Categoría: Administración

tud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero. Para ello, se deberá cumplimentar una declaración responsable cuyo modelo se concretará en las correspondientes convocatorias, contemplando que el beneficiario se comprometa a conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control.
ii. Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación, a requerimiento del órgano instructor.
iii. Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar, por ellas mismas o por terceros, contribuyen al logro de las actuaciones previstas y aportar la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
iv. Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea. En su caso, mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda, contando, al menos, con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
v. Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
vi. En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088
i) Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular:
– Toda referencia en cualquier medio de difusión al estudio subvencionado, cualquiera que sea el canal elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos a tal efecto en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que figuran en el Manual de Imagen disponible en la web del IDAE, www.idae.es.
– Los beneficiarios, como perceptores de fondos de la Unión Europea, deben de mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público, incluyendo, cuando proceda, el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU», de conformidad con el Artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los beneficiarios informarán al público del apoyo obtenido de los fondos europeos, haciendo una breve descripción de la operación en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado.
– Asimismo, los materiales asociados a la ejecución de sus actuaciones deberán estar señalizados de acuerdo con lo que se indique en el manual de imagen de estos programas que estará disponible en la sede electrónica de IDAE.
j) Custodiar y conservar los documentos en formato electrónico, justificativos de la actuación realizada y de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE) n.º 2018/1046), de acuerdo con lo que indica el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) n.º 241/2021.
k) Respetar las normas de subvencionalidad nacionales que pudiera establecer la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
l) Disponer de los procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y aplicación de las ayudas.
m) Proporcionar al órgano competente la documentación necesaria ex post con el contenido mínimo que figure en la correspondiente convocatoria, de justificación de la realización del estudio de viabilidad.
n) El IDAE transmitirá a los beneficiarios cuantas instrucciones considere necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden de Bases y en las respectivas convocatorias, siendo obligación del beneficiario dar cumplimiento a lo solicitado.
o) Los beneficiarios deberán acreditar que se encuentran al corriente de pago de las obligaciones de reembolso o anticipo conforme lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020.
10. No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas en crisis, según se define esta situación en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014. Dicho extremo se acreditará mediante una declaración responsable que se suscribirá junto con la solicitud de subvención.
11. Los beneficiarios garantizarán el respeto al principio de DNSH y el etiquetado climático, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. En concreto:
a) En las actuaciones relacionadas con los sondeos u otros ensayos, los beneficiarios garantizarán, que no se perjudique a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos en dicho reglamento y se comprometerán a que:
– Al menos el 70 % (en peso) de los residuos generados (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de la UE.
– Los operadores limiten la generación de residuos en todos los procesos relacionados, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos.
– Adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida cumpliendo la normativa vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
b) Adicionalmente, en cuanto a la atención de los objetivos medioambientales, se deberá cumplir, en particular, lo siguiente:
– Uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos: Se aplica la regulación nacional que garantiza la preservación de la calidad del agua y evita el estrés hídrico, además están sujetos a su estudio individualizado de impacto ambiental, de acuerdo con la Directiva 2011/92.
Se asegurará que no se produzca daño significativo sobre los recursos marinos ni los acuíferos, de acuerdo a lo establecido en la Directiva 2000/60 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
– Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: Las actuaciones a realizar dentro del alcance de los estudios estarán sujetas a la normativa ambiental de aplicación y en vigor en el momento de entrada en explotación.
c) En caso de subcontratar parte de las actuaciones incluidas en esta Orden de Bases, el beneficiario habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente».
12. Las convocatorias podrán establecer otros requisitos y obligaciones esenciales adicionales.
13. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados anteriores podrá ser causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro o reintegro de la ayuda concedida.
1. Cuando un beneficiario sufriera una modificación estructural en los términos contemplados en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, deberá solicitar la modificación de la resolución de concesión por cambio del beneficiario, que habrá de ser autorizada de forma expresa por el órgano concedente, siempre que se den las siguientes condiciones:
a) Que la nueva entidad asuma todas las obligaciones del beneficiario, establecidas en el artículo 5 de estas bases reguladoras, incluido, en su caso, el reintegro de la ayuda que no haya sido debidamente justificada.
b) Que la nueva entidad cumpla los requisitos para la obtención de la ayuda referidos en estas bases reguladoras, y los demás establecidos en las correspondientes convocatorias.
2. En el supuesto de que el beneficiario hubiera solicitado un anticipo de la ayuda, la autorización anterior podrá quedar condicionada a la constitución de garantías adicionales, que permitan asegurar convenientemente el cumplimiento de las obligaciones que la nueva entidad asume y que podrán alcanzar, en su caso, el 100 % del importe de la subvención concedida.
3. Cuando el solicitante de un cambio de beneficiario por modificación estructural sea la entidad coordinadora y el órgano concedente de la ayuda deniegue dicha solicitud o, aun habiéndola autorizado, el nuevo beneficiario no constituya las garantías adicionales que, en su caso, se le requieran, la agrupación deberá proponer una nueva entidad como coordinadora, según el procedimiento y requisitos que se establezcan en la correspondiente convocatoria. Las garantías constituidas por la entidad coordinadora original no podrán ser canceladas hasta que se hayan constituido unas nuevas que las sustituyan, de acuerdo con la calificación financiera de la nueva entidad coordinadora.
En el caso de que la agrupación no proponga una nueva entidad coordinadora, se iniciará un procedimiento de reintegro que podrá ser total o parcial.
Cuando el solicitante de un cambio de beneficiario por modificación estructural sea participante de un estudio y el órgano concedente de la ayuda deniegue dicha solicitud, la agrupación, a través de su representante deberá proponer la sustitución de dicha entidad por otra o, en su caso, la reasignación de actividades, según el procedimiento y requisitos que se establezcan en las correspondientes convocatorias.
1. Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por esta Orden de Bases, con cargo a los fondos del IDAE previa transferencia desde la respectiva aplicación presupuestaria al IDAE para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible (en adelante, «Presupuesto C7»), con fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con las partidas presupuestarias y presupuestos asignados que se concretarán en las correspondientes convocatorias. Este presupuesto podrá ser ampliado siempre que exista disponibilidad de fondos y no hubiera expirado el plazo de vigencia de las bases reguladoras aprobadas por esta orden. La citada ampliación de fondos podrá tener origen en partidas presupuestarias de presupuestos generales del Estado de futuros ejercicios, siempre que correspondan al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se transfieran previamente al IDAE.
2. Las ayudas serán financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea -NextGenerationEU-, dado que las ayudas reguladas por esta Orden de Bases contarán con presupuesto del Componente 7, Inversión 1 y con presupuesto del Componente 7, Inversión 2 para la Comunidad Autónoma de Canarias, incluyéndose ambas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por las instituciones europeas competentes.
A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control aplicables a la ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las específicas relativas a la información y publicidad y, entre otras disposiciones, cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en las convocatorias correspondientes se establecerá cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, la cuantía estimada de las subvenciones, sin perjuicio, en su caso, de lo establecido en los apartados 2 y 3 el artículo 57 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Tanto la concesión como la cuantía de las ayudas estarán supeditadas a la disponibilidad del crédito correspondiente.
1. Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de las ayudas respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo.
2. Se podrá subcontratar con terceros hasta el 100 % de la actividad incentivada, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, se habrán de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente y el resto de las condiciones establecidas en la Orden de Bases, en la convocatoria correspondiente y en la normativa general de subvenciones.
3. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a la Administración.
4. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y subcontratistas al órgano concedente de la subvención, cuya información deberá estar disponible, conforme al artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
1. Estas ayudas de estado se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
2. La modalidad de estas ayudas reguladas por esta orden ministerial reviste la forma de subvención a fondo perdido, teniendo como finalidad, en todo caso, el cumplimiento de las actuaciones subvencionables del estudio de viabilidad establecidas en el artículo 11 de la presente de Orden de Bases.
1. Las ayudas reguladas por esta Orden de Bases serán incompatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
1. Serán subvencionables las actuaciones necesarias para llevar a cabo el estudio de viabilidad, según se define en el artículo 1 de esta Orden de Bases, de un proyecto, de carácter innovador, para el aprovechamiento de energía geotérmica profunda.
2. Las actuaciones subvencionables incluidas en el estudio de viabilidad serán las indicadas en el anexo I de esta Orden de Bases.
Las convocatorias correspondientes podrán incluir requisitos técnicos a cumplir en relación con alguna de las actuaciones del anexo I de esta Orden de Bases, así como actuaciones adicionales a realizar necesarias para el objeto del estudio.
La ejecución de las actuaciones deberá cumplir con la normativa vigente que le sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias, certificados, permisos, concesiones y autorizaciones administrativas en el caso de que la actuación lo requiera.
3. A efectos de dar cumplimiento al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, relativo al efecto incentivador de las ayudas, solo serán elegibles las adquisiciones y actuaciones cuya ejecución se inicie en fecha posterior a la fecha de registro en la sede electrónica del IDAE de la solicitud de ayuda.
El hito que marcará el inicio de los trabajos para las empresas y entidades públicas será la publicación de los pliegos de licitación y en el caso de empresas privadas, la fecha del primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión.
1. Con carácter general, tendrán la consideración de costes subvencionables aquellos gastos que satisfagan lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 83 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Específicamente, en los estudios de viabilidad serán costes subvencionables los costes del estudio, según se establece en el artículo 49, apartado 2 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014.
2. El total de los costes subvencionables para llevar a cabo el correspondiente estudio de viabilidad conformará el presupuesto subvencionable del mismo. El importe de la ayuda se calculará de acuerdo con lo previsto en esta Orden de Bases y en la convocatoria correspondiente.
3. Solo se considerarán subvencionables, los costes de las actuaciones necesarias para la realización del estudio de viabilidad de un proyecto para el aprovechamiento de energía geotérmica profunda, a implantar en el territorio nacional. Estos costes deberán justificarse mediante el correspondiente pedido y/o contrato relativos a las actuaciones realizadas, con sus correspondientes facturas y justificantes de pago al proveedor. No se considerarán, por tanto, subvencionables los costes propios (personal, funcionamiento o gastos generales).
4. Se considerarán costes subvencionables, de manera no limitativa, los siguientes conceptos:
a) los costes de recopilación, revisión y análisis de los datos geológicos, geofísicos y geoquímicos previamente existentes en el área de influencia del estudio de viabilidad, con vistas a determinar las ubicaciones y los objetivos de perforación.
b) los costes de las pruebas para la generación de nueva información, que permita la correcta cuantificación del recurso geotérmico, a través de la realización de ensayos (geológicos, geofísicos, geoquímicos, modelados numéricos, entre otros) previos al inicio del sondeo/s profundo/s.
c) los costes para la preparación del área de perforación y las instalaciones auxiliares (área de lodos, casetas, entre otros), así como su posterior desimplantación, incluyendo la puesta en seguridad del sondeo/s.
d) los costes de elaboración del proyecto/s del sondeo/s de investigación para aprobación administrativa.
e) los costes de realización del sondeo/s, incluido el emboquillado, revestimiento, la cementación y terminación. En su caso, los equipos, materiales, vehículos pesados e instalaciones auxiliares necesarias, los costes de transporte, entre otros.
f) los costes de restauración y medidas medioambientales correctoras después de la finalización de los trabajos en campo.
g) los costes para realización de diagrafías, que permitan el registro de la información generada durante la perforación.
h) los costes de los análisis de las muestras obtenidas del sondeo/s.
i) los costes para realización de pruebas de producción del sondeo/s.
j) los costes de dirección facultativa, control de calidad y asistencia técnica.
k) los costes de coordinación de Seguridad y Salud de las actuaciones a realizar dentro del estudio de viabilidad.
l) los costes de revisión, análisis e interpretación de los datos obtenidos del sondeo, así como los de modelización 3D del recurso geotérmico.
m) los costes para el completo desarrollo y elaboración del estudio de viabilidad: recopilación, revisión y análisis de los datos económicos, regulatorios, medioambientales, puntos de conexión, Plan de Ejecución y todos aquellos que se consideren necesarios para la finalidad del estudio.
n) Informe del auditor sobre la cuenta justificativa.
o) Los costes de la gestión de la solicitud y de la justificación de las ayudas. A estos efectos, se considerarán como costes de gestión de solicitud de la ayuda, aquellos gastos que el solicitante pudiera satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo la gestión administrativa y documental de su solicitud y/o su justificación. Para que estos costes se puedan considerar subvencionables deben reflejarse en el presupuesto incluido en la solicitud de ayuda y justificarse, junto con el resto de costes de ejecución del estudio, mediante contrato, facturas y justificantes de pago. Los costes de gestión relacionados con la justificación podrán efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa. Sólo serán subvencionables los costes de gestión que no superen el 7 % del importe de los costes subvencionables totales sin incluir los costes definidos en este párrafo, con un límite máximo de 10.000 € por expediente.
p) Costes relativos al cumplimiento de las obligaciones del principio DNSH.
q) Costes relativos a los informes de verificación por tercero independiente de reconocido prestigio en la ejecución de sondeos profundos (investigación geotérmica o de hidrocarburos).
r) Costes de comunicación relativos al cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad en el marco del NextGenerationEU y el PRTR.
5. Para que los costes puedan ser considerados subvencionables, deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Cumplir la normativa local, autonómica, nacional y de la Unión Europea aplicable.
b) Estar relacionados de manera inequívoca con la actividad objeto de la ayuda, ser necesarios para su ejecución y realizados en el plazo establecido en la convocatoria.
c) Ser reales y estar abonados efectivamente con anterioridad a la finalización del período de justificación establecido en las bases reguladoras y/o en la convocatoria. Cuando se utilicen medios de pago diferidos (cheque, pagaré, letra de cambio aceptada, entre otros), sólo se subvencionarán aquellos importes efectivamente cargados en cuenta a través de entidad financiera con anterioridad a la finalización del período de justificación establecido en la convocatoria.
d) Existir constancia documental y ser verificable.
6. No se considerarán costes subvencionables los englobados en los siguientes conceptos:
a) Costes relativos a la ejecución de la actuación correspondiente que hayan sido facturados con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda, ni tampoco los costes fijos existentes, como el coste asociado al personal existente del beneficiario.
b) Los gastos propios o recurrentes, de personal, funcionamiento o gastos generales.
c) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, multas, o tributos.
d) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos que, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias, no estén enumerados en el apartado 4 de este artículo.
e) Coste de adquisición o arrendamiento de inmuebles o terrenos utilizados para la realización de las actividades a llevar a cabo dentro del alcance del estudio de viabilidad.
f) Seguros suscritos por el solicitante.
g) La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de puesta en marcha.
h) Cualesquiera costes financieros.
1. El importe de la ayuda concedida para los estudios que resulten seleccionados se establecerá de acuerdo con la solicitud presentada en base a un porcentaje de los costes subvencionables, de las actuaciones incluidas en el estudio y los límites establecidos en este artículo, así como la disponibilidad financiera.
2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El importe de la ayuda total estará limitado por el importe máximo que le resulte de aplicación según el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
4. La intensidad de ayuda, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, será de 50 puntos porcentuales de los costes subvencionables del estudio.
5. A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, todas las cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 General de Exención por Categorías.
6. El criterio económico o «Reducción sobre la ayuda máxima» establecido en el anexo II de estas bases reguladoras, así como en la convocatoria correspondiente, permite obtener una mayor puntuación al solicitar una ayuda inferior a la ayuda máxima calculada para el estudio. Por ello, los beneficiarios podrán solicitar intensidades de ayuda inferiores a la ayuda máxima establecida en la convocatoria, que será denominada intensidad de ayuda solicitada. De esta forma la ayuda solicitada podrá ser inferior a la ayuda máxima.
7. La convocatoria correspondiente podrá limitar la intensidad máxima de ayuda o inversión mínima por estudio, en todo caso, de acuerdo con las bases reguladoras.
1. Las solicitudes se presentarán en la forma, lugar y en el plazo que establezcan las convocatorias.
2. El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente no podrá ser inferior a veinte días ni superior a tres meses desde la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las fechas de finalización del plazo de presentación de solicitudes se señalarán en la convocatoria.
3. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido serán inadmitidas.
4. Las solicitudes para la obtención de las ayudas se dirigirán al órgano instructor, y estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del IDAE (https://sede.idae.gob.es), donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda necesarios.
5. El formulario de solicitud, y documentación a aportar con el mismo, deberán presentarse en castellano, excepto la documentación de carácter oficial que pueda ser expedida por una Administración pública en relación con las tramitaciones que le competan, que podrá figurar en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el ámbito territorial de ejercicio de sus competencias.
Para formular la solicitud, además de completar el correspondiente formulario con los datos requeridos, se deberá aportar, a través de la sede electrónica, como mínimo, la siguiente documentación:
5.1 Documentación general:
a) Formulario de Solicitud de ayuda, y cuestionario electrónico, a través del cual los solicitantes aportarán todos los datos necesarios para formalizar la solicitud de ayuda y que será firmado electrónicamente por el solicitante. Se incluirán, entre otros, datos de la entidad solicitante (razón social, NIF, domicilio social, naturaleza jurídica, porcentaje de participación pública en la entidad solicitante, si procede, etc.), breve descripción sobre el estudio, datos sobre los permisos de investigación PI/s (número, estado -solicitado/otorgado/impulsor o participante en un concurso-, nombre, número de registro, ubicación y coordenadas del perímetro del PI/s según artículo 76 Ley de Minas), estado de la autorización ambiental (no solicitado, solicitado y otorgado), nombre de la entidad independiente de reconocido prestigio en la ejecución de sondeos profundos (investigación geotérmica o de hidrocarburos), que realizará el informe de acreditación de la adecuada realización de todas las actuaciones incluidas del estudio de viabilidad, número de sondeos y su profundidad, coste subvencionable total solicitado, porcentaje de ayuda solicitada e importe de la ayuda.
b) Tarjeta copia del NIF/NIE del solicitante y, en su caso, de la persona que le represente. No obstante, conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, se eximirá a los interesados de la presentación de documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o que haya sido ya aportada anteriormente por los mismos, siempre que el interesado no se oponga a que la administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos. Por su parte, la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, reconoce la potestad de verificación de las administraciones públicas, en relación con los datos personales que obren en su poder, para comprobar su exactitud.
c) El solicitante o su representante suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaraciones responsables, según los modelos que se establezcan en la convocatoria correspondiente, que deberán contemplar lo siguiente:
1. Aceptación expresa de las condiciones establecidas en las presentes bases reguladoras y la convocatoria que corresponda.
2. No tener pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas, o en su caso el cumplimiento de las mismas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. lo que deberá acreditarse conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, teniendo presente lo establecido por la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales así como el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y considerándose a este respecto que el beneficiario, con la presentación de su solicitud de ayuda, autorizará al órgano administrativo concedente para que puedan consultar directamente dicha información de forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
4. No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad o, si las han solicitado, se indique el importe de la ayuda solicitada y, si es el caso, obtenida, así como la Administración, organismo o entidad pública concedente.
5. Que la empresa a la que se represente, en su caso, no está en crisis, según lo establecido por las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).
6. Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según modelo incluido en el anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
7. Declaración responsable por la que la entidad beneficiaria acepta y consiente expresamente la concesión de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y/o las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control y fiscalización, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
8. Acreditación del cumplimiento de los requisitos generales necesarios establecidos para adquirir la condición de beneficiario.
9. Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI).
d) Informe con el siguiente contenido:
1. Un plan estratégico donde se indique el origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional) de la maquinaria y materiales utilizados para la realización de las actuaciones que componen el estudio de viabilidad (equipos de muestreo, ensayo, sondeos, etc.), su impacto medioambiental, los criterios de calidad o durabilidad utilizados para seleccionar los distintos componentes, así como el efecto tractor sobre PYMEs y autónomos que se espera que tenga el estudio de viabilidad. Incluirá, además, estimaciones de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial local, regional y nacional y deberá informar sobre los elementos de formación, capacitación y sensibilización que se contemplen en el estudio. En particular, deberá incluir la contribución al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como a la garantía de la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
2. Justificación del cumplimiento por el proyecto del «principio de no causar perjuicio significativo» a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
Para ello, se deberá adjuntar cuestionario de autoevaluación, con resultado favorable, del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), conforme al anexo de la Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, debidamente cumplimentado. La evaluación podrá ser realizada por el interesado o por una entidad independiente. El formulario está disponible en la web del MITECO, «https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf» y se facilitará en la sede electrónica del IDAE.
3. Memoria resumen que recoja la cantidad total de residuos generados clasificados por códigos LER y los certificados de los gestores de destino donde se indique el porcentaje de valorización alcanzado, acreditando de este modo la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70 % de los residuos de construcción y demolición generados en las obras civiles realizadas. Los residuos peligrosos no valorizables no se tendrán en cuenta para la consecución de este objetivo.
e) Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán las actuaciones subvencionables del estudio de viabilidad, suficientemente desglosado, de fecha posterior a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente real decreto. En el caso de beneficiarios sujetos a normativa de contratación pública, esta documentación podrá sustituirse por el borrador de los pliegos de licitación correspondientes.
f) Referencias sobre la entidad independiente que realizará el informe de acreditación de la adecuada realización de todas las actuaciones incluidas del estudio de viabilidad, en especial, la ejecución de sondeos profundos (investigación geotérmica o de hidrocarburos), para su validación por parte de la Comisión Técnica de Valoración.
5.2 Documentación adicional en función del tipo de solicitante.
Adicionalmente, en función del tipo de solicitante, se aportará la siguiente documentación:
a) En el caso de entidades con personalidad jurídica propia privada:
1. Deberá presentarse la escritura pública de constitución, que contendrá como mínimo denominación, objeto, domicilio social, duración, socios y porcentajes de participación, designación de gerente único, así como la constancia de la responsabilidad solidaria y limitada a la completa ejecución del estudio objeto de subvención, de cada uno de los socios. Igualmente, se presentará el certificado de inscripción en el registro correspondiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en lugar del certificado en el registro mercantil.
2. Se deberá aportar documentación acreditativa de las facultades de representación de la persona que formule la solicitud de ayuda como su representante, debidamente inscrita, en su caso, en los registros públicos correspondientes. La intervención por medio de representante de las entidades solicitantes o beneficiarias de las ayudas exige la acreditación de la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015.
b) En el caso de consorcios o agrupaciones empresariales, públicas o privadas, con personalidad jurídica propia:
Se precisa documento de colaboración o instrumento análogo formalizado por representante debidamente facultado por las mismas que especifique la aceptación y designación expresa del representante único de todas ellas, formule la solicitud y reciba el importe total de la ayuda otorgada, sin perjuicio de la aportación de copia del documento acreditativo de las facultades de representación del mismo, así como la aceptación expresa de participación de todas ellas en la correspondiente convocatoria, asumiendo la totalidad de compromisos y obligaciones derivados de la misma, con detalle de los compromisos de ejecución correspondientes a cada miembro de la agrupación así como importe e intensidad de la ayuda a aplicar a cada uno de ellos. Además, este documento de colaboración deberá incluir todos los aspectos recogidos en el punto 2, del artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020.
5.3 Documentación técnica.
Memoria y Plan de trabajo firmados por técnico competente donde se describan adecuadamente las actuaciones a realizar.
La memoria descriptiva ha de incluir como mínimo la localización del permiso de investigación donde se va a realizar el estudio. Para su definición, se entregará un mapa donde se identifique exactamente, en coordenadas geográficas ETRS89 o REGCAN95, el derecho minero. Adicionalmente, se aportará la descripción general y completa para la realización del estudio de viabilidad, indicando las herramientas y metodologías que se van a utilizar en su desarrollo, con objeto de analizar las implicaciones técnicas, económicas, regulatorias, medio ambientales y de aceptación social.
En el Plan de trabajo se detallará los estudios previos al sondeo, medios y equipo técnico a utilizar, programa de ejecución, detallando fases e hitos, análisis de riesgos y contingencias, proyecto del sondeo/s profundo/s, mapa de la zona donde se encuentra el campo geotérmico y localización prevista del sondeo/s.
6. En las convocatorias correspondientes se podrá requerir la aportación de documentación adicional.
7. Por tratarse de procedimientos de concesión en régimen de concurrencia competitiva y, como tales, iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el personal técnico que IDAE designe, o el propio órgano instructor, podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de ésta.
1. Las ayudas reguladas en esta Orden de Bases se articularán a través de las convocatorias que se aprueben, mediante resolución del órgano competente conforme establece el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las convocatorias detallarán, como mínimo, el contenido previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Las convocatorias se aprobarán por el IDAE, mediante resolución de su Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los apartados 6 y 7 del Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, en relación con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima sexta de la Ley General de Subvenciones. Dichas convocatorias serán publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Un extracto de las mismas será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
4. Las convocatorias incluirán las previsiones y requerimientos exigidos por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
1. La tramitación electrónica será obligatoria en todas sus fases de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a las actuaciones objeto de ayuda serán presentadas a través de la sede electrónica del IDAE (https://sede.idae.gob.es).
Las notificaciones a los interesados se realizarán mediante comparecencia en la sede electrónica del IDAE, en los términos recogidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. La entidad solicitante y el representante, en su caso, podrán acceder a sus expedientes y a las comunicaciones electrónicas asociadas, identificándose mediante certificado de persona física o con DNI electrónico. En el enlace habilitado para este programa de ayudas en la sede electrónica de IDAE podrán consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
La presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad del solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones de la tramitación del expediente electrónico a través de la sede electrónica de IDAE. Adicionalmente a la puesta a disposición del interesado de las comunicaciones y notificaciones a través del registro electrónico, existe un sistema complementario de alertas por medio de correo electrónico, de carácter meramente informativo, por lo que carece de efectos jurídicos respecto a su contenido y fecha de realización.
En la sede electrónica, los interesados, tras identificarse electrónicamente a través de sus certificados, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, se publicarán en la sede electrónica del IDAE (https://sede.idae.gob.es), las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos del procedimiento.
4. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica.
5. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán disponibles en la mencionada sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando proceda.
6. En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder de las administraciones públicas, de conformidad con lo previsto por los artículos 28.2 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, debiéndose aportar junto con la solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, así como una autorización para su consulta por parte del IDAE.
1. La valoración y selección de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia competitiva a partir de la documentación aportada por la entidad solicitante en la fase de presentación de solicitudes.
2. Como parte de la instrucción del procedimiento, habrá una primera fase de preevaluación siguiendo lo establecido en el artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la que el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria de la subvención y si el estudio se adecua a los objetivos de la convocatoria.
En esta fase, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente, el órgano instructor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, podrá requerir al interesado para que en el plazo máximo improrrogable de cinco días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Una vez finalizado el proceso de subsanación, se procederá a redactar el acta de expedientes admitidos y no admitidos que será elevada al órgano instructor y publicada en la página web del IDAE. Este hito dará inicio a la segunda fase de evaluación.
3. La Comisión Técnica de Valoración procederá a la evaluación y clasificación de las solicitudes que hayan resultado admitidas, conforme a la metodología y los criterios de valoración de otorgamiento de la subvención que figuren en el anexo II de esta Orden de Bases y en cada convocatoria. La puntuación total de la valoración estará distribuida en el rango entre 0 y 100 puntos.
4. La convocatoria podrá establecer una preasignación de presupuesto a todas o algunas de las islas del Componente 7, Inversión 2 para la Comunidad Autónoma de Canarias. Estos presupuestos preasignados solo se considerarán para la asignación de ayudas en la primera ronda que se explica en el siguiente apartado.
5. La metodología para clasificar las solicitudes adjudicatarias de las ayudas será la siguiente:
a) Se creará una lista de valoración global donde se establecerá un orden de prelación de las solicitudes, de mayor a menor puntuación, descartando aquellas en las que concurra alguno de los criterios excluyentes establecidos en esta Orden de Bases o en cada convocatoria.
b) A igualdad de puntuación, tendrá prioridad la solicitud con mayor puntuación en el criterio de «Participación Pública». Si el empate se mantiene, prevalecerá el criterio de «Externalidades Positivas».
c) En una primera ronda, se asignará el presupuesto asociado al Componente 7, Inversión 2 relativo al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la siguiente manera:
i. Si la convocatoria preasignase diferentes presupuestos por isla, según lo establecido en el apartado 4: En primera instancia, a partir de la lista de valoración global, se generarán listas de solicitudes por isla con cada presupuesto preasignado. Se irán asignando ayudas a las solicitudes de cada una de las listas, siguiendo el orden de prelación, bien hasta agotar el presupuesto preasignado, bien hasta que no resten solicitudes sin ayuda asignada.
La suma de los presupuestos, en su caso, no asignados para cada isla en primera ronda, se agruparán en un único presupuesto.
Posteriormente, se constituirá una única lista con las solicitudes de la Comunidad Autónoma de Canarias a las que no se haya preasignado ayuda en primera instancia y, a continuación, se irá asignando el presupuesto remanente unificado a las solicitudes restantes de dicha lista, por orden de prelación. La puntuación será la misma que fue asignada al principio del proceso de evaluación.
ii. Si la convocatoria no preasignase diferentes presupuestos por isla: Se irán asignando ayudas a las solicitudes de la Comunidad Autónoma de Canarias, siguiendo el orden de prelación de la lista de valoración global, bien hasta agotar el presupuesto establecido, bien hasta que no resten solicitudes sin ayuda asignada.
En ambos casos, i) o ii), para aquella solicitud cuya asignación de ayuda agotase el presupuesto preasignado y no cubriese el total de la ayuda solicitada, podrá considerarse si se asigna el presupuesto restante correspondiente, lo que puede dar lugar a la asignación parcial de la ayuda solicitada.
d) En una segunda ronda,