Categoría: Administración

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14. La entidad creada estará sujeta a las mismas obligaciones derivadas de la legislación de transparencia y participación ciudadana vigente para la administración de adscripción.
Las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se regirán por la presente ley, por las normas que les resulten de aplicación conforme a su naturaleza jurídica y por el conjunto normativo que forma el bloque de la legalidad que integra la hacienda general del País Vasco y el empleo público, con las especificidades que resulten necesarias según el tipo de entidad de que se trate.
La normativa reguladora de las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá figurar, de forma permanente y accesible, en su página web, a efectos informativos.
1. La participación de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en cualquier entidad ya constituida y no perteneciente al mismo determinará su integración en él, siempre que de la misma resultare una posición económica o jurídica que de haber concurrido en el momento de su constitución hubiera supuesto su integración en dicho sector público conforme a lo establecido en la presente ley.
2. La decisión de participar en una entidad que implique la situación descrita en el número anterior requerirá autorización del Gobierno, que se adoptará mediante decreto.
3. El procedimiento de tramitación y los contenidos a reunir por el decreto de autorización serán los establecidos en esta ley para la constitución o autorización de nuevas entidades, según la personificación de que se trate.
4. En todo caso se aportará en dicho procedimiento una auditoría sobre el estado económico de la entidad y sobre su situación jurídica, de funcionamiento y organización.
5. El decreto de autorización establecerá el plazo en el que deberán adoptarse por la entidad las adaptaciones y modificaciones estatutarias, orgánicas o de otra naturaleza que resulten en razón de su integración en el sector público. El órgano de la Administración general al que la entidad se haya adscrito dará cuenta al departamento responsable en materia de hacienda de las adaptaciones realizadas en la entidad.
6. Los estatutos, norma de organización y funcionamiento o el convenio alcanzado por las administraciones partícipes determinarán el conjunto normativo que regula el régimen económico-financiero de naturaleza pública así como de empleo público emanado de las administraciones públicas que participen en ella, al que debe estar sometida toda entidad que se encuentre en la situación definida en este artículo.
1. La financiación de entidades no integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que no suponga participación en su capital o patrimonio y que se ejecute mediante el otorgamiento de ayudas, subvenciones o entrega económica de cualquier naturaleza proveniente de los presupuestos de dicho sector público requerirá motivación expresa y singular en los supuestos en que concurran las tres siguientes circunstancias:
a) Que sean otorgadas sin convocatoria de un procedimiento público, bien sea mediante asignación nominativa en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma o mediante concesión directa por el Gobierno.
b) Que la cuantía suponga más del cincuenta por ciento del presupuesto de ingresos de la entidad.
c) Que la misma entidad haya recibido ayuda, subvención u otro tipo de entrega económica concurriendo las circunstancias anteriores en los dos ejercicios consecutivos anteriores.
2. La motivación y los criterios e indicadores de evaluación sobre efectivo cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas se incorporará a la memoria de los presupuestos generales en el caso de las ayudas o subvenciones nominativamente asignadas en ellos y al expediente y acuerdo de concesión directa por el Gobierno.
1. Las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi estarán sujetas a evaluación sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y fines que propiciaron su creación o participación, así como sobre la relación entre los recursos utilizados y los logros conseguidos en su actividad, en aplicación de los principios generales de actuación como sujetos integrantes del sector público y principios aplicables para la creación de nuevas entidades o participación en otras ya existentes, establecidos en esta ley.
2. La evaluación de eficacia económica y eficiencia se orientará, en primera instancia, a contrastar el grado de cumplimiento de los objetivos y fines de la entidad en función de los recursos empleados, la relación coste-beneficio y la optimización de los recursos empleados, y se llevará a cabo por la Oficina de Control Económico, de conformidad con su normativa específica.
3. La evaluación de eficacia material y de la actividad de las entidades del sector público en relación con su impacto en el ámbito al que dirige su acción y a la ciudadanía en general se llevará a cabo a través de técnicas de evaluación pluralistas, de conformidad a lo que se establezca reglamentariamente. En todo caso, dicha evaluación incorporará la opinión de la ciudadanía en la prestación de los servicios externos.
1. La evaluación de eficacia material y de la actividad de las diferentes entidades se verificará conforme a las siguientes pautas:
a) Cada una de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi debe elaborar anualmente un documento de evaluación en el que se incluya la información relativa a los aspectos señalados en el artículo anterior, tanto en lo que respecta al ejercicio precedente como a la estimación referida al ejercicio en curso. La estimación, además, hará referencia a las mejoras, innovaciones y circunstancias específicas del ámbito de actuación de la entidad que vayan a tener relevancia en la actividad de la entidad.
b) El documento de evaluación será validado por la persona u órgano que desempeñe las funciones ejecutivas y de dirección superiores en la entidad.
c) El documento de evaluación será remitido al departamento de adscripción, que verificará su ajuste a las orientaciones generales que haya podido marcar respecto a la eficacia de las entidades dependientes del mismo y, a su vez, lo remitirá al departamento competente en materia de administración pública para que, con el conjunto de la información recibida, elabore un informe general de evaluación del sector público.
d) El informe general de evaluación será elevado al Consejo de Gobierno al efecto de su aprobación y, en su caso, de la adopción de los acuerdos precisos sobre la organización y estructura del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, conforme a lo dispuesto en esta ley.
e) Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, el informe de evaluación será remitido al Parlamento para su conocimiento.
2. El Gobierno Vasco, con carácter general o específico, podrá desarrollar los principios y orientaciones referidos en el artículo anterior, conforme a los que llevará a cabo la evaluación, ampliando o detallando los aspectos respecto a los que contrastar la eficacia de las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, podrá establecer métodos, procedimientos o indicadores, bien generales dirigidos a todas las entidades, bien específicos en función de la naturaleza jurídica, dimensión, ámbito de la actividad, u otros singularmente relevantes que garanticen un mejor y más adecuado conocimiento de la eficacia de su sector público.
3. La Administración general promoverá la utilización por las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi de las herramientas que permitan al departamento de adscripción y al que elabore el informe general de evaluación un seguimiento permanente de la actividad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
1. El Gobierno mantendrá la adecuación de la organización y estructura del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a las finalidades públicas que tienen encomendadas sus entidades, procediendo a la reestructuración organizativa del mismo, cuando así lo requieran el mantenimiento de los principios establecidos en esta ley y el resultado de las evaluaciones de eficacia, de eficiencia y de conjunto previstas en esta ley, o así lo requiera la aplicación de los principios generales establecidos en esta ley para la actuación de los sujetos integrantes del sector público y de los principios aplicables a la creación de nuevas entidades o la participación en otras ya existentes, promoviendo el objetivo de su simplificación.
2. Las modificaciones normativas que impliquen reordenación en la atribución de funciones hecha a entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi exigirán su correspondiente reestructuración organizativa.
3. La reestructuración de entidades de la misma tipología o personificación jurídica se llevará a cabo por el procedimiento y con los requisitos establecidos para la creación del tipo de entidad de que se trate.
4. La reestructuración de entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que tengan distinta personificación y naturaleza jurídica seguirá las siguientes reglas:
a) Si concurren entidades pertenecientes a la Administración institucional con entes instrumentales, se optará porque la entidad resultante se dote de una personificación jurídica correspondiente a la tipología de la primera citada.
b) En la reestructuración entre entidades pertenecientes a la Administración institucional o entre diferentes tipos de entes instrumentales se optará por la que cumpla con las finalidades y objetivos definidos en esta ley para cada tipo de entidad.
1. La decisión de retirar o reducir la participación en una entidad que suponga su exclusión del sector público requerirá igualmente su autorización por el Gobierno mediante la aprobación de un decreto tramitado por el mismo procedimiento que el establecido para extinción de entidades y en el que deberán regularse los efectos precisos de la decisión adoptada.
2. En las entidades de naturaleza jurídica privada, la pérdida de su pertenencia al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi no implicará necesariamente la extinción de la misma, que se regirá por la legislación que le resulte de aplicación.
3. El decreto por el que se autorice la retirada de la participación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en una entidad que no estuviera integrada en el mismo determinará el procedimiento y efectos de la misma así como, en su caso, la sucesión en el mantenimiento de la finalidad pública que justificaba tal participación.
1. La extinción de una entidad perteneciente a la Administración institucional se realizará por ley, y por decreto, la de los entes instrumentales del sector público, conforme al procedimiento y requisitos que se establezcan en la legislación aplicable. En dicha ley se regularán las medidas relativas al régimen de personal, patrimonio, sucesión en los derechos y obligaciones de la entidad y requisitos para su liquidación económico-financiera.
2. En el expediente de elaboración de dicha ley o decreto, además de motivarse los aspectos específicos que concurran para la extinción de la entidad, habrán de analizarse sus efectos sobre el conjunto del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en cuanto a la racionalización y coherencia de su organización y estructura resultante, de conformidad con los principios generales de actuación como sujetos integrantes del sector público y principios aplicables para la creación de nuevas entidades o participación en otras ya existentes, establecidos en esta ley.
3. En la extinción de entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi regirá el principio de subrogación del departamento de adscripción de la entidad en las funciones públicas que esta venía desarrollando.
1. Con arreglo al procedimiento de constitución de entidades establecido en la presente ley, la Administración general podrá constituir una sociedad de capital íntegramente público con el objeto de concentrar en ella la gestión de las participaciones accionariales prevista en el artículo 114 del Texto Refundido de la ley de Patrimonio, aprobado por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre.
2. Además de la gestión accionarial, dicha entidad podrá prestar otros servicios que resulten comunes a las entidades titulares de las participaciones pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma, atribuyéndose tales funciones de forma expresa en su norma de creación.
1. Se crea el registro de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el que se inscribirá preceptivamente:
a) La constitución de cada una de las entidades pertenecientes a dicho sector público, así como, en el plazo que se determine reglamentariamente, las entidades del mismo ya existentes.
b) La adquisición de la condición de entidad integrante del sector público, en razón de la participación que la determine, conforme se regula en esta ley.
c) La extinción de entidades pertenecientes al referido sector público, así como la exclusión de entidades del mismo que sea consecuencia de la reducción o retirada de la participación conforme a esta ley.
d) Todas las incidencias, alteraciones o modificaciones que tengan lugar en su estructura, organización y composición de sus órganos de gobierno.
2. Asimismo, se hará constar en cada caso la identificación de las personas físicas que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la entidad por razón de su relación con la Administración o cualquier otra entidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
3. El registro tendrá carácter público y naturaleza informativa, estando adscrito al departamento de la Administración general competente en materia de administración pública, cuyos medios materiales y personales proveerán a su funcionamiento.
4. Reglamentariamente se determinarán el contenido de sus asientos, su organización, las formas de acceso al mismo y la coordinación con el resto de registros administrativos existentes.
5. Las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que figuren inscritas en el registro comunicarán al mismo, en los términos que se determinen reglamentariamente, todas las incidencias, alteraciones o modificaciones que tengan lugar en su estructura, organización, composición de sus órganos de gobierno y participación en otras entidades públicas o privadas.
6. Toda persona que en el desempeño de sus funciones en la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en cualquier otra entidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi sea convocada por vez primera para participar en el órgano de gobierno o administración de cualquier otra entidad deberá hacer constar en el registro su designación e inscripción en dicho cargo. Cuando no consten tales datos la persona convocada deberá instar la regularización de las inscripciones procedentes.
7. Lo establecido en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Oficina de Control Económico para mantener y publicar la información relativa al inventario de entes dependientes del sector público de la Comunidad Autónoma, en el marco de la normativa en materia de estabilidad presupuestaria. Adicionalmente, la referida información se extenderá a las participaciones en entidades que no determinen su integración en el sector público de la Comunidad Autónoma, así como a sus variaciones fundamentales.
1. Las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se adscribirán en todo caso a un departamento de la Administración general, a través de un órgano concreto del mismo que será determinado en la norma de creación. Dicho órgano ejercerá la dirección estratégica y será el medio de relación ordinaria con la entidad para la aplicación de los procedimientos de evaluación de resultados y el control de su eficacia y eficiencia.
2. Las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi están sometidas, en el cumplimiento de sus fines y en el desarrollo de su actividad, a:
a) Las directrices de planificación y política general del Gobierno Vasco.
b) Las directrices que establezca el departamento al que se encuentran adscritas, que ejerce a los efectos de esta ley la alta dirección y la inspección de las mismas.
c) Las directrices emanadas de los órganos competentes de la Administración general en las materias de la hacienda general y empleo público en aquellos aspectos que les sean de aplicación.
3. Las relaciones económicas entre la Administración general y las entidades del sector público podrán regularse mediante contratos-programa o marcos estables de financiación, en los que se expresarán, al menos:
a) Los objetivos de la entidad.
b) El coste estimado de los mismos.
c) La financiación aportada por la Administración.
d) La relación entre dicha financiación y el cumplimiento de los objetivos.
1. Los actos y resoluciones de los organismos autónomos y de los consorcios serán susceptibles de los recursos administrativos establecidos en la legislación general correspondiente. Igualmente lo serán los de los entes públicos de derecho privado cuando actúen sometidos al derecho administrativo.
2. Corresponderá al máximo órgano de gobierno de las entidades señaladas en el número anterior la resolución de las reclamaciones previas en asuntos civiles y laborales y la revisión de oficio de los actos dictados por sí mismo o por los órganos de ellos dependientes.
3. Cabrá interponer recurso de alzada contra las decisiones definitivas que adopten las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi de naturaleza jurídica privada para la aprobación de las bases de las convocatorias subvencionales y el otorgamiento de ayudas, subvenciones o cualquier entrega dineraria sin contraprestación proveniente o con origen en presupuestos públicos. La norma o programa regulador de la ayuda identificará la decisión o resolución del órgano de la entidad contra la que podrá interponerse el recurso de alzada, debiendo ser ofrecido en su notificación a las personas interesadas en los términos exigidos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo.
4. Procederá también interponer recurso de alzada contra las decisiones definitivas adoptadas por las entidades de naturaleza jurídica privada pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se adopten con sujeción a una ley perteneciente al ordenamiento jurídico administrativo que las incluya en su ámbito de aplicación y siempre que en la misma no se regule otro recurso de naturaleza administrativa para tal supuesto.
5. En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores, a través de la norma de constitución de la entidad de naturaleza jurídica privada, se podrá atribuir al titular del departamento de la Administración general al que la entidad de naturaleza jurídica privada se encuentre adscrita la resolución de los recursos de alzada interpuestos contra sus decisiones definitivas, así como la revisión de oficio de sus actos.
6. Las disposiciones de este artículo no obstan a que se acuda a la Justicia cuando corresponda, mediante recurso contencioso-administrativo o cualquier otra figura jurídica que corresponda.
1. Sin perjuicio de la obligatoriedad de las instrucciones y directrices a las que se refiere esta ley, la Administración general ejercerá el control efectivo de las entidades integradas en su sector público mediante sus representantes en los órganos de gobierno de las mismas.
2. Las personas designadas como miembros de los órganos de gobierno de las entidades en representación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi defienden el interés general y la finalidad pública que justificó la constitución o participación en la entidad.
3. Los servicios jurídicos centrales de la Administración general podrán desempeñar la secretaría de los órganos de gobierno de carácter colegiado y asesoría jurídica de las entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los supuestos en que tales funciones resulten precisas por la normativa de constitución y organización de la entidad o en la legislación que resulte de aplicación por su forma y naturaleza jurídica.
1. La responsabilidad que corresponda al personal empleado público como miembro del consejo de administración u órgano liquidador será directamente asumida por la administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi que lo designó, sin perjuicio de la responsabilidad personal de aquel.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá exigir de oficio al personal empleado público que designó como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
1. En el acuerdo del Consejo de Gobierno de autorización de constitución de las sociedades mercantiles públicas se determinará el departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma a que estén adscritas dichas sociedades a efectos de ejercer su tutela funcional, sin perjuicio del control ejercido desde los departamentos competentes en materias de hacienda y de administración pública. No será preciso acuerdo expreso para los cambios de adscripción que sean consecuencia de los procesos de reestructuración del patrimonio empresarial en la forma prevista en la legislación de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
2. El departamento de adscripción y que ejerce la tutela funcional llevará a cabo el control de eficacia, eficiencia y sostenibilidad social y ambiental de las sociedades mercantiles públicas que tenga adscritas, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la consejería competente en materia de hacienda. La persona titular del departamento que ejerza directamente la tutela, o de aquel al que esté adscrita la entidad que la ejerza, es responsable de dar cuenta al Parlamento Vasco de las actuaciones llevadas a cabo en este ámbito.
El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi orientará su actuación al servicio de la ciudadanía. En ejecución de este principio rector de su funcionamiento le resultarán de aplicación, además de los contenidos en la normativa de general aplicación al conjunto de las administraciones públicas, los siguientes principios:
a) Legitimidad democrática: Tiene a la ciudadanía como su razón de ser y por ello dirige su actuación pública a la detección, atención y satisfacción de las necesidades ciudadanas. Deberá siempre buscar el interés general y se caracterizará por su voluntad de servir a la sociedad.
b) Sostenibilidad: Deberá orientarse al progreso social, económico y ambiental en clave de sostenibilidad.
c) Anticipación: Se anticipará, en la medida de lo posible, a los problemas y demandas ciudadanas, tanto en el diseño de sus políticas como en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.
d) Normalización lingüística: Impulsará la normalización del uso del euskera en la actividad administrativa.
e) Programación, planificación, control y evaluación de políticas y servicios: Desarrollará instrumentos adecuados y suficientes que garanticen la realización ordenada de los procesos de programación, planificación de políticas y control y evaluación de sus resultados, y su posterior comunicación a la ciudadanía.
f) Responsabilidad por la gestión: Evaluará los resultados de sus políticas y servicios conforme a indicadores objetivos y mensurables que acrediten la calidad de la gestión.
g) Coherencia: Prestará los servicios de forma continua, cierta y estable, sin introducir rupturas o modificaciones innecesarias respecto a las situaciones que la ciudadanía conoce y acepta.
h) Participación y colaboración: Con ocasión del diseño de sus políticas y de la gestión de sus servicios, garantizará la posibilidad de que la ciudadanía, tanto individual como colectivamente, participe, colabore y se implique en los asuntos públicos, incorporando la perspectiva de igualdad de género y, en general, un enfoque inclusivo que tome en consideración la heterogeneidad de personas o colectivos.
i) Transparencia: Será transparente en su actuación, de forma que la ciudadanía podrá conocer la información relevante acerca de las decisiones adoptadas y sus responsables, su proceso de deliberación y la organización de los servicios.
j) Publicidad activa: Deberá facilitar y divulgar, de manera permanente y objetiva, toda la información de que disponga sobre su actividad, actualizada y efectiva.
k) Simplicidad y comprensibilidad: Reducirá la complejidad de los trámites y propiciará la existencia de normas y procedimientos claros y sencillos por medio de un lenguaje comprensible que haga universal la accesibilidad de la ciudadanía.
l) Innovación pública: Impulsará mecanismos y procedimientos innovadores, especialmente mediante el uso de las nuevas tecnologías y la constante adaptación de su funcionamiento y estructura a las nuevas necesidades.
m) Mejora continua: Utilizará procesos de constante evaluación al objeto de detectar carencias y proceder a su corrección con la finalidad de una eficiente prestación de servicios a la ciudadanía.
n) Eficacia: Deberá gestionar de manera óptima todos sus recursos, para la consecución directa de los fines públicos que persigue.
o) Economía y celeridad: Deberá actuar de manera que los fines públicos sean alcanzados con el coste económico más razonable y en el menor tiempo posible, reduciendo de forma progresiva los tiempos de respuesta, y velará para que así sea.
p) Calidad de las normas: En la actividad reguladora actuará de acuerdo con los siguientes principios: necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficiencia.
q) Responsabilidad en su gestión: El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi debe asumir de forma explícita sus obligaciones hacia la ciudadanía, y también debe asumir las responsabilidades derivadas de sus decisiones y actuaciones.
r) Accesibilidad: Velará para que la accesibilidad universal sea efectiva en sus oficinas, en el diseño de sus políticas y en todas sus actuaciones.
s) Neutralidad tecnológica: Apostará, en su funcionamiento, por el uso y fomento del software de código abierto, y en el área de la tecnología y la informática, por el uso de estándares abiertos y neutrales. Asimismo, en la contratación de aplicaciones y desarrollos informáticos, apostará por aquellas soluciones abiertas, compatibles y reutilizables.
1. Las ciudadanas y ciudadanos en su relación con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi tienen los derechos y deberes establecidos en la presente ley, además de los que le reconozca la legislación básica del Estado y la legislación de la Unión Europea.
2. Las ciudadanas y ciudadanos, en los términos expresados en el apartado anterior, y como consecuencia de los principios contenidos en el artículo precedente, tienen derecho a una buena administración.
3. A los efectos de esta ley, el derecho a una buena administración incluirá:
a) Derecho a que sus asuntos sean tratados de un modo imparcial y equitativo, y dentro de un plazo razonable, pudiendo en su caso conocer los motivos de las demoras que sean inevitables.
b) Derecho a la participación en los asuntos públicos en los términos que esta ley establece.
c) Derecho de audiencia previa respecto a toda medida individual que le afecte, conforme dispongan las normas de procedimiento administrativo común.
d) Derecho a una información pública veraz y de calidad, incluyendo el acceso a los archivos y registros existentes en la Administración pública, en los términos que la ley establezca, así como el acceso al expediente que le afecte, dentro del respeto a los intereses legítimos de la confidencialidad, de la protección de sus datos de carácter personal y del secreto profesional y comercial.
e) Derecho a la motivación de las decisiones públicas y, en particular, de las que afecten a sus intereses, en los términos previstos en las leyes de procedimiento.
f) Derecho a la reparación de los daños causados por la Administración o sus entes institucionales o instrumentales en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto por las leyes vigentes en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración.
g) Se garantizará el derecho de la ciudadanía a relacionarse en euskera con los sujetos integrantes del conjunto del sector público vasco, para lo que se garantizarán los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía.
h) Derecho a la defensa de los derechos reconocidos por la legislación en su relación con la Administración pública, a través de los recursos correspondientes.
i) Derecho a la simplicidad de los trámites y procedimientos de la Administración pública y a no presentar los documentos no exigidos por las normas aplicables a los procedimientos o que se hallen ya en poder de la Administración pública.
j) Derecho a poder acceder de forma igualitaria a unos servicios públicos de calidad, incluyendo un servicio que garantice una atención adecuada, y siendo dichos servicios prestados sin interrupciones y de forma que sean continuamente evaluables.
k) Derecho a expresar sus solicitudes, sugerencias, agradecimientos o quejas, utilizando los canales, medios e instrumentos facilitados por la Administración y de acuerdo, en su caso, a la regulación orgánica del derecho de petición.
l) Derecho a identificar a las autoridades o al personal bajo cuya responsabilidad se presta el servicio.
m) Derecho a conocer cuáles son sus derechos y deberes en relación con los servicios prestados por las administraciones públicas y a ser asesoradas o asesorados y, en su caso, ayudadas, para el efectivo ejercicio de sus derechos y la correcta recepción de dichos servicios públicos, sin perjuicio del asesoramiento que, sobre estas mismas materias, puedan prestar de forma profesional empresas o personas particulares.
4. Los anteriores derechos obligan al conjunto de entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. No obstante, no resultan de aplicación a las relaciones de derecho privado de las ciudadanas y ciudadanos con las entidades de esta naturaleza cuando se trate de derechos que resulten incompatibles con dichas relaciones de derecho privado.
5. Corresponden a las ciudadanas y ciudadanos, como consecuencia de los principios contenidos en el artículo precedente, los siguientes deberes:
a) Deber de mantener una actitud respetuosa hacia el personal de la Administración y el resto de personas usuarias que se encuentren presentes en cada momento en las dependencias públicas.
b) Deber de cuidar las instalaciones, espacios y equipamientos públicos.
c) Deber de mantener una actitud de colaboración con el personal de la Administración, facilitándole con veracidad, exactitud, claridad y legibilidad los datos de identificación o del contenido de la materia de que se trate, que resulten necesarios para la correcta resolución de cada caso.
d) Deber de utilizar los canales, medios e instrumentos facilitados por la Administración para formular solicitudes, sugerencias, quejas o agradecimientos de forma correcta y proporcionando los datos de contacto necesarios.
e) Deber de hacer un buen uso de la información que se obtenga de la Administración en sus comunicaciones y relaciones, y en especial, deber de respetar las exigencias jurídicas respecto de la información administrativa a la que se accede legítimamente, sin desviar los posibles usos especialmente en razón de la protección de datos de carácter personal y la propiedad intelectual e industrial.
f) Deber de aportar a la Administración, en aquellos trámites y gestiones que requieran recogida de información, los documentos y permisos necesarios para su recogida, de tal manera que se agilice la carga administrativa que genera el requerimiento para completar la documentación.
La Administración general de la Comunidad Autónoma impulsará la eficacia y la eficiencia de su organización y del conjunto del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi mediante la generalización de la implantación de sistemas de gestión pública avanzada que contribuyan a la generación de valor público a la sociedad, lo que conllevará:
a) La elaboración de planificaciones estratégicas y operativas, que expliciten objetivos retadores pero alcanzables e incorporen indicadores de seguimiento y evaluación que posibiliten la toma de decisiones con hechos y datos a las personas responsables del ámbito político y técnico.
b) La concreción de cómo se desarrollarán y gestionarán los servicios mediante procesos, para que respondan adecuadamente a la ciudadanía y a las personas y entidades a quienes van dirigidos, identificando las necesidades y expectativas de la ciudadanía de modo habitual, atendiendo sus quejas y sugerencias, dando una adecuada respuesta a sus solicitudes, incorporando su perspectiva en la mejora de las políticas y servicios prestados y promoviendo mecanismos para su participación activa.
c) La implantación de herramientas de estímulo a la participación de las empleadas y los empleados públicos en la gestión, generando las condiciones que potencien su compromiso y concretando el comportamiento y las competencias de los líderes.
d) La creación de contextos de intercambio y aprendizaje que favorezcan la generación de respuestas y propuestas innovadoras a los nuevos retos públicos, incorporando la creatividad de las personas de la organización y de otros grupos de interés externos que faciliten una innovación continua y sistemática.
e) El establecimiento de cauces de concertación multiagente, incluida la propia ciudadanía, que contribuya a crear alianzas e implicar a la iniciativa pública y privada para aumentar la capacidad de respuesta a las necesidades y problemas complejos de nuestra sociedad y de generación de oportunidades para las actuales y futuras generaciones.
f) La incorporación de mecanismos de evaluación de resultados y de publicación accesible de los resultados más significativos, y la previsión de incorporación de la percepción ciudadana sobre dichos resultados.
1. Se evaluará la actividad de las unidades organizativas para conocer el nivel de implantación de sistemas de gestión pública avanzada y, de manera singularizada, su alineamiento con las políticas públicas concretadas, el grado de satisfacción de la ciudadanía y de otros posibles receptores de servicios respecto de su actividad y las características de su gestión.
2. La evaluación tendrá como objeto valorar su actividad y detectar aquellos ámbitos en los que existen posibilidades de mejora, a los efectos de que las unidades puedan comprometerse en planes sucesivos de mejora.
3. La evaluación se realizará a partir de modelos que permitan la comparación entre las mismas y que faciliten su evolución.
4. Como instrumento de transparencia y de mejora continua, las unidades administrativas que provean servicios o prestaciones directas a la ciudadanía elaborarán y publicarán compromisos de nivel de servicio que recojan el conjunto de derechos de un determinado grupo de usuarios y usuarias en relación con una política concreta o su despliegue.
1. Las instituciones y entes que componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi implantarán el uso de medios electrónicos en las prestaciones de servicios, comunicaciones y relaciones con la ciudadanía, así como en sus comunicaciones internas y con otras administraciones públicas e instituciones.
Los organismos y entes mencionados, en sus actuaciones electrónicas, respetarán los principios mencionados en el artículo siguiente y las normas básicas sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Para garantizar la efectividad de aquellos principios y el respeto de los derechos de los ciudadanos, se arbitrarán medios de control del funcionamiento de la administración electrónica.
2. El departamento competente en materia de organización y calidad de los servicios públicos elaborará anualmente un informe sobre la implantación de la administración electrónica que incluirá, entre otros aspectos, un análisis de las quejas y sugerencias realizadas por las personas usuarias. El informe se enviará al Gobierno Vasco para su examen y posterior remisión al Parlamento Vasco.
La administración electrónica, en términos generales, se define como una herramienta y vía para alcanzar la proximidad, transparencia, celeridad y eficiencia. La administración electrónica no excluirá el modelo de estructura y servicio de la administración ordinaria. La administración electrónica se basará en la respuesta a las demandas de la ciudadanía y en la garantía de un funcionamiento adecuado.
El uso de medios electrónicos en las actuaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en sus relaciones con la ciudadanía y otras administraciones públicas deberá, dentro de las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico, estar informado en todo momento por los principios generales previstos en el mismo, respetando el pleno ejercicio por la ciudadanía de los derechos que tiene reconocidos y ajustándose a los siguientes principios:
a) Principio de igualdad, con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para las ciudadanas y ciudadanos que se relacionen con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi por medios no electrónicos, sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de medios electrónicos.
b) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos, en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos, con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran, incluido el fomento de la formación de las usuarias y usuarios en el empleo de estas herramientas.
c) Principio de legalidad, en cuanto al mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de la ciudadanía en su relación electrónica con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
d) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos con el resto de las administraciones públicas y, en particular, con las entidades forales y locales vascas, al objeto de procurar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos y ciudadanas.
e) Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en cuya virtud se exigirá al menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no electrónicos.
f) Principio de proporcionalidad, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo, sólo se requerirán a las ciudadanas y ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.
g) Principio de simplificación, de los trámites y procedimientos con ocasión de la aplicación de medios electrónicos.
h) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas, garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas, de aplicaciones o de sistemas, por la ciudadanía y por la Administración, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos, el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi utilizará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por la ciudadanía.
i) Principio de reutilización de la información y del software público, con el fin de que su puesta a disposición por la Administración pública propicie que otros u otras agentes generen nuevas utilidades, productos o servicios.
j) Principio de responsabilidad y calidad, en relación con la veracidad de las informaciones y servicios proporcionados por medios electrónicos.
k) Principio de transparencia y publicidad del procedimiento: la utilización de medios electrónicos debe suponer la mayor difusión, publicidad y transparencia posible de la actuación de los poderes públicos.
l) Principio de protección de datos personales: todos los archivos de datos personales creados a consecuencia del uso y desarrollo de la administración electrónica deben cumplir la legislación de protección de datos personales.
m) Principio de gratuidad: la administración electrónica no supondrá, en ningún caso, sobrecoste alguno para las personas usuarias.
1. Se reconoce a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho a relacionarse con las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes y pretensiones, manifestar consentimiento, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.
2. En particular, tendrán, en relación con la utilización de los citados medios electrónicos en su relación con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los siguientes derechos:
a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse.
b) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El uso de medios electrónicos garantizará, respetando los derechos lingüísticos de todas las ciudadanas y ciudadanos, que se pueda funcionar en euskera.
c) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del documento nacional de identidad para cualquier trámite electrónico.
d) A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
e) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
f) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por la ciudadanía. En todo caso, la Administración buscará la flexibilidad y compatibilidad de las aplicaciones.
g) A no presentar los datos y documentos que obren en poder de las administraciones públicas, en la medida en que conforme a la normativa vigente estas puedan obtenerlos de aquella en cuyo poder obren.
h) A conocer la situación de tramitación de los procedimientos interesados por medios electrónicos, cuando la normativa lo permita.
i) A disponer de una copia de los documentos electrónicos de los procedimientos interesados, en el marco de la conservación en formato electrónico de los documentos electrónicos que forman parte de todo expediente.
3. Además, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, todas las personas interesadas tienen derecho a la realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información a través de medios electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca:
a) Los requisitos aplicables a los prestadores, en especial los relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.
b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones y organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que los prestadores o personas destinatarias puedan dirigirse para obtener asistencia o ayuda.
c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios.
d) Las vías de reclamación y recurso para resolver incidencias relativas a la prestación del servicio.
4. En la utilización de los medios electrónicos se estará sujeto a lo dispuesto en la normativa básica de aplicación sobre acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos, así como a lo dispuesto en la presente ley y demás normativa vasca concordante o de desarrollo.
1. A las instituciones y entes que componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi corresponde el desarrollo del modelo de administración electrónica de acuerdo con las relaciones de vinculación y dependencia establecidas por su régimen jurídico.
2. Para desarrollar el modelo de administración electrónica deberán llevarse a cabo las siguientes actividades:
a) Definir estrategias para fomentar el uso de medios electrónicos en las relaciones con la ciudadanía y con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) Diseñar, implementar y desarrollar aplicaciones, procedimientos e instrumentos necesarios para facilitar el uso de medios electrónicos en las relaciones entre la ciudadanía y las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la interoperabilidad con otras aplicaciones y su reutilización.
c) Impulsar el uso de medios electrónicos en las relaciones con los ciudadanos y ciudadanas.
d) Promover, consolidar y potenciar redes de comunicación electrónicas de las administraciones públicas.
Las instituciones y entes que componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizarán y compatibilizarán el uso de medios electrónicos para canalizar la participación de la ciudadanía y empresas en la actividad administrativa, así como en los trámites de información pública en la elaboración de disposiciones de carácter general, de acuerdo con lo que disponga nuestra propia ley de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector público vasco.
Asimismo, deberá promover la creación y uso de mecanismos electrónicos que permitan la interacción con la ciudadanía y las empresas con el fin de conocer su opinión sobre temáticas que se planteen y poderla integrar en las actividades que desarrollan.
Los medios electrónicos serán recursos fundamentales para la materialización de las oportunidades y obligaciones que, de acuerdo con esta ley, las instituciones y entes tienen en las relaciones con la ciudadanía. Estos medios, además de servir para recoger la opinión de la ciudadanía, también podrán ser utilizados para dar curso a la toma directa de decisiones sobre diferentes temas.
1. Con el fin de simplificar la tramitación administrativa y de garantizar el derecho de la ciudadanía a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las administraciones públicas, no se recabará el consentimiento de las personas interesadas cuando, en el ejercicio de las funciones propias de las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias:
a) La información que se solicite figure como requisito en la norma que regula el procedimiento administrativo.
b) El procedimiento administrativo se inicie a instancia de parte, conllevando por tanto la solicitud por parte del interesado.
c) La información esté disponible en la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en los servicios de interoperabilidad entre administraciones.
d) No se refiera a datos de carácter personal especialmente protegidos.
2. En los supuestos en que así lo prevean las normas reguladoras de los procedimientos administrativos, el cumplimiento de los requisitos podrá justificarse a través de la presentación electrónica de una declaración responsable o de las comunicaciones previas, que producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente.
3. La publicación del trámite de información pública prevista en el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General se realizará, además de por los medios habituales contemplados en la normativa correspondiente, en el tablón electrónico de anuncios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. De igual modo, se utilizará este canal para el trámite de información o exposición pública del resto de procedimientos que así lo prevean.
4. Cuando las personas interesadas en un procedimiento sean desconocidas, se ignore el lugar de la notificación o el medio para hacerlo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio del tablón electrónico de anuncios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de por los medios habituales contemplados en la normativa aplicable al procedimiento correspondiente.
5. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo, sin perjuicio de la publicación en el perfil del contratista o en los boletines oficiales correspondientes, se utilizará el tablón electrónico de anuncios del sector público de la Comunidad Autónoma d