Categoría: Administración

La pandemia de COVID-19 ha obligado a los Estados miembros de la Unión Europea a adoptar con rapidez medidas coordinadas para proteger, en primer lugar, la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía, al tiempo que se potencia la recuperación teniendo como vectores de crecimiento la doble transición: Sostenibilidad y digitalización.
El Consejo Europeo acordó el 21 de julio de 2020 un paquete de medidas de gran alcance, las cuales aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 e incorporan un instrumento europeo para la recuperación (Next Generation EU), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Para acceder a los recursos financieros de este mecanismo, los Estados miembros debían elaborar un plan orientado a la recuperación. España presentó a la Comisión Europea su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, «Plan de Recuperación»), que fue aprobado por Decisión de Ejecución del Consejo (CID por sus siglas en inglés) el 13 de julio de 2021. El Plan contempla diez políticas palanca y treinta componentes, recogiendo un conjunto coherente de inversiones y reformas orientadas a la recuperación y a impulsar un cambio de modelo económico, productivo y social para abordar de forma equilibrada los retos futuros: hacia una España más sostenible, digitalizada, en igualdad y con mayor cohesión social.
De las diez políticas palanca, la quinta, «Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora», se centra esencialmente en la competitividad industrial y de las pymes. En dicha política se incluye el Componente 13 del Plan de Recuperación, denominado «Impulso a la PYME», que subraya retos específicos como son: El emprendimiento, el crecimiento, la digitalización, la innovación y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.
Este componente 13 se estructura en dos reformas y cinco inversiones, entre ellas la inversión C13.I1 «Emprendimiento», cuyo objetivo es potenciar el ecosistema emprendedor, para hacerlo más resiliente y competitivo a través de cuatro ámbitos de actuación: (i) reforzar las capacidades emprendedoras y apoyar a las personas emprendedoras; (ii) ofrecer herramientas para apoyar la creación y la gestión de las pymes; (iii) acciones de difusión y comunicación para reforzar el posicionamiento de España como país emprendedor; y (iv) financiación de la actividad emprendedora.
La presente línea de ayudas se integra en el proyecto 1 «Programa de Capacidades Emprendedoras» y deberá contribuir al objetivo CID 193 con al menos 6.100 emprendedores que deberán haber completado el programa antes del 31 de diciembre de 2023, de los cuales al menos 1.200 serán mujeres empresarias o PYMES participadas o dirigidas por mujeres beneficiaras. En concreto, el objetivo CID 193 es el siguiente: Al menos 6.900 emprendedores deberán haber completado un programa destinado a potenciar el ecosistema emprendedor, en el marco del Marco Estratégico en Política de PYME 2030, la Estrategia España Nación Emprendedora y la Agenda España Digital 2025, que incluya al menos a 2.000 mujeres empresarias/pymes dirigidas o participadas por mujeres, de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1), de las operaciones subvencionadas en el marco de esta medida mediante el uso de la prueba de sostenibilidad, el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional. De igual forma, se tendrá en cuenta el indicador intermedio para el cumplimiento de objetivos relativo a 3.000 empresarios apoyados por el Programa en el cuarto trimestre de 2022.
La Fundación EOI, F.S.P. (en adelante, Fundación EOI) verificará el cumplimiento del objetivo CID con un documento resumen en el que se identifique el listado de los beneficiarios (haciendo expresa indicación al número de mujeres empresarias y, en el caso de las PYME, su tamaño), así como una certificación oficial de finalización del programa y la acreditación documental sobre el tipo de apoyo recibido.
Estas bases desarrollan el Programa de Aceleración de Startups como iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI. Este programa se alinea con el Marco Estratégico en Política de PYME 2030 (MEPP 2030) y con la Estrategia España Nación Emprendedora (EENE).
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) n.º 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación de España ya citada, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en cumplimiento de la presente orden, deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello supone el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el Componente 13, Inversión C13.I1 en la que se enmarca, tanto en lo referido al principio DNSH, como especialmente de las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.
La inversión C13.I1 además tiene asignada un etiquetado digital con la etiqueta 100, correspondiente a un porcentaje del 40 %, que implica que las actividades financiadas deben corresponder a la categoría de «Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas».
La Fundación EOI es una fundación del sector público estatal, tutelada por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Su finalidad general es potenciar la formación, la realización y la promoción de estudios e investigaciones científicas y técnicas, fundamentalmente en los ámbitos de la industria, el medio ambiente, la innovación, las nuevas tecnologías, la pequeña y mediana empresa, la propiedad industrial y la economía.
La Fundación EOI forma parte de las entidades ejecutoras del Componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La línea de ayudas regulada en esta orden de bases se recoge en el Componente 13 de «Impulso a la PYME» del Plan de Recuperación, en su inversión C13.I1 «Emprendimiento». Cuenta con una inversión prevista de 42,8 millones de euros y deberá contribuir al objetivo CID 193 con 6.100 emprendedores apoyados por la iniciativa.
El ámbito geográfico de aplicación del Programa de Aceleración de Startups es todo el territorio nacional y se implementará en dos modalidades:
Por un lado, se desarrollarán programas de aceleración regional con la colaboración de las comunidades autónomas, que contarán con una ubicación física; los programas irán destinados a startups de distintos sectores, principalmente los definidos en su Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3). Siguiendo los principios marcados por la EENE, cada programa tendrá en cuenta las necesidades del territorio, los emprendedores y el tejido empresarial de la zona de implantación.
Y por otro, programas de aceleración sectoriales, de cobertura nacional y que podrán contar con ubicación física y virtual, centrados en los diez sectores tractores marcados por la EENE: Industria; industrias culturales y musicales; movilidad; salud; construcción y materiales; energía y transición ecológica; banca y finanzas; digital y telecomunicaciones; agroalimentación; y biotecnología.
Para la implementación del programa, la Fundación EOI, F.S.P: Contará con entidades colaboradoras que prestarán los servicios de aceleración a las startups beneficiarias del programa. Para cada programa concreto de aceleración, se seleccionarán distintas entidades colaboradoras.
A continuación, se concederán las ayudas en concurrencia no competitiva a las startups que concurran, consistente en un Plan de Aceleración prestado por la entidad colaboradora, la cuál será expresamente elegida por la startup beneficiaria en el momento de presentar su solicitud. A estos efectos, no podrá elegirse a una entidad colaboradora con la que pueda haber conflicto de interés.
El Plan de Aceleración que la entidad colaboradora presta a cada una de las startups beneficiarias incluye: asesoramiento individualizado y formación específica sobre aquellos aspectos clave que le permitan abordar su crecimiento y desarrollo. Constituye un acompañamiento personalizado, durante cinco meses, prestado por la entidad colaboradora y que como mínimo constará de tres fases: (i) programa de formación; (ii) programa de aceleración; y (iii) conexión con el tejido empresarial local y networking. El Plan de Aceleración deberá permitir a las startups beneficiarias avanzar en el crecimiento y desarrollo de su negocio.
Durante la ejecución del Plan de Aceleración, la entidad colaboradora, en nombre de la startup beneficiaria, deberá presentar la justificación de las acciones realizadas incluyendo la documentación exigida y las demás pruebas admitidas en derecho, en su caso.
Las convocatorias están previstas para que se financien con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. No obstante, también se prevé que puedan utilizarse estas bases reguladoras para articular convocatorias con presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Estas ayudas se consideran ayudas deminimisy se otorgan de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas deminimis,sin perjuicio, del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación.
Las ayudas contempladas en la presente orden se incardinan en el Plan del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2022-2024 elaborado en un contexto condicionado por la crisis sanitaria y marcado desde el punto de vista presupuestario por la aprobación de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y por la aprobación del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Dicha incardinación se efectúa a través de la primera de las cinco líneas estratégicas del Plan que tiene como objetivo fomentar la digitalización y la innovación en los sectores productivos competencia del Departamento.
Las ayudas contempladas en la presente orden se concederán en la modalidad de concurrencia no competitiva, por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de cumplimiento de los requisitos exigidos hasta que se agote el crédito presupuestario asignado en la convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Debido al volumen previsto de solicitudes y para simplificar la tramitación, se ha previsto su presentación únicamente por medios telemáticos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 3.3 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Por ello, no será posible utilizar cualquier otro canal que el que se establece en esta orden y en las posteriores convocatorias. La presentación de las solicitudes se llevará a cabo a través del formulario electrónico previsto a tal efecto en cada convocatoria, conforme a lo establecido en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Estas ayudas en especie se corresponden con la prestación de un servicio de asesoramiento individualizado y formación específica a las beneficiarias por parte de la entidad colaboradora que será seleccionada a través de un procedimiento de licitación. El importe de las ayudas en especie que se concedan mediante las correspondientes resoluciones debidamente notificadas a los beneficiarios, será como máximo de 5.471,08 euros (sin impuestos indirectos incluidos) por beneficiario. Al corresponder esta ayuda en especie a un servicio específico que contrata la Fundación EOI, se garantiza el cumplimiento de los principios transversales del Plan de Recuperación de prevención de la doble financiación, así como del resto relativos a la detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés.
Las ayudas serán gestionadas por la Fundación EOI, incluyendo la concesión, el seguimiento, resolución y justificación. En su caso, la declaración de procedencia de reintegro, así como la instrucción del procedimiento sancionador se realizarán por el órgano que corresponda del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En cumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en particular del artículo 17.3, las bases reguladoras que se establecen en la presente orden ministerial se estructuran en dos capítulos, treinta y un artículos, dos disposiciones finales y un anexo.
El primer capítulo recoge disposiciones generales como objeto, normativa aplicable, ámbitos material y geográfico, objetivo del programa, beneficiarios, financiación de las actividades subvencionadas, requisitos y obligaciones de las empresas beneficiarias, requisitos de las entidades colaboradoras, definición del Plan de Aceleración, DNSH, criterios para la concesión de las subvenciones y compatibilidad con otras ayudas, así como las características de las ayudas.
El capítulo segundo, define los órganos competentes y el procedimiento para el otorgamiento de ayudas, plazos, formalización y presentación de solicitudes, resolución del procedimiento, los servicios incluidos en el Plan de Aceleración, recursos, justificación de la realización de la actividad subvencionada y de la aplicación de las subvenciones, incumplimientos, reintegros y sanciones y, por último, control y actuaciones de comprobación y publicidad.
Por último, estas bases reguladoras incluyen un anexo sobre el contenido mínimo del Plan de Aceleración a prestar por las entidades colaboradoras.
Es el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el que establece que, en el ámbito de la Administración General del Estado, los Ministros correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión de subvenciones, y el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el que habilita para establecer las presentes bases reguladoras mediante orden ministerial, tratándose de la concesión en concurrencia no competitiva.
La competencia del Estado para dictar esta orden se justifica en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que «exige decisiones unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de determinados problemas en orden a la consecución de dichos objetivos (de política económica global o sectorial) y evite que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en las distintas partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores» (STC 186/1988, FJ Gallego; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5). El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza y forma de instrumentación, orientadas a garantizar la «unidad de mercado» (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la «unidad económica» (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).
Específicamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero, (FJ 8) cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas competencias exclusivas sobre la materia en que recaen las subvenciones, éstas pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada de las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado». No obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior, a saber: Que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas circunstancias y para valorar la participación en ese proceso de las comunidades autónomas (STC 31/10, FJ 62).
Dado que el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en beneficio de su efectividad y operatividad, es conveniente la concentración de fondos que los financian, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto, pues tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de apoyo financiero que es desconocida en general. De hecho, los posibles beneficiarios de las convocatorias presentan características tan heterogéneas en lo relativo a su estructura y a sus dimensiones, que resulta imposible anticipar un criterio claro de distribución de los fondos adscritos a las distintas convocatorias entre las distintas Comunidades Autónomas.
De forma adicional, cabe destacar que se prevé la aprobación de convocatorias de carácter regional, para lo que en cada caso se celebrará con anterioridad un protocolo de colaboración con la comunidad autónoma correspondiente, que permita de forma voluntaria coordinar la gestión de las propias convocatorias seleccionando sectores preferentes de atención.
La presente orden se dicta de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Para ello, de acuerdo con los artículos 9.2 y 17 y con la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante esta orden se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el emprendimiento a través del Programa de Aceleración de Startups del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Por su parte, la competencia para la posterior convocatoria y concesión de las ayudas recae en la Dirección General de la Fundación EOI, en virtud de lo dispuesto en la citada disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en la Orden ICT/1291/2018, de 27 de noviembre, por la que se autoriza a la Fundación EOI, a conceder subvenciones.
Esta orden se dicta de acuerdo con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Responde a los principios de necesidad y eficacia, con el claro objetivo de apoyar el emprendimiento y el crecimiento y desarrollo de startups y poder dar cumplimiento al objetivo CID 193 citado.
También se satisface el principio de proporcionalidad, siendo un requerimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la aprobación de unas bases reguladoras. De la misma manera se cumple con el principio de seguridad jurídica, incardinándose en el ordenamiento jurídico nacional establecido en materia de subvenciones. El principio de transparencia se cumple en la medida en que en el preámbulo se identifican con claridad los objetivos de la norma y se dará publicidad de la misma conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Por último, resulta conforme al principio de eficiencia dado que no se establecen cargas innecesarias más allá de las estrictamente necesarias en un procedimiento de otorgamiento de subvenciones.
En su elaboración, se ha tenido en cuenta la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En relación con la tramitación de esta orden de bases, resulta de aplicación lo establecido en el capítulo V de título IV del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, esta orden ha sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En su virtud, dispongo:
1. La presente orden tiene por objeto el establecimiento de las bases reguladoras y el procedimiento de gestión de la concesión de ayudas en especie, dirigidas a impulsar el crecimiento y desarrollo de startups, conforme a las tipologías de actuación que se describen en el artículo 6, en el marco del Programa de Aceleración de Startups, en régimen de concurrencia no competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. A los efectos de esta orden se entiende por startup a empresas de reciente creación, cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de constitución, o de siete en el caso de empresas de biotecnología, energía, o industriales, que cumplan los siguientes requisitos:
a) No haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación. Los términos concentración o segregación se consideran incluidos en las anteriores operaciones.
b) Tener su sede social, domicilio social o establecimiento permanente en España.
c) El 60 por ciento de la plantilla deberá tener un contrato laboral en España o contratos mercantiles en el ámbito de la Unión europea.
d) Ser una empresa innovadora, entendiendo por empresa innovadora aquella que tenga por finalidad resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica y que lleven implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial.
e) No distribuir ni haber distribuido dividendos.
f) No cotizar en un mercado regulado ni en un sistema multilateral de negociación.
g) Cualquier otro requisito que se exija legalmente para definir el concepto de startup o empresa emergente, que se incluirá en las correspondientes convocatorias.
Si pertenece a un grupo de empresas de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, el grupo o cada una de las empresas que lo componen debe cumplir con los requisitos anteriores.
3. Las ayudas reguladas en esta orden de bases podrán estar financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, «Plan de Recuperación») del Gobierno de España, integrándose en la Inversión 1, «Emprendimiento», del Componente 13 «Impulso a las PYME», contribuyendo al cumplimiento de los objetivos asociados a esta medida. En todo caso, las convocatorias correspondientes a 2022 y 2023 se financiarán con cargo al Plan de Recuperación, debiendo estar completadas las actuaciones antes de 31 de diciembre de 2023.
1. Las subvenciones previstas en la presente orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
2. Las subvenciones se sujetarán, también, a la normativa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular, al Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021; al Real Decreto‐ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Las ayudas a conceder en el marco de esta orden constituirán ayudas deminimis,por lo que será de aplicación el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas deminimis,quedando excluidas de esta orden las ayudas a las que se refiere el artículo 1.1 de ese reglamento.
4. La ejecución de las actividades subvencionadas se sujetará a la normativa medioambiental aplicable, y en particular al principio de «no causar un perjuicio significativo» de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
Las ayudas reguladas en esta orden tienen por objeto la recepción de asesoramiento individualizado y formación específica a través de un Plan de Aceleración personalizado cuyo fin es facilitar el crecimiento y desarrollo a la startup beneficiaria que le permita escalar su actividad y modelo de negocio.
1. Las actividades objeto de ayuda podrán realizarse en la totalidad del territorio nacional.
2. Cada convocatoria regulará el ámbito geográfico de aplicación concreto de estas ayudas.
1. Las convocatorias que se acojan a esta orden de bases se financiarán con cargo al presupuesto de la Fundación EOI, F.S.P. (en adelante, la Fundación EOI), que contarán con una o varias de las siguientes fuentes de financiación:
a) La aplicación presupuestaria de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, conforme a lo establecido en el pertinente convenio de colaboración.
b) Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
c) Las Comunidades Autónomas que se adhieran al Programa.
2. En las convocatorias se indicarán expresamente las fuentes de financiación de entre las anteriores y el presupuesto específico de las mismas, que dependerá del régimen presupuestario que se acuerde en cada caso, así como del número y alcance de las startups potencialmente beneficiarias.
El objetivo del Programa es impulsar el crecimiento y desarrollo de startups, conforme a dos modalidades de actuación (regional y sectorial) que se describen a continuación:
a) Los Programas de Aceleración de Startups Regionales son de ámbito autonómico y multisectorial. Su objetivo es facilitar a startups de una comunidad autónoma, actividades de asesoramiento multisectoriales orientadas a hacer crecer significativamente sus negocios. Se celebrará con anterioridad un protocolo de colaboración con la comunidad autónoma correspondiente, que permita de forma voluntaria coordinar la gestión de las propias convocatorias seleccionando sectores preferentes de atención.
Dichas actividades se adecuarán a las necesidades del territorio y a su Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3), involucrando al tejido empresarial, a la grandes empresas y empresas tractoras locales. Estas actividades de aceleración tendrán una duración estimada de 5 meses para cada startup beneficiaria.
El Plan de Aceleración en esta modalidad constará de tres fases:
1.º Programa de formación.
2.º Programa de aceleración.
3.º Conexión con el tejido empresarial local y «networking».
El contenido mínimo que debe contener el Plan de Aceleración prestado a cada startup se detalla en el anexo de esta orden.
b) Los Programas de Aceleración de Startups Sectoriales son de ámbito nacional y especialización sectorial. Su objetivo es permitir a startups de todo el territorio nacional acceder a actividades de asesoramiento especializado en cada sector, orientado a hacer crecer significativamente sus negocios.
Dichas actividades involucrarán al tejido empresarial del sector, especialmente a la grandes empresas y empresas tractoras del sector. Estas actividades tendrán una duración estimada de cinco meses por cada startup beneficiaria.
El Plan de Aceleración en esta modalidad constará de tres fases:
1.º Programa de formación.
2.º Programa de aceleración.
3.º Conexión con el tejido empresarial sectorial.
El contenido mínimo que debe contener el Plan de Aceleración prestado a cada startup se detalla en el anexo de esta orden.
1. Las ayudas que se concedan en el marco de la presente orden van dirigidas a empresas que tengan la condición de startup conforme a lo establecido en el artículo 1.2.
2. Podrán obtener la condición de beneficiarios al amparo de esta orden, en los términos que las convocatorias establezcan, las startups siempre que tengan personalidad jurídica propia en España y estén legalmente constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente.
3. Deberán además cumplir con los siguientes requisitos:
a) Que estén inscritas en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda, y demostrar tener la antigüedad máxima que se establezca en las convocatorias.
b) Que tengan su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.
c) Que cumplan con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a los requisitos para obtener la condición de beneficiaria, no pudiendo estar incursas en algunas de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la misma ley.
d) Que no tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
4. Quedan excluidas de estas ayudas las entidades que integren el sector público institucional de cualquier Administración pública, vinculadas o dependientes de ésta, en los términos dispuestos en el artículo 81 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Tampoco podrán ser beneficiarias aquellas empresas que sean Entidades Colaboradoras, en los términos del artículo 9 de esta orden.
5. En cada convocatoria se establecerá la forma de acreditación de los requisitos establecidos para ser beneficiaria.
1. Las empresas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las que se establezcan en estas bases y en las respectivas convocatorias.
2. Asimismo, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Poner a disposición del programa los medios necesarios para el correcto desarrollo del mismo y cooperar en todo momento con la Fundación EOI.
b) La recepción de esta ayuda implicará que las startups beneficiarias la declaren como un ingreso percibido.
c) La startup beneficiaria deberá declarar a la Fundación EOI todas las ayudas deminimisrecibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
d) Comunicar a la Fundación EOI cualquier alteración o incidencia que afecte a las condiciones bajo las cuales se concedió la ayuda.
e) Conservar todos los documentos acreditativos de las actuaciones objeto de ayuda y tenerlas a disposición de la Fundación EOI durante un periodo de cuatro años a contar desde el fin del período de justificación.
f) La startup beneficiaria deberá facilitar a la entidad colaboradora cualquier documentación e información necesaria para la correcta justificación de la ayuda a los efectos establecidos en el artículo 26 de esta orden.
g) Dar la adecuada publicidad del origen de la ayuda otorgada mediante el presente Programa, a través de la difusión de los resultados del proyecto subvencionado en la forma o foros solicitada por Fundación EOI, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
h) Cumplir con los requerimientos especificados por la Fundación EOI o el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en su caso, relativos a las actuaciones de seguimiento, control y comprobación.
3. En el caso de que la convocatoria se financie con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones, europeas y nacionales aplicables. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
b) Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero. Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
c) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
d) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
e) Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
f) Conservarán los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación (tres años si la financiación no supera 60.000 euros), de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
g) Asegurarán la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
1. La Fundación EOI, F.S.P, en aplicación de lo establecido en el artículo 16.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, seleccionará mediante un procedimiento de licitación a las entidades colaboradoras que prestarán el servicio de aceleración a las entidades beneficiarias. Para poder participar en el procedimiento de licitación las entidades colaboradoras deberán acreditar que cumplen con las condiciones de solvencia económica y financiara, así como técnica y profesional, en concreto, deberán disponer de un volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato por un importe similar al valor estimado, y acreditar que se han realizado servicios de igual o similar naturaleza a los que constituyan el objeto del contrato de un importe aproximado al 70 por ciento del valor estimado del contrato.
2. Las entidades colaboradoras deberán cumplir con los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y ejercerán las siguientes funciones:
a) Entregarán a los beneficiarios la ayuda en especie de acuerdo con los criterios establecidos en estas bases reguladoras y en el contrato que se suscriba con el órgano concedente.
b) Justificarán la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención, y entregarán la justificación presentada por los beneficiarios.
En el contrato que se suscriba se establecerán medidas para la prevención del fraude y situaciones de conflictos de intereses, tanto en la fase de evaluación como de revisión de las justificaciones.
3. Son obligaciones de las entidades colaboradoras las establecidas en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las siguientes:
a) La atracción de startups al Programa de Aceleración de Startups susceptibles de recibir el servicio de aceleración.
b) Dar soporte a las Startups que quieran solicitar la ayuda para la tramitación de la solicitud de las mismas.
c) El desarrollo y seguimiento de las acciones vinculadas al programa a las startups beneficiarias.
d) Justificación de la prestación del Plan de Aceleración a cada startup ante Fundación EOI, remitiendo la información necesaria tanto económica, de indicadores y de resultados. A estos efectos, conservará la documentación justificativa de la realización de los servicios durante un periodo de cuatro años a partir de 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación. La entidad colaboradora será la responsable de custodiar los entregables justificativos del servicio prestado a la startup beneficiaria, que incluirá en todo caso el justificante de recepción del servicio (Plan de Aceleración) por parte de la empresa beneficiaria. En el caso de convocatorias financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se deberán también cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Obtener el visto bueno de Fundación EOI, con carácter previo en el caso de que se necesite realizar cualquier adaptación de las actividades objeto de la ayuda, debida a causas sobrevenidas o propuesta para mejorar la calidad del servicio.
e) Mencionar, en las acciones de comunicación, publicaciones, páginas web o similares realizadas para la difusión de su condición de Entidad Colaboradora del Programa de Aceleración de Startups, que la financiación de las ayudas se efectúa, en su caso, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por el Plan europeo Next Generation EU. Asimismo, en ese caso se deberán cumplir todas las obligaciones de publicidad a las que se refiere el artículo 31.3 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
f) No promocionar a través de los canales y medios del Programa de Aceleración de Startups otros productos o servicios y no condicionar a la startup para que contrate cualquier otro producto que no corresponda a las acciones vinculadas al programa.
g) Establecer medidas eficaces y proporcionadas para evitar el fraude en el cumplimiento de lo exigido por la normativa de subvenciones públicas, así como para impedir la doble financiación y la falsificación de la documentación.
h) Contribuir al objetivo autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte del Plan de Aceleración, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
4. Serán también obligaciones en materia de empleo las siguientes:
a) Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlo, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de este programa.
b) Prestar las actividades objeto de este programa desde centros de trabajo situados en España.
c) Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad objeto de este programa, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.
5. Las entidades colaboradoras serán las únicas que puedan prestar a las startups beneficiarias los servicios incluidos en el Plan de Aceleración descritos en el artículo 6 y en el Anexo de esta orden de bases, detallados específicamente a su vez en cada convocatoria que se publicará en la página web del Programa de Aceleración de Startups.
6. Para el Programa de Aceleración de Startups Regional, las startups beneficiarias de cada territorio podrán elegir en la solicitud a la entidad colaboradora que les prestará el servicio de entre las habilitadas en su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que se establezca en el protocolo de colaboración suscrito.
Para el Programa de Aceleración de Startups Sectorial, las startups beneficiarias podrán elegir la entidad colaboradora, en caso de haber más de una, que les prestará el servicio de entre las habilitadas para dicho sector.
7. Las entidades colaboradoras estarán sujetas a un procedimiento de control por parte de Fundación EOI, bajo la supervisión del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este procedimiento de control abarcará los requisitos y obligaciones establecidas en esta orden para dichas entidades y se establecerá de forma continua durante el periodo de vigencia del Programa de Aceleración de Startups. En el procedimiento de licitación se establecerán medidas específicas de control, entre otras, informes mensuales con indicadores de seguimiento del proyecto e informe final de cierre de actividades.
8. Las entidades colaboradoras deberán presentar declaraciones responsables relativas a la ausencia de conflicto de interés, a la cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, y al compromiso de cumplimiento de los principios transversales del Plan de Recuperación en el procedimiento de licitación que se publique, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original. A estos efectos, se utilizarán los modelos previstos en el anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. La startup beneficiaria y la entidad colaboradora garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» (principio Do No Significant Harm –DNSH–), recogido en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, en todas las fases del diseño y ejecución de cada actuación de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2. En aquellas convocatorias que se financien con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, no serán subvencionables aquellas actuaciones que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020. A fin de garantizar que la medida se ajusta a lo dispuesto en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1), se excluirán de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos:
a) Las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos; excepto los proyectos en el marco de esta medida relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1).
b) Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión en relación con las actividades que se inscriben en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, según lo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión, de 12 de marzo de 2021, por el que se determinan los valores revisados de los parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión en el período comprendido entre 2021 y 2025 con arreglo al artículo 10 bis, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
c) Las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecánico-biológico. La exclusión sobre incineradoras no se aplica a las acciones emprendidas en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil. Asimismo, no se aplica la exclusión sobre plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil. Todos estos pormenores deberán explicarse motivadamente y documentalmente en cada planta.
d) Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente.
Asimismo, se exigirá que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que cumplan con la legislación medioambiental nacional y europea pertinente.
1. Las ayudas en especie se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de presentación de solicitudes admitidas una vez realizadas las comprobaciones de cumplimiento de los requi