Categoría: Economía y Empleo

s funciones, el personal que realiza las funciones inspectoras de la consejería tiene la consideración de agente de la autoridad y puede solicitar la colaboración de cualquier administración pública y, en su caso, el apoyo necesario de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
2. El personal inspector hará un uso proporcional de sus facultades y estará obligado a cumplir el deber de secreto profesional.
3. Las actas levantadas por el personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, tendrán el carácter de documento público y, salvo que se acredite lo contrario, harán prueba de los hechos que en ellas se recojan.
1. Para la elaboración y conservación de los productos vitícolas solo podrán utilizarse aquellas prácticas enológicas y aquellos compuestos enológicos autorizados por la normativa de la Unión Europea.
2. Las prácticas enológicas se anotarán en los correspondientes registros y documentos de acompañamiento específicos para los productos del sector vitivinícola descritos en el título V de la ley.
1. Cuando las condiciones de la cosecha así lo recomienden, y previa solicitud justificada por parte de las organizaciones representativas del sector, la consejería podrá autorizar aquellas prácticas enológicas que así lo requieran.
2. Con carácter excepcional, siempre que se den condiciones meteorológicas desfavorables, la consejería podrá autorizar el aumento artificial del grado alcohólico volumétrico natural de la uva, de los mostos y del vino nuevo aún en proceso de fermentación, de acuerdo con los métodos y límites regulados en el marco de la normativa de aplicación en materia de prácticas enológicas.
3. El plazo máximo para resolver y notificar estas autorizaciones es de tres meses desde la presentación de la correspondiente solicitud. Vencido este plazo, la solicitud se podrá entender desestimada.
4. Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea, las prácticas enológicas deberán ser supervisadas, por un técnico competente en la materia conforme con el apartado h) del artículo 4.
5. Por decreto del Consejo de Gobierno se determinarán los conocimientos técnicos necesarios en la materia para que la consejería pueda autorizar al personal técnico competente en prácticas enológicas referido en el apartado 2.º de la letra h) del artículo 4.
1. Se podrán autorizar prácticas enológicas o tratamientos experimentales conforme a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, por un periodo máximo de 5 años.
2. La solicitud de autorización deberá ser presentada por la entidad promotora de la experimentación y/o investigación, justificando su uso y los objetivos que se pretenden conseguir, e indicando la fecha de comienzo y las condiciones del mismo.
3. El órgano competente para la autorización de prácticas enológicas experimentales será la consejería, previo informe preceptivo y vinculante del Iriaf.
4. El plazo máximo para resolver y notificar estas autorizaciones es de seis meses desde la presentación de la solicitud. Vencido este plazo, la solicitud se podrá entender desestimada.
5. Las prácticas enológicas experimentales deberán ser anotadas en los correspondientes registros y, en su caso, contar con los documentos de acompañamiento descritos, respectivamente, en los artículos 40 y 41 de la ley.
6. Una vez finalizado el periodo autorizado para la experimentación, deberá informarse a la consejería sobre el contenido y los resultados obtenidos, pudiéndose solicitar la autorización para su continuación. En cualquier caso, se respetarán los plazos máximos previstos en la normativa europea.
Son objetivos de las indicaciones geográficas de ámbito autonómico:
a) Proteger los derechos de las personas productoras y consumidoras, garantizando la veracidad de la información que figure en el etiquetado de los productos vitivinícolas amparados por ellas.
b) Garantizar la especificidad del producto vitivinícola amparado por una indicación geográfica y su protección, manteniendo su reputación comercial.
c) Proporcionar a los operadores un instrumento para la diferenciación y puesta en valor de sus productos, como elemento adicional para contribuir a fortalecer la competencia leal y efectiva del sector.
1. De conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación en materia de indicaciones geográficas:
a) El régimen de protección de las indicaciones geográficas implica el derecho a utilizar su nombre y otras menciones protegidas, así como la prohibición de utilizar toda indicación falsa o falaz en otros productos comparables no amparados.
b) La protección del producto amparado se extiende a todas las fases de producción y comercialización, así como a la presentación y el etiquetado, a la publicidad y a cualquier otro documento comercial que haga mención al nombre de la indicación geográfica.
c) Las denominaciones de las indicaciones geográficas sólo pueden ser utilizadas por los operadores que produzcan o comercialicen vino u otros productos vitivinícolas de acuerdo con el pliego de condiciones del producto amparado.
d) Las marcas, nombres comerciales y razones sociales que hagan referencia a nombres protegidos por las indicaciones geográficas pueden utilizarse únicamente en vinos u otros productos vitivinícolas que tengan derecho a la denominación de que se trate, sin perjuicio de lo establecido con relación a los homónimos y marcas registradas.
e) Los operadores agrarios y alimentarios deberán introducir en las etiquetas y presentación de los productos acogidos a una indicación geográfica elementos suficientes para diferenciar de manera sencilla y clara su designación o tipo de protección y su origen geográfico o procedencia, y para evitar, en todo caso, la confusión en los consumidores.
2. Los nombres protegidos por estar asociados a una indicación geográfica son bienes de dominio público que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen.
No podrá negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones para esa indicación geográfica salvo por sanción u otra causa legalmente establecida.
1. Cualquier agrupación o grupo de productores interesados y excepcionalmente una única persona física o jurídica que sea productora, podrán solicitar el reconocimiento de una de las indicaciones geográficas previstas en esta ley. A estos efectos, deberá quedar acreditada la vinculación profesional, económica y territorial con el producto para el que se solicita el reconocimiento de protección, así como el ejercicio de la actividad en la zona geográfica delimitada para la indicación, por parte de la persona o personas solicitantes.
El contenido mínimo de las solicitudes será el descrito por la normativa de la Unión Europea.
2. Las solicitudes de reconocimiento de protección de las indicaciones geográficas deberán someterse a un procedimiento preliminar antes de su traslado a la Comisión Europea para continuar su tramitación a nivel comunitario.
3. Reglamentariamente, se desarrollará este procedimiento preliminar de conformidad con la normativa de aplicación en materia de indicaciones geográficas. El procedimiento incluirá una primera fase, con un plazo máximo de seis meses, en la que deberá verificarse si la solicitud está justificada y cumple las condiciones del régimen de calidad correspondiente. En el caso de que el resultado de dicha verificación fuera desfavorable, se dictará resolución motivada desestimatoria de la solicitud, la cual pondrá fin al procedimiento.
Si tras los trámites de verificación, la resolución fuera favorable, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», al objeto de dar publicidad a la misma e iniciar, en su caso, el trámite de oposición nacional. En la publicación deberá incluirse la URL donde, como mínimo, se encontrará el pliego de condiciones.
Para aquellas indicaciones geográficas cuya delimitación geográfica se circunscriba únicamente al territorio de Castilla-La Mancha, corresponderá la instrucción del procedimiento preliminar a la consejería.
4. Cualquier persona física o jurídica que resida o esté establecida legalmente en España, cuyos legítimos derechos o intereses considere afectados, podrá presentar en la forma y plazos que se establezcan en la publicación, la correspondiente declaración de oposición debidamente motivada.
5. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento preliminar será de doce meses, incluyendo el plazo del trámite de oposición exigido, en su caso, por la normativa europea. Vencido este plazo sin notificar, la solicitud podrá entenderse desestimada, por afectar al reconocimiento de un bien de dominio público.
6. La resolución que ponga fin a este procedimiento preliminar se publicará en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». En la publicación se incluirá, asimismo, la URL donde, como mínimo, se encontrará el pliego de condiciones.
7. Finalizado el procedimiento preliminar con una resolución favorable, la consejería dará traslado de la misma al Ministerio correspondiente para que continúe la tramitación del reconocimiento de protección definitivo a nivel comunitario. Solo se podrá hacer uso del nombre de la indicación geográfica cuando se haya publicado la decisión de registro de la Comisión en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
1. Cualquiera de las personas interesadas descritas en el apartado 1 del artículo 30 y, en su caso, los órganos de gestión de la indicación geográfica correspondiente podrán solicitar la modificación del pliego de condiciones de una indicación geográfica.
2. Las modificaciones descritas en el apartado anterior pueden ser:
a) Modificaciones de la Unión, las cuales requieren un procedimiento de oposición a escala de la Unión Europea y son resueltas por la Comisión.
b) Modificaciones normales: las cuales se instruyen y resuelven por la consejería y se comunican a la Comisión para su inscripción. A estos efectos, han de considerarse también las modificaciones temporales, consistentes en un cambio temporal del pliego de condiciones derivado de la imposición de medidas sanitarias y fitosanitarias obligatorias por parte de las autoridades públicas o vinculado a catástrofes naturales o condiciones climáticas adversas reconocidas oficialmente por las autoridades competentes.
3. En las solicitudes de modificación de los pliegos de condiciones deben describirse claramente las modificaciones propuestas y los argumentos técnicos que justifiquen su adopción.
4. El procedimiento de modificación se tramitará conforme al descrito para la solicitud de reconocimiento de protección en cuanto a la competencia, plazos y sentidos del silencio.
Cuando se trate de una modificación normal, será la consejería quien resuelva y publique la decisión favorable, dando traslado al Ministerio correspondiente para su comunicación a la Unión Europea.
5. Las modificaciones normales serán aplicables en España desde la fecha de publicación de la decisión favorable en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
1. Se podrá instar la cancelación del reconocimiento de una indicación geográfica cuando se acredite que se da alguna de las siguientes circunstancias:
a) No puede garantizarse el cumplimiento del correspondiente pliego de condiciones del producto.
b) No se haya introducido en el mercado ningún producto que lleve el nombre protegido durante al menos siete años consecutivos.
c) Un solicitante que cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 30 declare que ya no desea mantener la protección de una indicación geográfica.
d) Concurre cualquier otra circunstancia contemplada en la normativa de la Unión Europea.
2. La solicitud de cancelación del reconocimiento de una indicación geográfica podrá iniciarse de oficio por la consejería, a instancia de los órganos de gestión de la indicación geográfica correspondiente o de cualquier persona interesada de las descritas en el apartado 1 del artículo 30.
3. El procedimiento de cancelación se instruirá conforme a lo descrito para la solicitud de reconocimiento de protección en cuanto a la competencia, plazos y sentido del silencio.
1. Los productos vitivinícolas acogidos a una indicación geográfica protegida, podrán incluir, entre otras indicaciones facultativas previstas en la normativa de aplicación en materia de etiquetado, la referencia al nombre de una unidad geográfica menor o más amplia que la zona abarcada por la indicación geográfica, o para los vinos de explotación, la referencia a la misma en los términos establecidos en los artículos 34 y 35 respectivamente.
2. Los productos vitivinícolas acogidos a una indicación geográfica en Castilla-La Mancha podrán utilizar los «términos tradicionales» regulados de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea y en la legislación básica del Estado.
1. Los productos acogidos a las indicaciones geográficas podrán usar los topónimos correspondientes a unidades geográficas menores o más amplias de dicha zona siempre que compartan ubicación y cumplan los requisitos establecidos en la normativa que les resulte de aplicación en materia de etiquetado y de indicaciones geográficas.
2. El nombre de la unidad geográfica menor o más amplia que la zona geográfica delimitada por la indicación geográfica se podrá referir a:
a) Una localidad o grupo de estas.
b) Un municipio o parte de este.
c) Una región o una subregión vitícola de las establecidas expresamente mediante orden de la consejería.
d) Una zona administrativa.
En todos los casos, el nombre de las unidades geográficas deberá corresponder siempre con un topónimo oficial.
En Castilla-La Mancha, la unidad de menor entidad geográfica admisible será el paraje, por debajo de la cual no cabe la autorización para su uso como mención.
3. El uso de estas menciones deberá estar contemplado en el pliego de condiciones y en el documento único que deberán establecer, como mínimo:
a) La delimitación de la unidad geográfica de forma precisa y sin ambigüedad.
b) En el caso de unidades geográficas menores, el porcentaje de las uvas con las que se tendrán que elaborar los productos vitivinícolas de esa unidad geográfica será al menos de un 85 %, siendo el resto de las uvas procedentes de la zona geográfica delimitada de la indicación geográfica de que se trate.
c) En el caso de un topónimo referido a una unidad geográfica más amplia, esta zona deberá incluir la totalidad de la zona geográfica delimitada en la indicación geográfica.
4. El nombre de una unidad geográfica menor o más amplia deberá figurar impreso en el etiquetado en caracteres cuyas dimensiones, tanto en altura como en anchura, no superen el tamaño de los caracteres que componen el nombre de la indicación geográfica.
1. En aquellos vinos producidos al amparo de una indicación geográfica podrá indicarse el término que haga referencia a la explotación vitícola mediante la mención «Vino de Finca». La inclusión de este término no exime de la mención de las indicaciones obligatorias dispuestas en las normas sobre etiquetado.
2. Dicho término únicamente podrá utilizarse si el producto vitivinícola se ha elaborado exclusivamente con uvas cosechadas en viñas que pertenezcan a esa explotación vitícola y la vinificación se ha efectuado enteramente en esa explotación.
3. Los vinos de explotación deben estar expresamente reconocidos en el pliego de condiciones de la indicación geográfica.
4. Los operadores que intervengan en la comercialización de los productos vitivinícolas producidos en tal explotación solo podrán utilizar el nombre de la explotación en el etiquetado y la presentación de esos productos vitivinícolas si la explotación en cuestión está de acuerdo con dicha utilización.
1. Las indicaciones geográficas deberán tener un órgano de gestión reconocido por la consejería, salvo aquellas integradas por un único operador, en cuyo caso la existencia del órgano de gestión será potestativa. En cuanto a la naturaleza y otros aspectos de la regulación de estos órganos de gestión se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 15 de marzo, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha, o norma que la sustituya, y la normativa que la desarrolle.
2. Su ámbito de actuación viene determinado por los productos protegidos por la figura de calidad de que se trate en cualquier fase de la cadena alimentaria y por los titulares de los bienes inscritos en los registros correspondientes.
1. Solo se podrá reconocer un órgano de gestión por cada indicación geográfica.
2. La agrupación o grupo de productores solicitante a que se refiere el apartado 1 del artículo 30 será reconocida como órgano de gestión a partir de la aprobación de la protección de la indicación geográfica por la Comisión Europea, por un periodo mínimo de tres años.
3. Una vez transcurrido el período indicado en el apartado anterior, en el caso de que existan dos o más agrupaciones que hayan solicitado ser órgano de gestión, se les requerirá para que se constituyan en una entidad asociativa que las integre. De no producirse la integración se aplicará el siguiente orden de prioridad:
1.º Organización interprofesional (OI).
2.º Asociación de organizaciones de productores (AOP).
3.º Organización de Productores (OP).
4.º En caso de igualdad respecto a la forma jurídica, tendrá prioridad la agrupación que cuente con mayor número de productores y transformadores certificados a la fecha de la solicitud.
4. El procedimiento de reconocimiento se desarrollará reglamentariamente. El plazo máximo para resolver y notificar este procedimiento será de seis meses desde la presentación de la solicitud. Vencido este plazo, la solicitud se podrá entender desestimada si no se ha dictado una resolución expresa.
5. Las resoluciones de reconocimiento de los órganos de gestión se publicarán en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» y se inscribirán de oficio en el Registro de Órganos de Gestión de figuras de calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha.
1. El reconocimiento de una entidad como órgano de gestión de una indicación geográfica podrá revocarse por la consejería cuando aquel deje de cumplir alguno de los requisitos exigidos para la obtención de dicho reconocimiento.
2. En este caso, la consejería adoptará las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de la indicación geográfica asumiendo, de las tareas determinadas en el pliego de condiciones correspondiente, las imprescindibles para el adecuado funcionamiento de la indicación geográfica.
1. El control oficial y otras actividades oficiales, el autocontrol, las obligaciones, la trazabilidad, la actividad de inspección y las medidas cautelares del sector vitivinícola se regirán de manera general por lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea, en la de calidad agroalimentaria, en la de controles y en el presente título.
2. La consejería llevará a cabo controles oficiales en las fases de transformación, comercialización y distribución de la cadena alimentaria del sector vitivinícola, en las instalaciones de recepción de la uva, de manipulación, clasificación y elaboración de mostos, vinos, alcoholes y vinagres, las plantas de embotellado y envasado, los almacenes mayoristas, las oficinas de intermediarios mercantiles con o sin almacén, así como el transporte de productos vitivinícolas en el ámbito de la comunidad autónoma.
3. Todas las medidas de control propuestas velarán por la prevención y la lucha contra el fraude en el sector vitivinícola, los derechos de las personas consumidoras y el prestigio de sus productos. Los procedimientos establecidos incidirán especialmente en la prevención y lucha contra el fraude, entre otros, con planes de trazabilidad que permitan corroborar la veracidad de la información del sector vitivinícola.
4. A los efectos de este artículo, la consejería promoverá la informatización del sector en aras de mejorar la eficiencia en la gestión y la transparencia de la información.
1. De conformidad con la normativa de la Unión Europea, los productos del sector vitivinícola que circulen por territorio comunitario deben estar provistos del pertinente documento de acompañamiento durante su transporte.
2. El expedidor, toda persona física o jurídica y toda agrupación de personas físicas o jurídicas, que inicie la circulación de un producto vitivinícola y efectúe o mande efectuar el transporte de dicho producto deberá velar por que dicho transporte se lleve a cabo al amparo de un documento de acompañamiento.
3. El documento de acompañamiento de un producto vitivinícola debe quedar reflejado en los libros de registros de las instalaciones por las que circulen, salvo que estén exceptuados de ir acompañados del citado documento.
4. En los documentos de acompañamiento de los productos vitivinícolas con indicación geográfica deberá constar la certificación de origen o procedencia.
5. Igualmente, cuando el producto transportado sea un vino o un producto vitivinícola sin indicación geográfica en el que vaya a indicarse en la etiqueta el año de cosecha o variedad o variedades de uva, deberá constar en los documentos de acompañamiento la certificación del año de la cosecha o de la variedad o variedades de uvas de vinificación.
Las personas físicas o jurídicas, así como las agrupaciones de personas que, en el territorio de Castilla-La Mancha, elaboren, embotellen, almacenen o tengan en su poder bajo cualquier concepto, en el ejercicio de su profesión o con fines comerciales, un producto vitivinícola, deberán llevar unos registros en los que anotarán, entre otros, las entradas y salidas de los mismos, determinadas manipulaciones que se efectúen y los productos empleados en éstas.
La Estación de Viticultura y Enología (EVE) es el centro de referencia y laboratorio oficial para el control de la calidad de los productos vitivinícolas en Castilla-La Mancha, quedando adscrita al Iriaf en virtud de la disposición final primera de la ley.
Para los controles de los productos vitivinícolas acogidos a una indicación geográfica en Castilla-La Mancha se estará a lo dispuesto en la normativa de aplicación en materia de calidad agroalimentaria y en materia de controles.
1. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos de certificación, aprobación y control de los productos vitivinícolas que, sin tener indicación geográfica, hagan mención en el etiquetado al año de cosecha o al nombre de una o más variedades de uva de vinificación.
2. Las tareas de control oficial de los productos vitivinícolas a los que se refiere el apartado anterior se podrán delegar en organismos delegados, con las condiciones y requisitos establecidos por la normativa de la Unión Europea y por la básica estatal en materia de controles, y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha.
1. El registro de embotelladores y envasadores de vinos de Castilla-La Mancha es un registro administrativo de carácter público que tiene por objeto la inscripción de todos los datos necesarios sobre los embotelladores o envasadores que tengan ubicada su instalación en el territorio de Castilla-La Mancha, o que manden realizar el embotellado de sus productos en una instalación de Castilla-La Mancha.
2. El acceso a los datos contenidos en el registro, y su publicidad, se regirá por lo dispuesto en las normas de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y las de protección de datos de carácter personal.
1. Los operadores del sector del vino cuyos productos estén obligados a incluir en el etiquetado la indicación obligatoria del embotellador en virtud de lo dispuesto por normativa de la Unión Europea en materia de etiquetado, se inscribirán en el registro de embotelladores y envasadores de vinos en los siguientes supuestos:
a) Las personas físicas o jurídicas, o sus agrupaciones, que efectúen o hagan efectuar por su cuenta el embotellado o el envasado de los productos mencionados en alguna de las instalaciones ubicadas en el territorio de Castilla-La Mancha, y que van a figurar en su etiquetado como responsables de su puesta en el mercado y de las declaraciones realizadas en su presentación.
b) Las personas titulares de las instalaciones ubicadas en el territorio de Castilla-La Mancha que se hallen inscritas en el registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, para la realización del embotellado o el envasado en recipientes de capacidad nominal inferior a 60 litros de los productos mencionados.
2. En el etiquetado de los productos deberá figurar como mención obligatoria el número de inscripción en el registro de embotelladores y envasadores de vinos.
1. La consejería fomentará con su actuación la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha bajo los siguientes objetivos:
a) Contribuir a que las empresas del sector pongan en marcha procesos de investigación e innovación como medio de adaptación a los nuevos retos que plantea el mercado.
b) Impulsar la colaboración entre empresas y otras entidades que trabajen en el campo de la investigación e innovación.
c) Incrementar la participación en los proyectos I+D+i que puedan llevarse a cabo.
d) Incentivar la propuesta de nuevos temas que puedan ser de interés para el desarrollo del sector. En concreto:
1.º Promover estudios e investigaciones en los que se utilicen materiales vegetales y técnicas de cultivo adaptadas a un cambio en los patrones de comportamiento de las temperaturas y precipitaciones, facilitando asistencia técnica, a través del Iriaf, para el desarrollo de la misma cuando fuera necesario.
2.º Se promoverá la incorporación de avances tecnológicos que, sin ser contrarios al cultivo tradicional, permitan avanzar en la rentabilidad de los mismos.
e) Estimular y canalizar la transferencia y la difusión de los avances y conocimientos puestos de manifiesto en los proyectos I+D+i, creando redes de información.
f) Fomentar la formación y capacitación del sector, tanto en el ámbito de la tecnología como en el de la imagen, el marketing y la comercialización de los productos vitivinícolas.
2. El Iriaf de conformidad con la ley y estatutos que lo regulan, ejercerá las funciones de coordinación, promoción y fomento de la investigación, desarrollo e innovación del sector vitivinícola de la región.
La consejería en sus líneas de actuación para fomentar el sector vitícola tendrá por objetivos:
a) Preservar las técnicas tradicionales e impulsar el uso de aquellas que garanticen producciones respetuosas con el medio ambiente.
b) Estimular acciones de viticultura sostenible, que reduzcan el impacto medioambiental, y orientadas a la adaptación al cambio climático.
c) Preservar viñedos tradicionales, aquellos plantados en vaso y cultivados en secano, como herramienta para generar valor sobre la producción, ligada a la cultura tradicional manchega y a la calidad de los vinos producidos a partir de esas uvas.
d) Velar por la preservación y fomentar variedades de vid minoritarias en la región siempre que sean consideradas, por el Iriaf, de alto valor patrimonial genético.
e) Impulsar la valorización de los residuos del cultivo del viñedo dentro de la propia explotación o mediante su reutilización en otras industrias, así como el resto de objetivos previstos en la estrategia de economía circular.
f) Sensibilizar, a través de la formación, a las personas que trabajan en el sector en materia de sostenibilidad, cambio climático y energías renovables.
g) Incentivar las inversiones dirigidas a la digitalización de explotaciones vitícolas.
La consejería, en sus líneas de actuación para promocionar el sector vinícola, tendrá por objetivos:
a) Promover la cultura del vino con acciones de comunicación y concienciación, sobre la base del consumo responsable, fundadas en la importancia de nuestro patrimonio vitivinícola para la economía, el medioambiente, el mantenimiento del territorio y la lucha contra la despoblación.
b) Apostar por la diferenciación de los productos vitivinícolas regionales como estrategia de promoción, articulada a través del respecto a la tradición, la calidad y la sostenibilidad.
c) Dirigir preferentemente las actuaciones de promoción a los productos embotellados y a aquellos acogidos a figuras de calidad en base a su mayor valor añadido.
d) Impulsar estudios de mercado que permitan identificar las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas del sector.
e) Elaborar, junto con la consejería competente en materia de comercio, una estrategia de internacionalización con la finalidad de mejorar la imagen y el conocimiento de los vinos castellano-manchegos, así como posicionar a las empresas vitivinícolas regionales en los mercados que sean de interés.
f) Promover la presencia de los productos vitivinícolas de Castilla-La Mancha en las ferias y eventos tanto nacionales como internacionales de países terceros. En este sentido se prestará una especial atención a la participación de bodegas y cooperativas de nuestra región en Fenavin y se promocionará el desarrollo de la misma.
g) Incentivar la inversión del sector productor, preferentemente dirigida a la innovación, la digitalización, la economía circular y la sostenibilidad ambiental.
h) Apoyar, en colaboración con las consejerías con competencias en la materia, a la «Fundación Castilla-La Mancha, Tierra de Viñedos» en el cumplimiento de sus fines estatutarios dirigidos a la promoción del sector vinícola.
i) Fomentar el enoturismo, en colaboración con la consejería competente en materia de turismo, para la divulgación y conocimiento de la riqueza vitivinícola de la región y el patrimonio histórico, cultural y social que este sector ha generado.
La consejería fomentará mecanismos para la regulación del sector vitivinícola conforme a los siguientes objetivos:
a) Promover, con la participación de todas las partes interesadas, mecanismos de autorregulación como herramienta para organizar la producción y adaptarla a las demandas del mercado.
b) Impulsar la diversificación productiva del viñedo para una mayor sostenibilidad y competitividad del sector.
c) Facilitar la adopción de acuerdos de campaña como mecanismo para orientar determinadas producciones hacia la elaboración de mostos, vinagres y alcoholes de productos vitícolas, promoviendo la diversificación para satisfacer las necesidades del mercado.
d) Fomentar, como mecanismo para una mejor valorización de las producciones, el pago diferenciado en bodega en función de los parámetros de calidad de la uva obtenidos.
La consejería, en sus líneas de actuación para el fortalecimiento de la cadena alimentaria del sector vitivinícola y dentro del marco de la normativa reguladora del funcionamiento de la cadena alimentaria, tendrá como objetivos:
a) Promover un mejor reparto del valor a lo largo de la cadena alimentaria.
b) Impulsar la transparencia de la formación de los precios, las relaciones contractuales y de posicionamiento en los distintos eslabones.
c) Facilitar, en el seno del Comité Regional Vitivinícola y/o de la Organización Interprofesional Regional, la interlocución de los agentes que integran la cadena alimentaria de Castilla-La Mancha.
d) Fomentar la conformación de figuras de calidad de las establecidas en el título IV de la ley, con especial énfasis en el sector primario de la cadena.
e) Instar al sector para que se establezcan costes de producción de referencia.
1. La consejería promoverá la constitución, en el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, de una organización interprofesional de carácter regional que pueda ser reconocida de conformidad con la normativa existente en la materia.
2. La consejería en sus líneas de actuación, para una mayor vertebración dentro del sector vitivinícola, promoverá los siguientes objetivos:
a) Fomentar el asociacionismo dentro de la cadena de producción como herramienta para mejorar las estructuras agroalimentarias, aumentar su dimensión, su poder de negociación, disminuir costes y mejorar la comercialización, con la finalidad de aumentar su competitividad basándose en incrementos del valor añadido de sus productos.
b) Impulsar el relevo generacional favoreciendo la incorporación de jóvenes en todas las fases del proceso productivo, fomentando su formación como parte de ese proceso.
c) Fomentar la incorporación de las mujeres en todos los eslabones de la cadena de producción, normalizando su presencia, y promoviendo la igualdad de oportunidades, priorizando las políticas de género hasta que la igualdad de hombres y mujeres se haya hecho efectiva.
3. Los objetivos descritos en el punto anterior, siempre que la normativa lo permita, deberán establecerse como criterios preferenciales en las disposiciones de ayudas y subvenciones que se otorguen al sector vitivinícola.
1. Se crea el Comité Regional Vitivinícola de naturaleza consultiva, adscrito a la consejería, con el objetivo de coordinar e impulsar el fomento en el sector vitivinícola entre los diferentes representantes del mismo y la administración.
2. El Comité estará formado por:
a) La persona titular de la consejería, que lo presidirá.
b) Una persona representante de la Dirección General competente en materia agroalimentaria.
c) Una persona representante de la Dirección General competente en materia de agricultura.
d) Una persona representante del Iriaf.
e) Una persona representante de cada una de las organizaciones profesionales agrarias que sean de carácter general y de ámbito regional, que formen parte de una estructura a nivel estatal, la cual sea a su vez miembro del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias.
f) Una persona en representación de las cooperativas agroalimentarias de la región designada a propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha.
g) Cinco personas de las organizaciones representativas del sector industrial de los distintos productos: mosto, vino, vinagre y alcohol.
h) Una persona en representación de las indicaciones geográficas.
i) Una persona en representación del Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha.
En su composición deberá procurarse que la representación de hombres y mujeres se efectúe de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.
3. La Secretaría del Comité corresponderá a personal funcionario de la consejería designado por la persona titular de la Presidencia de este órgano, que actuará con voz, pero sin voto.
4. A las reuniones podrán asistir aquellas personas expertas y personal técnico que, a juicio de la consejería, pudieran ser consultados en razón de su competencia técnica.
5. El Comité Regional Vitivinícola asumirá las siguientes funciones:
a) Seguimiento de la situación del sector vitivinícola regional, así como el análisis de la información relativa al sector, mejorando el conocimiento y la transparencia del mismo, elaborándose una memoria anual.
b) Asesoramiento y coordinación de las diferentes actuaciones que se lleven a cabo en materia de fomento del sector mediante la emisión de informes, en su caso.
c) Reforzar la competitividad del sector a través de la colaboración de todas las partes que intervienen en las distintas fases del proceso productivo, analizando las propuestas presentadas a tal efecto.
d) Velar por el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley.
1. El régimen sancionador, incluyendo la tipificación de infracciones y sus sanciones, en todo lo no regulado por la ley, se regirá por lo dispuesto en la normativa estatal.
2. Las infracciones tipificadas por la ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
Son infracciones leves:
a) Las inexactitudes o errores en libros-registro, en declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos, o en documentos de acompañamiento, cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la real no supere un 15 por ciento de esta última, así como en las comunicaciones previas previstas en la normativa de potencial vitícola.
b) La plantación de viñedo sin autorización en una superficie igual a la arrancada que, de acuerdo con la normativa vigente, pudiera generar una resolución de arranque.
c) La falta de identificación de los recipientes destinados al almacenamiento de productos a granel y de la indicación de su volumen nominal, así como de las indicaciones previstas para la identificación de su contenido, a excepción de los recipientes de menos de 600 litros, que se realizará de acuerdo con lo previsto en la normativa de la Unión Europea.
d) Para las plantaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2016, el incumplimiento de la obligación del arranque de la parcela que ha sido objeto de la concesión de un derecho de plantación anticipado, o las plantaciones de vid o de portainjertos sin autorización, cuando el infractor procediere, en un plazo inferior a dos meses desde que la comunidad autónoma lo requiera para el arranque, de la superficie afectada por la infracción.
e) El incumplimiento de obligaciones meramente formales que impongan las disposiciones generales vigentes en la materia regulada por esta ley; en particular, la falta de inscripción y/o actualización de explotaciones, empresas, mercancías o productos, en los registros de las Administraciones públicas regulados en dichas disposiciones generales, o la no comunicación de los cambios de titularidad.
f) La falta de presentación telemática de los libros-registro dentro de los plazos establecidos en la norma.
g) La falta de utilización de una autorización de plantación o replantación durante su periodo de vigencia, conforme a lo dispuesto en la normativa europea.
h) La falta de comunicación previa de las explotaciones de experimentación, pies madres, injertos y autoconsumo, o el incumplimiento de los requisitos formales establecidos en la normativa de aplicación.
i) La utilización de material vegetal para plantaciones de vid, procedente de viveros no inscritos en el registro de operadores profesionales de materiales vegetales, tanto a nivel nacional como de cualquier otro país de la Unión Europea.
j) Las operaciones de envasado o embotellado de productos vitivinícolas en Castilla-La Mancha sin estar inscrito en el registro de embotelladores y envasadores de vino de Castilla-La Mancha, cuando sea obligatoria conforme a lo establecido en el artículo 46 de esta ley.
Son infracciones graves:
a) La falta de libros-registro, documentos de acompañamiento o declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos, o su gestión, confección o redacción, en condiciones no ajustadas a la normativa vigente, que impida o dificulte el conocimiento de la procedencia, la naturaleza, las características, el volumen o el destino de los productos vitivinícolas manipulados en una instalación, así como los errores, inexactitudes u omisiones en ellos que afecten a las características de los productos o mercancías consignados.
b) Las inexactitudes o errores en libros-registro, documentos de acompañamiento, declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la real supere un 15 por ciento de esta última, así como en las comunicaciones previas previstas en la normativa de potencial vitícola.
c) La utilización en el etiquetado, presentación o publicidad de los productos, de denominaciones, indicaciones, calificaciones, expresiones o signos que no correspondan al producto o induzcan a confusión.
d) El incumplimiento de la entrega de productos y subproductos para destilaciones obligatorias, siempre que hubiese sido sancionado mediante resolución administrativa firme, por la comisión de dos infracciones leves previstas en la letra j) del apartado 1 artículo 38 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, dentro de las cinco campañas anteriores a la fecha de la inspección.
e) La elaboración o transformación de los productos regulados en esta ley mediante tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, siempre que no existan riesgos para la salud, así como la adición o sustracción de sustancias que modifiquen la composición de los productos regulados con resultados fraudulentos, así como la comercialización de los mismos.
f) Destino de productos a usos no conformes con la normativa vitivinícola.
g) Para las plantaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2016, el incumplimiento de la obligación del arranque de la parcela que ha sido objeto de la concesión de un derecho de plantación anticipado, o las plantaciones de vid o de portainjertos sin autorización, cuando el infractor no procediera, en un plazo inferior a dos meses desde que la comunidad autónoma lo requiera para el arranque, de la superficie afectada por la infracción.
Son infracciones muy graves:
a) La no introducción en las etiquetas y presentación de los vinos de los elementos suficientes para diferenciar claramente su calificación y procedencia, a fin de evitar confusión en los consumidores, derivada de la utilización de una misma marca, nombre comercial o razón social en la comercialización de vinos procedentes de indicaciones geográficas.
b) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados, siempre que no sean constitutivas de delito.
c) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de presión a los empleados públicos encargados de las funciones de inspección o vigilancia administrativa, siempre que no sean constitutivas de delito.
d) La elaboración, transformación, comercialización o tenencia de productos vitícolas por cuantía superior a 300.000 litros que hayan sido objeto de prácticas, procesos o tratamientos en los que se hayan adicionado azúcares u otros productos exógenos no autorizados, así como la tenencia o comercialización de azúcares exógenos a la uva sin estar autorizados para ello por la legislación específica de aplicación.
1. Las infracciones se sancionarán de conformidad con los importes establecidos en la normativa estatal.
2. Cuando se trate de plantaciones realizadas sin autorización con posterioridad al 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2018/273 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017 o norma que lo sustituya, será sancionada con:
a) 6.000 €/ha, si la totalidad de la plantación no autorizada es arrancada en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la resolución por la que se establece la obligación del arranque.
b) 12.000 €/ha, si la totalidad de la plantación no autorizada es arrancada durante el primer año siguiente a la expiración del período de cuatro meses.
c) 20.000 €/ha, si la totalidad de la plantación no autorizada es arrancada después del primer año siguiente a la expiración del periodo de cuatro meses.
3. Cuando la infracción prevista en la letra j) del apartado 1 del artículo 39 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, o en la letra e) del artículo 56 de la presente ley, derive de la adición no autorizada de azúcares u otros productos exógenos no autorizados en los productos vitícolas, la sanción se impondrá en su mitad superior.
En las bases reguladoras y convocatorias de ayudas y subvenciones establecidas o gestionadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia vitivinícola se podrá exigir como requisito para obtener la condición de persona beneficiaria no haber sido sancionado por falta muy grave, o por alguna de las infracciones previstas como graves en el apartado e) del artículo 56 de esta ley o en las letras j) y k) del apartado 1 del artículo 39 de la Ley 24/2003, de 10 de julio.
El plazo para resolver los procedimientos sancionadores y notificar su resolución será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
En el caso de la Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de Castilla la existencia del órgano de gestión será potestativa.
Los procedimientos incoados antes de la entrada en vigor de la ley se seguirán tramitando de acuerdo con lo establecido por la normativa anterior.
1. Dentro del periodo establecido por la normativa de la Unión Europea en materia de autorización para plantación de vid, y siempre que cumpla los requisitos establecidos en la misma, se concederá una autorización de plantación de viñedo a aquellas personas titulares de un derecho de plantación que hayan presentado una solicitud de conversión de un derecho de plantación en una autorización, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
2. Las autorizaciones concedidas por conversión de derechos de plantación tendrán el periodo de validez determinado en la normativa comunitaria en materia de autorización para plantación de vid.
A los efectos de lo dispuesto en esta ley, quedan reconocidos como órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas que se indican las siguientes agrupaciones de productores y organizaciones interprofesionales agroalimentarias:
a) Denominación de origen protegida Almansa: Agrupación de Productores de Vino de la Denominación de Origen Almansa.
b) Denominación de origen protegida La Mancha: Interprofesión del Consejo Regulador de Denominación de Origen La Mancha.
c) Denominación de origen protegida Manchuela: Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Denominación de Origen Vitivinícola Manchuela.
d) Denominación de origen protegida Méntrida: Interprofesional de la Denominación de Origen Vitivinícola Méntrida.
e) Denominación de origen protegida Mondéjar: Agrupación de Productores de Vino con la Denominación de Origen Mondéjar.
f) Denominación de origen protegida Ribera del Júcar: Agrupación de Productores de Vino con Denominación de Origen Ribera del Júcar.
g) Denominación de origen protegida Uclés: Asociación Vitivinícola de Uclés.
1. Se deroga totalmente la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha.
2. Se deroga la disposición adicional única de la Ley 6/2013, de 14 de noviembre, por la que se derogan parcialmente la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha y totalmente la Ley 11/1999, de 26 de mayo, por la que se crea la Indicación Geográfica de Vinos de la Tierra de Castilla.
La Ley 4/2015, de 26 de marzo, por la que se crea el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, queda modificada como sigue:
En la disposición adicional segunda, se añaden los apartados f) y g), con el siguiente tenor:
«f) Estación de Viticultura y Enología (EVE) de Alcázar de San Juan.
g) CLaMber de Puertollano.»
En todo lo no regulado por la presente ley, se aplica supletoriamente la Ley 7/2007, de 15 de marzo, o norma que la sustituya.
1. Se habilita al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y aplicación de la ley.
2. Se desarrollarán mediante orden de la consejería las siguientes materias:
a) El listado de variedades autorizadas para plantaciones de vid destinadas a la producción de vino en el ámbito regional para la aplicación del apartado 1 del artículo 17 de esta ley.
b) El contenido adicional al descrito por la normativa de la Unión Europea y que pudiera determinarse para las solicitudes de protección de las indicaciones geográficas que se recoge en el artículo 29.1 de esta ley.
c) Las disposiciones de aplicación relativas a los documentos que acompañan al transporte de productos vitivinícolas indicados en el artículo 40 de la ley.
d) Las disposiciones que contengan las normas de aplicación relativas a los registros de entradas y salidas que se han de llevar en el sector vitivinícola aludidos en el artículo 41 de esta ley.
La ley entra en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
Toledo, 29 de julio de 2022.–El Presidente, Emiliano Giménez Sánchez.