Categoría: Normativas

la subvención.
Noveno. El Cabildo de Fuerteventura se someterá a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados a las acciones de este convenio, mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de la Viceconsejería de Bienestar Social o de la Secretaría General Técnica de esta Consejería, que actuarán para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Décimo. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, y a las previstas en la legislación que pueda realizar la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como autonómicos, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea y a los controles derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, aportando para ello cuanta información y documentación le sea requerida.
Undécimo. En los términos señalados por el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, permitir expresamente a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea y autoridades nacionales competentes, a acceder a los datos necesarios para ejercer sus competencias en relación con la comprobación de la utilización correcta de los fondos y la prevención del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Asimismo firmar la «Autorización para el acceso de las entidades de control financiero de la Unión Europea para el ejercicio de las funciones que les son atribuidas por el Reglamento financiero en relación al otorgamiento de ayudas económicas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» que figura en el anexo V.
Duodécimo. Asegurar la regularidad del gasto y la adopción de las medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción y a prevenir los conflictos de interés y la doble financiación. Se deberán atener a las obligaciones relativas a la prevención de conflictos de interés, del fraude, de la corrupción y de la doble financiación, previstas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En especial, se tomarán las medidas para asegurar que no exista conflicto de interés, tanto en el ámbito del órgano concedente de subvenciones y en los receptores finales de las ayudas, como en los órganos de contratación y los contratistas y subcontratistas encargados de la ejecución de los contratos licitados para la ejecución de las acciones que figuran en el anexo I, incluyendo en los expedientes que se tramiten los informes o declaraciones responsables necesarias, según corresponda, y aplicando la normativa reguladora de los conflictos de interés en caso de detectarlos. A tal efecto, el Cabildo Insular deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Al respecto, son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de interés contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE).
Asimismo facilitará a la Consejería la información que se le requiera para dar cumplimiento a dicho Plan o a cualesquier otro mecanismo que se establezcan a nivel europeo, estatal o autonómico para la comprobación de la utilización correcta de los fondos y para la prevención de fraude, la corrupción, los conflictos de interés y la doble financiación. Ahondando en las medidas a adoptar por el Cabildo Insular en este ámbito, las personas vinculadas a estos fondos deberán cumplimentar las Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACIs) respecto de los procedimientos que, en el marco de la ejecución de este convenio, se realicen y conforme a los modelos aprobados por el Ministerio de Hacienda, como los establecidos en la Orden HFP/1030/2021 y en la Orden HFP/55/2023.
Para la ejecución del presente convenio, tanto el Cabildo Insular de Fuerteventura como los perceptores finales de fondos designados por éste deberán cumplir, o hacer cumplir, en su caso, las siguientes obligaciones:
Primera. Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto del presente convenio.
Segunda. Prestar las actividades objeto del convenio desde centros de trabajo situados en España.
Tercera. Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad objeto del convenio, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente. Este empleo garantizará los estándares de dignidad, particularmente, el cumplimiento de las obligaciones legales de reserva de empleo para personas con discapacidad establecidas en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Cuarta. Garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones del etiquetado verde y digital, de acuerdo con lo previsto para el Componente 22 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID) y en el Reglamento (UE) núm. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en su normativa de desarrollo, durante todas las fases del diseño y ejecución del proyecto de que se trate y, de manera individual, para cada actividad dentro del mismo.
a) Garantizar el cumplimiento de la contribución a la transición digital del Componente 22, que se ha establecido en la evaluación del PRTyR en el 20,1 %.
b) Garantizar que las acciones contribuyen a la consecución de los objetivos medioambientales asumidos por la Unión Europea y por España a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o PNIEC. En particular, las reformas e inversión propuestas en el Componente 22 contribuyen en un 100 % al objetivo de integración del clima y en un 40 % al objetivo medioambiental, según define el ámbito de intervención 026 Renovación de la eficiencia energética de las infraestructuras públicas, proyectos de demostración y medidas de apoyo del anexo I del Reglamento 375/2018.
c) El Cabildo deberá contribuir a los objetivos de soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión Europea, así como a garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición, cuando proceda, de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
d) Respecto a la adquisición de equipamiento, especialmente los equipos informáticos necesarios para el desarrollo del proyecto, éste cumplirá con los requisitos relacionados con el consumo energético establecidos de acuerdo el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía y que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. Los equipos no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. Cuando los equipos se adquieran en propiedad, al final de su vida útil se someterán a una preparación para operaciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo XIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Quinta. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero conservar, por sí o mediante la imposición de esta obligación a los beneficiarios finales y contratistas y subcontratistas, los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concernientes a la financiación, así como los registros y documentos, los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la última fecha de presentación de la documentación justificativa o a partir de la finalización del plazo de vigencia de este convenio, si se produce con posterioridad a la primera fecha indicada, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) núm. 1296/2013, (UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. 1303/2013, (UE) núm. 1304/2013, (UE) núm. 1309/2013, (UE) núm. 1316/2013, (UE) núm. 223/2014 y (UE) núm. 283/2014 y la Decisión núm. 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) núm. 966/2012. Este período será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 euros. Los documentos se conservarán o bien en forma de originales, o de copias compulsadas de originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica.
Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.
Sexta. La ejecución y gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia exige el cumplimiento de preceptos especiales contenidos, sobre todo, en las órdenes HFP/1030/2021, HFP/1031/2021 y HFP/55/2023 del Ministerio de Hacienda y, específicamente, la institución perceptora de los fondos tiene la obligación de asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la Orden 1031/2021 y demás normativa nacional y de la Unión Europea.
Asimismo debe suministrar y facilitar a la Consejería a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y específicamente cumplir con la obligación de suministro de información sobre los beneficiarios últimos de las ayudas, contratistas y subcontratistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021 y en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021 y cualesquier otro que se establezca para la comprobación de la utilización correcta de los fondos. Todo ello mediante los medios de verificación que expresamente se determinan en el anexo I del Operational Arrangement (Disposiciones Operativas) vigentes en la fecha de cumplimiento de los Objetivo CID. Asimismo se debe aportar cumplimentado el anexo VI de Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de acciones del PRTyR.
Séptima. Asegurar que las acciones se adecúan especialmente al respeto del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» oDNSHen cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el MRR y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTyR de España y su documento anexo y en el Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Para ello, establecerá los mecanismos específicos de verificación del cumplimiento de este principio, junto con la obligación para los beneficiarios finales de conservar la documentación acreditativa. Y también deberá prever mecanismos para asegurar que las entidades contratistas o subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo» a los seis objetivos medioambientales establecidos el artículo 17 del Reglamento 2020/852.
a) Concretamente garantizará que las acciones se adecúan, en su caso, a las características y condiciones fijadas para la Línea de Inversión 1 del Componente 22 y que vienen recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo». Destacando que:
En el caso de obras de rehabilitación y de construcción de nuevas infraestructuras, edificios e instalaciones, se asegurará un elevado nivel de eficiencia energética y la aplicación de criterios de sostenibilidad. Se tendrá en consideración las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Todo ello de cara a que los edificios sean de consumo de energía casi nulo.
Las actuaciones se orientarán a la sustitución de sistemas de calefacción y refrigeración basados en energías fósiles por otras tecnologías cero contaminantes.
En concreto, el conjunto de la envolvente térmica del edificio y/o el equipamiento en calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, ventilación e iluminación avanzará hacia niveles de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de mejor rendimiento, favoreciendo el desarrollo y el despliegue de alternativas bajas en carbono y allí donde sea técnicamente posible y económicamente rentable se instalarán fuentes de energía renovable (típicamente solar térmica, solar fotovoltaica, geotermia, aerotermia o biomasa, entre otras opciones) o favorecerá el cambio de combustibles hacia otros de mayor eficiencia, menor emisión de gases contaminantes y menoresGEI.
Las plazas en edificios nuevos se construirán ajustándose a los estándares que en materia de eficiencia energética establece la legislación nacional e internacional, concretamente que sean edificios de consumo energético casi nulo, según establece la Directiva 2010/31/UE, modificada sustancialmente por la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios 2018/844/UE, y los requisitos que exige el Código Técnico de la Edificación determinados en la disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
En casos de renovación de edificios se mejorará el comportamiento energético en al menos una letra de acuerdo con la Certificación de Eficiencia Energética.
Si procediera, se realizará una evaluación del riesgo climático y de la vulnerabilidad de instalaciones e infraestructuras y, en su caso, se establecerán las soluciones de adaptación más adecuadas.
Los riesgos de degradación ambiental relacionados con la conservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico que pudieran existir (caso de nuevas construcciones) se identificarán y abordarán con el objetivo de lograr un buen estado del agua y un buen potencial ecológico, tal como se define en el artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020/852, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y un plan de gestión del uso y la protección del agua, desarrollado en virtud de la misma para la masa o masas de agua potencialmente afectadas, en consulta con las partes interesadas pertinentes. Los aparatos de agua que se instalen deberán estar certificados por hojas de datos del producto, una certificación de construcción o por una etiqueta de producto existente en la Unión Europea.
Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en las actuaciones será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y se cumplirá la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en lo referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.
Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de la actividad no contendrán amianto ni sustancias altamente preocupantes identificadas en la lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) núm. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) núm. 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) núm. 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. Los que puedan entrar en contacto con los ocupantes estarán a lo dispuesto en CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de determinación comparables. Deberán cumplir además con la Directiva 2004/42/CE en relación a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) ocasionadas por el uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices.
En el caso de obras de nueva construcción se señalará si se llevarán a cabo en o cerca de áreas sensibles para la biodiversidad. En caso afirmativo, se requerirá el cumplimiento de los artículos 6 y 12 de la Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves. También se indicará si las actividades pueden suponer un deterioro para el estado de conservación de hábitats y especies y si se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o un cribado de acuerdo con la Directiva EIA. Se cumplirá con la legislación nacional aplicable.
Como mecanismos de acreditación de cumplimiento del principioDNSHy del etiquetado ambiental, se realizará tantoex ante, en su caso, comoex postla certificación energética del edificio. Asimismo, se exigirá la presentación del certificado de gestión de residuos de construcción y demolición, en su caso, emitido por gestor autorizado.
b) Asegurarse de que las acciones que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), a la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a su correspondiente anexo y modificaciones.
c) Como mecanismo de verificación, se deberá aportar Declaración responsable, conforme al modelo que se recoge como anexo VII, de que las acciones, tanto durante su ejecución como al final de su vida útil, no causarán directa o indirectamente un perjuicio significativo.
El Cabildo aportará una autoevaluación favorable de adecuación al principioDNSHde las acciones, en el sentido establecido por el artículo 2.6 del Reglamento (UE) 2021/241 y a través del documento de la memoria explicativa de cada acción, o grupo de acciones, contemplará las medidas preventivas, correctoras y, en su caso, compensatorias que aseguren la implementación del cumplimiento del principioDNSH.
Octava. Establecer los mecanismos necesarios para que contratistas, subcontratistas y medios propios que ejecuten materialmente las acciones respeten todos los principios y requisitos anteriores.
Primera. Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las entidades receptoras de financiación de la Unión Europea deben mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las acciones financiadas y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
Segunda. En particular, y en defecto de que se apruebe una previsión más específica al respecto por el Ministerio de Hacienda o por la Secretaría de Estado de Comunicación, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.) se deberán incluir los siguientes logos:
El emblema de la Unión Europea;
Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU» y el texto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el logotipo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como el logotipo oficial del Gobierno de Canarias.
Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
Puede consultarse la siguiente página http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en:
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en?etrans=es.
Y para más información se pueden consultar las páginas: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual y https://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/.
Tercera. En caso de cofinanciación por otra administración, tal circunstancia deberá reflejarse en la publicidad del las acciones.
Cuarta. Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público. En los lugares de ejecución de las acciones, se colocará al menos un cartel identificativo en el que se mencionará la financiación a través del presente convenio, que contendrá el nombre de la acción, plazo de ejecución, coste total, importe asignado, entes financiadores y denominación de los fondos. Cada cartel deberá tener un tamaño mínimo DINA1. Los carteles deberán permanecer visibles y en buen estado hasta la finalización del plazo establecido para la conservación de la documentación justificativa.
Quinta. Todos los elementos de informativos, publicidad y difusión incorporarán la perspectiva de género y no contemplarán elementos de discriminación en el uso del lenguaje y de la imagen.
Sexta. Inclusión de una descripción en su sitio Web en Internet, de las acciones financiadas por el presente convenio. Dicho contenido permanecerá accesible hasta la finalización del plazo establecido para la conservación de la documentación justificativa.
Séptima. El Cabildo se compromete a destacar, en cuantas actividades realice para la difusión de las acciones previstas en el presente convenio, la financiación efectuada por la Administración General del Estado, así como hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de los proyectos financiados, de acuerdo con lo establecido en el «Manual de imagen Institucional de la Administración General del Estado», aprobado por Orden de 27 de septiembre de 1999 en desarrollo del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, y por la Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado, aprobada por Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas.
Octava. El Cabildo se compromete a destacar, en cuantas actividades realice para la difusión de las acciones previstas en el presente convenio, la financiación efectuada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, así como hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de los proyectos financiados, de acuerdo con lo establecido en el «Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias» y sus posteriores revisiones. El manual citado se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.gobiernodecanarias.net/identidadgrafica-interno/PRTR/.
Novena. Las acciones de comunicación, publicidad y difusión en relación con las acciones a financiar en el marco de este convenio, deben previamente remitirse a la SubUnidad de Seguimiento y Control, de la UAP de fondos «Next Generation» de esta Consejería, para la comprobación del cumplimiento de las directrices europeas y estatales sobre imagen de las inversiones financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Para la ejecución del presente convenio, el Cabildo Insular de Fuerteventura en materia de información y en aplicación del correcto cumplimiento de la normativa que regula estos fondos europeos, más concretamente al Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y a las Órdenes HFP/1030/2021, HFP/1031/2021, HFP/55/2023, así como a la Ley 4/2021, de 2 de agosto, se compromete a asumir o a hacer cumplir, en su caso, los siguientes compromisos:
Primero. El Cabildo, en base a la aceptación de esta subvención, procedente de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través del presente convenio, se convierte en Entidad Ejecutora del PRTyR y, por lo tanto, le corresponde el cumplimiento de las obligaciones que señale la normativa específica aplicable a esta financiación y también deberá nutrir con la información que le sea requerida, en el formato y los soportes que determina el Ministerio de Hacienda, las aplicaciones específicas para el seguimiento y control de estos fondos, como la aplicación CoFFEE.
Segundo. El Cabildo es responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las acciones, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución y alcance de los objetivos. Asimismo establecerá mecanismos que aseguren que las acciones, cuando se desarrollen por terceros, contribuyen al logro de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el alcance del cumplimiento.
Tercero. Colaborar en todo momento con la Consejería en el seguimiento, control y justificación de los créditos asignados, debiendo aportar la documentación justificativa que se describe en los apartados siguientes.
Cuarto. Aportar durante la ejecución de las acciones subvencionadas:
a) La documentación acreditativa del inicio de las acciones.
b) Informe a remitir a los dos mes de la formalización de este convenio y junto al que se aportará la documentación obrante en la Corporación en relación a las acciones objeto de financiación.
c) Informes trimestrales relativos al desarrollo de las acciones, en los que se incluirá la información disponible por conceptos de gastos e importes, el grado de avance en la ejecución de las acciones realizadas desde el inicio y hasta la fecha del informe y el avance realizado desde la última remisión de información. Informe a remitir diez días antes de la finalización de cada trimestre de año natural.
d) Informes semestrales, a remitir antes del 20 de junio y del 20 de diciembre de cada año, en los que deberá hacerse especial mención al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Comisión Europea y se detallará tanto el grado de ejecución, hasta la fecha, como la previsión de cumplimiento del alcance de los objetivos CID. Este informe también incorporará la estimación de las inversiones a realizar en los seis meses siguientes y, en su caso, la identificación de los riesgos de desviaciones respecto a la planificación realizada y las medidas preventivas o correctoras. Asimismo vendrá acompañado de la Declaración de Cumplimiento recogida en el anexo VIII, firmada por la persona que ocupe el puesto de la Secretaría o de la Intervención de la Corporación Insular o persona en quien delegue, al objeto de que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda cumplimentar la memoria semestral que exige el Ministerio para la ejecución de estos fondos.
Quinto. Los compromisos descritos podrán ajustarse al sistema de seguimiento y gestión que por parte de la Consejería se desarrolle para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el marco de la ejecución del PRTyR.
Asimismo deberá suministrarse aquella otra información adicional de seguimiento que se requiera desde la Consejería, a instancias del Ministerio, así como para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio y especialmente en el cumplimiento del principioDNSH.En tal sentido, podrá requerirse con periodicidad mensual, en el caso de que se exija a la Consejería incorporar dicha información mensualmente en las herramientas que establezca el Ministerio.
Sexto. Designar una persona interlocutora para las comunicaciones que requiera la ejecución de este convenio.
El importe de la financiación, con cargo al Fondo del Instrumento Europeo de Recuperación «Next Generation EU», destinado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a las acciones previstas en el presente convenio con el Cabildo Insular de Fuerteventura asciende a once millones ciento treinta mil ochocientos cuarenta y seis euros con dieciséis céntimos de euro (11.130.846,16 €), con cargo a las anualidades 2024, 2025 y 2026, y que se imputará a la aplicación presupuestaria 2370/231M/7600400/227G0095/70M2301.
Los fondos de este programa 1 se van a ejecutar por los Cabildos Insulares, según el modelo de reparto acordado el 16 de marzo de 2023 y que figura como anexo II, la contribución al alcance de los objetivos por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura se recoge en la siguiente tabla:
La distribución de la financiación prevista se realizará en función de las anualidades y los importes siguientes:
Con carácter general, las cuantías correspondientes a cada anualidad se abonarán al Cabildo Insular de Fuerteventura una vez se acredite la realización de la actividad y su coste real. El pago de la subvención, para cada anualidad, se realizará previa justificación de gastos prevista en la cláusula decimoprimera y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la realización de la actividad y sobre los gastos que sean considerados elegibles.
El Cabildo, tras la formalización del presente convenio, podrá solicitar el abono anticipado de hasta el 100 % del importe correspondiente a cada anualidad. Para hacer efectivo el pago será necesario que, tras la formalización de este convenio, el Cabildo Insular acredite el cumplimiento de los requisitos que exige el Acuerdo de Gobierno de 4 de diciembre de 2023, de modificación octava del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020 por el que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión y que se concretan en los siguientes:
– Solicitud motivada de necesidad de abono anticipado en la que se acredite que el Cabildo Insular no cuenta con recursos suficientes para la realización del objeto del convenio con sus propios recursos.
– Certificación de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
– Que el beneficiario no tenga otras subvenciones, destinados a inversiones con abono anticipado pendientes de justificación y cuyo plazo haya transcurrido sin haberse presentado la misma, en los dos ejercicios inmediatos anteriores al que ahora se concede.
La aportación económica de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias será abonada al Cabildo Insular de Fuerteventura mediante transferencia bancaria, a la cuenta de titularidad del Cabildo Insular que esta Corporación tenga asignada en el sistema contable autonómico.
De conformidad con la excepción prevista en el artículo 38.8 del Decreto 36/2009, no se requerirá la constitución de garantía para la realización del citado abono anticipado.
Primero. La cuantía concedida se podrá destinar a cualquiera de los gastos subvencionables correspondientes a los costes inherentes al desarrollo del conjunto de las actuaciones objeto del presente convenio.
Segundo. Se consideran costes elegibles aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos de este programa y además los que se relacionan a continuación:
Los costes de la redacción de los proyectos técnicos.
Los costes para implantar las medidas que se adopten para cumplir con el principioDNSHo de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» siguiendo los criterios de la Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente.
Los costes para implantar las medidas que se adopten para cumplir con el principio de publicidad que exige la Unión Europea en cuanto a la financiación de estas acciones con los fondos «Next Generation EU».
Los costes notariales y registrales que estén directamente relacionados con las acciones subvencionables.
Los costes de gestión como redacción de informes, incluido el informe de auditoría sobre la cuenta justificativa final.
Tercero. No serán considerados costes elegibles las tasas, impuestos o tributos, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en concordancia con el Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
Primero. El gasto aplicado y afectado indubitativamente al presente convenio se justificará semestralmente. El periodo de ejecución semestral finaliza el 20 de junio y el 20 de diciembre de cada anualidad, coincidiendo con el calendario del cumplimiento de los objetivos recogido en la cláusula octava. Esta justificación del gasto deberá presentarse por el Cabildo Insular antes de que finalice el mes siguiente al semestre a justificar, es decir, antes del 20 de julio y del 20 de enero. La justificación se hará acorde con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, «una declaración responsable de la Presidencia de la Entidad en la que conste de forma expresa la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, acompañada de informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad Local, que acredite la veracidad y la regularidad de los gastos y pagos justificativos de la subvención, así como su adecuación a la normativa reguladora de la acumulación de ayudas».
Segundo. Presentar al final de la ejecución de las acciones, en un plazo máximo de tres meses a partir de dicha finalización, una cuenta justificativa final sobre la utilización de los fondos recibidos. Esta cuenta justificativa final incluirá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en el convenio, con indicación del grado de cumplimiento de objetivos CID, del coste real de las acciones respecto del coste estimado inicialmente o revisado y la descripción de las acciones y de la manera de implementación de las mismas, así como de los mecanismos de control aplicados en su ejecución.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las acciones, que contendrá:
b.1) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad. Y por cada uno de ellos, los datos de las facturas o documentos de valor probatorio: acreedor, número de factura, breve descripción del objeto, importe, fecha de emisión, fecha y medio de pago, identificación y fecha de la anotación contable e impuesto soportado.
b.2) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el punto anterior y la documentación acreditativa del pago, que incluirá, como regla general, los documentos contables expedidos por el sistema de la Corporación insular.
c) Una memoria descriptiva de las obligaciones de difusión realizadas en relación con las acciones subvencionadas, que incorpore copia de los materiales de divulgación, fotografía del cartel, etcétera y que permita acreditar el cumplimiento de la cláusula sexta de este convenio.
d) Copia de los materiales originados en la ejecución de las acciones, incluyendo estudios e informes.
e) En cuanto al cumplimiento del principioDNSH, se aportarán los documentos de verificación establecidos en la obligación octava de la cláusula quinta, sin perjuicio de que la Corporación aporte todos aquellos documentos que considere oportunos y contribuyan al cumplimiento de este principio fundamental del Mecanismo.
f) Por último y teniendo en cuenta que el mecanismo de verificación de la aportación de las acciones financiadas en este convenio para el cumplimiento de los Objetivos CID se debe ajustar a lo establecido en los Operational Arrangements (Disposiciones Operativas), acordadas entre la Comisión Europea y España y vigentes en la fecha de cumplimiento del Objetivo CID correspondiente, se aportará un documento resumen que justifique debidamente cómo el objetivo ha siso satisfactoriamente cumplido. Este documento incluirá una hoja de cálculo con la siguiente información: a) el número de plazas individuales adaptadas, distinguiendo entre construidas o reformadas y, a su vez, identificándolas según sean residenciales, no residenciales o diurnas y que incorpore la localización exacta del centro y b) los códigos seguros de verificación de los certificados que demuestren que las acciones financiadas han sido concluidas (certificación de la comprobación material de la intervención a emitir por el órgano de control financiero de la corporación).
Tercero. La Consejería comprobará la documentación justificativa remitida y en caso de apreciar la existencia de defectos subsanables, lo pondrá en conocimiento del Cabildo Insular de Fuerteventura para su corrección.
El personal designado por la Consejería llevará a cabo asimismo la comprobación material de las actuaciones ejecutadas, pudiendo solicitar los accesos que precisen a los lugares de ejecución de los trabajos y cualquier documentación técnica existente sobre lo ejecutado.
La Consejería comprobará los extremos señalados en el artículo 36.3 del Decreto 36/2009:
a) La realización de la actividad conforme a las condiciones impuestas en el convenio, la normativa y los Acuerdos del CTSSySAAD aplicables a las inversiones financiadas con fondos provenientes del PRTyR.
b) El empleo de los fondos recibidos para la ejecución de las actuaciones.
c) El coste real ejecutado.
d) La concesión de otras subvenciones y de cualesquiera atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, para las mismas acciones.
e) La obtención de ingresos propios o afectos a las actuaciones.
f) El cumplimiento de los demás requisitos o condiciones exigidos por la normativa aplicable y el presente convenio.
De las comprobaciones anteriores se dejará constancia mediante resolución de la Consejería en la que se declare expresamente, en su caso, justificada total o parcialmente la subvención. Dicho pronunciamiento se entenderá sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General.
Las ayudas reguladas en este convenio, reúnen las condiciones para calificarse como subvención y están sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su normativa de desarrollo y demás normas aplicables. Estas ayudas no constituyen una ayuda de Estado, en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues su concesión no falsea ni amenaza falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, al tratarse de un ejercicio de competencias públicas de carácter social.
En cualquier caso y respecto a la compatibilidad con las ayudas de Estado y la prevención de la doble financiación, el Cabildo Insular de Fuerteventura debe aplicar procedimientos que permitan asegurar en todo momento el pleno respeto a la normativa sobre ayudas de Estado y garantizar la ausencia de la doble financiación. Y de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, las ayudas previstas deben respetar el principio de adicionalidad y la necesidad de establecer mecanismos que eviten la doble financiación y, por lo tanto, solo se admitirá la compatibilidad siempre que quede garantizado que dicha ayuda no cubra el mismo coste, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UE, Euratom 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión (Reglamento Financiero).
Asimismo serán compatibles con otras ayudas procedentes de fondos de la Unión Europea, de acuerdo con lo indicado en el artículo 9 del Reglamento (UE) núm. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Las acciones llevadas a cabo por el Cabildo Insular no computarán para el alcance del objetivo CID establecido, 323, en el caso de que se haya llevado a cabo con financiación de otros fondos de la Unión Europea distintos de los pertenecientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en aplicación de los compromisos adquiridos con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para la ejecución de estos fondos en el marco de los convenios suscritos con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Correlativamente a las obligaciones asumidas en el presente convenio por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura, se establecen las siguientes consecuencias en caso de incurrir en algún incumplimiento:
Primera. Cuando no se puedan lograr, en parte, los objetivos CID previstos, siempre y cuando el incumplimiento conlleve el retorno de fondos europeos por parte del Tesoro: reintegro de la parte proporcional no ejecutada en relación con las medidas de la responsabilidad del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Segunda. Cuando no se puedan lograr, en su totalidad, los objetivos CID previstos, siempre y cuando el incumplimiento conlleve el retorno de fondos europeos por parte del Tesoro: reintegro total en relación con las medidas de la responsabilidad del Cabildo de Fuerteventura.
Tercera. Cuando el Cabildo cumpla con los objetivos CID, pero con un gasto inferior a las cuantías reflejadas en el presente convenio: devolución de las cantidades percibidas y no aplicadas a la ejecución del presente convenio.
Cuarta. Cuando no pueda acreditarse el logro de los objetivos por falta de fiabilidad de los indicadores reportados, siempre y cuando el incumplimiento conlleve el retorno de fondos europeos por el Tesoro: reintegro de la parte proporcional no ejecutada en relación con las medidas de la responsabilidad del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Quinta. Por la comisión de cualquier irregularidad que afecte a medidas bajo su responsabilidad determinada en cualquier control desarrollado por autoridades nacionales o comunitarias que recaiga sobre aquellas y que conlleve el retorno de fondos por el Tesoro: reintegro de la parte proporcional no ejecutada en relación con las medidas de la responsabilidad del Cabildo de Fuerteventura.
Primera. El presente convenio tendrá una vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2026.
La finalización de la vigencia del convenio se entiende sin perjuicio de las actuaciones relativas a la justificación de las acciones contempladas en el mismo.
Segunda. Se admitirán acciones iniciadas con posterioridad al 1 de febrero de 2020, en cumplimiento del artículo 17.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y en la consecución del alcance de los objetivos del PRTyR deberán observarse los siguientes condicionantes, establecidos por los acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el caso del Objetivo 323 el inicio efectivo de las acciones podrá haber tenido lugar desde el día 1 de febrero de 2020 y estarán finalizadas a 30 de junio de 2026.
Se tramitarán de oficio por el órgano concedente las modificaciones que se fundamenten en las circunstancias establecidas en el artículo 20.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención.
Antes de que concluya el plazo para la realización de las acciones para las que se haya obtenido la subvención con cargo a este programa, las entidades beneficiarias pueden solicitar modificaciones de la resolución de concesión ante el órgano concedente. Las modificaciones pueden solicitarse para la ampliación del plazo fijado, la reducción del importe concedido o la alteración de las acciones que se integran en la actuación; éstas serán autorizadas cuando se deriven de causas imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que se cumpla con lo preceptuado en el artículo 20.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
No se podrán autorizar ampliaciones de plazos que pongan en r