Categoría: Administración

tas en la presente ley serán sancionadas del siguiente modo:
a) Las infracciones leves: en su grado mínimo, con multas de 301 a 600 euros; en su grado medio, de 601 a 1.500 euros; y en su grado máximo, de 1.501 a 3.000 euros.
b) Las infracciones graves: con multas, en su grado mínimo, de 3.001 a 6.000 euros; en su grado medio, de 6.001 a 9.000 euros; y en su grado máximo, de 9.001 a 15.000 euros.
c) Las infracciones muy graves: con multas, en su grado mínimo, de 15.001 a 90.000 euros; en su grado medio, de 90.001 a 300.000 euros; y en su grado máximo, de 300.001 a 600.000 euros.
2. Además, las infracciones muy graves en los supuestos de especial gravedad y reincidencia de la infracción podrán sancionarse con la suspensión temporal de la actividad por un máximo de cinco años, siempre que durante dicho período sean subsanadas las deficiencias detectadas, o, en caso contrario, con la clausura de la prestación del servicio o, en su caso, cierre del centro. En este último supuesto, será necesaria nueva autorización administrativa para su funcionamiento.
3. En todo caso, la imposición de las sanciones previstas en esta ley conllevará, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
1. Las sanciones reguladas en la presente ley prescribirán:
a) Al año, las infracciones leves.
b) A los dos años, las infracciones graves.
c) A los tres años, las infracciones muy graves.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
3. La interrupción de la prescripción se producirá por el inicio del procedimiento de ejecución, con el conocimiento de la persona o entidad interesada, volviendo a reanudarse el cómputo del plazo de prescripción cuando esté paralizado, por causa no imputable a la persona o entidad infractora, por más de un mes.
1. Los órganos competentes para acordar el inicio de los procedimientos sancionadores serán las personas titulares de las Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejería competente en materia de salud.
2. Los órganos competentes para resolver el procedimiento sancionador e imponer las sanciones serán:
a) La persona titular de la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería competente en materia de salud cuando se trate de infracciones leves.
b) La persona titular del órgano directivo que tenga atribuidas las competencias en materia de atención temprana de la Consejería competente en materia de salud cuando se trate de infracciones graves.
c) La persona titular de la Consejería competente en materia de salud cuando se trate de infracciones muy graves.
d) El Consejo de Gobierno, cuando las sanciones propuestas sean de cuantía superior a 300.000 euros.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o para evitar situaciones de riesgo para las personas que sea urgente eliminar o paliar, incluidos, si se estimara imprescindibles, el cierre temporal, total o parcial del centro; la suspensión temporal, total o parcial, de la prestación del servicio o de la realización de actividades; o la prohibición temporal de aceptación de nuevas personas usuarias, así como aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes del inicio del procedimiento sancionador, el órgano competente para iniciar o instruir un procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección individual de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
3. Pueden adoptarse las siguientes medidas provisionales:
a) El cierre temporal total o parcial del centro o la suspensión temporal total o parcial de la prestación del servicio o de la realización de actividades, incluyendo en esta última categoría la prohibición de aceptar nuevas personas usuarias.
b) Una prestación de fianza hasta una cuantía equivalente al importe mínimo de la multa que podría corresponder por la comisión de la presunta infracción.
4. Los plazos de cierre y suspensión provisional serán computados como cumplimiento de la sanción, si esta recayese.
5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
Cuando se produzca una amenaza inminente de daño o se haya producido un daño, en el caso de que la persona titular no adopte las medidas preventivas, correctivas, paliativas o reparadoras necesarias, o estas hayan sido insuficientes para que desaparezca la amenaza, para contener o eliminar el daño o evitar mayores daños y efectos adversos, o cuando la gravedad y trascendencia de los eventuales daños producidos así lo aconsejen, la Administración pública competente podrá ejecutar subsidiariamente y a costa del sujeto responsable cuantas medidas preventivas y reparadoras se consideren necesarias.
Las personas mutualistas incluidas en el campo de aplicación de los distintos regímenes especiales de la Seguridad Social, para tener derecho a recibir la prestación de atención temprana por parte del SSPA, en los términos previstos en esta ley, deberán, en su caso, optar por la asistencia en dicho sistema, conforme al procedimiento y periodicidad establecidos por sus respectivas mutualidades.
El Consejo de Atención Infantil Temprana y la Comisión Técnica de Atención Infantil Temprana, creados mediante el Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía, subsistirán tras la entrada en vigor de esta ley.
En el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobará el Plan Integral de Atención Temprana previsto en el artículo 13.
Las Unidades de Atención Infantil Temprana, creadas por el artículo 13 del Decreto 85/2016, de 26 de abril, pasarán a denominarse Unidades de Seguimiento y Neurodesarrollo.
Excepcionalmente, si en la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud no hubiera profesionales sanitarios especialistas en Pediatría, o no existiera personal de plantilla interesado en ocupar las Unidades de Seguimiento y Neurodesarrollo, de forma temporal hasta tanto hubiera disponibilidad de los mismos, se podrá atender lo dispuesto en el artículo 18.4.a) con profesionales con grado en Medicina y especialización en Medicina Familiar y Comunitaria, con objeto de que el servicio de atención infantil temprana no se paralice en ningún momento en beneficio del menor.
Igualmente, una vez que en el Servicio Andaluz de Salud se creara la categoría de Psicología, si en la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud no hubiera profesionales sanitarios especialistas en Psicología Clínica, o no existiera personal de plantilla interesado en ocupar las Unidades de Seguimiento y Neurodesarrollo, de forma temporal hasta tanto hubiera disponibilidad de los mismos, se podrá atender lo dispuesto en el artículo 18.4.b) con profesionales con grado en Psicología o equivalente.
La Consejería competente en materia de salud deberá realizar una evaluación de impacto en la protección de datos de los tratamientos a los que se refiere esta ley, a fin de adoptar medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Dichas medidas deberán en todo caso garantizar la trazabilidad de los accesos y comunicaciones de los datos.
1. Quedan derogados cuantos preceptos y disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
2. En particular, del Decreto 85/2016, de 26 de abril, quedan derogados:
a) Los apartados a), b), c), d) y e) del artículo 3.
b) El artículo 7.
c) La sección 2.ª del capítulo II.
d) El artículo 11.
e) El artículo 12.
f) El apartado 3 del artículo 13.
g) Los apartados 1 y 2 del artículo 14.
h) El apartado 1 del artículo 15.
i) Los apartados 1, 4, 5 y 7 del artículo 17.
j) El artículo 18.
k) El artículo 19.
l) El artículo 20.
m) El apartado 2 del artículo 22.
n) El apartado 4 del artículo 30.
ñ) El artículo 33.
1. En virtud de la potestad reglamentaria prevista en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como en el 44.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo de Gobierno está facultado para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.
2. Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de salud, en el ámbito de sus competencias previstas en esta ley, para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la misma.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
Sevilla, 16 de febrero de 2023.–El Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Cabrera Flores Diez.