Categoría: Administración

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud y la documentación adjunta, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentarse en lengua castellana.
5. Contenido de la solicitud. La solicitud deberá ajustarse al contenido del formulario de solicitud que establezca la convocatoria, referido a la información administrativa técnica y económica necesaria para evaluar y clasificar la solicitud.
El formulario incluirá, al menos, la siguiente información:
a) NIF y denominación social del solicitante individual e identificación del representante de la entidad beneficiaria.
b) En el caso de las agrupaciones, NIF y denominación social de cada uno de sus miembros e identificación del representante de la agrupación y de los representantes de cada una de las entidades que forman la agrupación.
c) Domicilio fiscal del solicitante individual, indicando el código postal.
d) En el caso de las agrupaciones, domicilio fiscal del representante y de cada uno de sus miembros, indicando el código postal.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier documentación o información adicional que sea necesaria para cumplir lo establecido en las bases y en la convocatoria podrá ser aportada por el solicitante o requerida por el órgano instructor, tanto en la fase de tramitación del procedimiento de concesión como en la fase de cumplimiento y justificación de la subvención.
El órgano instructor podrá ceder a las administraciones públicas implicadas los datos personales de titularidad del solicitante que se incluyan en la solicitud presentada con la finalidad de tramitar el procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta orden.
En el caso de que el solicitante altere o falsifique la documentación adjunta a la solicitud se aplicará el régimen sancionador establecido en el artículo 26 de esta orden y, en su caso, el Código Penal en lo que sea preceptivo.
6. Registro. Una vez cursada la solicitud de la ayuda, se facilitará un comprobante de la fecha y hora de registro de ésta, entendiéndose en ese momento formulada y registrada, con carácter definitivo, a todos los efectos.
7. Subsanación. Si se detectaran defectos u omisiones subsanables o si se comprobara que se necesitara información complementaria, se requerirá al solicitante, mediante notificación dirigida al correo electrónico de contacto designado en la solicitud, para que, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos necesarios; indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, conforme al artículo 23.5 de la Ley General de Subvenciones.
En este sentido, las solicitudes que presenten un defecto de forma o que no aporten toda la documentación exigida en esta orden se considerarán como subsanables, salvo que no cumplan los criterios mínimos de selección definidos en el artículo 11.4 de esta orden.
8. Clasificación. Una vez finalizado el periodo de subsanación, se clasificarán las solicitudes admitidas para su análisis y evaluación por el órgano instructor.
1. Órgano competente. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas objeto de estas bases, así como el responsable del seguimiento de las actuaciones subvencionadas, será la persona titular de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El órgano instructor realizará las actuaciones que estime necesarias de entre las definidas en el artículo 24.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Reglas generales.
a) Las ayudas sujetas a estas bases reguladoras se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, con aplicación de los criterios de valoración establecidos en el artículo 13 de esta orden.
b) No se admitirá reformulación de la solicitud una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes. No obstante, el órgano instructor podrá requerir cuantas aclaraciones estime oportunas sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de ésta sin perjuicio de lo previsto para la propuesta de resolución provisional en el apartado 5.b).4.º de este artículo.
3. Comité técnico de valoración. Para la evaluación y selección técnica de las solicitudes, el órgano instructor estará asistido de un comité técnico de valoración que tendrá la siguiente composición:
a) Presidencia: Una persona representante de la Dirección General del Agua con nivel 30.
b) Vocalías.
1.ª Una persona representante de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
2.ª Una persona representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
3.ª Una persona representante de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
4.ª Una persona representante de la Dirección General del Agua.
c) La Secretaría, con voz, pero sin voto, que será ejercida por una persona designada por la Dirección General del Agua.
El nombramiento de sus miembros se llevará a cabo una vez publicado el extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y con una antelación de, al menos, quince días a la evaluación de las solicitudes. La composición de la comisión de valoración, así como las personas suplentes, se publicarán en el portal de internet del Ministerio.
Podrán asistir a las reuniones de dicho Comité, con voz, pero sin voto, todas las personas que sean convocadas por la presidencia, en calidad de personas expertas en las materias incluidas en el orden del día, incluyendo la posibilidad de convocar personas representantes de las confederaciones hidrográficas y organismos de cuenca intracomunitarios, siempre que no pertenezcan a ningún posible beneficiario de los proyectos y teniendo en cuenta todas las medidas relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de interés o doble financiación, en especial las medidas establecidas en el Plan de medidas antifraude, de prevención de conflicto de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobado por la Subsecretaría el 22 de febrero de 2022.
El régimen de funcionamiento del Comité será el previsto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Todo ello de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.
4. Selección de proyectos y actuaciones elegibles. El comité técnico de valoración comprobará que los proyectos y sus actuaciones se ajustan a los requisitos de elegibilidad establecidos en estas bases y en la convocatoria.
En particular, aquellas solicitudes que no cumplan los criterios establecidos en el artículo 5 y en el artículo 6 no serán objeto de evaluación.
5. Evaluación de proyectos y actuaciones elegibles.
a) Informe provisional de evaluación. Los proyectos y actuaciones elegibles, dentro de cada solicitud, serán evaluados por el comité técnico de valoración, que elaborará un informe provisional con el resultado de la evaluación y la propuesta provisional de adjudicación de las ayudas, incluyendo una propuesta de las cuantías que se otorgarán como subvención.
Para emitir su informe provisional, el comité técnico de valoración se podrá apoyar en la evaluación técnica realizada por personas expertas independientes, que manifestarán de forma expresa la ausencia de conflictos de intereses en su evaluación, siempre que no pertenezcan a ninguna posible entidad beneficiaria y teniendo en cuenta todas las medidas relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de interés o doble financiación, en especial las medidas establecidas en el Plan de medidas antifraude, de prevención de conflicto de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobado por la Subsecretaría el 22 de febrero de 2022.
Asimismo, el órgano instructor podrá someter los proyectos presentados a consulta de las distintas comunidades autónomas, confederaciones hidrográficas y organismos de cuenca intracomunitarios, y podrá recabar cuantos informes estime oportunos según prevé el artículo 24.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Propuesta de resolución provisional. El órgano instructor, a la vista del expediente y de la correspondiente propuesta que le eleve el comité técnico de valoración, formulará la propuesta de resolución provisional de concesión de ayudas debidamente motivada, que incluirá al menos la relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la ayuda, incluyendo la siguiente información:
1.º NIF y razón social de la entidad beneficiaria o, en el caso de las agrupaciones, de las entidades beneficiarias.
2.º Título del proyecto.
3.º Demarcaciones hidrográficas donde se realizarán las actuaciones del proyecto.
4.º Importe de la ayuda total propuesta, expresado en euros, debiéndose especificar los importes propuestos para cada una de las componentes del Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío integradas en el proyecto. Asimismo, el importe de la ayuda total propuesta deberá desglosarse por anualidades a partir de la planificación de la ejecución de las soluciones digitalizadoras prevista en el proyecto, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 5.1.f) de esta orden. En el caso de agrupaciones, el importe de la ayuda total propuesta deberá desglosarse por anualidades para cada entidad beneficiaria miembro de la agrupación.
El órgano instructor se reserva el derecho a minorar el importe de la ayuda solicitada por la entidad solicitante cuando, atendiendo a parámetros objetivables, relacionados con las soluciones digitales, en los que se hayan incluido actuaciones que puedan identificarse como accesorias atendiendo a las bases y convocatorias conforme a los objetivos del PERTE de digitalización del ciclo del agua.
Cuando el importe de la subvención incluido en la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar a la entidad beneficiaria para que reformule su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En tal caso, el órgano instructor comunicará al solicitante, una vez que se publique la resolución provisional de concesión de ayudas según se prevé en el epígrafe c) del presente apartado, la documentación modificada que deberá presentar en el plazo de veinte (20) días hábiles, advirtiéndole de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución en los términos del artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) Publicación. La resolución provisional de concesión de ayudas será publicada en el portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Asimismo, un extracto de dicha resolución será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá los efectos de la notificación, conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta propuesta de resolución provisional no supone para los solicitantes el reconocimiento o la pérdida de ningún derecho a la obtención de las ayudas.
Si en el trámite de reformulación algún solicitante desistiese a la ayuda propuesta provisionalmente, el órgano instructor incluirá en la propuesta de resolución definitiva la siguiente solicitud no estimada por agotamiento de crédito, según el orden de prelación definido en el artículo 13 de esta orden, en caso de liberarse crédito suficiente. Esta nueva asignación será notificada al solicitante o solicitantes afectados.
d) Informe definitivo de evaluación. La documentación presentada será examinada por el comité de valoración, en su caso, que emitirá un informe definitivo de evaluación que analizará la documentación y, en su caso, podrá reordenar la clasificación de las solicitudes admitidas y formular una nueva propuesta al órgano instructor.
Con base en esta propuesta, el órgano instructor elevará una propuesta de resolución definitiva a la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en la que constará de manera expresa la información listada en el apartado b) en relación con las entidades beneficiarias, así como la desestimación del resto de solicitudes.
Esta propuesta de resolución definitiva no supone para los solicitantes el reconocimiento o la pérdida de ningún derecho a la obtención de las ayudas mientras no haya sido notificada o publicada la resolución de concesión.
1. La persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conforme al apartado a) del artículo 5 del Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FCPJ), resolverá el procedimiento.
2. Conforme a los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la resolución deberá dictarse y notificarse en un plazo máximo de seis (6) meses desde la fecha de finalización del plazo para presentar solicitudes establecido en el artículo 10.1 de esta orden.
3. La resolución se notificará a los interesados, mediante la publicación de un extracto en el «Boletín Oficial del Estado», surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, y de su contenido íntegro en el portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada, en los términos establecidos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la remisión de la información correspondiente a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
4. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la ayuda.
5. La resolución definitiva deberá incluir los siguientes términos:
a) La relación de solicitudes presentadas.
b) La relación de solicitudes admitidas.
c) La relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la ayuda, incluyendo: entidades beneficiarias individualmente consideradas o concurriendo en agrupación; título del proyecto; demarcaciones hidrográficas; actuaciones subvencionadas; presupuesto total de las actuaciones; importe de la ayuda total concedida (expresado en euros) total, y por cada miembro de la agrupación, en su caso; importe de la ayuda concedida (en euros) para cada una de las componentes del Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío integradas en el proyecto; importe de la ayuda concedida desglosado por anualidades, y en el caso de agrupaciones, también por cada miembro de la agrupación, a partir de la planificación de la ejecución de las soluciones digitalizadoras prevista en el proyecto.
d) Condiciones y términos de concesión y aceptación de la ayuda, incluyendo:
1.º Plazo máximo de realización de las actuaciones.
2.º Justificación de la realización de las actuaciones.
3.º Información, comunicación y publicidad.
4.º Pagos que se realizarán, plazos, requisitos y documentación a presentar para poder recibir los pagos previstos.
5.º Objetivos, hitos e indicadores de seguimiento.
e) La relación de solicitudes inadmitidas y los motivos de la inadmisión.
f) La relación de solicitudes admitidas para las que no se propone la concesión de la ayuda incluyendo los motivos por los que no resultan beneficiarias y la puntuación obtenida.
g) Recursos que se pueden presentar contra la resolución.
6. Las resoluciones de los órganos competentes para resolver pondrán fin a la vía administrativa. Contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el orden contencioso-administrativo en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
1. Los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención sumarán como máximo 100 puntos, y se determinarán de la forma siguiente:
a) Calidad técnica del proyecto, hasta un máximo de 30 puntos. A su vez, se desagregan en tres subcriterios, relativos a la calidad del análisis de la problemática a resolver, a la definición detallada y coherente del conjunto de actuaciones incluidas, al grado de tecnificación de las propuestas y a la definición del presupuesto y su dimensionamiento a objetivos y el equilibrio del mismo en relación con las tipologías de soluciones propuestas en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío.
b) Criterios ambientales y sociales, hasta un máximo de 40 puntos. A su vez, se desagregan en cuatro subcriterios relativos a la contribución del proyecto a la mejora del estado de las masas de agua asociadas, su contribución a la mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, el fomento de la sostenibilidad ambiental de la agricultura, la consideración de la componente climática, así como la contribución al abordaje del reto demográfico.
c) Criterios estratégicos, hasta un máximo de 30 puntos. A su vez, se desagregan en tres subcriterios relativos a la contribución al fomento de la transparencia en el uso y la gestión del agua de regadío, al carácter innovador e integrador de las soluciones, en especial en el cumplimiento de los nuevos desafíos normativos y la perdurabilidad de resultados y garantías de mantenimiento de proyecto después del plazo de implantación del mismo.
2. El anexo II detalla cada uno de los subcriterios en que se desagregan los criterios a que se refiere el apartado anterior y establece la ponderación de cada uno de ellos.
3. Aquellos proyectos que no obtengan al menos 15 puntos en los criterios de calidad técnica no serán valorados respecto a los criterios ambientales, sociales y estratégicos.
4. La calidad será por tanto el criterio por el que se rija el procedimiento de evaluación del proyecto y de concesión de financiación al amparo de estas bases. La puntuación mínima exigida para poder constituirse como entidad beneficiaria será de 50 puntos.
5. Atendiendo a la calidad de los proyectos contenidos en las solicitudes, conforme a los parámetros objetivables de la valoración de los proyectos presentados, todos ellos relacionados con las soluciones digitales, conforme a los objetivos del PERTE de digitalización del ciclo del agua y a la disponibilidad presupuestaria se podrá optar por no comprometer la totalidad del presupuesto.
6. En caso de que dos o más proyectos obtengan la misma puntuación y no haya crédito suficiente para atender a todos ellos, se priorizará el proyecto de acuerdo al siguiente orden de desempate:
a) Aquel que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de los criterios estratégicos
b) Aquel que haya obtenido mayor puntuación en los criterios ambientales y sociales.
c) Aquel que haya obtenido mayor puntuación en los criterios de calidad técnica.
d) Si aún persistiera el empate se dará prioridad a las solicitudes por orden de entrada en el registro.
1. Forma de pago. El pago de la subvención se realizará previa justificación por la entidad beneficiaria, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la realización de la actividad objeto del proyecto seleccionado para el que se concedió, en los términos establecidos en estas bases, salvo que la convocatoria prevea la posibilidad de que el solicitante acredite la necesidad de realizar anticipos, supuesto en el cual se incluirá un calendario de propuestas de pago conforme al detalle que se establezca en la convocatoria.
En todo caso, se recibirá la entrega dineraria correspondiente a la ayuda concedida, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución de las actuaciones y se certifiquen los costes incurridos.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, comprobación que se realizará a través de los servicios y utilidades habilitadas para este fin por la Agencia Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social.
La convocatoria podrá habilitar los traspasos de ejecución de una anualidad a otra, a solicitud de la entidad beneficiaria o, en el caso de agrupaciones, de su representante, tras la autorización expresa de la Dirección General de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
2. Garantías. De conformidad con los artículos 42.2 y 43.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el pago de las ayudas se efectuará sin necesidad de constitución de garantía o fianza, con la salvedad contemplada en el anterior apartado relativa al anticipo solicitado por una entidad beneficiaria en caso de preverse dicha posibilidad en la convocatoria.
En este último supuesto, la garantía deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Para el pago del anticipo se requerirá la presentación del resguardo de constitución de las garantías ante la Caja General de Depósitos, bajo la modalidad de «Avales prestados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca» conforme a la normativa de la citada Caja.
b) En cualquiera de las modalidades aceptadas por la Caja General del Depósitos conforme a la normativa de la citada Caja (Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos) y con los requisitos establecidos para la misma.
c) La garantía estará en vigor hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico autorice su cancelación o devolución. En todo caso, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico procederá a su cancelación en los casos establecidos en el artículo 52.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con los plazos descritos en el apartado 2 del citado precepto.
d) En el caso de que la garantía se constituya mediante aval, deberá ser solidario respecto al obligado principal, pagadero a primer y simple requerimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y con renuncia por parte de la entidad emisora a los beneficios de orden, división y excusión.
e) La garantía constituida mediante contrato de seguro de caución, siempre que éste se celebre con entidad aseguradora autorizada para operar en España en el ramo de seguro de caución, deberá constituirse en forma de certificado individual de seguro, con la misma extensión y garantías resultantes de la póliza.
Dicho certificado individual deberá hacer referencia expresa a que la falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba de hacer efectiva la garantía, así como a que el asegurador no podrá oponer frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como asegurada, las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro, asumiendo, asimismo, el compromiso de indemnizar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a primer y simple requerimiento de este.
f) En caso de que se acuerde el reintegro por el órgano competente y, a instancias de éste, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ejecutará las garantías constituidas a su favor.
1. Como regla general, el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia solo financiará gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, estén relacionados con la actividad objeto de la ayuda, sean necesarios para su ejecución, hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución aprobado para cada proyecto beneficiario. Los costes de adquisición de los gastos subvencionables deberán estar sujetos a precios de mercado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Los gastos deberán estar a nombre de la entidad beneficiaria, mientras que en el caso de las agrupaciones deberán estar a nombre de la entidad beneficiaria que sea parte de la agrupación que ejecute el gasto.
4. No serán admisibles los gastos contraídos antes del inicio del cronograma de la actuación subvencionada.
La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de asistencias y contratos externos:
a) Los servicios y contratos externos que siendo necesarios para la ejecución del proyecto la entidad beneficiaria no pueda realizar por sí misma, tales como de servicios de gestión, ingeniería, implementación, seguimiento y obra civil. Así como el gasto de comunicaciones necesarias para el correcto desarrollo de las actuaciones descritas en el proyecto.
b) Aquellos servicios externos contratados cuyo objeto coincide con el objeto de la ayuda o que, pudiendo ser realizados por la entidad beneficiaria, se externalicen, se considerarán subcontratación y estarán sujetos a los límites establecidos en el artículo 8 de esta orden.
c) En estas contrataciones de servicios externos se aplicarán, en la medida de lo posible, criterios de sostenibilidad, concurrencia y aquellos necesarios para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.
5. La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de material inventariable:
a) El coste de compra, leasing, renting y adquisición de cualquier activo material e inmaterial, incluida la adquisición de equipos, sensores, software, aplicaciones informáticas, equipamientos tecnológicos, gestión y mantenimiento de servidores o almacenamiento de información on line, destinado exclusivamente a la actuación y que posibilite la utilización adecuada del equipamiento adquirido, siempre que tengan relación directa con la ejecución de las actividades y no exista otra financiación para las mismas.
b) En el caso de los arrendamientos de instalaciones y de material inventariable, se deberá presentar un cuadro de amortización en el que se detalle el cálculo realizado para obtener la imputación al proyecto objeto de ayuda. El cálculo realizado será objetivo, verificable y estable a lo largo de la vida de la actuación, debiendo indicar la entidad beneficiaria la base objetiva utilizada para el cálculo realizado.
c) Los softwares o aplicaciones informáticas desarrolladas en el marco del proyecto no podrán generar ingresos económicos para la entidad beneficiaria salvo que estos se destinen al mantenimiento y mejora de la propia aplicación sin llegar a generar en ningún caso un beneficio económico para la entidad beneficiaria.
6. La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de material fungible:
a) Aquellos gastos de material fungible adquirido siempre que este esté directamente vinculado a la actividad objeto de la ayuda.
b) Asimismo, tendrán consideración de fungible aquellos materiales adquiridos cuyo periodo de vida útil no supere el cronograma de ejecución aprobado para el proyecto y así quede justificado por la entidad beneficiaria.
7. Serán considerados como costes indirectos:
a) aquellos que, no estando directamente vinculados con el objeto de la ayuda, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad beneficiaria. Estos se justificarán mediante tanto alzado sobre los gastos directos, hasta un máximo de 4 %. La justificación de estos gastos consistirá en una certificación firmada digitalmente por el representante legal o persona que cuente con los poderes notariales de representación para ello a nivel de cada entidad beneficiaria o miembro de la agrupación.
b) los gastos relativos al coste de personal, suministro de agua, electricidad, seguridad, gestoría, calefacción y limpieza, correo, telefonía e internet, material y suministros de oficina y gastos de alquiler de locales o sede social de la entidad beneficiaria, así como otras contrataciones o servicios que, no estando directamente vinculados con el objeto de la ayuda, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad beneficiaria.
8. También podrá ser financiable el gasto derivado de la revisión de cuenta justificativa por el auditor, en caso de que lo haya, hasta un límite de un 5% del coste total subvencionable del proyecto.
9. Será un gasto subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) y demás impuestos indirectos, siempre que no sean susceptibles de recuperación, compensación o exención.
10. No serán financiables gastos en los términos establecidos en los apartados 7 y 8 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a excepción de los gastos derivados de la garantía bancaria siempre que para la obtención del anticipo sea obligatoria la constitución de garantía bancaria.
11. En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos de contratación y subcontratación establecidos en estas bases, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 de esta orden.
12. Los gastos financiables deberán estar debidamente justificados mediante documentos de gasto o documentos contables de valor probatorio equivalentes, así como sus correspondientes justificantes de pago para cada una de las tipologías de gasto. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse de forma electrónica, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito de la Administración Tributaria.
13. No serán subvencionables, a efectos de la presente convocatoria de este programa de ayudas, los englobados en los siguientes conceptos:
a) Los impuestos personales sobre la renta.
b) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, multas, tasas, impuestos o tributos, con la excepción relativa a los costes de constitución de la garantía descrita en el artículo 14.2 de esta orden, en caso de que la convocatoria otorgue a la entidad beneficiaria la posibilidad de solicitar un anticipo en los términos del artículo 14.1 de esta orden.
c) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias.
d) Coste de adquisición o arrendamiento de terrenos utilizados para la actuación.
e) Seguros suscritos por la entidad beneficiaria.
f) La vigilancia y seguridad durante la ejecución de las obras asociadas a las actuaciones o instalaciones hasta la fecha de puesta en marcha.
g) Cualesquiera costes financieros.
h) Costes asociados a sanciones penales, así como gastos de procedimientos judiciales.
14. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, en los términos y con las excepciones establecidas en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La obligación anterior no será aplicable para aquellos beneficiarios que estén obligados a aplicar, para la selección del subcontratista, el régimen dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; o el régimen dispuesto en el libro primero del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
1. El importe del coste de la inversión estimado en el Plan de Recuperación y Resiliencia no incorpora financiación existente o prevista de otros fondos de la Unión Europea. Se desarrollan disposiciones específicas destinadas a evitar la doble financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y de otros programas de la Unión. En el cálculo de los hitos y objetivos propuestos en este componente, no se computarán las inversiones realizadas con otros fondos de la Unión Europea.
2. Estas subvenciones no serán compatibles con subvenciones procedentes de otros programas o fondos europeos que pudieran concederse para la misma finalidad.
3. En ningún caso la suma de las subvenciones compatibles podrá superar el 100% del coste total de la actividad objeto de ayuda.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir estas obligaciones:
a) Las recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y las contenidas en las bases, la convocatoria y la resolución de concesión de las ayudas.
b) Las establecidas en las instrucciones específicas que comunique la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
c) Comunicar inmediatamente a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas en la solicitud que pueda afectar al cumplimiento de las obligaciones de la entidad beneficiaria citadas en el presente artículo, así como cualquier evento importante o imprevisto que pueda impactar en la consecución de los objetivos establecidos en esta orden o en la resolución de concesión de la ayuda.
Las comunicaciones se entenderán realizadas a través de medios electrónicos y tendrán validez según su fecha de presentación. La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la pérdida del derecho a cobro y reintegro de la ayuda.
d) Acreditar ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la realización de las actuaciones conforme a lo establecido en las bases reguladoras, facilitando las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización de las actuaciones objeto de la ayuda y aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, así como los valores de los indicadores que fueran requeridos para reportar los resultados.
e) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico u otro órgano designado por ésta, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida. Las comprobaciones podrán realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención y, en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
La entidad beneficiaria deberá comprometerse por escrito a conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que los órganos de control competentes descritos en el párrafo anterior ejerzan sus competencias.
f) Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos en las bases, en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el artículo 31 de su Reglamento, así como con los deberes de información, comunicación y visibilidad que correspondan a la entidad beneficiaria conforme lo establecido en el artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión), según lo indicado en el artículo 22.2.f) y 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241, y en el artículo 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.
g) Conservar los documentos originales, justificativos de la actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control, de conformidad con los plazos y formatos indicados en el artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión).
h) Respetar las normas que se pudieran establecer a nivel nacional y europeo en relación con la gestión de los fondos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en particular las que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como los Actos Delegados de la Comisión Europea que puedan desarrollarse para tal fin.
i) Disponer de los procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y aplicación de las ayudas. Mantener un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas con la actividad subvencionada o, al menos, contar con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
j) Cumplir cuantas instrucciones reciba de las autoridades nacionales y europeas en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o que le transmita la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conforme al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR.
k) En particular, cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Implementación del Consejo (CID por sus siglas en inglés) para contribuir a alguno de los 6 objetivos medioambientales de acuerdo con el principio DNSH establecido en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción, no concurrencia de doble financiación, entre otros.
l) Asegurarse de que los gastos declarados son conformes, en su caso, con la normativa reguladora de fondos comunitarios, con las normas aplicables de ayudas de Estado, y que no existe doble financiación del gasto con otros regímenes de ayudas nacionales o de la Unión Europea, informando sobre cualesquiera otros fondos que hayan contribuido también a la financiación de los mismos costes. Asimismo, se garantizará el cumplimiento de la normativa europea y nacional aplicable, en especial, las medidas relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación.
m) Garantizar el respeto al principio de DNSH y la metodología de seguimiento definida en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
n) Contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
o) Autorizar expresamente a la Comisión, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el artículo 129, apartado 1, del Reglamento Financiero (Reglamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión). La concesión de la subvención está condicionada a la presentación de dicha autorización por escrito, cuyo modelo podrá establecerse en la convocatoria.
p) Autorizar expresamente a la Dirección General del Agua para (i) recabar información de la entidad beneficiaria en el sistema de información CoFFEE del Ministerio de Hacienda y Función Pública; y para (ii) recabar e incorporar información de la entidad beneficiaria en la herramienta MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria; de acuerdo con lo exigido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
q) Facilitar a la Dirección General del Agua la información de su titularidad real en los supuestos contemplados en el artículo 7.3 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta información deberá ser aportada en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento de concesión de la subvención.
r) Una vez recibida la subvención, declararla como un ingreso percibido.
2. La documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de las obligaciones definidas en este artículo se establecerá en cada convocatoria, pudiendo preverse la cumplimentación de una declaración responsable por parte del solicitante cuyo modelo quedará recogido en la convocatoria.
El órgano instructor podrá recabar, tanto en la fase de tramitación del procedimiento de concesión como en la fase de cumplimiento y justificación de la subvención, los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones exigidas en este artículo a través de terceros que suministren dicha información, salvo oposición expresa por parte del solicitante.
3. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro o reintegro de la ayuda concedida.
El plazo para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda será el que se establezca en la convocatoria, correspondiéndose, de forma general, como umbral mínimo de veinticuatro meses y un umbral máximo que no supere el 1 de junio de 2026, siendo, no obstante, ampliable si así se estableciese en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1. Las condiciones establecidas en la resolución, incluyendo las modificaciones en los costes inicialmente presupuestados, podrán ser modificadas, a solicitud de la entidad beneficiaria o de oficio, siempre que los cambios no alteren la naturaleza u objetivos de la subvención ni supongan un cambio sustancial en el conjunto de actuaciones subvencionadas, por alguno de los siguientes motivos:
a) Alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención debidamente justificada.
b) Obtención concurrente de otras aportaciones en los supuestos afectados por incompatibilidades.
c) Penalizaciones por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones formales como entidad beneficiaria en la medida en que afecten a la cuantía total a percibir por la beneficiaria en los términos establecidos en la convocatoria.
2. En el caso de que la modificación suponga una disminución de la subvención concedida inicialmente, implicará la devolución parcial o total de la ayuda, según corresponda. Se hará constar dicha circunstancia en el trámite de audiencia y se acompañará a la resolución, en su caso, la liquidación correspondiente.
3. La entidad beneficiaria que solicite la modificación de las condiciones establecidas en la resolución deberá hacerlo antes de que concluya el plazo para la realización de la actuación objeto de ayuda. La modificación de las condiciones establecidas en la resolución no podrá implicar el incumplimiento del principio DNSH. La decisión sobre la solicitud de modificación corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
4. La modificación del plazo de ejecución únicamente podrá autorizarse por circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento del plazo, pese a haberse adoptado, por parte de las entidades beneficiarias, las medidas técnicas y de planificación mínimas que les resultaban exigibles. En todo caso deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Identificación de las causas que justifican la modificación del plazo de ejecución.
b) Elaboración de un plan de acciones correctoras para aquellas causas que pueden originar una prórroga del plazo de ejecución.
5. En ningún caso se podrá autorizar una ampliación del plazo para la realización de la actuación objeto de ayuda que supere, en su cómputo total, los doce (12) meses contados desde la fecha aprobada como final de ejecución de las actuaciones en la resolución de concesión definitiva de la ayuda, y en todo caso nunca podrá superar el 30 de junio de 2026.
6. La modificación de las condiciones establecidas en la resolución se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero, tal y como exige el artículo 64 del Reglamento de la General de Subvenciones.
7. La estimación o desestimación de la solicitud de modificación se realizará mediante resolución expresa que deberá dictarse y notificarse al interesado el plazo máximo de diez (10) días hábiles.
El transcurso de dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, legitima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
La desestimación expresa deberá ser motivada.
En el caso de estimarse la solicitud, la resolución incluirá el contenido mínimo establecido en el artículo 12.5 de esta orden.
1. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se entiende por subcontratación el concierto de la entidad beneficiaria con terceros para la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
2. Las entidades beneficiarias podrán subcontratar con terceros hasta el 90 % del importe total del proyecto. A los efectos del artículo 29.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando la subcontratación supere los importes que fija ese artículo, la entidad beneficiaria deberá remitir la información del contrato previamente a su celebración con tiempo suficiente para su análisis y posterior autorización por escrito por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Si en el plazo de diez (10) días hábiles, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente no hubiera contestado de forma expresa a la solicitud de autorización, se entenderá no concedida por silencio negativo. La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción y al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32 y 33 de la Ley General de Subvenciones, el coste y el valor de mercado de las actividades contratadas.
A los anteriores efectos, no podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir su cuantía y eludir el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En ningún caso podrán contratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad objeto de la ayuda, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
En el caso de proyectos cuya ejecución hubiera comenzado antes de la publicación de las bases, según se habilita en el artículo 5.1.c) de esta orden, y en los que el solicitante ya hubiera contratado parte de la ejecución, se informará de este extremo en la solicitud.
3. Los contratistas y, en su caso, subcontratistas, quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a la Administración. En este sentido, la entidad beneficiaria será responsable de que en la ejecución de la actuación subvencionada contratada se respeten los límites establecidos en esta orden en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos