Categoría: Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de fecha 8 de febrero de 2023, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 301.5, 311.1 y 311.3 y 313 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha acordado:
1. Convocar un proceso selectivo para la provisión de quince (15) plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en las materias propias de los órganos del orden jurisdiccional social, para el ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de magistrado o magistrada.
2. De las plazas expresadas, la tercera parte se reservará a miembros del cuerpo de letrados y letradas de la Administración de Justicia de primera o segunda categoría, acreciendo a las del resto de juristas en el caso de no ser cubiertas, de conformidad con lo establecido en el artículo 311.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. Se reservará una (1) plaza para ser cubierta por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el capítulo III del título I del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, cuyas previsiones resultarán de aplicación a este proceso selectivo.
La plaza no cubierta por este turno para personas con discapacidad acrecerá a las del turno general.
En el caso de que alguna de las personas aspirantes que toman parte en el proceso por el turno de reserva para personas con discapacidad superase la oposición y no obtuviera plaza en ese turno, si su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del turno general, sería incluida por su orden de puntuación en éste.
Durante el procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado al cupo de personas con discapacidad, llamamientos a los ejercicios y relación de personas aprobadas.
4. A todos los efectos, se considerará una única convocatoria las que, con la misma fecha, sean aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial relativas al mismo turno de ingreso en la Carrera Judicial en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y en los órdenes jurisdiccionales civil, penal y compartido. Por lo anterior, no podrán tomar parte en estas pruebas quiénes se hayan presentado a las pruebas del mismo turno y la misma fecha para el acceso en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y en los órdenes jurisdiccionales civil, penal y compartido.
5. El proceso selectivo se ajustará en su desarrollo a las siguientes normas:
El proceso selectivo para el ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de magistrado o magistrada entre juristas de reconocida competencia, con más de diez años de ejercicio profesional y especialización en las materias propias de los órganos del orden jurisdiccional social, se regirá por las normas contenidas en el presente acuerdo y, en lo no contemplado expresamente, por las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial.
1. Para tomar parte en este proceso, se requiere ser mayor de edad, tener la nacionalidad española, poseer la licenciatura o el grado en Derecho y no haber incurrido en ninguna de las causas de incapacidad que recoge el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. Las personas aspirantes no deberán tener la edad de jubilación en la Carrera Judicial prevista en el artículo 386 de la misma Ley Orgánica, ni alcanzarla durante el tiempo que dure el proceso selectivo hasta la toma de posesión, según dispone el artículo 301.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. Será preciso contar con más de diez años de profesión jurídica y especializada en las materias objeto del orden jurisdiccional social, a tenor de lo dispuesto en los artículos 311.1 y 311.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El tiempo de ejercicio profesional se computará, para quien ejerza la función pública, desde su nombramiento en prácticas o desde la toma de posesión de su primer destino, certificada por el organismo del que dependa el Cuerpo o Escala y, para quien ejerza la abogacía, desde la fecha de la primera alta como ejerciente en cualquier Colegio, certificada por el Consejo General de la Abogacía.
4. Los requisitos anteriores se entienden referidos a la fecha en la que expire el plazo establecido para la presentación de solicitudes.
1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas para el acceso a la Carrera Judicial por el turno de juristas de reconocido prestigio, que se facilitará gratuitamente en Internet, en el punto de acceso general (https://administracion.gob.es/PAG/ips), junto con la liquidación de la tasa de derechos de examen.
2. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». La no presentación de ésta en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona aspirante.
3. La presentación de la solicitud y el pago de la correspondiente tasa se realizará por cualquiera de los medios siguientes:
a) Preferentemente, por vía electrónica: para ello deberán acceder a la solicitud a través del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips), elegir la convocatoria de acceso a la Carrera Judicial por el turno de juristas de reconocido prestigio (orden jurisdiccional social), pulsar la opción «inscribirse» y, a continuación, elegir la opción «realice su inscripción online», siguiendo las instrucciones que se le indiquen. Para optar por esta vía es necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica cl@ve o a través del DNI o certificado electrónico (más información para su obtención en http://www.clave.gob.es/clave_Home/clave.html y en http://www.dnielectronico.es). La presentación por esta vía permitirá:
– La inscripción en línea del modelo oficial.
– El pago electrónico de las tasas.
– El registro electrónico de la solicitud.
– Adjuntar la documentación obligatoria para la fase de baremación de méritos, que deberá realizarse de conformidad con las instrucciones que aparecerán en la página web www.poderjudicial.es. En concreto:
i. En su caso, las certificaciones que acrediten el derecho a la exención del pago de la tasa por derechos de examen.
ii. Certificado al que se refiere el apartado tercero de la base segunda, al objeto de acreditar que cuentan con, al menos, diez años de ejercicio profesional.
iii. Currículum adaptado al baremo recogido en la parte segunda de las normas que rigen la presente convocatoria.
iv. Autovaloración, conforme a dicho baremo, de los méritos alegados.
v. Documentación relativa a los méritos alegados.
Cuando la solicitud se presente en soporte electrónico, el pago de la tasa de derechos de examen se realizará a través de la misma plataforma, «Inscripción en Pruebas Selectivas del Punto de Acceso General» (http://administracion.gob.es/PAG/ips), en los términos previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, siguiendo las instrucciones que el sistema va indicando de forma guiada al completar la solicitud. Una vez completado el trámite, se podrá descargar el justificante de pago y de registro de la solicitud firmado electrónicamente. La constancia de correcto pago de la tasa estará avalada por el Número de Referencia Completo (NRC) emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que figurará en el justificante de registro.
b)  Subsidiariamente, en soporte papel: para ello deberán acceder a la solicitud a través del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips), elegir la convocatoria de acceso a la Carrera Judicial por el turno de juristas de reconocido prestigio (orden jurisdiccional social), pulsar la opción «inscribirse» y, a continuación, la opción «imprima y entregue el documento 790», siguiendo las instrucciones que se le indiquen. Una vez cumplimentados todos los datos del formulario, deberán pulsar en la parte inferior del mismo sobre la opción «generar solicitud» y al imprimirla constará de tres copias: «ejemplar para la Administración», «ejemplar para el interesado» y «ejemplar para la entidad colaboradora».
Para efectuar el pago de la tasa se deberán presentar las tres copias de la solicitud en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación mecánica, o en su defecto, sello, firma autorizada y fecha de la misma en el espacio reservado a estos efectos.
Una vez abonados los derechos de examen, deberán presentar la solicitud junto con el justificante y la documentación que se adjunte en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial (calle Marqués de la Ensenada, núm. 8, 28004 Madrid), directamente o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este supuesto, la documentación se presentará debidamente escaneada, en dos soportes digitales (USB) y siguiendo las instrucciones que aparecerán en la página web www.poderjudicial.es, debiendo aportarse lo siguiente:
i. En su caso, las certificaciones que acrediten el derecho a la exención del pago de la tasa por derechos de examen.
ii. Certificado al que se refiere el apartado tercero de la base segunda, al objeto de acreditar que cuentan con, al menos, diez años de ejercicio profesional.
iii. Currículum adaptado al baremo recogido en la parte segunda de las normas que rigen la presente convocatoria.
iv. Autovaloración, conforme a dicho baremo, de los méritos alegados.
v. Documentación relativa a los méritos alegados.
4. Toda la documentación se presentará siguiendo las instrucciones que aparecerán en la página web www.poderjudicial.es.
La autovaloración también se adaptará al modelo colgado en la página web.
La documentación que se presente en lenguas extranjeras deberá adjuntarse con su traducción oficial.
No se admitirá ninguna documentación que no cumpla con estos requisitos.
Dicha documentación digital quedará en poder del Consejo General del Poder Judicial, que tratará los datos obtenidos de conformidad con el apartado noveno de la presente base, respecto de los cuales la persona interesada podrá ejercer los derechos previstos en la misma.
El plazo máximo para aportar documentación terminará concluido el plazo de presentación de solicitudes a menos que se acredite la imposibilidad de obtenerlo con anterioridad por causa no imputable a la persona aspirante.
Las personas aspirantes que no superen el proceso selectivo dispondrán de un plazo máximo de seis meses a contar desde la conclusión del proceso selectivo, para retirar la documentación aportada, acreditativa de los méritos alegados.
5. Quienes aspiren al turno de reserva para personas con discapacidad, además de lo indicado en los apartados anteriores, deberán presentar también la eventual petición sobre las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo para su participación en el proceso en condiciones de igualdad, consignando las necesidades específicas que se precisan y el ejercicio para el que se requieren, debiendo adjuntar el dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que dan origen al grado de discapacidad reconocido y la necesidad de las adaptaciones y ajustes solicitados. La adaptación de tiempos no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo al Tribunal calificador resolver la procedencia y concreción de la adaptación. Para la adaptación de tiempos adicionales, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio.
6. Las solicitudes suscritas por las personas aspirantes residentes en el extranjero, que hagan uso del medio descrito en el apartado 4.b) de la presente base, podrán cursarse, en el plazo expresado en el punto 2 de esta base, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente a la Sección de Selección de Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Las personas aspirantes adjuntarán a dicha solicitud comprobante bancario de haber satisfecho la tasa por derechos de examen o su derecho a la exención de la misma, de acuerdo con la base cuarta siguiente.
7. El Consejo General del Poder Judicial accederá a los registros del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Formación Profesional al objeto de consultar los datos referidos al documento nacional de identidad, la certificación de antecedentes penales y la certificación de la titulación académica requerida de la persona aspirante salvo oposición expresa de esta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.1 y 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, tras la modificación operada por la disposición final duodécima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
8. Los datos obtenidos serán tratados de conformidad con las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto de los cuales la persona aspirante podrá ejercer los derechos previstos en los mismos.
1. La tasa por derechos de examen asciende a 31,10 euros, según establece la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, actualizada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
2. Procederá la devolución de la tasa por derechos de examen cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables a la persona aspirante.
3. La falta de justificación del abono de los derechos de examen dentro del plazo fijado para la presentación de solicitudes o, en su caso, de encontrarse exento, determinará la exclusión de la persona aspirante.
4. En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación ante el órgano convocante, según determina la base tercera del presente acuerdo.
5. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen, en virtud de lo establecido en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:
a) Las personas aspirantes con discapacidad igual o superior al 33 por 100, que acreditarán ese extremo presentando, junto a la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, certificación del Departamento Ministerial competente o, en su caso, del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con la competencia transferida en esa materia.
b) Las personas aspirantes que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en dicho plazo, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, justificando esas circunstancias con la aportación junto a la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, de un certificado extendido por el Servicio Público de Empleo Estatal u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con la competencia transferida en esa materia y una declaración jurada de la persona interesada en la que se haga constar que se carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
c) Las personas aspirantes que sean miembros de familias numerosas de categoría especial, en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de la Familia Numerosa, tendrán también derecho a una exención del 100 por ciento del importe de la tasa. Los que fueran de categoría general disfrutarán de una reducción del 50 por ciento. La condición de familia numerosa y su categoría se acreditará mediante el correspondiente título actualizado.
d) Las personas aspirantes que sean víctimas de terrorismo, de acuerdo con la modificación introducida en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por la disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio.
1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobará las listas provisionales de personas admitidas y excluidas.
En el correspondiente acuerdo, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», se indicará la relación de personas excluidas, con expresión de las causas de la exclusión, así como los lugares en los que se encuentren expuestas al público las mencionadas listas.
Las personas excluidas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos advertidos o formular las reclamaciones a que hubiere lugar, debiendo remitir el escrito de subsanación y/o reclamación exclusivamente a la dirección: seleccion.escuela@registro.cgpj.es.
Las listas provisionales de personas admitidas y excluidas se publicarán en la página web www.poderjudicial.es.
2. Concluido el plazo para la subsanación de defectos y presentación de reclamaciones, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial resolverá acerca de estas últimas y elevará a definitiva la relación de personas admitidas y excluidas, publicando este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».
3. La inclusión en la lista definitiva a que se refiere el apartado anterior no prejuzga el cumplimiento del requisito de contar con más de diez años de ejercicio de profesión jurídica en las materias objeto de la convocatoria, cuya concurrencia podrá ser examinada posteriormente por el Tribunal calificador al amparo de lo dispuesto en el apartado siguiente, ni tampoco prejuzga la valoración de los méritos que resulte de dicho ejercicio.
4. En cualquier momento del proceso selectivo, el Tribunal podrá excluir del mismo a quien no acredite los requisitos exigidos en la convocatoria.
1. Será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial y lo presidirá quien ostente la Presidencia del Tribunal Supremo o un magistrado o magistrada del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia en quien delegue. Serán vocales: dos magistrados o magistradas, un o una fiscal, dos catedráticos o catedráticas de universidad designados por razón de la materia o cuando no sea posible designarlos, podrá nombrarse, excepcionalmente, profesores o profesoras titulares, un abogado o una abogada con más de diez años de ejercicio profesional, un abogado o una abogada del Estado, un letrado o una letrada de la Administración de Justicia de primera categoría y un miembro de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, que tenga la licenciatura en Derecho y que se encargará de la secretaría del tribunal.
2. El nombramiento de los miembros del Tribunal a que se refiere el apartado anterior será realizado por el Consejo General del Poder Judicial de la siguiente manera: el/la Presidente/a y los/as magistrados /as serán nombrados/as directamente por el Consejo General del Poder Judicial; el/la fiscal, oída la Fiscalía General del Estado; el/la letrado/a de la Administración de Justicia y el/la abogado/a del Estado, oído el Ministerio de Justicia; los/as catedráticos/as, oído el Consejo de Universidades y el/la abogado/a, oído del Consejo General de la Abogacía.
3. La composición del Tribunal será paritaria, en atención a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
4. El Tribunal será nombrado en el plazo máximo de dos meses contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las listas definitivas de las personas admitidas y excluidas. Dicho nombramiento se hará público en el «Boletín Oficial del Estado».
5. El Tribunal no podrá actuar sin, al menos, la presencia de los dos tercios de sus miembros. De no hallarse presente quien ostente la Presidencia, realizará sus funciones, con carácter accidental, el magistrado o magistrada de mayor antigüedad. En caso de ausencia de quien ostente la Secretaría, realizará sus funciones el abogado o abogada o, en su defecto, otro de los miembros del Tribunal, por el orden inverso a aquel en que aparezcan enumerados en el acuerdo de su nombramiento.
6. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de su nombramiento, el Tribunal, a instancia de su Presidencia, procederá a constituirse, levantándose la correspondiente acta.
7. En la sesión de constitución, los miembros del Tribunal en quienes concurra alguna de las causas de abstención establecidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberán manifestarlo expresamente, salvo que tuvieren conocimiento de ella en un momento posterior. Por los mismos motivos podrán las personas aspirantes, en su caso, promover la recusación de los miembros del Tribunal.
8. La Presidencia del Tribunal pondrá en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial la abstención o la recusación de cualquiera de sus miembros, a fin de que aquél resuelva sobre ella y proceda, en su caso, a la designación de otro miembro del Tribunal de la misma condición que el que se hubiera abstenido o hubiera sido recusado. En el ínterin, sin embargo, el Tribunal podrá seguir actuando si cuenta con el quórum mínimo reglamentario.
9. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por la regla de la mayoría de los miembros presentes. En caso de empate, dirimirá el voto de calidad de quien ejerza la Presidencia.
10. El Tribunal resolverá cuantas incidencias se planteen durante el desarrollo de la oposición que no estén especialmente previstas en esta convocatoria.
11. Las sesiones se documentarán por quien ocupe la Secretaría, que levantará acta de las mismas, suscribiéndolas con el visto bueno de la Presidencia. En las actas se indicarán necesariamente los miembros presentes, las causas de ausencia de los demás y las motivaciones de las decisiones del Tribunal en aplicación de lo establecido en estas bases. A las actas correspondientes a las fases de dictamen y de entrevista se incorporarán los instrumentos de evaluación de cada persona aspirante por cada uno de los miembros del tribunal.
12. Los actos y resoluciones adoptados por el Tribunal podrán ser impugnados ante el Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
13. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la calle Trafalgar, 27-29, 28071 Madrid, teléfono 91.700.59.77, fax 91.700.58.59. Las comunicaciones por correo electrónico se realizarán a la siguiente dirección: seleccion.escuela@registro.cgpj.es.
1. El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente, por el primero de la letra «U» según lo establecido en la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública (BOE núm. 114, de 13 de mayo de 2022). En el supuesto de que no exista ningún opositor cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente. Esta regla será de aplicación para las personas aspirantes que tomen parte en las pruebas por el turno de reserva para personas con discapacidad que serán convocados en primer lugar por el Tribunal calificador para la lectura del dictamen y la entrevista de méritos.
2. Cuando se demuestre que una persona aspirante, para la realización de cualquiera de las tres fases del proceso selectivo, copia o utiliza engaño, aparatos electrónicos, falsifica documentación o cualesquiera otras maquinaciones fraudulentas, la Presidencia del tribunal dará urgente cuenta a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial quien, mediante resolución motivada con audiencia a la persona aspirante y al Tribunal calificador, podrá acordar la exclusión de la persona aspirante del proceso selectivo en curso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones penales que pudieran proceder.
A) Valoración de méritos:
1. En la primera sesión de baremación, el Tribunal acordará las siguientes cuestiones:
a)  La determinación de los criterios de corte para superar esta fase de baremación de méritos para las personas aspirantes por el turno general y por el turno de discapacidad.
b)  Los criterios para la ponderación y valoración de los méritos señalados en el baremo que sean susceptibles de graduación.
c)  El calendario de las sesiones que resulten necesarias para la valoración conjunta de la documentación.
2. El Tribunal, teniendo en cuenta la documentación aportada por las personas aspirantes, valorará los méritos con arreglo a los parámetros de puntuación que se expresan en el baremo contenido en la parte segunda de las normas que rigen esta convocatoria. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 313.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para lo cual, con carácter previo, se distribuirá la documentación aportada por las personas aspirantes entre los miembros del Tribunal, a fin de que cada uno lleve a cabo un examen preliminar de los méritos alegados y justificados por las personas concursantes que le hayan correspondido.
3. La calificación correspondiente a cada persona aspirante será la que apruebe el Tribunal por mayoría de sus miembros, debiendo constar en acta qué méritos específicos han sido considerados y valorados, así como los que no lo fueron y por qué razón. Esta puntuación no podrá ser inferior a 12 puntos ni en el caso de las personas aspirantes por el turno general ni por el turno de discapacidad. De dichos 12 puntos, al menos 10 procederán de la suma de las puntuaciones obtenidas conjuntamente en los apartados que van del «c» al «f» y en el «h.2». La superación definitiva de esta fase dependerá, en su caso, del resultado de la entrevista de valoración de los méritos, y en concreto de lo dispuesto en el apartado C.4 de la base séptima.
4. El Tribunal calificador adoptará el correspondiente acuerdo con la valoración provisional de los méritos, determinando la puntuación final necesaria para superar esta fase, teniendo en cuenta los criterios de corte señalados en su primera sesión de baremación, no pudiendo ser inferior a 12 puntos ni en el caso de las personas aspirantes por el turno general ni por el turno de discapacidad, de los que al menos 10 procederán de la suma de las puntuaciones obtenidas conjuntamente en los apartados que van del «c» al «f» y en el «h.2». El citado acuerdo contendrá asimismo la puntuación total otorgada a cada persona aspirante y su desglose con arreglo a cada uno de los apartados que conforman el baremo, facilitando esta información sólo a la persona interesada.
5. El Tribunal calificador elaborará un listado de las personas aspirantes que han superado provisionalmente esta fase de valoración con su puntuación, sin perjuicio de la puntuación final que se determine en la fase de entrevista, convocándolas a participar en la siguiente fase del proceso selectivo en un plazo no inferior a quince días hábiles. El acuerdo del Tribunal será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», dando comienzo al plazo anteriormente señalado.
B) Elaboración de un dictamen:
1. Las personas aspirantes que superen la fase de valoración de méritos serán convocadas para efectuar un dictamen que permita al Tribunal evaluar su aptitud y deducir el grado de capacitación profesional necesario para el ejercicio de funciones jurisdiccionales en órganos adecuados a la naturaleza de esta convocatoria, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 313 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. Se efectuará un dictamen escrito que se confeccionará por medios informáticos. El dictamen versará sobre aspectos sustantivos y procesales de las materias de la convocatoria y podrá contener uno o varios supuestos, inspirados sustancialmente en casos reales tomados de la jurisprudencia.
El tiempo del que dispondrán las personas aspirantes será, como máximo, de cinco horas, pudiendo señalar el Tribunal una duración inferior en atención a su grado de dificultad.
En su momento, el Tribunal calificador indicará qué tipo de documentación podrán utilizar las personas aspirantes para la realización del dictamen, o qué tipo de bases de datos o documentos electrónicos se pondrán a su disposición a estos efectos.
El Tribunal calificador resolverá sobre las adaptaciones solicitadas por las personas que concurran por el turno de reserva para personas con discapacidad, velando por que compitan con el resto de las personas en condiciones de igualdad.
3. El Tribunal calificador puntuará el dictamen de 0 a 30 puntos tanto para las personas del turno general como del turno de personas con discapacidad. Para su valoración se tendrá en cuenta:
a) La formación jurídica en las materias propias de la convocatoria.
b) La actualización y suficiencia de su preparación mediante el conocimiento de las novedades legislativas, doctrinales y jurisprudenciales en dichas materias.
c) La capacidad de argumentación jurídica y razonamiento lógico para alcanzar conclusiones válidas, tanto formal como materialmente.
A estos efectos, cada miembro presente del Tribunal cumplimentará un instrumento de evaluación individualizado, incorporándose al final de la sesión al acta correspondiente.
4. Realizado el dictamen, el tribunal calificador convocará a las personas aspirantes para que procedan a su lectura, que tendrá lugar en audiencia pública que será registrada en soporte audiovisual. El orden de actuación se regirá por lo establecido en el apartado 1 de la base séptima.
5. Cuando el Tribunal, consultado a tal efecto por su Presidencia y por decisión unánime de sus miembros, apreciara en cualquier momento de la exposición del dictamen una manifiesta deficiencia de contenido, invitará a la persona aspirante a retirarse y dará por concluido para ésta el desarrollo de las pruebas, dejando sucinta motivación de ello en el acta de la sesión correspondiente.
6. Al concluir cada aspirante la exposición del dictamen, el Tribunal, previa deliberación, votará sobre el aprobado o suspenso, exigiéndose para el aprobado la mayoría de los votos del Tribunal y decidiendo, en caso de empate, el voto de la Presidencia.
En caso de que la persona aspirante resulte suspendida, la decisión aparecerá motivada en el acta.
En caso de que la persona aspirante resulte aprobada, cada miembro del Tribunal le concederá una puntuación de 0 a 30 puntos y la nota final resultante se obtendrá con la suma de todas las puntuaciones, excluyendo la máxima y la mínima, sin que en ningún caso pueda ser excluida más de una máxima y de una mínima, y dividiendo el total entre el número de puntuaciones computadas, siendo la nota mínima para acceder a la siguiente fase de 15 puntos tanto para las personas del turno general como para las participantes del turno de personas con discapacidad.
7. Finalizadas las lecturas de los dictámenes, el Tribunal calificador hará pública la relación de personas candidatas que hayan superado esta fase, y las convocará a la realización de una entrevista en los términos recogidos en el apartado siguiente.
C) Entrevista de acreditación de méritos:
1. Con carácter previo a la celebración de la entrevista, el Tribunal se dirigirá a las entidades u organismos en los que las personas aspirantes hubieran desarrollado con anterioridad su actividad, según resulte de la documentación aportada o, en su caso, a los Servicios de Inspección o Salas de Gobierno correspondientes, a fin de tener conocimiento directo y reservado de las demás incidencias que les hubieran afectado a lo largo de su vida profesional y que pudieran tener importancia en orden a valorar su aptitud para el ejercicio de la función jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Respecto a las personas candidatas que hayan ejercido la Abogacía, el Tribunal pedirá al Consejo General de la Abogacía y a la Sala de Gobierno respectiva información sobre aquellas incidencias de carácter disciplinario que hubieran afectado a la persona aspirante durante su ejercicio profesional y que no se hallaren canceladas.
En ningún caso se podrá solicitar o proporcionar información relativa a la intimidad de las personas candidatas.
2. Las personas aspirantes que hubieren superado el dictamen serán convocadas por el Tribunal a una entrevista personal, de una duración máxima de una hora, en la que se debatirán los méritos aducidos y su currículum profesional.
Se celebrará en audiencia pública y será registrada en soporte audiovisual.
La entrevista tendrá como exclusivo objeto la acreditación de la realidad de la formación jurídica y la capacidad para ingresar en la Carrera Judicial que se deduzcan de los méritos alegados, sin que pueda convertirse en un examen general de los conocimientos jurídicos de la persona candidata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. En la entrevista, el Tribunal valorará los méritos profesionales de las personas candidatas que se pongan de manifiesto a lo largo de su desarrollo, con arreglo a los siguientes criterios:
a) La formación jurídica en las materias propias de la convocatoria.
b) La actualización y suficiencia de su preparación mediante el conocimiento de las novedades legislativas, doctrinales y jurisprudenciales sobre dichas materias.
c) La capacidad de argumentación jurídica y razonamiento lógico.
d) La aptitud que se infiera del debate sobre los méritos aducidos.
4. Como consecuencia de la entrevista y por la aplicación de los criterios expuestos, el Tribunal calificador podrá aumentar o disminuir motivadamente la puntuación provisional concedida en la fase de valoración de méritos a cada aspirante en un 25 por 100 de la misma como máximo. La disminución por debajo de la nota fijada de conformidad con los apartados A.4 y A.5 de la base séptima determinará la no superación de la fase de valoración de méritos.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 313.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal levantará acta suficientemente expresiva del contenido y del resultado de la entrevista, así como de los criterios aplicados para la calificación de cada aspirante. A estos efectos, cada miembro presente del Tribunal cumplimentará un instrumento de evaluación individualizado, incorporándose al final de la sesión al acta correspondiente.
6. El Tribunal, por mayoría de votos, teniendo en cuenta los méritos alegados por las personas aspirantes, los resultados tanto de la entrevista como del dictamen realizado, y las informaciones recibidas conforme a lo establecido en el punto primero del presente apartado C, podrá excluir mediante acuerdo motivado a aquellos aspirantes en quienes se aprecie insuficiencia o falta de aptitud deducida de los datos objetivos del expediente, por existir circunstancias concretas que supongan un demérito incompatible con la pertenencia a la Carrera Judicial, aun cuando se hubiese superado, a tenor del baremo fijado, la puntuación mínima exigida. Todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 313.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
7. El Tribunal calificador motivará por separado la exclusión a la que se refiere el apartado anterior, que será notificada a las personas interesadas por el Consejo General del Poder Judicial.
8. Sobre las circunstancias que supongan demérito incompatible, habrá de oírse a la persona afectada en la entrevista, notificándosele la correspondiente resolución debidamente motivada.
9. Al finalizar las entrevistas, tras la deliberación y trámites descritos en los puntos 6 al 8 de este apartado C, el Tribunal elevará a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial la relación definitiva de personas aprobadas, sin que en ningún caso pueda incluir un número de personas superior al total de plazas que hubieran sido convocadas.
Igualmente, el Tribunal calificador remitirá al Consejo General del Poder Judicial el acuerdo motivado sobre exclusión de personas candidatas para su notificación a las afectadas.
Por último, el tribunal también remitirá al Consejo General del Poder Judicial el expediente completo de la oposición, que comprenderá las actas originales de las sesiones, así como un informe final valorativo del desarrollo de las pruebas.
10. Recibida en el Consejo General del Poder Judicial la propuesta de aspirantes declarados aptos por el Tribunal calificador, su Comisión Permanente establecerá un orden de prelación único, situando en primer lugar al número uno, atendiendo a la mayor puntuación obtenida en cada en cada una de las fases del proceso selectivo, deshaciendo los posibles empates entre las personas aspirantes a favor del que mayor puntuación hubiera obtenido en el dictamen. Si persistiera el empate, se atenderá a la mayor puntuación alcanzada en la entrevista de acreditación de méritos y, en último término, por sorteo entre las personas aspirantes interesadas. Tras él, se situará la persona aspirante con el número 2 y así sucesivamente.
11. En ningún caso podrá superarse la suma total de las plazas ofertadas en la presente convocatoria ni ofrecerse a un candidato plazas de naturaleza distinta a aquélla en la que hubiera demostrado su aptitud.
12. También podrá el Consejo General del Poder Judicial rechazar a una persona aspirante, de forma motivada y previa audiencia, a pesar de la propuesta favorable del Tribunal calificador, siempre que, con posterioridad a la misma, se hubiere tenido conocimiento de alguna circunstancia que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 313.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, suponga un demérito insuperable. A los mismos efectos, y antes del ingreso en la Escuela Judicial, podrá someterse a las personas aspirantes a un examen de personalidad y aptitud para el desarrollo de las funciones judiciales.
13. Cumplidos los anteriores trámites, la Comisión Permanente del Consejo dispondrá lo necesario para el comienzo de la siguiente fase teórico-práctica en la Escuela Judicial, sin que puedan acceder al curso un mayor número de personas que de plazas convocadas.
D) Curso de formación:
1. Las personas aspirantes aprobadas accederán a la fase teórico-práctica del proceso selectivo, que tendrá una duración mínima de 16 semanas.
2. Comprenderá módulos teórico-prácticos repartidos en dos fases, con una duración mínima, la primera, de ocho semanas y, la segunda, de ocho semanas. Las personas aspirantes realizarán las actividades programadas para estas pruebas selectivas que se desarrollarán, en la primera fase, en la Escuela Judicial. La segunda fase se llevará a cabo mediante tutorías en órganos judiciales correspondientes al orden jurisdiccional respectivo.
3. El programa formativo del curso comprenderá la elaboración de resoluciones, el análisis de jurisprudencia, la realización de seminarios y trabajos, así como todas las actividades docentes que se estimen necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional. Las mismas serán objeto de evaluación por el claustro de profesores. El programa formativo se elaborará por los órganos correspondientes de la Escuela Judicial y será sometido a la aprobación de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
4. Mientras dure el curso, las personas aprobadas tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, dependiendo del Consejo General del Poder Judicial.
5. Concluidas las dos fases del curso teórico-práctico, profesorado y tutores que hubieran intervenido efectuarán un informe razonado de las actividades realizadas por cada aspirante, con una propuesta de evaluación final.
6. La Escuela Judicial confeccionará la relación de personas aspirantes que hayan superado el curso con la correspondiente calificación y la elevará a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para que la apruebe y disponga el nombramiento de quienes lo superaron como Magistrados o Magistradas, de conformidad con el artículo 301.5 LOPJ.
7. Si no se superase alguna de las dos fases, la persona repetirá el curso en su totalidad y si no fuera declarada apta en esa segunda ocasión, no podrá acceder a la Carrera Judicial al amparo de esta convocatoria. De aprobar la fase teórico-práctica en la segunda ocasión, se incorporaría al escalafón al final de la promoción correspondiente al proceso selectivo que hubiera superado.
E) Nombramiento de las personas aprobadas:
1. Las personas aspirantes incluidas en la lista de aprobadas publicada en el «Boletín Oficial del Estado» se incorporarán al escalafón inmediatamente a continuación de la última Magistrada o Magistrado que hubiese accedido a la categoría, desde la fecha del Real Decreto del nombramiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 311.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
2. Las personas que se incorporen a la Carrera Judicial como consecuencia de este proceso no podrán ocupar plazas correspondientes a un orden jurisdiccional distinto de aquél en que hubieran sido declaradas aptas. Todo ello según prescribe el artículo 311.6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y con la salvedad de que las personas interesadas superen posteriormente las pruebas de especialización previstas en la en la citada Ley.
F) Recursos:
1. Los actos y resoluciones adoptados por el Tribunal podrán ser impugnados ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Contra el presente Acuerdo podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» ante el mismo órgano que la ha dictado o, bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La valoración de los méritos de las personas participantes se ajustará a lo dispuesto en el artículo 313.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, teniendo en cuenta la documentación aportada a tal efecto, y en concreto, de conformidad con el siguiente baremo de méritos:
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 313.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo podrán apreciarse por el Tribunal calificador los méritos que, estando comprendidos en el baremo, guarden relación con las materias propias del orden jurisdiccional social, siempre que se acrediten debidamente.
2. A todos los efectos, se considerarán materias propias de esta convocatoria el Derecho Político, el Constitucional, la Filosofía del Derecho, la Teoría del Derecho, la Historia del Derecho, el Derecho Romano, el Derecho de la Unión Europea y todas aquellas materias que, por su íntima relación con la Teoría General del Derecho, la Constitución Española o los Tratados Internacionales de los que España sea parte, informen el conjunto de ramas que conforman el ordenamiento jurídico.
3. Se consideran materias propias de la convocatoria en el orden jurisdiccional social: el Derecho del Trabajo, el Derecho de la Seguridad Social, el Derecho mercantil, el Derecho administrativo y el Derecho Procesal. Igualmente, se tendrá como tal, el estudio del principio de no discriminación y especialmente de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo la normativa de la Unión Europea y la de tratados e instrumentos internacionales en materia de igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres ratificados por España, aplicado al orden jurisdiccional social.
4. Los criterios anteriores se entienden sin perjuicio de casos particulares derivados de ciertos planes de estudios, que serán analizados individualmente por el Tribunal.
5. Los méritos a valorar por el Tribunal son los siguientes, teniendo en cuenta que la suma de las puntuaciones obtenidas conjuntamente en los apartados que van del «c» al «f» y en el «h.2», no podrá superar los 18 puntos:
Apartado A): Licenciatura o grado en Derecho con calificación superior al aprobado, incluido el expediente académico (hasta 6 puntos):
1. Premio Extraordinario: 5 puntos.
2. Por cada matrícula de honor en las materias propias de la convocatoria: 0,50 puntos.
3. Por cada sobresaliente en las mismas materias: 0,25 puntos.
4. Por cada notable en las mismas materias: 0,10 puntos.
Apartado B): Doctorado en Derecho en materias propias de la convocatoria y calificación alcanzada en su obtención, incluido el expediente académico (hasta 6 puntos):
Sólo deben valorarse las tesis doctorales en las materias propias del orden jurisdiccional social.
1. Premio extraordinario: 6 puntos.
2. Aptitud «cum laude»: 4 puntos.
3. Restantes calificaciones: 3 puntos.
En este apartado, son válidas las equivalencias contenidas en las diferentes regulaciones de los estudios de doctorado.
Apartado C): ejercicio efectivo de la abogacía ante los juzgados y tribunales, dictámenes emitidos y asesoramientos prestados en materias propias de orden jurisdiccional social (hasta 12 puntos):
1. Se computará 0,50 puntos por cada año de ejercicio profesional de la abogacía ante los juzgados y tribunales en las materias propias del orden jurisdiccional social o la proporción correspondiente en caso de periodos inferiores. Además, por cada asunto en que haya tenido participación efectiva al menos en una instancia completa, se reconocerá 0,01 puntos.
2. Se equiparará, a estos efectos, los asesoramientos prestados y los servicios efectivos realizados en departamentos jurídicos de empresas relevantes en su sector, asociaciones, corporaciones, organismos o empresas públicas en materias propias del orden jurisdiccional social, pudiéndose computar hasta un máximo de 0,50 puntos por cada año en atención a la complejidad y dedicación realizada, o la proporción correspondiente en caso de periodos inferiores. En su caso, se valorará con hasta 0,75 puntos cada año de ejercicio como director o responsable de dichos servicios jurídicos o la proporción correspondiente en caso de periodos inferiores. Estos periodos no podrán valorarse cumulativamente, en periodos concurrentes, con la práctica de la abogacía forense.
3. El período total de ejercicio efectivo profesional se acreditará mediante la presentación conjunta de:
– certificación del Consejo General de la Abogacía;
– certificación del Colegio de Abogados correspondiente;
– justificación de participación efectiva en asuntos o bien de prestación de asesoramientos o de realización de servicios en departamentos jurídicos.
Las certificaciones mencionadas recogerán las circunstancias de especialización del ejercicio, en su caso, así como de aquellas otras circunstancias que pudieran tener importancia en orden a valorar la aptitud para el ejercicio de la función jurisdiccional.
4. El número de asuntos en los que haya intervenido en al menos una instancia completa se acreditará exclusivamente mediante certificación expedida por los Tribunales y organismos correspondientes. Si cursada la solicitud de dicha certificación, con indicación concreta y precisa de los procedimientos de referencia, no fuera oportunamente cumplimentada en plazo, deberá acompañarse, además de la solicitud mencionada, una declaración jurada de haber asumido dicha dirección letrada.
5. El período total del tiempo en el que se ha ejercido el cargo como director o responsable de los servicios jurídicos se acreditará mediante certificación emitida por la empresa, asociación, corporación, organismo o empresa pública en la que ha trabajado.
Apartado D): años de servicio efectivo como catedrático o catedrática o como profesor o profesora titular de disciplinas jurídicas en materias propias de orden jurisdiccional social en universidades públicas o en categorías similares en universidades privadas, c