Categoría: Administración

ón de régimen jurídico del sector público.
Las entidades colaboradoras de certificación serán responsables de los certificados que emitan, quedando sometidas al régimen sancionador previsto en esta ley.
1. Todos los órganos, organismos y entidades de la Administración autonómica promoverán de forma efectiva la simplificación administrativa en sus respectivos ámbitos de competencias, de manera que suponga menor carga para la ciudadanía de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y demás normativa estatal y autonómica dictada al efecto, estando obligados a su cumplimiento efectivo, removiendo todos los obstáculos que lo impidan o dificulten y realizando aquellas adaptaciones que sean necesarias para ello y que no requieran de una modificación legal o reglamentaria, sin perjuicio de lo que se indica a continuación.
2. Los órganos, organismos y entidades de la Administración autonómica que consideren que las normas contenidas en la presente ley requieren de modificaciones para su cumplimiento efectivo en las normas reguladoras de actuaciones y procedimientos de su competencia, propondrán dicha modificación. Para ello deberán identificar y concretar el contenido de la modificación que se deba realizar. Además, cooperarán y prestarán el apoyo necesario para que la modificación se lleve a efecto.
3. La tramitación de disposiciones de carácter general u otras normas que contemplen trámites o procedimientos por los que se ofrezcan servicios o prestaciones públicas requerirá para garantía de las relaciones con la ciudadanía conforme al artículo 84 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
a) Su identificación en el plan de actuaciones del ejercicio natural en el que tendrán efecto salvo que razones de urgente e imperiosa necesidad u otras circunstancias sobrevenidas lo impidiera.
b) El análisis de rediseño del trámite o procedimiento previo a la publicación en el Portal de Transparencia por el órgano con competencias en materia de administración electrónica. Tiene por objeto simplificar, reducir o eliminar fases, documentos, plazos, requisitos o trámites, así como la incorporación de las tecnologías de la información con la finalidad de agilizarlos y mejorar la prestación de los servicios públicos, sin merma en ningún caso de los derechos y las garantías de las personas interesadas. Se emitirá en el plazo de siete días hábiles desde que se registre en el inventario de información administrativa el proyecto de decreto o norma o el alcance del contenido que se propone.
c) La ficha de asistencia a la ciudadanía por el órgano responsable del trámite o procedimiento. La ficha acredita que el servicio o prestación de interés a la ciudadanía figura en el inventario de información administrativa con contenido actualizado y que están identificados los órganos y personal para la prestación del catálogo de servicios de relación con la ciudadanía por los canales y vías que se habiliten.
d) El certificado de operatividad electrónica por el órgano con competencias en administración electrónica. El certificado acredita que el servicio o prestación de interés a la ciudadanía es acorde al diseño propuesto y puede ser realizado por medios telemáticos cuando corresponda, así como, en su caso, la forma en que podrá integrarse o converger en el futuro con el ecosistema de administración digital. Se emitirá con carácter previo a los informes de la Abogacía General e Intervención General o de otros órganos y, en todo caso, previamente a la puesta a disposición a la ciudadanía mediante su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura».
1. El plazo máximo para la emisión de informes y dictámenes en los procedimientos administrativos autonómicos será de diez días, excepto que la normativa de la Unión Europea o del Estado, cuando sea de directa aplicación o básica, establezcan otro plazo superior. Excepcionalmente, podrá también establecerse un plazo superior mediante norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general.
2. Lo señalado en el párrafo anterior no será de aplicación a los informes o dictámenes que deban emitir la Comisión Jurídica de Extremadura y el Consejo Económico y Social de Extremadura, que se regirán por su normativa específica.
3. De no emitirse el informe en el plazo señalado se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo. Cuando se trate de un informe preceptivo, su solicitud y emisión o las consecuencias de su no emisión se rigen por lo establecido por la normativa básica estatal.
1. Cuando sea preciso solicitar varios informes en un mismo procedimiento, el órgano competente para dictar la resolución final solicitará la emisión de todos los informes que sean exigibles de modo simultáneo.
2. Los informes que deban emitirse no tendrán carácter sucesivo, de tal forma que la emisión de un informe no estará condicionada por la expedición previa del informe de otro órgano sectorial, salvo aquellos casos en los que un trámite sea consecuencia del anterior y/o causa del siguiente con base en una relación de causalidad directa que deberá justificarse en el expediente.
3. En el caso en que un mismo órgano sectorial autonómico deba emitir informe a varios efectos, entre ellos: dentro del trámite ambiental, del trámite urbanístico y del trámite de la autorización sustantiva, emitirá un único informe que abarque los distintos aspectos sobre los que deba pronunciarse, salvo en los supuestos en que existan modificaciones sustanciales en la documentación aportada que se exija para cada ámbito.
Los informes sectoriales que hayan de emitir los órganos o entidades del sector público autonómico en cualesquiera procedimientos de su competencia se solicitarán y remitirán electrónicamente a través de aquellas plataformas de emisión de informes sectoriales que se habiliten o, si están dotadas de una funcionalidad equivalente, de otras plataformas o servicios generales de administración electrónica existentes o que puedan desarrollarse para el conjunto del sector público autonómico procurando la interoperabilidad de las mismas.
1. La persona titular de la Secretaría General competente por razón de la materia, a propuesta del titular del órgano directivo al que corresponda la iniciativa normativa, cuando no concurran los presupuestos constitucionales y estatutarios para la aprobación de un decreto-ley, podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos y proyectos de normas con rango de ley y proyectos de disposiciones reglamentarias en los siguientes supuestos:
a) Cuando concurran circunstancias que exijan la aprobación urgente de la norma.
b) Cuando fuere necesario que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea.
2. El informe de necesidad y oportunidad que acompañe al proyecto deberá mencionar la decisión de la tramitación urgente, así como las circunstancias que le sirven de fundamento.
3. En todo caso, se tramitarán por el procedimiento de urgencia previsto en este precepto la aprobación de las normas reglamentarias que se aprueben en desarrollo de la presente ley.
4. La tramitación por la vía de urgencia implicará:
a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración de disposiciones normativas se reducirán a la mitad.
b) No será preciso el trámite de consulta pública, sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia e información públicas en un plazo de siete días hábiles.
5. El acuerdo de tramitación urgente deberá adoptarse con anterioridad al inicio del procedimiento, salvo que concurran circunstancias sobrevenidas que justifiquen la urgencia, una vez iniciado el procedimiento.
1. Como regla general, el plazo máximo de notificación de la resolución en todos los procedimientos de competencia de los órganos, organismos y entidades de la Administración pública autonómica, será de tres meses, computados conforme a lo establecido en la normativa básica estatal.
Excepcionalmente, podrá establecerse de forma motivada un plazo superior. El establecimiento de un plazo superior a seis meses tan solo puede llevarse a cabo por Ley.
En todo caso, la norma que establezca estos plazos superiores deberá concretar expresamente las razones imperiosas de interés general que justifiquen el plazo superior que establezca, especificando los daños para los intereses generales ponderándolos con los legítimos intereses de sus destinatarios.
2. Salvo razones imperiosas de interés general, debidamente acreditadas en el expediente, los órganos, organismos y entidades de la Administración pública autonómica reducirán a la mitad los plazos establecidos para los procedimientos ordinarios que se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente ley, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, en los supuestos en los que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración autonómica establezca la obligación de relacionarse con ella a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
1. La presencia en internet de las entidades del sector público autonómico está compuesta por el conjunto de portales de internet y aplicaciones móviles, con sus correspondientes contenidos y servicios, y redes sociales cuya titularidad, gestión y administración corresponde a los órganos del sector público autonómico.
2. El punto de acceso general electrónico de todos los servicios y trámites de las entidades a que se refiere el artículo 2 de esta ley será el portal de internet www.juntaex.es o cualquier otro que se acuerde por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. La sede electrónica, las subsedes, las oficinas virtuales y el resto de los portales de internet de las entidades del sector público autonómico estarán asociados al mismo bajo el subdominio juntaex.es y serán accesibles desde aquel manteniendo una imagen institucional homogénea y las condiciones de usabilidad, lenguaje claro, accesibilidad, interoperabilidad y seguridad que se establezcan.
3. Los portales de internet, aplicaciones móviles y redes sociales no institucionales de carácter sectorial se organizarán por ámbitos temáticos que trasciendan de las competencias de un órgano o entidad instrumental y contendrán contenidos o funcionalidades no susceptibles de incorporarse al punto de acceso general electrónico.
4. La creación de nuevos espacios digitales o vías de relación electrónica con la ciudadanía seguirá el principio de punto único de acceso, simplificación de la experiencia de las personas e integración con los existentes, con la finalidad de mantener un modelo coherente y sencillo de presencia en internet del sector público autonómico orientado a las personas usuarias.
5. Los portales de internet, las aplicaciones móviles y los perfiles de las redes sociales se inscribirán en el inventario de activos de información. No podrán afectarse créditos presupuestarios o medios personales a la gestión, desarrollo, evolución y mejora continua de aquellos en tanto no se acredite esta circunstancia por el órgano encargado de su gestión o administración.
1. Los procedimientos administrativos y servicios se diseñarán para ofrecer experiencias cómodas a las personas destinatarias, clasificándose a los efectos de su incorporación en el inventario de información administrativa por familias, temas y subtemas y, en su caso, en razón de un interés relacionado con un hecho o circunstancia vital de la ciudadanía o momento relativo al inicio o al desarrollo de una actividad empresarial o social.
2. Los modelos normalizados de solicitudes, declaraciones responsables y comunicaciones podrán contemplar requisitos de otros procedimientos y servicios cuando de ello se derive la eliminación o disminución de cargas administrativas para las personas interesadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el título I de esta ley.
3. La ciudadanía tiene derecho a acceder a toda la información generada por la Administración autonómica, organismos y entidades vinculadas mediante un punto único por diferentes canales, y los órganos, servicios y unidades en que se estructuran el deber de garantizarlo conforme al artículo 28.5 de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. La cartera de servicios de relación con la ciudadanía será común para todas las entidades del sector público incluidas en esta ley y comprende prestaciones de personalización, información, tramitación y participación ciudadana, de las que responden los órganos en que se estructuran aquellas, que se habiliten conforme a los medios y recursos disponibles.
5. Todo trámite conllevará la posibilidad de que la persona usuaria realice una evaluación del grado de satisfacción del proceso realizado.
1. Este título tiene por objeto tipificar las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones contenidas en los capítulos II, III y V del título II de esta ley.
2. No se impondrá sanción alguna por infracciones de los preceptos de esta ley, sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a las normas previstas en el presente título.
1. Los órganos competentes comprobarán el cumplimiento de lo previsto en los capítulos II, III y V del título II, ejerciendo las facultades de comprobación y la potestad de inspección que legalmente les corresponden.
2. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de otro orden que puedan concurrir, la Administración pública autonómica sancionará, mediante resolución motivada, las infracciones cometidas previa instrucción del oportuno expediente.
3. Quienes, en el marco de una actuación inspectora, conozcan de la posible comisión de hechos constitutivos de delito o falta deberán ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Asimismo, las personas y las entidades de cualquier naturaleza jurídica que dispongan o tengan el deber jurídico de disponer de información o documentación que pudiera contribuir al esclarecimiento de la comisión de infracciones o a la determinación del alcance y/o gravedad de estas colaborarán con quienes realicen las actividades de comprobación de los requisitos de los declarantes.
4. La instrucción de causa penal ante los tribunales de justicia suspenderá la tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos hechos y, en su caso, la eficacia de las resoluciones sancionadoras en los términos establecidos por la legislación básica estatal.
1. A los efectos de esta ley, se considerarán responsables de la infracción las entidades colaboradoras de certificación, quienes suscriban los certificados emitidos por las mismas y quienes tengan la obligación de presentar o presenten declaración responsable o comunicación y realicen por acción u omisión hechos constitutivos de las infracciones que se detallan en los siguientes artículos.
2. Ante una misma infracción, y en el caso de existir una pluralidad de responsables, estos responderán solidariamente. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria, y sea posible, se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.
1. A los efectos de lo establecido en esta ley, solo constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas en ella como infracciones leves, graves o muy graves.
2. Por la comisión de las infracciones administrativas señaladas anteriormente, deberán imponerse las sanciones reguladas en esta ley.
Tendrán la consideración de infracciones leves:
a) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter no esencial, en cualquier dato contenido en la declaración responsable o comunicación aportada por las personas y entidades interesadas o certificada por entidad colaboradora de certificación.
b) El incumplimiento de los requerimientos específicos o de las medidas cautelares que formule la autoridad competente dentro del plazo concedido al efecto, siempre que se produzca por primera vez.
c) La falta de subsanación de las deficiencias detectadas en comprobaciones, controles y revisiones reglamentarias en el plazo señalado en el acta correspondiente o la falta de acreditación de tal subsanación ante los órganos competentes, siempre que dichas deficiencias no constituyan infracción grave o muy grave.
d) La falta de colaboración con la Administración pública autonómica en el ejercicio por esta de las funciones de comprobación y control reguladas en esta ley.
e) El incumplimiento por simple negligencia de los requisitos u obligaciones establecidos en la normativa sectorial aplicable siempre que se produzca riesgo de escasa incidencia para las personas, la flora, la fauna, las cosas, la hacienda pública o el medioambiente.
f) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter no esencial, en cualquier manifestación, incluida la relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos, contenida en la declaración responsable o la comunicación, incluida la bancaria, aportada por las personas y entidades interesadas o certificada por entidad colaboradora de certificación.
g) La falta de comunicación al órgano competente de la modificación de cualquier dato de carácter no esencial incluido en la declaración responsable o comunicación.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
a) El inicio o desarrollo de las actividades o de la ejecución de proyectos a los que se refiere esta ley sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación que se requiera.
b) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación contenidos en la declaración responsable o comunicación a las que se refiere esta ley. Se considerará esencial, en todo caso, la información relativa a la titularidad de la actividad, la naturaleza de esta y el cumplimiento de las obligaciones relativas a la adopción de las medidas de seguridad en el ejercicio de la actividad, incluidas las relativas a la protección del medioambiente, y de aquellas obligaciones que afecten a la salud de consumidores y usuarios.
c) No estar en posesión de la documentación o el proyecto a los que hace referencia la declaración responsable o la comunicación, o bien la falsedad, inexactitud u omisión en el contenido de dicha documentación, así como la incorrecta certificación de cualquiera de estas cuestiones por entidad colaboradora de certificación.
d) La falta de firma por personal técnico competente de los proyectos que la requieran o la emisión de certificación por entidad colaboradora de certificación de proyectos sin dicha firma preceptiva.
e) La obstaculización del ejercicio de las funciones de comprobación y control por parte de las personas o entidades sujetas a ellas o entidad colaboradora de certificación.
f) El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares que formule la autoridad competente cuando se produzca de modo reiterado.
g) La expedición de certificados, informes o actas cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.
h) La redacción y firma de proyectos o memorias técnicas cuyo contenido no se ajuste a las prescripciones establecidas en la normativa aplicable.
i) La falta de comunicación al órgano competente de la modificación de cualquier dato de carácter esencial incluido en la declaración responsable o comunicación.
j) La reincidencia en falta leve por la que se hubiese sido sancionado en el plazo de los dos años anteriores a la comisión de esta.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
a) El incumplimiento doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones aplicables a la actividad o proyecto de que se trate siempre que ocasionen riesgo grave o daño para las personas, la flora, la fauna, la hacienda pública, las cosas o el medioambiente.
b) Las tipificadas como infracciones graves cuando de las mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna, la hacienda pública, las cosas o el medioambiente.
c) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector.
d) La reincidencia en falta grave por la que se hubiese sido sancionado en el plazo de los dos años anteriores a la comisión de esta.
Para los supuestos previstos en las letras a, b, c, e, f y g del artículo 47; a, b, c, e, f, g y k del artículo 48, y a, c y d del artículo 49 de esta ley, tendrán la consideración de infracciones continuadas o permanentes aquellas constituidas por un único ilícito que se mantiene en el tiempo y es susceptible de interrupción por la sola voluntad de la persona infractora.
Se entenderá por reiteración, la comisión de más de una infracción de distinta naturaleza en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución que ponga fin a la vía administrativa.
Por su parte, se entenderá por reincidencia la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución que ponga fin a la vía administrativa.
Los órganos competentes podrán adoptar las medidas de carácter provisional que consideren necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del procedimiento, o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
2. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en los artículos anteriores comenzará a contar a partir de la fecha en que la infracción se haya cometido.
3. Cuando se trate de infracciones continuadas o permanentes, el plazo de prescripción se computará a partir de la fecha de finalización de la actividad infractora.
4. La iniciación del procedimiento sancionador con conocimiento de la persona o entidad interesada interrumpirá la prescripción, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable a la persona presuntamente responsable o infractora.
1. Las infracciones en esta materia se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, mediante sanciones no pecuniarias. Estos dos tipos de sanciones serán compatibles entre sí y se podrán imponer de manera simultánea en el caso de las infracciones graves y muy graves, en atención a la naturaleza de la infracción.
2. Las sanciones pecuniarias consistirán en una multa, fijada de conformidad con lo establecido en el artículo 56.
3. Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy graves, podrán consistir en:
a) Suspensión, con carácter definitivo o temporal, de la actividad, de la ejecución del proyecto o, en su caso, clausura del establecimiento. El acuerdo de cierre deberá determinar las medidas complementarias para su plena eficacia.
b) Inhabilitación, por un periodo máximo de tres años, para el desarrollo de la actividad o la promoción de proyectos análogos, percibir subvenciones o beneficiarse de incentivos fiscales.
c) Resarcimiento de todos los gastos que haya generado la intervención a cuenta de la persona o entidad infractora.
d) Decomiso de los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción y, en particular, de los derivados de actividades o proyectos que, debiendo tenerla, no cuenten con la declaración responsable o comunicación.
e) Obligación de restitución del estado de las cosas a la situación previa a la comisión de la infracción.
f) Pérdida de la acreditación de entidad colaboradora de certificación, que podrá imponerse por la comisión de infracciones graves o muy graves, y prohibición de obtener nueva acreditación, que podrá imponerse por la comisión de infracciones muy graves.
En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada conforme al principio de proporcionalidad y con la debida motivación, atendiendo para la graduación de las sanciones a los siguientes criterios:
a) La trascendencia social de la infracción.
b) La gravedad y naturaleza del perjuicio causado y la imposibilidad de su reparación.
c) La cuantía del beneficio obtenido.
d) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
e) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
f) La reiteración o reincidencia en los términos recogidos en el artículo 51.
1. Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 3.000 euros.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multas de 3.001 euros a 60.000 euros.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multas de 60.001 euros a 600.000 euros.
4. En cualquier caso, el montante de la sanción pecuniaria impuesta deberá ser, como mínimo, el equivalente a la estimación del beneficio económico obtenido con la infracción más los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la imposición de las sanciones no pecuniarias procedentes.
El procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la resolución que proceda a la persona interesada en el plazo máximo de seis meses desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma y modo previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante lo anterior, la persona instructora del expediente podrá acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra alguna de las circunstancias previstas y exigidas para ello en la citada ley.
1. Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
2. El plazo de prescripción de las sanciones previstas en los artículos anteriores comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona o entidad interesada, del procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo de prescripción si el procedimiento de ejecución estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.
1. Será competente para instruir los procedimientos el órgano directivo competente por razón de la materia.
2. Serán competentes para sancionar:
– La persona titular de la Consejería competente por razón de la materia para la imposición de sanciones por infracciones leves y graves.
– El Consejo de Gobierno para imponer sanciones por infracciones calificadas como muy graves.
3. La competencia para imponer la sanción de pérdida de acreditación como entidad colaboradora de certificación o prohibición de obtenerla corresponderá, en todo caso, a la persona titular de la Consejería competente en materia de administración pública, en virtud de expediente instruido por el órgano directivo competente que tenga atribuidas las competencias de gestión del registro regulado en esta ley.
En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, la Consejería con competencias en administración digital establecerá los modelos normalizados de declaración responsable y comunicación, manteniéndolos actualizados y disponibles desde el punto de acceso general de los servicios y trámites de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En los mismos se debe hacer referencia expresa al sometimiento al régimen sancionador previsto en esta ley.
1. El régimen sancionador regulado en el título IV de esta ley será de aplicación a las declaraciones responsables o comunicaciones que se presenten con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, en los procedimientos sobre los cuales la Comunidad Autónoma de Extremadura tenga competencias normativas, con independencia de que la normativa reguladora sea anterior a la entrada en vigor de la misma.
2. El régimen sancionador previsto en esta ley no será de aplicación a las declaraciones responsables o comunicaciones sometidas a un régimen sancionador específico de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. Si no se establece régimen sancionador en esa normativa específica, será de aplicación el establecido en la presente ley, teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 1 de esta misma disposición adicional.
1. Se implantará, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, llevando cabo las adaptaciones normativas necesarias, el régimen de intervención administrativa a través de declaraciones responsables alternativas o, en su caso, comunicaciones alternativas, en los procedimientos que se relacionan en el anexo I, y en los términos que se especifican en el mismo.
2. Transcurrido ese plazo de seis meses, la normativa anterior relativa a los procedimientos incluidos en el anexo I tan solo será de aplicación en aquello que no se oponga o contradiga lo establecido en esta ley, operando, en todo caso, el régimen de intervención indicado para cada procedimiento en referido anexo.
1. Se utilizará la técnica de calificaciones integrales en los supuestos previstos en el anexo II de esta ley, de acuerdo con su normativa de aplicación en cada caso.
2. En todo caso, se utilizará la técnica de gestión coordinada de procedimientos en los supuestos previstos en el anexo III de esta ley, debiendo implementarse los instrumentos previstos en esta ley con relación a ese instrumento de gobernanza pública por proyectos en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
1. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley se llevará a cabo la revisión de la normativa vigente de los procedimientos, a los efectos de su inclusión en el anexo de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde opere el silencio administrativo positivo de acuerdo con la normativa básica estatal.
2. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley se llevará a cabo la revisión de la normativa vigente de los procedimientos donde el plazo de resolución es superior a tres meses, a los efectos de verificar si concurren las razones imperiosas de interés general que justifiquen el mantenimiento del plazo superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de esta ley.
1. La normativa reguladora de las agencias de colocación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecerá la declaración responsable como único medio de autorización, salvo en los supuestos expresamente establecidos por la normativa básica estatal.
2. La normativa reguladora del registro de centros y entidades que imparten formación profesional para el empleo en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, establecerá la declaración responsable como único medio de inscripción para impartir formación no conducente a certificados de profesionalidad, salvo en los supuestos expresamente establecidos por la normativa básica estatal.
3. En el plazo máximo de seis meses a la entrada en vigor de la presenta ley, deberán llevarse a cabo las modificaciones necesarias para el efectivo cumplimiento de las previsiones contenidas en los párrafos anteriores.
La Administración pública autonómica adoptará las medidas necesarias para que, con carácter general, los abonos que deba realizar la Tesorería de la Junta de Extremadura se puedan llevar a cabo, sin necesidad de suscribir Altas de Terceros, en la cuenta bancaria indicada al efecto en por los interesados, la cual habrá de mantenerse activa, al menos hasta el momento de la percepción de la cuantía. Para ello, llevará a cabo las modificaciones normativas necesarias y se suscribirá con las entidades financieras los correspondientes instrumentos de colaboración.
Para el desarrollo conjunto de actividades en el ámbito rural por parte de la Junta de Extremadura y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se suscribirán los correspondientes instrumentos bilaterales de colaboración a fin de garantizar a la población rural el acceso a los servicios públicos básicos en las mismas condiciones que el resto de personas que viven en las ciudades, especialmente el acceso educativo, prestaciones sanitarias, dependencia, vivienda, transportes, energía, agua, servicios financieros y dotación de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En especial, se potenciará la participación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en los procedimientos administrativos de competencia de la Junta de Extremadura, con la finalidad de acercar la Administración a la ciudadanía.
1. Por parte de la Consejería competente en materia de administración pública se adoptarán, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, aquellas medidas organizativas necesarias para la correcta implementación, seguimiento y evaluación de las medidas en ella contenidas.
2. En todo caso, se incluirán cursos de formación de carácter permanente a los empleados públicos a través de los Planes Anuales de la Escuela de Administración Pública.
La Consejería competente en materia de administración pública elaborará y publicará en el Portal de Transparencia y remitirá a la Asamblea de Extremadura para su conocimiento, una Memoria Anual de evaluación y seguimiento de la simplificación administrativa de la Administración pública autonómica, que recabará la evaluación de las iniciativas impulsadas en dicho periodo por parte de los órganos o entidades que las promovieron y aplicaron, con un estudio de las cargas administrativas que comportaron y un informe del grado de satisfacción de las personas usuarias, al objeto de evaluar el grado de cumplimiento de la presente ley y las normas reglamentarias de desarrollo.
1. La Consejería competente en materia de administración pública elaborará y actualizará cada año un Catálogo de Buenas Prácticas.
2. Para estimular la actitud proactiva de los órganos y entidades del sector público, la Consejería competente en materia de administración pública podrá otorgar premios y menciones a aquellas iniciativas especialmente relevantes por su carácter innovador y sus efectos positivos para la simplificación administrativa dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma.
1. Los órganos que generan información de interés a la ciudadanía responderán de los contenidos inexactos o no actualizados divulgados en internet. Se indicará la fecha de publicación y, en su caso, de las actualizaciones de la información.
2. Los órganos responsables de los portales de internet, las aplicaciones móviles y las redes sociales no institucionales de la Administración autonómica elaborarán una memoria descriptiva de las características de los sistemas de información o perfiles de redes sociales que gestionen, sus contenidos y las necesidades de presencia en internet vinculados a su ámbito de competencia para su inscripción en el inventario de activos de información.
3. La memoria se remitirá a la Consejería con competencias en administración digital para el diseño del mapa de presencia en internet de las entidades del sector público autonómico bajo los principios de punto único de acceso, lenguaje claro, racionalización, simplificación y cumplimiento del marco legal.
1. Todas las Consejerías y organismos públicos contribuirán a la sostenibilidad financiera de los sistemas de información horizontales a los que se refiere el artículo 34.2 de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de los servicios corporativos de las tecnologías de información que preste la Consejería con competencias en administración digital con una cuota proporcional al uso que realizan de dichos sistemas y servicios.
2. Para el cálculo de la cuota de participación se considerarán parámetros objetivos del tipo: número de puestos de usuario, asientos de registro, expedientes y/o documentos administrativos electrónicos, transacciones electrónicas, consumo de comunicaciones o de almacenamiento de red, incidencias o actuaciones sobre sistemas sectoriales o servicios prestados, entre otros.
3. Además de lo precisado en los apartados precedentes, los créditos presupuestarios destinados al desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de información horizontales y prestación de servicios corporativos de las tecnologías de la información serán prioritarios respecto a otros gastos de esta naturaleza vinculados a sistemas de información y servicios sectoriales y estarán incluidos en el estado de gastos en la cuantía suficiente para garantizar el marco de relaciones electrónicas con la ciudadanía.
Todas las referencias que se contemplen en cualquier disposición general de carácter autonómico o instrucciones, protocolos, circulares o actos al Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Junta de Extremadura se entenderán realizadas desde la fecha de aprobación de esta ley al Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura.
La Consejería competente en materia de administración digital mantendrá permanentemente actualizados y disponibles desde el punto de acceso general de los servicios y trámites de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
a) La relación de procedimientos regulados por la Administración autonómica donde opera el silencio administrativo positivo.
b) La relación de procedimientos regulados por la Administración autonómica donde el plazo de resolución es superior a tres meses.
Los procedimientos en tramitación a la entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa conforme a la cual se iniciaron.
1. El punto de acceso general electrónico de los servicios y trámites será www.juntaex.es en el plazo de dos meses desde la fecha de aprobación de esta ley o aquel otro que se determine posteriormente mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
2. Los órganos responsables de portales de internet, aplicaciones móviles y redes sociales no institucionales elaborarán la memoria para la inscripción en el inventario de activos de información en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta ley.
El derecho de la ciudadanía a un punto único de acceso a la información al que se refiere el artículo 41 de esta ley será exigible conforme a lo siguiente:
a) Respecto a la información de los procedimientos administrativos, en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de entrada en vigor de esta ley.
b) Respecto a la información de los servicios, en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de entrada en vigor de esta ley.
c) Respecto a los servicios de asistencia sanitaria u otros especializados no vinculados a la gestión de procedimientos administrativos, será exigible en el plazo de dieciocho meses desde la fecha de aprobación de esta ley.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta ley.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.
Esta ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura». No obstante:
– Las previsiones contenidas en el capítulo V del título II, relativas a las entidades colaboradoras de certificación, no entrarán en vigor hasta el momento de su desarrollo reglamentario, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la presenta ley en el «Diario Oficial de Extremadura».
– Las previsiones contenidas en el título IV y en el apartado 1 de la disposición adicional tercera entrarán en vigor a los seis meses desde su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura». Por lo tanto, el régimen sancionador contemplado en estos preceptos y disposiciones tan solo será de aplicación a las declaraciones responsables o comunicaciones que se presenten con posterioridad a esa fecha.
Por tanto, ordeno a quienes sea de aplicación esta ley, que cooperen a su cumplimiento y a los tribunales y autoridades que corresponda la hagan cumplir.
Mérida, 27 de julio de 2022.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Silva Pascual.
1. Reconocimiento e inscripción en el Registro de Comunidades Extremeñas en el Exterior.
Consejería: Presidencia de la Junta.
Normativa: Decreto 27/2011, de 18 de marzo, por el que se regula el Registro Oficial y el reconocimiento de las Comunidades Extremeñas en el Exterior.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
2. Autorización para la celebración de negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual.
Consejería: Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Normativa: Decreto 134/2013, de 30 de julio, de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: comunicación.
3. Reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto de trabajo, en relación con la autorización para desempeñar una segunda actividad pública como profesor asociado a tiempo parcial en la Universidad de Extremadura, de acuerdo con la normativa básica estatal.
Consejería: Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Normativa: Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014 (disposición adicional octava).
Régimen de intervención que se implantará: comunicación.
4. Autorización para la renovación de autorización de explotación de máquinas recreativas y de azar.
Consejería: Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Normativa: Decreto 117/2009, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar y de Salones Recreativos y de Juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
5. Autorización para la renovación de funcionamiento de salones de juego.
Consejería: Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Normativa: Decreto 117/2009, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar y de Salones Recreativos y de Juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
6. Autorización de depósito de medicamentos.
Consejería: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Normativa: Ley 6/2006, de 9 de noviembre, de Farmacia de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
7. Autorización de entidades proveedoras de actividades formativas en el uso de desfibriladores externos automatizados (DEA).
Consejería: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Normativa: Decreto 16/2019, de 12 de marzo, por el que se regula la instalación de desfibriladores externos automatizados (DEA) en el ámbito no sanitario, la autorización para su uso y la formación asociada al mismo.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
8. Licencia de pesca.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de pesca y acuicultura de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
9. Permiso de pesca en cotos sin límites de puesto.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de pesca y acuicultura de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
10. Homologación de cursos de capacitación y entidades formativas para realizar tratamientos con plaguicidas y bienestar animal.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Decreto 270/2011, de 11 de noviembre, por el que se establece la normativa reguladora de las actividades de formación dirigidas a la obtención de la capacitación suficiente para la manipulación y aplicación de plaguicidas de uso agrícola y/o ganadero y el bienestar animal, así como la regulación del procedimiento de homologación de los programas formativos correspondientes y la expedición del carné o certificado procedente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
11. Homologación de entidades para impartir cursos de incorporación a la empresa agraria.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Decreto 131/2015, de 16 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de las actividades de formación dirigidas a la obtención de la capacitación para la incorporación a la empresa agraria, así como la regulación del procedimiento de homologación de los programas formativos correspondientes y la expedición del diploma procedente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
12. Reconocimiento e inscripción en el Registro Extremeño de Entidades de Asesoramiento a las Explotaciones Agrarias.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Decreto 166/2009, de 17 de julio, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de las entidades que presten servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias, se crea el Registro Extremeño de las Entidades de Asesoramiento y se establecen las bases para la concesión de ayudas a la creación y/o adaptación de los servicios de asesoramiento.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
13. Homologación de cursos de incorporación a la empresa agraria.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Decreto 131/2015, de 16 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de las actividades de formación dirigidas a la obtención de la capacitación para la incorporación a la empresa agraria, así como la regulación del procedimiento de homologación de los programas formativos correspondientes y la expedición del diploma procedente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
14. Homologación de cursos de capacitación y entidades formativas para la implantación de cursos de plaguicidas de uso agrícola.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Decreto 79/2015, de 28 de abril, por el que se establece la normativa reguladora de las actividades de formación dirigidas a la obtención de la capacitación suficiente para la manipulación y aplicación de plaguicidas de uso agrícola, así como la regulación del procedimiento de homologación de los programas formativos correspondientes y la expedición del carné procedente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
15. Celebración de festejos taurinos de profesionales en plazas de toros fijas.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
16. Celebración de festejos taurinos de profesionales en otros recintos.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
17. Celebración de festejos taurinos populares en plazas de toros fijas.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
18. Celebración de festejos taurinos populares en otros recintos.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
19. Realización de clases prácticas con reses sin público.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Decreto 61/2006, de 4 de abril, por el que se establecen las normas para la ordenación de las Escuelas Taurinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: comunicación.
20. Realización de clases prácticas con reses con público.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Decreto 61/2006, de 4 de abril, por el que se establecen las normas para la ordenación de las Escuelas Taurinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: declaración responsable.
21. Entrenamientos con reses sin público en establecimientos públicos.
Consejería: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Normativa: Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Extremadura.
Régimen de intervención que se implantará: comunicación.
22. Realización de tentaderos u otras labores ganaderas con reses de lidia con presencia de público en establ