
Dicha orden se enmarca en el régimen notificado y aprobado por la Decisión C (2021) 9281 (State Aid SA.64685 (2021/N)) de la Comisión Europea, en la que se establecieron las condiciones para la concesión de ayudas dedicadas a la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado.
Esta Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre fue modificada posteriormente por la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, la Orden ICT/359/2022, de 25 de abril y la Orden ICT/426/2022, y el procedimiento de convocatoria de las ayudas se resolvió el 20 de enero de 2023, otorgando un total de 791.721.600 euros de ayudas a diez proyectos tractores y 372 proyectos primarios. Los proyectos a los que se les otorgó ayuda bajo esa primera convocatoria están sujetos a lo dispuesto en las bases reguladoras vigentes en el momento de su concesión.
Con posterioridad a la aprobación de las tres modificaciones citadas a la Orden 1466/2021, de 23 de diciembre, entró en vigor la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, que modifica, en su artículo 11, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, e introduce un requisito adicional para adquirir la condición de beneficiario, y que constituye una de las principales motivaciones para el impulso de una nueva orden de bases.
Asimismo, es necesaria la incorporación a la norma del Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR, que han entrado en vigor con posterioridad y que definen los procedimientos y modifican los modelos de las declaraciones de ausencia de conflicto de interés (DACI) que deben suscribir los decisores en procedimientos de concesión de subvenciones, obligando a incorporar unos contenidos mínimos que permitan analizar ex ante los riesgos de conflicto de interés y contribuir así al cumplimiento de la obligación de prevención, detección y corrección del conflicto de interés en el ámbito del PRTR.
Más allá del marco coyuntural a partir de 2020, las tensiones geopolíticas internacionales así como las decisiones adoptadas en materia de política industrial por parte de otras economías desarrolladas, han generado un principio de reacción en lo que al régimen de ayudas de estado compatibles con el mercado interior se refiere en el seno de la Unión Europea, impulsando la ampliación del margen disponible de los Estados Miembros para apoyar políticas industriales mediante el despliegue de sistemas de incentivos económicos a los operadores económicos privados.
En este sentido, el 9 de marzo de 2023, la Comisión Europea aprobó la Comunicación de la Comisión «Marco Temporal de Crisis y Transición relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia» (2023/C 101/03), en adelante «Marco Temporal de Crisis y Transición», en la cual se identifican los efectos adversos sobre las cadenas de suministro de las repercusiones económicas de las sanciones impuestas y las contramedidas adoptadas por Rusia y Bielorrusia sobre el mercado interior de la Unión. Destaca especialmente que el uso del suministro de energía como arma por parte de Rusia intensifica la urgencia de que la UE reduzca su dependencia de los combustibles fósiles y acelere la descarbonización de la industria y el despliegue de las energías renovables y de las capacidades en sectores estratégicos para la transición hacia una economía de cero emisiones netas, como el de la movilidad.
Así, serán compatibles con el mercado interior, en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las ayudas para proyectos de inversión de importancia estratégica que incentiven la producción de equipos para la transición hacia una política de cero emisiones netas, como las baterías y sus componentes esenciales diseñados y utilizados como insumo directo para su producción.
Por otro lado, y con el mismo objetivo de fondo, la Comisión Europea ha anunciado la publicación de una modificación del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, que incluye una serie de medidas conducentes al incremento de los límites e intensidades de ayuda máximos.
En este sentido, la redacción de una nueva orden de bases responde, entre otras, a la necesidad de recoger las modificaciones realizadas en la regulación en materia de ayudas de Estado, así como reflejar todas las condiciones previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para adquirir la condición de beneficiario. Se ha estimado conveniente aprobar un texto completo de bases reguladoras aplicable a las futuras convocatorias, que tienen como fuente normativa el Marco Temporal de Crisis y Transición y el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. De conformidad con lo establecido en el artículo 61.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan PRTR, estas bases reguladoras incorporan la convocatoria del régimen de ayudas regulado por el Marco Temporal de Crisis y Transición.
Esta nueva orden se estructura en dos secciones claramente diferenciadas. La primera de ellas, sección A, se dirige a incentivar la inversión en capacidad de producción industrial de baterías destinadas al vehículo eléctrico, sus componentes esenciales y la producción o recuperación de materias primas fundamentales necesarias; la segunda, sección B, se dirige a apoyar planes de inversión orientados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, y ciertos sistemas de infraestructura auxiliares necesarios para su despliegue. La orden cubre tanto las bases reguladoras como la convocatoria de la sección A de baterías del vehículo eléctrico.
Las ayudas se concederán a planes de inversión enmarcados exclusivamente en una de las dos secciones. Los planes de la sección A sólo podrán incluir un proyecto, mientras que los planes de la sección B podrán estar compuestos por más de un proyecto, que podrán estar asociados a alguna de las líneas de actuación definidas: investigación, desarrollo e innovación, innovación en sostenibilidad y eficiencia energética, ayudas regionales a la inversión o inversión en favor de las PYME.
Atendiendo a las oportunidades de mejora detectadas del diseño de la primera convocatoria, expresadas por la industria a través de las asociaciones sectoriales, se ha incluido una extensión del plazo máximo de ejecución de las inversiones para la nueva orden de bases, acordada con la Comisión Europea, se ha adaptado el régimen de garantías a las nuevas condiciones económicas, se ha modificado el mecanismo de desembolso de las ayudas, que pasa a ser único, y se han incluido nuevas categorías de costes elegibles.
Adicionalmente, con objeto de dar mayor impulso al uso de energías renovables en establecimientos industriales, se ha modificado la proporción máxima de costes subvencionables dentro del capítulo de edificación e instalaciones, elevando el porcentaje máximo del presupuesto financiable que puede corresponder a dichos costes.
Finalmente, se han incluido otras modificaciones que responden a correcciones de errores detectados y clarificaciones en la orden original.
La orden se estructura en tres capítulos, sesenta y tres artículos, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones finales y doce anexos. Los capítulos I y II establecen las bases reguladoras del programa, incluyendo su objeto, tipos de proyectos, beneficiarios y características de las ayudas, así como el procedimiento de gestión a implementar. El capítulo III regula la convocatoria de ayudas de la sección A.
El régimen de concesión de las futuras convocatorias es el de concurrencia no competitiva, conforme al artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de noviembre, y las solicitudes serán atendidas, analizadas y resueltas en estricto orden de llegada.
Las ayudas reguladas en esta orden constituyen ayudas de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las ayudas de la sección A han sido notificadas a la Comisión Europea al amparo de la sección 2.8 del Marco Temporal de Crisis y Transición, habiéndose recibido el 11 de mayo de 2023 la «Decisión SA.107094 (2023/N) Línea de acción integrada en la cadena de valor industrial – Baterías» autorizando el régimen de ayudas que es implementado mediante la sección A.
El régimen de ayudas implementado mediante la sección B está exento de notificación al estar dentro de los límites establecidos por el Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
La aprobación de una nueva orden de bases no afecta al objetivo final de este marco de ayudas, definido en el PRTR y refrendado en la Decisión C(2021) 9281 de la Comisión: el apoyo a proyectos tractores que permitan la transformación de una cadena de valor estratégica, cuyo impacto en la economía española será muy significativo, especialmente en el sector de automoción y su orientación hacia el vehículo eléctrico y conectado, en la línea con el enfoque hacia una transformación digital y sostenible. Tampoco afecta a las ayudas aprobadas en el marco de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, y sus modificaciones. Asimismo, los plazos de ejecución que se contemplan en esta nueva orden no se refieren ni afectan a aquellos proyectos financiados en convocatorias previas.
Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios que conforman la buena regulación, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El ajuste de la norma propuesta al principio de necesidad y eficacia viene dado por la importancia que tiene para un país disponer de un sector industrial potente, generador de empleo estable y de calidad con mayor capacidad para afrontar las crisis globales como las recientemente experimentadas en el siglo XXI.
En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de comprobación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, muchos de los cuales son de cálculo automático.
El principio de eficiencia se cumple al realizar convocatorias a nivel nacional, de modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce, obteniéndose economías de escala y asegurando que los criterios utilizados son homogéneos, independientemente del origen geográfico de la solicitud.
Las bases de las ayudas reguladas en esta orden se dictan al amparo del artículo 149.1.13.ª y 15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de industria, comercio y turismo que abarca, entre otros aspectos, el desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa, la promoción y defensa de la propiedad industrial, la política comercial de internacionalización y de inversiones y transacciones exteriores, así como la política de turismo y el resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.. La gestión que la Administración General del Estado realiza de estas ayudas, permite introducir un adecuado nivel de competencia, así como una planificación racional y eficaz de las mismas.
En la elaboración de esta orden han emitido informe el Servicio Jurídico y la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En virtud de todo lo expuesto, dispongo:
Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas a planes de inversión en la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), así como proceder a la convocatoria de ayudas a proyectos de producción de baterías del vehículo eléctrico correspondiente al año 2023.
En el objeto de la ayuda se han distinguido, dentro de la cadena industrial del vehículo eléctrico, dos secciones diferenciadas: La primera, «sección A», que engloba la producción de baterías del vehículo eléctrico, sus componentes esenciales y la producción o recuperación de materias primas fundamentales necesarias; la segunda «sección B», que engloba el resto de la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, y ciertos sistemas de infraestructura auxiliares necesarios para su despliegue.
Para cada sección, A y B, las ayudas previstas se concederán en convocatorias separadas.
En el objeto de esta orden se contemplan las bases reguladoras para la concesión de ayudas en ambas secciones, así como la convocatoria de ayudas a planes de inversión en la sección A.
1. En todo lo no previsto en esta orden o en las respectivas convocatorias será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y demás disposiciones que resulten de aplicación.
2. En las convocatorias que se financien en el ámbito del PRTR será de aplicación lo dispuesto en la normativa europea y nacional sobre dicho Plan y en especial el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, «MRR»), el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTR. Asimismo, será de aplicación lo establecido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR.
Asimismo, será de aplicación lo establecido en la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al MRR (2021/C 58/01).
3. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los préstamos financieros que se otorguen al amparo de esta orden se regirán por su normativa específica, y, en su defecto, por las prescripciones de la citada Ley que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones.
4. Las ayudas concedidas a proyectos incluidos en la sección A de baterías del vehículo eléctrico, respetarán lo establecido en la Comunicación de la Comisión Marco Temporal de Crisis y Transición relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia (2023/C 101/03) (en adelante, «Marco Temporal de Crisis y Transición»), aprobada el 9 de marzo de 2023, y en particular en lo establecido en el punto 85) de la sección 2.8 Ayudas para la aceleración de las inversiones en sectores estratégicos para la transición hacia una economía de cero emisiones netas y la Decisión de la Comisión respecto al régimen notificado: «Decisión SA.107094 (2023/N) Línea de acción integrada en la cadena de valor industrial-Baterías».
5. Las ayudas concedidas a proyectos incluidos en la sección B del vehículo eléctrico, respetarán lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
6. Será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley.
1. Estas ayudas se financiarán, en su componente de subvención, con créditos vinculados al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el MRR, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2023, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En su componente de préstamo, se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Las aplicaciones presupuestarias, así como el presupuesto máximo de las ayudas a conceder se determinarán en las correspondientes convocatorias.
2. Las ayudas objeto de esta orden que, conforme a sus correspondientes convocatorias, se financien en el ámbito del PRTR, se enmarcan en la inversión 2, «Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial» del componente 12, contribuyendo al cumplimiento de los hitos y objetivos que se asocien a la misma en el PRTR. En particular podrán contribuir a los objetivos 184 (proyectos innovadores para la transformación de la industria en términos de eficiencia energética, sostenibilidad y digitalización) y 185 (proyectos innovadores para la transformación de la industria en términos de eficiencia energética, sostenibilidad y digitalización).
El ámbito geográfico de las actividades objeto de ayuda será la totalidad del territorio nacional.
No obstante lo anterior, los proyectos de la sección B del vehículo eléctrico y conectado incluidos en la subsección B.3 «Línea de ayudas regionales a la inversión» del artículo 11 de esta orden, deberán localizarse en zonas geográficas susceptibles de ayuda regional de acuerdo con las letras a) o c) del artículo 107.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y según el Mapa de Ayudas Regionales 2022-2027 para España.
Las ayudas previstas en esta orden tendrán un ámbito temporal conforme a la normativa europea de aplicación.
1. El procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas será el de concurrencia no competitiva, conforme al artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2. Las ayudas reguladas mediante esta orden podrán tener la forma de préstamos, subvenciones o de una combinación de ambos, de acuerdo con lo que establezca cada convocatoria.
3. Las correspondientes convocatorias podrán establecer la forma específica de las ayudas y el importe máximo de préstamo y/o de subvención a conceder en función de la disponibilidad presupuestaria, así como que podrá estar ligada a la sección en la que se enmarque el proyecto, el tamaño de la empresa, la tipología de proyecto, la línea de actuación o el tipo de gasto financiable, respetando, en todo caso, los umbrales máximos previstos en el artículo 17 de esta orden, y de conformidad con el Marco Temporal de Crisis y Transición y con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
4. Las ayudas en forma de subvención reguladas por esta orden se asignarán a planes de inversión, definidos en el artículo 8 de la presente orden, que cumplan con el requisito de alcanzar una contribución climática de, al menos, un 40 %.
En las solicitudes presentadas a la sección A, cada plan de inversión se corresponderá con un solo proyecto. En las solicitudes presentadas a la sección B, la contribución climática se ponderará entre todos los proyectos que conformen el plan de inversión.
Para determinar la contribución climática de los planes de inversión, cada uno de los proyectos de los que esté formado se identificará, durante el proceso de comprobación, con alguno de los campos de intervención definidos en el anexo VI del Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Solo los proyectos que tengan un campo de intervención acorde a la tabla adjunta, serán tenidos en cuenta para el cálculo de su contribución a los objetivos climáticos, asignándose en el resto de casos un coeficiente de 0 %:
En el caso de que se presente un plan de inversión con varios proyectos, el coeficiente global se calculará ponderando el coeficiente de cada proyecto por la subvención concedida para este. El plan de inversión tendrá al menos un coeficiente climático del 40 %.
5. Asimismo, las actuaciones financiadas por la ayuda en forma de subvención también podrán contribuir con el objetivo de transformación digital, incluyendo por lo tanto actividades de digitalización del sector industrial –PYMES y grandes empresas– (etiqueta 10 del anexo VI del Reglamento del MRR).
1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden las sociedades mercantiles con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con independencia de su tamaño, que desarrollen una actividad industrial en alguno de los sectores recogidos para cada sección en el anexo I de esta orden, y que no formen parte del sector público. A estos efectos se considerará sector público, las entidades enumeradas en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, del sector público sea superior al 50 por 100, o en los casos en que sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.
Se entenderá que el solicitante desarrolla una actividad industrial cuando haya desarrollado dicha actividad durante un periodo de al menos dos años contados hasta la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes o bien los accionistas y/o el equipo directivo acrediten experiencia de al menos dos años en dicha actividad a nivel de producción industrial comparable, o bien a nivel de planta piloto o bien a escala experimental.
2. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario aquellas entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2, 13.3 y 13.3 bis de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o que no estén al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni aquellas empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior. Asimismo, tampoco podrán obtener la condición de beneficiario aquellas empresas que se encuentren en crisis, a tenor de lo dispuesto en el Marco Temporal de Crisis y Transición y en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
3. Para las ayudas de la sección A, en virtud el punto 52) del Marco Temporal de Crisis y Transición, en ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que estén sujetas a sanciones adoptadas por la UE, entre las que figuran, entre otras, las siguientes:
a) Personas, entidades u organismos nombrados específicamente en los actos legales que impongan esas sanciones;
b) empresas que sean propiedad o estén bajo el control de personas, entidades u organismos sujetos a sanciones adoptadas por la UE; o
c) empresas que ejerzan actividades en sectores sujetos a sanciones adoptadas por la UE, en la medida en que la ayuda menoscabe los objetivos de las sanciones correspondientes.
1. Plan de inversión. Cada plan de inversión se enmarcará exclusivamente en una de las siguientes secciones:
a) Sección A de baterías del vehículo eléctrico; el plan de inversión estará compuesto por un solo proyecto enmarcado en una única prioridad temática de las indicadas en el apartado 2 de este artículo.
b) Sección B del vehículo eléctrico y conectado; el plan de inversión podrá estar compuesto por más de un proyecto, siendo cada proyecto dentro del plan individual, independiente y autónomo en cuanto a la línea de actuación en la que se enmarca, las actuaciones que incluye y los costes e inversiones imputados. En ningún caso se admitirá la división artificial de proyectos presentados en un mismo plan.
2. Las secciones anteriores incluirán actuaciones en las siguientes prioridades temáticas:
a) Sección A de baterías del vehículo eléctrico: Incluirá los proyectos de importancia estratégica para la transición hacia una economía con cero emisiones netas que supongan inversión en capacidad de:
1.º Producción de baterías destinadas al vehículo eléctrico. Se entenderá que son proyectos de esta línea aquellos que ofrezcan por sí mismos la capacidad de fabricar celdas de baterías y/o battery packs que puedan ser comercializados a terceros, o;
2.º la producción de componentes esenciales diseñados y utilizados principalmente como insumo directo para la producción de baterías destinadas al vehículo eléctrico detallados en el epígrafe 1 del anexo II de esta orden. Se incluirán en esta línea proyectos de fabricación de componentes para celdas de baterías y/o battery packs que no ofrezcan la capacidad de producción exigida en el punto 1.º En particular, serán financiables los proyectos de fabricación de los siguientes componentes; ánodos, cátodos, separador ánodo-cátodo, electrolito, BMS (Battery Management System) o battery box, o;
3.º la producción o recuperación de las materias primas fundamentales conexas necesarias para la producción de baterías y componentes esenciales definidos en el epígrafe 1 del anexo II de esta orden.
b) Sección B del vehículo eléctrico y conectado (VEC): Incluirá los planes de inversión orientados a alguno de los siguientes aspectos relacionados con la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado (VEC), en particular:
1.º Equipos originales y ensamblaje (OEM) de vehículos eléctricos o vehículos eléctricos y conectados.
2.º Investigación industrial, desarrollo experimental e innovación (I+D+i) en baterías o pilas de combustible destinados a vehículos eléctricos y conectados.
3.º Otros componentes esenciales adaptados al vehículo eléctrico y conectado.
4.º Componentes hardware o software del vehículo inteligente.
5.º Componentes hardware o software necesarios para la conectividad del vehículo eléctrico.
6.º Sistemas de recarga de vehículo eléctrico.
7.º Actuaciones para una potencial segunda vida de baterías y otros componentes procedentes de vehículos eléctricos, así como soluciones para su reciclado y el aprovechamiento de sus materias primas.
3. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden se instrumentarán a través de convocatorias específicas para cada sección. En cada convocatoria se establecerá el número de solicitudes que una misma entidad puede presentar.
4. La convocatoria específica para la sección A se regula en el capítulo III de esta orden.
1. Con carácter general, además de las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar las actuaciones y adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.
b) Acreditar, en los plazos estipulados, la realización de las actuaciones, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión.
c) Colaborar con las actuaciones de verificación, comprobación y control, aportando en cualquier momento que se solicite, cuanta documentación, información o datos le sea requerida en el ejercicio de las mismas.
d) Comunicar a la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (en adelante, DGIPYME) la obtención de cualquier otra financiación pública concurrente parcial o totalmente con los gastos subvencionables de ayuda al amparo de esta orden.
e) Acreditar en cualquier momento que se solicite, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.
f) Acreditar en cualquier momento que se solicite, el cumplimiento de obligaciones de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.
g) Para aquellos proyectos de inversión en procesos sometidos en el momento de la concesión a comercio de derechos de emisiones según se define en el anexo III de la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al MRR, será obligación de las entidades beneficiarias, acreditar en el momento de la justificación, que dicho proceso emite gases de efecto invernadero por debajo de los parámetros de referencia (benchmark) establecidos en el periodo 2021-2025 para la asignación gratuita de derechos de emisión para dicho proceso.
2. Asimismo, en el caso de que la convocatoria se financie en el marco del PRTR, las entidades beneficiarias deberán cumplir también con las obligaciones europeas y nacionales, relativas a la financiación del MRR. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
b) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
c) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del PRTR.
d) Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
e) Conservarán los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. Este período será de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
f) En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo», conforme a lo previsto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al MRR así como con lo requerido en la CID relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR.
g) Tienen la obligación de adoptar medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
h) Para aquellos proyectos desarrollados en instalaciones reguladas en el momento de la concesión por el comercio de derechos de emisiones, será obligación del beneficiario aportar en cualquier momento que se solicite, los Informes de Emisiones Verificados de la instalación.
1. De conformidad con la Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo, por la que se regula el funcionamiento y estructura del Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, serán inscritas como interesadas todas las entidades vinculadas al desarrollo del PERTE VEC, independientemente de su naturaleza jurídica y de su forma de constitución.
2. La presentación de la solicitud de obtención de ayuda de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la presente orden, implicará el consentimiento de la utilización de los datos de la solicitud para la inscripción de las entidades solicitantes en el Registro estatal de entidades interesadas en el PERTE.
3. Corresponderá al Secretario General de Industria y de la PYME, a propuesta del órgano instructor, adoptar las resoluciones de acreditación y comunicarlas la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a efectos de su inscripción en el Registro estatal.
Serán susceptibles de ayuda los planes de inversión estructurados en uno o varios proyectos enmarcados en la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado y asociados a alguna de las secciones, líneas de actuación y tipos de proyecto que se detallan en los puntos siguientes del presente artículo:
1. En la sección A de baterías del vehículo eléctrico serán susceptibles de ayudas las actuaciones que se enmarquen en alguno de los siguientes tipos de proyecto:
a) Creación de establecimientos industriales: inicio de una nueva actividad de producción en cualquier punto del territorio nacional.
b) Ampliaciones de la capacidad de producción instalada en centros de producción existentes, a través de la implantación de nuevas líneas de producción. A efectos de clasificación del proyecto según las tipologías anteriores, se entenderá por implantación de una nueva línea de producción a la adquisición del conjunto de equipos que permiten fabricar de forma autónoma un producto. Quedan fuera de esta definición las actuaciones sobre una línea existente, como pueden ser las sustituciones de maquinaria y elementos auxiliares de producción, las adaptaciones o mejoras de éstas.
c) Reconversión de líneas previamente existentes para la fabricación de productos que anteriormente no estuvieran en producción en la planta.
Los proyectos presentados en esta sección serán objeto de ayuda exclusivamente si la entidad solicitante confirma que, en los dos años anteriores a la solicitud de ayuda, no ha llevado a cabo una reubicación al establecimiento en el que se realizará la inversión objeto de la ayuda y se compromete a no llevar a cabo dicha reubicación durante un período de dos años tras haberse completado la inversión.
2. En la sección B, serán susceptibles de ayuda las actuaciones que se enmarquen en alguna de las siguientes líneas de actuación y tipo de proyecto:
a) Subsección B.1. Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación: Proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental, y proyectos de innovación en materia de organización y procesos, según se definen a continuación:
1.º Proyectos de Investigación industrial: La investigación planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes; comprende la creación de componentes de sistemas complejos y puede incluir la construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea necesario para la investigación industrial y, en particular, para la validación de tecnología genérica.
2.º Proyectos de desarrollo experimental: La adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados; puede incluir también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos o servicios. El desarrollo experimental podrá comprender la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados; puede incluir el desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación.
El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando esas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos.
3.º Proyectos de innovación en materia de organización: La aplicación de un nuevo método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores de una empresa; no se incluyen los cambios basados en métodos organizativos ya empleados en la empresa, los cambios en la estrategia de gestión, las fusiones y adquisiciones, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliaci