Categoría: Administración

retende alcanzar con esta ayuda directa.
En segundo lugar, se contempla una línea de ayudas de Estado a los agricultores, en compensación por el incremento de costes provocados por el aumento del precio de los fertilizantes. Las ayudas tendrán la consideración de subvenciones directas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 b) de la Ley General de Subvenciones y se concederán con base en el número de hectáreas determinadas para el cobro de las ayudas de la Política Agrícola Común correspondientes a la solicitud única 2022. En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, el número de hectáreas será el que haya servido como base para el cálculo de las ayudas específicas del POSEI en 2022 a estos cultivos.
En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en la Comunicación de la Comisión de 28 de octubre de 2022 sobre el Marco temporal de crisis para las medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar la economía tras la agresión de Rusia contra Ucrania C (2022)7945 final, el importe máximo a percibir por cada beneficiario en las ayudas de Estado no podrá superar los importes establecidos en la citada comunicación.
Asimismo, en relación con la tasa portuaria de la pesca fresca, se establece una exención durante seis meses al armador del buque o embarcación pesquera y su substituto, en el caso de que la pesca fresca acceda al puerto por vía marítima. Por otro lado, teniendo presente que la exención de esta tasa tendría una desigual afectación en el sistema portuario de interés general, pues atendiendo a toneladas movidas en 2022 afectaría sobre todo a seis Autoridades Portuarias (Vigo, A Coruña, Avilés, Pasaia, Gijón y Bahía de Cádiz), se establece una medida para remediar en lo posible este desequilibrio financiero a través de la preferencia de estos organismos portuarios en el reparto del Fondo de Compensación Interportuario del año 2023.
Además del sector primario, el alza del coste de la energía Derivada de la guerra en Ucrania ha tenido un impacto significativo sobre otros sectores e industrias, en particular el transporte, las industrias gas intensivas.
Por ello, el presente real decreto-ley incorpora un conjunto de medidas dirigidas a amortiguar el impacto de la subida de los costes de combustibles en el ámbito del transporte.
El alza en el precio de los combustibles derivado de la guerra en Ucrania ha ocasionado un shock en el precio de los servicios de transporte marítimo, que, si bien en aquellos segmentos del mercado de transporte marítimo donde no se establecen restricciones u obligaciones específicas a los operadores se ha podido traducir en un incremento del coste que pagan los cargadores y usuarios de estos servicios, en los servicios de línea regular de transporte de pasaje y pasaje y carga rodada ha supuesto un incremento en los costes de los operadores que conlleva, especialmente en los casos en que estos están sujetos a obligaciones de frecuencias mínimas, precios o mantenimiento de sus servicios, una difícil repercusión en los precios de estos servicios y comprometen, por lo tanto, la viabilidad económica y la continuidad en la prestación.
Ante esta situación, se establece una ayuda a los operadores de servicios de transporte marítimo que operan en líneas de navegación de interés público, que son aquellas sobre las que la administración establece determinadas obligaciones de servicio público en atención a su especial consideración e importancia para las comunidades autónomas de Baleares y Canarias y para Ceuta y Melilla. El objetivo de esta ayuda no es otro que el permitir la estabilidad del precio, cantidad, calidad y continuidad de los servicios marítimos de interés público, autonómicos o estatales, que para estos territorios tiene una consideración similar a la de los servicios de transporte público en territorio peninsular. Esta ayuda se configura como una ayuda por milla navegada y unidad de arqueo bruto (GT) del buque de manera que, por un lado, se adapta a la diversidad de tamaños de los buques que pueden operar en estas líneas y, por otro, a la diferente intensidad que el consumo de combustible representa en la estructura de costes para las diversas navegaciones comprendidas. Adicionalmente, la configuración de esta medida, centrada en el servicio que se pretende mantener, persigue fomentar el ahorro energético en los operadores marítimos. Por último, la medida se restringe a los combustibles de uso marítimo donde el alza de precios desde el pasado mes de febrero ha sido más notable y cuyo uso supone una menor emisión de contaminantes atmosféricos: gas natural licuado, gasóleo para uso marítimo y fuelóleo de bajo contenido en azufre.
Así mismo y con el fin de mitigar el impacto de la guerra en la escalada del precio de los carburantes sobre determinadas empresas de transporte de viajeros y mercancías, resulta necesario mantener una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de determinados productos energéticos para este colectivo en particular.
Se trata de empresas de un sector altamente dependientes de estas fuentes de energía y que permitirá que sigan amortiguando de forma inmediata el efecto sobre su situación económica de la subida de los precios.
Para facilitar la viabilidad de la bonificación y evitar cargas adicionales en su implementación, se aprovechan los mecanismos y procedimientos asociados a la devolución parcial por el gasóleo de uso profesional para los beneficiarios que ya disfrutan de ésta y del sistema de ayudas directas ya empleado en el Real decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo y Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, para el resto de los beneficiarios.
Por su parte, el incremento del precio del combustible motivó la modificación temporal, hasta el 31 de diciembre de 2022, de la fórmula aplicable para la revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible para ajustar el peso real que el coste del combustible tiene respecto el total de costes.
Las previsiones económicas en torno al precio actual de los combustibles hacen aconsejable prorrogar durante 6 meses más la medida, adecuando el factor que determina el peso del coste de combustible en la determinación de la revisión del precio del transporte.
Además de las medidas de apoyo al sector, una de las medidas más importantes de respuesta a la guerra es la bonificación del transporte público de viajeros.
Así, se prorroga durante 2023 la gratuidad de los títulos multiviaje de transporte ferroviario de cercanías, rodalíes y media distancia competencia del Estado. Es el caso de Renfe Viajeros SME SA. para usuarios recurrentes en los servicios de cada uno de los núcleos de Cercanías y Rodalies, así como para los servicios ferroviarios de Media distancia declarados como obligación de servicio público por las administraciones competentes, resultando muy positiva la valoración de los resultados de la medida con los datos del último trimestre.
Por otra parte, la movilidad del eje Alicante-Murcia gracias a la puesta en servicio del último tramo de línea de altas prestaciones permite dotar a ese importante corredor de unas mejores prestaciones reduciendo de manera significativa los tiempos de viaje. Y, en este sentido, resulta procedente readecuar a este nuevo escenario la actual obligación de servicio público.
Para evitar asimetrías por modos de transporte, es necesario equiparar la reducción de precio para los títulos multiviaje en las concesiones de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de competencia de la Administración General del Estado al que se aplica a los títulos multiviaje de Renfe Viajeros SME SA. para usuarios recurrentes en los servicios de cada uno de los núcleos de Cercanías y Rodalies, así como para los servicios ferroviarios de Media distancia declarados como obligación de servicio público por las administraciones competentes.
A su vez, el presente Real Decreto-ley establece un sistema de ayudas directas, correspondiente al primer semestre de 2023, para la concesión de apoyo financiero a las comunidades autónomas y entidades locales que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano, así como a los entes locales supramunicipales que agrupen varios municipios, creados por normas de rango legal y que presten servicio de transporte público colectivo, que cumplan determinadas condiciones. Esta ayuda permitirá bonificar el 30% del precio del transporte urbano e interurbano de competencia autonómica o municipal para aquellas comunidades y ayuntamientos que acuerden una bonificación adicional del 20%. Con ello, se podrá alcanzar una bonificación del 50% del precio para los viajeros habituales en transporte público en todo el territorio nacional.
Igualmente, se realizan ajustes menores en el Real Decreto Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, se modificaron la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, para garantizar que en los contratos de transporte el precio cubre los costes mínimos de prestación del servicio, régimen que se completaba con un régimen sancionador de los incumplimientos de las nuevas obligaciones.
Por otra parte, la Directiva (UE) 2022/738, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, por la que se modifica la Directiva 2006/1/CE relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera, obliga a los Estados miembros a permitir a las empresas de transporte de mercancías la utilización de vehículos pesados alquilados en otros Estados miembros con una serie de condiciones. En España esta opción no es posible en el marco de la LOTT, puesto que se exige que, en todo caso, los vehículos vinculados a las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera estén matriculados en España. Por tanto, y con objeto de poder cumplir el plazo de transposición de la norma, es preciso hacer cambios que permitan la completa transposición de aquella mediante la modificación del Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Finalmente, en todo el contexto anteriormente descrito, es de extraordinaria y urgente necesidad adoptar medidas para moderar los efectos de la espiral inflacionista en los sectores más vulnerables de la economía, en particular evitando una brusca subida de las autopistas de peaje.
Además de las medidas orientadas a amortiguar el impacto del alza de los precios de la energía en la industria electrointensiva, el sector primario y los transportes, el presente Real Decreto-ley incorpora medidas dirigidas a ayudar a la industria manufacturera gas-intensiva.
La Comisión Europea ha reconocido la sensibilidad que tienen las instalaciones industriales de elevada demanda energética al aumento del coste de sus consumos mediante el Marco Temporal de Crisis relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia (Comunicación de la Comisión 2022/C 426/01).
Los sectores más intensivos en consumo de gas natural, como el de fabricación de fibras artificiales y sintéticas y el cerámico están registrando grandes caídas de la producción y recurriendo a ERTEs para mantener el empleo.
En este contexto, ante el deterioro de la competitividad de las empresas industriales afectadas por la actual crisis de Ucrania, es necesario y urgente arbitrar mecanismos que permitan reducir el coste que la energía tiene para estos consumidores intensivos en consumo de gas natural, de forma similar a las decisiones que se están tomando en otros Estados Miembros de la UE.
Este real decreto-ley recoge el mandato al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la articulación de una línea de ayudas en 2023 para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural durante 2022 para los consumidores industriales o sectores gasintensivos, recogidos en el Anexo, que reúnan unas ciertas características de consumo y que requieren de un tratamiento diferencial donde se reconozcan sus particularidades.
Para definir el ámbito de aplicación de esta medida se han tenido en cuenta parámetros vinculados al consumo intensivo de gas, a la evolución de precios y beneficios de las actividades industriales y a su impacto medioambiental.
Cabe señalar que, en paralelo con el presente Real Decreto-ley se adoptará un Acuerdo de Consejo de Ministros para crear un compartimento específico de 500 millones de euros dentro de la línea ICO-Ucrania para las empresas de la industria gas-intensiva, con el fin de poder proporcionar un apoyo público especial para la financiación de este sector especialmente afectado por el incremento de costes de la energía. Asimismo, con los fondos europeos del Plan de Recuperación, se pondrá en marcha un proyecto estratégico (PERTE) para la descarbonización de la industria, que servirá para financiar las inversiones precisas para avanzar en la descarbonización y eficiencia energética de este importante sector.
Además de medidas para contener el alza de los precios, el presente Real Decreto-ley contiene un conjunto de medidas para impulsar la actividad y mantener la estabilidad económica y social, apoyando a los sectores estratégicos, en particular mediante la extensión durante dos años del procedimiento especial de control de inversiones extranjeras y de la moratoria contable para las empresas viables que vieron su equilibrio patrimonial roto como consecuencia de la pandemia, así como el refuerzo y agilización de procedimientos para el despliegue de las inversiones y proyectos estratégicos del Plan de Recuperación.
Hace dos años, se estableció un marco de control de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos mediante la introducción del artículo 7 bis en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Dicho régimen se amplió y extendió hasta el 31 de diciembre de 2022 mediante el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, el Real Decreto-ley 12/2021, y el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre.
El contexto actual y, en concreto, el impacto de la pandemia y las tensiones geopolíticas sobre distintos sectores, las cadenas de valor globales y la inestabilidad de los mercados financieros, hace necesario el mantenimiento de esta medida, por lo que se modifica la disposición transitoria única del referido Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2024 el régimen transitorio de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Además, se mejora la redacción vigente para aclarar que dicho control se aplica a operaciones de inversión en activos o ramas de actividad, sin requerirse que éstas tengan forma societaria.
Por otro lado, el sector de la automoción juega un papel estratégico en la economía española, con un efecto tractor por su peso en el PIB nacional y en el empleo directo e indirecto y su aportación en la balanza comercial y en la inversión en innovación que se refleja en una constante mejora de nuestra competitividad. Asimismo, genera un fuerte efecto multiplicador sobre la actividad económica, y es un sector con un fuerte componente vertebrador del territorio español.
La Estrategia de movilidad sostenible inteligente y su plan de acción, impulsados por la Comisión Europea, implica la necesidad de descarbonizar los ecosistemas de la movilidad para dar respuesta al cambio climático. A ello, se une la introducción de nuevos modelos de negocio y tecnologías cada vez más disruptivas, en un marco en el que la resiliencia de las economías y la consecución de un cierto grado de soberanía tecnológica e industrial en los países de la UE son objetivos irrenunciables.
Estos ambiciosos objetivos deben ir acompañados del desarrollo de la actividad industrial de producción de vehículos eléctricos a un ritmo superior al que se viene realizando y en unas condiciones tales que permita un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Los agentes económicos deben ver los efectos positivos que para la economía europea tiene la apuesta por una movilidad cero emisiones a pesar del riesgo inherente al cambio en el modelo de fabricación de vehículos de combustión interna a vehículos no contaminantes.
Todos los análisis sobre el desarrollo del vehículo eléctrico consideran que lo relativo a las baterías (incluidas las materias primas) suponen un elemento fundamental, y pueden convertirse en un cuello de botella, en el ecosistema de producción del nuevo vehículo eléctrico y conectado. El despliegue de la batería eléctrica irá relacionado con la reducción de los costes en la fabricación y comercialización del vehículo eléctrico, y sin duda será un factor de competitividad del sector. Por ello, el posicionamiento de España en el sector de automoción en los próximos años depende significativamente de tener un suministro de baterías garantizado, estable, y con los menores costes posibles. Y dadas las condiciones actuales geopolíticas, económicas, y de escasez de plantas suministradoras, urge dotar de elementos de apoyo para que España tenga asegurada la fabricación de baterías que asegure al menos una parte sustantiva de la demanda nacional.
La Comunitat Valenciana tiene una importante aportación al sector del automóvil. El sector representa en torno al 6% de la población activa de dicha Comunidad, y cerca del 5% de este empleo es de «Alta Intensidad Tecnológica». Adicionalmente, es un punto neurálgico para el desarrollo del sector por su buena comunicación con otros centros de producción de automóviles, uno de los cuales se ubica en la propia Comunidad. También es de destacar la situación estratégica que facilita los intercambios comerciales con terceros países.
Por tanto, es necesario apoyar a la Comunitat Valenciana, a través de una ayuda de 90 millones de euros, para facilitar que se realicen las inversiones en su territorio orientadas a la construcción de una fábrica de baterías, con un alto estándar de protección al medioambiente y eficiencia energética, y un alto grado de innovación, de forma que globalmente el sector avance en la senda de la doble transición verde y digital.
Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia que la innovación dentro del sector juega un importante rol en la competitividad del sector para mantener la competitividad del ecosistema de producción de vehículos eléctricos, las políticas públicas deben fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, la actividad innovadora, la generación de alto valor añadido, considerando en cualquier caso la mejora de la eficiencia y del ahorro de energía, control de las emisiones de CO2 y reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.
La necesidad de que esta importante innovación sea considerada en las inversiones productivas que pueda realizar el sector industrial en España, motiva la aprobación de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para 2023, por importe de 40 millones de euros.
Además, se modifica la disposición transitoria cuarta.6 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de junio, con la finalidad de prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2023, lo establecido en la misma, en relación con la jubilación parcial de los trabajadores de la industria manufacturera, lo que resulta urgente, dado el plazo de aplicación de la disposición en vigor, para dar certeza y seguridad jurídica a los incluidos dentro de su ámbito de aplicación.
En otro orden de cosas, a través del artículo 18 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, derogado y sustituido por el artículo 13 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se acordó una moratoria contable para excluir las pérdidas de 2020 a los efectos de la determinación de causas de disolución de sociedades de capital.
Gracias a dicha medida se ha logrado evitar la liquidación de empresas que resultaban viables en unas condiciones de funcionamiento de mercado normales, lo que hubiera provocado un escenario indeseable tanto sobre la estabilidad económica como sobre la preservación del valor económico de las empresas y los puestos de trabajo. La medida se ha mostrado como un gran acierto que ha ayudado a limitar el impacto económico de la crisis sanitaria al permitir ganar tiempo a las empresas, acceder a financiación, pública o privada, e ir recuperando su actividad ordinaria.
Dado el impacto de la crisis sanitaria sobre los resultados empresariales durante 2021, resultó imprescindible extender este tratamiento durante un ejercicio adicional para que los objetivos perseguidos por la misma continúen vigentes.
Sin embargo, la crisis energética, acentuada por la guerra en Ucrania, junto a todos los efectos colaterales de este conflicto armado, aconsejan otorgar un margen de tiempo adicional para que las empresas viables que están pasando por mayores dificultades puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso.
En consecuencia, se prorroga la medida excepcional prevista en el artículo 13 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre y, en consecuencia, a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas, no se computarán las de los ejercicios 2020 y 2021 durante un período de 3 ejercicios contables; esto es, las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 no se computarán ni en los ejercicios contables de 2022 y 2023 ni hasta el momento del cierre del ejercicio 2024. En el caso de que teniendo solo en cuenta el resultado de los ejercicios 2022, 2023 o 2024, resultaren pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, sí se apreciará concurrencia de la causa legal de disolución por pérdidas, debiendo actuarse por los órganos de administración en los términos previstos en el artículo 363.1.e) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 2 de julio.
Por otro lado, las Corporaciones Locales deben contar con suficiente personal para realizar las funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación, cuya responsabilidad administrativa está reservada a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Ahora bien, la realidad actual evidencia un problema estructural de cobertura de los puestos reservados, que es ocasionado por el déficit de personal funcionario de carrera con habilitación nacional. En un contexto de importante aumento de los procedimientos y expedientes de gestión económico-financiera y fiscalización como consecuencia de la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación financiadas con los fondos europeos, Next Generation EU, se hace necesario reforzar a las administraciones locales.
Por ello, con carácter adicional y complementario a la oferta de empleo público correspondiente al año 2022, se aprueba una oferta de empleo extraordinaria de 1.000 plazas. La ejecución de esta oferta de empleo público extraordinaria deberá realizarse en el plazo improrrogable de un año desde la publicación de las respectivas convocatorias.
En las convocatorias que se realicen para las plazas que ahora se autorizan, se especificarán las subescalas que correspondan de las previstas en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como su distribución territorial de forma proporcional al número de puestos vacantes en cada Comunidad Autónoma. De esta forma se trata de garantizar, en el marco de la planificación de recursos humanos, una adecuada distribución de las necesidades de personal en todas las entidades locales en el conjunto del territorio nacional.
La extraordinaria y urgente necesidad de acometer esta medida a través de un instrumento normativo como es el real decreto-ley deriva del elevado déficit de puestos vacantes y de la necesidad de garantizar el desempeño de las funciones reservadas en las entidades locales, que requiere de una correcta asignación de recursos públicos. En este caso, y para la consecución de estos objetivos, es preciso reforzar de manera inmediata los medios personales destinados a las funciones de secretaría, comprensiva de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabilidad, tesorería y recaudación, y el asesoramiento legal, funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.
Igualmente, dadas las dificultades que se derivan del actual contexto económico, que inciden en el desarrollo de las actividades agrarias, pesqueras y de transporte, se considera oportuno prorrogar, igualmente por un plazo de tres meses más, el régimen extraordinario de aplazamientos en el pago de cuotas de la Seguridad Social a que se refieren el artículo 2 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, el artículo 37 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y el artículo 28 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania
Finalmente, como consecuencia de la guerra en Ucrania se mantiene el impacto negativo de la pandemia de la COVID-19 en la actividad económica de muchas empresas y autónomos, con importante reducción de sus ingresos, afectando directamente a su liquidez y solvencia y, por ende, a su capacidad para hacer frente a sus obligaciones tanto con otras empresas como con las diversas administraciones públicas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de naturaleza no tributaria. Con lo que el objetivo de preservar el tejido productivo y garantizar el mantenimiento del empleo y la actividad, el presente real decreto-ley extiende las medidas adoptadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, en el ámbito de las deudas de naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras, prorrogando durante el ejercicio 2023 el procedimiento excepcional y temporal para la concesión de aplazamientos y/o fraccionamientos con dispensa de garantía por las Delegaciones de Economía y Hacienda.
Junto con las medidas de respuesta en el plano económico, se ha desplegado en España un importante escudo social desde el inicio de la guerra, con el fin de evitar un aumento de la desigualdad. Entre estas medidas, destacan las relativas al suministro mínimo y la lucha contra la pobreza energética, anteriormente expuestas, y las relativas al aumento del ingreso mínimo vital y pensiones no contributivas y protección en el ámbito de la vivienda. Además de las medidas destinadas a los colectivos más vulnerables, se establece un abono extraordinario de 200 euros con el fin de apoyar las rentas de las familias de clase media en un contexto de inflación.
En materia de vivienda y por cuanto corresponde al alquiler, la variación anual del Índice de Precios al Consumo aconseja extender la aplicación de las medidas de limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda con objeto de evitar un shock generado por factores exógenos, del contexto nacional e internacional que son ajenos al ámbito del arrendamiento de vivienda. En consecuencia, se considera necesario prolongar hasta el 31 de diciembre de 2023 la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, regulada en el artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, de forma que, en defecto de acuerdo entre las partes, la actualización de la renta no pueda superar el resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, que ofrece una evolución sujeta a una mayor estabilidad en el contexto actual.
La utilización de esta referencia como límite en la actualización de los contratos de arrendamiento de vivienda durante un periodo adicional responde a razones de extraordinaria y urgente necesidad, teniendo en cuenta que si, en la fecha de adopción de la referida medida a través del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, se resaltaba que la variación anual del Índice de Precios al Consumo había alcanzado en el mes de febrero el 7,6%, lo que constituía el valor máximo de los últimos 35 años, y ello ponía de manifiesto que dicho índice había dejado de ser, de manera coyuntural, una referencia adecuada para la aplicación de las actualizaciones anuales los contratos de arrendamiento de vivienda, debe destacarse que, desde entonces, la variación del referido índice ha llegado a alcanzar el pasado mes de julio un 10,8% y, aunque en los últimos meses su evolución ha sido favorable, sigue estando en niveles elevados, por lo que resulta imprescindible extender temporalmente la aplicación de la medida por las razones anteriormente indicadas.
Asimismo, la guerra en Ucrania y el consiguiente incremento inflacionario hace necesario extender determinadas medidas de protección de personas en situación de vulnerabilidad que fueron introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
En particular, se amplía hasta el 30 de junio de 2023 la suspensión de los procedimientos y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos, así como la posibilidad, hasta el 31 de julio de 2023, de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario, medida ya recogida en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Por último, se contempla una prórroga extraordinaria del plazo de los contratos de arrendamiento de seis meses desde la fecha de finalización, durante la cual se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.
Aunque las medidas adoptadas por el Gobierno están consiguiendo la paulatina desaceleración de la inflación, el alza de los precios de los alimentos está reduciendo el poder adquisitivo de las familias. Mientras persista la escalada de precios, resulta conveniente rebajar del 4 al 0 por ciento el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que recae sobre los productos básicos de alimentación, hasta ahora sujetos al tipo reducido, así como minorar desde el 10 por ciento vigente al 5 por ciento el aplicable a los aceites y pastas alimenticias, para contribuir a la reducción del precio final de estos alimentos básicos. Ambas reducciones se establecen de forma temporal y extraordinaria desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023, sujetas a la evolución de la tasa interanual de la inflación subyacente.
El tipo del recargo de equivalencia correspondiente a estas operaciones también se reduce en consonancia durante su vigencia y aplicación.
Por otra parte, se aclara el derecho a seguir percibiendo la deducción por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a partir de 1 de enero de 2023, aun cuando alguno de los progenitores tuviera derecho al complemento de ayuda para la infancia respecto del mismo descendiente, evitando de esta forma que el cambio normativo llevado a cabo en esta materia perjudique a las familias que hasta ahora venían disfrutando de aquélla.
Finalmente, se introduce así mismo una línea directa de ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio, con el fin de paliar el efecto perjudicial en los precios ocasionado principalmente por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania. Esta ayuda, de 200 euros de cuantía en pago único, se dirige a quienes hayan sido asalariados, autónomos o desempleados en 2022, con el fin de paliar situaciones de vulnerabilidad económica, no cubiertas por otras prestaciones de carácter social, como es el caso de las pensiones o el ingreso mínimo vital. Para la percepción de esta ayuda, se establecen así mismo unos máximos de ingresos y patrimonios conjuntos en función de la convivencia en el domicilio, con el objetivo de que el colectivo de beneficiarios de la ayuda responda a los principios de necesidad y progresividad.
La experiencia de aplicación efectiva del régimen de las cuentas de pago básicas aconseja elevar el umbral de renta que se aplica a aquellas personas no integradas en una unidad familiar para considerarlas de especial vulnerabilidad o en riesgo de exclusión financiera. Así, dicho umbral de ingresos económicos brutos, regulado en el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera, se eleva desde dos veces el indicador público de rentas de efectos múltiples hasta tres veces, facilitando el acceso de las personas no integradas en una unidad familiar a la gratuidad de las cuentas de pago básicas.
El artículo 76 habilita a la Ministra de Hacienda y Función Pública para modificar las cuantías relativas a la indemnización por uso de vehículo particular por parte de los empleados públicos por desplazamientos profesionales. Tras diecisiete años sin que se hayan actualizado dichas cuantías, en el presente momento de difíciles consecuencias económicas y energéticas derivadas de la guerra de Ucrania, resulta especialmente urgente que se proceda a su modificación.
Junto a ello, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado con las organizaciones sindicales CCOO y UGT, recoge en su cláusula novena el compromiso del Gobierno de impulsar a lo largo de 2022 y 2023, a través de la negociación colectiva en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, la actualización de los importes de los gastos de desplazamiento consecuencia de la actividad de prestación de servicios.
En materia de Seguridad Social, se dispone extender, con efectos de 1 de enero de 2023, para todo el año, el incremento extraordinario de la prestación del ingreso mínimo vital que se estableció en el artículo 45 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, a cuyo efecto se complementa el porcentaje que deba aplicarse a dicha prestación para su actualización de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 en un porcentaje igual a la diferencia entre aquél y el 15 por ciento, de modo que el ingreso mínimo vital experimente para 2023 un 15 por ciento de incremento respecto de la cuantía que tenía a 1 de enero de 2022. Esta medida se considera imprescindible dado el aumento que ha sufrido el índice de precios al consumo durante 2022, que sin duda ha afectado gravemente a las personas y unidades de convivencia más vulnerables, sin que las previsiones económicas auguren cambios en dicho parámetro para 2023 que desaconsejen la medida.
Lo mismo puede decirse del incremento extraordinario de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que estableció en su día el artículo 45 bis del citado real decreto-ley.
Por otra parte, en atención al contexto en la que se adopta este real decreto-ley, la situación de vulnerabilidad de las personas beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital, especialmente de las unidades familiares con menores, requiere de la adopción de medidas con la mayor urgencia posible para evitar el daño derivado del reintegro inmediato de cantidades indebidamente percibidas. Así, no serán exigibles las cantidades que no superen el 65 por ciento de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas, cuando en la unidad de convivencia se integre, al menos, un beneficiario menor de edad. En el supuesto que se regula, no hacerlo supondría que la unidad de convivencia tenga que devolver, mediante la aplicación de descuentos sobre las sucesivas mensualidades de la prestación de ingreso mínimo vital, o mediante las otras modalidades reguladas en los procedimientos general y especial de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, importes muy reducidos, lo que, lejos de paliar su situación, implicaría una reducción tal de la cuantía total mensual del ingreso mínimo que haría que la situación de especial protección se agravase, colocando al menor en una situación de precariedad mayor que la que se pretende evitar mediante el reconocimiento del derecho al ingreso mínimo vital.
Junto a las medidas generales de respuesta a la guerra, el presente Real Decreto-ley extiende algunas de las medidas específicas destinadas a apoyar a los ciudadanos y empresas afectados por la erupción del volcán de La Palma.
El Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, estableció en el Capítulo Segundo de su Título IV la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria, independientemente de que estuvieran o no al corriente de pago, concedidos a afectados por los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas acaecidos en la isla de La Palma, regulando su régimen y efectos. La finalidad de tal suspensión era proporcionar un alivio temporal en la carga financiera de los afectados, con el fin de permitirles un mayor margen para hacer frente a las necesidades urgentes derivadas de la erupción, en particular del eventual desalojo y de los daños que hubieran podido sufrir como consecuencia de la misma. Aunque las autoridades competentes integrantes del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias han certificado la finalización de la erupción el pasado 25 de diciembre de 2021, persiste la situación de necesidad abordada por la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos establecida en el Real Decreto-ley 20/2021, por lo que el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022 amplió la duración de la suspensión en seis meses adicionales.
El Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles, abrió un nuevo plazo de solicitud de la suspensión de obligaciones de pago establecida por el Real Decreto-ley 20/2021, de forma que hasta el 24 de octubre de 2022 los afectados por la erupción del volcán podrían solicitar una suspensión de sus obligaciones, de seis meses para aquellos afectados que no se beneficiaron de la suspensión original y de tres meses para quienes sí lo hicieron.
Actualmente, la isla se sigue enfrentando a una situación excepcional derivada de la erupción que generan una necesidad urgente de liquidez. Por ejemplo, el precinto de barrios por razones de salud pública y la subsiguiente evacuación de sus habitantes, debido a las emanaciones de gases, genera dificultades financieras adicionales y urgentes a los afectados. Asimismo, los afectados que se han beneficiado de la suspensión necesitan un plazo adicional ante la situación de desplazamiento, que determina sus dificultades financieras actuales.
Por ello, resulta de urgente y extraordinaria necesidad prorrogar la suspensión de obligaciones de pago para aquellos que la solicitaron entre el 21 de septiembre y el 24 de octubre de 2022, así como quienes en esas mismas fechas solicitaron una prórroga de la suspensión previamente concedida. Dicha prórroga se establece por un periodo de seis meses adicionales, a contar desde el vencimiento del periodo ya concedido.
El título II del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, con sucesivas modificaciones, recoge una serie de actuaciones destinadas a paliar daños personales, en viviendas y establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como para resarcir a las corporaciones locales de los gastos para hacer frente a la emergencia y a las personas por prestaciones personales y de bienes.
En particular, en los casos de destrucción o daños causados en la vivienda habitual de la unidad familiar o de convivencia económica causados directamente por las erupciones volcánicas, el artículo 4.2 prevé que se concedan las ayudas previstas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión, con determinadas especialidades, entre ellas, la flexibilización de los medios de prueba para acreditar la titularidad sobre los bienes inmuebles afectados.
La indeterminación del precepto citado acerca de cuál sea el título jurídico en virtud del cual se disfruta el uso de la vivienda y la remisión al Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, conducen a que, salvo en lo que se refiere a las especialidades mencionadas, se aplique la regulación contenida en esta disposición reglamentaria, que en su artículo 15.1 establece la posibilidad de conceder subvenciones en caso de destrucción total de la vivienda habitual siempre que uno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia que residieran en aquélla sea propietario de la misma. Por tanto, este real decreto y, por remisión, el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, no reconocen otro título jurídico que la propiedad del inmueble a efectos de percepción de las ayudas por destrucción de la vivienda habitual.
Sin embargo, son frecuentes las situaciones en las que el título jurídico en virtud del cual se dispone de la vivienda habitual no es la propiedad, sino el usufructo, que, si bien es un derecho real limitado, confiere al usufructuario una facultad de disfrute del inmueble análoga al dominio.
En consecuencia, es objeto también de este real decreto-ley extender la condición de beneficiarias de las ayudas por daños materiales en la vivienda habitual a las unidades familiares o de convivencia económica cuando ninguno de sus integrantes ostente la propiedad del inmueble, pero, al menos, uno de ellos sea titular del usufructo sobre dicha vivienda.
Por su parte, el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión, se inscribe en una de las fases integrantes de las actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, la fase de recuperación, regulada en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Asimismo, la disposición adicional cuarta de dicha ley prevé que la normativa reglamentaria estatal en materia de subvenciones destinadas a situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica será de aplicación a las ayudas derivadas de situaciones en las que no se haya producido la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, así como a las ayudas por daños personales del artículo 22 y por daños materiales del artículo 21 y en los párrafos a), b) c) y d) del apartado 1 del artículo 24.
Entre los beneficiarios de las ayudas que contempla el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, el artículo 5.1.a) se refiere a las unidades familiares o de convivencia económica que sufran daños personales o materiales. Respecto a estos últimos, el capítulo III regula las ayudas destinadas a paliar daños materiales en viviendas y enseres, en tanto que el artículo 16 regula el concepto de unidad familiar o de convivencia económica, no reconociendo otro título jurídico que la propiedad del inmueble, dejando fuera el disfrute en concepto de usufructuario ya señalado.
Por tanto, resulta necesaria la modificación del artículo 15.1 del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, para poder extender la condición de beneficiarios de las ayudas por daños materiales en la vivienda habitual a la unidad familiar o de convivencia económica, cuando ninguno de sus integrantes ostenta la propiedad del inmueble, pero, al menos, uno de ellos es titular del usufructo sobre dicha vivienda.
El artículo 44 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, prevé ayudas destinadas a recuperar el entorno socioeconómico y ambiental en la Reserva de la Biosfera de La Palma, declarada por la UNESCO en 2002, previendo una subvención directa a su órgano gestor que pertenece al sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, que deberá ser destinada a recuperar el entorno socioeconómico y ambiental de dicha Reserva.
La subvención se concedió mediante Resolución de fecha 1 de diciembre de 2021, en la que figuran los términos en los que deben ser ejecutados los fondos y anexado el Plan de actuaciones definido por la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, con la inclusión del desglose económico de cada actividad, dentro de las líneas de actuación objeto de financiación previamente fijadas.
Sin embargo, la necesidad urgente de facilitar la gestión y ejecución de las ayudas, aconsejan ajustar la totalidad de los supuestos y gastos susceptibles de imputarse a esta subvención, para lo que deben considerarse subvencionables los gastos financieros derivados de la gestión de los proyectos contemplados en el Plan de actuaciones a desarrollar con los fondos procedentes de la subvención concedida. Es por ello que se hace preciso modificar con carácter urgente, aquel artículo para incluir un nuevo apartado que permita la elegibilidad de los gastos financieros y que contribuya a la correcta ejecución de los fondos de la subvención, haciendo viable la implementación de los proyectos diseñados y otorgando al beneficiario un marco adecuado de certeza jurídica y financiera para la ejecución y justificación de la subvención concedida.
Asimismo, las circunstancias concurrentes en la isla de La Palma determina que se prorroguen para 2022 los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas para la isla de La Palma. Como se ha señalado, si bien la erupción del volcán ha finalizado, este permanece vivo a través de la expulsión de gases que mantienen desalojadas varias áreas que no han sido sepultadas por la lava, pero en las que las mediciones de gases realizadas por el Instituto Geográfico Nacional impiden que los afectados puedan volver a sus casas o reabrir sus negocios. Igualmente, existen casas que no han quedado sepultadas, pero sí aisladas por la lava, por lo que los propietarios aún no han podido acceder ni vivir en ellas.
Por último, se aprueban beneficios fiscales como consecuencia de los incendios forestales acaecidos durante los meses de junio, julio y agosto de 2022, lo que hizo que el Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de agosto, acordara declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil en diversas comunidades autónomas.
Por otra parte, se prorrogan las medidas para hacer frente a la situación excepcional que la erupción volcánica en la isla de La Palma ha generado, previstas en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, y prorrogada por la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, y por el artículo 25 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio.
Los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de las situaciones de fuerza mayor provocadas por la erupción volcánica todavía están dando cobertura a un número considerable de trabajadores de empresas que aún no han podido retornar a la actividad, por lo que concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad para disponer de nuevo la prórroga de las medidas extraordinarias ya previstas para paliar dicha situación.
Asimismo, se establece que los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el 31 de diciembre de 2022, la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el apartado dos del artículo 26 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, a partir del 1 de en