Categoría: Administración

tada, se resolvieron 111 solicitudes a lo largo de 2021, quedando pendientes, a 31 de diciembre de ese año, 12 solicitudes. De las 111 solicitudes resueltas se admitieron a trámite 89 y se inadmitieron 22.
La causa de inadmisión más frecuente fue que la información solicitada no estaba en poder del destinatario, desconociéndose el órgano competente para resolver –45,5 %. Situándose en segundo término la de tratarse de solicitudes abusivas o repetitivas –3 1,8 %.
Indicadores de tramitación en 2021
Las personas asignadas a la gestión del derecho de acceso asumieron, en promedio, 3,72 solicitudes y resolvieron 3,44 a lo largo de 2021. De nuevo según los datos facilitados, en el período de referencia se tramitaron el 91,9 % de las solicitudes, tanto recibidas en el año natural como pendientes a finales de 2020. Respecto de la evaluación realizada el año pasado cabe observar que, aunque en términos absolutos ha disminuido el número de solicitudes pendientes a final de año –han pasado de 44 a 22–, la tasa de pendencia se ha multiplicado por 3,5, situándose en 14,71 frente a 3,30, obtenido el año pasado.
El tiempo medio estimado para la tramitación de las solicitudes pendientes se sitúa en torno a 54 días naturales. Se admiten a trámite casi el 84,5 % de las solicitudes y la proporción de solicitudes inadmitidas se sitúa en torno al 15,5 %.
Resoluciones emitidas en 2021
Respecto de las resoluciones dictadas en 2021, 77 fueron estimatorias de las que 14 lo fueron parcialmente, y hubo 9 denegatorias. El motivo de la desestimación, en todos los casos, resultó la aplicación de los límites del artículo 14. En un caso se aplicó el límite del artículo 14.1.e) (prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios) y las 8 restantes fueron desestimadas por aplicación del límite contemplado en el artículo 14.1.h) (intereses económicos y comerciales).
A pesar del mandato contemplado en el artículo 14.3 LTAIBG, solo 1 de las 25 entidades evaluadas publicó en suwebinstitucional las solicitudes denegadas por aplicación de los límites del artículo 14 de la LTAIBG.
Indicadores de resolución en 2021
De acuerdo con la información suministrada a esta AAI por las entidades concernidas, se dicta resolución expresa para el 85,7 % de las solicitudes de acceso a la información. Mientras que en el caso del 10 % de las admitidas a trámite se ha producido su desestimación por silencio administrativo, aunque es preciso señalar que todas ellas corresponden a una misma entidad.
El 84,5 % de las resoluciones reconoce el acceso a la información solicitada. De las resoluciones que conceden información, sobre las que se dispone de datos, el 93,7 % lo hace totalmente, mientras que en el 6,6 % restante lo es parcial. La proporción de resoluciones desestimatorias supone poco más del 3 %.
D.1 Localización de la información y facilidad de acceso
El 52 % de las entidades evaluadas ha habilitado espacios específicos en sus portales de transparencia dedicados al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, circunstancia que representa un incremento del 62,5 % respecto de los resultados obtenidos en la evaluación de 2021. Sin embargo, solo el 28 % de las entidades hace referencia expresa en este espacio a la posibilidad que tiene la ciudadanía de solicitar información de acuerdo con la Ley de Transparencia.
En cuanto a los medios habilitados para la presentación de solicitudes, lawebo el portal de transparencia, seguidos del correo electrónico o la presentación de forma presencial, son los medios sobre los que en mayor medida informan las instituciones evaluadas.
El 52 % de las entidades evaluadas no informa sobre los medios habilitados para la presentación de solicitudes de acceso. Por otra parte, y dado que estas entidades forman parte del Sector Público Estatal, es frecuente que las solicitudes de información se canalicen a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, cuestión sobre la que los sujetos concernidos no siempre informan. Por otra parte, una entidad que ha habilitado el correo postal exclusivamente como medio de presentación de solicitudes exige que la solicitud se envíe contra reembolso.
Las entidades concernidas han habilitado, en promedio, 1,6 medios diferentes de presentación de las solicitudes. El rango de variación oscila entre 0 y 10.
En cuanto a los requisitos exigidos, diez de los organismos evaluados no informan en suwebsobre este asunto. En los restantes casos, en doce organismos se exige la identificación de la persona que efectúa la solicitud –en dos de ellos la acreditación de la identidad se efectúa mediante copia del DNI–, un organismo que solo ha habilitado el correo postal como medio de presentación de solicitudes exige que la solicitud se envíe contra reembolso. Finalmente, tres entidades incluyen, de manera opcional, la motivación de la solicitud.
Hay seis organismos que disponen de formularios para la presentación de solicitudes –en el caso de otros dos se trata de formularios para efectuar peticiones o consultas genéricas– y quince facilitan instrucciones o explicaciones adicionales.
D.2 Gestión de las solicitudes de acceso.
Inicio del procedimiento.
Las solicitudes se presentaron entre los meses de junio y julio. Ocho solicitudes se presentaron mediante el formulariowebhabilitado para la presentación de solicitudes o bien mediante los formularios de contacto general, otras ocho lo fueron por correo electrónico, seis a través del Registro Electrónico General, dos a través del Portal de Transparencia de la AGE y una mediante de correo postal. En el caso de dos solicitudes no pudieron presentarse a través de los formularios –específico o para contactos generales– disponibles porque no estaban operativos. En un caso se optó por presentar la solicitud a través del Registro Electrónico General, mientras que en el otro se empleó el correo electrónico dado que el organismo no era localizable en el Registro Electrónico.
Se recibió acuse de recibo para trece de las veinticinco solicitudes presentadas. De ellas el 46 % correspondían a solicitudes presentadas a través del Registro Electrónico General y 15 % correspondían al Portal de Transparencia de la AGE.
Tramitación y resolución.
La descripción de la tramitación y resolución de las solicitudes de acceso formuladas se describen con detalle en los epígrafes correspondientes de la Memoria de 2022 (págs. 63-64)
D.3 Reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el periodo 2015-2022 frente a las entidades evaluadas.
El CTBG ha recibido un total de 67 reclamaciones contra resoluciones de las entidades evaluadas en materia de acceso a la información pública. De estas, 30 fueron estimadas –en 3 casos se concedió la información antes de finalizar el procedimiento de reclamación y en otros 4 la estimación fue parcial–. Otras 26 fueron desestimadas, 5 inadmitidas y otras 5 archivadas.
Por lo tanto, de las 57 reclamaciones admitidas a trámite, poco más del 44 % ha sido favorable a la entidad y, casi, el 56 % a los reclamantes.
Los organismos evaluados han presentado 9 recursos contencioso-administrativos contra resoluciones del CTBG, lo que sitúa la tasa de litigiosidad en poco más del 26 %. El 50 % de las sentencias que han adquirido firmeza han sido favorables al CTBG.
D.4 Buenas prácticas.
En el anexo V de la memoria se detalla un repertorio de buenas prácticas en materia de derecho de acceso a la información con que cuentan las instituciones evaluadas que podrían ser aplicables por otras entidades y organizaciones públicas.
E.1 Publicidad activa.
– Respecto al emplazamiento en el que han de publicarse las obligaciones de publicidad activa, esta AAI estima que todas las entidades deberían disponer de un espacio específico para la publicación de las informaciones sujetas a obligaciones de publicidad activa, con el objetivo de facilitar su localización y accesibilidad por la ciudadanía. En la medida de lo posible la organización de la información debe ajustarse a la sistemática establecida por la LTAIBG o por la norma autonómica correspondiente: Información Institucional y Organizativa e Información Económica y Presupuestaria dado que parece razonable que los ciudadanos utilicen la Ley como referencia para localizar la información. En definitiva, todas las informaciones obligatorias deberían publicarse en el Portal de Transparencia y en el supuesto de que una información se encuentre publicada en otro lugar de lawebinstitucional, debería enlazarse a ella desde el Portal de Transparencia, ubicando dicho enlace en el bloque de información al que pertenezca.
– En cuanto a la aplicación por las entidades evaluadas de las recomendaciones formuladas por este Consejo en la evaluación de 2021, se recuerda que la finalidad de tales recomendaciones es conseguir mejorar los niveles de cumplimiento de la LTAIBG por los sujetos obligados. Por esta razón es importante que las entidades evaluadas las apliquen. Solo de esta manera es posible avanzar. De hecho, entre las entidades que han aplicado al menos el 80 % de las recomendaciones efectuadas, el incremento del Índice de Cumplimiento de la Información Obligatorias alcanza 36 puntos porcentuales.
– Por lo que respecta a las omisiones de publicación de algunas de las obligaciones legalmente previstas por incurrir en diferentes circunstancias especificadas con detalle en la Memoria, se concluye, en cuanto a la falta de publicación de algunas informaciones por no haber existido actividad en ese ámbito concreto, que desde este Consejo viene señalándose que la única manera de distinguir si la falta de publicación de una información sujeta a obligaciones de publicidad activa se debe a un incumplimiento de la obligación de publicar o a que no hay información que publicar porque no ha habido actividad en ese ámbito concreto o porque algún tipo de regulación no permite su publicación, consiste en indicar expresamente tal circunstancia. En consecuencia, este Consejo recomienda que en el apartado correspondiente a la obligación de publicidad activa para la que no ha existido actividad, o cuando no sea posible su publicación porque existan restricciones legales, se haga constar expresamente esta circunstancia.
Por su parte, en cuanto a la publicación de información correspondiente a una obligación a través de otra, este CTBG recuerda que la publicación de las informaciones obligatorias debe realizarse de manera individualizada.
Y, finalmente, en relación con la no publicación porque la información deriva de una decisión de otra entidad, como es el caso de las autorizaciones de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al cese de altos cargos, cabe recordar que el artículo 5.4 de la LTAIBG señala que la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginaswebde los sujetos obligados. El hecho de que quien tiene la competencia para otorgar la autorización sea un órgano diferente no implica que pueda obviarse la publicación de esta información por parte del organismo en el que la persona autorizada prestó sus servicios.
– En lo que atañe a los criterios de calidad de la información publicada que obtienen una valoración en torno al 50 %, desde este Consejo se insiste en recomendar que para facilitar la accesibilidad y la comprensión de esta información, además de enlazar a la fuente centralizada, se publiquen cuadros-resumen con todos los contenidos que para cada obligación establece la LTAIBG.
– En relación con la no publicación en la propiawebinstitucional porque la información se encuentra publicada en el Portal de Transparencia de la AGE, este CTBG ha de recordar que el artículo 55.2 de la LRJSP establece que la Administración General del Estado comprende la organización central (Ministerios y servicios comunes), la organización territorial (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno) y, finalmente, la Administración General del Estado en el exterior. Por lo tanto, al no estar incluidos los organismos públicos vinculados o dependientes, no deberían publicar en el Portal de Transparencia de la AGE los datos o informaciones relativos a su actividad. A estas entidades les resulta de aplicación, en consecuencia, la obligación contemplada en el artículo 5.4 de la LTAIBG de publicar la información sujeta a obligaciones de publicidad activa en sus respectivas webs institucionales o en sus sedes electrónicas.
– Respecto de la actualización permanente o estabilidad en el tiempo de determinadas informaciones, es preciso señalar que la única posibilidad que tienen los ciudadanos –también los evaluadores– de saber si la información publicada está vigente o no es que en el Portal de Transparencia se indique expresamente. En este sentido bastaría con que en la página inicial se mostrase la fecha de la última revisión o actualización de la información contenida en el Portal.
– En cuanto a la publicación de información económica a ejercicio vencido, el problema es que este criterio de publicación implica que la información se encuentre desactualizada. Por esta razón este Consejo vuelve a recomendar que aquellas informaciones que son conocidas a inicio del año, o que se refieren a actividades que pueden producirse en cualquier momento del año –por ejemplo, las indemnizaciones al cese de altos cargos– o que se desarrollan de manera continua –por ejemplo, la información estadística sobre contratación o la ejecución presupuestaria– se publiquen con una periodicidad inferior a la anual, dado que además, se refieren a obligaciones individuales y diferentes de la publicación del presupuesto o de las cuentas anuales.
E.2 Derecho de acceso.
– A la vista del volumen de solicitudes inadmitidas invocando como causa de inadmisión que se trata de solicitudes repetitivas o abusivas –el 31 % del total–, este Consejo recuerda el Criterio Interpretativo 3/2016, elaborado en el desarrollo de las funciones atribuidas al mismo por la LTAIBG. En todo caso, las causas de inadmisión deben aplicarse de manera restrictiva y en este supuesto concreto de inadmisión han de concurrir dos requisitos: en el caso de la reiteración la solicitud debe ser manifiestamente reiterativa y en el caso de solicitudes abusivas además de ser cualitativamente abusivas deben ser injustificadas con la finalidad de la LTAIBG.
– Todas las instituciones deberían publicar en su Portal de Transparencia las resoluciones que deniegan el acceso a la información por aplicación de los límites del artículo 14, según lo dispuesto por el artículo 14.3 de la LTAIBG.
– Este Consejo recomienda para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que en el Portal de Transparencia de la entidad se incluya un enlace a un apartado específico en el que se proporcione información sobre el derecho que asiste a los ciudadanos a solicitar información pública, se indiquen los medios habilitados para la presentación de las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a la institución y se informe sobre los requisitos necesarios para su presentación. Este mismo espacio podría utilizarse para la publicación de las resoluciones denegatorias por aplicación de los límites del artículo 14 de la LTAIBG.
– El hecho de que solo se identifique un medio de presentación de solicitudes no excluye que un ciudadano pueda dirigirse a la institución –si se trata de una institución u organismo público– a través de los medios establecidos en la Ley 39/2015, pero esto implica un conocimiento del funcionamiento de la Administración que no tiene por qué estar al alcance de la ciudadanía. Por esta razón este Consejo recomienda que se identifiquen expresamente los medios a través de los cuales los ciudadanos pueden relacionarse con las administraciones.
– Debería informarse sobre la posibilidad de presentación de solicitudes de acceso a información a través del Portal de Transparencia, indicándose el Ministerio al que está adscrito el organismo, ya que en el Portal no figuran los organismos vinculados o dependientes, solo el Ministerio al que va dirigida la solicitud, información de la que no dispone generalmente la ciudadanía.
– La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas fija los medios a través de los cuales los ciudadanos pueden relacionarse con las administraciones y el derecho de éstos a relacionarse por el medio que consideren oportuno, así como a modificar en el transcurso del procedimiento el medio elegido. Por lo tanto no debería prefijarse un único medio para la presentación y práctica de las notificaciones en el procedimiento de gestión de las solicitudes de acceso.
– Se recuerda que el artículo 22.4 de la LTAIBG establece que el acceso a la información será gratuito, salvo cuando sea precisa la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente sin incluir otros gastos adicionales.
– El artículo 28.2 de la Ley 39/2015 establece el derecho de los ciudadanos a no aportar información que esté en poder de la administración. Este es el caso de los documentos de identidad. Por esta razón, este Consejo recomienda que las instituciones que soliciten la acreditación de la identidad por esta vía, valoren, si fuese posible, recurrir a la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) que da acceso a numerosos documentos que obran en poder de las administraciones públicas, entre ellos, los documentos de identidad.
– Aunque se contemple como una información que pueden aportar o no los solicitantes de información, este Consejo recuerda que el artículo 17.3 de la LTAIBG, establece que los solicitantes de información pública no están obligados a motivar la solicitud.
– Este Consejo recuerda que el artículo 21.3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone expresamente que el plazo se contará en los procedimientos «iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación». En este sentido es importante reseñar que la «Guía básica de tramitación de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública» de la Dirección General de Gobernanza Pública en su página quince interpreta el artículo 20.1 de la LTAIBG en el sentido de que el cómputo de plazos para notificar la resolución se inicia una vez que la UIT haya realizado el correspondiente análisis formal de las solicitudes de acceso a la información pública y traslado el expediente al centro directivo u organismo dependiente que sea competente para resolver, lo que no resulta coherente con lo establecido en el artículo 21.3.b) de la Ley 39/2015. Esta es una de las disfunciones que, como se ha señalado, genera la presentación de solicitudes a través del Portal de Transparencia de la AGE dado que, en general, el órgano competente para resolver no es el Ministerio al que se adscribe o vincula el organismo destinatario de la solicitud.
– Aunque se contemple en la LTAIBG la posibilidad de desestimación de solicitudes de información por silencio administrativo, se debería dictar resolución expresa que diera cumplida respuesta a la solicitud, con indicación de los recursos que contra la misma procedan, órgano ante el que presentarlos y el plazo para interponerlos.
– Aunque el volumen de datos relativos a una información solicitada al amparo de la LTAIBG, tenga escasa entidad y se considere más ágil proporcionar la información directamente mediante un correo electrónico, todas las entidades deben ajustarse al procedimiento establecido y emitir una resolución expresa –no es suficiente un correo electrónico proporcionando la información–.
– Las resoluciones dictadas deben ajustarse al procedimiento establecido por las Leyes 19/2013 y 39/2015: deben incluir los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que presentarlos y el plazo para interponerlos. También debería incluirse esta información entre la proporcionada en las webs institucionales de las entidades relativa al ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
– Aunque por la escasa entidad de los expedientes relativos a la información solicitada, pueda estar justificado que ésta no se proporcione en el formato indicado, en la medida de lo posible deberían respetarse las preferencias de los solicitante.
En 2022 se han presentado 57 consultas –20 en el ámbito estatal y 37 en el territorial– planteadas tanto por los distintos órganos encargados de tramitar y resolver solicitudes de acceso a la información, como por sujetos particulares que requirieron el asesoramiento de esta Autoridad sobre diferentes aspectos de transparencia pública.
Además, se han evacuado, con carácter estimatorio, 1.268 peticiones de información sobre una pluralidad de aspectos relacionados con la aplicación de la LTAIGB a través de distintos canales de entrada –vía telefónica, correo electrónico– procedentes tanto de personas físicas, como de responsables de unidades de trasparencia, etc.
El CTBG ha evacuado, a petición de Ministerio de Hacienda y Función Pública, 43 informes sobre otros tantos proyectos normativos autonómicos que guardan relación, directa o tangencial según los casos, con el ámbito de la transparencia.
Por otra parte, también se han elaborado 2 informes relacionados con sendas iniciativas parlamentarias referidas a cuestiones pertenecientes a la competencia de esta Autoridad Administrativa Independiente presentadas en las Cortes Generales por grupos parlamentarios. En este caso el descenso en la actividad resulta notable, puesto que en 2021 las iniciativas parlamentarias que dieron lugar a informes del CTBG fueron 51 –28 del Congreso y 23 del Senado–.
A) Comunicación.
Con periodicidad semanal se han publicado en la páginaweblas agendas del Presidente y de los niveles 30 y 29 en formato reutilizable, mientras que con carácter mensual lo han sido las estadísticas de actividad del Consejo, las resoluciones a las reclamaciones y, finalmente, los procedimientos judiciales planteados frente a las resoluciones.
Finalmente, en cuanto a la relación con los medios de comunicación, a lo largo de 2022 se han difundido varias notas de prensa, entre otras cuestiones, con relación a: la presentación del Plan de Evaluación Anual del Consejo correspondiente a 2022, en la que se informaba del análisis que se efectuaría a 189 instituciones y entidades públicas y privadas; a los resultados del Informe de evaluación de los Órganos Constitucionales y de relevancia constitucional efectuado en 2022; y, finalmente, la nota en que se daba cuenta del encuentro institucional mantenido entre el presidente del Consejo y el Defensor del Pueblo.
La labor de promoción de actividades de formación y sensibilización de los distintos protagonistas involucrados en la transparencia ha sido una constante del Consejo. A lo largo de 2022 ha participado en 31 sesiones formativas de diferente naturaleza organizadas o promovidas por distintos organismos de ámbito internacional, así como de la Administración General del Estado, de las Administraciones autonómicas o de las Entidades Locales, órganos constitucionales, Universidades u organizaciones de la sociedad civil, asociadas con la transparencia y la información pública y dirigidas tanto a responsables políticos y empleados públicos, como a docentes y alumnos universitarios y público en general.
Entre las actividades más destacadas pueden mencionarse, en primer lugar, las auspiciadas por Universidades o Institutos Universitarios. Entre ellas, valga reseñar los distintos Máster en que colabora el Consejo, como el impartido en el seno del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración en materia de Transparencia y Buen Gobierno; el realizado por la Universidad Carlos III de Madrid sobre Derecho de las Telecomunicaciones; y el desarrollado por la Escuela de Práctica Jurídica, de la UCM, sobre Derecho de las Nuevas Tecnologías. Asimismo, en este ámbito merece la pena destacar la participación en formato virtual del Consejo en el Máster organizado por la Contraloría General de la República de Colombia sobre auditoria y evaluación de políticas públicas.
En el ámbito de las acciones formativas de empleados públicos, en segundo lugar, puede destacarse la participación del CTBG en diversas clases, acciones formativas y de sensibilización promovidas por distintos departamentos ministeriales como, a mero título de ejemplo, la intervención en el curso selectivo del Cuerpo de gestión de la AGE o en los cursos desarrollados en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En este contexto cabe aludir, asimismo, a las acciones organizadas por distintas Escuelas e Institutos de Formación autonómicos y locales, como la realizada por el Instituto Asturiano de Administración Pública para analizar casos prácticos de transparencia; así como las auspiciadas por el Ayuntamiento de Madrid en materia de transparencia y datos abiertos y la Diputación de Granada sobre derecho de acceso.
En cuanto a las actividades desarrolladas en el seno de entidades privadas o por la sociedad civil, por último, merece la pena destacar la participación del CTBG en distintas jornadas y eventos como la organizada por la Asociación Española de Fundaciones sobre avaluación de entidades sin fines de lucro, o la participación en la Conferencia territorial del Comité Español de Representes de Personas con Discapacidad (CERMI).
El CTBG ha desarrollado 72 actividades de cooperación y colaboración institucional en 2022, que supone un descenso el 21,7 % respecto de las realizadas en 2021 –92–.
Ámbito internacional.
Las actividades de colaboración de ámbito internacional desarrolladas por esta AAI durante 2022 pueden articularse en torno a tres ejes fundamentales.
El primero de ellos es la participación y el apoyo a las iniciativas promovidas por las organizaciones representativas de las autoridades u órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información en los países de nuestro entorno y por las propias autoridades y órganos. Así, el CTBG ha participado en 2022 en diferentes actividades promovidas por la Red de Transparencia y Acceso a la Información.
El segundo eje de actividad se refiere a la participación en talleres, grupos de estudio o eventos promovidos por organizaciones o entidades internacionales no integradas en las redes de órganos garantes pero que guardan relación con la transparencia, la calidad democrática o la integridad pública. En este caso, el CTBG participó en 2022 en distintas actividades auspiciadas por entidades diversas, como la reunión con la Comisión Europea para la preparación del informe sobre el Estado de Derecho en España.
El tercer, y último, eje de actividades se centra en la celebración de reuniones de trabajo con delegaciones gubernamentales de otros países que han requerido información sobre la actividad del CTBG o deseado intercambiar experiencias o buenas prácticas. Entre ellas cabe mencionar los encuentros mantenidos con el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México (INAI) y diferentes funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana para abordar el fortalecimiento de la cultura de la transparencia a través del intercambio de buenas prácticas.
Ámbito estatal.
Las distintas acciones de colaboración y cooperación institucional con órganos de la AGE y con otros organismos y entidades de ámbito estatal realizadas en 2022, pueden sistematizarse en torno a dos ejes.
El primer eje se corresponde con las actividades que han tenido por objeto, en sentido estricto, aspectos relacionados directamente con la transparencia en sus vertientes de publicidad activa y de ejercicio del derecho de acceso a la información. Así, en cuanto a la primera perspectiva pueden destacarse las reuniones que sobre evaluación de publicidad activa se han mantenido con la Casa de S.M el Rey, órganos constitucionales –Defensor del Pueblo– y otros organismos y entidades –Dirección General de Gobernanza Pública, CNMV, Real federación Española de Fútbol.–. Mientras que desde el punto de vista del ejercicio del derecho de acceso, pueden mencionarse las reuniones mantenidas con distintos órganos de la Administración General del Estado y el Sector Público Estatal a propósito de la aplicación de la LTAIBG o del seguimiento del cumplimiento de las resoluciones.
Fuera de estos supuestos, cabe reseñar la colaboración de esta Autoridad con el Foro de Gobierno Abierto, órgano de participación de composición tripartita (Estado-CC. AA.-sociedad civil) con funciones de gobernanza y coordinación de los Planes de Acción del Gobierno de España en materia de Gobierno Abierto. El CTBG forma parte del Foro como miembro observador pero ha tomado parte activa en las tareas del Grupo de Trabajo de Transparencia y Rendición de Cuentas del mismo y ha participado, en formato virtual, en varias sesiones de su Pleno. Asimismo, en este ámbito puede mencionarse la asistencia del Consejo, como invitado, a las diferentes sesiones mantenidas por el grupo de trabajo organizado por la Dirección General de Gobernanza Pública para la reforma de la Ley de Transparencia.
El segundo de los ejes en que pueden enmarcarse las actividades de cooperación institucional desarrolladas por el Consejo en el ámbito estatal se corresponde con las que tienen por finalidad abordar asuntos de la organización general de la Institución en sus distintos ámbitos: refuerzo de la posición institucional del Consejo, gestión de recursos humanos, contratación, etc. Entre ellas, puede aludirse a las reuniones mantenidas con distintos órganos superiores –Secretaria de Estado de Función Pública– y directivos –Subsecretarios y Directores Generales– de los Ministerios y las celebradas con la Abogacía General del Estado.
Ámbito territorial.
Las actuaciones de colaboración y cooperación institucional en el ámbito territorial desarrolladas por el Consejo a lo largo de 2022 más destacadas son las relacionadas con la colaboración institucional, tanto con organismos garantes del derecho de acceso –Cataluña y Andalucía– como con responsables autonómicos de las políticas públicas en materia de transparencia –Región de Murcia–, así como, finalmente, con la FEMP.
En el marco de las acciones de cooperación del CTBG en el ámbito territorial, hay que destacar también las reuniones de los Comités de Seguimiento de los convenios de traslado del ejercicio de competencias que el CTBG ha suscrito con diversas CCAA.
Finalmente, en el año 2022, el Consejo ha elaborado un informe para incluir en el Anuario de Transparencia Local publicado por la Fundación Democracia y Gobierno Local. Anuario que forma parte del contenido del protocolo de colaboración firmado por el CTBG y otros órganos garantes autonómicos con esa Fundación en 2018. En el anuario se incluye información sobre la actividad resolutoria y consultiva del CTBG y de los órganos garantes autonómicos (estadísticas de reclamaciones, jurisprudencia, informes, respuestas a consultas, extractos de reclamaciones más destacadas…), todo ello orientado al ámbito local. Esta edición del Anuario de 2022 es la cuarta de esta publicación, tras las de 2018, 2019, 2020 y 2021.
Empresas, entidades privadas y organizaciones.
El CTBG ha colaborado en 2022 en diversas actividades con empresas, entidades privadas y organizaciones y asociaciones de la sociedad civil. Entre estas acciones puede destacarse la participación de esta Autoridad en diversas acciones de formación y divulgación promovidas por asociaciones y organizaciones de la sociedad civil(Acces Info Europe, VII Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información).