Categoría: Administración

La actualización de la agenda España Digital 2026 ha incorporado las prioridades para los próximos meses y dos nuevos ejes transversales referidos a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y la iniciativa Retech, una red de proyectos estratégicos emblemáticos transformadores en el área digital propuestos por las comunidades autónomas.
Esta agenda consta de cerca de 50 medidas que se articulan en torno a diez ejes estratégicos, entre los que destaca el eje 7: transformación digital sectorial y sostenible. España Digital 2025 contempló iniciativas para impulsar la transformación digital en varios sectores estratégicos: agroalimentario, salud, movilidad, turismo y comercio. Los avances conseguidos hasta ahora están teniendo un impacto muy positivo, y el reto para 2026 es acelerar la doble transición verde y digital a través de los PERTE y consolidar con ello transformaciones estructurales, sostenibles y perdurables sobre el conjunto de la economía y la sociedad.
La digitalización del sector turístico es clave para seguir atrayendo a turistas cada vez más conectados y con estancias de mayor valor añadido. Además, es uno de los ámbitos donde el margen de mejora es más amplio, ya que España ocupa el décimo séptimo puesto en el ranking mundial del «Travel & Tourism Development Index 2021 Edition», en el apartado de «ICT readiness», de acuerdo con el World Economic Forum.
Estamos, pues, en un momento en el cual el refuerzo de la competitividad del sector necesariamente deberá estar ligado al desarrollo de las capacidades digitales para atraer a los clientes y mejorar su experiencia en los destinos turísticos españoles.
Esta orden está en consonancia con el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, que recoge el impulso de la digitalización de la Administración Pública entre los diez ejes de reforma e inversión para catalizar una transformación digital que relance el crecimiento económico, la reducción de desigualdades, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. Impulsada por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, esta transformación debe llegar a toda la sociedad y permitir conciliar las nuevas oportunidades que ofrece el mundo digital con el respeto a los valores constitucionales y europeos, así como la protección de los derechos individuales y colectivos.
El Consejo Europeo de 21 de julio de 2020 acordó un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento Europeo de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU), por un importe de 750.000 millones de euros, compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (en adelante, MRR) y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU). Como consecuencia de ese acuerdo, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
El MRR permite que España pueda acceder hasta 140.000 millones de euros en créditos y transferencias en el periodo 2021-2026 que, junto con la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) y el resto de los instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual, impulsarán reformas e inversiones en los ámbitos prioritarios a nivel europeo. El MRR nació por tanto con el objetivo de paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia provocados por la COVID-19 y garantizar, a su vez, que las economías de los Estados Miembros emprendan las transiciones ecológica y digital con inversiones que aceleren la recuperación y refuercen el crecimiento, a través de la tecnología y en innovación.
Para acceder a los recursos financieros del MRR los Estados miembros deben elaborar un plan orientado a la recuperación. Así, España presentó a la Comisión Europea su Plan de Recuperación, que fue aprobado por Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España del 13 de julio de 2021 (en adelante, «CID» por sus siglas en inglés). conforme a lo establecido en los artículos 18 y 20 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y que traza la hoja de ruta de la modernización de la economía española a partir de cuatro ejes (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género), que se materializan en diez políticas palanca e integran, a su vez, treinta componentes que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan de Recuperación.
Cada componente se centra en un reto u objetivo específico y recoge los diferentes programas y sus correspondientes líneas de actuación: reformas e inversiones para el refuerzo del capital natural, tecnológico y humano, para aumentar la productividad y el crecimiento potencial generador de empleo.
La línea de ayudas que se regula por esta orden se incardina en el Componente 14 del Plan de Recuperación, denominado «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», Inversión 2, Proyecto 1 (medida C14I21) cuyo objetivo es desarrollar una Plataforma Inteligente de Destino (PID) que dote de interoperabilidad a la oferta de servicios públicos y privados al turista. Esto se complementará con el desarrollo de un Sistema de Inteligencia Turística y un conjunto de iniciativas para impulsar la Red Española de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI). Las acciones en el marco de esta inversión también respaldarán las soluciones digitales basadas en la inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras en las empresas del sector turístico, y aportarán financiación para el desarrollo de espacios de datos industriales y la promoción de la innovación digital en el sector turístico. Contribuye a la consecución del hito 222 de la Decisión CID, cuya descripción literal es «Puesta en marcha de la Plataforma Inteligente de Destino en el sector turístico», que conlleva la implementación y puesta en marcha de una Plataforma Inteligente de Destino plenamente operativa, al apoyar proyectos innovadores desarrollados por entidades locales pertenecientes a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes que alimentarán dicha plataforma y que se pondrán a disposición de los/las turistas y del sector.
Los resultados de esta iniciativa se proyectan sobre los destinos turísticos miembros de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, el sector empresarial, el turista conectado y el sector tecnológico digital como una fuerza consustancial a la evolución del sistema turístico español, siendo los retos principales a resolver por la plataforma los siguientes: la gestión del turista conectado a lo largo del ciclo de viaje, la gestión pública turística local, las capacidades del destino y la gestión turística ante crisis sanitarias o de cualquier otra naturaleza.
La parte de la medida C14I2 submedida 1 relativa a la Plataforma Inteligente de Destino (PID), promovida por la Secretaría de Estado de Turismo a través de la Sociedad Mercantil para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR), entidades ejecutoras de la submedida, se va a articular sobre dos actuaciones diferentes:
– Contratación pública de un nodo central que constituirá la Plataforma Inteligente de Destinos, y que ofrecerá una serie de servicios turísticos comunes creando una infraestructura de conocimiento que dé soporte a la transformación digital homogénea del sector.
– Actuaciones y/o convocatorias de ayudas dirigidas a miembros titulares de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes para la implementación en los mismos de la PID, acceso a las funcionalidades de la misma, adaptación de sus plataformas preexistentes a la nueva PID u otras acciones que permitan su integración en la PID, y la implementación de estrategias de datos en la misma. Esta orden es una de las convocatorias incluidas en esta actuación.
Dentro del componente 14, esta orden de bases encaja, por tanto, en la inversión 2, «Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico», que tiene por objeto implementar actuaciones de impulso de la digitalización de los destinos turísticos y de las empresas turísticas. Además, se pretende abordar la construcción de un Sistema de Inteligencia Turística basado en la economía del dato y la interoperabilidad. Específicamente, esta línea de ayudas se recogería en el proyecto 1, «Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos», que tiene por objeto implementar actuaciones de impulso a la digitalización de los destinos turísticos y de las empresas turísticas para garantizar el desarrollo sostenible del territorio turístico, que sea accesible para todos, que facilite la interacción e integración de la persona visitante con el entorno e incremente la calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida de la persona residente, gracias a las nuevas tecnologías y a un proceso de innovación continua. Para ello se lanza esta línea de ayudas enfocada a dar respuesta a las necesidades de digitalización y modernización de los destinos turísticos integrantes de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes Red DTI. El programa Destino Turístico Inteligente (DTI) cuenta con un instrumento para apoyar a todos aquellos destinos que se han comprometido a implementar el diagnóstico y plan de acción DTI, la Red DTI que posibilita las sinergias y la transferencia de conocimiento, maximizando los beneficios del modelo DTI. Este programa es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) y gestionado por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), que persigue contribuir a mejorar la competitividad de los destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes incidiendo en cinco ámbitos de actuación: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Este programa promueve la implantación de un modelo de gestión que tiene en cuenta la transversalidad de la actividad turística y las características diferenciadoras de cada destino. Se articula sobre una metodología de diagnóstico, que deriva en un sistema de recomendaciones, un plan de acción y un sistema de monitorización, que conforman los elementos fundamentales del modelo, permitiendo un proceso de mejora continuo de la gestión del destino adaptada a los retos presentes y futuros del turismo.
Para el despliegue de la Plataforma Inteligente de Destino (PID), desde 2021 se han mantenido varias rondas de diálogo con el sector turístico y tecnológico que han permitido definir objetivos, caracterización, alcances y especificaciones. En este contexto, surgió la necesidad de crear un ente promotor, con participación pública y privada, que ha tenido un papel fundamental en el diseño y desarrollo de la Plataforma.
El ente promotor es un órgano de coordinación y cooperación gestionado por SEGITTUR con el sector empresarial y las redes de ciudades/destinos, que da continuidad al proceso de diálogo con el que se ha definido el enfoque y alcance de la Plataforma, disponible en: https://www.segittur.es/transformacion-digital/proyectos-transformacion-digital/plataforma-inteligente-de-destinos/.
Está integrado por algunos representantes de la Red DTI, la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); representantes de los sectores empresariales turístico y tecnológico: Consejo de Turismo CEOE, Adigital, Ametic, Conetic y Digitales, así como la Asociación Española de Normalización (UNE), el Ayuntamiento de Benidorm e Invattur.
Entre sus funciones está velar para que el diseño y puesta en marcha de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) esté alineada con las necesidades de los destinos y sus ecosistemas socioeconómicos, así como conocer e informar sobre las diferentes actuaciones que se desarrollan: estudios de estados del arte, proyectos piloto y casos de uso que activarán capacidades básicas y especializadas de la plataforma, lo que facilita la interoperabilidad con otras plataformas tanto públicas como privadas potenciando la capacidad operativa del sector y nuevos escenarios de gobernanza y aprovechamiento de los datos.
Para completar el proceso de diálogo se ha realizado una Consulta Preliminar del Mercado (CPM) con el objeto de conocer los avances, alternativas, novedades y precios del mercado para identificar necesidades y definir en detalle las distintas líneas de trabajo del proyecto. Se obtuvieron 41 respuestas.
El sector turístico es un sector compuesto por una mayoría de autónomos y micropymes y con una función económica y social esencial para la cohesión de nuestro país. El papel de los destinos y de los entes de gestión pública que trabajan en los mismos es clave, siendo un elemento central de los ecosistemas turísticos.
Existe un doble reto, por una parte, desarrollar unos servicios públicos digitales más inclusivos, eficientes, personalizados, proactivos y de calidad para residentes y visitantes y, por otra parte, definir el papel de las administraciones públicas en este contexto. Este doble reto es posible abordarlo gracias a la existencia de entidades locales que vienen trabajando en red, bajo el modelo de Destino Turístico Inteligente impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo, dentro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes («Red DTI» ya citada) cuyo principal objetivo es liderar, desde la sostenibilidad, el desarrollo del sector turístico a través de la innovación y la tecnología, promover sinergias y transferencia de conocimiento, maximizando los beneficios de la metodología DTI.
El Programa de Destinos Turísticos Inteligentes se encuentra sometido a un proceso de rápido crecimiento por el enorme interés que ha despertado entre los destinos nacionales, motivo por el que necesita dotarse de una infraestructura tecnológica de gestión que permita garantizar no sólo el crecimiento del programa, sino la conformación de una verdadera Plataforma Inteligente de Destino. Existen enormes necesidades de tecnificación y digitalización en destinos todavía muy analógicos, con grandes dificultades para interactuar con visitantes cada vez más digitalizados y la industria turística que presta servicios a los mismos, particularmente las pymes.
La Red DTI tiene por objeto promover la conversión de los destinos turísticos españoles a destinos turísticos inteligentes, fomentar la colaboración público-público y público-privada en el desarrollo de productos, servicios y actuaciones de los Destinos Turísticos Inteligentes; contribuir a garantizar el liderazgo de España en materia de inteligencia turística a través de las actuaciones que realice la Red y garantizar la calidad y la evolución del proyecto DTI.
La Red DTI actúa en ámbitos con un enfoque interno, realizando acciones de asesoramiento en la aplicación de la metodología y promoviendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre sus miembros. Y lo hace también en ámbitos con un enfoque externo dando visibilidad al proyecto y los DTI, en el ámbito nacional e internacional, difundiendo el trabajo realizado y contribuyendo a poner de manifiesto el liderazgo de España en inteligencia turística.
En la actualidad, la Red DTI integra un total de 641 miembros, de los cuales 459 son miembros titulares (conformados por entidades locales), 87 miembros institucionales (otras administraciones o entes asociativos), 91 empresas colaboradoras (actores de la industria turística) y 4 miembros observadores. A efectos de las presentes ayudas, serán potenciales beneficiarios exclusivamente los miembros titulares.
La Red DTI proporciona usuarios cualificados para su interacción con la futura Plataforma Inteligente de Destino, al integrar a los principales destinos turísticos españoles.
Alineada con los objetivos marcados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en el Plan de Recuperación, esta línea de ayuda tiene por objetivo específico subvencionar proyectos de desarrollo de plataformas inteligentes y soluciones digitales que permitan contribuir a mejorar la gestión, seguimiento y control de destinos turísticos, tratando de promover la necesaria interoperabilidad entre las mismas. Por esta razón, en esta orden se incluye la posibilidad de que en el mismo momento que se solicita la ayuda se entregue solicitud de adhesión a la Red DTI, de forma que ninguna entidad local pueda quedar excluida de la misma.
Se financiará, de este modo, la creación de plataformas inteligentes de destino y/o módulos de referencia opcionales (en el caso de que los destinos ya dispongan de plataforma), el desarrollo de soluciones digitales que contribuyan a la mejora de la competitividad de los destinos y, finalmente, los costes asociados a la interconexión y/o integración de las diferentes plataformas inteligentes de destino con el nodo central de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID). También se financiará el acompañamiento y formación inicial para la puesta en marcha e implantación de las plataformas, módulos de las mismas y soluciones e infraestructuras digitales.
El objetivo es que estas plataformas y soluciones digitales permitan a todos los agentes relacionarse con el/la turista de manera digital, inteligente y escalable y mejorar la gestión del destino turístico, atendiendo también a la necesidad de mejorar la relación entre el turismo y las personas residentes. Igualmente, persigue mejorar la competitividad y sostenibilidad de los destinos, en base a soluciones digitales e inteligentes. Además, estas plataformas y soluciones digitales se diseñarán de forma modular, de manera que se puedan ir añadiendo componentes de forma progresiva y permitirán el desarrollo de nuevas soluciones compartidas, como servicios en la nube (en modalidad SaaS), beneficiando esas soluciones a destinos turísticos con necesidades y diagnósticos comunes. Este planteamiento propiciará la reutilización de servicios, la implantación inmediata en los destinos, así como la securización de los servicios prestados.
Esta orden se aprueba conforme a lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Por otro lado, de cara a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en concreto la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo indicado en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas en el ámbito del Plan de Recuperación deberán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el Componente 14, Inversión C14.I2 en la que se enmarca, tanto en lo referido al principio DNSH, como especialmente en lo que se refiere a las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.
Así mismo, la inversión 2 del componente 14 tiene asignada una etiqueta digital en el Plan de Recuperación, la 010, correspondiente a Digitalización de pymes (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivientes, los ciber emprendedores, las empresas emergentes basadas en TIC, el comercio electrónico entre empresas), con un coeficiente de contribución a objetivos de transición digital del 100 %. Por lo tanto, las actuaciones financiadas deberán responder a esta categoría, para ello se podrá consultar en el siguientelinkhttps://www.segittur.es/plataforma-inteligente/proyectos-plataforma-inteligente/plataforma-inteligente-de-destinos/ las características de la Plataforma Inteligente de Destino.
La presente orden se dicta conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia, respectivamente, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. El carácter transversal de la competencia estatal sobre la base del artículo 149.1.13.ª es recogido en la jurisprudencia constitucional (por todas, STC 74/2014, de 8 de mayo, FJ 3) de manera que «aun existiendo una competencia sobre un subsector económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como “exclusiva” en su Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias», siempre que el fin que se persigue responda efectivamente a un objetivo de planificación económica.
Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que «exige decisiones unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de determinados problemas en orden a la consecución de dichos objetivos (de política económica global o sectorial) y evite que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en las distintas partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores» (STC 186/1988, FJ Ortega; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5). El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza y forma de instrumentación, orientadas a garantizar la «unidad de mercado» (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la «unidad económica» (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).
En su seno, se enmarcan tanto las normas estatales que fijan las líneas directrices y los criterios globales de la economía o referidos a la ordenación de un sector concreto, como aquellas acciones o medidas singulares necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de dichos ámbitos. Por ejemplo, líneas de ayudas como las reguladas en esta orden, destinadas a actualizar y modernizar los destinos turísticos en todas aquellas infraestructuras, herramientas y soluciones digitales relacionadas con la gestión de servicios turísticos por parte de las entidades locales, especialmente a través del desarrollo de plataformas tecnológicas y/o de sus módulos que doten de interoperabilidad a la oferta de servicios públicos y privados a la persona visitante.
Esta competencia transversal del Estado concurre en este título con la atribución estatutaria de las comunidades autónomas en materia de promoción del turismo. Por otro lado, los municipios resultan competentes en materia de información y promoción de la actividad turística en el ámbito local, dentro de los límites de la ley estatal y autonómica [artículo 25.2.h)] de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Se trata de un ámbito, por lo tanto, en el que concurren títulos competenciales del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
Partiendo de esta concurrencia, hay que recordar que, como señaló el Tribunal Constitucional en la STC 31/10, en relación con la competencia exclusiva recogida en el Estatuto de Cataluña sobre comercio y ferias, que ésta «no impide ni menoscaba el ejercicio de la competencia estatal del artículo 149.1. 13.ª CE» (FJ 68).
Concretamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la jurisprudencia consolidada recogida en la STC 13/1992, de 6 de febrero (FJ 8), cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas competencias exclusivas sobre la materia en que recaen las subvenciones, éstas pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada de las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado». No obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia del Estado, el único con competencias para establecer los casos en los que concurren esas circunstancias y para valorar la participación en ese proceso de las comunidades autónomas (STC 31/10, FJ 62).
A este tenor, y teniendo en cuenta la oportunidad de financiación que suponen los Fondos Next Generation EU, el necesario cumplimiento en plazo de los hitos y objetivos marcados por el Plan de Recuperación, y por ello la urgente necesidad de desplegar, de manera homogénea y ágil, la presente línea de ayudas s en todo el territorio nacional, queda justificada la habilitación competencial de esta orden de bases reguladoras. Esta orden de bases contribuirá cumplimiento del hito 222: implementación y puesta en marcha de una Plataforma Inteligente de Destino plenamente operativa. La plataforma pondrá a disposición de los turistas servicios públicos y privados interoperables antes de final de junio 2025.
Por todo ello, concurren en este caso las circunstancias para centralizar la convocatoria de las ayudas por el Estado: el apoyo al sector turístico en el proceso de recuperación económica y transformación digital en el que se encuentra inmerso, aprovechando las oportunidades de financiación de los nuevos Fondos Europeos que exigen el cumplimiento de unos hitos y objetivos en un plazo determinado.
En el mismo sentido, cabe resaltar que el esquema centralizado para la asignación de los fondos es imprescindible para la efectividad inmediata por múltiples razones. Por un lado, se garantizaría el despliegue simultáneo de las ayudas, contribuyendo a una acción única, homogénea y sincronizada de revitalización y transformación del turismo, evitándose así la potencial falta de sincronía por posibles diferencias en plazos de tramitación entre las comunidades autónomas. Así, la necesidad de un despliegue ágil y coordinado, que refuerce la recuperación y transformación del sector turístico en todo el territorio, exige que los plazos y criterios aplicados sean idénticos en todo el territorio nacional, lo que se materializa con una tramitación de la recepción de solicitudes, selección de proyectos y pago de ayudas única. El enfoque adoptado permite poner en marcha un procedimiento homogéneo que haga frente a la situación de urgencia actual de forma unívoca.
Por otro lado, la propuesta de gestión que ofrece esta orden resulta la más conveniente para alcanzar el objetivo que se persigue. Se pretende potenciar la competitividad de los destinos turísticos en todo el territorio y apoyarles en el proceso de recuperación y transformación digital, independientemente de la comunidad autónoma en la que se sitúen, valorando únicamente las cualidades de los proyectos presentados por las entidades locales. Este objetivo entra en conflicto con la necesidad de definir un criterio de distribución objetivo entre las comunidades autónomas que sirviese al mismo fin en el caso de que se procediese a la gestión territorializada, porque el nivel del reparto para definir la cantidad asignada a cada una de éstas debería fijarse en función de criterios cuantitativos ligados al ámbito autonómico (sea el PIB, la población, los datos turísticos o el número de mercados en el territorio), lo que no es posible con proyectos de innovación que no se pueden conocer a priori, siendo además un requisito imprescindible el de la agilidad en el despliegue de las ayudas para maximizar el impacto de las medidas, y cumplir con las obligaciones acordadas con la Unión Europea.
Enlazando con el segundo elemento al que hace referencia el Tribunal Constitucional en su doctrina, ninguna otra opción de las posibles permitiría atender mejor al objetivo primordial que se persigue. Así mismo, si atendemos a la diversidad de características de las potenciales entidades beneficiarias en lo que respecta a sus dimensiones y estructuras, así como en el grado tecnológico alcanzado en el sector turístico ubicado en sus demarcaciones, se aconseja un procedimiento de tramitación y valoración único.
La supra territorialidad como criterio de atribución de competencias al Estado queda justificada en la STC 27/2014, de 13 de febrero, FJ 4:«…la utilización de la supra territorialidad como criterio determinante para la atribución o el traslado de la titularidad de competencias al Estado en ámbitos, en principio, reservados a las competencias autonómicas tiene, según nuestra doctrina, carácter excepcional, de manera que sólo podrá tener lugar “cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supra-ordenado con capacidad de integrar intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 8)” (STC 35/2012, FJ 5, con cita de la STC 194/2011, FJ 5)».
En resumen, teniendo en cuenta la cercanía del plazo de cumplimiento del hito 222, se hace más evidente que nunca la necesidad real de la puesta en marcha de este proyecto.
Se trata, además, de una medida puntual, que no interfiere con el espacio normativo de las comunidades autónomas, pues las mismas pueden desarrollar sus políticas sectoriales propias, ya que el Estado no establece una regulación básica con vocación de permanencia sino que adopta una medida singular, puntual y aislada, que se agotará con su ejecución en el marco del Plan de Recuperación, y para el ejercicio por las entidades locales de competencias propias de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril.
El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política de turismo.
Específicamente, el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria y Turismo, atribuye a la Secretaria de Estado de Turismo, entre otras, las funciones de definición, desarrollo, coordinación y ejecución de las políticas turísticas del Estado, sin perjuicio de las competencias de la Comisión Interministerial de Turismo, así como las relaciones turísticas institucionales de la Administración General del Estado con organizaciones internacionales, públicas o privadas, y la cooperación turística internacional, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Por otro lado, la presente orden prevé la participación como entidad colaboradora en esta línea de ayudas de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR), sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, y adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo. Esta entidad, integrante del sector público estatal y medio propio de la Administración General del Estado, es la responsable de crear un marco homogéneo para el desarrollo del sector turístico español a través de la innovación y la tecnología, tanto en el sector público (nuevos modelos y canales de promoción, gestión y creación de destinos inteligentes, etc.) como en el sector privado (apoyo a emprendedores, nuevos modelos de gestión sostenible y más competitivos, exportación de tecnología española), de ahí que sea la más adecuada para desarrollar este papel, conforme con las normas de selección establecidas en el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre.
Las subvenciones reguladas en esta orden otorgadas a las entidades locales en régimen de concurrencia competitiva no constituyen ayuda de Estado, dado que las entidades locales, como potenciales entidades beneficiarias de las ayudas, no realizan actividad económica en un mercado en competencia y, por tanto, no se dan los requisitos del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para considerar que existe ayuda de Estado.
Asimismo, las ayudas contempladas en la presente orden se incardinan Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 (en adelante, PES 2022-2024) del MINCOTUR, dentro la línea estratégica 1: Transformación digital: Programa MINCOTUR PES 2022-2024: Ayudas para Digitalización en Destinos Turísticos, elaborado en un contexto condicionado por la crisis sanitaria y marcado desde el punto de vista presupuestario por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y por la aprobación del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation). Dicha incardinación se efectúa a través de la primera de las cinco líneas estratégicas del Plan que tiene como objetivo fomentar la digitalización y la innovación en los sectores productivos competencia del Ministerio.
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, siendo el principal favorecer el fortalecimiento del conocimiento científico en turismo y cumplir con los hitos y objetivos marcados por el Plan de Recuperación. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo solo las condiciones que establece la normativa europea y la española. Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las empresas. Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas llegan de una manera ágil a todas las entidades beneficiarias. En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, y garantiza una amplia participación a sus potenciales destinatarios en su elaboración. En relación con los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, se ha recurrido a la concurrencia competitiva, pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar la efectiva ejecución de las políticas públicas del Gobierno en la materia, asegurando la igualdad de oportunidades. Las bases reguladoras de las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando sometidas todas las solicitudes de ayuda al procedimiento ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento definidas para él en dicha normativa.
Esta orden se estructura por razones sistemáticas en tres capítulos y nueve anexos: en el primer capítulo, formado por 3 artículos se describen las disposiciones generales: objeto, encaje en el PRTR y normativa aplicable. El segundo capítulo, que comprende los artículos 4 al 29, contiene las bases reguladoras y el procedimiento de gestión de las ayudas. El tercer capítulo, que comprende los artículos 30 al 43, regula la presente convocatoria en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En la elaboración de esta orden se ha recabado el informe de la Abogacía de Estado y de la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
1. Constituye el objeto de esta orden ministerial la aprobación de las bases reguladoras del programa de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el despliegue, por parte de entidades públicas locales miembros titulares de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (en adelante, Red DTI) o aquellas que hayan presentado su solicitud de adhesión a la Red DTI, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6, de plataformas inteligentes que contribuyan a la transformación digital del destino y el sector turístico mediante la integración de datos turísticos y el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías y soluciones digitales en los destinos, y a su vez contribuyan a su integración con el nodo central de la Plataforma Inteligente de Destino de la Secretaría de Estado de Turismo, en el marco de la Agenda España Digital 2025.
2. La finalidad de estas ayudas es financiar el desarrollo e implantación de plataformas inteligentes de destino y/o módulos de referencia opcionales dentro de las plataformas ya existentes, por parte de las entidades potencialmente beneficiarias previstas en el artículo 6, así como la interconexión e integración de las diferentes plataformas y soluciones con la plataforma estatal que conformará el nodo central de la Plataforma Inteligente de Destino (PID).
3. Para alcanzar esta finalidad, los proyectos presentados deberán permitir el desarrollo de plataformas inteligentes de destino y/o módulos de referencia opcionales dentro de las mismas, en el caso de plataformas inteligentes ya existentes.
4. Solo serán subvencionables aquellas actividades que hayan comenzado con posterioridad a la presentación de la solicitud, de conformidad con lo recogido en el artículo 15 de las presentes bases.
1. Las ayudas reguladas en esta orden se incardinan en el Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», en la inversión 2, «Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico», Proyecto 1, «Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos», que tiene por objeto implementar actuaciones de impulso a la digitalización de los destinos turísticos y de las empresas turísticas y abordar la construcción de un Sistema de Inteligencia Turística basado en la economía del dato y la interoperabilidad, para garantizar el desarrollo sostenible del territorio turístico, que sea accesible para todos, que facilite la interacción e integración de la persona visitante con el entorno e incremente la calidad de su experiencia en el destino y mejora de la calidad de vida de los/las residentes gracias a las nuevas tecnologías y a un proceso de innovación continua, teniendo atribuida la etiqueta digital 010 Digitalización de pymes (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivientes, los ciberemprendedores, las empresas emergentes basadas en TIC, el comercio electrónico entre empresas)con un coeficiente de contribución a la transición digital del 100 %. Para cumplir con dicho etiquetado las actividades financiadas deberán cumplir con el objetivo y tipología de proyectos que se enmarcarán dentro del artículo 5 de esta orden.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las presentes bases quedan sujetas al «Plan de medidas antifraude» aprobado por la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Turismo, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con el que se pretende proteger los intereses financieros de la Unión Europea frente a las irregularidades y el fraude, garantizar que los fondos se utilizan de conformidad con las normas aplicables en general y en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
3. De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, todas las actuaciones financiadas con cargo a la presente orden deberán respetar el llamado principio de «no causar un perjuicio significativo» al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el Componente 14, Plan de modernización y competitividad del sector turístico.
1. Las ayudas a que se refiere esta orden y a las actuaciones financiadas con cargo a ella se regirán por:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
c) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales.
d) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
e) El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
f) El Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
g) Las Disposiciones Operativas entre la Comisión y España, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
h) Será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 «en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley».
i) El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
j) El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, en cuanto que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
k) La Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01) («Guía Técnica de la Comisión Europea»).
l) La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
m) La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
n) La Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de aplicación tanto por parte de las unidades tramitadoras como para las entidades beneficiarias. Además, la entidad dispone de una guía para la prevención del conflicto de intereses en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aprobada por el Subsecretario con fecha de 9 de febrero de 2023.
2. Asimismo, será de aplicación la normativa relativa a la prevención y corrección del fraude y la corrupción, la prevención del conflicto de interés y la doble financiación, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014 y (UE) 283/2014 y la Decisión 541/2014/UE, y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) 966/2012.
1. Las ayudas reguladas por esta orden se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, establecidos en el artículo 8.3, 22.1 y 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. El procedimiento de concesión, que se iniciará de oficio mediante convocatoria pública, se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3. Esta orden por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, que, de acuerdo con el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluye la correspondiente convocatoria, se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante, BDNS) y en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
1. La inversión 2, del componente 14 del Plan de Recuperación, submedida 1, en la que se integra esta línea de ayudas, tiene por objeto implementar actuaciones de impulso de la digitalización de los destinos turísticos y de las empresas turísticas, con la etiqueta010, correspondiente a digitalización de pymes (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivientes, los ciberemprendedores, las empresas emergentes b