Categoría: Judicial

icado con las garantías necesarias para su adecuada valoración y para la preservación del derecho de defensa. En segundo lugar, nos corresponde comprobar que el órgano de enjuiciamiento expone las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada. En tercer y último lugar, desde la perspectiva del resultado de la valoración, nuestra misión se constriñe a la de supervisar externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante. En rigor, pues, la función de este tribunal no consiste en enjuiciar el resultado alcanzado sino el control externo del razonamiento lógico seguido para llegar a él.
Esta doctrina puede resumirse señalando que el Tribunal Constitucional ha de limitarse a comprobar que la prueba existente se haya obtenido y practicado conforme a la Constitución, que sea de cargo y que, en consecuencia, los hechos declarados probados puedan inferirse de ella de modo razonable y no arbitrario.
Sobre la motivación de la concurrencia del dolo, desde los parámetros del derecho a la presunción de inocencia, hemos venido afirmando que «el elemento subjetivo del delito ha de quedar asimismo suficientemente probado, si bien es cierto que la prueba de este último resulta más compleja y de ahí que en múltiples casos haya que acudir a la prueba indiciaria pero, en cualquier caso, la prueba de cargo ha de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado (SSTC 127/1990, de 5 de julio, FJ 4; 87/2001, de 2 de abril, FJ 9; 233/2005, de 26 de septiembre, FJ 11; 267/2005, de 24 de octubre, FJ 4; 8/2006, de 16 de enero, FJ 2, y 92/2006, de 27 de marzo, FJ 2). En relación específicamente con los elementos subjetivos debe tenerse presente además que solo pueden considerarse acreditados adecuadamente si el enlace entre los hechos probados de modo directo y la intención perseguida por el acusado con la acción se infiere de un conjunto de datos objetivos que revelan el elemento subjetivo a través de una argumentación lógica, razonable y especificada motivadamente en la resolución judicial (SSTC 91/1999, de 26 de mayo, FJ 4; 267/2005, de 24 de octubre, FJ 4; 8/2006, de 16 de enero, FJ 2). Más concretamente, nuestro control de la razonabilidad de la argumentación acerca de la prueba indiciaria puede llevarse a cabo tanto desde el canon de su lógica o coherencia (siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él), como desde el de su suficiencia o carácter concluyente, excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia (por todas, SSTC 145/2005, de 6 de junio, FJ 5; 328/2006, de 20 de noviembre, FJ 5)» (STC 91/2009, de 20 de abril, FJ 5).
En cuanto a la denominada «dimensión extraprocesal» de la presunción de inocencia, debemos recordar que esta vertiente se configura como «el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogo a estos, sin previa resolución dictada por el poder público u órgano competente que así lo declare, y determina por ende el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo» [STC 109/1986, de 24 de septiembre, FJ 1, seguida por SSTC 283/1994, de 24 de octubre, FJ 2; 166/1995, de 20 de noviembre, FJ 3; 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2, y 133/2018, de 13 de diciembre, FJ 4 a)].
Como recordó el Pleno en la citada STC 133/2018, «[e]ste tribunal ha considerado que la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, reconocida también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco del artículo 6.2 CEDH (SSTEDH, de 10 de febrero de 1995, asuntoAllenet de Ribemont c. Francia; de 26 de marzo de 2002, asuntoButkevicius c. Lituania; de 28 de junio de 2011, asuntoLizaso Azconobieta c. España), encuentra específica protección en nuestro sistema de derechos fundamentales a través o por medio de la tutela del derecho al honor, operando dicha presunción como elemento instrumental del enjuiciamiento de una posible lesión del derecho al honor (STC 244/2007, FJ 2). […] "[E]sta dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, no constituye por sí misma un derecho fundamental distinto o autónomo del que emana de los artículos 10 y 18 de la Constitución, de tal modo que ha de ser la vulneración de estos preceptos, y señaladamente del artículo 18, lo que sirva de base a su protección a través del recurso de amparo, [p]orque […] la presunción de inocencia que garantiza el artículo 24.2 CE, alcanza el valor de derecho fundamental susceptible de amparo constitucional, cuando el imputado en un proceso penal, que ha de considerarse inocente en tanto no se pruebe su culpabilidad, resulte condenado sin que las pruebas, obtenidas y practicadas con todas las garantías legal y constitucionalmente exigibles, permitan destruir dicha presunción. En los demás casos relativos al honor y a la dignidad de la persona, que no son una presunción sino una cualidad consustancial inherente a la misma, serán los derechos consagrados en el artículo 18 CE los que, por la vía del recurso de amparo, habrán de ser preservados o restablecidos" (STC 166/1995, FJ 3; doctrina que reitera la STC 244/2007, FJ 2)» [STC 133/2018, FJ 4 a)].
Más recientemente, hemos señalado «que "como regla de tratamiento, la presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no ha sido declarado así tras un previo juicio justo […] y que como regla de juicio en el ámbito de la jurisdicción ordinaria se configura como un derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable" (STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 3; en términos análogos, STC 4/2020, de 15 de enero, FJ 7, […]). La doctrina del tribunal es, para una y otra de las dimensiones mencionadas, plenamente consecuente con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como impone el artículo 10.2 CE, y así se ha de precisar, en particular, por lo que hace a la primera vertiente —regla de tratamiento— […] (sentencia, entre otras, de 15 de octubre de 2013, asuntoGutsanovi c. Bulgaria, § 191 y 192)» (STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 5).
5.4 Resolución de las quejas.
Bajo la invocación general del derecho a la presunción de inocencia se formulan alegaciones relativas, tanto a la vertiente procesal como extraprocesal de este derecho. A su vez, algunos de los argumentos se corresponden con vulneraciones de otros derechos fundamentales, como el derecho a la legalidad penal y el derecho de defensa. Por ese motivo, en este apartado se hará referencia, exclusivamente, a los aspectos conectados directamente con el derecho a la presunción de inocencia.
5.4.1 La vertiente procesal del derecho a la presunción de inocencia.
El recurrente alega que ha sido condenado sin prueba de cargo suficiente sobre los elementos subjetivo y objetivo del tipo penal de desobediencia. Argumenta que su conducta estaba basada en un error que determinaría la exención de responsabilidad penal, y que los informes fotográficos policiales fueron impugnados y no podían ser considerados como prueba de cargo válida.
En relación con el error de tipo, la demanda lo enlaza con dos cuestiones estrictamente jurídicas sobre las que, a su vez, fundamenta su denuncia de vulneración del derecho a la legalidad penal. Nos referimos al supuesto cambio jurisprudencial sobre la competencia de la Junta Electoral Central para dictar los acuerdos incumplidos y el carácter de ese órgano como superior a estos efectos. Todas estas vulneraciones aparecen relacionadas entre sí porque, si se descartara el cambio jurisprudencial, la consecuencia lógica sería la desestimación de la concurrencia de error alguno. No obstante, un análisis de estas alegaciones conllevaría un pronunciamiento anticipado sobre cuestiones que, en su caso, han de ser abordadas en su ámbito correspondiente, es decir, desde su perspectiva esencialmente jurídica en la labor de subsunción de los hechos en el tipo penal. En el plano del derecho a la presunción de inocencia, la labor de este tribunal consiste en realizar un control externo de razonabilidad sobre el discurso argumental recogido en las resoluciones impugnadas. Y ese examen conduce a la conclusión de que el tribunal contó con prueba de cargo válida, suficiente y motivada, lo que impide apreciar la vulneración del derecho alegado.
Efectivamente, la sala de enjuiciamiento expuso de forma extensa, detallada y coherente los elementos probatorios tenidos en cuenta para dictar la sentencia condenatoria. En lo relativo al elemento subjetivo, aparece debidamente motivado sobre la base de la notificación y el conocimiento personal de los acuerdos de la Junta Electoral Central, y la concurrencia de informes de los servicios de la Generalitat que, inequívocamente, aconsejaban al recurrente el cumplimiento de los requerimientos de aquel órgano. La eventual discrepancia no puede confundirse con el desconocimiento de la obligación de acatar las indicaciones de la junta. No podía existir margen alguno para el error. En cuanto a los elementos objetivos, el carácter público y notorio de la conducta del recurrente se vio corroborado por el reconocimiento de los hechos por su parte, es decir, por la inequívoca manifestación de su voluntad de no cumplir con lo dispuesto en los acuerdos de la Junta Electoral Central. Además, se contaba con los informes policiales debidamente ratificados en el acto del juicio oral, y con el testimonio del responsable del cuerpo de los Mossos d'Esquadra que, a la postre, y tras un requerimiento dirigido a un miembro del Govern, daría cumplimiento a las indicaciones de la junta electoral, lo que presupone —en pura lógica— que no se había hecho hasta ese momento.
Este esquema argumental fue ratificado por la sentencia de casación, lo que debe ser reiterado por este tribunal, en su labor de control externo de razonabilidad que le corresponde.
5.4.2 La vertiente extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia.
En este apartado se analizarán el resto de alegaciones del recurrente que, como se ha anticipado, hacen referencia a esta vertiente del derecho a la presunción de inocencia.
Sobre el tratamiento otorgado al señor Torra i Pla por la sala de enjuiciamiento, debemos remitirnos, necesariamente, a lo expuesto en el fundamento jurídico correspondiente sobre el derecho al juez imparcial, esta vez, desde la perspectiva del derecho ahora invocado. La sala de enjuiciamiento explicó al final de la vista los motivos por los que se dirigió al recurrente como «señor» o «don», en aplicación del principio de igualdad reconocido en el art. 14 CE. No consta manifestación o conducta alguna de la Sala que pueda interpretarse como una anticipación del fallo. El motivo carece de fundamento.
La alegación sobre la desposesión en el cargo con carácter previo a la firmeza de la sentencia condenatoria requiere, en primer lugar, resolver el óbice planteado por el Ministerio Fiscal. Para ello es necesario concretar el objeto de la vulneración alegada. La demanda centra su denuncia en que la sentencia de casación no resolvió sobre la solicitud formulada por otrosí en el escrito de recurso (folio 193, vuelto, del rollo de la sala), en el sentido de interesar «la suspensión cautelar de cualesquiera efectos asociados a la sentencia [del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña] en tanto no se dicte sentencia [de casación], con comunicación de esta decisión al Parlamento de Cataluña, a la Junta Electoral Central y a la Junta Electoral Provincial de Barcelona». Planteada la demanda en estos términos, tiene razón el Ministerio Fiscal. La vulneración se achaca a la sentencia de casación, por lo que, antes de acudir en amparo, era necesario haber planteado el oportuno incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ), a fin de agotar la vía judicial previa. Al no hacerse así, el motivo incurre en causa de inadmisión que, en este trámite, se convierte en razón para su desestimación [art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 a) LOTC].
No obstante lo anterior, conviene aclarar que la desposesión en el cargo de diputado del señor Torra i Pla, con carácter previo a la firmeza de la sentencia, no puede atribuirse a las resoluciones impugnadas. Se trata de un acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020, dictado en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6.2 b) LOREG, que ha sido confirmado por dos sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En concreto, la STS 572/2021, de 28 de abril, que desestimó el recurso núm. 18-2020 interpuesto por el Parlamento de Cataluña; y la STS 1061/2021, de 20 de julio, que, igualmente, desestimó el recurso núm. 8-2020 interpuesto por el ahora recurrente, posteriormente impugnada en amparo ante este tribunal (recurso de amparo núm. 6056-2021) y actualmente pendiente de sentencia. En cualquier caso, la sala penal de casación no podía adoptar la medida solicitada, vista la regulación legal de este recurso que no contempla esta posibilidad.
Finalmente, sobre las declaraciones de responsables políticos emitidas durante la tramitación de la causa penal contra el recurrente, nuestro pronunciamiento requiere un análisis de su contenido. Tal y como se recoge en la demanda (folio 340), la vulneración se atribuye a las siguientes manifestaciones:
– Ministra de Educación, señora doña Isabel Santiago, en su condición de ministra portavoz del Gobierno: «El Ejecutivo está a lo que diga la Junta Electoral Central. Es competente y será la que decida si hay sanción o lo lleva a Fiscalía».
– Secretario general del PSC, señor don Miquel Aguilar: «Torra ha hecho cálculos y habrá pensado que las consecuencias de no retirar los lazos son pequeñas».
– Líder de Ciudadanos, señora doña Lorena Pascual: pidió a Torra que en el juicio por desobediencia «reconozca sus errores y pida perdón».
El recurrente alega que estas declaraciones incumplen lo dispuesto en el art. 6.2 CEDH y en el art. 48 CDFUE. No obstante, de forma más específica, el art. 4.1 de la Directiva 2016/343/UE dispone que «[l]os Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable».
La mera lectura de estas expresiones permite constatar su inidoneidad para entender vulnerado el derecho fundamental invocado. Ninguna de esas manifestaciones implica un tratamiento del recurrente como culpable. La ministra portavoz se limitó a expresar una posición de respeto institucional del Gobierno por las actuaciones de otro órgano como la Junta Electoral Central. El dirigente del PSC se refirió a lo que él entendía como una reflexión que debía realizar el ahora recurrente, mientras que la representante de Ciudadanos hizo una petición al señor Torra de la que, en ningún caso, puede deducirse una afirmación sobre la relevancia jurídico penal de su conducta.
La obligación de tratar a toda persona como inocente no puede impedir el ejercicio de la libertad de expresión de unos responsables políticos ante hechos con relevancia social. Lo determinante es si ese tipo de manifestaciones pudo tener alguna influencia en la causa penal de referencia. Como señalamos en nuestra STC 91/2021, de 22 de abril, FJ 8.4, a «la vista del planteamiento efectuado por el recurrente, que ni tan siquiera insinúa que las declaraciones que tacha de lesivas de su derecho a la presunción de inocencia hayan podido incidir en el ánimo de algún miembro de la sala sentenciadora, la contestación que ofrece el tribunal es muy simple. Se trata de una materia ajena al proceso y, por esto mismo, ni puede ser enjuiciada en esta sede, ni merece más respuesta que el rechazo de su toma en consideración.
La vulneración del derecho a la presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal, que es lo que aquí se denuncia, no es imputable a la sentencia recurrida en amparo. Tampoco cabe reprochar eficazmente a dicha sentencia, ni al tribunal que la dictó, no haber tutelado el derecho de que se trata, por la sencilla razón de que no constituía el objeto del proceso resolver sobre esta materia, ni era función del tribunal penal juzgador pronunciarse al respecto para, en su caso, otorgarla. En definitiva, la tutela del derecho fundamental invocado no tenía su cauce en el proceso penal del que dimana la condena ni, por tanto, integra el objeto del presente recurso de amparo.
El juicio que se nos pide en la demanda desborda la noción del principio de subsidiariedad que preside la jurisdicción constitucional de amparo [art. 53.2 CE y arts. 43.1 y 44.1 a) LOTC]. La parte demandante dispone de cauces procesales adecuados y suficientes para la protección de su derecho fundamental. De no obtener la tutela pretendida, una vez agotada la vía judicial precedente, podrá acudir en amparo ante este Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE)».
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo de amparo.
6. El derecho a la igualdad.
El recurrente invoca la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) en diversos apartados de su demanda. Y lo hace de forma conjunta con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener una resolución motivada, así como con el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE). Esta conexión no impide, sin embargo, un tratamiento individualizado de esta queja.
6.1 Pretensiones de las partes.
El recurrente concreta su alegación en dos hechos diferenciados. Por una parte, considera que se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley sin discriminación, reconocidos en los arts. 14 CE y 20 y 21 CDFUE. Se basa para ello en que, ante conductas «perfectamente equiparables», el recurrente ha recibido una sanción penal, mientras que los acuerdos de la Junta Electoral Central de 23 de enero de 2020 impusieron sanciones pecuniarias administrativas al presidente del Gobierno, señor Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y a la ministra de Educación, señora María Isabel Santiago Diéguez, quienes también desatendieron requerimientos de la junta electoral. La diferencia de trato y, sobre todo, la desproporción entre sanciones, suponen una vulneración del derecho a la igualdad. Por otro lado, señala el tratamiento discriminatorio, por injustificadamente desigual, ofrecido al recurrente en comparación con el precedente que se cita, consistente en la STS de 23 de enero de 2019 (recurso de casación núm. 1018-2017). En esa sentencia se redujo la pena de inhabilitación impuesta, descontando el tiempo que el penado había sido privado del cargo previamente, como consecuencia de la sentencia condenatoria de instancia, por aplicación de lo dispuesto en el art. 6 LOREG. Según el recurrente, el Tribunal Supremo ha ignorado la misma petición formulada en tal sentido.
El Ministerio Fiscal plantea la concurrencia de un óbice procesal de admisibilidad, por falta de agotamiento de la vía judicial previa, respecto de ambas alegaciones. Se trata de vulneraciones que habrían sido provocadas por la sentencia del Tribunal Supremo. En consecuencia, era necesario haber planteado el oportuno incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ), con carácter previo a la presentación de esta demanda. Al no haberlo hecho así, concurre la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 a) LOTC.
6.2 La respuesta de los órganos judiciales.
El fundamento jurídico octavo de la sentencia de casación se pronuncia sobre la alegada vulneración del derecho a la igualdad, en lo relativo al distinto tratamiento otorgado al recurrente en comparación con el dispensado al presidente del Gobierno y a la ministra de Educación. Tras hacer una amplia exposición sobre la jurisprudencia de este tribunal y del Tribunal Supremo sobre el derecho invocado, la Sala Segunda concluye que, en «el caso concreto el recurrente omite detallar cuáles fueron las concretas conductas atribuidas al señor Sánchez Pérez-Castejón y a la señora Celaá Diéguez, limitándose a decir que son equiparables, por lo que faltaría, en todo caso, el presupuesto de tratamiento desigual a supuestos de igualdad».
6.3 La doctrina constitucional sobre el derecho a la igualdad.
Este tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse en numerosas ocasiones sobre el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, reconocido en el art. 14 CE, lo que ha permitido conformar un cuerpo doctrinal consolidado que, en lo que ahora interesa, se resume a continuación.
Este «Tribunal ha señalado (por todas, SSTC 115/2006, de 24 de abril, FJ 3, y 13/2011, de 28 de febrero, FJ 3) [que] para estimar que se ha producido una violación de ese derecho no es suficiente, sin más, que exista una divergencia entre resoluciones judiciales, sino que es necesario que concurran distintos requisitos, particularmente, la acreditación de untertium comparationisadecuado, la identidad del órgano judicial, la existencia de alteridad en los supuestos contrastados, es decir, de "la referencia a otro" exigible en todo alegato de discriminación en aplicación de la ley y, finalmente, la ausencia de toda motivación que justifique en términos generalizables el cambio de criterio, bien lo sea para separarse de una línea doctrinal previa y consolidada, bien lo sea con quiebra de un antecedente inmediato en el tiempo y exactamente igual desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició. La razón de esta exigencia estriba en que el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, en conexión con el principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), obliga a que un mismo órgano jurisdiccional no pueda cambiar el sentido de sus decisiones adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente iguales, sin una argumentación razonada de dicha separación que justifique que la solución dada al caso responde a una interpretación abstracta y general de la norma aplicable y no a una respuestaad personam, singularizada. Lo que negativamente significa —y esto es lo que aquí importa— "que no podrá apreciarse la lesión de este derecho fundamental cuando el cambio de criterio responda a una vocación de generalidad, ya sea porque en la resolución se explicitan las razones que lo motivan o porque así se deduzca de otros elementos de juicio externos, como pueden ser significativamente posteriores pronunciamientos coincidentes con la línea abierta en la sentencia impugnada, que permitan apreciar dicho cambio como solución genérica aplicable en casos futuros y no como fruto de un mero voluntarismo selectivo frente a casos anteriores resueltos de modo diverso" [STC 120/2019, de 28 de octubre, FJ 3 d)].
Es decir, que, desde la perspectiva del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, un órgano judicial no se encuentra condicionado necesariamente por un pronunciamiento previo, sino que puede alterarlo, siempre que justifique razonada y razonablemente el cambio de criterio» (STC 80/2020, de 15 de julio, FJ 4).
Por otro lado, «de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial, el derecho a la igualdad solo puede entenderse como igualdad en la legalidad, ámbito dentro del cual siempre ha de operar (SSTC 37/1982, de 16 de junio, FJ 3; 29/1987, de 6 de marzo, FJ 7; 127/1988, de 24 de junio, FJ 4; 131/1988, de 4 de julio, FJ 4, por todas)» (STC 85/2003, de 8 de mayo, FJ 6). En esta línea, «hemos dicho reiteradamente que el principio de igualdad ante la ley no significa un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad, de manera que en ningún caso aquél a quien se aplica la ley puede considerar violado el citado principio constitucional por el hecho de que la ley no se aplique a otros que asimismo la han incumplido» (STC 21/1992, de 14 de febrero, FJ 4).
6.4 Resolución de las quejas.
Como premisa metodológica, el análisis de las vulneraciones alegadas debe partir, necesariamente, de los óbices procesales invocados por el Ministerio Fiscal.
En relación con la desigualdad supuestamente existente con los acuerdos de la Junta Electoral Central de 23 de enero de 2020, lo que se plantea en la demanda consiste, en realidad, en una mutación del objeto de este amparo. Lo que el recurrente alega es que, sobre la base de una conducta similar, la respuesta ha sido diferente. Pero esa diferencia no puede ser achacada a las resoluciones judiciales. Las sentencias impugnadas no han abordado las conductas del presidente del Gobierno y de la ministra de Educación. Por lo tanto, no pueden haber incurrido en desigualdad alguna. Lo que la demanda plantea es que la respuesta de la Junta Electoral Central ha sido injustificadamente distinta en uno y otro caso, con la consiguiente vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. En este punto, el recurso adoptaría la naturaleza de un amparo mixto (art. 43 LOTC), porque la lesión habría sido provocada por un órgano administrativo como la Junta Electoral Central, que no habría sido reparada por las resoluciones judiciales. Sin embargo, los acuerdos de la Junta Electoral Central no han sido objeto de impugnación en la vía judicial previa a este recurso, por lo que la demanda incurre en causa de inadmisión que, en este trámite, se convierte en desestimación [art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) LOTC].
En todo caso, una mera lectura de los acuerdos de la Junta Electoral Central de 23 de enero de 2020, que pueden consultarse en acuerdos de la sesión con fecha 23 de enero de 2020 (juntaelectoralcentral.es), pone de manifiesto que nos encontramos ante conductas sustancialmente distintas. En uno de los acuerdos se impuso una sanción pecuniaria por una entrevista concedida por el presidente del Gobierno a un programa de televisión emitido el 25 de octubre de 2019 y, en el otro acuerdo, por unas manifestaciones de la ministra de Educación, en su condición de ministra portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en la misma fecha. Las infracciones, por tanto, se agotaron en el mismo acto, con su mera realización. No se estaba en presencia de una infracción permanente o continuada en el tiempo, como ocurre con la colocación de símbolos partidistas en los edificios públicos. Por eso no hubo lugar a requerimiento concreto alguno cuyo reiterado incumplimiento determinara la presunta comisión de un hecho delictivo, como el que fue imputado al recurrente. Las conductas fueron sancionadas en la vía administrativa con la imposición de sendas multas, como también ocurrió con el demandante, a través del acuerdo de 13 de junio de 2019, que puede consultarse en acuerdos de la sesión con fecha 13 de junio de 2019 (juntaelectoralcentral.es). A lo anterior puede añadirse, como argumento complementario, la aplicación a este supuesto de la doctrina —ya expuesta— que proscribe la alegación de la igualdad en la ilegalidad. El recurrente no puede pretender que, en este procedimiento, se analicen unas conductas y unas actuaciones administrativas sancionadoras que, además de no ser el objeto de este recurso, no pueden constituir un término válido de comparación, no solo por su distinta naturaleza sino también por su carácter ilegal.
En relación con la desigualdad supuestamente existente con la STS de 23 de enero de 2019 (recurso de casación núm. 1018-2017), la decisión sobre el óbice procesal alegado debe ser necesariamente la misma. En este caso, la pretensión no consta planteada formalmente en el escrito de interposición del recurso de casación (obrante a los folios 41 y ss. del rollo de la sala), lo que explica que el Tribunal Constitucional no haya dado una respuesta formal a esta cuestión. Por lo tanto, la demanda incurre en la misma causa de desestimación que en el caso anterior, por falta de invocación previa de la lesión denunciada [art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) LOTC].
En cualquier caso, un análisis de la sentencia invocada impide apreciar la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, porque no existe identidad del supuesto de hecho.
La STS 722/2018, de 23 de enero de 2019, tiene en cuenta el efecto anudado por la ley electoral al dictado de una sentencia condenatoria por delito contra la administración pública, aunque no sea firme [art. 6.2 b) LOREG]. Pero lo hace señalando, en primer lugar, que ese efecto no se puede equiparar a una medida cautelar abonable.
En efecto, la pena ha de imponerse dentro del marco establecido en el Código penal. Los posibles abonos de la privación de libertad (art. 58.1 CP) o de derechos (art. 58.4 CP), ya sufridos con anterioridad, habrán de ser valorados «para el cumplimiento» de la pena, no para su imposición. Pero siempre que se hubieran acordado en «la causa» (art. 58.1 CP) y «cautelarmente» (art. 58.4 CP), lo que no concurría en ese caso, como tampoco en el presente.
No obstante lo anterior, en aquel supuesto el Tribunal Supremo admite excepcionalmente, por la vía del recurso de casación, la modulación de la pena finalmente impuesta, teniendo en cuenta la vigencia de la «medida extrapenal de contenido similar a la penalidad impuesta». Y lo hace teniendo en cuenta que la pendencia de ese recurso de casación había «ido más allá del tiempo razonable y deseable por virtud de las dificultades de conformar un tribunal integrado por magistrados que no hubiesen participado en la instrucción o en el enjuiciamiento anterior de estos mismos hechos, aunque referidos a otro acusado». En definitiva, el Tribunal Supremo compensa la posible dilación indebida provocada en el trámite del propio recurso de casación con una modulación de la pena de inhabilitación que la sala de enjuiciamiento había impuesto de forma correcta.
No estamos en presencia del mismo supuesto. En este caso no se ha apreciado dilación indebida en el trámite de la casación, por lo que falta la identidad del presupuesto para poder aplicar la doctrina que, excepcionalmente, el Tribunal Supremo aplicó en otro asunto.
Por otro lado, de la lectura de la propia resolución ahora impugnada se podría deducir una explicación implícita, recogida en el fundamento jurídico décimo tercero, que permitiría descartar su aplicación, al poner de manifiesto la diferencia existente entre ambos supuestos. Como recuerda la sentencia, se ha tenido en cuenta que «la pendencia llevaba aparejada una situación perjudicial para el recurrente por la cierta eficacia extraprocesal que a la condena no firme otorga la legislación electoral», lo que motivó que el asunto se señalara en una determinada fecha, «tomando en consideración también esa circunstancia». Por lo tanto, se puede entender que el Tribunal Supremo hubiera rechazado la aplicación del criterio expuesto en la STS 722/2018, porque no concurría la dilación que lo justificó, que se evitó en este caso mediante un señalamiento que tuvo en cuenta, precisamente, ese efecto extraprocesal impuesto por la legislación electoral.
Por todo ello, el motivo debe ser desestimado. Esto conlleva, necesariamente, la correlativa desestimación de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener una resolución motivada, que se formulaba de forma conjunta y que, como se ha expuesto, tampoco puede prosperar, conforme a una doctrina ya consolidada de este tribunal, a la que expresamente nos remitimos (ver, por todas, STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 3).
7. El derecho a la legalidad penal.
La demanda alega una serie de lesiones agrupadas bajo el denominador común de la vulneración del derecho a la legalidad penal reconocido en el art. 25.1 CE. Algunas de estas quejas aparecen directamente relacionadas con otras, por lo que se hace necesaria una sistematización que permita ofrecer una respuesta adecuada a todos los motivos invocados por el recurrente.
7.1 Consideraciones previas: sobre el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión e ideológica y del derecho a la representación política.
En la estructura argumental de la demanda, la invocación de estos derechos se pone en relación con el derecho a la legalidad penal, en su vertiente del principio de proporcionalidad de la pena. Sin embargo, desde la perspectiva constitucional que es propia de este tribunal, y en coherencia con nuestra doctrina, el análisis de estas alegaciones requiere una previa ponderación sobre si los hechos atribuidos al recurrente pudieran encuadrarse en un ejercicio legítimo de los citados derechos.
7.1.1 La libertad ideológica y la libertad de expresión.
El estrecho vínculo existente entre la libertad ideológica y la libertad de expresión ha sido destacado por la doctrina de este tribunal (entre las más recientes, en la STC 190/2020, de 15 de diciembre, FJ 3). Así, a la libertad ideológica que consagra el art. 16.1 CE le corresponde el correlativo derecho a expresarla, que garantiza el art. 20.1 a) CE (por todas, SSTC 20/1990, de 15 de febrero, FJ 5, y 177/2015, de 22 de julio, FJ 5). Eso no significa que el derecho reconocido en el art. 16.1 CE pueda entenderse «simplemente absorbido» por la libertad de expresión del 20.1 a) CE (STC 20/1990, FJ 3), ni que toda expresión libremente emitida al amparo del art. 20.1 a) CE sea manifestación de la libertad ideológica del art. 16.1 CE [SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 10; 137/1990, de 19 de julio, FJ 8; 120/1992, de 27 de junio, FJ 8, y 177/2015, de 22 de julio, FJ 5).
Sobre el contenido de la libertad de expresión y sus límites existe, asimismo, una consolidada doctrina constitucional, que se remonta a las tempranas SSTC 6/1981, de 16 de marzo, y 12/1982, de 31 de marzo, y recuerdan, entre otras, las SSTC 177/2015, de 22 de julio, FJ 2; 112/2016, de 20 de junio, FJ 2, y 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 3 a). Esta doctrina subraya repetidamente la «peculiar dimensión institucional de la libertad de expresión», en cuanto que garantía para «la formación y existencia de una opinión pública libre», que la convierte «en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática». Como subraya la STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4, la libertad de expresión vale no solo para la difusión de ideas u opiniones «acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población» (STEDH de 24 de febrero de 1997, asuntoDe Haes y Gijsels c. Bélgica, § 49). Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no es de carácter absoluto, sino que tiene sus límites, de manera que cualquier ejercicio de ese derecho no merece, por el simple hecho de serlo, protección constitucional.
Esos límites a los que está sometido el derecho a la libertad de expresión deben ser, no obstante, ponderados siempre con rigor por el juez penal, como igualmente ha advertido reiteradamente este tribunal (por todas, STC 177/2015, FJ 2; 112/2016, FJ 2, y 35/2020, FJ 4). Esta regla, que es de obligada atención con carácter general cuando aquel derecho fundamental entra en conflicto con otros derechos fundamentales o intereses de significada importancia social y política respaldados por la legislación penal, lo es todavía más cuando, como ocurre en el supuesto enjuiciado, se alega el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en relación con el derecho a la libertad ideológica.
7.1.2 El derecho a la representación política y la inviolabilidad parlamentaria.
La demanda alega, también, la vulneración del derecho a la representación política (art. 23.2 CE), ligada a la condición del recurrente como diputado del Parlamento de Cataluña y, como tal, protegido por la inviolabilidad parlamentaria.
Como hemos recordado en la STC 133/2021, de 24 de junio, FJ 4, el derecho del diputado miembro de una asamblea parlamentaria se extiende a la permanencia en el ejercicio del cargo público y a desempeñarlo de acuerdo con la ley, sin constricciones o perturbaciones ilegítimas [SSTC 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2; 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3; 220/1991, de 25 de noviembre, FJ 5; 71/1994, de 3 de marzo, FJ 6; 109/2016, de 7 de junio, FJ 3 a); 11/2017, de 10 de enero, FJ 3 a), y 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 4 a)], pues «la norma constitucional perdería toda eficacia si, respetado el acceso a la función o cargo público en condiciones de igualdad, su ejercicio pudiera resultar mediatizado o impedido sin remedio jurídico» (STC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6). Esta garantía adquiere especial relevancia cuando se trata de representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que ello comporta defender también el derecho mismo de los ciudadanos a participar a través de la institución de la representación en los asuntos públicos reconocido en el art. 23.1 CE [STC 32/2017, de 27 de febrero, FJ 3, con cita de las SSTC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3, y 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2 a)].
En la más reciente STC 184/2021, de 28 de octubre, FJ 4, hemos destacado que la «inviolabilidad es una prerrogativa de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualesquiera de las articulaciones de las Cámaras o, por excepción, en actos exteriores a estas que sean reproducción literal de un acto parlamentario, siendo su finalidad específica la de asegurar a través de la libertad de expresión de los parlamentarios la libre formación de la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan. Se configura, por lo tanto, como un límite a la jurisdicción que tiene carácter absoluto, en la medida en que impide la apertura de cualquier clase de proceso o procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidad a los miembros de la Cámara por las opiniones manifestadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones». Como también se aludía en la STC 9/1990, de 18 de enero, FJ 3, la STC 184/2021 destaca lo siguiente: «hemos venido declarando desde la STC 51/1985, que las prerrogativas parlamentarias, también la de la inviolabilidad, «han de ser interpretadas estrictamente para no devenir privilegios que puedan lesionar derechos fundamentales de terceros» (FJ 6), pues «[l]a existencia de tal tipo de privilegios pugnaría, entre otras cosas, con los valores de "justicia" e "igualdad" que el art. 1.1 de la CE reconoce como "superiores" de nuestro ordenamiento jurídico» (STC 90/1985, de 22 de julio, FJ 6; doctrina que reiteran las SSTC 123/2001 y 124/2001, FJ 4)».
Estos criterios se asemejan a los que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que constituyenexart. 10.2 CE un relevante elemento hermenéutico en la determinación del sentido y alcance de los derechos fundamentales que la CE proclama [por todas, las SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 5 B); 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 D), y 70/2021, FJ 3 B)]. Por ello, en la citada STC 184/2021, FFJJ 11.4 B) a) y 11.4 C), se hace una remisión expresa a la doctrina expuesta en la STEDH de 17 de mayo de 2016, asuntoKarácsony y otros c. Hungría, § 138; con referencia a las SSTEDH de 17 de diciembre de 2002, asuntoA. c. Reino Unido, § 85; de 3 de diciembre de 2009, asuntoKart c. Turquía, § 81, y de 11 de febrero de 2010, asuntoSyngelidis c. Grecia, § 42; también SSTEDH de 20 de diciembre de 2016, asuntoUspaskich c. Lituania, § 98, y de 22 de diciembre de 2020, [GS], asuntoSelahattin Demirtaş c. Turquía, —núm. 2—, § 256. Y también se citan la STJUE de 21 de octubre de 2008,Alfonso Luigi Pastor c. Eduardo de Gregorio y Antonio Clemente, asuntos acumulados C-200/07 y C-201/07, § 24; la STGUE de 19 de marzo de 2010,Gollnisch c. Parlamento Europeo, asunto T-42/06, § 94, y la STJUE de 19 de diciembre de 2019,Junqueras Vies, asunto C-502/19, § 82 a 84; con cita de las SSTJUE de 10 de julio de 1986, RogerWybot c. Edgar Faure y otros, asunto C-149/85, § 12 y 22, y de 22 de marzo de 2007, asuntoComisión de las Comunidades Europeas c. Bélgica, asunto C-437/04, § 56, y ATJUE de 6 de diciembre de 1990, J.J.Zwartveld y otros, asunto C-2/88-Imm, § 19).
7.1.3 Canon de control de constitucionalidad.
En supuestos como el que nos ocupa, en que se alega la vulneración del contenido de derechos fundamentales sustantivos por una condena penal, el problema sometido a nuestro enjuiciamiento ha de ser resuelto conforme a criterios específicos que derivan, no solo de la naturaleza y límites de nuestra jurisdicción de amparo (que, únicamente, tiene por objeto restablecer o preservar los derechos fundamentales cuando se ha alegado una vulneración concreta y efectiva de los mismos), sino también del contenido de los derechos en juego y de la naturaleza penal de la sanción impuesta.
En efecto, como hemos expuesto, entre otras, en la STC 190/2020, de 15 de diciembre, FJ 4, «el control que a este tribunal corresponde realizar no ha de ser un mero juicio externo, que verse sobre la razonabilidad de las valoraciones efectuadas por los jueces y tribunales en las resoluciones judiciales impugnadas en amparo, sino que hemos de aplicar a los hechos declarados probados por estas, siempre dentro de los límites que impone el art. 44.1 b) LOTC, las exigencias dimanantes de la Constitución, para determinar si, al enjuiciarlos, han sido o no respetados esos derechos fundamentales. Todo ello aunque para este fin sea preciso utilizar criterios distintos de los aplicados por los órganos judiciales, ya que sus razones no vinculan a este tribunal, ni reducen su jurisdicción a la simple revisión de la motivación de las resoluciones judiciales (entre otras muchas, SSTC 200/1998, de 14 de octubre, FJ 4; 136/1999, de 20 de julio, FJ 13; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 3; 88/2003, de 19 de mayo, FJ 11, y 177/2015, de 22 de julio, FJ 2).
De este modo habremos de examinar si la interpretación y aplicación de la norma penal realizada por los órganos judiciales en las sentencias impugnadas en amparo es compatible con el contenido constitucional de la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], en conexión con la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y, por tanto, si la condena penal impuesta al recurrente constituye o no una decisión constitucionalmente legítima, ya que, como este tribunal ha señalado reiteradamente, los tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse de forma contraria a los derechos fundamentales (entre otras muchas, SSTC 111/1993, de 25 de marzo, FFJJ 5 y 6; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, y 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3).
Por ello, para poder determinar si la aplicación del [tipo penal] realizada en el presente supuesto vulnera los referidos derechos, es necesario precisar inicialmente si la conducta objeto de sanción penal constituye, en sí misma considerada, lícito ejercicio de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se encuentra amparada por estos. Se trata de un análisis que no se sitúa en el ámbito de los límites al ejercicio del derecho fundamental, sino en el previo de la delimitación de su contenido y finalidad (por todas, SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 3; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, y 127/2004, de 19 de julio, FJ 2). Este escrutinio permite identificar aquellos supuestos en los que la conducta enjuiciada, por su contenido, por la finalidad a la que se orienta o por los medios empleados, desnaturaliza el ejercicio del derecho y se sitúa objetivamente al margen del contenido propio del mismo y, por ello, en el ámbito de lo punible; dicho de otro modo, se trata de aquellos casos en los que la invocación del derecho fundamental se erige en mero pretexto o subterfugio para, a su pretendido amparo, cometer actos antijurídicos (por todas, SSTC 185/2003, FJ 5, y 104/2011, FJ 6).
Fuera de tales supuestos, cuando la conducta penalmente reprochada se sitúa inequívocamente en el ámbito del contenido del derecho y, además, respeta los límites establecidos para su ejercicio, esa conducta no puede ser objeto de sanción penal, aunque la subsunción de los hechos probados en la norma fuera conforme a su tenor literal. Como este tribunal ha afirmado reiteradamente, la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, su carácter de elementos esenciales del ordenamiento jurídico, impone a los órganos judiciales, al aplicar una norma penal, la obligación de tener presente el contenido constitucional de los derechos fundamentales en juego, impidiendo reacciones punitivas que supongan un sacrificio innecesario o desproporcionado de esos derechos o tengan un efecto disuasorio o desalentador del ejercicio de los mismos (entre otras muchas, SSTC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4; 2/2001, de 15 de enero, FJ 3; 196/2002, de 28 de octubre, FJ 6, y 104/2011, de 20 de junio, FJ 6).
Si la conducta enjuiciada penalmente forma parte del ámbito de protección propio de los derechos y libertades que han sido alegados, será preciso examinar en segundo término si, por ser ejercicio plenamente legítimo de su contenido, tal circunstancia opera como causa excluyente de su antijuridicidad (entre otras, SSTC 104/1986, de 13 de agosto, FFJJ 6 y 7; 85/1992, de 8 de junio, FJ 4; 136/1994, de 9 de mayo, FJ 2; 19/1996, de 12 de febrero, FJ 2; 232/1998, de 30 de diciembre, FJ 5, y 24/2019, de 25 de febrero, FJ 3).
Dicho de otro modo, el análisis que este tribunal ha de realizar en un recurso de amparo contra una sentencia penal condenatoria se dirigirá entonces a determinar si la conducta del demandante se sitúa inequívocamente en el ámbito del contenido del derecho fundamental invocado y si, además, respeta los límites establecidos para su ejercicio (por todas, SSTC 111/1993, FFJJ 5 y 6; 137/1997, FJ 2; 110/2000, FJ 4; 88/2003, FJ 8; 104/2011, FJ 6, y 177/2015, FJ 2). En tal caso, la conducta enjuiciada no podría sufrir reproche penal alguno, lo que conduciría a estimar el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia condenatoria.
En suma, el control de constitucionalidad que a este tribunal corresponde llevar a cabo en este tipo de supuestos debe quedar limitado, antes de entrar en aspectos de legalidad penal ordinaria referidos a la concreta aplicación del tipo penal —que, en su caso, podrían ser objeto de control bajo la invocación del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE)—, a verificar si las sentencias impugnadas, al imponer la condena penal, han valorado como cuestión previa si la conducta enjuiciada constituye un ejercicio lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] y si, en ese marco de valoración, han ponderado las diversas circunstancias concurrentes en el caso, pues así lo impone el principio de supremacía de la Constitución y de respeto a los derechos fundamentales, como hemos tenido ocasión de recordar recientemente en la STC 35/2020, de 25 de febrero, FJ 4».
Esta doctrina ha sido reiterada en la más reciente STC 170/2021, de 7 de octubre, dictada en un recurso de amparo derivado de una sentencia condenatoria por delito de desobediencia del art. 410.1 CP. En esta resolución, tras exponer la citada doctrina, se concluye que «existe un uso desproporcionado del derecho penal, y por lo tanto ilegítimo desde una perspectiva constitucional, cuando se sanciona una conducta merecedora de ser encuadrada en el ámbito objetivo de aplicación del derecho fundamental invocado; esto es, cuando la conducta presente una conexión clara e incontestable con el derecho, aunque se haya incurrido en exceso en su ejercicio, pero no cuando represente una forma desfigurada o desnaturalizada del mismo inidentificable con su contenido objetivo» (FJ 8).
7.1.4 Aplicación al caso concreto.
La labor de ponderación que corresponde a este tribunal exige verificar, como presupuesto metodológico, si la conducta enjuiciada puede ser encuadrada en el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales invocados ya que solo de esta forma sería posible, a su vez, analizar su ejercicio legítimo para, a continuación, realizar una valoración con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos.
Lo primero que conviene resaltar es que la conducta del recurrente aparece completamente desvinculada del ejercicio de la función representativa y, en consecuencia, no encuentra amparo en la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria.
La doctrina expuesta en la STJUE de 6 de septiembre de 2011,Patriciello, asunto C-163/10, alegada por el recurrente, no es aplicable al presente supuesto. En esa resolución se analizaba una cuestión prejudicial planteada por un tribunal de Isernia (Italia), en una causa penal seguida contra un diputado italiano del Parlamento Europeo por unas manifestaciones en las que acusaba de un comportamiento ilegal a un agente de policía, durante un altercado en un aparcamiento público próximo a su residencia. En esa sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señalaba que la inmunidad reconocida en el art. 8 del Protocolo núm. 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (DOUE núm. 306, de 17 de diciembre de 2007), por las opiniones y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, no requiere que esas opiniones sean expresadas en la sede del órgano, ya que «no depende del lugar en el que se realizó la declaración, sino de su naturaleza y contenido» (parágrafo 30). No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea añade que una opinión emitida «en el ejercicio de sus funciones […] i