Categoría: Funcionarios y Personal

familiar objeto de cuidado no puede valerse por sí mismo.
Discapacidad: Resolución emitida por el órgano competente para el reconocimiento del grado de discapacidad de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
No desempeño de actividad retribuida: Certificado que acredite que no está de alta en ningún régimen de la Seguridad Social por la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena y declaración de la persona dependiente de que no desempeña actividad retribuida alguna.
Acceso desde municipio distinto: El solicitante deberá aportar el certificado de empadronamiento del familiar dependiente.
Mejor atención del familiar: Declaración del solicitante justificando las razones que avalan que el cambio de puesto permite la mejor atención del familiar, así como documentación que acredite fehacientemente esta declaración.
Con independencia de la documentación mínima acreditativa de los supuestos anteriormente citados, por la Comisión de Valoración se podrán recabar del personal que participa las aclaraciones o aportaciones de la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los mismos.
II. Méritos adecuados al puesto.
La acreditación del conocimiento de la lengua cooficial se efectuará mediante fotocopia del título, diploma o certificación expedido por Centro público competente o por institución privada oficialmente homologada, expresivo del grado de conocimiento.
Los méritos serán valorados por una Comisión de Valoración compuesta por:
Presidente: el Subdirector General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios o persona en quien delegue.
Vocales: la Subdirectora General de Recursos Humanos y Materiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Director del Instituto Social de la Marina, el Secretario General de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Subdirector General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos de la Intervención General de la Seguridad Social, la Directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y el Gerente de Informática de la Seguridad Social o las personas en quienes deleguen.
Un representante de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que actuará como Secretario.
También podrá formar parte de la Comisión de Valoración una persona como representante de cada una de las organizaciones sindicales más representativas y las que cuenten con más del diez por ciento de representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas o en el ámbito correspondiente.
El número de representantes de las organizaciones sindicales no podrá ser igual o superior al de los miembros designados a propuesta de la Administración.
De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, la Comisión de Valoración del presente concurso se ajustará al principio de composición equilibrada de mujeres y hombres.
Los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de subgrupo de titulación igual o superior al de los puestos convocados.
La Comisión de Valoración podrá recabar del personal participante que alegue discapacidad, la información complementaria que estime oportuno para la toma de decisiones más adecuadas y que se ajusten a la normativa en vigor.
La Comisión de Valoración podrá solicitar del órgano convocante la designación de expertos para su incorporación a los trabajos de valoración, que colaborarán en calidad de asesores con voz pero sin voto.
La Comisión de Valoración abrirá un plazo de alegaciones a las valoraciones provisionales, del cual informará junto con el previsto en el apartado 13 de la base segunda.
La Comisión de Valoración será la encargada de proponer, para cada puesto, a las personas candidatas que hayan obtenido la mayor puntuación.
1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos vendrá dado, en cada caso, por la puntuación obtenida como resultado de la aplicación del baremo fijado en estas bases.
2. En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo al orden en que son enunciados los méritos en el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995.
De seguir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como personal funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al número de orden obtenido en el proceso selectivo por el que se adquirió la condición de personal funcionario del Cuerpo o Escala desde el que se concursa.
1. La presente convocatoria se resolverá por Resolución de la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un plazo no superior a seis meses contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Los traslados que puedan derivarse de la resolución del presente concurso tendrán la consideración de voluntarios, a los efectos previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
3. No podrán ser nombrados adjudicatarias las personas que a fecha de resolución hayan dejado de cumplir las condiciones de participación, salvo lo establecido en el punto siguiente.
4. Las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario, o peticionaria, una vez transcurrido el período de presentación de las mismas y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo posesorio se hubiese obtenido otro destino definitivo mediante convocatoria pública, en cuyo caso podrá optar entre los puestos que le hayan sido adjudicados, viniendo obligado a comunicar la opción realizada dentro del plazo de tres días siguientes a que tenga conocimiento de dicha circunstancia.
5. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia, o de un mes si implica cambio de residencia o si la resolución comporta el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde el día de la publicación de la resolución de este concurso en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, aquel personal adjudicatario que haya obtenido destino desde la situación de servicios especiales o de excedencia para el cuidado de familiares, no será necesario que formalicen la toma de posesión del destino que les corresponda hasta que se haga efectivo el reingreso al servicio activo, anotándose la reserva en el nuevo puesto.
6. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el personal adjudicatario podrá, no obstante, diferir el cese por necesidades del servicio, hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse esta circunstancia a la Unidad a la que haya sido destinado el funcionario.
Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, y por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, apreciadas en cada caso por la Secretaría de Estado de Función Pública, se podrá aplazar la fecha del cese hasta un máximo de tres meses, incluida la prórroga prevista en el apartado anterior.
Asimismo, la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrá conceder prórroga de incorporación hasta un máximo de veinte días hábiles si el destino implica cambio de residencia y así lo solicita la persona adjudicataria del puesto por razones justificadas.
7. El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalice el permiso o licencia que, en su caso, haya sido concedido a la persona interesada, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 7 de abril de 2022.–La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,Verónica Muñoz Benítez.