Categoría: Judicial

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 28 de febrero de 2022, a la vista del informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2019, acuerda:
1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.
2. Instar al Gobierno a:
Promover la homogeneización en la normativa estatal y autonómica de los plazos de rendición de las cuentas de las entidades locales en todo el territorio nacional, así como regularse plazos de tramitación y rendición más breves, de forma que se aproxime la rendición de cuentas y, por tanto, su control a la gestión a la que hacen referencia, con criterios de transparencia y oportunidad.
Promover las reformas legales oportunas/adecuadas para que la rendición de cuentas, tanto de las entidades locales principales como de las dependientes, sea considerada en todo el territorio nacional requisito indispensable para el acceso, por parte de las entidades locales, a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas. Asimismo, debería instarse a la Administración estatal y autonómica a que hagan efectivas de manera oportuna las medidas que ofrece la normativa para impulsar la rendición de cuentas.
Revisar y reformar la normativa actual en relación al procedimiento de rendición de la cuenta general de las entidades locales en el caso de no ser aprobadas por el Pleno Municipal.
Instar a los órganos competentes de la Administración estatal para que, tan pronto tengan conocimiento de la falta de rendición de las cuentas generales de una entidad local, puedan hacer efectivas, de manera oportuna, las medidas que ofrece la normativa, incluida la aplicación de la retención en la participación en los tributos del Estado; entendiendo que la aplicación de esta medida impulsará la rendición de las cuentas generales de las entidades locales como mecanismo de buena gestión financiera.
Impulsar medidas de gestión del gasto público que fomenten e incentiven la imputación a presupuesto y contabilización de todas las obligaciones por parte de las entidades locales, para conseguir la máxima transparencia y fiabilidad de la información que se proporciona para la elaboración de los datos sobre necesidad y capacidad de financiación.
Garantizar a las entidades locales los medios y recursos necesarios y suficientes para que puedan llevar a cabo el cumplimiento de la obligación de rendir las cuentas generales en plazo, facilitando toda la información de manera completa, coherente, integrada y fiable.
Trabajar por el impulso de la implantación del control financiero por parte de las entidades locales sobre el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera y el control de legalidad sobre los extremos a los que no se extiende la fiscalización limitada previa. Para ello, se requiere el refuerzo y dotación de los medios necesarios para garantizar una efectiva capacidad de control y fiscalización por parte de las entidades locales.
Impulsar la necesaria modificación legal para exigir las oportunas responsabilidades contables a los directivos de entes locales que no ejecuten las partidas presupuestarias previstas para los fines asignados.
3. Instar al Gobierno en coordinación con las entidades locales a:
Establecer medidas para que el presupuesto de las entidades locales constituya un auténtico instrumento de gestión, planificación y toma de decisiones, así como de medidas estructurales que permitan garantizar la solvencia financiera de las entidades locales.
Revisar, en el marco de la reorganización y racionalización del sector público local la estructura del sector público local empresarial, de modo que la creación, la actuación y la permanencia de estas entidades dependientes responda, de manera efectiva, a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera.
Habilitar mecanismos por parte de las entidades locales que garanticen el envío regular al Tribunal de Cuentas de la información relativa a su actividad contractual; de los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales; de las anomalías detectadas en materia de ingresos; así como de los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.
Adoptar las decisiones necesarias por parte de los responsables de las mancomunidades de municipios, que se encuentran en situación de inactividad de manera prolongada en el tiempo, para proceder a su extinción definitiva y baja en el Registro de entidades locales.
Incrementar el alcance y la efectividad de las actuaciones de control interno por parte de los órganos de intervención local, extendiendo las actuaciones de control financiero posterior, en sus modalidades de control permanente y de auditoría pública.
Comunicar a los órganos competentes de la Corporación la necesidad de dotar de medios suficientes a la intervención en caso de insuficiencia de medios personales y materiales para el adecuado desarrollo de sus funciones.
4. Instar a las comunidades autónomas a:
Modificar la legislación que corresponda, a los efectos de que en un plazo medio solamente puedan acceder a subvenciones y otras ayudas públicas aquellas entidades locales que hayan rendido sus cuentas generales en los plazos establecidos por ley.
5. Instar a las entidades locales a:
Llevar a cabo las operaciones contables y presupuestarias necesarias para regularizar los pagos pendientes de aplicación.
Habilitar los mecanismos necesarios para garantizar el envío regular al Tribunal de Cuentas de la información relativa a su actividad contractual, así como los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales, las anomalías detectadas en materia de ingresos y los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.
Adoptar las medidas oportunas para que el presupuesto de las entidades locales constituya un instrumento efectivo de planificación, gestión y control de la actividad económico-financiera de las entidades del sector público local, procurando su aprobación y liquidación dentro de los plazos previstos legalmente y la reducción, en la medida de lo posible, de los saldos de acreedores pendientes de imputación presupuestaria y de los pagos pendientes de aplicación al presupuesto.
Continuar la reorganización del sector público local empresarial, con especial referencia a las entidades instrumentales que se encuentran inactivas o en situación de disolución, así como a aquellas sociedades mercantiles con pérdidas recurrentes y significativas o en situación de desequilibrio patrimonial, de manera que la permanencia de estas entidades dependientes responda a criterios de racionalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Que los responsables de las mancomunidades de municipios que se encuentran en situación de inactividad de manera prolongada en el tiempo adopten las decisiones necesarias para proceder a su extinción definitiva y baja en el Registro de Entidades Locales.
6. Instar a los entes con competencias normativas a:
Contribuir a homogeneizar la normativa estatal y autonómica en cuanto a plazos de rendición de cuentas en todo el ámbito nacional, acortando en la medida de los posible, los mismos.
Revisar la estructura del sector público empresarial, de cara a la mejora de la gestión pública encaminada a la eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera.
7. Instar a los responsables de los Órganos de Intervención local a:
Incrementar el alcance y la efectividad de las actuaciones de control interno, extendiendo las actuaciones de control financiero posterior, en sus modalidades de control permanente y de auditoría pública.
Comunicar a los órganos competentes de la Corporación la necesidad de dotar de medios suficientes a la Intervención, en caso de insuficiencia de medios personales y materiales para el adecuado desarrollo de sus funciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2022.–El Presidente de la Comisión, Santos Parra Pascual.–El Iglesias Primero de la Comisión, Jesús Diez López Vicente.