Categoría: Administración

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, considera como parte integrante del mismo el patrimonio documental, constituido por los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus funciones por cualquier organismo o entidad de carácter público. En su artículo 58 crea la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, como órgano encargado del estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la clasificación y utilización de los documentos de la Administración del Estado y del sector público estatal, así como el régimen de acceso a la inutilidad administrativa de tales documentos.
Esta ley ha sido desarrollada por el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original. En su artículo 4 establece el procedimiento para la eliminación de documentos administrativos, siempre que carezcan de valor probatorio para los derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas, y no posean valor histórico ni utilidad para la gestión administrativa.
En el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria el procedimiento de eliminación documental se impulsa a iniciativa de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, regulada en la Orden HAC/2991/2003, de 21 de octubre, que será quien elabore las propuestas de eliminación.
Además, la eliminación de las series documentales comunes podrá proponerse también por el Grupo de Trabajo Interdepartamental de Valoración de Series y Funciones Comunes de la Administración General del Estado, creado en el seno de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, en la reunión plenaria de 16 de octubre de 2012, siguiendo lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
Las propuestas de eliminación aprobadas tanto por la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como por el Grupo de Trabajo Interdepartamental de Valoración de Series y Funciones Comunes de la Administración General del Estado se elevarán a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos para que emita dictamen vinculante, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre.
Una vez recibido el dictamen favorable por parte de la citada Comisión, el presidente del organismo público en el que se encuentren custodiados los documentos dictará una resolución autorizando la destrucción, la cual se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», según dispone el artículo 6 del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre.
Siguiendo este procedimiento, en la reunión de 14 de diciembre de 2022 la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos emitió dictamen favorable en relación con las propuestas de eliminación presentadas por la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Asimismo, existen series comunes dictaminadas favorablemente por la Comisión que se pueden aplicar a la documentación que obra en los archivos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En virtud de dichos acuerdos y con el fin de autorizar la eliminación de esa documentación administrativa custodiada en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Archivos Históricos Provinciales, en el ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 6 del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, resuelvo:
Autorizar la eliminación de los documentos que forman parte de las series que se detallan en el anexo.
Conforme a lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original, la eficacia de la autorización de destrucción quedará demorada hasta transcurridos tres meses desde la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», y condicionada a que en ese plazo no haya constancia de la interposición de recurso de cualquier naturaleza contra la misma. En caso de que sea impugnada, no podrá procederse a la destrucción de documentos hasta que esta Resolución adquiera firmeza.
Una vez producida la eficacia de la autorización por esta Resolución, se procederá a su destrucción, garantizando la seguridad en el traslado de la documentación y utilizando el método más adecuado que haga imposible la reconstrucción de los documentos y la recuperación de cualquier información contenida en ellos.
Se seguirán las recomendaciones emitidas por la Comisión Superior de Documentos Administrativos y publicadas en su web: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cscda/documentos.html.
La eliminación estará sujeta a los plazos, muestreos y demás formalidades previstos en las propuestas dictaminadas favorablemente por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos y especificados en el anexo.
Un duplicado del acta de destrucción se enviará a la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, quien, a su vez, lo remitirá a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3 del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre.
Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre.
Contra la presente Resolución se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante esta Presidencia en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a partir también del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos.
Madrid, 10 de abril de 2023.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús Domínguez Gil.