Categoría: Administración

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P., es una fundación del sector público estatal constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2001, adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, que opera como entidad sin ánimo de lucro y con autonomía funcional. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. se rige por sus Estatutos, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. fue constituida por la Administración General del Estado para la realización de actividades de interés general relacionadas con las competencias del Ministerio de Ciencia, e Innovación en el ámbito de la investigación científica y técnica, desarrollo e innovación.
De acuerdo con sus Estatutos, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. persigue como fin fundacional fomentar el compromiso de la sociedad con la ciencia, la tecnología y la innovación como valor clave para su desarrollo y bienestar mediante acciones que promuevan la ciencia abierta e inclusiva, la cultura y la educación científicas, dando respuesta a las necesidades y retos del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, facilitando herramientas y recursos que contribuyan a la internacionalización de la ciencia y la competitividad de la industria.
Desde el año 2004, en cumplimiento de sus fines y como parte de la gestión ordinaria de sus asuntos, desarrolla actividades dirigidas a la integración y coordinación del acceso a la información científica, potenciando los servicios de acceso a la misma en apoyo a los diferentes agentes que operan en el sistema español de ciencia, tecnología e innovación.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su disposición adicional decimosexta, modificada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que, «Las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la administración a la que la fundación esté adscrita y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2.
La aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por los órganos de la Administración que financien en mayor proporción la subvención correspondiente; en caso de que no sea posible identificar tal administración, las funciones serán ejercidas por los órganos de la administración que ejerza el Protectorado de la fundación».
En aplicación de la citada disposición, por Orden de la Ministra de Ciencia e Innovación de fecha 7 de noviembre de 2022, se autorizó a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. a conceder ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la investigación científica de excelencia.
Asimismo, la aprobación de las bases reguladoras corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría General de Innovación, como órgano de la Administración que financia en mayor proporción la subvención correspondiente, y en cuyos presupuestos figuran las partidas que financian a la fundación para, entre otros fines, poner en marcha la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la investigación científica de excelencia.
En aplicación de lo establecido en esta regulación y con carácter previo a su aprobación, el Patronato de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P., en su reunión de 29 de julio de 2022, ha aprobado la propuesta de bases reguladoras de la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la investigación científica de excelencia.
La Orden Ministerial proyectada se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en particular, a los principios de necesidad y eficiencia, justificándose en la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 15 de junio de 2021, que conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tiene carácter de plan estratégico, estando dirigido a todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, tanto públicos como privados, que son responsables de la ejecución de actividades de I+D+I; de la difusión y promoción de los resultados de I+D+I; y de la prestación de servicios de I+D+I para el progreso conjunto de la sociedad y la economía españolas. Articulado en torno a la consecución de trece Objetivos Específicos, el objetivo específico 6 relativo al fortalecimiento de las instituciones dedicadas a la I+D+I, y dentro del Subprograma Estatal de Fortalecimiento Estatal, se incluye el fomento de la ciencia en abierto a través del programa «María de Guzmán» encomendado a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P.
Las ayudas del programa «María de Guzmán» se destinan a la cofinanciación de actividades cuya finalidad es impulsar la implantación de un modelo de ciencia en abierto, prestando especial atención a la incorporación de estándares internacionales de interoperabilidad en las infraestructuras digitales institucionales, y promoviendo el uso de herramientas que permitan la gestión y medición de los resultados de investigación, tales como repositorios de acceso abierto para publicaciones y datos de investigación, sistemas de gestión curricular y plataformas de edición de revistas.
También se adecua al principio de proporcionalidad, en la medida en que la norma contiene las actuaciones imprescindibles para el fin que se persigue, estableciendo las bases reguladoras que permitan articular la concesión de ayudas. De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Se cumple igualmente con el principio de transparencia, ya que en la elaboración de la norma se han seguido todos los procesos de participación y audiencia que establece la normativa.
Finalmente, respecto al principio de eficacia, se imponen las menores cargas posibles a los ciudadanos.
La orden se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de «fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica».
En el proceso de elaboración de esta orden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha emitido informe la Abogacía del Estado en el Departamento y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Departamento.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, dispongo:
La concesión de ayudas de la Fundación Español para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. (en adelante, FECYT), se regirá por lo dispuesto en estas bases reguladoras; por la convocatoria que al efecto corresponda; la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; por los Estatutos de la FECYT; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, de su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Adicionalmente, serán de aplicación la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas por la FECYT, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la investigación científica de excelencia, de la ciencia en abierto y el desarrollo y la innovación tecnológica, en apoyo a los diferentes agentes que operan en el sistema español de ciencia, tecnología e innovación.
Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia de la gestión de las mismas.
Las ayudas contempladas en esta orden no tienen la consideración de ayudas de Estado, no aplicándose lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Las líneas de actuación concretas objeto de financiación serán la cofinanciación de actividades con la finalidad de fomentar el uso de herramientas que permitan la gestión y medición de los resultados de investigación como son las bases de datos de referencias bibliográficas multidisciplinares, e impulsar la implantación de un modelo de ciencia en abierto con la incorporación de estándares internacionales de interoperabilidad en las infraestructuras digitales institucionales.
Las ayudas objeto de estas bases reguladoras tienen como finalidad, entre otras medidas, el fomento de la investigación científica de excelencia junto al desarrollo y la innovación tecnológica, todo ello de acuerdo con los siguientes objetivos:
a) Impulsar y favorecer la investigación de excelencia promoviendo el uso de bases de datos de referencias bibliográficas multidisciplinares que permitan una óptima gestión y medición de resultados de investigación en el seno de las propias instituciones.
b) Mejorar la interoperabilidad de la información científica en las infraestructuras digitales institucionales y potenciar su uso entre los diferentes agentes que operan en el sistema español de ciencia, tecnología e innovación para favorecer la divulgación científica de la investigación.
c) Impulsar y favorecer la investigación de excelencia mediante la promoción de un modelo nacional de ciencia en abierto de otras formas no contempladas anteriormente.
1. Podrán tener la condición de entidad beneficiaria en las correspondientes convocatorias efectuadas, al amparo de estas bases reguladoras, en los términos que las mismas establezcan y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, las siguientes entidades con personalidad jurídica propia siempre que estén válidamente constituidas y tengan residencia fiscal o establecimiento permanente en España:
a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
b) Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que estén inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
c) Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.
d) Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria, y normas complementarias.
e) Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros.
f) Centros públicos de I+D que en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social tengan a la I+D+i como actividad principal.
g) Centros públicos de I+D que realicen transferencia tecnológica, siendo así estas funciones definidas en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social.
h) Centros privados de I+D que tengan definida en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social a la I+D+i como actividad principal.
i) Centros privados de I+D que realicen transferencia tecnológica, siendo así estas funciones definidas en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social.
j) Cualesquiera otras personas jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades de I+D+i, o generen conocimiento científico o tecnológico, o faciliten su aplicación y transferencia. Estas funciones deberán estar definidas en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social.
Se acreditará el cumplimiento de los requisitos para ser entidad beneficiaria, conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, mediante declaración responsable. Estas formarán parte de la documentación exigida en la solicitud, así como de la documentación exigida en cualquier otro momento que la convocatoria estime necesario, a efectos de verificación del cumplimiento de los requisitos durante todo el periodo de ejecución de la ayuda. En el caso de que las entidades no presenten dichas declaraciones se considerará que no reúnen los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas.
2. No podrán asumir la condición de entidades beneficiarias de las ayudas de la FECYT las entidades en quienes concurran alguna de las circunstancias invalidantes previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, Ley 38/2003, de 17 de noviembre).
3. No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias de las ayudas de la FECYT quienes no se hallen al corriente del pago de las obligaciones por reintegro de ayudas concedidas por la misma.
4. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el caso de que la entidad beneficiaria se presentara a la convocatoria conjuntamente con otras entidades para la ejecución de la totalidad o parte de las actividades que fundamenten la concesión de la ayuda, la entidad beneficiaria asumirá su representación ante la FECYT, así como la responsabilidad de la ejecución y distribución de la ayuda concedida al resto de las entidades participantes, debiendo hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución de las mismas.
Las entidades participantes en la ejecución de las acciones financiadas deberán pertenecer a alguna de las categorías enumeradas en este artículo y cumplir los requisitos y obligaciones exigidos a las entidades beneficiarias en estas bases reguladoras y en cada convocatoria, así como los requisitos y obligaciones exigidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. La FECYT podrá solicitar de la Administración competente la consulta de sus sistemas de información a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de las entidades beneficiarias de la subvención. Dicha comprobación podrá realizarse con anterioridad o con posterioridad a la emisión y notificación de la resolución, procediendo en caso de incumplimiento de alguna condición o falseamiento de la información proporcionada, la denegación de la subvención o la exigencia de su reintegro.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y las concordantes incluidas en su Reglamento de desarrollo, así como las que se establezcan en las convocatorias y resoluciones de concesión.
2. Para obtener la condición de entidades beneficiarias, las entidades solicitantes deberán aportar la documentación administrativa que se requiera en cada convocatoria dentro del plazo y en forma determinados para la aceptación de la ayuda.
3. Las entidades beneficiarias deberán dar publicidad de las ayudas recibidas mencionando el apoyo y la colaboración de la FECYT en toda información emitida, publicada o relacionada con la ejecución de la actuación objeto de financiación. A estos efectos, salvo instrucción contraria, en la información anteriormente referida se incluirá el texto: «con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. – Ministerio de Ciencia e Innovación».
4. Las entidades beneficiarias de las ayudas de la FECYT deberán utilizar, en todos los productos o resultados del proyecto o actividad financiada, información y publicidad de los mismos, hayan sido o no financiadas específicamente por la FECYT, y con independencia de la cuantía de la ayuda percibida, la imagen corporativa del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la FECYT.
1. Para la consecución del objeto de las ayudas, las convocatorias financiarán, total o parcialmente, todas o alguna de las siguientes actividades:
a) Actuaciones dirigidas a fomentar el uso y explotación de bases de datos de referencias bibliográficos y otras herramientas de gestión de la información científica con el objetivo de impulsar y favorecer la investigación científica de excelencia.
b) Actuaciones dirigidas a impulsar la promoción de un modelo de ciencia en abierto y mejorar la interoperabilidad de la información científica en las infraestructuras digitales institucionales y potenciar su uso en apoyo a las diferentes agentes que operan en el sistema español de ciencia, tecnología e innovación.
1. Las ayudas se destinarán a cubrir los costes relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada estén relacionados directamente con el desarrollo de las actuaciones objeto de financiación, sean necesarios para su ejecución y hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución establecido para su realización y se hallen efectivamente pagados a la presentación de la justificación de la ayuda. Deberán ser gastos identificables y controlables y sujetos a precios de mercado.
2. La financiación podrá aplicarse, entre otros, a los siguientes costes directos de ejecución en las condiciones y con las limitaciones que establezca la convocatoria:
1.º Costes de personal: será financiable el coste laboral del personal contratado exclusiva y específicamente para la realización de la actividad objeto de la ayuda, debiendo constar expresamente en su contrato laboral. El personal podrá ser contratado bajo cualquier modalidad de contratación, acorde con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el resto de legislación laboral vigente y normativa a la que esté sometido la entidad beneficiaria.
No se financiarán los costes de personal propio vinculado contractualmente a la entidad beneficiaria. En ningún caso, se financiarán los costes de personal de los miembros de los órganos de gobierno, administración o gestión, definidos estatutariamente, con independencia del tipo de relación jurídica que mantengan con la entidad beneficiaria. En el caso de organismos y entidades del sector público cuyos presupuestos consoliden con los Presupuestos Generales del Estado o con los de las Comunidades Autónomas no serán susceptibles de ayuda los gastos de personal propio, financiados con dichos presupuestos.
2.º Costes de movilidad: gastos de viaje, locomoción, alojamiento y manutención, siempre y cuando sean ejecutados por personal involucrado en la ejecución de las actividades objeto de ayuda, que estén directamente vinculados a la actividad y se identifique claramente a la persona que ha incurrido en el gasto.
3.º Los costes de adquisición o amortización de activos materiales, como equipamiento técnico e informático y otros elementos necesarios directa y exclusivamente vinculados con la ejecución de las actuaciones objeto de financiación.
i. El coste de amortización de los bienes inventariables se sujetará a las reglas establecidas en el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
ii. A los bienes inventariables adquiridos les será de aplicación lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El periodo durante el cual la entidad beneficiaria debe destinar los bienes adquiridos al fin concreto de la ayuda será igual al plazo de ejecución de la actuación financiada, que no podrá ser inferior a cinco años para los bienes inscribibles en un registro público, ni de dos años para bienes no inscribibles en dicho registro, aplicándose el plazo que sea más largo.
4.º Adquisición de material fungible, suministros y productos similares.
5.º Los costes de adquisición y/o amortización de activos inmateriales, incluyendo programas de ordenador o software de carácter técnico, con vinculación directa con la ejecución de las actuaciones objeto de financiación.
6.º Los costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual y otros costes derivados del mantenimiento de los mismos.
7.º Los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto.
8.º Los costes derivados del asesoramiento de la realización de estudios, difusión, publicidad.
9.º Los costes que puedan derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto.
10.º Los costes derivados de la adquisición de bases de datos de referencias bibliográficas, multidisciplinares y con indicadores de citación propia y de impacto.
11.º Los costes derivados de la formación del personal asociado a la actuación.
12.º Los costes inherentes a la preparación de actuaciones formativas incluyendo el material docente o formativo.
13.º Los costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, eventos, congresos, seminarios y reuniones.
14.º Los costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias y similares del personal vinculado a la actuación.
15.º Los costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y cuando tengan tarifas públicas.
16.º Los costes comprendidos en el primer párrafo del artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
17.º El coste derivado del informe de auditoría cuando su aportación sea exigida en la convocatoria y la entidad beneficiaria no esté obligada a auditar sus cuentas. En aquellos casos en que la entidad beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la justificación se llevará a cabo por el mismo auditor, o por otro, siempre que esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
18.º Otros costes de carácter menor o auxiliar no contemplados en los anteriores apartados que se deriven de la actuación y que sean necesarios para su ejecución.
3. No serán financiables los costes indirectos, entendidos como tales, los gastos generales asignados a la actuación pero que por su naturaleza no pueden imputarse de forma directa.
4. Los tributos serán gasto financiable cuando la entidad beneficiaria de la ayuda los abone efectivamente. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
5. En todo caso, cuando el importe del gasto financiable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas con distintos proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien en los términos y con las excepciones establecidas en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. Los gastos financiables deberán estar debidamente soportados en facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y siguientes del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. Solo se admitirán gastos justificados mediante documentos emitidos internamente por la propia entidad beneficiaria en el caso de liquidaciones de viajes y dietas y en los supuestos contemplados en el artículo 7.2.15.º
Los gastos de personal deberán estar soportados mediante la presentación de contratos, nóminas, seguros sociales y sus respectivos justificantes de pago, así como de los correspondientes partes horarios firmados por el personal contratado por la entidad beneficiaria para la ejecución del objeto de la ayuda.
7. Las convocatorias especificarán, de entre los conceptos susceptibles de ayuda relacionados en este artículo, cuáles serán de aplicación, y, en su caso, desarrollarlos, así como limitar la cantidad de ayuda tanto para los costes de actuación como para cada concepto de coste.
8. Atendiendo a las características específicas de la ayuda, la convocatoria podrá exigir a la entidad beneficiaria la aportación de financiación propia para cubrir la actividad financiada, así como los mecanismos que garanticen la capacidad económica y financiera. En la justificación de la ayuda deberá acreditarse el importe, procedencia y su aplicación.
1. La realización de la actividad financiada es obligación personal de la entidad beneficiaria sin otras excepciones que las establecidas en este artículo, siempre y cuando se cumplan los requisitos, límites y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo.
Se entiende que una entidad beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos auxiliares o instrumentales en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para la realización por sí mismo de la actividad objeto de la ayuda.
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad objeto de la ayuda, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
2. En función de la naturaleza de la actividad financiada, la subcontratación solo podrá alcanzar hasta el porcentaje máximo del 50 por ciento del importe de esta. Las convocatorias podrán restringir el porcentaje máximo de subcontratación.
3. Cuando la actividad subcontratada con terceros sea de importe superior a 60.000 euros, la subcontratación deberá ser previamente autorizada por la FECYT, ser formalizada por escrito y garantizar la aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del presente artículo. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de este requisito.
4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad objeto de la ayuda frente a la FECYT.
5. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de la legislación en materia de contratación administrativa que resulte de aplicación en atención a la naturaleza de la entidad beneficiaria.
6. En ningún caso podrá subcontratarse por la entidad beneficiaria la ejecución parcial de las actividades financiadas con aquellas personas o entidades que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 68.2 de su Reglamento de desarrollo.
1. Las ayudas se concederán bajo la modalidad de subvención.
2. Las ayudas tendrán carácter anual o plurianual, con la duración que se especifique en las convocatorias.
1. La actividad objeto de ayuda se realizará, en cada actuación, dentro del periodo de ejecución que determinen las convocatorias o las resoluciones de concesión teniendo en cuenta, en su caso, el objeto o la finalidad de la ayuda. En cualquier caso el periodo de ejecución no será superior a veinticuatro meses.
2. Las inversiones y gastos efectuados por la entidad beneficiaria deberán realizarse durante el periodo de ejecución para el que se conceda la ayuda con las particularidades que establezcan las convocatorias o las resoluciones de concesión.
El gasto y pago del informe de auditor, a que se refiere el artículo 7.2.17.º, podrán realizarse hasta que finalice el plazo de presentación de la documentación de justificación de la ayuda.
3. Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de ejecución y sea efectivamente pagado durante el mismo o dentro del periodo de justificación de la ayuda.
1. El presupuesto financiable se establecerá en función del coste total de la actividad financiada. La cuantía individualizada de cada ayuda se determinará atendiendo al coste financiable real de la actuación y de las disponibilidades presupuestarias. Las convocatorias podrán establecer un límite o porcentaje máximo de ayuda para cada tipo de actuación y/o entidad beneficiaria.
2. Cuando el volumen del importe de solicitudes sea significativamente superior al importe global máximo presupuestado para la convocatoria y no supusiera ninguna alteración de los requisitos o condiciones fijados, las convocatorias podrán admitir la posibilidad del prorrateo entre las entidades beneficiarias en el porcentaje que resultare de exceso entre lo solicitado y el importe global máximo presupuestado para la convocatoria.
3. Las cantidades concedidas cubrirán total o parcialmente la actividad que se incentiva sin que, en ningún caso, incluida la posible cofinanciación, se supere el coste real de la actividad financiada.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los rendimientos financieros que se pudieran generar por los fondos librados por anticipado no incrementarán el importe de la ayuda concedida, en cuanto las entidades beneficiarias de las presentes bases, o son administración pública o presentan similitudes con esta y les es de aplicación el mismo régimen. Además, debe tenerse en cuenta que la actividad financiada por estas bases es el fomento de la investigación científica de excelencia, que redunda y promueve el interés general de la sociedad, y que la aplicación de los fondos se realizara de modo inmediato.
1. La percepción de las ayudas concedidas por la FECYT será compatible con la percepción de otras ayudas o subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones, o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Esta compatibilidad estará condicionada a que el importe de las ayudas concedidas, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad financiada o implique una disminución del importe de la financiación propia exigida a la entidad beneficiaria, en su caso, para cubrir la actividad financiada.
2. La entidad solicitante deberá comunicar a la FECYT la obtención de estas otras ayudas o subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades objeto de ayuda. Esta comunicación deberá efectuarse en el momento de la presentación de la solicitud, posteriormente tan pronto como se conozca y, en todo caso, en el momento de la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
3. Cuando se produzca un exceso de las ayudas percibidas de distintas entidades respecto del coste total de la actividad, y aquellas fueran compatibles entre sí, la FECYT reducirá su ayuda por el importe de exceso de ayudas totales percibidas respecto del coste total de dicha actividad o en proporción al exceso, si la entidad beneficiaria acredita la devolución del importe proporcional de exceso a las otras entidades concedentes de ayudas.
1. En cada convocatoria se establecerá la posibilidad de que la entidad beneficiaria pueda solicitar un anticipo de la ayuda y el porcentaje del mismo, anticipo que será abonado una vez iniciado por la entidad beneficiaria el período de ejecución de su proyecto.
2. Únicamente, en el caso de que se solicite este anticipo, la entidad beneficiaria queda obligada a constituir garantía por el importe del pago anticipado a favor de la FECYT.
3. Quedarán exonerados de la constitución de garantía las Administraciones públicas, sus organismos vinculados o dependientes y las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público estatal, así como análogas entidades de las comunidades autónomas y entidades locales.
4. La garantía será devuelta una vez liquidada la ayuda concedida y previa petición expresa por parte de la entidad beneficiaria. En caso de que se acuerde el reintegro por el órgano competente y, a instancias de este, la FECYT ejecutará las garantías constituidas a su favor.
1. Las comunicaciones de todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en estas bases, en su justificación, seguimiento y en los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se realizarán a través de medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. La utilización de los medios electrónicos establecidos por la FECYT será obligatoria tanto para la notificación o publicación de las resoluciones que se dicten, como para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por los interesados que deberán hacerlo a través del sistema electrónico establecido al efecto por la FECYT y utilizar un sistema de firma electrónica avanzada. Las convocatorias establecerán los requisitos que deberá cumplir el certificado electrónico correspondiente.
3. La notificación de los actos administrativos que pudieran proceder en relación con las funciones derivadas de la exigencia del reintegro, la imposición de sanciones y las funciones de control y demás que pudieran corresponder al órgano competente del Ministerio de Ciencia e Innovación, se realizarán conforme lo dispuesto por los artículos 41 y siguientes del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
4. Los interesados que presenten cualquier tipo de solicitud, escrito o comunicación, deberán previamente darse de alta en los sistemas electrónicos de participación que determinen las convocatorias.
5. Las convocatorias especificarán el tamaño y el formato de los ficheros electrónicos que deban anexarse.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El procedimiento de concesión se ajustará a los principios de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con su disposición adicional decimosexta, y de su Reglamento de desarrollo, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, efectuada por el órgano competente, y deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto en el «Boletín Oficial del Estado». De forma adicional, se publicará en la página web que la FECYT destine al efecto.
1. El órgano competente para la iniciación del procedimiento será el Patronato de la FECYT, mediante el acto de aprobación de las correspondientes convocatorias de ayudas.
2. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección de Gestión de la Información Científica de la FECYT.
3. Corresponde la resolución del procedimiento de concesión al Patronato de la FECYT o a su Junta Rectora por delegación de este, previa autorización del órgano competente del Ministerio de Ciencia e Innovación, conforme a lo dispuesto por la disposición adicional decimosexta, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Las solicitudes se presentarán en el sistema electrónico de participación establecido al efecto por la FECYT, conforme a las instrucciones y modelos asimismo establecidos y en el plazo determinado en cada convocatoria. Este plazo será, al menos, de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las convocatorias, cuando así proceda por la naturaleza de las actuaciones, indicarán el carácter abierto de las mismas, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el caso de que la convocatoria tenga carácter abierto en la resolución de las solicitudes presentadas para cada procedimiento de selección se dividirá el crédito asignado para este fin entre los procedimientos de selección que se determinen en la convocatoria. Si hubiera exceso de crédito asignado a la resolución correspondiente, una vez atendidas las solicitudes propuestas, los fondos no empleados se asignarán a la siguiente resolución.
2. Las solicitudes se presentarán mediante el formulario correspondiente junto con la documentación que se especifique en la convocatoria como parte integrante de la solicitud. Las personas jurídicas deberán contar con la firma electrónica avanzada del representante legal de la entidad solicitante especificada en el artículo 14.2 de estas bases reguladoras.
Cuando así se requiera para la evaluación, se podrá exigir la presentación en lengua inglesa de la documentación técnica.
3. Solamente se considerarán aquellas solicitudes debidamente firmadas, que hayan sido presentadas dentro de plazo en el sistema electrónico de participación, con arreglo a los modelos establecidos.
4. Se podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos, que se especificarán en la convocatoria, por una declaración responsable de la entidad solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de concesión, las entidades solicitantes, incluidas en la propuesta de resolución provisional de concesión de la ayuda, podrán ser requeridas para que aporten la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en su declaración en un plazo no superior a quince días hábiles.
No obstante, la convocatoria podrá establecer mecanismos para evitar el requerimiento de documentos que ya obren en poder del órgano instructor.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de estas bases, la entidad solicitante deberá aportar declaración expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes o, en su caso, la relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda. Esta declaración expresa deberá llevarse a cabo en el momento de presentar la solicitud o en cualquier momento ulterior en que se produzca la mencionada concurrencia.
6. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento, dando lugar a la desestimación de la ayuda o en su caso su revocación, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
7. Si la solicitud, con el contenido a que se refiere el apartado 2 de este artículo, no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de la solicitud.
Con objeto de garantizar la igualdad de todas las entidades solicitantes, no podrá ser modificada o mejorada, en un momento posterior al de la finalización de la solicitud, la memoria técnica del proyecto, en la que se describa la acción a financiar, el equipo de trabajo, el presupuesto del proyecto y el importe de la ayuda solicitada.
La instrucción del procedimiento de concesión corresponde a la Dirección de Gestión de la Información Científica de la FECYT, que llevará a cabo, en su caso, las siguientes actividades:
a) La petición de cuantos informes, que sean exigidos por estas bases o cada convocatoria o por la normativa que resulte de aplicación a las ayudas, que se estimen necesarios para poder resolver.
A este respecto, las solicitudes podrán ser objeto de informes de evaluación técnica, que podrán realizarse por expertos independientes, nacionales o internacionales, por comisiones técnicas de expertos, o por agencias de evaluación, nacionales o internacionales, según determine la convocatoria.
En el caso de recurrir a comisiones técnicas, se atenderá en su composición el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
b) La preevaluación de las solicitudes en la que el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria. En todo caso, tal fase solo podrá afectar a aquellos requisitos cuya concurrencia no requiera de ninguna valoración técnica. En caso de que en esta fase se hubiera producido la exclusión de algún solicitante se le notificará tal extremo en la forma que determine la convocatoria.
c) La evaluación de las solicitudes de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de estas bases reguladoras.
1. Las convocatorias establecerán que el procedimiento de evaluación de las solicitudes se realice en una o en dos fases.
a) En el procedimiento de evaluación en una sola fase, las entidades solicitantes aportarán con la solicitud la información necesaria para evaluar la propuesta conforme a los criterios de evaluación que se establezcan.
Quedarán eliminadas las solicitudes que no cumplan el criterio o criterios a los que se otorgue carácter excluyente, o que no superen el umbral que se fije para uno o algunos de los criterios.
b) En el procedimiento de evaluación en dos fases:
1.º Las entidades solicitantes presentarán la solicitud en la primera fase aportando la documentación requerida. El formato de solicitud, en este caso, podría ser simplificado si así lo especifica la convocatoria. Se podrá asimismo requerir una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para ser entidad beneficiaria, sin perjuicio de la posibilidad de comprobación posterior.
2.º Las solicitudes serán evaluadas por la comisión de evaluación según los criterios previstos en el anexo I. Para esta primera fase, se podrá constituir una comisión previa de al menos tres representantes de la comisión de evaluación.
3.º Quedarán eliminadas las solicitudes que no cumplan el criterio o criterios a los que se otorgue carácter excluyente o que no superen el umbral que se fije para uno o algunos de los criterios.
4.º Las solicitudes que hayan superado la primera fase de evaluación, si la convocatoria lo requiere, podrán presentar nueva documentación restante para la evaluación y para completar el expediente. La documentación a presentar y el plazo se especificarán en cada convocatoria. En otro caso, se podrá utilizar la documentación presentada con la solicitud inicial que no se haya tenido en cuenta en la evaluación de la primera fase. Estas solicitudes se evaluarán conforme a los criterios previstos en el anexo I.
2. La evaluación de solicitudes se realizará por comisiones de evaluación mediante la comparación de las solicitudes conforme a los criterios establecidos, vistos, en su caso, los informes mencionados en el artículo 18.a).
3. El procedimiento de evaluación podrá contemplar, si así se prevé en la convocatoria, la celebración de entrevistas presenciales o videoconferencias, cuando proceda, siempre que dichas actuaciones respondan a una convocatoria pública, y respeten el principio de igualdad de oportunidades. Cuando así lo determinen las convocatorias, la evaluación, en sus distintas fases, podrá desarrollarse en lengua inglesa en aquellos aspectos de índole técnica que lo requieran por la dimensión internacional de las ayudas.
4. Los miembros de la comisión de evaluación, órgano colegiado al que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, encargado de evaluar las solicitudes, serán nombrados por la Dirección General de la FECYT, quedando integrada en esta y teniendo aquella la siguiente composición:
a) Presidencia: La persona titular de la Unidad de Recursos Científicos e Infraestructuras de la FECYT. En caso de ausencia será sustituida por la persona titular del Departamento de Políticas Europeas de Ciencia, Tecnología e Innovación de FECYT.
b) Vicepresidencia: La persona titular de la Unidad de Acceso Abierto, Repositorios y Revistas de la FECYT. En caso de ausencia será sustituida por la persona titular de la Unidad de Análisis y Políticas europeas.
c) Vocales:
1.º Una persona en representación de la Secretaría General de Investigación, a propuesta de la misma. En caso de ausencia, esta podrá ser sustituida por el suplente de igual nivel propuesto por la Secretaría General de Investigación.
2.º Una persona titular de una de las divisiones de la Agencia Estatal de Investigación, a propuesta de la misma. En caso de ausencia, esta podrá ser sustituida por una persona titular de una Subdivisión de la misma Agencia o el correspondiente adjunto o asimilado.
3.º Una persona en representación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, a propuesta de la misma. En caso de ausencia, esta podrá ser sustituida por el suplente igualmente propuesto por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
4.º En su caso, hasta tres personas expertas independientes de reconocida trayectoria en materia de I+D+i.
d) Secretaría: una persona en representación de FECYT, que actuará con voz, pero sin voto, siendo sustituido en caso de ausencia por el representante de FECYT nombrado a tal efecto por su Dirección General.
5. En caso de evaluación en dos fases, la comisión previa estará constituida al menos por una presidencia y dos vocales designados por el órgano concedente. Asimismo, contarán con un secretario/a, sin la condición de miembro, que actuará con voz, pero sin voto.
6. La comisión de evaluación podrá estar asistida por expertos de reconocida trayectoria e independencia en materia de I+D+i, nombrados por la Dirección General de la FECYT. Dichos expertos se podrán organizar en subcomisiones de evaluación específicas según las líneas o modalidades de actuación previstas en cada convocatoria.
7. Las comisiones que puedan conformarse al amparo de este artículo atenderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombre, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
8. En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, el funcionamiento de la comisión de evaluación se regirá por lo establecido en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Su funcionamiento será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios de FECYT.
9. La Comisión de evaluación, con arreglo a los criterios establecidos para la evaluación, elevará al órgano instructor un informe motivado sobre la prelación de las solicitudes, ordenándolas individualmente o por categorías, siempre que, en este último caso, proporcionen un juicio inequívoco para su selección. No obstante, no será necesario fijar dicho orden de prelación cuando el crédito consignado sea suficiente para atender todas las solicitudes presentadas que satisfagan los requisitos exigidos.
Las convocatorias desarrollarán los criterios de valoración relativos a los aspectos que se relacionan en cada uno de los siguientes puntos:
a) Criterios excluyentes. El incumplimiento de estos criterios implicará la desestimación de la solicitud sin que se valoren el resto de los criterios.
b) Criterios de valoración. En cada convocatoria se podrán detallar subcriterios, así como criterios de desempate entre solicitudes que obtengan la misma valoración, teniendo en cuenta los objetivos y prioridades de las mismas.
Tanto los criterios excluyentes como los criterios de valoración y su ponderación para los distintos tipos de actuaciones que se convoquen al amparo de estas bases son los especificados en el anexo I.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de evaluación, emitirá una propuesta de resolución provisional motivada, que se notificará a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles, formulen alegaciones si lo estiman oportuno. Este plazo podrá ser superior si así se establece expresamente en función de las características de la actuación. Dicha propuesta incluirá, como mínimo:
a) La entidad o entidades solicitantes para las que se propone la concesión d