Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2023:5
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña Inmaculada Guerrero Montero, presidenta, y las magistradas y magistrados doña María Aguilar Serrano Carmona, don Ramón Moya García, don Enrique Molina Ramírez, don César Nieto Lozano y doña Laura Díaz López, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 6808-2019, promovido por don P.M.P., representado por la procuradora de los tribunales doña Susana Gutiérrez del Muro y asistido por el letrado don Guzmán Serrano Calvo, contra la providencia de 21 de agosto de 2017 y el auto de 13 de septiembre de 2017, dictados por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Majadahonda, en los autos de jurisdicción voluntaria núm. 421-2017 y contra el auto de la Sección Vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 1 de octubre de 2019, recaído en el rollo de apelación núm. 595-2018, que desestimó el recurso de apelación. Han intervenido doña A.A.F., representada por la procuradora de los tribunales doña Francisca Rodríguez Martín Alonso y asistida por la letrada doña María Velasco Méndez Román y el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don César Nieto Lozano.
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 25 de noviembre de 2019, la procuradora de los tribunales doña Susana Gutiérrez del Muro, en nombre y representación de don P.M.P, y con la asistencia letrada de don Guzmán Navarro López, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones indicadas en el encabezamiento.
2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo relevantes para la resolución del caso son, en síntesis, los siguientes:
a) El 24 de mayo de 2017, el ahora recurrente, representado por la procuradora de los tribunales y asistido del letrado que firman la demanda de amparo, presentó escrito de iniciación de procedimiento de jurisdicción voluntaria, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Majadahonda, por el que, al amparo de los arts. 87 y ss. de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria (LJV) y 158 del Código civil (CC), y con cita del art. 39.3 y 4 CE, solicitó que se requiriera a la demandada, con la que se encontraba incurso en procedimiento de divorcio a fin de que «se abst[uviera] de llevar a misa al menor, […], así como [de] hacerle partícipe de actos religiosos, en especial la realización del sacramento del bautismo, sin el consenso y consentimiento del progenitor no custodio» y que el menor «continúe estudiando la asignatura “valores cívicos y sociales” en el colegio» en el curso 2017-2018.
De acuerdo con lo que narra el recurrente en su escrito de demanda, el 26 de julio de 2002 contrajo matrimonio con la demandada. Fruto de ese matrimonio nació, el 16 de septiembre de 2010, el hijo común. Tras el cese de la convivencia el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Majadahonda dictó un auto de medidas provisionales coetáneas. En esta resolución judicial se atribuía a la madre la guarda y custodia del menor y se reconocía al padre un régimen de visitas con estancia en fines de semana alternos y la tarde de los miércoles, desde la salida del menor del centro escolar y hasta el comienzo de las clases del día siguiente. La patria potestad se continuaría ejerciendo conjuntamente por ambos progenitores.
El recurrente indica que ambos cónyuges habrían acordado no bautizar al hijo, y que no asistiera a misa, ni a catequesis, ni recibiera la primera comunión, y una vez alcanzada la mayoría de edad tomara de forma consciente y libre sus propias decisiones en el ámbito espiritual. Así le educaron, no asistiendo a misa salvo en celebraciones familiares puntuales y matriculando al menor en la asignatura de «valores cívicos y sociales».
Afirma que la madre obliga al menor a acudir a misa en contra de la voluntad de este y pese a su resistencia. Añade, que el menor ha expresado su voluntad de no asistir a ningún rito religioso ni a catequesis, y solicita que se respete su voluntad. Refiere que es voluntad del menor seguir estudiando «valores cívicos y sociales» en el centro educativo en el que está matriculado, en el que está contento con sus compañeros de clase y los docentes de la asignatura y que sería traumático psicológicamente un cambio para él. Sostiene que está muy motivado con la asignatura y que tiene una calificación de sobresaliente.
Añade que el comportamiento de la madre vulnera los derechos del demandante como titular de la patria potestad y perjudica el bienestar e interés del menor, yendo contra su voluntad, y que contraviene los consensos alcanzados por los que el menor cursó sus estudios en un colegio laico en el que no asistió a las clases de «religión» sino a las de «valores cívicos y sociales».
b) Por decreto de la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Majadahonda, de 21 de julio de 2017, se admitió a trámite la solicitud, incoándose procedimiento de jurisdicción voluntaria, que se registró con el núm. 421-2017. En el mismo, se citó a las partes para la celebración de la comparecencia que tendría lugar el 29 de agosto siguiente a las 12:00 horas. Entre otras circunstancias, se advertía en el mismo que: «4) Debe comparecer a la vista con los medios de prueba de que intenten valerse (art. 16.3 LJV)» y en el punto 5 de las prevenciones legales se refería que en el plazo de los tres días, siguientes a la citación, debe indicar al órgano judicial qué personas han de ser citadas por el mismo para que asistan a la vista, pudiendo aportar dictámenes elaborados por peritos, caso de que no los hubiera podido aportar con el escrito de demanda, para su traslado a la parte contraria, y, en todo caso, cinco días antes de la vista.
c) Por escrito de fecha 25 de julio de 2017, la representación del recurrente en amparo solicitó la citación del menor para la comparecencia a través de la madre, toda vez que el 29 de agosto de 2017 el menor estaría con su madre en el periodo de visitas que le correspondía.
d) Mediante providencia de 26 de julio de 2017, se dio traslado de la solicitud al Ministerio Fiscal, a fin de que informara sobre la necesidad de que el menor declarase en dicha comparecencia. Dicho informe no consta que se llegara a emitir. Unos días después, a instancia de la representación de la madre del menor, quien argüía que las medidas solicitadas no eran urgentes e indicaba que su procuradora y su abogada se encontraban fuera de Madrid en la fecha señalada, por diligencia de ordenación de 31 de julio, se suspendió la comparecencia señalada. En esa misma diligencia de ordenación se señaló nuevamente la comparecencia para el 17 de enero de 2018.
e) Por escrito presentado el 31 de julio de 2017, A.A.F., con la misma representación y defensa con la que ha comparecido en el presente proceso constitucional, manifestó su oposición a la solicitud de medidas en relación con su hijo.
En el escrito de oposición refiere que las partes contrajeron matrimonio canónico, al ser ella católica practicante. Niega la existencia del consenso afirmado por el solicitante en torno a no educar al hijo en la religión católica. Tras el nacimiento, su marido se negó a bautizarle, pese a que había jurado educar a sus hijos en la fe católica. Sin embargo, afirma que el niño siempre ha acompañado a su madre a misa los domingos en cuya celebración desea colaborar activamente pasando la cesta o siendo monaguillo.
Refiere que escogieron el colegio porque ofrecía la posibilidad de adquirir una formación religiosa y recibir los sacramentos dentro de la vida escolar. Añade que, con carácter previo al planteamiento de la demanda de divorcio, y pese a que el menor comenzó a asistir a clase de religión en el colegio, el padre, de modo unilateral y sin conocimiento ni consentimiento de la madre, cambió al niño a la asignatura de valores cívicos y sociales, con una autorización firmada solo por él.
Discrepa del padre y sostiene que no intenta apuntar al niño a la clase de religión pues entiende que este aspecto debe ser consensuado. Afirma que el menor no rechaza la religión, la ve normal en su vida.
Sostiene que es el único niño de su clase que asiste a la asignatura de valores cívicos, por lo que el niño se siente desplazado y diferente a su entorno, ya que sus compañeros de clase tienen dos años más. Considera que cursar dicha asignatura no es la mejor opción para su hijo, pero ha preferido no oponerse para no aumentar la conflictividad. Indica que podría acceder a que curse esa asignatura siempre que el demandante autorice a que el menor, en el tiempo en que esté con ella, pueda recibir también formación religiosa y, en su caso, recibir el bautismo y hacer la primera comunión como el resto de sus compañeros de clase.
En suma, concluye que no puede prohibirse que la madre lleve al niño a misa o a acontecimientos religiosos familiares ya que es positivo para la formación integral del menor y dice que, aunque en el colegio pueda asistir a la clase de valores cívicos, pueda también recibir educación católica.
Por lo expuesto suplica que teniendo «por presentado este escrito se sirva admitirlo, y en su virtud acuerde tener a esta parte por opuesta a la solicitud de medidas formuladas de adverso, y tras los trámites oportunos dicte en su día resolución desestimando las mismas y con expresa imposición de costas».
f) La representación procesal del solicitante, mediante escrito de 4 de agosto de 2017, señala que ante el cambio de señalamiento se personó en el juzgado, donde fue informado de la posibilidad de adelantar la fecha de juicio para el mes de octubre de 2017. A efectos de evitar coincidencias de señalamientos informó al juzgado que su letrado tenía señalados juicios los días 2, 4 y 24 de octubre de 2017, por lo que, atendida la naturaleza del proceso, las pretensiones interesadas en la demanda y que el comienzo de las clases y de la asignatura «valores cívicos y sociales» estaba prevista para el mes de septiembre, solicitó que se adelantara la fecha de celebración de la vista a principios de septiembre.
g) Por providencia de 21 de agosto de 2017, que no consta notificada al recurrente hasta el 4 de septiembre de 2017, se acordó que: «[a] la vista de las dificultades de las partes para concurrir a vista los días que se señalaron (29 de agosto, y más tarde en octubre), resultando que no es obligatoria la celebración de vista en los incidentes del art. 156 CC, y habiendo ambas partes expresado ya su parecer por medio de sendos escritos (teniendo por cumplido el trámite de audiencia), y no resultando necesaria la comparecencia del menor (vista su edad), dese traslado urgente al Ministerio Fiscal (en vista de que efectivamente el curso comienza en fechas muy próximas) y queden los autos para resolver»(sic).
h) El fiscal emitió informe por escrito fechado el 31 de agosto. El Ministerio Fiscal, en primer lugar, identifica la pretensión ejercitada y la posición de las partes. Refiere que el padre pretende que se requiera a la madre para que no lleve al hijo común a misa, ni le haga participar en actos religiosos, así como que no asista a clase de religión en el colegio. Indica que la madre es católica practicante, colabora como catequista en su parroquia y que el matrimonio se celebró ante la Iglesia, circunstancias que el solicitante conocía y aceptó. Y, concluye, que «el hecho de que el menor no fuera bautizado y hasta el momento no haya cursado la asignatura de religión en el colegio, […] no es vinculante para que la situación no pueda modificarse, si el deseo del padre es que al alcanzar la mayoría de edad el hijo pueda decidir por sí mismo, el conocer los valores que la religión católica conlleva no puede considerarse perjudicial para el menor por lo que la educación en la religión católica que quiere compartir la madre con su hijos se estima enriquecedora y debe ser aceptada».
i) Mediante otro escrito presentado el 4 de septiembre de 2017, el solicitante interesó nuevamente la celebración de vista urgente en el mes de septiembre de 2017 antes del comienzo de las clases o, en su caso, en la fecha que inmediatamente quedase libre en caso de suspensión de otro proceso, recordando que había cursado esa misma petición mediante escrito de 4 de agosto de 2017.
j) El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Majadahonda dictó auto el 13 de septiembre de 2017, en el que acordaba «conceder a la demandada la facultad de matricular a su hijo en la asignatura de religión católica y de tramitar lo necesario para que le sea administrado el sacramento del bautismo. Siendo facultad de cada progenitor el llevar [o] no a celebraciones religiosas al menor cuando esté en su compañía y exponer libremente a su hijo razonadamente la doctrina que entiendan más conforme con sus valores y sus criterios».
El auto comienza su argumentación refiriendo que la solicitud interpuesta por la vía del art. 158 CC debió inadmitirse, pues la decisión de asistir a clase de religión, ir a misa o tomar el sacramento del bautismo no son propiamente actos de los que derive un riesgo o perjuicio para el menor en el sentido del indicado precepto.
Pese a ello, el auto entra en el fondo de lo que encuadra como discrepancia entre los litigantes referente a un derecho fundamental de su hijo, al considerar que las opciones sobre las que los progenitores mantienen su discrepancia afectan a la libertad religiosa del art. 16.1 CE y a ciertos aspectos del derecho a la educación del art. 27 CE. El auto refiere que en caso de desacuerdo cabe la posibilitad de hacer uso del expediente previsto en el art. 156 CC.
Tras recordar la posición sostenida por el recurrente en amparo, resalta, con cita de las SSTC 141/2000, de 29 de mayo, y 154/2002, de 18 de julio, de los apartados primero y tercero del art. 14 de la Convención de derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, y del apartado primero del art. 6 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor (en adelante, Ley Orgánica 1/1996), que los menores son titulares del derecho a la libertad religiosa. Recuerda el contenido del art. 27.3 CE y del art. 2.1 c) de la Ley Orgánica 7/1980, de libertad religiosa (en adelante, LOLR), en que se reconoce el derecho que asiste a los padres para adoptar que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Finalmente, refiere con referencia al art. 2.1 a) LOLR, a la STC 46/2001, de 15 de febrero, que el derecho a la libertad religiosa comprende el derecho a no profesar religión o creencia alguna.
Entiende que la Constitución dista mucho de alinearse junto a concepciones que consideran el hecho religioso como nocivo o perjudicial para la formación y el desarrollo integral de la persona. Razona que la Constitución parece ver que el hecho religioso es positivo, puesto que el art. 16 CE expresa el compromiso del Estado de mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas.
Argumenta, con referencia a la sentencia núm. 74/1980 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 27 de febrero, y a la STC 141/2000, que se admite con naturalidad que cada progenitor pueda dar a sus hijos, en situaciones de crisis matrimonial, la educación religiosa que tenga por conveniente, que se encuentra íntimamente ligada a la formación integral y religiosa del menor. Si bien, tratándose de niños de corta edad, respecto de los cuales no cabe imaginar todavía un posible ejercicio de su libertad religiosa, el ejercicio de la potestad indicada por parte de padres y tutores no encuentra más limite que el respeto de la integridad moral de los menores, quedando prohibidas conductas que redunden en perjuicio del menor, o con las que se postergue su superior interés.
El razonamiento del auto proyecta tales consideraciones sobre la cuestión que se plantea, e indica que, por una parte, no se acredita que la pretensión de la madre de «educar a su hijo en la fe católica», resulte perjudicial para el menor, o pueda constituir un peligro para su formación integral, ni, por otra, que se pretenda «involucrar al menor en determinado tipo de movimientos católicos de proselitismo agresivo o caracterizados por su intolerancia o fanatismo», o que se puedan lastrar o imposibilitar decisivamente «las iniciativas que el padre pueda tener en orden a transmitir a su hijo las enseñanzas y orientaciones religiosas que tenga por conveniente y que comportan, obviamente la exposición de su parecer en esta cuestión y su opción en su caso por el laicismo, el ateísmo o cualquier otra».
Finalmente, afirma que lo importante es que la conducta de los padres venga presidida «siempre por el buen sentido y por el designio de dispensar protección preferente del superior interés del menor», a lo que añade que de ser así «no nos cabe duda que la pluralidad de educaciones religiosas, o de educaciones para acercar al menor al hecho religioso o en su caso al laicismo, no puede dejar de ser beneficiosa y enriquecedora para el menor».
k) El recurrente en amparo interpuso recurso de reposición el 11 de septiembre de 2017 frente a la providencia de 21 de agosto de 2017, que según refiere le fue notificada el 4 de septiembre de 2017. Tras mencionar los artículos 85, 87, 88 y 89 LJV, el artículo 24.2 CE, los art. 281 y 283 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), el art. 92 CC, el art. 3.1 y 12 de la Convención de derechos del niño; los arts. 2 y 9 de la Ley Orgánica 1/1996 y los art. 24 y 30 [por 39] CE, refiere que se ha quebrado «el principio básico que debe determinar la adopción de medidas que afecten al menor, es decir, oírle». Argumenta que, conforme al art. 85 LJV, admitida la solicitud el secretario judicial citará a la comparecencia al menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce años, pudiendo el juez acordar de oficio o a instancia del solicitante, de los demás interesados o del Ministerio Fiscal, la práctica durante la comparecencia de las diligencias que considere oportunas. Afirma que la providencia ha vulnerado el derecho a proponer los medios de prueba que considere oportunos, causando indefensión (art. 24.2 CE).
Tras oponerse el Ministerio Fiscal a que el recurso de reposición fuera estimado, y la sucesión de diversas incidencias procedimentales –incidente de recusación incluido–, mediante auto de 26 de enero de 2018, se desestimó el recurso, argumentando que la no celebración de la vista se debió a la premura del solicitante a la vista del comienzo del curso escolar. Señala que «no hablando el art. 90.4 y 5 de vista sino de comparecencia y dación de audiencia a la Fiscalía, las partes aportaron la prueba que tuvieron por conveniente y solicitaron la que tuvieron también por oportuno, no generándose indefensión alguna. Por lo demás no resulta relevante (vista la naturaleza de lo solicitado) la declaración del menor, que contaba con seis años de edad. Incluso partiendo de la base de su total disconformidad con recibir el sacramento, ir a misa o asistir a clase de religión, su parecer no es a su edad decisivo en materias relativas a sus preferencias educativas y además no es exigible (conforme al art. 92 CC)».
l) El demandante de amparo interpuso recurso de apelación contra el auto de 13 de septiembre de 2017, por el que solicitó que se declarase la nulidad de la resolución recurrida y de las actuaciones desde la providencia de 21 de agosto de 2017 y subsidiariamente se estimase la demanda planteada en su integridad.
Desde el prisma procedimental, relata los aspectos relevantes del procedimiento seguido, y reprocha al órgano judicial (i) por una parte haber resuelto el procedimiento sin celebrar la preceptiva comparecencia. Dicha omisión imposibilitó proponer y practicar prueba, como prevén los arts. 17, 18 y 85 LJV, y que se practicara la audiencia al menor, máxime cuando el fiscal se pronunció en el procedimiento de divorcio sobre la obligatoriedad de oír a los menores. Refiere que el menor tenía una madurez clara sobre la cuestión debatida, pudiendo practicarse dicha audiencia de modo directo o indirecto; (ii) por otra parte, censura que el auto recurrido ha incurrido en incongruenciaultra petitum, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al apartarse del objeto del proceso, pues ninguna de las partes solicitó la matriculación del menor en la asignatura de religión o que le fuera administrado el sacramento del bautismo.
En segundo lugar, considera que la resolución recurrida vulnera los arts. 16 y 27 CE, pues la madre rompió unilateralmente el consenso alcanzado entre los progenitores, imponiendo al menor sus creencias contra la voluntad del padre. Añade que, en situaciones de crisis familiar, ha de procurarse ante todo el interés del hijo menor de edad en cuyo favor se reconoce ese derecho de libertad religiosa.
Por otrosí, solicita la celebración de vista, y la práctica como prueba de: (i) el interrogatorio de la demandada; (ii) la audiencia del menor al no haberse practicado en la instancia; y (iii) la documental consistente en una comunicación del colegio de 13 de septiembre de 2017, por la que el menor estaba matriculado en la asignatura de «valores cívicos y sociales», y el informe del Ministerio Fiscal emitido el 21 de septiembre de 2017, en los autos del procedimiento de divorcio núm. 798-2016, por el que se pronunciaba a favor de la conveniencia de oír directamente al menor, dada su edad, y refería que los menores han de ser oídos por el juez en todos los procedimientos judiciales que afecten a sus intereses, siendo dicha audiencia obligada, conforme al apartado primero del art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
m) El fiscal se opuso a la estimación del recurso de apelación, al igual que la demandada, quien acompañó certificado de que el menor había sido bautizado el 2 de diciembre de 2017 y que asistía a la catequesis desde septiembre en orden a la preparación de su primera comunión.
n) La Sección Vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, por auto de 6 de abril de 2018, rechazó la prueba propuesta y la celebración de la vista, con cita de los arts. 460 y 270 LEC, y argumentó que examinadas las actuaciones remitidas no se consideraba necesario ni conducente el recibimiento del pleito a prueba para la práctica de la que propone la representación procesal de la parte apelante, al contarse en la causa con suficientes elementos de juicio y no concurrir los presupuestos del art. 460 LEC.
ñ) Por otro auto de fecha 1 de octubre de 2019, la referida Sección desestimó el recurso de apelación interpuesto por el recurrente en amparo. En el fundamento primero se pronuncia sobre las pretensiones de las partes en los siguientes términos:
«Las pretensiones reclamadas por el demandante, ahora recurrente, deben ser desestimadas, y ello, debido a que la nulidad solicitada por falta de comparecencia previa, carece de trascendencia alguna en el presente caso, ya que las partes, ni en sus escritos unidos de solicitud y oposición, ni posteriormente, habían interesado la práctica de prueba alguna, como tampoco la necesidad de celebrar una comparecencia ni la prueba de audiencia al menor, carece de sentido dada la edad del menor en aquellos momentos, ni la resolución dictada puede ser tachada de incongruente por exceder de lo pedido por la parte solicitante; al carecer actualmente de toda trascendencia, porque el menor no está matriculado en la asignatura de religión en el colegio donde recibe su formación, y además por autorización judicial el menor se encuentra bautizado y ser una circunstancia religiosa que carece de trascendencia alguna en su estado.
Y, respecto la cuestión de fondo, cada uno de los progenitores del menor, una vez disuelto el vínculo matrimonial, no puede condicionar a que no pueda trasmitir sus propios valores a su hijo, pues ello excede de la facultad de la patria potestad, y máxime cuando estos valores no atentan a la integridad del menor, ni son contrarios al orden público existente.»
3. El recurrente en amparo, atribuye a las resoluciones impugnadas diversas vulneraciones.
a) Entiende que las resoluciones impugnadas han vulnerado el derecho a la libertad ideológica y religiosa, de la que son titulares los menores de edad (art. 16.1 y 2 CE). A tal fin, cita el art. 14 de la Convención de derechos del niño, el art. 6 de la Ley Orgánica 1/1996, y refiere que ningún menor puede ser obligado por sus padres a ser adscrito a una determinada confesión religiosa. Es el menor el sujeto protagonista de las decisiones sobre opciones religiosas, sin que puedan abandonarse a sus progenitores, como decidió el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Majadahonda. Los órganos judiciales deben velar por que el ejercicio de la patria potestad se realice en interés del menor. Sostiene que los derechos del menor han sido conculcados por la madre, que rompió el principio de continuidad, los consensos previos, abandonando la neutralidad y obligando a participar al menor en actos religiosos.
Alude a que el art. 27.3 CE garantiza también el derecho que asiste a los padres «para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», en relación con los arts. 16.1 y 14 CE, a la luz de los principios constitucionales del art. 10.1 CE, sin que las creencias de los menores puedan quedar a merced de uno solo de los titulares de la patria potestad. Las medidas acordadas por los tribunales violan «los derechos fundamentales del hijo y del padre, se han visto afectados directamente sus derechos a la libertad ideológica y a su libertad de elegir».
Insiste, en apartado separado, sobre la vulneración del art. 27.3 CE. Refiere que el menor tiene derecho a recibir una educación religiosa y tiene derecho a no ser adscrito a una religión determinada. Los progenitores así lo decidieron durante siete años y en tanto no tenga suficiente juicio para decidir por sí mismo. Dicho precepto, en relación con el art. 2.1 c) LOLR, determina que no se habilita a un progenitor a imponer sus creencias al otro o hacer proselitismo una vez acordada neutralidad al respecto. Considera que las decisiones judiciales, al imponer una opción religiosa al menor, han quebrantado el derecho fundamental a que los poderes públicos garanticen el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Considera que en los supuestos en que hay discrepancia de criterio entre los titulares de la patria potestad y la voluntad del menor, el conflicto se resuelve atendiendo a la decisión del menor si ha alcanzado un grado suficiente de madurez y si no ha alcanzado esa madurez atendiendo a los acuerdos alcanzados durante el matrimonio.
b) También considera que se ha vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) como resultado de la opción plasmada en las resoluciones judiciales impugnadas en favor de la religión católica y de la administración a su hijo del sacramento del bautismo frente al criterio del demandante, pese a que ninguno de los dos progenitores tiene mejor derecho a controlar, dirigir o influir en la vida religiosa y creencias del hijo menor.
c) Finalmente, alega que se le ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). Considera que las resoluciones han vulnerado el derecho de defensa, causando indefensión. No se celebró la preceptiva comparecencia prevista en la Ley de jurisdicción voluntaria, se impidió la posibilidad de proponer, practicar y utilizar los medios de prueba oportunos, así como la audiencia al menor. Con la finalidad de sustentar dichas vulneraciones recuerda las diversas resoluciones recaídas en el procedimiento en orden a la celebración y suspensión de la comparecencia, así como el tenor literal del art. 85 LJV. Añade que las diversas resoluciones dictadas han incurrido en contradicción y han incumplido la regulación del procedimiento de jurisdicción voluntaria, privando de la posibilidad de aportar prueba complementaria de los hechos básicos, de la audiencia del menor, de la posibilidad de presentar testigos, pedir periciales o presentar informes, entre otros medios de prueba. Los arts. 17, 18 y 85 LJV establecen la preceptiva comparecencia no pudiendo resolverse la demanda únicamente con los documentos presentados.
Finalmente, sostiene que la resolución judicial, refiriéndose a la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Majadahonda, es claramente incongruente, modificando la causa de pedir, y alterando de oficio la acción ejercitada, al autorizar expresamente el bautismo del menor y su inscripción en la asignatura de religión católica que nadie había pedido. Alega que se ha modificado el objeto procesal, con la consiguiente indefensión y quiebra de los arts. 24.1 y 2 CE, produciéndose un fallo extraño a las pretensiones de las partes.
El demandante de amparo dedica el apartado VI del recurso a justificar la especial trascendencia constitucional de la demanda. Sostiene que «estamos ante una cuestión jurídica de especial relevancia y general repercusión social, puesto que, en un Estado aconfesional, los poderes públicos salvo cuestión de orden público, no deben entrar a valorar las creencias religiosas de los ciudadanos o posicionarse a favor de una u otra creencia obligando a su adscripción a un menor de edad […].
[…] la sensibilidad que presenta el asunto en nuestra sociedad, multicultural, no solo ya en nuestro caso, sino en los cada vez más frecuentes matrimonios entre nacionales con distintas creencias o confesiones o en ausencia de ellas, incluso entre distintas nacionalidades y distintos acervos culturales […].
[…] Es de evidente transcendencia e interés constitucional en este sentido por cuanto la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la libertad religiosa del art. 16 CE en relación con la libertad ideológica y de creencias, incluso en su vertiente negativa, opera como una cláusula de indemnidad frente a los actos de los poderes públicos españoles, aconfesionales.
[…] el menor se encuentra con plena capacidad para ser escuchado y manifestar sus opciones religiosas e ideológicas, siendo por tanto sus manifestaciones vinculantes que no perjudican a sus intereses, lo cual ha sido impedido por un tribunal de justicia.
Incluso en el Derecho canónico, a medida que el menor crece, la potestad de los padres disminuye gradualmente; de ahí que se reconozcan al menor una serie de ámbitos en los que no está sujeto a la potestad de los padres o tutores, canon 1478 § 3.
Asistimos también a una vulneración del principio de continuidad en la educación de un menor de edad, que con ocasión de una separación matrimonial ha sido adscrito a una confesión religiosa por imposición judicial.
Y asistimos a una intromisión de un poder público (judicial) imponiendo una confesión religiosa al menor sin haberlo solicitado ninguna de las partes, en clara extralimitación de sus funciones». Efectuando con posterioridad referencias a la propia tramitación del proceso y a las decisiones adoptadas por los órganos judiciales.
4. Por providencia de 17 de septiembre de 2020, la Sección Tercera de este tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)], y da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 51 LOTC.
5. Mediante escrito registrado en este tribunal el 30 de diciembre de 2020, la representación de doña A.A.F., interesó la inadmisión de la demanda de amparo y subsidiariamente su desestimación.
Como cuestión previa, solicita que no se hagan públicos ni el nombre ni apellidos del menor ni de su madre, al contener el recurso de amparo referencias a sus creencias religiosas lo que afecta a su vida privada.
Tras exponer los antecedentes de los procedimientos civiles seguidos entre las partes indica que el demandante carece de legitimación para interponer una demanda en nombre del menor, por lo que debe estarse únicamente al recurso de amparo interpuesto por el demandante en su propio nombre y enjuiciar sus quejas, como supuestas vulneraciones de sus derechos fundamentales.
Añade que el recurso de amparo carece de objeto, al haber sido bautizado el menor y haber finalizado el curso 2017-2018, consistiendo la pretensión efectuada en el proceso de jurisdicción voluntaria en una ilegítima intromisión del padre en la vida privada y creencias religiosas de la madre, así como en el derecho que asiste a la madre para que su hijo reciba la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Sostiene que es por primera vez en el recurso de amparo cuando invoca la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE), y que la demanda de amparo incurre en abuso de derecho al pretender restringir o limitar los derechos de A.A.F., sin que en la misma se justifique la especial trascendencia constitucional.
Censura, por ilógicos e irracionales, los argumentos del demandante, al entender que no dar formación religiosa al menor hasta la mayoría de edad supone limitar la formación del menor, y considera que lo que pretende el recurrente es impedir a la madre el ejercicio del derecho fundamental reconocido en el art. 27.3 CE, con menoscabo del principio de igualdad entre los progenitores.
En relación con las vulneraciones procedimentales que el recurrente reprocha a la actuación de los órganos judiciales, rechaza que se haya producido incongruencia con el objeto debatido, y justifica la ausencia de vista por la urgencia de la decisión dado el inicio del curso escolar. Reprocha al recurrente que no haya justificado la indefensión sufrida y califica la cuestión controvertida como de naturaleza jurídica, por lo que considera que las pruebas eran innecesarias. Justifica la omisión de la audiencia al menor, atendida la edad que tenía en aquellos momentos.
Finalmente, entiende que la interpretación que el recurrente realiza acerca de los derechos reconocidos en los arts. 16 y 27.3 CE, supone dejar sin efecto el derecho de la madre, sin que el recurrente haya refutado el fundamento del auto de 13 de septiembre de 2017, cuando afirma que la pluralidad de «educaciones religiosas o de educaciones para acercar al menor al hecho religioso o en su caso al laicismo es beneficioso y enriquecedor para el menor». Descarta que el recurso de amparo pueda obtener sustento en las SSTC 141/2000, de 29 de mayo, y 154/2002, de 18 de julio. Ni tampoco en las SSTEDH de 23 de junio de 1993, asuntoHoffmann c.Austria, o de 16 de diciembre de 2003, asuntoPalau-Martínez c. Francia, que, a su juicio, lo que ponen de manifiesto es, precisamente, que las creencias religiosas de uno de los progenitores no pueden suponer un criterio de discriminación o de limitación de sus derechos, en contra de lo que plantea la demanda de amparo.
6. El recurrente en amparo, mediante escrito presentado el 4 de enero de 2021, dio por reproducidos en su integridad los hechos y fundamentos de derecho que constan en el recurso de amparo, sobre los que insiste aludiendo a su contenido.
7. El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones el 28 de enero de 2021. El fiscal solicita que se otorgue el amparo y que se declare vulnerado el derecho a la libertad religiosa del recurrente, así como la nulidad de los autos impugnados y la retroacción de las actuaciones para que por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Majadahonda se dicte otro auto «en el que se subsanen las deficiencias descritas».
El fiscal expone los hechos que considera relevantes para sustentar su razonamiento. Comienza por el examen de las vulneraciones de naturaleza procedimental, al ser aquellas cuya estimación produciría mayor retroacción, para seguidamente examinar las vulneraciones sustantivas o de fondo.
a) El fiscal descarta que se pueda reprochar incongruenciaextra petitumal auto del juzgado. Si bien en el escrito de oposición presentado por la demandada no hay unpetitumexpresamente formulado, al tratarse de un procedimiento de gran sencillez, que no precisa la intervención de abogado y procurador, del cuerpo del escrito de oposición se desprende la solicitud para poder bautizar a su hijo, así como que se le permita matricularle en las clases específicas de religión católica.
Por otra parte, el fiscal comparte con el recurrente que se han producido irregularidades, pues el art. 17.2 a) LJV parece llevar implícita la celebración de la comparecencia, al utilizar el imperativo, «citará a una comparecencia». Sin embargo, señala que no se privó a las partes de la posibilidad de proponer y aportar prueba, y no consta que la propusieran. Añade que la madre expresó su parecer en el escrito de oposición, sin que sea determinante para la decisión adoptada la prueba sobre los aspectos relativos a la matriculación o no del menor en la asignatura de religión o la existencia de un consenso entre las partes sobre la educación de este. Finalmente, las resoluciones justificaron no oír al menor por su corta edad. De tal modo que pese a las importantes irregularidades habidas no se ha privado a las partes del ejercicio de su derecho de defensa.
b) El resto de las vulneraciones las encuadra en el ámbito del derecho a la libertad religiosa (art. 16 CE), siendo el derecho contemplado en el art. 27.3 CE una manifestación del más amplio derecho a la educación, y la invocación del principio de igualdad (art. 14 CE) se concibe como instrumental de la libertad religiosa. Por otra parte, indica que el recurrente invoca su propia libertad religiosa y no la de su hijo.
Situada la problemática constitucional en el art. 16 CE, se detiene en el examen del alcance de la libertad religiosa de los progenitores cuando se encuentran implicados menores. Reproduce la STC 141/2000, de 29 de mayo, FFJJ 4 y 5, y considera que las distintas confesiones religiosas se encuentran en plano de igualdad, como también lo están las distintas opciones religiosas, dando plena cobertura a los derechos de los que optan por la laicidad, el ateísmo o la simple falta de credo.
En relación con los menores señala que estos tienen pleno reconocimiento de su derecho a la libertad religiosa. Dicho derecho no queda abandonado en manos de los padres, si bien se modula en función de su madurez y atendido el superior interés de este. Recuerda que los órganos judiciales entendieron que su falta de madurez era tan evidente que ni siguiera acordaron que fuera oído, lo que no es una decisión extravagante. Añade que determinada la falta de capacidad de obrar, la solución más objetiva sería la de que permaneciera ajeno a toda decisión al respecto hasta alcanzar la madurez suficiente para pronunciarse.
La Ley Orgánica de libertad religiosa, el art. 6.3 de la Ley Orgánica 1/1996 y también el art. 14.1 de la Convención de derechos del niño conciben la intervención de los padres y tutores respecto de la libertad religiosa como un derecho-deber. Incluso se incardina en la libertad religiosa del progenitor el derecho al proselitismo y el deber a que no se inhiban de estas materias y contribuyan a su formación.
El superior interés del menor no se opone a ninguna de las opciones pretendidas por los progenitores, por lo que este no será la clave para resolver el conflicto. Refiere que el juzgador no resuelve el conflicto entre los progenitores con fundamento en una preferencia de la religión católica, sino que comparte la plena equiparación de las distintas creencias, entre las que se encuentra la de no profesar ninguna religión. El conocimiento de las diversas creencias religiosas no hace más que ampliar el bagaje cultural y mejorar las posibilidades de elección de su opción religiosa. Nada opone el fiscal a la posibilidad de que el padre y la madre pudieran hacer uso de lo que el auto denomina pluralidad de educaciones religiosas, por lo tanto, la petición del padre de que se abstenga la madre de llevar al niño a misa, o la de formarle en sus creencias, entiende que fue correctamente desatendida por el juez.
Ahora bien, ante la posición antagónica de los padres entre profesar y no profesar una religión, le sorprende al fiscal que la decisión del juez sea la de autorizar la matriculación en la asignatura de religión y, de manera más simbólica, la de autorizar el bautismo. Pues tras partir de la premisa de que las dos opciones parentales son válidas, se decanta por una de ellas y no por la otra.
El fiscal afirma que «cree acreditado, con la brevedad de aportaciones de prueba que se desplegó en este juicio y que no le fue imputable a las partes, que existió unstatu quoque duró los primeros siete años de vida del menor, que se basó en dejar a su propia decisión, cuando adquiriera la edad de decidir por sí, la religión que quería practicar, y el cambio de esa situación sí que afecta a su integridad moral, debiendo prevalecer, en casos de igualdad entre las opciones, como aquí ocurre, el principio de continuidad, recogido en múltiples resoluciones de lo que podríamos llamar “jurisprudencia menor”, de diversas audiencias provinciales, véase por todas el auto 38/2017, de 7 de febrero, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos en la apelación 391-2016».
Concluye que la decisión del juez vulnera el derecho a la libertad religiosa por la ausencia de motivación que determina al juez a una solución sin especificar las razones que le llevan a ello, pese a partir de la premisa de que las dos opciones gozaban de las mismas características, y por conceder a la madre unas atribuciones en relación con la confesión religiosa a la que va a pertenecer su hijo cambiando radicalmente el estado de cosas que hasta entonces había regido.
En relación con el auto de la Audiencia Provincial, censura su escueta fundamentación, así como la consideración relativa a la falta de trascendencia del procedimiento por haber ya sido bautizado y no estar matriculado en la asignatura de religión, pese a que este era el objeto del proceso. Destaca los errores en los que incurre la resolución cuando afirma que no se había solicitado ni prueba ni comparecencia, y cuando sostiene que no tiene trascendencia en el estado del menor el hecho de haber sido bautizado, pese a la implicación que esa decisión tiene al alcanzar rango constitucional.
Finalmente solicita que se otorgue el amparo y, en cuanto a los efectos, al afectar la decisión a la dimensión interna y más personal, cual es la pertenencia a una confesión adquirida ya por el bautismo, se ha generado un estado de cosas que de alterarse podría contravenir el interés superior del menor, al suponer una nueva modificación de su estatus «impuest[o]». Por lo que considera que la sentencia se debe limitar a declarar la vulneración del derecho sin tomar ninguna medida de reparación, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a dicha resolución para que el órgano judicial subsane esa falta de motivación, y el juez se replantee que el niño sea oído por su proximidad a la edad de doce años, que marca la frontera legal.
8. Por providencia de 16 de febrero de 2023, se señaló para la deliberación y votación de la presente sentencia el día 20 del mismo mes y año.
1. Objeto de la demanda, posiciones de las partes y orden de examen de las quejas.
a) Con carácter previo, con el fin de preservar la intimidad del menor y en aplicación de las potestades atribuidas a este tribunal por el art. 86.3 LOTC y el acuerdo del Pleno de 23 de julio de 2015, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales («Boletín Oficial del Estado» núm. 178, del 27 de julio de 2015), debe indicarse –conforme solicita la madre del menor–, que la presente sentencia no incluye la identificación del menor ni, a estos mismos efectos, la de los ascendientes que aparecen mencionados en las actuaciones [STC 141/2012, de 2 de julio, FJ 8; en el mismo sentido, SSTC 182/2015, de 7 de septiembre; 13/2016, de 1 de febrero, FJ 1; 22/2016, de 15 de febrero, FJ 1; 34/2016, de 29 de febrero, FJ 1; 50/2016, de 14 de marzo, FJ 1, y 132/2016, de 18 de julio, FJ 1 c)]. De este modo el recurrente en amparo, padre del menor, aparecerá identificado como P.M.P., y la madre del menor como A.A.F.
b) De lo expuesto en los antecedentes resulta que el presente recurso de amparo tiene por objeto, en primer lugar, y por este orden, determinar si en la tramitación del expediente de jurisdicción voluntaria y en las resoluciones recaídas en el mismo se han vulnerado los derechos del recurrente a la tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE), por haberse omitido la celebración de la comparecencia entre las partes impidiendo las posibilidades de alegación, proposición y práctica de prueba, así como la audiencia del menor o por haberse extralimitado la resolución de primera instancia del objeto del procedimiento; y, en segundo lugar, si las resoluciones impugnadas han conculcado los derechos a la libertad ideológica y religiosa y a la igualdad (arts. 16.1 y 14 CE, respectivamente), en relación con la garantía que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE).
La representación de A.A.F. solicita que se inadmita la demanda por falta de legitimación del demandante para articular derechos del menor, por pérdida sobrevenida del objeto de la demanda y, finalmente, por insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional. También, que se inadmita la queja relativa al principio de igualdad (art. 14 CE), por su falta de invocación en las actuaciones previas. En cuanto al fondo del recurso, solicita su desestimación en cuanto al resto de las vulneraciones de naturaleza procedimental y sustantiva.
El Ministerio Fiscal, que no advierte obstáculo procesal alguno, descarta que se haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), pero considera que debe otorgarse el amparo al haberse conculcado el derecho a la libertad religiosa del demandante (art. 16.1 CE, en relación con el art. 27.3 CE).
c) El examen de tales vulneraciones se realizará, por el orden en que se han enunciado anteriormente, conforme a la doctrina de este tribunal sobre la mayor retroacción (por todas, la STC 95/2021, de 10 de mayo, FJ 2), compartiendo de este modo el criterio del Ministerio Fiscal. Procede conceder prioridad al examen de aquellas causas que, de prosperar, determinarían la retroacción a un momento procesal anterior, haciendo innecesario un pronunciamiento sobre las restantes (SSTC 90/2010, de 15 de noviembre, FJ 2, y 25/2012, de 27 de febrero, FJ 2, y las que en ellas se citan). Es por ello que se examinarán en primer lugar las dos quejas de naturaleza procedimental.
2. Cuestiones previas: legitimación del demandante, carencia sobrevenida de objeto, invocación del derecho a la igualdad y justificación de la especial trascendencia constitucional.
a) En primer lugar, no puede sostenerse, como presupone la representación de A.A.F., que el recurrente esté ejercitando derechos del menor. Es claro que, pese a alguna referencia a los derechos del menor vinculados a su libertad religiosa, contenidos de modo impreciso en algunos pasajes del escrito de demanda –y de los que se hace eco la indicada representación– el recurrente impetra el amparo frente a violaciones que estimas padecidas en sus propios derechos. De este modo el recurrente se queja de la vulneración de su derecho a la libertad ideológica y religiosa, en relación con el derecho que como padre tiene a dar a su hijo una formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones y en condiciones de igualdad con su madre en caso de discrepancia, si bien relacionando tales derechos con la propia libertad religiosa del menor (arts. 16.1, 27.3 y 14 CE). Incluso, cuando invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por falta de audiencia del menor, –prescindiendo de disquisiciones doctrinales sobre si dicha audiencia encarna una institución, un derecho, una obligación y/o un medio de prueba, o aspectos comunes a todos ellos–, es lo cierto que el círculo jurídico y los derechos del recurrente pueden resultar perjudicados por el eventual quebranto de la exigencia de oír al menor en los asuntos que le afecten, por lo que tampoco desde ese prisma del derecho puede negarse su legitimación (ATC 232/2000, de 9 de octubre, FJ 1). En tal sentido, hemos afirmado que tiene interés legítimo para recurrir en amparo «toda aquella persona cuyo círculo jurídico pueda resultar perjudicado por la violación, por obra del poder, de un derecho fundamental, aunque la violación no se produjese en su contra» (STC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 2).
b) No puede tener acogida la pérdida de objeto del recurso de amparo que la representación de A.A.F., atribuye al sobrevenido hecho de que el menor fue bautizado o que el año escolar –2017-2018–, al que se alude en el escrito de solicitud inicial del expediente de jurisdicción voluntaria, haya transcurrido. El objeto del recurso son las quejas acerca de las eventuales vulneraciones de derechos fundamentales ocasionadas durante la tramitación del expediente de jurisdicción voluntaria y por las resoluciones que le pusieron fin. Dichas vulneraciones no pueden considerarse reparadas por las circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la interposición de la solicitud del procedimiento de jurisdicción voluntaria –bautismo del menor o finalización del curso escolar–, por lo que el objeto de la demanda de am