Categoría: Economía y Empleo

grama, la cual no sobrepasará el plazo de cuatro años, incluidas sus prórrogas.
c) El personal funcionario interino de estos programas no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.
Seis. Los contratos de naturaleza temporal finalizarán automáticamente al vencer su vigencia temporal o por la reincorporación de su titular, o por la finalización de la causa que los motivó.
Siete. Se dará cuenta a la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Parlamento de Cantabria, de todos los contratos temporales y del nombramiento de personal funcionario interino.
Ocho. No podrán celebrarse los contratos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para cubrir necesidades de personal; debiendo someterse a las modalidades de nombramiento o contratación de los empleados públicos.
A quienes hayan sido designados responsables del contrato, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y a sus superiores jerárquicos si lo autorizaren, podrá serles exigida la responsabilidad establecida en el párrafo segundo del artículo 35.Tres de esta Ley. Especialmente podrá exigirse dicha responsabilidad si con incumplimiento de las normas o instrucciones establecidas, facilitan o propician que quienes se encuentren vinculados a la Administración en virtud de relaciones contractuales contraídas al amparo de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, o quienes resulten beneficiarios de actuaciones subvencionables, sean declarados por resolución judicial personal laboral indefinido no fijo.
Nueve. Las reincorporaciones y reingresos del personal que no cuente con derecho a reserva de plaza, en defecto de participación en procesos de provisión de puestos de trabajo, se realizará en las plazas vacantes que estuvieran siendo ocupadas por empleados interinos o temporales.
El reingreso para quienes tengan reserva de plaza se hará al puesto disponible para ello, con observancia de las garantías legalmente previstas.
La adscripción provisional de efectivos con ocasión del reingreso de excedentes y otras situaciones excepcionales, requerirá el informe favorable previo de la Dirección General de Función Pública y se realizará, siempre que ello sea posible, en puestos de trabajo ocupados de manera temporal o interina. Igualmente, los cambios de puesto de trabajo por motivos de salud se realizarán, cuando exista esta posibilidad, a puestos ocupados de manera temporal o interina.
Diez. Cuando las necesidades en los servicios lo justifiquen se procederá a la tramitación de modificaciones de las estructuras orgánicas o de las relaciones de puestos de trabajo. Estas deberán tener por finalidad la adecuación de las estructuras y/o de los puestos de trabajo para llevar a cabo una mejor gestión y prestación de los servicios.
La propuesta de modificación deberá venir acompañada de Memoria justificativa de la necesidad que pretende satisfacer y de la mejora que supone el proyecto presentado en orden a una mayor organización, simplificación y racionalización de la actividad administrativa y a perfeccionar los servicios.
Igualmente deberá detallarse el coste total de la propuesta, la previsión de cobertura de puestos de trabajo durante el ejercicio y la dotación del coste anual de dichos puestos, que no podrá suponer un incremento del gasto total aprobado con anterioridad a la modificación.
En el caso de que la modificación de la estructura orgánica o de la relación de puestos de trabajo contenga la previsión de creación de puestos que no vayan a ser cubiertos durante el ejercicio corriente, deberá venir acompañada además de la previsión de cobertura dentro del marco temporal de los tres ejercicios siguientes, junto con la estimación de las posibilidades de llevar a cabo racionalmente su financiación en ese mismo marco temporal.
No estarán sujetas a estas limitaciones las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo destinadas a la ejecución de procesos selectivos, la ejecución de resoluciones judiciales o la dotación de puestos para la incorporación de efectivos por asunción de nuevas funciones o servicios.
Uno. El Gobierno de Cantabria podrá formalizar durante el año 2023, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por la propia Administración y con aplicación de la legislación de contratos del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
c) Que tales obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.
Dos. Si excepcionalmente se acudiese a la contratación temporal laboral se deberá justificar debidamente, quedando sujetos dichos contratos a las prescripciones que establecen los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el citado artículo 15, así como a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública.
La preparación de estos contratos exigirá la formación de un expediente por las Consejerías u organismos correspondientes, que será remitido para su tramitación al Servicio de Contratación y Compras o a la unidad que tenga la competencia según lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En todo caso, los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Dirección General del Servicio Jurídico que, en especial, se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.
El Servicio de Contratación y Compras o la unidad competente, una vez examinado e informado el expediente por la Dirección General del Servicio Jurídico, lo remitirá a la Intervención General para, si procede, su preceptiva fiscalización que será previa a la contratación, en todos los casos.
La información a los representantes de los trabajadores se realizará de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Si por circunstancias no imputables a los otorgantes de la obra o servicio no se pudiera concluir en el plazo prefijado en el contrato, se prorrogará éste hasta la total terminación de la obra o servicio.
En los casos de suspensión, desistimiento y resolución, estos contratos estarán sujetos a los mismos efectos que la obra o servicio.
Tres. En los expedientes de contratación se especificarán con precisión y claridad el carácter de la misma y su ineludible necesidad por carecer de personal fijo en plantilla suficiente y se identificará suficientemente la obra o servicio que constituya su objeto. Igualmente se hará constar el tiempo de duración, circunscrito estrictamente a la duración de la obra o servicio para los que se contrata, así como, en su caso, el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales temporales.
Las Consejerías que hayan promovido contratación al amparo de lo dispuesto en este artículo habrán de evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones formales, así como la asignación del personal contratado para funciones distintas de las determinadas en los contratos, de las que pudieran derivar derechos de permanencia para el personal así contratado, actuaciones que en su caso podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.
Cuatro. En ningún caso estos contratos generarán derechos a favor del personal respectivo, más allá de los límites expresados en los mismos, sin que pueda derivar de ellos fijeza al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Uno. Durante el año 2023 será preciso informe favorable conjunto de las Consejerías de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior y de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral de la Administración General y de los organismos públicos incluido en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.
Cuando se trate de determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no vinculado mediante contrato de alta dirección de las entidades integrantes del resto de Sector Público Institucional de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el informe favorable al que se refiere el primer párrafo deberá ser emitido por el Presidente o Director de la entidad afectada y por la Consejería a la que la misma se encuentre adscrita.
El informe a que se refiere este artículo será emitido por el procedimiento y con el alcance previsto en los apartados siguientes.
Dos. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2023, deberá solicitarse del Consejo de Gobierno la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos pactos, aportando al efecto la certificación de las retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 2022.
Tres. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderán por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal laboral las siguientes actuaciones:
a) La determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.
b) Firma de convenios o acuerdos colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones de los mismos.
c) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.
Cuatro. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios o acuerdos colectivos será evacuado en el plazo máximo de diez días a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su valoración, que remitirá el órgano competente, versará sobre aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público tanto para el año 2023 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del presente artículo.
Cinco. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos.
Seis. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2023, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 27 y en el presente artículo.
Uno. Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2023 por la Administración y el Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberán remitirse con carácter previo a su formalización para informe preceptivo y vinculante de la Secretaria General de la Consejería de Economía y Hacienda, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa.
En el caso de contratos-tipo aplicados en una entidad a todas las relaciones laborales de alta dirección del mismo puesto, el informe de la Consejería de Economía y Hacienda recaerá sobre estos últimos.
Dos. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.
Tres. Una copia de los citados informes, así como de los Contratos de Alta Dirección, será remitida por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior al Parlamento de Cantabria en un período no superior al mes desde la firma de los mismos.
Uno. En la contratación de personal por la Administración y el Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que le una con la Comunidad Autónoma, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Asimismo, resultará de aplicación a los contratos de alta dirección celebrados en el Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria lo previsto en el apartado dos; apartado cuatro, número dos, y apartado cinco de la Disposición Adicional Octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Dos. La modificación o novación de los contratos en los ámbitos indicados exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.
Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168.1.a) de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se precisará la autorización del Consejo de Gobierno de Cantabria para la celebración de aquellos contratos de cuantía indeterminada, siempre que no impliquen gastos de carácter periódico o de tracto sucesivo, o aquellos cuyo valor estimado, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, supere las siguientes cuantías:
a) Contrato de obra, un millón doscientos mil euros (1.200.000 €).
b) Contrato de suministro, seiscientos mil euros (600.000 €).
c) Contrato de servicios y los restantes contratos, trescientos mil euros (300.000 €).
d) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición, seiscientos mil euros (600.000 €).
Dos. En todo caso, se recabará la autorización del Consejo de Gobierno para la celebración de los contratos de concesión de obras o de servicios.
Tres. El régimen de autorizaciones del Servicio Cántabro de Salud se rige por su normativa específica.
Cuatro. Cuando los contratistas y subcontratistas procedan a la transmisión de sus derechos de cobro, en los términos previstos en el artículo 200 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, podrán instar de la Consejería encargada de la ejecución, seguimiento y control del contrato del que deriven, que por parte de la Dirección General competente, se tome razón de la cesión del derecho al cesionario.
Cinco. Los Interventores Delegados deberán tener constancia en la asistencia a las Mesas de Contratación de la contabilización de los oportunos documentos contables.
Si en el momento de celebrarse la Mesa no hubiere constancia de dicha contabilización, el Interventor Delegado lo pondrá de manifiesto por escrito, siendo responsabilidad del órgano gestor la subsanación de dicho incumplimiento.
Seis. A los efectos de lo establecido en el artículo 159.4 de la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los procedimientos de responsabilidad patrimonial serán resueltos por el Consejero respectivo, cuando la cuantía de la reclamación sea igual o inferior a la prevista para los contratos de obra mencionados en el párrafo a) del apartado Uno de este artículo.
Siete. Quedan exceptuados de lo establecido en el presente título los contratos derivados de la concertación y gestión del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Uno. Los entes de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los que resulte de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, verificarán antes del reconocimiento de la obligación, o pago, en el supuesto de que cuenten con un presupuesto estimativo, la efectiva realización de los contratos y su adecuación al contenido de los mismos.
Dos. La recepción se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por el jefe del centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o aceptar los contratos, así como por el responsable del contrato, en caso de no coincidir en la misma persona, en la que se expresará haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio, o entregado el suministro con arreglo a las condiciones generales, particulares y especiales que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas.
En el acta se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.
Tres. En los contratos menores, será documento suficiente a efectos de la recepción o conformidad la factura con el conforme del responsable del contrato o jefe de la unidad y además el visto bueno del Director General o del Secretario General correspondiente o cargo asimilado de la entidad del Sector Público.
Cuatro. Cuando se trate de contratos financiados con cargo al Capítulo II, los órganos gestores deberán proceder, en todo caso, a su constatación mediante un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato o en el plazo que determine el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de las características del objeto del contrato.
Cinco. Cuando se trate de contratos financiados con cargo a Capítulo VI, los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General la designación de delegado para su asistencia a la comprobación de la inversión, cuando el importe de ésta sea igual o superior a cincuenta mil euros (50.000 €), IVA excluido, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate, salvo que por razones justificadas se solicite la designación en un plazo inferior.
Será preceptiva la presencia de un delegado de la Intervención General en los siguientes supuestos:
a) Contratos de obras de importe superior a seiscientos mil euros (600.000 €), IVA excluido.
b) Contratos de suministros y de servicios de importe superior a trescientos mil euros (300.000 €), IVA excluido.
c) En todo caso, en los contratos de concesión de obras o de servicios.
No obstante, lo anterior, el Interventor General podrá acordar la realización de las comprobaciones respecto a la ejecución y cumplimiento de cualquier tipo de contrato que considere adecuadas. También podrá designar un interventor delegado para que asista a la recepción de un contrato independientemente de su cuantía.
La recepción de los contratos se realizará, en todo caso, concurriendo el delegado del Interventor General cuando sea preceptiva o se haya designado y, en su caso, el asesor designado al acto de comprobación de la inversión de que se trate.
Efectuada la designación de representante de la Intervención, los órganos gestores deberán remitir al mismo la documentación necesaria para la comprobación de la inversión, con antelación suficiente para su adecuado estudio.
Seis. La intervención en la recepción del contrato se realizará por el interventor delegado designado por el Interventor General, que será asesorado, cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos, por funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la especialidad a que corresponda la adquisición, obra o servicio.
La designación, por el Interventor General, de los funcionarios encargados de intervenir en la recepción de los contratos administrativos, podrá hacerse tanto particularmente para uno determinado, como con carácter general y permanente para todos aquellos que afecten a una Consejería, o para la comprobación de un tipo o clase de contrato.
La designación del personal asesor se efectuará por el Interventor General, a propuesta del órgano gestor, entre funcionarios que no hayan intervenido en el proyecto, dirección, adjudicación, contratación o ejecución del gasto correspondiente y, siempre que sea posible, dependientes de distinta Consejería de aquella a que la comprobación se refiera o, al menos, de un centro directivo u organismo que no haya intervenido en la gestión, realización o dirección.
La realización de la labor de asesoramiento en la ejecución del contrato por los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior, se considerará parte integrante de las funciones del puesto en el que estén destinados, debiendo colaborar los superiores jerárquicos de los mismos en la adecuada prestación de este servicio.
El asesor designado deberá verificar que los aspectos técnicos de la inversión se ajustan a las prescripciones del contrato o encargo, criterio en el que se basará la opinión del representante de la Intervención sobre dichos aspectos.
Siete. La responsabilidad del representante de la Intervención General y, en su caso, asesor, designados, se valorará de forma proporcional a los medios personales y materiales disponibles para efectuar el acto de comprobación. Dicha responsabilidad no alcanzará a aquellos defectos o faltas de adecuación de la inversión realizada que no den lugar a resultado tangible, susceptible de comprobación, o aquellos vicios o elementos ocultos, imposibles de detectar en el momento de efectuar la comprobación de la inversión.
En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, por no considerarlo necesario o resultar imposible, la responsabilidad exigible al representante designado quedará limitada a los aspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media exigida a los profesionales de la Administración que no requieren una cualificación técnica en un sector específico objeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto de trabajo.
Ocho. Las obras ejecutadas por la Administración serán objeto de comprobación por el facultativo designado al efecto y distinto del director de ellas. Cuando el importe de la inversión sea igual o superior a cincuenta mil euros (50.000 €), IVA excluido, deberá solicitarse a la Intervención General la designación de interventor delegado para su eventual asistencia a la comprobación de la inversión, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate, salvo que por razones justificadas se solicite la designación en un plazo inferior.
Lo anterior será de aplicación a los supuestos de fabricación de bienes muebles por la Administración y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares.
Nueve. El mismo régimen jurídico previsto en los apartados anteriores para los contratos administrativos financiados con cargo a los Capítulos II y VI del presupuesto de gastos, resultará de aplicación para los convenios de colaboración formalizados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y para los acuerdos y encargos a medios propios personificados, que resulten financiados con cargo a esos mismos capítulos, salvo que en estos últimos se establezca un régimen distinto.
En los casos de las ayudas que se otorguen para garantizar el derecho fundamental a la educación, que tengan como beneficiario final a los alumnos del sistema educativo no universitario, en las ayudas extraordinarias de emergencia habitacional, y en aquellas otras de similar naturaleza financiadas con cargo a Planes Estatales de Vivienda que se otorguen a las personas y unidades familiares, y en el de personas beneficiarias de becas y ayudas por su participación en acciones de formación profesional para el empleo o de orientación profesional, así como en las prestaciones económicas de emergencia social y en las ayudas con cargo al Fondo Extraordinario de Suministros Básicos, no será necesario acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, a las que se refiere la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones.
Uno. Durante el año 2023 no podrá realizarse modificación presupuestaria alguna destinada a dotar las partidas presupuestarias relativas a los conceptos contemplados en las letras f) y g) del apartado Uno del artículo 23 (150 «Productividad» y 151 «Gratificaciones»), salvo las excepciones contempladas en esta Ley.
Dos. En el supuesto contemplado en el artículo 27. Tres de esta Ley se estará a los requisitos señalados en el mismo. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda se podrán recabar los informes justificativos de la modificación propuesta que se estimen necesarios.
Dentro del ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y en el ejercicio 2023, en la convocatoria de nuevas becas de formación se limitará su duración a un máximo de un año, prorrogable excepcionalmente por otro, siempre y cuando no se supere el plazo máximo de dos años en la condición de becario. Las becas de formación vigentes a 1 de enero de 2023 únicamente podrán ser objeto de prórroga cuando el beneficiario de la beca no hubiera superado el límite de duración señalado. En todo caso, en las Órdenes de convocatoria de nuevas becas se especificará entre los requisitos a reunir por los solicitantes el que éstos no hayan sido beneficiarios de una beca de formación en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante dos o más años. La cuantía a percibir por becario, tanto en el caso de becas nuevas como prorrogadas, incluyendo todos los conceptos, no podrá superar los ochocientos euros (800 €) brutos mensuales. No obstante, lo anterior, las becas nuevas, así como las que estén concedidas y las que se encuentren prorrogadas que se desarrollen fuera del territorio español tendrán un complemento de destino de trescientos euros (300 €) mensuales, siendo por tanto el importe máximo a percibir por el becario de mil cien euros (1.100 €) brutos mensuales.
El gasto derivado de las becas resultará exigible dentro del mes correspondiente al de su prestación. No obstante, su abono deberá efectuarse a mes vencido y, en todo caso, dentro de los 10 primeros días siguiente del mes que corresponda.
El procedimiento y la gestión de naturaleza presupuestaria necesarios para la asunción de competencias como consecuencia de futuras transferencias, serán los establecidos en la normativa legal y reglamentaria estatal, hasta tanto se dicten las normas propias de esta Comunidad Autónoma, y sin perjuicio de que por Orden de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda se realicen las modificaciones y adaptaciones correspondientes.
En desarrollo del artículo 16.3.k) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y para su aplicación exclusiva a las subvenciones que se concedan en régimen de concurrencia competitiva, solamente se podrá adelantar al beneficiario la subvención concedida previa constitución de garantía que cubra el importe anticipado.
Esta previsión no será de aplicación a las subvenciones previstas en el artículo 42.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Asimismo, se podrán anticipar sin necesidad de prestar garantía previa aquellas subvenciones cuyo importe no supere los diez mil euros (10.000 €). En el caso de subvenciones de mayor cuantía, no será necesaria la prestación de garantía para su pago anticipado hasta el importe indicado anteriormente o hasta un porcentaje máximo del setenta y cinco por ciento. Una vez justificada la cantidad anticipada, y sin necesidad de garantías, se podrá anticipar el importe restante.
Cuando resulte necesaria la adaptación de las fichas de puestos de trabajo a causa de las necesidades surgidas, estas se podrán actualizar sin que hayan de seguirse los procedimientos reglamentarios establecidos para la modificación de las relaciones de puestos de trabajo, emitiéndose informe por parte de la Dirección General de Función Pública y siendo aprobada por el Consejo de Gobierno.
Uno. Los pagos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) gestionados por el Organismo Pagador de los gastos de la política agraria común en la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 137/2006, de 28 de diciembre, por el que se adapta la organización y funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos financiados por el FEAGA y el FEADER en la Comunidad Autónoma de Cantabria, serán tratados como operaciones no presupuestarias.
Dos. La aprobación de las ayudas íntegramente financiadas por el FEAGA y la formulación de las correspondientes propuestas de pago, corresponderá al Director del Organismo Pagador. Los expedientes tramitados al amparo de este apartado quedarán exceptuados de la función interventora, estando sujetos al control financiero permanente o la auditoria pública, que se ejercerá en los términos previstos en esta Ley de acuerdo con los requisitos exigidos por los Reglamentos Comunitarios que resulten de aplicación. A los efectos de pago de estas ayudas, la Intervención General realizará la intervención formal, con carácter prioritario y en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
Tres. La aportación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a los gastos cofinanciados por el FEADER será tratada conforme a lo dispuesto en la legislación económica y presupuestaria general.
Las variaciones en las diferentes partidas presupuestarias requerirán informe del Director del Organismo Pagador, el cual informará a la autoridad de gestión del Programa de Desarrollo Rural o del Plan Estratégico de la PAC en el que se integran.
Con carácter previo a la aprobación del gasto, para la parte extrapresupuestaria de todos los expedientes de gasto cofinanciados por el FEADER, el requisito de exigencia de crédito adecuado y suficiente será sustituido por un certificado del Director del Organismo Pagador de que existe financiación para los mismos en la versión vigente de programación del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria (España) 2014-2020 CCI 2014ES06RDRP006, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea C (2015) 5063, de 20 de julio de 2015 o en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 CCI 2023ES06AFSP001, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 31 de agosto de 2022. Dichos gastos vendrán identificados en la medida específica que lo financia y cualquier variación en el gasto requerirá informe de conformidad del Director del Organismo Pagador.
Cuatro. La aportación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE) en concepto de financiación suplementaria o adicional a medidas de desarrollo rural a las cuales se concede ayuda de la Unión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y 146 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, una vez fiscalizada la fase O en los términos establecidos en la normativa presupuestaria, será transferida a la cuenta específica a la que se refiere el Decreto 137/2006, de 28 de diciembre. Para ello, el documento contable D, por la aportación del Gobierno de Cantabria, no recogerá el tercero beneficiario de la subvención o adjudicatario de la obra, siendo este beneficiario la cuenta específica del Organismo Pagador de Cantabria. El importe correspondiente a la obligación de pago reconocida será uno solo, por la cuantía total a abonar. Una vez recibidos los fondos presupuestarios, el Organismo Pagador realizará los trámites necesarios para que se realicen los pagos correspondientes por la totalidad del gasto público asociado, incluyendo la aportación extrapresupuestaria del FEAGA, del FEADER y, en su caso, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE). En caso de que se produzcan devoluciones por pagos indebidos u otras causas, se procederá a transferir al Presupuesto de la Comunidad Autónoma la parte imputable al mismo.
Cinco. De producirse retrasos en el ingreso de la aportación correspondiente a la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE) del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020 o del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, y siempre que exista disponibilidad de fondos en la cuenta específica del Organismo Pagador de las ayudas PAC, derivados de la recuperación de pagos indebidos o cualquier otra circunstancia, el Director del Organismo Pagador, podrá acordar la ejecución íntegra del pago, requerida por el artículo 44 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021.
Se habilita la aplicación presupuestaria 02.06.921N.143.99 para la financiación de los compromisos de gasto presupuestario derivados de acuerdos retributivos y adopción de medidas de reorganización.
Uno. Para hacer efectivas las aportaciones dinerarias que se realicen a los distintos entes que componen el Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tengan atribuidas, y siempre que no resulten de una convocatoria pública, el acto administrativo que acuerde la concesión de la aportación, o el convenio que se encargue de establecer las obligaciones de las partes intervinientes, deberá incluir, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la aportación y del Ente del Sector Público Institucional al que se le concede.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la aportación.
c) Régimen de pagos de la aportación dineraria. Cuando, como consecuencia del régimen de pagos establecido, deban efectuarse desembolsos superiores a quinientos mil euros (500.000 €), será necesaria la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda. No obstante, con carácter posterior al acto o convenio que acuerde la concesión, la Consejería de Economía y Hacienda podrá instar al fraccionamiento de los pagos si la situación de la Tesorería así lo requiere.
d) Plazo y forma de justificación por parte del Ente del Sector Público Institucional de la aportación dineraria recibida.
e) Consecuencias derivadas del incumplimiento. En aquellos supuestos en los que las aportaciones dinerarias recibidas no sean debidamente justificadas, el importe no justificado será deducido de las siguientes aportaciones a conceder. En el supuesto de que no consten dotadas, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, aportaciones dinerarias de las que deducir los importes no justificados, podrá exigirse su reintegro, previo informe de la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, cuando la situación de la Tesorería así lo requiera.
Dos. Las consignaciones presupuestarias que se recogen en el Contrato Programa de la Universidad de Cantabria serán tramitadas como las aportaciones dinerarias.
Durante el ejercicio 2023, con anterioridad al acuerdo de ampliación de capital que, en su caso, adopte el órgano competente, las sociedades mercantiles integradas en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán obtener el informe vinculante de la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera en relación a los efectos del citado acuerdo en la estabilidad presupuestaria y disponibilidades de tesorería de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Uno. El Gobierno de Cantabria a través de la Sociedad Pública Regional Gestión de viviendas e infraestructuras en Cantabria, S.L.M.P (GESVICAN) podrá adquirir y/o promover viviendas con el objeto de incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler. A tal efecto, se consignarán anualmente en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las aportaciones dinerarias que sean precisas hasta completar la ejecución de las obligaciones derivadas de la adquisición y/o promoción de viviendas.
Dos. La limitación prevista en el apartado cinco del artículo 47 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, no será de aplicación para las aportaciones dinerarias que se formalicen para la compra y/o promoción de viviendas con el objeto de incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler.
La limitación prevista en el apartado cinco del artículo 47 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, no será de aplicación para las aportaciones dinerarias que se tramiten a favor de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) para la ejecución de la obra de construcción del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y espacio administrativo, así como a favor de la Sociedad Suelo Industrial de Cantabria (SICAN, S.L.) para el desarrollo del Polígono Industrial El Llano de la Pasiega.
Uno. No serán de aplicación las limitaciones previstas para la cobertura de puestos o incremento o mantenimiento de personal por parte de las Unidades en los presentes Presupuestos, siempre que dicha cobertura o incremento o mantenimiento de personal sea financiado, al cien por cien, con cargo a los fondos contemplados en las previsiones normativas, convencionales, pactos, programas o de otro género, incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado o procedentes de la Unión Europea. En el caso de Fondos procedentes de la Unión Europea, si la Unidad afectada no puede justificar el 100 % de la imputación del coste del personal contratado con cargo a estos fondos, se podrá acordar la imputación de dicho coste de personal a otros proyectos europeos adscritos a diferentes Unidades hasta completar el 100 % de imputación. En este último caso y para facilitar la contratación de personal necesario adscrito a dos a más proyectos europeos, la Dirección General de Fondos Europeos actuará como entidad coordinadora en el proceso de contratación, imputando el coste de personal íntegramente al o a los proyectos europeos de que se trate.
La cobertura de puestos o incremento o mantenimiento de personal en la Unidad referida podrá ser acordada con carácter previo al inicio de la orden de ejecución de las citadas previsiones en los correspondientes presupuestos, siempre que esté reflejada en los mismos la consignación presupuestaria suficiente y necesaria para la ejecución referida.
Dos. El incremento o mantenimiento del personal previsto en esta disposición podrá llevarse a cabo mediante la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a cuatro años, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Su financiación podrá habilitarse mediante las oportunas modificaciones presupuestarias entre los capítulos de gasto de personal, gastos corrientes y transferencias corrientes de la sección o secciones que corresponda y, en su caso, con las funciones que se especifiquen.
Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, para efectuar las modificaciones en la estructura presupuestaria que sean necesarias para hacer efectivos los acuerdos que puedan adoptarse en relación con el cambio de forma jurídica del ente.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Se autoriza al Gobierno de Cantabria para que, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2023.
Palacio del Gobierno de Cantabria, 28 de diciembre de 2022.–El Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ruiz Giménez Cabrera.
Aplicables a todas las Secciones presupuestarias y organismos autónomos:
a) Los destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas de normas con rango de Ley, que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en el estado de gastos del presupuesto y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía hasta el importe que alcancen las respectivas obligaciones.
b) Los destinados al pago de subvenciones derivadas de un Decreto de concesión directa que tenga carácter normativo.
c) Los destinados al pago de las obligaciones derivadas del cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas firmes.
d) Los destinados al pago de intereses derivados de operaciones comerciales.
e) Los destinados a satisfacer las cuotas sociales.
En la Sección 02 «Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior»:
Los créditos 02.09.112M.481 «Indemnización de abogados de oficio», 02.09.112M.482 «Indemnización de procuradores de oficio» y 02.09.112M.487 «Justicia Gratuita. Obligaciones de ejercicios anteriores», destinados a subvencionar a los Colegios de Abogados y Procuradores el coste al que asciende la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.
En la Sección 03 «Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte»:
a) Los créditos 03.03.322B.443.01, 03.03.322B.443.02, 03.03.322B.443.03, 03.03.322B.443.04, 03.03.322B.443.05, 03.03.322B.743.02 y 03.03.461B.743.01, destinados a atender obligaciones del Contrato Programa de la Universidad de Cantabria.
b) El crédito 03.07.232D.481 «Ayudas a Madres».
c) El crédito 03.07.232B.489 «Ayudas a víctimas de violencia de género».
En la Sección 07 «Empleo y Políticas Sociales»:
Los créditos 07.06.261A.481 «Ayudas inquilinos para el pago de rentas de viviendas», destinado a ayudar a pagar a los arrendatarios pertenecientes a colectivos preferentes la renta mensual del alquiler de su vivienda habitual, 07.06.261A.484 «Ayudas extraordinarias emergencia habitacional. Fondo de emergencia habitacional», como ayudas directas de carácter urgente para paliar situaciones de emergencia habitacional de personas, familias o unidades de convivencia, 07.06.261A.600.01 «Edificios destinados al usos general», destinado a la adquisición de viviendas en los grandes núcleos de población con destino al alquiler social, 07.06.261A.781.01 «Erradicación zonas degradadas, chabolismo e infravivienda», con destino a erradicar el chabolismo y fomentar la erradicación de las zonas degradadas y la infravivienda, 07.06.261A.781.02 «Programas de adquisición y puesta a disposición de viviendas para incremento del parque público», con destino a fomentar el incremento del parque de vivienda en alquiler, ya sea de titularidad pública o privada, 07.06.261A.781.03 «Rehabilitación de viviendas y edificios», destinado a la rehabilitación de edificios y viviendas con cargo a los fondos recibidos del Plan estatal o de fondos FEDER, 07.06.261A.781.04 «Adquisición de vivienda en pequeños municipios para jóvenes menores y reto demográfico», destinado a financiar la adquisición de vivienda en propiedad para las personas físicas menores de treinta y cinco años en los municipios rurales o de pequeño tamaño y 07.06.261A.781.05 «Fomento de viviendas y alojamientos», con destino a fomentar el acceso a la vivienda a colectivos de mayores y de discapacitados, así como impulsar elcohousing.
En la Sección 09 «Educación y Formación Profesional»:
El crédito 09.07.322A.481 «Financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos».
En la Sección 11 «Servicio Cántabro de Salud»:
El crédito 11.20.312A.143.51 «Intensificación de la actividad investigadora del personal estatutario».
En la Sección 13 «Servicio Cántabro de Empleo»:
a) Los créditos 13.00.241A.472, 13.00.241A.481 y 13.00.241A.482 destinados a la Formación e inserción profesional.
b) Los créditos 13.00.241M.461, 13.00.241M.471.01, 13.00.241M.471.02, 13.00.241M.472, 13.00.241M.474.01, 13.00.241M.474.02, 13.00.241M.475, 13.00.241M.476.01, 13.00.241M.476.02, 13.00.241M.482.01, 13.00.241M.484.01, 13.00.241M.484.02, 13.00.241M.485, 13.00.241M.486, y 13.00.241M.781 destinados a la Promoción del empleo y la inserción laboral.
c) El crédito 13.00.241N.482, destinado a la Intermediación laboral y orientación profesional.
En la Sección 14 «Deuda Pública»: Los destinados al pago de intereses, de amortizaciones y de otros gastos derivados de operaciones de endeudamiento.
En la Entidad Autonómica de derecho público «Agencia Cántabra de Administración Tributaria»:
Los créditos 01.01.932A.227.02 «Valoraciones y peritajes» y 01.01.932A.226.17 «Remuneraciones a Agentes mediadores independientes. Registradores de la Propiedad. Recaudadores».
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, con efectos de 1 de enero y hasta 31 de diciembre del año 2023, de la siguiente forma: