Categoría: Energía y Medio Ambiente

r y la reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero.
b) La valorización de especies y variedades propias o foráneas adaptadas a las nuevas condiciones ambientales.
c) La promoción de los productos de proximidad por medio de las herramientas de apoyo que tiene la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para conseguir una pesca y una acuicultura sostenibles y de calidad, altamente eficiente en el consumo de recursos.
d) El establecimiento de objetivos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, promoviendo la transición hacia las energías no contaminantes.
e) El restablecimiento, conservación y gestión de modo sostenible de los ecosistemas marinos y litorales para frenar los efectos del cambio climático, así como las actuaciones para evitar la destrucción, la sobreexplotación, la contaminación de hábitats y las demás presiones antropogénicas.
f) El fomento de las modalidades de pesca de bajo impacto ambiental.
g) La ampliación de la sensibilización y la concienciación ciudadana para mejorar la comprensión pública sobre el estado del mar y los impactos que sufre.
2. Para reducir la vulnerabilidad a los impactos ligados al cambio climático, aumentar la resiliencia y reducir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero de estas actividades, se deberá:
a) Incorporar a la planificación los impactos observados y previstos del cambio climático en Canarias, con especial atención al riesgo de una intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento de la temperatura del mar y la acidificación de los ecosistemas marinos.
b) Establecer y gestionar eficazmente una red de reservas marinas protegidas con el fin de detener la pérdida de biodiversidad y mejorar la resiliencia de los ecosistemas marinos.
3. Los titulares de las explotaciones y actividades pesqueras y de acuicultura tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Canario de Huella de Carbono.
4. Todas las explotaciones y actividades pesqueras y de acuicultura con un tamaño superior a lo que se determina en la Estrategia Canaria de Acción Climática deberán elaborar un plan de transición energética dirigido a minimizar la huella de carbono que generan y articular las medidas necesarias para que la misma sea cero o negativa. El contenido mínimo y el plazo en el que deben estar redactados dichos planes serán fijados por la Estrategia Canaria de Acción Climática.
5. Todas las actividades anteriores que determine la Estrategia Canaria de Acción Climática tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Canario de Huella de Carbono.
1. Las medidas que se adopten en materia de industria y comercio por las administraciones públicas canarias y su sector público institucional deben ir encaminadas a reducir su vulnerabilidad a los impactos ligados al cambio climático y cambio global, aumentar su resiliencia y reducir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero de estas actividades y concretamente deben ir dirigidas a:
a) El fomento de un modelo que evalúe el impacto de las actividades en el cambio climático.
b) El fomento de certificaciones ambientales para las actividades que desarrollen.
c) El potencial de las actividades para la reducción de emisiones de GEI y la promoción de remociones de gases de efecto invernadero.
d) El impulso a través de los programas de apoyo al sector para que favorezcan en su actividad la reducción de emisiones.
e) El fomento de un modelo que minimice la demanda de recursos por parte de las actividades. De forma especial, se prestará atención a la minimización en la generación de residuos y al desarrollo de medidas que fomenten modelos de economía circular en las actividades.
f) El fomento de la investigación en nuevos sistemas integrados y estables destinados a la producción industrial de agua, basados en el ciclo integral del agua con un consumo final cien por cien renovable y residuo cero.
g) El fomento de la investigación en el desarrollo de nuevas técnicas industriales para el aprovechamiento de materias primas secundarias y la mejora en eficiencia de materiales que favorezcan la optimización del consumo de agua de los procesos productivos.
h) La adopción de medidas de adaptación a fin de reducir la vulnerabilidad de las actividades y garantizar su resiliencia frente al cambio climático.
i) El fomento, estableciendo criterios de selección positiva para el acceso a la financiación pública, de los proyectos y soluciones técnicas basadas en la generación de sumideros de carbono en establecimientos y áreas industriales.
j) El apoyo y el impulso a la investigación y el desarrollo tecnológico que contribuyan a poner en el mercado alternativas técnicas que den respuesta a las necesidades de la actividad industrial de manera sostenible y aprovechamiento más intensivo de otras alternativas de suministro.
k) Mediante la mejora del rendimiento medioambiental global de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida, el estímulo de la demanda de mejores productos y tecnologías de producción y ayuda a los consumidores a tomar decisiones con conocimiento de causa, con herramientas como el etiquetado ecológico y energético o el diseño ecológico.
l) Fomento de la industria portuaria del archipiélago en relación con las nuevas tecnologías y opciones de energía renovable y sostenible.
2. Todas las actividades industriales y de comercio con un tamaño superior a lo que se determine en la Estrategia Canaria de Acción Climática deberán elaborar un plan de transición energética dirigido a minimizar la huella de carbono que generan y articular las medidas necesarias para que la misma sea cero o negativa. El contenido mínimo y el plazo en el que deben estar redactados dichos planes serán fijados por la Estrategia Canaria de Acción Climática.
3. Todas las actividades industriales y de comercio que se determinen en la Estrategia Canaria de Acción Climática tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Canario de Huella de Carbono.
1. La ordenación y regulación autonómica de los recursos hidráulicos deberá incorporar la acción climática y la adaptación a los escenarios y consecuencias derivadas de los riesgos generados por la acción del clima.
2. La ordenación del dominio público hidráulico se realizará mediante los planes hidrológicos regulados en la legislación de aguas canarias, que en todo caso deberán:
a) Incluir los riesgos derivados del cambio climático e incorporar medidas de adaptación al mismo, así como equilibrar y armonizar el desarrollo insular sectorial sostenible.
b) Considerar los impactos previsibles sobre los regímenes de caudales hidrológicos y los recursos disponibles de los acuíferos, relacionándolos a su vez con cambios en factores como las temperaturas, las precipitaciones, la acumulación de la nieve o riesgos derivados de los previsibles cambios de vegetación de la cuenca.
c) Valorar los riesgos derivados de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos asociados al cambio climático, en relación con que ocurran episodios de avenidas y sequías.
d) Considerar los riesgos derivados de los impactos posibles del ascenso del nivel del mar sobre las masas de agua subterránea y las masas de agua superficiales costeras.
e) Anticiparse a los impactos previsibles del cambio climático, identificando y analizando el nivel de exposición y la vulnerabilidad de las actividades socioeconómicas y las masas de agua.
f) Identificar los riesgos derivados del cambio climático en relación con su impacto sobre los cultivos y las necesidades agronómicas de agua, fomentando los sistemas de regeneración de agua asociados a los sistemas de depuración que permitan la reutilización de las aguas para el regadío u otros usos.
g) Fomentar que las instalaciones de depuración y de producción industrial de agua mediante la desalinización de agua de mar o de agua salobre sean lo más eficientes posible y en especial estén abastecidos, ya sea de manera directa o indirecta, por energías de origen renovable. Asimismo, establecer en la planificación hidráulica sinergias y economías de escala de las infraestructuras hidráulicas de desalinización.
h) Fomentar el uso de aguas regeneradas prevaleciendo sobre las aguas blancas, siempre y cuando las normas sanitarias lo permitan.
i) Impulsar los sistemas de regeneración de agua asociados a los sistemas de depuración que permitan la reutilización de las aguas para el regadío u otros usos.
j) Fomentar los sistemas de depuración de agua lo más autosostenible posible, haciendo uso de la valorización energética de sus lodos, así como de su deshidratación a través de sistemas de bajo consumo energético, como el secado solar de lodos; propiciando la reutilización de los lodos generados por la depuración una vez valorizados energéticamente, ya sea en el sector agrícola, industrial o de la construcción.
k) Propiciar el uso de microturbinas en redes de abastecimiento y saneamiento municipales y privadas que permita la generación de energía eléctrica.
l) Desincentivar aquellos sistemas hidráulicos que no optimicen su rendimiento técnico hidráulico.
3. Las administraciones hidráulicas, en el ejercicio de su labor planificadora, han de disponer de modelos de simulación de escorrentía superficial que contemplen como variable meteorológica el impacto del cambio climático.
4. Todas las actividades vinculadas a la gestión de los recursos hídricos con una gestión superior a lo que se determine en la Estrategia Canaria de Acción Climática deberán elaborar un plan de transición energética dirigido a minimizar la huella de carbono que generan y articular las medidas necesarias para que la misma sea cero o negativa. El contenido mínimo y plazo en el que deben estar redactados dichos planes será fijado por la Estrategia Canaria de Acción Climática.
5. Las empresas que, conforme el apartado anterior, determine la Estrategia Canaria de Acción Climática tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Canario de Huella de Carbono.
1. Las administraciones públicas canarias deberán avanzar de manera significativa en la reducción de los riesgos generados por la acción del clima en toda la línea del litoral canario, así como en la reducción de aquellos riesgos derivados de los cambios permanentes del nivel del mar y el aumento de temperatura del mar y su efecto en la climatología atmosférica, y adaptarse a los cambios en la explotación de los recursos tales como áridos, energía, pesca, marisqueo y recursos biológicos marinos.
2. La Estrategia Canaria de Acción Climática, la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática y el Plan Canario de Acción Climática procederán a la identificación de los espacios, sectores y ámbitos más expuestos a riesgos y establecerán las medidas de adaptación específicas que sean necesarias para su reducción. Se realizará e incorporará la evaluación económica de las medidas y soluciones técnicas a adoptar, priorizando las mismas con base en el criterio coste-beneficio, donde el beneficio tendrá en cuenta tanto la población como los bienes materiales y el patrimonio natural afectado frente al coste económico de la adopción de las medidas.
Las administraciones públicas de Canarias implantarán una red de alumbrado público que, de acuerdo con la legislación aplicable, minimice el consumo eléctrico y contribuya a la protección del cielo.
Las administraciones públicas de Canarias competentes deberán impulsar políticas de protección y conservación de los hábitats naturales, terrestres y marinos en los ámbitos delimitados por el Estatuto de Autonomía de Canarias, con capacidad de sumidero, así como revisar los instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos, y de los instrumentos de gestión de los espacios Red Natura 2000, para adecuarlos a la presente ley. Del mismo modo, esas mismas administraciones fomentarán la mejora del conocimiento sobre la vulnerabilidad y resiliencia de las especies silvestres y los hábitats frente al cambio climático, así como la capacidad de los ecosistemas para absorber emisiones. Este conocimiento se aplicará en la mejora de las políticas de conservación, gestión y uso sostenible del patrimonio natural y en la biodiversidad.
Las administraciones públicas de Canarias competentes deberán impulsar políticas de protección y conservación del patrimonio cultural en los ámbitos físicos de las manifestaciones de la cultura popular y tradicional con valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico o técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, así como los enclaves y yacimientos de naturaleza paleontológica, así como todos los bienes de interés cultural (BIC), encaminadas a:
a) La identificación y evaluación de los riesgos y de la vulnerabilidad de estos ámbitos culturales y naturales (paleontológica) a los efectos del cambio climático.
b) La identificación de los impactos previsibles del cambio climático en la conservación de estos bienes a la luz de las vulnerabilidades y de su capacidad de adaptación, mediante análisis de las principales opciones adaptativas y priorización de sus niveles de riesgo.
c) Promover las oportunas medidas de adaptación en los bienes culturales y naturales con los valores citados, implementando las soluciones adecuadas para cada uno de los enclaves mediante un plan de adaptación priorizado y calendarizado que abarque el conjunto de bienes de las islas Canarias.
c) El establecimiento de un sistema de información que permita evaluar las consecuencias del cambio climático sobre estos ámbitos del patrimonio cultural.
d) El aumento de la información, concienciación y participación ciudadana en las actividades relacionadas con el cambio climático y las implicaciones para la conservación del patrimonio cultural y natural (paleontológico).
1. Las medidas que se adopten en materia de montes y gestión forestal por parte de las administraciones públicas de Canarias deben ir encaminadas a reducir la vulnerabilidad del sistema forestal y optimizar su capacidad de actuar como sumidero de carbono y como fuente de energías renovables y materiales de construcción sostenibles y, concretamente, deben ir encaminadas a:
a) Definir y promover una gestión forestal que aumente la resistencia y resiliencia de las masas forestales, evaluando los riesgos del cambio climático y gestionarlos.
b) Favorecer una gestión silvícola integrada que permita reducir el riesgo de incendios forestales, aprovechar la biomasa forestal para la recuperación de suelos, de forma principal, y recuperar los pastos, a partir de especies locales más adaptadas a las condiciones climáticas, y promover los recursos forestales, con especial atención a las zonas agrarias abandonadas.
c) Ejecutar medidas de gestión activa e incremento de los sistemas forestales actuales y potenciales dirigidas a la conservación de la biodiversidad y la mejora de la vitalidad de los ecosistemas forestales, su capacidad de captación de carbono atmosférico y de recursos hídricos y su función reguladora de estos, así como la protección contra la erosión y demás efectos adversos de las lluvias intensas.
d) Coordinar necesariamente las políticas forestales e hídricas y el establecimiento de medidas que permitan un sistema de gestión de los montes que tenga en cuenta la regulación hídrica y posibiliten hacer una gestión sostenible tanto de los montes como de los recursos hídricos.
2. Se fomentará, por los ayuntamientos, el desarrollo de huertos o masas arbóreas que se conviertan en sumideros de carbono, como uso de carácter provisional, de acuerdo con la legislación y el planeamiento urbanístico.
1. Las medidas que se adopten por las administraciones públicas canarias y su sector público institucional en materia de residuos deberán encaminarse a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, en el marco de la legislación en materia de economía circular.
2. Dichas medidas deben ir encaminadas a:
a) La priorización de la estrategia de residuo cero a fin de ahorrar material y de reducir su procesamiento y evitar emisiones de gas de efecto invernadero, especialmente mediante la prevención y el ecodiseño de los productos envasados de un solo uso con base en un análisis del ciclo de la vida, e incentivación de alternativas para la incorporación de material reciclado para los envases de productos que, por seguridad y desarrollo técnico, tengan alternativas más sostenibles.
b) La evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la gestión de los residuos, incorporando medidas para su reducción y el uso de combustibles procedentes de su gestión.
c) La aplicación de la siguiente jerarquía con respecto a las opciones de gestión de residuos: la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje, la valorización, finalmente, la eliminación.
d) El fomento de la recogida selectiva, especialmente de la materia orgánica, para evitar su deposición en vertederos.
e) La sustitución de materias primas por subproductos o materiales procedentes de la valorización de residuos (materias primas secundarias) para favorecer la creación de una economía circular.
f) La adopción de medidas en el ámbito de la construcción para reducir los residuos derivados de esta actividad y en concreto dirigidas a potenciar la reducción de la demanda de áridos y a fomentar la reutilización y el reciclaje de los materiales de construcción.
g) La dotación de instalaciones eficientes de gestión de residuos agrícolas en las distintas islas con el objeto de valorizar los residuos agrarios convirtiéndolos en fertilizante y/o biocombustible.
1. Las medidas que adopten las administraciones públicas de Canarias y los entes de sus respectivos sectores públicos en materia de salud pública deberán tener como objetivo la disminución de la vulnerabilidad de la población a los efectos del cambio climático y, en particular, incluirán:
a) La identificación y evaluación de los riesgos y de la vulnerabilidad de la población a los efectos del cambio climático.
b) La identificación de los impactos previsibles del cambio climático en la salud de la población a la luz de las vulnerabilidades y de su capacidad de adaptación, mediante análisis de las principales opciones adaptativas.
c) El fortalecimiento de las intervenciones de salud pública existentes en materia de prevención y protección de la salud y que se irán adaptando a los efectos del impacto del cambio climático: sistemas de vigilancia de las enfermedades transmisibles, vigilancia de la calidad del agua y del aire, vigilancia entomológica, seguridad alimentaria y sistemas de alerta temprana –olas de calor y los episodios de intrusiones saharianas– respaldadas por una financiación e infraestructuras adecuadas para asegurar que el sector salud esté preparado para reaccionar a los desafíos del cambio climático.
d) El establecimiento de un sistema de información que permita evaluar las consecuencias del cambio climático sobre la salud.
e) El fortalecimiento de los sistemas de salud pública y mejora de su capacidad de respuesta ante el impacto de los efectos en la salud del cambio climático y evitar la saturación de los servicios de salud.
f) El aumento de la información, concienciación y participación ciudadana en las actividades relacionadas con el cambio climático y las implicaciones para la salud humana.
2. Los departamentos del Gobierno de Canarias responsables en materia de salud y de derechos sociales deben elaborar y aprobar planes especiales de protección de la población ante los efectos del cambio climático recomendados por la Organización Mundial de la Salud en sus informes periódicos.
Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante fenómenos extremos, el Gobierno de Canarias deberá articular los mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación precisos con las corporaciones locales canarias, con el objeto de promover la planificación de las medidas necesarias, incluidas las de alerta temprana, para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y, en particular, de la gestión integral del agua, el suministro de energía y telecomunicaciones, la gestión de residuos, el transporte público, el suministro de bienes básicos y la atención primaria de salud.
1. La Administración pública de la comunidad autónoma deberá facilitar la información adecuada en todas las políticas climáticas y de transición ecológica, a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, así como de los portales web de la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua y de la consejería responsable en materia de cambio climático.
Asimismo, fomentará la participación ciudadana en las citadas políticas a través del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y también a través de procesos participativos y el resto de mecanismos de participación ciudadana, insulares y municipales, para ser copartícipes en el diseño e implementación de normas, estrategias, proyectos genéricos y sectoriales.
Además, se instará a todas las entidades públicas y privadas a compartir aquella información relevante para el seguimiento de los indicadores de mitigación y adaptación al cambio climático.
2. Las administraciones públicas canarias y los entes de su sector público institucional deben proveer a la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua, con la periodicidad, formato y contenido que se establezca reglamentariamente, los datos requeridos para los balances de mitigación y adaptación al cambio climático de Canarias.
Deberán también establecer los medios técnicos telemáticos y accesibles para proveer información a la ciudadanía de las iniciativas y actuaciones públicas en esta materia, en su ámbito de incumbencia, informando asimismo de los planes y programas sectoriales cuyo contenido sea relevante en materia de cambio climático, con reflejo en sus presupuestos y en el ámbito de sus programas de implementación de la Agenda 2030 local.
3. Además, las administraciones públicas canarias y los entes de su sector público institucional promoverán también el seguimiento y visibilización de las iniciativas y balances que realizan las empresas y entidades del tercer sector en su ámbito, fomentando e incentivando la transparencia, la participación y la colaboración de estas. Los referidos balances podrán integrarse a escala supramunicipal o insular en aquellos municipios que no cuenten con medios para ello.
1. La Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua desarrollará un plan de sensibilización para fomentar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este plan debe servir de marco para impulsar programas, medios y recursos de las administraciones públicas, las empresas, los agentes sociales y el tercer sector, orientados hacia un mayor grado de consecución de los objetivos de sensibilización y transición ecológica de todos los sectores sociales y económicos.
2. Las administraciones públicas canarias promoverán campañas de formación, sensibilización y comunicación ciudadana para la acción climática y las medidas de mitigación y adaptación necesarias desde los ámbitos público y privado, fomentando las buenas prácticas en materia de promoción de la acción climática y la transición ecológica.
Las administraciones públicas canarias y los entes de su sector público institucional en colaboración con el sector privado fomentarán la participación de todos los sectores sociales y ámbitos territoriales, promoviendo planes integrales y redes de participación en el seguimiento de los objetivos y en el desarrollo de iniciativas, de acuerdo con las finalidades de esta ley.
1. Las administraciones públicas canarias y los entes de su sector público institucional, en el ejercicio de sus competencias y funciones en materia de cambio climático y actuando de acuerdo con la presente ley, contribuirán a alcanzar las metas que se establecen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, a tal fin, deberán incluir necesariamente, entre las acciones que lleven a cabo en el marco de la política de cooperación al desarrollo, actuaciones en relación con la mitigación y la adaptación al cambio climático que ayuden al logro de sus fines.
2. En las acciones y políticas descritas en el apartado anterior se deberán establecer espacios de cooperación orientados fundamentalmente a la creación de plataformas para el intercambio de información y conocimiento, la promoción de la I+D+i+C y la evaluación de las actuaciones en materia de adaptación, de resiliencia y de gobernanza, además de en materia de protección civil e intervención en emergencias en respuesta a los fenómenos inducidos por el cambio climático.
1. El Gobierno de Canarias, en materia de enseñanza no universitaria:
a) Introducirá como eje vertebrador la acción climática y la transición ecológica en los decretos de desarrollo curricular de las distintas áreas, materias o ámbitos vinculados a dichos contenidos y, de forma transversal, en el resto de los currículos, de conformidad con los fines y principios que inspiran la presente ley.
b) Desarrollará medidas y acciones que fomenten los conocimientos y habilidades necesarias en toda la comunidad educativa, a propósito de la promoción de la acción climática y la transición ecológica.
2. Los departamentos del Gobierno de Canarias competentes en materia de educación y acción climática, así como otros concurrentes, coordinarán las actuaciones pertinentes para la formación y cualificación del profesorado en cualquiera de los niveles.
3. El Gobierno de Canarias impulsará proyectos educativos especializados y de carácter transdisciplinar en materia de acción climática y de transición ecológica.
4. El Gobierno de Canarias promoverá, directamente o en colaboración con las cámaras oficiales de comercio de Canarias, las asociaciones empresariales, las asociaciones de trabajadores autónomos, las organizaciones sindicales, las empresas especializadas y entidades del tercer sector concernidas, acciones formativas en relación con la acción climática y la transición ecológica.
1. Las administraciones públicas canarias y su sector público institucional promoverán, junto con las universidades públicas de Canarias, convenios para fomentar la formación técnica y científica orientada al estudio, investigación o análisis con relación al clima, los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas terrestres y marinos, la eficiencia energética, las energías renovables, la mitigación y la adaptación al cambio climático, así como a los instrumentos jurídicos, económicos, sociales y culturales para avanzar en la acción climática y la transición ecológica; y para la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. El Gobierno de Canarias impulsará prácticas universitarias y programas de colaboración con otras regiones y países, convirtiendo a Canarias en un espacio de referencia científica, tecnológica y económica, bajo criterios de desarrollo sostenible y transición justa y justicia climática.
3. El Gobierno de Canarias promoverá la formación continua, dirigida a todos los docentes universitarios, en todos los ámbitos que son objeto de regulación por la presente ley.
1. El Gobierno de Canarias promoverá:
a) Las políticas activas de empleo para favorecer la reconversión de aquellos puestos de trabajo asociados a sistemas energéticos intensivos en emisiones y de alta huella ecológica en otros vinculados a la transición ecológica, así como la incorporación del diálogo social a la hora de establecer calendarios y medidas con impacto sobre la ocupación.
b) La formación acreditada dirigida a la capacitación profesional en materia de acción climática y transición ecológica, de manera dialogada con los agentes económicos y sociales y los colegios y asociaciones profesionales, teniendo en cuenta los sectores más desfavorecidos y la incorporación de la mujer en estos ámbitos profesionales.
2. La coordinación de la formación en acción climática corresponderá a la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua.
1. Las administraciones públicas canarias y su sector público institucional, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la investigación, el desarrollo y la innovación en la acción climática y la transición ecológica, con especial atención a las peculiaridades del archipiélago canario.
2. La investigación y la transferencia de conocimiento en materia de acción climática y transición ecológica se considerarán una prioridad dentro de la estrategia deI+D+i+Cy se promoverán medidas que refuercen la colaboración entre los centros científicos y tecnológicos y la iniciativa pública y privada.
3. La I+D+i+C deberá tener enfoque sistémico, integrándose en los programas sectoriales, mediante una orientación con enfoque de misiones, con sentido práctico, respondiendo a retos, con dirección clara, medible y temporal, con enfoque intersectorial y ascendente, basado en las nuevas tecnologías, las soluciones sostenibles y la innovación disruptiva.
4. Los departamentos autonómicos competentes en materia de innovación y empleo promoverán la I+D+i+C, especialmente en aquellos ámbitos que pueden liderar la adaptación de los sectores productivos y de los servicios para el desarrollo de nichos de empleo claramente orientados a la acción climática y la transición ecológica.
5. Se promoverán proyectos de investigación en las convocatorias directamente dependientes del Gobierno de Canarias con el objetivo de mejorar el conocimiento científico y tecnológico con relación al cambio climático y su mitigación y de mejorar la adaptabilidad de la sociedad canaria y sus sectores productivos, así como la creación y consolidación de grupos de investigación, centros de alto nivel y empresas derivadas resultantes de los avances en el conocimiento.
6. La Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua creará un repositorio de las propuestas, proyectos de innovación y cooperación, así como las acciones y proyectos derivados de los programas de gestión de las administraciones públicas canarias, que puedan evaluarse y coordinarse para la acción climática y la transición ecológica, cuyos resultados deben ser accesibles.
7. La Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua promoverá el desarrollo de un sistema integrado por todos los actores de Canarias de I+D+i+C que impulse y coordine la captación de todo tipo de recursos para consolidar en Canarias nuevos sectores económicos dirigidos hacia la diversificación de su economía.
1. Las diferentes etapas del sistema educativo contribuirán a desarrollar en los alumnos las competencias claves para adquirir un conocimiento científico sobre las respuestas frente al cambio climático, las energías renovables, la eficiencia energética y la economía circular, capacitarse para una actividad técnica y profesional baja en carbono, desarrollar hábitos de resiliencia frente al cambio del clima y asumir la responsabilidad personal y social.
2. Con el fin de impulsar el empleo en los sectores productivos dentro de la llamada economía verde y circular en expansión, las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica y potenciar la recualificación de los trabajadores de los sectores vulnerables o en reconversión, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de Canarias aprobará un plan formativo verde que tendrá, entre otros, los siguientes objetivos:
a) La identificación de los sectores claves que ofrecen mayores oportunidades de crecimiento y empleo en el marco de la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono.
b) La identificación de las competencias y capacidades necesarias para favorecer la empleabilidad futura en los sectores motores de crecimiento, de cara a su inclusión en los currículos de la enseñanza obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza universitaria.
c) La previsión de acciones formativas dirigidas a los trabajadores en el proceso de transición hacia modelos bajos en carbono.
d) Los incentivos a las empresas para que faciliten a sus trabajadores una formación adecuada.
e) Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las actuaciones contempladas en el plan.
1. Con carácter general, las administraciones públicas canarias, en el ámbito de sus competencias, velarán por el cumplimiento de la presente ley en relación con los sujetos, las actividades, los inmuebles, los vehículos y las instalaciones en que la misma se aplica.
2. Corresponderá a la consejería competente en materia de cambio climático:
a) Orientar la actuación de las administraciones públicas, de las empresas y de la ciudadanía en general en la consecución de los objetivos de las políticas climáticas.
b) Prestar asesoramiento para el cumplimiento de los deberes jurídicos establecidos en esta ley y en la normativa que la desarrolle.
c) Controlar y verificar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de cambio climático, así como el ejercicio de la función inspectora.
d) Formalizar las actuaciones que permitan la adopción de medidas cautelares y la iniciación de procedimientos sancionadores.
3. Corresponderá a los organismos de control autorizados el ejercicio de las atribuciones enunciadas en las letras b) y c) del apartado anterior, cuando les sean encomendadas por el departamento competente en materia de cambio climático, en los términos de la legislación vigente.
4. Cuando de una actuación inspectora resulte la posible existencia de infracciones que afecten a las competencias sancionadoras de otros órganos o administraciones públicas, el departamento competente en materia de cambio climático pondrá en su conocimiento las actas expedidas y, en su caso, los informes complementarios de los que disponga.
1. El ejercicio de la función inspectora corresponderá a personal funcionario de la consejería competente en materia de cambio climático, debidamente habilitado, que ostentará a estos efectos la condición de autoridad pública.
2. En el ejercicio de la función inspectora se podrán ejercer las siguientes facultades:
a) Acceder a los inmuebles, a los establecimientos y a las instalaciones consumidoras o generadoras de energía, contando, en caso de que tengan la consideración de domicilio, con la correspondiente autorización judicial.
b) Requerir motivadamente la comparecencia, en las dependencias administrativas, de la persona titular o de las personas responsables del establecimiento o la instalación, o de su representante, así como del personal técnico que haya participado en la instalación, el mantenimiento o el control de equipos y aparatos.
c) Requerir la aportación de documentación e información que se estime necesaria para el cumplimiento de las funciones inspectoras.
d) Practicar cualquier diligencia de investigación, control del funcionamiento o prueba necesaria para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.
3. El personal funcionario al que hace referencia el apartado 1 de este artículo se identificará debidamente, mantendrá el secreto profesional y respetará la confidencialidad de la actuación inspectora.
1. De acuerdo con la legislación vigente, los organismos de control autorizados por la Administración llevarán a cabo funciones de inspección cuando lo solicite el departamento competente en materia de cambio climático o las personas o entidades interesadas.
2. Las personas o entidades titulares o responsables de actividades e instalaciones consumidoras o generadoras de energía estarán obligadas a permitir al personal de los organismos de control el acceso a sus instalaciones y a facilitarles la información y la documentación necesarias para cumplir su tarea.
3. En el plazo máximo de un mes, los organismos de control enviarán al departamento competente en materia de cambio climático el resultado de sus actuaciones reflejado en los correspondientes informes.
4. Cuando dichos informes pongan de manifiesto deficiencias o incumplimientos de la normativa vigente, el departamento competente en materia de cambio climático ordenará la práctica de inspecciones por parte de sus servicios, y, en su caso, la subsanación o reparación de las deficiencias o incumplimientos detectados.
5. Reglamentariamente, se regularán la autorización, el régimen de funcionamiento y el registro de los organismos de control autorizados en materia de eficiencia energética y cambio climático.
1. Con el fin de comprobar el cumplimiento de las exigencias de eficiencia energética, el departamento competente en materia de cambio climático y transición energética planificará la realización de inspecciones iniciales y periódicas de las instalaciones consumidoras o generadoras de energía en los términos establecidos en la reglamentación estatal específica.
2. Las inspecciones dejarán constancia del grado de cumplimiento de la normativa vigente en relación con la clasificación y la calificación de la instalación.
1. Corresponderá al departamento competente en materia de cambio climático la iniciación y la instrucción de los procedimientos sancionadores por la comisión de las infracciones previstas en esta ley, debiendo garantizarse la debida separación entre órgano instructor y órgano sancionador.
2. La persona titular del departamento competente en materia de cambio climático será competente para la resolución de los procedimientos sancionadores tramitados por infracciones leves y graves.
3. El Gobierno de Canarias será el competente para resolver los procedimientos sancionadores en los que se tengan que imponer sanciones correspondientes a infracciones muy graves, así como para resolver los procedimientos de imposición de medidas correctoras cuando la infracción sea imputable a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. Son responsables de las infracciones reguladas en este título las personas físicas y jurídicas que las realicen por acción u omisión.
2. Cuando la infracción sea imputable a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se instruirá un procedimiento encaminado a la imposición de las medidas correctoras que procedan, correspondiendo su resolución al Gobierno de Canarias.
1. La persona que reconozca voluntariamente la comisión de los hechos y que haga efectivo el importe de la correspondiente multa antes de que se dicte resolución sancionadora se beneficiará de una reducción del 50 % de la misma.
2. En caso de pago anticipado de la multa de acuerdo con el apartado anterior, se dictará la resolución finalizadora del procedimiento sin necesidad de evacuar ningún otro trámite.
3. El reconocimiento voluntario de la responsabilidad y la aplicación de lo dispuesto en este artículo implican la renuncia de la persona responsable al ejercicio de cualquier acción en la vía administrativa.
1. Las infracciones previstas en el presente título prescribirán en los siguientes plazos, computados a partir de la comisión de la infracción o a partir del cese de la conducta infractora en el caso de infracciones continuadas o permanentes:
a) Cuatro años, en los casos de infracciones muy graves.
b) Tres años, en los casos de infracciones graves.
c) Dos años, en los casos de infracciones leves.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los tres años; las impuestas por infracciones graves, a los dos años; y las impuestas por infracciones leves, al año.
1. La potestad sancionadora por la comisión de las infracciones previstas en esta ley se ejercerá siguiendo el procedimiento establecido al efecto por la legislación básica del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y con las especialidades contenidas en los siguientes apartados.
2. Cuando el inicio del procedimiento sancionador derive del previo ejercicio de la función inspectora, todas las actuaciones realizadas deberán formar parte del mismo expediente y relacionarse sucintamente en el acuerdo de inicio que se notifique al presunto responsable.
3. Cuando la apertura de expediente derive de una petición razonada de otros órganos o de una denuncia, los servicios de inspección podrán realizar actuaciones previas orientadas a precisar todos los elementos necesarios para motivar el posterior inicio del procedimiento sancionador. Todas estas actuaciones previas deberán formar parte del mismo expediente que el procedimiento sancionador y deberán relacionarse sucintamente en el acuerdo de inicio que se notifique a la persona presuntamente responsable.
4. Las medidas provisionales que puedan adoptarse antes del inicio del procedimiento deberán sustentarse en una mínima y precisa labor instructora que permita valorar los requisitos establecidos en la legislación básica del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
5. La resolución del procedimiento sancionador deberá ser notificada dentro del plazo de un año desde la incoación del procedimiento. El incumplimiento de este plazo determinará la caducidad del procedimiento, que deberá ser notificada a todas las personas que consten en este como interesadas.
Constituyen infracciones administrativas en materia de cambio climático las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente ley y que se califican como leves, graves y muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves:
1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en cualesquiera de los instrumentos de planificación previstos en la presente ley, siempre que este incumplimiento genere un riesgo o daño grave a las personas, los bienes o al medio ambiente.
2. El incumplimiento de las obligaciones que contemplen los planes de eficiencia energética.
3. Las inspecciones, las pruebas o los ensayos efectuados por los organismos de control autorizados que reflejen de manera deliberadamente incompleta o con resultados falsos o inexactos los hechos constatados en cumplimiento de sus funciones en materia de cambio climático.
4. La falta de elaboración de un plan de transición energética por parte de las empresas de transporte de mercancías por carretera con una flota superior a los que se determine en la Estrategia Canaria de Acción Climática; así como el incumplimiento del contenido del mencionado plan.
5. El incumplimiento por parte de las personas titulares de las instalaciones hoteleras y extrahoteleras y de los equipamientos turísticos complementarios de la obligación de elaborar el plan de transición energética previsto en el artículo 56.2 de esta ley.
6. La expedición de certificados, informes, actas, memorias o proyectos técnicos, o cualquier otra documentación que están obligadas a elaborar o presentar las personas sujetas privadas en los términos de la presente ley, cuando, de forma deliberada, su contenido no refleje la realidad o contenga datos falsos.
7. La reincidencia en la comisión de una infracción grave por la que se hubiera sido sancionado en el plazo de los dos años anteriores a su comisión.
Se considerarán infracciones graves:
1. El incumplimiento de obligaciones específicas que hayan establecido, para las personas obligadas, cualesquiera de los instrumentos de planificación previstos en la presente ley, cuando dicho incumplimiento no genere un riesgo o daño grave a las personas, los bienes o al medio ambiente.
2. El incumplimiento de los requisitos o condiciones exigidos para la concesión de las autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero a las actividades sujetas a la normativa sobre comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero por parte de la consejería competente en materia de cambio climático.
3. La falta de colaboración, cuando sea expresamente requerida, por la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua o las administraciones públicas canarias en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas en virtud de la presente ley; así como con los servicios públicos de inspección o los organismos de control autorizados.
4. La obstrucción o la negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección que practique la Administración de la comunidad autónoma.
5. El incumplimiento por parte de las entidades o personas promotoras de planes, programas o proyectos sujetos a evaluación ambiental de incorporar a la documentación de carácter ambiental la información detallada o datos suficientes sobre los aspectos previstos en el artículo 20.3 de la ley.
6. La circulación de vehículos contaminantes en la comunidad autónoma en contravención de lo que dispone la presente ley o la normativa que la desarrolle.
7. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 31 de esta ley para las grandes y medianas empresas que desarrollen total o parcialmente su actividad en Canarias y se encuentren sometidas al régimen de comercio de emisiones de gases.
8. El incumplimiento por parte de los grandes centros generadores de movilidad de las obligaciones relativas a los planes de movilidad sostenible para su personal, sus clientes o usuarios previstas en el artículo 48 de esta ley.
9. El incumplimiento de la obligación del establecimiento de reservas de aparcamientos previstas en el artículo 50 de esta ley.
10. El incumplimiento de la obligación de sustitución de vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos o con emisiones contaminantes directas nulas prevista en el artículo 52 de esta ley.
11. La reincidencia en la comisión de una infracción leve por la que se hubiera sido sancionado en el plazo de los dos años anteriores a la comisión de la misma.
Se considerarán infracciones leves:
1. La falsedad de los datos inscritos en el Registro Canario de la Huella de Carbono.
2. El incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 25 en relación con los proyectos, las instalaciones y las edificaciones que se liciten a partir de la entrada en vigor de esta ley.
3. La falta de exhibición del distintivo del plan de eficiencia energética en un lugar destacado y visible del inmueble por parte de las personas sujetas obligadas a ello.
4. El uso ineficiente de instalaciones o aparatos de energía cuando se hayan desatendido los requerimientos de los servicios públicos de inspección.
5. El incumplimiento de cualquier obligación prevista en esta ley o en su normativa de desarrollo que no esté tipificada como infracción grave o muy grave.
1. La comisión de las infracciones tipificadas en los artículos anteriores dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
a) En el caso de la comisión de una infracción leve, multa de 600 a 6.000 euros.
b) En el caso de la comisión de una infracción grave, multa de 6.001 hasta 150.000 euros
c) En el caso de la comisión de una infracción muy grave, multa de 150.001 hasta 600.000 euros.
2. Asimismo, atendiendo a las características de los hechos o a su repercusión en la ejecución de las actuaciones de acción climática, se podrá imponer, además de multa, alguna de las siguientes sanciones accesorias:
a) La publicación en el «Boletín Oficial de Canarias» de la identidad de la persona infractora y de la sanción impuesta.
b) El cierre de la actividad o la instalación productora de energía o de emisiones de gases de efecto invernadero, por un periodo de uno a tres años en caso de infracciones muy graves y por un periodo inferior a un año en el resto de casos.
c) La inmovilización de vehículos o de maquinaria por un periodo no superior a un año.
d) Imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medioambiente, durante un periodo de dos años, cuando la persona responsable de la infracción hubiere sido sancionada con carácter firme por una infracción grave en materia medioambiental en los cuatro años inmediatamente anteriores a la comisión de la infracción a esta ley. El plazo de la sanción accesoria será de cuatro años cuando la sanción firme previa respondiere a infracciones muy graves.
Para la determinación de las correspondientes sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, con consideración de los siguientes criterios como atenuantes o agravantes para la graduación de la sanción:
a) La existencia de intencionalidad.
b) El beneficio ilícito obtenido.
c) La reiteración por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
d) La magnitud de la diferencia entre los datos facilitados por parte de las personas físicas o jurídicas titulares de instalaciones y los reales.
e) La adopción de medidas correctoras por parte de la persona o entidad infractora con anterioridad a la incoación del procedimiento sancionador.
f) La reparación espontánea por parte de la persona o entidad infractora del daño causado.
1. La aprobación de la planificación frente al cambio climático deberá producirse en los siguientes plazos:
a) El acuerdo de inicio del procedimiento de elaboración de la Estrategia Canaria de Acción Climática deberá producirse en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley y su aprobación deberá producirse en el plazo de un año a partir de este acuerdo de inicio.
b) Los acuerdos de inicio de los procedimientos de elaboración de la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática, del Plan Canario de Acción Climática y del Plan de Transición Energética de Canarias deberán producirse en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Estrategia Canaria de Acción Climática y su aprobación deberá producirse en el plazo de dos años a partir de la adopción de dichos acuerdos de inicio.
c) Los planes insulares y municipales de acción climática deberán aprobarse en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la Estrategia Canaria de Acción Climática.
2. Si una vez cumplido el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la Estrategia Canaria de Acción Climática no se hubiera producido la aprobación de los correspondientes planes insulares o municip