Categoría: Administración

e las explicaciones ofrecidas deberían satisfacer los reproches de la calificación en este punto y justificar que el balance final de liquidación y la información complementaria ofrecen la mejor información a los socios tanto con el objeto de determinar el haber social repartible como de las consecuencias de la adjudicación.
El reproche que la calificación hace en este fundamento no puede mantenerse toda vez que, el balance de liquidación contiene la información exigida a este documento, facilitando conocer la situación patrimonial de Gestur en este momento, hallar la cuota de liquidación y repartir el haber social con claridad suficiente y de conformidad con los criterios que mantiene la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y la doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales expuesta en este recurso. Recordemos que el IVA que SEPES paga a Gestur no afecta a la cuota de liquidación y es consecuencia del propio acuerdo de adjudicación como ha quedado explicado si bien, por su relevante cuantía el liquidador ha querido reflejarlo en el balance de liquidación como consecuencia de la adjudicación que se propone a la Junta General de Accionistas. El IVA repercutido a SEPES tendrá transcendencia para el resultado de la liquidación de este impuesto en el momento en el que se presentó la declaración resumen anual de IVA el 30 de enero de 2023, pero no en la cuota de liquidación.
El segundo de los argumentos de la calificación defectuosa de la escritura se expresa del siguiente modo:
"2. A la vista del balance final insertado como aprobado figuran como activo diversas partidas que son, ‘Activos por impuesto corriente’ por importe de 1.243,32 euros y ‘Otros créditos con administración públicas’ por importe de 12.141,79 euros. Dichas cantidades no se han adjudicado a los socios. Por lo tanto, falta la adjudicación de las mismas en la liquidación como parte de su cuota de liquidación. Así mismo, en el texto de la certificación figura que la partida ‘otras deudas con administraciones públicas’, indicando que ‘son deudas a cobrar con Hacienda pública sobre todo por IVA, y del que no se ha iniciado el período de liquidación’, por lo que parece contradictorio lo expresado con lo indicado en el balance insertado y la no adjudicación de dichos importes que han indicado con anterioridad."
Debe señalarse que, en el momento de la celebración de la Junta General de Accionistas, 20 de diciembre de 2022, ninguno de los saldos con las Administraciones Publicas, a los que hace referencia la Registradora, se podían adjudicar a los accionistas porque no eran créditos líquidos de Gestur. Asimismo, debe indicarse que los períodos de liquidación del IVA son establecidos normativamente de modo que no habría que hacer una declaración expresa sobre este punto.
A la fecha de celebración de la Junta General de Accionistas, el 20 de diciembre de 2022 no se habían presentado aún todas las autoliquidaciones tributarias a las que estaba obligada Gestur ya que en esta fecha no era el plazo legalmente establecido para presentar las autodeclaraciones tributarias que determinan el nacimiento de los créditos y deudas contra o a favor de la Administración tributaria.
En la liquidación de sociedades es posible realizan, con posterioridad a la Junta General de Acreedores y al balance de la liquidación, repartos a los socios de los saldos que resultan del cobro o pago resultante de declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones tributarías y el pago de facturas pendientes de recibir y pagar a la fecha del balance de liquidación.
Por otro lado, en caso de surgir obligaciones tributarias desconocidas en su cuantía en el momento de la formulación del balance de liquidación podría hacerse frente bien, por medio de una provisión estimada en la liquidación de fondos propios o bien, mediante aportaciones adicionales de los accionistas en proporción a su cuota de liquidación.
Estos saldos no líquidos del activo del balance a los que hace referencia la Registradora se registraron en la contabilidad y en el Balance de liquidación bajo las partidas "5. Activos por impuesto Corriente", 1.234.32 euros y en la partida "6. Otros créditos con las Administraciones Públicas" por 12.141,79 euros. Todas las partidas a las que se refiere la Registradora se han explicado en el punto anterior al analizar el balance a 25 de mayo de 2023 que se adjunta a estas alegaciones para mayor claridad. En todo caso, repetiremos que los 1.243,32 euros corresponden a una solicitud de devolución de las retenciones en el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2021. Esta fue reconocida e ingresada a favor de Gestur por la Agencia Estatal de Administración Tributaria el día 21 de diciembre de 2022, con posterioridad a la Junta General de Accionistas y a la fecha del Balance de Liquidación. Esta cuantía responde a una solicitud de devolución que Gestur había realizado a la AEAT pero que se desconocía si finalmente iba a ser aceptada por la AEAT por lo que no es posible disponer de ella en el balance de liquidación de la Sociedad ni menos aún adjudicarla a los socios (…).
Interesa también explicar, para dar claridad a la respuesta al reproche de la Registradora, que, tal y como indica el Plan General Contable (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre), en su parte quinta de Definiciones y relaciones contables, la partida de 1.234,32 euros se deberá registrar en la cuenta contable "(4709) Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos" que recoge créditos con la Hacienda Pública por razón de devolución de impuestos, y de acuerdo con el modelo de Balance de Situación recogido en la parte tercera del PGC esta cuenta se recoge en la partida del Balance "5. Activos por impuesto Corriente", tal y como se ha registrado.
Respecto a los importes que recoge la partida del Activo del Balance de liquidación "6. Otros créditos con las Administraciones Públicas", por importe de 12.141,79 euros, se corresponden respectivamente; los 9.555,15 euros con las autoliquidaciones de IVA del 1.er, 2.º y 3.ertrimestre del periodo 2022 y la partida 2.586,64 euros es lo que se tenía contabilizado de IVA soportado a 20 de diciembre de 2022. De acuerdo con PGC en su parte quinta de Definiciones y relaciones contables, la partida de 12.141,79 euros se deberá registrar en la cuenta contable (4700) Hacienda Pública, deudora por IVA", Esta cuenta registra el exceso, en cada periodo impositivo, del IVA soportado deducible sobre el IVA repercutido, y de acuerdo con el modelo de Balance de Situación recogido en la parte tercera del PGC esta cuenta debe constar en la partida del activo del Balance "6. Otros créditos con las Administraciones Públicas", tal y como se ha registrado.
Respecto a los importes que recoge la partida del pasivo en el Balance de liquidación en "6. Otras deudas con Administraciones Publicas" al que hace referencia en su calificación la Registradora, el importe contabilizado dentro de esta partida por 593.402,59 euros es el IVA devengado con motivo de la contabilización de las facturas de entrega de los inmuebles a los socios, registrado a fecha 20 de diciembre de 2022. El PGC indica en su parte quinta de Definiciones y relaciones contables que la partida de 593.402,59 euros se deberá registrar en la cuenta contable (477) Hacienda Pública, IVA repercutido, y de acuerdo con el modelo de Balance de Situación recogido en la parte tercera del PGC esta cuenta se recoge en la partida del pasivo del Balance "6. Otras deudas con Administraciones Publicas", tal y como se ha registrado.
La operativa de la liquidación del impuesto sobre el valor añadido consiste en presentar las autoliquidaciones trimestrales, modelo 303, hasta el día 20 de los meses de abril, julio y octubre y el 4.º trimestre hasta el 30 de enero, y se complementa con el resumen informativo anual del IVA, modelo 390: que no se presenta hasta del 30 de enero del ejercicio siguiente. En cada liquidación trimestral, si el IVA soportado fuera mayor que el repercutido, se tendría un "potencial" derecho de cobro con Hacienda que se registraría contablemente cada trimestre y que se podría compensar en cada liquidación posterior en caso de que el IVA repercutido fuera superior que el soportado.
Expuesta de este modo la operativa del IVA y su reflejo contable, a continuación, se analiza la situación que refleja el Balance de liquidación a 20 de diciembre de 2022.
Como ya se ha explicado, las partidas del activo que se corresponden con el derecho de cobro frente a la Hacienda Pública por importe de 12.141,79 euros no son líquidos ni exigibles a fecha del Balance de liquidación, puesto que se pueden compensar en autoliquidaciones de IVA posteriores. No obstante, el PGC obliga a llevar un registro contable de los mismos. A fecha del Balance de liquidación, el IVA repercutido, registrado en el pasivo del balance, es de 593.402,59 euros.
El saldo resultante de la liquidación de IVA fue de 581.251,56 euros, cantidad declarada e ingresada en Hacienda con fecha 30 de enero de 2023, conforme a los plazos de liquidación del IVA. La partida de los 12.141,79 euros no se hizo líquida mediante compensación hasta el 30 de enero de 2023 –fecha en la que se tiene que hacer la autoliquidación del IVA–, con posterioridad a la Junta General de Accionistas y el Balance de liquidación formulado en la misma, 20 de diciembre de 2022.
En definitiva, las cuentas en las que se registra el IVA soportado (activo) y el IVA repercutido (pasivo) no reflejan derechos y obligaciones actuales de la Sociedad, sino que responden a la operativa del IVA, a los periodos de liquidación de este impuesto en el que la Sociedad debe presentar sus declaraciones trimestrales y el resumen anual de este impuesto. Por lo que no son deudas ni derechos líquidos y exigibles en el momento en el que se formula el balance de liquidación y no se pueden ni saldar ni adjudicar a los socios, como indica la Registradora, sino hasta que se presenten en el plazo legal las autodeclaraciones de IVA y se tenga conocimiento de la cantidad resultante de este impuesto.
Respecto 1.243,32 euros tampoco es un crédito que tuviera la Sociedad contra la AEAT sino una solicitud de devolución de Gestur a la AEAT cuyo reconocimiento se obtuvo después del balance de liquidación, de forma sobrevenida a éste y que podría haber sido denegada.
El tercero de los argumentos de la calificación negativa o con defectos es explicado por la Registradora del siguiente modo:
"3. Al sumar las valoraciones de los inmuebles independientes que figuran en la certificación recogidos en los cuadros de las páginas 5, 6, 7, 8 dan un total de '4.626.640,30 euros' que no coinciden con el importe que figura en el balance y en la certificación que es un total de ‘5.340.706,71 euros’, ni con los 4.747.304,12 euros y 593.402,59 euros de IVA referidos en el texto de la certificación. A su vez tampoco, coincide dicha cantidad con las cifras del balance aprobado en la partida que figura en el balance como ‘deudores varios’, tampoco coincide con la ‘valoración conjunta por localidades’ según el cuadro insertado en la página 9, y a su vez, tampoco coincide con cada una de las valoraciones que se indican en la escritura (descripción de las fincas), ni con las adjudicaciones de la página 10 de la certificación."
La disparidad de valores que señala la Registradora tiene su explicación en el informe que se incluye en la escritura pública de liquidación, si bien la calificación negativa que es objeto de recurso determina la necesidad de profundizar en ella.
El valor de tasación de los inmuebles que figuran recogidos en los cuadros de las páginas 5 a 8 de la escritura (UT5072495 a UT5072494) es de 4.626.640,30 euros como indica la Registradora y se desglosa en los siguientes inmuebles:
1. Polígono de (…): 1.555.066,50 euros.
2. Polígono (…): 2.690.342,43 euros.
3. Polígono (…): 135.384,18.
4. Calle (…) oficina sede social: 245.847,19 euros.
La diferencia entre este valor y el que figura en el balance final de liquidación y la certificación del acta del acuerdo de la Junta General de Accionistas (5.340.706,71 euros) se debe a dos circunstancias; por un lado, a que dos de los citados inmuebles (Polígono […]), están incluidos en el balance de liquidación, "otros deudores", con el 21 % del IVA (como ya se ha explicado), el cual suma un total de 593.402,59 euros y, por otro lado, a que el inmueble Polígono de San Lázaro figura registrado en el balance de liquidación, por acuerdo de los socios, no por su valor de tasación, sino por el importe de su valor catastral aprobado por la Administración catastral para el ejercicio 2022 con posterioridad a la tasación de los inmuebles y que asciende a 1.675.730,32 euros. Esta última, es una decisión de los accionistas que se explica en el acta de la Junta General, según consta en la escritura pública presentada para su calificación. No obstante, para facilitar su lectura se trae a estas alegaciones la explicación que consta en la escritura pública, así:
"Al objeto de disponer de valores de mercado actualizados de los Inmuebles que conformaban el patrimonio de Gestur y calcular las cuotas de reparto del patrimonio societario en la liquidación, aquellos fueron tasados en septiembre de 2021 por SEGIPSA, siendo los valores, los que figuran en las páginas 5 a 8 de la escritura y que suman un total de 4.626.640,30 euros, según el detalle que se incluye en el primer párrafo.
ADER manifestó su disconformidad por el incremento de valor del Inmueble Polígono de San Lázaro, por lo que los socios acordaron de forma unánime en la Junta Extraordinaria celebrada con fecha 26 de enero de 2022 llevar a cabo una nueva tasación de este inmueble, que dio como resultado un valor similar al que tenía en 2021 (antes de los informes de tasación de SEGIPSA). Ambos socios mostraron su conformidad con la nueva valoración, notablemente más baja que la anterior.
No obstante, en octubre de 2022 fueron notificados los recibidos de IBI, verificándose que el valor catastral de los inmuebles incluidos en el Polígono de (…) se habían incrementado en torno a un 37 % respecto al ejercicio anterior, situándose muy por encima de la última tasación. Tras realizar una consulta a la Gerencia Territorial de Catastro en la Rioja, se verificó que, en enero de 2022, dicho Organismo había iniciado un procedimiento de valoración colectiva en el municipio de (…), y como consecuencia se había revisado el valor catastral de estos inmuebles, pasando a cuantificarse en un total de 1.675.730,32 euros.
El artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TRLITP-AJD), tras la reforma operada por la Ley 11/2021 establece lo siguiente:
‘… A efectos de este impuesto, salvo que resulte de aplicación alguna de las reglas contenidas en los apartados siguientes de este artículo o en los artículos siguientes, se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado.
No obstante, si el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada por ambos son superiores al valor de mercado, la mayor de esas magnitudes se tomará como base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas.’
Por su parte, el apartado segundo de este artículo especifica:
‘2. En el caso de los bienes Inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto.
No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada, o ambos son superiores a su valor de referencia, se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes.
Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada o el valor de mercado.’
En base a lo anterior, desde julio 2021, la base imponible de ambos impuestos ya no es el valor real, sino el valor de mercado, y por ello en el caso de los inmuebles se presume que dicho valor de mercado es el valor de referencia del Catastro. Se trata de una presunción que, no obstante, admite prueba en contrario.
En octubre 2021 el Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó los mapas que ayudarían a determinar los valores de referencia de los inmuebles en 2022. La normativa establece que el valor de referencia no puede superar el valor de mercado, para lo que se aplica un coeficiente de minoración del 0,9 % tanto para inmuebles urbanos como para rústicos. Estos valores de referencia afectarían a los adquirentes de inmuebles a partir del 1 de enero de 2022 que tengan que tributar por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y/o por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Tras realizar la correspondiente consulta a la sede electrónica del Catastro, se pudo obtener certificación negativa que acreditó la inexistencia de valor de referencia de los citados inmuebles para 2022.
Ante esta situación, Cofivacasa transmitió a los socios que la existencia de un valor catastral superior al de tasación podría entrañar el riesgo de que la Administración pudiera entablar un futuro procedimiento de comprobación de valores, si el valor asignado a estos inmuebles a efectos liquidatorios mantiene una diferencia a la baja sustancial con el valor catastral vigente.
Ante la falta de valor de referencia de estos inmuebles se entiende, que tomar como valor de mercado el de la última tasación (realizado por la entidad tasadora Rabanaque y Asociados), sin mayor justificación o soporte que la recogida en su informe, implicaría un riesgo muy elevado de que la Administración Tributaria cuestionara el valor declarado a efectos liquidatorios, por los motivos ya expuestos.
Dado que el artículo 10.2 del TRLITP-AJD indica que ante la falta de valor de referencia como base imponible la Administración Tributaria procederá a realizar comprobaciones administrativas del valor de los inmuebles, y a tal fin, existían altas posibilidades de que en este proceso la Administración Tributaria no aceptara el valor declarado por los interesados, tratando de certificar que el valor de mercado de estos inmuebles se sitúa en el entorno de otro valor publicado por la propia Administración actuante, como recoge el artículo 57 LGT, en este caso, el valor catastral.
Por su parte, La empresa tasadora (Rabanaque y Asociados) ratificó la valoración emitida en marzo de 2022 sin aportar mayor soporte argumentativo en relación a la diferencia con la valoración catastral. Antes esta situación, se consideró más adecuado que los citados inmuebles fuesen incluidos en el balance final de liquidación a un precio de mercado equivalente a su valor catastral de 2022."
Por otro lado, la Registradora advierte de la diferencia con la valoración conjunta de localidades según el cuadro insertado en la página 9 de la escritura. Este hecho se produce por la misma razón, el cambio de valor, valor catastral frente al valor de tasación, en el balance de liquidación del Polígono de San Lázaro.
Por último, debe aclararse que la adjudicación de los inmuebles se ha realizado por el valor neto contable del balance de liquidación, que asciende a 4.747.304,12 euros (…).
En definitiva, las distintas cifras que advierte la Registradora tienen una explicación detallada en la propia escritura pública calificada siendo coherentes con las operaciones realizadas por el Liquidador y con la valoración que se ha aceptado por los socios para cada inmueble al objeto de determinar el haber líquido partible.
La cuarta causa justificativa de la calificación defectuosa de la escritura pública de liquidación de Gestur se motiva por la Registradora con el siguiente argumento:
"4. Respecto del importe de 9.371,02 euros. En uno de los párrafos de la certificación y escritura se indica que no es repartible la cantidad de 9.371,02 euros dado que son acreedores como consecuencia de la liquidación (la cantidad se descuenta de la partida tesorería antes del reparto), así mismo, se indica que será asegurada en la cuenta bancaria de Bankinter, SA. Seguidamente, en la certificación figura en la página 3, que 'Gestur no tiene deudas sociales pendientes de liquidar y se satisfecho todos los créditos con sus acreedores', sin embargo, dicha cantidad se ha detraído del activo según indica el informe. En el informe de liquidación a su vez, figura que los conceptos de las cantidades indicadas son entre otros por ejemplo, la comunidad de propietarios, la electricidad, la seguridad social, retenciones de IRPF, etc., etc., y por tanto, a la vista de los ‘conceptos indicados’ no parece ser acreedores residuales de los gastos de liquidaciones sino en sí son acreedores de la sociedad, y que por tanto, deberían figurar reflejados en el balance final como pasivo.
La cantidad a la que se refiere la Registradora es de 9.371,02 euros, partida de tesorería no disponible, es acordada por los socios para atender a los gastos que se originen después de la liquidación, posteriores al balance final. Esta cantidad pretende asegurar el pago de acreedores cuyo crédito nacerá o se determinará o será exigible después de la aprobación del balance de liquidación. Se trata de servicios como los del propio Notario o el Registrador o deudas cuyo periodo de liquidación no ha concluido al tiempo de celebrarse la Junta General como por ejemplo es el IVA o el Impuesto por el incremento del valor de las fincas adjudicadas, tal y como se ha indicado en el informe. En definitiva, es una partida prevista por los accionistas para atender deudas que se sabe que existirán, pero no son liquidas ni exigibles en el momento de aprobarse el balance de liquidación, si bien han sido calculada con la mejor estimación y experiencia por el liquidador.
El detalle de la estimación de esta tesorería no repartible facilitada a los accionistas es el siguiente: (…).
Esta cantidad Gestur entiende que debe deducirse del haber social repartible para atender gastos que se producirán después de este reparto, en una mejor práctica de la liquidación que evita que con posterioridad al reparto de los bienes deba reclamarse a los socios en proporción a su cuota cantidades para atender deudas cuya existencia y exigibilidad se conoce que se producirá después de la aprobación del proyecto de reparto.''
El artículo 247.2.3.ª del Reglamento del Registro Mercantil dispone que:
"2. Si la sociedad extinguida fuera anónima, de responsabilidad limitada o comanditaria por acciones, se presentará en el Registro la correspondiente escritura pública en la que consten las siguientes manifestaciones de los liquidadores:
3.ª Que se ha procedido a la satisfacción de los acreedores o a la consignación o aseguramiento de sus créditos, con expresión del nombre de los acreedores pendientes de satisfacción y del importe de las cantidades consignadas y de las aseguradas, así como la entidad en que se hubieran consignado y la que hubiera asegurado el pago de los créditos no vencidos."
A juicio de Gestur este artículo del Reglamento Registro Mercantil se ha cumplido planamente toda vez que la consignación o aseguramiento de los créditos que prevé se refiere a las deudas de la sociedad posteriores a la liquidación que, en el momento de aprobar el balance o bien no han nacido (porque los servicios no se han prestado) o no son líquidas (porque no se han determinado los impuestos o no se han girado las facturas).
Pensemos por ejemplo en los gastos de notaría o los de registro mercantil, gastos que se producirán necesariamente en fecha posterior a la del balance final de liquidación, no es posible consignar o asegurar la deuda en les términos estrictos del artículo 247.2.3.ª del RRM, pero si es posible hacer una previsión razonable de gastos que se sustraída del reparto y se disponga para estos gastos de la liquidación.
Otro ejemplo es la plusvalía por el impuesto sobre incremento valor terrenos naturaleza urbana en las adjudicaciones de inmuebles. Estas deudas no serán líquidas hasta que sean calculadas, y comunicadas a Gestur, por los respectivos Ayuntamientos.
Igualmente ocurre con el IVA cuyo periodo de autoliquidación del 4.º trimestre y el resumen anual se debe realizar el 30 de enero de 2023 y hasta este momento Gestur podría deudora o acreedora de la AEAT.
Estos saldos por gastos futuros no son por tanto acreedores, y suelen reflejarse en el balance de liquidación como una provisión para gastos de liquidación, de acuerdo con la mejor técnica de liquidación aplicable.
Lo pretendido por la Registradora mercantil de Logroño es de imposible cumplimiento y realización. Se sostiene que la solución más adecuada, sin necesidad de calificar la deuda como sobrevenida cuando se sabe que existirá, es disponer en el balance de liquidación de la provisión para gastos de liquidación, por las siguientes razones:
– Hasta que no se aprueba el balance en Junta General no se inicia el proceso de concreción, y posterior facturación y pago de determinados gastos. Entre estos están siempre los gastos de Notaría y Registro Mercantil.
– Existen partidas de saldos con Hacienda que aún no son líquidos porque la liquidación de la sociedad no coincide con los periodos en que deben hacerse las declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones tributarias, como el IVA o el Impuesto de Sociedades.
– Se generarán nuevos saldos con Hacienda como consecuencia de las facturas posteriores al balance de liquidación, entre otras y necesariamente por las facturas de Notaría y Registro Mercantil.
– Se siguen generando obligaciones con Hacienda, al menos hasta el Impuesto de Sociedades en julio del ejercicio siguiente al de la fecha de la calificación del Registro Mercantil. En este caso, julio de 2024.
– La cuenta corriente bancaria debe seguir abierta hasta la devolución del último IVA reclamado a Hacienda.
– Dicha cuenta corriente sigue generando gastos de comisiones hasta que es posible su cierre tras la finalización definitiva de la liquidación
– En este caso existen también los impuestos de plusvalías pendientes de liquidar por los Ayuntamientos.
– Las facturas de los consumos de electricidad, comunidad de propietarios u otros similares, estimadas en 200 euros –cantidades absolutamente residuales– no se cierran a la fecha de la celebración de la Junta General de Accionistas, ni se emiten las facturas en esta fecha, el 20 de diciembre de 2022, por lo que debe ajustarse entre Gestur y el socio que fuere adjudicatario de las fincas correspondiente a la que le fuera imputado el gasto.
La solución de dicha provisión ha sido admitida por distintos Registros Mercantiles en liquidaciones gestionadas por Cofivacasa sin ningún tipo de reproche por sus titulares.
Interesa, en este momento, toda vez que se repite en la calificación defectuosa de la Registradora resaltar la negativa de ésta en admitir una provisión en el balance de liquidación para atender a los gastos de liquidación posteriores a la aprobación del balance de liquidación por Junta General, por lo que se optó por seguir sus instrucciones y proceder a la apertura de una cuenta corriente en la entidad Bankinter para depositar estas cantidades.
Por otro lado, en el escrito de calificación de la Registradora se cuestiona el tratamiento que se ha hecho en el balance de las deudas tributarias llegando a considerarlas como créditos contra las Administraciones Públicas.
Como se ha expresado anteriormente en este punto, no es posible repartir unas partidas que están pendientes de la liquidación del impuesto –como ocurre con el IVA– o cantidades que han sido objeto de solicitud de devolución a la AEAT pero que aún la Administración Tributaria no ha resuelto esta solicitud se ha señalado en el fundamento anterior.
A título de ejemplo es posible consultar por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública otras operaciones de liquidación inscritas en los correspondientes Registros Mercantiles en las que se ha procedido de igual manera que en este caso, disponiendo una provisión para gastos (si bien, no en una cuenta distinta a las propias sociedades en liquidación) y fueron calificadas favorablemente por otros Registradores Mercantiles (…).
Todas estas operaciones han sido aprobadas por seis Registradores Mercantiles distintos, admitiendo en el balance de liquidación una provisión para atender a los gastos de liquidación posteriores a la aprobación del balance de liquidación por Junta General. Entre ellos, los honorarios del propio Registro Mercantil (…).
Estas cantidades provisionadas constan en los balances de liquidación y se explican expresamente en las Juntas Generales, constando en las respectivas actas.
En caso de que la provisión fuera insuficiente, los socios quedarán obligados al pago de dicho exceso.
En caso de que quedare sobrante una vez finalizada definitivamente la liquidación, y cerrada la cuenta corriente, se repartirá entre los socios dicho sobrante en función de su participación en el capital.
Este proceso es transparente para los socios, que son informados periódicamente de los gastos atendidos con dicha provisión (…).
Con el objetivo de dar mayor claridad a la propuesta de Gestur, es de interés en este recurso exponer la regulación en el plan general de contabilidad vigente de las cuentas de acreedores y de las provisiones ya que la Registradora es contraria a la propuesta expuesta en el balance de liquidación y Gestur trata de acreditar que con ella se ofrece a los accionistas la mejor imagen de la situación de la liquidación y el patrimonio de la sociedad en orden al reparto del haber social y las consecuencias del acuerdo de reparto.
1. ¿Cómo regula el PGC la cuenta de acreedores?
''410. Acreedores por prestaciones de servicios."
Deudas con suministradores de servicios que no tienen la condición estricta de proveedores.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a.1) Por la recepción "a conformidad" de los servicios, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 62.
En el caso que nos ocupan no se han recibido a conformidad los servicios.
A la fecha del balance de liquidación es imposible que se hayan recibido, por ejemplo, los servicios de la notaría elevando a escritura pública el acuerdo de liquidación, o del Registro Mercantil.
Del mismo modo se produce con los impuestos de plusvalía por la adjudicación de los inmuebles, o de los cargos de comisiones bancadas mensuales que se devengarán mientras la cuenta bancada siga abierta hasta la liquidación definitiva de la sociedad.
La conclusión es que según la regulación del PGC no es posible contabilizar estos gastos futuros de la liquidación en la cuenta de acreedores.
2. ¿Cómo regula el PGC la cuenta de provisiones?
14. Provisiones.
140. Por retribuciones a largo plazo al personal.
141. Para impuestos.
142. Para otras responsabilidades.
143. Por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.
145. Para actuaciones medioambientales.
146. Para reestructuraciones.
147. Por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.
De las distintas provisiones posibles se aplicarían a nuestro caso la 142. Para otras responsabilidades.
La definición en el PGC de estas obligaciones es: Obligaciones expresas o tácitas a largo plazo, claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, pero que, en la fecha de cierre del ejercicio, son indeterminadas en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se producirán.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo no corriente del balance.
La parte de las provisiones cuya cancelación se prevea en el corto plazo deberá figurar en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe "Provisiones a corto plazo"; a estos efectos se traspasará el importe que representen las provisiones con vencimiento a corto a las cuentas de cuatro cifras correspondientes de la cuenta 529.
142. Provisión para otras responsabilidades.
Pasivos no financieros surgidos por obligaciones de cuantía indeterminada no incluidas en ninguna de las restantes cuentas de este subgrupo; entre otras, las procedentes de litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones derivados de avales y otras garantías similares a cargo de la empresa.
Este tipo de gastos futuros cumplen con los requisitos para contabilizarlos como provisiones:
Se sabe que se producirán los gastos, y se conoce su naturaleza, pero a la fecha de aprobación del balance de liquidación:
– Es indeterminado su importe exacto.
– Se desconoce la fecha exacta en que se materializarán.
La conclusión a la que debemos llegar es que, según la regulación del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, estos gastos futuros de la liquidación deben ser contabilizados como provisiones para otras responsabilidades.
Por lo expuesto en esta alegación, Gestur estima que el balance final de liquidación refleja de acuerdo con las exigencias legal a este documento la situación de la Sociedad en el momento de celebrarse la Junta de Acreedores y con suficiente explicación para rendir cuentas a los socios sobre las operaciones de liquidación y justificación para fijar la cuota de liquidación.
Esta conclusión debe mantenerse incluso en el supuesto de que la Dirección General estimara que pudiera haberse reflejado de otro modo la situación de las cantidades destinadas para satisfacer los gastos futuros de continua referencia en este fundamento ya que la forma en la que se han reservado estas cantidades en la cuenta abierta en Bankinter y la explicación que se ha ofrecido no perjudica en nada la finalidad de la liquidación ni a los derechos de los accionistas o de terceros. Por el contrario, la reserva de ciertas cantidades para atender gastos que se sabe que se producirán, aunque se desconozca su cuantía, evita tener que pedir a los socios aportaciones después de extinguida la sociedad y agiliza los pagos a estos acreedores.
El argumento quinto que encontramos en la calificación de la Registradora sustituida se explica del siguiente modo:
"Así mismo, las manifestaciones respecto de los acreedores que figuran en los apartados d) y f) no son acordes con la liquidación realizada conforme al artículo 247.2.3 RRM, por lo que debe ser subsanado en la forma pertinente.
Respecto de la manifestación de la escritura que ha abierto una cuentas en la entidad de Bankinter y que ‘se va a proceder a la consignación de cantidades pendientes’ tampoco es suficiente la manifestación ya que deben dichos importes estar consignados los acreedores en la cuenta de la entidad, es decir, la manifestación debe ser completada identificando que se ha realizado ya dicha consignación (no que se consignará), expresando la identificación de cada uno de los acreedores con el importe de la cantidad asignada a cada uno en dicha cuenta bancaria ‘en cumplimiento del artículo 247.2,3.ª del R.R.M.
Una vez realizada esta operación en la liquidación completas habiendo pagado o consignados los importes a los acreedores, el activo restante es el que debe adjudicarse a los socios como cuota de liquidación final y no como ahora una estimación."
Para dar claridad a la respuesta al reproche de la Registradora conviene traer a este recurso los puntos d) y f) de la escritura pública pendiente de inscripción a los que se alude en la calificación, así:
En la letra "d) Que, en la actualidad, a salvo las deudas con las administraciones públicas que se indican en el balance y cuyo importe va a quedar consignado en la cuenta en Bankinter, SA que se menciona en la certificación protocolizada, la sociedad mercantil estatal, Gestión Urbanística de La Rioja, SA en liquidación no tiene deudas sociales pendientes de liquidar, y ha satisfecho todos los créditos con sus acreedores, quedando constancia de ello en el Balance de Liquidación debidamente aprobado. Del mismo modo, la sociedad ha concluido todos los contratos con proveedores, no cuenta con personal en plantilla ni existen contenciosos o procedimientos judiciales en trámite, de todo ello han sido informados los socios con más detalle en el informe de liquidación que se les ha hecho llegar previamente a la celebración de la Junta. Dicho informe de liquidación, de fecha 16 de diciembre de 2022, queda unido a la presente a solicitud del liquidador, previa legitimación de su firma por el reconocimiento de la misma hecho en mi presencia por Don M. M. H. V., dejo unida a la presente.
Asimismo manifiesta que no existen obligaciones emitidas, pendientes de desembolso y/o amortización".
Las deudas con las administraciones públicas no son otras que los impuestos a los que se hace referencia reiteradamente en este recurso y cuya liquidación mediante la oportuna autoliquidación sólo pueden hacerse en el plazo legalmente establecido, en la cuantía que en el momento de presentar la autoliquidación se determine. De modo que, no es posible aplicar el régimen del artículo 274.1.3.ª RRM ya que no estamos en presencia de una deuda de cuantía determinada, es más, sería posible que, en lugar de pagar, se pudiera obtener una devolución a favor de Gestur. La estimación que realiza el Liquidador cumple todas las exigencias para rendir cuentas a los socios y para poder estimar su cuota de liquidación. Ciertamente, quizás la expresión "deudas con las Administraciones públicas" ha podido confundir a la Registradora, pero, del propio balance de liquidación, resultan las cuentas en las que se registran las partidas de IVA que se habrán de liquidar el 30 de enero de 2023 y de las que se puede fácilmente deducirse que la deuda no existe en el momento de aprobar el balance, sino que resultará, en su caso, en el momento de presentarse la autoliquidación del IVA, como así se produjo.
En la letra "f).–Quiere dejar constancia el representante de la entidad liquidadora única, en la presente escritura que, en cuanto a gastos futuros que se devenguen como consecuencia de la liquidación, y al objeto de cumplir con las exigencias de lo recogido en el art. 247.2 apartado tercero del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, se ha abierto una cuenta bancada en la entidad Bankinter con IBAN (…), en la que se va a procederá la consignación de aquellas cantidades pendientes de satisfacción a los acreedores, tales como honorarios notariales o registrales derivados de la liquidación o, cantidades correspondientes al cumplimiento de las obligaciones fiscales en curso. Queda unido a la presente, certificado expedido por la entidad Bankinter, SA, acreditativo de la Titularidad de la cuenta abierta en dicha entidad a nombre de sociedad mercantil estatal, Gestión Urbanística de La Rioja, SA en liquidación. Respecto de cualquier otro ingreso o gasto que pueda surgir como consecuencia de la liquidación y que exceda de las cantidades a tal efecto presupuestadas en el Balance final, será repartido y puesto a disposición de cada uno de los socios en proporción a su participación en el capital social, todo ello a través del representante del Liquidador Único".
El apartado f) al que hace referencia la Registradora se estima correcto. Se ha abierto una cuenta nueva para dichos gastos futuros, posteriores a la fecha del balance de liquidación, siguiendo el criterio de la Registradora a pesar de que la práctica y propuesta de Cofivacasa era mantener una provisión en la cuenta actual de Gestur, como se puede observar en las escrituras de liquidaciones precedentes en las que ha intervenido y de las que se ha hecho referencia y han sido aceptadas por los Registradores que practicaron la inscripción correspondiente. Con la expresión "deudas pendientes de satisfacer a los acreedores" no se ha querido sino indicar la existencia de gasto futuras que se sabe que existirán pero que aún no han nacido o no están determinadas en su cuantía. Es posible que la expresión empleada en este párrafo no se la más afortunada si hacemos una interpretación literal y estricta, pero, entendemos que en conexión con el resto de la escritura pública no puede quedar duda de que las deudas a las que se hacer referencia son aquellas que nacerán y serán exigibles después del balance final de liquidación. Los ejemplos que se incluyen en el párrafo así lo ponen de manifiesto, "honorarios notariales o registrales derivados de la liquidación" o las obligaciones fiscales del ejercicio.
En cuanto a los honorarios notariales se desconoce incluso quien será el acreedor. En cuanto a los honorarios registrales, si bien se conoce el acreedor, en el momento de aprobar el balance de liquidación, ni siquiera se han solicitado sus servicios.
La seguridad del pago se ha pretendido hacer consignando en la cuenta de Bankinter una estimación de los gastos futuros que, no puede ser determinadas con mayor precisión que la que se ha realizado según se explicó en el fundamento anterior.
De los pagos que se vayan realizando en dicha cuenta se informa al accionista con total transparencia.
En esta liquidación, además ha sido necesario solicitar a los accionistas un desembolso adicional, por gastos sobrevenidos que no se previeron (…).
Dicha carta de 4 de abril de 2023 fue remitida por correo electrónico de mismo día, y adjuntaba entre otros documentos las liquidaciones de IBIs de 2020 y 2021 recibidas, y se acompañaba detalle de los movimientos de la cuenta de Bankinter, y certificado de titularidad de Gestur de dicha cuenta.
A continuación, pasamos a detallar los movimientos de la cuenta de Gestur en Bankinter desde su apertura.
En amarillo se resaltan los cobros y pagos de obligaciones sobrevenidas por IBIs de ejercicios anteriores, explicados en dicha carta de 4 de abril (…).
La Registradora parece estimar que el reconocimiento que hace la Junta de General de Accionistas de la certeza de que se produzca una deuda después de la aprobación del balance final de liquidación requeriría el tratamiento que dispone el artículo 247.2.3.ª del RRM. No obstante, entendemos que no perjudica la finalidad del balance de liquidación y su inscripción, el reconocimiento que hace la Junta General de Accionistas de futuras deudas que siendo conocida su existencia posterior a la aprobación del balance final de liquidación se desconoce su importe o incluso su deudor en ese momento. Estas cantidades no pueden satisfacerse o consignarse sino estimarse y asegurarse, en lo posible, pero sin la precisión que indica el artículo 247.2.3.ª del RRM y que entendemos suficientemente cumplido el objeto de garantizar su pago y la más adecuada expresión de la imagen fiel del patrimonio partible. Por esta razón, no se encuentra perjuicio alguno a los derechos de los acreedores o deudores ni a ninguno de los accionistas en la forma en la que se ha procedido a la liquidación, redacción del balance de liquidación y adjudicación de los bienes resultantes del haber social.
El fundamento sexto de la calificación de la Registradora indica:
"5. En la paginas 10 y 11, aparecen las adjudicaciones realizadas a los socios con unas serie [sic] de operaciones, por tanto, dado que las valoraciones y cifras citadas anteriormente tienen defectos no es posible calificar íntegramente las adjudicaciones y los cálculos indicados."
La calificación debe referirse a las páginas 10 y 11 del certificado del acuerdo la Junta General de Accionistas que aprueba la liquidación. Entendemos que la cuestión que vuelve a plantearse la Registradora en este punto se refiere a las tasaciones de las fincas adjudicadas y a los valores de adjudicación que han sido aclarados pormenorizadamente en los fundamentos anteriores de este recurso.
Por tanto, no habría defectos que impidieran calificar íntegramente dichas adjudicaciones y cálculos.
El fundamento séptimo de la calificación defectuosa de la escritura literalmente señala que:
"6. En las operaciones de liquidación se ha adoptado la compensación por parte del socio minoritario (Ader) al socio mayoritario (Sepes) del exceso del importe de cuota de liquidación recibido por los bienes ‘in natura’ en una la cantidad de 396.158,72 euros, que se indica a su vez que será ingresado en la cuenta de la sociedad en metálico. Por lo tanto, deberá ser acreditada dicha cantidad para poder calificar operación de la adjudicación como completada.
A la vista de las cantidades anteriormente indicadas con defectos no es posible determinar si dicho importe es correcto o no, por lo que no es posible la calificación integra de las operaciones indicadas."
El fundamento transcrito de la calificación del acuerdo de liquidación de Gestur es una consecuencia de la tesis mantenida por la Registradora sobre el balance de liquidación, de modo que, rechaza el importe de la compensación acordada por los socios por estimar que este balance está equivocado.
La motivación de Gestur contra este defecto debe comenzar por reiterar la justificación que se ofrece en el acuerdo de liquidación, incluido en la escritura pública, a la valoración de la adjudicación de los inmuebles, como ya se ha tratado en este recurso.
Del mismo modo, también se ha explicado las previsiones que en la liquidación se han hecho sobre los gastos futuros que nacen o concretan después de aprobado el balance de liquidación.
En cuanto al pago de la cantidad de 396.158,72 euros fue realizado por ADER a SEPES con fecha 22 de febrero de 2023 (…).
La compensación entre los socios del exceso de adjudicación no procede ser ingresada a Gestur –como señala la Registradora– sino a la cuenta de SEPES para compensar la tesorería y los inmuebles recibidos como cuota de liquidación.
Entendemos que la justificación del pago por ADER a SEPES debería ser suficiente para entender cumplida esta exigencia de la Registradora.
El octavo de los fundamentos de la calificación defectuosa advierte que:
"7. Se han incluido en la escritura cuatro facturas, de fechas 20 de Diciembre de 2012, emitidas por Gestur a las empresas Sepes (entidad pública empresarial del suelo) y Ader (Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja) con UN concepto en cada una de ellas que es ‘transmisión de fincas’ (correspondiente a cada uno de los bloques de fincas indicados por localidad) por un total de 5.340.706,71 euros, y se acompaña de una trasferencia de fecha 19 de enero de 2023 de ‘Sepes a Gestión Urbanística de La Rioja SA por 593.402,59 euros’ por concepto de IVA, sin embargo, según las operaciones realizadas en página 10 y las ‘aclaraciones redactadas’ en la certificación la cantidad el IVA ya figuraba incluido en el balance en la cantidad de ‘5.340.706,71 euros’ y lo único que se realizaba como acuerdo es una compensación entre los socios por importe por un importe total de 396.15,72[sic]euros (diferencia del exceso mediante una trasferencia en metálico) por lo que los documentos incluidos no coinciden con las operaciones de liquidación de la escritura.
Este argumento de la calificación la Registradora es consecuencia de rechazo al balance final de liquidación por lo que, en este fundamento de la calificación se reitera lo expuesto en otros puntos previos de la calificación registral. Por esta razón entendemos que los defectos que señala ya han sido considerados en esta impugnación. No obstante, para dar mayor claridad reiteramos ahora, sucintamente, los argumentos expuestos.
La cantidad 5.340.706,71 euros que reflejan las facturas a las que se refiere la Registradora se corresponde con las adjudicaciones de las fincas y se componen de dos valores:
– El valor de adjudicación de los inmuebles que asciende a 4.747.304,12 euros.
– El IVA facturado por importe de 593.402,59 euros.
La cantidad 593.402,59 euros corresponde al IVA de la adjudicación de las fincas a SEPES que se registra en el balance de liquidación porque se estimó por el Liquidador necesario reflejar las consecuencias económicas de la adjudicación de las fincas (…) y (…) en orden a ingresar este IVA repercutido en Gestur. Las facturas se emitieron el 20 de diciembre de 2022 –la Registradora por error indica 2012–, fecha de celebración de la Junta General de Acciones y aprobación del balance final de liquidación y del reparto del haber social.
La Registradora señala que ‘lo único que se acordó es una compensación’, no obstante, la Junta General de Accionistas acordó la compensación de ADER a SEPES como consecuencia necesaria del acuerdo de reparto adoptado ya que ADER recibió un exceso de adjudicación que lógicamente debía ser compensado a SEPE. Es decir, no sólo se acordó por los socios que SEPES debía ser compensado por ADER para cumplir la cuota de liquidación, también se acordó el reparto de las fincas y de la tesorería, en definitiva, el reparto del haber social.
La cifra 396.158,72 euros es la compensación que debe pagar ADER a SEPES en metálico por el exceso de adjudicación de inmuebles y así se explica en el acuerdo de reparto incluido en la página 10 de la certificación del acta del acuerdo de la Junta General de Accionistas (…).''
Las siguientes consideraciones que contiene la calificación de la Registradora advierten de las discordancias entre las certificaciones catastrales de las fincas adjudicadas y la identificación que de estas fincas se hace en la escritura pública.
En este recurso trataremos de aclarar la falta de concordancia que manifiesta la calificación y subsanar aquellos casos en los que ciertamente se produce esa deficiencia.
Advierte la calificación que:
"Artículos 6, 58 Reglamento del Registro Mercantil.–Respecto de los certificados catastrales insertados en el documento y las descripciones de los elementos adjudicados figuran las siguientes discrepancias de las que solicita aclaración o su subsanación a los efectos de poder trasladar dichos datos a la inscripción con la suficiente claridad:
1. F