Categoría: Administración

2: Solicitudes de ayuda de entre un millón de euros con un céntimo y cuatro millones de euros.
Si el presupuesto vinculado a la solicitud de ayuda presentada superase los cuatro millones de euros, el excedente con respecto a esa cuantía será por cuenta y riesgo del beneficiario. En este supuesto, se deberá justificar ante el órgano competente la totalidad de la ejecución del proyecto subvencionado, incluido lo correspondiente a ese excedente, el cual, en ningún caso, podrá superar el importe total de seis millones de euros.
3. Con el fin de asegurar la plena efectividad de las ayudas, y garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales beneficiarios, en todas las zonas se establecen las siguientes limitaciones:
a) El número máximo de solicitudes individuales que puede presentar un Ayuntamiento será de una para el bloque 1 y de una para el bloque 2, y la cuantía total de la ayuda solicitada por un mismo Ayuntamiento tendrá la limitación que se establezca en la convocatoria, basada en el último presupuesto municipal.
b) En las solicitudes presentadas de forma conjunta, el límite máximo subvencionable para la totalidad de solicitudes conjuntas presentadas por una entidad será el resultante de la suma de los importes correspondientes al cincuenta por ciento del último presupuesto municipal de cada uno de los municipios que participan en la solicitud de la agrupación, mancomunidad, comarca, consorcio o diputación siempre que dicho límite no sea superior a cuatro millones de euros. Cuando la suma anterior exceda de cuatro millones de euros, este importe será el límite máximo subvencionable.
c) El importe total máximo del que podrá ser beneficiada la Entidad local solicitante de una subvención o de una suma de subvenciones será el establecido en la convocatoria.
Del mismo modo, la cuantía total máxima de subvención se ajustará en virtud del importe del presupuesto municipal, vigente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y que será presentado en el momento de la solicitud. Dicho ajuste quedará reflejado en cada una de las convocatorias de ayudas que se liciten en cada momento.
d) El importe mínimo del presupuesto del proyecto a ejecutar por el solicitante será de cien mil euros.
e) A los efectos de estas bases, se entiende por último presupuesto municipal el que figure aprobado por el Pleno municipal de la corporación a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
f) Si en el momento de resolver la convocatoria quedase crédito disponible en alguno de los bloques por ser el importe total de las subvenciones a conceder inferior a la dotación presupuestaria de dicho bloque, se podrá utilizar ese crédito disponible para otorgar un mayor importe de subvenciones en favor del otro bloque, siempre que dicho crédito disponible sea suficiente para la financiación de, al menos, un proyecto completo.
En ese supuesto, se financiará el siguiente proyecto con mayor puntuación obtenida cuyo importe solicitado sea igual o menor al crédito disponible.
1. De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
2. A tal efecto, para garantizar la ausencia de doble financiación, los proyectos financiados con cargo a las convocatorias reguladas mediante esta orden no podrán recibir financiación de otros fondos o instrumentos de financiación de la Unión Europea.
Asimismo, las actuaciones que sean financiadas por las ayudas reguladas en la presente orden, deberán quedar claramente diferenciadas de las que sean financiadas a través de otras fuentes, con identificación de los hitos u objetivos que a aquellas les correspondan.
3. La suma de todas las ayudas, ingresos o recursos destinados al mismo fin, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladas o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, superen el coste total del proyecto objeto de la ayuda.
4. Las ayudas de terceros podrán ser dinerarias o en especie, si bien estas últimas no podrán cuantificarse ni computar como parte del gasto total incurrido para la ejecución del proyecto.
1. Estas ayudas están incluidas en la medida C10.I01: «Inversiones en Transición Justa» dentro del Componente 10 «Transición Justa» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Política Palanca 3. «Transición energética justa e inclusiva» correspondiente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las ayudas están sujetas al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos y los hitos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; los conocidos como CID(Council Implementing Decision)que quedan definidos en el «Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España».
2. En particular, el objetivo CID asociado a esta actuación es el número 431 recogido en la Adenda del PRTR aprobada.
3. Igualmente, serán de obligado cumplimiento los Acuerdos Operativos entre la Comisión Europea y España en relación con la medida C10.I01 del PRTR. En particular, en relación con el objetivo CID 431, se deberán aportar a la Comisión los mecanismos de verificación que se acuerden.
Este documento incluirá como anexo una hoja de cálculo con la siguiente información: la lista de los códigos oficiales y los nombres de los proyectos, y para cada uno de ellos 1) municipio o territorio y Zona de Transición Justa donde se ubica el proyecto; 2) importe concedido (sin IVA); 3) breve descripción.
Sobre la base de una muestra que seleccionará la Comisión, se presentarán los siguientes documentos justificativos para cada una de las unidades (proyectos) seleccionadas: a) breve descripción, b) extracto del pliego de condiciones de la convocatoria que proporcione la alineación con la descripción del objetivo y la inversión en la CID, incluido el contenido de los proyectos y su ubicación, c) enlace y copia de la publicación de la adjudicación en el diario oficial identificando el importe de la adjudicación (sin IVA).
4. En lo que respecta al cumplimiento parcial o incumplimiento de los compromisos del PRTR, se estará a lo dispuesto en el artículo 7 de la de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y en concreto a la regla séptima, conforme a la que en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las entidades previstas deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público.
Los proyectos subvencionados garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» (principiodo no significant harm-DNSH) y los objetivos climáticos y digitales, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, por el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y por lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como con lo requerido en la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y, en particular, incluirán en las licitaciones o encargos que realicen la necesidad de ajustarse a lo establecido en dichas disposiciones.
Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente orden, además de las establecidas en los artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las siguientes:
a) La ejecución del proyecto que resulte subvencionado con el alcance que determine la resolución de concesión, dentro del plazo máximo fijado en la convocatoria a contar desde la notificación de la resolución de concesión, que no podrá ser posterior al 30 de junio del año 2026, y con pleno respeto del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH), y de la contribución de un 40 % a los objetivos climáticos, de acuerdo con el etiquetado definido en el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 12 de febrero de 2021.
La no ejecución de un proyecto que resulte adjudicatario, sin perjuicio de que pueda determinar la procedencia del reintegro de la ayuda, podrá ser causa de exclusión en futuras convocatorias que se dicten por el Instituto de la Transición Justa, O.A.
b) Justificar ante el Instituto para la Transición Justa, O.A., la realización de la actuación objeto de la ayuda y de las condiciones impuestas con motivo de la concesión, así como la acreditación de los pagos realizados mediante los documentos correspondientes, en los plazos y condiciones que se determinan en esta orden y en la convocatoria, facilitando el acceso de los técnicos para la comprobación material de los gastos realizados.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano responsable del seguimiento de las ayudas establecido en el artículo 15 de esta orden, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) La entidad beneficiaria procederá a la apertura de una cuenta bancaria finalista destinataria de los fondos que permita su seguimiento, así como la verificación de las ayudas otorgadas. En ningún caso, los fondos recibidos se considerarán integrantes de su patrimonio, al igual que los intereses, los cuales, además, se deducirán del tercer pago (pago de liquidación).
e) Los beneficiarios tienen el deber de comunicar la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
1. Los beneficiarios quedarán comprometidos expresamente con la aceptación de la ayuda correspondiente a cumplir las instrucciones que tanto el Instituto para la Transición Justa, O.A., como cualquier órgano o autoridad competente les dirija en aplicación de cualquier normativa, tanto europea como nacional, que pudiera aprobarse para la ejecución o gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con tal efecto deberán aportar los datos e información que se requiera en cumplimiento del artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
2. Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar contribuyen al logro de los objetivos y compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y aportar la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes de dicho plan.
Asimismo, deberán colaborar en la definición de las actuaciones, participando en los grupos de trabajo que pudieran formarse para la puesta en común de soluciones en las distintas zonas de transición justa para proyectos similares.
3. Deberán adoptar medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación en los procedimientos utilizados para la ejecución de los proyectos, de acuerdo a los artículos 6 y 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y a lo establecido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.
4. El órgano concedente de la subvención aplicará las medidas contenidas en el «Plan de medidas antifraude», elaborado de acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, para reforzar los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
5. Deberán custodiar y conservar la documentación del proyecto financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión Europea. Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría del proyecto y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte.
Deberán conservar los documentos originales, justificativos de la actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. La obligación de conservación de los documentos contables, registros y resto de documentación relacionada con el cumplimiento de las condiciones de la subvención a la que se refiere el artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se extenderá por un periodo de diez años a partir de la fecha de concesión de la ayuda.
Los beneficiarios deberán permitir al Instituto para la Transición Justa, O.A., el acceso a sus sistemas de información para la verificación del cumplimiento de las condiciones de la subvención. Tal comprobación podrá realizarse con anterioridad o con posterioridad a la concesión de la subvención y, en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
6. Los beneficiarios deberán someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar el Instituto para la Transición Justa, O.A., la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos o autoridades de control competentes, tanto nacionales como de la Unión Europea, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable sobre la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando, para ello, cuanta información le sea requerida y cooperando plenamente en la protección de los intereses financieros tanto nacionales como de la Unión Europea, concediendo los derechos y el acceso necesarios a tales órganos o autoridades.
La concesión de las ayudas quedará condicionada al compromiso por escrito de los beneficiarios de la concesión de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias, de conformidad con lo establecido en la letra e) del apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero. A tal efecto, los solicitantes deberán cumplimentar y presentar junto con la solicitud el compromiso cuyo modelo se encuentra en el anexo III de esta orden.
7. Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, en particular, con los deberes de información, comunicación y publicidad establecidos en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero y en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
En cumplimiento de del artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se informa a los solicitantes sobre la posibilidad de acceso de la Administración y de cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del citado Reglamento a la información contenida en el Registro de titularidades reales, creado por la Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras bases de datos de la Administración puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales.
Además, se cederá la información entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los sistemas de los fondos europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
En todas las medidas de información y comunicación de los proyectos (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.) se deberá hacer mención expresa al origen de los fondos e incluir los siguientes logos:
1.º El emblema de la Unión Europea;
2.º Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU»;
3.º Se incluirá, además, el logotipo del Instituto para la Transición Justa y el del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y,
4.º Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. También se puede consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.
8. Las entidades beneficiarias de la ayuda habrán de prever mecanismos para asegurar que los contratistas y subcontratistas, en su caso, cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente».
9. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero, y en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, los beneficiarios deberán suministrar al Instituto para la Transición Justa, O.A., a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, la información de los datos sobre el perceptor final de los fondos, cuando no sea el mismo, y de los contratistas y/o subcontratistas en el caso de que el perceptor final sea un poder adjudicador. Esta información deberá estar disponible conforme al artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
10. Tras la resolución de concesión de la ayuda, el beneficiario deberá aportar la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. Esta documentación deberá aportarse en todo caso antes de efectuarse el primer anticipo.
11.
12. Las entidades beneficiarias deberán contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
13. Los beneficiarios y los terceros con los que se concierte la ejecución de los proyectos subvencionados estarán obligados a crear en España todo el empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.
1. La convocatoria de las ayudas reguladas en esta orden se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y definirá, como mínimo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los siguientes aspectos:
1.º Requisitos para ser beneficiarios de las ayudas;
2.º Tipología de proyectos a financiar;
3.º Procedimiento y criterios de evaluación;
4.º Gastos subvencionables;
5.º Presupuesto destinado a la convocatoria y aplicaciones presupuestarias;
6.º Plazo de presentación de solicitudes;
7.º Pago de las ayudas; y,
8.º Plazo de ejecución del proyecto.
2. Su publicación se realizará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en la web del Instituto para la Transición Justa y un extracto de las mismas en el «Boletín Oficial del Estado» según lo establecido en el apartado b) del artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas dictadas al amparo de la presente orden será la persona titular de la Subdirección General de Estrategia y Planificación del Instituto para la Transición Justa, O.A.
2. El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas dictadas al amparo de la presente orden será la persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., sin perjuicio de la eventual delegación de la resolución en la Dirección del Instituto para la Transición Justa, O.A., cuando la normativa vigente lo permita.
3. El órgano encargado del seguimiento de las ayudas dictadas al amparo de la presente orden será la persona titular de la Subdirección General de Estrategia y Planificación del Instituto para la Transición Justa, O.A. Al respecto, se establecerá la necesaria separación de funciones entre el órgano instructor y el que se encargue del seguimiento.
1. La tramitación electrónica será obligatoria en todas sus fases, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en el artículo 3.2 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a este apoyo financiero serán presentadas a través de los procedimientos electrónicos habilitados en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. (https://sede.transicionjusta.gob.es).
2. Las notificaciones a los interesados se realizarán a través de medios electrónicos, en los términos recogidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. La publicación de las propuestas de resolución, así como la publicación y/o notificación de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos del procedimiento, se realizarán a través de medios electrónicos exclusivamente en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A., sin perjuicio de su publicación en la página web de dicho instituto.
4. En particular, las notificaciones relacionadas con los procedimientos de pérdida de derecho de cobro, reintegro y justificación se realizarán, en todo caso, por comparecencia en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A.
5. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán disponibles en la mencionada Sede Electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A., y deberán ser obligatoriamente utilizados.
6. En virtud de lo expuesto en el presente artículo, así como lo manifestado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 3.2, sobre la necesidad de las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes a través de medios digitales o telemáticos, todas las comunicaciones, solicitudes, notificaciones y demás actos de publicidad se realizarán, exclusivamente por medios telemáticos o digitales.
7. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica a lo largo de todo el procedimiento y la confianza y veracidad de los documentos presentados por parte de los solicitantes, así como aquellos que sean notificados y publicados por parte del Instituto para la Transición Justa, O.A., será requisito indispensable para que el documento, documentación o resolución que sea presentada o publicada y/o notificada durante el procedimiento sea admitido o produzca los efectos jurídicos pretendidos, que éstos se encuentren verificados mediante firma electrónica avanzada y/o por medio de un certificado electrónico cualificado, entre los que se encuentra el documento nacional de identidad electrónico (DNIe).
8. En atención a los artículos 40 y 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, todos los documentos firmados que acompañen a la solicitud deberán ser documentos electrónicos, copias auténticas o copias cuya autenticidad pueda comprobarse mediante sello electrónico de Administración Pública o mediante un código seguro de verificación (CSV). Los documentos originales firmados en papel deberán cotejarse mediante compulsa electrónica realizada por el Secretario municipal o funcionario habilitado, habida cuenta de lo tipificado en el artículo 27.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. A los efectos de proceder a la valoración de las solicitudes, se constituye un Comité de Evaluación de carácter técnico, como órgano colegiado al que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que será presidido por la persona titular de la Dirección del Instituto para la Transición Justa, O.A., que tendrá voto de calidad.
2. Formarán parte del Comité de Evaluación la persona titular de la Subdirección General de Estrategia y Planificación del Instituto para la Transición Justa, O.A.; un vocal en representación de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y un vocal de la Federación Española de Municipios y Provincias. El Secretario del Comité será un funcionario del Instituto para la Transición Justa, O.A.
Podrán asistir a sus reuniones, en calidad de invitados con voz, pero sin voto, aquellas personas que designe la Presidencia del Comité.
3. En el supuesto de imposibilidad de asistencia por ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal de alguna de las personas titulares del Comité, se designarán suplentes por el titular de la Dirección del Instituto para la Transición Justa, O.A.
4. El régimen jurídico del Comité de Evaluación será el establecido en la sección tercera del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5. El Instituto para la Transición Justa, O.A., adoptará las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que pudieran surgir en el procedimiento de concesión de las ayudas y en el de verificación posterior del cumplimiento de las condiciones. Para ello, se requerirá a cada uno de los vocales del Comité de Evaluación y miembros de las Comisiones Bilaterales de Valoración definidas en el artículo 19.4 posterior una declaración responsable de que no tienen directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el desarrollo del procedimiento.
Para la valoración de las solicitudes, la convocatoria tendrá en cuenta los siguientes criterios objetivos con la puntuación máxima establecida en el presente artículo. Estos criterios podrán dividirse, a su vez, en subcriterios quedando éstos, y su ponderación, detallados así mismo en la convocatoria. Se exponen a continuación:
En la convocatoria podrán establecerse puntuaciones mínimas en los diferentes criterios necesarias para que el proyecto sea susceptible de ser financiado.
1. El órgano instructor realizará las actuaciones que estime necesarias de las definidas en el artículo 24.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y verificará que los solicitantes de las ayudas reguladas en esta orden y en la convocatoria correspondiente, cumplen con los requisitos exigidos para su concesión y, por tanto, cumplen los requisitos para ser beneficiarios de las mismas.
2. Si la solicitud no cumpliera con alguna o algunas de las condiciones, o si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que, en el plazo improrrogable de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución dictada al efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en lo dispuesto en los artículos 6.2 y 6.3 anteriores.
3. El Comité de Evaluación podrá someter a consulta las propuestas presentadas a otros órganos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
4. El Comité de Evaluación establecerá Comisiones Bilaterales de Valoración con la Dirección General de Energía de las comunidades autónomas en las que se sitúen los proyectos de las solicitudes admitidas en los que participará para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes de forma paritaria al cincuenta por ciento.
Estas Comisiones Bilaterales valorarán los criterios que se establezcan en las convocatorias referidas a los apartados a), b), c), d) y e) del cuadro del artículo anterior, conforme a la baremación que se establece en los artículos 18 y 37 de esta orden. Como resultado de la aplicación de dichos baremos, se asignará a cada solicitud una puntuación entre cero y cien puntos.
1. Podrán ser objeto de financiación, en función de las disponibilidades presupuestarias, las solicitudes que hayan alcanzado o superado la puntuación mínima para el conjunto del proyecto establecida en la convocatoria y, adicionalmente, para cada uno de los criterios de valoración para los que la convocatoria establezca puntuación mínima.
2. Las solicitudes serán ordenadas en una lista de mayor a menor puntuación obtenida y se evaluarán en sentido descendente de puntuación hasta el agotamiento del crédito máximo fijado en la convocatoria.
A igualdad de puntuación, cuando no haya crédito suficiente para atender todas las solicitudes, se seleccionará la propuesta de acuerdo al siguiente orden de desempate:
1.º Aquella que se hubiera presentado por un ayuntamiento que no haya resultado beneficiario de esta línea de subvenciones en anteriores convocatorias;
2.º Aquella que se hubiera presentado de forma conjunta para la ejecución de un proyecto común;
3.º Aquella que se hubiera presentado por el ayuntamiento del municipio con central térmica o nuclear en cierre o cerrada;
4.º Aquella que se hubiera presentado por el ayuntamiento del municipio con menor población;
5.º Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración del criterio relativo a la madurez del proyecto;
6.º Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración del criterio relativo a la contribución del proyecto a los objetivos climáticos y medioambientales;
7.º Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración del criterio relativo a la innovación del proyecto;
8.º Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración del criterio relativo a la contribución del proyecto a los objetivos digitales;
9.º Si, pese a la aplicación de los anteriores criterios de desempate aún persistiera el empate, se ordenarán las solicitudes según la fecha y hora de su presentación.
3. Si tras la selección definida en los apartados anteriores resultare remanente de crédito, éste podrá incorporarse en favor del otro bloque de fondo presupuestario siempre y cuando pueda cubrirse el importe completo de un proyecto de ese bloque, y, en caso de seguir resultando remanente, se podrá incorporar a sucesivas convocatorias complementarias por el órgano competente en el marco del «Plan de Infraestructuras ambientales, digitales y sociales en municipios y territorios en transición» del Componente 10 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, durante la vigencia temporal del mismo.
4. El importe de la subvención se ajustará de conformidad a lo establecido en el artículo 8 de estas bases reguladoras en los términos y límites establecidos en la convocatoria.
5. El Comité de Evaluación emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicho informe recogerá la puntuación obtenida por cada una de las solicitudes evaluadas teniendo en cuenta el resultado de las Comisiones Bilaterales de evaluación, así como la propuesta de cuantificación de las ayudas a conceder en función del presupuesto aprobado en la convocatoria y el número de proyectos presentados.
1. Visto el informe del Comité de Evaluación, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados conforme a lo establecido en el artículo 16 de esta orden. El contenido de la propuesta de resolución provisional incluirá, al menos, la siguiente información:
a) La relación de solicitudes para las que se propone la concesión de la ayuda, incluyendo:
– El CIF del beneficiario, o del representante de los beneficiarios en el caso de solicitudes conjuntas;
– Localización, o localizaciones en el caso de solicitudes conjuntas, donde se realizará la actuación;
– Puntuación provisional obtenida;
– Importe de la ayuda total concedida, expresado en euros (€).
b) La relación de solicitudes admitidas para las que no se propone la concesión de la ayuda, incluyendo los motivos por los que no resultan beneficiarias y la puntuación obtenida.
c) La relación de solicitudes inadmitidas y los motivos de inadmisión.
2. Cuando el importe sobrante del proceso de ordenación de solicitudes por puntuación de alguno de los bloques sea insuficiente para la financiación de un proyecto completo de dicho bloque, se transferirá al proyecto con mayor puntuación de los que no han obtenido ayuda del otro bloque. El presupuesto restante que no sea posible utilizar para financiar el siguiente proyecto en orden de puntuación de forma completa, no se asignará a ningún proyecto, y podrá asignarse a una convocatoria complementaria.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados, dando inicio al trámite de audiencia, a fin de que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha en que se produzca el acceso al contenido de la notificación en la sede electrónica del órgano gestor, se formulen las alegaciones que se estimen oportunas y se presenten, cuando sea requerido, los documentos o justificantes pertinentes. La no formulación de alegaciones se entenderá como una aceptación tácita de la propuesta de resolución provisional notificada.
4. El órgano instructor resolverá con relación a las alegaciones y documentación presentadas y formulará la propuesta de resolución definitiva que elevará a la persona titular de la Dirección del Instituto para la Transición Justa, O.A. La propuesta de resolución definitiva deberá expresar la relación de solicitudes para las que se propone la concesión de las ayudas, especificando la puntuación obtenida, así como la propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes admitidas.
5. La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que, en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de la notificación individual, comuniquen su aceptación.
La falta de aceptación expresa por parte del beneficiario, en los términos y plazos previstos anteriormente, supondrá que se desiste de la solicitud, dictándose y notificándose, a tal efecto, resolución de la Dirección del Instituto para la Transición Justa, O.A.
6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la administración mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
1. La resolución de concesión, debidamente motivada y fundamentada por el órgano competente establecido en el artículo 15.2 de la presente orden, resolverá sobre la concesión de la ayuda solicitada o, por el contrario, sobre la desestimación de la misma.
2. La resolución de concesión contendrá, al menos:
a) La relación de solicitudes para las que se concede la subvención, con al menos, la siguiente información:
– El CIF del beneficiario, o del representante de los beneficiarios en el caso de solicitudes conjuntas;
– Localización, o localizaciones en el caso de solicitudes conjuntas, donde se realizará la actuación;
– Importe de la ayuda total concedida, expresada en euros (€).
– Importe del presupuesto del proyecto objeto de la ayuda.
b) La relación de las solicitudes admitidas pero desestimadas de acuerdo con lo siguiente:
– Aquéllas que, habiendo sido informadas favorablemente, no obtengan finalmente la subvención por falta de aceptación de la propuesta de resolución definitiva, o desistimiento o bien por imposibilidad material sobrevenida;
– Las que cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria. En este caso se indicará la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma;
– Aquéllas que, cumpliendo con las condiciones exigidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan alcanzado la puntuación mínima exigida de, al menos, 50 puntos.
c) La relación de solicitudes inadmitidas por no cumplir con los requisitos de la presente orden, que en un listado no exhaustivo se detallan a continuación:
– Que la solicitud sea presentada una vez finalizado el plazo otorgado;
– Que la solicitud presentada se encuentre fuera del objeto de la presente orden y/o que no fuera posible la subsanación;
– Que, una vez presentada la subsanación, ésta no fuese suficiente;
– Que el proyecto presentado en la solicitud superase las cuantías máximas contempladas en la presente orden de bases;
– Que, en el proyecto presentado, la fecha de firma digital del mismo por el técnico competente, sea posterior a la fecha límite dispuesta en esta orden.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, la resolución que resuelve el procedimiento de concesión se publicará en la página web del Instituto para la Transición Justa, O.A.
4. Una vez publicada la resolución de concesión, se procederá a la notificación individual a cada beneficiario de la concesión de la ayuda a través de la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. En esta notificación se hará constar el nombre del mismo, actuación a realizar, cuantía de la subvención concedida, fecha máxima para la ejecución material del proyecto y cualquier otra condición que el órgano concedente pueda establecer.
5. Contra la resolución de concesión o desestimación, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano competente en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la fecha de acceso a la notificación de la resolución en la sede electrónica o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que corresponda en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de acceso a la notificación de la resolución en la sede electrónica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, a partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, de acuerdo con la disposición adicional novena de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
7. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución a los interesados deberá entenderse como desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
1. Una vez se haya publicado y notificado la resolución de concesión, los beneficiarios estarán obligados a comunicar de inmediato al Instituto para la Transición Justa, O.A., cualquier modificación en las condiciones de los proyectos aceptados y definitivos, así como de los cambios, alteraciones o variaciones en los documentos e informaciones que se acompañaron y anexaron.
Como consecuencia de lo anterior, toda alteración de las condiciones y de las especificaciones para el desarrollo del proyecto aceptado y definitivo podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, sin perjuicio de que la no comunicación de dichas alteraciones será causa suficiente para la revocación de la ayuda y, en su caso, del reintegro de las cantidades anticipadas.
En particular, lo dispuesto en el párrafo anterior, tendrá lugar en el supuesto en el que el beneficiario hubiera presentado en el momento de la solicitud un compromiso de cesión de titularidad de un bien y que finalmente éste no se consumara o no se presentara en el plazo indicado en la resolución el certificado definitivo de cesión de titularidad de ese bien en el momento de la justificación de las ayudas, y del mismo modo, no se perfeccionase ninguno de los supuestos o negocios jurídicos descritos en el artículo 6.5 anterior.
2. De acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 86 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y siempre que no se dañen derechos de terceros, se podrá autorizar una modificación de la resolución de concesión cuando concurran todas y cada una de las siguientes circunstancias:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos definidos en la resolución de concesión, ni a otros aspectos que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda;
b) Que el cambio no afecte a la determinación del beneficiario;
c) Que las modificaciones obedezcan a causas debidamente justificadas o que no pudieron preverse en el momento de la solicitud;
d) Que el cambio sea solicitado al menos tres meses antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto y sea aceptado expresamente;
e) Que el cambio no suponga prórrogas del plazo de ejecución de los proyectos, salvo las que conceda de oficio el órgano competente;
f) Que el cambio no implique modificaciones de presupuesto que supongan un incremento del importe de la ayuda;
g) Que el cambio no implique el incumplimiento del principio de no daño significativo al medioambiente (DNSH);
h) Que el cambio no implique una nula contribución del proyecto a los objetivos climáticos.
3. La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se expondrá la motivación de la propuesta. Dicha memoria deberá incluir, al menos, una relación de los objetivos y las actividades afectadas, el gasto financiable implicado y el impacto y viabilidad sobre los objetivos y resultados del proyecto.
4. En el supuesto de producirse desviaciones entre el importe de la subvención otorgada, determinado en la resolución de concesión, y el coste final de ejecución de la obra, se atenderá a las siguientes normas:
a) Si el importe de la subvención otorgada resultase ser inferior al coste total de ejecución de la obra por existir una desviación entre el presupuesto de ejecución material inicial y el coste final de la misma, el beneficiario deberá concluir la ejecución de la obra con sus propios medios.
b) Si el importe de la subvención otorgada resulte ser superior al coste total de ejecución de la obra por existir una desviación entre el presupuesto de ejecución material inicial y el coste final de la misma, el beneficiario estará obligado a devolver al Instituto para la Transición Justa, O.A., la diferencia, en el plazo de tres meses desde la finalización de la obra. El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de esta obligación dará lugar al devengo del interés de demora en materia de subvenciones.
1. Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta orden deberán justificar ante el Instituto para la Transición Justa, O.A., el cumplimiento de las condiciones establecidas, así como la ejecución del proyecto que determinó la concesión de la ayuda, dentro de los dos meses siguientes a la finalización de la realización de la actividad subvencionable, de acuerdo con lo que se disponga en la convocatoria. El plazo para la realización de la actividad subvencionable no podrá ser superior al establecido en la convocatoria, que en ningún caso podrá ser posterior al 30 de junio de 2026.
2. Los pagos de las ayudas quedan especificados en la convocatoria de acuerdo con lo siguiente:
a) El primer pago tendrá lugar a la adjudicación de la ayuda, en función de las disponibilidades presupuestarias a la fecha de entrada en vigor de la presente orden, siendo el porcentaje de ayuda específico según el bloque en el que se encuentre el proyecto.
b) El segundo pago se realizará una vez ejecutado el porcentaje anterior, y habiéndose recibido los documentos justificativos que así lo acrediten.
c) El tercer y último pago (pago de liquidación) se realizará una vez ejecutado el porcentaje anterior, y habiéndose recibido los documentos justificativos que así lo acrediten por la parte de los gastos que se hayan ejecutado, justificado y para aquellos que todavía se encuentren en ejecución y no se hayan abonado en los pagos anteriores con cargo a los créditos de las anualidades 2024, 2025 y 2026, en su caso, previa deducción de los intereses generados por los pagos anticipados abonados por el ITJ en la cuenta finalista.
3. En la convocatoria se especificará la justificación a realizar por parte del beneficiario para los pagos anticipados, así como la presentación de cualquier documento, certificado y/o informe justificativo del desarrollo del proyecto. Así mismo, con carácter previo al primero de los pagos, se exigirá mediante certificación firmada por el secretario del ayuntamiento la presentación de los documentos acreditativos de la titularidad del bien.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las entidades locales quedan exoneradas de la obligación de constitución de garantías por su condición de administración pública.
1. Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta orden deberán justificar ante el Instituto para la Transición Justa, O.A., el cumplimiento de las condiciones establecidas, así como la ejecución del proyecto que determinó la concesión de la ayuda, dentro de los dos meses siguientes a la finalización de la realización de la actividad subvencionable, de acuerdo con lo que se disponga en la convocatoria. El plazo para la realización de la actividad subvencionable no podrá ser superior al establecido en la convocatoria, que en ningún caso podrá ser posterior al 30 de junio de 2026.
2. En la convocatoria se especificará la justificación a realizar por parte del beneficiario para los pagos anticipados, así como la presentación de cualquier documento, certificado y/o informe justificativo del desarrollo del proyecto. Así mismo, con carácter previo al primero de los pagos, se exigirá mediante certificación firmada por el secretario del ayuntamiento la presentación de los documentos acreditativos de la titularidad del bien.
En el supuesto en el que el beneficiario no presentase el certificado de la cesión de la titularidad o aquella otra que le haya sido solicitada en el plazo previsto, o carezca de las exigencias requeridas en este texto legal, el órgano competente procederá a la revocación de la ayuda en los términos de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de las presentes bases reguladoras.
3. La ejecución de los proyectos deberá ajustarse a las condiciones, prescripciones y plazos que se establezcan en la convocatoria.
El cumplimiento de esta obligación de justificación conllevará la de acreditar ante el Instituto para la Transición Justa, O.A., el cumplimiento de las obligaciones previstas en la convocatoria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. La justificación se realizará mediante cuenta justificativa simplificada que contendrá:
a) Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención, por el que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de su finalidad.
b) Informe de técnico competente sobre la ejecución técnica de los trabajos y que se acompañará de la siguiente documentación, cuando proceda:
– Licencia urbanística, cuando sea precisa, para ejecutar la correspondiente actuación, o autorización municipal análoga;
– Certificado de inicio de obra correspondiente a dicha licencia o autorización municipal;
– Certificado final de obra firmado por técnico titulado competente y debidamente visado por el colegio profesional, cuando sea procedente;
– Acta de recepción de conformidad de las obras;
– Certificados de las instalaciones, emitidos por instaladores autorizados;
– En el caso de proyectos para la rehabilitación de edificios, certificado de eficiencia energética de las obras finalizadas y certificado de eficiencia energética del edificio antes de la rehabilitación.
c) El expediente íntegro de contratación de las obras o servicios o encargo a medio propio debidamente foliado y sellado que garantice la integridad del mismo, así como la publicación, en su caso, en la Plataforma de Contrat