Categoría: Judicial

exención de responsabilidad de la persona del Monarca prevista en el art. 56.3 CE.
Para dar respuesta a esta cuestión resulta necesario dar por reproducida nuestra conocida y reiterada doctrina constitucional sobre el alcance de las facultades de las mesas de las Cámaras en el ejercicio de sus funciones de calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias, específicamente en los supuestos en que la decisión de la mesa de admitir a trámite una iniciativa parlamentaria constituya un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional [SSTC 46/2018, FJ 6; 47/2018, FJ 5; 96/2019, de 15 de julio, FJ 6; 115/2019, de 16 de octubre, FJ 6; 128/2019, de 11 de noviembre, FJ 2; 184/2021, de 28 de octubre, FJ 11.5.3 b); 15/2022, FJ 3; 24/2022, de 23 de febrero, FJ 3; 115/2022, FJ 4 A), y recientemente STC 46/2023, de 10 de mayo, FJ 6; y entre otros los AATC 9/2020 y 11/2020, FJ 4].
B) De acuerdo con dicha doctrina, podemos adelantar que concurren los dos elementos exigidos para poder apreciar que la mesa de la Cámara al admitir la propuesta de resolución y las enmiendas ha incurrido en un incumplimiento manifiesto del deber constitucional de acatar lo resuelto por este tribunal (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC) y, en consecuencia, han vulnerado elius in officiumde los diputados recurrentes garantizado por el art. 23.2 CE, así como, indirectamente, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
a) En relación con el primero de los elementos, resulta claro que los acuerdos de 22 y de 29 de octubre de 2019 de la mesa incumplieron lo previamente resuelto por este tribunal en las SSTC 259/2015 y 98/2019, pues así nos hemos pronunciado en los AATC 9/2020, FFJJ 6 y 7, y 11/2020, FFJJ 4 y 5, a los que nos debemos remitir, por lo que, como en dichas resoluciones indicamos han «vuelto a vulnerar el orden constitucional y estatutario», al admitir a trámite los dos incisos contenidos en el último punto del apartado 11 de la propuesta de resolución, cuya dicción literal es: «Por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político». Incumplimiento que se debe extender a los acuerdos de la mesa que admitieron las enmiendas en las que se reproduce el tenor literal de esa misma manifestación.
b) En segundo lugar, también concurre el segundo de los elementos, pues es claro que la mesa era consciente de que al tramitar la iniciativa estaba incumpliendo su deber constitucional de acatar lo resuelto por este tribunal, esto es, que la mesa tramitó la iniciativa y admitió las enmiendas a sabiendas de que existían resoluciones de este tribunal que impedían darles curso.
En tal sentido, ya pusimos de manifiesto en el ATC 9/2020, que la defensa del llamado «derecho a la autodeterminación», como instrumento de acceso a «la soberanía del pueblo de Cataluña», es un propósito insistente del Parlamento de Cataluña «en su antijurídica voluntad de continuar el proceso secesionista en Cataluña, al margen del ordenamiento constitucional y sin supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español y en particular del Tribunal Constitucional», en absoluta contradicción con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como este tribunal ya declaró en la STC 259/2015 y reiteró en sus AATC 170/2016, FJ 6, y 24/2017, FJ 7, así como en la STC 136/2018, FJ 7. Es por ello que la mesa era consciente de que al tramitar la propuesta estaba incumpliendo su deber constitucional de acatar lo resuelto por este tribunal. Esto es, la mesa tramitó la iniciativa a sabiendas de la existencia de resoluciones de este tribunal que impedían darle curso. A alcanzar dicha conclusión contribuye que los acuerdos se adoptaron con el voto de calidad del presidente de la mesa, con tres votos en contra (el del vicepresidente segundo, el secretario segundo y la secretaria tercera) y que se aprobaron a pesar de las advertencias efectuadas por el secretario general, a las que se adhirió el letrado mayor, que se unían a las efectuadas por los recurrentes, acerca de la contradicción de la propuesta con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Es por ello por lo que puede afirmarse la concurrencia del segundo de los elementos, más si cabe, en relación con los acuerdos que admitieron las enmiendas, en las que se reproduce el mismo inciso, pues este tribunal había admitido tres incidentes de ejecución y dictado tres providencias de 5 de noviembre de 2019 acordando la suspensión de la tramitación de la propuesta en lo relativo al inciso indicado.
Este mismo razonamiento se puede aplicar a la censura que se efectúa en la primera parte del inciso a la monarquía, con el añadido, en este caso, de que se vuelve «a reproducir, con el mismo término de ‘reprobación’, un pronunciamiento institucional del Parlamento de Cataluña que este tribunal ha declarado inconstitucional y nulo. Por tanto, nuevamente la propuesta admitida a trámite se dirige a desatender lo decidido por este tribunal en su STC 98/2019 así como en la providencia de 10 de octubre de 2019, que suspendió los incisos dela resolución 534/XII que reiteraban la reprobación del rey, y requirió al presidente, a los miembros de la mesa y al secretario general, con advertencia de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a tales incisos, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 98/2019» (ATC 11/2020, FJ 4).
El incumplimiento manifiesto por parte de la mesa del Parlamento de Cataluña de lo ordenado por este tribunal en aquellas resoluciones, de las que la mesa era perfectamente conocedora, determina la lesión delius in officiumde los parlamentarios recurrentes en amparo (art. 23.2 CE). La admisión de la propuesta y de las enmiendas, en cuanto al contenido indicado «impide que, en relación con ese procedimiento parlamentario, puedan ejercer legítimamente los recurrentes sus funciones representativas, pues, en tales circunstancias, el ejercicio de su cargo conllevaría no acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional e incurrir, por tanto, en un grave ilícito constitucional» (STC 24/2022, FJ 5). Esa vulneración determina también indirectamente la del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
4. Otorgamiento del amparo y alcance del fallo.
Conforme a lo expuesto, procede otorgar el amparo solicitado, ya que los acuerdos impugnados han vulnerado el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE). Para restablecer a los recurrentes en la integridad de su derecho basta con declarar la vulneración del mismo y la nulidad de los acuerdos de 26 de noviembre de 2019, que admiten a trámite las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Republicà, Junts per Catalunya y el subgrupo parlamentario Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent y desestiman la petición de reconsideración, toda vez que los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y de 29 de octubre, en lo que al referido inciso se refiere, se declararon nulos en los AATC 9/2020 y 11/2020.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por los diputados recurrentes del Grupo Parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña y, en su virtud:
1.º Declarar que se ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
2.º Restablecer a los recurrentes en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 26 de noviembre de 2019, que por una parte admiten a trámite las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Republicà (registro 52252), Junts per Catalunya (registro 52213) y el subgrupo parlamentario Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (registro 51631) a la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del primero de octubre» y por otra desestiman la petición de reconsideración.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Inmaculada Montalbán Pérez.–Ricardo Enríquez Román Luisa Balaguer Vidal Pascual Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Hernández Jorquera.–María Crespo Peña Astaburuaga.–César Rodríguez Carrasco.–Juan Carlos Campo Moreno.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.
Para dejar constancia de mi discrepancia con la estimación del recurso de amparo de diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans contra los acuerdos de la mesa del Parlament, de 26 noviembre 2019 y de las razones que la sustentan.
1. La doctrina que sirve de guía a la decisión —las mesas deben inadmitir las iniciativas que incumplan manifiestamente lo decidido por el Tribunal Constitucional porque de lo contrario se lesiona el derecho fundamental de participación política de los diputados contrarios— fue formulada en las SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril. He manifestado anteriormente mi desacuerdo y crítica a su justificación en tres sentencias en las que se aplicaba (SSTC 15/2022, 24/2022 y 115/2022), y recientemente en otro voto discrepante en la STC 46/2023, de 10 de mayo. A ellos me remito. No obstante, este caso presenta un matiz relevante que debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de regresar a una comprensión cabal del contenido esencial del derecho fundamental al ejercicio de la representación política del art. 23.1 CE, que contenía la doctrina constitucional anterior, sin establecer una tutela que limita de manera intensa el debate parlamentario.
2. Entiendo, en primer lugar, que la admisión a trámite por la mesa de iniciativas parlamentarias —que permite su consideración en el Pleno del Parlament— no afecta al estatuto representativo de los diputados demandantes, que solo se ven obligados a ejercer su cargo interviniendo en el debate. Porque la admisión de las enmiendas no limita ni impide ni perturba el ejercicio del derecho fundamental, en lo que hasta ahora había consistido la conducta lesiva delius in officium. Segundo, sin reflexión ni ponderación, nuestra doctrina amplía el contenido del derecho fundamental al ejercicio de la función representativa de dichos diputados y, como consecuencia necesaria, sacrifica el derecho de los parlamentarios proponentes a presentar y defender iniciativas en ejercicio de la representación que ostentan, con lesión, aquí sí, del derecho a la participación política de los ciudadanos a quienes representan (art. 23 CE). Y ello, sin justificar la restricción de un derecho fundamental esencial de la función representativa parlamentaria. Tercero, la inadmisión y la imposibilidad del debate a las que lleva esta doctrina supone una injerencia en la potestad parlamentaria y en la libertad de deliberación de las asambleas y de los diputados, de difícil compatibilidad con el principio democrático que exige un amplio espacio para el intercambio de ideas y opiniones.
3. La singularidad de este caso se encuentra en el contenido de los acuerdos que se anulan en la sentencia, pues tenían por objeto que se debatieran en el Pleno enmiendas de tres grupos parlamentarios (ERC, Junts per Catalunya y CUP) que venían a criticar las decisiones del Tribunal Constitucional de impedir la libre deliberación en el seno del Parlament. De esa manera, nuestras decisiones expulsan del debate parlamentario temas trascendentes de la política, que configuran el interés general. Y ya no solo la polémica monarquía o república, la crítica al jefe del Estado o el derecho a decidir, sino que también resulta orillada ahora la crítica a algunas resoluciones del Tribunal Constitucional. Y así, se devalúa el papel de las asambleas parlamentarias como «sede natural del debate político», uno de los fundamentos del sistema democrático parlamentario, que exige que el debate sea «absolutamente libre en su contenido» (ATC 135/2004).
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.–Ramón Sáez Valcárcel.–Firmado y rubricado.