Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2022:83
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan Gallego Mendoza Gil, presidente; los magistrados don Antonio Ramos Rodríguez, don Cándido González-Pumpido Tourón, don Ramón Vázquez Herrero y don Enrique Reyes García, y la magistrada doña Concepción Romero Calvo ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 6454-2020, promovido por don Francisco Caballero Santiago Sanz contra la providencia de 3 de diciembre de 2020, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la que se inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra el auto 514/2020, de 11 de noviembre, también impugnado, dictado por el mismo órgano, por el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 24 de agosto de 2020, del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional, igualmente recurrido, por el que se acordó dejar sin efecto el plazo máximo de duración de la instrucción seguida, entre otros, contra el recurrente, en el marco de las diligencias previas núm. 85-2014. Se han personado don Ángel Rojas Vicente; don Regino Morales Rodríguez; don Ignacio López Delgado y doña María Peña Giménez Navarro; el Ayuntamiento de Alcalá de Henares; don Pedro Diez Blanco Gutiérrez; la abogacía general de la Comunidad de Madrid; don José Muñoz Vázquez Mora; el Ayuntamiento de Móstoles; don Juan de Andrés-Gayón Wolff y don Angel Díaz Romero; la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el Partido Socialista Obrero Español; don Ignacio Cano de Vinuesa Gardoqui; don José Molina Moreno Lozano; don Alfredo Ramos Caballero; don José Ibáñez Molina Vicente; don Faustino Flores León Ramírez; y don César Jiménez Martín. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Ramos Rodríguez.
1. Con fecha 28 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal Constitucional un escrito de la procuradora doña Elena Ibáñez Lorenzo, en representación de don Francisco Caballero Santiago Sanz, bajo la dirección letrada de don José Iglesias Santos, por el que interpuso recurso de amparo contra las resoluciones ya reseñadas, en las que se acordó y se confirmó la decisión de dejar sin efecto el plazo máximo para la instrucción de la causa, por aplicación de lo establecido en la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, que modificó el artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim). Posteriormente, tras la cumplimentación de los trámites previstos legalmente, la representación del recurrente fue asumida por la procuradora doña Adela Blanco Reyes, bajo la dirección letrada de don Luis Fernández Silva Giménez.
2. Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a) El recurrente se encuentra en calidad de investigado en una causa penal seguida ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de las diligencias previas núm. 85-2014. Esta causa fue incoada por auto de 17 de junio de 2014, por diversos delitos (blanqueo de capitales, falsedad, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, prevaricación, corrupción entre particulares, negociaciones prohibidas a los funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos, delitos relativos al mercado y a los consumidores, y organización criminal), y se dirige contra más de un centenar de investigados.
b) En fecha 16 de marzo de 2016, se dictó un auto por el que se declaró el carácter complejo de la causa, conforme a lo dispuesto en la redacción entonces vigente del art. 324.2, párrafo tercero LECrim. Como consecuencia de esa declaración, se amplió el plazo de duración de la causa hasta los dieciocho meses (art. 324.2 LECrim), quedando pendiente de computar ese plazo hasta tanto no se levantase el secreto parcial de las actuaciones entonces en vigor. El secreto fue levantado por medio de auto de 13 de mayo de 2016 y, en fecha 24 de mayo de 2016, se dictó un nuevo auto por el que acordaba la prórroga de la causa durante dieciocho meses más (art. 324.2 LECrim). Este auto fue subsanado por otro posterior de 2 de junio de 2017, que fijó como plazo final de la prórroga el 17 de noviembre de 2018.
c) Por auto de 30 de noviembre de 2018, el juzgado acordó, a su vez, la subsanación del auto de 2 de junio de 2017, fijando como nueva fecha final de la prórroga anteriormente decretada el día 6 de diciembre de 2018. En ese mismo auto de 30 de noviembre de 2018 se acordó la fijación de un plazo máximo final para la instrucción de la causa (art. 324.4 LECrim), por un total de cuarenta meses más, a contar desde la fecha de ese auto, debiendo finalizar la instrucción el 30 de marzo de 2022.
d) Interpuesto recurso de apelación contra el auto anterior, fue estimado parcialmente por medio de auto de 10 de abril de 2019, dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su resolución, la sala consideró que no se habían especificado qué diligencias, en concreto, eran necesarias para finalizar la investigación, por lo que el plazo fijado en el auto impugnado era genérico e indiscriminado, y procedía su reducción. A tal fin, la sala acordó fijar el plazo máximo en dieciocho meses, contados a partir del 6 de diciembre de 2018, por lo que la instrucción debía finalizar el 6 de junio de 2020. Esta decisión quedó firme.
e) Por aplicación de la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; del art. 2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril; y del art. 8 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo; ante las extraordinarias circunstancias motivadas por la pandemia provocada por el Covid-19, en fecha 4 de junio de 2020, el Juzgado instructor dictó una providencia por la que señaló como nueva fecha límite para la finalización de la instrucción el día 27 de agosto de 2020. Esta providencia tampoco fue impugnada y devino firme.
f) El 24 de agosto de 2020, el juzgado dictó un nuevo auto, ahora recurrido, por el que acordó dejar sin efecto la fecha máxima establecida para la finalización de la instrucción. En su resolución, el magistrado instructor considera que resulta de aplicación la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 17 de julio, ya que esta norma entró en vigor el 29 de julio de 2020, y afectaba a una causa que se encontraba «en tramitación». No obstante, como quiera que la sala había «valorado […] que la instrucción de la causa presenta elementos notorios de agotamiento, y existiendo una división del procedimiento en piezas distintas, que facilitan su tramitación y sustentación de forma separada, se acuerda proceder a un estudio pormenorizado de cada una de ellas, a fin de agilizar la tramitación de las distintas piezas y actuar, en su caso, conforme al art. 779 de la LECrim, adoptando la resolución que corresponda respecto de cada una de ellas».
En el mismo auto, el magistrado instructor rechazaba el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad propuesta por una de las partes. Para ello, consideraba que, con apoyo en el ATC 100/2017, de 4 de julio, no se encontraba en el momento procesal oportuno porque la aplicación del precepto cuestionado (disposición transitoria de la Ley 2/2020) no implicaba la finalización del proceso; además, la elevación de la cuestión a este tribunal implicaría una agravación de la situación dilatoria que se denunciaba por la parte; y, finalmente, porque el precepto cuestionado admitía una lectura constitucional, ya que su aplicación no implicaba,per se, una vulneración de derecho alguno, por cuanto no era imprescindible agotar el nuevo plazo de doce meses, toda vez que el nuevo art. 324.4 LECrim impone al juez la conclusión de la investigación «cuando entienda que ha cumplido su finalidad». En consecuencia, la reforma legal no afectaba a la vigencia del art. 779 LECrim, que insta al juez a dictar alguna de las resoluciones previstas en ese precepto, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas.
g) La representación del recurrente interpuso recurso de apelación contra el auto anterior, en el que alegaba la infracción del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y de la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes (art. 118 CE), con la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 y 2 CE). En su recurso, se alude a las dudas de constitucionalidad del precepto aplicado, pero también se defiende una posible interpretación constitucional de la norma, atendiendo a las concretas circunstancias del procedimiento, en el que ya se había fijado una fecha máxima como límite para la finalización de la fase de instrucción.
h) El recurso de apelación fue desestimado por medio del auto de 11 de noviembre de 2020, también impugnado, dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su resolución, la sala considera que el juzgado «ha procedido a aplicar […] la nueva redacción del art. 324 LECrim […], que parte de la premisa de la efectividad de la nueva regulación sobre plazos procesales en los procedimientos que se encuentren en tramitación». Por lo tanto, la «decisión del juzgado es adaptar el nuevo plazo procesal a cada una de las piezas en tramitación dejando sin efecto, por ministerio de la Ley, las resoluciones judiciales dictadas de acuerdo a la normativa anterior».
i) Promovido el correspondiente incidente de nulidad de actuaciones, fue inadmitido por medio de providencia de fecha 3 de diciembre de 2020, ahora también impugnada. En el incidente, el recurrente reiteraba los motivos alegados en el recurso de apelación previo, además de la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. La Sala acordó la inadmisión del incidente al considerar, en primer lugar, que el tribunal predeterminado por la ley es, precisamente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, no el Pleno, conforme a las normas de reparto publicadas en el «Boletín Oficial del Estado»; en segundo lugar, que no puede haber vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, porque el juzgado se ha limitado a aplicar una reforma legislativa, que es de obligado cumplimiento, sin que fuera viable otra alternativa; y, en tercer lugar, que la resolución del recurso por la Sección Cuarta de la Sala ya implicaba la desestimación tácita de la pretensión de que el asunto fuera abordado por el Pleno, tal y como había solicitado el recurrente bajo el amparo de lo dispuesto en el art. 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
j) El recurso se interpone contra las resoluciones ya citadas, y se formula al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
3. La demanda identifica las resoluciones judiciales impugnadas y fundamenta el recurso en una serie de argumentos que se exponen a continuación.
a) Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener una resolución fundada en Derecho.
Esta vulneración se atribuye al auto de 11 de noviembre de 2020, dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y a la ulterior providencia de 3 de diciembre de 2020, de la misma sala, en cuanto que no reparó la vulneración alegada.
Comienza el recurso con la exposición de la doctrina de este tribunal sobre el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, con cita y reseña expresa de las SSTC 101/1984, de 8 de noviembre; 199/1987, de 16 de diciembre, y 65/1994, de 28 de febrero, y de la doctrina sobre incongruencia omisiva y la necesidad de motivación reforzada en materia de derechos fundamentales con cita, entre otras, de las SSTC 34/1997, de 25 de febrero; 67/2000, de 13 de marzo, y 34/2007, de 12 de febrero.
El eje central de esta alegación es la falta de pronunciamiento alguno de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sobre la concreta pretensión formulada por el recurrente, consistente en que el recurso de apelación contra el auto de 24 de agosto de 2020 fuera asumido por el Pleno de la Sala de lo Penal, conforme a lo dispuesto en el art. 197 LOPJ, debido a la trascendencia del asunto por la posible inconstitucionalidad del precepto legal aplicado por el juzgado central de instrucción. Esta concreta pretensión fue planteada en el propio escrito de apelación, recordada por escrito de 3 de noviembre de 2020, y reiterada en el incidente de nulidad de actuaciones.
A juicio del recurrente, el art. 197 LOPJ forma parte del bloque normativo que determina la competencia de un órgano jurisdiccional, y la decisión sobre la asunción de la competencia por parte de la Sala de lo Penal corresponde a la presidencia de la Sala. En este caso, se ha privado a la presidencia del conocimiento de la pretensión, que no puede ser resuelta por la Sección Cuarta, implícita o explícitamente, por carecer de competencias para ello. Considera que la motivación empleada en la providencia de 3 de diciembre de 2020, aludiendo a la competencia de la Sección para el conocimiento del recurso de apelación, incurre en arbitrariedad e irrazonabilidad. En definitiva, la Sección Cuarta no era competente para decidir sobre la aplicación del art. 197 LOPJ, sino la presidencia de la Sala y, hasta que no se decidiera sobre esta pretensión, la Sección tampoco era competente para conocer del recurso de apelación. De esta forma, entiende el recurrente que se vulnera el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
b) Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías (art. 24.2 CE), en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, por infracción de los principios de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) e intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes (art. 118 CE).
Esta vulneración se atribuye inicialmente al auto de 24 de agosto de 2020, del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional, y a las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en cuanto que no repararon la lesión invocada. No obstante, la mayor parte de la argumentación se dirige a impugnar el auto de 11 de noviembre de 2020.
Comienza su exposición en este punto con una reseña de la doctrina de este tribunal sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y las necesidades de motivación reforzada de las resoluciones que afecten a derechos fundamentales. Seguidamente, se refiere al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, con una cita y reseña extensa de las SSTC 81/1989, de 8 de mayo, FFJJ 2, 3 y 7, y 58/1999, de 12 de abril, FJ 6, entre otras; para finalizar con una breve cita de la doctrina sobre los principios de irretroactividad de las leyes y de seguridad jurídica (SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8, y 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5, entre otras).
A juicio del recurrente, el auto de la sala no da respuesta fundada a la pretensión planteada, ni tiene en cuenta las circunstancias concretas del procedimiento. En el recurso de apelación se advertía de las dudas de constitucionalidad del precepto controvertido. Sin embargo, la sala no se pronuncia sobre esta cuestión. A pesar de ello, el recurrente considera que existe una posible interpretación constitucional de la norma. La disposición transitoria de la Ley 2/2020 ha de ser interpretada conforme a los principios de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y al mandato del art. 118 CE, sobre la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes que, a su vez, también es una garantía propia del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). De esta forma, el nuevo art. 324 LECrim no puede ser aplicado en aquellos procedimientos en los que «haya recaído resolución judicial firme determinativa, de forma final e infranqueable, de la fecha de conclusión de la investigación». En estos casos, no estaríamos ante procedimientos en tramitación, sino «en fase de finalización». Lo que se ha hecho es una aplicación directa, sin matices, de una norma legal orientada justo a lo contrario de la anterior, «esto es, a la inexistencia de fronteras cronológicas en la instrucción». Se ha impuesto, por tanto, un «régimen más restrictivo al provenir de situaciones jurídicas que ya eran preexistentes y consolidadas», debido a que «la instrucción iba a concluir en tres días, por lo que los investigados detentaban en su patrimonio jurídico esa garantía». Insiste en que la causa penal «se hallaba en fase de expiración […] cuando esa Ley entró en vigor. Y ese estadio procesal no es equiparable al de procedimientos de reciente incoación o, sencillamente, desprovistos de esa acotación judicial de su frontera temporal, supuestos, estos últimos, en los que sí podría hablarse en rigor de “procesos en tramitación” susceptibles de la aplicación directa de la nueva redacción del artículo 324 de la LECrim».
Al no hacerse así, se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), y se abre lo que califica de «peligrosa puerta», consistente en las modificaciones legales «como mecanismo elusivo de lo dispuesto en previas resoluciones judiciales firmes». El principio de intangibilidad (art. 118 CE), como consecuencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), aparece también integrado en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), y asegura que las resoluciones judiciales firmes sean ejecutadas en sus propios términos, de manera que no sean alteradas o modificadas fuera de los cauces establecidos para ello, que concreta en el «correspondiente recurso». Las resoluciones impugnadas resultan también contrarias a la «tradicional renuencia del Tribunal Constitucional a admitir la constitucionalidad de la aplicación retroactiva de normas procesales (vid.SSTC 4/1982, de 8 de febrero; 7/1983, de 14 de febrero, y 13/1983, de 23 de febrero, entre otras)», cuando estas tengan un alcance limitativo de derechos fundamentales.
Por otro lado, los propios tribunales habían dejado claro que el referido plazo máximo de instrucción tenía carácter imperativo y que las diligencias acordadas con posterioridad a su expiración incurrían en nulidad, por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). Cita, a tal efecto, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 272/2019, de 23 de abril; la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 5/2019, de 28 de mayo, y las sentencias del Tribunal Supremo 244/2016, de 30 de marzo; 470/2017, de 22 de junio, y 214/2018, de 8 de mayo (también alegadas en el incidente de nulidad de actuaciones). Del mismo modo, se refiere a la exposición de motivos de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, que introdujo el plazo máximo de instrucción, con el argumento de que «establecer ciertos límites a la duración de la instrucción supone una garantía para el derecho de los justiciables». Se trataba de una medida que iba orientada a «establecer disposiciones eficaces de agilización de la justicia penal con el fin de evitar dilaciones indebidas». Por lo tanto, considera que dejar sin efecto el plazo máximo de duración de la instrucción infringe este derecho fundamental.
Finalmente, se hace una referencia a lo que califica comoexcusatioinserta en el auto de 24 de agosto de 2020, acerca de que el juzgado iba a «proceder al estudio pormenorizado de cada una de las piezas» de la causa. A su juicio, el «instructor debe tener estudiada pormenorizadamente la causa en todo momento, pues se toman decisiones en ella de forma constante con gran incidencia en los derechos del justiciable […], lo que exige contar con un adecuado y exhaustivo conocimiento de lo instruido “en tiempo real”» Considera que nos encontramos «de nuevo con la velada excusa de la carga de trabajo, cuando la investigación judicial duraba ya casi seis años», lo que resulta contrario a la doctrina de este tribunal, cuando advierte que las dilaciones no pueden justificarse «en defectos de organización o carencias estructurales de la justicia (SSTC 81/1989, de 8 de mayo; 10/1997, de 14 de enero, y 198/1999, de 25 de octubre)».
4. En virtud de providencia de la Sección Cuarta de fecha 4 de octubre de 2021, se acordó la admisión a trámite de este recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), «porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]». Además, se acordó remitir atenta comunicación a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al Juzgado Central de Instrucción núm. 6, a fin de que, en el plazo de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los procedimientos en los que se dictaron las resoluciones impugnadas. Del mismo modo, se debía emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en el recurso de amparo.
5. Una vez recibidos los escritos correspondientes, la secretaria de justicia dictó en fecha 16 de diciembre de 2021 una diligencia de ordenación por la que se acordó tener por personados y parte en este procedimiento a los siguientes interesados, con sus respectivas representaciones y defensas letradas: don Ángel Rojas Vicente; don Regino Morales Rodríguez; don Ignacio López Delgado, y doña María Blanco Herrero Álvarez; el Ayuntamiento de Alcalá de Henares; don Pedro Diez Blanco Gutiérrez; la Abogacía General de la Comunidad de Madrid; don José Muñoz Vázquez Mora; la entidad Literator Sociedad Cooperativa (condicionado a la aportación de la escritura de poder correspondiente); el Ayuntamiento de Móstoles; don Juan de Andrés-Gayón Wolff y don Ángel Hernández Parra; la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); don Ignacio Cano de Vinuesa Gardoqui; don José Vega Vázquez Caballero; don Alfredo Ramos Caballero; don José Díaz Núñez Vicente; don Faustino Flores León Ramírez, y don César Jiménez Martín. A todos ellos, así como al recurrente y al Ministerio Fiscal, se les concedió en la misma diligencia un plazo común de veinte días, a fin de que presentaran sus escritos de alegaciones, conforme a lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
6. En fecha 19 de noviembre de 2021, la procuradora doña María del Mar Torres Fontes, en nombre y representación de don Pedro Diez Blanco Gutiérrez, bajo la dirección letrada de don Carlos Alonso-Jara Díez, presentó su escrito de alegaciones. En su escrito se adhiere al recurso de amparo formulado.
Las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes que, conectado con el principio de seguridad jurídica, impide «variar o modificar situaciones jurídicas consolidadas» que, como en este caso, permitían conocer la «esperanza de vida de la instrucción», con la consiguiente «expectativa legítima […] de que […] no podría alargarse más allá» de una determinada fecha. Con apoyo en las SSTEDH de 15 de octubre de 2019, asuntoLispuchova c. Eslovaquia; 28 de octubre de 1999, asuntoBrumarescu c. Rumanía, y 16 de enero de 2007, asuntoBujnita c. Moldavia); y en las SSTC 66/2008, de 29 de mayo, y 69/2012, de 29 de marzo (entre otras muchas); considera que este principio de intangibilidad se predica de cualquier tipo de resolución firme, incluida una providencia. Pero, en este caso, lo que se ha infringido es el auto de 10 de abril de 2019, por el que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fijó un plazo máximo de duración de la instrucción, que luego se vio prolongado por las razones de emergencia sanitaria, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. A su juicio, ese auto impide que pueda apreciarse que el proceso estaba en tramitación, sino ya tramitado, en el sentido de que ya no era posible dictar una nueva resolución derivada del art. 324 LECrim, porque la única resolución posible era alguna de las previstas en el art. 779 LECrim.
La mera aplicación automática de la Ley 2/2020 podría ser contraria a la doctrina de este tribunal, plasmada en la STC 312/2006, de 8 de noviembre –entre otras–, ya que estaríamos en presencia de una ley que supone «sacrificar, de forma desproporcionada, el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución judicial firme». En su caso, se produjo una situación de manifiesta indefensión al ser citado a declarar en calidad de investigado, precisamente después de haberse dictado las resoluciones impugnadas, casi diez meses después del auto de 24 de agosto de 2020, siete años más tarde de la incoación de la causa, y transcurridos quince años desde la comisión de los hechos. La infracción del principio de intangibilidad se encuentra vinculada a la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, ya que, con apoyo en la STC 54/2014, nos encontramos realmente ante «deficiencias estructurales u organizativas […] o del abrumador trabajo» que pesa sobre los órganos judiciales, que no pueden justificar el retraso en la tramitación de las causas. Así se puso de manifiesto en los debates parlamentarios que precedieron a la aprobación de la Ley 2/2020, de los que extracta algunas intervenciones.
7. En fecha 4 de enero de 2022, el procurador don Ignacio Cano Giménez, en nombre y representación de don Faustino Flores León Ramírez, bajo la dirección letrada de don Ángel Carmona Garrido Silva, presentó su escrito de alegaciones. En su escrito interesa la estimación del recurso de amparo, reproduciendo esencialmente los argumentos contenidos en la demanda y que, según se expone, también fueron alegados por su parte en los recursos de reforma y de apelación interpuestos contra el auto de 24 de agosto de 2020, reiterando los motivos invocados en su día.
8. En fecha 10 de enero de 2022, las procuradoras doña Adela Blanco Reyes, en nombre y representación de don Ángel Rojas Vicente, y doña María de Villanueva Ferrer, en nombre y representación de don Ignacio López Delgado y doña María Blanco Herrero Álvarez; todos ellos bajo la dirección letrada de don José Hidalgo de Pablo Hermida, presentaron sus escritos de alegaciones. En sus escritos se adhirieron al recurso de amparo formulado, a cuyo contenido se remiten.
9. En fecha 18 de enero de 2022, la procuradora doña María Fernández Santos Crespo, en nombre y representación de don Juan de Andrés-Gayón Wolff y don Ángel Hernández Parra, bajo la dirección letrada de don Antonio Gómez Soto y don Ignacio López Delgado, presentó su escrito de alegaciones. En su escrito interesa la estimación del recurso de amparo, reproduciendo esencialmente los argumentos contenidos en la demanda, a los que añade algunas referencias jurisprudenciales del Tribunal Europeo Derechos Humanos (sentencias de 15 de julio de 1982, asuntoEckle c. Alemania; 23 de septiembre de 1997, asuntoRobins c. Reino Unido; 21 de abril de 1998, asuntoEstima Jorge c. Portugal, y 25 de noviembre de 2003, asuntoSoto Sánchez c. España) y de este tribunal (SSTC 233/1988, de 24 de noviembre, FJ 7, y 177/2004, de 18 de octubre, FJ 2), sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Argumenta, además, la falta de coherencia de la propia Sección Cuarta de la Sala de lo Penal entre sus autos de 10 de abril de 2019 y de 11 de noviembre de 2020, sobre la relevancia del plazo máximo de instrucción para las garantías de los justiciables, contraviniendo así el espíritu de las reformas procesales de 2015 y 2020 que, en ningún caso, permiten la continuidad de la instrucciónad eternum.
10. En fecha 20 de enero de 2022, la procuradora doña María Castro Bravo Campos, en nombre y representación de don José Iglesias Santos Herrera, bajo la dirección letrada de don Juan Lozano Núñez Flores, presentó su escrito de alegaciones. En su escrito interesa la estimación del recurso de amparo, dando por reproducidos los argumentos que figuran en la demanda. Además, manifiesta su disconformidad con el hecho de que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, fuera aplicable a esta instrucción, por lo que considera que el plazo máximo para su finalización era el 6 de junio de 2020 –plazo que considera de caducidad– y, en consecuencia, el auto de 24 de agosto de 2020 fue dictado cuando la investigación ya estaba finalizada y, por lo tanto, no podía entrar en juego lo dispuesto en la Ley 2/2020. También señala que fue esta parte la que planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria única de la Ley 2/2020, que fue resuelta por el auto del juzgado ahora impugnado. Finaliza recordando la doctrina de este tribunal sobre la irretroactividad de las normas procesales que tengan un alcance limitativo de derechos fundamentales (STC 32/1987, de 12 de marzo), que considera aplicable a este caso, teniendo en cuenta la duración de esta causa y el funcionamiento anómalo de la administración por falta de organización procedimental, que no puede repercutirse contra los investigados.
11. En fecha 21 de enero de 2022, el letrado de la Comunidad de Madrid, en la representación que ostenta, presentó su escrito de alegaciones. En su escrito interesa la desestimación del recurso de amparo.
En primer lugar, en relación con la alegada vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, considera que la tesis del recurrente no puede sostenerse. Lo dispuesto en el art. 197 LOPJ no es una norma imperativa, sino potestativa. La mera solicitud de que el recurso sea asumido por el Pleno no implica que este haya de conocer sobre esa pretensión ni, mucho menos, que haya de conocer del recurso. La regla general es la dispuesta en el art. 196 LOPJ, y esta ha sido aplicada en el presente caso, ya que el recurso fue resuelto por tres magistrados de la Sala de lo Penal.
En segundo lugar, considera que la Ley 2/2020 tiene naturaleza procesal, por lo que no rige el principio de prohibición de la irretroactividad de las normas desfavorables, que solo se predica respecto de las normas penales sustantivas. Las normas procesales se aplican, a partir de la fecha de su entrada en vigor, a los procesos en curso. Cita, a tal efecto, la STS de 25 de mayo de 2011 (recurso 20541-2010); las SSTC 63/1982, de 20 de octubre, FJ 3, y 80/2019, de 17 de junio, y la Circular 1/2021, de la Fiscalía General del Estado.
En tercer lugar, considera que la interpretación ofrecida por el recurrente no es la única posible y, por lo tanto, no puede entenderse que las resoluciones impugnadas incurran en tacha alguna de inconstitucionalidad. La distinción entre «proceso en tramitación» o «en fase de finalización» no viene establecida en la norma, y corresponde al juez, en exclusiva, valorar si la instrucción está concluida o no. A juicio del letrado de la Comunidad de Madrid, la Ley 2/2020 es aplicable a todos los procedimientos cuya fase de instrucción no esté finalizada, como era el caso, recordando que el proceso penal es de «cristalización progresiva». Las circunstancias del procedimiento (gravedad indiciaria y complejidad de los hechos) aconsejaban la continuación de su tramitación para acceder a la verdad material, sin que ello implique necesariamente el agotamiento de los plazos previstos en la norma. En cualquier caso, el recurrente puede intervenir y aportar los elementos de descargo que estime oportunos.
En cuarto lugar, entiende que la fijación previa de un plazo máximo de duración de la instrucción no puede considerarse como una garantía o derecho adquirido, sino, en su caso, como una mera expectativa. Además, no se cumplen los requisitos para estimar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, ya que la actuación judicial se ha realizado en cumplimiento de lo dispuesto en una norma, por lo que tampoco puede hablarse de la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con la seguridad jurídica y el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. A su juicio, la intangibilidad solo es predicable respecto de los hechos objeto de juicio, no sobre aspectos estrictamente procesales, con cita de la STC 231/2006, de 17 de julio. Es decir, se refiere a un juicio sobre el fondo del asunto, y no es aplicable a los plazos procesales modificados por una norma procesal posterior.
12. En fecha 21 de enero de 2022, el procurador don Antonio Pastor León, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Móstoles, bajo la dirección letrada de don Jorge Cortés Rodríguez, presentó su escrito de alegaciones. En su escrito interesa la inadmisión de la demanda de amparo y, subsidiariamente, su desestimación.
En relación con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, considera que nos encontramos ante una discrepancia en materia competencial y, por lo tanto, ante una cuestión de mera legalidad ordinaria sin trascendencia constitucional, con cita de la STC 34/2021, de 17 de febrero. En todo caso, las resoluciones impugnadas no incurren en quiebras lógicas, irrazonables o errores patentes.
Otro tanto sucede, a su juicio, con el resto de las vulneraciones alegadas. La demanda pretende, en realidad, cuestionar la inconstitucionalidad de la Ley 2/2020 pero, consciente de que ha transcurrido el plazo para ello, impugna la aplicación de esa norma mediante una interpretación alternativa que no pasa de ser, una vez más, una cuestión de legalidad ordinaria sin trascendencia constitucional, con cita del ATC 415/2003, de 15 de diciembre. En cualquier caso, no estaríamos en presencia de una aplicación retroactiva de una norma procesal, con remisión expresa al contenido de la Circular 1/2021, de la Fiscalía General del Estado, que extracta parcialmente.
13. En fecha 24 de enero de 2022, la procuradora doña Celia Domínguez Vargas, en nombre y representación de don Alfredo Ramos Caballero, bajo la dirección letrada de don Francisco Suárez Ramírez Navarro, presentó su escrito de alegaciones. En su escrito interesa la estimación del recurso de amparo.
Tras hacer suyos los argumentos expuestos en la demanda, pone de manifiesto su inicial discrepancia con que la fecha de finalización de la instrucción fuera la del 27 de agosto de 2020, por entender que la suspensión de plazos operada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no era aplicable a este tipo de causas penales, y así lo hizo constar en el procedimiento. No obstante, considera que estamos en presencia de un plazo de caducidad que no admitía prórroga alguna, por lo que la extensión de la duración de la instrucción supuso una infracción de lo dispuesto en una resolución judicial firme (el auto de 10 de abril de 2019) y, en consecuencia, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
En segundo lugar, entiende que la Ley 2/2020 ha establecido una norma que limita el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, por lo que, aunque se trate de una norma procesal, infringe la prohibición de la retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos, con cita de la STC 32/1987, de 12 de marzo. Las circunstancias de esta causa, con una duración excesiva por falta de organización procedimental, muestran un funcionamiento anómalo de la administración que no puede repercutir negativamente en los investigados.
14. En fecha 24 de enero de 2022, el procurador don Roberto Gallego Moya Prieto, en nombre y representación de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y del PSOE, bajo la dirección letrada de doña Gloria de Pascual-Teresa Fernández, presentó su escrito de alegaciones. En su escrito interesa la desestimación del recurso de amparo.
Comienza analizando la naturaleza de la regulación del art. 324 LECrim y de la reforma llevada a cabo por la Ley 2/2020, para señalar que no se trata de una norma que fije límites a un derecho fundamental y que, por lo tanto, no supone un desarrollo del mismo, como lo prueba el hecho de que sea una ley ordinaria (STC 53/2002, de 27 de febrero, FJ 12). Se trata de una norma de naturaleza eminentemente procesal que, una vez entra en vigor, se aplica a todos los procesos en tramitación (STC 63/1982, de 20 de octubre, FJ 3), como ocurrió con la Ley 41/2015. Se habla así de una retroactividad «de grado medio», en la que el legislador pondera los bienes afectados que, en este caso, no se han visto vulnerados.
Así, en relación con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, recuerda la doctrina de este tribunal (con cita y reseña parcial de las SSTC 5/1985, 381/1993, 133/1998 y 103/2016) para destacar que la mera regulación de los plazos procesales no afecta a este derecho, ni su extralimitación o ampliación supone su vulneración. Las dilaciones serán o no indebidas en función de las circunstancias del caso concreto, como son la complejidad de los hechos, la conducta de los intervinientes y la duración ordinaria de procesos similares.
Otro tanto ocurre con la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, naturaleza que no puede predicarse de las decisiones que fijan los plazos de tramitación de una instrucción penal, dado su carácter de «proceso vivo en continuación evolución». De hecho, ni siquiera las resoluciones que ponen fin a la fase de instrucción pueden considerarse firmes en el sentido del art. 118 CE, porque la propia Ley de enjuiciamiento criminal ha previsto situaciones en que procede la reapertura de investigaciones (art. 780.2 o 746 LECrim).
Finalmente, en cuanto al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, y con apoyo en la STC 266/2015, de 14 de diciembre, FJ 2, considera que la cuestión planteada no excede de una mera discrepancia sobre atribución de competencias, que corresponde dilucidar a la jurisdicción ordinaria, careciendo de trascendencia constitucional alguna.
15. En fecha 10 de febrero de 2022, el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones, en el que interesa la desestimación del recurso de amparo.
Tras hacer una amplia reseña de los antecedentes de hecho que consideró de interés, y formular algunas observaciones de carácter procesal (de las que no puede deducirse la invocación formal de un óbice de admisibilidad) y metodológico, realiza un esfuerzo de sistematización de los «razonamientos que la demanda acumula y entrecruza», en el sentido siguiente:
a) Sobre «el principio de irretroactividad de la ley como fundamento de la posible inconstitucionalidad de la disposición transitoria de la Ley 2/2020, y la [no] necesidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad».
Para el Ministerio Fiscal, toda la demanda gira en torno a una interpretación conforme de la disposición transitoria de la Ley 2/2020. Esta se basa en la distinción entre los «procesos en tramitación», a los que podría aplicarse la norma, y los procesos «en fase de finalización», que deberían culminar en el plazo máximo previamente señalado y a los que, en consecuencia, no podría aplicarse retroactivamente la norma, por su carácter restrictivo de derechos fundamentales. Sin embargo, el fiscal resalta que esta diferenciación no viene establecida por la norma. De hecho, ni siquiera se habla de «instrucción», sino de «proceso», lo que podría permitir su aplicación en los casos de una eventual reapertura.
No obstante, lo más relevante, a juicio del fiscal, es que la Ley 2/2020 no solo modifica los plazos de la instrucción, sino que, sobre todo, introduce un «cambio conceptual» en el sistema hasta entonces vigente. Esta modificación relevante consiste en que la «finalidad de la investigación no pueda verse frustrada por la imposibilidad de concluirla en un plazo preestablecido». Para ello, el «número de prórrogas no queda limitado por el legislador, y además desaparece la posibilidad de fijar lo que el recurrente denomina un “límite infranqueable” mediante la determinación de una fecha final fija». Por tanto, la «clave del cambio legal […] reside […] en que traslada al juez íntegramente […] la responsabilidad de velar por que la duración de la fase instructora responda a las exigencias constitucionales derivadas de los principios que rigen el proceso penal», entre los que se encuentran algunos de los derechos invocados en la demanda.
Para el Ministerio Público, la interpretación propuesta por el recurrente supone, en realidad, dejar sin efecto la norma, ya que resulta «absolutamente incompatible no ya con [su] letra […] sino también con [su] espíritu y finalidad». Si se trata de «evitar la “impunidad de la persecución de delitos complejos”» (según su propia exposición de motivos), en la medida en que sea «procesalmente viable seguir adelante […] porque el procedimiento sigue “en tramitación”, la norma transitoria cobra especial sentido respecto de aquellos procedimientos que, justamente por ser los más complejos, habían dado lugar a la aplicación de la regla “excepcional” prevista en la anterior redacción del artículo 324.4 LECrim».
Sentado lo anterior, podría discutirse si la decisión legislativa es conforme o no con la Constitución, pero las eventuales dudas no podrían ser objeto de examen porque no concurre el presupuesto de necesidad, concretado en el juicio de relevancia, dado que no se ha producido vulneración alguna de un derecho fundamental.
b) Sobre la «inexistencia de vulneración del derecho del art. 24 CE, en su vertiente de derecho a una resolución jurídicamente fundada, por no haber asumido la Audiencia Nacional la propuesta de interpretación conforme a la Constitución de dicha norma formulada por el recurrente».
El fiscal considera que las resoluciones impugnadas ofrecen una contestación explícita y razonada a las alegaciones del recurrente y que, además, el auto del Juzgado Central de Instrucción se pronuncia expresamente sobre el problema de constitucionalidad de la reforma legal. Resumidamente, la «aplicación de la nueva norma procesal era obligada al tratarse de una reforma operada por ministerio de la ley, sin que hubiera lugar a cuestionar su inconstitucionalidad dado que dicha norma, por sí misma, no determinaba ninguna vulneración de derechos fundamentales, en particular, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas».
Seguidamente, el Ministerio Fiscal descarta que estemos en presencia de resoluciones erróneas, irrazonables o arbitrarias, por «no asumir las consecuencias que [el recurrente] trata de atribuir a [los] principios de seguridad jurídica e intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes».
Así, respecto de la eventual vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), estrechamente vinculado al concepto de «previsibilidad», por la aplicación retroactiva de cambios normativos no previsibles, exige un examen casuístico que, en este caso, conduce a su desestimación. En primer lugar, porque la disposición transitoria de la Ley 2/2020 no contiene una norma retroactiva, en sentido estricto. No se retrotrae la fase de instrucción a una fase anterior, ni afecta a situaciones ya consumadas. No determina la reapertura de una investigación conclusa o de una fase procesal precluida. Aunque admite que se hubiera generado una expectativa, esta no podría considerarse como legítima o razonable, dado que el plazo máximo de duración de la instrucción no existía cuando la causa fue incoada y, además, la tesis del límite «infranqueable» nunca pudo identificarse, ni doctrinal ni jurisprudencialmente, con un «efecto preclusivo» que impidiera al legislador «decidir lo contrario». En todo caso, el canon de «la seguridad jurídica […] permitiría asumir incluso la frustración de una expectativa razonable […] atendiendo a su ponderación con “los diversos imperativos que pueden conducir a una modificación del ordenamiento jurídico”, [como el de evitar] la impunidad de la persecución de delitos complejos».
En cuanto al principio de intangibilidad, considera que no puede aplicarse a las resoluciones impugnadas, puesto que estas no son susceptibles de generar un «efecto material definitivo e inatacable en la esfera jurídica del afectado, y menos aún en el ámbito de los derechos fundamentales sustantivos». Las resoluciones recurridas no configuran una situación jurídica consolidada, sino que tienen un «mero efecto preclusivo en el terreno procesal», con cita de las SSTS 470/2017, de 22 de junio, y 214/2018, de 8 de mayo. En cualquier caso, la doctrina de la intangibilidad impide la alteración o modificación de las resoluciones firmes «fuera de los cauces legales establecidos para ello», y en este caso se dio cumplimiento a una disposición legal, lo que también descarta cualquier duda sobre el carácter fundado de las resoluciones impugnadas.
c) Sobre la «inexistencia de vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías».
El fiscal considera que la demanda incurre en una «irregular sistemática» al invocar este derecho. Con cita y reseña parcial de la Circular 1/2021 de la Fiscalía General del Estado que, a su vez, recoge la doctrina de este tribunal (por todas, STC 103/2016, de 6 de junio, FJ 5) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencias de 28 de octubre de 2003, asuntosGonzález Doria Durán de Quiroga c. EspañayLópez Solé, yMartín de Vega c. España), el Ministerio Fiscal considera que la vulneración alegada por el recurrente en este punto es «meramente potencial, automática o abstractamente objetivada». De acuerdo con lo que entiende como un «correcto entendimiento» del contenido esencial de este derecho, la mera ampliación del plazo de investigación no implica su vulneración, puesto que «lo mismo puede darse […] sin haber agotado el plazo legal […] como no producirse en el supuesto de una duración mucho mayor», ya que lo relevante son las «circunstancias del caso», es decir, «la complejidad […], la conducta del solicitante y de las autoridades competentes». De cualquier manera, una eventual vulneración de este derecho no podría traducirse en «el derecho a oponer el “cierre infranqueable” de la investigación judicial al propio legislador, sino en la adopción de medidas para que cesara la dilación indebida». Una dilación que el recurrente tampoco acredita, y que no parece que pueda deducirse de los datos obrantes en la causa, teniendo en cuenta la «cantidad y naturaleza de los delitos, el número de personas investigadas, [y] la necesidad de acudir a la formación de piezas separadas para poder abarcar razonablemente las necesidades de la investigación».
d) Finalmente, sobre la «inexistencia de vulneración del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) y del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) vinculada a ella».
Tras recordar la doctrina de este tribunal, recientemente expuesta en las SSTC 34/2021, de 17 de febrero, FJ 3, y 91/2021, de 22 de abril, FJ 3, considera que el art. 197 LOPJ no contiene una norma de reparto ni de competencia. El Pleno de la Sala solo podría considerarse como el órgano predeterminado por la Ley si se cumpliera el presupuesto legal, es decir, que el presidente o una mayoría de los magistrados decidieron asumir el asunto, lo que no ha ocurrido. En realidad, el órgano competente viene determinado por lo dispuesto en el art. 196 LOPJ, lo que se ha cumplido en el presente supuesto, por cuanto el recurso ha sido asumido por tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A estos efectos, la Sección y el Pleno de la Sala de lo Penal no son órganos diferentes, sino «diferentes formas de constituirse un mismo tribunal». En cuanto a la incongruencia omisiva también alegada, habría sido reparada mediante la resolución del incidente de nulidad de actuaciones.
16. Por medio de providencia de 21 de febrero de 2022 se tuvo por decaída en su derecho a la entidad Literator Sociedad Cooperativa, al no aportarse el poder de representación correspondiente, tras los requerimientos dirigidos a tal efecto.
17. Por providencia de 23 de junio de 2022, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 27 del mismo mes y año.
1. Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra la providencia de 3 de diciembre de 2020, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la que se inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra el auto 514/2020, de 11 de noviembre, también impugnado, dictado por el mismo órgano, por el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 24 de agosto de 2020, del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional, igualmente recurrido, por el que se acordó dejar sin efecto el plazo máximo de duración de la instrucción seguida, entre otros, contra el recurrente, en el marco de las diligencias previas núm. 85-2014.
En estas resoluciones, los órganos judiciales aplicaron la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, que fijaba un nuevo plazo máximo de duración de las instrucciones penales de hasta doce meses, y que resultaría aplicable a los procesos «en tramitación» a la entrada en vigor de esa norma. Considerando que el procedimiento de origen se encontraba en esa situación, se dejó sin efecto el plazo máximo anterior fijado para el 27 de agosto de 2020, en virtud de lo dispuesto en el art. 324.4 LECrim, en su anterior redacción. Además, el juzgado rechazaba las peticiones de planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad del precepto. A su juicio, no era el momento procesal oportuno para ello y, además, la norma admitía una lectura constitucional, en el sentido de que no implicaba necesariamente el agotamiento del nuevo plazo fijado, permaneci