Categoría: Administración

La pandemia de la COVID-19 ha obligado a los Estados miembros de la Unión Europea a adoptar con rapidez medidas coordinadas para proteger, en primer lugar, la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía al tiempo que se potencia la recuperación teniendo como vectores de crecimiento la doble transición: sostenibilidad y digitalización.
El Consejo Europeo, acordó el 21 de julio de 2020 un paquete de medidas de gran alcance, las cuales aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 e incorporan un instrumento europeo para la recuperación (Next Generation EU), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Para acceder a los recursos financieros de este mecanismo, los Estados miembros debían elaborar un plan orientado a la recuperación. España presentó a la Comisión Europea su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, «Plan de Recuperación»), que fue aprobado por Decisión de Ejecución del Consejo el pasado 13 de julio de 2021 (CID por sus siglas en inglés).
Los proyectos que constituyen dicho Plan de Recuperación, alineados con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la transición verde y digital, permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones que permitan, por un lado, un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y, por otro, una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
El Plan de Recuperación contempla diez políticas palanca y 30 componentes, recogiendo un conjunto coherente de inversiones y reformas orientadas a la recuperación y a impulsar un cambio de modelo económico, productivo y social para abordar de forma equilibrada los retos futuros: hacia una España más sostenible, digitalizada, en igualdad y con mayor cohesión social.
De las diez políticas palanca, la quinta, «Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora», se centra esencialmente en la competitividad industrial y de las pymes.
En dicha política se incluye el Componente 13 del Plan de Recuperación, denominado «Impulso a la Pyme», que subraya retos específicos que deben abordarse para impulsar la competitividad de la economía española y fomentar el crecimiento y el empleo, como son: el emprendimiento, el crecimiento, la digitalización, la innovación y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.
En concreto, este componente 13 se estructura en dos reformas y cinco inversiones, una de las cuales, la inversión número 2, C13.I2 «Crecimiento», tiene como objetivo la promoción del crecimiento de las pymes a través de tres proyectos diferenciados: (i) el programa de Capacidades para el crecimiento de las pymes, (ii) el programa de Apoyo al emprendimiento industrial, (iii) el de Refuerzo del sistema español de garantía recíproca, para incrementar la liquidez de las pymes, facilitando su apoyo en forma de avales.
La presente línea de ayudas se integra en el marco del proyecto C13.I2.2 «Programa de Capacidades para el Crecimiento de la PYME» cuyo objetivo es proporcionar las capacidades necesarias a las empresas para que puedan crecer y ser más competitivas, evolucionando sus modelos de negocio y contribuyendo a la doble transición.
La Fundación EOI, F.S.P (en adelante, la Fundación EOI) actuará como entidad ejecutora de las siguientes actuaciones incluidas en la citada medida (C13.I2.2): C13.I2.2.1 «Activa Industria 4.0», con el objetivo de apoyar en la transformación digital de pymes industriales; C13.I2.2.2 «Activa Crecimiento», para promover el incremento del tamaño de las pymes; C13.I2.2.3 «Activa Ciberseguridad», que tiene por objeto fomentar las auditorías de ciberseguridad para pymes, y C13.I2.2.4 «Activa Startups», destinada a apoyar en innovación abierta al ecosistema pyme español a través de la conexión de pymes con startups.
Estas bases desarrollan los programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» y «Activa Ciberseguridad», como iniciativas de impulso a las pymes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI.
Los tres programas forman parte de la Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0, cuyo objetivo es incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector, favorecer un modelo propio para la industria del futuro desarrollando la oferta local de soluciones digitales, y promoviendo, también, palancas competitivas diferenciales para apoyar la industria española e impulsar sus exportaciones.
Los programas referidos en esta orden están asociados, en la Decisión de Ejecución del Consejo del pasado 13 de julio de 2021, al cumplimiento del objetivo CID número 197, consistente en que, antes del 31 de diciembre de 2023, al menos 11.000 pymes deben haber completado el Programa de Capacidades para el Crecimiento de la PYME.
Además, las actuaciones previstas en este componente se alinean con el Marco Estratégico en Política de PYME 2030 (MEPP 2030), aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, el 12 de abril de 2019, orientado a consolidar la posición de las pymes españolas en un entorno global, digitalizado, sostenible y más innovador, y en línea con la visión transformadora de España definida en la Agenda del Cambio, publicada en febrero de 2019. Asimismo, se tienen en cuenta los retos y objetivos definidos en la Estrategia España Nación Emprendedora, la Agenda España Digital 2025, la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027 y la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.
La Fundación EOI verificará el cumplimiento del objetivo CID con un documento resumen en el que se identifique el listado de empresarios o pymes que han completado el programa (haciendo expresa indicación a la identificación de los beneficiarios y al tamaño de las pymes), así como con una certificación oficial de finalización del programa y la acreditación documental sobre el tipo de apoyo recibido.
Por otro lado, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 de 12 de febrero de 2021, por el que se regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en cumplimiento de la presente orden, deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el Componente 13, Inversión C13.I2 en la que se enmarca, tanto en lo referido al principio DNSH, como especialmente en lo que se refiere a las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan. En concreto, la inversión C13.I2 no tiene asignado ningún porcentaje específico ni en etiquetado verde ni digital.
La Fundación EOI es una fundación del sector público estatal, tutelada por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que viene colaborando con ésta en el marco de la mencionada Estrategia, y que tiene como finalidad general potenciar la formación, la realización y la promoción de estudios e investigaciones científicas y técnicas, fundamentalmente en los ámbitos de la industria, el medio ambiente, la innovación, las nuevas tecnologías, la pequeña y mediana empresa, la propiedad industrial y la economía y la prospectiva sobre la evolución de la ciencia y la tecnología y su impacto e influencia en el sector productivo y en la sociedad.
La Fundación EOI, como se ha señalado, forma parte de las entidades ejecutoras del componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tal y como anteriormente se ha señalado.
Las líneas de ayudas reguladas en esta orden de bases se encuentran acogidas, como se ha señalado al Componente 13, «Impulso a la PYME», en su inversión C13.I2 «Crecimiento» con el objetivo de favorecer la promoción del crecimiento de las pymes a través de diferentes líneas de actuación. El proyecto C13.I2.2, «Programa de Capacidades para el Crecimiento de la PYME», tiene una dotación global de 101 millones de euros para tres años (2021-2023). Y en concreto, la iniciativa C13.I2.2.1 «Activa Industria 4.0», la C13.I2.2.2 «Activa Crecimiento» y la C13.I2.2.3 «Activa Ciberseguridad» cuentan con una inversión prevista de 33, 16,9 y 7,1 millones de euros, respectivamente procedentes del fondo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y un objetivo estimado de 3.300, 2.600 y 4.500 PYMES respectivamente apoyadas antes de finales del cuarto trimestre de 2023, contribuyendo al objetivo CID global número 197 de 11.000 PYMES.
Estas iniciativas se articulan a través de la concesión de ayudas en especie a pymes, en concurrencia no competitiva, que consistirán en un servicio de asesoramiento especializado que tendrá como resultado la elaboración de un diagnóstico y un plan de actuación para las empresas beneficiarias en materia de competitividad empresarial, transformación digital a la Industria 4.0 o ciberseguridad, según el programa del que se trate. Dicho asesoramiento se prestará por la entidad colaboradora, que será elegida por la solicitante de la ayuda en el momento de resultar beneficiaria. A estos efectos, no podrá elegirse a una entidad colaboradora con la que pueda haber conflicto de interés. Al corresponder esta ayuda en especie a un servicio específico que contrata la Fundación EOI, se garantiza el cumplimiento de los principios transversales del Plan de Recuperación de prevención de la doble financiación, así como del resto de principios relativos a la detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés.
Para la implementación del programa correspondiente, «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento», o «Activa Ciberseguridad», la Fundación EOI contará con entidades colaboradoras que prestarán los servicios de asesoramiento a las empresas beneficiarias. Para cada programa concreto se seleccionarán distintas entidades colaboradoras a través de procedimientos de licitación.
Las convocatorias están previstas para que se financien con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. No obstante, también se prevé que puedan utilizarse estas bases reguladoras para articular convocatorias con presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Estas ayudas se consideran ayudas de minimis, y se otorgan de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, el Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura, sin perjuicio, del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación.
El ámbito de aplicación de los programas de asesoramiento «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» y «Activa Ciberseguridad», objeto de las ayudas, es todo el territorio nacional y, con el objetivo de impulsar la ejecución en las distintas regiones, se prevé la participación de las Comunidades Autónomas que quieran adherirse a las mismas.
Las ayudas contempladas en la presente orden se incardinan en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 2022-2024, elaborado en un contexto condicionado por la crisis sanitaria y marcado desde el punto de vista presupuestario por la aprobación de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y por la aprobación del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. Dicha incardinación se efectúa a través de la primera de las cinco líneas estratégicas del Plan, que tiene como objetivo fomentar la digitalización y la innovación en los sectores productivos competencia del Departamento.
Las ayudas contempladas en la presente orden se concederán en la modalidad de concurrencia no competitiva, por orden de presentación de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de cumplimiento de los requisitos exigidos hasta que se agote el crédito presupuestario asignado en la convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Debido al volumen previsto de solicitudes y para simplificar y agilizar la tramitación, se ha previsto su presentación únicamente por medios telemáticos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 3.3 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Por ello, no será posible utilizar cualquier otro canal que el que se establece en esta orden y en las posteriores convocatorias. La presentación de las solicitudes se llevará a cabo a través del formulario electrónico previsto a tal efecto en cada convocatoria, conforme a lo establecido en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El equivalente de subvención bruta estimado de las ayudas que se concedan, mediante las correspondientes resoluciones debidamente notificadas a los beneficiarios, será de 7.400 euros en el programa «Activa Industria 4.0», 6.150 euros en el programa «Activa Crecimiento» y 2.140 en el programa «Activa Ciberseguridad» (sin impuestos indirectos incluidos) por beneficiario.
Las ayudas se destinarán a la recepción de un servicio de asesoramiento que incluirá un diagnóstico y un análisis de la situación de partida de la empresa y la consiguiente elaboración de un Plan de Acción que incluirá la definición, cuantificación y priorización de actuaciones personalizadas para la empresa. El asesoramiento contemplará también la realización de talleres temáticos y demostrativos que ayuden a la empresa beneficiaria a definir el proceso de implantación de las acciones recogidas en el Plan de Acción. Todo ello adaptado a las temáticas correspondientes según se trate del programa «Activa Industria 4.0», del programa «Activa Crecimiento» o del programa «Activa Ciberseguridad. En todos los casos la duración estimada del servicio de asesoramiento será de cuatro meses para cada empresa beneficiaria y deberá permitir a la misma crecer y ser más competitiva, haciendo evolucionar su modelo de negocio.
Al finalizar el asesoramiento, la entidad colaboradora, en nombre de la empresa beneficiaria, deberá presentar la justificación de las acciones realizadas incluyendo la documentación exigida y las demás pruebas admitidas en Derecho, en su caso.
Las ayudas serán gestionadas por Fundación EOI, gestión que incluye la concesión, el seguimiento y resolución. En su caso, la declaración de procedencia de reintegro, así como la instrucción del procedimiento sancionador se realizarán por el órgano que corresponda del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En cumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en particular del artículo 17.3 del citado texto legal, las bases reguladoras que se establecen en la presente orden ministerial se estructuran en 2 capítulos, 30 artículos y 2 disposiciones finales.
El primer capítulo recoge disposiciones de carácter general como objeto, régimen jurídico, ámbitos material y geográfico, objetivo del programa, beneficiarios, financiación de las actividades subvencionadas, requisitos y obligaciones de las empresas beneficiarias requisitos de las entidades colaboradoras, definición del servicio de asesoramiento, DNSH, criterios para la concesión de las subvenciones y compatibilidad con otras ayudas, así como las características de las ayudas.
El capítulo segundo define los órganos competentes y el procedimiento para el otorgamiento de ayudas, plazos, formalización y presentación de solicitudes, resolución del procedimiento, las actividades incluidas en el servicio de asesoramiento, recursos, justificación de la realización de la actividad subvencionada y de la aplicación de las subvenciones, incumplimientos, reintegros y sanciones y, por último, control y actuaciones de comprobación y publicidad.
Es el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el que establece que, en el ámbito de la Administración General del Estado, los ministros correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión de subvenciones, y el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el que habilita para establecer las presentes bases reguladoras mediante orden ministerial, tratándose de la concesión en concurrencia no competitiva.
La competencia del Estado para dictar esta orden se justifica en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que «exige decisiones unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de determinados problemas en orden a la consecución de dichos objetivos [de política económica global o sectorial] y evite que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en las distintas partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores» (STC 186/1988, F.J. II; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de septiembre, F.J. 5). El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza y forma de instrumentación, orientadas a garantizar la «unidad de mercado» (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la «unidad económica» (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).
Específicamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero, (FJ 8) cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas competencias exclusivas sobre la materia en que recaen las subvenciones, éstas pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada de las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado». No obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas circunstancias y para valorar la participación en ese proceso de las comunidades autónomas (STC 31/10, F.J. 62).
Dado que el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en beneficio de su efectividad y operatividad, es conveniente la concentración de fondos que los financian, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto, pues tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de apoyo financiero que es desconocida en general. De hecho, los posibles beneficiarios de las convocatorias presentan características tan heterogéneas en lo relativo a su estructura y a sus dimensiones, que resulta imposible anticipar un criterio claro de distribución de los fondos adscritos a las distintas convocatorias entre las distintas Comunidades Autónomas.
De forma adicional, cabe destacar que se prevé la colaboración de forma voluntaria de las distintas comunidades autónomas en un momento previo a la aprobación de convocatorias, mediante la adhesión a los programas, con propuesta de sectores preferentes de atención, difusión de convocatorias, participación en la comunicación de las mismas o, incluso, con la aportación de fondos propios, en su caso, lo que en definitiva supondrá una participación activa en la consecución de los objetivos fijados en cada una de sus regiones.
La presente orden se dicta de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Para ello, de acuerdo con los artículos 9.2 y 17 y con la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante esta orden se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de las pymes a través de los programas «Activa» del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Por su parte, la competencia para la posterior convocatoria y concesión de las ayudas recae en la Dirección General de la Fundación EOI, en virtud de lo dispuesto en la citada disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en la Orden ICT/1291/2018, de 27 de noviembre, por la que se autoriza a la Fundación EOI, F.S.P, a conceder subvenciones.
Esta orden se dicta de acuerdo con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Responde a los principios de necesidad y eficacia, con el claro objetivo de apoyar el crecimiento empresarial y la transformación digital de las empresas, contribuyendo a la generación de valor añadido y empleo, la aplicación de tecnologías innovadoras en industria 4.0 y ciberseguridad y el acceso de las empresas a nuevos mercados, de forma que se pueda dar cumplimiento al objetivo CID 197 citado.
También se satisface el principio de proporcionalidad, siendo un requerimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la aprobación de unas bases reguladoras. De la misma manera se cumple con el principio de seguridad jurídica, incardinándose en el ordenamiento jurídico nacional establecido en materia de subvenciones. El principio de transparencia se cumple en la medida en que en el preámbulo se identifican con claridad los objetivos de la norma y se dará publicidad de la misma conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Por último, resulta conforme al principio de eficiencia dado que no se establecen cargas innecesarias más allá de las estrictamente necesarias en un procedimiento de otorgamiento de subvenciones.
En su elaboración, se ha tenido en cuenta la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En relación con la tramitación de la orden de bases, resulta de aplicación lo establecido en el capítulo V de título IV del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,
En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, esta orden ha sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En su virtud, dispongo:
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y el procedimiento de gestión de la concesión de ayudas en especie, dirigidas a favorecer el crecimiento de las pymes, impulsar su transformación digital y mejorar sus niveles de ciberseguridad, conforme a las actuaciones que se describen en el artículo 13.3 de esta orden. El régimen de estas ayudas es el de concurrencia no competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. A los efectos de esta orden, serán consideradas PYMEs, aquellas empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
3. Las ayudas reguladas en esta orden de bases podrán estar financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, «Plan de Recuperación») del Gobierno de España, integrándose en la inversión 2, «Crecimiento», del Componente 13, Impulso a la PYME, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de recuperación y resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional, o bien con cargo a algunas de las otras opciones entre las recogidas en el artículo 5 de estas bases reguladoras. En todo caso, las convocatorias correspondientes a 2022 y 2023 se financiarán con cargo al Plan de Recuperación, debiendo estar completadas las actuaciones antes del plazo establecido para el cumplimento del objetivo CID, que actualmente está fijado para el 31 de diciembre de 2023.
1. Las subvenciones previstas en la presente orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Será también de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
2. Las subvenciones se sujetarán también, siempre que la financiación provenga del mismo, a la normativa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular, al Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Dada la posibilidad de financiación de las ayudas a conceder en el marco de esta orden por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, será de aplicación, el Real Decreto‐ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. Las ayudas a conceder en el marco de esta orden constituirán ayudas de minimis, por lo que serán de aplicación, sin perjuicio del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, las siguientes normas:
a) el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, que se aplicará con carácter general, salvo para los supuestos previstos en las letras b) y c;
b) el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, que se aplicará a las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas;
c) y el Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura, que se aplicará a las ayudas concedidas a las empresas del sector de la pesca y de la acuicultura.
5. En el caso de que la financiación provenga del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la ejecución de las actividades subvencionadas se sujetará a la normativa medioambiental aplicable, y en particular al principio de «no causar un perjuicio significativo» de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
El ámbito material de la presente orden comprende la recepción de servicios de asesoramiento especializado en crecimiento empresarial, transformación digital a Industria 4.0 o ciberseguridad, que sirvan a las empresas beneficiarias para impulsar su competitividad y fomentar el crecimiento y el empleo.
1. Las actividades objeto de ayuda podrán realizarse en la totalidad del territorio nacional.
2. Cada convocatoria regulará el ámbito geográfico de aplicación concreto de estas ayudas.
1. Las convocatorias que se acojan a esta orden de bases se financiarán con cargo al presupuesto de la Fundación EOI, F.S.P (en adelante, la Fundación EOI), que contará con una o varias de las siguientes fuentes de financiación:
a) La aplicación presupuestaria de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conforme a lo establecido en el pertinente Convenio.
b) Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
c) Las Comunidades Autónomas que se adhieran al programa.
2. En las convocatorias se indicarán expresamente las fuentes de financiación de entre las anteriores y el presupuesto específico de las mismas, que dependerá del régimen presupuestario que se acuerde en cada caso, así como del número y alcance de las actuaciones planteadas.
1. El objetivo de los programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» y «Activa Ciberseguridad» es favorecer e impulsar la digitalización, el crecimiento, la seguridad y la mejora de la competitividad de las pymes en España, conforme a los objetivos concretos que se describen a continuación para cada programa:
a) Activa Industria 4.0: programa de asesoramiento especializado y personalizado cuyo objetivo es ofrecer un diagnóstico y análisis exhaustivo de la situación digital de partida de la empresa y la elaboración de un Plan de Transformación que incluirá la definición, cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización personalizadas.
Programa orientado a pymes de la industria manufacturera para impulsar su transición a Industria 4.0.
b) Activa Crecimiento: programa de asesoramiento especializado y personalizado cuyo objetivo es ofrecer un diagnóstico y análisis de la empresa con objeto de detectar sus áreas potenciales de crecimiento y la elaboración de un Plan de Crecimiento con propuesta de acciones de mejora concretas en innovación, recursos humanos, operaciones, digitalización, marketing y comercialización y finanzas, entre otras.
Programa orientado a todo tipo de pymes, en especial las pequeñas empresas con capacidad de crecimiento empresarial.
c) Activa Ciberseguridad: programa de asesoramiento especializado y personalizado cuyo objetivo es ofrecer un análisis de la situación actual de la empresa en materia de Ciberseguridad para conocer su nivel de seguridad y elaboración de un Plan de Ciberseguridad específico para la misma con un diseño personalizado de acciones de mejora de ciberseguridad.
Programa orientado a todo tipo de pymes, en especial aquellas que deseen mejorar o potenciar sus procesos de ciberseguridad.
1. Las ayudas que se concedan en el marco de la presente orden van dirigidas a empresas que tengan la condición de PYME, conforme a lo establecido en el artículo 1.2 de esta orden.
2. Podrán obtener la condición de beneficiarias en las correspondientes convocatorias, efectuadas al amparo de esta orden, en los términos que las mismas establezcan y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, las pymes que tengan personalidad jurídica propia en España y estén legalmente constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente.
3. Deberán además cumplir con los siguientes requisitos:
a) Que estén inscritas en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
b) Que tengan su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.
c) Que cumplan con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a los requisitos para obtener la condición de beneficiaria, no pudiendo estar incursas en algunas de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la misma ley.
d) Que no tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
4. Quedan excluidas de estas ayudas las entidades que integren el sector público institucional de cualquier Administración pública, vinculadas o dependientes de ésta, en los términos dispuestos en el artículo 81 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tampoco podrán ser beneficiarias aquellas empresas que sean entidades colaboradoras, en los términos del artículo 9 de esta orden.
5. En cada convocatoria se podrá acotar el sector o tamaño determinado para poder ser considerada beneficiaria, siempre dentro de los requisitos establecidos en esta orden. La forma de acreditación de estos requisitos se establecerá en cada convocatoria.
1. Las empresas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las que se establezcan en estas bases y en las convocatorias.
2. Entre otras, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Poner a disposición del programa los medios necesarios para el correcto desarrollo del mismo y cooperar en todo momento con la Fundación EOI y las entidades colaboradoras.
b) La recepción de esta ayuda implicará la necesidad, por parte de los beneficiarios, de declararla como un ingreso percibido.
c) El beneficiario deberá declarar a la Fundación EOI todas las ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
d) Comunicar a la Fundación EOI cualquier alteración o incidencia que afecte a las condiciones bajo las cuales se concedió la ayuda.
e) Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y obligaciones tributarias, así como no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de acuerdo con los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
f) Conservar todos los documentos acreditativos de las actuaciones objeto de ayuda y tenerlas a disposición de Fundación EOI durante un periodo de cuatro años a contar desde el fin del período de justificación.
g) La empresa beneficiaria deberá facilitar a la entidad colaboradora cualquier documentación e información necesaria para la correcta justificación de la ayuda a los efectos establecidos en el artículo 25 de esta orden.
h) Dar la adecuada publicidad del origen de la ayuda otorgada mediante el presente Programa, a través de la difusión de los resultados del proyecto subvencionado en la forma o foros solicitada por EOI, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
i) Cumplir con los requerimientos especificados por EOI o el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en su caso, relativos a las actuaciones de seguimiento, control y comprobación.
3. En el caso de que la convocatoria se financie con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones, europeas y nacionales aplicables. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
b) Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
c) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
d) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
e) Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
f) Conservarán los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación (3 años si la financiación no supera 60.000€), de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
g) Asegurarán la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
1. La Fundación EOI F.S.P, en aplicación de lo establecido en el artículo 16.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, seleccionará mediante procedimientos de licitación a las entidades colaboradoras que prestarán el servicio de asesoramiento a las empresas beneficiarias en cada uno de los programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento», o «Activa Ciberseguridad». Para poder participar en el procedimiento de licitación las entidades colaboradoras deberán acreditar que cumplen con las condiciones de solvencia económica y financiera, así como técnica y profesional en cada caso. En concreto, deberán disponer de un volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato por un importe similar al valor estimado, y acreditar que se han realizado servicios de igual o similar naturaleza a los que constituyan el objeto del contrato de un importe aproximado al 70 por ciento del valor estimado del contrato.
2. Las entidades colaboradoras deberán cumplir con los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y ejercerán las siguientes funciones:
a) Entregarán a los beneficiarios la ayuda en especie de acuerdo con los criterios establecidos en estas bases reguladoras y en el contrato que se suscriba con el órgano concedente.
b) Justificarán la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y entregarán la justificación presentada por los beneficiarios.
En el contrato que se suscriba con la Fundación EOI F.S.P, se establecerán medidas para la prevención del fraude y situaciones de conflictos de intereses, tanto en la fase de evaluación como de revisión de las justificaciones.
3. Son obligaciones de las entidades colaboradoras las establecidas en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las siguientes:
a) La atracción de pymes a los programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» y «Activa Ciberseguridad» susceptibles de recibir el servicio de asesoramiento correspondiente.
b) Dar soporte a las pymes que quieran solicitar la ayuda para la tramitación de la solicitud de las mismas.
c) El desarrollo y seguimiento de las acciones vinculadas a los programas de asesoramiento a las empresas beneficiarias.
d) Justificación de la prestación del servicio de asesoramiento a la empresa beneficiaria ante Fundación EOI, remitiendo la información necesaria tanto económica, de indicadores y de resultados. A estos efectos, conservará la documentación justificativa de la realización de los servicios durante un periodo de cuatro años a partir de 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación. La entidad colaboradora será la responsable de custodiar los entregables justificativos del servicio prestado a la empresa beneficiaria, que incluirá en todo caso los justificantes de recepción del servicio por parte de la empresa beneficiaria.
e) En el caso de convocatorias financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se deberán también cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
f) Obtener el visto bueno de Fundación EOI con carácter previo en el caso de que se necesite realizar cualquier adaptación de las actividades objeto de la ayuda, debida a causas sobrevenidas o propuesta para mejorar la calidad del servicio.
g) Mencionar, en las acciones de comunicación, publicaciones, páginas web o similares realizadas para la difusión de su condición de entidad colaboradora del Programa «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» y/o «Activa Ciberseguridad», que la financiación de las ayudas se efectúa con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por el Plan europeo Next Generation EU, si es el caso, o bien con cargo a algunas de las otras fuentes de financiación de entre las recogidas en el artículo 5 de estas bases reguladoras. Asimismo, en ese caso se deberán cumplir todas las obligaciones de publicidad a las que se refiere el artículo 31.3 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
h) No promocionar a través de los canales y medios de los Programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» y/o «Activa Ciberseguridad», otros productos o servicios y no condicionar al beneficiario para que contrate cualquier otro producto que no corresponda a las acciones vinculadas al programa.
i) Establecer medidas eficaces y proporcionadas para evitar el fraude en el cumplimiento de lo exigido por la normativa de subvenciones públicas, así como para impedir la doble financiación y la falsificación de la documentación.
j) Contribuir al objetivo autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte del servicio de asesoramiento mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
4. Serán también obligaciones en materia de empleo para las entidades colaboradoras las siguientes:
a) Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto del programa de asesoramiento.
b) Prestar las actividades objeto del programa desde centros de trabajo situados en España.
c) Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad objeto del programa, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.
5. Las entidades colaboradoras serán las únicas que puedan prestar a las empresas beneficiarias los servicios de asesoramiento descritos en el artículo 13.3 de esta orden de bases y detallados específicamente a su vez en cada convocatoria.
6. En caso de que una entidad colaboradora desee participar en más de uno de los Programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» o «Activa Ciberseguridad», deberá resultar seleccionada en cada uno de los procesos de licitación correspondientes, acreditando, para cada uno de ellos, los requisitos solicitados. Las empresas beneficiarias podrán elegir a la entidad colaboradora que les prestará el servicio de entre todas las seleccionadas para cada programa.
7. Las entidades colaboradoras estarán sujetas a un procedimiento de control por parte de Fundación EOI, bajo la supervisión del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este procedimiento de control abarcará los requisitos y obligaciones establecidas en esta orden para dichas entidades y se establecerá de forma continua durante el periodo de vigencia del Programa «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» o «Activa Ciberseguridad». En el procedimiento de licitación se establecerán medidas específicas de control, entre otras, informes de cumplimiento intermedio con indicadores de seguimiento del proyecto e informe final de cierre de actividades.
8. Las entidades colaboradoras deberán presentar declaraciones responsables relativas a la ausencia de conflicto de interés, a la cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, y al compromiso de cumplimiento de los principios transversales del Plan de Recuperación en el procedimiento de licitación que se publique, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original. A estos efectos, se utilizarán los modelos previstos en el Anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En el caso de que la convocatoria se financie con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
1. La pyme beneficiaria y la entidad colaboradora garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» (principio Do No Significant Harm –DNSH–), recogido en el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, en todas las fases del diseño y ejecución de cada actuación de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Cons