Categoría: Administración

eglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores.
2. En lo no previsto por las mismas, tendrá carácter supletorio la legislación estatal en materia de tasas y precios públicos.
3. Las tasas cuya titularidad asuma la Comunidad Autónoma de Andalucía, derivadas de transferencias de competencias, se regirán por esta Ley y por la normativa del Estado o de las corporaciones locales que les venían siendo aplicables, en tanto no se regulen de manera específica.
Son tasas de la Comunidad Autónoma de Andalucía los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial de su dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
Son precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios, la realización de actividades o, en su caso, la entrega de bienes, efectuadas en régimen de Derecho Público en el ámbito de su competencia, cuando, prestándose también tales servicios, actividades o entrega de bienes por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
1. La previsión de ingresos por tasas y precios públicos deberá figurar con la debida individualización en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. El importe de la recaudación derivada de las tasas y precios públicos se ingresará en la Tesorería General de la Junta de Andalucía, en aplicación del principio de unidad de caja.
3. Las tasas y los precios públicos de la Comunidad Autónoma están sometidos al régimen de contabilidad pública y al control interno que corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía.
4. Los ingresos obtenidos por tasas y precios públicos se destinarán a satisfacer el conjunto de gastos generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo que, a título excepcional y mediante ley, se establezca una afectación concreta.
1. De acuerdo con el régimen disciplinario propio, incurrirán en falta disciplinaria las autoridades y demás personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias y sus consorcios que exijan indebidamente una tasa o un precio público o lo hagan en cuantía superior a la establecida, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse de tal actuación.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía por las referidas actuaciones, así como por las resoluciones, actuaciones u omisiones que infrinjan esta Ley y demás normas que regulen esta materia, darán lugar a las correspondientes indemnizaciones a cargo de quienes los hubieren causado, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
1. Solo serán exigibles las tasas establecidas por ley, la cual deberá regular, en todo caso, la delimitación del hecho imponible, el devengo, la base imponible, los elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, la revisión de su importe, en su caso, los beneficios fiscales, así como los demás elementos esenciales de las tasas, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley General Tributaria.
No obstante, la fijación de la cuantía exigible para cada tasa se podrá diferir a su desarrollo reglamentario cuando se autorice por ley, con subordinación a los criterios, parámetros o elementos de cuantificación que determine la misma.
2. La Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma no podrá crear tasas, pero sí modificarlas, revisar y actualizar su cuantía y suprimirlas en el ámbito de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
1. La cuantificación de las tasas se efectuará de manera que el rendimiento estimado por su aplicación tienda a cubrir, en su conjunto, sin exceder de él, el coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate y, en su defecto, el valor de la prestación recibida.
Para la determinación de dicho importe se tendrán en cuenta los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización de inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y el desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa.
2. El importe de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se fijará tomando como referencia el valor de mercado de los bienes entregados o de la utilidad derivada de aquellos.
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público lleve aparejada una destrucción o deterioro del mismo no previstos en la memoria económico-financiera a que se refiere el artículo 24, el sujeto pasivo estará obligado, sin perjuicio del pago de la tasa y las demás responsabilidades legales que puedan corresponderle por el daño ocasionado, al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación. Si los daños fueran irreparables, la indemnización consistirá en una cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe correspondiente al deterioro de los dañados, de conformidad con la legislación sobre Hacienda Pública y patrimonial aplicable.
Constituye el hecho imponible de las tasas de la Comunidad Autónoma de Andalucía la utilización privativa o el aprovechamiento especial de su dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, fijados por la ley para configurar cada tasa.
Las tasas se devengarán de acuerdo con la naturaleza de su hecho imponible, y sin perjuicio de lo dispuesto en su regulación específica, según lo siguiente:
a) Cuando se conceda la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad administrativa, sin perjuicio de poder exigir su pago anticipado o depósito previo.
b) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el procedimiento, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
c) Cuando se utilicen o aprovechen bienes de dominio público o se presten servicios o se realicen actividades de manera continuada e ininterrumpida sin que se requiera la adopción de nuevas resoluciones administrativas, la tasa se devengará el primer o el último día del periodo impositivo, según se establezca en cada caso.
1. La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial, y las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, estarán exentas de las tasas reguladas en esta Ley, sin perjuicio de las exenciones específicas establecidas mediante ley para cada tasa.
2. Los sujetos pasivos a título de contribuyentes de las tasas de la Comunidad Autónoma de Andalucía que presenten las correspondientes autoliquidaciones y realicen el pago de su importe por medios electrónicos tendrán derecho a una bonificación del 10% sobre la cuota a ingresar por cada autoliquidación presentada, con un límite mínimo de bonificación de tres euros y máximo de setenta euros, sin que pueda resultar una cuota tributaria negativa como consecuencia de dicha bonificación.
1. De conformidad con el artículo 4, serán sujetos pasivos de la tasa, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria cuando:
a) Sean beneficiarias de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público.
b) Soliciten o resulten afectadas o beneficiadas de modo particular por prestaciones de servicios o actividades que constituyen su hecho imponible.
2. La ley específica de cada tasa podrá establecer sustitutos para que en lugar del contribuyente realicen las obligaciones materiales o formales derivadas de la realización del hecho imponible.
3. La concurrencia de dos o más titulares en la realización del hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados, salvo que la ley específica de cada tasa establezca lo contrario.
1. La ley específica de cada tasa podrá declarar responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos, a otras personas o entidades.
2. Las entidades o sociedades aseguradoras de riesgos que motiven actuaciones o servicios administrativos que constituyan el hecho imponible de una tasa responderán solidariamente de ella.
1. La cuota tributaria podrá consistir:
a) En una cantidad fija.
b) En una cantidad resultante de aplicar un determinado tipo de gravamen a la base imponible.
c) En la cantidad que se establezca conjuntamente por ambos métodos.
2. Cuando la naturaleza de la tasa lo permita, en la fijación de la cuota tributaria se tendrá en cuenta la capacidad económica de los obligados al pago, y en concreto de aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, así como el carácter cultural, social, benéfico o de interés público de la actividad o servicio correspondiente.
En materia de tasas, corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía la gestión, liquidación, recaudación e inspección, así como el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de las delegaciones de competencias que se realicen, en cuyo caso corresponde a los órganos en que se hayan delegado las mismas.
1. Con carácter general y siempre que su configuración permita la determinación previa de la deuda, las tasas serán objeto de autoliquidación en el momento de la presentación de la solicitud de prestación del servicio, realización de la actividad, utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.
2. No obstante, las tasas cuya configuración no permita la autoliquidación previa, y cuando así lo establezca su normativa específica, serán objeto de liquidación por la Administración.
Las liquidaciones tendrán los requisitos y se notificarán en la forma establecida en la normativa tributaria.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por Decreto del Consejo de Gobierno se podrán determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados al pago de tasas y precios públicos deberán presentar por medios electrónicos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento.
Asimismo, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración deberá garantizar que los obligados al pago puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen, así como cualquier otro programa de asistencia y ayuda.
Las deudas tributarias derivadas de las tasas podrán extinguirse, total o parcialmente, por cualquiera de las formas y con los requisitos previstos en la normativa tributaria.
1. El pago de las tasas se realizará por los medios establecidos en el artículo 76.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en la forma, en el lugar y con los efectos liberatorios que se determinen reglamentariamente.
La normativa autonómica regulará los requisitos y condiciones para el pago por medios electrónicos.
2. Las tasas que sean objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo deberán ingresarse en los plazos específicos señalados por su normativa reguladora. En su defecto, la autoliquidación e ingreso se efectuarán en el momento de la presentación de la solicitud de prestación del servicio, realización de la actividad, utilización o aprovechamiento del dominio público.
3. Cuando las tasas sean objeto de liquidación practicada por la Administración, los plazos de ingreso en período voluntario serán los establecidos por el artículo 62 de la Ley General Tributaria y por el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
4. Las tasas objeto de notificación colectiva y periódica se ingresarán en los plazos o fechas señalados en su normativa reguladora que, en todo caso, no será inferior a dos meses.
5. Una vez transcurrido el plazo para el pago en período voluntario sin que este se haya llevado a efecto, la recaudación de las tasas se realizará en periodo ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo de la persona o entidad obligada al pago o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio.
1. Las deudas procedentes de las tasas que se encuentren en período voluntario podrán aplazarse o fraccionarse por la Agencia Tributaria de Andalucía, sin perjuicio de las delegaciones o atribuciones de competencias realizadas, o que se realicen, en cuyo caso corresponde a los órganos en que se hayan delegado o atribuido dichas competencias.
2. Las deudas procedentes de las tasas que se encuentren en período ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse por la Agencia Tributaria de Andalucía.
3. El aplazamiento o fraccionamiento se efectuará previa solicitud del sujeto pasivo en la forma, con los requisitos y garantías establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y en la normativa propia de la Comunidad Autónoma que sea de aplicación.
1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de un ingreso indebido efectuado en pago de tasas se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:
a) Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se realice su hecho imponible.
b) En los supuestos previstos en el artículo 221 de la Ley General Tributaria.
2. La devolución se efectuará de conformidad con los procedimientos y órganos competentes previstos en la normativa tributaria y en las disposiciones autonómicas de aplicación.
1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto de aplicación de las tasas o el acto de imposición de sanciones derivadas de las mismas rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
2. Los actos dictados por la Administración tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición con carácter previo a la reclamación económico-administrativa ante el órgano que dictó el acto impugnable.
Si el interesado interpusiera el recurso de reposición no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo.
Tratándose de actos dictados por delegación y salvo que en esta se disponga otra cosa, el recurso de reposición que, en su caso, se interponga contra dichos actos se resolverá por el órgano delegado.
3. Contra los actos de aplicación de las tasas, así como contra las sanciones derivadas de aquellos, podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante el órgano que dictó el acto reclamable, el cual lo remitirá al órgano económico-administrativo competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en su normativa reguladora.
4. Las resoluciones de los órganos económico-administrativos autonómicos podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo.
La calificación de las infracciones, la cuantificación y la graduación de las sanciones que corresponda aplicar en materia de tasas se realizará de conformidad con lo dispuesto en la normativa tributaria.
Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación de la cuantía de una ya existente deberá incluir una memoria económico-financiera que elaborará la Consejería o entidad que preste el servicio o realice la actividad de que se trate y que contendrá, al menos, lo siguiente:
a) La identificación y características del servicio o actividad, la programación del gasto del órgano gestor, así como una previsión de los ingresos a recaudar.
b) Un estudio analítico de los costes directos e indirectos que contribuyen a la formación del coste total del servicio o actividad.
c) Un estudio sobre el impacto en la capacidad económica de las personas físicas o jurídicas a las que les afectará el pago de la tasa.
d) Fundamentación del establecimiento del recurso y del nivel de cobertura del coste.
e) En su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2, la justificación del carácter cultural, social, benéfico o de interés público de la actividad o servicio correspondiente o de las circunstancias de capacidad económica que se han tenido en cuenta para la fijación de la cuota tributaria.
f) En cuanto a las tasas que gravan la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada de la utilización privativa o del aprovechamiento especial.
1. La determinación de los servicios, actividades y bienes susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos conforme al artículo 5 se efectuará por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería que los preste o entregue o de la que dependa la entidad correspondiente, previo informe preceptivo de la Consejería competente en materia tributaria.
2. Una vez determinados los servicios o actividades retribuibles, la regulación de los elementos sustantivos y la fijación o revisión de la cuantía de los precios públicos se efectuará:
a) Con carácter general, por Orden de la Consejería que efectúe la prestación o entrega o de la que dependa la entidad correspondiente, previo informe preceptivo de la Consejería competente en materia tributaria y preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia presupuestaria, que deberá ser favorable.
b) Excepcionalmente, cuando la cuantía del precio público sea inferior al coste del bien vendido o servicio o actividad prestados, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería que efectúe la prestación o entrega o de la que dependa la entidad correspondiente, previo informe preceptivo de la Consejería competente en materia tributaria y preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia presupuestaria, que deberá ser favorable. Para ello, deberán concurrir los siguientes requisitos:
1.º Que existan razones sociales, de capacidad económica, benéficas, culturales o de interés general que así lo aconsejen y estén debidamente justificadas.
2.º Que existan consignadas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía dotaciones suficientes para cubrir la parte subvencionada.
De no existir tales dotaciones, deberá realizarse la modificación presupuestaria correspondiente por el importe de la subvención que se pretenda otorgar en el ejercicio.
Para mantener la subvención durante ejercicios siguientes, se consignarán en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía las dotaciones suficientes para cubrir la parte subvencionada.
3. La Consejería competente en materia de salud podrá autorizar al Servicio Andaluz de Salud para revisar la cuantía de los precios públicos de los servicios y actividades sanitarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía, mediante Resolución de la Dirección Gerencia, previo informe preceptivo de la Consejería competente en materia tributaria y preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia presupuestaria, debiendo ser favorable para que pueda tener lugar la revisión; siempre que la cuantía de los mismos no sea inferior al coste del bien vendido o servicio o actividad prestado, en cuyo caso se efectuará conforme a lo establecido en el párrafo b) del apartado anterior.
1. Con carácter general, el importe de los precios públicos deberá establecerse a un nivel que, como mínimo, cubra el coste total de la prestación del servicio, la realización de la actividad o la entrega del bien, debiendo tenerse además en cuenta la utilidad derivada de la prestación administrativa para la persona interesada.
Para la determinación de dicho importe se tendrán en cuenta los costes directos e indirectos del bien, servicio o actividad, inclusive los de carácter financiero, amortización de inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y el desarrollo razonable del citado servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige el precio público.
2. Excepcionalmente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá establecer precios públicos con importes inferiores al coste, así como la no exigencia y reducciones de los mismos, en los supuestos, con los requisitos y previos los informes previstos en el artículo 25.2.b).
3. Los precios públicos podrán determinarse en una cuantía fija o en función de un porcentaje sobre parámetros cuantitativos ciertos.
4. El importe de los precios públicos podrá ser objeto de revisión cuando varíen los costes del servicio, actividad o la entrega del bien, sin perjuicio de que pueda efectuarse la actualización anual de su cuantía por los órganos competentes para ello, según lo establecido en el artículo 25.
Constituye el presupuesto de hecho de los precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía la prestación de servicios, la realización de actividades o, en su caso, la entrega de bienes, en los supuestos a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, fijados por la norma para configurar cada precio público.
1. Los precios públicos son exigibles en el momento de la entrega del bien, la prestación del servicio o la realización de la actividad administrativa que constituyan su presupuesto de hecho.
2. No obstante, la disposición de establecimiento de cada precio público podrá exigir el pago anticipado, el depósito previo de su importe total o parcial o la constitución de garantía.
Estarán obligados al pago del precio público las personas físicas o jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que, de conformidad con el artículo 5 de esta Ley, reciban los bienes o se beneficien de los servicios o actividades que constituyen su presupuesto de hecho.
En materia de precios públicos corresponde:
a) La gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario, así como el ejercicio de la potestad sancionadora, a las Consejerías o entidades que deban prestar el servicio, realizar la actividad o efectuar la entrega de bienes que constituya su presupuesto de hecho, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33 en materia de aplazamientos y fraccionamientos del pago.
b) La recaudación en periodo ejecutivo a la Agencia Tributaria de Andalucía.
El régimen de autoliquidación, de liquidación por la Administración y de pago de los precios públicos será el establecido en los artículos 17 y 19.
Las deudas derivadas de los precios públicos podrán extinguirse, total o parcialmente, por cualquiera de las formas y con los requisitos previstos en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y sus normas de desarrollo, así como en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
1. Las deudas procedentes de los precios públicos que se encuentren en período voluntario podrán aplazarse o fraccionarse por:
a) La Agencia Tributaria de Andalucía, respecto a las deudas procedentes de los precios públicos cuya gestión y recaudación estén atribuidas a la Administración de la Junta de Andalucía o a sus agencias administrativas, sin perjuicio de las delegaciones de competencias realizadas, o que se realicen, en cuyo caso corresponde a los órganos en que se hayan delegado dichas competencias.
b) Las agencias de régimen especial o las agencias públicas empresariales, a través de los órganos que se establezcan en sus estatutos, respecto a los precios públicos cuya gestión recaudatoria tengan atribuida, salvo que expresamente, mediante norma de carácter reglamentario, se atribuya la competencia para la resolución de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento a la Agencia Tributaria de Andalucía.
2. Las deudas procedentes de los precios públicos que se encuentren en período ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse por la Agencia Tributaria de Andalucía.
3. El aplazamiento o fraccionamiento se efectuará previa solicitud del obligado al pago en la forma, con los requisitos y garantías establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y en la normativa propia de la Comunidad Autónoma que sea de aplicación.
1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de un ingreso indebido efectuado en pago de precios públicos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:
a) Cuando por causas no imputables al obligado al pago no se realice su presupuesto de hecho.
b) En los supuestos previstos en el Reglamento que regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria.
2. La devolución se efectuará de conformidad con los procedimientos y órganos competentes establecidos en el Reglamento que regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria y en las demás disposiciones autonómicas de aplicación.
Contra los actos de gestión, liquidación y recaudación de los precios públicos, así como contra las sanciones derivadas de los mismos, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto recurrido o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.
Toda propuesta de establecimiento de un nuevo precio público o de modificación de la cuantía de uno ya existente deberá incluir una memoria económico-financiera que elaborará la Consejería o entidad que preste el servicio, realice la actividad o entregue el bien de que se trate, que contendrá lo siguiente:
a) La identificación y características del bien, servicio o actividad; la programación del gasto del órgano gestor; así como una previsión de los ingresos a recaudar.
b) Un estudio analítico de los costes directos e indirectos que se derivan de la entrega del bien, prestación del servicio o actividad.
c) Justificación del importe del precio público propuesto que, como mínimo, habrá de ser suficiente para cubrir los costes totales, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo d).
d) En su caso, las razones sociales, de capacidad económica, benéficas, culturales o de interés general que justifican fijar un precio por debajo de la utilidad derivada de la prestación administrativa, o del precio de coste del servicio o actividad prestada, así como una estimación del coste del beneficio aplicado, en términos anuales.
Constituye el hecho imponible de la tasa la inserción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» (en adelante, BOJA) de disposiciones, actos, notificaciones, requerimientos, anuncios o cualquier otro tipo de textos.
1. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la inserción en el BOJA de disposiciones, actos, notificaciones, requerimientos, anuncios o cualquier otro tipo de textos.
2. No obstante lo anterior, cuando las inserciones sean ordenadas por los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales y demás entidades de Derecho Público, así como por el Parlamento de Andalucía y demás instituciones de autogobierno previstas en el Título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía y por la Administración de Justicia de Andalucía, será sujeto pasivo de la tasa la persona física o jurídica, así como las entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que se especifican en los siguientes párrafos:
a) En las inserciones relativas a la aprobación de tarifas por prestación de servicios, aquella que gestione el servicio público.
b) En las inserciones relativas a concesiones administrativas, la concesionaria.
c) En las inserciones relativas a licencias, la persona titular de la licencia.
d) En las inserciones relativas a autorizaciones y permisos, aquella a la que le haya sido otorgada la autorización o el permiso.
e) En las inserciones de los Juzgados y Tribunales, aquella que resulte condenada u obligada judicialmente al cumplimiento de la obligación principal.
1. El importe de la cuota tributaria es:
a) Por inserción de textos: 0,05 euros por carácter tanto del sumario como del texto de disposiciones, actos, notificaciones, requerimientos, anuncios o cualquier otro tipo de texto, incluyendo, a estos efectos, los espacios en blanco como carácter.
b) Por inserción de tablas, gráficos, mapas y fotos que no puedan contabilizarse como caracteres: 1,20 euros por centímetro lineal de altura ocupado por cada tabla, gráfico, mapa o foto trasladados a un formato de página de tamaño DIN A4.
2. Para el cálculo de la tasa final, se sumarán a cada texto los caracteres correspondientes al título de sección, subsección y procedencia como elementos a computar.
1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud de inserción.
2. El pago será previo a la prestación del servicio, debiendo acreditarse documentalmente, excepto cuando el sujeto pasivo sea indeterminado o incierto en el momento de solicitar la inserción, en cuyo caso el pago se efectuará cuando el mismo sea cierto.
3. En las inserciones ordenadas por los Juzgados y Tribunales, el pago se efectuará cuando se hagan efectivas las costas sobre bienes de cualesquiera de las partes.
Estará exenta del pago de la tasa la inserción de los siguientes textos:
a) Las siguientes disposiciones estatales cuando tengan incidencia directa en la Comunidad Autónoma de Andalucía: leyes, normas con rango de ley y disposiciones generales de la Administración General del Estado y de los organismos públicos dependientes o vinculados a ella, así como las disposiciones emanadas de los órganos constitucionales del Estado.
b) Disposiciones de la Junta de Andalucía: leyes, normas con rango de ley y disposiciones generales de la Administración de la Junta de Andalucía.
c) Resoluciones, actos administrativos, anuncios oficiales y escritos de toda clase de las instituciones, entidades y órganos a que se refiere el artículo 38.2, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:
1.º Que sean de interés general.
2.º Que su publicación sea obligatoria en virtud de precepto legal y no estén incluidos en alguno de los supuestos previstos en los párrafos a), b), c), d) y e) del citado precepto.
d) Actuaciones en procedimientos penales.
e) Las publicaciones promovidas por órganos jurisdiccionales en aplicación de leyes procesales, y las relativas a justicia gratuita.
f) Las publicaciones de cualquier dependencia de la Junta de Andalucía concernientes a Servicios Sociales.
g) Las publicaciones promovidas por las mancomunidades de municipios y consorcios locales en lo concerniente a su creación, disolución, liquidación o cualquier otro acto que conlleve modificación de sus estatutos cuando su inserción en el BOJA se establezca con carácter obligatorio por normas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
h) Las correcciones de erratas o modificaciones en inserciones, por causas no imputables al sujeto pasivo.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y la realización de actividades administrativas en materia de ordenación de actividades industriales, energéticas y mineras, que se enumeran en el artículo 44.
1. Serán sujetos pasivos de la tasa, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten, resulten afectadas o beneficiadas por la prestación de los servicios o la realización de actividades administrativas que constituyen el hecho imponible.
2. En la tarifa por anotación en el sistema informático del resultado de las actuaciones de los organismos de control sobre productos e instalaciones industriales (tarifa 19.1.) serán sujetos pasivos, como sustitutos del contribuyente, los organismos de control que realicen la actuación. Estos sujetos pasivos sustitutos repercutirán íntegramente el importe de la tasa sobre el contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud, comunicación o declaración que inicie o de la que se derive el servicio o actuación administrativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
En virtud del artículo 20.1 a) de esta ley, si por causa de la Administración no se realizase el hecho imponible tasado, se procederá a la devolución de oficio de la tasa en un plazo no superior a seis meses.
En el caso de actuaciones realizadas de oficio, salvo que se trate de una actuación derivada de una solicitud, comunicación o declaración, por estar así previsto en la normativa aplicable, la tasa se devengará en el momento en el que se realice el servicio o la actuación administrativa.
2. La tasa por el servicio continuado de intervención administrativa de las estaciones de inspección técnica de vehículos y de laboratorios de ensayo y contrastación de objetos fabricados con metales preciosos se devengará el 31 de diciembre de cada año o el día del cese de la actividad, en su caso.
1. Esta tasa será objeto de autoliquidación conforme a las normas generales.
2. No obstante, mediante Orden conjunta de las personas titulares de las Consejerías competentes en materia Tributaria e Industrial se regulará el régimen de presentación y pago de la autoliquidación de las siguientes tarifas:
a) La tarifa por anotación en el sistema informático del resultado de las actuaciones de los organismos de control sobre productos e instalaciones industriales (tarifa 19.1).
b) La tarifa por anotación del cambio (alta y baja) de empresa conservadora de ascensores (tarifa 20.1).
3. El pago de la tarifa por el servicio continuado de intervención administrativa de las estaciones de inspección técnica de vehículos y de laboratorios de ensayo y contrastación de objetos fabricados con metales preciosos (tarifas 4.1 y 4.2) se realizará dentro de los veinte primeros días naturales del mes de enero del año siguiente al del devengo de la tasa.
Las tasas portuarias se regirán por las disposiciones de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, con aplicación supletoria de la presente Ley.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y la realización de actividades administrativas en materia de ordenación del transporte, por la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se relacionan a continuación:
a) El otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transporte, para la realización de transportes discrecionales públicos o privados de mercancías o viajeros, transportes regulares de viajeros de uso especial o actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera.
b) La comprobación, reconocimiento y acreditación del cumplimiento de los requisitos de capacitación o cualificación profesional exigibles, de conformidad con la normativa reguladora de los transportes por carretera y ferrocarril.
c) Los servicios administrativos generales inherentes a la prestación y realización de ordenación de los transportes por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias.
d) La tramitación de solicitudes de expedición de tarjetas vinculadas al sistema de tacógrafo digital para conductores, empresas de transporte y talleres.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la prestación de los servicios o actividades administrativas que constituyen el hecho imponible.
El importe de la cuota tributaria es:
1. Autorizaciones de transporte.
Esta cantidad se multiplicará, en su caso, por el número de cursos escolares o años para los que se haya contratado el servicio. A estos efectos, las fracciones de tiempo que excedan del año de duración se computarán como años completos.
2. Servicios para la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías y de viajeros por carretera, de acuerdo con lo previsto en la Directiva 2003/59/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) núm. 3820/85, del Consejo y la Directiva; 91/439/CEE, del Consejo, y se deroga la Directiva 76/914/CEE, del Consejo, y normativa de desarrollo.
3. Derechos de participación en cualquier prueba de capacitación o cualificación profesional exigida en la legislación ordenadora del transporte por carretera o ferrocarril.
Por cada prueba: 21,19 euros.
4. Expedición de cualquier certificado o tarjeta, según modelo normalizado, de conductor de terceros países, y de capacitación, consejero de seguridad o cualificación profesional exigida en la legislación ordenadora del transporte por carretera o ferrocarril.
Por cada certificado o tarjeta: 21,19 euros.
5. Expedición de tarjetas vinculadas al sistema de tacógrafo digital para conductores, empresas de transporte y talleres.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
1. Estarán exentas del pago de la tasa las personas beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha condición de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, o norma que la sustituya, las beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, a quienes se reconozca dicha condición de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, o norma que lo sustituya, o las beneficiarias de ambas prestaciones.
2. Las condiciones establecidas en el apartado 1 deberán concurrir a la fecha del devengo de la tasa. La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para que pueda recabar dicha información.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios en materia de fomento, defensa y mejora de la producción agrícola y que se enumeran en el artículo 55.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la prestación de los servicios o la realización de las actividades administrativas que constituyen el hecho imponible.
La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota tributaria las personas que soliciten por vía electrónica la autorización de las estaciones de Inspección Técnica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios y la autorización para replantación de viñedo destinado a vinificación.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% las personas titulares de explotaciones que incorporen y desarrollen políticas de responsabilidad social y medioambiental que atiendan a cualquiera de los objetivos señalados en el artículo 39.2 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, siempre que lo acrediten mediante la certificación o calificación de responsabilidad social corporativa otorgada por una entidad independiente pública o privada debidamente acreditada. Esta bonificación será compatible con la establecida en el apartado anterior.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y la realización de actividades para la defensa, conservación y mejora de la ganadería que se enumeran en el artículo 60, tanto si son solicitados por las personas interesadas como si se prestan de oficio.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o a quienes se presten los servicios que constituyen el hecho imponible. En ningún caso tendrán la consideración de sujetos pasivos de la tasa aquellos profesionales de los que se valga la Administración para prestar el servicio que se grave.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
2. En el caso de actuaciones realizadas de oficio, la tasa se devengará en el momento en el que se realice el servicio o la actuación administrativa.
1. Estarán exentas del pago de la tasa por servicios facultativos veterinarios, prestados en aplicación de los programas nacionales o autonómicos de control, vigilancia o erradicación de enfermedades animales para diagnósticos de explotaciones ganaderas, las personas que a la fecha del devengo de la tasa sean propietarias o titulares de explotaciones ganaderas que pertenezcan a una asociación de defensa sanitaria ganadera.
2. Estarán exentos del pago de la tasa correspondiente a la expedición del certificado oficial de movimiento de animales vivos los sujetos pasivos que tramiten por vía electrónica, a través de la aplicación informática establecida al efecto por la Junta de Andalucía, la documentación necesaria para el transporte y circulación de animales, así como los certificados oficiales de movimiento de animales vivos que expidan las asociaciones de defensa sanitaria ganadera para las explotaciones asociadas.
3. Tendrán derecho a una bonificación del 50% las personas titulares de explotaciones que incorporen y desarrollen políticas de responsabilidad social y medioambiental que atiendan a cualquiera de los objetivos señalados en el artículo 39.2 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, siempre que lo acrediten mediante la certificación o calificación de responsabilidad social corporativa otorgada por una entidad independiente pública o privada debidamente acreditada. Esta bonificación será compatible con la establecida en el apartado anterior.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, de oficio o a instancia de parte, de servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes por los laboratorios agroganaderos, agroalimentarios y de control de calidad de los recursos pesqueros adscritos a la Consejería con competencias en materia agroganadera, agroalimentaria y de control de calidad de los recursos pesqueros o entidades de ella dependientes, para el fomento, conservación, defensa y mejora del sector primario y agroalimentario, cuando su realización venga impuesta por las disposiciones normativas vigentes o de cualquier otro modo resulten obligatorias, y que se enumeran en el artículo 65.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o a quienes se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
En las tarifas en que se apliquen reducciones por la solicitud simultánea de varias muestras, el importe final debe calcularse mediante la suma de los importes parciales que resulten de multiplicar el número de muestras de cada tramo por la tarifa unitaria minorada con el coeficiente reductor asignado a cada uno de ellos.
1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
2. En el caso de actuaciones realizadas de oficio, la tasa se devengará en el momento en el que se realice el servicio o la actuación administrativa.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación de la solicitud de expedición y renovación de las licencias que, conforme a la legislación vigente, son necesarias para practicar la pesca marítima de recreo.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas que soliciten la expedición o renovación de la licencia.
El importe de la cuota tributaria por la expedición o renovación de la licencia es:
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud de expedición o renovación de la licencia, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
1. Estarán exentos del pago de esta tasa:
a) Los sujetos pasivos que sean mayores de sesenta y cinco años.
b) Las personas beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha condición de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, o norma que la sustituya, las beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, a quienes se reconozca dicha condición de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, o norma que lo sustituya, o las beneficiarias de ambas prestaciones.
2. Las condiciones establecidas en el apartado 1 deberán concurrir a la fecha del devengo de la tasa. La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para que pueda recabar dicha información.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios en materia de formación profesional marítimo-pesquera y de formación en materia de bienestar animal que se enumeran a continuación:
A) Formación profesional marítimo-pesquera:
B) Formación en materia de bienestar animal:
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas que soliciten la inscripción en los cursos o exámenes, así como la prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
A) Formación profesional marítimo-pesquera:
B) Formación en materia de bienestar animal:
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud de inscripción para el correspondiente examen o curso o la solicitud de prestación de los demás servicios administrativos, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
1. Estarán exentos del pago de la tasa los siguientes solicitantes que tengan reconocida su condición, siempre que quede acreditado de conformidad con la normativa aplicable:
a) El alumnado miembro de familias numerosas de la categoría especial.
b) Las personas beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha condición de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, o norma que la sustituya, las beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, a quienes se reconozca dicha condición de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, o norma que lo sustituya, o las beneficiarias de ambas prestaciones.
2. Tendrá derecho a una bonificación del 50% el alumnado miembro de familias numerosas de la categoría general que tenga reconocida su condición, siempre que quede acreditado de conformidad con la normativa aplicable.
3. Las condiciones exigidas en los apartados 1 y 2 deberán concurrir a la fecha del devengo de la tasa.
La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para que pueda recabar dicha información.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación de autorizaciones, la emisión de informes, la realización de inspecciones y la prestación de los servicios sanitarios que se enumeran en el artículo 79, por la Consejería con competencias en materia de salud, directamente, por medio de sus órganos o servicios centrales o periféricos, o por organismos que de ella dependan, tanto de oficio como a instancia de las personas interesadas.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten, o a quienes se presten, los servicios que constituyen el hecho imponible.
La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, que no se tramita