Categoría: Administración

erjuicio del abono de la prestación extraordinaria prevista en el capítulo III de este Decreto-ley.
Es objeto de este capítulo el establecimiento de una prestación social extraordinaria a favor de las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), residentes en los municipios afectados por la erupción volcánica en La Palma de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte; con el objeto de hacer frente a los gastos directos o indirectos ocasionados por la situación derivada de la crisis volcánica acontecida el pasado 19 de septiembre de 2021.
1. Esta prestación económica tiene carácter de prestación extraordinaria con carácter finalista y suplementaria, que se realiza para compensar gastos sociales derivados de la erupción volcánica, como puedan ser traslados, gastos suplementarios en alojamiento y/o manutención, y en general, todos aquellos generados por la afección directa, o indirecta, de la erupción volcánica en la isla de La Palma, así como para cubrir otras necesidades básicas a que se refiere el artículo 21.3, letra a) de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
2. Esta prestación no será computable a efectos de la determinación de los recursos económicos para el cálculo de la PCI que les pudiera corresponder a las personas integrantes de la unidad de convivencia beneficiaria, a que se refiere el artículo 8 de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción.
3. Esta prestación económica, dirigida a las personas titulares de la PCI, es intransferible, tiene carácter extraordinario y naturaleza jurídica de suplemento no consolidable en relación con las cuantías que por este concepto tuvieran reconocidas. Será compatible con el percibo de la prestación extraordinaria regulada en el capítulo II de este Decreto-ley.
1. La cuantía individual de esta prestación extraordinaria se fija en un importe equivalente a la misma cuantía de PCI que a la entrada en vigor de este Decreto-ley tenga reconocida la unidad de convivencia, incluyendo el complemento por menor a cargo, y que se abonará mediante un pago único, que se realizará de oficio por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 15, sin que se precise solicitud de la persona interesada.
2. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» a los efectos de notificación a todas las personas beneficiarias.
3. Este pago se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tengan domiciliado el percibo ordinario de su prestación.
Las obligaciones que se reconozcan como consecuencia de la aplicación de esta disposición serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 23.07.231I.4800100 L.A. 234G0976 «Ayudas Integración Social-Renta Ciudadana» FONDO 4023038 «Lucha contra la pobreza y Prestaciones Básicas de Servicios Sociales», prevista en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.
Serán beneficiarias las personas perceptoras titulares de la unidad de convivencia que tengan reconocida la PCI y en quienes concurra esta condición a fecha de 10 de diciembre de 2021, o a las que les sea reconocido con carácter retroactivo el derecho en esa fecha. Asimismo, esta prestación se hará efectiva durante el año 2022 a aquellas personas que, si bien, en la fecha citada no estuvieron de alta en nómina, quede acreditada su incorporación en la misma con efecto retroactivo anterior al 31 de diciembre de 2021 y se hallaren empadronadas en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte (La Palma).
Las prestaciones reguladas en este Decreto-ley se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las Administraciones públicas canarias.
1. La instalación de viviendas prefabricadas destinadas por el Gobierno de Canarias a realojar temporalmente a las personas afectadas por la erupción volcánica acontecida en la isla de La Palma el 19 de septiembre de 2021, podrá desarrollarse en cualquier parcela de titularidad pública del ámbito municipal de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte y que tengan la clasificación de suelo urbano, urbanizable, rústico de asentamiento o rústico común, con independencia de los parámetros urbanísticos que sobre dichas parcelas fijen los correspondientes planes de ordenación y demás normativa que les pueda ser de aplicación.
2. El uso residencial asignado a las citadas parcelas, una vez finalizado el montaje de las viviendas prefabricadas, tendrá carácter temporal por un plazo máximo de siete años a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley y, en todo caso, hasta que finalice la fase de realojo temporal de las familias residentes en dichas viviendas.
3. En todo caso, corresponde a los ayuntamientos en cuyos municipios se ubiquen las viviendas prefabricadas, el desarrollo de las infraestructuras de acceso rodado a las parcelas, suministros de energía eléctrica, agua potable y de saneamiento precisas que garanticen la correcta funcionalidad de las viviendas que sean instaladas. Dichas actuaciones quedan amparadas, desde el punto de vista territorial, por el presente Decreto-ley.
4. Los preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; sus reglamentos de desarrollo y demás disposiciones concordantes que contradigan lo dispuesto en la presente disposición quedan suspendidos para el ámbito concreto de localización de las viviendas prefabricadas durante el citado plazo de siete años señalado en el apartado 2 de esta Disposición.
Una vez concluido dicho plazo o finalizado el proceso de realojo temporal de las personas afectadas, los terrenos definidos en el presente Decreto-ley recuperarán el régimen jurídico determinado por los instrumentos de ordenación, en aplicación de las disposiciones legales vigentes en materia de suelo, debiendo ser restituidos a su estado inicial por el Gobierno de Canarias.
Se incluye una nueva letra c) al apartado 3 del artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, que queda redactada como sigue:
«c) Aquellas otras personas que en el pasado hubieran sido titulares de la ayuda económica básica, y que, habiéndola agotado, se encuentran fuera del sistema de la Prestación Canaria de Inserción y cumplan con el resto de los requisitos y circunstancias establecidos en la presente ley.»
Se modifica el número 2) de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Decreto-ley 13/2021, de 28 de octubre, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión directa de subvenciones destinadas a paliar la difícil situación económica que atraviesan, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinados sectores económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y pesqueros, que queda redactado en los términos siguientes:
«2) Que hayan sido beneficiarias durante la campaña 2020 de las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias por los citados cultivos.»
Se modifica el Decreto-ley 14/2021 de 28 de octubre, por el que se regula el marco general para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia, destinadas a paliar las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 14 añadiendo una nueva letra c) con el siguiente contenido:
«c) Se exceptúa del requisito de inscripción en el Registro regulado en el artículo 8 anterior para poder ser beneficiarias de las ayudas por pérdida de renta en el sector del plátano a las personas titulares de explotaciones agrarias destinadas a dicho cultivo. No obstante, el departamento competente en materia de agricultura comunicará al referido Registro los datos relativos a las personas beneficiarias.»
Dos. Se modifica el artículo 15 en los siguientes términos:
Los daños personales, materiales en viviendas, enseres, establecimientos y/o bienes de equipo afectos a las actividades empresariales, a explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y marisqueras, en las embarcaciones pesqueras y lonjas, así como los perjuicios económicos objeto de las ayudas y subvenciones que se concedan por la situación de emergencia o catástrofe natural regulados en este Decreto-ley, serán los que consten verificados en el Registro contemplado en el artículo 8, salvo en el supuesto contemplado en la letra c) del apartado 1 del artículo 14.»
Tres. Se modifica el artículo 18, renumerando el apartado 2 como apartado 3, y añadiendo un nuevo contenido al apartado 2 con la siguiente redacción:
«2. En el supuesto de las ayudas por pérdida de renta en el sector del plátano el procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud presentada por las Organizaciones de Productores de Plátanos en los términos que se establezca en la disposición normativa a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1, del artículo 21 en los siguientes términos:
«1. Se podrán dictar sucesivas resoluciones de concesión, en función de las sucesivas inscripciones en el registro y la verificación de los datos completos contenidos en el mismo y hasta el agotamiento del crédito. En el supuesto de las ayudas por pérdida de renta en el sector del plátano dichas resoluciones de concesión se podrán dictar en función de las sucesivas solicitudes presentadas.
El órgano gestor deberá publicar en la sede electrónica el agotamiento de la partida asignada y la desestimación expresa a las personas interesadas.»
Cinco. Se añade una disposición adicional decimoquinta en los siguientes términos:
El pago de las ayudas por pérdida de renta en el sector del plátano a las personas titulares de explotaciones agrarias destinadas a dicho cultivo podrá llevarse a cabo por las Organizaciones de Productores de Plátanos si así se determina en la resolución de concesión y en los términos que se establezca en la misma.»
Se añade una nueva disposición transitoria segunda al Decreto 67/2012, de 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, modificado por el Decreto 154/2015, de 18 de junio, con el siguiente tenor:
1. Como consecuencia de la emergencia social derivada de la erupción volcánica acontecida en la isla de La Palma el 19 de septiembre de 2021, la Administración competente podrá acreditar provisionalmente centros o servicios de la titularidad de personas o entidades proveedoras de algunos de los servicios a que se refiere el artículo 4 del Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por este Decreto que aun no cumpliendo con la totalidad de los requisitos reglamentariamente establecidos, muestren aptitud y capacidad suficientes para la prestación de dichos servicios.
Para estos supuestos, la acreditación provisional alcanzará el tiempo necesario durante el que se mantenga la emergencia volcánica o el estado de necesidad lo requiriese, no siéndoles de aplicación el régimen de acreditación que prevé la reglamentación de organización y funcionamiento de los centros de atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. aprobada por este Decreto.
2. Las personas residentes en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, reconocidas en situación de dependencia, y que como consecuencia de la mencionada erupción volcánica se hallaren afectadas por la pérdida de sus viviendas o de otros establecimientos prestadores de servicios, podrán continuar recibiendo las prestaciones correspondientes a los servicios destinados a las mismas, descritos en el citado artículo 4 del Reglamento regulador, bien, en otros establecimientos habitacionales alternativos, bien en otros centros o servicios de uso colectivo, públicos o privados, que aun sin cumplir con la totalidad de los requisitos previstos en el citado Reglamento, acrediten no obstante una aptitud y capacidad suficientes, previo informe motivado de los servicios sociales de atención primaria o de los servicios sociales especializados que correspondan, garantizándose, en todo caso, las medidas de seguridad y salubridad que fueran precisas.»
Las modificaciones que con posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-ley puedan realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modificación por el mismo, en particular al Decreto 67/2012, de 20 julio, podrán ser efectuadas por normas con rango de decreto.
Corresponde a las personas titulares de las Consejerías competentes en las materias de derechos y políticas sociales, de agricultura y de vivienda, dictar respectivamente las resoluciones e instrucciones interpretativas que, en las esferas específicas de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en este Decreto-ley.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».
Dado en Canarias, 18 de noviembre de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Romero Gómez Muñoz.–El Reyes y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez Romero Cortés de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Manuel Pérez Hernández.–La Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana Perera.–La Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende Simili.–El Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis Vera.–El Consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena Alonso.