Categoría: Administración

rio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por el importe anticipado, si bien podrán quedar eximidas de presentar esta garantía las entidades no lucrativas que realicen proyectos o programas de acción ambiental. La duración de esta garantía se determinará asimismo en cada convocatoria.
Tal y como se regula en el artículo 48 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario deberá presentar el original del resguardo de constitución de la garantía en la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalidades previstas en las disposiciones reguladoras de la citada Caja, conforme al Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, y demás normativa de aplicación, y con los requisitos establecidos para las mismas.
La garantía se constituirá por un importe igual a la cantidad del pago anticipado, incrementado en máximo del 20%, y responderá del importe de las cantidades anticipadas y de los intereses de demora.
3. Quedan exonerados de la constitución de esta garantía, en su caso, aquellas entidades previstas en el artículo 42.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a entidades beneficiarias cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
4. La garantía, será devuelta una vez liquidada la ayuda concedida. En caso de que se acuerde el reintegro por el órgano competente y, a instancias de éste, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ejecutará las garantías constituidas a su favor.
5. En aquellos casos que el importe anticipado generase intereses a favor de la entidad beneficiaria, estos intereses deberán ser invertidos en el desarrollo de los proyectos subvencionados.
El régimen de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, mediante los procedimientos de selección que se establecen en estas bases reguladoras y en las correspondientes convocatorias, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante convocatoria de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o el órgano en quien delegue, que se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) así como de un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».
1. Las solicitudes y documentación correspondientes deberán presentarse en el plazo mínimo de diez días hábiles y máximo de veinte días hábiles. No obstante, cada convocatoria fijará el plazo para la presentación de solicitudes dentro del rango mínimo y máximo.
Este plazo de presentación se computará a partir del día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
2. La solicitud se dirigirá a la persona titular del Departamento y se acompañará de los documentos que acrediten la condición de beneficiario según los artículos 3 y 4 de esta orden.
No será necesario presentar los documentos exigidos en el párrafo anterior, cuando éstos no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cuyo caso la entidad solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el citado caso, la entidad aportará una declaración responsable indicando los documentos que no son aportados por cumplir lo anteriormente expuesto.
Excepcionalmente, si no se pudiera recabar alguno de los documentos recogidos en los artículos 3 y 4, se podrá solicitar al interesado su aportación, si fuera indispensable, en cualquier fase del procedimiento.
3. La solicitud se acompañará además una memoria explicativa por proyecto que incluirá:
a) Identificación de la entidad solicitante
b) Denominación del proyecto.
c) Breve descripción del proyecto presentado en la solicitud de subvención.
d) Período y lugares de ejecución previstos durante el desarrollo de la actividad.
e) El presupuesto pormenorizado, según modelo anexo a cada convocatoria, que se solicita que sea subvencionado, con cronograma estimado de los trabajos propuestos y su coste, con desglose por concepto de coste. Este presupuesto será el que tendrá que ser justificado en su totalidad para recibir la cuantía íntegra que figure en la resolución definitiva de subvención.
f) Descripción justificativa de por qué la actividad se inserta indubitadamente en la modalidad de ayuda convocada.
g) La identificación de los participantes en el mismo, así como de quién es la persona directora de los trabajos, que suscribirá la memoria.
h) Especificación de los objetivos que se prevé alcanzar con la realización de cada actividad que se presenta para ser subvencionada. En esta parte se incluirá, en su caso, el número de empleos, con diferenciación de género que se espera generar gracias a la realización de la actividad. Adicionalmente las órdenes de convocatoria fijarán indicadores que deben ser ofrecidos al inicio de la actividad y una vez finalizada.
i) En su caso, previsión de otras subvenciones que pueda recibir la actividad, con indicación del organismo otorgante de la subvención y la cuantía.
j) Cualesquiera otros requisitos que se indiquen en las convocatorias.
4. Esta memoria deberá suscribirse por las personas que dirijan el proyecto.
5. La solicitud se realizará por medios electrónicos, junto al resto de la documentación, se dirigirán a la persona titular del Departamento y se presentará en el registro electrónico, accesible a través de su sede electrónica asociada (https://sede.miteco.gob.es/portal/site/se), de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con lo señalado, toda la tramitación del procedimiento será por medios electrónicos.
6. La solicitud de ayudas implica la autorización al Departamento ministerial para recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
7. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, tal y como establece el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. El órgano competente para la ordenación del procedimiento será la persona titular de la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
2. La instrucción de procedimiento se realizará por la persona titular de la Dirección General de Servicios de la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en los términos previstos en los artículos 22 y 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Tras el examen de las solicitudes por el órgano instructor, en aplicación del artículo 24.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la Comisión de valoración analizará las propuestas y, tras deliberación, emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada, tal y como se establece en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. El funcionamiento de la Comisión de valoración se ajustará a lo previsto en la sección 3.º del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Esta Comisión de valoración se conforma con los medios personales y materiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los miembros de la comisión de valoración, que pertenecerán a un órgano distinto al que tiene encomendadas las funciones de instrucción, serán designados por la persona titular de la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y estará constituida de la siguiente forma:
a) Presidencia: Un funcionario de carrera con nivel 30 que preste servicios en la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En caso de ausencia o de enfermedad u otra causa legal, la persona que ostente la presidencia será sustituida por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad por este orden.
b) Vocalías: Cinco funcionarios de carrera del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con nivel 26 o superior. c) Secretaría: Un funcionario de carrera de la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con voz, pero sin voto, con nivel 26 o superior.
El nombramiento de la Comisión de Valoración se llevará a cabo una vez publicado el extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y con una antelación, de al menos, quince días a la evaluación de las solicitudes. La composición de la Comisión de Valoración, así como las personas suplentes, se publicará en la sede electrónica asociada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
5. El Órgano Instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de resolución provisional debidamente motivada que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de diez días para presentar alegaciones y su aceptación o renuncia.
En caso de no recibirse la aceptación dentro del plazo señalado en el párrafo anterior se presumirá la renuncia de la entidad.
6. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
La propuesta de resolución definitiva será notificada por el órgano instructor a las entidades propuestas como beneficiarias, para que comuniquen su aceptación o renuncia, en el plazo máximo de 10 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En caso de no recibirse la aceptación dentro del plazo señalado en el párrafo anterior se presumirá la renuncia de la entidad.
Recibida la aceptación de la subvención, se remitirá a la persona titular del órgano competente para la resolución.
7. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará al propuesto como beneficiario a reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 61 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
8. Transcurrido el plazo sin que se hayan aportado los documentos exigidos, se entenderá que la entidad propuesta como beneficiaria renuncia a la concesión de la subvención.
9. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Además, la propuesta de resolución hará constar de manera expresa la desestimación del resto de las solicitudes
10. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
11. Las propuestas de resolución provisional o definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
1. Los criterios objetivos de valoración, que podrán sumar como máximo 100 puntos, se desagregarán del siguiente modo:
a) Criterios técnicos (máximo 70 puntos), con el siguiente desglose:
1.º) Criterios de calidad técnica y económica de la propuesta (máximo 45 puntos):
Objetivos y alcance del proyecto en el marco de un plan o estrategia de la Administración General del Estado (máximo 10 puntos);
Metodología y plan de trabajo (máximo 10 puntos);
–Definición de indicadores de ejecución y evaluación (máximo 5 puntos);
Cronograma de ejecución del proyecto (máximo 5 puntos);
Presupuesto dimensionado a los objetivos pretendidos (máximo 5 puntos);
Adecuación y competencia del equipo (máximo 5 puntos);
Integración de criterios de igualdad en el equipo (máximo 5 puntos).
2.º) Criterios ambientales y sociales (máximo 25 puntos):
Enfoque de género del proyecto (máximo 2 puntos);
Contribución efectiva a la adaptación al cambio climático (ACC) y prevención de riesgos (máximo 3 puntos);
Situación demográfica del ámbito territorial del proyecto (máximo 3 puntos);
Actividades de concienciación y sensibilización previstas a la defensa del medio natural y la biodiversidad en todas las actividades (máximo 7 puntos).
Tipos de investigación a subvencionar (máximo 10 puntos): si el proyecto contribuye a un tipo de investigación (máximo 4 puntos); a 2 tipos (máximo 6 puntos); 3 tipos (máximo 8 puntos) o 4 tipos (máximo 10 puntos) de los mencionados en el artículo 2 de esta Orden y que son:
Contribución efectiva a actividades de investigación en los acuerdos o convenios de los que España es parte.
Contribución efectiva a la lucha contra la pérdida de biodiversidad y contribución a la transición ecológica.
Contribución efectiva para la conservación y/o restauración de ecosistemas y biodiversidad marina.
Contribución efectiva para la mejora del conocimiento del estado de conservación del Dominio Público Hidráulico -DPH- y la eliminación de amenazas al mismo, competencia de la Administración General del Estado.
b) Criterios estratégicos (máximo de 20 puntos) con el siguiente desglose:
1.º) Contribución, sinergias y complementariedad en el marco de planes y estrategias estatales y, más específicamente, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (máximo 10 puntos).
2.º) Propuesta de acciones innovadoras (máximo 5 puntos)
3.º) Trabajo en redes nacionales o internacionales (máximo 5 puntos).
c) Criterios relacionados con la entidad que presenta el proyecto (máximo 10 puntos):
1.º) Grado de implantación y antigüedad (máximo 6 puntos).
2.º) Experiencia en la aplicación de políticas de salvaguarda ambiental y social, y más específicamente del principio de no causar daño significativo al medio ambiente (máximo 4 puntos).
2. La puntuación mínima exigida para poder constituirse en beneficiario será de 50 puntos.
3. En caso de que dos o más propuestas obtengan la misma puntuación y no haya crédito suficiente para atender a todas ellas, se priorizará la propuesta de acuerdo al siguiente orden de desempate:
a) Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de los criterios de calidad técnica y económica.
b) Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la dimensión ambiental y social.
c) Si aún persistiera el empate se dará prioridad a las solicitudes por orden de entrada en el registro.
1. La persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico resolverá la concesión de las subvenciones otorgadas, que se notificará a los beneficiarios en el plazo máximo de diez días, contados desde la fecha en que el acto se haya dictado de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. En cumplimiento del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las subvenciones concedidas serán publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y en la sede electrónica asociada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
3. El plazo máximo para resolver y notificar será de cinco meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud.
4. Conforme con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución o la desestimación presunta pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas potestativamente en reposición ante la autoridad administrativa que la dictó en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, si el acto fuera expreso. Todo ello de acuerdo con los artículos 46 y 11.1 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de la compatibilidad de las ayudas establecida en el artículo 10, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Conforme a lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, los beneficiarios podrán solicitar al órgano concedente con carácter excepcional la modificación de la resolución de concesión cuando surjan circunstancias imprevistas o de fuerza mayor que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.
2. Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o dificultad y deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen, y en todo caso, antes de la finalización del plazo de ejecución de la actividad.
3. La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por el órgano concedente y se notificará en el plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha de su presentación. De conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante la autoridad administrativa que la dictó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
4. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, se entenderá desestimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, teniendo a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.
1. Una vez comunicada la resolución definitiva a los beneficiarios, de acuerdo con lo indicado en el artículo 17, se procederá a la tramitación y pago de las cuantías de la resolución definitiva. El pago se realizará de manera anticipada.
2. En todos los casos, la entidad beneficiaria deberá justificar el 100% del gasto del proyecto, independientemente del importe de la subvención concedida
3. Las entidades podrán contar con un porcentaje máximo de desviación del 10% entre las partidas aprobadas por el órgano concedente y las finalmente justificadas. De esta forma, el menor gasto total en una partida puede quedar compensado con un mayor gasto en otra hasta el límite máximo establecido en la convocatoria, siempre que el importe de las mismas lo permita.
En ningún caso el importe que se abonará será superior al concedido.
4. Los beneficiarios están obligados a acreditar la realización de los proyectos que han sido objeto de la subvención, como máximo, en el plazo de un mes desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, mediante la presentación de la correspondiente cuenta justificativa, teniendo en cuenta lo establecido en los apartados quinto y sexto del presente artículo, que incluirá:
a) Una memoria, por cada actividad subvencionada, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con el siguiente contenido mínimo:
1.º) Entidad beneficiaria.
2.º) Denominación de la actividad o proyecto subvencionado.
3.º) Breve resumen del contenido del proyecto.
4.º) Período y lugares de ejecución.
5.º) Actividades realizadas y su cronograma valorado.
6.º) Resumen económico: Importe subvencionado, estado de liquidación del proyecto, desglosado por conceptos de gasto y por origen de financiación.
7.º) Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible.
8.º) Resultados obtenidos y grado de cumplimiento de los objetivos previstos, cuantificados y valorados.
9.º) Análisis de las desviaciones, en su caso, producidas entre los resultados obtenidos y los objetivos de previstos.
10.º) Conclusiones tras la realización de la actividad.
11.º) En esta memoria se debe especificar explícitamente dónde y cómo se han incorporado la publicidad de la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Una vez publicada la convocatoria se fijará un formato de memoria de actividades en el Documento de Instrucciones para la Gestión, Seguimiento y Justificación de las subvenciones.
Con la presentación de los proyectos de investigación, las personas autoras declaran responsablemente que no infringen ni infringirán derechos de terceros, en general, derechos de propiedad intelectual, morales ni de explotación de terceros, ni derechos de propia imagen de terceros, en particular; y que han obtenido las preceptivas licencias y autorizaciones necesarias.
b) Una memoria económica justificativa abreviada, que incorporará como mínimo los siguientes documentos:
1.º) Certificación en la que expresen las subvenciones o ayudas percibidas para la misma finalidad con indicación del importe y su procedencia.
2.º) Estado representativo de los gastos incurridos en la realización de cada uno de los proyectos subvencionados, debidamente agrupados y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas. ´
3.º) Una relación clasificada por cada concepto de gasto autorizado, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, conforme con la clasificación de gastos descrita.
4.º) En el caso de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes establecidos en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberá aportarse certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
5.º) En el caso de adquisición de bienes inscribibles en un registro público se aportará copia de la escritura pública y su inscripción en el registro público correspondiente, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y del artículo 4.6 a) de esta orden.
6.º) En relación con los costes indirectos, se aportará el método justo y equitativo, de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas.
7.º) En aquellos casos que sea de aplicación lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deberán aportarse los tres presupuestos que solicitados por el beneficiario. Si la entidad beneficiaria se encuentra dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, deberá aportarse el procedimiento de contratación llevado a cabo.
8.º) De resultar de aplicación, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos
Una vez publicada la convocatoria se fijará un formato de memoria económica justificativa abreviada en el Documento de Instrucciones para la Gestión, Seguimiento y Justificación de las subvenciones.
5. La cuenta justificativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, irá acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que se ajustará a las previsiones de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, se requiere que se aporten las hojas firmadas de auditoría donde se reflejan los importes y cálculos realizados acompañadas del archivo Excel u hoja de cálculo empleada que permita establecer trazabilidad de cada una de las operaciones que se detallan en el informe del auditor, así como exponer el cumplimiento de los límites establecidos para cada una de las tipologías de gasto. El archivo puede estar protegido para asegurar su integridad.
La verificación a realizar por el auditor de cuentas, en todo caso, tendrá como alcance la verificación del cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención y, en particular, los siguientes aspectos:
1.º) Verificación de la elegibilidad de los gastos.
2.º) Verificación de que están soportados en facturas o documento de valor probatorio equivalente.
3.º) Verificación de que están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas de ejecución del proyecto o actividad subvencionada.
4.º) Verificación de que guardan relación con el objeto de la subvención y el presupuesto presentado.
5.º) Verificación mediante el examen de la contabilidad y cuentas corrientes del beneficiario que los gastos presentados en la justificación están efectivamente contabilizados y pagados en las fechas de ejecución del proyecto o actividad subvencionada.
6. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, para subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, tendrá carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención una cuenta justificativa simplificada por cada proyecto, que contendrá:
a) Memoria por cada actividad subvencionada, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con el siguiente contenido mínimo:
1.º) Entidad beneficiaria.
2.º) Denominación de la actividad o proyecto subvencionado.
3.º) Breve resumen del contenido del proyecto.
4.º) Período y lugares de ejecución.
5.º) Actividades realizadas y su cronograma valorado.
6.º) Resumen económico: Importe subvencionado, estado de liquidación del proyecto, desglosado por conceptos de gasto y por origen de financiación.
7.º) Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible.
8.º) Resultados obtenidos y grado de cumplimiento de los objetivos previstos, cuantificados y valorados.
9.º) Análisis de las desviaciones, en su caso, producidas entre los resultados obtenidos y los objetivos de previstos.
10.º) Conclusiones tras la realización de la actividad.
11.º) En esta memoria se debe especificar explícitamente dónde y cómo se han incorporado la publicidad de la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Una vez publicada la convocatoria se fijará un formato de memoria de actividades en el Documento de Instrucciones para la Gestión, Seguimiento y Justificación de las subvenciones.
Con la presentación de los proyectos de investigación, las personas autoras declaran responsablemente que no infringen ni infringirán derechos de terceros, en general, derechos de propiedad intelectual, morales ni de explotación de terceros, ni derechos de propia imagen de terceros, en particular; y que han obtenido las preceptivas licencias y autorizaciones necesarias.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, que incluirá detalle de la base imponible, el impuesto que afecte en su caso y total factura, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) En relación con los costes indirectos, se aportará el método justo y equitativo, de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas.
e) En aquellos casos que sea de aplicación lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deberán aportarse los tres presupuestos que solicitados por el beneficiario. Si la entidad beneficiaria se encuentra dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, deberá aportarse el procedimiento de contratación llevado a cabo.
f) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
En la modalidad de justificación prevista en el presente apartado, mediante la técnica de muestreo simple aleatorio, el órgano concedente requerirá los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los ingresos generados por los proyectos e intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos artículo 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el capítulo II del título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por lo previsto en esta orden.
3. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
1. Se podrá producir la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda o, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas cuando se ponga de manifiesto el incumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario, estableciendo, según el principio de proporcionalidad, la siguiente graduación:
a) Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: 100%.
b) Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: 100%.
c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: proporcional a los objetivos no cumplidos, en los términos que establezca la correspondiente convocatoria.
d) En el caso de incumplimientos de las condiciones económicas, no se aceptará el 100% de aquellos gastos que no cumplan los aspectos reflejados en el artículo 6 relativo a gastos subvencionables, así como los especificados para cada una de las convocatorias a este respecto.
e) Incumplimiento de las medidas de difusión: hasta el 50% en caso de ausencia de logotipo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de su mención, no respeto de la imagen corporativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o colocación del logotipo en un lugar no preferente o igual que otras entidades cuya aportación a la actividad sea menor. En el caso de que estos materiales tengan asociado un gasto directamente vinculable, se podrán considerar no elegibles. Hasta el 5 % en el caso de inclusión de logotipos o menciones incorrectas como organizadores, patrocinadores o colaboradores a entidades que cobran por sus servicios en el proyecto o entidades no colaboradoras. Hasta un máximo del 5 % de la ayuda concedida, en cualquier documento que se mencione a entidades no colaboradoras, sin autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
f) Incumplimiento de condiciones técnicas: hasta el 100 % del gasto concreto presentado para su ejecución en caso de realización de modificaciones no autorizadas en las actividades del proyecto.
g) Incumplimiento relativo a la falta de consecución de alguno de los resultados o productos de la actividad, o calidad inferior a la esperada en los mismos, sin la justificación adecuada del esfuerzo realizado para su consecución, proporcional al incumplimiento en la consecución de los resultados o productos previstos y aprobados inicialmente.
2. En caso de concurrencia de motivos de reducción de la misma naturaleza se acumularán respetando el principio de proporcionalidad y serán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de recibir el beneficiario. En caso de concurrencia de varios incumplimientos de distinta naturaleza se aplicará un único motivo para determinar la cantidad a percibir o reintegrar, en su caso, que resultará ser el de mayor importe. Por lo tanto, en el caso en que las causas no sean de la misma naturaleza, no se consideran acumulativas.
3. No obstante lo anterior, en los siguientes casos la minoración será siempre acumulativa al resto de causas detalladas en los puntos anteriores:
a) No facilitar las funciones de seguimiento o control del proyecto. Hasta un máximo de 10% de la ayuda concedida.
b) No enviar en forma la documentación justificativa. Hasta un máximo de 5% de la ayuda concedida.
Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno.
La concesión de estas subvenciones se regirá por lo dispuesto en esta orden, en las correspondientes convocatorias, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en las restantes normas que resulten de aplicación.
Quedan derogadas las siguientes ordenes:
a) Orden AAA/1433/2016, de 5 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental.
b) Orden APM/566/2018, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden AAA/1433/2016, de 5 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental.
Esta orden se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.15.ª y 23.ª de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, y de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, respectivamente.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de julio de 2023.–La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.