Categoría: Administración

La política de transición justa en España se enmarca dentro del Pacto Verde de la Unión Europea. La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones de 11 de diciembre de 2019, sobre el Pacto Verde Europeo, impulsa una nueva estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, donde hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos y no haya personas ni lugares que se queden atrás.
En línea con el Pacto Verde Europeo, el Gobierno de España presentó el Marco Estratégico de Energía y Clima, que busca facilitar la modernización de la economía hacia un modelo sostenible y competitivo que contribuya a poner freno al cambio climático. Este Marco Estratégico está integrado por tres pilares: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que busca que España cuente con un marco normativo sólido y estable para la descarbonización de su economía; el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recoge una serie de medidas que buscan conseguir la neutralidad de emisiones en 2050; y la Estrategia de Transición Justa, una estrategia de acompañamiento que asegure que las personas y los territorios aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición y que nadie se quede atrás.
En España se ha procedido al cierre de explotaciones mineras de carbón, de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares. Consecuencia de ello, se han producido importantes daños económicos en puntos específicos del territorio español, los cuales se vieron agravados al coincidir con la pandemia provocada por la COVID-19. El cierre de dichas instalaciones ha tenido asimismo una clara incidencia sobre las Administraciones Locales, no solo por la pérdida de actividad económica que lleva aparejada una disminución muy importante de ingresos para los Ayuntamientos, sino sobre todo porque, si no se acompaña de medidas, puede poner en marcha procesos de despoblación. La pérdida de población puede no deberse solo al propio cierre de las instalaciones energéticas y la pérdida de empleo asociada, sino también a que algunas de las Administraciones Locales afectadas no tengan capacidad suficiente para prestar algunos servicios, ni cuenten con infraestructuras básicas que permitan fijar la población al territorio, evitando así que las personas que quedaron fuera del mercado de trabajo abandonen la zona y se desplacen a otros lugares donde sí existen las infraestructuras y los servicios públicos adecuados.
El Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar un volumen de inversión importante y en este contexto se aprobó por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado a su vez por el Consejo Europeo el 13 de julio de 2021.
Entre las recomendaciones que señala la Comisión Europea en la comunicación SWD (2020) 508 para España está el ayudar a las regiones más afectadas de España por la transición energética a abordar las consecuencias sociales y económicas de la transición, con el objetivo de garantizar que la transición hacia la neutralidad climática de la UE sea justa en estos territorios que se enfrentan a graves desafíos socioeconómicos en el marco del proceso de dicha transición.
En esta línea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España incluye el Componente 10 «Estrategia de Transición Justa» y dentro del mismo, en la submedida C10.I01.b un «Plan de infraestructuras ambientales, digitales y sociales en municipios y territorios en transición» dirigido a impulsar la puesta en valor de zonas de interés medioambiental de dominio público, la renovación de infraestructuras públicas locales y la provisión de servicios comunitarios y compartidos para mejorar la capacidad de fijar y atraer población a los municipios afectados por los cierres de instalaciones energéticas, en el que se enmarca la presente orden ministerial.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión: Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todos los proyectos que se lleven a cabo en cumplimiento de esta orden deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») y los objetivos climáticos y digitales establecidos en el Componente 10 del Plan.
El 29 de diciembre de 2021 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) la Orden TED/1476/2021, de 27 de diciembre, por la que, en su capítulo I, se regulaban las bases para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procediéndose, en su capítulo II, a la convocatoria de las mismas.
Las subvenciones reguladas en dicha orden consisten en la concesión, por concurrencia competitiva, de ayudas dirigidas a financiar el coste de proyectos en inmuebles y espacios públicos y bienes de dominio público en municipios inmersos en procesos de transición energética afectados por el cierre de explotaciones de minería del carbón, centrales térmicas de carbón y nucleares, que permitan reforzar el componente medioambiental, social y digital de los espacios o ayuden a la creación, conservación y puesta en valor de otros nuevos para asegurar el cumplimiento de los compromisos medioambientales y digitales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las ayudas de esa mencionada convocatoria quedaron incluidas en la inversión C10.I01: «Inversiones en Transición Justa» dentro del Componente 10 «Transición Justa» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Política Palanca 3. «Transición energética justa e inclusiva» correspondiente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las ayudas están sujetas al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos y los hitos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; que quedan definidos en el «Anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España». En particular, el objetivo CID asociado a esa actuación fue el número 140, que requirió la adjudicación de cien proyectos de infraestructuras por un importe máximo de 91 millones de euros.
El 5 de julio de 2023 se publicó la Resolución de concesión de ayudas dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Orden TED/1476/2021, de 27 de diciembre).
En todo caso, puede afirmarse que la convocatoria ha sido muy exitosa en relación con los objetivos de transición justa y reto demográfico, puesto que un 89 por ciento de los municipios elegibles han presentado al menos un proyecto, un 26 por ciento de los que han resultado provisionalmente adjudicatarios tienen menos de 500 habitantes y un 74 por ciento tienen menos de 5.000 habitantes.
Asimismo, es necesario señalar que un número importante de proyectos elegibles han tenido la suficiente calidad para ser evaluables y no han resultado adjudicatarios debido únicamente a la limitación presupuestaria de la convocatoria.
A la vista del éxito de esa convocatoria, en consonancia con los objetivos y políticas del Instituto para la Transición Justa, O.A., y la necesidad de cumplir de forma total con el objetivo CID 431 recogido en la Adenda al PRTR aprobada el 2 de octubre de 2023, procede la publicación de esta segunda orden con las bases reguladoras para una nueva convocatoria en concurrencia competitiva.
La presente convocatoria es semejante a la anterior, incorporando aquellas mejoras derivadas de la experiencia obtenida por el desarrollo de su procedimiento y por la puesta en práctica de la misma.
En virtud de lo anterior, se han reducido los bloques de clasificación por presupuesto de los proyectos, los cuales pasan de cuatro a dos, evitando, así, complejidades innecesarias y permitiendo, con una mayor facilidad, la optimización en la transferencia de excedentes de presupuesto entre bloques.
Del mismo modo, a diferencia de la anterior convocatoria, se ha incorporado la posibilidad de que el organismo público titular del bien o terreno objeto del proyecto pueda autorizar la ejecución del proyecto sobre dicho bien o terreno, sin que sea necesaria una transmisión patrimonial o cesión de los mismos al beneficiario. Esta mejora permitirá llevar a cabo proyectos que afecten a bienes o terrenos de titularidad de organismos públicos con una rigidez normativa tal que les impide la cesión de los mismos.
La fecha límite para la ejecución de los proyectos será el 30 de junio de 2026, siendo la misma inalterable por imposición directa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por ello, se han incrementado los requisitos y criterios de valoración relacionados con la madurez de los proyectos, al objeto de fomentar la agilidad de ejecución de los mismos. En este sentido, un proyecto presentado en la convocatoria anterior pero que finalmente no fuese seleccionado en ella, es un indicador positivo de la madurez del mismo para la presente.
Igualmente, se ha incrementado la puntuación de los criterios relacionados con la protección del medioambiente, así como la biodiversidad, debido a la existencia, en la convocatoria anterior, de un sesgo hacia proyectos de rehabilitación de edificios con criterios sustanciales de reducción de emisiones. Se considera que los proyectos medioambientales y de protección de la biodiversidad son también importantes para el territorio, por lo que se pretende fomentar, en mayor medida, en esta convocatoria.
Se ha incrementado la puntuación de los criterios de innovación y necesidad de la infraestructura en su territorio y entorno, y se ha incorporado la posibilidad de solicitar un informe de idoneidad a la Diputación o Comunidad Autónoma uniprovinciales correspondiente, obteniendo así su punto de vista, experiencia y conocimiento en las necesidades de la provincia, siendo muy relevante limitar el apoyo a proyectos en ubicaciones cercanas para la misma finalidad.
Asimismo, se favorecen las solicitudes conjuntas y los proyectos individuales de ayuntamientos con una o menos solicitudes adjudicatarias en la convocatoria anterior. Estas medidas permitirán una mayor capilaridad en el reparto de las subvenciones.
Por último, el presupuesto de la presente convocatoria es de veinticinco millones de euros, que se consideran suficientes en virtud de la demanda observada en la anterior convocatoria.
El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, establece en su artículo 14 que corresponderá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia climática, de energía y medioambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial. Por otro lado, el artículo 2.8.a) del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, adscribe a dicho departamento, a través de la Secretaría de Estado de Energía, al Instituto para la Transición Justa, O.A. El artículo 3.1 de sus estatutos, aprobados por Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, establece que su objeto es la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.
El Instituto para la Transición Justa, O.A., es el organismo responsable de la elaboración e implementación de la Estrategia Española de Transición Justa y, como señala el Plan de Acción Urgente de dicha Estrategia de Transición Justa, debe abordar el mantenimiento y creación de actividad en las zonas afectadas por el cierre de minas de carbón, de centrales térmicas de carbón, y de centrales nucleares sin planes de reconversión previos en los que tendrán que desarrollarse Convenios de Transición Justa para un plan de acción territorial integral. Los Convenios de Transición Justa tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo y la fijación de población en los territorios rurales.
Entre sus funciones, el artículo 4.d) de sus estatutos, aprobados por el citado Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, dispone que le corresponde «gestionar las ayudas que tengan por objeto el desarrollo económico alternativo de las zonas afectadas por posibles impactos negativos de la transición ecológica y descarbonización de la economía, incluyendo la gestión de cualquier tipo de ayuda o incentivo procedente de la Unión Europea cuya gestión le sea encomendada y que pueda contribuir a la consecución del objeto del Instituto; e impulsar cuantos incentivos financieros se consideren oportunos para fomentar el desarrollo económico alternativo de las zonas en transición». El régimen de ayudas que se aprueba se adapta a lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías).
En este marco, la gestión de las ayudas reguladas en esta orden se realizará por el Instituto para la Transición Justa, O.A., con base en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como en materia de bases del régimen minero y energético. La norma se adapta a los criterios que regulan el poder soberano de gasto fijando el marco de actuación indispensable para garantizar la correcta implementación de los fondos estatales.
Estas ayudas resultan imprescindibles para asegurar la plena efectividad de los objetivos en las que se enmarcan y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional. El marco regulador de estas ayudas resulta conforme con la jurisprudencia constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones que comenzó a articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que, recientemente, se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62 y 64/2018, de 7 de junio.
Para asegurar la plena efectividad de las ayudas y garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales beneficiarios en todas las zonas de los Convenios de Transición Justa de todo el territorio nacional, es necesaria una articulación simultánea y uniforme en todo el territorio, como único modo de visibilizar un cambio de modelo desde el carbón hacia nuevas posibilidades de desarrollo económico y social alternativo y potenciar directamente sus efectos sobre el bienestar y la percepción de la población de unos territorios muy concretos y de pequeña extensión en las comunidades autónomas.
En segundo lugar, la necesidad de cumplir con los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dirigidos al cambio a corto plazo del modelo económico exigen una gestión muy ágil de estos fondos europeos. En concreto, esta actuación contribuye al hito CID número 431 del PRTR aprobado en la Adenda del 2 de octubre de 2023. Dado que estas ayudas se vienen a superponer a los muy importantes fondos europeos que, procedentes del PRTR y de los fondos estructurales ya están gestionando las comunidades autónomas y que abarcan al conjunto de todo su territorio, se considera que la gestión centralizada desde el Instituto para la Transición Justa, O.A., permitirá asegurar el cumplimento del hitos y objetivo citados en los plazos y en los términos comprometidos.
En tercer lugar, la selección de los proyectos a subvencionar requiere de una valoración técnica que garantizará mejor la igualdad de acceso si las valoraciones las realiza la misma entidad. Tanto más cuanto la diversidad de proyectos subvencionables hace altamente complejo el establecimiento de criterios reglados para la distribución de estos fondos entre los municipios de las comunidades autónomas sin riesgo de que proyectos merecedores de un mayor impulso pudieran quedar excluidos por razón de las singularidades territoriales. Para alcanzar el impacto transformador deseado, el cumplimiento de los compromisos medioambientales, climáticos y digitales asociados a esta actuación constituyen criterios fundamentales por los que debe regirse el procedimiento de evaluación de proyectos y de concesión de financiación en las convocatorias que se rijan por esta orden. Nuevamente, la gestión centralizada desde el Instituto para la Transición Justa, O.A., permitirá asegurar el cumplimiento global de dichos compromisos medioambientales, climáticos y digitales.
Por todo ello, en esta orden, de cuyo proceso de diseño y elaboración se ha dado cuenta a las distintas comunidades autónomas, se establece un modelo para la concesión de ayudas, centralizado en el Instituto para la Transición Justa, O.A., y a su vez basado en mecanismos de cooperación y colaboración consustanciales a la estructura del Estado de las Autonomías que articula la Constitución Española. Este mecanismo de coordinación y participación conjunta con las comunidades autónomas llevará a cabo la selección de propuestas a través de comisiones bilaterales de valoración. Este mecanismo permitirá a las comunidades autónomas una implicación activa en los procesos de toma de decisiones y por tanto en la gestión de estas ayudas.
La presente orden ministerial se ha elaborado conforme a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se ha sometido a consulta de las Comunidades Autónomas y municipios afectados. De este modo, cumple con los principios de necesidad y eficacia, dado que contribuye a diseñar infraestructuras y servicios de apoyo para el desarrollo alternativo sostenible en áreas geográficas afectadas por el cierre de las explotaciones mineras de carbón, centrales térmicas de carbón y nucleares, mitigando los efectos desfavorables para los municipios afectados y proporcionando alternativas de futuro. También contribuye a buscar soluciones a distintos problemas medioambientales identificados en los procesos de participación pública y permite la creación de empleo local, muy necesario para las zonas. En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente. También se cumple con el principio de eficiencia al apoyar la gestión de los municipios de los territorios de Transición Justa la mayor parte de ellos de poca población gracias al modelo de financiación previsto en la orden. Además, está dirigido a apoyar una más eficaz y eficiente gestión de fondos europeos a través de la participación de las entidades locales. En fin, es coherente con el principio de seguridad jurídica, dado que para su elaboración se ha cumplido con todos los trámites preceptivos y establece criterios y un procedimiento que son acordes con el ordenamiento jurídico.
La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a financiar el coste de ejecución de proyectos para la rehabilitación de infraestructuras públicas y bienes de titularidad pública, con el fin de reforzar el componente medioambiental, social y digital de los mismos, en municipios inmersos en procesos de transición energética afectados por el cierre de explotaciones de minería de carbón, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por tratarse de subvenciones financiables con fondos europeos.
La presente orden ministerial se ha sometido a información y audiencia pública de los interesados, en particular de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectadas y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, ha sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En su virtud, dispongo:
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de unas bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a financiar el coste de proyectos para la rehabilitación de infraestructuras públicas y bienes de titularidad pública, con el fin de reforzar el componente medioambiental, social y digital de los mismos, en municipios inmersos en procesos de transición energética afectados por el cierre de explotaciones de minería de carbón, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares.
2. Las ayudas reguladas en esta orden tienen como finalidad, además de la recuperación de la economía tras la pandemia provocada por la COVID-19, paliar los impactos que la transición energética pueda tener sobre los municipios afectados por los cierres y sobre la población de éstos e impulsar la transformación de estas zonas para que sean modelo y protagonistas de la transición energética, orientando los servicios públicos municipales hacia la innovación, el apoyo al emprendimiento y la retención de población, la digitalización y el medioambiente. El fin último es retener, recuperar y atraer población para estos municipios.
3. Las ayudas reguladas en esta orden se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, respetando en todo caso los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
El procedimiento de concesión de las ayudas se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, incluida en la presente orden.
4. Las ayudas que se otorguen al amparo de esta orden y de su correspondiente convocatoria consistirán en una subvención a fondo perdido para la realización de los proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales, y que el órgano concedente adelantará al beneficiario mediante pagos anticipados según los porcentajes definidos en la convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 88 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la anterior, por requerirse la entrega anticipada de fondos como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
5. Se considera que las ayudas reguladas en esta orden no constituyen ayudas de Estado, de acuerdo con el artículo 1, letra l) del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, toda vez que ni los potenciales beneficiarios realizan una actividad económica, ni tienen efecto en el comercio entre Estados miembros.
1. Las ayudas a que se refiere esta orden, además de por lo previsto en la misma, se regirán por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 2023, y demás legislación que resulte de aplicación.
2. Estas ayudas estarán sometidas al Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a la normativa interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. En el marco de la Orden HFP/1030/2021 se estará a lo dispuesto en materia de conflicto de interés, en particular la obligación de suscribir declaración de ausencia de conflicto de interés por todos los intervinientes en los procedimientos. Las actuaciones desarrolladas al amparo de la presente orden se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Plan de Medidas Antifraude por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico al que se ha adscrito el ITJ, así como al procedimiento en materia de conflicto de interés desarrollado por la Unidad de Medidas Antifraude por este mismo ministerio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de la citada orden.
4. Las ayudas concedidas estarán sometidas al cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 56 y en el capítulo I del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
1. Podrán tener la condición de beneficiarios de las ayudas reguladas al amparo de estas bases:
a) Los ayuntamientos de los municipios afectados por la transición energética que figuran en los Protocolos Generales de actuación para la elaboración de los Convenios de Transición Justa acordados entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Los Convenios de Transición Justa, previstos en el artículo 28 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, están incluidos como ámbito de actuación del Componente 10 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su delimitación se corresponde a la metodología establecida por el Instituto para la Transición Justa, O.A., en el marco de la Estrategia para la Transición Justa. Este ámbito territorial ha sido confirmado por la Comisión Europea en el proceso de elaboración del Plan de Recuperación, Transición Transformación y Resiliencia.
b) Las diputaciones provinciales en el ejercicio de las competencias que les correspondan, cuando actúen en representación de una agrupación de municipios de los establecidos en la letra a) anterior, siempre y cuando la solicitud de ayuda se refiera a proyectos a ejecutar en beneficio de todos ellos.
Las diputaciones provinciales participarán en el programa de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y, en particular, con lo dispuesto en su artículo 36. Su participación no podrá suponer duplicidad en el ejercicio de funciones o competencias con los municipios de su provincia.
c) Las mancomunidades, las comarcas, los consorcios locales y agrupaciones de municipios que reúnan las condiciones establecidas en la letra a) anterior que se presenten a la convocatoria a los efectos de llevar a cabo una iniciativa conjunta ya que, en muchas ocasiones, estas iniciativas conjuntas favorecen el cumplimiento de objetivos.
Los ayuntamientos integrantes serán responsables solidariamente respecto del conjunto de las actividades subvencionadas a desarrollar por el consorcio, mancomunidad, comarca o la agrupación local, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro y las responsabilidades por infracciones.
La agrupación local, comarca, mancomunidad o el consorcio no podrán disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción para el reintegro y las infracciones que en su caso procedan, según lo previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. En el caso de las agrupaciones de municipios, con carácter previo a la solicitud, deberán formalizar un acuerdo interno que regule su funcionamiento, según lo previsto en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que deberán quedar reflejados los siguientes aspectos, los cuales, a su vez, quedarán especificados en la solicitud de la ayuda:
a) Compromisos de ejecución de actividades asumidos por cada miembro de la agrupación;
b) Presupuesto correspondiente a las actividades asumidas por cada miembro de la agrupación, e importe de la subvención a aplicar en cada caso;
c) Representante o apoderado único de la agrupación y coordinación única del proyecto frente al Instituto para la Transición Justa, O.A. Esta coordinación, que deberá contar con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, correspondan a la agrupación, estará habilitada para presentar la solicitud y realizar en nombre de la agrupación el resto de comunicaciones y trámites, tanto en el procedimiento de concesión como en la fase de seguimiento y justificación de las ayudas;
d) Organización interna de la agrupación, plan de contingencias y disposiciones para la resolución de litigios internos;
e) Acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los participantes;
f) Propiedad de las infraestructuras que forman parte del proyecto;
g) Normas de difusión, utilización y derechos de acceso a las infraestructuras subvencionadas.
Aquellos municipios que presenten una o varias solicitudes conjuntamente, deberán aportar, de forma individualizada, la documentación referida a que se refiere este apartado.
3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas convocadas al amparo de esta orden los solicitantes que se encuentren incursos en alguna de las circunstancias que prohíben el acceso a dicha condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario los solicitantes que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea, o no hayan satisfecho el reintegro de ayudas públicas antes de la publicación de las convocatorias.
5. Los beneficiarios podrán concertar con terceros la ejecución de los proyectos mediante los procedimientos de licitación correspondientes o proceder a su ejecución a través de medios propios.
Así, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario podrá proceder con la licitación para la subcontratación total de la actividad objeto de la subvención, ateniéndose a lo dispuesto en el citado precepto.
1. Las solicitudes de ayuda irán dirigidas a proyectos que se ejecuten sobre bienes, espacios y terrenos de titularidad pública que permitan reforzar el componente social, medioambiental y digital de los espacios públicos, comprendidos en las siguientes categorías con carácter general:
a) Rehabilitación de edificios, recuperación de aldeas, poblados, cortijadas u otro tipo de infraestructuras para nuevos usos de carácter social, la prestación de servicios públicos o la mejora del acceso a viviendas.
b) Rehabilitación de edificios y espacios para su uso en la innovación digital, y/o promoción del emprendimiento y/o desarrollo económico, en particular en los que se potencie la disminución de la brecha digital y se posibiliten el acceso y conocimiento a las mujeres a las nuevas tecnologías, incentivando su permanencia en territorios afectados.
c) Infraestructuras ambientales para la puesta en valor del medio natural, la mejora de servicios ambientales y/o regeneración de las zonas.
d) Soluciones de movilidad sostenible.
2. Los proyectos de rehabilitación de edificios finalmente subvencionados deberán alcanzar la clasificación de edificio de consumo de energía casi nulo (nZEB, por sus siglas en inglés, «Nearly Zero Energy Buildings») o lograr una reducción de, al menos, un 30 por ciento del consumo de energía primaria no renovable en comparación con su situación de partida. La justificación del ahorro energético deberá aportarse mediante el certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, siempre que se encuentre en el ámbito de aplicación del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, así como el certificado energético del edificio que se alcanzará tras la reforma propuesta para la que se solicita la ayuda.
3. En ningún caso serán financiables los proyectos que no cumplan con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH, por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») para los seis objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
1. Las ayudas establecidas en esta orden van dirigidas a financiar el conjunto de inversiones y gastos necesarios para la ejecución, por las entidades beneficiarias, de alguna o algunas de las actuaciones correspondientes a las tipologías descritas en el artículo 4 anterior.
2. Los gastos subvencionables mencionados en la presente orden deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 83 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen desde la presentación de la solicitud de ayuda, con excepción de los costes de redacción del proyecto, en los que podrá haberse incurrido con anterioridad a dicha solicitud.
A estos efectos podrán incluir, con carácter enunciativo, pero no limitativo, los siguientes conceptos:
1.º Los costes de redacción del proyecto;
2.º Los costes de la dirección facultativa de la obra;
3.º Los costes de ejecución de la obra civil asociada a la actuación y los de montaje de las instalaciones, en su caso;
4.º La adquisición de los equipos, materiales, especies y otros bienes o equipamientos necesarios.
Se considerarán, a su vez, subvencionables, y serán objeto de ayuda, únicamente aquellas inversiones que puedan justificarse mediante factura o documento de valor probatorio equivalente expedido a favor de la entidad local y justificante del pago realizado por el beneficiario al proveedor.
También resultarán subvencionables, en tanto estén directamente relacionados con la actividad subvencionada, los gastos necesarios para facilitar las capacidades técnicas y, en su caso, contratar la prestación de los servicios correspondientes para la adecuación o adaptación de la normativa local relacionada con el desarrollo de los proyectos objeto de ayuda, siempre que esta adecuación o adaptación facilite la efectividad de la inversión subvencionable. Se considerarán subvencionables, por ello:
a) Los costes de gestión de solicitud de la ayuda, de redacción de informes y demás documentación requerida para la solicitud y tramitación de estas ayudas;
b) Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con las tipologías de actuación objeto de ayuda;
c) Los costes de redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares para las licitaciones de los contratos públicos que se lleven a cabo para la ejecución de las actuaciones subvencionables.
Estas inversiones deberán poder acreditarse y justificarse mediante factura expedida a su favor y justificante de pago correspondiente, sin perjuicio de que se permitirán partidas a tanto alzado hasta el límite que se establezca en la convocatoria.
4. No se considerarán gastos subvencionables los comprendidos, expresamente, en los siguientes conceptos:
a) Los gastos propios, ya sean de personal, funcionamiento o gastos generales;
b) Estudios de impacto ambiental, estudios del recurso (salvo los sondeos exploratorios, para proyectos geotérmicos) y costes de visado de proyectos técnicos;
c) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, multas, tasas o tributos, salvo el impuesto sobre el valor añadido (IVA);
d) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias, a excepción de los manifestados en el apartado 3 anterior;
e) Coste de adquisición o arrendamiento de inmuebles o terrenos;
f) Seguros suscritos por el solicitante;
g) Adecuación de los accesos en las carreteras públicas y caminos existentes hasta la infraestructura;
h) Costes financieros.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
6. No se admitirán solicitudes para actuaciones en los mismos inmuebles y espacios públicos o bienes de dominio público que hayan sido subvencionados para la misma finalidad por fondos del Instituto para la Transición Justa, O.A., o del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras en los cinco años previos a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda, sin perjuicio de que las convocatorias puedan establecer restricciones adicionales.
7. No podrán ser objeto de subvención los proyectos de inversión cuya fecha de inicio de ejecución sea anterior a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda, de forma que se garantice el efecto incentivador de la misma.
A estos efectos, se considerará como fecha de inicio de la ejecución del proyecto de inversión la fecha más temprana de estas dos: la fecha del contrato de ejecución de la obra o la fecha del primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión.
Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad y la realización del proyecto técnicos no influirán en la determinación de la fecha de inicio de la ejecución del proyecto, los cuales, cuando se realicen con anterioridad a la fecha de la solicitud no serán gastos subvencionables, con excepción del coste del proyecto técnico, que sí será subvencionable.
1. Las Entidades descritas en el artículo 3 de esta orden podrán presentar, en el plazo tipificado en el artículo 7 posterior, la solicitud de acceso a la ayuda junto con toda la documentación e informes en ella exigidos. Las solicitudes se presentarán vía telemática a través de la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A.
2. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y tras una evaluación previa de las mismas por parte del órgano competente, como así queda manifestado en el artículo 19 posterior, las entidades solicitantes serán notificadas, cuando proceda, mediante un requerimiento de subsanación en el caso de que la solicitud sea subsanable, para que procedan con la corrección objeto del requerimiento en el plazo improrrogable de diez días.
Del mismo modo, y en ese mismo acto, serán notificadas mediante resolución, aquellas entidades cuyas solicitudes hayan sido inadmitidas por encontrarse fuera del objeto de la presente orden y/o que no fuera posible la subsanación.
3. Concluido el plazo de subsanación, se procederá a evaluar sobre la admisión o inadmisión definitiva de las solicitudes que han sido objeto de subsanación. Ello supondrá la notificación de una resolución definitiva de inadmisión para concurrir a las ayudas de las entidades solicitantes que no han subsanado en plazo, o de aquellas cuya subsanación se haya evaluado como insuficiente o improcedente, o como desistidas de su solicitud para aquellas entidades solicitantes que no hubieren presentado subsanación.
4. Las Entidades que concurran para ser beneficiarias podrán presentar una solicitud individual o conjunta.
Se entiende por solicitud individual la realizada por un único ayuntamiento y, por solicitud conjunta, la realizada por una mancomunidad, comarca, consorcio local, agrupación de ayuntamientos o diputación provincial que solicite la ayuda para la financiación de un proyecto ubicado en los municipios detallados en el anexo X a esta orden.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cada uno de los ayuntamientos integrantes de una mancomunidad, comarca, consorcio, agrupación o diputación provincial tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
5. Cada solicitud podrá referirse a un único bien o a varios que se encuentren agrupados en torno a alguna figura, tales como rutas, paisajes, cortijadas, aldeas y poblados mineros, complejos urbanísticos o industriales, minas, etc.
El bien inmueble sobre el que se actuará deberá ser de titularidad pública y el solicitante deberá ostentar el derecho a realizar las actuaciones para las que se postula la subvención, lo cual se acreditará según el caso que corresponda mediante:
a) Certificado de titularidad del bien o terreno sobre el que se realizará el proyecto, firmado por el secretario del Ayuntamiento o por el órgano competente, cuando el solicitante sea el titular del mismo;
b) En los casos en los que la titularidad pública se justifique con base en un derecho de cesión en vigor en el momento de presentación de la solicitud, la certificación deberá incluir, expresamente, la vigencia de la cesión, que deberá tener una vigencia mínima de diez años a contar desde la presentación de la solicitud de la ayuda, así como el fin que la justifica, que deberá guardar relación con el objeto de las actuaciones recogidas en la presente orden.
En el caso de no poder justificar la titularidad pública en el momento de presentación de la solicitud, se podrá sustituir la certificación acreditativa por un compromiso vinculante de cesión de la administración pública titular del espacio de dominio público, terreno o inmueble propuesto para la realización de la actuación objeto de subvención mediante el que se comprometa a la cesión del mismo en el caso de que el proyecto resulte beneficiario de las ayudas de esta orden. Este compromiso de cesión deberá incluir la vigencia de la misma, que deberá ser como mínimo de diez años, así como el fin que la justifica. Tanto la vigencia de la cesión como su fin deberán estar especificados en el eventual acuerdo de cesión que se lleve a cabo, y que deberá aportarse en el plazo que se determinará en la resolución de concesión de la ayuda.
c) Las entidades solicitantes podrán presentar un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble (artículo 1451 del Código Civil) objeto de la solicitud de la ayuda, debiendo éstas perfeccionar el negocio jurídico de compraventa en el plazo máximo que se determinará en la resolución de concesión de la ayuda.
d) Cuando, por razón de ley o por imposibilidad material, no fuera posible la cesión expuesta en el punto anterior, deberá acreditarse la autorización expresa del titular público del bien inmueble y/o terreno para la realización de las actuaciones solicitadas. Dicha autorización expresa, que podrá ser condicionada a la obtención de la subvención, deberá tener fecha anterior al fin del plazo de presentación de solicitudes.
e) Concesión que permita la realización de las actuaciones solicitadas con vigencia de al menos diez años desde la presentación de la solicitud de la ayuda.
6. Las solicitudes de ayuda se dirigirán a la persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A.
El formulario para la presentación de las mismas estará disponible para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. (https://sede.transicionjusta.gob.es), y conforme al formulario normalizado del anexo I.
Las solicitudes de ayuda se formularán de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En cada una de las convocatorias se establecerán los formularios y la documentación que deberán acompañar a la solicitud.
1. El plazo de presentación de la solicitud, de la documentación e informes en ella exigidos, será de dos meses a contar desde el día en que se produzca la publicación del anuncio por el que quede abierto el período de presentación de solicitudes en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. (https://sede.transicionjusta.gob.es).
2. La presentación de la solicitud fuera del plazo otorgado en la convocatoria supondrá su inadmisión.
3. Los efectos de la presente orden de bases quedarán diferidos hasta que se publique, en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A., anteriormente mencionada, el anuncio que dé inicio al período de presentación de solicitudes.
1. La convocatoria de las ayudas reguladas en la presente orden se financiará con cargo a los créditos presupuestarios del Instituto para la Transición Justa, O.A., vigentes en cada ejercicio económico.
2. Las ayudas previstas en estas bases tendrán la cuantía que se determine en la convocatoria y tendrán carácter individualizado para cada entidad beneficiaria.
La convocatoria estará condicionada a la existencia de crédito presupuestario suficiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la convocatoria se establecerá la cuantía máxima del total de las subvenciones a conceder. De conformidad con lo establecido en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, excepcionalmente la convocatoria podrá fijar, además, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria, debiéndose cumplir a estos efectos las reglas establecidas en el citado artículo.
Si una vez resuelta la convocatoria y asignados los importes a los que se refiere el artículo 33 de esta orden resultase remanente de crédito, podrá efectuarse una convocatoria complementaria.
Los fondos presupuestarios disponibles se asignarán a las solicitudes presentadas según los siguientes bloques:
a) Bloque 1: Solicitudes de ayuda de entre cien mil euros y un millón de euros;
b) Bloque 2: Solicitudes de ayuda de entre un millón de euros con un céntimo y cuatro millones de euros.
Si el presupuesto vinculado a la solicitud de ayuda presentada superase los cuatro millones de euros, el excedente con respecto a esa cuantía será por cuenta y riesgo del beneficiario. En este supuesto, se deberá justificar ante el órgano competente la totalidad de la ejecución del proyecto subvencionado, incluido lo correspondiente a ese excedente, el cual, en ningún caso, podrá superar el importe tot