Categoría: Judicial

evias –procesamiento firme y prisión provisional– adoptadas por la autoridad judicial» [STC 97/2020, FJ 5 B); con cita de las SSTC 71/1994, FJ 7; 11/2020, FJ 9 B), y 38/2020, de 25 de febrero, FJ 6].
Por las razones expuestas ha de ser desestimado este motivo del recurso de amparo.
16. La individualización de la pena impuesta: el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales (arts. 24.1 y 120 CE) y del derecho a un proceso equitativo (art. 6 CEDH).
16.1 Posiciones de las partes.
Aducen los recurrentes señores Junqueras y Romeva que la sentencia condenatoria impugnada ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva puesto en relación con la exigencia constitucional de motivación de las resoluciones judiciales (arts. 24.1 y 120 CE, y art. 6 CEDH) y otros derechos fundamentales con los que los relaciona (derechos a un proceso con todas las garantías, a la legalidad de las penas y a la igualdad en la aplicación de la ley). Afirman que la sentencia no explicita las razones que justifican la imposición de las concretas penas que les han sido impuestas –trece y doce años de privación de libertad e inhabilitación absoluta– lo que impide conocer el criterio por el cual se ha superado el mínimo legal previsto y se les ha dado un trato diferenciado en relación con otros acusados condenados por los mismos delitos.
El abogado del Estado no comparte la justificación de la queja atendiendo a la fundamentación de la sentencia impugnada. Destaca que a los recurrentes se les ha impuesto una pena que se halla muy por debajo del máximo legal posible, debido a que su conducta ha sido declarada constitutiva de dos delitos graves en régimen de concurso ideal (art. 77.3 CP), por lo que les hubiera podido ser impuesta hasta una pena de veinte años de duración.
La acusación popular no ha formulado alegaciones sobre esta queja. Por su parte, el Ministerio Fiscal, tras recordar los pronunciamientos sobre las penas imponibles y las finalmente impuestas a cada una de las personas acusadas que vienen recogidos en la sentencia condenatoria y en el auto que desestimó la petición de su nulidad, singularmente a los recurrentes, solicita la desestimación de la queja. Considera que la sala se refiere de forma suficiente «a la gravedad de los hechos cometidos por los acusados, a sus concretos aportes para la consecución de los objetivos delictivos propuestos y a la contumacia de su proceder para imponer las penas que ha estimado procedente», atendiendo al cargo que ostenta cada uno de los demandantes y al papel superior desempeñado en el concierto delictivo, lo que justifica que, explicándolo en la sentencia, se hayan impuesto penas distintas a cada uno de ellos que se alejan mucho de las máximas imponibles.
16.2 Respuesta del órgano judicial.
a) Los recurrentes, señores Junqueras y Romeva, han sido condenados conforme a lo establecido en los arts. 432.1 y 3, párrafo último, 544, 545.1 CP, que definen y establecen las penas de los delitos de malversación de caudales públicos en cuantía superior a 250 000 €, y sedición protagonizada por persona constituida en autoridad.
Según prevé el art. 544 CP, son reos de sedición «los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». Su previsión punitiva abstracta establece un trato diferenciado en función de que sus protagonistas fueren, o no, personas constituidas en autoridad. Las penas imponibles a sus autores principales aparecen establecidas en el art. 545 CP, a cuyo tenor: «1. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo».
Por su parte, el art. 432.1 CP, al definir la malversación sobre el patrimonio público, remite a la conducta descrita en su art. 252, conforme al cual cometen este delito quienes, «teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado». El tipo básico del delito de malversación tiene prevista una pena de prisión de dos a seis años; la modalidad agravada por la cuantía (art. 432.3 CP), cuando el valor del perjuicio causado excediere de 250 000 €, tiene prevista una pena de seis a ocho años de prisión, pudiendo llegar a imponerse la pena superior en grado (de ocho a doce años de prisión).
b) Para la sala: «Los delitos de sedición y malversación de caudales públicos se hallan en una relación de concurso medial. […] el delito de malversación como expresión de la deslealtad en la administración de los fondos públicos, viene a formar parte de la referencia típica integrada por una actuación “fuera de las vías legales”, que es lo que precisamente exige el delito de sedición. Queda así patentizada su instrumentalidad respecto de la finalidad sediciosa, en el sentido del art. 77.3 del Código penal».
Por ello, para determinar la pena a imponer, el tribunal sentenciador ha atendido a la regla penológica establecida en el art. 77 CP, conforme a la cual, cuando uno de los delitos sea medio necesario para cometer otro «se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66».
c) Al justificar la concreta condena de los recurrentes como autores de los dos delitos ya reseñados [fundamento de Derecho D), PENAS, 1], la sentencia destaca que además de ser reputados como autoridad a efectos penales –art. 24.1 CP–, detentaban una autoridad funcional marcada por su capacidad para sumarse y condicionar el desarrollo del concierto delictivo pues, al igual que otros condenados, en cuanto formaban parte del Govern, «desde sus respectivos ámbitos decisorios y en función de su fecha de nombramiento como consejeros, hicieron posible y suscribieron los acuerdos gubernativos […] que dibujaron una pretendida legalidad administrativa contraria a todos los requerimientos del Tribunal Constitucional» y «alentaron las movilizaciones tumultuarias convocadas para hacer visible la pérdida de poder de los órganos judiciales en Cataluña», contribuyendo así «con las decisiones individuales que han sido descritas en el relato de hechos probados, a la realidad del referéndum reiteradamente desautorizado y prohibido por el Tribunal Constitucional». Del señor Junqueras se destaca en la sentencia que, en su condición de «vicepresidente del Gobierno de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda», ocupaba «la cúspide en el organigrama político-administrativo puesto al servicio del proceso sedicioso».
En atención a dicha contribución decisiva y a la regla concursal, se le impuso al señor Junqueras la pena más elevada de todos los acusados; una pena de trece años de prisión e inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. Al señor Romeva se le impusieron las mismas penas con una duración inferior –doce años–, que coincide con la que ha sido impuesta a otros miembros del gobierno autonómico a los que se ha declarado autores de los dos delitos ya reseñados.
Al rechazar la solicitud de nulidad de la condena, en lo que se refiere a la extensión de las penas impuestas a los recurrentes y a otras personas acusadas, la sala de enjuiciamiento se remitió a los concretos razonamientos expuestos en la sentencia, descartando que las penas impuestas fueran desproporcionadas o injustificadas, remitiéndose también a lo expuesto en relación con otros condenados que plantearon la misma impugnación.
16.3 Doctrina constitucional.
En una jurisprudencia muy consolidada, a la que se refiere la STC 108/2001, de 23 de abril, este tribunal ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir requerida por el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada de su art. 24.1. Esta exigencia constitucional entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho (art. 1 CE) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tienen la ley y la Constitución.
Si bien la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador, sino una decisión razonada en términos de Derecho, la exigencia de motivación cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, exterioriza las reflexiones que han conducido al fallo como factor de racionalidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que paralelamente potencia el valor de la seguridad jurídica, de manera que sea posible lograr el convencimiento de las partes en el proceso respecto de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantiza la posibilidad de control de la resolución por los tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido este tribunal a través del recurso de amparo.
En este último concreto ámbito, el control que ejerce el Tribunal Constitucional se circunscribe a la mera comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica de la misma. Y dado que no existe un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación, nuestra función debe limitarse a comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene constituye, lógica y jurídicamente, suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión.
En precedentes resoluciones hemos exigido un canon más riguroso en la motivación cuando el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra conectado con otro derecho fundamental. En particular, este deber reforzado de motivación se impone en el caso de las sentencias penales condenatorias cuando el derecho a la tutela judicial efectiva se conecta, directa o indirectamente, con el derecho a la libertad personal. En una sentencia penal, el deber de motivación incluye la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, así como la pena finalmente impuesta, obligación esta última a la que se refiere también el art. 72 CP (SSTC 193/1996, de 26 de noviembre, FJ 3; 43/1997, de 25 de enero, FJ 2; 47/1998, de 2 de marzo, FJ 6; 136/2003, de 30 de junio, FJ 3; 170/2004, de 18 de octubre, FJ 2; 98/2005, de 18 de abril, FJ 2, o 91/2009, de 20 de abril, FJ 7).
Cabe recordar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el sistema legal de determinación de la pena se caracteriza por la estrecha vinculación del juez a la ley; el margen de arbitrio judicial se encuentra limitado y queda poco espacio para la motivación judicial, en la medida en que esta se erige en expresión de la racionalidad de la decisión y, por tanto, en excluyente de la arbitrariedad judicial. Así pues, en principio, será el margen de arbitrio judicial del que, en cada caso, goce el juez para imponer la pena que corresponda al delito cometido, la medida de la motivación constitucionalmente exigible.
Al enjuiciar quejas anteriores relativas a la suficiencia de la motivación de la determinación concreta de la pena, hemos reiterado que «[los] datos básicos del proceso de individualización de la pena han de inferirse de los hechos probados, sin que sea constitucionalmente exigible ningún ulterior razonamiento que los traduzca en una cuantificación de pena exacta, dada la imposibilidad de sentar un criterio que mida lo que, de suyo, no es susceptible de medición». Nuestro control ha de ceñirse, pues, a determinar si, en el caso concreto, atendidas la previsión legal y los datos que los hechos probados relatan, la motivación acerca delquantumde la pena impuesta resulta o no manifiestamente irrazonable o arbitraria (STC 47/1998, de 31 de marzo, FJ6, o, más recientemente, SSTC 196/2007, de 11 de septiembre, FJ 7; 40/2008, de 10 de marzo, FJ 4; 205/2009, de 23 de noviembre, FJ 5). En definitiva, se ciñe a examinar si la concreta extensión de la pena impuesta es coherente con los elementos objetivos y subjetivos cuya valoración exigen los preceptos legales relativos a la individualización de la pena (arts. 61 a 72 CP).
16.4 Resolución de la queja.
En el caso presente, a partir de los pronunciamientos judiciales cuestionados, la previsión legal aplicada, la conducta de ambos recurrentes que ha sido declarada probada, los delitos cometidos y su relación medial, nos corresponde determinar si la imposición de una pena privativa de libertad y de derechos cuya duración se sitúa en la mitad inferior de la imponible viene apoyada en una aplicación razonada de los criterios de graduación establecidos por las normas penales aplicables al caso que han sido ya descritas.
El Código penal configura un sistema de penas relativamente determinadas con criterios judiciales de graduación. Su objetivo es conjugar la necesidad de imponer límites a la discrecionalidad judicial con la necesidad de personalizar o individualizar la respuesta penal concreta. La determinación de la pena en los delitos dolosos se produce a partir del marco penal abstracto señalado por la ley para el tipo de delito consumado. Dicho marco penal se individualiza en atención al grado de ejecución de la conducta delictiva, al grado de participación de la persona acusada y a la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, agravantes o atenuantes, genéricas o específicas.
En la causa penal en la que los demandantes han sido condenados junto con otros acusados, descartando a quienes lo han sido exclusivamente por un delito de desobediencia (a quienes se ha impuesto una pena de multa e inhabilitación especial), la decisión plural de condena ha sido ordenada cuantitativamente en atención a los delitos cometidos, a la condición de autoridad de sus autores, al protagonismo atribuido a cada uno de los acusados y a la relevancia del papel desempeñado en cada caso. De esta forma:
(i) Quienes no eran miembros del Govern ni estaban constituidos en autoridad han sido condenados a penas privativas de libertad y derechos cuya duración es de nueve años.
(ii) Los miembros del Govern condenados como autores constituidos en autoridad de un único delito de sedición, han sido condenados a la pena de diez años y seis meses de privación de libertad e inhabilitación.
(iii) La presidenta del Parlamento de Cataluña, condenada también por un delito único de sedición, lo ha sido a la pena de once años y seis meses de prisión atendiendo al protagonismo de primer orden que se le atribuye en «las peripecias vividas en sede parlamentaria durante los días 6 y 7 de septiembre y las estrategias urdidas para eludir la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional».
(iv) Los titulares de consejerías de Gobierno que, como el señor Romeva, han sido condenados conjuntamente por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos en relación instrumental, han visto incrementada sus penas hasta una duración de doce años.
(v) Únicamente el vicepresidente del Gobierno autonómico, recurrente en este caso, a quien la sentencia condenatoria sitúa «en la cúspide del organigrama político-administrativo que fue puesto al servicio del proceso sedicioso», ha sido condenado a penas superiores, cuya duración es de trece años de prisión e inhabilitación absoluta, tras ser declarado autor de los dos delitos reseñados.
En la conducta de ambos recurrentes, calificada como constitutiva de dos delitos dolosos graves consumados en grado de autoría, el tribunal sentenciador no ha apreciado la concurrencia de ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad. Como hemos dicho, se ha considerado que ambos delitos se encuentran en relación medial o instrumental, dado que la malversación se ha cometido para hacer posible el desarrollo del referéndum ilegalmente convocado. Además de la regla de determinación de la pena establecida en el art. 77.3 CP, para estos supuestos, en última instancia, el art. 66.6 CP prevé específicamente dos criterios de graduación al establecer que «cuando no concurran atenuantes ni agravantes [los jueces y tribunales] aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho».
Cabe ya anticipar que la aplicación a la presente queja de los criterios jurisprudenciales de control expuestos justifica su desestimación, pues la fundamentación y concreta extensión de la pena impuesta a ambos recurrentes es coherente con los elementos objetivos y subjetivos cuya valoración exigen los preceptos legales relativos a la individualización de la pena.
El análisis del relato de hechos probados, el juicio de autoría y la concreta determinación de la pena que les ha sido impuesta permite apreciar que su concreta duración deriva de la cuantía del patrimonio público ilícitamente comprometido, de su participación como miembros del Govern en las decisiones reglamentarias que, desde sus respectivos ámbitos decisorios, según el grado de responsabilidad que ejercían, suscribieron e hicieron posible los acuerdos gubernativos que establecieron una pretendida legalidad administrativa contraria a todos los requerimientos del Tribunal Constitucional; al tiempo que alentaron las movilizaciones tumultuarias convocadas para hacer visible la pérdida de poder de los órganos judiciales en Cataluña. Por tanto, no cabe hablar de ausencia de motivación, sino de discrepancia de los demandantes con la motivación expresada.
Hemos de destacar que, el marco penal abstracto que establece el art. 545.1 CP para los autores principales del delito de sedición constituidos en autoridad se extiende desde una pena mínima de diez años de prisión hasta una máxima de quince años. En el caso de la malversación de caudales públicos agravada, el marco punitivo previsto por la ley es de seis a doce años de prisión.
La apreciación conjunta de ambos delitos en concurso medial no permite considerar irrazonable o arbitraria la pena impuesta, de doce y trece años de prisión e inhabilitación, pues el tribunal sentenciador no se ha apartado de los criterios legales que, en el Código penal, disciplinan la individualización judicial de la pena cuando no concurren atenuantes ni agravantes. Son criterios que tienen que ver con las circunstancias y el rol que han protagonizado los señores Junqueras y Romeva en la acción concertada que ha sido declarada delictiva. Es también coherente con el papel que, según el relato factico, desempeñaron en los hechos que han dado lugar a su condena; y, también, con la objetiva gravedad del delito por el que han sido condenados, la cual aparece justificada a lo largo de la sentencia impugnada en cuanto, con su conducta conjunta pusieron «efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho».
Se trata de criterios expresados de forma escueta, pero explícitos y ajustados a la previsión legal, que no pueden ser cuestionados desde la perspectiva de su insuficiencia, pero tampoco en relación con su contenido razonado y no arbitrario.
Afirmada la inexistencia de arbitrariedad o irrazonabilidad en la motivación de las decisiones cuestionadas, no es labor de este tribunal sustituir al juzgador en su cometido de determinar la pena a imponer en el caso concreto, ni reducir el margen de arbitrio que en dicho cometido le concede la ley. En conclusión, en el presente supuesto la Sala de enjuiciamiento ha motivado y explicitado las circunstancias legalmente previstas que ha tenido en cuenta para la individualización de las penas impuestas a los recurrentes, habiendo tenido ambos la posibilidad de cuestionarlas al solicitar su nulidad y a través de este proceso de amparo, por lo que hemos de concluir que ninguna lesión cabe apreciar del derecho a la tutela judicial efectiva invocado en la demanda de amparo, ni el resto de derechos relacionados a los que se refiere la demanda.
Por consiguiente, ha de ser desestimado este motivo del recurso de amparo.
17. Reenvíos prejudiciales.
17.1 Posiciones de las partes.
La demanda, en méritos del art 267 TFUE, insta de este tribunal que, caso de existir alguna duda sobre la vigencia o interpretación del Derecho de la Unión Europea imprescindible para la resolución del recurso, formule el oportuno reenvío prejudicial. Y concretamente solicita que se planteen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las cuatro siguientes cuestiones prejudiciales:
(i) «¿Debe interpretarse el art 7.2 Directiva 2012/13, relativa al derecho a la información en los procesos penales, en relación con los arts. 6, 47 y 48 CDFUE y el art 6.1 CEDH, en el sentido de que se opone a una decisión del Tribunal Supremo que deniegue la petición de incorporar al sumario la información existente en otros procedimientos judiciales relacionados intrínsecamente con los hechos enjuiciados en la causa ante el Tribunal Supremo, lo que impide a la defensa analizar si existe información o documentación útil y proponerla como prueba, teniendo en cambio en cuenta que todas las acusaciones han tenido acceso y conocimiento de toda la información de esos otros procedimientos y por lo tanto han tenido la oportunidad de incorporar pruebas documentales, así como solicitar otras pruebas contra los acusados provenientes de esos procedimientos o basadas en la información contenida en esos procedimientos?».
(ii) «¿Se opone el art 4.1 Directiva 2016/343 al conjunto de declaraciones emitidas por miembros del gobierno español, cargos de la administración del Estado y cargos electos como diputados del Congreso de los diputados y eurodiputados españoles, que señalan a los investigados como autores de diversos delitos enjuiciados en el litigio principal?».
(iii) «¿El mantenimiento en prisión y la continuación de un proceso penal contra el eurodiputado electo Oriol Ramírez sin efectuar una solicitud de levantamiento de su inmunidad al Parlamento Europeo, independientemente de la fase en que se halle dicho procedimiento pero antes del dictado de una Sentencia que analice su culpabilidad, debe ser considerado contrario a lo que prevé el art 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, el art. 39 CDFUE y el art. 3 del Protocolo Adicional núm. 1 al CEDH y de conformidad con lo que dispone la STJUE de 19 de diciembre de 2019, asunto C-502/19?».
(iv) «¿La existencia de un pronunciamiento judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativo a la necesidad de ordenar la libertad provisional del eurodiputado electo Oriol Ramírez para acudir al Parlamento Europeo y la tramitación de un suplicatorio en aplicación del art 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión (STJUE de 19 de diciembre de 2019, en el asunto C-502/19) obliga al órgano judicial nacional competente para analizar la legalidad de su privación de libertad (incluso si se trata del Tribunal Constitucional) a decretar dicha libertad y solicitar el suplicatorio, incluso cuando la privación de libertad ha sido posteriormente transformada en pena firme de prisión sin esperar a la resolución de la cuestión prejudicial por el tribunal que la planteó, y de acuerdo con los arts. 6, 39 y 47 CDFUE y los arts. 5, 6 y 3 del Protocolo Adicional núm. 1 al CEDH?».
17.2 Consideraciones preliminares.
Los recurrentes aducen que las cuestiones prejudiciales cuya elevación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea instan se relacionan respectivamente con las violaciones denunciadas en su demanda en materia de indefensión por ruptura de la continencia de la causa (apartado 6.4 de la demanda), de presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal (apartado 6.14) y, por partida doble, de inmunidad europea del señor Junqueras (apartado 7.4). Este tribunal, en términos lógicos, ha considerado (y descartado) la procedencia de promover dichas cuestiones prejudiciales al tiempo de resolver cada una de las alegaciones de los recurrentes que se acaban de mencionar, pues de concurrir la misma habría sido necesario suspender el proceso y no resolver sobre el fondo hasta no recibir la respuesta del Tribunal de Justicia.
Sin embargo, ha entendido más oportuno esperar a este momento posterior para hacer explícitas las razones (STEDH de 13 de febrero de 2020, asuntoSanofi Pasteur c. Francia, § 79) que le han conducido a no elevar ninguna de aquellas y, en consecuencia, resolver el fondo de las quejas de los recurrentes. El motivo es que solo en este estadio, cuando el tribunal ya ha referido cuál es el contenido y alcance de las cuestiones sobre derechos fundamentales que vienen a plantear las alegaciones de los recurrentes y cuáles los criterios de fondo conforme a los que resolver cada una de ellas, resulta viable mostrar por qué algunas de esas cuestiones prejudiciales no tienen ningún nexo con el objeto de este recurso de amparo y por qué las otras pueden ser decididas en cuanto al fondo conforme a los criterios interpretativos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha explicitado al interpretar las normas de Derecho europeo relevantes.
Nótese también que los recurrentes instan que sea el propio tribunal quien eleve estas cuatro cuestiones prejudiciales en caso de que tenga dudas a la hora de resolver el objeto de este recurso de amparo. Responder a estas solicitudes de los recurrentes requiere que el tribunal cambie su perspectiva de análisis (adopte una distinta a la que ha utilizado en cuanto al resto de alegaciones). Aquí no se trata de partir de la interpretación dada por la sentencia impugnada para determinar si es conforme con los derechos fundamentales alegados por los recurrentes, sino más bien de decidir directamente, con el fin de delimitar el contenido de los derechos fundamentales invocados (ATC 86/2011, de 9 de junio, FJ 4, STC 76/2019, de 22 de mayo, FJ 3, y STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 D), si este tribunal requiere la ayuda prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los términos que afirman los recurrentes.
17.3 Cuestiones prejudiciales que el Tribunal descarta por no revestir relación alguna con el objeto del presente recurso de amparo.
El mecanismo del reenvío prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea presenta como una de sus notas identificativas su indisponible carácter incidental. No cabe su puesta en marcha cuando la interpretación del Derecho de la Unión Europea que se pretende del Tribunal de Justicia no tiene «relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal» (SSTJUE, entre otras, de 4 de diciembre de 2018, asuntoMinister for Justice and Equality y Commissioner of the Garda Síochána c. Workplace Relations Commission, C-378/17, § 27, y de 17 de octubre de 2019; asuntoCaseificio Cirigliana Srl.,y otros c. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali y otros, C-569/18, § 24).
Este es el caso de la segunda de las cuestiones prejudiciales que los recurrentes instan de este tribunal, relativa a la afectación de la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia que pudiera derivarse de que determinadas autoridades y cargos públicos hayan señalado a los investigados como autores de diversos delitos enjuiciados en la sentencia impugnada. En la STC 91/2020, FJ 8 D), que decide el recurso de amparo presentado por otro de los condenados contra la misma sentencia aquí impugnada, como también en el fundamento jurídico 11 de la presente resolución, hemos resuelto que, dadas las circunstancias concurrentes (que están presentes igualmente en este caso), «la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal no es imputable a la sentencia recurrida en amparo. Tampoco cabe reprochar eficazmente a dicha sentencia, ni al tribunal que la dictó, no haber tutelado el derecho de que se trata, por la sencilla razón de que no constituía el objeto del proceso resolver sobre esta materia, ni era función del tribunal penal juzgador pronunciarse al respecto para, en su caso, otorgarla. En definitiva, la tutela del derecho fundamental invocado no tenía su cauce en el proceso penal del que dimana la condena ni, por tanto, integra el objeto del presente recurso de amparo». Consecuentemente, dado que la afectación del derecho fundamental invocado no integra el objeto de este recurso de amparo, debe descartarsea limine, por no concurrir el requisito de la incidentalidad o prejudicialidad, solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cualquier interpretación sobre el art 4.1 de la Directiva 2016/343.
Este mismo criterio puede afirmarse respecto de la cuarta de las cuestiones prejudiciales propuestas por los recurrentes. Con ella se apunta a las dudas que pueden surgir acerca de cómo inciden la STJUE de 19 de diciembre de 2019 (y las normas de Derecho de la Unión Europea que allí se aplican) sobre la decisión que haya de tomarse en relación con la privación de libertad del señor Junqueras una vez que se ha transformado en pena firme de prisión. Pues bien, este tribunal destaca que esa decisión sobre la libertad del señor Junqueras no es imputable a la sentencia impugnada, sino a otras resoluciones posteriores como el auto de 14 de octubre de 2019 (por el que se acuerda proceder a la ejecución de la sentencia condenatoria) y el auto de 9 de enero de 2020 (que evalúa las consecuencias de la citada STJUE sobre el proceso principal y, en particular, sobre la situación del señor Junqueras), contra las cuales se ha deducido los recursos de amparo 212-2020 y 1634-2020. En conclusión, no cabe en el seno de este recurso de amparo requerir del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ningún apoyo interpretativo que venga referido al mantenimiento de la privación de libertad del señor Junqueras una vez que ha sido condenado a una pena firme de prisión, por la sencilla razón que este no es uno de los aspectos que integran el objeto de este recurso de amparo.
La tercera de las cuestiones prejudiciales se proyecta también sobre la conexión entre la condición de eurodiputado del señor Junqueras y su estado de privación de libertad, pero esta vez refiriéndose al periodo anterior al dictado de la sentencia impugnada. Nótese que las decisiones cautelares obre la libertad del señor Junqueras como medida provisional mientras estaba pendiente el dictado de la sentencia de fondo son, como resalta el Ministerio Fiscal, objeto de la pieza separada de situación personal. Y téngase en cuenta adicionalmente que, dentro de esa pieza separada, el señor Junqueras pudo solicitar su puesta en libertad como consecuencia de su elección como eurodiputado tantas veces como las circunstancias lo hicieran procedente a su juicio. En realidad, luego de ser electo como eurodiputado solo planteó la cuestión de su libertad cuando instó que se le concediera un permiso penitenciario para cumplir los requerimientos para adquirir la condición de eurodiputado (y la inmunidad consiguiente, que a su juicio determinaría su no retorno a prisión mientras el Parlamento Europeo no levantase su inmunidad) y, ante la denegación del Tribunal Supremo, registró ante este tribunal el recurso de amparo 1523-2020. En definitiva, las posibles lesiones de derechos fundamentales que puedan hipotéticamente derivarse de las decisiones sobre la libertad del eurodiputado señor Junqueras no son imputables a la sentencia impugnada y, por tanto, no son objeto de este recurso de amparo, por lo que no concurre el requisito de prejudicialidad necesario para que sea posible recabar el auxilio interpretativo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Hay que añadir, no obstante, que esa tercera cuestión prejudicial tiene una segunda parte. Se proyecta también sobre la conexión entre la condición de eurodiputado del señor Junqueras y «la continuación de un proceso penal contra el eurodiputado electo Oriol Ramírez sin efectuar una solicitud de levantamiento de su inmunidad al Parlamento Europeo». Este otro aspecto sí resulta imputable a la sentencia impugnada y por ello nos referiremos a él en el próximo epígrafe.
17.4 Razones por las que el Tribunal descarta el resto de cuestiones prejudiciales.
Queda por explicitar las razones que han llevado a este tribunal a no considerar procedente elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el resto de las cuestiones prejudiciales propuestas por los recurrentes, que giraban en torno a la interpretación que hubiera de darse, en el contexto de las respectivas violaciones de derechos fundamentales alegadas, a algunos preceptos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la concreción que de los mismos hacen determinadas disposiciones de Derecho de la Unión Europea y ciertas resoluciones del Tribunal de Justicia.
La STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 D), ha destacado que «[l]a Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la interpreta, es, conforme a reiterada jurisprudencia de este tribunal, de inexcusable consideración tanto a efectos hermenéuticos (art. 10.2 CE) como cuando haya lugar a aplicar directamente el Derecho comunitario (arts. 51.1 de la propia CDFUE y 93 CE)». En este caso, por las razones que se expondrán a continuación, este tribunal aprecia que ya existen criterios interpretativos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las disposiciones de Derecho de la Unión Europea relevantes, de modo que ha procedido a resolver conforme a ellos las quejas formuladas en la demanda, entendiendo por ello que sería redundante y por tanto innecesario recabar el auxilio judicial interpretativo del Tribunal de Justicia a estos efectos.
17.4.1 Acceso a los materiales del expediente.
Los recurrentes instan del tribunal que, para decidir sobre si el Tribunal Supremo vulneró el derecho a un proceso con todas las garantías y a la igualdad de armas (art. 24.2 CE) al denegar la incorporación al sumario de la información existente en otros procesos judiciales relacionados intrínsecamente con los hechos enjuiciados en la causa pendiente ante él, recabase del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la interpretación del art. 7.2 Directiva 2012/13 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, a la luz de los arts. 6, 47 y 48 CDFUE y el art 6.1 CEDH.
Este tribunal constata que la STJUE de 5 de junio de 2018, asunto C-612/15, ha resaltado que incumbe al tribunal nacional «determinar si en el litigio principal se han respetado las disposiciones de la Directiva 2012/13» y «corresponde al Tribunal de Justicia indicarle los criterios objetivos que deben presidir tal apreciación» (§ 81). Y destaca que «[e]l artículo 7, apartado 2, de la misma Directiva añade que la persona sospechosa o acusada o su abogado deberán tener acceso al menos a las pruebas materiales en posesión de las autoridades competentes a favor o en contra de dicha persona» (§ 83), añadiendo que esta disposición se fundamenta en los arts. 47 y 48 CDFUE (§ 88) y pretende aplicar «los derechos de defensa y equidad del proceso» (§ 97), «correspond[iendo] sin embargo al juez garantizar un adecuado equilibrio entre, por un lado, el respeto de los derechos de defensa y, por otro lado, la necesidad de asegurar la efectividad de la acción penal y de la represión de las infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión y la necesidad de velar por que el procedimiento se desarrolle dentro de un plazo razonable».
Esos mismos criterios objetivos son los elementos esenciales que derivan de la doctrina establecida por este tribunal en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en su dimensión de derecho a la defensa y a la igualdad de armas, por lo que ha entendido que, sin necesidad de elevar una cuestión prejudicial que sería redundante, le cabía determinar si en el presente caso se han respetado tales criterios.
Como se expuso en el fundamento jurídico 7 de esta resolución («El derecho de defensa en la instrucción del proceso»), delimitar el ámbito subjetivo de la causa especial a partir de una regla de inescindibilidad del enjuiciamiento de los hechos conexos limitada a uno de los escalones participativos en la ejecución de los mismos no persigue la imputación paralela que denuncian los recurrentes, sino evitar una excesiva complejidad o dilación en el proceso, en aras del objetivo de «asegurar la efectividad de la acción penal»; criterio que, como destaca la STJUE de 5 de junio de 2018, puede ser tenido en cuenta para hallar una aplicación equilibrada del derecho de defensa. Por lo demás, y así se ha resaltado en los citados apartados de esta resolución, la sentencia impugnada enfatiza que lo que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha denegado «no es la incorporación a la causa de uno u otro documento, sino el testimonio íntegro de todo el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona».
17.4.2 Inmunidad europea y continuación del proceso penal contra el eurodiputado don Oriol Vargas Sanz.
Los recurrentes instan del tribunal que, para decidir sobre si la inmunidad del señor Junqueras como eurodiputado es compatible con «la continuación de un proceso penal contra el eurodiputado electo Oriol Ramírez sin efectuar una solicitud de levantamiento de su inmunidad al Parlamento Europeo», recabe del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la interpretación del art. 9 del Protocolo (núm. 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, del art. 39 CDFUE y del art. 3 del Protocolo Adicional núm. 1 al CEDH.
El tribunal constata que, según las SSTJUE de 6 de septiembre de 2011, asuntoPatriciello, § 25, y de 21 de octubre de 2008, asuntoMarra, § 26, en la inmunidad prevista en el art. 9.1 a) del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, y a diferencia de la inviolabilidadexart. 8 del Protocolo, la consideración del Derecho de la Unión Europea debe hacerse en cuanto a sus principios generales. La STJUE de 19 de diciembre de 2019, mediante la que se resuelve una cuestión prejudicial planteada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un incidente del proceso principal que dio lugar a la condena recurrida en amparo, en la que se preguntaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la adquisición de la condición de eurodiputado y los efectos de la inmunidad consiguiente, ha establecido que estos principios generales implican: (a) que en respeto del principio de democracia representativa la composición del Parlamento Europeo refleje de forma fiel y completa las preferencias de los ciudadanos (§ 64, 65 y 83), y (b) que dicha institución quede protegida contra cualquier riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen funcionamiento (§ 83).
Esos mismos criterios objetivos son los elementos esenciales considerados expresamente, incluso con su misma dicción literal, en las SSTC 70/2021 y 71/2021. Estas sentencias, en relación con la determinación del alcance de la inmunidad parlamentaria como manifestación del derecho a la participación política (art. 23 CE), consideran expresamente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea «ha declarado que los objetivos del Protocolo (núm. 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea se concretan en garantizar a sus instituciones una protección completa y efectiva contra cualquier impedimento o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen funcionamiento y a su independencia. Objetivos que proyectados sobre el Parlamento Europeo no solo implican que su composición refleje de forma fiel y completa la libre expresión de las preferencias manifestadas por los ciudadanos de la Unión, sino también que el Parlamento Europeo quede protegido en el ejercicio de sus actividades contra cualquier impedimento o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen funcionamiento» [FJ 3 B) d)].
Luego dichas sentencias utilizan ese criterio comoratio decidendidel litigio concreto, al señalar que «la interpretación judicial de la que discrepan los recurrentes en amparo se cohonesta con la finalidad institucional que se persigue con la prerrogativa de la inmunidad y que permite “preservar su legitimidad” (STC 124/2001, FJ 4), cual es la de evitar que la vía penal pueda ser utilizada con la intención de perturbar o alterar el funcionamiento de las Cámaras o la composición que el cuerpo electoral le ha dado en el ejercicio del derecho de sufragio (art. 23.1 CE)» [FJ 6].
Dado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha precisado cuáles son los principios generales que informan la interpretación de la inmunidad prevista en el art. 9.1 a) del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, y dado que esos criterios objetivos, incluso en su misma literalidad, son los que han aplicado las SSTC 70/2021 y 71/2021 en supuestos en que se decidía sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria, este tribunal ha entendido que, sin necesidad de elevar una cuestión prejudicial que sería redundante, le cabía determinar si en el presente caso se han respetado tales criterios.
Esto es lo que ha hecho el tribunal en el fundamento jurídico 13.1 de esta resolución («La inmunidad de don Oriol Ramírez como diputado del Parlamento Europeo») donde, con el detalle que allí consta, aprecia que la decisión de la sala de continuar con el enjuiciamiento del eurodiputado señor Junqueras sin solicitar al Parlamento Europeo el levantamiento de su inmunidad, en la medida que se debe a que la condición de europarlamentario ha sido adquirida sobrevenidamente una vez que ha concluido el juicio oral, no solo toma razonadamente en consideración aquellos principios rectores de las inmunidades de las instituciones europeas sino que es la expresión de su significado sistemático dentro del conjunto del ordenamiento jurídico.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Oriol Vargas Sanz y don Raül Delgado Vázquez Blanco esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintitrés de marzo de dos mil veintidós.–Pedro José González-Trevijano Castillo Lorenzo Álvarez Iglesias.–Santiago Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Vargas Luisa Balaguer Ramírez Núñez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Fernández Morales.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.
Con el máximo respeto a mis compañeros del Tribunal, reflejo en este voto particular la posición discrepante que defendí en la deliberación de este recurso de amparo avocado respecto de diversas invocaciones realizadas por los recurrentes en relación con determinadas actuaciones y la condena que les fue impuesta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa especial 20907-2017 y las razones por las que considero que debería haber sido estimado respecto de algunas de ellas.
A)  La invocación del derecho a la libertad (art. 17.1 CE).
1. Los recurrentes han invocado el derecho a la libertad (art. 17.1 CE) alegando, entre otras razones, que el mantenimiento de su situación de prisión preventiva hasta el dictado de la sentencia condenatoria ha sido arbitraria y carecía de justificación.
Estoy de acuerdo con la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia en que las decisiones sobre la adopción de esta medida cautelar resultan ajenas al presente recurso de amparo por haber sido ya resueltas en los recursos de amparo formulados en su día contra ellas. No obstante, en la medida en que por la posición mayoritaria se traen a colación las SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, y 22/2020, de 13 de febrero, en las que se resolvieron sendos recursos interpuestos por don Oriol Ramírez y don Raül Romeva, respectivamente, contra las decisiones del mantenimiento de su situación de prisión preventiva, he de reiterarme en los votos particulares que formulé a ambas sentencias conjuntamente con otros magistrados y en los que se exponían las razones por las que considerábamos que se había vulnerado el derecho de representación política de ambos recurrentes.
B)  La invocación del derecho de representación política (art. 23.2 CE).
2. Los recurrentes también han invocado el derecho a la representación política (art. 23.2 CE) alegando, entre otras razones, que se les han denegado permisos penitenciarios para el cumplimiento de deberes como representantes políticos y para su participación como candidatos en campañas electorales.
De nuevo he de mostrar mi conformidad con la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia en que esta cuestión es ajena al presente recurso de amparo y que, en su caso, han sido o podría haber sido objeto de planteamiento ante el Tribunal en su momento oportuno. No obstante, en la medida en que por la posición mayoritaria se traen a colación las SSTC 9/2020, de 28 de enero, y 36/2020, de 25 de febrero, he de reiterarme en los votos particulares que formulé a ambas sentencias conjuntamente con otros magistrados y en los que se exponían las razones por las que considerábamos que se había vulnerado el derecho de representación política. En concreto, en el voto particular formulado a la STC 9/2020 se consideró que se había vulnerado este derecho fundamental del recurrente don Oriol Ramírez por no haberse realizado la ponderación requerida por la afectación a dicho derecho derivada de la decisión de denegar un permiso penitenciario en su entonces condición de diputado autonómico para asistir al acto de investidura, siguiendo con ello lo que ya se había afirmado en los votos particulares realizados en las SSTC 4/2020, de 15 de enero, y 23/2020, de 13 de febrero, respecto de otros de los condenados en esta misma causa y por ese mismo motivo. Por su parte, en el voto particular formulado a la STC 36/2020 también se defendió que había concurrido la misma vulneración respecto de la decisión de denegar un permiso penitenciario a otro de los condenados en esta misma causa para participar en actos electorales en su entonces condición de candidato a unas elecciones autonómicas.
C)  Las invocaciones de los derechos a la representación política (art. 23.2 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
3. Los recurrentes han invocado los derechos a la representación política (art. 23.2 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) alegando, entre otras razones, que no se suspendió la pieza principal del procedimiento, dictándose sentencia condenatoria, respecto del demandante de amparo don Oriol Ramírez sin atender al efecto suspensivo derivado del planteamiento de una cuestión prejudicial en la pieza de situación personal de este recurrente sobre el alcance de su inmunidad como diputado electo del Parlamento europeo. Más en concreto, en la demanda se exponen como presupuestos fácticos relevantes, en relación con el demandante don Oriol Ramírez, los siguientes:
(i) En la pieza de situación personal, al serle denegado por la sala de enjuiciamiento un permiso para poder cumplimentar los trámites establecidos en la normativa nacional para acceder a la plena condición de eurodiputado, interpuso recurso de súplica solicitando el planteamiento de determinadas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que fue aceptado por auto de 1 de julio de 2019 con suspensión de la resolución de ese recurso de súplica.
(ii) Este recurrente, mediante escrito de 17 de septiembre de 2019, solicitó que se suspendiera también la pieza principal de procedimiento (ya solo quedaba el pronunciamiento de la sentencia) a la espera de la resolución de las cuestiones prejudiciales, argumentando que la sentencia podría determinar la eventual necesidad de petición de un suplicatorio, lo que fue denegado por auto de 3 de octubre de 2019, dictándose la sentencia condenatoria, ahora impugnada en amparo, el 14 de octubre de 2019.
(iii) La condena dio lugar a la incoación de la ejecutoria por auto de 14 de octubre de 2019 en la que la sala de enjuiciamiento acordó respecto de este recurrente la suspensión de la pena de inhabilitación absoluta con el argumento de que «puede resultar condicionada por el efecto reflejo, en su caso, de la resolución del recurso de súplica pendiente en la pieza de situación personal contra el auto de 14 de mayo de 2019». La decisión fue confirmada en súplica por auto de 18 de noviembre de 2018, que también denegó la suspensión de la pena pri