Categoría: Administración

El sector agrario de este país se configura como un sector estratégico, por su relevancia económica y social, pero sobre todo porque garantiza la seguridad alimentaria de la población suministrando los productos más esenciales, los alimentos.
Se trata de un sector que, desde 2020, ha estado sometido a grandes tensiones causadas por factores exógenos que han ido superponiéndose: la pandemia de COVID 19 –durante la cual se mantuvo en todo momento la cadena de producción y distribución de alimentos–, la crisis logística de 2021 y la situación de costes y mercados generada por la invasión de Ucrania en febrero de 2022, que aún perdura y a la que se añade ahora un prolongado escenario de sequía, altas temperaturas y fenómenos climatológicos extraordinarios.
En este difícil escenario, el sector ha demostrado un elevado grado de resiliencia y adaptación a situaciones cambiantes, con la implicación activa de todos sus agentes y contando con unos inéditos niveles de apoyo público, tanto en el ámbito nacional – el volumen y frecuencia de las ayudas habilitadas por el Gobierno no tiene precedente histórico- como europeo – con la activación del nuevo periodo de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027 y el despliegue de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Sin embargo, la persistencia de una situación caracterizada por la concurrencia prolongada de una inusual escasez de precipitaciones y unas temperaturas anormalmente elevadas define en la actualidad un escenario que amenaza la estabilidad del sector agrario, y por tanto de la seguridad alimentaria, convirtiendo de nuevo en indispensable la urgente adopción de medidas de apoyo público.
La situación descrita tiene consecuencias perjudiciales para la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, cuya subsistencia en un escenario de baja rentabilidad podría verse amenazada. Así se refleja en datos oficiales como la estimación de la Renta Agraria en 2022, que presenta en su segunda revisión un descenso provisional del 6,2%. Pero además, no puede ignorarse que una situación de descenso de la producción tanto agrícola como ganadera, y de minoración de la superficie cultivada, puede incidir negativamente en la evolución del precio de los alimentos, uniéndose a los efectos derivados de la crisis de costes que empezaban a superarse.
En este contexto, resulta de extraordinaria y urgente necesidad adoptar medidas que garanticen la resiliencia y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y coadyuven a reforzar la senda de crecimiento económico de nuestro país.
La invasión de Ucrania incidió de forma muy negativa en la situación que ya atravesaban buena parte de los sectores agrarios, caracterizada por un incremento sostenido de los costes de producción, derivados del aumento de los precios de las materias primas para alimentación animal y de los precios de la energía y de los combustibles.
En la actualidad el sector agrario en su conjunto atraviesa una situación complicada. A los incrementos de costes sin precedentes, que han provocado pérdida de tejido productivo y de empleo, tal y como se puede comprobar con el descenso de un 9,6% de ocupados según la EPA del primer trimestre de 2023 se une la escasez de precipitaciones durante un periodo de tiempo prolongado, que está provocando un déficit de pastos para el que se ha precisado la adopción de medidas paliativas complementarias al seguro agrario para compensar las rentas de los agricultores y ganaderos afectados.
La falta de lluvia, junto con la caída de las reservas de agua para los regadíos, está condicionando las siembras, mientras que en la actividad ganadera ha provocado una menor disponibilidad de pastos y, por tanto, una mayor necesidad de suplementación en la alimentación animal a precios muy elevados.
A esta coyuntura, ya grave, se suman los recientes acontecimientos derivados de la guerra de Ucrania que han afectado a las importaciones de maíz, el trigo, la colza, el aceite de girasol, las semillas de girasol a Polonia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría, cuyo sector agrícola se ha visto muy afectado en los últimos meses por el aumento de las importaciones agrícolas de Ucrania. Ucrania es uno de los principales exportadores de estos productos y en un contexto de alta volatilidad e inestabilidad de precios esta medida añade aún mayor incertidumbre a los mercados internacionales de materias primas.
Más a largo plazo, las «Orientaciones Estratégicas sobre agua y cambio climático», aprobadas por el Consejo de Ministros el 19 de julio de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, parten de la premisa de que resulta indudable que durante los próximos años la gestión del agua va a venir determinada por los impactos que el cambio climático va a provocar sobre las precipitaciones y las temperaturas, e indirectamente sobre el estado de los ecosistemas hídricos. Dichas orientaciones estratégicas establecen líneas de acción e instrumentos de gestión del agua en este escenario.
Los modelos climáticos pronostican que amplias zonas de nuestro país resultan especialmente vulnerables al cambio climático, no sólo en relación con la reducción de los recursos hídricos, sino también en relación con su variabilidad, que va a verse incrementada, por lo que el escenario completo sería el de menos agua disponible, más inundaciones y más sequías.
Ya en el informe del CEDEX del año 2017 de Evaluación del Cambio Climático en los recursos hídricos y sequías en España se afirma que en la medida en que la incertidumbre continúe existiendo, la Planificación Hidrológica no debería orientarse tanto a determinar el porcentaje de reducción de recursos hídricos, -dada la imposibilidad de eliminar la incertidumbre-, sino a analizar la robustez y resiliencia del sistema frente a situaciones de estrés, para identificar dónde es más vulnerable y proponer medidas de adaptación.
Los Planes Hidrológicos de cuenca, aprobados por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, contemplan de manera explícita el riesgo del cambio climático y la necesidad de que la gestión de los recursos hídricos se adapte a este riesgo, con objeto de incrementar la seguridad hídrica y la resiliencia de los sistemas.
Los Planes Especiales de Sequía, actualmente en revisión, y aprobados por la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la revisión de los planes especiales de sequía correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar; a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; y al ámbito de competencias del Estado de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, son planes de gestión de los recursos e infraestructuras ya existentes en situaciones extremas. Proponen y recogen medidas específicas para mitigar los impactos de las sequías, lo que permite prevenir y corregir los efectos adversos de ésta sobre el medio ambiente y favorecer el desarrollo sostenible incluso en los momentos más excepcionales.
Los anteriores instrumentos de planificación constituyen herramientas de gestión del agua para una adaptación a medio y largo plazo a los escenarios climáticos mencionados y situaciones de mayor frecuencia e intensidad de las sequías.
No obstante, las condiciones actuales de sequía que se exponen a continuación hacen necesarias medidas extraordinarias, como las medidas urgentes que se adoptaron en el año 2022 y las que se adoptan en este real decreto-ley.
Debido a la situación del año hidrológico 2020/2021 y la escasa reserva hídrica almacenada en el mes de marzo de 2022, el Gobierno a través del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, adoptó un conjunto de medidas urgentes de protección del sector agrario dada la afección de la sequía.
El año hidrológico 2021/2022 finalizó con una precipitación de un 25% por ciento inferior al valor medio. Desde el inicio del último año hidrológico hasta final de marzo de 2023 el valor medio de las precipitaciones acumuladas en España ha sido un 18% inferior al promedio para el mismo periodo. A fecha de 3 de mayo de 2023 la reserva hidráulica peninsular se situaba en un 49,6%, dato levemente inferior al del año anterior (50,6%) e inferior a la media de los últimos cinco años (61,8%) y también a la de los últimos diez años (68,7%).
Por otra parte, conforme a las previsiones que publica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera, con un elevado grado de incertidumbre, que lo que resta de primavera se mantenga la situación actual. Las previsiones del Observatorio Europeo de la Sequía apuntan a un riesgo de escasez de precipitaciones en la costa mediterránea.
En algunas cuencas españolas la situación es especialmente crítica. De los últimos doce meses, todos excepto uno han tenido valores globales de pluviometría inferiores a los normales, siendo seis de ellos clasificados por AEMET como muy secos o extremadamente secos. A esto se le une que desde el punto de vista de las temperaturas, nueve de esos doce meses se clasifican como extremadamente cálidos o muy cálidos, siendo los otros tres cálidos o normales. En sectores como el agrario esto supone un impacto muy notable tanto desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos como de las necesidades de los cultivos. Además, estas anomalías vienen acumulándose en los últimos años, especialmente en algunas cuencas.
Entre todas ellas destaca el caso de la cuenca del Guadalquivir, con 631 hm3almacenados por debajo del valor correspondiente al año anterior. Sus reservas se limitan al 24,5% de su capacidad máxima de embalse, es decir, 7,6 puntos porcentuales por debajo del año anterior, 24,5 puntos por debajo de la media de los últimos cinco años y 38,6 puntos por debajo de la media de los últimos diez años. Asimismo, también se encuentran significativamente afectadas por la sequía las cuencas del Ebro, especialmente en el sistema del Segre, y del Duero, presentando riesgos los sistemas del Pisuerga y del Bajo Duero.
La situación de escasez y de falta de reservas hídricas que está sufriendo buena parte de España evidencian el riesgo de que existan problemas para el suministro de agua en los próximos meses, tanto para determinados abastecimientos a poblaciones como para las explotaciones agrícolas. Dada la situación observada y teniendo en cuenta que las previsiones no pronostican claros cambios de tendencia en los próximos meses, se hace necesario habilitar medidas que ayuden a paliar los graves e imprevisibles daños derivados de la sequía.
Como se ha avanzado, la cuenca del Guadalquivir es la que más preocupa en estos momentos, por la situación de sus reservas y las previsiones disponibles. Existe un problema de escasez muy generalizado en toda la cuenca que, aún tras la leve mejoría registrada en el mes de diciembre, continúa situando en escenario de emergencia por escasez hídrica a las unidades territoriales de la Hoya de Guadix, Bermejales, Martín Gonzalo, Sierra Boyera, Guardal, Guadalmellato, Bembézar-Retortillo y Regulación General, y en escenario de alerta por escasez a las unidades del abastecimiento de Jaén, Vega Baja de Granada, Montoro-Puertollano, Viar y Rumblar.
Dentro de la cuenca del Guadalquivir se encuentra en una situación crítica el Sistema de Regulación General, al que están adscritos diecinueve embalses que suponen el 70 % de la capacidad total de embalse de la cuenca, y el 83 % de la superficie que se riega con aguas reguladas, unas 350.000 ha. En este sistema las reservas almacenadas suponen únicamente el 21,8% de su capacidad total.
Uno de los focos especialmente preocupantes en la cuenca del Guadalquivir es el sistema de abastecimiento de Sevilla, cuyas reservas se encuentran a fecha de 4 de mayo de 2023 al 39,7% de su capacidad. Diversos ayuntamientos de la zona, entre los que destaca el de dicha capital, han publicado bandos para informar a los vecinos sobre la situación de riesgo y dictar normas específicas de ahorro. Es necesario por tanto reforzar este sistema de abastecimiento mediante actuaciones concretas que permitan resolver algunas de las limitaciones estructurales que padecen las infraestructuras de regulación que facilitan el abastecimiento de Sevilla y su área metropolitana. Dichas actuaciones se incorporan como actuaciones de ejecución inmediata en el anexo I de este real decreto-ley.
Otro sistema de abastecimiento particularmente afectado por la sequía es el comprendido en el Plan Écija, dependiente de sistema Bembézar-Retortillo, diagnosticado en situación en emergencia.
En el caso de la cuenca del Ebro, el inicio del año hidrológico 2022-2023 se ha caracterizado por escasas aportaciones en forma de lluvia y nieve, que ha dado lugar a inicios de campaña de riego con restricciones en varias unidades territoriales de la margen izquierda y el eje del Ebro. Además, las altas temperaturas alcanzadas en el mes de marzo han dado lugar a la sublimación de las reservas de nieve con las que se contaba para la campaña de regadío. Por último, las mínimas aportaciones del mes de abril, mes abundante en lluvias especialmente en zonas de montaña, ha empeorado significativamente la previsión de forma que la situación es más propia del estiaje que de la primavera.
En este contexto, la unidad territorial del Segre se encuentra en situación de emergencia por escasez. Las mínimas reservas del inicio de campaña en el sistema de regulación Oliana-Rialb, con un 12% de reservas, junto con las mínimas aportaciones en toda Cataluña han llevado a los sistemas de riego dependientes de esa cuenca a decisiones drásticas de reducción de dotaciones. En concreto, el canal principal de Urgell ha finalizado la campaña de riego solo un mes después de haberla iniciado con el cierre de su canal principal dependiente del río Segre para garantizar los abastecimientos dependientes de dicho canal. Con fecha 26 de abril de 2023, la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro declaró la situación excepcional por sequía extraordinaria para la cuenca del Segre. Asimismo, las unidades territoriales de la cabecera y eje del Ebro, bajo Ebro, Iregua y Aragón y Arbas se encuentran en situación de alerta, y las previsiones indican que pueden pasar a situación de emergencia en fechas próximas.
Según las series hidrológicas disponibles para la cuenca del Ebro, se trata del episodio de sequía más grave de los últimos treinta y tres años, lo cual pone de manifiesto la gravedad y el carácter excepcional de esta situación.
En la demarcación hidrográfica del Duero, la situación de escasez en las unidades territoriales del Pisuerga y Bajo Duero, en las provincias de Palencia, Burgos, Valladolid y Zamora, y Torío-Bernesga en León, ha supuesto que, en cumplimiento de lo indicado en el artículo 55 del texto refundido de la Ley de Aguas y en uso de las facultades del artículo 90.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Duero en su reunión del 11 de abril de 2023, acordara establecer dos medidas restrictivas al uso del agua: por un lado, fijar una asignación de agua a los usos regadío de las unidades territoriales del Pisuerga y Bajo Duero para la campaña de 2023 del 58% de la asignación normal; y, por otro, establecer un sistema de turnos de extracción de agua de los cauces públicos para los regadíos de la unidad territorial del Torío-Bernesga, lo que puede suponer una restricción del 50% de la asignación normal de estos usos.
Las medidas contenidas en el título II de este real decreto-ley, que inicialmente se diseñan para afrontar los problemas actuales y previsibles en las cuencas del Guadalquivir, Ebro y Duero, también pueden hacerse extensivas a otras zonas de España en las que concurran las mismas o parecidas circunstancias de escasez.
También se prevé que puedan verse afectadas en un futuro próximo por situaciones de escasez y sequía las cuencas del Guadiana, Segura y Júcar.
Esta situación de sequía se añade a la situación de presión que vive el sector agrario y por extensión el sistema agroalimentario, ocasionada por la invasión de Ucrania se suma a la exposición a los efectos inflacionistas de una serie de productos y servicios directamente relacionados con la guerra, especialmente teniendo en cuenta que el período de recurrencia de las sequías se ha reducido en los últimos años: mientras que en décadas anteriores estaba entre siete y diez años (1995, 2005, 2012), en la actual el plazo es mucho menor (2017, 2019, 2022, 2023).
Adicionalmente, el impacto también ha repercutido sobre la liquidez y la volatilidad de los mercados en el comercio de productos básicos, lo que en su conjunto hace que la continuidad de la actividad primaria este en riesgo, siendo este un sector clave en la actividad económica y para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria.
Estos hechos, que afectan muy negativamente a la rentabilidad de las explotaciones agrarias, obligan a actuar de forma inmediata adoptando una serie de medidas de apoyo para aliviar los efectos perjudiciales sobre la producción de alimentos del sector agrario, teniendo en cuenta que los Poderes públicos tienen la obligación de diseñar medidas que contribuyan a la seguridad alimentaria o aborden los desequilibrios del mercado.
La situación descrita condiciona el nacimiento y normal desarrollo de muchos los cultivos y producciones, en particular en las zonas afectadas por restricciones de uso del agua. En especial, la ganadería se está viendo gravemente impactada por la pérdida de pastos e incremento de los costes de los alimentos del ganado, por lo que, afrontan preocupantes dificultades de tesorería y capacidad para sostener su actividad a medio plazo.
Las siembras más tempranas (octubre-noviembre) han tenido un desarrollo muy acelerado, consecuencia del invierno relativamente suave y las precipitaciones de diciembre y, sin embargo, se encuentren ahora en estados fenológicos de máximas necesidades, sin reservas hídricas y con evidencias de marchitez irreversible en diversas regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha; donde las precipitaciones invernales fueron algo mayores, aún existe una mínima reserva de agua en el suelo en algunas comarcas, aunque ya se aprecian síntomas de sequía en gran parte del territorio.
Adicionalmente, en estas fechas se vienen produciendo de modo general las siembras y plantaciones de importantes grupos de cultivos, que se ven directamente afectados por esta situación, hasta el punto de que en algunos casos se está empezando a optar por no cultivar en este ejercicio las producciones habituales en atención a las especiales condiciones concurrentes, o bien substituir los tradicionales cultivos por otras especies u orientaciones productivas más resistentes al acusado descenso de la disponibilidad de agua.
En muchos otros casos, lamentablemente, los cultivos ya plantados o sembrados están siendo afectados de modo directo e irreparable por las circunstancias concurrentes descritas: ya se empiezan a apreciar las consecuencias de la sequía en campos que no están comportándose como es habitual en esta época del año, hasta el punto de que ciertas zonas y producciones, irremediablemente, van a secarse, impidiendo la cosecha y, en consecuencia, una mínima rentabilidad económica, con efectos además sobre el conjunto de los consumidores.
Estos hechos tienen consecuencias directas sobre la situación económica de los operadores del sector primario: una reducción de la producción habitual genera una reducción correlativa de ingresos que ahonda en la ya de por sí difícil situación de las explotaciones, afectadas por los sucesivos acontecimientos recientes, que se han venido solapando.
Las circunstancias mencionadas, el cambio de cultivo, la pérdida de las cosechas o la disminución de la actividad o incluso el cierre de granjas generan efectos inmediatos en la economía rural, tanto del sector primario directamente relacionado como del resto de actores en el mercado. Así, se reduce de modo directo el consumo de maquinaria –tanto en compra como en otros regímenes–, lo que afecta al sector de la automoción y retrasa el objetivo de modernizar nuestro parque de maquinaria agraria; se reduce proporcionalmente la adquisición de otros insumos esenciales que ya no van a ser necesarios ante la nueva realidad, tales como fertilizantes, fitosanitarios, semillas…, con el consiguiente efecto arrastre para los operadores de bienes y servicios en dichos sectores; y, por último, se reduce también de modo directo el dinamismo de la economía en las zonas rurales afectadas por esta minoración de rentas disponibles, lo que juega en contra de las políticas públicas frente al reto demográfico y el despoblamiento.
En efecto, las extremadas condiciones climáticas que viene padeciendo este año el sector agrario amenazan la viabilidad económica de muchas explotaciones y su propia pervivencia como unidades productivas, lo que afectaría seriamente a la economía de las comarcas agrarias y al desenvolvimiento de otros sectores de actividad económica relacionados con la agricultura.
La sequía, entendida como escasez de precipitaciones durante un periodo de tiempo prolongado que compromete la viabilidad de los cultivos, es un fenómeno que viene padeciendo España de forma recurrente. Así, se han producido episodios de sequía en tiempos recientes durante los años 2005, 2011 y 2017, que han precisado la adopción de medidas paliativas complementarias al seguro agrario para compensar las rentas de los agricultores y ganaderos afectados.
Pero este agravamiento de las condiciones circundantes producido por la especial situación climatológica se viene a sumar a otro conjunto de circunstancias estructurales y coyunturales que no hacen sino agravar la situación descrita.
Entre los problemas o circunstancias estructurales, cabe destacar la vulnerabilidad propia de nuestro sector agrario, muy atomizado, estacionario y con una elevada rigidez de la demanda, estacionalidad en el mercado y heterogeneidad y asimetría en sus características internas, por la propia naturaleza perecedera de la producción. Por ello, el sector agroalimentario, por su trascendencia en términos sociales, económicos y medio ambientales, tiene un carácter estratégico tanto en España como en toda la Unión Europea. Su misión básica es la de proporcionar al ciudadano alimentos sanos, seguros y que además respondan a sus expectativas de calidad, misión que la actual coyuntura puede poner en riesgo.
Entre las dificultades que se suman a la sequía debe destacarse la especial situación por la que atraviesa el sistema productivo primario desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, que está afectando a los productores agrarios europeos y españoles y supone una amenaza grave de perturbación del mercado, como consecuencia de los aumentos significativos de los costes de producción y las alteraciones de los flujos comerciales.
Las principales preocupaciones en el comercio entre Ucrania y la Unión Europea son la disponibilidad de transporte, y la incertidumbre de las operaciones de transporte marítimo, que han supuesto durante meses graves dificultades para que los productos de la Unión Europea sigan llegando a Ucrania y viceversa.
En particular, la crisis está teniendo graves consecuencias en la oferta de cereales y oleaginosas a escala mundial que está tensionando fuertemente los mercados globales de estos productos, que se suma a las fuertes subidas que están experimentando los precios de la energía y los fertilizantes, y que están afectando a los productores agrarios de la Unión. Estos incrementos se han mantenido en el tiempo, pero sus efectos han ido agravándose a medida que se consumían las reservas y ayudas dotadas al efecto y que el efecto cíclico de la espiral inflacionista ha ido incidiendo en su importancia, al acumular los resultados.
De este modo, a pesar de que el mercado interior ha ido progresivamente ajustándose a la situación bélica, que se prolonga desde hace más de un año, lo cierto es que los efectos se siguen apreciando en la economía general y la actividad primaria en particular.
Los incrementos de los precios de los piensos desde el inicio de la guerra superaron bien pronto el 20%, lo que se suma a los incrementos de precios acumulados respecto al año 2021, que arrojan cifras superiores al 50% -o al 75% si comparamos con los precios de 2020-. El mantenimiento, bien que moderado, de la inflación durante el ejercicio 2023 multiplica la gravedad de la situación, al proyectarse sobre precios ya de por sí en máximos históricos.
Los productores afectados cuentan, además, con serias dificultades para trasladar este incremento de costes a lo largo de la cadena en un contexto marcadamente inflacionista, por lo que sus márgenes se están viendo seriamente comprometidos, lo que hace peligrar el mantenimiento del tejido productor en las zonas rurales de nuestro país, donde existen escasas alternativas a estas producciones.
La ganadería, además, es un sector ligado al territorio que le convierte en un sector medioambientalmente sostenible por el aprovechamiento racional de los recursos agrosilvopastorales de nuestro país, contribuyendo así a la mejora de calidad y el incremento de materia orgánica en los suelos y al mantenimiento de la biodiversidad.
Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo, maíz, girasol, harina y aceite de girasol, por lo que la paralización de sus ventas al exterior durante meses y su ralentización posterior ha impactado en las cotizaciones internacionales de materias primas destinadas a la alimentación animal. España importaba de Ucrania anualmente una media de 2,7 millones de toneladas de maíz, el 22 por ciento de las importaciones españolas y es el segundo proveedor después de Brasil. También importa 233.000 de toneladas de torta de girasol, que suponen el 68 por ciento de las importaciones que España realiza de este producto, así como aproximadamente 500.000 toneladas de aceite de girasol.
Por otro lado, Rusia es el mayor proveedor de combustible de la Unión Europea (el 18 por ciento de las importaciones de la Unión Europea proceden de Rusia). Más de un cuarto de nuestras importaciones de petróleo crudo y más de un tercio de las de gas natural son de origen ruso; en cambio, la Unión Europea tiene un equivalente de cuota de mercado energético del 25 por ciento de la cuota de Rusia. Del mismo modo, las exportaciones rusas de fertilizantes a la Unión Europea suponen 3.000 millones de euros, es decir, alrededor del 30 por ciento de las importaciones de fertilizantes de la UE.
La subida de los precios de la energía eléctrica, el gasóleo, los fertilizantes, los plásticos o los piensos están repercutiendo negativamente en la rentabilidad de las explotaciones y empresas del sector, poniendo en riesgo su continuidad.
El mantenimiento del conflicto ha agravado la situación creada hace un año, no sólo porque su desenlace no se divisa en un futuro próximo, sino porque su propia evolución ha incorporado disfunciones impredecibles hace un tiempo en el mercado primario. La mejora en las condiciones de exportación del grano, en las que el Reino de España ha desempeñado un papel muy relevante, ha sido un importante hito en la normalización de ese subsector en el plano internacional. Sin embargo, el incremento en la oferta, consecuencia de la paralización temporal de la misma durante meses, unido a las favorables condiciones de acceso a los mercados europeos, ha generado efectos imprevistos en las últimas semanas sobre los precios dentro del mercado europeo que han llevado, incluso, a que ciertos países impusieran salvaguardas temporales a la importación de dicho grano, con el fin de estabilizar sus mercados. Estas perturbaciones ameritan la gravedad de la circunstancia y sus efectos impredecibles, que exigen una acción decidida para prevenir un abandono generalizado de la actividad.
Además, como se ha indicado, asistimos a una situación de sequía hidrológica en amplias zonas de la geografía nacional que se encuentran en situación de prealerta, alerta o emergencia en cuanto a la disponibilidad de agua. Se ha constatado, asimismo, que la humedad del suelo, que condiciona la disponibilidad de pastos se ha deteriorado considerablemente dando lugar a una mayoría de superficies en condiciones secas o extremadamente secas. La sequía abarca ya gran parte del territorio nacional, con determinadas regiones en situación de emergencia. En ciertas zonas han transcurrido más de 60 días seguidos sin llover en primavera, época en la que se suelen producir las precipitaciones más abundantes en España coincidiendo con fases agronómicas esenciales para lograr que prosperen los cultivos y los pastos.
Los cultivos de invierno y los pastos se encuentran ya con graves afecciones provocadas por la sequía, y en los cultivos de primavera existen muchas dificultades e incertidumbres para su siembra, llegando a provocar la decisión de no sembrar en el caso de ciertos cultivos en los que la ausencia de agua no permite su viabilidad. En particular, en las zonas de regadío la situación es extremadamente grave en algunas cuencas hidrográficas, con una capacidad de los embalses por debajo del 25% y con restricciones en las dotaciones de riego que superan el 80%. Las reducciones drásticas de las dotaciones de riego o, incluso, y sobre la base de las priorizaciones en el uso del agua que realicen las cuencas hidrográficas, la inexistencia de dotación para algunos cultivos, pueden conducir a la imposibilidad de sembrar ciertos cultivos, o bien a un daño irremediable en los árboles de plantaciones en regadío.
En el caso de los pastos y la cabaña ganadera la disminución de la disponibilidad de pastos consecuencia de la sequía aumenta la necesidad de aportación de alimentación externa tanto de forraje como de alimentos concentrados (piensos). Con los precios actuales de las materias primas para alimentación y el incremento sostenido del precio de los forrajes, no sólo por la invasión de Ucrania sino también por la disminución de las propias cosechas consecuencia de la sequía, los costes de producción de los sectores ganaderos extensivos, dependientes del aprovechamiento de las superficies de pastos y de la disponibilidad de forrajes se han visto incrementados considerablemente.
En definitiva, concurren un conjunto de circunstancias de tal magnitud y gravedad, por sus efectos y su persistencia en el tiempo y por su carácter mutable, que hacen necesario adoptar medidas para evitar consecuencias irreparables.
De lo que se trata, pues, es de garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y con ello hacer frente a posibles problemas de abastecimiento de alimentos por reducción o incluso abandono de la actividad agraria que podrían tener lugar si el conflicto se prolonga, por lo que resulta inaplazable la adopción de un plan de contingencia, con el fin de ofrecer al sector productor los apoyos necesarios para hacer frente a la actual coyuntura, en el marco del artículo 130.1 de la Constitución recoge que «los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles».
Por lo demás, en la actual situación derivada de la invasión de Ucrania por Rusia, marcada por las tensiones inflacionistas que afectan, entre otros, al sector del transporte de viajeros, es necesario adoptar una política pública positiva que facilite a los jóvenes el uso del transporte público colectivo terrestre, tanto ferroviario como por carretera, en sus desplazamientos, tanto por España como por Europa, durante la época estival de 2023. Con ello se persigue facilitar los viajes de ocio durante el verano mediante la utilización de un medio de transporte más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible que el vehículo particular.
Facilitar los viajes de ocio durante el verano a los jóvenes se considera una medida beneficiosa para su formación y desarrollo personal, en la medida en que les permite conocer otros lugares y culturas, desarrollar habilidades interculturales, fomenta su creatividad y el aprendizaje, así como su independencia personal a la vez que les permite compartir experiencias y fortalecer las relaciones personales.
Al mismo tiempo, es objetivo del Gobierno ayudar a la recuperación del sector turístico y del sector cultural en su consolidación tras la pandemia, potenciando los destinos nacionales y colaborando con el desarrollo de la España rural. De esta forma, se promociona el patrimonio histórico y cultural y el conocimiento de nuestro país por los jóvenes. España es el segundo país más visitado del mundo, pero cuenta con una gran riqueza cultural poco conocida para muchos españoles, de ahí que una de las finalidades del resal decreto-ley sea fomentar el conocimiento de España por nuestros jóvenes facilitando durante este verano los viajes de ocio.
Con estos fines, este real decreto-ley establece la reducción del precio de los billetes para jóvenes en los servicios de transporte público colectivo terrestre de competencia estatal durante el periodo estival de 2023, así como la reducción del precio del Pase Interrail para jóvenes comercializado a través de Renfe Viajeros SME S.A. cuya fecha de inicio tenga lugar entre el 15 de junio de 2023 y el 15 de septiembre de 2023.
En atención a las circunstancias concurrentes, el presente real decreto-ley recoge un conjunto articulado de medidas que atienden a la realidad concurrente antes descrita.
En primer lugar, se dispone un conjunto de medidas de apoyo y ayudas directas para el sector agrario, contenidas en el título I.
Debe tenerse en cuenta que el Plan de seguros agrarios, subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, representa la herramienta de referencia obligada en la lucha contra las adversidades climáticas y se ha erigido en un mecanismo capital de la política agraria nacional. Por ese motivo, se aprueba un incremento extraordinario y excepcional de las subvenciones a los titulares del seguro agrario que venga a subvenir las intensas tensiones financieras que han padecido durante este año con motivo de la invasión rusa de Ucrania, agravadas por la reiteración de fenómenos climatológicos adversos, con dos sequías consecutivas que han mermado su capacidad de ajuste y las posibilidades de supervivencia de las explotaciones. Del mismo modo, con esta medida se permite fomentar la firma de pólizas, como mejor mecanismo para socializar los costes y asegurar, con una perspectiva preventiva, el ajuste de la actividad agraria a la cambiante realidad que circunda al medio rural. Esta dotación complementaria permitirá alcanzar el máximo de la intensidad que la normativa europea prevé para este tipo de ayudas, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema y a la mejora del posicionamiento de los productores en un contexto de grandes dificultades.
Y es que la sequía, y sus efectos sobre las producciones agrarias, suponen un problema recurrente en España que ahora incide de modo acusado sobre la situación provocada por la invasión rusa de Ucrania. El Sistema de Seguros Agrarios cubre los daños producidos por la sequía meteorológica en los cultivos de secano: cultivos herbáceos extensivos, uva de vinificación, olivar, frutos secos (almendro), remolacha azucarera y algunos cultivos forrajeros. Los daños por sequía son evolutivos, por lo que son valorados en el momento de la cosecha o recolección. Además, existe una línea específica para la ganadería extensiva que cubre la falta de pastos relativa, es decir, la reducción del pasto con relación a la misma época del año en una misma zona.
Por ese motivo, sumado a los condicionantes derivados de la guerra en Ucrania, se incorpora una ayuda extraordinaria y por una sola vez para paliar los efectos de la sequía, complementaria a las pólizas ya contratadas de producciones que actualmente están sufriendo los efectos de la sequía. En el ámbito del seguro agrario afecta a las pólizas contratadas en los módulos de aseguramiento con cobertura de sequía (módulos 1,2 y 3) de cultivos de secano con rendimientos asignados (cultivos herbáceos extensivos, una de vinificación, almendro y avellano, olivar, maíz forrajero de secano, alfalfa de secano y remolacha azucarera), y a las pólizas contratadas del seguro de compensación por pérdida de pastos cuyo importe será el resultante de obtener la diferencia entre el 70% del coste del seguro y la suma de las subvenciones estatal y autonómica otorgadas, con el fin de llegar al máximo permitido por la actual normativa europea de ayudas de Estado.
Por otra parte, la inusitada situación actual aconseja la adopción de otras medidas, a título excepcional, que complementen la acción de los seguros agrarios en orden a minorar las consecuencias en la economía de las explotaciones agrarias afectadas.
Esas medidas se concretan en un conjunto de mecanismos destinados a reforzar la solvencia empresarial y el acceso al crédito, de modo que se mejoren las condiciones de financiación del sector agrario en un momento capital para su supervivencia. Así, se procede a la modificación de las subvenciones ya planteadas con ocasión de la anterior sequía en el ámbito de la financiación del sector, pues las tensiones de tesorería y la dificultad en el acceso al crédito se configuran como un elemento esencial en el complicado panorama del sector que se ha ido agravando con el paso del tiempo. Este tipo de intervenciones se ha demostrado de gran utilidad para el sector, apoyando las empresas más competitivas Por este motivo, el amplían las condiciones, cuantías y plazos de diversas medidas recogidas en el Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, en el ámbito de la financiación, para maximizar la eficacia de esta medida.
Asimismo, se incorpora un conjunto articulado de ayudas directas, de gestión centralizada, para los sectores agrícolas y ganaderos más afectados, y, con gestión territorializada, para la apicultura.
Así, se incluyen tres ayudas directas con el fin de subvenir los gastos y pérdidas en que los agricultores y ganaderos han incurrido, de modo que se asegure la viabilidad de sus explotaciones en el corto plazo.
Como se ha mencionado, buena parte del sector ganadero de nuestro país atraviesa una situación crítica, debido a los incrementos de costes que han alcanzado cotas sin precedentes, con una escasez de precipitaciones durante un periodo de tiempo prolongado que está comprometiendo la viabilidad de las explotaciones ganaderas dependientes de la disponibilidad de pastos y cultivos forrajeros.
Por ello es preciso articular ayudas directas con la mayor celeridad administrativa posible para garantizar el apoyo eficaz y eficiente a los sectores de la ganadería extensiva y semiextensiva que se están viendo más afectados por la actual crisis. En particular, los de producción cárnica y láctea de vacuno, ovino y caprino. El objetivo de estas ayudas es garantizar el abastecimiento alimentario y la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas, manteniendo la estabilidad del tejido productivo y económico de las zonas rurales de nuestro país donde en buena parte de las ocasiones no existen alternativas a la producción ganadera.
Por otro lado, en el caso de la apicultura, la situación de sequía y el conflicto bélico en Ucrania no ha hecho sino agravar la situación que ya atravesaba a lo largo de los últimos años, caracterizada por la problemática multifactorial que sufre por los bajos índices de rendimiento registrados por colmena. A pesar del aumento de censo de colmenas, los niveles de producción siguen estancados o incluso en disminución respecto a años anteriores. Esto se debe principalmente a factores sanitarios, como la varroosis o a los efectos de una meteorología cambiante, con periodos de sequía y elevadas temperaturas o de lluvias torrenciales, que afectan a los recursos vegetales necesarios para que las abejas puedan desempeñar su función y producir miel y otros productos apícolas. Además de su importante papel como polinizadores. A estos problemas productivos, se suma un fuerte desequilibrio por la entrada en España de gran cantidad de miel importada de terceros países, y muy en particular de Ucrania, a precios reducidos. Por otra parte, la mayor parte de la actividad apícola en nuestro país en trashumante, por lo que se ha visto gravemente impactada por el incremento del coste del combustible, así como el de otras materias primas necesarias para la producción de miel. Esta situación compromete la viabilidad de las explotaciones y afecta a su futuro, que es una pieza clave para el mantenimiento de la economía rural de las zonas de producción y la conservación del paisaje y su equilibrio, así como para contribuir a garantizar una alimentación sana y saludable a los consumidores europeos.
Por último, la falta de lluvia y el descenso de las reservas de agua están afectando gravemente a los cultivos, si bien de forma diferente en función del tipo de cultivo y de su situación geográfica. Esta diversidad de situaciones, momentos y opciones productivas en el conjunto de los cultivos de regadío, que no se ven afectados al mismo tiempo por la situación de sequía, aconseja establecer en el presente real decreto-ley los instrumentos para intervenciones inmediatas en las próximas fechas, según se vayan conociendo con precisión los daños en cada tipo de cultivo y ámbito territorial se puedan ir concretando.
Las ayudas previstas en la sección segunda del capítulo I del título I se ajustan al Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda para apoyar la economía tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.102771 (2022/N), de 2 de abril, y posteriores modificaciones de dicha Decisión en coherencia con el actual Marco Temporal de Crisis y Transición relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia (2023/C 101/03). Las empresas que recibirán estas ayudas son operadores gravemente afectados por la crisis provocada por el conflicto bélico que necesitan además un apoyo a la solvencia adicional por la situación actual de sequía que no puede proporcionarse de forma suficiente a través de fuentes privadas exclusivamente, de modo que en su ausencia se verían empujadas a cesar en sus actividades o a reducirlas y el cese o la reducción de sus actividades supondría una amenaza para mercados de importancia sistémica para la economía.
En segundo lugar, la norma incluye un conjunto de medidas de carácter fiscal en apoyo del sector primario, gravemente afectado por la sequía y las tensiones de los mercados internacionales.
Así, la presente norma recoge medidas de naturaleza tributaria que aligeran la carga fiscal de las explotaciones afectadas por las circunstancias antes descritas. De este modo, respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se incorpora una exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica a favor de los bienes inmuebles que sean propiedad de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, y que estén afectos al desarrollo de tales explotaciones.
Asimismo, se incorporan dos medidas de importante alcance que permitirán asegurar la sostenibilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias concurrentes en el sector, al incorporarse una cláusula espejo a la ya presente en el caso de la tributación de personas físicas que permita la exención de las ayudas a ecorregímenes, de modo que mediante la modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, se procede a incluir entre las rentas positivas que no se integran en la base imponible del Impuesto, aquéllas que deriven de la percepción de ayudas de la Política Agraria Comunitaria, en particular, de las ayudas a los regímenes en favor del clima y del medio ambiente (denominados «ecorregímenes»), coordinándose de este modo el tratamiento otorgado a tales ayudas con el aplicado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pues en este tributo tal medida se incorporó mediante la disposición final decimotercera de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.
Por otro lado, como medida inaplazable para impulsar el crédito en el ámbito de actividad primaria, se adopta una medida necesaria para asegurar un tratamiento equiparable entre la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E., elemento tractor esencial para dinamizar el flujo de crédito en el mundo agrario, y las sociedades de garantía recíproca previstos en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, eximiendo, en particular del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados el contrato de aval suscrito con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E., teniendo en cuenta que en las operaciones en que participa hay un coste duplicado por aplicarse dicho tributo en los dos contratos que se suscriben, el de préstamo y el de aval, que suponen un desincentivo para la constitución de dichas operaciones, esenciales en momentos de tensiones de tesorería como los actuales.
En tercer lugar, se incorporan medidas de flexibilización en materia de Política Agrícola Común y de ordenación sectorial.
La Unión Europea ha aprobado en el año 2021 el Reglamento (UE) n.º 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013. Con base en este reglamento, se ha procedido a la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) del Reino de España 2023-2027, aprobado por la Comisión el 31 de agosto de 2022, que ha supuesto un importante cambio de enfoque de la PAC.
En este marco, se dispone que, en aplicación de las disposiciones europeas y nacionales sobre causas de fuerza mayor y circunstancias excepcionales, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan, de manera excepcional, flexibilizar determinados requisitos, condiciones de subvencionabilidad y compromisos de las ayudas de la PAC al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas
Con el fin de poder realizar una correcta implantación y gestión del conjunto de intervenciones que se incluyen en este Plan Estratégico Nacional se ha publicado el Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control. Esta norma, en sus artículos 108 y 112 fija los plazos de presentación de la solicitud única, así como de las modificaciones a la misma, sin embargo, en esta campaña 2023, por ser el primer año de aplicación de la nueva PAC, se dan una serie de circunstancias especiales que aconsejan la ampliación del periodo para la presentación de la solicitud única. En este sentido, debe destacarse que para esta campaña ha sido necesario retrasar el comienzo del periodo de solicitudes al 1 de marzo, para permitir la publicación previa de los valores provisionales de los nuevos derechos de ayuda básica a la renta y su convergencia durante el periodo 2023-2027. Pero a mayor abundamiento, sobre esta realidad se ha producido un conjunto de problemas coyunturales, ya descritos, que hacen imprescindible retrasar estos plazos con el fin de dotar de suficiente margen a los operadores para poder concurrir a dicho sistema de apoyo, más necesario si cabe en la actual situación, y dado que la acumulación de imprevistos dificultará aún más la presentación de dichas solicitudes únicas.
Al fijar las fechas límite debe tenerse en cuenta que, una vez finalizados los plazos de presentación, modificación y adaptación de las solicitudes, es necesario contar con el plazo suficiente para la obtención de todos los datos pertinentes para una correcta gestión administrativa y financiera de la ayuda, garantizándose también la programación de controles eficaces. Por lo tanto, en el año 2023, se podrán presentar solicitudes de ayuda, solicitudes de asignación de derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad o de la documentación que las acompaña presentadas hasta el 30 de junio de 2023 inclusive, y hasta el 30 de junio se podrán presentar también modificaciones de la solicitud de ayuda para la inclusión de nuevas intervenciones en forma de pagos directos o de desarrollo rural, o adición de parcelas individuales o derechos de