Categoría: Administración

«Al IDAE. Nuevos modelos de negocio para la transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre. Esta cuantía inicialmente prevista en la Ley de Presupuestos Generales para el presente ejercicio podrá verse incrementada en ejercicios futuros con cargo a los créditos aprobados para su transferencia a IDAE en el Servicio 50 para la consecución de las finalidades previstas en el mencionado componente 8, así como con cualesquiera otros que pudieran habilitarse, independientemente de su origen, siempre y cuando se hubieran transferido al IDAE a tal fin o se hubiera aprobado su disposición conforme a los procedimientos estatuariamente previstos para la disposición de fondos propios del IDAE, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. Las ayudas serán financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dado que el programa de incentivos aprobado por esta orden ha resultado incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por las instituciones europeas competentes.
A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control aplicables a la ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las específicas relativas a la información y publicidad, criterios de selección de operaciones, etcétera, cuya aplicación sea de obligado cumplimiento. En particular la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en las convocatorias correspondientes se establecerá la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, la cuantía estimada de las subvenciones. Tanto la concesión como la cuantía de las ayudas estarán supeditadas a la disponibilidad del crédito correspondiente.
4. Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por esta orden se distribuirán entre las tres líneas de actuaciones contempladas en el artículo 3.2 según lo que se establezca en las convocatorias correspondientes. Las convocatorias podrán establecer cupos mínimos de presupuesto para cada una de las líneas. Asimismo, las convocatorias podrán establecer un reparto del presupuesto remanente para cada una de las líneas atendiendo a la concurrencia competitiva.
1. El artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, dispone que: «la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste». Por tanto, las ayudas reguladas en esta orden serán compatibles con otras ayudas concedidas, para la misma actuación, por cualesquiera Administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, siempre que no se supere el coste de la actividad subvencionada y se cumpla la condición de que, de forma acumulada, no se superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, recogidos en el artículo 10.1 de esta orden. En ningún caso, las ayudas reguladas en esta orden serán compatibles con otros fondos de la Unión Europea. Los beneficiarios tendrán que cumplir lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, relativo a la compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.
2. En todo caso, la entidad deberá comunicar la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, una vez tengan conocimiento de su existencia, siempre con anterioridad a la justificación de los fondos percibidos, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el importe de la ayuda concedida. Asimismo, en el momento de la justificación, deberá comunicar, en su caso, la asignación de fondos propios al desarrollo de la actuación. Las convocatorias podrán solicitar una declaración responsable que acredite tanto las ayudas que ha solicitado como las que le han sido concedidas para la misma actuación.
3. Se deberá cumplir, en todo caso, lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos conceptos concretos que satisfagan lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 83 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La financiación podrá aplicarse, en los términos que indiquen las convocatorias y la resolución de concesión, a los conceptos cubiertos bajo los artículos 22.3.c), 25.3 y 36.5 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, en función de la línea de ayudas de que se trate de las previstas en el artículo 3.2.
2. La financiación para las actuaciones relacionadas con la línea de ayudas prevista en el artículo 3.2.a) «Innovación en la transición energética», de conformidad con el artículo 25.3 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, podrá aplicarse a los siguientes conceptos de gastos:
a) Costes de personal en la medida que estén dedicados a la actuación, excluyendo los gastos que se especifican en el apartado 5.d) de este artículo.
b) Costes de materiales, instrumentos y equipos: incluidos software y aplicaciones informáticas, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto. Solo se considerarán subvencionables los costes de amortización o de licencias de uso o alquiler, correspondientes a la vida del proyecto, calculados sobre la base de principios contables generalmente aceptados, como las tablas de amortización que publica la Agencia Tributaria a efectos del impuesto de sociedades.
c) Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto.
d) Otros costes como materiales, suministros y similares, directamente derivados del proyecto, donde se incluirán todos aquellos materiales, incluidos equipos, cuyo periodo de vida útil no supere el periodo de ejecución aprobado para el proyecto.
e) Gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, que se deriven directamente del proyecto:
1.º Se consideran gastos de explotación adicionales aquellos necesarios, y que estén directamente relacionados con el proyecto o sus participantes y que por su naturaleza no puedan ser incluidos en el resto de categorías. Se podrán incluir los gastos de gestión de la solicitud y de la justificación de las ayudas.
2.º Se incluirán en gastos generales aquellos que forman parte de los gastos del proyecto, pero que por su naturaleza no se pueden imputar de forma directa. Estos se justificarán mediante tanto alzado sobre los costes directos de personal subvencionables del proyecto, hasta un máximo de 10 % de los mismos. Asimismo, en esta partida se podrán incluir los gastos de los viajes del personal incluido en el apartado a) de este epígrafe (personal contratado y autónomo dependientes, en ningún caso personal subcontratado) que se deriven directamente del proyecto, los cuales tendrán como límite máximo las cuantías establecidas por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
f) Gastos asociados a la amplia difusión de los resultados de la actuación durante el desarrollo del proyecto, tal y como se describe en el apartado 3 a) del artículo 10.
g) Gastos de formación del personal relacionado directamente con el proyecto, en aquellos ámbitos que resulten necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos y que contribuyan a aplicar adecuadamente los principios transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género).
3. La financiación para las actuaciones relacionadas con la línea de ayudas prevista en el artículo 3.2.b) «Descarbonización del sector energético y mejora de la integración de energías renovables», se regirá por lo previsto en el artículo 36.5 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
Solo se considerarán subvencionables, y por tanto solo podrán ser objeto de ayuda con cargo a este programa de incentivos, las inversiones que permitan aumentar el nivel de protección medioambiental derivado de actuaciones de descarbonización del sector energético y la mejora de la integración de energías renovables, que sean derivados de actuaciones desarrolladas en territorio nacional y que se realicen en la adquisición de bienes o de servicios por parte de la entidad beneficiaria de la ayuda, así como que puedan justificarse mediante el correspondiente pedido y/o contrato relativos a las actuaciones realizadas, con sus correspondientes facturas y justificantes de pago al proveedor. No se considerarán, por tanto, subvencionables los costes propios (personal propio, funcionamiento o gastos generales). En concreto, se considerarán costes subvencionables los siguientes conceptos de gastos:
a) La elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones.
b) Los costes de dirección facultativa.
c) Los costes de ejecución de la obra civil siempre que no supere el 20 % de la inversión elegible y los de montaje de las instalaciones, en su caso.
d) Los equipos, materiales e instalaciones auxiliares necesarias.
e) El desarrollo y la adquisición de software y aplicaciones informáticas.
f) Los costes consultoría y los costes de la gestión de la solicitud y de la justificación de las ayudas.
g) Gastos de formación del personal relacionado directamente con el proyecto, en aquellos ámbitos que resulten necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos y que contribuyan a aplicar adecuadamente los principios transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género).
4. La financiación para las actuaciones relacionadas con la línea de ayudas prevista en el artículo 3.2.c) «Startups para la transición energética», se regirá por lo previsto en el artículo 22.3.c) del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, y podrá aplicarse a los costes derivados de la puesta en marcha o impulso del nuevo proyecto empresarial, siempre que estén incluidos en el plan de empresa anual o plurianual y sean necesarios para el desarrollo del mismo. En particular, se podrán financiar los siguientes conceptos de gasto:
a) Inversiones en equipos.
b) Gastos de personal.
c) Materiales y desarrollo y adquisición de software y aplicaciones informáticas.
d) Colaboraciones externas / asesoría.
e) Otros costes: alquileres, suministros, cánones y licencias administrativas, gastos de solicitud y mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad industrial, licencias de software, seguros, gastos derivados del informe del auditor para la obtención de la certificación de pyme innovadora si lo hubiera, costes de gestión de la solicitud y la justificación de las ayudas.
5. No se considerarán gastos subvencionables los englobados en los siguientes conceptos:
a) Impuestos o tributos.
b) Multas legales o sanciones penales.
c) Cualesquiera costes financieros, coste de avales y/o fianzas.
d) Los gastos de personal fijo vinculados estatutariamente o laboralmente a los organismos públicos de investigación, universidades públicas y en general a los organismos cuyos presupuestos son consolidados en los Presupuestos Generales del Estado o de las comunidades autónomas, así como otros gastos que ya estén cubiertos por las dotaciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en las leyes de presupuestos de las comunidades autónomas.
e) Bienes o servicios que la entidad beneficiaria de la subvención tenga la obligación legal de proporcionar.
f) Pagos reembolsados o a reembolsar por otras subvenciones del sector público o privado.
g) Contribuciones en especie.
h) Responsabilidades contraídas antes de la emisión de este acuerdo de financiación.
i) No podrán ser subvencionables los gastos indicados en el artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. Adicionalmente, para las líneas de ayuda previstas en los artículos 3.2.a) «Innovación en la transición energética» y 3.2.b) «Descarbonización del sector energético y mejora de la integración de energías renovables», no se considerarán gastos subvencionables los englobados en los siguientes conceptos:
a) Autorizaciones administrativas, licencias administrativas, permisos y tasas.
b) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias administrativas.
c) Coste de adquisición o arrendamiento de terrenos utilizados para el proyecto.
d) Seguros suscritos por el solicitante.
e) La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de puesta en marcha.
f) Adicionalmente, exclusivamente para la línea de ayuda «Innovación en la transición energética», tampoco será subvencionable las inversiones en terrenos, locales, ni la obra civil.
7. Para la línea de ayudas descritas en el artículo 3.2.c) «Startups para la transición energética», no se considerarán gastos subvencionables los englobados en los siguientes conceptos:
a) Las inversiones en terrenos, locales, ni la obra civil.
b) Los gastos de amortización de inversiones en equipos que se hayan efectuado con anterioridad a la fecha de inicio del plan de empresa anual o plurianual que se subvencione en las correspondientes convocatorias.
8. Las actuaciones deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias, certificados y autorizaciones administrativas en el caso de que la actuación lo requiera.
9. A efectos de dar cumplimiento al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, relativo al «efecto incentivador» de las ayudas, solo serán subvencionables los costes vinculados a actuaciones que cumplan lo establecido en el artículo 3.7 de esta orden, y de acuerdo con las especificidades que se puedan establecer en la correspondiente convocatoria.
10. En cada convocatoria se incluirán las instrucciones u orientaciones detalladas sobre los conceptos que podrán ser tenidos en cuenta para la determinación de los costes subvencionables, así como limitar la cantidad de ayuda para cada concepto.
11. Los conceptos de gasto, para ser considerados subvencionables, deberán detallarse individualmente en la documentación presentada al efecto, tal y como se establezca en la correspondiente convocatoria. Asimismo, deberán imputarse a la partida correspondiente.
Solo podrán considerarse financiables aquellos conceptos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios, con base en la descripción de las actuaciones aportada en la documentación de la solicitud.
1. El órgano concedente podrá establecer en cada convocatoria la dotación de anticipos a las entidades beneficiarias de las ayudas que así lo soliciten.
2. El anticipo se corresponderá como máximo con el 80 % del importe de la ayuda total concedida en la resolución de concesión.
3. El anticipo deberá destinarse exclusivamente a cubrir gastos del proyecto objeto de subvención.
4. El anticipo se abonará teniendo en consideración las garantías asociadas exigidas según el tipo de entidad beneficiaria y tipo de actuación en cada convocatoria en los términos y condiciones reguladas en los artículos 42 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en esta orden de bases.
Las actuaciones incluidas dentro de la línea de ayudas prevista en el artículo 3.2.c) «Startups para la transición energética», estarán exentas del depósito de las garantías asociadas para el abono de los anticipos que hayan solicitado.
5. En el supuesto de incumplimientos imputables a la entidad beneficiaria que reduzcan la cuantía de la ayuda establecida en la certificación definitiva del artículo 26 respecto al anticipo abonado, procederá el reintegro parcial o total del mismo según lo establecido en los artículos 33 y 34. El órgano concedente notificará a la entidad beneficiaria las cantidades que deba reembolsar del anticipo percibido.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre, y en el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades beneficiarias de los préstamos o anticipos deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado, en la forma en la que se establezca en la convocatoria.
1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en los plazos indicados en las convocatorias y las resoluciones de concesión, teniendo en cuenta el objeto o la finalidad de la ayuda.
2. Para las actuaciones incluidas en las líneas de ayuda a) y b) previstas en el artículo 3.2, en ningún caso podrán iniciarse antes de la fecha de registro de la solicitud de la ayuda por parte de la entidad beneficiaria, y sin perjuicio de que en la correspondiente convocatoria se puedan especificar condiciones más restrictivas.
3. Las inversiones y gastos efectuados por la entidad beneficiaria deberán realizarse durante todo el periodo de ejecución para el que se conceda la ayuda, con las particularidades que establezcan las convocatorias o las resoluciones de concesión.
4. Siempre que concurran circunstancias debidamente justificadas, atendiendo al interés en la consecución de los objetivos de la actividad subvencionada, el órgano concedente podrá autorizar, de oficio o a instancias de la entidad beneficiaria, la ampliación del plazo para la ejecución de la actividad objeto de ayuda.
1. Las comunicaciones de todas las actuaciones que se realicen por los órganos competentes en el procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta orden, en el desarrollo de su ejecución, en su justificación y en la petición de informes y en los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Para los sujetos que se encuentren entre los relacionados en el artículo 14.2 de dicha ley, la utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria también para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por los interesados, que deberán hacerlo a través de la sede electrónica del órgano concedente (https://sede.idae.gob.es) y utilizar un sistema de firma electrónica avanzada.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos integrantes del procedimiento de concesión de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva serán objeto de publicación, surtiendo esta todos los efectos de notificación practicada.
Las sucesivas publicaciones se realizarán en la dirección o sede electrónica del órgano concedente, en la forma que se determine en las convocatorias, surtiendo esta los efectos de notificación practicada.
3. La publicación de las propuestas de resoluciones provisionales y definitivas, así como de las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores, tendrá lugar en la sede electrónica del órgano concedente, surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de que las convocatorias puedan establecer que parte del contenido de las propuestas de resoluciones provisionales y definitivas o de la resolución de concesión se comunique de manera individualizada a las entidades beneficiarias por comparecencia electrónica.
Posteriormente, se procederá a la publicación de las listas de las entidades beneficiarias incluidos en dichos trámites con fines puramente informativos.
4. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, en los términos establecidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) será competente para convocar, instruir y resolver las ayudas reguladas en esta orden.
La instrucción y ordenación del expediente se realizará por la Dirección General del IDAE, actuando como órgano instructor.
El órgano concedente será la persona titular de la presidencia del IDAE.
2. La persona titular de la presidencia del IDAE resolverá y notificará el procedimiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, previa resolución que dicte el Consejo de Administración de conformidad con lo establecido en las letras e) y g) del artículo 7.1 del Estatuto del IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero.
3. El órgano responsable de la instrucción de los procedimientos de concesión podrá asistirse de departamentos o áreas especializados para las labores de gestión y notificación a los interesados. Asimismo, se podrán utilizar para la gestión plataformas informáticas específicas, que serán accesibles a través de la sede electrónica del órgano concedente.
1. Las ayudas reguladas en estas bases se articularán a través de las convocatorias que se aprueben por el órgano competente conforme establece el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y tendrán, como mínimo el contenido que se detalla en el citado artículo.
2. Las convocatorias se aprobarán por el IDAE, mediante resolución de su Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los apartados 6 y 7 del Estatuto del IDAE, aprobado por el Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, en relación con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Un extracto de la misma será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
3. Las convocatorias incluirán las previsiones y requerimientos exigidos por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
1. La intervención por medio de representante de las entidades solicitantes o beneficiarias de las ayudas exige la acreditación de la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. El firmante de la solicitud de la ayuda deberá acreditar que en el momento de la presentación de la solicitud tiene la representación legal de la entidad beneficiaria. En caso contrario, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días hábiles, lo subsane, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento a las personas firmantes de las distintas documentaciones que se presenten, la acreditación de la representación que ostentan. La falta de representación suficiente determinará que el documento en cuestión se tenga por no presentado, con los efectos que de ello se deriven para la continuación del procedimiento.
1. Las solicitudes se presentarán en la forma, lugar y plazo que establezcan las convocatorias.
2. Las solicitudes se presentarán mediante el formulario electrónico correspondiente, disponible en la sede electrónica del órgano convocante, junto con la documentación que se especifique en esta orden y en las correspondientes convocatorias como parte integrante de la solicitud.
La presentación efectiva de las solicitudes se realizará mediante firma electrónica avanzada del representante legal de la entidad y/o persona física solicitante, a través del Registro electrónico de la entidad convocante.
3. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido serán inadmitidas.
4. Las solicitudes para la obtención de las ayudas se dirigirán al órgano instructor, y estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en el Portal de Ayudas alojado en la sede electrónica del mismo, donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda necesarios.
5. El formulario de solicitud, y la documentación a aportar con el mismo, deberán presentarse en castellano, excepto la documentación de carácter oficial que pueda ser expedida por una Administración pública en relación con las tramitaciones que le competan, que podrá figurar en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el ámbito territorial de ejercicio de sus competencias, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Por tratarse de procedimientos de concesión en régimen de concurrencia competitiva y, como tales, iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan la mejora de esta.
Si la documentación presentada junto con la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. En la instrucción del procedimiento de concesión se podrán llevar a cabo las siguientes actividades:
1. La petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver o que sean exigidos por esta orden o por la convocatoria.
2. Las convocatorias podrán determinar una fase de preevaluación de las solicitudes en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria de la subvención y si el proyecto se adecúa a los objetivos de las convocatorias., en virtud a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 24.3.b) de la ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. La evaluación de las solicitudes, que se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.
1. Será competente para evaluar las ayudas, en los términos previstos en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, como órgano colegiado, una Comisión Técnica de Valoración integrada por:
a) La persona titular de la Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía de la Secretaría de Estado de Energía, que actuará como presidente.
b) La persona titular de la Dirección de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE.
c) Una persona representante de los departamentos técnicos del IDAE en función de la materia de la ayuda.
d) Una persona representante dela Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
e) Una persona representante de la Secretaría de Estado de Energía.
f) Una persona representante de la Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía de la Secretaría de Estado de Energía, que ostentará la Secretaría con voz, pero sin voto.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, cualquiera de los miembros titulares de la Comisión Técnica de Valoración podrá ser sustituido por suplentes que designe la persona titular de la Dirección General del IDAE, a propuesta de la persona titular del órgano o dirección al que pertenezcan, mediante resolución que se publicará en la página web del IDAE.
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de dicha Comisión, con voz, pero sin voto, todas aquellas personas que sean convocadas por su Presidente, en calidad de expertos en las materias incluidas en el orden del día.
La pertenencia y/o asistencia a la Comisión Técnica de Valoración no conlleva derecho a la percepción de ninguna retribución.
En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en las convocatorias, el funcionamiento de la Comisión Técnica de Valoración se regirá por la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En virtud de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, las personas involucradas en dichas actividades deberán cumplimentar una DACI, y en caso de que se identifique un potencial conflicto de intereses, se procederá a las medidas que se establecen en la citada orden.
2. La evaluación y selección de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia competitiva, mediante comparación de las solicitudes, a partir de la información aportada en la fase de presentación de las solicitudes y de acuerdo a los criterios de evaluación que se indican en el artículo 23.
3. Para la selección de las solicitudes, se establecerá un orden de prelación, de mayor a menor puntuación para cada una de las tres líneas de ayudas previstas en el artículo 3.2.
En el caso de que se produzca un empate en la puntuación, se dará prioridad al criterio «Viabilidad económica», definido en el artículo 23. Si se mantuviera el empate, se decidirá a favor de la solicitud que tenga mayor puntuación en la valoración de los criterios por este orden: «Externalidades», «Grado de innovación y/o protección del medio ambiente», «Viabilidad del proyecto»; y si persistiera el empate, este se arbitrará finalmente a favor de la solicitud que tenga mayor porcentaje de mujeres participantes en el desarrollo del proyecto. Posteriormente, se evaluará la relación de solicitantes según el orden de prelación en sentido descendente de puntuación, seleccionando aquellas solicitudes para las cuales, de ser aceptadas, no se superen los límites de presupuesto establecidos en las convocatorias. Si el presupuesto disponible no fuera suficiente para cubrir la totalidad de la ayuda de la última solicitud aceptada con presupuesto, quedará a decisión del solicitante el aceptar o renunciar a esta ayuda parcial. En caso de rechazo de la ayuda, el órgano instructor podrá ofertar al siguiente solicitante según el orden de prelación la aceptación de la ayuda remanente, y, en caso de rechazo, el presupuesto remanente no será usado.
1. Una vez analizadas todas las solicitudes, así como las posibles subsanaciones presentadas en plazo, y, en su caso, finalizada la fase de preevaluación, se procederá a la evaluación de las solicitudes que cumplan la condición de entidad beneficiaria conforme a los criterios que se presentan a continuación, que serán desarrollados en las correspondientes convocatorias. Los criterios de evaluación y sus rangos de ponderación para los distintos tipos de actuaciones que se convoquen al amparo de esta orden son los siguientes, con las concreciones que se determinen en las convocatorias.
La valoración de estos criterios, cuya suma total de las puntuaciones deberá sumar un máximo de 100 puntos, se realizará atendiendo a los siguientes aspectos:
a) Viabilidad económica. Dentro del apartado de viabilidad económica se podrá valorar la intensidad de ayuda solicitada, así como otros aspectos que determinen la viabilidad económica de las actuaciones, en los términos que se fijen en las convocatorias.
b) Grado de Innovación y/o protección del medio ambiente. En función de la línea de ayudas de que se trate de las tres establecidas en el artículo 3, y en los términos que se recojan en las convocatorias, se podrán valorar aspectos que permitan determinar el grado de innovación de la propuesta, o bien el grado de protección medioambiental, para lo cual se deberá demostrar el nivel de reducción de emisiones de la actuación, así como su contribución a la consecución de los objetivos de energía y clima fijados en el Ley 7/2021, de 20 de mayo.
c) Escalabilidad y potencial de mercado. Para la evaluación de este criterio se valorarán los aspectos que se establezcan en las convocatorias que permitan determinar el potencial de que las actuaciones propuestas se desplieguen con éxito, incluyendo, entre otros, la potencial aceptación de la propuesta en los mercados, los planes de comercialización y explotación, o los análisis de las cadenas de suministro.
d) Viabilidad del proyecto. El criterio de viabilidad del proyecto evaluará la capacidad potencial de los solicitantes para llevar a cabo con éxito un nuevo modelo de negocio relacionado con la innovación en la transición energética, sobre la base de los elementos que se recojan en las convocatorias a este efecto, tales como planes de ejecución, equipo, análisis de riesgos, entre otros.
e) Externalidades. Las externalidades de las actuaciones se podrán valorar sobre la base de los siguientes criterios, en los términos que determinen las convocatorias: contribución a la transición justa y al reto demográfico, impacto socioeconómico y empleo, aspectos medioambientales, impacto en igualdad de género, impacto económico en la cadena de valor industrial, contribución a los objetivos de energía y clima establecidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, cualquiera otro que establezcan las convocatorias.
f)Sandboxregulatorio. A los proyectos de innovación regulatoria vinculados al Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, que de conformidad con el artículo 3, apartado 4, pueden ser financiados con cargo a las líneas a) o b) previstas en el apartado 2 de dicho artículo, se les podrá asignar una puntuación específica, según se establezca en las correspondientes convocatorias. Ello sin perjuicio de que para ser elegibles deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en esta orden y las correspondientes convocatorias, que podrán exigir asimismo que los proyectos se encuentren en una fase concreta del proceso de acceso al banco de pruebas regulatorio.
2. Las convocatorias podrán especificar una puntuación mínima en cada uno de los criterios de selección.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión Técnica de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada y la notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta orden y en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.
En este mismo plazo, cuando el importe de la subvención propuesta sea inferior al que figura en la solicitud presentada, si así lo establecen las convocatorias, se podrá instar de la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 61 de su Reglamento de desarrollo.
3. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, y las reformulaciones aprobadas en su caso, de conformidad con el apartado 4 del artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados en la forma indicada en las convocatorias.
En el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación, las entidades beneficiarias propuestas deberán comunicar su aceptación, entendiéndose que decae su solicitud en caso de no tener respuesta en dicho plazo.
Asimismo, se recabará la presentación de los justificantes o documentos requeridos que son de obligado cumplimiento para poder ser entidad beneficiaria. Dichos documentos serán especificados en cada convocatoria junto con los plazos para su presentación. En caso de no atender este requerimiento en plazo se tendrá al solicitante por desistido de su solicitud.
4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la propuesta de resolución definitiva podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de entidad beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en las convocatorias, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en las mismas.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las entidades beneficiarias, el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad o entidades solicitantes siguientes a aquélla en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de las entidades beneficiarias se haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a las entidades interesadas, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la propuesta por parte de la entidad o entidades solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la presente orden.
5. De acuerdo con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria propuesta, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Cuando el importe de la ayuda contemplada en la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, si así lo establecen las convocatorias, se podrá instar a la entidad beneficiaria, si así lo establecen las convocatorias, a la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la ayuda otorgable, en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 61 de su Reglamento de desarrollo.
1. Una vez le sea elevada la propuesta de resolución definitiva el órgano concedente resolverá el procedimiento, adoptando la resolución de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y poniendo fin a la vía administrativa.
2. En la resolución de concesión de las ayudas se hará constar, al menos:
a) La relación de los solicitantes a quienes se concede la ayuda, la identificación de la actuación o actuaciones, la cantidad concedida a cada solicitante y la modalidad de ayuda. También contendrá la desestimación expresa de las restantes solicitudes, indicando en su caso el motivo de desestimación.
b) Las condiciones generales y las condiciones particulares establecidas para cada ayuda. Por razones de confidencialidad en la comunicación de las condiciones particulares vinculadas a la naturaleza de las actividades de I+D+i a financiar, las convocatorias podrán establecer dentro del régimen especial de publicación de todos los tramites del procedimiento, las especialidades en relación a la notificación de la resolución, establecidas en el artículo 16.
c) El presupuesto financiable, la forma y la cuantía de la ayuda concedida, así como la forma de pago.
d) El régimen de recursos.
e) Cualquier información que la correspondiente convocatoria especifique en los términos de Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. La resolución se notificará a los interesados en la forma y plazo que se indique en la convocatoria, de acuerdo a lo que determinado por el artículo 16.3.
4. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de seis meses contados desde la publicación del extracto de las convocatorias en el «Boletín Oficial» correspondiente, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior, según establece el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El citado plazo para dictar la resolución de concesión podrá ser suspendido en los casos previstos en el artículo 22.1 y 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 24.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El plazo máximo para resolver y notificar podrá ampliarse por un periodo máximo de seis meses en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si transcurrido dicho plazo máximo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
5. Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa según lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la citada ley, o recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
6. Las entidades beneficiarias de la ayuda serán incluidas en la lista de entidades beneficiarias publicada de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
7. Las ayudas concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8. La aceptación de la ayuda implica la conformidad con lo establecido en la normativa específica de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. Según lo estipulado en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los términos establecidos en esta orden de bases.
2. Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados en la resolución de concesión. No obstante, la entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión, ante el mismo órgano que la dictó, en los siguientes supuestos:
a) Para prolongar el plazo para realizar la actividad.
b) Cuando exista la posibilidad de efectuar modificaciones internas en los costes inicialmente presupuestados.
c) Ante circunstancias concretas que, excepcionalmente, alteren de forma objetiva las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.
3. Para la realización de cualquier cambio en el proyecto se requerirá el cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación de la entidad beneficiaria, ni perjudique derechos de terceros. A tales efectos, no se considerará que el cambio afecte a la determinación de la entidad beneficiaria cuando sea debido a operaciones de fusión, absorción o escisión de la empresa inicialmente beneficiaria, conforme a la normativa vigente.
b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas y excepcionales, que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c) Que no suponga un incremento de la subvención concedida.
d) Que la solicitud de la modificación se realice, al menos, tres meses antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto, y sea aceptada expresamente por el titular del órgano que dictó la resolución de concesión.
e) Que no altere o comprometa el cumplimiento de los hitos y objetivos o requisitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
f) Las que se determinen adicionalmente en las convocatorias.
4. La solicitud de modificación, que se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 16, se acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión, y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 1 de este artículo.
5. El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación será el titular del órgano que dictó la resolución de concesión.
6. El plazo máximo de resolución será de tres meses.
7. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
1. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 y sucesivos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título II, capítulo II, de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre, los requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias y con lo establecido en la normativa aplicable del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión.
2. Las convocatorias que se establezcan al amparo de estas bases reguladoras deberán contemplar los plazos máximos para la justificación de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de aplicación.
La justificación por parte de las entidades beneficiarias de la realización de las actuaciones que conforman el proyecto, incluyendo los planes de empresa anuales o plurianuales, deberá realizarse ante el órgano instructor, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha en que expire el plazo máximo de finalización de la actuación establecido en la resolución de concesión o su eventual ampliación.
3. La justificación documental, por parte de las entidades beneficiarias, de la ejecución y pago de las actuaciones objeto de ayuda se realizará a través de la aplicación informática que estará disponible en la sede electrónica del órgano concedente, mediante escrito dirigido al órgano instructor, junto al que se aportará, con carácter general y sin perjuicio de que las correspondientes convocatorias exijan documentación adicional o especifiquen detalles que sean necesarios, la siguiente documentación:
a) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que acredite que la subvención recibida se ha empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, cumpliendo los requisitos establecidos en las bases y en las correspondientes convocatorias, incluyendo el principio de «no causar un perjuicio significativo», y certificando que se han cumplido los objetivos de acuerdo con los valores de los indicadores reflejados en la resolución de concesión de las ayudas. Esta cuenta justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por IDAE en su página web, será suscrita por la entidad beneficiaria mediante el certificado de firma electrónica y deberá acompañarse de la siguiente información y documentación que formará parte integrante de la misma:
1.º Notificación dirigida al órgano instructor comunicando la documentación aportada, fechada y suscrita por la entidad beneficiaria mediante el certificado de firma electrónica correspondiente, conforme al modelo publicado en la página web de IDAE.
2.º Declaración responsable de las entidades beneficiarias (según modelo que estará disponible en web del IDAE) que garantice:
i) El proceso de contratación de las actuaciones del proyecto objeto de ayuda, la existencia de una contabilidad diferenciada que permita la trazabilidad de todas las transacciones relacionadas.
ii) El cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de igualdad de oportunidades y no discriminación, aplicables a este tipo de actuaciones.
iii). El cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y sobre desarrollo sostenible, concretamente y atendiendo al contenido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se han respetado los principios de economía circular y evitado impactos negativos significativos en el medio ambiente (DNSH) en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho proyecto, y manifiesta que no ha incurrido en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
iv) El compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, habiendo adoptado las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
3.º Justificación por parte de la entidad beneficiaria sobre el proceso de contratación de las actuaciones que integran el proyecto incentivado. En el caso de personas jurídicas públicas sometidas a la legislación de contratos del sector público, dicha justificación consistirá en la cumplimentación por parte de estas de una lista de chequeo relativa al cumplimiento del procedimiento de contratación que sea de aplicación, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, conforme al modelo publicado en la página web de IDAE. Dicha lista de cheque