Categoría: Normativas

ntes a los simples efectos de contacto con éstos, en los casos en que sea necesario.
5. Los datos de carácter personal tratados en el desarrollo del proyecto deberán protegerse con los medios de seguridad que incluyan limitar el acceso de estos a personal autorizado por las partes, SGOPIPS la Generalitat de Catalunya en cada caso, y adoptarán las medidas técnicas, administrativas y organizativas precisas para asegurar que ninguno de los datos facilitados sea distribuido sin autorización a terceras personas, instituciones u organizaciones, todo ello de acuerdo con los dispuesto en el acuerdo de corresponsabilidad en materia de seguridad social.
6. La SGOPIPS anonimizará los identificadores personales para las tareas de diseño, seguimiento y evaluación, y hará uso de los identificadores personales exclusivamente para aquellas actuaciones que sean imprescindibles como son el cruce de bases de datos adicionales para el enriquecimiento de la información, así como la identificación de la muestra de participantes en el caso de que sea necesario.
7. Por otro lado, en cumplimiento del artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, ambas partes quedan informadas de que los datos de representación y firma contenidos en el presente convenio serán tratados con la finalidad de formalizar el mismo, en base a la ejecución de un acuerdo. Los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal, y serán conservados durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a los plazos legalmente aplicables. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como los demás que la normativa reconoce, dirigiendo escrito a la parte contraria por los canales de comunicación definidos y/o a su Delegado de Protección de Datos. En caso de considerar que el tratamiento vulnera la normativa, podrán interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su caso, pueda recibir la comunidad autónoma beneficiaria de la subvención o el destinatario final para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, nacionales o de organismos internacionales, con la excepción de otros fondos europeos, con los que serán incompatibles.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones deben cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Acuerdo de Financiación, las entidades beneficiarias de estas subvenciones están obligadas a hacer mención en su publicidad del origen de esta financiación, velando por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-Next Generation EU», junto al logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. Esta visibilidad se hará en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
2. A efectos de auditoría y control y en base a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.
1. Para la realización del seguimiento de la buena marcha del convenio se creará una Comisión mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio.
Por parte de la Administración General del Estado, la integrarán cuatro representantes de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y un representante del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Por parte de la Generalitat de Catalunya, formarán parte de la Comisión de Seguimiento cuatro representantes de la Generalitat de Catalunya.
Adicionalmente, formarán parte de la Comisión de Seguimiento la persona titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, que ostentará la Presidencia, y un/a secretario/a con voz, pero sin voto, designado/a por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social de entre su personal funcionario.
2. Esta Comisión mixta se constituirá en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la firma del convenio y se reunirá al menos dos veces al año.
3. La convocatoria de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Presidencia, de común acuerdo con la Generalitat de Catalunya.
4. El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se ajustará a las previsiones contenidas en la Sección 3.ª, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siendo atendida con medios personales, técnicos, materiales y presupuestarios de las administraciones públicas que la integran.
1. El plazo de vigencia del presente convenio será desde la fecha de su firma y hasta el 31 de marzo de 2024.
2. El plazo de ejecución de los proyectos piloto de itinerarios de inclusión social objeto de las subvenciones previstas en el presente texto no deberá exceder la fecha límite del 30 de noviembre de 2023, mientras que la evaluación de los mismos, objeto de la subvención, no se extenderá del plazo del 31 de marzo de 2024, con la finalidad de cumplir con los hitos marcados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de política de inclusión.
3. Los gastos efectuados por la Generalitat de Catalunya podrán realizarse durante todo el periodo de ejecución para el que se concede la ayuda.
4. Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de ejecución sea efectivamente pagado, durante el mismo, o dentro del periodo de justificación.
5. Los gastos de la prestación de servicios específicos correspondientes a las actuaciones de control, verificación y justificación de la ayuda e inspección del proceso, podrán realizarse durante todo el período de ejecución y justificación para el que se concede la ayuda. En todo caso, estos gastos deberán ser efectivamente pagados dentro del período de ejecución y justificación.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley General de Subvenciones, salvo cuando afecten a cualesquiera de las obligaciones recogidas en la normativa europea y nacional aplicable.
Cualquier modificación del convenio deberá formalizarse con una adenda firmada por ambas partes.
2. La Generalitat de Catalunya podrá solicitar, con carácter excepcional, modificaciones del contenido de la resolución basadas en la aparición de circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa, o que afecten a la forma y plazos de ejecución o de justificación de los gastos del proyecto, y podrán ser autorizadas siempre que no dañen derechos de tercero.
Podrá modificarse, con carácter excepcional, el contenido de la resolución basadas en la aparición de circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa, o que afecten a la forma y plazos de ejecución o de justificación de los gastos del proyecto, y podrán ser autorizadas siempre que no dañen derechos de tercero.
Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o dificultad y presentarse, ante la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, con anterioridad, en todo caso, al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto, determinado en el propio convenio y resolución de concesión.
3. La Generalitat de Catalunya será informada de la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro electrónico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a partir de la cual se inicia el cómputo del plazo de resolución, mediante comunicación que a tal efecto les dirigirá la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, en los términos previstos por el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin perjuicio de las delegaciones de competencias existentes en la materia, y se notificará en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha de su presentación en el citado registro electrónico. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella el recurso potestativo de reposición ante el citado órgano administrativo en el plazo de un mes, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, teniendo a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.
5. Cuando la cuantía de la subvención haya de ser objeto de reducción por aplicación de lo previsto en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se dictará la resolución que proceda por la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin perjuicio de las delegaciones de competencias existentes en la materia, y se procederá al reintegro del exceso, junto con los intereses de demora, de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
La resolución de los litigios que pudieran plantearse sobre la interpretación, cumplimiento, extinción y efectos del mismo corresponderá a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El incumplimiento de las obligaciones sobre aportación de la documentación exigida por la normativa nacional y europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Marco de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como el incumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo», será causa de reintegro.
3. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por la Generalitat de Catalunya una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
4. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el concedente de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, el órgano concedente de la subvención deberá reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7, Regla Séptima, de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por la Generalitat de Catalunya se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y título IV de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
De conformidad con cuanto antecede, y en ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, se firma electrónicamente el presente convenio.–Por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, María Milagros Paniagua San Martín, Secretaria General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.–Por la Comunidad Autónoma de Catalunya, Carles Campuzano i Canadès, Consejero del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
1. Título del proyecto:
«Programa piloto para la implementación de una intervención pluridisciplinar que mejore la situación de pobreza energética de colectivos en riesgo de exclusión social.»
2. Objetivo del proyecto:
El objetivo general del proyecto es evaluar el impacto en la reducción de la pobreza energética de distintos tratamientos, combinando inversiones físicas de mejora de la eficiencia energética en viviendas de titularidad pública, con un asesoramiento muy focalizado. Desde la perspectiva de la evaluación, se pretende medir el impacto de los tratamientos frente a los demás y al grupo de control.
La pobreza energética de las familias tiene un origen multicausal, entre los que se pueden destacar los siguientes factores:
I. La factura de la energía doméstica y los suministros básicos impacta sobre la economía de las familias de manera significativa. Este hecho sitúa a muchas familias vulnerables en una situación de pobreza energética por la imposibilidad de hacer frente al pago de los suministros energéticos.
II. Es significativo el número de familias vulnerables que no disponen de la información o formación suficiente para poder tratar de revertir o minimizar la situación de pobreza energética que padecen: dificultad para conocer en profundidad las diferentes opciones de tarifado, para accionar o decidir un cambio de contrato o de proveedor, para incorporar hábitos de consumo distintos que minimicen dicho impacto, para saber quién o dónde pueden asesorarlos o acompañarlos para mejorar su situación o conocer qué ayudas sociales están vinculadas, entre otras cuestiones. La brecha social y digital constituye, en este sentido, una importante barrera.
III. Está demostrado que una mejora de diversos elementos clave de las viviendas (cerramientos, electrodomésticos, sistema de calefacción,…) tiene un impacto directo sobre el gasto energético de las familias, si bien es verdad que no siempre es fácil y evidente conocer qué inversión sería necesaria para mejorar la eficiencia energética del hogar o qué elementos substituir ni se dispone de los recursos necesarios para mejorarla.
IV. La falta de ingresos suficientes, cómo ya se ha dicho, sitúa a las personas en una situación de riesgo de pobreza energética, siendo éste el factor determinante que genera dicha pobreza. Un gran número de estas familias podría ser receptora del IMV al cumplir los requisitos para percibirlo, pero no lo perciben, bien porque no tienen conocimiento de la posibilidad de obtenerlo, bien porque no saben cómo hacerlo, bien porque no han conseguido finalizar el proceso de solicitud (falta de habilidades tecnológicas, de capacitación suficiente,…).
V. La situación de aislamiento social o de ausencia de vínculos relacionales puede provocar o agravar situaciones de exclusión, ante las dificultades para poder encontrar apoyos que ofrezcan oportunidades de mejora, de aprendizaje o de soporte. De esta manera, la ausencia de relaciones familiares, de amistad o vecinales y, en general, la usencia de redes comunitarias puede alterar negativamente la capacidad de afrontar las dificultades, también las relativas a la pobreza energética.
A partir de la identificación de estos elementos, el programa piloto articula una intervención con la voluntad de evaluar el impacto de dos tratamientos principales para combatir las causas que provocan pobreza energética y de dos tratamientos complementarios.
Los objetivos directos que se esperan alcanzar con la intervención, más allá de la evaluación, son combatir factores de exclusión social que generan pobreza energética y mejorar la calidad de vida de las personas y familias participantes y mejorar la salud física (confort térmico, calidad de vida, etc.).
Los objetivos indirectos derivados de la participación en el proyecto son diversos y van más allá de la dimensión de pobreza energética. En concreto, se espera que el proyecto contribuya al progreso del bienestar emocional (mejora de la autoestima, adquisición de competencias clave de empoderamiento personal, cuidado de la salud mental, etc), al ascenso en la capacidad relacional (vínculos sociales, no aislamiento) y a la mejora de la situación económica: más ahorro económico (reducción gasto energía, nuevos y sostenibles vía fondos de ingresos-IMV).
La propuesta pretende contrastar la implementación de una intervención que, una vez evaluada su eficacia, permita ser replicable, transferible y escalable a otras realidades sociales y territoriales para generar un mayor impacto en la lucha contra la pobreza energética.
3. Resumen del proyecto:
El proyecto consiste en llevar a cabo un estudio piloto que pueda determinar el impacto que tiene sobre la reducción de la pobreza energética las diferentes soluciones que se administren.
El programa pretende evaluar como las políticas públicas pueden actuar frente a las causas generadoras de la pobreza energética, como lo son por un lado la ineficiencia energética de las viviendas y por el otro las dificultades de las personas de adaptar su consumo a sus necesidades.
Teniendo en cuenta los objetivos que plantea el programa piloto, el impacto deseado de la intervención pretende determinar si es posible revertir situaciones de pobreza energética, estudiando el impacto en las personas y unidades familiares participantes que reciban alguno de los tratamientos o los dos simultáneamente para poder conocer cuáles son las políticas más eficaces a la hora de implementar soluciones y propuestas.
El proyecto establecerá un universo de estudio que será dividido de manera aleatoria en cuatro grupos distintos (tres de tratamiento y uno de control), de forma que se dará respuesta a la efectividad de diferentes tipos de políticas públicas de apoyo para la reducción de la pobreza energética.
La intervención que prevé el programa piloto sobre un conjunto de personas y unidades familiares que se encuentran en situación de vulnerabilidad social representa una oportunidad única para incorporar en el marco del programa piloto dos intervenciones complementarias y comprobar así su impacto y eficacia en la mejora de las condiciones de vida de las personas y unidades familiares.
Por un lado, se desplegará una política de sensibilización para la mejora del acceso al IMV ante las personas participantes del programa, acompañándolas individualmente para presentar la solicitud a aquellos que lo deseen (y cumplan los requisitos para solicitarlo), con el objetivo de conseguir que dichas personas puedan llegar a ser perceptoras del ingreso mínimo vital.
Este acompañamiento en el proceso de solicitud, resolución y obtención del IMV se aplicará a todas las personas participantes en el proyecto piloto que son objeto de alguna de las intervenciones (excluyendo los participantes que forman parte del grupo de control).
El contacto con las potenciales personas y unidades familiares participantes del programa piloto permitirá conocer de primera mano la situación de exclusión o riesgo de exclusión social de dichas familias, detectando situaciones de aislamiento social que, sin duda, pueden suponer un hándicap para su progreso social y su capacidad para salir adelante.
Aprovechando esta circunstancia, se va a implementar un acompañamiento comunitario individualizado que permita mejorar (o crear) vínculos relacionales entre las personas participantes en el programa y su propia comunidad.
Dicho acompañamiento comunitario, como política pública preventiva, permitirá incorporar una tipología de actuación preventiva y no reactiva, no asistencial, de empoderamiento de la ciudadanía, que impacta de pleno en la inclusión social de las personas y unidades familiares. Dicha intervención se aplicará a cualquier persona que se encuentre en una situación de aislamiento social independientemente de que pertenezca al grupo 1, 2 o 3.
4. Hipótesis de partida a contrastar en la evaluación:
La intervención quiere contrastar el impacto de distintos tratamientos en la disminución de la pobreza energética de colectivos en riesgo o en situación de exclusión social. Concretamente, se quiere evaluar si los procesos de formación y asesoramiento en hábitos de consumo energético doméstico, por un lado, y las inversiones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, por otro, son suficientes y en qué grado influyen para reducir la pobreza energética o, por el contrario, son más efectivas si las inversiones en vivienda se complementan con acciones de asesoramiento y acompañamiento.
La hipótesis inicial principal es que, si bien las inversiones físicas en las viviendas tienen un impacto directo en la reducción de los consumos energéticos, un asesoramiento y acompañamiento social adicional puede incrementar más que proporcionalmente el impacto de las inversiones y hacerlas más coste-efectivas.
Para contrastar la hipótesis inicial se plantean tres grupos de tratamiento. El primero, únicamente recibe asesoramiento para la mejora de la eficiencia energética y hábitos de consumo. El segundo únicamente inversiones en vivienda para la mejora de la eficiencia energética. Y el tercero, recibe ambas intervenciones.
Adicionalmente, cualquier participante de cualquiera de los tres grupos de tratamiento puede recibir asesoramiento para la obtención IMV y acompañamiento comunitario para combatir la situación de aislamiento social.
Concretamente se quiere contrastar la hipótesis inicial y el impacto de los distintos grupos de tratamiento tratando de evaluar si la participación de las personas beneficiarias en un asesoramiento en eficiencia energética tiene un impacto directo en los hábitos de consumo y en la reducción de las facturas de suministros y de la pobreza energética y si la mejora de la eficiencia energética de las viviendas tiene un impacto directo sobre los consumos energéticos y este impacto mejora si viene acompañado de asesoramiento en eficiencia energética.
De este modo, se quiere contrastar si la pobreza energética se reduce con la realización de algunos de los tratamientos (asesoramiento o inversiones en vivienda) y si se obtienen los mejores resultados combinando ambas intervenciones. La hipótesis inicial es que, efectivamente, el tercer y último grupo de tratamiento experimentará una reducción de la pobreza energética superior a los otros dos como resultado de incorporar ambas intervenciones.
5. Descripción de los tratamientos:
La implementación del proyecto piloto se estructura en tres grupos de tratamiento y un grupo de control.
1) Grupo de tratamiento 1: asesoramiento para la mejora de la eficiencia energética y hábitos de consumo (puede incluir asesoramiento para la obtención IMV y acompañamiento comunitario).
2) Grupo de tratamiento 2: inversiones en vivienda para mejorar la eficiencia energética (puede incluir asesoramiento para la obtención IMV y acompañamiento comunitario).
3) Grupo de tratamiento 3: inversión en vivienda para mejorar la eficiencia energética y asesoramiento para la mejora de la eficiencia energética y hábitos de consumo (puede incluir asesoramiento para la obtención IMV y acompañamiento comunitario).
Desde la perspectiva metodológica, la implementación de los tratamientos se realizará desde la óptica o la mirada de la intervención social y comunitaria, potenciando así los vínculos de las unidades familiares con la comunidad. Esto será fundamental en la fase inicial de contacto con dichas unidades familiares para garantizar su participación a lo largo de todo el proyecto y será un elemento clave para fortalecer el compromiso con el proyecto y mejorar así su impacto.
Las inversiones en vivienda (GT 2/3) se llevarán a cabo a partir de un diagnóstico técnico inicial realizado por empresas especializadas en la rehabilitación energética. Se ejecutarán en viviendas de titularidad pública y propiedad o gestionadas por la Agència de l’Habitatge de Catalunya (en adelante, AHC).
El tratamiento 1 se ejecutará por parte de entidades u organizaciones especializadas en el acompañamiento social a familias en situaciones de exclusión social, brecha digital y en particular de pobreza energética.
6. Descripción de qué servicios recibirá el grupo de control:
El grupo de control no recibirá ninguno de los tres tratamientos propuestos, más allá del eventual incentivo que pueda recibir por su colaboración. Únicamente participará en las encuestas iniciales y finales de evaluación que tendrán por objetivo medir la evolución de las principales variables de pobreza energética.
7. Descripción de la muestra:
Se prevé que el proyecto vaya dirigido a un total de 2.000 unidades familiares residentes en Catalunya en riesgo o en situación de pobreza energética.
Los requisitos para la configuración del universo son que:
1) Las unidades familiares residan en régimen de alquiler social en viviendas de titularidad pública propiedad o gestionada por la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).
2) Dichas viviendas tengan necesidades de inversión para la mejora de la eficiencia energética.
En este sentido, cabe destacar que las unidades familiares que cumplen el primer requisito se encuentran necesariamente dentro de los parámetros definidos por la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. En consecuencia, se encuentran en situación de pobreza, riesgo o exclusión social.
Metodológicamente, la configuración del universo y la posterior asignación a los grupos de tratamiento y control se podrá realizar a partir de las siguientes bases de datos:
– Unidades familiares residentes en régimen de alquiler social en viviendas de titularidad pública propiedad o gestionada por la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).
– Residentes en viviendas públicas de propiedad o gestionadas por la AHC con gestión cedida a entidades del tercer sector.
– Residentes en viviendas propiedad o gestionadas por la AHC con gestión cedida a administraciones locales.
– Residentes en viviendas propiedad o gestionadas por la AHC provenientes de la bolsa de mediación social.
– Residentes en viviendas propiedad o gestionadas por la AHC adjudicadas vía la Mesa de Emergencia.
8. Método de aleatorización prevista para formación de grupo de control y grupo de tratamiento:
Una vez definido el universo a partir de las distintas variables de acceso se darán las condiciones para realizar su asignación aleatoria entre los tres grupos de tratamiento y el grupo de control.
La aleatorización se realizará a nivel de unidades familiares de forma anonimizada.
9. Número previsto de unidades en cada grupo:
Está previsto que, del universo poblacional, estimado en torno a 5.000 unidades familiares, se llegue a una muestra estimada de 2.000 unidades familiares que se repartirán de manera uniforme entre los tres grupos de tratamiento y control, alcanzando unas 500 unidades familiares en cada uno.
10. Principales variables que se utilizarán para medir el resultado y diferencia esperada en estas variables entre los grupos de tratamiento y el de control:
Las variables para medir el impacto de la intervención y su diferencia entre los grupos de tratamiento y el de control se centran en la pobreza y en el consumo energético.
Para ello, se medirá el consumo energético (y el potencial ahorro obtenido) a lo largo de todo el piloto (inicio, durante y final) desde dos vertientes:
– Gasto en euros del grupo de tratamiento y control.
– Consumo en KW/h del grupo de tratamiento y control.
A su vez, se medirá la diferencia de obtención de ingresos/ahorro de la unidad familiar al inicio y al final del piloto y se comparará con los resultados del grupo de control.
11. Principales variables que se utilizarán para medir la puesta en práctica del tratamiento:
Se definirán indicadores específicos de medición del proceso para cada uno de los grupos de tratamiento.
Tratamiento 1. Asesoramiento para la mejora de la eficiencia energética y acompañamiento en hábitos de consumo adecuados.
– Número de sesiones de asesoramiento para la mejora de los hábitos de consumos que reciben las personas beneficiarias del grupo de tratamiento.
– Mejoras en los hábitos de consumo que realizan las personas beneficiarias durante el periodo de ejecución del piloto.
Tratamiento 2. Inversiones para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas.
– Tipología de las inversiones realizadas: mejoras de iluminación, aislamiento, sistema de calefacción (calderas) y ventanas, principalmente.
– Coste por beneficiaria/o de la intervención. Variable dicotómica: coste inferior a 2.000 euros/coste superior a 2.000 euros.
– Número de viviendas que reciben inversiones de mejora.
Tratamiento 3. Combinación de los indicadores de ambos grupos.
12. Descripción del proceso de recogida de datos y de resultados:
La recogida de los datos y de resultados de la intervención con el grupo de tratamiento se realizará de forma continua a lo largo de toda la intervención.
Se identifican dos tipologías de información:
– Información de carácter económico-administrativa. Relativa a los datos de consumo energético y de ingresos de las y los beneficiarias/os.
● Estos datos permitirán medir y evaluar el impacto de las políticas.
● Está información se recogerá por parte de los equipos sociales de intervención (entidades del tercer sector) y se complementará con datos la Administración Pública (servicios sociales básicos, fundamentalmente).
– Información de carácter cualitativo. Se realizarán encuestas de medición antes (en la visita inicial) de empezar el piloto y en el momento de su finalización. Se complementará con una tercera encuesta con visión a largo plazo. Se contará con medios externos (entidades del tercer sector) para su realización.
13. Coste previsto por participante:
El coste por participante previsto, teniendo en cuenta el coste total del proyecto, para el grupo de tratamiento es de 6.950 euros, mientras que para el grupo de control asciende a 1.150 euros.
14. Agentes relevantes:
La ejecución del piloto contará con la participación de entidades del tercer sector y de distintos proveedores especializados para la ejecución de inversiones de mejora en las viviendas. En términos generales, se distinguen cuatro tipologías de actuaciones:
A. Intervenciones principales:
– La ejecución de las acciones de acompañamiento para la reducción de la pobreza energética (tratamientos 1 y 3).
El tratamiento se implementará a través de operadores especializados en el acompañamiento social y comunitario a través de una licitación específica.
Dicho servicio podría ser complementado con entidades privadas del tercer sector que ya estén gestionando viviendas de la AHC y realizando acompañamiento social a familias en riesgos de exclusión social.
– Inversiones de mejora de la eficiencia energética de las viviendas (tratamientos 2 y 3).
Se ejecutarán a través de licitación con empresas especializadas en la prestación de estos servicios.
El objetivo es que el servicio lo desarrollen empresas con capilaridad territorial y alta capacidad de intervención.
B. Actuaciones instrumentales:
Desde una vertiente operativa, se prevé que los tratamientos se ejecuten mediante distintos procesos abiertos de licitación. Se contemplan los siguientes procedimientos de contratación:
– Secretaría técnica general: coordinación, seguimiento y pilotaje del plan de trabajo y la ejecución global del itinerario.
– Pre-evaluación: proceso de recogida y sistematización de datos para la realización de la evaluación de impacto del proyecto.
– Comunicación: elaboración de materiales de comunicación y difusión del proyecto.
C. Actuaciones complementarias (licitaciones):
– Sensibilización y acompañamiento para la obtención del IMV.
– Acompañamiento comunitario.
D. Actuaciones desde el punto de vista de la gobernanza:
Desde una vertiente de gobernanza, se prevé la puesta en marcha de dos espacios de coordinación:
– El comité ejecutivo del piloto, que tendrá una vertiente técnica y se reunirá semanalmente. Contará con la participación del Departament de Drets Socials y la secretaria técnica.
– El comité de coordinación del piloto, que tendrá un carácter transversal y se reunirá mensualmente para repasar la implementación del proyecto y corregir las eventuales desviaciones. Contará, al menos, con la participación del Departament de Drets Socials, la secretaria técnica, representantes de las entidades del tercer sector que implementan las políticas y representantes de las empresas que ejecutan las inversiones de mejora de las viviendas.
15. Cronograma o calendario previsto:
Está previsto que durante los meses de septiembre y octubre de 2022 se caracterice la población objetivo para que posteriormente se haga la aleatorización entre los tres grupos de tratamiento y el de control, para recoger el primer cuestionario a lo largo de los últimos dos meses del año en curso.
Se estima que los procesos de contratación se realizarán en los meses de octubre, noviembre y diciembre para posteriormente realizar las inversiones de mejora en la eficiencia energética de las viviendas durante los once primeros meses de 2023.
Se prevé que en el mes de marzo de 2023 se inicien las acciones de acompañamiento y asesoramiento para la reducción de la pobreza energética y la obtención del IMV con una duración estimada de nueve meses.
Finalmente, entre enero y marzo de 2024 se realizará la evaluación.
16. Posibles riesgos:
– Dificultades para garantizar la participación de las personas beneficiarias de las políticas de inclusión de forma regular a lo largo de toda la intervención. Particularmente después de que se haya realizado la inversión en las viviendas.
– Las gestiones y actividades vinculadas con la recogida de datos (cuestionarios cualitativos, diagnóstico de las viviendas, datos de ingresos y consumos energéticos) se prevén continuas a lo largo de toda la intervención. Se estima que, en algunos casos, puede ser complejo obtener la información.
– La intervención podría implicar una estigmatización asociada a la participación en políticas activas de inclusión que puede reducir la implicación del grupo de tratamiento en las políticas.
La información compartida incluirá la información necesaria para el diseño, seguimiento y evaluación de los itinerarios objeto del presente convenio, con información específica según el tipo de actuación.
Sobre la población de partida para el diseño, se incluirá la información necesaria en relación con el tipo de las actuaciones:
– Información de hogares/unidades de convivencia: composición, características adicionales, beneficiarios de renta mínima o de IMV, así como aquella información adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el diseño.
– Información personal: características generales de edad, sexo, nacionalidad, cobro de prestaciones, relación con el empleo, con la vivienda, así como aquella información adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el diseño.
Sobre los participantes para el diseño y evaluación, se incluirá la información necesaria en relación con el tipo de las actuaciones:
– Información personal: información relevante de la participación en el/los itinerarios, variables de percepción, de seguimiento, opinión, así como aquella información adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el seguimiento y evaluación.
– Información de la intervención: itinerarios, tipologías, participantes, así como la información adicional tanto de las características como de la ejecución que sea relevante para el seguimiento y evaluación.
Todos los participantes en el proyecto, tanto los que formen parte de los grupos de tratamiento como del grupo de control, deberán ser informados del alcance del mismo. Para garantizarlo, deberán firmar un consentimiento informado que recoja una descripción de las actividades del proyecto, los plazos y lugares de desarrollo de las mismas, las actividades relativas a la evaluación en las que deberán participar, así como el tratamiento de datos personales que llevarán a cabo la SGOPIPS y la Generalitat de Catalunya en calidad de corresponsables del tratamiento. También se informará sobre la identidad del Delegado de Protección de Datos, informando de la existencia de un mecanismo sencillo y gratuito para que los participantes beneficiarios, en cualquier momento, puedan ejercitar sus derechos ARCO-POL.
La SGOPIPS definirá un modelo de consentimiento detallado para los potenciales participantes.