Categoría: Normativas

ncepto de elaboración de material didáctico los costes derivados de las horas de personal propio dedicadas a la elaboración del material didáctico. El coste de elaboración de material deberá estar justificado en función del material elaborado, los contenidos del mismo y la duración de la acción formativa. Se admitirá la imputación de aquellos manuales cuyos contenidos estén detallados en la programación didáctica. La admisión de la elaboración de manuales y/o materiales existentes en el mercado se deberá justificar mediante memoria explicativa del beneficiario, en caso de personal propio.
Se podrá imputar en el concepto costes de personal, no formador, que realiza tareas de apoyo técnico para el seguimiento del proceso de aprendizaje, asesoramiento y orientación del alumno un límite máximo del 20 por ciento de las horas de impartición, con la debida justificación. Cuando la duración de la formación impartida sea inferior a cien horas este límite no se calculará sobre las horas del curso, si no sobre cien horas. Asimismo, los costes del personal imputado deben estar en valor de mercado e imputados de forma proporcionada de acuerdo a la naturaleza de la acción formativa objeto de subvención. El personal imputado en este epígrafe no podrá serlo como personal de apoyo de los costes indirectos en una misma acción formativa.
En ningún caso, el número de horas imputadas podrá ser superior a la jornada laboral establecida por la normativa vigente.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por horas dedicadas a la actividad que se imputen.
Para la justificación de los costes de personal interno se deberá aportar los siguientes justificantes retributivos:
– Copia de los justificantes retributivos (nóminas).
– Copia de los certificados de retención de IRPF o copia del Modelo 190 de declaración anual de IRPF.
– Copia de los modelos RLC (Relación de Liquidación de Trabajadores) y RNT (Relación Nominal de Trabajadores) de la Seguridad Social.
La implicación del personal en la o las operaciones podrá ser plena (con una dedicación del 100 % de la jornada de trabajo) o parcial (en cuyo caso se establecerá por escrito el porcentaje de su jornada de trabajo destinado a las actividades de la operación). Para el cálculo de imputación parcial se tendrá en cuenta el número de días naturales en el mes. En este sentido, para asegurar una correcta imputación de gastos de personal a tiempo parcial, con pista de auditoría adecuada, deberá existir un nexo evidente con la operación y un mecanismo de reparto exacto para dichos gastos: partes de trabajo, tarjetas de tiempo o registros horarios.
Para el cálculo de los costes de personal se tendrá en cuenta únicamente el tiempo efectivo, dedicado a la operación, incluyéndose:
– Vacaciones y días de libre disposición.
– Tiempo de asistencia a cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo, siempre y cuando su desempeño tenga conexión con la operación.
En el caso de dedicación parcial a la operación, las vacaciones y días de libre disposición se deberán imputar a prorrata entre el tiempo total trabajado y el tiempo dedicado a dicha operación.
1.b) Gastos de personal externo. Se tendrá en consideración que:
– La ejecución de las acciones formativas será realizada directamente por la entidad beneficiaria, sin que pueda subcontratarla con terceros. No considerándose subcontratación la contratación del personal docente, contratación de personas físicas, para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario.
– La realización de la evaluación se podrá encomendar a un tercero de acuerdo a lo siguiente:
• En el caso de que se contrate a un tercero la totalidad de la actividad de evaluación, se considerará que se trata de subcontratación. En este caso, será de aplicación el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
• Si el beneficiario lleva a cabo parte de las actividades de evaluación con sus propios medios y se contrata a un tercero para llevar a cabo otra parte de dichas actividades, se considerará que se ha contratado un servicio. En este supuesto se deberá estar a lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El beneficiario deberá contar con medios propios para las funciones de programación y coordinación del programa de formación, asumiendo, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente al MEFP, debiendo asegurar el desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y control.
Se incluyen, por tanto, como gastos de este apartado las retribuciones de los formadores, comprendiendo salarios, seguros sociales, dietas y gastos de locomoción, en el supuesto de contratación laboral, y gastos de contratación, en el supuesto de contrato de servicios y, en general, todos los costes imputables en el ejercicio de las actividades de preparación, impartición, tutoría y evaluación a los participantes de las actividades formativas.
Se imputará por concepto de impartición el coste de las horas de personal dedicadas a la impartición de cada una de las acciones. Se incluirán exclusivamente los gastos relativos a los docentes incluidos en el documento de comunicación de inicio de la acción formativa y, en su caso, posteriores modificaciones. Se admitirá la participación de más de un formador por grupo simultáneamente, siempre que se justifique la necesidad mediante memoria explicativa del beneficiario. El número de horas admisibles para impartición en formación presencial se limitará a las horas de duración de dicha impartición.
Se imputará por el concepto de preparación, tutorías y evaluación el coste de las horas de personal externo dedicadas a la preparación de clases, tutorías y evaluación de la impartición de las acciones formativas. El personal cuyo coste se imputa en concepto de preparación deberá figurar como formador en la acción. Se podrá imputar, en concepto de preparación, tutorías y evaluación, un límite máximo del 20 por ciento de las horas de impartición, con la debida justificación. Asimismo, los costes del personal imputado deben estar en valor de mercado e imputados de forma proporcionada de acuerdo a la naturaleza de la acción formativa objeto de subvención. No se subvencionará un coste/hora superior al coste/hora de los formadores para el personal imputado en este apartado. El personal imputado en este epígrafe no podrá ser imputado como personal de apoyo de los costes indirectos en una misma acción formativa.
En su caso también se podrá imputar en concepto de elaboración de material didáctico los costes derivados de las horas de personal propio dedicadas a la elaboración del material didáctico. El coste de elaboración de material deberá estar justificado en función del material elaborado, los contenidos del mismo y la duración de la acción formativa. Se admitirá la imputación de aquellos manuales cuyos contenidos estén detallados en la programación didáctica. La admisión de la elaboración de manuales y/o materiales existentes en el mercado se deberá justificar mediante memoria explicativa del proveedor.
Se podrá imputar en el concepto costes de personal, no formador, que realiza tareas de apoyo técnico para el seguimiento del proceso de aprendizaje, asesoramiento y orientación del alumno un límite máximo del 20 por ciento de las horas de impartición, con la debida justificación. Cuando la duración de la formación impartida sea inferior a 100 horas este límite no se calculará sobre las horas del curso, si no sobre cien horas. Asimismo, los costes del personal imputado deben estar en valor de mercado e imputados de forma proporcionada de acuerdo a la naturaleza de la acción formativa objeto de subvención. El personal imputado en este epígrafe no podrá serlo como personal de apoyo de los costes indirectos en una misma acción formativa.
En ningún caso, el número de horas imputadas podrá ser superior a la jornada laboral establecida en la normativa vigente.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por horas dedicadas a la actividad que se imputen. Para la justificación de los costes de personal externo se deberá aportar los siguientes justificantes retributivos:
– Copia del contrato de la persona trabajadora en el que figure información sobre la duración del mismo, las horas trabajadas, y la actividad para la que se le contrata. En el caso de que se compruebe la contratación exclusiva para formación dentro del programa de formación financiado, se aceptará el coste total que supone la contratación en el período de ejecución de las acciones en las que participe.
– Certificado de haberes individual o conjunto, con los siguientes requisitos: firma original del representante legal, apellidos, nombre y NIF de las personas trabajadoras, retribución bruta anual y seguridad social a cargo de la empresa, si es el caso.
– Copia de los justificantes retributivos (nóminas).
– Copia de los certificados de retención de IRPF o copia del Modelo 190 de declaración anual de IRPF.
– Copia de los modelos RLC (Relación de Liquidación de Trabajadores) y RNT (Relación Nominal de Trabajadores) de la Seguridad Social.
1.c) Gastos de amortización. Se consideran elementos amortizables los siguientes: aplicaciones informáticas, maquinaria, utillaje, mobiliario y enseres, equipos para procesos de información, elementos de transporte, edificios y construcciones y plataformas tecnológicas. Como regla general, la adquisición de licencias de una aplicación informática necesarias para desarrollar la acción formativa podrá ser imputada como coste directo admitiéndose su coste de amortización.
El coste de amortización imputado deberá ajustarse a los límites recogidos para cada elemento amortizable en las tablas oficiales de coeficientes máximos de amortización establecidos en el Reglamento del Impuesto de Sociedades (Real Decreto 634/2015, de 10 de julio). La amortización anual del elemento se obtiene de la aplicación del porcentaje de amortización al precio de adquisición del bien.
El cálculo del tiempo de amortización deberá realizarse teniendo en cuenta el número de horas de duración de la acción formativa y el número de horas anuales de trabajo establecidas en el programa de formación aplicable a la entidad beneficiaria. El número de horas anuales trabajadas establecidas en la normativa vigente.
Se podrán imputar en el concepto equipos didácticos y plataformas tecnológicas, los costes de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, o amortización de equipos didácticos y plataformas tecnológicas utilizados en el desarrollo de la acción formativa. El coste imputable será el correspondiente al período de ejecución certificado de cada grupo. Los gastos de amortización deberán presentarse debidamente desglosados por actividad formativa y se imputarán por el número de participantes en el caso de uso individual de los equipos o plataformas.
El coste de amortización imputable será el resultado de multiplicar el coste/hora por el número de horas certificadas para la acción formativa en la que se esté utilizando el elemento amortizable.
Respecto a las aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo de la formación: En el caso de que los mismos sean de titularidad de terceras personas deberán haber sido acreditados a través del correspondiente Registro de Entidades de Formación, debiendo aportarse dicha acreditación junto con el contrato o acuerdo de disponibilidad. Se imputarán por este concepto los costes de amortización, alquiler o arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, de aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo del programa de formación. El coste imputable de amortización de inmuebles se calculará en función de su utilización efectiva y de los metros cuadrados utilizados.
Los gastos de amortización deberán presentarse debidamente desglosados por actividad formativa y se imputarán por el periodo de duración de la acción.
En todo caso, se aplicarán los coeficientes máximos de amortización anual fijados en el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades.
1.d) Gastos corrientes: Material y suministros. Se imputarán en concepto de adquisición de medios y materiales didácticos y bienes consumibles, los costes de adquisición de medios y materiales didácticos, así como los gastos en bienes consumibles utilizados en el desarrollo de la acción formativa, incluido el material de protección y seguridad. Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad formativa y se imputarán por el número de participantes en el caso de uso individual de los equipos o plataformas. El número de unidades facturadas debe corresponderse con el número de personas participantes certificados en el grupo formativo; asimismo, el tipo de material fungible y el número de consumibles entregado a las personas participantes deberá ser razonable en función de los contenidos de la acción formativa y de la duración de la misma. En el caso de la adquisición de manuales, o licencias de uso de la plataforma, se admitirá un 10 por ciento más de las personas participantes certificadas por acción formativa y los correspondientes a los formadores de la misma.
1.e) Gastos corrientes. Arrendamientos financiero y cánones. En el caso de que la justificación del gasto se documente a través de una operación de arrendamiento financiero, el coste imputado no incluirá los gastos correspondientes a gastos bancarios ni impuestos, ni superará el valor comercial neto del bien arrendado. Asimismo, el coste de la operación del arrendamiento financiero no debe ser superior al coste que habría supuesto el alquiler del mismo bien, en caso de que exista la posibilidad de alquiler.
1.f) Gastos corrientes. Primas de seguros. Se imputará por este concepto el coste correspondiente al seguro de accidentes, daños a terceros y/o responsabilidad civil de las personas participantes. La imputación del coste se realizará por el número de personas participantes y por el período de ejecución certificado de cada acción y deberán venir desglosados por actividad formativa.
1.g) Gastos corrientes. Transporte, manutención y alojamiento. Se imputarán por este concepto los gastos de transporte, manutención y alojamiento del alumnado de la actividad formativa y del personal necesario para llevar a cabo la misma. Se deberá certificar dichos desplazamientos, admitirán los desplazamientos de los trabajadores ocupados certificadas, siendo necesario adjuntar la relación nominal de las personas participantes cuyo gasto se imputa. Asimismo, el personal descrito en el apartado debe constar en el documento correspondiente. En la imputación de este tipo de gastos, deberán aplicarse los límites fijados en la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad formativa y su imputación se hará por el número de participantes.
1.h) Gastos corrientes. Costes de evaluación de la calidad de la formación. Se podrá destinar hasta un 5 % de la subvención concedida a la realización de actuaciones de evaluación y control de la calidad de la formación que ejecuten. Se imputarán por este concepto los siguientes costes:
– Coste de las horas de personal propio y/o facturación externa, relativos a la evaluación de la calidad de la formación.
– Costes del gasto de material utilizado para la evaluación de la calidad.
– Costes de alquiler, arrendamiento financiero o amortización de equipos.
– Costes de alquiler o de amortización de aulas, talleres y demás superficies utilizadas en la evaluación de la calidad de la formación.
– Costes derivados del transporte, manutención y alojamiento del personal encargado de realizar la evaluación de la calidad de la formación.
– Costes relacionados con la ejecución de cuestionarios telefónicos.
1.i) Gastos corrientes: Publicidad y difusión. Se imputarán por este concepto los costes de publicidad necesarios tanto para la organización del programa de formación como para su difusión y captación de alumnos. En el caso de gastos de publicidad se aportará copia del soporte publicitario que permita comprobar que se ha hecho mención al Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Cuando se trate de gastos de publicidad y difusión en relación con el programa de formación en su conjunto, se deberá distribuir el gasto por acción formativa.
2. Costes indirectos. De conformidad con el artículo 31.9 de la Ley General de Subvenciones, estos costes habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.
Los costes indirectos no podrán superar el 10 por ciento de los costes de la actividad formativa realizada y justificada.
Estos costes deberán ser justificados.
Se imputarán como costes indirectos: la luz, agua, calefacción, telefonía, conexión telemática, mensajería, correo, limpieza y vigilancia y otros costes, siempre que estén asociados a la ejecución de la actividad formativa. No se podrán incluir los gastos de reparación de instalaciones o equipos.
Estos costes indirectos se repartirán entre las acciones del programa de formación según el método de reparto elegido, que deberá ser justificado y detallado el cálculo. Cuando los costes indirectos se correspondan con amortización de material inventariable dedicado a la gestión del programa de formación, se deberán acompañar de los soportes justificativos correspondientes, con una explicación pormenorizada de las actividades para las que se utilizaron dichos elementos y el tiempo empleado.
7. Gastos no subvencionables. En ningún caso podrán ser subvencionables aquellos que no guarden relación directa con la actividad objeto de la subvención, y en particular:
– Las inversiones en inmovilizado material e inmovilizado intangible, según se definen en el cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.
– La compra o desarrollo de aplicaciones informáticas cuando su tratamiento contable sea el propio de una inversión.
– Impuesto sobre el valor añadido, así como tributos y tasas, de tipo nacional, autonómico o local, cuando sean recuperables conforme a la legislación aplicable, es decir, que no sean real y definitivamente soportados por el beneficiario, entendiendo por tales aquellos que puedan repercutirse, recuperarse o compensarse por cualquier medio.
– Gastos derivados de préstamos o créditos, así como los de apertura y mantenimiento de cuentas corrientes.
– Intereses deudores de las cuentas bancarias.
– Intereses de mora, recargos y sanciones administrativas y penales.
– Gastos derivados de procedimientos judiciales.
8. Soportes justificativos. Los costes se justificarán con facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten, de acuerdo con el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que, los beneficiarios están obligados a conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto que puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
El beneficiario de la subvención estará obligado a conservar, al menos durante un plazo de cuatro años a partir del momento en que finalice el período establecido para presentar la justificación, los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención así como de la aplicación de los fondos recibidos, a efectos de las actuaciones de comprobación y control, considerando, en su caso, la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro de la subvención concedida.
En el supuesto de acciones cofinanciadas con fondos comunitarios, se aplicará a este respecto lo que establezca la normativa comunitaria.
La Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional, comprobará a través de las técnicas de muestreo al uso, los justificantes que estime oportunos para obtener una evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, requiriendo al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto que estime oportunos.
El incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, dará lugar a la obligación de devolver total o parcialmente el crédito recibido, junto con los intereses de demora que puedan corresponder, mediante tramitación de procedimiento de reintegro.
A continuación, se describen los requisitos formales y de contenido específicos que deben cumplir cada uno de los soportes justificativos:
a) Facturas. Tienen que describir la operación de forma detallada, desglosando todos los conceptos e indicando el precio de cada uno.
Para el caso de servicios prestados a un colectivo la factura correspondiente se debe de acompañar de una relación de los participantes y se debe de motivar la oportunidad del gasto. Asimismo, la factura debe contener el número de servicios ofrecidos, en cada uno de los días a que se refiere.
No se considerarán válidas a efectos de justificación las facturas emitidas a persona jurídica distinta del beneficiario.
Las facturas, que se corresponderán con gastos efectivamente realizados, deberán observar los requisitos formales establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Las facturas han de contener:
– Número y, en su caso, serie.
– Fecha de su expedición.
– Nombre y apellidos, razón o denominación social completa tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de la operación.
– Número de Identificación Fiscal y domicilio tanto del expedidor como del receptor.
– Descripción de la operación, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del IVA así como el tipo tributario y la cuota repercutida cuando la operación esté sujeta y no exenta de dicho impuesto. Si la factura comprende entrega de bienes o servicios sujetos a tipos impositivos diferentes en este impuesto, deberá diferenciarse la parte de la operación sujeta a cada tipo. La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta deberá consignarse por separado. Si la operación está exenta de IVA se tiene que indicar que la operación está exenta.
– La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
En el caso de que el proveedor no esté obligado a emitir factura, por no ser empresario o profesional, se podrán acreditar las operaciones mediante los medios de prueba admitidos en derecho, siempre que conste la identidad de ambas partes (incluyendo razón social y NIF), naturaleza de la operación, precio, condiciones y fecha de realización de la misma. A este respecto, dependiendo de la naturaleza del destinatario de los bienes y servicios, se distinguen las siguientes opciones:
– Si el destinatario es empresario, este debe emitir factura al efecto (autofactura), que deberá estar firmada por el prestador del servicio e incluir los mismos datos que se exigen a una factura.
– Se entiende por autofactura, la factura comercial que genera y envía el cliente a su proveedor. A pesar de ello, el sentido fiscal es el mismo que el de cualquier factura y se considera emisor de la factura al proveedor y receptor al cliente.
– Si el destinatario no es empresario, mediante los medios de prueba admitidos en derecho.
Los empresarios y profesionales o sujetos pasivos solo podrán expedir un original de cada factura o documento sustitutivo (artículo 14 del Real Decreto 1619/2012).
Por otro lado, la rectificación de una factura o documento sustitutivo se admitirá en los términos establecidos en la normativa (Real Decreto 1619/2012, ya citado) y deberá hacer constar los datos identificativos de la factura o documento sustitutivo rectificado.
En el caso de que la factura recibida por la entidad beneficiaria no contenga toda la información necesaria, para la aclaración de su contenido (fechas de impartición, concepto, horas, número de personas participantes…) será suficiente con la emisión por parte del proveedor de un anexo, firmado y sellado, a dicha factura donde se especifiquen los datos omitidos o corregidos.
En cuanto a la remisión electrónica de las facturas o documentos sustitutivos se estará a lo recogido en el Real Decreto 1619/2012 y en la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, sobre determinadas disposiciones sobre facturación electrónica y conservación electrónica de facturas.
b) Facturas simplificadas. Según los términos establecidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 1619/2012 las facturas podrán ser sustituidas por facturas simplificadas y copia de éstas en cualquiera de los siguientes supuestos:
– Cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.
– Cuando deba expedirse una factura rectificativa.
Sin perjuicio de lo anterior, los empresarios o profesionales podrán igualmente expedir factura simplificada y copia de esta cuando su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, en las operaciones que se describen en el citado artículo 4.2 del Real Decreto 1619/2012.
Las facturas simplificadas contendrán, al menos, los datos o requisitos enumerados en el artículo 7 del Real Decreto 1619/2012.
c) Recibís. Los recibís deberán ser emitidos por personas físicas y, únicamente, se admitirán cuando el servicio prestado no sea habitual ni continuado en el tiempo.
Deberán reunir unos mínimos requisitos formales:
– Identificación de emisor y receptor y, al menos, NIF del receptor.
– Firma del receptor.
– Fecha.
– Concepto detallado de la prestación.
d) Hojas de autoliquidación. Los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento podrán acreditarse mediante hojas de autoliquidación de gastos de los formadores y/o tutores-formadores y coordinadores de formación, personal de apoyo o personas participantes en las que figuren los datos identificativos de la entidad beneficiaria, del receptor del importe, la firma del receptor del importe, detalle y motivo de los desplazamientos y la fecha de los mismos.
La documentación que justifica el gasto recogido en la hoja de autoliquidación deberá estar a disposición de la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional en caso de que sea requerida.
En todo caso, se aplicarán los límites fiscales fijados en el Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifica el Reglamento sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
e) Otros justificantes:
Pólizas de seguro de accidentes, daños a terceros o responsabilidad civil. La póliza del seguro contratado que se aporte para justificar el gasto imputado deberá identificar el período de cobertura, el número de personas aseguradas y el tipo de seguro y deberá acompañarse del justificante de pago de la prima.
Operaciones de arrendamiento financiero. El soporte documental acreditativo del coste imputado en concepto de arrendamiento financiero será el contrato correspondiente, incluidos su cuadro de amortización y los recibos de pago.
f) Documentos justificativos de contabilidad y pago. La acreditación del pago deberá realizarse obligatoriamente mediante los extractos emitidos por la entidad bancaria, acompañados de los justificantes de cada operación donde consten todos los datos identificativos de la misma que permitan comprobar la correspondencia con el gasto realizado.
El justificante del pago material de los gastos imputados conforme a alguno de los siguientes medios:
– En caso de pago por transferencia: Documento acreditativo de la transferencia realizada sellado por la entidad bancaria o la orden de transferencia y su cargo en cuenta, sellado por la entidad bancaria.
– En caso de pago por cheque: Fotocopia del cheque y su cargo en cuenta. Se podrá solicitar sellado por la entidad bancaria.
– En caso de pago por recibo domiciliado: Fotocopia del recibo y su cargo en cuenta, sellado por la entidad bancaria.
– En caso de pagos en efectivo: Recibí firmado y sellado por el proveedor en el que se especifique el número de factura, importe recibido y fecha de pago efectivo, así como copia del asiento contable de la cuenta de caja del citado pago. Deberá incluir la expresión «recibí en metálico» o aportarse certificación de la empresa proveedora que acredite dicho pago en metálico. Se recomienda que no se supere el importe de 300 euros. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones. En particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
– En los casos de pagos masivos, se aportará relación de la remesa que permita identificar el importe individual.
– No se admitirán como justificantes los obtenidos a través de Internet si no están validados por la entidad bancaria. En el caso de que el pago se realice a través o por orden de algún cotitular de la cuenta, se deberá acreditar mediante certificado de la entidad bancaria la titularidad del beneficiario.
9. Plazo y formato de conservación de la documentación. La documentación original del expediente deberá custodiarse durante los cuatro años siguientes a la concesión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 4. del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
10. Terminología de género. De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, todas las denominaciones que, en virtud del principio de economía del lenguaje, se hagan en género masculino, referidas a titulares o miembros de órganos o a colectivos de personas, se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.