Categoría: Administración

cobro, en su caso.
7. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos de tiempo y forma exigidos en las convocatorias, así como la insuficiente justificación de la misma, llevarán aparejado el reintegro, total o parcial, de la ayuda, según el procedimiento establecido en las presentes bases.
8. La FEPRL se reserva la capacidad de exigir, en general, la comprobación de la correcta aplicación de la subvención y la de requerir la presentación de los documentos justificativos adicionales que se consideren precisos, con independencia de la modalidad que adopte la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, sin perjuicio de las facultades de comprobación que las normas vigentes atribuyen a la Intervención General de la Administración del Estado, al Tribunal de Cuentas o a otros órganos.
Los beneficiarios dispondrán del plazo de veinte días hábiles para contestar a los requerimientos de comprobación que les formule la FEPRL, a través del Gestor informático de las acciones. El referido plazo podrá prorrogarse por diez días hábiles, previa solicitud del beneficiario.
La FEPRL podrá comprobar el valor de mercado de los gastos objeto de la ayuda.
9. Lo establecido en estas bases se entiende sin perjuicio del control financiero previsto en los artículos 141 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y en el título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. La realización de la acción subvencionada es obligación personal del beneficiario, sin otras excepciones que las establecidas en estas bases reguladoras, dentro de los límites y con los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las convocatorias de subvenciones podrán permitir que el beneficiario concierte con terceros, la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite del cincuenta por ciento del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. La subcontratación se deberá formalizar mediante un contrato escrito con el contratista seleccionado.
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad objeto de la subvención.
3. La resolución de concesión podrá autorizar, en su caso, las subcontrataciones que el beneficiario hubiera previsto en su solicitud. En tal caso, el solicitante deberá aportar con la solicitud una memoria explicativa en la que se haga referencia a la necesidad de acudir a la subcontratación para desarrollar determinadas fases del proyecto.
4. No podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad objeto de la subvención, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
Tampoco podrá subcontratarse la ejecución parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades que se encuentren incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones, establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como aquellas en las que concurra alguna de las causas previstas en los párrafos b), c), d) y e) del artículo 29.7 del mismo texto legal, y en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. Cuando la actividad subcontratada con terceros exceda del veinte por ciento del importe de la ayuda y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia.
No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir su cuantía y eludir el cumplimiento de este requisito. Se entiende que se fragmenta un contrato cuando el mismo proveedor emite varias facturas con cargo al mismo proyecto, aunque todas ellas hagan referencia a diferentes actividades.
1. Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
3. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que sean identificables, controlables y ajustados a los precios de mercado. Concretamente los siguientes:
a) Aquellos que de manera indubitada estén relacionados con la actividad objeto de la ayuda, sean necesarios para su ejecución y hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución establecido para la realización de la actividad objeto de la ayuda.
b) Los gastos de desplazamiento en los que tenga que incurrir el beneficiario para asistir a la reunión inicial con la FEPRL, así como los gastos derivados de otras posibles reuniones necesarias entre el responsable de la FEPRL para el seguimiento del proyecto y el beneficiario.
c) Los gastos de amortización de material inventariable que haya sido adquirido con anterioridad al inicio del proyecto, siempre y cuando se haya reflejado en el presupuesto aprobado.
d) Aquellos que estén incluidos en el presupuesto original de la actividad o aprobados expresamente a través del procedimiento de modificación presupuestaria, que supongan la modificación del presupuesto inicial, y estén abonados antes de la presentación de la memoria técnica y económica de ejecución, siempre que se encuentren dentro del cronograma establecido en cada convocatoria.
e) El gasto derivado del informe de un auditor de cuentas, en caso de que sea requisito exigible conforme a estas bases, tendrá carácter financiable, hasta un límite de un cinco por ciento de la subvención concedida, a través del epígrafe de gastos específicos.
4. Son reglas comunes aplicables a los conceptos de gasto financiable, las siguientes:
a) En el caso de que puedan existir operaciones con personas o entidades vinculadas al beneficiario, en los términos previstos en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, solo serán admisibles aquellas inversiones que cuenten con autorización expresa por parte del órgano gestor y se realicen de acuerdo con las condiciones normales de mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
c) Respecto a las subcontrataciones, entendidas en los términos que define el artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberá seguirse lo establecido en la citada ley.
5. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación y los impuestos personales sobre la renta.
6. De forma general, serán susceptibles de financiación los siguientes gastos, con las limitaciones que pudiesen establecer cada una de las convocatorias:
a) Las retribuciones del personal interno que realiza la acción. Se entenderá por personal interno el integrado por las personas físicas que mantienen una relación laboral con la entidad beneficiaria. Por lo tanto, el personal interno forma parte de la plantilla de la entidad beneficiaria. Su dedicación al proyecto puede ser total o parcial.
No se considerarán como gastos imputables al desarrollo de la acción las imputaciones horarias relativas a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto no esté relacionado con la ejecución del proyecto.
La subvención de las retribuciones salariales del personal interno atenderá al siguiente sistema de tarifa, en función de las horas efectivamente dedicadas al proyecto:
Dichas cantidades subvencionables se incrementarán en un treinta y tres por ciento, en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social, sin que, en ningún caso, puedan superar el tope máximo de cotización vigente en cada ejercicio.
No se podrán imputar costes sufragados por otros organismos o instituciones.
La justificación de los gastos de personal se acreditará mediante:
1.º Copia de los contratos de trabajo registrada en la Oficina Pública de Empleo.
2.º Nóminas relativas al período de contratación con horas imputadas al proyecto.
3.º Informe de datos para la cotización de las personas trabajadoras por cuenta ajena de cada persona trabajadora.
4.º Copia del modelo 190, resumen anual de retenciones del IRPF practicadas en el ejercicio de ejecución del proyecto.
5.º Copia de la transferencia y del extracto bancario que refleje el pago material tanto de las nóminas como de las cotizaciones sociales.
b) Los gastos de amortización de los equipos informáticos y medios técnicos directamente empleados en el desarrollo de la acción, que comprende ordenadores, impresoras o escáneres, entre otros.
Se distingue entre medios técnicos propios, que forman parte del patrimonio de la entidad ejecutora, y medios técnicos externos, aquellos que han sido alquilados para el desarrollo de la acción.
1.º Equipos y medios técnicos propios. La FEPRL financiará el coste de su utilización, que se expresa en la amortización de los mismos, con las siguientes consideraciones:
El porcentaje de amortización admisible será el establecido en las tablas de amortización fiscal recogidas en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Se aplicará un porcentaje de imputación temporal en función del período de utilización del equipo (comprendido entre la fecha de aceptación de la acción y su fecha de finalización) y de la dedicación del personal asignado.
Como justificación del coste de utilización de equipos y medios técnicos propios deberá acompañarse la siguiente documentación acreditativa:
Factura detallada de cada uno de los conceptos imputados.
Justificación de pago de la factura mediante copia de cheque, talón, orden de transferencia y copia de extracto bancario.
2.º Equipos y medios técnicos externos. Se entenderán aquellos que, no siendo de su propiedad, utiliza el beneficiario en el desarrollo de su actividad, mediante contrato de alquiler o arrendamiento financiero. Estos medios podrán ser aplicados al desarrollo de la acción financiada por la FEPRL, distinguiendo entre:
Medios externos, uso continuado: Comprende cualquier equipo informático o medio técnico directamente empleado para el desarrollo del proyecto, como ordenadores, impresoras o escáneres, entre otros, que se alquile de manera continuada para el desarrollo de la acción a lo largo del periodo de su desarrollo. Se admitirán imputaciones de facturas por renting y/o alquiler de equipos hasta el límite máximo de imputación de coste que resulta de aplicar los coeficientes de amortización e imputación temporal correspondientes sobre el valor de mercado de un equipo nuevo de similares características.
Medios externos, uso puntual: comprende cualquier equipo informático o medio técnico directamente empleado para el desarrollo del proyecto, como ordenadores, impresoras o escáneres, entre otros, que se alquile de manera puntual para el desarrollo de la acción a lo largo del periodo de su desarrollo. Se admitirán imputaciones de facturas, deducidos gastos financieros, impuestos y seguros, siempre que la suma de éstas no represente un coste superior al que resultaría si tales equipos y medios técnicos fueran propiedad de la empresa, imputables vía amortización.
Los criterios de imputación de coste serán, según tipo de contrato:
Leasing: Los gastos imputables se calcularán aplicando sobre la factura del proveedor de los equipos, los coeficientes de amortización legal y de imputación temporal, en idéntico criterio que el aplicado para los equipos propios.
Renting y alquiler: Se admitirán imputaciones de facturas, deducidos gastos financieros, impuestos y seguros, siempre que la suma de éstas no represente un coste superior al que resultaría si tales equipos y medios técnicos fueran propiedad de la empresa, imputables vía amortización.
Al objeto de dar trato igual a todos los beneficiarios, con independencia de que acudan a la compra, leasing o alquiler de los equipos, cuando la utilización de los mismos sea continuada a lo largo del período de desarrollo del proyecto, se admitirán imputaciones de facturas por renting y/o alquiler de equipos hasta el límite máximo de imputación de coste que resulta de aplicar los coeficientes de amortización e imputación temporal correspondientes sobre el valor de mercado de un equipo nuevo de similares características. En relación con este límite máximo, la FEPRL estimará el precio de mercado considerando los precios de adquisición de otros beneficiarios y precios ofertados en publicaciones y revistas especializadas.
Como justificación del coste de utilización de equipos y medios técnicos externos deberá acompañarse la siguiente documentación acreditativa:
Contratos detallados en los que deben figurar claramente las condiciones pactadas con el acreedor.
Facturas detalladas.
Justificación de pago de la factura mediante copia de cheque, talón, orden de transferencia y copia de extracto bancario.
c) Los gastos de adquisición de los materiales de apoyo relacionados directamente con la ejecución del proyecto. Bajo este epígrafe se contempla la adquisición de aquellos materiales necesarios para la realización de la acción. Incluye conceptos tales como bibliografía, bases de datos informatizadas y cualquier otra documentación, cuya necesidad deberá acreditarse.
La adquisición de bibliografía no podrá superar el uno por ciento de la subvención concedida.
No se contempla como coste imputable la suscripción de revistas y boletines oficiales.
Como justificación del coste de adquisición de material de apoyo deberá acompañarse la siguiente documentación acreditativa:
1.º Factura detallada.
2.º Justificación de pago de la factura mediante copia de cheque, talón, orden de transferencia y copia de extracto bancario.
d) Los gastos directamente relacionados con la ejecución de la acción y de subcontratación. En este epígrafe se incluyen aquellos gastos en los que se haya incurrido como consecuencia de la ejecución de la acción y que no han sido considerados en epígrafes anteriores. Con objeto de facilitar la clasificación conceptual de estos gastos se cumplimentarán los epígrafes relativos a gastos específicos, dietas y desplazamientos y subcontratación.
1.º Gastos específicos. Son todos aquellos gastos vinculados al desarrollo del proyecto no recogidos expresamente en los epígrafes de dietas y desplazamientos y de subcontratación.
Los gastos deben individualizarse con indicación de conceptos y número de unidades cuando sea posible, adecuándose al número de destinatarios entre los que puedan distribuirse.
En este epígrafe se justificarán todos los gastos relacionados con la celebración de eventos como alquiler de salas, catering, medios audiovisuales, alquiler de equipos informáticos, entre otros, siempre que se justifiquen mediante la aportación de las facturas correspondientes, con detalle individualizado de los conceptos facturados.
Los gastos de desplazamientos, manutención y alojamiento de los participantes en los eventos que no formen parte del personal interno se justificarán en este epígrafe. En todo caso, deberá indicarse la necesidad del gasto y el objeto del desplazamiento, así como la relación de este coste en el desarrollo del proyecto, e identificarse individualmente al sujeto que originó el gasto.
Serán de aplicación los límites fijados por la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, regulados en el artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, de 30 de marzo, que define como tales los correspondientes a gastos normales de estancia y manutención en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengados en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia.
Los gastos financiables, en caso de desplazamientos en transporte público, comprenderán exclusivamente el precio del billete de ida y vuelta en clase turista desde la localidad de residencia a la de la realización de la actividad. En otro caso, se deberá acompañar un escrito motivando el cambio.
El coste financiable de los detalles a ponentes y galardonados, en ningún caso podrá superar, en coste individual, la cuantía de 60 euros.
Los gastos asociados al diseño y maquetación de los productos finales que sean prestados directamente por empresas cuyo objeto social sea la impresión de estos materiales, se presupuestarán y justificarán, también, en este epígrafe.
Los gastos de distribución de los productos finales se presupuestarán así mismo en este epígrafe y, para su justificación, se presentará factura de mensajería o correos, acompañada de sus correspondientes albaranes o certificados de recepción por parte de los destinatarios.
Salvo autorización expresa en contrario, los gastos financiables de material promocional para la difusión de la acción no podrán exceder del tres por ciento del presupuesto total de la misma.
Los productos deberán distribuirse durante el periodo de ejecución de la acción, permitiéndose un remanente máximo de productos no distribuidos durante dicho período del quince por ciento. Se exigirá el compromiso de distribución de este remanente de materiales por parte del representante legal de la entidad beneficiaria.
Como justificación del coste de gastos específicos, deberá acompañarse la siguiente documentación acreditativa:
Factura detallada de cada uno de los conceptos imputados.
Justificación de pago de la factura mediante copia de cheque, talón, orden de transferencia y copia de extracto bancario.
2.º Dietas y desplazamientos. Incluye los gastos de manutención, locomoción, alojamiento, etc., del personal asignado al desarrollo del proyecto, según se definen en el artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los gastos financiables, en caso de desplazamientos en transporte público, comprenderán exclusivamente el precio del billete de ida y vuelta en clase turista desde la localidad de residencia a la de la realización de la actividad. En otro caso, se deberá acompañar un escrito motivando el cambio. El alojamiento podrá realizarse en categoría máxima de 4 estrellas.
En todo caso, deberá indicarse la necesidad del gasto y el objeto del desplazamiento, así como la relación de este coste con el desarrollo del proyecto, e identificarse la actividad por que ha generado el gasto y la persona que ha incurrido en el mismo.
Estos gastos se limitarán al ámbito territorial de la acción, salvo autorización expresa del organismo concedente.
Serán de aplicación los límites fijados por la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, regulados en el artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que define como tales los correspondientes a gastos normales de estancia y manutención en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengados en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia. Salvo excepciones justificadas, la elegibilidad del resto de gastos de manutención tendrá como límite máximo las cuantías establecidas para el grupo 1 por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
La entidad se abstendrá de incluir gastos por dietas y desplazamientos que no cumplan todos y cada uno de estos requisitos, en ningún caso susceptibles de financiación.
Como justificación del coste de los gastos de este epígrafe, deberá acompañarse la siguiente documentación acreditativa:
Factura o tique detallado de cada uno de los conceptos imputados, conforme al Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
Hoja de liquidación de gastos por dietas y desplazamientos firmada por el perceptor.
Justificación de pago de la factura o de los gastos por dietas y desplazamientos incluidos en la hoja de liquidación mediante copia de cheque, talón, orden de transferencia y copia de extracto bancario.
3.º Costes indirectos. Serán considerados gastos indirectos subvencionables los propios del funcionamiento regular de la entidad adjudicataria y que sirven de sostén para que sea posible la ejecución de las actividades que desarrolla. Los costes indirectos deberán ser justificados mediante certificación del representante legal de la entidad.
Los costes indirectos no podrán superar el diez por ciento del gasto justificado del apartado del presupuesto sobre retribuciones de personal interno que realiza la acción.
De conformidad con los artículos 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 83.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el diez por ciento previsto en el párrafo anterior habrá de imputarse por el beneficiario en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas. En todo caso, tales costes deben corresponder al período en que efectivamente se realiza la actividad.
e) Subcontratación. Se entenderá que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la asignación de recursos. El importe acumulado de la totalidad de la subcontratación no podrá superar el cincuenta por ciento de la cuantía de la asignación, quedando prohibidas sucesivas subcontrataciones.
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la acción.
Se incluirá en este epígrafe el coste por los servicios externos contratados con personas físicas o jurídicas cuya actividad profesional o mercantil se corresponda con el servicio o actividad de que se trate, y que puedan acreditar una solvencia técnica en relación con trabajos similares para el desarrollo más adecuado de determinados contenidos de la acción y que, por los motivos que se incluyeran en la memoria explicativa de la solicitud, no serán desarrollados por la entidad beneficiaria.
1.º Con independencia de la denominación que se les dé en el contrato, en ningún caso serán objeto de subcontratación y financiación las siguientes actividades:
Planificación, organización, dirección, coordinación y supervisión de la acción, entendidas éstas referidas, exclusivamente, a la función directiva de dicha acción, de manera que la limitación no comprende, en su caso, la dirección científica del proyecto por el subcontratista.
Evaluación del programa o de los contenidos.
Auditorías, con excepción del informe auditor previsto en el artículo 16.
Selección del personal del beneficiario y del subcontratista.
Formación del personal del beneficiario y del subcontratista.
2.º Documentación acreditativa que debe acompañarse:
En su caso, presupuestos solicitados. Cuando el importe de la contratación esté comprendido entre 18.000 y 60.000 euros la entidad deberá presentar una justificación de la selección del proveedor, mediante la presentación de tres ofertas de diferentes proveedores cuyo objeto social esté relacionado con la actividad contratada, así como que tienen solvencia y experiencia profesional en esa materia. Esta contratación deberá aplicar, en todo lo posible, criterios de concurrencia. En cualquier caso, se deberá justificar expresamente en una memoria que la elección de la oferta correspondiente era la propuesta más ventajosa.
Documentación acreditativa de la especialización de la entidad con la que se contrata la realización de actividades, en la materia objeto de dicha contratación.
Descripción de las tareas de control y supervisión de la evolución de los trabajos desarrollados por la entidad subcontratada.
Contratos: deberán formalizarse por escrito y ser firmados por las partes. Con carácter de mínimo, el contrato deberá contener: referencia a la experiencia profesional del subcontratado y a su objeto social; descripción clara de cada uno de los bienes o servicios prestados, con indicación desglosada de los mismos y su precio respectivo con indicación de su necesidad en el desarrollo técnico del proyecto; fecha de inicio y finalización; importe de la contraprestación; medios de pago y plazos en que estos se harán efectivos; consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes; y referencia a la denominación de la acción y al código de expediente.
Factura detallada de los servicios prestados.
Justificación de pago mediante copia de cheque, talón, orden de transferencia y extracto bancario.
3.º Forma de pago:
Pagos en metálico: No se podrán realizar pagos en metálico por importe superior a 200 euros por proveedor.
Pagos a través de entidad financiera: Las facturas por importe superior a 200 euros por proveedor deberán abonarse necesariamente a través de entidad financiera, adjuntando los justificantes de la transferencia o ingreso en cuenta, acompañados, en su caso, del extracto bancario en el que se refleje dicha operación.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto u objetivo para el que se concedió en los términos establecidos en el artículo 16. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación.
En el caso de que no conste la situación del beneficiario respecto los requisitos previstos en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se le requerirá para que, en el plazo máximo de diez días hábiles desde el día siguiente a la notificación del requerimiento mediante el Gestor informático de la FEPRL, aporte los oportunos certificados, declaraciones responsables o información requerida. La no aportación o aportación fuera de plazo de los mismos conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda, conforme a lo dispuesto en el capítulo V del título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El procedimiento para el pago de la subvención se iniciará en el momento que el beneficiario presente la cuenta justificativa referida en el artículo 16.3, dentro del plazo establecido en dicho artículo o en la correspondiente convocatoria.
3. En aquellos supuestos en los que se hayan concedido anticipos conforme a lo previsto en el artículo 13.2, el pago se limitará a la cuantía que reste hasta el total debidamente justificado, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la subvención concedida.
4. En el caso previsto en el apartado 1, así como para el supuesto de que no se considere debidamente justificado el total de la subvención, la FEPRL remitirá a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social la propuesta de perdida de derecho al cobro por parte del beneficiario, así como copia de la parte del expediente que lo justifique.
La Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, mediante resolución dictada al efecto confirmará o no la propuesta de la FEPRL. Una vez recibida ésta, la FEPRL reanudará el procedimiento de pago o propondrá a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social el inicio del procedimiento de reintegro según proceda.
5. El plazo de pago para la FEPRL será de seis meses desde la presentación de la justificación final por el beneficiario.
Las causas de nulidad y de anulabilidad de la resolución de concesión se regirán por el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su normativa de desarrollo.
1. La renuncia voluntaria a la subvención concedida con posterioridad a la fecha de publicación de la resolución de concesión definitiva, conllevará la pérdida del derecho al cobro de la subvención y, en su caso, la devolución de las cantidades percibidas hasta ese momento, con la exigencia del correspondiente interés de demora, conforme a lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, desde el momento del pago del anticipo hasta la fecha en la que se acepte la renuncia por parte del órgano concedente.
2. En caso de devolución voluntaria del anticipo recibido, entendiendo por tal aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento del órgano concedente, el beneficiario deberá remitir de forma fehaciente justificante de transferencia bancaria a favor de la FEPRL u órgano equivalente de las comunidades autónomas. Los intereses se calcularán de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, desde el momento del pago del anticipo que se hubiera realizado hasta el momento en que se produzca la devolución efectiva por parte del beneficiario.
3. La FEPRL, antes de comunicar al órgano competente del Ministerio de Trabajo y Economía Social la necesidad de iniciar el procedimiento de reintegro, procederá a poner en conocimiento del beneficiario su situación, para que este proceda en el plazo de diez días hábiles, si así lo desea, al ingreso de las cantidades percibidas indebidamente, conforme al procedimiento previsto en el apartado anterior.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención se efectuará de conformidad con los siguientes criterios:
a) Obtención de la subvención falseando datos o las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas condiciones que lo hubieran impedido. Porcentaje a reintegrar: cien por cien de la cantidad percibida.
b) Falsear la documentación aportada como justificante de la subvención. Porcentaje a reintegrar: cien por cien de la cantidad percibida.
c) Incumplimiento de los fines, objetivos y finalidades para los que se presentó la solicitud en un cincuenta por ciento o más del importe total del proyecto. Porcentaje a reintegrar: Cien por cien de la cantidad percibida.
d) Incumplimiento de los fines, objetivos y finalidades para los que fue concedida la ayuda en menos de un cincuenta por ciento sobre el importe total del proyecto. Porcentaje a reintegrar: Porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por la entidad beneficiaria.
e) Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 5.5.h). Porcentaje a reintegrar: Veinte por ciento de la cantidad percibida.
f) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo fijado y tras el correspondiente requerimiento por parte del órgano de control cuando afecte a un cincuenta por ciento o más del importe total del proyecto. Reintegro: Cien por cien de la cantidad percibida.
g) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo fijado y tras el correspondiente requerimiento por parte del órgano de control, cuando afecte a menos de un cincuenta por ciento del importe total del proyecto. Porcentaje a reintegrar: Porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por la entidad beneficiaria.
h) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas, relativas a las obligaciones del beneficiario, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Porcentaje a reintegrar: cien por cien de la cantidad percibida.
i) Incumplimiento por los beneficiarios de los compromisos por aquellos asumidos con motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto, adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda o por cualquier otro motivo distinto de los anteriores. Porcentaje a reintegrar: el cien por cien de la cantidad percibida cuando el incumplimiento supere el cincuenta por ciento de la cantidad percibida o, en caso contrario, un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación, en ambos casos, de la justificación presentada por la entidad beneficiaria.
j) Incumplimientos de carácter económico:
1.º Incluir gastos que no respondan a la actividad subvencionada, que no supongan un coste susceptible de subvención, que ya hubieran sido financiadas con otras subvenciones o que se hubieran justificado mediante documentos que no reflejaran la realidad de las operaciones (minoración aplicable: El importe de los gastos objeto de incumplimiento).
2.º Presentación de documentos contables no válidos en el tráfico jurídico mercantil (minoración aplicable: el importe de los gastos objeto de incumplimiento).
3.º Gastos cuyo pago no quede suficientemente justificado (minoración aplicable: el importe de los gastos objeto de incumplimiento).
4.º No efectuar los pagos relativos a la acción subvencionada dentro de los plazos establecidos (minoración aplicable: El importe de los gastos objeto de incumplimiento).
k) Incumplimientos de carácter técnico:
1.º Incumplimiento total o parcial de alguna de las actividades que fundamentaron la selección del proyecto (minoración aplicable: Hasta el cien por cien de la subvención concedida).
2.º Falta de realización de alguno de los productos del proyecto o cuya calidad no sea ajustada a los indicadores previstos en convocatoria (minoración aplicable: Hasta el cien por cien del importe presupuestado para el producto).
3.º No presentar, o enviar fuera de plazo y forma, la documentación técnica suficiente para la justificación de la subvención (minoración aplicable: Hasta el cien por cien de la subvención concedida).
l) Incumplimientos en el ámbito de la publicidad:
1.º Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 5.5, así como de las especificaciones que sobre publicidad se reflejen en la convocatoria (minoración aplicable: Hasta un treinta por ciento del coste justificado para el producto final).
2.º Ausencia de los logotipos previstos en las presentes bases y en las respectivas convocatorias en cualquier lugar donde se realice la publicidad del proyecto (minoración aplicable: Hasta un treinta por ciento del coste justificado para el producto final).
3.º Inclusión de logotipos o mención, en cualquier documento, de entidades no colaboradoras en el proyecto (minoración aplicable: Hasta el veinte por ciento del coste justificado para el producto final).
4.º Colocación de los logotipos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la FEPRL, u órganos equivalentes de las comunidades autónomas, en un lugar no preferente o igual que otros logotipos (minoración aplicable: hasta un quince por ciento del coste justificado para el producto final).
5.º No respetar la imagen corporativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la FEPRL, u órganos equivalentes de las comunidades autónomas, en lo relativo al diseño, formato, dimensiones y calidades facilitadas por la misma (minoración aplicable: Hasta un diez por ciento del coste justificado para el producto final).
6.º Consideración incorrecta como organizadores, patrocinadores o colaboradores a entidades que cobran por sus servicios en el proyecto (minoración aplicable: Un diez por ciento del coste justificado para el producto final).
m) Incumplimientos relativos a la autorización:
1.º Modificación en la autoría de una obra en reedición o redifusión, cuyos derechos de explotación correspondan a la FEPRL u órgano equivalente de las comunidades autónomas, sin autorización de estos (minoración aplicable: No financiación del importe presupuestado al producto).
2.º Falta o modificación de alguna de las cualidades que fundamentan la elección del proyecto sin previa autorización de la FEPRL u órgano equivalente de las comunidades autónomas (minoración aplicable: Hasta un diez por ciento de la subvención concedida).
3.º No cumplir con la obligación de la comunicación previa a la FEPRL, u órgano equivalente de las comunidades autónomas, de las jornadas y eventos conforme a lo previsto en las convocatorias de desarrollo (minoración aplicable: no financiación del veinticinco por ciento del coste justificado para el producto final).
4.º El incumplimiento de la normativa legal vigente sobre el depósito legal de las publicaciones (minoración aplicable: No financiación del importe presupuestado al producto, hasta un límite del veinticinco por ciento de la subvención concedida).
2. Los criterios anteriores resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y, dentro de los límites previstos en estas bases, deberán responder al principio de proporcionalidad, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21.
La aplicación de los criterios anteriores no podrá tener como consecuencia el establecimiento de un doble reintegro en base a idéntico incumplimiento.
En ningún caso se podrá establecer un porcentaje de reintegro por la justificación de un gasto menor a la cuantía de la subvención concedida, cuando se hayan cumplido plenamente los objetivos de la misma, sin perjuicio de la pérdida de derecho al cobro correspondiente.
3. La procedencia del reintegro de las cantidades percibidas indebidamente llevará aparejada la exigencia del correspondiente interés de demora, que será el interés legal del dinero incrementado este en un veinticinco por ciento, salvo que las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado establezcan otro diferente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o del ingreso por parte del beneficiario en caso de devolución voluntaria.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, debiendo reintegrarse en el Tesoro Público, adscritos a la finalidad de prevención de riesgos laborales.
2. El órgano competente del Ministerio de Trabajo y de Economía Social o de la Comunidad Autónoma correspondiente, a propuesta del órgano de concesión o seguimiento, dictará las resoluciones necesarias para la adecuada tramitación del procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente.
3. El procedimiento para el reintegro se regirá por los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 94 a 101 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectada.
5. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de quince días hábiles.
6. El órgano competente para la resolución del procedimiento de reintegro dictará resolución al efecto, la cual será notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, indicará quién es la persona obligada al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el importe a reintegrar junto a los intereses de demora, de acuerdo con los establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia se establecen en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la correspondiente normativa autonómica.
2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que se dará audiencia a la persona interesada antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las convocatorias de desarrollo deberán regular la implementación de un conjunto de indicadores para cada una de las acciones financiadas, que permitan evaluar de manera objetiva y cuantificable los resultados obtenidos en la realización de estas, tanto de su contenido técnico, como de su eficacia, eficiencia y economía.
Los resultados obtenibles de los indicadores del desarrollo de cada convocatoria, tanto en niveles territoriales como sectoriales, deberán permitir determinar si la financiación de las acciones ha tenido alguna incidencia en la promoción de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas.
Así el conjunto de indicadores de cada convocatoria deberá permitir conocer, entre otros, el número de usuarios que han recibido cada acción subvencionada, su grado de satisfacción con el resultado de la acción, o la originalidad de ésta sobre acciones anteriores.
Se faculta a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social para dictar las correspondientes resoluciones y/o instrucciones para la ordenación y desarrollo de lo establecido en estas bases.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de julio de 2023.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social,Yolanda Vidal Ortiz.