Categoría: Judicial

la mesa de 15 de febrero de 2022, y de los supuestos de aplicación del mencionado precepto allí recogidos, cabe concluir (i) que el apartado sexto de la resolución de 2012 permite la anulación de los votos telemáticos no solo en caso de fallo técnico, sino también cuando han sido válidamente emitidos, como de hecho ocurrió en los dos supuestos previos de aplicación del precepto identificados en el informe; y (ii) que no consta ningún precedente en que el apartado sexto se haya empleado para autorizar la votación presencial con el fin de rectificar un error humano en la selección del sentido del voto.
Las alegaciones el Ministerio Fiscal se refieren, a continuación, a los principios de igualdad y de seguridad jurídica, mencionados por el informe de la Secretaría General y por la Presidencia del Congreso en la reunión de la mesa de 15 de febrero de 2022 para descartar la autorización del voto presencial del señor Casero Ávila y la anulación de su voto telemático.
En primer lugar, entiende la Fiscalía que no es conclusivo el argumento de la demanda según el cual la votación presencial es distinta a la telemática en cuanto a la posibilidad de rectificar el voto, porque en el caso de la primera habría un interés general en que el error se asuma con todas las consecuencias por el representante para evitar que las iniciativas pendan «eternamente» en la Cámara, primando así la necesidad de obtener votaciones finales y vinculantes sobre el interés del representante en corregir su voto, mientras que eso no ocurre en el voto telemático que se pretende rectificar antes de que se inicie la votación presencial; argumento en el que incidió la vicepresidenta segunda en la reunión de la mesa de 15 de febrero, al afirmar que «el que vota anticipadamente lo hace por una razón justificada, pues el voto a distancia y anticipado es excepcional, que pueda votar presencialmente lo equipara a los otros diputados que pueden sopesar el sentido de su voto hasta el instante mismo de la votación». Frente a ello, razona la Fiscalía que no es sostenible la distinción entre ambas modalidades de voto desde la perspectiva de la igualdad y de la seguridad jurídica. La razón jurídica que justifica que no pueda bloquearse la proclamación de los resultados de una votación presencial es la misma que sirve para justificar la denegación de la pretensión de corregir un voto telemático, a saber, la preceptiva ejecución del resultado de la votación. Además, una utilización libre del derecho a rectificar el voto telemático arrojaría un resultado de inestabilidad idéntico al que se trata de prevenir con la regla de que el voto presencial es invariable una vez formalizado. Además, el Ministerio Fiscal resalta que el postulado derecho a rectificar el voto telemático entra en contradicción con el supuesto que justifica su autorización (la imposibilidad de hallarse presente físicamente en la sesión plenaria) y conlleva, también, una desigualdad entre el que no puede acudir al Pleno por encontrarse realmente imposibilitado, que no podría cambiar su voto, y el que no estaba realmente imposibilitado o ha dejado de estarlo y pretende votar presencialmente, como el diputado señor Casero Ávila.
A partir de todo lo anterior, concluye la Fiscalía que ninguna de las posibilidades interpretativas en que se apoya la pretensión del grupo parlamentario recurrente en amparo encuentra un apoyo claro en el texto, en la lógica o en los precedentes de aplicación del apartado sexto de la resolución de 2012. Eso es lo que explica, según el Ministerio Fiscal, que la demanda apele a la doctrina constitucional de la interpretación más favorable a la plena eficacia de los derechos fundamentales, para concluir que la presidenta del Congreso debió convocar a la mesa para que se pronunciase sobre la autorización del voto presencial al diputado señor Casero Ávila. Sin embargo, en la misma STC 159/2015, de 14 de julio, FJ 6, citada en la demanda, encuentra la Fiscalía el criterio para excluir esa conclusión, porque el citado principio hermenéutico es de aplicación siempre y cuando haya sido establecida «la existencia del derecho infructuosamente reclamado […] y su anclaje constitucional»; mientras que, en el supuesto aquí enjuiciado, el reiterado apartado sexto no reconoce ningún derecho subjetivo a favor de los diputados, porque la decisión de la mesa exige una previa convocatoria de la presidenta a la que no se impone reglamentariamente ninguna obligación en ese sentido, más allá de la de motivar su decisión a partir de una petición, y porque la norma no tipifica los supuestos en que la mesa vendría obligada a autorizar el voto presencial y a anular el voto emitido telemáticamente. Para el Ministerio Fiscal, la mera negativa a convocar la mesa a petición del grupo parlamentario del diputado no lesiona el derecho fundamental invocado, sino que habrá de valorarse el carácter motivado o no de esa decisión, queja de amparo aducida también en la demanda. Insiste a estos efectos el Ministerio Fiscal en que el apartado sexto de la resolución de 2012 prevé una potestad reguladora de ordenación de las votaciones, no un derecho subjetivo de los diputados, e invoca la autonomía constitucionalmente garantizada de la Cámara en la interpretación de ese precepto.
e) Señala también la Fiscalía que la demanda de amparo imputa a las decisiones recurridas falta de motivación y arbitrariedad haciendo referencia únicamente al momento temporal en que fueron adoptadas, pero considera que nada impide tener en cuenta la motivación ulterior que la presidenta del Congreso expuso en la reunión de la mesa de 15 de febrero de 2022, y a la que la demanda no pudo hacer referencia porque se interpuso con anterioridad a que se celebrase esa reunión. Entiende la Fiscalía que la valoración de esa motivaciónex postpermitiría descartar la lesión del derecho fundamental denunciada, o incluso reparar dicha lesión, en su caso. Las alegaciones del Ministerio Fiscal recuerdan en este punto el estándar de motivación constitucional exigible a las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de las cámaras legislativas en materia de calificación y admisión de iniciativas (motivación expresa, suficiente y adecuada), y subraya que la finalidad de esta exigencia es permitir el control por parte del Tribunal Constitucional de la validez o de conformidad a Derecho de la decisión en cada caso impugnada.
Concluye la Fiscalía que la decisión de computar el voto telemático del señor Casero Ávila contó con una motivación suficiente e idónea al basarse en que no se había producido ninguna incidencia técnica en su emisión, por lo que la petición era infundada; al tener en cuenta, además, que un error humano en el sentido del voto no es ni ha sido nunca causa de anulación de un voto ni de repetición de votaciones, y que esa doctrina constante se basa en las exigencias de igualdad entre diputados, seguridad jurídica en la expresión de la voluntad de la Cámara y adecuada ordenación de sus trabajos; y al constatar que el procedimiento especial de emisión del voto telemático a través de la intranet de la Cámara con comprobación informática de doble clave, modalidad aprobada por unanimidad en la mesa, suponía la falta de vigencia de la comprobación telefónica del voto. En conclusión, entiende la Fiscalía que, aunque quepa una interpretación alternativa como la postulada por el grupo recurrente, a partir de la indefinición del apartado sexto de la resolución de 2012, los mencionados argumentos de la Presidencia del Congreso son razonables y no han sido desvirtuados por las alegaciones de la demanda.
El Ministerio Fiscal llega a la misma conclusión en lo que se refiere a la decisión de la Presidencia de no convocar con urgencia la mesa de la Cámara con arreglo al mencionado apartado sexto, y de no suspender el procedimiento de proclamación de la votación y la publicación de su resultado. Razona que las explicaciones de la presidenta del Congreso evidencian que los miembros de la mesa habían tomado conocimiento de lo sucedido, que no había indicio alguno de que se hubiera producido una incidencia técnica en la emisión del voto telemático, y que en esas circunstancias no se consideró pertinente convocar a la mesa porque no procedía acceder a la pretensión de fondo que hubiera justificado la pretendida urgencia –el cambio del sentido del voto–, sin que en el momento inicial se hubiera invocado tan siquiera el apartado sexto de la resolución de 2012. Y en cuanto a la proclamación y publicación de la votación y de su resultado, también considera la Fiscalía suficiente y adecuada la motivación expresada por la presidenta del Congreso según la cual, partiendo de una votación válidamente celebrada, no había alternativa legal a la ejecución debida del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley.
f) Finalmente, el Ministerio Fiscal considera necesario formular una observación sobre el alcance indeterminado con que se configura elpetitumde la demanda, al instarse, entre otras peticiones, «la nulidad de todos aquellos actos y normas que deriven de la tramitación legislativa en cuestión»; puesto que, en la medida en que lo anterior pueda entenderse referido a la pretensión de nulidad y consiguiente pérdida de vigencia del Real Decreto-ley 32/2021, considera preciso citar el ATC 131/2022, de 11 de octubre, dictado en el recurso de amparo núm. 1303/2022, en el que se reitera la doctrina constitucional según la cual «la vigencia de una norma con rango y fuerza de ley (art. 86 CE) […] en cuanto tal, no puede constituir en ningún caso el objeto directo de una pretensión de amparo»; por lo que, en consecuencia, la posible estimación del presente recurso no podrá comportar la pérdida de vigencia del decreto-ley.
10. El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante auto de 24 enero de 2023, estimó justificada la abstención formulada por el magistrado don Juan Ruiz Ramos Romero en este proceso constitucional, apartándole definitivamente de su conocimiento y de todas sus incidencias.
11. Mediante providencia de 24 de enero de 2023, el Pleno del Tribunal Constitucional, al amparo de lo previsto en el art. 88 LOTC, acordó recabar de la presidenta del Congreso de los Diputados, en el plazo de diez días, la siguiente documentación: (i) Copia de las resoluciones de la mesa del Congreso de los Diputados que regulan el voto telemático; (ii) copia, si los hubiera, de los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que no hayan sido objeto de publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» y que hubieran sido dictados desde el 19 de marzo de 2020; (iii) certificación de los votos emitidos por el señor Casero Ávila de forma telemática en la sesión plenaria del 3 de febrero de 2022, haciendo constar la forma en que se efectuó la verificación o comprobación de la identidad antes del inicio de la votación, así como de la emisión efectiva del voto y de su sentido y (iv) certificación del momento en que fue instada por el diputado señor Casero o por el Grupo Parlamentario Popular la autorización de la mesa del Congreso de los Diputados a efectos de que se anulase el voto telemático emitido por el referido diputado, en relación con la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en la sesión plenaria de 3 de febrero de 2022.
12. Mediante escrito registrado en este tribunal el día 8 de febrero de 2023, el Congreso de los Diputados dio cumplimiento a la solicitado en la mencionada providencia remitiendo la documentación que se relaciona a continuación: (i) Copia de las resoluciones de la mesa del Congreso de los Diputados que regulan el voto telemático; (ii) copia de la comunicación a los grupos parlamentarios de los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados, desde el 19 de marzo de 2020, en materia de voto telemático, que no hayan sido objeto de publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»; (iii) certificado del secretario general del Congreso de los Diputados de los votos emitidos por el señor Casero de forma telemática en la sesión plenaria de 3 de febrero de 2022, haciendo constar la forma en que se efectuó la verificación o comprobación de la identidad antes del inicio de la votación, así como de la emisión efectiva del voto y de su sentido y (iv) certificado del secretario general del Congreso de los Diputados del momento en que fue instada por el diputado señor Casero o por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la autorización de la mesa del Congreso de los Diputados a efectos de que se anulase el voto telemático emitido por el referido diputado.
En particular, respecto de este último documento, por la Secretaría General del Congreso de los Diputados se certificó que, en los antecedentes de su informe relativo a las votaciones de la sesión plenaria de 3 de octubre de 2022, donde se relatan los hechos, consta que «[e]n los momentos previos a la reanudación de la sesión plenaria, cuando ya se había producido la llamada a votación, diversos miembros de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso se acercaron a la mesa, manifestando a la Presidencia que un voto emitido telemáticamente por el Sr. Casero Ávila no se correspondía con su voluntad y que, tratándose de un error técnico, y encontrándose el diputado en la Cámara, debía permitírsele votar de manera presencial. […] La sesión se reanudó para la votación presencial de los asuntos pendientes. Entre otras cuestiones, se votaba la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de octubre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que resultó convalidado con 175 votos a favor (166 más 9 voto telemáticos), 174 en contra (169 más 5 votos telemáticos) y ninguna abstención. El Sr. Casero había votado en relación con ese punto del orden del día en un sentido diferente al que habían votado el resto de los diputados de su grupo parlamentario. De igual modo ocurrió en relación con otras tres votaciones […] Al final de las votaciones el Sr. Casero accedió al hemiciclo y ocupó su escaño, si bien no votó desde el mismo. El Sr. Casero no cursó en ningún momento solicitud de revocación de la autorización del voto telemático».
Asimismo, en la certificación del secretario general del Congreso de los Diputados de los votos emitidos por el señor Casero de forma telemática en la sesión plenaria de 3 de febrero de 2022, consta que su voto en las mociones consecuencia de interpelación urgente se emitió respecto de iniciativas que habían sido objeto de modificación durante su debate en el Pleno (las mociones 173-116, 173-117 y 173-118) o de fragmentación para su votación (la moción 173-119).
13. Mediante diligencia de ordenación de 14 de febrero de 2023 se acordó dar traslado de la documentación recibida por el Congreso de los Diputados a las partes personadas con el fin de que, en el plazo común de diez días, alegaran lo que a su derecho conviniera.
14. El grupo parlamentario recurrente presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 28 de febrero de 2023, señalando que la documentación remitida confirmaba lo expuesto en su demanda. En particular, en cuanto a las resoluciones reguladoras del voto telemático, reitera que el acuerdo de 26 de octubre de 2021 derogó la regulación vigente durante la pandemia y retornó a la vigencia de la resolución de 2012. Por lo que se refiere a la certificación sobre los votos telemáticos emitidos por el diputado señor Casero Ávila y la forma en que se efectuó la verificación o comprobación de su identidad, aduce que el certificado remitido se refiere a la comprobación de la identidad del votante (que no se ha cuestionado que se llevó correctamente a cabo a través de la intranet de la Cámara con el sistema de usuario y contraseña), pero guarda silencio en cuanto a la verificación de la emisión efectiva del voto y su sentido (que –insiste el grupo parlamentario recurrente– no se produjo y debió llevarse a cabo a través de los términos requeridos en la resolución de 2012). En cuanto al momento en que fue instada por el diputado la autorización del voto presencial a efectos de que se anulase el voto telemático, señala que de la certificación remitida se desprende que se solicitó por diversos miembros de la dirección del Grupo Parlamentario Popular antes de la reanudación de la sesión plenaria y de la votación. Por último, el grupo parlamentario recurrente insiste en la inexactitud y en los errores en los que, a su juicio, incurre el informe de la secretaría general del Congreso de los Diputados sobre las controvertidas votaciones de la sesión plenaria de 3 de febrero de 2022, reiterando las alegaciones formuladas al respecto en su escrito de 19 de octubre de 2022, ya referidas en el antecedente séptimo.
15. El Congreso de los Diputados, mediante escrito de 1 de marzo de 2023, formuló también nuevas alegaciones a partir de la remisión de la documentación. Reitera que el marco normativo vigente sobre el voto telemático en la sesión plenaria de 3 de febrero de 2022 venía constituido, además de por el art. 82.2 del Reglamento y por la resolución de 2012, por los acuerdos de 26 de octubre de 2021 y de 1 de febrero de 2022, el primero previendo la forma de emisión del voto telemático a través de la intranet del Congreso, mediante la introducción de usuario y contraseña como método de verificación de la emisión personal del voto (con derogación, así, de la práctica de la llamada telefónica), y el segundo permitiendo el voto telemático para todos los asuntos del orden del día del Pleno. Señala el Congreso que los mencionados acuerdos establecieron un régimen especial respecto del previsto en la resolución de 2012, norma esta que no había recuperado su plena vigencia en el momento de la sesión plenaria de 3 de febrero de 2022; y señala que esos acuerdos fueron adoptados por unanimidad de la mesa, que no fueron cuestionados por grupo parlamentario alguno en la junta de portavoces, y que no debían ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» conforme a lo dispuesto en el art. 97.1 RCD, sin que ello fuese obstáculo para su general conocimiento por los grupos parlamentarios de la Cámara, a los que se había dado traslado de los referidos acuerdos.
Continúa el Congreso afirmando que en la documentación aportada se acredita (i) que la identidad del señor Casero se verificó antes de su votación telemática a través de la intranet de la Cámara mediante la introducción de usuario y contraseña; (ii) que en la votación no se produjo ninguna incidencia técnica y el voto se emitió de forma efectiva con todas las garantías; y (iii) que solo cabe imputar a un error material del diputado que el voto emitido no coincidiera con la que era su voluntad.
En cuanto al momento en que fue instada la autorización de la mesa del Congreso para que el señor Casero Ávila votara presencialmente y se anulara su voto telemático, alega el Congreso de los Diputados que ni este diputado ni su grupo parlamentario registraron ninguna incidencia técnica ni comunicación relativa a la emisión de su voto telemático, y que solo en los momentos previos a la reanudación de la sesión plenaria, cuando ya se había producido la llamada a la votación, determinados miembros del Grupo Parlamentario Popular se dirigieron a la mesa poniendo de manifiesto que uno de los votos telemáticos del diputado no se correspondía con su voluntad, momento en el cual no se había presentado ninguna petición formal o por escrito a este respecto. Señala el Congreso que la mesa era conocedora de lo sucedido, aunque no hubiera sido convocada, porque sus miembros estaban presentes cuando la incidencia fue comunicada por diputados del grupo parlamentario recurrente; mientras que las peticiones formales de convocatoria de la mesa, que pretendían que no se ejecutara el acuerdo adoptado por el Pleno, se formularon después de la sesión plenaria, cuando ya no se podía autorizar el voto presencial. Además, la única manifestación de la discordancia entre el voto telemático emitido y la verdadera intención del diputado, formulada momentos antes de comenzar la votación presencial, hacía referencia solo a una de las votaciones, pero no a las otras tres en que el diputado votó en sentido diferente a su grupo parlamentario, lo que hace imposible entender que el grupo considerara que solo una de las votaciones estaba viciada por un error técnico.
16. Mediante escrito con fecha de registro de 3 de marzo de 2023, el Ministerio Fiscal interesó que, teniéndole por debidamente informado, se le tuviera igualmente por ratificado en su integridad en sus alegaciones, a la vista de los nuevos documentos traídos a la causa.
17. Por providencia de 22 de octubre de 2024, se señaló ese mismo día para deliberación y fallo de la presente sentencia.
1. Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El Grupo Parlamentario Popular en la XIV Legislatura del Congreso formula recurso de amparo contra dos decisiones de la presidenta del Congreso de los Diputados adoptadas en la sesión plenaria de 3 de febrero de 2022, por las que, respectivamente, (i) se consideró verificado el voto telemático del diputado de ese grupo parlamentario señor Casero Ávila en la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo y (ii) se resolvió no convocar la mesa de la Cámara para que se pronunciase en relación con la solicitud de que el diputado señor Casero Ávila ejerciera su voto presencialmente, con anulación de su voto telemático, en esa concreta votación.
Como con mayor detalle se ha expuesto en los antecedentes de esta sentencia, la demanda de amparo denuncia, por una parte, la vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo representativo conforme a la ley y en condiciones de igualdad, oius in officium, del señor Casero Ávila en su vertiente de derecho al voto de los parlamentarios (art. 23.2 CE). Alega que tal vulneración se produce porque (i) la primera decisión de la Presidencia infringe el apartado cuarto de la Resolución de la mesa del Congreso de 21 de mayo de 2012; (ii) la segunda decisión impugnada es contraria al apartado sexto de dicha resolución; (iii) ambas decisiones suponen una aplicación restrictiva de los límites al pleno ejercicio de las funciones representativas y (iv) ambas decisiones carecen de motivación.
De otro lado, el recurso denuncia la lesión del derecho fundamental de los diputados que forman parte del Grupo Parlamentario Popular, así como del grupo parlamentario como tal, a ejercer la función representativa de conformidad con la ley y en condiciones de igualdadexart. 23.2 CE, a través de la manifestación de su postura colectiva sobre una determinada votación de índole legislativa, con referencia a la STC 361/2006, de 18 de diciembre, FJ 5; vulneración que la demanda fundamenta en la incidencia de las resoluciones impugnadas para el ejercicio del derecho de voto del diputado de ese grupo parlamentario señor Casero Ávila.
Por su parte, el Congreso de los Diputados y el Ministerio Fiscal se oponen a la estimación del recurso de amparo al considerar que las decisiones recurridas no lesionaron derecho fundamental ni norma parlamentaria alguna. Adicionalmente, la fiscalía insta la inadmisión del recurso por considerar que tiene carácter prematuro; cuestión de orden procesal que fue resuelta en la anterior sentencia sobre el mismo objeto, a la que nos remitimos.
2. Desestimación del recurso de amparo: aplicación de la doctrina de la STC 114/2024, de 11 de septiembre.
El presente recurso de amparo, interpuesto por la señora Gamarra Ruiz-Clavijo en su condición de diputada y de portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en la XIV Legislatura, es, por lo que respecta a la alegada lesión del derecho al voto del señor Casero Ávila, idéntico al recurso de amparo 916-2022, interpuesto por este último. Se recurren las mismas resoluciones de la presidenta del Congreso, por los mismos motivos y con idéntica fundamentación jurídica, habiendo formulado las partes alegaciones asimismo iguales y habiendo planteado también el Ministerio Fiscal en aquel caso igual óbice procesal de prematuridad que el ahora suscitado.
El recurso de amparo 916-2022 ha sido desestimado por el Pleno de este tribunal mediante la STC 114/2024, de 11 de septiembre, cuya fundamentación jurídica, a la que nos remitimos íntegramente, nos lleva a desestimar el presente recurso por lo que respecta a la alegada lesión del derecho al voto del señor Casero Ávila.
El único aspecto novedoso que plantea el presente recurso de amparo por comparación con el resuelto por la STC 114/2024 es que el grupo parlamentario recurrente denuncia ahora, además, la lesión de su derecho y del derecho de sus miembros a ejercer la función representativa de conformidad con la ley y en condiciones de igualdadexart. 23.2 CE, a través de la manifestación de su postura colectiva sobre una determinada votación de índole legislativa, con invocación al respecto de la STC 361/2006, de 18 de diciembre, FJ 5. Sin embargo, en la medida en que esta queja se articula en la demanda únicamente como derivada o accesoria de la alegada lesión del derecho de voto del señor Casero Ávila, sin fundamentación jurídica autónoma o adicional, debe correr la misma suerte desestimatoria.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular contra las decisiones de la presidenta del Congreso de los Diputados adoptadas en el curso de la sesión plenaria de 3 de febrero de 2022.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de octubre de dos mil veinticuatro.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Inmaculada Sánchez Huertas.–Ricardo Nieto Sancho.–María Garrido Ramírez Ruiz.–Ramón Marín Hernándeznrique Rodríguez Suárez.–Concepción Espejel Gutiérrez Luisa Álvarez Crespo Tolosa Tribiño.–Laura Díez Montero María Núñez Fuentes y rubricado.
En el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 90.2 LOTC y con respeto a la opinión de nuestros compañeros, formulamos el presente voto concurrente por cuanto, pese a que compartimos el fallo desestimatorio del recurso, disentimos en parte de la argumentación de la sentencia.
La sentencia desestima el recurso de amparo por remisión a lo razonado en la STC 114/2024, de 11 de septiembre, que resolvió el recurso de un diputado del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en la XIV Legislatura contra dos decisiones de la presidenta del Congreso adoptadas en la sesión plenaria de 3 de febrero de 2022, por las que, respectivamente, (i) se consideró verificado el voto telemático de dicho diputado en la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre; y (ii) se resolvió no convocar la mesa de la Cámara para que se pronunciase en relación con la solicitud de que dicho diputado ejerciera su voto presencialmente, con anulación de su voto telemático, en esa concreta votación.
Las razones de nuestra discrepancia parcial con la fundamentación de esta sentencia son las mismas que ya quedaron expresadas en nuestro voto particular concurrente a la citada STC 114/2024, de 11 de septiembre. Bastará por ello con remitirnos a lo expuesto en dicho voto particular, para excusar reiteraciones innecesarias.
Madrid, a veintidós de octubre de dos mil veinticuatro.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Herrera Jorquera.–Firmado y rubricado.