Categoría: Administración

, la capacitación, la comercialización o la promoción de nuevos emprendimientos y el desarrollo de mecanismos de seguros agrarios.
Las iniciativas estarán orientadas tanto al aumento de la capacidad productiva como a la generación de ingresos, y se desarrollarán con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. Para que el tejido económico salvadoreño esté mejor preparado para afrontar nuevas crisis en el futuro, las actuaciones incorporarán medidas para aumentar la resiliencia, es decir la capacidad de resistir, adaptarse y superar situaciones adversas.
Dentro del sector primario se apoyarán las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. Es importante tener en cuenta que El Salvador tiene un importante potencial pesquero que contribuye a aumentar la empleabilidad de la juventud, la seguridad alimentaria, la nutrición y la alimentación adecuada.
Las iniciativas de la CE en el sector agropecuario que incluye la pesca y acuicultura, se alinearán con las directrices establecidas en la Ley de Agricultura Familiar, la Política Nacional Agropecuaria y el Plan Maestro de Rescate Agropecuario. Dentro del sector secundario se podrá apoyar a pequeñas iniciativas de transformación e industriales, y en el sector terciario la prestación de servicios y el comercio. Las iniciativas de la CE en el ámbito metropolitano se alinearán con la Política Metropolitana de Desarrollo Económico Territorial y las políticas municipales de desarrollo económico local.
Una parte importante de los impactos negativos de las crisis se puede evitar con una correcta planificación del territorio. Así, la meta la meta del ODS 1.5 priorizada por la CE de fomento de la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, tiene dos metas relacionadas: la 13.1 de fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, y la meta 11.b de aumento considerable del número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Desde la CE se promoverá un desarrollo territorial planificado y resiliente, que incorpore la adaptación a los escenarios climáticos futuros. Por otra parte, la conservación del patrimonio histórico, cultural y ambiental es una vía efectiva tanto para la recuperación del tejido productivo y se transforma el sistema económico con criterios socioambientales e inclusivos como para el aumento de la resiliencia, por lo que será una de las líneas de acción de la CE.
Las iniciativas para conseguir este resultado en cualquier parte del territorio nacional se alinearán con el marco legal y planificador ya existente: Política Energética Nacional, Ley de Medio Ambiente, Política Nacional de Medio Ambiente, Compromisos Nacionales para el Cambio Climático, Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDC), Directrices de zonificación ambiental, Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP), Ley de Cultura, Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, Plan Moya de Pueblos indígenas de El Salvador, y Política de Pueblos Indígenas. Además, las intervenciones en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) se alinearán y apoyarán el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT).
La educación es la base para mejorar las condiciones de vida y el desarrollo sostenible, y el acceso a la educación inclusiva y equitativa ayuda a la población para salir del ciclo de la pobreza, proveyéndole de las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas que les rodean. Aunque en los últimos años El Salvador ha realizado progresos importantes en este ámbito, alcanzando una alta tasa de matriculación en el nivel de educación primaria, en línea con la meta 4.2 de los ODS «De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria»(76). No obstante, la calidad del sistema educativo es baja, los currículos formativos están desfasados y la matriculación en los niveles de educación superiores es reducida. Según el Plan de Desarrollo Social 2019-2024, el bajo nivel educativo de la población en general y de los jóvenes en particular les impide desarrollar sus competencias y habilidades para acceder a un trabajo decente, tener una vida digna e insertarse positivamente en la sociedad, aportando a su desarrollo sostenible. Además, la crisis del COVID-19 ha agudizado los problemas de acceso y aprovechamiento para los colectivos más vulnerables.
Un sistema educativo de calidad contribuye a reducir el fracaso escolar, la deserción temprana, y a aumentar los conocimientos, habilidades y destrezas de la población. Este sistema tiene que ser inclusivo y actualizarse constantemente para adaptarse a los cambios sociales, culturales y laborales. En un contexto marcado por el uso intensivo de tecnologías, especialmente las de la información y comunicación, el dominio de estas herramientas es clave para la participación social, la inserción laboral y la competitividad nacional.
La Cooperación Española trabajará para eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, favorecerá la enseñanza gratuita, equitativa y de calidad para que los niños y niñas terminen sus ciclos educativos, apoyará iniciativas para aumentar el ingreso, permanencia y egreso de niños y niñas en el sistema escolar, y facilitará la mejora de las competencias de todo el alumnado. Para conseguir este resultado se podrán apoyar, entre otras, acciones orientadas a la dotación de infraestructuras y equipos, desarrollo de contenidos o formación de docentes.
Todas las iniciativas estarán alineadas con el Plan Estratégico Institucional 2019-2024 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Plan Torogoz), la Política Crecer Juntos, la Política Nacional de Formación Docente, la Agenda Digital 2020-2030 de la Secretaría de Innovación, y el Plan Social 2019-2024.
La formación es un elemento clave para aumentar la empleabilidad y los ingresos, especialmente para las personas jóvenes y los colectivos desempleados. Para aumentar el número de personas con competencias para el empleo y el emprendimiento se continuará el Programa de Escuelas Taller, se promoverán programas y se pondrán en marcha nuevos programas de formación ocupacional y de habilidades blandas para el empleo, poniendo especial énfasis en la preparación para nuevos nichos de mercado y la capacitación en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Para aumentar el número de personas con competencias en desarrollo sostenible y el ejercicio de los derechos culturales se promoverá el enfoque biocultural(77).En el ámbito de la educación formal se apoyará la modificación de los currículos formativos y la capacitación de docentes, y en el ámbito de la educación no formal e informal se promoverán acciones de sensibilización y movilización social.
Como indica el Plan de Desarrollo Social 2019-2024, la desigualdad de género en El Salvador es un problema estructural que vulnera derechos y constituye una barrera para el desarrollo humano del país. La desigualdad de género sigue constituyendo un grave obstáculo para el desarrollo humano y las desventajas e inseguridad que experimentan las niñas y las mujeres son una causa importante de inequidad y vulneración de sus autonomías. Existe un amplio apoyo social, político e institucional sobre la necesidad de priorizar el ODS 5 en los próximos años.
Como se ha señalado en la sección 1.1 de contexto del país, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es limitado, especialmente para las niñas y adolescentes, lo que contribuye a que El Salvador tenga una de las tasas más altas de embarazo de niñas y adolescentes en América Latina. Por otra parte, hay una alta tasa de violencia contra las mujeres, que se manifiesta en feminicidios, mujeres desaparecidas y agresiones sexuales. Esta violencia se extiende a las personas LGBTIQ que son especialmente vulnerables a abusos y ataques a su integridad.
Las mujeres están infrarrepresentadas en la vida política, económica y social, y con mucha frecuencia sufren discriminación en ámbitos como la salud, la educación, la representación política o el mercado de trabajo, lo que tiene repercusiones negativas para el desarrollo de sus capacidades y su libertad de elección.
Con este resultado se persigue contribuir a reducir la mortalidad materna-infantil y los embarazos de niñas y adolescentes, y a aumentar el número de personas que acceden a los servicios de salud sexual y reproductiva. Para ello se fortalecerán las políticas, protocolos y estrategias sobre los derechos sexuales y reproductivos, se apoyarán a las organizaciones que prestan los servicios, y se capacitará a los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades sobre los derechos sexuales y reproductivos.
Dada la importancia que se está dando en El Salvador en los últimos años a la salud sexual y reproductiva existe una importante red de actores salvadoreños que trabajan en este ámbito, destacando las instituciones públicas (Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia y Dirección General de Estadística y Censo), los Comités municipales de prevención de violencia contra las mujeres, y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres y feministas. Dentro de la Cooperación Española (CE) destaca el trabajo que desde hace tiempo realiza la AECID, la cooperación descentralizada, y muchas ONGD. En la cooperación multilateral destacan las intervenciones de ONU Mujeres, PNUD, UNFA y SICA/COMISCA. Además, existen distintos espacios de coordinación donde se abordan cuestiones relacionadas con la salud sexual, como el Foro nacional de salud, la alianza intersectorial para jóvenes y adolescentes, la alianza por los derechos sexuales y reproductivos, o la articulación salvadoreña por el consenso de Montevideo, así como otros espacios potenciales para mejorar el acceso de las personas a los servicios con calidad y calidez en salud sexual y reproductiva.
Dado el gran número de actores que trabajan en este ámbito, es necesario un alto grado de coordinación y que las iniciativas se alineen con las políticas públicas, especialmente con el Plan Moya de Salud, la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente (ENIPENA), la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, así como con los lineamientos del MINSAL para la atención de la población LGTBIQ y víctimas de violencia sexual.
Con este resultado se contribuirá a aumentar el número de mujeres víctimas de violencia de género y de discriminación, y personas LGBTIQ, atendidas con calidad tanto de forma presencial como de forma remota a través de la línea telefónica 126. Para ello se reforzará la red de centros de atención a estos colectivos, se brindará formación técnica especializada y se podrán poner en marcha iniciativas de sensibilización a la población, y de incidencia hacia los tomadores de decisiones.
La Cooperación Española contribuirá a una mayor presencia y una mayor participación política, económica, social y cultural de las mujeres en El Salvador, y para ello se buscará fomentar el establecimiento de mecanismos que contribuyan a generar un cambio en las actitudes y comportamientos de la sociedad frente a la desigualdad de género. También se trabajará para que sea efectiva y sustantiva la igualdad formal que se reconoce en el marco legal vigente y se reduzcan los diferentes tipos de discriminación contra las mujeres y las niñas.
Algunas de las líneas de trabajo que se pondrán en marcha serán el apoyo a organizaciones feministas y de mujeres, la capacitación y sensibilización a líderes de la sociedad civil y la sensibilización de la ciudadanía en general. Por otra parte, y en la medida en que la desigualdad de género está presente en gran parte de los ámbitos de trabajo, se continuará con el proceso de transversalización de género en las intervenciones que apoye la Cooperación Española.
El trabajo de la CE se alineará con el Plan Moya de Igualdad y el Plan de Acción Nacional para la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por otra parte, la CE asume la política exterior feminista del Gobierno de España que recoge la promoción activa de la igualdad de género como un principio transversal y un eje prioritario de la acción exterior española. Basándose en cinco principios: enfoque transformativo; liderazgo comprometido; apropiación; participación inclusiva y fomento de alianzas; e interseccionalidad y diversidad.
La Cooperación Española, que tiene una larga trayectoria de trabajo en agua y saneamiento en El Salvador y es reconocida como un referente en el sector, seguirá contribuyendo al objetivo de conseguir el acceso universal en el 2030. Para ello se dará continuidad a los proyectos promovidos desde el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) y las ONGD, focalizándose en los colectivos y zonas con mayores carencias. Los proyectos de abastecimiento tendrán un enfoque integral, incluyendo tanto el acceso al agua como al saneamiento. Para garantizar la sostenibilidad futura de los sistemas de agua y saneamiento, y para reforzar su resiliencia frente a posibles crisis, se apoyará la planificación y gobernanza del recurso hídrico.
Las intervenciones de la Cooperación Española utilizarán el enfoque de Derecho Humano, trabajando con los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades, y en especialmente promoviendo la participación de las personas sin acceso, integrando la transversalización del enfoque de género para la igualdad en la participación y oportunidades para mujeres y hombres, apoyando a las ONG y comités locales de agua, y reforzando las capacidades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Los proyectos se alinearán con el Plan Moya de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH) y el Plan Moya de Agua Potable y Saneamiento (PLANAPS), y tendrá en consideración la Ley de Medio Ambiente, Política Nacional de Medio Ambiente, las Contribuciones Nacionales Determinadas a la lucha contra el cambio climático (NDC) y la Política Energética Nacional.
El acceso al agua y el saneamiento están reconocidos como Derechos Humanos; sin embargo, cerca de un 8% de la población salvadoreña no tiene acceso al agua potable(78), principalmente en las áreas rurales, y en las zonas urbanas con acceso son frecuentes las interrupciones del servicio. La falta de acceso al saneamiento adecuado es aún mayor, situándose en torno al 40%(79)de la población y existiendo además un importante problema de depuración de aguas residuales. Si no se hace un importante esfuerzo en los próximos años el país no conseguirá alcanzar la meta de acceso universal en el 2030
Por otra parte, El Salvador se enfrenta al reto de la contaminación de los mantos acuíferos por actividades agrícolas, industriales y urbanas, y al deterioro de las zonas de recarga de los manantiales y ríos por la deforestación de las zonas de montaña. La climatología del país y la falta de sistemas de acumulación de agua provoca que en la época seca del año haya un fuerte estrés hídrico, lo que se acentúa en los años de sequía. Por otra parte, los fenómenos meteorológicos extremos como lluvias torrenciales y tormentas tropicales, con sus consecuentes inundaciones, deterioran las infraestructuras de captación, transporte, distribución y depuración de agua. En un contexto de crecimiento de la población, urbanización, aumento de demanda de agua para usos productivos, y cambio climático, se hace imprescindible una adecuada planificación y gestión del recurso hídrico.
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas es fundamental para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y los ODS. Instituciones dotadas adecuadamente con personal capacitado, mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas son la base para una buena gestión de los bienes y servicios públicos. A su vez, una sociedad civil fuerte contribuye al diálogo social, a garantizar el Estado de Derecho, a avanzar en el logro de los derechos políticos, económicos y sociales, y a no dejar atrás a los colectivos más vulnerables.
En un momento de cambios importantes en la sociedad salvadoreña y de salida de la crisis provocada por el COVID-19, es necesario más que nunca la apuesta por construir una sociedad pacífica e inclusiva, y por promover el diálogo y la participación ciudadana.
Una ciudadanía activa y organizada es un factor fundamental en la articulación de la participación social y en el avance de los derechos humanos. La Cooperación Española (CE) ha apoyado en el pasado a la sociedad civil salvadoreña, especialmente a sus ONG, y continuará con esta labor en los próximos años, poniendo especial énfasis en la promoción de espacios de participación ciudadana, el fortalecimiento de organizaciones para la participación ciudadana, y el apoyo a la gestión de políticas públicas con participación ciudadana.
Este resultado da continuidad al trabajo desarrollado en el MAP anterior de avanzar hacia la construcción de un Estado concertador, centrado en la ciudadanía y orientado en resultados, apoyando a que las administraciones públicas en su capacidad de planificación y gestión, con énfasis en el desarrollo normativo, la formación de las servidoras y servidores públicos, el desarrollo de la Agenda Digital, la consolidación y sostenibilidad de nuevas instituciones.
En este objetivo se enmarcan también las iniciativas de cooperación triangular, como el proyecto de transferencia de la experiencia para la adaptación del modelo Centros de PYME de la República Dominicana a El Salvador, o el proyecto para institucionalizar un sistema de gestión del conocimiento para la generación de evidencia en materia de violencia feminicida, realizado entre El Salvador, Perú y España.
En los próximos años el acento se pondrá en el refuerzo de las instituciones del sistema público para garantizar el bienestar social y en la mejora de instrumentos de gestión pública. Para estas acciones se podrán poner en marcha iniciativas de cooperación triangular que permitan trasladar y adaptar las experiencias de otros países al contexto salvadoreño, y como marco normativo se tendrá en cuenta la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Ética Gubernamental y la Agenda Digital 2020-2030, así como con el marco normativo de género (Ley de igualdad y Equidad; ley integral especial para una vida libre de violencia para las mujeres, además de políticas derivadas de la Estrategia Intersectorial para la Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes).
Por su parte, debido a las condiciones sanitarias generadas por la pandemia, en el marco de este MAP podrían además apoyarse actuaciones puntuales y acotadas en el tiempo en materia de salud, con el foco en el fortalecimiento en los sistemas sanitarios y la formación médica especializada en materia de COVID-19, siempre que sea una prioridad del país socio y que la coyuntura en términos presupuestarios lo permita
Por otro lado, se señala que independientemente de los sectores que son priorizados en este documento y resultados del proceso de programación del MAP, se continuará intentando dar respuesta a los problemas humanitarios, así como a las emergencias que puedan surgir, siempre de acuerdo a los principios humanitarios.
3.1 Red de alianzas
Como viene recogido en el V Plan Director de la Cooperación Española, la Agenda 2030 insiste en las ventajas y potencialidades de las alianzas, y llama para ello a establecer una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible a través del ODS 17, en torno a la construcción de partenariados y la movilización de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos, con participación de todos los socios posibles. Las ventajas del trabajo en alianzas son bien conocidas y van desde una mayor armonización y alineamiento hasta una mayor capacidad de diálogo de políticas, y la mejora de la eficacia de la ayuda.
La Cooperación Española tiene un compromiso con la promoción y participación de alianzas entre los actores de la cooperación internacional, públicos y privados, sector empresarial y sociedad civil, tanto salvadoreños como españoles y pertenecientes a la comunidad internacional que coopera con El Salvador.
La participación de los distintos actores en los cuatro años de este MAP dependerá de decisiones estratégicas de cada organización y de la disponibilidad de recursos económicos, cuestiones que quedan más allá de este ejercicio de planificación y que pueden cambiar en el futuro. No obstante, en el escenario más probable, los actores principales son los siguientes:
Actores salvadoreños.
En coherencia con el principio de apropiación de la Agenda de Eficacia de la Ayuda, los actores salvadoreños están llamados a asumir un papel prioritario en la puesta en marcha del MAP.
Para el resultado de desarrollo 1, Presidencia de la República, Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Centro de Desarrollo de la Pesca y la Agricultura (CENDEPESCA), Consejo Nacional de Energía (CNE), Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Cultura (MICULTURA), Ministerio de Economía (MINEC), Ministerio de Turismo (MINTUR), Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL), Ministerio de Vivienda, RECODEL, Secretaría de Innovación, Viceministerio de Ordenamiento Territorial, gobiernos locales, mancomunidades, ONGD locales, cooperativas, gremiales empresariales, instituciones bancarias, universidades, y plataformas de sociedad civil (soberanía alimentaria, mesa justicia climática, mesa de gestión de riesgos).
Para el resultado de desarrollo 2 se cuenta, entre otros, con CONAMYPE, CONNA, INJUVE, INSAFORP, ISDEMU, ISNA, MICULTURA, MINEDUCYT, MINSAL, Ministerio de Trabajo, MARM, Secretaría de Innovación, Municipalidades, comunidades educativas (padres, madres, docentes, etc.), las plataformas educativas, sociedad civil, ONG y universidades.
Para el resultado de desarrollo 3 se cuenta, entre otros, con Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, ISDEMU, Ministerio de Desarrollo Local/Ciudad Mujer, Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), Dirección General de Estadística y Censo (DIGESTYC), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y órganos judiciales (Ministerio Público, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Trabajo, Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE), Unidades municipales de la mujer, Comités municipales de prevención de violencia contra las mujer, Unidades de género en distintas instituciones, Ministerio de Cultura, Tribunal Supremo Electoral, Organizaciones de mujeres y feministas, Foro Nacional de Salud, Alianza intersectorial para jóvenes y adolescentes, Alianza por los derechos sexuales y reproductivos, Articulación salvadoreña por el consenso de Montevideo, Movimiento de mujeres y feministas, Red feminista frente a la violencia contra las mujeres, Red de mujeres por la igualdad y una vida libre de violencia, Cooperativas y Bancos de mujeres, BANDESAL, INSAFORP, Banco de Fomento Agropecuario y Asociaciones de mujeres funcionarias y mujeres jueces.
Para el resultado de desarrollo 4 se cuenta, entre otros, con ANDA, MARN, Municipalidades, Juntas de agua, mancomunidades, MINSAL, ONG locales, empresa privada: sistemas autoabastecidos, Comisión presidencial de Proyectos estratégicos. Plataformas ciudadanas (Foro de Agua, Alianza contra la privatización), Microrregiones y Mancomunidades de la cuenca.
Para el resultado de desarrollo 5, se cuenta, entre otros con Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Instituto de Acceso a la Información Pública, PDDH, FiscalíaGeneral de la República, Oficina de información y respuesta de los ministerios, Sociedad civil, Plataformas, Medios de comunicación, Universidades, Procuraduría General de la República, Municipalidades, MINSAL, INJUVE, MINEDUCYT, Secretaría de Innovación, ISDEMU, Ministerio de Cultura, así como otras instituciones de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público institucional estatal.
La Administración General del Estado (AGE) española está representada en El Salvador por la Embajada de España en San Salvador, la AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) y el Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) como Unidades de Cooperación en el Exterior, y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Oficina Económica y Comercial.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC), a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, es el órgano responsable de planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la política de cooperación internacional para el desarrollo. Adscrita a esta Secretaría de Estado, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) se encarga del fomento, gestión y ejecución de esta política a través de distintas modalidades e instrumentos.
Para el desarrollo de este MAP se contará con la participación de distintos ministerios, como el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico o el Ministerio de Igualdad. Se contará igualmente con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), fundación del sector público que gestiona proyectos de cooperación internacional en el marco de la Agenda 2030, y con el Instituto de Estudios Fiscales para la reforma del sistema fiscal salvadoreño.
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Las Comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña, con cooperación directa en el país, participarán activamente en el MAP. Además, en los últimos años, las Comunidades Autónomas de Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia han financiado proyectos en El Salvador a través de subvenciones a ONGD y otras instituciones y se espera que lo puedan seguir haciendo en el marco de este nuevo MAP. Entre las entidades locales que cooperan con El Salvador destacan el Fons Catalá y el Euskal Fondoa.
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo.
Las ONGD españolas canalizaron en el periodo 2016-2019 más de 88 millones de euros de Ayuda Oficial al Desarrollo, y en los próximos años seguirán siendo un actor fundamental para el desarrollo del nuevo MAP.
Más de veinticinco ONGD españolas cuentan con presencia en El Salvador (nombradas en la sección de Principales actores de la Cooperación al Desarrollo). Dado que muchas de las líneas de actuación de estas ONGD tienen cabida en el nuevo MAP, y que una parte importante de su financiación proviene de subvenciones de las administraciones públicas españolas, se espera que la mayoría de las ONGD continúen con su trabajo en El Salvador y participen del MAP.
Unión Europea.
La Unión Europea seguirá siendo uno de los principales actores de cooperación en El Salvador. La cooperación española buscará la complementariedad y coordinación con la Unión Europea y sus Estados Miembros, a través del enfoqueTeam Europey mediante la participación en lasTeam Europe Initiatives (TEI), por ejemplo en la iniciativa«Digital Jobs»orientada a la promoción del trabajo decente para población joven que se encuadra en el resultado de desarrollo 2, como con el mecanismo de cooperación delegada y cofinanciación de iniciativas que se pueden encuadrar en el resto de los resultados de desarrollo.
En el momento de redactar este MAP, la UE y los Estados Miembros están elaborando la programación conjunta del nuevo ciclo de cooperación (2021-2027), y disponer de este MAP será un elemento importante para la coordinación de líneas de trabajo y reparto de tareas.
Organismos Internacionales.
El Salvador cuenta con la presencia de 13 agencias de la ONU (FAO, FIDA, OIM, ONU MUJERES, ONUSIDA, PNUD, UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNODC, UNOPS, PMA, OMS) y otras agencias como la UNESCO también trabajan en el país, aunque no tenga presencia física. La coordinación de los diferentes actores de la Cooperación Española con los organismos internacionales se hace tanto a través de comisiones sectoriales donde participan múltiples actores, como de forma bilateral; por lo que en la ejecución de este MAP se reforzará la coordinación y el intercambio de información con las agencias mencionadas, así como con el Banco Mundial.
A nivel centroamericano, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) seguirá siendo un socio preferente de la Cooperación Española.
Sector privado empresarial –organizaciones empresariales y empresas-.
Existen distintas empresas españolas operando en El Salvador, como por ejemplo Mapfre en el sector seguros, Grupo Calvo en el sector pesquero, o Santillana en el sector editorial. Se plantea investigar las posibilidades de integración del sector empresarial especialmente en los objetivos de desarrollo 1 y 2, a través del intercambio de conocimientos, transferencia de tecnología, el apoyo a la formación profesional, o el desarrollo Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD) con la AECID.
Universidades y centros docentes y de investigación.
Si bien la parte de AOD aportada por las universidades ha sido poco significativa en el MAP anterior (menos del 1%), las universidades, centros docentes y de investigación tienen un papel importante en la generación y transmisión de conocimiento, y en la formación de recursos humanos. El Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) participará en el objetivo de desarrollo 1, y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) puede participar en el objetivo de desarrollo 4. A su vez las universidades seguirán con su labor de formación e investigación en El Salvador.
3.2 Modalidades e instrumentos.
Para dotar de flexibilidad la ejecución de este MAP y permitir adaptarse a una situación que cambie, se podrán utilizar todos los instrumentos de que dispone la Cooperación Española. La ayuda bilateral directa se canalizará principalmente con organismos públicos y con Organizaciones de la Sociedad Civil salvadoreña, mientras que la ayuda bilateral indirecta será canalizada principalmente a través de ONGD españolas y una parte seguirá orientándose a ayuda multilateral con organismos internacionales.
A continuación, se describen los principales instrumentales que son susceptibles de ser utilizados por la mayor parte de la AOD española durante el período de ejecución del MAP:
Proyectos y programas.
El papel de las ONGD españolas en El Salvador es fundamental. La mayoría de la AOD española gestionada por ONGD se canaliza a través de convocatorias de subvenciones en la modalidad de concurrencia competitiva, a saber, la de proyectos de desarrollo, la de acciones humanitarias, la de acciones de innovación, la convocatoria de convenios de AECID de desarrollo y de convenios de emergencia y las convocatorias de proyectos de la cooperación descentralizada.
Para la consecución de los resultados de desarrollo identificados, las ONGD españolas cuentan con la colaboración de OSC salvadoreñas, siendo estas últimas un elemento clave en la implementación de las intervenciones de las Cooperación Española.
Cooperación Técnica.
La cooperación técnica es definida por la AECID como el conjunto de actividades financiadas por un país donante dirigidas a la transferencia de conocimientos para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de recursos humanos en los distintos ámbitos del país socio. Es, en consecuencia, un término genérico que cubre las contribuciones al desarrollo realizadas principalmente a través de la formación, la capacitación y la ayuda técnica.
La Cooperación Española en El Salvador se podrá utilizar para la consecución de todos los resultados de desarrollo del MAP, siendo especialmente adecuada para el RI 5.2. de refuerzo de los sistemas de gestión del sector público.
Cooperación Multilateral.
Las Agencias de las Naciones Unidas seguirán siendo socias prioritarias de la cooperación española, y su participación se encuadrará en cada resultado de desarrollo como se detalla en el Anexo II de Red de Alianzas.
Cooperación Delegada (UE).
Los fondos delegados se articulan a través de la firma de acuerdos entre la UE o el Estado Miembro con un organismo ejecutor de España (AECID o FIIAPP principalmente), bien en forma de cooperación delegada, deblending(financiación combinada) o de subvenciones. La cooperación delegada es una modalidad de cooperación técnico-financiera con transferencia de los recursos y de la responsabilidad de seguimiento. Durante el período 2023-2026, la Cooperación Española se verá involucrada en varias operaciones de cooperación delegada que ya están en marcha, como Euroclima+, o que están en fase de estudio, como por ejemplo el programa de gestión integral del espacio público en el área metropolitana de San Salvador, que se encuadran dentro del RI 1.2., o el programa para de Empoderamiento económico de las mujeres en los municipios de pobreza extrema de El Salvador.
Reembolsable FONPRODE (Fondo para la Promoción del Desarrollo).
El FONPRODE es un instrumento financiero de la Cooperación Española que permite la concesión de créditos a los Estados, las aportaciones a Fondos de Inversión y la inclusión financiera o microfinanzas. La Cooperación Española ha utilizado extensamente este instrumento en El Salvador en los programas de agua y saneamiento, infraestructura vial y programas de microfinanzas, algunos de los cuales se prolongarán durante este MAP, pudiéndose aprobar nuevas operaciones especialmente en el ámbito del RD 1 de fin de la pobreza y RD 4 de agua y saneamiento.
APPD.
La AECID define una APPD o Alianza Público-Privada para el Desarrollo como una relación voluntaria, colaborativa y formal entre la AECID, las administraciones públicas de los países socios y una o varias entidades del sector empresarial, de la sociedad civil y del ámbito universitario, de España, de los países socios o de terceros países, en la que se establece un objetivo común, con un demostrable impacto en desarrollo, y en la que se definen conjuntamente las responsabilidades y se asumen conjuntamente los recursos, los riesgos y los logros. Este instrumento se ha oficializado a través del Protocolo AECID para la gestión de Alianzas Público-Privadas para El Desarrollo (APPD) y existe voluntad por parte de la AECID para que esta herramienta tenga una importancia creciente en la Cooperación Española.
A lo largo del presente MAP se estudiarán las posibilidades y oportunidades de desarrollar APPD con el fin de contribuir al desarrollo de El Salvador y así integrar al sector empresarial español de forma más activa en la CE.
3.3 Recursos.
El presente MAP no implica compromisos financieros; dichos compromisos se establecerán en documentos posteriores correspondientes a las diferentes intervenciones. La asignación definitiva estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
Todos los actores de la Cooperación Española involucrados en este MAP deberán planificar sus actuaciones para que la mayor parte de los recursos económicos destinados a El Salvador estén alineados con los objetivos acordados y se encuadren en los resultados de desarrollo e intermedios reflejados en el presente MAP, o en las futuras revisiones que puedan darse.
Se estima que la AOD española para el periodo 2023-2026 dedicada a El Salvador será de un aproximado de 110,25 millones de euros, de los cuales 67,18 millones serían donación y 43,07 millones, crédito rembolsable. Entre los actores de la Cooperación Española destaca la AECID con una previsión presupuestaria estimada de 63,66 millones de euros, un 57,7% del total estimado.
A continuación, se hace un ejercicio de distribución por resultados de desarrollo de la AOD española para el periodo 2023-2026. Esta distribución es orientativa y al trabajar desde un enfoque integral y multisectorial, la distribución por resultados de desarrollo no deja de ser una aproximación ya que algunas intervenciones contribuyen a varios resultados a la vez, de manera simultánea y/o complementaria.
3.4 Riesgos.
Los principales riesgos identificados que podrían afectar el cumplimiento de los resultados de desarrollo se agrupan en tres categorías: medioambientales, económicos e institucionales-políticos, que se describen a continuación.
Riesgos medioambientales.
Los principales riesgos ambientales que enfrenta El Salvador derivan del deterioro actual de los ecosistemas naturales y los fenómenos meteorológicos extremos, que se verán agudizados por el cambio climático, cuyos efectos impactarán en la disponibilidad hídrica, la agricultura, pesca y acuicultura, la seguridad alimentaria o la infraestructura, con una mayor afectación en la zona costera-marina y en la región oriental del país.
Estos riesgos deben tenerse especialmente en cuenta en el RD 1. de fin de la pobreza, y RD 4. de acceso al agua y saneamiento. Para atenuar esto se incorporará un enfoque medioambiental y climático en todas las intervenciones con una lógica de gestión y reducción de riesgos y resiliencia, y en el caso del RD 4. de acceso al agua se hará una gestión integral de los proyectos con un enfoque de cuenca.
Riesgos económicos.
El entorno económico de El Salvador va a condicionar todos los resultados de desarrollo. Especialmente, en el RD 1. de fin de la pobreza a través de la recuperación económica, es necesario vigilar el contexto macroeconómico para que en el caso de que existan riesgos de inflación que comprometan los beneficios o una reducción de la demanda se puedan elaborar planes de respuesta.
Por otra parte, en todos los resultados de desarrollo existe el riesgo de que no haya recursos en el futuro para garantizar la sostenibilidad de los logros alcanzados, por lo que es necesario impulsar y trabajar con marcos institucionales que tengan una visión de largo plazo.
Riesgos institucionales y políticos.
Entre los riesgos institucionales y políticos se plantean la falta de integración de políticas y programas, falta de relaciones institucionales sólidas con la sociedad civil, normas legales inadecuadas, enfoque de género ilimitado en las políticas e instituciones, compromisos políticos que no vayan acompañados de los recursos necesarios, insuficiente coordinación entre actores, falta de información y estadísticas, falta de desarrollo tecnológico de las instituciones, etc.
Adicionalmente, existe el riesgo de que la falta de datos dificulte el establecimiento de las líneas de base y de la medición de los alcances, dificultando por tanto el seguimiento y evaluación del MAP, por lo que es necesario establecer desde el primer momento un sistema de medición robusto.
Para atenuar estos riesgos se trabajará en el fortalecimiento institucional y en el diálogo continuo con todos los actores nacionales.
Al margen de lo que se plantea a continuación en materia de seguimiento, evaluación y rendición mutua de cuentas, es posible que sea necesario realizar una actualización del Marco de Resultados si el Gobierno de El Salvador aprueba una estrategia nacional de desarrollo, o el Gobierno de España un nuevo Plan Director. Los eventuales ajustes permitirán asegurar un seguimiento más adecuado y mejor alineado con las prioridades de los Gobiernos.
También será necesario tener en cuenta los documentos de planificación que desarrollen la Unión Europea y las Agencias de las Naciones Unidas, para garantizar la armonización entre donantes y una gestión eficiente por resultados de desarrollo.
Por otra parte, el sistema de monitoreo de los indicadores del Plan de Desarrollo Social 2019-2024, ha contado con apoyo financiero de AECID en 2021 dando continuidad a este esfuerzo de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
4.1 Seguimiento.
El objetivo del seguimiento del MAP es velar por la adecuada contribución de la Cooperación Española al desarrollo del país. Para ello, se tratará de disponer periódicamente de una visión en conjunto del grado de avance en el logro de los Resultados de Desarrollo e Intermedios contenidos en el MAP, así como los aspectos más relevantes surgidos durante la ejecución del MAP.
El seguimiento se abordará desde dos ámbitos: seguimiento estratégico y seguimiento técnico, que se realizarán bianualmente a partir del segundo año de vigencia del MAP.
El seguimiento técnico consistirá en el seguimiento de los resultados intermedios de la Cooperación Española a través de la medición de los indicadores. Para ello, en el primer año de vigencia del MAP, se revisará y ajustará el marco normativo y metas de referencia, especialmente las políticas transversales referidas a niñez, mujeres, LGBTI, medioambiente y diversidad cultural, junto con los indicadores de la Matriz de Seguimiento de Resultados de modo de que sean específicos, concretos, accesibles y fácilmente medibles.
En caso de que se presenten dificultades para realizar la medición de estos indicadores, o de forma adicional a esta medición, se procederá a seleccionar intervenciones relevantes sobre las que hacer un seguimiento más preciso, de acuerdo con tres criterios: su impacto, el monto financiero y la importancia política o de otro tipo.
Para realizar el seguimiento se crearán una Comisión Estratégica y otra Técnica, que serán las encargadas de recabar la información de seguimiento de sus respectivas instituciones ejecutoras de intervenciones de este MAP.
4.2 Evaluación y revisión.
Con tiempo suficiente para disponer de ella al inicio de la elaboración del siguiente MAP y previa comunicación a la DGPOLDES, se procederá a realizar una evaluación intermedia y una final externa de cierre del MAP.
Para ello, se establecerá un Comité de Gestión liderado por la Comisión Estratégica/Técnica, quienes se encargarán de la aprobación formal de los términos de referencia de la evaluación, del contrato del equipo evaluador y de velar porque se desarrolle según las fases previstas, coordinando y promoviendo la participación de todos los actores.
Todo este proceso será liderado en terreno por la OTC y la institución en que delegue el Gobierno de El Salvador, quienes mantendrán una comunicación continua y fluida con los actores de ambos países involucrados en el desarrollo de este Marco de Asociación.
La OTC será también la responsable de elaborar en coordinación con todos los actores, la respuesta de gestión y el plan de mejora, y presentará los resultados de la evaluación a la sede una vez finalizada, a tiempo para iniciar la planificación del nuevo MAP.
El informe de evaluación de cierre del MAP y su resumen ejecutivo serán publicados en la web de la Cooperación Española, del MAEUEC y de la AECID.
Además, de la evaluación final se hará un seguimiento técnico y estratégico de su desarrollo cada dos años.
4.3 Rendición Mutua de Cuentas y Transparencia.
En aras de la transparencia y la debida rendición de cuentas mutua se trasladará las actividades del MAP a los actores involucrados y a las ciudadanías de España y El Salvador, especialmente el documento aprobado, los informes anuales de seguimiento y las evaluaciones.
Las Comisiones Estratégica y Técnica son los órganos responsables del diseño e implantación de la rendición de cuentas mutua del MAP. En este ámbito, establecerán medidas adicionales a las descritas anteriormente, para la comunicación y debida transparencia de la actuación del MAP, con el objeto de difundir el trabajo conjunto, los resultados alcanzados, y las oportunidades que se ofrecen, así como los retos a los que deben hacer frente en sus actividades en el país.
Serán la Cooperación Española en El Salvador y las instituciones y actores del país asociado quienes llevarán a cabo las medidas de comunicación y transparencia que se establezcan.
Adicionalmente, la Cooperación Española aprovechará las instancias y grupos de coordinación en los que participa con actores europeos o multilaterales, ONGD y cooperación descentralizada, con el fin de garantizar la transparencia de sus acciones y la búsqueda de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El presente Acuerdo internacional administrativo entró en vigor el 15 de marzo de 2023, fecha de su firma.
Madrid, 29 de mayo de 2023.–La Secretaria General Técnica, Rosa Muñoz Crespo.