Categoría: Judicial

l para llevar a efecto el parto.
Aunque, con motivación sucinta, el auto describe, pues, el fin perseguido con la medida adoptada, justifica la idoneidad de esta para preservar la vida y salud delnasciturusy, por ende, de la propia madre, pues el ingreso hospitalario era una medida adecuada al fin perseguido, que era la realización del parto en condiciones seguras; igualmente, ofrece argumentos para justificar que aquella medida era necesaria, frente a la alternativa de que tuviera lugar un parto natural en el domicilio, aun cuando lo fuera con asistencia de profesional (matrona), por la excesiva prolongación del período de embarazo; y, finalmente, hace el juicio estricto de proporcionalidad, toda vez que limita la medida al traslado e ingreso en el centro hospitalario, poniendo como prevalente la preservación del bien constitucionalmente legítimo de la vida y salud delnasciturussobre el derecho de la madre a su libertad personal y a elegir libremente el lugar del parto y la forma en que este tuviera lugar. Autorizó, pues, el traslado e ingreso obligatorio de doña C.P., en el hospital, con objeto de realizar el alumbramiento con los medios facultativos y materiales apropiados para afrontar un parto en aquellas circunstancias, que, además, finalizó con práctica de cesárea.
La resolución judicial impugnada contiene una motivación que aplica, conforme a nuestra doctrina, el «test de proporcionalidad», habiendo limitado los derechos sustantivos afectados, la libertad personal y la intimidad personal y familiar, para preservar el bien jurídico a proteger, esto es la vida y salud delnasciturus, al que otorga prevalencia en razón, precisamente, a que se trataba de un parto de riesgo.
En el auto de 24 de abril de 2019, el juzgado determina, pues, el presupuesto de hecho que justifica la aplicación de la medida, delimita el fin legítimo cuya consecución se propone, incluye la identificación de los derechos y bienes en conflicto, a los que aplica un juicio de proporcionalidad, reconociendo la prevalencia de la protección de la vida del futuro bebé sobre el deseo de la madre de dar a luz en su domicilio; y, por último, argumenta sobre la urgencia de tener que tomar una decisión sobre la solicitud de ingreso en el centro hospitalario de doña C.P., en base al diagnóstico médico de grave riesgo para la vida y salud del feto que entrañaba una prolongación excesiva del embarazo.
d) Por lo que se refiere al posterior auto de 15 de mayo de 2019, desestimatorio de la solicitud de nulidad de actuaciones de los ahora recurrentes, el juzgado, además de excluir de su ámbito de enjuiciamiento «los hechos ocurridos desde el ingreso hospitalario de la señora [P] alegad[os] por la solicitante, por cuanto exceden y no guardan relación alguna con la posible nulidad del auto cuestionado» (fundamento de Derecho tercero del auto), señala que la precedente resolución se apoyó en la solicitud de ingreso hospitalario de la gestante presentada por el HUCA de Oviedo, con expresión de las circunstancias que se recogían en la misma.
Y, a lo expuesto, agrega que aquel «inminente y grave peligro para la vida o salud del futuro bebé, fue, pues, el factor ponderado junto al de la libertad de la madre de dar a luz en su domicilio y, como resultado de dicha ponderación, fue primado el interés de aquel, accediéndose [a] la medida interesada» por unos servicios médicos «cuya profesionalidad y rigor no podía cuestionarse judicialmente […], acordándose la medida cuestionada de nulidad, sin otorgar audiencia a la gestante, por razones de imponderable urgencia que exigían un pronunciamiento inmediato que no incrementase el riesgo imperioso, apremiante e inaplazable, ya existente» [fundamento jurídico tercero del auto].
Por consiguiente, el auto de 15 de mayo de 2019 reitera la realización del necesario juicio de proporcionalidad, llevado a efecto por el anterior, y limita el derecho a elegir libremente el lugar de alumbramiento y la libertad personal de doña C.P., en aras de preservar el bien jurídico susceptible de protección, la vida y salud del futuro bebé, al que otorga prevalencia sobre aquel. Igualmente, justifica la decisión tomada en las razones de urgencia que le habían comunicado en la solicitud de ingreso en el HUCA de Oviedo.
Asimismo, por las mismas razones que hemos apuntado anteriormente, este segundo auto viene a reforzar las exigencias de proporcionalidad que ya apreciamos como cumplidas en el anterior.
e) Por último, el posterior auto de 31 de julio de 2019, de la Audiencia Provincial, recaído en el trámite de apelación, rechaza las alegaciones de los allí recurrentes, que toman como punto de referencia para su argumentación la negación del presupuesto de hecho que determinó la resolución judicial de ingreso obligatorio de la gestante en el centro hospitalario, e insiste en ratificar la argumentación del juzgado sobre la decisión adoptada.
Las anteriores consideraciones justifican que no podamos apreciar la vulneración de los derechos a la libertad y a la intimidad personal y familiar, en conexión con la tutela judicial efectiva, que denuncia la parte recurrente, toda vez que las resoluciones judiciales impugnadas han limitado proporcionadamente el ejercicio de aquellos derechos. Aquellas resoluciones han incluido una motivación que explica la razón del ingreso obligatorio de doña C.P., en el HUCA de Oviedo, apoyado en la identificación del bien constitucionalmente legítimo susceptible de protección (la vida y salud delnasciturus), así como del grave riesgo que aquel corría de no ser adoptada la medida cautelar. Igualmente, han justificado la idoneidad y necesidad de tal medida, así como han ajustado, en términos de proporcionalidad, la intensidad de su aplicación a la limitación estrictamente indispensable de los derechos de la parte recurrente.
Por todo ello, la queja debe ser desestimada.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el presente recurso de amparo, interpuesto por doña C.P., don L.M.G.C., y doña V.G.P., contra los autos de 24 de abril y de 15 de mayo de 2019, del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Oviedo, recaídos en las diligencias indeterminadas núm. 801-2019, así como contra el auto de 31 de julio de 2019, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, dictado en el rollo de apelación núm. 585-2019.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dos de junio de dos mil veintidós.–Pedro José Sáez González.–Juan Antonio Hidalgo Guerrero.–Santiago Martínez-Vares García.–Antonio Bravo Gutiérrez.–Ricardo Giménez Cabrera.–Cándido Torres Garrido.–María Luisa Sáez Vázquez Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Pastor Jorquera.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.
Con el máximo respeto a mis compañeros de Pleno, manifiesto mi discrepancia con la fundamentación jurídica y el fallo desestimatorio de la sentencia.
I. Introducción.
1. El presente recurso plantea diversas cuestiones constitucionales de un novedoso alcance para la jurisprudencia constitucional. No obstante, entiendo que el aspecto nuclear más controvertido de la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia y sobre el que giraría el resto de las vulneraciones alegadas es la respuesta dada a la invocación del principio de audiencia. Considero que el proceso argumental desarrollado para la desestimación de esta invocación resulta perturbador. Es una lectura que, a mi juicio, debilita hasta tal extremo el principio de audiencia y la esencial función que cumple entre las garantías constitucionales procedimentales e instrumentalmente de los derechos fundamentales sustantivos que he estimado necesario que, frente a cualquier otra consideración que pudiera suscitar la opinión mayoritaria, era mi deber dedicarle en exclusiva el presente voto particular.
2. Ninguna discrepancia cabe mantener con la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia respecto de su posición sobre el ámbito interpretativo del principio de audiencia. Expreso mi reconocimiento a que haya sido terminante y contundente en la afirmación de que el principio de audiencia (i) es una garantía procesal ineludible para aquellas personas que puedan ver afectado su ámbito de derechos e intereses por una decisión judicial, que coadyuva a la vigencia de otros principios como los de igualdad de las partes y de contradicción en evitación de situaciones de indefensión prohibidas por el art. 24.1 CE; y (ii) se aplica de manera especial en los casos de tutela judicial de los derechos fundamentales sustantivos como garantía procesal inherente en los supuestos en que deben adoptarse decisiones limitativas o restrictivas de su ejercicio.
Del mismo modo, desde una perspectiva fáctica, también es de valorar que sin ambages se haya reconocido que se adoptó una decisión judicial limitativa de los derechos fundamentales de la demandante de amparo con omisión del cualquier tipo de trámite de audiencia judicial que le hubiera permitido ser oída y que esto, con carácter general, hubiera debido implicar el reconocimiento de una vulneración constitucional.
Mi discrepancia se extiende a la argumentación desarrollada para justificar que en este caso concreto concurrían excepcionales circunstancias que no permiten dotar de la relevancia constitucional pretendida por la demandante de amparo a la omisión del trámite de audiencia.
En cualquier caso, antes de entrar a exponer y criticar los presupuestos fácticos y jurídicos en que se ha fundamentado la desestimación de la invocación del principio de audiencia, creo adecuado hacer algunas consideraciones sobre el principio de audiencia para abarcar en toda su magnitud las razones de mi discrepancia.
II. La audiencia como principio general y constitucional del proceso judicial.
3. La audiencia o la exigencia de ser oído en una causa judicial en que se ventilan derechos e intereses propios se ha constituido desde los comienzos del Derecho como un principio consustancial a todo procedimiento. No podría hablarse propiamente de la existencia de un proceso sin dar una posibilidad de audiencia contradictoria a las partes cuyos derechos e intereses en conflicto se pretende que sean dilucidados por un tercero. Por tanto, este principio de audiencia, junto con otros principios con los que suele aparecer íntimamente relacionado como son el de contradicción e igualdad de las partes, se configura como un elemento estructural de la idea misma de proceso. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional lo ha calificado como un principio general del Derecho (STC 206/1991, de 30 de octubre, FJ 2).
4. A partir de ese presupuesto, este principio aparece también universalmente reconocido como una de las garantías fundamentales del derecho a un proceso justo en los textos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos. En lo que concierne a la Constitución española, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el principio de audiencia, a pesar de no tener un reconocimiento expreso en el art. 24 CE, encuentra un encaje natural en el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión del art. 24.1 CE. Así, se ha afirmado que «es claro que el art. 24.1 CE incluye en sus garantías la protección del derecho de todo posible litigante o encausado a ser oído y a disponer de todas las posibilidades de oposición y defensa en juicio y que de no ser así, supuesto un impedimento no legal o legal, pero no atemperado a una aplicación razonable, se causaría indefensión susceptible de amparo constitucional, al no gozar la parte impedida u obstaculizada de los mismos derechos que la contraria (principio de igualdad, principio de contradicción, principio de audiencia bilateral)» (STC 135/1986, de 31 de octubre, FJ 3).
La relevancia constitucional del derecho de audiencia, como garantía procedimental contra cualquier tipo de indefensión, ha sido también vinculada por la jurisprudencia constitucional con el reconocimiento en el art. 10.1 CE de la dignidad humana como fundamento del orden político y de la paz social, recordando que el derecho a la tutela judicial (art. 24.1 CE) es uno de «aquellos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que conforme al art. 10.1 de nuestra Constitución constituye fundamento del orden político español» (así, STC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 3, o 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 12).
Igualmente, es de destacar la función autónoma e integradora del ordenamiento jurídico que tiene el principio constitucional de audiencia, ya que, aun habiendo incidido la jurisprudencia constitucional en que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de configuración legal, se ha establecido que en supuestos en que normativamente no se prevé este trámite «la necesidad del mismo resulta de una interpretación de tal normativa procesal a la luz de los preceptos y principios constitucionales, al ser obligado, en todo caso, preservar el derecho de defensa de las partes en el proceso, de modo que, a la vista de lo dispuesto en el art. 24 CE, procedía integrar tales preceptos legales […] con las garantías que impone el artículo constitucional citado, que incluye la contradicción e igualdad de armas entre las partes y, por tanto, en este supuesto, haber dado traslado a la demandante de amparo del recurso de queja al objeto de que pudiera contradecir y rebatir los argumentos expuestos por la parte contraria y formular cuantas alegaciones tuviera por conveniente en defensa de sus derechos e intereses» (así, por ejemplo, STC 182/2009, de 7 de septiembre, FJ 3).
Por otra parte, el principio de audiencia también está constitucionalmente configurado como una garantía instrumental o procedimental de los derechos fundamentales sustantivos en tanto que exigencia de necesario cumplimiento para hacer efectiva la garantía judicial en la limitación o restricción de determinados derechos sustantivos. Así, se ha afirmado, por ejemplo, respecto de cualquier medida judicial restrictiva del derecho a la libertad, que es precisamente uno de los derechos sustantivos invocados en la demanda (SSTC 206/1991, de 30 de octubre, FJ 2; 91/2018 y 92/2018, de 17 de septiembre, FJ 3; 29/2019 y 30/2019, de 28 de febrero, FJ 4, o 32/2022, de 7 de marzo, FJ 3).
5. La importancia constitucional del principio de audiencia también se pone de manifiesto cuando, en los casos excepcionales en que se admite la posibilidad de un trámite previo por razones de urgencia, se impone la necesidad inmediata en cuanto sea posible de que se dé al interesado la posibilidad de ser oído dentro del procedimiento (así, SSTC 141/2012, de 2 de julio, FJ 6, o 22/2016, de 15 de febrero, FJ 4, respecto de procedimientos de internamiento involuntario urgente; y SSTC 91/2018 y 92/2018, de 17 de septiembre, FJ 3, respecto de la medida cautelar de prisión provisional).
III. Los presupuestos fácticos y jurídicos para la desestimación de la invocación del principio de audiencia.
6. Los hechos relevantes en la controversia sobre la invocación del principio de audiencia que se planteaban en este caso pueden concretarse en los siguientes extremos:
(i) La demandante de amparo, cuyo embarazo había sido seguido tanto por los servicios médicos del sistema sanitario público como por profesionales contratados privadamente, había decidido optar por un parto domiciliario.
(ii) En un control del embarazo desarrollado en el sistema sanitario público el 23 de abril de 2019 ya sobrepasadas las cuarenta y dos semanas de gestación, le fue comunicado a la demandante de amparo por el servicio médico que ante la evolución clínica lo indicado era la inducción del parto; y fue su respuesta que ya adoptaría una decisión tras consultar con los profesionales privados.
(iii) El 24 de abril de 2019, ante la ausencia de respuesta de la demandante, los servicios del sistema sanitario público se dirigieron al juzgado de guardia sugiriendo que adoptara una orden de ingreso hospitalario obligado para la práctica inmediata de un parto inducido, adjuntando los informes que se consideraron relevantes, y afirmando que, pese a las advertencias hechas a la demandante sobre los riesgos para la vida del feto, habían resultado infructuosos todos los intentos para prevenirle de la necesidad del ingreso hospitalario.
(iv) Ese mismo día 24 de abril se incoaron diligencias judiciales y se dio traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal para que emitiera informe sin establecer plazo para ello ni intimar sobre la urgencia de la petición. En todo caso, el Ministerio Fiscal informó ese mismo día mostrándose favorable a la medida.
(v) Ese mismo día 24 de abril el órgano judicial acordó el ingreso obligado hospitalario de la demandante de amparo argumentando que, pese a haber sido informada de los riesgos, «la misma manifestó su voluntad de no acudir al hospital y dar a luz en su domicilio». La orden se ejecutó ese mismo día mediante personación policial en el domicilio de la demandante que fue conducida al hospital en un vehículo medicalizado y se notificó por escrito a la interesada por funcionarios del juzgado.
(vi) El día 25 de abril de 2019 se remitió un segundo escrito por los servicios del sistema sanitario público al órgano judicial poniendo de manifiesto que la situación clínica de la demandante y elnasciturusseguía precisando de vigilancia continuada, por lo que al no descartarse la necesidad de intervenciones médicas y quirúrgicas, «sugiere mantener la medida adoptada».
(vii) El día 26 de abril de 2019 se remitió un nuevo escrito por los servicios del sistema sanitario público notificando el nacimiento al órgano judicial, quien acordó el archivo de las diligencias por providencia de 28 de abril de 2019.
(viii) La demandante de amparo solicitó el 3 de mayo de 2019 personarse en las actuaciones a lo que accedió el juzgado mediante diligencia de ordenación de 7 de mayo de 2019, comenzando un proceso de recursos contra la orden de ingreso hospitalario obligado.
7. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia concluye que, atendiendo a las excepcionales circunstancias del caso, queda justificada la omisión del trámite de audiencia –por lo que no se habría producido la vulneración aducida del principio de audiencia– con los siguientes argumentos:
(i) La celeridad extrema que requería la toma de decisión judicial sobre la medida solicitada habida cuenta del inminente peligro para la vida del feto.
(ii) Los servicios médicos que instaron la medida judicial eran los que habían desarrollado el seguimiento del embarazo por lo que eran los adecuados para poner de manifiesto al órgano judicial la situación clínica y los riesgos que se planteaban.
(iii) Estos servicios ya habían advertido a la demandante el día anterior a cursar la solicitud al juzgado la situación del riesgo concurrente.
IV. Crítica a los argumentos justificativos de la desestimación.
8. No creo necesario insistir en que la situación de urgencia en la adopción de cualquier decisión judicial, como también lo puede ser la necesidad de no frustrar la finalidad perseguida por la misma, es una circunstancia que legitima en algunos supuestos excepcionar el principio de audiencia previa de las personas afectadas por dicha decisión. A ese razonamiento responden, por ejemplo, las diversas regulaciones de las medidas cautelares o del internamiento no voluntario urgente por razón de trastorno psíquico.
Ahora bien, la posibilidad de excepcionar la aplicación del principio de audiencia por razones de urgencia antes de adoptar una determinada decisión judicial aparece también compensada, dependiendo de la naturaleza de la medida, con exigencias derivadas del carácter extraordinario de esta posibilidad, como son que en la propia resolución judicial se dé razón motivada justificativa de esta actuacióninaudita partey/o de que con carácter inmediato se otorgue un trámite de audiencia para revocar o confirmar esa decisión. A esos efectos, por ejemplo, el art. 733.2 LEC determina la necesidad de que en el auto de medidas cautelares acordado sin previo trámite de audiencia se expongan «las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado». El art. 135.1 a) LJCA establece la doble exigencia de que en este tipo de decisiones cautelares se motive la concurrencia de la especial urgencia justificativa de excepcionar este principio y que, además, en esa misma resolución se dé audiencia a la parte contraria para decidir «sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada». Por su parte, el art. 763.3 LEC impone al órgano judicial al que se comunique un internamiento no voluntario urgente por razón de trastorno psíquico la necesidad de que para ratificar ese internamiento sea oída, entre otras, la persona afectada por la decisión.
9. La opinión mayoritaria ha utilizado el argumento de la concurrencia de una situación de extrema urgencia para justificar constitucionalmente la actuación del órgano judicial en el presente caso. No puedo compartir esa apreciación. No niego que la situación debía ser calificada como urgente. Sin embargo, las actuaciones judiciales permiten constatar que esta circunstancia no parece haber sido tomada en consideración ni haber sido realmente la determinante en la decisión judicial de omitir el trámite de audiencia a la demandante de amparo por las razones siguientes:
(i) El órgano judicial, aun teniendo la información sobre las circunstancias del caso desde el momento de la solicitud/sugerencia cursada por los servicios sanitarios públicos, no tuvo ningún reparo, a pesar de apreciar la urgencia de la situación, en dar trámite de audiencia al Ministerio Fiscal antes de tomar una decisión al respecto sin indicar un plazo para ello. Ciertamente este trámite de audiencia fue evacuado por el Ministerio Fiscal en un muy breve plazo y esta circunstancia puede ser indicativa de que se era consciente de la premura en la decisión. Sin embargo, no puede ser considerada de tal magnitud que permitiera excepcionar el principio de audiencia una vez verificado que sí hubo posibilidad del oír al Ministerio Fiscal facilitándoles la consulta respecto de las alegaciones y documentos aportados por los servicios del sistema sanitario público. Es más, constatado que el órgano judicial pudo conferir sin dificultad alguna el trámite de audiencia al Ministerio Fiscal, la ausencia de este mismo trámite respecto de la persona directamente afectada por la petición añade también una sedicente lesión de los principios de igualdad de armas y de contradicción.
En última instancia, lo que ha quedado acreditado en el presente caso y, por tanto, es presupuesto fáctico al que debe quedar sometida esta jurisdicción de amparo, es que con carácter previo a adoptarse la decisión judicial, dentro de la situación de urgencia apreciada, fueron escuchadas todas aquellas entidades que debían serlo por razones de interés público o institucionales –sistema sanitario y Ministerio Fiscal–, pero no la única persona que no solo tenía un interés legítimo sino un derecho subjetivo concernido en tanto que directamente afectada en sus derechos fundamentales por la decisión judicial que se debía tomar, a quien se privó de la posibilidad de alegación y prueba sobre la cuestión debatida.
(ii) El órgano judicial omitió en el auto de adopción de la medida de ingreso obligatorio cualquier explicación sobre las razones que le habían llevado a excepcionar un principio constitucional procedimental tan esencial como la audiencia a la afectada. Tampoco en ese auto se tomó la iniciativa de dar un trámite de audiencia a la interesada con el fin de poder recabar su opinión y las pruebas que pudiera aportar respecto de la procedencia de mantener o alzar la medida. Por otra parte, el órgano judicial, incluso tras haber recibido en los días 25 y 26 de abril de 2019 diversos informes de seguimiento sobre la orden de ingreso, aun constando que en el primero de ellos se contenía, nada menos, que la petición de mantenimiento de la medida, tampoco procedió a dar traslado de ellos a la demandante de amparo ni recabar su parecer al respecto en defensa de sus derechos e intereses.
De ese modo, lo que también se constata es que no solo se ha omitido judicialmente un trámite de audiencia previo que sí se hizo efectivo respecto del Ministerio Fiscal, sino que, además, no se encontró compensado, como hubiera sido necesario desde la perspectiva de la garantía procedimental de audiencia y de los derechos fundamentales sustantivos a los que en este caso servía instrumentalmente, ni con la debida motivación justificativa de ese excepcional proceder judicial ni tampoco con la posibilidad posterior de ser oída en relación con el eventual mantenimiento de la decisión judicial controvertida.
En un contexto como este, puede pretenderse buscar una justificación al proceder del órgano judicial de haber omitido cualquier intento de posibilitar que la demandante de amparo fuera escuchada en razones de urgencia. Sin embargo, la realidad de cómo se ha producido el devenir de estas diligencias no permite validar, en pura lógica humana y jurídica, una conclusión justificativa. Lo que se aprecia, como explicación más simple de lo sucedido, es que el órgano judicial con la sola petición de los servicios sanitarios públicos y el visto bueno del Ministerio Fiscal adoptó de plano y mantuvo durante varios días una medida de internamiento hospitalario obligado de la demandante de amparo sin darle ninguna posibilidad de ser escuchada previamente o durante la vigencia de la medida en defensa de sus derechos e intereses legítimos. Por tanto, insisto en que no puedo compartir en modo alguno que la constitucionalidad de la decisión judicial de omitir cualquier intento de posibilitar que pudiera ser oída la persona afectada por una medida como la controvertida en este caso pueda quedar amparada en razones de urgencia.
10. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia también ha utilizado como argumento justificativo de la constitucionalidad de la omisión del trámite de audiencia a la demandante de amparo (i) que los servicios médicos que instaron la medida judicial eran los que habían desarrollado el seguimiento del embarazo, por lo que eran los más adecuados para poner de manifiesto al órgano judicial la situación clínica y los riesgos que se planteaban y (ii) que estos servicios ya habían advertido a la demandante sobre la situación del riesgo concurrente el día anterior a cursar la solicitud al juzgado.
Resulta complejo hacer una crítica a esta fundamentación porque no acaba de apreciarse la conexión lógica entre estas afirmaciones y el hecho de la omisión del trámite de audiencia. No es discutible que los miembros del servicio médico que instaron la medida de internamiento estaban en una posición óptima para informar sobre la situación clínica ni lo son los esfuerzos que realizaron para persuadir a la demandante respecto de la decisión que ellos consideraban más adecuada en las circunstancias del caso. Pero no alcanzo a comprender la relevancia que eso tiene sobre la cuestión del principio de audiencia objeto de debate.
Me preocupa, desde la perspectiva del principio de contradicción y de igualdad de las partes, que pueda aceptarse consciente o inconscientemente la idea de que este razonamiento adopta como presupuesto el hecho –que nunca correspondería valorar en esta jurisdicción de amparo– que es de tal preponderancia la opinión del servicio sanitario público en este tipo de situaciones que es innecesario un trámite de audiencia a la afectada porque no es potencialmente concebible que pueda aportar nada relevante desde el punto de vista de alegaciones o de prueba realizada por otros profesionales sanitarios como para revertir su fuerza de convicción. A estos efectos, creo que basta con recordar que la jurisprudencia constitucional ha destacado con la suficiente nitidez que la esencialidad del trámite de audiencia desde la perspectiva de la prohibición de la indefensión del art. 24.1 CE no queda en ningún caso condicionada por la eventual eficacia persuasiva de las alegaciones que puedan realizarse o de las pruebas que puedan aportarse, ya que (i) el juicio de indefensión no pende de un hipotético cálculo de probabilidades acerca del éxito que tendrían las alegaciones y (ii) esta es una cuestión que no corresponde examinar al Tribunal Constitucional (así, SSTC 115/2002, de 20 de mayo, FJ 7; 31/2017, de 27 de febrero, FJ 3, y 85/2017, de 3 de julio, FJ 2).
En definitiva, no me parece que el esfuerzo argumental desarrollado por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia para desestimar la invocación del derecho de audiencia tenga la solidez necesaria para justificar en un asunto como el presente la absoluta omisión judicial de cualquier intento por recabar la opinión de la demandante de amparo en defensa de derechos subjetivos e intereses tan relevantes como los que estaban en juego con la decisión judicial que debía adoptarse.
V. La cosificación de la mujer en el debate judicial.
11. Hay, por lo demás, un último aspecto que sugiere el caso que no puedo dejar de subrayar: la negativa a dar voz a la recurrente en esta toma de decisión judicial ha implicado la desapropiación de su voluntad en relación con un tratamiento sanitario invasivo. Todo ello se ha hecho en un contexto procesal en el que se ha dado la posibilidad de mostrar su parecer a determinadas instituciones, pero no a la directamente afectada por una medida que afecta de manera indubitada a su esfera de derechos fundamentales en torno a la integridad física y mental, a la libertad y a la intimidad.
Esto evoca una idea de reducción de la persona a un simple ente sin voluntad sobre el que se dispone. Ha sido objeto del sistema de justicia, pero no sujeto de ese sistema. La cosificación de la demandante de amparo resulta inasumible por imperativo del principio de dignidad que, como se ha destacado anteriormente, está vinculado con el derecho a ser oído en el marco de un proceso judicial en el que se dilucidan derechos e intereses propios, máxime cuando estos afectan a un ámbito tan personalísimo como los que se planteaban en ese caso. Además, las circunstancias concurrentes de que se trata de una mujer embarazada enfrentada a la decisión de cómo gestionar el acto del parto, hace que el presente recurso adquiera unos matices íntimamente relacionados con la resolución de un conflicto asociado a la condición de mujer. En ese contexto resulta muy perturbadora la pobre valoración que cabe hacer de los avances materiales y no solo formales en la lucha por los derechos de las mujeres y de su autodeterminación en determinados ámbitos de decisión.
Creo que en este caso se alzaban poderosas razones por la naturaleza de la media adoptada y por la necesidad de proyectar una perspectiva de género en la resolución de este tipo de conflictos que hubiera debido determinar que este tribunal fijara un parámetro de control constitucional sobre el cumplimiento de la garantía de audiencia con un estándar más acorde a los retos que las democracias más avanzadas tienen en la remoción de los obstáculos sociales e institucionales –propiciados por ancestrales inercias– para la consecución de la igualdad real de género. Un parámetro de control conforme al cual se exigiera, aun sin ignorar la urgencia concurrente en la toma de decisión judicial, extremar el esfuerzo judicial por haber hecho efectivo el derecho de audiencia de la demandante de amparo en una toma de decisión de las características de las comprometidas en este caso.
12. Lamento no haber sido lo suficientemente persuasivo en la deliberación de este asunto para llevar al convencimiento de aquellos compañeros que han decidido sustentar la opinión mayoritaria de que el debate sobre la omisión del trámite de audiencia no solo tenía relevancia respecto de la cuestión de fondo controvertida y su inmediata conexión con los derechos de las mujeres. Más allá de ello, lo que también se estaba resolviendo era un modo de entender la función jurisdiccional y el servicio público prestado por el sistema de justicia en un Estado social y democrático de Derecho y la necesidad de tomar una posición firme y establecer un mandato terminante desde la jurisprudencia constitucional de que las personas que ven afectados su ámbito de derechos e intereses por decisiones judiciales son sujetos con derecho a ser oídos por los órganos judiciales y no solo meros objetos obligados a someterse a sus pronunciamientos, por más justos y acertados que materialmente puedan ser considerados.
Este no es un debate menor. Es un debate sobre las formas y la importancia que tiene su observancia para el respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad humana. Es un debate que afecta al sentido mismo de la democracia y de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico. Según Fuller, la forma es la moralidad interna del Derecho. Como recordara Ihering en su trabajoEl espíritu del Derecho Romano, «enemiga de la arbitrariedad, la forma es hermana gemela de la libertad; es el freno que detiene a los que quieren convertir la libertad en licencia, la que contiene y protege. El pueblo que ama la libertad comprende instintivamente que la forma no es un yugo, sino el guardián de su libertad».
El incumplimiento de algunas formalidades, como es el trámite de audiencia, debe conllevar la nulidad de la resolución incluso aunquea posteriori, en el proceso, se acreditara que en dicho trámite no se hubiera alegado nada que hubiera podido alterar el resultado de la decisión. Solo de ese modo se garantiza que su cumplimiento es ineludible, pues de otro modo se obviaría este trámite y caso de ser relevante se anularía la decisión. Otra manera de proceder impide a la forma cumplir la función de garantía que le es inherente y, por tanto, no evitaría situaciones materiales de indefensión. Por ello, cuando este tipo de garantías se incumple la decisión adoptada es contraria a Derecho, con independencia de si el resultado hubiera podido ser el mismo o no si se hubiera escuchado al interesado.
En consecuencia, considero que el recurso debió ser estimado.
Madrid, a dos de junio de dos mil veintidós.–Juan Antonio Gómez Castillos.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el presente voto particular concurrente por discrepar en parte con la fundamentación de la sentencia recaída en el presente proceso de amparo. Específicamente, mi disconformidad tiene que ver con el análisis y justificación de la desestimación de la queja de amparo que denunció como inexistente o insuficiente la habilitación legal que permitiría justificar la injerencia en el derecho a la libertad y la intimidad familiar de los demandantes, que pretendían ver respetada su decisión de que el alumbramiento del hijo común se produjera en su hogar, y no en una instalación hospitalaria bajo supervisión e intervención médica.
En lo que sigue, tal y como defendí en el Pleno, a través de este voto dejo constancia del fundamento de mi posición discrepante con parte de la fundamentación de la sentencia.
1. Al resolver el recurso de amparo, este tribunal ha tenido que abordar, entre otras cuestiones, la alegada inexistencia o insuficiencia de una norma habilitante que permitiera al juez del caso adoptar las medidas de protección acordadas, sin duda limitativas de los derechos fundamentales alegados en la demanda y reconocidos en la sentencia.
Anticipando el sentido de mi desacuerdo, he de señalar que me parece indudable que nuestro ordenamiento jurídico contempla la existencia de un deber jurídico de protección de la vida en formación; desde luego –como ocurría en este caso– cuando la viabilidad del feto era de todo punto innegable debido al avanzado estado de gestación de la demandante.
Esta realidad jurídica vigente, deducida de las normas a las que me referiré a continuación, otorgaba ya una inicial cobertura legal, si bien de deficiente calidad, a la decisión judicial de acordar el traslado físico urgente de la mujer embarazada hasta un centro hospitalario, dado que tenía como finalidad garantizar que el alumbramiento se produjera en las mejores y más adecuadas condiciones que permitieran proteger la salud y viabilidad del feto, tanto durante el alumbramiento como en las fases inmediatamente posteriores (auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Oviedo, de 24 de abril de 2019). No cabe olvidar que el embarazo se encontraba en la fase de terminación de una gestación prolongada: en torno a las 45 semanas desde la datación ecográfica.
Basta con atender a la vigente Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para constatar que en ella, como señala su exposición de motivos, se «aborda la protección y garantía de los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral» estableciendo «una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código penal», que toma ya en consideración el valor jurídico de la vida en formación pues, según se afirma, «busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia, de la mujer y de la vida prenatal».
A la regulación legal expuesta, que expresa el deber jurídico de protección que fundamentó las medidas adoptadas en las decisiones judiciales cuestionadas, hay que añadir la propia regulación penal vigente establecida también en favor de la protección de la vida prenatal. Como es de todos conocido, el Código penal (arts. 157 y 158) –pese a que la embarazada no puede ser penada a tenor de estos preceptos– prevé como típicas las conductas que de forma intencionada o gravemente imprudente «causare[n] en un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una grave tara física o psíquica». De haberse tratado de una denuncia penal, el juez de guardia, de haberlo considerado oportuno, podría haber activado el deber proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo a que se refiere el art. 13 LECrim.
2. En este contexto normativo, ante el juez del caso se planteó entonces un conflicto jurídico con dos pretensiones enfrentadas que, en términos constitucionales, puede ser sintetizado señalando que, de una parte, conocía el deseo de los progenitores de que el alumbramiento se produjera en su propio domicilio –pese a su retraso y el avanzado estado de gestación– y, de otra parte, conocía los informes médicos que le indicaban que –conforme a protocolos científicos previos–, en una gestación postérmino, a partir de la semana 42 de embarazo, se produce un serio incremento del riesgo de morbilidad o mortalidad perinatal, tanto materno como fetal, lo que aconsejaba la inducción inmediata del parto con métodos y supervisión clínicos.
Ambas pretensiones carecen en nuestro ordenamiento jurídico de desarrollo legal suficiente que las avalen o las impidan. Tanto los progenitores como los servicios médicos, y el propio órgano judicial, se encontraban en una acuciante situación de urgencia sin la existencia de normas de la suficiente previsibilidad y certeza que establecieran criterios o parámetros ciertos para decidir.
Como ya he expuesto, dado el riesgo inherente al avanzado estado de gestación, el deber jurídico de protección de la vida del feto era deducible de las normas jurídicas ya indicadas. Por el contrario, la pretensión de alumbramiento en el propio hogar se encontraba y encuentra ayuna de toda regulación en nuestro ordenamiento jurídico. Es más, es en la sentencia que resuelve este recurso de amparo donde, por primera vez, este tribunal ha declarado que «el deseo de ser padres y la materialización de dicho deseo, que culmina con el parto, se integra en el derecho a la intimidad personal y familiar, como proyección directa y derivada de la dignidad humana, en especial de la dignidad de la mujer que da a luz un nuevo ser, alcanzando, igualmente, a todas las decisiones que tienen que ver con la gestación y con ese alumbramiento» [FJ 4 A), letra d)].
Así las cosas, entiendo que la falta de previsibilidad y certeza del ordenamiento que se denuncia en la demanda de amparo, en orden a resolver con fundamento en la ley el conflicto jurídico-constitucional que se planteaba entre una situación de derecho fundamental y una pretensión justificada de limitación, es plena y exclusivamente imputable al legislador, en los mismos términos que establecimos ya en la STC 49/1999, de 5 de abril, FFJJ 4 y 5, y recordamos en la posterior STC 145/2014, de 22 de septiembre, FJ 7. Esta conclusión debiera haber orientado, en mayor medida, la fundamentación de la desestimación del recurso de amparo poniendo el acento en las deficiencias legislativas apuntadas, e instando al legislador a desarrollar con prontitud el ejercicio del derecho fundamental afectado.
3. Entiendo que lo que se nos ha planteado es el enjuiciamiento de una decisión judicial limitativa del derecho a la libertad y la intimidad personal que no cuenta con una cobertura legal específica, pero que encuentra fundamento razonable en la actuación de deberes de protección que sí han sido reconocidos por el legislador. Considero relevante que en este caso la actuación judicial no carecía de todo fundamento normativo, no supuso la sustitución de un criterio legal posible por su simple voluntad personal.
Por ello, nuestro análisis no podía detenerse en apreciar la insuficiencia de una ley que satisfaga las genéricas exigencias de seguridad jurídica establecidas por la Constitución en garantía de los derechos fundamentales, sino que, como se hace más adelante en la sentencia al abordar el juicio de proporcionalidad de la medida de protección adoptada, debe extenderse a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, atendida la finalidad legítima que perseguía. Y en ese punto, debo expresar mi coincidencia con la solución adoptada en cuanto considera que la actuación judicial no fue materialmente contraria a los derechos fundamentales invocados por los recurrentes.
Sin duda, hubiera sido más adecuado que, atendiendo a la naturaleza de los derechos y bienes en conflicto, la juzgadora hubiera adoptado un papel más activo oyendo personalmente a la mujer embarazada, trasladándole el criterio médico que aconsejaba una intervención urgente y poniéndole de relieve los riesgos que arrostraba de no aceptar la intervención que se le proponía. Así lo recomendaba el carácter personal e íntimo de la pretensión de la demandante. Además, facilitada esa información, y conociendo el criterio de la gestante, la juzgadora se hubiera encontrado en mejor posición para decidir. No obstante, la situación de urgencia perentoria en la que se desarrolló la actuación judicial impide considerar insuficiente la contradicción procesal reclamada, que pudo ser suplida con la información médica que se le otorgó en el centro hospitalario y la posibilidad procesal que posteriormente tuvo, y ejerció, de impugnar las decisiones judiciales adoptadas.
Madrid, a seis de junio de dos mil veintidós.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.
Con el mayor respeto al criterio mayoritario reflejado en la sentencia a que se refiere el encabezamiento, creo necesario, en ejercicio de la facultad prevista en el art. 90.2 LOTC, formular este voto concurrente para dejar constancia de los argumentos que expuse en la deliberación del Pleno y que no fueron acogidos en el proceso de deliberación.
1. El objeto de la demanda de amparo que aquí se ha examinado lo constituye el derecho de una mujer al alumbramiento en su domicilio particular y su ingreso obligado en un hospital público, por una resolución judicial.
Este recurso planteaba cuatro cuestiones esenciales, que han sido abordadas por la sentencia: la habilitación legal para adoptar la medida judicial que se impuso a la demandante de amparo; la necesidad de la audiencia de esta previamente a la decisión judicial; la proporcionalidad o no de la medida desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados; y, especialmente, el relativo a la legitimación para interponer el presente recurso de amparo en defensa de tales derechos fundamentales.
2. La resolución judicial impugnada por la recurrente en amparo comprometía de manera importante determinados derechos fundamentales: por una parte, el ingreso obligado en el hospital, para que se le practicara un parto inducido, afectaba, de manera particularizada, a su derecho a la libertad, consagrado en el art. 17 CE, en tanto que le imponía la estancia en el hospital, en contra de su voluntad, y sin poder abandonarlo hasta después del alumbramiento. Por otra parte, se dejaba sin efecto su decisión de dar a luz en su domicilio, de manera que se estaba incidiendo, también, sobre sus derechos fundamentales a la integridad física (art. 15 CE) y a la intimidad,exart. 18.1 CE.
Pues bien, ante una actuación judicial que recae de manera tan evidente sobre los derechos fundamentales de una gestante, el órgano judicial no puede intervenir si no cuenta con una habilitación legal expresa. Así lo ha afirmado de manera reiterada este tribunal que, entre otras, en la STC 99/2021, de 10 de mayo, FJ 3, destaca que, «por mandato expreso de la Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ora incida directamente sobre su desarrollo (art. 81.1 CE), o limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE), precisa una habilitación legal. Esa reserva de ley a que, con carácter general, somete la Constitución Española la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en su título I, desempeña una doble función, a saber: de una parte, asegura que los derechos que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes; y, de otra, en un ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los jueces y magistrados se hallan sometidos ‘únicamente al imperio de la Ley’ y no existe, en puridad, la vinculación al precedente (SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996) constituye, en definitiva, el único modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas». Y esa previa habilitación legal de toda medida restrictiva de un derecho fundamental impone a la ley que defina las modalidades y extensión del ejercicio del poder otorgado con la suficiente claridad para proteger adecuadamente contra la arbitrariedad (STC 217/2015, de 22 de octubre, FJ 2). En esta misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que toda afectación a un derecho garantizado por la Convención debe tener una base en el derecho estatal interno, y ser lo suficientemente accesible y preciso para permitir al ciudadano regular su conducta: debe servir para prever, con un grado razonable según las circunstancias del caso, las consecuencias naturales que deriven de un acto determinado (A, B y C c. Irlanda, § 220).
En nuestro caso, la sentencia que ha resuelto el recurso de amparo considera, en relación con los preceptos legales que el órgano judicial invocó como fundamento de su decisión, de un lado, que la situación que aquí se plantea no tiene encaje ni en el ámbito ni en las medidas del art. 158.6 CC, referidas a situaciones que pueden producirse en el seno de las relaciones paterno-filiales, y que no se cohonestan con el conflicto entre los derechos fundamentales de la gestante que se afectan y el bien jurídico protegido por la Constitución, en este caso, la vida delnasciturus. Tampoco encontraría acogida en el art. 9.6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, porque no se trata de un supuesto de un menor de edad que deba ser sometido a una intervención que haya de ser consentida por su representante legal, y en el que la decisión tenga que atender al mayor beneficio para la vida o salud del menor. Por último, se excluye la cobertura del art. 29 CC, ya que «se trata de un precepto que está referido principalmente a los casos regulados por el Código civil y, en concreto, a los efectos favorables de carácter patrimonial que le puedan reportar al concebido y no nacido, pero que no podemos extender sin más al ámbito de un conflicto entre derechos fundamentales y bienes o valores a los que la Constitución otorga protección».
A pesar de esa exclusión, la sentencia ha tenido muy en cuenta la tesitura a la que se enfrentaba el órgano judicial, ante la necesidad de dar una respuesta jurídica, sometida a las previsiones del ordenamiento, a la situación de conflicto que se planteaba, en la que se oponían, por una parte, los derechos fundamentales de la gestante a la libertad, a la integridad física y a la intimidad, y, por otra, un bien jurídico protegido en virtud de una previsión constitucional, sin que contara a tal efecto con una previsión legal específica que le sirviera de fundamento a su decisión. Por ello, el juzgado realizó una labor de integración de esa insuficiente habilitación legal acudiendo a los preceptos legales que consideró que podían otorgar cobertura a la actuación de que se trataba, entendiendo que era una situación comparable a las que en ellos se contemplan, asimilándola al escenario que entendía existente de antagonismo entre la decisión de la madre de dar a luz en su casa, asistida por una matrona, y el riesgo que tal decisión podía implicar para la vida delnasciturus, en la medida en que se trataba de un embarazo que se encontraba ya en la semana cuarenta y tres, y los servicios médicos del hospital público en el que se había llevado a cabo el seguimiento del embara