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de noviembre, FJ 17 a), y 33/2018, de 12 de abril, FJ 12].
La solicitud de adopción de dichas medidas y el acuerdo del Senado que las autorizó fueron sometidas a control de este tribunal en sendos recursos de inconstitucionalidad, que dieron lugar a las SSTC 89/2019 y 90/2019, de 2 de julio, que ratificaron su conformidad a la Constitución. Este tribunal apreció entonces (STC 89/2019, FJ 6) que las actuaciones autonómicas referidas al denominado «proceso de transición nacional» incurrieron en los supuestos genéricamente enunciados en el art. 155.1 CE. Sus hitos más inmediatos fueron fijados por el Gobierno en la aprobación de las leyes 19/2017 y 20/2017, de 6 y 8 de septiembre, intituladas, respectivamente, «del referéndum de autodeterminación» y «de transitoriedad jurídica y fundacional de la República», y en el impulso que el Gobierno de la Generalitat había dado al pretendido referéndum, respaldando plenamente su desarrollo material el 1 de octubre de 2017.
Resulta oportuno destacar ahora que, al valorar la concurrencia del presupuesto habilitante recogido en el art. 155 CE, apreciamos que se contravino, por un lado, el mandato del art. 9.1 CE, de acuerdo con el cual todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y deben adecuar su actuación a sus determinaciones, cuestionando la fuerza de obligar de la Constitución y del ordenamiento jurídico fundado en ella. Concluimos entonces señalando que «se pretendía así la ruptura del orden constitucional, ignorando que una comunidad autónoma no es un ente soberano, sino que, por el contrario, está sometido a la Constitución, al estatuto de autonomía y al resto del ordenamiento jurídico».
Al ratificar las medidas adoptadas, señalamos en la STC 89/2019 como «ante la evidencia de un gobierno que ha provocado una grave crisis constitucional, con la proclamación de una "república catalana" (ficticia en derecho, pero afirmada y propugnadade facto) mediante la que se pretendía quebrar la unidad de la Nación española constituida en Estado social y democrático de Derecho (arts. 1.1 y 2, y 2 CE), no pueden tacharse de excesivas las medidas autorizadas por el Senado para el cese y sustitución de quienes, si bien ostentaban aún los títulos respectivos de presidente y vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y de miembros de su consejo de gobierno, actuaban como un mero poder de hecho» (STC 89/2019, de 2 de julio, FJ 12).
Para el Tribunal con las medidas entonces adoptadas el Senado hubo de «salir al paso, en defensa de la Constitución y del estatuto de autonomía, de la arbitrariedad desplegada, con desprecio de toda norma que no sirviera a su propósito, por el gobierno autonómico, socavando su propio fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 EAC), sustrayéndose de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Así el cese del Govern «se acordó para restaurar el orden constitucional así comprometido. En concreto, para que los titulares de estos cargos públicos no prosiguieran en la perpetración de actuaciones de ese género, sirviéndose para ello, como propias, de las instituciones de todos los ciudadanos de Cataluña, ni consumaran su propósito último de quebrar el Estado».
En definitiva, cabe concluir que el intento de quebrar la unidad de la Nación española constituida en Estado social y democrático de Derecho (arts. 1.1 y 2, y 2 CE), adquiere mayor gravedad porque se produce en un modelo de articulación del poder como el reconocido por nuestra Constitución, que, como hemos recordado desde la STC 42/2014, de 25 de marzo, ha supuesto el reconocimiento, también de Cataluña, como sujeto jurídico, en tanto que nacionalidad histórica. A través del reconocimiento de la autonomía es como se promueve en nuestro ordenamiento la conciliación de la unidad y la diversidad.
Como hemos recordado en nuestra jurisprudencia, la Constitución no constituye un texto jurídico intangible e inmutable. La previsión de la reforma constitucional reconoce y encauza la aspiración, plenamente legítima en el marco constitucional, dirigida a conseguir que el poder constituyente constitucionalizado en los arts. 167 y 168 CE revise y modifique la norma fundamental. Así, todas y cada una de las determinaciones constitucionales son susceptibles de modificación, pero para ello es preciso que «el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a estos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable» (STC 138/2015, de 11 de junio, FJ 4, y jurisprudencia allí citada). Y tal y como hemos tenido ocasión de recordar, la apertura de la norma fundamental para su revisión formal es plena, y la pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del Estado, las asambleas de las comunidades autónomas (arts. 87.2 y 166 CE; STC 42/2014, FFJJ 3 y 4).
4. La invocación del derecho a la libertad (arts. 14 CE y 5 CEDH) en relación con el derecho a la legalidad (arts. 25.1 CE y 7 CEDH), el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art.14 CE), el derecho de defensa (arts. 24 CE y 6 CEDH) y el derecho a la presunción de inocencia (arts.24.2 CE y 6.2 CEDH): prisión provisional.
4.1 Posiciones de las partes.
La recurrente alega que, tras ser inicialmente constituida en prisión provisional, en virtud de lo acordado por auto de 2 de noviembre de 2017, dictado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3, dicha resolución fue revocada por auto de fecha 4 de diciembre de 2017, del magistrado instructor designado por la Sala del Tribunal Supremo. Así pues, permaneció en libertad hasta que por auto de fecha 23 de marzo de 2018 se acordó su procesamiento y, nuevamente, su ingreso en prisión. En relación con esta segunda pérdida de libertad, la demandante refiere que la medida se justificó por el hecho de haber sido procesada por delitos graves, cuya penalidad podría alcanzar los treinta años de prisión. Frente a esa argumentación, opone que durante el tiempo que permaneció en libertad no se produjo ningún acontecimiento que justificara la adopción de esa medida, toda vez que compareció ante el órgano judicial cuantas veces fue llamada y su comportamiento personal y las circunstancias determinantes del arraigo en absoluto propiciaban riesgo de fuga.
Señala también que su procesamiento no añadió ningún otro «título imputativo que no pesara ya sobre ella desde la admisión de la querella», pues estaba siendo investigada por los mismos delitos por los que, a la postre, resultó procesada. Por otro lado, sostiene que la alta penalidad atribuida al delito de rebelión por el que fue procesada no justifica, por sí sola, la adopción de esa medida cautelar, pues para valorar el riesgo de fuga también deben ponderarse otros factores, tales como el arraigo social, la concurrencia a los llamamientos judiciales o la existencia de intentos de fuga. Niega que la existencia de una supuesta estructura internacional que pudiera haber favorecido su fuga resultase ser un factor que justificara la pérdida de libertad de que fue objeto; antes al contrario, esa circunstancia debió jugar a su favor pues, de haber existido realmente esa «estructura internacional», es notorio que la demandante no se sirvió de ella para alcanzar una huida exitosa. Por otro lado, apunta que el comportamiento de terceras personas tampoco justifica el ingreso en prisión de que fue objeto, pues ello equivale a establecer una «suerte de atribución de responsabilidad por el hecho ajeno», que es contraria al principio de responsabilidad personal por los hechos propios, que constituye un pilar de nuestro sistema de garantías penales. También apunta que en fecha 26 de abril de 2019, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió informe en el que interesó que se adoptase, entre otras medidas, su inmediata puesta en libertad. Por otro lado, la recurrente colige que la prisión provisional de que fue objeto resultó contraria al art. 17 CE y a los preceptos de la Ley de enjuiciamiento criminal que regulan la prisión provisional, interpretados a la luz de la doctrina constitucional. Y también vulnera el principio de legalidad (arts. 25.1 CE y 7 CEDH), pues, como se afirma en la STC 128/1995, de 26 de julio, la prisión provisional «constituye una medida cautelar sometida al principio de legalidad, excepcional, subsidiaria y proporcionada al logro de fines constitucionalmente legítimos».
También se queja de la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley de que fue objeto, habida cuenta de que, mientras ella fue constituida en prisión provisional pese a no haber intentado eludir la acción de la justicia, el magistrado instructor renunció a la persecución de «quienes estarían incumpliendo, cuando la denegación de un Estado miembro de la UE a ejecutar una ODE [orden de detención europea] no obliga a tal renuncia […] pues otros Estados miembros aún podrían ejecutarla».
Sostiene, a su vez, que la prisión no era la única medida que podría haberse adoptado para garantizar su presencia en juicio, pues existen medidas electrónicas de control y monitorización que bien podrían haberse aplicado al caso, en vez de una medida tan gravosa que le impidió el pleno ejercicio de su derecho de defensa (art. 24.2 CE), dadas las limitaciones de acceso a las actuaciones, de conexión a Internet y de comunicación con su letrado y otros procesados que la permanencia en el centro penitenciario le impuso. Finalmente, remarca que la indebida aplicación de la prisión provisional no solo vulneró sus derechos a la libertad personal y a la igualdad, sino también el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), toda vez que, al no cumplirse los requisitos que la ley establece para la privación de libertad, ello supuso,de facto,un cumplimiento anticipado de la pena.
Para la abogacía del Estado el motivo debe ser inadmitido, puesto que la recurrente reitera la queja que en su día formuló contra el auto de 23 de marzo de 2018 que acordó su prisión provisional, la cual fue desestimada por la STC 50/2019, de 9 de abril.
Por su parte, el fiscal sostiene que la recurrente plantea nuevamente la impugnación del auto de 17 de mayo de 2018, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el ya aludido auto de 23 de marzo anterior, dictado por el magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017, que acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza de la recurrente. Dicha resolución fue impugnada ante este tribunal, lo que dio lugar a la incoación del recurso de amparo 3706-2018, en el que recayó la STC 50/2019, de 9 de abril, que desestimó el referido recurso. Afirma, por tanto, que el motivo que se replantea ahora puede considerarse ya resuelto, en sus términos sustantivos, por la STC 50/2019, en la cual se consideró que la prisión provisional adoptada estaba justificada, atendiendo a los fines de dicha medida cautelar, por lo que descartó la vulneración del derecho a la libertad (art. 17 CE).
Para el fiscal, la referencia al comportamiento elusivo de un tercero –sustrayéndose a la justicia– no comporta atribuir a la demandante responsabilidades por el hecho ajeno, pues ese dato sirve para reforzar un pronóstico: el juicio analítico del órgano judicial, contemplando la huida de varios investigados apoyados por una estructura organizativa permanente. Por otra parte, indica que se valoraron también las circunstancias familiares y personales de la demandante, destacándose la facilidad para cambiar de domicilio familiar al contar con una estructura internacional de apoyo, y que también se ponderaron las medidas alternativas menos gravosas, descartando su aplicación en el momento que se adoptaba la media cautelar impugnada, dado el estado de consolidación de indicios y la mayor proximidad del enjuiciamiento.
Por último, entiende el fiscal que tampoco desde la perspectiva del principio de igualdad (art. 14 CE) se puede admitir la vulneración alegada, por cuanto la recurrente no aporta un término valido de comparación, más allá de genéricas alusiones a otros encausados, cuya situación y circunstancias no convierten su situación procesal y las decisiones que se adoptan respecto de ellos en término de comparación válido para apreciar la vulneración que se alega.
4.2 Respuesta del órgano judicial.
En el escrito de demanda no se refleja que se haya dirigido al tribunal sentenciador pretensión alguna que guarde relación con la queja anteriormente compendiada, por lo que, en consecuencia, en las resoluciones impugnadas en el presente recurso no consta pronunciamiento del referido tribunal al respecto.
4.3 Resolución de la queja.
Como anteriormente se ha puesto de relieve, en la demanda de amparo no indica que la queja que ahora nos concierne resolver se haya suscitado ante el tribunal de enjuiciamiento, ni que en las resoluciones combatidas en el presente recurso se haya dado respuesta alguna por el citado tribunal. Por tanto, debe entenderse que la resolución a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales es la que revocó la libertad provisional de la recurrente, al acordar su prisión provisional; esto es, el auto de 23 de marzo de 2018 que, ulteriormente, fue confirmado por el auto de 18 de mayo de 2018, el cual desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la resolución primera citada. Resulta de interés traer a colación este dato, habida cuenta de que, como así consta en el encabezamiento de esta resolución, mediante el presente recurso de amparo se impugna la sentencia núm. 459/2019, de 14 de octubre, en cuya virtud la recurrente resultó condenada a sendas penas de prisión e inhabilitación absoluta, de una duración de doce años; y el auto de fecha 29 de enero de 2020, que desestimó los incidentes de nulidad entablados contra la sentencia citada. Sentado lo anterior, es notorio que la queja que se esgrime no es acreedora de una respuesta de fondo, por las razones que a continuación se indican:
a) Conforme a lo anteriormente expuesto, debemos apreciar que el objeto del presente recurso de amparo es ajeno a las resoluciones que acordaron y confirmaron la prisión provisional de la recurrente. Es más, la firmeza de la sentencia de fecha 14 de octubre de 2019 puso fin, precisamente, a la situación de privación preventiva de libertad en la que hasta entonces aquella se hallaba.
b) Pero al margen de la razón antes indicada, sobresale un motivo cuya contundencia resulta inobjetable y que ha sido oportunamente advertido por la abogacía del Estado y el fiscal: que la constitucionalidad de la prisión provisional de la demandante adoptada al acordar su procesamiento fue reconocida por la STC 50/2019, de 9 de abril, que puso fin al recurso de amparo núm. 3706-2018, promovido contra los autos de 23 de marzo y 17 de mayo de 2018. En el indicado recurso, la recurrente alegó la vulneración del derecho a libertad personal (art. 17.1 CE), por razones sustancialmente coincidentes con las que ahora esgrime: «a) no se ha valorado suficientemente que haya comparecido de forma voluntaria a todos los llamamientos efectuados y que hasta ese momento haya respetado las cautelas que le fueron impuestas en el auto de 4 de diciembre de 2017; b) se ha valorado en su perjuicio el comportamiento de otra procesada, lo que supone una indebida atribución de responsabilidad por hecho ajeno; c) no se han tenido en cuenta sus circunstancias de arraigo y d) no se ha ponderado la suficiencia de medios alternativos menos gravosos que pueden servir para garantizar el fin perseguido a través de la privación cautelar de libertad» (FJ 5). Y este tribunal entonces rechazó que se hubiera producido esa lesión, al concluir:
«[D]esde nuestro parámetro externo de control, de la suficiencia de la fundamentación del presupuesto de la medida de prisión y del riesgo de sustracción de la acción de la justicia determina, ya de por sí, la regularidad de las resoluciones impugnadas desde el punto de vista del art. 17 CE (en relación con el art. 24.1 CE), pues podemos concluir ya que la decisión cautelar adoptada ha tenido un presupuesto adecuado y ha respondido a una finalidad constitucionalmente legítima. Esto hace innecesario entrar a valorar la presencia adicional de la finalidad de prevención de comportamientos criminales futuros, igualmente apreciada por los órganos judiciales actuantes. Y ello porque, a diferencia de los supuestos resueltos en las SSTC 29/2019 y 30/2019, de 28 de febrero, no se plantea en este proceso de amparo la falta de correlación entre los fines de la medida cautelar aludidos en la petición de prisión realizada por las acusaciones y los fines apreciados por el órgano judicial, circunstancia que hacía aconsejable en las resoluciones citadas una valoración íntegra de todos los motivos tenidos en cuenta para adoptar la medida cautelar» (FJ 6).
Así pues, hemos de convenir que la constitucionalidad de la prisión provisional de que fue objeto la recurrente ya fue resuelta por este tribunal.
Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, a mayor abundamiento debemos descartar las vulneraciones del derecho a la legalidad penal en materia sancionadora (art. 25.1 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la igualdad (art.14 CE) que en el presente recurso se invocan. Conforme a nuestra doctrina, la prisión provisional no lesiona el derecho a la legalidad en materia penal porque esa medida no es una resolución de carácter punitivo y, como sostuvimos en la STC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 8, «la denuncia de vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), al dirigirse contra resoluciones que no aplican normas sancionadoras, debe rechazarse de plano al no poder imputarse dicha vulneración, de modo inmediato y directo, a los actos judiciales impugnados, como exige nuestra Ley Orgánica reguladora [art. 44.1, primer párrafo, y art. 44.1 b) LOTC]. Cuestión diferente es la relativa al control constitucional de la operación de subsunción provisional de los indicios en un tipo delictivo, como presupuesto de la prisión provisional, control que debe encuadrarse también en el seno del derecho fundamental reconocido en el art. 17 CE».
Tampoco se conculca el derecho a la presunción de inocencia, porque este derecho «no puede resultar vulnerado por unas resoluciones judiciales que se limitan a imponer una medida cautelar en el seno de un proceso penal en el que el demandante de amparo no había sido aún juzgado, ni se había producido ninguna declaración de culpabilidad, por lo que falta el presupuesto para considerar conculcado el referido derecho (SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 2; 127/1998, de 15 de junio, FJ 4, y 179/2005, de 4 de julio, FJ 2). Y si lo que se cuestiona con la invocación de este derecho fundamental es la existencia del presupuesto habilitante de la medida adoptada –la existencia de indicios racionales de criminalidad–, la queja ha de reconducirse a las relativas al derecho a la libertad» (STC 3/2020, de 15 de enero, FJ 5).
Por otro lado, cumple indicar que la demandante interesó en varias ocasiones el cese de la medida cautelar al órgano enjuiciador, que resolvió sobre esa pretensión en los autos de 26 de julio de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:8683A); de 28 de septiembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:14201A); de 14 de enero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:34A); de 25 de enero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:511A) y de 21 junio de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:7009A), en los cuales rechazó dejar sin efecto la medida de prisión provisional.
Como pusimos de relieve en la STC 184/2021, FJ 10.3 «[c]onforme a una incontrovertida doctrina de este tribunal, la situación de prisión preventiva no constituye una situación jurídica intangible o consolidada, pues de conformidad con lo previsto en el art. 539 LECrim, "los autos de prisión y libertad provisionales serán reformables durante todo el curso de la causa". Dicho precepto faculta, indiscutiblemente, a los órganos judiciales a modificar una situación anterior (de prisión o de libertad) "cuantas veces sea procedente" y a modificar la cuantía de la fianza "en lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio". Como recordábamos en la STC 66/1997, de 7 de abril, FJ 1, la incidencia del paso del tiempo en el sustento de la medida de prisión provisional "obliga a posibilitar en todo momento el replanteamiento procesal de la situación personal del imputado y, por así expresarlo, a relativizar o circunscribir el efecto de firmeza de las resoluciones judiciales al respecto con la integración del factor tiempo en el objeto del incidente".
La particular característica de que los autos referidos a la situación personal del imputado no alcancen en ningún caso la eficacia de cosa juzgada (ATC 668/1986, de 30 de julio, FJ 1) conlleva que las partes puedan reiterar sus peticiones en esta materia –por más que hubieran sido ya total o parcialmente denegadas– obligando al juzgador a realizar una nueva reflexión sobre la cuestión ya decidida. Esta facultad de las partes de reiterar su pretensión –aun después de haber agotado los posibles recursos– no está supeditada por la ley al advenimiento de nuevos hechos en el curso del proceso, ni aun siquiera a la aportación de nuevos elementos de juicio o argumentaciones distintas de las que ya hubieran sido expuestas con anterioridad» (STC 66/2008, de 29 de mayo, FJ 3).
De acuerdo con los anteriores postulados, cada nueva resolución denegatoria del órgano judicial, en respuesta a solicitudes de cese de la prisión provisional, es susceptible de ser recurrida en esta sede, tras el preceptivo agotamiento de la vía judicial, a través del recurso de amparo. Por tanto, si la recurrente afirma que las desestimaciones acordadas sobre ese particular por el tribunal enjuiciador fueron lesivas del derecho a la libertad reconocido en el art. 17 CE y, por ende, restringieron indebidamente el derecho de defensa y las garantías de un proceso equitativo por las razones ya expuestas, debería haberse decantado entonces por interponer recurso de amparo contra las indicadas decisiones del tribunal sentenciador, a fin de intentar reparar en esta sede constitucional esas vulneraciones, con escrupuloso respeto al principio de subsidiaridad estatuido en el art. 44 LOTC y concordantes».
Por tanto, en sintonía con lo razonado en aquella resolución, afirmamos que en el presente recurso no procede dilucidar nuevamente sobre la constitucionalidad de las resoluciones relativas a la prisión provisional adoptada respecto de la recurrente (ya apreciada en la STC 50/2019), ni tampoco acerca de los autos en cuya virtud el órgano de enjuiciamiento resolvió no modificar esa medida cautelar, los cuales no fueron en su día impugnados ante esta sede constitucional.
En lo concerniente a las limitaciones del derecho de defensa que se atribuyen a la prisión provisional padecida, hemos de indicar que, en el apartado 6 del fundamento de Derecho A) de la sentencia impugnada se dio respuesta a la alegación relativa a las dificultades que comporta la prisión provisional para el ejercicio del derecho defensa, en los siguientes términos:
«El argumento sobre el que se construye la negativa incidencia que la medida cautelar que afecta a los procesados habría tenido en el derecho de defensa, no se sostiene. Las medidas cautelares de restricción de la libertad se acomodan a sus presupuestos legitimadores. La defensa no cuestiona ahora la efectiva concurrencia de esos presupuestos –cfr. art. 503 y ss. LECrim–. Se limita a afirmar el efecto pernicioso que esa limitación puede traer consigo en el acopio de las pruebas necesarias para hacer valer su defensa.
Ningún sistema procesal democrático admite, desde luego, dos clases de procesados, aquellos que gozan de libertad provisional y, por tanto, pueden preparar adecuadamente su defensa y aquellos otros sometidos a prisión preventiva y que resultan indefensos. La mejor prueba de ello es que el letrado que hace valer la incompatibilidad entre privación de libertad y derecho de defensa no menciona un solo medio de prueba o una sola diligencia de investigación que no haya podido incorporar a la causa por razón del internamiento que afecta a sus clientes. La capacidad de solicitar diligencias de investigación durante la fase de instrucción está expresamente reconocida por el art. 311 de la LECrim. La aportación de medios de prueba para hacer valer durante el plenario está admitida, sin más límites que su declaración de pertinencia, por el art. 656 de la LECrim».
En el apartado 6.1 del fundamento de Derecho A) de la sentencia no se refleja que la indicada queja fuera formulada por la recurrente, sino por las defensas de los señores Turull, Rull, Sànchez, Junqueras y Romeva. En cualquier caso, damos por reproducido lo razonado en el fundamento jurídico 8.4.4 de la STC 184/2021, ante la formulación de una queja de similar contenido: «[p]or el contrario, atendiendo a la duración de la fase instructora, a la progresiva decantación de los hechos a enjuiciar con ocasión de la fase intermedia, y a la prolongación de las sesiones del juicio oral, entendemos, con el tribunal sentenciador, que la defensa ha dispuesto razonablemente de tiempo suficiente para preparar su intervención en la práctica de las pruebas y su informe final. La situación de prisión preventiva en que se encontraba la recurrente no invalida esta conclusión, máxime si tomamos en consideración que la sala de enjuiciamiento permitió durante las sesiones del juicio oral un "ilimitado contacto entre los letrados y sus patrocinados […] ni siquiera restringido durante el tiempo dedicado al almuerzo"».
Y también cumple afirmar que, pese a la merma del derecho de defensa que la recurrente anuda a la prisión provisional padecida, en la demanda no se indica que alguna actuación procesal o facultad concreta del derecho de defensa se haya visto sustancialmente limitada, con repercusión negativa en los principios de contradicción e igualdad de armas.
Respecto del derecho de igualdad, hemos de convenir con el fiscal que la recurrente no aporta un término válido de comparación en el que sustentar la referida lesión.
Así pues, en relación con el presente motivo, y dando por reproducidos los argumentos que se contienen en la STC 50/2019, procede la desestimación de la queja.
5. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
5.1 Posiciones de las partes.
La presente queja nos obliga a determinar si han vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley las decisiones por las que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió, extendió y mantuvo la competencia objetiva para la averiguación y enjuiciamiento de los hechos que, en la querella presentada por el Ministerio Fiscal ante la propia Sala y, previamente, en la denuncia formalizada ante la Audiencia Nacional, les fueron atribuidos como delictivos a la recurrente y a otros denunciados y acusados.
La queja se apoya en dos argumentos básicos: (i) la recurrente sostiene que el Tribunal Supremo se ha conferido la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de la causa penal modificando de forma injustificada yad hocel criterio establecido de forma reiterada en diversas resoluciones que cita como referencia, apartándose de forma indebida de la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, órgano judicial que la recurrente considera competente para investigar las imputaciones que dieron lugar a la iniciación de la causa; (ii) difiere específicamente de uno de los criterios utilizados para afirmar la propia competencia, según el cual, son relevantes para su determinación las contribuciones fácticas concertadas de otros acusados –no necesariamente violentas– que se encuentran vinculadas al elemento tendencial del delito de rebelión (proclamar la independencia), las cuales, según la denuncia, la querella y los escritos de acusación, se desarrollaron fuera del territorio de Cataluña.
El abogado del Estado alega en favor de la desestimación de la queja. Tras exponer la jurisprudencia constitucional sobre el derecho invocado, concluye que el órgano judicial no ha llevado a cabo una interpretación que suponga una manipulación manifiesta de las reglas legales sobre atribución de competencias ni, al aplicarlas, ha incurrido en error patente, irrazonabilidad manifiesta o arbitrariedad. Afirma que dicho canon de enjuiciamiento coincide con el utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al analizar quejas de contenido similar (asuntoDMD Group, A.S.,c. Eslovaquia, de 5 de octubre de 2010).
Afirma que en la demanda de amparo se evade la carga de criticar fundadamente los argumentos expuestos por el Tribunal Supremo, en cuya virtud la competencia se fija a partir del relato que fluye de las acusaciones y de su cristalización progresiva a lo largo de la instrucción, hasta la conclusión del sumario y la formulación de los escritos de conclusiones.
Por último, se remite a lo expuesto por la sala enjuiciadora en el auto de 18 de enero de 2019 (que resolvió el recurso de súplica presentado frente al auto que desestimó la declinatoria de jurisdicción), para destacar que sí son relevantes aquellos actos de cooperación protagonizados por coautores del hecho atribuido, aunque no realicen los elementos nucleares del tipo. Con tal apoyo, recoge la argumentación del Tribunal Supremo según la cual: «en el delito de rebelión, cuando la finalidad perseguida sea la de "declarar la independencia de una parte del territorio nacional", aunque tal lesión no acaezca, el resultado al que ha de encaminarse afecta a las dos partes cuya unidad se pretende disolver, pues una y otra serían ya, de alcanzarse la lesión por efectividad del resultado, diversas en su identidad. Y tal disolución no es un efecto diferenciableex postdel resultado que se procura. Es el resultado mismo». En lo demás, se remite íntegramente a los argumentos utilizados por el órgano judicial para reafirmar su competencia.
En sus alegaciones, el Ministerio Fiscal, tras exponer la jurisprudencia de este tribunal y del Tribunal Supremo sobre el contenido del derecho fundamental alegado, entiende que «las razones expuestas por la sentencia del Tribunal Supremo impugnada, tanto en cuanto a las normas estrictas de atribución de competencia, como a las normas de enjuiciamiento en función de la naturaleza de los delitos y su lugar de comisión, la participación de los acusados –ya condenados– y la necesidad de un enjuiciamiento conjunto de todos ellos, así como el examen de aquellas resoluciones citadas por los recurrentes, descartando la existencia de contradicción con resoluciones precedentes, determina que la aplicación e interpretación de las normas realizada por el Tribunal Supremo, aun no compartida por (la) recurrente, excluye que pueda tildarse de una manipulación manifiestamente arbitraria de las reglas legales sobre atribución de competencias, en cuanto se asienta en una doctrina ya reiterada», por lo que las resoluciones cuestionadas son conformes al art. 24 CE.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox postula también la desestimación de esta queja. Con referencia a la STC 183/1999, de 11 de octubre, considera que «no se desprende del motivo desarrollado por (la) demandante una interpretación "manifiestamente errónea, irrazonable o arbitraria" en el modo así considerado por este tribunal respecto a la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar los hechos de la que trae causa el presente recurso de amparo». Y añade que: «acudiendo a la letra de la ley la responsabilidad criminal a los diputados y demás miembros del Parlamento de Cataluña, según el art. 57.2 del Estatuto de Cataluña es exigible por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sin embargo, el mismo artículo sostiene que "fuera del Territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo"».
5.2 Respuesta del órgano judicial.
5.2.1 La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió y mantuvo su competencia objetiva para la averiguación y el enjuiciamiento de los hechos atribuidos a la demandante, y al resto de personas acusadas en la causa, en aplicación de la siguiente base normativa:
(i) El art. 57.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme al cual:
«1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
[…]
2.º De la instrucción y enjuiciamiento […] de las causas que, en su caso, determinen los estatutos de autonomía.»
(ii) El art. 57. 2. del Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña), que establece el aforamiento parlamentario de los diputados autonómicos:
«1. Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito
2. En las causas contra los diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.»
(iii) El artículo 17.1 y 2 de la Ley de enjuiciamiento criminal, que, al regular el enjuiciamiento de delitos conexos, señala:
«1. Cada delito dará lugar a la formación de una única causa.
No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.
2. A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se consideran delitos conexos:
1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas.
2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello.
3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución».
(iv) El artículo 272, párrafos 2 y 3 de la Ley de enjuiciamiento criminal, según el cual:
«Si el querellado estuviese sometido, por disposición especial de la ley, a determinado Tribunal, ante este se interpondrá la querella.
Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito o por dos o más conexos y alguno de aquellos estuviere sometido excepcionalmente a un Tribunal que no fuere el llamado a conocer, por regla general, del delito.»
5.2.2 De las decisiones adoptadas a lo largo de la causa se deriva que han sido tres los criterios concurrentes tomados en consideración por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para afirmar su competencia objetiva:
(i) La prerrogativa de aforamiento especial parlamentario: desde su inicio, y durante todo el desarrollo de la causa, una o varias de las personas a las que se refería la querella –después sometidas a investigación, procesadas o finalmente acusadas–, mantuvieron la condición de diputados del Parlamento de Cataluña. Entre ellas la recurrente, que fue diputada autonómica tras adquirir tal condición como consecuencia de las elecciones celebradas el 21 de diciembre de 2017, hasta que el 22 de marzo de 2018 cesó en tal cargo representativo por decisión propia.
En el momento inicial, al ejercer el Ministerio Fiscal la acción penal ante el Tribunal Supremo, todos los querellados, menos uno, formaban parte de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña –una vez fue disuelto por Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución–. Como se desprende de los antecedentes que se recogen en las SSTC 4, 9, 11, 23, 36, 38, 97, 193 y 194/2020, poco después, una vez acumuladas las causas por conexidad procesal, otras personas coencausadas –entre ellas la recurrente– se postularon y fueron elegidas para integrar el parlamento constituido tras las elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre de 2017. Más avanzada la causa, ya iniciado el juicio oral en febrero de 2019 ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019, algunos acusados pasaron a integrarse como diputados o senadores en las Cortes Generales (art. 57.2 EAC). Otros, en fin, concurrieron y fueron elegidos diputados del Parlamento Europeo tras las elecciones desarrolladas con tal fin el 26 de mayo de 2019, adquiriendo así las prerrogativas que les reconoce el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.
(ii) La ubicación geográfica de los hechos imputados y enjuiciados: como veremos a continuación, el relato fáctico que dio sustento a la querella inicial y a los escritos de acusación formulados afirmaba, en cada caso, la realización de algunos hechos típicos fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana (art. 57.2 EAC). A la vista del contenido de las alegaciones formuladas, parece preciso anticipar ya que son estos extremos, y no el relato fáctico del auto de procesamiento o el que se recoge en la sentencia condenatoria, los que han de ser tomados en consideración para la fijación de la competencia objetiva para investigar o enjuiciar los hechos denunciados o que sustentan la acusación.
(iii) La apreciación de conexidad procesal entre los delitos investigados en las diversas causas acumuladas: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró que los hechos investigados en las actuaciones penales dirigidas contra varias personas entonces no aforadas, entre ellas la señora Bassa, eran plenamente coincidentes con los de aquellas otras causas que se seguían contra los que sí tenían reconocida la prerrogativa parlamentaria de aforamiento ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, de manera que los delitos a que se referían eran procesalmente conexos y debían ser investigados y enjuiciados en una sola causa (arts. 17.1 y 2, y 272 LECrim).
Así se describe en las diversas resoluciones que, sobre la propia competencia, han sido dictadas en el desarrollo de la causa judicial previa. Son paradigmáticos en este sentido el auto de 31 de octubre de 2017 (ratificado en súplica por auto de 18 de diciembre de 2017), por el que la querella fue admitida a trámite, y el auto de 27 de diciembre de 2018, por el que la sala de enjuiciamiento desestimó las peticiones de declinatoria de jurisdicción propuestas como artículo de previo pronunciamiento por los acusados (art. 666.1 LECrim), que fue también ratificado en súplica por auto de 18 de enero de 2019.
5.2.2.1 La decisión inicial de admisión a trámite de la querella, formulada por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos (auto de sala de 31 de octubre de 2017), justifica la asunción de competencia para la averiguación de los hechos imputados identificando en primer lugar la ya citada norma delimitadora del aforamiento de los parlamentarios (art. 57.2 EAC), y aquella otra que permite afirmar que todos los querellados, menos uno, mantenían en ese momento su condición parlamentaria por formar parte de la Diputación Permanente de la entonces disuelta asamblea legislativa catalana [art. 24 d) del Reglamento del Parlamento de Cataluña].
A continuación, la Sala explica que la regla de aforamiento no atiende únicamente a la condición parlamentaria de los inicialmente investigados (condición que nunca ha sido cuestionada), sino que, para determinar el juez competente, la norma obliga también a tomar en consideración un elemento geográfico –el lugar de comisión del hecho presentado como ilícito–, a tenor del cual será competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en función de que los hechos atribuidos tengan lugar en el territorio de la comunidad autónoma o fuera de él.
Para determinar esta última circunstancia, la Sala atiende al relato de hechos que se afirman como delictivos en la querella, sin pronunciarse sobre su realidad o la existencia de indicios que los avalen. En su examen constata que, en el apartado 29 de los hechos, descritos bajo el enunciado «Aspectos internacionales de la declaración de independencia de Cataluña», el Ministerio Fiscal sitúa la ejecución de parte de los hechos imputados fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana.
Así, en la querella, considera el fiscal que la celebración de una consulta, a modo de referéndum, sobre la independencia del territorio de Cataluña, constituía el elemento central del delito de rebelión imputado a las personas querelladas, señalando que, en su fase preparatoria, el Gobierno de la Generalitat, decidido a promover y celebrar unilateralmente dicha consulta, desarrolló una campaña internacional de imagen, dirigida a justificar la necesidad de intercesión de la comunidad internacional en su propósito secesionista. Con este fin, en enero de 2016, constituyó un «Departamento de asuntos exteriores, relaciones internacionales y transparencia», en el que desempeñaban un papel relevante las delegaciones en el exterior, cuya partida presupuestaria fue incrementada en más del 100 por 100 con el fin de preparar el proceso constituyente de la república catalana. Centra también su imputación en el «Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña» (Diplocat), al que correspondía la labor de «lobby» internacional realizando actividades de difusión de la pretensión de independencia (foros, visitas organizadas, información en Internet, formación de activistas como observadores en procesos electorales, diversos contratos con organizaciones de los países donde radican las sedes en el exterior para promover y favorecer la pretensión de independencia).
Entre los hechos realizados en el exterior se incluyen en la querella las páginas web internacionales creadas desde el Gobierno de la Generalitat para informar y facilitar la participación en la consulta ilegal promovida; sitios web que, tras ser clausurados judicialmente otros radicados en España, se localizaron en terceros países para eludir el control de las autoridades españolas. A las delegaciones en el exterior se les otorga en la querella un papel trascendental en el transcurso de la consulta sobre la independencia que se intentó celebrar el 1 de octubre de 2017: facilitaron el voto de los ciudadanos catalanes residentes en el exterior, crearon un registro y modelos impresos, recogían y custodiaban las papeletas de los ciudadanos que decidían participar y, realizaron también su escrutinio. Se refiere también a la participación de diversos voluntarios observadores en el desarrollo de la consulta del 1 de octubre, asistencia que considera fruto de la actuación de «Diplocat». A los expuestos se añaden en el relato de la querella otros aspectos denominados como «efectos internacionales» de la actuación imputada, aunque la Sala de admisión, al asumir la competencia, ya determinó como premisa que «no cabe confundir el resultado del delito con los efectos del delito, por más que estos puedan implicar, por su propia naturaleza, la destrucción del Estado de Derecho».
A partir de esta constatación, la Sala de admisión aclara que, conforme a criterios ya establecidos por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando los hechos imputados se ejecutan en diversos lugares, el delito se entiende cometido en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo (acuerdo de 3 de febrero de 2005 del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal) por lo que la competencia objetiva se atribuye al juez de cualquiera de las jurisdicciones territoriales que primero haya iniciado las actuaciones procesales dirigidas a la instrucción de la causa.
La resolución analizada concluye señalando que «el relato que sirve de soporte fáctico a la querella entablada por el Ministerio Fiscal […] parte de la base de una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio. La existencia de una actuación ejecutada fuera de España, tendencialmente dirigida a hacer realidad el designio independentista, permite tener por colmada, […] a los exclusivos efectos de determinar la competencia objetiva, la referencia geográfica a la que el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña asocia la competencia de esta sala. El carácter plurisubjetivo del delito de rebelión hace perfectamente explicable, a la hora de valorar la verdadera entidad de cada una de las aportaciones individuales, un reparto de cometidos en el que la coincidencia en la finalidad que anima la acción –la declaración de independencia de Cataluña– tolera contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en diferentes puntos geográficos».
La decisión de asumir la competencia objetiva para la investigación de los hechos objeto de querella añadió, finalmente, que «será la instrucción la que ponga de manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para esta sala, como sugiere el Ministerio Fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos jurisdiccionales, pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los que aquí van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados».
5.2.2.2 Siguiendo este último criterio de conexidad procesal entre los delitos investigados, el magistrado instructor acordó la extensión subjetiva del ámbito de investigación a otras personas, entonces no aforadas (auto de 24 de noviembre de 2017). Concretamente, al presidente de la asociación Asamblea Nacional Catalana y al presidente de la asociación Òmnium Cultural. La extendió también a quienes habían sido miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en la legislatura anterior, ya disuelta, del que formó parte la recurrente como consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Poco tiempo después, por medio de auto de 22 de diciembre de 2017, la investigación se amplió «a los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña».
La extensión de la competencia a los nuevos investigados no aforados se justificó en la existencia de plena coincidencia entre los hechos denunciados en las diversas actuaciones penales ya iniciadas; se apreció, además, la eventual existencia de «una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio».
El instructor consideró que los hechos atribuidos a las personas no aforadas mantenían una conexión material inescindible con la conducta imputada a las personas cuyo estatus parlamentario les reconocía aforamiento (art. 57.2 EAC). Añadió que la unificación de las actuaciones en una sola causa, ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, venía justificada por una finalidad funcional «concretada en la facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento, lo que se manifiesta singularmente en todos aquellos casos en los que el objeto del proceso se configura por una unidad delictiva, con una pluralidad de partícipes, supuestos estos, específicamente contemplados en los números 1 y 2 del artículo 17 de la LECrim».
Concluyó su razonamiento señalando que: «aunque es evidente que la intervención de los distintos actuantes ha tenido una sustantividad material propia, lo que marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto es que no pueda alcanzarse un pronunciamiento sobre el objeto del proceso si no se analizan integralmente las actuaciones desarrolladas por aquellos y el cuadro de intenciones que les inspiraba. Una agrupación procesal que afecta necesariamente a la competencia y que viene expresamente prevista en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 272 de la LECrim».
5.2.2.3 A su vez, mediante auto de 27 de diciembre de 2018 (confirmado en súplica por otro de 18 de enero de 2019), una vez ratificada la conclusión del sumario, declarada la apertura del juicio oral y formulados los escritos de acusación, la sala de enjuiciamiento, al desestimar las diversas peticiones de declinatoria de jurisdicción planteadas por las defensas, se remitió a los criterios expuestos en los anteriores pronunciamientos dictados en la fase de instrucción, aplicándolos ahora a los hechos imputados en los escritos de calificación provisional.
De nuevo, como presupuesto metodológico, destacó la Sala que en nuestro sistema procesal «el objeto del proceso penal es de cristalización progresiva», pues se dibuja de una forma incipiente con la denuncia o querella y se va perfilando conforme avanzan las investigaciones; considera también que «el auto de procesamiento permite al instructor proclamar, también en el plano indiciario, los elementos fácticos sobre los que ha de apoyarse la competencia del tribunal». Para la Sala, «ese objeto queda provisionalmente fijado en las conclusiones y con esa provisionalidad se inician los debates del juicio oral». Por ello, «el momento procesal en el que se encuentra la causa –tramitación de los artículos de previo pronunciamiento– define un marco procesal renovado que exige del órgano de enjuiciamiento ponderar si los presupuestos sobre los que descansa nuestra competencia siguen presentes o si, por el contrario, aconsejan su reexamen». Continúa la Sala señalando que tal reexamen, una vez las acusaciones pública y popular han presentado sus conclusiones provisionales, ha de realizarse exclusivamente a partir de la afirmación fáctica que les sirve de sustento. De esta forma, lo que permite determinar el órgano de enjuiciamiento es el contenido de la pretensión acusatoria, pues incorpora al proceso el relato fáctic