Categoría: Administración

ción.
2. Las solicitudes deberán acompañarse de una declaración responsable de adecuación al principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm – DNSH») en el sentido establecido en el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, conforme al anexo VI de esta orden, debidamente cumplimentado por las entidades solicitantes.
1. Las ayudas reguladas en esta orden financiarán, parcialmente, las actuaciones contempladas en los correspondientes programas enumerados en el artículo 1, y que de conformidad con el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se integrarán dentro de los proyectos o líneas de acción previstos en el PRTR.
2. Como regla general, el MRR solo financiará gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la digitalización y la competitividad a largo plazo y el empleo.
3. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
En el caso de que el beneficiario de la ayuda esté sometido a la legislación de contratos del sector público deberá someterse a lo dispuesto en la misma.
4. En los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se considerarán gastos subvencionables:
a) Aquellos que, de manera indubitada, estén relacionados con la actividad objeto de la ayuda.
b) Sean necesarios para su ejecución.
c) Hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución aprobado para cada proyecto beneficiario.
d) Sean reales y se encuentren efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación. Cuando se utilicen medios de pago diferido (entre otros: cheque, pagaré o letra de cambio aceptada) solo se subvencionarán aquellos importes efectivamente cargados en cuenta a través de entidad financiera con anterioridad a la finalización del plazo citado.
e) Exista constancia documental sobre su realización de modo que puedan ser verificables.
5. Los gastos deberán estar a nombre del beneficiario. En el caso de agrupaciones los gastos deberán estar a nombre de la entidad que, siendo parte de la agrupación, ejecute el gasto.
6. Todas las acciones que integren el proyecto se deben desarrollar dentro del periodo de ejecución contemplado en la correspondiente convocatoria.
7. Para que el gasto sea financiable será preciso, que el gasto declarado por las entidades beneficiarias haya sido pagado y que cumpla con los actos y disposiciones previstos en esta orden de bases, las condiciones del MRR y las restantes condiciones para la subvención del proyecto.
8. La financiación podrá aplicarse a los siguientes conceptos de gasto:
a) Costes directos de ejecución. Estos a su vez se subdividen en: gastos corrientes y gastos de inversión.
Son gastos corrientes:
1.º Personal:
i. Se financiarán los gastos del personal contratado por las entidades beneficiarias relacionados con la puesta en marcha y ejecución del proyecto, incluyendo la correspondiente Seguridad Social.
ii. El coste del resto del personal de la entidad, que será financiable en función del porcentaje de dedicación al proyecto.
iii. En el caso de las entidades públicas, no serán subvencionables los gastos recurrentes, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2.º Aparatos y equipos: costes de alquiler, arrendamiento financiero (leasing), reparación del equipamiento informático y otros elementos necesarios para la ejecución del proyecto.
3.º Costes de movilidad: gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención o seguros. Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención y otros gastos asociados, como los seguros serán admisibles siempre que sean necesarios para la ejecución de la actividad, se identifique la misma y la persona que ha incurrido en el gasto. El importe máximo financiable aplicado a los gastos de desplazamiento será el exceptuado de gravamen según el Reglamento del IRPF (Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).
Salvo excepciones justificadas, la elegibilidad del resto de gastos de manutención y estancia tendrá como límite máximo las cuantías establecidas para el grupo 2 por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
4.º Gastos de subcontratación. La subcontratación estará sujeta a las características establecidas en el artículo 12.
5.º Gastos de asistencias externas, como análisis, asistencias técnicas, elaboración de protocolos, informes previos, convenios o similares, siempre que la entidad beneficiaria no los pueda realizar por sí misma.
6.º Gastos de material fungible: aquellos materiales adquiridos que se agotan con su uso y cuyo periodo de vida útil no superen el de la ejecución del proyecto.
7.º Gasto derivado de la revisión de cuenta justificativa por la auditoría, hasta un límite de un 5 % del presupuesto inicial.
8.º Gastos de creación y desarrollo de redes de entidades de la Economía Social y otros agentes clave para la ejecución de actividades conjuntas. Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:
i. Gastos dirigidos a la preparación, creación de estructuras e implementación de actividades conjuntas.
ii. Gastos de diseño de imagen común.
iii. Gastos de fomento de la intercooperación.
Son gastos de inversión:
1.º Aparatos y equipos: costes de adquisición y su amortización de activos materiales, como equipamiento informático y otros elementos necesarios para la ejecución del proyecto.
i. El coste de amortización de los bienes inventariables se sujetará a las reglas establecidas en el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
ii. A los bienes inventariables adquiridos les será de aplicación lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El periodo durante el cual el beneficiario debe destinar los bienes adquiridos al fin concreto de la ayuda será de cinco años para los bienes inscribibles en registro público y de dos años para bienes no inscribibles en dicho registro.
2.º Gastos en soluciones tecnológicas y de trasformación digital. Se considerarán subvencionables:
i. Gastos relacionados con el diseño, desarrollo y puesta en marcha de plataformas cooperativas digitales, cuya propiedad y control sea de las entidades beneficiarias.
ii. Gastos relacionados con soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia en los procesos y en los servicios.
iii. Gastos para la instauración de procesos con base tecnológica que contribuyan a la innovación de procesos, servicios y productos.
iv. Gastos relacionados con la creación de sistemas de comunicación y difusión electrónicos.
3.º Gastos e inversiones en instalaciones, procesos, servicios y productos dirigidos a incrementar la sostenibilidad, la eficiencia energética, la reutilización y la economía circular.
b) Son costes indirectos, entendidos como gastos generales asignados a la actuación, pero que por su naturaleza no puedan imputarse de forma directa. Los costes indirectos supondrán un máximo del 15 % de los gastos directos de la actuación, sin necesidad de aportar justificaciones de gasto, conforme a lo establecido en el artículo 83.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
9. Con carácter general, no se subvencionará el mantenimiento o cualquier otro gasto relacionado con el funcionamiento de la solución tecnológica tras su implementación.
10. No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» (principio «do no significant harm – DNSH»), en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020. El cumplimiento se garantizará por las entidades beneficiarias.
11. Tampoco serán subvencionables los gastos que a continuación se relacionan:
a) Los intereses deudores y los demás gastos financieros.
b) Intereses de demora, recargos, multas y sanciones económicas y gasto incurrido por litigios y disputas legales.
c) En la adquisición de bienes y servicios mediante contratos públicos:
1.º Los descuentos efectuados.
2.º Los pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de control de calidad o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos que se deriven de la ejecución del contrato.
d) Las compras de terrenos o las reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones, circulante y otros impuestos o tasas que sean susceptibles de recuperación o compensación. Así mismo, no serán subvencionables los gastos bancarios de cualquier tipo de operación, así como aquellos que generen auto facturación.
e) Los gastos no debidamente justificados.
f) Aquellos que:
1.º Se declaren no subvencionables por parte de la Autoridad Responsable del MRR o por el órgano concedente de la subvención.
2.º Se hubieran ejecutado fuera del periodo de ejecución de la actividad al que se refiere el artículo 47.
1. Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
2. Con carácter excepcional, atendiendo a la naturaleza de los gastos el beneficiario podrá subcontratar, total o parcialmente, siempre y cuando no exceda del 50 % del importe de la actividad subvencionada. Preferentemente, la subcontratación ha de realizarse con entidades del tejido productivo de la Economía Social.
3. Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de la ayuda respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo.
4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
5. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar por escrito sobre los subcontratistas al órgano concedente de la subvención, así como facilitar las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses (DACI) de sus contratas y/o subcontratas.
1. Las ayudas podrán financiar hasta el 50 % de los costes subvencionables en el caso de las PYMEs y hasta el 15 % de los costes subvencionables en el de las grandes empresas, del importe total del proyecto presentado, según delimita el artículo 29 del Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
2. Las ayudas a grandes empresas están condicionadas a su colaboración efectiva con PYMEs, cuya actividad sea objeto de la ayuda, siempre y cuando las PYMEs con las que colaboren asuman un mínimo del 30 % del total de los costes subvencionables.
La intensidad de la ayuda deberá computarse a nivel de cada entidad beneficiaria, sin perjuicio de que forme parte de una agrupación.
La cuantía de la ayuda asociada a cada proyecto no podrá superar por empresa y por proyecto lo estipulado en el artículo 4.1.m) del Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, atendiendo al cumplimiento de los objetivos del Componente 23 y de la Inversión 6.
El importe de la subvención otorgada, después de aplicados los porcentajes previstos en el párrafo primero del presente artículo, no podrá ser inferior a 50.000 € ni superior a 3.500.000 €.
Estas cuantías podrán verse modificadas en la convocatoria correspondiente.
La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la aprobación por parte de las Cortes Generales en los Presupuestos Generales del Estado.
Están permitidos los ajustes entre las aplicaciones presupuestarias de esta orden de bases y en la convocatoria correspondiente.
La ayuda concedida en el marco de este procedimiento es incompatible, durante su período de ejecución, con cualquier otra ayuda pública de ámbito europeo, estatal o autonómico, con idénticos objetivos y finalidad.
No será preciso constituir ninguna garantía por parte de las entidades beneficiarias.
1. Las comunicaciones de todas las actuaciones, que se realicen por los órganos competentes en el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta orden, en el desarrollo de su ejecución, en su justificación y en los informes de ejecución y en los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se llevarán a cabo a través de medios electrónicos.
2. La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria también para la presentación de solicitudes, documentación y comunicaciones por las entidades beneficiarias, que deberán seguir los requisitos de presentación que se determinen, y, en su caso, por el órgano concedente en la resolución para cada una de las fases del procedimiento de gestión, seguimiento y justificación.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de dicha ley.
2. El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su Reglamento de desarrollo, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, efectuada por el órgano competente, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto del mismo en el «Boletín Oficial del Estado».
1. El órgano competente para la iniciación del procedimiento será el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
2. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
3. Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
1. Las solicitudes se presentarán mediante el formulario electrónico correspondiente, disponible en la sede electrónica del órgano convocante (https://www.mites.gob.es/es/sede_electronica_menu/index.htm/), junto con la documentación que se especifique en la convocatoria como parte integrante de la solicitud. La presentación efectiva de las solicitudes se completará mediante firma electrónica avanzada a través del registro electrónico del órgano convocante o del registro del organismo que establezca la convocatoria. Las personas jurídicas y, en su caso, las personas designadas como representantes de cada agrupación, debidamente acreditadas de acuerdo con el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán contar con la firma electrónica basada en un certificado cualificado de firma electrónica del representante legal de la entidad solicitante.
2. Se considerarán efectivamente presentadas aquellas solicitudes firmadas y registradas dentro de plazo, que incluyan, tanto el formulario, como el resto de información y documentos determinados en la convocatoria como parte integrante de la solicitud. No se podrá requerir a los interesados la presentación de documentos no exigidos en la normativa aplicable, que ya obren en poder de la Administración o que hayan sido elaborados por ésta.
3. La solicitud deberá expresar el consentimiento u oposición para que el órgano instructor pueda comprobar o recabar de otros órganos, administraciones o proveedores de información, por medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o sobre otras circunstancias de los solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento. En caso de oposición, el solicitante deberá aportar los certificados o pruebas que al efecto le exija la convocatoria.
4. Si la solicitud, con el contenido al que se refiere el apartado 2 de este artículo, no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. El plazo de presentación de solicitudes será como máximo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la orden de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
6. En todo caso, deberá presentarse una solicitud individualizada para cada programa objeto de subvención.
7. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su inadmisión.
1. La documentación, junto con la solicitud, irán dirigidas a la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas y se presentarán mediante el formulario electrónico correspondiente.
2. Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Formulario de solicitud de subvención: fichero firmado electrónicamente y cumplimentado necesariamente con los medios electrónicos disponibles en el portal de ayudas del Ministerio Trabajo y Economía Social que se ajustará al modelo establecido en el anexo I.
b) Acreditación de la personalidad jurídica de las entidades solicitantes, mediante estatutos, escrituras de constitución o inscripción en el registro administrativo correspondiente.
c) Documento que acredite la representación suficiente de la persona física, que actúe en nombre de la entidad solicitante, en la forma legalmente exigible.
d) Memoria explicativa del proyecto, firmada electrónicamente, que se ajustará al modelo establecido en el anexo II.
e) Presupuesto y Cronograma establecidos en el anexo III, que se aportará en formato PDF firmado electrónicamente y en formato Excel que se encontrará disponible en la sede electrónica en el apartado espacio información.
f) En el supuesto de agrupaciones, documento privado que refleje el acuerdo de colaboración para la realización conjunta de la actividad subvencionada, que deberá incluir al menos, el contenido mínimo del modelo de agrupación establecido en el anexo VIII.
g) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, salvo que el solicitante autorice a que el órgano concedente obtenga de forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos.
h) De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la entidad solicitante deberá aportar declaración responsable expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes o, en su caso, la relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda, indicando su objeto y cuantía. Esta declaración responsable expresa se llevará a cabo en el momento de presentar la solicitud, en virtud del anexo I, y en cualquier momento ulterior en que se dé la mencionada concurrencia.
i) Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos o anticipos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
j) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
k) Declaración de no causar perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, incluida en el anexo VI y a lo establecido en el artículo 5 y anexos II B.4 y III B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
l) Datos de la cuenta bancaria única de la entidad beneficiaria de la ayuda. Se creará a los efectos del cobro de la ayuda asociada a la convocatoria una cuenta bancaria específica.
m) Cumplimentación de una DACI, establecido en el anexo IV.
n) Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR establecido en el anexo V.
o) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR establecido en el anexo VI.
p) Otras declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del PRTR.
q) Aquellas entidades beneficiarias que desarrollen actividades económicas, de acuerdo con el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
3. En el caso de las agrupaciones, deberán aportar las autorizaciones, declaraciones responsables y los certificados indicados en el párrafo anterior correspondientes a cada una de las entidades beneficiarias que lo conforman. El representante de la agrupación deberá presentar en un único fichero PDF las autorizaciones, declaraciones responsables y certificados de cada una de las entidades beneficiarias en la sede electrónica y que se encontrará disponible en la sede electrónica, en el apartado información previa. Como excepción, en el caso de las declaraciones establecidas en los apartados m), n) y o), las agrupaciones podrán presentar una única declaración, que este firmada electrónicamente por todas las entidades beneficiarias que conforman la agrupación.
4. Las agrupaciones deberán aportar el presupuesto y cronograma establecido en el anexo III de la totalidad del proyecto, junto con un presupuesto cumplimentado por cada entidad integrante de la agrupación, que se aportarán en formato PDF firmado electrónicamente y en formato Excel siguiendo, en todo caso, el mismo formato del anexo III. Esta documentación se encontrará disponible en la sede electrónica, en el apartado espacio información.
1. Se establecerá un orden de prelación de los proyectos ordenados de mayor a menor, que se determinará en función de la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los criterios que se establecen en este artículo.
2. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes.
3. La evaluación se realizará basándose en los criterios que se especifican en este artículo. Los criterios de evaluación son los siguientes:
a) Coherencia interna y calidad del proyecto. Se valorará la adecuación de la propuesta a los objetivos de la convocatoria, con un máximo de 40 puntos, distribuidos de la siguiente manera:
1.º Calidad y coherencia del plan de trabajo, hasta 10 puntos.
2.º Coherencia y adecuación de la propuesta a: los medios, recursos, presupuesto y calendario asignados, hasta 10 puntos.
3.º Complementariedad y participación de agentes clave del territorio, hasta 5 puntos.
4.º Grado de innovación de la propuesta en sus contenidos, metodologías, impacto esperado, participación territorial y capacidad de transferencia, hasta 10 puntos.
5.º Difusión y comunicación del proyecto, hasta 5 puntos.
b) Contribución a la igualdad de oportunidades y de género. Se valorará con un máximo de 20 puntos, con la siguiente distribución:
1.º La contribución al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres tanto a través de las actuaciones del proyecto como la aplicación del enfoque de género en todas sus fases, desde el diseño hasta el seguimiento y evaluación. También se valorarán las actuaciones específicas de mejora de la conciliación, y la reducción o eliminación tanto de estereotipos como de la segregación laboral, hasta 10 puntos.
2.º La contribución a la igualdad de oportunidades y no discriminación y cómo se tiene en cuenta la situación de las personas con discapacidad, hasta 10 puntos.
c) Adecuación a los objetivos generales del PRTR. Se valorará la contribución del proyecto a la transición verde, a la transformación digital y a la forma de abordar en la propuesta el reto demográfico, con un máximo de 15 puntos distribuidos de la siguiente manera:
1.º En la transición ecológica se tendrán en cuenta los enfoques innovadores asociados a cuestiones como el impulso de energías renovables, la economía circular, la conservación de la biodiversidad, o la regeneración urbana, hasta 5 puntos.
2.º Sobre la transformación digital, se valorará la inclusión en la propuesta de contenidos referidos a la digitalización de las organizaciones y de sus actuaciones a través del uso de big data, inteligencia artificial, o el uso de plataformas digitales, que posibiliten cambios innovadores que redunden en una mejora de la calidad de los productos y servicios, hasta 5 puntos.
3.º En cuanto a la cohesión social y territorial, se valorarán especialmente los nuevos enfoques para fijar la población en el territorio, a través de la generación de actividades y creación de servicios que mejoren la calidad de vida de las personas que viven en zonas en riesgo de despoblación, especialmente personas mayores o dependientes, mediante la generación de actividad económica por parte de personas jóvenes, hasta 5 puntos.
d) Sistema de seguimiento y evaluación. Se valorará con un máximo de 15 puntos la existencia de un plan coherente para el seguimiento y evaluación de las actuaciones, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:
1.º La recogida y tratamiento de los datos, hasta 5 puntos.
2.º El establecimiento de indicadores de ejecución y resultados, hasta 5 puntos.
3.º El plan de seguimiento y evaluación, hasta 5 puntos.
e) Adecuación a planes y marcos estratégicos. Se valorará la adecuación y coherencia de la propuesta a los planes y marcos estratégicos, con un máximo de 10 puntos:
1.º La adecuación a los planes de ámbito local, regional, nacional o europeo relacionados con la Economía Social, hasta 5 puntos.
2.º La contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en general a otros marcos estratégicos relacionados con la sostenibilidad social, económica y medioambiental, hasta 5 puntos.
4. La Comisión de Valoración evaluará la totalidad de los proyectos. La concesión de las ayudas se adjudicará por orden decreciente de puntuación, hasta que se agote el presupuesto disponible.
5. Solo serán subvencionables los proyectos que se consideren factibles teniendo en cuenta los medios, recursos, presupuesto y calendario. Asimismo, será preciso que los proyectos hayan obtenido un mínimo de 5 puntos en cada uno de los cinco criterios especificados en el apartado 3.
6. Si una vez aplicados los criterios de adjudicación, resultara crédito sobrante, éste se destinará a incrementar el porcentaje a aplicar para cada proyecto, en función de su puntuación hasta que se agote dicho crédito, respetando en todo caso el importe máximo de este tipo de subvención y sin que nunca pueda rebasarse el 100 % de los costes subvencionados solicitados.
7. En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el empate, este se dirimirá a favor de la solicitud que tenga mayor puntuación en la valoración del criterio a), b), c), d) y e), por este orden.
8. Si al aplicar estos criterios de adjudicación continuara el empate, este se arbitrará por medio de la fecha y hora de registro de la solicitud y, de continuar el empate, en última instancia, por sorteo ante el órgano instructor.
1. La Comisión de Evaluación, órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, estará integrada por los siguientes miembros:
a) Presidencia: una persona funcionaria de la Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
b) Vocalía: cuatro personas funcionarias de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, una de las cuales ostentará la Secretaría, designados por la persona titular de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
Las personas designadas podrán delegar en favor del personal funcionario de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
2. El funcionamiento de la Comisión de Evaluación se ajustará a lo previsto en materia de órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre; y será atendido con los medios presupuestarios de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, sin que suponga incremento de gasto alguno.
3. La Comisión de Evaluación, una vez evaluadas las solicitudes, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases y en la convocatoria, emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El procedimiento de evaluación de las solicitudes se realizará en una única fase. Las entidades aportarán con la solicitud de la ayuda la información necesaria para que se evalúe la propuesta, conforme a los criterios de evaluación que se establecen en el artículo 21. Quedarán eliminadas las solicitudes que no cumplan el criterio o criterios a los que se otorgue carácter excluyente o no superen el umbral que se fije para uno o algunos de los criterios.
El órgano instructor efectuará la revisión de las solicitudes presentadas, verificando tanto el contenido y la documentación aportada como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. Asimismo, en esta fase, se verificará el cumplimento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria por parte de cada participante en el proyecto, además de la adecuación de la propuesta a los requisitos establecidos en el artículo 8.
4. Todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de las entidades beneficiarias, o en los procedimientos de verificación del cumplimiento de las condiciones, cumplimentarán previamente una DACI. En el caso de los órganos colegiados, dicha declaración podrá realizarse al inicio de la correspondiente reunión, por todos los intervinientes en la misma, reflejándose en el acta.
En caso de que alguna de estas personas considere que está incurriendo en un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones y competencias, deberá abstenerse de tomar ninguna decisión y abandonará el procedimiento. La abstención se realizará por escrito y se notificará a su superior inmediato o al órgano que lo designó, quien resolverá lo procedente. Cuando considere que existe un conflicto de intereses, acordará su sustitución por otra persona.
Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano concedente, quien resolverá lo procedente y, en su caso, acordará su sustitución por otra persona.
1. La Comisión de Evaluación, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 21, emitirá un informe motivado sobre la prelación de las actuaciones, ordenándolas individualmente. No obstante, no será necesario fijar dicha orden de prelación cuando el crédito consignado sea suficiente para atender todas las actuaciones elegibles contenidas en las solicitudes presentadas y estas satisfagan los requisitos exigidos.
2. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, emitirá una propuesta de resolución provisional que deberá ser notificada a los interesados.
3. La notificación de la propuesta de resolución provisional abre un periodo de diez días hábiles para presentar alegaciones.
4. Cuando el importe de la subvención, contenido en la propuesta de resolución provisional, sea inferior al que figuraba en el proyecto inicialmente presentado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se podrá instar a las entidades beneficiarias a la reformulación de sus solicitudes, en el plazo de tres días hábiles, a contar desde la propuesta de la resolución provisional, para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, identificando, de entre las actuaciones propuestas, aquellas cuyo compromiso mantiene y que serán objeto de subvención.
5. La reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, exigidos por la convocatoria, así como, los criterios de valoración establecidos, debiendo contar con la conformidad de la Comisión de Evaluación.
6. Examinadas por la Comisión de Evaluación las reformulaciones presentadas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor elaborará una propuesta de resolución definitiva que deberá notificarse a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios.
7. Los beneficiarios propuestos en la propuesta de resolución definitiva deberán comunicar la aceptación de la propuesta en un plazo de dos días hábiles. La aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo establecido en la normativa específica de los fondos del PRTR.
8. Ni la propuesta de resolución provisional ni la definitiva crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no le haya sido notificada la resolución de concesión.
9. Se elevará al órgano concedente la propuesta de resolución, en la que se expresará la relación de personas beneficiarias para las que se propone la concesión de subvención y la cuantía, asignable a cada proyecto, especificando en todos los casos su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
1. La competencia para dictar la resolución, la cual tendrá el carácter de definitiva, corresponde a la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
2. El órgano competente para dictar resolución tendrá un plazo de quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución por parte del órgano instructor.
3. La concesión de estas subvenciones estará supeditada en todo caso al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la correspondiente convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución podrá entenderse desestimada la solicitud de subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a cuyos efectos se notificará por medios electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se expondrá en el tablón de anuncios de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
Además, la resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de entidad beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por parte de alguna de las entidades beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de las entidades beneficiarias se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
6. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de la Audiencia Nacional. Potestativamente podrá interponerse, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, recurso de reposición ante la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, teniendo en cuenta que, si se interpone este recurso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
1. Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente o designado para tal fin en una Memoria final. Ésta se ajustará al contenido establecido en el anexo VII.
2. La Memoria final del proyecto deberá contener, obligatoriamente y para todos los proyectos, una cuenta justificativa con aportación de informe de auditor según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, donde se acredite que la subvención recibida se ha empleado para la finalidad y los objetivos para los que ha sido otorgada.
La cuenta justificativa contendrá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en base a lo establecido en el anexo VII.
b) Una memoria económica abreviada que incluirá:
1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
2.º Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil relativos a los gastos e inversiones descritos en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago, por alguno de los siguientes medios: transferencia bancaria o documento mercantil en los que se indique el emisor, el receptor, el importe y la fecha. Los extractos bancarios obtenidos a través de internet deberán contar con sello de la entidad o un código de verificación.
3.º Un informe de un auditor de cuentas, inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con el alcance de la revisión y el contenido establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de marzo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.º Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, debe de haber solicitado la entidad beneficiaria.
5.º En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
6.º Cualquier otra documentación justificativa o informes que de acuerdo con la normativa nacional o europea resulten exigibles en el marco del PRTR.
Se flexibilizarán los compromisos plasmados en la memoria económica, en el sentido de que se permitirán compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención.
3. La documentación de la Memoria final del proyecto deberá presentarse electrónicamente en el plazo de tres meses desde la finalización de las actuaciones subvencionadas, de acuerdo con el cronograma orientativo presentado en la solicitud, y, en todo caso, antes del 31 de octubre de 2023, salvo que concurran causas sobrevenidas o circunstancias singulares, determinadas por los órganos o autoridades nacionales o internacionales, que establezcan una ampliación en el plazo de ejecución de los proyectos.
4. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haberse presentado la documentación justificativa ante el órgano competente, este requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión Europea y nacional relativa al MRR.
6. Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica del representante, de acuerdo con lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
La presentación electrónica será exigible tanto para la documentación presentada inicialmente, y durante el plazo indicado en el apartado 3, como para las posibles subsanaciones que sean solicitadas por el órgano instructor a las entidades beneficiarias.
La presentación electrónica no exime a las entidades beneficiarias de conservar los originales de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, u otros, por si les fueran requeridos posteriormente por el órgano instructor y responsable del seguimiento o, al realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
7. En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018), la percepción de fondos del PRTR estará condicionada a que se presente compromiso por escrito para conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control.
8. No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del presente artículo, se podrá requerir documentación justificativa complementaria para la justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del PRTR, informando de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la financiación y de los objetivos.
9. Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano responsable del seguimiento emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de la financiación. Dicha certificación determinará, en su caso, el acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
10. De igual forma, la entidad beneficiaria informará proactivamente sobre cualquier evento importante o imprevisto que pueda impactar en la consecución de los objetivos del proyecto.
11. La no justificación en plazo por parte de las entidades beneficiarias de la subvención supondrá el reintegro y/o la pérdida del derecho a cobro de la misma.
12. En caso de que la entidad beneficiaria no facilitase los documentos originales solicitados en un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al que se le hubiera requerido, se considerará tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la subvención otorgada. En este sentido, procederá, en su caso, el reintegro de la subvención por parte de este en los términos establecidos en los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la resolución de concesión son:
a) Causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y que no fuesen previsibles con anterioridad.
b) Necesidad de ajustar la actividad a especificaciones técnicas, de salud, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad, aprobadas con posterioridad a la adjudicación de la ayuda.
c) La modificación del desglose del importe total subvencionado de las distintas categorías de gastos, siempre y cuando sea presupuestariamente posible y no suponga incremento de la cuantía inicialmente concedida y esté debidamente motivada.
3. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los objetivos perseguidos con la ayuda concedida, ni alterar la actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió, ni elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión, ni prorrogar el plazo de ejecución de los proyectos. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento.
4. Cualquier modificación requerirá la previa solicitud de la entidad interesada. El plazo para la presentación de solicitudes concluirá quince días hábiles antes de que finalice el plazo de ejecución de los gastos inicialmente previstos y deberá ser aceptado de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose a la entidad interesada. En caso de no recibir notificación de la aceptación por el órgano que dictó la resolución de concesión en un plazo de diez días naturales, se entenderá como desestimada la modificación, pudiendo implicar el incumplimiento o reintegro de la ayuda concedida.
1. El texto completo de estas bases reguladoras se podrá consultar en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
2. Las entidades beneficiarias deberán dar publicidad de las ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y en el artículo 9.7 de esta orden.
1. El pago de la ayuda concedida quedará condicionada a que exista constancia por parte del órgano instructor de que la entidad beneficiaria cumple con los requisitos exigidos en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.
2. Se efectuará un pago anticipado del 30 % de la ayuda total concedida, a abonar con la publicación de resolución de concesión a la que se refiere el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y, seguido de un 70 %, cuyo abono se realizará en el momento en el que se acredite fehacientemente el inicio del proyecto objeto de la subvención.
El importe del pago deberá destinarse exclusivamente a cubrir los costes subvencionables de las actuaciones objeto de subvención, debiendo justificarse su correcta utilización en los términos previstos en el artículo 25.
En caso de existencia de remanente de crédito en las partidas presupuestarias asociadas a la convocatoria se prevé la posibilidad de que dicho crédito se incorpore a la financiación de convocatorias futuras.
1. Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas o con posterioridad a