Categoría: Energía y Medio Ambiente

a propia y adoptarán la forma de consorcio, mancomunidad u otra similar de naturaleza asociativa pública entre entidades locales.
2. La constitución de los entes supramunicipales del agua requerirá informe previo y vinculante de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica a efectos de constatar que el ente cuenta con la atribución del ejercicio de las competencias necesarias para el cumplimiento de los fines.
3. Corresponde a los entes supramunicipales del agua la gestión supramunicipal de los servicios del ciclo urbano del agua, así como:
a) Las competencias que, en relación con los servicios del agua, les deleguen las entidades locales integradas en ellos.
b) Las competencias que, en relación con la construcción, mejora y reposición de las infraestructuras del ciclo urbano del agua de interés de la comunidad autónoma, les delegue la Junta de Extremadura.
c) Velar por la aplicación homogénea de las normativas técnicas de aplicación y de los estándares técnicos de prestación de los diferentes servicios.
d) Proponer programas y elaborar proyectos de obras que se someterán a la aprobación de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica cuando afecten a los sistemas de gestión supramunicipal.
e) Ejercer las potestades administrativas precisas para el desempeño de sus funciones.
4. Los servicios del agua que asuman los entes supramunicipales del agua se prestarán bajo cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación vigente, siempre que cumplan las condiciones establecidas en esta ley, incluidas las relativas a la transparencia y participación pública.
5. Para hacer efectiva la participación orgánica del público en la gestión del ciclo urbano del agua, en cada ente supramunicipal se creará un órgano de participación en el que se encuentren representadas de forma mayoritaria las entidades sin ánimo de lucro y con fines de interés general como las de carácter ciudadano o vecinal, ambiental, consumo, etcétera.
6. Los entes supramunicipales del agua garantizarán la aplicación de los principios establecidos en esta ley en el ámbito de su actuación.
7. Las obras de infraestructuras del ciclo urbano del agua de interés de la comunidad autónoma se podrán ejecutar a través de los entes supramunicipales del agua, a cuyo efecto se suscribirán los convenios específicos.
1. El Consejo Asesor del Agua de Extremadura, regulado mediante Decreto 194/2017, de 14 de noviembre, por el que se regula la composición, estructura y funcionamiento del Consejo Asesor del Agua de Extremadura (CONAEX), es el órgano colegiado de participación social en el diseño de la política del agua en Extremadura, y de cooperación y asesoramiento a la Junta de Extremadura en materia de ordenación, planificación, ejecución, desarrollo, mejora y modernización, protección ante situaciones extremas y conservación de infraestructuras hidráulicas, en materias propias de su competencia o que siendo competencia de otras Administraciones Públicas puedan afectar a Extremadura.
2. El Consejo Asesor del Agua de Extremadura queda adscrito a la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de planificación y coordinación hídrica. En todo caso, en su composición se garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura.
3. El Consejo Asesor del Agua de Extremadura podrá solicitar información a las Administraciones Públicas, entidades y empresas distribuidoras y concesionarias, y usuarios en general, para el ejercicio de sus competencias, dentro del estricto cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de datos de carácter personal.
4. Los dictámenes, acuerdos, conclusiones, memorias o similares que emita o apruebe el Consejo Asesor del Agua se publicarán en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura y, en su caso, en su página web.
1. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se procederá a la creación y regulación de la Comisión Interdepartamental del Agua, como órgano colegiado de la Administración autonómica, adscrito a la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica de la Junta de Extremadura.
2. La Comisión Interdepartamental del Agua servirá de apoyo a la Dirección General competente en materia de planificación y coordinación hídrica, teniendo entre sus funciones la coordinación de las políticas de la Junta de Extremadura con incidencia en el agua.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en su normativa reguladora, le corresponderá articular la coordinación de las relaciones con la Administración General del Estado en la materia, lo que comprende la emisión de informes o la elaboración de los programas autonómicos de medidas.
La participación en los órganos establecidos y cualquiera otra forma de participación establecida en la ley o acordada en los correspondientes instrumentos jurídicos se llevará a cabo a través de la Dirección General competente en materia de planificación e infraestructuras hidráulicas.
3. La Comisión Interdepartamental del Agua estará integrada, al menos, por las personas titulares de las Secretarías Generales de todas las Consejerías, correspondiendo la presidencia a la persona titular de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica y la secretaría a la persona titular de la Dirección General con competencias en dicha materia, que participará en las sesiones de la comisión con voz y voto. En todo caso, en su composición se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura.
4. Se establecerán mecanismos de cooperación y coordinación entre la Comisión Interdepartamental del Agua y el Consejo Asesor del Agua de Extremadura.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura garantizará la transparencia en el ciclo urbano del agua a través del establecimiento de un sistema de información y difusión activa al público por medios electrónicos con información trazable, reutilizable, desagregada, geolocalizada y actualizada con la denominación de «Sistema de Información del Agua Urbana» bajo el acrónimo SIAU.
2. La información objeto del Sistema de información del agua urbana es la siguiente:
a) Información básica del ciclo urbano del agua: autoridades competentes, servicios, infraestructuras, estándares o indicadores de gestión y estándares o indicadores de cumplimiento, así como de aplicación efectiva de los derechos humanos al acceso al agua y al saneamiento.
b) Costes de los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua: identificación, descripción y valoración de los costes; así como de su recuperación efectiva y la aplicación del principio de quien contamina paga. Los costes objeto de esta obligación son todos, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, asimismo informará de la estructura tarifaria y de las inversiones.
c) Calidad y gestión de riesgos en el ciclo urbano del agua: la aplicación del enfoque basado en los riesgos para la salud y el bienestar de la ciudadanía se basa en los sistemas de seguimiento ya existentes y en la implementación de técnicas de evaluación del riesgo que permitan adelantarse a los problemas de salud y bienestar en el ciclo urbano del agua para evitarlos o paliar sus efectos.
d) Para los servicios del ciclo urbano del agua operados total o parcialmente a través de empresas privadas o de sociedades de economía mixta, el SIAU contendrá, como mínimo, la siguiente información acerca de su relación con la administración pública responsable de los servicios: canon concesional, fecha prevista de finalización y posibles prórrogas, prestaciones adicionales comprometidas y ejecutadas.
3. Junto a las medidas establecidas en el Derecho de la Unión Europea, en la legislación básica del Estado y en la legislación autonómica, serán medidas de garantía del Sistema de información del agua urbana las siguientes:
a) La Junta de Extremadura adoptará las medidas organizativas necesarias para la creación y gestión del Sistema de información del agua urbana que recabe, organice, actualice y ponga a disposición del público en la sede electrónica, la información suministrada por las Administraciones locales y entidades supramunicipales, así como la información propia en las materias competencia de la comunidad autónoma.
b) Las Administraciones locales o las entidades supramunicipales que gestionan servicios relacionados con el ciclo urbano del agua, están obligadas a obtener, organizar, actualizar y remitir a la Administración Autonómica la información relativa a la transparencia del ciclo urbano del agua correspondiente a su ámbito competencial.
Las obligadas adoptarán las medidas necesarias para que se cumplimenten de manera veraz, trazable, completa, periódica y telemática las declaraciones del agua urbana a través de un formulario que tendrán a su disposición en la sede electrónica de la Junta de Extremadura.
Para la cumplimentación de las declaraciones del agua urbana las obligadas mantendrán actualizada la identificación de una persona responsable y una dirección electrónica a través de la que se realizará la comunicación con quienes ostenten la responsabilidad autonómica del sistema de información del agua urbana.
Si existiera una omisión o dudas sobre los datos a suministrar o suministrados, la unidad administrativa responsable del Sistema de información del agua urbana podrá requerir a quien sea responsable a través de la dirección electrónica designada para que subsane o justifique en un plazo de diez días la omisión o los datos facilitados.
El incumplimiento reiterado de estas obligaciones podrá ser sancionado conforme a lo establecido en esta ley.
c) La Administración Autonómica, las Administraciones locales y las entidades públicas supramunicipales relacionadas con el ciclo urbano del agua tienen la obligación de poner la información de transparencia en el ciclo urbano del agua que obre en su poder a disposición de cualquier solicitante sin que esté obligado a declarar un interés determinado con arreglo a lo establecido en esta ley. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias y la trasposición de la información a un formato diferente al original podrán dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa sobre tasas y precios públicos.
d) La recepción de ayudas relativas al ciclo urbano del agua está condicionada al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el ciclo urbano del agua.
1. La Comunidad Autónoma de Extremadura promoverá la planificación cooperativa y participada del ciclo urbano del agua dirigida a contribuir al logro de los objetivos de sostenibilidad internacional, de la Unión Europea y estatales y a fortalecer el conocimiento de la ciudadanía y a las autoridades en el desempeño de sus funciones. Ello a través de una acción de coordinación informada por el principio de subsidiariedad.
2. La Comunidad Autónoma de Extremadura establecerá un Programa de Cooperación e Infraestructuras del agua que actualizará cada seis años y que someterá a evaluación ambiental estratégica y participación pública de forma paralela o integrada con la planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas que comprenden el territorio de Extremadura. Los presupuestos generales de la Junta de Extremadura incluirán anualmente las partidas y aplicaciones oportunas para llevar a cabo la ejecución de las correspondientes infraestructuras previstas en el Programa de Cooperación e Infraestructuras del Agua.
Entre las medidas contenidas en el Programa de Cooperación e Infraestructuras, se incorporarán específicamente aquellas encaminadas a la reducción de las pérdidas de agua en redes de abastecimiento, como la sustitución progresiva de conducciones existentes de fibrocemento.
El Programa de cooperación e infraestructuras contendrá las medidas básicas y complementarias para el cumplimiento de los objetivos medioambientales competencia de la comunidad autónoma, así como las medidas necesarias para la coordinación de la red de cooperación e información del ciclo urbano del agua.
3. La participación en la planificación hidrológica en cada una de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, así como la interlocución con la Administración General del Estado, se llevará a cabo a través de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica. Esta Consejería velará por que las posiciones autonómicas sean expresadas con una sola voz y atendidas en todos los órganos de los organismos de cuenca y porque se establezca una cooperación reforzada para lograr los objetivos propuestos.
4. Las entidades locales o supramunicipales que gestionen el ciclo urbano del agua, vendrán obligadas a planificar de manera participativa dicha gestión elaborando cada seis años un plan que permita lograr un uso sostenible del agua, una prestación de los servicios del ciclo urbano del agua y una recuperación de los costes, adecuadas.
Los planes de gestión local o supramunicipal del ciclo urbano del agua contendrán las medidas básicas y complementarias para el cumplimiento de los objetivos medioambientales competencia de dicha Administración local, así como las medidas necesarias para alcanzar en su ámbito de aplicación los objetivos establecidos por el Programa de cooperación e infraestructuras autonómico.
5. La comunidad autónoma promoverá actividades de formación de autoridades y cuerpos técnicos tanto autonómicos como locales y la capacitación del público en la participación de las decisiones relativas al ciclo urbano del agua, en especial a través de la deliberación.
6. En el sistema educativo se adoptarán las medidas curriculares y de cualquier otro tipo que se consideren necesarias, con objeto de actualizar los conocimientos en materia de aguas al mejor conocimiento científico disponible y para fomentar la comprensión y valoración de la importancia de la participación y colaboración ciudadana en la política del agua.
7. En todas las obras de infraestructuras hidráulicas que se liciten por la Junta de Extremadura se dedicará un cinco por mil de su presupuesto base de licitación, excluido el IVA, a financiar actividades informativas y deliberativas que promuevan su conocimiento, especialmente en el ámbito local en el que se realicen las mismas y en el del personal al servicio de la Administración pública. Esta previsión será contenido obligatorio de los pliegos de prescripciones técnicas particulares en los que se especificarán los destinatarios concretos de estas actividades. El coste de estas actividades formará parte del precio de licitación.
Cuando se trate de obras de infraestructuras hidráulicas ejecutadas por las entidades locales, pero financiadas total o parcialmente con cargo a los presupuestos generales de la Junta de Extremadura, será de aplicación esta misma exigencia, al menos, en el importe financiado por la Junta de Extremadura. Esta obligación se incluirá en el instrumento jurídico a través del cual se instrumentalice la financiación por parte de la Junta de Extremadura.
Las administraciones autonómica y local en el ámbito de sus respectivas competencias adoptarán las medidas necesarias para mejorar el acceso de todos a las aguas destinadas al consumo humano. Para ello las administraciones locales:
a) Identificarán a las personas que no cuenten con acceso al agua destinada al consumo humano y las causas de ello, adoptando las medidas necesarias para impedir que los grupos vulnerables y marginales se vean privados de dicho acceso.
b) Instalarán y mantendrán equipos de exterior e interior para el acceso gratuito al agua destinada al consumo humano en los espacios públicos.
c) Promoverán campañas de sensibilización sobre la calidad del agua y fomentarán el suministro gratuito en establecimientos públicos y privados, así como iniciativas de información públicas de consumo de agua de grifo y de buenos hábitos en el uso del agua y la utilización de agua de grifo en los centros y establecimientos públicos.
Las administraciones autonómica y local garantizarán el acceso a la información sobre el ciclo urbano del agua en condiciones que nunca serán menos favorables que las establecidas para la información medioambiental en el Derecho de la Unión Europea y las exigidas por la legislación en materia de transparencia y buen gobierno y, en particular, por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta ley.
1. La gestión cooperativa y sostenible del ciclo urbano del agua comprende un diálogo cooperativo con la Administración General del Estado y las Administraciones locales que tiene como objeto la consecución de los objetivos propuestos en la planificación hidrológica estatal, autonómica y local.
Son instrumentos de la gestión cooperativa y sostenible del ciclo urbano del agua los que se establezcan en la planificación hidrológica estatal, autonómica o local, así como los convenios que se celebren entre dichas Administraciones.
La Comunidad Autónoma de Extremadura promoverá una gestión cooperativa y sostenible del ciclo urbano del agua a través de la creación de una red de cooperación e información del ciclo urbano del agua y del inventario autonómico de infraestructuras del ciclo urbano del agua.
2. La red de cooperación e información del ciclo urbano del agua aglutina a las autoridades y entidades autonómicas y locales, tanto provinciales como supramunicipales y municipales, con invitación a la Administración General del Estado, para cooperar en el objetivo de prestar los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua en condiciones básicas adecuadas e iguales para toda la ciudadanía extremeña.
La red de cooperación e información del ciclo urbano del agua tiene como instrumentos una red telemática de comunicación en la que se establecerán reuniones periódicas, al menos una al año, para el seguimiento de la ejecución de la planificación hidrológica estatal y autonómica en cada una de las demarcaciones hidrográficas que comprendan territorio de Extremadura.
3. El inventario autonómico de infraestructuras del ciclo urbano del agua es un registro administrativo que garantiza la información pública sobre las infraestructuras del ciclo urbano del agua en Extremadura.
La gestión de dicho inventario será responsabilidad de la Consejería con competencias en planificación y coordinación hídrica y para su actualización se nutrirá del Sistema de información del agua urbana y las declaraciones de información del agua establecidos en esta ley.
El citado inventario contendrá la información actualizada de cada una de las infraestructuras del ciclo urbano del agua conforme se establezca reglamentariamente y como mínimo incluirá:
a) Las titularidades y responsables de la gestión.
b) Las funciones que cumple.
c) Objetivos de obligado cumplimiento e indicadores de gestión.
d) Seguimiento del cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión.
e) Sistema de financiación.
f) Seguimiento de la recuperación de los costes, incluidos los ambientales.
g) Medidas previstas para su mejora o sustitución.
h) Estado y ciclo de vida (desde su diseño hasta su desmantelamiento).
4. El citado inventario estará coordinado con el Servicio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 18 de la Ley 2/2008, de 16 de junio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1. La declaración de obras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma se acordará por el Consejo de Gobierno previa evaluación, por parte del Órgano competente en materia de planificación y coordinación hídrica, de su viabilidad técnica, ambiental, social y económica.
La evaluación de viabilidad se realizará bajo el enfoque del ciclo de vida completo, comprenderá un estudio específico de la recuperación de costes y será sometida a información pública.
La declaración de obras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma tendrá una vigencia de seis años. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese iniciado la ejecución de las obras será necesaria una nueva declaración.
2. Pueden declararse obras de interés de la comunidad autónoma y serán de competencia de la Junta de Extremadura:
a) Las obras necesarias para la consecución de los objetivos medioambientales establecidos en el Derecho de la Unión Europea, lo que incluye las obras generales de recolección y tratamiento de aguas residuales.
b) Las obras hidráulicas necesarias para prevenir o mitigar los efectos del cambio climático, como la sequía y las inundaciones.
c) Las obras no recogidas en las letras anteriores que sean necesarias para garantizar la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en la comunidad autónoma.
3. El procedimiento para la declaración de obras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma se iniciará de oficio mediante acuerdo de la persona titular de la Dirección General competente en materia de planificación y coordinación hídrica, que incorporará una memoria técnica descriptiva de la obra hidráulica.
El acuerdo adoptado, junto con la memoria técnica, se someterán al trámite de información pública, por un plazo de veinte días hábiles, a cuyos efectos se insertará anuncio en el «Diario Oficial de Extremadura» y en el correspondiente portal corporativo de la Junta de Extremadura.
De manera simultánea a la apertura del trámite de información pública, la Dirección General competente en materia de planificación y coordinación hídrica remitirá copia del expediente y solicitará informe sobre la viabilidad ambiental previa de la obra hidráulica a declarar de interés autonómico al Órgano competente en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos, para que informe en el plazo de veinte días desde la recepción del expediente. Igualmente, se remitirá copia del expediente y se solicitará al órgano con competencias en materia de dominio público hidráulico y, en todo caso, al Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, la emisión de un informe sobre la viabilidad previa en un plazo de veinte días desde la recepción del expediente.
Transcurrido el plazo de veinte días desde la recepción del expediente, de no emitirse los precitados informes se entenderá la conformidad de dichas Administraciones y Organismos públicos con la declaración de la obra hidráulica de interés de la comunidad autónoma.
Finalizado el periodo de información pública, vistas las alegaciones recibidas, en su caso, y recibidos los informes del resto de Administraciones y Organismos públicos consultados o, en su defecto, transcurrido el plazo para la emisión de los mismos, la persona titular de la Dirección General competente en materia de planificación hídrica, a propuesta de la persona titular de la Jefatura de Servicio correspondiente, emitirá informe sobre la viabilidad técnica, ambiental, social y económica de la obra a declarar de interés autonómico. Este informe formará parte de la propuesta que la Consejería competente elevará al Consejo de Gobierno para la declaración de la obra de interés de la comunidad autónoma.
4. A las obras de interés de la comunidad autónoma les será aplicable el siguiente régimen:
a) Las obras e infraestructuras hidráulicas de ámbito supramunicipal no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere la letra b del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
b) Los órganos urbanísticos locales competentes no podrán suspender la ejecución de las obras, siempre que se haya cumplido el trámite de informe previo al que se hace referencia en la letra siguiente, esté debidamente aprobado el proyecto técnico por el órgano competente, las obras se ajusten a dicho proyecto o a sus modificaciones y se haya hecho la comunicación a que se refiere la letra d) de este apartado.
c) El informe previo será emitido, a petición de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica, por las entidades locales afectadas por las obras. El informe deberá pronunciarse exclusivamente sobre aspectos relacionados con el planeamiento urbanístico y se entenderá favorable si no se emite y notifica en el plazo de un mes.
d) La Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica deberá comunicar a los órganos urbanísticos locales competentes la aprobación de los proyectos de las obras públicas hidráulicas de interés de la comunidad autónoma a fin de que se inicie, en su caso, el procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico municipal para adaptarlo a la implantación de las nuevas infraestructuras o instalaciones, de acuerdo con la legislación urbanística que resulte aplicable en función de la ubicación de la obra.
5. La aprobación de los proyectos técnicos de las obras de interés de la comunidad autónoma supondrá, implícitamente, la declaración de utilidad pública e interés social de las obras, a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal e imposición o modificación de servidumbres, y se extenderán a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo definitivo de las obras y en las modificaciones de proyectos y obras complementarias o accesorias no segregables de la principal. La declaración de la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados podrá ser acordada mediante Decreto de Consejo de Gobierno.
6. La ejecución y financiación de las obras hidráulicas declaradas de interés de la comunidad autónoma se llevará a cabo por la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica con cargo a sus presupuestos, sin perjuicio de que los oportunos convenios o sistemas de participación público-privada previstos en la legislación vigente, puedan prever las aportaciones económicas que puedan comprometerse por parte de otros sujetos públicos o privados.
1. La intervención de la Junta de Extremadura en la financiación y ejecución de las obras e infraestructuras del ciclo del agua que deban ser gestionadas por los municipios de acuerdo con sus competencias se instrumentalizará mediante convenios suscritos entre la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica y las entidades locales o, en su caso, las entidades supramunicipales, que deberán especificar y someterse a la normativa que les resulte de aplicación de acuerdo con su objeto y naturaleza.
Quedan excluidos los supuestos en los que la intervención tenga lugar mediante el establecimiento de bases reguladoras para la concesión, en régimen de convocatoria pública, de ayudas a dichas entidades con destino a las infraestructuras hidráulicas de servicios municipales.
Será contenido de los convenios la descripción de las infraestructuras a realizar con expresión, si procede, de la consideración de obra de interés de la comunidad autónoma, los terrenos en que deban ubicarse y aportación de los mismos, el régimen de su contratación y financiación, la forma en que se producirá el abono de la aportación de las partes, las demás obligaciones de las partes en relación con cada uno de dichos aspectos y las consecuencias derivadas del incumplimiento de las mismas.
Cuando la intervención de la Junta de Extremadura se produzca con ocasión de una situación de emergencia, la suscripción del convenio podrá producirse con posterioridad al inicio de las obras, adaptándose su contenido a las circunstancias derivadas de dicha situación.
2. Cuando las obras e infraestructuras hidráulicas citadas en el apartado anterior se construyan por la Junta de Extremadura, bien por ser obras de interés de la comunidad autónoma o bien por disponerlo el correspondiente convenio, pasarán a ser de titularidad de las entidades locales o de las entidades supramunicipales, cuando ejecutada la infraestructura y, en su caso, celebrados los contratos de explotación y de gestión del servicio público, tenga lugar su entrega a la entidad competente por la Administración Autonómica. En estos casos, en el expediente administrativo instruido para la formalización del convenio deberá obrar un acuerdo expreso del Pleno del Ayuntamiento, o del supremo órgano de gobierno de la entidad supramunicipal correspondiente, por el que asuma el compromiso firme de aceptar las infraestructuras a realizar y el mantenimiento y explotación de las mismas.
La entrega de las instalaciones se entenderá producida mediante la notificación efectiva a la entidad local o supramunicipal del acuerdo de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica en el que se disponga la puesta a disposición de esas instalaciones a favor de la entidad local o supramunicipal, pasando a partir de dicho momento a ser responsabilidad de la entidad prestadora del servicio su mantenimiento y explotación, así como las restantes obligaciones derivadas de la condición de propietario. La Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica preavisará a la entidad correspondiente con al menos quince días de antelación la entrega de las instalaciones, con objeto de que por la misma se realicen las observaciones que procedan.
3. A petición de las entidades locales y de manera excepcional, se podrá establecer en los convenios que, una vez ejecutada la infraestructura hidráulica, la titularidad corresponda a la Junta de Extremadura, con la obligación de formalizar el negocio jurídico patrimonial correspondiente para la concesión demanial a favor de la entidad local o supramunicipal para que proceda a la prestación del servicio público de forma directa o indirecta. En el expediente administrativo instruido para la formalización del convenio deberá obrar un acuerdo expreso del Pleno del Ayuntamiento, o del supremo órgano de gobierno de la entidad supramunicipal correspondiente, por el que asuma el compromiso firme de aceptar la concesión de uso de las infraestructuras a realizar y el mantenimiento y explotación de las mismas.
4. En los convenios para la ejecución de infraestructuras hidráulicas se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando así lo exija el período de ejecución de las actuaciones o la recuperación de las inversiones, circunstancias y plazos que deberán ser justificados en el correspondiente expediente.
5. Los convenios suscritos al amparo del presente artículo serán inmediatamente ejecutivos y obligatorios para las partes siempre que concurran en ellos los requisitos establecidos en la legislación específica en materia de recursos hídricos y obras hidráulicas y en el artículo 156 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura para estos supuestos, a excepción de las especialidades contempladas en este mismo artículo y de la competencia para celebrar los mismos que corresponderá al titular de la Consejería competente en materia de recursos hídricos a propuesta del órgano directivo competente en materia de obras hidráulicas.
1. El sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes supramunicipales del agua previstos en esta ley, o por las diputaciones provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos entes.
2. El Consejo de Gobierno, en función de criterios técnicos y de viabilidad económica, determinará, previa audiencia de las entidades locales afectadas, el ámbito territorial de cada sistema para la realización de la gestión del agua de manera conjunta. Los sistemas de gestión supramunicipal así definidos constituirán el ámbito de la actuación de la Junta de Extremadura para la ejecución de las infraestructuras del ciclo urbano del agua.
3. Será obligatoria la gestión de los servicios del agua por los municipios dentro del sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano, cuando existan infraestructuras compartidas y resulte necesario por razones técnicas, económicas o ambientales y así se establezca mediante resolución motivada de la persona titular de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica, previa audiencia a los municipios interesados.
En el supuesto de que una entidad local disponga de derechos de captación de aguas que sirvan para el abastecimiento de dos o más municipios, deberá obligatoriamente prestarse dicho servicio de abastecimiento dentro de un sistema de gestión supramunicipal, en la forma establecida por esta ley, de manera que se garantice el abastecimiento en condiciones de igualdad para todos los usuarios incluidos en el ámbito territorial de dicho sistema.
La falta de integración de los entes locales en los sistemas supramunicipales de gestión del agua de uso urbano, de acuerdo con lo establecido en este apartado, conllevará la imposibilidad para dichos entes de acceder a las medidas de fomento y auxilio económico para infraestructuras del agua, su mantenimiento y explotación, que se establezcan por la Administración Autonómica.
1. Las entidades locales y sus entidades instrumentales de titularidad íntegramente públicas, así como las sociedades de economía mixta participadas mayoritariamente por las citadas entidades, titulares o gestoras de las redes de abastecimiento cuyo rendimiento sea inferior al que se determine reglamentariamente, en los sistemas de distribución de agua de uso urbano, no podrán ser beneficiarias de financiación de la Junta de Extremadura destinada a dichas instalaciones, así como de otras medidas de fomento establecidas con la misma finalidad. Dicha medida será aplicable, una vez transcurridos los plazos establecidos reglamentariamente.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica requerirá a la entidad o entidades responsables para que elaboren un plan de actuación con el objeto de solucionar el problema de rendimiento existente en el menor plazo de tiempo posible. El plan de actuación se someterá a informe preceptivo y vinculante de la Consejería requirente y será aprobado por el Consejo de Gobierno. Una vez aprobado será de obligado cumplimiento por la entidad local y empresas suministradoras.
3. Las pérdidas de agua que se produzcan en cuantía superior a las incluidas dentro del rendimiento mínimo de las redes de abastecimiento, establecido de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, tendrán la consideración de uso urbano del agua a los efectos establecidos en esta ley.
1. Los municipios garantizarán, por sí mismos o a través de las diputaciones provinciales o entes supramunicipales del agua una vez constituidos, la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua.
Excepcionalmente, previa justificación en el expediente, un municipio podrá ser titular de un servicio de abastecimiento con la captación fuera de su término, sin perjuicio de los supuestos en los que resulte obligatoria la prestación de los servicios dentro de un sistema de gestión supramunicipal.
2. En el supuesto contemplado en el artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y cuando se trate de servicios relativos al ciclo urbano del agua, la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica actuará en los términos previstos en dicho precepto y dará traslado de todo ello a la diputación provincial correspondiente.
3. Durante el tiempo de prestación subsidiaria de los servicios del ciclo urbano del agua, las entidades locales que no hubieran cumplido con las exigencias establecidas en este artículo no podrán ser beneficiarias de las medidas de fomento aprobadas por la Junta de Extremadura con la finalidad de proveer a la financiación de dichos servicios.
1. La comunidad autónoma promoverá la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua que se hallen integrados en la red de cooperación e información del ciclo urbano del agua.
2. La recuperación de los costes en el ciclo urbano del agua comprenderá la identificación, descripción y valoración de los costes, así como su recuperación efectiva y la aplicación del principio de quien contamina paga. Ello sin perjuicio del establecimiento de exenciones siempre que se hallen justificadas y sometidas a participación y colaboración ciudadana con carácter previo a su adopción, y no comprometan los objetivos medioambientales de la planificación hidrológica.
3. Además de la participación pública orgánica y en la toma de decisiones relativas al ciclo urbano del agua, se adoptarán medidas de sensibilización sobre los costes de los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua, tales como la elaboración de presupuestos participativos, la difusión de las actuaciones y sus costes, las inversiones necesarias para la protección de la salud ciudadana y de los ecosistemas de los que se extraen los recursos.
En el caso de que proceda la aplicación autonómica del canon de regulación y tarifa de utilización del agua del artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas, se prestará especial atención a la recuperación de los costes, considerando, entre otros aspectos, los periodos de amortización, el interés legal del dinero, el tiempo de puesta en servicio de las infraestructuras y la garantía de uso del agua que proporcionan, así como los costes modulares en grandes sistemas, la distribución de costes entre usos diversos en proporción al uso efectivo de caudales en cada uno y evitación de ayudas cruzadas entre usos.
1. El canon de saneamiento es un tributo propio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de carácter indirecto y de naturaleza real, que grava la disponibilidad y la utilización del agua. Su finalidad es posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas soportadas por la comunidad autónoma de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua.
2. Los ingresos procedentes del canon se afectarán a la financiación de los programas de gasto relativos a las infraestructuras hidráulicas que se determinen en las leyes anuales de presupuestos generales de la comunidad autónoma.
3. El régimen legal del canon de saneamiento será el establecido en la correspondiente regulación normativa de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Para otorgar la mayor transparencia posible en la gestión de los ingresos del canon contarán con una contabilidad diferenciada.
Son infracciones administrativas en materia de agua y ciclo urbano del agua las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente ley.
1. Las autoridades, los agentes de la autoridad y los Agentes del Medio Natural en el ejercicio de sus funciones de inspección programadas o expresamente ordenadas por las autoridades ambientales e hidráulicas podrán:
a) Acceder libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, a todo tipo de terrenos e instalaciones sujetos a inspección y permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o a su representante, a menos que considere que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.
b) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente.
c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se notifique a la persona titular o a su representante, salvo casos de urgencia, en los que la notificación podrá efectuarse con posterioridad.
2. El acceso en funciones de inspección conllevará obligatoriamente el levantamiento de la correspondiente acta de visita de inspección, que deberá ser puesta en conocimiento de la persona titular de los terrenos e instalaciones.
1. Son infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente ley, en sus normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de depuración de aguas residuales, siempre que los daños causados lo sean en cuantía inferior a 3.000 euros.
b) La realización de vertidos sin la autorización correspondiente, cuando no haya mediado requerimiento de la Administración para su solicitud, o sin ajustarse a las condiciones establecidas.
c) La evacuación de vertidos que incumplan las limitaciones establecidas en las normas reguladoras de la calidad de los vertidos aprobadas por la Junta de Extremadura al amparo de la presente ley, siempre que no constituyan infracción grave.
d) La inexistencia de arquetas u otras instalaciones exigidas reglamentariamente para la realización de controles, o en su caso mantenimiento en condiciones no operativas.
e) El incumplimiento de las obligaciones de medición directa de los consumos, distintas de las tipificadas como infracciones graves en la letra h) del apartado 2.
f) El incumplimiento de los usuarios de sus obligaciones de reparar las averías de las que sean responsables y de informar de las averías en las redes de abastecimiento que impliquen pérdidas de agua o el deterioro de su calidad.
g) El incumplimiento de gestionar los servicios del agua dentro de un sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano, cuando resulte obligatorio y siempre que no concurran las circunstancias expresadas en los artículos 28.2.i) y 28.3.b).
h) La constitución de un ente supramunicipal sin el preceptivo informe previo de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica.
i) La falta de creación de un órgano de participación cuando corresponda conforme a esta ley.
j) El incumplimiento de las obligaciones de transparencia.
k) La falta de adopción de medidas para mejorar el acceso de todos a las aguas destinadas al consumo humano.
l) La falta de garantía de acceso a la información sobre el ciclo urbano del agua conforme a lo establecido en esta ley.
m) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la elaboración y cumplimiento del plan de actuación previsto en caso de rendimientos inferiores a los determinados reglamentariamente para redes de abastecimiento.
n) El incumplimiento reiterado de las obligaciones correspondientes a las medidas de garantía del Sistema de información del agua urbana.
o) La falta de elaboración de un plan para lograr un uso sostenible del agua, una prestación de los servicios del ciclo urbano del agua y una recuperación de costes, cuando corresponda, conforme a lo establecido en esta ley.
2. Son infracciones graves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente ley, en sus normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de depuración de aguas residuales, siempre que el daño causado sea igual o superior a 3.000 euros e inferior a 18.000 euros.
b) La realización de vertidos sin la autorización correspondiente, cuando haya previo requerimiento de la Administración para su solicitud, así como la ocultación o falseamiento de datos exigidos en la solicitud de autorización o comunicación de vertido.
c) La evacuación de vertidos prohibidos, o que incumplan las limitaciones establecidas en las normas reguladoras de la calidad de los vertidos aprobadas por la Junta de Extremadura al amparo de lo previsto en la presente ley, siempre que, al menos en dos parámetros simultáneamente, se dupliquen los valores máximos establecidos.
d) El incumplimiento de los deberes de información periódica que puedan haberse establecido en la autorización de vertido.
e) El incumplimiento de los deberes establecidos reglamentariamente en el caso de vertidos accidentales.
f) El incumplimiento de la obligación de resarcir los daños ocasionados en las instalaciones o funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, saneamiento o depuración de aguas residuales, siempre que haya mediado requerimiento de la Administración.
g) La ejecución sin autorización de obras en los colectores de las instalaciones de saneamiento y depuración de titularidad de la comunidad autónoma o la construcción de más acometidas de las autorizadas.
h) El incumplimiento del deber de instalar un contador homologado, dentro de los plazos previstos en esta ley, y su manipulación.
i) El incumplimiento de gestionar los servicios de agua dentro de un sistema de gestión del agua de uso urbano, cuando resulte obligatorio, y de ello se derive un daño grave para el dominio público hidráulico.
j) La gestión de los servicios de aducción y depuración cuando de la prestación del servicio se derive grave riesgo para la salud de las personas o se incumpla de manera reiterada la normativa ambiental con grave riesgo para el medio ambiente.
k) La no adopción de las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios urbanos del agua, que se hubieran requerido por la Dirección General competente en materia de planificación y coordinación hídrica.
l) La comisión de cualquier infracción leve en tres ocasiones dentro de un periodo de dos años.
3. Son infracciones muy graves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente ley, en sus normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de depuración de aguas residuales, siempre que la valoración de los daños causados sea igual o superior a 18.000 euros.
b) El incumplimiento de gestionar los servicios de agua dentro de un sistema de gestión del agua de uso urbano, cuando resulte obligatorio, cuando de ello se derive un daño muy grave para el dominio público hidráulico.
c) La comisión de una misma infracción grave en tres ocasiones dentro de un periodo de dos años.
1. Son infracciones leves:
a) La indebida negativa al acceso del personal técnico de la Consejería competente en materia de agua, los agentes de medio ambiente u otros agentes de la autoridad, en el ejercicio de funciones inspectoras, a los terrenos, instalaciones y obras hidráulicas.
b) La falta de suministro de la información obligatoria en materia de agua, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
2. Son infracciones graves:
Las previstas en el apartado anterior, cuando la conducta sea reincidente y, en cualquier caso, cuando de dicho comportamiento se derive un daño para el medio ambiente o el dominio público hidráulico.
1. Las infracciones establecidas en los artículos precedentes serán sancionadas de la manera siguiente:
a) La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con multa desde 200 euros hasta 6.000 euros.
b) La comisión de las infracciones administrativas graves se sancionará con multa desde 6.001 hasta 300.000 euros.
c) La comisión de infracciones administrativas muy graves se sancionará con multa desde 300.001 hasta 600.000 euros.
2. Las sanciones leves y graves podrán sustituirse en todo o en parte por actividades en beneficio de la protección del dominio público hídrico que promuevan la sensibilización de los infractores y el interés común.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de la que, por razón de la cuantía de la sanción a imponer, corresponda al Consejo de Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. La iniciación de los procedimientos sancionadores será competencia de la persona titular de la Dirección General correspondiente a la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica.
3. La imposición de las sanciones en materia de agua corresponde a:
a) La persona titular de la dirección general competente en materia de planificación y coordinación hídrica, hasta 150.000 euros.
b) La persona titular de la Consejería competente en materia de agua, superior a 150.000 y hasta 300.000 euros.
c) El Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 300.000 euros.
El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores y notificar la resolución será de un año contado a partir de la iniciación del expediente.
Las denuncias se formularán voluntariamente por cualquier persona o entidad y obligatoriamente:
a) Por agentes de medio ambiente u otros agentes de la autoridad.
b) Por las personas funcionarias que tengan encomendadas la inspección y vigilancia de las aguas u obras públicas.
c) Por las comunidades de usuarios u órganos con competencia similar, cuando se cometan infracciones que afecten a las aguas por ellas administradas y, en general, por el personal funcionario o empleado que preste servicios de guardería, inspección o análogos, en canales, embalses o acequias de aguas públicas o derivadas en su origen de cauces de dominio público.
Las ordenanzas que en materia de servicios relacionados con el agua de competencia municipal dicten las entidades locales deberán tipificar infracciones y establecer sanciones con objeto de lograr los objetivos establecidos en la presente ley.
La tipificación de infracciones en las ordenanzas municipales podrá estar referida a las acciones y omisiones siguientes:
a) Las que produzcan un riesgo para la salud de las personas, por la falta de precauciones y controles exigibles en la actividad, servicio o instalación de q