Categoría: Judicial

ipio siempre que el mencionado órgano judicial dicte, sin aguardar a la contestación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la resolución que pone fin al concreto procedimiento en cuyo seno ha elevado la cuestión prejudicial. Que en tal supuesto sea evidente la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva se desprende de que es el propio órgano judicial el que, al plantear la cuestión prejudicial, está reconociendo esa relación de dependencia que, como hemos señalado, es el elemento decisivo para que la no paralización del procedimiento, y el consiguiente dictado de la resolución judicial sin contar con la respuesta prejudicial del tribunal europeo, resulte lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva.
El análisis se torna notablemente más incierto en el segundo escenario, cuando el órgano judicial que promueve una cuestión prejudicial de interpretación tiene pendiente ante sí cuestiones que, aunque estén fuera del procedimiento concreto en que se eleva la cuestión prejudicial, puedan revestir una relación de dependencia con la interpretación que haga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las normas europeas consultadas. Corresponderá al órgano judicial, como decisión de legalidad ordinaria que es, establecer si, por entender que concurre una relación de dependencia como la que venimos considerando, procede paralizar ese procedimiento hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia en la cuestión prejudicial o, por no apreciar la misma, cabe continuar el mismo y consiguientemente acordar sobre esas cuestiones sin esperar a aquel pronunciamiento. En este segundo caso, el criterio del órgano judicial consistente en que, por considerar no concurrente la relación de dependencia, procede continuar el procedimiento y dictar la resolución que corresponda podrá ser revisado en vía de amparo por el Tribunal Constitucional, a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de derecho a un proceso con todas las garantías, conforme a parámetros de razonabilidad.
Dentro de este segundo escenario debe hacerse aún una distinción notablemente relevante para el caso que debemos resolver en este proceso. Se trata de destacar la particularidad de los supuestos en que la decisión del órgano judicial de paralizar el procedimiento hasta que recaiga la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o de continuarlo sin esperar a esta, repercuta de un modo directo en el ejercicio de un derecho fundamental sustantivo. En ellos la revisión de la posición adoptada por el órgano judicial que incumbe realizar en vía de amparo a este tribunal no se puede detener únicamente en parámetros de razonabilidad, sino que habrá necesariamente de fundarse en los elementos esenciales que definen el alcance y contenido del derecho fundamental sustantivo implicado, sin olvidar tampoco sus límites.
B) La decisión judicial de no suspender la pena de prisión impuesta a la espera de la resolución de la cuestión prejudicial (autos de 14 de octubre y 18 de noviembre de 2019 impugnados en el recurso de amparo avocado núm. 212-2020) y el derecho a la tutela judicial efectiva.
El Tribunal, en relación con la decisión judicial de no suspender en la ejecutoria de la causa especial la pena de prisión impuesta al demandante de amparo y la posible afectación que ello puede tener sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, debe reiterar los argumentos expuestos en el fundamento jurídico 13.1.5.2 de la STC 45/2022, para realizar las siguientes consideraciones:
a) La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la cuestión prejudicial de interpretación C-502/19, consideró que la decisión del recurso de súplica sobre la situación de prisión provisional del demandante de amparo, que versaba sobre la procedencia de otorgarle un permiso de salida para cumplir un requisito necesario para adquirir la condición de eurodiputado, venía determinada en función del sentido que se atribuyera a algunos rasgos del estatuto de privilegios e inmunidades de los eurodiputados. Dos de estos aspectos del estatuto de los eurodiputados aludían, de lo que ya hemos dejado constancia, a las condiciones de adquisición de la inmunidad; concretamente: (i) al momento en que comienza la inmunidad del eurodiputado y más en particular a si «rige antes del inicio del “periodo de sesiones”», y (ii) a si su adquisición puede condicionarse a haber cumplimentado el electo los requisitos establecidos en la normativa electoral nacional. La tercera duda de la Sala Segunda del Tribunal Supremo recaía sobre el contenido de la inmunidad, pero únicamente sobre una de las dimensiones de esta, la que se recoge en el párrafo segundo del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, que protege al eurodiputado en su desplazamiento al lugar de reunión y desde él (la tercera cuestión prejudicial se formula «a la vista de la expresión “cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este” del artículo 9 del [Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea]»).
La primera conclusión, en aplicación del parámetro de control ya definido, es que de la elevación de esta cuestión prejudicial solo cabe deducir que la Sala Segunda del Tribunal Supremo consideraba dependiente de las normas europeas, y más en particular del sentido que les diese el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver la cuestión prejudicial referida, la inmunidad del señor Junqueras que pudiera consistir en su derecho a salir de prisión y desplazarse al lugar de reunión del Parlamento Europeo. Consecuente con este enfoque, la Sala suspendió el curso del recurso de súplica deducido en la pieza separada de situación personal [art. 23 del Protocolo núm. 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; apartado 25 de las Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (2019/C 380/01)] hasta el pronunciamiento del Tribunal de Justicia por sentencia de 19 de diciembre de 2019, a la luz de la cual acordó mediante auto de 9 de enero de 2020 la estimación parcial de aquel recurso.
b) La queja constitucional que se hace valer en este recurso de amparo, ligada a que el proceso principal no se paralizó sino que prosiguió el enjuiciamiento del señor Junqueras y concluyó mediante su condena no suspendiéndose tampoco la pena de prisión impuesta a la espera de su resolución, se formula en un contexto procedimental distinto, ajeno a como debiera resolver la Sala Segunda del Tribunal Supremo la pieza separada de su situación personal. Aun así, de acuerdo al segundo escenario del parámetro decisorio que hemos delimitado, sería posible en hipótesis que también las cuestiones a dirimir en este procedimiento distinto revistieran una relación de dependencia con el sentido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea asignase a las normas europeas sobre las que es consultado.
En ese sentido, el demandante de amparo puso de manifiesto en el transcurso del procedimiento penal que concurría esta relación de dependencia e instó la suspensión del proceso principal mediante escrito presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 17 de septiembre de 2019, razonando que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que debía recaer en su día sobre el estatuto de inmunidad de los eurodiputados no solo repercutiría en la resolución sobre su situación de prisión provisional sino que condicionaba también la misma posibilidad de seguir el proceso contra él, en tanto que el reconocimiento de la inmunidad conllevaría un impedimentoex legede enjuiciamiento, mientras no mediase la autorización del Parlamento Europeo a través de la concesión de suplicatorio. Este criterio es el que también hace valer el demandante de amparo para sustentar la solicitud en la ejecutoria de que se suspendiera la pena de prisión impuesta y de nuevo en el recurso de amparo avocado núm. 212-2020.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, mediante auto de 3 de octubre de 2019, rechazó que la posibilidad de enjuiciar al demandante de amparo sin la intervención del Parlamento Europeo dependiera de los elementos interpretativos que llegara a sentar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su pronunciamiento prejudicial, remitiéndose al auto de 1 de julio de 2019, en el que ya había fijado el alcance suspensivo del planteamiento de la cuestión prejudicial respecto al proceso principal. Esa misma remisión se contiene en los autos de 14 de octubre y 18 de noviembre de 2019, impugnados en el recurso de amparo avocado núm. 212-2020, al afirmar que «[e]l objeto y alcance de la cuestión prejudicial fueron expuestos con claridad en el auto en el que se acordó su planteamiento y han sido reiterados en anteriores resoluciones de esta Sala ante las peticiones de alguna de las partes relativas a la suspensión de este procedimiento a la espera de su resolución», incidiendo en que «[e]se objeto y ese alcance son los que justifican la decisión adoptada en la resolución recurrida y con la extensión en ella indicada. Solo de la pena de inhabilitación son predicables las características que justifican que esta Sala posponga su ejecución».
En definitiva, a juicio de la Sala, como se reitera en el auto de 9 de enero de 2020, la cuestión prejudicial, en lo que hace al contenido de la inmunidad, solo requería del Tribunal de Justicia que definiese el alcance de la prerrogativa de libre desplazamiento regulada en el párrafo segundo del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, mientras que la posibilidad misma de enjuiciarle sin necesidad de solicitar el suplicatorio del Parlamento Europeo se relaciona con un contenido distinto de la inmunidad del eurodiputado: aquel que deriva del párrafo primero del art. 9 del Protocolo. Además, esta inmunidad de jurisdicción de los eurodiputados, a diferencia del resto de vertientes de la inmunidad que les asiste, está disciplinada, en lo que en este caso interesa, en el apartado a) del párrafo primero del art. 9 del Protocolo por remisión a «las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país», a lo que se une que la citada Sala ya se había pronunciado sobre el alcance de la inmunidad de jurisdicción de los diputados y senadores de las Cortes Generalesexart. 71.2 CE, en el sentido de que no se requiere la previa autorización de la cámara respecto de quien, encontrándose ya procesado o inculpado, adquiera sobrevenidamente la condición de diputado o senador iniciada la fase del juicio oral (auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019).
Pues bien, esta justificación de la Sala para negar que haya relación de dependencia entre los parámetros interpretativos que fije el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver la cuestión prejudicial planteada por la propia Sala y la posibilidad de enjuiciar al demandante de amparo y, por tanto, no suspender la pena de prisión impuesta a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no incurre en irrazonabilidad por las razones siguientes:
(i) En primer lugar, porque que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera (como finalmente hizo) que la condición de eurodiputado y las inmunidades asociadas se adquieren con la proclamación como electo y no se sujetan al cumplimiento de requerimientos nacionales añadidos, no prejuzga cuál sea el contenido de esas inmunidades y en concreto de la inmunidad de jurisdicción de los eurodiputados. A lo que ha de añadirse, como ya hemos señalado, que el párrafo primero, letra a), del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea regula el contenido de esa inmunidad de jurisdicción por remisión a «las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país», y que la citada Sala contaba con una asentada doctrina según la cual la inmunidad de jurisdicción no requiere autorización de la cámara cuando se ha adquirido sobrevenidamente la condición de diputado o senador de las Cortes Generales ya iniciada la fase de juicio oral. En otras palabras, aunque en su día el Tribunal de Justicia llegara a decidir prejudicialmente (como finalmente hizo) que, conforme al art. 9 del Protocolo, el señor Junqueras estaba protegido por la inmunidad parlamentaria desde su proclamación como electo con fecha 13 de junio de 2019, esa prerrogativa en su vertiente de inmunidad de jurisdicción no impediría que se continuara respecto a él, sin requerir autorización de la cámara, el proceso principal, pues en este caso no solo se había iniciado la fase de juicio oral sino que la causa ya había quedado vista para sentencia el día 12 de junio de 2019; esto es, un día antes de que el señor Junqueras fuese proclamado diputado electo del Parlamento Europeo.
(ii) En segundo lugar, porque lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidiera sobre el alcance de la inmunidad de desplazamiento del eurodiputado no condiciona qué contenido haya de otorgarse a la inmunidad de jurisdicción que le corresponda, en especial cuando se trata de dos dimensiones de las prerrogativas de la condición de diputado del Parlamento Europeo que se contemplan separadamente en apartados independientes del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, los cuales prevén regímenes jurídicos abiertamente distintos, hasta el punto de que uno de ellos, el contemplado en la letra a) de su párrafo primero, reenvía expresamente «a las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país».
Por estas dos razones puede concluirse que, desde la perspectiva de control que corresponde a este tribunal, no resulta irrazonable que la Sala Segunda del Tribunal Supremo considerase compatible, de un lado, elevar una cuestión prejudicial acerca de las circunstancias que rigen la adquisición de la inmunidad parlamentaria y del contenido que deba atribuirse a la inmunidad de desplazamiento; y, de otro, proseguir el proceso contra el señor Junqueras por entender que la inmunidad de jurisdicción adquirida una vez iniciada la fase de juicio oral no requiere autorización parlamentaria para enjuiciarle y, por tanto, no suspender el cumplimiento de la pena privativa de libertad finalmente impuesta.
Además, la motivación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para continuar el enjuiciamiento del señor Junqueras sin esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera la cuestión prejudicial, que se apoya en que el art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, distingue dentro de él varias dimensiones de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado, según le amparen en su desplazamiento al lugar de reunión o desde él o le protejan frente a detenciones o, en general, de actuaciones judiciales que se dirijan contra él, es también avalada por la STJUE de 19 de diciembre de 2019, § 78, 79, 85, 87 y 90. En este mismo sentido se pronuncia igualmente, salvando las diferencias existentes entre uno y otro supuesto, el auto del Tribunal General de la Unión Europea de 30 de julio de 2021, asunto T-272/21/R,Puigdemont, Comín y. Ponsatí, § 43, que admite que el suplicatorio concedido por el Parlamento Europeo respecto de tres eurodiputados les priva de la inmunidad reconocida en el apartado b) del párrafo primero del art. 9 del Protocolo, que les protegía frente a detenciones y actuaciones judiciales, pero no de la que les atribuye el párrafo segundo del art. 9 del Protocolo para desplazarse libremente al lugar de reunión y desde él, que mantienen intacta, de modo que el Tribunal General no reputa urgente restablecerles cautelarmente en la otra vertiente de la inmunidad de la que sí han sido privados. Este mismo criterio se reitera en el auto del Tribunal General de 26 de noviembre de 2021, asunto T-272/21 R II, § 29.
Tampoco cabe obviar que, aunque el demandante, con apoyo en la inmunidad de desplazamiento que pudiera serle reconocida en el pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al amparo del párrafo segundo del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, hubiera abandonado el territorio español, la continuación de su enjuiciamiento y el dictado de la sentencia en el proceso principal habría continuado siendo posible, aun en su ausencia, dado que el juicio oral ya había concluido previamente a elevar la cuestión prejudicial, incluso con anterioridad a la fecha en que tuvo lugar la proclamación de electos al Parlamento Europeo.
En fin, el demandante de amparo también tacha de irrazonable la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque, a su juicio, privaría de todo efecto al pronunciamiento prejudicial que dictara en su día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal aprecia que no resulta aceptable la premisa de esta alegación por los siguientes motivos: (i) En primer lugar, porque es la respuesta prejudicial del Tribunal de Justicia la que produce el efecto de que el señor Junqueras adquiriese con efectos de 13 de junio de 2019 la condición de miembro del Parlamento Europeo y las inmunidades asociadas a la misma, situación jurídica que ha estado vigente y produciendo efectos hasta que la Junta Electoral Central acordó el 3 de enero de 2020 que, al haber sido condenado penalmente, incurría en una causa de inelegibilidad que en este estadio actuaba como causa de incompatibilidad y determinaba la extinción de la condición de miembro del Parlamento Europeo [arts. 6.2 a) y 211 LOREG]; (ii) en segundo lugar, porque debe tenerse presente que, en el caso de que la respuesta prejudicial hubiese recaído estando pendiente el enjuiciamiento del señor Junqueras, la decisión de la citada Sala de requerir autorización al Parlamento Europeo para que siguiera en prisión provisional no produciría el efecto de suspender el enjuiciamiento, pues la inmunidad de jurisdicción se sujeta a unas reglas distintas a las de la inmunidad de desplazamiento, cuyo contenido no se opone a la continuación del proceso penal, incluyendo el dictado de la sentencia correspondiente. En otras palabras, el efecto que en la demanda se entiende obstaculizado por la falta de paralización del proceso principal nunca se habría producido, ni siquiera si la respuesta prejudicial hubiera recaído estando aún pendiente el enjuiciamiento penal del señor Junqueras.
Por tanto, deben rechazarse las vulneraciones constitucionales imputadas por el demandante de amparo a los autos de 14 de octubre y 18 de noviembre de 2019 pronunciados en la ejecutoria de la causa especial núm. 20907-2017, en los que se rechazó suspender la pena privativa de libertad que le fue impuesta a la espera de la resolución de las cuestiones prejudiciales planteadas en la pieza de situación personal mediante el auto de 1 de julio de 2019.
C) La decisión judicial de no dar efectividad posterior a la STJUE de 19 de diciembre de 2019 mediante la puesta en libertad del demandante de amparo para acudir a la sede del Parlamento Europeo una vez pronunciada la condena, la anulación de la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2019 y la solicitud del suplicatorio (autos de 14 de junio de 2019 y de 9 y 22 de enero de 2020 impugnados en el recurso de amparo avocado núm. 1523-2020; y autos de 9 y 29 de enero de 2020 impugnados en el recurso de amparo avocado núm. 1634-2020) y el derecho de participación política.
El Tribunal, en relación con la decisión judicial de no dar efectividad posterior a la STJUE de 19 de diciembre de 2019 mediante la puesta en libertad del demandante de amparo para acudir a la sede del Parlamento Europeo una vez pronunciada la condena, la anulación de la sentencia condenatoria y la solicitud del suplicatorio y la posible afectación que ello puede tener sobre el derecho de participación política, debe reiterar los argumentos expuestos en el fundamento jurídico 13.1.5.3 de la STC 45/2022 en relación con la cuestión conexa de la improcedencia de instar el suplicatorio para la continuación del procedimiento principal hasta el pronunciamiento de sentencia, para realizar las siguientes consideraciones:
a) En la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de que no concurría en este caso la referida relación de dependencia –entre el pronunciamiento prejudicial que en su día hiciese el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad del señor Junqueras y la decisión de paralizar o continuar su enjuiciamiento en curso– debe verse una limitación del derecho a la participación política (art. 23 CE), en tanto que esta decisión le condujo a proseguir con el enjuiciamiento de un eurodiputado sin requerir la autorización del Parlamento Europeo. De aquí se desprende, en atención al parámetro de control formulado más arriba, que la decisión de la citada Sala de continuación del proceso penal sin solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo y la subsiguiente de no haber dado efectividad posterior a la STJUE de 19 de diciembre de 2019 mediante su solicitud sobrevenida una vez pronunciada la condena, para resultar constitucionalmente legítima, no basta con que no sea irrazonable, debiendo resultar además acorde con la configuración esencial de aquel derecho fundamental, en cuyo contenido se incorporan y encuentran su acomodo natural los derechos y prerrogativas propias del estatus del cargo [por todas, STC 70/2021 FJ 2 B) c)].
b) Como se viene razonando, el criterio sobre el que se asienta esa decisión judicial es que la inmunidad de jurisdicción que, como consecuencia de haber adquirido la condición de miembro del Parlamento Europeo, asiste al señor Junqueras no requiere la previa autorización de la Cámara para que fuera posible su enjuiciamiento y eventual condena, pues, encontrándose procesado, había adquirido sobrevenidamente aquella condición iniciada ya la fase del juicio oral y, más concretamente, cuando la causa había quedado vista para sentencia. La Sala Segunda del Tribunal Supremo funda este entendimiento de la inmunidad de jurisdicción en la remisión del párrafo primero letra a) del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea «a las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país»; y, en virtud de esa remisión, en la consideración de que la inmunidad prevista en el art. 71.2 CE para los diputados y senadores de las Cortes Generales, en lo que se refiere, por lo que aquí interesa, a la exigencia de la previa autorización de la Cámara respectiva para su inculpación o procesamiento, debe ser interpretada en el sentido de que aquella no es precisa para continuar el proceso penal cuando la proclamación de diputado o senador electos tenga lugar ya iniciada la fase de juicio oral. Con base en esta interpretación del citado art. 72.1 CE, la Sala, en su auto de 14 de mayo de 2019, denegó la solicitud formulada, entre otros, por el demandante de amparo de instar la autorización del Congreso de los Diputados para continuar contra él el proceso penal en el que ha recaído la sentencia ahora recurrida (causa especial núm. 20907-2017), porque había sido proclamado diputado electo ya iniciada la fase del juicio oral y, en concreto, sus sesiones.
El mencionado auto fue enjuiciado por este tribunal por supuestamente lesivo del derecho a la participación política (art. 23.2 CE) en las SSTC 70/2021 y 71/2021. En estas sentencias se ha reproducido la argumentación –que ahora conviene recordar aun de manera sucinta– en la que la Sala Segunda del Tribunal Supremo fundó la referida interpretación del art. 71.2 CE y, consecuentemente, su decisión de denegar la solicitud de autorización a las Cámaras respectivas para la prosecución del proceso penal.
En síntesis, el órgano judicial razonó que «[d]esde la perspectiva constitucional –primer bloque argumental–, entiende que los términos “inculpación o procesamiento” del art. 71.2 CE “son claros”» y que «el precepto constitucional contempla que la autorización de la Cámara es precisa para la adopción de decisiones judiciales propias de la fase de instrucción o de la fase intermedia del proceso penal, ya que en tales fases es cuando se “inculpa o procesa”. Es decir, la necesidad de recabar la autorización parlamentaria opera en las fases procesales anteriores a la de juicio oral». Idéntico resultado hermenéutico alcanza a partir de la consideración de los arts. 11 RCD y 22.1 RS, de modo que «“desde el análisis del bloque de constitucionalidad” llega a la conclusión de que “la autorización de la Cámara y el libramiento del correspondiente suplicatorio se requiere para tomar decisiones judiciales que afecten a un parlamentario en las fases del proceso penal anteriores a la del juicio oral”».
Desde el ámbito de la legalidad ordinaria –segundo bloque argumental–, la Sala estima que una interpretación conforme al art. 71.2 CE, al principio de igualdad (art. 14 CE) y al carácter restrictivo de la inmunidad parlamentaria de los preceptos legales reguladores de esta prerrogativa (arts. 750 a 756 LECrim y Ley de 9 de febrero de 1912 de jurisdicción y procedimiento especiales en causas contra senadores y diputados) «avala la idea de que la autorización del órgano legislativo es necesaria “para procesar”, esto es, para atribuir a un diputado o senador electo la condición formal de parte pasiva, sujetándolo a un proceso penal que podría afectar al normal funcionamiento de las tareas legislativas». En este sentido, la Sala entiende que «[c]arecería de justificación constitucional que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad democrática elnihil obstatdel órgano parlamentario», dado que «[n]o forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o senador –si su incorporación a las listas y su elección ha tenido lugar cuando ya se había iniciado el juicio oral– imponer una valoración retroactiva de la incidencia que ese proceso penal puede tener en la normal actividad de las cámaras».
La Sala, en refuerzo de «la legitimidad y corrección» del criterio interpretativo expuesto invoca precedentes resoluciones suyas –tercer bloque argumental– de las que «“se colige que la autorización para proceder es precisa en un momento procesal distinto y anterior al […] de [la] celebración de[l] juicio oral”. Además, entiende que la interpretación que sostiene –cuarto bloque argumental– “es consecuente con la propia naturaleza y finalidad de la prerrogativa de la inmunidad, que no es otra que evitar que se utilice el proceso penal para alterar la composición y el funcionamiento de una cámara legislativa”» (SSTC 70/2021 y 71/2021, FFJJ 4).
c) En las citadas SSTC 70/2021 y 71/2021 se ha concluido, desde la perspectiva de control que corresponde a la jurisdicción de amparo, que la interpretación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se acaba de reseñar sobre el alcance de la prerrogativa de la inmunidad no puede estimarse vulneradora del derecho al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE), por no devenir contraria a las previsiones del art. 71.2 CE.
En efecto, se dijo entonces, y se reitera ahora, que «[l]a interpretación sostenida por la Sala, en primer lugar, es conforme a la letra o al sentido exacto y propio del art. 71.2 CE (STC 9/1990, FJ 4), que configura la previa autorización de la respectiva cámara como condición de procedibilidad expresamente para inculpar o procesar a sus miembros (SSTC 123/2001 y 124/2001, FFJJ 5), no para el desarrollo de una fase posterior a las fases de instrucción o intermedia del proceso penal, en las que tiene lugar la inculpación o el procesamiento, como es la del juicio oral».
A la precedente consideración, se añadía que «dicho criterio hermenéutico se compadece asimismo con la interpretación necesariamente estricta que ha de hacerse de la prerrogativa de la inmunidad, al no extenderla a un supuesto que no aparece contemplado explícitamente en el texto constitucional, como es la exigencia de autorización [de] las Cámaras para continuar el proceso penal contra quien, habiendo sido ya procesado o inculpado, es proclamado miembro electo de una de ellas durante el juicio oral». En este sentido, se insistía en que la necesidad de una interpretación estricta del alcance de la prerrogativa «resulta de la prohibición de su entendimiento como «un privilegio» personal o como expresión «de un pretendidoius singulare» establecido a fin de pretender sustraer los comportamientos de los diputados o senadores «del conocimiento o decisión de jueces y tribunales, [pues], la existencia de tal tipo de privilegios pugnaría, entre otras cosas, con los valores de “justicia” e “igualdad” que el art. 1.1. CE reconoce como “superiores” de nuestro ordenamiento jurídico» (STC 90/1985, FJ 6)».
Este tribunal declaró también que dicha interpretación judicial «se cohonesta con la finalidad institucional que se persigue con la prerrogativa de la inmunidad y que permite “preservar su legitimidad” (STC 124/2001, FJ 4), cual es la de evitar que la vía penal pueda ser utilizada con la intención de perturbar o alterar el funcionamiento de las Cámaras o la composición que el cuerpo electoral le ha dado en el ejercicio del derecho de sufragio (art. 23.1 CE). En principio [señalamos], parecer evidente […] que esa perturbación o alteración difícilmente se puede producir cuando el inicio del proceso penal y la conclusión de las fases de instrucción e intermedia, en las que se formaliza la inculpación o el procesamiento, tengan lugar con antelación a la adquisición de la condición de miembro de una de las cámaras legislativas».
Así pues, consideramos que la interpretación efectuada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el alcance de la prerrogativa de la inmunidad de los diputados y senadores en el auto de 14 de mayo de 2019 «es acorde con una correcta comprensión del sentido de la prerrogativa misma y de los fines que esta procura, tanto en el sentido lógico de sujeción a los límites objetivos que impone la Constitución, como en el teleológico de la razonable proporcionalidad al fin al que responde [SSTC 51/1985, FJ 6; 243/1988, FJ 3 A); 123/2001, y 124/2001, FFJJ 4]».
Por el contrario, concluimos que un entendimiento de la prerrogativa de la inmunidad en el sentido pretendido por los entonces recurrentes, de implicar, con independencia de que aparezca antes o durante el proceso judicial, la interrupción de este cualquiera que sea la fase en la que se encuentre, «ni se ajusta al tenor del art. 71.2 CE, ni se cohonesta con su finalidad institucional, ni es congruente con una interpretación restrictiva de la misma», desbordando, por el contrario, «un ejercicio razonable y proporcional de la prerrogativa en detrimento de derechos fundamentales y de otros valores constitucionalmente protegidos» (SSTC 70/2021 y 71/2021, FFJJ 6).
d) Acerca de si cabe extender esta interpretación constitucional al presente caso, en el que destaca la presencia de un componente europeo que estaba ausente en las SSTC 70/2021 y 71/2021, corresponde hacer una serie de valoraciones. La inmunidad de jurisdicción de los miembros del Parlamento Europeo está regulada en el apartado a) del párrafo primero del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea por remisión a «las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país», lo que es un primer elemento que avalaría la traslación automática a este supuesto de la doctrina establecida en las citadas sentencias. No cabe, sin embargo, obviar que las inmunidades de los parlamentarios recogidas en la legislación española, en la medida que por remisión del art. 9 del Protocolo se proyectan sobre los diputados europeos, deben, conforme al principio de cooperación leal consagrado en el art. 4 TUE, ser interpretadas, también en tanto que son parte esencial del derecho a la participación política y por ello objeto de análisis en este proceso de amparo, a la luz del Derecho de la Unión.
Esta interpretación debe partir de que las SSTJUE de 21 de octubre de 2008, asuntoMarra, § 26, y de 6 de septiembre de 2011, asuntoPatriciello, § 25, han resaltado la diferencia entre la inmunidad establecida en el art. 9.1 a) del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, que remite al Derecho nacional con la única salvedad de que este garantice que el Parlamento Europeo tenga total capacidad de cumplir sus misiones, y la inmunidad –inviolabilidad en la terminología de nuestro ordenamiento– establecida en el art. 8 del Protocolo, que debe determinarse exclusivamente según el Derecho de la Unión. En conclusión, en esta materia de la inmunidad de jurisdicción de los eurodiputados la consideración del Derecho de la Unión debe hacerse en cuanto a sus principios generales.
La STJUE de 19 de diciembre de 2019 asienta estos objetivos generales. Dejando a un lado las afirmaciones que proyecta en especial sobre la inmunidad de desplazamiento (§ 85 y 86), que no son relevantes en este caso que incide directamente en la inmunidad de jurisdicción, la citada sentencia establece que el principio al que sirven las inmunidades de las instituciones de la Unión, concretadas en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea y por remisión en las legislaciones nacionales, es garantizar su capacidad para cumplir las misiones que le han sido atribuidas (§ 73); lo que en cuanto al Parlamento Europeo implica, de un lado, que en respeto del principio de democracia representativa (§ 64 y 65) su composición refleje de forma fiel y completa las preferencias de los ciudadanos y, de otro, que el Parlamento Europeo quede protegido contra cualquier riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen funcionamiento (§ 82 y 83), doble vertiente que tiene «por objeto garantizar la independencia de esta institución en cumplimiento de su misión, como ha destacado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos» (§ 84).
El hecho cierto y determinante es que las SSTC 70/2021 y 71/2021, FFJJ 3 B) d), toman en cuenta esos principios generales del Derecho de la Unión de un modo expreso, como permiten apreciar sus razonamientos, incluso en su misma literalidad. El tribunal entiende, en consecuencia, que la delimitación que hizo en las citadas SSTC 70/2021 y 71/2021 del alcance de la inmunidad de jurisdicción que asiste a un parlamentario como dimensión de su derecho a la participación política, de acuerdo con la cual no resulta vulnerado en este caso el referido derecho fundamental, porque el eurodiputado señor Junqueras haya sido enjuiciado y finalmente condenado sin que se hubiese solicitado para ello la autorización del Parlamento Europeo, debido a que había adquirido la condición de europarlamentario sobrevenidamente ya concluido el juicio oral, no solo es plenamente observante de aquellos principios regentes de las inmunidades de la instituciones europeas, sino que es la expresión más plena de su significado sistemático dentro del conjunto del ordenamiento jurídico.
En coherencia con las razones expuestas, las decisiones de no dar efectividad a la STJUE de 19 de diciembre de 2019 en el sentido pretendido por el demandante de amparo de su puesta en libertad para permitirle acudir al Parlamento Europeo una vez pronunciada la condena, de anular la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2019 y de no solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo, no cabe considerar que haya vulnerado el derecho a la representación política. En efecto, sin perjuicio de recordar que en el auto de 9 de enero de 2020 el Tribunal Supremo, al estimar el recurso de súplica a la vista de la citada resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dejó claro que de haberse conocido la novedosa jurisprudencia establecida, la restricción de libertad habría sido mantenida, sin perjuicio de la activación del suplicatorio en relación con la inmunidad de desplazamiento, lo cierto es que dicho suplicatorio, por el momento procesal en que se accedió a la condición de diputado electo por parte del demandante de amparo, no resultaba necesario para su enjuiciamiento ni, por tanto, para confirmar la validez de la sentencia condenatoria. En apoyo de esa conclusión redunda la circunstancia, también destacada en los razonamientos expuestos, de que con ocasión de la condena de que fue objeto el demandante de amparo, pena privativa de libertad, había perdido de manera sobrevenida la condición de diputado del Parlamento Europeo al concurrir una causa de inelegibilidad (art. 6 LOREG) y de incompatibilidad (art. 211 LOREG), por lo que carecía de sentido plantear tanto la solicitud de autorización al Parlamento Europeo para enjuiciar a una persona que ya había perdido la condición de diputado como su puesta en libertad para acudir a la sede de dicha cámara.
4. La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por los autos de 9 y 22 de enero de 2020 pronunciados en la pieza de situación personal.
A) El demandante de amparo ha invocado de manera autónoma en el recurso de amparo avocado núm. 1523-2020, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del deber de motivación de las resoluciones judiciales, con fundamento en que el auto de 9 de enero de 2020 pronunciado en la pieza de situación personal ha incurrido en una incongruencia omisiva, que no fue reparada por el auto de 22 de enero de 2020 con ocasión de la petición de aclaración formulada.
Más en concreto, se argumenta que, tras resolución por la STJUE de 19 de diciembre de 2019 de las cuestiones prejudiciales planteadas, en la que se había acordado que el demandante gozaba de inmunidad desde el mismo momento de su elección lo que imponía el levantamiento de la prisión provisional para desplazarse al Parlamento Europeo para la toma de posesión o la solicitud inmediata del suplicatorio, el auto resolutorio del recurso de súplica de 9 de enero de 2020 no había procedido a adoptar ninguna de dichas decisiones ni tampoco a hacer una «declaración sobre si dicho recurso ha de ser estimado o no, si existe una vulneración de los derechos de nuestro mandante y, caso que se haya producido, la fórmula de reparación de dicho derecho que de conformidad a Derecho deba aceptarse».
B) El Tribunal ha reiterado, desde temprana jurisprudencia, que (i) la obligación de motivar las resoluciones judiciales no es solo una exigencia impuesta a los órganos judiciales por el art. 120.3 CE, sino también, y principalmente, un derecho de los intervinientes en el proceso que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el art. 24.1 CE, que únicamente se satisface si la resolución judicial, de modo explícito o implícito, contiene los elementos de juicio suficientes para que el destinatario y, eventualmente, los órganos encargados de revisar sus decisiones puedan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, constituyéndose en una garantía esencial para el justiciable mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad; y (ii) que, desde la perspectiva del deber de motivación de las resoluciones judiciales, podrá considerarse que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que funda dicha resolución resulte arbitrario, irrazonable o incurso en error patente, ya que no pueden admitirse como decisiones motivadas y razonadas aquellas en que se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o que siguen un desarrollo argumental incurso en quiebras lógicas de tal magnitud que conduzcan a la evidencia de no poder considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas (así, por ejemplo, STC 133/2013, de 5 de junio, FJ 5).
Por lo que se refiere a la falta de respuesta a las controversias suscitadas por las partes, la jurisprudencia constitucional ha establecido que (i) concierne al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), produciéndose su vulneración, en esencia, cuando una pretensión relevante y debidamente planteada ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte de este; y (ii) la omisión denunciada debe referirse a las pretensiones formuladas por las partes y no a las alegaciones aportadas en su defensa, sin que pueda entenderse vulnerado este derecho por el hecho de que el órgano judicial no dé respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones vertidas en el proceso, pudiendo darse una respuesta solo genérica (así, por ejemplo, STC 23/2018, de 5 de marzo, FJ 3).
C) En el presente caso, como ya ha sido ampliamente expuesto anteriormente, el órgano judicial, aun sin hacerlo expreso en el fallo, pero sí de manera concluyente en la fundamentación jurídica del auto, que es elemento esencial para la comprensión del fallo, afirmó que el recurso de súplica, a la vista de la STJUE de 19 de diciembre de 2019, debía ser estimado. En concreto se afirma «la estimación del recurso, pues era eso –no otra cosa– lo que se solicitaba por la defensa del señor Junqueras en el escrito de 4 de junio». En ese sentido, ningún reproche desde la perspectiva del art. 24.1 CE puede ser imputado a los autos de 9 y 22 de enero de 2020.
También existe una declaración expresa en el fallo de que el demandante de amparo había adquirido el estatuto derivado de la condición de eurodiputado el día 13 de junio de 2019, lo que supone un reconocimiento de su derecho a la representación política (art. 23.2 CE) en relación con el momento en que disfrutaba de la inmunidad como diputado del Parlamento Europeo. Además, en relación con la procedencia sobre el mantenimiento de la situación de privación de libertad del demandante de amparo, el Tribunal constata que también en el fallo se afirma que procedía el mantenimiento de su prisión preventiva, con los condicionantes derivados del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «en los términos que son expuestos en la resolución de esta misma fecha que queda incorporada a la causa principal» (el segundo auto de 9 de enero de 2020) y que en la fundamentación jurídica se incidía en que «[i]ncluso en un ejercicio hipotético de cuál habría sido el sentido de nuestra resolución si anticipadamente hubiéramos contado con la novedosa doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la restricción de la libertad habría sido mantenida por esta Sala, sin perjuicio de una ágil activación del suplicatorio». Por tanto, tampoco respecto de estas concretas cuestiones cabe apreciar la concurrencia de incongruencia omisiva alegada.
Ello determina, como han apoyado el Ministerio Fiscal y el resto de partes comparecientes que han alegado en este recurso, que deba también desestimarse esta invocación del art. 24.1 CE y, con ello, la denegación íntegra del presente recurso de amparo avocado acumulado.
5. Petición de reenvío prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A) El demandante de amparo ha instado al Tribunal en el recurso de amparo avocado núm. 1634-2020 a plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente cuestión prejudicial: «¿Es conforme a la interpretación de la normativa de la Unión Europea realizada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 19 de diciembre de 2019 (asunto C-502/19) que una persona proclamada diputado electo el día 13 de junio de 2019 (y que era inmune desde ese día conforme al párrafo segundo del artículo 9 del Protocolo de privilegios e inmunidades de la Unión Europea y en garantía del derecho previsto en el artículo 39 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, que debería haber sido liberado en aquel momento, y que a partir del 2 de julio de 2019 disfrutaba de la inmunidad prevista en el párrafo primero del mismo artículo) pueda ser condenada penalmente en fecha 14 de octubre de 2019, sin haber solicitado el Tribunal sentenciador al Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad, de forma que finalmente no se ha producido su liberación para ejercer sus funciones como eurodiputado?».
Esta cuestión resulta muy semejante, en cuanto a la supuesta duda de Derecho de la Unión que pretendería resolver, a otras cuyo planteamiento ya fue solicitado por el demandante de amparo en el recurso de amparo avocado núm. 1621-2020. En concreto, en aquel recurso, las dicciones de los cuestionamientos propuestos eran las siguientes: (i) «¿El mantenimiento en prisión y la continuación de un proceso penal contra el eurodiputado electo Oriol Hidalgo sin efectuar una solicitud de levantamiento de su inmunidad al Parlamento Europeo, independientemente de la fase en que se halle dicho procedimiento pero antes del dictado de una Sentencia que analice su culpabilidad, debe ser considerado contrario a lo que prevé el artículo 9 del Protocolo de privilegios e inmunidades de la Unión Europea, el artículo 39 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y el artículo 3 del Protocolo Adicional núm. 1 al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y de conformidad con lo que dispone la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019 (asunto C-502/19)?»; y (ii) «¿La existencia de un pronunciamiento judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativo a la necesidad de ordenar la libertad provisional del eurodiputado electo Oriol Junqueras para acudir al Parlamento Europeo y la tramitación de un suplicatorio en aplicación del artículo 9 del Protocolo de privilegios e inmunidades de la Unión Europea (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019 en el asunto C-502/19) obliga al órgano judicial nacional competente para analizar la legalidad de su privación de libertad (incluso si se trata del Tribunal Constitucional) a decretar dicha libertad y solicitar el suplicatorio, incluso cuando la privación de libertad ha sido posteriormente transformada en pena firme de prisión sin esperar a la resolución de la cuestión prejudicial por el tribunal que la planteó, y de acuerdo con los artículos 6, 39 y 47 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y los artículos 5, 6 y 3 del Protocolo núm. 1 al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950?».
B) En relación con esta petición, el Tribunal estima necesario reiterar las consideraciones previas que ya hizo en la STC 45/2022, de 23 de marzo, para rechazar su planteamiento.
Así, se señaló en la citada STC 45/2022, en cuando al momento de resolución de esta petición, que «[e]ste tribunal, en términos lógicos, ha considerado (y descartado) la procedencia de promover dichas cuestiones prejudiciales al tiempo de resolver cada una de las alegaciones de los recurrentes que se acaban de mencionar, pues de concurrir la misma habría sido necesario suspender el proceso y no resolver sobre el fondo hasta no recibir la respuesta del Tribunal de Justicia»; para a continuación poner de manifiesto que «[s]in embargo, ha entendido más oportuno esperar a este momento posterior para hacer explícitas las razones (STEDH de 13 de febrero de 2020, asuntoSanofi Pasteur c. Francia, § 79) que le han conducido a no elevar ninguna de aquellas y, en consecuencia, resolver el fondo de las quejas de los recurrentes. El motivo es que solo en este estadio, cuando el Tribunal ya ha referido cuál es el contenido y alcance de las cuestiones sobre derechos fundamentales que vienen a plantear las alegaciones de los recurrentes y cuáles los criterios de fondo conforme a los que resolver cada una de ellas, resulta viable mostrar por qué […] pueden ser decididas en cuanto al fondo conforme a los criterios interpretativos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha explicitado al interpretar las normas de Derecho europeo relevantes» (FJ 17.2).
También en la citada STC 45/2022, se incidió en que «[n]ótese también que los recurrentes instan que sea el propio tribunal quien eleve estas cuatro cuestiones prejudiciales en caso de que tenga dudas a la hora de resolver el objeto de este recurso de amparo. Responder a estas solicitudes de los recurrentes requiere que el tribunal cambie su perspectiva de análisis (adopte una distinta a la que ha utilizado en cuanto al resto de alegaciones). Aquí no se trata de partir de la interpretación dada por la sentencia impugnada para determinar si es conforme con los derechos fundamentales alegados por los recurrentes, sino más bien de decidir directamente, con el fin de delimitar el contenido de los derechos fundamentales invocados [ATC 86/2011, de 9 de junio, FJ 4; SSTC 76/2019, de 22 de mayo, FJ 3, y 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 D)], si este tribunal requiere la ayuda prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los términos que afirman los recurrentes» (FJ 17.2).
C) A partir de estas consideraciones previas de carácter sistemático, retomando también algunas de las razones ya expuestas en la STC 45/2022, el Tribunal no considera procedente elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial propuesta por el demandante de amparo, que gira en torno a la interpretación que hubiera de darse, en el contexto de las respectivas violaciones de derechos fundamentales alegadas, a algunos preceptos de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y a la concreción que de los mismos hacen determinadas disposiciones de Derecho de la Unión Europea y ciertas resoluciones del Tribunal de Justicia.
Así, en primer lugar, debe incidirse en el mismo sentido que se hizo en la STC 45/2022, que «[l]a STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 D), ha destacado que “[l]a Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y la