Categoría: Judicial

a Generalitat se llevan a cabo actuaciones que a nosotros nos incomodan mucho».
– Finalmente, tras agradecerle su intervención y mostrar el apoyo del programa a los jueces que trabajan en Cataluña, el magistrado responde:
«Muchas gracias y sobre todo gracias por darnos la oportunidad de poder expresar este tipo de circunstancias y poder denunciarlo en un medio a nivel estatal».
Según la demanda, estas declaraciones ponen de manifiesto que el citado magistrado, escasos días antes del inicio del juicio oral, «denunció» públicamente en televisión: i) determinadas actuaciones de miembros del Gobierno que presidía el recurrente, incluido él mismo; ii) sentirse personalmente «hostigado» e «incomodado» por el Gobierno que presidía el recurrente; y iii) sentirse «preocupado profundamente» por las actuaciones de ese Gobierno.
Las resoluciones impugnadas consideran que estas declaraciones no guardaban relación alguna con los hechos por los que fue condenado el recurrente. Además, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resaltó que esta queja no se había formulado a través del oportuno incidente de recusación. Precisamente, este hecho es señalado por el Ministerio Fiscal y la representación del partido político Vox para alegar la concurrencia de un óbice procesal de admisibilidad de la demanda en este punto, por falta de invocación temporánea de la vulneración denunciada [art. 50.1 a) LOTC en relación con el art. 44.1 c) LOTC], dado que el recurrente no interpuso el correspondiente incidente de recusación del magistrado, sino que formuló una mera alegación en el trámite de cuestiones previas, al inicio del juicio oral.
b) Sobre la concurrencia de un óbice procesal de admisibilidad.
En el presente caso concurre el óbice planteado por el Ministerio Fiscal y por el partido político Vox. Un análisis de las actuaciones pone de manifiesto que el motivo alegado no fue articulado a través del cauce procesal indicado por la ley.
Como se ha señalado, las dudas sobre la imparcialidad judicial han de hacerse valer a través del incidente de recusación correspondiente, hasta el punto de que la posibilidad de recusar se integra en el derecho a un proceso con todas las garantías (STC 116/2008, de 13 de octubre, FJ 2). El incidente de recusación se convierte, por tanto, en el instrumento idóneo para invocar una vulneración del derecho al juez imparcial. Al no hacerse así, no solo se renuncia al ejercicio del derecho a recusar en tiempo y forma, como expresión de ese derecho integrado, a su vez, en el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). También se impide la práctica de la prueba que se estime pertinente (art. 225 LOPJ), así como la instrucción y resolución del incidente por los órganos legalmente competentes (arts. 224 y 227 LOPJ). Del mismo modo, se imposibilita que el magistrado recusado pueda ofrecer las explicaciones que entienda procedentes sobre la cuestión sometida a controversia. El incidente de recusación es una garantía para quien recusa, porque permite una eventual reparación de la vulneración alegada mediante el apartamiento del magistrado, pero también para el recusado, porque impide —en su caso— una indebida exclusión del conocimiento del asunto que legalmente le está encomendado.
El recurrente tenía que haber planteado el incidente de recusación tan pronto como tuvo conocimiento de la causa alegada, y a través del procedimiento establecido. La entrevista se produjo el día 31 de octubre de 2019, y el juicio oral estaba señalado para el día 18 de noviembre de 2019. Resulta evidente que el recurrente conoció antes del juicio la causa invocada porque, de hecho, fue alegada como cuestión previa en el acto de la vista. Sobre esa base, del mismo modo que planteó la cuestión en esa fase, podía haber interpuesto formalmente el incidente de recusación. Al no hacerlo, su pretensión incurre en causa de inadmisión del recurso de amparo en este punto, conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) LOTC.
No obstante lo anterior, de los antecedentes descritos se deduce que tanto la sala de enjuiciamiento como el Tribunal Supremo entraron a valorar el fondo de la pretensión ahora formulada, con lo que queda preservada la subsidiariedad del presente recurso. Esto permite a este tribunal señalar que, en cualquier caso, el motivo no podría haber prosperado en los términos en que ha sido planteado.
c) Sobre la cuestión de fondo.
Las declaraciones del magistrado señor Gadea Francés se realizaron en su condición de portavoz de una asociación judicial en Cataluña. Por lo tanto, actuaba en el ejercicio de la libertad de expresión derivada, a su vez, de la libertad asociativa reconocida en el art. 127.1 CE, y desarrollada en el art. 401 LOPJ. La entrevista se realizaba en un contexto de enorme ebullición de opiniones vertidas desde muchos sectores, y en ella se le formulaban preguntas sobre la situación en la que ejercían su labor profesional los jueces y magistrados destinados en el territorio de esa comunidad autónoma. Se trataba de hechos de indudable relevancia social a los que las asociaciones judiciales no podían ser ajenas, por su trascendencia en el plano jurídico y corporativo.
La labor asociativa, al igual que ocurre con las tareas gubernativas, puede deslindarse de las funciones estrictamente jurisdiccionales, como ya se ha expuesto. En cualquier caso, la simple lectura de los párrafos transcritos en la demanda pone de manifiesto que, tal y como señalaron las resoluciones impugnadas, las manifestaciones del señor Gadea Francés se mueven en un plano general del que no puede deducirse un posicionamiento sobre los hechos objeto de esta causa, con los que no guardaban relación alguna. El recurrente incide en una conexión entre su persona y las referencias del señor Gadea Francés a las autoinculpaciones masivas, ya que el propio señor Torra i Pla había acudido a una sede judicial a tal efecto. De ello deduce que el magistrado habría adquirido un prejuicio sobre el recurrente, determinante de su falta de imparcialidad. Sin embargo, el análisis detallado de las declaraciones del señor Gadea pone de manifiesto que no hubo una consideración crítica o peyorativa hacia la conducta del señor Torra ni de los ciudadanos que acudieron a las sedes judiciales a realizar una autoinculpación, sino a los problemas de gestión que ello generaba. De su conducta no se puede deducir la concurrencia de una amistad o enemistad, ni un interés directo o indirecto en la resolución de un procedimiento en un determinado sentido.
Desde estas premisas, no pueden justificarse las dudas sobre la imparcialidad planteadas por el recurrente, ni la posible afectación a su derecho al juez imparcial.
2.3.3.4 El tratamiento honorífico del recurrente.
La demanda atribuye a la sala de enjuiciamiento una conducta que considera indicativa de una pérdida de la debida imparcialidad. Se refiere a lo que califica como «despojo» de los honores y «menosprecio» del tratamiento que debía haber recibido el recurrente, en su condición de presidente de la Generalitat. Con referencia al art. 67 EAC, que destaca la importancia y relevancia del cargo, por ostentar «la más alta representación de la Generalitat» y la «representación ordinaria del Estado en Cataluña», el recurrente alega que el art. 8.1 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Govern, indica que el tratamiento que debía recibir era el de «muy honorable señor» o «presidente». Al no hacerlo así, la Sala estaba mostrando una decisión anticipada de «despojarle del cargo». Sobre esta cuestión se pronunció la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señalando que en el marco de la celebración de un juicio solo rigen las normas estrictamente procesales. Como ya se ha expuesto, el Ministerio Fiscal invoca un óbice procesal de admisibilidad que, por su naturaleza, debe ser abordado con preferencia sobre el resto de alegaciones.
a) Sobre la concurrencia de un óbice procesal.
El Ministerio Fiscal considera que, como la infracción invocada se habría producido durante la celebración del juicio oral, y la primera resolución que se pronuncia sobre esta cuestión es la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de casación, el recurrente tenía que haber agotado la vía judicial previa mediante el planteamiento de un incidente de nulidad de actuaciones frente a la resolución del TS, antes de acudir en amparo ante este Tribunal. Al no hacerlo así, concurre el óbice procesal previsto en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 a) LOTC y con el art. 241 LOPJ.
Como destaca la STC 112/2019, de 3 de octubre, FJ 3, el «requisito de agotar la vía judicial antes de interponer el recurso de amparo […] "ha de ser interpretado de manera flexible y finalista" (entre otras muchas, SSTC 133/2001, de 13 de junio, FJ 3; 190/2001, de 1 de octubre, FJ 2; 164/2003, de 29 de septiembre, FJ 2; 144/2007, de 18 de junio, FJ 2, y 18/2009, de 26 de enero) y "no obliga a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación posibles, sino tan solo aquellos normales que, de manera clara, se manifiestan como ejercitables, de forma que no quepa duda respecto de la procedencia y la posibilidad real y efectiva de interponer el recurso" (SSTC 137/2006, de 8 de mayo, FJ 2; 152/2006, de 22 de mayo, FJ 5, y 62/2007, de 27 de marzo, FJ 2), "sin necesidad de superar unas dificultades interpretativas mayores de lo exigible razonablemente" [entre otras, SSTC 57/2003, de 24 de marzo, FJ 2; 249/2006, de 24 de julio, FJ 1; 75/2007, de 16 de abril, FJ 2, y 76/2007, de 16 de abril, FJ 2; 144/2007, de 18 de junio, FJ 2, y 89/2011, de 6 de junio, FJ 2]». El recurso de amparo, sin duda, tiene una naturaleza subsidiaria, porque «la Constitución no lo contempla como una vía directa ni tampoco, necesariamente, como general y única, sino especial y extraordinaria posterior a la defensa de aquellos derechos y libertades ante los tribunales ordinarios, a los que el art. 53.2 encomienda la tutela general» (STC 185/1990, de 15 de noviembre, FJ 4, entre otras muchas). No obstante, el art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al incidente de nulidad de actuaciones un carácter excepcional y dispone que solo procede cuando la vulneración de derechos fundamentales que se imputa a la resolución judicial «no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario».
En el presente caso, el visionado del juicio permite apreciar que la queja sobre el tratamiento dispensado al señor Torra i Pla fue expuesta en reiteradas ocasiones por su defensa, prácticamente desde el comienzo de la vista oral y en su informe final. Y que esta alegación fue respondidain vocepor la sala de enjuiciamiento casi al final de la propia sesión, sobre las 18:00 horas del día 18 de noviembre de 2019. La queja fue reproducida como motivo de casación, obteniendo respuesta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En estas circunstancias, no puede entenderse que la infracción se hubiera cometido directamente por la última resolución. Lo relevante es que la parte pudo exponer esta queja y obtener una respuesta tanto en la instancia como a través de un posterior recurso. Por lo tanto, no resultaba exigible acudir ulteriormente al incidente de nulidad de actuaciones, a fin de tener por agotada la vía judicial previa, a los efectos de lo dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 a) LOTC. El óbice se desestima.
b) Sobre el fondo del asunto.
Tal y como se plantea este motivo de amparo, la pretensión no puede prosperar. Dejando al margen la cuestión relativa a si el tratamiento honorífico ha de ser necesariamente aplicable a un acto estrictamente jurisdiccional que, en puridad, está regido por normas procesales, el objeto de esta queja se reduce a si el trato dispensado por la Sala al recurrente puede ser indicativo de una predeterminación del fallo. Y la respuesta solo puede ser negativa.
La sala de enjuiciamiento explicó al final de la vista los motivos por los que se dirigió al recurrente como «señor» o «don», en aplicación del principio de igualdad reconocido en el art. 14 CE. No consta ni una sola expresión o conducta de la Sala que pudiera interpretarse como una predeterminación del fallo, o como una mayor simpatía o animadversión hacia cualquiera de las partes. De hecho, el recurrente no ha aportado dato objetivo alguno en tal sentido, al margen de su particular interpretación sobre un tratamiento que, en todo caso, ha sido digno y respetuoso. El motivo carece de fundamento.
2.4 La actuación de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
2.4.1 Posiciones de las partes.
La demanda denuncia la pérdida de imparcialidad de varios de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sobre la base de una serie de hechos o circunstancias que, de forma resumida, se concretan a continuación.
En primer lugar, atribuye al presidente de la Sala la notificación a los medios de comunicación de la fecha previsible de celebración de la vista, antes de que el recurso hubiera sido admitido a trámite; así como el dictado de la providencia de 3 de julio de 2020, por la que se señaló la vista, cuando este trámite es competencia del letrado de la administración de justicia, según disponen los arts. 893, 894 y 895 LECrim, y supletoriamente, el art. 182 LEC. A lo anterior se añade que no se conocen los criterios para la determinación de la concreta composición de la Sala ni del orden de los señalamientos. Todo ello se pone en relación con la causa especial núm. 20907-2017, y los motivos de recusación que, en su momento, se plantearon respecto de este magistrado y sus posibles relaciones con el partido popular, que fue uno de los denunciantes ante la Junta Electoral Central en el asunto que es objeto de este recurso.
En segundo lugar, respecto del magistrado señor Martínez Ferrer, considera que su pérdida de imparcialidad se deriva de su intervención en la inadmisión a trámite de la querella interpuesta por el recurrente contra determinados miembros de la Junta Electoral Central que participaron en los acuerdos objeto de autos, así como su intervención en la sala de enjuiciamiento de la causa especial núm. 20907-2017, en la que se condenó a las personas a las que se hacía referencia en la pancarta que fue objeto de este procedimiento. Otro tanto sucede, en este último punto, con los magistrados señores del Moral García y Berdugo Gómez de la Torre. Todos ellos debieron abstenerse, igual que hicieron los magistrados señor Varela Serrano y señora Ferrer García que, habiendo intervenido en ese proceso penal, se abstuvieron como miembros de la junta. En relación con el magistrado señor Magro Servet, intervino en algunas resoluciones por las que se confirmaron órdenes de detención en relación con los procesados en la citada causa especial, además de su condición de antiguo senador del partido popular.
En tercer lugar, la demanda se queja de la indebida inadmisión de los incidentes de recusación interpuestos por estos motivos, que tendrían que haber sido resueltos por la Sala a la que se refiere el art. 61 LOPJ, no por la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Por último, el recurrente se hace eco de algunas informaciones de prensa («El diario» y «El Español»), en las que se dice que el presidente del CGPJ habría comunicado al Gobierno de España la fecha previsible de notificación y el sentido de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en esta causa, así como por la publicación anticipada de su contenido. A su juicio, estas circunstancias ponen de manifiesto la carencia de imparcialidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El Ministerio Fiscal se opone a este motivo de amparo. En primer lugar, considera que la demanda incurre en causa de inadmisión en lo relativo a la actuación del presidente de la Sala Segunda, así como sobre la supuesta filtración del contenido de la sentencia. En ambos casos, no se habría respetado el carácter subsidiario del recurso de amparo, por falta de invocación previa de la vulneración alegada. En cuanto a la recusación de los magistrados derivada de su intervención en otros procedimientos, carece de fundamento porque versan sobre objetos completamente diferentes al que nos ocupa. Esos pronunciamientos anteriores no han supuesto una toma de posición determinante de una falta de imparcialidad para el conocimiento de este asunto. En lo relativo a la indebida inadmisión de las recusaciones, considera que la inadmisióna liminede un incidente de recusación, incluso por el propio órgano recusado, está contemplado expresamente en los casos previstos en los arts. 233.1 y 225.2 LOPJ, así como en el art. 11.2 LOPJ. En todo caso, a juicio del fiscal, se trata de una interpretación de la legalidad procesal que no puede calificarse de arbitraria o irrazonable, por lo que el motivo no puede prosperar.
Por su parte, el partido político Vox entiende que las recusaciones planteadas no concretaban de forma clara y precisa los motivos y las causas invocadas, lo que suponía un incumplimiento de los requisitos formales establecidos en el art. 223.2 LOPJ y la consiguiente inadmisión, conforme a lo dispuesto en el art. 225.2 LOPJ. Por lo demás, se atribuye una pérdida de imparcialidad basada en la previa intervención en otras causas cuyo objeto no guarda relación alguna con la que nos ocupa, por lo que carece del más mínimo sustento. En cuanto al presidente de la Sala Segunda, considera que se trata de una alegación gratuita y temeraria, porque el señor Marchena Gómez no ha tenido participación alguna en la resolución de esta causa. Finalmente, sobre la supuesta notificación de la sentencia al Gobierno de España, se señala que el recurrente no aporta ninguna prueba, más allá de «meras cábalas», con el objetivo de «crear confusión y desprestigiar a los tribunales españoles», en un claro «abuso de derecho que se ha visto latente desde el inicio de la instrucción penal hasta ahora».
2.4.2 Respuesta del órgano judicial.
La sentencia de la Sala Segunda solo hace una breve referencia, parcial, a los motivos de amparo que ahora se alegan en este recurso. En concreto, en el fundamento jurídico décimo tercero, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la supuesta indebida citación del recurrente para la vista del recurso de casación. Aunque fue una «alusión marginal sin el formato de una queja expresa» la Sala quiso «comprobar si en efecto se ha producido alguna deficiencia en ese trámite, pese a que en principio carecería de relevancia (art. 180.2 LECrim)». Tras analizar las actuaciones, no se detectó «irregularidad o déficit alguno en ese auto de comunicación». La resolución de 3 de julio de 2020, «por la que se señalaba el día para la celebración de la vista que había sido interesada por el recurrente y que, además, dada la naturaleza del delito resulta preceptiva (art. 893bisa) 2 LECrim), y que tenía un doble contenido (el principal, la admisión del recurso; el accesorio y supeditado al mismo: señalar fecha para la vista conforme al turno establecido), fue notificada en forma a esta parte el 6 de julio como la parte proclama expresamente en la súplica que interpuso frente a ella (desestimado luego en auto de 23 de julio también notificado)». Por eso, la Sala solo acierta a «descubrir —asumiendo el riesgo de equivocarnos— que ese sutil, y en absoluto abrupto, sino siempre legítimo más allá de la mayor o menor o ninguna razón que pueda encerrar, reproche quería enlazar con un recurso de súplica que formalizó el recurrente en fecha 16 de junio de 2020 (el escrito está fechado el día anterior) que fue repelido por no venir referido a una formal resolución judicial, y en el que el recurrente, de forma un tanto paradójica, parecía reclamar menor celeridad: una especie de anómalo y exótico derecho a un proceso con ciertas dilaciones. El derecho fundamental es justamente el contrario: a un proceso ágil que no siempre puede ser atendido en la medida de lo deseable. Más en un caso como el presente en que, según hemos indicado supra, la pendencia llevaba aparejada una situación perjudicial para el recurrente por la cierta eficacia extraprocesal que a la condena no firme otorga la legislación electoral. El asunto se señaló en la fecha indicada tomando en consideración también esa circunstancia. Solo la complejidad de algunos asuntos tratados ha hecho prolongarse la deliberación como se ha consignado en los antecedentes y como es habitual en los casos en que se ventilan recursos muy complejos: cuanto mayor es el número de motivos y recurrentes, más tiempo se hace necesario para perfilar en la deliberación todas las cuestiones a responder. En este caso pese a estar ante un único recurrente, el escrito de formalización es extenso y suscita algunas cuestiones de enjundia».
2.4.3 Resolución de las quejas.
Un análisis de las vulneraciones alegadas debe partir, necesariamente, de una reseña de las actuaciones procesales más relevantes seguidas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en relación con las cuestiones planteadas en este motivo.
El recurso de casación fue interpuesto por medio de escrito fechado el día 4 de febrero de 2020. Por diligencia de ordenación de 6 de febrero se designó ponente al magistrado señor Colmenero Menéndez de Luarca, que presentó escrito de abstención en fecha 28 de mayo de 2020. El 22 de junio de 2020, el recurrente planteó un incidente de recusación contra hasta once magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su condición de integrantes del Pleno que era el competente para aceptar, en su caso, la abstención del magistrado señor Colmenero. El Pleno de la Sala aceptó esta abstención por medio de auto de fecha 1 de julio de 2020, y en auto distinto de la misma fecha rechazó la recusación formulada contra la mayoría de los integrantes de la Sala. Contra la inadmisión de la recusación se interpuso recurso de súplica, que fue desestimado por auto de 21 de julio de 2020.
Tras la abstención del ponente inicial, en fecha 3 de julio de 2020 se designó ponente al magistrado señor Berdugo Gómez de la Torre, y por medio de providencia de la misma fecha se designó al resto de los magistrados integrantes de la Sala encargada de resolver el recurso de casación, señores Martínez Arrieta, del Moral García y Magro Servet y señora Polo García. Por escrito de 17 de julio de 2020 se interpuso incidente de recusación contra los magistrados señores Martínez Arrieta, del Moral García, Magro Servet y Berdugo Gómez de la Torre. Este incidente fue rechazado por medio de auto de 23 de julio de 2020. Contra este auto se interpuso un recurso de súplica, que fue desestimado por auto de 7 de septiembre de 2020.
2.4.3.1 Óbices procesales.
El Ministerio Fiscal ha planteado una causa de inadmisibilidad del recurso en relación con la actuación del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por falta de invocación previa de la lesión denunciada [art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) LOTC], al no haber planteado la recusación formal de este magistrado.
En efecto, como ya se ha expuesto en otro apartado de esta resolución, el incidente de recusación se convierte en el instrumento idóneo para invocar una vulneración del derecho al juez imparcial. Al no hacerse así, se incurre en la causa de inadmisión prevista en los preceptos ya citados.
En cualquier caso, el presidente de la Sala Segunda no tuvo intervención alguna en la resolución del recurso de casación, al no formar parte de la sala correspondiente, por lo que su eventual participación, limitada a cuestiones de ordenación procesal, no habría podido afectar al fondo o althema decidendide las pretensiones formuladas en el recurso.
Del mismo modo, concurre también la causa de inadmisibilidad ya descrita en relación con la supuesta filtración previa del contenido de la sentencia. La demanda se hace eco de meras informaciones periodísticas sin base objetiva alguna, y con una manifiesta ausencia de atribución a un magistrado concreto, señalando a toda la Sala Segunda en su conjunto como incursa en causa de parcialidad.
Al margen de que esta falta absoluta de objetivación hubiera sido suficiente para desestimar el motivo de amparo, se da la circunstancia de que esta cuestión no fue denunciada formalmente ante la Sala. A la vista del momento procesal en que tuvo lugar, hubiera sido necesario plantear el correspondiente incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ) frente a la sentencia ahora impugnada, antes de acudir en amparo por esta causa. Procede estimar el óbice procesal invocado por el Ministerio Fiscal, por falta de agotamiento previo de la vía judicial [art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 a) LOTC].
2.4.3.2 Sobre la falta de imparcialidad de los magistrados integrantes de la sala de casación.
El recurrente reproduce ante este tribunal las causas de recusación planteadas contra los integrantes de la Sala que dictó una de las resoluciones ahora impugnadas. A juicio del demandante, los magistrados que resolvieron el recurso de casación contra la sentencia condenatoria incurrían en causa de recusación. La vulneración alegada exige el análisis de los motivos invocados y de la decisión de rechazoa liminede los incidentes formulados por el recurrente.
a) Las causas de recusación planteadas contra los magistrados del Tribunal Supremo.
Como se expone en el auto de 23 de julio de 2020, las causas de recusación formuladas contra los magistrados de la sala de casación fueron las siguientes:
(i) Respecto del magistrado señor Martínez Arrieta: haber intervenido en el dictado del auto de 22 de abril de 2019 (recurso núm. 20308-2019), por el que se inadmitió a trámite la querella interpuesta contra los miembros de la Junta Electoral Central que dictaron los acuerdos de 11 y 18 de marzo de 2019. A juicio del recurrente, concurren las causas 10, 11, 13 y 16 del art. 219 LOPJ, ya descritas anteriormente, porque esos acuerdos fueron la base de su condena y su legalidad es una de las cuestiones que se planteaban en el recurso de casación.
(ii) Respecto de los magistrados señores Martínez Arrieta, del Moral García y Berdugo Gómez de la Torre: haber formado parte de la sala de enjuiciamiento que condenó a los denominados «presos políticos», según denominación del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU, en la causa especial núm. 20907-2017. Para la demanda, concurren las causas 10 y 13 del art. 219 LOPJ.
(iii) Respecto del magistrado señor Magro Servet: haber adoptado decisiones confirmando las órdenes de detención —así como de ingreso en prisión— nacionales, europeas e internacionales, respecto de los procesados implicados en la causa indicada en el apartado anterior.
El citado auto de 23 de julio de 2020 inadmite el incidente de recusación planteado por el recurrente. Respecto del magistrado señor Martínez Arrieta, la Sala descarta abiertamente la concurrencia de las causas previstas en los números 13 y 16 del art. 219 LOPJ. Además, como quiera que no tuvo intervención alguna en los acuerdos de la Junta Electoral Central, tampoco concurriría la causa prevista en el art. 219.10 LOPJ. Por ello, la Sala se centra en el análisis de la posible existencia del motivo reseñado en el art. 219.11 LOPJ, es decir, «[h]aber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia». Para la Sala, la decisión sobre la inadmisión a trámite de la querella presentada contra los miembros de la junta electoral es una «decisión tomada en otro procedimiento distinto a la presente causa, donde, como claramente se extrae de la jurisprudencia citada en la propia resolución, el examen de la legalidad del acto supuestamente prevaricador se efectúa desde la perspectiva de la posible comisión de un delito de prevaricación y, por tanto, en un plano distinto al aquí suscitado por el recurrente. Como se hacía advertencia en el auto señalado, en el delito de prevaricación "no es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona, con el consiguiente incumplimiento de la función que constitucionalmente corresponde a la administración pública y a sus gestores"».
Respecto de los magistrados señores Martínez Arrieta, Berdugo Gómez de la Torre, del Moral García y Magro Servet, también se descartan las causas undécima y decimotercera del art. 219 LOPJ. Como señala el auto, «[e]n el supuesto que nos ocupa, se constata que existe una "notoria diferencia del objeto de cada uno de los procesos" (cfr. auto de la Sala Especial del artículo 61 LOPJ de 13 de diciembre de 2011) entre una causa en la que se llevó a cabo el enjuiciamiento y recayó la condena de varias personas y el presente recurso de casación. Además, el proponente de la recusación no aporta indicio alguno que avale la existencia de una relación antecedente o de un previo interés, que generaría un eventual prejuicio por parte de los magistrados que deben conocer del presente recurso de casación, ni estos han actuado en ningún momento de modo que permita pensar que han tenido contacto con el material probatorio o con elthema decidendide la causa que ahora se ventila en esta instancia casacional. Los hechos y las personas acusadas son distintas». Por otro lado, «[e]l hecho de que otros magistrados que formaron parte de la sala de enjuiciamiento de aquel procedimiento se abstuviesen de intervenir en los acuerdos dictados por la Junta Electoral Central de la que en aquel momento eran vocales o si han participado en otros procedimientos que —según su subjetiva percepción— guardan relación con el presente recurso o si han adoptado determinadas decisiones sobre la libertad de otras terceras personas no son circunstancias que comprometan la imparcialidad de los recusados».
Como se ha expuesto, este auto de 23 de julio fue recurrido en súplica ante la misma Sala, recurso que fue desestimado por auto de 7 de septiembre de 2020. En esta resolución se reitera que «por más que se insista por el [recurrente] en la relación directa o antecedente de los asuntos en los que los recusados intervinieron y el objeto del presente procedimiento, los hechos y las personas acusadas son distintos. Tampoco formaron parte de la Junta Electoral Central que dictó los acuerdos discutidos, ni son integrantes de la misma. En definitiva, no existe base alguna para sostener que hayan tenido algún contacto con elthema decidendide la presente causa capaz de justificar, siquiera indiciariamente, la existencia de un previo interés o prejuicio por su parte». En el caso particular del magistrado señor Martínez Arrieta, el auto vuelve a destacar que en la inadmisión a trámite de la querella interpuesta por el recurrente contra los miembros de la Junta Electoral Central se efectúa un «examen del acto supuestamente prevaricador […] desde la perspectiva de la posible comisión de tal delito, que encuentra su fundamento no en la ilegalidad del acto administrativo, sino en la arbitrariedad». Es la «arbitrariedad (que no equivale a la infracción del Derecho) la que se desecha en el auto dictado en relación con la querella interpuesta, en una causa cuyo es distinto al presente recurso de casación».
b) El rechazoa liminede los incidentes de recusación.
Expuestas las concretas causas de recusación invocadas por el recurrente, y la respuesta ofrecida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es posible examinar si el rechazoa liminede los incidentes de recusación se ajusta a nuestra doctrina y, en consecuencia, vulneran o no el derecho al juez imparcial.
Como se expuso anteriormente, este tribunal ha admitido el rechazoa liminede un incidente de recusación, incluso por el propio órgano recusado, cuando la «improcedencia de la recusación […] pueda apreciarseprima faciede modo manifiesto, claro y terminante» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 2, y, más recientemente, ATC 107/2021, de 15 de diciembre, confirmado en trámite de recurso de súplica por el ATC 17/2022, de 25 de enero). Los requisitos exigidos para adoptar una resolución de este tipo se han visto colmados por las decisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
En efecto, las resoluciones del Tribunal Supremo entroncan con el canon de enjuiciamiento propio del derecho a una resolución motivada, tal y como ha sido descrito, entre otras muchas, en la STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 3. Las decisiones exponen con claridad los motivos de la inadmisión del incidente de recusación. En este punto, procede la remisión a su contenido, ya reseñado.
No obstante, el análisis del sustrato material de esas decisiones conduce a la conclusión de la falta manifiesta de fundamento de las causas alegadas por el recurrente, y la consiguiente corrección en la aplicación del art. 11.2 LOPJ.
Así, en relación con la intervención del magistrado señor Martínez Arrieta, un examen del auto dictado el 22 de abril de 2019 en la causa especial núm. 20308-2019, permite descartar abiertamente la falta de imparcialidad invocada, ante la ausencia de relación entre esa decisión y el objeto de la causa que nos ocupa. Haber dictado ese auto no implica, en modo alguno, prejuzgar la condena del recurrente.
El auto de 22 de abril de 2019 tenía por objeto determinar la procedencia o no de admitir a trámite la querella interpuesta por el recurrente contra los miembros de la Junta Electoral Central, por un presunto delito de prevaricación administrativa derivada de los acuerdos de 11, 18 y 21 de marzo de 2019. En su resolución, la Sala Segunda del Tribunal Supremo reseña la consolidada doctrina sobre el delito de prevaricación, de la que conviene destacar, en lo que ahora interesa, la diferencia entre la ilegalidad y la arbitrariedad. Así, se señala que el delito de prevaricación «no trata de sustituir a la jurisdicción contencioso-administrativa en su labor genérica de control del sometimiento de la actuación administrativa a la ley y al Derecho, sino de sancionar supuestos límite, en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el capricho de la autoridad o funcionario […] en un injustificado ejercicio de abuso de poder. En este sentido, no es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona».
La decisión del Tribunal Supremo se mueve en esos criterios ponderativos al examinar el posible carácter delictivo de los acuerdos de la Junta Electoral Central y, a tal efecto, constata la existencia de base legal para su dictado, con cita expresa de los arts. 8, 19.1 y 50.2 LOREG. Sobre esa premisa, descarta la arbitrariedad a efectos penales, pero se cuida expresamente de señalar que la revisión de su legalidad corresponde, en su caso, a los órganos jurisdiccionales competentes del orden contencioso-administrativo. Una vía que, como ya se expuso, el recurrente no activó. Por lo tanto, ese auto no supone una previa resolución ni una intervención sobre el fondo de la causa penal dirigida contra el recurrente, ni un interés directo o indirecto en que su objeto sea resuelto en un determinado sentido.
Otro tanto puede decirse respecto de la intervención de los magistrados señores Martínez Arrieta, Berdugo Gómez de la Torre, del Moral García y Magro Servet. Su participación en la causa especial núm. 20907-2017 no puede implicar una predeterminación del sentido del fallo en el proceso seguido contra el recurrente. Se trata de causas distintas, con objetos claramente diferenciados. El recurrente insiste en la relación entre ambos procedimientos, porque la pancarta por la que fue condenado incluía la expresión «presos políticos», que inequívocamente hacía referencia a la causa en la que habían intervenido los magistrados recusados.
Sin embargo, no puede establecerse esa relación porque los magistrados nunca se pronunciaron con anterioridad sobre la cuestión planteada en la causa por la que se condenó al recurrente, consistente en no dar cumplimiento a unos concretos acuerdos de la Junta Electoral Central. Como ya se expuso anteriormente, para la apreciación de la concurrencia de un delito de desobediencia es necesario realizar una compleja valoración de diferentes elementos objetivos y subjetivos sobre los que no consta, en modo alguno, un pronunciamiento previo de los magistrados indebidamente recusados.
El planteamiento del recurrente consistía en formular una recusación «preventiva», basada en una subjetiva percepción de lo que podría ser el criterio de la Sala, derivado de una actuación jurisdiccional previa que no guardaba una relación directa con el objeto del procedimiento. Una vez más, se constata una ausencia de objetividad en las causas de recusación invocadas, que no puede recibir amparo de este Tribunal.
En virtud de todo lo anterior, el motivo debe ser desestimado.
3. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
3.1 Pretensiones de las partes.
El recurrente denuncia que la composición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que conoció del recurso de casación incumplía la normativa vigente. En este caso, la Sala estaba compuesta por cinco magistrados. Con ello se infringió la regla general establecida en el art. 898 LECrim, que fija en tres el número de magistrados que debe conocer de este tipo de recursos.
La composición de la Sala se estableció por medio de providencia de 3 de julio de 2020, que fue recurrida en súplica por el demandante. El recurso se resolvió mediante auto de 23 de julio de 2020, que se remitió al acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de fecha 11 de diciembre de 2019, publicado en el BOE de 13 de febrero de 2020. No obstante, el recurrente considera que ese acuerdo no solo es contrario a lo dispuesto en el art. 898 LECrim, sino también en el art. 197 LOPJ, puesto que no han sido llamados a formar sala todos los magistrados que la componen. Además, su concreta formación no respeta criterios objetivos y generales (STC 205/1994, de 11 de julio, FJ 4), sino que queda al arbitrio del presidente de la Sala. Considera que estos hechos vulneran el derecho al juez establecido por la ley (art. 24.2 CE), citando a tal efecto la STJUE de 26 de marzo de 2020, asunto ErikSimpson c. Consejode la Unión Europea.
Sin embargo, para el Ministerio Fiscal, la ampliación del número de magistrados integrantes de la Sala «solo puede ser contemplado como expresión de la voluntad de dar la máxima importancia al análisis y resolución de tal recurso, por la trascendencia del mismo, y como manifestación de un propósito decidido de garantizar al máximo los derechos del recurrente, sin relevancia constitucional alguna».
3.2 La respuesta de los órganos judiciales.
Esta cuestión fue suscitada por el recurrente a través de un recurso de súplica interpuesto contra la providencia de 3 de julio de 2020 (obrante al folio 390 del rollo de la sala), por la que se acordó, en primer lugar, la admisión a trámite del recurso de casación, a propuesta del magistrado ponente; en segundo lugar, se señaló día y hora para la celebración de la vista solicitada por el recurrente; y, finalmente, se designó a los miembros de la sala encargados de resolver el recurso de casación.
En su recurso (obrante a los folios 393 y siguientes del rollo de la sala), el ahora demandante de amparo alegó, en lo que ahora interesa, que la providencia no permitía «conocer qué criterios se [habían] seguido para determinar la concreta formación de la Sala», es decir, si «tal formación obedece a criterios objetivos o, por el contrario, lo hace al capricho de quien la establece, lo que […] resultaría incompatible con el derecho al juez ordinario predeterminado con [sic] la ley».
La Sala Segunda resolvió este recurso de súplica por medio de auto de 23 de julio de 2020 (folios 456 y siguientes del rollo), en el que, sobre esta alegación, se destaca que la «composición se atiene a lo señalado en el acuerdo de 16 de enero de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el acuerdo de 11 de diciembre de 2019, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la composición y funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal Supremo y asignación de ponencias para el año judicial 2020 (BOE de 13 de febrero de 2020)».
3.3 La doctrina constitucional sobre el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
Recientemente hemos tenido de examinar y resumir de forma extensa la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho alegado en esta queja (SSTC 34/2021, de 17 de febrero; 91/2021, de 22 de abril; 106/2021, de 11 de mayo; 121/2021 y 122/2021, de 2 de junio, y 184/2021, de 28 de octubre). A su exposición debemos ahora remitirnos expresamente, sin perjuicio de sintetizar a continuación sus pronunciamientos más relevantes.
El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley es una consecuencia necesaria del principio de división de poderes. En favor de todos los ciudadanos, está reconocido en el art. 24.2 CE y se proyecta tanto sobre el órgano judicial, como sobre sus integrantes. Desde sus primeros pronunciamientos (STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2), este tribunal ha tenido ocasión de determinar el fundamento y el contenido del derecho alegado.
A tenor de dicha doctrina, hemos reiterado que su contenido exige, en primer lugar, que el órgano judicial al que se atribuye un asunto litigioso haya sido creado previamente por la norma jurídica, que esta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial, y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional. La generalidad y la abstracción de los criterios legales de atribución competencial garantiza la inexistencia de juecesad hoc; la anterioridad de tales criterios al caso a enjuiciar garantiza que una vez determinado en concreto el juez de un caso en virtud de la aplicación de las reglas competenciales establecidas en las leyes, no podrá ser desposeído de su conocimiento en virtud de decisiones tomadas por órganos gubernativos (STC 101/1984, de 8 de noviembre, FJ 4, y 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 8).
En segundo término, en relación con quienes lo integran, el derecho alegado garantiza también que la composición del órgano judicial venga determinada por la ley y, además, que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente (SSTC 47/1983, de 31 de mayo, FJ2, y 93/1988, de 24 de mayo, FJ 4).
A través de ambas exigencias, que son fuente objetiva de legitimación de la función judicial, se trata de garantizar la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales, lo que constituye el interés directo protegido por el derecho al juez ordinario legalmente predeterminado, proclamado también expresamente, aunque con distinta dicción, en el art. 14.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el art. 6.1 CEDH.
En este aspecto, hemos reconocido que el derecho al juez predeterminado por la ley puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida e injustificadamente de aquel a quien la ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando el texto de las reglas de distribución de competencias con manifiesta arbitrariedad. Con el fin de evitar tan indeseado efecto, aunque no corresponde al Tribunal Constitucional juzgar el acierto o desacierto del órgano judicial en el proceso de selección e interpretación de la norma aplicable, sí le compete revisar en su análisis que la interpretación y aplicación de las normas de competencia realizada por el órgano jurisdiccional ordinario sea fundada en Derecho, esto es, no resulte arbitraria, manifiestamente irrazonable o consecuencia de un error patente de hecho (ATC 262/1994, de 3 de octubre, FJ 1, y STC 70/2007, de 16 de abril, FJ 4), pues si así fuera, el efecto de tan improcedente aplicación de la norma desconocería el monopolio legislativo en la determinación previa del órgano judicial que ha de conocer del caso.
Por lo demás, «conviene recordar que "no puede equipararse la atribución de competencia a los diversos órganos judiciales, a la que afecta la predeterminación por ley formalexart. 24.2 de la Constitución, con el reparto o distribución del trabajo entre las diversas salas o secciones de un mismo tribunal, dotadasex legede la misma competencia material, que responde a exigencias o conveniencias de orden puramente interno y organizativo" (ATC 13/1989, de 16 de enero, FJ 2)». Por ello, «en principio, las normas de reparto de los asuntos entre diversos órganos judiciales de la misma jurisdicción y ámbito de competencia, [no afectan] al juez legal o predeterminado por la ley pues todos ellos gozan de la misma condición legal de juez ordinario (ATC 652/1986, de 23 de julio, FJ 2), por lo que la interpretación y aplicación de las normas de reparto de asuntos es ajena al contenido constitucional del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y solo puede ser revisada en este tribunal en cuanto a su razonabilidad (ATC 113/1999, de 28 de abril, FJ 3)» (STC 32/2004, de 8 de marzo, FJ 4).
Finalmente, en relación con la composición de los órganos judiciales, este tribunal ha señalado (STC 152/2015, de 6 de julio, FJ 9, con cita de otras anteriores) que «no cabe exigir el mismo grado de fijeza y predeterminación al órgano que a sus titulares, dadas las diversas contingencias que pueden afectar a estos en su situación personal y la exigencia, dimanante del interés público —las llamadas "necesidades del servicio"—, de que los distintos miembros del Poder Judicial colaboren dentro de la administración de justicia en los lugares en que su labor pueda ser más eficaz, supliendo, en la medida de lo posible, las disfuncionalidades del sistema. […] una posible irregularidad procesal en la determinación de los miembros de un tribunal solo constituye una violación del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley si supone una alteración arbitraria de la composición del órgano judicial susceptible de afectar a su imagen de imparcialidad e independencia».
3.4 Resolución de la queja.
Una lectura de los antecedentes expuestos pone de manifiesto que concurre un óbice procesal de admisibilidad que, en este trámite, se reconduce a la desestimación de este motivo de amparo, por falta de invocación previa de la vulneración denunciada [art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) LOTC].
La lesión alegada se concreta en la indebida composición de la sala de casación por cinco magistrados, frente a los tres previstos en el art. 898 LECrim. Sin embargo, este hecho no fue invocado en la instancia judicial previa, sino que se alegaex novoen este recurso de amparo. La providencia de 3 de julio de 2020, por la que se notificó la composición de la Sala, se impugnó mediante un recurso de súplica en el que no se argumentó nada sobre la composición de la Sala por cinco magistrados. La impugnación se centraba en que no había sido dictada por el letrado de la administración de justicia, y en que se desconocían los criterios para la designación de esos concretos cinco magistrados. Planteado el recurso en esos términos, resultaba congruente que la Sala no se pronunciara sobre las alegaciones ahora formuladas, relativas al número de magistrados integrantes de la sala de casación. Por lo tanto, el Tribunal Supremo no tuvo ocasión de reparar una eventual lesión del derecho al juez ordinario, presupuesto necesario para ser abordado en este recurso de amparo (ver, entre otras muchas, SSTC 2/2020, de 15 de enero, y 21/2020, de 11 de febrero).
No obstante, debemos señalar que la ley atribuye a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la competencia y la jurisdicción para el conocimiento del recurso de casación (art. 57.1.1 LOPJ y arts. 783 y siguientes LECrim), sin que pueda existir riesgo alguno de intervención del Poder Ejecutivo en la designación de los integrantes del tribunal llamado a conocer del asunto (que era el presupuesto de hecho, totalmente distinto al que nos ocupa, de la STJUE de 26 de marzo de 2020 citada por el recurrente, como se analizó en el fundamento jurídico anterior), y todos ellos miembros de la misma sala jurisdiccional especializada en la materia penal. Por lo tanto, en el presente caso se han respetado los elementos estructurales que conforman el contenido esencial del derecho al juez predeterminado por la ley, es decir, que el órgano judicial al que se atribuye un asunto litigioso haya sido creado previamente por la norma jurídica, que esta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional.
A lo anterior no se opone la existencia y aplicación de normas internas de reparto y asignación de asuntos, que complementan la regulación legal fijando la composición de cada sala de justicia en cada procedimiento, como instrumento imprescindible para la necesaria concreción de unas leyes que, por definición, presentan un carácter general y abstracto. Estas normas encuentran amparo legal en el art. 152.1 y concordantes de la LOPJ. En todo caso, han de ser objetivas, con vocación de generalidad y de conocimiento público. Además, la concreta composición de un tribunal ha de ser comunicada a las partes, a fin de que puedan ejercer su derecho a la recusación como elemento integrante de su derecho al juez imparcial. Todos estos requisitos se dan en el presente supuesto.
Los criterios para la composición y funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal Supremo, y la asignación de ponencias para el año 2020, fueron publicados en el BOE núm. 38, de 13 de febrero de 2020. Por lo tanto, eran de conocimiento general. Su regulación es detallada y exhaustiva, contemplando los diversos tipos de procedimiento, los criterios de asignación de asunto