Categoría: Administración

erarse como sus archiveros naturales», documentos entre los que, sin duda, se encuentran los incorporados a la tramitación del expediente previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria (cfr. Resolución de 14 de noviembre de 2016), publicidad que quedará sujeta a la normativa anteriormente expuesta.
6. Procede manifestarse sobre si, conforme a la doctrina expuesta procede emitir la certificación solicitada.
El solicitante pide que se certifique sobre varios aspectos «copia de todos los documentos que conforman el expediente de agrupación de la finca 34716, de la que soy colindante registral como propietario de la finca 28589, todas ellas dimanantes a su vez de la ya citada finca 1057 de Cehegín, en especial las notificaciones efectuadas a los interesados en la misma», y en segundo lugar «certificación literal de las fincas que componen dicha agrupación, en especial las fincas de Cehegín, 23998 y 23999 con las que la finca 28589, tiene colindancia física directa».
Como hemos apuntado no hay inconveniente, en que los registradores a petición de los interesados, puedan expedir certificaciones de los documentos que conserven en su archivo y por tanto de los trámites de un expediente tramitado conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria siempre y cuando se respete la legislación reguladora de protección de datos, por lo que podrían certificarse las notificaciones realizadas a lo largo del procedimiento sin mencionar datos de carácter personal, es decir, consignar por parte del registrador que se ha notificado a los titulares de las fincas correspondientes en tanto que son colindantes, de donde resultará, algo que el solicitante admite que ya sabe, es decir que no ha sido notificado, sino que se ha notificado vía «Boletín Oficial del Estado» a una persona que nada tiene que ver con él.
En cuanto a los documentos notariales que consten en el expediente es necesario recordar que conforme a los dispuesto en el artículo 222 del Reglamento Notarial «sólo el notario en cuyo poder se halle legalmente el protocolo, estará facultado para expedir copias u otros traslados o exhibirlo a los interesados. Ni de oficio ni a instancia de parte interesada decretarán los Tribunales que los Secretarios judiciales extiendan, por diligencia o testimonio, copias de actas, escrituras matrices y pólizas, sino que bajo su responsabilidad las exigirán del notario que deba darlas, con arreglo a la Ley del Notariado y el presente Reglamento, es decir, justificando ante el notario, y a juicio de éste con la documentación necesaria, el derecho de los interesados a obtenerlas, y siempre que la finalidad de la petición sea la prescrita en el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para los cotejos o reconocimientos de estas copias se observará lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 32 de la Ley». Por tanto, no procede certificar sobre documentos notariales que hayan podido aportarse al expediente, en lo referente a su contenido, pero sí podrá certificarse respecto del notario autorizante, fecha y número de protocolo.
Por último, en cuanto a la certificación del historial registral de las fincas agrupadas, procede emitir la certificación, ya que la descripción y sus linderos son muy relevantes de cara al pleito que se propone plantear el recurrente. Debe recordarse que una vez practicados los asientos quedan bajo la salvaguarda de los tribunales (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria) y que sólo cabe rectificación en procedimiento judicial en el que el titular registral sea parte (artículo 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).
Ahora bien, no podrán contenerse en la certificación datos de índole personal en tanto no se ajusten a la normativa de protección de datos de carácter personal.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso en el sentido de certificar los trámites esenciales del expediente tramitado conforme el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, así como los historiales de las fincas que integran la agrupación con pleno respecto a la normativa de protección de datos en los términos que resultan de los anteriores fundamentos de Derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 29 de octubre de 2024.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Blanco Diez Jerez