Categoría: Administración

Por esto mismo, cuando una determinada norma exija la firma y suscripción de un trabajo topográfico por parte de técnico competente, es de aplicación directa el Decreto 2076/1971. Esto es lo que ocurre precisamente en la Ley 13/2015 y las dos resoluciones conjuntas que la desarrollan. Además se remarca en el Decreto que el Ingeniero Técnico en Topografía es el profesional que se responsabiliza de los levantamientos topográficos mediante su firma, cosa que no se da en las competencias de los Ingenieros Técnicos Agrícolas, donde ni siquiera se exige su firma en las competencias que tienen asignadas. Esto último es incompatible con el texto de las resoluciones conjuntas que desarrollan la Ley 13/2015, donde se exige la firma y suscripción de los trabajos topográficos en el ámbito de la citada Ley. El Ingeniero Técnico Agrícola no tiene competencias para la firma, suscripción y responsabilidad de los trabajos topográficos.
Si hacemos un repaso de lo exigido en el texto de las resoluciones conjuntas en la parte que desarrollan las prescripciones técnicas que deben respetar los trabajos topográficos, en ellas se habla de las distintas metodologías en materia topográfica:
e) Precisión métrica: la representación gráfica de las parcelas afectadas que proponga modificaciones o rectificaciones de la delimitación de las parcelas existentes en la cartografía catastral, deberá garantizar las precisiones métricas consecuentes con la metodología aplicada:
– Cuando la representación gráfica se derive de un levantamiento topográfico, éste deberá tener una precisión absoluta tal que el error máximo sea inferior a 25 cm y que el 85 % de los puntos tengan un error máximo de 20 cm, cualquiera que sean los medios utilizados (topografía clásica o técnicas de posicionamiento GNSS).
Voy a realizar un pequeño matiz acerca de este último punto que no debe en ningún caso pasar por alto, ya que la propia ley ya habla acerca de los medios que pueden ser utilizados para la realización del levantamiento topográfico suscrito por el técnico competente. Estos métodos incluyen tanto el uso de las modernas tecnologías GNSS, como la topografía clásica. Es decir, que para la realización de un levantamiento georreferenciado se deberá de tener los conocimientos necesarios para dotar de coordenadas absolutas en el sistema de referencia oficial aquellos puntos singulares del terreno que delimitan los bienes inmobiliarios. Si a eso le añadimos lo que se referencia en el punto a) en cuanto a metodología de elaboración, se abre la puerta a otros métodos indeterminados para la obtención de la georreferenciación. Con ello podemos afirmar que la Ley 13/2015 lo abarca todo en cuanto a metodología y medios de la técnica de la topografía. Todo trabajo topográfico sea cual sea su metodología cuyo fin último sea el de dotar de coordenadas georreferenciadas y realizar el cálculo de sus respectivas precisiones, se encuentra previsto y tiene encaje en la ley. Por lo tanto se puede afirmar taxativamente que la Ley 13/2015 contempla absolutamente todo el abanico de posibilidades para la obtención de la representación gráfica solicitada en cuanto a técnicas topográficas se refiere. Por lo tanto, el técnico competente deberá tener los conocimientos técnicos necesarios para poder suscribir un trabajo de semejantes características.
En cuanto a las competencias de D.ª Alonso Carmona Benítez. son las propias de su titulación, la del Ingeniero Técnico Agrícola, determinadas en el Decreto 2094/1971, donde se establece que estos profesionales tienen directamente prohibida la realización de técnicas de triangulación en metodología de topografía clásica y por lo tanto tienen directamente prohibida la georreferenciación. En cuanto a conocimientos, el Ingeniero Técnico Agrícola no dispone de los suficientes conocimientos en materia de topografía, cartografía, cartografía matemática, geodesia, geometría euclídea, proyecciones cartográficas, etc. Tampoco dispone de los suficientes conocimientos en teoría de errores y su aplicación directa a las técnicas de topografía, por lo que es imposible que un Ingeniero Técnico Agrícola conozca lo que es el concepto de “precisión absoluta” y por supuesto que desconoce absolutamente todo lo que concierne al cálculo de los errores de los puntos que se exigen en las resoluciones. En otras palabras: el Ingeniero Técnico Agrícola no tiene los suficientes conocimientos teóricos y técnicos exigidos, y en el caso de que firme un trabajo topográfico y certifique su cumplimiento con las prescripciones técnicas de las resoluciones, en realidad desconoce realmente lo que está firmando. Respecto a esto último, hay que tener en cuenta que si un profesional firma un certificado de cualquier naturaleza, para el cual no es competente, estaríamos hablando de un delito de intrusismo y falsedad, el cual hace referencia el Código Penal en su articulado:
Artículo 397.
El facultativo que librare certificado falso será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.
El concepto “técnico competente” implica que el profesional titulado debe poseer plenas competencias en una materia específica y en ningún caso se puede argumentar la existencia de niveles o grados de competencias ya que esto último sería un acto arbitrario y una figura jurídica inventada, no amparada en el ordenamiento jurídico ni en la doctrina del Tribunal Supremo establecida en la STS 1144/2023. Las competencias plenas en una determinada materia, como son las competencias para la suscripción y firma de trabajos topográficos en el ámbito de la Ley 13/2015 no se suponen, sino que deben motivarse debido a la existencia de reserva de actividad. No existe el concepto ni la figura de “técnico competente parcial” por lo que las competencias de un Ingeniero Técnico Agrícola en el Ámbito de la Ley 13/2015 no están justificadas en el ordenamiento jurídico español ni en la doctrina del Tribunal Supremo.
d) Respecto a las competencias para la suscripción de trabajos topográficos en la Ley 13/2015 no se puede apelar a la aplicación del artículo 10 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, así como tampoco al artículo 4 de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de arquitectos e ingenieros técnicos.
Respecto a las competencias en materia de ingeniería topográfica en el ámbito de la Ley 13/2015 no es en absoluto procedente la aplicación del artículo 10 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ya que tal y como indica la STS 1144/2023 el objeto de la regulación de la LOE es el del proceso edificatorio:
“La LOE, regula las figuras de los agentes de la edificación, de los que destacamos, a nuestros efectos, el proyectista (art 10), el director de obra (art 12) y el director de la ejecución de la obra (art 13). Todos ellos tienen la obligación de estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante, según corresponda en relación con los grupos de edificaciones del artículo de la LOE. Así, cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto”.
Aunque en resumen, la STS 1144/2023 viene a determinar que las inspecciones técnicas de los edificios forman parte del proyecto edificatorio, ha tenido que ser el propio Tribunal Supremo el que realice tal equiparación:
A juicio de esta parte, no merece reproche alguno la remisión a “la titulación profesional habilitante según corresponda conforme a la LOE”, puesto que inspeccionar y evaluar la conservación de los edificios de uso predominantemente residencial requiere tener la formación y cualificación profesional adecuada para redactar y llevar a cabo el proyecto edificatorio, lo que pone de manifiesto la conformidad a derecho de los preceptos recurrido.
Por este motivo, apelar la aplicación del artículo 10 que regula la figura del técnico proyectista en la Ley 13/2015 equivale a decir que la Ley Hipotecaria y la Ley del Catastro Inmobiliario forman parte de un proyecto edificatorio, lo cual es completamente absurdo y ridículo. La doctrina del Tribunal Supremo es clara y no da lugar a interpretaciones, por lo que no es de aplicación el citado artículo en el ámbito de la Ley 13/2015 al no existir ningún tipo de afinidad ni transposición de los artículos de la LOE con otras leyes de distinto cometido.
A continuación se realiza un pequeño inciso haciendo referencia a un artículo de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de Arquitectos e Ingenieros Técnicos. En concreto para el caso que nos ocupa habría que poner el foco en su artículo cuarto:
“Cuando las actividades profesionales incluidas en los artículos anteriores se refieran a materias relativas a más de una especialidad de la arquitectura o ingeniería técnicas, se exigirá la intervención del titulado en la especialidad que, por la índole de la cuestión, resulte prevalente respecto de las demás. Si ninguna de las actividades en presencia fuera prevalente respecto de las demás, se exigirá la intervención de tantos titulados cuantas fuesen las especialidades, correspondiendo entonces la responsabilidad a todos los intervinientes”.
Respecto a esto último, conviene matizar que la intervención del técnico competente en la Ley 13/2015 solo se aplica en materia de ingeniería topográfica, y se exige la firma solo y exclusivamente para los trabajos topográficos, por lo que está meridianamente claro que solo se requiere para una y única concreta especialidad técnica y por lo tanto no procede apelar tampoco al artículo cuarto de la Ley 12/1986 para justificar la intervención de técnicos ajenos que no tienen nada que ver en la materia específica de la Ley 13/2015.
Por todo ello queda claro que el ignorar la realización de las motivaciones en materia de competencia en el ámbito de la Ley 13/2015, donde hay exigencia de la correspondiente reserva de actividad en materia de topografía y donde la realización y suscripción de determinados trabajos está vetado a aquellos que no disponen de las competencias y de los conocimientos técnicos necesarios, o bien el mero hecho de hacer competente a técnicos no competentes sin motivación alguna es un acto totalmente arbitrario. Las motivaciones para estos casos no pueden estar nunca basadas en la aplicación del artículo 10 de la Ley 38/1999 o bien el artículo 4 de la Ley 12/1986. Nadie es técnico competente “porque sí” y tampoco es válido argumentar que un técnico es competente porque la Dirección General del Catastro permite a cualquier técnico introducir su nombre y titulación en los Informes de Validación Gráficas (IVG). Decir que Catastro permite que cualquier titulación pueda ser “técnico competente” por este hecho es absurdo, además de una irresponsabilidad por parte de la Administración. Cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar la motivación legal de la competencia de un profesional y solicitar la nulidad del acto en el caso de que las motivaciones sean contrarias al ordenamiento jurídico y un técnico no competente suscriba trabajos topográficos en el ámbito de la Ley 13/2015.
Por todo lo descrito en el actual punto, se demuestra que el defecto de la falta de competencias de D.ª A. M. F. para la suscripción de trabajos topográficos en el ámbito de la Ley 13/2015 queda suficientemente demostrado.
3. Defecto de la inexistencia de la motivación de las competencias de D.ª A. M. F., ingeniera técnico agrícola, para la suscripción del trabajo topográfico.
Las motivaciones de los actos administrativos constituyen una garantía fundamental para el administrado, otorgándole a éste la posibilidad de impugnar el acto al conocer las razones y las bases en las que se funda. De esta manera, igualmente se permite así el control jurisdiccional de la Administración, tal y como se establece en el artículo 106 de la Constitución Española. Teniendo en cuenta que la falta de motivación suficiente en los actos administrativos produce una completa indefensión del ciudadano al desconocer la razón o la causa de la actuación administrativa, esta situación provoca lo que se llama el principio de la interdicción de la arbitrariedad, el cual se describe también en el artículo 9.3 de la Constitución Española. En él se considera contrario a derecho cualquier decisión de los poderes públicos que carezca de fundamento suficiente, infrinja principios, incurra en manifiesto error de hecho, se encuentre adoptada de acuerdo con razonamientos inaceptables por incoherencia o que conduzca a resultados absurdos. Teniendo en cuenta todo lo anterior y que en la Ley 13/2015 existe reserva de actividad en la realización y suscripción de trabajos topográficos que sirven como base para la generación de las representaciones geográficas alternativas (RGA) destinadas a la corrección de la cartografía catastral, por parte del técnico competente en función de la titulación, las competencias y los conocimientos teóricos adquiridos, la aceptación de este tipo de trabajos firmados por técnicos no competentes sin motivación alguna, o bien por meros argumentos sin fundamentos legales que incluso contradicen las sentencias judiciales (como es precisamente el caso de la STS 1144/2023) o bien porque sí, convierten automáticamente al acto administrativo en arbitrario y por tanto proscrito del ordenamiento jurídico y con una infracción formal determinante de nulidad.
La corrección de la cartografía catastral y las operaciones derivadas que se realicen en el Registro de la propiedad en el ámbito de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario es realizada mediante los correspondientes actos administrativos determinados por el ordenamiento jurídico y que cumplen la premisa de que éstos deben encontrarse lo suficientemente motivados, al ser actos que limitan derechos subjetivos o intereses legítimos. La motivación como requisito indispensable del acto administrativo habla la sentencia del Tribunal Supremo 713/2020, de 9 de junio, en los siguientes términos:
“La motivación constituye un requisito imprescindible en todo acto administrativo en la medida en que supone la exteriorización de las razones que sirven de justificación o fundamento a la concreta solución jurídica adoptada por la Administración. Este requisito, de obligado cumplimiento en el específico marco que nos movemos conforme preceptúa el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resulta de especial relevancia desde la perspectiva de la defensa del administrado ya que es la explicitación o exteriorización de las razones de la decisión administrativa la que le permita articular los concretos medios y argumentos defensivos que a su derecho interese y, además, permite que los tribunales puedan efectuar el oportuno control jurisdiccional. La exigencia de motivación no exige, empero, una argumentación extensa, sino que, por contra, basta con una justificación razonable y suficiente que contenga los presupuestos de hecho y los fundamentos de Derecho que justifican la concreta solución adoptada.”
La necesidad de las motivaciones en los actos administrativos hacen desaparecer cualquier arbitrariedad, de tal manera que el administrado puede conocer las razones motivadoras del acto y apreciar si la Administración actúa dentro de los límites establecidos, posibilitando la interposición de recursos. Esto lo deja bastante claro la sentencia del Tribunal Constitucional 77/2000:
“Sin embargo, para no forzar los conceptos manipulando las palabras, parece necesario distinguir entre la existencia del razonamiento en que consiste la motivación y su discurso. Cuando la haya formal y materialmente, no solo bastante sino clara e inequívoca, con argumentos extraídos del acervo jurídico, la realidad de su existencia no podrá ser negada o desconocida en función de que se compartan, o no, la argumentación o las conclusiones a las cuales se llegue. La motivación no consiste ni puede consistir, por tanto, en una mera declaración de conocimiento y menos aún en una manifestación de voluntad que sería una proposición apodíctica, sino que esta -en su caso- ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, puedan conocer el fundamento, la ratio decidendi de las resoluciones. Se convierte así en una garantía esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad”.
Teniendo claro que los actos administrativos deben ser motivados, y la cuestión planteada de que respecto al profesional que realiza y suscribe los trabajos topográficos en el ámbito de la Ley 13/2015, la cual indica que debe ser un “técnico competente”, esto quiere decir que debe ser un titulado que debe poseer los suficientes conocimientos teóricos para suscribir las prescripciones técnicas establecidas en las resoluciones conjuntas. Es decir, que la existencia de reserva de actividad en función de la titulación es un hecho. Teniendo en cuenta esto último, se puede confirmar que la afirmación de que el técnico competente de la Ley 13/2015 puede ser cualquier titulado porque no existe reserva de actividad y esgrimir que esto es así porque el texto de la propia Ley no exige ninguna titulación al respecto, es un argumento completamente falso, un argumento que por desgracia a día de hoy ya ha llegado demasiado lejos y que se le debe poner fin. La reserva de actividad en función de la titulación debe demostrarse en función de las competencias reservadas por las leyes para cada profesional, tal y como indica la STS 1144/2023. La mera existencia de la reserva indica restricciones a las titulaciones que no poseen ni los conocimientos, ni las competencias. Todo ello viene a demostrar que la competencia para la realización de los trabajos topográficos que sirven de base para las RGA que modifican la cartografía catastral se debe demostrar y acreditar la competencia del técnico que suscribe este tipo de trabajos, o lo que es lo mismo: la competencia debe ser motivada por los representantes de la Administración para que el acto administrativo no sea arbitrario. De esta manera recuerda esta cuestión la Resolución de 25 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública:
“(…) siempre que se formule un juicio de identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados (cfr. Resoluciones de 8 de octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre de 2013, 3 de julio de 2014, 19 de febrero de 2015 y 21 de abril de 2016, entre otras)”.
Al no encontrarse motivada la competencia de la Ingeniero Técnico Agrícola, Marín Moya Ortega. F., al existir reserva de actividad en la suscripción de trabajos topográficos en el ámbito de la Ley 13/2015, y por lo tanto no hacerse referencia a los decretos que determinan las competencias de la titulación que ostenta, no debe tenerse en cuenta su trabajo topográfico mediante el cual se basa todo el argumentario del registrador de la propiedad, que provoca la suspensión de la inscripción de la representación gráfica, por lo que la suspensión es completamente arbitraria y nula de pleno derecho, demostrándose el defecto descrito.
4. Defecto de la aceptación de trabajos suscritos por técnico no competente: la determinación de la nulidad de pleno derecho del acto administrativo derivado de este hecho.
El concepto de nulidad de pleno derecho es un concepto que viene desarrollado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En él podemos ver en qué consiste el concepto:
Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.
1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Respecto a esto, se puede poner de nuevo el ejemplo de nuevo el tema de la Ley de Ordenación de la Edificación, cuyo texto determina si un técnico es competente o no para la realización de un proyecto de obras de edificación, de una naturaleza u otra. La reserva de las competencias en función de las titulaciones de los profesionales se encuentra determinado en su artículo 10. Los profesionales técnicos no deben excederse de sus competencias en función de la naturaleza de la edificación, ya que en el caso de que realicen y suscriban proyectos técnicos de los que no son teóricamente competentes, se exponen a que las licencias obtenidas posteriormente en base a esos mismos proyectos técnicos, al no encontrarse firmados por el técnico competente que corresponde, se declaren nulas de pleno derecho. Todo esto es conforme al artículo 47, punto 1, letra f) de la citada Ley 39/2015, donde se declaran nulos los actos expresos o presuntos como pueden ser las licencias urbanísticas. Por supuesto que igualmente podemos hablar de la nulidad de otro tipo de actos administrativos como también son las operaciones de los bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad que realizan al amparo de la Ley 13/2015. También en estos casos se puede solicitar la nulidad del acto, como no, en el caso de que el proceso, sea contrario al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
El concepto está meridianamente claro y es extraordinariamente sencillo de entender por cualquier persona sin necesidad de ser experto en asuntos jurídicos y no da lugar a interpretaciones: los trabajos topográficos realizados en el ámbito de la Ley 13/2015 y las dos resoluciones conjuntas que la desarrollan deben estar suscritos por el técnico competente. Es importante recordar también que no existe el concepto de grados de competencias: Un profesional no es más o menos técnico competente para alguna cosa determinada. Tampoco se es técnico competente “un poco”. Argumentar que un profesional ha adquirido competencias en materia de topografía en base a la experiencia es afirmar que existe una especie de “prescripción adquisitiva de competencias” lo cual ya no solo es una invención, sino que es tremendamente ridículo.
El caso es que son infinidad los ejemplos de sentencias judiciales que hablan de la cuestión de la nulidad de pleno derecho en este tipo de casos y la cuestión está más que clara. Como por ejemplo, podemos leer en la sentencia del Tribunal Supremo núm. 2.621 de 15 de septiembre de 1993, donde dice lo siguiente:
“…Dicha cuestión central ha de resolverse por la jurisdicción decidiendo en Derecho sobre las competencias de unos y otros profesionales de acuerdo con el ordenamiento jurídico (…) De ahí se concluye que la licencia se otorgó para un proyecto de obras que no estaba suscrito por el técnico competente, sin que pueda aceptarse la alegación del Ayuntamiento (…) fallamos Que debemos estimar y estimamos el presente recurso de apelación y que revocamos la sentencia apelada en cuanto declaró inadmisible el recurso, por lo que entrando en el fondo del asunto declaramos asimismo nulo por no conforme a Derecho el otorgamiento de licencia municipal que no había sido solicitada con arreglo a un proyecto suscrito por el técnico competente (…).”
Aunque cuando se dictó esta sentencia no estaba en vigor la Ley de Ordenación de la Edificación, da cuenta de que el asunto ya viene de largo. En el mismo sentido habla la sentencia 00134/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura:
(…) el recurso contencioso administrativo se dirige contra la Desestimación de la solicitud de nulidad de la Licencia de obras. El que el debate se haya centrado en la validez de la Licencia de obras -al ser el acto administrativo que habría incurrido en un vicio de nulidad- (…) En consecuencia, se trata de una edificación de nueva planta de uso residencial que se incluye expresamente en la tipología que corresponde proyectar a los Arquitectos. Frente a ello, el recurso de apelación no ofrece argumento que desvirtúe la fundamentación fáctica y jurídica de la sentencia sobre el tipo de obra, su uso residencial y la competencia de los Arquitectos para la redacción de este proyecto.(…) No se alega norma alguna que atribuya a los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas la competencia para la redacción de este tipo de proyectos, de modo que el Ayuntamiento concedió la Licencia de obras incumpliendo la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, por lo que debió estimar la solicitud de nulidad presentada por el COADE y anular la Licencia de obras indebidamente concedida.
El concepto de “vicio de nulidad” se puede aplicar por supuesto y como no también a la Ley 13/2015. En esta sentencia llama poderosamente la atención el hecho de que argumenta que es el técnico no competente (o técnico incompetente) el que debe acreditar o argumentar su competencia en el caso concreto que trata. Parece ser que desde el punto de vista judicial las competencias de entrada no se presumen. ¿Por aparentemente sí se presumen competencias en el ámbito de la Ley 13/2015? Como era de esperar, en el texto de la sentencia el supuesto argumento es completamente inexistente, como también ocurre en multitud de casos de aplicación de la Ley 13/2015, donde al igual que en la LOE se exige la intervención del técnico competente, en este caso para la realización de levantamientos topográficos con las prescripciones técnicas establecidas en las resoluciones conjuntas que la desarrollan. No es en el caso de la realización de la técnica de “digitalización sobre cartografía catastral”, en la cual no se exige la intervención de ningún técnico competente como ya se vio anteriormente. Con las sentencias judiciales en la mano el concepto está claro: si el levantamiento topográfico no se encuentra suscrito por técnico competente pues todo acto administrativo derivado de él pues es nulo de pleno derecho. Esto es así, y por este motivo se debe rechazar tajantemente todo trabajo topográfico que no esté suscrito por técnico competente, es decir, por aquel que dispone de la titulación suficiente para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico en Topografía en España. ¿Por qué se puede afirmar todo lo anteriormente expuesto? La respuesta la encontramos también en el articulado de la Ley 39/2015:
Artículo 37. Inderogabilidad singular.
1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.
Las sentencias jurídicas ponen de manifiesto que no se debe aceptar ningún trabajo topográfico que se encuentre firmado por técnico no competente. En caso contrario se abre la puerta a solicitar la nulidad del acto, con todas las consecuencias jurídicas que eso conlleva. No se puede ignorar este hecho por parte de la Administración y aquellos ciudadanos que no deseen que se vulneren sus derechos en materia de la delimitación de sus inmuebles pues deben tener en cuenta que una cuestión tan seria como es la propiedad inmobiliaria y el derecho a la propiedad privada las cosas se deben realizar con las suficientes garantías jurídicas. Esto solo se logra haciendo cumplir la ley 13/2015, sus resoluciones conjuntas y el resto del ordenamiento jurídico español, donde los levantamientos topográficos son protagonistas principales y el técnico competente que los suscribe pues tendrá que ofrecer todas las garantías jurídicas habidas y por haber. En caso contrario, pues el acto es nulo de pleno derecho, ya que los tribunales de justicia así lo manifiestan en estas cuestiones. Son innumerables este tipo de sentencias que al final todas avanzan en un único sentido hacia la idea de la nulidad del acto administrativo en el caso de que la documentación esté firmada por técnico no competente, por lo que se demuestra el defecto descrito.
En base a todo lo anteriormente expuesto,
Solicitamos de este organismo que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por interpuesto en tiempo y forma Recurso potestativo contra la resolución dictada en el presente procedimiento, y tras los trámites de rigor, acuerde la procedencia de iniciar el procedimiento del art. 199.1 de la LH para la inscripción de la representación gráfica alternativa de la finca con número de referencia catastral 33066A113005310000EM, en base al informe de la topógrafa Dña. T. C. A., para la que se solicita.»
Mediante escrito, de fecha 9 de octubre de 2024, el registrador de la Propiedad se ratificó en su calificación, emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. En dicho informe hacía constar, entre otros extremos, lo siguiente:
«Con n.º de registro de entrada 734/2024 se presenta telemáticamente en este Registro por Don J. C. B. y Doña A. B. M. F., bajo el asiento n.º 2742 del Diario 82, instancia privada solicitando la inscripción de la representación gráfica de la finca 65.146 de este Registro conforme al art. 199.2 de la Ley Hipotecaria.
Con fecha 29 de Enero de 2024 se expidió calificación negativa del referido documento decidiendo no iniciar el expediente a que se refiere el art. 199.2 LH por los motivos que en la misma se adujeron, calificación que fue recurrida ante la DGSJFP por el presentante, recayendo Resolución de fecha 25/04/2024 en la que sin entrar en el fondo del asunto ordena que se inicie el expediente de solicitud de inscripción de representación gráfica, bien por los trámites del art. 201 LH o bien por los del art. 199.2 LH.
Dicha resolución se publica en el BOE el 17/05/2024 (A-2024-9963) y transcurridos los dos meses reglamentarios sin haberse presentado recurso, ante la decisión del presentante de no acudir al procedimiento del art. 201 LH, éste opta por iniciar de nuevo el procedimiento señalado en el art. 199.2 LH ante este Registro, por lo que, con cumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación hipotecaria, se inicia el mismo de acuerdo con dicha resolución y se expide una nueva calificación denegatoria de la inscripción solicitada con fecha 12 de Septiembre de 2024.
Con fecha 26/09/2024 se recibe en este Registro remitido por la DGSJFP escrito de recurso contra dicha calificación presentado por los interesados con fecha de entrada en el Centro Directivo de 24/09/2024 procediendo a practicar la correspondiente prórroga del asiento de presentación mediante nota electrónica del mismo conforme al art. 327 de la Ley Hipotecaria.
En cuanto a la calificación recurrida
En primer lugar, debe precisarse que existe una confusión evidente en el escrito de recurso en el que parece que se recurre la calificación de (sic) 2 de Febrero de 2024 (debe de referirse a la de 29 de Enero de 2024), ya recurrida y resuelta por el Centro Directivo, por lo que ha de entenderse que se refiere en realidad a la calificación negativa de fecha 12/09/2024, si bien es confuso también elpetitumfinal, pues en lugar de solicitar la revocación de dicha calificación, lo que se solicita es la procedencia de iniciar el expediente del art. 199.2 LH, carente de sentido pues ya se ha iniciado, finalizado y culminado recayendo resolución de calificación denegatoria por este Registro.»
Vistos los artículos 9 y 199 de la Ley Hipotecaria; la Resolución de 26 de octubre de 2015, conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la Propiedad; la Resolución de 23 de septiembre de 2020, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban especificaciones técnicas complementarias para la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y otros requisitos para el intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de abril de 2024 y las en ella citadas.
1. El registrador suspende la inscripción de la georreferenciación alternativa solicitada por el promotor del expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria porque consta oposición de un colindante catastral que aporta su propia georreferenciación, la cual resulta ser invadida parcialmente en su parte norte por la parte sur de la del promotor. Además, el registrador aprecia, a la vista de la ortofotografía del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que la del promotor «no se corresponde con la realidad física de la finca establecida por los diferentes elementos físicos que la componen», todo ello con la información visual que se ha reproducido más arriba.
Los promotores del expediente, aunque cometen ciertos errores en su escrito de recurso al identificar la nota de calificación recurrida y el suplico final, como se explica en el informe del registrador, recurren en un extenso escrito, transcrito más arriba, en que en esencia alegan:
– Que «nada garantiza que el trabajo aportado por D.ª A. M. F. se encuentre en el mismo sistema de coordenadas, el sistema oficial al que hace referencia las resoluciones conjuntas».
– Que «los linderos representados en el plano aportado [por el opositor], han sido desplazados hacia arriba, hacia abajo o en cualquier dirección de los puntos cardinales, la distancia suficiente para invadir al gusto y de forma totalmente arbitraria el lindero que comparte con la propiedad del titular [el promotor]».
– Y que la falta de capacitación técnica del ingeniero técnico agrícola autor del informe técnico presentado por la colindante opositora.
2. Respecto de la cuestión esencial alegada más extensamente por los recurrentes, como señala el registrador en su informe, la cuestión de la capacitación de los técnicos ya resulta superada y resuelta por el propio Centro Directivo en diversas Resoluciones, y a mayor abundamiento, en la propia Resolución citada de 25 de abril de 2024, que es origen de esta nueva calificación, cuando dice en su fundamento sexto que, atendiendo a la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro de 26 de octubre 2015 «no puede exigirse al técnico firmante del informe en que se basan las alegaciones del colindante una determinada cualificación profesional no exigida por las normas que regulan los requisitos técnicos aplicables a las representaciones gráficas alternativas que acceden al Registro».
En efecto, lo importante es que el propietario que afirme que una determinada georreferenciación se corresponde con la finca de su propiedad, (ya sea aquél el titular registral de la finca objeto de georreferenciación, ya sea el propietario o supuesto propietario de una finca colindante potencialmente afectada), suscriba de modo auténtico tal afirmación, con independencia de si para la elaboración de tal georreferenciación se ha auxiliado o no de los servicios profesionales de un técnico, pues no hay ningún impedimento legal para que el interesado la haya elaborado por sí mismo, utilizando las herramientas y técnicas o tecnologías disponibles para la generación de archivos en formato GML e incluso para su sometimiento al sistema catastral de informes previos de validación técnica.
La supuesta firma y capacitación profesional del técnico que en su caso hubiera sido contratado por el interesado para la elaboración de una determinada georreferenciación, no es, por lo tanto, requisito ni necesario ni suficiente para la toma en consideración de tal georreferenciación, pues la misión del técnico no es la de fijar los límites perimetrales de las fincas, sino la de traducir a coordenadas en el sistema oficial de georreferenciación, cuando el propietario no sepa hacerlo por sí mismo, los concretos límites perimetrales que dicho propietario afirme y le indique al técnico.
Por ello, todas las argumentaciones de los recurrentes sobre este la falta de capacitación del técnico que en el presente caso haya auxiliado al opositor para la elaboración de la georreferenciación que éste último dice corresponder a su finca y ser invadida por la del promotor, han de ser desestimadas.
3. Por otra parte, sí que se aprecia claramente que la georreferenciación aportada por el opositor está efectuada en el mismo sistema de coordenadas que la del promotor, (coordenadas UTM ETRS-89 HUSO 30) y por lo tanto, ambas georreferenciaciones son fácilmente contrastables. Por ello, la alegación de los recurrentes negando o cuestionando tal extremo, en incluso afirmando que «los linderos representados en el plano aportado, han sido desplazados hacia arriba, hacia abajo o en cualquier dirección de los puntos cardinales, la distancia suficiente para invadir al gusto y de forma totalmente arbitraria el lindero que comparte con la propiedad del titular» también ha de ser desestimada.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 20 de noviembre de 2024.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Blanco Lorenzo Hernández Pérez Jerez.