Categoría: Judicial

5 CEDH), y a la libre circulación (art. 19 CE en relación con el art. 16 CE y art. 45 CDFUE y arts. 2 y 3 del Protocolo núm. 4 CEDH) es rechazada por las alegaciones de la abogacía del Estado, que considera que, a través de este motivo, los recurrentes no vienen a impugnar de forma concreta el auto de 10 de enero de 2020, sino que cuestionan la posibilidad de solicitar la suspensión de la inmunidad por constituir una restricción indebida del derecho de representación política. Entiende el abogado del Estado que la obligación de instar la suspensión de la inmunidad es el trasunto lógico del reconocimiento de esta cuando convive con la existencia de un proceso judicial ante las autoridades nacionales. Invocando la STJUE de 19 de diciembre de 2019, en el asuntoJunqueras Vies, esta parte afirma que los preceptos relativos a los privilegios e inmunidades, deben ser interpretados considerando su finalidad esencial pero también en el sentido de que no deben impedir definitivamente que las autoridades judiciales y los órganos jurisdiccionales nacionales ejerzan sus competencias respectivas en materia de represión y sanción de las infracciones penales a fin de garantizar el respeto del orden público en su territorio y, correlativamente, privar así totalmente a los perjudicados el acceso a la justicia (con cita de la STJUE de 6 de septiembre de 2011,Patriciello, apartado 34). En consecuencia, el magistrado instructor debía solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda o levante las inmunidades reconocidas en el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión a favor de los señores Puigdemont y Comín, conforme al párrafo tercero del mismo artículo, siendo ello consecuencia necesaria del régimen descrito y en ningún caso una restricción indebida del derecho de representación política.
(v) La abogacía del Estado solicita la desestimación de la queja relativa a la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE, arts. 20 y 21 CDFUE y art. 14 CEDH) por el cauce incorrecto mediante el que se efectúan las comunicaciones al Parlamento Europeo. Considera esta parte que la cuestión planteada es meramente formal y no tiene incidencia material en el derecho de los recurrentes. A mayor abundamiento, se argumenta que el criterio aplicado por el poder judicial en el caso de los recurrentes y en el aportado como término de comparación es el mismo: tenerse por plenamente competente para la remisión del suplicatorio, por lo que no existe cambio de criterio, nitertium comparationisadecuado, en los términos que exige la doctrina constitucional (con cita de la STC 38/2011, FJ 5).
(vi) En lo referido a la denunciada vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE, art. 48 CDFUE y art. 6 CEDH), se descarta la existencia de la lesión. Al contrario, invocando el contenido literal del art. 4 de la Directiva 2016/343, se afirma que la sentencia tiene la condición de «resolución preliminar de carácter procesal», que puede ser necesaria para justificar la petición de suplicatorio, por contener las pruebas de cargo en que la petición se basa, y por tanto su mención no vulnera el derecho a la presunción de inocencia. También se rechaza que la aportación de la STS de 14 de octubre de 2019 implique un reconocimiento implícito de culpabilidad [con cita de la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 5 de septiembre de 2019,AH y otros, asunto C-377/18].
(vii) Por último, en relación con la vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25 CE), la abogacía del Estado considera prematura la queja, debiendo ser inadmitida, porque durante la fase de instrucción, y en la fase intermedia previa al enjuiciamiento, es posible obtener remedio procesal ante los tribunales ordinarios, cuestionando la imputación formal no irreversible que se impugna.
8. El 24 de mayo de 2021, se registró el escrito de alegaciones presentado por doña María Pascual Rodríguez Morales, en nombre y representación del partido político Vox, interesando la desestimación total del recurso de amparo.
a) Por lo que hace a las vulneraciones de derechos denunciadas en la demanda, esta parte solicita la desestimación de todas las quejas, amparándose en los siguientes argumentos:
(i) Se objeta la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, defendiendo que no cabe duda jurídica alguna de que es el Tribunal Supremo el órgano competentes para enjuiciar a los parlamentarios europeos cuyo país de origen es España, porque así dimana del artículo 9 del Protocolo núm. 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea, que con la remisión al ordenamiento nacional permite aplicar lo dispuesto en el artículo 71 CE a los parlamentarios europeos, para disfrutar de las mismas inmunidades y privilegios que se otorgan a los diputados y senadores nacionales. En relación con la solicitud de que se eleve cuestión prejudicial sobre la competencia del Tribunal Supremo, esta parte no encuentra necesidad alguna, máxime cuando la cuestión ya ha sido tratada por el Parlamento Europeo, que con fecha 9 de marzo de 2021 acordó la admisión del suplicatorio estimando la suspensión de las inmunidades y privilegios de los dos parlamentarios europeos.
(ii) Se rechaza la vulneración del derecho al juez imparcial, por falta de imparcialidad de magistrado instructor y de los integrantes de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 24.1 CE, art. 6 CEDH y art. 47 CDFUE). Esta parte rechaza la solidez jurídica de los argumentos contrarios empleados por los recurrentes, recuerda que son cuestiones previamente planteadas y resueltas, y sostiene que en ningún caso se ha demostrado vinculación o interés directo o indirecto en la causa de ninguno de los magistrados a los que alude la demanda.
(iii) Se solicita la desestimación de la queja relativa a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a una resolución fundada en derecho, en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 CE, art. 47 CDFUE y arts. 6 y 13 CEDH). Considera esta parte que el auto de 10 de enero de 2021 no resolvió la cuestión de manera confusa, como prueba la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la suspensión de las prerrogativas e inmunidad de la condición de parlamentarios europeos.
(iv) Respecto de la vulneración de la inmunidad parlamentaria, indica esta parte que el suplicatorio se establece al servicio del objetivo de preservar la inmunidad, siendo un instrumento propio y característico de la prerrogativa cuyo campo de actuación, por su finalidad, se limita al proceso penal. De modo tal que el Tribunal Supremo ha interpretado adecuadamente el art. 71 CE, precepto que consigue el objetivo de fundir los intereses del poder legislativo y del poder judicial, impidiendo la instrumentalización de la justicia para corromper el correcto funcionamiento de la cámara legislativa, del mismo modo que la elección de diputados y senadores no debe instrumentalizarse para impedir la correcta resolución de procedimientos ya instruidos y en fase de juicio oral. La garantía del art. 71.2 CE, no tiene como objetivo garantizar el ejercicio de la representación legislativa, si no impedir que las cámaras se vean afectadas por una presunción del uso de la herramienta judicial como objetivo corruptivo del poder legislativo (con cita de la STC de 18 de enero de 1990). En este caso, los recurrentes han ejercido sus derechos políticos de forma plena y absoluta, según el artículo 39 CDFUE, como prueba que hayan resultado proclamados, recogieran su acta y actuaran como europarlamentarios hasta la aprobación del suplicatorio por el Parlamento Europeo. De modo que la finalidad de su solicitud es evadir la acción de la justicia y reiterar los mismos hechos delictivos por los que se les está enjuiciando, motivación que a juicio de esta acusación es una utilización fraudulenta de la legalidad.
(v) Se niega la vulneración del derecho a la representación política en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17 CE, art. 6 CDFUE y art. 5 CEDH), y de circulación (art. 19 CE en relación con el art. 16 CE y art. 45 CDFUE y arts. 2 y 3 del Protocolo núm. 4 CEDH), en la medida en que ha quedado demostrada la posibilidad de participar en las elecciones y la obtención del acta de parlamentario de los dos recurrentes en amparo.
(vi) También se rechaza la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE, art. 48 CDFUE y art. 6 CEDH), porque ninguno de los recurrentes se encuentra aún condenado (con cita de la STC 71/1994, de 3 de marzo).
(vii) La misma ausencia de vulneración sostiene esta parte respecto del derecho a la legalidad penal (art. 25 CE). Se alega que no es posible sostener la falta de ilegalidad de los actos cometidos, cuando los recurrentes ni siquiera intentan precisar los actos realizados por los recurrentes, invocando informes que no son vinculantes. Sin embargo, este motivo parece planteado un tanto prematuramente por cuanto más parece el recurso a la eventual sentencia que se dicte al respecto que vulneración de derecho alguno, y debe ser también como los demás inadmitido y en todo caso desestimado.
b) El escrito de alegaciones se opone a la apreciación de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo al entender que todas las cuestiones planteadas ya lo han sido en otros recursos de amparo, careciendo asimismo el asunto de consecuencias políticas generales. Defiende esta parte que no existen lagunas legislativas ni en el ordenamiento nacional, ni el en ordenamiento relativo a la regulación del estatuto de parlamentario europeo, sobre las que el Tribunal Constitucional deba pronunciarse.
c) Por último, en relación con las peticiones contenidas en el otrosí de la demanda, la representación procesal del partido político Vox solicita, de un lado, la desestimación de la solicitud de suspensión cautelar del suplicatorio por resultar incongruente con sus peticiones y por tratarse de un hecho superado a la vista de la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio. De otro lado, en cuanto a la solicitud del planteamiento de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta parte también propone la desestimación en cuanto deberá ser el Tribunal el que aprecie duda sobre la interpretación jurídica de los preceptos de Derecho de la Unión, y no la parte recurrente que, además defiende el planteamiento sin argumentos bastantes.
9. Por escrito registrado el 22 de junio de 2021, el fiscal ante el Tribunal Constitucional presenta sus alegaciones.
a) Tras exponer exhaustivamente los antecedentes del caso, y sintetizar las quejas expuestas en la demanda de amparo, la Fiscalía opone una serie de óbices de procedibilidad que hacen inviable, a su juicio, la admisión de una parte de la demanda, a pesar de la inicial decisión a este respecto.
Esos óbices se reconducen a la inadecuada satisfacción del carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional, que se garantiza mediante la exigencia de previo agotamiento de las posibilidades que el ordenamiento proporciona para lograr la protección de los derechos invocados ante los órganos de la jurisdicción ordinaria antes de acudir ante el Tribunal Constitucional (con cita de la STC 27/2019, FJ 4).
La Fiscalía hace notar que estamos ante un supuesto en que, sin haber finalizado el procesoa quoen relación con los demandantes de amparo, se recurre ante el Tribunal en amparo denunciando la vulneración de derechos fundamentales producida en el seno de aquel proceso que, aún hoy, sigue sin resolverse para aquellos (con cita de la STC 147/1994). En este contexto, el Ministerio Fiscal recuerda que la jurisprudencia constitucional mantiene la regla de que, en lo que se refiere al proceso penal no concluso por decisión que se pronuncie sobre la condena o absolución, e incluso en los que la celebración del juicio oral no ha tenido lugar, resulta prematura la invocación de lesiones que podrían ser examinadas ulteriormente en el curso del proceso (con cita, entre otras de las SSTC 70/2012, FJ 2; 20/2019, FJ 3; 38/2020, FJ 3, o 71/2021, FJ 2). En este caso, la causa especial núm. 20907-2017 no ha fenecido para los recurrentes al tiempo de interponer la demanda, por encontrarse los mismos en situación de procesados declarados rebeldes en la misma causa. Esa circunstancia proyecta un óbice de procedibilidad del amparo, relativo al inadecuado agotamiento de la vía judicial previa respecto de varias de las denuncias formuladas.
(i) En relación con la denunciada vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, en conexión con el derecho a la doble instancia penal (art. 24.1 CE), las quejas son prematuras e incurren en causa de inadmisión por falta de agotamiento de la vía judicial previa, puesto que los recurrentes, declarados en rebeldía, disponían aún al tiempo de interponer la presente demanda de amparo de la oportunidad procesal de plantear al tribunal de enjuiciamiento, como artículo de previo pronunciamiento, la declinatoria de jurisdicción con base en los alegatos que fundamentan su queja (arts. 26in finey 666.1 LECrim). Por lo demás, tal y como se ha resuelto en las SSTC 11/2018, 129/2018, 130/2018 y 27/2019, no se aplica al caso excepción alguna que permita entender dispensable la regla general.
(ii) Respecto de la supuesta vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías en su vertiente del derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE), la Fiscalía también considera el motivo incurso en causa de inadmisibilidad por falta de agotamiento de la vía judicial, ya que el cauce adecuado a través del cual hacer valer las dudas sobre la imparcialidad judicial es el incidente de recusación previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (con cita, entre otras, de la STC 38/2020, FJ 3), cuya interposición tampoco supone el agotamiento de la vía judicial previa, ya que es posible acudir igualmente a las cuestiones de previo pronunciamiento en el proceso ordinario (con cita de las SSTC 131/2018, 27/2019 y 38/2020).
(iii) En relación con las hipotéticas vulneraciones del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de las libertades de expresión, ideológica y de reunión (arts. 20, 16 y 21 CE), el fiscal ante el Tribunal Constitucional sostiene que, al tratarse de derechos sustantivos, solo la eventual irreparabilidad de los derechos en el caso de continuarse el procedimiento, haría excepcionable la obligación de agotamiento de la vía judicial previa. Y, en este caso, la Fiscalía aduce que es aplicable la misma solución contenida en la STC 27/2019, resolutoria del recurso de amparo núm. 4706/2018, interpuesta por el señor Puigdemont contra el auto de procesamiento. El planteamiento de los demandantes discute el contenido fáctico y la fundamentación jurídica de la resolución originaria (el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018), y de la readaptación realizada mediante las resoluciones de 14 de octubre y 4 de noviembre de 2019, a través de los pronunciamientos firmes de la STS 459/2019, lo que comporta dos problemas: 1) la propia configuración del recurso de amparo impide entrar en el examen de los hechos [art. 44.1 b) LOTC], y ello se aplica en particular a los hechos aportados indiciariamente en el auto de procesamiento; 2) es evidente la interferencia que la resolución del amparo puede generar en el devenir del proceso judicial, al tener que versar sobre una cuestión no solventada definitivamente en el proceso y que se refiere a que los hechos realizados no son constitutivos del delito de sedición ni de malversación, siendo este el objeto principal a debate en el juicio oral.
b) Respecto del resto de motivos planteados en el recurso de amparo, el escrito de la Fiscalía expone los argumentos por los que debe ser descartada la vulneración de cada uno de los derechos invocados.
(i) En primer término se refiere al art. 23.2 CE en relación con la afectación de la inmunidad parlamentaria europea que se habría producido tanto por las órdenes internacionales y europeas de detención y entrega como por la emisión del suplicatorio al Parlamento Europeo. Entiende la Fiscalía que las pretensiones nucleares contenidas en los recursos de amparo núm. 64-2020, 972-2021 y 1212-2021, vienen a suscitar si la inmunidad parlamentaria europea que los actores adquirieron en un momento posterior a su procesamiento en la causa penal ha sido debidamente respetada o, por el contrario, ha sido sometida ilegítimamente a restricciones indebidas.
Los recurrentes, según la Fiscalía, sostienen dos tesis centrales en su demanda: (i) lo que se pretende por el magistrado instructor con la solicitud del suplicatorio es obtener autorización del Parlamento Europeo para privar a los recurrentes del ejercicio del derecho de representación política, mediante su detención y posterior ingreso en prisión. La orden europea de detención y entrega tiene su razón de ser en perturbar el ejercicio del cargo de diputados al Parlamento Europeo, restringiendo el derecho de representación política (art. 23.2 CE) en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17 CE) y el derecho a la libertad de circulación (art. 19 CE), así como la vulneración asociada al ejercicio de las libertades de opinión y expresión [art. 20.1 a) CE] asociación (art. 22 CE) y reunión (art. 21 CE); (ii) al tiempo de dictarse las órdenes europeas de detención y entrega (14 de octubre y 4 de noviembre de 2019) los recurrentes ya eran diputados del Parlamento Europeo, por lo que gozaban de la inmunidad parlamentaria, no siendo posible la emisión de una orden europea de detención y entrega sin previa suspensión de su inmunidad por el Parlamento Europeo, de modo que las órdenes emitidas serían inválidas. Esta tesis respalda la afirmación de que, procediendo la retirada de la orden de 14 de octubre de 2019, su no suspensión hasta que el Parlamento resolviera sobre el suplicatorio ha generado una vulneración de la inmunidad parlamentaria en relación con el derecho a la libertad (art. 17 CE), el derecho a la representación política (art. 23.2 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
De cara a centrar el objeto del recurso, la Fiscalía sostiene que la inmunidad garantiza el desempeño de la función parlamentaria, por lo que se integra en el estatus propio del cargo parlamentario, de modo que el derecho afectado por constricciones ilegítimas de la prerrogativa de inmunidad es el recogido en el art. 23.2 CE (con cita de las SSTC 22/1997, FJ5; 123/2001, FJ 3, y 124/2001, FJ 3). Todas las demás vulneraciones que se invocan en asociación a las dos tesis expuestas carecen de despliegue argumental autónomo, de manera que se muestran dependientes de la pretensión principal y su destino pende de la apreciación de una efectiva conculcación o no del contenido del art. 23.2 CE.
La Fiscalía reconoce que los recurrentes gozaban de la prerrogativa parlamentaria europea de inmunidad de jurisdicción desde que adquirieron la condición de diputados europeos electos, mediante su proclamación oficial (exart. 9 del Protocolo núm. 7 sobre privilegios e inmunidades), tal y como se interpreta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 19 de diciembre de 2019, asuntoOriol Junqueras. También afirma que del art. 9 del Protocolo núm. 7 se desprende la existencia de un doble régimen respecto de la prerrogativa de inmunidad para los eurodiputados españoles: en territorio nacional español gozarán de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento español, según se definen en el art. 71 CE, y en el territorio de cualquier otro estado miembro gozarán de inmunidad frente a toda medida de detención y toda actuación judicial de modo que será preciso solicitar la suspensión de la inmunidad.
En este marco, las decisiones judiciales impugnadas en amparo parten del entendimiento de que a nivel nacional se sigue el criterio del auto de 14 de mayo de 2019 y las inmunidades no protegen a quien adquiere la condición de parlamentario después de haber sido procesado, por lo que han de permanecer las órdenes europeas de detención y entrega expedidas y, en el territorio del resto de los Estados de la Unión Europea, resulta necesario solicitar la suspensión de la inmunidad al objeto de superar las limitaciones que para la prosecución del procedimiento ha supuesto la fuga.
Partiendo de las consideraciones previas, el Ministerio Fiscal argumenta lo siguiente:
(1) Respecto de los argumentos de la demanda relativos al suplicatorio, la Fiscalía se remite a sus alegaciones en los recursos de amparo núm. 6711-2019 y 6720-2019, en los que se cuestionaba la decisión del Tribunal Supremo de no solicitar suplicatorio al Congreso y al Senado para continuar el juicio oral contra los allí demandantes en amparo. Aquellas alegaciones, contenidas en el fundamento jurídico 3 de las SSTC 70/2021 y 71/2021, se sintetizan afirmando que el suplicatorio es condición de procedibilidad cuya finalidad reside en evitar que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras y alterar la composición que les ha dado la voluntad popular, de modo que la autorización a la cámara respectiva ha de ser solicitada antes de que los Diputados y Senadores sean inculpados o procesados, siendo esta interpretación acorde con una correcta comprensión del sentido de la prerrogativa misma y de los fines que procura, tanto en el sentido lógico de sujeción a los límites objetivos que impone la Constitución como en el teleológico de la razonable proporcionalidad al fin al que responde. La Fiscalía recuerda también como las sentencias citadas ponen de manifiesto que los criterios de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional se asemejan en lo que hace a la prerrogativa de inmunidad.
Añade el Ministerio Fiscal que la jurisprudencia europea señala que la prerrogativa de inmunidad parlamentaria es una excepción al régimen ordinario de procedibilidad de presuntos delitos y su enjuiciamiento, por lo que debe evaluarse restrictivamente en los supuestos en los que no existe una conexión clara entre los hechos perseguidos y la actividad parlamentaria (con cita de las SSTEDH de 30 de enero de 2003, casoCordova c. Italia, o de 20 de abril de 2006, casoPatrono,Cascini y Stefanelli c. Italia). Además, la prerrogativa no puede ser empleada por los representantes políticos como instrumento para eludir la acción de la justicia (STEDH de 20 de diciembre de 2016,Uspaskich c. Lituania), consideraciones estas con las que coincide el art. 5.2 del Reglamento interno del Parlamento Europeo. En el caso de autos, la condición de los recurrentes como diputados electos al Parlamento Europeo, se adquirió con posterioridad a la incoación de la causa penal, de modo que siendo la inmunidad una condición de procedibilidad «previa» para inculpar o procesar a un parlamentario, resulta imposible que el proceso o la vía penal fuera emprendida con el objeto de perturbar el funcionamiento o composición del Parlamento Europeo, cuando era imposible prever, al momento de dictar las órdenes europeas de detención y entrega, que los recurrentes en amparo serían ni candidatos, ni electos a esta cámara de representación.
La interpretación judicial cuestionada por la demanda de amparo respecto de la garantía de inmunidad, no merma la finalidad institucional cuya salvaguarda se persigue mediante esta prerrogativa, porque el procedimiento judicial de la instancia no guarda relación alguna ni con las opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones como diputados al Parlamento Europeo (art. 8 del Protocolo núm. 7); ni con actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias; ni con la condición de diputados al Parlamento Europeo, sino con sus anteriores cargos en la Generalitat de Cataluña; ni con la intención de obstaculizar la futura actividad política de los recurrentes como diputados al Parlamento Europeo; ni con el propósito de dañar la actividad política de un eurodiputado y, por tanto, del Parlamento Europeo, puesto que no presenta indicios defumus persecutionis.Por consiguiente, el Ministerio Fiscal sostiene que la legitimidad constitucional de la solicitud de suspensión de la inmunidad parlamentaria esta fuera de toda duda, porque ni se pretendía una restricción indebida del derecho de representación política ni se habría producido la vulneración del art. 23.2 CE, en relación con los derechos contenidos en los arts. 17, 19, 20.1 a), 21 y 22 CE (con cita de la STC 124/2001).
(2) Por lo que hace a la decisión de no suspender la vigencia de las órdenes de detención internacional y europea, la Fiscalía rechaza que esta decisión sea lesiva del derecho a la libertad de los recurrentes en amparo. Sostiene esta parte que de la STJUE en el asuntoOriol Junquerasno se pueden extraer parámetros de enjuiciamiento válidos para el caso de autos, porque no se refiere a una situación equivalente e, incluso aunque lo fuera, es posible sostener el mantenimiento de una situación de prisión provisional, sin perjuicio de solicitar la suspensión de inmunidad al Parlamento Europeo, de modo que también sería posible mantener las órdenes europeas de detención y entrega, sin perjuicio de suspender temporalmente su ejecución y solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio. En este punto, el Ministerio Fiscal remite a sus propias alegaciones al recurso de amparo núm. 1523-2020. Frente a la alegación de que el auto de 4 de noviembre de 2019 no incorpora un análisis de la necesidad y proporcionalidad de la medida, el Ministerio Fiscal, sostiene que ese análisis está adecuadamente efectuado, añadiendo que en el auto de 10 de enero de 2020, relativo a la emisión del suplicatorio, se acomete la operatividad de los privilegios que ostentan los miembros del Parlamento Europeo en el territorio de cualquiera otro Estado miembro conforme al art. 9.1 b) del Protocolo.
(ii) El Ministerio Fiscal descarta también que concurra en el caso la alegada vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la ley (art. 14 CE), citando en sustento de su argumentación el contenido de las SSTC 120/2019, FJ 3; 38/2011, FJ 6; 13/2011, FJ 3, o 31/2008, FJ 2.
Argumenta esta parte que los recurrentes no aportan un término de comparación pertinente, y que las resoluciones de contraste que aportan se refieren a un europarlamentario de otro país europeo en un contexto, situación y escenarios no homologables a los que atañen a los recurrentes. Además la denunciada incorrección de criterio interpretativo no valdría para apoyar una vulneración de la tutela judicial efectiva, dada la inexistencia del derecho al acierto judicial, y habida cuenta que la respuesta obtenida en la vía ordinaria satisface los parámetros exigibles de razonabilidad a partir de la ausencia de una norma específicamente reguladora del aspecto controvertido. Por último la Fiscalía niega que el Parlamento Europeo haya asumido el criterio de que es el Ministerio de Justicia el único órgano competente en España para elevar a la Presidencia del Parlamento Europeo un suplicatorio de suspensión de inmunidad, como demuestran las decisiones del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 2021, sobre los suplicatorios de suspensión de la inmunidad de los recurrentes en amparo.
(iii) En relación con la denuncia relativa a la vulneración de la presunción de inocencia, el Ministerio Fiscal, apelando al fundamento jurídico 5 de la STC 97/2020 y haciendo notar la coincidencia entre la jurisprudencia constitucional, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, rechaza la eventualidad de la vulneración, no considerando afectada la presunción de inocencia en su vertiente de regla de tratamiento (art. 24.2 CE) por el hecho de que, como soporte documental de la solicitud de suspensión de la inmunidad parlamentaria, se remitiesen al Parlamento Europeo el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2019, así como los autos de ratificación y la STS 459/2019, de 14 de octubre.
A juicio de la Fiscalía, la finalidad de este envío era precisar el fundamento fáctico y jurídico de la acción judicial que se ejercita contra los parlamentarios europeos, para que esto pueda ser tenido en cuenta a la hora de emitir el suplicatorio. Tales documentos reflejaban resoluciones judiciales que se basaban en indicios o pruebas de cargo incardinables en la precisión del inciso final del art. 4.1 de la Directiva 2016/343/UE, de modo que dicho soporte se revelaba como relevante para sustentar en términos de adecuada motivación la propia petición de suplicatorio, habida cuenta de que en tales resoluciones se contenía la información necesaria que había de ser suministrada al Parlamento Europeo para que este pudiera formar y fijar su criterio sobre la concesión o no de la suspensión solicitadas. De hecho, las resoluciones que conceden el suplicatorio no se refieren en ningún caso a la eventual culpabilidad de los recurrentes en amparo, de modo que la finalidad que le atribuye la demanda al Tribunal Supremo carece de todo fundamento, debiendo descartarse la lesión del principio de presunción de inocencia.
(iv) Por lo que hace a la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en su vertiente del derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, el Ministerio Fiscal sintetiza el contenido del derecho afirmando que no garantiza el acierto de las resoluciones judiciales, ni en la valoración de los hechos, ni en la selección, interpretación y aplicación de las normas al caso, sino únicamente la obtención de una respuesta judicial que, además de estar motivada y fundada en Derecho, sea razonable, en el sentido de que no resulte arbitraria o manifiestamente infundada por estar basada en un error patente y relevante para la decisión del asunto (con cita de la doctrina contenida en el fundamento jurídico 3 de la STC 38/2011 y en el fundamento jurídico 5 de la STC 308/2006). En el supuesto de hecho, tanto el auto de 10 de enero como el de 4 de marzo de 2020 expresan y exteriorizan los elementos, razones de juicio y fundamentos en los que se basan las decisiones adoptadas, motivando detalladamente la emisión del suplicatorio de suspensión de la inmunidad de los recurrentes como diputados al Parlamento Europeo.
En el auto de 10 de enero de 2020 se recogen los antecedentes en los que se basa la decisión, reflejando la relación de elementos fácticos establecidos a partir de las diligencias practicadas en la causa especial 20907-2017; las disposiciones de los autos de 14 de octubre y 4 de noviembre relativos a las órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión de los recurrentes en amparo; los recursos interpuestos contra dichas resoluciones; la referencia a la STJUE de 19 de diciembre de 2019; y el auto de 10 de enero de 2020 en el que se estiman parcialmente los recursos de reforma interpuestos por los recurrentes, reconociéndoles las inmunidades del art. 9 del Protocolo núm. 7 TFUE, pero denegándoles la revocación de las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión. En segundo término, en los fundamentos de derecho se expresan las razones que motivan y justifican la decisión de solicitud de suspensión de inmunidad partiendo de la incidencia de la STJUE de 19 de diciembre de 2019 sobre los procesados rebeldes, definiendo el contenido material y el ámbito temporal de la inmunidad parlamentaria y señalando la necesidad de solicitar la suspensión de la inmunidad cuando la actuación judicial quede imposibilitada por los privilegios que contiene. También se expone la normativa aplicable del Reglamento interno del Parlamento Europeo y del Protocolo núm. 7 TFUE (arts. 8 y 9), para sostener la aplicación a los recurrentes del régimen previsto en el art. 71 CE y la viabilidad de las ordenes emitidas y adoptadas con posterioridad al procesamiento de los recurrentes en amparo, sin condicionamiento a la petición de suplicatorio o alzamiento de la inmunidad que les afecta. En cuanto a la operatividad de los privilegios que ostentan los miembros del Parlamento Europeo en el territorio de cualquier otro Estado miembro, conforme a lo dispuesto en la letra b) del art. 9.1 del Protocolo, el auto refleja el contenido de este precepto, deriva la imposibilidad de ejecutar las órdenes europeas de detención y entrega y justifica la solicitud de suspensión de inmunidad para facilitar el ejercicio de la acción penal.
Tampoco aprecia la Fiscalía déficit de motivación en el auto de 4 de marzo de 2020, cuya fundamentación jurídica aborda la razón por la que se solicita la suspensión de la inmunidad parlamentaria europea de los recurrentes. El fundamento jurídico 6 del auto de 23 de octubre de 2020, pese a lo afirmado por los recurrentes, contesta a su alegación relativa al empleo de un cauce incorrecto para la comunicación del suplicatorio al Parlamento Europeo. En el mismo sentido, el auto de 4 de marzo responde implícitamente a la cuestión del planteamiento de una cuestión prejudicial sobre la competencia del órgano instructor para elevar el suplicatorio al responder a la duda sobre el trato desigual en el asunto deSilvio Berlusconi. Adicionalmente los recurrentes han obtenido una respuesta explícita de rechazo en los fundamentos de Derecho 1 y 2 del auto de 23 de octubre de 2020, que manifiestan (1) la inexistencia de dudas,exart. 7 del Reglamento del Parlamento Europeo, sobre la opción de interesar la suspensión de la inmunidad ante una investigación de un delito y (2) el mantenimiento de la propia competenciaexart. 57.2 LOPJ.
(v) La Fiscalía también niega la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y al juez ordinario predeterminado por la ley a causa de la negativa al planteamiento de cuestiones prejudiciales (con cita de las SSTC 58/2004, 232/2015 y 37/2019). Entiende esta parte que el órgano judicial se ha limitado a no reconocer como pertinentes las cuestiones prejudiciales suscitadas, porque planteaban cuestiones relativas al aforamiento, figura propia del derecho nacional y no regulada por el Derecho de la Unión Europea. El argumento nuclear de las resoluciones judiciales impugnadas es que no resulta necesario plantear cuestiones prejudiciales sobre el art. 9 del Protocolo 7, referido exclusivamente a la inmunidad parlamentaria y no al aforamiento, materia esta propia de la regulación nacional, por lo que una interpretación de derecho interno sobre dichos aspectos no puede colisionar con una regulación de la Unión Europea que versa sobre inmunidad europea. Ello se desprende de la argumentación desplegada en el primer fundamento de derecho del auto de 23 de octubre de 2020, que resulta acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sostiene que el objeto de la cuestión prejudicial es interpretar el derecho europeo determinante para la resolución de la controversia y no el derecho interno (con cita de las SSTJUE de 6 de octubre de 1982, asuntoCILFIT, y de 9 de julio de 1985, asuntoBozzetti). No se está ante una situación en la que se deje de aplicar una norma interna existiendo dudas sobre la contradicción de derecho de la Unión, ni en un caso de inaplicación de la norma interna por decisión fundada en acto aclarado, ni en un supuesto en que se aplique una ley nacional supuestamente contraria el derecho de la Unión con base en una exégesis irracional de la legalidad ordinaria, ni en una hipótesis de preexistencia de una interpretación auténtica brindada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, no existiría, según la jurisprudencia constitucional, obligación alguna de plantear las cuestiones prejudiciales propuestas por los recurrentes, de modo que no se ha incurrido en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
Tampoco se habría vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), porque el órgano competente para dirimir el proceso penal subyacente es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por cuanto se juzga a cargos ocupados en la Generalitat de Cataluña por los recurrentes, atribuyéndoles hechos acaecidos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña (exarts. 57.2 y 70.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: EAC), y, por tanto, resulta competente también para dirimir las controversias y cuestiones interpretativas que se susciten en la causa penal en torno al aforamiento y la competencia.
(vi) Como argumento de cierre, el Ministerio Fiscal se refiere a las alegaciones de la demanda de amparo respecto de las que, en la primera parte de su escrito, planteó la concurrencia de óbices de procedibilidad. Se sustenta que, de no apreciase los óbices de procedibilidad planteados, en todo caso las quejas en cuestión ya han sido descartadas en las SSTC 34/2021, 91/2021, 106/2021, 107/2021, 121/2021 y 122/2021, todas ellas dictadas en recursos de amparo interpuestos contra la sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, resolutoria de la causa especial núm. 20907-2017. Se propugna, por ello, la solución de las quejas con idénticos criterios de desestimación a los empleados en dichas sentencias.
Así, no se considera vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) porque antes de adquirir la condición de diputados al Parlamento Europeo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo era competente para conocer y enjuiciar la causa penal contra los recurrentes y sigue siéndolo después, reafirmándose dicha competencia a partir de la aplicación de lo dispuesto en los arts. 57 LOPJ y 71.3 CE para los parlamentarios nacionales. En ausencia de todo fuero personal, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha de considerarse específicamente prevista por los arts. 17.1 y 2 y 272 LECrim, que establecen el enjuiciamiento conjunto en un solo proceso de los delitos conexos cuya inescendibilidad fuera apreciada (con cita de la STC 34/2021, FJ 3). No habiéndose incurrido en interpretación y aplicación de las normas de competencia que resulte arbitraria, manifiestamente irrazonable o consecuencia de un error patente de hecho, no cabe apreciar vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Por lo que hace al derecho a la doble instancia en materia penal, la desestimación del motivo de amparo referido a la falta de competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los recurrentes en amparo, lleva aparejada la de esta denuncia (SSTC 34/2021, 91/2021, 106/2021, 121/2021 y 122/2021).
Se descarta asimismo la denuncia sobre la imparcialidad del juzgador. Una de las manifestaciones censuradas y atribuidas al magistrado instructor, que se contiene en el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018 ha sido objeto de análisis en las SSTC 91/2021, FJ 5; 106/2021, FJ 5, y 121/2021, FJ 5, descartándose que dicha queja fuese articulada en el momento procesal oportuno y a través del cauce pertinente y que resulte apta para sustentar una vulneración del derecho al juez imparcial, dado que no suponía toma de partido por ninguna de las partes, ni manifestación de ánimo o interés personal en el proceso, resultando inocua desde la perspectiva de la afectación del derecho invocado. Ninguna de las demás manifestaciones y criterio de decisión concretados en las resoluciones cuestionadas comportan una toma de partido por alguna de las partes, con la consiguiente animadversión hacia las otras, ni la manifestación de un ánimo o interés personal sobre el sentido que debía tomar la resolución final del procedimiento, por lo que resultan igualmente inocuas desde la perspectiva de la afectación del derecho fundamental invocado.
En lo relativo a la legalidad sancionadora en relación con las libertades de expresión, ideológica, de reunión y de manifestación, buena parte de los reproches efectuados por los recurrentes sobre las exigencias que para el legislador se derivarían del principio de legalidad sancionadora y, más concretamente, del mandato de taxatividad o predeterminación normativa, han sido analizados y descartados en las SSTC 106/2021, FJ 11, y 121/2021, FJ 12, en lo que atañe al tipo de sedición descrito en el art. 544 CP, por lo que la Fiscalía se remite al contenido de los pronunciamientos contenidos en estas dos sentencias. Y, en referencia a la posibilidad de subsunción judicial de los hechos en dicho tipo, se remite al FJ 10 de la STC 122/2021, complementando lo señalado en la STC 106/2021, FJ 11.
10. Recabado por el Pleno el conocimiento del asunto, mediante resolución de 14 de septiembre de 2021, se establece la conexión entre los recursos núms. 1212-2021 y 64-2020 y, en atención a esa conexión objetiva, se acuerda que la ponencia del primero de ellos sea atribuida a la magistrada ponente del recurso núm. 64-2020, doña María Jiménez Campos Rubio.
11. Mediante auto de 15 de septiembre de 2021 (ATC 82/2021) se acepta por el Pleno la abstención formulada por el magistrado don Cándido Cano-Pumpido Tourón en el recurso de amparo núm. 1212-2021, apartándole definitivamente de los referidos recursos y de todas sus incidencias.
12. Una vez tramitada la pieza separada de medidas cautelares, el Pleno, mediante el ATC 97/2021, de 28 de octubre, reconoce la pérdida de objeto de la petición de suspensión efectuada por los recurrentes en amparo en el escrito de demanda, y archiva la pieza separada de suspensión de este recurso de amparo.
13. Mediante escrito registrado el 2 de diciembre de 2021, los recurrentes en amparo, junto con doña Clara Marín i Obiols, y don Lluis Calvo i Gordi, solicitan la recusación del magistrado don Enrique Mora Crespo y de la magistrada doña Concepción Pérez Velasco, en los recursos de amparo núm. 1599-2020, 2835-2021, 2017-2021, 1212-2021, 972-2021 y 5513-2021, justificando la demanda en la falta de imparcialidad de ambos magistrados. En respuesta al escrito de recusación, y a otros dos planteados el 1 de diciembre (respecto del recurso de amparo núm. 1621-2021) y el 3 de diciembre (respecto de los recursos de amparo núm. 1638-2021, 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021) respectivamente, el ATC 107/2021, de 15 de diciembre, decide inadmitir las recusaciones por carecer manifiestamente de sustento suficiente.
Respecto de este auto, por un lado, los recurrentes solicitan aclaración, que plantean mediante escrito presentado el 22 de diciembre de 2021, y, por otro lado, interponen recurso de súplica, mediante escrito registrado el día 23 de diciembre. Tras el oportuno trámite de alegaciones, el Pleno, mediante el ATC 17/2022, de 25 de enero, desestima las solicitudes de aclaración y los recursos de súplica planteados en relación con el ATC 107/2021, de 15 de diciembre, por el que se acordó la inadmisión de las recusaciones formuladas.
14. Por providencia de 29 de noviembre de 2022 se señaló ese mismo día para deliberación y votación de la presente sentencia.
1. Síntesis de las posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra la resolución del magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017 que dirige al Parlamento Europeo suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de los recurrentes en amparo. La resolución inicial está fechada el 10 de enero de 2020, y sería confirmada posteriormente por auto de 4 de marzo del mismo año y del mismo magistrado. Planteado recurso de apelación contra ambas resoluciones, las mismas serán confirmadas por auto de 23 de octubre de 2020, aprobado por la sala de recursos del Tribunal Supremo que desestimará el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra este auto mediante resolución fechada el 28 de diciembre de 2020.
Los recurrentes en amparo denuncian que las cuatro resoluciones impugnadas vulneran:
(i) El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley en relación con el derecho a la doble instancia penal (art. 24.1 CE), porque el Tribunal Supremo carecía de competencia para conocer del proceso penal en relación con los demandantes en amparo al momento de plantear el suplicatorio. Sostiene la demanda que los europarlamentarios no deben quedar sujetos al fuero especial del Tribunal Supremo. Adicionalmente se estaría produciendo una vulneración del mismo derecho, al juez ordinario predeterminado por la ley, por cuanto la interpretación del alcance del aforamiento como prerrogativa de los europarlamentarios debería corresponder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que la norma aplicable a las inmunidades de los parlamentarios europeos es el art. 9, párrafo primero, apartado a) del Protocolo núm. 7 y no los arts. 71.3 CE, 56.2 y 57 LOPJ, como sostienen el magistrado instructor y la Sala Segunda, actuando como sala de recursos, del Tribunal Supremo.
(ii) El derecho al juez imparcial (art. 24.1 CE), por falta de imparcialidad de magistrado instructor y de dos de los integrantes de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
(iii) El derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a una resolución fundada en derecho y a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 CE), vulneración que se asocia, identificando distintos defectos de motivación, al primer auto de 10 de enero de 2020 (denunciando la ausencia de motivación en relación con la decisión de planteamiento del suplicatorio); al auto de 4 de marzo (en relación con el planteamiento de cuestión prejudicial); y al auto de 23 de octubre (porque no se motiva en relación con algunas de las quejas dirigidas a la resolución del magistrado instructor y no se eleva cuestión prejudicial).
(iv) La garantía de inmunidad de los diputados al Parlamento Europeo (art. 23 CE), en relación con los derechos a la libertad personal (art. 17 CE), y la libre circulación (art. 19 CE), al responder la orden europea de detención librada al objetivo de perturbar el ejercicio del cargo para el que los recurrentes resultaron electos.
(v) El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con los derechos de representación política (art. 23 CE) vinculado este al ejercicio del derecho a la libertad personal (art. 17 CE) y de circulación (art. 19 CE), al no responder las resoluciones impugnadas a la invocación de derechos planteada por los recurrentes en amparo.
(vi) El derecho a la igualdad (art. 14 CE), cuya lesión vendría conectada a la incorrección del cauce mediante el que se efectúan las comunicaciones de petición de suplicatorio al Parlamento Europeo. Entienden los recurrentes que debieron tramitarse por el canal del Ministerio de Justicia y no del presidente del Tribunal Supremo, tal y como sucedió en el asuntoSilvio Berlusconi, supuesto en el que se siguió el dictamen del Consejo de Estado núm. 1080-2001, de 10 de mayo.
(vii) El derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ya que la comunicación al Parlamento Europeo de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, en la que se juzgó a otras personas, representa una referencia pública a la culpabilidad de los demandantes.
(viii) El derecho a la legalidad penal (art. 25 CE), porque los hechos por los que se investiga a los recurrentes en la causa especial no serían constitutivos de delito.
(ix) Los derechos a la libertad ideológica (art. 16 CE), libertad de expresión (art. 20 CE), libertad de reunión y manifestación (art. 21 CE) y derecho a la legalidad penal (art. 25 CE), en conexión con los derechos previamente invocados.
El Abogado del Estado propone delimitar el objeto del pronunciamiento excluyendo las alegaciones relativas al primer auto de 10 de enero (pronunciamientos relativos a las órdenes de detención y entrega y a la recusación del instructor primero y de los magistrados señores Colmenero y Magro después –en este caso resueltas en el auto de 13 de octubre de 2020–). Además, la abogacía del Estado opone la concurrencia de óbices de procedibilidad en relación con la invocación del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.1 CE) y del principio de legalidad penal (art. 25 CE), al considerar que en relación con ambas denuncias se identifica un inadecuado agotamiento de la vía judicial previa. Por último propone la desestimación del resto de motivos de amparo, incluso de aquellos respecto de los que ha identificado óbices de admisibilidad, para el caso en que el Tribunal no entendiese que concurren tales óbices.
El partido político Vox solicita la inadmisión a trámite del recurso de amparo al negar que concurra especial trascendencia constitucional en el mismo y, subsidiariamente, propone la desestimación de todos y cada uno de los motivos de amaro invocados.
Por su parte, la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional alega que no ha sido agotada la vía judicial previa en relación con las denuncias relativas al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.1 CE), el derecho a la doble instancia penal, el derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE), el respeto al principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) y las libertades de expresión, ideológica y de reunión (arts. 20, 16, y 21 CE). Por lo que hace a las alegaciones de la demanda que sí considera admisibles, la Fiscalía descarta que se haya producido la vulneración del art. 23.2 CE en relación con la afectación de la inmunidad parlamentaria por parte de las órdenes europeas y en relación con la petición de suplicatorio; niega la afectación del art. 14 CE al no haberse aportado un término de comparación adecuado; rechaza la lesión del art. 24.2 CE en relación con el principio de presunción de inocencia, argumentando que los documentos enviados al Parlamento Europeo son el soporte relevante para sustentar en términos de adecuada motivación la petición de suplicatorio; descarta que ninguna de las resoluciones impugnadas haya incurrido en insuficiente o inadecuada motiva