Categoría: Normativas

go. ICO tramitará con las entidades financieras la solicitud del reintegro de los importes ejecutados que correspondan tras la recepción de la comunicación del MITMA de que procede exigir dicho reintegro.
Adicionalmente, el ICO establecerá en los contratos de financiación y aval con las entidades financieras la obligación de éstas de reintegrar al ICO los importes recibidos en concepto de aval, y no podrá realizar nuevas ejecuciones del aval, en los siguientes supuestos:
1. El incumplimiento por la entidad financiera de cualquiera de las condiciones del aval. En caso de incumplimiento que afecte solo a una o varias operaciones, el reintegro de los importes abonados se limitarán a las correspondientes operaciones afectadas.
2. La inexactitud o falsedad en las manifestaciones y declaraciones de la entidad financiera.
Los importes reintegrados por la entidad financiera a los que se refiere esta estipulación tendrán el mismo tratamiento que el indicado en el presente convenio para los importes abonados por las entidades financieras en concepto de recuperaciones.
Para el seguimiento, vigilancia y control de ejecución del presente convenio se constituirá una comisión de seguimiento constituida por los siguientes miembros:
– Tres representantes del MITMA con rango de Subdirector General o asimilado, que ejercerán las funciones de Presidente y Secretario de la Comisión.
– Tres representantes de ICO, uno de los cuales pertenecerá de la Dirección de Mediación y Pymes, otro a la Dirección de Asesoría Jurídica y otro a la Dirección de Seguimiento y Recuperaciones.
La comisión se reunirá cuantas veces se considere necesario y sus funciones serán el seguimiento del desarrollo del convenio, así como de cualquier otra incidencia de interpretación y cumplimiento que pudiera producirse sobre el desarrollo del mismo.
En lo no previsto de forma expresa en este convenio para la comisión de seguimiento, serán de aplicación las normas reguladoras de los órganos colegiados contenidas en el capítulo II, sección 3.ª del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las disposiciones del presente convenio podrán ser parcial o totalmente modificadas por acuerdo expreso de las partes, para la mejor eficiencia y eficacia de su finalidad, previo cumplimiento de los requisitos formales y legales necesarios para ello. Las modificaciones acordadas, en su caso, se adjuntarán como adenda al texto del convenio. Las correspondientes adendas, que se tramitarán siguiendo el procedimiento que exija la legislación vigente, resultarán eficaces una vez inscritas en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
Las causas de extinción del presente convenio serán las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Serán causas de extinción del presente convenio:
– El transcurso de la vigencia del convenio.
– El mutuo acuerdo de las partes.
– El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones pactadas por parte de alguno de los firmantes. En este caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 51.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
En caso de incumplimiento del convenio por una de las partes, la otra podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado también a la comisión de seguimiento.
Si transcurrido el plazo de un mes persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra y a la comisión de seguimiento la concurrencia de la causa de resolución del convenio y podrá considerar que el mismo queda resuelto desde ese mismo momento. Si como consecuencia del incumplimiento, se declarara una obligación de abono de cantidades, o de indemnización de los perjuicios causados éstos deberán ser abonados en el plazo de dos meses desde su liquidación.
En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a los efectos de la resolución del presente convenio. En cualquier caso, permanecerán vigentes las obligaciones derivadas de las operaciones avaladas.
Las partes firmantes se comprometen a destacar, en las actividades que realicen para la difusión de las actuaciones previstas en el convenio, la colaboración prestada entre ellas, así como a incorporar sus respectivos logotipos en los materiales que se produzcan y utilicen para la publicidad o difusión de las actividades que pudieran ser realizadas.
1. El convenio, de naturaleza administrativa, se rige por lo establecido en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás normativa que sea de aplicación.
2. Las partes, en el seno de la comisión de seguimiento, resolverán de mutuo acuerdo cualquier problema de interpretación, así como las controversias que pudieran suscitarse durante su ejecución. En ausencia de acuerdo, las cuestiones derivadas de su aplicación serán recurribles de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Las partes se comprometen a cumplir durante la vigencia de este convenio, e inclusive una vez finalizada su vigencia por la causa que sea, lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y resto de normativa europea y nacional de protección de datos.
Los datos personales proporcionados en este convenio o como consecuencia del desarrollo del mismo se conservarán durante el período de tiempo necesario en función de los siguientes criterios: a) obligación y plazos legales de conservación; b) duración de la relación contractual establecida entre ICO y MITMA; c) límite de tiempo para las responsabilidades legales que pueden derivarse de la relación contractual establecida entre ICO y MITMA; y d) solicitud de supresión enviada por la parte interesada, cuando corresponda.
En cualquier momento puede ejercer el derecho a obtener confirmación sobre si sus datos personales se están procesando o no, así como a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, enviando su solicitud por escrito a Paseo del Prado 4, 28014 - Madrid o por correo electrónico a delegadoprotecciondatos@ico.es, en ambos casos junto con la copia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente, como prueba de su identidad. Le informamos que puede comunicarse con el Delegado de Protección de Datos de ICO, enviando su solicitud o consulta por escrito al correo o dirección anteriormente mencionado.
Las notificaciones y comunicaciones que hubieren de ser cursadas por una parte a la otra en relación con el presente convenio se remitirán a las siguientes direcciones:
Por parte del MITMA:
Dirección General de Vivienda y Suelo.
Paseo de la Castellana 67 - 28071-Madrid.
Correo electrónico: dgvs@mitma.es
Por parte del ICO:
Dirección de Mediación y Pymes.
Paseo del Prado 4 – 28014 - Madrid.
Correo electrónico: gestionmediacion@ico.es/gestiongarantias@ico.es
En el caso de que se produjeran cambios en los domicilios señalados, se notificarán de forma inmediata, por correo certificado, a la otra parte para su conocimiento.
En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente documento en duplicado ejemplar, en lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda, Francisco Pascual Vázquez Vázquez.–El Presidente del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., José Carlos García de Quevedo Ruiz.
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea, el solicitante deberá aportar a la entidad financiera la siguiente documentación:
A) Copia de la resolución de concesión de ayuda concedida por la Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla en que se ubique el edificio, del «Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio» o del «Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio», ambos del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
B) Declaración responsable del propietario o comunidad de propietarios solicitante del préstamo de no haber recibido en el momento de la formalización del préstamo avalado el pago de ninguna ayuda para el proyecto de rehabilitación a través de la aplicación de los programas de ayudas del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, o de cualquier otro programa de ayudas públicas, o bien declaración responsable del importe de las citadas ayudas para las que se haya recibido efectivamente su pago.
La solicitud de préstamo a la entidad financiera deberá recoger al menos los datos recogidos en el siguiente cuadro:
Don/doña: ......................................................................................................................
Con NIF: .........................................................................................................................
Don/doña: ......................................................................................................................
Con NIF: .........................................................................................................................
En representación de don/doña: ..................................................................................
Con NIF: .........................................................................................................................
En relación con el préstamo número: ............................................................................
Contratado con la entidad: ............................................................................................
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que cumplo/que mi representado cumple con los requisitos exigidos en relación con el préstamo arriba referenciado, incluyendo alguna de las dos condiciones siguientes:
– No haber recibido en el momento de la formalización del préstamo avalado el pago de ninguna ayuda para el proyecto de rehabilitación a través de la aplicación de los programas de ayudas del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, o de cualquier otro programa de ayudas públicas.
– Haber recibido antes de la formalización del préstamo el pago de ayudas para el proyecto de rehabilitación por una cuantía de .................. euros, que han sido deducidos del presupuesto total de las actuaciones a los efectos de determinación de la cuantía máxima del préstamo.
Que en mí no concurre/que en mi representado no concurre ninguna de las circunstancias siguientes:
– Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
– Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
– Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
– Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
– Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
– No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
– Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
– No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3 párrafo segundo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
– Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
Firmado:
Don/doña:
Nombre y apellidos y firma
En ........................... , a ................... de .................... de 20 ........