Categoría: Administración

Los cables submarinos desempeñan un papel estratégico en las comunicaciones e infraestructuras digitales, ya que la gran mayoría del tráfico internacional de datos se transmite a través de ellos, siendo fundamentales como infraestructura de conectividad y, por tanto, para el desarrollo de la economía global y la sociedad digital. Por estos motivos, los Estados deben adoptar políticas para permitir flujos de información y datos de red eficientes, redundantes, resilientes y seguros.
Como prueba de la creciente relevancia estratégica de los cables submarinos en su contribución a la soberanía digital de la Unión Europea, el 21 de febrero de 2024, la Comisión publicó la Recomendación (UE) 2024/779 sobre infraestructuras de cables submarinos seguras y resilientes, que presenta un conjunto de acciones a nivel nacional y de la UE destinadas a mejorar la seguridad y la resiliencia de dichas infraestructuras a través de una mejor coordinación, tanto en términos de gobernanza como de financiación.
España está estratégicamente situada como punto de entrada y salida de cables submarinos entre Europa, África y América. Esto no sólo mejora la conectividad de nuestro país, sino que lo convierte en un importante centro para el tránsito global de datos, donde las grandes empresas tecnológicas invierten cada vez más en la instalación de estas infraestructuras. Además, la conectividad de los territorios insulares depende en gran medida de estas infraestructuras. No obstante, ese tipo de proyectos suelen ser comercialmente inviables sin ayuda pública.
Dentro de las iniciativas comunitarias de apoyo al despliegue de los cables submarinos cabe citar, para el periodo de programación 2021-2027, el Mecanismo Conectar Europa (en adelante, «CEF» por sus siglas en inglés), regulado por el Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014, (en adelante, Reglamento CEF). EL CEF es un instrumento clave de la UE para promover el crecimiento, el empleo y la competitividad a través de inversiones específicas en infraestructuras modernas y multimodales de alto rendimiento en sus sectores digital, del transporte y de la energía que contribuyan a la interconexión y la integración de la Unión y de todos sus territorios insulares y regiones, incluidas sus regiones remotas, ultraperiféricas, a través de redes transeuropeas que faciliten las conexiones transfronterizas.
En el ámbito de las infraestructuras de conectividad digital, el CEF promueve, entre otros, el despliegue de redes troncales de comunicaciones electrónicas –incluidos cables submarinos que conecten territorios europeos a terceros países en otros continentes o que conecten islas, regiones ultraperiféricas o países y territorios de ultramar europeos, también a través de las aguas territoriales de la Unión y la zona económica exclusiva de los Estados miembros–, para proporcionar la redundancia exigida por esas infraestructuras de vital importancia, para aumentar la capacidad y la resiliencia de las redes digitales de la Unión y para contribuir a la cohesión territorial.
En España, el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios, aprobado por el Consejo de Ministros el día 1 de diciembre de 2020, desarrolla el primero de los ejes contenidos en la estrategia España Digital 2026 y está alineado con los objetivos clave de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: el uso de la conectividad y la digitalización como herramientas que contribuyan de forma considerable a cerrar las diferentes brechas digitales existentes por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales, o medioambientales.
La meta en 2025 es lograr que el 100 por cien de la población tenga cobertura de más de 100 Mbps y posicionar a España como el polo de infraestructuras digitales de interconexión transfronterizas de referencia del sur de Europa. Dentro del eje 3 del Plan («España Hub de Datos»), se encuadra la medida 10 «Mejora de la conectividad de las Infraestructuras Digitales Transfronterizas», con el objetivo de promover y apoyar la participación de empresas españolas en consorcios de empresas de cara a su participación en el programa de financiación para interconexiones transnacionales de infraestructuras de datos y cable submarino del Mecanismo Conectar Europa (en adelante, el Programa CEF Digital).
Este compromiso queda plasmado, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) –aprobado mediante la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021 (por sus siglas en inglés, «CID» oCouncil Implementing Decision)–, en el Componente 15 Inversión 5 «Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas» (C5.I5). Una de las medidas de la C15.I5 se centra en la mejora de la conectividad de las infraestructuras digitales transfronterizas mediante la participación de empresas españolas en consorcios de empresas para proyectos de interconexiones de infraestructuras de datos y cable submarino del Mecanismo «Conectar Europa» (Programa CEF Digital), de conformidad con el vigente Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento General de Exención por Categorías,).
La posibilidad de financiación acumulativa de estos proyectos de despliegue de cables submarinos está contemplada en el artículo 19 del Reglamento CEF, así como en la sección 10 del Programa de Trabajo 2021-2025 del CEF Digital, que remite, entre otras alternativas para evitar la notificación a efectos de ayudas de Estado de los proyectos ya financiados con fondos CEF, a lo previsto en el Reglamento General de Exención por Categorías.
El empleo de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, «MRR») para cofinanciar este tipo de infraestructuras resulta posible de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento del (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE (en adelante, el Reglamento del MRR»), que señala que las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que la ayuda no cubra el mismo coste.
De conformidad con el artículo 52 ter del Reglamento General de Exención por Categorías, la intensidad máxima de la ayuda a otorgar en virtud de este real decreto será del 75 por ciento del total de los costes subvencionables del proyecto.
Desde la aprobación en del Programa de Trabajo del CEF Digital para el periodo 2021-2025 se han publicado tres convocatorias anuales y todas ellas han incluido entre sus líneas de apoyo la correspondiente a proyectos de cables submarinos, que se encuadran en el concepto más general denominado «Pasarelas Globales» (Global Gateways). El interés generado por estas convocatorias CEF ha superado todas las expectativas, con solicitudes de financiación que han excedido los fondos previstos en cada convocatoria para proyectos de cables submarinos, llegando incluso a no poder financiar alguno de ellos por insuficiencia de fondos. En otros casos, la financiación propuesta ha sido notablemente inferior a la solicitada conforme al plan de viabilidad económica del proyecto presentado.
Este problema de financiación pública insuficiente puede desincentivar la inversión en algún cable submarino de elevado interés estratégico para España, dada su contribución clave para lograr el objetivo de convertir a España en elhubde la conectividad digital del sur de Europa.
Por ello, resulta de interés público cofinanciar con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia los proyectos de cables submarinos transfronterizos financiados en la convocatoria CEF de 2023, cuyos puntos de amarre se encuentren en territorio nacional.
Con fecha 15 de octubre de 2024 se ha publicado el anexo de la Decisión de Ejecución de la Comisión sobre la selección de proyectos tras la tercera convocatoria (2023) de propuestas de subvenciones en el marco del Mecanismo Conectar Europa-Digital, de conformidad con la Decisión de Ejecución C(2023) 2533 (en adelante, la Decisión de ejecución de la Comisión C(2024)7083 final), que incluye el proyecto 23-ES-DIG-PENCAN-X («Renewal of Peninsula - Canarias submarine cable network») destinado a reforzar las interconexiones en el territorio del Estado.
El presente real decreto regula la concesión directa de una subvención a Telefónica de España para un proyecto de despliegue de un cable submarino entre la Península y la isla de Gran Canaria, se trata de un proyecto financiable con cargo al Programa CEF Digital, y destinado a reforzar las conexiones en el territorio del Estado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, la actuación se encuadra en la inversión 5 del componente 15 del PRTR.
El cumplimiento del PRTR se mide a través de los indicadores (cualitativos o cuantitativos) denominados Hitos y Objetivos CID. De esta forma, la ejecución de la C15.I05 se mide a través del Hito CID #241 «Mejora de la conectividad de la infraestructura digital transfronteriza: adjudicación», así como por el Hito CID #242 «Mejora de la conectividad de la infraestructura digital transfronteriza: finalización del proyecto». Por ello, la actuación a realizar al amparo de este real decreto contribuirá parcialmente a la consecución de los citados hitos y, en particular, al Hito CID #241 «Mejora de la conectividad de la infraestructura digital transfronteriza: adjudicación» y su apartado «a) cables submarinos e interconexión de la infraestructura de nube/datos», así como al Hito CID #242 «Finalización de los proyectos (adjudicación en el Hito #241 en su apartado «a) cables submarinos e interconexión de la infraestructura de nube/datos».
Al tratarse de fondos provenientes del PRTR, el proyecto de la entidad beneficiaria deberá respetar el principio de no causar un perjuicio significativo (por sus siglas en inglés,Do No Significant Harmo DNSH) a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. También tendrá en cuenta la mejora del impacto de género conforme a las recomendaciones contenidas en la Guía para las Administraciones Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el marco del PRTR, publicada por el Ministerio de Igualdad.
La inversión C15.I5 tiene asociada etiquetado verde y digital. En cuanto al primero, y de acuerdo con el Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión «Análisis del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España», que acompaña a la Decisión de Ejecución del Consejo, las etiquetas climáticas asociadas al proyecto de la entidad beneficiaria de la ayuda otorgada por este real decreto es el 055 (Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas), con un coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos y medioambientales del 0 %. El coeficiente para el cálculo de la ayuda a la transición digital es del 100 %.
El presente real decreto se dicta de conformidad con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que establecen que podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, este real decreto contiene las especialidades de régimen jurídico y procedimiento aplicable a la subvención prevista en el mismo, siendo la norma especial reguladora de la misma, y aplicándose en lo no previsto por este real decreto expresamente, conforme al artículo 5.1 de la citada ley, las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, de derecho privado.
La ejecución de las actuaciones específicas previstas en el artículo 67 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, garantiza el cumplimiento de los supuestos necesarios para articular el mecanismo excepcional de concesión directa de las subvenciones.
Con esta regulación, el beneficiario de la subvención quedará sujeto a las obligaciones que se establezcan en el PRTR en relación con la Inversión C15.I5 y a los mecanismos de gestión y control establecidos en el Reglamento del MRR, así como a la normativa interna que se establezca para la gestión, seguimiento y control del mismo. En particular, será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de Hitos y Objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En particular, el beneficiario quedará sujeto a ciertas obligaciones en relación con la identificación de los contratistas y subcontratistas, de acuerdo con lo previsto en el PRTR.
La aportación de financiación adicional para subvencionar el proyecto de despliegue de un cable submarino entre la Península y la isla de Gran Canaria asegura su realización, ya que la subvención otorgada por la Comisión Europea al proyecto global se sitúa por debajo del umbral mínimo a partir del cual el proyecto es viable. De este modo, al aportar dotación adicional con cargo a los fondos del PRTR, se asegura que la inversión permanezca en España y se desarrolle la redundancia en la conectividad entre la Península y la isla de Gran Canaria.
Las razones que acreditan el interés público, social y económico de la concesión de esta subvención se concretan en la finalidad última de aquélla, al contribuir a asegurar la inversión de una infraestructura estratégica y clave para lograr el objetivo de convertir a España en elhubde la conectividad digital del sur de Europa, por lo que resulta justificado conceder, con carácter excepcional, una subvención por el procedimiento de concesión directa previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La excepcionalidad de la concesión directa de ayuda se justifica en la singularidad del proyecto, al haber sido seleccionado para su financiación en la convocatoria de 2023 del Programa CEF Digital con una cantidad de ayuda inferior a la solicitada y tratarse de un tramo transfronterizo de una red de cable submarino que mejorará la conectividad de regiones ultraperiféricas e insulares cuyos puntos de amarre se sitúan en territorio nacional, esta convocatoria está basada en criterios claros, transparentes y no discriminatorios. Este carácter singular de la subvención excluye la concurrencia competitiva y, justifica, por tanto, su concesión directa.
En la elaboración y tramitación de esta norma se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que comprenden necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Los principios de necesidad y eficacia de este real decreto se fundamentan, según se ha enunciado en los párrafos anteriores, en el objetivo de hacer de España elhubde la conectividad digital del sur de Europa y en un polo de infraestructuras digitales de interconexión transfronterizas, por lo que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen.
En cuanto al principio de proporcionalidad, este real decreto no contiene restricciones de derechos, conteniendo la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, imponiendo exclusivamente las condiciones establecidas en la normativa española y europea.
Por lo que afecta al principio de seguridad jurídica, el real decreto es coherente con el Derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico y con los planes y normativa vigente en el marco de la Agenda España digital 2026, adoptada en julio de 2020 y actualizada en julio de 2022 al horizonte 2026, y establece estímulos económicos que facilitarán su mejor cumplimiento. Además, la norma aborda los extremos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su reglamento de desarrollo, establece las previsiones necesarias y concreta el procedimiento para la concesión directa de la subvención.
El real decreto cumple asimismo con el principio de transparencia ya que define claramente sus objetivos, reflejados en esta exposición de motivos y en la memoria que lo acompaña. Adicionalmente, al articularse las subvenciones en un real decreto cuya publicación en el «Boletín Oficial del Estado» permitirá su conocimiento a toda la ciudadanía y garantiza el acceso a los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Se ha prescindido de los trámites de consulta pública y audiencia debido al carácter singular y extraordinario de la disposición, regulado específicamente en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que no afecta a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Asimismo, teniendo en cuenta que el objeto de la norma es la aprobación de una ayuda directa, su naturaleza comprende un ámbito de decisión específicamente de carácter presupuestario. Por último, el principio de eficiencia queda garantizado porque la norma no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
El presente real decreto se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de acometer un proceso de modernización de la Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-privada entre las administraciones públicas y el sector privado.
De acuerdo con lo anterior, la tramitación de este real decreto se ha ajustado a lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, siéndole además de aplicación lo establecido en los artículos 60 y siguientes, relativos a las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos.
También la norma atiende a la obligación del Reglamento del MRR, de evitar el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación. En particular, resulta de aplicación el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el ámbito del PRTR, elaborado siguiendo el documento de Orientaciones para el refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
El ámbito de aplicación de este real decreto es todo el territorio nacional.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 21.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como en telecomunicaciones, respectivamente.
En su virtud, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de noviembre de 2024,
1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, conforme al artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de una subvención a Telefónica de España, SAU, con CIF A-82018474, para el proyecto de despliegue de un cable submarino entre la Península y la isla de Gran Canaria, que forma parte de un proyecto de interconexiones transnacionales de infraestructuras de datos y cables submarinos del Mecanismo Conectar Europa (CEF).
2. La actuación que se lleve a cabo con cargo a la subvención otorgada mediante este real decreto contribuirá a la ejecución parcial de la inversión I5 «Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas» del componente 15 del PRTR, contribuyendo a los Hitos CID #241 y #242, descritos en el anexo III de este real decreto.
1. Se autoriza la concesión directa de esta subvención en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 de su artículo 28, así como en el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por concurrir razones de interés público, económico y social, al contribuir el objeto de la subvención a asegurar la inversión de una infraestructura estratégica y clave para lograr el objetivo de convertir a España en elhubde la conectividad digital del sur de Europa.
El carácter singular de la subvención, al enmarcarse la actuación en un proyecto más amplio incluido en el programa de financiación para interconexiones transnacionales de infraestructuras de datos y cable submarino del Mecanismo Conectar Europa (Programa CEF Digital), excluye la concurrencia competitiva y, justifica, por tanto, su concesión directa.
Este proyecto es el único cable transfronterizo de la citada convocatoria 2023 del Programa CEF Digital cuyos puntos de amarre se ubican en territorio nacional y que cuenta con una propuesta de financiación máxima inferior que no cubre el total de la ayuda solicitada.
2. Esta subvención se regirá por lo dispuesto en el presente real decreto, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre en particular en su artículo 17.3, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia.
3. Igualmente, será de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de Hitos y Objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y demás normativa tanto europea como nacional que sea de aplicación a la gestión, seguimiento, verificación, publicidad y control en el marco del Plan de Recuperación.
4. En aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principioDo No Significant Harm-DNSH), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, y por el Reglamento del MRR, se respetará la normativa medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía Técnica DNSH (C/2023/111) de 11 de octubre de 2023 sobre la aplicación de este principio de «no causar daño significativo». En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
5. Serán igualmente de aplicación la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
6. La ayuda prevista en este real decreto deberá cumplir lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías).
7. La subvención regulada en este real decreto se otorga sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones del Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021, por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa», así como de la normativa de aplicación a las convocatorias del Programa CEF Digital; en particular, a la convocatoria CEF-DIG-2023-GATEWAYS-WORKS.
8. Será también de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que para la ejecución de la presente subvención se celebraran contratos que deban someterse a dicha ley de acuerdo con lo dispuesto en la misma.
9. En todo lo no previsto en el presente real decreto será de aplicación lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; y en la Ley 31/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
1. La beneficiaria de la subvención regulada por este real decreto es la entidad Telefónica de España, SAU con CIF A-82018474, por ser la entidad coordinadora del proyecto 23-ES-DIG-PENCAN-X de la convocatoria CEF-DIG-2023-GATEWAYS-WORKS según se detalla en el anexo de la Decisión de ejecución de la Comisión C(2024)7083 final.
2. La subvención se destinará a sufragar el coste de la parte del proyecto 23-ES-DIG-PENCAN-X (en adelante, el «Proyecto Global PENCAN-X») correspondiente al paquete de trabajo «Fabricación de repetidores y ecualizadores» (en adelante, «actuación PRTR en PENCAN-X»).
3. Dicha entidad no podrá obtener la condición de beneficiaria si incurre en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. El plazo de ejecución de la actuación subvencionable comprende el periodo incluido entre la fecha de presentación de la solicitud de subvención y la fecha de finalización de la actuación PRTR en PENCAN-X, que no será posterior a la fecha establecida para el cumplimiento del Hito CID #242; esto es, el 30 de junio de 2026.
1. La subvención otorgada por este real decreto está sujeta al cumplimiento, ejecución y realización de los Hitos CID #241 y #242 fijados en el PRTR para la inversión C15.I5 «Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas» de la componente 15 del PRTR, que se describen en el anexo III.
2. La entidad beneficiaria deberá cumplir las obligaciones generales que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las contenidas en este real decreto, las que figuren en la resolución de concesión y en las instrucciones específicas que dicte el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
3. Serán obligaciones de la entidad beneficiaria:
a) Aceptar la subvención concedida en los términos que se establezcan en la resolución de concesión.
b) Realizar la actuación subvencionable, conforme a la documentación presentada con la solicitud de subvención indicada en el artículo 9.3, que tiene carácter vinculante, y a lo establecido en este real decreto, en la resolución de concesión y sus eventuales modificaciones. Lo anterior teniendo en todo caso en cuenta los requisitos específicos y concreción para la presente subvención que se establezcan en la resolución de concesión, a la vista de la solicitud presentada.
c) Demostrar el desarrollo de las actuaciones objeto de la ayuda.
d) Demostrar el empleo dado a los fondos recibidos que permitan establecer una relación indubitada entre los gastos imputados y los objetivos alcanzados.
e) Cumplir con las obligaciones de publicidad que se establecen en el artículo 15 de este real decreto, así como aquellas que se determinen en la resolución de concesión.
f) Si fuera necesario realizar nuevas contrataciones de personal, conforme a la normativa que resulte de aplicación, y sin que en ningún caso pueda deducirse la existencia de una relación laboral entre la Administración General del Estado y el personal adscrito a la gestión de las Propuestas de Actividades subvencionables, tener en cuenta criterios de creación neta de empleo en España, subcontratación a empresas que generen empleo en nuestro país o en la Unión Europea, cohesión territorial consistente en que la actividad y el empleo se genere en ciudades pequeñas o pueblos, fuera de las ciudades o zonas industriales, y de igualdad de género, debiendo tener especialmente en cuenta a pymes, micropymes, autónomos y startups.
g) Contribuir a los objetivos de autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
Lo previsto en las letras f) y g) se entenderá sin perjuicio de la normativa especial aplicable, en su caso, a la entidad beneficiaria. Estas obligaciones no serán exigibles si impidieran, dificultaran o retrasaran sobremanera la consecución del objeto establecido en el artículo 1. La entidad beneficiaria deberá justificar el cumplimiento de dichas obligaciones o, en su caso, la concurrencia de las causas de exoneran del mismo, en una memoria que se adjuntará a la documentación establecida en el artículo 9. En ningún caso se podrá deducir la existencia de una relación laboral con la Administración General del Estado.
h) Mantener un sistema de contabilidad que permita el registro diferenciado de todas las transacciones relacionadas con la actuación subvencionable, mediante la utilización de un código contable específico dedicado a tal efecto. Asimismo, deberá disponer de los libros contables, registros, diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Para dar conformidad al artículo 22.2.f) del Reglamento del MRR, y el artículo 132 del Reglamento Financiero de la UE, con carácter general se establece que este conjunto de documentos deberá conservarse durante un plazo mínimo de al menos diez años desde la fecha de certificación del proyecto hasta que las posibles auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.
i) Aplicar la perspectiva de género en todas sus actuaciones, siguiendo las recomendaciones contenidas en la Guía para las Administraciones Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada por el Ministerio de Igualdad. Asimismo, deberán aplicarse criterios que promuevan la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres a efectos de garantizar la participación equilibrada por género en todas las profesiones, actividades y niveles.
4. El beneficiario deberá cumplir además con las condiciones generales establecidas en el artículo 52 ter del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC); en concreto, con lo previsto en los apartados 3 y 4.d) de la citada disposición. En particular, el proyecto debe garantizar el acceso mayorista abierto de terceros, incluida la desagregación, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias de conformidad con el artículo 52, apartados 7 y 8 del RGEC.
5. La entidad beneficiaria deberá cumplir, además, con las obligaciones, europeas y nacionales aplicables al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Someterse a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento del MRR.
b) Recabar y asegurar el acceso a las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento del MRR a efectos de auditoría y control y para disponer de datos comparables sobre el uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del PRTR.
En particular, quedan sujetos a la obligación de recabar la siguiente información en relación con la identificación de los contratistas y subcontratistas:
1.º NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal del subcontratista.
2.º Aceptación de la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, conforme al modelo establecido en el anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
3.º Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión conforme al modelo establecido en el anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
4.º Los contratistas acreditarán la inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el censo equivalente de cada Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.
c) Ser responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
d) Establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, Hitos y Objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
e) Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
f) Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de al menos diez años a partir del final de la operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento Financiero [Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018], sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
6. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 15, la entidad beneficiaria deberá dar publicidad de la subvención concedida y del órgano concedente en los contratos de servicios, así como en cualquier otro tipo de contrato relacionado con la ejecución de la actuación, incluida la subcontratación, en convenios, publicaciones, ponencias, equipos, material inventariable, actividades de difusión de resultados y otras análogas, incluyendo expresamente, el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», junto al logo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, deberá publicar la concesión de la ayuda en su página web con mención expresa del órgano concedente. En caso de que la actuación esté cofinanciada, los medios de difusión de la ayuda concedida al amparo de este real decreto, así como su relevancia, deberán ser al menos análogos a los empleados respecto a otras fuentes de financiación. En particular, será de aplicación lo dispuesto a este respecto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
7. En concreto la entidad beneficiaria se compromete a participar en las actividades de difusión del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
8. La entidad beneficiaria garantizará el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principiodo no significant harm-DNSH), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el Reglamento del MRR, en todas las fases del diseño y ejecución de las actividades objeto de subvención, teniendo en cuenta la Guía Técnica DNSH (C/2023/111) de 11 de octubre de 2023 sobre la aplicación de este principio así como la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente» publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De acuerdo con lo anterior, la entidad beneficiaria deberá prever mecanismos específicos de acreditación del cumplimiento del principio DNSH que aborden los riesgos específicos de la inversión, así como la obligatoriedad de presentar esa acreditación o tenerla a disposición de la Administración durante un plazo de cinco años. La entidad beneficiaria deberá cumplimentar el modelo DNSH del anexo I. Adicionalmente, se tendrá en cuenta la evaluación sustantiva que se incluye en el Documento del Componente 15 respecto de la inversión C15.I5, detallada en el anexo II de este real decreto.
9. La entidad beneficiaria garantizará el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado digital, con un porcentaje del 100 por ciento, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento del MRR, así como con lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
10. Con objeto de que el órgano concedente, como órgano encargado de la gestión de los fondos relativos a la subvención aprobada por este real decreto, en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pueda certificar o acreditar la debida ejecución de los mismos ante las autoridades competentes, la entidad beneficiaria deberá, además de cumplir con las obligaciones de información y seguimiento previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, remitir cuanta información y documentos pudiera requerirles el órgano concedente, así como cumplir puntualmente con lo que pudiera disponerse por cualquier norma o reglamentación aplicable.
11. La entidad beneficiaria está obligada a cumplir las instrucciones que el órgano gestor como cualquier órgano o autoridad competente les dirija en aplicación de cualquier normativa, tanto europea como nacional, que pudiera aprobarse, particularmente la relativa a la ejecución o gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento del MRR como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. La ayuda se destinará a cubrir los costes relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que haya sido concedida, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, solamente serán subvencionables los gastos realizados en los casos en que la acción sea indispensable para lograr los objetivos del proyecto objeto de esta subvención. Los gastos subvencionables serán los siguientes:
a) El coste de los equipos, las instalaciones y las infraestructuras que sea considerado un gasto de capital por el beneficiario será subvencionable en su totalidad.
b) Gastos de personal, en la medida en que estén dedicados al proyecto.
c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto.
d) Otros gastos de explotación adicionales, incluidos costes de material, suministros y productos similares que se deriven directamente de la actividad del proyecto.
3. En aplicación de lo previsto en el artículo 7.1 del RGEC así como del párrafo 18 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en relación con la posibilidad de aplicación de las normas en materia de simplificación relativas a la financiación no vinculada a los costes a que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, por tratarse de una actuación encuadrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Consejo en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los importes de los costes subvencionables correspondientes a los gastos de personal propio y a los costes indirectos imputables al proyecto se calcularán con arreglo a opciones de costes simplificados que figuran en el Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. En concreto, se aplica la modalidad de costes simplificados de financiación a tipo fijo: para los gastos de personal propio se establece un máximo de un veinte por ciento de los costes directos y para los costes indirectos se establece un máximo de un quince por ciento de los gastos de personal propio.
4. Los gastos derivados de la ejecución de la actividad subvencionable, según se describe en el artículo 3, deberán aplicarse a los conceptos mencionados en el punto 2 de este mismo artículo, según se establezca en la correspondiente resolución de concesión, y deberán ajustarse en todo caso a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al artículo 83 de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
5. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en dicha ley, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo establecido. Asimismo, y salvo la amortización de materiales o instrumentales especiales, se considera gasto realizado el que ha sido devengado dentro del período de ejecución del proyecto y efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación, sin perjuicio de lo dispuesto en este real decreto.
6. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, en cuyo caso se deberá aportar una acreditación de tal hecho.
7. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la fase de justificación de las inversiones, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la memoria económica de la cuenta justificativa la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
8. En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos ni los impuestos personales sobre la renta. No serán financiables el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y, en su caso, al impuesto general indirecto canario (IGIC) e Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación de Ceuta y Melilla (IPSI).
9. En ningún caso se considerarán elegibles las inversiones y gastos que se hubieran comprometido o realizado con anterioridad a la presentación de la solicitud.
1. A los efectos de este real decreto, y de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entiende que una entidad beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tengan que incurrir la entidad beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.
2. La entidad beneficiaria podrá subcontratar con terceros la realización de la actividad para la que se solicita la subvención, siempre y cuando se cumplan las disposiciones recogidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. El coste global de la subcontratación no podrá ser superior al 50 por ciento del importe del presupuesto financiable.
4. Para asegurar que la subcontratación se realiza con transparencia y a precios de mercado, para las subcontrataciones que el beneficiario realice con entidades vinculadas, independientemente del importe del servicio, así como para las que supongan un importe superior al establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, se deberán adjuntar las tres ofertas de diferentes proveedores solicitadas con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio, según lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. La subcontratación deberá ser autorizada previamente por el órgano concedente en los casos previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dicho órgano tendrá la competencia para autorizar en su caso la subcontratación solicitada.
6. En ningún caso podrá fraccionarse el gasto correspondiente a un mismo concepto y a un mismo proveedor.
7. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el contrato de subcontratación deberá celebrarse por escrito y autorizarse previamente por el órgano concedente en los supuestos recogidos en dicho artículo. Adicionalmente, en ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas en los supuestos recogidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8. En aquellas subcontrataciones que requieran de autorización previa deberán presentar la documentación que se detallará en el correspondiente apartado de la página web.
9. No se autorizará ninguna subcontratación en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que exista vinculación entre el beneficiario y el proveedor seleccionado y esta relación no haya sido declarada por el beneficiario.
b) Que exista vinculación entre los ofertantes en el proceso de selección de proveedor.
c) Que exista vinculación entre el beneficiario y al menos dos ofertantes en el proceso de selección de proveedor.
d) Que no esté determinado el objeto, alcance y necesidad de la subcontratación.
e) Que no exista diferenciación de los trabajos de la subcontratación en relación con los trabajos del beneficiario.
10. Los subcontratistas no podrán subcontratar ninguno de los trabajos que hayan sido contratados.
11. La entidad beneficiaria preverá mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH).
12. En el caso de subcontratación se deberán cumplir las obligaciones en relac