Categoría: Administración

potecaria, ni la calificación registral ni el recurso contra la calificación registral es el cauce apropiado para resolver un conflicto entre titulares colindantes, cuestión que, a falta de acuerdo, debe resolverse por los tribunales de Justicia, en el presente caso lo que ocurre es que dicho pleito ya se ha resuelto y ha estimado la pretensión de los demandantes, por allanamiento de la parte demandada. La denegación de la inscripción de la georreferenciación en el presente caso dejaría a las recurrentes en una difícil situación de tener que acudir a un nuevo pleito judicial para defender la inscripción de la georreferenciación, cuando la pretensión de rectificación del trazado de la vía pecuaria ya ha tenido una sentencia estimatoria con efectos de cosa juzgada.
18. De todo ello se deduce que ha habido un error en la apreciación del informe de la Junta de Andalucía de 6 de junio de 2024 por parte de la registradora. Entiende la registradora que, conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer sobre cuestiones relacionadas, directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en documentos no presentados en tiempo y forma. La aportación de la sentencia, cuya existencia ya debería haber sido puesta de manifiesto en la alegación de la Administración, si está relacionada directa e inmediatamente con la calificación registral. Ante la omisión de la misma y de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia en la alegación de la Administración, los recurrentes se ven obligados a aportarla en la interposición del recurso. Y dicha sentencia debería haberse incluido en el análisis que realiza la registradora, una vez interpuesto el recurso, conforme al artículo 327, párrafo sexto, de la Ley Hipotecaria. Y ello, porque de toda la documentación se observa que la anchura de la vía pecuaria no es la de 75,22 metros, sino la de 16 metros que resulta de la Orden Ministerial de 25 de junio de 1963 y es la que resulta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 24 de abril de 2008, por el allanamiento de la Junta de Andalucía.
19. Por tanto, aunque la registradora invoque la posible invasión de dominio público, basándose en el Informe de la Junta de 6 de junio de 2024, dicho informe sigue manteniendo la anchura de 75,22 metros y unas coordenadas de georreferenciación que resultan de unos trabajos técnicos en el seno de un expediente que se ha declarado caducado y su resolución aprobatoria nula por la citada sentencia. Por lo que lo que no se puede alegar invasión de dominio público, porque lo que ha declarado el tribunal es que dicha franja de terreno no tiene el carácter de dominio público en la porción de terreno que se comprenda entre los 75,22 metros de la cañada hasta los 16 metros de la vereda. En este sentido, como declaró la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 20 de marzo de 2006, resolviendo el recurso número 443/2001, «si la norma que clasifica la vía pecuaria declara expresamente que es excesiva una anchura y declara que la vía tendrá otra, no tiene lógica alguna que, al cabo de casi medio siglo, se pretenda por encima de aquella Orden de Clasificación mantener la anchura que se declaró excesiva». Y será en el deslinde donde deberá determinarse la nueva medida declarada por la Orden. Dicha situación de mantenimiento de una superficie distinta de la de la Orden también se produce en el presente caso, incluso después de haberse producido un allanamiento y una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
20. Por eso tiene razón la recurrente cuando declara en su escrito de interposición del recurso: «Por lo tanto, la Consejería pretende hacer valer ante la Sra. Registradora un deslinde anulado por sentencia firme, sin comunicar, en un primer momento, tal extremo, queriendo dar por buenas unas coordenadas que, al igual que el resto del expediente de deslinde, fueron anuladas». Y también cuando posteriormente declara: «Esos trabajos técnicos forman parte del expediente de deslinde anulado, ni más ni menos, de manera que pretende darse efectos ex nunc a un deslinde revocado, De nada nos sirve que se estime nuestra demanda si la Consejería otorga plena eficacia al deslinde, aunque sea de facto, y si la Sra. Registradora otorga eficacia a actos administrativos declarados ineficaces por parte de un Tribunal de Justicia, previo allanamiento de dicha Consejería. Pero, además, como hemos adelantado, señala como válidas unas coordenadas que la sentencia también considera inválidas, al estimar plenamente nuestra demanda, también sobre la cuestión de la anchura de la vía pecuaria. En este caso, los hechos son tozudos: la clasificación de Alcalá de Guadaíra establece, respecto de la anchura, que para lo sucesivo con la misma anchura que en otros pueblos se le señala, y la clasificación de Los Molares reduce la vía pecuaria, entera, a colada de 16 metros. Por lo tanto, un futuro deslinde en absoluto coincidirá con las coordenadas establecidas, sino a otras muy diferentes, derivadas de la notabilísima reducción experimentada por la Cañada Real (…) No podemos obviar que el eje de la Cañada es la línea de término entre Alcalá de Guadaíra y Los Molares, por lo que la referencia para establecer la vía pecuaria es tan clara como inamovible».
Por todo lo razonado, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación, para evitar dilaciones innecesarias, practicándose la inscripción de la georreferenciación, sin perjuicio de que la Administración, en el nuevo expediente de deslinde que tramite, ante la nulidad y caducidad del anterior, pueda practicar los asientos previstos al respecto por la legislación sustantiva aplicable.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 11 de septiembre de 2024.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Sánchez Mora Arias.