Categoría: Energía y Medio Ambiente

de los requisitos establecidos en la resolución de autorización de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.
d) El mantenimiento, y actualización si procede, de las garantías económicas por el pago de los peajes y cargos a las que se refiere el artículo 12.4 de este real decreto.
e) Informe de estar al corriente de pago de los peajes y cargos emitido por el gestor de la red encargado de la facturación de los mismos al titular de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.
f) Análisis de la implementación del plan de medidas correctoras, si procede.
g) Listado de los clientes conectados a la red de distribución de energía eléctrica cerrada, energía anual consumida y potencias contratadas por cada uno de ellos incluyendo la información que permita acreditar que se cumple la condición a la que se refiere la letra e) del artículo 17.2.
h) Balance y cuenta de resultados de la red de distribución cerrada.
i) Activos de red puestos en servicio y dados de baja desde el último informe remitido.
j) Consumidores, plantas de producción y de almacenamiento de energía conectados a la red que se hayan sido dadas de alta o baja desde el último informe remitido.
Asimismo, el informe deberá recoger todos aquellos cambios con respecto a la situación respecto a la que se concedió la autorización y con respecto al último informe emitido, especialmente en lo relativo a balance económico y al balance de energía y potencia.
1. Con base en los informes recogidos en el artículo 21 y de la información que se obtuviera mediante las inspecciones señaladas en el artículo 24, si la Dirección General de Política Energética y Minas detectase que no se cumplen algunos de los requisitos recogidos en este real decreto o en la resolución de autorización de la red de distribución de energía eléctrica cerrada o de los compromisos de evolución de la red previstos, podrá solicitar información al titular de la red de distribución de energía eléctrica cerrada, el cual deberá responder en un plazo no superior a tres meses.
2. Si se detectasen incumplimientos o errores en las proyecciones previstas que comprometiesen la estabilidad del sistema, la Dirección General de Política Energética y Minas deberá solicitar la remisión en un plazo no superior a tres meses de un plan urgente de medidas correctoras que deberá implementarse con carácter inmediato. En el caso de que el incumplimiento fuese por cese de actividad de uno de los consumidores industriales alimentados desde la red de distribución de energía eléctrica cerrada y siempre que este representase más de un 15 % del consumo anual o previsto, el titular de la red de distribución de energía eléctrica cerrada deberá garantizar que en un plazo no superior a veinticuatro meses se conecta otro consumidor o consumidores por un consumo similar, o bien que las restantes empresas incrementan su consumo en una cuantía similar.
Si se presentase un caso similar para consumidores previstos que nunca hayan estado conectados a la red este supuesto solo será admisible una sola vez por cada periodo de diez años.
La Dirección General de Política Energética y Minas remitirá copia de este informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cual someterá a inspección al titular de la red de distribución de energía eléctrica cerrada anualmente durante los siguientes tres años con el fin de garantizar el cumplimiento de este.
3. Si el incumplimiento detectado fuese una falta de pago de los peajes y cargos el titular de la red de distribución de energía eléctrica cerrada dispondrá de seis meses para efectuar dicho pago. Asimismo, deberá proceder a la remisión de justificante de este a la Dirección General de Política Energética y Minas.
1. La autorización de una red de energía eléctrica cerrada podrá ser revocada por la Dirección General de Política Energética y Minas si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
a) Dejan de cumplirse los requisitos que se establezcan para su autorización, en especial el relativo a la sostenibilidad económico y financiera del sistema eléctrico.
b) En caso de impago de peajes y cargos, si no se hubiese remitido justificación de haber procedido al pago en el plazo previsto en el artículo 22.3 en los términos que resultan de lo previsto en los artículos 64 y siguientes de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
c) En el caso de detectarse el incumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto para constituir la red de distribución de energía eléctrica cerrada.
d) En el caso de que en el año siguiente al de implementación del plan de medidas correctoras se detectase que este no se hubiera realizado o no se hubieran cumplido con los objetivos planteados en el mismo satisfactoriamente.
e) Incumplimiento de los plazos establecidos para la sustitución de consumidores señalada en el artículo 22.2.
f) En el caso de que, mediante una inspección, denuncias o por otros medios se detectasen falsedades, incumplimientos graves de condiciones exigidas o que las instalaciones no cumplieran los requisitos de seguridad.
g) En el caso de que se superen durante más de tres ejercicios consecutivos los límites establecidos para los consumidores no industriales conectados a la red.
h) Incumplimiento por parte del titular de la red cerrada de los requerimientos previstos en el artículo 22 así como de los plazos establecidos para los mismos.
2. En caso de resultar necesario iniciar el procedimiento de revocación, la Dirección General de Política Energética y Minas solicitará informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este informe deberá ser remitido en el plazo de dos meses y deberá de analizar la procedencia de la revocación y realizar una valoración de los activos que deberán ser adquiridos por la empresa distribuidora o transportista a la que se encuentre conectada la red de distribución de energía eléctrica cerrada.
El plazo máximo para resolver desde la fecha en que se realice a solicitud del informe arriba señalado será de seis meses. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Una vez recibido el informe al que se refiere el apartado anterior, la Dirección General de Política Energética y Minas elaborará en el plazo de dos meses una propuesta de resolución motivada de la revocación, o si no resultara procedente, procederá al archivo de las actuaciones. La propuesta de resolución se someterá a audiencia por un periodo no inferior a quince días al titular de la red cerrada y al titular de la red distribución o de transporte a la que se encuentre conectada dicha red.
4. El titular de la red de distribución de energía eléctrica cerrada deberá informar del procedimiento de revocación a todos los clientes que se encuentran conectados a su red en un plazo no superior a cinco días desde que le sea notificada la propuesta de resolución de revocación.
5. La propuesta de resolución contendrá el precio de adquisición de los activos que deberá abonar la empresa distribuidora o transportista al titular de la red de distribución de energía eléctrica cerrada y que pasarán a ser retribuidos por el sistema eléctrico.
Este precio se obtendrá minorando en un 10 % la valoración realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conforme a lo previsto en el apartado segundo de este artículo.
6. Una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el periodo otorgado para las mismas se procederá en un plazo no superior a dos meses al dictado de la resolución de revocación de la autorización de la red de distribución de energía eléctrica cerrada, la cual será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y comunicada tanto al titular de la red de distribución de energía eléctrica cerrada como al distribuidor o en su caso transportista adquiriente. En esta resolución se establecerá la fecha efectiva de la revocación, el plazo de adquisición de los activos por la empresa distribuidora o transportista y el precio de adquisición de los mismos
7. El titular de la red de distribución cerrada antes de la venta de los activos recogidos en la resolución de revocación y adquiridos por parte del transportista o distribuidor, deberá de haber satisfecho los pagos de peajes y cargos que pudieran encontrarse pendientes de pago. En caso de no haber satisfecho el pago de dichos peajes y cargos, el transportista o distribuidor adquiriente minorará el precio de adquisición en las cantidades pendientes de pago y declarará esta circunstancia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
8. Las instalaciones que se integren en la red de transporte o distribución como consecuencia de lo previsto en este artículo deberán ser incluidas en el informe de seguimiento del plan de inversión del año n que deberá presentar la empresa transportista o distribuidora en el año n+1 a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica, o en el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, según aplique en cada caso, siendo n el año en el que haya tenido lugar la compra efectiva de los activos que integraban la red de distribución de energía eléctrica cerrada cuya autorización haya sido revocada.
Asimismo, el volumen máximo de inversión del año n de adquisición de los activos con derecho a retribución en el año n+2 de las empresas adquirientes se verá incrementado, con carácter excepcional para ese año, en el precio de venta recogido en la resolución de revocación minorado, en su caso, por los peajes y cargos pendientes de pago por parte del titular de la red de distribución de energía eléctrica cerrada que este no haya satisfecho antes de la venta de los activos. En el caso de que sea necesario llevar a cabo actuaciones debidamente justificadas para la conexión de estas instalaciones el volumen máximo anterior podrá incrementarse en una cantidad que, como máximo, ascenderá a un 10 % el valor de la compra de los activos.
9. En el caso de revocación los consumidores industriales que formasen o hubieran formado parte durante los tres años anteriores de la red de distribución de energía eléctrica cerrada, no podrán formar parte de una nueva red de distribución de energía eléctrica cerrada de distribución de energía eléctrica cerrada ni conectarse a otra existente.
10. La revocación de la autorización llevará implícita la baja automática de la inscripción del titular de la red de distribución cerrada en el Registro Administrativo de Distribuidores.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o en su caso el órgano que tuviera atribuida la competencia de inspección, realizará las inspecciones necesarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos de este real decreto y de las condiciones establecidas en la resolución de autorización al menos una vez cada tres años o, en su caso, con la frecuencia que se requiera de acuerdo con lo previsto en el artículo de corrección de incumplimientos.
El incumplimiento de lo establecido en este real decreto podrá ser sancionado, de acuerdo con lo dispuesto en el título X de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
1. El Registro Administrativo de Distribuidores queda estructurado en dos secciones:
a) Sección primera: empresas distribuidoras de energía eléctrica.
b) Sección segunda: empresas titulares de redes de distribución de energía eléctrica cerradas.
2. Las empresas que, a la entrada en vigor de este real decreto, se encuentren inscritas en el Registro Administrativo de Distribuidores pasarán a estar inscritas automáticamente en la sección primera que se cree en virtud de lo previsto en esta disposición adicional.
Asimismo, deberán inscribirse en esta sección las empresas que deseen ejercer la actividad de distribución de energía eléctrica. A estos efectos, será de aplicación lo previsto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
3. Las empresas que, conforme a lo previsto en el capítulo V de este real decreto, hayan sido autorizadas para constituirse como titulares de redes de energía eléctrica cerradas serán inscritas automáticamente en la sección segunda del Registro Administrativo de Distribuidores. A estos efectos, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá solicitar la información necesaria de la que no disponga con motivo de la tramitación de la autorización para la constitución de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.
4. En todo caso, la información que como mínimo se hará constar en la sección segunda del Registro Administrativo de Distribuidores será la siguiente:
a) Datos de la sociedad, incluyendo:
Denominación o razón social.
Domicilio social.
Dirección.
Población.
Provincia.
Código postal.
Teléfono.
Correo electrónico.
CIF.
b) Fecha de constitución de la sociedad.
c) Ámbito geográfico en el que lleva a cabo su actividad, que incluirá la provincia y municipios donde se ubique la red de distribución cerrada.
d) Número de clientes conectados, discriminando entre clientes industriales y no industriales.
e) Potencia total contratada por los clientes, discriminando entre clientes industriales y no industriales.
f) Información a efectos de notificación electrónica, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que incluirá:
Nombre completo y DNI del representante a efectos de notificaciones electrónicas.
5. El alcance de la información a la que se refiere el apartado anterior podrá ser modificado mediante orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Cada cuatro años desde la aprobación del presente real decreto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia enviará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe, a efectos del seguimiento y aplicación de lo previsto en el presente real decreto, donde se realice un análisis de la evolución de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas creadas y de su impacto económico.
La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre las conclusiones y, en su caso, sobre las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia del análisis de dicho informe.
Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.
Mediante esta norma se incorpora al derecho español el artículo 38 de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, contribuyendo así al cumplimiento parcial del hito 123 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Se habilita a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 25 de abril de 2023.