Categoría: Judicial

ello. Cierto es, como así se refleja en los antecedentes de esta sentencia, que los demandantes no dedujeron la pretensión que ahora esgrimen cuando se les dio traslado por treinta días para tal menester. Pero no es menos cierto que el órgano judicial tampoco ha realizadomotu proprioun escrutinio del contrato del préstamo hipotecario, a fin de detectar la posible abusividad de alguna de sus cláusulas. De conformidad con la doctrina constitucional que ha sido reflejada, sobre el órgano judicial recae la obligación de efectuar esta revisión, incluso de oficio, a no ser que ya hubiera realizado ese examen mediante un anterior control que hubiera dado lugar a una resolución firme; y esa obligación pervive hasta que el procedimiento de ejecución culmine con la puesta a disposición del inmueble en poder del adquirente. Así pues, como en el supuesto que nos ocupa no concurre ninguna de las circunstancias indicadas, las razones alusivas a la extemporaneidad de la pretensión y a la preclusión de la posibilidad de llevar a cabo la revisión interesada no empecen la subsistencia de la obligación del juzgador, en los términos anteriormente reflejados.
Por último, procede dar respuesta a la alegación de la entidad personada, relativa a que el contrato suscrito con los demandantes era de «refinanciación» y, por ello, queda excluido del ámbito de aplicación de la normativa relativa los consumidores usuarios. Más allá de esa afirmación, la indicada entidad no esboza ninguna argumentación que explicite por qué la «refinanciación» a la que alude determina que el contrato de préstamo con garantía hipotecaria queda extramuros de la normativa de consumo. En cualquier caso, cumple añadir que el aspecto a que se ha hecho referencia resulta ajeno al objeto del presente recurso de amparo, toda vez que ninguna de las resoluciones judiciales impugnadas en esta sede se pronuncia sobre esa cuestión, a fin de rechazar la pretensión formulada por los recurrentes.
Por todo lo expuesto, afirmamos que el juzgador de instancia incumplió la obligación de resolver sobre la nulidad de las cláusulas identificadas como abusivas, decisión esta que fue corroborada por el tribunal que desestimó recurso de apelación formulado por los demandantes de amparo. En consecuencia, apreciamos la lesión el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), porque la decisión de no atender la revisión interesada por aquellos «(i) infringió el citado principio de primacía del Derecho de la Unión al prescindir por su propia, autónoma y exclusiva decisión, de la interpretación impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante; (ii) incurrió, por ello, en una interpretación irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso […]» (STC 31/2019, FJ 9).
6. Alcance del otorgamiento del amparo.
En atención a lo expuesto, procede estimar el presente recurso de amparo, con la consiguiente declaración de nulidad del auto de 17 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Barbastro, y del auto de fecha 31 de marzo de 2021, de la Sección Única de la Audiencia Provincial de Huesca. También procede acordar la retroacción de las actuaciones al momento previo al dictado de la primera resolución indicada, a fin de que, en congruencia con lo interesado en el escrito incidental de fecha 8 de mayo de 2018, el órgano judicial resuelva de manera respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de los demandantes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerles en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de 17 de diciembre de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Barbastro, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 74-2012; y del auto de fecha 31 de marzo de 2021, dictado por la Sección Única de la Audiencia Provincial de Huesca, en el recurso de apelación núm. 138-2020.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento del primero de los autos citados, a fin de que, en los términos establecidos en el fundamento jurídico sexto de esta sentencia, el órgano judicial dicte una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil veintidós.–Pedro José Pascual Jiménez.–Santiago Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Lorenzo.–María Luisa Vidal Rojas.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el presente voto particular por discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia recaída en el recurso de amparo núm. 3171-2021, el cual a mi juicio debió ser desestimado.
Las razones de mi discrepancia han quedado detalladamente expuestas en el voto particular formulado a la sentencia 31/2019, de 28 de febrero, que resolvió una demanda de amparo sustancialmente idéntica a la presente, al que por tanto me remito.
Y en tal sentido emito mi voto particular.
Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil veintidós.–Ricardo Enríquez Pérez y rubricado.