Categoría: Judicial

reto (art. 14, apartado 3 TUE y art. 1, apartado 3, Acta electoral), al permitir a quienes han resultado electos miembros del Parlamento Europeo cumplir los trámites necesarios para tomar posesión de su mandato (§ 85 y 86).
Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que: (i) debe considerase que una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo ha adquirido, por este hecho y desde ese momento, la condición de miembro de dicha institución, a efectos del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión y que goza, en este concepto, de la inmunidad prevista en el párrafo segundo del referido art. 9 del Protocolo; (ii) que la inmunidad del art. 9, párrafo segundo, del Protocolo se opone, en particular, a que una medida judicial como la prisión provisional pueda obstaculizar la libertad de los miembros del Parlamento Europeo para dirigirse al lugar en que debe celebrarse la primera reunión de la nueva legislatura para cumplir allí las formalidades requeridas por el Acta electoral; (iii) que si, en estas circunstancias, el tribunal competente estima que debe mantenerse una medida de prisión provisional impuesta a una persona que haya adquirido la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad posible al Parlamento que suspenda la inmunidad reconocida en el art. 9, párrafo segundo, del Protocolo, conforme al párrafo tercero del mismo artículo (§ 81, 90 y 91).
En otras palabras, la inmunidad del art. 9, párrafo segundo, del Protocolo implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta a una persona que goza de dicha inmunidad, al objeto de permitirle desplazarse al Parlamento Europeo para cumplir allí las formalidades requeridas. Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al art. 9, párrafo tercero, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión (§ 92).
C) En virtud de la remisión del art. 9, párrafo primero, letra a), del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión a «las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país» en orden a la determinación del contenido de las inmunidades de los miembros del Parlamento Europeo cuando se encuentren «en su propio territorio nacional», es preciso traer a colación la doctrina de este tribunal sobre la inmunidad parlamentaria de los miembros de ambas Cámaras de las Cortes Generales, sintetizada recientemente en las SSTC 70/2021 y 71/2021, de 18 de marzo [FFJJ 3 A) y 5], puesto que puede aportar la fundamentación precisa para la resolución de la cuestión ahora en disputa.
a) La inmunidad de la que son titulares los diputados y senadores durante el periodo de su mandato ex art. 71.2 CE se encuentra conectada con la proclamación del art. 66.3 CE de que «[l]as Cortes Generales son inviolables»; y se concreta, en su dimensión material, en la excepción de cualquier posible detención, si no es «en caso de flagrante delito», con la que concluye el inciso primero de aquel precepto constitucional, y en la especificación, en su segundo inciso, de que «[n]o podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva». En estos términos y con este alcance «nuestra Constitución ha venido a incorporar un instituto que, en la medida en que pueda suponer una paralización, siquiera temporal, de la acción de la justicia y, en su caso, del derecho fundamental a la tutela de los jueces, aparece, prima facie, como una posible excepción a uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, el sometimiento de todos al “imperio de la ley como expresión de la voluntad popular” (preámbulo de la Constitución, párrafo tercero)» (STC 206/1992, de 27 de noviembre, FJ 3; doctrina reiterada en las SSTC 123/2001 y 124/2001, de 4 de junio, FFJJ 4).
b) La inmunidad como prerrogativa de los miembros de las Cortes Generales, que goza de idéntica legitimidad a la del resto de las instituciones constitucionales, no es, al igual que las demás prerrogativas parlamentarias, «un privilegio, es decir un derecho particular de determinados ciudadanos, que se verían, así, favorecidos respecto del resto» (STC 206/1992, FJ 3; doctrina que reitera la STC 124/2001, FJ 4), ni tampoco puede considerarse como expresión de un pretendido ius singulare (STC 22/1997, de 11 de febrero, FJ 5). Las prerrogativas del art. 71 CE, entre ellas, la inmunidad, «se atribuyen a los miembros de las Cortes Generales no en atención a un interés privado de sus titulares, sino a causa de un interés general, cual es el de asegurar su libertad e independencia en tanto que reflejo de la que se garantiza al órgano constitucional al que pertenecen» (STC 22/1997, FJ 5). Así, este tribunal tiene declarado que «la inmunidad parlamentaria no puede concebirse como un privilegio personal, esto es, como un instrumento que únicamente se establece en beneficio de las personas de diputados o senadores al objeto de sustraer sus conductas del conocimiento o decisión de jueces y tribunales, [pues] la existencia de tal tipo de privilegios pugnaría, entre otras cosas, con los valores de “justicia” e “igualdad” que el art. 1.1 C.E. reconoce como “superiores” de nuestro ordenamiento jurídico» (STC 90/1985, de 22 de julio, FJ 6; doctrina que reiteran las SSTC 123/2001 y 124/2001, FFJJ 4).
c) En estrecha conexión con la observación que se acaba de efectuar, conviene resaltar que el carácter objetivo de las prerrogativas parlamentarias «se refuerza […] en el caso de la inmunidad, de tal modo que la misma adquiere el sentido de una prerrogativa institucional» (STC 206/1992, FJ 3). En cuanto expresión más característica de la inviolabilidad de las Cortes Generales, «la inmunidad […] se justifica en atención al conjunto de funciones parlamentarias respecto de las que tiene, como finalidad primordial, su protección […], de ahí que el ejercicio de la facultad concreta que de la inmunidad deriva se haga en forma de decisión que la totalidad de la cámara respectiva adopta». Y «esta protección a la que la inmunidad se orienta no lo es, sin embargo, frente a la improcedencia o a la falta de fundamentación de las acciones penales dirigidas contra los diputados y senadores», sino frente a la amenaza de tipo político consistente en la eventualidad de que la vía penal sea utilizada, injustificada o torticeramente, con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de alterar la composición que a las mismas le ha dado el cuerpo electoral en el ejercicio del derecho de sufragio activo (art. 23.1 CE; STC 90/1985, de 22 de julio, FJ 6; doctrina que reiteran las SSTC 206/1992, FJ 3, 123/2001 y 124/2001, FFJJ 4).
En esta misma línea, hemos declarado en la STC 243/1988, de 19 de diciembre, que la inmunidad «es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que pueden desembocar en privación de libertad, en tanto que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento» [FJ 3 b); doctrina reiterada en las SSTC 9/1990, de 18 de enero, FJ 3 B); 206/1992, FJ 3; 123/2001 y 124/2001, FFJJ 4]. En palabras de la STC 22/1997, la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria está orientada a «proteger a los legítimos representantes del pueblo de acciones penales con las que se pretenda […] impedir indebida y fraudulentamente su participación en la formación de la voluntad de la Cámara, poniéndolos al abrigo de querellas insidiosas o políticas que, entre otras hipótesis, confunden, a través de la utilización inadecuada de los procesos judiciales, los planos de la responsabilidad política y la penal, cuya delimitación es uno de los mayores logros del Estado constitucional como forma de organización libre y plural de la vida colectiva» (FJ 6).
d) Descendiendo de lo general a lo particular, por lo que se refiere al concreto aspecto de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria relativo a la necesaria autorización de las Cámaras de las Cortes Generales para dirigir un proceso penal contra sus miembros, hemos de reiterar ahora, como dijimos en el fundamento jurídico 5 de las SSTC 70/2021 y 71/2021, que, de conformidad con el tenor literal del art. 71.2 CE, «la autorización de las Cámaras ha de serex Constitutioneprevia y para “inculpar” o “procesar” a cualquiera de sus miembros. Su solicitud, por lo tanto, ha de preceder a la “inculpación” o “procesamiento” de los diputados y senadores. Este carácter previo y la apuntada finalidad de la autorización han quedado además reflejados, como no podía ser de otro modo, en diversos pronunciamientos de este tribunal, al declarar, con unas u otras palabras, que aquella autorización se requiere “para inculpar o procesar” (STC 9/1990, de 18 de enero, FJ 4); o que la inmunidad protege a los parlamentarios “frente a inculpaciones o procesamientos” (STC 186/1989, de 13 de noviembre, FJ 2); o, en fin, que “la autorización a la Cámara respectiva ha de ser solicitada en todo caso antes de que los diputados y senadores sean inculpados o procesados” (SSTC 123/2001 y 124/2001, FFJJ 5)».
Añadimos que «[e]l precepto nada dice, ni ofrece pauta alguna para determinar el significado de las expresiones “inculpados” o “procesados” (en este sentido, STC 123/2001, FJ 5). Tampoco de los trabajos parlamentarios de elaboración de la Constitución –que, conforme a una reiterada jurisprudencia constitucional, son un elemento importante de interpretación, aunque no determinante, para desentrañar el sentido y alcance de las normas (por todas, STC 137/2020, de 6 de octubre)– cabe inferir ningún criterio hermenéutico, ya que, con la salvedad de incorporar la dimensión temporal de la inmunidad al texto del informe de la ponencia constitucional, la redacción del precepto permaneció sustancialmente inalterada desde el anteproyecto de Constitución, de modo que su contenido inicial solo fue modificado por razones gramaticales».
Indagando en nuestros precedentes constitucionales, dejamos constancia también de que «en tanto que el término “inculpados” no aparece en nuestro textos constitucionales anteriores, no ocurre lo mismo, sin embargo, con el vocablo “procesados”, que desde la Constitución de 1837 constituye la referencia al previo “permiso” o “autorización” que los órganos judiciales debían solicitar de las Cámaras para proceder contra sus miembros, sin hacer mención a un acto procesal concreto, salvo en la Constitución de 1931, que requería aquella autorización “[si] algún juez o tribunal estimare que debe dictar auto de procesamiento contra un diputado” (art. 55)».
Constatamos, de este modo, que «el constituyente ha limitado el ámbito de protección de la prerrogativa de la inmunidad de los diputados y senadoresexart. 71.2 CE a la prohibición de detención, salvo en caso de flagrante delito, y a la previa autorización de la Cámara respectiva para que pudieran ser “inculpados” o “procesados”. De modo que no ha incluido en su ámbito constitucional otras facultades reconocidas a las Cámaras en otros textos constitucionales, entre ellas, por ejemplo, la de dejar sin efecto la detención o el procesamiento de sus miembros o la de poder suspender la persecución o el procedimiento penal dirigido contra ellos (art. 56 de la Constitución española de 1931, art. 68 de la Constitución de la República Italiana de 1947, art. 46 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949 y art. 26 de la Constitución de la República Francesa de 1958)».
En esta tarea interpretativa en relación con el art. 71.2 CE concluíamos afirmando que «[a]sí pues, además de los condicionamientos materiales y hermenéuticos comunes e inherentes a la naturaleza jurídica de todas las prerrogativas parlamentarias, el constituyente ha acotado expresamente y con carácter individualizado cada prerrogativa, singularizando su alcance y contenido en particular (en este sentido, STC 22/1997, FJ 7). En lo que ahora interesa, el reconocimiento constitucional de la inmunidad es objeto en nuestro ordenamiento jurídico de una doble delimitación: su ámbito material, que comprende la prohibición de la detención, salvo en caso de flagrante delito, y la previa autorización de la Cámara respectiva para que los diputados y senadores puedan ser “inculpados” o “procesados”; y su ámbito temporal, que se extiende a todo el periodo del mandato parlamentario».
e) En fin, hemos venido declarando desde la STC 51/1985, de 10 de abril, que las prerrogativas parlamentarias, también la de la inmunidad, «han de ser interpretadas estrictamente para no devenir en privilegios que puedan lesionar derechos fundamentales de terceros, […] a partir de una comprensión del sentido de la prerrogativa misma y de los fines que esta procura» (FJ 6); esto es, «tanto en el sentido lógico de sujeción a los límites objetivos que les impone la Constitución, como en el teleológico de razonable proporcionalidad al fin al que responde, debiendo rechazarse, en consecuencia, todo criterio hermenéutico permisivo de una utilización injustificada de los privilegios» [STC 243/1988; FJ 3 a)], de modo que «no es constitucionalmente legítima una extensión legislativa (STC 186/1989) o una interpretación analógica de las mismas (STC 51/1985)» (STC 22/1997, FJ 5).
13.1.5 Resolución de la queja.
13.1.5.1 Encuadramiento de la queja y consideraciones previas a su enjuiciamiento.
a) A la sentencia objeto de este recurso de amparo se le imputa la vulneración de los derechos fundamentales invocados, en especial de los derechos a la participación política (art. 23.2 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), que deriva de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo no ha paralizado el proceso principal, a pesar de haber planteado en la pieza separada de situación personal del señor Junqueras una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la normativa reguladora de la inmunidad parlamentaria de los eurodiputados. Según se sostiene en la demanda, esta interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad repercutiría también en el proceso principal, impidiendo su continuación y la consiguiente sentencia mientras el Parlamento Europeo no levantase la inmunidad mediante la concesión del correspondiente suplicatorio. En la demanda se hacen valer también otras quejas de alguna manera conectadas con la interpretación que la STJUE de 19 de diciembre de 2019 hizo de la inmunidad de los eurodiputados, pero imputadas a otras resoluciones judiciales distintas a la sentencia de 14 de octubre de 2019; concretamente, al auto de 14 de octubre de 2019 (por el que se acuerda proceder a la ejecución de la sentencia condenatoria), a los autos de 14 de junio de 2019 y 20 de enero de 2020 (que denegaron la concesión de un permiso penitenciario para acudir a la primera reunión del Parlamento Europeo), y al auto de 9 de enero de 2020 (que evalúa las consecuencias de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el proceso principal y, en particular, sobre la situación del señor Junqueras). El enjuiciamiento de dichas quejas no corresponde a este recurso de amparo, sino a aquellos otros dirigidos contra los mencionados autos, que respectivamente son el recurso de amparo avocado 212-2020, el recurso de amparo avocado 1523-2020 y el recurso de amparo avocado 1634-2020, cuya acumulación se acordó en el ATC 18/2022, de 26 de enero.
En consecuencia, compartimos el criterio del Ministerio Fiscal en el sentido de que las lesiones de derechos fundamentales imputadas a los citados autos no es posible abordarlas en este concreto proceso de amparo, pero ello no constituye un óbice que impida conocer las quejas relativas a la inmunidad que sí se imputan a la sentencia recurrida en amparo, sobre las cuáles además la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha pronunciado en el auto desestimatorio de los incidentes de nulidad de actuaciones de 29 de enero de 2020, al abordar (aunque sea por remisión al auto de 9 de enero de 2000) la cuestión de la inmunidad del señor Junqueras como diputado del Parlamento Europeo, cuya supuesta vulneración constituye el elemento nuclear de la queja que ahora hemos de enjuiciar.
b) Este tribunal aprecia, en relación a lo que es objeto de este recurso de amparo, que resultará concernido el derecho a la tutela judicial efectiva, en su dimensión de derecho a un proceso con todas las garantías (SSTC 78/2010, de 20 de octubre, FJ 7; 51/2019 y 58/2019, de 6 de mayo, FFJJ 3), en aquellos casos en que el órgano judicial que promueve una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva, sin esperar a que este tribunal europeo exprese su juicio hermenéutico, cualesquiera cuestiones pendientes ante él que presenten una relación de dependencia con el sentido que haya de darse por el Tribunal de Justicia a las normas europeas consultadas, pues en tal caso quedaría impedida o defraudada la eficacia de esta garantía procesal que significa la cuestión prejudicial de interpretación. El criterio que se acaba de enunciar se manifiesta en dos escenarios realmente diferentes.
La situación descrita de afectación al derecho a la tutela judicial efectiva se producirá en principio siempre que el mencionado órgano judicial dicte, sin aguardar a la contestación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la resolución que pone fin al concreto procedimiento en cuyo seno ha elevado la cuestión prejudicial. Que en tal supuesto sea evidente la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva se desprende de que es el propio órgano judicial el que, al plantear la cuestión prejudicial, está reconociendo esa relación de dependencia que, como hemos señalado, es el elemento decisivo para que la no paralización del procedimiento, y el consiguiente dictado de la resolución judicial sin contar con la respuesta prejudicial del tribunal europeo, resulte lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva.
El análisis se torna notablemente más incierto en el segundo escenario, cuando el órgano judicial que promueve una cuestión prejudicial de interpretación tiene pendiente ante sí cuestiones que, aunque estén fuera del procedimiento concreto en que se eleva la cuestión prejudicial, puedan revestir una relación de dependencia con la interpretación que haga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las normas europeas consultadas. Corresponderá al órgano judicial, como decisión de legalidad ordinaria que es, establecer si, por entender que concurre una relación de dependencia como la que venimos considerando, procede paralizar ese procedimiento hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia en la cuestión prejudicial o, por no apreciar la misma, cabe continuar el mismo y consiguientemente acordar sobre esas cuestiones sin esperar a aquel pronunciamiento. En este segundo caso, el criterio del órgano judicial consistente en que, por considerar no concurrente la relación de dependencia, procede continuar el procedimiento y dictar la resolución que corresponda podrá ser revisado en vía de amparo por el Tribunal Constitucional, a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de derecho a un proceso con todas las garantías, conforme a parámetros de razonabilidad.
Dentro de este segundo escenario debe hacerse aún una distinción notablemente relevante para el caso que debemos resolver en este proceso. Se trata de destacar la particularidad de los supuestos en que la decisión del órgano judicial de paralizar el procedimiento hasta que recaiga la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o de continuarlo sin esperar a esta, repercuta de un modo directo en el ejercicio de un derecho fundamental sustantivo. En ellos la revisión de la posición adoptada por el órgano judicial que incumbe realizar en vía de amparo a este tribunal no se puede detener únicamente en parámetros de razonabilidad, sino que habrá necesariamente de fundarse en los elementos esenciales que definen el alcance y contenido del derecho fundamental sustantivo implicado, sin olvidar tampoco sus límites.
13.1.5.2 La no suspensión del proceso penal como consecuencia del planteamiento de la cuestión prejudicial y el derecho a la tutela judicial efectiva.
a) La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la cuestión prejudicial de interpretación C-502/19, consideró que la decisión del recurso de súplica sobre la situación provisional del señor Junqueras, decisión que versaba sobre la procedencia de otorgarle un permiso de salida del centro penitenciario al objeto de cumplir un requisito necesario para adquirir la condición de eurodiputado, venía determinada en función del sentido que se atribuyera a algunos rasgos del estatuto de privilegios e inmunidades de los eurodiputados. Dos de estos aspectos del estatuto de los eurodiputados aludían, de lo que ya hemos dejado constancia, a las condiciones de adquisición de la inmunidad; concretamente: (i) al momento en que comienza la inmunidad del eurodiputado y más en particular a si «rige antes del inicio del “periodo de sesiones”», y (ii) a si su adquisición puede condicionarse a haber cumplimentado el electo los requisitos establecidos en la normativa electoral nacional. La tercera duda de la Sala Segunda del Tribunal Supremo recaía sobre el contenido de la inmunidad, pero únicamente sobre una de las dimensiones de esta, la que se recoge en el párrafo segundo del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, que protege al eurodiputado en su desplazamiento al lugar de reunión y desde él (la tercera cuestión prejudicial se formula «a la vista de la expresión “cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este” del artículo 9 del [Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión]»).
La primera conclusión, en aplicación del canon decisorio ya definido, es que de la elevación de esta cuestión prejudicial solo cabe deducir que la Sala Segunda del Tribunal Supremo consideraba dependiente de las normas europeas, y más en particular del sentido que les diese el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver la cuestión prejudicial referida, la inmunidad del señor Junqueras que pudiera consistir en su derecho a salir de prisión y desplazarse al lugar de reunión del Parlamento Europeo. Consecuente con este enfoque, la sala suspendió el curso del recurso de súplica deducido en la pieza separada de situación personal [art. 23 Protocolo núm. 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; apartado 25 de las Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (2019/C 380/01)] hasta el pronunciamiento del Tribunal de Justicia por sentencia de 19 de diciembre de 2019, a la luz de la cual acordó mediante auto de 9 de enero de 2020 la estimación parcial de aquel recurso.
b) La queja constitucional que se hace valer en este recurso de amparo, ligada a que el proceso principal no se paralizó sino que prosiguió el enjuiciamiento del señor Junqueras y concluyó mediante su condena, se formula en un contexto procedimental distinto, ajeno a como debiera resolver la Sala Segunda del Tribunal Supremo la pieza separada de su situación personal. Aun así, de acuerdo al segundo escenario del canon decisorio que hemos delimitado, sería posible en hipótesis que también las cuestiones a dirimir en este procedimiento distinto revistieran una relación de dependencia con el sentido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea asignase a las normas europeas sobre las que es consultado.
La representación procesal del señor Junqueras afirma que en este caso concurría esta relación de dependencia. En su escrito presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 17 de septiembre de 2019, en apoyo de su solicitud de suspensión del proceso principal, razonaba que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que debía recaer en su día sobre el estatuto de inmunidad de los eurodiputados no solo repercutiría en la resolución sobre su situación de prisión provisional sino que condicionaba también la misma posibilidad de seguir el proceso contra él, en tanto que el reconocimiento de la inmunidad conllevaría un impedimentoex legede enjuiciamiento, mientras no mediase la autorización del Parlamento Europeo a través de la concesión de suplicatorio. Este criterio es el que hace valer de nuevo en el recurso de amparo.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, mediante auto de 3 de octubre de 2019, rechazó sin embargo que la posibilidad de enjuiciar al señor Junqueras sin la intervención del Parlamento Europeo dependiera de los elementos interpretativos que llegara a sentar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su pronunciamiento prejudicial, remitiéndose al auto de 1 de julio de 2019, en el que ya había fijado el alcance suspensivo del planteamiento de la cuestión prejudicial respecto al proceso principal. En definitiva, a juicio de la sala, como se reitera en el auto de 9 de enero de 2020, la cuestión prejudicial, en lo que hace al contenido de la inmunidad, solo requería del Tribunal de Justicia que definiese el alcance de la prerrogativa de libre desplazamiento regulada en el párrafo segundo del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, mientras que la posibilidad misma de enjuiciarle sin necesidad de solicitar el suplicatorio del Parlamento Europeo se relaciona con un contenido distinto de la inmunidad del eurodiputado: aquel que deriva del párrafo primero del art. 9 del Protocolo. Además, esta inmunidad de jurisdicción de los eurodiputados, a diferencia del resto de vertientes de la inmunidad que les asiste, está disciplinada, en lo que en este caso interesa, en el apartado a) del párrafo primero del art. 9 del Protocolo por remisión a «las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país», a lo que se une que la citada sala ya se había pronunciado sobre el alcance de la inmunidad de jurisdicción de los diputados y senadores de las Cortes Generalesexart. 71.2 CE, en el sentido de que no se requiere la previa autorización de la cámara respecto de quien, encontrándose ya procesado o inculpado, adquiera sobrevenidamente la condición de diputado o senador iniciada la fase del juicio oral (auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019).
Pues bien, esta justificación de la sala para negar que haya relación de dependencia entre los parámetros interpretativos que fije el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver la cuestión prejudicial planteada por la propia sala y la posibilidad de enjuiciar al señor Junqueras no incurre en irrazonabilidad:
(i) En primer lugar, porque que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera (como finalmente hizo) que la condición de eurodiputado y las inmunidades asociadas se adquieren con la proclamación como electo y no se sujetan al cumplimiento de requerimientos nacionales añadidos, no prejuzga cuál sea el contenido de esas inmunidades y en concreto de la inmunidad de jurisdicción de los eurodiputados. A lo que ha de añadirse, como ya hemos señalado, que el párrafo primero, letra a), del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión regula el contenido de esa inmunidad de jurisdicción por remisión a «las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país», y que la citada sala contaba con una asentada doctrina según la cual la inmunidad de jurisdicción no requiere autorización de la cámara cuando se ha adquirido sobrevenidamente la condición de diputado o senador de las Cortes Generales ya iniciada la fase de juicio oral. En otras palabras, aunque en su día el Tribunal de Justicia llegara a decidir prejudicialmente (como finalmente hizo) que, conforme al art. 9 del Protocolo, el señor Junqueras estaba protegido por la inmunidad parlamentaria desde su proclamación como electo con fecha 13 de junio de 2019, esa prerrogativa en su vertiente de inmunidad de jurisdicción no impediría que se continuara respecto a él, sin requerir autorización de la cámara, el proceso principal, pues en este caso no solo se había iniciado la fase de juicio oral sino que la causa ya había quedado vista para sentencia el día 12 de junio de 2019; esto es, un día antes de que el señor Junqueras fuese proclamado diputado electo del Parlamento Europeo.
(ii) En segundo lugar, porque lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidiera sobre el alcance de la inmunidad de desplazamiento del eurodiputado no condiciona qué contenido haya de otorgarse a la inmunidad de jurisdicción que le corresponda, en especial cuando se trata de dos dimensiones de las prerrogativas de la condición de diputado del Parlamento Europeo que se contemplan separadamente en apartados independientes del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, los cuáles prevén regímenes jurídicos abiertamente distintos, hasta el punto de que uno de ellos, el contemplado en la letra a) de su párrafo primero, reenvía expresamente «a las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país».
Por estas dos razones puede concluirse que, desde la perspectiva de control que corresponde a este tribunal, no resulta irrazonable que la Sala Segunda del Tribunal Supremo considerase compatible, de un lado, elevar una cuestión prejudicial acerca de las circunstancias que rigen la adquisición de la inmunidad parlamentaria y del contenido que deba atribuirse a la inmunidad de desplazamiento; y, de otro, proseguir el proceso contra el señor Junqueras por entender que la inmunidad de jurisdicción adquirida una vez iniciada la fase de juicio oral no requiere autorización parlamentaria para enjuiciarle.
Además, la motivación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para continuar el enjuiciamiento del señor Junqueras sin esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera la cuestión prejudicial, que se apoya en que el art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, distingue dentro de él varias dimensiones de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado, según le amparen en su desplazamiento al lugar de reunión o desde él o le protejan frente a detenciones o, en general, de actuaciones judiciales que se dirijan contra él, es también avalada por la STJUE de 19 de diciembre de 2019 (§ 78, 79, 85, 87 y 90). En este mismo sentido se pronuncia igualmente, salvando las diferencias existentes entre uno y otro supuesto, el auto del Tribunal General de la Unión Europea de 30 de julio de 2021, asunto T-272/21/R, asuntoPuigdemont, Comín y. Ponsatí, § 43), que admite que el suplicatorio concedido por el Parlamento Europeo respecto de tres eurodiputados les priva de la inmunidad reconocida en el apartado b) del párrafo primero del art. 9 del Protocolo, que les protegía frente a detenciones y actuaciones judiciales, pero no de la que les atribuye el párrafo segundo del art. 9 del Protocolo para desplazarse libremente al lugar de reunión y desde él, que mantienen intacta, de modo que el Tribunal General no reputa urgente restablecerles cautelarmente en la otra vertiente de la inmunidad de la que sí han sido privados. Este mismo criterio se reitera en el auto del Tribunal General de 26 de noviembre de 2021 (asunto T-272/21 R II, § 29).
Tampoco cabe obviar que, aunque el señor Junqueras, con apoyo en la inmunidad de desplazamiento que pudiera serle reconocida en el pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al amparo del párrafo segundo del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, hubiera abandonado el territorio español, la continuación de su enjuiciamiento y el dictado de la sentencia en el proceso principal habría continuado siendo posible, aun en su ausencia, dado que el juicio oral ya había concluido previamente a elevar la cuestión prejudicial, incluso con anterioridad a la fecha en que tuvo lugar la proclamación de electos al Parlamento Europeo.
En fin, la representación procesal del señor Junqueras también tacha de irrazonable esta interpretación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque, a su juicio, privaría de todo efecto al pronunciamiento prejudicial que dictara en su día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este tribunal aprecia que no resulta aceptable la premisa de esta alegación por los siguientes motivos: (i) En primer lugar, porque es la respuesta prejudicial del Tribunal de Justicia la que produce el efecto de que el señor Junqueras adquiriese con efectos de 13 de junio de 2019 la condición de miembro del Parlamento Europeo y las inmunidades asociadas a la misma, situación jurídica que ha estado vigente y produciendo efectos hasta que la Junta Electoral Central acordó el 3 de enero de 2020 que, al haber sido condenado penalmente, incurría en una causa de inelegibilidad que en este estadio actuaba como causa de incompatibilidad y determinaba la extinción de la condición de miembro del Parlamento Europeo [arts. 6.2 a) y 211 LOREG]; (ii) en segundo lugar, porque debe tenerse presente que, en el caso de que la respuesta prejudicial hubiese recaído estando pendiente el enjuiciamiento del señor Junqueras, la decisión de la citada sala de requerir autorización al Parlamento Europeo para que siguiera en prisión provisional no produciría el efecto de suspender el enjuiciamiento, pues la inmunidad de jurisdicción se sujeta a unas reglas distintas a las de la inmunidad de desplazamiento, cuyo contenido no se opone a la continuación del proceso penal, incluyendo el dictado de la sentencia correspondiente. En otras palabras, el efecto que en la demanda se entiende obstaculizado por la falta de paralización del proceso principal nunca se habría producido, ni siquiera si la respuesta prejudicial hubiera recaído estando aún pendiente el enjuiciamiento penal del señor Junqueras.
13.1.5.3 La continuación del proceso penal sin solicitar autorización al Parlamento Europeo y el derecho de participación política.
a) En la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de que no concurría en este caso la referida relación de dependencia –entre el pronunciamiento prejudicial que en su día hiciese el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad del señor Junqueras y la decisión de paralizar o continuar su enjuiciamiento en curso– debe verse una limitación del derecho a la participación política (art. 23 CE), en tanto que esta decisión le condujo a proseguir con el enjuiciamiento de un eurodiputado sin requerir la autorización del Parlamento Europeo. De aquí se desprende, en atención al canon decisorio formulado más arriba, que la decisión de la citada sala que venimos examinando, para resultar constitucionalmente legítima, no basta con que no sea irrazonable, debiendo resultar además acorde con la configuración esencial de aquel derecho fundamental, en cuyo contenido se incorporan y encuentran su acomodo natural los derechos y prerrogativas propias del estatus del cargo [por todas, STC 70/2021 FJ 2, B) c)].
b) Como se viene razonando, el criterio sobre el que se asienta esa decisión judicial es que la inmunidad de jurisdicción que, como consecuencia de haber adquirido la condición de miembro del Parlamento Europeo, asiste al señor Junqueras no requiere la previa autorización de la Cámara para que sea posible su enjuiciamiento y eventual condena, pues, encontrándose procesado, había adquirido sobrevenidamente aquella condición iniciada ya la fase del juicio oral y, más concretamente, cuando la causa había quedado vista para sentencia. La Sala Segunda del Tribunal Supremo funda este entendimiento de la inmunidad de jurisdicción en la remisión del párrafo primero letra a) del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión «a las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país»; y, en virtud de esa remisión, en la consideración de que la inmunidad prevista en el art. 71.2 CE para los diputados y senadores de las Cortes Generales, en lo que se refiere, por lo que aquí interesa, a la exigencia de la previa autorización de la Cámara respectiva para su inculpación o procesamiento, debe ser interpretada en el sentido de que aquella no es precisa para continuar el proceso penal cuando la proclamación de diputado o senador electos tenga lugar ya iniciada la fase de juicio oral. Con base en esta interpretación del citado art. 72.1 CE, la sala, en su auto de 14 de mayo de 2019, denegó la solicitud formulada, entre otros, por los demandantes de amparo de instar la autorización del Congreso de los Diputados y del Senado para continuar contra ellos el proceso penal en el que ha recaído la sentencia ahora recurrida (causa especial núm. 20907-2017), porque habían sido proclamados diputado y senador electos ya iniciada la fase del juicio oral y, en concreto, sus sesiones.
El mencionado auto fue enjuiciado por este tribunal por supuestamente lesivo del derecho a la participación política (art. 23.2 CE) en las SSTC 70/2021 y 71/2021. En estas sentencias hemos reproducido la argumentación -que ahora conviene recordar aún de manera sucinta- en la que la Sala Segunda del Tribunal Supremo fundó la referida interpretación del art. 71.2 CE y, consecuentemente, su decisión de denegar la solicitud de autorización a las cámaras respectivas para la prosecución del proceso penal.
En síntesis, el órgano judicial razonó que «[d]esde una perspectiva constitucional –primer bloque argumental–, entiende que los términos “inculpación o procesamiento” del art. 71.2 CE “son claros”» y que «el precepto constitucional contempla que la autorización de la Cámara es precisa para la adopción de decisiones judiciales propias de la fase de instrucción o de la fase intermedia del proceso penal, ya que en tales fases es cuando se “inculpa o procesa”»; «[e]s decir, la necesidad de recabar la autorización parlamentaria opera en las fases procesales anteriores a la de juicio oral». Idéntico resultado hermenéutico alcanza a partir de la consideración de los arts. 11 RCD y 22.1 RS, de modo que «”desde el análisis del bloque de constitucionalidad” llega a la conclusión de que “la autorización de la Cámara y el libramiento del correspondiente suplicatorio se requiere para tomar decisiones judiciales que afecten a un parlamentario en las fases del proceso penal anteriores a la del juicio oral”».
Desde el ámbito de la legalidad ordinaria –segundo bloque argumental–, la sala estima que una interpretación conforme al art. 71.2 CE, al principio de igualdad (art. 14 CE) y al carácter restrictivo de la inmunidad parlamentaria de los preceptos legales reguladores de esta prerrogativa (arts. 750 a 756 LECrim y Ley de 9 de febrero de 1912 de jurisdicción y procedimiento especiales en causas contra senadores y diputados) «avala la idea de que la autorización del órgano legislativo es necesaria “para procesar”, esto es, para atribuir a un diputado o senador electo la condición formal de parte pasiva, sujetándolo a un proceso penal que podría afectar al normal funcionamiento de las tareas legislativas». En este sentido, la sala entiende que «[c]arecería de justificación constitucional que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad democrática elnihil obstatdel órgano parlamentario», dado que «[n]o forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o senador –si su incorporación a las listas y su elección ha tenido lugar cuando ya se había iniciado el juicio oral– imponer una valoración retroactiva de la incidencia que ese proceso penal puede tener en la normal actividad de las cámaras».
La sala, en refuerzo de «la legitimidad y corrección» del criterio interpretativo expuesto invoca precedentes resoluciones suyas –tercer bloque argumental– de las que «se colige que la autorización para proceder es precisa en un momento procesal distinto y anterior [al] de [la] celebración de[l] juicio oral. Además, entiende que la interpretación que sostiene –cuarto bloque argumental– “es consecuente con la propia naturaleza y finalidad de la prerrogativa de la inmunidad, que no es otra que evitar que se utilice el proceso penal para alterar la composición y el funcionamiento de la cámara legislativa» (SSTC 70/2021 y 71/2021, FFJJ 4).
c) En las citadas SSTC 70/2021 y 71/2021 hemos concluido, desde la perspectiva de control que nos corresponde, que la interpretación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se acaba de reseñar sobre el alcance de la prerrogativa de la inmunidad no puede estimarse vulneradora del derecho al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE), por no devenir contraria a las previsiones del art. 71.2 CE.
En efecto, dijimos entonces, y hemos de reiterar ahora, que «[l]a interpretación sostenida por la Sala, en primer lugar, es conforme a la letra o al sentido exacto y propio del art. 71.2 CE (STC 9/1990, FJ 4), que configura la previa autorización de la Cámara como condición de procedibilidad expresamente para inculpar o procesar a sus miembros (fundamento jurídico 5 de las SSTC 123/2001 y 124/2001), no para el desarrollo de una fase posterior a las fases de instrucción o intermedia del proceso penal, en las que tiene lugar la inculpación o el procesamiento, como es la del juicio oral».
A la precedente consideración, añadimos que «dicho criterio hermenéutico se compadece asimismo con la interpretación necesariamente estricta que ha de hacerse de la prerrogativa de la inmunidad, al no extenderla a un supuesto que no aparece contemplado explícitamente en el texto constitucional, como es la exigencia de autorización de las Cámaras para continuar el proceso penal contra quien, habiendo sido ya procesado o inculpado, es proclamado miembro electo de una de ellas durante el juicio oral». En este sentido, insistíamos en que la necesidad de una interpretación estricta del alcance de la prerrogativa «resulta de la prohibición de su entendimiento como «un privilegio» personal o como expresión «de un pretendidoius singulare» establecido a fin de pretender sustraer los comportamientos de los diputados o senadores «del conocimiento o decisión de jueces y tribunales, [pues] la existencia de tal tipo de privilegios pugnaría, entre otras cosas, con los valores de “justicia” e “igualdad” que el art. 1.1. CE reconoce como “superiores” de nuestro ordenamiento jurídico» (STC 90/1985, FJ 6)».
Este tribunal declaró también que dicha interpretación judicial «se cohonesta con la finalidad institucional que se persigue con la prerrogativa de la inmunidad y que permite “preservar su legitimidad” (STC 124/2001, FJ 4), cual es la de evitar que la vía penal pueda ser utilizada con la intención de perturbar o alterar el funcionamiento de las Cámaras o la composición que el cuerpo electoral le ha dado en el ejercicio del derecho de sufragio (art. 23.1 CE)». «En principio –señalamos–, parecer evidente […] que esta perturbación o alteración difícilmente se puede producir cuando el inicio del proceso penal y la conclusión de las fases de instrucción e intermedia, en las que se formaliza la inculpación o el procesamiento, tengan lugar con antelación a la adquisición de la condición de miembro de una de las cámaras legislativas».
Así pues, consideramos que la interpretación efectuada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el alcance de la prerrogativa de la inmunidad de los diputados y senadores en el auto de 14 de mayo de 2019 «es acorde con una correcta comprensión del sentido de la prerrogativa misma y de los fines que esta procura, tanto en el sentido lógico de sujeción a los límites objetivos que impone la Constitución, como en el teleológico de razonable proporcionalidad al fin al que responde [SSTC 51/1985, FJ 6; 243/1988, FJ 3 A); 123/2001, y 124/2001, FFJJ 4]».
Por el contrario, concluimos que un entendimiento de la prerrogativa de la inmunidad en el sentido pretendido por la representación procesal de los recurrentes, de implicar, con independencia de que aparezca antes o durante el proceso judicial, la interrupción de este cualquiera que sea la fase en la que se encuentre, «ni se ajusta al tenor del art. 71.2 CE, ni se cohonesta con su finalidad institucional, ni es congruente con una interpretación restrictiva de la misma», desbordando, por el contrario, «un ejercicio razonable y proporcional de la prerrogativa en detrimento de derechos fundamentales y de otros valores constitucionales protegidos» (SSTC 70/2021 y 71/2021, FFJJ 6).
d) Acerca de si cabe extender esta interpretación constitucional al presente caso, en el que destaca la presencia de un componente europeo que estaba ausente en las SSTC 70/2021 y 71/2021, corresponde hacer una serie de valoraciones. La inmunidad de jurisdicción de los miembros del Parlamento Europeo está regulada en el apartado a) del párrafo primero del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión por remisión a «las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país», lo que es un primer elemento que avalaría la traslación automática a este supuesto de la doctrina establecida en las citadas sentencias. No cabe, sin embargo, obviar que las inmunidades de los parlamentarios recogidas en la legislación española, en la medida que por remisión del art. 9 del Protocolo se proyectan sobre los diputados europeos, deben, conforme al principio de cooperación leal consagrado en el art. 4 TUE, ser interpretadas, también en tanto que son parte esencial del derecho a la participación política y por ello objeto de análisis en este proceso de amparo, a la luz del Derecho de la Unión.
Esta interpretación debe partir de que las SSTJUE de 21 de octubre de 2008, asuntoMarra, § 26 y de 6 de septiembre de 2011, asuntoPatriciello, § 25, han resaltado la diferencia entre la inmunidad establecida en el art. 9.1 a) del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, que remite al derecho nacional con la única salvedad de que este garantice que el Parlamento Europeo tenga total capacidad de cumplir sus misiones, y la inmunidad –inviolabilidad en la terminología de nuestro ordenamiento– establecida en el art. 8 del Protocolo, que debe determinarse exclusivamente según el Derecho de la Unión. En conclusión, en esta materia de la inmunidad de jurisdicción de los eurodiputados la consideración del Derecho de la Unión debe hacerse en cuanto a sus principios generales.
La STJUE de 19 de diciembre de 2019 asienta estos objetivos generales. Dejando a un lado las afirmaciones que proyecta en especial sobre la inmunidad de desplazamiento (§ 85 y 86), que no son relevantes en este caso que incide directamente en la inmunidad de jurisdicción, la citada sentencia establece que el principio al que sirven las inmunidades de las instituciones de la Unión, concretadas en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión y por remisión en las legislaciones nacionales, es garantizar su capacidad para cumplir las misiones que le han sido atribuidas (§ 73); lo que en cuanto al Parlamento Europeo implica, de un lado, que en respeto del principio de democracia representativa (§ 64 y 65) su composición refleje de forma fiel y completa las preferencias de los ciudadanos y, de otro, que el Parlamento Europeo quede protegido contra cualquier riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen funcionamiento (§ 82 y 83), doble vertiente que tiene «por objeto garantizar la independencia de esta institución en cumplimiento de su misión, como ha destacado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos» (§ 84).
El hecho cierto y determinante es que las SSTC 70/2021 y 71/2021 [FFJJ 3 B) d)] toman en cuenta esos principios generales del Derecho de la Unión de un modo expreso, como permiten apreciar sus razonamientos, incluso en su misma literalidad. Este tribunal entiende, en consecuencia, que la delimitación que hizo en las citadas SSTC 70/2021 y 71/2021 del alcance de la inmunidad de jurisdicción que asiste a un parlamentario como dimensión de su derecho a la participación política, de acuerdo con la cual no resulta vulnerado en este caso el referido derecho fundamental, porque el eurodiputado señor Junqueras haya sido enjuiciado y finalmente condenado sin que se hubiese solicitado para ello la autorización del Parlamento Europeo, debido a que había adquirido la condición de europarlamentario sobrevenidamente ya concluido el juicio oral, no solo es plenamente observante de aquellos principios regentes de las inmunidades de la instituciones europeas, sino que es la expresión más plena de su significado sistemático dentro del conjunto del ordenamiento jurídico.
En consecuencia, con base en las razones expuestas ha de ser desestimado este motivo del recurso de amparo.
13.2 La inmunidad de don Oriol Sáez Núñez y de don Raül Romeva Rueda como miembros de las Cortes Generales.
13.2.1 Posiciones de las partes.
En la demanda se sostiene que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, una vez los señores Junqueras y Romeva habían sido elegidos diputado y senador, respectivamente, de las Cortes Generales en las elecciones de 28 de abril de 2019, decidió continuar el proceso penal sin solicitar la autorización de una y otra Cámara con base en una interpretación restrictiva de la normativa reguladora de la inmunidad parlamentaria (arts. 71.2 CE, 11 RCD, 22.1 RS y 750 a 756 LECrim y Ley de 9 de febrero de 1912 de jurisdicción y procedimiento especiales en las causas contra senadores y diputados). Ante la petición de los recurrentes de que instase dicha autorización, la sala consi