Categoría: Administración

rio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La solicitud de ayuda se formulará de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Junto con la solicitud, se deberá aportar una Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer y que forman el proyecto. El contenido específico de esta Memoria se fijará en la convocatoria.
Las solicitudes deberán contener la siguiente documentación:
a) Certificado de la entidad solicitante en el que conste el acuerdo o resolución de aprobación del proyecto y de la solicitud de la ayuda, adoptado por el órgano competente. En su caso, acuerdo de delegación de firma del representante legal de la entidad para la presentación de la solicitud.
b) Tarjeta de identificación fiscal.
c) Documentación acreditativa del presupuesto de gastos e ingresos de la entidad solicitante correspondiente al último ejercicio liquidado, así como de los puestos de trabajo de la entidad a la fecha de la solicitud de la ayuda, mediante la presentación de un Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta, referido a los seis meses anteriores a dicha fecha.
d) En el caso de beneficiarios que reúnan la condición de entidades sin ánimo de lucro, copia de los estatutos y de su inscripción en el registro correspondiente.
e) Identificación de las cantidades con respecto de las cuales se va a pedir el pago anticipado así como al acreditación de sus necesidades de tesorería.
Igualmente, la entidad solicitante deberá aportar una Declaración responsable sobre los siguientes extremos:
a. Cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente orden para tener derecho a la ayuda, así como disponibilidad de la documentación que así lo acredita y de que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, así como de su compromiso de mantener el cumplimiento de sus obligaciones durante el período inherente al ejercicio de la actividad para la que se solicita la ayuda.
b. Cumplimiento de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
c. Cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.
d. No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiaria.
e. Existencia de crédito suficiente o compromiso de habilitar crédito suficiente para completar la financiación del proyecto, en caso de que sea concedida la ayuda solicitada.
f. Declaración responsable de la entidad solicitante referida al cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente orden para tener derecho a la ayuda, de la disponibilidad de la documentación que así lo acredita y de que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, así como de su compromiso a mantener el cumplimiento de sus obligaciones durante el período inherente al ejercicio de la actividad para la que se solicita la ayuda.
g. Declaración de otras ayudas solicitadas y/o recibidas, tanto de carácter público como privado de acuerdo con el modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.
h. Declaración responsable de la entidad solicitante referida al cumplimiento del principio «no causar un perjuicio significativo» (principioDo No Significant Harm,DNSH).
En la solicitud el posible beneficiario podrá autorizar para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, cuando el solicitante no autorice este acceso, en ambos casos, deberá aportar dicha justificación. En este último caso, podrá requerirse al beneficiario una nueva remisión de esta documentación cuando haya transcurrido su plazo de validez.
La Dirección General de Políticas contra la Despoblación podrá consultar mediante los sistemas de información disponibles, la información o documentación aportadas para verificar el cumplimento de las condiciones de los beneficiarios de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención y, en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención, pérdida de derecho al cobro y retención de pagos y en su caso la exigencia de reintegro.
Una vez registrada la solicitud en la sede electrónica asociada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se tramitará de acuerdo con lo establecido en este artículo.
El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Subdirección General de Iniciativas, de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las funciones corresponderán a la persona titular de la Subdirección General de Iniciativas.
Si en la documentación aportada se observasen defectos u omisiones subsanables, deficiencias de carácter técnico o se necesitara documentación complementaria para ampliar conocimiento sobre la ya presentada, se requerirá a la persona solicitante, para que en el plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos necesarios advirtiéndole de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará al propuesto como beneficiario a reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 61 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
El beneficiario deberá notificar su aceptación de la resolución provisional y las condiciones en ella impuestas, en el plazo máximo de diez días desde la fecha de recepción de la propuesta de resolución a través de la sede electrónica asociada. La falta de aceptación expresa por parte del beneficiario, en los términos previstos anteriormente, supondrá la renuncia del mismo.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
En caso de que a lo largo del periodo de ejecución de los proyectos se generasen nuevos remanentes de crédito derivados de una ejecución inferior al importe de la ayuda concedida, o bien se dispusiese de nuevas asignaciones, se podrán conceder nuevas ayudas adicionales, en el marco de la presente orden.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva. El plazo máximo para la notificación de la resolución será de seis meses a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución a los interesados entenderá desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
Los interesados presentarán en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los escritos y comunicaciones relacionadas con los procedimientos regulados por esta norma, y demás disposiciones, de acuerdo con lo establecido en la Orden ARM/1358/2010, de 19 de mayo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de concesión de las ayudas, así como en la selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento. A estos efectos, se utilizará el modelo previsto en el anexo en la Orden HFP/55/2023.
Las solicitudes y proyectos deben sujetarse a los siguientes criterios de admisibilidad:
a) Presentación de las solicitudes conforme a los modelos oficiales dentro de los plazos y cauces establecidos.
b) Adecuación del proyecto al objeto de la ayuda.
c) Adecuación de la entidad solicitante a los requisitos establecidos en la presente orden.
Para acreditar la experiencia en formación en el ámbito de la capacitación digital, las entidades sin ánimo de lucro presentarán una relación de los principales servicios de formación en competencias digitales similares realizados en los últimos 3 años, por un importe igual o superior al solicitado. Debe incluir importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedido o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes que hayan sido admitidas teniendo en cuenta los criterios objetivos de otorgamiento. La evaluación y selección de solicitudes se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de ésta. Tras la evaluación de las solicitudes presentadas, la comisión de valoración emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación. En caso de que se produzca empate entre solicitudes, el orden de prelación se establecerá de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.
La valoración de las solicitudes de las entidades beneficiarias se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
a. Experiencia en actividades similares a las propuestas. Con una puntuación máxima de 15 puntos. Una vez superada la experiencia mínima requerida en el artículo 24, se concederán hasta 3 puntos por cada año adicional de experiencia acreditada. Esta puntuación se incrementará en otros 2 puntos adicionales por cada programa de formación acreditado si este se hubiera desarrollado en los municipios que cumplan con los criterios recogidos en el artículo 28.
b. Capacidad y estructura disponible para la realización de las actividades (personal, instalaciones, medios). Con una puntuación máxima de 35 puntos. Se valorará con hasta 15 puntos que la entidad beneficaria ya cuente con personal propio destinado a la ejecución de las actividades propuestas, y con hasta 10 puntos la disponibilidad de instalaciones propias destinadadas al programa de formación. La disponibilidad de medios suficientes se valorará con hasta 10 puntos.
c. Metodología y actuaciones propuestas para el desarrollo del programa. Con una puntuación máxima de 50 puntos. Se valorará la coherencia de las actividades propuestas con el objeto y finalidad de estas bases reguladoras, recogido en el artículo 1, así como su idoneidad para el cumplimiento del CID 288 recogido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID).
En caso de que se produzca empate entre solicitudes, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la solicitud que tenga mayor puntuación en la valoración del criterio indicado en el apartado a), a continuación apartado c) y por último apartado b).
Se establece un umbral de puntuación mínima de 40 puntos. La acreditación documental del cumplimiento de cada criterio se realizará en el momento de presentación de la solicitud.
A tal efecto, se constituirá una Comisión de Valoración, presidida por un funcionario o funcionaria del subgrupo A1 de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, y de la que formarán parte otros dos funcionarios o funcionarias de este centro directivo, designados por el titular de la Dirección General, pertenecientes a los subgrupos A1 y A2, uno de los cuales ejercerá las funciones propias de secretaría con voz y voto. Como órgano colegiado, esta Comisión tendrá una composición equilibrada en cuanto a la participación de mujeres y hombres. Esta Comisión tiene naturaleza de órgano colegiado y en lo no dispuesto en esta orden se estará a lo regulado en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El nombramiento de sus miembros se llevará a cabo una vez publicado el extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y con una antelación de, al menos, quince días a la evaluación de las solicitudes. La composición de la Comisión de Valoración, así como las personas suplentes, se publicará en la sede electrónica del Ministerio. La comisión de valoración podrá estar asistida por hasta dos expertos en calidad de asesores, con voz y sin voto.
La resolución del procedimiento corresponderá a la persona titular de la Secretaría General para el Reto Demográfico, por delegación de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En caso de ser estimatoria, la resolución expresará:
a) Datos del beneficiario y descripción del proyecto seleccionado.
b) El importe de los gastos considerados elegibles a estos efectos.
c) La cuantía de subvención prevista.
d) Los plazos máximos para la conclusión del proyecto y para la presentación de la justificación de la realización del proyecto.
e) Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las actuaciones que, en función del caso particular, puedan requerirse.
La resolución del procedimiento será notificada a los respectivos solicitantes y publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La ejecución de las acciones formativas será realizada mediante ejecución directa o mediante contratación, en los términos señalados en el presente artículo.
Se permite la subcontratación, mediante la concertación con terceros de la ejecución parcial de las actividades subvencionadas del proyecto. La subcontratación podrá llegar al 70 % del presupuesto elegible. Cuando el importe de las actividades a subcontratar por el beneficiario exceda del 20 % de la ayuda asignada, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización a la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, especificando las actividades a contratar, los datos del contrato a celebrar y su importe. La solicitud deberá realizarse al menos cuatro meses antes de la finalización del plazo de ejecución.
Si en el plazo de un mes, siguiente a la recepción de la solicitud de autorización previa citada, la Dirección General de Políticas contra la Despoblación no notifica al beneficiario su disconformidad, se entenderá concedida la autorización para celebrar el contrato.
A efectos del presente artículo, la contratación de personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación. Por contratación de personal docente se considera exclusivamente la contratación de personas físicas.
Tampoco se considerará subcontratación la contratación de aquellos otros gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo del programa de formación subvencionado. El beneficiario deberá contar con medios propios para las funciones de programación, coordinación y monitorización del programa de formación, asumiendo, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada, debiendo asegurar el desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y control. La entidad beneficiaria de la ayuda habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente.
Cuando concurran circunstancias sobrevenidas, debidamente justificadas, que alteren, siempre que no sea de manera sustancial, las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, los beneficiarios podrán solicitar la modificación del proyecto aprobado. En este caso, las modificaciones económicas podrán alterar como máximo el 30 % del coste del proyecto.
Las modificaciones quedarán sujetas al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) No podrán alterar el objeto y finalidad de la subvención.
b) Deberán respetar la cuantía máxima de la subvención concedida. Los incrementos del gasto, sobre el presupuesto aprobado, serán por cuenta del beneficiario.
c) La solicitud de la modificación y su aceptación deberán realizarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.
d) No dañen derechos de terceros.
La resolución de la solicitud de modificación corresponderá al órgano concedente. Si en el plazo de un mes, siguiente a la recepción de la solicitud, no se notifica al beneficiario su conformidad, se entenderá no concedida la autorización para la modificación.
Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para el seguimiento de la ejecución de los proyectos y de las actuaciones subvencionadas que se vayan llevado a cabo, la Dirección General de Políticas contra la Despoblación recabará del beneficiario la información complementaria que se considere conveniente disponer. A tal efecto, el seguimiento y control de las actuaciones se podrá llevar a cabo mediante reuniones y comunicaciones periódicas, petición y evaluación de informes, visitas in situ y control de la documentación recibida. Dicha función corresponderá al órgano de ordenación e instrucción regulado en el artículo doce.
Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Al estar financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los programas de formación se publicitarán conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. En particular, y en defecto de que se apruebe una previsión más específica al respecto por orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en las medidas de información y comunicación de las actividades que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:
a) El emblema de la Unión Europea junto con el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU».
Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución n.º 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
b) El logo del Plan de Recuperación (http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual).
En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, en ejecución de esta subvención, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá incorporarse de forma visible los logotipos institucionales de la de la Unión Europea, del Plan de Recuperación y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el fin de identificar el origen del carácter público de la subvención.
Los logotipos institucionales a que se refiere el apartado anterior únicamente podrán ser empleados en los materiales que se utilicen para la realización, información y difusión de las actuaciones que constituyen el objeto de la subvención y no con otros fines publicitarios ajenos a las mismas.
Para inclusión de logotipos institucionales se utilizarán exclusivamente aquellos logotipos que sean proporcionados en el marco de la convocatoria aplicándolo en la forma que se le indique y respetando su integridad.
El incumplimiento de las obligaciones de publicidad se considerará infracción leve de acuerdo con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará conforme a lo establecido en el artículo 23 de esta orden. Asimismo, podrá ser causa de reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y artículo 93 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.
Se realizará un pago anticipado, con carácter previo a la justificación, hasta un máximo del 100 % del importe de la ayuda concedida, en los términos y con los límites establecidos por el artículo 34.4 de la Ley General de Subvenciones. En caso de que el importe anticipado generase intereses al beneficiario, estos deberán imputarse al objeto de la propia subvención concedida.
El pago anticipado queda exonerado de la constitución de garantía, conforme a lo dispuesto por el artículo 42.2, apartados a) y d), del reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Finalizada la ejecución, los beneficiarios deberán presentar la documentación técnica y económica acreditativa de la realización de la actividad objeto de la ayuda.
La acreditación de los gastos se efectuará de forma electrónica mediante cuenta justificativa, en un máximo de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución del proyecto. La cuenta justificativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, irá acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que se ajustará a las previsiones de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La cuenta justificativa tendrá el alcance recogido en el Artículo 3. Procedimientos que el auditor deberá aplicar de la citada Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo. Estará formada por:
a) Una memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica abreviada. La memoria económica debe contener, como mínimo, un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas. Asimismo, contendrá una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia y la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos. Finalmente, de acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá aportar las tres ofertas solicitadas.
La Dirección General de Políticas contra la Despoblación podrá solicitar la documentación o información que estime necesaria para la comprobación de la correcta aplicación de la ayuda y requerir para la presentación de los documentos justificativos adicionales que se consideren precisos, sin perjuicio de las facultades de comprobación que las normas vigentes atribuyen a la Intervención General de la Administración del Estado, al Tribunal de Cuentas o a otros órganos.
El plazo de presentación de los documentos anteriores será, como máximo, de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. Lo establecido en estas Bases se entiende sin perjuicio del control financiero previsto en artículos 141 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Si el beneficiario incumpliera los plazos o condiciones señalados en esta normativa, con independencia de otras responsabilidades en que hubiera podido incurrir, perderá el derecho a la subvención concedida, con la obligación de reembolsar las cantidades ya percibidas incrementadas con el interés de demora aplicable según el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones.
La realización en plazo de solo una parte de la actuación comprometida, dará lugar al ajuste y perdida del derecho al cobro parcial de la ayuda otorgada, siempre que como mínimo se haya ejecutado el 50 % del coste elegible comprometido, lo ejecutado tuviera utilidad propia para la finalidad establecida en las presentes bases, se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. En este supuesto, el beneficiario sólo podrá recibir el porcentaje de ayuda equivalente al porcentaje del coste elegible que haya ejecutado.
En el supuesto de que no se haya ejecutado un mínimo del 50 % de la actuación comprometida, o que, ejecutándose un porcentaje mayor a este, lo realizado no tuviera utilidad propia para la finalidad establecida en las presentes bases, se procederá a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta orden.
El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos en las presentes bases, los supuestos o casos del artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la justificación insuficiente de la misma, llevará aparejado el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente. Además, en caso de incumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente, la entidad beneficiaria deberá reintegrar las cuantías percibidas.
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con las actividades financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de estas subvenciones, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado.
Se convoca en el ejercicio 2023 las subvenciones para el Programa Reto Rural Digital, para proyectos de capacitación digital en el medio rural, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en los términos establecidos en las bases reguladoras incluidas en la presente orden.
Esta convocatoria tiene la finalidad de seleccionar, en régimen de concurrencia competitiva, los beneficiarios de las ayudas que deberán desarrollar formativos de capacitación digital en las zonas de prioridad demográfica, orientadas fundamentalmente a colectivos para los que se requiere una perspectiva demográfica específica: las personas mayores, las mujeres, la infancia y juventud y las personas desempleadas.
El objetivo de estas ayudas es incrementar las competencias digitales básicas por parte de la ciudadanía, de forma que pueda operar con confianza y seguridad a la hora de comunicarse, informarse o realizar transacciones, como comprar, relacionarse e interactuar con las Administraciones Públicas, así como resolver los problemas sencillos del entorno digital. El periodo subvencionable será desde el 01 de octubre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2026, previo a la fecha de cumplimiento del objetivo CID.
Los programas de formación deberán tener una duración mínima de 7,5 horas, y estarán dirigidos a a personas que tengan su domicilio en:
a) Municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes.
b) Municipios de más de 5.000 habitantes, siempre y cuando las actuaciones se desarrollen en entidades locales menores, entidades singulares o análogas (pedanías, parroquias, barrios rurales, concejos, aldeas, caseríos y similares).
c) Municipios de más de 20.000 habitantes con núcleos de población dispersos siempre y cuando las actuaciones se desarrollen en dichos núcleos.
A efectos de la presente convocatoria, serán beneficiarios:
1. Las entidades sin ánimo de lucro que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Tener un ámbito territorial de actuación autonómico o estatal.
b) Tener como fines institucionales primordiales la realización de actividades alineadas con el objeto descrito en el artículo 1.
c) Carecer de fines de lucro. A estos efectos, se considerarán también entidades sin fines de lucro a aquellas que desarrollen actividades de carácter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas se inviertan en su totalidad en el cumplimiento de sus fines institucionales, no comerciales.
d) Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente registro administrativo.
e) Disponer de experiencia en formación en el ámbito de la capacitación digital.
Para acreditar la experiencia en formación en el ámbito de la capacitación digital, se presentará una relación de los principales servicios de formación en competencias digitales similares realizados en los últimos 3 años, por un importe igual o superior al solicitado. Debe incluir importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedido o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
2. Las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares, y las comunidades autónomas uniprovinciales, en el ejercicio de las competencias que corresponden a las diputaciones provinciales.
3. No podrán ser beneficiarios de las ayudas aquellos en los que concurra alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, salvo lo dispuesto en el artículo 13.3.bis.
4. Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones sin personalidad jurídica de entidades sin ánimo de lucro que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos y se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.
Cuando se trate de agrupaciones, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.
Asimismo, las agrupaciones no podrán acceder a la condición de beneficiarios cuando concurra alguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones en cualquiera de sus miembros. Además, los miembros de las agrupaciones vendrán obligados a cumplir los requisitos de justificación respecto de las actividades realizadas en nombre y por cuenta del beneficiario. Esta documentación formará parte de la justificación que viene obligado a rendir el beneficiario que solicitó la subvención. Por último, los miembros de las agrupaciones responderán solidariamente de la obligación de reintegro del beneficiario en relación a las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a efectuar.
Las subvenciones se podrán solicitar a partir del primer día hábil tras dicha publicación en el «Boletín Oficial del Estado», durante un plazo de sesenta días naturales, en la sede electrónica asociada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La solicitud de ayuda se formulará de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Junto con la solicitud, se deberá aportar una Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer y que forman el proyecto.
La memoria deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:
a) Descripción del ámbito geográfico del proyecto.
b) Líneas de actuación del proyecto.
c) Desglose económico del presupuesto.
d) Necesidades materiales y técnicas.
e) Cronograma.
Las solicitudes deberán contener la siguiente documentación:
a. Certificado de la entidad solicitante en el que conste el acuerdo o resolución de aprobación del proyecto y de la solicitud de la ayuda, adoptado por el órgano competente. En su caso, acuerdo de delegación de firma del representante legal de la entidad para la presentación de la solicitud.
b. Tarjeta de identificación fiscal.
c. Documentación acreditativa del presupuesto de gastos e ingresos de la entidad solicitante correspondiente al último ejercicio liquidado, así como de los puestos de trabajo de la entidad a la fecha de la solicitud de la ayuda, mediante la presentación de un Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta, referido a los seis meses anteriores a dicha fecha.
d. En el caso de beneficiarios que reúnan la condición de entidades sin ánimo de lucro, copia de los estatutos y de su inscripción en el registro correspondiente.
e. Identificación de las cantidades con respecto de las cuales se va a pedir el pago anticipado así como al acreditación de sus necesidades de tesorería.
Igualmente, la entidad solicitante deberá aportar una declaración responsable sobre los siguientes extremos:
a) Cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente orden para tener derecho a la ayuda, así como disponibilidad de la documentación que así lo acredita y de que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, así como de su compromiso de mantener el cumplimiento de sus obligaciones durante el período inherente al ejercicio de la actividad para la que se solicita la ayuda.
b) Cumplimiento de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
c) Cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.
d) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiaria.
e) Existencia de crédito suficiente o compromiso de habilitar crédito suficiente para completar la financiación del proyecto, en caso de que sea concedida la ayuda solicitada.
f) Declaración responsable de la entidad solicitante referida al cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente orden para tener derecho a la ayuda, de la disponibilidad de la documentación que así lo acredita y de que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, así como de su compromiso a mantener el cumplimiento de sus obligaciones durante el período inherente al ejercicio de la actividad para la que se solicita la ayuda.
g) Declaración de otras ayudas solicitadas y/o recibidas, tanto de carácter público como privado de acuerdo con el modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.
h) Declaración responsable de la entidad solicitante referida al cumplimiento del principio «no causar un perjuicio significativo» (principioDo No Significant Harm,DNSH).
En la solicitud el posible beneficiario podrá autorizar para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, cuando el solicitante no autorice este acceso, en ambos casos, deberá aportar dicha justificación. En este último caso, podrá requerirse al beneficiario una nueva remisión de esta documentación cuando haya transcurrido su plazo de validez.
La Dirección General de Políticas contra la Despoblación podrá consultar mediante los sistemas de información disponibles, la información o documentación aportadas para verificar el cumplimento de las condiciones de los beneficiarios de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención y, en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención, pérdida de derecho al cobro y retención de pagos y en su caso la exigencia de reintegro.
Además de las obligaciones establecidas en el artículo 6 de esta orden, los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones de carácter específico respecto a los participantes en las actividades:
a) Garantizar que los destinatarios de las actividades sean exclusivamente el perfil definido en la convocatoria.
b) Garantizar el control de asistencia en actividades presenciales. En entornos virtuales, la plataforma o herramienta utilizada deberá contar con un mecanismo de control de acceso que registre fecha, hora y tiempo invertido.
c) Garantizar que sólo se otorgará el título cuando se compruebe que el participante haya asistido al menos al 75 % del total de las horas y haya completado las evaluaciones pertinentes acordadas.
d) Garantizar que los alumnos y alumnas formalizan su relación mediante la suscripción de un condicionado, en el que se recoja aquellos aspectos que vengan determinados por las bases reguladoras y restante normativa aplicable a la subvención.
Además, en relación con las actividades a realizar, los beneficiarios asumen las siguientes obligaciones:
a. Facilitar a la Secretaría General para el Reto Demográfico los datos de cada edición de programa de formación que se planifique (localidad, fechas, modalidad de impartición previstas y plazas ofertadas).
b. Al inicio de cada programa de formación, comunicar a la Secretaría General para el Reto Demográfico los datos finales de detalle del lugar de celebración, calendario de las sesiones formativas (fechas y formato de impartición) y datos de los participantes en la formación.
c. Realizar una evaluación interna de cada actividad analizando el grado de satisfacción de los participantes, garantizando la confidencialidad y la representatividad.
d. Aportar en la justificación de la formación una vez finalizada, los datos requeridos en relación con los participantes que completan con aprovechamiento la formación, de acuerdo con los requisitos que el MRR del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia exige.
En relación con los plazos de ejecución de las actividades contempladas en la presente convocatoria, las entidades formativas tendrán la obligación de:
a) Haber formado menos a un 35 % de los participantes totales objeto de subvención, en el primer año a contar desde la fecha de resolución de concesión de la subvención.
b) Finalizar las actividades objeto de subvención antes del 31 de marzo de 2026.
Se entenderá por Programa de Formación el conjunto de actuaciones formativas que el beneficiario de la ayuda deberá realizar de acuerdo con las condiciones detalladas a continuación.
Los objetivos del programa de formación deben ser:
a) La adquisición de habilidades básicas de navegación, localización de datos, manejo de información y verificación de contenido digital.
b) El aprendizaje de técnicas de comunicación y colaboración en red, que permitan a la persona interactuar a través de tecnologías digitales y gestionar su identidad digital, así como relacionarse con las administraciones públicas.
c) La adquisición de conocimientos básicos sobre seguridad y privacidad en red.
d) La solución de problemas en el entorno digital.
Cada programa formativo tendrá una duración mínima 7,5 horas de trabajo estimado de los participantes. El programa de formación constará de dos tipos de actividades:
a. Sesiones Formativas: clases en grupo en las que se impartirán las materias del programa. Las clases podrán tener formato presencial o virtual.
b. Mentorización: asesoramiento por parte de un mentor, orientado a responder a necesidades específicas de cada alumno y alumna y a facilitarle la puesta en práctica de los conocimientos y competencias adquiridos durante el programa formativo.
Los programas serán gratuitos para los alumnos y alumnas, quedando expresamente prohibida la exigencia de cualquier tipo de prestación, aval o pago de cantidad alguna por ningún concepto.
Las actividades subvencionables están dirigidas a colectivos para los que se requiere una perspectiva demográfica específica: las personas mayores, las mujeres, la infancia y juventud y personas desempleadas.
El beneficiario deberá asegurar que todos los alumnos y alumnas cumplen los requisitos indicados antes de presentar la justificación de las actividades subvencionables en las que participen, solicitándoles en el momento de la inscripción documento acreditativo del domicilio del interesado, en el que conste su residencia en:
a) Municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes.
b) Municipios de más de 5.000 habitantes, siempre y cuando las actuaciones se desarrollen en entidades locales menores, entidades singulares o análogas (pedanías, parroquias, barrios rurales, concejos, aldeas, caseríos y similares).
c) Municipios de más de 20.000 habitantes con núcleos de población dispersos siempre y cuando las actuaciones se desarrollen en dichos núcleos.
Los alumnos y alumnas participarán siempre en el programa de formación de forma gratuita. Los alumnos y alumnas tendrán derecho a la orientación, a la formación, a la utilización de los materiales o equipos didácticos adecuados a los objetivos del programa de formación, a ser informados de los sistemas de evaluación y de seguimiento, así como de los resultados del aprendizaje, y a recibir la acreditación de su participación en el programa de formación que hayan superado favorablemente.
La selección de las personas que participen en las acciones formativas se realizará por parte de las entidades responsables de impartir la formación. Estas entidades deberán en primer lugar verificar documentalmente que todos los candidatos cumplen los requisitos de acceso recogidos en la convocatoria.
Cuando para un programa o en una entidad se reciban más candidaturas que plazas ofertadas, las entidades beneficiarias deberán aplicar los baremos establecidos a continuación, y que persiguen dar prioridad a aquellas personas que constituyen los colectivos prioritarios de la actuación.
a) Se barema con 5 puntos las candidaturas presentadas por mujeres.
b) Se barema con 3 puntos las candidaturas que superen los 65 años. Se otorgará un punto adicional si además superan los 75 años.
c) Se barema con 3 puntos las candidaturas que sean inferiores a 35 años. Se otorgará un punto adicional si además tienen menos de 25 años.
Las puntuaciones de estos aspectos establecerán un orden de evaluación de los solicitantes que determinará su prioridad para participar en el curso. A igualdad de puntuación para el acceso al curso, se atenderá al orden de presentación de la solicitud.
Asimismo, durante el proceso de selección se solicitará a los candidatos declaración responsable de que no han recibido o participado en la misma formación objeto de esta subvención con anterioridad (salvo causas debidamente certificadas de índole médica que hubieran impedido acabar una formación anterior).
La valoración de las solicitudes de las entidades beneficiarias se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Experiencia en actividades similares a las propuestas. Con una puntuación máxima de 15 puntos. Una vez superada la experiencia mínima requerida en el artículo 24, se concederán hasta 3 puntos por cada año adicional de experiencia acreditada. Esta puntuación se incrementará en otros 2 puntos adicionales por cada programa de formación acreditado si este se hubiera desarrollado en los municipios que cumplan con los criterios recogidos en el artículo 28.
b) Capacidad y estructura disponible para la realización de las actividades (personal, instalaciones, medios). Con una puntuación máxima de 35 puntos. Se valorará con hasta 15 puntos que la entidad beneficaria ya cuente con personal propio destinado a la ejecución de las actividades propuestas, y con hasta 10 puntos la disponibilidad de instalaciones propias destinadadas al programa de formación. La disponibilidad de medios suficientes se valorará con hasta 10 puntos.
c) Metodología y actuaciones propuestas para el desarrollo del programa. Con una puntuación máxima de 50 puntos. Se valorará la coherencia de las actividades propuestas con el objeto y finalidad de estas bases reguladoras, recogido en el artículo 1, así como su idoneidad para el cumplimiento del CID 288 recogido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID).
En caso de que se produzca empate entre solicitudes, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la solicitud que tenga mayor puntuación en la valoración del criterio indicado en el apartado a), a continuación apartado c) y por último apartado b).
Se establece un umbral de puntuación mínima de 40 puntos. La acreditación documental del cumplimiento de cada criterio se realizará en el momento de presentación de la solicitud.
Serán financiables los gastos contraídos desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2026.
El importe total máximo de las ayudas que se concedan en el marco de esta orden será de 21.000.000,00€, que se imputará a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia resultantes de la aplicación presupuestaria de la consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y se ajustarán a las siguientes limitaciones con carácter estimativo:
23.50.45SA.463: 3.500.000,00 euros.
23.50.45SA.483: 13.000.000,00 euros.
23.50.45SA.763: 500.000,00 euros.
23.50.45SA.783: 4.000.000,00 euros.
Del crédito total, 17.000.000 euros corresponden a aquellos proyectos impulsados por entidades sin ánimo de lucro. Para los beneficiarios que tengan la condición de entidad local, la cuantía total de la convocatoria será de 4.000.000 euros.
El importe de las subvenciones concedidas no podrá ser inferior a 200.000,00 euros ni superar el importe de 750.000,00 euros.
Una vez registrada la solicitud, se tramitará de acuerdo con lo establecido en este artículo.
El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Subdirección General de Iniciativas, de la Direcció