Categoría: Judicial

en esos términos, la decisión del Tribunal Supremo no se puede considerar como excesivamente rigorista o formalista, sino adecuada a la naturaleza, requisitos, fundamento y fines de este instrumento procesal extraordinario que es el del denominado recurso de revisión, en el que la seguridad jurídica debe prevalecer cuando no hay razón de justicia material que justifique dejar sin efecto una sentencia condenatoria firme.
El motivo de amparo, apoyado en la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por lesión del derecho de acceso a la jurisdicción, debe ser desestimado.
6. Alegadas vulneraciones de los derechos, a la presunción de inocencia, integridad física y moral y a no ser sometido a penas o tratos inhumanos y degradantes: desestimación.
Descartada la posible vulneración del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, decaen también las alegaciones sobre el resto de los derechos invocados, que aparecen íntimamente vinculadas a aquel. El derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) no puede ser objeto de valoración en este recurso de amparo. La presunción de inocencia ya fue enervada en el procedimiento penal de origen, seguido ante la Audiencia Nacional. Por lo tanto, la validez y suficiencia del caudal probatorio que determinó la condena no podía ser objeto de análisis en un procedimiento autónomo como es el recurso de revisión. Por el mismo motivo, tampoco puede ser objeto de pronunciamiento alguno por nuestra parte, porque la resolución dictada en ese procedimiento no ha sido objeto de impugnación en este amparo. De hecho, ni siquiera fue recurrida por el ahora demandante, mediante la interposición de los correspondientes recursos contra la sentencia condenatoria que, debido a su inacción, devino firme.
Finalmente, no puede prosperar la alegación sobre la vulneración del derecho a la integridad física y moral, así como a no ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE). En primer lugar, porque no consta que el recurrente fuera objeto de malos tratos. Todas las resoluciones analizadas, incluso las dictadas por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se refieren a las otras dos personas condenadas por la Audiencia Nacional, no al recurrente. Este hecho, por sí solo, conduciría a la desestimación del recurso en este punto porque, tratándose la integridad física y moral de un derecho «obviamente personalísimo» (STC 105/2004, de 28 de junio, FJ 3), podría entenderse que la demanda invoca la protección de los derechos de terceras personas, con la consiguiente quiebra de la propia naturaleza del recurso de amparo, cuya finalidad es –esencialmente– reparar una lesión efectiva de algún derecho fundamental de quien la alega (ATC 246/1995, de 22 de septiembre, FJ 1, con remisión a la STC 174/1994 y al ATC 60/1993, entre otros muchos). En todo caso, ese derecho, respecto de los otros condenados, ya fue objeto de reparación a través de la STEDH de 13 de febrero de 2018, que declara vulnerado el art. 3 CEDH, en sus vertientes material y procesal, sancionando a quien se considera responsable en los términos fijados en ese convenio, es decir, el Estado español, mediante la condena al abono de la indemnización correspondiente. El respeto a esa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos impone que este tribunal deba abstenerse de todo pronunciamiento al respecto.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Mikel Mendoza Rubio Molina contra el auto de 18 de marzo de 2019, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que acordó no autorizar la apertura de un recurso de revisión, así como contra la providencia del mismo Tribunal de 21 de febrero de 2020, que inadmitió a trámite el incidente de nulidad promovido contra el anterior.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dos de junio de dos mil veintidós.–Pedro José González-Trevijano Campos Gallego Xiol Vicente Aguilar-Vares García.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Aguilar Mendoza.–Cándido Núñez Tourón.–María Santiago Carrasco León.–Ramón Durán Soto Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Inmaculada Caballero Huertas.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulamos el presente voto particular por discrepar del fallo de la sentencia recaída en el presente proceso de amparo y de la fundamentación que lo sustenta, en cuanto desestima íntegramente las pretensiones planteadas por el recurrente tras considerar que la resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que le denegó autorización para interponer recurso de revisión contra su condena penal, no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados, singularmente su derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto comprende el de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 de la Constitución).
Los argumentos expuestos durante la deliberación son los mismos que tuvimos ocasión de sostener en el pleno en el que se decidió el recurso de amparo núm. 1854-2020, que desembocó en la aprobación de la STC 63/2022, de 10 de mayo. Dada la identidad sustancial de los hechos y pretensiones que fundamentan este recurso de amparo, al mostrar nuestra discrepancia con la opinión que sustenta la decisión de la mayoría, hemos de remitirnos, así, a los motivos expuestos en el voto particular conjunto formulado en dicho proceso de amparo.
Sintéticamente expuestas, las razones de nuestra discrepancia con el fallo y, también en gran medida, con los razonamientos aplicativos que sustentan la posición de la mayoría, parten de tomar en consideración la singularidad y novedad del caso analizado, por cuanto la solicitud de revisión para la que se reclamó autorización a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tenía como fundamento dar cumplimiento a una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; concretamente la sentencia de 13 de febrero de 2018, asuntoPortu Juanenea y Sarasola Yarzabal c. España, que declaró la vulneración material y procesal de los derechos a no ser sometidos a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 3 CEDH). La petición de revisión de su condena se fundamentó en la nueva redacción del art. 954 LECrim recogida en la Ley 41/2015, de 5 de octubre.
En tal medida, consideramos que es insuficiente la relevancia que se ha dado tanto a la naturaleza penal y privativa de libertad de la condena cuya revisión se pretendía, como a la necesidad de dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando han declarado la vulneración de derechos fundamentales esenciales del recurrente cuyos efectos persisten, como son los reconocidos en el art. 3 CEDH, expresivos de la misma idea de dignidad humana. Ambas circunstancias nos exigían un escrutinio estricto de la decisión judicial cuestionada, que consideramos rigorista en cuanto deniega la apertura del proceso de revisión, dada la estrecha y necesaria relación que existe entre la interdicción de los tratos inhumanos y degradantes y la validez de las pruebas obtenidas en relación o como consecuencia de estos.
En consecuencia, entendemos que también el presente recurso de amparo debió ser estimado, acordando la retroacción del procedimiento judicial con el fin de que la revisión pretendida fuera tramitada, analizada contradictoriamente y resuelta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo mediante una decisión fundada en Derecho que valorase la incidencia de los parámetros constitucionales que justifican este voto particular conjunto disidente.
Madrid, a ocho de junio de dos mil veintidós.–Juan Antonio Gómez Castillos.–Cándido Conde-Pumpido Herrero Castillo Balaguer Hidalgo Rubio Valcárcel.–Inmaculada Fernández Mora y rubricado.