Categoría: Judicial

la Cámara.
2. La especial trascendencia constitucional del recurso.
Por providencia de 30 de octubre de 2018, el Tribunal apreció que el presente recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional por dos motivos: (i) porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2.g)] y porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2.a)]. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal (entre otras muchas las SSTC 10/2018, de 5 de febrero, FJ 2; 46/2018, de 26 de abril, FJ 3, y 65/2022, de 31 de mayo, FJ 2) los recursos de amparo regulados en el artículo 42 LOTC «tienen una particularidad respecto del resto de los recursos de amparo, en cuanto al marco de garantías del que disponen los eventuales recurrentes para invocar sus derechos fundamentales, cual es la ausencia de una vía jurisdiccional previa al amparo constitucional en la que postular la reparación de los derechos vulnerados […] lo que sitúa a los amparos parlamentarios en una posición especial a la hora de determinar su dimensión objetiva y valorar la especial trascendencia constitucional por parte de este tribunal (STC 155/2009, FJ 2), dada la repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa y que excede del ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra (STC 200/2014, de 15 de diciembre, FJ 2, entre otras)». En el mismo sentido, SSTC 42/2019, de 27 de marzo, FJ 2; 110/2019, de 2 de octubre, FJ 1, y 97/2020, de 21 de julio, FJ 2.B).a), entre otras resoluciones.
3. Sobre la aducida vulneración del derecho de los recurrentes al ejercicio del cargo de diputado.
A) Los acuerdos impugnados pueden incidir en el derecho al ius in officium de los recurrentes.
Como han establecido las SSTC 361/2006, de 18 de diciembre, FJ 3, y 65/2022, de 31 de mayo, FJ 3, el derecho de voto de los parlamentarios es uno de los que se integran en suius in officium. El ejercicio de este derecho, afirma la citada STC 65/2022, FJ 3, «no solo afecta a su titular, sino que, al ser el modo por el que se expresa la voluntad de la Cámara, si este derecho no se ejerce debidamente puede incidir en el derecho de voto de los demás parlamentarios. En tales supuestos, los votos emitidos conforme a Derecho tendrían un menor peso en la formación de la voluntad del órgano colegiado, esto es, “valdrían” menos. Por este motivo, el indebido ejercicio del derecho de voto por parte de un parlamentario puede afectar alius in officiumdel resto de los miembros de la Cámara».
B) Resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018.
La demanda sostiene que la tramitación que condujo a la aprobación de la resolución del Pleno de 2 de octubre de 2018, por el procedimiento previsto en el artículo 25 RPC, así como el apartado primero de la misma, ignoran los artículos 9.1 y 118 CE y, en los términos expuestos en los antecedentes de esta sentencia, afectaron alius in officiumde los recurrentes en amparo.
Este tribunal ha tenido ocasión de analizar dichas cuestiones en la sentencia que resuelve el recurso de amparo núm. 5887-2018, interpuesto por diputados del grupo parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña contra diferentes acuerdos, entre otros, la citada resolución de 2 de octubre de 2018.
a) En dicho recurso de amparo se había planteado, como ahora, si por la propia tramitación parlamentaria que precedió a la aprobación de la resolución del Pleno de 2 de octubre de 2018, al acudir la mesa al cauce previsto en el artículo 25.1 RPC se había vulnerado el derecho como representantes de los recurrentes en amparo. La sentencia que resuelve el recurso de amparo núm. 5887-2018, desestima dicha queja conforme a la argumentación que se expone en su fundamento jurídico 3 y a la que aquí nos remitimosin totum. Dicha argumentación ha de llevarnos, asimismo, a la desestimación de la aducida vulneración del artículo 23.2 CE por la tramitación que condujo a la aprobación de la resolución de 2 de octubre de 2018 por el procedimiento previsto en el artículo 25 RPC.
b) Por otra parte, la referida sentencia en su fundamento jurídico 4 A), al que también nos remitimos ahora en su integridad, entiende que el apartado primero de la resolución de 2 de octubre ha vulnerado el artículo 23 CE. La argumentación de la misma en el indicado fundamento, determina que declaremos la vulneración de los derechos de los ahora recurrentes en amparo por el apartado primero de la resolución de 2 de octubre de 2018, sin que sea necesario declarar su nulidad por haber sido ya anulado por la sentencia que resuelve el recurso de amparo núm. 5887-2018.
C) Los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 y 8 de octubre de 2018.
a) El día 4 de octubre de 2018, la mesa de la Cámara adoptó el acuerdo de que los escritos de los diputados del grupo parlamentario Junts per Catalunya, en los que mantienen la delegación de voto comunicada a la mesa de la Cámara el anterior 4 de junio, «tienen los efectos jurídicos que derivan de la resolución del Parlamento de Cataluña sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarlos de diversos diputados». El posterior acuerdo de la mesa de 8 de octubre rechazó la solicitud de reconsideración frente al primero de los acuerdos.
Los recurrentes, tras afirmar que dichos acuerdos contravienen los artículos 9.1 y 118 CE, consideran que los escritos presentados por cuatro diputados del grupo parlamentario Junts per Catalunya pretenden extender la delegación de voto efectuada en su día por estos mismos diputados, delegación de voto que no es posible conforme al artículo 384 bis LECrim.
Como se ha dado cuenta en los antecedentes de esta sentencia, tras haberse presentado el día 8 de octubre el recurso de amparo, la mesa de la Cámara, con fecha de 9 de octubre adoptó el acuerdo de dejar sin efecto su acuerdo de fecha 4 de octubre de 2018, por el que se atribuía efectos jurídicos, derivados de la resolución del Parlamento de Cataluña sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de varios diputados, de 2 de octubre, a los escritos del grupo parlamentario de Junts per Catalunya (NR 17981) y de los diputados don Carles Martínez i Casamajó (NR P-E 505), don Jordi Muñoz i Negre (NR 18044), don Josep Gómez i Andreu (NR 18045) y don Jordi Sànchez i Picanyol (NR 18046).
El Ministerio Fiscal advierte, al respecto, que, dada la inmediatez con que se produjo tal pérdida de eficacia, no habría llegado a aplicarse en ningún proceso de formación de la voluntad parlamentaria ni en sesiones del Pleno ni de las comisiones, por lo que no se habría lesionado de manera efectiva el derecho fundamental del ejercicio del cargo parlamentario de los recurrentes. Y, en caso de que no se considere que el recurso de amparo ha perdido objeto en cuanto a dichos acuerdos, interesa la estimación del recurso de amparo. El letrado del Parlamento de Cataluña, por su parte, señala que los escritos de delegación de los diputados del grupo parlamentario de Junts per Catalunya no desplegaron ningún efecto, puesto que el primer pleno que se celebró tras su presentación fue ya después de haberse adoptado el último acuerdo de la mesa del día 9 de octubre, que privaba de eficacia a su aceptación en el acuerdo de ese mismo órgano parlamentario del 4 de octubre, aquí impugnado.
b) En la sentencia que ha resuelto el recurso de amparo núm. 5887-2018, constatamos que el magistrado instructor de la causa especial 20907-2017 había comunicado a la Cámara la suspensión,exart. 384 bis LECrim, de los derechos de los diputados precisamente mencionados en su auto de 9 de julio de 2018, FJ 4. Esta circunstancia resulta también aquí determinante para la resolución de la presente queja pues, como ya se apreció en dicha sentencia, la comunicación al Parlamento de Cataluña ha tenido lugar antes de la adopción de todos esos acuerdos. Tras referirnos a la doctrina de este tribunal sobre el artículo 384 bis LECrim, a la que nos remitimos [FJ 4.A)], llegamos a la conclusión de que los «diputados concernidos por la suspensión acordada por el auto de 9 de julio de 2018 y en virtud de los efectosex legede la medida del art. 384 bis LECrim, carecían del ejercicio del derecho al voto» [FJ 4.B)] y que «no se puede delegar un derecho de cuyo ejercicio está desposeído su titular» [FJ 4.A).b)].
En consecuencia, la mesa de la Cámara no podía aceptar las delegaciones de voto de los diputados del Parlamento de Cataluña a los que se refieren los acuerdos de 4 y 8 de octubre de 2018 que, por aplicación del artículo 384 bis LECrim estaban automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento del Parlamento de Cataluña y, entre estos derechos, del derecho al voto.
Sin embargo, hemos de convenir con el Ministerio Fiscal y con el letrado del Parlamento de Cataluña en que dichos acuerdos no llegaron a desplegar sus efectos, ya que la mesa de la Cámara, con fecha de 9 de octubre, adoptó el acuerdo de dejar sin efecto su acuerdo de fecha 4 de octubre de 2018, antes de que se celebrara ninguna reunión de los órganos de la Cámara en la que se hubiera podido ejercer el voto que se había delegado. En este sentido, los recurrentes en amparo habían solicitado la suspensión de los efectos del acuerdo objeto del presente recurso de amparo, en atención a que la siguiente votación se iba a producir en la sesión plenaria convocada para el día 9 de octubre de 2018, a las 15:00 horas.
En la medida en que el acuerdo de 9 de octubre de 2018 dejó sin efecto el acuerdo de 4 de octubre, confirmado por el del día 8 de octubre, y que los recurrentes no habían alegado que la lesión efectiva de sus derechos se hubiera producido en un momento anterior a dicho acuerdo de la mesa de 9 de octubre, llegamos a la conclusión de que el acuerdo impugnado no había llegado a desplegar sus efectos. En consecuencia, debe apreciarse en este punto la pérdida de objeto del recurso de amparo (por todas, STC 52/2019, de 11 de abril, FFJJ 2 y 3), al haber quedado sin efecto las resoluciones impugnadas de 4 y 8 de octubre de 2018, antes de que llegaran a ocasionar una lesión real, efectiva y concreta en el derecho de participación política de los diputados recurrentes.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por los diputados y diputadas del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña y, en su virtud:
1.º Estimar el recurso de amparo respecto del apartado primero de la resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018 y, en consecuencia, declarar que se ha vulnerado el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad y con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE).
2.º Declarar la desaparición sobrevenida del objeto del recurso de amparo respecto de los acuerdos del Parlamento de Cataluña de 4 y 8 de octubre de 2018.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintidós.–Pedro José Sáez Núñez.–Juan Antonio Xiol Medina Vicente-Vares García.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Morales Román.–Cándido Fuentes Tourón.–María Luisa Carmona Rojas.–Ramón Sáez Delgado Crespo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Inmaculada Flores Huertas.–Firmado y rubricado.