Categoría: Judicial

nable grado de claridad, sin perjuicio de la siempre imprescindible labor hermenéutica, donde resultan fundamentales los criterios teleológico y sistemático; y, por tanto, debe descartarse que su redacción impida conocer de antemano qué conductas son susceptibles de ser castigadas bajo su ámbito, previsibilidad con la que resulta debidamente preservado el principio de seguridad jurídica. El hecho de que el precepto se sirva de conceptos jurídicos indeterminados o emplee vocablos que admiten varios significados no empece la conclusión alcanzada, pues, como ha quedado reflejado, nuestra doctrina admite la utilización de esos recursos, sin que por ello se resienta la garantía de taxatividad que forma parte del derecho reconocido en el art. 25.1 CE. Sin perjuicio de la existencia de opiniones diversas, la anterior apreciación coincide también con un importante sector de la doctrina, que estima que los elementos que integran positivamente lo injusto en el delito de sedición –alzamiento, tumultuario, impedir, fuerza o fuera de las vías legales– no presentan dificultades excepcionales ni para su concreción ni para su prueba.
No obsta a la referida conclusión de conformidad con el art. 25.1 CE del tenor del art. 544 CP que se eliminara en 2005 el delito de convocatoria ilegal de referéndum ni la calificación de desobediencia que mereció la consulta del 9 de noviembre de 2014. El otrora vigente art. 506bisCP sancionaba «a la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria [...] de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución». Esa definición típica, centrada en aspectos competenciales, en nada interfiere con la conducta delictiva descrita en el art. 544 CP, atinente a una actuación colectiva dirigida a impedir la actuación pública mediante el uso de fuerza o fuera de las vías legales. Su derogación no oscurece el posible ámbito aplicativo que se sigue del tenor del art. 544 CP, determinante de la necesaria previsibilidad para el ciudadano de la condena por tal delito. Del mismo modo, la alusión a la condena por un delito de desobediencia en relación con las actuaciones de varios cargos públicos vinculadas a la consulta del 9 de noviembre de 2014 obvia la falta de identidad de los hechos, como hemos expuesto ya en esta resolución (FJ 7.3.3). Singularmente, como apunta la sentencia impugnada al responder a una queja de falta de imparcialidad, «no habían sido promulgadas las leyes de transitoriedad y del referéndum a que se alude en el juicio histórico. Tampoco se habían producido los incidentes y movilizaciones de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017» [fundamento de Derecho A) 5.5.3]. A decir verdad, la recurrente esgrime estos argumentos desde una premisa, que la condena penal tiene por objeto la convocatoria de un referéndum, que no es aceptable, como se desarrollará en los siguientes apartados.
Descartado que la configuración legal del delito de sedición en el art. 544 CP presente una falta de taxatividad lesiva del art. 25.1 CE, corresponde abordar las quejas relativas a la aplicación de ese precepto a la conducta de la recurrente.
12.2 Interpretación y aplicación del tipo penal de sedición.
12.2.1 Posiciones de las partes.
A lo largo de varios de los motivos en los que la demandante invoca el derecho a la legalidad penal (motivos 11 a 14 y 16) razona su rechazo a la interpretación judicial de delito de sedición y a la específica subsunción de su conducta como tal ilícito, que considera una aplicación analógicain malam partem. Cabe sistematizar los diversos argumentos empleados como sigue.
(i) Después de exponer la doctrina constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y académica sobre la exigencia de predeterminación normativa de las conductas y las penas (lex certa) en su proyección a la labor aplicativa de los tribunales (lex stricta), la recurrente sostiene que la interpretación del tipo de sedición manejada por el Tribunal Supremo excede su tenor literal, no atiende a una interpretación teleológica orientada a un concepto de orden público democrático como bien jurídico protegido y respetuosa de otros derechos fundamentales concernidos y contradice la comprensión del delito de la doctrina científica.
A su juicio, se desborda el tenor literal del precepto cuando se incluye en el término alzamiento conductas pasivas, pues todas las acepciones de «alzarse» que recoge el diccionario de la Real Academia Española afirman su carácter activo. No hay alzamiento en caso de actuaciones pasivas, como no disolver una manifestación a requerimiento policial.
En el mismo sentido apunta que la interpretación teleológica del delito de sedición, conforme a un concepto de orden público democrático como bien jurídico protegido en el que el ejercicio de los derechos aparece como un signo más de normalidad ciudadana, determina que el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación no pueda entenderse como una alteración del orden público, sino como la confirmación del orden constitucional. Por ello, según la demandante, el alzamiento debe comportar abierta hostilidad, para evitar que se califique como sedición actos de protesta pacífica o de mera desobediencia civil colectiva. Es más, añade, «desde estos postulados restrictivos en atención al bien jurídico protegido, una interpretación teleológica de la norma lleva a considerar punibles solo los "alzamientos" que conlleven violencia». Sin embargo, concluye, la sentencia impugnada se aparta del concepto de «alzamiento» acuñado por su propia jurisprudencia y lo sustituye por el de «desobediencia tumultuaria, colectiva y acompañada de resistencia o fuerza». Concluye que la imprevisibilidad de la condena a partir de la referida interpretación extensiva, en tanto incluye actos de reivindicación, criminaliza una opción política que defiende el derecho a la autodeterminación, vulnerando sus derechos a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y a la participación política y cercenando uno de los valores superiores del ordenamiento, como es el pluralismo político.
La recurrente aduce también que la interpretación judicial discrepa de la manejada en la comunidad jurídica, como evidenciaría el manifiesto firmado por más de 120 profesores de Derecho penal sobre la no aplicabilidad al caso del delito de sedición o las manifestaciones de un antiguo presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en el mismo sentido.
(ii) De forma entrelazada la demandante manifiesta que la subsunción en sentido estricto de su conducta en el tipo penal vulnera asimismo el art. 25.1 CE.
En orden a argumentar la queja, sintetiza las conductas que, a su entender, se le atribuyen y constituirían el alzamiento tumultuario que requiere el delito de sedición: la firma del decreto de convocatoria del referéndum, el apoyo presencial en la presentación pública de la pregunta del referéndum, la asunción del decreto de normas complementarias, aunque no lo hubiera firmado, la publicación de un tuit, el reenvío de dos correos electrónicos, la suscripción de un acuerdo en relación a los gastos del referéndum, la cesión de locales para el 1 de octubre, la competencia del Departament de Treball respecto a las «Crides» de voluntariado, la avocación para sí de la competencia de los directores de los centros cívicos, la firma de las órdenes de servicios esenciales para las jornadas de una huelga legal y que el Govern se adhiriera a la «aturada de país», renunciando a descontar la jornada al personal. Todo ello –entiende– habría dado lugar, según establece la sentencia condenatoria, a que parte de la ciudadanía se aglomerara reiterando su negativa verbalmente, esto es, de forma no violenta, a la práctica de la diligencia acordada por auto de 27 septiembre de 2017, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Con apoyo en tales consideraciones, la recurrente mantiene que la condena obedece a una aplicación del delito de sedición a su conducta contraria al art. 25.1 CE por diversas razones que a continuación se exponen.
a) En primer lugar que la condena supone una aplicación analógica o, alternativamente, extensivain malam partem. Considera que se identifica la voluntad de celebrar un referéndum (conducta destipificada) con la de impedir mediante un alzamiento tumultuario la práctica de una diligencia judicial, lo que desconoce la exigencia constitucional de culpabilidad, que obliga a acreditar el específico elemento subjetivo del delito de sedición. Pero, sobre todo, discrepa del entendimiento como alteración del orden público de lo que estima ejercicio de derechos. Según su criterio, los hechos por los que ha sido condenada no pueden considerarse propios de un alzamiento, que exige una conducta activa materializada de forma generalizada. Especifica que no lo es manifestarse públicamente en contra del orden constitucional, de las decisiones judiciales o de las actuaciones de la policía ni los incidentes aislados en el marco de tales manifestaciones. Ni puede equipararse acudir a votar de forma pacífica, como manifestación de los derechos de libertad ideológica, libertad de expresión y representación política, a un alzamiento público y tumultuario si la conducta de los supuestos «alzados» se limita únicamente a resistirse a la disolución. En suma, niega que lo sucedido el 20 de septiembre y el 1 de octubre constituyera objetivamente un alzamiento tumultuario.
b) En el motivo decimosexto la demandante insiste en la vulneración del derecho a la legalidad penal fruto de la contradicción con los derechos fundamentales de reunión, libertad de expresión, libertad ideológica y participación política de la aplicación del delito de sedición a los hechos probados.
La recurrente recuerda que los hechos del 20 de septiembre y del 1 de octubre no se describen como hechos aislados, sino que forman parte, según la sentencia, de una estrategia de movilización ciudadana «al servicio de la maniobra de presión política que había sido ideada» por los acusados (pág. 27). Ese dato junto con el valioso papel de las asociaciones de la sociedad civil y las convicciones profundamente pacíficas de sus líderes, los señores Sànchez y Cuixart, como destaca la sentencia impugnada, definen, a su entender, el contexto en el que debe determinarse si las conductas enjuiciadas están amparadas por los derechos de reunión, libertad de expresión, libertad ideológica y participación política, incluso si se entendiera que hubo alguna extralimitación en el ejercicio de tales derechos. Asimismo, subraya la importancia del derecho de reunión en una sociedad democrática, su innata nota de disenso, oposición, confrontación, respuesta o reacción y la amplia definición de reunión pacífica, que solo excluye aquellas en que los participantes y organizadores tengan intenciones violentas, sin que obste a tal carácter pacífico el acaecimiento de incidentes esporádicos o aislados de violencia. Desde tales premisas, la demandante valora lo sucedido el 20 de septiembre y el 1 de octubre como ejercicio legítimo del derecho de reunión.
Respecto a los hechos del día 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía y Vicepresidencia, apunta que la convocatoria de la manifestación no tuvo jamás como objetivo impedir la ejecución de la entrada y registro acordada por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, sino protestar por la decisión judicial y la posterior actuación policial; que la propia sentencia se refiere en multitud de ocasiones a los participantes en la concentración como «manifestantes»; que la entidad convocante comunicó la manifestación a las autoridades competentes por los cauces legalmente previstos y se dispuso de un servicio de orden como requiere la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión; que los mensajes de los convocantes, señores Sànchez y Cuixart, fueron explícitos a la hora de exhortar a los manifestantes para que mantuvieran una actitud pacífica y que fue un hecho aislado que unos vehículos de la Guardia Civil resultaran dañados por algunos manifestantes no identificados –de entre los 40 000 que protagonizaron la manifestación–, responsabilidad que tampoco se atribuye a los condenados. Si bien reconoce que la manifestación produjo algunas perturbaciones, cortes de circulación, el retraso en la salida de la comitiva judicial o la imposibilidad de los detenidos de acudir resalta que la diligencia de entrada y registro se practicó en su integridad sin interrupciones y de forma válida, pues la ausencia de los detenidos, que renunciaron a estar presentes, no invalidó la diligencia. En resumen, ninguna perturbación impidió el cumplimiento de la resolución judicial.
Por todo ello concluye que la manifestación queda amparada por el derecho de reunión pacífica, ya que «ni la inmensa mayoría de participantes ni sus organizadores tenían intenciones violentas, ni los incidentes aislados relativos a los vehículos policiales pueden reprimir el derecho a reunirse pacíficamente, no debiendo castigarse a los convocantes de la manifestación por esos incidentes».
En lo que concierne a los hechos acaecidos el 1 de octubre de 2017, la demandante sostiene que debe partirse de que ninguno de los llamamientos que hicieron los condenados incluía la incitación a violencia, pidiendo en muchos de ellos expresamente a los concentrados en los colegios que su actitud fuera pacífica y cívica. Sobre lo acontecido, y sin perjuicio de la parquedad del relato fáctico sobre la conducta de la ciudadanía ese día, apunta que la descripción de la actuación de la iniciativa «Escoles Obertes», con la que no tenía ninguna vinculación, está totalmente amparada en el derecho de reunión, por cuanto las fórmulas de concentración y protesta mediante actos de ocupación forman parte del concepto de «reunión pacífica», más aún si tales fórmulas de ocupación se llevan a cabo a través de actividades festivas o lúdicas, como entiende que reconoce la sentencia condenatoria.
Aun cuando el 1 de octubre de 2017 acudieron miles de ciudadanos a los centros de votación, se obvia que su reacción ante la presencia policial se limitó en la gran mayoría de los casos a sentarse en el suelo. Sí se reconoce en la sentencia que la mayor parte de la ciudadanía acudió a los colegios electorales con la intención de actuar de manera pacífica, y que a ello fueron exhortados por los convocantes, pero que en algunos casos se produjeron enfrentamientos con los cuerpos policiales sin que se señale cuántos casos y a qué tipo de enfrentamientos se refiere, más allá de dibujar un escenario de resistencia no violenta y algún caso puntual de resistencia activa. Elquidde la cuestión –advierte–, es que el Tribunal Supremo sostiene que las técnicas de resistencia no violenta constituyen, en el caso que nos ocupa, un delito de sedición penado con un mínimo de ocho años de prisión, ya que «la resistencia no violenta es oposición» a pesar de que, desde la perspectiva del derecho de reunión, no cabe criminalizar actos de protesta que transcurren por los cauces de la acción no violenta.
c) Aduce, por último, que la interpretación hecha por la Sala de lo Penal supone un evidente y profundo cambio doctrinal que se le estaría aplicando retroactivamente en su perjuicio, ya que, conforme al entendimiento anterior su conducta no sería típica, vulnerando la exigencia del derecho a la legalidad penal delex praevia, como ha aclarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 11 de abril de 2013,Vyerentsov c. Ucrania).
El abogado del Estado no acoge las alegaciones de imprevisibilidad en la interpretación de la ley y de analogíain malam partemy retroactividad, ya que estima que, conforme a lo declarado probado, la subsunción jurídica en los arts. 544 y 545 CP de la conducta imputada a la recurrente es lógica y acorde a criterios interpretativos válidos, tal y como se deriva de los argumentos expuestos en la sentencia dictada, en particular, en el apartado 1.6 del fundamento de Derecho C). Allí se declara que se sumó de forma activa a la estrategia concertada con otros miembros del Govern y se detalla su intervención, poniendo en evidencia que no fue condenada «por apoyar dos concentraciones ciudadanas multitudinarias de protesta y votación», sin que tenga fundamento la invocación de precedentes completamente distintos, como el de la consulta del 9 de noviembre de 2014. En particular descarta que la conducta de la recurrente quede comprendida en el contenido material del derecho a la libertad de expresión, de reunión e ideológica con apoyo en lo manifestado en la sentencia impugnada.
El partido político Vox niega también que exista una aplicación analógicain malam partemo imprevisibilidad de la condena por delito de sedición, ya que la conducta no se limitó a incumplir los requerimientos del Tribunal Constitucional, sino que estuvo fundada en comportamiento añadidos que elevaban su relevancia y efectos penales, que no era un mero ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de reunión.
El fiscal rechaza asimismo las quejas respecto a la aplicación del art. 544 CP, destacando que la sentencia impugnada interpreta el precepto para precisar los contornos de aplicación al caso, diferenciándolo de la rebelión y de otros delitos contra el orden público y fijando el sentido de los términos típicos. También recuerda que no puede valorarse aisladamente la sucesión de actos constitutivos de los delitos, en cuanto forman parte de un todo, subrayando que los acusados responden como coautores que han llevado a cabo una aportación esencial, que en el caso de la demandante se señalan en el apartado 1.6 del fundamento de Derecho C). A su juicio, la conducta imputada a la recurrente desborda ampliamente los límites de los derechos bajo los que ahora pretende ampararse: libertad ideológica, libertad de expresión, reunión y participación política, pues no solo excede del ejercicio legítimo de aquellos derechos, sino que, integrando una extralimitación palmaria de aquellos, quedan fuera de toda posible cobertura o ponderación, sin que la sanción penal suponga un sacrificio innecesario de los mismos.
Para terminar, frente a la queja de aplicación retroactiva peyorativa de nueva doctrina jurisprudencial sobre el delito de sedición, el fiscal opone que la doctrina constitucional mantiene que el principio de irretroactividad del art. 25.1 CE se establece respecto de las leyes y no es aplicable respecto de las líneas jurisprudenciales, cuyos cambios se analizan desde otras perspectivas –derecho a la igualdad e intangibilidad de las resoluciones judiciales–, que tampoco se ven afectadas. Lo que resulta constitucionalmente inaceptable es el cambio de criterio interpretativo sobrevenido, inmotivado, sorpresivo,ad hoce impredecible, como ha señalado el Tribunal Constitucional en línea con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero, en el presente asunto, según entiende, no se acredita cabalmente el término de comparación exigido ni se identifica aquella doctrina que se habría infringido por la alegada nueva línea jurisprudencial, mientras que la sentencia impugnada analiza detalladamente la tipicidad del comportamiento de la recurrente, las conductas determinantes de su participación, las referencias interpretativas doctrinales y jurisprudenciales, sin que pueda apreciarse ni voluntarismo selectivo ni apartamiento inmotivado del criterio aplicativo consolidado y mantenido hasta entonces por el órgano jurisdiccional, lo que constituye la esencia de la desigualdad aplicativa según nuestra jurisprudencia constitucional.
12.2.2 Pronunciamientos del órgano judicial.
La Sala rechazó las alegaciones comunes de los acusados de que se estaba castigando el ejercicio legítimo de los derechos que ahora invoca la demandante en amparo: libertad de expresión, reunión, libertad ideológica y participación política, y que, por ello, su actuación no podía ser sancionada penalmente tanto en la sentencia como al desestimar la petición de nulidad de actuaciones, en ambas resoluciones con apoyo en la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En el apartado 17.5 del fundamento de Derecho A) de la sentencia se excluye que las conductas atribuidas a los acusados constituyan el ejercicio legítimo de derechos fundamentales y que la condena vulnere esos derechos.
(i) Defiende en primer lugar que ninguno de los actos imputados queda comprendido en el contenido material de la libertad de expresión ni se criminaliza el discurso político, pues no se castiga por difundir opiniones o doctrinas contrarias al actual estatus constitucional. Lo que es objeto de reproche penal es «definir una legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a una multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la autoridad judicial, celebrando un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyo resultado era la condición necesaria para la entrada vigor de la ley de transitoriedad, que implicaba la definitiva ruptura unilateral con la estructura del Estado». Además de no afectarse el contenido material del derecho a la libertad de expresión de los acusados, el Tribunal Supremo aduce que la defensa de la integridad territorial y la prevención del delito son, según el art. 10.2 CEDH, legítimas limitaciones a la libertad de expresión que, en el presente caso, tampoco han existido.
(ii) Asimismo la Sala opone que ha estado en todo momento fuera de controversia la legitimidad del derecho de reunión, sin que se hayan criminalizado actos de protesta. Destaca que, en este caso, no es la supuesta ilegitimidad de la convocatoria lo que ocasiona la reacción penal, no son los actos de protesta lo que se considera delictivo, cuya legitimidad y protección constitucional no merma por tener por destinatario al poder central, a la máxima autoridad del Estado o a la misma Constitución. La responsabilidad penal surge de la apreciación de una estrategia concertada y alentada por los acusados para lograr que se llevase a cabo la votación prohibida en el referéndum, previamente declarado como «de autodeterminación», imposibilitando de hecho, mediante la interposición física, la actuación de los agentes de la autoridad. Es esa actuación, consistente en el llamamiento a «la oposición activa y concertada, frente a actuaciones de agentes de la autoridad con respaldo legal y constitucional encaminadas pura y llanamente a dar cumplimiento a un específico y muy concreto mandato judicial», lo que se considera que desborda totalmente los linderos del legítimo ejercicio del derecho de reunión dirigido a exteriorizar la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos. Y concluye afirmando que, en este caso: «no puede quedar amparado en una causa de exclusión de la antijuridicidad el ataque concertado a las bases constitucionales del sistema, valiéndose para ello de una multitud de personas convocadas para obstaculizar el ejercicio de la función jurisdiccional y que son movilizadas para hacer posible una votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
(iii) El mismo rechazo le merece el pretendido efecto exoneratorio derivado del ejercicio legítimo del derecho a la libertad ideológica, que, según afirma la sentencia, ha permanecido incólume a lo largo del proceso. «Su condición de parte pasiva nada tiene que ver con los postulados políticos que cada uno de ellos suscribe. De hecho, pudieron participar, como afirma la sentencia, incluso en campaña electoral durante el tiempo de prisión preventiva. Han podido difundir sus ideas y son estas ideas las que en ese momento e incluso, hoy por hoy, sostienen la acción de gobierno de la Generalitat».
(iv) Por su parte, el auto desestimatorio de la petición de nulidad sitúa la conducta de la recurrente tan lejos del ejercicio legítimo de derechos fundamentales que descarta toda vulneración de estos fruto de la condena (fundamento de Derecho 5.2.3). Esa respuesta encuentra un desarrollo más extenso y con amplio apoyo jurisprudencial, singularmente en referencia al derecho de reunión, en la respuesta que dio la Sala al desestimar la solicitud de nulidad de actuaciones que, con el mismo fundamento, planteó el señor Cuixart (auto de 29 de enero de 2020, fundamento de Derecho 2.5).
De otro lado, en el apartado 4 del fundamento de Derecho B) de la sentencia recurrida se analizan las características y naturaleza jurídica del delito de sedición. Y el apartado 1.6 del fundamento de Derecho C) contiene el juicio de autoría relativo a la demandante, que debe ponerse en relación con las consideraciones previas formuladas al inicio del fundamento de Derecho C) sobre la existencia una decisión compartida en la que se inserta cada una de las conductas penalmente típicas de los acusados, distinguiendo entre los miembros del ejecutivo y los particulares. En los antecedentes y el fundamento tercero de esta resolución, a los que nos remitimos, se reflejan de manera sintética esa interpretación del delito de sedición y su aplicación a la conducta de la demandante.
Además, las denuncias de vulneración del art. 25.1 CE ahora examinadas se formularon ya en el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la demandante frente a la sentencia condenatoria, que fue desestimado por el Tribunal Supremo, junto a los presentados por el resto de acusados, por auto de 29 de enero de 2020. En su apartado 5.2.3 se descarta la vulneración del principio de legalidad fruto de la subsunción jurídica en los arts. 544 y 545 CP, con remisión a lo ya dicho al resolver otros recursos de nulidad que también aducían el carácter analógico o extensivo de su interpretación y aplicación. Se ofrece, no obstante, un razonamiento específico en defensa de la calificación de la conducta de la señora Bassa como delito de sedición, que trae lo referido en la sentencia condenatoria [fundamento de Derecho C) 1.6] con el siguiente tenor:
«Como allí se declara, y hemos dicho con anterioridad, la señora Bassa se sumó de forma activa a la estrategia concertada con otros miembros del Govern. En su caso, "promovió de forma directa la inaplicación de las leyes que definen las bases del sistema democrático. Y lo hizo mediante la contumaz desatención de todos los requerimientos formalizados por el Tribunal Constitucional. Facilitó la culminación de un proceso que había de desembocar en la celebración de una consulta manifiestamente inviable para el objetivo con el que fue presentada ante la ciudadanía. Una parte de los ciudadanos creyó que mediante la particular aportación de su voto el día 1 de octubre abrirían las puertas a una Cataluña independiente. Ninguno de ellos fue advertido de que, en realidad, lo que se buscaba era presionar al Gobierno de la nación para negociar un referéndum, este sí, susceptible de homologación".
Asimismo, y como también hemos ya resaltado, la señora Bassa decidió participar en ese pulso al orden constitucional, "que incluía la movilización de la ciudadanía alentada a impedir el normal desenvolvimiento de la actuación judicial –como ocurrió los días 20, 21 y 22 de septiembre–, o a incumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que prohibía la celebración de la consulta del día 1 de octubre, fue inequívoca y deliberada. Y lo fue aun a riesgo de propiciar un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado". Es patente pues que responde por hechos propios.
Ni se aprecia ni se advierte, por otro lado, cuál es exactamente el cambio jurisprudencial que se atribuye a esta Sala en la condena de la señora Bassa.
Su actuación, como en el caso de los demás procesados, no estaba amparada por el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, libertad de expresión e ideológica y participación política, cuyos márgenes fueron ampliamente desbordados por los acusados, tal y como se explica con detalle en la sentencia dictada. […] Como hemos dicho con anterioridad, se puso en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho. Y por esto la aplicación del delito de sedición en el caso de autos respeta el principio de proporcionalidad propio del derecho penal democrático. En modo alguno genera un indeseable efecto disuasorio o desalentador de tales derechos fundamentales (STC 62/2019, de 7 de mayo, con cita de otras muchas), cuyo ejercicio, insistimos, queda muy lejos de los comportamientos que se imputan a los condenados.»
Resulta pertinente, para terminar esta exposición, destacar las previas consideraciones del órgano judicial en el apartado 3.2.2 del citado auto de 29 de enero de 2020 al rechazar las alegaciones críticas de otro acusado, señor Forn, sobre la laxitud de la interpretación del tipo de sedición y la insuficiencia del relato histórico para colmar el tipo penal de sedición al no constatarse agresiones o acometimientos masivos activos.
«La sentencia advierte de que esa específica finalidad típica de la sedición le diferencia de otros delitos lesivos del orden público, y subraya incluso de la débil funcionalidad taxonómica de este concepto, en la medida que está presente en la práctica totalidad de los delitos.
Reprocha la defensa a la resolución cuya nulidad se pretende, que no participe de una vocación reductora del ámbito de la sedición. Quien así razona, sin embargo, prescinde de que la sentencia se cuida de llamar la atención de la exigencia de entidad de la lesión o riesgo que aquella estima debe constatarse en la conducta respecto del bien jurídico protegido. Y que allí se concluye que "la sedición no alcanza a toda turbación de la paz o tranquilidad pública". También se pasa por alto el fragmento de la sentencia que excluye relevancia penal a la "mera reunión de una colectividad de sujetos".
Y, respecto al componente subjetivo, la sentencia acota lo punitivo bajo la rúbrica "sedición", exigiendo que el comportamiento afecte "a la colectividad interesada en la efectividad de las funciones" legítimamente ejercidas por autoridad o funcionario público. Y, redundando en tan restrictiva construcción del tipo penal, enfatiza la sentencia que el tumulto ponga "efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de derecho".
Ahí cualquier lectura sabrá encontrar la irreductible diversidad entre lo sedicioso y el mero desorden de episódicos tumultos obstativos de alguna concreta orden judicial o administrativa. Como, por ejemplo, una más o menos dimensionada concurrencia de individuos para dificultar, incluso impedir, una actuación de lanzamiento o desahucio de un particular.
Aún dentro de ese marco referido a la corrección de la interpretación del contenido del precepto penal, reprocha la defensa a la sentencia que, rompiendo su parentesco con la rebelión, reconduzca la sedición a un delito de medios indeterminados cometido a través de actuaciones multitudinarias. […] Sin embargo, la sentencia, conjurando todo riesgo de interpretación laxa, también se cuida de reducir lo tipificado mediante la exigencia de medios empleados con ocasión del comportamiento penado. Aunque sin derogar la voluntad expresa del legislador que ha querido castigar, no solamente el uso de la fuerza, sino también el extravío fuera del cauce legal, subrayando que el tipo no exige la caracterización del alzamiento como violento» (apartado 3.2.2.2).
«No reiteraremos ahora el relato íntegro de hechos probados de la sentencia, sino solamente las líneas que resumen los presupuestos objetivos del tipo penal y delatan la artificiosa valoración que de lo ocurrido hace el incidente.
En efecto, el hecho probado, de contenido no cuestionado en ningún apartado de este incidente, proclama que el 20 de septiembre, las asociaciones dirigidas por los coacusados y penados señores Sànchez y Cuixart, sabiendo que se estaban ejecutando diversas detenciones dispuestas para garantizar la presencia de los detenidos en registros inmediatos por orden del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, convocaron y lograron concentrar una gran multitud de ciudadanos para lo que denominaban eufemísticamente "defensa" de las instituciones catalanas y se motivaba a los convocados con la consigna de que, si esa convocatoria llegaba a ser multitudinaria, los que tenían encomendada la ejecución de la legitima orden judicial "no podrían con todos ellos".
Pues bien, el vaticinio de los penados se verificó casi en su totalidad. […]
Y también refleja el hecho probado que la realización de actos de votación, a modo de referéndum convocado para el 1 de octubre, había sido prohibida por el Tribunal Constitucional, y que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado impedir que ese acto se llevase efectivamente a cabo. Pese a ello, ese día, y ya desde el anterior, numerosos grupos de ciudadanos se apostaron –dice el hecho probado–, tras la insistente convocatoria por los acusados, en los centros dedicados a colegio electoral. Y esos ciudadanos se enfrentaron a los agentes policiales en los casos en que acudieron para dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Agentes que en numerosos casos desistieron de hacer cumplir aquellas órdenes judiciales ante la "obvia imposibilidad de vencer la resistencia de esos grupos de personas". Del enfrentamiento y resistencia se derivaron lesiones que en "numerosos casos" exigieron asistencia facultativa. Lo que esta sala da por probado es incompatible con la repetida descripción de una actitud ciudadana limitada a interponer pasivos sus cuerpos, sin actuación agresiva alguna contra los agentes policiales intervinientes.
El relato expuesto, incluso el admitido en la minimalista descripción de la defensa, evidencia la inviabilidad del esfuerzo argumental llamado a criticar la subsunción de tales hechos en el tipo penal de sedición. Es infundado el reproche de una distorsionadora ampliación de los supuestos del concepto típico de alzamiento tumultuario. Porque la sentencia conjura el riesgo de laxitud de lo tipificado añadiendo a la búsqueda de la finalidad típica el recurso a un medio típico restrictivo. En términos que aparecen en el relato de lo probado. […] A esa actuación extraviada o fuera de cauce legal, se añadió un modo que implicaba el uso de "fuerza", entendiendo por tal el despliegue de una capacidad física de imponer que las cosas ocurran como decide el que la usa y no como pretendía el que la sufre. Con la extensión e intensidad que se estimaron necesarias. Criterio este el único que determinó los momentos y lugares de su empleo. Las defensas han pretendido equiparar lo que la sentencia califica como "abierta hostilidad", descrita en el hecho probado 9, y "enfrentamientos", de que da cuenta el hecho probado 12, con el modo de los comportamientos de mera resistencia pacífica, o no violencia activa» (apartado 3.2.2.3).
12.2.3 Doctrina constitucional.
12.2.3.1 Prohibición de interpretaciones y aplicaciones irrazonables de las normas penales.
a) La analogíain malam partemy las interpretaciones extensivas de la norma penal por parte de los órganos judiciales han sido expresamente reprobadas por nuestra doctrina, por contravenir el mandato del art. 25.1 CE. Esta censura queda reflejada, entre otras, en la STC 229/2007, de 5 de noviembre, FJ 4.
«A este respecto, hemos destacado que "la garantía material del principio de legalidad comporta el mandato de taxatividad o certeza, que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes sanciones (lex certa). Esta exigencia tiene implicaciones no solo para el legislador, sino también para los órganos judiciales. En su labor de interpretación y aplicación de las leyes penales, estos últimos se hallan también sometidos al principio de tipicidad, en el sentido de que, por un lado, se encuentran en una situación de sujeción estricta a la ley penal (SSTC 133/1987, de 21 de julio, FJ 5; 182/1990, de 15 de noviembre, FJ 3; 156/1996, de 14 de octubre, FJ 1; 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4; 232/1997, de 16 de diciembre, FJ 2) y, por otro, les está vedada la interpretación extensiva y la analogíain malam partem(SSTC 81/1995, de 5 de junio, FJ 5; 34/1996, de 11 de marzo, FJ 5; 64/2001, de 17 de marzo, FJ 4; 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 12), es decir, la exégesis y aplicación de las normas fuera de los supuestos y de los límites que ellas mismas determinan.»
A su vez, este tribunal ha precisado las exigencias a que se deben sujetar los órganos judiciales al verificar la labor de subsunción de los hechos en la norma penal en una doctrina que recoge con detalle la STC 129/2008, de 27 de octubre, FJ 3, en los siguientes términos:
«El derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) supone que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que no constituyan delito o falta según la legislación vigente en el momento de tales conductas. Se quiebra así el derecho cuando la conducta enjuiciada, la ya delimitada como probada, es subsumida de un modo irrazonable en el tipo penal que resulta aplicado, bien por la interpretación que se realiza de la norma, bien por la operación de subsunción en sí. En tales supuestos la condena resulta sorpresiva para su destinatario y la intervención penal es, amén de contraria al valor de la seguridad jurídica, fruto de una decisión judicial que rompe el monopolio legislativo en la definición de las conductas delictivas (por todas, STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6).
En el examen de razonabilidad de la subsunción de los hechos probados en la norma penal el primero de los criterios está constituido por el respeto al tenor literal de la norma, "pues el legislador expresa el mensaje normativo con palabras y con palabras es conocido por sus destinatarios. Este respeto no garantiza siempre una decisión sancionadora acorde con las garantías esenciales de seguridad jurídica o de interdicción de la arbitrariedad, pues, entre otros factores, el lenguaje es relativamente vago y versátil, las normas son necesariamente abstractas y se remiten implícitamente a una realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993, de 25 de marzo), el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la adaptación de la norma a la realidad (ya en la STC 62/1982, de 15 de octubre; […] STC 53/1994, de 24 de febrero). Debe perseguirse, en consecuencia, algún criterio añadido que, a la vista de los valores de seguridad y de legitimidad en juego, pero también de la libertad y la competencia del juez en la aplicación de la legalidad (SSTC 89/1983, de 12 de marzo; 75/1984, de 27 de junio; 111/1993, de 25 de marzo), distinga entre las decisiones que forman parte del campo de decisión legítima de este y las que suponen una ruptura de su sujeción a la ley […] La seguridad jurídica y el respeto a las opciones legislativas de sanción de conductas sitúan la validez constitucional de la aplicación de las normas sancionadoras desde el prisma del principio de legalidad tanto en su respeto al tenor literal del enunciado normativo, que marca en todo caso una zona indudable de exclusión de comportamientos, como en su razonabilidad. Dicha razonabilidad habrá de ser analizada desde las pautas axiológicas que informan nuestro texto constitucional (SSTC 159/1986, 59/1990, 111/1993) y desde modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica. Dicho de otro modo, no solo vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras que se sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos de la norma aplicada. Son también constitucionalmente rechazables aquellas aplicaciones que por su soporte metodológico –una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante– o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios que informan nuestro ordenamiento constitucional– conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios" (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; también, entre otras, SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 13/2003, de 28 de enero, FJ 3; 138/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 242/2005, de 10 de octubre, FJ 4; 9/2006, de 16 de enero, FJ 4; 262/2006, de 11 de septiembre, FJ 4).»
b) La razonabilidad axiológica de la labor interpretativa y subsuntiva que exige el art. 25.1 CE debe ponerse en relación con la premisa tantas veces repetida por este tribunal de que «los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito» (SSTC 2/2001, de 15 de enero, FJ 2; 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8; 29/2009, de 26 de enero, FJ 3; 104/2011, de 20 de junio, FJ 6; 177/2015, de 22 de julio, FJ 2; 112/2016, de 20 de junio, FJ 2; o 35/2020, de 25 de febrero, FJ 4). Las conductas que constituyen ejercicio regular de un derecho fundamental no pueden ser objeto de reproche jurídico alguno. Tampoco debido a la aplicación de previsiones legales de naturaleza sancionadora cuya finalidad sea la protección de otros derechos o bienes constitucionalmente reconocidos, aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera conforme a su tenor literal (en ese sentido, SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5; y 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3).
En la concreción de tal criterio, hemos explicado que el órgano judicial que debe aplicar una norma penal a conductas en las que se halla implicado el ejercicio de un derecho fundamental «ha de tener presente el contenido constitucional del derecho de que se trate, es decir, el haz de garantías y posibilidades de actuación o resistencia que otorga». Ello supone, en primer lugar y de forma indiscutible, que no puede incluir entre los supuestos sancionables aquellos que son ejercicio del derecho «ni puede interpretar la norma penal de forma extensiva, comprendiendo en la misma conductas distintas de las expresamente previstas, pues en virtud de su conexión con el derecho fundamental la garantía constitucional de taxatividadexart. 25.1 CE deviene aún más reforzada» (STC 88/2003, FJ 8, con apoyo en las SSTC 110/2000, de 5 de mayo FJ 5; 2/2001, FJ 3, y 196/2002, de 28 de octubre, FJ 6).
c) Debe recordarse para terminar que la tarea de este tribunal de fiscalizar la interpretación y aplicación de la norma penal por parte de los juzgados y tribunales, tarea aplicativa que les corresponde en exclusiva (art. 117.3 CE), no atañe a «la determinación de la interpretación última, en cuanto más correcta, de un enunciado penal, ni siquiera desde los parámetros que delimitan los valores y principios constitucionales. Y tampoco le compete la demarcación de las interpretaciones posibles de tal enunciado. De un modo mucho más restringido, y desde la perspectiva externa que le es propia como tribunal no inserto en el proceso penal, nuestra tarea se constriñe a evaluar la sostenibilidad constitucional de la concreta interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales. […] Por ello forma parte del objeto de nuestro análisis la motivación judicial de tales interpretación y subsunción, pero no la argumentación del recurrente en favor de una interpretación alternativa, cuya evaluación de razonabilidadper senos es ajena y solo podrá ser tomada en cuenta en la medida en que incida en la irrazonabilidad de la interpretación judicial impugnada» (STC 129/2008, FJ3).
12.2.3.2 El ámbito constitucional de protección de las libertades de reunión y manifestación.
Como ya expusimos en la STC 122/2021, de 2 de junio, FJ 9.3, en nuestra jurisprudencia hemos declarado el contenido constitucional del derecho de reunión, y sus límites internos y externos, con una doctrina que entronca con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo contenido ha sido exhaustivamente expuesto en la STEDH de 5 de enero de 2016, asuntoFrumkin c.Rusia,§ 93 a 99. Al igual que la libertad de expresión, el derecho de reunión y el de manifestación son libertades políticas básicas sobre las que se asienta nuestro orden político (art. 10.1 CE). En tal medida, las limitaciones a su ejercicio deben ser interpretadas restrictivamente. Así, hemos expresado que el derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, de defensa de intereses o de publicidad de problemas y reivindicaciones, constituyendo un cauce del principio democrático participativo. Sus elementos configuradores son el subjetivo (agrupación de personas), el temporal (duración transitoria), el finalista (licitud de la finalidad perseguida) y el real u objetivo (lugar de celebración): así aparece señalado ya en la STC 85/1988, de 28 de abril, FJ 2, y desarrollado después, entre otras, en las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3; 196/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 170/2008, de 15 de diciembre, FJ 3; 38/2009, de 9 de febrero, FJ 2, y 193/2011, de 12 de diciembre, FJ 3.
Hemos resaltado también «el relieve fundamental que este derecho –cauce del principio democrático participativo– posee, tanto en su dimensión subjetiva como en la objetiva, en un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la Constitución», señalando que «para muchos grupos sociales este derecho es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones» (SSTC 66/1995, FJ 3; 196/2002, FJ 4; 195/2003, FJ 3; 110/2006, FJ 3; 301/2006, FJ 2; 170/2008, FJ 3). Es más, la libertad de reunión, como manifestación colectiva de la libertad de expresión, está intensamente vinculada con el pluralismo político en tanto coadyuva a la formación y existencia de la opinión pública, «de forma tal que se convierte en una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, como lo son precisamente los derechos de participación política de los ciudadanos» (STC 170/2008, FJ 4). Como afirmamos en la STC 101/2003, de 2 de junio, FJ 3, «sin comunicación pública libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 CE, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política».
Esa caracterización pone de manifiesto el estrecho vínculo que existe entre el derecho de reunión y la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], y el de ambos derechos con la democracia, directa y representativa. Esta conexión ha sido enfatizada también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que califica la libertad de expresión (art. 10 CEDH) comolex generalisen relación con la libertad de reunión (art. 11 CEDH), que de aquella seríalex specialis(STEDH de 5 de marzo de 2009, asuntoBarraco c. Francia,§ 26). Por tanto, pese a ser un derecho autónomo con ámbito de aplicación propio, cuando el objetivo del ejercicio del derecho de reunión es la expresión pacífica de opiniones propias en un foro público a través de la reivindicación o la protesta, su contenido debe también examinarse, de forma complementaria, a la luz del art. 10 CEDH (por todas, STEDH de 15 de octubre de 2015, de la Gran Sala, dictada en el asuntoKudrevičius y otros c. Lituania, § 85-86).
Ahora bien, ya se trate de reuniones privadas o públicas, estáticas o en forma de manifestación, hemos de destacar que lo que el art. 21 CE reconoce y protege es el derecho de reunión pacífica (lo que descarta, obviamente, el uso de armas); pero no son las únicas excepciones, pues también quedan excluidas de su ámbito de protección aquellas reuniones o manifestaciones en las que sus organizadores o participantes tengan intenciones violentas, pretendan inducir a otros a ejercer la violencia o, socaven de cualquier otra manera los fundamentos de una sociedad democrática. Esta última expresión ha sido siempre vinculada en la casuística jurisprudencia del tribunal europeo a llamamientos a la violencia, al odio o a la misma insurrección armada (SSTEDH de 2 de octubre de 2001, asuntosStankov y United Macedonian Organisation Ilinden c. Bulgaria; de 20 de octubre de 2005,United Macedonian Organisation Ilinden e Ivanov c. Bulgaria, § 99; de 23 de octubre de 2008, asuntoSerguei Kouznetsov c. Rusia, § 45; de 21 de octubre de 2010, asuntoAlekseyev c. Rusia, § 80, o de 20 de septiembre de 2018, asuntoMushegh Saghatelyan c. Armenia, § 227).
Una vez definido, resta por señalar que el contenido del derecho de reunión puede verse modulado por los límites a su ejercicio que forzosamente impone la protección de otros bienes o derechos constitucionales. Como señalamos en la STC 193/2011, de 12 de diciembre, FJ 3, «el derecho recogido en el art. 21 CE no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que los demás derechos fundamentales, puede verse sometido a ciertas modulaciones o límites, entre los que se encuentran tanto el específicamente previsto en el propio art. 21.2 CE –alteración del orden público con peligro para personas y bienes–, como aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2)». Límites que, como recordamos en la STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 7, y en todas las que allí se citan, han de ser necesarios «para conseguir el fin perseguido, debiendo atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en la que se halla aquel a quien se impone […] y, en todo caso, respetar su contenido esencial».
Así lo prevé expresamente también el Convenio europeo de derechos humanos cuando, en el párraf