Categoría: Judicial

de lo Penal núm. 11 de Sevilla núm. 72/2022, de 2 de marzo.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.–Cándido Sanz Ibáñez.–Ricardo Enríquez Gutiérrez Espejel Jorquera.–María Caballero Ortega Reyes Ibáñez Ibáñez Moreno.–José María Macías Castaño.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad conferida en el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con el respeto debido a la opinión de los magistrados que han conformado la mayoría de la Sala Primera, formulo el presente voto particular a la sentencia dictada en el mencionado recurso de amparo.
Estoy conforme con la estimación del recurso de amparo en cuanto declara la vulneración del derecho fundamental del recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y mi desacuerdo se centra en lo argumentado en el fundamento jurídico 4, relativo al alcance de la estimación del amparo y, en consecuencia, en el segundo de los pronunciamientos del fallo de la sentencia, donde la Sala acuerda que «[s]e mantiene la firmeza y la eficacia de cosa juzgada de la sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 11 de Sevilla núm. 72/2022, de 2 de marzo».
A mi juicio, era posible la plena reparación del derecho fundamental vulnerado en los términos interesados en la demanda de amparo, con la adopción de una solución plenamente ajustada a Derecho que en absoluto habría desbordado los límites del principio de proporcionalidad invocado en la sentencia objeto de mi discrepancia.
En lo relativo a los efectos de la estimación del amparo, considero que la solución más satisfactoria para reparar la indefensión declarada pasa por retrotraer las actuaciones a la fase intermedia del proceso penal, al objeto de dar traslado a la representación procesal del ahora demandante, a fin de que pueda evacuar el trámite de calificación provisional con la presentación de escrito de acusación, limitado en su objeto a las lesiones que afirma haber sido objeto por el acusado, su calificación jurídica, así como la petición de pena y de responsabilidad civil, a la vista de los términos en que se ha pronunciado el recurrente, tanto en el incidente de nulidad de actuaciones dirigido al juez de lo penal, como en la demanda de amparo.
La retroacción de actuaciones, tal como la entiendo, no habría determinado el efecto indeseable de anulación de la sentencia condenatoria ya dictada, dado que la vulneración generadora de indefensión se cometió con anterioridad y no transmitiría a la sentencia efectos anulatorios, cuya plena validez permanece conforme al principio de conservación de los actos procesales recogido en el art. 243.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en estos términos: «La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren independientes de aquel ni la de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariado aun sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad».
Como reiteradamente declara la sentencia de la que discrepo, las acciones acumuladas, penal y civil, que pretendió ejercitar el demandante de amparo quedaron imprejuzgadas en el proceso penal, pues no fueron objeto de la sentencia de conformidad que se dictó. Esto significa que la retroacción de actuaciones en nada afectaría a la sentencia dictada, que mantendría los efectos de cosa juzgada material que le son propios, ni tampoco, por la misma razón, a la ejecutoria dimanante de aquella.
Como la acción acusatoria que pretende ejercitar el demandante no coincide con el objeto de la sentencia, los hechos punibles objeto de acusación se limitarían exclusivamente a las lesiones que el demandante afirma haber sufrido, y lo mismo ocurre con su calificación jurídica –al tener entidad propia respecto a los demás hechos objeto de la sentencia– y, finalmente, con la pretensión del ahora demandante, que se ceñiría exclusivamente, de continuar en los términos que ha postulado hasta ahora, a la condena penal por un delito leve de lesiones y a la responsabilidad civil derivada del mismo. A esto, y no a otra cosa, se ceñiría exclusivamente la eventual sentencia que se dictara una ver retrotraídas las actuaciones al momento de la calificación provisional, para que el demandante pudiera formular acusación respecto a estos hechos y se celebrara el juicio oral con ese objeto.
En consecuencia, perdurarían los efectos de cosa juzgada material de la sentencia firme dictada de conformidad: tanto el efecto negativo, pues el acusado no volvería a ser juzgado ni condenado por los delitos por los que ya lo fue en su momento por sentencia firme; como el efecto positivo, dado que el nuevo juicio que se celebrase para enjuiciar la pretensión del recurrente en amparo y ulterior sentencia, tendrían necesariamente que tener por ciertos los hechos ya declarados probados, ninguno de ellos, por cierto, relativos a las acciones civil y penal que ha pretendido ejercer el demandante de amparo. Con otras palabras, el juicio quedaría reducido a las lesiones que el recurrente afirma haber sufrido por parte del acusado y a sus efectos penales y civiles.
Este efecto que sostengo de la estimación de la demanda de amparo no resultaría en absoluto desproporcionado, porque carece de consecuencia anulatoria alguna para la sentencia firme ya dictada. Por el contrario, sí estimo desproporcionado derivar al demandante a un proceso civil para ejercitar una acción de responsabilidad extracontractual por las lesiones que dice haber sufrido, tal como le ofrece la sentencia en el fundamento jurídico 4 b) (iii), solución esta que, además, determina que el Estado no llegue a ejercer elius puniendi, del que es exclusivo titular, con ocasión del ejercicio delius ut procedaturdel que ha sido privado el demandante, según le ha reconocido la sentencia de la que discrepo y que comparto en este punto.
En definitiva, la solución mero-declarativa de la sentencia no reparain natura, pudiendo hacerlo, la lesión previamente declarada del derecho fundamental del recurrente.
Por lo expuesto, formulo el presente voto particular.
Madrid, a veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 LOTC, y sin perjuicio del respeto al criterio asumido por la mayoría de la Sala, expreso mi disconformidad con el sentido de la sentencia a que se refiere este voto particular, por las razones que seguidamente expongo, que debieron determinar que su fallo tuviera un contenido diferente en cuanto a las consecuencias que debían resultar del otorgamiento del amparo a fin de reponer en su integridad el derecho fundamental vulnerado y proporcionar la debida protección a la presunta víctima de un delito.
1. Los hechos que tiene en consideración la sentencia de este tribunal, en lo que resultan de interés para el presente amparo, pueden expresarse de manera sintética: el 18 de noviembre de 2021, don D.P.D., acometió a diversos agentes de policía en el curso de una persecución tras la comisión de un delito contra la propiedad, ocasionándoles lesiones.
2. Don D.P.D., fue condenado por estos hechos por un juzgado de lo penal después de haber prestado conformidad. La condena lo fue, entre otros, por delito de atentado a agentes de la autoridad y diversos delitos de lesiones leves. Entre los policías presuntamente lesionados (y seguidamente se entenderá por qué, pese a la condena, sigue siendo una presunta víctima) se encontraba el agente de policía don A.S.C., recurrente en amparo. Don A.S.C., se había personado en el procedimiento oportunamente como presunta víctima de un delito de lesiones leves y se le había tenido por parte, sin embargo, no se entendieron con él las actuaciones procesales, ni se le dio oportunidad de formular escrito de acusación, ni se le convocó al juicio, ni se ejercieron por él las oportunas acciones por parte del Ministerio Fiscal.
3. La sentencia de este tribunal de la que discrepo afirma en su antecedente segundo, apartado d), que «Ni en la relación de hechos ni en el fallo(de la sentencia del juzgado) aparece referencia alguna a una eventual responsabilidad penal o civil respecto de las lesiones padecidas por el demandante». Una vez que don A.S.C., tuvo conocimiento de la celebración del juicio sin su convocatoria, planteó incidente de nulidad contra la sentencia del juzgado, que fue rechazado mediante auto.
4. Don A.S.C., planteó recurso de amparo, tanto contra la sentencia como contra el auto del juzgado de lo penal. La sentencia de este tribunal de la que discrepo ha considerado que el auto que resolvió el incidente de nulidad ha lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de don A.S.C., y así lo declara. Sin embargo, el «restablecimiento» del derecho de don A.S.C., se ha limitado al pronunciamiento de declaración de nulidad, remitiéndole a los procedimientos civiles y de responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la administración de justicia, en definitiva, a los mismos procedimientos a los que hubiera podido acudir sin necesidad de la intervención de este tribunal.
5. Comparto con la sentencia de la que discrepo que la actuación del juzgado de lo penal supuso una lesión del art. 24.1 CE y que erró de manera clara cuando pretendió trasladar (de hecho, trasladó) el juicio de ponderación de las consecuencias o alcance de una nulidad de actuaciones a la apreciación de la propia nulidad: una cosa es que concurra una causa de nulidad por violación absoluta y manifiesta de las garantías procesales con evidente indefensión, y en tal caso procede declarar la nulidad sin mayores consideraciones, y otra diferente el alcance o las consecuencias que puedan derivarse de esa nulidad, sin que ambos planos se puedan mezclar, como hizo el juzgado.
6. Ahora bien, apreciada la lesión del art. 24.1 CE y declarada la nulidad del auto que rechazó apreciar esa lesión, no comparto el alcance de la «protección» dispensada por la sentencia para el restablecimiento del derecho violado, que sencillamente es ninguna. Entiendo por ello que la sentencia de la que discrepo no ha cumplido con la función que le encomienda el art. 94 LOTC para «preservar o restablecer» los derechos o libertados violados, y que el alcance del fallo no satisface la previsión del art. 95 c) LOTC para el «restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación», pese a que podía hacerse, algo que considero tanto más necesario cuanto que las consecuencias de la violación se proyectan, no sobre cualquier titular de un derecho, sino concretamente sobre la presunta víctima de un delito.
7. En primer lugar, entiendo que podía hacerse porque la sentencia del juzgado de lo penal abordó la relación de los delitos cometidos por don D.P.D., como un concurso real, calificación que viene dada y de la que este tribunal no puede salirse, lo que si bien posibilita su enjuiciamiento conjunto por conexidad, no impide su enjuiciamiento separado si uno de los hechos no ha sido incorporado a la acusación ni, por ello, conocido y sentenciado, y en este punto, la sentencia de este tribunal de la que discrepo es explícita: ni el hecho de la presunta lesión ocasionada a don A.S.C., se contiene en la sentencia del juzgado de lo penal ni las acciones relacionadas con ese hecho (ya sean penales o civiles) han sido ejercidas en el procedimiento.
8. Entiendo, por ello, que la solución proporcionada hubiera pasado, como se ha hecho, por mantener la sentencia ya dictada en conformidad, pero posibilitar al mismo tiempo una retroacción parcial para que don A.S.C., pudiese formulase acusación para el enjuiciamiento del hecho y la acción de los que no se conoció en el juicio. Entiendo que ello es posible, como ya he dicho, porque la calificación de la conexión entre los distintos delitos ha sido de concurso real, con las consecuencias que ello lleva aparejadas y a las que me he referido; porque precisamente por ello y por la circunstancia de que «el hecho» que atañe a las lesiones padecidas por don A.S.C., no se han conocido en juicio es por lo que no cabe considerar que se produciría una situación debis in idemprocesal; porque no hacerlo así no es que no «restablezca la integridad del derecho del recurrente», sino que no lo restablece en absoluto; porque desde la perspectiva de las consecuencias penales ello no implicaría mayor perjuicio al condenado conforme a la regla penológica de limitación de duración de las penas privativas de libertad del art. 76.1 del Código penal; y porque la solución proporcionada (remitir al recurrente a nuevos procedimientos a los que hubiera podido acudir sin necesidad de recabar el amparo de este tribunal) implica una no-solución por su desproporción, que no hace otra cosa que añadir nuevos perjuicios a la víctima de una delito con la que, precisamente por esa circunstancia (ser la víctima de un delito), este tribunal hubiera debido mostrarse especialmente sensible, y no todo lo contrario.
Madrid, a veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro.–José María Macías Castaño.–Firmado y rubricado.