Categoría: Judicial

ptación del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales». La especificidad del delito de sedición radica, a juicio de la Sala, en los rasgos que, conforme a su estructura típica, lo cualifican frente a otros delitos contra el orden público, de modo que no alcanza a toda turbación de la paz o tranquilidad pública. Subraya que no solo constituye un supuesto cualificado por «la entidad de la lesión o el riesgo generado para el bien jurídico», respecto a los tipos de atentado o mero desorden, sino también unaliudrespecto a la desobediencia, dados los requisitos típicos de «conductas activas, alzamiento colectivo, vías de hecho, despliegue de resistencia». Desde tal conciencia de un desvalor cualificado, que ancla asimismo en el principio de proporcionalidad penal, la Sala requiere que la conducta «afecte a la colectividad interesada en la efectividad de las funciones [ejercidas por las autoridades gubernativas y judiciales]» así como la valoración de «si el tumulto imputado a los autores pone efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho».
(ii) Sentado tal punto de partida, el órgano judicial fija los elementos típicos del delito:
Primero, se trata de un delito compuesto, que se comete por la sucesión o acumulación de actos, y un delito plurisubjetivo de convergencia, que requiere una unión o concierto de voluntades.
Segundo, el medio comisivo es el alzamiento tumultuario, lo que implica que la mera reunión de una colectividad de sujetos no es, sin más, delictiva, sino que el delito surge cuando, además de ser tumultuaria y pública, se recurre como medios comisivos a actos de fuerza o fuera de las vías legales. Advierte aquí la Sala que, a diferencia del delito de rebelión, la descripción típica no exige que el alzamiento, que sí ha de ser público y puede responder a patrones organizativos, sea además violento, como ya constató en su sentencia de 10 de octubre de 1980, si bien al analizar el art. 218 del Código penal entonces vigente, dado que, junto a los modos violentos, absolutos o compulsivos, sobre las personas o las cosas, se contemplan los modos fuera de las vías legales. No obstante, el Tribunal Supremo hace suya aquí una interpretación restrictiva defendida por la doctrina en orden a deslindar la sedición de la pacífica oposición colectiva a la ejecución de las leyes o al ejercicio de la función pública. Se considera que la expresión «tumultuaria» significa abierta hostilidad, «y adiciona un contenido de hostilidad y violencia que no tiene por qué ser física ni entrañar el uso de la fuerza, como expresa la alternativa modal entre esta y "fuera de las vías legales", pero que ha de vivificarse necesariamente en actitudes intimidatorias, amedrentadoras, injuriosas, etc.». Matiza de este modo su entendimiento de 1980 con la exigencia de medios más incisivos.
Tercero, la actuación del grupo debe tener la finalidad de derogar de hecho la efectividad de las leyes o el cumplimiento de órdenes o resoluciones de funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones. Este requisito típico precisa, de un lado, funcionalidad objetiva respecto a la obstaculización del cumplimiento de las leyes o la efectividad de las resoluciones administrativas o judiciales. Pero, además, incorpora un elemento subjetivo de tendencia, sin que el impedimento tipificado tenga que ser logrado efectivamente. En tal medida se caracteriza como delito de resultado cortado, que se consuma con la realización de la conducta típica animada con tal finalidad.
A la luz de la interpretación expuesta, hemos considerado que el Tribunal Supremo se muestra consciente de la gravedad del tipo y de la necesidad de delimitarlo respecto a otros delitos –rebelión, atentado, desórdenes públicos y desobediencia–, pero también respecto a conductas que suponen el ejercicio de derechos. Procede la Sala, por ello, a una interpretación correctora o restrictiva, que, tras identificar un bien jurídico protegido que trasciende el orden público, persigue expresamente excluir la posibilidad de que cualquier perturbación de la tranquilidad pública, incluso fruto de una actuación colectiva pacífica al margen de la vías legales, sea subsumible en el tipo con tal de perseguir una finalidad impeditiva cualquiera y, en general, dotar a la conducta típica de un desvalor congruente con la gravedad de la penas, en términos absolutos y en términos comparativos con otros ilícitos. Para tal fin, la interpretación incide en la necesidad de una pluralidad de actos; en la característica de convergencia subjetiva, que precisa la concurrencia no solo de varias personas, sino de un número considerable; acoge la interpretación del término «tumultuario» como abierta hostilidad, correctora del amplio campo de aplicación que dibuja la dualidad de medios fijada por el legislador –«por la fuerza o fuera de las vías legales»– al tiempo que la respeta, como no puede ser de otro modo; y cualifica la finalidad impeditiva con un efectivo cuestionamiento del funcionamiento del Estado democrático de Derecho.
Ese entendimiento del delito, frente a lo que sostiene el recurrente, no incurre en procedimientos analógicos ni en una interpretación extensiva incompatible con el ejercicio de derechos fundamentales. Por el contrario, son tres los vectores de restricción manejados por el órgano judicial, fuente del desvalor del hecho típico: la exigencia de hostilidad, la identificación del bien jurídico y la exigencia de un elevado grado de potencial lesividad. La hostilidad apunta a una delimitación de los medios típicos, precisamente para eludir una eventual subsunción de protestas colectivas pacíficas. El bien jurídico se identifica con un interés que trasciende el orden público para designar la paz pública en el sentido del «interés de la sociedad en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales» como valor de mayor entidad en juego. Y ese interés determina, a su vez, que la lesividad de la conducta típica deba traspasar la mera perturbación de la paz pública y alcanzar una funcionalidad objetiva cualitativa y cuantitativamente intensa, la aptitud para poner en peligro el funcionamiento del sistema democrático, a la que subjetivamente se orienta la actuación. Para lo que no basta, puntualiza el Tribunal Supremo, con conductas de desobediencia, resistencia o atentado, ni se alcanza, según aclara expresamente en el auto de 29 de enero de 2020, con «el mero desorden de episódicos tumultos obstativos de alguna concreta orden judicial o administrativa. Como, por ejemplo, una más o menos dimensionada concurrencia de individuos para dificultar, incluso impedir, una actuación de lanzamiento o desahucio de un particular» (fundamento de Derecho 3.2.2.2).
Verdaderamente no se entiende la censura de que se introducen finalidades extratípicas en un procedimiento analógico, pues, a la luz de lo expuesto, el órgano judicial efectúa una interpretación teleológica y sistemática atenta a los valores constitucionales en juego con afán y efecto restrictivo, como el propio demandante admite, aun cuando sostenga el mayor efecto delimitador del requisito de violencia que postula. El Tribunal Supremo efectúa la indagación al uso sobre el bien jurídico protegido en el tipo penal, desde la premisa razonable y ampliamente aceptada de que el orden público al que alude la rúbrica del título debe enriquecerse en el análisis de cada uno de los capítulos (sedición, atentado, resistencia y desobediencia, desórdenes públicos, tenencia ilícita y tráfico de armas, organizaciones y grupos criminales y terrorismo) e, incluso, de los diferentes delitos que caen bajo tan amplio título. En tal sentido, la habitual operación de identificar el objeto de tutela, lejos de suponer una vía para incorporar elementos extratípicos, sirve para fijar las exigencias típicas, también de lesividad en el interés protegido.
Probablemente es la necesidad de un medio violento defendida por el recurrente la que introduce con más claridad un requisito extratípico delimitador, que ni viene exigido por el tipo penal ni abona una interpretación sistemática y que, como hemos referido, no viene tampoco exigido por el derecho de reunión, sin perjuicio de que la violencia pueda concurrir en muchas ocasiones y sea determinante para alcanzar el grado de lesividad típico. En el presente caso, la relevancia penal de las conductas sancionadas en el tipo de sedición, que, evidentemente, no solo es susceptible de ser cometido mediante manifestaciones o protestas, no radica en llamar o participar en movilizaciones ciudadanas ni en el contenido reivindicativo de la protesta, sino en la instrumentalización simultánea para incitar y procurar el incumplimiento de la Constitución, la ley y los mandatos judiciales emitidos para tutelarla. Como ya subrayamos con anterioridad, la necesidad en una sociedad democrática de proteger la aplicación de las leyes y la efectividad de las resoluciones de los órganos judiciales y de este tribunal como último garante de la Constitución no puede ser razonadamente puesta en entredicho. Tampoco la necesidad de hacerlo, en concreto, frente a acciones especialmente idóneas para lograr la inaplicación de las leyes y el impedimento de las funciones administrativas y judiciales por su dimensión colectiva y su carácter violento o abiertamente hostil.
En suma, conforme a la interpretación del órgano judicial, no todo acto ilegal que intente impedir la aplicación de las leyes, el ejercicio de las funciones judicial o administrativa o la ejecución de cualquier resolución integra el tipo penal, como defiende el recurrente, sino que será la trascendencia de esas normas, actos y resoluciones, así como la conducta y los medios que se empleen para intentar dejarlos sin efecto los que de forma determinante aporten el desvalor que requiere el delito. Sin olvidar que nuestra tarea de amparo del derecho a la legalidad penal no presupone una valoración de la interpretación de la norma penal en términos de calidad o de oportunidad ni el análisis de la mayor o menor razonabilidad de la interpretación alternativa que propone el recurrente, este tribunal aprecia que la restricción del ámbito típico es una orientación común a ambas propuestas interpretativas, que, sin embargo, se encauza por vías diferentes. En el caso de la propuesta del recurrente, mediante la exigencia irrestricta de violencia; en la interpretación judicial, poniendo el acento en la definición y la afectación del bien jurídico y la exigencia de abierta hostilidad y no exclusivamente por la presencia de una violencia no exigida en el precepto, a diferencia de otras previsiones del Código penal. Se trata de una interpretación sistemática y teleológicamente consistente que encuentra eco en la doctrina, sin perjuicio de opciones interpretativas distintas.
A la luz de lo expuesto y del parámetro de enjuiciamiento constitucional aplicable –adverar que se trata de una interpretación posible, en cuanto razonable y por ello previsible–, la vulneración del derecho a la legalidad penal aducida por el recurrente debe descartarse. La comprensión del delito cuestionada como una interpretación extensiva no extravasa el tenor literal de la norma ni utiliza métodos no aceptados en los medios jurídicos ni se sustenta en una base axiológica inconstitucional.
8.2.3 Subsunción razonable de la conducta del recurrente en el art. 545.1 CP en relación con el art. 544 CP.
En los motivos cuarto, quinto y séptimo se queja el recurrente de la subsunción de su conducta, en síntesis, con un doble reproche: no hay un alzamiento sedicioso en los hechos del 20 de septiembre y del 1 de octubre de 2017, y, por tanto, no puede existir la inducción o dirección de este que se le imputa, y, en todo caso, su conducta no reúne los requisitos de autoría precisos para hacerle penalmente responsable.
8.2.3.1 Posiciones de las partes.
Desde el rechazo a la exégesis del delito de sedición por la que opta el Tribunal Supremo y la consideración de que debe interpretarse restrictivamente en atención al medio comisivo, que debe ser violento, el recurrente cuestiona en un triple sentido la subsunción de su conducta en el tipo agravado de sedición del art. 545.1 CP.
(i) Respecto a los acontecimientos del 1 de octubre, el recurrente se queja en el motivo cuarto de que en la sentencia condenatoria no se precisa ni cuantifica nada que permita afirmar que la actitud del conjunto de la ciudadanía concentrada en los puntos de votación fuera algo más que un acto de desobediencia cívica masiva. Y cuando, ocasionalmente, se verificó una intervención realmente efectiva de la policía, por regla general, la resistencia fue pasiva, sin que en caso alguno (a pesar de la «abrumadora superioridad numérica») conste que no se alcanzaran los objetivos policiales. Nada permite afirmar que no se tratara de una movilización restringida a la resistencia no violenta, salvo algún exceso de individuos concretos que en nada altera la caracterización del comportamiento colectivo conceptuado por el Tribunal Supremo como «alzamiento tumultuario».
Todavía en el motivo cuarto, el recurrente dedica un apartado al análisis de algunos aspectos de la concentración del 20 de septiembre de 2017 que, según defiende, evidencian la vulneración del derecho a la legalidad penal fruto de una subsunción en el delito de sedición a pesar de la ausencia de algunos elementos del tipo y que remite a una interpretación del art. 544 CP que, insiste, no es constitucionalmente aceptable al resultar lesiva del derecho de reunión y manifestación. En concreto, sostiene que no se cumplen dos exigencias típicas en lo sucedido el 20 de septiembre. De un lado, que «impedir» sea el objetivo perseguido directamente por los sujetos activos, la finalidad preordenada del alzamiento y no un efecto inherente al gran número de personas concentradas. De otro, que el fin último pretendido por los autores, se consiga o no, sea imposibilitar la ejecución de la orden judicial y no simplemente obstaculizarla o retrasarla como forma de protesta. En opinión del demandante, la comisión judicial consiguió llevar a cabo su cometido, no porque fracasara la «sedición» en la consecución de su objetivo, sino porque hacer imposible la ejecución del registro no era el objetivo último de las decenas de miles de personas concentradas efectuando una protesta, ni, mucho menos, el de sus promotores. En definitiva, interferir o entorpecer como consecuencia de una protesta lícita no es impedir ni pretender impedir.
Además, según el demandante, se efectuó una interpretación extensiva del tipo que limita seria y peligrosamente el legítimo derecho de manifestación al aplicarse a lo sucedido, ya que los ciudadanos allí concentrados, más allá de algún exceso individual que no aparece reseñado, estaban ejerciendo su derecho fundamental de reunión y manifestación. En el ejercicio regular del mismo, afirma, quedan incluidas situaciones de confrontación y grave tensión e, incluso, coacción ambiental (objetiva o subjetiva) que puede llegar a suponer una obstaculización (que no impedimento definitivo) de la actuación de los agentes de la autoridad en cumplimiento de sus funciones.
(ii) El demandante incide en el motivo quinto en la irrazonabilidad de la subsunción de su conducta, poniendo el acento en que el art. 545.1 CP, en tanto sanciona la dirección o la inducción a la sedición, presupone la existencia del alzamiento al que alude el art. 544 CP: que un grupo de personas, dolosamente, se alce pública y tumultuariamente por la fuerza o fuera de las vías legales. No puede haber unos dirigentes o autores principales si no existen sedición y sediciosos –personas alzadas tumultuariamente–; mucho menos, añade, inductores a la sedición sin hecho principal, por mor del principio de accesoriedad de la participación.
Sin embargo, a su entender, en la sentencia se efectúan algunas consideraciones en el sentido de que el comportamiento observado por los ciudadanos involucrados en los hechos del 20 de septiembre y del 1 de octubre de 2017 podría no cumplir el tipo. Señala, en particular, que en las páginas 240 y 245 se recoge que ningún ciudadano ha sido objeto de acusación penal. Admite que no era pertinente dilucidar la eventual responsabilidad individual de las personas que intervinieron en los hechos, pero defiende que debió establecerse, aunque fuera genéricamente, que el comportamiento de las personas que protestaban ante la Consejería de Economía, ocupaban y pernoctaban en los colegios o protegían con su cuerpo las entradas de los puntos de votación a la llegada de la policía cometía el delito prescrito en el art. 544 CP. Sin esa constatación, arguye, se le condena por una sedición en la que no hay alzados, por tanto, sin base para aplicar el art. 545 CP a quienes induzcan o lideren tal hecho, porque lo que acontece no es la situación que se describe en el tipo delictivo de la sedición. Pero la sentencia impugnada omite toda prueba y motivación de la existencia de la conducta descrita en el art. 544 CP, resalta el demandante, y no cabe entender que en los hechos probados se describen tales conductas dolosas, que tampoco afirma el auto desestimatorio del incidente de nulidad. Para el demandante, esa omisión obedece a que, en otro caso, se criminalizaría «el comportamiento de la mitad de la sociedad catalana», un «precio inasumible desde la perspectiva del principio de legalidad en relación al principio de proporcionalidad y el respeto del ejercicio de derechos fundamentales».
Descarta para terminar que pueda recurrirse a la autoría mediata para justificar la existencia de una sedición sin responsabilidad de sus protagonistas, a la que estima que parece aludir el auto de 29 de enero de 2020. No solo porque no tiene sustento en la sentencia condenatoria, cuya intangibilidad se vulneraría de aceptarse, sino también porque no es aceptable convertir un «engaño político», que es a lo que se refiere el auto, en un «engaño jurídico-penalmente relevante». «Confundidos o no sobre la viabilidad del proyecto independentista, queda fuera de toda duda que la inmensa mayoría de los ciudadanos participantes en los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017 sabían que se estaba practicando un registro en cumplimiento de una orden dictada por un juez; que el Tribunal Constitucional había prohibido la consulta y que la fiscalía y, después, una magistrada habían decretado la intervención policial para impedir la votación; y que las fuerzas de seguridad se estaban personando para abortarla cumpliendo lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Constitucional». De cualquier manera, finaliza, todos los escenarios que explicarían la situación en clave de autoría mediata no se compadecerían con los requisitos de «alzamiento tumultuario» o «fuera de las vías legales» que se exige en el art. 545 CP.
(iii) Por último, en el motivo séptimo el demandante no se queja ya de la consideración de los hechos como sedición, sino de que la conducta dada por probada reúna los requisitos objetivos y subjetivos de la autoría en los términos que a continuación se exponen.
a) En relación con los hechos acontecidos el día 20 de septiembre de 2017, señala que en la sentencia no se concretan conductas con entidad para fundar su responsabilidad penal como inductor, sostenedor, dirigente o autor principal. En las págs. 359 y siguientes simplemente se le atribuye haber dado instrucciones a los mossos d"esquadra para que confirieran la condición de mediador al señor Sànchez, pero lo cierto es que no dio ninguna instrucción operativa a los mandos policiales, quienes gestionaron la situación como consideraron conveniente, sin que tampoco conste en la sentencia «ninguna mención al tipo subjetivo», salvo la alusión a que el recurrente, tras lo acontecido ese día, era conocedor de la posibilidad de que se produjeran incidentes en el futuro.
b) Afirma que su intervención, como miembro del Govern, en las resoluciones adoptadas los días 6 y 7 de septiembre de 2017 no resulta suficiente para considerarle autor del delito de sedición, toda vez que otros consejeros también tomaron parte en las mismas decisiones y, sin embrago, no fueron procesados por delitos de rebelión o sedición. Añade que tampoco se le ha atribuido acto alguno de malversación sobre el que «construir una aportación relevante al hecho».
c) Rechaza que la condición de autor del delito de sedición que se le atribuye pueda fundarse, como indica la sentencia, en los continuos y reiterados llamamientos públicos que efectuó en favor de la movilización de la ciudadanía para que acudiera a votar, si bien afirma que «ello simplemente se concreta en alguna declaración en la prensa». Ni pueden ser conceptuados como una incitación propia de la inducción a un alzamiento ni se explica como por esta vía se podría pasar a tener la condición de dirigente del acto insurreccional. Tampoco consta que organizara grupos, diseñara estrategias o realizara otras acciones que permitan catalogarle como dirigente o autor principal de los actos sediciosos.
d) Colige que la responsabilidad penal que se le achaca en relación con la votación del día 1 de octubre de 2017 trae causa de su comportamiento omisivo, esto es, no impartir criterios a los mossos d"esquadra «en términos parecidos a los seguidos por la Policía Nacional y Guardia Civil y no hacer todo lo posible para hacer efectiva la orden judicial». Sin embargo, el recurrente sostiene que permitir un referéndum ilegal no equivale a permitir una sedición; de ahí que, para fundar la responsabilidad en la comisión por omisión, debería haberse hecho constar en la sentencia que la falta de actuación por su parte provocó «actos de resistencia ciudadana, murallas humanas sentadas entrelazadas, conglomerados de personas con actitud hostil» y que esos actos se hubieran evitado de haberse actuado en el sentido exigido. Añade que en el presente caso no es necesario formular un juicio hipotético al respecto, pues quedó constatado el fracaso de la estrategia de otros cuerpos policiales a los que no se reprochó inactividad, dado que no consiguieron disuadir a los concentrados de su actitud de resistencia ni entorpecieron seriamente la celebración del referéndum. Y ello, porque la existencia de un censo único posibilitaba votar en cualquier punto de Cataluña, lo que convirtió en baldío cualquier intento de hacer fracasar la votación. Así pues, para el demandante no existe base para reprocharle no haber evitado una sedición; es más, refiere que tuvo el mérito de no haber originado una jornada mucho más dramática de lo que acabó siendo.
El abogado del Estado, después de desechar la inconstitucionalidad de la interpretación judicial del delito de sedición, descarta la queja relativa a la subsunción de los hechos en el tipo penal por diferir la finalidad perseguida –obstaculizar o retrasar la ejecución de la orden judicial– de la tipificada en el artículo 544 CP, centrada en imposibilitar esa ejecución. Aduce que en el fundamento de Derecho B) 4.6, el Tribunal Supremo motiva la conclusión de que los acontecimientos acaecidos el 20 de septiembre deben subsumirse en el tipo del art. 544 CP al apreciar que «[l]a hostilidad desplegada hizo inviable el día 20 de septiembre que los funcionarios dieran cumplimiento con normalidad a las órdenes del Juzgado núm. 13 de Instrucción de Barcelona, ocasionando miedo real, no solamente en los funcionarios que ejecutaban legítimas órdenes jurisdiccionales –es el caso de la letrada de la administración de justicia actuante en la sede de la Vicepresidencia–, sino en los funcionarios autonómicos bajo investigación, que habían de ser trasladados, por exigencia legal, a los inmuebles en los que se estaban practicando los registros».
Niega asimismo la vulneración del art. 25.1 CE que se atribuye a la ausencia de un alzamiento en tanto no hay «alzados» a partir de una amplia exposición sobre la diferencia entre autoría y participación, el criterio de imputación recíproca propio de la coautoría y el carácter plurisubjetivo del delito de sedición, en el que no sólo se considera típica la materialización efectiva del alzamiento, sino también la realización de conductas que posibiliten el alzamiento de otros. Según el criterio del abogado del Estado, no resulta invocable el principio de accesoriedad en la participación, ya que «el Sr. Durán no se ha reputado partícipe o inductor del delito de sedición, sino verdadero autor en sentido estricto, de la modalidad delictiva prevista en el art. 545 al evidenciarse la existencia de una estrategia de conductas típicas que cada uno de ellos asumió, ostentando el dominio funcional del hecho. Como consecuencia de ello, estamos ante un supuesto de pluralidad subjetiva propio de un delito multitudinario y no ante un supuesto de participación delictiva», tal y como razonó ya el auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones de 29 de enero de 2020.
En lo que se refiere a la queja que cuestiona la existencia de base para afirmar la autoría del recurrente, el abogado del Estado señala que las alegaciones sobre la falta de prueba de cargo y de motivación de dicha prueba no son más que manifestaciones de la mera disconformidad con la valoración realizada por el tribunal. Indica que los hechos probados se derivan de la actividad probatoria llevada a cabo en el juicio oral, que reúne todos los requisitos para su validez constitucional, que la motivación dada se acomoda al estándar exigible y que la decisión alcanzada es lógica, coherente y razonable. Sostiene que, en el presente caso, existen pruebas de cargo más que suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, una vez valoradas de conformidad con lo dispuesto en el art. 741 LECrim. Así resulta del contenido del «juicio de autoría», en cuyo apartado 1.7 se analizan de forma pormenorizada las pruebas que soportan la intervención del recurrente y, en definitiva, su condena.
El partido político Vox también rechaza la alegada falta de proporcionalidad o imprevisibilidad de la condena, pues la conducta del demandante no se limitaba a incumplir los requerimientos del Tribunal Constitucional, sino que estuvo trufada de comportamientos añadidos que elevaban la relevancia y efectos penales para el condenado, más allá de lo que supondría un mero ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de reunión alegados, siendo consciente de ello en su condición de consejero de la Generalitat de Cataluña. Subraya que el orden público alterado afectaba a la unidad política y territorial de la Nación española (art. 2 CE), que una pena inferior a la impuesta no habría sido suficientemente desmotivadora para reiterar las mismas conductas en el futuro, haciendo hincapié en que los condenados mantienen públicamente que volverán a repetir los mismos hechos delictivos, y que se trata de miembros del gobierno y cargos públicos, lo que agrava la respuesta penal que ha de darse frente a la actuación de particulares como los señores Cuixart y Sànchez.
Por último y con cita del argumento de la sentencia condenatoria de que la autoría se colma cuando se ponen las condiciones precisas para el alzamiento, apunta que el condenado no puede sostener con un mínimo de base fáctica y jurídica que no hay determinación en cuanto a su participación en el alzamiento sedicioso como coautor del mismo. Constan numerosos hechos que formaron parte de los delitos atribuidos en distintos momentos y que, junto con los acreditados respecto a los demás condenados, llevan a la conclusión de que se han cumplido los requisitos exigidos para probar su principal –no accesoria– participación en los mismos.
La fiscal aboga asimismo por la desestimación de los motivos que cuestionan la subsunción efectuada por el Tribunal Supremo. En primer lugar, repasa el punto 4.6 del fundamento de Derecho B) de la sentencia recurrida, donde el órgano judicial se refiere en concreto a los hechos de los días 20 de septiembre y 1 de octubre. Descarta que pudieran considerarse como una pacífica y legítima manifestación de protesta, estimando que se trató de «actos de hostilidad» que cabe encuadrar en el medio típico de «fuera de las vías legales» y que funcionalmente eran aptos para alcanzar el fin propuesto por los acusados de impedir el normal funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho. Entiende que este impedimento no solo se refería al cumplimiento de las autorizaciones judiciales de registro que los funcionarios policiales trataron de cumplimentar el día 20 de septiembre, o de no llevar a cabo la votación del referéndum convocado el día 1 de octubre, sino que también debe entenderse referido al intento de los acusados de derogar,de facto, la aplicación de la legislación vigente, mediante las leyes 19/2017 y 20/2017, aprobadas en el Parlamento de Cataluña el día 6 de septiembre, en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Dichas normas fueron el instrumento habilitante de la actuación posterior desarrollada por los acusados hasta la celebración del referéndum que se recoge en los hechos probados de la sentencia, que no se reduce a las convocatorias de concentraciones multitudinarias desarrolladas los días 20 de septiembre y 1 de octubre.
El Ministerio Fiscal también interesa que se desestime la vulneración del principio de legalidad penal por aplicarse al demandante el art 545.1. CP sin concurrir una sedición del art. 544 CP. A su juicio, «de lo establecido en el juicio de tipicidad de la sentencia sobre los hechos declarados probados (punto 4 apartado B), resulta claramente que los actos relativos a los incidentes ocurridos los días 20 de septiembre y 1 de octubre, protagonizados por la concentración multitudinaria de ciudadanos que atendieron a las convocatorias y llamamientos de los coacusados para impedir, a través de medios desviados –o fuera de las vías legales–, la efectividad de las resoluciones judiciales, son subsumibles en el tipo de sedición del art 544 CP aunque en la sentencia no se pudiera realizar un pronunciamiento de responsabilidad o de autoría respecto de los ciudadanos alzados tumultuariamente», tal y como indicó el Tribunal Supremo.
Dicho lo anterior, coincide con el órgano judicial en que el recurrente suscita como vulneración constitucional del principio de legalidad lo que es una cuestión de legalidad ordinaria, referida a la infracción del principio general de accesoriedad en materia de participación, prescindiendo de la específica naturaleza del delito de sedición como delito plurisubjetivo de convergencia. Tras reproducir los pronunciamientos de la sentencia que apelan a la actuación conjunta de los acusados y, en particular, la actividad imputable a los miembros del gobierno y, de modo aún más específico, al recurrente [apartados 1 y 1.7 del fundamento de Derecho C)], la fiscal infiere que «el Sr Vicente, como miembro del Gobierno de la Generalitat desde julio de 2017, se sumó al plan estratégico y concertado de poner en cuestión las instituciones del Estado, para la consecución de los fines independentistas de los coacusados, participando en las decisiones y disposiciones adoptadas por Gobierno de la Generalitat a lo largo del mes de septiembre de 2017, que desarrollaron la legislación suspendida por el Tribunal Constitucional, en orden a llevar a cabo el proceso de referéndum sobre la independencia de Cataluña, alentado personalmente el acusado a la ciudadanía a participar en este proceso de referéndum. Por otra parte, el recurrente, como Consejero de Interior y máximo responsable político de la policía autonómica, asumió un comportamiento que no se correspondía con el deber de actuación que le era exigible en el desempeño de su cargo, en orden a garantizar el cumplimiento y la efectividad de las resoluciones judiciales, comportamiento que es considerado en la sentencia como relevante para la producción o incremento del resultado típico de la sedición que se materializó los días 20 septiembre y 1 de octubre de 2017, en las concentraciones multitudinarias de ciudadanos que imposibilitaron el normal y efectivo cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas para impedir la celebración de un referéndum, que había sido convocado y puesto en marcha por los acusados, ignorando y, desatendiendo las resoluciones y requerimientos personales del Tribunal Constitucional».
Esa caracterización, concluye, es claramente la de un promotor y/o o autor principal en relación con la sucesión de actos convergentes que se integran por el Tribunal Supremo en el delito de sedición del art 544 CP, siendo todos ellos recíprocamente imputables, por lo que no se ha producido la indebida o irrazonable aplicación del art 545 CP invocada por no establecer la sentencia la responsabilidad por sedición de los ciudadanos que participaron en los actos de alzamiento tumultuario de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, así como la alegación de insuficiencia de los hechos probados para establecer su responsabilidad como autor principal del delito de sedición.
Respecto de esta última, la fiscal considera que lo que se impugna es que, de acuerdo con los hechos probados y las pruebas practicadas, el demandante pueda ser considerado autor del delito de sedición. A juicio del fiscal, esta queja se incardina en el derecho a la presunción de inocencia, pues como señala el recurrente, la lesión del principio de legalidad sería un reflejo de la vulneración del referido derecho. Tras repasar los pronunciamientos del órgano judicial en el apartado 1.7 del fundamento de Derecho C), concluye que ese examen del «juicio de autoría» permite comprobar que el tribunal llevó a cabo una valoración de las pruebas directas e indirectas con base en las cuales estableció cuál fue la actuación del demandante, en el contexto de la estrategia concertada por los otros coacusados. Por tanto, como así se recoge en el auto de 29 de septiembre de 2020, lo que realmente el demandante plantea es la irrelevancia de los hechos tenidos en cuenta para fundar su autoría respecto del delito de sedición, mediante una valoración distinta de las pruebas.
8.2.3.2 Pronunciamientos del órgano judicial.
El auto de 29 de enero de 2020 argumentó la suficiencia del relato histórico para valorar su relevancia a los efectos de subsumirlo en el tipo penal de la sedición en el apartado 3.2.2.3, respondiendo a las alegaciones del incidente sobre la inexistencia de un alzamiento, de alzados y de autoría en los siguientes términos:
a) Por lo que se refiere a la inexistencia de «alzamiento» el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, la Sala reitera las líneas del relato que, a su entender, resumen los presupuestos objetivos del tipo penal y delatan la artificiosa valoración que de lo ocurrido hace el incidente.
«En efecto, el hecho probado, de contenido no cuestionado en ningún apartado de este incidente, proclama que el 20 de septiembre, las asociaciones dirigidas por los coacusados y penados señores Sànchez y Cuixart, sabiendo que se estaban ejecutando diversas detenciones dispuestas para garantizar la presencia de los detenidos en registros inmediatos por orden del juez de instrucción núm. 13 de Barcelona, convocaron y lograron concentrar una gran multitud de ciudadanos para lo que denominaban eufemísticamente "defensa" de las instituciones catalanas y se motivaba a los convocados con la consigna de que, si esa convocatoria llegaba a ser multitudinaria, los que tenían encomendada la ejecución de la legitima orden judicial "no podrían con todos ellos".
Pues bien, el vaticinio de los penados se verificó casi en su totalidad. El hecho probado da cuenta de que los detenidos no pudieron presenciar los registros al hacer inviable su acceso al edificio en el que habían de realizarse. Se dificultó la extracción desde dicho edificio de los efectos incautados, hasta el punto de que la letrada de la administración de justicia hubo de abandonar el edifico horas más tarde, huyendo del lugar a escondidas y por lugar ajeno a la función de entrada y salida de personas.
También da cuenta el hecho probado de otros actos obstruccionistas llevados a cabo simultáneamente por ciudadanos concurrentes en número no escaso ese mismo día con ocasión del cumplimiento por funcionarios policiales y judiciales de sendas órdenes del ya citado Juzgado núm. 13 de Barcelona. Se impidió la salida de algún detenido durante minutos, hubo que resguardar a una letrada de la administración de justicia en un coche camuflado y fue golpeado y zarandeado otro vehículo policial.
Y también refleja el hecho probado que la realización de actos de votación, a modo de referéndum convocado para el 1 de octubre, había sido prohibida por el Tribunal Constitucional, y que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado impedir que ese acto se llevase efectivamente a cabo. Pese a ello, ese día, y ya desde el anterior, numerosos grupos de ciudadanos se apostaron –dice el hecho probado–, tras la insistente convocatoria por los acusados, en los centros dedicados a colegio electoral. Y esos ciudadanos se enfrentaron a los agentes policiales en los casos en que acudieron para dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Agentes que en numerosos casos desistieron de hacer cumplir aquellas órdenes judiciales ante la "obvia imposibilidad de vencer la resistencia de esos grupos de personas". Del enfrentamiento y resistencia se derivaron lesiones que en "numerosos casos" exigieron asistencia facultativa. Lo que esta Sala da por probado es incompatible con la repetida descripción de una actitud ciudadana limitada a interponer pasivos sus cuerpos, sin actuación agresiva alguna contra los agentes policiales intervinientes.
El relato expuesto, incluso el admitido en la minimalista descripción de la defensa, evidencia la inviabilidad del esfuerzo argumental llamado a criticar la subsunción de tales hechos en el tipo penal de sedición. Es infundado el reproche de una distorsionadora ampliación de los supuestos del concepto típico de alzamiento tumultuario. Porque la sentencia conjura el riesgo de laxitud de lo tipificado añadiendo a la búsqueda de la finalidad típica el recurso a un medio típico restrictivo. En términos que aparecen en el relato de lo probado. […]
Tampoco es aceptable la miniaturización de la trascendencia de los hechos que, para tratar de sustraerlos al alcance del tipo penal, se intenta por el incidente. Ni en la interpretación del tipo la sentencia criminalizaría como sedición supuestos de actos colectivos de ciudadanos intentando el incumplimiento de órdenes judiciales, cuya acotada dimensión en modo alguno pone en cuestión el Estado democrático. Ni cabe ignorar en el que hemos juzgado que al extravío del procedimiento seguido se une el ataque y consiguiente efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia que se quisieron dar todos los ciudadanos españoles, incluidos los de la comunidad en que se integran los movilizados.
Finalmente, la condición de la sedición como tipo penal de resultado cortado nos lleva a atribuir funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, a los actos que lograron obstruir la efectividad de las órdenes emanadas del Tribunal Constitucional, del Juzgado núm. 13 de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
b) Sobre la imposibilidad de hablar de dirigentes o autores principales y, menos aún, inductores, si antes no se declara que existen sediciosos alzados tumultuariamente, recuerda la Sala que se trata de un delito de naturaleza plurisubjetiva unilateral o de convergencia, de modo que las aportaciones lo son a título de coautoría, donde rige el principio de imputación recíproca, no el de accesoriedad. En palabras del Tribunal Supremo:
«[L]a sedición se construye en el tipo como de naturaleza plurisubjetiva y, dentro de tal categoría, como unilateral o de convergencia. Los plurales autores materiales no son "partícipes" en delito ajeno. Todos convergen con su aportación, incluso con diversidad de funciones, a la consecución de la finalidad típica. Si bien eso no es incompatible con la figura del partícipe por inducción, los especificados en el artículo 545 como los que han "inducido, sostenido o dirigido" no puede equiparase a la figura del partícipe por inducción de la sedición que otros llevan a cabo. "Inductores" significa ahí lo que el antiguo artículo 219 de anteriores códigos penales tildaba de "promotores". Se refiere solamente a los que, concurriendo en ellos aquellas notas, también ejecutan la sedición desempeñando su particular papel.
En tales específicos casos de colectividad delincuente no rigen principios solamente predicables en caso de participación de unos en delitos de otros, como lo exigiría el principio de accesoriedad. Muy al contrario, en aquellos supuestos el principio rector de imputación es el de imputación recíproca. A todos se imputa lo que haga cualquiera de los coautores que actúa bajo acuerdo común.
Y ello aunque esa contribución, por parte de los que en tumulto ejecutan el elemento objetivo del tipo, no origine la misma responsabilidad penal o incluso no dé lugar a ninguna. Ya porque estos no actuaran compartiendo voluntariamente en su totalidad el sedicente programa de los otros autores, ya porque no concurra el elemento subjetivo exigible. Y en todo caso, no es algo que nos corresponde dilucidar».
c) La presencia de elementos acreditativos de la condición de autor del penado tampoco ofrece dudas al órgano judicial.
«No se discute una vez más el relato de lo que la sentencia declara probado, sino solamente su valoración normativa a efectos de la calificación de su participación en los acontecimientos como autoría del delito de sedición. Esa subsunción es ajena al principio de legalidad entendido en su dimensión constitucional, pues se limita a la calificación jurídica del mismo como hecho tipificado en la ley penal ordinaria.
Para descartar la interesada lectura de algunos de los fragmentos de la sentencia, nos remitimos a la minuciosa justificación del punto 1.7 del apartado c), epígrafe juicio de autoría, de los fundamentos de derecho (páginas 358 y ss.). Allí se contiene una detallada exposición de los medios probatorios que llevaron a la convicción del tribunal sobre cada uno de los actos y omisiones imputadas al penado Sr. Forn. Con inclusión de las referencias al dolo que implicaba su consciencia inteligente de la trascendencia de los mismos. Y –reiteramos– en la letra c) del apartado 1 de ese mismo juicio de autoría (pág. 301), la explicación en términos de dogmática penal de la imputación del acto típico y su resultado al acusado, no obstante la intervención de los ciudadanos».
Deben tenerse presentes también los previos pronunciamientos de la sentencia impugnada que establecen la actuación conjunta de los acusados, con especial atención a la actividad de los miembros del Gobierno autonómico, y los actos llevados a cabo por el recurrente en particular [apartados 1 y 1.7, respectivamente, del fundamento de Derecho C)], a los que nos hemos referido tanto en los antecedentes como en el fundamento jurídico tercero de la presente resolución.
8.2.3.3 Resolución de la queja.
Antes de analizar la sostenibilidad de lo argumentado, conviene puntualizar que, como es natural, las quejas del recurrente sobre la concreta subsunción de los hechos y su conducta en el delito de sedición entroncan en gran medida con la interpretación que juzga más adecuada del delito de sedición, que implica la necesidad de apreciar violencia activa generalizada como elemento típico delimitador en relación con el derecho de reunión. Nuestra respuesta a estas alegaciones debe partir, sin embargo, de las consideraciones anteriormente efectuadas sobre la compatibilidad con los derechos de reunión y a la legalidad penal (arts. 21 y 25.1 CE) de la interpretación del delito de sedición efectuada por el Tribunal Supremo, que no requiere dicha violencia. Resulta descartable desde un principio que el entendimiento del que parte el órgano judicial de la conducta típica «alzamiento tumultuario» y del medio comisivo de actuación «fuera de las vías legales» como exigentes de una abierta hostilidad resulte un concepto sorpresivo por imprevisible. Decae así la premisa sobre la que en gran medida se construye la queja sobre la irrazonabilidad de la subsunción, esto es, un entendimiento distinto del tipo penal aplicado que exige violencia.
A esta inicial consideración general, hay que añadir las siguientes sobre los concretos aspectos de la subsunción cuestionados, sin olvidar que la garantía de tipicidad se quiebra cuando la conducta enjuiciada, la ya delimitada como probada en la resolución judicial en su completud y no aspectos parciales o la que considera acreditada el demandante, es subsumida de un modo irrazonable en el tipo penal que resulta aplicado.
A) Alzamiento.
El recurrente rechaza que existiera un alzamiento tumultuario, pues, según expone, no lo eran las manifestaciones del 20 de septiembre, con incidentes menores que no pueden atribuírsele y que no impidieron la actuación judicial, ni la convocatoria a votar el 1 de octubre, donde solo hubo resistencia pasiva, situando esas concentraciones como ejercicio del derecho de reunión. De nuevo debemos pronunciarnos en el mismo sentido que lo hemos hecho en ocasiones anteriores frente a argumentos equivalentes o, incluso, idénticos esgrimidos por otros condenados en el procedimiento penal (SSTC 91/2021, FFJJ 11.4.3.1.2 y 11.4.3.2; 106/2021, FFJJ 11.4.3.1.2 y 11.4.3.2; 121/2021, FJ 12.4.3; 122/2021, FJ 10.2.3.2, y 184/ 2021, FJ 12.2.4.2) En esas resoluciones hemos apreciado que la consideración de que existe un alzamiento tumultuario público en el sentido del art. 544 CP obedece a una subsunción razonable por parte del Tribunal Supremo de los hechos probados.
a) Sobre lo ocurrido el 20 de septiembre de 2017, coincidimos con el recurrente cuando afirma que no todos los que acudieron a las inmediaciones de la sede de Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda (aproximadamente 40 000 personas) actuaron para impedir el desarrollo de la diligencia judicialmente acordada. Tampoco dice lo contrario la sentencia, puesto que en el apartado 9 del relato fáctico no se afirma que la totalidad de los allí reunidos tratara de impedir el cumplimiento de la resolución judicial (se relata que «coexistían gritos reivindicativos, contrarios a la presencia de la comisión judicial y actos lúdicos, algunos espontáneos, otros promovidos por los organizadores»). Sin embargo, en ese apartado sí se refleja con nitidez que esa movilización perturbó el normal desenvolvimiento de la diligencia judicial que debía ser realizada, hasta el extremo de que se impidió la introducción de los detenidos en el edificio a registrar y de que la letrada de la administración de justicia tuvo que marcharse del lugar del registro «infiltrándola entre los espectadores que abandonaban el teatro sito en el inmueble colindante al que hubo que acceder desde la azotea de los edificios», mientras que la fuerza actuante (miembros de la Guardia Civil) «solo pudieron salir cuando la manifestación ya se hubo disuelto, haciéndolo concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 de la madrugada del día 21 de septiembre y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha». También queda reflejado en la sentencia cuál era el propósito perseguido con la convocatoria, y el preeminente papel desempeñado por dos de los acusados, el señor Sànchez y el señor Cuixart, quienes claramente exteriorizaron la finalidad que perseguían, tanto al promover la movilización como al ejercitar en ella funciones de dirección. Asimismo, en el relato histórico se describen los incidentes que se produjeron con ocasión de los registros desarrollados en el domicilio de don José Silva Navarro, en la sede del departamento de Exteriores y en las naves sitas en la urbanización «Can Barris», que también perturbaron y entorpecieron su normal desarrollo.
La secuencia de acontecimientos a que se ha hecho mención denota que, en contra de lo sostenido, el día 20 de septiembre no solo tuvo lugar una manifestación de personas que ejercieron un derecho fundamental. Es perfectamente posible, hemos de insistir en ello, que muchos de los allí presentes se limitaran a participar en un acto de protesta. Pero, con sujeción a lo narrado en la sentencia, otros individuos realizaron actos idóneos y orientados a impedir el normal desenvolvimiento de la diligencia judicial, a los que el demandante alude como «excesos individuales no reseñados», obviando, entre otros hechos, los incidentes relativos a los vehículos policiales o el encierro de la letrada de la administración de justicia o de los miembros de la Guardia Civil. El tipo penal de sedición no requiere la implicación de un elevado número de alzados, siempre que sea considerable, ni que estos últimos actúen en un contexto absolutamente desvinculado de manifestaciones o reuniones cuyo propósito sea reivindicativo o de protesta. Por ello, es perfectamente posible que en una congregación multitudinaria algunos de los intervinientes lleven a cabo actos constitutivos del referido delito, que es lo que la Sala pone de manifiesto, aunque no se pueda discriminar quiénes o cuántos de los participantes actuaron de ese modo, lo cual resulta comprensible si se tienen en cuenta las circunstancias acontecidas.
A la vista de lo expuesto, hemos de indicar que, pese a los esfuerzos dialécticos del recurrente para restar valor incriminatorio a lo ocurrido durante la realización de los registros acordados judicialmente, el relato histórico es concluyente al reflejar los incidentes acontecidos durante la realización de esas dilig