Categoría: Administración

trina jurisprudencial que asegura, en el mayor grado posible, la recepción de la notificación por el destinatario de la misma, a cuyo fin deben de extremarse las gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales (véase, por todas, la Sentencia del Tribunal Constitucional número 158/2007, de 2 de julio); y que esa vía es el procedimiento previsto en el artículo 202 del Reglamento Notarial, de manera que habiendo resultado infructuoso el envío postal, el Notario debe procurar realizar la notificación presencialmente, en los términos previstos en dicho artículo.
De acuerdo con lo expuesto, y siguiendo el criterio de las Resoluciones de este Centro Directivo de 16 de diciembre de 2013 y 3 de agosto de 2017, debe entenderse que resultando infructuosa la notificación por correo certificado, debe verificarse una notificación personal por el notario.
7. En el supuesto de este expediente, lo que se discute es si el requerimiento ha sido efectuado correctamente.
De los artículos 202 y 203 del Reglamento Notarial se extrae el procedimiento. El artículo 203 dispone lo siguiente: «Cuando el interesado, su representante se negare a recoger la cédula o prestase resistencia activa o pasiva a su recepción, se hará constar así, y se tendrá por realizada la notificación. Igualmente se hará constar cualquier circunstancia que haga imposible al notario la entrega de la cédula; en este caso se procederá en la forma prevista en el párrafo sexto del artículo 202».
En el concreto supuesto, en el acta de requerimiento se acredita la fecha exacta y hora de la notificación; consta que el notario encontró en el domicilio social de la sociedad optante requerida a una persona empleada de la misma –«encuentro a una señorita que reconoce ser empleada de la requerida y ante la que me identifico y explico el objeto del requerimiento. Dicha señorita manifiesta que no está autorizada a recoger ningún requerimiento y que en todo caso pasaría por mi despacho a retirarlo (…)»–.
Por tanto, tiene un nexo de legitimidad respecto de la entidad requerida, pero lo que debe determinarse es si a los efectos de la notificación se la considera representante de la misma.
Como alega el recurrente, no se trata de un vecino ni de cualquier otra persona ajena a la sociedad requerida; se le explica y conoce el objeto del requerimiento, y se le ofrece cédula de notificación que rechaza recoger; además, tras la explicación y conocimiento del requerimiento y del valor y alcance del mismo, alega que: «en todo caso pasaría por su Despacho a retirarla» (en la cédula de notificación consta el domicilio del despacho del notario y teléfonos de contacto). La cuestión es si el requerimiento ha sido practicado correctamente con el interesado o su representante efectivo.
En este punto, la cuestión planteada debe ponerse en relación con el hecho de que el inciso «o persona con quien se haya entendido la diligencia» del artículo 203 del Reglamento Notarial (que se refiere a la negativa a recoger la cédula por «el interesado» o «su representante», a efectos de tenerse por realizada la notificación), fue declarado nulo por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 20 de mayo de 2008 (recurso número 63/2007). El Alto Tribunal fundamentó lo siguiente:
«Examinado el precepto impugnado desde estas consideraciones, la Sala entiende que la regulación de la efectividad de la notificación, llevada cabo en persona distinta del interesado o su representante que se niegue a recoger la cédula o prestare resistencia a su recepción, se aparta del régimen general establecido en la Ley 30/92, en materia sujeta a reserva de ley –de irregularidad procedimental se califica por el Tribunal Constitucional el defecto de notificación o falta de la misma (ATC 261/2002, de 9 de diciembre y STC 186/1998, de 28 de septiembre)–, estableciendo un supuesto de eficacia de la notificación no previsto en dicha Ley e incompatible con la misma y con el principio de reserva de ley, ello sin perder de vista que la regulación de la Ley 30/92 trata de cumplir la finalidad propia de la notificación, que como señala el Tribunal Constitucional en Sentencia 64/1996, es llevar al conocimiento de los afectados las decisiones con objeto de que los mismos puedan adoptar la postura que estimen pertinente, lo que puede justificarse cuando son los mismos o sus representantes quienes hacen inviable la notificación de cuya existencia, no obstante, toman conocimiento, pero resulta altamente cuestionable que ello se produzca cuando quien se niega a recibir la notificación es un tercero. Por todo ello ha de estimarse la impugnación y declarar la nulidad del inciso de este precepto objeto de recurso».
Así pues, en el presente supuesto, la clave está en determinar si la empleada que manifestó tener orden de no recoger notificaciones era o no representante a tales efectos. Evidentemente, si la negativa viene de un empleado con facultades representativas se deberá tener por hecha la notificación; pero también cabe pensar que el empleado se niega precisamente porque no es representante y no entra dentro de sus funciones recibir notificaciones; que ello se le ha prohibido expresamente por una mínima coherencia organizativa de modo que no todos los empleados de una gran empresa puedan recibirlas, etc.
El párrafo sexto del artículo 202 del Reglamento Notarial establece lo siguiente: «El notario siempre que no pueda hacer entrega de la cédula deberá enviar la misma por correo certificado con acuse de recibo, tal y como establece el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, o por cualquier otro procedimiento que permita dejar constancia fehaciente de la entrega». La registradora entiende que, por no ser recibida físicamente la notificación, debe ser enviada por correo certificado con aviso de recibo, por lo que no se ha efectuado correctamente. El recurrente alega que al conocerse el objeto del requerimiento y haber sido ofrecida la cédula, se debe dar por cumplida la entrega.
Desde un punto de vista sustantivo, a los jueces corresponde determinar si en esa empleada concurría la condición de representante, pero en el limitado ámbito del recurso, al no constar dicha representación, el notario debiera haber cumplimentado lo ordenado en el artículo 202 del Reglamento: «El notario siempre que no pueda hacer entrega de la cédula deberá enviar la misma por correo certificado con acuse de recibo, tal y como establece el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, o por cualquier otro procedimiento que permita dejar constancia fehaciente de la entrega»; a mayor abundamiento, el propio artículo 203 del Reglamento Notarial, remite al párrafo sexto del artículo 202, que es el que ordena la remisión por correo.
En el mismo sentido, este Centro Directivo (vid. Resoluciones de 16 de marzo de 2021 y 19 de marzo de 2024) ha afirmado: «(…) El artículo 203 del Reglamento Notarial dispone que cuando el interesado o su representante “con quien se haya entendido la diligencia se negare a recoger la cédula o prestase resistencia activa o pasiva a su recepción, se hará constar así, y se tendrá por realizada la notificación”. Y, según el último inciso de este mismo precepto: “Igualmente se hará constar cualquier circunstancia que haga imposible al notario la entrega de la cédula; en este caso se procederá en la forma prevista en el párrafo sexto del artículo 202”. Para tal caso, dispone el párrafo sexto del artículo 202, que el notario, siempre que no pueda hacer entrega de la cédula deberá enviar la misma por correo certificado con acuse de recibo, tal y como establece el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, o por cualquier otro procedimiento que permita dejar constancia fehaciente de la entrega (…)».
Por tanto, ante la infructuosa práctica de la diligencia, no habiéndose enviado la cédula por correo certificado con acuse de recibo, debe confirmarse el defecto.
8. El segundo defecto señala que el contenido del escrito que se notifica por medio del acta de requerimiento –28 de mayo de 2009– no acredita en ningún momento con claridad y exactitud el día concreto y cómo se notificó fehacientemente a la parte optante que se han otorgado las cartas de pago del Impuesto sobre Sucesiones y de la cancelación de las afecciones fiscales, y que no sólo no se acredita que se haya efectuado la notificación fehaciente a la parte optante para poder ejercitar su derecho de opción de compra, sino que además no consta el consentimiento de la misma siendo éste necesario para cancelar en el registro un derecho inscrito a su favor.
Ciertamente, en la carta que consta en el acta de requerimiento se hace referencia a una acreditación de la carta de pago del Impuesto y de la cancelación de afecciones en el mes de agosto anterior –sin precisar si del año 2007 o del 2008–, y, aunque no lo acredita en ese momento, manifiesta que lo acreditó antes al notificado y este no se ha opuesto; desde el mes de agosto anterior es evidente el trascurso de más de dos meses; hay un requerimiento para manifestar la aceptación y conformidad en un plazo cierto; y, en diligencia posterior, se hace constar que ha transcurrido el plazo sin haber contestado al requerimiento. Pero, como se ha fundamentado antes, esta notificación no ha llegado a su destinatario. De esto se puede concluir que el requerido no ha tenido conocimiento de la notificación del cumplimiento de las condiciones. Por tanto, por las mismas razones expuestas anteriormente, el defecto ha de ser confirmado.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 22 de octubre de 2024.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Prieto Álvarez Giménez.