Categoría: Administración

de derecho sucesorio y, el título formal es el propio testamento. Cuando procede la apertura de la sucesión intestada (ex artículo 912 del Código Civil) el título material es la ley y el título formal en el que debe plasmarse es el acta de notoriedad para la declaración de herederos ab intestato.
Así, el testamento responde tanto al concepto de título material como formal, pues es ante todo un negocio jurídico «mortis causa» que expresa la voluntad del testador que es la ley de la sucesión y la que decide con plenos efectos el destino de los bienes constituyendo el título o causa de su adquisición, una vez que el llamamiento se completa con la aceptación y adjudicación de herencia (cfr. artículos 609 y 670 del Código Civil). El testamento es el fundamento mismo de la vocación o llamamiento del heredero y de la delación como elementos determinantes del fenómeno sucesorio. Y la copia auténtica del testamento representa el título formal necesario e insustituible para el acceso al Registro de la sucesión testamentaria porque en él figura la declaración de voluntad del testador como título material y formal a todos los efectos, junto con la correspondiente escritura de aceptación y adjudicación de herencia. En definitiva, el testamento determina el llamamiento del heredero (vocación) y también el título por el que se ofrece al mismo la posibilidad efectiva de aceptar o repudiar la herencia (delación).
Distinto significado tiene la declaración de herederos en la sucesión intestada. No constituye el título material de la sucesión intestada, pues dicho título es la ley. Sólo puede considerarse título formal en cuanto sirve de vehículo documental para el acceso al Registro y prueba o justificación de la individualización en la persona del heredero atendiendo a los diferentes órdenes y grados de llamamiento.
7. En la escritura de protocolización de operaciones particionales cuya calificación motiva el presente recurso, la segunda parte del primer defecto señala que no se acompañan al título presentado los documentos necesarios para determinar quiénes han de concurrir a la sucesión deferida por «ius transmisiones» de algunos de los sobrinos llamados como herederos.
Ciertamente, en la escritura de protocolización de operaciones particionales, con los documentos aportados o acreditados, no se determina suficientemente quienes han de concurrir a esas sucesiones deferidas por el «ius transmisiones» a favor de los herederos de los sobrinos fallecidos y herederos a su vez en la herencia del primer causante.
Así, como señala el registrador, no están individualmente determinados los herederos interesados, por lo que debe confirmarse el defecto señalado en este punto.
8. El segundo de los defectos señala que no constan las circunstancias identificativas de los adjudicatarios, no sólo de los indeterminados, sino de todos.
El artículo 51.9.ªa) del Reglamento Hipotecario es expresivo suficientemente de lo exigido en la calificación: «Si se trata de personas físicas, se expresarán el nombre y apellidos; el documento nacional de identidad; si es mayor de edad (…)». En consecuencia, no puede más que confirmarse el defecto señalado.
9. Alega el recurrente la inscripción parcial de los herederos correctamente determinados. Hay que recordar la doctrina reiterada de este Centro Directivo, en cuanto a la posibilidad de inscripción parcial. Es cierto que los artículos 19 bis de la Ley Hipotecaria y 434 de su Reglamento contemplan, en caso de calificación negativa que afecte a ciertas cláusulas de un documento, la posibilidad de practicar la inscripción parcial del mismo en virtud de solicitud del interesado. En esta misma línea, y acorde con el principio registral de rogación, es reiterada la doctrina de esta Dirección General en el sentido de que el registrador ha de atenerse a lo querido por las partes en el documento presentado, sin poder actuar de oficio ni practicar asientos distintos de los solicitados (vid. Resoluciones de 13 de enero de 1995, 17 de marzo y 19 de abril de 2004, 20 de julio de 2006 y 26 de julio de 2007).
Pero este principio general tiene sus límites, y como ya señaló la Resolución de 18 de abril de 1994 «el Registrador tiene que denegar o suspender íntegramente el ingreso del documento si entiende que las cláusulas que no deben acceder al Registro inciden en el total contexto pactado por las partes, pero lo que no puede hacer es alterar su contenido y transformar (…) inscribiendo lo que las partes no estipularon en la escritura pública». Añade la Resolución de 13 de febrero de 2012 que debe recordarse, para los supuestos de inscripción parcial, que el principio de especialidad que impone la exacta determinación de la naturaleza y extensión del derecho que ha de inscribirse (cfr. artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51.6.ª del Reglamento Hipotecario), de manera que dicha inscripción parcial solicitada no puede desnaturalizar el negocio que ha sido celebrado por las partes.
Por otra parte, como ha recordado esta Dirección General, en Resolución de 11 de abril de 2018, la exigencia de petición expresa de las partes como requisito para practicar la inscripción parcial (cfr. artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria) tiene como presupuesto que el pacto, estipulación o hecho rechazado afecten a la esencialidad del contrato (vid. Resolución de 13 de marzo de 2014), por lo que, dado que la presentación de un documento en el Registro implica la petición de práctica de todos los asientos que en su virtud puedan practicarse (vid. Resolución de 19 de junio de 2007, entre otras).
En definitiva, la inscripción parcial de un documento tiene como presupuesto que el pacto o estipulación rechazados no afecten a la esencialidad del negocio.
En el caso de este expediente, se ha solicitado expresamente la inscripción parcial y con ella no se afecta a la esencialidad de algunas de las adjudicaciones indivisas. En consecuencia, procede la inscripción parcial del título respecto de los herederos debidamente determinados y acreditado su título sucesorio.
Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso interpuesto respecto de la primera parte del primer defecto señalado, revocando en ese punto la misma, y desestimarlo respecto de los demás confirmando en cuanto a esos la calificación, estimando la posibilidad de la inscripción parcial del documento.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 25 de octubre de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.