Categoría: Judicial

u obligación de impedir o paralizar estas iniciativas, como ya puso de manifiesto el letrado mayor del Parlamento de Cataluña en la sesión del pleno extraordinario de 7 de agosto de 2020, al advertir que determinados puntos de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y el subgrupo CUP-Crida Constituent, para su discusión y votación en esa sesión plenaria de debate específico «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española», podían contravenir los mandatos del Tribunal Constitucional, indicando incluso que el secretario general de la cámara informaba de su deber de impedir su publicación en el boletín oficial del Parlamento. Esa contradicción también le fue puesta de manifiesto a la mesa por los diputados recurrentes en amparo, en su solicitud de reconsideración. Además, en el acuerdo por el que la mesa de la cámara rechazó la solicitud de reconsideración de su acuerdo de admisión a trámite de esas iniciativas, formulada por el grupo parlamentario Ciutadans, se reconoce expresamente que en efecto existen los pronunciamientos invocados del Tribunal Constitucional, aunque no se acepte que ello obligue a la mesa a inadmitir las propuestas de resolución presentadas por su posible vinculación material con anteriores iniciativas anuladas por este tribunal.
Por otra parte, el requerimiento expreso al presidente y a los demás miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña (así como a su secretario general), para que impidieran o paralizaran este tipo de iniciativas de control parlamentario a la monarquía y a quien ostentan su titularidad, con apercibimiento de las responsabilidades, incluso penales, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal, resultaba, como se ha dicho, de los pronunciamientos contenidos en los AATC 184/2019 y 11/2020, que estiman incidentes de ejecución promovidos respecto de la STC 98/2019, así como de los contenidos en los AATC 141/2016, 170/2016, 24/2017, 123/2017 y 124/2017, que estiman incidentes de ejecución promovidos respecto de la STC 259/2015, y del ATC 144/2017, dictado en ejecución de la STC 114/2017; todos ellos son anteriores a los acuerdos de la mesa del Parlamento que se impugnan en el presente recurso de amparo.
Tales requerimientos y apercibimientos en modo alguno atentan contra la autonomía parlamentaria y la inviolabilidad de los diputados del Parlamento de Cataluña. Como ya hemos tenido ocasión de advertir en ocasiones precedentes (por todos, AATC 24/2017, FJ 9; 123/2017, FJ 8; 144/2017, y 11/2020, FJ 6), la admonición a la mesa del Parlamento y a sus miembros del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga incumplir las resoluciones de este tribunal no supone en modo alguno una restricción ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el ejercicio del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 CE, sino que es la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE).
Por todo lo expuesto, se ha de concluir que la mesa del Parlamento de Cataluña ha incumplido su deber constitucional de acatar lo decidido por el Tribunal Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC) y, en conexión con ello, de impedir o paralizar aquellas iniciativas que reiteren o hagan efectivas las iniciativas anuladas por las resoluciones de este tribunal. La mesa debió haber inadmitido a trámite las propuestas de resolución presentadas en el marco del debate «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española» por los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y el subgrupo CUP-Crida Constituent (núms. de registro 75421, 75424, 75425 y 75426) que, en los concretos puntos e incisos a los que antes se ha hecho mención, contravenían manifiestamente los pronunciamientos contenidos en las SSTC 259/2015, 114/2017, 98/2019, y 111/2019, y en los AATC 141/2016, 170/2016, 24/2017, 123/2017, 124/2017, 144/2017, 184/2019 y 11/2020.
El incumplimiento manifiesto por parte de la mesa del Parlamento de Cataluña y de su presidente de lo ordenado por este tribunal en aquellas resoluciones, de las que la mesa era perfectamente conocedora, determina la lesión delius in officiumde los parlamentarios recurrentes en amparo (art. 23.2 CE). La admisión de las propuestas, en los concretos puntos e incisos señalados en el anterior fundamento jurídico de la presente sentencia, «impide que, en relación con ese procedimiento parlamentario, puedan ejercer legítimamente los recurrentes sus funciones representativas, pues, en tales circunstancias, el ejercicio de su cargo conllevaría no acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional e incurrir, por tanto, en un grave ilícito constitucional» (SSTC 46/2018, FJ 7; 115/2019, FJ 7, y 128/2019, FJ 3). Esa vulneración determina también indirectamente la del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Estimar en parte el recurso de amparo interpuesto por los diputados recurrentes del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña y, en su virtud:
1.º Declarar que se ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
2.º Restablecer a los recurrentes en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de agosto de 2020 que admitió a trámite las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios Republicà y Junts per Catalunya y el subgrupo Candidatura d’Unitat Popular (CUP)-Crida Constituent (núms. de registro 75421, 75424, 7425 y 7426) en el marco del debate «sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola», así como la nulidad del acuerdo de la mesa de la misma fecha que desestimó la petición de reconsideración del anterior acuerdo.
3.º Desestimar el recurso de amparo en lo restante.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós.–Pedro José Campos Mora.–Juan Antonio Fuentes Santos Martínez-Vares García.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Domínguez Conde-Pumpido Tourón.–María Giménez Pastor Callejón.–Ramón Cortés Fuentes.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Carrasco Iglesias.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de mis compañeros, formulo el presente voto discrepante.
1. La doctrina que aplica esta sentencia, formulada en las SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril, es plenamente coincidente con la de la sentencia que resolvió el recurso de amparo núm. 6205-2019. Habiendo manifestado mi desacuerdo respecto de esta última en el Pleno en el que se deliberó, me remito ahora a las razones de mi discrepancia con dicha doctrina, tal y como las expuse en mi voto particular a la citada sentencia. Entendía, primero, que la admisión a trámite por la mesa de iniciativas parlamentarias no afecta al ejercicio de las funciones representativas de los diputados demandantes, que solo se ven obligados a ejercer su cargo interviniendo en el debate plenario. Segundo, la inadmisión a la que obliga la doctrina de este tribunal supone una injerencia en la autonomía parlamentaria y en la libertad de deliberación de difícil justificación desde la cláusula del Estado democrático. Tercero, sin la necesaria ponderación, nuestra doctrina amplia el contenido esencial del derecho a la participación de dichos diputados (art. 23 CE) dejando sin contenido, en la misma medida, el derecho de los parlamentarios proponentes a ejercer su cargo representativo, con lesión del derecho a la participación política de los ciudadanos a quienes representan.
2. Por lo que respecta a la aplicación de la doctrina al caso concreto, considero que la mayoría de los problemas argumentativos de que adolecía la sentencia que resolvió el recurso de amparo núm. 6205-2019 no se presentan en este caso. Ello con una única y fundamental salvedad que, a la postre, pone de manifiesto –en esta ocasión, con mayor claridad aún– las dificultades aplicativas que plantea la doctrina de la que discrepo.
El fundamento jurídico 5 de esta sentencia identifica con claridad tanto la fuente y el contenido de los deberes de acatamiento que se consideran incumplidos, como la razón específica de dicho incumplimiento y su carácter consciente y querido, que se infiere de las advertencias que al respecto realizó el letrado de la cámara. Ahora bien, la fundamentación de la sentencia pone de manifiesto, al realizar el juicio de contraste que exige la aplicación de la doctrina al caso concreto, que las propuestas de resolución cuya admisión a trámite se impugnaba por los recurrentes incurrían en el supuesto de inadmisión obligatoria definido por este tribunal «no en su integridad, sino en los concretos apartados de esas propuestas a los que los recurrentes dirigen sus reproches». Pese a ello, se concluye que «la mesa debió haber inadmitido a trámite las propuestas» (no solamente los incisos afectados) y, por ende, en el fallo se anula en su totalidad el acuerdo de la mesa del Parlament de Cataluña que admitió a trámite las propuestas de resolución controvertidas, así como el acuerdo de la misma fecha que desestimó la petición de reconsideración.
La sentencia viene a evidenciar de modo palmario la imposibilidad de aplicar la doctrina de la que discrepo a supuestos de iniciativas solo parcialmente incumplidoras de lo previamente resuelto por el Tribunal, de un modo que sea al mismo tiempo proporcionado desde el punto de vista del artículo 23 CE y acorde con las funciones constitucionales atribuidas a las mesas de los parlamentos. La opción que se acoge en la sentencia de declarar que la mesa debió haber inadmitido a trámite las iniciativas en su totalidad supone una restricción delius in officiumde los proponentes que va más allá de lo necesario para cumplir su fin, tal y como el mismo ha sido definido por el Tribunal. La única alternativa plausible a ello, que consistiría en atribuir a la mesa la función de diseccionar las iniciativas afectadas en función del contenido de sus distintos apartados, supondría una ulterior ampliación de las facultades de control de este órgano, que vendrían así a aproximarse con toda claridad a la realización de un análisis material de constitucionalidad de las iniciativas parlamentarias en cuestión. Como ya señalé en el voto particular al que he hecho referencia más arriba, son evidentes los riesgos que esto implica desde el punto de vista del art. 23 CE y, más ampliamente, de la cláusula de Estado democrático (art. 1.1 CE).
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós.–Ramón Sáez Valcárcel.–Firmado y rubricado.