Categoría: Judicial

nte en la medida en que la jurisdicción contencioso-administrativa es revisora de la actuación administrativa, no porque sea necesaria autorización o valoración judicial alguna para adoptar una resolución administrativa de expulsión.
(ii) De forma similar la sentencia de la mayoría hace uso de la doctrina constitucional sobre la necesidad de que el órgano judicial valore el arraigo al acordar la sustitución de la pena por la expulsión, supuesto previsto en el art. 89 CP, tal y como dijimos en la STC 29/2017, en la que se apoya la sentencia de la mayoría; pero de nuevo este criterio no es extrapolable, al presente caso, porque una cosa es que el órgano judicial pondere las circunstancias concurrentes antes de adoptar una decisión judicial que solo a él le compete legalmente –acordar en su caso la sustitución de la pena por la expulsión– y otra muy distinta es exigir una ponderación de un órgano judicial al que no le corresponde adoptar decisión alguna.
b) Por otro lado, la sentencia de la que discrepamos hace también un uso inadecuado de la STC 24/2000, pronunciamiento que se limita a analizar determinados aspectos del trámite de la autorización del juez penal para ejecutar una expulsión administrativa del «encartado», «procesado» o «imputado»; de nuevo, estamos ante un trámite que existeex lege, y la valoración judicial es procedente porque el órgano judicial tiene que dar cumplimiento al mandato del artículo 57.7 LOEx y del artículo 247 del Real Decreto 557/2011, que exigen autorización judicial en dichos supuestos.
El hecho de que para ejecutar la expulsión del «encartado», «procesado» o «imputado», se exija legalmente una autorización judicial no puede ser base para considerarla idónea en el presente recurso de amparo donde ya existe una condena penal. La razón de que se exija una autorización judicial en el primer supuesto, como explica la STC 24/2000, radica en la necesidad de que el Juzgado de Instrucción verifique «si la autorización resulta preferible a la continuación del procedimiento penal, ponderando las circunstancias concurrentes del caso (arts. 21.2 y 26.1 de la Ley Orgánica 7/1985)», lo cual no es necesario cuando ya existe una condena penal.
3. No puede haber indefensión por no realizar un trámite inexistente.
Es cierto que por oficio de la policía se dio traslado –de forma incorrecta– al Juzgado de lo Penal solicitado autorización judicial para proceder a la ejecución del decreto de expulsión, y que dicha autorización se otorgó por providencia de 7 de febrero de 2023, oído solo el Ministerio Fiscal, pero ninguna indefensión se le pudo materialmente producir al recurrente por no ser oído porque no existiendo la obligación de solicitar dicha autorización judicial, no era necesaria tampoco la audiencia cuya falta se denuncia: falta el presupuesto de la existencia de una irregularidad.
A lo que se debe añadir que en los recursos de reforma y apelación que el recurrente interpuso se le dio respuesta a las alegaciones de fondo planteadas, explicando más concretamente el auto de 23 de marzo de 2023, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que desestima el recurso de apelación, que no se ha conculcado ningún derecho al penado, sino que solo se ha aplicado lo establecido en la ley, además de dar traslado al penado, y que en cuanto a la concurrencia de circunstancias que justifiquen la denegación de la autorización explica que la existencia de dos condenas en suspensión no es circunstancia que justifique la denegación de la autorización de expulsión administrativa.
En conclusión, y a la vista de todo lo expuesto, no puede afirmarse que existió una indefensión material, ni tan siquiera formal –pues el trámite de autorización, insistimos, no era exigible–, de modo que no ha existido un perjuicio real y efectivo para el recurrente en sus posibilidades de defensa.
Y en este sentido emitimos el presente voto particular.
Madrid, a veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.–Enrique Arnaldo Parra.–César Tolosa Tribiño.–Firmado y rubricado.