Categoría: Energía y Medio Ambiente

a seguridad o salud de las personas.
d)  Proceder al cese temporal de la actividad por un periodo superior a dos años sin haber presentado un plan de medidas suscrito por técnico competente para su aprobación por parte del órgano ambiental competente, así como no comunicar a dicho órgano la finalización de la ejecución de las medidas contempladas en el plan aprobado o no aportar el certificado emitido por entidad colaboradora en materia de calidad ambiental de que las medidas contempladas en el plan aprobado se han ejecutado.
e)  Proceder al cese de una actividad sometida a declaración responsable ambiental sin comunicar el mismo al órgano sustantivo ambiental.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de calidad ambiental las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las agrupaciones de las mismas, las comunidades de bienes o cualesquiera otro tipo de unidades económicas o patrimonios separados, sin personalidad jurídica, que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en esta ley y, en particular, las siguientes:
a)  La persona titular de la concesión o autorización administrativa.
b)  Los promotores de proyectos o titulares de instalaciones y actividades.
c)  Los operadores de las instalaciones cuando no coincidan con el titular de las mismas.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley corresponda a varias personas conjuntamente o en la comisión de la infracción hubieran intervenido varias personas y no fuera posible determinar el grado de participación de cada una de ellas en la misma, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan, de acuerdo con lo establecido en esta ley.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de cinco años para las muy graves, de tres años para las graves y de dos años para las leves.
2. Los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido o desde que pudo ser detectado el daño al medio ambiente si los efectos de este no fuesen manifiestamente perceptibles. Si los actos constitutivos de la infracción fuesen desconocidos por carecer de signos externos o cuando se trate de una infracción continuada, el plazo se computará desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma.
1. Sin perjuicio del régimen sancionador establecido, en su caso, en la normativa estatal básica, las infracciones tipificadas en esta ley podrán dar lugar a una o varias de las siguientes sanciones.
2. En el caso de infracciones muy graves:
a)  Multa de 200.001 euros hasta 2.000.000 de euros respecto a las instalaciones o actividades sometidas a autorización ambiental integrada.
b)  Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones.
c)  Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período no inferior a dos años ni superior a cinco.
d)  Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un período no inferior a un año ni superior a dos.
e)  Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período no inferior a un año ni superior a cinco.
3. En el caso de infracciones graves:
a)  Multa desde 20.001 euros hasta 200.000 euros respecto a las instalaciones o actividades sometidas a autorización ambiental integrada y multa desde 2001 euros hasta 50.000 euros respecto al resto de actividades.
b)  Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período máximo de dos años.
c)  Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un período no inferior a un año ni superior a dos.
d)  Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período máximo de un año.
e)  Pérdida de la condición de entidad colaboradora por un periodo máximo de tres años.
4. En el caso de infracciones leves:
a)  Multa de 200 euros hasta 20.000 euros.
b)  Apercibimiento.
5. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la sanción será aumentada, como mínimo, hasta el doble del importe en que se haya beneficiado la persona infractora.
En la imposición de sanciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 40/2015, se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo. Se deberá considerar especialmente las siguientes circunstancias para la graduación de la sanción:
a)  El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad en la comisión de la infracción.
b)  La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
c)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
d)  La naturaleza o entidad del daño o deterioro causado, y el peligro al que se hayan expuesto la salud de las personas y la calidad del medio ambiente.
e)  El grado de participación y beneficio obtenido con la comisión de la infracción.
f)  La capacidad económica de la persona infractora.
g)  La adopción, antes del inicio del procedimiento sancionador, de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos perjudiciales que sobre el medio ambiente o la salud de las personas se deriven de una determinada actuación tipificada como infracción en esta ley.
1. De conformidad con el artículo 31.1 de la Ley 40/2015, no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
2. En el caso en que unos mismos hechos pudieran ser constitutivos de diversas infracciones, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave en su mitad superior.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, a los tres años las impuestas por las infracciones graves, y al año las leves. El plazo comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
1. Corresponde a la Administración de la comunidad autónoma y a los ayuntamientos, según su respectiva competencia, la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento sancionador en las materias señaladas en esta ley, sin perjuicio de la competencia estatal en esta materia respecto de los vertidos a cuencas gestionadas por la Administración General del Estado.
2. Cuando la competencia para sancionar recaiga en la Administración de la comunidad autónoma, la incoación de los procedimientos sancionadores corresponderá, en el caso de infracciones muy graves y graves, al Consejero competente en materia de medio ambiente o al titular que ejerza las veces de órgano sustantivo conforme al artículo 79.2 de esta ley; correspondiendo, cuando se trate de infracciones leves, al Viceconsejero competente y, de no existir este, al Director General competente. La competencia para resolver los procedimientos sancionadores instruidos corresponderá al Consejo de Gobierno en el caso de infracciones muy graves y, en los restantes casos, al titular del órgano con competencia para incoarlos.
3. En las materias de competencia municipal, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a los órganos que dispongan al respecto sus normas de organización y funcionamiento.
La imposición de sanciones en materia de calidad ambiental se efectuará previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, que será tramitado conforme a lo dispuesto la Ley 39/2015, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, y del plazo máximo establecido en el artículo 35 bis de esta para la resolución de los procedimientos sancionadores.
Cuando el supuesto hecho infractor pudiera ser constitutivo de delito se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado resolución firme que ponga fin al procedimiento o tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano administrativo competente continuará el procedimiento sancionador. Los hechos declarados probados en la resolución judicial penal firme vincularán al órgano administrativo.
1. El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador podrá adoptar, mediante resolución motivada, las medidas provisionales oportunas de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 39/2015.
2. Sin perjuicio de las medidas expresamente establecidas en la normativa estatal básica de aplicación, se podrá acordar la imposición de las medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño, así como el precintado de aparatos o equipos.
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que se impongan, las personas infractoras estarán obligadas a reponer o restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida, así como a abonar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados en el caso de que estos se hayan producido. Para ello, la Administración ambiental actuante procederá a la apertura de un expediente de restauración de la legalidad ambiental y reparación de los daños causados al medio ambiente, a sustanciar en los términos previstos en su desarrollo reglamentario.
2. La forma de proceder a la restauración de la realidad alterada y la valoración de los daños se establecerán por la Administración competente previa audiencia al interesado.
3. En los casos de daños ambientales, la persona infractora quedará obligada a la reparación de los mismos, y esa exigencia, así como la forma de reparación y el plazo en el que el responsable debe llevar a cabo la misma, será establecida en la resolución sancionadora.
1. En el caso de que las personas infractoras no cumplan la obligación de reponer a su estado originario la situación alterada y de reparar los daños, o no procedan a indemnizar los daños y perjuicios causados, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, el órgano competente, tras haber transcurrido el plazo señalado en el correspondiente requerimiento, podrá imponer multas coercitivas o proceder a la ejecución subsidiaria por cuenta y a costa de la persona infractora.
2. La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento de cumplimiento se indique el plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser impuesta. En el caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la ha motivado, esta podrá reiterarse siempre que el tiempo transcurrido haya sido suficiente para cumplir lo ordenado.
3. La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará el tercio de la multa prevista para el tipo de infracción cometida. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanción.
1. Las resoluciones sancionadoras por infracciones muy graves y graves, una vez que hayan adquirido firmeza en vía administrativa, o, en su caso, judicial, podrán publicarse por los órganos que ejerzan la potestad sancionadora cuando estos estimen que existen razones de interés público. La publicación podrá realizarse en el diario oficial correspondiente, en su sede electrónica y/o a través de los medios de comunicación social que se consideren oportunos.
2. En esos casos, la publicación incluirá la identidad de la persona responsable, la infracción cometida, la sanción impuesta, así como un resumen de las obligaciones de reposición e indemnización exigidas, en su caso.
Las referencias incluidas en la legislación del Principado de Asturias al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, se entenderán hechas a la presente ley a partir de su entrada en vigor.
Quedarán sometidas al régimen de comprobación, inspección y sanción establecido en la presente ley todas las instalaciones y actividades existentes a la entrada en vigor de la misma.
Quedan exentos de la obligación de constituir la garantía financiera obligatoria prevista en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, los operadores de actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una cantidad comprendida entre 300.000 y 2.000.000 de euros que acrediten, mediante la presentación de certificados expedidos por organismos independientes, que están adheridos con carácter permanente y continuado, bien al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental UNE–EN ISO 14001:1996.
1. Las autorizaciones ambientales integradas y los actos administrativos con repercusión en el registro de producción y gestión contemplado en la normativa en materia de residuos incorporarán el número de identificación medioambiental (NIMA), sin perjuicio de las determinaciones que se establezcan reglamentariamente.
2. Cada instalación fija sujeta a autorización ambiental integrada y cualquiera de los actos administrativos referidos en el apartado anterior tendrá asociado un número de identificación medioambiental único y sus correspondientes coordenadas geográficas.
3. El número de identificación medioambiental permanecerá invariable y vinculado a sus coordenadas geográficas en cualquier supuesto, incluso en los casos de caducidad o revocación de las autorizaciones y con posterioridad al desmantelamiento de las instalaciones y a su restauración ambiental.
En lo que se refiere a niveles de ruido y vibración, para el otorgamiento de la licencia de apertura prevista en el artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, el titular deberá acreditar ante el ayuntamiento el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contaminación acústica.
El Principado de Asturias, en el ámbito de la cooperación con las entidades locales, deberá contribuir en la financiación de los costes económicos adicionales que la aplicación de la presente ley pudiera generar a los ayuntamientos, incluyendo la correspondiente partida económica en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la Administración del Principado de Asturias calculará y publicará su huella de carbono y elaborará un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que contendrá un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de cinco años.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la Administración del Principado de Asturias iniciará los trámites para la adhesión voluntaria al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), regulado por el Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.
Todas las denominaciones que, en virtud del principio de economía del lenguaje, se hagan mediante el uso del masculino genérico, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.
1. Los procedimientos de autorización iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley continuarán regulándose en cuanto a su tramitación y resolución por la legislación vigente al tiempo de su solicitud, salvo que el promotor del expediente solicite de forma expresa la aplicación de los procedimientos contemplados en la presente ley, conservándose, a tal efecto, los actos y trámites ya realizados.
2. Los procedimientos sancionadores iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se someterán a la legislación vigente en el momento en el que se cometiese la infracción, salvo que la presente ley resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza.
1. Todas aquellas actividades cuya autorización administrativa exigiera su sometimiento al régimen de licencia de actividad del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, se ajustarán al régimen que corresponda en el marco de aplicación de la presente ley según su incidencia ambiental.
2. Los titulares de las actividades o instalaciones que cuenten con autorizaciones ambientales sectoriales o licencias municipales de actividad clasificada otorgadas al amparo del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, seguirán disfrutando de sus derechos conforme al contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia ley establece, sin perjuicio de que hayan de adaptarse a esta a tenor de las resoluciones que recaigan en virtud de los procedimientos correspondientes y conforme a lo dispuesto en los párrafos siguientes.
3. Las actividades o instalaciones existentes a la entrada en vigor de la presente ley no sujetas al régimen regulado en la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y que cuenten con alguna autorización ambiental sectorial en materia de aire, agua y residuos deberán adaptarse al nuevo régimen jurídico de autorización ambiental integrada simplificada en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la presente ley.
Dicha adaptación se realizará por parte del órgano sustantivo ambiental autonómico sin necesidad de tramitar el procedimiento previsto en esta ley en el supuesto de que el titular de la actividad o instalación remita una declaración responsable en la que se asegure que las condiciones con arreglo a las cuales se emitieron sus títulos ambientales habilitantes se mantienen en términos análogos en el momento de su adaptación.
Una vez realizada la adaptación al régimen de autorización ambiental integrada simplificada, el órgano sustantivo ambiental lo comunicará al ayuntamiento donde radique la instalación a fin de que deje sin efecto la licencia municipal de actividad clasificada que había sido concedida con anterioridad.
4. Las actividades e instalaciones con licencia de actividad vigente y que no cuenten con ninguna autorización ambiental sectorial deberán adaptarse al nuevo marco jurídico de declaración responsable ambiental en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la presente ley.
Dicha adaptación se realizará por parte del órgano sustantivo ambiental municipal sin necesidad de tramitar el procedimiento previsto en esta ley.
5. A la entrada en vigor de esta ley, y de conformidad a los plazos establecidos, las Administraciones públicas o entes públicos que hayan tramitado y otorgado sus correspondientes títulos habilitantes en procedimientos sectoriales ambientales relativos a actividades e instalaciones que deban adaptarse al nuevo régimen jurídico de autorización ambiental integrada simplificada deberán trasladar copia de dichos expedientes al órgano sustantivo ambiental.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en esta ley.
2. Quedan derogadas, en particular, las siguientes normas:
a) El artículo 45 bis del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y que fue incluido por la Ley del Principado de Asturias 11/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007.
b)  El Decreto 99/1985, de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.
c) El Decreto 58/2008, de 26 de junio, por el que se regula la estructura, composición y régimen de funcionamiento del Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias, y sus modificaciones posteriores.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.5 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
La Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre Vertidos de Aguas Residuales Industriales a los Sistemas Públicos de Saneamiento, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El artículo 3 queda redactado como sigue:
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera de esta ley, los titulares de actividades industriales o comerciales cuyas instalaciones estén comprendidas en alguno de los supuestos que reglamentariamente se establezcan y que pretendan utilizar los sistemas públicos de saneamiento para el vertido de aguas residuales están obligados a solicitar la correspondiente autorización, salvo que solamente generen aguas residuales fecales y sanitarias de origen humano.»
Dos. El artículo 5 queda redactado como sigue:
1. Si el vertido se realiza directamente a colectores o instalaciones de depuración que sean competencia de la comunidad autónoma, la autorización de vertido se incluirá dentro de la autorización ambiental integrada ordinaria o simplificada, regulada en la Ley del Principado de Asturias de Calidad Ambiental, y en ella se hará constar expresamente el contenido señalado en el artículo 8 de esta ley.
2. Cuando el vertido se realice a redes de alcantarillado de competencia municipal y este sea transportado a colectores o instalaciones de depuración de competencia de la comunidad autónoma, el otorgamiento de la correspondiente autorización de vertido municipal requerirá el informe vinculante previo de la Administración del Principado de Asturias, que se entenderá favorable en caso de no emitirse en el plazo de treinta días. A tal efecto, el ayuntamiento deberá remitir a la comunidad autónoma solicitud en la que se indiquen los datos de caudal y carga contaminante del vertido.
3. La autorización se otorgará atendiendo a los siguientes criterios: las características del efluente líquido que se solicita verter, la capacidad y el grado de utilización de las instalaciones de saneamiento y depuración, y la calidad requerida para el vertido final a las aguas receptoras.»
Tres. El apartado 2 del artículo 8 queda redactado como sigue:
«2. El plazo de vigencia de la autorización de vertido será de ocho años, como máximo, transcurridos los cuales se procederá a la revisión de la misma, con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca.»
Se modifica el artículo 7 de la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas, que queda redactado como sigue:
La aprobación por la Consejería competente de los proyectos de infraestructuras hidráulicas llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, a efectos de expropiación forzosa y ocupación temporal, así como para la imposición de servidumbres. Esta declaración se extenderá a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo definitivo de las obras y en las modificaciones de proyectos y obras complementarias que, en su caso, puedan aprobarse posteriormente.»
Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley del Principado de Asturias 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes, que queda redactada como sigue:
«a) Las Directrices Regionales de Ordenación Territorial, las Directrices Subregionales de Ordenación Territorial, los planes territoriales especiales, los programas de actuación territorial, los catálogos urbanísticos, los planes generales de ordenación, así como sus revisiones y modificaciones que no tengan el carácter de modificación menor.»
1. Se habilita al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en esta ley.
2. En el caso de las actividades e instalaciones ganaderas existentes dentro de núcleos de población, el órgano sustantivo ambiental autonómico desarrollará, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, un procedimiento específico para su adaptación al régimen de intervención que les corresponda. El citado procedimiento específico se iniciará, en cada caso, con carácter inmediato, a requerimiento del titular de la explotación y/o del ayuntamiento en cuyo territorio esté establecida.
Se habilita al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para actualizar las cuantías de las multas establecidas en la presente ley.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, las ordenanzas municipales que regulan las actividades con incidencia ambiental deberán adaptarse a las previsiones contenidas en esta ley.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley, coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar.
Oviedo, 15 de marzo de 2023.–El Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez.