Categoría: Administración

adas en cualquier fase del procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento estarán disponibles en la sede electrónica del Ministerio asociada de la sede electrónica de la Administración General del Estado y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando proceda.
8. En aquellas fases del procedimiento en las que, en aras de la simplificación administrativa, se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
9. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, debiéndose cumplimentar específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del expediente que le fue comunicado entonces, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
10. En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento por parte del ministerio, de los datos incluidos en el cuestionario por la entidad beneficiaria. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o cuando el interesado manifestase la negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
11. Se solicitará el consentimiento a los solicitantes sobre la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
1. Las personas físicas que realicen la presentación electrónica de documentos tienen que tener poderes suficientes para cumplir las obligaciones que como entidad beneficiaria corresponden, deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de acuerdo con la legislación de régimen local.
2. El firmante de la solicitud deberá acreditar que, en el momento de la presentación de la misma ostenta la competencia Administrativa, propia o por delegación, para actuar en nombre y representación de la persona jurídica solicitante. El incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado, salvo que en ella se establezca otro plazo.
1. Las solicitudes para la obtención de ayuda se dirigirán a SEGITTUR, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la presente orden, cuyos formularios de solicitud estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria y Turismo https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/Index.aspx.
2. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
3. Por cada solicitud se deberá rellenar y presentar un formulario electrónico y adjuntar la documentación obligatoria que se detalla y que se considerará parte integrante y contenido mínimo de la solicitud:
a) Formulario electrónico de solicitud: se cumplimenta necesariamente a través del portal de ayudas del Ministerio de Industria y Turismo, https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/Index.aspx. El formulario electrónico ha de ser firmado por el representante legal de la entidad solicitante y contendrá entre otra, la siguiente información:
1.º Datos identificativos de la entidad solicitante, presupuesto solicitado, por tipo de gasto e información, en su caso, de otras fuentes de financiación.
2.º Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos o anticipos con la Administración.
3.º Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
b) Se deberá adjuntar al formulario electrónico de solicitud la siguiente documentación obligatoria del proyecto:
1.º Memoria descriptiva del proyecto, firmada electrónicamente y con fecha, que se ajustará al modelo establecido en el anexo I.
2.º Indicación, a través del formulario electrónico de solicitud, de si la entidad local forma parte ya de la Red DTI o solicita su adhesión a la Red en el momento de la solitud de la ayuda:
i) Para el primer caso, adjuntar, el certificado de pertenencia a la Red DTI.
ii) Para el segundo caso, adjuntar solicitud de adhesión a la Red, según el modelo del anexo II.
3.º Tarjeta de identificación fiscal.
4.º Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
c) Se deberá adjuntar al formulario electrónico de solicitud las siguientes declaraciones responsables para cada uno de los participantes, firmadas electrónicamente por el representante legal de cada entidad solicitante:
1.º Declaración en la que las entidades solicitantes hagan constar las ayudas públicas recibidas o solicitadas durante el ejercicio fiscal (Anexo III).
2.º Declaración responsable de no causar perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 2019/2088. Anexo IV: Modelo declaración responsable PRTR DNSH (cumplimiento de no perjuicio significativo a objetivos medioambientales).
3.º Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación anexo V: Modelo declaración compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). (Se corresponde con el anexo IV. C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
4.º Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, a Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. Anexo VI: Modelo declaración responsable cesión de derechos para la lucha contra el fraude.
5.º Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Anexo VII: Modelo declaración responsable cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones (se corresponde con el anexo IV.B. de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
6.º Declaración de ausencia de conflicto de interés. DACI. Anexo VIII (Se corresponde con el anexo I de la Orden HFP/55/2023 de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
7.º Otras declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación, y que sean determinadas en las correspondientes convocatorias. Anexo IX.
4. Los interesados presentarán la solicitud de financiación y el resto de la documentación en el registro electrónico del Ministerio de Industria y Turismo, con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante la firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
5. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de publicación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.
1. El beneficiario podrá subcontratar hasta el 100 por cien del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En dicho caso, los beneficiarios, dada su condición de Administraciones Públicas, deben sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. El beneficiario solicitará la autorización previa para subcontratar al órgano concedente, y este resolverá sobre la misma en el plazo de diez días. A estos efectos, el cómputo del plazo para resolver se inicia desde la fecha en que dicha solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico del órgano competente para su tramitación, tal y como dispone el artículo 21.3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Solo se considerarán financiables los gastos de subcontratación exclusivamente derivados del proyecto o actuación que se ajusten a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias consignadas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
4. En el contrato o convenio suscrito para acordar la subcontratación, deberá acreditarse que se recogen las garantías precisas para el tratamiento de datos de carácter personal, debiendo incluir las cláusulas necesarias para su cumplimiento conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5. En caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la totalidad de la actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» y las medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
6. Según el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los gastos derivados de las actuaciones financiables podrán ser ejecutados por:
a) La propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
A tal efecto, se entenderá por «Sociedad mercantil local» a aquella cuyo capital social sea de titularidad mayoritariamente público y de la entidad local solicitante de la ayuda, esto es, las sociedades mercantiles locales en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, por parte de las siguientes entidades, sea igual o superior al 50 por 100:
– Entidades que integran la Administración Local.
– Consorcios locales.
– Fundaciones públicas locales.
– Entidades públicas empresariales locales.
– Sociedades mercantiles públicas locales que cumplan los presentes requisitos.
En concreto, para llevar a cabo la ejecución de la actividad subvencionada por esta modalidad, se deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) La actividad a la que se refiera el encargo deberá formar parte el objeto social de la entidad considerada medio propio.
b) La condición de medio propio exigirá la verificación por la entidad pública de la que dependa el ente que vaya a ser medio propio, de que este cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los encargos de conformidad con su objeto social.
c) La cuantía que reciba el medio propio como compensación por la ejecución de los trabajos deberá estar parametrizada en las tarifas aplicables que la entidad deberá haber aprobado con antelación.
7. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y subcontratistas al órgano concedente de la subvención.
8. Los actos dictados en el procedimiento de concesión de las ayudas podrán ser impugnados en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la resolución expresa, o en su caso, la desestimación presunta de la solicitud, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, computados desde el día siguiente al de su notificación en el caso de que haya dictado un acto expreso, y en el segundo caso, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto; sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.
9. La interposición de recursos de reposición deberá realizarse ante el Ministerio de Industria y Turismo, a través del Registro Electrónico del mismo.
1. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes.
Cada solicitud de ayuda propuesta resultará calificada de forma global de 0 a 100 puntos. Atendiendo a las puntuaciones obtenidas, ordenadas de mayor a menor, y hasta donde alcance el crédito presupuestario disponible.
Esta calificación resultará de evaluar los criterios establecidos en el apartado siguiente.
2. Los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención sumarán 100 puntos como máximo y se determinarán de la forma siguiente:
Si no se cumple alguno de los siguientes criterios el proyecto quedará excluido automáticamente tal y como se indica en el artículo 21:
– Pertenencia a la Red DTI o haber realizado la solicitud para su adhesión a la misma antes de la solicitud de la ayuda o en el momento de la solicitud de la misma.
– Indicación expresa en la memoria presentada relativa a la adecuación de los objetivos del proyecto con el C14 del PRTR.
Una vez comprobados estos dos criterios, se evaluarán las solicitudes teniendo en cuenta los criterios técnicos indicados a continuación:
a) Oportunidad estratégica de la actuación, máximo 10 puntos (10 %):
1.º Objetivos, alineamiento y coherencia de la propuesta con el objeto de la convocatoria, estrategia de Destino Turístico Inteligente y respuesta a los retos que presenta el destino. Máximo 10 puntos (10 %).
b) Proyecto técnico, máximo 40 puntos (40 %):
1.º Descripción funcional, calidad técnica y/o tecnológica de la propuesta y grado de innovación. Máximo 15 puntos (15 %).
2.º Modelo de interoperabilidad y alcance de la integración con el nodo central de la Plataforma Inteligente de Destino (PID) y estándares. Máximo 15 puntos (15 %).
3.º Metodología, calendario, plan de trabajo, plan de riesgos y comunicación e indicadores de ejecución del proyecto. Máximo 10 puntos (10 %).
c) Sostenibilidad, máximo 10 puntos (10 %):
1.º Viabilidad y orientación de la propuesta hacia la sostenibilidad. Máximo 10 puntos (10 %).
d) Modelo de gobernanza, máximo 25 puntos (25 %):
1.º Estructura organizativa, procesos y relaciones con agentes implicados. Máximo 5 puntos (5 %).
2.º Sinergias con otras entidades locales. Máximo 20 puntos (20 %).
e) Capacidad y experiencia de la entidad solicitante, máximo 15 puntos (15 %):
1.º Experiencia y capacidad de gestión del equipo de trabajo. Máximo 15 puntos (15 %).
3. Tras la valoración de dichos criterios, se conformará una lista clasificatoria en orden decreciente de acuerdo a las puntuaciones otorgadas. Dicha lista determinará el orden para otorgar las ayudas hasta agotar presupuesto. Atendiendo a la calidad de las propuestas contenidas en las solicitudes y a la disponibilidad presupuestaria se podrá optar por no comprometer la totalidad del presupuesto.
4. En caso de que dos o más propuestas obtengan la misma puntuación y no haya crédito suficiente para atender a todas ellas, se priorizará la propuesta de acuerdo con el siguiente orden de desempate:
a) Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de los criterios de capacidad técnica.
b) Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración los criterios de sostenibilidad.
c) Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de los criterios del modelo de gobernanza.
d) Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de los criterios de capacidad y experiencia del solicitante.
e) Si aún persistiera el empate se dará prioridad a las solicitudes por orden de entrada en el registro.
1. Se deberá presentar una solicitud por cada proyecto, no pudiendo un solicitante presentar más de un proyecto, salvo que la convocatoria establezca otra previsión específica al efecto.
2. La solicitud será presentada por la entidad interesada.
3. Conforme a la legislación de subvenciones, la presentación y tramitación de solicitudes se realizará por vía electrónica a través del correspondiente sistema telemático, en la forma que indique en el artículo 18 de esta orden. Consecuentemente, no se admitirá la presentación de solicitudes a través de medios diferentes al descrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud y la documentación adjunta, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentarse en español.
4. La solicitud deberá ajustarse al contenido del formulario de solicitud, del registro electrónico, accesible a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo referido a la información administrativa técnica y económica necesaria para evaluar y clasificar la solicitud.
En el caso de que el solicitante altere o falsifique la documentación adjunta a la solicitud se aplicará el régimen sancionador establecido en el artículo 29.4 y, en su caso, el Código Penal en lo que sea preceptivo.
5. Una vez cursada la solicitud de la ayuda, se facilitará un comprobante de la fecha y hora de registro de ésta, entendiéndose en ese momento formulada y registrada, con carácter definitivo, a todos los efectos.
6. Si se detectaran defectos u omisiones subsanables o si se comprobara que se necesita información complementaria, se requerirá a la entidad solicitante, mediante notificación dirigida al correo electrónico de contacto designado en la solicitud, para que, en un plazo máximo de diez (10) días, subsane las faltas o acompañe los documentos necesarios; indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En este sentido, las solicitudes que presenten un defecto de forma o no que no aporten toda la documentación exigida en esta orden ministerial se considerarán como subsanables, salvo que no cumplan los criterios mínimos de selección definidos en el artículo 20.b)7.
7. Una vez finalizado el periodo de subsanación, se clasificarán las solicitudes admitidas para su análisis y evaluación por el órgano instructor.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de ayudas objeto de estas bases, al igual que del seguimiento, será la Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística.
El órgano instructor realizará las actuaciones que estime necesarias de entre las definidas en el artículo 24.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Son reglas generales de este procedimiento las siguientes:
a) Las ayudas sujetas a estas bases reguladoras se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, con aplicación de los criterios de valoración establecidos en el artículo 20.
b) Solo se admitirá la reformulación de la solicitud una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, en el caso de que el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, tal y como se indica en al artículo 13.5 No obstante, el órgano instructor podrá requerir cuantas aclaraciones estime oportunas sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de ésta.
3. Para la evaluación y selección técnica de las solicitudes, el órgano instructor estará asistido de una comisión técnica de valoración que tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: la persona titular de la Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística.
b) Vocales: un vocal designado por la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Turismo con un nivel mínimo 26; un vocal designado por la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo con un nivel mínimo 26; un vocal asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo con un nivel mínimo 26; un vocal designado por SEGITTUR con un nivel mínimo 26 o equivalente, designado por la Secretaría de Estado de Turismo.
c) Secretario: un miembro de la Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística, que actuará con voz, pero sin voto con un nivel mínimo 26.
La Comisión de evaluación podrá solicitar la asistencia de otros expertos que podrán actuar con voz y sin voto para asesorar a la misma, si se considera necesario.
El régimen de funcionamiento de la comisión de evaluación será el previsto para los órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Todo ello de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.
Los miembros de la comisión de evaluación no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones en el mismo.
De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, la comisión de evaluación reforzará su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, acorde a los modelos previstos en el anexo I y II de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, de cada miembro de la misma, que se realizará al principio de la reunión y se reflejará en el acta. La comisión se comprometerá a mantener dicha declaración actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original.
Esta Comisión de evaluación podrá estar asistida por una entidad colaboradora, tal y como se señala en el artículo 8.
4. La comisión de evaluación comprobará que los proyectos y sus actuaciones se ajustan a los requisitos de elegibilidad establecidos en estas bases y en la convocatoria.
En particular, aquellas solicitudes que no sean presentadas por entidades que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6 no serán objeto de evaluación. Asimismo, se considerarán inadmitidas, sin opción a subsanación, aquellas solicitudes cuyas propuestas no cumplan, al menos, con el 50 % de los criterios técnicos establecidos en el artículo 20 como mínimos de obligado cumplimiento.
5. Una vez evaluadas las solicitudes, la comisión de evaluación deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de evaluación, elaborará la propuesta de resolución provisional que deberá contener una lista de entidades solicitantes para las que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de las entidades solicitantes excluidas, especificando el motivo de dicha exclusión. La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria propuesta frente a la Administración.
7. La propuesta de resolución provisional se notificará a las entidades interesadas para que en el plazo de 10 días hábiles formulen las alegaciones que estimen convenientes. En los casos en los que el importe concedido que se haya propuesto sea inferior al solicitado deberán presentar en este trámite las reformulaciones correspondientes.
8. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por las entidades interesadas, el órgano de instrucción formulará la propuesta de resolución definitiva de concesión de la subvención, que será notificada a las entidades interesadas que hayan sido propuestas como beneficiarias para que, en el plazo de 10 días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación propuesta. Dicha propuesta deberá expresar la relación de entidades solicitantes para las que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación. El órgano instructor la elevará como propuesta de resolución definitiva al órgano concedente, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno en favor de las entidades beneficiarias propuestas.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano competente para resolver el procedimiento será la persona titular de la Secretaría de Estado de Turismo; en un plazo de quince días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dictará resolución definitiva de adjudicación de las subvenciones, resolviendo de este modo el procedimiento.
2. La resolución de concesión, además de contener las entidades solicitantes a las que se concede la ayuda y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de entidad beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
3. Las propuestas de resolución provisional, la propuesta de resolución definitiva y la resolución definitiva del procedimiento de concesión de ayuda, se publicarán en el portal de ayudas del Ministerio de Industria y Turismo. Adicionalmente, cada entidad beneficiaria recibirá aviso de tales publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados en el formulario de solicitud.
4. Esta subvención será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria.
6. El transcurso del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado resolución expresa legitimará a los interesados para entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la obligación legal de resolver.
1. El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado, limitado por anualidades presupuestarias, por el 100 por cien de la ayuda concedida salvo que la convocatoria, por motivos fundados, no prevea estas limitaciones por anualidades presupuestarias. Dicho pago podrá realizarse sin que sea precisa la constitución de garantías.
Conforme al artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, las entidades beneficiarias deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado. Corresponde a la Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo a tal efecto, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una certificación de la entidad beneficiaria.
El pago se hará en la cuenta facilitada por la entidad beneficiaria.
2. Se establece un plazo de 3 meses desde la finalización de las actuaciones subvencionadas para presentar la justificación de los gastos realizados.
3. Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la documentación justificativa ante el órgano competente, este requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión Europea y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular lo indicado en el artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en función de los importes de ayuda o documentos a presentar.
5. La justificación documental de la realización de las actuaciones financiadas se realizará según la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
La presentación electrónica de la documentación justificativa se entenderá que comprende tanto la presentación inicial en el plazo indicado anteriormente, como las posibles subsanaciones que sean solicitadas por el órgano instructor.
La presentación electrónica no exime a las entidades beneficiarias de conservar los originales de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría u otros, por si les fueran requeridos posteriormente por el órgano instructor y responsable del seguimiento o, al realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
7. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. En el caso particular de la acreditación de gastos de personal técnico y administrativo, se requerirá la confección de partes horarios firmados por las propias personas trabajadoras a efectos de evitar la doble financiación, salvo que la normativa europea prevea otras formas de acreditación para las subvenciones financiadas con fondos europeos.
8. No obstante, se podrá requerir documentación justificativa complementaria para la justificación del gasto realizado.
9. Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano responsable del seguimiento emitirá una certificación acreditativa de la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de las actividades que justificaron la concesión de la financiación. Dicha certificación determinará, en su caso, el acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la resolución de concesión son:
a) Causas sobrevenidas que no pudieran preverse en el momento de la solicitud.
b) Necesidad de ajustar la actividad a especificaciones técnicas, de salud, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad, aprobadas con posterioridad a la adjudicación de la ayuda.
c) La modificación del desglose del importe total subvencionado de las distintas categorías de gastos, siempre y cuando sea presupuestariamente posible y no suponga incremento de la cuantía inicialmente concedida y esté debidamente motivada.
3. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los objetivos perseguidos con la ayuda concedida, ni alterar la actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió, ni elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. El plazo máximo de ejecución será hasta el 30 de junio de 2025, específicamente podrá ampliarse el plazo de ejecución de la actividad subvencionada si finalmente se acuerda y aprueba la ampliación de los plazos para la ejecución de los fondos MRR por parte de la Comisión Europea, y atendiendo a la necesidad real de realizar o no dicha ampliación, lo cual requerirá de la correspondiente justificación. En cualquiera de los casos se preavisará a los beneficiarios con tiempo suficiente. Todo ello en aras de cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
En ningún caso podrán autorizarse modificaciones que afecten al cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo», o al cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos en el Plan de Recuperación.
4. Cualquier modificación requerirá la previa solicitud de la entidad interesada, salvo en el caso del plazo de ejecución que podrá solicitarse por parte de la entidad interesada o podrá ampliarse de oficio por la propia Secretaría de Estado de Turismo o a instancias de terceros. El plazo para la presentación de solicitudes concluirá quince días hábiles antes de que finalice el plazo de ejecución de los gastos inicialmente previstos con un plazo máximo del 31 mayo de 2025 y podrán presentarse hasta dos meses antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto, y deberá ser aceptado de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose a la entidad interesada. En caso de no recibir notificación de la aceptación por el órgano que dictó la resolución de concesión en un plazo de diez días, se entenderá como desestimada la modificación, pudiendo implicar el incumplimiento o reintegro de la ayuda concedida.
5. La sustitución de elementos del presupuesto financiable por otros con funcionalidad y objetivo equivalente no requerirá la solicitud de modificación de la resolución de concesión, siempre que la variación del importe no sea superior al 10 % y se cumplan las condiciones que se especifican:
a) En el caso de gastos relacionados con la implementación de soluciones tecnológicas o inversiones, las sustituidas deberán desempeñar la misma función dentro del proyecto, pudiendo diferir las características técnicas.
b) En el caso de colaboraciones externas, podrá sustituirse la persona o entidad colaboradora inicialmente prevista por otra, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean las originales, y la nueva persona o entidad colaboradora tenga capacidad de acometerlas.
c) En todos los casos, el importe financiable de la categoría de gasto considerado debe permanecer igual que en la resolución de concesión. Además, deberán justificarse las sustituciones efectuadas en la documentación justificativa que se exige en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
1. Las entidades beneficiarias de la ayuda deberán cumplir con las siguientes obligaciones en materia de publicidad e información:
a) Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. En particular, de acuerdo con la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:
1.º El emblema de la Unión Europea y junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU». Para ello se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
Asimismo, se incluirá el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, y una referencia a la gestión por el Ministerio de Industria y Turismo, incluyendo su logo. A tal efecto se tendrán en consideración las indicaciones que se adopten sobre la comunicación digital del Plan de Recuperación.
2.º Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, disponible en el link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
b) Las establecidas en artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este sentido, toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas deberá incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria y Turismo.
c) En caso de cofinanciación por otra administración, tal circunstancia deberá reflejarse en la publicidad del proyecto.
2. El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Asimismo, podrá ser causa de reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 93 de su Reglamento de desarrollo aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de julio.
1. Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas o con posterioridad a éste, el órgano concedente, así como los órganos de control competentes, incluidos los recogidos en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero [Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, de 18 de julio de 2018], podrán realizar todos aquellos controles e inspecciones que consideren convenientes, con el objeto de asegurar el buen fin de la ayuda concedida, estando las entidades solicitantes obligadas a prestar colaboración y proporcionar cualquier otra documentación e información que se estime necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente orden. Asimismo, las entidades beneficiarias se comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, se efectúen.
La percepción de fondos del Plan de Recuperación estará condicionada a que se presente compromiso por escrito para conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control.
La oposición a la realización de estas comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
2. El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación, de acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
3. La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a la información contenida en el Registros de Titularidades Moreno, así como a cualquier otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los titulares reales.
4. A efectos de información y control de estas ayudas, se solicitará el consentimiento a los solicitantes de la cesión de la información entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los Sistemas de los Fondos Europeos.
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la obligación de devolver la ayuda percibida más los intereses de demora correspondientes, en el momento de detectarse el incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Serán causas de reintegro total o parcial, las previstas en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, el incumplimiento de las condiciones asociadas al principio «no causar un perjuicio significativo» por parte de las entidades beneficiarias de la ayuda también supondrá el reintegro de las cuantías percibidas.
3. El procedimiento de comprobación y control se detalla en el artículo anterior y se regirá, así mismo, de acuerdo con las instrucciones y normativa que se establezcan desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.séptima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, y el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las citadas entidades deberán reintegrar los fondos recibidos. El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
5. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la entidad beneficiaria sin el previo requerimiento de la Administración. Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, modificada por la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo. La entidad interesada deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
2. No se considerará que existe incumplimiento de los fines para los que se concedió la ayuda el supuesto en el que no se aporten en la fase de justificación las tres ofertas exigidas, y el importe total de la colaboración externa para un mismo proveedor supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, si bien no se considerará justificada dicha colaboración.
En estos casos, se requerirá el reintegro de la subvención recibida en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada más los correspondientes intereses de demora.
3. Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se tendrá en cuenta el siguiente criterio:
a) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro del pago anticipado más los intereses de demora, en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
b) A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores se considerará incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por 100 de realización de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el equivalente a un 60 por 100 o superior.
A efectos de calcular el anterior porcentaje, se entiende como inversión no realizada la que no esté acreditada documentalmente, la que acredite conceptos no financiables, la que no respete el desglose de partidas de la orden de concesión, y la no facturada y/o pagada.
4. En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por la entidad beneficiaria, que hayan servido de base para la concesión.
b) El incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c) La no inscripción de la actividad financiada en los registros oficiales exigidos por la legislación.
1. Se convocan ayudas para el año 2024, en los términos establecidos en las bases reguladoras incluidas en esta orden, para el despliegue, por parte de entidades públicas miembros titulares de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (en adelante, Red DTI) o que hayan solicitado su adhesión a la Red, de plataformas inteligentes que contribuyan a la transformación digital del destino y del sector turístico mediante la