Categoría: Funcionarios y Personal

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2.a) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó, en su reunión extraordinaria de 28 de julio de 2022, el Acuerdo sobre el Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2022 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, que se publica como anexo a esta resolución.
Madrid, 26 de agosto de 2022.–El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Ramos Aguilar.
El artículo 8.2.a) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (en adelante «la Ley»), establece que, sin perjuicio de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas integrantes, corresponde al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, además de las funciones que expresamente le atribuye esta Ley, «acordar el Marco de Cooperación Interadministrativa para el desarrollo de la Ley previsto en el artículo 10».
Asimismo, el artículo 10.1 determina que «en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán el Marco de Cooperación Interadministrativa que se desarrollará mediante los correspondientes Convenios entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas».
En el artículo 32.3 se establece que «en el marco de cooperación interadministrativa previsto en el artículo 10, los Convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y cada una de las administraciones de las Comunidades Autónomas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema». Dichos convenios, podrán ser anuales o plurianuales y recogerán los criterios de reparto que podrán ser revisados por las partes.
De conformidad con lo indicado, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó el «Plan de Choque en materia de dependencia» en su reunión de 15 de enero de 2021.
Entre las diferentes medidas incorporadas en dicho Plan de Choque, y en concreto en relación con la mejora de la financiación del SAAD, se recogía la recuperación de financiación del Sistema a través del denominado «nivel acordado», que se encontraba en suspenso desde el ejercicio 2012.
Por todo ello, el Consejo de Ministros adoptó el 30 de marzo de 2021 el Acuerdo relativo al Marco de Cooperación Interadministrativa para el ejercicio 2021 y la distribución territorial de sus créditos. Este Acuerdo fue posteriormente aprobado el 30 de abril de 2021 por el propio Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, y posteriormente se suscribieron convenios de colaboración con las comunidades autónomas de régimen común, en los que se concretaban, para cada una de ellas los objetivos, medios y recursos para la mejora de los servicios, y prestaciones del Sistema.
Además de las prescripciones concretas recogidas en la Ley de Dependencia, para la aprobación del Marco de Cooperación Interadministrativa debe tenerse asimismo muy presente lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, según nueva redacción dada por la disposición final décima séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y más concretamente en su artículo 86.2, donde se dispone que:
a) Los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico. Cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 millones de euros, deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros.
La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial.»
Por todo ello, con carácter previo a la convocatoria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para la aprobación del Marco de Cooperación Interadministrativa para el ejercicio 2022, con fecha de 19 de julio de 2022 se recabó la pertinente autorización del Consejo de Ministros.
Con posterioridad a la autorización por parte del Consejo de Ministros se ha tramitado por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) el oportuno expediente de aprobación del gasto.
Con posterioridad a la autorización por parte del Consejo de Ministros se ha tramitado el expediente de aprobación del gasto, de tal forma que una vez llevada a cabo dicha aprobación se sometió en fecha de 28 de julio de 2022 a su aprobación por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), tal y como se recoge en el citado artículo 8.2.a) de la Ley de Dependencia. Una vez aprobado en el seno de dichos órganos, se deberán suscribir los oportunos convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Dependencia.
Este Marco de Cooperación Interadministrativa ha sido informado favorablemente por todos los órganos consultivos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Consejo Estatal de las Personas Mayores, el Consejo Nacional de la Discapacidad, y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.
En los Presupuestos Generales del Estado –Presupuesto de la Seguridad Social– en el Presupuesto de Gastos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, se contemplan los créditos presupuestarios para la financiación del nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Considerando el nuevo escenario de financiación previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y lo contenido en el Marco de Cooperación Interadministrativo 2021, en el que se explicitaba: «al Marco de Cooperación Interadministrativa correspondiente al ejercicio 2022, podrán añadirse criterios de reparto de los créditos de la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado, relativos al grado de cumplimiento, por parte de cada Comunidad Autónoma, de los objetivos específicos para la aplicación de las prestaciones y servicios SAAD en su territorio, acordados en los correspondientes convenios celebrados en desarrollo de este Marco de Cooperación Interadministrativa para el ejercicio 2021», se han reordenado y modificado los índices de distribución entre las Comunidades Autónomas de régimen común siguiendo los criterios:
A. Fondo de estructura que se refiere a indicadores que ya existían y que están relacionados con las características de la población y del territorio considerando que son aspectos que influyen de manera decisiva en la demanda, en la organización de los servicios y en su coste. Se ha procurado respetar los mismos indicadores de 2021 y su ponderación. El peso de este fondo supone el 25% de la financiación.
Todos estos indicadores formaban parte del Acuerdo 2021 cambiando únicamente el peso relativo del indicador Población Potencialmente Dependiente que pasa del 16 % (2021) al 17,70 % (2022).
B. Fondo de gestión que se refiere a indicadores de la gestión realizada por cada Comunidad Autónoma. Se ha considerado especialmente que estos, en lo posible, no sean redundantes entre sí o con los de otros bloques. Este bloque constituía antes cerca del 75 % de los indicadores y ahora el peso para este fondo se reduce al 30 % considerando el peso que se debe dar a la gestión ligada a los objetivos del Plan de Choque.
Estos tres indicadores se incluyeron en el reparto del Nivel Acordado 2021, si bien se modifica el contenido y la elaboración de estos índices como luego se explicará.
C. Fondo de cumplimiento objetivos. Contiene tres índices que valoran los tres bloques de objetivos esenciales del Plan de Choque aprobado en 2021 y que se materializaron en cada territorio a través de actuaciones contenidas en los convenios: reducción de la lista de espera, mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sistema y mejora de la calidad de los servicios. El peso de este fondo alcanzaría el 45% del total del nivel acordado.
Estos tres indicadores compuestos son de nueva creación y pretenden recoger el impacto obtenido en cada una de esas áreas durante 2021 por territorios.
A.1 Indicador de población potencialmente dependiente.
El indicador de personas población potencialmente dependiente es un índice calculado en función del número de personas que se encuentran potencialmente en situación de dependencia en cada una de las Comunidades Autónomas. Se calcula a partir de los datos de población por Comunidades Autónomas publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los datos de la base estatal de personas con valoración de discapacidad de la siguiente forma:
– Población entre 0 y 64 años: Se aplica a esta población el porcentaje de personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 % en este tramo de edad.
– Población entre 65 y 79 años: En este tramo de edad se aprecia un progresivo aumento en la incorporación de personas al sistema según la edad. Para calcular la población potencialmente dependiente en estas edades, se consideran los tres tramos de edad quinquenales (de 65 a 69, de 70 a 74 y de 75 a 79). En cada uno de ellos se calcula primero una ratio (Ri) que es igual a la proporción de personas beneficiarias con derecho reconocido (Di) sobre la población de esa edad (Pi). A continuación, se obtiene un factor de ajuste (Fi) que es igual al cociente entre la proporción de personas beneficiarias en cada tramo de edad y la proporción de personas beneficiarias en el tramo de edad de 80 a 84 años (Fi = Ri/R4). Finalmente, para cada tramo de edad se obtiene la población potencialmente dependiente (PPDi) multiplicando la población por el factor de proporcionalidad obtenido de esta forma.
– Población entre 80 años o más: Todo este tramo de población se considera población potencialmente dependiente.
El peso relativo de cada Comunidad Autónoma se calcula como el cociente entre su índice y la suma de todos los índices.
El peso relativo del indicador de personas potencialmente en situación de dependencia se calcula como el porcentaje respecto al total y se pondera por el 17,7 % establecido, lo que equivale a 85.525.943,34 euros.
A.2 Indicador de superficie.
El indicador de superficie es un índice calculado en función de la superficie territorial, en km2, de cada una de las Comunidades Autónomas. El peso relativo se calcula como el porcentaje respecto al total y se pondera por el 1,4% establecido, lo que equivale a 6.764.763,88 euros.
A.3 Indicador de dispersión poblacional.
El indicador de dispersión poblacional se calcula teniendo en cuenta las unidades poblacionales existentes en el territorio de acuerdo con la definición de entidades singulares recogida en el padrón continuo del año 2021. El peso relativo se calcula como el porcentaje respecto al total y se pondera por el 0,5 % establecido, lo que equivale a 2.415.987,10 euros.
A.4 Indicador de insularidad.
El indicador de insularidad se calcula en función de la distancia en kilómetros desde cada territorio no peninsular a la península. Se pondera por el 0.5 % establecido, por lo que la cifra repartida de acuerdo con este indicador asciende a 2.415.987,10 euros.
A.5 Indicador de coste de los servicios.
El indicador de coste de los servicios es un índice que se obtiene ponderando lo que representa el coste hora efectiva del sector servicios con las personas con prestación efectiva, en relación con el promedio. Se pondera por el 4.9 % establecido, por lo que la cifra repartida de acuerdo con este indicador asciende a 23.676.673,58 euros.
B.1 Personas atendidas.
El indicador de mejora de la cobertura es un índice combinado (A·0,50+B·0,25+C·0,25) que pondera los siguientes índices:
a) Peso relativo de las personas con prestación efectiva (A) de la Comunidad Autónoma sobre el total nacional. Pondera con un 50 % en el indicador de personas atendidas.
b) Índice de cobertura de las personas con derecho reconocido (B). Se calcula a partir de la cobertura con prestaciones efectivas de las personas que tienen el derecho reconocido en cada Comunidad Autónoma. Este indicador pondera con un 25 % en el indicador de personas atendidas.
c) Índice de variación de las personas con prestación efectiva (C). Se calcula a partir de la variación que se ha producido en el número de personas efectivamente atendidas (con prestación efectiva) durante el año 2021. Este indicador pondera con un 25% en el indicador de personas atendidas.
El indicador de mejora de la cobertura pondera por el 10 %, por lo que la cifra repartida de acuerdo con este indicador asciende a 48.319.742,00 euros.
B.2 Indicador de agilidad administrativa
El indicador de agilidad administrativa es un índice que se calcula de acuerdo con el tiempo medio registrado en SISAAD desde la fecha de solicitud de dependencia hasta la primera resolución de prestación de los expedientes resueltos en el año 2021. Se obtiene el cociente entre el número medio de días que se tarda en todos los expedientes considerados a nivel nacional y los días que se tarda en tramitar los expedientes considerados en cada Comunidad Autónoma. Por lo tanto, el índice tendrá mayor valor en aquellos territorios con mayor agilidad administrativa. Se calcula el peso relativo de cada Comunidad Autónoma como el porcentaje entre su índice ponderado con las personas con derecho reconocido y la suma de cada uno de los índices de cada Comunidad Autónoma por sus personas con derecho a prestación. Se pondera por el 10 % establecido, lo que equivale a 48.319.742,00 euros.
B.3 Indicador de inversión.
El indicador de inversión es un índice compuesto que pondera la medición de los siguientes subindicadores:
a) Índice de variación de la inversión autonómica total. Se calcula a partir de la aportación para la financiación del SAAD certificada por las Comunidades Autónomas para el ejercicio 2020 y 2021, descontando la financiación de la Administración General del Estado. El indicador incorpora un ajuste para que tome valor cero en aquellos casos en los que el gasto de 2021 sea menor al de 2020 en un 5 % o más. El peso relativo de cada Comunidad Autónoma se calcula como el cociente entre su índice y la suma de todos los índices y se pondera con un 70 % en el indicador de inversión.
b) Índice de la inversión autonómica por persona con resolución de PIA normalizado. Se calcula a partir del cociente entre aportación para la financiación del SAAD certificada por las Comunidades Autónomas para el ejercicio 2021, una vez descontada la financiación de la Administración General del Estado, y el promedio mensual de personas beneficiarias que hay en cada comunidad autónoma en 2021. El cociente se normaliza utilizando la renta per cápita de 2019. El peso relativo de cada Comunidad Autónoma se calcula como el cociente entre su índice y la suma de todos los índices y se pondera con un 15 % en el indicador de inversión.
c) Índice de variación anual de la inversión autonómica por persona con resolución de PIA. La variación anual se calcula como diferencia entre la inversión autonómica por persona con resolución de PIA de las Comunidades Autónomas en 2021 y en 2020, siendo la inversión autonómica por persona beneficiaria el cociente entre la aportación para la financiación del SAAD certificada por las Comunidades Autónomas para cada ejercicio, una vez descontada la financiación de la Administración General del Estado y el promedio mensual de personas beneficiarias que hay en cada Comunidad Autónoma en 2020 y en 2021, respectivamente. El peso relativo de cada Comunidad Autónoma se calcula como la relación entre su variación anual y la del resto de Comunidades Autónomas y se pondera con un 15 % en el indicador de inversión.
El indicador de inversión se pondera en base a la población que tiene prestación efectiva. Tiene un peso relativo del 10 % del total del nivel acordado, por lo que a través de este indicador se reparten 48.319.742,00 euros.
C.1 Indicador de mejora en el empleo.
El indicador de mejora en el empleo es un indicador compuesto (A·0,50+B·0,50) que pondera la medición de los siguientes subindicadores:
a) Índice de mejora en la calidad del empleo (A). Pondera con un peso del 50 % en el indicador de mejora en el empleo. Está formado por 3 subindicadores relacionados con el tipo de contratación de trabajadoras y trabajadores afiliados a la Seguridad Social correspondientes a la sección Q de la CNAE09 (servicios sociales, sin considerar el convenio especial de personas cuidadoras) durante el cuarto trimestre de 2021:
– La variación de contratos indefinidos (A1) pondera el 50 % en el indicador de mejora en la calidad del empleo y favorece a las Comunidades Autónomas con mayor incremento de los contratos indefinidos.
– La variación de contratos parciales (A3) pondera el 25 % en el indicador de mejora en la calidad del empleo, favoreciendo a las Comunidades Autónomas con mayor descenso de los contratos parciales.
b) Ratio de afiliación por personas beneficiarias con prestación efectiva (B). Se calcula a partir del número de trabajadoras y trabajadores afiliados a la Seguridad Social correspondientes a la sección Q de la CNAE09 (servicios sociales, sin considerar el convenio especial de personas cuidadoras) durante el cuarto trimestre de 2021 y de las personas beneficiarias con prestación efectiva en cada Comunidad Autónoma.
El peso relativo de cada Comunidad Autónoma se calcula como el cociente entre su índice y la suma de todos los índices y se pondera con un 50 % en el indicador de mejora en el empleo.
El indicador de mejora del empleo se pondera en base a las personas beneficiarias con prestación efectiva. Tiene un peso relativo del 15 %, por lo que a través de este indicador se reparten 72.479.613,00 euros.
C.2 Indicador de reducción de la lista de espera.
El indicador de reducción de la lista de espera es un indicador compuesto (A·0,50+B·0,50) que pondera la medición de los siguientes subindicadores:
a)  Índice de disminución de la lista de espera (A). Se considera lista de espera aquellas personas con derecho reconocido que no tienen resolución de PIA. Se comparan los datos a 31 de diciembre de 2020 con los datos a 31 de diciembre de 2021 en porcentaje de variación. Las Comunidades Autónomas que han aumentado la lista de espera tienen un 0 en su índice. En el caso de las Comunidades Autónomas que tienen una disminución de la lista de espera, su índice se calcula como el valor absoluto del porcentaje de disminución de la lista de espera en la Comunidad Autónoma y el valor absoluto de la máxima disminución de la lista de espera de todas las Comunidades Autónomas. Pondera con un peso del 50 % en el indicador de reducción de la lista de espera.
b)  Lista de espera respecto a las personas con derecho a prestación (B). Se calcula para cada Comunidad Autónoma el peso de las personas pendientes de resolución de PIA sobre las personas con derecho a prestación reconocido. Se beneficia a las Comunidades Autónomas cuyo peso de las personas pendientes de resolución de PIA es menor. Pondera con un peso del 50 % en el indicador de reducción de la lista de espera.
El indicador de reducción de la lista de espera tiene un peso relativo del 15 %, por lo que a través de este indicador se reparten 72.479.613,00 euros.
C.3 Indicador de calidad de las prestaciones y servicios.
El indicador de mejora en la calidad de las prestaciones y servicios es un indicador compuesto (A+B+C+D) que pondera la medición de los siguientes subindicadores:
a)  Cobertura del servicio de teleasistencia en el SAAD (A). En su cálculo se tiene en consideración las personas con derecho reconocido que están siendo efectivamente atendidas con prestaciones y servicios de ámbito domiciliario. Pondera con un peso del 20 % en el indicador de calidad de las prestaciones y servicios.
b)  Intensidad del servicio de ayuda a domicilio y de la prestación económica vinculada a dicho servicio (B). Este indicador tiene por finalidad corregir el mayor coste que asumen aquellas Comunidades Autónomas con mayores intensidades en el servicio de ayuda a domicilio.
Se calcula a partir del número medio de horas mensuales por persona del servicio de ayuda a domicilio y de la prestación vinculada al mismo en cada Comunidad Autónoma. Pondera con un peso del 30 % en el indicador de calidad de las prestaciones y servicios.
c)  Cuantía de las prestaciones económicas (C) en sus tres modalidades, prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales, vinculadas al servicio y de asistencia personal.
Este indicador tiene por finalidad corregir el mayor coste que asumen aquellas Comunidades Autónomas con normativas que aplican coeficientes reductores menores a las cuantías máximas establecidas en la normativa estatal y que, por tanto, abonan prestaciones económicas de mayor cuantía.
Se calcula a partir de la cuantía media mensual por persona de cada una de las modalidades de prestación económica ponderadas por el número de personas que las reciben. Pondera con un peso del 30 % en el indicador de calidad de las prestaciones y servicios.
d)  Número de prestaciones por persona con resolución de PIA (D). Se calcula a partir del número de prestaciones que se asigna a cada persona en su resolución de PIA. Pondera con un 20 % en el indicador de calidad de las prestaciones y servicios.
El indicador de calidad de las prestaciones y servicios se pondera en función del peso de las personas con prestación efectiva de cada Comunidad Autónoma. Tiene un peso relativo del 15 %, por lo que a través de este indicador se reparten 72.479.613,00 euros.
1. Presupuesto para Nivel Acordado de protección en 2022: 483.197.420 euros (aplicación presupuestaria 31.34-451.2 del presupuesto de gastos del Imserso).
1. La Administración General del Estado financiará el nivel mínimo de protección garantizado, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Las cuantías del nivel mínimo para el año 2022 se recogen en la disposición adicional centésima octava de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
2. Para la financiación del nivel de protección acordado, previsto en el artículo 7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, por el que se establecen los diferentes niveles de protección del sistema, en el ejercicio presupuestario de 2022, la Administración General del Estado contribuye a la financiación del SAAD con un crédito presupuestario de 483.197.420 euros, que se distribuirán de conformidad con los criterios anteriormente señalados.
3. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra que corresponda, según lo previsto en el artículo 32 de la citada Ley, a la Administración General del Estado con cargo a su presupuesto de gastos se tendrá en cuenta en el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, de conformidad con el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad del País Vasco y con el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.
4. Anualmente, en los presupuestos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) se consignarán las cantidades necesarias para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la atención a las personas en situación de dependencia en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
5. Tal y como se establece en el artículo 32.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, las Comunidades Autónomas que participen en el nivel de protección acordado, contribuirán a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con una cantidad al menos igual a la aportada por la Administración General del Estado para el nivel mínimo y acordado.
6. A través de los convenios con cada una de las Comunidades Autónomas se determinarán las acciones a financiar con los créditos del nivel acordado de protección, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.4, y la aplicación de los criterios de intensidad de los servicios y las cuantías de las prestaciones económicas, acordados por el Consejo Territorial y aprobados mediante Real Decreto del Gobierno.
En los convenios celebrados, en desarrollo de este Marco de Cooperación Interadministrativa, entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas, se establecerán una serie de objetivos específicos a cumplir por cada una de estas últimas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para la aplicación de las prestaciones y servicios SAAD.
Estos objetivos y las medidas que se plasmen en los correspondientes convenios, estarán alineados con los contenidos del Acuerdo para la Puesta en Marcha del Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobado en sesión ordinaria del día 15 de enero de 2021 por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
En concreto, la aplicación de los créditos incorporados en los referidos convenios se ligará al cumplimiento de los objetivos del citado Plan de Choque y de los acuerdos que del mismo se deriven y especialmente:
– Actuaciones directamente ligadas a la reducción de la lista de espera.
– Mejora de la calidad de centros y servicios.
– Mejoras que redunden en las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del sistema.
7. El pago de los créditos correspondientes a cada Comunidad Autónoma se efectuará en su totalidad a la firma del correspondiente convenio de colaboración al que hace referencia el apartado anterior, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional centésima novena de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
8. La justificación de los compromisos derivados del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas, para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa, se realizará una vez finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente, y ello de conformidad con lo que se establezca a tales efectos en el convenio de colaboración.
9. En dicha justificación se hará constar mediante certificación el gasto total anual (2022) en el sistema de autonomía personal y atención a la dependencia conforme al anexo al correspondiente convenio.
10. La cuantía del nivel acordado 2023, con los criterios de reparto que se establezcan en su momento, quedará condicionada al mantenimiento para 2022 del importe de gasto promediado de los ejercicios 2020 y 2021 –detraídas las aportaciones estatales por los niveles mínimo y acordado– de forma que si el gasto 2022 –detraída igualmente la aportación estatal– fuese inferior al promedio de los dos años anteriores, la diferencia se minorará del resultado final de los indicadores de dicho reparto para el nivel acordado de 2023. En caso de existir cantidades sobrantes como consecuencia de lo anterior, se redistribuirán entre las comunidades a las que no se haya aplicado dicha minoración.