Categoría: Cultura

e la Juventud de las Illes Balears que presente la Comisión Permanente.
e) Encomendar encargos específicos a la Reunión Plenaria ejecutiva de entidades miembros y a las comisiones especializadas, y fijar un plan de trabajo bienal. Estudiar y debatir los documentos elaborados por estos dos órganos y, en su caso, ratificarlos.
f) Elegir y cesar a los miembros de la Comisión Permanente, en el marco de lo que establezca el Reglamento de funcionamiento interno.
g) Decidir sobre la incorporación del Consejo de la Juventud de las Illes Balears a órganos nacionales e internacionales de representación juvenil, y también sobre la salida.
h) Crear y disolver las comisiones especializadas o áreas de trabajo.
i) Aprobar y modificar las bases de ejecución del presupuesto.
j) Aprobar el Reglamento de funcionamiento interno del Consejo de la Juventud de las Illes Balears.
k) Aprobar anualmente, en su caso, el balance de situación y el estado de cuentas presentados por la Comisión Permanente.
l) Aprobar, en su caso, los presupuestos anuales que presente la Comisión Permanente.
m) Aprobar, en su caso, la ejecución del programa de trabajo del Consejo de la Juventud de las Illes Balears.
n) Delegar las funciones que considere conveniente en la Comisión Permanente o en la Reunión Plenaria ejecutiva de entidades miembros, de acuerdo con el Reglamento de funcionamiento interno.
o) Cualesquiera otras que reconozca el Reglamento de funcionamiento interno del Consejo de la Juventud de las Illes Balears o esta ley.
3. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario una vez al año, en el primer cuatrimestre, y con carácter extraordinario cuantas veces lo consideren adecuado la Comisión Permanente o la Reunión Plenaria ejecutiva de entidades miembros, o sí así lo solicita un tercio de los miembros de pleno derecho del Consejo de la Juventud de las Illes Balears.
1. En el tiempo transcurrido entre la celebración de las reuniones ordinarias de la Asamblea General y con el fin de coordinar, desarrollar y tomar los acuerdos necesarios que garanticen el buen funcionamiento del Consejo de la Juventud de las Illes Balears, y también para promover la relación entre los miembros de la Comisión Permanente y las entidades miembro, tendrá lugar la Reunión Plenaria ejecutiva de entidades miembros.
En todo caso, los acuerdos adoptados en la Reunión Plenaria ejecutiva de entidades miembros que puedan afectar a algunas funciones propias de la Asamblea General deberán ser ratificados por la Asamblea General en el seno de una reunión extraordinaria.
2. A esta reunión asistirán los miembros de la Comisión Permanente y una persona representante por cada entidad, con derecho a voz y voto, en el caso de las entidades de pleno derecho, y con derecho solo a voz, en el caso de las entidades observadoras.
3. Se desarrollará mediante el Reglamento interno de funcionamiento todo lo relativo a la convocatoria y al orden del día, al cuórum y a las actas.
1. La Comisión Permanente es el órgano que dirige y coordina las actividades del Consejo de la Juventud de las Illes Balears y le corresponde la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y la gestión ordinaria del órgano. Mediante el Reglamento de funcionamiento interno del Consejo de la Juventud de las Illes Balears se determinará el número de miembros de la Comisión Permanente y sus funciones.
En todo caso, la Comisión Permanente contará, como mínimo, con los siguientes órganos: presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y un representante de cada uno de los consejos de la juventud insulares, en caso de que estén debidamente constituidos.
2. Corresponde a la Asamblea General elegir, por un período de dos años, la Comisión Permanente. Entre los miembros de esta comisión permanente, la Asamblea General debe escoger, asimismo, a la persona que ha de presidir el Consejo de la Juventud de las Illes Balears, que ejercerá su representación legal. El nombramiento de la Comisión Permanente deberá ser publicado en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
1. Las comisiones especializadas o áreas de trabajo son órganos del Consejo de la Juventud de las Illes Balears con funciones de estudio y asesoramiento, sin perjuicio de las competencias que son propias de la Asamblea General y de la Comisión Permanente.
2. Las entidades miembro observadoras pueden asistir a la Asamblea General con voz pero sin voto. Las personas representantes de estas entidades no pueden ser escogidas para la Comisión Permanente pero sí pueden formar parte de las comisiones especializadas, con voz, pero sin voto.
El Reglamento de funcionamiento interno del Consejo de la Juventud de las Illes Balears, aprobado por acuerdo de la Asamblea General, establecerá su régimen de convocatorias y funcionamiento. El Reglamento se publicará en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
El personal contratado al servicio del Consejo de la Juventud de las Illes Balears se sujetará al Estatuto de los trabajadores y demás normativa laboral aplicable.
1. La gestión, administración y explotación de los bienes y derechos del Consejo de la Juventud de las Illes Balears corresponderán a este órgano.
2. El Consejo de la Juventud de las Illes Balears puede adquirir para el cumplimiento de sus fines toda clase de bienes por cualquiera de las formas admitidas en derecho.
3. El régimen de contratación del Consejo de la Juventud de las Illes Balears se rige por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico privado.
4. El régimen presupuestario, de gestión económico-financiera y de contabilidad es el que establece el ordenamiento jurídico privado.
1. Los actos y las disposiciones del Consejo de la Juventud de las Illes Balears adoptados en el ejercicio de las funciones públicas que tiene atribuidas agotan la vía administrativa y podrán ser recurridos en la vía contencioso-administrativa.
2. Las actuaciones del Consejo de la Juventud de las Illes Balears en otros ámbitos y, especialmente, las de carácter mercantil, civil y laboral, se deben dilucidar ante los juzgados y tribunales competentes.
1. Los consejos de la juventud insulares, locales y de ámbito supramunicipal son entidades independientes y democráticas, funcional y organizativamente integradas por estructuras organizadas o informales de participación juvenil en su respectivo ámbito territorial, que se constituyen con las siguientes finalidades:
a) Fomentar el asociacionismo juvenil.
b) Promover iniciativas que aseguren la participación de las personas jóvenes de su ámbito en las decisiones y las medidas que les afectan.
c) Representar a la juventud ante la administración correspondiente como órganos máximos de representación y de interlocución de las asociaciones juveniles y de la juventud de su territorio, para llevar sus propuestas, demandas y necesidades al Consejo de la Juventud de las Illes Balears.
2. Los consejos de la juventud tienen carácter insular o local, según el ámbito territorial, las actividades que desarrollen y los miembros que formen parte de ellos:
– Un consejo de la juventud insular está formado por las entidades previstas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 49 de esta ley radicadas en la isla como miembros de pleno derecho; y por grupos de personas jóvenes no asociadas, personas, colectivos, plataformas y asambleas juveniles, como miembros observadores.
– Un consejo de la juventud local está formado por las entidades previstas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 49 de esta ley radicadas en el municipio o por las personas con voluntad participativa que actúan en un municipio. Se pueden constituir consejos de la juventud de ámbito supramunicipal, en los términos establecidos en la sección tercera de este capítulo.
3. De conformidad con su régimen jurídico-administrativo especial, en Formentera existirá un único consejo de la juventud, que incluirá a su vez las vertientes insulares y locales.
1. Cada consejo insular reconocerá un consejo de la juventud insular, en el caso de que exista, como corporación pública sectorial de base privada, dotada de personalidad jurídica propia, con el fin de ser el canal de encuentro, diálogo, participación, propuesta y asesoramiento en las políticas públicas de juventud, y que ha de desarrollar las funciones que se determinen reglamentariamente.
2. Solo se reconocerán como miembros del Consejo de la Juventud de las Illes Balears un consejo de la juventud insular en Mallorca, un consejo de la juventud insular en Menorca, un consejo de la juventud insular en Ibiza y un consejo de la juventud insular en Formentera.
1. Los consejos de la juventud insulares tienen funcionamiento autónomo.
2. Los consejos de la juventud insulares son portavoces de la juventud de la isla respectiva, por lo que tienen la función de interlocutores de la juventud con el consejo insular de la isla correspondiente en todo lo que afecta a la población joven.
3. Los consejos de la juventud insulares serán consultados cuando el consejo insular correspondiente lleve a cabo actuaciones, programas, campañas, se destinen recursos, ayudas o subvenciones a entidades juveniles, a consejos de juventud o a la juventud en general.
Cada uno de los consejos de la juventud insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera reconocidos de acuerdo con el artículo 72 de esta ley elegirán democráticamente a los miembros que, respectivamente, les deban representar en el Consejo de la Juventud de las Illes Balears, de acuerdo con el artículo 60 de esta ley. El nombramiento de estos miembros deberá publicarse en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
1. En cada municipio se puede crear un consejo de la juventud local, impulsado por las personas jóvenes o las entidades juveniles del término municipal.
2. Sea cual sea la iniciativa, pública o privada, o la forma jurídica elegida, para ser reconocido como tal el consejo de la juventud local solo puede estar integrado por las entidades establecidas en el apartado 2 del artículo 71 o, en su caso, por personas de 14 a 30 años con voluntad participativa, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 76 de esta ley. Asimismo, en todo caso, se debe invitar preceptivamente a todas las entidades juveniles o personas jóvenes del municipio a formar parte del mismo.
3. En caso de haber iniciativas diferentes para constituir un consejo de la juventud local, las personas promotoras deben llegar a un consenso y, si esto no es posible, la forma final deberá ser elegida por la mayoría de la población juvenil del término municipal.
4. Para facilitar la creación de los consejos de la juventud locales, los departamentos de juventud de cada consejo insular deben facilitar a las personas interesadas en poner en marcha un consejo de la juventud local la lista de entidades inscritas en los censos de entidades juveniles que trabajan en un mismo ámbito territorial, para cumplir lo establecido en el apartado anterior.
5. Se pueden reconocer consejos de la juventud de ámbito supramunicipal de, como mínimo, dos municipios cercanos, si no hay previamente una iniciativa para reconocer un consejo de la juventud local del ámbito de alguno de los municipios afectados.
6. Una vez reconocidos, los consejos de la juventud locales o supramunicipales deben inscribirse en el Censo de entidades juveniles de cada isla.
7. En caso de que la forma de consejo local o supramunicipal elegida no tenga personalidad jurídica, se considerará que tiene capacidad de obrar ante las administraciones públicas a los efectos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y podrá ser receptor de subvenciones públicas.
1. Para constituir un consejo de la juventud local, al menos tres personas jóvenes residentes en el municipio, o dos entidades juveniles del término municipal, deben expresar su voluntad en un acta firmada, a la que adjuntarán las normas estatutarias por las que se regirán. En el caso de los consejos de la juventud de ámbito supramunicipal, serán diez personas jóvenes, como mínimo, residentes de al menos dos municipios diferentes, o bien tres entidades juveniles de, al menos, dos municipios diferentes.
2. El reconocimiento de los consejos de la juventud locales y supramunicipales corresponde a los departamentos de juventud de cada consejo insular, según el ámbito territorial. El reconocimiento de un consejo de la juventud local o de ámbito supramunicipal se comunicará al Consejo de la Juventud de las Illes Balears, por el consejo insular correspondiente, en un plazo de quince días.
3. Solo se reconocerá un consejo de la juventud local por municipio, y un consejo de la juventud supramunicipal por área de municipios afectada. Una misma entidad no puede formar parte de dos consejos de la juventud supramunicipales diferentes.
4. Los consejos de la juventud locales o de ámbito supramunicipal deben tener unos estatutos propios, que han de regular su funcionamiento interno y los aspectos siguientes:
a) Denominación.
b) Ámbito de actuación.
c) Objetivos.
d) Procedimiento de elección de los órganos.
e) Competencias de los órganos que se creen.
f) Recursos económicos y gestión de cuentas.
Cada uno de los consejos de la juventud locales o de ámbito supramunicipal reconocidos como tales deben formar parte de la Asamblea General del Consejo de la Juventud de las Illes Balears, con el número de representantes que establezca el Reglamento de funcionamiento interno de este órgano, siempre que los estatutos, la estructura y el funcionamiento de aquellos no contradigan los objetivos del Consejo de la Juventud de las Illes Balears.
1. Los profesionales y las profesionales de las políticas de juventud son las personas que se dedican a la investigación, el diseño, la dirección, la aplicación y la evaluación de planes, programas o proyectos destinados a la juventud desde las administraciones públicas y desde las entidades sin ánimo de lucro, en el marco de las políticas de juventud. Se consideran como tales el personal técnico de juventud, los informadores y las informadoras juveniles y los dinamizadores y las dinamizadoras juveniles.
2. El colectivo profesional del ámbito de la juventud está formado por el conjunto de profesionales del apartado 1 anterior y, además, por los directores y las directoras y los monitores y las monitoras de actividades de ocio educativo y otros perfiles que trabajan en este ámbito, tanto en el sector público como en el privado. Las funciones concretas de cada perfil profesional y la formación necesaria para ejercerlas se regularán reglamentariamente.
3. La organización del sistema público de servicios a la juventud debe tener el personal suficiente con la formación, la titulación, los conocimientos, las capacidades, la competencia lingüística y la estabilidad laboral y el reconocimiento social y laboral que sean necesarios para garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad en la prestación de los servicios.
4. La organización de los servicios que incorporen profesionales de las políticas de juventud debe seguir un criterio interdisciplinario para ofrecer una atención integrada. Se establecerán reglamentariamente la formación, las competencias profesionales y las ratios de los equipos de trabajo que actúen en los servicios a la juventud, y las principales funciones de cada uno de sus componentes, que se establecerán de acuerdo con los objetivos y las características de cada servicio, garantizando una cobertura adecuada a las personas destinatarias.
5. El colectivo de profesionales de las políticas de juventud que trabaja en la comunidad autónoma, tanto en el ámbito público como en el privado, forma parte de la Red de profesionales de las políticas de juventud de las Illes Balears.
6. El personal profesional de las políticas de juventud debe ser consultado en la planificación, el seguimiento de la gestión y la evaluación de los servicios destinados a la juventud.
7. Las administraciones velarán por las buenas prácticas y apoyarán la formación continua y la promoción de los profesionales y las profesionales de las políticas de juventud.
Los instrumentos de ejecución de las políticas de juventud, a efectos de esta ley, son los servicios y los equipamientos juveniles.
Los servicios juveniles son todas las actuaciones que las administraciones públicas o las entidades sin ánimo de lucro prestan de manera regular y continuada, que van destinadas a satisfacer las necesidades específicas de las personas jóvenes con respecto a la información, la participación, la emancipación y la dinamización.
1. Los servicios juveniles deben hacer posible que el acceso a los servicios sea equitativo para las personas jóvenes de cada ámbito territorial.
2. Los servicios juveniles que regula esta ley pueden ser de carácter suprainsular, insular o local, en función de las administraciones que los presten.
3. Los servicios juveniles de ámbito suprainsular son, además de los que son competencia exclusiva de la administración autonómica, los que cumplen alguna de las siguientes características:
a) Son programas experimentales de ámbito autonómico.
b) Son servicios que en ningún caso pueden invadir las competencias de los consejos insulares, y dan respuesta a nuevas situaciones de necesidad que afectan al conjunto de la población joven de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
c) Son servicios que dan respuesta a las necesidades de las personas jóvenes que no pueden ser atendidas en el ámbito comunitario por el hecho de su problemática y especialización de atención, y que se derivan desde el ámbito insular.
4. Los servicios juveniles deben ser registrados y reconocidos por la administración competente, que mantendrá un censo de los mismos con el fin de asegurar su identificación, coordinación y planificación efectivas.
1. Los servicios juveniles de información y de dinamización se entienden como servicios fundamentales de atención para la juventud. La administración local, de acuerdo con el artículo 11 de esta ley, debe garantizar el acceso a estos servicios, impulsándolos o estableciendo fórmulas mancomunadas para su implantación y/o gestión.
2. Los servicios juveniles de información y de dinamización tienen las siguientes funciones:
a) Ofrecer un servicio integral de información, orientación, acompañamiento y asesoramiento a las personas jóvenes, de manera coordinada con el resto de organismos e instituciones.
b) Aplicar programas, proyectos y actividades orientados a hacer posible la participación activa, la emancipación de las personas jóvenes y su inserción laboral, así como todas aquellas actuaciones encaminadas a promover los derechos de las personas jóvenes recogidos en el artículo 5 de esta ley.
c) Aplicar programas, proyectos y actividades orientados a la dinamización juvenil en todos los ámbitos de la vida de las personas jóvenes.
d) Funcionar como ventanilla única de la administración para las personas jóvenes y entidades juveniles.
e) Otras funciones que se les puedan atribuir, de acuerdo con las especificidades del ámbito territorial en el que desarrollen el servicio.
3. El funcionamiento de los servicios juveniles de información y de dinamización de carácter público debe ajustarse a la normativa que regula los usos lingüísticos en las Illes Balears.
4. Los servicios juveniles de información integran servicios de información y de orientación y servicios especializados de emancipación, como el asesoramiento en alguna de las siguientes materias: formación y educación, trabajo, salud, vivienda, movilidad internacional y participación.
5. Los servicios juveniles de dinamización juvenil ofrecen un espacio de encuentro a adolescentes y jóvenes, con finalidad lúdica, preventiva, educativa y de promoción de la participación. Pueden incluir servicios complementarios y/o específicos que incluyen el apoyo al estudio, el acompañamiento y la escucha; la facilitación y la difusión de la creación cultural y artística; el fomento de actividades socioculturales, deportivas, formativas y de ocio; o el acompañamiento a iniciativas juveniles y de fomento del asociacionismo y el voluntariado.
6. Reglamentariamente se regularán las tipologías, las características y los requisitos que deben tener estos servicios para ser reconocidos como tales, así como el personal con el que deben contar.
1. Las carteras de servicios juveniles son los instrumentos que determinan el conjunto de servicios y recursos para la juventud que gestionan las administraciones públicas.
2. Las carteras de servicios juveniles tienen carácter interdepartamental y en ellas se deben prever los servicios que incidan de manera directa en las personas jóvenes, independientemente del departamento que las lleve a cabo.
3. Estos servicios a la juventud tienen carácter de servicio público esencial porque de ellos se derivan prestaciones indispensables.
1. La Cartera de servicios juveniles del Gobierno de las Illes Balears debe incluir, como mínimo, los servicios y recursos siguientes que deben prestar las consejerías del Gobierno de las Illes Balears o las entidades del sector público instrumental:
a) Servicios que promuevan las políticas de juventud que incentiven la emancipación de la juventud en condiciones asequibles y dignas, especialmente servicios y programas de ocupación, de áreas específicas o de vivienda, y la formación para la promoción personal y laboral a través de las consejerías competentes del Gobierno.
b) Servicio de elaboración de estudios, de investigaciones y de publicaciones para producir conocimiento y dar a conocer el conjunto de la realidad social de las personas de las Illes Balears.
c) Programas de la Unión Europea que promuevan la movilidad, el turismo de intercambio juvenil, la formación, el empleo y el voluntariado de las personas jóvenes de las Illes Balears; así como servicios de prestación de ayuda y asesoramiento institucional para las entidades juveniles que quieran presentar proyectos para adherirse a estos programas europeos.
d) Programas de promoción de hábitos saludables entre la población juvenil.
e) Programas de promoción de la salud, especialmente los destinados a prevención del suicidio, a prevención del abuso del consumo de substancias tóxicas, a trastornos alimentarios y a evitar el embarazo no deseado.
f) La Red de emancipación de personas jóvenes extuteladas.
g) Los servicios y equipamientos de jóvenes con medidas judiciales.
h) Programa que fomente la creación y la participación cultural y artística en el exterior.
2. La Cartera de servicios juveniles del Gobierno de las Illes Balears se confeccionará por la consejería competente en materia de juventud y el Instituto Balear de la Juventud, con la participación de las otras consejerías del Gobierno, y se ha de aprobar por decreto.
3. La Cartera de servicios juveniles del Gobierno de las Illes Balears tiene una vigencia cuatrienal. Sin embargo, se puede revisar anticipadamente con motivo de circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, y en caso de incorporación de nuevos servicios.
1. Los consejos insulares han de establecer sus carteras de servicios juveniles. En todo caso, la elaboración de la cartera insular de servicios juveniles debe contar con la participación de la sociedad civil, de acuerdo con lo establecido en esta ley.
2. Las entidades locales pueden establecer sus carteras de servicios juveniles, cuyo contenido debe ser complementario y adicional del contenido de las que aprueben los consejos insulares. En todo caso, las carteras de servicios juveniles de ámbito local que se aprueben deben recoger, como mínimo, los servicios de información y/o de dinamización.
El Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares, en el ámbito de sus competencias, pueden crear otros servicios destinados a la juventud, en aplicación de la planificación en materia de políticas de juventud.
A los efectos de esta ley se considerarán entidades de iniciativa privada de servicios juveniles las personas físicas y jurídicas que tienen como finalidad y actividad prioritaria la prestación de servicios para la juventud.
1. Las entidades de iniciativa privada de servicios para la juventud pueden ser de iniciativa social y de iniciativa mercantil.
2. A los efectos de esta ley, se consideran entidades de iniciativa social las entidades prestadoras de servicios a la juventud que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 89 de esta ley.
3. A los efectos de esta ley, se consideran entidades de iniciativa mercantil las personas físicas y jurídicas privadas con ánimo de lucro que realizan servicios para la juventud.
1. Son entidades prestadoras de servicios a la juventud aquellas de la iniciativa privada, legalmente constituidas, que prestan o realizan, de forma continuada y sin ánimo de lucro, servicios, programas y actuaciones dirigidos a jóvenes de hasta 30 años. La finalidad de prestar servicios a la juventud debe estar expresamente prevista en los estatutos de la entidad y mantenerse en el tiempo.
2. Para funcionar como tales, las entidades prestadoras de servicios a la juventud deben estar inscritas en una sección específica del censo previsto en el artículo 48, de acuerdo con el procedimiento del artículo 50, ambos de esta ley.
3. Reglamentariamente se establecerán las tipologías y las características de las entidades prestadoras de servicios a la juventud.
Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus competencias, pueden organizar la prestación de los servicios para la juventud de las Illes Balears mediante las siguientes fórmulas: gestión directa, régimen de concierto previsto en esta ley, gestión indirecta en el marco de la normativa de contratación del sector público y convenios con entidades sin ánimo de lucro.
Las administraciones competentes de las Illes Balears pueden encargar a las entidades del tercer sector social la prestación de servicios sociales destinados a jóvenes vulnerables, mediante el sistema de acción concertada, en los términos previstos en la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears, y en la normativa de desarrollo.
Asimismo, las administraciones competentes podrán establecer convenios y acuerdos para la realización de actividades de dinamización del tiempo libre de los jóvenes vulnerables, con las entidades de voluntariado y asociaciones de intervención en el tiempo libre infantil y juvenil.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears y los entes locales competentes en materia de servicios para la juventud pueden otorgar subvenciones y otras ayudas a las entidades prestadoras de servicios a la juventud para coadyuvar en el cumplimiento de sus actividades.
2. Las políticas de convenios de colaboración, subvenciones y ayudas deben establecerse de acuerdo con el contenido y la finalidad de los planes de servicios para la juventud elaborados según esta ley, y deben dirigirse fundamentalmente a la creación, el mantenimiento, la mejora y la modernización de los equipamientos; a la promoción del desarrollo de programas y actividades de servicios para la juventud; y a la promoción de acciones formativas y de actividades de investigación y desarrollo relacionadas con los servicios para la juventud; con la condición de que estas acciones deben evitar discriminar o empeorar la igualdad de oportunidades de todas las entidades privadas que presten servicios concertados con la administración.
3. Las ayudas y las subvenciones deben otorgarse de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia e igualdad, sin perjuicio de las excepciones previstas en la normativa general de subvenciones; y respetar lo establecido en el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de Igualdad de Mujeres y Hombres, respecto a la concesión de ayudas públicas.
4. Las entidades beneficiarias de financiación pública deben destinarla a las finalidades previstas y deberán informar a la administración de su aplicación.
1. Los equipamientos juveniles son los espacios cívicos de información y/o dinamización sociocultural que están destinados exclusivamente a la juventud, dotados de infraestructuras y recursos y que tienen por finalidad la promoción de la participación, la información, la colaboración con el tejido asociativo juvenil y la atención a las personas jóvenes. No tienen la consideración de equipamiento las instalaciones de tiempo libre educativo.
2. Los equipamientos juveniles pueden ser con o sin alojamiento. Entre los equipamientos juveniles sin alojamiento se encuentran los centros de jóvenes, espacios jóvenes o similares.
3. Reglamentariamente los consejos insulares establecerán la tipología, las características, la adecuación de los usos lingüísticos a la normativa y, en su caso, el personal que se destinará a estos espacios, y el Gobierno se reserva poder reglamentar sobre principios generales.
4. En cualquier caso, para funcionar como equipamiento juvenil las personas físicas o jurídicas interesadas deben presentar una declaración responsable ante el consejo insular correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
1. La administración competente en cada ámbito insular debe desarrollar y mantener un censo de servicios y equipamientos juveniles que ha de gestionar y regular el órgano competente en materia de juventud.
2. El objeto del censo es recoger de manera ordenada y sistematizada los equipamientos y servicios juveniles insulares y locales existentes para mejorar su identificación, coordinación y cooperación.
3. La finalidad del censo es conocer los equipamientos y servicios de juventud disponibles, ayudar a hacer el diagnóstico de sus carencias y hacer el tratamiento estadístico con el objetivo de mejorar las políticas de juventud. Los censos han de constituir la base para elaborar el mapa general de instrumentos de ejecución de las políticas de juventud.
1. El sistema público de servicios y equipamientos juveniles se financia con las aportaciones de los presupuestos de la comunidad autónoma de las Illes Balears, de los consejos insulares, de los ayuntamientos y de los demás entes locales, de otras instituciones o entidades privadas, de las personas usuarias y con cualesquiera otras aportaciones que pueda haber.
2. Los poderes públicos que llevan a cabo políticas de juventud deben promover la creación y la consolidación de los servicios y equipamientos juveniles. Los presupuestos de las administraciones públicas deben prever una consignación específica para la creación, el mantenimiento o el apoyo a estos servicios y equipamientos.
3. Los criterios generales que deben determinar el apoyo económico de la administración a los instrumentos de ejecución de las políticas de juventud se fijan en las convocatorias anuales de subvenciones del órgano insular o autonómico competente en materia de juventud, y deben atender a criterios de necesidad social, de tipo lingüístico y de reequilibrio territorial.
El Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares, en el ámbito de sus competencias, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, destinando los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de la función inspectora.
1. El personal funcionario habilitado para el ejercicio de la actividad de inspección tiene la consideración de autoridad en el ejercicio de la misma, y dispondrá, como tal, de la protección y las atribuciones establecidas en la normativa vigente.
2. Para realizar las funciones propias de inspección, el personal funcionario habilitado puede requerir la información y la documentación que estime necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de juventud, así como acceder, libremente y sin previo aviso, a los locales, las instalaciones, las actividades y los servicios sometidos al régimen establecido por esta ley y demás normativa de aplicación.
3. El personal funcionario que desarrolle una actividad de inspección está obligado a identificarse mostrando las credenciales acreditativas de su condición.
4. En el ejercicio de sus funciones, el personal funcionario habilitado para realizar tareas de inspección podrá pedir la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la policía local.
5. El personal funcionario habilitado para el ejercicio de la actividad inspectora deberá de guardar secreto y sigilo profesional de los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones. Las actuaciones inspectoras se llevarán a cabo con estricta sujeción a lo dispuesto en esta ley y demás normas aplicables.
6. Finalizada la actividad de inspección, el resultado se hará constar documentalmente en un acta de inspección, donde quedará constancia tanto de la posible comisión de alguna infracción legalmente prevista como de su ausencia. Los hechos contenidos en las actas de inspección levantadas legalmente se presumen ciertos, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados en defensa de sus derechos e intereses.
7. Antes de iniciar el procedimiento administrativo sancionador, el personal inspector o el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, puede adoptar de manera motivada las medidas provisionales que sean necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo o la resolución de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse en los quince días siguientes a la adopción, y que podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, las medidas mencionadas quedan sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo citado o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso sobre estas medidas.
Las infracciones tipificadas en esta ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. Son infracciones leves las cometidas por personas físicas o jurídicas, o entidades sin personalidad jurídica, que presten servicios juveniles en los casos siguientes:
a) Las acciones y las omisiones de las personas o las entidades responsables que vulneren la normativa en materia de juventud y que no se tipifiquen en esta ley como graves o muy graves.
b) La falta de exhibición en un lugar visible del centro o del establecimiento de los distintivos, los anuncios o la documentación de exposición pública preceptiva, la negativa a facilitar información sobre estos, o la exhibición sin cumplir las formalidades exigidas en la normativa vigente.
c) Disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura económica o con una cobertura personal inferior hasta un 30 % en relación con las establecidas reglamentariamente.
d) No comunicar la puesta en marcha o la existencia de un servicio de dinamización y/o de información juvenil de titularidad de una administración pública o de una entidad prestadora de servicios a la juventud a la administración competente.
e) Incumplir la obligación de comunicar a la administración los cambios que se produzcan para seguir siendo reconocido como servicio juvenil.
f) La emisión, por entidades autorizadas, de carnés para personas jóvenes promovidos por el IBJOVE sin ajustarse a la normativa que regula su expedición.
g) El incumplimiento, por las entidades públicas o privadas, de los compromisos adquiridos con el IBJOVE en materia de carnés para jóvenes.
2. En materia de equipamientos juveniles, es una infracción leve:
a) Exceder los límites de ocupación permitida sin riesgo para la seguridad.
b) Disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura económica o con una cobertura personal inferior hasta un 30 % en relación con las establecidas reglamentariamente.
3. Constituye una infracción leve la inobservancia, por parte de las personas usuarias de los servicios o equipamientos juveniles de titularidad o gestión públicas, de las normas establecidas en el reglamento interno correspondiente, cuando esta conducta no genere una alteración en el funcionamiento o en la convivencia del equipamiento o del servicio.
1. Son infracciones graves las cometidas por personas físicas o jurídicas, o entidades sin personalidad jurídica, que presten servicios juveniles en los casos siguientes:
a) Falsificar datos en las solicitudes y comunicaciones con la administración.
b) Obstaculizar la labor inspectora, sin llegar a impedirla.
c) Disponer de un seguro de responsabilidad civil o de accidentes con una cobertura económica o con una cobertura personal inferior en más de un 30 % en relación con las establecidas reglamentariamente.
d) La prestación de los servicios por personas que no cuenten con el reconocimiento o con las titulaciones exigidas para la realización de tareas de formación e información juvenil.
e) Prestar el servicio con deficiencias manifiestas y generalizadas.
f) Incumplir la normativa reguladora de los requisitos y las condiciones necesarias para el establecimiento de servicios de información juvenil.
g) No facilitar a las personas jóvenes información, documentación y asesoramiento en el ámbito de actuación del servicio de información juvenil o del servicio de dinamización, por causas injustificadas.
h) La comisión de tres o más faltas leves en el período de un año.
i) Las infracciones previstas como leves cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.ª Que se haya ocasionado un peligro para la salud o la seguridad de las personas usuarias de las actividades, los servicios o las instalaciones.
2.ª Cuando se haya ocasionado un riesgo para la salud o la seguridad o se haya causado un daño físico o psíquico que no pueda calificarse de grave pero que afecte a un gran número de personas.
j) En materia de carnés para jóvenes, expedir carnés para jóvenes promovidos por la administración pública competente o sus entes dependientes sin tener la autorización correspondiente.
2. En materia de equipamientos juveniles, son infracciones graves:
a) Disponer de un seguro de responsabilidad civil o de accidentes con una cobertura económica o con una cobertura personal inferior en más de un 30 % en relación con las establecidas reglamentariamente.
b) No tener el plan de emergencia correspondiente.
c) Exceder de forma habitual la ocupación permitida, siempre y cuando esto no suponga un riesgo para las personas o los bienes.
1. Son infracciones muy graves las cometidas por personas, organizaciones y entidades que presten servicios juveniles en los casos siguientes:
a) La negativa u obstaculización que impida la función inspectora, siempre que la obstrucción se lleve a cabo mediante resistencia reiterada, coacción, amenazas graves, violencia o cualquier otra forma de presión ilícita sobre el personal funcionario actuante.
b) Las previstas como graves cuando haya un riesgo grave para la salud o la seguridad o un grave daño físico o psíquico y afecte a un gran número de personas usuarias de las actividades, los servicios o los equipamientos juveniles.
c) Destinar los servicios a actividades o servicios no vinculados, en exclusiva, a la juventud.
d) Realizar, en la prestación de los servicios, actuaciones que promuevan o supongan racismo, xenofobia, violencia contra las mujeres o, en general, cualquier tipo de discriminación o comportamiento violento por motivos de género, raza, origen, edad, opinión, religión, estado civil, creencias, opción sexual, discapacidad, lengua o cualquier otra circunstancia personal o social; u otros comportamientos contrarios a los valores democráticos y, especialmente, a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.
e) Organizar o tolerar actividades ilegales en los centros, los servicios y las instalaciones para la juventud, por parte de las personas o entidades responsables, sin perjuicio de otras responsabilidades que se puedan derivar.
f) Prestar un servicio, realizar una actividad o abrir o poner en funcionamiento un equipamiento, sujetos a declaración responsable según esta ley o la normativa de desarrollo sin haberla presentado.
g) Las modificaciones esenciales en las condiciones del centro, el servicio o la actividad respecto a las que fueron objeto de reconocimiento, sin haberlo comunicado a la administración.
h) Vulnerar el derecho a la intimidad personal y los demás derechos fundamentales de las personas usuarias de los servicios, de las instalaciones o de las actividades juveniles.
i) Conculcar la dignidad de las personas usuarias de los servicios y equipamientos o imponer condiciones o cargas humillantes para el acceso o el uso de las prestaciones.
j) En materia de información juvenil, incumplir reiteradamente o de forma muy grave algún principio de la Carta ERYICA.
k) Desarrollar el servicio o la actividad cuando se haya ordenado su suspensión, ya sea como medida provisional o por resolución definitiva.
l) No disponer del seguro de responsabilidad civil y de los otros que puedan ser obligatorios de acuerdo con la normativa de desarrollo de esta ley o de otras normas aplicables.
2. En materia de equipamientos juveniles, son infracciones muy graves:
a) Permitir el exceso de ocupación permitida si supone un riesgo para las personas o los bienes.
b) Incumplir cualquier norma sobre locales o equipamientos que signifique un riesgo grave para la seguridad de las personas.
c) Desarrollar el servicio o la actividad cuando se haya ordenado su suspensión, ya sea como medida provisional o por resolución definitiva.
d) No disponer del seguro de responsabilidad civil y de los otros que puedan ser obligatorios, de acuerdo con la normativa de desarrollo de esta ley o de otras normas aplicables.
1. Para las infracciones leves:
a) Las infracciones tipificadas en los apartados 1 y 2 del artículo 99 anterior se sancionarán con advertencia, cuando no habiendo reincidencia se estime oportuno por la escasa trascendencia de la infracción; o multa de 300 hasta 1.000 euros.
b) Las infracciones tipificadas en el apartado 3 del artículo 99 anterior se sancionarán con advertencia, cuando no habiendo reincidencia se estime oportuno por la escasa trascendencia de la infracción; o multa de 50 hasta 500 euros.
2. Para las infracciones graves:
a) Las infracciones tipificadas en los apartados 1 y 2 del artículo 100 anterior se sancionarán con multa de 1.001 a 3.000 euros. Además, se puede imponer alguna o algunas de estas sanciones, según proceda en función de la naturaleza de la actividad o de la persona o entidad responsable:
– Suspensión para el desarrollo de las actividades previstas en esta ley o la imposibilidad de desarrollarlas por un periodo de tiempo de hasta 1 año.
– Inhabilitación para el desarrollo de las actividades de formación e información, por un período de hasta 1 año, del personal titulado para ello.
– Inhabilitación para percibir subvenciones de la administración durante un periodo de 1 a 3 años.
b) Las infracciones tipificadas en el apartado 2 del artículo 100 anterior se sancionarán con multa de 501 hasta 3.000 euros.
3. Para a las infracciones muy graves:
Las infracciones tipificadas en el artículo 101 anterior se sancionarán con multa de 3.001 a 5.000 euros. Además, se puede imponer alguna o algunas de estas sanciones, según proceda en función de la naturaleza de la actividad o de la persona o entidad responsable:
– Suspensión para el desarrollo de las actividades previstas en esta ley o la imposibilidad de desarrollarlas por un periodo de tiempo de hasta 3 años.
– Inhabilitación para el desarrollo de las actividades, por un período de hasta 3 años, del personal titulado para ello.
– Inhabilitación para percibir subvenciones durante un período de 3 años y un día a 5 años.
4. Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta:
a) El número de personas afectadas.
b) Los perjuicios ocasionados.
c) El beneficio ilícito obtenido.
d) La existencia de intencionalidad.
e) La subsanación voluntaria, durante la tramitación del procedimiento.
f) El número de infracciones cometidas.
5. Con independencia de la sanción que se imponga, la persona o entidad responsable estará obligada a resarcir los daños y perjuicios causados por la infracción.
6. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de una medida provisional, de una sanción accesoria o de cualquier otra resolución que implique el cese de una actividad o el cierre de un servicio o instalación, de forma temporal o definitiva, permite al órgano que la haya acordado imponer multas coercitivas de hasta 300 euros por cada día que transcurra sin atender a la resolución administrativa. En caso de impago, las multas coercitivas son exigibles por vía de apremio una vez transcurridos treinta días desde su notificación. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las sanciones que puedan imponerse.
Serán responsables de las infracciones administrativas tipificadas en esta ley las personas físicas o jurídicas, de carácter privado o público, y las entidades sin personalidad jurídica que participen o incurran en la infracción, por dolo o culpa.
1. Las infracciones tipificadas por esta ley prescriben al cabo de un año si son leves; al cabo de dos años, si son graves; y al cabo de tres años, si son muy graves.
2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescriben al cabo de un año; las impuestas por infracciones graves, a los tres años; y las impuestas por infracciones muy graves, a los cinco años.
1. En el ámbito de la administración autonómica, los órganos competentes para incoar los procedimientos e imponer las sanciones en relación con los carnés gestionados por el IBJOVE y los demás servicios que sean exclusivos de la administración autonómica o del IBJOVE, de acuerdo con la Cartera de servicios juveniles, son los siguientes:
a) Para las infracciones leves y graves, la persona titular de la dirección general competente en materia de juventud.
b) Para las infracciones muy graves, la persona titular de la consejería competente en materia de juventud.
2. Los consejos insulares determinarán reglamentariamente los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores por las infracciones que recoge esta ley.
1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en el procedimiento sancionador es de un año desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 siguiente.
2. Excepcionalmente, el órgano competente para resolver el procedimiento, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o del superior jerárquico del órgano competente, podrá acordar de forma motivada, en los supuestos previstos en la legislación básica sobre el procedimiento administrativo común, ampliar el plazo máximo de resolución y notificación, sin que exceda la mitad del establecido inicialmente. Contra el acuerdo que resuelva la ampliación de plazos, que se notificará a las personas interesadas, no se podrá interponer ningún recurso.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
2. El órgano competente para resolver el expediente sancionador podrá adoptar motivadamente las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer y salvaguardar el interés público tutelado por esta ley, antes o después de iniciar el procedimiento correspondiente.
1. Para el ejercicio de la potestad sancionadora, en el supuesto de que el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, se tramitará el procedimiento simplificado que se regula en este artículo.
2. La iniciación se produce por acuerdo del órgano competente, en el que se especificará el carácter simplificado del procedimiento, y se comunicará al órgano instructor correspondiente; simultáneamente, se notificará a la persona interesada, que no puede oponerse a la tramitación simplificada.
3. Únicamente se abrirá el trámite de audiencia en el caso de que la resolución sea desfavorable para la persona interesada.
4. Si durante la tramitación del procedimiento simplificado se aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave, el órgano competente para iniciar el procedimiento decidirá que se continúe tramitando por el procedimiento general, hecho que se notificará a las personas interesadas.
5. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador debe contener los mismos extremos que la que se dicta en el procedimiento ordinario.
6. Salvo que reste menos para la tramitación ordinaria correspondiente, el procedimiento tramitado de manera simplificada debe resolverse en seis meses a contar desde el día siguiente al que se haya notificado a la persona interesada el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50, apartado 3, letra b), de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
1. Una vez iniciado un procedimiento sancionador, si la persona presuntamente infractora reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción correspondiente.
2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien se deba imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario, pero se haya justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por la persona o entidad presuntamente responsable en cualquier momento anterior a la resolución implica la terminación del procedimiento, excepto en lo que respecta a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
3. Se aplicará una reducción del 50 % del importe de la sanción correspondiente si la persona presuntamente responsable realiza las dos acciones siguientes:
a) Presta su conformidad con