Categoría: Administración

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022, en el marco de la Componente 5 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), en particular con la financiación prevista de la Inversión 1 [«Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)»] y de la Inversión 3 [«Transición digital en el sector del agua»] del PRTR, que tiene como objetivo la modernización del ciclo de agua para, con ello, producir una mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, reduciendo las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua y mejorando las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales. Se persigue que la gestión del agua sea eficiente y sostenible, cumpliendo así con el mandato de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, todo ello de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en adelante, MITECO) publicó la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua de acuerdo con lo establecido por el artículo 61 del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre. Su objetivo es mejorar la eficiencia del ciclo urbano del agua en relación a la planificación, la implementación de acciones de mejora de la eficiencia y digitalización y gestión de la información. Esta primera convocatoria de ayudas a los operadores y titulares de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas en uno o varios términos municipales, tanto en el supuesto de la prestación de dichos servicios en régimen de gestión directa, como en régimen de gestión indirecta, se financia en el marco de la Inversión 1 de la Componente 5 del PRTR, incluyendo tanto su submedida 1.a, relativa a actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización del agua como también la submedida 1.b relativa a actuaciones de mejora de la eficiencia y la reducción de pérdidas en el consumo de agua.
Con posterioridad a esta primera convocatoria, el MITECO se dispone a publicar una segunda convocatoria de ayudas para el ciclo urbano del agua en el marco de la misma Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras, que requieren una serie de modificaciones que motivan la presente orden. Esta segunda convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros incluidos en la inversión 3 de la componente 5 del PRTR, está destinada a proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua abarcando desde el abastecimiento en alta, distribución, saneamiento y depuración con el objetivo claro de mejorar el conocimiento de los usos del agua, reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia de los sistemas, optimizar el gasto energético, impulsar la transparencia y la comunicación con la ciudadanía y los diferentes entes públicos y privados involucrados en las diferentes fases del ciclo urbano.
En este sentido, las modificaciones previstas en esta orden surgen de la experiencia en la tramitación de la primera convocatoria ya realizada, por un lado, con el fin adaptar la misma a la inversión 3 de la componente 5 del PRTR, así como para la mejora de diversos aspectos detectados durante la tramitación de la primera convocatoria, tales como la tipología beneficiarios y agrupaciones asociadas, la actualización al marco normativo vigente en relación con el PRTR y otras normativas asociadas o el porcentaje de ayuda asociado. También se opta en estas bases, para favorecer la simplicidad en la gestión, por la justificación por informe auditor con el objeto de reducir la carga administrativa de los solicitantes.
Del mismo modo se incorpora la segunda convocatoria, en la que se incluyen determinadas novedades para facilitar a operadores y titulares de los servicios el cumplimiento y la adaptación a nuevos desafíos normativos en materia de gestión del agua y en especial, dada la situación de sequía en la que nos encontramos.
Esta orden se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª, 15.ª, 22.ª, 23.ª y 24.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, legislación básica sobre protección de medio ambiente, obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma, respectivamente. En este caso, en especial, el correcto funcionamiento del ciclo urbano del agua afecta al cumplimiento de los objetivos ambientales relativos a la calidad y el estado de las masas de agua fijados en la planificación hidrológica, lo que pone de manifiesto adicionalmente el amparo del artículo 149.1.22.ª de la Constitución Española, puesto que, de forma significativa, todo el fomento de las actuaciones definidas en esta orden (principalmente el uso de herramientas digitales para controlar y monitorizar la captación de aguas y el vertido de aguas residuales) contribuirá sin duda al cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, que además, es uno de los pilares de la convocatoria y uno de los criterios esenciales en la selección de los proyectos, no obstante, las comunidades autónomas, tal y como se recoge en las bases, participarán activamente en la valoración de los proyectos y en el seguimiento de su implantación.
En su virtud dispongo:
La Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica del apartado 1 del artículo 2 que queda redactado de la siguiente forma:
«1. El programa de ayudas descrito en estas bases tiene por objeto subvencionar aquellos proyectos que contribuyan a la consecución de objetivos específicos, vinculados a los objetivos generales del Componente 5, Inversión 1 (C5.I1) y la Componente 5, Inversión 3 (C5.I3), del PRTR y contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional, en concreto, con estas bases se van a realizar actuaciones que pueden enmarcarse tanto en la submedida C5.I1a, relativa a actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización del agua, a la submedida C5.I1b relativa a actuaciones para la mejora de la eficiencia y reducción de pérdidas en el uso del agua como también a la submedida C5.I3a relativa a la mejora del conocimiento y la utilización de los recursos hídricos, puesto que es la gestión integral de ciclo urbano del agua la mejor forma de fomentar la eficiencia en el uso del agua y energía, mejorando, tanto el saneamiento, la depuración y reutilización (submedida C5.I1a) como el conocimiento de cómo el recurso es empleado (submedida C5.I3a) y la eficiencia y reducción de pérdidas asociadas al abastecimiento (submedida C5.I1b), siendo la digitalización, por lo tanto, una medida transversal de mejora de la eficiencia en general de la gestión del ciclo urbano del agua, complementando y apoyando al cumplimiento, conforme está diseñado el PRTR, del objetivo CID #76, o CID #79, denominados “Infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales mejoradas” y “Puesta en funcionamiento de herramientas para mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hídricos, y para registrar las precipitaciones y otros datos”, en función de cada convocatoria, todo ello con el fin de garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia energética, o de mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua, y específicamente el hito CID #79 ter. “Actuaciones de digitalización de los usos del agua (PERTE) - Transferencias”, incluido en la Adenda al PRTR, aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de junio de 2023, para que, al menos 5.000.000 de habitantes beneficiados por la puesta en funcionamiento de proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua y 100.000 hectáreas beneficiadas por el KIT digital del regadío, dentro del PERTE de digitalización de los usos del agua.»
Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma:
El régimen jurídico aplicable a estas ayudas y a las actuaciones financiadas con cargo a ellas será el establecido en las siguientes normas, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.
b) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley
d) Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
e) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principalmente en lo relativo a las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos establecidas en los artículos 48, 60 a 65 y a los instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establecidos en los artículos 67 a 69.
f) Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
g) Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
h) Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
i) Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
j) Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
k) Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
l) Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias.
m) Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.
n) Real Decreto 927/1988, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.
o) Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
p) Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.
q) Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.
r) Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
s) Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
t) Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
u) Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, en cuanto que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
v) Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, “Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives” (“Actos Delegados de Taxonomía”).
w) La “Guía técnica sobre la aplicación del principio de ‘no causar un perjuicio significativo’ en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)” (“Guía Técnica de la Comisión Europea”).
x) El Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, y la restante normativa de la Unión Europea en vigor en este ámbito.
y) El Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
z) El Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, FCPJ.
aa) El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
bb) Orden TED/423/2022, de 10 de mayo, sobre delegación de competencias en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia transferidos al Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia.
cc) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
dd) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
ee) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
ff) La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, que modifica, en su artículo 11, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, introduciendo un requisito adicional para adquirir la condición de beneficiario.
gg) Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
hh) Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
ii) Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.
jj) Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.»
Tres. Se modifica el artículo 5, que queda redactado de la siguiente forma:
1. Solo podrán obtener ayudas los proyectos que cumplan todos los requisitos que se indican a continuación:
a) Que contribuyan a la consecución de los objetivos generales y específicos establecidos en estas bases y en el Componente 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
b) Que se inicien después de la publicación de la convocatoria y finalicen en el plazo previsto y con las condiciones determinadas en la convocatoria correspondiente.
No obstante, también podrán obtener ayudas las actuaciones cuya ejecución se haya iniciado después del 1 de febrero de 2020, siempre que cumplan los requisitos del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que no hayan culminado a fecha de inicio de la convocatoria.
De manera excepcional, podrán obtener ayudas aquellas modificaciones de contratos destinados a actuaciones de inversión que se hayan aprobado con posterioridad al 1 de febrero de 2020, siempre que tengan entidad y funcionalidad propia y cumplan lo exigido en las presentes bases y en la convocatoria. En estos casos, la subvención no alcanzará a la parte del coste de ejecución que hubiera sido ya recuperado por el solicitante con cargo a tarifas o precios públicos abonados por las personas usuarias del servicio público al que estuviera asociado el proyecto.
c) Que sean actuaciones de ejecución inmediata según los términos y condiciones establecidos en la convocatoria correspondiente.
d) Que cumplan con la normativa sectorial vigente que les sea aplicable, en especial, solo podrán seleccionarse aquellas actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y europea de aplicación.
e) Que incluyan actuaciones completas con utilidad propia, concretas, que estén bien definidas y cuenten con un plan de implantación que garantice su finalización en el plazo previsto en la convocatoria.
2. Se deberá garantizar el mantenimiento y operación de la actuación subvencionada durante al menos cinco años después de finalización del proyecto y enviar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico durante el citado periodo de tiempo un resumen de la información obtenida con la implantación del proyecto de mejora de la eficiencia y digitalización, de acuerdo con lo previsto en el apartado d) del artículo 33.3, todo ello de forma complementaria a los requisitos de remisión de información que se establezcan en la normativa sobre dominio público hidráulico indicada en el artículo 4 y en la que se desarrolle conforme a la línea de actuación de mejora de la gobernanza del PERTE de digitalización del ciclo del agua.
A tal fin, los solicitantes deberán acreditar, a través de la documentación justificativa descrita en el artículo 37, que disponen de los recursos técnicos y financieros necesarios para garantizar esa continuidad.
3. No podrán obtener ayudas las actuaciones que no garanticen el pleno cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo” (principioDo No Significant Harm-DNSH) establecido en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo, en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA), conforme a la “Guía técnica sobre la aplicación del principio de ‘no causar un perjuicio significativo’ en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)” (“Guía técnica de la Comisión Europea”) y la adaptación a la misma realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Se prevé una contribución climática del 40 % de acuerdo con la metodología de acción por el clima establecida en el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y de Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Se preverán mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su implementación y se asegurarán del reintegro de las cuantías percibidas por las personas o entidades beneficiarias en el caso de incumplimiento del principio DNSH y el etiquetado climático, cumpliendo, entre otras, las siguientes condiciones:
a) En la ejecución de las actuaciones se garantizará que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo a los materiales de origen natural referidos en la categoría 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos establecida por la Decisión 2000/532/CE) generados en las obras de construcción se reutilizará, reciclará o recuperará, incluyendo actuaciones de relleno con residuos en sustitución de otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la UE.
b) Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos de construcción y demolición, de acuerdo con el Protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la UE, contemplando las mejores técnicas disponibles y empleando demoliciones selectivas que permitan separar y manipular de forma segura las sustancias peligrosas y que faciliten la reutilización y reciclado de alta calidad mediante la separación selectiva de los materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para los residuos de construcción y demolición.
c) El proyecto y las técnicas de construcción serán compatibles con la circularidad y mostrarán, con referencia a la ISO 20887 u otras normas de evaluación de la adaptabilidad de las construcciones, cómo se han diseñado para ser más eficientes con los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclado.
d) Las emisiones a la atmósfera por cogeneración serán iguales o menores a los niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles.
e) Los lodos de depuradora se gestionarán o utilizarán, incluida la digestión anaeróbica y la aplicación a la tierra, de conformidad con la Directiva del Consejo 86/278/CEE y la legislación nacional.
f) Los equipos cumplirán con los requisitos relacionados con la energía establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas.
g) En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comisión Europea, y se tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados.
h) Los equipos utilizados no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.
4. Igualmente, no podrán obtener estas ayudas las actuaciones que no garanticen el pleno cumplimiento del principio de igualdad de género y resto de los pilares en los que se fundamenta el PRTR.»
Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 6, que quedan redactados de la siguiente forma:
1. Podrán ser beneficiarias, para las actuaciones incluidas en los proyectos que se desarrollen en su ámbito territorial:
a) Las personas jurídicas o las uniones temporales de empresas, que sean operadores, titulares o tengan las competencias, en cualquier tipo de modalidad de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, de los servicios de abastecimiento, saneamiento o depuración de aguas residuales urbanas en uno o varios términos municipales, tanto en el supuesto de la prestación de dichos servicios en régimen de gestión directa, con expresa inclusión de los consorcios públicos y cualquier otra corporación de derecho público relacionada con la gestión del ciclo del agua, como en el supuesto de la prestación de dichos servicios en régimen de gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas en la normativa aplicable. En este último supuesto podrán ser también beneficiarios, además de los operadores de los servicios de abastecimiento, saneamiento o depuración de aguas residuales urbanas, los ayuntamientos, mancomunidades y demás entes locales de ámbito supramunicipal titulares de los citados servicios, así como las Diputaciones, Comunidades Autónomas uniprovinciales, Cabildos y Consejos insulares.
b) Agrupaciones de solicitantes, según se definen en el artículo 3.6 de la presente orden, formadas por dos o más sujetos descritos en el apartado a) que se constituyan conforme al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. La agrupación de solicitantes se ajustará a las siguientes reglas:
1.ª Antes de presentar la solicitud, los miembros de la agrupación deberán suscribir un acuerdo interno en la forma y con los requisitos y contenido establecidos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Conforme a este precepto, el acuerdo de agrupación podrá condicionarse a ser declarado beneficiario de la ayuda por la resolución de concesión definitiva. La convocatoria establecerá un modelo de acuerdo de agrupación que deberá ser utilizado por las entidades beneficiarias que opten por esta figura para presentar su solicitud, que estará disponible en el portal de internet del MITECO y que se incluye en el anexo IV.
2.ª Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarios de la subvención y serán responsables solidariamente, en proporción a sus respectivas participaciones, respecto del conjunto de actuaciones subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro y las responsabilidades por infracciones.
3.ª Conforme al artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la agrupación deberá nombrar un representante o apoderado único, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a aquella y, en particular, presentar la solicitud de la ayuda, que deberá diferenciar los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, el importe de la subvención que se aplicará a cada uno de ellos, así como las actuaciones y el presupuesto correspondiente a cada uno; actuar como interlocutor único entre la agrupación y el órgano concedente y recabar de cada miembro toda la información exigible o requerida por el órgano concedente, y en particular la relativa a la justificación de la subvención.
4.ª La agrupación no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en los artículos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, la agrupación no podrá disolverse hasta que no haya transcurrido el plazo de cinco años desde la finalización del proyecto. No obstante, si el contrato del operador indirecto deja de tener vigencia, la responsabilidad del mantenimiento de la actuación pasará a ser del titular.
5.ª Los miembros de la agrupación no podrán variar en el plazo de ejecución de las actuaciones integrantes del proyecto.
2. Para optar a estas ayudas, cada proyecto deberá incluir uno o varios términos municipales, de forma que, de manera individual o conjunta, incluyendo en este caso las entidades supramunicipales con personalidad jurídica, el proyecto seleccionado atienda, como mínimo a una población de forma permanente no inferior a 20.000 habitantes. La población se calculará teniendo en cuenta la población de los municipios que constituyan el ámbito territorial del proyecto entendiéndose éste, como el conjunto de municipios donde se desarrolle, al menos, una actuación.
Sin perjuicio de lo anterior, la convocatoria podrá establecer mecanismos para que los solicitantes puedan complementar la población de derecho permanente de los términos municipales incluidos en el ámbito del proyecto con su población estacional, siempre que dicha población estacional se justifique debidamente.
Asimismo, el solicitante, en el supuesto de que sea un operador que preste los servicios de abastecimiento, saneamiento o depuración de aguas residuales urbanas en régimen de gestión indirecta, deberá contar previamente con la aprobación de su propuesta por parte del órgano competente de cada uno de los municipios en los que preste los mencionados servicios. En los supuestos de entidades locales y entidades supramunicipales con personalidad jurídica propia, y en los de gestión directa a través de organismo, entidad pública empresarial o sociedad mercantil pública, dicha aprobación será formulada por el órgano de gobierno de estas, según proceda.»
Cinco. Se modifica el apartado 3 y se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 8, que queda redactado de la siguiente forma:
«3. Las ayudas otorgadas se instrumentarán con carácter general, como subvención de un porcentaje de los gastos subvencionables, que no podrá superar el 100 %. La convocatoria establecerá igualmente la cuantía máxima a conceder por cada solicitud de ayuda será, como máximo, de hasta 10.000.000 de euros. Podrá igualmente incluir cuantía mínima con el fin de optimizar el número de proyectos a desarrollar, que como máximo podrá ser de 500.000 de euros. También podrá realizar reservas de crédito para sectores o solicitantes estratégicos conforme a lo indicado en el párrafo anterior. Los proyectos establecerán igualmente las anualidades previstas en cada uno de ellos, que serán tenidas en cuenta para su financiación.»
«6. Asimismo, se podrá reservar una cuantía determinada del presupuesto total para subvencionar actuaciones propuestas por solicitantes que, cumpliendo los requisitos para ser consideradas entidades beneficiarias descritos en las bases reguladoras y en la convocatoria, no hubieran percibido la ayuda solicitada en la convocatoria inmediatamente anterior por haberse agotado el crédito disponible.»
Seis. Se modifica el apartado 5 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma:
«5. Evaluación de proyectos y actuaciones elegibles.
a) Informe provisional de evaluación. Los proyectos y actuaciones elegibles, dentro de cada solicitud, serán evaluados por el comité técnico de valoración que elaborará un informe provisional con el resultado de la evaluación y la propuesta provisional de adjudicación de las ayudas, incluyendo una propuesta de las cuantías que se otorgarán como subvención.
Para emitir su informe provisional, el comité técnico de valoración se podrá apoyar en la evaluación técnica realizada por personas expertas independientes, que manifestarán de forma expresa la ausencia de conflictos de intereses en su evaluación. Asimismo, podrá someter las propuestas presentadas a consulta de las distintas Comunidades Autónomas, Confederaciones Hidrográficas y organismos de cuenca intracomunitarios y de las personas expertas que considere conveniente, y podrá recabar cuantos informes estime oportunos.
b) Propuesta de resolución provisional. El órgano instructor, a la vista del expediente y de la correspondiente propuesta que le eleve el comité técnico de valoración, formulará la propuesta de resolución provisional de concesión de ayudas debidamente motivada, que incluirá al menos la siguiente información:
La relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la ayuda, incluyendo:
1. NIF del beneficiario.
2. Título del proyecto.
3. Localizaciones donde se realizarán las actuaciones del proyecto.
4. Importe de la ayuda total propuesta, expresado en euros.
5. Puntuación obtenida.
Cuando el importe de la subvención incluido en la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar al beneficiario para que reformule su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En tal caso, el órgano instructor comunicará al beneficiario la documentación modificada que deberá presentar en el plazo de veinte (20) días hábiles, advirtiéndole de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución en los términos del artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) Publicación. La propuesta de resolución provisional de concesión de ayudas será publicada en el portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Asimismo, un extracto de dicha resolución será publicado en el “Boletín Oficial del Estado” y surtirá los efectos de la notificación, conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta propuesta de resolución provisional no supone para los solicitantes el reconocimiento o la pérdida de ningún derecho a la obtención de las ayudas.
d) Alegaciones. En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto de la propuesta de resolución provisional del órgano instructor, los solicitantes podrán formular las alegaciones que estimen convenientes, ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Si en el trámite de alegaciones algún solicitante renunciase a la ayuda propuesta provisionalmente, el órgano instructor incluirá en la propuesta de resolución definitiva la siguiente solicitud no estimada por agotamiento de crédito, según el orden de prelación establecido por el órgano instructor, en caso de liberarse crédito suficiente. Esta nueva asignación será notificada al solicitante o solicitantes afectados.
e) Informe definitivo de evaluación. Las alegaciones y documentación presentada, será examinada por el comité técnico de valoración, en su caso, que emitirá un informe definitivo de evaluación y, en su caso, podrá reordenar la clasificación de las solicitudes admitidas y formular una nueva propuesta al órgano instructor.
Con base en esta propuesta, el órgano instructor elevará una propuesta de resolución definitiva a la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en la que constará de manera expresa la información listada en el apartado b) en relación con los beneficiarios, así como la desestimación del resto de solicitudes.
Esta propuesta de resolución definitiva no supone para los solicitantes el reconocimiento o la pérdida de ningún derecho a la obtención de las ayudas mientras no haya sido notificada o publicada la resolución de concesión.»
Siete. Se modifican los apartados 17 y 18 del artículo 15, que quedan redactados de la siguiente forma:
«17. Los gastos financiables deberán estar debidamente justificados mediante aportación de informe auditor previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio o bien mediante documentos de gasto originales o documentos contables de valor probatorio equivalentes, así como sus correspondientes justificantes de pago tal y como se ha indicado en el presente artículo en cada una de las tipologías de gasto. La convocatoria podrá seleccionar cualesquiera de las dos modalidades de justificación anteriormente indicadas. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse de forma electrónica, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito de la Administración Tributaria.
18. Los justificantes de gasto originales presentados o custodiados por el beneficiario, deberán especificar la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención, indicando en el segundo caso el porcentaje correspondiente imputado. Esto se podrá hacer mediante estampillado de documentos originales o bien mediante la inclusión en el concepto del gasto la información relativa a la subvención.»
Ocho. Se añade una letra q) al apartado 1 del artículo 17 con la siguiente redacción:
«q) Facilitar a la Dirección General del Agua la información de su titularidad real en los supuestos contemplados en el artículo 7.3 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta información deberá ser aportada en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento de concesión de la subvención.»
Nueve. Se modifica el apartado 4 del artículo 22, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. La memoria técnica vendrá acompañada, de una memoria económica justificativa podrá adoptar una de las dos modalidades siguientes, conforme a lo establecido en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo que la Convocatoria especifique una modalidad de justificación específica de las dos anteriormente indicadas.
A los anteriores efectos, la entidad beneficiaria deberá cumplir todas las instrucciones detalladas en las guías publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con la justificación de la ayuda otorgada.»
Diez. Se modifica el anexo III, que queda redactado de la siguiente forma
Conforme al artículo 21 de las Bases de la Convocatoria, se establecen dos tipos de indicadores de los proyectos, en función del cumplimiento del PRTR y dentro de él, de la implantación del PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua, conforme a los siguientes apartados:
Para el cumplimento del PRTR, los proyectos colaborarán, en función de la convocatoria, en el cumplimiento del objetivo CID #76 (C5.I1) del PRTR denominado “Infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales mejoradas” o del CID #79, “Puesta en funcionamiento de herramientas para mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hídricos, y para registrar las precipitaciones y otros datos”, en función de cada convocatoria y en su caso, tras la aprobación por la Comisión Europea de la Adenda al PRTR, del nuevo hito CID #79 ter. “Actuaciones de digitalización de los usos del agua (PERTE) - Transferencias”.
Para las convocatorias basadas en el objetivo CID #76 considerando como tal, el número de EDAR mejoradas con el proyecto, la mejora en la eficiencia en el uso del agua, la mejora de la seguridad de presas y embalses y los habitantes asociados a partir de las acciones incluidas en el proyecto presentado o del. Para ello, conforme a lo indicado en el artículo 21 y 22 de las bases, los beneficiarios enviarán un documento de síntesis de cumplimiento de este indicador con el fin de justificar que se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo CID #76 (C5.I1), que incluirá como anexo los siguientes elementos y documentos de prueba para la lista de las infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales mejoradas, que incluya respecto a cada una de ellas:
a. el nombre, la ubicación y una breve descripción de conformidad con el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo;
b. un extracto de las partes pertinentes de las especificaciones técnicas del proyecto que demuestre la conformidad con la descripción del objetivo y la inversión que figura en la Decisión de Ejecución del Consejo;
c. el tipo de actuación sobre las infraestructuras de recogida o tratamiento de aguas y aguas residuales;
d. número de habitantes/ habitantes equivalentes a los que se presta el servicio, incluida la metodología para calcularlos; pruebas documentales de las especificaciones técnicas para garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE;
e. una copia del certificado de finalización y puesta en servicio;
f. la reducción media del consumo de energía;
g. la reducción media de las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua.
Para las convocatorias asociadas a la inversión 3 de la Componente 5, tendrán como objetivo el cumplimiento del objetivo CID #79 (C5.I3) del PRTR denominado “Transición digital en el sector del agua (vigilancia y control del entorno digital)”, considerando como tal la puesta en funcionamiento de infraestructuras renovadas para mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hídricos, los beneficiarios enviarán un documento de síntesis de cumplimiento de este indicador con el fin de justificar que se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo CID #79 (C5.I3), y en su caso, tras la aprobación por la Comisión Europea de la Adenda al PRTR, del nuevo hito CID #79 ter. “Actuaciones de digitalización de los usos del agua (PERTE) - Transferencias”, para que, al menos 5.000.000 de habitantes beneficiados por la puesta en funcionamiento de proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua, dentro del PERTE de digitalización de los usos del agua, que incluirá como anexo los siguientes elementos y documentos de prueba para la lista de las infraestructuras o herramientas mejoradas, que incluya respecto a cada una de ellas:
a. El nombre, la ubicación y una breve descripción de conformidad con el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo.
b. Un extracto de las partes pertinentes de las especificaciones técnicas del proyecto que demuestre la conformidad con la descripción del objetivo y la inversión que figura en la Decisión de Ejecución del Consejo.
c. El tipo de actuación llevada a cabo.
d. Una copia del certificado de finalización y puesta en servicio de la infraestructura mejorada.
En relación con seguimiento de la implantación del PERTE, se establecen adicionalmente los siguientes indicadores:
2.1 Volumen de agua total anual (m3) captada en cada ámbito territorial del proyecto.
2.2 Volumen de agua total anual captada (m3) en cada ámbito territorial del proyecto con información registrada en los sistemas de información de las administraciones hidráulicas correspondientes.
2.3 Porcentaje de agua no registrada y pérdidas cada ámbito territorial establecido en el proyecto.
2.4 Porcentaje de telelectura en contadores instalados cada ámbito territorial establecido en el proyecto.
2.5 Número de actividades formativas realizadas durante el proyecto y número total de participantes.
2.6 Número de actuaciones dentro del proyecto con consideración de I+D+i y presupuesto asociado.
2.7 Número de empleos directos e indirectos generados por el proyecto.
2.8 Número de herramientas informáticas elaboradas o mejoradas incluidas en el proyecto.
2.9 Población total beneficiada por el proyecto.»
Se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones (2023) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el siguiente contenido:
Mediante esta orden se aprueba la segunda convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua. La convocatoria se enmarca en la Inversión 3 denominada “Transición digital en el sector del agua (vigilancia y control del entorno digital)”, del Componente 5 del PRTR asociada al cumplimiento del objetivo CID #79 de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) asociado, cuya consecución se realizará de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional y en su caso, tras la aprobación por la Comisión Europea de la Adenda al PRTR, del nuevo hito CID #79 ter. “Actuaciones de digitalización de los usos del agua (PERTE) - Transferencias”.
La convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas en la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 235, de 30 de septiembre de 2022, así como las modificaciones aprobadas en esta orden.
La financiación y pago de las ayudas se hará con cargo al Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, FCPJ regulado por el Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, a partir de la financiación prevista en la Inversión 3 del Componente 5 del PRTR. En todo caso, será el MITECO, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el órgano responsable en la gestión, el seguimiento de los hitos y objetivos, la rendición de cuentas en relación con su cumplimiento y la información a proporcionar al sistema de gestión, así como el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos que derivan de la normativa aplicable asumiendo y siguiendo el régimen jurídico que les resulta de aplicación con carácter general a los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 13.6 del Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto.
1. Cuantía total. La cuantía total máxima de las ayudas a conceder en el marco de la presente convocatoria será de 200.000.000 de euros.
2. Reserva. Conforme a lo establecido en las bases, de la cuantía total máxima a que se refiere el párrafo anterior, se reservan 60.000.000 de euros para la subvención de proyectos presentados por agrupaciones de solicitantes o por solicitantes individuales, siempre que, en ambos casos, dichos proyectos abarquen más de cinco (5) términos municipales, en los que, al menos uno de los municipios incluidos en su ámbito territorial no reúna individualmente el requisito exigido en el artículo 6.2 de las bases.
El crédito reservado que no se agote se acumulará a la línea de crédito general.
Si el crédito reservado no fuera suficiente para financiar dichos proyectos, podrá completarse la financiación con cargo a la línea general del crédito disponible, en competencia con el resto de los proyectos presentados individualmente por los solicitantes, en función de su valoración.
3. Importes y límites. El importe máximo de la ayuda a conceder por cada solicitud de ayuda será de hasta 10.000.000 euros y el importe mínimo de la ayuda a conceder por cada solicitud de ayuda será de, al menos, 500.000 de euros, con el condicionante que se establece a continuación.
El órgano concedente se reserva el derecho de otorgar una subvención inferior a la cantidad pedida por el solicitante. En caso de reformulación de proyectos para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, podrá concederse una ayuda inferior a 500.000 euros conforme a la reformulación realizada.
La intensidad máxima de la ayuda respecto de los costes elegibles subvencionables por tipo de actuación se definen el anexo I de esta convocatoria.
4. Cálculo del número de habitantes. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, así como en relación con la aplicación de los artículos 6 y 10 de las bases reguladoras de estas ayudas, el número de habitantes de cada municipio será el establecido mediante el censo oficial proporcionado por el INE correspondiente al año 2021 que será verificado por el MITECO. En este sentido, el solicitante individual o la agrupación de solicitantes, incluidas las entidades supramunicipales con personalidad jurídica, deberá cumplir el requisito descrito en el apartado 2 del artículo 6 de la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, así como las modificaciones aprobadas en esta orden, al menos, de acuerdo con la información proporcionada por alguna de las dos referencias descritas.
No obstante lo anterior, de manera excepcional el solicitante o la agrupación de solicitantes, podrá incluir la población estacional de los términos municipales incluidos en el ámbito de actuación del proyecto para llegar al umbral mínimo de 20.000 habitantes exigido en el artículo 6.2 de la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, así como las modificaciones aprobadas en esta orden. A los anteriores efectos, entre la documentación a incluir en la solicitud de la ayuda se incluirá un estudio técnico justificativo del cálculo de la población estacional, en el que se acreditará que la cifra de población estaciona