Categoría: Administración

e Inclusión Social de la Inmigración, facilitando cuanta información sea requerida en orden a verificar la correcta ejecución de los programas subvencionados.
2. Igualmente, los beneficiarios se someterán a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas en relación con las subvenciones concedidas y, en su caso, a las derivadas de la normativa aplicable a las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea.
3. Los beneficiarios deberán comunicar periódicamente el grado de cumplimiento de los programas, de acuerdo con el calendario establecido y con las indicaciones contenidas en el Documento de Instrucciones para la Gestión, Seguimiento y Justificación así como, en su caso, con las derivadas de la normativa aplicable a las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento, los beneficiarios de las subvenciones están obligados a justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión y en las respectivas resoluciones de convocatoria, en el término de dos meses a contar desde la fecha de finalización del plazo de realización de la actividad contemplado en el artículo 16.1.b).
Los beneficiarios que resulten subvencionados para la realización de actuaciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea quedarán obligados, en todo caso, a la justificación de las mismas conforme a lo que establece la normativa comunitaria aplicable.
2. Con carácter general, la justificación adoptará la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe auditor en los términos previstos en los artículos 72 y 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y deberá contener la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, de conformidad con lo previsto en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 72.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. En las resoluciones de convocatoria se podrá prever, para las subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, que la cuenta justificativa tenga carácter de simplificada, con el contenido previsto en el artículo 75.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este caso, la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración podrá comprobar, de forma aleatoria, una muestra de los justificantes que permita obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá solicitar la revisión de los justificantes de gasto seleccionados. Cuando en una muestra examinada se aprecien irregularidades significativas, la comprobación será exhaustiva.
4. La memoria económica y la memoria de actuación justificativas de la subvención recibida, cuyo contenido se regula en los artículos 19 a 21, se presentarán en el plazo de dos meses contados desde la fecha de finalización de cada programa teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 16.1 b), salvo que, por causas justificadas, se modifique el plazo de justificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.4.
5. Si vencido el plazo establecido para justificar el beneficiario no hubiese presentado la cuenta justificativa, se le requerirá para que lo haga en el término improrrogable de quince días, comunicándole que la falta de presentación de la justificación en dicho plazo llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con los establecido en el artículo 70 de su Reglamento. La presentación de la cuenta justificativa en este plazo adicional no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.
6. No obstante lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, las correspondientes convocatorias podrán establecer que la justificación de la subvención se realice bajo la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Los beneficiarios de la subvención deberán presentar ante la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración una memoria de actuación justificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas, y explicativa de la realización de cada programa subvencionado.
A estos efectos, el contenido mínimo de dichas memorias será el siguiente:
a) Entidad.
b) Denominación del programa.
c) Colectivo de atención.
d) Breve introducción al contenido del programa.
e) Período de ejecución del programa.
f) Localización territorial del programa.
g) Resumen económico: Importe subvencionado; estado de liquidación del programa, desglosado por conceptos de gasto y por origen de financiación, según se establece en el artículo 20.2.
h) Número de usuarios directos.
i) Metodología o instrumentos utilizados.
j) Actuaciones realizadas.
k) Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible.
l) Resultados obtenidos del programa, cuantificados y valorados.
m) Desviaciones respecto de los objetivos previstos.
n) Conclusiones.
1. Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a justificar los gastos efectuados con cargo a la subvención concedida para los proyectos, así como la financiación propia comprometida correspondientes a los mismos.
2. Se presentará una memoria económica abreviada de los gastos efectuados con cargo a la subvención por cada uno de los programas subvencionados con aportación de informe auditor que, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberá contener:
a) Un resumen de ejecución financiera en el que se refleje, en su caso, la desviación producida con respecto al presupuesto aprobado.
b) Una relación clasificada de los gastos autorizados, diferenciando los gastos corrientes de los gastos de inversión, conforme a las categorías descritas en el artículo 20 de la presente orden, siempre que sea aplicable al objeto de la convocatoria y sin perjuicio de lo que establezca la normativa aplicable en cada momento sobre los gastos elegibles.
c) En el caso de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, deberá aportarse adicionalmente una relación detallada de gastos, a la que deberá acompañarse justificación de su importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
d) Un certificado general de gasto.
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
3. En los proyectos cofinanciados por fondos europeos que puedan utilizar las opciones de costes simplificados previstos en el artículo 21.3 de la presente orden, las convocatorias establecerán las condiciones particulares del contenido de la memoria económica.
1. Dependiendo del tipo de programa subvencionado, y sin perjuicio de la normativa europea aplicable, podrán ser subvencionables, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 31.1 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, y se encuentren debidamente registrados en la contabilidad de proyecto, las siguientes categorías de gastos:
a) Costes de personal. En esta partida se podrán incluir los gastos derivados del pago de las retribuciones al personal vinculado al programa, así como las del personal ajeno a la entidad con contrato de arrendamiento de servicios o que realice una colaboración esporádica.
Son imputables los costes del personal laboral fijo y el personal contratado con carácter temporal para el cumplimiento del programa subvencionado. Se consideran costes de personal tanto las retribuciones al trabajador, como las cotizaciones a la Seguridad Social, en los términos previstos en el convenio de aplicación
No podrán incluirse en este concepto los gastos originados por los miembros de Juntas Directivas o Consejos de Dirección de las entidades, derivados del desarrollo de esa función.
Las colaboraciones esporádicas prestadas por profesionales se entenderán como una participación puntual en la realización de alguna de las actividades del programa o proyecto.
Las retribuciones del personal contratado en régimen de arrendamiento de servicios, modalidad ésta que tendrá siempre carácter excepcional, se admitirán únicamente en los casos en que, por las especiales características de la actuación, no resulte adecuado el desarrollo de las actividades concretas de que se trate por el personal sujeto a la normativa laboral vigente. Estas retribuciones quedarán también afectadas, con carácter general, por las limitaciones señaladas en el apartado anterior, pudiéndose establecer excepciones a dichas limitaciones, por razón de la naturaleza de la actividad, en el Documento de Instrucciones para la Gestión, Seguimiento y Justificación de las subvenciones.
b) Actividades. En esta partida se podrán incluir los gastos derivados de la realización del programa subvencionado, siempre que se puedan determinar y sean necesarios para la ejecución del proyecto, entendiendo como tales:
1.º Artículos de consumo, suministros y servicios generales, que serán subvencionables en base a costes reales incurridos, soportados por facturas, debiendo ser asignados a prorrata con arreglo a un método justo y equitativo que debe constar por escrito.
2.º Alquiler de bienes inmuebles utilizados para el desarrollo del proyecto. No obstante, y siempre que así se contemple en la correspondiente Resolución de Convocatoria, en determinados supuestos también serán subvencionables la compra, la construcción o la renovación de inmuebles utilizados para el desarrollo del proyecto.
3.º Subcontratación. Tal como aparece definida y con los requisitos exigidos en el artículo 15.
4.º Gastos específicos relacionados con el grupo de destinatarios. Para ser elegibles, deberán cumplir los requisitos establecidos en el Manual de Gestión de la convocatoria correspondiente y en el Manual de Justificación.
c) Gastos de viaje y estancia. Podrán justificarse con cargo a este concepto exclusivamente las dietas y gastos de viaje del personal adscrito al programa, incluido el voluntario.
Las dietas y gastos de viaje podrán ser imputables en las cuantías fijadas en el convenio de aplicación. En el caso, de no disponer de ninguno de los documentos anteriormente mencionados, se aplicarán los límites establecidos para el grupo 2 por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Las cuantías correspondientes a dicho concepto no podrán superar el 3 % del importe de la subvención concedida al programa, salvo que, en atención a la naturaleza de este y, previa solicitud suficientemente justificada, se autorice otro porcentaje distinto, que en ningún caso podrá ser superior al 7 %, conforme al procedimiento establecido en el artículo 13.
d) Gastos de inversión. Serán subvencionables las obras de acondicionamiento y adaptación de inmuebles utilizados para el desarrollo del proyecto, así como la adquisición de equipamientos, medios informáticos, audiovisuales y mobiliario, siempre que, si así se prevé en la correspondiente resolución de convocatoria, se solicite y obtenga financiación para este fin en un programa independiente.
e) Costes Indirectos. Tendrán la consideración de costes indirectos aquellos que no puedan vincularse directamente con un programa, pero que son necesarios para la realización de la actividad subvencionada. Se incluyen tanto los imputables a varios programas, como los gastos generales de estructura que, sin ser imputables a una actividad concreta, son necesarios para llevar a cabo la actividad.
Los costes indirectos se basarán en costes reales incurridos, soportados por facturas, debiendo ser prorrateados con arreglo a un método justo y equitativo, de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas, que debe constar por escrito. En todo caso, tales costes deben corresponder al período en que efectivamente se realiza la actividad.
La entidad conservará una relación de gastos que soporten dichos costes indirectos que no será necesario presentar con la cuenta justificativa abreviada.
Se establece como cuantía para esta partida, la aplicación de un tipo fijo del 15% sobre los gastos de personal imputados a la subvención concedida.
f) Gastos del informe de auditor. El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa tendrá la condición de gasto subvencionable, con los siguientes límites por cada uno de los programas cuya justificación se presenta:
a) Subvenciones concedidas por importe de hasta 1.000.000 de euros, 3.000 euros.
b) Subvenciones concedidas por importe superior a 1.000.000 de euros, 9.000 euros.
2. Las correspondientes convocatorias podrán establecer como subvencionables los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado, si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
En aquellas convocatorias que se cofinancien con fondos europeos, cuando la normativa comunitaria de aplicación excluya la elegibilidad de los gastos citados en el párrafo anterior, se limitará su elegibilidad a los proyectos no cofinanciados por dichos fondos.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
3. En los proyectos cofinanciados por fondos europeos, las correspondientes convocatorias podrán establecer el uso de sistemas de costes simplificados: financiación a tipo fijo, baremos estándar de costes unitarios y/o importes a tanto alzado.
El ámbito de aplicación de estas tres opciones de costes simplificados se publicará claramente especificado con arreglo a los principios generales de transparencia e igualdad de trato.
4. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías para el contrato menor establecidas en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, deberán presentarse tres presupuestos en cumplimiento de lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención, tal y como establece el artículo 32.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y revisará la documentación que obligatoriamente deba aportar el beneficiario conforme al artículo 84 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La comprobación de la justificación documental de la subvención se llevará a cabo mediante un procedimiento de muestreo sobre la totalidad de los gastos justificados por las entidades. Una vez realizado este se requerirá la documentación justificativa correspondiente a los gastos obtenidos, que consistirá en:
a) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, así como la documentación acreditativa del pago.
b) Documentación acreditativa de que la entidad ha satisfecho sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en relación con los gastos justificados por la entidad.
c) La documentación justificativa adicional para las distintas categorías de gasto que se determine en las instrucciones para la justificación de la subvención.
3. Esta documentación se almacenará en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en formato digital.
Cuando los documentos únicamente estén disponibles en soporte de datos, los sistemas informáticos utilizados cumplirán las normas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conservados cumplen los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría.
A partir de la finalización del plazo de ejecución del proyecto, y en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control reguladas en el artículo 17, los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, deberán conservarse durante el período que establezca la normativa nacional o comunitaria aplicable y, en todo caso, durante el plazo de prescripción del derecho de la Administración a exigir el reintegro.
1. Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su Reglamento.
Asimismo, se aplicará supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, respecto a la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio previsto en dicha Ley y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. La Comisión Europea podrá efectuar auditorías de la utilización que se haya dado a la subvención, en aquellos programas cofinanciados por Fondos de la Unión Europea. Estas auditorías podrán llevarse a cabo durante toda la duración del desarrollo del programa, así como durante el período posterior a la finalización del programa, que establezca la normativa comunitaria aplicable.
3. Asimismo, y según dispone la disposición adicional octava del del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá efectuar controles sobre ayudas de la Unión Europea.
4. Sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas y de los controles efectuados por los Estados miembros, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, los funcionarios o representantes autorizados de la Comisión podrán efectuar controles sobre el terreno, incluso mediante muestreo, de las acciones financiadas con Fondos de la Unión Europea. La Comisión informará de ello al Estado miembro en cuestión con el fin de obtener toda la ayuda necesaria. Podrán participar en estos controles funcionarios o representantes autorizados del Estado miembro de que se trate.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los ingresos generados por los programas e intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos artículo 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el capítulo II del título III de su Reglamento y el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como por lo previsto en esta orden.
3. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la persona titular de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
1. Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos por los beneficiarios de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones serán los siguientes:
a) El incumplimiento total de las obligaciones y fines para los que se otorgó la subvención dará lugar al reintegro de la totalidad de la cantidad concedida.
b) La cantidad a reintegrar en caso de incumplimiento parcial en la ejecución o en la justificación de las acciones o gastos vendrá determinada, con arreglo al criterio de proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.
2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
3. En caso de incumplimiento de la obligación de publicidad por parte del beneficiario, así como de ausencia de las tres ofertas requeridas en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro un 2% de la cuantía concedida.
Queda derogada la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional, apatridia y protección temporal.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª por el que se establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
En lo no previsto en la presente orden, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, y en las restantes normas que, en su caso, resulten de aplicación.
Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso, y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Se faculta al titular de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación de esta orden.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de julio de 2023.–El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,José Bravo Bravo Belmonte.
Valoración máxima de la entidad: 70 puntos.
Valoración mínima: 35 puntos.
Si en esta fase no se supera la valoración mínima no se procederá a evaluar la siguiente fase, quedando el /los proyecto/s presentados por dicha entidad excluido/s.
Valoración máxima del proyecto: 50 puntos.
Los proyectos que obtengan una puntuación igual o superior a 25 puntos serán tenidos en cuenta por la Comisión de Evaluación, en caso negativo serán descartados.