Categoría: Administración

itorio comunitario, mientras que sus fines conexos se basaban en el fomento del desarrollo del sector ligado al equilibrio territorial de la Comunidad Autónoma y la racionalización de la explotación agraria y mejora de la protección del medio ambiente.
En la actualidad, esta Ley se ha visto afectada por la promulgación de normas posteriores, destacando en este ámbito la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, pero también otras Leyes sectoriales de gran importancia como la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. En este sentido, se aprecia una cierta confusión entre la regulación dada en las mencionadas normas estatales, que son de carácter básico, y lo dispuesto en la normativa autonómica, siendo preciso su adaptación a la normativa básica.
Se procede a la modificación de la Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de diciembre, de Garantía de Derechos y Atención a la Infancia y a la Adolescencia. El texto actualmente vigente prevé una alternativa para el caso de tramitación urgente, de modo que al final del procedimiento se dicte necesariamente resolución que, bien confirme el desamparo, bien lo revoque. La redacción nueva lleva a que si se ha declarado el desamparo por resolución dictada en procedimiento de urgencia no se dicte resolución de mantenimiento. Solo cabe resolución cuando se entienda que en momento de la finalización de la tramitación se aprecie que no existe desamparo, cerrando el expediente o adoptando otras medidas más adecuadas, como la asunción de guarda o la declaración de riesgo.
Dicha modificación viene dada por razones de coherencia del ordenamiento jurídico, y la doctrina de los tribunales civiles, que son a quienes corresponde la impugnación de las resoluciones de asunción de tutela, según el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Todos los procedimientos relativos al mismo menor son acumulables, y se siguen con preferencia y reducción de plazos, tanto para enviar expediente como para demandar y contestar.
Se procede a la modificación de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales. La Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, reconoce la iniciativa privada en la prestación de servicios sociales, si bien, atribuye al Sistema Público de Servicios Sociales, integrado por las Administraciones públicas que prestan servicios sociales y las entidades privadas que intervienen en la prestación mediante alguno de los instrumentos establecidos por el ordenamiento jurídico, la prestación obligatoria de servicios sociales para hacer efectivo al derecho a la protección social de la ciudadanía.
Con vistas a garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales, la Ley regula en el artículo 78 la habilitación para la prestación de servicios sociales, estableciendo diversas fórmulas en relación con la relevancia de las prestaciones de servicio para la protección de la ciudadanía. Así, los servicios que se prestan en centros, en los que las personas usuarias desarrollan parte de su vida, están sometidos a autorización administrativa, de forma que se habilite el funcionamiento de los centros en determinadas condiciones, dado que las características de las infraestructuras, las cualificaciones y la ratio de personal son elementos esenciales para una adecuada atención a las personas.
Por otra parte, determinados servicios que tienen especial relevancia para la atención a necesidades que pueden presentar las personas, sustancialmente cuando se encuentran en situación de dependencia, están sujetos a declaración responsable de que se cumplen los requisitos que se establezcan. Por último, existen servicios que solo requieren comunicación del inicio de la actividad.
La Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, en el apartado 2 del artículo 78, establece que la Consejería competente en materia de Servicios Sociales determinará las condiciones de autorización de los centros, pero no establece una disposición semejante para los requisitos que han de cumplir los servicios que no se desarrollen a través de un centro, para que puedan cumplir de forma adecuada los objetivos de protección social para los que se constituyen.
Para que el sistema de ordenación del sector de los servicios sociales pueda tener coherencia y se unifique el rango normativo de todos los requisitos de centros y de servicios sociales, se hace necesario atribuir la competencia a que se ha hecho referencia al titular de la consejería de servicios sociales, unificando así la competencia jerárquica para dictar las normas de desarrollo en este ámbito. Esta disposición se correspondería con la atribución de funciones que hace la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que en su artículo 35, entre las atribuciones de los consejeros contempla la de «Ejercer la potestad reglamentaria y la función ejecutiva en las materias propias de su Consejería».
Según el artículo 80, apartado 1 de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales se configura como un instrumento de constatación, ordenación, publicidad y transparencia de las personas que asuman la titularidad de prestaciones, servicios sociales o los centros en que se desarrollen y de cuantos centros o servicios sociales se implanten en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
A lo largo de los años de vigencia de este precepto se ha constatado el carácter innecesario de la inscripción de numerosos servicios y programas que por su carácter transversal afectan parcialmente al ámbito de los servicios sociales, pero tienen por objetivo fundamental actividades propias de otros sectores de protección social, sustancialmente el sanitario, el educativo o el acceso al empleo. Por ello se considera oportuno perfilar en el reglamento que regule el Registro, los servicios sociales que tendrán acceso al mismo, de forma que el Registro quede como un instrumento de constancia real del ámbito de los servicios sociales y pueda servir de instrumento válido y eficaz de ordenación del sector.
Se modifica la regulación de la prohibición de fumar contemplada en la Ley de Cantabria 5/1997, de 6 de octubre, de Prevención, Asistencia e Incorporación Social en Materia de Drogodependencias, en un doble sentido. En primer término, en el ejercicio de las funciones de desarrollo legislativo de la Comunidad Autónoma en materia de salud pública previstas en el artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria se establece la prohibición de fumar en las playas, consolidando de esta forma una prohibición que ha funcionado satisfactoriamente durante la pandemia y reforzando de esta manera una medida protectora de la salud pública y del medio ambiente. En segundo, se efectúa una remisión en bloque a la legislación básica con el fin de alinear el catálogo de espacios prohibidos de dicha ley con los supuestos contemplados en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Ello permitirá dotar a esta materia de mayor seguridad jurídica ante la obsolescencia de los preceptos de la ley autonómica.
A los efectos de armonizar el precepto autonómico al estatal se modifica la Ley de Cantabria 7/2001, de 19 de diciembre de Ordenación Farmacéutica de Cantabria, para fijar la obligatoriedad en todos los hospitales que dispongan de cien o más camas. El artículo 37 de la Ley de Cantabria 7/2001, de 19 de diciembre de Ordenación Farmacéutica de Cantabria, señala que la atención farmacéutica de los hospitales y centros sociosanitarios y penitenciarios, se prestará, en su caso, a través de los servicios de farmacia respectivos. Dentro de este ámbito, los farmacéuticos desarrollarán las funciones que les encomienda la ley, prestando un servicio integrado con las otras actividades sanitarias de los respectivos centros. Asimismo, el artículo 37.4.a) establece que será obligatorio el establecimiento de un servicio de farmacia en todos los hospitales que dispongan de cincuenta o más camas.
A nivel estatal, el artículo 6 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prescripciones, contempla las medidas relativas a la atención farmacéutica en los hospitales, en los centros de asistencia social y en los centros psiquiátricos, estableciendo la obligatoriedad de un servicio de farmacia hospitalaria propio en todos los hospitales que dispongan de cincuenta o más camas.
Por otra parte, en la actualidad en nuestra comunidad autónoma existen centros sociales residenciales sin asistencia sanitaria dado que la Ley 2/2007, de Cantabria, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales no lo exige. En este sentido, se considera necesaria la atención farmacéutica en todos los centros sociales residenciales, por lo que se permite la autorización de depósitos de medicamentos en centros sociales residenciales, tengan o no autorizado un servicio sanitario, a cuyo efecto se modifica el artículo 38.1 de la Ley de Cantabria 7/2001, de 19 de diciembre de Ordenación Farmacéutica de Cantabria, así como la rúbrica del capítulo IV del título II.
Se modifica el contenido del artículo 34.2.h) y 34.5 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El artículo 34.2.h) regula el plazo máximo para presentar las solicitudes en los procedimientos por los cuales se convocan los procesos selectivos y el artículo 34.5 la utilización de medios electrónicos durante los procesos selectivos. Con la finalidad de agilizar los procesos selectivos, especialmente los derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se considera necesario introducir esta modificación legislativa, que permitirá una mayor flexibilidad a la hora de afrontar los retos derivados de la combinación de las convocatorias ordinarias y extraordinarias de selección de personal en el ámbito sanitario.
Se modifica el apartado n) del artículo 14, de la Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de julio, de organización y funcionamiento del Servicio Jurídico. La razón de la modificación estriba en que históricamente los contratos sujetos al derecho privado eran los exclusivamente patrimoniales, pero tras la entrada en vigor de la LCSP de 2007 y la actual LCSP de 2017, existen una serie de contratos que la Administración licita con arreglo a los procedimientos de adjudicación de la legislación de contratos del sector público pero que, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, se sujetan al derecho privado. Con el marco actual, se sometían a informe de la DGSJ los proyectos de contratos una vez seleccionado el licitador, y tales proyectos de contratos se han de sujetar a unos pliegos que ya no pueden alterarse para introducir determinaciones que mejor defiendan ante la jurisdicción civil los intereses de la Administración. Con la reforma, el informe jurídico de la Dirección General se anticipa a un momento anterior, para así poder incorporar las modificaciones que, dentro del marco legislativo, la posición de la Administración demande.
Igualmente, se da nueva redacción al apartado ñ) del artículo 14, de la Ley 11/2006 en base a las modificaciones de la Ley de Patrimonio operadas en esta Ley, relativas a las donaciones y permutas de bienes muebles.
Por último, se suprime el actual apartado t) del artículo 14, y el apartado u) pasa a ser el apartado t). La razón de la supresión estriba en que el supuesto contemplado en el precepto, esto es, la emisión de informe a las instrucciones internas de contratación de las entidades del Sector Público Institucional que tengan la condición de poder adjudicador, ya no resulta legalmente posible, puesto que, tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según el artículo 321.1 y la Disposición Transitoria Quinta, las instrucciones internas de contratación están reservadas a las entidades del sector público que no tengan la condición de poder adjudicador.
En edificaciones destinadas a uso residencial y que requieran proyecto y en las segundas y posteriores transmisiones de viviendas y en los arrendamientos de estas, se establece un régimen transitorio del informe y las cédulas de habitabilidad tras la entrada en vigor de la Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, en el que el informe previo de habitabilidad será sustituido, a todos los efectos, por un certificado suscrito por técnico competente.
Se procede a la modificación de la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, para adaptarla a la nueva normativa recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias en su título IV, potestad sancionadora, como consecuencia de varios reales decretos-leyes que han modificado su articulado, dado el carácter básico de los preceptos que regulan la mencionada potestad sancionadora.
A fin de posibilitar la efectiva ejecución de las dotaciones presupuestarias destinadas al Consejo de la Juventud de Cantabria, se modifica la Ley de Cantabria 1/2019, de 14 de febrero, de Creación del Consejo de la Juventud de Cantabria, en ejercicio a su vez de las competencias exclusivas en materia de política juvenil atribuidas por el artículo 24, apartado 22, del Estatuto de Autonomía para Cantabria.
Una vez producida la constitución del Consejo de la Juventud de Cantabria, se ha comprobado cómo el régimen jurídico inicialmente previsto en la Ley de Cantabria 1/2019, deparaba la consideración, a efectos del régimen económico, presupuestario y contable, del Consejo de la Juventud de Cantabria con las mismas características que una entidad pública (de las contempladas en el artículo 115 de la Ley 5/2018, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria) en el programa presupuestario correspondiente. La dificultad que comporta, para una entidad de base corporativa, como es el Consejo de la Juventud de Cantabria, seguir el régimen económico y presupuestario citado, ha resultado en la imposibilidad de dar destino efectivo en su gran mayoría a las dotaciones presupuestarias previstas, en perjuicio del cumplimiento de sus fines y de la realización de sus funciones. Por ello, a instancias de la Asamblea General del propio Consejo de la Juventud de Cantabria, se plantea la modificación de la citada Ley 1/2019, de 14 de febrero, teniendo en cuenta la importancia que dicha entidad reviste en el cumplimiento del mandato del artículo 48 de la Constitución Española y la necesidad de configurar un régimen que, sin demérito del esencial control público (pues se reservan importantes facultades para la Administración a la que el Consejo se adscribe), permita dotar de un marco de funcionamiento razonablemente flexible. Dicho régimen se ha articulado a semejanza del que se ha seguido para el Consejo de la Juventud en el ámbito estatal (Real Decreto 999/2018, de 3 de agosto, por el que se regula composición y funcionamiento del Consejo de la Juventud de España) y en numerosas de las más recientes leyes autonómicas que han constituido o reformado la regulación de estas entidades (Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia y Comunidad Valenciana). Se reconoce expresamente el carácter de entidad corporativa pública sectorial de base privada del Consejo, que, en efecto, está formado y regido por las propias entidades y órganos juveniles; y, sin privar al Consejo de la posible financiación por subvención nominativa con reflejo presupuestario, esta se combina con el abanico de posibles recursos, de distinta procedencia, a los que éste pueda acceder. La adaptación del régimen patrimonial, presupuestario, de gestión económico-financiera, contable, de contratación y personal, pretende que, sin perjuicio de mantener mecanismos internos y externos de control esenciales, pueda el Consejo de la Juventud de Cantabria desplegar una actividad acorde a la importancia de sus fines, movilizando y obteniendo recursos internos y externos y operando con el régimen propio de las corporaciones de base privada, en el marco de la Ley que las crea, reconoce y regula. Idéntico régimen se prevé, por otra parte, para los Consejos Territoriales de la Juventud, propiciando de este modo que puedan efectivamente constituirse en el ámbito municipal (con pleno respeto a la legislación de régimen local) y comarcal.
Las reformas introducidas conciernen, de este modo, a diversos aspectos de Ley 1/2019, del Consejo de la Juventud de Cantabria, todo ello con el fin citado.
Se modifica su Título I, para, en el Capítulo I «Disposiciones generales», ajustar el régimen jurídico del Consejo de la Juventud, definiéndolo como corporación pública sectorial de base privada, y fijando su marco regulador ordinariamente bajo las normas del derecho privado, sin perjuicio de la aplicación del derecho público en el ejercicio de funciones públicas que tenga atribuidas o delegadas. Se introducen modificaciones puntuales en cuanto a la regulación de los órganos de gobierno, en el Capítulo III «Organización y funcionamiento», otorgando, al igual que en otros aspectos de la norma, y de manera acorde a la naturaleza corporativa que se reconoce a este órgano, mayor relevancia a la regulación que pueda contener el Reglamento de Régimen Interno, en concordancia con el principio de auto organización, siempre sin perjuicio del respeto a la Ley.
A su vez, en distintos apartados de la norma modificada, especialmente en el capítulo IV (que se renombra «Régimen, económico, presupuestario y de personal», habilitando dos secciones para comprender dicho contenido), se introducen modificaciones relevantes para adecuar el funcionamiento del Consejo de la Juventud a su naturaleza corporativa pública de base privada. Por un lado, se amplían (artículo 19) los recursos económicos a los que el Consejo de la Juventud de Cantabria puede acceder, orientando a esta entidad a la obtención de otro tipo de fuentes de ingresos públicas y privadas distintas de la subvención o transferencia proveniente de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pero sin menoscabar el debido compromiso de esta para con el Consejo. Aportación que, en efecto, no será ya mediante un programa presupuestario específico (como sucedía hasta ahora) sino a través de las formas subvencionables que la legislación contemple y el legislador presupuestario determine. A esto suma la garantía que representa reflejar en una norma de rango legal la dotación de medios para el cumplimiento de sus fines, previsión ya contenida en el texto originario de la Ley 1/2019. Por otro lado, se otorgan facultades autónomas de gestión en cuanto a su patrimonio (artículo 20) y presupuestos (artículo 21), ya en el ámbito propio de una entidad corporativa pública sectorial de base privada que, no obstante, tendrá que disciplinar su actividad a través del correspondiente presupuesto y su liquidación anual, formulando y aprobando también cuentas anuales, otorgando a la Asamblea General del Consejo un papel determinante para dicha aprobación, y sometiendo al Consejo de la Juventud de Cantabria a obligaciones de información a la Administración. Control combinado con el régimen más flexible de gestión, en el que el Consejo de la Juventud podrá desplegar su actividad de planificación y gestión de sus propios recursos, incluyendo su operativa propia de su condición corporativa pública sectorial de base privada (artículo 23). Todo ello sin desatender obligaciones de contabilidad (artículo 24) que, aun siendo las propias de las entidades sin ánimo de lucro –pues el Consejo de la Juventud de Cantabria lo es, al igual que las personas jurídicas que forman su base privada– se refuerzan con la obligatoria formulación y aprobación de cuentas anuales y la previsión de que el Reglamento de Régimen Interno pueda estipular procedimientos de control adicional a los que legalmente resulten aplicables (artículo 25). En concordancia con este enfoque dirigido a dotar de capacidad, medios y robustez en la gestión al Consejo de la Juventud de Cantabria, se supera (con la inclusión del artículo 25 bis) el criterio hasta ahora vigente que le impedía contar con personal propio, que en lo sucesivo podrá contratar, naturalmente dentro de sus posibilidades presupuestarias, y con el régimen laboral que le resulta aplicable a las entidades corporativas como ésta, sin perjuicio de los procedimientos de contratación que puedan arbitrarse en el Reglamento de Régimen Interno, llamado a cobrar una singular relevancia para completar el marco regulador en el que se desenvuelva la actividad del Consejo de la Juventud de Cantabria.
En la modificación del Capítulo V de la Ley de Cantabria 1/2019 se introducen cambios dirigidos a adecuar el régimen de recursos al limitado ámbito del ejercicio de funciones públicas, que, por otra parte, y en aras de la claridad, se enumeran enunciativamente mediante una modificación del artículo 3 de la referida Ley. Por otra parte, se añade una referencia sucinta al destino (la Comunidad Autónoma de Cantabria) del patrimonio resultante de una eventual disolución y liquidación del Consejo de la Juventud de Cantabria, una previsión que es pertinente al mudar su naturaleza jurídica, con el reconocimiento de su condición corporativa, más ajustada a la realidad asociativa que conforma al Consejo desde su base, pero coherente igualmente con la sucesión universal respecto de la precedente situación, como se precisa en la disposición transitoria segunda de esta Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Así mismo, dentro del espíritu de preservar un estándar de dación de cuentas y control adecuado, se recoge expresamente (Disposición adicional segunda que se añade a la Ley 1/2019), con el efecto aclaratorio correspondiente, la sujeción del Consejo de la Juventud de Cantabria a Ley de Cantabria 1/2018, de Transparencia en la Actividad Pública, en relación con las actividades sujetas al Derecho Administrativo.
A las modificaciones operadas en la Ley de Cantabria 1/2019 se añade una disposición transitoria a la presente Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, a fin de contemplar la necesaria adaptación del Reglamento de Régimen Interno del Consejo de la Juventud, modificando la regla de mayorías prevista actualmente en dicho Reglamento (artículo 52), evitando que una mayoría cualificada impida las necesarias modificaciones que la vitalidad orgánica y actividad prevista para la citada entidad requiere, sustituyéndose por la mayoría absoluta de los miembros delegados de las entidades debidamente acreditadas y presentes en el momento y lugar de la votación. Del mismo modo, en aras de la debida transparencia, se contempla la publicación de las modificaciones del Reglamento de Reglamento Interno en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en la página web del Consejo de la Juventud de Cantabria. Por otra parte, no se hace necesario contemplar previsiones transitorias concretas sobre el régimen del personal, patrimonio u operaciones en curso, puesto que no hay obligaciones contraídas con terceros ni personal adscrito al Consejo de la Juventud de Cantabria al que la presente reforma afecte.
Se deroga el artículo 1 de la Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero.
Uno. Se modifica el artículo 1 de la Ley de Cantabria 4/2012, de 15 de octubre, de creación de la Contribución Especial por el establecimiento, mejora y ampliación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de Cantabria, quedando redactado como sigue:
Se crea la contribución especial por el establecimiento, mejora y ampliación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.»
Dos. Se modifica el artículo 2 de la Ley de Cantabria 4/2012, de 15 de octubre, quedando redactado como sigue:
La contribución especial por el establecimiento, mejora y ampliación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene como hecho imponible la obtención, por el sujeto pasivo definido en el artículo siguiente, de un beneficio especial como consecuencia de la realización de obras y el establecimiento, mejora o ampliación del servicio que presta la Comunidad Autónoma de Cantabria a través del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la gestión de las emergencias.»
Tres. Se modifica el artículo 4 de la Ley de Cantabria 4/2012, de 15 de octubre, quedando redactado como sigue:
1. La base imponible de la contribución especial estará constituida por el noventa por ciento del coste total que la Administración de la Comunidad Autónoma soporte por la realización de las obras o por el establecimiento, ampliación o mejora del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:
a) El valor real de la redacción de proyectos y trabajos periciales.
b) El importe de las obras a realizar tanto de nueva planta como de remodelación, mejora y acondicionamiento de las existentes, o del coste del establecimiento, ampliación o mejora de los servicios.
c) El importe de las indemnizaciones que sean necesarias como consecuencia de la ampliación o mejora de los servicios.
d) El valor de los terrenos que deberán ocupar permanentemente los servicios, excepto cuando se trate de bienes de uso o servicio público o de terrenos cedidos gratuitamente.
e) El importe de la adquisición, ampliación o mejora de todo tipo de material propio para la prevención, la extinción de incendios y los salvamentos.
3. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por la Administración de la Comunidad Autónoma la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que se obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o entidad pública o privada.
4. El coste total de las obras y servicios citados en el apartado anterior se calculará en base a las cantidades consignadas anualmente en los Presupuestos Generales de Cantabria, teniendo carácter de mera previsión. En consecuencia, si el coste real fuera superior o inferior al previsto inicialmente, se rectificará la fijación de las correspondientes cuotas.»
Cuatro. Se crea una disposición adicional a la Ley 4/2012, de 15 de octubre, con el siguiente contenido:
Las cantidades recaudadas como contribución especial por el establecimiento, mejora y ampliación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, tendrán carácter de ingreso afectado y sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o el servicio por cuya razón se hubiesen exigido.»
Uno. Modificación de las Tasas aplicables por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Se modifican las tarifas de la «5. Tasa por tramitación de solicitudes de autorizaciones en suelo rústico y en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.», quedando como siguen:
«Tarifas. La tasa tiene triple tarifa:
Tarifa 1: Tasa por tramitación de solicitudes de autorizaciones en suelo rústico y en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, incluido el suelo urbano conforme a la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria: 43,85 euros.
Tarifa 2: Tasa por tramitación de solicitudes de autorizaciones en suelo rústico conforme a la ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, cuando la competencia para resolver no es de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo: 43,85 euros.
Tarifa 3: Tasa por tramitación de solicitudes de autorizaciones en suelo rústico y autorización de usos, construcciones, instalaciones y obras en suelo y subsuelo situados en servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre conforme a la ley 5/2022 de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, cuando la competencia para resolver es de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo: 100 euros.»
Dos. Modificación de las tasas aplicables por la Consejería de Sanidad.
1. Se modifica la tasa 2 «Pruebas de laboratorio de salud pública» que pasa a tener el siguiente contenido:
«2. Tasa por pruebas de laboratorio de salud pública.
Hecho imponible: Constituye el hecho imponible las pruebas de laboratorio realizadas a través de los centros o dependencias sanitarias de la Consejería de Sanidad, cuando por cualquier causa no puedan efectuarse por el sector privado y su realización venga impuesta por las disposiciones normativas vigentes.
Sujeto pasivo: Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a las que se presten los servicios objeto de esa Tasa.
Exenciones: Estarán exentas del pago de la tarifa 6 de la presente tasa (determinación del contenido de Gluten en alimentos, mediante enzimoinmunoensayo (ELISA)) las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro representativas de personas con enfermedad celiaca.
Devengo: La Tasa se devengará en el momento de solicitar la prestación del servicio o cuando éste se realice, si se ejecuta de oficio por la Administración.
Tarifas: La Tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
1. Aguas.
a) Análisis mediante métodos basados en técnicas electroanalíticas: 24,48 euros.
b) Análisis mediante métodos basados en técnicas ópticas: 24,48 euros.
c) Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectroscopía molecular: 24,48 euros.
d) Análisis de una sustancia, o grupo de ellas, mediante métodos basados en técnicas de cromatografía iónica: 33,27 euros.
e) Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectrometría: 60,73 euros.
f) Análisis mediante métodos basados en técnicas gravimétricas y volumétricas: 24,48 euros.
g) Análisis mediante métodos basados en técnicas sencillas de aislamiento en medio de cultivo: 24,48 euros.
h) Análisis mediante métodos complejos, basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo: 63,88 euros.
2. Alimentos en general.
a) Análisis mediante métodos sencillos, basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo: 24,48 euros.
b) Análisis mediante métodos complejos, basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo: 63,88 euros.
c) Análisis mediante métodos basados en técnicas de enzimoinmunoensayo: 63,88 euros.
d) Análisis mediante métodos basados en técnicas electroanalíticas: 24,48 euros.
e) Análisis mediante métodos basados en técnicas gravimétricas y volumétricas: 24,48 euros.
f) Análisis por cromatografía líquida con detector de fluorescencia (LC-FDL), en grupos de hasta 9 unidades: 139,10 euros.
g) Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectrometría: 60,73 euros.
h) Análisis mediante métodos basados en técnicas de cromatografía iónica:
1. Por muestra individual: 47,84 euros.
2. Por grupos de hasta 7 muestras: 127,74 euros.
i) Análisis de una sustancia, o grupo de ellas, mediante métodos basados en técnicas cromatográficas (LC-MS/MS):
1. De 1 a 10 analitos: 718,60 euros.
2. Por cada grupo adicional de 10 analitos: 266,15 euros.
3. Músculo:
Detección de larvas por digestión y microscopía: 59,32 euros por cada muestra.
4. Otros análisis realizados mediante métodos basados en técnicas sencillas no descritas anteriormente: 24,48 euros.
5. Otros análisis realizados mediante métodos basados en técnicas complejas no descritas anteriormente: 63,88 euros.
6. Alimentos para celiacos.
Análisis de gluten mediante métodos basados en técnicas ELISA: 43,25 euros.»
2. Dentro de la tasa «5 Tasa por actividades de control e inspección sanitaria en mataderos, salas de despiece y establecimientos de transformación de la caza y otros establecimientos sujetos a control oficial», se da nueva redacción al apartado a) Mataderos, apartado 1, Carne de vacuno, dentro de los controles oficiales, quedando de la siguiente forma:
«Controles oficiales.
a) Mataderos:
1. Carne de vacuno.
– Vacuno mayor de 24 meses: 5,00 euros por animal.
– Vacuno menor de 24 meses: 2,00 euros por animal.»
Tres. La relación actualizada de tasas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, organismos públicos y entes de derecho público dependientes figura recogida en el anexo de la presente Ley.
Uno. Se modifica el artículo 2, apartado 5, del texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado, que queda redactado de la siguiente forma:
«5. Por acogimiento familiar de menores. Los contribuyentes que reciban a menores en régimen de acogimiento familiar, siempre que hayan sido previamente seleccionados al efecto por una entidad pública de protección de menores y que no tengan relación de parentesco alguna, ni adopten durante el periodo impositivo al menor acogido, podrán deducir: a) 240 euros con carácter general, o b) el resultado de multiplicar 240 euros por el número máximo de menores que haya acogido de forma simultánea en el periodo impositivo. En todo caso, la cuantía de la deducción no podrá superar 1.200 euros. En el supuesto de acogimiento de menores por matrimonios, parejas de hecho o parejas que convivan de forma permanente en análoga relación de afectividad a las anteriores sin haber registrado su unión, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos si optaran por tributación individual. Esta deducción será igualmente aplicable a las personas exacogedoras con las que conviva una persona mayor de edad que se hubiera tenido acogida hasta la mayoría de edad, siempre que la convivencia no se haya interrumpido y que la convivencia se dé bajo la aprobación y la supervisión de la entidad pública de protección de menores. En este último caso, la deducción está sujeta a los mismos requisitos que permiten la aplicación del mínimo por descendientes por los/las hijos/as mayores de edad que conviven en el domicilio familiar.»
Dos. Se modifica el apartado 11 del artículo 2 del texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, queda redactado de la siguiente manera:
«11. Deducciones aplicables a contribuyentes que tengan su residencia habitual en zonas rurales de Cantabria con reto demográfico.
Se entenderá por zona rural con reto demográfico aquellos municipios o ayuntamientos que cumplan alguno de los siguientes criterios objetivos:
a) Población inferior a 2.000 habitantes.
b) Densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
c) Tasa de envejecimiento superior al 30 %.
La Consejería de Economía y Hacienda publicará anualmente mediante Orden la relación de municipios o ayuntamientos que tendrán tal consideración, de acuerdo con los datos oficiales facilitados por el ICANE.
Para determinar el concepto de residencia habitual se estará en los dispuesto por el artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La base de las deducciones contempladas en los apartados siguientes estará constituida por las cantidades justificadas con facturas o recibos y satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito a las personas o entidades que presten los servicios. En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero en efectivo.
11.1 Por contratos de arrendamiento de viviendas situadas en zonas de Cantabria con reto demográfico y que constituyan o vayan a constituir la vivienda habitual del arrendatario. El arrendatario podrá deducir el 20 por ciento, hasta un límite de 600 euros anuales en tributación individual y 1.200 euros en tributación conjunta de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el arrendamiento de su vivienda habitual, siempre que la base liquidable del periodo, después de las reducciones por mínimo personal y familiar, sea inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta.
Esta deducción es incompatible con la aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual prevista en el apartado 1 de este artículo.
11.2 Deducción por gastos de guardería. Si la vivienda habitual del contribuyente se encuentra situada en una de las zonas rurales de Cantabria calificada como con reto demográfico, se podrá deducir un 30 % en los gastos de guardería de los hijos o adoptados con un límite de 600 euros anuales por hijo menor de tres años.
Requisito: Que la base liquidable del período, después de las reducciones por mínimo personal y familiar sea inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta.
Esta deducción es incompatible con la aplicación de la deducción por guardería prevista en el apartado 8 de este artículo.
11.3 Por los gastos ocasionados al trasladar la residencia habitual a una zona de Cantabria con reto demográfico por motivos laborales por cuenta ajena o por cuenta propia. El contribuyente podrá deducirse 500 euros en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente, siempre que la base liquidable del período, después de las reducciones por mínimo personal y familiar sea inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta.
El traslado de la residencia habitual desde cualquier punto de España a una zona con reto demográfico de Cantabria, debe venir motivado por la realización de una actividad laboral bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia.
Para consolidar el derecho a la deducción, es preciso que el contribuyente permanezca en la nueva residencia habitual durante el año en que se produce el traslado y los tres siguientes.
El incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos anteriores dará lugar a la integración de las cantidades deducidas en la cuota íntegra autonómica del ejercicio en que se produzca el incumplimiento, con los correspondientes intereses de demora.
El importe de la deducción no podrá exceder de la parte autonómica de la cuota íntegra procedente de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas del ejercicio en que resulte aplicable la deducción.
Particularidades en caso de tributación conjunta. En el supuesto de tributación conjunta, la deducción de 500 euros se aplicará, en cada uno de los periodos impositivos en que sea aplicable la deducción, por cada uno de los contribuyentes que traslade su residencia en los términos anteriormente comentados, con el límite de la parte autonómica de la cuota íntegra procedente de rendimientos del trabajo y de actividades económicas que corresponda a los contribuyentes que generen derecho a la aplicación de la deducción.»
Tres. Se modifica el artículo 5.A), apartados 1 y 5, del texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Mejora reducción por parentesco. En las adquisicionesmortis causa,incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, la base liquidable se obtendrá aplicando en la base imponible la reducción que corresponda de las incluidas en los grupos siguientes:
a) Grupo I (adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años): 50.000 euros, más 5.000 euros por cada año de menos de veintiuno que tenga el causahabiente.
b) Grupo II (adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiún años o más, cónyuges y ascendientes y adoptantes): 50.000 euros.
c) Grupo III (adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado y por ascendientes y descendientes por afinidad):
– Colaterales de segundo grado por consanguinidad: 25.000 euros.
– Resto de grupo III: 8.000 euros.
d) Grupo IV (adquisiciones por colaterales de cuarto grado o de grados más distantes y por extraños): No se aplica ninguna reducción por razón de parentesco.
A efectos de la aplicación de las reducciones de la base imponible reguladas en este artículo, se asimilarán a los descendientes incluidos en el Grupo II a aquellas personas llamadas a la herencia y pertenecientes a los grupos III y IV, vinculadas al causante discapacitado como tutor, curador o guardador de hecho judicialmente declarados.»
«5. Mejora reducción por adquisición de vivienda habitual: En las adquisicionesmortis causade los grupos I, II y III de la vivienda habitual del causante, puede aplicarse a la base imponible una reducción del 95 por ciento del valor de la misma, con un límite de 125.000 por cada sujeto pasivo. Los parientes colaterales del causante, para poder disfrutar de la reducción establecida en el apartado 1, han de ser mayores de sesenta y cinco años y han de haber convivido con el mismo como mínimo los dos años anteriores a su muerte.
A efectos de la aplicación de la reducción, pueden considerarse como vivienda habitual, además de ésta, un trastero y hasta dos plazas de aparcamiento, pese a no haber sido adquiridos simultáneamente en unidad de acto, si están ubicados en el mismo edificio o complejo urbanístico y si en la fecha de la muerte del causante se hallaban a su disposición, sin haberse cedido a terceros.»
Cuatro. Se modifica el artículo 9, apartados 4 y 10 del texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. Se fija un tipo reducido del 5 por ciento para las adquisiciones de viviendas que vayan a ser objeto de inmediata rehabilitación.
Requisitos para su aplicación:
a) En el documento público en el que se formalice la compraventa se hará constar que la vivienda va a ser objeto de inmediata rehabilitación.
b) La edificación objeto de compraventa debe mantener el uso de vivienda al menos durante los tres años siguientes a la conclusión de las obras de rehabilitación.
c) El coste total de las obras de rehabilitación será como mínimo del 25 por ciento del precio de adquisición de la vivienda que conste en escritura. La cuota soportada en las facturas por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no se tendrá en cuenta para el cómputo del coste total de las obras de rehabilitación cuando el adquirente sea un sujeto pasivo del IVA.
d) las obras de rehabilitación deberán finalizarse en un plazo inferior a dieciocho meses desde la fecha de devengo del impuesto.
A los efectos de este artículo son obras de rehabilitación de viviendas las siguientes:
a) Obras de reconstrucción de las viviendas, que comprendan la consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas.
b) Obras de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.
c) Obras de refuerzo o adecuación de la cimentación, así como las que afecten o consistan en el tratamiento de pilares o forjados.
d) Obras de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.
e) Obras de reconstrucción de fachadas y patios interiores.
f) Obras de supresión de barreras arquitectónicas y/o instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectónicas para su uso por personas con discapacidad.
g) Obras de albañilería, fontanería y carpintería para la adecuación de habitabilidad de la vivienda que la proporcionen condiciones mínimas respecto a su superficie útil, distribución interior, aislamiento acústico, servicios higiénicos u otros servicios de carácter general.
h) Obras destinadas a la mejora y adecuación de la envolvente térmica de la vivienda, de instalación o mejora de los sistemas de calefacción, de las instalaciones eléctricas, de agua, climatización y protección contra incendios.
i) Obras de rehabilitación energética destinadas a la mejora del comportamiento energético de la vivienda reduciendo su demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía renovables.
Se excluye del concepto de obras de rehabilitación de vivienda las realizadas por el propio titular de la misma sin contar con la participación de profesionales de la construcción.
En el plazo máximo del mes siguiente a los dieciocho meses desde el devengo, el sujeto pasivo deberá presentar ante el Servicio de Tributos u oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario competente la siguiente documentación:
a) La licencia municipal de obras de rehabilitación de la vivienda en la que conste el importe de las mismas, así como la acreditación del pago para la comprobación de la base sobre la que se solicitó. Dicha base, sumadas las partidas que se descuentan para su cálculo (entre otras, su correspondiente IVA), supondrá como mínimo el que da derecho a la aplicación del presente tipo reducido.
b) Una relación firmada de las facturas derivadas de la rehabilitación, con indicación para cada una del número y, en su caso, serie, la fecha de expedición, la fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior, el nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de quién la expide, y el importe total de la factura desglosando, en su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Asimismo, será requisito imprescindible para la aplicación del tipo reducido la conservación de dichas facturas por un plazo de cuatro años desde que finalice el mes del periodo de presentación de la documentación.
El incumplimiento de la obligación de presentar la documentación reseñada en el plazo establecido o la falta de adecuación de las obras realizadas, determinarán la pérdida del derecho al tipo reducido.
La aplicación del tipo reducido estará condicionada a que los importes satisfechos por la rehabilitación sean justificados con factura y abonados mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen las obras o presten los servicios. En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero en efectivo.»
«10. Para que sean aplicables los anteriores tipos reducidos, deberán solicitarse expresamente en el documento en que se formalice la transmisión, promesa u opción de compra, o bien en la rectificación o subsanación que se presente en un plazo máximo de tres meses desde dicha formalización.»
Cinco. Se modifica el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado, que queda redactado de la siguiente forma:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 49.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y en orden a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, la cuota tributaria en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los tipos de gravamen previstos en este artículo.
Con carácter general, se aplicará el tipo del 8 por ciento en la transmisión de bienes muebles y semovientes, así como la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía.
No obstante, en la transmisión de vehículos usados se tributará de acuerdo con la siguiente escala:
– Turismos y todoterrenos con excepción de los vehículos catalogados como históricos:
Antigüedad. Cilindrada. Cuota fija.
Más de diez años. Hasta 999 cc 55 euros.
Más de diez años. Desde 1.000 cc hasta 1499 cc 75 euros.
Más de diez años. 1.500 cc hasta 1.999 cc 115 euros.
– Vehículos comerciales e industriales, excepto camiones:
Antigüedad. Cilindrada. Cuota fija.
Más de doce años. Hasta 1.499 cc 60 euros.
Más de doce años. Desde 1.500 cc hasta 1.999 cc 75 euros.
Más de doce años. Mayor de 1.999 cc 130 euros.
Más de ocho años hasta doce. Hasta 1.499 cc 120 euros.
Más de ocho años hasta doce. Desde 1.500 cc hasta 1.999 cc 150 euros.
Más de ocho años hasta doce. Mayor de 1.999 cc 350 euros.
Más de cinco años hasta ocho. Hasta 1.499 cc 250 euros.
Más de cinco años hasta ocho. Desde 1.500 cc hasta 1.999 cc 350 euros.
Más de cinco años hasta ocho. Mayor de 1.999 cc 450 euros.
– Embarcaciones a Vela:
Antigüedad. Eslora (m). Cuota fija.
Más de catorce años. Inferior a 4 m 15 euros.
Más de catorce años. Entre 4 m y menos de 5 m 30 euros.
Más de catorce años. Entre 5 m y menos de 6 m 50 euros.
Más de catorce años. Entre 6 m y menos de 7 m 95 euros.
Más de once años hasta catorce. Inferior a 4 m 30 euros.
Más de once años hasta catorce. Entre 4 m y menos de 5 m 55 euros.
Más de once años hasta catorce. Entre 5 m y menos de 6 m 95 euros.
Más de once años hasta catorce. Entre 6 m y menos de 7 m 175 euros.
Más de ocho años hasta once. Inferior a 4 m 50 euros.
Más de ocho años hasta once. Entre 4 m y menos de 5 m 100 euros.
Más de ocho años hasta once. Entre 5 m y menos de 6 m 170 euros.
Más de ocho años hasta once. Entre 6 m y menos de 7 m 300 euros