Categoría: Normativas

Suscrito el convenio el 12 de mayo de 2022, y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.
Madrid, 13 de mayo de 2022.–La Presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., Rosa Soto Gallego.
De una parte, el Excmo. Sr. don Rogelio Pascual Ruiz, en calidad de Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el Decreto del Presidente 7/2020, de 3 de septiembre, por el que se dispone su nombramiento (BOJA Extraordinario número 54 de 3 de septiembre de 2020), en uso de las facultades propias de su cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
De otra parte, el Excmo. Sr. Rector Magnífico don Francisco Pérez Benítez, en calidad de Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en virtud de su nombramiento por el Decreto 191/2020, de 24 de noviembre, (BOJA número 230, de 27 de noviembre de 2020), actuando en nombre y representación de la misma, conforme al artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y al artículo 32.1, letra n) de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, aprobados por Decreto 298/2003, de 21 de octubre (BOJA número 214, de 6 de noviembre de 2003) y modificados por Decreto 265/2011 de 2 de agosto (BOJA número 158, de 12 de agosto de 2011).
De otra, la Sra. doña Rosa Soto Gallego, presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., en virtud de su nombramiento efectuado por Real Decreto 993/2017, de 17 de noviembre (BOE número 280, de 18 de noviembre de 2017), actuando en su nombre y representación en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 11.2, letras e) e i) del Estatuto del CSIC, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre (BOE número 12 de 14 de enero de 2008) y el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Administración de la Junta de Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en adelante denominadas conjuntamente «las partes» o «las instituciones cotitulares», declaran hallarse debidamente facultadas y con la capacidad necesaria para obligarse en los términos del presente Convenio, a cuyo efecto,
Que a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y universidades (en adelante, CTEICU), de conformidad con el Decreto 117/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula su estructura orgánica, modificado por Decreto 123/2021, de 16 de marzo, le corresponden las competencias de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica y la transferencia del conocimiento y la tecnología en el Sistema Andaluz del Conocimiento, estableciendo el régimen de incentivos de I+D+i para los agentes de este Sistema, su seguimiento y evaluación, con especial atención a la formación de las personas dedicadas a la investigación, los proyectos de investigación y aplicación del conocimiento, la difusión de la ciencia a la sociedad y de sus resultados al tejido productivo.
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, como Consejería competente en materia de I+D+i, a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades le corresponden, entre otras, las funciones vinculadas con el establecimiento de las bases y estructuras fundamentales del Sistema Andaluz del Conocimiento en el ámbito del sector público; con la planificación y coordinación del marco de políticas y líneas estratégicas de investigación, desarrollo e innovación de la Administración de la Junta de Andalucía; con la coordinación con las políticas estatales y europeas en materia de investigación, desarrollo e innovación; y con el desarrollo de estructuras que fomenten o ejecuten actividades de I+D+i.
Que la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en adelante UPO, tal y como determinan sus Estatutos aprobados por Decreto 298/2003, de 21 de octubre, y modificados por Decreto 265/2011 de 2 de agosto, es una entidad de derecho público encargada del servicio público de la educación superior a través de la docencia, la investigación y el estudio; así como de la generación, desarrollo y difusión del conocimiento al servicio de la sociedad y de la ciudadanía.
Es, por lo tanto, una institución pública al servicio de la sociedad en la que el fomento de la investigación, entendida como labor de creación, desarrollo y actualización crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura que se orienta al desarrollo cultural, social y económico de la Comunidad de Andalucía, se constituye como una de sus principales funciones.
El artículo 4.2.e) de sus Estatutos recoge entre las funciones de la UPO la de establecer relaciones con otras universidades, centros de educación superior, centros de investigación y otras entidades.
Que la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), NIF Q-2818002-D, con sede central en Madrid (CP 28006) y domicilio institucional en calle de Serrano, 117, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación («Ley de la Ciencia»), es un Organismo Público de Investigación (OPI) de la Administración General del Estado, actualmente adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría General de Investigación, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias.
El CSIC está constituido como agencia estatal y, en dicha condición, se rige por lo establecido en los artículos 108 bis a 108 sexies (introducidos por la Ley de PGE para 2021) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por las disposiciones de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre.
Que el apartado primero del artículo 34 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, prevé la posibilidad de que los agentes públicos del Sistema Español de la Ciencia, Tecnología e Innovación puedan suscribir convenios de colaboración sujetos al derecho administrativo con los propios agentes públicos o con agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización conjunta de una serie de actividades, entre las que se encuentra la «Creación o financiación de centros, institutos, consorcios o unidades de investigación e infraestructuras científicas».
El apartado quinto del citado artículo 34 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, establece que la creación de centros, institutos y unidades de investigación a través de convenios de «tendrá en consideración en cada caso las normas propias de constitución que fueran de aplicación».
Por su parte, la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, prevé en su artículo 33, la constitución de centros e institutos de investigación en los que participe la Administración de la Junta de Andalucía, estableciendo que «los objetivos, funciones, recursos personales y patrimoniales, régimen financiero, organización, funcionamiento y estructura jurídica de los centros e institutos de investigación se determinarán en el documento de creación».
La Ley 14/2011, de 1 de junio, en el apartado 2.c) de su disposición adicional octava, establece que los Organismos Públicos de Investigación se organizarán en institutos como núcleo organizativo básico, pudiendo constituirse con recursos pertenecientes a un único Organismo o mediante la asociación con otros agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), a través de los instrumentos previstos en dicha Ley.
El CSIC, de conformidad con el artículo 5.1.f) de su Estatuto, tiene como una de sus funciones «contribuir a la vertebración territorial y funcional del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante Institutos, Centros Nacionales y otras unidades de investigación, propios o en colaboración con otros agentes».
Por último, el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, prevé que las universidades podrán constituir Institutos Mixtos de Investigación «conjuntamente con los organismos públicos de investigación, con los centros del Sistema Nacional de Salud y con otros centros de investigación públicos o privados sin ánimo de lucro, promovidos y participados por una administración pública».
Que la Administración de la Junta de Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con fecha 12 de marzo de 2003, suscribieron un Convenio «para la creación del «Centro Andaluz de Biología del Desarrollo» con la naturaleza y carácter de centro mixto», constituyendo de esa manera un Instituto mixto de investigación de titularidad compartida cuyo precedente fue el Laboratorio Andaluz de Biología (LAB), creado en 1993.
Con fecha 13 de abril de 2011, las instituciones cotitulares del CABD actualizaron su compromiso con el desarrollo del Instituto suscribiendo una adenda al mismo que modificó determinados aspectos de su funcionamiento.
Que, tras 18 años de colaboración, a la vista de las fructíferas relaciones colaborativas generadas entre el personal investigador de las instituciones y dadas las prometedoras perspectivas de futuro, las partes comparten la idea de que debe continuarse con esta iniciativa científica y actualizar su regulación, manteniendo su naturaleza y carácter de Instituto mixto de titularidad compartida entre la Administración de la Junta de Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el CSIC, adaptándola a las exigencias del ordenamiento jurídico nacional y autonómico, en especial a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La regulación del Instituto mixto de investigación requiere de la suscripción de un convenio interadministrativo de los previstos en el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de manera que las entidades públicas suscriptoras puedan seguir acordando con plenos efectos jurídicos la puesta en común y utilización conjunta de medios, servicios y recursos pertenecientes a cada una de ellas y su ordenación para un fin compartido.
En razón de todo ello, las partes proceden a formalizar el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes,
1. El objeto de este Convenio es la regulación del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), Instituto mixto de investigación de titularidad compartida entre la Administración de la Junta de Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el CSIC, creado en 2003, estableciendo:
I. La misión, naturaleza y funciones del Instituto.
II. Los medios materiales y personales que constituyen el Instituto.
III. Las bases de la organización del Instituto, definiendo sus órganos de gobierno, directivos, de gestión y de asesoramiento.
IV. El régimen compartido del personal, las instalaciones y el equipamiento e infraestructura científica del Instituto.
V. El régimen de planificación, gestión y difusión de la actividad científica del Instituto, así como la imagen corporativa.
VI. El régimen aplicable a los resultados de la investigación producida en el Instituto y su transferencia y explotación, así como la confidencialidad y la protección de datos.
VII. Las bases del régimen de gestión económica y el presupuesto del Instituto.
VIII. La vigencia, causas de extinción y liquidación del Instituto, así como las normas sobre desvinculación e incorporación de nuevas entidades.
2. El presente Convenio se desarrollará en sus aspectos organizativos y de funcionamiento operativo mediante un Reglamento de Régimen Interno (en adelante, RRI) del Instituto, que se aprobará por las instituciones cotitulares, sin perjuicio de la capacidad de la Comisión Rectora para proponerles su modificación -siempre que no se altere el contenido del Convenio- y para la aprobación de normas internas específicas de desarrollo del funcionamiento del Instituto en aquellos aspectos que sea necesario y/o se prevea expresamente en este Convenio.
La aprobación del RRI del Instituto derivado del presente Convenio, dejará sin efectos el RRI vigente al momento de su aprobación.
1. El CABD tiene la finalidad de llevar a cabo, en un marco de colaboración, actividades de investigación, formación, transferencia y divulgación en Biología Fundamental y de Sistemas fundamentalmente con abordajes de biología molecular, celular y computacional, y en la biología del desarrollo, promoviendo un enfoque interdisciplinar y garantizando la colaboración entre sus grupos de investigación.
2. En cumplimiento de su misión, el CABD tendrá los siguientes objetivos generales:
a) Contribuir al avance de la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de biología celular, molecular, computacional y del desarrollo y a su proyección internacional.
b) Contribuir al progreso y aumento de la competitividad del sector productivo mediante la difusión nacional e internacional del conocimiento generado y la transferencia de sus resultados hacia las empresas y el Sistema Nacional de Salud, mejorando las condiciones de vida de la sociedad y dando respuesta a los retos que se le planteen.
c) Promover la cultura científica difundiendo sus actividades a la sociedad.
d) Promover la conexión e interacción entre la investigación y la docencia universitaria.
1. El CABD se constituye como una estructura mixta de investigación de titularidad compartida entre las partes firmantes, sin personalidad jurídica propia y con autonomía de gestión, conformada por los medios humanos, materiales y económicos que aporta cada una de ellas, que se ponen en común en el marco de una misma estructura organizativa y bajo una misma dirección científica para la consecución de unos objetivos compartidos.
Por su naturaleza de estructura mixta de investigación de titularidad compartida, la UPO y CSIC procurarán mantener una aportación equilibrada de medios humanos y materiales, en los términos previstos en el Convenio y una adecuada distribución de los espacios de investigación.
2. El CABD tiene la consideración a todos los efectos de Instituto mixto del CSIC como Organismo Público de Investigación de la Administración General del Estado (OPI), de conformidad con su normativa reguladora de Institutos y de Centro de Investigación de los contemplados en los artículos 33 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, y 12 a 14 del Reglamento por el que se determina la clasificación y se regula el procedimiento para la acreditación y el Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, aprobado por Decreto 254/2009, de 26 de mayo.
Asimismo, el CABD forma parte del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Investigación (SECTI), como agente de ejecución de conformidad con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, siendo además agente inscrito del Sistema Andaluz del Conocimiento, de conformidad con la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.
3. El CABD se constituye como una estructura de investigación sin ánimo de lucro.
4. Las actividades científicas y, en general, el funcionamiento del Instituto, se desarrollarán en régimen de cooperación y de actuación conjunta, mediante la puesta en común de medios, en los términos previstos en el presente Convenio y su RRI y sin perjuicio de la autonomía de cada parte y de las facultades de sus respectivos órganos de gobierno y administración, en especial en lo que se refiere a materias de personal, presupuestos y patrimonio. Las partes mantendrán la titularidad de los medios aportados al Instituto y los gestionarán conforme a la normativa que les resulte de aplicación en conjunción con lo dispuesto en este Convenio y su RRI.
Para el cumplimiento de sus objetivos generales, y dada la especialidad de las disciplinas científicas en que desarrollará su actividad, el Instituto tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Generar conocimiento sobre biología del desarrollo mediante la sinergia de investigadores expertos y personal técnico cualificado en las distintas áreas de conocimiento, pertenecientes a las partes firmantes.
b) Desarrollar nuevos procesos, productos y estrategias de innovación en biología celular, molecular, computacional y del desarrollo.
c) Potenciar la competitividad de la sociedad y del sector productivo mediante la transferencia de la tecnología y de los resultados de la investigación.
d) Proporcionar asesoramiento técnico y científico a entidades públicas y privadas en su ámbito de especialización.
e) Realizar actividades docentes referidas a estudios de posgrado y otras enseñanzas especializadas en el ámbito de la biología molecular, celular, computacional y del desarrollo, así como apoyar para dichas disciplinas la formación, especialización, perfeccionamiento, colaboración docente y realización de prácticas, especialmente en el ámbito universitario en sus distintas etapas (grado y posgrado).
f) Realizar acciones específicas orientadas al desarrollo de la carrera profesional de los técnicos e investigadores en formación del Instituto, contribuyendo a su empleabilidad futura.
g) Captar los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Instituto.
h) Desarrollar colaboraciones interinstitucionales en la investigación sobre biología molecular, celular, computacional y del desarrollo y potenciar las relaciones con otros centros nacionales e internacionales para la integración en el Espacio Europeo de Investigación.
i) Difundir los resultados de las investigaciones a través de publicaciones científicas.
j) Promover y apoyar la organización de reuniones científicas, congresos, seminarios y otras actividades similares.
k) Realizar encuentros con la ciudadanía, medios de comunicación e instituciones educativas a fin transmitir y concienciar a la sociedad de la importancia de la labor científica y del avance en sus resultados.
l) Garantizar que la investigación que se lleve a cabo en el Instituto se desarrolle bajo criterios de calidad y respeto a los principios éticos.
m) Cualesquiera otras actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Instituto y de sus entidades cotitulares, dentro del marco de actuación delimitado en este Convenio.
1. La sede administrativa del CABD se encuentra en Andalucía, en Sevilla, en el edificio JA Campos-Ortega, en el campus de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Carretera de Utrera, Km 1.
2. La aportación de las partes como sede e instalaciones del Instituto es la siguiente, sin perjuicio de la concreción de espacios en cada uno de ellos que se realice en el RRI:
– El edificio que constituye la sede del CABD está ubicado en el Campus de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en el edificio JA Campos Ortega, propiedad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con 2 plantas con una superficie útil de 6.027'82 m2 y de 6.926'49 m2 de superficie construida. El edificio fue construido por la Administración de la Junta de Andalucía con un coste de seis millones de euros en terrenos aportados por la UPO, y fue equipado y amueblado por el CSIC por un importe de cuatro millones de euros.
3. Las instituciones cotitulares, mediante la modificación del presente Convenio, podrán acordar la construcción, aportación o disposición de nuevos terrenos, edificios, fincas, inmuebles, instalaciones o espacios para el Instituto mixto y acordar su adscripción al Instituto, que se formalizará mediante los procedimientos internos de cada institución, determinando, en su caso el reparto de los gastos y costes de la actuación, así como los que en el futuro se deriven de su funcionamiento.
1. La aportación de las partes como equipamiento e infraestructura científica, técnica y tecnológica -así como de bienes muebles de uso ordinario- al CABD figura como relación inicial en el ANEXO I, que será actualizado anualmente por la Comisión Rectora con el equipamiento y la infraestructura científica y otros bienes muebles que las entidades cotitulares adscriban o adquieran con posterioridad en el marco de las actividades del Instituto.
La inclusión de los bienes previstos en los párrafos anteriores no supondrá transmisión del título de propiedad, que permanecerá en las instituciones cotitulares que los aporten o financien.
2. Cada institución cotitular mantendrá el inventario actualizado de sus bienes conforme a la normativa que le sea de aplicación. Asimismo, el Instituto mantendrá actualizado en todo momento un inventario conjunto de los bienes que tenga adscritos con indicación de la institución propietaria de los mismos, para lo cual cada una de las instituciones proporcionará información a la Gerencia de las altas y bajas producidas anualmente en su inventario, de las que se informará anualmente a la Comisión Rectora en la memoria anual de liquidación del ejercicio del Instituto.
El Instituto se responsabilizará de que en cada bien aparezca, mediante un elemento identificativo, la institución propietaria del mismo con el correspondiente número de inventario.
1. Tendrá la consideración de personal adscrito al CABD aquel que pertenezca a alguna de las categorías que se establezcan en el RRI, conforme a las autorizaciones y los procedimientos de gestión de personal de cada una de las partes y cumpliendo lo establecido en este Convenio, que sea destinado o realice sus funciones y actividad en el Instituto.
La CTEICU de la Administración de la Junta de Andalucía, en razón de sus competencias, no adscribirá personal propio al CABD, por lo que no le resultarán de aplicación las previsiones que se fundamenten en dicha circunstancia, en especial los compromisos previstos en la cláusula décima.
2. Toda persona que no tenga la consideración de personal adscrito de conformidad con lo previsto en este Convenio y en el RRI y que se encuentre temporalmente en el Instituto se regirá por lo que establezca la autorización o instrumento jurídico que permita o regule dicha circunstancia.
3. Las condiciones y el procedimiento para la adscripción y desadscripción del personal previsto en el apartado primero de este artículo, así como en su caso los requisitos de adecuación científica y excelencia, serán los establecidos en el RRI, que deberán respetar la normativa específica que resulte aplicable al personal adscrito y la entidad de procedencia. En cualquier caso, el personal investigador adscrito al CABD no podrá pertenecer ni adscribirse a un segundo Instituto o centro de investigación, sin perjuicio de que las instituciones cotitulares puedan autorizar la adscripción a Institutos de investigación sanitaria, redes u otras estructuras, previa autorización de la Comisión Rectora.
4. La relación de personal adscrito al CABD será actualizada anualmente por la Comisión Rectora en la memoria anual de liquidación de cada ejercicio, incluyéndose como ANEXO II la relación actual del personal de cada institución, identificado según categoría, que se adscribe al Instituto.
Las partes en todo caso, y el personal del Instituto bajo cuya responsabilidad estén las personas que se encuentren en el Instituto, informarán a la Gerencia de las altas y bajas de todo tipo de personal adscrito y del personal temporal que se encuentre en el Instituto (personal de estancia, investigadores visitantes, personal en prácticas, etc.), la cual pondrá dicha información actualizada a disposición de las instituciones cotitulares, a través de las aplicaciones informáticas que se establezcan y, en cualquier caso, a requerimiento de aquellas.
5. Las instituciones cotitulares, a excepción de CTEICU, se comprometen a adscribir al Instituto el personal técnico, de gestión, administración y servicios teniendo cuenta criterios de equilibrio y necesidad, en función de lo que precisen las respectivas unidades de servicio, los respectivos grupos de investigación y de las cargas de gestión que estén compartidas, según disponibilidad presupuestaria de las instituciones cotitulares.
1. El Instituto se organiza mediante los siguientes órganos, según su naturaleza:
a) Órgano de gobierno: Comisión Rectora.
b) Órganos de dirección: Junta, Dirección y Vicedirección/es.
c) Órgano de gestión: Gerencia.
d) Órganos de asesoramiento: Claustro Científico y Comité Externo de Asesoramiento Científico.
2. En todo lo no previsto en este Convenio, la composición o designación, funciones y normas de funcionamiento de los órganos del Instituto se regirá por lo dispuesto en el RRI, pudiendo la Comisión Rectora aprobar cuantas normas internas de desarrollo sean necesarias para el funcionamiento del Instituto y de los órganos del mismo.
3. Los órganos colegiados del Instituto se regirán por lo dispuesto en este Convenio y en el RRI y, con carácter supletorio, por las disposiciones de la Sección Tercera del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Podrán constituirse, convocarse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia por medios electrónicos, de conformidad con el artículo 17 de dicha Ley.
Los miembros de los órganos colegiados del Instituto no percibirán ningún tipo de retribución por su participación en los mismos.
8.1 Comisión Rectora.
1. La Comisión Rectora es el órgano de gobierno del CABD y tiene competencias sobre todas aquellas cuestiones e incidencias que afecten a la estructura, organización y buen funcionamiento del Instituto, ejerciendo las funciones comisión de seguimiento del Convenio de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. Composición.
2.1 Son miembros de la Comisión Rectora:
a) Dos vocales en representación de la Administración de la Junta de Andalucía, designados por la persona titular de la Consejería.
b) Dos vocales en representación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, designados por el Rector de la misma.
c) Dos vocales en representación del CSIC, designados por la persona titular de su Presidencia.
Los miembros de la Comisión Rectora no podrán tener la condición de personal adscrito al Instituto.
2.2 Las personas titulares de la Dirección, las Vicedirecciones y la Gerencia asistirán a las reuniones con voz y sin voto.
2.3 A propuesta de cualquier miembro de la Comisión Rectora, podrán ser invitados a las reuniones, con voz y sin voto, personas ajenas a la misma cuando lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.
3. Funciones.
a) Conocer el Plan Estratégico plurianual del CABD y los Planes de Actuación anuales que lo desarrollen, elevándolos a las instituciones cotitulares para, en su caso, su evaluación y/o aprobación.
b) Aprobar, a propuesta de la Dirección, el presupuesto anual de ingresos y gastos y la memoria anual de liquidación del ejercicio anterior.
c) Conocer la memoria anual de actividades aprobada por la Junta.
d) Acordar la propuesta de nombramiento y de cese de la persona titular de la Dirección de conformidad con lo establecido en este Convenio y en el RRI, para su nombramiento y la formalización del cese por las instituciones cotitulares.
e) Acordar el nombramiento y el cese de las personas que ocuparán las Vicedirecciones del Instituto a iniciativa de la Dirección, que deberá comunicarse a las instituciones cotitulares.
f) Nombrar a los miembros del Comité Externo de Asesoramiento Científico, a propuesta de la Dirección, oída la Junta y previa consulta al Claustro Científico, correspondiendo a la Dirección la comunicación del nombramiento.
g) Proponer a las partes la modificación del RRI del Instituto, a propuesta de cualquiera de las instituciones cotitulares o de la Dirección oída la Junta.
h) Aprobar, a propuesta de la Dirección y previo informe de la Junta desarrollo de las normas que regulen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para la adscripción y desadscripción de personal investigador al Instituto, establecido en el RRI al respecto.
i) Aprobar, en su caso, la adscripción y desadscripción de personal investigador, de conformidad con lo que establezcan las normas previstas en la letra anterior.
j) Proponer a las partes la creación, supresión o cambio de denominación de departamentos y otras unidades o servicios que se detallen en el RRI, a propuesta de la Dirección, oída la Junta.
k) Conocer los grupos de investigación que se encuentren constituidos en el Instituto.
l) Ejercer las funciones de Comisión de Seguimiento del presente Convenio, para lo que realizará el seguimiento, vigilancia y control de su ejecución y de los compromisos adquiridos por los firmantes, siendo competente para resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del mismo, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
m) Aprobar las normas que sean necesarias para el funcionamiento interno del Instituto y de los órganos del mismo, a propuesta de la Dirección, oída la Junta.
n) Aprobar, en su caso, y a propuesta de la Dirección, oída la Junta, los criterios para el uso y distribución de los espacios aportados al Instituto, de conformidad con la cláusula quinta, entre los grupos de investigación y demás personal del Instituto, de modo que puedan ser implementados con la agilidad requerida por la Dirección.
o) Acordar, en su caso, el porcentaje de los costes indirectos derivados de la actividad científica del Instituto que las instituciones cotitulares se comprometan a poner a disposición del mismo, de forma equilibrada y respetando la normativa interna de las partes.
Ser informada por las instituciones cotitulares de los costes indirectos generados por su personal que, en su caso, decidan dichas instituciones unilateralmente poner a disposición del Instituto como parte de su aportación directa para financiar los gastos estructurales que le correspondan.
p) Proponer mediante acuerdo por unanimidad a las partes del Convenio su modificación para incorporar al Instituto nuevas entidades a instancias de la Dirección o de cualquiera de las instituciones cotitulares, de conformidad con lo establecido en la cláusula vigesimoprimera de este Convenio.
q) Actuar, en su caso, como Comisión Liquidadora.
r) Cualquier otra función que le atribuya el presente Convenio, el RRI u otra normativa que le sea de aplicación.
4. Normas de funcionamiento.
4.1 Presidencia. Será ejercida de forma rotatoria por los vocales de la Comisión Rectora por períodos de un año que se iniciarán el 1 de enero de cada año, salvo el primer turno, que se iniciará a la entrada en vigor de este Convenio y por el tiempo que reste del año.
El primer turno de la Presidencia corresponderá a la representación de la Administración de la Junta de Andalucía, el segundo a la representación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y el tercero a la representación del CSIC, y así sucesivamente.
Cada institución parte del Convenio designará para el periodo que le corresponda la presidencia de la Comisión Rectora, cuál de sus representantes designados la ejercerá.
4.2 Secretaría. Será ejercida por la persona que desempeñe la Gerencia. Le corresponderá la convocatoria de las reuniones en nombre de quien ejerza la presidencia, velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la Comisión Rectora, la elaboración de las actas y, en su caso, la certificación de los acuerdos tomados por la misma, que serán comunicados a las instituciones cotitulares tras la celebración de cada reunión.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, realizará sus funciones la persona titular de la Dirección del Instituto.
4.3 Periodicidad de las reuniones. Se reunirá al menos dos veces al año, mediante convocatoria realizada por la secretaría a instancia de quien ejerza la presidencia, bien a iniciativa propia o de al menos la mitad de sus miembros.
4.4 Convocatoria. Se realizará con una antelación de al menos siete (7) días hábiles a la fecha de celebración, salvo en casos de urgencia, en los que podrá ser convocada con dos días hábiles de antelación para que llegue a conocimiento de todos los miembros, debiendo ser ratificado este carácter por la propia Comisión al comienzo de su reunión, sin perjuicio de la posibilidad de su constitución sin convocatoria previa según lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
La convocatoria será remitida por la secretaría del órgano a cada uno de los miembros a través de medios electrónicos o en su defecto por cualquier medio admitido en derecho, indicando el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración de la reunión, y adjuntando la documentación correspondiente a los asuntos a tratar y a los acuerdos cuya adopción se propone en el orden del día.
4.5 Adopción de acuerdos. Para la válida constitución de la Comisión Rectora deberán concurrir como mínimo el Presidente y el Secretario -o sus suplentes-, y al menos la mitad de sus miembros, siempre que al menos concurra un representante de cada una de las instituciones cotitulares.
La condición de miembro de la Comisión Rectora se desempeñará personalmente, pudiendo ser sustituido por el suplente que corresponda o, en su defecto, por el que designe el órgano competente.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos poseyendo cada representante un voto, dirimiendo el Presidente con su voto los empates que pudieran producirse. No obstante, para los supuestos de nombramiento de la Dirección del Instituto, aprobación del presupuesto, de la memoria anual de liquidación del ejercicio, la propuesta de modificación del RRI y la aprobación de otras normas internas de funcionamiento, la adscripción y desadscripción de personal investigador, propuesta de modificación del Convenio para la admisión de nuevas instituciones en el Instituto y el establecimiento de alianzas con otras instituciones, se requerirá la unanimidad de todos los miembros que componen el órgano.
Cuando los acuerdos de la Comisión Rectora impliquen, para una o varias de las instituciones cotitulares del Instituto, un aumento de su aportación de recursos económicos, humanos o materiales, será necesaria la aprobación expresa o ratificación de los órganos superiores de aquellas, y en su caso, modificación de este Convenio.
8.2 Junta.
Es el órgano de dirección de carácter colegiado en el que están representados, de forma equilibrada, los investigadores y demás personal de UPO y CSIC en nombre de los distintos colectivos que participan en la actividad investigadora del Instituto, incluyendo un número de representantes de personal del Instituto.
El RRI regulará su composición, funciones y normas de funcionamiento, incluyendo el procedimiento de elección de los representantes del personal en la Junta.
8.3 Dirección.
Es el órgano directivo de carácter unipersonal que ejerce la representación legal e institucional del Instituto -sin perjuicio de las competencias que al respecto corresponda ejercer a los órganos de las instituciones cotitulares-, ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria del Instituto, y dirige su actividad científica, ejerciendo las competencias que la normativa de las instituciones cotitulares atribuyan o deleguen a los titulares de la dirección de sus Institutos de investigación.
El RRI regulará su procedimiento de selección, nombramiento y cese y sus funciones.
8.4 Vicedirección/es.
La Vicedirección es el órgano directivo y de apoyo de carácter funcional, que asiste a la Dirección en sus funciones, desempeñando las que ésta le delegue y la sustituye en casos de vacante, ausencia o enfermedad.
El RRI determinará el número de vicedirecciones del Instituto, su nombramiento, cese y funciones.
8.5 Gerencia.
La Gerencia es el órgano de gestión de carácter unipersonal responsable de la gestión económica y administrativa del Instituto. Actúa bajo la supervisión y directrices de la Dirección, a la que reporta, ajustándose a la normativa general y a la interna de las instituciones cotitulares que resulte de aplicación en cada caso, bajo la dependencia orgánica y funcional que le sea aplicable.
La Gerencia ejercerá sus funciones de administración del Instituto y de enlace entre instituciones en el ámbito de sus funciones, sin perjuicio de que determinadas gestiones económicas, administrativas y de personal relacionadas con el funcionamiento o la actividad científica del Instituto deban canalizarse y/o formalizarse por los órganos o unidades competentes de cada institución cotitular.
El RRI determinará la fórmula organizativa que se adopte para la Gerencia del Instituto, regulando su nombramiento, cese y funciones.
8.6 Claustro Científico.
El Claustro Científico es el órgano colegiado de asesoramiento de carácter interno, y foro de deliberación de todos los asuntos científicos del Instituto.
El RRI regulará su composición, funciones y régimen de funcionamiento.
8.7 Comité Externo de Asesoramiento Científico.
El Comité Externo de Asesoramiento Científico es el órgano colegiado de asesoramiento de carácter externo del Instituto, integrado por investigadores/as de prestigio internacional, cuya función es asesorar y, en su caso, evaluar sobre la actividad científica del Instituto a requerimiento de la Comisión Rectora y la Dirección.
El RRI regulará su composición, el nombramiento y cese de sus miembros, sus funciones y su régimen de funcionamiento.
1. Para el cumplimiento de sus funciones el CABD se estructurará en departamentos de investigación y grupos de investigación, que estarán constituidos indistintamente por personal de cualquiera de las instituciones cotitulares –excluida CTEICU–, de acuerdo a su categoría o capacidad profesional.
No obstante, el RRI podrá prever la existencia, adicional o alternativa, de otras unidades de investigación que agrupen al personal del Instituto distintas de las anteriores.
El RRI regulará el procedimiento y los requisitos de creación y supresión de las citadas unidades, su composición, jefatura y funciones.
2. Las unidades de servicio, administrativas, técnicas o científico-técnicas, prestarán su apoyo a las unidades de investigación y se organizarán y funcionarán conforme a lo que establezca el RRI.
3. Las instituciones cotitulares integrarán en sus sistemas y registros de actividad y organización científica que procedan al menos a todos los departamentos, grupos y unidades de servicio que se constituyan en el Instituto que, en su caso, tendrán la consideración de departamentos, grupos y unidades de investigación mixtas integradas por personal de las instituciones cotitulares, en especial en atención a lo previsto en el apartado segundo de la cláusula décima.
1. El personal adscrito al Instituto mantendrá el régimen jurídico que en cada caso les sea aplicable en función de la institución de la que dependan, que continuará asumiendo sus retribuciones básicas y aquellas complementarias que pudieran corresponderles, así como las cotizaciones sociales.
No obstante, las instituciones cotitulares podrán abonar al personal dependiente de cualquiera de las otras, las compensaciones e indemnizaciones por razón del servicio que prevea la normativa y que se deriven de la actividad profesional que realicen en su condición de personal adscrito al Instituto mixto.
2. En cualquier caso, el personal adscrito al Instituto dependiente de cualquiera de las entidades cotitulares tendrá la consideración de personal vinculado al resto de instituciones cotitulares a todos los efectos que procedan, lo que al menos supondrá:
a) La posibilidad de su participación como personal colaborador o integrante del equipo de investigación (y, en su caso, como investigador principal) en los proyectos y demás actividad científica que lidere y solicite cualquiera de las instituciones cotitulares, en los términos previstos en la cláusula decimocuarta y de conformidad con los requisitos que establezca el agente financiador.
b) La posibilidad de uso de los recursos, instalaciones y servicios que las instituciones cotitulares ofrezcan a su propio personal, siempre que sea viable, sin perjuicio del derecho de acceso y uso al equipamiento e infraestructuras científicas adscritas al Instituto con el que ya cuentan de conformidad con la cláusula decimosegunda.
c) La posibilidad de presentación a las convocatorias internas de apoyo a la investigación y actividades vinculadas que las instituciones cotitulares dirijan a su propio personal, incluidas las de formación, siempre que así lo prevean las correspondientes convocatorias, quedando exceptuadas, en todo caso, las convocatorias de puestos de trabajo y, también, las de acción social y demás prestaciones sociales de cada institución si bien estas podrán ser, en su caso, objeto de acuerdos específicos.
d) El compromiso de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla para que, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.2 del Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación, el resto del personal adscrito al Instituto que así lo solicite, en igualdad de oportunidades, pueda concedérsele la «venia docendi» y/o la autorización para la colaboración en tareas docentes conforme a la normativa relativa a la colaboración docente en enseñanzas oficiales de personal externo aplicable en cada caso y respetando la normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.
e) El compromiso de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla para que los órganos responsables de sus programas de doctorado acuerden que el personal adscrito al Instituto que así se solicite, en igualdad de oportunidades, realice las funciones de dirección de tesis doctorales, siempre que dicho personal tenga la condición de personal investigador en posesión del Título de doctor perteneciente a los Organismos Públicos de Investigación, con experiencia investigadora acreditada, y sin que se requiera necesariamente la existencia de una codirección por parte del profesorado universitario, sin perjuicio de que pueda exigirse la existencia de un tutor/a universitario de enlace académico.
f) El compromiso de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en caso de que no lo hubiera hecho, para la suscripción con el CSIC de los convenios previstos en la normativa aplicable para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares de sus alumnos en los Institutos del CSIC, relativas a los títulos de grado, máster y doctorado, incluyendo la realización de trabajos de fin de grado y de máster y la dirección de tesis doctorales.
3. Los compromisos previstos en el apartado anterior se llevarán a efecto en cada caso atendiendo a criterios de reciprocidad, pudiendo denegarse cuando existan causas justificadas de índole técnica y/o jurídica debidamente motivadas, que deberán informarse ante la Comisión Rectora. En cualquier caso, en relación con los servicios TIC y sistemas de información se atenderá a los esquemas y normativa técnica de aplicación en cada institución cotitular.
Asimismo, en la aplicación de las posibilidades anteriores, las instituciones cotitulares garantizarán al personal adscrito un tratamiento igual al que prestan al personal propio que resulte equiparable en sus solicitudes, siempre que se respete la normativa interna y externa que resulte de aplicación en cada caso (uso de instalaciones y equipamientos, horarios, prevención de riesgos laborales, trámites procedimentales, etc.).
En cualquier caso, la Comisión Rectora podrá concretar los detalles de las posibilidades previstas en este apartado, pudiendo incorporarlos en el RRI del Instituto, previa consulta y conformidad de los órganos competentes de cada una de las instituciones cotitulares.
4. Al carecer de personalidad jurídica propia, el CABD no tiene capacidad para contratar personal y serán las instituciones cotitulares las que celebrarán los oportunos contratos de trabajo ejerciendo de manera efectiva las competencias que el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, reconoce a todo empleador.
En cualquier caso, la contratación de personal que se adscriba al Instituto por las instituciones cotitulares se ajustará a las normas básicas aplicables en cada momento a cada una de ellas en materia de empleo público.
1. La gestión, distribución y asignación de los espacios de los edificios, instalaciones y terrenos aportados por las partes al Instituto de conformidad con la cláusula quinta, serán competencia ordinaria de la Dirección del Instituto, con el apoyo de la Gerencia, de conformidad con los criterios para el uso de espacios que, en su caso, pueda establecer la Comisión Rectora. La Dirección informará a la Junta de Instituto en cada una de sus reuniones de las decisiones adoptadas a este respecto.
2. Sin perjuicio de las políticas o medidas que deban o puedan adoptarse para el Instituto o se adopten en el seno del mismo, cada Institución cotitular facilitará los medios adecuados para la seguridad e integridad del personal propio que adscriba al Instituto.
La seguridad e integridad, así como la responsabilidad civil por daños, de todo aquel personal que se encuentre temporalmente en el Instituto, o personal externo, será cubierta por los seguros que se les obligue a tomar o que asuma alguna de las instituciones cotitulares.
3. Cuando de las actividades que se lleven a cabo en el Instituto se derive responsabilidad frente a particulares, se aplicará lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.
La distribución de la responsabilidad entre las instituciones cotitulares se realizará, en primera instancia, en función de la participación acordada de cada una de ellas en el Instituto. No obstante, esta distribución podrá modularse atendiendo al criterio del «dominio del hecho». Para ello, se valorará conjuntamente la institución o instituciones a la que pertenezca la persona o personas responsables del daño producido o bajo cuyo ámbito de decisión y vigilancia se produzca, así como la institución titular del bien causante del daño o que sea responsable de su mantenimiento y conservación.
La institución cotitular que, según los criterios del párrafo anterior, tuviera mayor responsabilidad, será la competente para la gestión del procedimiento administrativo.
4. Las instituciones cotitulares serán responsables del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en el Instituto y, en concreto, del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
1. El equipamiento, la infraestructura científica y técnica y los bienes muebles de uso ordinario que, de conformidad con la cláusula sexta, se encuentre adscrita al Instituto, quedará afectada a la consecución de los objetivos del mismo durante el periodo de vigencia del Convenio y a disposición de su personal en los términos previstos en esta cláusula. Todo ello, sin perjuicio de que, con carácter general, se respete su asignación inicial y ubicación en los grupos y departamentos que hubieran obtenido la financiación con cargo a la que se hubieran adquirido.
2. La Junta, a propuesta de la Dirección y previo del Claustro Científico, aprobará las normas de acceso y uso a las infraestructuras y equipamiento científico del Instituto, pudiendo acordarse su organización en unidades de servicio científico-técnicas a disposición de todo el Instituto.
En cualquier caso, el personal adscrito al Instituto tendrá acceso a las infraestructuras y al equipamiento científico que las partes aporten o adscriban al mismo, en las mismas condiciones que cada una de ellas establezca para su propio personal.
3. Cuando existan acuerdos de licencia de software en los que se limite explícitamente su uso al personal propio de la parte licenciataria, se tendrán en cuenta dichas limitaciones a la hora de permitir el acceso y uso a dicho software al personal de la otra u otras partes.
1. Los objetivos que el Instituto se propone alcanzar en relación con las líneas o áreas de investigación, los indicadores de cumplimiento de los mismos, y los recursos de los que va a disponer, constituyen el Plan Estratégico plurianual, del que la Dirección informará a la Comisión Rectora, la cual lo elevará a las instituciones cotitulares para, en su caso, su evaluación y/o aprobación.
2. La Dirección coordinará la elaboración del Plan, que deberá ser informado por la Junta, el Claustro Científico, y en su caso, el Comité Externo de Asesoramiento Científico.
3. Con carácter anual, se informará a la Comisión Rectora, en cumplimiento del Plan Estratégico, del Plan de Actuación anual, previo informe de la Junta y del Claustro Científico y, en su caso, del Comité Externo de Asesoramiento Científico, sin perjuicio de la evaluación final que las instituciones cotitulares deban hacer a su finalización.
4. Anualmente, el Claustro Científico elevará a la Dirección un informe relativo a la ejecución del Plan Estratégico para su traslado a la Junta y a la Comisión Rectora, pudien