Categoría: Judicial

de previsibilidad subjetiva impuestas por el art. 25.1 CE, no puede reprocharse a la entidad demandante de amparo que no anticipara que su conducta consistente en conservar esa base de datos en una situación de bloqueo e inaccesibilidad para ella misma en un servidor de EEUU pero sin hacer ningún nuevo traslado de datos pudiera ser considerada una infracción del art. 44.4 d) LOPD cuando la propia normativa y la AEPD como organismo estatal encargado de la protección de esos datos establecían como instrumentos de restauración de la legalidad en la materia, precisamente, la suspensión de esos traslados.
(iv) La entidad demandante de amparo, siguiendo el asesoramiento de la empresa prestadora de los servicios de alojamiento de su base de datos en EEUU, no solo suspendió el traslado de datos de carácter personal a la base de datos que tenía ubicada en aquel país, sino que procedió a dar la orden de que a partir del 30 de enero de 2016, momento en que cesaba la moratoria dada por el AEPD, se bloqueara esa base de datos con el efecto inmediato que eso tenía de impedir el acceso a cualquiera incluyendo la propia entidad demandante de amparo. Tal como también se ha destacado anteriormente, y no ha sido controvertido en el procedimiento, la efectividad de ese bloqueo fue verificada por los inspectores de la AEPD.
El art. 5.1 b) RLOPD define como cancelación el «procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el uso de los datos», destacando que «la cancelación implicará el bloqueo de los datos, consistente en la identificación y reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades». Por su parte el art. 16.3 LOPD también incide en que «la cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas». De ese modo, la legislación en la materia lo que viene a establecer, de modo temporalmente secuenciado, es que la cancelación de datos es el cese del uso de los datos y que esa cancelación implica una primera fase de bloqueo de los datos, consistente en la obligación de conservación, pero con prohibición de cualquier tipo de tratamiento excepto su puesta a disposición de los poderes públicos, y una segunda fase de supresión una vez que transcurra el plazo de prescripción de las eventuales responsabilidades vinculadas al tratamiento de esos datos.
Por tanto, desde esta concreta perspectiva de la accesibilidad a la eventual consideración ilícita de la conducta enjuiciada vinculada al efecto equivalente que podría tener la conducta de bloqueo de los datos a su cancelación, se constata que (a) la normativa en la materia establece que la cancelación supone el cese de uso de los datos y que, obligatoriamente, la cancelación debe dar lugar, antes de la supresión de los datos, a su bloqueo, con el efecto de obligar a su conservación con prohibición de cualquier tipo de tratamiento excepto su puesta a disposición del poder público; (b) la entidad demandante de amparo dio instrucciones concretas al prestador de los servicios en EEUU a que procediera al bloqueo de la base de datos a partir del 30 de enero de 2016, lo que efectivamente se hizo, y (c) los inspectores de la AEPD verificaron sin objeción la situación de bloqueo de la base de datos.
En estas circunstancias consideramos que, desde estrictas exigencias de previsibilidad subjetiva impuestas por el art. 25.1 CE, no puede reprocharse a la entidad demandante de amparo que no anticipara que su conducta consistente en conservar esa base de datos en una situación de bloqueo en un servidor de EEUU, lo que implicaba la inaccesibilidad para ella misma, pudiera ser considerada una infracción del art. 44.4 d) LOPD cuando la propia normativa en la materia determina que esa situación de bloqueo forma parte del propio proceso de cancelación previo a la supresión de los datos, obligando a la conservación de los datos a disposición de las autoridades competentes; cuando es esta conducta de mera conservación y no la de traslado de nuevos datos a partir del final de la moratoria dada la que ha sido sancionada.
14. Estas razones, vinculadas con las carencias de previsibilidad subjetiva en la labor de subsunción de la norma sancionadora, de manera conjunta o independiente con las desarrolladas anteriormente, vinculadas con las carencias de previsibilidad objetiva, son las que nos ha llevado no solo a votar en contra de la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, sino también a hacer pública nuestra disidencia mediante el presente voto particular.
Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil veintidós.–Juan Antonio Fuentes Gómez.–Ramón Sáez Valcárcel.–Firmado y rubricado.