Categoría: Normativas

oras entre los distintos miembros de la representación unitaria de las personas trabajadoras.
Las personas trabajadoras afiliadas a un sindicato podrán constituirse en Sección Sindical en los términos legalmente previstos. Asimismo, éstas tendrán derecho a un delegado/a con las mismas garantías que los miembros de la representación unitaria de las personas trabajadoras, y con las competencias reconocidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma.
La empresa se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en tanto no se modifique o se derogue dicha Ley.
Se creará una Comisión Paritaria que tendrá por objeto la vigilancia, interpretación y resolución de discrepancias derivadas de la aplicación del convenio, que estará compuesta por dos miembros de la representación unitaria de las personas trabajadores y dos miembros de la Dirección de la empresa; ambas partes podrán estar asistidas por un asesor.
Solicitada la convocatoria por cualquiera de las dos partes de dicha Comisión, esta deberá reunirse en el plazo máximo de quince días.
Serán sus competencias:
1. Interpretación de cualquier norma de este convenio colectivo.
2. Resolver cuantas divergencias y discrepancias puedan surgir entre las partes obligadas en la aplicación e interpretación del convenio, con carácter previo al inicio del procedimiento de conciliación y/o mediación y arbitraje del Órgano competente.
Para que los acuerdos de la comisión paritaria tengan validez deberán ser refrendados por el 51 % de los votos de cada representación.
Las discrepancias producidas en el seno de la Comisión Paritaria se solventarán de acuerdo con los procedimientos de resolución de controversias del Órgano competente para conocer de las mismas.
La Empresa, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) y su desarrollo reglamentario, y animada por una clara voluntad de proteger la salud e integridad de todos sus empleados, asume el compromiso de dotarse de los medios personales y materiales necesarios y suficientes que le permitan desarrollar una política preventiva eficaz.
Por ello la Empresa se compromete a: planificar la prevención, realizando una evaluación inicial de riesgos y a su actualización periódica; elaborar un plan de medidas concretas de acción preventiva, adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados; y asegurarse de que dichas medidas son efectivas para el conjunto de los fines propuestos; y por último, a informar y formar a las personas trabajadoras para que adquieran un conocimiento del alcance real de los riesgos derivados de su trabajo y de la forma de prevenirlos y evitarlos.
La persona trabajadora tiene la obligación de velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo, y la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. El incumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones tendrá la consideración de falta laboral.
Los Representantes de las Personas Trabajadoras de centro o los delegados/as de personal designan entre sus miembros a los delegados/as de prevención que les corresponda en función de la plantilla del centro (art. 35 L.P.R.L.); una vez elegidos éstos se forma el Comité de Seguridad y Salud integrado de una parte por los delegados/as de prevención y de otra, por los representantes de la Empresa. Dicho Comité se conformará paritariamente y asume las competencias señaladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En aquellos casos en que una persona trabajadora, para el desarrollo de las funciones de su puesto de trabajo, precisara la posesión del permiso de conducir, sea sancionada por infracciones de circulación, con la privación de dicho permiso por un periodo igual o inferior a seis meses, la Empresa, le proporcionará otro puesto de trabajo en tanto dure la privación, conservándole, en todo caso, las retribuciones propias de su categoría, excepto las relativas a aquellos conceptos por definición variables, y reintegrándose a su anterior puesto de trabajo concluido el plazo de privación del permiso de conducir. En estos casos, las personas trabajadoras de la Empresa que hubieran de sustituir a la persona trabajadora privada del permiso de conducir lo harán de forma interina durante dicho periodo.
En caso de retirada temporal del permiso de conducir a cualquier persona del departamento comercial, no se verán afectados en su empleo ni salario fijo. Se exceptúan de esta norma, aquellos que fueran motivados por alcoholemia demostrada o constituyan un delito penal.
La empresa facilitará, anualmente, a todo el personal al que se exija una determinada uniformidad, uniforme de invierno y verano.
Asturbega cumple con el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre y las partes acuerdan, que se regirán en esta materia, por el Acuerdo Marco de Inclusión, Diversidad e Igualdad de Oportunidades en el Grupo CCEP Iberia SLU de fecha 22 de octubre de 2019 y ratificado en la sociedad Asturbega el 5 de diciembre de 2019, Este Acuerdo Marco, constituye un marco general donde se incluyen los principios básicos y las guías de actuación que han de servir de base en la elaboración o desarrollo de los Planes de Igualdad, Inclusión y Diversidad en cada una de las sociedades del Grupo CCEP Iberia, bajo la premisa fundamental de garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres así como la inclusión y la diversidad en el marco del Grupo CCEP Iberia.
El presente convenio Colectivo deroga expresa y completamente el convenio anteriormente vigente. Lo previsto en el mismo, tendrá carácter preferente y excluyente en aquellas materias previstas en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores sobre cualquier otro convenio de ámbito local, provincial o nacional que pueda celebrarse.
En todo aquello no previsto en el presente convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de carácter legal.
Las condiciones establecidas en el presente convenio compensarán y absorberán los aumentos de retribuciones o mejoras de cualquier tipo que se establezcan por normas legales, convenio o disposiciones oficiales de carácter general o no, siempre que apreciadas en su conjunto y en cómputo anual y global sean superiores a las que determinen dichas normas legales disposiciones aludidas.
En caso de producirse durante la vigencia del presente convenio, cualquier cambio relativo a la forma jurídica actual de la Sociedad, ambas partes se comprometen a analizar conjuntamente las situaciones devenidas que se pudieran producir, al objeto de buscar las soluciones que procedan.
– Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores:
En los supuestos de inaplicación, al amparo de lo previsto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, de las condiciones de trabajo previstas en esta norma convencional, finalizado el preceptivo periodo de consultas sin haber alcanzado un acuerdo, cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión Paritaria que establece el artículo 9.3 del presente convenio, la cual dispondrá de un plazo máximo de siete días para resolver, a contar desde que la discrepancia le hubiese sido planteada. En aquellos supuestos en que no se hubiese solicitado la intervención de la Comisión o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes se comprometen a someter la cuestión a los procedimientos de resolución de conflictos previstos en la normativa de la CCNCC, o, en su caso, en el órgano de la Comunidad Autónoma que tenga competencia territorial para ello.
– Establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores:
En cualquier cuestión que surja en relación con el cumplimiento, interpretación, alcance o aplicación del presente convenio, las personas trabajadoras y Empresa se comprometen, a partir del planteamiento de la cuestión, a llevar el caso a la Comisión Paritaria que establece el artículo 9.3 del presente convenio, la cual se reunirá y resolverá en el plazo de siete días. Sólo si después de los buenos oficios de dicha Comisión no se hubiese alcanzado una solución al respecto, las partes podrán someter la cuestión debatida a los procedimientos resolución de conflictos, órgano competente desde el punto de vista territorial.