Categoría: Administración

España convive con los incendios forestales desde siempre y, por ello, a lo largo del tiempo se ha dotado de medios humanos, materiales y normativos progresivamente más eficaces para su gestión. La regulación básica estatal se encuentra recogida en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. A esta ley se suman actualmente numerosas leyes, normas y planes generales o específicos de ámbito estatal, autonómico y local, pues las entidades locales también ejercen competencias propias en materia de prevención y extinción de incendios en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Este marco regulatorio, organizativo y estructural ha contribuido a la progresiva reducción de la incidencia de incendios forestales en número y superficie. Sin embargo, factores que se vienen apuntando desde hace tiempo, pero que ahora se muestran ya con toda su agresividad, como el calentamiento global, junto con el proceso de transformación social, económica y ecológica del medio rural, rompen aquella tendencia y apuntan a la aparición de situaciones de emergencia de mayor complejidad.
Desde el punto de vista organizativo, la coordinación a nivel nacional de los incendios forestales le corresponde al Comité de Lucha contra los Incendios Forestales (CLIF), adscrito desde 1994 a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y cuyo trabajo se ha venido desarrollando continuadamente hasta la actualidad.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en su reunión de 28 de julio de 2022, ha aprobado las «Orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España» elaboradas por el CLIF, como marco orientativo de coordinación a escala nacional, que sirva de herramienta para reducir los incendios forestales, gestionar de forma efectiva su desarrollo y minimizar sus consecuencias.
La premisa fundamental de estas orientaciones es fortalecer la cooperación intersectorial en materia de incendios entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, el sector privado y la sociedad, al ser un fenómeno que no atiende a separaciones administrativas, competenciales o de propiedad.
A lo largo de las últimas décadas, se ha ido consolidando un amplio dispositivo operativo, fundamentalmente dedicado a la extinción, formado por unidades especializadas terrestres y aéreas, que cuentan con una probada capacidad de respuesta frente al riesgo de incendios forestales. Pero la lucha contra los incendios no puede quedar reducida a la necesaria reacción adecuada en la extinción. Es necesario reforzar la defensa frente a los incendios todo el año, en un contexto en el que el riesgo se ve incrementado como consecuencia de los cambios demográficos y poblacionales y los impactos del cambio climático. La cooperación y la coordinación entre administraciones competentes para mejorar la sinergia e integración de las respuestas, y el fortalecimiento de las medidas destinadas a prevención, vigilancia y extinción, son imprescindibles para fortalecer su eficacia.
El análisis de los incendios forestales ocurridos en nuestro país en los últimos meses, y más concretamente en el verano de 2022, indica que estamos en una situación de emergencia, que compromete gravemente la seguridad de las personas, las infraestructuras y el medio ambiente. En este periodo, hemos vivido una temprana ola de calor en el mes de junio, seguida por una nueva ola de calor de proporciones inusuales en el mes de julio, tras un año hidrológico seco y con temperaturas de suelo superiores a los 40 grados centígrados (o incluso los 60 en los días y zonas de calor más álgido). La combinación de estas variables ha propiciado un gran número de incendios forestales devastadores, incluida la lamentable pérdida de la vida de dos personas.
Según la información del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde el 1 de enero de 2022 al 24 de julio, se han producido 31 grandes incendios (es decir, de superficies superiores a quinientas hectáreas), superando la peor cifra de la década en 2012, en que hubo en todo el año diecisiete incendios de estas características. El total de superficie total afectada por incendios forestales, hasta 24 de julio de 2022, es de 135.147,32 ha., la superficie más extensa desde 2012 (149.015,38 ha).
Aunque el Comité de Lucha contra Incendios Forestales ejerce, de forma colegiada, un papel esencial en la coordinación de las principales administraciones competentes, la gestión estratégica de los incendios forestales se sigue abordando de forma parcial, lo que implica la necesidad de disponer de un marco de acción común a escala nacional, capaz de integrar a todos los agentes, públicos y privados, que tienen algún grado de responsabilidad en la materia.
La modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y normativa complementaria, pretende instaurar medidas de inmediata aplicación para hacer frente, con celeridad, a la situación de emergencia expuesta.
El real decreto-ley introduce modificaciones en la Ley de Montes en los tres ámbitos desde los cuales se han de abordar los incendios forestales: prevención, extinción y mantenimiento y restauración de los terrenos forestales afectados, y otorga a las comunidades autónomas un plazo de cinco meses para adaptar sus servicios de prevención, vigilancia y extinción a lo previsto en la norma.
La experiencia de los últimos años ha evidenciado que el riesgo de los incendios forestales se extiende a todo el territorio y de forma desestacionalizada. Atender debidamente a esa evolución del escenario requiere disponer de un instrumento nuevo, de mayor alcance que los planes de defensa, hasta ahora previstos solo para las zonas de alto riesgo. Los nuevos planes de prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales deben incluir la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de cada comunidad autónoma, deben ser actualizados con la suficiente antelación y se aplicarán de manera continua durante todo el año. Además de la ampliación de su ámbito territorial y su aplicación permanente, se refuerza y amplía el contenido mínimo de los planes para recoger aspectos esenciales como el diseño general del dispositivo para atención global durante todo el año a la prevención, detección y extinción de incendios forestales, identificando las épocas de mayor riesgo de incendios forestales debidamente territorializadas; la determinación de los puntos críticos de gestión, así como de las áreas de actuación singularizada; la asignación estable y permanente, de medios técnicos y profesionales singularizados; el establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios para dar cobertura a toda la superficie de la Comunidad Autónoma, con las previsiones de dotaciones, financiación, y modelo de organización; las prohibiciones o limitaciones a la circulación de vehículos y al acceso de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión de incendios; o las condiciones generales, tanto climatológicas como de cualquier otro tipo, que justifiquen la intensificación de los operativos y de los medios de vigilancia y extinción.
En cuanto a la gestión del riesgo de incendio, se establece un catálogo mínimo de prohibiciones y las consecuentes sanciones que determinan su incumplimiento, que las comunidades autónomas deben aplicar cuando el riesgo de incendio sea muy alto o extremo. El momento de activación de estas prohibiciones, todas ellas relacionadas con actividades que pueden estar en el origen de los incendios, se vincula con la información que la Agencia Estatal de Meteorología debe mantener actualizada y a disposición de las comunidades autónomas.
Con la información recogida en los planes de las comunidades autónomas, y con el resto de datos disponibles, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará una herramienta de zonificación de incendios forestales que consolide la información existente y facilite, con ello, la toma de decisiones en materia de prevención y lucha contra los incendios.
En lo que atañe al ámbito de la extinción de los incendios, la norma persigue reforzar la coordinación, mediante la implantación de un sistema de emergencias que asegure la interacción eficaz entre diferentes equipos cualquiera que sea la administración a la que pertenecen y para favorecer la acción conjunta y la asistencia recíproca entre los mismos. Esa imprescindible coordinación requiere la adopción de directrices comunes relativas a la calificación homogénea de las unidades de extinción por sus capacidades operativas, de acuerdo con las diferentes certificaciones profesionales existentes; un protocolo de coordinación común en materia de medios aéreos; la adopción de indicativos de radio unívocos; la simbología común para la elaboración de mapas operativos; y las condiciones mínimas de seguridad de las dotaciones y los equipos de protección individual de los que deberá disponer el personal que participe en labores de prevención y extinción de incendios forestales.
Se asegura también la coordinación de los dispositivos de extinción en el caso, cada vez más frecuente, de incendios en zonas limítrofes de dos o más comunidades autónomas y se automatiza la constitución de una dirección unificada de los trabajos de extinción cuando en ellos intervengan medios de la Administración General del Estado. Se mantiene en su integridad el apartado 4 del artículo 46 de la Ley de Montes, que remite a la legislación del Sistema Nacional de Protección Civil las emergencias forestales que derivan en emergencias de protección civil por afectar a las personas, sus bienes de naturaleza no forestal, a graves afecciones medioambientales y al patrimonio histórico-artístico y cultural.
Por otra parte, se garantizan con rango legal las actuaciones estatales de apoyo a los servicios de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de los que dispone el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la lucha contra incendios. De este modo, el Estado asume el compromiso de mantener activo, a lo largo de todo el año, el dispositivo de medios aéreos, las unidades de refuerzo helitransportadas, y los restantes medios de apoyo a las comunidades autónomas en el marco de la ejecución de los planes de prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.
En materia de restauración de los terrenos afectados por los incendios, se consolida el mecanismo de colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para la restauración forestal y medioambiental, siempre que los incendios se hayan producido en zonas donde las medidas de prevención y extinción previstas por la ley se hayan cumplido y siempre que las superficies afectadas tengan una extensión mínima.
Las actuaciones de restauración en las que la Administración General del Estado y la comunidad autónoma colaborarán, previa declaración de zona de actuación especial y de emergencia de las obras a ejecutar, podrán incluir desde medidas de restauración hidrológica forestal hasta la reparación de infraestructuras rurales de usos forestal.
En suma, el conjunto del real decreto-ley responde a finalidades claras: la protección del conjunto de la ciudadanía y, en particular, de las personas que trabajan en los servicios de prevención, vigilancia y protección; y la protección del monte y, con ello, de los valiosísimos servicios ambientales que prestan y que benefician al conjunto de la sociedad. Para ello es necesario, en primer lugar, intensificar la prevención del riesgo de incendios forestales, mediante la planificación y la aplicación de recursos tecnológicos que faciliten la predicción del nivel del riesgo, la alerta temprana, y la inmediata activación de las medidas y dispositivos de extinción; en segundo lugar, reforzar la coordinación mediante directrices e instrumentos que hagan posible la información recíproca y la acción conjunta de las administraciones públicas, profundizando en el diseño de un sistema armónico e integrado que evite disfunciones que comprometan la acción frente a los incendios forestales; y en tercer lugar, la colaboración interadministrativa en los trabajos de restauración forestal y medioambiental, en el marco de la planificación que corresponde a las comunidades autónomas.
Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido culminar el proceso de saneamiento y depuración de la ría de O Burgo (A Coruña) con una intervención de dragado de la misma, para regenerarla de manera definitiva.
Con la finalidad de abordar las referidas acciones de saneamiento, se redactó el proyecto titulado «Dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo», junto con su estudio de impacto ambiental. La tramitación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto se inició en octubre de 2013, obteniéndose la declaración de impacto ambiental favorable por Resolución de 11 de septiembre de 2017. Posteriormente, por resolución de 21 de octubre de 2021, se prorrogó la vigencia de dicha declaración por dos años adicionales.
Se trata de una actuación de gran relevancia social, reclamada en repetidas ocasiones por el sector marisquero y por la ciudadanía en general, que dará como resultado la recuperación ambiental de un espacio de dominio público marítimo terrestre que había sufrido severas alteraciones como consecuencia de décadas de vertido incontrolado. Y que supone su regeneración definitiva una vez que estos vertidos han sido atajados.
La ejecución de ese proyecto requiere suspender de forma temporal la actividad marisquera que se viene desarrollando en la ría de O Burgo ya que ambas actividades son incompatibles por distintas causas, como pueden ser la ocupación física y la alteración del sustrato, así como también la alteración de la calidad de las aguas.
La Comunidad Autónoma de Galicia autoriza el desarrollo de la actividad marisquera a través de planes de explotación aprobados a las cofradías de pescadores, corporaciones de derecho público reguladas, en el ámbito de esa comunidad autónoma, por la Ley 9/1993, de 8 de julio.
La Consellería del Mar de la Xunta de Galicia dictó la Orden de 28 de septiembre de 2020 por la que se modifican determinados planes de explotación marisquera con motivo de las obras de dragado en la ría de O Burgo, incluyendo en ellos la prohibición de ejercer la actividad de marisqueo desarrollada al amparo de los planes aprobados a la Cofradía de Pescadores de A Coruña, una vez que se inicie la ejecución del contrato de obras correspondiente al proyecto de dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo (A Coruña). Actualmente, la actividad extractiva se encuentra suspendida conforme a la Orden de 21 de diciembre de 2020 por la que se aprueba el Plan general de explotación marisquera para el trienio 2021-2023.
La Cofradía de Pescadores de A Coruña asumió también el compromiso de paralizar toda la actividad extractiva en el momento de inicio de las obras.
Sin perjuicio de que el dragado de los sedimentos de la ría redundará no solo en la mejora del medio ambiente y en beneficios futuros para las actividades que dependen del medio natural, como es la propia actividad de marisqueo, la suspensión de la actividad extractiva en la zona de dominio público marítimo-terrestre afectada mientras esta sea incompatible con las obras de dragado de la ría implica un perjuicio temporal para los trabajadores que vienen desarrollando esta labor, que justifica que el Gobierno adopte medidas compensatorias de ese perjuicio.
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4)».
La evolución de los incendios forestales desde el 1 de enero de 2022, que se ha expuesto más arriba, define la urgencia de la actuación. Por otra parte, las medidas que se establecen por este real decreto-ley requieren de un período de tiempo breve que, a su vez, anticipe la efectividad de su puesta en práctica por todas las administraciones públicas, de forma que en el menor plazo posible resulten aplicables las medidas de planificación y coordinación de todas las Administraciones Públicas que permitan enfrentar las eventuales situaciones que requieran la lucha efectiva contra los incendios forestales, así como la inmediata efectividad de las medidas preventivas y de restauración forestales que se establecen en este real decreto-ley. Estas medidas también deben encuadrarse en un contexto de precipitaciones más escasa que la media, según la información que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología para el año hidrológico de 2022, en que «el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2021 hasta el 26 de julio de 2022 se cifra en 419 mm, lo que representa alrededor de un 26 % menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo (569 mm)».
Por su parte, las medidas de apoyo contempladas en la disposición adicional segunda nacen de una situación concreta, la paralización de la actividad marisquera en la ría de O Burgo desde el 11 de febrero de 2022, como consecuencia del dragado de la ría, proyecto que ha emprendido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de acuerdo con sus competencias para la protección y restauración medioambiental del medio marino y de la costa y en aplicación de esta política que afecta al ámbito de competencias de la comunidad autónoma en materia de marisqueo. Los mariscadores afectados, un colectivo mayoritariamente compuesto por mujeres que depende casi exclusivamente de los ingresos de su actividad, no perciben ingresos desde esa fecha y hasta que terminen las labores de dragado, lo que requiere una rápida respuesta para habilitar el mecanismo que permita protegerlos en su situación de inactividad obligada. Los objetivos que se pretenden con la aprobación inmediata de esta medida no podrían conseguirse a través de la tramitación de un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y, por tanto, está plenamente justificado el recurso al real decreto-ley desde la perspectiva de la concurrencia de su presupuesto habilitante.
Todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, F.J. 3; 111/1983, de 2 de diciembre, F.J. 5; 182/1997, de 20 de octubre, F.J. 3), existiendo la necesaria conexión entre la situación de urgencia expuesta y las medidas concretas adoptadas para afrontarla.
No hay que olvidar que la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar el presente real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, F.J. 4; 142/2014, de 11 de septiembre, F.J. 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC 14/2020, de 28 de enero, F.J. 4), ante la concurrencia de las circunstancias descritas de reforzar las políticas, recursos e instrumentos para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales, y que se definen por su condición extraordinaria y urgente.
En suma, en las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren los requisitos exigidos en el artículo 86 de la Constitución Española, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo no pueden conseguirse a través de la tramitación de una ley por el procedimiento de urgencia.
Asimismo, debe señalarse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de las Constitución Española, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, existe un claro y evidente interés general que sustenta las medidas que se aprueban en la norma, siendo así el real decreto-ley el instrumento más inmediato y eficaz para garantizar su consecución. Se respeta asimismo el principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulación meramente imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados.
A su vez, la norma resulta coherente con el vigente ordenamiento jurídico, ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica. Y, por último, en cuanto al principio de transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, define claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la memoria que lo acompaña. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos.
El presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 23.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y protección del medio ambiente.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de agosto de 2022,
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade una letra g) al artículo 9, con la siguiente redacción:
«g) La colaboración con los servicios de vigilancia y extinción de los incendios forestales. A estos efectos, mantendrán actualizado un plano de delimitación de los diversos núcleos y urbanizaciones existentes en su término municipal, recogiendo entre sus características principales la proximidad al medio forestal, las vías de acceso y la localización de hidrantes y puntos de agua.»
Dos. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 46, que quedan redactados como sigue:
«1. Para facilitar la coordinación entre los dispositivos de extinción de incendios forestales, de forma que sea posible la asistencia recíproca de las Administraciones competentes y la utilización conjunta de los medios personales y materiales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con las comunidades autónomas, establecerá las directrices comunes para la implantación de un sistema de gestión de emergencias común.».
«3. En el caso de incendios en zonas limítrofes de dos o más comunidades autónomas, los órganos competentes de éstas coordinarán sus dispositivos de extinción, a iniciativa propia o a instancia de la Administración General del Estado. Cuando se solicite en estos incendios la intervención de medios estatales, deberá constituirse una dirección unificada de los trabajos de extinción, con participación de la Administración General del Estado. A su vez, la Administración General del Estado podrá, a petición de las comunidades autónomas, destinar personal técnico cualificado para asesorar a dicha dirección unificada.»
Tres. Se modifica el artículo 48, que queda redactado como sigue:
1. Las Comunidades Autónomas ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los referidos planes, que deberán ser objeto de publicidad previa a su desarrollo, comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente.
2. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará, con la participación de las comunidades autónomas y previo informe del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, las directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de los referidos planes, que se aprobarán mediante real decreto.
3. Los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales deberán ser aprobados por los órganos competentes de las comunidades autónomas y publicados antes del 31 de octubre del año precedente a su aplicación.
4. Los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales se aplicarán de manera continua durante todo el año e incluirán, además de lo previsto en el artículo 44 relativo a la prevención, al menos, los siguientes contenidos:
a) Un análisis territorial de la problemática socioeconómica que pueda existir en la Comunidad Autónoma y que se puede manifestar a través de la provocación reiterada de incendios o del uso negligente del fuego.
b) El diseño general del dispositivo para atención global durante todo el año a la prevención, detección y extinción de incendios forestales, precisando, en su caso, las épocas de mayor riesgo de incendios forestales debidamente territorializadas.
c) La determinación de los puntos estratégicos de gestión, así como de las áreas de actuación singularizada.
d) La asignación estable, y permanente, de medios técnicos y profesionales singularizados al desarrollo de las actuaciones contempladas.
e) Los trabajos de carácter preventivo a realizar a lo largo de todo el año, en particular los tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua que deban realizar los propietarios de los montes de la zona, así como los plazos de ejecución.
f) Las modalidades de ejecución de los trabajos, en función del estado legal de los terrenos, mediante convenios, acuerdos, cesión temporal de los terrenos a la Administración, ayudas o subvenciones o, en su caso, ejecución subsidiaria por la Administración.
g) El establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios para dar cobertura a toda la superficie de la Comunidad Autónoma, con las previsiones de dotaciones, financiación, y modelo de organización.
h) La regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales, en relación con los distintos niveles de riesgo.
i) Las prohibiciones o limitaciones a la circulación de vehículos a motor por pistas forestales en las que no existan servidumbres de paso situadas fuera de la red de carreteras y a través de terrenos forestales y al acceso de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión de incendios.
j) Las condiciones generales, tanto climatológicas como de cualquier otro tipo, que justifiquen la intensificación de los operativos y de los medios de vigilancia y extinción.
5. Con carácter general, en la elaboración de los planes anuales de prevención, vigilancia y tendrán extinción de incendios forestales, las comunidades autónomas tendrán en consideración los siguientes principios:
a) Los planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales tendrán el sentido de instrumentos de ordenación preferente para el conjunto de las políticas territoriales. Las comunidades autónomas que tengan aprobados instrumentos de planificación forestal previos, en particular Planes de ordenación de recursos forestales, deberán incorporar sus recomendaciones a los planes regulados en este artículo. Si de la incorporación de las mismas se apreciase alguna contradicción con las necesidades ligadas a la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, los documentos previos de planificación forestal deberán ser revisados.
b) Los planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales señalarán las infraestructuras, existentes o de nueva creación, que tendrán una servidumbre de uso para su utilización por los servicios de prevención y extinción de incendios.
6. Cuando, de acuerdo con la información meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología, sea predecible en un determinado ámbito territorial un riesgo de incendio de nivel muy alto o extremo, las comunidades autónomas deberán aplicar inmediatamente las prohibiciones y limitaciones de circulación y acceso establecidas en sus de planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales y, en todo caso, las siguientes:
a) Encender fuego en todo tipo de espacios abiertos.
b) La suspensión temporal, en tanto se mantenga el referido riesgo, de todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda, y de restos selvícolas
c) Encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello.
d) La utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, salvo que el órgano competente de la Administración autonómica haya autorizado expresamente su uso o resulten necesarias para la extinción de incendios.
e) La introducción y uso de material pirotécnico.
f) Arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio.
7. Toda resolución administrativa ejecutiva en materia de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de las comunidades autónomas, sin menoscabo de su inmediata ejecución cuando así resulte preciso, deberá ser objeto de publicación oficial. Asimismo, se notificará inmediatamente a las autoridades locales y se informará al conjunto de la población afectada de la adopción de estas medidas, a través de los medios que garanticen su máxima difusión.
8. Sin perjuicio de la aplicación de las previsiones del Código Penal en esta materia, las infracciones de las prohibiciones contenidas en el presente artículo serán consideradas en todo caso infracciones graves y sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74.b) de esta ley.
En el caso de que los hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños cuyo plazo de reparación o restauración sea superior a seis meses, serán consideradas muy graves y sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74.c) de esta ley.
9. En ningún caso, la presente disposición impedirá a las comunidades autónomas prever nuevas infracciones o elevar las sanciones previstas por esta ley.»
Cuatro. Se añade un artículo 48 bis, que queda redactado como sigue:
1. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales, elaborará una herramienta de zonificación de riesgo de incendios forestales a partir de la información suministrada por las comunidades autónomas y otros datos disponibles, como elemento directriz de las previsiones del artículo 48.1 e instrumento para la toma de decisiones operativas de las actuaciones de las Administraciones Públicas en la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.
Esta herramienta se actualizará permanentemente y se publicará en el portal de internet del Ministerio.
2. Para facilitar la toma anticipada de decisiones, la Agencia Estatal de Meteorología publicará en su portal de Internet y mantendrá permanentemente actualizada la predicción relativa a los niveles de riesgo meteorológico de incendios forestales, con información georreferenciada, y colaborará con las comunidades autónomas a este fin.
3. De acuerdo a una programación que anualmente será objeto de revisión, comunicación a las comunidades autónomas y oportuna publicación en el portal de internet del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se mantendrá activo, a lo largo de todo el año, el dispositivo de medios aéreos, unidades de refuerzo helitransportadas, y restantes medios de apoyo, a las comunidades autónomas en el marco de la ejecución de los planes de prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.»
Cinco. Se añade un artículo 50 bis, que queda redactado como sigue:
1. Las comunidades autónomas podrán solicitar a la Administración General del Estado su colaboración en los trabajos de restauración forestal y medioambiental en tanto cumplan los siguientes requisitos:
a) Disponer de plan de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales actualizado según lo dispuesto en el artículo 48.
b) Disponer de equipos de prevención y extinción de carácter estable y permanente, acreditando el cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.4.
c) Acreditar que ha sido aplicada la financiación necesaria para los trabajos preventivos y el establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios para dar cobertura a toda la superficie forestal de la zona.
d) En el caso de trabajos de restauración forestal y medioambiental, la superficie forestal afectada por el siniestro para el que se solicite colaboración deberá reunir alguna de las siguientes características:
1.º Que sea superior a 10.000 hectáreas.
2.º Que sea superior a 5.000 hectáreas, de las cuales más del 70 % sea de superficie forestal arbolada.
3.º Que sea superior a 500 hectáreas que estén incluidas en lugares de la Red Natura 2000 y que afecten a municipios que aporten al menos el 50 % de su término municipal a dicha Red.
4.º En el territorio insular, las superficies exigidas anteriormente serán las siguientes: En el supuesto del párrafo 1.º, 2.500 hectáreas; en el supuesto del párrafo 2.º, 500 hectáreas; y en el supuesto del párrafo 3.º, 250 hectáreas.
2. Se faculta a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para declarar, en el ámbito de sus competencias, zona de actuación especial para la restauración forestal y medioambiental de las zonas afectadas y para declarar la emergencia de las obras a ejecutar por dicho departamento. La declaración se referirá a las siguientes actuaciones:
a) Restauración hidrológico forestal, recuperación ambiental de los cauces y riberas asociadas, control de la erosión y desertificación, así como trabajos complementarios, en los espacios forestales incendiados para mitigar los posibles efectos de posteriores lluvias.
b) Colaboración para la recuperación y regeneración ambiental de los efectos producidos por los incendios forestales en los espacios de la Red Natura 2000, en particular en los tipos de hábitats de interés comunitario y en los hábitats donde existan especies de interés comunitario, endemismos o especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
c) Apoyo directo a la retirada y tratamiento de la biomasa forestal quemada, en su caso.
d) Colaboración en el tratamiento para control de plagas en las masas forestales.
e) Restauración de infraestructuras rurales de uso general.
3. La participación de la Administración General del Estado en tales actuaciones estará condicionada a la aprobación, publicación y ejecución de la planificación prevista en el artículo 48 y a la financiación del coste de las mismas por la comunidad autónoma correspondiente, en el porcentaje que se determine en la declaración, no pudiendo, en ningún caso, superar el 50 % del coste total de las mismas, salvo aquellas actuaciones que corresponda ejecutar a la Administración General del Estado por ser terrenos de su titularidad.»
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, se aprobarán por real decreto, previo informe del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales:
a) La calificación homogénea de las unidades de extinción por sus capacidades operativas, para facilitar la colaboración interregional o internacional, de acuerdo con las diferentes certificaciones profesionales existentes.
b) Un protocolo de coordinación común en materia de medios aéreos.
c) La adopción de indicativos de radio unívocos.
d) La simbología común para la elaboración de mapas operativos.
e) Las condiciones mínimas de seguridad de las dotaciones y los equipos de protección individual de los que deberá disponer el personal que participe en labores de prevención y extinción de incendios forestales, de conformidad con la normativa de prevención de riesgos laborales.
Las comunidades autónomas adoptarán las medidas oportunas para que, antes del 1 de enero de 2023, sus servicios de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales estén adaptados a lo establecido en este real decreto-ley.
Las referencias de este real decreto-ley a las comunidades autónomas se entenderán hechas a los órganos forales de los Territorios Históricos del País Vasco, a las ciudades de Ceuta y Melilla, y a los Cabildos y Consejos Insulares y otras entidades locales con competencias en materia forestal, reconocidas en la normativa autonómica, y en todo caso sin perjuicio de las competencias de autoorganización del conjunto de las administraciones públicas.
Las referencias recogidas en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a los planes de defensa de las zonas de alto riesgo de incendio se entenderán hechas a los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales regulados en su artículo 48, en la redacción dada por este real decreto-ley.
1. Con objeto de asistir y apoyar a los afectados por la suspensión de la actividad marisquera en la ría de O Burgo (A Coruña), como consecuencia de la ejecución por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de las obras correspondientes al proyecto de dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo, acordada por Órdenes de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia de 28 de septiembre de 2020 y de 21 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el Plan general de explotación marisquera para el trienio 2021-2023, se concede de forma directa a la Cofradía de Pescadores de A Coruña, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, una subvención para la compensación por la prohibición para ejercer su actividad a los titulares de permisos de explotación habilitantes del ejercicio de marisqueo afectados por dicho proyecto, a contar desde el 11 de febrero de 2022 hasta que finalice el dragado de la ría o, como máximo, hasta la completa ejecución material de la obra de dragado de la ría.
2. La Cofradía de Pescadores de A Coruña, beneficiario de la subvención, la destinará a compensar a las mariscadoras y los mariscadores, socios de la Cofradía que a 11 de febrero de 2022, estuvieran en posesión del permiso de explotación de marisqueo en vigor, por haber sido afectados sus planes de explotación, concesiones o autorizaciones dentro de la zona declarada por la Disposición adicional sexta de la Orden de 21 de diciembre de 2020 por la que se aprueba el Plan general de explotación marisquera para el trienio 2021-2023, que figuren de alta en el régimen especial de la Seguridad Social del Mar.
En el supuesto de personas que se encontraran en situación de baja por cualquiera de las situaciones contempladas en la normativa de la Seguridad Social, solamente podrán beneficiarse a partir del momento de resolución de alta dictada por el órgano competente, circunstancia que deberá comunicarse al órgano concedente.
Asimismo, la falta de renovación anual del permiso de explotación impedirá la percepción de la correspondiente compensación, respecto a aquellos periodos en los que no se encuentre vigente aquel.
3. Esta subvención tendrá carácter excepcional y se concederá con arreglo a las siguientes condiciones:
a) La concesión de esta subvención se realizará mediante una resolución del órgano competente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de acuerdo con la delegación de competencias vigente, que se dictará previa presentación, por parte de la entidad beneficiaria, de los siguientes documentos:
1.º Certificación de la cantidad trimestral a abonar a la Cofradía de Pescadores de A Coruña emitida por la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, con fundamento en las siguientes especificaciones:
– Personas titulares de los permisos de explotación habilitantes del ejercicio de marisqueo a pie que se vean afectadas durante la realización de las obras por la paralización de la actividad a partir del 11 de febrero de 2022, que estén de alta en el régimen especial de la Seguridad Social del Mar y que a dicha fecha ostenten la condición de socio/a de la Cofradía de Pescadores de A Coruña.
– Embarcaciones titulares de permisos de explotación habilitantes, y número de tripulantes enrolados, en los casos en que esté así estipulado en el plan de explotación, con las mismas condiciones que el apartado precedente.
– Estimación de los días de trabajo efectivo previsibles perdidos a contar desde el 11 de febrero de 2022 y hasta que finalice la suspensión teniendo en cuenta lo previsto en el apartado 1.
– En su caso, estimación del importe dejado de percibir por la Cofradía de Pescadores de A Coruña como consecuencia de la paralización, por la realización de las obras, del servicio de comercialización del marisco que presta a los mariscadores asociados.
2.º Declaración responsable de la Cofradía de Pescadores de A Coruña por la cual acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario, en los términos establecidos por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.º Declaración de cada uno de los titulares de los permisos de explotación habilitantes del ejercicio de marisqueo afectados por la suspensión, así como de la propia Cofradía de Pescadores de A Coruña, por la que renuncia al ejercicio de todo tipo de reclamaciones contra cualquiera de las Administraciones Públicas por daño emergente o lucro cesante causados por el cese de actividad. En el caso de haberse iniciado procedimiento sobre reclamaciones, deberá acreditarse el desistimiento en dicho procedimiento.
b) La resolución de concesión recogerá, en todo caso, el objeto, la exigencia de las condiciones previstas en el apartado a), el procedimiento de pago y el procedimiento para la justificación de la subvención, con base en lo establecido en esta disposición.
c) La propuesta de pago de la subvención se efectuará, con carácter anticipado a su justificación, tras la resolución de concesión de la subvención. La Cofradía de Pescadores de A Coruña queda exonerada de la constitución de garantías.
d) La justificación se realizará, conforme a lo establecido en el capítulo II del título II del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la remisión de una cuenta justificativa que acredite las circunstancias previstas respecto de los destinatarios de la ayuda y de la documentación justificativa de la subvención y demás que se determine en la resolución de concesión.
e) Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y no justificadas en los términos y por las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
f) El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III de su Reglamento.
g) El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
h) Esta subvención será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, y en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
i) La Cofradía de Pescadores de A Coruña deberá dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actuaciones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
4. La subvención será incompatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, incluida la prestación por cese de actividad prevista en el régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
Se exceptúan de la incompatibilidad del párrafo anterior los pagos que los titulares de los permisos de explotación habilitantes para el ejercicio del marisqueo afectados puedan percibir por trabajos encomendados por el ejecutante del dragado y que tengan como finalidad facilitar o permitir el citado dragado de la ría.
La subvención también será incompatible con la percepción, por parte de los titulares de los permisos de explotación habilitantes, de la prestación por cese de actividad prevista en el régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que se derive de la suspensión de la actividad extractiva en la ría de O Burgo acordada por la disposición adicional sexta de la Orden de 21 de diciembre de 2020 por la que se aprueba el Plan general de explotación marisquera para el trienio 2021-2023.
5. Esta subvención de concesión directa por importe máximo de 3.659.120,22 euros se atenderá con cargo al crédito que a estos efectos se habilite en el presupuesto del servicio 06, Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en los correspondientes conceptos presupuestarios que se habiliten de manera específica en el programa 456D y conforme a la siguiente periodificación:
2022: 1.658.988,10 euros.
2023: 1.869.282,36 euros.
2024: 130.849,76 euros.
El presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y protección del medio ambiente.
El Gobierno y la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el ámbito de sus competencias, dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo, aplicación y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma, el 1 de agosto de 2022,