Categoría: Administración

rse el caso de que el número de personas atendidas en fase de autonomía se incremente sustancialmente como consecuencia de un crecimiento en la tasa de reconocimiento de las solicitudes de protección inicial. En este caso, las cifras de personas atendidas en fase de autonomía crecerían también.
b) Margen de variación: cuando sea necesario, se podrá reconvertir hasta un máximo del 25 % de las asignaciones de personas atendidas en fase de acogida comunicadas a una entidad para que se atienda a más personas en la fase de autonomía.
iv. Necesidad de reducir los servicios de apoyo, intervención y acompañamiento social, psicológico y jurídico.
a) Motivación: La necesidad de este tipo de servicios está determinado por el volumen de llegadas, el lugar de llegada y el perfil de las personas solicitantes de protección, lo cual es difícil de prever con exactitud en este momento.
b) Margen de variación: cuando sea necesario, se podrá reconvertir hasta un 10 % las asignaciones de personas atendidas en la fase de autonomía.
Estas modificaciones de las comunicaciones de asignación en ningún caso podrán alterar el tope de la retribución máxima comprometida inicialmente con la entidad autorizada correspondiente, de conformidad con el artículo 42.2 del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo.
Además, estas variaciones no podrán suponer la modificación de un número de plazas/personas atendidas equivalente al 50 % del total de plazas/personas atendidas inicialmente comunicadas a la entidad.
Si a la planificación de necesidades de la presente resolución se le aplican los precios de referencia por día y plaza/persona atendida resultante del estudio de costes realizado, las necesidades presupuestarias para la financiación de la acción concertada para la prestación de los servicios del sistema de acogida de protección internacional y temporal, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026, ascenderá a 549.834.540 euros anuales.
Como se ha puesto de manifiesto, en el ejercicio 2022 y en ejercicios anteriores, los servicios del sistema de acogida de protección internacional y temporal se han financiado con subvenciones, a partir del 1 de enero se financiarán en el marco de la acción concertada. Para que este cambio de modelo de financiación sea posible, está previsto que la resolución de planificación se publique en 2022 y que se proceda a la asignación del 100 % de los servicios de acogida a las entidades autorizadas para concertar en este ejercicio presupuestario.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, con carácter general la administración anticipará el pago de hasta el 50 % de la retribución máxima prevista para hacer frente a los costes de las prestaciones y servicios del sistema. Cuestión que también se recoge en el artículo 49.5 del Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo y el artículo 14 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio. Por tanto, la mitad de la anualidad de 2023, 2024, 2025 y 2026 deberá abonarse con carácter anticipado en el último trimestre del ejercicio anterior. El resto de la cuantía se abonará en pagos periódicos, con cargo a los ejercicios correspondiente. Dichos pagos deberán efectuarse tras la justificación de la prestación de los servicios adjudicados.
A la vista de lo anterior, la Resolución de Planificación para el periodo 2023-2026 compromete también gastos de los ejercicios siguientes. Conforme al apartado 2.d del artículo 40 del Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, el expediente de la resolución de planificación y selección de las prestaciones y/o servicios debe incluir «el certificado de existencia de crédito, y, en su caso, el certificado de cumplimiento de límites de ejercicios posteriores».
Se ha calculado que, para cada ejercicio presupuestario (incluido 2023), el coste previsto de la cobertura de las necesidades estructurales del sistema de acogida es de 549.834.540 euros al año.
Del coste total previsto para el año 2023, sin embargo, la mitad se abonará con cargo a los presupuestos de 2022 (lo permite el artículo 48.5 del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional). En consecuencia, con el presupuesto de 2023 solo habría que pagar el 50 % del coste del sistema en 2023 restante. El importe previsto para 2023 que quedará sin ejecutar será el remanente que financiará como anticipo el ejercicio siguiente.
En el año 2024 (y en los siguientes hasta el fin de la planificación), se distribuiría de la siguiente manera. Se prevé un coste del sistema equivalente a la cuantía asignada para esta aplicación presupuestaria (549.834.540 euros). Con cargo al presupuesto del año anterior se habrá abonado un anticipo de del 35 % del coste total previsto para el año 2024. A lo largo del ejercicio 2024 se tendrá que abonar el otro 65 % restante. El remanente del ejercicio presupuestario servirá para financiar el anticipo del ejercicio siguiente.
El siguiente cuadro incluye el coste estructural del sistema y el modo de financiar dicha cuantía con el presupuesto de cada ejercicio:
De conformidad con los artículos 11 y siguientes de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, una vez adoptada la resolución de planificación y la resolución de precios de referencia, se realizará la notificación de las comunicaciones de asignación de prestaciones, servicios o actuaciones a las entidades autorizadas. Según la normativa vigente, estas comunicaciones se someterán a las siguientes reglas:
– Establecerán el número, tipo y ubicación de las plazas o personas a atender asignadas a cada entidad.
– Permitirán calcular la retribución máxima de la entidad, aplicando a cada tipo de plaza asignada el precio de referencia correspondiente. Ninguna entidad puede percibir una retribución por encima de dicha retribución máxima y solo podrá ser retribuida por los costes efectivamente incurridos. La retribución máxima fija, por tanto, el límite global máximo de gasto de una entidad; los costes incurridos por la entidad serán retribuidos siempre que se justifique de acuerdo con la normativa vigente, sea un gasto imputable en los términos de la orden ministerial y, sumando todos los costes incurridos globales de la entidad autorizada, no se supere la retribución máxima de la entidad.
La suma de todas las retribuciones máximas de las entidades a las que se les ha asignado plazas, servicios o actuaciones en un ejercicio no podrá ser superior a las cantidades planificadas para ese ejercicio en la presente resolución.