Categoría: Normativas

uso y la protección del agua, desarrollado en virtud de la misma para la masa o masas de agua potencialmente afectadas, en consulta con las partes interesadas pertinentes. Los aparatos de agua que se instalen deberán estar certificados por hojas de datos del producto, una certificación de construcción o por una etiqueta de producto existente en la Unión Europea.
Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en las actuaciones será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y se cumplirá la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en lo referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.
Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de la actividad no contendrán amianto ni sustancias altamente preocupantes identificadas en la lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. Los que puedan entrar en contacto con los ocupantes estarán a lo dispuesto en CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de determinación comparables. Deberán cumplir además con la Directiva 2004/42/CE en relación a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) ocasionadas por el uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices.
En el caso de obras de nueva construcción se señalará si se llevarán a cabo en o cerca de áreas sensibles para la biodiversidad. En caso afirmativo, se requerirá el cumplimiento de los artículos 6 y 12 de la Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves. También se indicará si las actividades pueden suponer un deterioro para el estado de conservación de hábitats y especies y si se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o un cribado de acuerdo con la Directiva EIA. Se cumplirá con la legislación nacional aplicable.
Como mecanismos de acreditación de cumplimiento del principio DNSH y del etiquetado ambiental, se realizará tantoex ante, en su caso, comoex postla certificación energética del edificio. Asimismo, se exigirá la presentación del certificado de gestión de residuos de construcción y demolición, en su caso, emitido por gestor autorizado.
b) Asegurarse de que las acciones que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), a la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a su correspondiente anexo y modificaciones.
c) Como mecanismo de verificación, se deberá aportar Declaración responsable, conforme al modelo que se recoge como anexo VII, de que las acciones, tanto durante su ejecución como al final de su vida útil, no causarán directa o indirectamente un perjuicio significativo.
El Cabildo aportará una autoevaluación favorable de adecuación al principio DNSH de las acciones, en el sentido establecido por el artículo 2.6 del Reglamento (UE) 2021/241 y a través del documento de la memoria explicativa de cada acción, o grupo de acciones, contemplará las medidas preventivas, correctoras y, en su caso, compensatorias que aseguren la implementación del cumplimiento del principio DNSH.
Octava. Establecer los mecanismos necesarios para que contratistas, subcontratistas y medios propios que ejecuten materialmente las acciones respeten todos los principios y requisitos anteriores.
Primera. Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las entidades receptoras de financiación de la Unión Europea deben mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las acciones financiadas y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
Segunda. En particular, y en defecto de que se apruebe una previsión más específica al respecto por el Ministerio de Hacienda o por la Secretaría de Estado de Comunicación, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.) se deberán incluir los siguientes logos:
El emblema de la Unión Europea.
Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU» y el texto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el logotipo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como el logotipo oficial del Gobierno de Canarias.
Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
Puede consultarse la siguiente página http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en:
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en?etrans=es.
Y para más información se pueden consultar las páginas: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual y https://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/.
Tercera. En caso de cofinanciación por otra administración, tal circunstancia deberá reflejarse en la publicidad del las acciones.
Cuarta. Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público. En los lugares de ejecución de las acciones, se colocará al menos un cartel identificativo en el que se mencionará la financiación a través del presente convenio, que contendrá el nombre de la acción, plazo de ejecución, coste total, importe asignado, entes financiadores y denominación de los fondos. Cada cartel deberá tener un tamaño mínimo DINA1. Los carteles deberán permanecer visibles y en buen estado hasta la finalización del plazo establecido para la conservación de la documentación justificativa.
Quinta. Todos los elementos de informativos, publicidad y difusión incorporarán la perspectiva de género y no contemplarán elementos de discriminación en el uso del lenguaje y de la imagen.
Sexta. Inclusión de una descripción en su sitio Web en Internet, de las acciones financiadas por el presente convenio. Dicho contenido permanecerá accesible hasta la finalización del plazo establecido para la conservación de la documentación justificativa.
Séptima. El Cabildo se compromete a destacar, en cuantas actividades realice para la difusión de las acciones previstas en el presente convenio, la financiación efectuada por la Administración General del Estado, así como hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de los proyectos financiados, de acuerdo con lo establecido en el «Manual de imagen Institucional de la Administración General del Estado», aprobado por Orden de 27 de septiembre de 1999 en desarrollo del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, y por la Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado, aprobada por Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas.
Octava. El Cabildo se compromete a destacar, en cuantas actividades realice para la difusión de las acciones previstas en el presente convenio, la financiación efectuada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, así como hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de los proyectos financiados, de acuerdo con lo establecido en el «Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias» y sus posteriores revisiones. El manual citado se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.gobiernodecanarias.net/identidadgrafica-interno/PRTR/.
Novena. Las acciones de comunicación, publicidad y difusión en relación con las acciones a financiar en el marco de este convenio, deben previamente remitirse a la SubUnidad de Seguimiento y Control, de la UAP de fondos «Next Generation» de esta Consejería, para la comprobación del cumplimiento de las directrices europeas y estatales sobre imagen de las inversiones financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Para la ejecución del presente convenio, el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de información y en aplicación del correcto cumplimiento de la normativa que regula estos fondos europeos, más concretamente al Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y a las Órdenes HFP/1030/2021, HFP/1031/2021, HFP/55/2023, así como a la Ley 4/2021, de 2 de agosto, se compromete a asumir o a hacer cumplir, en su caso, los siguientes compromisos:
Primero. El Cabildo, en base a la aceptación de esta subvención, procedente de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través del presente convenio, se convierte en Entidad Ejecutora del PRTyR y, por lo tanto, le corresponde el cumplimiento de las obligaciones que señale la normativa específica aplicable a esta financiación y también deberá nutrir con la información que le sea requerida, en el formato y los soportes que determina el Ministerio de Hacienda, las aplicaciones específicas para el seguimiento y control de estos fondos, como la aplicación CoFFEE.
Segundo. El Cabildo es responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las acciones, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución y alcance de los objetivos. Asimismo establecerá mecanismos que aseguren que las acciones, cuando se desarrollen por terceros, contribuyen al logro de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el alcance del cumplimiento.
Tercero. Colaborar en todo momento con la Consejería en el seguimiento, control y justificación de los créditos asignados, debiendo aportar la documentación justificativa que se describe en los apartados siguientes.
Cuarto. Aportar durante la ejecución de las acciones subvencionadas:
a) La documentación acreditativa del inicio de las acciones.
b) Informe a remitir a los dos mes de la formalización de este convenio y junto al que se aportará la documentación obrante en la Corporación en relación a las acciones objeto de financiación.
c) Informes trimestrales relativos al desarrollo de las acciones, en los que se incluirá la información disponible por conceptos de gastos e importes, el grado de avance en la ejecución de las acciones realizadas desde el inicio y hasta la fecha del informe y el avance realizado desde la última remisión de información. Informe a remitir diez días antes de la finalización de cada trimestre de año natural.
d) Informes semestrales, a remitir antes del 20 de junio y del 20 de diciembre de cada año, en los que deberá hacerse especial mención al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Comisión Europea y se detallará tanto el grado de ejecución, hasta la fecha, como la previsión de cumplimiento del alcance de los objetivos CID. Este informe también incorporará la estimación de las inversiones a realizar en los seis meses siguientes y, en su caso, la identificación de los riesgos de desviaciones respecto a la planificación realizada y las medidas preventivas o correctoras. Asimismo vendrá acompañado de la Declaración de Cumplimiento recogida en el anexo VIII, firmada por la persona que ocupe el puesto de la Secretaría o de la Intervención de la Corporación Insular o persona en quien delegue, al objeto de que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda cumplimentar la memoria semestral que exige el Ministerio para la ejecución de estos fondos.
Quinto. Los compromisos descritos podrán ajustarse al sistema de seguimiento y gestión que por parte de la Consejería se desarrolle para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el marco de la ejecución del PRTyR.
Asimismo deberá suministrarse aquella otra información adicional de seguimiento que se requiera desde la Consejería, a instancias del Ministerio, así como para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio y especialmente en el cumplimiento del principio DNSH. En tal sentido, podrá requerirse con periodicidad mensual, en el caso de que se exija a la Consejería incorporar dicha información mensualmente en las herramientas que establezca el Ministerio.
Sexto. Designar una persona interlocutora para las comunicaciones que requiera la ejecución de este convenio.
El importe de la financiación, con cargo al Fondo del Instrumento Europeo de Recuperación «Next Generation EU», destinado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a las acciones previstas en el presente convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria asciende a quince millones trescientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho euros con ochenta y cinco céntimos de euro (15.389.158,85 euros), con cargo a las anualidades 2024, 2025 y 2026, y que se imputará a la aplicación presupuestaria 2370/231M/7600400/227G0097/70M2301.
Los fondos de este programa 1 se van a ejecutar por los Cabildos Insulares, según el modelo de reparto acordado el 16 de marzo de 2023 y que figura como anexo II, la contribución al alcance de los objetivos por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria se recoge en la siguiente tabla:
La distribución de la financiación prevista se realizará en función de las anualidades y los importes siguientes:
Con carácter general, las cuantías correspondientes a cada anualidad se abonarán al Cabildo Insular de Gran Canaria una vez se acredite la realización de la actividad y su coste real. El pago de la subvención, para cada anualidad, se realizará previa justificación de gastos prevista en la cláusula decimoprimera y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la realización de la actividad y sobre los gastos que sean considerados elegibles.
El Cabildo, tras la formalización del presente convenio, podrá solicitar el abono anticipado de hasta el 100 % del importe correspondiente a cada anualidad. Para hacer efectivo el pago será necesario que, tras la formalización de este convenio, el Cabildo Insular acredite el cumplimiento de los requisitos que exige el Acuerdo de Gobierno de 4 de diciembre de 2023, de modificación octava del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020 por el que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión y que se concretan en los siguientes:
Solicitud motivada de necesidad de abono anticipado en la que se acredite que el Cabildo Insular no cuenta con recursos suficientes para la realización del objeto del convenio con sus propios recursos.
Certificación de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Que el beneficiario no tenga otras subvenciones, destinados a inversiones con abono anticipado pendientes de justificación y cuyo plazo haya transcurrido sin haberse presentado la misma, en los dos ejercicios inmediatos anteriores al que ahora se concede.
La aportación económica de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias será abonada al Cabildo Insular de Gran Canaria mediante transferencia bancaria, a la cuenta de titularidad del Cabildo Insular que esta Corporación tenga asignada en el sistema contable autonómico.
De conformidad con la excepción prevista en el artículo 38.8 del Decreto 36/2009, no se requerirá la constitución de garantía para la realización del citado abono anticipado.
Primero. La cuantía concedida se podrá destinar a cualquiera de los gastos subvencionables correspondientes a los costes inherentes al desarrollo del conjunto de las actuaciones objeto del presente convenio.
Segundo. Se consideran costes elegibles aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos de este programa y además los que se relacionan a continuación:
Los costes de la redacción de los proyectos técnicos.
Los costes para implantar las medidas que se adopten para cumplir con el principio DNSH o de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» siguiendo los criterios de la Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente.
Los costes para implantar las medidas que se adopten para cumplir con el principio de publicidad que exige la Unión Europea en cuanto a la financiación de estas acciones con los fondos «Next Generation EU».
Los costes notariales y registrales que estén directamente relacionados con las acciones subvencionables.
Los costes de gestión como redacción de informes, incluido el informe de auditoría sobre la cuenta justificativa final.
Tercero. No serán considerados costes elegibles las tasas, impuestos o tributos, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en concordancia con el Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
Primero. El gasto aplicado y afectado indubitativamente al presente convenio se justificará semestralmente. El periodo de ejecución semestral finaliza el 20 de junio y el 20 de diciembre de cada anualidad, coincidiendo con el calendario del cumplimiento de los objetivos recogido en la cláusula octava. Esta justificación del gasto deberá presentarse por el Cabildo Insular antes de que finalice el mes siguiente al semestre a justificar, es decir, antes del 20 de julio y del 20 de enero. La justificación se hará acorde con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, «una declaración responsable de la Presidencia de la Entidad en la que conste de forma expresa la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, acompañada de informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad Local, que acredite la veracidad y la regularidad de los gastos y pagos justificativos de la subvención, así como su adecuación a la normativa reguladora de la acumulación de ayudas».
Segundo. Presentar al final de la ejecución de las acciones, en un plazo máximo de tres meses a partir de dicha finalización, una cuenta justificativa final sobre la utilización de los fondos recibidos. Esta cuenta justificativa final incluirá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en el convenio, con indicación del grado de cumplimiento de objetivos CID, del coste real de las acciones respecto del coste estimado inicialmente o revisado y la descripción de las acciones y de la manera de implementación de las mismas, así como de los mecanismos de control aplicados en su ejecución.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las acciones, que contendrá:
b.1) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad. Y por cada uno de ellos, los datos de las facturas o documentos de valor probatorio: acreedor, número de factura, breve descripción del objeto, importe, fecha de emisión, fecha y medio de pago, identificación y fecha de la anotación contable e impuesto soportado.
b.2) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el punto anterior y la documentación acreditativa del pago, que incluirá, como regla general, los documentos contables expedidos por el sistema de la Corporación insular.
c) Una memoria descriptiva de las obligaciones de difusión realizadas en relación con las acciones subvencionadas, que incorpore copia de los materiales de divulgación, fotografía del cartel, etcétera y que permita acreditar el cumplimiento de la cláusula sexta de este convenio.
d) Copia de los materiales originados en la ejecución de las acciones, incluyendo estudios e informes.
e) En cuanto al cumplimiento del principio DNSH, se aportarán los documentos de verificación establecidos en la obligación octava de la cláusula quinta, sin perjuicio de que la Corporación aporte todos aquellos documentos que considere oportunos y contribuyan al cumplimiento de este principio fundamental del Mecanismo.
f) Por último y teniendo en cuenta que el mecanismo de verificación de la aportación de las acciones financiadas en este convenio para el cumplimiento de los Objetivos CID se debe ajustar a lo establecido en losOperational Arrangements(Disposiciones Operativas), acordadas entre la Comisión Europea y España y vigentes en la fecha de cumplimiento del Objetivo CID correspondiente, se aportará un documento resumen que justifique debidamente cómo el objetivo ha sido satisfactoriamente cumplido. Este documento incluirá una hoja de cálculo con la siguiente información: a) el número de plazas individuales adaptadas, distinguiendo entre construidas o reformadas y, a su vez, identificándolas según sean residenciales, no residenciales o diurnas y que incorpore la localización exacta del centro y b) los códigos seguros de verificación de los certificados que demuestren que las acciones financiadas han sido concluidas (certificación de la comprobación material de la intervención a emitir por el órgano de control financiero de la corporación).
Tercero. La Consejería comprobará la documentación justificativa remitida y en caso de apreciar la existencia de defectos subsanables, lo pondrá en conocimiento del Cabildo Insular de Gran Canaria para su corrección.
El personal designado por la Consejería llevará a cabo asimismo la comprobación material de las actuaciones ejecutadas, pudiendo solicitar los accesos que precisen a los lugares de ejecución de los trabajos y cualquier documentación técnica existente sobre lo ejecutado.
La Consejería comprobará los extremos señalados en el artículo 36.3 del Decreto 36/2009:
a) La realización de la actividad conforme a las condiciones impuestas en el convenio, la normativa y los Acuerdos del CTSSySAAD aplicables a las inversiones financiadas con fondos provenientes del PRTyR.
b) El empleo de los fondos recibidos para la ejecución de las actuaciones.
c) El coste real ejecutado.
d) La concesión de otras subvenciones y de cualesquiera atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, para las mismas acciones.
e) La obtención de ingresos propios o afectos a las actuaciones.
f) El cumplimiento de los demás requisitos o condiciones exigidos por la normativa aplicable y el presente convenio.
De las comprobaciones anteriores se dejará constancia mediante resolución de la Consejería en la que se declare expresamente, en su caso, justificada total o parcialmente la subvención. Dicho pronunciamiento se entenderá sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General.
Las ayudas reguladas en este convenio, reúnen las condiciones para calificarse como subvención y están sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su normativa de desarrollo y demás normas aplicables. Estas ayudas no constituyen una ayuda de Estado, en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues su concesión no falsea ni amenaza falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, al tratarse de un ejercicio de competencias públicas de carácter social.
En cualquier caso y respecto a la compatibilidad con las ayudas de Estado y la prevención de la doble financiación, el Cabildo Insular de Gran Canaria debe aplicar procedimientos que permitan asegurar en todo momento el pleno respeto a la normativa sobre ayudas de Estado y garantizar la ausencia de la doble financiación. Y de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, las ayudas previstas deben respetar el principio de adicionalidad y la necesidad de establecer mecanismos que eviten la doble financiación y, por lo tanto, solo se admitirá la compatibilidad siempre que quede garantizado que dicha ayuda no cubra el mismo coste, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UE, Euratom 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión (Reglamento Financiero).
Asimismo serán compatibles con otras ayudas procedentes de fondos de la Unión Europea, de acuerdo con lo indicado en el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Las acciones llevadas a cabo por el Cabildo Insular no computarán para el alcance del objetivo CID establecido, 323, en el caso de que se haya llevado a cabo con financiación de otros fondos de la Unión Europea distintos de los pertenecientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en aplicación de los compromisos adquiridos con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para la ejecución de estos fondos en el marco de los convenios suscritos con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Correlativamente a las obligaciones asumidas en el presente convenio por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria, se establecen las siguientes consecuencias en caso de incurrir en algún incumplimiento:
Primera. Cuando no se puedan lograr, en parte, los objetivos CID previstos, siempre y cuando el incumplimiento conlleve el retorno de fondos europeos por parte del Tesoro: reintegro de la parte proporcional no ejecutada en relación con las medidas de la responsabilidad del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Segunda. Cuando no se puedan lograr, en su totalidad, los objetivos CID previstos, siempre y cuando el incumplimiento conlleve el retorno de fondos europeos por parte del Tesoro: reintegro total en relación con las medidas de la responsabilidad del Cabildo de Gran Canaria.
Tercera. Cuando el Cabildo cumpla con los objetivos CID, pero con un gasto inferior a las cuantías reflejadas en el presente convenio: devolución de las cantidades percibidas y no aplicadas a la ejecución del presente convenio.
Cuarta. Cuando no pueda acreditarse el logro de los objetivos por falta de fiabilidad de los indicadores reportados, siempre y cuando el incumplimiento conlleve el retorno de fondos europeos por el Tesoro: reintegro de la parte proporcional no ejecutada en relación con las medidas de la responsabilidad del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Quinta. Por la comisión de cualquier irregularidad que afecte a medidas bajo su responsabilidad determinada en cualquier control desarrollado por autoridades nacionales o comunitarias que recaiga sobre aquellas y que conlleve el retorno de fondos por el Tesoro: reintegro de la parte proporcional no ejecutada en relación con las medidas de la responsabilidad del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Primera. El presente convenio tendrá una vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2026.
La finalización de la vigencia del convenio se entiende sin perjuicio de las actuaciones relativas a la justificación de las acciones contempladas en el mismo.
Segunda. Se admitirán acciones iniciadas con posterioridad al 1 de febrero de 2020, en cumplimiento del artículo 17.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y en la consecución del alcance de los objetivos del PRTyR deberán observarse los siguientes condicionantes, establecidos por los acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el caso del Objetivo 323 el inicio efectivo de las acciones podrá haber tenido lugar desde el día 1 de febrero de 2020 y estarán finalizadas a 30 de junio de 2026.
Se tramitarán de oficio por el órgano concedente las modificaciones que se fundamenten en las circunstancias establecidas en el artículo 20.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención.
Antes de que concluya el plazo para la realización de las acciones para las que se haya obtenido la subvención con cargo a este programa, las entidades beneficiarias pueden solicitar modificaciones de la resolución de concesión ante el órgano concedente. Las modificaciones pueden solicitarse para la ampliación del plazo fijado, la reducción del importe concedido o la alteración de las acciones que se integran en la actuación; éstas serán autorizadas cuando se deriven de causas imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que se cumpla con lo preceptuado en el artículo 20.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
No se podrán autorizar ampliaciones de plazos que pongan en riesgo el cumplimiento del horizonte temporal del objetivo CID 323 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De forma automática se puede proceder a la alteración de las cantidades que el Cabildo Insular ha propuesto repartir entre cada una de las actuaciones, así como la distribución de los créditos entre las distintas acciones de una misma actuación, en función de las circunstancias que puedan presentarse; así bien si se estará obligado a la comunicación de dicha modificación en el momento que se produzca.
Primero. Ambas partes se comprometen a cumplir las exigencias previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. La citada obligación subsistirá aun después de terminado el proyecto.
Segundo. Las partes se comprometen a preservar la confidencialidad de los datos personales a los que tengan acceso. Estos datos solo podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en este convenio, pudiendo ser comunicados recíprocamente, en los términos previstos en este convenio, o cedidos a otros órganos administrativos o judiciales o Administraciones Públicas, en virtud de las competencias que la legislación les atribuya.
Tercero. Todo el personal, adscrito o no a la ejecución del presente convenio, que, por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, ocasional o habitual, tenga acceso a cualquier dato personal, tiene asimismo el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto, aun cuando dejare de prestar servicios para la administración pública.
Debido a la naturaleza de la aportación, consistente en fondos provenientes de créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, el convenio se regirá, por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, por lo que las entidades perceptoras de estos fondos deberán regirse por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las demás normas de la Unión sobre la materia y por las normas estatales de desarrollo o transposición de estas.
Particularmente, será de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en el caso de que en la ejecución de las acciones previstas en este convenio se celebren contratos que deban someterse a dicha ley y por las demás normas legales, reglamentarias y, en su caso, convencionales, que resulten de aplicación; particularmente por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de Hitos y Objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de los proyectos de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (documento CID) y su documento anexo, todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del clausulado del presente convenio deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente o principio DNSH.
En todo aquello no previsto expresamente en el presente convenio y su normativa de aplicación directa, podrá recurrirse a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las restantes normas del Derecho Administrativo.
El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años, conforme a lo que establece el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 40 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las entidades beneficiarias de estas ayudas estarán sometidas al régimen sancionador regulado en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en todo aquello que constituya legislación básica, así como en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias:
Primero. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Segundo. Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y siguientes de la Ley 38/2003 y conforme al procedimiento sancionador previsto en el artículo 67.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación, cumplimiento y eficacia serán de conocimiento y competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en particular de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de acuerdo con las previsiones del artículo 11.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente convenio.–Por la Comunidad Autónoma de Canarias, la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias,María Vicente Méndez Vicente.–Por el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Presidente, Antonio Morales Méndez.
Este modelo se aprobó mediante Acuerdo alcanzado, el 16 de marzo de 2023, entre representantes del Departamento autonómico y representantes de todos los Cabildos Insulares. Y se ha realizado en función de los siguientes criterios:
El primer criterio de reparto, de los fondos asignados al programa 1-MRR, se concreta en el establecimiento de una parte fija y una parte variable. La parte fija consiste en la financiación determinada por las singularidades del territorio, recogidas en el artículo 53.2 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias (BOC n.º 94 de 17 de mayo) y que, respecto a los criterios de financiación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales deberá tener en cuenta los costes derivados de la doble insularidad de las islas no capitalinas, cuya valoración podrá dar lugar al incremento del sistema de financiación que resulte necesario, siendo el valor de asignación la población empadronada.
La parte variable de la financiación se distribuye en función de diversos parámetros, determinados utilizando variables que cumplen criterios de transparencia, estabilidad y calidad. Estas variables se obtienen de fuentes oficiales y administrativas y de forma regular en el tiempo, son relativamente recientes, están disponibles desagregadas por islas, permiten atender equilibradamente a las necesidades territoriales e insulares y son pertinentes y no redundantes para los objetivos de la distribución.
Así la distribución de los fondos se realiza mediante las variables y ponderaciones siguientes:
Financiación determinada por la doble insularidad y que distribuye el 60 % de la asignación total del fondo, es decir, 43.200.000,00 euros. Y medida a través de la población residente en el territorio a 01 de enero de 2022.
Financiación variable que distribuye el 40 % de la asignación total al programa, es decir, 28.800.00,00 euros. Y cuyos indicadores obtuvieron el siguiente peso: 15,00 %, Variable X1: Población dependiente= población mayor o igual a 80 años; 5,00 %, Variable X2: Población potencialmente dependiente estimada entre 65 y 79 años; 25,00 %, Variable X3: Población potencialmente dependiente menor o igual de 65 años; 42,50 %, Variable X4: Ratio de plazas disponibles en relación al índice de cobertura promovido por la Organización Mundial de la Salud para personas mayores y 12,50 %, Variable X5: Ratio de plazas disponibles, índice modelo de cobertura del 5 % sobre el total de personas potencialmente dependientes entre 0 y 64 años.
Y con posterioridad al 24 de octubre de 2023, se estableció que el ochenta por ciento de la financiación adicional, que corresponde a la cantidad de 1.269.801,69 Euros, se distribuiría siguiendo el modelo de reparto inicial.
Y las cantidades asignadas para la Isla de Gran Canaria han quedado establecidas de la siguiente forma:
Síntesis de los criterios técnicos a seguir con respecto a las inversiones que en este convenio se financian para la aplicación conjunta del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE n.º 192 de 11 de agosto de 2022) y del Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias (BOC n.º 158 de 13 de agosto), reglamento modificado por Decreto 154/2015 (BOC n.º 128 de 3 de julio).
A) Las intervenciones que supongan la construcción de nuevos centros de atención residencial dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, con proyecto licitado, deberán aplicar, en lo que respecta a instalaciones y equipamiento, lo indicado en el apartado primero, de la letra b), del capítulo decimoséptimo del título IV del acuerdo, en la medida que las instalaciones y la fase de ejecución y el proyecto lo permitan. Y para el resto de los aspectos que no figuren incluidos en dicho Acuerdo, se seguirá lo establecido en el Reglamento autonómico, apartado 2 de la letra A, letra B y letra C, en lo que les sea de aplicación, del anexo 2; siempre y cuando se ajuste y garantice el mejor cumplimiento de lo establecido en el acuerdo.
B) Las intervenciones que supongan la construcción de nuevos centros de atención residencial dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, sin proyecto licitado, deberán aplicar, en lo que respecta a instalaciones y equipamiento, lo indicado en el apartado a) y en los apartados primero y segundo de la letra b), del capítulo decimoséptimo del título IV del acuerdo. Y para el resto de los aspectos que no figuren incluidos en dicho acuerdo, se seguirá lo establecido en el Reglamento autonómico, apartado 2 de la letra A, letra B y letra C, en lo que les sea de aplicación, del anexo 2; siempre y cuando se ajuste y garantice el mejor cumplimiento de lo establecido en el acuerdo.
C) Las intervenciones que supongan la renovación, reforma o ampliación de centros de atención residencial dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, deberán aplicar, en lo que respecta a instalaciones y equipamiento, lo indicado en el apartado tercero de la letra b), del capítulo decimoséptimo, del título IV del acuerdo, en la medida que las instalaciones o la fase de ejecución o el proyecto lo permitan. Y para el resto de los aspectos que no figuren incluidos en dicho Acuerdo, se seguirá lo establecido en el Reglamento autonómico, apartado 2 de la letra A, letra B y letra C, en lo que les sea de aplicación, del anexo 2; siempre y cuando se ajuste y garantice el mejor cumplimiento de lo establecido en el acuerdo.
D) Las intervenciones que supongan la construcción de nuevos centros de día dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, con proyecto licitado, deberán aplicar, en lo que respecta a instalaciones y equipamiento, con lo indicado en la letra b) y en la letra c), en lo que les sea de aplicación, del apartado vigésimo primero del título V del acuerdo, en la medida que las instalaciones y la fase de ejecución y el proyecto lo permitan. Y para el resto de los aspectos que no figuren incluidos en dicho Acuerdo, se seguirá lo establecido en el Reglamento autonómico, apartado 3.1 de la letra A y letra B, en lo que les sea de aplicación, del anexo 2; siempre y cuando se ajuste y garantice el mejor cumplimiento de lo establecido en el acuerdo.
E) Las intervenciones que supongan la construcción de nuevos centros de día dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, sin proyecto licitado, deberán aplicar lo indicado en el apartado vigésimo primero del título V del acuerdo. Y para el resto de los aspectos que no figuren incluidos en dicho acuerdo, se seguirá lo establecido en el Reglamento autonómico, apartado 3.1 de la letra A y letra B, en lo que les sea de aplicación, del anexo 2; siempre y cuando se ajuste y garantice el mejor cumplimiento de lo establecido en el acuerdo.
F) Las intervenciones que supongan la renovación, reforma o ampliación de centros de día dirigidos a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, deberán aplicar, en lo que respecta a instalaciones y equipamiento, lo indicado en la letra b) y en la letra c), en lo que les sea de aplicación, del apartado vigésimo primero del título V del acuerdo, en la medida que las instalaciones y la fase de ejecución y el proyecto lo permitan. Y para el resto de los aspectos que no figuren incluidos en dicho acuerdo, se seguirá lo establecido en el Reglamento autonómico, apartado 3.1 de la letra A y letra B, en lo que les sea de aplicación, del anexo 2; siempre y cuando se ajuste y garantice el mejor cumplimiento de lo establecido en el acuerdo.
Don/doña ............................................................, en calidad de Presidente/a del Cabildo de Gran Canaria y actuando en representación de esta Corporación Insular, declara que con la formalización del presente convenio, el Cabildo Insular de Gran Canaria, en la condición de entidad beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTyR), en el desarrollo de acciones necesarias para la consecución de los objetivos 323 y 470, este último por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la línea de inversión I1 del Componente 22 «C22.I1 Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología», manifiesta su compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTyR, se compromete a respetar los principios de economía circular y a evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente en la ejecución de las acciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de Ayudas de Estado.
Lugar, fecha y firma electrónica de la persona declarante:
Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la implementación de las acciones vinculadas al programa 01 «Equipamientos para cuidados centrados en la persona», recogido en el Convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución de las inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, línea de inversión 1, objetivos 323 y 470. Acciones financiadas por la Unión Europea a través de los fondos «Next Generation EU».
A la fecha de la firma, don/doña ............................................................, en calidad de Presidente/a del Cabildo de Gran Canaria