Categoría: Funcionarios y Personal

Por Resolución de la Subsecretaria de Justicia, de 10 de junio de 2022 (BOE de 22 de junio), se convocó concurso específico para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y a las bases de la convocatoria, finalizado el plazo de presentación de solicitudes vista la documentación presentada por los/as interesados/as y la propuesta formulada por la comisión de valoración,
Esta subsecretaría en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 63.1 n) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, resuelve:
Aprobar la propuesta de la comisión de valoración y resolver el concurso, adjudicando los puestos de trabajo de la referida convocatoria a los/as funcionarios/as en los términos que se recogen en los anexos 1 y 2 de esta resolución.
Declarar desiertos los puestos que se especifican en el anexo 1 y 2 por no existir solicitantes o por haber resultado estos adjudicatarios de otros puestos ofertados en este concurso a los que habían dado prioridad en sus solicitudes.
El plazo de la toma de posesión de los destinos adjudicados se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
El plazo de toma de posesión de los nuevos destinos será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente al del cese, el cual deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de esta resolución, así como el cambio de situación administrativa que en su caso corresponda. Si la adjudicación del puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde dicha publicación.
El cómputo de los plazos posesorios y de ceses, se iniciarán cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se estén disfrutando, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de indemnización por concepto alguno. Los puestos obtenidos serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión los interesados obtengan otro destino mediante convocatoria pública y opten por el mismo, en cuyo caso vendrán obligados a comunicar por escrito a este Departamento, en los tres días hábiles siguientes, la renuncia del puesto adjudicado y la opción ejercitada, con indicación del departamento o comunidad autónoma en que hubiera obtenido destino, así como la forma de provisión y la fecha de nombramiento.
Contra la presente resolución y los actos derivados de la misma, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir de su notificación, ante el órgano que dictó la resolución en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.i) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 22 de noviembre de 2022.–La Subsecretaria de Justicia, P.  D. (Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre), la Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, Consuelo Cruz Romero.