Categoría: Economía y Empleo

citud de regularización se remitirá a la autoridad pesquera competente donde radique el puerto base.
b) La autoridad pesquera competente solicitará a la Dirección General de la Marina Mercante un informe preceptivo y vinculante de variaciones de medidas, para determinar el arqueo o la potencia real del buque, cuantificando las diferencias existentes respecto a lo inscrito en la hoja de asiento del Registro de Buques y Empresas Navieras. La solicitud de este informe podrá suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La Dirección General de la Marina Mercante deberá emitir el informe de variaciones en el plazo de tres meses. Transcurrido el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán seguir las actuaciones de acuerdo con el artículo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) A la vista del informe de variaciones, la autoridad pesquera competente emitirá y notificará al interesado:
1.º Requerimiento de aporte de capacidad cuando el informe de variaciones determine que la capacidad real del mismo es superior a la recogida en los registros oficiales. En este requerimiento se concederá al interesado un plazo de seis meses desde su notificación para la presentación ante dicha Administración de los compromisos de aportación de capacidad previstos en el artículo 8, que compensen el exceso de arqueo o potencia,
2.º Resolución de reconocimiento de medidas reales y archivo del expediente de regularización en el caso que el informe de variaciones determine que las medidas del buque son iguales o inferiores a las que figuran en los registros, o
3.º Resolución de regularización desfavorable en el caso que la Dirección General de la Marina Mercante comunique que no ha sido posible efectuar el informe de variaciones por causas imputables al interesado.
d) La autoridad pesquera competente remitirá a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, excepto en los buques con puerto base en las cuidades de Ceuta y Melilla, en el plazo de un mes, el informe de variaciones o la resolución indicada en el apartado anterior, así como su fecha de notificación, para la anotación de las medidas reales del buque en los correspondientes registros, dejando anotada, si procede, la capacidad pendiente de aportación, de manera que el propietario de la embarcación no dispondrá de esta capacidad hasta su entera aportación.
e) En el caso de que la resolución determine que se deben aportar bajas, el interesado deberá remitir a la comunidad autónoma o a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura en los buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla, los compromisos de aportación por toda la capacidad requerida. A la vista de estos compromisos, cuando la autoridad competente sea la comunidad autónoma, esta solicitará a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura informe vinculante de validación de los mismos.
f) La autoridad pesquera de la comunidad autónoma, y la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura en los buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla emitirá y notificará al interesado resolución de regularización, la cual podrá ser:
1.º Favorable en el caso de que el informe de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura valide los compromisos de capacidad aportados, o
2.º Desfavorable en el caso que el interesado no haya facilitado los compromisos de aportación requeridos o que estos no se validen en el informe de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.
g) La autoridad competente de la comunidad autónoma comunicará a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura la resolución indicada en el apartado anterior y su fecha de notificación. Esta comunicación no será necesaria en los procedimientos de buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla.
h) La autoridad pesquera competente, en el caso de resolución de regularización desfavorable, procederá a la tramitación de la baja provisional del buque afectado.
i) Los buques con resolución desfavorable de regularización no podrán recibir ayuda por paralización definitiva, no se podrán autorizar la realización de obras en el mismo y sólo podrán aportarse por la capacidad que tuviera registrada al inicio del procedimiento de regularización. Estas restricciones se mantendrán hasta que se incorporen los compromisos de aportación requeridos que permitan la emisión de una resolución favorable de regularización.
3. Los procedimientos de regularización iniciados de oficio se llevarán a cabo del siguiente modo:
a) Cuando se denuncie por una autoridad cualquier diferencia entre la capacidad real y la registrada, la Dirección General de la Marina Mercante emitirá el correspondiente informe de variaciones de medidas y lo remitirá a la autoridad pesquera competente.
b) A la vista del informe de variaciones, la comunidad autónoma o la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura cuando sean buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla procederán de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 párrafos c) a i).
1. Los expedientes relativos a procedimientos de entrada de capacidad se podrán modificar por alguno de los siguientes motivos:
a) Cambios arqueo o potencia del buque.
b) Cambios en los compromisos de aportación o incorporación de nuevos compromisos.
c) Cambio de censo por modalidad y caladero y posibilidades de pesca.
d) Unión y división de expedientes.
e) La variación del tipo de expediente de entrada de capacidad.
f) Cambio del solicitante del expediente.
2. Los expedientes podrán ser modificados en cualquier momento del procedimiento siempre que esta modificación se realice antes de solicitar el alta en el Registro de Flota.
3. La solicitud de modificación de expediente se dirigirá a la autoridad pesquera correspondiente que será la competente para la adopción de la resolución. En los supuestos contemplados en el apartado 1, la comunidad autónoma recabará previamente informe vinculante de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura sobre la entrada de capacidad, que tendrá carácter vinculante para la autorización de la modificación del expediente. No será necesario recabar este informe cuando la modificación del expediente afecte a buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla.
El cambio de censo por modalidad y caladero de un expediente de entrada de una nueva unidad estará condicionado a la presentación de los compromisos de aportación si estos fueran necesarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.
4. Cuando se produzca un cambio en el puerto base, el material del casco, el cambio de motor sin cambio de potencia, así como cualquier otra característica técnica del buque distinta al arqueo o la potencia, el interesado deberá comunicarlo a la autoridad pesquera correspondiente que, en caso de haber emitido resolución, ésta deberá ser modificada.
5. Cuando la modificación del puerto base suponga un cambio de comunidad autónoma, la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que se hubiera iniciado el expediente, o la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura en buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla, remitirá el expediente a la autoridad competente donde radique el nuevo puerto base, que deberá ser la que resuelva la autorización de modificación del expediente.
En la tramitación del expediente modificado, se mantendrán los plazos y la validez de los compromisos de aportación del expediente inicial.
6. Las modificaciones de las resoluciones no supondrán la alteración del plazo de entrada de la nueva capacidad o de finalización de obras o cambios o modificaciones técnicas del motor establecido en la resolución inicial, salvo en los casos de unión y división de expedientes.
7. La división de expedientes cumplirá las siguientes condiciones:
a) Sólo se admitirá la división en los casos de expedientes de construcción.
b) Se podrá dividir en un máximo de tres expedientes, que podrán ser de cualquier tipo.
c) Los expedientes resultantes de la división no podrán volver a ser objeto de división ni tampoco de unión.
d) Los plazos aplicables a los nuevos expedientes serán los que correspondan al tipo de expediente de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo.
e) Los compromisos de aportación introducidos en el expediente objeto de división se podrán incorporar a los nuevos expedientes. En el caso de ser necesaria la distribución de la capacidad de los compromisos entre los nuevos expedientes, la solicitud de división deberá recoger el reparto que se hará de esta capacidad.
En el caso de resolución favorable a la división, ésta recogerá:
a) La relación de los expedientes de capacidad en los que se divide, con indicación del tipo de expediente y el titular de los mismos.
b) La obligación de presentar en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución de autorización de la división del expediente, las solicitudes de los nuevos expedientes de entrada de capacidad, con indicación de que transcurrido este plazo las nuevas solicitudes serán desestimadas.
8. La unión de expedientes cumplirá las siguientes condiciones:
a) Sólo se admitirá la unión en los casos de expedientes que impliquen la entrada de una nueva unidad.
b) Se podrán unir un máximo de tres expedientes.
c) El expediente resultante de la unión no podrá volver a ser objeto de unión, ni tampoco de división.
d) El plazo aplicable al nuevo expediente será el que corresponda al tipo de expediente de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo.
e) Los compromisos de aportación introducidos en los expedientes objeto de la unión se podrán incorporar al nuevo expediente. En el caso de que la capacidad de pesca del expediente resultante de la unión fuera menor que la de la suma de los compromisos de aportación introducidos en los expedientes antes de la unión, dicha capacidad no podrá volver a ser utilizada, salvo que no hayan transcurridos los plazos establecidos en el artículo 8.7 y, por tanto, el compromiso esté todavía en vigor para poder ser utilizado.
En el caso de resolución favorable a la unión, esta recogerá:
a) La relación de los expedientes de capacidad que se van a unir, con indicación del tipo de expediente y el titular de los mismos.
b) La obligación de presentar en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución de autorización de la unión del expediente, la solicitud del nuevo expediente de entrada de capacidad, con indicación de que transcurrido este plazo la nueva solicitud será desestimada. En el caso de que los expedientes que se vayan a unir se hayan iniciado en distintas comunidades autónomas, los plazos empezarán a contar a partir de la última fecha en la que se notifiquen las resoluciones de autorización de unión de los expedientes.
9. La comunidad autónoma comunicará las resoluciones de modificaciones de los expedientes a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura salvo en el caso de buques con puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá gestionar la capacidad de los buques en baja definitiva que no hayan sido objeto de aportación. Adicionalmente, en los supuestos de baja definitiva por siniestro o exportación/transferencia temporal deberán haber transcurrido los plazos previstos en el artículo 7.1.c). En el caso de haberse aportado a un expediente de entrada de capacidad, también podrá disponer de ella, si la nueva unidad no se hubiera dado de alta en el Registro de Flota o no se hubieran finalizado las obras o cambios o modificaciones técnicas del motor y hubiera transcurrido el plazo establecido en la resolución de autorización.
2. No obstante, lo indicado en el apartado 1, no podrá ser objeto de utilización por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la capacidad de los buques de pesca en baja definitiva que hubieran sido objeto de resolución de concesión de ayuda para la paralización definitiva de la actividad pesquera.
3. La distribución de la capacidad disponible indicada en el apartado 1, se efectuará mediante órdenes ministeriales de convocatoria de concurrencia competitiva en las que se regulen los requisitos para su incorporación a expedientes de entrada de capacidad de nueva construcción, obras o cambios de motor que incluyan alguno de los fines contemplados en el anexo IV. El órgano competente para la resolución de la distribución de la capacidad ofertada en las órdenes de convocatoria será la Secretaría General de Pesca.
4. De acuerdo con el apartado anterior, cada convocatoria podrá distribuir la capacidad en los siguientes segmentos de flota: uno para los buques de pesca del territorio español, excepto los que tuvieran puerto base en las Islas Canarias, y tres para los buques de pesca de las citadas Islas. Estos tres segmentos son los siguientes: una para los buques de pesca de menores de 12 metros, otra para los buques de pesca mayores de 12 metros que faenan en aguas de la UE y otra para los mayores de 12 metros que faenan fuera de las aguas de la UE. En cualquier caso, en cada uno de estos segmentos no se podrá superar el límite de capacidad establecido en el anexo II del Reglamento 1380/2013 de 11 de diciembre de 2013.
5. La capacidad disponible aportada a un buque de pesca mediante el mecanismo establecido en el apartado 3, será pública y no podrá ser comprometida por la persona propietaria de la embarcación, volviendo a estar a disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuando se produzca la baja definitiva de la embarcación en el Registro de Flota.
1. La persona propietaria de un buque deberá solicitar el alta en el registro correspondiente.
2. El alta de buques de pesca y de los buques auxiliares cuya competencia corresponda al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se llevará a cabo del siguiente modo:
a) La persona propietaria del buque presentará conforme a los dispuesto en la disposición adicional tercera una solicitud de alta dirigida a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura conforme al modelo del anexo V, acompañada de la documentación señalada en el anexo VI apartado A.
b) Antes de proceder al alta de un buque de pesca, la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura verificará que los buques aportados como baja se encuentran inmovilizados para su despacho y de baja definitiva en el Registro de Flota.
c) La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura dictará resolución en el plazo máximo de seis meses, contados desde la presentación de la solicitud en el Registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y notificará el alta, o en su caso su denegación, a los interesados conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera. Transcurrido el citado plazo sin haberse notificado resolución expresa al interesado, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, según se establece en disposición adicional sexta de la Ley 3/2001 de 26 de marzo.
d) Esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá recurrirse, en alzada, ante la Secretaría General de Pesca, en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
e) Será requisito indispensable para permitir el despacho para la pesca que el buque esté de alta en el Registro de Flota y tenga una licencia vigente.
3. El alta de buques de pesca y buques auxiliares cuya competencia corresponda a las comunidades autónomas, respetará los siguientes requisitos básicos:
a) Las solicitudes de alta se dirigirán a la autoridad pesquera de la comunidad autónoma donde vaya a tener establecido el puerto base.
b) La solicitud deberá ir acompañada de al menos los documentos recogidos en el anexo VI apartados del 3 al 9 de la parte A.
c) Antes de proceder al alta de un buque de pesca, la autoridad pesquera de la comunidad autónoma verificará que los buques aportados como baja se encuentran inmovilizados para su despacho y de baja definitiva en el Registro de Flota o en el registro autonómico, según corresponda.
4. Tras el alta de un buque de pesca en el Registro de Flota, la Secretaría General de Pesca emitirá la licencia comunitaria de pesca definida en el artículo 4, apartado 9, del Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo.
1. La persona propietaria de un buque de pesca autorizado para faenar en aguas exteriores o en aguas exteriores e interiores, podrá solicitar el cambio de autorización para faenar exclusivamente en aguas interiores, a la autoridad pesquera de la comunidad autónoma donde esté radicado su puerto base.
2. De igual manera, el propietario de un buque de pesca autorizado para faenar exclusivamente en aguas interiores podrá solicitar el cambio de autorización para poder faenar en aguas exteriores o en aguas exteriores e interiores, siguiendo el siguiente procedimiento:
a) Se presentará, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera, una solicitud dirigida a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.
b) La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura dictará resolución en el plazo máximo de seis meses, contados desde la presentación de la solicitud en el Registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y notificará la autorización a faenar en aguas exteriores o aguas exteriores e interiores, o en su caso su denegación, a los interesados conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera. Transcurrido el citado plazo sin haberse notificado resolución expresa al interesado, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, según se establece en disposición adicional sexta de la Ley 3/2001 de 26 de marzo.
c) Esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá recurrirse, en alzada, ante la Secretaría General de Pesca, en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. La persona propietaria del buque deberá comunicar a la autoridad pesquera competente los datos actualizados de su dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico.
2. El armador o armadora del buque será la persona propietaria del mismo salvo que en la hoja de asiento figure la cesión de uso o explotación en favor de un tercero. En ese caso, el armador o armadora deberá comunicar a la autoridad pesquera competente su dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico.
3. Cuando se efectúe un cambio en la propiedad de buque, el armador o armadora del mismo será el que figure en la hoja de asiento como beneficiario de la cesión de uso o explotación que esté en vigor en el momento del cambio de la propiedad.
En el caso de no figurar ninguna cesión de uso vigente, la persona propietaria será el armador o armadora del buque. Cuando haya más de una persona propietaria, y no se haya comunicado el armador o armadora, se procederá a la retirada de la licencia hasta que se recoja en la hoja de asiento la cesión de uso o la figura de armador.
4. En el caso de buques de pesca, se deberá enviar a la autoridad pesquera competente una foto del buque actualizada, cuando se hayan llevado a cabo obras de reforma que modifiquen el aspecto externo del mismo.
1. Los buques de pesca de alta en los respectivos registros pasarán a la situación de baja provisional en los siguientes supuestos:
a) Cuando no realicen ninguna actividad pesquera durante dos años continuados. A efectos de lo dispuesto en este real decreto, esto se constatará a través de la declaración de desembarque reflejada en el diario electrónico de pesca, diarios en papel o notas de venta, según proceda, entendiéndose que existe actividad pesquera si existe algún registro de desembarques con capturas en el periodo indicado.
b) Por retirada de la licencia comunitaria.
c) Cuando se hubiera notificado la resolución definitiva de concesión de ayuda para la paralización definitiva de la actividad pesquera en el marco de la normativa de aplicación.
d) En los casos que no se aporte la capacidad necesaria para la regularización de la capacidad un buque.
e) Cuando por actos judiciales o administrativos se determine esta circunstancia.
2. La baja provisional se efectuará de oficio por la autoridad pesquera competente y se comunicará a la persona propietaria y al distrito marítimo o, en su caso, la capitanía marítima correspondiente, para que se prohíba el despacho del buque para la pesca.
3. La baja provisional de un buque conllevará la suspensión temporal de la licencia y autorizaciones de pesca que tuviese asignadas.
4. La situación de baja provisional no supondrá la baja en el Registro de la Flota Pesquera de la Unión.
1. La reactivación del buque se efectuará de oficio por la autoridad pesquera competente cuando se haya subsanado la causa que motivó la baja provisional, excepto si estuvo motivada por falta de actividad pesquera.
2. La reactivación por falta de actividad pesquera de un buque de pesca se podrá solicitar por la persona propietaria o armadora a la autoridad pesquera competente en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de la baja provisional.
3. En el caso de buques cuya inscripción en el Registro de Flota sea competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la reactivación se llevará a cabo del siguiente modo:
a) Mediante presentación de una solicitud conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de acuerdo con el modelo del anexo V al que se acompañará de la documentación contenida en el anexo VI apartado B.
b) La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura comprobará la documentación presentada y solicitará informe a la comunidad autónoma correspondiente, antes de proceder a la resolución de la reactivación. Este informe deberá emitirse en el plazo de quince días. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera emitido el citado informe, podrá continuarse con las actuaciones de acuerdo al artículo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura dictará resolución en el plazo máximo de seis meses contados desde la presentación de la solicitud en el Registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y notificará la reactivación, o en su caso, la denegación a los interesados, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera. Transcurrido el citado plazo sin haberse notificado resolución expresa al interesado, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, según se establece en disposición adicional sexta de la Ley 3/2001 de 26 de marzo.
d) Esta resolución que no agota la vía administrativa podrá recurrirse, en alzada, ante la Secretaría General de Pesca, en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La reactivación de los buques de pesca competencia de las comunidades autónomas, deberá ser solicitada en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de baja provisional.
1. La baja definitiva de un buque de pesca podrá estar motivada por alguna de las siguientes causas:
a) Que hayan estado durante más de cinco años de baja provisional por falta de actividad pesquera conforme al artículo 21.1.a).
b) Que estando de alta o baja provisional, lleve más de siete años sin actividad pesquera.
c) Retirada voluntaria de la actividad pesquera.
d) Ser objeto de desguace, hundimiento sustitutorio de desguace, o destino ornamental.
e) Haber sido exportado a un tercer país o transferido a otro Estado miembro.
f) Haber sido exportado/transferido temporalmente.
g) Haber causado baja en la lista tercera del Registro de Buques y Empresas Navieras.
h) Haber quedado irrecuperable para la navegación por siniestro.
i) Cuando se efectúe el alta o el incremento de la capacidad en el Registro de Flota del buque para el que una embarcación se ha aportado, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.4.
j) Cuando por actos judiciales o administrativos se determine esta circunstancia.
2. La baja definitiva de un buque auxiliar podrá ser motivada por haber causado baja en la lista cuarta del Registro de Buques y Empresas Navieras; o por los motivos expuestos en las letras c), d), e), f), h) y j) del apartado anterior, sin perjuicio de otros motivos que puedan establecer las comunidades autónomas reglamentariamente.
1. La persona propietaria del buque deberá iniciar el procedimiento de baja definitiva ante la autoridad pesquera competente, que dictará resolución en el plazo máximo de tres meses y notificará la resolución de baja definitiva a los interesados conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera. Transcurrido el citado plazo sin haberse notificado resolución expresa al interesado, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, según se establece en disposición adicional sexta de la Ley 3/2001, de 26 de marzo. En los procedimientos que compete a la Administración General del Estado, esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá recurrirse en alzada ante la Secretaría General de Pesca, en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. No obstante lo anterior, la baja definitiva de un buque en el Registro de Flota o en los correspondientes autonómicos se acordará por la autoridad pesquera competente de forma automática en los siguientes casos previstos en el artículo anterior:
a) Cuando se lleve a cabo el alta o el incremento de la capacidad en el Registro de Flota del buque de pesca para el que una embarcación se ha aportado, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.4.
b) Cuando se produzca la baja del buque en la Lista 3.º o Lista 4.ª del Registro de Buques y Empresas Navieras.
3. Asimismo, a los buques de pesca que les sea de aplicación las letras a), y b), del apartado 1 del artículo 23; y los buques de pesca y auxiliares a los que se les aplique la letra j) de ese mismo apartado, la baja definitiva se iniciará de oficio por la autoridad pesquera competente, que dictará resolución en el plazo máximo de seis meses y notificará la resolución de baja definitiva a los interesados conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera. Transcurrido el citado plazo sin haberse notificado resolución expresa al interesado, el expediente caducará, archivándose las actuaciones. En los procedimientos que compete a la Administración General del Estado, esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá recurrirse en alzada ante la Secretaría General de Pesca en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En el supuesto de exportación/transferencia definitiva o temporal a un tercer país, se deberán respetar las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y el país de destino deberá asumir todos los compromisos adquiridos en el marco de las organizaciones regionales de pesca.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana establecerán los mecanismos de coordinación y de traspaso de información necesarios para garantizar la coherencia entre el Registro de Flota y el Registro de Buques y Empresas Navieras. Ambos Ministerios garantizarán un acceso recíproco, permanente y directo a los datos necesarios existentes en ambos registros, a efectos de consulta.
2. De igual forma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones se facilitarán mutuamente la información de sus registros y bases de datos a efectos de consulta, y establecerán los mecanismos de coordinación y de traspaso de información necesarios respecto a las empresas con buques pesqueros y trabajadores inscritos en el Régimen Especial de la Seguridad Social del Mar.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas establecerán los mecanismos de coordinación y de traspaso de información por vía electrónica entre los registros de las comunidades autónomas y el Registro de Flota.
No obstante, las comunidades autónomas que lo deseen podrán grabar directamente los datos de los buques de su competencia en el Registro de Flota.
El distrito marítimo o, en su caso, la capitanía marítima correspondiente, informará de las bajas de lista tercera de los buques que sólo pueden faenar en aguas interiores y de lista cuarta del Registro de Buques y Empresas Navieras a la autoridad pesquera de la comunidad autónoma, excepto en los casos en los que los buques tuvieran puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla. Igualmente, informarán de la anotación en la hoja de asiento de las obras o cambios de motor de los buques de lista tercera que sólo pueden faenar en aguas interiores y de lista cuarta, excepto en los casos en los que los buques tuvieran puerto base en las ciudades de Ceuta y Melilla.
1. La persona propietaria de un buque pesquero de pabellón español podrá elegir libremente el puerto que sirva de base para ejercer su actividad pesquera con sujeción a lo establecido en el presente real decreto.
2. El establecimiento de puerto base es el acto administrativo mediante el cual la autoridad pesquera competente faculta, de forma previa al inicio de la actividad, la fijación de un puerto para sus operaciones pesqueras y comerciales. Dicho puerto será el que se establezca en la resolución de autorización del expediente de entrada de una nueva unidad en el Registro de Flota y pertenecerá siempre al caladero para el cual se autoriza la actividad de la embarcación. Para la emisión de esta autorización, la autoridad pesquera competente en resolver el expediente de entrada de capacidad deberá haber solicitado previamente informe sobre a la Autoridad Portuaria correspondiente respecto a la inclusión del nuevo buque en el puerto que se solicita como base.
1. La autorización del cambio de puerto base, está supeditada al cumplimiento de los requisitos recogidos en el artículo 68.1 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.
2. Para autorizar el cambio de puerto base de un buque de pesca se deberá cumplir que el número de días de desembarques en el puerto solicitado sea mayoritario en el año natural previo a la solicitud. En el caso que el puerto solicitado no disponga de lonja, la valoración de los días de desembarque se realizará respecto a los puertos más cercanos al solicitado que dispongan de infraestructura para llevar a cabo la primera venta de las capturas.
3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, no será exigible en los siguientes casos:
a) Para aquellos buques que no faenan en el caladero nacional. En estos casos, el cambio de puerto base estará supeditado a su vinculación socioeconómica con el puerto solicitado, entendiéndose como tal, cuando las actividades administrativas o económicas de la empresa armadora del buque o su sede social estén localizadas en dicho puerto, o, en su caso, en la provincia del puerto.
b) Cuando se efectúe la compra de un buque de pesca o se produzca un cambio de armador o armadora, en ambos casos sin cambio de caladero. En este caso, la persona propietaria del mismo podrá solicitar el cambio de puerto en los seis meses siguientes a la adquisición o cambio del armador o armadora, siempre que el puerto base solicitado esté ubicado en la comunidad autónoma donde el nuevo armador o armadora tenga su domicilio social o fiscal, según proceda.
c) Cuando los buques pertenezcan al censo unificado de palangre de superficie.
d) Cuando se autorice un cambio de caladero del buque. En estos casos, en la solicitud de cambio de caladero dirigida a la Dirección General de Pesca Sostenible, se indicará el nuevo puerto base que se solicita para el buque, tramitándose ambos cambios conjuntamente.
1. Las autorizaciones para los cambios de puerto base de buques de pesca serán competencia de:
a) La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, cuando el puerto base de procedencia y el solicitado, estén ubicados en comunidades autónomas distintas o en puertos de las ciudades de Ceuta y Melilla.
b) Las autoridades pesqueras de las comunidades autónomas, cuando el puerto base de procedencia y el solicitado estén ubicados en su ámbito territorial.
2. Los cambios de puerto base previstos en el apartado 1.a) se tramitarán del siguiente modo:
a) La persona propietaria del buque presentará la solicitud de cambio de puerto base, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera, según el modelo que figura en el anexo VIII, que irá dirigida a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.
b) La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura comprobará que dicha solicitud cumple con lo establecido en el artículo 30 y solicitará a la comunidad autónoma de destino informe referido a los aspectos regulados en el apartado 1 de dicho artículo que sean de su competencia, que deberá ser emitido en el plazo de un mes. La comunidad autónoma, por su parte, deberá recabar e incorporar a su informe, los informes de la federación de cofradías, de las cofradías de pescadores afectadas ubicadas en su ámbito territorial y, en su caso, de la Autoridad Portuaria.
c) La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura dictará resolución motivada en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud y la notificará a los interesados conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera. Transcurrido el citado plazo sin haberse notificado resolución expresa al interesado, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, según se establece en disposición adicional sexta de la Ley 3/2001 de 26 de marzo. En el caso de resolución favorable, informará al distrito marítimo o, en su caso, la capitanía marítima correspondiente y a las comunidades autónomas donde estén ubicados el puerto base solicitado y el puerto base de procedencia. Esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá recurrirse, en alzada, ante la Secretaría General de Pesca, en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d) Las comunidades autónomas informarán a la federación de cofradías y cofradías de pescadores y autoridades portuarias involucradas, de los cambios de puerto base que se hayan autorizado por la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.
3. Los cambios de puerto base de buques de pesca resueltos por las comunidades autónomas serán comunicados a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, así como a las capitanías marítimas, federación de cofradías y cofradías de pescadores y autoridades portuarias involucradas en dicho cambio, en el plazo máximo de quince días.
4. La resolución de autorización de un cambio de puerto base se dictará sin perjuicio de las medidas sancionadoras que procedan por la utilización, sin autorización temporal, de un puerto distinto del puerto base durante periodos superiores a tres meses.
5. Los cambios de puerto base serán efectivos una vez sean anotados en el Registro de Flota, lo que deberá realizarse en el plazo máximo de quince días desde la resolución.
1. El órgano competente para la tramitación y resolución de los cambios de puerto base de buques auxiliares serán:
a) Las autoridades pesqueras de las comunidades autónomas, cuando el puerto base solicitado esté ubicado en su ámbito territorial.
b) La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, cuando el puerto base solicitado esté ubicado en las ciudades de Ceuta o Melilla.
2. Las resoluciones de cambio de puerto base de buques auxiliares serán comunicadas por el órgano competente de su resolución a la comunidad autónoma donde estuviera ubicado el puerto base de procedencia en el plazo máximo de quince días.
3. Para los cambios previstos en el apartado 1.b), la persona propietaria presentará conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera la solicitud de cambio de puerto base, según el modelo que figura en el anexo VIII, que irá dirigida a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.
La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura dictará resolución motivada, en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud y la notificará a los interesados conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera.
Transcurrido el citado plazo sin haberse notificado resolución expresa al interesado, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, según se establece en disposición adicional sexta de la Ley 3/2001, de 26 de marzo. En el caso de resolución favorable, informará a las comunidades autónomas donde estén ubicados el puerto base de procedencia en el plazo de quince días.
Esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá recurrirse, en alzada, ante la Secretaría General de Pesca, en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. El desembarque en un mismo puerto distinto del puerto base por un buque de pesca, de forma continuada por periodos superiores a tres meses, requerirá de una autorización específica.
2. La solicitud de autorización específica para la utilización temporal de un puerto deberá presentarla el armador o la armadora del buque a las autoridades pesqueras de la comunidad autónoma donde esté ubicado el puerto que se va a utilizar de modo temporal o a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura si este está ubicado en las ciudades de Ceuta y Melilla. Para la emisión de esta autorización la autoridad competente solicitará informe a la Autoridad Portuaria, cuando proceda.
3. En el caso de los procedimientos iniciados en el ámbito de la Administración del Estado, la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, resolverá y notificará en el plazo de tres meses contados desde la presentación de la solicitud en el Registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la correspondiente resolución autorizando o denegando la utilización temporal del puerto solicitado, siendo negativos los efectos del silencio administrativo. Estas resoluciones que no agotan la vía administrativa podrán ser recurridas en alzada ante la Secretaría General de Pesca.
4. La resolución otorgando la autorización específica temporal estará supeditada a que el puerto solicitado:
a) Disponga de posibilidades de comercialización y de prestación de servicios.
b) No haya sido el puerto de desembarque mayoritario en el año natural previo a la solicitud. En este caso se deberá proceder a la solicitud de cambio de puerto base.
5. Las autorizaciones específicas temporales se concederán por un periodo máximo de un año y deberán remitirse por la autoridad pesquera que resuelve a la comunidad autónoma donde el buque tenga ubicado su puerto base en el plazo máximo de quince días.
6. La estancia temporal fuera del puerto base, por sí misma no dará ningún tipo de derecho de pesca distinto del que tenga, cuando en la zona de pesca o caladero donde radique el puerto de estancia temporal exista una regulación específica relativa al reparto de cuotas de pesca, derechos de acceso a determinadas zonas o caladeros, o cualquier otra regulación específica a estos efectos.
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente real decreto será sancionado de acuerdo con lo establecido en el título V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.
Los buques auxiliares incluidos en el Registro de Flota a la entrada en vigor de la presente disposición se mantendrán en el citado registro, sin perjuicio de la correspondiente incorporación en los registros autonómicos.
La gestión, tramitación y autorizaciones que afecten a buques con puerto base en las ciudades de Ceuta o Melilla corresponderán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, teniendo en cuenta las competencias transferidas a estas ciudades autónomas.
En el ámbito de las competencias de la Administración del Estado, y conforme a lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las relaciones de las personas físicas con las Administraciones Públicas en los procedimientos y expedientes regulados por el presente real decreto cuya resolución competa al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, incluidas las notificaciones de oficio, se realizarán exclusivamente por medios electrónicos, conforme a los distintos procedimientos, que están disponibles en la sede electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: (https://sede.mapa.gob.es/).
Las notificaciones se efectuarán mediante puesta a disposición del interesado a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 42.1 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos y de forma complementaria a la anterior, en la desde electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los buques a los que se les aplicó el apartado h) del artículo 55 del Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, podrán recibir ayuda por paralización definitiva y podrán aportarse por la capacidad que tuvieran a la finalización del procedimiento de regularización.
1. Los expedientes y procedimientos iniciados al amparo del Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, y del Real Decreto 1035/2017, de 15 de diciembre, continuarán tramitándose de acuerdo con lo establecido en las citadas disposiciones, salvo en lo relativo a la materialización de la baja prevista en el artículo 6 del Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, se establecen las siguientes excepciones:
a) Los compromisos de aportación que fueran válidos para su incorporación a un expediente de entrada de capacidad en el momento de la entrada en vigor de este real decreto mantendrán su validez en los tres años siguientes a la firma del primer compromiso de aportación del buque, pudiendo modificarse o anularse durante este periodo.
b) Los buques que se encuentren en situación de alta provisional en el momento de la entrada en vigor de este real decreto pasarán a alta definitiva previa presentación únicamente de la foto de la embarcación o las bajas adicionales, en el caso que así se les hubiera requerido. Transcurrido un año desde que se solicitó esta documentación los buques pasarán a la situación de baja provisional, en el caso de que la misma no se hubiera remitido.
c) Los expedientes de entrada de capacidad por nueva construcción cuyos plazos para la finalización de la construcción no hayan transcurrido en el momento de la entrada en vigor de este real decreto, podrán solicitar la división del expediente en las condiciones establecidas en el artículo 16 de este real decreto.
1. En el caso de buques en situación de baja definitiva por exportación/transferencia temporal en el momento de la entrada en vigor de este real decreto, se podrá solicitar la reimportación sin aportación de capacidad en los tres años siguientes a su entrada en vigor.
2. Los buques en situación de baja definitiva por exportación/transferencia definitiva en el momento de la entrada en vigor de este real decreto, podrán firmar el primer compromiso de aportación en el periodo de un año desde la fecha de exportación.
3. Los buques siniestrados antes de la entrada en vigor del presente real decreto dispondrán de dos años para la firma del primer compromiso de aportación desde la fecha de baja definitiva en el Registro de Flota.
A partir de la entrada en vigor del presente real decreto, los expedientes de regularización que no finalizaron con la aportación de bajas, se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del presente real decreto con las siguientes consideraciones:
1. Se levantan las restricciones impuestas a los buques involucrados en procesos de regularización llevados a cabo con anterioridad a la publicación de la Ley 9/2007, de 22 de junio, sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.
2. Los buques a los que se les aplicó el artículo 5.b) del Real Decreto 1081/2012, de 13 de julio, por el que se establece el procedimiento de regularización de buques pesqueros y su actualización en el censo de la flota pesquera operativa y en el Registro de Buques y Empresas Navieras, no podrán reactivarse en caso de baja provisional hasta que no aporten la capacidad necesaria para regularizar su situación.
3. Los buques que no regularizaron su situación de acuerdo con el apartado f) del artículo 55 Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, no podrán efectuar obras ni recibir ayudas por paralización definitiva, hasta que no se aporten las bajas establecidas para regularizar su situación.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto, y específicamente:
1. Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.
2. Real Decreto 1035/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula el establecimiento y cambio de puerto base de los buques pesqueros, y por el que se modifica el Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.
Se añade una nueva disposición adicional cuarta al Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales, con el siguiente contenido:
En el ámbito de las competencias de la Administración del Estado, y conforme a lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las relaciones de las personas físicas con las Administraciones Públicas en los procedimientos y expedientes de las solicitudes de licencias y autorizaciones de pesca, donde se incluyen a su vez tanto los permisos especiales, permisos temporales de pesca y cambios temporales de modalidad, se realizarán exclusivamente por medios electrónicos, conforme a los distintos procedimientos, que están disponibles en la sede electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: (https://sede.mapa.gob.es/).
Las notificaciones se efectuarán mediante puesta a disposición del interesado a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 42.1 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos y de forma complementaria a la anterior, en la desde electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.»
Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto, así como para la modificación de sus anexos.
Este Real Decreto constituye legislación básica de ordenación del sector pesquero sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas, dictada al amparo del artículo 149.1.19.ª de la Constitución, salvo los artículos 1.1.b), 3 y del 18 al 28, y disposición adicional primera, que se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de pesca marítima en aguas exteriores por el mismo artículo.
El presente real decreto entrará en vigor el 31 de marzo de 2023.
Dado en Madrid, el 27 de diciembre de 2022.
1. Expedientes para la incorporación de una nueva unidad en el Registro General de la Flota Pesquera:
a) Deberá aportarse un buque como baja principal del mismo censo por modalidad que la nueva unidad. No obstante dicha baja principal también podrá ser de un censo equivalente, de acuerdo a la siguiente tabla:
b) Cuando la capacidad de la nueva unidad es mayor que la que se aporta con la baja principal, será necesario incorporar al expediente bajas adicionales.
En la siguiente tabla se indica el porcentaje de capacidad aportada a través de la baja principal y las adicionales que debe pertenecer al mismo censo por modalidad o, en los casos en que figure expresamente, de censos equivalentes. No obstante, hasta un 10% de la capacidad que debe aportarse del mismo censo por modalidad o de censos equivalentes, podrá proceder también, cuando así se recoja expresamente, de censos con importante exceso de capacidad.
En los casos en que el porcentaje exigido en la tabla sea inferior al 100 %, la diferencia hasta dicho porcentaje podrá proceder de cualquier censo por modalidad.
2. Expedientes de obras y cambios o modificaciones técnicas de motor:
a) En la siguiente tabla se recoge el porcentaje de capacidad que se debe aportar del mismo censo por modalidad o de cens