Categoría: Energía y Medio Ambiente

criba un acuerdo de adscripción con un nuevo participante, si ello fuera necesario para la continuación de las pruebas. La firma de este acuerdo deberá acreditarse ante la Secretaría de Estado de Energía de forma previa al inicio de su incorporación a las pruebas, justificando la razón de la misma y respetando el contenido y alcance que se indica en el apartado 3 del presente artículo.
1. Los promotores cuyos proyectos piloto hayan recibido una evaluación previa favorable de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, con objeto de cumplir con los requisitos para dar inicio a las pruebas de su proyecto piloto en el banco de pruebas regulatorio, deberán:
a) Suscribir el protocolo de pruebas contemplado en el artículo 10.
b) Constituir la garantía que corresponda, de acuerdo con lo indicado en el artículo 18.
c) Suscribir, en su caso, los acuerdos de adscripción correspondientes, de acuerdo con el artículo 11.
d) Acreditar el cumplimiento de lo estipulado en los párrafos b) y c) ante la Secretaría de Estado de Energía, en la forma prevista en la correspondiente convocatoria.
e) Comunicar a la Secretaría de Estado de Energía la fecha efectiva de inicio de la participación del proyecto piloto en el banco, en la forma prevista en la correspondiente convocatoria.
2. Cumplido todo lo dispuesto en el apartado anterior, podrán iniciar las pruebas del proyecto piloto, de conformidad con lo previsto en el protocolo de pruebas, en este real decreto, en la correspondiente convocatoria y en toda la normativa que por su naturaleza sea de aplicación, sin perjuicio de las exenciones de la regulación del sector eléctrico previstas en el correspondiente protocolo de pruebas.
1. La Secretaría de Estado de Energía, con la colaboración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en función de la naturaleza de la exención regulatoria, llevará a cabo el seguimiento de las pruebas que realicen los proyectos piloto en el banco de pruebas. Ello se entenderá sin perjuicio del régimen de responsabilidad previsto en el artículo 17 y demás normativa aplicable, así como de lo establecido en el protocolo de pruebas.
2. El seguimiento del desarrollo de las pruebas de cada proyecto piloto realizadas en el banco se efectuará de la forma y con las particularidades acordadas en su protocolo de pruebas, que en cualquier caso fijará la información que el promotor deberá presentar ante la Secretaría Estado de Energía, en qué momento proporcionará la misma y el modo de acceder a ella, así como cualquier otra cuestión que establezca la correspondiente convocatoria.
3. Adicionalmente, la Secretaría de Estado de Energía y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia verificarán, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto, en la correspondiente convocatoria y en el protocolo de pruebas. Para ello podrán requerir la información que consideren pertinente y realizar inspecciones u otras acciones que estimen necesarias. Para todo aquello que quede fuera de su ámbito de competencias, podrán requerir informes a otras Administraciones al efecto.
4. Para llevar a cabo lo previsto en los apartados anteriores, la Secretaría de Estado de Energía podrá requerir la colaboración de cualesquiera otros agentes, que en todo caso habrán de cumplir las previsiones de confidencialidad del artículo 21.
5. El incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto, en la correspondiente convocatoria o en el protocolo de pruebas dará lugar al cese definitivo de las pruebas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.
1. En caso de que antes de la conclusión del proyecto piloto la regulación se modifique en un modo en que las exenciones previstas en el correspondiente protocolo de pruebas dejen de ser necesarias para la realización del proyecto piloto, mediante resolución motivada de la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía se dispondrá el cese de la participación de este proyecto en el banco de pruebas regulatorio. En todo caso, en la citada resolución se establecerá un período transitorio razonable, que se fijará previa evaluación de la propuesta del promotor.
2. El promotor podrá dar por finalizados el proyecto piloto o las pruebas de manera motivada por razones técnicas o por cualquier otra razón, atendiendo a hechos objetivos y debidamente justificados, que impida su continuación, o cuando concurra alguna circunstancia que estuviera prevista como causa para la finalización en el protocolo de pruebas. Esta finalización quedará sujeta a la aceptación expresa mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía. En este supuesto, la finalización de las pruebas no generará derecho de indemnización para los participantes definidos conforme al artículo 2.5, excepto en el caso de que sufran perjuicios económicos objetivamente cuantificables directamente derivados de dicha finalización.
3. La resolución prevista para cualquiera de los anteriores supuestos de finalización pondrá fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114.1.g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pudiéndose interponer contra la misma recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante el mismo órgano que la dictó, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
1. En cualquier momento, las pruebas realizadas por el proyecto piloto en el banco podrán suspenderse definitivamente mediante resolución motivada de la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:
a) Se produzca un incumplimiento del régimen jurídico aplicable de conformidad con el artículo 4.
b) Cese en el cumplimiento de alguna de las condiciones de elegibilidad establecidas en el artículo 6.
c) Se produzca la inobservancia de la buena fe del promotor.
d) Se adviertan potenciales riesgos para el sistema eléctrico, su sostenibilidad económica y financiera, o la protección de los consumidores.
e) Se aprecien deficiencias manifiestas o reiteradas respecto a lo dispuesto en el protocolo de pruebas.
f) Concurra cualquier otra circunstancia prevista en la correspondiente convocatoria.
2. El cese definitivo de las pruebas se entenderá sin perjuicio de la aplicación del régimen de responsabilidad previsto en el artículo 17.
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, la resolución motivada de cese definitivo del proyecto piloto o las pruebas pondrá fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114.1.g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pudiéndose interponer contra la misma recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante el mismo órgano que la dictó, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
1. Los participantes en los proyectos piloto tendrán derecho a poner fin a su participación en cualquier momento conforme al régimen de desistimiento contemplado en el protocolo de pruebas y en el acuerdo de adscripción previsto en el artículo 11.
2. El desistimiento de un participante no generará para el promotor derecho de indemnización o compensación alguna, siempre que tal desistimiento no implique un incumplimiento de las responsabilidades aceptadas en el acuerdo de adscripción. Este desistimiento en ningún caso generará para el promotor derecho a percibir una indemnización o compensación por parte de la Secretaría de Estado de Energía o cualquier otra entidad de la Administración General del Estado.
3. Conforme al artículo 7.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la retirada del consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.
4. En cualquier caso, de producirse el desistimiento de un participante, este seguiría bajo el deber de confidencialidad en los términos previstos en el protocolo de pruebas y el acuerdo de adscripción correspondientes.
1. El régimen de inspecciones, infracciones y sanciones de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, será de aplicación al promotor respecto del incumplimiento o inobservancia de sus obligaciones previstas en esa ley y que así sean asumidas en el marco del banco de pruebas regulatorio. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones previstas en el protocolo, de conformidad con el apartado siguiente.
2. Sin perjuicio del marco regulatorio aplicable al promotor de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, así como su régimen de inspecciones, infracciones y sanciones, de acuerdo con lo dispuesto en su disposición adicional vigésima tercera, en el marco del banco de pruebas, el promotor actuará a su riesgo y ventura y como único y exclusivo responsable de los daños y perjuicios derivados de sus incumplimientos e inobservancia de obligaciones previstas en el protocolo y responderá por aquellos daños y perjuicios, en los supuestos siguientes:
a) Por incumplimiento de los términos y condiciones que se establezcan para realizar las pruebas, de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto, en la correspondiente convocatoria y en el protocolo de pruebas;
b) por causa de riesgos no informados por él mediando culpa o negligencia de su parte;
c) por fallos técnicos o humanos durante el desarrollo de las pruebas que fueran de su responsabilidad.
3. Como medidas para reparar el daño causado por el promotor se establecen las siguientes:
a) Restituir las cosas o reponerlas a su estado natural anterior al inicio de la actuación u omisión causante del daño en el plazo que se fije.
b) Cuando no sea posible la restitución de las cosas o reponerlas a su estado natural, indemnizar los daños irreparables por cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el daño causado, así como los perjuicios ocasionados, en el plazo que se fije. Con este fin, y conforme a las reglas que se acuerden en el protocolo, se determinará una responsabilidad pecuniaria cuyo importe será el del daño causado, y adicionalmente podrá incrementarse en hasta un cinco por ciento, atendiendo a los siguientes criterios:
i. El resultado de la infracción para la vida y salud de las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente.
ii. La importancia del daño o deterioro causado.
iii. Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro.
iv. Los perjuicios económicos causados.
Atendiendo a las singularidades de cada proyecto piloto y a los términos y condiciones que concretará el protocolo de pruebas, el promotor resarcirá a los participantes de las pérdidas patrimoniales y demás daños derivados de su participación en el proyecto piloto, siempre que el promotor sea el responsable de estos daños o pérdidas.
4. Tras la tramitación del oportuno procedimiento con audiencia del interesado, la Comisión de coordinación elevará una propuesta a la Secretaría de Estado de Energía o, en su caso, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al objeto de que se adopte una resolución determinando el alcance de la responsabilidad del promotor y las medidas necesarias para reparar el daño, así como la responsabilidad pecuniaria, si fuera procedente.
5. Los participantes responderán frente al promotor por los daños que pudiera causar el incumplimiento de las obligaciones que hubieran asumido mediante la suscripción del acuerdo de adscripción. La reparación de estos posibles daños se articulará en la forma que se determine en el acuerdo de adscripción.
6. El régimen de responsabilidad previsto en este artículo se entiende sin perjuicio del régimen de infracciones, sanciones y de responsabilidad que pudiese preverse en cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, en especial en el ámbito medioambiental.
1. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, previamente al inicio de sus proyectos piloto en el banco de pruebas regulatorio, los promotores dispondrán, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente convocatoria y en el protocolo de pruebas, de las garantías financieras necesarias para cubrir la responsabilidad por los daños y perjuicios en los que pudieran incurrir de acuerdo con el artículo 17. Dichas garantías serán proporcionales a los riesgos y se constituirán ante la Caja General de Depósitos, en la forma y procedimiento que establece el Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, y según lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y con los requisitos que determina su regulación.
2. La falta de constitución o de acreditación ante el órgano competente de las garantías supondrán la renuncia presunta a la solicitud por parte del promotor.
3. Las garantías se liberarán una vez finalizadas las pruebas y comprobada por la Administración la no existencia de daños o responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones determinadas en el protocolo de pruebas, en la correspondiente convocatoria o en este real decreto.
4. En caso de que el promotor no procediera a reparar los daños y perjuicios que fueran de su responsabilidad, se iniciará el procedimiento de incautación de la garantía que corresponda, previa instrucción del oportuno procedimiento con audiencia del interesado.
1. En el plazo de tres meses tras la finalización del proyecto piloto, el promotor remitirá a la Secretaría de Estado de Energía una memoria donde evalúe los resultados del mismo. La información mínima que debe contener la memoria se establecerá en el protocolo de pruebas, y su confidencialidad se garantizará en todo momento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21. La Secretaría de Estado de Energía pondrá la memoria prevista en el apartado anterior en conocimiento de la Comisión de coordinación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.
2. En caso de que tras la evaluación de resultados el promotor lo estime conveniente, podrá solicitar a la Secretaría de Estado de Energía que se extienda la duración de las pruebas del proyecto piloto, previa modificación del protocolo de pruebas.
3. La Secretaría de Estado de Energía, junto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su caso, elaborará un documento de conclusiones sobre el desarrollo de las pruebas del proyecto piloto y sus resultados, que será remitido a la Comisión de coordinación. Dichas conclusiones se tendrán en cuenta a efectos de lo previsto en el artículo 24, y se publicarán con las reservas necesarias en términos de propiedad industrial o intelectual.
La Secretaría de Estado de Energía podrá en cualquier momento solicitar la colaboración de otros agentes si lo considera necesario, tanto para informar sobre la evaluación de las solicitudes recibidas como para participar en el diseño de los protocolos de pruebas o prestar su apoyo en el seguimiento de un proyecto piloto o en alguna de las pruebas realizadas en el ámbito del mismo, desde su independencia y conocimiento técnico.
Los agentes de quien la Secretaría de Estado de Energía recabe la colaboración indicada en el párrafo anterior deberán suscribir una declaración de ausencia de conflicto de interés.
1. El personal y las autoridades de la Secretaría de Estado de Energía estarán sujetos a los deberes de secreto y discreción de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.12 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sin que pueda hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
Asimismo, el personal y las autoridades al servicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que colabore en alguna de las formas previstas en este real decreto estará sujeto al deber de secreto regulado en el artículo 38 de su Reglamento de Funcionamiento Interno, aprobado por el Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en sesión celebrada el 4 de octubre de 2013.
Los demás agentes cuya colaboración pueda requerirse por la Secretaría de Estado de Energía de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 y 22 estarán sujetos a sus respectivos regímenes de secreto profesional.
2. El derecho de acceso previsto en el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, estará limitado en virtud del artículo 14.1.j) de dicha norma.
1. La coordinación de las actuaciones previstas en este real decreto se llevará a cabo por una Comisión de coordinación, a la que le serán de aplicación las disposiciones sobre órganos colegiados en la Administración General del Estado establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Comisión de coordinación, de conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, quedará integrada administrativamente dentro de la Secretaría de Estado de Energía y estará compuesta como mínimo por una persona representante de la Secretaría de Estado de Energía, que ostentará la presidencia, una persona representante de la Dirección General de Política Energética y Minas, una persona representante de la Abogacía del Estado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una persona representante del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y una persona representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, además de una persona representante de la Secretaría de Estado de Energía que actuará como secretaria con voz, pero sin voto. Los miembros de la Comisión serán designados por la persona titular del órgano o dirección al que pertenezcan.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra causa justificada, cualquiera de los miembros titulares de la Comisión de Coordinación podrá ser sustituido por el suplente que, a propuesta de la persona titular del órgano o dirección al que pertenezcan, designe la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía mediante resolución, pudiendo ser objeto de publicación de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. La Comisión de coordinación tendrá por objeto, sin perjuicio de otras funciones que se establezcan en la convocatoria:
a) Conocer de la evaluación previa de las solicitudes y elaborar la propuesta de resolución prevista en el artículo 9.4.
b) Conocer de la aprobación de los protocolos de pruebas.
c) Conocer y deliberar sobre las evaluaciones de resultados.
d) Intercambiar conocimiento sobre el contenido de los protocolos de pruebas a fin de establecer pautas homogéneas cuando ello sea posible.
e) Conocer los motivos que fundamenten, en su caso, las decisiones tomadas en virtud de lo previsto en este real decreto y en particular de los artículos 14.1 y 15.1.
f) Elaborar la propuesta de resolución en los procedimientos de responsabilidad prevista en el artículo 17.4.
g) Participar en la elaboración del informe previsto en el artículo 24.
h) Conocer de cualquier otro aspecto relevante sobre el funcionamiento general del banco de pruebas regulatorio o sobre el desarrollo de los proyectos piloto.
i) Facilitar la coordinación entre la Secretaría de Estado de Energía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los agentes cuya colaboración pueda requerirse en virtud del artículo 20.
A efectos de cumplir con lo anterior, la Comisión de coordinación se reunirá con la periodicidad que establezca la convocatoria.
3. La creación y el funcionamiento de la Comisión de coordinación se atenderán con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Secretaría de Estado de Energía.
4. Podrán convocarse sesiones abiertas de la Comisión en las que intervengan, entre otros, expertos y representantes de intereses asociativos de entidades o consumidores a fin de mejorar el funcionamiento general del banco de pruebas regulatorio. Dichas sesiones se celebrarán separadamente de aquellas en las que se traten asuntos relacionados con las funciones atribuidas a la Comisión el apartado 2 y sus asistentes estarán sujetos a las previsiones de confidencialidad del artículo 21.
La información extraída del desarrollo de los proyectos piloto, así como de la memoria prevista en el artículo 19, será tenida en cuenta en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y de reglamentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
La Secretaría de Estado de Energía elaborará un informe anual sobre innovación regulatoria en el ámbito del sector eléctrico que será publicado durante el segundo trimestre de cada ejercicio.
La aplicación de las previsiones consideradas en este real decreto no deberá ocasionar un incremento del gasto público.
Se habilita a la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía, en el ámbito de sus competencias, para adoptar aquellos actos y medidas dentro del procedimiento administrativo incluido en este real decreto necesarios para su consecución.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y sobre las bases del régimen minero y energético. Así como en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
Se habilita a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de julio de 2022.