Categoría: Judicial

sido explicado, el contenido del presente recurso de amparo plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina del Tribunal Constitucional (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2).
3. Marco normativo aplicado en el proceso judiciala quo.
La cuestión controvertida en los procesos administrativo y judicial previos se ha centrado en determinar si la demandante de amparo tiene derecho a que le sea aplicada la bonificación del 99 por 100 en la cuota del impuesto sobre donaciones prevista en la norma autonómica. Por ello, con carácter previo a la resolución del presente recurso de amparo, resulta necesario exponer el marco normativo que ha sido aplicado en las vías precedentes.
a) Comenzamos la exposición haciendo referencia a las normas tributarias que regulan el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
(i) La regulación estatal de este impuesto se contiene en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que atribuye la condición de sujeto pasivo a quien sea donatario y, por lo que aquí interesa, contempla cuatro grupos de parientes. En el grupo II se incluye a los «descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes» (artículo 20.2 a), sin contemplar entre ellos a los miembros de uniones de hecho.
(ii) En el momento de pronunciarse sobre la bonificación fiscal pretendida (10 de marzo de 2015), tanto el rendimiento del impuesto sobre sucesiones y donaciones como las competencias normativas sobre eventuales deducciones y bonificaciones de este, habían sido cedidas a las comunidades autónomas [arts. 24.1 b) y 40.1 d) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía].
(iii) En el ámbito territorial de Madrid, la regulación autonómica del impuesto sobre sucesiones y donaciones se recoge en el ya citado texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre.
Su artículo 25.2 regula las bonificaciones de la cuota en las adquisicionesinter vivos, en los siguientes términos:
«2. Bonificación en adquisicionesinter vivos:
1. En las adquisicionesinter vivos, los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, aplicarán una bonificación del 99 por 100 en la cuota tributaria derivada de las mismas. Será requisito necesario para la aplicación de esta bonificación que la donación se formalice en documento público.»
Y el art. 26 extiende a los miembros de uniones de hecho la bonificación prevista para los cónyuges:
«A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este capítulo, se asimilarán a cónyuges los miembros de uniones de hecho que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid.»
b) La remisión normativa que se hace a la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho, hace necesario exponer a continuación aquellos aspectos de su regulación que han sido aplicados en las resoluciones impugnadas. Se trata de los siguientes preceptos:
«Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley será de aplicación a las personas que convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos durante un período ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación de afectividad, siempre que voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la unión en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.
2. Esta Ley únicamente será de aplicación a aquellas uniones de hecho en las que, al menos, uno de los miembros se halle empadronado y tenga su residencia en la Comunidad de Madrid.»
«Artículo 3. Acreditación.
1. Las uniones a que se refiere la presente Ley producirán sus efectos desde la fecha de la inscripción en el Registro de las Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, previa acreditación de los requisitos a que se refiere el artículo 1 en expediente contradictorio ante el encargado del registro.
2. Reglamentariamente se regulará tal expediente contradictorio. En todo caso, la previa convivencia libre, pública, notoria e ininterrumpida en relación de afectividad, habrá de acreditarse mediante dos testigos mayores de edad en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
3. La existencia de la unión de hecho se acreditará mediante certificación del encargado del registro.»
«Artículo 9. Normativa de Derecho Público.
Los derechos y obligaciones establecidos en la normativa madrileña de Derecho Público para los miembros de parejas que hayan contraído matrimonio, serán de aplicación a los miembros de la unión de hecho, en especial en materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios.»
«Disposición Adicional única.
La administración de la Comunidad de Madrid mantendrá las oportunas relaciones de cooperación con otras administraciones públicas que cuenten con registros de uniones de hecho o similares, al objeto de evitar supuestos de doble inscripción.»
Para concluir, dado que ha sido alegado, hemos de mencionar también el Decreto 134/2002, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, cuyo artículo 9 regula los efectos de las inscripciones en los siguientes términos:
«Las inscripciones en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid tendrán efectos declarativos sobre la constitución, modificación o extinción de las uniones de hecho, así como respecto de los pactos reguladores de las relaciones económicas.
La validez jurídica y los efectos de los mencionados pactos se producirán al margen de su inscripción en el Registro, y nunca podrán perjudicar a terceros.»
4. Delimitación del objeto del recurso de amparo.
Antes de examinar las quejas que fundamentan la solicitud de amparo resulta necesario realizar tres consideraciones previas dirigidas a acotar el objeto del presente recurso de amparo.
a) La decisión administrativa cuestionada ante la jurisdicción ordinaria desestimó la pretensión de la demandante dirigida a obtener una bonificación en la cuota del impuesto sobre donaciones.
La administración tributaria autonómica no cuestionó en ningún momento que la unión de hecho que integraba la demandante incumpliera alguno de los requisitos materiales exigidos por el art. 1 de la Ley 11/2001 para reconocerla como tal. La discrepancia de criterio tampoco estuvo relacionada con determinar si, a efectos tributarios, los miembros de una unión de hecho debían o no ser equiparados a los cónyuges pues, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, como se ha expuesto en el fundamento jurídico precedente, tal igualdad jurídica de trato ya se había establecido expresamente por el legislador autonómico, tanto en las normas fiscales (arts. 26 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, y 3.6 de la Ley 10/2009, de 23 de diciembre) como al regular las uniones de hecho (art. 9 de la Ley 11/2001, de 19 de diciembre). La desestimación vino justificada en el hecho de no haber formalizado previamente la donataria su inscripción como miembro de una unión de hecho en el registro de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid.
Por tanto, la discrepancia entre la administración tributaria y la demandante estaba centrada exclusivamente en los efectos jurídicos del incumplimiento del requisito formal de inscripción de dicha unión en el citado registro autonómico y, paralelamente, en los que había de producir su inscripción en el registroad hocde un municipio madrileño.
b) La segunda aclaración relevante en este caso se dirige a destacar que tampoco nos corresponde analizar en este proceso de amparo la hipotética discriminación que puedan sufrir las uniones de hecho inscritas en un registro público frente a las que no han realizado inscripción alguna, dado que –como hemos reiterado– en el presente caso sí se había producido su inscripción en el registro público municipal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, donde tenían su residencia los dos componentes de la unión de hecho.
No resulta ocioso recordar que la vivienda objeto de donación parcial constituía el domicilio familiar de la unión de hecho y, poco después, del matrimonio de quienes la integraban. Así consta en diferentes documentos que figuran en las actuaciones, como son la inscripción en el registro municipal de uniones de hecho, la escritura de donación, o la escritura de apoderamiento. Donante y donataria residían en la vivienda objeto de donación en Rivas Vaciamadrid, que constituía su domicilio: se trata de una vivienda de protección oficial, que conforme al art. 4 del Reglamento de viviendas con protección pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 11/2005, de 27 de enero, debía «destinarse a domicilio habitual y permanente de sus ocupantes legales».
c) La tercera y última consideración se dirige a destacar que la demandante de amparo, donataria en este caso, tenía su residencia en la Comunidad de Madrid. Se trata de un dato objetivo que resulta relevante porque conduce a desestimar uno de los motivos de queja que califica como no fundada en Derecho la resolución recurrida porque el criterio judicial sobre la ley autonómica pudiera llegar a producir una discriminación fiscal por razón de la residencia.
Aunque no resulte difícil apreciar las disfunciones que pueden llegar a producirse por la ausencia de una regulación estatal que defina el estatuto jurídico de las parejas de hecho en todo el territorio nacional, no es posible abordar la queja expuesta con ocasión de la resolución del presente recurso de amparo pues «es doctrina reiterada de este tribunal que el objeto del recurso de amparo ha de referirse necesariamente a lesiones concretas y efectivas de derechos fundamentales (entre otras muchas, SSTC 167/1986, de 22 de diciembre, FJ 4; 363/1993, de 13 de diciembre, FJ 4; 52/1992, de 8 de abril, FJ 1, y 78/1997, de 21 de abril, FJ 3). Este carácter esencialmente subjetivo que lo define impide que este proceso pueda ser considerado una vía adecuada para realizar el control abstracto de la constitucionalidad de ninguna clase de normas» (STC 54/2006, de 27 de febrero, FJ 3).
Y por más que la demandante invoque en abstracto la posibilidad de que, en algún supuesto, llegara a producirse una pretendida discriminación por razón de la residencia, no estamos ahora ante un problema que resulte equiparable al resuelto en la invocada STC 60/2015, de 18 de marzo. En dicho pronunciamiento este tribunal examinó la vulneración del derecho a la igualdad por el hecho de que una bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones se aplicase únicamente a los parientes de los grupos I y II que tenían su residencia habitual en la Comunidad Valenciana, y no así a los parientes de los mismos grupos que residían fuera del territorio de dicha comunidad. Por tanto, en aquella ocasión el lugar de la residencia de los causahabientes constituyó precisamente el elemento discriminador que introdujo el trato diferenciado que daba lugar a la duda de constitucionalidad, algo que no sucede en el presente recurso de amparo.
5. El derecho a la igualdad en la aplicación de la ley: criterios de enjuiciamiento.
Al igual que en los procedimientos administrativo y judicial previos, la demandante invoca en este proceso de amparo los derechos fundamentales a recibir una resolución fundada en Derecho (contenido garantizado por el derecho a la tutela judicial efectiva–art.24.1 CE–) y a no recibir un trato desigual en la aplicación de la ley (cláusula general de igualdad reconocida en el art. 14 CE). En la solicitud de amparo y en el debate habido en el proceso administrativo y judicial previo, así como en este proceso constitucional, resulta nuclear la queja que alega la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la ley. Junto con esta, la demandante afirma de forma añadida que, en sí misma, no fue fundada en Derecho la respuesta que recibió de la sección de casación por la que vio revocada la sentencia estimatoria dictada en la instancia por la Sección Novena de la misma Sala.
En consecuencia, analizaremos en primer lugar la alegada vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley que se imputa en la demanda a las decisiones administrativas tributarias y, también, a la sentencia de casación que las confirmó. No obstante, a diferencia de otros supuestos en los que se alega conjuntamente el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva con el de otro derecho fundamental sustantivo, la invocación en la demanda del derecho a recibir una respuesta fundada en Derecho sobre las pretensiones en litigio no carece aquí de sustantividad propia dada la falta de relación entre la pretensiones planteadas al oponerse al recurso de casación y la respuesta recibida, que no tomó debidamente en consideración las circunstancias fácticas del caso; por lo que, en el orden expuesto, analizaremos de forma separada ambas quejas, pese a su evidente relación.
En su condición de integrante de una pareja de hecho inscrita en un registro municipal de la Comunidad de Madrid, la demandante alega haber sufrido un trato tributario desigual, vedado por el art. 14 CE, en relación con los miembros de las uniones de hecho inscritas en el registro autonómico creado por la Ley 11/2001 tantas veces citada. El reproche se dirige tanto a la administración tributaria autonómica como a la resolución judicial de casación que, con variados razonamientos, ratificó la denegación de la bonificación fiscal pretendida.
Desde la perspectiva del art. 14 CE, el enjuiciamiento de la interpretación judicial hace precisa una reflexión previa dirigida a explicitar los presupuestos y criterios desde los que la pretensión de amparo ha de ser analizada. Se refiere no solo a la noción misma de «unión de hecho» como realidad social que puede ser objeto de tratamiento y consideración jurídica por el legislador, sino que la reflexión ha de extenderse a la finalidad de la norma autonómica que, a efectos fiscales, prevé su equiparación con la unión matrimonial. Finalmente, resulta también necesario traer a colación la reiterada doctrina constitucional sobre la exigencia de igualdad establecida en el art. 14 CE, que ha de ser aplicada para la resolución de la queja.
a) Las uniones de hecho ante el Derecho. En la STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 8, caracterizamos ya la heterogénea noción de «unión de hecho» por referencia a ciertas notas comunes que permiten identificarla como «una relación estable de convivenciamore uxorio, cuyo elemento definitorio común queda cifrado en la voluntad libremente configurada de permanecer al margen del Derecho en cuanto a las consecuencias jurídicas inherentes a la institución matrimonial a que se refiere el art. 32 CE». Al estar tal decisión estrechamente relacionada al libre desarrollo de la personalidad, resulta consustancial a la misma la libertad de decisión que posibilita a quienes la integran gobernarse libremente en la esfera jurídica de su ámbito privado propio, sin interferencias no justificadas de los poderes públicos.
No obstante, hemos admitido también en la citada STC 93/2013 que la unión de hecho, en cuanto realidad socialmente relevante que es, puede ser objeto de tratamiento y consideración por el legislador, lo que supone –en la mayor parte de los casos– que, respetando la libertad de decisión que la caracteriza, su reconocimiento jurídico quede supeditado al cumplimiento de ciertas condiciones materiales y formales, como legítimamente se exige para reconocer el derecho a determinadas prestaciones sociales (STC 51/2014, de 7 de abril, FJ 3). En todo caso, su régimen jurídico debe ser eminentemente dispositivo y no imperativo; es decir, sujeto a su previa asunción por los miembros de la pareja mediante una explícita declaración de voluntad. Las condiciones materiales y formales que en cada caso se establezcan son garantía de que la atribución de derechos, que la norma reconoce, satisface elementales exigencias de seguridad jurídica y evita el fraude en la reclamación de los beneficios que otorga.
Resta señalar, por último, que tales límites y condicionamientos no operan respecto a aquellas medidas legales que tutelen derechos fundamentales de cualquiera de los componentes de la unión de hecho, ni a las que reconozcan un contenido adicional a los que la Constitución establece.
b) La finalidad de la norma aplicada. Dada su relevancia para nuestro enjuiciamiento, nos corresponde detenernos, en segundo lugar, en la declarada finalidad igualitaria de la norma autonómica aplicada en el caso presente.
Si atendemos a las declaraciones de su preámbulo, la Ley 11/2001 tiene como finalidad remover las barreras jurídicas que dificultan el reconocimiento público de las uniones de hecho de carácter estable. Al explicar la norma, el legislador señaló que «[l]a regulación normativa debe ser el mecanismo equilibrador e igualitario para aquellas personas que por el libre ejercicio de sus opciones, sean estas cuales fueren, están o pudieran sentirse discriminadas» pese a mantener una convivencia estable. Por esta razón, se añade, la ley encuentra su justificación en el artículo 14 de la Constitución y en la obligación constitucional de promover la igualdad que corresponde a todos los poderes públicos. En tal medida, el legislador concluye señalando que «la Comunidad de Madrid debe poner sus medios y sus competencias al alcance de las uniones de hecho no reguladas, con el fin de otorgarles un reconocimiento y, además, introducir así una mayor seguridad jurídica que permita evitar situaciones de desigualdad».
c) El canon de enjuiciamiento constitucional. Por último, hemos de reiterar que la cláusula general de igualdad ante la ley establecida en el art. 14 CE exige la razonabilidad de la diferencia normativa o aplicativa de trato. Este principio general de igualdad ha sido configurado por una reiterada doctrina constitucional como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas y que, para introducir diferencias entre ellos, debe existir una suficiente justificación que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas.
Desde la STC 22/1981, de 2 de julio, recogiendo al respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos en relación con el homólogo art. 14 CEDH, este tribunal ha declarado que el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan solo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello. Como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. Es un mandato dirigido a todos los poderes públicos, desde luego al legislador, pero también a los aplicadores del Derecho, para quienes los derechos fundamentales constituyen un criterio hermenéutico nuclear de la tarea que tienen encomendada.
Como destacamos en la STC 103/1990, de 4 de junio, FJ 2, usualmente, los recursos de amparo que se plantean en defensa del derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la ley vienen, normalmente, referidos a resoluciones judiciales que se consideran contradictorias con otras anteriores recaídas sobre pretendidos supuestos sustancialmente idénticos. Que ello sea lo más frecuente no significa que el principio de igualdad en la aplicación de la ley agote su ámbito protector en los indicados supuestos, pues dicho principio puede igualmente resultar vulnerado cuando los órganos judiciales aplican las normas jurídicas con un criterio interpretativo que produzca o no corrija un trato discriminatorio en relación con otras situaciones válidamente comparables, y además la norma a aplicar sea susceptible de distinta interpretación que, siendo admitida en Derecho, conduzca a eliminar la desigualdad injustificada que, en aquel caso, se produce.
Esta reflexión concluía declarando que «los órganos judiciales, como titulares exclusivos que son de la potestad de juzgar, deben cuidar con especial atención de no desconocer o inadvertir el alcance constitucional que pueda tener su interpretación y aplicación de las disposiciones legales a fin de que, puesto de manifiesto en el proceso ese alcance o relevancia, pueda acomodar estas a las exigencias constitucionales y, entre ellas, las que se deriven del principio de igualdad ante la ley, cuando este resulte, expresa o implícitamente, implicado en la cuestión a resolver». En definitiva, hemos reiterado que «si existe esa alternativa de interpretación más conforme con la igualdad, su no utilización equivale a una aplicación de la norma que el art. 14 de la Constitución no consiente» (SSTC 39/1992, de 30 de marzo, FJ 3; 20/1994, de 27 de enero, FJ 2, y 103/2002, de 6 de mayo, FJ 4).
En suma, lo que prohíbe el principio de igualdad son las desigualdades normativas o aplicativas que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. En resumen, el principio de igualdad, no solo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida (SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, de 14 de julio, FJ 2; 2/1983, de 24 de enero, FJ 4; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6; 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 20/1991, de 31 de enero, FJ 2; 110/1993, de 25 de marzo, FJ 6; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2; 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4, y 117/1998, de 2 de junio, FJ 8, por todas).
6. La vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley: resolución del caso.
En el asunto ahora sometido a nuestra consideración, la sección de casación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la denegación administrativa de la bonificación fiscal solicitada con base en consideraciones de estricta legalidad, que derivan de la interpretación literal que efectúa de los arts. 1.1 y 3.1 de la Ley 11/2001. Tales preceptos, para reconocer efectos jurídicos a las uniones de hecho, les exigen como modo de acreditación su previa inscripción en el registro de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid, y también como criterio delimitador de su ámbito de aplicación.
Según razona el órgano judicial, el reconocimiento a las parejas de hecho de los beneficios establecidos en favor de los cónyuges en la normativa madrileña de Derecho público (art. 9 de la Ley 11/2001) –singularmente en materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios–, queda sometido de forma única e ineludible a su previa inscripción en el citado registro autonómico.
Esta fundamentación genera un trato desigual no justificado entre situaciones materialmente iguales, pues prescinde de toda ponderación de las circunstancias concurrentes en el caso, así como de aquellos criterios interpretativos usuales que son complementarios del literal y permiten abordar supuestos como el aquí abordado, que no están expresamente previstos en la norma.
Dicha conclusión se apoya en las siguientes consideraciones:
a) El cumplimiento del requisito de la inscripción de la unión de hecho en el registro autonómico no aparece regulado en la norma tributaria (art. 26 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado), que se limita a establecer como regla común del impuesto sobre sucesiones y donaciones la asimilación a los cónyuges de los miembros de las uniones de hecho que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 11/2001.
Si bien es cierto que la norma autonómica solo hace referencia a la inscripción en el registro de la Comunidad de Madrid creado al efecto (arts. 1.1. y 3.1), no contempla, sin embargo, previsión alguna para los casos de inscripción en un registro oficial madrileño de ámbito municipal. Cabe apreciar por tanto que la sentencia impugnada tuvo en consideración únicamente la literalidad del art. 1.1 de la Ley, sin tomar en cuenta, para completar su criterio interpretativo, otros criterios hermenéuticos posibles que eran favorecedores de los valores concernidos.
La reclamación denunciaba un trato desigual injustificado. Se refería a una pareja de hecho que reunía las condiciones materiales exigidas por la ley para su reconocimiento e inscripción, y estaba relacionada con la tributación de la donación de parte de un inmueble que constituía el domicilio familiar de quienes hacían y recibían la donación (que meses después contrajeron matrimonio). Por ello, la solución de la impugnación planteada no podía limitarse a una interpretación literal del precepto cuya consecuencia es establecer como efecto un trato desigual entre las parejas inscritas en el registro autonómico y las inscritas en otros registros oficiales del territorio de la Comunidad de Madrid, aún con menor alcance territorial pues, como sucede en este caso, había sido alegado y estaba concernido el principio de igualdad ante la ley. En tal medida, debemos recordar que «los órganos judiciales en su aplicación no pueden interpretar las disposiciones legales aplicables de un modo incompatible con la Constitución, cuando es posible otra interpretación alternativa […] sin violentar la letra de la ley» (STC 77/2015, FJ 4,in fine).
De otra parte, la interpretación judicial no podía obviar la finalidad igualadora pretendida por la Ley a la que ya nos hemos referido al exponer su preámbulo. Y tampoco podía dejar de contemplar las concretas circunstancias del caso concreto que fue sometido a su consideración para denegar la pretensión de equiparación de trato.
b) Una interpretación sistemática de la norma autonómica, y su aplicación a las circunstancias concretas del caso, le hubiera permitido observar que el propio legislador no desconocía la posibilidad de que se hubieran realizado inscripciones de uniones de hecho en otros registros públicos. Precisamente la disposición adicional única de la Ley 11/2001, establece que «[l]a administración de la Comunidad de Madrid mantendrá las oportunas relaciones de cooperación con otras administraciones públicas que cuenten con registros de uniones de hecho o similares, al objeto de evitar supuestos de doble inscripción».
No se pretende aquí cuestionar ni privar de legitimidad a la exigencia de inscripción registral, requisito que, en relación con las uniones de hecho hemos ya declarado conforme a la Constitución por perseguir una legítima finalidad de seguridad jurídica y evitación del fraude (STC 51/2014, a la que antes hicimos referencia). Pero parece oportuno destacar, como señala el Ministerio fiscal y como hizo la sentencia dictada en la instancia que fue revocada en casación, que esta llamada a la cooperación pone objetivamente de relieve un posible solapamiento de inscripciones provocado por la ausencia de una regulación estatal uniforme. Pero, además, es preciso que la falta de coordinación entre registros no vaya en detrimento del administrado, hasta el punto de que la falta de reconocimiento mutuo de las inscripciones pueda llegar a causar una posible discriminación por razón del lugar donde se haya realizado la inscripción cuando –como en este caso– sus requisitos materiales son idénticos. A ello no obsta el rango normativo de la norma reguladora del registro municipal, pues su inscripción en el mismo permitió someter a escrutinio público tanto la voluntad de ser tomada en consideración jurídica como pareja de hecho, como el cumplimiento de los requisitos materiales exigidos por la Ley 11/2001; son estas dos circunstancias las que permiten considerar dicha inscripción municipal como un término de comparación válido merecedor de un trato no desigual.
c) En el caso presente, la doctrina constitucional sobre el principio de igualdad expresada en la STC 77/2015, de 27 de abril, fue utilizada por la Sección Novena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para llegar a una resolución estimatoria de la pretensión de la demandante de amparo. Sin embargo, aquel pronunciamiento, como ya expusimos, se estima inaplicable por la sentencia impugnada afirmando que, en este caso, no existe título oficial alguno acreditativo de la relación de la unión de hecho que se pretende hacer valer. En tal sentido, cabe apreciar ahora,mutatis mutandis, que la inscripción en el registro municipal es materialmente equivalente al título oficial suficiente al que se refería la STC 77/2015, porque permite garantizar la seguridad jurídica exigible al objeto de obtener los beneficios fiscales.
Siguiendo el razonamiento empleado por la STC 77/2015, cabe apreciar que, entre dos interpretaciones posibles de la norma, la resolución judicial impugnada ha optado por aquella que, por su formalismo, no solo resulta irrazonable sino que no es conforme con la igualdad de todos (en este caso, las uniones de hecho) en el cumplimiento del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos pues, a la fecha del devengo del tributo (momento de la adquisición de una participación en la vivienda que constituía su domicilio habitual), la unión de hecho cumplía los requisitos materiales establecidos por la Ley y se había inscrito en un registro público, estando acreditada su condición ante la administración tributaria por el certificado de inscripción expedido por el secretario general del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
d) Desde la interdicción del trato desigual no justificado, tampoco puede compartirse la interpretación judicial cuestionada porque no tuvo en consideración ni el contexto normativo referido a las uniones de hecho en otros ámbitos materiales, ni la confianza legítima que la anterior inscripción municipal pudo generar en la demandante y su pareja donante.
En ningún momento se tuvo en cuenta que, para casos asimilables, el legislador estatal había modificado en 2015 el apartado cuarto del art. 174.3 de la Ley general de la Seguridad Social, para permitir que la existencia de una pareja de hecho y la obtención de prestaciones sociales pudiere acreditarse «mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja» (actual art. 221.2, párrafo segundo, del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).
Tampoco se hace referencia en la sentencia impugnada a que el ente local de residencia de los donantes, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, había creado un registro municipal al efecto, emitiendo un certificando en el que se otorgaba eficacia constitutiva a la inscripción en el mismo. Independientemente del valor interpretativo que pudieran tener estas normas, lo cierto es que este contexto normativo generó en la demandante de amparo una situación de confianza respecto de la validez de su inscripción, que le otorgaba la condición de unión de hecho, al menos tanto a los ojos del Estado como del ente local, sin que ello fuera tenido en cuenta por el órgano judicial. Esa idea de confianza legítima en la actuación del poder público constituyó, según se expresa en la STC 1/2021, de 25 de enero, FJ 2, laratioestimatoria de la STEDH de 8 de diciembre de 2009, asuntoMuñoz Díaz c. España, en la que, según señalamos, fueron las circunstancias específicas del caso las que permitieron la apreciación de desproporción en el trato desigual que la sentencia declaraba.
e) Tomando en consideración el principio general de igualdad reconocido en el art. 14 de la Constitución, cabe concluir que no pueden ser tratadas jurídicamente como situaciones o realidades distintas las uniones de hecho que se inscriban en diferentes registros que exigen el cumplimiento de los mismos requisitos materiales para su reconocimiento legal (AATC 77/2004, de 9 de marzo; 174/2004, de 11 de mayo, y 69/2007 de 16 de abril), sino que tales inscripciones, en cuanto se acreditan con un título oficial justificativo satisfacen las exigencias de seguridad jurídica y evitación del fraude que persigue la inscripción, por lo que resultan plenamente equiparables. En tal medida, el trato desigual resultante, aunque apegado al tenor literal de la Ley, no persigue un fin legítimo, ni tampoco pueden ser consideradas proporcionadas las diferencias de trato que produce como resultado.
El hecho de que el órgano judicial no se haya planteado la cuestión de si, en las concretas circunstancias del caso que habían sido alegadas desde la reclamación administrativa, denegar la bonificación fiscal solicitada, suponía una diferencia de trato entre uniones de hecho inscritas en diferentes registros públicos, significa no haber valorado adecuadamente la dimensión constitucionalexart. 14 CE de la cuestión que se le planteaba. De esta suerte, como hemos afirmado en diversas ocasiones en relación con otros derechos fundamentales, el reproche que desde la perspectiva constitucional merece formularse contra la sentencia recurrida en amparo «no es tanto ni solo que haya renunciado a interpretar la normativa aplicable de la manera más favorable a la efectividad del derecho fundamental, sino que ni siquiera haya tenido en cuenta que este derecho estaba en juego y podía quedar afectado» (SSTC 191/1998, de 29 de septiembre, FJ 5, y 92/2005, de 18 de abril, FJ 5).
7. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
De acuerdo con la reiterada doctrina de este tribunal, el derecho a la tutela judicial efectiva integra, como una de sus manifestaciones, la de obtener de los jueces y tribunales una resolución fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso (SSTC 206/1999, de 8 de noviembre, FJ 4; 198/2000, de 24 de julio, FJ 2, y 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras). También hemos señalado que es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos, si bien no incluye el derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva (SSTC 256/2000, de 30 de octubre, FJ 2, y 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2). El recurso de amparo no es cauce idóneo para corregir posibles errores en la selección, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico al caso, so pena de desvirtuar su naturaleza (STC 226/2000, de 2 de octubre, FJ 3); sin embargo, el derecho alegado en el caso presente sí conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la interpretación y aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuera arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan solo una mera apariencia (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 87/2000, de 27 de marzo, FJ 3; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2, y 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6).
El análisis de las actuaciones permite anticipar la estimación de esta pretensión de amparo dado que, al margen del trato desigual injustificado que ya hemos analizado, la respuesta judicial recibida puede ser calificada en sí misma como manifiestamente irrazonada e irrazonable por otros motivos distintos, aunque relacionados: (i) porque no tomó en consideración las circunstancias fácticas del caso planteado, sino que dio una respuesta genérica y estereotipada con remisión íntegra a anteriores soluciones jurisprudenciales que analizaban un supuesto diferente; pero además, (ii) porque, a partir de un error fáctico, cuestionó injustificadamente la aplicación al caso de los criterios de solución establecidos en la STC 77/2015, de 27 de abril, FJ 4; criterios que, además, justificaron en este caso la solución estimatoria del recurso judicial en la instancia previa.
Desarrollaremos a continuación ambas conclusiones:
a) La sentencia de la sección de casación identificó la cuestión planteada que dotaba de interés casacional al recurso señalando que era «la atinente a los arts. 3 y 9 de la Ley 11/2001, de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid, delimitando así la interpretación relacionada que debe darse a los miembros de las uniones de hecho con relación al beneficio fiscal de los matrimonios, tal como se recoge en el art. 3.6 de la Ley 10/2009, de 23 de diciembre» (fundamento de Derecho cuarto).
Al fijar los criterios aplicables a la solución del caso, la sala afirmó que el tema objeto del recurso ya había sido analizado y resuelto en dos previos recursos de casación autonómica (los recursos núms. 2-2018 y 23-2018, que dieron lugar a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2/2019 y 3/2019, de 27 de junio, de la propia sección de casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo). A continuación, dedicó todos sus razonamientos a justificar la estimación del recurso de casación mediante la transcripción íntegra de dichos pronunciamientos previos, pero sin detenerse en las circunstancias diferenciadoras del caso concreto.
Sin embargo, como hemos dicho en el fundamento jurídico anterior, no se trataba de comparar la situación jurídica de la demandante de amparo con la de un cónyuge, ni tampoco con la de un miembro de una unión de hecho no inscrita en registro público alguno. En este caso, la demandante y su pareja de hecho sí se habían inscrito como tales en el registro municipal del Ayuntamiento madrileño de Rivas Vaciamadrid. Se trata de un registro público que, para aceptar la inscripción, exige acreditar el cumplimiento de los mismos requisitos materiales establecidos en la Ley 11/2001. Pese a ello, la sentencia impugnada se limitó a apreciar que la unión de hecho no estaba inscrita en el registro autonómico, pero no tomó en consideración ni valoró que en el caso examinado no había una ausencia total de inscripción (como sí ocurría en los casos abordados en las sentencias anteriores a las que se remite), sino que existía una inscripción en un registro público municipal del territorio de la Comunidad de Madrid.
De esta manera, desatendiendo las circunstancias fácticas de la pretensión formulada por la demandante, no abordó la cuestión medular sobre la que debió pronunciarse; esto es, si podría resultar excesivamente formalista reconocer únicamente la bonificación fiscal pretendida a las uniones de hecho inscritas en el registro autonómico, denegándola a las que se encuentran en la misma situación material –por tratarse de una unión de hecho que cumple todos los requisitos legales–, pero se han inscrito en un registro administrativo público de uniones de hecho diferente.
Precisamente por no haber atendido a las circunstancias del caso concreto, algunos de los razonamientos básicos de la sentencia impugnada resultan inaplicables en el caso examinado. Así sucede con toda la argumentación que realiza el órgano judicial sobre la necesidad de cumplir el requisito de la inscripción de un registro público, sus efectos frente a terceros y las consecuencias de su incumplimiento; argumentos que decaen en este caso dado que nunca se eludió por la unión de hecho la inscripción, aunque se hizo en un registro distinto al expresamente previsto por la Ley. Para resolver con una resolución fundada en Derecho sobre la pretendida bonificación tributaria, la sentencia impugnada debió haberse pronunciado expresamente sobre la relevancia y consecuencias de esta concreta manifestación de voluntad inscrita en el registro municipal. Tal omisión supone que, de forma indiferenciada, el razonamiento del órgano judicial sea aplicable por igual a toda unión de hecho que no se haya inscrito en el específico registro autonómico de la Comunidad de Madrid.
b) Como ha sido expuesto, la impugnación judicial de la decisión administrativa inicial había sido estimada en la instancia por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia núm. 408/2018, de 24 de mayo). La estimación vino fundada en apreciar que «entre [la] recurrente y su donante existía una unión de hecho por cumplirse los requisitos materiales del art. 1 de la Ley autonómica 11/2001», elemento fáctico que «no ha[bía] sido discutido por las administraciones demandadas, como tampoco lo fue por el TEAR, dado que su oposición a la pretensión del reclamante se sustenta únicamente en la falta de inscripción de la unión en el registro» (fundamento de Derecho quinto). En consecuencia, pese a que la unión de hecho del donante y la donataria no estaba inscrita en el registro autonómico previsto por la Ley 11/2001, la sentencia de instancia apoyó su posición estimatoria del recurso en la consideración de que el supuesto planteado era semejante al examinado en la STC 77/2015, de 27 de abril, y, aplicando su razonamiento, concluyó que «[l]a prevalencia de la situación de hecho material sobre la formal de la posesión de un título u otro instrumento acreditativo es extensiva,mutatis mutandis, al problema que ahora examinamos» (fundamento de Derecho cuarto).
Pues bien, la sentencia de casación impugnada parte de una premisa que no cabe compartir, según la cual, para resolver las pretensiones en litigio, no debía otorgarse trascendencia a los pronunciamientos de la STC 77/2015, en la que este tribunal apreció una diferencia de trato no justificada por denegar una bonificación fiscal establecida en favor de las familias numerosas pese a haber sido acreditada la situación material que contempla la norma tributaria que la reconoce.
La sección de casación consideró que el supuesto analizado no era asimilable al de la STC 77/2015 porque «en este caso no existe título oficial alguno acreditativo de la relación de unión de hecho que se pretende hacer valer al objeto de equiparar la deducción fiscal a la de los cónyuges». Ya anticipamos que este razonamiento se apoya en una premisa de hecho errónea y, en tal medida, resulta también manifiestamente irrazonable. Como ya hemos expuesto, donante y donatario contaban, al tiempo de realizar y aceptar la donación sometida a tributación, con una certificación oficial acreditativa de haberse inscrito en un registro municipal madrileño que, para reconocer como tal a la unión de hecho, imponía los mismos requisitos materiales que, para su inscripción en el registro autonómico, exigen los arts. 1, 2 y 3 de la citada Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho.
Ambas conclusiones conducen a estimar de forma añadida la aducida vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto garantiza el de recibir una respuesta fundada en Derecho sobre las pretensiones en litigio.
8. Conclusión y efectos de la estimación de la pretensión de amparo.
Con su decisión, el órgano judicial de casación autonómica ha provocado como consecuencia inmediata la exclusión de la recurrente del ámbito de aplicación de un beneficio fiscal legalmente previsto para las uniones de hecho, estableciendo de forma irrazonable una diferencia de trato que no solo carece de justificación objetiva suficiente, sino que, además, provoca una consecuencia que resulta excesivamente gravosa. El legislador ha decidido otorgar el mismo trato en el impuesto sobre sucesiones y donaciones a los matrimonios y a las uniones de hecho inscritas, por lo que –para acreditar la condición de unión de hecho– los órganos judiciales deben realizar una interpretación integradora de la norma que, a tales efectos, permita reconocer la eficacia de la inscripción en otros registros oficiales cuando se halle condicionada al cumplimiento de los mismos requisitos materiales que permiten su inscripción en el registro autonómico, pues esta interpretación de la norma, que fue reconocida por la sentencia de instancia, garantiza la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, la igualdad ante la ley exigidas por la Constitución.
Las conclusiones expuestas en los fundamentos precedentes conducen directamente al otorgamiento del amparo solicitado por la recurrente, lo cual exige fijar, con arreglo a lo dispuesto en el art. 55.1 LOTC, su alcance.
La demandante de amparo solicita la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas y que se confirme la sentencia dictada en el proceso judicial previo por la Sección Novena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por su parte, el Ministerio Fiscal interesa también la declaración de nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas, pero al apreciar únicamente la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, solicita se ordene la retroacción de las actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia de casación para que por el órgano judicial se dicte otra respetuosa con el derecho vulnerado.
En este punto conviene recordar que el art. 55 LOTC faculta al Tribunal para realizar algún o algunos de los pronunciamientos que dicho precepto contempla, confiriendo a la sentencia en la que otorgue el amparo demandado una flexibilidad que resulta especialmente intensa en lo que se refiere a la determinación del mecanismo adecuado para el restablecimiento de la recurrente en la integridad de sus derechos fundamentales (SSTC 99/1983, de 16 de noviembre, F5, y 186/2001, de 17 de septiembre, FJ 9).
En el presente caso el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley comporta indudablemente la declaración de nulidad de las resoluciones impugnadas [art. 55.1 a) LOTC] y, a la vista de la naturaleza sustantiva de la vulneración declarada, el restablecimiento de su derecho impone el reconocimiento en favor de la demandante de la bonificación fiscal pretendida. En tal medida, resulta innecesario acordar la retroacción de actuaciones para reintegrar a la recurrente en la integridad de sus derechos ordenando un nuevo enjuiciamiento del caso, pues no se trata aquí de corregir el desconocimiento de normas procesales con relevancia constitucional (SSTC 131/2017, de 13 de noviembre; 149/2017, de 18 de diciembre; 151/2021, de 13 de septiembre; 172/2021, de 7 de octubre, y 5/2022, de 24 de enero).
En definitiva, en protección del derecho sustantivo cuya vulneración se reconoce y por razones de economía procesal, nos corresponde declarar firme el reconocimiento del derecho a la aplicación de la bonificación fiscal prevista para las uniones de hecho que ha sido efectuado por la sentencia núm. 408/2018, de 24 de mayo, de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid –que se confirma–, debiendo únicamente declarar la nulidad de la sentencia núm. 5/2019, de 26 de noviembre, y del auto de 24 de febrero de 2020, dictados por la sección de casación de la propia Sala que han sido objeto de impugnación en este proceso constitucional.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Estimar el recurso de amparo promovido por doña María Garrido Velasco Vicente y, en consecuencia:
1.º Declarar vulnerado el derecho de la recurrente a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
2.º Restablecerla en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia núm. 5/2019, de 26 de noviembre, y del auto de 24 de febrero de 2020 dictados por la sección de casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de casación núm. 12-2019, declarando la firmeza de la sentencia núm. 408/2018, de 24 de mayo, de la Sección Novena de la propia Sala.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil veintidós.–Juan Antonio Domínguez Gil.–Antonio Narváez Gallego Conde-Pumpido Hidalgo Márquez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Reyes Herrera.–Firmado y rubricado.