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Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por la COVID-19 el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros de la Unión Europea (en adelante, UE) adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El 21 de julio de 2020, los dirigentes europeos alcanzaron un acuerdo en el Consejo Europeo sobre un paquete de 1,8243 billones de euros que reúne el marco financiero plurianual (en adelante, MFP) de 1,0743 billones de euros y medidas extraordinarias de recuperación por importe de 750.000 millones de euros en el instrumento Next Generation EU.
El MFP, con el refuerzo del instrumento Next Generation EU, es el instrumento principal para la aplicación del paquete de recuperación a fin de hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. Contribuirá también a transformar la UE a través de sus principales políticas, en particular el Pacto Verde Europeo, la revolución digital y la resiliencia.
Next Generation EU se canalizará a través de siete programas en forma de préstamos y de subvenciones. Entre ellos, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, MRR) supone el grueso de Next Generation EU: Cerca del 90 % de la dotación total. El 11 de febrero de 2021, se aprobó el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La financiación ayudará a los Estados miembros a hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19, garantizando asimismo que sus economías emprendan la transición ecológica y la transformación digital para ser más sostenibles y resilientes.
Para recibir las contribuciones financieras del MRR, los Estados miembros deberán elaborar planes nacionales de recuperación y resiliencia que expongan sus programas de reformas e inversiones hasta 2026.
En el caso de España, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de abril de 2021, adoptó un Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR). El PRTR fue presentado a la Comisión Europea el 30 de abril de 2021 y fue aprobado por el Consejo mediante la Decisión de Ejecución del Consejo (CID por sus siglas en inglés Council Implementing Decision), de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
El PRTR, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, va a movilizar 69.500 millones de euros entre los años 2021 y 2026 y además cumple con precisión las prioridades del MRR: la inversión «verde» representa el 39,7 % del total del Plan y la digitalización el 28,2 %.
El PRTR está articulado a partir de cuatro ejes (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género), materializados en diez políticas palanca, que a su vez integran 30 componentes que articulan las iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en adelante, MITMA) lidera tres de los treinta componentes incluidos en el PRTR, dos de ellos relacionados con la movilidad y el transporte (componentes 1 y 6), donde se estructuran las inversiones y subvenciones al sector dirigidas a las comunidades autónomas, administraciones locales y empresas, y otro (componente 2) ligado a la política de Agenda Urbana y Vivienda.
En concreto, el componente 6, Movilidad sostenible, segura y conectada, incluye un conjunto de reformas e inversiones que responden principalmente a dos de los cuatro ejes trasversales del PRTR: transición ecológica y digitalización.
Los objetivos del componente 6 están basados en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que guiará las actuaciones del MITMA en materia de movilidad, infraestructuras y transportes en los próximos diez años. Los objetivos de la Estrategia están, a su vez, alineados con la necesidad de descarbonizar la economía y dar respuesta al cambio climático, la irrupción de nuevas tecnologías y los desafíos producidos por la concentración de población en las grandes ciudades.
En este sentido, el MITMA priorizará aquellas inversiones que optimicen el uso de la red de transporte y supongan un mayor beneficio social, con el objetivo de lograr unas infraestructuras resilientes y una movilidad sostenible y segura. Para ello, se impulsarán la digitalización del transporte y la intermodalidad, con especial atención a la potenciación del transporte ferroviario.
El componente 6 consta de dos reformas y cuatro inversiones, entre ellas, la inversión 4 Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital, dentro de la cual se incluye la medida 5, denominada «Apoyo al transporte sostenible de mercancías (ferroviario y marítimo) basado en ECO-INCENTIVOS a la oferta y a la demanda», donde se definen los eco-incentivos como subvenciones para incentivar el desarrollo y uso del transporte de mercancías mediante transporte marítimo y/o ferroviario frente al transporte por carretera. En concreto, el mérito incentivado es el ahorro de costes externos socioambientales del transporte, cuya monetización se basará en el «Manual de costes externos del transporte de la Comisión Europea (versión de junio de 2019)». Así, estas subvenciones permitirán, entre otras medidas, alcanzar los hitos establecidos por la Comisión Europea sobre la internalización de los costes externos del transporte en el Libro Blanco de 2011.
El objeto de la presente orden ministerial es establecer las bases reguladoras y la convocatoria del eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, en el marco de la medida 5 de la inversión 4 del componente 6 del PRTR. En esta orden se aprueba la convocatoria, correspondiente al periodo de elegibilidad 2022, por tramitación anticipada para el ejercicio presupuestario 2023, aunque el programa de eco-incentivos tendrá una duración de tres años, por lo que en los años sucesivos se aprobarán y publicarán las convocatorias correspondientes a los periodos de elegibilidad 2023 y 2024.
De conformidad con lo establecido en el componente 6 del PRTR, la medida 5 cuenta con un presupuesto asignado de 120.000.000 de euros, que incluye el apoyo al transporte sostenible de mercancías (ferroviario y marítimo) basado en eco-incentivos a la oferta y a la demanda. Con la finalidad de distribuir dicho presupuesto entre los dos tipos de eco-incentivos, se ha realizado un estudio de los beneficiarios potenciales que constituyen respectivamente la oferta y la demanda, a raíz de cuyas conclusiones se ha asignado al programa del eco-incentivo ferroviario una dotación inicial de 60.000.000 de euros, distribuidos equitativamente en tres anualidades, de forma que se garantice la concesión de las subvenciones a la totalidad de los solicitantes.
Estas subvenciones contribuyen al cumplimiento de los siguientes hitos, de conformidad con la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID por sus siglas en inglés):
Hito número 99: Cuarto trimestre de 2022. Publicación en el BOE de la concesión de 800.000.000 de euros en el marco del programa de transporte sostenible y digital. Los criterios de selección garantizarán que al menos 63.500.000 euros contribuyan a los objetivos de cambio climático con un coeficiente climático del 100 % y que al menos 210.000.000 de euros lo hagan con un coeficiente climático del 40 %, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Hito número 100: Cuarto trimestre de 2024. Inicio de las obras en todos los proyectos adjudicados en el cuarto trimestre de 2022 (hito 99) para promover el transporte sostenible y digital.
Hito número 101: Segundo trimestre de 2026. Finalización de todos los proyectos adjudicados en el cuarto trimestre de 2022 (hito 99) para promover el transporte sostenible y digital.
El cumplimiento de los citados hitos se comprobará de conformidad con los mecanismos de verificación y especificaciones adicionales establecidos en las disposiciones operativas entre la Comisión y España. En particular, en el caso de la medida 5 sobre Eco-incentivos, el cumplimiento del hito número 99 se entenderá realizado en el momento en que el importe correspondiente a la concesión del presupuesto sea puesto a disposición de los potenciales beneficiarios, definidos con criterios claros y evaluables. Esto es, dado que nos encontramos ante un procedimiento de concurrencia no competitiva, el momento en el que se publica la presente orden ministerial.
Las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras se otorgarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
El programa de eco-incentivos descrito en estas bases reguladoras tiene por objeto subvencionar el desarrollo y uso de servicios de transporte ferroviario de mercancías de forma proporcional a un mérito socioeconómico y ambiental demostrado, medido como reducción de costes externos del modo ferroviario respecto del modo carretera. Se canalizará directamente a través de las empresas que prestan los servicios de transporte (subvenciones a la oferta). Su finalidad es doble. Por un lado, consolidar e incrementar la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías, mejorando su desempeño ambiental. Y, por otro, revertir el descenso de la cuota del transporte ferroviario con criterios de sostenibilidad objetivos. La transferencia del eco-incentivo a los usuarios del transporte, ya sea mediante una repercusión en las tarifas o una mejora de la calidad del servicio, se entenderá que se ha producido con la consecución del objetivo de consolidación e incremento de la cuota modal.
El programa de eco-incentivos ha sido calificado, de acuerdo a la «Metodología de seguimiento para la acción por el clima» del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dentro del campo de intervención 079 «Transporte multimodal» con una asignación del 40 % en cuanto a la contribución a los objetivos climáticos de la UE. Asimismo, todas las actuaciones financiadas con cargo a este programa deben garantizar que no causan un perjuicio significativo al medioambiente, de conformidad con lo dispuesto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular, la Comunicación de la Comisión (2021/C 58/01) Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
El ámbito de aplicación de las subvenciones del eco-incentivo se corresponde con los servicios de transporte ferroviario de mercancías prestados sobre la red ferroviaria de interés general, de competencia estatal.
Esta orden se dicta en virtud de las competencias exclusivas que la Constitución Española atribuye al Estado en el artículo 149.1, cláusula 21.ª en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. Asimismo, el artículo 149.1, cláusula 13.ª, le otorga competencia exclusiva al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en particular, la actividad económica relacionada con el sector del transporte.
Dentro de la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, tienen cabida normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, FJ 2). Entre estas acciones o medidas singulares se encuentra el eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico.
En tanto la financiación de estas subvenciones proviene de los fondos europeos Next Generation EU, resulta de aplicación en su gestión lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Real Decreto-ley 36/2020).
Esta norma se adecúa a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, siendo el principal, reducir los factores medioambientales y socioeconómicos de costes externos del transporte, con el objetivo de descarbonizar la economía, dar respuesta al cambio climático y reducir la contaminación atmosférica y el impacto social y económico de la actividad de transporte; el principio de proporcionalidad ya que contiene la regulación imprescindible para atender las necesidades que se pretenden cubrir; y el principio de seguridad jurídica ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, asegurando su correcta incardinación con el resto de la regulación existente en la materia. Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que garantiza que las subvenciones llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios, incorporando en su seno la propia convocatoria y limitando las cargas administrativas a las imprescindibles, y de transparencia, al haberse garantizado una amplia participación en su elaboración.
Las medidas del presente programa de eco-incentivos fueron consensuadas en la Conferencia Nacional de Transporte celebrada el 14 de mayo de 2021, con los representantes de todas las Comunidades Autónomas.
En su virtud, a propuesta de la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dispongo:
1. Mediante esta orden ministerial se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, del eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, (en adelante PRTR). También se aprueba la convocatoria, correspondiente al periodo de elegibilidad 2022.
2. La presente orden se aprueba de acuerdo con lo establecido por el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. La convocatoria se incorpora a la presente orden ministerial de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
1. El programa de eco-incentivos descrito en estas bases reguladoras tiene por objeto subvencionar el desarrollo y uso de servicios de transporte ferroviario de mercancías de forma proporcional a un mérito ambiental y socioeconómico demostrado, medido como reducción de costes externos del modo ferroviario respecto del modo carretera, en cumplimiento de los objetivos específicos establecidos para la medida 5 de la inversión 4 del componente 6 del PRTR.
Se consideran factores de coste externo, de acuerdo con el manual de costes externos del transporte de la Comisión Europea, los siguientes:
– Ambientales: Efecto invernadero (el equivalente de dióxido de carbono, CO2eq.) y Contaminación atmosférica (óxidos de azufre, SOx; óxido de nitrógeno, NOx; y, partículas finas, PM2,5).
– Socioeconómicos: Congestión, Accidentalidad y Ruido.
2. La finalidad es consolidar e incrementar la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías, mejorando su desempeño ambiental. Asimismo, se pretende revertir el descenso de la cuota del transporte ferroviario con criterios de sostenibilidad objetivos.
3. El ámbito de aplicación de las subvenciones se corresponde con los servicios de transporte ferroviario de mercancías prestados sobre la Red Ferroviaria de Interés General.
1. Las subvenciones reguladas en la presente orden se regirán, en lo no previsto por ella, por:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.
b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
d) El Real Decreto-ley 36/2020, principalmente en lo relativo a las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos establecidas en los artículos 48, 60 a 65 y a los instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución del PRTR establecidos en los artículos 67 a 69.
e) El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, (en adelante, RMRR).
f) El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en particular, la inversión 4 del componente 6.
g) El Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, y la restante normativa de la Unión Europea en vigor en este ámbito;
h) El Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
i) El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 2019/2088 (en adelante, Reglamento de taxonomía), y los actos delegados adoptados en virtud del mismo.
j) La Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), (en adelante, Guía Técnica de la Comisión Europea).
k) La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
l) La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
m) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley.
2. Además de la citada normativa, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, el derecho privado.
3. La concesión de las subvenciones reguladas en la presente orden estará supeditada a su aprobación por la Comisión Europea en lo relativo al cumplimiento del régimen de ayudas de Estado.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de la presente orden ministerial es la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en adelante, órgano instructor). El órgano instructor verificará el cumplimiento de los requisitos de las solicitudes y será el encargado de realizar, de oficio, cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones es la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en adelante, MITMA), sin perjuicio de las delegaciones existentes en la materia.
1. Será subvencionable la actividad de transporte ferroviario de mercancías que demuestre un mérito ambiental y socioeconómico en los términos definidos en estas bases reguladoras y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que se haya realizado después de la publicación de la presente orden ministerial.
b) Que se haya realizado con carácter previo a la solicitud de la subvención.
c) Que se haya realizado sobre la Red Ferroviaria de Interés General del Estado español, en ancho estándar o ibérico, siendo elegible todo el tráfico ferroviario en el mercado objetivo (intermodal, automoción y resto de modalidades) a excepción del tráfico de carbón.
d) Que cumpla con la normativa sectorial vigente que le sea de aplicación.
e) Que garantice el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (en adelante, principio DNSH, por sus siglas en inglés), de acuerdo con lo previsto en el PRTR, en el RMRR y en la Guía Técnica de la Comisión Europea, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
f) Que contribuya a la consecución de los objetivos climáticos de la Unión de conformidad con los coeficientes asignados para cada tipo de intervención en el anexo VI del RMRR (etiquetado climático), que se especificarán en la convocatoria.
2. No serán subvencionables las actividades que causen un perjuicio significativo a alguno de los objetivos medioambientales conforme a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de taxonomía.
3. Las actividades que no se adecúen a los requisitos de este artículo no serán elegibles. Estos requisitos se considerarán criterios de elegibilidad, sin perjuicio de los que establezca la convocatoria correspondiente.
1. En los términos que establezcan las correspondientes convocatorias efectuadas al amparo de esta orden y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, podrán tener la condición de beneficiarios todas aquellas personas jurídicas establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea legalmente autorizadas para realizar transporte ferroviario de mercancías en España.
2. Asimismo, los beneficiarios deberán acreditar, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El cumplimiento de los requisitos del apartado 13.2.e) se acreditará mediante los correspondientes certificados administrativos expedidos por los órganos competentes. La presentación de solicitudes conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente pueda obtener de forma directa dichos certificados de manera telemática, en su caso. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
b) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una subvención ilegal e incompatible con el mercado común.
c) No tener la consideración de empresa en crisis conforme a la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de Empresas no financieras en Crisis (2014/C 249/01).
3. La documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos recogidos en este artículo se establecerá en cada convocatoria.
4. Se suspenderá la concesión y/o el pago de toda subvención en el marco del presente programa de subvenciones a toda entidad que se haya beneficiado de una ayuda ilegal anterior declarada incompatible por una Decisión de la Comisión (ya sea con respecto a una ayuda individual o a un régimen de ayudas) hasta que la entidad en cuestión haya reembolsado o ingresado en una cuenta bloqueada el importe total de la ayuda ilegal e incompatible y los correspondientes intereses de recuperación.
1. Los beneficiarios deberán cumplir, en particular, estas obligaciones:
a) Dirigir sus acciones a promover el transporte ferroviario de mercancías incrementando progresivamente su tráfico con criterios de sostenibilidad.
b) Aportar una autorización permitiendo al MITMA el acceso a los datos de tráfico declarados al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
c) Garantizar el cumplimiento de las actividades realizadas con la legislación y política ambiental, tanto nacional como de la UE y el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» y el etiquetado climático, de acuerdo con lo previsto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Guía Técnica de la Comisión Europea, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, en todas las fases del diseño y ejecución de la actividad y de manera individual para cada transporte.
d) Las recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, así como las obligaciones específicamente contenidas en la convocatoria de subvenciones correspondiente, y las que figuren en la resolución de concesión de las subvenciones y en las instrucciones específicas que comunique el órgano concedente en materia de ejecución, seguimiento, pago de las subvenciones, información y publicidad, justificación y control del gasto.
e) Comunicar de inmediato al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas en la solicitud en relación con el cumplimiento de las obligaciones del beneficiario citadas en el presente artículo. La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la revocación de la subvención.
f) Asegurarse de que los gastos declarados son conformes, en su caso, con la normativa reguladora de fondos comunitarios, con las normas aplicables de ayudas de Estado, y que no existe doble financiación del gasto con otros regímenes de ayudas nacionales o de la Unión Europea, informando sobre cualesquiera otros fondos que hayan contribuido también a la financiación de los mismos costes.
g) Mantener un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas con la actividad subvencionada o, al menos, contar con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
h) Conservar los documentos justificativos de la subvención de conformidad con los plazos y formatos indicados en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (en adelante, el Reglamento Financiero).
i) Autorizar expresamente a la Comisión, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el artículo 129, apartado 1, del Reglamento Financiero. La concesión de la subvención está condicionada a la presentación de dicha autorización por escrito.
j) Una vez recibida la subvención, declararla como un ingreso percibido.
k) Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos en las presentes bases, y en particular en el artículo 23 de la presente orden ministerial, conforme a lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con los deberes de información, comunicación y visibilidad que correspondan al beneficiario conforme a lo establecido en el artículo 34.2 del RMRR y en el artículo 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.
2. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones identificadas en las presentes bases reguladoras y, en su caso, de las expresamente recogidas en la convocatoria será causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro o para el reintegro de la subvención concedida.
El periodo de elegibilidad de la actividad subvencionable finalizará el 30 de junio de 2026 o en la fecha en que se produzca el agotamiento del crédito presupuestario disponible, sin perjuicio del periodo que establezca la convocatoria correspondiente.
1. El presupuesto será establecido en la correspondiente convocatoria de subvenciones, que será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), junto con un extracto de la misma que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. Las subvenciones serán financiadas por la Unión Europea-Next Generation EU con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, según está previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en los Presupuestos Generales del Estado. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación está vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el PRTR, así como a la estimación de costes vinculada a los mismos. A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en el ya citado Real Decreto-ley 36/2020, así como las exigencias específicas relativas a la información y publicidad y criterios de selección cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.
3. El cumplimiento de dichos mecanismos deberá ser verificado por el órgano concedente, como organismo designado responsable de la gestión de la convocatoria, y por la Intervención General del Estado, (en adelante, IGAE), como organismo designado responsable del control del otorgamiento y utilización de estos fondos.
4. Las subvenciones reguladas en la presente orden constituyen una ayuda de estado en los términos previstos en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), estando sujetas al régimen de compatibilidad establecido en el artículo 93 del TFUE para las ayudas que respondan a las necesidades de coordinación de los transportes y en las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales a las empresas ferroviarias, aprobadas por la Comunicación de la Comisión (2008/C 184/07).
1. El coste subvencionable será el correspondiente a la reducción de costes externos de la actividad subvencionable respecto del transporte por carretera.
2. La cuantía total máxima a conceder, así como su distribución por anualidades dentro de los límites fijados por el artículo 47 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, se establecerán en la correspondiente convocatoria, de acuerdo con el crédito presupuestario disponible.
3. Las subvenciones otorgadas se instrumentarán como entrega dineraria sin contraprestación de un porcentaje del mérito ambiental y socioeconómico demostrado por la actividad subvencionable, en los términos establecidos en la correspondiente convocatoria.
4. Si resultase que la cantidad otorgada al beneficiario fuera excesiva o indebida, este deberá reintegrar el importe que corresponda conforme a lo establecido en el artículo 20 de la presente orden ministerial.
5. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste total de la actividad subvencionada.
6. Los costes objeto de subvención no incorporarán el importe correspondiente a los impuestos indirectos.
7. La intensidad de la subvención dependerá del mérito ambiental y socioeconómico demostrado durante la realización de la actividad subvencionable, medido como el ahorro unitario de costes externos de la actividad respecto del transporte por carretera, teniendo en cuenta el tipo de tracción y eficiencia del transporte ferroviario, de conformidad con lo establecido en la convocatoria.
8. La cuantía anual de la subvención deberá ser inferior, en términos unitarios (€ por t-km transportada) para cada beneficiario y convocatoria, al 50 % del mérito ambiental y socioeconómico definido en el apartado anterior, con los valores indicados en la tabla del anexo I para cada tipología de tracción y grado de utilización del transporte ferroviario. La cuantía anual de la subvención también deberá ser inferior al 30 % del coste total del transporte ferroviario.
9. El cálculo del eco-incentivo máximo (Ecomax) se hará para cada convocatoria a partir de los valores indicados en la tabla del anexo I. Cada convocatoria incluirá una tabla de eco-incentivos máximos que resultará de aplicar a los valores de la tabla del anexo I una reducción que será, como mínimo, del 50 % para cumplir con los límites señalados en el apartado anterior.
La subvención devengada se obtendrá a partir de la tabla de eco-incentivos máximos de cada convocatoria y de forma proporcional al incremento de tráfico declarado por el solicitante, en los términos que se establezca en la convocatoria y de acuerdo con lo indicado en el siguiente apartado.
10. Cada convocatoria establecerá los siguientes valores:
a) V1: Incremento mínimo de tráfico a partir del cual se comenzará a devengar subvención. Dicho incremento deberá ser mayor o igual a cero y devengará el eco-incentivo mínimo (V2).
b) V2: Eco-incentivo mínimo.
c) V3: Incremento de tráfico a partir del cual se obtiene el eco-incentivo máximo, según la tabla de eco-incentivos máximos.
La subvención devengada será el resultado de aplicar una proporción lineal entre el eco-incentivo mínimo y el eco-incentivo máximo, en función del incremento de tráfico declarado por el solicitante.
11. El método de cálculo del coste total del transporte ferroviario se establecerá en la correspondiente convocatoria.
12. Se entenderá que la t-km a la que se refieren estas bases es neta (no incluye la tara del material ferroviario).
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003.
2. Las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras se otorgarán, en régimen de concurrencia no competitiva, a las entidades que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente orden y los que, en su caso, establezcan las convocatorias correspondientes, por orden de presentación correspondiente a la fecha y hora de registro de la solicitud, hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible.
3. Los valores para el cálculo del eco-incentivo establecidos en los anexos de esta orden ministerial podrán ser actualizados mediante resolución del órgano concedente.
1. Plazo de presentación. El plazo de presentación de solicitudes comprenderá del 1 de enero al 31 de marzo de cada ejercicio presupuestario a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (en adelante, BOE), salvo que en esta se establezca otro plazo.
2. Forma de presentación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, y con el artículo 35 del Real Decreto-ley 36/2020, los solicitantes deberán realizar la presentación y tramitación de solicitudes, así como de la documentación que les sea requerida en cualquier otro trámite del procedimiento, por vía telemática a través de la sede electrónica del MITMA, utilizando los formularios y modelos específicos de documentos establecidos disponibles en la misma, salvo que se indique otra vía en la correspondiente convocatoria. La solicitud y la documentación adjunta, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 39/2015, deberán presentarse en lengua castellana y deberán estar firmadas electrónicamente, por un representante legal debidamente acreditado, mediante un sistema de identificación y firma electrónica que cumpla los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Contenido de la solicitud y documentación adjunta. La solicitud deberá incluir este contenido mínimo:
a) Formulario de solicitud con los datos de identificación del solicitante.
b) Información relativa a cada composición de tren realizada en el año de devengo de la subvención (tonelada-km neta, tonelada-km bruta remolcada y tipo de tracción, de conformidad con la tipología establecida en la tabla del anexo I), así como otra información que se requiera en la convocatoria correspondiente.
c) Documentación acreditativa de la capacidad de representación de la persona firmante de la solicitud. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cualquiera de los casos, deberá aparecer el firmante de la solicitud de subvención como representante de la entidad solicitante.
d) Tarjeta de identificación fiscal (NIF).
e) Certificado de inscripción en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, o en el censo, inventario o registro correspondiente en función de la naturaleza jurídica de la entidad solicitante, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la subvención. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la inscripción en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
f) Cuentas anuales elaboradas de acuerdo con la legislación mercantil.
g) Declaración responsable que acredite el cumplimiento de las condiciones y los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria para la obtención de la subvención, sin perjuicio de la posibilidad del órgano competente de consultar los sistemas de información para verificar el cumplimento de las condiciones de los beneficiarios de la subvención. Dicha comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención y, en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
h) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
i) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR.
j) Cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier documentación o información adicional que sea necesaria para cumplir lo establecido en las bases y en la convocatoria podrá ser aportada por el solicitante o requerida por el órgano instructor.
4. Registro. Una vez cursada la solicitud de la subvención, la sede electrónica del MITMA facilitará un comprobante de la fecha y hora de registro de ésta, así como el número de expediente asignado, entendiéndose en ese momento formulada y registrada, con carácter definitivo, a todos los efectos.
5. Subsanación. En caso de detectarse defectos u omisiones subsanables o que se necesitara información complementaria, se requerirá al solicitante, mediante notificación dirigida al correo electrónico de contacto designado en la solicitud, para que, en un plazo máximo de cinco (5) días subsane las faltas o acompañe los documentos necesarios, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003.
6. Admisibilidad de las solicitudes. Una vez finalizado el período de subsanación, se verificará la admisibilidad de las solicitudes presentadas, considerándose los requisitos establecidos en este artículo como criterios de admisibilidad.
7. Guía para los solicitantes. Está prevista la elaboración de una guía de ayuda a los solicitantes, que estará disponible en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
1. Reglas generales:
a) La selección de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia no competitiva conforme a la documentación aportada por el solicitante.
b) El órgano instructor podrá comprobar los datos aportados por el solicitante con la información que obre en poder de los poderes públicos y administradores de infraestructuras.
c) Todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de los beneficiarios o en los procedimientos de verificación del cumplimiento de las condiciones, cumplimentarán previamente una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).
En caso de que alguna de estas personas considere que está incurriendo en un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones y competencias, deberá abstenerse de tomar ninguna decisión y abandonar el procedimiento. La abstención se realizará por escrito y se notificará a su superior inmediato o al órgano que lo designó, quien resolverá lo procedente. Cuando considere que existe un conflicto de intereses, acordará su sustitución por otra persona.
Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano concedente.
d) No se admitirán mejoras de la solicitud una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes. No obstante, el órgano instructor podrá requerir cuantas aclaraciones estime oportunas sobre aspectos de la solicitud.
2. Selección de actividades admisibles. Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano instructor realizará una verificación documental según los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 12 de esta orden ministerial.
3. Evaluación de beneficiarios. El órgano instructor realizará una evaluación en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas en el artículo 6 de la presente orden ministerial para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
4. Selección de actividades elegibles. El órgano instructor realizará un análisis de elegibilidad, para comprobar que las actividades se ajustan a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 5 de esta orden ministerial.
5. Evaluación de actividades elegidas:
a) Propuesta de resolución provisional. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones debidamente motivada, que incluirá al menos esta información: la relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la subvención, incluyendo el NIF del beneficiario y el importe de la subvención total propuesta, expresado en euros.
b) Publicación. La propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones será publicada en el Portal de Ayudas de la sede electrónica del MITMA. Asimismo, un extracto de dicha resolución será publicado en el BOE y surtirá los efectos de la notificación, conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta propuesta de resolución provisional no supone para los solicitantes el reconocimiento o la pérdida de ningún derecho a la obtención de las subvenciones.
c) Alegaciones. En el plazo de cinco (5) días a contar desde el siguiente al de publicación en el BOE del extracto de la propuesta de resolución provisional del órgano instructor, los solicitantes podrán formular las alegaciones que estimen convenientes, ante la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
d) Propuesta de resolución definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, el órgano instructor elevará una propuesta de resolución definitiva al órgano concedente.
1. El órgano concedente resolverá el procedimiento mediante resolución que pondrá fin a la vía administrativa.
2. De conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, la resolución deberá dictarse y notificarse en un plazo máximo de seis (6) meses desde la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el BOE, salvo que la convocatoria posponga sus efectos a una fecha posterior.
3. La resolución se notificará a los interesados, mediante la publicación de un extracto en el BOE, surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, y de su contenido íntegro en el Portal de Ayudas de la sede electrónica del MITMA en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha en que haya sido dictada, en los términos establecidos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, sin perjuicio de la remisión de la información correspondiente a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
4. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la subvención.
5. La resolución definitiva, deberá incluir los siguientes términos:
a) La relación de solicitudes presentadas.
b) La relación de solicitudes admitidas.
c) La relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la subvención, incluyendo: Entidad beneficiaria e importe de la subvención total concedida (expresado en euros).
d) La relación de solicitudes desestimadas y los motivos de la desestimación.
e) Recursos que se pueden presentar contra la resolución.
6. Contra la resolución por la que se resuelva el procedimiento de concesión, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer con carácter previo recurso potestativo de reposición de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015.
1. Las condiciones iniciales objeto de la resolución de la solicitud podrán ser modificadas, a solicitud del beneficiario o de oficio, siempre que los cambios no alteren la naturaleza u objetivos de la subvención, no supongan un cambio sustancial en el contenido de las actividades subvencionadas y no afecten al pleno cumplimiento del principio DNSH, cuando obedezca a los siguientes supuestos:
a) Alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención debidamente justificada.
b) Obtención concurrente de otras aportaciones en los supuestos afectados por incompatibilidades.
c) Penalizaciones por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones formales como beneficiario que afecten a la cuantía total a percibir por el beneficiario en los términos establecidos en la convocatoria.
2. La aceptación o denegación de la modificación se realizará mediante resolución expresa que deberá dictarse y notificarse al interesado en el plazo máximo de diez (10) días. El transcurso de dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, legítima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. La denegación deberá ser motivada.
1. El pago de la subvención se llevará a cabo posteriormente al devengo de la misma, en el ejercicio presupuestario en el que se haya realizado la solicitud y siempre que exista crédito adecuado y suficiente. El beneficiario recibirá la entrega dineraria correspondiente al total de la subvención concedida, con carácter definitivo, previa justificación y verificación de la ejecución de la actividad subvencionable.
2. El pago de la subvención quedará condicionado a que exista constancia por parte del MITMA de que el beneficiario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Las actividades financiadas al amparo de esta orden estarán sujetas a lo establecido por el artículo 191 relativo al principio de concesión no acumulativa y