Categoría: Administración

mpresario. También se incluyen en este aspecto plataformas que favorezcan el comercio electrónico.
– Ciberseguridad aplicada al sector agroalimentario, uno de los aspectos de mayor relevancia en el marco de la digitalización, evitando la exposición de datos de importancia estratégica para las empresas.
– Innovación en soluciones digitales que favorezcan la optimización en el uso de insumos y mejora de la sostenibilidad destacando la mejora de eficiencia energética, de la gestión de agua y la reducción del uso de fitosanitarios que apliquen a todos los eslabones del sector agroalimentario: procesos productivos, distribución y comercialización. En este ámbito, además del resto de las tecnologías digitales, se incorporan las posibles aplicaciones robóticas que puedan colaborar en el logro de los objetivos sostenibles, así como la teledetección mediante el uso de drones o imágenes satelitales (ej. Copernicus) que permitan optimizar la toma de decisiones para alcanzar un mejor rendimiento y una mayor calidad de los productos del sector. Por último, también será de aplicación la innovación en el ámbito de la visión artificial aumentando su aplicabilidad para la consecución de los objetivos sostenibles planteados.
– Desarrollo e investigación sobre soluciones digitales aplicables en zona de baja conectividad, explorando un enfoque dual y comparativo con soluciones de borde, en la nube y mixtas bajo la consideración del potencial de las soluciones avanzadas del Internet de las Cosas (IoT).
– Investigación sobre balances energéticos globales en las soluciones TIC contemplando el ahorro energético derivado de la tecnología digital empleada, así como el consumo de energía derivado del almacenamiento y procesado de los datos empleados en la toma de decisiones considerando diferentes escalas, a nivel local, regional y global.
Este tema se encuentra alineado con el PERTE Agroalimentario ya que contribuye de manera directa en promover el desarrollo integrado de toda la cadena agroalimentaria a través de la digitalización de los procesos y de la incorporación de conocimiento e innovación que constituye el objetivo principal de dicho PERTE y más concretamente está directamente relacionado con el eje de la digitalización de toda la cadena de valor del sector agroalimentario que es uno de los tres ejes que configuran este PERTE.
Impacto esperado: Las solicitudes deben abordar varios de los siguientes criterios de impacto y proporcionar métricas para medir y monitorizar el éxito:
– Soluciones de digitalización adaptadas a las demandas del sector agroalimentario, con usabilidad reforzada.
– Aceleración en la transición digital para la reducción del impacto medioambiental, de los costes de producción y aumento de la calidad y trazabilidad de los productos mediante el uso de tecnologías digitales.
– Fortalecimiento de la posición de los productores y de la resiliencia y la transparencia de las cadenas de suministro, con sistemas de intercambio de datos seguros y justos para el sector.
– Aumento y mejora del uso de herramientas digitales en zonas con escasa conectividad.
– Mejora de la economía de datos de los sistemas alimentarios.
18. Enseñanza y cultura del español y lenguas cooficiales.
Ámbito: Tanto la Agenda Digital para España como la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, establecen el desarrollo de la economía y la sociedad digital como uno de los retos globales que requieren un mayor esfuerzo en materia de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
El español es la lengua más hablada del mundo después del chino, si tenemos en cuenta los hablantes nativos, y la tercera por número de hablantes después del inglés. Se prevé que en 2030 sea la segunda lengua de intercambio económico en el mundo, principalmente por el crecimiento del mercado latinoamericano. El español posee una enorme capacidad de internacionalización dado que nueve de cada diez usuarios se encuentran fuera de nuestras fronteras. Por otra parte, nuestra Constitución reconoce a las lenguas cooficiales la necesidad de especial respeto y protección, aconsejando una mayor presencia en el mundo digital.
En España existen numerosos grupos de investigación de reconocido prestigio internacional trabajando en procesamiento del lenguaje español y lenguas cooficiales, así como grupos especializados en semántica. Sin embargo, el desarrollo de aplicaciones para una lengua y, en muchos casos, para un ámbito de conocimiento determinado como historia y cultura, depende de la disponibilidad de tecnología y recursos para esa lengua y en un ámbito de conocimiento determinado. En el caso de España, la disponibilidad de esos recursos para el idioma del castellano, aunque en menor medida y con algunos vacíos significativos, tiene un nivel parecido al que existe para el alemán o el francés a pesar de tener un número muy superior de hablantes, sin embargo, para el caso de las lenguas co-oficiales es mucho menor. Estos recursos tienen un coste elevado que no pueden asumir pequeñas y medianas empresas. Para garantizar la disponibilidad de aplicaciones en español y lenguas cooficiales es necesario aumentar el número, la calidad, la variedad y la disponibilidad de los recursos y herramientas que les dan soporte.
El Plan Nacional de Tecnología del Lenguaje y su industria incluía entre sus objetivos Desarrollo de infraestructuras lingüísticas y el Impulso de las industrias de las tecnologías del lenguaje, ambos objetivos se ven reforzados en el PERTE sobre Nueva Economía de la Lengua, que cuenta entre sus ejes de actuación la creación de una plataforma tecnológica única y segura para el aprendizaje y certificación del conocimiento del español.
La demanda urgente de aplicaciones relacionadas con social media, big data y los datos abiertos, creando objetivos a corto plazo que ya pueden ser satisfechos en consorcios mixtos de desarrollo, lo que proporcionará gran visibilidad al área. La disponibilidad de múltiples áreas de aplicación: Turismo, Sanidad, Justicia, Educación, etc. donde optimizar y sistematizar procesos horizontales que pueden servir de efecto demostrador y aprendizaje para proyectos futuros, por su posibilidad de generar recursos reutilizables así como, el auge de las redes sociales junto al procesamiento del big data sitúan las industrias de la lengua en una excelente posición para, por un lado, explorar nuevos ámbitos de actuación y, por otro, obtener recursos básicos para avanzar en la mejora de los sistemas.
El objetivo de este tema es el de promover la sinergia entre, por una parte, investigadores en historia y cultura, así como investigadores implicados en la educación (en los ámbitos de la lengua y la historia), y, por otra parte, la industria dedicada a la creación de software orientado a la cultura y al aprendizaje. El tema deberá abordarse mediante un enfoque interdisciplinar que requerirá de la interacción de áreas como ciencias sociales, historia, tecnologías informáticas,
Impacto esperado: Las propuestas deberán incluir criterios de calidad y proporcionar métricas que permitan evaluar el éxito de las mismas:
– Desarrollo de Plataformas para la divulgación de la historia y cultura.
– Desarrollo de plataformas para el aprendizaje del español y lenguas cooficiales.
– Evaluación de la efectividad en el objetivo de divulgación de la historia y la cultura (teniendo en cuenta los distintos consumidores potenciales).
– Métricas para la comparación de los resultados de aprendizaje utilizando técnicas más tradicionales vs. las desarrolladas en el proyecto.
– Medidas de satisfacción del consumidor, profesor y/o alumno.
– Mejorar la visibilidad del sector del procesamiento de lenguaje natural y de la traducción automática.
– Trasladar la excelencia investigadora española a la industria.
– Garantizar la disponibilidad de doctores especialistas y formar nuevos investigadores.
1. La realización de los proyectos objeto de las ayudas previstas en esta convocatoria deberá atenerse a lo establecido en los principios internacionales y en la normativa vigente que les resulte de aplicación en materia de bioética, experimentación animal, bioseguridad, seguridad biológica, protección del medio ambiente, patrimonio natural y biodiversidad, patrimonio histórico y cultural y protección de datos, y respetar los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial), en el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la biomedicina y en la Declaración Universal de la Unesco sobre el genoma humano y los derechos humanos.
2. Los proyectos se atendrán a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y a las que las modifiquen o desarrollen, y en concreto:
a) Los proyectos que impliquen la investigación en humanos o la utilización de muestras biológicas de origen humano deberán respetar lo establecido en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, y demás legislación vigente sobre la materia.
b) Los proyectos que impliquen experimentación animal deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente y, en particular, en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, modificada por la Ley 6/2013, de 11 de junio, y en el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia, modificado por el Real Decreto 118/2021, de 23 de febrero.
c) Los proyectos que impliquen la utilización de organismos modificados genéticamente deberán atenerse a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, sobre la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, y en el Real Decreto 178/2004 de 31 de enero, por el que se aprueba su Reglamento y sus posteriores modificaciones.
d) Los proyectos que impliquen la utilización de agentes biológicos, deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en los reales decretos que la desarrollan.
e) Los proyectos deberán cumplir con lo previsto en el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos.
f) Los proyectos de investigación que impliquen la utilización de células troncales embrionarias humanas o líneas celulares derivadas de ellas, así como los proyectos de investigación que impliquen la utilización de células y tejidos de origen humano en el campo de la medicina regenerativa deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, sobre investigación biomédica y en el Real Decreto 2132/2004, de 29 de octubre, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar el desarrollo de proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones sobrantes y en el Real Decreto 1527/2010, de 15 de noviembre, por el que se regula la comisión de garantías para la donación y utilización de células y tejidos humanos y el registro de proyectos de investigación, así como al resto de la normativa legal vigente.
g) Los proyectos que impliquen la investigación con células y tejidos humanos deberán atenerse a lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.
h) Los proyectos que utilicen recursos genéticos españoles o extranjeros, y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, deberán cumplir con lo previsto en el Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de su utilización. Asimismo, deberán cumplir con el Reglamento (UE) número 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de su utilización en la Unión.
i) Los proyectos que impliquen adquisición o intercambio de material genético deberán atenerse a lo establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y a lo establecido en el Real Decreto 199/2017, de semillas de vivero y de recursos fitogenéticos. En el caso de recursos fitogenéticos, las recolecciones de material genético deberán cumplir las disposiciones de carácter nacional y autonómico que afecten a posibles taxones que se consideren amenazados.
j) Cuando aplique según la naturaleza del proyecto, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 7/2018, de 31 de diciembre.
k) Los proyectos que tienen como objetivo la conservación o recuperación del Patrimonio cultural e histórico deberán cumplir lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el Real Decreto-ley2/2018, de 13 de abril, así como la legislación autonómica vigente sobre esta materia.
l) Los proyectos que se desarrollen en el medio marino deberán cumplir la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino.
m) Los proyectos que se lleven a cabo en espacios dentro de la Red Natura 2020 deben cumplir la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
n) Cuando aplique según la naturaleza del proyecto, el Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.
o) Cuando aplique según la naturaleza del proyecto, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
p) Los proyectos que se desarrollen en la zona del Tratado Antártico (por debajo del paralelo 60º S) deberán ajustarse a las normas establecidas por el propio Tratado Antártico (BOE de 26 de junio de 1982) y por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus Anejos (Protocolo de Madrid, BOE de 18 de febrero de 1998), recogidas por el Comité Polar Español.
q) Los proyectos que impliquen la realización de estudios mediante encuestas cuantitativas en el ámbito de las ciencias sociales con toma de datos, deberán cumplir con lo establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y la recomendación de la Comisión Europea de 17 de julio de 2012, relativa a la información científica y su preservación.
3. Los proyectos con implicaciones en materia de bioética, experimentación animal, bioseguridad y seguridad biológica deberán contar como requisitos de actividad y atendiendo a su naturaleza, con las autorizaciones y/o informes legalmente establecidos.
4. El personal investigador responsable de los proyectos que utilicen organismos modificados genéticamente deberán presentar la solicitud de autorización/notificación para realizar actividades con organismos modificados genéticamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 24 del Real Decreto 178/2004, de 30 de enero.
5. Los proyectos que supongan actuaciones a bordo de buques oceanográficos y en campañas polares deberán cumplir los siguientes requisitos para su actividad:
a) Los proyectos a desarrollar en campañas antárticas deberán planificarse dentro del límite de duración del proyecto. Toda actividad en las bases antárticas estará condicionada a las posibilidades logísticas y a las disponibilidades de espacio y tiempo.
b) Para la participación en las campañas antárticas, los/as investigadores/as deberán pasar reconocimiento médico según el protocolo establecido por el Comité Polar Español. El procedimiento para este protocolo estará disponible en la página web de la Agencia y del Comité Polar Español.
c) De conformidad con lo previsto por el Comité Polar Español, cada uno/a de los/as investigadores/as que participe en la campaña antártica debe confirmar por escrito, con anterioridad al inicio de la campaña, su aceptación plena y sin reservas del Código de Conducta disponible en la página web del Comité Polar Español. Este código será de obligado cumplimiento durante todo el desarrollo de la campaña. La ausencia de confirmación por escrito se entenderá como una negativa voluntaria a dicha aceptación e impedirá la participación en la campaña.
d) Los proyectos de investigación que precisen para su desarrollo el acceso a las zonas polares, ya sea accediendo a infraestructuras científicas españolas o de otros países, deberán someterse a los procesos de examen, evaluación y autorización que determine el Comité Polar Español o autoridad competente, y deberán someterse a los requisitos establecidos por las entidades titulares de dichas infraestructuras. El incumplimiento de alguno de estos condicionantes que imposibilite el acceso a la zona polar prevista podrá dar lugar a la necesidad de replantear los objetivos del proyecto o a su eventual cancelación.
e) De conformidad con lo previsto por el Comité Polar Español, los responsables principales de la investigación de las actuaciones polares deberán contactar con el Centro de Nacional de Datos Polares (CNDP) para gestionar el envío de los datos brutos y los de las calibraciones instrumentales, en un plazo máximo de tres meses posteriores a la finalización de la campaña y conforme al protocolo de remisión, almacenamiento y difusión de datos antárticos en España, disponible en la página web del Comité Polar.
f) Los responsables principales de la investigación de las actuaciones polares deberán enviar al finalizar la campaña un informe de la misma de acuerdo con el formato disponible en la página web de la Agencia.
g) Aquellos proyectos que resulten financiados deberán remitir a la Secretaría Técnica del Comité Polar Español los formularios de solicitud de Toma de Muestras y de acceso a las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas, si van a realizar dichas actividades en el mes de septiembre anterior a cada campaña antártica.
h) Toda actividad en los buques oceanográficos estará condicionada a las posibilidades logísticas y a las disponibilidades de espacio y tiempo. Los solicitantes deberán consultar la planificación de las campañas previas aprobadas en la Comisión de Coordinación y Seguimiento de las Actividades de los Buques Oceanográficos (COCSABO), que está disponible en la página web del ministerio y proponer una fecha de campaña, dentro de las disponibilidades existentes. La no disponibilidad de espacio y tiempo de buque, así como la no viabilidad de la campaña por problemas logísticos podrá suponer la no subvención del proyecto. No se podrán solicitar campañas de duración superior a quince días.
i) Los proyectos a desarrollar a bordo de buques oceanográficos deberán consultar el documento de Protocolo de Acceso a Buques, disponible en la página web de la COCSABO.
j) Los responsables principales de la investigación de los proyectos que conlleven la realización de campañas oceanográficas serán responsables de la elaboración de los metadatos de la campaña, y para ello tendrá a su disposición a bordo del buque las herramientas necesarias y el apoyo del personal técnico embarcado. Los metadatos serán incorporados por parte de los operadores de los buques en los Catálogos de campañas realizas disponibles en la página web del ministerio. Los datos brutos adquiridos durante la campaña serán de carácter restringido (excepto los datos básicos recogidos de forma automática y continua) y pasarán a ser de carácter público en el plazo de dos años desde la finalización del proyecto correspondiente.
k) Los responsables principales de la investigación de los proyectos que conlleven la realización de campañas oceanográficas deberán presentar al operador del buque un informe de campaña de acuerdo con el formato disponible en la página web de la Agencia. Asimismo, dicho informe deberá ser incorporado al informe científico-técnico final del proyecto.
l) Los/as investigadores/as que realicen sus actividades en la Red de Aguas Marinas Protegidas o Red Natura 2000 deberán disponer, siempre que sea necesario, previo al inicio de la campaña, del correspondiente informe de impacto ambiental, de acuerdo con el procedimiento publicado en la página web de la Agencia.
m) Los responsables principales de la investigación que realicen sus actividades oceanográficas en aguas extranjeras deberán solicitar con siete meses de antelación al inicio de la campaña el permiso para trabajar en aguas extranjeras. Se deberán asimismo tener en consideración las zonas de conflicto diplomático conocido y evitar cualquier actuación que pudiera suponerlo.
n) Los responsables principales de la investigación de las actuaciones polares y de aquellas que conlleven la realización de campañas oceanográficas deberán enviar, tanto durante el período de vigencia del proyecto como una vez finalizado, las publicaciones científico-técnicas generadas como consecuencia de estas actividades.
6. Los proyectos que impliquen la realización de estudios mediante encuestas cuantitativas en el ámbito de las ciencias sociales con toma de datos deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Los responsables principales de la investigación de estos proyectos deberá transferir, en un plazo máximo de doce meses desde su finalización, los microdatos integrantes del estudio al Banco de Datos Específico de Estudios Sociales que, a estos efectos, radica en el Centro de Investigaciones Sociológicas, en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y la Recomendación (UE) 2018/790 de la Comisión, de 25 de abril de 2018, relativa al acceso a la información científica y a su preservación.
b) A tal efecto, con carácter previo a la presentación de las solicitudes de estos proyectos, los responsables principales de la investigación deberán remitir al Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática un Plan de Depósito Inicial, cuyo contenido consistirá en un compromiso del cumplimiento de la obligación de transferencia de microdatos a que se refiere el apartado a).
c) Para el cumplimiento de las obligaciones que se recogen en los apartados anteriores se utilizarán los modelos normalizados puestos a disposición de los/as investigadores/as por el Centro de Investigaciones Sociológicas, a través de su página web.
7. Los proyectos que impliquen la realización de actividades arqueológicas deberán contar con las autorizaciones para su realización, expedidas por las autoridades competentes y cumplir cualquier otro requerimiento exigido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como a la legislación autonómica vigente sobre la materia que les sea de aplicación.
8. Los responsables principales de la investigación de los proyectos que utilicen recursos genéticos españoles o extranjeros y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos deberán presentar, a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la declaración de diligencia de conformidad con el artículo 14.1 del Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero.
Número máximo de páginas, incluyendo la portada y el índice: Cuarenta.
No se podrán incluir en la memoria actividades de entidades que no forman parte del consorcio ni actividades de entidades que, aunque formen parte del consorcio, no tengan una cuantificación económica en el presupuesto.
La memoria deberá contener los siguientes epígrafes:
1. Portada.
a) Nombre del investigador o la entidad que coordina la propuesta.
b) Título del proyecto y acrónimo en español.
c) Título del proyecto y acrónimo en inglés.
2. Justificación y novedad de la propuesta.
a) Adecuación de la propuesta a las características de la convocatoria y contribución al tema seleccionado.
b) Descripción de los conocimientos y desarrollos actuales en el campo o campos específicos cubiertos por la propuesta, con indicación de las dificultades y desafíos.
c) Descripción de los aspectos clave de la propuesta (científicos, innovadores, transferencia de conocimiento, entre otros), detallando las disciplinas involucradas y el progreso más allá del estado de la técnica.
3. Objetivos, metodología y plan de trabajo.
a) Descripción de los objetivos generales y específicos, enumerándolos brevemente, con claridad, precisión y de manera realista.
b) Plan de trabajo, que incluya una descripción de todas las actividades y tareas que se proponen desarrollar y su adecuación para la consecución de los objetivos de la propuesta, destacando aquellas etapas críticas cuyo resultado pueda afectar a la viabilidad del plan de trabajo previsto o requerir un reajuste del mismo.
c) Descripción de un plan de contingencia para resolver posibles dificultades.
d) Descripción de las metodologías previstas para las distintas actividades y tareas.
e) Descripción del tipo y finalidad de las actividades/tareas propuestas (coordinación, investigación, desarrollo, innovación, transferencia de conocimiento, protección del conocimiento, formación o difusión, otros).
f) Cronograma para todas las actividades y tareas del proyecto, con indicación de la responsabilidad y la participación de cada uno de los miembros del consorcio en las mismas.
g) Resumen del presupuesto de la propuesta, indicando el coste de las actividades y/o tareas y la distribución por cada miembro del consorcio.
h) Tareas que se tiene previsto realizar a través de la subcontratación, justificando la necesidad de la misma.
4. Capacidad científico-técnica y económica del consorcio.
a) Descripción de todos los miembros del consorcio: Composición y trayectoria del equipo, antecedentes, experiencia, resultados de proyectos previos desarrollados relacionados con la actuación y contribución a la propuesta. Complementariedad entre los equipos ejecutores.
b) Internacionalización de los miembros del consorcio indicando la participación y liderazgo en programas internacionales, así como las relaciones con entidades y/o organismos internacionales.
c) Instalaciones y capacidades puestos a disposición por cada miembro del consorcio para el éxito del proyecto, especificando su papel en la consecución de los objetivos o la ejecución de las actividades.
d) Otras propuestas presentadas a esta convocatoria por los miembros de este consorcio (si las hubiera). Indique el título de la propuesta y los miembros del consorcio.
5. Impacto esperado de los resultados.
a) Descripción del impacto esperado de la propuesta. El impacto puede describirse en aspectos como la ciencia, la tecnología, el desarrollo social, el crecimiento económico, las perspectivas de mercado o el desarrollo de políticas. El impacto puede ser tangible o intangible.
b) Plan de implementación y explotación de los resultados esperados incluyendo en los casos que se requiera análisis y previsión de mercados y la generación y explotación de patentes y/o modelos de utilidad.
c) Plan de divulgación de los resultados a los colectivos más relevantes para la temática del proyecto y a la sociedad en general.
d) Planes de acceso abierto de los documentos del proyecto y en los casos que se requiera una breve reseña del plan de acceso abierto de los datos del proyecto.
e) Impacto económico de la propuesta incluyendo aspectos como el potencial de la propuesta para la creación de empleo directo de los miembros del consorcio, la inversión privada movilizada por el proyecto.
f) En aquellos casos que así lo requieran, la inclusión de la dimensión de género en el contenido de la investigación o el impacto asociado al ámbito de la discapacidad y otras áreas de inclusión social.
1. Las empresas que tengan las cuentas de los dos últimos ejercicios registradas en el Registro Mercantil no tendrán que aportar ninguna información adicional de carácter económico.
2. Las empresas que no tengan obligación de registrar sus cuentas en el Registro Mercantil, las que no tengan alguna de las cuentas correspondientes a los dos últimos ejercicios registradas en el Registro Mercantil y las asociaciones empresariales sectoriales deberán presentar las cuentas cerradas y auditadas (o aprobadas, su caso, por los administradores de la entidad) de los dos últimos ejercicios.
3. Las empresas o asociaciones empresariales sectoriales que tengan una antigüedad inferior a tres años a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria, deberán presentar las cuentas que tengan cerradas y auditadas y el Plan de Negocios de la entidad para los tres ejercicios siguientes, de acuerdo con el modelo que se publicará en la página web de la Agencia.