Categoría: Judicial

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 17 de septiembre de 2024, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de los contratos adjudicados por las sociedades mercantiles municipales que gestionan el transporte colectivo urbano de viajeros en autobús, en los municipios con más de 300.000 habitantes, ejercicio 2021, acuerda:
1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas del Informe de fiscalización de los contratos adjudicados por las sociedades mercantiles municipales que gestionan el transporte colectivo urbano de viajeros en autobús en los municipios con más de 300.000 habitantes, ejercicio 2021.
2. Aprobar el Informe de fiscalización de los contratos adjudicados por las sociedades mercantiles municipales que gestionan el transporte colectivo urbano de viajeros en autobús en los municipios con más de 300.000 habitantes, ejercicio 2021, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, que limitan y afectan a su representatividad.
3. Instar al Gobierno a:
– Crear los procedimientos necesarios para que se cumpla la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la copia certificada del documento contractual, junto al extracto del expediente de que se derive, en aquellos contratos para los que así lo establezca la Ley de Contratos del Sector Público.
– Extremar los controles para garantizar la publicación, en el perfil del contratante de cada una de las entidades, de un programa comprensivo de la totalidad de la actividad contractual prevista para cada ejercicio.
– Establecer los procedimientos y controles necesarios para que toda factura que lo requiera disponga de le preceptiva cobertura contractual.
– Incluir en los procedimientos de contratación las consultas preliminares del mercado previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE con carácter potestativo.
– Solicitar la división en lotes de aquellos casos en que resulte posible, de acuerdo con lo exigido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.
– Adoptar las medidas necesarias para la adecuada realización de la determinación del precio del contrato, a partir de los valores de mercado y el cálculo de costes.
– Establecer los procedimientos necesarios para garantizar la evaluación competitiva del nivel de rendimiento de cada oferta.
– Incrementar los controles internos para favorecer la transparencia y publicidad de la actividad contractual, mediante la correcta aplicación del perfil del contratante.
– Elaborar los procedimientos necesarios para garantizar la inclusión en los contratos de criterios sociales, de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y medioambientales, como requisitos de solvencia y criterios de adjudicación.
– Asegurar la inclusión en la valoración de los contratos de criterios de innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.
4. Instar a las entidades fiscalizadas a:
– Adoptar la práctica de publicar en su perfil de contratante un programa comprensivo de la totalidad de la actividad contractual prevista en cada ejercicio.
– Incrementar los controles internos necesarios en aras de favorecer la máxima transparencia y publicidad de su actividad contractual.
5. Instar a las sociedades mercantiles municipales a:
– Adoptar la práctica de publicar en su perfil de contratante un programa comprensivo de la totalidad de la actividad contractual prevista en cada ejercicio, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.4, en relación con el artículo 134, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.
– Realizar como actuación de planificación de la contratación, con el fin de conseguir una correcta definición del objeto del contrato del presupuesto base de licitación, y siempre que las circunstancias concurrentes lo permitan y sin que ello perjudique los principios de transparencia y no discriminación, consultas preliminares del mercado previstas con carácter potestativo en los artículos 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE y 41 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales. Las consultas mencionadas u otros instrumentos de valoración de las prestaciones objeto del contrato deberán servir para determinar el presupuesto de licitación a partir de los valores de mercado y el cálculo de los costes.
– Definir en sus licitaciones, criterios de adjudicación de los contratos que permitan evaluar competitivamente el nivel de rendimiento de cada oferta, evitando aquellos que establecen umbrales de saciedad fácilmente alcanzables por todas las empresas licitadoras.
– Establecer procedimientos de control interno que favorezcan la máxima transparencia y publicidad de su actividad contractual.
– Incluir consideraciones sociales, de igualdad de género y medioambientales como requisitos de solvencia y criterios de adjudicación en los contratos que celebren, siempre que sea posible y atendidas las necesidades que el contrato trata de atender y las prestaciones que integran su objeto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.–El Presidente de la Comisión, Juan Álvarez Muñoz Santana.–El Gómez Primero de la Comisión, Salvador de Foronda Vaquero.