Categoría: Administración

a cláusula decimosexta que para “cuando deje de tener eficacia jurídica la prohibición de enajenar” recomienda a los albaceas (ya que son quienes pueden disponer) se pongan de acuerdo con el ayuntamiento para que el producto de las casas vaya a los fines benéficos de la cláusula tercera a cambio de que se aseguren los fines particulares que estableció en el legado a favor de su alma (“Recomiendo igualmente a mis albaceas que cuando legalmente deje de tener eficacia jurídica la prohibición de enajenar las casas números, gestionen de la Corporación Municipal de esta Capital suministre el metálico suficiente para la adquisición de valores del Estado bastantes para la capitalización de la parte alícuota de la que dispongo de dichas casas en favor de mi alma, a fin de que de este modo queden dichas casas íntegramente para el Hospital Municipal de La Coruña y asegurado el perfecto cumplimiento de la manda piadosa que se consigna en el capítulo tercera de este testamento”). Es decir, si la prohibición de enajenar no pudiera ser legalmente permanente para garantizar con los bienes los fines particulares, recomienda que se aseguren estos con otros, y se aplique el producto de las dos casas a los fines piadosos de la cláusula tercera del testamento, quedando las casas en las mismas manos vinculadas a los fines benéfico asistenciales a los que, en cambio, no se aplican, ni aplicaban ya entonces, las limitaciones de las leyes desvinculadoras.
Como reconoce la STS de 23 de junio de 1956, la fundación asegura la permanencia de los bienes vinculados a los fines benéfico asistenciales.
Para garantizar la voluntad del testador de asegurar los fines de la disposición a favor del alma en el legado, entre ellos, el cuidado de las sepulturas de él y de su familia (el testador manifiesta que fallece sin hijos, esposa, padres y está distanciado de su hermano) los albaceas disponen, como aportación voluntaria a la fundación, de la participación en el producto de las casas en favor del alma, de manera que el producto general de las casas se destine a los fines benéfico asistenciales, quedando todo en unas mismas manos (conforme a la voluntad del testador) siendo la fundación quien asume el cumplimiento de los fines lícitos establecidos por el testador fundador en la disposición a favor de su alma para el cuidado de las sepulturas y el encargo de las misas en memoria del fundador y de sus familiares y demás fines en sufragios a favor de su alma en la forma prevista en el testamento que representa sólo la participación anual en el importe total actual de las rentas que se deja reflejado en la escritura.
El testador no obliga a los albaceas a disponer de las casas a favor del Ayuntamiento cuando en la disposición decimosexta del testamento de Don M. P. P. recomienda a los albaceas una solución para un supuesto por calificar y con un propósito. No impone a los albaceas ninguna gestión, no impone un concreto plazo a la prohibición de enajenar, se remite, en contra del verdadero deseo de permanencia expresado por el testador, a lo que imponga la ley, ya que su deseo es que el cumplimiento de los fines particulares de la disposición tercera (sufragios por su alma) se mantengan también a perpetuidad. La recomendación se hace para el caso de que tenga lugar un supuesto de futuro que está jurídicamente por definir (para cuando cese la prohibición de enajenar) y con un propósito a través de un medio (a través del hospital municipal) que devino imposible, ya que los enfermos y convalecientes sin recursos, colectivo beneficiado por el legado fundacional, no pueden ser los del hospital de la caridad gestionado por el ayuntamiento, al desaparecer esta institución.
La disposición decimosexta del testamento es una mera recomendación del testador para el caso de que finalice un plazo, que él no concreta salvo por remisión al legal, y para un propósito, que devino imposible por desaparecer el hospital municipal.
Por lo que en cumplimiento de la declaración solemne que hace el testador en la cláusula decimoquinta sobre los verdaderos beneficiados por la disposición de la cláusula tercera, la fundación deja constancia de que desde la desaparición del hospital municipal, cumple estos fines a través de las instituciones que se dedican a atender a los convalecientes y enfermos sin recursos de la ciudad de A Coruña (conforme al art 749 del Código civil). Es decir a través de otras entidades benéficas por ser ésta la solución más análoga y conforme a la voluntad del testador (art 798 del C.c) al logro de los mismos fines benéfico asistenciales.
Los albaceas universales, al otorgar la escritura objeto de calificación, llevan a cabo la testamentaría pendiente al tiempo en el que se dicta la sentencia del TS de 23 de junio de 1956, en el desempeño fiel del cargo que les confía el testador fundador conforme a la dispuesto en el testamento y los preceptos legales y dentro del plazo que el testador estableció. Formalizan la entrega de los bienes dotacionales a la fundación creada por el testador y garantizan el cumplimiento de los fines previstos a favor del alma en la disposición tercera de su testamento, para lo que les atribuyó en él las máximas facultades de administración, disposición y control, prohibiendo la intervención judicial, lo que supone la exclusión de cualquier otra interpretación, a salvo lo previsto en el art 675 del Código civil».
El día 10 de marzo de 2023, el registrador de la Propiedad elevó el expediente a este Centro Directivo, con su preceptivo informe.
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 675, 747, 749, 797, 798, 894, 901, 908, 909 y 1281 a 1285 del Código Civil; 1, 18, 19 bis, 33, 65 y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 17 bis de la Ley del Notariado; las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1956 (Sala de lo Contencioso-administrativo), 9 de marzo de 1984, 1 de diciembre de 1985, 9 de junio de 1987, 3 de noviembre de 1989, 26 de abril y 29 de diciembre de 1997, 18 de julio de 1998, 23 de enero de 2001, 24 de mayo de 2002, 21 de enero de 2003, 18 de julio y 28 de septiembre de 2005, 3 de septiembre de 2014 y 30 de mayo de 2018; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de marzo de 2009, 17 de julio de 2010, 17 de abril y 11 de julio de 2013, 30 de abril y 5 de diciembre de 2014, 19 de enero y 29 de junio de 2015, 26 de mayo de 2016, 19 de julio de 2017 y 7 de marzo de 2018; las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 3 de junio y 23 de octubre de 2020, 28 de enero de 2021, 15 de junio y 15 de noviembre de 2022 y 9 de enero y 13 de abril de 2023, y, respecto de la motivación de la calificación, las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 25 de octubre de 2007, 14 de abril, 8 de mayo y 3 de diciembre de 2010, 26 de enero de 2011, 28 de febrero, 22 de mayo y 20 de julio de 2012, 9 de julio, 8 de octubre y 12, 16, 17, y 20 de diciembre de 2013, 19 de marzo y 10 de junio de 2014, 2 de febrero de 2015, 12 de febrero de 2016, 26 de abril, 19 de junio y 12 de diciembre de 2017, 21 de noviembre de 2018, 1 de marzo y 20 de junio de 2019 y 7 de enero de 2020, y de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 29 de octubre de 2020, 18 de febrero, 18 de marzo y 14 y 25 de octubre de 2021, 2 de junio de 2022 y 1 de marzo y 13 de abril de 2023.
1. Son hechos relevantes para la resolución del recurso los siguientes:
a) Mediante la escritura calificada, además de solicitar la adaptación de la «Fundación Manuel Lorenzo Santana», y de sus estatutos, a la legislación vigente, los albaceas de dicho causante formalizaron también una entrega de legado a dicha fundación (con el carácter de dotación inicial) del 30% de cada una de las fincas números 6.836 y 7.681 del Registro de la Propiedad de A Coruña número 1, al tiempo que, haciendo efectivo el acuerdo del patronato adoptado en reunión de 28 de diciembre de 2021, aportaron a la misma fundación, como contribución voluntaria, la participación del setenta por ciento restante de dichas fincas registrales.
b) El registrador suspende la inscripción solicitada a favor de la «Fundación Bravo Flores Pose» en cuanto a las dos citadas fincas en los siguientes términos:
«Los albaceas tienen que cumplir la voluntad del testador. El Albacea es la persona encargada de hacer cumplir la última voluntad de un difunto y de custodiar sus bienes hasta que se repartan entre los herederos.
Del testamento incorporado a la escritura referida no resulta, en ningún momento, que la voluntad del mismo fuera la de entregar el dominio de los inmuebles a la Fundación creada por los Albaceas.
Es más en la cláusula 16 del testamento, Don M. P. P. recomienda “igualmente a mis albaceas que cuando legalmente deje de tener eficacia jurídica la prohibición de enajenar –que ha dejado de tener eficacia por el transcurso de más de treinta años desde el fallecimiento de Don M. P. P., el día seis de agosto de mil novecientos cuarenta– de las casas números (…) de la calle (…) y (…) de (…), de esta ciudad de La Coruña, gestionen de la Corporación Municipal de esta Capital que suministre el metálico suficiente para la adquisición de valores del Estado bastantes para la capitalización de la parte alícuota de que dispongo de dichas casas a favor de mi alma, a fin de que de este modo queden dichas casas íntegramente para el Hospital Municipal de La Coruña, y asegurado el perfecto cumplimiento de la manda piadosa que se consigna en el capítulo tercero de este testamento.”
La Resolución del Ministerio de la Gobernación de 4 de agosto de 1952, que aprobó la Fundación, requisito con arreglo a la ley vigente en ese momento, estableció en el punto 3.º la inscripción a nombre de la Fundación de los inmuebles que le pertenecen.–La resolución fue revocada, en cuanto al punto 3.º, el 23 de Junio de 1956, por sentencia del Tribunal Supremo.
De todo esto resulta que la Fundación no tiene el carácter de heredera ni legataria de la herencia de Don M. P. P., es más, según la cláusula 16, parece que la intención del fallecido era disponer en favor del Hospital de la Coruña y, si este no existiera o hubiese desaparecido, corresponde a sus sucesores jurídicos.»
c) Los recurrentes argumentan, en síntesis, lo siguiente:
– Vulneración de facultades de los albaceas con facultades de disponer y contadores-partidores. La calificación negativa pone de manifiesto un desconocimiento del contenido de la escritura cualificada, del testamento de 21 de noviembre de 1938, de la Orden del Ministerio de Gobernación de 4 de agosto de 1952, de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1956, de la normativa y jurisprudencia sobre fundaciones de beneficencia particular aplicables, de las funciones de los albaceas contadores-partidores y los límites y facultades del Registro de la Propiedad; hasta tal punto que se ha formulado calificación desfavorable basada única y exclusivamente en la opinión personal del registrador, sin que se cite ningún precepto legal, ni doctrina de esta Dirección General, ni jurisprudencia alguna. Por ello, la calificación registral adolece de una absoluta falta de motivación jurídica.
– La calificación parece desconocer tanto las funciones y capacidades de los albaceas con facultades de disponer reconocidas, entre otras normas, en los artículos 894, 901, 908 y 909 del Código Civil, como las otorgadas en el testamento por el causante, al omitir de forma deliberada que los albaceas testamentarios designados, además de tener la responsabilidad de hacer cumplir el testamento, poseen, además de la cualidad de albaceas universales con facultades indelegables de disponer, la cualidad de contadores-partidores, con facultad de ejecutar el testamento en su integridad, con atribución de facultades omnímodas y un plazo muy prolongado para esta ejecución, excluyendo, además, la intervención judicial. El testador otorgó a éstos, y a nadie más, las facultades máximas de interpretación y ejecución de su testamento, como resulta de las cláusulas decimocuarta y decimoséptima de éste.
– Es un hecho pacífico, consolidado durante los últimos 80 años, que la voluntad del testador fue crear una fundación que gestionase las casas objeto de inscripción, y con cuyo producto (pues se encuentran arrendadas) se abonasen los correspondientes legados monetarios y condicionados al cumplimiento de los fines puestos de manifiesto en el testamento. Por tanto, del ordenamiento jurídico, de la jurisprudencia y de las resoluciones de esta Dirección General, se desprende de manera inequívoca que los únicos facultados para interpretar y ejecutar la voluntad del testador son sus albaceas y máxime cuando son designados como contadores-partidores. Y la interpretación que hacen los albaceas es la más ajustada a la voluntad del testador posible. Dicha voluntad se ha venido cumpliendo por la fundación; y no se trata, como se afirma en la calificación, de una fundación «creada por los albaceas», sino creada por el causante en su testamento; carta fundacional con todos los elementos constitutivos de una Fundación, de conformidad con los artículos 4 y 6 del Real Decreto de 14 de marzo de 1899.
– La verdadera voluntad del testador la recoge el notario autorizante del testamento otorgado en 1938 en los dicendos [sic] tercero y quinto del testamento; de ellas expresamente resulta que el propósito del testador era prohibir perpetuamente la enajenación en relación a los legados otorgados a favor del alma al logro de los fines expresados y para el tratamiento científico y alimentación de los enfermos pobres y convalecientes de la ciudad de A Coruña por medio del hospital. Legados impuestos sobre el producto de las casas a las que se refiere sometidas a administración de un órgano que establece a este fin y que debe actuar bajo el control de los albaceas. Sin embargo, y como el testador deja manifiestamente dicho en su última voluntad, le informaron de que la prohibición perpetua no era posible, por lo que estableció una recomendación que responde al propósito que explica, para cuando cesase la prohibición de disponer por el plazo que previese la le; propósito que es de imposible cumplimiento.
Por ello, los albaceas universales con facultades de disponer plasman en la escritura calificada la interpretación que realizan de la voluntad del causante, teniendo en cuenta lo que el propio artículo 675 del Código Civil denomina «el tenor del mismo testamento», esto es, el conjunto de las cláusulas testamentarias, siguiendo como pauta hermenéutica el canon de la totalidad, de modo que no se trata sólo de interpretar una cláusula aisladamente de su contexto (como erróneamente se realiza en la calificación, al convertir la cláusula decimosexta en única clave interpretativa), sino de examinarla y buscar su sentido en el documento completo, considerando además que no existe una jerarquía o un orden en la aplicación de los medios interpretativos y que los diferentes cánones de interpretación, como son el gramatical, el lógico, el finalista y el sistemático, contemplados en los artículos 1281 a 1285 del Código Civil, deben operar dentro de un proceso unitario.
– La cláusula decimosexta (como la decimoquinta) no es más que una recomendación a los albaceas –no una obligación–, por lo que no cabe la invocación de dicha cláusula como única motivación de la calificación registral; sobre todo cuando es de cumplimiento imposible en atención al propósito que expresamente manifiesta el testador, y la recomendación no puede ser impuesta de forma unilateral por el registrador. El testador manifestó con claridad que es una mera recomendación efectuada a los albaceas universales con facultades de disponer, y estas facultades de disponer que les otorga el testador son las que hacen que dicha recomendación tenga necesariamente que ser proactiva –para el caso de que se considere ajustado a los fines ejercitar la recomendación–; por ello el testador deja en manos de los propios albaceas universales que pueda ser instada única y exclusivamente por éstos. Pero dicha cláusula debe ser interpretado en relación con el resto del testamento, con la creación por parte del testador de la fundación que lleva su nombre, con su propósito de prohibir sine die la enajenación de las viviendas y, en definitiva, con la voluntad real del testador que era la asistencia a su alma y a los enfermos pobres de la ciudad de A Coruña, labor que ha venido realizando la Fundación a lo largo de estos años gracias a las rentas obtenidas de sus bienes dotacionales.
– Una vez desaparecido el Hospital Municipal de La Coruña en la década de los ochenta, resulta imposible el cumplimiento de los fines ordenados por el testador a través del Hospital Municipal conforme a la cláusula decimoquinta de su testamento, por lo que la fundación, con el consentimiento de los albaceas en ejercicio de su cargo, cumple estos mismos fines a través de otras instituciones de beneficencia de acuerdo con lo previsto en la ley (artículo 798 del Código civil). Por ello la interpretación de los albaceas universales es plenamente válida, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 9 de febrero de 1948, 18 de diciembre de 1965, 9 de mayo de 1990, 10 de mayo de 1991 y 21 de enero de 2003), que permite que se dé un cumplimiento alternativo o funcional del modo o condición impuestos en los términos más análogos y conformes a la voluntad del testador, según contempla el citado artículo 798 del Código Civil, tal y como ha puesto de manifiesto la Resolución de esta Dirección General de 15 de noviembre de 2022.
– Extralimitación en la calificación efectuada por el registrador de la Propiedad. La calificación objeto de recurso no contiene ni un solo párrafo que indique que la escritura calificada no es válida o que el negocio jurídico contenido en dicha escritura es nulo o no ajustado a derecho, por lo que prima la presunción de validez y legalidad –artículo 17 bis.2.b) de la Ley del Notariado en relación con el artículo 1 de la Ley Hipotecaria–. Sólo cuando esa presunción decae por alguna evidencia en contra (como una infracción de forma o algún defecto del título que resulte palmario), es cuando la calificación del registrador debe impedir la inscripción en tanto aquella presunción no se restablezca mediante una subsanación del título, que tampoco compete al registrador. Por ello, la escritura otorgada es título válido para producir los efectos jurídicos contenidos en la misma, y el negocio jurídico ha desplegado todos sus efectos genéticos: eficacia legitimadora constitutiva, recognoscitiva, ejecutiva y sustantiva, por lo que la calificación del registrador no puede extenderse al contenido material del título notarial, aspecto que está sujeto sólo al control jurisdiccional por la presunción de validez, veracidad e integridad de la escritura. Si la inscripción que se pretende fuese nula, entraría en juego el artículo 33 de la Ley Hipotecaria.
– Si la interpretación de los testamentos no está bajo la responsabilidad del registrador, pues compete a otros intervinientes jurídicos (albaceas, herederos, notarios, tribunales, etc.), no entra dentro de su capacidad de calificación y, por tanto, el registrador no puede dar una interpretación alternativa o subjetiva de la voluntad del testador, como ocurre en este caso.
Además, en el presente caso la falta de motivación es absoluta y debe ser íntegra y figurar en la nota; el informe debe reducirse a cuestiones de mero trámite y como todo acto administrativo debe tener tempestividad y suficiencia, debiendo la nota de calificación recoger de manera precisa y concreta todos los impedimentos a la inscripción apreciables en el título. Siendo la calificación registral un acto reglado, y procedente la práctica del asiento solicitado, era inexcusable para el registrador proceder a su inscripción, y únicamente podría haberlo denegado si faltase alguno de los presupuestos legales de la calificación positiva o existiese algún obstáculo derivado de los asientos del Registro (artículo 65 de la Ley Hipotecaria, que discierne entre faltas subsanables y faltas insubsanables). No recogiéndose ninguno de estos elementos en la calificación negativa, se vulnera el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, en especial en lo relativo a la falta de motivación jurídica de la misma.
– Vulneración de la normativa en materia de fundaciones. La fundación fue creada por el testador, y no por los albaceas como erróneamente indica el registrador, y constituida de acuerdo con la legislación y jurisprudencia vigentes: Real Decreto e Instrucción de 14 de marzo de 1899, Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de abril de 1920, 9 de febrero de 1948 y 8 de febrero de 1980, tal y como se indica en la calificada; así como los artículos 9.4 y 10 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y los artículos 2.1, 10.4 y 26 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego, normas coincidentes en destacar que: «si en la constitución de una Fundación por acto mortis causa el testador se hubiera limitado a establecer su voluntad de crear una Fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en que se contengan los demás requisitos exigidos por la presente ley será otorgada por el albacea».
La «Fundación Marín Arias Parra» se constituyó en una fundación benéfico asistencial desde el mismo momento del fallecimiento del testador, hecho ratificado y corroborado por dos actos jurídicos provenientes de órganos distintos (uno administrativo –Orden de 4 de agosto de 1952–, otro judicial –Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1956–), y en la actualidad consta adscrita al protectorado de la Consellería de Política Social, figurando inscrita en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
– El patrimonio, como elemento esencial de la fundación y atribución del fundador que ha de respetar la Ley, y, con él, la dotación, entendida no ya como acto sino como conjunto de bienes afectos de forma permanente y duradera al desarrollo de los fines generales que constituyen el objeto de la fundación, aparecen de este modo íntimamente ligados a la creación de la persona jurídica, razón por la cual ha de mantenerse la unidad del negocio jurídico fundacional.
– Fines análogos (artículo 798 del Código Civil). La voluntad del finado, como sucede en muchas ocasiones, a veces no puede cumplirse fielmente, por lo que en virtud del artículo 798 del Código Civil, debe realizarse en la forma más parecida posible (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 21 de julio de 2003). En 1938 no existía una sanidad pública universal y gratuita como se entiende en el siglo XXI, de ahí la relevancia dada por el testador a una institución público-privada como el Hospital de Caridad de La Coruña. Pero tanto la normativa (Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local) como la propia actuación del Ayuntamiento de A Coruña, quien acuerda el cese de la gestión municipal del que hasta 1986 era Hospital Municipal, provoca que no pueda tener efecto el legado; y hablar de sucesores jurídicos resulta cuando menos aventurado, puesto que el mismo Ayuntamiento, desde la aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, carece de competencias en el ámbito socio sanitario. Y es precisamente por ello, por lo que los albaceas universales con facultades de disponer y contadores-partidores de la herencia, ya desde el año 1986, consideran que la institución más similar en la que depositar el legado es la fundada por el propio testador.
d) La notaria autorizante, en sus alegaciones, resumidamente pone de relieve lo siguiente:
– El registrador afirma que los albaceas, nombrados universales, deben cumplir la voluntad del testador y que el albacea es la persona encargada de hacer cumplir la última voluntad del difunto y de custodiar sus bienes hasta que se repartan entre los herederos; de lo que se colige que el registrador interpreta que no es voluntad del testador crear una fundación y que es obligación de los albaceas transmitir al Ayuntamiento de A Coruña las dos casas que el testador vincula a fines. Es a los albaceas mancomunados que restan a quienes compete llevar a cabo la formalización pendiente de la testamentaría, lo que hacen en uso de sus facultades, explícita e implícita, de interpretar la voluntad del testador que se les reconoce a los albaceas contadores-partidores en el cumplimiento del encargo. Estas facultades atribuidas a los albaceas excluyen cualquier otra interpretación.
– Los albaceas formalizan en la escritura lo que no generó duda y está confirmado desde el mismo fallecimiento del testador: en la disposición tercera y decimoquinta del testamento, el testador dota una fundación cuando vincula a unos fines benéfico asistenciales, a favor de un colectivo indeterminado, unos bienes que pone en manos de una junta de administración. El testador es el fundador; es él quien, con sus bienes, crea la fundación y la interpretación del registrador de que son los albaceas quienes crean una fundación no prevista por el testador, es contraria al resultando primero de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 4 de agosto de 1952, que aprueba la fundación.
– Respecto de la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1956, cuando esta Sentencia revoca el punto tercero de la Orden del Ministerio de la Gobernación que aprueba la fundación (de acuerdo con el artículo 72 de la Instrucción para el ejercicio del protectorado del gobierno de la beneficencia particular de 14 de marzo de 1899), no estaba hecha la testamentaría por los albaceas con facultades de disponer, como recuerda el texto de la sentencia. En la Sentencia, el Tribunal Supremo revoca el punto tercero de la Orden del Ministerio porque sí estima que en este punto se produce una extralimitación de facultades al ordenar la inscripción de los bienes a nombre de la fundación sin tener en cuenta que el legado fundacional no afecta a la integridad del producto de las dos casas (el testador distribuyó este producto a dos fines diferentes, particular uno, y público o general otro) y sin tener en cuenta que los albaceas tienen facultades de disposición sobre ellas. En el texto de la Sentencia se recuerda que la testamentaría no estaba hecha.
– El testador establece un legado fundacional, tal y como fue interpretado por todos quienes intervinieron en la sucesión: a favor de un colectivo indeterminado. Los beneficiados directos son los enfermos y convalecientes pobres de la ciudad de A Coruña, entonces asistidos en ese hospital de caridad, y no es el beneficiario el Hospital Municipal, aunque éste sea el perceptor del producto, tal y como expresamente reconoce la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Junio de 1956 citada («si bien la entidad que recibe el legado es el Hospital Municipal de La Coruña –perteneciente al Ayuntamiento de dicha ciudad, como encarnación de su Municipio– los fines institucionales señalados en las cláusulas tercera y décimo quinta del testamento otorgado por Don M. P. el cinco de agosto de mil novecientos cuarenta –así en el texto de la sentencia–, afectan e interesan a una colectividad o conjunto de personas indeterminadas, como son los que necesiten de la asistencia hospitalaria prestado en el establecimiento citado»).
– El legado tiene como beneficiados directos a los enfermos y convalecientes sin recursos de A Coruña, y consiste en la participación resto (que fija la Orden Ministerial por resultado de la especificada por el testador a favor del alma en relación al total) del producto de unas casas que el propio testador vincula a unos fines y somete a la administración de una Junta designada por él, que es la que tiene la encomienda de distribuir el producto que generan las dos casas y que debe rendir cuentas a los albaceas testamentarios universales. No puede entenderse beneficiario de una fundación un sujeto concreto, y la desaparición del Hospital Municipal no conllevó la de la fundación, porque los destinatarios directos de los beneficios del legado fundacional son los enfermos y convalecientes pobres que forman el colectivo indeterminado. Los patronos de la fundación hacen constar en la escritura que los fines benéfico asistenciales, al no poder satisfacerlos a través del hospital, los cumple, desde la desaparición de esta entidad, a través de otras entidades de beneficencia de acuerdo con lo previsto en los artículos 798 y 749 del Código Civil.
– La transcripción y consecuente interpretación que el registrador vierte de la cláusula decimosexta del testamento, no es ajustada a la letra ni a la voluntad expresada por el testador, porque esta cláusula recoge lo que el testador expresamente califica de recomendación. Por tanto, no obliga; es una previsión para el futuro, de darse un supuesto y con un propósito, que con el tiempo, en la forma prevista por el testador –a través del Hospital de la Caridad gestionado por el Ayuntamiento–, devino imposible. El testador hizo esta recomendación de futuro para el caso de que no pueda tener lugar su expresa voluntad que manifiesta de forma clara en la cláusula quinta del testamento de que se mantenga el cumplimiento del destino del producto de las casas previsto en la disposición tercera de forma permanente («pues el propósito del testador era prohibir perpetuamente la enajenación»), o por lo menos «durante el máximo del plazo que tenga validez legal esta prohibición», que es a lo que se conforma.
– La disposición decimosexta del testamento es una mera recomendación del testador para el caso de que finalice un plazo, que él no concreta salvo por remisión al legal, y para un propósito que devino imposible por desaparecer el Hospital Municipal; por ello, en cumplimiento de la declaración solemne que hace el testador en la cláusula decimoquinta sobre los verdaderos beneficiados por la disposición de la cláusula tercera, la fundación deja constancia de que desde la desaparición del Hospital Municipal, cumple estos fines a través de las instituciones que se dedican a atender a los convalecientes y enfermos sin recursos de la ciudad de A Coruña (conforme al artículo 749 del Código Civil). Es decir, a través de otras entidades benéficas por ser ésta la solución más análoga y conforme a la voluntad del testador (artículo 798 del mismo Código) al logro de los mismos fines benéfico asistenciales. Los albaceas universales, al otorgar la escritura objeto de calificación, llevan a cabo la testamentaría pendiente al tiempo en el que se dicta la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1956, en el desempeño fiel del cargo que les confía el testador fundador conforme a la dispuesto en el testamento y los preceptos legales y dentro del plazo que el testador estableció. Y formalizan la entrega de los bienes dotacionales a la fundación creada por el testador y garantizan el cumplimiento de los fines previstos a favor del alma en la disposición tercera de su testamento, para lo que les atribuyó en él las máximas facultades de administración, disposición y control, prohibiendo la intervención judicial, lo que supone la exclusión de cualquier otra interpretación, a salvo lo previsto en el artículo 675 del Código Civil.
2. Antes de examinar el fondo del recurso, conviene realizar las siguientes puntualizaciones:
a) Respecto de la alegación de los recurrentes relativa a la falta de motivación de la calificación, debe recordarse la doctrina de este Centro Directivo según la cual cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, conforme a los principios básicos de todo procedimiento y a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquella exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (cfr. artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril de 2010, 26 de enero de 2011, 20 de julio de 2012, 12 de febrero de 2016, 26 de abril y 19 de junio de 2017, 21 de noviembre de 2018, 1 de marzo de 2019, 7 de enero de 2020, 18 de febrero, 18 de marzo y 14 de octubre de 2021, 2 de junio de 2022 y 1 de marzo y 13 de abril de 2023, entre otras muchas).
Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso. También ha mantenido esta Dirección General (vid. la Resolución de 25 de octubre de 2007, cuya doctrina confirman las de 28 de febrero y 20 de julio de 2012, entre otras posteriores) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta Dirección General), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.
Por las anteriores consideraciones, y dada la compleja cuestión que suscita la escritura calificada en el presente caso, hubiera sido deseable que la motivación de la calificación tuviera una mayor extensión. No obstante, ha de tenerse en cuenta que es también doctrina de este Centro (Resoluciones de 8 de mayo y 3 de diciembre de 2010, 28 de febrero, 22 de mayo y 20 de julio de 2012, 9 de julio, 8 de octubre y 12, 16, 17, y 20 de diciembre de 2013, 19 de marzo y 10 de junio de 2014, 2 de febrero de 2015, 12 de diciembre de 2017, 20 de junio de 2019, 29 de octubre de 2020 y 18 de febrero y 25 de octubre de 2021, entre otras) que aun cuando la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, cabe la tramitación del expediente y entrar en el fondo del asunto si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, según el contenido del escrito de interposición del recurso, como ocurre en el presente caso.
b) En segundo lugar, por imperativo del artículo 326 de la Ley Hipotecaria, el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma, por lo que el examen del recurso se ciñe estrictamente a la nota y al contenido de la escritura calificada.
c) Por último, y dada la referencia que se contiene en el recurso al disfrute pacifico de las fincas registrales por parte de la fundación –«Que la Fundación Manuel Piñeiro Pose viene poseyendo los referenciados inmuebles (casas sitas en las calles […]) de buena fe, de forma pública, pacífica y continuada en el tiempo, y dando cumplimiento a los anteriores fines desde el fallecimiento de D. M.»–, que la notaria autorizante cifra en «lustros», no ha de olvidarse que este Centro Directivo tiene declarado que, dentro del estrecho margen que proporciona el procedimiento registral, el registrador no puede calificar la prescripción, tarea reservada a los órganos jurisdiccionales. Dicha doctrina ha sido elaborada en el ámbito de la prescripción extintiva pero su fundamento, por los limitados medios con los que cuenta el registrador para realizar su labor, es igualmente aplicable al supuesto de la adquisitiva pues de los hechos que ante él se acreditan en la documentación presentada no cabe inferir, en perjuicio del titular registral, que se hayan producido las consecuencias sustantivas previstas en el ordenamiento (cfr., por todas, Resoluciones de 26 de abril de 2006, 5 de diciembre de 2014, 19 de julio de 2017, 7 de marzo de 2018, 3 de junio de 2020 y 9 de enero de 2023).
3. La cuestión que se plantea en el presente recurso es –como se ha apuntado anteriormente– ciertamente compleja, si bien y como siempre sucede en toda sucesión testamentaria debe atenderse a la voluntad del testador, que ha de ser rectamente interpretada. Por ello, interesa en este caso transcribir el contenido de alguna de las cláusulas del testamento, que ha de ser interpretado en su conjunto:
«Tercero. Dispongo de una participación equivalente a sesenta mil pesetas dentro del valor total de la casa (…) de esta ciudad y de otra participación de igual cantidad en el valor total de la casa número (…), también de esta ciudad de la Coruña, en favor de mi alma, y del resto de dichas dos casas, en favor del Hospital de La Coruña (…)
Quinto. (…) Las tres fincas mencionadas o sean la casa número (…) de la calle (…) y la número (…) de la (…) de esta Ciudad de La Coruña, y la número (…) de (…) de la Ciudad de La Habana no serán enajenadas durante el máximo del plazo que tenga validez legal esta prohibición, que hoy es de treinta años pues el propósito del testador era prohibir perpetuamente la enajenación, no consignándose en este testamento dicha prohibición por no tener validez legal.
(…) Decimotercero. En el remanente de mis demás bienes, derechos y acciones, presentes y futuros, instituyo por heredera a mi alma, ordenando que bienes se inviertan por los albaceas que designaré en misas y actos fúnebres que se celebrarán en el bien de mi alma en la Iglesia de (…).
Decimocuarto. Nombro albaceas universales (…) Obrarán con carácter mancomunado y tendrán la total y completa representación de la herencia judicial y extrajudicialmente, pudiendo cobrar y pagar créditos, cancelar hipotecas, y ejecutar toda clase de actos de administración y de riguroso dominio, invirtiendo el líquido resultante en los fines que se indican en este testamento. Podrán además pagar los legados y como comisarios practicar el inventario, avalúo, liquidación y división de la herencia, con las facultades que en derecho sean precisas (…) El plazo de duración del cargo de los albaceas designados es el de noventa años, prorrogables por todo el tiempo que sea preciso para llevar a cumplido efecto la voluntad del testador.
Decimoquinto. Recomienda el testador a los albaceas que velen principalmente por mejorar el tratamiento científico y la alimentación de los enfermos y convalecientes pobres del Hospital Municipal de La Coruña, al aplicar a esta institución los bienes de que el testados dispone en favor de ella; y declara solemnemente que el legado que hace en este testamento al Hospital Municipal de La Coruña, lo efectúa para que se aplique a los fines benéficos de dicha institución.
Decimosexto. Recomiendo igualmente a mis albaceas que cuando legalmente deje de tener eficacia jurídica la prohibición de enajenar las casas números (…) de la calle (…) y (…) de (…), de esta ciudad de La Coruña, gestionen de la Corporación Municipal de esta capital que suministre el metálico suficiente para la adquisición de valores del Estado, bastantes para la capitalización de la parte alícuota de que dispongo de dichas casas en favor de mi alma, a fin de que de este modo queden dichas casas íntegramente para el Hospital Municipal de La Coruña y asegurado el perfecto cumplimiento de la manda piadosa que se consigna en el capítulo tercero de este testamento.
Decimoséptimo. Prohíbo toda intervención judicial en mi herencia, y privo de toda participación en la misma al legatario que la origine, sea cual fuere el motivo que para dicha intervención se invoque.»
4. No puede desdeñarse la dificultad que siempre entraña la adecuada interpretación de la voluntad del testador, agravada, en casos como el presente, por el hecho de tratarse de un testamento otorgado nada menos que hace ochenta y cuatro años y bajo una realidad social y cultural muy distinta a la actual. Ahora bien, ello no habilita a los que han de velar por ella para apartarse de esa esencial voluntad testamentaria del causante, pues es el principio rector de toda interpretación.
Este Centro Directivo ha afirmado que, en principio, la interpretación del testamento corresponde a los herederos, o en su caso al albacea y en su defecto a la autoridad judicial; y que, a falta de datos concluyentes que resulten del testamento, debe prevalecer la interpretación literal de sus cláusulas. Así, la interpretación del testamento en caso de colisión entre los herederos, y a falta de albacea, contador-partidor o cualquier designado por el testador para ello, corresponde a los tribunales –en particular, a los de instancia, y no al Tribunal Supremo, si bien, excepcionalmente, cabe que éste revise la interpretación realizada– (cfr., por todas, Resoluciones de 30 de abril de 2014, 16 de mayo de 2018, 27 de febrero de 2019, 25 de septiembre y 19 de diciembre de 2019, 22 y 28 de enero y 19 de noviembre de 2020, 14 y 21 de octubre de 2021, 15 de junio y 15 de noviembre de 2022 y 2 de febrero de 2023).
También ha afirmado este Centro en Resolución de 19 de mayo de 2005 (con criterio reiterado en otras muchas, como las de 15 de junio y 15 de noviembre de 2022 y 2 de febrero de 2023, entre las más recientes), que «en la interpretación del testamento ha de estarse a su literalidad, y a las palabras ha de otorgárselas el sentido que de ellas se desprende (...) Ante una posible duda, esta ha de decidirse a favor del que se halle obligado a ejecutar la disposición –los herederos en este caso–, dado que el obligado debe entenderse obligado a lo menos. Del mismo modo, y por razón del criterio antes expuesto, en caso de existir duda sobre lo legado, la interpretación ha de hacerse a favor del que debe cumplir dicho legado (...) Son los herederos, cuando lo son “in locus et in ius”, quienes han de realizar en primer término esa labor interpretativa».
Como expresa la citada Resolución de 2 de febrero de 2023 (siguiendo el criterio de otras anteriores, como las de 13 de julio y 27 de octubre de 2016, 4 de abril de 2017, 5 de octubre y 21 de diciembre de 2018, 23 de octubre de 2020, 14 y 21 de octubre de 2021 y 15 de junio y 15 de noviembre de 2022), «serán todos los llamados a una sucesión –y no solo algunos de ellos– los que tengan la posibilidad de decidir sobre el cumplimiento e interpretación de la voluntad del testador, y, a falta de acuerdo entre ellos, decidirán los tribunales de Justicia. Según doctrina reiterada de ese Centro Directivo, es posible que todos los interesados en la sucesión, si fueren claramente determinados y conocidos, acepten una concreta interpretación del testamento. En algunos casos, matizados y perfilados asimismo jurisprudencialmente, podrá también el albacea, máxime si en él, además confluye la condición de contador-partidor, interpretar la voluntad del testador. Y, en último término, a falta de interpretación extrajudicial, corresponde a los tribunales de Justicia decidir la posibilidad de cumplimiento de la voluntad del testador y su alcance interpretativo, siendo pacífico que la interpretación de las cláusulas testamentarias es facultad que corresponde al tribunal de Instancia».
La Resolución de 23 de octubre de 2020 pone de relieve que, tratándose de una cuestión de interpretación, «la privación del contenido patrimonial de un determinado testamento exige, a falta de conformidad de todos los afectados, una previa declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso, provoque su pérdida de eficacia ya sea total o parcial; y ello porque el principio de salvaguarda judicial de los derechos (artículo 24 de la Constitución) en conjunción con el valor de ley de la sucesión que tiene el testamento formalmente válido (artículo 658 del Código Civil), hace necesario que sea una declaración judicial la que prive de eficacia al testamento, y no sea uno de los interesados en la herencia quien lo decida».
5. Es indudable que, si es función innegable del albacea interpretar la voluntad del causante, no es menos cierto que, sean cual fueran las facultades que el testador le hubiera conferido, un límite evidente de las mismas es evitar que quede el testamento al arbitrio de los mismos; y en esa línea, este Centro Directivo ha declarado (cfr. Resolución de 19 de abril de 2013), que tal interpretación tan sólo podrá rechazarse en sede registral si resulta que claramente ha prescindido de las pautas que impone el artículo 675 del Código Civil, al margen de la impugnación judicial de que en cualquier caso puede ser objeto.
Cuestión, esta última, que lleva a analizar el alcance, a la vista de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española, de la prohibición de intervención judicial que el testador consignó en la cláusula decimoséptima del testamento (otorgado en 1938) y a la que hacen referencia los recurrentes como argumento que impide la revisión de lo consignado en la escritura calificada.
En vía de principio no es misión de este Centro Directivo juzgar la validez y alcance de tal cláusula, toda vez que es el juez el único que, en su caso, deberá valorar esa eventual prohibición de intervenir, dada su propia naturaleza de poder del Estado y prevalente a la voluntad del causante (cfr. artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), y enervar o no, por consiguiente, la prohibición que el causante impone de la propia acción cuyo juicio se le someta.
Debe añadirse que analizar esta cuestión desde un prisma puramente civil no es enfoque adecuado, pues procediendo así se pasaría por alto que el causante trata de prohibir a alguien el ejercicio de un derecho subjetivo público, «la acción», frente a uno de los tres poderes del Estado (Juzgados y Tribunales), de modo que solo a los jueces y tribunales compete resolver las pretensiones que se les planteen con arreglo al sistema de fuentes de Derecho.
Como ha afirmado el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones (Sentencias número 115/1984, de 3 de diciembre, 63/1985, de 10 de mayo, 89/1985, de 19 de julio, y 100/1987, de 12 de junio, entre otras), «(…) el art. 24.1 de la Constitución, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, comporta como primera garantía el acceso al correspondiente proceso jurisdiccional (…)». Por tanto, es el juzgador, y solo el juzgador, quien deberá ponderar si la cláusula prohibitiva «del derecho a pedir al Juez» es per se contraria a normas prohibitivas, imperativas o de orden público, cual es el acceso a la Justicia para obtener una resolución sobre el fondo del asunto (cabe pensar, por ejemplo, en un caso en el que la intervención judicial precisamente se promoviera para que se cumpla una voluntad del testador que se estimara vulnerada, o incumplida, so capa de determinada interpretación).
6. Siguiendo con el examen de las cuestiones planteadas –y reiterando que la escritura calificada no formaliza la manifestación de la herencia del causante– debe analizarse la institución hereditaria que el testamento contiene, pues no ha de olvidarse que el testador en su cláusula decimotercera instituyó heredera a su alma, y no está de más recordar el contenido del artículo 747 del Código Civil, según el cual: «Si el testador dispusiere del todo o parte de sus bienes para sufragios y obras piadosas en beneficio de su alma, haciéndolo indeterminadamente y sin especificar su aplicación, los albaceas venderán los bienes y distribuirán su importe, dando la mitad al Diocesano para que lo destine a los indicados sufragios y a las atenciones y necesidades de la Iglesia, y la otra mitad al Gobernador civil correspondiente para los establecimientos benéficos del domicilio del difunto, y, en su defecto, para los de la provincia».
Hay una opinión doctrinal unánime en el sentido de que el alma no puede adquirir la condición de heredero, pese a ser frecuente que en muchos testamentos el causante haya instituido al alma como su heredera; se entiende por ello que lo que contempla el artículo 747 del Código Civil es la disposición hecha por el testador para sufragios y obras piadosas «en beneficio de su alma», pues el alma carece de personalidad jurídica, y, por ende, de capacidad sucesoria. Y, en realidad, no es que el precepto admita que el alma sea instituida heredera, sino que permite el destino por el causante del importe de los bienes en beneficio de su alma, sin otra especificación, como tampoco es el alma la beneficiaria de directa de los bienes relictos, ya que lo serán, en definitiva, las obras pías o establecimientos benéficos, los establecimientos favorecidos.
Respecto de dicho precepto legal la doctrina pone el acento en la idea de patrimonio en liquidación, de modo que después de proceder los albaceas al pago de las deudas de la herencia –y cumplir las mandas y legados– al líquido resultante se le dará el destino previsto en el precepto. Y por lo que se refiere a la aceptación de la herencia, se ha planteado si cabe extender al supuesto contemplado en el artículo 747 la solución del artículo 992.2, según el cual: «(...) La aceptación de la que se deje a los pobres corresponderá a las personas designadas por el testador para calificarlos y distribuir los bienes, y en su defecto a las que señala el artículo 749, y se entenderá aceptada a beneficio de inventario», entendiéndose que, dada la evidente identidad de razón entre ambos preceptos, debe aplicarse la solución prevista en el artículo 992.2, en todo lo relativo a la determinación de quiénes aceptan y con qué consecuencias y sin olvidar, tampoco, la función esencialmente liquidataria que cumple el beneficio de inventario.
Debe advertirse, por último, que, tal y como ya se ha apuntado, la escritura que se somete a calificación no lo es de la manifestación y partición de la herencia de