Categoría: Educación

n de los padres y tutores legales del alumno, y su colaboración posterior será esencial para recabar los aspectos necesarios para efectuar una evaluación objetiva.
1. La realización de la evaluación psicopedagógica servirá de base para la realización de un informe psicopedagógico, que se incluirá en el expediente escolar, en el que se recogerán diferentes aspectos relacionados con el alumno, en especial sobre su evolución personal y educativa, las necesidades educativas que requiere, las adaptaciones curriculares, la propuesta de escolarización, los apoyos educativos y cualquier otra orientación que se considere imprescindible, así como el proceso para su revisión o actualización.
2. Para la realización de la evaluación psicopedagógica es necesaria la autorización de padres y tutores legales del alumno. Se les deberá facilitar una copia del informe resultado de la evaluación, así como información por el centro sobre las medidas propuestas.
1. Cuando se considere que son necesarios recursos extraordinarios o una modalidad de escolarización diferente a la ordinaria, se deberá realizar un dictamen de escolarización. Reglamentariamente se determinará el modelo de dictamen que se formalizará como un informe individualizado y técnico a los efectos descritos.
2. Los servicios de orientación son los responsables de elaborar el dictamen de escolarización que, en todo caso, deberá contener los siguientes aspectos:
a) Las conclusiones del informe de la evaluación psicopedagógica, la propuesta curricular y los recursos necesarios.
b) La propuesta de la modalidad de escolarización, que adjuntará la opinión de los padres y tutores legales del alumno. Si existiese discrepancia entre la propuesta de la modalidad de escolarización y la opinión de la familia, la escolarización se resolverá priorizando la opinión de los padres o tutores legales en la elección de la modalidad educativa y considerando el interés superior del menor.
1. La evaluación del alumnado será continua, global, formativa, participativa y orientadora, considerando todas las variables y elementos del centro, del alumnado, de las familias y del entorno sociocomunitario que influyen en el proceso educativo.
2. El referente de la evaluación serán los elementos curriculares decididos para cada alumno, y tendrá como objeto conocer su progreso, ajustar el plan de actuación y tomar decisiones relativas a su escolarización.
3. Al finalizar cada curso escolar se evaluarán los resultados conseguidos por el alumno con el fin de valorar su progreso, proporcionar la orientación adecuada, modificar las medidas que procedan y, en su caso, realizar la propuesta de revisión de la modalidad de escolarización.
Las siguientes actuaciones deberán realizarse por la Consejería competente en materia de Educación:
a) Garantizar una adecuada escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales teniendo en cuenta la oferta de plazas escolares en los centros sostenidos con fondos públicos.
b) Dotar a los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos necesarios para ofrecer una educación equitativa y de calidad, considerados los principios de inclusión e individualización de la intervención educativa.
c) Apoyar la formación del profesorado en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
d) Evaluar las medidas previstas en esta ley para conocer los resultados en la consecución de los objetivos planteados.
e) La Comunidad de Madrid, dentro del ejercicio de sus competencias, promoverá cualesquiera instrumentos de colaboración y coordinación con los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma e instituciones públicas y privadas, para conseguir, en régimen de igualdad, la dotación de recursos y medios a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
f) La Consejería de Educación pondrá en marcha un canal de denuncias digital y accesible para la comunidad educativa independiente del centro, que unifique, tramite y dé una solución integral a las denuncias. Se deberá garantizar en todo momento la protección de la identidad de los denunciantes.
Las actuaciones que deberán realizar los centros educativos para asegurar una atención eficiente y de calidad con el alumnado identificado con necesidades educativas especiales son las siguientes:
a) Impulso efectivo de aquellas actuaciones que favorezcan su atención, con la adopción de medidas que permitan a los alumnos alcanzar las competencias y objetivos previstos.
b) Planteamiento de acciones preventivas y de detección temprana, y de las necesarias para el alumnado con dificultades en la comunicación derivadas de discapacidad, como son el conocimiento y uso de productos de apoyo a la audición y a la comunicación oral, de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación y de la lengua de signos.
c) Desarrollo de medidas y actuaciones para promover la convivencia y la no discriminación.
d) Uso efectivo de los recursos técnicos y humanos necesarios para garantizar un adecuado desarrollo y potenciación de la acción tutorial y orientadora por parte de todo el profesorado, que favorezcan, a su vez, la participación de los padres y tutores legales de los alumnos.
e) Fomento de la participación del profesorado en actividades de formación e innovación relacionadas con la atención a la diversidad.
La atención al alumnado con necesidades educativas especiales requiere de medidas educativas acordes con sus necesidades, que podrán ser ordinarias y específicas.
1. Las medidas ordinarias tienen por objeto responder a las diferencias curriculares y resultados de aprendizaje, con el fin de alcanzar los objetivos y competencias previstos.
2. Se consideran medidas ordinarias las siguientes:
a) Ajuste de las programaciones didácticas del alumnado e impulso de metodologías que promuevan la inclusión.
b) Implantación de programas de refuerzo educativo y de habilidades sociales y desdoblamiento de grupos.
c) Revisión de la estructura organizativa del centro y del aula, para su adecuación a las características de los alumnos.
d) Adaptación de instrumentos y procedimientos de evaluación.
Las modificaciones sustanciales y adaptaciones significativas de los elementos curriculares, los cambios organizativos que tengan especial trascendencia y las medidas de flexibilización que aumenten la duración de cada enseñanza se consideran medidas específicas, que sólo podrán adoptarse cuando se considere insuficiente la aplicación única de las medidas ordinarias.
Si las medidas específicas señaladas no se consideran efectivas para atender las necesidades educativas, se podrá proponer un cambio de la modalidad inicial de escolarización, que podrá variar a lo largo de la trayectoria escolar del alumnado, con el fin de ajustar la respuesta educativa al régimen más inclusivo posible.
1. La Consejería con competencias en materia de Educación dotará a los centros educativos del equipamiento necesario y de los materiales educativos específicos para atender las necesidades educativas especiales de su alumnado.
2. Las instalaciones y dependencias de los centros educativos serán accesibles para todo el alumnado escolarizado en los mismos.
1. Los centros educativos se dotarán de los recursos humanos necesarios. Entre los profesionales especializados, se asignará el profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, según corresponda, para atender a estos alumnos.
2. Los profesionales asignados a los centros educativos se determinarán por parte de la Consejería competente en materia de Educación.
La formación del profesorado que atienda al alumnado con necesidades educativas especiales tendrá carácter prioritario.
Se fomentará la investigación y la innovación educativa con enfoques metodológicos novedosos y buenas prácticas relacionadas con la educación inclusiva, con repercusión en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
1. Los padres y tutores legales del alumnado participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y a la evolución de su aprendizaje, por lo que:
a) Mantendrán entrevistas periódicas con los centros, al menos una al inicio del curso escolar y otra al finalizar cada trimestre, al objeto de participar en el seguimiento y toma de decisiones que afecten a sus hijos.
b) Colaborarán en el proceso de evaluación inicial y evaluaciones psicopedagógicas de sus hijos.
2. La puesta en marcha de programas y otras medidas para que los padres y tutores legales del alumnado reciban información y asesoramiento serán llevados a cabo por la Consejería que detente la competencia de Educación y por los centros educativos. Asimismo, los centros educativos garantizarán la libertad educativa de padres y tutores conforme a las garantías constitucionales reconocidas en el artículo 27 de la Constitución Española.
1. La coordinación en los centros se llevará a cabo mediante reuniones entre el personal especializado, el profesorado de los grupos ordinarios de referencia, los profesionales que ejercen las funciones de orientación educativa, las familias y otros agentes educativos o sociosanitarios que intervengan.
2. Los diferentes centros educativos colaborarán y se coordinarán entre ellos, en especial, cuando se trate de centros que atiendan a un mismo alumno.
La colaboración entre las distintas administraciones y entidades que desarrollen su labor en la prevención, detección temprana e intervención educativa con el alumnado, se impulsará por la administración educativa mediante protocolos de actuación, favoreciendo el intercambio de experiencias e información.
En el seguimiento y aplicación de lo previsto en esta ley participarán los distintos sectores implicados, de acuerdo con sus competencias.
1. La Consejería competente en materia educativa promoverá la evaluación del conjunto de medidas contempladas en esta ley, con objeto de conocer el grado de eficacia en la consecución de los objetivos para adaptarlos progresivamente a las demandas de la sociedad.
2. Los instrumentos destinados a la recogida de la información sobre la evaluación deberán contemplar tanto aspectos de tipo cuantitativo y objetivable como de tipo cualitativo.
1. La administración educativa ejercerá la inspección de todos los elementos y aspectos del sistema educativo no universitario para asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza.
2. El ejercicio de la inspección educativa se realizará conforme a las funciones, atribuciones y principios de actuación recogidos, respectivamente, en los artículos 151, 153 y 153 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
3. En el desempeño de sus funciones, los inspectores de educación tendrán la consideración de autoridad pública y, como tales, recibirán de los miembros de la comunidad educativa, así como de las demás autoridades y funcionarios, la ayuda y colaboración precisas para el desarrollo de su actividad.
4. El proceso selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación es el de concurso-oposición, con una fase de prácticas, y estará regido por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Los aspirantes deben tener una antigüedad y una experiencia docente mínima de ocho años en alguno de los cuerpos que integran la función pública docente, y la titulación académica que les permita acceder a dicho cuerpo.
5. La fase de oposición consistirá en una prueba, encaminada a valorar la capacidad de liderazgo para el desempeño de la función inspectora, en la que se evaluarán conocimientos pedagógicos, de administración y de legislación educativa, así como los conocimientos de las técnicas específicas para el desempeño de las funciones asociadas.
6. En la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los candidatos, sus méritos específicos como docentes, el desempeño de cargos directivos con evaluación positiva, la pertenencia a alguno de los Cuerpos de Catedráticos a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y el ejercicio, en su caso, de la función inspectora.
1. La Consejería competente en la materia de educación no universitaria, además de participar en las evaluaciones previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, coordinadas por la Administración General del Estado, llevará a cabo aquellas evaluaciones externas, que se consideren necesarias, dirigidas a la mejora de la calidad, de la equidad y de la excelencia de la educación.
2. La Comunidad de Madrid podrá participar en las evaluaciones internacionales que sean coordinadas por la Administración General del Estado.
El contenido de esta ley será de aplicación a los centros privados no sostenidos con fondos públicos, siempre que no contravenga lo dispuesto en el articulado del título I de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y las exigencias del capítulo III del título IV y del capítulo II del título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
En todo caso se dará cumplimiento a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como al Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), así como la normativa posterior que la desarrolle o modifique.
Si un centro educativo con concierto perdiera dicha condición en un plazo igual o inferior a cuatro meses antes del inicio del curso escolar, como consecuencia de la finalización sobrevenida de los efectos de cualquier instrumento jurídico, la administración educativa hará frente a los gastos derivados de ese curso escolar con el objeto de salvaguardar la seguridad jurídica, la planificación educativa y los derechos de los alumnos y de las familias en el proceso de admisión en los centros.
Los procesos de selección para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación se regirán por la normativa vigente en el momento de su convocatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias, en el ámbito de sus competencias, para el desarrollo y ejecución de esta ley, así como para acordar las medidas que garanticen la efectiva ejecución e implantación de la misma.
La educación inclusiva del alumnado en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, en desarrollo del artículo 4.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se regulará por el Consejo de Gobierno en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.
Madrid, 10 de febrero de 2022.–La Presidenta, Isabel Serrano Nieto.