Categoría: Judicial

ey no solo para valorar si se excedían los límites materiales de la iniciativa legislativa popular, sino también «otros límites que resultaban evidentes desde cualquier punto de vista, incluida, también, la doctrina de este Tribunal Constitucional definida a partir de disposiciones legales con un contenido sustancialmente equiparable a la de esa proposición de ley, como puede ser la que dimana de la STC 124/2017, de 8 de noviembre, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley denominada de transitoriedad jurídica y fundacional de la República». Se razona a continuación que el deber de inadmisión «encuentra lógica justificación por las consecuencias que tendría la admisión a trámite para otros poderes públicos e instituciones y para los ciudadanos que pudieran optar por participar en el ejercicio de la iniciativa legislativa popular, al generar la apariencia de que lo estarían haciendo en un procedimiento que se desarrolla de conformidad con el ordenamiento jurídico y en el que estarían actuando en el marco de las facultades que les atribuye la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y por las consecuencias que tendría, también, para los propios órganos constitucionales que representan al pueblo español, las Cortes Generales y las cámaras legislativas que las forman (art. 66.1 CE), así como para el conjunto de los integrantes de ese pueblo titular de la soberanía nacional (art. 1.2 CE), que quedarían preteridos de un procedimiento normativo que decide sobre materias reservadas a la Constitución y a las modificaciones de esta por el procedimiento en ella regulado, incluido el referéndum para su ratificación».
En estas consideraciones finales de la sentencia parece apuntarse, sin mayor precisión, a la doctrina a la que me refería al comienzo de este voto, la relativa al deber de inadmisión de las mesas de aquellas iniciativas parlamentarias que contravengan lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Hasta ahora tal deber se había proyectado al ámbito del incidente de ejecución (AATC 123/2017 y 124/2017, de 19 de septiembre; 9/2020 y 11/2020, de 28 de enero, y 16/2020, de 11 de febrero) y del recurso de amparo (diversas resoluciones desde las SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril, hasta la STC 57/2023, de 23 de mayo), en la que tal deber se vincula con la lesión delius in officiumde los parlamentarios contrarios a la tramitación (art. 23.2 CE). Al margen de mi desacuerdo con esta doctrina, la sentencia no ofrece razones que puedan justificar ese nuevo deber que se impone a las mesas y que viene a agravar una cuestionable tutela del juez constitucional sobre el libre debate político en sede parlamentaria.
Por lo que se refiere a la apelación que la sentencia hace a las consecuencias que conlleva la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular para los ciudadanos y poderes públicos e instituciones, incluidos los órganos constitucionales, en nada justifica el deber de inadmisión de la mesa del Parlamento de Cataluña. Así, no pasa de reiterarse la existencia de una inconstitucionalidad que se considera palmaria y evidente, algo que, según la jurisprudencia constitucional (SSTC 107/2016, 108/2016 y 109/2016), solo alcanzaría a permitir a la mesa su inadmisión, pero no el deber de hacerlo; sin que se oponga –no parece posible– la lesión de derecho fundamental alguno que pudiera determinar el mentado deber.
4. Conclusión: hacia el indebido deber de las mesas de efectuar un control material previo de constitucionalidad.
La sentencia viene a reforzar el progresivo control y la injerencia del Tribunal en el debate parlamentario, algo que ha propiciado una doctrina que establece para las mesas de las cámaras deberes de inadmitir a trámite iniciativas de todo tipo. Y lo hace, además, sometiendo a un control de constitucionalidad objetivo un proyecto normativo que no podía entenderse en modo alguno como expresión de la voluntad del Parlamento. A la luz de lo expuesto, la razón última del deber de inadmisión que impone nuestra sentencia reside en la apreciación de la radical oposición a la Constitución del contenido de la iniciativa legislativa. Lo que conlleva establecer como función de la mesa un deber de control de constitucionalidad previo a la calificación y admisión de la iniciativa, que desborda las potestades que le corresponden como órgano rector de la Cámara encargado de organizar el trabajo parlamentario, para atribuirle indebidamente funciones materialmente jurisdiccionales. Me temo que esta forma de proceder anticipa el control de constitucionalidad normativo que corresponde a esta jurisdicción a una fase precoz, frustra el natural desenvolvimiento de la deliberación parlamentaria, impide al Parlamento velar por el respeto a la Constitución e interfiere, en suma, en el funcionamiento del sistema democrático parlamentario.
Madrid, a veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.–Ramón Sáez Valcárcel.–Firmado y rubricado.