Categoría: Judicial

con decisiones judiciales de sobreseimiento y archivo de causas penales incoadas por denuncias de torturas, el Tribunal no advierte obstáculo para aplicarla también a supuestos como el presente, en el que no se ha presentado una denuncia por escrito (art. 266 LECrim) por torturas o tratos inhumanos o degradantes que diera lugar a la incoación de una causa penal, pero sí se han denunciado verbalmente por el recurrente las supuestas torturas ante la autoridad judicial, en concreto al prestar declaración ante el juez de guardia a cuya disposición se encontraba.
Según se desprende de esa misma jurisprudencia, aunque la diligencia reforzada que se exige del órgano judicial ante la denuncia de quien dice haber sido víctima de torturas o de tratos inhumanos o degradantes infligidos por agentes del Estado no comporta necesariamente la apertura de la instrucción en todo caso, sí que podrá entenderse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con la prohibición absoluta establecida en el art. 15 CE, cuando el órgano judicial no abra la instrucción pese a existir sospechas razonables de que se ha podido someter a torturas o malos tratos a quien se encuentra en esa situación especial de vulnerabilidad y tales sospechas se revelen como susceptibles de ser despejadas mediante una investigación suficiente y efectiva.
Por tanto, no existe objeción a que el Tribunal analice el objeto del presente recurso de amparo desde la perspectiva del parámetro de control constitucional que tanto la jurisprudencia del Tribunal como la del Tribunal Europeo Derechos Humanos han elaborado para los supuestos de investigación de denuncias respecto de torturas o malos tratos prohibidos por el art. 15 CE.
En el presente caso, como se desprende del examen de las actuaciones remitidas, resulta que el recurrente se negó a declarar en las dependencias policiales y declinó acogerse a su derecho a ser visitado por el médico forense durante su permanencia en estas, tal como consta en el acta de detención e información de derechos que figura en el atestado. Fue la Guardia Civil la que requirió la presencia de un médico, dado que, durante la operación policial que culminó con la detención del recurrente, este había colisionado de modo intencionado, según parece, el vehículo que conducía contra el de la Guardia Civil, causando lesiones a dos de los agentes. En ese escueto parte médico, de 6 de septiembre de 2020, que no se realizó por un médico forense sino por un facultativo del Servicio Andaluz de Salud, no se hace constar que el recurrente presentara lesiones.
Al ser puesto a disposición judicial el 8 de septiembre de 2020, el recurrente denunció en la comparecencia del art. 505 LECrim, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Estepona (diligencias previas núm. 714-2020) que tenía lesiones por todo el cuerpo, causadas por las torturas que decía sufridas mientras se hallaba bajo custodia policial, por lo que solicitaba ser examinado por el médico forense. Es decir, en este caso, si bien el recurrente no presentó una denuncia por escrito, sí que denunció verbalmente ante la autoridad judicial (arts. 265 y 267 LECrim), en su declaración como investigado, haber sufrido torturas durante su permanencia en dependencias policiales. En respuesta a esa denuncia el juez instructor en funciones de guardia acordó, conforme a lo interesado por el recurrente en virtud del derecho que le asisteexart. 520.2 i) LECrim, el reconocimiento de este por el médico forense.
Este tribunal constata, por tanto, que el juez de instrucción en funciones de guardia no permaneció completamente pasivo ante la denuncia verbal de las supuestas torturas, pues, como se ha indicado, acordó inmediatamente, mediante providencia de 8 de septiembre de 2020, que el recurrente fuera reconocido por el médico forense, constando en las actuaciones que el Instituto de Medicina Legal de Málaga citó para el 11 de septiembre de 2020 para la práctica de ese reconocimiento. Se desconoce por qué no recabó el juez la intervención del forense de guardia en el mismo acto de la toma de declaración al recurrente, una vez que este había manifestado presentar lesiones causadas por malos tratos sufridos durante su detención. Es claro que el pronto examen forense era crucial de cara a confirmar o descartar la existencia de sospechas razonables de que se hubiera podido someter a torturas o malos tratos al recurrente cuando se hallaba bajo custodia policial, a fin de que el instructor procediera en tal caso a la incoación de una causa penal para investigar las supuestas torturas.
Además, ese reconocimiento por el médico forense no llegó a practicarse en la fecha indicada, porque el recurrente no fue conducido a la sede del Instituto de Medicina Legal de Málaga desde el centro penitenciario en el que se hallaba interno tras ser decretada su prisión provisional por auto de 8 de septiembre de 2020 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Estepona, al no haberse emitido el mandamiento judicial para el traslado.
Habiendo asumido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Estepona, desde el 10 de septiembre de 2020, la causa seguida contra el recurrente por delitos contra la salud pública y otros (diligencias previas núm. 656-2020), su abogado presentó un escrito ante ese juzgado en el que manifestaba que el reconocimiento por el médico forense previsto para el 11 de septiembre de 2020 no había tenido lugar porque la oficina judicial no emitió el oportuno mandamiento para el traslado del recurrente desde el centro penitenciario al Instituto de Medicina Legal, por lo que reiteraba la solicitud de que se practicase el examen inmediato del recurrente por el médico forense para acreditar las lesiones derivadas de las torturas que aquel afirma haber padecido en las dependencias policiales.
El juzgado de instrucción, mediante providencia de 15 de septiembre de 2020, accedió a la práctica del reconocimiento médico forense del recurrente, al tiempo que le indicó que, para dilucidar las posibles responsabilidades penales derivadas de las supuestas torturas, debería iniciar un procedimiento específico. Por otra parte, el examen del recurrente por el médico forense siguió sin realizarse, en esta ocasión por no dar cita el Instituto de Medicina Legal, tras lo cual, mediante providencia de 27 de octubre de 2020, el juzgado acordó requerir del médico forense un informe sobre las lesiones del recurrente a la vista de la documentación obrante en la causa. Ese requerimiento fue contestado por escrito de 3 de noviembre de 2020, en el que la forense interviniente hace constar que, ante la ausencia de descripción de lesiones en el único parte médico que existe en las actuaciones (se refiere al emitido el 6 de septiembre de 2020 por un facultativo del Servicio Andaluz de Salud, que reconoció a instancias de la Guardia Civil al recurrente), no se puede emitir informe médico de sanidad.
No consta que el juzgado de instrucción haya adoptado ninguna otra decisión para que se practicase el reconocimiento del recurrente por el médico forense que había sido acordado.
Los hechos anteriormente relatados, puestos en relación con la jurisprudencia constitucional en la materia, determinan que el Tribunal concluya, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, que la actuación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Estepona frente a la denuncia de tortura o malos tratos policiales efectuada por el recurrente ya en su primera declaración ante la autoridad judicial, no fue conforme con las exigencias del art. 24.1, en relación con el art. 15 CE.
En efecto, el juez de instrucción en funciones de guardia pudo haber deducido testimonio de la denuncia verbal de malos tratos o torturas del recurrente y remitirlo al decanato, a los efectos de la incoación del oportuno procedimiento por el juzgado que resultara competente conforme a las reglas de reparto de asuntos. No lo hizo así, como tampoco recabó, según se ha señalado, la inmediata asistencia del forense de guardia, una vez que el recurrente declaró que tenía lesiones ocasionadas por malos tratos que afirmaba haber sufrido mientras se hallaba bajo custodia policial.
Por otra parte, aunque el reconocimiento del recurrente por el médico forense fue acordado, en los términos indicados, por el juzgado instructor en funciones de guardia, y reiterado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Estepona a instancias del letrado del recurrente, al resultar que no se había practicado en la fecha señalada por una omisión imputable a la oficina judicial (que no emitió el mandamiento para el traslado desde el centro penitenciario), lo cierto es que ese reconocimiento médico forense, que era crucial de cara a acreditar la existencia de sospechas razonables de las supuestas torturas policiales denunciadas por el recurrente al ser puesto a disposición judicial, debido a que los signos de lesiones, de existir, podrían desaparecer en poco tiempo, provocando la desaparición parcial o completa de pruebas, no llegó nunca a realizarse. Tras la devolución por el Juzgado Decano de Málaga del exhorto para la práctica del reconocimiento médico forense, sin cumplimentar, «al no dar cita el Instituto de Medicina Legal de Málaga», el juzgado instructor se limitó a requerir del forense un informe sobre las lesiones del recurrente a la vista de la documentación obrante en las actuaciones; al no existir sino el parte médico emitido el 6 de septiembre de 2020 por un facultativo del Servicio Andaluz de Salud, escueto y poco legible, en el que nada se dice acerca de la presencia de lesiones, el forense manifestó que no podía emitir informe médico de sanidad.
Ninguna otra actuación se llevó a cabo por el juzgado instructor para conseguir que el recurrente fuera efectivamente examinado por el médico forense. Esta deficiencia, que fue puesta en conocimiento de la Audiencia Provincial de Málaga en el recurso de apelación contra el auto de ratificación de la prisión provisional, no fue remediada en esta instancia judicial.
Sin perjuicio de cualesquiera otras iniciativas que el juzgado instructor pudiera haber tomado en tal sentido, ha de convenirse con el Ministerio Fiscal que, dada la circunstancia de que el recurrente se encontraba en prisión provisional, el juzgado podría haber acordado, en su caso, que el reconocimiento médico fuese practicado por los servicios sanitarios del centro penitenciario, como se prevé en el art. 520.2 i) LECrim, que reconoce el derecho «a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras administraciones públicas».
Por otra parte, no solo ocurre que el juzgado instructor (como previamente el instructor en funciones de guardia) no ha desplegado la actividad necesaria para garantizar la efectividad del derecho del recurrente a ser reconocido por el médico forense (o, en su defecto, por el del centro penitenciario en el que se hallaba interno), sino que de entrada, y esto es lo más relevante, ha declinado en todo caso la posibilidad de incoar un procedimiento para la investigación de las supuestas torturas o malos tratos que el recurrente, en su declaración como investigado, denunció haber sufrido cuando se encontraba bajo custodia policial.
En efecto, el juzgado de instrucción podía haber acordado la apertura de diligencias para investigar tales hechos; mas, como ya se vio, al ordenar en la providencia de 15 de septiembre de 2020 la práctica del reconocimiento médico forense del recurrente (tras constatarse que no había tenido lugar el acordado para el 11 de septiembre de 2020 por causas imputables a la oficina judicial), advirtió a aquel que «deberá iniciar otro procedimiento, en su caso, para dilucidar las posibles responsabilidades» por los malos tratos que dice haber sufrido en dependencias policiales, descartando el juzgado por tanto, incluso antes de conocer los resultados del reconocimiento médico forense que él mismo había acordado, la eventualidad de que ese examen pudiera confirmar la existencia de lesiones y su etiología (criterio que vino a confirmar el auto de la Audiencia Provincial). Podrían existir, en tal caso, sospechas razonables de que se ha podido someter a torturas o malos tratos a quien se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad, sospechas susceptibles de ser despejadas mediante una investigación suficiente y efectiva tras la incoación de la correspondiente causa penal. El hecho de que el recurrente no llegara a presentar una denuncia por escrito de los malos tratos o torturas que afirmó haber sufrido en su declaración ante la autoridad judicial, no eximía a los juzgados de instrucción de su obligación de adoptar las medidas oportunas a fin de que se incoase una causa penal para esclarecer los hechos denunciados verbalmente por aquel al ser puesto a disposición judicial.
En suma, el Tribunal aprecia que, en contradicción con los pronunciamientos constitucionales ya expuestos, ni el juzgado instructor en funciones de guardia, ni el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Estepona han desplegado en el presente caso la diligencia reforzada que les era exigible para dar respuesta a la denuncia verbal del recurrente, que afirmaba haber sufrido lesiones como consecuencia de torturas o malos tratos infligidos cuando se hallaba bajo custodia policial y que insistió reiteradamente en la necesidad de ser examinado por el médico forense para acreditar tales hechos, sin que ese reconocimiento médico llegara nunca a practicarse, por causas que no son imputables al recurrente. Los órganos judiciales no acordaron cualquier otra medida que fuera necesaria para asegurarse de que las diligencias acordadas al respecto en la causa fueran efectivas, ni procedieron tampoco a adoptar las decisiones procesales pertinentes encaminadas a la apertura de una causa penal para despejar, mediante una investigación suficiente y efectiva, las dudas acerca de la realidad de las torturas o malos tratos denunciados verbalmente por el recurrente ya en su primera declaración ante la autoridad judicial.
5. Alcance de la estimación del recurso de amparo.
En consecuencia, por cuanto ha quedado expuesto, ha de concluirse que procede la estimación parcial del presente recurso de amparo, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
El restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho presenta en este caso la particularidad, por las razones reseñadas en el primer fundamento jurídico de esta sentencia, al que hemos de remitirnos, de que no procede la anulación de los autos impugnados en amparo, en los que se ratifica la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza del recurrente, previamente acordada por auto de 8 de septiembre de 2020 del juzgado instructor en funciones de guardia. Procedente será, en cambio, para que tenga lugar ese restablecimiento, que el juzgado instructor lleve a cabo las actuaciones oportunas a fin de dispensar al recurrente la tutela judicial adecuada en relación con su denuncia de torturas o malos tratos prohibidos por el art. 15 CE.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por don Abdelmalik Arias Morales y, en su virtud:
1.º Declarar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con su derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
2.º Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, requerir al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Estepona para que lleve a cabo las actuaciones que procedan a fin de dispensar al recurrente la tutela judicial adecuada en relación con su denuncia referida a las torturas o malos tratos que dice haber sufrido bajo custodia policial.
3.º Desestimar en lo restante el recurso de amparo.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de octubre de dos mil veintidós.–Juan Antonio Ferrer Herrera Narváez Rodríguez.–Cándido Carrasco-Pumpido Peña Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.