Categoría: Judicial

del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. En aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se acordó dirigir comunicación a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a fin de que, en el plazo máximo de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento núm. 278-2019, debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a los demandantes, para que pudieran comparecer en el recurso de amparo.
5. Mediante escrito registrado el 30 de diciembre de 2021, el letrado de las Cortes Generales y de la Junta Electoral Central, don Manuel Ferrer-Irribarren García-Campero, de conformidad con la resolución de su presidencia de 29 de diciembre de 2021, compareció en representación de la Junta Electoral Central solicitando que se le tuviera por personado y parte en el presente recurso de amparo.
6. El 3 de enero de 2022, mediante diligencia de ordenación, la secretaria de justicia de la Sala Primera acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la Junta Electoral Central y dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común de veinte días presentasen las alegaciones que estimen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
7. El escrito de alegaciones presentado en representación de la Junta Electoral Central fue registrado el 2 de febrero de 2022. La solicitud de desestimación del recurso de amparo se asienta en los siguientes razonamientos:
a) Con carácter inicial se hacen tres consideraciones previas: (i) según la primera, es relevante tomar en consideración que, cuando la JEC hubo de pronunciarse sobre las pretensiones que ahora conforman el objeto del amparo, los demandantes «tenían la condición de personas huidas de la justicia española por haber sido dictada contra ellos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo una orden europea de detención y entrega a las autoridades judiciales españolas». Considera que es esta situación procesal singular la que explica sus pretensiones y su decisión de no acudir personalmente a prestar el acatamiento previo a la Constitución que exige el art. 224.2 LOREG; incomparecencia esta que, según alega, justifica las decisiones adoptadas por la JEC que fueron cuestionadas en la jurisdicción ordinaria y ahora en el recurso de amparo; (ii) añade, en segundo lugar, que por decisión unilateral del Parlamento Europeo adoptada en la sesión plenaria de 13 de enero de 2020, los recurrentes tomaron posesión y ejercen desde esa fecha su cargo de diputados al Parlamento Europeo; y, por último, (iii) recuerda que los tratados internacionales, incluidos los comunitarios, constituyen un criterio hermenéutico particularmente valioso en materia de derechos fundamentales, en los términos reconocidos en el artículo 10.2 de la Constitución, pero no crean derechos fundamentales a efectos del recurso de amparo constitucional, ni constituyen el canon de constitucionalidad con el que el máximo intérprete de la Constitución debe enjuiciar las alegadas vulneraciones de derechos reconocidos por la Constitución española.
b) En relación con la aducida vulneración de los arts. 14 y 23 CE, en cuanto se exigió a todos los candidatos electos el previo acatamiento de la Constitución ante la Junta Electoral Central para incluirles en la relación de diputados electos que habría de ser comunicada al Parlamento Europeo una vez realizado el escrutinio general y la asignación de escaños a las candidaturas, el letrado considera plenamente conformes con la Ley Orgánica del régimen electoral general y la Constitución Española las decisiones adoptadas por la JEC impugnadas, como también resultan conformes con el Derecho de la Unión Europea.
Destaca de partida que el requisito de prestación de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución ha sido reiteradamente declarado conforme con nuestro ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional, con cita de numerosa jurisprudencia. En ella se pone de relieve que el acatamiento constitucional no implica la adhesión ideológica a los principios y valores de la Constitución, sino el respeto a los procedimientos en ella previstos, sin incidir en la libertad ideológica. A continuación, desmiente que se trate de un requisito específico para las elecciones europeas, como erróneamente entienden los recurrentes a partir de la dicción del art. 108.8 LOREG. Se trata de «una exigencia que nuestro legislador ha considerado imprescindible para acceder a cargos públicos representativos», con la particularidad de que, en la medida en que no resulta posible ante el Parlamento Europeo, el art. 224.2 LOREG establece que el acatamiento se haga ante la Junta Electoral Central. Destaca que así se lleva realizando el proceso de acatamiento constitucional de forma presencial ante la Junta desde las primeras elecciones al Parlamento Europeo en que participó España, sin que los recurrentes plantearan una causa justificada para modificar el procedimiento ordinario seguido con todos los candidatos.
A juicio del letrado, tampoco el requisito de acatamiento constitucional resulta contrario al Derecho de la Unión Europea, en concreto, a algún precepto del Acta electoral de 1976 o a alguna resolución judicial del Tribunal de Justicia o del Tribunal General. Recuerda que, conforme al art. 8 del Acta Electoral de 1976 aplicable en materia de elecciones al Parlamento Europeo, la regulación del procedimiento electoral corresponde a los estados miembros y el Derecho de la Unión solo resulta aplicable respecto a las disposiciones especiales que los tratados han previsto, ninguna de las cuales impide establecer el requisito previo de acatamiento de la Constitución. Asimismo descarta que la posición jurídica de los recurrentes venga inequívocamente apoyada por los pronunciamientos de la STJUE de 19 de diciembre de 2019, dictada en el caso del señor Junqueras i Vies, ya que cabe interpretar que su contenido es compatible con la exigencia establecida en el art. 224.2 LOREG, pues aquella no constituye un acto aclarado, dado que no se pronunció sobre la pretensión que ha sido ejercitada en la vía judicial previa y constituye el objeto del proceso de amparo.
c) No aprecia que haya habido diferencia de trato en relación con el otorgado a la candidata señora Durá Ferrandis, que sustituyó a un diputado electo por renuncia inicial de este, ya que, en ese caso, aunque se comunicó al Parlamento el nombre de la sustituta para que fuera conocido el cambio, la comunicación quedaba supeditada al cumplimiento del requisito previo de acatamiento a la Constitución, que fue presencialmente prestado poco después.
d) Por último, no comparte con los demandantes que las resoluciones judiciales impugnadas no sean fundadas en Derecho o sean vulneradoras del resto de derechos sustantivos alegados, pues las mismas no han desconocido su contenido al resolver la impugnación judicial, por lo que la queja no expresa sino su discrepancia con el contenido de estas.
8. Por escrito registrado el 25 de febrero de 2022, el fiscal ante el Tribunal Constitucionalidad interesó la desestimación del recurso de amparo tras acotar su objeto y descartar las vulneraciones denunciadas.
a) Sostiene el fiscal, tras diversas consideraciones sobre el objeto, orden de tratamiento de las vulneraciones y el marco normativo, que «sin perjuicio de acudir a la normativa europea y a los textos supranacionales e internacionales cuando resulte necesario para integrar el correspondiente canon de constitucionalidad o el contenido esencial del derecho fundamental de que se trate, el objeto de debate en el presente recurso de amparo queda reducido a comprobar si los acuerdos de la Junta Electoral Central de 20 de junio de 2019 […] comportaron por su propio contenido la vulneración del derecho a la representación política que reconoce y tutela el art. 23 CE., relacionada con la vulneración de la libertad de expresión en sede parlamentaria y la libertad ideológica; la del derecho a la igualdad y la interdicción de discriminación tal y como lo proclama y protege el art. 14 de la propia Constitución española, y, en fin, la supuesta afectación de los derechos fundamentales a la libertad (art. 17 CE) y la libertad de circulación (art. 19 CE) de los actores.
Eventualmente descartada la acreditación de la lesión de esos derechos sustantivos, procederá abordar la posible conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías consagrado en el artículo 24 CE, que por diversos motivos imputan los autores, como vulneraciones autónomas, a las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo».
b) Conforme a tal esquema, descarta en primer lugar la vulneración del derecho a la representación política (art. 23 CE) y de los derechos conexos que se invocan, ya que se trata de un derecho de configuración legal y ni la normativa nacional ni la normativa europea relativa al procedimiento de acceso al cargo de parlamentario europeo que integran su contenido esencial se oponen a la exigencia del requisito de acatamiento presencial de la Constitución. En tal sentido no existe, según su criterio, un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, pues la STJUE de 19 de diciembre de 2019 no se ocupa del acceso al ejercicio pleno de la condición de diputado, sino de la inmunidad de los diputados electos. Tampoco, sostiene el fiscal, otra norma o regla del DUE acredita la incompatibilidad con tal Derecho del art. 224.2 LOREG. Efectúa a tal efecto un repaso detenido por los diversos argumentos esgrimidos por los recurrentes para concluir que no hay «ninguna disposición que, por su contenido literal o por su contexto sistemático o teleológico se oponga, de modo más o menos explícito o implícito, a la exigencia de acatamiento constitucional». Considera el fiscal que podrá discutirse su sentido político, institucional o jurídico del requisito, pero en absoluto es evidente que su imposición implique una lesión de derechos fundamentales, máxime cuando la norma interna no hace obstáculo en sí misma a la eficacia del Derecho de la Unión y los propios recurrentes no se mostraron reticentes al acatamiento, que pretendieron ante notario. Concluye sus alegaciones en este punto afirmando que «la infracción del Derecho europeo que los demandantes denuncian no es más que la consecuencia de su propia negativa a cumplir un trámite –como lo ha denominado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea– impuesto por una norma de Derecho interno [que, como subraya el Tribunal Supremo, nunca había sido cuestionada, y que, como es público y notorio, la propia Presidencia del Parlamento Europeo había aceptado y aplicado antes] única y exclusivamente porque su cumplimiento podía comprometer su estatus de prófugos de la justicia penal española».
c) Rechaza asimismo la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 y 2 CE) imputada a la sentencia y el auto del Tribunal Supremo impugnados junto a la no reparación de las lesiones originadas por los acuerdos de la Junta Electoral Central.
(i) Afirma que no ha sido debidamente agotada la vía judicial previa para cuestionar la imparcialidad de los magistrados de la Sala, dado que los recurrentes no han acudido al procedimiento exigible de recusación dando así oportunidad de reparar la supuesta vulneración de su derecho.
(ii) Considera que la negativa fundada a plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de reenvío prejudicial sobre la materia tampoco vulnera los derechos fundamentales alegados, pues vino apoyada en una exégesis racional de la legalidad ordinaria aplicada puesta en relación con las normas europeas alegadas, tal y como ha exigido este tribunal en la STC 37/2019. El fiscal comparte plenamente los argumentos expuestos por la Sala Tercera del Tribunal Supremo para rechazar la necesidad de plantear el reenvío prejudicial solicitado. En concreto, que (i) no existen motivos reales para albergar una duda fundada sobre la compatibilidad del artículo 224.2 LOREG y el Derecho Europeo (en particular, el artículo 8 del Acta europea); y (ii) el planteamiento de la cuestión prejudicial no era necesario, en la medida en que no podría producir ningún efecto útil sobre el resultado del proceso, cualquiera que fuera la respuesta recibida, siendo decisiva la incorporaciónde factode los demandantes al pleno ejercicio de la función parlamentaria ante la cámara europea. Añade que, según la doctrina constitucional, el no planteamiento de una cuestión prejudicial no afecta a la garantía del juez predeterminado por la ley.
(iii) Por último, descarta el fiscal que la motivación ofrecida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo al desestimar la alegada vulneración de derechos fundamentales que se imputa a la JEC resulte lesiva del art. 24.1 CE, pues es doctrina reiterada que «las discrepancias que las partes mantengan con los razonamientos empleados para resolver el litigio no integran el contenido del art. 24.1 CE».
9. Por providencia de 21 de marzo de 2022, la Sala Primera acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 n) LOTC, proponer al Pleno la avocación del presente recurso de amparo. La avocación propuesta fue aceptada por el Pleno, que recabó para sí el conocimiento del recurso mediante providencia de 7 de abril de 2022.
10. Mediante escrito registrado el 15 de noviembre de 2022, la representación procesal de los recurrentes aportó «la carta remitida por la presidenta del Parlamento Europeo a la Junta Electoral Central» el 22 de septiembre de 2022 y la respuesta ofrecida por la JEC el 3 de noviembre de 2022, todo ello en orden a reiterar la pertinencia del planteamiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las cuestiones prejudiciales propuestas en la demanda de amparo. De ellas se destacan las atinentes a la comunicación sin dilación al Parlamento Europeo de los resultados oficialmente proclamados de las elecciones y la posibilidad de no realizar tal comunicación respecto a la totalidad de electos, declarando vacantes determinados escaños. Conforme expresa el escrito, su no planteamiento por el Tribunal Constitucional pese al tiempo transcurrido desde la interposición del recurso de amparo supondría una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
11. Los recurrentes, mediante escrito registrado el 28 de noviembre de 2022, manifestaron su discrepancia con el fallo desestimatorio de la sentencia de este tribunal resolutoria del recurso de amparo núm. 5513-2020 (STC 144/2022, de 15 de noviembre), advirtiendo de que un pronunciamiento análogo en el presente recurso de amparo vulneraría, además de los derechos fundamentales alegados en la demanda, sus derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso contradictorio. Destacan que el Tribunal General de la Unión Europea no ha apreciado la pérdida de objeto en el asunto T-388/19 «como consecuencia del reconocimiento del derecho de los recurrentes a ejercer el cargo representativo para el que resultaron electos en las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019 que tuvo lugar el 13 de enero de 2020 sobre la base del artículo 3.2 del Reglamento del Parlamento Europeo». Y cifran la perturbación en el ejercicio de su cargo representativo en que dicho reconocimiento no tiene como base el art. 12 del Acta Electoral de 1976 y el art. 3.3 del Reglamento del Parlamento Europeo.
12. Por providencia de 29 de noviembre de 2022, se señaló ese mismo día para deliberación y votación de la presente sentencia.
1. Determinación del objeto de la pretensión de amparo.
El recurso de amparo se dirige contra los acuerdos de 20 de junio de 2019 de la Junta Electoral Central, el primero de los cuales rechazó la validez de la promesa no presencial de acatamiento de la Constitución exigida por el art. 224.2 LOREG solicitada por los recurrentes, declarando el segundo vacantes sus escaños en el Parlamento Europeo dada la falta del debido acatamiento por su parte, así como suspendidas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo en tanto no se produzca dicho acatamiento, lo que se acuerda comunicar al Parlamento Europeo.
Como con más detalle ha quedado expuesto en los antecedentes, el objeto principal del presente recurso de amparo consiste en determinar si las decisiones de la Junta Electoral, ratificadas judicialmente, constituyen una limitación ilegítima de su derecho a acceder y ejercer conforme a la ley, en condiciones de igualdad, el cargo público representativo a cuya elección concurrieron (art. 23.2 CE), y del correlativo derecho de los ciudadanos a participar en las funciones públicas a través de sus representantes (art. 23.1 CE). La finalidad declarada de la impugnación de los acuerdos de la Junta Electoral Central no era sino acceder plenamente al ejercicio del cargo electivo de europarlamentarios a pesar de no haber dado cumplimiento presencial al citado requisito, recogido en la Ley Orgánica del régimen electoral general como condición previa para hacer posible tal asunción.
A esta pretensión nuclear son funcionales el resto de los motivos de amparo que justifican la demanda de forma derivada, complementaria o subsidiaria. Con ellos se denuncia también que, como consecuencia de no haber accedido al cargo electivo obtenido –con las prerrogativas parlamentarias que conlleva, singularmente la inmunidad de desplazamiento y de jurisdicción–, se habrían vulnerado sus derechos a la libertad personal y de circulación, reconocidos en los arts. 17 y 19 CE. Por último, se reclama de este tribunal la declaración de que, al revisar la actuación de la Junta Electoral Central, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha vulnerado sus derechos a un tribunal imparcial, a la tutela judicial efectiva mediante una resolución fundada en Derecho, así como a un proceso con todas las garantías y al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24 CE). Las dos últimas vulneraciones aducidas se vinculan a la decisión judicial de no aceptar la solicitud de que fuera planteada una petición de reenvío prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el fondo de su impugnación.
El representante de la Junta Electoral Central aduce, tras destacar que el 13 de enero de 2020 ambos recurrentes fueron reconocidos por el Parlamento Europeo como miembros de la cámara representativa, manteniendo desde entonces esa condición, lo que les ha permitido el ejercicio pleno de todas las prerrogativas del cargo, que no ha sido vulnerado el derecho de los recurrentes a acceder en condiciones de igualdad y conforme a la ley al cargo representativo para el que fueron elegidos, dado que a todos los candidatos electos se les exigió por igual el previo acatamiento presencial de la Constitución. Considera que la Ley Orgánica del régimen electoral general es la ley aplicable, dado que, para el procedimiento electoral, las normas europeas alegadas remiten a las leyes nacionales de cada Estado miembro de la Unión Europea. Añade, finalmente, que las resoluciones judiciales que ratificaron los acuerdos de la Junta Electoral son plenamente fundadas en Derecho, tanto al denegar el planteamiento de cuestión prejudicial como al desestimar la impugnación judicial presentada.
Por último, el Ministerio Fiscal plantea un óbice procesal y solicita la desestimación del recurso de amparo. Considera que no ha sido debidamente agotada la vía judicial previa para cuestionar la imparcialidad de los magistrados de la Sala, dado que los recurrentes no han acudido al procedimiento exigible de recusación dando así oportunidad de reparar la supuesta vulneración de su derecho alegado. Y, en lo demás, propugna la desestimación del amparo pretendido al considerar que no se han producido las vulneraciones de derechos fundamentales aducidas. Singularmente, en cuanto a la pretensión principal, considera que ni la actuación de la Junta Electoral que ha sido impugnada, ni las resoluciones judiciales que la han ratificado, han vulnerado el derecho de los recurrentes a acceder en condiciones de igualdad al cargo representativo para el que fueron elegidos, dado que se trata de un derecho de configuración legal, que se integra con las leyes que lo desarrollan, que no son en este caso las normas del Derecho de la Unión Europea que se citan en la demanda, por cuanto no existe norma específica ni pronunciamiento alguno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. En tal medida, aprecia que no era relevante plantear cuestión prejudicial, al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas con una resolución fundada en Derecho que, razonadamente descartó tal solicitud.
2. Aplicación de la doctrina sentada en la STC 144/2022, de 15 de noviembre.
Como se puso de manifiesto al inicio de los antecedentes de esta resolución, el recurso de amparo objeto del proceso constitucional es idéntico en los motivos de impugnación y en su desarrollo argumentativo al entablado frente al previo acuerdo de la Junta Electoral Central de 13 de junio de 2019, que denegó la remisión del acta de proclamación de electos al Parlamento Europeo, la expedición a los diputados electos de la credencial de su proclamación y la expedición de copia certificada de las actas solicitadas por los recurrentes, y la comunicación al Parlamento Europeo de 17 de junio de 2019 de los diputados elegidos que a tal fecha habían cumplido el requisito de acatamiento de la Constitución contemplado en el art. 224.2 LOREG, entre los que no se incluían los recurrentes, así como las resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento núm. 271-2019. El señalado recurso (recurso de amparo núm. 5513-2020) fue resuelto por la STC 144/2022, de 15 de noviembre.
Con el mismo tenor –como subrayan los demandantes– se formula el presente recurso de amparo contra dos acuerdos ulteriores de la Junta Electoral Central de 20 de junio de 2019, que rechazan la posibilidad de cumplimiento no presencial del requisito de acatamiento de la Constitución y, en tanto no se ha efectuado por los recurrentes, declaran vacantes sus escaños y suspendidas sus prerrogativas hasta que se produzca tal acatamiento, comunicándolo al Parlamento Europeo, así como las resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento núm. 278-2019. La coincidencia de los motivos de amparo y su desarrollo argumental, bien es cierto que proyectados a resoluciones diversas e incluso dictadas en procedimientos judiciales distintos, pero atinentes en todo caso al acceso pleno al ejercicio del cargo electivo de parlamentario europeo que pretende la parte actora, conduce a este tribunal a resolver el presente proceso constitucional conforme a los términos fijados en la STC 144/2022, a los que nos remitimos y que, sintéticamente expuestos, son los siguientes:
a) Como entonces, la queja relativa a la falta de imparcialidad de varios magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, adolece de falta de invocación tempestiva en tanto que, siendo posible, no se solicitó en momento alguno en la vía judicial previa la recusación de dichos magistrados a pesar de existir oportunidad para ello, como se sigue de las resoluciones judiciales recurridas, conforme a lo expuesto en el antecedente 2 j), y alega el Ministerio Fiscal. La falta de interposición del incidente de recusación una vez conocida la causa en la que se asienta la queja de falta de imparcialidad en la demanda, esto es, la integración de la sala decisora por magistrados que habían resuelto previamente sobre la pretensión cautelar formulada en el mismo procedimiento contencioso, supone el incumplimiento de un requisito de admisibilidad [art. 44.1 c) LOTC], que impide al Tribunal entrar a valorar si existió en la instancia la vulneración denunciada (STC 144/2022, FJ 2, con apoyo en la STC 26/2022, de 24 de febrero, FJ único).
b) Del mismo modo que en la STC 144/2022 y en los previos ATC 69/2020, de 14 de julio, y STC 26/2022, y como ya hiciera la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el Tribunal General de la Unión Europea, debemos tomar en consideración la circunstancia de que en la sesión plenaria de 13 de enero de 2020, a raíz de la STJUE de 19 de diciembre de 2019 (asuntoJunqueras Vies, C-502/19), se hizo efectivo el reconocimiento de los recurrentes por el Parlamento Europeo como diputados con efecto retroactivo a partir del 2 de julio de 2019, fecha en la que se celebró su primera sesión tras las elecciones de 26 de mayo de 2019. En consecuencia, desde aquella fecha, ambos fueron autorizados a asumir sus funciones, a ejercer su mandato representativo y a ocupar su escaño, ejerciendo plenamente desde entonces los derechos correspondientes al estatuto de diputado europeo.
La relevancia de esta circunstancia entronca con la pretensión de los demandantes en todas las instancias y procedimientos de acceder sin restricciones ni dilación al ejercicio del cargo de diputado europeo tras la proclamación por la Junta Electoral Central de los diputados electos el 13 de junio de 2019. También la pretensión principal de este recurso de amparo radica en el acceso a la condición de diputado europeo con reconocimiento y posibilidad de pleno ejercicio de la función parlamentaria. Esa pretensión ha obtenido satisfacción extraprocesal por la decisión del Parlamento Europeo de 13 de enero de 2020, previa tanto a la inicial demanda conjunta interpuesta el 16 de noviembre de 2020 como al planteamiento del segundo recurso de amparo ahora examinado el 2 de marzo de 2021.
Como recordamos en la STC 144/2022, FJ 3, «la satisfacción extraprocesal de las pretensiones formuladas en amparo y la desaparición sobrevenida del objeto del proceso, aun cuando no contempladas expresamente en el artículo 86.1 LOTC (pero sí en el art. 22 de la Ley de enjuiciamiento civil), han sido admitidas por este tribunal como una de las formas de terminación de los distintos procesos constitucionales [entre otras, SSTC 42/1982 151/1990, de 4 de octubre, FJ 4; 139/1992, de 13 de octubre, FJ 2; 57/1993, de 15 de febrero, FJ único; 69/1997, de 8 de abril, FJ 4; 257/2000, de 30 de octubre, FJ 1; 10/2001, de 29 de enero, FJ 2; 73/2018, de 5 de julio, FJ 2; 52/2021, de 15 de marzo, FJ 2 b); y 120/2021, de 31 de mayo, FJ 2]. Así lo hemos apreciado en numerosos procesos como el presente pues, el recurso de amparo es un remedio jurisdiccional idóneo únicamente para la reparación de lesiones singulares y efectivas de los derechos fundamentales, sin que puedan hacerse valer por medio de dicha vía otras pretensiones que las dirigidas al restablecimiento o la preservación de aquellos derechos (art. 41.3 LOTC). En tal medida, con carácter general, hemos rechazado las pretensiones puramente declarativas desvinculadas de una lesión actual, real y efectiva del derecho invocado (STC 131/1998, de 16 de junio, FJ 2). Por ello, cuando la pretensión ejercitada dirigida al restablecimiento o la preservación de aquellos derechos se ha visto satisfecha fuera del propio proceso de amparo y la lesión constitucional denunciada no pervive, debe concluirse que este carece desde ese momento de objeto sobre el que deba pronunciarse este tribunal (SSTC 73/2018, FJ 2; 52/2019, de 11 de abril, FJ 3; y 161/2020, de 16 de noviembre, FJ único)».
El pleno reconocimiento de los recurrentes como diputados del Parlamento Europeo el 13 de enero de 2020, pero con efectos retroactivos a la fecha de la primera sesión de la legislatura de 2 de julio de 2019, supone una reparaciónde factode los derechos fundamentales que de forma nuclear constituye el contenido de la pretensión de amparo, lo que permite apreciar la extinción del objeto de la pretensión de amparo formulada por no subsistir al tiempo de la formulación de la demanda los efectos de las decisiones de la Junta Electoral Central cuestionadas.
La desestimación por esta razón, no por razones de fondo, hace innecesario el análisis de la pretensión de reenvío judicial planteada, que deviene irrelevante para justificar este pronunciamiento.
Asimismo, resulta innecesario el análisis del resto de pretensiones de amparo planteadas de forma derivada o subsidiaria que están relacionadas y cuestionan la revisión judicial de las decisiones de la Junta Electoral Central, pues todas ellas reiteran o tienen que ver de forma decisiva con la primera pretensión, cuya desestimación hemos acordado. No cabe olvidar que, en este caso, como también constató la STC 144/2022 respecto a las resoluciones judiciales entonces impugnadas, la actuación jurisdiccional reclamada lo era únicamente en su doble condición de revisora de la actuación de la Junta Electoral Central y garante de los derechos fundamentales afectados por sus decisiones, por lo que la satisfacción extraprocesal de la pretensión principal se extiende a sus derivadas.
A lo expuesto no obstan las manifestaciones que, transcurrido el plazo para formular alegaciones, efectúan los recurrentes en su escrito de 28 de noviembre de 2022, es decir el día anterior al inicio del Pleno del Tribunal en el que figuraba en el orden del día de la deliberación del presente recurso. En ellas coinciden con la apreciación de este tribunal de que el 13 de enero de 2020 vieron reconocido por el Parlamento Europeo su derecho a ejercer el cargo representativo para el que resultaron electos en las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019. Opone el escrito que tal reconocimiento se asienta en el art. 3.2 del Reglamento del Parlamento Europeo y no en el art. 12 del Acta Electoral de 1976 y el art. 3.3 del Reglamento del Parlamento Europeo. Sin perjuicio de la existencia de tal diferencia y del papel que pueda tener, en su caso, en el asunto T-388/19 pendiente de resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre lo que evidentemente este tribunal no puede pronunciarse por no corresponder al objeto del proceso constitucional, lo manifestado no cuestiona la fundamentación de la decisión desestimatoria: la circunstancia de que un poder público ha satisfecho con carácter previo al planteamiento del recurso de amparo la pretensión nuclear en él formulada, que no es sino la de acceder a la condición de diputado europeo con reconocimiento y posibilidad de pleno ejercicio de la función parlamentaria.
Procede, por todo ello, la desestimación del recurso interpuesto.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1.º Inadmitir el presente recurso de amparo, interpuesto por don Carles Martín i Casamajó y don Antoni Giménez i Oliveres, en lo que respecta a la alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en la vertiente del derecho a un juez imparcial, por falta de invocación tempestiva [art. 44.1 c) LOTC].
2.º En todo lo demás, desestimar el recurso de amparo como consecuencia de la satisfacción extraprocesal de las pretensiones planteadas, lo que supone su pérdida de objeto.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Juan Antonio Gómez Castillos.–Santiago Martínez-Vares García.–Antonio González Lozano.–Ricardo Castro Durán.–Cándido Conde-Pumpido Aguilar.–María Vázquez Hidalgo Gómez.–Ramón Marín Hernándeznrique Díaz Gómez.–Concepción Espejel Jorquera.–Inmaculada Montalbán Márquez.–Firmado y rubricado.