Categoría: Judicial

o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado’, o ‘no dé cumplimiento al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de capacidad económica para ello’». En ningún precepto del Código se indica que la sola falta de capacidad económica será motivo para denegar la suspensión, o en su caso para revocar la suspensión ya concedida; lo que es distinto a la acreditación de una conducta deliberadamente renuente a satisfacer dicha responsabilidad civil, en todo o en parte.
(ii) En el ATC 3/2018, FJ 7, declaramos la falta de razón de la tesis discriminatoria en los siguientes términos:
«Por esta razón, el legislador afirma expresamente que opta por otro régimen distinto, en el que la obligación de pagar la indemnización no desaparezca de antemano, debiendo comprometerse el penado a satisfacer la responsabilidad civil impuesta de acuerdo ‘con su capacidad económica’, esto es, debiendo asumir que, como condenado que quiere evitar el cumplimiento efectivo de la pena que le ha sido impuesta, tiene la obligación de realizar algún tipo de esfuerzo, por mínimo que sea, para satisfacer sus responsabilidades frente a la víctima del delito cometido. Ello no obsta, sin embargo, a que durante la ejecución de la suspensión de la pena se valore si el impago finalmente producido responde a una verdadera situación de insolvencia o si se trata, en cambio, de un incumplimiento deliberado, eventualmente acompañado de una ocultación de bienes, quedando claro en la regulación en vigor que, si el penado resulta realmente insolvente, la suspensión de la ejecución de la pena no ha de ser revocada. Así lo señala categóricamente el artículo 86.1, letra d): […].
En definitiva, lo único que se exige en el momento de decidir sobre la suspensión de la ejecución es un compromiso mínimo por parte del penado de satisfacer la responsabilidad civil impuesta, de acuerdo con su capacidad económica. Esto es, se condiciona el otorgamiento de beneficio de suspensión a la asunción por el penado de una actitud favorable hacia la víctima, que implique el compromiso de realizar un mínimo esfuerzo tendente a resarcirla del daño. Si la situación económica del penado es realmente precaria, nada se opone, por ejemplo, en el nuevo esquema normativo diseñado por el legislador, a que ese esfuerzo consista en el compromiso de pagar la indemnización si esa capacidad económica mejora durante el plazo total de suspensión que haya sido concedido, jugando aquí la necesaria discrecionalidad judicial en la evaluación de cada caso concreto.
La clave del nuevo sistema no es, en cualquier caso, dejar fuera de la suspensión a los que son insolventes en el momento en que se ha de decidir sobre su concesión (privilegiando, en cambio, incomprensiblemente a los que resultan insolventes en el momento posterior del impago). Se trata, antes bien, de vincular la concesión de la suspensión, en todo caso y cualquiera que sea la situación económica por la que circunstancialmente pase el penado, a la asunción por parte del reo de su deber de resarcir a la víctima en la medida de sus posibilidades, de modo que dicho deber no desaparezca rituariamente al inicio de la ejecución de la condena, exigiéndose en todo momento una actitud positiva hacia el cumplimiento de la responsabilidad civil. Las razones por las que la indemnización no resulta, finalmente, satisfecha se valoran, por ello, como el legislador advierte expresamente en el preámbulo y materializa normativamente en el citado artículo 86.1 d) CP, en el momento en que el plazo conferido expira sin que se haya pagado.
Es fácil concluir, por ello, que la regulación cuestionada se limita a arbitrar un sistema en el que no se eximeab initioal penado de la obligación de indemnizar y en el que el condenado debe asumir la obligación de realizar un cierto esfuerzo para resarcir a su víctima, si quiere evitar el cumplimiento efectivo de la pena de prisión impuesta. Si ese resarcimiento no llega a producirse por razón de la precaria situación económica del reo, la suspensión no se verá en ningún caso revocada. Esto evidencia que la diferencia de trato que el órgano judicial echa en falta en la regulación en vigor sigue, en realidad, existiendo, pues el insolvente sigue disponiendo en el régimen legal actual de una norma legal que contempla expresamente su situación, habiéndose limitado el legislador a desplazarla a un momento procesal distinto, más acorde a la nueva estructura del sistema de suspensión de la ejecución de la pena.
Nada se encuentra, en definitiva, en la regulación penal cuestionada que pueda entenderse como una regla impeditiva de la concesión de la suspensión de la ejecución a quien no puede hacer frente a las responsabilidades civiles por falta de capacidad económica, situación que, además, está expresamente prevista en el momento de decidir sobre la revocación del beneficio. La interpretación efectuada por el órgano judicial, que achaca a la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, una voluntad implacable de obstaculizar el acceso a la suspensión de los delincuentes en situación de indigencia, no tiene, por tanto, un fundamento jurídico mínimamente sólido, como acredita igualmente la práctica judicial generalizada a la que el propio auto de planteamiento alude, calificándola de ‘perversa’».
(iii) Por lo tanto y conforme con este ATC 3/2018, que inadmitió a trámite la cuestión planteada, de la lectura del art. 80.2.3 CP se descarta que la falta de capacidad económica para satisfacer la responsabilidad civil, ante una situación de insolvencia, determine la ejecución efectiva de la pena de prisión (denegación de la suspensión, o revocación de la suspensión ya acordada). Sí traerá consigo la ejecución de dicha pena, distintamente, la falta de asunción de un compromiso de pago por parte del penado; el incumplimiento voluntario de dicho compromiso en cualquier fase del plan de pagos calendado por el órgano judicial, pese a disponer el penado de medios económicos para abonar los importes asignados; o la ocultación por su parte de bienes y de nuevas fuentes de ingreso que permitirían reducir la obligación o aumentar en su caso la cuota mensual del plan de pagos fraccionado. En este mismo sentido, STC 32/2022, de 7 de marzo, FJ 4.
Y no es que el ATC 3/2018 no haya querido abordar el problema de la «discriminación por indiferenciación» que planteaba el órgano judicial proponente de la cuestión, según afirma la demanda, sino que este motivo fue expresamente rechazado por este tribunal en el fundamento jurídico 7, tanto por razón de doctrina general [«Cabe recordar al respecto, como primera consideración, que la regla constitucional que establece la igualdad de todos los españoles ante la ley no puede ser invocada como fundamento de un reproche que así habría que llamar de ‘discriminación por indiferenciación’ (STC 86/1985, de 10 de julio, fundamento jurídico 3), pues semejante planteamiento resulta en principio ajeno al ámbito de la regla enunciada en el artículo 14 de la Constitución» (STC 19/1988, de 16 de febrero, FJ 6)], y porque en el supuesto del art. 80.2.3 CP no es cierto que el legislador no hubiera tenido presente la situación de los penados que carecen de capacidad económica, más bien al contrario, como pasa a explicar a continuación en el auto, en los párrafos que acabamos de reproducir.
c) Respecto de la denuncia de infracción del art. 1 del Protocolo adicional núm. 4 al CEDH que también trae esta queja del recurrente en relación con el art. 17.1 CE, dicho Protocolo adicional no constituye canon de constitucionalidad que por sí solo permita ser invocado en un proceso de amparo, solo en su caso serviría a la interpretación en este caso del derecho a la libertad, por la vía del art. 10.2 CE. De todos modos, el precepto literalmente dice que: «Nadie puede ser privado de su libertad por la única razón de no poder ejecutar una obligación contractual». Y en el asunto que se juzga en este recurso no se trata en modo alguno de suspender una pena de prisión o no para que se cumpla un contrato, sino de la ejecución de una condena civil incluida en una sentencia firme penal, que ha declarado la responsabilidad del recurrente por la comisión de un delito de estafa continuado, junto con la obligación de reparación del perjuicio económico causado indebidamente a las entidades perjudicadas, entre ellas a la personada en este proceso. A esa diferente naturaleza entre obligaciones alude la STC 230/1991 varias veces citada por el recurrente, ocasión en la que ya rechazamos que en España exista la prisión por deudas (FJ 5).
Por ello mismo carece igualmente de relevancia la cita del art. 5bisLOPJ, pues ninguna de las resoluciones impugnadas ha vulnerado el Protocolo adicional núm. 4 al CEDH, ni sobre ellas se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarando tal conculcación, por lo tanto tampoco se trata de pedir recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.
d) Finalmente, sobre la vulneración del propio art. 17 CE que asimismo se invoca en esta queja, procede remitirse de nuevo al ATC 3/2018, FJ 5 (iii), que niega la afectación directa de este derecho fundamental por la normativa reguladora de la suspensión de la pena de prisión:
«Conviene añadir que, de acuerdo con la doctrina de este tribunal, la suspensión de la ejecución de la pena tampoco afecta directamente al derecho fundamental a la libertad personal (art. 17 CE). Según hemos señalado, la suspensión de la ejecución no es el título habilitante de la pérdida de libertad, sino una incidencia ejecutiva que modaliza, en beneficio del reo, el cumplimiento de la pena impuesto en dicho título, que es la sentencia condenatoria (por todas, STC 320/2006, de 15 de noviembre, FJ 4). El artículo 17 CE tampoco puede resultar, por ello, directamente comprometido en la regulación de la suspensión que se cuestiona, proyectando, eso sí, sus efectos, sobre la interpretación judicial de dicho instituto, que está también sujeta a un deber reforzado de motivación (art. 24.1 CE en relación con el art. 17 CE), dentro del marco regulativo fijado por el legislador de forma discrecional (STC 226/2015, de 2 de noviembre, FJ 4).»
Sí afecta al valor libertad, como señala en estas últimas líneas el ATC 3/2018 —y las resoluciones que en él se citan—, la interpretación y aplicación que hagan los órganos judiciales de las normas sobre suspensión y en su caso sobre revocación de la suspensión ya concedida. Entre otros supuestos, por incumplir el deber de motivación reforzada respecto del juicio de ponderación para resolver sobre la suspensión de la ejecución de una pena de prisión [ATC 3/2018, FFJJ 5 y 7; SSTC 320/2006, de 15 de noviembre, FJ 4; y 104/2022, FJ 3 B)], o para decidir su revocación (STC 32/2022, FFJJ 4 y 5), apareciendo como afectado el derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a la libertad individual. Este aspecto será objeto de consideración en el próximo fundamento jurídico.
4. Examen de la queja sobre el juicio de ponderación realizado por las resoluciones impugnadas
a) Finalmente se aborda la última de las quejas que superaron el filtro de procedibilidad, la tercera de la demanda en la que se denuncia la lesión del canon reforzado de motivación que debían tener las resoluciones impugnadas, alegando la demanda la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la libertad (art. 17 CE). Según el recurrente, en resumen, el auto de 13 de octubre de 2021 denegó la suspensión pedida sin ponderar sus circunstancias individuales y familiares ni indagar sobre su situación económica, y que esa falta de ponderación se reitera en los actos impugnados posteriores.
b) Sobre el alcance del derecho de motivación reforzada en este ámbito de resoluciones sobre suspensión condicional de la prisión, procede traer a colación la doctrina sentada en la STC 320/2006, de 15 de noviembre, FJ 4 —con cita de otras anteriores— en la que señalamos:
«Por lo que respecta al canon reforzado de motivación imperante en materia de suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad existe ya una doctrina consolidada, que sustancialmente puede sintetizarse en dos consideraciones de signo contrario. Por un lado, en sentido negativo, se ha rechazado reiteradamente que la simple referencia al carácter discrecional de la decisión del órgano judicial constituya motivación suficiente del ejercicio de dicha facultad, en el entendimiento de que ‘la facultad legalmente atribuida a un órgano judicial para que adopte con carácter discrecional una decisión en un sentido o en otro no constituye por sí misma justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente a la exigencia de que tal resolución esté motivada, pues solo así puede procederse a un control posterior de la misma’ (SSTC 224/1992, de 14 de diciembre, FJ 3; 115/1997, de 16 de junio, FJ 2; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 163/2002, de 16 de septiembre, FJ 4; y 202/2004, de 15 de diciembre, FJ 3, entre otras).
Por otro lado, ya en sentido positivo, se ha especificado que el deber de fundamentación de estas resoluciones judiciales requiere la ponderación de las circunstancias individuales del penado, así como de los valores y bienes jurídicos comprometidos en la decisión, teniendo en cuenta la finalidad principal de la institución, la reeducación y reinserción social, y las otras finalidades, de prevención general, que legitiman la pena privativa de libertad (por todas SSTC 25/2000, de 31 de enero, FFJJ 4 y 7; 8/2001, de 15 de enero, FJ 3; 163/2002, de 16 de septiembre, FJ 4; y 202/2004, de 15 de diciembre, FJ 3).»
Como factor de ponderación, la ley sitúa pues a la capacidad económica del penado y su compromiso de cumplir con la condena civil impuesta, además de lo que puede suponer para la víctima el que se acuerde la prisión del condenado en la medida en que con ello se dificulte la posibilidad misma de reparación civil [STC 104/2022, FJ 4 b)]. El compromiso de pago, en todo caso, únicamente puede asumirlo el penado, no un tercero no condenado por la sentencia penal de que se trate. Las alusiones del recurrente en sus diversos escritos procesales a que será su esposa quien abone el importe que se fije, ningún valor jurídico puede tener a esos efectos ni para el órgano judicial de ejecución, que no podría aceptar semejante sustitución procesal de obligados, fuera de quienes han sido condenados solidariamente a su pago, ni por este Tribunal Constitucional en sede de amparo. Cuestión distinta es que, sin ser el obligado, cualquier tercero puede realizar el pago, total o parcial, por cuenta de quién sí lo es («tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor»: art. 1158 del Código Civil), tal y como permite nuestro ordenamiento.
c) La doctrina que acaba de citarse, puesta en relación con las circunstancias aquí planteadas, conceden la razón al recurrente en su queja. Formalmente y a diferencia de lo sucedido en el asunto enjuiciado en la STC 104/2022, no puede decirse que la Sección Vigesimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid (el mismo órgano judicial autor de las resoluciones impugnadas en el recurso de amparo resuelto por dicha STC 104/2022) se haya abstenido de efectuar un juicio de ponderación, frente a la solicitud de suspensión de la pena de prisión de un año y nueve meses que presentó el aquí recurrente. Sin embargo, la ponderación realizada se observa patentemente insuficiente y por ello mismo infractora del deber de motivación reforzada a que venía sujeto aquel tribunal:
(i) Así, en primer lugar, el auto de 13 de octubre de 2021, luego de reproducir el art. 80 CP y recordar las cantidades a las que ha sido condenado de manera solidaria el recurrente y los otros dos acusados en el proceso, se limita a negar que aquel haya «asumido un compromiso serio y real de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica ni tampoco que el ofrecido vaya a ser cumplido en un plazo prudencial sin que haya ofrecido [sic], ninguna garantía para asegurar su cumplimiento de pago. Constando dos ingresos en junio y julio de 2021 sin la constancia de posteriores».
Razonado en estos términos, se ignora qué diligencias de averiguación del patrimonio del recurrente llevó a cabo la sección de ejecución para determinar si los 500 € mensuales ofrecidos en el escrito de solicitud, era o no el límite de lo que el recurrente podía ofrecer de acuerdo a su acreditada capacidad económica; es decir, por qué al parecer de la sección no se trataba de un «compromiso serio y real» de satisfacer la responsabilidad civil debida, ni siquiera habiendo efectuado ya dos ingresos. Es evidente que más allá de lo que manifieste el penado, el órgano judicial debe emprender una averiguación del patrimonio real de este último, no solo atendiendo a los hechos que alegue el acusador particular para facilitar su búsqueda o el Ministerio Fiscal, sino haciendo uso de las instituciones y medios puestos a su alcance para intentar un resultado positivo, tanto a través del punto neutro judicial (CGPJ), como de la oficina de recuperación y gestión de activos (prevista esta última en la disposición adicional sexta LECrim y regulada en el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre; y en la Orden JUS/188/2016, de 18 de febrero); así como con la colaboración de aquellas otras entidades públicas y privadas que a las que fuere menester acudir.
(ii) Interpuesto recurso de súplica el recurrente introdujo una variante relativa a su capacidad económica, hasta entonces no mencionada: ser propietario de una vivienda que identifica, y de la que informaba que está gravada con dos hipotecas. Ante esta alegación, y más allá de que el recurrente intentara menospreciar el valor económico del inmueble, el tribunal de ejecución debió realizar las pertinentes averiguaciones acerca de su titularidad dominical (si es bien privativo o ganancial), su valor actual, el importe pendiente de las cargas que lo gravan, y explorar por tanto las posibilidades de que dicho bien quede afectado a la satisfacción de la responsabilidad civil, mediante su venta o en su caso arrendamiento.
Nada de esto se evidencia en el auto de 14 de enero de 2002 desestimatorio de la súplica, donde la Audiencia se limita a dudar de la suficiencia de dicho bien inmueble o de lo ofrecido por la esposa (quien, ya se ha dicho, no puede convertirse en obligada por la sentencia, pero puede pagar en nombre de su esposo si libremente así lo estima) sin ningún argumento objetivo, añadiendo que el recurrente tiene «vinculaciones con empresas dedicadas al comercio de pescados y mariscos». Afirmación esta última indeterminada que, sin embargo, de ser cierto lo que dice, sería motivo para reforzar la realidad de su capacidad económica. Obviamente, todo ello debería ser ponderado para ver hasta qué importe puede reducirse la deuda en un pago o de manera fraccionada, en este segundo caso guardando la debida proporcionalidad de las cuotas en función de la capacidad económica judicialmente acreditada del recurrente.
(iii) Finalmente, y dejando a un lado la providencia de 12 de febrero de 2022 denegatoria del complemento (que en todo caso no subsana la omisión puesta de relieve por el recurrente), nada hace la sección de ejecución por reparar la lesión del derecho a una motivación reforzada exigible en este ámbito, al inadmitir por escueta providencia de 19 de abril de 2022 el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra las anteriores resoluciones. Providencia en la que, sin ninguna concreción, se aduce que se han introducido cuestiones ajenas a la ejecutoria y que ya se resolvieron las que se referían a sus fines.
En definitiva, no solamente para evitar al recurrente los efectos de una pena corta de prisión, sino para permitir que las entidades perjudicadas puedan ver satisfechas cuanto sea posible la responsabilidad civil objeto de condena, la sección de ejecución debió haber agotado las posibilidades de averiguación patrimonial de la capacidad económica del penado y ni lo hizo ni ha tomado en cuenta el bien inmueble ofrecido por aquel a fin de que pudiera saldarse la deuda, si no totalmente, al menos mediante un calendario proporcionado a esa capacidad económica acreditada, conforme a sus circunstancias personales y familiares. Efectuando así la sección de ejecución, de manera defectuosa, el juicio de ponderación que le era exigible.
Al carecer las resoluciones dictadas del deber de motivación reforzada, se produce la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del recurrente (art. 24.1 CE), puesto en relación con el derecho a la libertad (art. 17 CE).
Ha de estimarse por ello la demanda interpuesta, acordando como medidas para la reparación del derecho vulnerado la nulidad de todas las resoluciones impugnadas, y la retroacción de las actuaciones de la ejecutoria al momento inmediatamente anterior al de haber sido dictado el auto de 13 de octubre de 2021, para que en su lugar se pronuncie otra resolución que resulte respetuosa con el derecho reconocido.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido en relación con el recurso de amparo interpuesto por don Manuel Aguilar Hernández Ortiz:
1.º Inadmitir los motivos de la demanda que plantean: (i) la infracción de las garantías del derecho al doble grado de jurisdicción penal (art. 24.2 CE) contra las resoluciones impugnadas; y (ii) la lesión de los derechos a la libertad personal (art. 17 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) por no haberse dado audiencia al recurrente, antes de resolverse su solicitud de suspensión.
2.º Desestimar el motivo de la demanda relativo a la inconstitucionalidad del art. 80.2.3 del Código penal.
3.º Estimar el motivo de la demanda por falta de motivación reforzada de las resoluciones impugnadas. Se declara vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la libertad individual (art. 17 CE).
4.º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de la Sección Vigesimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de octubre de 2021 y 14 de enero de 2022, y la nulidad de las providencias de 11 de febrero de 2022 y 19 de abril de 2022 del mismo tribunal, recaídos todos en el procedimiento de ejecutoria núm. 56-2021 (procedimiento abreviado 640-2018).
5.º Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse el auto de 13 de octubre de 2021, para que el órgano judicial pronuncie una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Santiago Martínez-Vares García.–Ricardo Flores Sancho.–María Núñez Montero Sanz.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.