Categoría: Judicial

egislatura (§ 85).
c) Debe considerarse que goza de inmunidad en virtud del artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo núm. 7, una persona que, como el señor Junqueras, ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo, cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el derecho interno tras la proclamación, ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión (§ 87).
d) La inmunidad prevista en el art. 9, párrafo segundo, del Protocolo implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta a la persona que goza de ella, al objeto de permitirle desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantener la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a este a la mayor brevedad que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión.
Según la demanda, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligaba al Tribunal Supremo a generar efectos sobre la causa principal, en el sentido de que sin la autorización del Parlamento Europeo no resultaba posible el mantenimiento del señor Junqueras en prisión, ni, obviamente, la continuación del procedimiento penal con el dictado de la sentencia. En consecuencia, afirma que la sentencia recurrida lesiona los derechos políticos y civiles del señor Junqueras, así como el derecho de la Unión, de directa aplicación por los tribunales nacionales, que protege los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus objetivos (§ 76).
De otra parte, la representación procesal de los recurrentes afirma que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al responder a la tercera de las preguntas planteadas opta por una interpretación extensiva de la inmunidad del art. 9 del Protocolo núm. 7, que impedíaex legecualquier evolución del procedimiento e indefectiblemente la imposibilidad de dictar sentencia sin la tramitación del suplicatorio ante el Parlamento Europeo. Por lo tanto, el señor Junqueras tenía derecho desde el día 13 de junio de 2019 a abandonar la prisión y desplazarse al Parlamento Europeo, de conformidad con la interpretación legal proporcionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la petición de suplicatorio resultaba obligatoria. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su auto de 9 de enero de 2020, que resuelve el recurso de súplica contra el auto de 14 de junio de 2019 que denegó la solicitud de permiso de salida del centro penitenciario, deja, de este modo, sin efectos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En definitiva –se afirma en la demanda–, la inmunidad europea de la que gozaba el señor Junqueras desde el 13 de junio de 2019 –fecha en que fue proclamado electo– ha de determinar la declaración de nulidad de la condena dictada, que no respetó tanto el efecto suspensivo del reenvío prejudicial, como los efectos asociados a la inmunidad que obligaban a la tramitar la autorización para el levantamiento de esa inmunidad ante el Parlamento Europeo, a fin de poder mantener las medidas cautelares personales o afrontar el análisis de una eventual culpabilidad en la sentencia dictada en el proceso penal.
El abogado del Estado entiende, por su parte, que la sentencia de 14 de octubre de 2019 dictada en la causa principal es plenamente válida y en modo alguno procede su anulación como consecuencia de la STJUE de 19 de diciembre de 2019, pues ninguna de las inmunidades de las que disfrutaba el señor Junqueras entre el 13 de junio de 2019 –fecha en que fue proclamado electo– y el 14 de octubre de 2019 –fecha en la que fue dictada la sentencia recurrida en amparo– implicaba la necesidad de suspender el procedimiento penal, ni impedía que se dictase sentencia. En efecto, el contenido de la inmunidad del art. 9, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión no contempla de manera expresa la paralización del procedimiento o suspensión de la causa principal. Además, no se podía dar la circunstancia de que se tuviera que suspender el procedimiento por poder resultar necesaria la presencia del recurrente en el juicio oral, ya que la causa había quedado vista para sentencia en fecha 12 de junio de 2019. Es decir, ninguno de los contenidos de la inmunidad reconocida en el art. 9, párrafo segundo, del Protocolo quedó limitado o se oponía a la continuación de la causa principal, incluyendo que se dictara la sentencia correspondiente. Asimismo, desde el 2 de julio de 2019 –fecha de constitución del Parlamento Europeo y de comienzo de la legislatura– se podría entender que el recurrente ostentaba la inmunidad del art. 9, párrafo primero, letra a), del Protocolo, esto es, las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país. Sin embargo, tal inmunidad tampoco implicaba que tuviera que suspenderse el procedimiento penal. En este sentido, el abogado del Estado trae a colación el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019, que declaró que no era preciso para continuar el proceso penal obtener la autorización de ambas Cámaras de las Cortes Generales al haber adquirido entonces los demandantes la condición de diputado y senador electos, respectivamente, una vez que se había iniciado la fase de juicio oral, no procediendo, en consecuencia, la suspensión del procedimiento. Por consiguiente, tampoco la inmunidad del art. 9, párrafo primero, letra a), del Protocolo imponía la paralización o suspensión de la tramitación del proceso, dado que el señor Junqueras había adquirido la condición de diputado electo del Parlamento Europeo una vez concluido el juicio oral. En definitiva, la sentencia de 14 de octubre de 2019 se ha dictado con estricta observancia de las normas esenciales del procedimiento penal y en nada ha impedido u obstaculizado la inmunidad declarada por la STJUE de 19 de diciembre de 2019.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox sostiene que la cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la Sala Segunda del Tribunal Supremo se refiere a los efectos en la situación de prisión provisional del señor Junqueras una vez que fue proclamado eurodiputado electo, pero en ningún caso se suscitan, porque no podía hacerse en ese momento, los efectos que pudiera tener sobre el cumplimiento de la pena de prisión a la que fue condenado por la sentencia impugnada en amparo. De modo que la STJUE de 19 de diciembre de 2019 ya no era aplicable de forma efectiva a la causa, al no existir la medida cautelar de la prisión provisional.
El Ministerio Fiscal considera, en sus alegaciones, que la queja debe ser inadmitida al referirse a resoluciones dictadas con posterioridad a la sentencia recurrida, por lo que no fue objeto de enjuiciamiento y resolución en la misma, habiendo podido interponer el señor Junqueras recurso de amparo, como efectivamente hizo, contra las resoluciones judiciales recaídas en la pieza separada sobre la solicitud de permiso extraordinario para asistir al acto de acatamiento a la Constitución. Por lo demás, el auto del Tribunal Supremo, de 9 de enero de 2020, que analiza los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es posterior a la sentencia impugnada y ni siquiera es cuestionado en la demanda de amparo.
13.1.3 La respuesta judicial a la solicitud de suspensión de la causa especial núm. 20907-2017 como consecuencia del planteamiento de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la alegada vulneración de la inmunidad de don Oriol Sanz Ramos como diputado del Parlamento Europeo.
13.1.3.1 El planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su incidencia en la causa especial núm. 20907-2017.
A) Finalizadas las sesiones del juicio oral y en la pieza de situación personal del señor Junqueras, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por auto de 1 de julio de 2019, acordó plantear tres cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se tramitaron acumuladamente bajo la referencia C-502/19, en relación con el art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión.
En el fundamento de Derecho Primero del auto de planteamiento, que tiene por rúbrica «Precisión del incidente donde se suscita la cuestión», la sala señala que «[l]a cuestión a dirimir en el incidente en el que se suscita la cuestión prejudicial es la concesión o denegación de un permiso penitenciario extraordinario a un acusado por delitos graves y en situación de prisión provisional por riesgo de fuga». El permiso «tendría como finalidad prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución Española, requisito normativo establecido para que el organismo central electoral –Junta Electoral Central– incluya al electo en la lista que remite al Parlamento Europeo y se posibilite la toma de posesión del escaño correspondiente».
«El objeto principal del proceso penal, seguido desde finales de 2017, –se afirma en el auto– es el enjuiciamiento de hechos calificados como delitos de rebelión (alternativamente de sedición), malversación y desobediencia», habiendo finalizado ya «todas las sesiones del juicio oral», «celebrado la totalidad de la prueba», «escuchado los informes de las partes» y «ejercido por todos los acusados el derecho a la última palabra». «Se han invertido en el desarrollo del juicio –continúa el auto– cuatro meses», habiéndose celebrado cincuenta y dos sesiones», de modo que «[l]a causa se halla, por tanto, solo pendiente de sentencia que, por razón de su complejidad, exigirá para su redacción varios meses».
Precisa la sala que «[e]l objeto de la cuestión prejudicial se suscita en la pieza de situación de privación de libertad» del señor Junqueras y «[s]u tratamiento procesal es autónomo, aunque en relación de dependencia con la causa principal».
Así pues, «[l]a resolución a adoptar, con el auxilio de la cuestión que se promueve, afecta a un incidente autónomo en dicha pieza de suspensión personal», que «[e]stá relacionada con la concesión de un concreto permiso penitenciario de salida de naturaleza extraordinaria», «[d]e ahí que no condicione el contenido de nuestro pronunciamiento a la hora de dar respuesta a la pretensión acusatoria que se ejerce». En efecto –concluye la sala en este extremo– «[e]sta sigue su curso al margen de la eventual eficacia refleja o indirecta que los actos consecuentes a la autorización o denegación del permiso pudieran originar».
En cuanto al contenido de las cuestiones prejudiciales suscitadas la sala afirma en el fundamento de Derecho Cuarto del auto, intitulado «Justificación del planteamiento de la cuestión», que «[p]ara resolver la concesión o denegación del permiso penitenciario al procesado –eurodiputado electo– en situación de prisión preventiva, resulta inexcusable conocer el alcance de la eficacia de las prerrogativas contenidas en el artículo 9 del Protocolo núm. 7. Más concretamente la prevista en su párrafo segundo: “gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este”. Se trata de resolver cuándo se consolida el estatus parlamentario, decisión que condiciona el contenido dispositivo de la resolución que, sobre el permiso penitenciario extraordinario, hemos de adoptar […]. Sobre esta norma –añade la sala–, a pesar de haber sido objeto de análisis en diversas resoluciones del Tribunal de Justicia, está todavía pendiente de clarificar su dimensión temporal, así como su contenido subjetivo y objetivo».
En definitiva, «la procedencia de la formulación de esta cuestión prejudicial es obvia, pues no existe un pronunciamiento expreso sobre el alcance temporal (extensión a momento previo a las sesiones), subjetivo (extensión a los electos) y objetivo (extensión de la expresión “cuando se dirijan”) del artículo 9. No cabe deducir de los términos de esta norma europea, ni de los preceptos a los que se remite, ni de la jurisprudencia existente sobre la misma, una única solución hermenéutica que se imponga por su propia evidencia, no solo al órgano jurisdiccional competente sino al resto de los estados miembros».
B) La representación procesal del señor Junqueras, mediante escrito presentado en fecha 17 de septiembre de 2019, solicitó que se dejara en suspenso la resolución de la causa especial 20907-2017, a resultas del planteamiento de la cuestión prejudicial. Fundó su solicitud en la consideración de que, aunque la cuestión se suscita en un incidente autónomo, tiene, como se señala en el propio auto de planteamiento, una eficacia refleja o indirecta sobre el pleito principal.
No obstante, por auto de 3 de octubre de 2019, la sala declaró no haber lugar a la petición formulada. Argumenta al respecto que ya había fijado en el auto de 1 de julio de 2019 «qué alcance debía tener respecto de este procedimiento penal el planteamiento de las cuestiones prejudiciales en él fijadas»; concretamente que «se suspendía el recurso de súplica formulado en su día por la representación del señor Oriol Junqueras contra el auto de 14 de mayo (sic) de 2019 (sobre denegación de permiso extraordinario de salida para prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución española para consolidar la situación de eurodiputado electo del primero), y en el que dicha representación había invocado las prerrogativas y privilegios establecidos en el artículo 9 del Protocolo (núm. 7) sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea».
De modo que –continúa la sala– «[l]a cuestión prejudicial se ha suscitado, pues, como decíamos en el auto citado, en la pieza de situación de privación de libertad y la resolución a adoptar, con el auxilio de la cuestión que se promueve, afecta a un incidente autónomo en dicha pieza de situación personal, sin condicionar el contenido del pronunciamiento que dé respuesta a la pretensión acusatoria formulada».
Y sobre la eventual eficacia refleja o indirecta que los actos consecuentes a la autorización o denegación del permiso pudieran originar, afirma la sala que, «de existir, habrán de ser valorados, con las debidas adaptaciones, según la resolución final que recaiga, en la fase procesal correspondiente, pero no condiciona el resultado de dicha resolución y, por tanto, no justifican la pretensión formulada» (fundamento de Derecho Segundo).
13.1.3.2 La inmunidad de don Oriol Sanz Ramos como diputado del Parlamento Europeo.
En relación con la denunciada vulneración de la inmunidad como diputado europeo del señor Junqueras, la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el auto de 29 de enero de 2020, que resuelve los incidentes de nulidad de actuaciones interpuestos contra la STS, Sala Segunda, 459/2019, de 14 de octubre, «da por reproducido íntegramente el auto dictado por esta Sala el día 9 de enero de 2020 en el que analizó el alcance de la inmunidad como europarlamentario del señor Junqueras tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con fecha de 19 de diciembre de 2019, en el asunto C-502/19, incoado a raíz de la cuestión prejudicial promovida en nuestro auto de 1 de julio de 2019, en el marco de esta causa especial» (fundamento de Derecho 10.2.2).
A los efectos que a este recurso de amparo interesan, la sala mediante el citado auto de 9 de enero de 2020, según afirma en el mismo, «da cumplimiento exacto, en sus estrictos términos, a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
a) La sala deduce de la lectura de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes conclusiones: (i) Que la duda suscitada «acerca de si el art. 9 del Protocolo núm. 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea rige antes del “periodo de sesiones”, ha de resolverse afirmativamente», lo que «supone que el candidato proclamado por la autoridad nacional como electo, por el solo hecho de serlo, goza de inmunidad, incluso, cuando se encuentre en situación de prisión preventiva en un proceso por delitos graves y el órgano jurisdiccional competente haya denegado el permiso para cumplir las formalidades impuestas por el derecho nacional tras la proclamación como electo»; (ii) que «[l]a inmunidad establecida en el párrafo segundo del art. 9 del Protocolo, que se concreta en autorizar el desplazamiento del electo al Parlamento Europeo, con el fin de que pueda cumplir allí las exigencias formales requeridas, obliga al órgano jurisdiccional a hacerlo acordando “[…] el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta», y (iii) que «[c]on carácter excepcional, esa concreta inmunidad, obtenida desde la proclamación de electo, es compatible con el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, siempre que de forma urgente se solicite al Parlamento Europeo que suspenda esa inmunidad» (fundamento de Derecho 1).
b) La sala entiende que «[l]a respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea opta por una interpretación extensiva de la inmunidad de desplazamiento que protege al parlamentario europeo desde el momento de su elección». Tras resaltar «[e]l carácter novedoso y complejo» de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, proclama que hace suya esta doctrina y que conforme a ella se resolverán las situaciones que, en los mismos o similares términos, puedan suscitarse en el futuro (fundamento de Derecho 4).
Afirma, asimismo, que «[e]sta doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –aceptada ahora en su literalidad, espíritu y en su integridad–, ha de ser aplicada para resolver las consecuencias procesales que puede proyectar sobre la situación del señor Junqueras».
Para la determinación de tales consecuencias, la sala entiende que han de ser tomados en consideración los siguientes datos: (i) Que el demandante de amparo ha sido condenado por la STS, Sala Segunda, 459/2019, de 14 de octubre, a las penas de trece años de prisión y trece años de inhabilitación absoluta; (ii) que esta sentencia fue «el desenlace jurisdiccional de un proceso penal iniciado el día 12 de febrero de 2019 y que quedó “visto para sentencia” el día 12 de junio del mismo año»; (iii) que el señor Junqueras fue proclamado diputado electo al Parlamento Europeo por acuerdo de la Junta Electoral Central de 13 de junio de 2019 («BOE» 14 de junio de 2019), es decir, «un día después de que hubieran concluido todas las sesiones del juicio oral y se hubiera iniciado el proceso de deliberación de la sentencia»; (iv) que por auto de 14 de junio de 2019 la sala denegó al demandante de amparo la concesión de un permiso penitenciario de salida, solicitado el día 4 de junio, para el acto de juramento o promesa previsto en los arts. 108.9 y 224.2 Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG), que habría de desarrollarse en la sede del Congreso de los Diputados el día 17 de junio siguiente; (v) que el demandante de amparo interpuso recurso de súplica contra el citado auto, invocando las prerrogativas y privilegios establecidos en el art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión; (vi) que fue en este marco procesal en el que la sala promovió la cuestión prejudicial, resultando ineludible, a su juicio, la necesidad de subrayar el contexto en el que se suscitó dicha cuestión, so pena de «desenfocar el análisis de las consecuencias que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha de proyectar sobre la causa especial que ya ha sido objeto de enjuiciamiento» (fundamento de Derecho 3).
c) Tras esta referencia al contexto procesal en el que se ha planteado la cuestión prejudicial, la sala entiende que, de acuerdo con los apartados 30 y 93 STJUE, es a ella «a la que le corresponde dilucidar los efectos –directos o indirectos– que la respuesta a la cuestión prejudicial debe conllevar» sobre la situación del señor Junqueras.
Pues bien, considera evidente que «la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba al señor Junqueras por la pena de prisión impuesta en sentencia firme, acarrea trascendentales efectos que no pueden eludirse al examinar las consecuencias de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». A la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia, el señor Junqueras «habría adquirido la condición de parlamentario, sin necesidad de ningún desplazamiento para trámites burocráticos, desde el día 13 de junio de 2019, fecha en que fue reconocida su condición de electo». Sin embargo, «la realidad que ahora se proyecta sobre el recurrente no es la de un preso preventivo, sino la de un preso condenado que, por el hecho de serlo, ha incurrido en una causa sobrevenida de inelegibilidad», de acuerdo con los arts. 6.2 a) y 211 LOREG. El primero de los citados preceptos declara inelegibles «a los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, durante el tiempo que dure la pena»; y el segundo dispone que «las causas de inelegibilidad de los diputados al Parlamento Europeo lo son también de incompatibilidad». Así pues, en el momento en que el señor Junqueras «fue condenado a la pena de trece años de prisión se convirtió, por ministerio de la ley, en inelegible» y «ese obstáculo legal para el ejercicio del derecho de representación proyecta sobre él una causa de incompatibilidad que le excluye del Parlamento Europeo» (art. 7.3 Acta electoral).
El hecho de que la sala acordara que la ejecución de la pena de inhabilitación absoluta impuesta al recurrente quedara en suspenso no añade –se afirma en el auto– ningún dato de interés, pues la condición de inelegible «se vincula, no a la pena de inhabilitación, sino a la pena de prisión de trece años que le fue impuesta».
En relación con el escrito remitido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de octubre de 2019, en el que expresaba, tras haber dictado la STS, Sala Segunda, 459/2019, de 14 de octubre, que «la cuestión prejudicial sigue manteniendo interés y vigencia, ya que tendría eficacia con independencia de la situación de prisión preventiva o penado que afectase al señor Junqueras», la sala considera que «las respuestas del Tribunal de Justicia, al definir el alcance y contenido de la inmunidad de desplazamiento» no le impedían « dictar sentencia –ya firme– ni tampoco ejecutar lo resuelto, pese a que para la efectividad de la pena de inhabilitación hemos esperado prudentemente». «Se trata, en fin, –sostiene la sala– de determinar el alcance de la inmunidad –si llegara a reconocérsele– y si ese reconocimiento limitaba, en alguna medida, nuestro pronunciamiento, que conllevaba la pérdida de la condición de europarlamentario del señor Junqueras. Y hasta tanto no se pronunciara el Tribunal de Justicia, no podíamos precisar sus últimos perfiles, que habían de ser definidos en la sentencia que diera respuesta a la cuestión prejudicial».
En definitiva, la incompatibilidad sobrevenida en la que como consecuencia de la sentencia condenatoria ha incurrido el señor Junqueras ha de dar lugar a su sustitución (arts. 13, apartados 1, 2 y 3 del Acta electoral y 4.4. del Reglamento del Parlamento Europeo, y STC 144/1999, de 22 de julio). En cumplimiento de esta obligación legal, la sala acuerda –y así queda reflejado en la parte dispositiva del auto– «una notificación a la Junta Electoral Central y al Parlamento Europeo de la existencia de una causa sobrevenida de incompatibilidad para que, en el infranqueable ámbito de sus respectivas competencias, anuden a ese presupuesto las consecuencias legales que de él se derivan». En este sentido, la sala afirma que «tiene constancia de que, en el momento del dictado de la presente resolución, la junta electoral ha declarado la anulación sobrevenida del escaño del señor Junqueras, en resolución fechada el día 3 de enero del corriente año, en el expediente núm. 561/79» (fundamento de Derecho 5. 1 y 2).
d) A continuación, la sala rechaza la petición de que se proceda a formalizar una solicitud ante el Parlamento Europeo de suspensión de la inmunidad del señor Junqueras.
Considera que «la petición de suplicatorio para su enjuiciamiento no es procedente, una vez ha sido dictada sentencia condenatoria que […] tiene carácter constitutivo en cuanto al efecto de anulación del mandato que el señor Junqueras ha recibido del electorado. Y tampoco lo fue en el momento en que, hallándose el proceso en su tramo final y pendiente de sentencia, resultó electo como diputado nacional. Las razones que expusimos en nuestro auto de 14 de mayo de 2019, en respuesta a la misma petición de suplicatorio, entonces ante el Congreso de los Diputados, cobran ahora pleno sentido. A lo allí razonado nos remitimos».
Asimismo, la sala entiende que no es procedente la petición de suplicatorio ante el Parlamento Europeo una vez conocida la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «atribuyendo impropiamente a la suspensión de la inmunidad los efectos de una condición de procedibilidad para proseguir el enjuiciamiento. Cuando el señor Junqueras fue proclamado electo en acuerdo de 13 de junio de 2019, el proceso penal que le afectaba había concluido y esta Sala había iniciado el proceso de deliberación».
Se razona al respecto en el auto que «[e]n el derecho interno español el alcance de la inmunidad tiene sus perfiles acotados normativa y jurisprudencialmente», no proyectándose sus efectos «ni en fase de ejecución, ni en fase de recurso, ni, en general, desde que está abierto el acto del juicio oral». Por lo tanto, el señor Junqueras «en la medida en que alcanzó la condición de europarlamentario–según aceptamos en sintonía con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea– con el proceso ya en fase de juicio oral –es más, en los últimos lances del juicio– no ha podido en ningún momento ampararse en tal vertiente de la inmunidad para obstaculizar la persecución de su enjuiciamiento. Ni cuando accedió a la condición de diputado nacional, ni cuando fue elegido europarlamentario; ni cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha reconocido su condición de tal, pese a no haber cumplimentado algunos requisitos». Prosigue la sala afirmando que «[s]i cuando el electo adquiere tal condición ya se ha procedido a la apertura del juicio oral, es obvio que decae el fundamento de la inmunidad como condición de la actuación judicial», que no «es otro que preservar a la institución parlamentaria de iniciativas dirigidas a perturbar su libre funcionamiento». Ello, «lógicamente no puede ocurrir si la iniciativa para proceder en el ejercicio de la actuación jurisdiccional es anterior a la elección de los componentes del Parlamento».
«En definitiva –concluye la sala– quien participa en un proceso electoral cuando ya está siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad conforme al derecho nacional. No puede condicionar el desenlace del proceso ni, menos aún, el dictado de la sentencia. Por todo ello, conforme al párrafo primero a) del artículo 9 del Protocolo de inmunidades, no era ni es necesaria la autorización del Parlamento».
Por lo tanto, la sala, desestimando la pretensión del demandante de amparo, entiende que «no existe causa alguna de nulidad que tenga capacidad invalidante de los actos procesales que fueron celebrados desde el inicio de las sesiones del juicio oral, que tuvo lugar el día 12 de febrero de 2019, hasta su conclusión, que se produjo el día 12 de junio de ese mismo año». En efecto, «[e]l señor Junqueras, en aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, habría adquirido la condición de eurodiputado el mismo día de su proclamación de electo, que se produjo el 13 de junio de 2019 […]. Si ese día ya había terminado la actividad procesal desarrollada durante los cuatro meses de duración del juicio oral, mal se entiende qué eficacia invalidante habría tenido la adquisición sobrevenida de la condición de eurodiputado. La sentencia del Tribunal de Justicia no afectó, por tanto, a su condición de procesado ni acusado, ni, posteriormente, a la de condenado, pues tales situaciones se sucedieron en el marco de la pieza principal sobre la que el Tribunal de Justicia no se pronuncia, sino que remite al criterio de la Sala Segunda para decidir si su propia interpretación del art. 9 del Protocolo (núm. 7) tiene alguna incidencia en ese proceso principal. […] Aunque fuera parlamentario europeo, el señor Junqueras no gozaba de inmunidad de jurisdicción. Solo de inmunidad de desplazamiento en los términos que fueron revelados por el Tribunal de Justicia. Pero esa modalidad –conviene insistir en ello– en modo alguno liberaba a esta Sala de su deber de dictar sentencia, estuviera libre el acusado o, como era el caso, se hallara en situación de prisión provisional».
La sala considera que «[e]l suplicatorio para instar el levantamiento de la inmunidad de desplazamiento, habría sido posible con anterioridad, aunque estéril, pues antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el propio Parlamento Europeo, a través de su presidente –tanto el actual como el predecesor– no aceptaba como miembros de la Cámara a quienes no se encontraban incluidos en la lista publicada por la autoridad nacional» (art. 12 Acta electoral). Aunque ahora la sala conoce la respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión prejudicial planteada, considera que «en este momento no procede activar el suplicatorio para mantener el obstáculo al desplazamiento que representa la privación de libertad del señor Junqueras [y]a que existe sentencia firme, para cuyo pronunciamiento no existía impedimento alguno. Para su dictado ningún obstáculo proyectaba la determinación del alcance de la inmunidad de desplazamiento reconocida. Todo ello conduce a la obligada ejecución, sin óbice alguno, del pronunciamiento firme que implica la pérdida de la condición de parlamentario europeo. Carece de objeto, por tanto, –concluye la sala en este extremo– instar el suplicatorio para permitirle acudir a acreditarse como parlamentario y asistir a las sesiones de la Cámara [ya que] media pronunciamiento firme que le priva del cargo electo de eurodiputado», de modo que «[s]u mandato deviene nulo y así lo ha declarado la Junta Electoral Central» (fundamento de Derecho 5.3).
e) La sala continúa razonando que la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la cuestión prejudicial planteada «ha proclamado que el señor Junqueras gozaba de inmunidad, de la inmunidad del párrafo segundo del artículo 9 del Protocolo de inmunidades que se concreta, de conformidad con el significado de su tenor literal, en la capacidad de los europarlamentarios para dirigirse o regresar al lugar de reunión del Parlamento Europeo. Se trata de una inmunidad de configuración autónoma, como tipo conceptual propio de inmunidad y sin derivación o relación con otras específicas modalidades de inmunidad relacionadas con el derecho nacional». De esta manera, la sala entiende que «se ha conferido a la institución de la inmunidad una efectividad que propicia el cumplimiento de la misión de los parlamentarios, al tiempo que no fuerza una interpretación de una norma (párrafo primero del artículo 9) de un Protocolo (el número 7) del Tratado de funcionamiento de la Unión, que fuera extensiva y, por tanto, contraria a los criterios de la Comisión de Venecia […] sobre el alcance y el levantamiento de las inmunidades parlamentarias […] partidaria de fijar limitaciones y condiciones que hagan posible el levantamiento de la inmunidad» [Informe de la Comisión de Venecia 714/2013, CDL-AD (2014) 011, apartados 185 y 187]. Lo contrario –se afirma en el auto– «habría supuesto postular una interpretación difícilmente compatible con el propio contenido de la norma que en cuanto integrada en un Protocolo, tiene el mismo valor que el propio Tratado» (fundamento de Derecho 5.4).
f) Un día antes de que el demandante de amparo hubiese adquirido la condición de electo –12 de junio de 2019–, el juicio quedó visto para sentencia. La sala entiende que «[n]o es concebible otro modo de finalizar el proceso que el dictado de la correspondiente sentencia» (arts. 741 y 742 LECrim), y que «[l]a existencia de otros coacusados en prisión provisional y la imposibilidad conceptual de fragmentar el objeto del proceso, cuya inescindibilidad había sido subrayada en distintas resoluciones, aconsejaban no demorar el dictado de la sentencia».
En este sentido, se razona en el auto que «[e]l texto del párrafo primero del artículo 9 del Protocolo de inmunidades al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, remite al derecho nacional y ya habíamos indicado que las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento español, todas ellas viene referidas exclusivamente a las fases procesales anteriores a la apertura del juicio oral». De modo que «[s]uperada la fase intermedia del proceso y una vez abierta la fase de enjuiciamiento, ninguna inmunidad le correspondería como diputado nacional» (arts. 71 CE; 750 a 756 LECrim; 5 a 9 Ley de 9 de febrero de 1912, de jurisdicción y procedimiento especiales en las causas contra senadores y diputados; 11 RCD; 22.1, párrafo segundo, RS). Recuerda la sala que en estos términos se ha pronunciado en su auto de 14 de mayo de 2019.
Además, «[l]a naturaleza del delito que había sido objeto de investigación y enjuiciamiento añadía razones a la necesidad de dictar resolución que pusiera término al procedimiento». En este sentido, trae a colación la doctrina del Tribunal Europeo Derechos Humanos (STEDH de 17 de mayo de 2016, asuntoKarácsony y otros contra Hungría, § 98), conforme a la cual, «cuando se persiguen delitos de corrupción, se alienta a los Estados a limitar la inmunidad al grado necesario en una sociedad democrática, en directa y expresa alusión al principio sexto de la Resolución (97) 24, del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, de 6 de noviembre de 1997, sobre principios rectores para la lucha contra la corrupción: limitar la inmunidad de investigación, enjuiciamiento o sanciones relativas a delitos de corrupción, a lo que es necesario en una sociedad democrática».
Conviene tener presente, sostiene asimismo la sala, que en la causa penal «se enjuiciaba un delito de corrupción –malversación de caudales públicos con ocultación de gastos–, cometido con la cobertura del Govern de la Generalitat de Catalunya, en continuas y diversas maniobras de ocultación. Se trataba así de hacer posible la preparación y celebración de un referéndum, cuya previsión se incluía en un conjunto normativo aprobado por un órgano parlamentario constitucionalmente incompetente y en declarada hostilidad a las resoluciones del Tribunal Constitucional y a los requerimientos de su cumplimiento, ejercitados en atribución democráticamente adecuada [cfr. Opinión Comisión de Venecia, informe núm. 827/2015, CDL-REF (2016) 034]. Decisiones que fueron adoptadas con desprecio del derecho de representación parlamentaria de un relevante número de parlamentarios catalanes, muy próximos a la mitad de la composición de la Cámara (cfr. Decisión Tribunal Europeo Derechos Humanos, de 28 de mayo de 2019, asuntoMaría Carmen Forcadell i LLuis y otros c. España, de 28 de mayo de 2019, demanda núm. 75147/17)» [fundamento de Derecho 5.5].
En consecuencia, la sala en la parte dispositiva del auto acuerda: (i) no ha lugar a autorizar el desplazamiento del señor Junqueras a la sede del Parlamento Europeo; (ii) no ha lugar a acordar su libertad; (iii) no ha lugar a declarar la nulidad de la sentencia de 14 de octubre de 2019; (iv) no ha lugar a la tramitación del suplicatorio ante el Parlamento Europeo; y, en fin (v) proveer en la pieza de ejecución el alzamiento de la suspensión de la pena de trece años de inhabilitación impuesta al condenado.
g) El demandante de amparo interpuso recurso de súplica contra el auto de 9 de enero de 2020, que fue desestimado por auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2020.
La sala reitera y se remite, en esencia, a la fundamentación del auto recurrido, insistiendo en que en el auto de 9 de enero de 2020 «dimos cumplimiento exacto, en sus términos a la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea […] en el contexto en el que se planteó la cuestión prejudicial».
En efecto, «[l]a sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea realiza una interpretación extensiva de la inmunidad de desplazamiento del art. 9 del Protocolo núm. 7», pero «resulta evidente que de esa respuesta no se deriva –pese a la voluntarista argumentación de la defensa en sentido contrario y en contradicción más que aparente con la respuesta concreta del Tribunal– ni la libertad inmediata del señor Junqueras, ni la necesidad de solicitar autorización al Parlamento Europeo para la continuación de estas actuaciones». Sostiene la sala que «[n]o se trata, como se afirma por el recurrente, que la sentencia del Tribunal de Justicia haya tenido “efecto cero” o que hayamos convertido la inmunidad de desplazamiento reconocida al señor Junqueras en una inmunidad “no efectiva”. Se trata, tan solo, de que sus consecuencias sean aplicables en el contexto en el que se planteó la cuestión prejudicial y, por tanto, en la pieza separada en la que se formuló (lo que hicimos por auto de 9 de enero de 2020 que resuelve el recurso de súplica que quedó en suspenso tras el planteamiento de la cuestión) y en esta pieza principal, que fue culminada por sentencia firme con los efectos expuestos».
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia «afirma con rotundidad que es a esta Sala a la que corresponde apreciar sus efectos en esta pieza principal, todo ello, con observancia del principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero» (fundamento de Derecho 2.2 y 3).
13.1.4 Doctrina jurisprudencial sobre la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.
A) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con las diversas modalidades de inmunidad parlamentaria reconocidas en los Estados signatarios del Convenio ha elaborado una doctrina jurisprudencial que constituyeexart. 10.2 CE un relevante elemento hermenéutico en la determinación del sentido y alcance de los derechos fundamentales que la Constitución proclama [por todas, SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 5 B), y 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 D)] así como también de los que reconoce la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) [art. 6, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE); preámbulo, párrafo quinto, y art. 52, apartado 3, CDFUE; STJUE de 30 de junio de 2016, asunto C-205/15,Toma y Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci,§ 41 y jurisprudencia citada].
a) El Tribunal Europeo Derechos Humanos tiene declarado que el hecho de que los Estados concedan generalmente una inmunidad más o menos extensa a los miembros del parlamento constituye una antigua práctica, que tiene como finalidad la protección de la libre expresión de la cámara legislativa y el mantenimiento de la separación de los poderes legislativo y judicial. Bajo sus diferentes formas, la inmunidad parlamentaria puede servir para proteger un régimen jurídico verdaderamente democrático, que constituye la piedra angular del sistema del Convenio, en la medida en que tiende a proteger la autonomía del legislador y la oposición parlamentaria. A este respecto, el tribunal de Estrasburgo lleva a cabo un control especialmente estricto cuando se trata de minorías parlamentarias.
Las garantías ofrecidas por la inmunidad parlamentaria en sus dos aspectos (irresponsabilidad e inviolabilidad) –señala el Tribunal Europeo Derechos Humanos– vienen a asegurar la independencia del parlamento en el cumplimiento de sus funciones. La inmunidad jurisdiccional –inviolabilidad en la terminología de su jurisprudencia– tiene como objeto asegurar esa plena independencia previniendo toda eventualidad de procesos penales que obedezcan a móviles políticos (fumus persecutionis), protegiendo así a la oposición de presiones o abusos de la mayoría. Por su parte, la protección otorgada a la libertad de expresión en el parlamento tiene por objeto proteger el interés de este último, no debiendo asumirse que solo beneficia a sus miembros (STEDH de 17 de mayo de 2016, asuntoKarácsony y otros c. Hungría, § 138; con referencia a las SSTEDH de 17 de diciembre de 2002, asuntoA., c. Reino Unido,§ 85; de 3 de diciembre de 2009, asuntoKart c. Turquía,§ 81; de 11 de febrero de 2010; asuntoSyngelidis c. Grecia,§ 42; también SSTEDH de 20 de diciembre de 2016, asuntoUspaskich c. Lituania,§ 98, y de 22 de diciembre de 2020, GS, asuntoSelahattin Demirtaş c. Turquía, § 256).
b) El Tribunal Europeo Derechos Humanos ha admitido en la configuración de las inmunidades parlamentarias, que entra dentro del campo del derecho parlamentario, un amplio margen de apreciación a los Estados miembros, si bien considera que, desde el punto de vista de su compatibilidad con el Convenio, cuanto más amplia sea una inmunidad, más imperiosas deben ser las razones que puedan justificar dicha amplitud. En este sentido, postula que las inmunidades han de ser objeto de un estricto juicio de proporcionalidad cuando las conductas o hechos en cuestión no tengan conexión con la actividad parlamentaria (SSTEDH, de 20 de abril de 2006, asuntoPatrono, Cascini y Stefanelli c. Italia,§ 63, y de 3 de diciembre de 2009, asuntoKart c. Turquía,§ 82 y 83).
c) En fin, por lo que se refiere en particular a la inmunidad jurisdiccional ha considerado que constituye una excepción al régimen ordinario de procedibilidad de presuntos delitos y de su enjuiciamiento, razón por la cual los Estados deben garantizar que tenga un alcance restrictivo bien delimitado, de modo que no pueda ser utilizada por los representantes políticos como instrumento para eludir la acción de la justicia (STEDH de 20 de diciembre de 2016, asuntoUspaskich c. Lituania,§ 91).
B) Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya jurisprudencia también tiene un significativo valor interpretativo en materia de derechos fundamentales [SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 5 B), y 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 D)], se ha pronunciado sobre el alcance en sus distintas modalidades de los privilegios e inmunidades de los miembros del Parlamento Europeo, resultando especialmente relevante por sus nuevos criterios y a los efectos que a este recurso de amparo interesan, la STJUE, GS, de 19 de diciembre de 2019, asuntoOriol Sanz Ramos.
a) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene declarado que el art. 343 TFUE constituye la fuente jurídica de los privilegios e inmunidades de los que gozará la Unión en el territorio de los Estados miembros necesarios para el cumplimiento de su misión, en las condiciones establecidas en el Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión. Si bien el referido artículo confía al mencionado Protocolo la determinación de las condiciones en las que deben garantizarse las inmunidades, exige que la Unión y, en particular, los miembros de sus instituciones gocen de las inmunidades necesarias para el cumplimiento de su misión. De ello se deriva que estas condiciones, tal como sean determinadas por dicho Protocolo y, en la medida en que este se remite al Derecho de los Estados miembros, por las legislaciones nacionales deben garantizar que el Parlamento Europeo tenga total capacidad de cumplir las misiones que le han atribuido (STJUE, asuntoOriol Sanz Ramos, § 76).
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los objetivos del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión se concretan en garantizar a las instituciones de la misma Unión una protección completa y efectiva contra cualquier impedimento o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen funcionamiento y a su independencia. En el caso del Parlamento Europeo estos objetivos no solo implican que, conforme al principio de democracia representativa (art. 14 TUE), su composición refleje de forma fiel y completa la libre expresión de las preferencias manifestadas por los ciudadanos de la Unión, por sufragio universal directo, en cuanto a las personas por las que desean ser representados durante una legislatura determinada, sino también que el Parlamento Europeo quede protegido en el ejercicio de sus actividades contra cualquier impedimento o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su funcionamiento. En esta doble vertiente, las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento Europeo tienen por objeto garantizar la independencia de esta institución en el cumplimiento de su misión, como ha destacado el Tribunal Europeo Derechos Humanos en relación con las diversas formas de inmunidad parlamentaria establecidas en los sistemas políticos democráticos (ibidem§ 82 a 84).
b) La inmunidad parlamentaria de los diputados del Parlamento Europeo, según está prevista en los arts. 8 y 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, comprende las dos formas de protección normalmente reconocidas a los miembros de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros; a saber, la inmunidad por las opiniones expresadas y los votos emitidos en el ejercicio de las funciones parlamentarias –inviolabilidad en la terminología de nuestro ordenamiento– y la inviolabilidad parlamentaria, que, en principio, confiere protección frente a las actuaciones judiciales –inmunidad en la terminología de nuestro ordenamiento– (STJUE, GS, de 6 de septiembre de 2011, asuntoPatriciello, § 18, con cita STJUE, GS, de 21de octubre de 2008, asuntoMarra, § 24).
Dado que el art. 8 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión no contiene remisión alguna a los Derechos nacionales, la amplitud de esa inmunidad, ante esa falta de remisión, debe determinarse exclusivamente según el Derecho de la Unión. Esta inmunidad debe ser considerada, en la medida en que se propone proteger la libre expresión y la independencia de los diputados europeos, una inmunidad absoluta que se opone a cualquier procedimiento judicial motivado por una opinión expresada o por un voto emitido en el ejercicio de las funciones parlamentarias (SSTJUE, asuntoMarra, § 26 y 27, y asuntoPatriciello, § 25 y 26).
Por el contrario, la inmunidad parlamentaria establecida en el art. 9, párrafo primero, letra a), del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión depende, en virtud de la remisión que se efectúa en este precepto, del derecho nacional (STJUE asuntoPatricello, § 25).
c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, asuntoOriol Sanz Ramos, tras declarar que la condición de miembro del Parlamento Europeo, a los efectos del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, se adquiere por el hecho y desde el momento de la proclamación oficial de los resultados electorales efectuada por los Estados miembros, en tanto el mandato no comienza hasta que se constituye la legislatura para la que se ha sido elegido, esto es, hasta el momento de la apertura de la primera sesión del «nuevo» Parlamento Europeo celebrada tras las elecciones (§ 74), confiere un distinto alcance temporal a las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento Europeo en los párrafos primero y segundo del art. 9 del Protocolo.
Los diputados del Parlamento Europeo gozan así de las prerrogativas garantizadas en el párrafo primero del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión durante todo el periodo de sesiones de una determinada legislatura, aunque el Parlamento no se encuentre, de hecho, reunido [§ 78, con cita de la STJUE de 10 de julio de 1986, asuntoWybot, § 12 y 27).
Sin embargo, la inmunidad del art. 9, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión tiene un alcance temporal diferente. Esta disposición establece que gozan igualmente de inmunidad los miembros del Parlamento Europeo cuando se dirijan al lugar de reunión de dicho Parlamento o regresen de este; por lo que también gozan de ella, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se dirijan a la primera reunión celebrada tras la proclamación oficial de los resultados electorales para permitir que la nueva legislatura celebre su sesión constitutiva y verifique las credenciales de sus miembros. En consecuencia, los miembros del Parlamento Europeo gozan de esta inmunidad antes de que comience su mandato (§ 80).
Esta modalidad de inmunidad garantiza la protección del buen funcionamiento y de la independencia del Parlamento Europeo, asegura a cada uno de sus miembros, tras la proclamación oficial de los resultados electorales, la posibilidad de dirigirse sin impedimentos a la primera reunión de la nueva legislatura, a los efectos del cumplimiento de los trámites previstos en el art. 12 del Acta electoral, permitiendo que se constituya la legislatura. De este modo contribuye también a la eficacia del derecho de sufragio pasivo (art. 39.2 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), que constituye la expresión, en esta Carta, del principio de sufragio universal directo, libre y secreto (art. 14, apartado 3 TUE y art. 1, apartado 3, Acta electoral), al permitir a quienes han resultado electos miembros del Parlamento Europeo cumplir los trámites necesarios para tomar posesión de su mandato (§ 85 y 86).
Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que: (i) debe considerase que una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo ha adquirido, por este hecho y desde ese momento, la condición de miembr