Categoría: Administración

dactado como sigue:
«5. Las solicitudes de cambio de uso o de modificación de cubierta vegetal, deberán venir acompañadas de una memoria descriptiva de la actuación, comprensiva de un informe/memoria firmada por técnico competente en montes, en el que se analice y describa el carácter forestal de los terrenos afectados, especialmente en los supuestos de terrenos agrícolas abandonados con signos inequívocos de su carácter forestal, y a la que además se acompañará lo siguiente:
a) Identificación catastral
b) Plano de localización y delimitación del Proyecto en coordenadas UTM ETRS89.»
Dos. Se añade un apartado 6 al artículo 8 relativo a los procedimientos de autorización de cambio de uso y modificación de cubierta vegetal, que queda redactado como sigue:
«6. El cambio de uso en terrenos que hayan sido objeto de forestación a consecuencia de políticas de fomento, se someterá a las mismas condiciones que para el resto de terrenos forestales se contienen en el artículo 40.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. No obstante, será requisito necesario y previo a la autorización, el reintegro actualizado de todas las subvenciones percibidas de la Administración para tal finalidad, en concepto de instalación, mantenimiento y prima compensatoria, o bien, llevar a cabo una forestación de características equivalentes a la que fuera objeto de las ayudas, sobre terrenos aptos al efecto y propiedad del promotor.
En el supuesto en el que pretenda llevarse a cabo la forestación, ésta será por cuenta del promotor, y será necesaria la presentación de un proyecto firmado por técnico competente. Este proyecto quedará sujeto a la aprobación por parte del órgano forestal, al que corresponderá igualmente la certificación de la correcta ejecución de los trabajos. El compromiso de mantenimiento a la finalización de los mismos no podrá ser inferior a quince años.»
1. La ordenación territorial y urbanística deberá respetar la integridad superficial, idoneidad y continuidad de los trazados de las vías pecuarias que atraviesen el suelo ordenado, a fin de preservar los fines a que este dominio público viene legalmente destinado.
2. La clasificación de aquellas vías pecuarias cuyos trazados se encuentren total o parcialmente en suelo urbano o urbanizable sectorizado, se ajustarán automáticamente en sus descripciones y características a las de los citados instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, que deberán encontrarse vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición.
3. A estos efectos, será imprescindible el informe favorable del órgano autonómico competente en vías pecuarias que se pronuncie sobre la compatibilidad de los usos regulados del suelo al que se adapte la clasificación, sin perjuicio de las adecuaciones que de estos usos resulte necesario realizar.
4. Cuando las vías pecuarias no estén descritas en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico vigentes, se podrá ajustar su clasificación respecto de los suelos urbanos y urbanizables sectorizados, a través de la revisión de tales instrumentos de planeamiento, en la que se incorporen los trazados, características y usos de las mismas. Para ello, será imprescindible el informe favorable y la aprobación del órgano autonómico competente en vías pecuarias respecto del trazado previsto.
5. La propuesta de adecuación del suelo urbano o urbanizable sectorizado sobre el que discurra el trazado de la vía pecuaria que se entienda ajustada en virtud de la presente disposición, corresponderá a los ayuntamientos.
Queda modificado el anexo I de la Ley 1/2002, de 20 de marzo, de Adecuación de los Procedimientos Administrativos de la Administración Regional a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que queda redactado en los siguientes términos:
Lo establecido en el artículo 8 de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función pública, será de aplicación respecto de los procedimientos que se encuentren en trámite y vayan a ser resueltos favorablemente, como a los que ya lo hayan sido en el mismo sentido a la entrada en vigor de esta ley.
Quedan derogados los artículos 64, 65 y 66 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor, relativos a la ordenación y gestión de la navegación.
Se autoriza al consejero competente en la materia para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Murcia, 19 de mayo de 2022.–El Presidente, Fernando Gutiérrez Ramírez.