Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2024:132
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña Inmaculada Álvarez Lorenzo, presidenta, y las magistradas y magistrados doña María Méndez Giménez Benítez, don Ramón Marín Román, don Enrique Rojas Castillo, don César Gómez Rivera y doña Laura Ortega Flores, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 1128-2022, promovido por doña María Herrera Cabrera Álvarez, contra la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2021, que estimó el recurso de casación e infracción procesal contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 22 de diciembre de 2020, confirmatoria de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife de 11 de marzo de 2020, que había estimado la demanda formulada por la recurrente de declarar la nulidad del art. 1 de los estatutos de la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna. Han intervenido el Obispado de Tenerife y la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna. Ha actuado el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don César Gómez Rivera.
1. Por escrito que tuvo entrada en este tribunal el día 21 de febrero de 2022, el procurador de los tribunales don Carlos Aguilar Soto, en nombre y representación de doña María Herrera Cabrera Álvarez, defendida por la letrada doña Andrea Ortiz Márquez, interpuso recurso de amparo contra la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2021 por vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) y del derecho de asociación (art. 22 CE).
2. El recurso de amparo tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) Doña María Herrera Cabrera Álvarez presentó demanda ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife pidiendo que declarase la nulidad del art. 1 de los estatutos de la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, en la parte que excluye a la mujer como aspirante a ser socio de la misma, por vulnerar los derechos fundamentales de igualdad, no discriminación por razón de sexo y asociación. El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia de 11 de marzo de 2020 estimando la demanda y condenando a los demandados a estar y pasar por tal declaración, «debiendo quedar removido el obstáculo a asociarse por ser mujer».
La sentencia comienza recordando la doctrina constitucional sobre el derecho de asociación, integrado por el derecho de autoorganización, centrando que de lo «que se trata es de ponderar estas dos dimensiones del derecho de asociación, la autoorganizativa y la vertienteinter privatos,traducida esta última en el derecho de los socios y aspirantes a serlo, a no ser discriminados, salvo que exista una justificación razonable para ello». Explica que este concepto de «base razonable», que sirve de límite a la discrecionalidad, aparece íntimamente vinculado en la jurisprudencia al concepto de «posición privilegiada» o, más técnicamente, de «posición dominante» en el concreto ámbito objetivo de actuación en el que una determinada asociación desarrolla sus fines, «de manera que el derecho a la no discriminación solo podría limitar el derecho de autoorganización de las asociaciones en aquellos casos en los que estas se encuentren en una posición de dominio». Añadiendo que esta doctrina encontró su apoyo en las SSTC 218/1988, de 22 de noviembre, y 482/1994 de 21 de marzo, en las que se distingue entre las «asociaciones puramente privadas», de aquellas otras que, aun siendo privadas, «ostent[en] de hecho o de derecho una posición dominante en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera que la pertenencia o exclusión de ella supusiese un perjuicio significativo para el particular afectado».
De este modo, y con apoyo en la STS de 8 de febrero de 2001 [ECLI:ES:TS:2001:811] y en el posterior ATC 254/2001, de 20 de septiembre, concluye que «mientras las primeras no gozarían de límite alguno en su capacidad de discriminar, con absoluta primacía de su autonomía organizativa, las segundas se verían constreñidas, no por el hecho en sí de la discriminación en el seno de la asociación sino por las consecuencias ulteriores que esta actitud podría tener sobre las oportunidades económicas y sociales de las personas discriminadas».
En aplicación de esta doctrina explica que la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna es una asociación puramente privada con origen en la primitiva Cofradía del Santísimo Cristo de La Laguna que se encontraba inicialmente compuesta por hombres y mujeres, siendo con posterioridad, al ser absorbida por la Venerable Esclavitud, cuando se constituye como una asociación exclusiva de caballeros. Este origen impide que la asociación demandada respalde, ahora, su decisión de no admisión de mujeres en una inexistente tradición secular.
También destaca que la asociación religiosa tiene entre sus fines estatutarios la organización de «actos devocionales y esencialmente culturales en honor de la Sagrada Imagen del Cristo de La Laguna, tales como el Quinario, el Octavario, las procesiones, los viernes y otros» (art. 7 de los estatutos). Y añade que «ha quedado probado que esos actos devocionales se concretan en la organización de determinados actos de culto públicos y principales de la Semana Santa que se celebra en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna que, como es notorio, es la ciudad con mayor tradición y relevancia pública en estos actos religiosos en la isla de Tenerife. Y entre esos actos de culto se encuentran la tradicional Ceremonia del Descendimiento del Santísimo Cristo de La Laguna y su posterior besapiés en el Domingo de Ramos, el acompañamiento de la imagen en la procesión de “El Encuentro” e, igualmente, la asociación demandada se encarga de la programación de los actos religiosos que tienen lugar en las fiestas mayores que se celebran cada mes de septiembre en honor al Santísimo Cristo en el citado municipio de San Cristóbal de La Laguna».
Todo lo cual le lleva a concluir que «en estos acontecimientos populares, claves de la tradición religiosa de esa localidad y determinantes de su idiosincrasia, la Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna ostenta, desde antaño, una posición no solo privilegiada, sino absolutamente dominante y excluyente del resto de asociaciones, de notable trascendencia en el ámbito religioso, y por ende, también, cultural y social del municipio, hasta el punto de que ninguna otra hermandad puede realizar acto procesional u otra actuación religiosa, cultural o social, relacionada con la Imagen del Santísimo Cristo». Y debido a esta posición de dominio la señora Laborda Sanz no tiene posibilidad de ejercer esa misma actividad de culto del Santísimo Cristo en otra hermandad o cofradía del municipio que tenga idénticos fines a los de la demandada, pues sencillamente no la hay; tampoco puede promover la constitución de una asociación alternativa con la que cumplir esos mismos fines.
Por dichas razones aprecia que la prohibición de la demandante de ingresar en la asociación religiosa por la simple circunstancia de ser mujer no tiene justificación ni base razonable, por lo que no puede ampararse en el derecho de autoorganización de la asociación, declarando así que el art. 1 de los estatutos de la Esclavitud es contrario al derecho a la igualdad y al derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE y diversos tratados internacionales que cita).
b) La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la Esclavitud del Santísimo Cristo. Al recurso se opusieron la actora y el Ministerio Fiscal. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia el 22 de diciembre de 2020 desestimando el recurso, confirmando la sentencia recurrida y concretando su fallo en el sentido de que debía suprimirse el genitivo «de caballeros» del art. 1 de los estatutos de la asociación.
c) La Esclavitud del Santísimo Cristo interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, oponiéndose la actora y el Ministerio Fiscal. El Tribunal Supremo dictó sentencia núm. 925/2021, de 23 de diciembre, por la que desestimó el recurso por infracción procesal y confirmó la competencia de la jurisdicción civil frente a la eclesiástica, pero estimó el recurso de casación, con la consecuencia final de desestimar la demanda interpuesta por doña María Herrera Cabrera Álvarez.
(i) En el fundamento jurídico quinto de su sentencia el Tribunal Supremo comienza acotando el marco normativo aplicable a la asociación demandada, en tanto asociación religiosa constituida en 1659 al amparo del Derecho Canónico, bajo la modalidad canónica de «asociación pública de fieles» e inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia en España. Junto con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (LODA), explica que es de aplicación la legislación específica relativa a iglesias, confesiones y comunidades religiosas (art. 1.3 LODA) establecida en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa (LOLR) así como el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979, cuyo instrumento de ratificación se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre de 1979.
(ii) A continuación, recoge en el fundamento jurídico sexto la doctrina de este tribunal y del propio Tribunal Supremo sobre el contenido esencial y límites del derecho a la asociación, y las cuatro dimensiones o facetas del derecho de asociación, subrayando la importancia de la libertad de organización y funcionamiento internos sin injerencias públicas. Todo ello aplicable también a las asociaciones privadas que ostenten una posición de dominio, categoría que diferencia las asociaciones que, aun siendo privadas, ostenten «de hecho o de derecho una posición dominante en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera que la pertenencia o exclusión de ella supusiese un perjuicio significativo para el particular afectado». Explica que esta posición de dominio «deberá determinarse en atención a las circunstancias propias de cada caso, con especial consideración a sus fines y objeto social. En estos casos la posibilidad del control judicial sobre las normas estatutarias o decisiones de los órganos sociales sobre expulsión o no admisión de socios, con apoyo en la doctrina de la base razonable, se extiende también a verificar que no se produzcan “perjuicios significativos” y no justificados al particular afectado en el ámbito económico, social o profesional».
(iii) Como precedentes jurisprudenciales relevantes en el ejercicio de ponderación de los derechos fundamentales en conflicto cita la STC 96/1994, de 21 de marzo, que declaró que la pérdida de la condición de asociado/cooperativista comportaba simultáneamente la pérdida del derecho de adjudicación de una vivienda, para cuya adquisición había realizado las correspondientes aportaciones económicas, con el consiguiente «“perjuicio [económico] significativo” para el afectado», y las sentencias de 8 de febrero de 2001 y de 28 de mayo de 2008 –recurso núm. 5540-2002–, dictadas respectivamente por la Sala de lo Civil y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación, la primera, con la Comunidad de Pescadores de El Palmar y, la segunda, con las celebraciones del Alarde de Irún.
En el primer pronunciamiento el Tribunal Supremo consideró que la negativa a la integración de mujeres en la Comunidad de Pescadores de El Palmar supone una discriminación por razón de sexo, lo cual fue confirmado en el ATC 254/2001, de 20 de septiembre, en atención al perjuicio económico sufrido por las mujeres, dado que la comunidad ostentaba una posición de dominio al tener reconocido por el poder público la explotación económica en exclusiva de un dominio público; y, por el contrario, en el segundo pronunciamiento se concluye que, una vez que el Ayuntamiento de Irún dejó de organizar y financiar la celebración del Alarde de Irún, no tenía acogida en el art. 14 CE la pretensión de que las mujeres se integrasen en el Alarde Tradicional, no estando impedido, a quien lo desee, organizar Alardes o marchas con otras características.
(iv) Finalmente, la sentencia invoca la jurisprudencia europea sobre el art. 9 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) en relación con la autonomía de las comunidades religiosas, con especial referencia a las SSTEDH de 15 de mayo de 2012, asuntoFernández Martínez c.España, y de 9 de julio de 2013, asuntoSindicatul «Păstorul Cel Bun» c.Rumanía, en las que el Tribunal Europeo ha declarado que el principio de autonomía religiosa prohíbe al Estado obligar a una comunidad religiosa a admitir o excluir a un individuo o a confiarle cualquier responsabilidad religiosa. De igual modo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 17 de abril de 2018,Vera Egenberger, asunto C-414/16, al referirse a la ponderación prevista en el art. 4.2 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en relación con la autonomía de las iglesias y demás organizaciones públicas o privadas cuya ética se basa en la religión o las convicciones, reconocida en el art. 17 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), afirmó que los Estados miembros y sus autoridades, en particular las judiciales, deben, salvo en casos verdaderamente excepcionales, abstenerse de apreciar la legitimidad de la propia ética de la iglesia o de la organización de que se trate.
(v) Finalmente, la aplicación al caso de esta jurisprudencia constitucional, civil, contencioso-administrativa y europea lleva al Tribunal Supremo a la estimación del recurso afirmando en último término que no puede calificarse la asociación demandada como una asociación dominante.
Explica así que «[s]us actividades y fines son estricta y exclusivamente religiosos (“promover entre sus asociados una vida cristiana más perfecta, el ejercicio de obras de piedad evangélica y el incremento de la devoción y culto a la Sagrada Imagen de Nuestro Señor Crucificado”). Ajenas por tanto a toda connotación económica, profesional o laboral. Sus manifestaciones públicas y festivas, traducidas en actos procesionales, tienen también un inequívoco carácter religioso y se amparan en el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto (art. 16 CE), que incluye el derecho de toda persona a practicar actos de culto, conmemorar sus festividades religiosas, y reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos (arts. 1 y 2 LOLR)».
Además, a la vista de los hechos consignados en las actuaciones tampoco aprecia una situación de «monopolio» o exclusividad por parte de la Esclavitud del Santísimo Cristo en la organización de las actividades procesionales de la Semana Santa y otros actos de culto, siendo una más de las diversas hermandades y cofradías existentes con sede en San Cristóbal de La Laguna, Diócesis de Santa Cruz de Tenerife (agrupadas en la «Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna»), como tampoco que exista impedimento canónico para poder promover la constitución de nuevas hermandades, con los mismos fines espirituales y religiosos, integradas por hombres y mujeres o solo por mujeres, como afirma el obispo diocesano y resulta del propio decreto del Arzobispado de Sevilla que invoca la demandante».
3. En la demanda de amparo la recurrente denuncia que la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 925/2021, de 23 de diciembre, que estimó el recurso de casación interpuesto por la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna ha vulnerado el derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) y el derecho de asociación (art. 22 CE), pidiendo que se declare que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a no padecer discriminación por razón de sexo, y que se la restablezca «en su derecho y, a tal fin, anular la sentencia núm. 925/2001, de 23 de diciembre de 2021, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, declarando la firmeza de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, de 11 de marzo de 2020, en el procedimiento de derechos fundamentales núm. 1043-2018».
a) Tras exponer las razones que justifican la especial trascendencia del recurso de amparo, la demanda aborda el marco normativo aplicable explicando que, si bien conforme a lo previsto en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, sobre asuntos jurídicos, de 3 de enero de 1979, «las asociaciones constituidas con fines exclusivamente religiosos se rigen por sus propios estatutos, bajo la dirección de la autoridad eclesiástica», ello no significa que se pueda configurar el derecho a la autoorganización de forma absoluta, sustrayéndose al Derecho común, sobre la base del derecho fundamental de libertad religiosa, ya que es evidente que la Ley Orgánica de libertad religiosa, establece como límite la sujeción al ordenamiento jurídico general.
Siendo esto así, afirma que la sentencia recurrida en amparo confunde el derecho fundamental de libertad religiosa con el de la libertad de asociación, y recuerda que el desarrollo del art. 14 CE se plasmó en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que prohíbe la discriminación de la mujer en cualesquiera ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, laboral, económica, social y cultural. También señala que el art. 4.5 LODA prohíbe a los poderes públicos conceder ayudas a las asociaciones que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por las razones descritas en la Constitución.
b) A continuación, examina la doctrina de este tribunal sobre la cláusula de no discriminación por razón de sexo contenida en el art. 14 CE (SSTC 12/2008, de 29 de enero, FJ 4, y 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 3), sin que una desigualdad pueda justificarse por la tradición. Igualmente, el contenido del derecho de asociación no solo abarca el derecho a la autoorganización, sino también la dimensióninter privatos,y la ponderación entre estos no debería resolverse a favor de la autonomía asociativa, salvo que existan motivos poderosos para ello.
En el presente caso explica que la mujer, al igual que el hombre, puede reunir todos los requisitos exigidos mencionados en el art. 8 de los estatutos de la hermandad, pero no se admiten mujeres por impedirlo la costumbre, limitando sus derechos únicamente por ser mujeres, lo que choca con lo dispuesto en el art. 14 CE.
c) Examinado el marco normativo aplicable y la jurisprudencia constitucional, reprocha al Tribunal Supremo que no reconozca a la hermandad la condición de asociación privada con una posición dominante. En primer lugar, porque considera que las actividades y fines de esta son ajenos a toda connotación «económica, profesional o laboral»: «Parece haber olvidado [el Tribunal Supremo] que, en [el] apartado 1.5 de la sentencia, dedicado a las asociaciones privadas que ostenten una posición dominante, las define como “las asociaciones que, aun siendo privadas, ostenten de hecho o de derecho una posición dominante en el campo económico, cultural, social o profesional”. Es decir, se incluye, como dominantes, también a las asociaciones, cuya actividad y fines tengan una connotación cultural y social, siendo el caso de la demandada, y no solo económica o laboral».
En apoyo de esta afirmación cita el informe que elaboró el Ayuntamiento de La Laguna para justificar ante la Intervención una subvención destinada a la Esclavitud del Cristo para las obras de rehabilitación del Real Santuario, concluyendo que ello repercutirá en una mejora de uso público y de interés social, y manifestando que el santuario es un espacio dedicado al culto del Santísimo Cristo, símbolo de la devoción de los ciudadanos a lo largo de la historia, y que su visita es constante y, en ocasiones, multitudinaria.
En segundo lugar, denuncia que el Tribunal Supremo no fundamenta su apreciación de que no hay una situación de monopolio o exclusividad en la organización de las actividades procesionales de la Semana Santa y otros actos de culto por parte de la Esclavitud, cuando lo contrario resulta de los hechos probados en ambas instancias judiciales previas, en donde quedó constatado el papel predominante en la sociedad local de la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, al tener en sus estatutos los fines de organizar el Quinario, el Octavario y las procesiones del Viernes Santo en la localidad de La Laguna, afirmando la sentencia de instancia en su fundamento de Derecho cuarto que «ninguna otra hermandad puede realizar acto procesional u otra actuación religiosa, cultural o social, relacionada con la Imagen del Santísimo Cristo», por lo que la demandante no tendría la «posibilidad de ejercer esa misma actividad de culto del Santísimo Cristo en otra hermandad o cofradía del municipio que tenga idénticos fines a los de la demandada [y t]ampoco le cabe a la actora promover la constitución de una asociación alternativa con la que cumplir esos mismos fines».
d) Tras afirmar la posición de dominio de la sociedad cuestiona la aplicación de la STEDHFernández Martínez c.España, por no tener relación con el presente caso, al tratarse de la no renovación del contrato de un profesor de religión por ser un sacerdote casado y padre de familia, medida que tuvo su justificación en un motivo estrictamente religioso y en las convicciones de la Iglesia en las que el Estado no interfiere. De forma similar considera que la STEDHSindicatul «Păstorul Cel Bun» c.Rumanía, también se plantea en un contexto y conflicto distinto al planteado en este recurso de amparo al tratarse de la no admisión de nuevos miembros en comunidades religiosas en caso de desacuerdo doctrinal o relativo a la organización entre una comunidad y uno de sus miembros.
e) Y por último, distingue el supuesto que nos ocupa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en relación con los Alardes de Irún y Hondarribia, dado que aquí no se trata de una escenificación histórica y porque las actividades y fines de la asociación sí se llevan a cabo en el presente supuesto en el marco de actividades de una administración pública, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a lo que se añade que recibe numerosas ayudas públicas del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, haciendo referencia a que en el año 2019 recibió una ayuda de 1 800 000 euros y una subvención de 150 000 euros para la rehabilitación del retablo mayor del Cristo de La Laguna, entre otras.
Esta participación de la administración pública en la financiación y colaboración en todo lo relacionado con la Sagrada Imagen de la asociación demandada se justifica en la relevancia social de la misma, igual que en el supuesto de la sentencia de 19 de septiembre de 2002, del Tribunal Supremo (ECLI:ES:TS:2002:5976), relativa al Alarde de San Marcial.
4. La Sección Tercera de este Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de febrero de 2024, acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 b)].
De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, emplace, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
5. El 11 de marzo de 2024 se personaron en el procedimiento el Obispado de Tenerife (diócesis eclesiástica de Tenerife), solicitando que se le tenga por personado y se entiendan con él las sucesivas diligencias en el modo y forma que la ley previene, y cuanto más pudiera proceder en Derecho, y la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, solicitando igualmente que se la tenga por personada a los efectos pertinentes y se entiendan con ella las sucesivas diligencias relacionadas con el presente procedimiento.
6. El secretario de justicia de la Sección Tercera de este tribunal dictó diligencia de ordenación de 22 de marzo de 2024 por la que se tuvo por personadas y parte en el procedimiento a la diócesis eclesiástica de Tenerife y a la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna. Asimismo, en la misma diligencia acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, que se diese vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que, dentro de dicho término, pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
7. La representación procesal del Obispado de Tenerife presentó su escrito de alegaciones el 24 de abril de 2024, poniendo de manifiesto que la correcta valoración del caso exige respetar el derecho a la libertad religiosa por imperativo del art. 16 CE, al estar ante una asociación con fines exclusivamente religiosos «en la que lo cultual, lo relativo al culto, lo religioso, es lo fundamental, mientras que lo cultural es meramente accesorio, y, por tanto, que nos encontramos en un ámbito en el que el Estado debe mantenerse neutral y no solo respetar el ámbito de libertad para autoorganizarse de la asociación, sino que debe garantizar el ámbito de la libertad religiosa, sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley, en sus manifestaciones».
Más concretamente, expone que es una asociación religiosa que adopta la forma canónica de asociación pública de fieles con arreglo al canon 215 del Código de Derecho canónico; y con cita de las SSTC 24/1982, de 13 de mayo, y 101/2004, de 2 de junio, insiste en la dimensión externa deagere licereque faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones con plena inmunidad del Estado o de cualesquiera grupos sociales, a salvo del mantenimiento del orden público.
a) Examina la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 25 de mayo de 1993, asuntoKokkinakis c.Grecia; de 13 de diciembre de 2001, asuntoIglesia Metropolitana de Besarabia y otros c.Moldavia, y de 15 de mayo de 2012, asuntoFernández Martínez c.España) para sustentar que el principio de autonomía religiosa prohíbe al Estado obligar a una comunidad religiosa a admitir o excluir a un individuo. Y cita también la STJUE de 17 de abril de 2018,Vera Egenberger, en la que en interpretación del art. 17 TFUE el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habría reconocido que los Estados deben abstenerse de apreciar la legitimidad de la propia ética de la Iglesia, salvo casos verdaderamente excepcionales; transcribiendo también los apartados 105 a 107 de las conclusiones presentadas por el abogado general en dicho asunto que habría recogido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno al art. 9 CEDH, con arreglo a la cual el Estado no puede exigir a una comunidad religiosa que admita nuevos miembros o excluya a los mismos.
Recuerda que la Iglesia permite asociaciones mixtas, pero también reconoce el derecho de los fieles de vivir su espiritualidad en asociaciones solo de hombres o de mujeres, y que no se excluye a nadie del culto o de la posibilidad de fundar otra asociación de fines análogos a las de las personas del otro sexo o mixtas.
b) Defiende también la inexistencia de lesión del derecho de asociación al estar ante un caso primordialmente relativo a la libertad religiosa, y que sería precisamente la estimación de la solicitud de modificación de los estatutos la que generaría la lesión del citado derecho en relación con la Esclavitud.
La libertad de organización y funcionamiento forma parte del derecho de asociación con arreglo a la jurisprudencia constitucional (STC 129/2023, de 23 de octubre); y se vulnera el derecho de asociación cuando ante una expulsión de un socio válidamente adoptada se entra a enjuiciar el acierto de los motivos que han llevado a esa expulsión (STC 218/1988, de 22 de noviembre), dado que forma parte del derecho de asociación el establecer la propia organización del ente creado por el acto asociativo dentro del marco de la Constitución que se extiende a regular estatutariamente las causas y el procedimiento para la admisión y expulsión del socio y solo el legislador puede excepcionar para asociaciones concretas la libertad de autoorganización (STC 135/2006, de 27 de abril).
c) Defiende que la decisión de asociarse solo con personas del mismo sexo no está amparada por el derecho fundamental del art. 22 CE y esta situación tampoco se ha visto modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
En este contexto, explica que la Esclavitud no ostenta una posición de dominio pues «ninguna ventaja económica, profesional o laboral se puede derivar de una asociación exclusivamente religiosa que ya desde su denominación como Esclavitud, y esclavos sus miembros, pone de manifiesto su carisma de servicio religioso y cultual», lo que se confirma si se analizan sus objetivos recogidos en el art. 6 de los estatutos.
Tampoco tiene la exclusividad del culto o adoración a una determinada advocación, a Cristo Crucificado, sino que, como se recoge en el procedimiento previo ante la jurisdicción ordinaria, no existe impedimento canónico para poder promover la constitución de nuevas hermandades, con los mismos fines espirituales y religiosos, integradas por hombres y mujeres o solo por mujeres, como afirma el obispo diocesano y resulta del propio decreto del Arzobispado de Sevilla que invoca la demandante.
Y respecto a la percepción de subvenciones explica que es irrelevante porque tiene un interés histórico y cultural y están accesibles a cualquier persona, como también la generalidad de los actos públicos en los que participa la asociación. Siendo además un alegato hechoex novoy que ahora será contradictorio porque la misma demandante alega que por una moción institucional del Cabildo Insular de Tenerife se ha excluido a la Esclavitud de cualquier subvención pública.
8. El 24 de abril de 2024 la Pontificia Esclavitud del Cristo de La Laguna presentó su escrito de alegaciones en el que solicita la desestimación del recurso por no haber vulneración del art. 22 CE ni del art. 14 CE.
a) Comienza con un examen de los antecedentes del recurso de amparo en el que pone de manifiesto que antes de que la recurrente iniciara la vía judicial la Esclavitud ya había decidido iniciar voluntariamente un proceso de cambio. Así, en septiembre de 2018, antes de que la recurrente presentara su demanda contra la hermandad (en noviembre de 2018) se había celebrado una reunión en la que se le había explicado que la cuestión relativa a la posible admisión de las mujeres iba a ser efectivamente abordada por una comisión creada al efecto de cara a someterlo a la asamblea general, comisión que se creó en la asamblea general de 15 de diciembre de 2018. No obstante, cuando la cuestión se abordó finalmente en la asamblea general de diciembre de 2019, se acordó no modificar los estatutos al haber «dinamita[do] todo puente posible» la recurrente como consecuencia de haber demandado judicialmente, en la consideración de que es a la asamblea general como órgano supremo al que le corresponde decidir el cambio sin que este pueda ser impuesto desde fuera.
Y recuerda que los fines principales de la hermandad son la promoción del culto, la formación de sus miembros y la asistencia social y caritativa, así como la conservación del patrimonio para cumplir sus fines.
Explica que «[t]ras cuatro siglos de historia, la hermandad es propietaria del Santuario del Cristo de La Laguna, de una pequeña edificación anexa al Santuario (antiguo convento franciscano) y de la llamada Casa de la Hermandad, que junto con sus bienes muebles constituyen un patrimonio histórico y artístico a mantener y conservar. El mantenimiento del santuario ha corrido los últimos cuatro siglos por cuenta de la hermandad: abre todos los días de 08:00 a 21:00 horas, no solo para la celebración de dos misas diarias o para que los fieles acudan allí a orar, sino para que todos los ciudadanos y turistas puedan visitar y admirar el santuario y sus imágenes, entre ellas, la del Cristo de La Laguna».
b) Tras exponer dichos antecedentes desarrolla el régimen jurídico aplicable a la hermandad, recordando en primer término que la Esclavitud tiene personalidad jurídica canónica y civil, constituyendo una asociación pública de fieles (cánones 312-320) que se rige conforme a la norma de sus estatutos, bajo la dirección de la autoridad eclesiástica, siendo los bienes de esta persona jurídica «bienes eclesiásticos». Con arreglo a los acuerdos celebrados entre la Santa Sede y el Estado español el 3 de enero de 1979, el Estado le reconoce personalidad jurídica y está inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia.
Explica que, siendo una asociación canónica religiosa, los fieles tienen derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, para fines de culto y para fomentar la vocación cristiana en el mundo (canon 215). El fiel encuentra un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso que no puede ni expresarse ni vivirse con quien no se estima conveniente o no se quiere.
Y expone el régimen jurídico aplicable a las asociaciones religiosas, así como la doctrina de este tribunal (SSTC 66/1982, de 12 de noviembre, y 187/1991, de 3 de octubre) con cita también de las directrices sobre la personalidad jurídica de las comunidades religiosas o de creencia editado por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de España en 2017. De forma adicional atiende al contenido de la Ley Orgánica del derecho de asociación.
c) Tras combatir las alegaciones sobre la especial trascendencia constitucional del recurso, cuestiona las alegaciones que la recurrente hace en relación con la jurisprudencia constitucional, reiterando los argumentos tomados en consideración por la STS 925/2021 recurrida en amparo, para concluir que la hermandad no es una asociación dominante.
Por un lado, denuncia que la recurrente omite las diferencias entre este supuesto y el supuesto de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, en la que sí había una posición de privilegio dado que se trataba de una concesión administrativa para la explotación de bienes de dominio público cuando este no es el caso de los hombres admitidos en la hermandad, que no tienen privilegio económico, ni laboral, ni profesional ni hay desventaja económica o profesional para las mujeres si no son admitidas en la hermandad porque no hay exclusividad de un bien de dominio público por parte de la hermandad.
Además, pone de manifiesto que los fines y actividades de la hermandad no son ni culturales ni sociales sino manifestación del derecho fundamental de libertad religiosa, debiendo distinguirse entre lo «cultual» y lo «cultural»; y niega que los «actos de culto religioso» propios de la hermandad, tales como la celebración de misas como las de el «Quinario, el Octavario y la Ceremonia del Descendimiento» sean actos esencialmente culturales. Igualmente, manifiesta que una procesión no es un acto festivo, ni cultural, ni social y que no puede aplicársele la teoría de la posición dominante y excluyente de este tipo de asociaciones. Más concretamente, «[u]na procesión es un acto de reunión y manifestación por motivos religiosos, contemplado en el art. 2.1 c) y d) de la Ley Orgánica de libertad religiosa: c) Practicar actos de culto […] y d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos».
También explica que la hermandad pertenece a la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna, que aglutina y coordina a las veintiséis hermandades y cofradías existentes en el mismo municipio, y tiene la misma representación y voto que cada una de las otras veinticinco hermandades. Y en lo que se refiere a los actos de Semana Santa organizados en La Laguna se suceden más de treinta procesiones y traslados y la hermandad solo desarrolla un recorrido procesional propio, la procesión de madrugada del viernes santo, pero es una procesión organizada por la Junta de Hermandades y Cofradías, no por la hermandad, que solo participa con su imagen y trono procesional como uno más de los veintiséis pasos. Por lo que no ostenta una posición dominante o excluyente en la Semana Santa de La Laguna.
Y la demandante puede crear una esclavitud con el mismo culto a Cristo si es su interés, porque la hermandad no promueve la fe y el culto al «Cristo de La laguna» como escultura de madera de la hermandad, sino como manifestación de Dios.
d) Combate la aplicación que la recurrente hace en su demanda de la jurisprudencia europea por considerarla totalmente sesgada. Respecto a la STEDH dictada en el asuntoFernández Martínez, porque precisamente lo que este pronunciamiento declara es que el principio de autonomía religiosa prohíbe al Estado obligar a una comunidad religiosa a admitir o excluir a un individuo; lo que se repite en las conclusiones presentadas por el abogado general en el asuntoVera Egenberger, seguido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en el asuntoSindicatul «Păstorul Cel Bun» c.Rumaníael Tribunal Europeo de Derechos Humanos también dispuso que el principio de autonomía prohíbe al Estado obligar a una comunidad religiosa a admitir en su seno nuevos miembros. Este principio es aplicado por otros tribunales, citando la sentencia del Tribunal Supremo de Portugal (Acordâo do Supremo Tribunal de Justiça) de 8 de noviembre de 2007 y la sentencia de 11 de enero de 2012 de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el casoHosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission et al.
e) Dedica también una alegación a explicar las razones por las cuales no existe intervención de la administración pública en actividades y fines de la hermandad.
(i) En primer lugar, explica que ninguna de las actividades y fines de la hermandad se llevan a cabo ni son financiadas por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, ni por su concejalía de Fiestas, «pues son actividades exclusivamente religiosas, organizadas por esta asociación pública de fieles» y que la «inmensa mayoría de sus actividades se desarrollan dentro del Santuario (como el Descendimiento, los besapiés, las diferentes eucaristías…) o dentro de la Catedral (como el Quinario) y las actividades que se desarrollan en el exterior, como las procesiones, no tienen ni un solo euro de financiación municipal».
(ii) Añade que las actividades de la hermandad son exclusivamente religiosas, y aunque asistan autoridades a un acto exclusivamente religioso (a la solemne Eucarística y posterior procesión el día de las fiestas del Cristo de La Laguna, el 14 de septiembre) no por eso ese acto religioso se convierte en un acto social, cultural, militar o político.
(iii) Niega que sea una entidad habitualmente subvencionada con fondos públicos. Explica que lo que ha ocurrido es que en atención a la afluencia de fieles y sobre todo la de visitantes y turistas al Santuario y sus anexos (junto con su valor histórico-artístico) en 2010 promovió un «Plan director de rehabilitación del Santuario del Cristo y anexos», con varias fases (que incluían desde la rehabilitación integral del Santuario y sus instalaciones, la de los edificios anexos, la reurbanización de la plazuela de acceso o la restauración de la imagen del Cristo de La Laguna, datada a finales del siglo XV). Este Plan director fue aprobado por la administración competente (Cabildo Insular de Tenerife) en el año 2011 y el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y, en menor medida, el Ayuntamiento de La Laguna, decidieron apoyar las diversas rehabilitaciones y restauraciones del Plan director de forma escalonada, entre los años 2017 y 2021, con las cuatro subvenciones puntuales otorgadas por las tres administraciones entre 2019 y 2021 que la demandante de amparo detalla. Pero subraya que las citadas subvenciones no eran destinadas a la hermandad ni a sus fines o actividades o procesiones, sino a «proyectos de rehabilitación» de los edificios históricos que viene manteniendo y que se encuentran abiertos al público y son visitables.
Es decir, es una subvención para un proyecto de restauración de bienes inmuebles con valores históricos «no para los fines propios de hermandad», es decir, no para «sus actividades de culto o procesiones».
f) Insiste también en la autonomía interna de la asociación pública de fieles a la luz de los principios informadores del derecho eclesiástico del Estado español y de la jurisprudencia constitucional y europea (citando las SSTC 24/1982, de 13 de mayo; 141/2000, de 29 de mayo, y 46/2001, de 15 de febrero), lo que se traduce en que los poderes públicos no pueden obligar a que una persona viva su fe coaccionada por los poderes públicos, ni le pueden imponer vivirla y manifestarla junto con otras personas con las que no cree adecuado hacerlo.
g) Finalmente, concluye señalando que en el hipotético supuesto de que los miembros de la hermandad fueran obligados, vía decisión de este Alto Tribunal, a ser socios de aquella o aquellas personas con quienes libre y voluntariamente han decidido no asociarse, o no quieren asociarse, afectaría también al derecho de propiedad reconocido en el art. 33 de la Constitución española, toda vez que la hermandad es propietaria de bienes muebles e inmuebles y de un legado histórico de casi cuatro siglos, por lo que la hipotética decisión judicial tendría también consecuencias patrimoniales y obligaría a la hermandad a compartir su patrimonio con quien se le obliga y con quien ha decidido voluntariamente no hacerlo o con quien no quiere hacerlo: en este caso, con las personas a las que se podría ver obligada a admitir como socias, de mantenerse las resoluciones dictadas. Y ello, en términos administrativos, podría calificarse de una verdadera confiscación de los derechos de propiedad que vulneraría el art. 1 del Protocolo adicional al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades públicas.
9. El Ministerio Fiscal, dentro del plazo conferido al efecto, presentó sus alegaciones el 23 de mayo de 2024, interesando la concesión del amparo solicitado.
El fiscal presentó alegaciones en las que comienza explicando la normativa aplicable y la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el contenido esencial del derecho de asociación (SSTC 104/1999, de 14 de junio, FJ 3, y 129/2023, de 23 de octubre, FJ 3) y en relación con el principio de igualdad y las prohibiciones de discriminación (SSTC 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4, y 31/2018, de 10 de abril, FJ 4,); hace también una mención especial a la capacidad de autoorganización de las asociaciones en el aspecto de admisión de nuevos socios y un posible trato discriminatorio sobre el que se pronunció el ATC 254/2001, de 20 de septiembre, en relación con la comunidad de pescadores El Palmar, comunidad que ocupaba una posición privilegiada.
(i) En el presente supuesto señala que «hay que precisar que, si bien se considera lógico que quien aspira a integrarse en una asociación lo hace porque comparte los valores que defiende y desea participar en la actividad social, de lo que se deduce que acepta las normas que libremente se han otorgado en relación con el objeto, fines, y organización interna, lo cierto es que la cuestión en este caso no es una expresión de disidencia con lo establecido, sino la imposibilidad con que se encuentra de adherirse a ellas, pese a compartirlas, por el único y exclusivo motivo de no ser “caballero”. La única disconformidad manifestada por la recurrente desde el momento en que solicitó unirse a la hermandad ha sido que no se permita el acceso a las mujeres, sin cuestionar ni discrepar de ninguna otra regulación en la normativa interna, que, se entiende, pretende acatar».
Advierte el Ministerio Fiscal que el art. 1 de los estatutos de la Esclavitud, que la define como asociación de caballeros, se encuentra en el título I denominado «Del origen, historia y sede de la Esclavitud» mientras que los requisitos se regulan en el título III «De la admisión en la Esclavitud». Expone que la lectura de los artículos de este título pone de manifiesto que los requerimientos para ser miembro, además de estar bautizado y ser mayor de dieciocho años, se refieren a un compromiso de vida cristiana y de participación en actividades piadosas y del culto a la imagen del Santísimo Cristo que pueden ser asumidos tanto por hombres como por mujeres que compartan dichos valores, cuestiones de ámbito estrictamente religioso en las que estaría injustificada una injerencia del Estado al afectar a la esencia del derecho a la libertad religiosa. Pero el hecho de excluir en bloque a una parte de los fieles que están dispuestos a cumplirlos, exclusivamente por razón de sexo, supone un supuesto de clara de discriminación directa por parte de la hermandad que ha sido aceptada por la resolución recurrida.
(ii) Y respecto a la supuesta tradición histórica que sustenta la decisión de la asociación, pone de manifiesto que en la propia página web de la hermandad se informa que no siempre ha sido así. Porque la Esclavitud tiene su origen en la primitiva Cofradía del Santísimo Cristo de La Laguna, creada desde la llegada a la ciudad del Santo Crucifijo, mucho antes de 1545 –fecha de apertura del Concilio de Trento– y compuesta por hombres y mujeres. Esta cofradía fue absorbida por la Venerable Esclavitud que fundaron el 6 de septiembre de 1659 los más distinguidos de la isla, a iniciativa de Fray Juan de San Francisco, siendo su primer esclavo mayor don Fernando Molina de Saavedra; estuvo compuesta inicialmente por treinta y tres caballeros seglares.
Argumenta que el término «caballeros», en su origen, tiene más que ver con el estatus social de sus fundadores que con el género de estos. Se aprecia también que la organización de la hermandad fue evolucionando en relación con el número y la condición de sus miembros, si bien no hasta el punto de adaptarse a la realidad social actual, perpetuando la exclusión de las mujeres en el ámbito de la hermandad.
(iii) Finalmente, considera que existe una posición de dominio de la asociación para el cumplimiento de sus fines que la propia sentencia recurrida define como una «posición excluyente en los ámbitos económico, profesional, social y cultural», si bien a la hora de aplicar al presente caso dicha doctrina se descarta, por considerar que tal actividad asociativa desempeñada por la hermandad no se enmarca en los ámbitos económico y profesional, negándose que pueda suponer un perjuicio, pero en sus fundamentos no vuelve a mencionar ni a tener en cuenta la innegable dimensión de prevalencia en el ámbito social y cultural, basada en que la hermandad ostenta la exclusividad del ejercicio del culto de la imagen del Santísimo Cristo de La Laguna.
Explica así que «la actividad asociativa está íntimamente ligada a la imagen del Santísimo Cristo, hasta el punto de que la sede de la Esclavitud radica en el oratorio o iglesia donde se venera la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo. La imposibilidad de la coexistencia se pone de manifiesto también si se atiende a la historia de la Esclavitud, que, según acabamos de ver, en el momento de su creación absorbió a la primitiva cofradía que se había constituido un siglo antes, a la llegada a la isla de la imagen del Santísimo Cristo. De ello cabe deducir que la Esclavitud ostenta una posición de dominio excluyente en su ámbito de actuación que limita las facultades de autoorganización que le corresponden a la asociación y que la decisión de no admitir a las mujeres carece de una base razonable, materia que entra dentro de las facultades de control por la autoridad judicial».
Y concluye que «se considera que la sentencia recurrida ha vulnerado los derechos fundamentales de la demandante de amparo, por apreciar que la decisión de no admitirla como miembro de la Esclavitud constituye un caso de discriminación directa por razón de sexo que no obedece a una base razonable, en atención a que la hermandad ostenta una posición de dominio excluyente en todos los actos dedicados al culto y devoción a la imagen del Santísimo Cristo de La Laguna y no se sustenta en criterios estrictamente religiosos».
10. Por providencia de 31 de octubre de 2024 se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 4 de noviembre de 2024.
1. Objeto del proceso y alegaciones de las partes.
a) La demandante de amparo reprocha a la sentencia de 23 de diciembre de 2021 dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, al haber anulado la sentencia de 22 de diciembre de 2020 dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la sentencia de 11 de marzo de 2020 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, ha vulnerado su derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) y su derecho de asociación (art. 22 CE). Las sentencias anuladas habían declarado el derecho de la recurrente a asociarse a la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna (la Esclavitud), estableciendo l