Categoría: Judicial

o, la jurisprudencia de este tribunal sobre motivación de las resoluciones judiciales es extensa, deduciéndose de ella que esas resoluciones han de contener los elementos de juicio suficientes para que el destinatario y, eventualmente, los órganos encargados de revisar la decisión puedan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que la fundamentan [por todas, SSTC 87/2022, de 28 de junio, FJ 4 B), y 39/2023, de 8 de mayo, FJ 3]. En este sentido, hay que destacar que la providencia de inadmisión del recurso de casación dictada en el caso presente identifica la causa legal por la que procedía la inadmisión, y está motivada de conformidad con lo previsto por el art. 90.4 LJCA. Ese precepto prevé, como régimen general, que la inadmisión del recurso de casación se acordará por providencia, que «únicamente indicará» si en el recurso de casación concurre una de las siguientes cuatro circunstancias: (i) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación o recurribilidad de la resolución impugnada; (ii) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el artículo 89.2 LJCA impone al escrito de preparación; (iii) no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o (iv) carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Esa motivación, aunque sucinta, cumple las exigencias marcadas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha señalado que: «no puede ir contra el Convenio, el que una jurisdicción superior rechace un recurso limitándose a citar las disposiciones legales previstas en tal procedimiento, en tanto los problemas planteados por el recurso no revistan una trascendencia especial o si el recurso no tuviera suficientes visos de prosperar» (STEDH de 20 de enero de 2015, asuntoArribas Antón c. España,§ 47).
Pues bien, a la luz de esta jurisprudencia, cabe entender que, en el caso presente, la inadmisión a trámite del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo se encuentra suficientemente motivada, sin que quepa apreciar que este incurre en error patente, irrazonabilidad o, menos aún, arbitrariedad. Por el contrario, en su providencia de inadmisión el Tribunal Supremo no se limita a identificar los preceptos de la ley jurisdiccional que considera incumplidos [artículo 89.2 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 90.4 b) LJCA], sino que, además, aunque sea de manera muy sucinta, añade a su argumentación que el escrito de preparación del recurso se encuentra «redactado con deficiente técnica procesal, carece de la estructura propia de un escrito de tal naturaleza sin tener en cuenta las formalidades y requisitos que ese artículo 89.2 LJCA detalla». A ello se ha de agregar, que, según la mencionada providencia, también se incumplen las exigencias del apartado f) de este precepto, «por falta de fundamentación suficiente, con singular referencia al caso, de la concurrencia de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo anterior, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, supuestos que, en el presente asunto, no solo no quedan justificados, sino que ni siquiera son citados».
Pues bien, a la luz de los hechos de los que se ha dado cuenta, se ha de desestimar la pretensión de declarar contraria al artículo 24 CE la susodicha providencia de inadmisión del recurso de casación dictada por el Tribunal Supremo, en tanto que la misma se encuentra, de conformidad con nuestra doctrina, suficientemente motivada al contener los elementos y razones de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que la fundamentan, y en tanto que dicha motivación jurídica garantiza que la decisión no es consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, ni resulta manifiestamente irrazonable, incursa en un error patente o en una evidente contradicción entre los fundamentos jurídicos, o entre estos y el fallo (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 87/2000, de 27 de marzo, FJ 3; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 6; 223/2005, de 12 de septiembre, FJ 3; 276/2006, de 25 de septiembre, FJ 2, y 64/2010, de 18 de octubre, FJ 3, entre otras muchas).
b) Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) por parte de la sentencia de inadmisión de la Audiencia Nacional.
Se atribuye a la sentencia de la Audiencia Nacional, que inadmitió el recurso de protección de derechos fundamentales núm. 1-2018, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE, en relación con el derecho a la integridad física y moral del art. 15 CE (derivado de su conexión con el derecho a la protección de la salud del art. 43 CE). Lo que se cuestiona, en realidad, es si la sentencia de la Audiencia Nacional presenta un déficit de fundamentación a la hora de justificar la inadmisión del recurso planteado, toda vez que dicha motivación debería haber sido reforzada, dado que lo que se alegó ante la misma, por parte de la asociación demandante, fue la vulneración de derechos sustantivos [integridad física y moral (art. 15 CE), libertad (art. 17 CE), igualdad (art. 14 CE) y honor (art. 18 CE)].
Por tanto, el marco interpretativo que debe utilizar el Tribunal para resolver el recurso de amparo viene dado por el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente del derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta congruente, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso, y en su particular dimensión del derecho a obtener una motivación reforzada, en la medida en que el derecho a la tutela judicial efectiva se activa y se alega en defensa de uno o más derechos fundamentales sustantivos (en este sentido véase la STC 50/2014, de 7 de abril, FJ 2, y jurisprudencia allí citada en extenso). Establece nuestra doctrina consolidada que «“son arbitrarias o irrazonables las resoluciones carentes de razón, dictadas por puro capricho, huérfanas de razones formales o materiales y que, por tanto, resultan mera expresión de voluntad (STC 215/2006, de 3 de julio), o, cuando, aun constatada la existencia formal de la argumentación, el resultado resulte fruto del mero voluntarismo judicial, o exponente de un proceso deductivo irracional o absurdo” (STC 101/2015, de 25 de mayo, FJ 4). Asimismo, ha señalado este tribunal que “no pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones judiciales que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas” (STC 164/2002, de 17 de septiembre, FJ 4)» (STC 30/2017, de 27 de febrero, FJ 5).
El canon expuesto exige valorar (i) si la resolución judicial impugnada, en este caso la sentencia de inadmisión de la Audiencia Nacional, está motivada, es decir, si contiene los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2, y 25/2000, de 31 de enero, FJ 2); (ii) si la motivación está fundada en Derecho, esto es, si es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de un error patente o de la arbitrariedad (STC 50/2014, de 7 de abril, FJ 2, y jurisprudencia allí citada), porque, «tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere “arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable” no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan solo una mera apariencia» (STC 31/2013, de 11 de febrero, FJ 3, y jurisprudencia allí citada). En la STC 108/2022, de 26 de septiembre, FJ 6 c), concluimos que una resolución judicial no puede considerarse fundada en Derecho cuando es «manifiestamente errónea y carente de justificación, habiendo producido efectos negativos sobre la parte recurrente, lesionando su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.2 CE)»; y (iii) si la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente ha atendido al canon de motivación reforzado que se exige en supuestos en que en el proceso de instancia se haya denunciado la lesión de derechos fundamentales sustantivos, porque «el deber de motivación de las resoluciones judiciales limitativas de los derechos fundamentales “no encuentra su fundamento constitucional en la genérica obligación de motivación de todas las resoluciones judiciales que resulta del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1, en relación con el art. 120.3 CE)”, sino en la protección del derecho sustantivo, lo que implica que “la ausencia de motivación ocasiona, por sí sola, en estos casos la vulneración del propio derecho fundamental sustantivo (SSTC 128/1995 y 158/1996, 181/1995 y 54/1996), todo ello sin perjuicio de que se produzca o no, además, la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 158/1996)”» (STC 96/2012, de 7 de mayo, FJ 9).
A la vista de los antecedentes referidos con anterioridad, y del parámetro interpretativo expuesto, entendemos que no cabe apreciar déficit de motivación reforzada por parte de la sentencia de la Audiencia Nacional, en la medida en que la misma no se limita a negar apodícticamente la existencia de la alegada inactividad administrativa. En cambio, la motivación de la inadmisión da cumplida cuenta de las variadas circunstancias y vicisitudes que han rodeado al medicamento Agreal desde su puesta en circulación en España en 1983 hasta su retirada en 2005, haciendo expresa mención de las decisiones y actuaciones que, al respecto, ha ido adoptando y desarrollando la autoridad administrativa sanitaria, así como de las múltiples resoluciones judiciales que han sido dictadas por los distintos tribunales sobre este asunto.
Como se puede constatar en los antecedentes, la reclamación efectuada por la asociación demandante el 10 de enero de 2018, en la que insta una serie de actuaciones a llevar a cabo por la administración, obtuvo una respuesta por parte de esta, en la que expuso con detalle cuáles fueron las actuaciones desarrolladas en relación con la problemática expuesta en dicha reclamación, sin que, en consecuencia, pueda entenderse que esa respuesta impide la continuidad de las actuaciones. Por el contrario, como señaló la Audiencia Nacional, esta respuesta, por no ser un acto definitivo que pusiera fin al procedimiento instado por las interesadas, ni tampoco un acto de trámite que resolviera definitivamente sobre lo planteado, no supuso la finalización del procedimiento ni impidió tampoco su continuación; de modo que, de tratarse de un acto de trámite, no sería susceptible de impugnación independiente, según la propia Audiencia.
Por otro lado, en relación con las posibles lesiones de los derechos fundamentales sustantivos a la integridad física y moral, la libertad, la igualdad y el honor, planteada por la recurrente, la Audiencia Nacional, de manera acertada, sostuvo que las mismas fueron enumeradas de forma meramente instrumental, sin argumentar debidamente el verdadero alcance lesivo que se pretende sustentar al acudir al procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. Es especialmente significativo el énfasis que pone la asociación recurrente en la supuesta lesión del derecho a la salud, dada su vinculación con el derecho a la integridad física y moral, reconocida por este tribunal; sin embargo, tampoco en este caso cabe entender que la respuesta ofrecida por la Audiencia Nacional, descartando la lesión de este derecho como consecuencia de la actuación (o falta de ella) de la administración, resulte insuficientemente motivada, toda vez que, como se ha indicado, la Audiencia da cumplida cuenta de las decisiones y actuaciones desplegadas por la administración sanitaria, llegando acertadamente a la conclusión de que, una vez que esta decidió retirar del mercado el fármaco Agreal, por no superar el balance riesgo/beneficio, no cabía esperar ni demandar ninguna otra actuación administrativa al respecto.
En definitiva, tal y como ha motivado suficientemente la Audiencia Nacional, las actuaciones desarrolladas por la administración sanitaria desde el comienzo de la comercialización de Agreal en España en 1983 hasta su retirada en 2005, y, muy singularmente, las decisiones adoptadas por la AEMPS y el Servicio Español de Farmacovigilancia a partir de 2004, según se ha puesto de manifiesto en los antecedentes [apartado 2 ñ)], son no solo numerosas, sino también adecuadas al fin que les era propio: evitar la comercialización de este producto farmacéutico, una vez que se constató que el mismo no superaba el balance beneficio/riesgo, informando de ello, además, a las autoridades europeas y de otros países. A partir de ese momento no cabe apreciar la existencia de actuación alguna que estuviera obligada a realizar la administración, y de cuya omisión cupiera derivar responsabilidad de esta.
Partiendo de estas consideraciones previas, y retomando nuestra jurisprudencia consolidada al respecto, interesa recordar que la apreciación de una causa de inadmisibilidad, o un defecto procesal, no trasciende, en principio, el ámbito de la legalidad ordinaria, de forma que, si bien la obtención de una resolución fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas es el modo normal de finalización de un proceso y de cumplimiento de la tutela judicial, ello no excluye que sea constitucionalmente lícita una resolución de inadmisión, que no entre en el fondo de la cuestión planteada, cuando tal decisión se funde en la existencia de una causa legal que así lo justifica y que resulte aplicada razonablemente por el órgano judicial (por todas, SSTC 37/1982, de 16 de junio, FJ 2; 182/2004, de 2 de noviembre, y 228/2006, de 17 de julio). Lo que se ha de evitar, en todo caso, es la arbitrariedad o irrazonabilidad de la inadmisión. Así lo hemos señalado, entre otras, en la STC 279/2005, de 7 de noviembre, donde se establece que «[h]emos fijado el criterio de que la aplicación razonada de la causa legal de inadmisión debe responder a una interpretación de las normas conforme a la Constitución que respete el derecho fundamental (SSTC 19/1983, de 14 de marzo, FJ 4, y 259/2000, de 30 de abril, FJ 2). Aun cuando no es nuestra función revisar, con carácter general, la legalidad aplicada, pues el recurso de amparo no es una tercera instancia, sin embargo, la inadmisión arbitraria o irrazonable, o basada en un error patente, afecta al contenido normal del derecho fundamental y debe dar lugar a la estimación del amparo. De ahí que la inadmisión basada en un motivo inexistente constituye, no solo una ilegalidad, sino también una lesión que afecta al derecho reconocido en el art. 24.1 CE, y por ello este tribunal puede y debe comprobar la razonabilidad de la aplicación efectuada de la causa de inadmisión que haya sido tenida en cuenta».
Como se puede apreciar en los antecedentes de hecho, la sentencia de la Audiencia Nacional objeto de impugnación en absoluto incurre en esa arbitrariedad o irrazonabilidad argumentativa. Por el contrario, como se ha señalado, este órgano judicial ofrece una motivación detallada de cuáles son las razones que le llevan a concluir que la administración sanitaria ha hecho lo que le incumbía para dar respuesta a la situación que se había generado como consecuencia de las dudas que surgieron en torno a los efectos del medicamento Agreal, hasta el punto de que decidió retirar su comercialización, tras haber considerado que el mismo no superaba el balance riesgo/beneficio, poniéndolo, además, en conocimiento de las autoridades europeas, que, asimismo, acordaron retirarlo en 2007. Más allá de estas decisivas actuaciones, no resulta exigible de la administración la adopción de ninguna otra decisión o medida; en consecuencia, no se puede considerar que la Audiencia Nacional, que confirma la adecuación y suficiencia de las medidas y decisiones adoptadas, incurre en vulneración alguna del derecho reconocido en el artículo 24 CE. Más bien parece que la asociación recurrente lo que hace con su impugnación es confundir la (inexistente) falta de motivación con el hecho de que la sentencia no acoja favorablemente sus pretensiones.
Por último, la impugnación de la imposición de las costas a la asociación demandante, recurrida por esta por entender que la Audiencia Nacional infringe el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en tanto que parte de la presunción de que aquella actuó de mala fe o con temeridad, no puede ser apreciada, dado que la Audiencia se limitó a aplicar lo previsto en el párrafo primero del artículo 139.1 LJCA, sin llevar a cabo, por consiguiente, valoración alguna sobre el modo de proceder de la recurrente. Además, como se recuerda en la STC 102/2020, de 21 de septiembre, FJ 3, se ha de tener en cuenta que es doctrina consolidada de este tribunal (por todas ahora, SSTC 131/1986, de 29 de octubre; 206/1987, de 21 de diciembre; 147/1989, de 21 de septiembre; 170/2002, de 30 de septiembre, y 107/2006, de 3 de abril), que «la condena en costas no se incluye dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, lo que implica que el legislador es libre para, en el marco de la Constitución, definir su contenido y los requisitos que han de guiar la imposición judicial de las costas procesales, sin más límite […] que el de impedir que, al hacerlo, pueda el legislador imponer condiciones u obstáculos innecesarios o disuasorios del ejercicio de las acciones y recursos legalmente previstos para la defensa jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos».
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo interpuesto por la Asociación Agreal Luchadoras de España.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro.–Inmaculada Montalbán Cabrera.–María Luisa Navarro Sanz.–Ramón Marín Hernándeznrique Arnaldo García Díez Bueso.–Firmado y rubricado.