Categoría: Administración

El artículo 163 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone que la auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el plan anual de auditorías a que se refiere el artículo 165 de dicha ley, sobre todos los órganos y entidades integrantes del sector público estatal.
En este sentido, el artículo 168 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, establece la obligación de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, entre otras entidades del sector público estatal, auditoría que, conforme a lo establecido en el artículo 98 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social. Igualmente, el señalado artículo 98 dispone que la Intervención General de la Seguridad Social realice anualmente una auditoría de cumplimiento sobre las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Por otro lado, el artículo 115 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social prevé que, para la ejecución del plan de auditorías de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social pueda, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, siendo necesaria una orden del entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social (hoy, a estos efectos, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) cuando la financiación de la indicada colaboración se realice con cargo a créditos de los presupuestos de las entidades y servicios de la Seguridad Social adscritos a dicho departamento.
La Intervención General de la Seguridad Social, como en años anteriores, carece de efectivos suficientes para hacer frente, en los plazos requeridos, a las auditorías a realizar sobre todas las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa señalada determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de la ejecución de determinadas actuaciones de control mencionadas anteriormente que la Intervención General de la Seguridad Social no puede asumir en su integridad con sus efectivos actuales.
En su virtud, dispongo:
La Intervención General de la Seguridad Social carece de efectivos suficientes para hacer frente, en los plazos requeridos, a las auditorías a realizar sobre todas las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa encaminadas a cumplir con los objetivos de ejecución contenidos en el plan de auditorías de la Seguridad Social y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control.
Se autoriza a la Intervención General de la Seguridad Social, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, a recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la realización, en el año 2024, de las auditorías de cuentas anuales y de cumplimiento de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Se autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con empresas privadas de auditoría por un plazo de vigencia superior a un año, debido a que estos trabajos de control o auditoría tienen carácter periódico y recurrente, conforme a lo establecido en una norma legal.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de julio de 2023.–El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Sanz Garrido Serrano.