Categoría: Judicial

creencia de que hace lo correcto y, por consiguiente, actúa sin ánimo dilatorio (así, SSTC 151/2008, de 17 de noviembre, FJ 2; 150/2019, de 25 de noviembre, FJ 2; 80/2020, de 15 de julio, FJ 2, o 9/2022, de 7 de febrero, FJ 1) y, en relación con esa creencia, la relevancia que tiene la posición adoptada por el Tribunal en caso precedentes. En ese sentido, por ejemplo, la STC 170/2019, de 16 de diciembre, FJ único, niega la extemporaneidad de una demanda vinculada al carácter del art 43 y no 44 LOTC en los supuestos de recursos de amparo contra la denegación de responsabilidad patrimonial de la administración por prisión preventiva seguida de un sobreseimiento o de una absolución, destacando que esa naturaleza del recurso no se había establecido jurisprudencialmente hasta la STC 85/2019, de 19 de junio. Del mismo modo, la importancia de la expectativa generada por actuaciones previas del Tribunal en casos semejantes, fue destacada en la STC 73/2021, de 18 de marzo, FJ 2, respecto de la necesidad de acudir al incidente de nulidad de actuaciones en los casos de impugnación de la inadmisión liminar de procesos dehabeas corpusmediante la invocación del art. 17.4 CE.
3. Puede apreciarse también una posición de la jurisprudencia constitucional contraria al rigorismo cuando, en atención a las singulares circunstancias concurrentes en el caso, resultaba desproporcionado seguir una interpretación y aplicaciones de las previsiones legales respecto del momento en que debe comenzarse el cómputo de los plazos de interposición del recurso de amparo o en que debe considerarse interrumpido.
A ese respecto, cabe citar la posición del Tribunal que, ante la diferente dicción sobre el comienzo del cómputo del plazo de interposición del recurso de amparo entre el art. 43.2 LOTC, que establece que «será el de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial», y el art. 44.2 LOTC, que opta por referirse a que «será de treinta días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial», no ha tenido inconveniente en entender que también en este último caso el comienzo del cómputo se produce no a partir de la notificación sino del día siguiente (ATC 204/1999, de 28 de julio, FJ 2).
También es destacable, en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 85.2 LOTC respecto del lugar y tiempo para que la presentación de la demanda o de la petición del nombramiento de profesionales del turno de oficio tenga efectos interruptores del plazo de interposición del recurso de amparo, que se encuentran en la jurisprudencia constitucional notables ejemplos de flexibilización y aplicación del principiopro actione. Se pueden citar, por ejemplo, un buen número de resoluciones en las que se incide en que el efecto interruptor del plazo de interposición del recurso de amparo, en los casos de demandantes internos en centros penitenciarios, se produce con la entrega y sellado del escrito a la administración penitenciaria y no con su recepción en el registro del Tribunal (SSTC 29/1981, de 24 de julio, FJ 5; 146/1997, de 15 de septiembre, FJ 2; 182/1998, de 17 de septiembre, FJ 4, o 18/2020, de 10 de febrero, FJ 2).
Ese mismo sano criterio antiformalista se sigue en las SSTC 281/2000, de 27 de noviembre, FJ 2, o 2/2010, de 11 de enero, FJ 2, cuando se acepta como lugar para presentación de la demanda de amparo en el día de término el juzgado en funciones de guardia de Madrid a pesar de no poder ser considerado estrictamente una «oficina o servicio de registro central de los tribunales civiles de cualquier localidad» al que se refiere el art. 85.2 LOTC; o en la STC 35/2003, de 25 de febrero, FJ 4, cuando en los casos en que se reside fuera de la demarcación judicial del Tribunal Constitucional y no se cuenta con asistencia letrada y representación procesal, se acepta que el día de interrupción del cómputo del plazo puede ser el de remisión por correo ordinario y no el de recepción en el registro del Tribunal Constitucional.
Un último ejemplo de la deferente posición de este tribunal respecto de posiciones rigoristas en materia del cumplimiento del requisito de interposición en plazo de la demanda de amparo es la reconsideración a la que sometió el Pleno de este tribunal en la STC 136/2016, de 18 de junio, su anterior posición expresada en la STC 88/2013, de 11 de abril, FJ 3. En efecto, en esta última sentencia, asumiendo jurisprudencia ya expuesta en la STC 28/2011, de 14 de marzo, FJ 3, la posición del Tribunal era que la posibilidad prevista en el art. 85.2 LOTC de presentación de los escritos de iniciación de los recursos de amparo en lugar distinto al registro general del Tribunal Constitucional quedaba limitada a aquellos casos en los que, conforme con el art. 135.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), se presentan hasta las quince horas del día posterior al del vencimiento del plazo –día de término–; concluyendo que los presentados en otro lugar y en momento distinto habrían de entenderse presentados en el momento en que tuvieran entrada efectiva en el registro general de este tribunal. Sin embargo, la citada STC 136/2016 corrigió esa posición, sosteniéndose a partir de ese momento que no había objeción para que la posibilidad prevista en el art. 85.2 LOTC de presentación de demandas en la oficina o servicio de registro central de los tribunales civiles de cualquier localidad se hiciera durante la integridad del plazo completo y no solo el día de término.
4. La jurisprudencia constitucional, ya en relación específicamente con la diferencia entre los recursos de amparo interpuestos por la vía de los arts. 43 y 44 LOTC, también se ha mostrado más favorable a una interpretación y aplicación a su admisibilidad mediante su consideración de recursos de amparo del art. 44 LOTC cuando, a pesar de tratarse subjetivamente de actuaciones de las administraciones públicas, funcionalmente la conducta a la que se imputaba la vulneración constitucional se afirmaba que no lo era en el ejercicio de potestad pública alguna (potestad de imperio), sino desarrollando facultades de orden jurídico-privado (así, SSTC 29/2013, de 11 de febrero, FJ 1; 79/2020, de 2 de julio, FJ 3, o 22/2023, de 27 de marzo, FJ 2).
5. Esta posición favorable al principiopro actionede la jurisprudencia constitucional, no obstante, tampoco permite obviar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en reiteradas ocasiones por vulneración del art. 6.1 CEDH con ocasión de la apreciación rigorista de causas de inadmisión del recurso amparo por parte del Tribunal Constitucional. La mayoría de los supuestos se refieren a casos en que este tribunal ha apreciado, de manera rigorista y desproporcionada al parecer del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la causa de inadmisión por falta de agotamiento de la vía judicial previa (así, por ejemplo, SSTEDH de 8 de noviembre de 2007, asuntode la Fuente Ariza c. España; de 23 de octubre de 2018, asuntoArrozpide y otros c, España; de 26 de noviembre de 2019, asuntoBerasategui Escudero y Arruabarena c. España, o de 15 de diciembre de 2022, asuntoOlivares Zúñiga c. España), pero también existen supuestos en relación con la apreciación de la extemporaneidad de la presentación del recurso de amparo (STEDH de 13 de octubre de 2009, asuntoFerré Gisbert c. España).
6. Considero que en el presente recurso concurren esas singulares circunstancias determinantes para que el Tribunal hubiera debido adoptar una posición flexible en la apreciación de la causa de inadmisión de extemporaneidad, por las razones siguientes:
(i) El demandante de amparo podría haber albergado dudas respecto de si este caso se trataba de uno de los supuestos en que resultaba aplicable la doctrina de laDrittwirkung:El control de la invocación del art. 18.1 CE en la vía judicial previa, sin perjuicio de que se imputara a una administración pública, se ha producido en el orden jurisdiccional civil. Ello ha llevado a la sentencia de casación a sustentar fundadas dudas sobre la falta de competencia de ese orden jurisdiccional, que fue aceptada pero con único fundamento en que había una resolución firme del juzgado de primera instancia que acordaba rechazar la declinatoria de jurisdicción planteada por la Generalitat.
En ese sentido, tomando en consideración que, tradicionalmente, en el ámbito jurisdiccional civil y en el social, en aplicación de la doctrina de laDrittwirkung, las vulneraciones de derechos fundamentales entre particulares para tener acceso al procedimiento de amparo constitucional se imputan por la vía del art. 44 LOTC al órgano judicial que no los ha reparado (así, SSTC 78/1982, de 20 de diciembre; FJ 1; 18/1984, de 7 de febrero, FJ 6, o 56/1995, de 6 de marzo, FJ 2), el hecho de que este procedimiento se hubiera seguido ante la vía jurisdiccional civil sería un dato objetivo en que sustentar que el demandante de amparo podría haber albergado dudas respecto de la aplicación en este caso de esa misma doctrina y, por tanto, haber inducido a la confusión a la parte para considerar que se trataría de un recurso del art. 44 LOTC al que aplicar un plazo de interposición de treinta días en vez de veinte.
(ii) Los precedentes en la jurisprudencia constitucional en que no se ha controvertido la vía del art. 44 LOTC para impugnar vulneraciones de carácter sustantivo imputables a actos de potestad de imperio de una actuación de la administración pública impugnadas ante la jurisdicción social: La jurisprudencia constitucional presenta supuestos en que no se controvirtió que pudiera ser considerado un recurso del art. 44 LOTC a los que aplicar un plazo de interposición de treinta días aquellos en que se impugnaban, aunque fuera ante la jurisdicción social, actuaciones de las administraciones públicas propias de potestades de imperio, incluso en casos en que la sucesión de resoluciones judiciales se limitaban a confirmar la decisión administrativa.
Así sucede, por ejemplo, en la STC 124/2014, de 21 de julio, en la que lo impugnado es la denegación de una pensión de viudedad a una pareja de hecho por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por vulneración del art. 14 CE. En aquel caso, también bajo la regulación de la Ley Orgánica 6/2007, el recurso fue presentado el 17 de marzo de 2008, cuando la última resolución impugnada (sentencia de suplicación de 25 de enero de 2008) fue notificada el 4 de febrero de 2008, por lo que se interpuso en el trigésimo día y, por tanto, si bien dentro del plazo de treinta días del art. 44 LOTC, fuera del plazo de veinte días del art. 43 LOTC. En controversias semejantes tampoco se objetó la aplicación de cómputo de treinta días conforme al art. 44.2 LOTC en las SSTC 74/2020, de 29 de junio, y 1/2021, de 25 de enero. Más recientemente se puede citar la STC 111/2022, de 26 de septiembre, en la que lo impugnado es la denegación de la declaración de una situación de gran invalidez por parte del INSS por vulneración del art. 14 CE. En aquel caso, también bajo la regulación de la Ley Orgánica 6/2007, el recurso fue presentado el 29 de enero de 2021, cuando la última resolución impugnada (sentencia de casación de 2 de diciembre de 2020) fue notificada el 18 de diciembre de 2020, por lo que se interpuso antes de las 15:00 horas del trigésimo primer día y, por tanto, si bien dentro del plazo del art. 44 LOTC, fuera del plazo de veinte días del art. 43 LOTC.
Por tanto, tal como ya se señaló anteriormente, la existencia de estos precedentes también podrían haber suscitado dudas razonables en el demandante de amparo sobre la eventual calificación del presente recurso justificativas de que este tribunal hubiera proyectado su jurisprudencia favorable al principiopro actionede que en este caso el demandante obraba en la creencia de que hacía lo correcto y, por consiguiente, sin ánimo dilatorio cuando consideró que se trataba de una demanda de amparo del art. 44 LOTC y no del art. 43 LOTC.
Madrid, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés.–María Luisa Rivera Montero.–Ramón Sáez Valcárcel.–Firmado y rubricado.