Categoría: Normativas

ios de acogida de la Administración Pública competente destinados a las víctimas de violencia de género, o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas.
De acuerdo con lo establecido en La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Empresa reconocerá a las mujeres víctimas de violencia de género un catálogo de derechos que a grandes rasgos se agrupan en:
– Adopción de jornada reducida, u horario flexible, a petición de la interesada.
– Preferencia en la solicitud de traslado para ocupar un puesto de categoría equivalente en cualquier plaza vacante de otros centros de trabajo, con derecho a reserva de su antiguo puesto durante un primer periodo de seis meses y un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente durante un segundo periodo de seis meses.
– Posibilidad de suspender el contrato de trabajo de acuerdo con los plazos establecidos en el artículo 48.8 ET.
– Posibilidad de extinguir su contrato de trabajo, con prestación de desempleo, en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social.
– Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas cuando así lo determinen y detallen, mediante informe expreso, los servicios sociales de atención o servicios de salud competentes.
– Flexibilización de los criterios de concesión de préstamos o anticipo para atender a situaciones de necesidad.
La Empresa prestará con recursos propios o recurriendo a la contratación de servicios especializados externos, los siguientes servicios de apoyo y asesoramiento técnico especializado:
− Asesoramiento y apoyo psicológico: tanto a la víctima directa de la situación de violencia doméstica o de género como a las hijas e hijos menores de edad o discapacitados que convivan con ella. Las actuaciones en esta materia comprenderán tanto la atención y asistencia a las víctimas como las relativas a información y orientación familiar que fueran precisas para superar la situación o disminuir sus efectos.
− Asesoramiento y asistencia jurídica: Tanto en el ámbito administrativo como en el civil y penal, tramitando cuantas actuaciones fueran necesarias en cada uno de los órdenes para superar la situación de violencia o disminuir sus efectos. A tal efecto se realizarán las actuaciones jurídicas que fueran necesarias para garantizar la seguridad de la víctima y de los menores, discapacitados o familiares a su cargo, así como las relativas a la adopción de las medidas provisionales tendentes a garantizar el disfrute de la vivienda familiar, la custodia de las hijas e hijos menores, la pensión alimenticia y la obtención de las prestaciones sociales correspondientes.
La protección de la salud de las personas trabajadoras constituye un objetivo básico y prioritario de las partes firmantes y consideran que para alcanzarlo se requiere el establecimiento y planificación de una acción preventiva en la Empresa que tenga por fin la eliminación o reducción de los riesgos en su origen, a partir de su evaluación, adoptando las medidas necesarias, tanto en la corrección de la situación existente como en la evolución técnica y organizativa de la Empresa, para adaptar el trabajo a la persona y proteger su salud. No obstante, dadas las características de la actividad se tendrá especial atención a las situaciones de riesgo que puedan originarse en las empresas clientes.
Con tal objetivo se pretende no sólo el cumplimiento de las obligaciones legales y las responsabilidades de los actores implicados en el marco de la Empresa, sino también fomentar una nueva cultura de la prevención que avance en el desarrollo de la cultura preventiva en la sociedad.
El derecho de protección se materializará a través de la adopción, por parte de la Empresa, de las medidas necesarias en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de las personas trabajadoras, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud y organización de un servicio de prevención.
Asimismo, se entienden como prioritarias la promoción e intensificación de acciones organizativas, formativas e informativas de signo prevencionista que permitan al personal acomodarse a los cambios organizativos que las nuevas tecnologías puedan traer consigo preservando su salud física, mental y social, entendida como el concepto integral formulado por la Organización Mundial de la Salud.
De conformidad con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en lo sucesivo, «L.P.R.L.»), corresponde a cada persona trabajadora velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación, las instrucciones de la Empresa y las disposiciones del Comité de Seguridad y Salud.
En cuantas materias afecten a la seguridad y salud en el trabajo, serán de aplicación las disposiciones contenidas en la L.P.R.L., actualizada y desarrollada por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia y normativa concordante.
A fin de salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de todas las personas trabajadoras, la Empresa cuenta con una Política de Prevención de Adicciones en el Ámbito Laboral cuyo objeto es la implementación de programas de actuación que persiguen prevenir las conductas que pueden llegar a provocar una adicción y desarrollar acciones encaminadas a promover hábitos saludables y conductas de consumo responsable.
Dadas las características de la actividad y que muchos de las personas trabajadoras como consecuencia de sus trabajos en las Empresas pueden estar sometidos a diversos riesgos, la Empresa pondrá a disposición aquellos equipos de protección individual que pudieran ser necesarios, tanto con carácter permanente, como con carácter puntual, ante un riesgo existente en las instalaciones propias y/o del cliente. Las personas trabajadoras deberán poner especial cuidado en el uso de los equipos de protección individual.
La Empresa garantizará al personal a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, en los términos previstos en el artículo 22 L.P.R.L.
El tratamiento de la información recogida como consecuencia de esta vigilancia, tal y como se prevé en la Ley, respetará, siempre, el derecho a la intimidad y dignidad de la persona trabajadora y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
Los exámenes de salud que se efectúen deberán ser específicos, adecuándose a las materias primas o aditivos que se manipulen en cada centro de trabajo.
Todo el personal se someterá en los términos establecidos en la legislación vigente, a un examen de salud de inicio de actividad realizado de acuerdo a protocolos específicos en función de las características y actividades de su puesto de trabajo.
La Empresa fomentará que toda la plantilla, en especial quienes estén expuestos a riesgos específicos que así lo aconsejen o realicen trabajos en clientes se sometan a un examen de salud anual en base a protocolos que cubran los posibles riesgos a los que se vean o puedan verse sometidos como consecuencia de su trabajo. El resto estarán sometidos a la realización de exámenes de salud de acuerdo a su puesto de trabajo y funciones que realiza.
La realización del reconocimiento médico se efectuará dentro de la jornada de trabajo, siempre que sea posible o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.
1. La Empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las personas trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a los riesgos determinados en la evaluación que se refiere en el artículo 16 L.P.R.L. y desarrollado en el artículo 3 y siguientes del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en especial consideración al listado de agentes, condiciones y procedimientos detallados en los anexos VII y VIII del citado Real Decreto, que puedan afectar a la salud de las personas trabajadoras o del feto, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la persona trabajadora afectada, en los términos previstos en el artículo 26 de la mencionada Ley y de conformidad con el cual se tendrá en cuenta así mismo las posibles limitaciones en la realización de trabajo nocturno y a turnos.
2. En la evaluación de riesgos se contemplará la idoneidad para la mujer embarazada de los puestos, régimen horario y condiciones de trabajo, siempre que medie prescripción facultativa.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación, las personas trabajadoras que se encuentren en estado de gestación y durante el periodo de lactancia, no podrán ser objeto de traslado o desplazamiento geográfico que implique cambio de residencia, salvo por deseo expreso de la persona empleada, y teniendo en cuenta criterios médicos.
La Empresa está obligada a garantizar que cada persona trabajadora reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La persona trabajadora está obligada a seguir la formación y a realizar las prácticas. Todo ello en los términos señalados en la L.P.R.L., y en sus normas de desarrollo, en cuanto les sean de aplicación.
A dichos efectos, la Empresa garantizará la formación de las personas trabajadoras específica para el desempeño de su trabajo, independientemente de la formación de nivel básico, medio o superior en prevención que tuvieran acreditada.
En aplicación del artículo 24 L.P.R.L., la Dirección de la Empresa en cuyos centros de trabajo desarrollan su actividad personas trabajadoras de otras Empresas, realizará un seguimiento regular de la aplicación a estas personas trabajadoras de las normas de seguridad y salud correspondientes a la actividad que realizan, presentado el balance de este seguimiento en el Comité de Seguridad y Salud de la Empresa principal con la misma periodicidad que el de la plantilla propia.
Las personas que asuman las funciones de Delegado o Delegada de Prevención serán elegidos, por y entre la Representación Legal de las Personas Trabajadoras conforme a la escala establecida en el artículo 35 L.P.R.L. En los centros de trabajo de hasta treinta personas trabajadoras, el Delegado o Delegada de Personal será el Delegado o Delegada de Prevención; y en los centros de trabajo en los que el número de personas trabajadoras oscile entre treinta y uno y cuarenta y nueve habrá un Delegado o Delegada de Prevención que será elegido por y entre la Representación Legal de las Personas Trabajadoras.
Será de aplicación a los Delegados y Delegadas de Prevención lo previsto en el artículo 37 L.P.R.L., en su condición de Representantes Legales de las Personas Trabajadoras. Podrán utilizar horas sindicales para el desarrollo de su actividad como tales.
La formación se deberá facilitar por la Empresa por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades públicas o privadas especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.
Los Delegados y Delegadas de Prevención deberán acreditar su asistencia a las acciones formativas que se lleven a cabo en este sentido y el tiempo dedicado a ella será considerado como tiempo de trabajo efectivo.
En los centros de trabajo que cuenten con una plantilla de cincuenta o más personas se constituirá un Comité de Seguridad y Salud, que estará formado, tal y como se prevé en el artículo 38 de la mencionada Ley, por los Delegados y Delegadas de Prevención, de una parte, y por el mismo número de representantes de la Empresa.
Participarán con voz pero sin voto en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud: los Delegados y Delegadas Sindicales, responsables técnicos de la prevención en la Empresa (no incluidos en la composición del Comité de Seguridad y Salud), personas de la Empresa con especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan, así como un máximo de dos asesores, junto con personal técnicos de prevención ajenos a la Empresa, siempre que así lo solicite una de las representaciones en el Comité y sin que la asistencia de estos implique ningún gasto para la Empresa, salvo acuerdo. La reunión será como mínimo trimestral, y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.
En cuanto a las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud será de aplicación lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El Comité Estatal de Seguridad y Salud es el órgano paritario colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención de riesgos laborales.
El Comité tiene como funciones la de promover iniciativas sobre métodos, procedimientos para la prevención de los riesgos y la de participar en la planificación, puesta en práctica y evaluación de la política preventiva, así como todas aquellas que le atribuya la legislación vigente.
El Comité está formado por los Delegados y las Delegadas de Prevención, de una parte, y por los representantes de la Empresa en número igual.
El número de Delegados y Delegadas de Prevención se determina de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo en la actualidad 20 integrantes, atendiendo a la siguiente distribución proporcional: diez en representación de la Empresa y diez en representación de las personas trabajadoras.
El Comité se rige por lo establecido en su propio reglamento interno en el que se recogen, entre otros aspectos, de forma expresa sus competencias y facultades, órganos que lo integran y su régimen de funcionamiento.
La responsabilidad social de la Empresa es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual la Empresa decide voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. Esta responsabilidad se expresa frente a las personas trabajadoras y, en general, frente a todos los interlocutores de la Empresa, que pueden a su vez influir en su éxito.
La Empresa entiende que ha de dar cuenta sobre la forma en que se asumen sus responsabilidades hacia el conjunto de los individuos y grupos involucrados y/o afectados por sus actividades y decisiones a través de la participación de las personas trabajadoras o sus representantes legales, y además, sobre el cómo participan las personas trabajadoras, sus representantes, los consumidores y los inversores; con especial hincapié en la aplicación de buenas prácticas laborales, no colaboración con sociedades o entidades que conculquen derechos humanos y el fomento de la aplicación extensiva de la prevención de riesgos laborales.
La Empresa teniendo en cuenta todo lo anterior ha establecido las directrices básicas que definen nuestro Código de Conducta y Ético, que pretende ser el marco de referencia de nuestras actuaciones, al objeto de que sean transparentes, justas, leales y eficaces para todas y todos y en beneficio de las personas usuarias de nuestros servicios y de la sociedad en general.
Los valores de la Empresa son los pilares que sustentan nuestra forma de actuar, de trabajar y de hacer las cosas.
1. Con objeto de favorecer la profesionalización y mejora permanente de la formación continua, las partes consideran que la misma debe orientarse a:
a) Promover el desarrollo personal y profesional del conjunto de la plantilla.
b) Contribuir a la eficacia económica mejorando la competitividad.
c) Adaptarse a los cambios motivados tanto por procesos de innovación tecnológica, como por nuevas formas de organización de trabajo.
d) Contribuir con la formación profesional continua a propiciar el desarrollo y la innovación de la Empresa.
e) Dar prioridad formativa a los colectivos más desfavorecidos (mujeres, jóvenes, discapacitados, mayores de 45 años, inmigrantes, personas trabajadoras no cualificadas, etc.).
2. La política formativa de la Empresa se acomodará a los siguientes criterios:
a) Profesionalización y desarrollo de los recursos humanos, satisfaciendo las necesidades de formación profesional del conjunto de la plantilla en el seno de la Empresa y facilitando su acceso a unas mejores cualificaciones.
b) Plena universalización de la acción formativa, que se proyectará al personal en todos los niveles.
c) Impulso de la formación profesional como responsabilidad de los agentes sociales, en el entendimiento de que interesa tanto a la Empresa como a la persona trabajadora, y que no puede hacerse al margen de sus protagonistas.
d) Entendimiento recíproco de la doble dimensión de la formación profesional como derecho y como deber.
e) Conexión entre el diseño de las acciones formativas y las necesidades de cualificación profesional.
f) Valoración como factor estratégico para la competitividad de la Empresa y como variable estructural condicionante en alto grado de cualquier estrategia de crecimiento.
g) Asunción de la política formativa como aspecto fundamental de la flexibilidad interna de la Empresa que posibilita la adaptabilidad de los recursos humanos a los nuevos procesos productivos, haciendo operativa la movilidad funcional.
h) Continuidad, a fin de impulsar el permanente desarrollo de las cualificaciones profesionales.
i) Consideración de la formación, a través de la organización y participación en cursos, actividades y programas, como favorecedora de la promoción del personal y elemento referencial, a efectos del sistema de clasificación profesional y de la estructura retributiva.
j) Consideración de la formación como herramienta para favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, favoreciendo el acceso de las mujeres a las actividades formativas sobre materias y disciplinas en los que se encuentren subrepresentadas.
k) Priorización de la formación dentro de la jornada laboral para favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
1. El tiempo de formación por cada persona trabajadora será de un mínimo de 20 horas, todas dentro del cómputo anual de jornada. Se entenderá cumplido dicho tiempo, cuando, como mínimo, en la Empresa, en términos de media por persona empleada, se hubiera alcanzado una media de 20 horas anuales de formación, se garantice la universalidad en el acceso a la misma y no se produzca ningún tipo de discriminación, en especial, por razón de género, edad y nivel profesional.
Este tiempo de formación se destinará a la realización de acciones formativas de interés para el desempeño profesional encomendado o que pueda encomendarse, así como de la proyección de la carrera profesional de las personas empleadas. Se computará como tiempo de formación la suministrada al inicio de la relación laboral en la Empresa.
2. El tiempo de formación aquí regulado podrá adaptarse proporcionalmente en el supuesto de jornadas que arrojaran un cómputo anual distinto al establecido en carácter general.
3. Estas horas podrán ser acumuladas durante un período de hasta dos años en aquellos casos en que por necesidades organizativas o funcionales no fueren utilizadas anualmente, salvo determinados supuestos en que, por razones excepcionales, sea necesario ampliar dicho período a tres años.
Asimismo, en la organización de las actividades formativas, se procurará tener en cuenta las circunstancias concurrentes en las personas trabajadoras.
4. En los supuestos de jornadas distintas de lo regulado en el presente Convenio, el tiempo dedicado a formación será objeto de las correspondientes adaptaciones respecto de lo establecido en el párrafo primero, haciéndolas compatibles con la funcionalidad de la acción formativa.
5. Cuando dichas actividades formativas afecten a personal adscrito a tareas sanitarias, lo previsto en el presente artículo habrá, igualmente, de hacerse compatible con la debida atención hacia las personas usuarias de los centros o instalaciones sanitarias.
6. Con criterios análogos a los señalados en el apartado 3, se realizarán las oportunas adaptaciones en supuestos individuales de jornada reducida.
La prestación del mejor servicio requiere la formación profesional continua de la plantilla, pues ésta contribuye a la mejora de la cualificación y reciclaje permanente a través de la adquisición y actualización de conocimientos y habilidades, con los que mejorar necesarios para garantizar la calidad del servicio que presta la Empresa.
La Comisión Paritaria de Formación entenderá de las cuestiones que se planteen sobre formación dentro de la misma, rigiéndose por su propio Reglamento, teniendo atribuidas las funciones siguientes:
a) Adaptación y trasposición de los acuerdos que se deriven de los acuerdos Sectoriales de Formación Continua que vayan surgiendo.
b) Seguimiento, evaluación y apoyo continuado de la actividad formativa.
c) Estudiar y proponer soluciones a sugerencias, quejas o reclamaciones que surjan en la ejecución del Plan de Formación.
d) Velar por el correcto cumplimiento y ejecución del Plan de Formación, la eficacia, eficiencia y transparencia en el proceso formativo, evaluados por KPI o indicadores claves de rendimiento, que serán consensuados en el seno de la Comisión.
e) Realizar estudios prospectivos respecto a las necesidades formativas en la Empresa y plantilla.
f) Recibir información de los Permisos Individuales de Formación (PIF). No obstante, en el seno de esta Comisión se analizarán los PIF no concedidos.
g) Entender de cuantas cuestiones se planteen sobre formación interna en el ámbito de la Empresa.
h) Participar en la elaboración de la metodología de detección de necesidades formativas de los diferentes colectivos. La Empresa compartirá un informe con las principales líneas de formación de manera que la Comisión realice las propuestas que considere oportunas. Los mecanismos serán seleccionados por la Comisión con el objeto de aproximarse a la realidad cambiante en cada momento. Una vez finalizado el proceso de detección de necesidades formativas, la Comisión deberá analizar, valorar y acordar la prioridad de cada una de ellas para llevarse a cabo.
i) Establecer procedimientos de publicidad y difusión que permitan a todas las personas trabajadoras conocer la posibilidad de acceso a los cursos.
La composición de esta Comisión Paritaria será de 7 integrantes por la Representación Empresarial y 7 por la Representación Sindical, siendo en este último caso elegidas y elegidos por las Secciones Sindicales negociadoras del Convenio, y estando presentes en la proporción que le corresponda en función de los resultados electorales obtenidos en el conjunto de la Empresa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, la Empresa, antes de implantar un plan de formación, habrá de cumplir con lo previsto en el artículo 64.5, e) E.T., relativo a las competencias de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras en esta materia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, la Empresa, sin perjuicio de la agilidad en el inicio y desarrollo de las acciones formativas, deberá solicitar de manera preceptiva y con anterioridad al inicio de las acciones formativas informe a la Representación Legal de las Personas Trabajadoras, respecto de las acciones formativas programadas, incluidas las de los permisos individuales de formación regulados en el artículo 29 del RD 694/2017. A tal efecto pondrá a disposición de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras, al menos, la siguiente información:
– Denominación, objetivos y descripción de las acciones programadas.
– Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones.
– Calendario previsto de ejecución.
– Medios pedagógicos.
– Coste estimado de las acciones formativas.
– Criterios de selección de los participantes.
– Lugar previsto de impartición de las acciones formativas.
– Balance de la formación desarrollada en el ejercicio precedente.
La Representación Legal de las Personas Trabajadoras emitirá un informe sobre las acciones formativas a desarrollar por la Empresa en el plazo de 15 días desde la recepción de la documentación descrita en el apartado anterior, transcurrido el cual sin que se haya remitido el citado informe se entenderá cumplido este trámite.
En los supuestos de acciones formativas que la Empresa financie con cargo a su crédito para la formación continua a través de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, conforme a la normativa que regula tal sistema de financiación, serán de aplicación a estos efectos las previsiones contenidas en la misma y concordantes sobre la materia.
Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan adherirse, para cuantas cuestiones litigiosas puedan suscitarse como consecuencia de la aplicación o interpretación del mismo, al Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales.
Aquellos conflictos que tengan ámbito exclusivo de una Comunidad Autónoma serán sometidos a las Instituciones creadas al efecto en dicha Comunidad.
No obstante, las partes entienden que previamente deben someter sus diferencias de interpretación del Convenio a la Comisión Mixta Paritaria, y será en el caso de que persistan las diferencias, cuando se trasladen las mismas a dichas Instituciones.
1. En el marco de los artículos 7 y 129 de la Constitución Española y artículo 4 E.T. se entiende inscrita la participación de las personas trabajadoras en la Empresa, así como las distintas vías y procedimientos establecidos en el presente Convenio.
2. Las personas trabajadoras tienen derecho a la asistencia y asesoramiento de sus representantes en los términos reconocidos en la Ley y en el presente Convenio.
3. El personal de la Empresa tienen derecho a reunirse en asamblea, de conformidad con lo establecido en los artículos 77 E.T. y siguientes. En el supuesto de acordarse con la Empresa que la asamblea tenga lugar en horas de trabajo se acordarán también las medidas oportunas para asegurar que su desarrollo no perjudique la prestación del servicio.
4. Se entenderá por Representantes Legales de las Personas Trabajadoras a los Comités de Empresa, Delegadas y Delegados de Personal y a Delegadas y Delegados Sindicales de las Secciones Sindicales Estatales, que tendrán las facultades, derechos, obligaciones y garantías señaladas para los mismos por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Estatuto de los Trabajadores y el propio Convenio.
5. Sin perjuicio de los derechos y competencias atribuidos por la Ley a la representación unitaria de las personas trabajadoras, se reconoce a las Secciones Sindicales de ámbito estatal como interlocutores válidos de cara a establecer unas relaciones laborales basadas en el respeto mutuo y tendentes a facilitar la resolución de cuantos conflictos y problemas suscite la dinámica social del presente Convenio.
1. Las partes firmantes, por las presentes estipulaciones, ratifican una vez más su condición de interlocutores válidos, y se reconocen asimismo como tales, en orden a instrumentar a través de sus organizaciones unas relaciones laborales racionales, basadas en el respeto mutuo y tendentes a facilitar la resolución de cuantos conflictos y problemas suscite nuestra dinámica social.
Los Sindicatos, especialmente los que tienen consideración de más representativos, son elementos básicos y consustanciales para afrontar a través de ellos las necesarias relaciones laborales entre las personas trabajadoras y la Empresa. Todo ello sin demérito de las atribuciones conferidas por la Ley, y desarrolladas en los presentes acuerdos, a la Representación Legal de las Personas Trabajadoras.
2. A fin de garantizar el pleno ejercicio de la libertad sindical, serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, los pactos individuales y las decisiones unilaterales de la Empresa que contengan o supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo, en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversos, por razón de la adhesión o no a un Sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio en general de actividades sindicales.
3. En la Empresa, las Secciones Sindicales que puedan constituirse por las personas trabajadoras afiliadas a los Sindicatos que cuenten con presencia en los Comités de Empresa estarán representadas por, al menos, un Delegado o Delegada a elección por y entre su personal afiliado en la Empresa, en la forma y con los derechos y garantías previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS).
Las Secciones Sindicales que puedan constituirse, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de un Sindicato, sin que cumplan los requisitos anteriormente señalados, podrán estar representadas también por un Delegado o Delegada Sindical no LOLS, que cumplirá las funciones de representar y defender los intereses del Sindicato a quien representa, y del personal afiliado al mismo en la Empresa y servir de instrumento de comunicación entre su central o Sindicato y la Dirección de la Empresa, sin que en su caso ello pueda implicar la atribución de los derechos y garantías previstos para los Delegados y Delegadas a que se refiere la normativa laboral vigente y el presente Convenio Colectivo.
4. Con iguales criterios y procedimientos, que los señalados en el artículo siguiente, los Delegados y Delegadas Sindicales de un mismo Sindicato con crédito horario disponible, podrán acumular entre sí dichos créditos.
Las Secciones Sindicales de ámbito Estatal constituidas, podrán crear una bolsa de horas integrada por las horas de los Delegados y Delegadas de Personal, integrantes del Comité de Empresa y los Delegados y Delegadas LOLS de cada Sindicato, comunicando semestralmente la distribución mensual de las mismas y, excepcionalmente, cuando se produzca algún cambio, lo antes posible
5. Los integrantes del Comité de Empresa y los/as Delegados/as de Personal, como Representantes Legales de las Personas Trabajadoras, no podrán ser despedidos ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, siempre que el despido o sanción se base en la acción de la persona trabajadora en el ejercicio de sus funciones de representación, sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en el artículo 54 E.T.
1. Tendrán, dentro del ámbito exclusivo que les es propio, la capacidad, competencias y garantías que la Ley expresamente determinen en cada momento, así como las obligaciones inherentes al desempeño de sus funciones.
2. Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la ley determine.
Se podrá acumular el crédito legal de horas de los distintos integrantes del Comité de Empresa y las Delegadas y Delegados de Personal hasta el límite máximo, en favor de cada integrante, del doble de las horas que le correspondan individualmente. Deberá notificarse a la Empresa, a través de sus representantes, por períodos trimestrales, la persona o personas en que se acumulen dichas horas, así como a cuenta de quién o quiénes se realiza la acumulación.
3. Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que disponen los integrantes de la Representación Sindical, a fin de prever la asistencia de los mismos a Cursos de Formación organizados por sus Sindicatos, Institutos de Formación u otras Entidades.
4. La negociación colectiva que deba desarrollarse en el ámbito de la Empresa, en los supuestos en que afecte al conjunto de la misma o a una pluralidad de centros de trabajo, se llevará a cabo entre la dirección de la Empresa y las Secciones Sindicales Estatales más representativas en la Empresa en los términos establecidos por el E.T.
Para la negociación del Convenio Colectivo en la Empresa se constituirá una Comisión que estará integrada, en lo que respecta a la Representación Legal de las Personas Trabajadoras, por integrantes de las Secciones Sindicales que sumen la mayoría de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras en la Empresa.
Dichos representantes deberán ostentar la condición de representantes electos de las personas trabajadoras, las Delegadas o Delegados Sindicales LOLS o Secretarios y Secretarias Generales de la Sección Sindical, además de integrantes de la Sección Sindical que los designe, en su caso.
En la composición de dicha Comisión, cada Sección Sindical estará presente en la proporción que le corresponda en función de los resultados electorales obtenidos en el conjunto de la Empresa, de acuerdo con la legislación vigente.
Son funciones propias de las Secciones Sindicales Estatales más representativas en la Empresa y, en su caso, firmantes del Convenio:
a) Todas aquellas relacionadas con la negociación colectiva del Convenio colectivo.
b) Elegir las personas integrantes de la Comisión Mixta Paritaria y demás Comisiones previstas en el Convenio.
c) Recibir información sobre los datos económicos básicos para el desarrollo de la Negociación Colectiva.
d) La negociación en procedimientos de modificación sustancial de condiciones de trabajo colectivos, reestructuraciones, reorganizaciones, descuelgues de Convenio y, en definitiva, en cualquier materia de negociación de ámbito colectivo que las partes consideren.
Las Secciones Sindicales Estatales más representativas en la Empresa tendrán derecho a la concesión de los permisos retribuidos que sean necesarios para la negociación del Convenio Colectivo, y para el desarrollo de sus funciones, corriendo los gastos a cargo de la Empresa.
La interlocución y relaciones sociales en la Empresa habrán de estar presididas por el respeto de los principios de igualdad y no discriminación de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras.
El desarrollo profesional de los Representantes Legales y Sindicales de las Personas trabajadoras, no se podrá ver condicionado por dicha condición representativa, gozando de los correspondientes sistemas de promoción y clasificación, en igualdad de condiciones con el resto de la plantilla.
La Empresa pondrá a disposición de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras un tablón virtual, sin perjuicio de la existencia del tablón físico, como vía de información de dichos Representantes con las personas trabajadoras incluidos en su ámbito de representación y sobre las materias propias de su estricta competencia.
La Empresa pondrá a disposición de la Representación Sindical los medios para que estos puedan utilizar el correo electrónico para las comunicaciones con las personas trabajadoras con acceso a las direcciones de correo de las que estos dispongan en la Empresa.
Cada Sección Sindical legalmente constituida dispondrá de una cuenta de correo electrónico mediante la cual podrá dirigirse a las personas trabajadoras de forma que no se perturbe la actividad normal de la Empresa y, respetando en todo caso el límite establecido por la misma con carácter general para el envío de correos electrónicos a grupos de personas empleadas, así como los siguientes requisitos:
– Dichas Secciones Sindicales tendrán la capacidad de dirigirse a las personas trabajadoras dentro de su ámbito territorial de actuación.
– En todo caso, las Secciones Sindicales en el ejercicio del derecho que se les reconoce en este artículo, deberán cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Se acordará el procedimiento y condiciones a observar para hacer efectivo tal derecho mencionado anteriormente, con la finalidad de que no se vean afectados los procesos ordinarios de comunicación y de trabajo existentes en la Empresa.
Si durante la vigencia del presente Convenio entrara en vigor nueva legislación que afectare a cualquier materia de las reguladas en el mismo, ambas Representaciones, a petición de cualquiera de ellas, se reunirán a través de la Comisión Negociadora al objeto de analizar las consecuencias y repercusiones que dichas reformas pudieran tener en el contenido del Convenio, procediendo, en su caso, a la adaptación del Convenio a fin de mantener el equilibrio del conjunto existente con anterioridad a dichas reformas.
De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Décima E.T., las partes acuerdan que el contrato de trabajo del personal se extinguirá por el cumplimiento por parte de la persona trabajadora de una edad igual o superior a 68 años.
En todo caso, para que pueda darse tal jubilación obligatoria, se habrán de observar los siguientes requisitos:
a) La persona trabajadora afectada por la extinción del contrato de trabajo deberá reunir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
A fin de verificar el cumplimiento del requisito referido, a requerimiento escrito de la Empresa, la persona trabajadora estará obligada a facilitar, en un periodo no superior a 15 días, el certificado de vida laboral expedido por el organismo competente, así como cualquier otra documentación que esté en disposición de acreditar el cumplimiento del antedicho requisito.
b) La medida deberá vincularse, como objetivo coherente de política de empleo expresado en el Convenio Colectivo, al relevo generacional a través de la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una nueva persona trabajadora del mismo grupo.
Dadas las especiales condiciones de trabajo derivadas de la actividad naval y el acuerdo de integración firmado con el comité de Empresa de este centro de trabajo el 27 de febrero de 2019, se acuerda regular de forma específica las siguientes materias que se relacionan:
– Trabajo nocturno:
● A las personas trabajadoras que realicen su jornada laboral entre las 22:00h y las 6:00h no les resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 15 del Convenio, manteniendo las actuales condiciones de tiempo de trabajo y teniendo el derecho a percibir para el año 2021 la cantidad de 12,24 euros/día.
– Horas extraordinarias:
● Les resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 16.1 y 16.2 del Convenio.
● El importe de la hora extraordinaria para el año 2021 será, en todos los casos, de 17,49 euros/hora.
En caso de que la persona trabajadora optase por su compensación en tiempo descanso, se realizará a razón de una hora y media de descanso por cada hora extraordinaria realizada.
● El cómputo de las horas extraordinarias se llevará a cabo de forma mensual, debiendo la Empresa comunicar –en el plazo de los 8 días siguientes a la finalización de cada mes– a cada persona trabajadora el número de horas extraordinarias realizadas, a efectos de que éstos puedan optar -en el plazo de 7 días naturales- por solicitar la compensación de las horas en metálico, en descanso, o de forma mixta.
● En aquellos casos en los que la persona trabajadora haya optado por compensar las horas extraordinarias con tiempo de descanso, deberá preavisar con, al menos, 7 días naturales de antelación la fecha de su disfrute, que, en todo caso, quedará condicionada a que queden cubiertas las necesidades del servicio a criterio de la Empresa.
● Se procurará que las horas extraordinarias se compensen preferentemente con tiempo de descanso.
– Días 24 y 31 de diciembre: se considerarán laborales a todos los efectos.
– Distribución irregular de la jornada: no resultará aplicable lo establecido en el artículo 17 del Convenio, pudiendo la Empresa distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo, de conformidad con los términos establecidos en el E.T.
– Las horas de distribución irregular se compensarán en tiempo de descanso, a razón de hora por hora.
– Vacaciones: las personas trabajadoras no tendrán la obligación de disfrutar quince días laborales dentro del periodo estival.
A las personas trabajadoras que realizan funciones técnicas de prevención en la lucha contra incendios y emergencias en el sector naval que prestan sus servicios en los centros de trabajo de Ferrol, Fene, San Fernando, Puerto Real, Cádiz y Rota, se les mantendrán las condiciones y régimen de trabajo que se les aplican en la actualidad.
Dentro de la Empresa existen, a su vez, otros complementos personales resultantes de la homogeneización de las condiciones laborales preexistentes en las cuatro entidades que se integraron en la Empresa, y que quedan recogidos en el acuerdo de fecha 13 de marzo de 2019.
El salario mínimo interprofesional no modificará la estructura del presente Convenio colectivo, ni la cuantía de las retribuciones, pluses y complementos salariales pactadas en el mismo, siempre y cuando se garantice a la persona trabajadora ingresos iguales o superiores, en cómputo anual, a los mínimos que, en cada momento, se fijen por las disposiciones legales reguladoras de aquel salario mínimo interprofesional.
En el supuesto de que el III Convenio Colectivo Nacional de los Servicios de Prevención Ajenos modificase los artículos que han sido trasladados al presente Convenio, al objeto de solventar la concurrencia de convenios, se reunirá la Comisión Negociadora para trasladar a este Convenio las modificaciones efectuadas.
Estas modificaciones no se tendrán en cuenta para la afectación de la vinculación a la totalidad.