Categoría: Judicial

a del Tribunal (entre otras muchas las SSTC 10/2018, de 5 de febrero, FJ 2; 46/2018, de 26 de abril, FJ 3, y 65/2022, de 31 de mayo, FJ 2) los recursos de amparo regulados en el artículo 42 LOTC «tienen una particularidad respecto del resto de los recursos de amparo, en cuanto al marco de garantías del que disponen los eventuales recurrentes para invocar sus derechos fundamentales, cual es la ausencia de una vía jurisdiccional previa al amparo constitucional en la que postular la reparación de los derechos vulnerados […] lo que sitúa a los amparos parlamentarios en una posición especial a la hora de determinar su dimensión objetiva y valorar la especial trascendencia constitucional por parte de este tribunal (STC 155/2009, FJ 2), dada la repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa y que excede del ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra (STC 200/2014, de 15 de diciembre, FJ 2, entre otras)». En el mismo sentido, SSTC 42/2019, de 27 de marzo, FJ 2; 110/2019, de 2 de octubre, FJ 1, y 97/2020, de 21 de julio, FJ 2 B) a), entre otras resoluciones.
3. Delimitación del objeto y fundamento del recurso de amparo.
a) Como se ha expuesto en los antecedentes de esta sentencia, la demanda delimita el objeto del recurso de amparo al afirmar que el mismo se interpone contra «el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2018 por el que se dejaron sin efecto los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 y 8 de octubre de 2018, en relación con la delegación de voto del diputado Carles Vidal i Casamajó», así como contra la vía de hecho subsiguiente consistente en no computar el «voto delegado» de dicho diputado. Atendiendo a lo expuesto en la demanda, la queja principal que el recurrente en amparo dirige a dicho acuerdo, y a la vía de hecho subsiguiente, es la vulneración del derecho a ejercer su cargo público por haberle privado de su derecho al voto, al dejar sin efecto o suspender la delegación de voto del recurrente en amparo.
b) Además, el recurrente formula alegaciones sobre la nulidad del auto de 9 de julio de 2018, del magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017, que, tal y como advierte el Ministerio Fiscal, no serían imputables al acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña que se impugna en el presente recurso de amparo. Este recurso se encauza por la vía del artículo 42 LOTC y en él se impugnan tan solo el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2018, y la vía de hecho subsiguiente consistente en no computar el voto delegado de dicho diputado. Ningún acto u omisión directamente imputable a otro poder público podría ser enjuiciable en el presente procedimiento. Como afirmamos en la STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 3 B), «reproches de tal género al Poder Judicial –cuyo cauce exclusivo sería el del artículo 44 LOTC– no solo empañan la necesaria claridad que cabría esperar de la demanda de amparo (artículo 49.1 LOTC). Desvirtúan también el sentido o dirección de algunas de sus fundamentaciones jurídicas y causas de pedir, lo que obliga ahora a la consiguiente precisión y determinación sobre lo que no puede ser imputable a los actos impugnados ni pretendido, por tanto, en el actual recurso».
En definitiva, el objeto del presente recurso de amparo ha de quedar delimitado a resolver si el acuerdo de la mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2018, al dejar sin efecto los acuerdos de la mesa de 4 y 8 de octubre han incurrido en las vulneraciones aducidas en la demanda. Las alegaciones sobre el auto de 9 de julio de ese mismo año no serían imputables a dicho acuerdo de la mesa, única resolución aquí enjuiciable [en este sentido, SSTC 97/2020, FJ 3, y 69/2021, de 18 de marzo, FJ 3 b)].
4. Jurisprudencia constitucional sobre el derecho al ejercicio del cargo representativo (artículo 23.2 CE).
Desde las SSTC 10/1983, de 21 de febrero, y 32/1985, de 6 de marzo, FFJJ 2 y 3, respectivamente, como hemos recordado en STC 56/2022, de 5 de abril, el Tribunal tiene sentado que el derecho a acceder a los cargos públicos de naturaleza representativa implica asimismo el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo con la ley y con los reglamentos parlamentarios, sin constricciones o perturbaciones ilegítimas. Sin embargo, la Constitución no consagra en el artículo 23.2 un derecho fundamental al respeto de todas y cada una de las prescripciones de aquellos reglamentos, de tal modo que el derecho constitucional de los representantes, y en particular suius in officium, solo podrá considerarse violado si las contravenciones de las normas internas de las asambleas afectan al núcleo de los derechos y facultades de los representantes o, en otros términos, a su estatuto constitucionalmente relevante. Por lo demás, los órganos de las Cámaras cuentan para la aplicación de las normas internas con un margen de interpretación reconocida por el Tribunal [entre otras, SSTC 109/2016, de 7 de junio, FJ 3; 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 4; 34/2018, de 12 de abril, FJ 4; 110/2019, FJ 2 A), y 56/2022, de 5 de abril, FJ 3].
Pues bien, atendiendo a la delimitación del objeto del recurso de amparo que hemos realizado en el fundamento jurídico anterior, el derecho que se dice vulnerado por el recurrente en amparo sería el derecho de voto y, como ha establecido la STC 361/2006, de 18 de diciembre, FJ 3, el derecho de voto de los parlamentarios es uno de los que se integran en suius in officium(STC 65/2022, de 31 de mayo, FJ 3).
5. Sobre la aducida conculcación del derecho del recurrente al ejercicio del cargo de diputado.
A) La demanda, en los términos que se han expuesto pormenorizadamente en los antecedentes de esta sentencia, fundamenta la vulneración del derecho del recurrente al ejercicio de su cargo de diputado en que el acuerdo objeto del presente recurso de amparo habría dejado sin efecto los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 y 8 de octubre de 2018, en relación con la delegación de voto del diputado don Carles Vidal i Casamajó. Se dirige también contra la vía de hecho subsiguiente consistente en no computar el voto delegado. Todo ello habría privado al recurrente del derecho al voto.
a) Como se ha expuesto en los antecedentes, el día 4 de junio de 2018, tuvo entrada en el registro del Parlamento de Cataluña escrito del recurrente en amparo por el que expresaba que, con motivo de su situación actual que le incapacitaba a asistir a los plenos y a las comisiones del Parlamento de Cataluña, delegaba su voto en las sesiones del Pleno al portavoz del grupo parlamentario, don Albert Cruz i Canadell, dejando sin efecto la delegación efectuada a favor de doña Elsa Serrano i Villa; y en las sesiones de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia al diputado don Francesc de Dalmases i Thió, portavoz del grupo parlamentario en la comisión. La mesa de la Cámara, en reunión de 5 de junio de 2018, admitió a trámite la delegación de voto de don Carles Vidal i Casamajó a favor de don Albert Cruz i Canadell con efectos durante las sesiones plenarias en las que no estuviese presente; y también acordó expresamente dejar sin efecto la delegación de voto admitida a trámite por la mesa en su sesión del día 3 de abril de 2018. Asimismo, acordó admitir a trámite la delegación de voto de don Carles Vidal i Casamajó a favor de don Francesc de Dalmases i Thió, con efectos durante las sesiones de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia en las que no estuviese presente.
El día 4 de octubre de 2018, el portavoz del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, don Albert Cruz i Canadell dirigió un escrito a la mesa del Parlamento de Cataluña comunicando que continuaría votando en representación de, entre otros, el diputado don Carles Vidal i Casamajó, de acuerdo con los escritos que se adjuntaban, entre los que se encontraba el citado escrito del recurrente en amparo, de fecha 4 de junio, en el que comunicaba a la mesa de la Cámara su delegación de voto. El mismo día 4 de octubre, entre otros, el diputado don Carles Vidal i Casamajó, dirigió un escrito a la mesa del Parlamento de Cataluña en el que verificaba que el escrito del portavoz del grupo parlamentario Junts per Catalunya respondía a su voluntad, de acuerdo con la resolución del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018.
También el día 4 de octubre la mesa de la Cámara adoptó el acuerdo de que dichos escritos «tienen los efectos jurídicos que derivan de la resolución del Parlamento de Cataluña sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarlos de diversos diputados». Contra este acuerdo varios grupos parlamentarios presentaron solicitudes de reconsideración, que fueron desestimados por acuerdo de la mesa de 8 de octubre. El día 9 de octubre, la mesa adoptó el acuerdo de (i) dejar sin efecto su acuerdo de fecha 4 de octubre de 2018, por el que se atribuía efectos jurídicos, derivados de la resolución del Parlamento de Cataluña sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de varios diputados, del pasado 2 de octubre, a los escritos del grupo parlamentario de Junts per Catalunya (NR 17981) y de los diputados don Carles Vidal i Casamajó (NR P-E 505), don Jordi Cano i Negre (NR 18044), don Josep Cruz i Andreu (NR 18045) y don Jordi Sànchez i Picanyol (NR 18046), y de (ii) trasladar al grupo parlamentario y a los diputados a que se refiere la letra a) la conveniencia de que presenten nuevos escritos que se adecúen al contenido de la resolución del Pleno de 2 de octubre de 2018, que ahora es objeto del presente recurso de amparo.
b) Delimitado de esta manera el objeto del recurso de amparo, para su resolución resulta necesaria la aplicación de la STC 96/2022, de 12 de julio, que ha resuelto el recurso de amparo núm. 5887-2018, interpuesto por diputados del grupo parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña.
En la citada STC 96/2022, FJ 4, constatamos que el magistrado instructor de la causa especial 20907-2017 había comunicado a la Cámara la suspensión,exartículo 384 bis LECrim, de los derechos de los diputados precisamente mencionados en su auto de 9 de julio de 2018 (FJ 4), diputados entre los que se encuentra el ahora recurrente en amparo. Esta circunstancia resulta también aquí determinante para la resolución del presente recurso de amparo pues, como ya se apreció en la STC 96/2022, la comunicación al Parlamento ha tenido lugar antes de la adopción de todos esos acuerdos. Tras referirnos a la doctrina de este tribunal sobre el artículo 384 bis LECrim, a la que nos remitimos [FJ 4 A)], llegamos a la conclusión de que los «diputados concernidos por la suspensión acordada por el auto de 9 de julio de 2018 y en virtud de los efectosex legede la medida del artículo 384 bis LECrim, carecían del ejercicio del derecho al voto» [FJ 4 B)] y que «no se puede delegar un derecho de cuyo ejercicio está desposeído su titular» [FJ 4 A) b)].
En consecuencia, el ahora recurrente en amparo no podía delegar su voto porque por aplicación del artículo 384 bis LECrim estaba automáticamente suspendido en el ejercicio del cargo y en los derechos y deberes establecidos en el reglamento del Parlamento de Cataluña y, entre estos derechos, del derecho al voto. Por lo tanto, ninguna vulneración de su derecho al voto puede derivarse del acuerdo de la mesa de la Cámara de 9 de octubre de 2018.
B) Por otra parte, la demanda alega que el acuerdo objeto del presente recurso de amparo carece de toda motivación y la mesa del Parlamento no sería el órgano competente para su adopción.
a) La queja de falta de motivación no puede prosperar. Se ha de tener en cuenta que la autonomía parlamentaria garantizada constitucionalmente (artículo 72 CE) implica otorgar a los órganos rectores de las cámaras «un margen de aplicación en la interpretación de la legalidad parlamentaria que este tribunal no puede desconocer» [STC 69/2021, de 18 de marzo, FJ 5 B), y STC 34/2018, FJ 3 c), con cita a su vez de la STC 215/2016, de 15 de diciembre, FJ 5 b)]. Además, el Tribunal Constitucional, «ante la denuncia de falta de motivación de acuerdos de órganos de las diferentes cámaras ha entendido que la misma ha podido ser expresada tanto en el acuerdo inicial, como en la contestación a la solicitud de reconsideración (en este sentido, STC 173/2020, de 19 de noviembre, FJ 3), y también en el acta de la reunión en la que se adoptó el correspondiente acuerdo (STC 110/2019, de 2 de octubre, FJ 4)» [SSTC 69/2021, FJ 5 B), y 137/2021, de 29 de junio, FJ 4 e)].
En este caso, conforme ha quedado constancia en los antecedentes de esta sentencia, la mesa adoptó el acuerdo teniendo en cuenta el informe jurídico de los servicios de la Cámara. En concreto, se había acordado solicitar, con fecha de 8 de octubre de 2018, a los servicios jurídicos del Parlamento un informe sobre la adecuación de los escritos de 4 de octubre de los diputados del grupo parlamentario Junts per Catalunya al que anteriormente nos hemos referido, a la resolución del Pleno de 2 de octubre. En el acta de la mesa del Parlamento de 9 de octubre consta como punto del orden del día el informe de los servicios jurídicos de la Cámara sobre los efectos de los escritos del grupo parlamentario Junts per Catalunya y otros cuatro diputados, a la vista del cual la mesa de la Cámara adoptó el acuerdo ahora impugnado. Por lo tanto, ha de entenderse satisfecha la exigencia de motivación del acuerdo, y en consecuencia no cabría tildar de arbitraria la interpretación aun en la hipótesis de que no sea la única posible, que la mesa del Parlamento de Cataluña realizó en dicho acuerdo [en un sentido similar, STC 69/2021, FJ 5 B)].
b) Tampoco cabe acoger la queja de que el acuerdo fuera adoptado por un órgano incompetente. El acuerdo de la mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2018 deja sin efecto los acuerdos de dicho órgano de la Cámara de 4 octubre de 2018. Si el recurrente entiende que dicho órgano de la Cámara era el competente para la adopción del acuerdo de 4 de octubre, no hay razón alguna para entender que no lo era para adoptar el acuerdo que dejaba sin efectos el mismo, cuanto más en la medida en que, como afirma la representación del Parlamento de Cataluña, dicho acuerdo fue adoptado conforme a las funciones que a la mesa corresponden al amparo del artículo 37.3 RPC.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Carles Vidal i Casamajó.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintidós.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Juan Antonio Vargas Carmona Cano Calvo.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Crespo Conde-Pumpido Tourón.–María Fernández Balaguer Callejón.–Ramón Marín Hernándeznrique Pascual Pérez.–Concepción Núñez Carmona.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.
En ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con total respeto a la opinión de la mayoría reflejada en la sentencia, formulamos el presente voto.
En la medida en que la sentencia acude a la argumentación contenida en la que resolvió el recurso de amparo núm. 2388-2018, este voto remite, en su integridad, al que se formuló a la STC 65/2022, de 31 de mayo.
Madrid, a doce de julio de dos mil veintidós.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.