Categoría: Administración

El Pacto Verde Europeo establece la hoja de ruta para lograr el objetivo de la Unión Europea para el año 2050 de alcanzar la neutralidad climática, en línea con el compromiso de aumentar la acción climática global del Acuerdo de París, y de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Con este fin, la Ley Europea del Clima establece el objetivo climático vinculante de la Unión para 2030 consistente en una reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de, al menos, un 55 % con respecto a los niveles de 1990. La transición hacia la neutralidad climática supone una profunda transformación del sistema energético, que pasará a estar alimentado, fundamentalmente, por recursos renovables. El carácter variable y estocástico de algunas de estas fuentes energéticas hace necesario contar con diversas herramientas que confieran flexibilidad al sistema, lo que constituye una oportunidad para el despliegue de nuevos modelos de negocio enfocados a la transición energética.
Dentro del paquete de «Energía limpia para todos los europeos», la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, y el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad, establecen los principios de una nueva configuración del mercado de la electricidad, que incentiva los servicios de flexibilidad y las señales de precio adecuadas para la transición energética, con el fin de crear un mercado interior de la electricidad totalmente interconectado que incremente la integración de electricidad procedente de fuentes renovables, la libre competencia y la seguridad de suministro, lo que permitirá jugar un papel decisivo en el mercado eléctrico a clientes activos, comunidades ciudadanas de energía y agregadores independientes, entre otros agentes. Análogamente, en el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, se resalta que, para integrar el porcentaje creciente de energías renovables, el futuro sistema eléctrico debe hacer uso de todas las fuentes disponibles de flexibilidad, en particular de las soluciones del lado de la demanda y el almacenamiento de energía, así como de la digitalización a través de la integración de tecnologías innovadoras en el sistema eléctrico.
En el nuevo marco de aumento de ambición climática, con el fin de alcanzar el nuevo objetivo de la Unión Europea para 2030 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55 % con respecto a 1990, la Comisión Europea presentó en julio de 2021 un conjunto de propuestas legislativas que conforman el denominado «Objetivo 55», mediante el cual la UE está revisando su legislación en materia de clima, energía y transporte con el fin de adaptar las normas vigentes a sus ambiciones para 2030 y 2050.
En el contexto más reciente, la Comisión publicó su Comunicación de 18 de mayo de 2022 titulada «Plan REPowerEU». Este Plan pone de manifiesto la existencia de una doble urgencia para transformar el sistema energético europeo: por un lado, se trata de poner fin a la dependencia de la Unión Europea con respecto a los combustibles fósiles rusos, y, por otro, de hacer frente a la crisis climática. Las medidas del Plan responden a esta doble ambición mediante el ahorro de energía, la diversificación del suministro de energía y el despliegue acelerado de las energías renovables para sustituir a los combustibles fósiles en los hogares, la industria y la producción de electricidad. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) ocupa un lugar central en el Plan, pues apoya la planificación y la financiación coordinadas de las infraestructuras transfronterizas y nacionales, así como de los proyectos y reformas en el ámbito de la energía.
Adicionalmente, la sostenibilidad es uno de los factores transversales que vertebran el proceso de transición energética, siendo fundamental fomentar la economía circular como uno de los vectores clave en este proceso. En este sentido, es preciso mencionar que actualmente se encuentra en revisión la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE, para adecuar los requerimientos medioambientales y el fin de vida de los sistemas de almacenamiento al potencial crecimiento y actual penetración. Una de las cuestiones que introducirá la reforma será precisamente la posibilidad de nuevos modelos de negocio derivados de la segunda vida de las baterías.
En consonancia con las políticas de energía y clima europeas, el Gobierno de España ha desarrollado el Marco Estratégico de Energía y Clima, que contiene elementos estratégicos y legislativos cuyo objeto es marcar las principales líneas de acción en la senda hacia el objetivo de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
Como una de las piezas fundamentales de este Marco cabe citar la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que establece el marco normativo para asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía y promover un modelo de desarrollo sostenible. Esta ley recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, consolidando en la legislación nacional las herramientas de planificación energética incluidas en el Reglamento (UE) 2018/1999, de 11 de diciembre, sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, proporciona el marco director del programa de inversiones y reformas para una transición ecológica justa que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde, y define las medidas que permitirán alcanzar los objetivos recogidos en la citada Ley 7/2021, de 20 de mayo, así como el resto de objetivos sectoriales contemplados en este Plan.
Para dotar de mayor firmeza a las redes eléctricas en este escenario de mayor penetración de renovables, se hace necesario introducir elementos que doten flexibilidad y gestionabilidad a la red. Específicamente, el PNIEC 2021-2030 incluye diferentes medidas que dan respuesta a esta necesidad, como son la Medida 1.2 «Gestión de la demanda, almacenamiento y flexibilidad», cuyo objetivo fundamental es la activación y promoción de la gestión de la demanda, así como otras formas de flexibilidad del sistema energético, y el impulso de la digitalización en el sector energético; la Medida 1.14 «Promoción del papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización», que tiene como objetivo dotar de medios a la ciudadanía y promover su participación activa en la transición energética, promoviendo que la ciudadanía pase de ser consumidores pasivos, a actores y productores, y pueda participar también en la gestión de la demanda; y la Medida 4.6 «Acceso a datos», cuyo objetivo es potenciar la sensibilización y el papel protagonista de la ciudadanía en la transición energética, favorecer el desarrollo de servicios energéticos innovadores como la agregación, entre otros, y permitir el análisis de la eficacia de políticas y medidas de apoyo por parte de la administración pública, mediante el adecuado acceso a los datos de consumo eléctrico.
Por su parte, y partiendo del PNIEC 2021-2030, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 dibuja la trayectoria de transformación del sistema energético para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Esto implica no solo un sector eléctrico 100 % renovable, sino un sistema energético nacional prácticamente en su totalidad renovable en el uso final de la energía. Se prevé también un modelo más descentralizado, multidireccional y complejo, donde el autoconsumo, la participación ciudadana y los recursos energéticos distribuidos, como el almacenamiento, la generación distribuida o la gestión de la demanda, serán factores clave. De igual modo, la digitalización de las redes, así como los nuevos esquemas de operación, tendrán un papel fundamental en este nuevo modelo. La transición hacia un sistema eléctrico 100 % renovable en el año 2050 conlleva importantes retos, pues las necesidades de gestionabilidad supondrán que se deberá contar con fuentes que provean de flexibilidad al sistema, con el objeto de garantizar la seguridad de suministro. Esta flexibilidad incluirá la participación de nuevos agentes en el sistema eléctrico, la aparición de nuevos servicios y distintas configuraciones e interacciones entre las tecnologías y los agentes. Por tanto, y para fomentar el cumplimiento de estos objetivos, es fundamental fomentar la incorporación de estos nuevos actores y nuevos servicios al sistema y, de manera complementaria, el apoyo a la creación o impulso de nuevos proyectos empresariales (startups) para la transición energética como agentes clave en el desarrollo de estos productos y/o servicios innovadores.
De manera complementaria, la Estrategia de Almacenamiento Energético, aprobada por el Gobierno el 9 de febrero de 2021, profundiza en las necesidades de almacenamiento establecidas en el PNIEC 2021-2030, cuantificándolas en, al menos, 20 GW de almacenamiento disponible en 2030, y aborda, entre otras cuestiones, las distintas alternativas disponibles y las líneas de acción prioritarias que permitan un efectivo despliegue del almacenamiento energético y su integración en el sistema, de manera que se aporte flexibilidad a la generación eléctrica renovable, lo cual, junto con el impulso de la gestión de la demanda, permitirá una mayor integración de la generación renovable en el sistema, contribuyendo a la seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y contribuyendo por lo tanto al objetivo de descarbonización de la economía española y a la mejora ambiental. Así mismo, en la Estrategia de Almacenamiento Energético se identifican las oportunidades que el despliegue de esta tecnología conlleva, en términos del impulso al desarrollo de soluciones innovadoras o de aparición de nuevos modelos de negocio en torno a la figura del agregador independiente, a la participación más activa de la ciudadanía, o a actuaciones relacionadas con la economía circular.
Por todo ello, las actuaciones promovidas por el presente régimen de ayudas están alineadas con la Estrategia de Almacenamiento Energético y contribuyen a su desarrollo, en particular en lo referente a su línea de acción 3 «Modelos de negocio», que incluye la medida 3.1 «Promover la figura del agregador independiente», la medida 3.2 «Fortalecer y promover la industria nacional de almacenamiento para su uso en todas las aplicaciones posibles», la medida 3.4 «Impulsar el modelo de negocio de segunda vida de baterías», la medida 3.6 «La ciberseguridad en los sistemas de almacenamiento» o la medida 3.9 «Aprovechar el potencial del almacenamiento en la gestión inteligente de la energía». También cabe destacar la medida 5.6 «Impulsar el acceso al dato por parte de la ciudadanía», enmarcada en la línea de acción 5 «La ciudadanía en el centro», o las medidas incluidas en la línea de acción 7 «Sostenibilidad», donde destaca la medida 7.3 «Estrategia de Economía Circular» o la 7.4 «Promover modelos de negocio orientados a la valorización de los residuos procedentes de las tecnologías de almacenamiento energético».
Adicionalmente, las actuaciones recogidas en este régimen de ayudas están igualmente alineadas con la Hoja de Ruta del Autoconsumo, aprobada por el Gobierno el 21 de diciembre de 2021, puesto que el autoconsumo eléctrico con fuentes renovables constituye uno de los principales pilares de la transición energética, y su despliegue masivo implica el surgimiento de nuevos modelos de negocio, nuevos actores como pueden ser los agregadores, las comunidades de energía, o las empresas de servicios dedicados, nuevas fuentes de financiación, nuevos roles para los consumidores que pasan a ser agentes activos con mayor concienciación energética y nuevas soluciones para situaciones de vulnerabilidad y pobreza energética.
En esta misma línea, este régimen de ayudas refuerza los objetivos de las Hojas de ruta del hidrógeno, del biogás y eólica marina y las energías del mar en España. El despliegue de todas ellas forma parte del conjunto de elementos estratégicos clave en la senda de descarbonización de la economía española y al logro de los objetivos de reducción de emisiones, así como de penetración de energías renovables y a otros retos de carácter más transversal como la reactivación económica tras la crisis sanitaria de la COVID-19, la transición justa, el reto demográfico y la economía circular.
Adicionalmente, otro de los beneficios del apoyo a las actuaciones relacionadas con nuevos modelos de negocio que surgirán en la transición energética, es la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que constituye una oportunidad en términos de generación de empleo y activación de la economía, redundando en otros beneficios sociales, tales como la igualdad de género, la inclusión social, la reducción de desempleo juvenil y la igualdad de oportunidades, entre otros, y en particular, suponiendo una especial oportunidad para reactivar las zonas de transición justa.
Por otro lado, el pasado 11 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, por el que se establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico, cuyo objeto es desarrollar reglamentariamente el marco general del banco de pruebas regulatorio concebido como un entorno controlado para llevar a cabo ensayos que permitan el desarrollo de proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación, la innovación y la mejora regulatoria en el ámbito del sector eléctrico, en virtud de lo previsto en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Esta herramienta supone una gran oportunidad en términos de disponer de entornos controlados de pruebas que permitan testear nuevos productos y servicios.
En línea con todo lo anterior, es necesario acelerar la implementación de todos los modelos de negocio que permitan acelerar esta transición energética. Entre las alternativas disponibles, aquellas soluciones innovadoras que confieran flexibilidad al sistema energético serán claves para integrar en el sistema energético grandes cantidades de generación renovable, necesario, a su vez, para reducir la dependencia energética, y reforzar la autonomía estratégica de España y de la Unión Europea en su conjunto. Entre estas iniciativas, se encuentran, en particular, aquellas que desarrollen su actividad en el banco de pruebas regulatorio previsto en el Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, debido a la oportunidad que presentan para la innovación regulatoria y la adaptación de la normativa a los nuevos requerimientos de la transición energética.
Las ayudas incluidas en estas bases reguladoras se encuadran en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español, aprobado por la Comisión Europea, que contiene un conjunto de reformas estructurales implementadas principalmente mediante cambios normativos e inversiones, y cuyo objeto es acometer un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la crisis económica, social y sanitaria desencadenada a raíz de la pandemia de COVID-19. La aplicación de estos fondos orientará la transformación de la estructura económica, contribuyendo a que sea más resiliente e inclusiva. El Plan supone la movilización de un volumen de inversión sin precedentes, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, principal instrumento de financiación del Plan de Recuperación para Europa, NextGenerationEU.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene entre sus objetivos que España apueste por la «descarbonización» de la economía, invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se produzca una profunda transformación del sistema energético para eliminar la dependencia de las energías fósiles y transformarlo hacia un sistema energético limpio, siendo, por ello, la transición ecológica uno de los cuatro ejes transversales del Plan.
Las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están completamente alineadas con las siete iniciativas bandera europeas (flagship initiatives) presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Entre estas iniciativas destacan el apoyo a la electrificación, dotar de flexibilidad a las redes eléctricas en la integración de energías renovables, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable, entre otras. En particular, entre las diez políticas palanca que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se incluye la «Transición energética justa e inclusiva», donde se encuentra el componente 8, Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento, cuyos objetivos son: el desarrollo de un sistema energético más flexible, descentralizado y dinámico, capaz de absorber de forma eficiente y segura mayores niveles de generación renovable; el desarrollo de nuevos modelos de negocio innovadores, así como la participación de nuevos actores en el sistema eléctrico (productores, suministradores y consumidores, además de los operadores de almacenamiento y agregadores) y un marco normativo más ágil y capaz de adaptarse a nuevas necesidades a través de los bancos de pruebas regulatorios (sandboxes). Esta componente incluye, entre otros, el desarrollo de nuevos modelos de negocio innovadores a través de la inversión C8.I3 «Nuevos modelos de negocio en la transición energética».
Por todo ello, en el marco de la inversión 3 de la componente 8 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se aprueban, mediante esta orden ministerial, las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva con la finalidad de impulsar proyectos de nuevos modelos de negocio innovadores que ofrezcan soluciones a los retos planteados por la transición energética, relacionados con la innovación, la provisión de servicios de flexibilidad que permitan una mayor integración de las energías renovables, y por tanto favorezcan la descarbonización del sistema, o la promoción y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales que proporcionen soluciones innovadoras para la transición energética.
Esta orden de bases contribuye a la consecución del objetivo 128 del anexo I de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021, referente a los proyectos para fomentar nuevos modelos de negocio en la transición energética, así como de la Decisión de la Comisión aprobatoria de los Acuerdos Operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 (OA), de noviembre de 2021. De conformidad con lo anterior, la implementación de esta medida estará terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2023, con al menos 18 proyectos adjudicados para la promoción de nuevos modelos de negocio en la transición energética, incluidos contadores inteligentes, almacenamiento, respuesta a la demanda, servicios de flexibilidad y datos. Adicionalmente, las ayudas de la presente orden contribuyen de manera significativa tanto a la transición verde como a la transición digital. En particular, estas ayudas contribuyen sustancialmente a la mitigación del cambio climático según el artículo 10 del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En este sentido, estas inversiones han sido clasificadas en los campos de intervención «027. Apoyo a las empresas que prestan servicios que contribuyen a la economía con bajas emisiones de carbono y a la resiliencia frente al cambio climático, incluidas las medidas de sensibilización», para su etiquetado verde, y el campo «033. Sistemas de energía inteligentes (incluidos las redes inteligentes y los sistemas de TIC) y su almacenamiento», para su etiquetado digital, según el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. De esta manera, cuentan con un coeficiente para el cálculo de la ayuda de los objetivos relacionados con el cambio climático del 100 %, en el campo de intervención 027, y de un coeficiente para el cálculo de la ayuda de los objetivos relacionados con la transición digital del 40 % en el campo de intervención 033.
De conformidad con el anexo I de Decisión de la Comisión aprobatoria de los Acuerdos Operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 (OA), de noviembre de 2021, como mecanismo de verificación, en la fase de justificación se deberá adjuntar un documento de síntesis que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el objetivo (incluidos los elementos pertinentes del objetivo, enumerados en la descripción del objetivo y de la medida correspondiente en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo).
Este documento incluirá como anexo las siguientes pruebas documentales: una relación de la publicación de las adjudicaciones en la sede electrónica, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones o en la Plataforma de Contratación Pública indicando para cada de las adjudicaciones:
a) Copia de la adjudicación y enlace al lugar donde se haya publicado;
b) Un identificador único, el nombre, la ubicación y una breve descripción del proyecto;
c) Un extracto de las partes pertinentes de las convocatorias que demuestren la conformidad con la descripción del objetivo y la inversión que figura en el Anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo;
d) El tipo de proyecto.
Además, con fecha 14 de diciembre de 2021, mediante acuerdo del Consejo de Ministros se aprobó el «Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento». Los nuevos modelos de negocio en la transición energética constituyen la medida transformadora 9 de dicho PERTE, perteneciente a la fase II, Capacidades.
Las ayudas reguladas por esta orden serán financiadas con cargo al presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), una vez transferidos los fondos sujetos a la finalidad prevista en el Servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia». Así, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, establece crédito presupuestario en la aplicación presupuestaria 23.50.42HC-748 «Al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Para nuevos modelos de negocio para la transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» para la financiación de las convocatorias que se aprueben en virtud de estas bases reguladoras. Esta cuantía prevista en la Ley de Presupuestos Generales para el presente ejercicio podrá verse incrementada en ejercicios futuros con cargo a los créditos aprobados para su transferencia a IDAE en el Servicio 50 para la consecución de las finalidades previstas en el mencionado componente 8, así como con cualesquiera otros que pudieran habilitarse, independientemente de su origen, siempre y cuando se hubieran transferido al IDAE a tal fin o se hubiera aprobado su disposición conforme a los procedimientos estatuariamente previstos para la disposición de fondos propios del IDAE.
Las ayudas reguladas en esta orden tienen como potenciales entidades beneficiarias, entre otras, a entidades con personalidad jurídica que realicen actividad económica, por lo que podrían considerarse ayudas de estado. Por ello, y para que estas ayudas sean compatibles con el mercado interior, se someten a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la exención por diferentes categorías, sin perjuicio del resto de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De este modo las ayudas, que se articulan a través de tres líneas de ayudas diferentes, denominadas respectivamente «Innovación en la transición energética», «Descarbonización del sector energético y la mejora de la integración de energías renovables» y «Startups para la transición energética», se han enmarcado en diferentes artículos del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, en función de los tipos de actuaciones que se definen en el mismo.
Por un lado, las actuaciones financiables dentro de la línea de ayudas «Innovación en la transición energética» se amparan en el artículo 25.2.c) de dicho reglamento, debiendo suponer actuaciones de desarrollo experimental que promuevan la innovación en el ámbito energético, permitiendo poner en marcha nuevos productos y servicios que provean soluciones a los retos tecnológicos derivados de la transformación del sistema energético.
Por otro lado, a las actuaciones recogidas en la línea de ayudas «Descarbonización del sector energético y la mejora de la integración de energías renovables» les será de aplicación el artículo 36.2 de dicho reglamento. Este artículo establece que las inversiones deberán cumplir una de la siguientes condiciones: a) Inversiones que permitan a la entidad incrementar el nivel de protección del medio ambiente derivado de sus actividades superando las normas de la Unión Europea, independientemente de la existencia de normas nacionales obligatorias más estrictas que las de la Unión; b) Inversiones que permitan a la entidad incrementar el nivel de protección del medio ambiente derivado de sus actividades en ausencia de normas de la Unión Europea. Estas actuaciones serán aquellas que permitan un incremento de la descarbonización del sistema energético a través de la provisión de mecanismos de flexibilidad que permitan integrar un mayor porcentaje de energías renovables. En consecuencia, estas ayudas a los proyectos sobre nuevos modelos de negocio en la transición energética, favorecerán la descarbonización del sistema energético mediante el impulso a la integración de renovables, fortaleciendo aquellas propuestas innovadoras que permitan avanzar en la transición energética, e induciendo, por tanto, mejoras medioambientales que superen la aplicación de las normas de la Unión.
En las dos líneas de ayuda anteriores, «Innovación en la transición energética» y «Descarbonización del sector energético y la mejora de la integración de energías renovables» se contempla la inclusión específica de los proyectos piloto que resulten elegibles para acceder al banco de pruebas regulado en el Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, en los términos que se establezcan en las correspondientes convocatorias, o bien que hayan accedido al mismo.
Por último, la línea de «Startups para la transición energética», dirigida a empresas de nueva creación y enmarcada en el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, financiará la puesta en marcha o el impulso de nuevos proyectos empresariales de pequeñas empresas, no cotizadas, registradas desde hace cinco años como máximo, que aún no hayan distribuido beneficios ni surjan de operaciones de concentración.
Mediante este esquema, las actuaciones que sean objeto de las ayudas se financiarán con cargo a la línea de ayudas que corresponda en función del tipo de actuación de que se trate, según se establece en el artículo 3 de esta orden de bases, siendo de aplicación para cada línea los artículos citados del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, en particular en lo referente a los gastos subvencionables por cada línea, que están recogidos en el artículo 13 de esta norma.
Además de lo señalado anteriormente en referencia a la forma de financiación estructurada en líneas de ayudas, para que las actuaciones desarrolladas en el marco de esta convocatoria sean elegibles deberán realizar actuaciones innovadoras destinadas a promover la transición ecológica. Para ello se han determinado las áreas de actividad que cumplen este requisito y que se han identificado en el anexo I de esta orden de bases. Por tanto, los proyectos elegibles quedan delimitados a los que realicen actuaciones en las áreas especificadas en dicho anexo I.
Asimismo, las actuaciones financiadas por las líneas de ayudas previstas en esta orden de bases atenderán al principio de «no causar un perjuicio significativo» (DNSH por sus siglas en inglés) a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020; así como al principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
En la competencia exclusiva del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, tienen cobijo normas básicas y asimismo previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, FJ 2). Entre estas acciones o medidas singulares se encuentran el objeto perseguido con esta orden de incentivar proyectos sobre nuevos modelos de negocio de transición energética, con un volumen de inversión significativo, que ofrezcan soluciones a los retos planteados por la transición energética, relacionados con la innovación, la provisión de servicios de flexibilidad que permitan una mayor integración renovable, o la promoción y el desarrollo de empresas innovadoras.
La recepción de solicitudes, instrucción, selección, gestión, resolución, verificación y control y, en su caso, publicación de las convocatorias de estas ayudas será llevada a cabo por E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., de manera centralizada. Esta gestión centralizada es conforme con la jurisprudencia constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones, cuyo marco regulador comenzó a articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62/2018, de 7 de junio. Para garantizar la plena efectividad de las medidas y garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales entidades beneficiarias en todo el territorio nacional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, reglas 13.ª y 25.ª, de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre las bases del régimen minero y energético, se justifica la gestión centralizada de estas ayudas.
La sentencia del Tribunal Constitucional 18/2011, de 3 de marzo, mantiene que la competencia atribuida por el artículo 149.1.13.ª al Estado incluye «no sólo las genéricas competencias relativas a las bases y coordinación de la planificación general económica, sino también las más específicas de ordenación del sector energético, referentes a las bases del régimen del mismo». Ello es así debido a que «el sector eléctrico no sólo constituye un sector estratégico para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna, representando por sí mismo un conjunto muy importante dentro del conjunto de la economía nacional, sino que es clave como factor de producción esencial para la práctica totalidad de los sectores económicos, condicionando de manera determinante en muchos casos su competitividad (...). Estas circunstancias justifican que el Estado pueda intervenir en la ordenación del sector eléctrico tanto a través del título general relativo a la planificación general de la economía (artículo 149.13.ª CE) como mediante el más específico relativo al sector energético (artículo 149.1.25.ª CE),...».
La noción de «bases» que corresponde determinar al Estado de acuerdo con las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 comprende, no solo las normas básicas con rango legal sobre la ordenación del sector eléctrico, sino también, excepcionalmente y de acuerdo con la doctrina constitucional sobre el concepto material de bases, normas reglamentarias e incluso ciertos actos de ejecución (STC 197/1996, de 28 de noviembre). Las facultades que al Estado reconocen los títulos competenciales de los artículos 149.1.13.ª y 25.ª alcanzan, pues, considerable amplitud, de modo que permiten configurar un sistema eléctrico único para todo el territorio.
La orden tiene como objetivo incentivar proyectos sobre nuevos modelos de negocio de transición energética, con un volumen de inversión significativo, que ofrezcan soluciones a los retos planteados por la transición energética, relacionados con la innovación, la provisión de servicios de flexibilidad que permitan una mayor integración renovable, o la promoción y el desarrollo de empresas innovadoras. Debido a la naturaleza de los proyectos y sobre todo a las especificidades de los beneficiarios, es previsible la concurrencia de un número limitado de solicitudes con unos importes por cada solicitud elevados. Con esta circunstancia la gestión centralizada permite evitar una fragmentación de los fondos que podrían ser incompatibles con las necesidades económicas de los proyectos objeto de ayuda, máxime cuando el presupuesto disponible para esta convocatoria es limitado. Podría suceder que el importe de la ayuda, incluso para un solo proyecto, pueda superar el total que pudiera corresponder a algunas comunidades autónomas a través de un convenio con un reparto por criterios objetivos (como por ejemplo PIB o población), no pudiendo ser objeto de ayuda por limitaciones presupuestarias para dicha comunidad autónoma.
Por otro lado, la gestión centralizada de las ayudas permite el desarrollo de proyectos que afecten a varias comunidades autónomas, sin que se establezcan limitaciones respecto a la ubicación de las instalaciones en distintas comunidades autónomas.
Para asegurar la plena efectividad de los objetivos en los que se enmarcan y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, resulta necesario que estas ayudas se gestionen de forma centralizada, estableciendo una articulación simultánea y uniforme en toda España. La selección de los proyectos que se subvencionen requiere de una valoración técnica que no garantizaría la igualdad de acceso si las valoraciones no las realizara la misma entidad. Tanto más cuanto la diversidad de los proyectos subvencionables hace altamente complejo el establecimiento de criterios reglados para la distribución de los fondos entre las comunidades autónomas sin riesgo de que proyectos merecedores de un mayor impulso pudieran quedar excluidos por razón de las singularidades territoriales. En caso de territorializarse la gestión de estas ayudas, la finalidad y operatividad de las mismas podrían verse amenazadas con riesgo para la eficiencia de la inversión estatal.
A mayor abundamiento, la gestión centralizada y uniforme de esta actuación financiada con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia agilizará el cumplimiento de los compromisos asumidos por España y recogidos en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. La actuación está asociada a un objetivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con el cual debe cumplirse antes del final de 2023 la adjudicación de, al menos, 18 proyectos adjudicados para la promoción de nuevos modelos de negocio en la transición energética, incluidos contadores inteligentes, almacenamiento, respuesta a la demanda, servicios de flexibilidad y datos.
En relación con esta cuestión debe señalarse que esta línea de ayudas fue presentada en la Comisión Consultiva de Eficiencia Energética del IDAE, celebrada el 26 de marzo de 2022, con los representantes de todas las comunidades autónomas.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva conforme a los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con los criterios de evaluación y selección establecidos en esta orden.
Esta orden ministerial se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Cumple con los principios de necesidad y eficacia en el sentido enunciado en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su aprobación, que son la necesidad de descarbonizar los distintos sectores de la economía, al tratarse de nuevos modelos de negocio que permitirán desarrollar soluciones para avanzar hacia un sistema energético flexible y descarbonizado, mejorando la integración de la energía procedente de fuentes renovables, así como reactivar la actividad económica del país, en el marco de los objetivos del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, del PNIEC 2021-2030 y de la Estrategia de Almacenamiento Energético. El dictado de esta norma es, por tanto, el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad, dado que no contiene restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y la normativa vigente en materia de energías renovables, descarbonización y almacenamiento energético, y establece estímulos económicos que facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia, ya que han participado en su elaboración los potenciales destinatarios en el marco del trámite de audiencia e información pública a la que se sometió la propuesta de orden entre el 17 de noviembre y el 1 de diciembre de 2022, sin que dicha participación suponga ninguna ventaja de cara a la debida realización del proceso de gestión de las ayudas reguladas por la misma. Adicionalmente, el Gobierno lanzó una Expresión de Interés relativa a la flexibilidad del sistema energético, infraestructura eléctrica y redes inteligentes y despliegue del almacenamiento energético, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para identificar la existencia de potenciales proyectos en dicho ámbito del sector energético, valorar su impacto en la cadena de valor, en el desarrollo industrial y en el empleo, y, con ello, definir y concretar el ámbito objetivo de las ayudas. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Asimismo, la orden ministerial se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que establece una serie de medidas que van a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con fondos europeos y el impulso de la colaboración público-privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado. Por ello, en la tramitación se han aplicado las previsiones de sus artículos 47, 60 y 61, habiéndose solicitado los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las bases reguladoras que se aprueban mediante esta orden ministerial se han elaborado atendiendo a estándares exigidos para cada uno de los principios y criterios establecidos en relación a la planificación y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 149.1.25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre las bases del régimen energético y minero.
En su virtud, dispongo:
1. El objeto de estas bases es la regulación de la concesión de ayudas públicas para impulsar proyectos de nuevos modelos de negocio que ofrezcan soluciones a los retos planteados por la transición energética, relacionados con la innovación, la provisión de servicios de flexibilidad que permitan una mayor integración de las energías renovables, y por tanto favorezcan la descarbonización del sistema, o la promoción y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales (startups) que proporcionen soluciones innovadoras para la transición energética, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del componente 8, inversión 3. En todo caso, las actuaciones objeto de estas ayudas deberán estar encuadras dentro de las áreas de actividad contempladas en el anexo I.
2. Las ayudas contribuirán a la consecución del objetivo 128 del anexo I de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021, así como de la Decisión de la Comisión aprobatoria de los Acuerdos Operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 (OA), de noviembre de 2021.
3. Así mismo, contribuirán a los objetivos incluidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, así como los recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
4. La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
5. El ámbito temporal de vigencia de estas bases reguladoras se extenderá desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. No obstante, las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella y por las convocatorias dictadas al amparo de la misma hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
6. El ámbito geográfico de los proyectos que opten a las ayudas que se concedan al amparo de esta orden es la totalidad del territorio nacional.
1. Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma, en la respectiva convocatoria y resolución de concesión, por cuantas normas vigentes que por su naturaleza pudieran resultar de aplicación, y, en particular, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. También serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a) El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, sin perjuicio del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación.
b) Las normas que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en particular:
1.º El Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
2.º El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
3.º El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.º La Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021.
5.º Las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia acordadas por el Gobierno de España y la Comisión Europea.
c) La normativa que regula la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo»:
1.º El Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
2.º La Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01).
3.º Los Actos Delegados derivados del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020.
En todo caso, las actuaciones llevarán a cabo los procedimientos de evaluación ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
d) El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
e) En todo lo no previsto en esta orden será de aplicación lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en su caso, y su normativa de desarrollo, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
f) La normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:
1.º En aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
2.º El Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/1995 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
3.º El artículo 61 del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
4.º El artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, sobre la protección de los intereses financieros de la Unión.
5.º El artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a la abstención, y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación.
6.º El artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, sobre el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Adicionalmente, serán de aplicación los Planes d