Categoría: Energía y Medio Ambiente

En los últimos años ha tomado una notable relevancia la transformación de la política energética para hacer frente a los cambios que supone asumir el compromiso de aumentar la acción climática global. Para ello, en abril de 2021 la Unión Europea actualizó su compromiso de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, adoptado por el Consejo Europeo en octubre de 2014, que incluía el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990 en, al menos, el 40 %, aumentándolo a una disminución del 55 %. Estos compromisos se diseñaron en línea con el Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, y con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para la Unión Europea antes de 2050, para lo cual se ha diseñado la hoja de ruta hacia una descarbonización de la economía para el continente. Asimismo, en lo relativo a energía, se han puesto en marcha distintas actuaciones para alinear la política energética con el paquete de «Energía limpia para todos los europeos», que comprende diversos reglamentos y directivas en los que se incluyen revisiones y propuestas legislativas sobre eficiencia energética, energías renovables, diseño de mercado eléctrico, seguridad de suministro y reglas de Gobernanza para la Unión de la Energía y la Acción por el Clima. Este marco, sin embargo, es profundamente dinámico. En julio de 2021 la Comisión Europea presentó un conjunto de propuestas legislativas «Objetivo 55» que son necesarias para alcanzar el citado nuevo objetivo de ambición de la Unión Europea para 2030, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55 % con respecto a 1990.
En consonancia con las políticas de energía y clima europeas, en los últimos años, España ha realizado profundas modificaciones con el fin de adecuar el marco normativo y estratégico a los compromisos internacionales sobre energía y clima. En este sentido, cabe destacar la ratificación del Acuerdo de París en 2017 o las acciones para la implementación en España de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
En línea con ello, el Gobierno de España ha desarrollado el Marco Estratégico de Energía y Clima, que contiene diversos elementos estratégicos y legislativos cuyo objeto es marcar las principales líneas de acción en la senda hacia la neutralidad climática. Como una de las piezas fundamentales de este Marco cabe citar la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que establece el marco normativo para asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía y promover un modelo de desarrollo sostenible. En particular, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, establece los siguientes objetivos mínimos para el año 2030, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por España: un 23 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, una cuota del 42 % de renovables sobre el uso final de la energía, una mejora de la eficiencia energética de un 39,5 % y 74 % de generación eléctrica procedente de energía renovable; estableciendo asimismo el objetivo de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
Por otra parte, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, consolidando en la legislación nacional las herramientas de planificación energética incluidas en el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 es un documento estratégico clave que identifica los retos y oportunidades a lo largo de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía: la descarbonización, incluidas las energías renovables; la eficiencia energética; la seguridad energética; el mercado interior de la energía, y la investigación, innovación y competitividad; y que define las medidas que permitirán alcanzar los objetivos recogidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, así como el resto de objetivos sectoriales contemplados en el Plan.
Por su parte, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo marca la senda para la consecución de la neutralidad climática en 2050, un escenario en el que las emisiones de gases de efecto invernadero estarán compensadas por los sumideros. En concreto, las emisiones se reducirán un 90 % respecto a 1990, y el 10 % restante será absorbido por sumideros. Esto implica no solo un sector eléctrico 100 % renovable, sino un sistema energético nacional prácticamente 100 % renovable en el uso final de la energía. Se prevé también un modelo más descentralizado, multidireccional y complejo, donde el autoconsumo, la participación ciudadana y los recursos energéticos distribuidos, como el almacenamiento, la generación distribuida o la gestión de la demanda, serán factores clave. De igual modo, la digitalización de las redes, así como los nuevos esquemas de operación, tendrán un papel fundamental en este nuevo modelo. La transición hacia un sistema eléctrico 100 % renovable en el año 2050 conlleva importantes retos, pues las necesidades de gestionabilidad supondrán que se deberá contar con fuentes que provean de flexibilidad al sistema, con el objeto de garantizar la seguridad de suministro. Esta flexibilidad incluirá la participación de nuevos agentes en el sistema eléctrico, la aparición de nuevos servicios, y distintas configuraciones e interacciones entre las tecnologías y los agentes.
En definitiva, en este contexto, el entorno del sistema eléctrico será necesariamente cambiante en los próximos años, de manera que para acometer estas transformaciones será necesaria la continua adaptación de la regulación del sector eléctrico. Es por ello que, para implementar los principios de la buena regulación, disponer de espacios controlados de investigación e innovación, supone una ventaja a la hora de someter a prueba potenciales mejoras regulatorias en entornos acotados, que permitan elaborar nuevas normas y actualizar las existentes, aplicando las mejores prácticas y trasladando al marco regulatorio aquellos desarrollos verificados en el entorno experimental.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) confirma el compromiso de España con la transición ecológica y la consecución de los objetivos del PNIEC 2021-2030, que ha supuesto una sólida base para el diseño de los componentes y las reformas e inversiones relacionadas con la transición ecológica del Plan. En consecuencia, el componente 8 del PRTR, Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento, fija como objetivos: 1) el desarrollo de un sistema energético más flexible, descentralizado y dinámico, capaz de absorber de forma eficiente y segura la nueva generación renovable; 2) el desarrollo de nuevos modelos de negocio innovadores, así como 3) la participación de nuevos actores en el sistema eléctrico (productores, suministradores y consumidores, además de los operadores de almacenamiento y agregadores) y un marco normativo más ágil y capaz de adaptarse a nuevas necesidades a través de los bancos de pruebas regulatorios («sandboxes»).
La figura de los bancos de pruebas regulatorios es esencial para garantizar el cumplimiento de los objetivos del PRTR, así como para habilitar las reformas e inversiones previstas en el componente 8. Dentro de este componente, la reforma C8.R4 «Sandboxes o bancos de pruebas regulatorios», prevé específicamente la adopción de un real decreto para el desarrollo de los sandboxes regulatorios que permita el desarrollo de nuevos proyectos piloto, con el fin de fomentar la investigación y la innovación en el sector eléctrico. Adicionalmente, dentro del conjunto de medidas que componen la reforma C8.R2 «Estrategia de almacenamiento energético y adaptación del marco regulatorio para el despliegue del almacenamiento energético», se incluye la aprobación de la Estrategia de Almacenamiento Energético, en la que se recoge una medida específica relativa a la creación de bancos de pruebas regulatorios en el ámbito del almacenamiento energético (Medida 1.9). Por su parte, para la implementación de la reforma C8.R3, «Desarrollo del marco normativo para la agregación, gestión de la demanda y servicios de flexibilidad», así como de la inversión C8.I3 «Nuevos modelos de negocio en la transición energética», es clave disponer de entornos controlados de pruebas que permitan testear nuevos productos y servicios, y que faciliten la adaptación del marco regulatorio para dar respuesta al nuevo contexto marcado por un sector energético más dinámico, descentralizado, limpio, sostenible y que sitúa a la ciudadanía en el centro.
La implementación de estas reformas se inició con la promulgación del Real Decreto-ley23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, que introdujo en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la disposición adicional vigésima tercera, relativa a los bancos de pruebas regulatorios, en virtud de la cual se podrán establecer bancos de pruebas regulatorios en los que se desarrollen proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico, y que habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente el marco general de esta figura.
La rapidez con la que se producen los cambios en el sector eléctrico requiere de un entorno que permita la investigación y la innovación en el mismo. Sin embargo, frecuentemente, los proyectos innovadores se encuentran con barreras regulatorias que impiden el desarrollo de pruebas y modelos que sirvan de soporte para determinar si puede ser útil modificar la regulación con carácter general, o el funcionamiento y la utilidad de un determinado sistema, servicio o tecnología. La figura de los bancos de pruebas regulatorios, como entorno experimental controlado y supervisado por el regulador, resulta de utilidad para dinamizar la actividad innovadora y favorecer el aprendizaje regulatorio, lo que dará lugar a un marco regulatorio capaz de adaptarse mejor a nuevas necesidades. Además, esto proporcionará un diálogo normativo bidireccional entre la Administración y el regulador, que acelerará y facilitará la revisión de la normativa vigente y la adaptará a la entrada de nuevos agentes en el mercado, fomentando la creación de nuevas empresas tecnológicas, dándoles la oportunidad de probar sus modelos de negocio. Todo ello garantizando en todo momento la calidad y seguridad de suministro, la ausencia de riesgos para el sistema eléctrico y su sostenibilidad económica y financiera, así como la protección de los consumidores. De este modo, en virtud de la habilitación que la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, otorga al Gobierno, mediante este real decreto se contribuirá a la transformación del sector eléctrico facilitando el proceso innovador pretendido al amparar, de forma controlada, delimitada y supervisada por la Administración competente, la realización de pruebas para el desarrollo de proyectos piloto con alto potencial innovador que redundarán finalmente en beneficio del consumidor, del sector eléctrico y de la sociedad en general.
El real decreto se estructura en cuatro capítulos. El capítulo I contiene las disposiciones generales, estableciendo su objeto y ámbito de aplicación, así como las definiciones de los conceptos principales a efectos de lo previsto en la norma.
El capítulo II concreta el régimen de acceso y de participación de proyectos en el banco de pruebas, para lo que regula el régimen jurídico aplicable; la figura del promotor; los criterios de elegibilidad; el modo de acceso; la forma en que se evaluarán las solicitudes; el protocolo de pruebas, que suscribirá el promotor con la Secretaría de Estado de Energía, y contendrá las particularidades y condiciones concretas para el proyecto piloto correspondiente; el acuerdo de adscripción, que deberá ser firmado por el promotor y los participantes, y el inicio de las pruebas.
Con objeto de dar acceso al banco de pruebas regulatorio, se celebrarán convocatorias específicas en las que los proyectos que cumplan las condiciones de elegibilidad puedan presentar una solicitud. Las solicitudes, en cualquier caso, se presentarán de forma electrónica pues, dado el tipo de procedimiento, las personas físicas que pudieran actuar como promotores serían profesionales para los que indudablemente quedaría acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios para relacionarse con la Administración, por lo que se considera que se trata de un caso en el que puede aplicarse lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A continuación, se pasará a la fase de evaluación previa, en la que se determinará la idoneidad de los proyectos para su acceso al banco de pruebas regulatorio. Una vez realizada la evaluación previa, los proyectos admitidos tendrán la obligación de suscribir un protocolo de pruebas con la Secretaría de Estado de Energía. Tras la suscripción de este, una vez que quede acreditada la activación del sistema de garantías e indemnizaciones previsto, se firmen, en su caso, los acuerdos de adscripción, y se dé cumplimiento al resto de requisitos establecidos en este real decreto y la correspondiente convocatoria, podrán iniciarse las pruebas.
El capítulo III establece el régimen de funcionamiento del banco de pruebas: Cómo se llevará a cabo el seguimiento de las pruebas y de los proyectos piloto, la finalización anticipada de la participación de los proyectos piloto en el banco, los supuestos de cese definitivo de las pruebas de los proyectos piloto, el derecho de desistimiento de los participantes y la manera en que se evaluarán los resultados, así como las disposiciones relativas al régimen de responsabilidad y al sistema de garantías.
Por último, el capítulo IV contiene una serie de disposiciones relativas a la posible colaboración de otros agentes, la confidencialidad, la regulación de la Comisión de coordinación, el aprendizaje regulatorio y la elaboración de un informe anual sobre innovación regulatoria en el ámbito del sector eléctrico.
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia. En este sentido, se cumple el principio de necesidad, al preverse su aprobación en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que dispone que mediante real decreto del Gobierno se desarrollará reglamentariamente el marco general del banco de pruebas regulatorio para la participación de proyectos piloto. Asimismo, la norma da respuesta a los compromisos asumidos por España en el PRTR a través de la reforma 4 del componente 8 (C8.R4), que tiene por objeto el desarrollo de un marco normativo que posibilite la introducción, de forma controlada, de novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias para el desarrollo de proyectos piloto, con el fin de fomentar la investigación y la innovación en el sector eléctrico.
El principio de eficacia se cumple con la aprobación del presente real decreto que, con objeto de cumplir los objetivos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, los objetivos de energía y clima y la sostenibilidad ambiental, desarrollará el marco general del banco de pruebas regulatorio en el que participen proyectos piloto. De esta forma se facilitará la investigación e innovación en el sector eléctrico para su adaptación a las exigencias, retos y compromisos asumidos por España en la lucha contra la crisis climática recogidos en el PNIEC 2021-2030 y en la Ley 7/2021, de 20 de mayo.
La norma se ha elaborado de conformidad con el principio de proporcionalidad, al realizar el desarrollo reglamentario atribuido al Gobierno en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
El principio de seguridad jurídica se entiende satisfecho al desarrollarse, previa habilitación legal, el marco jurídico que configura el banco de pruebas de modo que se puedan introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico.
El principio de transparencia se cumple dado que el real decreto se ha sometido durante su elaboración a los procesos de consulta exigidos por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Por último, el principio de eficiencia se satisface en la medida en que la norma no introduce cargas administrativas innecesarias o accesorias.
El desarrollo mediante real decreto de la figura de los bancos de pruebas regulatorios en el sector eléctrico español se recoge en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2022, donde queda reflejado que se trata de una de las reformas del componente 8 del PRTR. Este real decreto es un elemento habilitador para llevar a cabo las inversiones previstas en este componente.
Asimismo, con la presente norma se da cumplimiento al hito 124, «entrada en vigor de medidas para promover los bancos de pruebas regulatorios para fomentar la investigación y la innovación en el sector eléctrico», asociado a la reforma 4 del componente 8 (C8.R4), de acuerdo con lo establecido en el anexo I de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021, así como en la Decisión de la Comisión aprobatoria de los Acuerdos Operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 (OA), de noviembre de 2021. De conformidad con lo anterior, a más tardar el 30 de junio de 2022, debe haberse producido la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y la entrada en vigor del real decreto para el desarrollo de los sandboxes regulatorios que permita el desarrollo de nuevos proyectos piloto, con el objetivo de fomentar la investigación y la innovación en el sector eléctrico. Por otro lado, esta medida está relacionada con las reformas C8.R2 y C8.R3, y con la inversión C8.I3, siendo de aplicación los principios horizontales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a las inversiones que se deriven de este marco, y en concreto en lo referente a los instrumentos de ejecución de la medida C8.I3. En particular, en lo relativo a la compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado y a la aplicación de los mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude y la corrupción; así como la prevención de la doble financiación.
Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético. Así como en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
La sentencia del Tribunal Constitucional 18/2011, de 3 de marzo, mantiene que la competencia atribuida por el artículo 149.1.13.ª al Estado incluye «no solo las genéricas competencias relativas a las bases y coordinación de la planificación general económica, sino también las más específicas de ordenación del sector energético, referentes a las bases del régimen del mismo». Ello es así debido a que «el sector eléctrico no sólo constituye un sector estratégico para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna, representando por sí mismo un conjunto muy importante dentro del conjunto de la economía nacional, sino que es clave como factor de producción esencial para la práctica totalidad de los sectores económicos, condicionando de manera determinante en muchos casos su competitividad (...). Estas circunstancias justifican que el Estado pueda intervenir en la ordenación del sector eléctrico tanto a través del título general relativo a la planificación general de la economía (art. 149.1.13.ª CE) como mediante el más específico relativo al sector energético (art. 149.1.25.ª CE), ...».
La noción de «bases» que corresponde determinar al Estado de acuerdo con las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 comprende no solo las normas básicas con rango legal sobre la ordenación del sector eléctrico, sino también, excepcionalmente y de acuerdo con la doctrina constitucional sobre el concepto material de bases, normas reglamentarias e incluso ciertos actos de ejecución (STC 197/1996, de 28 de noviembre). Las facultades que al Estado reconocen los títulos competenciales de los artículos 149.1.13.ª y 25.ª alcanzan, pues, considerable amplitud, de modo que permiten configurar un sistema eléctrico único para todo el territorio.
En la tramitación de este real decreto se han cumplido los trámites establecidos en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. La urgencia en el procedimiento de elaboración de la norma se justifica en virtud del artículo 47.1, relativo a la aprobación de las normas adoptadas en el marco de ejecución de los fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Real Decreto-ley36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se sustanció una consulta pública, a través del portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previa a la elaboración del texto.
De conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, este real decreto ha sido sometido al trámite de audiencia e información pública mediante su publicación en el portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Lo dispuesto en este real decreto ha sido informado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Política Territorial. Asimismo, se ha sometido al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, ha sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su informe «Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico» (IPN/CNMC/011/22), que fue aprobado por el Consejo en Pleno, el día 28 de abril de 2022.
En su virtud, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de julio de 2022,
Este real decreto tiene por objeto desarrollar reglamentariamente el marco general del banco de pruebas regulatorio concebido como un entorno controlado para llevar a cabo ensayos que permitan el desarrollo de proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación, la innovación y la mejora regulatoria en el ámbito del sector eléctrico, en virtud de lo previsto en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
A efectos de lo previsto en este real decreto se entenderá por:
1. «Acuerdo de adscripción»: Documento firmado por el promotor y por los participantes en su proyecto piloto con el que estos manifiestan su libre voluntad de tomar parte en las pruebas realizadas en el ámbito del mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.
2. «Banco de pruebas regulatorio o banco»: Entorno experimental en el que pueden realizarse pruebas o ensayos dentro del marco de ejecución de proyectos piloto, de manera segura y controlada, con el fin de facilitar la investigación y la innovación en el ámbito del sector eléctrico.
3. «Comisión de coordinación»: Órgano colegiado que coordinará las actuaciones previstas en este real decreto de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.
4. «Exención regulatoria»: Permiso temporal para eximir del cumplimiento parcial de una norma, incluyendo la posibilidad de actuar en ausencia de una regulación específica, dentro del ámbito del sector eléctrico.
5. «Participante»: Agente distinto del promotor que, voluntariamente, tras firmar el acuerdo de adscripción correspondiente, tome parte en las pruebas realizadas en el ámbito de un proyecto piloto.
6. «Promotor»: Cualquiera de los sujetos recogidos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que, individualmente o formando parte de una agrupación, solicite el acceso de un proyecto piloto al banco de pruebas regulatorio previsto en este real decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.
7. «Protocolo de pruebas»: Documento, suscrito por el promotor, la Secretaría de Estado de Energía y, en su caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que comprende los términos y condiciones concretas para el proyecto piloto correspondiente y las pruebas que se realicen en el ámbito del mismo, de conformidad con el artículo 10.
8. «Proyecto piloto»: Actuación en el ámbito del sector eléctrico que incluye la realización de pruebas experimentales y que requiere para su puesta en marcha la aplicación de, al menos, una exención de la regulación del sector eléctrico, con el objetivo final de dar lugar a una innovación regulatoria. Tendrá carácter limitado en cuanto a su volumen, duración y ámbito geográfico.
9. «Prueba o ensayo»: Experimento de alcance limitado y definido realizado en el ámbito de un proyecto piloto desarrollado en el banco de pruebas regulatorio, al amparo de lo previsto en este real decreto y en el correspondiente protocolo de pruebas.
El ámbito de aplicación de este real decreto se circunscribe a los proyectos piloto desarrollados en cualquier parte del territorio español que participen en el banco de pruebas regulatorio que se regula en el mismo.
Será de aplicación siempre y cuando la exención regulatoria que requiera el proyecto piloto afecte, al menos, a una norma estatal distinta de las circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Lo dispuesto en esta norma se entenderá sin perjuicio de otras iniciativas de investigación e innovación que pudieran emprenderse en el marco de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y en los términos previstos en las correspondientes circulares de dicho organismo y en el desarrollo de las mismas.
1. El desarrollo de los proyectos piloto en el marco del banco de pruebas regulatorio se regirá de conformidad con lo dispuesto en este real decreto y en las convocatorias aprobadas al amparo de este, en el correspondiente protocolo de pruebas suscrito con arreglo al artículo 10, en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en toda la normativa que por su naturaleza sea de aplicación, sin perjuicio de las exenciones de la regulación del sector eléctrico previstas en el correspondiente protocolo de pruebas.
2. Podrán ser objeto de exención regulatoria las disposiciones incluidas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en la normativa dictada al amparo de esta, entre otras y sin carácter limitativo, y, en todo caso, de acuerdo con lo que pueda establecer la correspondiente convocatoria.
3. El acceso al banco de pruebas regulatorio no supondrá en ningún caso el otorgamiento de permisos o autorizaciones o el reconocimiento de cualesquiera otros derechos que pudieran tener efectos fuera de los límites de las pruebas realizadas en el ámbito del proyecto piloto, especialmente en cuanto a su volumen, duración, ámbito geográfico y alcance. Del mismo modo, las exenciones a la normativa previstas en este ámbito no afectarán de manera alguna a cualesquiera otras actividades que puedan ejercer el promotor o los participantes.
4. En todo caso, será de aplicación el Derecho europeo no pudiendo, en ningún caso, aplicarse exenciones regulatorias contrarias al mercado interior. En particular, serán de aplicación el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad, y la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE.
5. En lo dispuesto en este real decreto, se aplicarán a todos los efectos las disposiciones sobre procedimientos iniciados de oficio contempladas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Asimismo, en tanto que la aprobación de este real decreto supone el cumplimiento del hito 124 del anexo I de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021, será de aplicación la normativa relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en particular, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; así como la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. Podrán solicitar el acceso de sus proyectos piloto al banco de pruebas regulatorio cualesquiera de los sujetos recogidos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y los sujetos que desarrollen actividades contempladas en la regulación europea de mercado interior de la electricidad, especialmente, en la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019. El acceso podrá solicitarse de manera individual o constituyendo una agrupación, con o sin personalidad jurídica, que quedará definida en su respectivo acuerdo de agrupación, y de conformidad con lo dispuesto en la correspondiente convocatoria.
2. En todo caso, para constituir una agrupación, al menos uno de sus miembros deberá ser un sujeto de los recogidos en el apartado anterior.
3. En ningún supuesto podrán acceder al banco de pruebas regulatorio aquellos proyectos similares a otros cuyos promotores guarden identidad o tengan una vinculación jurídica relevante con los promotores de proyectos que, conforme a lo previsto en el artículo 15, hayan sido objeto de resolución motivada de cese definitivo en los dos años anteriores al último día del plazo de solicitud para el acceso al banco de pruebas que establezca la correspondiente convocatoria.
Se entenderá por proyecto similar aquel que tenga un objeto de naturaleza análoga, es decir, que incluya la realización de pruebas de igual tipo, pretenda dar lugar a una innovación regulatoria asimilable e implique a la misma clase de agentes.
Se considerará que tienen vinculación jurídica relevante, entre otras, las personas que ostenten cargos de administración o dirección, las sociedades pertenecientes a su grupo y las personas que ostenten cargos de administración o dirección de estas últimas. A los efectos de esta disposición, se aplicará la definición de grupo de sociedades establecida en el artículo 42 del Código de Comercio, así como la definición de grupo de sociedades a efectos fiscales del artículo 58 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades.
4. Por excepción a lo previsto en el apartado anterior, sí podrán acceder al banco de pruebas regulatorio proyectos cuyos promotores acrediten fehacientemente la subsanación y desaparición de las causas que hubieran motivado un cese definitivo producido en virtud del artículo 15.
1. Podrán acceder al banco de pruebas regulatorio aquellos proyectos piloto presentados por un promotor que cumpla lo previsto en el artículo 5, cuyo estado de planificación y potencial desarrollo se encuentre lo suficientemente avanzado para participar en el mismo y que requieran para su puesta en marcha la aplicación de, al menos, una exención en la regulación del sector eléctrico, con el objetivo final de dar lugar a una innovación regulatoria. Para ello, el promotor deberá tener un plan de ejecución completamente definido, los proyectos contendrán objetivos y plazos realistas, expresarán con claridad las potenciales mejoras regulatorias propuestas y especificarán las exenciones regulatorias necesarias. Lo anterior se valorará, en el marco de la evaluación previa prevista en el artículo 9, de acuerdo con los criterios que establezca la convocatoria.
2. Adicionalmente, los proyectos piloto deberán cumplir las siguientes condiciones para resultar elegibles:
a) Poseer viabilidad técnica.
b) Garantizar la ausencia de riesgos para el sistema eléctrico.
c) Asegurar la protección de los consumidores.
d) Cumplir el principio de sostenibilidad económica y financiera previsto en el título III de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
e) Fijar una limitación temporal máxima para la duración de los proyectos, en el caso de que se establezca en la correspondiente convocatoria.
f) Proponer una innovación regulatoria en el ámbito del sector eléctrico que resulte de interés, lo que se valorará considerando los siguientes aspectos, sin perjuicio de lo establecido en las correspondientes convocatorias:
1.º Capacidad de contribuir a la mejora de la regulación y al aprendizaje regulatorio.
2.º Utilidad para orientar la transposición de normativa europea.
3.º Capacidad de generar potenciales beneficios para los consumidores.
g) Cualquier otra condición que establezcan las correspondientes convocatorias.
3. Los proyectos piloto deberán garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
4. Los proyectos piloto deberán contribuir a la consecución de los objetivos de energía y clima y sostenibilidad ambiental establecidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, así como el resto de objetivos establecidos en la regulación nacional o europea.
5. En todo momento se garantizará el cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019; en la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, y en la demás normativa europea que sea de aplicación.
1. Las convocatorias para el acceso al banco de pruebas regulatorio previsto en este real decreto se aprobarán mediante orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
2. En las convocatorias se incluirán los plazos y forma en que se presentarán las solicitudes, los requisitos para el acceso al banco de pruebas de conformidad con este real decreto, el modelo normalizado de solicitud, así como el resto de contenidos previstos en este real decreto para ser establecidos en la correspondiente convocatoria.
1. Los promotores presentarán las solicitudes para el acceso al banco de pruebas regulatorio en la forma y plazo establecidos en la correspondiente convocatoria, aportando la documentación que determine la misma. En cualquier caso, la presentación de solicitudes se hará de forma electrónica, también en el caso de personas físicas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Las solicitudes se presentarán de conformidad con lo previsto sobre lenguas oficiales en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En casos excepcionales y siempre que se justifique adecuadamente, determinada información técnica podrá presentarse en lengua inglesa, tramitándose en todo caso el expediente en castellano.
1. Atendiendo a lo previsto en el artículo 6 y en la correspondiente convocatoria, la Secretaría de Estado de Energía y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en función de la naturaleza de la exención regulatoria, evaluarán las solicitudes de acceso al banco de pruebas regulatorio presentadas por los promotores.
2. Se podrá solicitar al operador del sistema un informe que valore la solicitud, siempre y cuando no exista un potencial conflicto de interés. Adicionalmente, podrán requerirse a otros agentes cualesquiera otros informes de valoración que se consideren necesarios. El criterio expresado en los informes anteriores en ningún caso vinculará a la Secretaría de Estado de Energía. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de los informes vinculantes que, conforme a la normativa sectorial vigente, corresponda solicitar.
3. En cualquier momento se podrá requerir a los promotores información adicional sobre los proyectos piloto para la evaluación previa de las solicitudes. En todo caso, esta información no supondrá, ni podrá incluir, una mejora o cambio sustancial de la propuesta presentada inicialmente, sino que tendrá exclusivamente carácter complementario y aclaratorio.
4. Los resultados de la evaluación previstos en los anteriores apartados serán trasladados a la Comisión de coordinación prevista en el artículo 22, que, a la vista de ellos, elaborará una propuesta de resolución que elevará a la Secretaría de Estado de Energía tras la tramitación del oportuno procedimiento con audiencia de los interesados.
5. La persona titular de la Secretaría de Estado de Energía resolverá de acuerdo con la propuesta de la Comisión de coordinación, desestimando de forma motivada aquellos proyectos que hayan recibido una evaluación desfavorable y aprobando la relación de proyectos que hayan recibido una evaluación previa favorable, con la advertencia de que el acceso al banco de pruebas quedará condicionado a la suscripción del protocolo que se regula en el artículo 10 y al cumplimiento de los demás requisitos que indica el artículo 12. La persona titular de la Secretaría de Estado de Energía acordará, de forma motivada, la inadmisión de aquellas solicitudes cuyo contenido resulte manifiestamente carente de fundamento en relación con lo dispuesto en el artículo 6 y en la correspondiente convocatoria.
6. El plazo máximo para resolver será de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y podrá ampliarse de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 32. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas, como determina el artículo 25.1.a) del mismo cuerpo legal.
7. La notificación de la resolución se llevará a cabo en la forma prevista en la correspondiente convocatoria, pudiendo ser objeto de publicación de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La resolución se notificará a los interesados por medios electrónicos en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8. La resolución prevista en el apartado 5 de este artículo pondrá fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114.1.g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pudiéndose interponer contra la misma recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante el mismo órgano que la dictó, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
1. Los promotores cuyos proyectos piloto hayan obtenido una evaluación previa favorable de conformidad con el artículo 9 deberán suscribir un protocolo de pruebas con la Secretaría de Estado de Energía y, en función de la naturaleza de la exención regulatoria, con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el plazo establecido en la correspondiente convocatoria.
Transcurrido el plazo para la suscripción del protocolo de pruebas sin haberse producido la misma por causas imputables al promotor, el proyecto decaerá.
2. El protocolo de pruebas comprenderá las normas y condiciones concretas para el desarrollo de las pruebas del proyecto piloto en el banco e incluirá, como mínimo:
a) La descripción general del proyecto.
b) La limitación del volumen y, en su caso, del número de participantes, el tiempo de realización, definiendo fechas de inicio y conclusión, y el ámbito geográfico del proyecto piloto y de las pruebas que se realicen en el banco.
c) Las fases de las que constarán los ensayos del proyecto piloto, la duración de las mismas y los objetivos que deban alcanzarse en cada una de las fases, así como en el desarrollo de las pruebas.
d) El papel desarrollado, el cometido y las funciones del promotor en las pruebas.
e) El alcance de cada una de las pruebas que se realicen en el ámbito del proyecto piloto, así como los términos y condiciones que regirán las mismas de acuerdo con lo previsto en el artículo.
f) Las exenciones regulatorias que se autorizan para desarrollar el proyecto piloto en el banco, que se limitarán a las pruebas realizadas.
g) La forma en la que se llevará a cabo el seguimiento de las pruebas y del conjunto del proyecto piloto conforme a lo dispuesto en el artículo 13. En particular, se detallará la información que se facilitará a la Secretaría de Estado de Energía, en qué momento se proporcionará la misma y el modo de acceder a ella.
h) Los recursos necesarios para realizar las pruebas del proyecto piloto en el banco.
i) Un análisis de los riesgos principales de cada prueba y las medidas de mitigación planificadas.
j) Un completo sistema de garantías e indemnizaciones que resulte adecuado y suficiente, articulado de acuerdo con las previsiones del artículo 18, para cubrir la eventual responsabilidad del promotor conforme a lo previsto en el artículo 17.
k) La forma en que los participantes serán resarcidos de las pérdidas patrimoniales y otros daños derivados directamente de su participación en los proyectos piloto, siempre que el promotor sea responsable del perjuicio causado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.
l) El modelo de acuerdo de adscripción que el promotor deberá suscribir con los participantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, en su caso, así como el régimen de sustitución de los participantes para el caso en que se ejerciera el derecho de desistimiento o cesara su participación de conformidad con lo previsto en este real decreto.
m) El régimen de desistimiento de los participantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, que incluirá las previsiones necesarias sobre los posibles derechos generados hasta el momento para el promotor.
n) La descripción de las salvaguardas operacionales previstas para garantizar la ausencia de riesgos para el sistema eléctrico y su sostenibilidad económica y financiera, y la protección de los participantes y de los consumidores, así como las medidas de cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos personales.
ñ) En su caso, cláusulas de confidencialidad y secreto empresarial, así como disposiciones, sujetas a la regulación específica, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual o secretos empresariales que pudieran verse afectados o generarse en el desarrollo del proyecto piloto y de sus pruebas, así como en los supuestos en que estas no pudieran finalizar o se vieran interrumpidas por los distintos motivos contemplados en este real decreto.
o) Cualquier otra cuestión que se establezca en la correspondiente convocatoria.
p) Cualquier otra cuestión que a juicio del promotor o de la Secretaría de Estado de Energía pueda resultar relevante para la realización del proyecto piloto.
3. Con carácter previo a su aprobación, el protocolo de pruebas tendrá que ser informado favorablemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
4. La Secretaría de Estado de Energía podrá solicitar al operador del sistema un informe, que en ningún caso tendrá carácter vinculante, relativo al protocolo de pruebas. Adicionalmente la Secretaría de Estado de Energía podrá requerir cualesquiera otros informes a otros agentes que considere necesarios para determinar el alcance del protocolo de pruebas.
5. Los datos personales se tratarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En el protocolo de pruebas se especificará la forma en la que podrá acreditarse el cumplimiento de dicha normativa a los efectos del desarrollo de las pruebas.
En todo caso, la documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones en esta materia conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, deberá estar en poder del responsable y a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos.
6. El protocolo de pruebas podrá modificarse, de forma debidamente justificada, a instancia de la Secretaría de Estado de Energía o, previo visto bueno de la misma, a petición del promotor, de acuerdo con el régimen de modificación que se establezca en la convocatoria.
1. Con carácter previo al inicio de los ensayos que se realicen dentro del banco de pruebas, cada participante en los ensayos que se realicen dentro del banco de pruebas deberá suscribir un acuerdo de adscripción con el promotor del proyecto piloto. Con la firma de este acuerdo, los participantes manifestarán su libre voluntad de participar en las pruebas. Esta firma se realizará preferiblemente de forma electrónica, en un formato admitido por la Secretaría de Estado de Energía.
2. El modelo de acuerdo de adscripción para cada proyecto piloto vendrá establecido en el protocolo de pruebas suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2.l).
3. El acuerdo de adscripción concretará, como mínimo:
a) El tipo de pruebas, así como las implicaciones, los riesgos y las responsabilidades que pudieran derivarse de la participación en las mismas.
b) El papel desarrollado, el cometido, las funciones y la implicación de cada participante en las pruebas.
c) El sistema de garantías fijado en el correspondiente protocolo de pruebas conforme a lo previsto en el artículo 18.
d) El régimen de desistimiento de los participantes conforme a lo previsto en el artículo 16 y en el protocolo de pruebas.
e) La forma en la que se tratarán los datos personales del participante durante la realización de las pruebas y sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
f) En su caso, cláusulas de confidencialidad y secreto empresarial, así como disposiciones de la regulación específica sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual o secretos empresariales que pudieran verse afectados durante la realización de las pruebas.
g) El régimen de cese definitivo conforme a lo previsto en el artículo 15 y en el protocolo de pruebas.
h) Cualquier otra información que se establezca en la convocatoria.
La información contenida en el acuerdo de adscripción deberá estar redactada en un lenguaje sencillo, comprensible y que resulte accesible para el participante.
4. Los participantes deberán prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal en el acuerdo de adscripción, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
5. El acuerdo de adscripción podrá contemplar la posibilidad de que el incumplimiento por los participantes de las responsabilidades aceptadas en el mismo y, en particular, de los deberes de confidencialidad estipulados, implique el cese de su participación en las pruebas, así como prever otro tipo de responsabilidades derivadas de tal incumplimiento.
6. Tanto el cese de la participación previsto en el apartado anterior, como el desistimiento de un participante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, podrán dar lugar a que el promotor suscriba un acuerdo de adscripción con un nuevo participante, si ello fuera necesario para la continuación de las pruebas. La firma de este acuerdo deberá acreditarse ante la Secretaría de Estado de Energía de forma previa al inicio de su incorporación a las pruebas, justificando la razón de la misma y respetando el contenido y alcance que se indica en el apartado 3 del presente artículo.
1. Los promotores cuyos proyectos piloto hayan recibido una evaluación previa favorable de acuerdo con lo previ