Categoría: Administración

El sector de la automoción juega un papel estratégico en la economía española, con un importante efecto tractor sobre numerosas regiones, por su peso en el PIB nacional y el empleo directo e indirecto y su aportación en la balanza comercial y en la inversión en innovación que se refleja en una constante mejora de nuestra competitividad: representaba antes de 2020 hasta el 10 % del PIB y el 19 % del total de las exportaciones españolas. El sector emplea 650.000 personas de manera directa y casi 2 millones de puestos de trabajo en total están ligados de algún modo al sector. Las plantas del sector automoción y su cadena de valor en España suponen además un importante número de puestos de trabajo de alta cualificación, con buenas condiciones y abundantes externalidades positivas en el tejido industrial de las regiones donde están instaladas.
La coyuntura del sector, no obstante, dista de ser favorable desde el año 2020, cuando a los cortes de las cadenas de suministro mundiales se han unido las intensas caídas de la demanda en nuestros mercados de exportación ante las medidas de restricción de la movilidad. A estas circunstancias, se ha sumado la escasez de algunos componentes críticos y el aumento de los costes energéticos derivados de los efectos en los mercados internacionales de la invasión rusa de Ucrania.
Desde un punto de vista social, la preocupación por el impacto medioambiental de los vehículos automóviles, entre otros agentes productores de diferentes emisiones gaseosas que afectan a la calidad del aire y al cambio climático, es compartida por numerosos dirigentes políticos, científicos, ingenieros y buena parte de la sociedad de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Por otra parte, la movilidad de las personas y de las mercancías, crece en la medida que lo hace la población mundial y se incrementa la riqueza de los pueblos. Un grave problema que afronta la humanidad, con diferentes características según países y regiones, es cómo lograr un incremento sostenible de la movilidad, lo que implica un proceso de descarbonización progresiva del parque de automóviles.
Un enfoque holístico hacia el problema de la movilidad sostenible debería incorporar la promoción del uso de modos de transporte más limpios y eficientes, el transporte público, y los desplazamientos a pie. También reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fomentar el uso de fuentes de energía renovable en el sector del transporte. Además, implicaría el diseño de infraestructuras y espacios urbanos que sean accesibles, seguros y propicios para la movilidad activa y el transporte público, fomentando la integración de diferentes modos de transporte, facilitando la intermodalidad y promoviendo la planificación urbana orientada hacia las personas. Afrontar este proceso transformador es un reto de carácter estratégico para la economía española y europea, que requiere de actuaciones y capacidades que desbordan las de estricto carácter industrial y que deben ser acometidas también desde otros ámbitos, muchos de ellos novedosos, para conseguir el objetivo último: una nueva industria de automoción para una nueva movilidad. Ello en línea con los principios básicos de la Unión Europea de transformación digital y medioambiental, con objetivos ambiciosos como la reducción del 100 % de emisiones de CO2para ciertos vehículos nuevos en 2035 negociada en el paquete «Fit for 55».
Una reducción importante de los gases de efecto invernadero en el transporte por carretera sólo se podrá alcanzar mediante un incremento significativo del rendimiento de los sistemas de propulsión y del uso de energías limpias. En este sentido, los vehículos híbridos, eléctricos de baterías y eléctricos de pila de combustible se posicionan como candidatos prometedores para un sistema de transporte sostenible.
Por ello, los vehículos híbridos pueden considerarse como un importante medio hacia una descarbonización ordenada y progresiva hasta alcanzar el horizonte 2035. En general, constan de una combinación entre un motor de combustión interna, baterías y uno o dos motores eléctricos, dependiendo de la configuración (serie, paralelo o serie-paralelo). Su principal ventaja es un mejor rendimiento de la planta de potencia, con la correspondiente reducción en el consumo de combustible y, por consiguiente, de CO2y de emisiones contaminantes, garantizando, al mismo tiempo, una autonomía y comportamiento adecuados. A mayor abundamiento, es de destacar su tecnología madura, su capacidad de facilitar una transición suave hacia los vehículos eléctricos y la diversidad de opciones disponibles. Adicionalmente, y aunque la última tecnología de vanguardia respecto de los vehículos híbridos ha evolucionado significativamente en los últimos años, se espera que continúe avanzando con nuevas posibilidades de innovación, que pueden tener importantes sinergias en el desarrollo del vehículo eléctrico, como por ejemplo los avances en optimización de la gestión de energía (control de potencia o frenos regenerativos), o los sistemas de control y monitorización, entre otros.
Los sistemas de propulsión eléctrica con baterías presentan un elevado rendimiento, robustez y bajo mantenimiento, así como flexibilidad en el control del par y de la velocidad. La gran ventaja del vehículo eléctrico en el entorno urbano es su funcionamiento sin emisiones contaminantes y escaso ruido en su punto de uso, además la emisión de gases de efecto invernadero es nula si la energía eléctrica empleada proviene de fuentes renovables. No obstante, su autonomía limitada, coste y tiempos de recarga elevados están siendo los grandes retos que aún debe superar el vehículo eléctrico, por lo que todavía hay un campo de trabajo importante en I+D+i para resolver estas barreras.
Respecto a los vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno, se consideran que tiene un gran potencial para su incorporación en los trenes de propulsión de vehículos de cero emisiones, muy relacionados con el desarrollo de la producción de hidrógeno verde. Además, se plantea como una alternativa de futuro, ya que es posible que haya espacio para la coexistencia de vehículos movidos por hidrógeno y vehículos eléctricos, cada uno tiene sus propias ventajas y aplicaciones específicas. Existen importantes sinergias que pueden impulsar la transición hacia una movilidad más sostenible y respaldar el crecimiento de los vehículos eléctricos en todas sus formas, como por ejemplo en aspectos de tecnología de celdas de combustible, infraestructura de hidrógeno, almacenamiento de energía, investigación en materiales y eficiencia, y no menos importante conciencia pública y aceptación social. En el ámbito de la I+D+i, hay mucho campo en el ámbito de la eficiencia y reducción de costes de los sistemas de celdas de combustible, el almacenamiento y distribución de hidrógeno, o el refuerzo en la producción de hidrógeno verde.
Este objetivo de avanzar hacia una descarbonización ordenada y progresiva, que supla los desafíos y obstáculos del desarrollo del vehículo eléctrico, y habilite en paralelo una evolución tecnológica compatible, es lo que justifica la publicación de un real decreto de concesión directa con un horizonte temporal limitado a la anualidad 2023 para proyectos que desarrollen modelos, sistemas y componentes de vehículos híbridos y vehículos eléctricos de baterías y eléctricos de pila de combustible de hidrógeno.
La complejidad de una transformación hacia el vehículo eléctrico y conectado de forma ordenada y progresiva, así como su vinculación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, aconsejaron la creación de una arquitectura institucional reforzada, que se materializó a través del Real Decreto 13/2023, de 23 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la creación de la figura del Comisionado especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado.
En concreto, el artículo 12.1.g) de este real decreto establece entre sus funciones la de realizar cuantas actuaciones en relación con el desarrollo del ecosistema para la fabricación del vehículo eléctrico y conectado y la consecución de sus objetivos resulten precisas, incluyendo, en su caso, la correcta ejecución de fondos, asignados en esta materia. En concreto la elaboración, gestión y seguimiento de programas y actuaciones destinados al desarrollo del ecosistema del vehículo eléctrico y conectado.
Como ya se ha dicho, las presentes ayudas se otorgan en régimen de concesión directa. Existen a tal fin cualificadas razones de interés público, social y económico que lo justifican, al amparo del artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por dificultar su otorgamiento en régimen de convocatoria pública. En efecto, el Gobierno por Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio 2021, declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), como un caso objetivo de proyecto de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española. La experiencia adquirida desde entonces, ha hecho aflorar ciertas debilidades y cuellos de botella en su desarrollo como pueden ser entre otros, el desarrollo de la infraestructura de carga, la autonomía y tiempo de carga o la gestión de la demanda energética. Es por ello, que se debe promover una solución transitoria y urgente, mediante tecnologías alternativas o complementarias como son las que fomenta este real decreto, con evidentes sinergias y funcionalidades prácticas que permitirán una transformación ordenada y progresiva. Por tanto, las mencionadas razones de interés público, social y económico de este real decreto deben entenderse en el contexto de que es una pieza esencial para la consecución exitosa de un proyecto global más grande como es el PERTE del vehículo eléctrico y conectado.
Y la consecución de estos relevantes efectos se verían decisivamente comprometidos si su otorgamiento quedase sometido a las rigideces temporales que son inherentes al ordinario régimen de concesión de concurrencia competitiva. La ayuda se orienta hacia un mercado muy concreto dentro del sector de la automoción, de tamaño mediano o pequeño y ayudas limitadas, con un nicho de beneficiarios reducido, donde se trata de seleccionar directamente proyectos de I+D+i de alto potencial, que estimulen la generación de avances científicos y tecnológicos, así como el desarrollo de nuevas soluciones que beneficien a la sociedad en general. Adicionalmente, y por dicha especificidad, se prevé cada proyecto será muy diferente entre sí, de forma que no se darán unas condiciones, que permitan una valoración de proyectos con los criterios usuales que se establecen en una concurrencia competitiva. Además, en lo referente a plazos, estos son incompatibles (ni aun con el eventual recurso al procedimiento de convocatoria abierta) con las singulares características de las actuaciones, tiempos y pautas de los proyectos de investigación y desarrollo e innovación, y que podrían determinar que hubiera proyectos de gran valor añadido que se vieran indebidamente privados de obtener el necesario apoyo.
Este real decreto se estructura en veintinueve artículos, distribuidos en seis capítulos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones finales y cuatro anexos. En el primer capítulo figuran las disposiciones relativas al ámbito de aplicación y beneficiarios, que se refieren a aspectos como el objeto, el ámbito temporal y la disponibilidad presupuestaria asociada, y las condiciones y obligaciones que deben cumplir los beneficiarios. En el capítulo segundo se describen los tipos de actuaciones financiables, los gastos financiables, los requisitos exigibles a los proyectos que puedan recibir ayuda y el plazo de realización de dichos proyectos. El capítulo tercero establece las características de la ayuda, sus límites, la compatibilidad y la regulación de garantías. El capítulo cuarto regula los órganos gestores de la ayuda, que son la Comisión de Verificación y el Comisionado especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado. El capítulo quinto regula el procedimiento de concesión: forma de realizar la solicitud, instrucción del procedimiento, tramitación, resolución y pago, y recursos. El capítulo sexto regula las modificaciones de resolución, la justificación y comprobación de la realización de las inversiones y los criterios de graduación de los posibles incumplimientos y la publicidad. Los anexos se refieren a la definición de actuaciones que tienen relación directa con el vehículo híbrido y vehículo eléctrico de pila de combustible de hidrógeno, los rangos de puntuación de la viabilidad económica y financiera y la memoria de proyectos presentados.
Las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y el artículo 149.1.15.ª, que atribuye al Estado la el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa, de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, de política comercial y de apoyo a la empresa, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. La gestión que la Administración General del Estado realiza de esta financiación, permite introducir un adecuado nivel de competencia, así como una planificación racional y eficaz de la misma.
Dado que el ámbito de aplicación de la norma incluye todo el territorio nacional, es conveniente la concentración de fondos, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto, pues tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de ayuda que es desconocida en general. De hecho, los posibles beneficiarios de esta ayuda presentan características tan heterogéneas en lo relativo a su estructura, a sus dimensiones, así como en las características de capital, tecnología e inversiones debido a su diversidad sectorial, que resulta imposible anticipar un criterio claro de distribución de los fondos adscritos entre las distintas comunidades autónomas que permita una casación adecuada. Dado que las posibles convocatorias de ayuda deberían explicitar el presupuesto disponible, según establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se llegaría a una imposibilidad de conjugar los principios jurídicos con los operativos y de racionalidad y eficiencia en la gestión del presupuesto público estatal.
Las ayudas concedidas a proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto constituyen ayuda de Estado y respetan lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o sus posibles modificaciones. Este real decreto sigue un régimen comunicado, y no notificado, por lo que no requiere autorización previa comunitaria.
Por otro lado, debido a que los potenciales beneficiarios de la ayuda regulados en este real decreto son personas jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica de las citadas ayudas será obligatoria en todas las fases del procedimiento.
El artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
El ajuste de la norma propuesta al principio de necesidad y eficacia viene dado por la importancia que tiene afrontar de una forma ordenada y racional el proceso de transición hacia el vehículo eléctrico y conectado, tomando nota de los principales obstáculos y retos, y promoviendo una solución tecnológica transitoria (la hibridación) que contribuye parcialmente al objetivo de descarbonización, y lo que es más importante, genera desarrollos y sinergias que reforzarán la senda de transición hacia el nuevo modelo de movilidad.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo solo las condiciones que establece la normativa europea (Reglamento General de Exención por Categorías), y la española (Ley General de Subvenciones y su Reglamento).
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las empresas. Para asegurarlo, la norma dispondrá de todos los informes necesarios de los Servicios Jurídicos del Estado.
En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos requisitos de elegibilidad de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, con criterios automáticos que excluyen cualquier discrecionalidad.
El principio de eficiencia se cumple a nivel nacional, de modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce, pudiendo efectuar economías de escala y asegurando que los criterios utilizados son los mismos, independientemente del origen de la solicitud.
Este real decreto ha sido objeto del informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como del Ministerio de Hacienda y Función Pública, este último de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de julio de 2023,
1. Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de las normas reguladoras para la concesión directa de ayudas a proyectos que desarrollen modelos, sistemas y componentes de vehículos híbridos y vehículos eléctricos de baterías y de pila de combustible de hidrógeno, excluyendo lo relacionado con baterías de plomo.
2. La ayuda estará disponible para personas jurídicas descritas en el artículo 3 de todos los tamaños que realicen proyectos en territorio nacional, dentro de los tipos de proyectos indicados en el artículo 6.
La ayuda que se conceda en el marco de este real decreto revestirá la forma de subvención, tendrá una cuantía total máxima de 40.000.000 euros, y se imputará a la aplicación presupuestaria 20.08.467C.778 «Programa de apoyo público para el desarrollo de proyectos innovadores en el sector de la automoción» de los Presupuestos Generales del Estado.
Podrán acogerse a la ayuda establecida en este real decreto las sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas en el registro mercantil o equivalente en función de la naturaleza jurídica del solicitante, con independencia de su tamaño, y que no formen parte del sector público. A estos efectos, se considerará sector público las entidades enumeradas en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, del sector público sea superior al 50 por 100, o en los casos en que, sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario aquellas sociedades:
a) En quienes concurra algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Que incumplan los plazos de pago a los que se refiere el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) Que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior.
d) Que se encuentren en crisis, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.4.c) y 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
Con carácter general, son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar la actividad y cumplir los requisitos que fundamentan la concesión de la ayuda.
b) Acreditar, en los plazos estipulados, la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión.
c) Colaborar con las actuaciones de comprobación y control, aportando cuanta documentación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar a la Oficina Técnica del Comisionado especial para el PERTE la obtención de cualquier otra financiación pública concurrente parcial o totalmente con los gastos financiables.
e) Acreditar, en cualquier momento que se solicite, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.
f) Acreditar, en cualquier momento que se solicite, el cumplimiento de obligaciones de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.
g) Contribuir a fomentar en España la creación del empleo necesario para la realización de la actividad.
h) Contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
1. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos para el desarrollo de modelos, sistemas y componentes de los vehículos híbridos o vehículos eléctricos de baterías y de pila de combustible de hidrógeno, encuadrables en el anexo I, y dentro de los tipos que se recogen en el presente artículo:
a) Proyectos de investigación industrial: la investigación planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o encaminados a lograr una mejora significativa de los productos, procesos o servicios existentes, incluidos los productos, procesos o servicios digitales, en cualquier ámbito, tecnología, industria o sector (incluidas, aunque no exclusivamente, las industrias y tecnologías digitales, como la supercomputación, las tecnologías cuánticas, las tecnologías de cadena de bloques, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los macrodatos y las tecnologías en la nube); la investigación industrial incluye la creación de componentes de sistemas complejos y puede incluir la construcción de prototipos en entorno de laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea necesario para la investigación industrial y, en particular, para la validación de tecnología genérica.
b) Proyectos de desarrollo experimental: la adquisición, combinación, configuración y utilización de conocimientos y capacidades científicos, tecnológicos, empresariales y de otros tipos existentes con el objetivo de desarrollar productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, incluidos los productos, procesos o servicios digitales, en cualquier ámbito, tecnología, industria o sector (incluidas, aunque no exclusivamente, las industrias y tecnologías digitales, como la supercomputación, las tecnologías cuánticas, las tecnologías de cadena de bloques, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los macrodatos y las tecnologías de computación en nube o periférica); podrá englobar también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos o servicios; el desarrollo experimental podrá comprender la creación de prototipos, la demostración, la realización piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento cuando el objetivo principal sea aportar mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente fijados; podrá incluir el desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación; el desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando esas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos.
c) Proyectos de innovación en materia de organización: la aplicación de un nuevo método organizativo a nivel de la empresa (a nivel de grupo en el sector industrial dado en el EEE), la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores, por ejemplo, mediante el uso de tecnologías digitales novedosas o innovadoras; quedan excluidos de esta definición los cambios basados en métodos organizativos ya empleados en la empresa, los cambios en la estrategia de gestión, las fusiones y adquisiciones, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios derivados exclusivamente de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.
d) Proyectos de innovación en materia de procesos. la aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado, incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas informáticos, a nivel de la empresa (a nivel de grupo en el sector industrial dado en el EEE), por ejemplo, mediante la utilización de tecnologías o soluciones digitales novedosas o innovadoras; quedan excluidos de esta definición los cambios o mejoras de importancia menor, los aumentos de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.
Los proyectos de innovación en materia de procesos y organización realizados por grandes empresas únicamente serán objeto de ayuda si colaboran de manera efectiva con pequeñas y medianas empresas (en adelante PYMES) (definidas según lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, en la actividad objeto de ayuda y si las PYMES con las que colaboran corren con un mínimo del 30 % del total de los costes subvencionables, según establece dicho Reglamento, y sin perjuicio de lo que puedan disponer las posibles modificaciones del mismo. A todos los efectos, la responsable de la actuación frente a la Administración será únicamente la solicitante.
e) Proyectos de inversión ejecutados por PYMES: una inversión en activos materiales e inmateriales relacionada con la creación de un nuevo establecimiento; la ampliación de un establecimiento existente; la diversificación de la producción de un establecimiento en productos o servicios que anteriormente no se producían o no se prestaban en él; o una transformación fundamental del proceso global de producción del producto o productos o de la prestación global del servicio o servicios afectados por la inversión en el establecimiento, siempre relacionados con el desarrollo de modelos, sistemas y componentes del vehículo híbrido o vehículo eléctrico de pila de combustible de hidrógeno. Quedan excluidos los proyectos de vehículos eléctricos de baterías.
1. Tendrán la consideración de gastos financiables los que satisfagan lo establecido los artículos 31.1 y 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se encuadren en alguna de las categorías detalladas en los siguientes artículos.
2. Tendrán la consideración de gastos financiables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar, y que resulten estrictamente necesarios con base en la descripción de las actuaciones aportada en la memoria de solicitud. En ningún caso, el coste de adquisición de esos gastos financiables podrá ser superior al valor de mercado.
3. Para los proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y proyectos de innovación en materia de organización y procesos serán financiables las siguientes partidas de gasto:
a) Costes de personal. Los costes relacionados con los investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto o actividad pertinente. Podrán imputarse gastos al proyecto tanto de personal con contrato laboral, personal autónomo socio de la empresa y personal autónomo económicamente dependiente, según lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Para la justificación de los gastos, las beneficiarias deberán confeccionar partes horarios firmados por los empleados. El coste horario individual máximo y el coste horario medio del proyecto se determina en el apartado 6 de este artículo.
b) Costes de instrumental y material: Se aceptarán los gastos de amortización de instrumental y material en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto. En caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados y dentro de los límites marcados por la resolución de concesión.
En el caso particular del material fungible, se aceptarán los costes siempre que puedan relacionarse directamente con alguna de las actividades del proyecto y se justifique adecuadamente en la solicitud. Se limita el coste del material fungible al 10 % del presupuesto financiable del proyecto.
Para ser financiables, los costes de instrumental y material deberán ir asociados a un proyecto en cuyo presupuesto financiable se incluyan otras partidas de las indicadas en este apartado.
Los costes de instrumental y material no superarán el 60 % del presupuesto financiable del proyecto.
c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia. Queda expresamente excluida cualquier forma de consultoría asociada a la gestión y tramitación de la ayuda solicitada.
d) Gastos generales: son aquellos que forman parte de los gastos del proyecto enI+D+i, pero que por su naturaleza no se pueden imputar de forma directa por no poder individualizarse como, por ejemplo, el consumo eléctrico o de teléfono. Para su cálculo se aplicará un porcentaje del 15 por ciento sobre los costes de personal válidamente justificados, sin necesidad de aportar justificantes de gasto, de acuerdo con lo que dispone el artículo 83.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Para los proyectos de inversión ejecutados por PYMES, serán financiables los costes de la inversión en activos materiales e inmateriales, incluidos costes puntuales no amortizables directamente vinculados a la inversión y a la instalación inicial de la inversión y los costes salariales estimados relativos al empleo creado directamente por el proyecto de inversión, calculados a lo largo de un período de dos años, en las siguientes partidas de gasto:
a) Obra civil: inversiones materiales en urbanización y canalizaciones, con exclusión expresa de terrenos.
b) Edificación e instalaciones: inversiones materiales para la adquisición, construcción, ampliación o adecuación de naves industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados directamente al proceso productivo. Se podrán incluir en esta partida las inversiones correspondientes a líneas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables que los solicitantes implanten en sus instalaciones para su autoconsumo y que sólo podrán consistir en instalaciones de generación de electricidad renovable con tecnología fotovoltaica o eólica. El presupuesto financiable se limitará en función de la potencia instalada de conformidad con los siguientes costes unitarios:
En términos del cálculo de la ayuda a conceder, estas instalaciones tendrán una potencia instalada máxima de 5 MW. Los costes financiables relacionados con ellas se verán limitados por el menor de los dos valores siguientes:
1.º El presupuesto de inversión necesario para la implantación de la instalación, al que se le descuenta el coste unitario de la instalación de referencia (Cuf) (€/kW) de la tabla anterior, multiplicado por la potencia a instalar.
2.º El presupuesto que se derive de la aplicación de los valores del coste subvencionable unitario máximo (€/kW) de la tabla anterior, en función de la potencia a instalar.
c) Aparatos y equipos de producción: adquisición de activos fijos materiales vinculados a la producción y a los objetivos del proyecto. Quedan excluidos los elementos de transporte exterior.
d) Activos inmateriales: inversiones en activos inmateriales vinculados a la transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, conocimientos técnicos u otra propiedad intelectual, que cumplan las siguientes condiciones:
1.º se utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda;
2.º serán amortizables;
3.º se adquirirán en condiciones de mercado a terceros no relacionados con el comprador;
4.º estarán incluidos en los activos de la empresa beneficiaria al menos 3 años.
e) Gastos asociados al empleo creado directamente por el proyecto de inversión, siempre que cumpla las condiciones siguientes:
1.º Deberá crearse en los tres años siguientes a la finalización de la inversión;
2.º Se producirá un incremento neto del número de empleados en el establecimiento de que se trate, comparado con la media de los últimos 12 meses;
3.º Deberá mantenerse durante un período mínimo de tres años a partir de la fecha en que se haya cubierto el puesto por primera vez.
Se establecen los siguientes límites en la composición del presupuesto financiable:
i) Los costes de aparatos y equipos de producción deberán suponer al menos un 50 % del presupuesto financiable.
ii) La partida obra civil no podrá superar el 10 por ciento del presupuesto financiable total.
5. Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse individualmente tanto en la memoria siguiendo el modelo del anexo III de este real decreto, como en el cuestionario de solicitud. Asimismo, deberán imputarse a la partida correspondiente en el cuestionario de solicitud.
6. Son reglas aplicables a los conceptos de gasto financiable, las siguientes:
a) El equipamiento físico asociado al presupuesto financiable deberá ir provisto del correspondiente marcado CE o declaración de conformidad y número de serie.
b) Los costes de adquisición de activos fijos de segunda mano no serán financiables.
c) Para los gastos de colaboraciones externas, consultoría o ingeniería, no se podrán fraccionar las tareas que realice un mismo proveedor.
d) En el caso de que puedan existir operaciones con personas o entidades vinculadas al beneficiario, entendiéndose estas conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, sólo serán admisibles aquellas inversiones que cuenten con autorización expresa por parte del órgano gestor y se realicen de acuerdo con las condiciones normales de mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.7 de la Ley.
e) La adquisición de empresas no es financiable.
f) En ningún caso se consideran gastos financiables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, según establece el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la concesión.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
h) Respecto a las subcontrataciones entendidas en los términos que define el artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberán seguirse las siguientes normas:
1.º Sólo serán admisibles aquellas subcontrataciones que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.º No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, salvo lo dispuesto en su apartado d). En cualquier caso, en los contratos se mencionará si existe o no vinculación entre las partes.
3.º Las personas o entidades subcontratadas deberán estar al corriente en el momento de la contratación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Dicho cumplimiento deberá acreditarse en el momento de la justificación de inversiones con el correspondiente certificado vigente a la fecha de contratación.
i) Respecto a los bienes inventariables, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En particular, la entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la ayuda al menos cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, y dos años para el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la ayuda concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente. Además, en el caso de proyectos de la línea de inversión para PYMES, las inversiones deberán mantenerse en la zona beneficiaria al menos durante tres años en el caso de las PYME.
j) En ningún caso serán financiables los gastos financieros derivados del pago aplazado de inversiones o de otros motivos, las inversiones en terrenos, gastos de despliegue de infraestructuras para prestación de servicios, gastos de promoción y difusión del proyecto.
k) Los costes relativos al arrendamiento de activos materiales solo podrán tenerse en cuenta en el caso de aparatos y equipos de producción si el arrendamiento financiero incluye la obligación de que la entidad beneficiaria de la ayuda adquiera el activo al término del contrato de dicho arrendamiento.
l) El cálculo de los costes horarios del personal participante en proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y proyectos de innovación en materia de organización y procesos, y los gastos asociados al empleo en proyectos de inversión ejecutados por PYMES se calcularán como sigue:
i) Coste horario individual: para cada participante del proyecto, el coste horario individual se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
Donde:
Coste SS: coste de Seguridad Social desembolsado por cada empresa o entidad por el participante en el periodo contemplado. Las imputaciones de cuotas de seguridad social de los trabajadores autónomos no serán financiables, salvo que exista una norma de rango legal que declare el coste de seguridad social del autónomo exento de la base imponible del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y que sea la entidad solicitante la que realice el ingreso de las cuotas en lugar del trabajador;
Días trabajados año: periodo de tiempo durante el que el participante ha trabajado para la empresa durante el año en cuestión;
Horas convenio: horas de trabajo anuales contempladas en el convenio colectivo correspondiente para la categoría de personal específica.
El coste horario individual máximo financiable será de 65 euros.
En el caso de los trabajadores que cobren mediante factura (personal autónomo socio de la empresa o personal autónomo económicamente dependiente): el cálculo del coste-hora se realizará mediante el cociente entre las retribuciones satisfechas al trabajador y las horas dedicada al proyecto, teniendo en cuenta las exclusiones citadas para el personal laboral. No se aceptarán imputaciones de cuotas de Seguridad Social del trabajador autónomo, salvo que exista una norma de rango legal que declare el coste de Seguridad Social del autónomo exento de la base imponible del IRPF y sea la entidad beneficiaria la que realice el ingreso de las cuotas en lugar del trabajador.
ii) Coste horario medio del proyecto: el coste horario medio del proyecto se calculará a partir de los costes horarios individuales, de acuerdo con la siguiente fórmula:
El coste horario medio de proyecto financiable será de 45 euros como máximo.
1. Los proyectos que pretendan acogerse a la ayuda prevista en este real decreto deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Cumplimiento de requisitos previos para poder ser beneficiario.
b) Elegibilidad económica y técnica de la entidad solicitante.
c) Elegibilidad general del proyecto propuesto.
d) Racionalidad de la propuesta presentada.
2. Para acreditar el cumplimiento de requisitos previos para poder ser beneficiario se comprobará que la entidad solicitante cumple:
a) Ser una entidad con personalidad jurídica propia, legalmente constituida en España y debidamente inscrita en el registro mercantil o equivalente en función de la naturaleza jurídica del solicitante, que no forme parte del sector público, según establece el artículo 3
b) No estar incluida en ninguna de las restricciones que se detallan en el artículo 4.
3. La elegibilidad económica y técnica de la entidad solicitante se acreditará mediante la superación del umbral establecido según los siguientes criterios:
a) Para la acreditación de la experiencia de la entidad en la actividad objeto del proyecto o bien que sus accionistas o equipo directivo en una producción comercial o industrial, en planta piloto o a escala experimental, comparable (criterio b.1), se tendrá en cuenta lo siguiente:
i) se acreditará la entidad de la empresa cuando acredite la producción de bienes o servicios objeto del proyecto.
ii) se acreditará la experiencia de sus accionistas y/o equipo directivo mediante la vida laboral profesional de estos que incluya una justificación equivalente al párrafo anterior respecto de la entidad o entidades en las que motiva dicha experiencia.
La determinación de la puntuación exacta se realizará según la tabla descrita en el anexo II.
b) Para la acreditación de los criterios b.2), b.3), b.4) y b.5), se emplearán las cuentas depositadas en el Registro Mercantil correspondientes al último ejercicio para el que el solicitante tenga la obligación de realizar dicho depósito en función de la fecha de presentación de su solicitud.
En el caso de sociedades creadas en 2023 o creadas en 2022 que no tenga la obligación de haber realizado el depósito de sus cuentas en el Registro Mercantil en la fecha de presentación de su solicitud, se utilizará la liquidación del Impuesto de Sociedades. De no existir tampoco, se considerarán las cuentas provisionales formuladas a fecha de solicitud.
La comprobación de la elegibilidad se realizará con la documentación indicada en el artículo 20 de este real decreto, que podrá no ser validada motivadamente. Igualmente podrá requerirse documentación adicional sobre la formación de los elementos de las cuentas, y especialmente sobre el capital social, los fondos propios, la determinación de pasivos corrientes y a largo plazo, y cualquier otro elemento cuyo contraste sea necesario para la determinación de la situación económico-financiera real de la empresa.
En caso de discrepancia entre los valores imputados en el cuestionario o memoria de la solicitud y los valores que pudieran acreditarse con el Registro Mercantil o impuesto de sociedades, se adoptarán los valores que generen menores puntuaciones.
Los rangos de puntuación de los subcriterios se especifican en el anexo II. En el caso de que los criterios conduzcan a una indeterminación matemática se aplicará el valor mínimo del criterio correspondiente.
4. La elegibilidad general del proyecto propuesto comprobará el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Cumplimiento del efecto incentivador. Solo se podrá apoyar el proyecto si la solicitud de ayuda se presenta antes de la fecha de inicio de los trabajos, entendiendo como tal bien el inicio de los trabajos de construcción en la inversión, o bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga la inversión irreversible, si esta fecha es anterior.
b) Acreditación de la relación del proyecto con el desarrollo del vehículo híbrido o del vehículo de pila de combustible de hidrógeno, realizando una actividad de las incluidas en el anexo I de este real decreto.
c) Acreditación de que la solicitud se incluye en alguno de los tipos de proyectos relacionados en el artículo 6.1. Para los proyectos de los párrafos a), b), c) y d) esto se acreditará mediante informe de calificación de proyectos de I+D+i establecido en el artículo 21.2.i). Para proyectos del párrafo d), se acreditará mediante cumplimiento de la condición de que la empresa es una PYME y la motivación de la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales o un cambio esencial en el proceso general de producción de un establecimiento existente.
d) Garantizar que como mínimo un 50 % del presupuesto financiable indicado en la solicitud presentada por la empresa está constituido por conceptos que responden de forma indubitada a la naturaleza de la actividad a realizar y resultan estrictamente necesarios para la realización de la misma. Para cumplir esta condición, deberá existir una clara definición del proyecto y de los conceptos imputados en cada partida, deberá establecerse su vinculación con la naturaleza y los objetivos del proyecto. Para cumplir esta condición, en los proyectos establecidos en los párrafos a), b), c) y d) del artículo 6.1, se deberán presentar ofertas en firme de los proveedores que vayan a suministrar los activos incluidos en el proyecto, que contengan una descripción suficiente de los mismos que permita garantizar el cumplimiento del artículo 7.2. Adicionalmente, para proyectos encuadrable en el párrafo d) se deberán presentar ofertas correspondientes al 50 % de los gastos imputados en la partida «Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia», en su caso.
5. Para acreditar la racionalidad de la propuesta presentada, se diferenciará entre la tipología de proyectos:
a) Proyectos encuadrables en los párrafos a), b), c) y d) del artículo 6.1, se acreditará mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:
i) Presentación del informe de calificación establecido en el artículo 21.2.i) de este real decreto.
ii) Acreditación en el informe de la necesidad de las actividades de planificación de las que está compuesto el proyecto, y que deberán ser concurrentes con las que se detallen en la solicitud de ayuda.
iii) Acreditación de la adecuación del gasto aprobado por técnico experto que realiza el informe de calificación. A los efectos, se aceptará cuando el gasto sea igual o superior al 70 % del presupuesto solicitado.
b) Proyectos encuadrables en el párrafo d) del artículo 6.1, se a