Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2022:30.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por el magistrado don Pedro Rodríguez Ruiz Crespo, presidente; los magistrados don Santiago Suárez-Vares García y don Ricardo Ibáñez Pascual, y las magistradas doña María Díaz Santana Caballero y doña Inmaculada Román Santiago, ha pronunciado:
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 4204-2019, promovido por doña Blanca Jiménez Román y Europa Press Delegaciones, S.A., representadas por la procuradora de los tribunales doña Joana Crespo Alonso, bajo la dirección letrada de don Javier Núñez Pascual, contra el auto de la Audiencia Provincial de Baleares (Sección Primera) de 21 de mayo de 2019, que desestimó el recurso de queja promovido en las diligencias previas núm. 1002-2018 frente al auto de 6 de febrero de 2019, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca, que, a su vez, inadmitía el recurso de reforma interpuesto frente al auto de 28 de noviembre de 2018 que acordaba la entrega de los listados de llamadas emitidas y recibidas, así como de los posicionamientos y del resto de datos asociados al teléfono del que era usuaria la demandante doña Blanca Jiménez Román.
En el recurso de amparo núm. 4251-2019, promovido por doña Blanca Jiménez Román y Europa Press Delegaciones, S.A., representadas por la procuradora de los tribunales doña Joana Crespo Alonso, bajo la dirección letrada de don Javier Núñez Pascual, contra el auto de la Audiencia Provincial de Baleares (Sección Primera) de 20 de mayo de 2019 que desestimó el recurso de queja interpuesto en las diligencias previas núm. 1002-2018 frente al auto de 25 de enero de 2019, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca, que, a su vez, inadmitía el recurso de reforma interpuesto frente al auto de 2 de enero de 2019 que denegaba la personación en dicho procedimiento a don José Diez Carrasco Navarro Vargas Balear, S.A., doña Blanca Jiménez Román y Europa Press, S.A.
Y en el recurso de amparo núm. 4275-2019, promovido por don Francisco Sáez Iglesias y Editora Balear, S.A., representadas por la procuradora de los tribunales doña Joana Crespo Alonso, bajo la dirección letrada de don Nicolás Bravo-Cuéllar Serrano, contra el auto de la Audiencia Provincial de Baleares (Sección Primera) de 20 de mayo de 2019, que desestimaba el recurso de queja interpuesto en las diligencias previas núm. 1002-2018 frente al auto de 6 de febrero de 2019, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca, que, a su vez, inadmitía el recurso de apelación interpuesto frente al auto de 11 de diciembre de 2018 que acordaba la intervención, volcado y análisis del teléfono móvil utilizado por don José Lorenzo Núñez Herrera así como la incautación de sus dispositivos de almacenamiento masivo de información.
Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Díaz Santana Caballero.
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 5 de julio de 2019, la representación procesal de doña Blanca Prieto Reyes y de Europa Press Delegaciones, S.A., interpuso demanda de amparo (recurso de amparo núm. 4204-2019) contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia, alegándose vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Mediante escrito registrado en este tribunal el 8 de julio de 2019, la representación procesal de doña Blanca Jiménez Román y de Europa Press Delegaciones, S.A., interpuso demanda de amparo (recurso de amparo núm. 4251-2019) contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento alegándose vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Mediante escrito registrado en este tribunal el 9 de julio de 2019, la representación procesal de don José Lorenzo Núñez Herrera y Editora Balear, S.A., interpuso demanda de amparo (recurso de amparo núm. 4275-2019) contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento alegándose vulneración del derecho fundamental al secreto profesional del periodista [art. 20.1 d) CE], a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), a la intimidad (art. 18.1 CE), a la protección de datos personales (art. 18.4 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) El Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca, en la tramitación de las diligencias previas núm. 1176-2014, conocidas como «caso Cursach», incoó, por auto de 21 de julio de 2018, pieza separada (diligencias previas núm. 1002-2018) que tenía por objeto investigar filtraciones a la prensa de documentos judiciales y policiales que obraban en la pieza principal.
b) En el marco de esta pieza separada fue dictado, en fecha 28 de noviembre de 2018, auto acordando, entre otras medidas, requerir a la compañía telefónica «Mas Móvil» para que hicieran entrega de los listados de llamadas emitidas y recibidas, así como de los posicionamientos de los teléfonos y el resto de datos asociados del teléfono núm. 660224102, teléfono del que era usuaria doña Blanca Jiménez Román en su calidad de periodista de la agencia Europa Press Delegaciones, S.A. En el fundamento jurídico quinto del citado auto se autorizaba asimismo «para que se facilitasen todos los datos asociados a las comunicaciones de dichos números de teléfono […] que se acompañe la interceptación de los accesos a internet y mensajería instantánea de internet […] todo ello desde la fecha en que se proceda a la intervención y mientras dure la misma».
La representación procesal de doña Blanca Jiménez Román y de Europa Sánchez Serrano, S.A., recurrió en apelación el auto de 28 de noviembre de 2018 alegando: (i) falta de notificación del auto de 28 de noviembre de 2018 habiendo tenido conocimiento de la existencia de dicha resolución a raíz de la querella presentada frente al magistrado instructor del Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca (diligencias previas núm. 12-2018); (ii) vulneración del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, dentro del cual se incluye expresamente el derecho al secreto profesional (art. 20 CE), vulneración del derecho al secreto de comunicaciones (art. 18.3 CE); y vulneración del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) de los recurrentes; (iii) vulneración del derecho a una resolución motivada por falta de ponderación de los derechos e intereses en juego. En dicho recurso se solicitaba asimismo «la inmediata eliminación de las actuaciones de cualesquiera contestación/es que haya dado la referida compañía de telefonía móvil a dicho oficio y de cualesquiera datos, documentos y/o informaciones, en cualquier soporte, que haya suministrado la referida compaña de telefonía móvil en cumplimiento de dicho oficio, así como la inmediata entrega a esta parte de dicha contestación/es y de dichos documentos y/o informaciones y de las copias que se hayan podido efectuar».
En fecha 6 de febrero de 2019 fue dictado, por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca, auto inadmitiendo el recurso de apelación presentado fundamentándose en que los recurrentes no eran parte en dicho procedimiento (diligencias previas núm. 1002-2018) y que, consecuentemente, carecían de legitimación para interponer el recurso pretendido.
Presentado recurso de queja, el mismo fue desestimado por auto de 21 de mayo de 2019, dictado por la Audiencia Provincial de Baleares (Sección Primera). Señalaba la Audiencia Provincial que los recurrentes –ahora demandantes de amparo– no podían interponer recurso de apelación contra el auto de 28 de noviembre de 2018 habida cuenta que no eran parte en dicho procedimiento, teniendo tan solo la condición de «terceros afectados por determinadas medidas de investigación». Así, su intervención en el procedimiento se había producido «en calidad de sujeto pasivo de una medida de investigación tecnológica, como efecto de la bidireccionalidad de las comunicaciones que debían ser objeto de estudio (en el oficio policial previo se solicita la medida de listados de llamadas emitidas y recibidas desde el número de móvil de la señora Pou, al existir indicios de contactos con el agente investigado, unido al dato de que uno de los informes filtrados se publicó en Europa Press, agencia para la que trabaja el periodista). Y en estos casos, la Ley de enjuiciamiento criminal atribuye la condición de tercero al afectado por esta medida [arts. 588bisc), apartado 3, letra b), y art. 588bish) y 588terc)]».
Adicionalmente señalaba también la Audiencia Provincial que aunque la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) otorga excepcionalmente a estos terceros la posibilidad de actuar frente a determinadas medidas de investigación que les afecten, esto se restringe a los supuestos de incautación de efectos del delito (art. 334 LECrim) y al decomiso (art. 803terLECrim) no aplicándose a supuestos como el presente en el que el objeto es determinar el listado de llamadas y el posicionamiento geográfico del teléfono móvil de la señora Pou. Además, la falta de notificación a las recurrentes del auto de fecha 28 de noviembre de 2018 tampoco habría vulnerado derecho fundamental alguno dada cuenta que «la medida de investigación acordada en el mismo lo habría sido al amparo de lo dispuesto en el art. 588terj), norma que no confiere al tercero la condición de parte procesal ni le otorga la posibilidad de recurrirla, al no prever la ley esta posibilidad a diferencia de lo que se prevé para otros supuestos [por ejemplo, art. 588terl), apartado 3, respecto de las intervenciones telefónicas]». Estas resoluciones vienen a conformar el objeto del recurso de amparo núm. 4204-2019.
c) Mediante auto de fecha 11 de diciembre de 2018 el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca acordó la entrada y registro en el domicilio de doña Blanca Jiménez Román, en la sede de la agencia de noticias Europa Press, en la sede del «Diario de Mallorca», y en el domicilio profesional del también periodista don José Lorenzo Núñez Herrera. Dicho auto justificaba la adopción de esta medida de investigación en el hecho de que «pueden encontrarse objetos o indicios que pueden servir para el esclarecimiento del/ de los presunto/s delito/s de descubrimiento de secretos que está/n siendo investigado/s pues consta en la causa que dichos periodistas tuvieron información confidencial con copias originales de los documentos filtrados, que guardan en sus teléfonos móviles o en sus ordenadores relativa al traspaso de información presuntamente por miembros de la policía del grupo de blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, información que no debía ser divulgada y que dio lugar a la publicación de diversas noticias periodísticas relativas al denominado “caso Cursach”, ya sea en las diligencias previas 1176-2014 o en cualquiera de sus piezas separadas».
Por este motivo, la resolución consideraba necesario proceder a la intervención, y volcado, del dispositivo telefónico y del ordenador de doña Blanca Jiménez Román (utilizados por la misma en el ejercicio de su profesión como periodista) así como requerirle para que aportase cualquier documento judicial o policial relacionado con la investigación del «caso Cursach». Esta misma medida era acordada también respecto al teléfono de don José Lorenzo Núñez Herrera señalándose que, en ambos casos, la medida se extendería al análisis de los WhatsApp, correos electrónicos y comunicaciones mantenidas a través de otras redes sociales «a fin de detectar posibles envíos de datos, filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivados». En ejecución de este auto, el mismo día 11 de diciembre, se requirió a don José Lorenzo Núñez Herrera y a doña Blanca Jiménez Román para que entregasen sus teléfonos móviles y sus claves de desbloqueo, tras convocarles para que acudieran a la sede de los juzgados.
Las medidas anteriores fueron dejadas sin efecto mediante auto de 21 de diciembre de 2018, dictado también por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca, en el que se consignaba que «revelándose en este momento una mengua importante de la necesidad y eficacia de las medidas acordadas, se estima adecuado reformar de oficio el auto de fecha 11 de diciembre de 2018 y dejar sin efecto lo en el acordado, haciendo devolución a sus titulares de los teléfonos, ordenadores y demás efectos incautados, con certificación del fedatario judicial de que tales efectos no han sido abiertos, copiados o volcados ni examinado sus contenidos». Fruto de ello, los dispositivos incautados fueron devueltos en comparecencia de fecha 4 de enero de 2019 y la policía remitió al juzgado de instrucción los documentos intervenidos que posteriormente fueron devueltos.
La representación procesal de don José Lorenzo Núñez Herrera y de Editora Balear, S.A., recurrió en apelación el auto de 11 de diciembre de 2018 alegando: (i) falta de notificación del auto de 11 de diciembre de 2018 habiendo tenido conocimiento de la existencia de dicha resolución a raíz de la querella presentada frente al magistrado instructor del Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca (diligencias previas núm. 12-2018); (ii) vulneración del derecho al secreto profesional (art. 20 CE) y vulneración del derecho a la intimidad, al secreto de comunicaciones y a la protección de datos personales (art. 18 CE) como consecuencia de las medidas de investigación acordadas.
En fecha 6 de febrero de 2019 fue dictado, por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca, auto inadmitiendo el recurso de apelación presentado fundamentándose en que los recurrentes no eran parte en dicho procedimiento y que, consecuentemente, no tenían legitimidad para recurrir.
Presentado recurso de queja, el mismo fue desestimado por auto de 20 de mayo de 2019, dictado por la Audiencia Provincial de Baleares (Sección Primera). Señalaba la Audiencia Provincial que los recurrentes no eran investigados en dicho procedimiento, ni ostentaban la condición de perjudicados o responsables civiles. Su condición era la de «terceros afectados por la medida de investigación» resultándoles, por lo tanto, de aplicación lo dispuesto en el art. 334 LECrim y pudiendo haber presentado recurso frente a la resolución que acordaba la incautación. En relación con esto último, señalaba la Audiencia Provincial que la entrega del terminal móvil del señor Mestre García fue realizada voluntariamente y con la determinante intención de colaborar con el órgano instructor en el esclarecimiento del hecho delictivo. Consecuentemente, «no recurrió la medida cuando pudo, siendo absolutamente extemporáneo el recurso que ahora pretende que sea tramitado».
Finalmente, y por lo que respecta a la sede del «Diario de Mallorca», la Audiencia Provincial señalaba que no se tenía constancia de que tal diligencia llegara a practicarse, ni que se incautara efecto alguno dada cuenta de la oposición mostrada por sus responsables. Por lo tanto, ningún perjuicio se habría ocasionado al señor Mestre García –pues el teléfono había sido devuelto aun precintado– o al Diario de Mallorca –pues el registro no llegó a practicarse–. Estas resoluciones vienen a conformar el objeto del recurso de amparo núm. 4275-2019.
d) Paralelamente a estas actuaciones, en fechas 16 y 17 de diciembre de 2018, los demandantes de amparo doña Blanca Jiménez Román, Europa Torres, S.A., don José Lorenzo Núñez Herrera y Diario de Mallorca, presentaron sendos escritos solicitando personarse en las diligencias previas núm. 1002-2018 así como la notificación integral del auto de 11 de diciembre de 2018 a fin de poder ejercitar contra el mismo los recursos legalmente previstos.
En fecha 2 de enero de 2019 fue dictado, por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca, auto denegando la personación. Señalaba el juzgado de instrucción que no se estaba ante un supuesto de decomiso que justificara la personación de terceros no investigados, ni partes, en la causa. Por otro lado, y aunque efectivamente había tenido lugar una intervención de efectos o instrumentos relacionados con el delito, dicha intervención fue dejada sin efecto por auto de 21 de diciembre de 2018 por lo que el recurso «carece de sentido y de objeto su notificación en forma a quien no es parte». Adicionalmente señalaba el magistrado instructor que hubieran resultado de aplicación al caso las disposiciones contenidas en el art. 334 LECrim de la que no solamente no hicieron uso sino que, además, y por el contrario, procedieron a entregar voluntariamente sus dispositivos telefónicos. Concluía señalando: «En cualquier caso, ni los señores Pou y Mestre, ni sus patronos Europa Press o Editora Balear son perjudicados ni ofendidos por el delito que aquí se investiga de revelación de secretos, tampoco son investigados por tal delito, ni responsables civiles y no consta que en este procedimiento ejerciten o pretendan ejercitar la acusación popular o particular, por lo que no pueden tener la consideración de parte en este procedimiento».
La representación procesal de doña Blanca Delgado Márquez y Europa Press, S.A., recurrió en reforma y apelación el auto de 2 de enero de 2019 alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por haberse denegado el recurso interpuesto a pesar de haber sido la parte recurrente directamente afectada por la medida de investigación acordada.
Fruto de ello fue dictado, en fecha 11 de enero de 2019, providencia teniendo por interpuesto dicho recurso, dando traslado de mismo al Ministerio Fiscal, y demás partes personadas, a los efectos de lo previsto en los arts. 222 y 766 LECrim.
En fecha 25 de enero de 2019 fue dictado, por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca, auto inadmitiendo el recurso de reforma presentado. El órgano judicial reiteraba los argumentos ya vertidos en la resolución de 2 de enero de 2019 y añadía que, al no tener los recurrentes la consideración de parte, no estaban legitimados para interponer recurso de apelación, aunque sí recurso de queja ante la Audiencia Provincial.
Presentado recurso de queja, el mismo fue desestimado por auto de 20 de mayo de 2019, dictado por la Audiencia Provincial de Baleares (Sección Primera), señalando que: (i) los recurrentes no son parte en dicho procedimiento. No ostentan la condición de investigados ni perjudicados; (ii) no resulta aplicable lo dispuesto en el art. 803 LECrim ni cabe la aplicación analógica del citado precepto; (iii) la recurrente no hizo uso de la facultad conferida en virtud del art. 334 LECrim; (iv) no consta la negativa de la recurrente a entregar los dispositivos informáticos cuya incautación se había ordenado; (v) el recurso carecería sobrevenidamente de objeto dada cuenta que «se dejó sin efecto por auto de 21 de diciembre de 2018 por lo que el recurso devendría, de manera sobrevenida, carente de objeto, habiendo sido devueltos los efectos intervenidos. Los recurrentes han presentado una querella criminal contra el juez instructor que ha sido admitida a trámite, por lo que la cuestión referida a la posible vulneración de derechos fundamentales será, en su caso, objeto de examen en dicho procedimiento, por lo que tampoco, por este lado, se vislumbra la vulneración a la tutela judicial efectiva alegada». Estas resoluciones vienen a conformar el objeto del recurso de amparo núm. 4251-2019.
3. Recurso de amparo núm. 4204-2019. Los demandantes de amparo, doña Blanca Jiménez Román y Europa Press Delegaciones, S.A., recurren en amparo las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca en fechas 6 de febrero de 2019 y Audiencia Provincial de Baleares (Sección Primera) en fecha 21 de mayo de 2019. Aducen en su demanda que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, en su vertiente del derecho de acceso al recurso.
Estas quejas se fundamentan en el argumento de que la potestad para recurrir se deduce de la circunstancia de que las medidas de investigación acordadas afectaban directa y frontalmente a los derechos e intereses legítimos de los recurrentes. Consideran los recurrentes que la Ley de enjuiciamiento criminal autoriza en otros supuestos [es el caso del art. 803terb) LECrim] a quien no es investigado o acusación en un procedimiento a intervenir en el procedimiento. Dicha intervención no debe catalogarse, como de hecho hacen las resoluciones recurridas, como algo excepcional sino que debe conjugarse en consonancia con los derechos contenidos en el art. 24.1 CE, y, consecuentemente, permitirse la intervención en el procedimiento a todo aquel cuyos derechos o intereses legítimos se vean afectados. De lo contrario, «se estaría otorgado al juez instructor en un proceso penal un poder cuasi-omnímodo, al impedir que cualquier resolución que afectase a una persona que no sea parte en el proceso –por absurda, ilegal o disparatada que fuese– fuera recurrida por el afectado, lo cual entraría en franca contradicción con el art. 24.1 CE».
Por lo tanto, la inadmisión a trámite del recurso de apelación habría violentado el derecho fundamental al derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes, al privarles de su derecho a que la resolución impugnada fuera revisada por un órgano jurisdiccional superior. Concluyen los demandantes señalando, además, que privar del derecho al recurso en este caso sería mucho más gravoso habida cuenta que la resolución que se pretendía recurrir (auto de 28 de noviembre de 2018) habría lesionado, a su vez, los derechos a comunicar y a recibir libremente información veraz, el derecho al secreto profesional (art. 20 CE), el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y el derecho al secreto de comunicaciones (art. 18.3 CE).
Para los demandantes de amparo la trascendencia constitucional del presente recurso estribaría en la necesidad de dictar doctrina [STC 155/2009, FJ 2 a)] dirigida a determinar si los derechos consagrados en el art. 24.1 CE «son derechos que ostentan la totalidad de las personas cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por una resolución judicial –como defienden mis representadas– o, por el contrario, son derechos que solo ostentan aquellas personas que han recibido la calificación formal de parte en el proceso en que dicha resolución se dicta –como se defiende en los autos objeto del presente recurso– y, en consecuencia, si cualquier persona cuyos derechos o intereses legítimos se vean afectados por una resolución judicial pueden impugnarla a través del correspondiente recurso, ostenten o no la calificación formal de parte en el procedimiento –como defienden mis representadas– o si, por el contrario, solo quienes han recibido la calificación formal de parte en el proceso, aunque la resolución judicial no afecte a sus derechos e intereses legítimos, sino a los de terceros, pueden recurrir la resolución judicial –como se defiende en los autos objeto de este recurso–».
Adicionalmente, los demandantes consideran que concurrirían las causas de especial trascendencia constitucional relativas a «general repercusión social» [STC 155/2009, FJ 2 g)] –dada cuenta de la repercusión mediática que tuvo el presente caso en la prensa nacional–, y de que «la vulneración del derecho fundamental que se denuncia proviene de la ley o de otra disposición de carácter general» [STC 155/2009, FJ 2 c)] toda vez que, de mantenerse la tesis sostenida por las resoluciones judiciales impugnadas, la lesión provendría de la propia insuficiencia regulatoria al respecto por parte de la Ley de enjuiciamiento criminal.
4. Recurso de amparo núm. 4251-2019.Los demandantes de amparo, doña Blanca Jiménez Román y Europa Press Delegaciones, S.A., recurren en amparo las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca en fechas 2 y 25 de enero de 2019 y por la Audiencia Provincial de Baleares (Sección Primera) en fecha 20 de mayo de 2019. Aducen en su demanda que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, en su vertiente del derecho de acceso al recurso.
Las quejas formuladas en el presente recurso reproducen sustancialmente los argumentos ya evacuados en el recurso de amparo núm. 4204-2019. Adicionalmente, los demandantes señalan que las referencias realizadas en las resoluciones recurridas al art. 334 LECrim no resultan acertadas toda vez que las medidas de investigación acordadas eran mucho más amplias que la simple incautación del teléfono móvil de la demandante de amparo, siendo que, además, la propia existencia de un recurso contra esta incautación no privaba al demandante de las facultades que le otorga el art. 766 LECrim.
Consideran, también, que el hecho de que las medidas acordadas por la resolución de 11 de diciembre de 2018 quedarán sin efecto en virtud de auto de fecha 21 de diciembre de 2018 tampoco constituye óbice para la admisión a trámite del recurso de apelación habida cuenta que: (i) el recurso de apelación fue interpuesto con anterioridad al dictado del auto de 21 de diciembre de 2018; (ii) los recurrentes tienen derecho a que un tribunal superior declare que el auto recurrido es contrario a Derecho y viola gravemente sus derechos fundamentales. En este sentido, inciden que el auto de 21 de diciembre de 2018 no reconocía la ilegalidad de las medidas acordadas en el auto de 11 de diciembre de 2018, sino únicamente su ineficacia; (iii) no se ha garantizado que no se hiciera copia de los documentos y dispositivos incautados y que, por lo tanto, se hubieran consumado las lesiones alegadas.
Al mismo tiempo, también debería ser rechazado el argumento de que es el proceso penal seguido contra el magistrado instructor (diligencias previas núm. 1002-2018) el que debe examinar la cuestión planteada, toda vez que «en el procedimiento penal iniciado a raíz de la querella presentada por mis representadas lo que se dilucidara será la existencia de delito y la responsabilidad penal y civil del querellado, sin que ello sea óbice para que se tengan que admitir los recursos de apelación interpuestos».
Se aduce, además, una vulneración autónoma del principio de seguridad jurídica fundamentándose en que la providencia de 11 de enero de 2019 tuvo por interpuesto el recurso de reforma y subsidiario de apelación frente al auto de 2 de enero de 2019, frente a lo cual el auto de fecha 25 de enero de 2019 inadmitió ambos recursos.
Concluyen señalando que privar del derecho al recurso en este caso sería mucho más gravoso toda vez que la resolución que se pretendía recurrir (auto de 11 de diciembre de 2018) habría lesionado, a su vez, los derechos a comunicar y a recibir libremente información veraz, el derecho al secreto profesional (art. 20 CE), el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), el derecho a la inviolabilidad domiciliaria (art. 18.2 CE) y el derecho al secreto de comunicaciones (art. 18.3 CE) de los recurrentes.
La trascendencia constitucional del presente recurso aparece justificada de la misma manera que en el recurso de amparo núm. 4204-2019.
5.Recurso de amparo núm. 4275-2019.Los demandantes de amparo, don José Lorenzo Núñez Herrera y Editora Balear, S.A., recurren en amparo las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca en fechas 11 de diciembre de 2018 y 6 de febrero de 2019 y Audiencia Provincial de Baleares (Sección Primera) en fecha 20 de mayo de 2019. Aducen en su demanda que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, el derecho al secreto profesional periodístico [art. 20.1 d) CE], el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), el derecho a la intimidad (art. 18.2 CE) y el derecho a la protección de datos personales (art. 18.1 y 4 CE).
Los demandantes consideran que el auto de 11 de diciembre de 2018 constituye una arbitraria conculcación del derecho al secreto profesional del periodista que constituye «un pilar esencial del derecho fundamental a la información veraz en un Estado democrático». Tras reproducir jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la materia, los demandantes insisten que el auto recurrido en amparo carecería de justificación alguna pues, precisamente, se habría dictado en un proceso penal destinado a investigar la autoría de filtraciones de material reservado relativo a otra causa penal dirigida contra autoridades o funcionarios públicos y no contra los periodistas. De esta manera, el auto de 11 de diciembre de 2018 obviaría la existencia del derecho al secreto profesional del periodista y «no se molesta ni en tratar de argumentar por qué su limitación pudiera parecer justificada al magistrado que lo ha dictado que, en lugar de actuar como garante del derecho fundamental, ha actuado como su más acérrimo enemigo, silenciando su existencia y despreciando su posición preferente en el ordenamiento constitucional».
Señalan también que como el Tribunal Europeo Derechos Humanos ha afirmado (STEDH de 16 de diciembre de 1992, asuntoNiemietz c. Alemania) el domicilio de un individuo no es solamente su vivienda sino que comprende también el lugar donde se desarrolla una actividad profesional que exige el respeto a los espacios de confianza en la confidencialidad. Por lo tanto, el auto de 11 de diciembre de 2018, en cuanto acordó la entrada y registro en el domicilio profesional de Editora Balear, S.A., afectó al derecho a la inviolabilidad domiciliaria de esta entidad. En este punto, los demandantes traen a colación determinados pronunciamientos del Tribunal Europeo Derechos Humanos que reconocen a las sociedades editoras de prensa la inviolabilidad del domicilio (STEDH de 15 de julio de 2003, asuntoErnst y otros c. Bélgica,entre otras) y de este propio tribunal que extiende este derecho a toda clase de entidades (STC 137/1985, de 17 de diciembre). Aducen también una vulneración del derecho a la intimidad y a la protección de datos personales por el acceso a los dispositivos informáticos del demandante de amparo.
Por último, los demandantes insisten también en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al no haberse admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto frente al auto de 11 de diciembre de 2018 (auto que no les fue notificado y del que solo tuvieron conocimiento a raíz de la interposición de la querella frente al magistrado instructor de las diligencias previas núm. 1002-2018). Resaltan que era evidente que tenían perfecto derecho a solicitar la tutela de sus derechos fundamentales vulnerados por el auto de 11 de diciembre de 2018, a través de la vía de amparo de sus derechos fundamentales, primero ordinaria y ahora ante la jurisdicción constitucional, para obtener una declaración de nulidad del referido auto por su colisión con los derechos fundamentales. En este sentido, inciden que el reconocimiento normativo de los derechos fundamentales queda vacío de contenido práctico si sus titulares carecen de la posibilidad de impugnar las resoluciones que los vulneran. Por ello, el Tribunal Europeo Derechos Humanos ha integrado en el contenido esencial de los derechos establecidos por el Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) la posibilidad de presentar un recurso efectivo frente a su limitación (STEDH de 3 de febrero de 2015, asuntoPruteanu c. Rumanía) así como la posibilidad de obtener una revisión judicial, fáctica y jurídica de la legalidad de la resolución (STEDH de 21 de diciembre de 2010, asuntoSocieté Canal Plus y otros c. Francia,entre otras). En definitiva, con la decisión adoptada se habría privado a los afectados por las injerencias de la posibilidad de discutirlas a través de los recursos legalmente previstos.
Concluyen indicando que carece de relevancia los argumentos dados en las resoluciones impugnadas que tratan de justificar la inadmisión de los recursos en la anulación de los efectos de auto de 11 de diciembre por resolución de 21 de diciembre de 2018 (carencia sobrevenida de objeto) y en el hecho de que el señor Mestre entregó voluntariamente sus dispositivos electrónicos. Al respecto explicitan que: (i) el señor Mestre había sido compelido por una resolución judicial por lo que estaba obligado a entregar su terminal telefónico; (ii) la resolución de 21 de diciembre de 2018 no anulaba las medidas del 11 de diciembre por ser ilícitas, sino por no ser útiles, y señalan que «debe tenerse presente que el grosero ataque a la libertad de prensa que el auto de 11 de diciembre de 2018 ha supuesto transciende en sus efectos a las personas afectadas en concreto, pues su más perniciosa consecuencia consiste en la destrucción de la confianza ciudadana en el secreto profesional de los periodistas, a los que injerencias como las adoptadas ciegan las fuentes de su trabajo, fundamental para el derecho a la información de una sociedad democrática. Por ello, el hecho de que se pusiera fin a las injerencias, por no resultar ya voluntad del juzgado mantenerlas, no es relevante desde la perspectiva de la tutela los derechos fundamentales lesionados».
Para los demandantes de amparo la trascendencia constitucional del presente recurso estribaría en la necesidad de dictar doctrina [STC 155/2009, FJ 2 a)] dirigida a determinar si la investigación de un delito de revelación de secreto es causa justificativa para adoptar determinadas medidas de investigación que vulneran el derecho al secreto profesional de periodista [art. 20.1 d) CE] y si, una vez adoptadas, resulta admisible para la tutela ordinaria del derecho fundamental afectado que quien no es parte en dicho procedimiento –pero si resulta afectado por la medida de investigación– pueda presentar un recurso frente a las mismas. En relación con ello, se sostiene que «hasta ahora nuestro Tribunal Constitucional no ha tenido ocasión de ocuparse de la cuestión, por lo que resulta necesario que su jurisprudencia sea completada con el tratamiento de tan relevante materia. Y lo mismo acontece en lo referido a la asombrosa decisión ulterior de condenar a la resignación a los afectados por las injerencias por la circunstancia de no ser parte en el proceso penal sobre revelación de secretos. Se trata de una negación de recurso efectivo para acceder a la tutela ordinaria de los derechos vulnerados que supone una conculcación de tales derechos y simultáneamente una denegación de tutela, sobre la que es necesario que recaiga jurisprudencia constitucional, que hasta ahora es inexistente, por no haberse atrevido nadie en toda la historia de la democracia a aplicar medidas intrusivas en el secreto profesional del periodista como las que son objeto de esta demanda de amparo».
Adicionalmente, los demandantes consideran que concurren las causas de especial trascendencia constitucional relativas a «general repercusión social» [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 g)] habida cuenta de que el «derecho fundamental al secreto profesional del periodista, que además de ser de la titularidad del profesional de la información, satisface el interés público en el mantenimiento de la confianza social en la reserva de las fuentes de información, que resulta vital en una sociedad democrática para la vitalidad de una prensa libre. La conculcación del secreto profesional del periodista destruye la confianza de la sociedad en la fortaleza de la garantía constitucional y obstaculiza y coarta el flujo de información sobre asuntos de interés público».
6. Por providencia de 14 de septiembre de 2020, la Sección Segunda de este tribunal acordó la no admisión a trámite del recurso de amparo núm. 4204-2019 al no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (STC 155/2009, FJ 2). Recurrida en súplica por el Ministerio Fiscal, la Sección, mediante ATC 147/2020, de 19 de noviembre, la declara nula y acuerda admitir a trámite el recurso de amparo.
La Sección Segunda de este tribunal, por providencias de 14 de diciembre de 2020 acordó la admisión a trámite de los recursos de amparo 4251-2019 y 4275-2019 apreciando que concurre en los mismos una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) como consecuencia de que los recursos plantean un problema o afectan a una faceta del derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y, en consecuencia, dirigir atenta comunicación a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares y al Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca a fin de que remitiesen certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes. En las mismas resoluciones se emplazó a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de los recurrentes, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso de amparo.
7. La secretaría de justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencias de 29 de marzo de 2021, acordó tener por personado al abogado del estado en los recursos de amparo 4204-2019 y 4275-2019, así como dar vista de las actuaciones recibidas al mismo, a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, para que pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho convenga, por un plazo de veinte días, de conformidad con el art. 52 LOTC.
Asimismo, por diligencia de 30 de marzo de 2021, la secretaría de justicia acordó, en el recurso de amparo núm. 4251-2019, dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, para que pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho convenga, por un plazo de veinte días, de conformidad con el art. 52 LOTC.
8. El abogado del Estado, en escritos registrados el 29 de abril de 2021 manifestó su intención de no realizar alegación alguna en los recursos de amparo 4204-2019 y 4275-2019.
9. Las demandantes de amparo, doña Blanca Jiménez Román y Europa Press Delegaciones, Vicente, por escritos registrados en fecha 7 de mayo de 2021, presentaron sus alegaciones en los recursos de amparo 4204-2019 y 4251-2019 ratificándose, en esencia, en los fundamentos ya invocados en sus respectivas demandas. Adicionalmente señalan que, si como parecen sostener las resoluciones impugnadas, la propia Ley de enjuiciamiento criminal es la que niega el recurso a personas cuyos derecho e intereses legítimos fueran afectados por una resolución judicial por el hecho de no ser parte en el procedimiento, dicho precepto vulneraría frontalmente los arts. 24.1 y 53.2 CE y del art. 13 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, por lo tanto, sería inconstitucional. Con estas decisiones se habría privado a los afectados por las medidas de ser oídos con carácter previo o posterior a la adopción de las mismas. Se estaría, en definitiva, «creando un marco en el que los jueces podrían, con total impunidad, adoptar decisiones irrecurribles para las personas afectadas, que no tendrían ninguna posibilidad de defenderse –ni antes ni después de la resolución judicial– creándose un ámbito de indefensión absolutamente incompatible con el Estado de derecho».
Por escrito registrado el 7 de mayo de 2021, las recurrentes también presentaron sus alegaciones en el recurso de amparo núm. 4275-2019, ratificando los argumentos dados por los demandantes de amparo en dicho recurso y considerando que las resoluciones impugnadas habrían vulnerado los derechos contenidos en los arts. 24, 18 y 20 CE.
10. Los demandantes de amparo, don José Lorenzo Núñez Herrera y Editora Balear, S.L., por escrito registrado el 10 de mayo de 2021, presentaron sus alegaciones en el recurso de amparo núm. 4275-2019 ratificándose, en esencia, en los fundamentos invocados en la respectiva demanda de amparo.
Por escritos registrados el 10 de mayo de 2021, los recurrentes también presentaron sus alegaciones en los recursos de amparo 4204-2019 y 4251-2019 ratificando los argumentos dados por los demandantes de amparo en dichos recursos y considerando que las resoluciones impugnadas habrían vulnerado los derechos contenidos en los arts. 24, 18 y 20 CE.
11. El Ministerio Fiscal, en escritos registrados el 25 de mayo, 31 de mayo, y 7 de junio de 2021 formuló alegaciones en los tres recursos de amparo, interesando que se otorgara el mismo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con anulación de las resoluciones de 2 de enero, 25 de enero, 6 de febrero, 20 de mayo y 21 de mayo, todas ellas de 2019, así como la retroacción de las actuaciones a fin de que el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Palma de Mallorca se pronuncie sobre la admisión de los recursos de apelación interpuestos de forma respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
En el recurso de amparo núm. 4204-2019, el Ministerio Fiscal aduce que el derecho fundamental realmente concernido es el derecho de acceso a la jurisdicción, en cuanto a que las resoluciones impugnadas cerraron el paso a una primera respuesta judicial sobre el auto de 28 de noviembre de 2018 que era, en definitiva, el que se pretendía recurrir en apelación. Por lo tanto, y en opinión del fiscal, quedarían fuera de ámbito del recurso aquellas lesiones que son imputadas autónomamente al auto de 28 de noviembre de 2018 y que consisten en una posible vulneración del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), derecho al secreto de comunicaciones (art. 18.3 CE) y derecho a la información en relación con el secreto profesional [art. 20.1 d) CE] toda vez que las mismas estarían aún pendientes de agotamiento de la vía judicial.
Tras realizar una extensa exposición de la regulación legal actual y de la doctrina de este tribunal relativa al derecho de acceso a la jurisdicción, el Ministerio Fiscal considera que el hecho de que los recurrentes no ejercieran la acción penal, ni tuvieran la condición de ofendido o perjudicado por el delito, no obstaba a que puedan intervenir en el proceso cuando concurría en ellos una circunstancia legitimadora. Así, y previa cita de la legitimación que los arts. 334 y 803tera) LECrim atribuyen a terceros no intervinientes en el proceso para actuar en el seno del mismo, el fiscal señala que «lo decisivo y elemento común de tan dispares fórmulas de intervención en el proceso es que los afectados –en cualquiera de sus formas y figuras procesales– son portadores de un interés legítimo, lo que determina la configuración legal del sistema de impugnación, que no se anuda exclusivamente a la condición de parte, y exige, consecuentemente, una ponderación de los derechos involucrados, al menos cuando estos sean de naturaleza y relevancia de los que aquí resultan comprometidos».
En base a ello, entiende que la naturaleza de las medidas acordadas por el auto de 28 de noviembre de 2018, así como su amplitud temporal (desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017), afecta de manera potencial a numerosas comunicaciones relacionadas no solo con el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), sino también con el derecho al secreto de comunicaciones (art. 18.3 CE), protección de datos personales (art. 18.4 CE) y al derecho a la información en relación con el secreto profesional de las fuentes periodísticas [art. 20.1 d) CE]. Los autos objeto de recurso no realizan ponderación alguna sobre la posible afectación de los derechos fundamentales anteriormente señalados, afectación que, dígase de paso, otorga a los terceros un interés legítimo para poder actuar en dicho procedimiento.
A la luz de lo anterior, concluye el fiscal que: (i) la inadmisión del recurso de apelación se proyecta sobre los derechos fundamentales de los recurrentes, en particular la libertad de información y el derecho a la protección de sus fuentes. En el caso del registro, la STEDH de 25 de febrero de 2003, asuntoRoemen and Schmit c. Luxemburgo, § 57, no exige la obtención de un resultado derivado de la injerencia, siendo que, además, la STEDH 14 de septiembre de 2010, asuntoSanoma Uitgevers B.V. c. Países Bajos, § 72, contempla un simple requerimiento coercitivo de entrega del material que puede revelar las fuentes periodistas como lesión del art. 10 CEDH; (ii) los recurrentes pretendían una respuesta judicial sobre una resolución que incidía sobre los derechos representativos de un interés legítimo; (iii) las resoluciones impugnadas no alcanzan el canon reforzado de motivación que exige el derecho a la jurisdicción. No realizan ponderación alguna de los derechos fundamentales afectados, desconocen que la condición de parte no es la única causa que da cobertura a la impugnación pretendida y extiende desmesuradamente la carga para posibilitar la impugnación del interés legítimo que se pretende hacer valer; (iv) por todo ello, las resoluciones impugnadas incurren en un rigorismo excesivo, inadecuado por la inexistencia de ponderación de intereses en conflicto y los derechos comprometidos ya expresados.
Termina señalando «[e]n definitiva, bajo estas consideraciones, la negativa de los órganos judiciales a permitir la admisión del recurso de apelación para resolver sobre la pretensión de fondo supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al negar la revisión y control judicial que se fundamenta en una interpretación en exceso rígida y formalista de los preceptos legales aplicados de la Ley de enjuiciamiento criminal que, a nuestro juicio, se integra en el derecho de acceso a la jurisdicción y deja imprejuzgada la cuestión que se plantea por el recurrente».
Los argumentos anteriormente expuestos son también evacuados en las alegaciones efectuadas por el fiscal al recurso de amparo núm. 4275-2019. Como elemento diferenciador con los anteriores recursos, señala, no obstante, que la impugnación del contenido material del auto de 11 de diciembre de 2018 sería prematura toda vez que «lo cierto es que está pendiente de admisión el recurso de apelación interpuesto a partir del escrito de fecha 28 de enero de 2019, una vez conocido el contenido íntegro del auto de 11 de diciembre de 2018 que se pretendía recurrir. De este modo, una eventual estimación del recurso de amparo podría determinar la retroacción de las actuaciones y la tramitación de dicho recurso de apelación –que es lo que, en fin, se solicita en el recurso de queja de 13 de febrero de 2019– en cuyo ámbito serían objeto de discusión las vulneraciones imputadas al auto de 11 de diciembre de 2018».
Por lo tanto, considera el fiscal, que las vulneraciones de derechos fundamentales sustantivos imputadas a la resolución de 11 de diciembre de 2018 deben quedar al margen del presente recurso de amparo toda vez que este debe circunscribirse, al igual que ocurre con los recursos de amparo núms. 4204-2019 y 4251-2019, a la negativa a tramitar los recursos interpuestos frente a las resoluciones vulneradoras de dichos derechos. «Y ello sin perjuicio de la incidencia que los derechos afectados por aquel auto de 11 de diciembre de 2018 pudieran tener en orden a su ponderación en la negativa de las resoluciones judiciales que deniegan la admisión de la tramitación del recurso de apelación frente al mismo».
Adiciona que, al contrario de lo que ocurre con el recurso de amparo núm. 4204-2019, en este caso los derechos fundamentales indirectamente afectados por la decisión de inadmisión no se reducirían únicamente al secreto de comunicaciones (art. 18.3 CE), al derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), derecho a protección de datos personales (art. 18.4 CE) y el derecho a la información en relación con el secreto profesional de las fuentes periodísticas [art. 20.1 d) CE], sino que también alcanzarían el derecho a la inviolabilidad domiciliaria (art. 18.2 CE) al estar dirigida la resolución recurrida a registrar el domicilio profesional de los demandantes de amparo.
En relación con los argumentos expuestos en las resoluciones recurridas para inadmitir el recurso de apelación frente al auto de 11 de diciembre de 2020, sostiene el fiscal que aunque no consta oposición al requerimiento policial, la entrega de los dispositivos informáticos se produjo en el marco de la ejecución de una orden dictada por la autoridad judicial, por lo que al margen de que sea dudoso de que dicho consentimiento pueda considerarse válido, el Tribunal Europeo Derechos Humanos ya ha sostenido que el mero requerimiento, entrega y acceso a una información que pudiese afectar a las fuentes periodísticas ya supone una injerencia en el derecho al secreto periodístico, lo que da viabilidad a la lesión.
Y en relación con la carencia sobrevenida de objeto –argumento también contenido en la resolución de 20 de mayo de 2019– manifiesta que «no podemos olvidar que las medidas ya se habían ejecutado y que el requerimiento ya se había practicado, y por ello si solo constituía un requerimiento coercitivo susceptible de permitir la identificación de fuentes periodísticas, determinante de una injerencia en el ejercicio del derecho a la información, como establece la STEDH de 14 de septiembre de 2010». A ello habría que añadir que la providencia de 31 de enero de 2019 acordaba que no había lugar a expedir certificación sobre si los documentos que habían sido incautados fueron, o no, examinados, y que el auto de 11 de junio de 2019, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (procedimiento abreviado núm. 1-2019), constata que se realizaron diligencias con el teléfono móvil del señor Mestre que resultaron infructuosas por razones técnicas.
En el recurso de amparo núm. 4251-2019 el fiscal reproduce sustancialmente los argumentos ya vertidos con ocasión de los recursos de amparo 4204-2019 y 4275-2019. En relación con las quejas relativas a la incorrecta inadmisión del recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto contra el auto de 2 de enero de 2019, el fiscal adiciona que la cuestión planteada parecería referirse a la intangibilidad de las resoluciones judiciales como vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)