Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2022:24
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro León Bravo Aguilar, presidente; los magistrados don Juan Ortiz Diez Castro, don Santiago Gómez-Vares García, don Antonio Ortega Medina, don Ricardo Blanco Márquez y don Cándido Martínez-Pumpido Tourón; la magistrada doña María Gil Romero Hernández; los magistrados don Ramón Martínez Gutiérrez y don Enrique Ortiz Herrero, y las magistradas doña Concepción Mora Delgado y doña Inmaculada León Muñoz, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 4427-2020, promovido por don Carlos Pascual Suárez y treinta y un recurrentes más, todos ellos diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña, representados por el procurador de los tribunales don José Rodríguez Martínez Vicente y asistidos por el abogado don Carlos Pascual Suárez, contra la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de 5 de agosto de 2020, el acuerdo de la mesa de la Diputación Permanente de 7 de agosto de 2020, y los acuerdos de la mesa de esa cámara la misma fecha de admisión de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios Republicà y Junts per Catalunya y el subgrupo Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent en el marco de un debate «sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola». Ha comparecido y formulado alegaciones el Parlamento de Cataluña, representado por su letrado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Enrique Ortiz Herrero.
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 17 de septiembre de 2020, los diputados del grupo parlamentario Ciutadans, representados por el procurador de los tribunales don José Rodríguez Martínez Vicente y asistidos por el abogado don Carlos Pascual Suárez, interpusieron demanda de amparo contra las siguientes resoluciones del Parlamento de Cataluña:
a) Decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de 5 de agosto de 2020, por la que se admite a trámite, como iniciativa de impulso y control de la acción política y de gobierno del Gobierno de la Generalitat, un debate «sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola».
b) Acuerdo de la mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña de 7 de agosto de 2020, por el que se rechaza la solicitud de reconsideración planteada por el grupo parlamentario al que pertenecen los diputados ahora recurrentes en amparo, respecto de la decisión anterior del presidente de la Cámara.
c) Acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de agosto de 2020, por el que se admiten a trámite las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios Republicà y Junts per Catalunya y el subgrupo Candidatura d’Unitat Popular (CUP)-Crida Constituent en el marco del referido debate «sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola».
d) Acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de agosto de 2020, por el que se rechaza la solicitud de reconsideración del anterior acuerdo, presentada por el grupo parlamentario Ciutadans.
e) Las decisiones y actuaciones del presidente del Parlamento de Cataluña que permitieron la eficacia de los anteriores acuerdos.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son los siguientes:
a) El 4 de agosto de 2020, el presidente de la Generalitat de Cataluña solicitó al presidente del Parlamento de Cataluña, al amparo de lo dispuesto en el art. 156 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC), la celebración de un debate específico sobre «la situació política creada arran de la crisi oberta per la monarquia espanyola com a conseqüència de la investigació de la Fiscalia suïssa sobre les activitats de l’anterior reí d'Espanya i la seva fugida» (sic), con el objeto de que el Parlamento fijase el posicionamiento institucional de la Generalitat respecto de dicha cuestión. Asimismo solicitó que ese debate se sustanciase en el marco de una sesión extraordinaria del pleno del Parlamento de Cataluña, toda vez que esta cámara se encontraba fuera del periodo hábil de sesiones (art. 78 RPC).
La anterior solicitud fue admitida a trámite por decisión del presidente del Parlamento de Cataluña el 5 de agosto de 2020, publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» («BOPC») núm. 665, de la misma fecha. Asimismo convocó la sesión de 7 de agosto del pleno de la Cámara, con el debate «sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola» como único punto del orden del día.
b) Frente a dicha decisión del presidente de la Cámara, dos de los diputados ahora recurrentes en amparo (el vicepresidente segundo y la secretaria tercera de la mesa del Parlamento de Cataluña) presentaron escrito de reconsideración al presidente del Parlamento, alegando, entre otras cuestiones, que «en el mes de octubre y en el mes de noviembre del 2019 todos los miembros de la mesa del Parlamento fuimos personal, especial y repetidamente requeridos para impedir o paralizar cualquier iniciativa que pretenda reiterar las iniciativas del Parlamento de Cataluña que tengan como objeto la reprobación del Rey Felipe VI y de la Monarquía Parlamentaria, y que, tal y como ya ha resuelto el Tribunal Constitucional, dichas iniciativas vulneraron la Constitución. Asimismo, se nos advertía explícitamente de las eventuales responsabilidad, incluida la penal, por el incumplimiento de dichos requerimientos». Asimismo citaban en su escrito la STC 98/2019, de 17 de julio, y solicitaban que el presidente del Parlamento reconsiderase la admisión a trámite de la celebración de la sesión extraordinaria del pleno para realizar el referido debate específico sobre la monarquía, al ser manifiestamente inconstitucional.
c) La solicitud de reconsideración fue trasladada a la mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña que, en la sesión de 7 de agosto de 2020, tras oír a los representantes de los grupos y subgrupos parlamentarios, acordó rechazarla. Seguidamente se procedió a la celebración del referido debate.
d) El mismo 7 de agosto la mesa del Parlamento de Cataluña, con la oposición de varios de sus miembros, entre ellos el vicepresidente segundo y la secretaria tercera, y con las advertencias de los servicios jurídicos de la cámara, admitió a trámite las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios Republicà y Junts per Catalunya y el subgrupo CUP-Crida Constituent.
El letrado mayor del Parlamento de Cataluña señaló, en la reunión de la mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de agosto de 2020, que determinados apartados de esas propuestas de resolución relacionados con la Corona parecían desatender los mandatos del Tribunal Constitucional incluidos en la STC 98/2019 y en los AATC 184/2019 y 11/2020. Indicó que dichas propuestas, o bien emiten un juicio de valor contradictorio o de oposición a la configuración constitucional de la Corona, o bien implican una sanción política, lo que está fuera de las competencias del Parlamento. También se refirió al apartado 5 de la propuesta de resolución conjunta de dichos grupos y subgrupo, relativo a la constitución efectiva de la república catalana, que implica una asunción de la soberanía que contradice lo dispuesto en el art. 1.2 CE y en diferentes resoluciones del Tribunal Constitucional.
e) El portavoz del grupo parlamentario Ciutadans, en el que se integran los diputados recurrentes en amparo, formuló de conformidad con el art. 38 RPC solicitud de reconsideración ante la mesa, en relación con la admisión a trámite de las referidas propuestas de resolución, en los concretos puntos que se señalan y que a continuación se reproducen, de acuerdo con su única versión oficial, en catalán.
– Propuesta de resolución del grupo parlamentario Junts per Catalunya (núm. de registro 75425), puntos 4 y 6: «4. Rebutja la STC 111/2019, de 2 d’octubre, que ha consagrat un marc d’impunitat absoluta per a la corrupció de la monarquia que va més enllà de l'anul·lació de la comissió d’investigació acordada per aquest Parlament, i reprova els magistrats del Tribunal Constitucional per haver consagrat aquest marc d’impunitat, que és incompatible amb el sistema democràtic i contrari a la jurisprudencia del Tribunal Europeu de Drets Humans. 6. Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia».
– Propuesta de resolución de los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y del subgrupo parlamentario CUP-Crida Constituent (núm. de registro 75424), puntos 4 y 5: «4. Constata el fracàs i la crisi definitiva d’un pacte constitucional de 1978, que pel seu caràcter irreformable blinda la continuïtat d'una monarquia delinqüent, un sistema autonòmic fallit, una democracia intervinguda pel poder judicial, unes polítiques socials que són anul·lades quan les aprova el Parlament de Catalunya i una legislació que castiga l’exercici de drets fonamentals. 5. Ratifica, de conformitat amb la voluntat expressada del poble de Catalunya i aquest Parlament l’1 d’octubre, el 10 d’octubre i el 27 d’octubre de 2017, que l’únic camí per superar aquest règim monàrquic és constituir efectivament la república catalana com un Estat de dret, democràtic i social. En conseqüència, exhorta la societat civil i les institucions del país a continuar el camí i avançar decididament cap a l’objectiu de la independencia».
– Propuesta de resolución del subgrupo parlamentario CUP-Crida Constituent (núm. de registro 75426), núm. 1, puntos 2, 6 y 7: «2. Que la Monarquia borbònica ha estat i és un pilar cabdal per la persecució dels drets del poble català i contra la construcció de la república Catalana com va quedar demostrat amb l’aval de Felip VIè a la repressió policial contra el referèndum del’1 d'octubre de 2017. 6. Reprovar al conjunt del govern de l’Estat espanyol i específicament a la vicepresidenta Carmen Calvo per col·laborar en la fugida de Joan Carles I com a còmplices de la impunitat perpetrada per la Monarquia borbònica. 7. Reprovar al rei Felip VIè i a tota la dinastia borbònica per dècades d’impunitat i d’enriquiment il·legítim utilitzant les institucions públiques i les figures institucionals de Cap d’Estat i Cap de les Forces Armades pel gaudi personal i el benefici privat».
– Propuesta de resolución del grupo parlamentario Republicà (núm. de registro 75421), punto 2: «2. Denuncia que la monarquia espanyola és successora del règim franquista, del qual va rebre ‘la legitimitat política sorgida del 18 de juliol de 1936’, i que el Rei ha participat concertadament amb la resta de poders de l’estat en la repressió i laminació de drets del poble català».
f) La mesa del Parlamento, oída la junta de portavoces, acordó en la sesión del 7 de agosto de 2020 desestimar la solicitud de reconsideración presentada por el portavoz del grupo parlamentario Ciutadans.
g) Tras la desestimación de la referida solicitud de reconsideración, el pleno del Parlamento de Cataluña aprobó la resolución 905/XII, de 7 de agosto, sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española.
La publicidad (en el «BOPC» núm. 668, de 10 de agosto de 2020) de dicha resolución incluyó lo siguiente: «Atès el deure que estableixen sobre el Secretari general del Parlament d’impedir o paralitzar qualsevol actuació jurídica o material que pugui suposar l’incompliment del que disposen les STC 259/2015, 98/2019, 111/2019, així com les ITC 141/2016, 170/2016, 24/2017, 184/2019 i 11/2020, la publicació d’aquesta Resolució no incorpora les resolucions núm. 5 (GP JxCat, GP ERC, SP CUP-CC); 2in fine(GP ERC); 1.2 (SP CUP-CC); 1.7 (SP CUP-CC) i 4 en l’incís ‘blinda la continuïtat d’una monarquia delinqüent’ (GP JxCat, GP ERC, SP CUP-CC)».
3. La demanda se interpone al amparo del art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) por los diputados del grupo parlamentario Ciutadans, contra los acuerdos y decisiones del Parlamento de Cataluña referidos en el encabezamiento de esta sentencia, relativos a la admisión a trámite de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios Republicà y Junts per Catalunya y el subgrupo CUP-Crida Constituent tras el debate «sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola». Aducen la vulneración de su derecho a ejercer las funciones parlamentarias sin restricciones ilegítimas (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
Con cita de la doctrina constitucional contenida, entre otras, en las SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril, 115/2019, de 16 de octubre, y 156/2019, de 28 de noviembre, alegan que la celebración misma de ese debate y la admisión a trámite de esas propuestas de resolución contradicen decisiones del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de anteriores resoluciones del Parlamento de Cataluña, por suponer una ruptura del orden constitucional mediante la declaración de la independencia de Cataluña, en particular la STC 259/2015, de 2 de diciembre, y el ATC 170/2016, de 6 de octubre. Asimismo entran en directa contradicción con las SSTC 98/2019, de 17 de julio, y 111/2019, de 2 de octubre, en las que el Tribunal Constitucional advirtió que el Parlamento de Cataluña carece de competencia alguna para el control y la censura política de la institución de la Corona o de su titular.
El presidente del Parlamento de Cataluña accedió indebidamente el 5 de agosto de 2020 a admitir a trámite la solicitud del presidente de la Generalitat de celebrar un debate, que convocó para el siguiente 7 de agosto, «sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola»; ese debate suponía llevar a cabo un indisimulado control político del rey y de la Corona, lo que escapa de las atribuciones de esa cámara legislativa autonómica.
En la sesión del Parlamento del 7 de agosto de 2020, tras la indebida celebración de ese debate, se admitieron a trámite por la mesa de la cámara las propuestas de resolución referidas en el anterior antecedente, que eran contrarias a lo dispuesto en las indicadas decisiones del Tribunal Constitucional. La mesa del Parlamento era conocedora de ello, pues el vicepresidente segundo y la secretaria tercera de la mesa (diputados pertenecientes al grupo parlamentario Ciutadans) realizaron las oportunas advertencias al respecto. También, como consta en las actas de las reuniones de la mesa, el letrado mayor del Parlamento de Cataluña advirtió a los miembros de la misma que las propuestas de resolución entraban en contradicción con lo decidido por el Tribunal Constitucional y los requerimientos explícitos que sobre ellos pesan, de acuerdo con los ATC 170/2016, de 6 de octubre, y 114/2017, de 8 de noviembre, entre otros, en los que este tribunal hizo advertencia a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la nulidad acordada en los correspondientes autos y sentencias, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
En consecuencia, la admisión a trámite por el presidente y por la mesa del Parlamento de Cataluña de dichas iniciativas ha supuesto la vulneración delius in officiumde los diputados recurrentes protegido por el art. 23.2 CE, toda vez que esas decisiones del presidente y de la mesa de la cámara les colocaba en la tesitura de tener que optar entre participar en un debate y votación de unas iniciativas inconstitucionales, dando así apariencia de legitimidad a lo que no la tiene, o bien ausentarse y en consecuencia no poder ejercer su papel de legítimos representantes de los ciudadanos. La decisión de no publicar en el «BOPC», por decisión del secretario general del Parlamento de Cataluña, alguno de los puntos aprobados por el pleno, evidencia, a juicio de los recurrentes, la manifiesta e intencionada inconstitucionalidad de las propuestas de resolución que fueron admitidas a trámite por la mesa de la cámara y que dieron lugar a la aprobación de la resolución 905/XII, de 7 de agosto, sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española.
La mesa venía obligada a no admitir esas iniciativas, pues era conocedora de la existencia de una obligación específica impuesta por el Tribunal Constitucional de no contravenir sus resoluciones. A la vista de las SSTC 98/2019 y 111/2019 es manifiesta y palmaria la falta de competencia del Parlamento de Cataluña para el control y la censura política de la institución de la Corona o de su titular y para que la Generalitat se posicione al respecto al margen de los procedimientos de reforma constitucionales. En consecuencia, la mesa de la Diputación Permanente, la mesa del Parlamento y su presidente han ejercido sus facultades de calificación y admisión incumpliendo la obligación impuesta reiteradamente por el Tribunal Constitucional de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar lo decidido en sus sentencias y autos.
Por último, los recurrentes hacen referencia a la «normalización» de la conculcación de los derechos fundamentales de los diputados del Parlamento de Cataluña, lo que supone un gravísimo ataque a la Constitución y a la autoridad del Tribunal Constitucional como supremo intérprete. Recuerdan que desde el inicio del llamado «proceso» independentista y hasta la presentación de este recurso de amparo el Tribunal Constitucional ha dictado al menos quince sentencias que declaran la vulneración de los derechos de los diputados del Parlamento de Cataluña garantizados por el art. 23.2 CE como consecuencia de diversas decisiones del presidente y de la mesa de esa cámara legislativa. Los órganos rectores del Parlamento de Cataluña hacen caso omiso de los sucesivos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y reiteran la conculcación de los derechos de los diputados de la minoría parlamentaria, que se ven así situados en una situación de general desamparo.
Para cumplir con la carga de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, se afirma en la demanda que estamos ante un asunto que trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales, dado que se pretende instrumentalizar al Parlamento de Cataluña y legitimar, mediante la sustanciación de un debate parlamentario de control y censura de la Corona y de su titular y la aprobación de las propuestas de resolución referidas, una actividad sedicentemente parlamentaria en frontal contravención de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Además, se refieren los recurrentes a la ausencia de una vía jurisdiccional previa al amparo constitucional en la que postular la reparación de los derechos vulnerados.
4. La Sala Primera de este tribunal, por providencia de 15 de marzo de 2021, acordó admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. Acordó asimismo proponer la avocación al Pleno del recurso de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 n) LOTC.
5. Por providencia de 20 de abril de 2021, el Pleno acordó, a propuesta de la Sala Primera y de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 n) LOTC, recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.
Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta comunicación al Parlamento de Cataluña solicitando la remisión, en plazo que no exceda de diez días, de certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los acuerdos y decisiones impugnadas en amparo, debiendo previamente emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a efectos de que puedan comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso constitucional, si lo desean.
6. Por escrito registrado en este tribunal el 13 de mayo de 2021, el letrado del Parlamento de Cataluña solicitó que se le tuviera por personado en representación de esta cámara y por cumplido el requerimiento de aportar certificación o fotocopia adverada de las actuaciones parlamentarias, que adjunta a su escrito de personación.
7. Por diligencia de ordenación del secretario de justicia del Pleno de 1 de junio de 2021 se tuvo por personado al letrado del Parlamento de Cataluña y por recibido el testimonio de las actuaciones parlamentarias requeridas. Se acordó asimismo dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
8. La representación procesal de los diputados recurrentes presentó sus alegaciones mediante escrito registrado en este tribunal el 25 de junio de 2021. Resumiendo los argumentos expuestos en la demanda de amparo, reitera su solicitud de que se estime esta, declarando que los acuerdos y decisiones impugnados han vulnerado el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones parlamentarias sin restricciones ilegítimas, que garantiza el art. 23.2 CE.
9. El letrado del Parlamento de Cataluña, mediante escrito registrado en este tribunal el 5 de julio de 2021, formuló sus alegaciones, solicitando la inadmisión o, en su caso, la desestimación del recurso de amparo.
Según el letrado del Parlamento de Cataluña, los recurrentes suscitan cuestiones que no son materialmente idóneas para ser tuteladas en vía de amparo constitucional, pues lo que en realidad plantean es un recurso de inconstitucionalidad encubierto. En el recurso de amparo no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso (art. 41.3 LOTC), por lo que no estamos ante un instrumento dirigido a controlar la legalidad, sino a proteger a los recurrentes frente a violaciones de los derechos y libertades tutelables en amparo (art. 41.1 LOTC). En el caso del recurso de amparo parlamentario es la perturbación de las facultades propias de los diputados en el desarrollo de la actividad parlamentaria –que configuran el núcleo de la función representativa– en la que puede y debe fundamentarse un recurso de amparo para tutelar el derecho fundamental garantizado por el art. 23.2 CE. Sin embargo, los recurrentes no acreditan en su demanda de amparo que exista una actuación del Parlamento de Cataluña que haya perturbado sus funciones representativas.
Por lo que se refiere a la decisión del presidente de la cámara de 5 de agosto de 2020, resulta que se limita a dar trámite, a petición del presidente de la Generalitat y de acuerdo con el art 156.1 RPC, a un debate que en ningún caso puede, por sí mismo, entenderse como un acto que contradiga un mandato del Tribunal Constitucional y vulnere por ello elius in officiumde los diputados recurrentes. En la solicitud del presidente de la Generalitat no se menciona que se pretenda fiscalizar al actual jefe del Estado, sino que se trata de analizar las investigaciones relacionadas con un fraude fiscal del rey emérito, extremo este sobre el que el Tribunal Constitucional no ha prohibido debatir al Parlamento de Cataluña. No pudiéndose por tanto apreciar en esa decisión del presidente de la cámara vulneración alguna delius in officiumde los recurrentes, no procedería admitir el recurso de amparo frente a ese acto parlamentario.
En relación con la admisión a trámite de las propuestas de resolución que surgieron de dicho debate, solo podrían existir cuatro puntos en los que podría entenderse que se viene a reproducir el contenido de resoluciones parlamentarias anteriores ya declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (apartado 4 en el inciso «blinda la continuïtat d’una monarquia delinqüent» y apartado 5 de la propuesta de resolución de los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y del subgrupo CUP-Crida Constituent; apartado 2in finede la propuesta de resolución del grupo Republicà, y apartados 1.2 y 1.7 de la propuesta de resolución del subgrupo CUP-Crida Constituent). Sin embargo, como quiera que esos extremos no han llegado a materializarse en un acto de voluntad del Parlamento de Cataluña con efectosad extra, cabe entender que tampoco se llega a perfeccionar el supuesto fáctico necesario para que exista un nexo causal entre la admisión de dichos puntos a debate y una efectiva vulneración delius in officiumde los recurrentes.
En este sentido se trae a colación la argumentación contenida en el ATC 135/2004, de 20 de abril, que el letrado del Parlamento de Cataluña entiende aplicable al caso que nos ocupa, pues lo que se pretende con la admisión a trámite de las propuestas de resolución es el debate y la discusión parlamentaria, lo que de suyo no es susceptible de infracción constitucional. Solo si esas iniciativas parlamentarias acaban formalizándose en una manifestación de voluntad de la cámara podrían ser objeto de un control de constitucionalidad. De la Constitución y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se desprende que solo el poder legislativo (o el constituyente, mediante una reforma constitucional) puede ampliar o modificar las competencias del Tribunal Constitucional y que no existe actualmente un recurso de control de constitucionalidad de las iniciativas parlamentarias por infracción de derechos fundamentales, ni puede dicho procedimiento crearse mediante interpretación jurisprudencial del Tribunal Constitucional.
En consecuencia, en cuanto los recurrentes fundamentan la supuesta vulneración de suius in officiumen el posible contenido parcialmente inconstitucional de las propuestas de resolución referidas, lo que realmente pretenden es promover un inexistente recurso de inconstitucionalidad contra iniciativas parlamentarias. Dicho de otro modo, estarían pidiendo al Tribunal Constitucional que proceda a subsumir dentro del ámbito procesal del recurso de amparo un control abstracto de constitucionalidad de las iniciativas parlamentarias, solución procesal inexistente en nuestro ordenamiento. De aceptar que el recurso de amparo pueda ser el cauce procesal idóneo para impugnar la constitucionalidad de una iniciativa parlamentaria no solo se quebrantaría directamente lo dispuesto en el art. 161 CE, sino que se vulneraría el régimen de legitimación activa propio del recurso de inconstitucionalidad (art. 162 CE); además, se introduciría un control sobre la procedencia de celebrar un determinado debate, con la consecuente quiebra del principio de separación de poderes y de la autonomía parlamentaria que caracteriza la forma política de nuestra monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE).
La admisión a trámite de las propuestas de resolución controvertidas no ha privado a los diputados recurrentes del ejercicio de sus derechos, por lo que debe descartarse que este recurso pueda ser admisible. La demanda de amparo carece de una argumentación mínima que permita apreciar por qué la admisión de una iniciativa parlamentaria puede suponer una afectación concreta y efectiva de un derecho o facultad inherente al núcleo esencial del derecho de representación garantizado por el art. 23.2 CE, tal y como exige la doctrina constitucional. En el caso que nos ocupa, el Parlamento de Cataluña se ha pronunciado sobre la monarquía, pero no ha habido ningún posicionamiento institucional formal por el que haya trascendido una opinión de esta institución en los términos vedados por el Tribunal Constitucional en la STC 98//2019. Sí han existido manifestaciones individuales de diputados durante el debate que pueden considerarse como una censura del rey, pero quedan enmarcadas en la libertad de expresión de los diputados. No existe, en suma, ninguna actuación de los órganos del Parlamento de Cataluña que pueda afectar alius in officiumde los diputados recurrentes, por lo que la demanda de amparo carece de fundamento.
A lo anterior añade el letrado del Parlamento de Cataluña que el contenido del recurso no justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional, por ausencia de una especial trascendencia constitucional, conforme a lo exigido por los arts. 49.1in finey 50.1 b) LOTC. Sin perjuicio de que la argumentación que ofrecen los recurrentes para justificar la especial trascendencia constitucional del asunto no va más allá de invocar una presunta vulneración delius in officium, este recurso de amparo se plantea en los mismos términos en los que se han venido planteando amparos anteriores interpuestos por el mismo grupo parlamentario. Por tanto, el presente caso no permitiría al Tribunal Constitucional profundizar, aclarar o complementar su doctrina sobre la cuestión objetiva sometida a su valoración –la amplitud de las cuestiones de interés político que pueden ser objeto de debate de los órganos rectores de las Cámaras parlamentarias con relación al ámbito material de la monarquía parlamentaria– sino meramente hacer aplicación concreta de la doctrina reiterada y constante que ha sido forjada en los últimos años y expuesta en los puntos precedentes. Ello debería conducir a inadmitir el recurso de amparo por carecer de especial trascendencia constitucional.
Para el caso de que este tribunal decidiese entrar a examinar el fondo del asunto, el letrado del Parlamento de Cataluña interesa la desestimación del recurso, porque, entiende que no ha existido vulneración alguna delius in officiumque garantiza el art. 23.2 CE. Ni los diputados recurrentes han sufrido limitación alguna en el ejercicio de sus funciones representativas, ni existe ningún pronunciamiento formal del Parlamento de Cataluña que contravenga mandato alguno del Tribunal Constitucional.
Sostiene que entender que los acuerdos y decisiones del presidente y de la mesa del Parlamento de Cataluña que se impugnan en amparo vulneran el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones parlamentarias sin restricciones ilegítimas (art. 23.2 CE) redundaría en una lesión delius in officiumde los diputados de esa cámara y, en especial, de su libertad de expresión. Si se aceptase que la admisión a trámite de una propuesta de resolución vulnera elius in officium, ello supondría una limitación del derecho de iniciativa parlamentaria de todos los diputados proponentes, lo que implica la vulneración de las facultades propias del art. 23.2 CE de esos diputados; pero también de aquellos otros que, no habiendo presentado la propuesta, sin embargo tienen la posibilidad de pronunciarse acerca de esta, de presentar enmiendas y de votar en relación con dicha propuesta.
No debe olvidarse que no ha existido en el presente caso un posicionamiento del Parlamento entendido como resolución que trasciende el debate interno y se emite hacia terceros, a través de su publicación, y en el que se contravenga un mandato del Tribunal Constitucional. Las expresiones contenidas en las controvertidas propuestas de resolución que pudieran entenderse contrarias a un mandato de este tribunal no han sido exteriorizadas como voluntad del Parlamento de Cataluña, por lo que no existe acto de la cámara susceptible de impugnación por vulneración del art. 23.2 CE. No puede exigirse a la mesa de la cámara una censura previa del debate parlamentario ni pretender que se convierta en una «antesala del Tribunal Constitucional», pues ello casa mal con nuestro sistema de control de constitucionalidad, y conduce a la constante quiebra delius in officiumde los diputados.
No existe, en definitiva, ningún acto de la presidencia o la mesa del Parlamento de Cataluña que haya vulnerado elius in officiumde los diputados recurrentes mediante la admisión a trámite de las propuestas de resolución controvertidas, en el marco del debate sobre la monarquía. Los acuerdos y decisiones impugnados son actos parlamentarios adoptados en cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Reglamento de la cámara [arts. 37.3 d), 155 y 156 RPC]. Cuando se pide a la mesa que censure la celebración de un debate en el pleno del Parlamento si detecta que pudiera debatirse una cuestión declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, se está pretendiendo que la mesa realice un control de constitucionalidad previo de la actuación del poder legislativo. Si este tribunal no puede hacer un control previo, todavía menos debería hacerlo la mesa de una cámara, que no tiene legitimidad alguna para ello en tanto en cuanto el monopolio del control de constitucionalidad de las normas descansa en manos del Tribunal Constitucional. La mesa es un órgano de garantía del buen funcionamiento del Parlamento, pero no es bajo ningún concepto un órgano representativo con legitimidad democrática para coartar elius in officiumde los diputados, ni un órgano que tenga constitucionalmente atribuida la potestad de realizar un control previo de constitucionalidad de las iniciativas parlamentarias.
10. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este tribunal el 21 de julio de 2021, solicitando la estimación parcial del recurso de amparo, en el sentido que seguidamente se dirá.
Tras exponer detalladamente los antecedentes de los que trae causa el recurso, así como el contenido de las propuestas de resolución, que transcribe, y los principales argumentos esgrimidos por los recurrentes, el Ministerio Fiscal pasa a examinar si los acuerdos y decisiones impugnados han vulnerado el derecho al ejercicio del cargo parlamentario (art. 23.2 CE) de los diputados recurrentes en amparo.
Examina en primer lugar el reproche dirigido por los recurrentes a la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de 5 de agosto de 2020, por la que se admite trámite la petición del presidente de la Generalitat de celebración, en una sesión extraordinaria del pleno del Parlamento de Cataluña, de un debate «sobre la situació política creada per la crisi de la monarquía espanyola», de conformidad con los arts. 78.2 y 156.1 RPC. Pues bien, el Ministerio Fiscal entiende que la petición de celebración de un debate específico del art. 156.1 RPC en los términos que se hace en la iniciativa presentada por el presidente de la Generalitat, no permite establecer objetivamente que la misma constituya de manera «palmaria y evidente» una reiteración de iniciativas anteriores declaradas inconstitucionales y nulas por el Tribunal Constitucional. La valoración de la posible intencionalidad que guiaba al solicitante al utilizar el mecanismo reglamentario legítimo sobre control e impulso de la política y acción de Gobierno, previsto en el art. 156.1 RPC, sobre la base de probabilidades o conjeturas, no puede servir como criterio idóneo para que los órganos rectores de la cámara, en el ejercicio de su función de calificación y admisión a trámite, rechacen las iniciativas que son presentadas y cumplen los presupuestos formales requeridos. La posibilidad de que el tema de debate que se exponía en la solicitud presentada por el presidente de la Generalitat pudiera dar lugar a que, con ocasión de su celebración, se plantease alguna propuesta de resolución que contraviniera los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, era en el momento de presentar la solicitud del debate específico solo una conjetura o un riesgo, que no legitimaba para restringir, anticipadamente, esa iniciativa, al no poder calificarla materialmente como manifiesta y palmariamente inconstitucional desde el punto de vista de su contenido.
De haberse rechazado esa solicitud de debate se habría restringido indebidamente elius in officiumde los diputados, lo que se pone de manifiesto si se atiende al contenido de todas las intervenciones que tuvieron lugar en el desarrollo del debate celebrado en la sesión extraordinaria de 7 de agosto de 2020 del pleno del Parlamento de Cataluña. En efecto, los representantes de los distintos grupos parlamentarios intervinieron para exponer muy diferentes opiniones y posiciones, no solo sobre el tema de la crisis de la monarquía que se introdujo con la iniciativa del presidente de la Generalitat, sino también sobre la gestión y actuación del Gobierno en la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, sobre la corrupción en Cataluña y los casos judiciales sobre la misma o, sobre el cumplimiento por el Gobierno de la Generalitat de la Moción 160/XII sobre los presupuestos de 2020. De los temas suscitados y debatidos se desprende que los diputados ejercieron una acción de control e impulso de la acción de gobierno.
Por otra parte, todos los grupos y subgrupos parlamentarios, incluido el grupo de Ciutadans, ejercieron, de conformidad con lo previsto en el art. 155 RPC, el derecho a presentar sus propuestas de resolución subsiguientes para discusión y aprobación en el marco del desarrollo del debate. Las propuestas presentadas por todos los grupos y subgrupos parlamentarios, de muy diferente contenido, fueron admitidas por la mesa del Parlamento en la sesión celebrada el 7 de agosto de 2020 y las que fueron aprobadas por el Pleno, entre ellas una de las dos presentadas por el grupo parlamentario Ciutadans, se incorporaron a la Resolución 905/XII.
Por último, hay que destacar que los demandantes de amparo no impugnaron la totalidad del contenido de las propuestas de resolución que fueron presentadas por los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y el subgrupo CUP-Crida Constituent, sino que solicitaron solo la reconsideración de la admisión a trámite de determinados apartados o puntos de esas resoluciones, que eran los que consideraban que entraban en contradicción con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
Por todo ello concluye el Ministerio Fiscal que la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de 5 de agosto de 2020, que admite a trámite la solicitud de celebración de una sesión extraordinaria del pleno de la cámara para celebrar un debate específico «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española», y el acuerdo de la mesa de la Diputación Permanente del siguiente 7 de agosto que desestima la solicitud de reconsideración de esa decisión, no han vulnerado el derecho al ejercicio del cargo parlamentario (art. 23.2 CE) de los diputados recurrentes.
A continuación pasa el Ministerio Fiscal a examinar si se ha vulnerado elius in officiumde los recurrentes como consecuencia de la admisión, por la mesa del Parlamento de Cataluña, de las propuestas de resolución subsiguientes presentadas por los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y el subgrupo CUP-Crida Constituent en el marco del debate «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española», en los concretos apartados de esas propuestas que los recurrentes consideran que contravienen los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
Pues bien, considera el Ministerio Fiscal que en este punto les asiste la razón a los recurrentes y que, en efecto, el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de agosto de 2020, por el que se admiten a trámite esas propuestas de resolución, así como el acuerdo de la mesa de la misma fecha por el que se rechaza la solicitud de reconsideración del anterior, presentada por el grupo parlamentario Ciutadans, han vulnerado el derecho al ejercicio del cargo parlamentario de los diputados recurrentes.
Así resulta que el contenido de esas propuestas de resolución, en los apartados impugnados por los recurrentes, evidencia una pretensión de control político y de reprobación de la monarquía y del jefe del Estado. Se trata de la propuesta del grupo parlamentario Junts per Catalunya (núm. de registro 75425), en sus puntos 4 y 6; de la propuesta de los grupos Junts per Catalunya y Republicà y del subgrupo CUP-Crida Constituent (núm. de registro 75424), en su punto 4; de la propuesta del subgrupo CUP-Crida Constituent (núm. de registro 75426), núm. 1, puntos 2, 6 y 7, y de la propuesta del grupo Republicà (núm. de registro 75421), en su punto 2.
Los anteriores puntos o apartados de estas propuestas de resolución admitidas a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña el 7 de agosto de 2020, para su debate y votación, contienen declaraciones que no suponen el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los diputados que componen la Cámara, sino que son el reflejo de la voluntad institucional del Parlamento de Cataluña, expresada mediante una resolución aprobada con arreglo al procedimiento reglamentario (STC 98/2019, de 17 de julio, FJ 4), que implica el control por la cámara de la institución de la monarquía parlamentaria como forma política del Estado español, cuya legitimidad se rechaza, propugnando su abolición. Asimismo, tales puntos suponen una reprobación o censura de los actos de quien encarna la titularidad de la monarquía y de la jefatura del Estado.
Los indicados puntos de las propuestas de resolución vienen a reiterar y, en gran medida, a reproducir literalmente, el contenido de anteriores iniciativas que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucionales por carecer el Parlamento de Cataluña de competencia constitucional y estatutaria para realizar un control político de la monarquía, de la jefatura del Estado y de su titular, así como para crear comisiones de investigación sobre aquella. En consecuencia, el contenido de los citados puntos de las propuestas de resolución que la mesa admitió a trámite infringe de manera palmaria y evidente los pronunciamientos de inconstitucionalidad de las SSTC 98/2019, de 17 de julio, y 111/2019, de 2 de octubre. La mesa tenía conocimiento de su obligación de impedir o paralizar estas iniciativas, como ya puso de manifiesto el letrado mayor en la sesión de 7 de agosto de 2020, al advertir que determinados puntos de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y el subgrupo CUP-Crida Constituent podían contravenir los mandatos del Tribunal Constitucional, indicando incluso que el secretario general de la Cámara informaba de su deber de impedir su publicación.
El requerimiento expreso a las autoridades del Parlamento de Cataluña de la XII legislatura, para que impidieran o paralizaran este tipo de iniciativas de control parlamentario a la monarquía y la jefatura del Estado y a quienes ostentan su titularidad, resultaba de los pronunciamientos expresos del Tribunal Constitucional en los AATC 184/2019, de 18 diciembre, y 11/2020, de 28 enero, que estiman incidentes de ejecución promovidos respecto de la STC 98/2019 y son anteriores a los acuerdos de la mesa del Parlamento que se impugnan en el presente recurso de amparo. En estos autos se examinaron, respectivamente, las impugnaciones de determinados incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña «sobre las propuestas para la Cataluña real», y de un inciso del apartado 11 de la «propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», admitida a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña. En ambos casos el Tribunal Constitucional, tras poner de manifiesto el reiterado incumplimiento por la mesa del Parlamento de Cataluña de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones del Tribunal, procedió a notificar personalmente los autos y la declaración de nulidad de los apartados impugnados al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general, advirtiéndoles del deber de abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a los incisos de la resolución que han sido anulados, así como del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que, directa o indirectamente, pretenda o suponga eludir o ignorar la nulidad acordada.
En suma, los indicados puntos de las propuestas de resolución controvertidas venían a reiterar de manera palmaria y evidente el contenido de anteriores iniciativas declaradas inconstitucionales por las SSTC 98/2019 y 111/2019, debiendo haber ejercido la mesa del Parlamento de Cataluña, al calificarlas y admitirlas a trámite, el control material de constitucionalidad, no como facultad de la mesa, sino como consecuencia del deber impuesto por el Tribunal Constitucional a las autoridades de esa cámara de impedir o paralizar la reiteración de ese tipo de iniciativas.
Además, continúa el Ministerio Fiscal, el contenido del punto 5 de la propuesta de resolución conjunta presentada por los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y el subgrupo parlamentario CUP-Crida Constituent (núm. de registro 75424) reitera y ratifica la voluntad del Parlamento de Cataluña de situarse al margen del orden constitucional, para llevar a efecto los postulados de un supuesto derecho de autodeterminación y creación de una república catalana independiente. Contradice esta iniciativa los pronunciamientos de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad de la resolución 1/XI de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio de un proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, y de otras resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional, que estimaron incidentes de ejecución planteados respecto de la STC 259/2015 declarando la nulidad de otras iniciativas ulteriores del Parlamento de Cataluña que trataban de hacer efectivos los postulados de la resolución 1/XI (AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, entre otros), así como de la STC 136/2018, de 13 de diciembre. En estas resoluciones el Tribunal Constitucional impuso a las autoridades del Parlamento de Cataluña el deber de impedir o paralizar las iniciativas que vinieran a reiterar o hacer efectivos los postulados contenidos en la anulada resolución 1/XI.
La mesa del Parlamento de Cataluña no realizó en el desempeño de sus funciones de calificación y admisión a trámite el control material de esta propuesta, pese a conocer que era palmariamente inconstitucional y que tenía la obligación de impedir que se admitiera a trámite para su debate y votación en la sesión del pleno de «debate específico sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española», lo cual fue puesto de manifiesto por el letrado mayor en la sesión de 7 de agosto de 2020, al resolver la mesa sobre la admisión de las propuestas presentadas. En el acuerdo motivado por el que la mesa rechazó la solicitud de reconsideración formulada por el grupo parlamentario Ciutadans se reconoce que existen esos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, aunque no se acepta que esto obligue a la mesa a inadmitir las propuestas de resolución presentadas por el hecho de su posible vinculación material con anteriores iniciativas anuladas por el Tribunal Constitucional.
De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 46/2018, 47/2018 y 115/2019), las mesas de los Parlamentos tienen la obligación de entrar a examinar el contenido inconstitucional de aquellas iniciativas que de modo evidente y manifiesto infrinjan los pronunciamientos de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional y la obligación establecida por este de impedir o paralizar aquellas iniciativas que reiteren o hagan efectivas las iniciativas anuladas por sus resoluciones. La mesa del Parlamento de Cataluña ha incumplido su deber de realizar un control material de las iniciativas inconstitucionales, de acuerdo con el expreso mandato recibido del Tribunal Constitucional. La mesa debió haber inadmitido los concretos puntos de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y el subgrupo CUP-Crida Constituent que contravenían manifiestamente los pronunciamientos contenidos en las SSTC 259/2015, 136/2018, 98/2019 y 111/2019, y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. Al no hacerlo así, la mesa vulneró elius in officiumde los diputados recurrentes, al situarlos en la disyuntiva de atender al cumplimiento de sus deberes parlamentarios asistiendo a la sesión extraordinaria del pleno del Parlamento de Cataluña en la que se debían debatir y votar las propuestas admitidas por la mesa, infringiendo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, o dejar de atender al cumplimiento de su función parlamentaria, no asistiendo a esa sesión del pleno de la cámara (STC 47/2018, FJ 6).
Por todo ello concluye el Ministerio Fiscal que debe estimarse parcialmente el recurso de amparo, declarando que el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de agosto de 2020, por el que se admiten a trámite esas propuestas de resolución, así como el acuerdo de la mesa de la misma fecha por el que se rechaza la solicitud de reconsideración del anterior, presentada por el grupo parlamentario Ciutadans, han vulnerado el derecho de los diputados recurrentes al ejercicio del cargo parlamentario (art. 23.2 CE), y correlativamente el derecho de los ciudadanos a la participación política a través de sus legítimos representantes (art. 23.1 CE). Para restablecer a los recurrentes en su derecho bastará con declarar la nulidad de esos acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña, sin alcance retroactivo, toda vez que esos acuerdos se adoptaron por la mesa en la XII legislatura, ya concluida.
11. Por providencia de 22 de febrero de 2022 se señaló para la deliberación y votación de la presente sentencia el día 23 del mismo mes y año.
1. Objeto del recurso de amparo y pretensiones planteadas.
El presente recurso de amparo se interpone contra la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de 5 de agosto de 2020, por la que se admite a trámite un debate «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española», así como frente al acuerdo de la mesa de la Diputación Permanente de la cámara de 7 de agosto de 2020 por el que se rechaza la solicitud de reconsideración formulada por los diputados recurrente