Categoría: Energía y Medio Ambiente

En el marco del Acuerdo de París de 2015, y con el objetivo de cumplir con sus compromisos de lucha contra el cambio climático, la Unión Europea se ha dotado de un marco jurídico para la transición energética hacia una economía neutra en carbono. En este contexto, de compromisos europeos e internacionales para la descarbonización de la economía, el Gobierno de España presentó en 2019 el Marco Estratégico de Energía y Clima, que incluye tres piezas fundamentales: la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, y la Estrategia de Transición Justa.
La Estrategia de Transición Justa propone optimizar los impactos positivos de la transición ecológica en la actividad y el empleo, así como minimizar sus consecuencias negativas. Aunque los impactos finales sean positivos, habrá territorios con consecuencias negativas a corto plazo. Para estos desafíos a corto plazo del proceso de descarbonización, la Estrategia de Transición Justa incorpora el Plan de Acción Urgente para comarcas del carbón y centrales en cierre 2019-2021, que busca responder al cierre de explotaciones mineras a 31 de diciembre de 2018, así como de centrales térmicas de carbón y nucleares con la finalidad de mantener el empleo y crear actividad económica en esos territorios. Para ello se prevé el acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de la población al territorio, así como la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico.
El Instituto para la Transición Justa, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Secretaría de Estado de Energía, es el organismo responsable de la elaboración e implementación de la Estrategia Española de Transición Justa. Como establece el Plan de Acción Urgente de dicha Estrategia de Transición Justa, debe abordar el mantenimiento y creación de actividad económica en las zonas afectadas por el cierre de minas de carbón, de centrales térmicas de carbón y de centrales nucleares sin planes de reconversión previos, en los que tendrán que desarrollarse Convenios de Transición Justa para un plan de acción territorial integral.
El cierre progresivo de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear debe permitir el otorgamiento de un recurso escaso, la capacidad de acceso, para el desarrollo de instalaciones de generación de procedencia renovable que priorice la recuperación económica y social de las zonas de transición justa que se ven afectadas por los cierres de las centrales, con especial atención al empleo, al desarrollo empresarial y a la lucha contra la despoblación.
Con objeto de favorecer la generación de actividad económica alternativa al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear, el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación, introdujo una disposición adicional vigésima segunda a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Esta disposición adicional habilita a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que, por orden ministerial y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, regule procedimientos y establezca requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte de energía eléctrica en los nudos de la red afectados por el cierre de centrales térmicas de carbón o termonucleares a nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables, distintos a los establecidos con carácter general para el resto de la red. Para la concesión de la referida capacidad, los procedimientos que se regulen deberán ponderar, además de los requisitos técnicos y económicos, la generación de beneficios sociales y ambientales.
Estos nudos a los que alude la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, denominados de transición justa, son los establecidos en el anexo del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
A su vez, esta orden forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del Componente 10 «Transición Justa» en la Política Palanca 3. «Transición energética justa e inclusiva» correspondiente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En concreto se incluye en la Reforma C10R1 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuyo objetivo es la reducción progresiva de la potencia instalada de carbón y su sustitución por energías limpias y que ésta se realice minimizando los impactos sociales y económicos a través de la puesta en marcha de Convenios para la Transición Justa en territorios afectados por el cierre de instalaciones mineras y centrales térmicas de carbón y nucleares.
La distinta situación de los nudos de transición justa en cuanto a su nivel de saturación, el potencial de recurso renovable o los permisos solicitados existentes, así como las características medioambientales y la situación económica y social de cada zona de transición justa precisan de ritmos y soluciones diferentes. Así, mediante Orden TED/1182/2021, de 2 de noviembre, se convocó el primer concurso público para la concesión de 1.202 MW de capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte de energía eléctrica de instalaciones de generación de procedencia renovable en el nudo de transición justa Mudéjar 400 kV, afectado por el cierre de la central térmica Teruel, que fue resuelto mediante Orden TED/1146/2022, de 21 de noviembre.
Por su parte, con la presente orden se persigue promover la instalación de nueva potencia renovable, así como mayor capacidad de almacenamiento que contribuya a la integración de aquella en el sistema eléctrico, optimizando su potencial con la generación de beneficios medioambientales y sociales para la zona de transición justa del Valle del Caudal, afectada por procesos de transformación y cierre de las instalaciones de residuos de carbón de la central térmica de La Pereda, en el concejo de Mieres, en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y delimitada conforme a la Estrategia para la Transición Justa, sobre criterios objetivos verificados y acordados en un marco concertado de actuación con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la Federación Española de Municipios y Provincias.
El proceso de transformación de la instalación asimila su situación a la del cierre de otras centrales térmicas de carbón, motivo por el que se otorgó al nudo en el que se conecta la central –el nudo la red de transporte La Pereda 220 kV, ubicado en la zona de transición justa del Valle del Caudal– la condición de Nudo de Transición Justa, mediante el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.
En virtud de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la presente orden regula un procedimiento en régimen de concurrencia competitiva, mediante concurso, y establece los requisitos, que habrán de regir la concesión de la capacidad de acceso de evacuación a la red de energía eléctrica en el nudo de transición justa La Pereda 220 kV y procede a su convocatoria.
Para la determinación de la capacidad de acceso disponible en el nudo de transición justa La Pereda 220 kV objeto de este concurso se ha solicitado informe a Red Eléctrica, como Operador del Sistema (REE-OS). Según este, la capacidad de acceso máxima individualizada para el referido nudo es de 74 MW, según se indica a continuación:
Para el cálculo de la capacidad disponible en este nudo,REE-OSha tenido en cuenta los criterios técnicos establecidos en la Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las especificaciones de detalle para la determinación de la capacidad de acceso de generación a la red de transporte y a las redes de distribución. Acordemente, la capacidad de acceso y conexión disponible en los nudos de transición justa no viene determinada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sino por los cálculos correspondientes deREE-OScon base a las especificaciones de detalle establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), concursándose la capacidad máxima disponible de acuerdo a estas.
Los permisos de acceso y conexión sobre la mencionada capacidad disponible serán otorgados posteriormente por el gestor de la red de transporte siguiendo el procedimiento general establecido en la normativa energética, con la particularidad de que deberá seguir el orden resultante de este procedimiento de concurrencia competitiva.
Adicionalmente, a efectos exclusivamente orientativos para la preparación de las solicitudes, se informa de que la capacidad de acceso para almacenamiento en modo consumo en el nudo La Pereda 220 kV comunicada por el Operador del Sistema es de 214 MW a fecha 13 de octubre de 2024. Esta capacidad ha sido calculada de acuerdo a los criterios que aplica actualmente el gestor de la red de transporte y refleja solo la capacidad disponible en la fecha mencionada, estando sujeta a posibles variaciones.
La presente orden aprueba las bases reguladoras del concurso de capacidad de acceso al nudo de transición justa La Pereda 220 kV, estableciendo los requisitos que deberán regir el mismo, y procede a su convocatoria, incorporando las bases como anexo.
El título I de las bases reguladoras establece el objeto, régimen jurídico y las reglas generales del concurso:
Se identifican los órganos competentes, correspondiendo a la Subdirección General de Estrategia y Planificación del Instituto para la Transición Justa, O.A., la instrucción del procedimiento. El órgano instructor, a la vista del informe emitido por un Comité de evaluación de carácter técnico, acordará la propuesta de resolución definitiva, que elevará a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que proceda a la resolución del concurso. Se regula, asimismo, el deber del Instituto para la Transición Justa, O.A. y del Comité de evaluación de velar durante todo el procedimiento por la salvaguarda de la libre competencia.
Asimismo, se establecen los principios y planteamientos generales del concurso, los requisitos que deberán reunir los sujetos interesados en participar, así como los de las instalaciones de generación de electricidad que se presenten. Sobre este último extremo, solo se admitirán proyectos que estén formados por módulos de generación de electricidad que utilicen fuentes de energía primaria renovable. Las instalaciones deberán estar ubicadas dentro de los términos de los municipios de la zona de transición justa del Valle del Caudal, permitiéndose que hasta un 20 % de la superficie ocupada por el conjunto de las instalaciones de generación de electricidad se ubique dentro de los términos de municipios limítrofes con éstos.
Para cumplir con los objetivos del concurso y limitar posibles riesgos empresariales, será responsabilidad de los promotores asegurarse de que tanto las instalaciones de generación de electricidad como las actuaciones de impacto socioeconómico asociadas presentadas tienen viabilidad técnica y ambiental.
El título II de las bases reguladoras lleva a cabo la ordenación y resolución del procedimiento. Se dispone que la tramitación electrónica será obligatoria en todas sus fases, debiéndose presentar la solicitud junto con su documentación complementaria.
El procedimiento de concesión de la capacidad de acceso disponible en el nudo La Pereda 220 kV se realizará en régimen de concurrencia competitiva. Tras la admisión de aquellas solicitudes que reúnan los requisitos de participación en el concurso, un Comité de carácter técnico evaluará la documentación técnica y económica con arreglo a los criterios de valoración establecidos en las bases. Asimismo, ordenará las solicitudes de mayor a menor puntuación obtenida, emitiendo un informe que recogerá la propuesta de capacidad de acceso asignada hasta agotar la capacidad total concursada, que remitirá al órgano instructor. Visto el informe del Comité de evaluación, el órgano instructor formulará propuesta de resolución provisional, que se notificará a todos los solicitantes. Una vez aportado el resguardo del depósito de la garantía definitiva por aquellos propuestos como adjudicatarios provisionales, el órgano instructor acordará la propuesta de resolución definitiva, que elevará a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que resuelva el concurso.
El título III de las bases regula las obligaciones de los adjudicatarios del concurso y el régimen de las garantías económicas que deberán depositar. Se establecen como obligaciones del adjudicatario o adjudicatarios del concurso, la presentación de la solicitud de los permisos de acceso y de conexión ante el gestor de la red en el plazo máximo de seis meses desde la notificación de tal condición; la puesta en servicio de las instalaciones de generación de electricidad en los mismos términos que los incluidos en la solicitud de participación en el concurso; el cumplimiento de los hitos administrativos en los plazos establecidos en el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio; el cumplimiento y justificación, ante el Instituto para la Transición Justa, O.A., de los compromisos de actuaciones de impacto socioeconómico y ambiental establecidos en la resolución del concurso en los términos y en los plazos preceptivos; o someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano encargado del seguimiento, entre otras.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de presentación en tiempo y forma de la solicitud de permisos de acceso y conexión y de llevar a cabo los compromisos de actuaciones de impacto socioeconómico y ambiental, la orden establece la obligación de aquellos propuestos como adjudicatarios de constituir, a disposición del Instituto para la Transición Justa, O.A., una garantía definitiva de 120 €/kW instalado, que en ningún caso sustituye la que se deba presentar posteriormente, una vez resuelto el concurso, para tramitar la solicitud de permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, y será, por lo tanto, independiente de ésta.
Se prevé, asimismo, el régimen de los incumplimientos de las obligaciones vinculadas a la condición de adjudicatario.
Por último, el título IV de las bases regula el régimen de las modificaciones de las instalaciones de generación de electricidad o de las actuaciones de impacto socioeconómico y ambiental y el régimen de infracciones de las instalaciones de generación de electricidad.
Esta orden ha sido elaborada teniendo en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia que conforman los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De este modo, cumple con el principio de necesidad, dado que pretende el mantenimiento del empleo y la creación de actividad económica en el territorio afectado por el cierre de la Central Térmica de La Pereda, en el concejo de Mieres, en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, contribuyendo, además, al cumplimiento de los objetivos de energía renovable y de reducción de emisiones en el marco de la Unión Europea.
Asimismo, cumple con el principio de eficacia, dado que, como se ha explicado, el modelo de concurso es el instrumento más adecuado para llevar a cabo el desarrollo más eficaz de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que fue añadida por el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre.
Se adecua, asimismo, al principio de proporcionalidad, dado que la norma contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios para la consecución de los fines previstos en la misma.
Por otra parte, se ajusta al principio de seguridad jurídica, al desarrollar y ser coherente con lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias que le sirven de fundamento.
También cumple esta orden con el principio de transparencia, al haberse evacuado, en su tramitación, los correspondientes trámites de información pública y audiencia, y al definir claramente sus objetivos, tanto en el preámbulo, como en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo que le acompaña.
Por último, es coherente con el principio de eficiencia, dado que no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.
Esta orden se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su virtud, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y habiendo sido informada previamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por Red Eléctrica de España, SA (REE-OS) y por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, así como contando con la aprobación previa de la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y en ejercicio de la competencia que le atribuye la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dispone:
1. El objeto de esta orden es aprobar las bases reguladoras en las que se definen los requisitos de participación y el procedimiento que ha de regir el concurso, en régimen de concurrencia competitiva, para la adjudicación de capacidad de acceso de evacuación a la red de energía eléctrica de instalaciones de generación de electricidad en el nudo de transición justa La Pereda 220 kV.
El otorgamiento de la capacidad de acceso se realizará por concurso, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios objetivos de valoración previstos en las bases, adjudicando la capacidad a aquellas que obtengan mayor puntuación en aplicación de los citados criterios.
2. Su finalidad es optimizar el potencial de la instalación de energías renovables con la generación de beneficios socioeconómicos para la zona de transición justa directamente afectada por el cierre de la Central Térmica de La Pereda, cuyos municipios figuran en el anexo I de las bases.
3. La instalación o instalaciones de generación de electricidad que resulten adjudicatarias en el presente concurso deberán solicitar posteriormente la concesión de los correspondientes permisos de acceso y conexión en los términos establecidos en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y en la Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica.
El gestor de la red de transporte deberá seguir el orden resultante de este procedimiento de concurrencia competitiva, no siendo de aplicación para el nudo La Pereda 220 kV el criterio de prelación temporal recogido en el apartado primero del artículo 7 y desarrollado en el capítulo III del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, así como tampoco el «Capítulo V. Concursos de capacidad de acceso» (artículos 18, 19 y 20) del mismo.
Se convoca concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia competitiva, de un máximo de 74 MW de capacidad de acceso de evacuación a la red de energía eléctrica de instalaciones de generación de electricidad, formadas por uno o varios módulos de generación de electricidad y/o de una o varias instalaciones de almacenamiento de energía que inyectan energía a la red, de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, en el nudo de transición justa La Pereda 220 kV, según la siguiente tabla:
1. El otorgamiento de la capacidad de acceso en el nudo de transición justa La Pereda 220 kV que no resulte adjudicada mediante este procedimiento, así como la nueva capacidad de acceso que pudiera aflorar tras la resolución del concurso, se realizará siguiendo el principio de prelación temporal, según el régimen establecido en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, sin perjuicio de las excepciones previstas en las bases.
Para la concesión de esta capacidad de acceso no adjudicada, el gestor de la red de transporte respetará la prelación temporal de las solicitudes de acceso y conexión al nudo de La Pereda 220 kV preexistente a la entrada en vigor de esta orden cuya tramitación se encontrara suspendida, pendiente del informe de aceptabilidad del operador del sistema para la efectiva implementación de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
2. El primer día hábil del mes siguiente al de la publicación en el BOE de la resolución del concurso que regula la presente orden para la concesión de capacidad de acceso de evacuación a la red de energía eléctrica de instalaciones de generación de electricidad en el nudo de transición justa La Pereda 220 kV, el Operador del Sistema publicará la capacidad de acceso que no resulte adjudicada en el concurso, y será el momento a partir del cual puedan realizarse solicitudes de acceso y conexión según el artículo 7 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre. En todo caso, para el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión para dicha capacidad, el gestor de la red de transporte deberá respetar el orden preexistente a la entrada en vigor de esta orden de las solicitudes de acceso y conexión al nudo La Pereda 220 kV cuya tramitación se encontrara suspendida.
Esta orden se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 19 de diciembre de 2024.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Pérez Delgado.
1. Las presentes bases reguladoras tienen por objeto el establecimiento del marco regulador del procedimiento que ha de regir para la adjudicación de 74 MW de capacidad de acceso para evacuar energía eléctrica en el nudo de transición justa La Pereda 220 kV afectado por el cierre de la Central Térmica de La Pereda, en el concejo de Mieres, en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el marco de los compromisos de descarbonización adoptados en el seno de la Unión Europea.
Se regula un procedimiento en régimen de concurrencia competitiva, mediante concurso, para determinar el orden de prelación en dicho nudo, para el otorgamiento de la capacidad de acceso a la red de energía eléctrica a las instalaciones de generación de electricidad, que deberán solicitar posteriormente los permisos de acceso y conexión de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
2. Como resultado del concurso, el bien asignado para cada una de las instalaciones de generación de electricidad adjudicatarias será la capacidad de acceso para evacuar energía eléctrica en el nudo La Pereda 220 kV, expresada en megavatios (MW).
La capacidad objeto de este concurso, de acuerdo a informe del Operador del Sistema, es la siguiente:
3. La finalidad del concurso es optimizar el potencial de la instalación de energías renovables con la generación de beneficios socioeconómicos para la zona de transición justa del Valle del Caudal, conformada por los municipios relacionados en el anexo I de estas bases, directamente afectada por el cierre de la central térmica de La Pereda, vinculada al nudo de transición justa La Pereda 220 kV.
1. El régimen jurídico aplicable al procedimiento de concesión de la capacidad de acceso a la red de transporte establecido en esta orden, además de por lo previsto en la misma, está constituido por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa reglamentaria de desarrollo. En particular, por la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, añadida por el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación; el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica; el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, no siendo de aplicación para este nudo su artículo 7 ni su capítulo V (artículos 18, 19 y 20) y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en todo lo no previsto en este último, en relación con el procedimiento, será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y demás normas que resulten de aplicación.
1. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento será la Subdirección General de Estrategia y Planificación del Instituto para la Transición Justa, O.A, de conformidad con el artículo 11.1.b) de sus Estatutos, aprobados por el Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo.
2. El concurso se resolverá mediante resolución de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
3. El órgano encargado del seguimiento del cumplimiento de los compromisos que determinen la adjudicación del concurso, así como de las obligaciones de los adjudicatarios, será la Gerencia del Instituto para la Transición Justa, O.A.
4. Los permisos de acceso y conexión al nudo La Pereda 220 kV se otorgarán, respectivamente, por el gestor y el titular de la red de transporte, respetando el orden resultante del procedimiento de concurrencia competitiva regulado en esta orden.
1. A los efectos de llevar a cabo la valoración de las solicitudes, se constituirá un Comité de evaluación de carácter técnico.
2. El Comité de evaluación estará formado por:
a) Presidente: La persona titular de la Dirección del Instituto para la Transición Justa, O.A., que tendrá voto de calidad.
b) Vocales:
1.º La persona titular de la Subdirección General de Estrategia y Planificación del Instituto para la Transición Justa, O.A.
2.º Un funcionario, con rango mínimo de Jefe de Área o equivalente, en representación de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
3.º Un funcionario, con rango mínimo de Jefe de Área o equivalente, en representación de la Subdirección General de Energía Eléctrica.
4.º Un vocal con rango de Subdirector en representación de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
5.º Un funcionario en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias.
c) El Secretario, con voz, pero sin voto, será la persona titular de la Gerencia del Instituto para la Transición Justa, O.A.
3. El régimen jurídico del Comité de evaluación, incluido el régimen de sustitución del Presidente y del Secretario del mismo, será el establecido en la sección tercera del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
4. El Instituto para la Transición Justa, O.A., adoptará las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que pudieran surgir en el procedimiento de valoración de las solicitudes y en el de verificación posterior del cumplimiento de las obligaciones vinculadas al concurso. Para ello, se requerirá a cada una de las personas que conforman el Comité de evaluación una declaración responsable de que no tienen directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el desarrollo del procedimiento.
1. En el procedimiento de adjudicación quedará excluido cualquier tipo de acuerdo, práctica restrictiva o abusiva que produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en los términos previstos en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
2. El Instituto para la Transición Justa, O.A., y el Comité de evaluación del concurso velarán durante todo el procedimiento por la salvaguarda de la libre competencia. Así, notificarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cualquier hecho que se conozca en el ejercicio de sus funciones que pueda constituir una infracción de la legislación de la defensa de la competencia. En particular, comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los solicitantes que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública, el Instituto para la Transición Justa, O.A., no divulgará la información facilitada por los solicitantes que estos hayan designado como confidencial. Dicha información incluye, en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos confidenciales de las solicitudes y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este concurso o en otros posteriores.
Una vez resuelto el concurso no se considerará confidencial, aunque así haya sido designada por los solicitantes, la información tenida en cuenta y utilizada en la valoración y puntuación de las solicitudes.
1. El presente concurso se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, proporcionalidad, objetividad, concurrencia competitiva, no discriminación e igualdad de trato, y ponderará, además de criterios técnicos, los beneficios medioambientales y sociales para los municipios incluidos en el anexo I de estas bases, de conformidad con la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
2. Para participar en el concurso, deberán presentarse y serán objeto de valoración, además de las instalaciones de generación de electricidad, actuaciones de impacto socioeconómico y ambiental adicionales, relacionadas con el desarrollo empresarial, el sector industrial, agrícola o de servicios, la conservación del medioambiente o la cultura, entre otras, que contribuyan a mitigar el impacto del cierre de la central térmica de La Pereda en la población y los municipios de la zona de transición justa que se relacionan en el anexo I.
No se valorarán los impactos sociales o medioambientales generados por los trabajos de desmantelamiento de la central, obteniéndose una puntuación de cero puntos en la valoración del criterio relativo a las actuaciones de impacto socioeconómico.
3. No se tendrán en cuenta en la valoración aquellas actuaciones de impacto socioeconómico y ambiental cuyos trabajos ya se hubieran iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud en el concurso, en respeto del principio de «efecto incentivador» contemplado en el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. A estos efectos, se entenderá como «inicio de los trabajos» el inicio de los trabajos efectivos de construcción, el primer compromiso en firme para el pedido de equipos o cualquier otro compromiso que haga la inversión y/o actividad irreversible. Se exceptúan de lo anterior la compra de terrenos y los trabajos preparatorios, tales como las negociaciones previas, los tratos preliminares, los preacuerdos, memorandos de entendimiento, declaraciones de intenciones, la búsqueda de inversores locales para los proyectos, la realización de estudios de viabilidad económica o medioambiental, la obtención de permisos, etc.
4. Serán de aplicación al presente concurso los siguientes criterios de valoración, desarrollados en el anexo II:
a) Criterios asociados a la tecnología de generación.
b) Criterios de impacto socioeconómico para la zona de transición justa del Valle del Caudal.
c) Criterios relativos a la madurez de las instalaciones de generación de electricidad.
d) Criterios relativos a la minimización del impacto medioambiental.
1. Para asegurar el desarrollo efectivo de las instalaciones de generación de electricidad y la plena disposición de los medios requeridos para su ejecución, podrán participar en el concurso aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Capacidad legal: tener personalidad física o jurídica propia, quedando excluidas las uniones temporales de empresas.
b) Capacidad técnica: para acreditar la capacidad técnica, cumplir alguna de las siguientes condiciones:
1.ª Haber ejercido la actividad de producción de energía eléctrica durante, al menos, los últimos tres años.
2.ª Contar entre sus accionistas con, al menos, un socio que participe en el capital social con un porcentaje igual o superior al 25 por 100 y que pueda acreditar su experiencia durante los últimos tres años en la actividad de producción de energía eléctrica.
3.ª Tener suscrito un contrato de asistencia técnica por un período de tres años con una empresa que acredite experiencia en la actividad de producción de energía eléctrica.
2. No podrán participar en el concurso aquellas personas en quienes concurra alguna de las siguientes causas:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de las personas trabajadoras, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.
Esta prohibición alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.
b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto; o por las infracciones muy graves previstas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción; o por infracción grave o muy grave en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, los términos previstos en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más personas empleadas, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de su personal empleado sean personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más personas empleadas, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el apartado 3 del anexo III o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad legal y técnica.
1. Las instalaciones de generación de electricidad que se presenten al concurso podrán estar formadas por uno o varios módulos de generación de electricidad y/o de una o varias instalaciones de almacenamiento de energía que inyectan energía a la red, de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.
2. En todo caso, los módulos de generación de electricidad deberán utilizar fuentes de energía primaria renovable y pertenecer a la categoría b) definida en el artículo 2.1 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
3. En el caso de que las instalaciones de generación de electricidad incorporen o consistan en instalaciones de almacenamiento, y en ausencia de normativa específica que defina las capacidades técnicas que deben cumplir las instalaciones de almacenamiento, estas deberán cumplir con los requisitos técnicos aplicables a los módulos de generación de electricidad, tanto en su modo de funcionamiento de inyección de energía como de absorción de energía.
Para ello se tendrá en cuenta lo establecido en el título I y II del Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red, y en el Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas y la Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.
El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante declaración responsable, incluida en el modelo del anexo III.
4. Las instalaciones de generación de electricidad deberán estar ubicadas en los términos de los municipios de la zona de transición justa del Valle del Caudal, permitiéndose que hasta un 20 % de la superficie ocupada por el conjunto de las instalaciones de generación de electricidad se ubique en municipios limítrofes con éstos de Asturias. Se relacionan, en el anexo I, los municipios de la zona de transición justa del Valle del Caudal.
La superficie ocupada por las instalaciones de generación de electricidad se delimitará por la línea poligonal que circunscribe a la instalación. A efectos del cumplimiento de este requisito, con independencia de lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, no serán consideradas las líneas de evacuación.
5. Se podrán incluir instalaciones híbridas en los términos establecidos en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.
1. La tramitación electrónica será obligatoria en todas sus fases, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos serán presentadas a través de los procedimientos electrónicos habilitados en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. (https://sede.transicionjusta.gob.es). Alternativamente, podrán presentarse a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, o a través de alguno de los previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las notificaciones se realizarán a través de la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A., en los términos recogidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 42 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos aprobado mediante el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
3. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos a cumplimentar deberán ser obligatoriamente utilizados cuando proceda según lo dispuesto en estas bases y estarán disponibles en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A.
4. En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse firmadas electrónicamente por el declarante.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes es de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor de esta orden.
2. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su inadmisión.
3. La solicitud, que deberá estar firmada por un representante legal del solicitante, se presentará al Instituto para la Transición Justa, O.A., y estará disponible para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. (https://sede.transicionjusta.gob.es).
4. Cada solicitud se acompañará de la documentación administrativa y documentación técnica y económica, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en las bases 11 y 12, respectivamente.
5. Para la presentación de la documentación administrativa, los solicitantes deberán adjuntar en la mencionada sede electrónica los documentos que se indican en la base 11 en formato.ZIP.
Opcionalmente, esta documentación se podrá remitir mediante enlaces de descarga. Dichos enlaces se incluirán en un documento de texto con el siguiente contenido de carácter obligatorio para cada enlace, no procediéndose a la descarga de ningún archivo si no constara en el referido documento la información que se detalla a continuación:
a) Dirección URL completa del enlace directo de descarga desde una página segura de intercambio de archivos o una página propia del solicitante, que permita la descarga directa de un único archivo en formato.ZIP denominado «Documentación administrativa.zip».
b) Contraseña para descomprimir el archivo, en el caso de que se haya utilizado una contraseña para comprimirlo.
c) Tamaño del archivo.
d) Resumen digitalhashdel archivo, tipo MD5 o SHA-256.
Para la presentación de la documentación técnica y económica, los solicitantes deberán adjuntar en la mencionada sede electrónica los documentos que se indican en la base 12 en formato.ZIP.
Opcionalmente, esta documentación se podrá remitir mediante enlaces de descarga. Dichos enlaces se incluirán en documento de texto con el siguiente contenido de carácter obligatorio para cada enlace, no procediéndose a la descarga de ningún archivo si no constara en el referido documento la información que se detalla a continuación:
a) Dirección URL completa del enlace directo de descarga desde una página segura de intercambio de archivos o una página propia del solicitante, que permita la descarga directa de un único archivo en formato.ZIP denominado «Documentación técnica y económica.zip».
b) Contraseña para descomprimir el archivo, en el caso de que se haya utilizado una contraseña para comprimirlo.
c) Tamaño del archivo.
d) Resumen digitalhashdel archivo, tipo MD5 o SHA-256.
6. Una misma persona podrá presentar al concurso tantas solicitudes de participación como considere, si bien no podrá incluirse en diferentes solicitudes la misma instalación de generación de electricidad. En caso contrario, solo se admitirá la última solicitud que se haya presentado.
7. Las actuaciones de impacto socioeconómico y ambiental que figuren repetidas en distintas solicitudes presentadas por el mismo o distintos solicitantes no se tendrán en cuenta para su valoración en ninguna de ellas cuando sean excluyentes entre sí.
8. La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las bases reguladoras.
9. La presentación de la solicitud conlleva la autorización del solicitante para que el órgano instructor obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
La documentación administrativa que deberá acompañarse con la solicitud será la siguiente:
a) Documentos que acrediten la personalidad y la capacidad legal del solicitante.
b) Documentos que acrediten la representación.
c) Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de capacidad técnica establecidos en la base 7.1 letra b).
d) Declaración responsable del anexo III.
e) Las empresas extranjeras deberán incluir, además, una declaración por la cual se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, se deriven de la aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
La documentación técnica y económica contendrá el formulario normalizado del anexo IV, junto con la documentación obligatoria y complementaria que se considere necesaria. En el formulario del anexo IV, el solicitante deberá hacer referencia a los siguientes extremos, que habrán de respetar las condiciones establecidas en el anexo II:
1. Información básica de las instalaciones de generación que se presentan al concurso que incluirá, en todo caso:
a) Nombre de la/s instalación/es.
b) Capacidad de acceso por la que concursa, indicando si es para MPE o MGES.
c) Declaración sobre si aceptaría ser adjudicatario del concurso por una capacidad menor a la incluida en la letra anterior. En caso de aceptación, se incluirá la capacidad de acceso mínima por la que aceptaría ser adjudicatario, con indicación de si sería capacidad para MGES o MPE.
d) Tecnología de la instalación de generación de electricidad. En el caso de hibridación, identificación de las distintas tecnologías de cada uno de los módulos de generación de electricidad o almacenamiento que integran la instalación.
e) Potencia instalada de los módulos de generación de electricidad que se proponen. En caso de hibridación se hará constar la potencia instalada de cada uno de los módulos de generación de electricidad que integran la instalación.
f) Tecnología y capacidad máxima de almacenamiento.
g) En el caso de instalaciones de generación de electricidad asociadas a una modalidad de autoconsumo con excedentes, potencia estimada destinada al consumo o consumos asociados.
h) Coordenadas de la poligonal que defina la superficie total (suelo y vuelo, en su caso) que circunscribe la instalación de generación de electricidad, esto es, definir una envolvente exterior que incluya todos los elementos que la componen (s