Categoría: Economía y Empleo

do en los últimos ejercicios, en los presupuestos del SEPE sólo se recoge la parte de la cuota de Formación Profesional para el Empleo que corresponde ingresar a dicho organismo, ya que con motivo de la reestructuración de diversos Departamentos Ministeriales aprobada en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, determinadas competencias en el ámbito del Sistema de Formación Profesional para el Empleo que hasta dicho ejercicio se desarrollaban por el Servicio Público de Empleo Estatal, pasaban a ser competencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En este sentido, la disposición adicional 92.ª de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, establece que la parte de la cuota de formación profesional para el empleo que se vaya a utilizar para financiar las competencias de ejecución del Sistema de Formación Profesional para el Empleo que asumirá el Ministerio de Educación y Formación Profesional se ingresará en el Tesoro Público.
En el anexo III se incluye la dotación presupuestaria destinada a financiar los programas y servicios recogidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno para el año 2023 por ejes.
En consecuencia, cabe señalar que los servicios y programas de políticas de activación para el empleo incluidos en este Plan 2023 recogidos en los Anexos I y II no se financian con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), pues encuentran su financiación en la dotación de 6.388.584,34 miles de euros, como se ha expuesto anteriormente.
La Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, en su exposición de motivos, dice que «la evaluación de las políticas públicas se erige en la actualidad como una herramienta imprescindible para la mejora de las acciones de gobierno, ya que favorece la toma de decisiones informada y sirve como elemento para proponer eventuales correcciones. Además, se configura como un instrumento fundamental para contar con políticas públicas más eficaces y eficientes».
La citada ley, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en cuyo componente 11, «Modernización de las Administraciones Públicas», España«acomete una serie de reformas e inversiones que tienen como finalidad la prestación eficiente de los servicios públicos como factor de productividad, crecimiento y bienestar. De esta forma, cualquier proceso de modernización de las administraciones públicas ha de contar necesariamente con el refuerzo de la evaluación de políticas públicas y la consolidación de una metodología común de evaluación de políticas públicas».
La evaluación de las estrategias, planes y medidas de política pública constituye un elemento esencial desde el mismo momento de la planificación y el diseño de las actuaciones. La Ley 3/2023, de 28 de febrero, establece en su título VI las prioridades, niveles de organización y aspectos metodológicos básicos de la evaluación de la política de Empleo. Todos estos aspectos son ya de aplicación a la Estrategias de Empleo vigente y a sus planes anuales de desarrollo, como este.
Sin perjuicio de la regulación específica establecida en la legislación laboral sobre las evaluaciones de los planes de empleo, estas tendrán en cuenta también, cuando sea aplicable, lo dispuesto en la Ley 27/2022, de 20 de diciembre.
La evaluación implica determinar de manera objetiva y acreditable mediante evidencias el mérito y valor de las actuaciones (servicios y programas en el caso de las PAE), orientándose siempre hacia la mejora continua y, por tanto, hacia la puesta en valor e identificación de las mejoras prácticas y la puesta en marcha de nuevas líneas de actuación.
La evaluación de los planes anuales ya contempla de manera precisa y detallada el grado de cumplimiento de sus objetivos mediante la definición y el cálculo de los Índices de Cumplimiento de Objetivos (ICO), definidos en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y que enmarcan la labor del conjunto de los Servicios Públicos de Empleo de España.
Los resultados cuantitativos de esos Índices dan una primera idea de en qué medida la actuación de nuestros Servicios Públicos de Empleo está impactando en la mejora de la empleabilidad de las personas, estimada principalmente en términos de su participación e inserción en el mercado laboral. Estos dos conceptos, esfuerzo e impacto, componen buena parte de los indicadores de los objetivos estratégicos y estructurales contenidos en el presente Plan.
Esos mismos resultados se aplican directamente al cálculo de la distribución de los fondos que anualmente se distribuyen para su ejecución por las CC. AA., vinculados al cumplimiento de los objetivos establecidos en un porcentaje fijado anualmente por el Gobierno, y que para este año 2023 se situó en el 45 %.
La aplicación de este nivel de evaluación vela por la equidad territorial, permite una evaluación parcial de la planificación de las PAE, y de la contribución al impacto y el resultado de cada uno de los servicios y programas que se realizan. Como en anteriores planes anuales, cumple su papel como evaluación de la gobernanza del sistema.
Desde el año 2022, se cuenta con medios contratados específicamente para evaluar la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, y de los planes anuales que la desarrollan. Mediante la incorporación de una metodología que utiliza grupos de control y procedimientos de análisis contrafactual, está siendo posible medir el efecto diferencial que tiene sobre la empleabilidad de las personas su participación en programas y medidas de políticas activas de empleo. Esta metodología ha puesto ya de manifiesto la efectividad de las actuaciones enmarcadas en el PAPE 2021, y a lo largo de este año 2023 ofrecerá los resultados correspondientes al PAPE 2022. Con las mejoras que se incorporen tras su aplicación a esto dos planes anuales, estos recursos se pondrán al servicio de la evaluación del presente Plan.
De esta forma, sin perjuicio de las actuaciones específicas en materia de seguimiento y evaluación promovidas por los Servicios Públicos de Empleo autonómicos en su ámbito territorial, el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2023 será evaluado mediante un modelo integrado y completo de seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo, coherente con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, y orientado a la medición del impacto y de los resultados de las PAE en las personas y las empresas, prestando especial atención a los de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, a la evaluación del desempeño de los Servicios Públicos de Empleo y contando con la concurrencia de evaluaciones externas e independientes.
Se incluye en primer lugar un resumen de los conceptos básicos que se utilizan en los sistemas de intermediación y empleo, formación para el empleo y prestaciones, con el fin de aclarar los términos que se emplean más adelante, en la definición detallada propuesta de los indicadores que se utilizarán en el sistema de evaluación.
Paro registrado: concepto estadístico que se corresponde con las demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes, y que suma las personas demandantes de empleo inscritas al final de cada mes que no tienen alguna de las causas de exclusión siguientes, establecidas por la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985 (BOE de 14 marzo de 1985), por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado:
a) Personas trabajadoras ocupadas: Las que solicitan un empleo para compatibilizarlo con el actual o cambiarlo por el que tienen, las que están en suspensión o reducción de jornada por un expediente de regulación de empleo, las que están ocupadas en trabajos de colaboración social y las que compatibilizan un trabajo a tiempo parcial y la prestación por desempleo.
b) Personas trabajadoras sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación incompatible con el mismo: jubiladas, pensionistas de invalidez absoluta o gran invalidez, personas mayores de 65 años, en situación de incapacidad temporal, maternidad o baja médica, estudiantes de enseñanza oficial reglada, siempre que sean menores de 25 años o mayores de esta edad si son demandantes de primer empleo, y asistentes a cursos de formación profesional ocupacional, cuando sus horas lectivas superen las veinte semanales, tengan una beca de manutención y sean demandantes de primer empleo.
c) Personas trabajadoras que demandan exclusivamente un empleo de características específicas tales como las siguientes: empleo a domicilio, por período inferior a tres meses, de jornada semanal inferior a 20 horas, para trabajar en el extranjero y aquellas personas que se inscriben en las Oficinas públicas de empleo como requisito previo para participar en un proceso de selección para un puesto de trabajo determinado.
d) Personas trabajadores eventuales agrarias beneficiarias del subsidio especial por desempleo que están percibiéndolo o que, habiéndolo agotado, no haya transcurrido un período superior a un año desde el día del nacimiento del derecho.
e) Personas que rechazan acciones de inserción laboral adecuadas a sus características y las que tienen suspendida la demanda, en tanto permanezcan en esa situación.
Esta información se obtiene de distintos campos de la demanda, que han podido ser anotados por la persona responsable de realizar la propia entrevista o como consecuencia de cruces internos (prestaciones, comunicación de la contratación, formación…) o bien por cruces externos con otros organismos (educación, seguridad social, defensa, etc.).
Las personas demandantes excluidas del paro registrado en base a las causas anteriores figuran bajo la denominación: «Demandas pendientes no incluidas en el paro registrado».
Demandantes: las personas que se registran en los SPE pueden adquirir distintas categorías durante la vida de su demanda:
– Demandantes de empleo: son las personas que solicitan un trabajo a través del SPE, y suponen el 99 % de las personas que se registran en los SPE. Ser demandante de empleo conlleva también ser demandante de servicios.
– Demandantes de servicios previos al empleo: son personas que antes de entrar en el mercado laboral precisan recibir uno o más servicios que les permitan adquirir habilidades o conocimientos de los que carecen. Esta categoría se asigna normalmente a criterio del personal técnico
– Demandante de otros servicios: muchas Administraciones Públicas ofrecen beneficios a las personas que «están en el paro». Ello induce a que se registren como demandantes personas que realmente no buscan empleo ni quieren recibir servicios de los SPE, pero a las que se les pide que sean demandantes para recibir esos beneficios. Cuantitativamente suponen un porcentaje muy pequeño respecto del total de demandantes (en torno al 0,5 %) pero, aunque no incrementan las cifras de paro registrado, distorsionan bastante la gestión, por lo que es preciso tenerlos perfectamente identificados.
Situaciones administrativas de las demandas: las demandas pueden encontrarse en una de estas tres situaciones administrativas diferentes:
– Situación de alta.
– Situación de suspensión.
– Situación de baja.
Una persona demandante tiene la condición de «inscrito» si, y solo si, su demanda se encuentra en situación de alta o suspensión. Como norma general, a efectos del actual sistema de indicadores, los criterios de extracción de datos se entienden referidos a demandas inscritas.
Las causas por las que se producen cambios entre estas situaciones pueden ser diversas:
– Pasar a situación de alta: por registro inicial, por recuperación de una baja, por reactivación de una suspensión, etc.
– Pasar a situación de suspensión, con o sin intermediación: por formación, por incapacidad temporal, por baja maternal, por obligaciones familiares, etc.
– Pasar a situación de baja: se puede producir por diferentes causas, siendo las principales:
● Por colocación por cuenta ajena o propia.
● Por jubilación o invalidez.
● Por rechazar trabajos, acciones o programas.
● Por no renovar la demanda de empleo.
● Por baja voluntaria.
● Por fallecimiento.
● Por ingreso en prisión para cumplir condena.
● Por no presentar documentación ligada a su condición de persona extranjera.
● Etc.
Con carácter general una persona demandante en baja no tiene la consideración de persona inscrita, pero puede recibir determinados servicios.
Situaciones laborales de las demandas en relación con el empleo: A su vez, las demandas pueden provenir de personas que se encuentren en alguna de las tres situaciones siguientes:
– Ocupadas.
– Trabajadoras agrarias.
– Desempleadas.
Los dos primeros colectivos no se incluyen en la contabilización del paro registrado. Son las personas desempleadas las que contabilizan en éste, salvo que tengan alguna otra causa que los excluya, según la Orden Ministerial de 1985, de medición del paro registrado.
Oferta de empleo: las empresas pueden ofrecer vacantes a los SPE para que las gestionen. En una oferta de empleo, además de la descripción del puesto vacante y del perfil de las candidaturas, se indica el número de puestos que se ofertan. Es importante tener en cuenta que en una única oferta se pueden ofrecer uno o varios puestos de trabajo, y que además su número y características pueden ir variando durante el período de vida de la oferta, dependiendo de las necesidades de la empresa. Por este motivo, en un momento determinado los puestos de trabajo de una oferta de empleo pueden pertenecer a alguno de los siguientes tipos:
– Puestos registrados: son los puestos ofertados en el registro inicial de la oferta de empleo.
– Puestos ampliados: son los puestos que se amplían en un momento posterior al registro inicial de la oferta.
– Puestos ofertados: son los puestos registrados más los ampliados.
– Puestos cubiertos: son los puestos que se han cubierto como consecuencia de la comunicación de un contrato de trabajo por parte de la empresa con la que la persona demandante fue puesta en contacto para cubrir una oferta.
– Puestos anulados: son los puestos que se anulan en un momento posterior al registro inicial de la oferta.
– Puestos pendientes: son los puestos que en un momento determinado aún están vacantes (los registrados más los ampliados, menos los cubiertos y los anulados).
El proceso de gestión de las ofertas de empleo puede ser muy variado. Una empresa puede ofertar un puesto para cubrirlo rápidamente, con lo cual la vida de la oferta será muy corta, mientras que otra puede anticiparse mucho a la necesidad para así disponer de más tiempo para escoger las mejores candidaturas, o puede que tenga que cubrir muchos puestos. En estos casos las ofertas pueden llegar a permanecer abiertas durante bastante tiempo.
Uno de los problemas con que se encuentran los SPE al gestionar las ofertas es que es muy frecuente que las empresas intenten cubrir sus puestos utilizando varios canales en paralelo, con objeto de encontrar las mejores candidaturas (ofertándolos a los SPE, mediante contactos personales, a través de agencias, etc.) Y cuando un puesto ofertado se acaba cubriendo finalmente a través de alguno de los otros canales, es muy habitual que no se comunique su cobertura al SPE. Aproximadamente el 80 % de los puestos ofertados a los SPE se acaban cubriendo a través de la gestión de éstos, mientras que el 20 % restante se acaba haciendo finalmente a través de otros canales.
También es frecuente que la denominación del puesto que finalmente se cubre no coincida exactamente con la denominación del puesto que se ofertó, por lo que resulta difícil determinar con exactitud si uno se corresponde con el otro.
Situaciones de las ofertas de empleo: las ofertas de empleo pueden encontrarse en distintas situaciones de gestión excluyentes entre sí, siendo las principales:
– Registrada: no se ha hecho ninguna gestión con la oferta.
– Atendida o emparejada: el SPE ha identificado al menos a una persona que pudiera ser candidata (creación de la relación demanda-oferta a través de un sondeo, cita, etc.)
– En casación: se ha enviado a la empresa al menos a una persona.
– Concluida: ya no se hace gestión directa con ella y queda con cero puestos pendientes, pero la persona responsable de la gestión puede volverla a recuperar y además hay procesos automáticos que siguen haciendo gestión con ella (proceso de cobertura de puestos descrito más adelante).
– En baja: No se hace ninguna gestión con ella y no se puede recuperar para la gestión.
Adicionalmente, cualquiera de las anteriores puede estar a la vez:
– En difusión nacional: son las ofertas puestas en difusión por los SPE en el Portal del Sistema Nacional de Empleo, que a su vez se difunden en el portal Empléate.
– En difusión regional: son las ofertas puestas en difusión por los SPE en sus propios portales.
Relación demanda-oferta: Es la relación que se genera cuando una persona demandante entra en contacto con una oferta de empleo a través de los SPE. Estas personas pueden estar en distintas situaciones, entre otras por haber sido:
– Sondeada: el SPE obtiene personas candidatas sondeando las demandas que cumplen con los requerimientos de la oferta.
– Citada: el SPE la ha citado como paso previo al envío a la empresa, para comprobar cuestiones relacionadas con su perfil, con su interés por el puesto de trabajo, etc.
– Enviada: el SPE la envía a la empresa como candidata, quedando pendiente del resultado. Como hemos indicado antes, muchas veces el resultado no retorna a los SPE.
Colocación de personas demandantes: es la colocación por cuenta ajena de demandantes. Se extraen del fichero de colocaciones y se generan como consecuencia de la comunicación de contratos de trabajo.
A los efectos de las colocaciones tienen la consideración de demandantes aquellas cuya demanda está en situación administrativa de:
– Alta.
– Suspensión.
– Baja de menos de 6 meses.
Las colocaciones de demandantes en relación con la oferta de empleo registrada en el servicio público de empleo (SPE), se realiza a través del código de cuenta de cotización de la empresa (no a través del NIF de la empresa), y pueden ser:
– Con oferta previa: se entiende que hay oferta previa cuando, o bien la empresa consigna el número de oferta en la comunicación de la contratación, o bien se localiza una oferta con el mismo CCC de la empresa que contrata. Dependiendo de la situación de la demanda en la relación demanda-oferta, las colocaciones pueden ser:
a) Con gestión de la oferta de empleo: los SPE han realizado algún tipo de gestión con la demanda en relación con el CCC de la empresa que contrata, es decir, existe alguna relación demanda-oferta entre la persona trabajadora contratada y el CCC de la empresa. Puede ser:
● Con envío: la persona demandante ha sido enviada previamente a la oferta de empleo que figura en el contrato comunicado (si se ha consignado) o a otra oferta del mismo r CCC y, por tanto, en alguna de las relaciones demanda-oferta de ese CCC, la demanda está con situación de enviada.
● Sin envío: la persona demandante no ha sido enviada previamente a ninguna oferta de ese CCC, pero se ha realizado alguna gestión con la demanda en la oferta de empleo que figura en el contrato comunicado (en el caso que se haya consignado) o en otra oferta del mismo CCC. Por lo tanto, en alguna de las relaciones demanda-oferta para ese CCC, la demanda figura con otras situaciones previas al envío (sondeada, citada, etc.) Esta situación es relativamente frecuente, y suele darse porque la persona trabajadora, ha contactado directamente con la empresa, anticipándose al posible proceso de envío por parte del SPE.
b) Sin gestión de la oferta de empleo: los SPE no han realizado ningún tipo de gestión, es decir, no existe ninguna relación demanda-oferta entre la persona contratada y el CCC, pero la empresa ha consignado el número de la oferta en la comunicación de la contratación.
Hay que señalar que es muy raro que se consigne el n.º de oferta de empleo en la comunicación del contrato. Como se ha dicho anteriormente, la búsqueda de ofertas para localizar la situación de envío u otras anteriores, se hace a nivel de empleador a través del código de cuenta de cotización (CCC), no a nivel de empresa (NIF).
– Sin oferta previa: no existe ninguna relación demanda-oferta entre la persona contratada y el CCC y tampoco se ha consignado el número de oferta en la comunicación de la contratación.
Dependiendo de los servicios que haya recibido la demanda, previos a la colocación, las colocaciones pueden ser:
a) Con servicios recibidos: la demanda ha recibido algún servicio en los 6 meses anteriores a la comunicación de la colocación.
b) Sin servicios recibidos: la demanda no ha recibido ningún servicio en los 6 meses anteriores a la comunicación de la colocación.
Contratación de no demandantes: cuando se registran comunicaciones de la contratación de personas que no tienen la condición de demandantes, a esas colocaciones se las denomina contrataciones de no demandantes. Comprende los contratos de personas que no han estado inscritas nunca en los SPE y aquellas cuyas demandas están de baja desde hace más de 6 meses.
Lo anterior se puede sintetizar en la siguiente tabla de colocaciones, según los códigos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE):
Cobertura de puestos: Los contratos comunicados son los que generan las colocaciones de demandantes y las contrataciones de no demandantes, a través de un complejo proceso que se denomina cobertura de puestos. Este proceso permite encuadrar las colocaciones de demandantes de empleo en una de los tipos anteriores: (a) con envío, (b) sin envío, (c) con servicios, y (d) sin servicios.
En el momento en que se comunica el contrato, el proceso de cobertura comprueba, en primer lugar, si existe una relación de la demanda con la oferta indicada en la comunicación de la contratación. Si no ha sido así, busca si la demanda está relacionada con alguna oferta del mismo CCC, intentando encontrar alguna relación de envío. Si la encuentra, apunta la colocación con envío a oferta. Si no la encuentra, busca otras relaciones anteriores al envío y, si las encuentra, apunta la colocación con oferta sin envío, pero con gestión.
En todos los casos, el proceso comprueba si la demanda además ha recibido servicios o no en los 6 meses anteriores para su encuadramiento en el cuadro anterior.
En la búsqueda de ofertas del mismo CCC, el proceso de cobertura primero busca en ofertas idénticas, es decir, que haya coincidencia en la oferta de empleo y en el contrato comunicado entre el CCC de la empresa, el NIF/NIE de la persona contratada, la localidad del puesto de trabajo y la ocupación y si no localiza oferta idéntica, busca cualquier oferta para ese CCC, es decir, que haya coincidencia entre el CCC y el NIF/NIE.
Si no encuentra relación demanda-oferta, busca a continuación en servicios recibidos por la demanda, para comprobar si en los 6 meses anteriores a la fecha de comunicación del contrato, se hubiera iniciado algún servicio. Si encuentra alguno, apunta una colocación sin oferta, pero con servicios. Si no encuentra ningún servicio apunta una colocación sin oferta y sin servicios recibidos.
Como se ha dicho anteriormente, a los efectos de este proceso de cobertura se consideran demandas de empleo las que están en situación administrativa de:
– Alta.
– Suspensión.
– Baja de menos de 6 meses.
Efectos de la cobertura de puestos: con carácter general, la baja de la demanda se produce por el alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de la persona trabajadora. Dependiendo del régimen de cotización, se generará una baja por alta en el régimen general de la seguridad social, o bien una baja por alta en el régimen de autónomos de la seguridad social.
La cobertura de puestos actúa, si procede, sobre los puestos de trabajo de las ofertas de empleo y sobre las situaciones de la demanda.
– En la demanda: al comunicar el contrato de trabajo se le anota la baja a la demanda por la causa de colocación que corresponda, salvo que ya estuviera de baja por el alta en TGSS.
– En la oferta: con carácter general se da de baja un puesto en la oferta localizada durante el proceso de cobertura.
Además, actualiza la relación demanda-oferta, si corresponde y anota la colocación que corresponda en el fichero de colocaciones.
Comunicación de la contratación: es la comunicación del contenido de los contratos de trabajo a los SPE que desencadena el proceso de cobertura de puestos. Es una obligación para las empresas en el plazo máximo de los diez días siguientes al inicio de la relación laboral. Normalmente las fechas de inicio de contrato y de comunicación de este son distintas (el contrato se suele comunicar después de su inicio, e incluso cuando el propio contrato ya ha expirado). Hay 2 fechas de interés:
– Fecha real de inicio, que es el día en que se inicia la relación laboral.
– Fecha de comunicación del contrato, que es el día en que el empresario ha comunicado a los SPE el contenido del contrato de trabajo que ha firmado con la persona contratada. Normalmente es posterior a la fecha de inicio de la relación laboral.
Servicios recibidos por la demanda: Los servicios que se prestan a las demandas (servicios, acciones o atenciones) se anotan en esta entidad. Normalmente cuando se habla de servicios recibidos estamos hablando de servicios iniciados, aunque estén sin finalizar. Hay tres fechas de interés:
– Fecha de inicio del servicio, que es el día real en que la persona demandante inicia la acción.
– Fecha de finalización del servicio, que es el día en que la persona demandante finaliza la acción.
– Fecha de mecanización, que es el día en que los SPE comunican el inicio o finalización del servicio al SISPE.
Cartera común de servicios: corresponde al Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, establecer la Cartera y su contenido como uno de los elementos vertebradores de la Estrategia Española de Activación para el Empleo, así como los aspectos básicos de los servicios complementarios que establezcan los Servicios Públicos de Empleo para su propio ámbito territorial.
Servicio de orientación profesional: es un servicio integral que tiene por objeto la información, el diagnóstico de la situación individual, el asesoramiento, la motivación y acompañamiento en las transiciones laborales, bien desde la educación al mundo laboral o entre las diversas situaciones de empleo y desempleo que pueden darse a lo largo de la vida laboral y su finalidad es ayudar a las personas usuarias a mejorar su empleabilidad, promover su carrera profesional y facilitar su contratación u orientar hacia el autoempleo. Asimismo, y a partir del diagnóstico de sus necesidades, la orientación podrá dar lugar a la prestación de otros servicios especializados de la cartera.
Comprenderá las siguientes actividades:
a) Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil.
b) Diseño del itinerario personalizado para el empleo.
c) Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el cumplimiento del compromiso de actividad.
d) Asesoramiento y ayuda técnica para la definición de su currículo en términos de competencias profesionales y para la aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo.
e) Información y asesoramiento adicional sobre la situación del mercado de trabajo, las políticas activas de empleo y oferta de los servicios comunes y complementarios de la cartera, la oferta formativa y los programas que faciliten la movilidad para la formación y cualificación europeas, el apoyo a la gestión de la movilidad laboral, incluyendo el acceso a la información disponible a través de la red EURES.
Servicio de colocación y de asesoramiento a empresas: tiene por objeto identificar y gestionar ofertas de empleo, incluyendo las procedentes del resto de los países del Espacio Económico Europeo u otros países, y localizar y desarrollar nuevas oportunidades de empleo, vinculándolas a las personas usuarias que mejor se ajusten a ellas en función de su perfil y competencias, con el fin de facilitar a las empresas los perfiles más apropiados a sus requerimientos y necesidades, así como la información acerca de los procesos de contratación, y a las personas trabajadoras, su acceso a las ofertas de empleo adecuadas y disponibles. Este servicio incluye la difusión de las ofertas de empleo en el marco del Sistema Nacional de Empleo y del Portal Único de Empleo.
Comprenderá las siguientes actividades:
a) Gestión de las ofertas de empleo a través de la casación entre ofertas y demandas, en particular, la prospección e identificación de necesidades de las empresas, la captación de ofertas de empleo no gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo y la difusión de información sobre las ofertas de empleo adecuadas y disponibles.
b) Información y asesoramiento sobre la contratación y las medidas de apoyo a la activación, la contratación e inserción en la empresa.
c) Comunicación de la contratación laboral y de las altas, períodos de actividad y certificados de empresa.
d) Apoyo a los procesos de recolocación en los supuestos previstos legalmente.
Servicio de formación y cualificación para el empleo: Tiene por finalidad promover la formación, cualificación profesional, recualificación y actualización permanente de las competencias profesionales facilitando la transición al empleo, ajustando la oferta formativa y la de los proveedores de formación a las necesidades del mercado de trabajo. Este servicio proporcionará a las personas usuarias la mejora de sus competencias profesionales a través de una oferta de formación.
Comprenderá las siguientes actividades:
a) Formación profesional para el empleo acorde a las necesidades de las personas usuarias.
b) Control, seguimiento y evaluación de la calidad de la formación.
c) Mantenimiento y actualización de la cuenta de formación.
d) Inscripción y selección de centros y entidades de formación profesional para el empleo.
e) Gestión de los instrumentos europeos para favorecer la movilidad en la formación y cualificación profesional.
Servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento: tiene por objeto apoyar y promover iniciativas emprendedoras y generadoras de empleo y autoempleo, vinculándolas a las personas usuarias que mejor se ajusten a ellas en función de su perfil y competencias, con especial atención al trabajo autónomo, a la economía social y a la dinamización del desarrollo económico local.
Comprenderá las siguientes actividades:
a) Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
b) Fomento de la economía social y del emprendimiento colectivo.
c) Asesoramiento sobre ayudas a las iniciativas emprendedoras y de autoempleo.
d) Asesoramiento sobre incentivos y medidas disponibles para el fomento de la contratación.
Servicios garantizados: según el artículo 55 de la Ley de Empleo, son aquellos servicios que la Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas deben garantizar a las personas demandantes de servicios de empleo, a las personas, empresas y demás entidades empleadoras en todo el territorio nacional…
Los servicios garantizados a personas demandantes de servicios de empleo son:
– Elaboración de un perfil individualizado de usuario.
– Tutorización individual y al asesoramiento continuado y atención personalizada.
– Un itinerario o plan personalizado adecuado a su perfil.
– Formación en el trabajo.
– Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
– Intermediación laboral eficiente.
– Un canal presencial o digital alternativo de recepción de los servicios y a recibir una orientación y atención presencial o no presencial.
– Acceso a trabajos en cualquier territorio del Estado en iguales condiciones.
– Búsqueda de la protección social precisa que permita el mantenimiento de un nivel de vida digno durante el proceso de búsqueda de ocupación.
– Un expediente laboral personalizado único.
Los servicios garantizados a personas, empresas y demás entidades empleadoras son los siguientes:
– Gestión de las ofertas de empleo presentadas a los servicios públicos de empleo.
– Información y asesoramiento sobre la contratación y las medidas de apoyo a la misma.
– Identificación de las necesidades de las empresas, tanto en lo que se refiere a puestos vacantes como a perfiles profesionales requeridos que facilite una adecuada planificación formativa.
– Información y apoyo sobre los procesos de comunicación de las contrataciones y los trámites legales complementarios.
– Apoyo en los procesos de recolocación en los supuestos previstos legalmente.
– Información y asesoramiento sobre la difusión de ofertas en el ámbito de la Unión Europea a través de la Red EURES.
Iniciativas de formación La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, y el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, de desarrollo de la misma, contempla cuatro iniciativas de formación:
a) La formación programada por las empresas, para su personal.
b) La oferta formativa de las administraciones competentes para personas ocupadas, constituida por los programas de formación sectoriales y los programas de formación transversales, así como los programas de cualificación y reconocimiento profesional.
c) La oferta formativa de las administraciones competentes para personas desempleadas, que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los servicios públicos de empleo, los programas específicos de formación y los programas formativos con compromisos de contratación.
d) Otras iniciativas de formación profesional para el empleo, relativas a los permisos individuales de formación, la formación en alternancia con el empleo, la formación para el personal de la administración pública. Asimismo, se consideran iniciativas de formación las relativas a la formación de las personas en situación de privación de libertad y la formación del personal militar de tropa y marinería que mantienen una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, previa suscripción de los correspondientes convenios entre las instituciones públicas competentes.
Las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de formación profesional para el empleo gestionan directamente las ofertas formativas para personas ocupadas y para personas desempleadas, así como otras iniciativas de formación, cuyas características principales son las siguientes:
Modalidades de formación de oferta: en el ámbito autonómico, la programación y gestión de la formación de oferta incluye las siguientes modalidades de formación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que la desarrolla. Así, tenemos oferta formativa para personas ocupadas y para desempleadas:
a) Oferta formativa para personas ocupadas. Debe atender a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, a las necesidades de adaptación a los cambios operados en el puesto de trabajo y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad. La programación de esta oferta formativa estará dirigida a cubrir las necesidades no cubiertas por la formación programada por las empresas para su personal, y se realizará tomando como base el informe anual de prospección y detección de necesidades formativas y el escenario plurianual de formación. La oferta formativa para personas ocupadas se desarrollará mediante: programas de formación sectoriales, programas de formación transversales y programas de cualificación y reconocimiento profesional.
b) Oferta formativa para personas desempleadas. Esta oferta formativa se programará ajustada tanto a las necesidades formativas individuales, conforme al perfil de cada persona, como a las necesidades del sistema productivo, con el objeto de que adquieran las competencias requeridas por el mercado de trabajo y mejoren su empleabilidad. Con carácter general, esta oferta formativa otorgará prioridad a las personas desempleadas con bajo nivel de cualificación y se desarrollará mediante los siguientes programas: programas de formación de los Servicios Públicos de Empleo dirigidos a cubrir las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados de inserción, programas específicos de formación dirigidos a personas desempleadas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación profesional., y programas formativos que incluyan compromisos de contratación.
Formación en alternancia con el empleo: la formación en alternancia es aquella que tiene por objeto contribuir al impulso de una formación que responda a las necesidades del mercado laboral mediante un proceso mixto, de empleo y formación, que permite a la persona compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional en el puesto de trabajo. Esta formación incluye la formación dual a través de los contratos para la formación y el aprendizaje y los programas públicos mixtos de empleo-formación aprobados por las Administraciones Públicas.
Durante el desarrollo de estos programas, las personas participantes reciben formación profesional adecuada a la ocupación a desempeñar, en alternancia con el trabajo y la práctica profesional. Estos programas se rigen por lo establecido en su normativa específica, pero los contenidos de la formación de dichos programas deben estar vinculados a la oferta formativa de las unidades de competencia de los certificados profesionales de la ocupación relacionada con el oficio o puesto de trabajo previsto en el contrato laboral.
De no existir certificado profesional, la formación teórica estará constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas para las ocupaciones o especialidades relativas al oficio o puesto de trabajo contemplados en el contrato laboral, y en su defecto, por los contenidos formativos que se aprueben por el Servicio Público de Empleo competente para el respectivo proyecto de empleo-formación.
Uno de los posibles programas públicos de empleo-formación son las Escuelas Taller, Casas de Oficio, Unidades de Promoción y Desarrollo y los Talleres de Empleo. Estos programas tienen la misma finalidad: mejorar la cualificación y las posibilidades de empleo, pero sus destinatarios son desempleados menores de 25 años, en el caso de Escuelas Taller/Casas de Oficio y mayores de 25 años en Talleres de Empleo.
Persona beneficiaria de prestaciones por desempleo: son las personas desempleadas incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social o en los regímenes especiales que protegen la contingencia de desempleo, que figuran de alta en prestaciones el último día de cada mes. En el caso de personas beneficiarias de subsidio agrario y renta agraria se contabilizan a las personas protegidas por el sistema especial de eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura que están de alta algún día de cada mes.
Persona perceptora de prestaciones por desempleo: son las personas desempleadas incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social o en los regímenes especiales que protegen la contingencia de desempleo, que figuran de alta en prestaciones algún día de cada mes, de forma que generan una nómina en ese mes. El número de personas perceptoras es siempre superior al de beneficiarias, debido principalmente a bajas en prestaciones por diversas causas: colocación, salida al extranjero, jubilación, etc., que se producen en el mes además de regularizaciones de nóminas, suspensiones de EREs, etcétera.
En la definición detallada de los indicadores del sistema de evaluación, y a efectos exclusivos de ésta, se utiliza la siguiente terminología, que especifica lo definido en apartados anteriores en cuanto a su utilización en el cálculo de los indicadores del PAPE:
Abandono por colocación de un plan o acción formativa: a los efectos del presente juego de indicadores, consiste en el abandono por parte de la persona participante en un plan o acción formativa en el que estuviera participando, sin haberla finalizado, por haber obtenido un empleo por cuenta propia o ajena durante su realización.
Abandono por otras causas de un plan o acción formativa: a los efectos del presente juego de indicadores, consiste en el abandono por parte de la persona participante, en un plan o acción formativa en el que estuviera participando, sin haberla finalizado, por causas distintas a la obtención de un empleo durante su realización.
Acciones formativas: en los indicadores tan sólo se contabilizarán los datos correspondientes a acciones formativas finalizadas en el periodo de referencia.
Baja como demandante: acto por el que se da de baja una demanda como consecuencia de alguna de las causas de baja indicadas anteriormente.
Búsqueda activa de empleo: conjunto de acciones a realizar por las personas demandantes de los servicios públicos de empleo, con apoyo del personal de estos últimos, a fin de mejorar su empleabilidad o conseguir un puesto de trabajo de calidad y sostenible a lo largo del tiempo. (Artículo 3 Ley de Empleo).
Colectivos de atención prioritaria: Colectivos con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para el desarrollo de su empleabilidad. Estos colectivos son: las personas jóvenes especialmente con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas con capacidad intelectual límite, personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, en particular trans, personas mayores de cuarenta y cinco años, personas migrantes, personas beneficiarias de protección internacional y solicitantes de protección internacional en los términos establecidos en la normativa específica aplicable, personas víctimas de trata de seres humanos, mujeres con baja cualificación, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social, personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos poblacionales étnicos o religiosos, personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración, personas afectadas por drogodependencias y otras adicciones, personas víctimas del terrorismo, así como personas cuya guardia y tutela sea o haya sido asumida por las Administraciones públicas, personas descendientes en primer grado de las mujeres víctimas de violencia de género y personas adultas con menores de dieciséis años o mayores dependientes a cargo, especialmente si constituyen familias monomarentales y monoparentales, entre otros colectivos de especial vulnerabilidad, que son de atención prioritaria en las políticas activas de empleo, u otros que se puedan determinar en el marco del Sistema Nacional de Empleo. (Artículo 50 Ley de Empleo).
Colectivos que presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo: A efecto de estos indicadores se entiende que estos colectivos están formados por las personas que pertenecen al alguno de los siguientes grupos: personas con discapacidad, personas con capacidad intelectual límite, personas migrantes, personas víctimas de trata de seres humanos, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social, personas víctimas del terrorismo, así como personas cuya guardia y tutela sea o haya sido asumida por las Administraciones públicas, así como otros colectivos de especial vulnerabilidad, que son de atención prioritaria en las políticas activas de empleo.
Colectivos especialmente afectados por el desempleo: a efecto de estos indicadores se entiende por colectivos especialmente afectados por el desempleo las personas desempleadas que cumplan alguna de las siguientes condiciones: personas desempleadas de larga duración y mayores de 45 años.
Colocaciones: son las colocaciones por cuenta ajena de personas inscritas como demandantes. Se extraen del fichero de colocaciones y se generan como consecuencia de la comunicación de contratos de trabajo. Se contabilizan todas las colocaciones, que se han producido en el período de referencia y se asignan a la comunidad autónoma de gestión de la colocación.
Darse de alta en el RETA o emprender un negocio: darse de alta, por cuenta propia en el Régimen Especial de la Seguridad Social que corresponda por su actividad. Esta información se obtiene a partir de los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de las personas que figuran con un código de cuenta de cotización (CCC) de autónomos (0521, 0721, 0821 y 0825).
Demandantes con discapacidad: personas demandantes que tienen recogida esta condición en la entidad común de persona física del SISPE.
Demandantes inscritos: personas distintas que hubieran estado inscritas en situación administrativa de alta o de suspensión al menos 1 día en el período de referencia, y que sean demandantes de empleo o servicios de empleo, tengan o no la condición de desempleadas. Se contabilizan sólo una vez y en la comunidad autónoma de su última inscripción, con independencia de que hubieran estado inscritas más de una vez, de que hubieran iniciado más de un servicio, o de que hubieran tenido una o más colocaciones en el período.
Demandantes entre XX e YY años: son demandantes que ya hubieran cumplido los XX e YY años el primer día del periodo de referencia.
Empleabilidad: conjunto de competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar profesionalmente y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo (artículo 3 de la Ley de Empleo).
Emplearse, obtener un empleo: personas inscritas que haya trabajado por cuenta ajena (colocación) o por cuenta propia (habiéndose dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social que corresponda por su actividad) en el periodo de referencia. El dato correspondiente al trabajo por cuenta ajena se extraerá de las colocaciones de demandantes. El del trabajo por cuenta propia se extraerá de las bajas de demanda por causar alta en el RETA.
Entidades colaboradoras: personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que colaboran con los servicios públicos de empleo en la prestación de los servicios, tales como entidades locales, interlocutores sociales, organizaciones sin ánimo de lucro, agencias de colocación, centros y entidades de formación y demás organizaciones que asuman este papel (artículo 3 de la Ley de Empleo).
ERTE por causa de fuerza mayor (COVID-19): incluye aquellos contemplados en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Finalización de un plan o acción formativa: es la conclusión del plan o acción, por haberse terminado de impartir los contenidos previstos en su programación.
Inserción: en función del indicador de que se trate, se considera inserción a la obtención de un empleo por cuenta ajena y/o por cuenta propia, dentro del período de referencia, con la duración que se determine en cada indicador, atendiendo a su naturaleza.
Intermediación laboral: conjunto de acciones destinadas a proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a las entidades empleadoras las personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades desde un enfoque integral. Incluye actividades de prospección y captación de ofertas de empleo, puesta en contacto y colocación, recolocación y selección de personas trabajadoras (artículo 3 de la Ley de Empleo).
Jóvenes menores de XX años: son demandantes que aún no hubieran cumplido los XX años el último día del periodo de referencia.
Mayores de YY años: son demandantes que ya hubieran cumplido los YY años el primer día del periodo de referencia.
Movilidad laboral: grado o capacidad que tienen las personas trabajadoras para trasladarse de un lugar a otro (movilidad geográfica) por motivos laborales o cambiar de actividad económica (movilidad sectorial).
Participante en un plan o acción formativa: es la participación de una persona en una acción formativa concreta, con independencia de que la finalice, la abandone por colocación o la abandone por otras causas distintas a la colocación. Por consiguiente, se contabilizará varias veces a una misma persona que haya participado en varios planes o acciones.
Participante que finaliza un plan o acción formativa: es la participación de una persona en una acción formativa concreta hasta su conclusión o terminación, con independencia de que obtenga finalmente una evaluación positiva o negativa. Por consiguiente, se contabilizará varias veces a una misma persona que haya finalizado varios planes o acciones.
Persona demandante: como norma general, a efectos del actual sistema de indicadores, los criterios de extracción de datos se entienden referidos a personas demandantes inscritas distintas, es decir, si, y solo si, su demanda se encuentra en situación de alta o suspensión.
Persona física: entidad común del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) que recoge los datos de las personas que tienen relación con el SNE.
Persona parada de larga duración: es la persona demandante que cumple con el requisito de período de inscripción exigido en cada programa.
Pilar Europeo de Derechos Sociales: el pilar europeo de derechos sociales expresa los principios y derechos esenciales para el buen y justo funcionamiento de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar de la Europa del siglo XXI. Su objetivo es servir de guía para alcanzar resultados sociales y d