Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2024:115
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña Inmaculada Calvo Flores, presidenta, y las magistradas y magistrados doña María Aguilar Guerrero Bravo, don Ramón Pascual Sáez, don Enrique Santiago Gutiérrez, don César Ibáñez Martínez y doña Laura Márquez Marín, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 3901-2021, promovido por doña V.F.C., representada por la procuradora de los tribunales doña Estrella Ramírez Castro y bajo la asistencia letrada de doña María del Rosario Cañete Aguado, contra el auto núm. 56/2021, de 26 de abril, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en el recurso de apelación núm. 2071-2021; contra el auto núm. 28/2020, de 26 de agosto, dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián en recurso de oposición núm. 70-2020; y contra el auto de 3 de marzo de 2020, dictado por el mismo Juzgado de Violencia sobre la Mujer en proceso de ejecución núm. 331-2020, para el cumplimiento del régimen de visitas establecido en sentencia de 22 de diciembre de 2017 dictada en el proceso de divorcio contencioso núm. 53-2017. Ha comparecido don F.L.D.B., representado por el procurador don Manuel Vicente Torres y asistido por el abogado don Felipe Parra Gallego Santiago. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Aguilar Guerrero Bravo.
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 10 de junio de 2021, la procuradora de los tribunales doña Estrella Ramírez Castro, en nombre y representación de doña V.F.C., bajo la asistencia letrada de doña María del Rosario Cañete Aguado, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento de esta sentencia.
2. Los antecedentes procesales relevantes para resolver las pretensiones planteadas son los siguientes:
a) La demandante de amparo contrajo matrimonio con don F.L.D.B., con quien tuvo una hija el 20 de febrero de 2017. El padre abandonó el domicilio familiar el día 27 de febrero del mismo año, bloqueando el teléfono móvil e impidiendo cualquier contacto con él. El 8 de marzo, doña V.F.C., presentó demanda de divorcio, de la que conoció el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de San Sebastián. En el escrito se solicitaba la atribución a la madre de la guarda y custodia de la hija común, la atribución a la madre de modo exclusivo del ejercicio de la patria potestad sobre la menor y el establecimiento de un régimen de visitas del padre con la hija consistente en dos sábados al mes entre las 17:00 y las 19:00 horas, siempre bajo la supervisión de un familiar de la madre.
b) En el curso de dicho procedimiento, y al tener conocimiento en el acto de la vista de la existencia de unos posibles malos tratos por parte del demandado contra doña V.F.C., el Ministerio Fiscal formuló denuncia por tres delitos de violencia de género ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián, que procedió a incoar diligencias previas para investigar las presuntas infracciones penales y asumió la competencia para conocer del procedimiento de divorcio, identificado con el núm. 53-2017. El 31 de marzo de 2017, el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de San Sebastián dictó medidas provisionalísimas hasta que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer se hiciera cargo del asunto, otorgando la guarda y custodia de la niña a la recurrente.
c) El procedimiento de divorcio fue resuelto por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián en sentencia núm. 71/2017, de 22 de diciembre, que acordó la disolución del matrimonio y la adopción de medidas reguladoras del divorcio en relación con la hija menor de edad.
Dado que la recurrente y don F.L.D.B., ostentaban la vecindad civil vasca –o en su defecto, hallándose en territorio del País Vasco el domicilio del matrimonio antes del cese de la convivencia, así como el de ambas partes en el momento del proceso de divorcio–, el proceso de disolución del matrimonio fue resuelto en aplicación, junto a los correspondientes preceptos del Código civil en relación a la pretensión del divorcio, de los artículos de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, en relación con las medidas derivadas del divorcio. Con este marco normativo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer acordó el establecimiento de la atribución de la guarda y custodia de la hija a la madre, el ejercicio conjunto de la patria potestad por ambos progenitores, un régimen progresivo de visitas, comunicaciones y estancias con el progenitor no custodio, la fijación de una cuantía en concepto de pensión de alimentos y el régimen de contribución a los gastos extraordinarios a cargo del padre.
En atención a la edad de la menor y al resto de circunstancias concurrentes, relativas a la escasa relación del padre con su hija, sus carencias en habilidades parentales y la intensa conflictividad entre las familias, se estableció un régimen de visitas y estancias del padre con la menor de modo supervisado, con la previsión de una progresión hacia un régimen abierto en la medida en que las circunstancias lo aconsejaran. Así, se ordenaba que: (i) durante un periodo de seis meses –hasta el mes de junio de 2018, este incluido–, el padre y la menor estuvieran juntos los sábados alternos en el punto de encuentro de San Sebastián, desde las 17:00 hasta las 19:00 horas, de modo supervisado por los profesionales del centro, pudiendo acudir a la estancia, durante la primera media hora de esta, familiares del padre hasta un máximo de dos personas en cada ocasión; (ii) a partir del mes de julio de 2018 y durante los seis meses siguientes –hasta el mes de diciembre de 2018, incluido–, si los informes del punto de encuentro familiar eran favorables, las estancias se realizarían los sábados alternos desde las 16:30 hasta las 19:30 horas, con entregas y recogidas en el citado punto de encuentro, pero siendo la estancia libre; (iii) a partir del mes de enero de 2019 hasta el mes de agosto de 2019, este incluido, si los informes del punto de encuentro familiar eran nuevamente favorables, las estancias de los sábados alternos se realizarían en jornada entera, desde las 11:00 hasta las 19:30 horas, llevándose a cabo los intercambios en el punto de encuentro, siendo las estancias de carácter libre; (iv) finalmente, en el mes de septiembre de 2019, en que la menor contaría con dos años y medio de edad, se recabaría informe del equipo psicosocial para que, a la vista de los informes del punto de encuentro familiar y una nueva valoración integral de la situación concurrente, se informara sobre la conveniencia de introducir las pernoctas en el régimen de estancias del padre con la menor o, en general, acerca del régimen de estancias paternofilial que se considerara más conveniente para la menor en función de las circunstancias que entonces existieran. Se añadía que, tras el citado informe del equipo psicosocial, previo traslado a las partes y al Ministerio Fiscal, se dictaría nueva resolución judicial en la que se concretaría el régimen de estancias, ordinario y vacacional, de carácter ya definitivo a establecer entre el padre y la hija.
d) Por las representaciones de ambas partes se plantearon contra dicha sentencia sendos recursos de apelación que fueron resueltos por la sentencia núm. 539/2018, de 18 de octubre, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que acordó desestimar ambos recursos y confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en todos sus extremos.
e) Mediante escrito de 28 de junio de 2018, la representación procesal de doña V.F.C., solicitó como medida cautelar urgente, al amparo del artículo 158.6 del Código civil (CC) y en interés de la menor, el mantenimiento de visitas del padre con la hija supervisadas antes de pasar a la segunda fase del régimen progresivo de visitas, esto es, tres horas de estancia no supervisada en el punto de encuentro familiar, en sábados alternos. El motivo aducido fue que, en el curso de la última visita, la menor se cayó de una silla y se hizo daño en la boca. La coordinadora del punto de encuentro manifestó ante la llamada de la madre que ni el padre ni el educador consideraron que la caída fuera importante y no llamaron al médico. En todo caso, desde el punto de encuentro se informa a la madre que las sillas del centro no están preparadas para bebés y que, por tanto, se requiere que el adulto que le acompañe sujete la silla. La recurrente atribuye este hecho a la falta de habilidades parentales de su exmarido necesarias para encargarse de su hija solo. Además, alega que han tenido que suspenderse cuatro visitas y, en una de ellas, el padre solo ha estado veinte minutos con la menor, no habiendo respetado, por tanto, el calendario establecido ni la estancia de dos horas.
Por auto –núm. 43/2018, de 13 de julio– el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián desestimó la medida cautelar y ordenó que a partir de aquel mismo mes se iniciaran las visitas de tres horas no supervisadas en el punto de encuentro familiar, en sábados alternos.
Contra dicho auto, doña V.F.C., interpuso recurso de apelación. Por auto núm. 66/2019, de 10 de junio, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa desestimó el recurso por considerar que no se había objetivado una situación de peligro grave ni la necesidad de la adopción urgente de la medida cautelar instada al amparo del artículo 158.6 CC, y ello como resultado de las consideraciones de los informes del punto de encuentro familiar, en los que se explica que la menor no ha manifestado malestar emocional ni signos de ningún tipo de violencia.
f) Superadas las dos primeras fases del régimen progresivo de visitas incluido en la sentencia de divorcio de 22 de diciembre de 2017, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián, vistos los informes emitidos por el punto de encuentro y por el Ministerio Fiscal, dictó providencia de 16 de septiembre de 2019 por la que se ordenaba, a partir de la fecha de la resolución, el cumplimiento de la tercera fase del régimen de estancias del padre con la hija, consistente en pasar juntos los sábados alternos, en jornada entera de 11:00 a 19:30 horas, realizándose los intercambios en el punto de encuentro familiar, siendo las estancias de carácter libre.
Esta providencia fue recurrida por la demandante, siendo dicho recurso desestimado por auto de 5 de diciembre de 2019 dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián en el procedimiento de ejecución forzosa núm. 28-2018. Se admite en el auto, como alega la recurrente y consta en el informe del punto de encuentro familiar, que en el periodo comprendido entre el 21 de septiembre y el 16 de noviembre de 2019, de las cinco visitas programadas de la menor con el padre, solo se llevaron a cabo dos de ellas, habiéndose suspendido las otras tres por el equipo educativo ante la negativa de la niña a acceder al encuentro. En el informe no se hace constar cuáles son o pueden ser las causas de la negativa de la niña.
g) El calendario de visitas prosiguió hasta que la menor, tras realizar dos visitas en el domicilio del padre de ocho horas de carácter libre, en dos sábados alternos, se niega a entrar en el punto de encuentro familiar. Como consecuencia de ello, el 17 de febrero de 2020, por la representación procesal de don F.L.D.B., se presentó demanda ejecutiva en reclamación del cumplimiento de la sentencia de divorcio, en los extremos relativos al cumplimiento del régimen de visitas respecto de la hija menor, y en la providencia de 16 de diciembre de 2019 en el seno de proceso de ejecución forzosa núm. 28-2018.
Por auto de 3 de marzo de 2020, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián acuerda despachar la ejecución solicitada por don F.L.D.B. Para ello, el juzgado recuerda cuáles son los preceptos aplicables, a saber, el art. 699 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) que, en relación con la ejecución no dineraria, dispone que se iniciará en todos los supuestos requiriendo a la parte ejecutada a que cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo, añadiendo que, en el requerimiento, el tribunal podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias. Además, el artículo 776 LEC, relativo a la ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas acordadas en procesos matrimoniales y de menores, contempla las especialidades que han de aplicarse en los supuestos de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, como son la posibilidad de imponer multas coercitivas mensuales durante todo el tiempo que sea necesario más allá del plazo de un año establecido en el apartado tercero del artículo 709 LEC, y la de modificar el régimen de guarda y visitas en caso de incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas por cualquiera de los progenitores. Con esta base normativa, el juzgado requiere a doña V.F.C., para que cumpla en sus propios términos el régimen de visitas establecido en las citadas resoluciones, «apercibiéndole que, en caso de incumplimiento, podría incurrir en delito de desobediencia grave a la autoridad judicial y se le podrán imponer multas coercitivas mensuales todo el tiempo que sea necesario pudiendo, incluso, determinar la modificación del régimen de guarda y visitas establecido».
Contra dicha resolución la demandante en amparo formuló oposición, solicitando su nulidad. Como motivos de la oposición alegaba, en primer lugar, que las visitas fueron suspendidas a criterio de los educadores del punto de encuentro familiar, como consta en el informe de 3 de febrero de 2020, ante la negativa de la menor a acceder al centro, después de ser acompañada por su abuela. A continuación, señalaba que en el fallo de la sentencia de divorcio no se establecía una obligación de hacer personalísima que determinara que fuera la madre quien tuviera que llevar a la menor al punto de encuentro familiar, y que si no lo hacía era por recomendación facultativa, al estar en tratamiento psicológico por razón del maltrato recibido por su exmarido. Por último, se aducía el empeoramiento en la conducta experimentado por la menor desde que se había establecido el régimen de visitas de ocho horas en las que se desplazaba a Vitoria, lugar de residencia del padre. A este respecto, la representación de doña V.F.C., presenta dos informes: en el primero, emitido por la pediatra doña Marcela García, constaba que tras la visita de ocho horas la menor experimentó un cambio en su conducta: se despertaba en mitad de la noche gritando y llorando, diciendo que quería estar con su mama; además, comenzó a tener bruxismo, mordiéndose incluso las uñas de los pies. El segundo informe era de la psicóloga infantil doña Teresa López Herrero, en el que se indicaba que, al ser tan pequeña la niña, no aconsejaban las visitas de ocho horas y fuera de su núcleo, en alusión a su ciudad. En conclusión, la parte considera que está cumplido el fallo de la sentencia al estar llevando a la menor a las visitas y ser el punto de encuentro familiar quien opta por la suspensión. Así, no procede despachar la ejecución.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián resolvió la oposición planteada mediante auto –núm. 28/2020, de 26 de agosto– en sentido desestimatorio, manteniendo el requerimiento a la ejecutada en los términos expresados en el auto de 3 de marzo de 2020. En dicha resolución se hacía constar que el fallo de la sentencia de divorcio no imponía a la madre un deber de llevar personalmente a la hija menor al punto de encuentro familiar, pero sí una actitud de cooperación que la madre no ejerce. Según consta en los fundamentos de Derecho del auto, la persona elegida para llevar a la menor al punto de encuentro familiar –la abuela de la niña–, según se desprende de los informes del punto de encuentro, mantenía una actitud pasiva, no motivadora a la realización de las visitas ante las negativas de la menor, que el juzgado atribuye a «su propia implicación en el conflicto parental/familiar». Por ende, se concluye que se detecta «una cierta actitud de incumplimiento o contraria al cumplimiento judicial en la madre ejecutada y en la medida en que, obviamente, lo que procede […] es la ejecución efectiva y real de las estancias padre-hija judicialmente establecidas, pues este es el régimen que, previos los pertinentes informes, se ha considerado como más adecuado y beneficioso para la menor y para su desarrollo emocional […] debe mantenerse el requerimiento de cumplimiento a la ejecutada».
El auto núm. 28/2020, de 26 de agosto, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián fue recurrido en apelación por la hoy recurrente en amparo, alegando como motivos los ya manifestados en la oposición a la ejecución, relativos al efectivo cumplimiento del fallo de la sentencia, puesto que la niña acude con su abuela al punto de encuentro familiar y las visitas han sido suspendidas «a criterio educativo», considerando que la resolución deja a la madre en situación de indefensión, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE y victimizándola, al ser apercibida de incurrir en delito de desobediencia y con la imposición de multas coercitivas. Se ha producido, en cambio, una extensión del fallo, lo que vulnera el principio de legalidad. Por todo ello considera que el auto es nulo.
El recurso fue resuelto por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, mediante el auto núm. 56/2021, de 26 de abril, en el que se desestima el recurso y se confirma íntegramente el auto dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de 26 de agosto de 2020. La Sala de la Audiencia Provincial considera que la cuestión no es tanto si el fallo de la sentencia impone o no a la madre un deber personalísimo de llevar a la menor al centro, sino que lo esencial es que debe cumplirse el mandato judicial que establece el régimen de estancias de la menor con el padre, que debe desarrollarse de manera progresiva. Cita la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ejecución de las sentencias como dimensión integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, y la configuración del derecho de visitas del progenitor no custodio como de titularidad tanto del progenitor como del hijo, para propiciar la continuación de sus relaciones, y su importancia para fortalecer el vínculo filial y el desarrollo de la personalidad afectiva de ambos. En cuanto a que la suspensión de las visitas se decide por los responsables del punto de encuentro familiar ante la negativa de la menor a encontrarse con su padre en su domicilio, en el auto se considera inadecuado que la realización del régimen se deje a la voluntad de la menor, que cuenta únicamente con cuatro años. En cambio, se argumenta que no existe una imposibilidad física o jurídica de llevar a cabo el pronunciamiento judicial, sino una actitud escasamente colaboradora y motivadora para el normal desarrollo de las visitas de la menor con su padre por parte de la abuela materna, que es quien se encarga de llevar a la menor al punto de encuentro familiar, cuestión que ya fue puesta de manifiesto en el auto recurrido. Por ello, desestima la apelación y mantiene el requerimiento de ejecución forzosa.
h) Paralelamente al proceso de ejecución forzosa del régimen de visitas en la jurisdicción civil, avanzaban las actuaciones en el proceso penal seguido contra el exmarido de la recurrente por delitos de violencia de género. El 2 de septiembre de 2019, el Ministerio Fiscal presentó escrito de acusación por la supuesta comisión de seis delitos de violencia de género por el ya exmarido de la recurrente contra esta. El 7 de octubre de ese mismo año se dictó auto de apertura de juicio oral frente al ahora demandado en amparo como autor de cinco delitos de maltrato físico no habitual del art. 153.1 y 3 del Código penal (CP) y un delito leve continuado de vejaciones injustas del art. 173.4 CP.
En el momento de la presentación del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, estaba pendiente la celebración del juicio oral. Sin embargo, de los datos que obran en el expediente, conocemos que el exmarido de la recurrente fue condenado por sentencia –núm. 28/2022, de 21 de enero– del Juzgado de lo Penal núm. 2 de San Sebastián, como autor responsable de un delito de maltrato no habitual del art. 153.1 CP, dos delitos de maltrato no habitual del art. 153.1 y 3 CP, un delito leve continuado de vejaciones injustas del art. 173.4 CP, y se le absolvió de dos delitos de maltrato no habitual del art. 153.1 y 3 CP y de un delito de maltrato habitual del art. 173.2 CP. La sentencia fue recurrida en apelación por la acusación particular ejercida por doña V.F.C., por entender que el delito leve de vejaciones por el que fue condenado el encausado integraba el delito de maltrato psíquico habitual del art. 173.2 CP. El recurso fue resuelto por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en sentido desestimatorio por sentencia núm. 245/2022, de 8 de noviembre. Contra dicha resolución cabe recurso de casación en los supuestos expresamente previstos en el apartado b) del art. 847, en relación con el art. 849.1, de la Ley de enjuiciamiento criminal.
3. La recurrente considera que las resoluciones dictadas en el procedimiento de ejecución forzosa del cumplimiento del régimen de visitas establecido en la sentencia de divorcio de 22 de diciembre de 2017 vulneraron, de una parte, su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, en sus vertientes de prohibición de la arbitrariedad y de obtener una resolución fundada en Derecho y congruente y que no lesione el principioiura novit curia;y de otra, el principio de legalidad del art. 25 CE.
Respecto de las vulneraciones del art. 24 CE, la recurrente, como se acaba de exponer, reclama que el Tribunal Constitucional determine si las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado su derecho a obtener una resolución fundada en Derecho no arbitraria, congruente y que no lesionen el principioiura novit curia.La representación procesal de doña V.F.C., arguye que el auto núm. 56/2021 de la Audiencia Provincial y el resto de las resoluciones de las que trae causa el presente recurso de amparo vulneran la tutela judicial efectivaexart. 24.1 CE, porque incurren en arbitrariedad e irrazonabilidad.
En una primera línea argumentativa, se aduce que el fallo de la sentencia de divorcio no incluía una obligación positiva de llevar personalmente a la menor al punto de encuentro familiar. En esta línea se señala que, en su auto, la Audiencia Provincial pasó por alto que la recurrente había sido víctima de violencia de género a manos de su exmarido, antes de quedarse embarazada y durante el embarazo, maltrato que continuó tras el nacimiento de la niña y que culminó en el abandono de ambas cuando el bebé contaba siete días de vida. Estando en tratamiento psicológico durante el embarazo por derivación del ginecólogo, es la propia psicóloga que atiende a la recurrente la que aconseja que no acuda personalmente al punto de encuentro familiar, precisamente por el estado de ansiedad y depresión dictaminado y que todavía padece. Por estos motivos es la abuela materna la que lleva a la menor a las visitas con su padre, sin haber faltado ni un solo día, hasta que se suspendieron por decisión de los educadores del punto de encuentro.
La segunda línea argumentativa sostiene que quien decide suspender las visitas de la menor con su padre es uno de los profesionales del servicio del punto de encuentro familiar tras observar que, en la implantación de la nueva fase del calendario de visitas, después de pasar ocho horas seguidas con su progenitor, la niña no quiere volver a entrar a dicho centro. Por tanto, no cabe achacar el incumplimiento de la orden de ejecución ni a la madre ni a la abuela, que no convive con la niña, que la ve esporádicamente, y que ha acompañado a la niña a todas las visitas marcadas por la sentencia de divorcio, ratificadas por las posteriores resoluciones judiciales. Argumentar lo contrario supone realizar una interpretación extensiva del fallo y situar en este caso a la recurrente en una situación de indefensión, ya que cada vez que el educador del punto de encuentro familiar decida suspender la visitamotu proprio, se le imputará un incumplimiento a la recurrente con posibles efectos sobre la guarda y custodia. Por este motivo, se concluye, las resoluciones impugnadas, además de resultar arbitrarias e irrazonables, vulneran el principio de legalidad (art. 25 CE) y la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
4. Mediante providencia de 10 de octubre de 2022, la Sección Primera del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 b)].
En aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, constando ya recibidas las actuaciones correspondientes al recurso de apelación núm. 2071-2021 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, al procedimiento de ejecución forzosa en procesos de familia núm. 331-2020 y al procedimiento de oposición a la misma núm. 70-2020 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián, se acordó remitir atento oficio a este último órgano jurisdiccional a fin de que procediera a emplazar a quienes hubieran sido parte en el citado procedimiento de oposición a la ejecución, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseaban, en el presente recurso de amparo.
5. Mediante diligencia de ordenación del secretario de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 20 de enero de 2023, y en virtud de lo acordado por el Pleno del Tribunal Constitucional el día 17 de enero de 2023, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero, el presente recurso de amparo fue turnado a la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, lo que se puso en conocimiento de las partes y del Ministerio Fiscal a los efectos oportunos. Asimismo, no habiéndose recibido contestación al oficio remitido el 10 de octubre de 2022 al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de San Sebastián, se ordenó librar nueva comunicación reiterando lo interesado.
6. Mediante diligencia de ordenación del secretario de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 21 de marzo de 2023, se acordó tener por personado y parte en el procedimiento al procurador don Manuel Díaz Caballero, en nombre y representación de don F.L.D.B., y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
7. Por escrito presentado en el registro de este Tribunal el 20 de abril de 2023, la procuradora de los tribunales de la recurrente en amparo aportó para su unión a autos la sentencia testimoniada dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de San Sebastián por la que se condenaba a don F.L.D.B. por tres delitos de maltrato no habitual y un delito leve de vejaciones injustas. Igualmente, se aportaba la sentencia núm. 245/2022, de 8 de noviembre, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que desestima el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de San Sebastián. Respecto del resto, se daban por reproducidos íntegramente los hechos y fundamentos consignados en la demanda de amparo.
8. Por escrito de 21 de abril de 2023, don Manuel Pascual Navarro, procurador de los tribunales, actuando en nombre y representación de don F.L.D.B., advertía de que la letrada de la recurrente es su madre y que, a su juicio, estaba haciendo un ejercicio totalmente abusivo del derecho a la tutela judicial efectiva agotando todas las instancias existentes en todos los procedimientos seguidos contra don F.L.D.B. Prueba de lo expuesto es que, a instancias de la recurrente, se ha promovido también recurso de amparo respecto del procedimiento penal seguido contra don F.L.D.B., en que ha sido condenado por diferentes delitos de violencia de género. Por último, don Manuel Vicente Torres pone en conocimiento de la Sala que la recurrente no ha cumplido ni un solo día el régimen de visitas acordado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián desde el día 17 de febrero de 2020, fecha en que don F.L.D.B., vio a su hija por última vez con motivo de las entrevistas llevadas a cabo por el equipo psicosocial judicial adscrito al juzgado. Se concluye que no se han vulnerado ni el art. 24.1 y 2 CE ni el art. 25 CE; más bien, se añade, cabría entender que la recurrente está haciendo un uso abusivo del derecho a la tutela judicial efectiva.
9. Por escrito registrado ante el Tribunal Constitucional el 17 de mayo de 2023, la fiscal ante el Tribunal Constitucional interesó la denegación del amparo solicitado por considerar que no consta que las resoluciones recurridas hayan causado la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de doña V.F.C. Tras exponer los antecedentes del caso y haciendo un repaso a la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a los derechos afectados, la Fiscalía, en relación con la supuesta lesión del art. 24.1 CE, ofrece las razones para concluir que la motivación de las resoluciones impugnadas fue conforme al canon constitucionalmente exigido. Se mantiene que la motivación ofrecida en las resoluciones es suficiente tanto en el sentido de dar a conocer las razones por las que se ha tomado la decisión, de manera que la parte tiene la posibilidad de conocerlas y cuestionarlas, como en atención al canon reforzado de motivación. Este canon debe presidir cualquier resolución en la que se decidan cuestiones relacionadas con el superior interés del menor que, con los elementos que obran en las actuaciones, ha determinado que lo más beneficioso es el mantenimiento de las relaciones paternofiliales. Señala que las resoluciones no han puesto el acento en si la madre ha acompañado personalmente a la menor al punto de encuentro familiar, sino en su pasividad a la hora de facilitar los encuentros. Este es el factor, según la fiscal ante el Tribunal Constitucional, que ha motivado la decisión de la suspensión de las visitas, puesto que difícilmente cabría otra opción a los educadores del punto de encuentro familiar dado que una imposición del cumplimiento del régimen pese a la actitud negativa de una niña de cuatro años no puede comportar ningún beneficio.
En este contexto, dentro de los márgenes del control externo que corresponde efectuar al Tribunal Constitucional, no cabe tildar a las resoluciones judiciales de incongruentes, irrazonables, erróneas o ilógicas, sino que, superando una concepción meramente formal del cumplimiento del fallo, deciden de acuerdo con lo que consideran más adecuado al interés superior de la menor. No existe una extensión del fallo, porque no se añaden nuevas obligaciones para cumplimiento del régimen de visitas determinado.
Señala la Fiscalía en su escrito que el auto de la Audiencia Provincial no apreció la presencia de nuevos elementos relativos a la situación de la niña y la conflictividad entre sus progenitores que hicieran imposible física o jurídicamente la ejecución por lo que no hay razón para no cumplir el régimen de visitas, comunicaciones y estancias con el progenitor no custodio. Se menciona expresamente que los efectos que una potencial sentencia condenatoria en el proceso penal en que está incurso el padre puedan tener en la situación declarada en la sentencia deberán, en su caso, ser objeto de una nueva valoración judicial en un procedimiento de modificación de medidas definitivas por cambio sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta, conforme a lo previsto en el art. 775 LEC. Esta cuestión, en todo caso, no constituye objeto del presente recurso de amparo. En el momento en que se dictaron las resoluciones recurridas la pendencia del proceso penal ya era conocida y la normativa aplicable no imponía una supresión o restricción del régimen de visitas.
Por último, se descarta hacer un análisis de las alegadas lesiones del art. 24.2 CE, relativa al derecho a la prueba, y del art. 25 CE, en tanto que la recurrente en amparo en su escrito apenas las concreta, y concluye que deben ser desestimadas.
10. Por providencia de 19 de septiembre de 2024, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 23 del mismo mes y año.
1. Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El presente recurso se interpone contra el auto núm. 56/2021, de 26 de abril, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en el recurso de apelación núm. 2071-2021; contra el auto núm. 28/2020, de 26 de agosto, dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián en recurso de oposición núm. 70-2020; y contra el auto de 3 de marzo de 2020, dictado por el mismo Juzgado de Violencia sobre la Mujer en proceso de ejecución núm. 331-2020, para el cumplimiento del régimen de visitas establecido en sentencia de 22 de diciembre de 2017 dictada en el proceso de divorcio contencioso núm. 53-2017. La recurrente considera que dichas resoluciones vulneran su derecho a la tutela judicial efectiva en la faceta de derecho a obtener una resolución fundada en Derecho no arbitraria, congruente y que no lesione el principioiura novit curia(art. 24 CE) y el principio de legalidad (art. 25 CE).
Como se ha expuesto con detalle en los antecedentes de esta sentencia, la recurrente en amparo defiende que las resoluciones impugnadas en el proceso de ejecución forzosa de la sentencia de divorcio han vulnerado los arts. 24.1 y 25 CE. Entiende la demandante que la imputación a su persona de un incumplimiento de la sentencia de divorcio con motivo de la suspensión de las visitas por parte del punto de encuentro familiar es arbitraria e irrazonable, vulnerándose de este modo el principio de legalidad y el derecho a la tutela judicial efectiva. Para la recurrente en amparo los órganos judiciales implicados en el proceso de ejecución de la decisión sobre las visitas no han tenido en cuenta que el divorcio se enmarca en un contexto de violencia de género ejercida por su expareja, que estaba siendo resuelto en un procedimiento penal, y que le había generado secuelas psicológicas.
En sus alegaciones, la representación procesal del exmarido de la recurrente aduce que no se ha vulnerado ninguno de los derechos invocados. Arguye que la demandante de amparo está haciendo un uso abusivo del derecho a la tutela judicial efectiva recurriendo de forma temeraria e injustificada todas las resoluciones que se han dictado en las distintas instancias.
Para la fiscal el asunto debe ser desestimado puesto que no cabe achacar a las resoluciones judiciales impugnadas ningún atisbo de arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente en las razones sobre las que construyen su negativa a las peticiones de la recurrente. Los órganos judiciales eran conscientes de la situación de conflictividad entre las partes, de la poca relación que había mantenido el padre con la niña y de que estaba abierto el proceso penal por delitos de violencia de género.
Antes de proseguir, debemos comenzar por excluir de nuestro análisis de fondo la invocación que la recurrente realiza sobre la vulneración del principio de legalidad (art. 25 CE), por cuanto dicha invocación aparece en la demanda carente de una argumentación propia en la que pudiera sostenerse dialécticamente la denuncia de su eventual vulneración, no habiendo cumplido la recurrente, por tanto, la carga que sobre ella pesa de fundamentar, siquiera sea mínimamente, las vulneraciones constitucionales denunciadas. Como hemos señalado reiteradamente, no le corresponde a este tribunal reconstruir de oficio la demanda de amparo, ni suplir las razones de las partes –sobre las que recae la carga de la argumentación– cuando aquellas no se aportan al recurso (por todas, STC 33/2021, de 15 de febrero, FJ 2). Por este motivo, el objeto del proceso queda limitado al estudio de los argumentos vertidos respecto de la lesión del art. 24.1 CE, en su vertiente de motivación reforzada y razonable.
Ya que los hechos que conforman los antecedentes del recurso de amparo al que da respuesta esta sentencia hacen referencia a una persona menor de edad, y con ánimo de preservar su intimidad, la presente sentencia no incluye la identificación completa de esta ni la de sus parientes inmediatos que aparecen mencionados en las actuaciones, por aplicación de las potestades atribuidas a este tribunal por el art. 86.3 LOTC y el acuerdo del Pleno de 23 de julio de 2015, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales (BOE núm. 178, de 27 de julio de 2015).
2. El derecho a una resolución judicial motivada y fundada en Derecho: el canon reforzado de motivación (art. 24.1 CE).
Una vez determinado el objeto de este amparo, debemos delimitar el canon de enjuiciamiento para proceder, posteriormente, a su aplicación al caso concreto que se nos plantea en este recurso. Así, debe recordarse que este tribunal ha reiterado en innumerables ocasiones que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende, entre otros, el derecho a obtener una resolución que, salvo que concurra causa legal que prevea la inadmisión, resolverá el fondo del asunto mediante el dictado de una resolución congruente con los pedimentos de las partes, motivada y fundada en Derecho, no incursa en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente (entre las más recientes, STC 28/2024, de 27 de febrero, FJ 4).
Esta obligación, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión, posibilitando su control mediante el sistema de recursos, y como garantía frente a la arbitrariedad y a la irrazonabilidad. Esto implica que la resolución ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y que la motivación ha de estar fundada en Derecho, lo que determina que no baste una mera declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad o de un error patente (así, por ejemplo, STC 24/2021, de 15 de febrero, FJ 2, o la ya citada STC 28/2024, FJ 4).
Como ha sostenido, entre otras, la STC 132/2007, de 4 de junio, FJ 4, «no pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones judiciales que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas (SSTC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4; 164/2002, de 17 de septiembre, FJ 4; 228/2005, de 12 de septiembre, FJ 3; 59/2006, de 27 de febrero, FJ 3; 109/2006, de 3 de abril, FJ 5; y 215/2006, de 3 de julio, FJ 3, entre otras)». Este tribunal ha advertido así que «tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan solo una mera apariencia» (por todas, STC 55/2003, FJ 6).
En el juicio de razonabilidad de las resoluciones ahora impugnadas el canon de motivaciónexart. 24.1 CE, único aplicable para el caso de autos, se encuentra además reforzado. Cuando lo que está en juego son los valores superiores del ordenamiento constitucional o los derechos fundamentales sustantivos el canon de motivación de las resoluciones judiciales que se deriva del art. 24.1 CE no se reduce a la mera expresión de las razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión sin incurrir en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente. El estándar de las exigencias derivadas del deber de motivación es más riguroso en estos casos, de modo que nuestra jurisprudencia exige motivaciones concordantes con los supuestos en los que la Constitución permite la afectación del valor o derecho en liza (entre muchas otras, SSTC 81/2018, de 16 de julio, FJ 3; 9/2020, de 28 de enero, FJ 6; 113/2021, de 31 de mayo, y 28/2024, de 27 de febrero, FJ 4). Este tribunal ha exigido el cumplimiento del canon reforzado de motivación, en general, a toda limitación de un derecho fundamental (STC 163/2006, de 22 de mayo, FJ 5) y, en particular, cuando se trata de limitar el derecho de reunión (STC 88/2023, de 18 de julio, FJ 4), de manifestación (STC 163/2006, de 22 de mayo, FJ 5) o el derecho al secreto de las comunicaciones (STC 99/2021, de 10 de mayo, FJ 5); también cuando se alega la afectación del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo del art. 14 CE (STC 173/2013, de 10 de octubre, FJ 3), el derecho a la integridad física y moral del art. 15 CE (STC 40/2010, de 19 de julio), el derecho a la libertad personal del art. 17.1 CE y el derecho a la libertad de residencia del art. 19 CE (STC 50/2014, de 7 de abril, FJ 2), entre otras. El canon de motivación reforzado también se exige, como se ha dicho, en asuntos relacionados con otros bienes, principios y valores constitucionales como el valor superior de la libertad (STC 2/1997, de 13 de enero, FJ 3) o el interés superior del menor por cuanto tiene su proyección constitucional en el art. 39 CE y que se define como rector e inspirador de todas las actuaciones de los poderes públicos, tanto administrativas como judiciales (STC 53/2024, de 8 de abril, FJ 3). Como recordamos en nuestra STC 113/2021, de 31 de mayo, FJ 2 a) (ii), la obligación de motivación que impone el art. 24.1 CE «[a]parece reforzada en el caso en que la pretensión objeto de respuesta esté vinculada a derechos fundamentales sustantivos o intereses de relevancia constitucional, lo que implica la obligación de que se exteriorice el nexo de coherencia entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución. No cabe una motivación estereotipada ni la mera constatación apodíctica de que “no se cumplen las circunstancias” que la ley exige ni la justificación en el carácter discrecional de la potestad que se ejerce, pues las potestades discrecionales deben también ejercerse motivadamente (STC 81/2018, de 16 de julio, FJ 3)».
Respecto del derecho a la ejecución de resoluciones judiciales como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), es doctrina consolidada de este tribunal que el alcance de las posibilidades de control que puede ejercer sobre el cumplimiento de la potestad jurisdiccional de hacer ejecutar lo juzgado es limitado, porque la interpretación del sentido del fallo de las resoluciones judiciales es una función estrictamente jurisdiccional que, como tal, corresponde en exclusiva a los órganos judiciales (por todas, STC 211/2013, de 16 de diciembre, FJ 3). Por esta razón el control que este tribunal puede realizar sobre el modo en que los jueces y tribunales ejercen esta potestad se limita a comprobar si esas decisiones se adoptan de forma razonablemente coherente con el contenido de la resolución que se ejecuta. De ahí que solo en los casos en los que estas resoluciones sean incongruentes, arbitrarias, irrazonables o incurran en error patente podrán considerarse lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto, el derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios términos impide que en fase de ejecución los órganos judiciales lleven a cabo interpretaciones de los fallos que, por alterarlos o apartarse de ellos, incurran en arbitrariedad, incongruencia, irrazonabilidad o error (STC 115/2005, de 9 de mayo, y más recientemente, STC 11/2008, de 21 de enero, FJ 5, entre otras).
Ese será, pues, el alcance de nuestro control: la razonabilidad de la motivación, incluido el canon reforzado, de las decisiones dictadas en fase de ejecución de la sentencia de divorcio de la recurrente y su exmarido.
3. Motivación reforzada en contextos de violencia de género.
En la STC 106/2011, de 20 de junio, FJ 2, declaramos que «constituye doctrina consolidada de este tribunal que las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva serán distintas y más estrictas, “reforzadas” (SSTC 63/2005, de 14 de marzo, FJ 3, y 224/2007, de 22 de octubre, FJ 3), cuando, a pesar de que la decisión judicial no se refiera directamente a la preservación o a los límites de un derecho fundamental, uno de estos derechos, distinto al de la propia tutela judicial, esté implicado (STC 11/2004, de 9 de febrero, FJ 2), esté vinculado (STC 180/2005, de 4 de julio, FJ 7), conectado (SSTC 11/2004, de 9 de febrero, FJ 2, y 71/2004, de 19 de abril, FJ 4), en juego (STC 115/2003, de 16 de junio, FJ 3) o quede afectado (SSTC 186/2003, de 27 de octubre, FJ 5, y 192/2003, de 27 de octubre, FJ 3) por tal decisión».
Todas las resoluciones impugnadas, objeto de este recurso, están conectadas o afectan al derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación por razón de sexo, porque todo el proceso judicial se desarrolla en un contexto de violencia de género, y los delitos relacionados con la violencia de género constituyen la forma más grave de discriminación contra la mujer (STC 48/2024, de 8 de abril, FJ 5). Se requería por ello en este caso, por parte de nuestros órganos jurisdiccionales, una motivación reforzada que, en el ejercicio de su función aplicativa de la legalidad vigente, evidenciara, sin ningún tipo de duda, que las decisiones adoptadas, que imputaron a la ahora demandante de amparo una suerte de falta de colaboración en la ejecución del régimen de visitas, tuvieron en cuenta el contexto de violencia en el que se dictaban y su conexión con el derecho a la igualdad y la no discriminación. En caso contrario este tribunal, en el ejercicio legítimo de su competencia, estimará la alegada vulneración del art. 24.1 CE.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, reguló la garantía del principio de transversalidad de la igualdad de género. Con posterioridad, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con fundamento tanto en los arts. 14 y 9.2 CE como en el Derecho internacional de los derechos humanos, reconoció la igualdad de trato y de oportunidades como un principio informador de nuestro ordenamiento, debiendo por ello integrarse y observarse en la interpretación y aplicación de nuestras normas jurídicas. Deber en el que redunda su artículo 15 al consagrar la transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, que proyecta sobre todos los poderes públicos, y mandatos que serán reproducidos con posterioridad por la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (artículo 4.3), cuyo artículo 7.1 impone el deber de adecuación de la actuación de los poderes públicos a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en los que sea parte España y a la jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales internacionales, debiendo además tenerse en cuenta las «recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos internacionales multilaterales y regionales».
Existe, en definitiva, un deber legal de interpretación y aplicación de las normas jurídicas que busque la igualdad real entre mujeres y hombres y la ruptura con la perpetuación de los roles de género. Un deber para cuya delimitación habrá de acudirse a los tratados y convenios internacionales y que no es ajeno a nuestro texto constitucional, en virtud de cuyo art. 10.2 estamos obligados a interpretar que los delitos de violencia de género han de reputarse como la forma más grave de discriminación contra la mujer.
El 20 de enero de 1992, el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado en el seno de las Naciones Unidas en 1979 y ratificado por España en 1983 (CEDAW, por sus siglas en inglés), en su recomendación general núm. 19, reconoció en sus antecedentes que «[l]a violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre». Por este motivo, en sus observaciones generales incorporó «la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada», en la definición que de la discriminación contra la mujer hace el art. 1 del Convenio. Discriminación en la que incurren aquellos poderes públicos que perpetúan la atribución de funciones estereotipadas de las mujeres. En este sentido, el Comité de la CEDAW, en su dictamen de 16 de julio de 2014 concluyó que en contextos de violencia de género no cabe que el personal implicado en la ejecución del régimen de visitas adopte como principal objetivo la normalización de las relaciones entre los y las menores y sus padres. Deben valorarse, en todos sus aspectos, los beneficios o perjuicios para el menor del régimen impuesto. En este caso, sobre la base de la consideración de la violencia de género como una discriminación, el Comité declaró que los elementos de valoración y decisión de las autoridades implicadas «r