Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2022:105
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro Crespo Pascual Guerrero, presidente; los magistrados don Juan Aguilar Ortega Rodríguez, don Santiago Moreno-Vares García, don Antonio Herrera Lorenzo, don Ricardo Montero Mora y don Cándido Pérez-Pumpido Tourón; la magistrada doña María Crespo Benítez López; los magistrados don Ramón Santana Prieto y don Enrique Lorenzo Núñez, y las magistradas doña Concepción Morales Rivera y doña Inmaculada Castillo Alonso, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 229-2021, promovido por don M.J.L., contra la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 19 de noviembre de 2020, que inadmitió el recurso de casación núm. 2680-2020, así como contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 18 de diciembre de 2019, que, a su vez, había estimado el recurso contencioso-administrativo núm. 91-2018, formalizado contra la resolución de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos de 4 de diciembre de 2017, dictada en el procedimiento TD/00725/2017, que confirmó en reposición la resolución R/02079/2017, de 27 de julio de 2017, por la que se estimó la reclamación formulada por el recurrente instando a la entidad Google Inc., a adoptar las medidas necesarias para evitar que su nombre se vincule en los resultados de búsquedas a una URL. Han intervenido el abogado del Estado y la entidad Google LLC. Ha actuado el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Moreno-Vares García.
1. Por escrito que tuvo entrada en este tribunal el día 14 de enero de 2021, la procuradora de los tribunales doña Rosa Pérez Cano, en nombre y representación de don M.J.L., defendido por el letrado don Rafael Bravo Cortés de Verger, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento, por vulneración del derecho al honor e intimidad personal y familiar (art. 18.4 CE) y del derecho a la protección de datos de carácter personal y supresión de datos (derecho fundamental al olvido).
2. El recurso de amparo tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) El 10 de enero 2017 don M.J.L., dirigió a la mercantil Google LLC una solicitud de cancelación, pidiendo que sus datos personales no se asociasen en los resultados de su motor de búsqueda a una dirección de páginas de internet (en inglés conocida con el acrónimo URL –uniform resource locator–), que dirige a un blog en Wordpress.com, en el que, con fecha 24 de abril de 2013, se habían hecho dos publicaciones anónimas. La primera publicación tiene como título el nombre del recurrente, y la segunda el de la empresa A.P. En la primera publicación se explica lo siguiente:
«Hablemos del CEO de [A.P., M.L.]. Una búsqueda rápida en Google nos proporcionará mucha información escrita por clientes enfadados, pero esto no es relevante por el momento. Lo más importante sobre el hombre detrás del gran despacho, es que actualmente está incurso en un procedimiento incoado por más de cincuenta clientes insatisfechos. Estos clientes no vienen de [A.P.], sino de la empresa anterior de [M.L., M.R.I.]. [M.R.I.] está siendo demandada por más de cincuenta clientes extranjeros sobre varias cuestiones, entre ellas fraudes con muebles, costes ocultos y otros. Así que mientras estás mirando apartamentos con tu agente de A.V., [M.L.] está en el juzgado local.
A [M.] no le gusta hablar sobre esto, ¿quién puede culparlo? Si esta información se extiende sería devastador para su reputación.»
b) La entidad Google LLC contestó, en fecha 18 de enero de 2017, que había decidido no tomar medidas en relación con dicha URL. Como justificación dio la siguiente explicación:
«En este caso, parece que las URLs en cuestión está(n) relacionadas con asuntos de interés público en relación con su vida profesional. Por ejemplo, estas URLS podría(n) resultar de interés para sus actuales/potenciales clientes, usuarios o participantes en sus servicios. La información sobre profesiones o negocios en los que usted ha participado recientemente podrían resultar también del interés de sus actuales/potenciales clientes, usuarios o participantes en sus servicios. En consecuencia, la referencia a este documento en nuestros resultados de búsqueda relacionados con su nombre está justificada por el interés público en acceder a él.»
c) Ante la negativa de la mercantil Google LLC de proceder a dicha cancelación, don M.J.L., presentó una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) manifestando que la información que ofrecía el enlace le causaba un perjuicio a su persona considerable, que era una información obsoleta y que los autores no aportaban documentación que acreditase lo que informaban, lo que le situaba en un plano de indefensión. A lo que se añadía que el autor es anónimo y no había podido ser identificado, y que elpostse titula con su nombre y apellido para que Google pueda indexarlo mejor y aumentar el daño. También explicaba que no se daba ningún requisito para hablar de la prevalencia del derecho a la información, así como del derecho a la libertad de expresión.
En fecha 27 de julio de 2017 la AEPD dictó la resolución R/02079/2017 (procedimiento TD/00725/2017), en la que concluyó que prevalecía el derecho del reclamante y que procedía la exclusión de sus datos personales «al tratarse de datos obsoletos de los que no se ha acreditado su veracidad». Respecto a las alegaciones formuladas por Google en el procedimiento, en las que manifestó que considera que la información presenta relevancia e interés público a la que los ciudadanos tienen derecho a acceder, señaló que «dicho derecho queda garantizado al mantenerse el contenido en la página web de origen». En consecuencia, estimó la reclamación formulada por el recurrente en amparo contra Google Inc., instando a esta entidad «para que adopte las medidas necesarias para evitar que su nombre se vincule en los resultados de búsqueda a la URL reclamada».
La entidad Google interpuso recurso de reposición, que fue desestimado por resolución de 4 de diciembre de 2017 de la misma Agencia (recurso de reposición RR/00690/2017), en la que se fundamenta:
«En el presente caso, no se valora ni decide sobre la publicación inicial sino sobre su accesibilidad a través del buscador en las búsquedas por nombre del interesado, que debe considerarse inadecuada y no pertinente en relación con los fines para los que se trataron, sin que concurra ninguna razón justificada que deba prevalecer al no haber quedado acreditada su veracidad.
Esta Agencia estimó la reclamación de tutela de derecho interpuesta por el reclamante al considerar que no se había acreditado la veracidad de los datos y que eran excesivos y dado que el procedimiento judicial al que se alude en el blog en cuestión corresponde a la empresa [M.R.I.]. En consecuencia, se indicaba que prevalecía el derecho del reclamante y por tanto, procedía la exclusión de sus datos personales al realizar una búsqueda en internet, al consultar por su nombre y así evitar una divulgación ilimitada de la información.
Asimismo, cabe señalar que la libertad de expresión queda garantizada al mantenerse el contenido en la web de origen.
Examinado el recurso de reposición presentado por el recurrente, no aporta hechos ni argumentos jurídicos nuevos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada, por lo que procede acordar su desestimación.»
d) Contra las resoluciones de la AEPD la entidad Google LLC interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, denunciando la infracción de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, Tribunal de Justicia) y de los arts. 20 CE, 10 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), 11 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), y 19.2 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP). En dicho recurso se alegaba que sobre la base de dichos artículos y de la jurisprudencia que los desarrolla, en especial, de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asuntoGoogle Spain, el interés preponderante del público en acceder a la información disputada debía prevalecer.
La Audiencia Nacional dictó sentencia de 18 de diciembre de 2019 estimando el recurso y declarando la nulidad de las resoluciones de 4 de diciembre de 2017 y de 27 de julio de 2017 dictadas por la AEPD. Para alcanzar este fallo razona lo siguiente:
(i) El fundamento jurídico cuarto de la sentencia comienza delimitando el objeto y contenido de los derechos fundamentales en conflicto, examinando, por un lado, el derecho a la protección de datos personales, consagrado en el art. 18.4 CE, que garantiza el poder de disposición sobre estos datos. Y, por otro lado, el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el art. 20.1 a) CE, que comprende junto a la mera expresión de pensamientos, creencias, ideas, opiniones y juicios de valor, la crítica de la conducta de otro.
(ii) Tras esta delimitación explica la Audiencia Nacional, en el fundamento jurídico quinto, que «para realizar la adecuada ponderación sobre cuál de ellos ha de prevalecer en cada caso, hay que atender a los criterios y principios aportados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 13 de mayo de 2014, en interpretación de la Directiva 95/46 y de la Carta europea de derechos fundamentales». Y examina las respuestas que la STJUE de 13 de mayo de 2014, dictada en el asuntoGoogle Spain, dio a las preguntas que la misma Sala había formulado en otro procedimiento similar. Tras este examen concluye que: «En resumen, de la reseñada sentencia se deduce la prevalencia del derecho a la protección de datos consagrado en el art. 8 de la Carta europea de derechos fundamentales; este criterio ha sido confirmado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, asunto C-212/13». Pero advierte también que «esa prevalencia del derecho de oposición al tratamiento de los datos personales por su titular, sobre el interés legítimo del gestor del motor de búsqueda en la actividad que desarrolla, no es absoluta ni ajena a la situación personal concreta del reclamante, con la única salvedad de que la ley establezca otra cosa».
Destaca también la Audiencia Nacional «el papel que representa en la difusión de la información la actividad de los buscadores en internet y su distinción con el propio de los editores de los sitios web donde se publica la información». Y aclara que «ese tratamiento de datos personales consistente en la actividad de un motor de búsqueda, que se dirige a hallar información publicada o puesta en internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado o a partir del nombre de una persona, ha de reputarse lícito, cuando la información concernida y publicada en las páginas web, cuyos vínculos muestra el índice de resultados que ofrece a los internautas, ha sido objeto de publicación en tales sitios web lícitamente. En tal caso se advierte la presencia del interés legítimo del gestor del motor de búsqueda en prestar el servicio a los internautas que representa su actividad junto con otros intereses legítimos, cuya satisfacción persigue tal actividad, representados principalmente por el ejercicio de las libertades de expresión e información».
(iii) Centra finalmente la cuestión controvertida la sentencia de instancia, en el fundamento jurídico sexto, explicando que «[e]n la sentencia de 14 de diciembre de 2018 (recurso 520-2017), esta Sala ha estimado un recurso de contenido similar planteado por Google frente a una resolución de la AEPD estimatoria de la tutela solicitada por [M.J.L.] para evitar que su nombre se asocie en los resultados de la búsqueda con URLs similares a la de este recurso».
La Sala recuerda de nuevo que «conforme a los criterios de ponderación fijados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, que se han expuesto anteriormente, con carácter general prevalecen los derechos del interesado a que la información relativa a su persona ya no esté vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda a partir de su nombre. Pero también, a tenor de la misma doctrina, esa regla general cede si, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante del público en tener, a raíz de esa inclusión, acceso a la información de que se trate».
En esta ponderación la sentencia toma como elementos pertinentes en el caso concreto, los mismos que tomó en consideración en su previa sentencia de 14 de diciembre de 2018:
– En primer lugar, «debe tenerse en cuenta que [la información] se refiere a la vida profesional y no a la vida personal, pues ello es muy relevante para modular la intensidad que ha de merecer la protección del derecho regulado en el artículo 18.4 de la Constitución», con referencia a las directrices sobre la ejecución de la STJUEGoogle Spain, adoptadas el 26 de noviembre de 2014 por el grupo de trabajo de protección de datos del artículo 29 (órgano consultivo europeo independiente sobre la protección de datos y de la vida privada, creado de conformidad con el art. 29 de la Directiva 95/46); don M.J.L., es administrador único de la sociedad A.P.I., y directivo de la empresa M.R.I., ambas dedicadas al sector inmobiliario.
Afirma así que «[e]n este caso se trata de una persona que realizaba una actividad profesional, en la época de los hechos denunciados, en la localidad donde residía, por lo que existe un interés legítimo de los internautas en tener acceso a dicha información».
– El segundo elemento que tomó en cuenta en dicho pronunciamiento fue el factor «tiempo», razonando la sentencia en cuanto al mismo «que tiene igualmente gran relevancia respecto a la ponderación de intereses a realizar, debe tenerse en cuenta que lo publicado es relativamente reciente, pues cronológicamente la última noticia es de 2015».
Reproduce de esta forma las consideraciones que se hicieron en la sentencia de 14 de diciembre de 2018 en la que, si bien lo publicado en los enlaces databa de septiembre de 2010, la Sala apreció que había noticias sobre una causa penal seguida contra el reclamante y otros en Marbella en años posteriores. En concreto, hizo referencia al blog del despacho de abogados Law Bird, en el que se informa sobre una investigación judicial en abril de 2012, recogiéndose dicha noticia tanto en el «Diario Sur» como en «The Olive Press». Y en una noticia aparecida en «El Confidencial» el 20 de marzo de 2017 también se haría referencia a la citada causa penal que se sigue en Marbella, en el Juzgado de Instrucción núm. 4, desde el año 2011 contra D.M., titular de la empresa M.R.I.
La sentencia reproduce de nuevo el contenido de la noticia recogida en el «Diario Sur» y en «The Olive Press» en la que se dice:
«El conocido exdirectivo inmobiliario [D.M.] ha regresado hoy a Marbella para declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 tras la denuncia por estafa y apropiación indebida presentada por medio centenar de ciudadanos extranjeros. Los afectados, británicos e irlandeses, ratificaron hace un mes una querella en los juzgados de Marbella. En su día confiaron a esta empresa la compra de mobiliario para viviendas ubicadas en diversas partes del mundo como Turquía, Bulgaria, Cabo Verde, Italia, Francia y Marruecos, donde la inmobiliaria tenía presencia.
Junto a [D.M.], hoy deben comparecer otros directivos como [… (el recurrente) …]
Los querellantes acusan a los ex directivos de la empresa de quedarse con entre 500 000 y 600 000 € de las cantidades que dieron a cuenta. La mayor parte de estas transacciones se llevó a cabo en la sede que [D.M.] estableció en Marbella, en concreto, en las instalaciones que el alcalde Jesús Gil utilizó en su día como club financiero.
En su querella, los denunciantes aseguran que los responsables de la inmobiliaria han dejado sin bienes a la sociedad y han cambiado su domicilio social a una "oficina fantasma" en Madrid de la que figura como administrador un hombre de noventa años sin actividad conocida.»
En atención a estos elementos la Sala concluye en dicho fundamento de Derecho sexto que: «Como en el recurso citado entre las mismas partes, la información, para la Sala, sí tiene la suficiente relevancia, lo que justifica que prevalezca el interés del público sobre los derechos reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta europea de derechos fundamentales, pues nos encontramos ante un tratamiento de datos, por parte del buscador Google, inicialmente lícito dado el contenido de la información que versa sobre la actividad profesional de una persona física, así como el poco tiempo transcurrido, y se pone de manifiesto una crítica al desempeño de su actividad profesional que es objeto de una investigación judicial todavía no concluida, a tenor de la noticia de marzo de 2017, por lo que no se puede considerar obsoleta, como dice la resolución impugnada».
e) Contra la sentencia de instancia, el recurrente interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, que dictó providencia de 19 de noviembre de 2020, inadmitiendo el recurso de casación conforme al art. 90.4 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) por pérdida sobrevenida en el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, al haberse resuelto por la Sala, de forma contraria a los intereses del recurrente, la cuestión que en este supuesto presentaría interés casacional para la formación de jurisprudencia. En particular, explica la citada providencia, en la STS de 17 de septiembre de 2020 dictada en el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia de la Audiencia Nacional que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Google «en un asunto prácticamente idéntico relativo a la eliminación de determinados enlaces del listado de resultados que aparecen cuando se realiza una búsqueda por nombre y apellidos del recurrente en el citado motor de búsqueda».
3. En la demanda de amparo el recurrente denuncia que la «providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera del Tribunal Supremo descrita implica una vulneración del derecho al honor e intimidad personal y familiar de mi mandante (art. 18.4 CE), lesión al derecho a la supresión de datos ‘derecho fundamental al olvido’ (art. 17 Reglamento UE/216/679 de 27 de abril)». Tras esta denuncia distingue tres causas de amparo distintas.
a) El primer motivo de amparo de la demanda lo refiere a la «[i]nfracción del artículo 18.4 de la Constitución Española (CE) en relación con los artículos 7 y 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales (CEDF) e infracción del derecho a la supresión de datos "derecho fundamental al olvido" reconocido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 y vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional en sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, recurso de inconstitucionalidad 1463-2000».
El recurrente explica que no se solicita la eliminación de los enlaces ni de la información publicada en el blog de Wordpress, sino «la eliminación de la indexación de los enlaces» en los motores de búsqueda. Precisa también que la publicación contiene información de datos personales, que el autor es anónimo y no aporta prueba de las informaciones, y que la Audiencia Nacional ha entrado en contradicción al considerar que el enlace está amparado por la libertad de expresión porque «durante todo el procedimiento se habla de unos hechos (información) y no de pensamientos, ideas u opiniones (libertad de expresión)».
A ello añade también que «estamos ante un tratamiento de datos personales manifiestamente ilícito, por cuanto permite aportar cualquier tipo de afirmaciones, en este caso acusaciones, sin control público alguno y sin ningún tipo de base y no solo eso, sino que una vez vertidas las afirmaciones o comentarios sin ningún tipo de control tampoco se garantiza en dicho blog los derechos de libre […] acceso, cancelación y rectificación».
Y, en cualquier caso, aclara que el objeto de lalitisno es la eliminación de dichos enlaces por lo que el ejercicio de su derecho al olvido no impedirá de todos modos –y así lo asume– el acceso a dicha información por otros criterios distintos del nombre y apellido, con apoyo en la sentencia 12/2009, de 11 de enero, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En todo caso añade que es premisa necesaria, en relación con el derecho al olvido, que el tratamiento de datos personales sea lícito, citando la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de marzo de 2019 (recurso 125-2018) y la STJUEGoogle Spain.
Por todo ello concluye en este punto la demanda que «siendo posible ejercitar el derecho al olvido en determinados casos cuando el tratamiento de datos personales cumple con los principios recogidos en la directiva aplicable resulta evidente con arreglo a la normativa, la posibilidad de ejercerlo en todo caso, máxime cuando dicho tratamiento es manifiestamente ilícito y desleal como en un supuesto como el presente, donde no se garantiza el libre acceso, la cancelación y rectificación».
b) La segunda causa de amparo se refiere a la «[v]ulneración del derecho al honor e intimidad personal y familiar de mi mandante (art. 18.4 CE) y lesión al derecho a la supresión de datos "derecho fundamental al olvido" (art. 17 del Reglamento UE/2016/679) por infracción de los criterios de ponderación de relevancia pública de lo difundido y del factor tiempo, establecidos en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, y la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo y doctrina constitucional en relación con la queja referida al derecho a la libertad del art. 17 CE (STC 58/2018, de 4 de junio, recurso de amparo 2086-2016)».
En este apartado el recurrente denuncia, en primer lugar, que el Tribunal Supremo ha aplicado erróneamente los criterios de ponderación de relevancia pública de lo difundido, por cuanto no consta en autos que el recurrente sea una persona de carácter público, ni tampoco que la actividad desarrollada antes en M.R.I., o en A.P.I., tenga notoriedad pública ni relevancia para la formación de la opinión pública libre, más allá de la derivada del propio hecho de la publicación. El foco informativo habría estado dirigido en todo momento hacia la persona de D.M.A., conocido empresario británico titular de la empresa M.R.I., que es la que resulta objeto de investigación penal y no sobre el recurrente. De esta manera la sentencia del Tribunal Supremo vulnera la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia 58/2018, de 4 de junio, FJ 7, en relación al criterio a utilizar la relevancia pública o privada del implicado en el hecho objeto de información.
En segundo lugar, combate el recurrente las apreciaciones que hace el Tribunal Supremo en relación al factor tiempo, en la medida en que se trata de dos artículos publicados en el año 2013. Y, en lo que se refiere a las noticias como la del mes de abril de 2012 en el blog del despacho de abogados Law Bird y la de «El Confidencial» de 20 de marzo de 2017, mencionadas por la Audiencia Nacional, estas solo harían referencia a la causa penal que se sigue en Marbella únicamente contra D.M., titular de la empresa M.R.I., y no contra el recurrente.
c) La tercera causa de amparo se refiere a la «[v]ulneración del derecho al honor e intimidad personal y familiar de mi mandante (art. 18.4 CE) y lesión al derecho a la supresión de datos "derecho fundamental al olvido" (art. 17 del Reglamento UE/2016/679) por infracción del criterio de preponderancia y ‘afán informativo’, en la medida que el objeto de lalitisdebió centrarse en la libertad de información de Google [exart. 20.1 d) de la CE] a incluir la información en los motores de búsqueda y no en la libertad de expresión de la persona física que publicó los comentarios. Infracción del criterio de veracidad al entrar en colisión con el derecho a la libertad de información y el derecho a la protección de datos de carácter personal. Infracción de la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 123/1993, de 19 de abril, recurso de amparo 1350-1990)».
El recurrente considera que no cabe encuadrar las publicaciones controvertidas en la libertad de expresión, sino en la libertad de información, donde sí opera como límite interno el criterio de veracidad, «que por lo dispuesto en la sentencia parece que no ha sido analizado por la misma». Y la propia AEPD señalaba en su resolución de 27 de julio de 2017 que la falta de veracidad y exactitud en la información facilitada determina la prevalencia del derecho a la protección de datos del recurrente sobre el derecho a la libertad de expresión.
En consecuencia, concluye que procede el amparo constitucional solicitado por infracción del criterio de veracidad y por falta de exactitud de los datos e información difundida en la medida que el objeto de lalitisradica en la libertad de información de Google como motor de búsqueda [art. 20.1 d) CE] y no en la libertad de expresión de la persona física que publicó los comentarios, motivo por el cual debe prevalecer el derecho a la protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE) sobre el derecho a la libertad de información en la medida en que los datos vertidos no son ciertos ni exactos. Debe garantizarse así dicha prevalencia mediante el derecho al olvido digital, de modo que Google adopte las medidas necesarias para evitar que su nombre se vincule en los resultados de búsqueda a la URL reclamada.
4. La Sala Primera de este Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de junio de 2021, acordó «admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]».
Asimismo, la Sala acordó «proponer la avocación al Pleno jurisdiccional el conocimiento del presente recurso de amparo».
5. Por su parte, el Pleno de este tribunal dictó providencia el 16 de septiembre de 2021 por la que acordó recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo. En la misma providencia se ordenaba remitir atenta comunicación a las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, a fin de que, en el plazo de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 2680-2020, y al recurso contencioso-administrativo núm. 91-2018, respectivamente. Del mismo modo, se debía emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en el recurso de amparo.
6. Con fecha 28 de octubre de 2021 se presentó escrito por la procuradora de los tribunales, doña Gracia Méndez Garrido, actuando en representación de la entidad Google LLC, por el que pidió a este tribunal «que tenga por presentado este escrito y, en atención a las manifestaciones que contiene, me tenga por personada en la representación que ostento, en tiempo y forma, como parte en este proceso constitucional de amparo núm. 229-2021 y ordenando lo que sea procedente a efectos de que se entiendan conmigo las sucesivas diligencias a que haya lugar en Derecho».
7. Con fecha 28 de octubre de 2021 presentó escrito el abogado del Estado por el que se personaba en el procedimiento.
8. El secretario de Justicia del Pleno de este tribunal dictó diligencia de ordenación de 2 de noviembre de 2021 por la que se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones solicitadas y se tuvieron por personados y partes en el procedimiento al abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta, y a la procuradora doña Gracia Méndez Garrido en representación de Google LLC. En la misma diligencia acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que se diese vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho conviniese.
9. La entidad Google presentó el 3 de diciembre de 2021 su escrito de alegaciones, en el que interesó la desestimación del recurso de amparo por haber aplicado las sentencias recurridas de manera correcta y rigurosa los criterios de ponderación exigidos por el Tribunal de Justicia para garantizar el equilibrio entre los derechos fundamentales en conflicto.
Como alegación previa explica que no es posible hacer un paralelismo entre este caso y el del diario «El País» que dio lugar a la STC 58/2018, de 4 de junio. En primer lugar, porque de lo que se trataba en dicho recurso de amparo era de la responsabilidad del editor de un periódico, y no de las obligaciones de un motor de búsqueda, sin acceso directo a las fuentes ni responsabilidad directa sobre los contenidos. En segundo lugar, en el reportaje del diario «El País» la información era muy sensible, sobre la intimidad de los recurrentes (se refería a su condición de toxicómanas) quienes además eran indudablemente personas anónimas. En tercer lugar, se trataría de información obsoleta, de más de treinta años de antigüedad, y referida a personas que ya habían cumplido una pena. Apunta también a la reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Federal alemán de 6 de noviembre de 2019 (1 BvR 276/17), que sería el primer tribunal constitucional de un Estado de la Unión Europea que hasta la fecha ha conocido de un caso de derecho al olvido frente a un motor de búsqueda.
Y una vez expuestos los antecedentes que estimó de interés, desarrolla los motivos de oposición al recurso.
a) Respecto a la primera causa de amparo, relativa a la posibilidad de ejercer el derecho al olvido por ser el tratamiento que realizan los portales manifiestamente ilícito, opone que el recurso de amparo plantea un argumento nuevo que no ha sido alegado ni debatido ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En concreto, el hecho de que la plataforma que aloja la publicación disputada en este caso infrinja los derechos de acceso, cancelación y rectificación reconocidos por el Reglamento general de protección de datos, y por dicha razón debería bloquearse el resultado de dicha búsqueda. Por lo tanto, esta alegación debería inadmitirse sin más dado el carácter subsidiario del recurso de amparo.
En cualquier caso, razona que la adecuación a la normativa europea de las plataformas o blogs que recogen los testimonios es una cuestión ajena al objeto del presente procedimiento. El objeto del procedimiento es la pretendida vulneración del derecho a la protección de datos del recurrente por la decisión de Google de no acceder a la petición de «bloquear determinados resultados de búsqueda», y este tratamiento es autónomo al llevado a cabo por el editor owebmasterde la página web. Esta distinción se deriva tanto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (SSTJUE de 13 de mayo de 2014, asuntoGoogle Spain, § 35 y 38, y de 24 de septiembre de 2019, asuntoGC y otros, § 36 y 48) como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 28 de junio de 2018, asuntoM.L. y W.W. c.Alemania, § 97 y 88, y de 22 de junio de 2021, asuntoHurbain c.Bélgica, §120). En cualquier caso, la alegación no tiene ninguna justificación porque parte de la premisa errónea de que con arreglo al Derecho de la Unión los responsables de las páginas web hubieran tenido una obligación de suprimir los datos personales incluidos en esas publicaciones, en caso de habérselo pedido. Y tampoco ha probado el recurrente que los editores, Wordpress en este caso particular, hayan desatendido su solicitud de supresión, es más, reconoce que ni siquiera se ha dirigido a ellos para ejercitar derecho alguno.
b) En lo que se refiere a la segunda causa de amparo, mediante la cual el demandante cuestiona el juicio de ponderación llevado a cabo por la Audiencia Nacional, Google opone que los resultados de búsqueda disputados remiten a publicaciones actuales de relevancia e interés público incuestionable, referidas a la actividad profesional del recurrente. Explica de forma sucesiva que se trataría de hechos de relevancia pública, que la circunstancia de que las publicaciones controvertidas estén referidas a la vida profesional del recurrente es un factor relevante en el juicio de ponderación, y que las publicaciones objeto del procedimiento deben considerarse actuales.
(i) Comienza abordando la relevancia pública de los hechos objeto de la información, recordando que con arreglo a la doctrina de este tribunal dicho criterio atiende no solo al hecho de ser persona pública o ejercer funciones públicas, sino también a que resulten implicados en «asuntos de relevancia pública» (SSTC 107/1988, de 8 de junio; 110/2000, de 5 de mayo, y 216/2013, de 19 de diciembre). También se ha determinado que las personas pueden alcanzar cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan (SSTC 49/2001, de 26 de febrero; 99/2002, de 6 de mayo, y 23/2010, de 27 de abril); a los banqueros o a los gestores de una universidad se les ha considerado personajes con notoriedad pública (SSTC 20/2002, de 28 de enero, y 151/2004, de 20 de septiembre); y se ha declarado el interés de las informaciones referidas, en fin, a sucesos de relevancia penal (SSTC 29/2009, de 26 de enero, y 836/2011, de 24 de noviembre).
En el presente caso se trata de la implicación del recurrente en prácticas irregulares en el sector inmobiliario, que presenta un especial interés general y queda amparada por el art. 20 CE, especialmente atendiendo a «la gravedad del escándalo, el número de afectados, la alarma causada entre los consumidores, la atención suscitada hasta en la Cámara de los Comunes del Reino Unido y las noticias de prensa escrita y de televisión». Además, las publicaciones no mencionan al recurrente de modo accesorio, como este defiende, porque todos los comentarios que pretende ocultar están directa y expresamente referidos a su persona y a sus actividades, siendo uno de los principales investigados en el procedimiento penal contra M.R.I., y sus directivos. En apoyo de dicha inclusión cita determinada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación al interés general en garantizar un debate público informado sobre un asunto que afectaba a muchos consumidores y usuarios de internet, respecto a la práctica comercial de dos grandes sitios web inmobiliarios (STEDH de 2 de febrero de 2016, asuntoMagyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu ZRT c.Hungría).
(ii) Continúa examinando la circunstancia de que las publicaciones controvertidas estén referidas a la vida profesional del recurrente, a cuyo efecto explica que las sentencias impugnadas no dicen, como este último pretende, que este hecho excluya automáticamente el derecho al olvido, sino que gradúa o modula la intensidad del derecho de protección de datos. Se trataría, en definitiva, de trasladar al derecho al olvido la doctrina constante del Tribunal Constitucional sobre la relevancia adquirida por la actividad profesional en la ponderación de las libertades del art. 20 CE y de los derechos amparados por el art. 18 CE (SSTC 49/2001, de 26 de febrero; 23/2010, de 27 de abril, y 99/2020, de 6 de mayo).
(iii) Por último, pone de manifiesto la entidad personada que las resoluciones judiciales han valorado adecuadamente el tiempo transcurrido desde la publicación. La fecha relevante para enjuiciar la actualidad de las publicaciones tiene que ser el año 2017, fecha en la que se ejercitó el derecho al olvido. Solo habían transcurrido cuatro años desde los enlaces, y el asunto seguía siendo de plena actualidad después, como lo probarían las noticias periodísticas posteriores del año 2017, haciéndose eco de los hechos denunciados y de la existencia de un procedimiento penal que estaba abierto cuando se ejercitó el derecho al olvido en el año 2017. Resulta así claro que el precedente de la STC 58/2018 es inaplicable al referirse a un supuesto distinto.
c) El escrito de alegaciones, al abordar la tercera causa de amparo, combate que el límite interno de veracidad de la información no es aplicable a las publicaciones objeto de la solicitud del recurrente. Por un lado, explica que a Google no le corresponde comprobar la veracidad de las publicaciones, y el objeto de lalitisno debió centrarse, por tanto, en la libertad de información de Google. Como se desprende de la STJUEGoogle Spain, a dicha compañía le corresponde velar por el justo equilibrio entre el derecho al olvido y el derecho de los usuarios y no se le puede exigir la verificación de la exactitud del contenido de las publicaciones a las que facilita enlaces.
Por otro lado, Google argumenta que, con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el límite interno de veracidad es irrelevante porque los testimonios que se pretenden ocultar son la expresión de los juicios de valor del autor de la publicación, y en la medida en que «el elemento preponderante en ellas es el valorativo, las publicaciones no pueden considerarse sujetas a un estricto control de veracidad, como si se tratase propiamente de informaciones». Añade que el caso concreto afecta a un blog personal creado con el objetivo de advertir a los consumidores de las prácticas de don M.J.L., y sus empresas, siendo así que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce la función de los blogueros y de usuarios populares de las redes sociales en la medida en que también puede asimilarse a la de un «perro guardián público» (STEDH de 8 de noviembre de 2016, asuntoMagyar Helsinki Bizottság c.Hungría, § 155 y 168). Finalmente explica que, aunque no le correspondía a Google, la entidad realizó un esfuerzo considerable para comprobar la exactitud de los datos a fin de valorar la pertinencia de la solicitud de supresión, quedando plenamente acreditada la veracidad de las informaciones en que se basaban las opiniones críticas con el recurrente.
Y concluye que imponer exclusivamente a los motores de búsqueda la responsabilidad de investigar y determinar por sí mismos la veracidad de las publicaciones indexadas, conduciría a abusos y se comprometería gravemente la calidad de los servicios de Google en perjuicio de millones de usuarios con una evidente vulneración de su libertad de empresa amparada por los arts. 38 CE y 16 CDFUE. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha subrayado que al ponderar los derechos reconocidos en los arts. 8 y 10 CEDH, el atribuir a los prestadores de servicios de intermediación una responsabilidad por el contenido publicado o cargado a internet por terceros, «puede tener directa o indirectamente, un efecto desalentador sobre la libertad de expresión en internet» (SSTEDH de 2 de febrero de 2016, asuntoMagyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu ZRT c.Hungría, § 86; de 7 de febrero de 2017, asuntoPhil c.Suecia, § 35, o de 4 de diciembre de 2018, asuntoMagyar Jeti ZRT c.Hungría, § 83).
10. El 22 de diciembre de 2021, la fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones por el que interesó que se dicte sentencia estimando parcialmente el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y contra la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En particular solicitó la declaración de que «las citadas resoluciones judiciales han vulnerado el derecho de protección de datos del art. 18.4 CE del recurrente, en la vertiente del derecho de supresión o ‘derecho al olvido’ que se reclama frente al buscador Google LLC». Para la efectividad del derecho al olvido, también solicitó la declaración de nulidad de dichas resoluciones judiciales, y la declaración de validez de las resoluciones de la AEPD que reconocieron la tutela del derecho al olvido, «instando al buscador a adoptar las medidas técnicas para evitar que el nombre del recurrente aparezca en los resultados de búsqueda asociado a la URL del blog objeto de la reclamación».
La fiscal, tras exponer los antecedentes de hecho que concurren en el presente recurso de amparo, dedica seis fundamentos de Derecho a examinar los motivos que sustentan la demanda. En los dos primeros fundamentos de Derecho centra el objeto del recurso de amparo puntualizando que si bien el recurrente impugnó directamente la providencia de 19 de noviembre de 2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la articulación del recurso pone de manifiesto que las lesiones de derechos fundamentales invocadas se atribuyen, primariamente, a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional. A continuación, en los fundamentos de Derecho tercero, cuarto, quinto y sexto de su escrito de alegaciones, analiza los motivos que sustentan la demanda de amparo.
a) Comienza abordando el Ministerio Fiscal la primera alegación del recurrente relativa a la infracción del derecho a la protección de datos del art. 18.4 CE por la existencia de un tratamiento ilícito de los datos personales por un blog de Wordpress, y opone que esta alegación no ha sido objeto de enjuiciamiento en el proceso de origen. No se habrían pronunciado sobre esta cuestión ni las resoluciones administrativas de la AEPD, ni la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por lo que no cabría suscitar esta cuestión en vía de amparo. A lo que añade que tampoco habría el recurrente atribuido a la sentencia impugnada, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haberse pronunciado sobre la cuestión relativa al referido tratamiento ilícito de los datos que realiza el blog en el que se divulga la información personal controvertida.
b) A continuación aborda el segundo motivo del recurso, relativo al juicio de ponderación llevado a cabo por los órganos jurisdiccionales, sosteniendo que no se habría producido la infracción de los criterios de la relevancia pública y del «factor tiempo», infracción en la que sustenta el recurrente la vulneración de sus derechos fundamentales al honor, intimidad y protección de datos, en relación con el derecho de supresión o derecho al olvido.
Antes de proceder al examen separado de ambos criterios de ponderación, la fiscal advierte también que el recurrente no desarrolla en el recurso de amparo de manera autónoma las posibles vulneraciones del derecho al honor e intimidad invocados, sino solo en relación con el derecho a la protección de datos, en su vertiente del derecho al olvido, que viene a actuar «como garantía instrumental de los derechos de honor e intimidad supuestamente vulnerados por la no efectividad del derecho de supresión que se reclama frente a la actividad del buscador». Y, en concreto, destaca también la fiscal que el perjuicio en la divulgación de la información únicamente se refiere al prestigio profesional del recurrente, sin alcanzar al ámbito de su intimidad personal o familiar, y sin que quepa apreciar una vulneración de este derecho, que solo se invoca de modo genérico en la demanda.
(i) Tras estas puntualizaciones, y respecto al criterio de la relevancia pública, explica que no puede estimarse que se infrinja la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia y por este Tribunal Constitucional al apreciar la concurrencia de relevancia pública en la información que es asociada con el recurrente, atendiendo a la naturaleza de la actividad profesional que desarrolla y las sociedades con las que se relaciona. El Tribunal de Justicia no ha definido en la sentenciaGoogle Spainqué es relevancia pública, sino que para establecer el interés público de la información hay que atender al papel que el interesado tenga en la vida pública. Y la doctrina de la STC 58/2018, de 4 de junio, no ha limitado tampoco la apreciación de la relevancia pública al criterio subjetivo de la condición personal del interesado, sino que tiene establecido que la concurrencia debe establecerse tanto desde un punto de vista subjetivo como por razón de la materia objeto de la información.
Tras dichas apreciaciones la fiscal advierte que en el presente caso no consta, ni es alegado por el recurrente en la demanda de amparo, que en la información divulgada en el blog se viertan por los autores de la información expresiones directamente ofensivas o insultantes que afecten al honor o intimidad y respecto de las que deba determinarse si quedan fuera del ámbito de protección de los derechos de libertad de información o expresión.
(ii) En relación al factor tiempo, considera que las apreciaciones realizadas en la sentencia de la Audiencia Nacional no pueden considerarse carentes de justificación o arbitrarias al considerar que la información publicada en el año 2013 se ve actualizada por publicaciones posteriores. Y la actualidad de la noticia también debe ponerse en relación con la materia que es objeto de la información, no refiriéndose a un elemento concreto y puntual dado que se refiere a la actividad profesional del recurrente en el sector inmobiliario, ni tampoco aparece desconectado del titular dado que no consta que dicha actividad ya no sea desempeñada por el recurrente, que en ningún momento ha manifestado su desvinculación con dicha actividad profesional o con la sociedad A.P.
c) Finalmente el Ministerio Fiscal aborda el tercer motivo del recurso, relativo al establecimiento del «justo equilibrio» entre los derechos concurrentes, a cuyo efecto comienza puntualizando que la información divulgada no es una información sobre hechos sino que está constituida por comentarios u opiniones subjetivas de la persona anónima, y que debe encuadrarse en la libertad de expresión y no de información. En consecuencia, sostiene que no es aplicable el presupuesto de veracidad, ni cabe exigir al buscador Google, a los efectos de su actividad de tratamiento, el corroborar que se cumple dicho presupuesto.
Tras esta puntualización, el Ministerio Fiscal interpreta la STJUEGoogle Spainen el sentido de que la protección de los derechos de privacidad (arts. 7 y 8 CDFUE) será prevalente y el gestor del motor de búsqueda, siempre que se cumplan las condiciones que establece la normativa comunitaria en materia de protección de datos, deberá hacer efectivo el derecho al olvido, retirando de la lista de resultados, en una búsqueda por el nombre del interesado, los enlaces a la información, pero en todo caso debe tenerse en cuenta «el justo equilibrio» con el interés legítimo de los interesados en el acceso a la información que les facilita el buscador.
Entiende que en orden a establecer el justo equilibrio de los derechos concurrentes, es posible reconocer un canon de protección constitucional «autónomo» y «reforzado» del derecho de protección de datos (art. 18.4 CE), en la vertiente del derecho al olvido del art. 17 del Reglamento general de protección de datos, ejercido frente al responsable del buscador, no subordinado al canon de protección de los derechos de libertad de expresión y de información, que operan como límite legal. Ello sería posible teniendo en cuenta que la efectividad del derecho al olvido que se reclama es independiente de la posibilidad de ejercer dicho derecho de supresión frente al responsable de la publicación de la información personal en las páginas o sitios web, conforme a la STJUEGoogle Spain.
Tras recordar las circunstancias concurrentes en relación a los criterios de ponderación de la relevancia pública y del tiempo, que determinan que estamos ante una información con relevancia pública desde el punto de vista de su objeto, pues no ha perdido actualidad ni interés público, y teniendo en cuenta dicho canon de protección reforzada, el Ministerio Fiscal considera que debe analizarse si, en el presente caso, resulta necesario y proporcionado restringir el derecho de protección de datos para garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información. Considera que son circunstancias relevantes: que la libertad de expresión de los usuarios de las plataformas web no se ve afectada por el reconocimiento del derecho de supresión; que la actividad del buscador supone una afectación más relevante en los derechos de privacidad de la persona, en cuanto se añade a la que resulta de la propia divulgación de la información u opiniones de usuarios en las páginas o sitios web, al hacer accesible el conocimiento de esa información de manera exponencial y ubicua; que el afectado no puede, en principio, obtener el reconocimiento de sus derechos de privacidad y protección de datos dirigiéndose directamente a los portales o sitios web que tratan la información con un carácter totalmente anónimo desde fuera del territorio de la Unión Europea y sin sujeción a la normativa de protección europea, por lo que la única posibilidad de hacer efectivos sus derechos de privacidad y protección de datos, en la vertiente del derecho al olvido, es reclamar su efectividad del buscador que queda sujeto a la normativa de protección de datos de la Unión Europea.
Atendiendo a estas consideraciones, el Ministerio Fiscal concluye que «en el presente caso, el der