Categoría: Funcionarios y Personal

El 10 de julio de 2023, el Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Illes Balears remitió a la Inspección Fiscal escrito en el que propone el cese de Fiscal Delegada de Trata de Personas y Extranjería, doña María Vargas Santos de Prado Olives por renuncia de la misma, y el nombramiento de doña Carmen Campos Fernández Castillo motivo de la renuncia del anterior Delegado de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Illes Balears el Fiscal Superior, para cubrir la Delegación, comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. Tan solo se formuló una solicitud.
La propuesta de doña Carmen Martínez Caballero ha sido elevada por el Fiscal Superior destacando su formación, preparación y compromiso.
Mediante escrito de fecha 24 de agosto de 2023, la Fiscal de Sala de la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción al nombramiento de doña Carmen Martínez Caballero informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (artículo 3.4, Real Decreto 437/1983).
Primero. El Reglamento del Ministerio Fiscal establece que los fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado (artículo 62.2). Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 62.3 RMF).
Por su parte, la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado dispone que el nombramiento de Delegado Provincial de la especialidad no está sujeto a límite temporal, pero será renunciable por razones justificadas que expondrá por escrito el interesado, requiriendo la aprobación del Fiscal General del Estado, que podrá delegar este cometido en el respectivo Fiscal de Sala Coordinador. El sistema de cese del Delegado Provincial de la especialidad también será unificado, ostente o no la cualidad de Decano. Consiguientemente será, en su caso, relevado mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo (apartado cuarto del artículo 36 EOMF).
Segundo. El artículo 62 del Reglamento del Ministerio Fiscal establece el procedimiento de nombramiento y cese de los Fiscales Delegados especialistas, habiéndose cumplido todos los trámites establecidos.
En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico y del Reglamento del Ministerio Fiscal, y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:
El cese, por renuncia, de doña María Vargas Santos de Prado Olives como Fiscal Delegada de Trata de Personas y Extranjería en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.
El nombramiento de doña Carmen Martínez Caballero como Fiscal Delegada de Trata de Personas y Extranjería en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.
Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado» y notifíquese a la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, que lo trasladará a las Fiscales interesadas, y al Ministerio de Justicia.
Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.
Madrid, 7 de septiembre de 2023.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.