Categoría: Judicial

delfactum», pues entiende que la sentencia dictada en apelación habría procedido indebidamente a completar el relato de hechos probados de la sentencia absolutoria de instancia, que no contiene como hecho probado la falta de conciencia de la ilicitud de la actividad enjuiciada, con el fundamento jurídico octavo de esta misma sentencia.
Para dar cumplida respuesta a esta queja de la demandante, procede recordar que, conforme tiene reiteradamente declarado este tribunal, la motivación de las sentencias penales es siempre exigible en virtud del artículo 120.3 CE, esto es, con independencia de su signo, condenatorio o absolutorio. No obstante, también venimos advirtiendo que en las sentencias condenatorias el canon de motivación es más riguroso que en las absolutorias pues, cuando están en juego otros derechos fundamentales (señaladamente los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, como sucede en el proceso penal) la exigencia de motivación cobra particular intensidad y por ello hemos reforzado el parámetro de control utilizable para enjuiciar su suficiencia (entre otras muchas, SSTC 62/1996, de 15 de abril, FJ 2; 34/1997, de 25 de febrero, FJ 2; 116/1998, de 2 de junio, FJ 4; 2/1999, de 25 de enero, FJ 2; 109/2000, de 5 de mayo, FJ 2, y 340/2006, de 11 de diciembre, FJ 4).
Distinto es el caso de las sentencias penales absolutorias. Al no estar en juego los mismos derechos fundamentales que en las condenatorias, la exigencia de motivación de las sentencias penales absolutorias se mueve en el plano general de cualesquiera otras (art. 120.3 CE). Lo expuesto supone que una sentencia absolutoria no puede ser expresión del mero decisionismo judicial, sino que ha de dar cuenta del porqué del fallo absolutorio, pues la ausencia de motivación sería contraria al principio general de interdicción de la arbitrariedad del ejercicio del poder público (art. 9.3 CE). Como recuerda la citada STC 72/2024, FJ 4, la «exigencia de motivación fáctica es igualmente aplicable ya se aprecie inexistencia o insuficiencia de la prueba de cargo, o se concluya en la existencia de duda razonable acerca de la acreditación del presupuesto fáctico de la pretensión de condena». Así lo declaramos en la STC 112/2015, de 8 de junio, FJ 5, al señalar que la motivación del juicio fáctico de una sentencia absolutoria tiene una exigencia de menor contenido en cuanto que su razonamiento no se dirige a destruir la presunción inicial de inocencia, sino a exteriorizar que la prueba practicada no la desvirtúa en absoluto o con suficiente intensidad. Con cita de las SSTC 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 6; 30/2006, de 30 de enero, FJ 5; 82/2009, de 23 de marzo, FJ 6, y 107/2011, de 20 de junio, FJ 2, añadimos entonces que «la motivación de la resolución absolutoria habrá de expresar aquellos elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios que la fundamentan, sin expresar un juicio fáctico o de subsunción que constituya una aplicación arbitraria de la legalidad, manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incursa en un error patente, por la que la aplicación de la legalidad haya sido tan solo una mera apariencia».
En el presente caso la entidad demandante no dirige su censura a la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, sino a la sentencia que desestima su recurso de apelación contra aquella, porque entiende que ha reconstruido improcedentemente el relato de hechos probados a partir de lo razonado en el fundamento jurídico octavo, para concluir que los acusados no tenían conciencia de la ilicitud de su actividad (proporcionar desde sus páginas web enlaces a los servidores en los que estaban alojados contenidos audiovisuales protegidos por derechos de autor).
En efecto, la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia aprecia que los hechos enjuiciados integraban el tipo objetivo del delito contra la propiedad intelectual del artículo 270.1 CP (en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo), por cuanto estima que se realizaron actos de comunicación con ánimo de lucro, pero mantiene la absolución de los acusados por tal delito al entender que, además de no constar acreditado en el relato de hechos probados de la sentencia absolutoria el elemento subjetivo del conocimiento de la ilicitud de la actividad enjuiciada, en el fundamento jurídico octavo de dicha sentencia se razona que resulta acreditada la concurrencia de ese error de prohibición.
Este razonamiento de la sentencia de apelación impugnada en amparo, que la demandante califica como «improcedente cointegración delfactum», no constituye un defecto de motivación lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
En el auto que desestima el incidente de nulidad promovido por la demandante contra esa sentencia se razona que la integración del relato de hechos declarados probados con lo expresado de modo inequívoco en un fundamento jurídico de la sentencia absolutoria es un proceder que encuentra sustento en la reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, conforme a la cual los hechos probados pueden ser integrados o complementados por constataciones de hechos formuladas de forma terminante en la fundamentación jurídica, cuando favorezcan al acusado, al tiempo que esa misma jurisprudencia descarta que el relato fáctico, en los elementos esenciales del delito que motiva la condena, en su caso, pueda configurarse mediante afirmaciones fácticas surgidas de procesos argumentativos contenidos en la fundamentación jurídica [STS 292/2020, de 10 de junio (ECLI:ES:TS:2020:1593), que cita a su vez las SSTS 21/2010, de 26 de enero (ECLI:ES:TS:2010:501); 520/2012, de 19 de junio (ECLI:ES:TS:2012:4737), y 862/2012, de 31 de octubre (ECLI:ES:TS:2012:7354)].
Sin perjuicio de lo anterior es lo cierto que, la entidad demandante de amparo ha recibido en la sentencia impugnada una respuesta congruente y fundada en Derecho a las pretensiones deducidas en su recurso de apelación contra la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, lo que excluye la vulneración alegada.
El artículo 120.3 CE establece que la sentencias serán siempre motivadas y la relación sistemática de este precepto con el artículo 24.1 CE expresa el derecho del justiciable (y el interés legítimo de la comunidad jurídica en general) de conocer las razones de la decisión judicial que se adopta y, por tanto, el enlace de esa decisión con la ley y el sistema general de fuentes, en cuanto aplicación de ellas que es. De este modo, entrañaría violación del derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 24.1 CE una sentencia carente de motivación o cuya motivación no fuera reconocible como aplicación del sistema jurídico. Sin embargo, la exigencia de motivación de la sentencia, en su dimensión constitucional, no puede llevarse más allá, habiendo señalado reiteradamente este tribunal que no le corresponde en el ejercicio de su jurisdicción de amparo enjuiciar o censurar la parquedad de una fundamentación o la forma de estructurar una sentencia y de establecer la conexión entre las consideraciones de esta y las alegaciones de las partes. Para satisfacer la exigencia constitucional de motivación es suficiente que las sentencias vengan apoyadas en razones fundadas en Derecho que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que sustentan la decisión o, lo que es lo mismo, suratio decidendi(entre otras muchas, SSTC 13/1987, de 5 de febrero, FJ 3; 174/1987, de 3 de noviembre, FJ 2; 196/1988, de 24 de octubre, FJ 2; 68/2002, de 21 de marzo, FJ 4; 128/2002, de 3 de junio, FJ 4; 119/2003, de 16 de junio, FJ 3, y 75/2005, de 4 de abril, FJ 5).
Aplicando el referido canon de control constitucional al presente caso no cabe sino concluir que la Audiencia Provincial de Murcia ha expresado en su sentencia las razones concretas que justifican la decisión de desestimar los argumentos esgrimidos por la demandante en su recurso de apelación y confirmar el pronunciamiento absolutorio dictado por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia. La sentencia impugnada en amparo satisface las exigencias constitucionales de motivación de las resoluciones judiciales en el ámbito del derecho fundamental garantizado por el artículo 24.1 CE, en relación con el artículo 120.3 CE, por cuanto permite conocer a la recurrente las razones sobre las que se asienta el proceso lógico que condujo al tribunal de apelación a concluir que, si bien los hechos enjuiciados integran el tipo objetivo del delito contra la propiedad intelectual previsto y penado en el artículo 270.1 CP (en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo), en cuanto a que se realizaron actos de comunicación con ánimo de lucro, pese a todo debe mantenerse la absolución de los acusados, al no constar acreditado el elemento subjetivo del conocimiento de la ilicitud de la actividad, como resulta de manera inequívoca del fundamento jurídico octavo de la sentencia apelada. Se ha dado así en la sentencia de apelación satisfacción al derecho fundamental de la recurrente a la tutela judicial efectiva, al proporcionar a esta las razones fundadas en Derecho que sustentan la decisión tomada.
5. Enjuiciamiento de la queja referida a la quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva por no tener en cuenta el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea.
Sostiene la demandante que la sentencia impugnada en amparo ha incurrido en arbitrariedad, y vulnerado por tanto su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al desestimar su recurso de apelación desatendiendo el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación de la concurrencia del elemento del conocimiento efectivo de la ilicitud de la conducta en el prestador de servicios de la sociedad de la información por vías alternativas a una declaración positiva de autoridad competente. Se refiere en particular la demandante a los pronunciamientos contenidos en las STJUE de 12 de julio de 2011, asuntoL’Oréal c. Ebay,C-324/09, y de 8 de septiembre de 2016, asuntoGS Media,C-160/15, en relación con la interpretación del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio (Directiva sobre el comercio electrónico).
Conforme a una reiterada jurisprudencia, corresponde al Tribunal Constitucional velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea cuando exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de manera que el desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por aquel, puede suponer una selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Asimismo, prescindir por propia, autónoma y exclusiva decisión del órgano judicial, de la interpretación de un precepto de una norma europea impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vulnera el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea (entre otras muchas, SSTC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6; 259/2015, de 5 de noviembre, FJ 5; 31/2019, de 28 de febrero, FJ 4; 23/2023, de 27 de marzo, FJ 2, y 38/2024, de 11 de marzo, FJ 2).
No se advierte que en el presente caso se haya producido el pretendido desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión Europea, interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que alega la demandante de amparo.
La sentencia impugnada desestima expresamente el motivo del recurso de apelación de la entidad recurrente fundado en la infracción del artículo 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. La recurrente sostenía en su recurso de apelación que dicho precepto, si bien parte de la regla general de que el conocimiento efectivo de la ilicitud de la conducta por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información se adquiere mediante la declaración positiva de una autoridad competente, no excluye que tal conocimiento efectivo pueda alcanzarse por vías alternativas a esa declaración de ilicitud, que sería lo que habría ocurrido en el caso de los acusados, según la recurrente. Para apoyar su tesis invocaba la aludida jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la interpretación del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio (Directiva sobre el comercio electrónico), traspuesta a nuestro ordenamiento interno por el citado art. 17 de la Ley 34/2002.
Ahora bien, al desestimar ese motivo del recurso de apelación de la recurrente, la sentencia impugnada no pone en cuestión en ningún momento la interpretación sentada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la interpretación del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE, del que trae causa el artículo 17 de la Ley 34/2002. Más sencillamente, lo que sucede es que, a partir de la valoración probatoria reflejada en el fundamento jurídico octavo de la sentencia absolutoria, entiende acreditado que no existe constancia de que los acusados tuvieran conocimiento de la ilicitud de la actividad desarrollada mediante las páginas web de enlace. Es decir, considera acreditada la ausencia de conocimiento por los acusados de la antijuridicidad de su conducta, elemento subjetivo del injusto previsto y penado en el artículo 270.1 CP (en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo), lo que determina que debe confirmarse la absolución de los acusados.
No existe, en suma, desconocimiento y preterición de ninguna norma de Derecho de la Unión Europea interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por tanto, no se ha producido en la sentencia impugnada en amparo una selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso. No hay, en consecuencia, lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que garantiza el derecho a obtener de los órganos judiciales una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, pero no un pretendido derecho al acierto judicial en la interpretación y aplicación de las normas, (SSTC 308/2006, de 23 de octubre, FJ 5; 3/2011, de 14 de febrero, FFJJ 3 y 5; 183/2011, de 21 de noviembre, FFJJ 5 y 7, y 13/2012, de 30 de enero, FJ 3, entre otras muchas).
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo interpuesto por Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA).
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.–Inmaculada Delgado Hidalgo.–María Delgado Vidal Delgado.–Ramón Marín Hernándeznrique Arnaldo Mendoza.–César Tolosa Tribiño.–Laura Alonso Domínguez.–Firmado y rubricado.