Categoría: Administración

La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en concreto en sus artículos 55 y 58; el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original; el Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos; y el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, constituyen la normativa que establece el procedimiento para la conservación y, en su caso, eliminación del patrimonio documental. Además, en lo que al Ministerio de Justicia se refiere, se ha de observar lo establecido en la Orden JUS/439/2018, de 26 de abril, por la que se crea y regula el Sistema Archivístico del Ministerio de Justicia y de sus Organismos Públicos vinculados o dependientes.
En la reunión plenaria, de 16 de octubre de 2012, de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos (en adelante, CSCDA) se creó el Grupo de Trabajo de Valoración de Series y Funciones Comunes de la Administración General del Estado, siguiendo lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre. El cometido de este grupo es la realización de estudios de identificación y valoración de series comunes, así como de estudios comparativos de series complementarias y paralelas de los distintos organismos y su ubicación, con el fin de elaborar propuestas de conservación, eliminación y calendarios de conservación.
En el ejercicio de estas funciones, el grupo de trabajo presentó a dictamen de la CSCDA varios estudios de identificación y valoración de series documentales, todas ellas consideradas comunes a la Administración General del Estado y, por tanto, susceptibles de aplicarse en el Ministerio de Justicia y en sus organismos públicos vinculados o dependientes (Centro de Estudios Jurídicos y Mutualidad General Judicial).
Las propuestas detalladas en el anexo fueron dictaminadas favorablemente por la CSCDA en las reuniones plenarias que figuran en el citado anexo.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia publicó, mediante la Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la eliminación de series documentales comunes de la Administración General del Estado custodiadas en el Archivo General del Departamento (BOE núm. 242, de 6 de octubre de 2016), algunos de estos dictámenes. No obstante, estos dictámenes se incluyen en la presente resolución debido a las posteriores modificaciones que sufrieron y a que la resolución solo se aplicaba a las series documentales custodiadas por el Archivo General del Departamento; además, así se consigue publicar con claridad las series comunes que pasan a formar parte del calendario de conservación del Ministerio de Justicia y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Este calendario es susceptible de ampliarse o modificarse en el futuro mediante nuevas resoluciones de esta Subsecretaría.
Por todo ello, corresponde ahora adoptar resolución aprobando la eliminación y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre.
De conformidad con lo anterior y en el ejercicio de las competencias que me están conferidas por el mencionado artículo 6 del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, resuelvo:
Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los dictámenes que figuran en el anexo de esta Resolución.
Autorizar la eliminación de documentos sujeta a las formalidades, plazos y muestreos contenidos en los dictámenes mencionados en el apartado primero.
La autorización prevista en el apartado anterior no será efectiva hasta transcurridos tres meses desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución, siempre que en dicho plazo no se haya interpuesto recurso de cualquier naturaleza contra la misma.
En el supuesto de que haya sido impugnada, la mencionada autorización no será efectiva hasta que esta Resolución adquiera firmeza.
El proceso de destrucción se hará periódicamente, una vez transcurridos los años de conservación establecidos para cada una de las series señaladas en el anexo, quedando autorizadas por la presente, las destrucciones regulares una vez cumplidos los plazos obligatorios de conservación.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso administrativo de alzada ante la Ministra de Justicia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las eliminaciones de documentos en papel resultantes de la aplicación de estos dictámenes se realizarán conforme a las Recomendaciones para la destrucción física de documentos de archivo en papel de la Administración General del Estado de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
Se habrá de remitir a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia un ejemplar del acta de destrucción, expresiva del dictamen aplicado, volumen de documentación eliminada en metros de estantería y régimen de custodia interna o externa de la documentación.
Madrid, 3 de febrero de 2022.–La Subsecretaria de Justicia, Ana Martín Hernández.