Categoría: Judicial

nterior de servicios financieros es crucial para el crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión», y que «[e]l buen funcionamiento de los mercados de valores y la confianza del público en los mercados son requisitos imprescindibles para el crecimiento económico y la riqueza. El abuso de mercado daña la integridad de los mercados financieros y la confianza del público en los valores y los instrumentos derivados». Y la publicación en el BOE de los comportamientos más lesivos para la integridad y buen funcionamiento del mercado, conforme prevé el artículo 304 TRLMV, es una medida adecuada e idónea para la consecución de tal finalidad.
Además, no puede afirmarse que la medida responda a esta finalidad de forma desproporcionada a la luz de las siguientes consideraciones:
(i) El legislador español ha optado, desde la Ley del mercado de valores, por un sistema reforzado de transparencia mediante la articulación de registros administrativos y de publicidad activa de las sanciones más graves a través del BOE. El texto refundido de la Ley del mercado de valores prevé, junto a la inclusión de las sanciones en el registro administrativo accesible a través del sitio web de la CNMV (que es el que expresamente exige el Derecho de la Unión Europea), también la difusión en el diario oficial del Estado de las sanciones por infracciones muy graves y graves. No en vano el BOE se configura en nuestro ordenamiento como el medio de publicación por excelencia de los actos administrativos (art. 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y art. 1 Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado»). Se garantiza así la publicidad activa de los comportamientos más perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado financiero. De modo que la publicación en el BOE de las infracciones muy graves y graves no puede considerarse como innecesaria, tal y como alega el recurrente, por el mero hecho de que exista un registro de sanciones en el sitio web de la CNMV, puesto que estos mecanismos de publicidad tienen diferente alcance y operatividad, y la publicación en el BOE garantiza una difusión activa y más amplia de los comportamientos más lesivos para el mercado. De hecho, el legislador español ha mantenido las dos vías de transparencia tras la modificación introducida por el Real Decreto-ley 14/2018 en el texto refundido de la Ley del mercado de valores, si bien incorporando ahora en ambos medios (tanto en la publicación en el sitio web como en el BOE), medidas que habilitan a la CNMV a ponderar excepcionalmente, la oportunidad de retrasar la publicación de la sanción u omitir el nombre en aras de la protección de los datos personales en determinados casos concretos. Se mantiene, en definitiva, la publicación de las sanciones en el BOE como una herramienta imprescindible en manos de la CNMV para que el organismo regulador lleve a término las funciones que la ley le encomienda.
(ii) La demanda argumenta también que la publicidad de la sanción en el BOE va más allá de lo previsto por la normativa europea sobre «abuso de mercado» que le sirve de cobertura y que, a diferencia de la norma española, permite a las autoridades competentes de los Estados miembros una evaluación caso por caso de la proporcionalidad de la publicación de la identidad de la persona jurídica destinataria de la decisión o de los datos personales de una persona física. El Ministerio Fiscal considera, asimismo, que la publicación en el BOE de la sanción ha vulnerado el artículo 18.4 CE porque el artículo 304 TRLMV no contiene garantías directas de ponderación en relación con la protección de datos, y no aplica tampoco las garantías establecidas para publicación en la página web de la CNMV por el artículo 34 del Reglamento EU de abuso de mercado (posteriormente recogidas en el Real Decreto-ley 14/2018 con el fin de incorporar criterios de proporcionalidad para poder anonimizar o prescindir de dicha publicación). Estos argumentos no pueden prosperar por las razones que expondremos a continuación.
En relación con estas alegaciones hay que recordar, una vez más, que cuando se alega la vulneración de un derecho fundamental cuyo alcance pueda estar parcialmente determinado por el Derecho de la Unión Europea, como ocurre en este proceso, «[l]as exigencias derivadas del Derecho de la Unión no pueden ser irrelevantes a la hora de establecer los márgenes constitucionalmente admisibles de libertad de apreciación política» (STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 9). En este caso, nos encontramos con la disposición de un reglamento, el artículo 34 del Reglamento EU de abuso de mercado, en vigor en el momento de publicarse la sanción, y directamente aplicable conforme dispone el artículo 288 TFUE. Sin embargo, dicha disposición regula exclusivamente la publicación de las sanciones en el sitio web de las autoridades competentes. La publicación de resoluciones administrativa en boletines oficiales, como es el caso del BOE, se rigen por el Derecho interno: en este caso por lo dispuesto entonces en el artículo 304 TRLMV, que establece como regla general la publicación en dicho boletín de las infracciones muy graves y graves, en relación con el artículo 275 TRLMV, que limita los datos que pueden ser objeto de publicación, y por el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado».
(iii) Procede recordar, además, que conforme a la doctrina constitucional examinada, corresponde al legislador establecer las medidas necesarias para asegurar que las limitaciones al derecho de la protección de datos que establezca en aras de una finalidad legítima de interés general preserven su contenido esencial y sean conformes con el principio de proporcionalidad. Y, tal y como pone de relieve el abogado del Estado, en este caso el legislador adoptó una serie de cautelas dirigidas a garantizar la proporcionalidad de la medida.
Por una parte, el artículo. 304 TRLMV no requiere la publicación en el BOE de todas las sanciones impuestas por la CNMV, sino tan solo de aquellas impuestas por infracciones muy graves y graves, como es el caso de las infracciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia e integridad del mercado del artículo 282 TRLMV, quedando al margen de esta medida aquellas infracciones que revisten un carácter meramente leve. A este argumento hay que añadir que la redacción original del artículo 275 TRLMV establecía ya ciertos supuestos en los que la CNMV podía acordar, caso a caso, publicar de manera anónima la sanción impuesta para garantizar «una protección efectiva de los datos de carácter personal en cuestión» (apartado cuarto); en particular, cuando la publicación pudiera causar un «daño desproporcionado» a las entidades o personas físicas implicadas (apartado quinto). Sin embargo, el legislador no extendió tales cautelas a la infracción muy grave tipificada en el apartado sexto del artículo 282 TRLMV, por uso de información privilegiada, lo que pone de relieve que el propio legislador ponderó, a la luz de los intereses y derechos en juego, y el importante impacto en el buen funcionamiento de los mercados financieros de este tipo de conductas, procedía en todo caso la difusión de dichas sanciones en el BOE. De modo que el legislador estableció de forma precisa los supuestos en los que la imposición por la CNMV de sanciones por la comisión de infracciones muy graves o graves tipificadas lleva aparejada necesariamente su publicación en el BOE, a la luz de los intereses generales en juego.
Por otra parte, el legislador ha limitado el alcance de la información objeto de publicación a lo estrictamente necesario para la consecución de su finalidad. Conforme a lo dispuesto entonces en el artículo. 275.3 TRLMV, la información publicada se limitó a la parte dispositiva, lo que incluye el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona física o jurídica sobre la que recae la sanción. Evitando así la difusión de otros datos personales que pudieran figurar en la resolución sancionadora que no eran necesarios para la consecución de los fines que el artículo 304 TRLMV persigue. Además, solo se publican una vez hubo ganado firmeza en vía administrativa.
En definitiva, la aplicación por la CNMV del art. 304 TRLMV responde a una finalidad legítima. Dicha disposición define de forma precisa –en conjunción con el entonces artículo 275 TRLMV– los supuestos en los que la imposición de sanciones lleva aparejada una difusión reforzada de la conducta infractora mediante la publicación en el BOE, conforme a la ponderación efectuada por el legislador de la proporcionalidad de dicha medida a la luz de su finalidad y de los derechos e intereses en juego, sin que se aprecie en este caso que el legislador haya sobrepasado los límites que impone dicho principio.
b) Procede examinar, por último, la vulneración del «principio de temporalidad» que alega la demanda.
Tal y como se ha examinado ya, el art. 4.5 LOPD disponía la cancelación de los datos objeto de tratamiento «cuando hubieran dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados». El ejercicio del derecho a la cancelación que puede ejercer el interesado conforme al artículo 16 LOPD, «dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas. Cumplido este plazo dará lugar a la supresión».
Desde el 25 de mayo del 2018 este derecho se regula por el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, cuyo artículo 17 regula el derecho de supresión y el «derecho al olvido». Conforme a su apartado primero: «El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo». En cuanto a su apartado segundo, dispone que «el derecho al olvido» se aplica: «Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado primero, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos».
Este «derecho al olvido» implica la adaptación al entorno de internet del derecho de supresión o cancelación, y está vinculado, por consiguiente, al principio de temporalidad.
En la STC 58/2018, de 4 de junio, FJ 5, pusimos ya de relieve cómo en el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea se ha legislado de forma más clara el derecho a la supresión de los datos personales de una determinada base en donde se hayan introducido, y declaramos que «[e]so, y no otra cosa, es el derecho al olvido. Un derecho a la supresión de los datos personales, existente ya por obra de la Directiva 95/46/CE, estrechamente vinculado con la salvaguardia del derecho fundamental a la protección de datos personales frente al uso de la informática (art. 18.4 CE), y con la protección del artículo 8 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y del Convenio núm. 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Así considerado, el derecho al olvido es una vertiente del derecho a la protección de datos personales frente al uso de la informática (art. 18.4 CE), y es también un mecanismo de garantía para la preservación de los derechos a la intimidad y al honor, con los que está íntimamente relacionado, aunque se trate de un derecho autónomo».
También hemos declarado que el reconocimiento expreso del derecho al olvido, como facultad inherente al derecho a la protección de datos personales, y por tanto como derecho fundamental, supone la automática aplicación al mismo de la jurisprudencia relativa a los límites de los derechos fundamentales. Y por tanto, a los límites que pueden encontrarse en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, conforme a la doctrina examinada (por todas STC 292/2000, FJ 11). En este caso el bien digno de protección constitucional que actúa como límite del derecho de autodeterminación sobre los propios datos personales es, tal y como hemos puesto ya de manifiesto, la salvaguarda y buen funcionamiento del mercado.
La Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales aborda esta cuestión en su art 15, mediante una remisión al Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea; incluye, además, en su título X –denominado «Garantía de los derechos digitales»– dos preceptos dedicados al derecho al olvido, los artículos 93 y 94. El primero regula el ejercicio del derecho al olvido en búsquedas de Internet, disponiendo que: «Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información. […] Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo».
En el caso que aquí examinamos, la exigencia de que los datos publicados no estén ya disponibles o sean accesibles más allá del tiempo necesario para cumplir con el cometido de la publicación puede satisfacerse, como apreció en su sentencia núm. 403/2019, de 12 de febrero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, mediante el ejercicio del derecho al olvido. La obligación de bloqueo de dichos datos personales cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido publicados, puede realizarse sin perjuicio de la conservación de la información publicada en el boletín oficial en cumplimiento del servicio público que presta, manteniéndolos a disposición de los interesados y de las administraciones públicas y los jueces y tribunales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.3 LOPD.
El principio de temporalidad se preserva así, en este caso, mediante el ejercicio del derecho al olvido, regulado en la actualidad en el Reglamento general de protección de datos y en la vigente Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, impidiendo el acceso a los datos personales frente a los motores de búsqueda específicos proporcionados por el propio sitio web de la Agencia Estatal del «Boletín Oficial del Estado» en lo que se refiere a la base de datos de este organismo que permite la búsqueda de las normas y actos y anuncios publicados en el BOE, o de los buscadores generales de internet basados en la indexación de los contenidos que aparecen en los distintos medios telemáticos, como es el caso de la publicación electrónica del BOE, y evitando que a través de una u otra forma de indexación se lleve a cabo la búsqueda y localización de datos personales de personas físicas que aparezcan publicados en dichos medios.
Partiendo siempre de la premisa de que los documentos publicados en el BOE, tanto en su edición electrónica como en papel, tienen la condición de inalterables y, por tanto, no se pueden modificar ni eliminar los datos personales que contengan, y de que el BOE tiene la consideración de fuente accesible al público, debe recordarse que la normativa vigente permite al recurrente ejercer el derecho a que los motores de búsqueda en internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran, tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, los enlaces publicados que contuvieran información relativa a su persona una vez que ya no sean necesarios o pertinentes, teniendo en cuenta la finalidad para la cual fueron tratados los datos personales, el tiempo transcurrido desde la publicación y la naturaleza e interés público de la información. También habrá de tenerse en cuenta, a efectos del ejercicio del derecho al olvido, si una vez digitalizada la resolución sancionadora de la CNMV y vinculada a la base de datos del BOE, pudo ser enlazada a motores de búsqueda generales de internet, en el caso de que la Agencia Estatal del «Boletín Oficial del Estado» no haya utilizado protocolos informáticos de exclusión aptos para evitar la indexación de ese documento por parte de los buscadores generales de Internet.
En consecuencia, no se aprecia en este caso que se haya vulnerado el derecho a la protección de datos personales consagrado en el artículo 18.4 CE.
4. Conclusión.
Por todo cuanto antecede, debemos desestimar este recurso de amparo.
Es obligado concluir, en primer lugar, que la publicación en el BOE de la resolución de 18 de mayo de 2016 por la que se impuso al recurrente una multa por importe de 30 000 euros por la comisión de una infracción muy grave de la entonces Ley del mercado de valores, y que disponía su publicación una vez fuera firme en vía administrativa, no vulnera las garantías de los artículos 24.2 y 25 CE que debe respetar la administración cuando ejerce la potestad sancionadora. La publicación de la sanción en el BOE, conforme dispone el artículo 304 TRLMV, no constituye una sanciónper se, sino que se trata de una consecuencia accesoria a la imposición de las sanciones graves prevista por la propia ley cuya finalidad primordial es advertir a los inversores de una actuación que puede afectar al buen funcionamiento del mercado financiero –en particular el abuso del mercado y el uso de información privilegiada–, y garantizar la transparencia y eficacia en la labor de supervisión que lleva a cabo la CNMV; no la de «infligir al infractor un perjuicio». Por consiguiente, a la resolución por la que se dispone simplemente la publicación dispuesta por el artículo 304 TRLMV no le son directa y autónomamente aplicables las garantías de los artículos 24.2 y 25 CE que debe respetar la administración cuando ejerce la potestad sancionadora.
En segundo lugar, tal publicación no ha vulnerado el derecho fundamental a la protección de datos personales, cuya tutela garantiza el artículo 18.4 CE conforme con la doctrina y las disposiciones jurídicas examinadas. La comunicación a la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado» de la resolución sancionadora emitida por la CNMV para su publicación en el BOE y la publicación misma de esa resolución en el diario oficial, constituyen supuestos de tratamiento de datos personales necesarios para el cumplimiento de una obligación legal aplicable tanto a la CNMV como a la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado» (art. 304 TRLMV), por lo que no requieren el consentimiento del interesado [art. 11.2 a) LOPD]. Existe, pues, una base jurídica que legitima el tratamiento de datos, tanto de la comunicación de la resolución sancionadora al organismo editor del BOE como de su ulterior publicación en este diario oficial. Una publicación que, por lo demás, como ya se ha razonado, no infringe los principios de proporcionalidad y temporalidad que rigen en materia de protección de datos de carácter personal. La CNMV actuó en ejercicio de las funciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 304 y 275 TRLMV (en las versiones entonces vigentes), los cuales responden a la finalidad legítima de garantizar la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los precios en los mismos y la protección de los inversores, que está vinculada a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y con el deber de los poderes públicos de garantizar y proteger su ejercicio (art. 38 CE). Sin que pueda apreciarse que la medida dispuesta por el legislador en el artículo 304 TRLMV y su aplicación por la CNMV sea desproporcionada para la consecución de dicha finalidad. Tampoco se aprecia que se haya vulnerado el principio de temporalidad en el tratamiento de los datos personales que figuran en la resolución sancionadora finalmente publicada en el BOE, en tanto en cuanto su titular podrá ejercer en su momento el derecho de supresión y olvido.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Ramón Carrasco Ramírez.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós.–Juan Antonio Diez Serrano.–Antonio Narváez Iglesias Conde-Pumpido Alonso Romero Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.