Categoría: Economía y Empleo

va todavía.
2.3 Perspectivas para el año 2023.
Se prevé que los datos del Producto Interior Bruto (PIB) acompañen en términos de recuperación macroeconómica a finales de este año o a principios del próximo, mientras diferentes fuentes coinciden en que España esquivará la recesión y mantendrá un crecimiento, por encima de la media de los países de la zona euro, aunque en valores moderados respecto a los de los dos últimos años, oscilando la previsión entre el 1 % y el 2 % para el conjunto del año 2023.
Las previsiones económicas de los diversos servicios de estudios nacionales sobre la evolución de la economía española en el medio plazo, en el contexto de la crisis generada por el conflicto de Ucrania, apuntan en la misma dirección, hacia la continuidad de la recuperación, tras la fuerte caída experimentada en 2020, en un marco, no obstante, de elevada incertidumbre.
Las perspectivas de crecimiento para 2023 se basan fundamentalmente en la contribución de la demanda nacional y el comportamiento de la inversión, que mantendría su tendencia positiva, aunque a un nivel más moderado respecto al año anterior. La economía española seguirá sometida a distintos elementos de incertidumbre que condicionan el ritmo y alcance de su crecimiento. Entre ellos se destacan la ralentización y desaceleración económica en países de nuestro entorno y principales mercados que afectará al crecimiento de las exportaciones reduciendo la contribución de la demanda exterior al crecimiento económico, las tensiones geopolíticas internacionales, y sobre todo el mantenimiento de la guerra en Ucrania y la persistencia de tensiones inflacionistas, aun cuando la expectativa es que continúe la senda de moderación de los últimos meses y se mantenga en niveles más bajos que en el resto de la eurozona; otros factores de amenaza son la evolución de los precios de las materias primas, el endurecimiento de las condiciones de financiación y unos costes energéticos elevados.
En este contexto, el mercado laboral seguirá reflejando la recuperación de la economía, y se prevé, aun cuando la tasa de desempleo se mantenga en tasas similares a las de 2022, que se pueda mantener su crecimiento, dada la capacidad mostrada de poder crear empleo incluso con bajas tasas de crecimiento económico. El empleo podría recuperar cifras similares a las previas de la crisis de 2008.
La digitalización, el desarrollo las energías renovables y la recuperación del turismo internacional se presentan como las industrias con más oportunidades en España para el próximo año, junto con el desarrollo de los planes alentados por las ayudas europeas.
Los sectores y actividades económicas con mejores perspectivas de crecimiento de empleo vendrán determinadas, en buena parte, por el desarrollo y evolución de las inversiones y reformas ya comprometidas en el plan aprobado. El contenido de la adenda española a su PRTR, en cuanto a las inversiones y reformas adicionales incorporadas; y especialmente por el despliegue y desarrollo de los de PERTE ya aprobados.
2.4 Análisis de contexto. Situación del mercado de trabajo.
El Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023 se enmarca en un periodo de ralentización en la recuperación de casi todos los sectores de actividad económica, aunque ya se han recuperado los valores en prácticamente todos los indicadores económicos existentes antes de la pandemia COVID-19 que inició la crisis en 2020.
Como ya se ha mencionado, la economía española registró un crecimiento del 5,5 % en 2022, idéntico valor que en 2021, aunque al contrario de lo que pasó en ese ejercicio, el año ha ido de más a menos, con un primer semestre muy activo y un segundo semestre donde se produjo un parón económico. Es el resultado del impacto económico provocado por la crisis inflacionista derivada de la guerra en Ucrania. A pesar de este crecimiento del 5,5 % que se ha repetido durante dos años consecutivos, la economía española sigue todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia, ya que aún le queda un crecimiento anual de alrededor del 1 % para llegar al nivel que tenía en 2019.
Al igual que en el 2021, en el conjunto del año 2022 se ha producido un incremento de la población activa, de la ocupación, una reducción del paro con un descenso del número de hogares con todos los miembros en paro y un incremento en el número de contrataciones comunicadas. No obstante, esta recuperación ha ido de más a menos a lo largo de los cuatro trimestres de 2022 en prácticamente todas las comunidades autónomas.
De igual manera, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social se ha incrementado en 455.505 lo que supone un incremento del 2,3 % en los últimos doce meses, volviendo a cerrar diciembre en su mayor nivel desde que hay registros, superando ampliamente los 20 millones de afiliados.
Según los datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa (EPA, a 4.º trimestre de 2022), hay un crecimiento interanual de 199.000 personas activas, de 279.000 personas ocupadas (de los cuales 228.200 corresponden al sector privado y 50.700 al público) y una disminución de 79.800 personas en situación de paro. La tasa de actividad se situó en el 58,5 % pero se mantiene una brecha significativa entre hombres (63,5 %) y mujeres (53,8 %).
La variación en el crecimiento de la tasa de empleo se ha moderado significativamente en 2022 si lo comparamos con el año anterior, si bien con aumentos en todos los grupos de edad. En los menores de 25 años la tasa de empleo ha sido del 24,91 % (un incremento del 1,43 %, el mayor de todos, pero inferior a 2021 que fue del 3,65 %), en el tramo de personas entre 25 a 54 años ha sido del 77,26 % (incremento del 0,27 %) y en mayores de 55 del 26,13 % (incremento del 0,48 %).
Por sectores económicos, el número de personas ocupadas ha aumentado en todos los grupos menos en Agricultura, donde se produjo un moderado descenso (86.900 personas, un –10,3 %). En Industria hubo 36.600 personas ocupadas más (un 1,3 %), en Construcción el aumento fue de 14.900 personas (un 1,1 %), y por último en el sector Servicios, el más castigado por la crisis, se incrementó igualmente el número de personas empleadas en 314.300 (un 2 % más).
En relación a la trayectoria del empleo según el tipo de contrato, las tasas de variación interanual muestran una moderada subida del empleo con contratos indefinidos, un 12,6 % de aumento (pasando de 12.665.800 a 14.256.800 empleos de carácter indefinido) mientras que el empleo temporal cae bruscamente un 27,7 % (de 4.308.500 a 3.114.700 contratos). Estos resultados son los primeros efectos derivados de la Reforma Laboral aprobada por Real Decreto ley el 28 de diciembre de 2021, abordando uno de los mayores retos históricos del mercado de trabajo en España: el enorme peso del trabajo temporal y, además, con un gran porcentaje de contratos de corta duración.
Como consecuencia de la de la crisis económica iniciada a finales de 2007, desde el año 2008 la EPA nos ha ido mostrando un fuerte incremento en las tasas de paro, alcanzando en 2013 su nivel más desfavorable. A partir de ese año se invierte la tendencia, interrumpida bruscamente en 2020 debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, y retrocediendo a niveles de 3 años anteriores. Con la posterior salida de la pandemia, en 2021 la tendencia se vuelve a invertir a un buen ritmo. Esta línea descendente ha continuado en el global de 2022, y si bien se han recuperado los niveles prepandemia de 2019, en el segundo semestre del año se ha constatado una cierta debilidad en la tendencia con un leve repunte alcista en la tasa de paro, derivado de la guerra en Ucrania y la posterior crisis inflacionista en la que nos encontramos actualmente. La brecha de género entre hombres y mujeres tuvo su mínimo en 2011, donde apenas era de 0,6 puntos porcentuales. A partir de ese año se ha ido ensanchando progresivamente hasta su máximo en 2020, el año de la pandemia, con 4,16 puntos porcentuales. En los dos años siguientes, aunque ha disminuido levemente, se mantiene en valores muy elevados, 11,32 % en hombres frente a 14,61 % en mujeres, (3,29 puntos porcentuales). Estos datos muestran que se sigue manteniendo como uno de los principales retos de nuestro mercado de trabajo la reducción de la brecha de género.
Por grupo de edad, la tasa de paro sigue una tendencia parecida a la anterior en todos los grupos de edad, aunque los grupos de mayor edad han aguantado mejor los embates de las dos últimas crisis que los grupos de menor edad, sobre todo los menores de 25 años, los más castigados por las mismas. Este grupo obtuvo una tasa de paro que en 2022 se situó en un 29,3 % y si bien el año anterior consiguió un fuerte descenso, más de nueve puntos en relación a 2020 (del 40,1 % al 30,7 %), la tendencia en 2022 se ha ralentizado bastante. Estos valores, no obstante, siguen situándose muy por encima de la media comunitaria.
Hay que hacer una mención especial para describir al grupo de jóvenes entre 16 y 29 años que no se encuentran en una situación de empleo, educación o formación, los conocidos como «NiNis» (NEET, por sus siglas en inglés). Tras un máximo de 1.097.000 personas en 2020, año de la pandemia, su número se redujo significativamente a 912.400 en 2021 pero en 2022 ha vuelto a aumentar a 931.000 personas. La brecha de género aquí suele estar bastante igualada, intercambiándose este último año a favor de los hombres.
Por último, el número total de personas paradas por sectores económicos de actividad se mueven en valores anteriores a la pandemia, si bien en 2022 han empeorado los datos en el sector Servicios (1.108.800 personas paradas frente a 1.007.700 en 2021, un aumento de 101.100 personas más en paro), y en Industria (147.700 frente a 140.600 en 2021, hay 7.100 personas paradas más). Sin embargo, las personas paradas que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, los conocidos como personas paradas de larga duración, han bajado de 1.680.400 personas en 2021 a 1.507.100, según datos de la EPA correspondientes al último trimestre de 2022.
El presente Plan 2023, se enmarca dentro del escenario macroeconómico y la política económica del Gobierno, dando cumplimiento a las obligaciones europeas de coordinación de las políticas económicas nacionales y de cumplimiento de los objetivos fijados para la Unión Europea en su conjunto.
En primer lugar, debe destacarse el documento «España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo», el cual prevé que, en las próximas décadas, el cambio tecnológico hará que desaparezcan muchas ocupaciones, que surjan otras nuevas y que se transformen el resto, siendo fundamental conseguir que esta transición sea lo más rápida y beneficiosa posible para nuestra población trabajadora, adaptándola a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas, y preparándola para los cambios que estas traerán en el futuro.
Todo ello con el objeto de incrementar progresivamente su tasa de empleo, mejorando la inserción laboral de todos los colectivos y, en particular, de las personas jóvenes, las mujeres, las personas paradas de larga duración y los mayores de 55 años.
Por otra parte, se considera vital la coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal, los servicios de empleo autonómicos, los sindicatos, las patronales empresariales y las entidades educativas para vertebrar respuestas público-privadas coherentes e integradas a escala nacional.
Además, el documento considera de gran importancia la creación de un sistema de evaluación y monitorización de las políticas activas eficaz mediante una sistematización de toda la información y la inclusión de criterios clave como el éxito de inserción laboral o la calidad del empleo conseguido.
Asimismo, deben citarse también lo dispuesto en la actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 y el Programa Nacional de Reformas 2022.
En cuanto a la actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025, la misma destaca la recuperación de la economía española, la cual se aceleró en el curso de 2021. Así, las medidas adoptadas para responder a la pandemia han evitado un daño estructural significativo, permitiendo una fuerte recuperación del empleo y la inversión que, junto con la corrección de los desequilibrios fiscales, proporciona una base sólida para hacer frente al escenario actual, especialmente complejo y marcado por la intensa incertidumbre.
Así, la evolución del empleo constituye sin duda uno de los factores diferenciales del ciclo iniciado tras la crisis COVID y una de las principales fortalezas actuales de la economía española frente a los retos geopolíticos. Tradicionalmente, las salidas de las crisis en España se han caracterizado por un fuerte ajuste del empleo y una recuperación retardada respecto a la actividad, con los consiguientes costes económicos, fiscales y sociales. Esta vez, el empleo se ha recuperado más rápido que el propio PIB, alcanzándose niveles de ocupación pre-COVID ya a finales de 2021. Además, esta recuperación viene acompañada de varias mejoras cualitativas reflejadas en el aumento de la contratación indefinida, la reducción del desempleo juvenil y la reasignación del empleo hacia sectores en expansión como el de la información y las comunicaciones.
En este sentido, la reforma laboral, adoptada a finales de 2021, está contribuyendo ya de forma visible a mejorar la estabilidad y la calidad del empleo, lo que, con la importante inversión en capital humano, aumentará la productividad y el crecimiento potencial de la economía. Los datos del primer trimestre de 2022 confirman el impulso a la contratación indefinida, permitiendo con ello reducir la dualidad del mercado laboral en el corto plazo y el desempleo estructural en el largo plazo. A la reducción del paro estructural también contribuirá la creación del Mecanismo RED, que consolida este nuevo patrón de recuperación, más justo y equitativo, frente a futuras crisis.
Por otra parte, la actualización no puede entenderse sin dos hechos fundamentales como son la guerra de Ucrania y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En el primer caso, para hacer frente alshockgeopolítico que representa la guerra de Rusia, el Gobierno aprobó el 29 de marzo de 2022 el Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra que se vertebra en torno a ocho objetivos: reducir los precios de la energía, apoyar a los sectores y colectivos más vulnerables, proteger la estabilidad de precios y financiera, reforzar la seguridad de suministro y la ciberseguridad y agilizar el despliegue del Plan de Recuperación, en especial en lo que respecta a la transición energética. El Plan moviliza hasta 16.000 millones de euros en ayudas directas, rebajas de impuestos y medidas de liquidez, con acciones de choque hasta el 30 de junio, junto a medidas más estructurales para acelerar el despliegue de renovables, el autoconsumo y el almacenamiento energético para adaptar el mercado eléctrico a un entorno de fuerte encarecimiento de la tecnología marginal
Respecto a lo segundo, el programa europeo de inversiones y reformas financiado con los fondos Next Generation EU, sin precedentes en la historia de la UE, ha tenido un impacto positivo ya en 2021, sin duda intensificado en 2022. En efecto, a la aceleración de los programas de inversión desde la aprobación del Plan, en julio de 2021, se unirá el impacto de las reformas estructurales en el ámbito de la educación, la ciencia, las administraciones públicas, el clima de negocios o el buen funcionamiento de los mercados.
En este sentido, cabe señalar la fuerte concentración de las inversiones y reformas del Plan en el periodo 2021-2023, precisamente con el fin de maximizar su impacto contracíclico y lograr un impacto material sobre las palancas principales de crecimiento, impulsando el capital humano, tecnológico y cultural, la I+D, la inversión en tecnologías disruptivas, la digitalización de las empresas y las administraciones públicas, así como mejorando el Estado de bienestar y reduciendo las desigualdades.
Concretamente en lo referente a la política de empleo, en el marco del del Componente 23 del Plan, de «nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», ya se han concretado, o bien están en vías de concretarse, un gran número de reformas que tienen por objetivo transformar en gran medida tanto el mercado laboral español como el engarce institucional y operativo de la política de empleo en su conjunto.
Sobre la base de lo anterior, el Plan Nacional de Reformas 2022 prescribe medidas tales como la modernización de las Políticas Activas de Empleo, con especial foco en la intermediación y la formación y en la mejora de las herramientas de los Servicios Públicos de Empleo, la evaluación continua de los programas para reforzar aquellos que tengan mejores resultados o la revisión de los incentivos a la contratación y la simplificación y mejora de la protección asistencial de desempleo.
Pues bien, 2023 será el año dedicado a la puesta en marcha efectiva de todas las anteriores medidas.
En tercer lugar, las reformas ya operadas en el marco del Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia constituyen una parte fundamental del marco estratégico del Plan 2023, si bien es cierto que, en algunos casos, los necesarios desarrollos reglamentarios, hacen que el seguimiento de las mismas no pueda ser completo en este Plan.
Cabe destacar así la entrada en vigor de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que modifica ampliamente el sistema diseñado por la Ley 56/2003, de 16 de diciembre y consolidado por el texto refundido del año 2015.
En este sentido, entre las principales novedades destacan la plasmación al máximo nivel normativo un listado de 10 servicios garantizados para las personas demandantes de los servicios de empleo y de 6 compromisos a asumir por estos, así como un listado de 6 servicios garantizados y de 3 compromisos a asumir por las personas, empresas y demás entidades empleadoras; la ampliación de los colectivos de atención prioritaria; la posibilidad de acordar criterios de distribución de carácter plurianual y la distribución de los fondos para ejercicios futuros o la incorporación de la evaluación de la política de empleo, que se realizará de forma continuada, planificada, dirigida en el seno del SNE y realizada con carácter externo e independiente, desarrollándose de manera adicional al conjunto de evaluaciones internas que se realicen dentro del SNE, sin perjuicio de otros como la incorporación de los contratos-programa para la ejecución de políticas activas de empleo con otras entidades del sector público, singularmente con entidades locales y universidades públicas, así como con las cámaras de comercio, industria, servicios y, en su caso, navegación o la introducción de las tasas de empleabilidad, intermediación y cobertura.
Por todo lo anterior, este Plan 2023 se inserta dentro de un planteamiento estratégico que pretende articular el nuevo marco de actuación que se va a poner en marcha, notablemente a través de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, pero también con la ya aprobada Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, sin perjuicio de la entrada en vigor de otras reformas en materia del nivel asistencial de la protección por desempleo o la formación en el trabajo, que se prevé se produzca a lo largo de 2023.
De esta manera, como documento programático básico, conviene aludir a la Estrategia Española de Apoyo Activo el Empleo para el periodo 2021-2024, que establece el nuevo marco general de políticas activas de empleo y de intermediación laboral a desplegar de forma conjunta por el Estado y las comunidades autónomas.
En esta Estrategia, que se gestó con un proceso altamente valioso de participación y consenso en el seno del Sistema Nacional de Empleo, se establecen una serie de principios inspiradores, que se proyectan en objetivos estratégicos, objetivos específicos y en medidas, de forma totalmente alineada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en coherencia con las actuaciones en marcha en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo y la Garantía Juvenil plus.
Así, en consonancia con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, se fomenta la promoción del acceso a los servicios de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional del Empleo, al tiempo que se asientan las actuaciones para el fomento de la estabilidad y la calidad en el empleo en condiciones dignas. Partiendo de una concepción de las políticas activas de empleo como una palanca esencial para la transformación productiva, se incide en la necesidad de reforzar el acompañamiento personalizado a personas y a empresas, así como a la mejora de las capacidades de los Servicios Públicos de Empleo.
De la misma manera, se fijan actuaciones para la mejora de la planificación, la gestión y la evaluación de las Políticas Activas de Empleo, que redunden en una mejor gobernanza y una mayor cohesión en el seno del Sistema Nacional de Empleo, orientándolo a resultados evaluables, coherentes con la innovación y la sostenibilidad, y apoyados en la transformación digital de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos.
Por otra parte, no conviene olvidar que el Plan 2023 también tiene en cuenta lo dispuesto en el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes, aprobado en junio de 2021 y que sigue constituyendo el elemento básico de acción en materia de empleo juvenil.
Cabe recordar, llegados a este punto, las características generales del Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027, que son las siguientes:
1. Luchar de manera efectiva contra la precariedad laboral. Las políticas activas de empleo juvenil deben estar alineadas con el objetivo prioritario de la lucha contra la precariedad y temporalidad laboral.
2. Evitar a toda costa el uso abusivo y fraudulento de becas y prácticas no laborales.
3. Incorporar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, particularmente en materia de lucha contra la segregación laboral, que debe formar parte de la actuación de los Servicios Públicos de Empleo a todos los niveles, tanto en el ámbito de la intermediación, como en el de la formación o el diseño y aplicación de los programas.
4. Integrar el principio antidiscriminatorio en todas las acciones, no solo por razón de género, sino también por edad, ideología o convicciones, discapacidad, orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
5. Otorgar prioridad o tratamientos específicos a los colectivos más vulnerables o con especiales dificultades en el mundo laboral. Por ello, contempla el refuerzo de las políticas para alcanzar a la población juvenil más vulnerable y en riesgo de exclusión, así como a los que viven en zonas aisladas o menos pobladas, como las áreas rurales.
6. Situar a las personas jóvenes como protagonistas de su trayectoria hacia el empleo digno por medio de itinerarios personalizados integrados en un sistema de orientación para el empleo cualificado y estable, configurando itinerarios individualizados que se prolongarán tanto en las etapas de empleo como de eventual desempleo.
7. Crear oportunidades de acceso a nuevos empleos en nuevos sectores, tomando como referencia la transformación hacia un contexto verde, sostenible, colaborativo y digital, impulsando el acceso al empleo de calidad de las personas jóvenes en sectores emergentes como la economía digital, economía verde, o del cuidado.
8. Incrementar la cualificación de las personas jóvenes dotándolas de las competencias profesionales requeridas por el mercado de trabajo, incrementando sustancialmente el número de personas jóvenes con las competencias necesarias, técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
9. La crisis sanitaria ha incidido en la situación del empleo de las personas y requiere acciones específicas para ofrecer soluciones integrales que den respuesta a las consecuencias adversas a medio y largo plazo en los planos educativo, formativo y profesional de las personas jóvenes. La pandemia también anticipa cambios que pueden ser estructurales en el funcionamiento del mercado de trabajo y a los que debe ser capaz de dar respuesta Garantía Juvenil Plus.
10. Introducir mayor flexibilidad en su funcionamiento y gestión. La flexibilización y aumento en la agilidad de la inscripción en el fichero de GJ resulta esencial para aumentar el volumen de personas inscritas y, consiguientemente, también la relevancia del Plan.
11. Potenciar el desarrollo de una comunidad de cooperación horizontal y vertical, para lo cual establecerá los pilares para el trabajo conjunto con los interlocutores económicos y sociales, organismos intermedios del Fondo Social Europeo y sus entidades beneficiarias, así como con el tejido asociativo juvenil y las distintas administraciones y organismos públicos que intervienen en las políticas activas de empleo juvenil.
12. Establecer los mecanismos para mejorar el diálogo y la colaboración con las empresas a fin de lograr la mejor adaptación de las capacidades de las personas jóvenes a las necesidades de las mismas. A tales efectos se facilita la conexión escuela-empresa y se favorece una transición suave de los ciclos formativos al mercado laboral. La actuación conjunta con los interlocutores sociales y con las empresas resulta fundamental para identificar las necesidades formativas y para vincular los proyectos empresariales a plantillas estables en cuya formación haya tenido parte activa la empresa.
13. Reforzar la dimensión local de las políticas activas de empleo dirigidas a las personas jóvenes. La dimensión local es la más adecuada para asegurar la cercanía imprescindible a los interlocutores sociales.
14. Fomentar su difusión con la máxima claridad y transparencia. Se pretende llegar a todas las personas que podrían beneficiarse de sus medidas o participar en ellas, así como fomentar las buenas prácticas y corregir posibles desviaciones.
15. Mejorar los procesos y optimizar los recursos. Garantía Juvenil Plus fomenta el intercambio de información y experiencias entre los distintos actores sociales. Igualmente se abren vías de participación para los distintos entes implicados. Asimismo, se apoya a las personas profesionales vinculadas al Plan para que refuercen las competencias necesarias para desarrollar de manera eficaz sus funciones. En tal sentido, el Plan prevé su monitorización continua para asegurar el seguimiento y medición del impacto de todo el sistema, así como la evaluación, e incorporación de mejoras.
16. La digitalización integral del servicio de formación para el empleo de las personas jóvenes resulta esencial, tanto en la relación con las personas usuarias, como en el ámbito de la formación y en la generación de un sistema de datos compartido y accesible en el marco de la ley de protección de datos. Igualmente, la digitalización supone un principio transversal de Garantía Juvenil Plus.
Además, tanto el citado plan de Garantía Juvenil Plus como este Plan de Fomento del Empleo Digno se enmarcan en la declaración por parte de la Comisión Europea del año 2023 como «Año Europeo de las Competencias», lo que dará un nuevo impulso para lograr los objetivos sociales de la UE para 2030 de que al menos el 60 % de los adultos participe en actividades de formación cada año y al menos el 78 % tenga trabajo.
Esta iniciativa también ayudará a alcanzar las metas de la Brújula Digital 2030, que pretende que al menos el 80 % de los adultos cuente con capacidades digitales básicas y que haya 20 millones de especialistas en TIC empleados en la UE.
Todo ello, unido a importantes iniciativas como la Agenda de Capacidades Europea, el Pacto de las Capacidades o Recomendaciones del Consejo sobre las cuentas de aprendizaje individuales y las microcredenciales, que consolidarán la apuesta de la Unión por las competencias.
Así, el presente Plan 2023 tiene como meta ser un referente de innovación y eficacia en las políticas activas de empleo juvenil en territorio nacional, en combinación con otras áreas como la educación, la inclusión social, la participación juvenil, la economía circular, o la economía del conocimiento. Igualmente, persigue ofrecer respuestas integrales a las personas jóvenes en su acceso al mercado de trabajo desde una perspectiva de desarrollo sostenible y de búsqueda de la excelencia en la gestión de los servicios ofrecidos, con el objetivo de favorecer la integración socioeconómica y el desarrollo personal y social de las personas jóvenes.
En conclusión, este Plan 2023 es un instrumento esencial, con el que la puesta en marcha de las políticas activas de empleo mejorará la empleabilidad de las personas y contribuirá a responder mejor a las necesidades de empleo y formación de las empresas, contribuyendo así a la recuperación y consolidación económica.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno se elaborará por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las comunidades autónomas y la Agencia Española de Empleo y previa consulta de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y, en sus respectivos ámbitos, de los Consejos del Trabajo Autónomo y de Fomento de la Economía Social. Se informará por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y se aprobará por el Consejo de Ministros.
En la elaboración de este Plan 2023 se han incorporado los objetivos estratégicos y específicos establecidos en el Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024. Seguidamente se enumeran dichos objetivos:
1) Objetivo estratégico 1: enfoque centrado en las personas y en las empresas.
– Objetivo específico 1: acompañamiento personalizado a demandantes de empleo impulsando la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo desde la perspectiva de la persona.
– Objetivo específico 2: servicio personalizado a empleadores/as impulsando un nuevo modelo de relación, reforzando la colaboración y la comunicación entre los servicios públicos de empleo y las empresas.
– Objetivo específico 3: políticas Activas de Empleo en los nuevos Servicios Públicos de Empleo.
2) Objetivo estratégico 2: coherencia con la transformación productiva.
– Objetivo específico 1: acompañar, con el conjunto de políticas activas de empleo, las estrategias públicas dirigidas al cambio de modelo productivo, su modernización y digitalización.
– Objetivo específico 2: aprovechar el potencial del empleo hacia la consecución de un crecimiento sostenible y para la transición ecológica y digital, así como en sectores no tradicionales como las industrias creativas, culturales, de cuidados y de innovación; con especial atención a la actividad económica y el emprendimiento en territorios en situación de despoblación o transición productiva.
3) Objetivo estratégico 3: orientación hacia resultados.
– Objetivo específico 1: consolidar un modelo integrado de evaluación de las Políticas Activas de Empleo.
– Objetivo específico 2: valorar la atención de las personas y las empresas a través de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
– Objetivo específico 3: crear un Espacio Técnico Colaborativo de Conocimiento, Trabajo e Innovación de los Servicios Públicos de Empleo.
4) Objetivo estratégico 4: mejora de las capacidades de los servicios públicos de empleo.
– Objetivo específico 1: diversificar los canales de prestación de los servicios del Sistema Nacional de Empleo, impulsando la accesibilidad a estos para asegurar se provisión continua, personalizada e inclusiva.
– Objetivo específico 2: impulsar la transformación digital y la modernización de los servicios públicos de empleo mediante el desarrollo de procesos, recursos digitales de activación y mejora de la empleabilidad, más eficientes, seguros, fáciles de utilizar y de calidad.
– Objetivo específico 3: planificar, actualizar y asegurar el acceso a la Formación Profesional para el Empleo, para fortalecer su prestación personalizada en base a las demandas del sistema productivo.
– Objetivo específico 4: fortalecer el Sistema Nacional de Empleo a través de la interoperabilidad de los sistemas, la mejora de la calidad de sus datos, el intercambio de conocimiento en su seno y con otros organismos y entidades colaboradoras.
5) Objetivo estratégico 5: gobernanza y cohesión del Sistema Nacional de Empleo.
– Objetivo específico 1: impulso financiero de las políticas activas de empleo: un marco financiero para ganar en mayor eficacia y cohesión en el Sistema Nacional de Empleo, y lograr una mejor asignación y optimización de todos los recursos económicos disponibles.
– Objetivo específico 2: promover la mejora del sistema de Gobernanza existente con la finalidad de establecer un modelo más eficaz y eficiente que refuerce la Cohesión del Sistema Nacional de Empleo.
– Objetivo específico 3: mejorar la coordinación operativa de los distintos niveles administrativos que intervienen en las políticas activas de empleo y de la mejoría de la imagen de los servicios públicos de empleo.
Los servicios y programas de este Plan 2023 se han incluido de acuerdo con los seis Ejes definidos en el artículo 13 de la Ley de Empleo:
Eje 1. Orientación.
Comprende las actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas beneficiarias.
Asimismo, comprende las actuaciones de prospección de necesidades y prestación de los servicios de empleo a las empresas
Eje 2. Formación.
Incluye las actuaciones de formación en el trabajo, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas públicos de empleo y formación, que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral, teniendo en cuenta la brecha digital existente y garantizando la atención presencial a la población que la padece.
Eje 3. Oportunidades de empleo.
Incluye las actuaciones que tienen por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo. También incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o promover la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente.
Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
Comprende las actuaciones dirigidas a aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas con discapacidad, de las personas en situación de exclusión social, de las personas con responsabilidades familiares, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Igualmente incluye la promoción de la igualdad en el acceso al empleo, entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Eje 5. Emprendimiento.
Comprende las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local.
Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo.
Este eje tiene carácter transversal, por lo que afecta a todos los restantes. Recoge las acciones, medidas y actuaciones que van dirigidas a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional de Empleo y el impulso a su modernización.
El Plan 2023 que se presenta, contiene el conjunto de los servicios y programas que cada Comunidad Autónoma llevará a cabo, comprendiendo tanto los que establezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas trabajadoras y del tejido productivo de su ámbito territorial, como los servicios y programas de ámbito estatal que son de aplicación en todo el Estado, con independencia del ámbito territorial en el que vivan las personas destinatarias de las mismas.
La coherencia interna del Plan 2023 se refuerza utilizando el marco conceptual que diferencia entre los servicios y los programas y, a su vez, diferencia entre aquellos servicios y programas que son comunes o de aplicación para todo el Estado, y los que son propios de cada Comunidad Autónoma y del Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con las siguientes definiciones:
– Servicio. Conjunto coordinado de actividades que se prestan de forma continua y sostenida en el tiempo, y que buscan atender derechos o responder a las necesidades de personas desempleadas, ocupadas y empresas, con objeto de facilitar el empleo o mejorar la empleabilidad de sus destinatarios.
– Programa. Conjunto coordinado de actuaciones dirigidas a un colectivo, sector o ámbito territorial, a realizar durante un período de tiempo predeterminado, planificado y gestionado a través de un instrumento jurídico o técnico concreto, con coste identificado o identificable, dirigido a la consecución de unos objetivos de empleo preestablecidos.
– Servicio Común. Servicio de aplicación en todo el Estado. Se incluyen los servicios garantizados y las actividades diferenciadas en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
– Programa Común. Programa cuyos aspectos esenciales han sido determinados a través de un instrumento jurídico de aplicación a todo el conjunto del Estado, y que puede ser aplicado, y en su caso desarrollado en sus aspectos no esenciales, por todos los integrantes del Sistema Nacional de Empleo.
– Programas y Servicios Propios. Agrupación categorizada de Programas y Servicios propios, definida en el seno del del Sistema Nacional de Empleo, que incluyen a su vez, Actuaciones de Programas y Servicios, aplicables al ámbito de una comunidad autónoma.
– Actuaciones de Programa Propio. Programas definidos mediante un instrumento jurídico aplicable en una Comunidad Autónoma y dirigido a su propio ámbito de actuación.
– Actuaciones de Servicio Propio. Servicios prestados por uno de los integrantes del Sistema Nacional de Empleo en su propio ámbito.
Para la elaboración de este Plan 2023 y, asegurar la calidad de la información contenida en el mismo, se mantienen los criterios de idoneidad definidos en las ediciones anteriores, que deben cumplir los servicios y programas para su inclusión en el PAFED y que son los siguientes:
i) Tratarse de servicios y programas de políticas activas de empleo o intermediación laboral a desarrollar en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
ii) Gestionarse mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa, o cualquier otro instrumento ajustado a derecho.
iii) Al menos una parte del servicio o programa se ejecutará durante el ejercicio 2023.
iv) Relevancia: dar respuesta a problemas del mercado laboral previamente diagnosticados e identificados adecuadamente.
v) Pertinencia: estar dotados de los elementos que permitan valorar metas, fines y resultados con claridad y concreción.
vi) Coherencia interna: tener consistencia con el resto de elementos (ejes, objetivos estratégicos, objetivos estructurales) que integran el Plan 2023.
Con el fin de recoger de forma sistematizada y homogénea los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral a incluir en el mismo, tanto las comunidades autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, han proporcionado para su análisis y consideración, la relación y descripción de cada uno de los servicios y programas que se prevé realizar durante el ejercicio 2023, y cuya inclusión final ha dado lugar a los servicios y programas de este Plan 2023.
Para cada uno de los servicios y programas incluidos en este Plan 2023, en la descripción se ha recogido la información necesaria para conocer en qué consiste su instrumentalización, incidencia y los costes que se financian, así como la fuente de financiación, ya sea por financiación propia, por fondos estatales distribuidos a las comunidades autónomas de acuerdo con los criterios objetivos acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por financiación mixta o por otras fuentes de financiación.
En un contexto de colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo, las comunidades autónomas han podido optar por realizar actuaciones de programas y servicios propios, con cargo a los fondos distribuidos por el Servicio Público de Empleo Estatal en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 3/2023 de Empleo, el Plan 2023 recoge también la información correspondiente a los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que las comunidades autónomas prevean realizar con recursos económicos propios.
Además, hay que señalar que en el Plan 2023, también contiene los servicios y programas de políticas activas de empleo que desarrollará el Servicio Público de Empleo Estatal dentro de su ámbito de gestión, en el que se incluyen tanto los servicios y programas en territorio no transferido (Ceuta y Melilla), como los gestionados con cargo a la reserva de gestión establecida en los artículos 22.h) y 62.5 de la Ley 3/2023 de Empleo, como los programas que no son objeto de traspaso a las comunidades autónomas, como son el Programa de Fomento de Empleo Agrario, los incentivos de fomento de empleo mediante bonificaciones a la contratación y la formación programada por las empresas.
En la selección de servicios y programas por parte de los distintos agentes que conforman el Sistema Nacional de Empleo se han tomado en consideración los siguientes principios:
I. Priorizar los servicios y programas de los servicios públicos de empleo para que se adecuen a los nuevos objetivos del contexto laboral para el ejercicio 2023.
II. Focalizar los esfuerzos en aquellos colectivos en los que las medidas establecidas resulten de mayor eficiencia y eficacia.
III. Flexibilizar los instrumentos operativos de los servicios públicos de empleo para que puedan actuar de forma ágil e inmediata ante los cambios del mercado de trabajo.
Los servicios y programas de políticas de activación para el empleo incluidos en este Plan 2023 son aquellos que no se financian con cargo al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR, ni a los créditos distribuidos en el seno de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo.
Las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han propuesto para su inclusión en el Plan 2023 un total de 96 servicios y programas distintos, de los cuales 65 son comunes y 31 propios, para el conjunto de los 6 ejes, tal y como se muestra en el anexo I.
Los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que tanto las comunidades autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán en el marco de este Plan 2023, se recogen de manera resumida en el anexo II.
Como novedad, en el PAFED 2023 se ha incluido por primera vez un programa común (PC 00038) sobre Transversalización de la igualdad de género en las políticas activas de empleo, cuyo detalle se recoge en el anexo V.
Con el fin de facilitar la identificación y diferenciación de los servicios y programas comunes o de aplicación en todo el Estado, de aquellos que no son comunes, y por ende propios de una comunidad autónoma, se ha establecido un sistema de codificación que permite diferenciar entre un tipo y otro de acuerdo con los siguientes códigos:
SC: Servicio Común PC: Programa Común.
PSP: Programas y Servicios Propio.
A continuación, se muestran los servicios y programas por Ejes, de manera resumida:
Eje 1. Orientación:
Se encuentra integrado por un total de 19 servicios y programas, de los cuales 15 son comunes y 4 propios.
Las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:
Las agrupaciones de programas y servicios propios, adaptadas a los contenidos de los ejes definidos en el artículo 13.3 de la nueva ley de empleo, en las que se incluyen las correspondientes actuaciones, son las siguientes:
Eje 2. Formación:
Se encuentra integrado por un total de 19 servicios y programas, de los cuales 14 son comunes y 5 propios.
Las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:
Las agrupaciones de programas y servicios propios, adaptadas a los contenidos de los ejes definidos en el artículo 13.3 de la nueva ley de empleo, en las que se incluyen las correspondientes actuaciones, son las siguientes:
Eje 3. Oportunidades de Empleo:
Se encuentra integrado por un total de 12 servicios y programas, de los cuales 9 son comunes y 3 propios.
Las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:
Las agrupaciones de programas y servicios propios, adaptadas a los contenidos de los ejes definidos en el artículo 13.3 de la nueva ley de empleo, en las que se incluyen las correspondientes actuaciones, son las siguientes:
Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo:
Se encuentra integrado por un total de 15 servicios y programas, de los cuales 7 son comunes y 8 propios.
Las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:
Las agrupaciones de programas y servicios propios, adaptadas a los contenidos de los ejes definidos en el artículo 13.3 de la nueva ley de empleo, en las que se incluyen las correspondientes actuaciones, son las siguientes:
Eje 5. Emprendimiento:
Se encuentra integrado por un total de 16 servicios y programas, de los cuales 12 son comunes y 4 propios.
Las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:
Las agrupaciones de programas y servicios propios, adaptadas a los contenidos de los ejes definidos en el artículo 13.3 de la nueva ley de empleo, en las que se incluyen las correspondientes actuaciones, son las siguientes:
Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo:
Se encuentra integrado por un total de 15 servicios y programas, de los cuales 8 son comunes y 7 propios.
Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:
Las agrupaciones de programas y servicios propios, adaptadas a los contenidos de los ejes definidos en el artículo 13.3 de la nueva ley de empleo, en las que se incluyen las correspondientes actuaciones, son las siguientes:
La Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, aprueba la dotación financiera que se ha tenido en cuenta en la elaboración del Plan Anual para Fomento del Empleo Digno para el año 2023.
La dotación recogida en la citada norma para financiar programas o reforzar servicios que faciliten la ejecución de políticas de activación para el empleo con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, asciende a 6.847.334,34 miles de euros que se financiarán con cargo a la cuota de formación profesional para el empleo (1.434.098,49 miles de euros);a las aportaciones procedentes del FSE (200.000,00 miles de euros); las aportaciones procedentes del MRR (458.750,00 miles de euros); y cuota de desempleo (4.754.485,85 miles de euros). Por lo tanto, la dotación destinada a financiar los programas y servicios recogidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno para el año 2023, que no recoge los programas financiados con cargo al MRR, es de 6.388.584,34 miles de euros, siendo la dotación para las vinculadas al MRR, las cuales no se recogen en este plan, de 458.750,00 miles de euros.
De esta cifra, se podrán distribuir entre las comunidades autónomas, para la ejecución de políticas activas de empleo, un total de 2.571.961,03 miles de euros, lo que supone un aumento del 6,49 % respecto a la cifra distribuida en 2022. En este sentido se debe tener en cuenta que el 2022 se distribuyeron en total un total de 2.798.577,03 miles de euros, de los cuales 383.423,45 miles de euros se financiaron con el MRR. En 2023 se distribuirá en total una cifra ligeramente superior, esto es 2.803.847,03 miles de euros, pero el MRR aporta 231.886,00 miles de euros, de forma que la menor aportación procedente del MRR en 2023 se compensa con un aumento en la aportación de fondos del Estado, para con ello mantener la cifra total a gestionar por las comunidades autónomas en la ejecución de las políticas activas de empleo.
En 2023, de forma análoga a lo sucedido en los últimos ejercicios, en los presupuestos del SEPE sólo se recoge la parte de la cuota de Formación Profesional para el Empleo que corresponde ingresar a dicho organismo, ya que con motivo de la reestructuración de diversos Departamentos Ministeriales aprobada en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, determinadas competencias en el ámbito del Sistema de Formación Profesional para el Empleo que hasta dicho ejercicio se desarrollaban por el Servicio Público de Empleo Estatal, pasaban a s