Categoría: Judicial

de 27 de septiembre, FJ 5). «Esta sujeción estricta a la ley supone que la libertad de criterio en que estriba la independencia judicial no sea orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e incluso por prejuicios o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del Derecho. En definitiva, la obligación de ser ajeno al litigio puede resumirse en dos reglas: primera, que el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; segunda, que no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en contra (STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 2)» (STC 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3).
b) La imparcialidad judicial comprende dos vertientes: subjetiva y objetiva: En línea con lo anterior, «se viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva, que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del juez con aquellas, y una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el juez se acerca althema decidendisin haber tomado postura en relación con él (así, SSTC 47/2011, de 12 de abril, FJ 9; 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3, o 26/2007, de 12 de febrero, FJ 4)» (STC 133/2014, de 22 de julio, FJ 2).
En el mismo sentido, se destaca que «[j]unto a la dimensión más evidente de la imparcialidad judicial, que es la que se refiere a la ausencia de una relación del juez con las partes que pueda suscitar un interés previo en favorecerlas o perjudicarlas, convive su vertiente objetiva, […] que se dirige a asegurar que los jueces y magistrados que intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni prejuicios que en su ánimo pudieran quizás existir a raíz de una relación o contacto previos con el objeto del proceso» (STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3).
c) La imparcialidad objetiva debe ser ponderada en cada caso concreto: Como «causas significativas de tal posible inclinación previa objetiva» se han considerado la «realización de actos de instrucción, que pueden suponer un contacto con el litigio que dificulte su correcto enjuiciamiento posterior; la adopción de decisiones previas que comporten un juicio anticipado de culpabilidad; o la intervención previa en una instancia anterior del mismo proceso (SSTC 157/1993, de 6 de mayo, FJ 3; 299/1994, de 14 de noviembre, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 151/2000, de 12 de junio, FJ 3; STEDH de 23 de mayo de 1991, casoOberschlick, § 48 a 52) o, más en general, el pronunciamiento sobre los hechos debatidos en un pleito anterior (SSTC 138/1994, de 9 de mayo, FJ 7; 47/1998, de 2 de marzo, FJ 4, y SSTEDH de 7 de julio de 1996, casoFerrantelli y Santangelo, y de 26 de agosto de 1997, casoDe Haan). Debemos subrayar en cualquier caso que ni esta relación de causas de parcialidad objetiva tiene el carácter de cerrada ni la concurrencia de tales supuestos comporta necesariamente tal tacha, cuestión que habrá de analizarse en cada caso a la luz de sus concretas características (SSTC 170/1993, de 27 de mayo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5)» (STC 156/2007, de 2 de julio, FJ 6).
Seguimos diciendo que «[l]a concreción de esta doctrina constitucional se ha producido principalmente al estudiar la incompatibilidad de las facultades de instrucción y de enjuiciamiento, pero sin perder de vista que lo decisivo es el criterio material que anima la apreciación de la pérdida de imparcialidad más que el concreto tipo de actuación judicial del que pretendidamente se derivaría la pérdida de imparcialidad. […] “[l]a determinación de cuáles son las circunstancias específicas que posibilitan en cada caso considerar como objetivamente justificadas las dudas sobre la imparcialidad judicial no está vinculada tanto con una relación nominal de actuaciones o decisiones previas que queden vedadas al juzgador cuanto, especialmente, con la comprobación, en cada supuesto en particular, de si la intervención previa en la que el interesado centra sus dudas ha sido realizada por el órgano judicial teniendo que adoptar una decisión valorando cuestiones sustancialmente idénticas o muy cercanas a aquellas que deben ser objeto de pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo. Y ello porque la imparcialidad trata de garantizar también que el juzgador se mantenga ajeno, específicamente, a la labor de incriminación o inculpación del acusado, aun cuando esta sea solo indiciaria y provisional” […] [d]eben considerarse objetivamente justificadas las dudas sobre la imparcialidad judicial y, por tanto, vulnerado el derecho al juez imparcial, cuando la decisión a la que se pretende vincular la pérdida de imparcialidad se fundamenta en valoraciones que resulten sustancialmente idénticas a las que serían propias de un juicio de fondo sobre la responsabilidad penal, exteriorizando, de este modo, un pronunciamiento anticipado al respecto» (STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3).
d) La imparcialidad judicial se presume: Según la misma doctrina, «aun cuando es cierto que en este ámbito las apariencias son muy importantes […], no basta con que tales dudas o sospechas sobre [la] imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas (SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14 y 16, 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). Por ello la imparcialidad del juez ha de presumirse y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas (SSTC 170/1993, de 27 de mayo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5) y han de fundarse en causas tasadas e interpretadas restrictivamente sin posibilidad de aplicaciones extensivas o analógicas» (STC 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3).
e) El derecho al juez imparcial debe hacerse valer a través del incidente de recusación: El instrumento primordial para preservar el derecho al juez imparcial es la recusación, cuya importancia resulta reforzada si se considera que estamos no solo ante un presupuesto procesal del recurso de amparo por la supuesta vulneración del derecho al juez imparcial, sino que el derecho a recusar se integra, asimismo, en el contenido del derecho a un proceso público con todas las garantías, reconocido en el art. 24.2 CE (STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). Por tanto, la privación de la posibilidad de ejercer la recusación «implica la restricción de una garantía esencial que aparece establecida legalmente con el fin de salvaguardar aquella imparcialidad del juzgador protegida constitucionalmente (SSTC 230/1992, de 14 de diciembre, FJ 4; 282/1993, de 27 de septiembre, FJ 2; 64/1997, de 7 de abril, FJ 3, y 229/2003, 18 de diciembre, FJ 10)» (STC 116/2008, de 13 de octubre, FJ 2).
La STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5, señala que «el derecho a plantear la recusación, inserto, a su vez, en el derecho a la imparcialidad del juzgador, está sujeto a configuración legal (SSTC 32/1994, de 31 de enero, FJ 4, y 137/1994, de 9 de mayo, FJ único) en las normas orgánicas y procesales […]. Pues bien, [esa] exigencia legal de que la recusación se proponga tan luego o tan pronto como se tenga conocimiento de la existencia de la causa que la funde no carece de toda trascendencia constitucional. […] Por ello es lícito que el legislador imponga la carga de impugnar esa idoneidad subjetiva con premura y que, en consecuencia, limite o excluya la posibilidad de la invocación tardía de la causa de recusación cuando esta se dirija, no ya a apartar aliudex suspectusdel conocimiento del proceso, sino a anular lo ya decidido definitivamente por él. Precisamente por ello el art. 223.1 LOPJ requiere, por razones inmanentes al proceso mismo en el que se trata de hacer valer el derecho a la imparcialidad judicial, un obrar diligente de la parte a la hora de plantear la recusación, so pena de verse impedida para hacer valer la causa de recusación como causa de nulidad de la sentencia. Existen, pues, muy poderosas razones para impedir que la alegación de las causas de recusación que traducen dudas sobre la imparcialidad subjetiva de un tribunal se exteriorice una vez conocida la resolución final del proceso desfavorable a los intereses de la parte, cuando esta abrigaba tales dudas con anterioridad a que se emitiera el fallo. Resulta, en consecuencia, constitucionalmente lícita la aplicación de un criterio riguroso a la hora de enjuiciar tanto si la parte obró con diligencia para hacer valer la recusación en un momento anterior a la sentencia, como la realidad de la concurrencia de la causa de recusación que eventualmente se invoque».
f) El incidente de recusación puede ser rechazadoa limine, incluso por el órgano recusado: Aunque la «regla general es […] que el órgano recusado ha de dar curso a la recusación para que sea examinada por un órgano distinto a aquel de quien se sospecha la parcialidad» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 2), eso «no significa […] que en casos muy excepcionales la recusación no pueda rechazarse de plano por el propio órgano recusado, lo que resulta constitucionalmente admisible, a decir de la STC 47/1982, de 12 de julio, cuando se propone por quien no es parte en el proceso o falta alguno de los presupuestos de admisibilidad, tales como que se incumplan los requisitos formales que afectan a la esencia del procedimiento (entre ellos, la extemporaneidad), cuando no se alega la causa en que legítimamente puede fundarse la recusación, o cuando no se establecen los hechos que le sirven de fundamento (FJ 3). […] En el mismo sentido dijimos en la STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 5, que “la inadmisión liminar de la recusación puede sustentarse tanto en la falta de designación de una causa legal de abstención como en su invocación arbitraria” [mientras que] en la ya citada STC 47/1982, de 12 de julio, analizando un supuesto de rechazoa liminede la recusación por los propios recusados, ya admitimos que tal rechazo “puede producirse por incumplimiento de los requisitos formales que afectan a la esencia del procedimiento” (FJ 3), entre los que, a tenor de lo dispuesto en el art. 223.1 LOPJ, ha de incluirse la formulación de la recusación en plazo» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 3). En esta misma resolución se añadía que el rechazo liminar de la recusación puede acordarse cuando «la improcedencia de la recusación […] pueda apreciarse prima facie de modo manifiesto, claro y terminante y, además, que la tramitación ordinaria del incidente pueda causar perjuicios relevantes al proceso principal» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 6). Conviene insistir, siguiendo a la citada STC 140/2004, en que resulta «constitucionalmente lícita la aplicación de un criterio riguroso a la hora de enjuiciar tanto si la parte obró con diligencia para hacer valer la recusación en un momento anterior a la sentencia, como la realidad de la concurrencia de la causa de recusación que eventualmente se invoque» (FJ 5).
6.1.2 Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ya hemos señalado anteriormente que la doctrina de este tribunal es semejante a la que, desde sus primeras resoluciones, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como expresión de una cultura jurídica común en el ámbito europeo. En efecto, aunque se observa alguna diferencia en los criterios de sistematización, tanto el método de análisis como el contenido de su doctrina son esencialmente coincidentes.
Así, en la STEDH de 6 de noviembre de 2018, asuntoOtegi Mondragón c. España, § 52 a 57, con cita de otras anteriores, se realiza una exposición de los principios generales en esta materia que, en lo que ahora interesa, se pueden resumir de la siguiente manera.
a) La imparcialidad judicial comprende dos perspectivas: subjetiva y objetiva. Expone el tribunal europeo que «la existencia de imparcialidad a los efectos del artículo 6.1 [CEDH] debe ser analizada de acuerdo con un criterio subjetivo, teniendo en cuenta las convicciones personales y el comportamiento de un juez en particular, es decir, analizando si el juez se encontraba afectado por cualquier prejuicio personal o predeterminación en relación a un concreto caso; y también de acuerdo con un criterio objetivo, es decir, analizando si el Tribunal en sí mismo y, entre otros aspectos, su composición ofrecían suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima relativa a su imparcialidad (véase, por ejemplo, SSTEDH de 15 de diciembre de 2005, asuntoKyprianou c. Chipre[GC], § 118, y de 15 de octubre de 20009, asuntoMicallef c. Malta[GC], § 93)».
b) Las vertientes subjetiva y objetiva están íntimamente relacionadas: el tribunal reconoce que «no hay una nítida división entre la imparcialidad subjetiva y la objetiva, pues el comportamiento de un juez no solo puede suscitar desconfianzas objetivas sobre su imparcialidad por parte del observador externo –criterio objetivo–, sino también entrañar el análisis de sus convicciones personales: criterio subjetivo (véaseKyprianou, anteriormente citado, § 119). Por ello, en aquellos casos en los que pudiera ser difícil encontrar pruebas en base a las cuales rebatir la presunción de imparcialidad subjetiva de un juez, la exigencia de imparcialidad objetiva proporciona una importante garantía adicional (véasePullar v. Reino Unido, de 10 de junio de 1996, § 32,Informes1996-III)».
c) La imparcialidad judicial se presume: en relación con el criterio subjetivo, el «principio según el cual a un tribunal se le debe presumir carente de prejuicios personales o de parcialidad está reconocido desde antaño por la doctrina de este Tribunal (véaseKyprianou, anteriormente citado, § 119, yMicallef, anteriormente citado, § 94). La imparcialidad personal de un juez debe presumirse mientras no se pruebe lo contrario (véaseHauschildt v. Dinamarca, de 24 de mayo de 1989, § 47, Serie A núm. 154). Respecto del tipo de prueba que se requiere para ello, este tribunal, por ejemplo, requiere que se acredite si el juez ha mostrado hostilidad o animadversión por razones personales (véaseDe Cubber c. Bélgica, de 26 de octubre de 1984, § 25, Serie A núm. 86)».
d) La imparcialidad ha de analizarse en función de las circunstancias del caso concreto: en relación con el criterio objetivo, se deben «analizar los vínculos jerárquicos o de otra naturaleza que existen entre el juez y los otros protagonistas de un procedimiento (ibid. § 97). Por lo tanto, se debe analizar en cada caso concreto si dicho vínculo es de tal naturaleza e intensidad como para implicar una falta de imparcialidad por parte del tribunal (véasePullar, anteriormente citado, § 38)».
e) La importancia de la apariencia de imparcialidad: como es conocido, el tribunal europeo tiene declarado que «las apariencias pueden alcanzar una cierta importancia o, en otras palabras, “la justicia no solo tiene que aplicarse, sino que también debe ser aparente que se administra” (véaseDe Cubber, anteriormente citado, § 26). Lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en los ciudadanos en una sociedad democrática. Por lo tanto, cualquier juez respecto del cual pueda existir un motivo legítimo para temer de su falta de imparcialidad debe abstenerse (véaseCastillo Algar c. España, de 28 de octubre de 1998, § 45,Informes 1998-VIII; yMicallef, anteriormente citado, § 98)».
f) Las dudas sobre la imparcialidad han de estar objetivamente justificadas: finalmente, y en todo caso, «se debe analizar si, con independencia del comportamiento del juez, existen hechos acreditados que pudieran generar dudas sobre su imparcialidad. Esto supone que a la hora de decidir sobre si en un caso concreto hay una razón justificada para temer que un juez en concreto, o un tribunal, carecen de imparcialidad, el punto de vista de la persona afectada es importante pero no decisivo. Lo que es decisivo es determinar si dicho temor puede considerarse objetivamente justificado (véaseMicallef, anteriormente citado, § 96)».
También ha señalado el Tribunal de Estrasburgo que la existencia de procedimientos nacionales destinados a garantizar la imparcialidad, como las normas sobre la recusación de los jueces, es un factor relevante. Tales normas expresan la preocupación del legislador nacional por eliminar cualquier duda razonable sobre la imparcialidad de un juez o un tribunal y constituyen un intento de garantizar la imparcialidad mediante la eliminación de la causa de tales preocupaciones. Además de garantizar la ausencia real de sesgo, su objetivo es eliminar cualquier apariencia de parcialidad reforzando así la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar al público (véaseMicallef c. Malta,§ 99; antes citado, y SSTEDH de 15 de julio de 2005, Mežnarić c. Croacia, § 27; y de 20 de noviembre de 2012,Harabin c. Eslovaquia, §132). El Tribunal tendrá en cuenta estas reglas para apreciar si el tribunal ha sido imparcial y, en particular, si las dudas del demandante pueden considerarse objetivamente justificadas (SSTEDH de 25 de febrero de 1992,Pfeifer et Plankl c. Austria, § 6; de 23 de mayo de 1991,Oberschlick c. Austria–núm. 1–, § 50; y, mutatis mutandis, de 17 de junio de 2003,Pescador Valero c. España, § 24 al 29).
Una vez expuesta la doctrina de este tribunal y del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, procede abordar el análisis de las distintas quejas formuladas en la demanda que, como adelantábamos, comparten su encuadramiento en el derecho al juez imparcial.
6.2 La independencia de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
6.2.1 Posiciones de las partes.
La demanda cuestiona la imparcialidad de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que llevaron a cabo la investigación y el enjuiciamiento de los hechos en esta causa especial poniendo en duda la independencia del Consejo General del Poder Judicial, órgano que tiene encomendada la designación de la cúspide judicial española. Aducen los recurrentes que el sistema de designación de sus vocales, según el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, resulta insuficiente para garantizar su independencia. Agrega que son innumerables y notorias las informaciones públicas sobre el control e injerencia en la cúpula del poder judicial por parte de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial o del Gobierno, amén de las vinculaciones entre la Fiscalía General del Estado con el tribunal sentenciador, presidido por quien ha sido calificado «como hombre de confianza del PP».
El abogado del Estado rechaza esta queja con remisión los argumentos ofrecidos en el fundamento jurídico 5.5.1 de la sentencia impugnada, mientras que el partido político Vox contesta genéricamente a las alegaciones de quebranto del derecho al proceso debido, indicando que los recurrentes solo fundan esas supuestas vulneraciones en valoraciones subjetivas e interesadas que son meramente «una versión distinta de la expresada en la sentencia impugnada».
El Ministerio Fiscal considera que el motivo debe rechazarse por su notoria falta de fundamento, ya que «entremezcla la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, esto es, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados», con el sistema de designación de los distintos jueces y magistrados, «cuando ambos son absolutamente dispares», para sugerir una falta de independencia no probada.
6.2.2 Respuesta del órgano judicial.
Esta queja recibió una primera respuesta en el auto núm. 3/2018, 13 de septiembre, de la Sala del art. 61 LOPJ, que se reiteró en el auto núm. 7/2018, 5 de diciembre, de la misma sala especial. Posteriormente, la sentencia recurrida en amparo se refiere expresamente a ella en su fundamento de Derecho A), apartado 5.5.1.
a) El auto núm. 3/2018, 13 de septiembre, de la Sala del art. 61 LOPJ, dedica el fundamento de Derecho Décimo a la recusación fundada en «la pretendida politización de la justicia española y, en especial, de este Tribunal Supremo; sobre la naturaleza política de los hechos subyacentes a esta causa; y sobre la enorme repercusión mediática que tales hechos han tenido». Razona lo que sigue:
«Ninguna de esas consideraciones sirve para justificar la afirmación de que los magistrados recusados carecen de imparcialidad para juzgar la causa especial 20907/2017, fundamentalmente porque se trata de consideraciones puramente genéricas que en ningún momento se refieren a rasgos y comportamientos de los concretos magistrados recusados. Tratan, más bien, de transmitir una imagen global del Tribunal Supremo, dando a entender que no es el foro idóneo para que se celebre y decida un proceso penal como este con las debidas garantías. Pues bien, la mera constatación de que –al margen de los tres argumentos principales ya examinados– ninguna de las consideraciones de los recusantes se refiere específicamente a los magistrados recusados es razón suficiente para rechazarlas: la recusación debe apoyarse en circunstancias, debidamente acreditadas, que concurran en el concreto juez o magistrado recusado.
Una vez sentado lo anterior, esta Sala considera que todas esas consideraciones de los recusantes, además de genéricas, carecen de justificación y buscan tan solo empañar la honorabilidad de la justicia española. Así, sin ánimo de entrar en polémica, sí es preciso señalar que el informe de 15 de enero de 2014, en que se apoya la pretendida politización de este Tribunal Supremo, carece de fuerza normativa y desde luego, no constituye una condena formal por parte de una institución supranacional del derecho y la práctica españolas en materia de nombramientos para altos cargos judiciales. Es más: cualquiera que sea la opinión que a cada uno merezca el modo en que se designa a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el modo que este órgano constitucional desempeña su función de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, es lo cierto que –como sabe cualquier persona con un mínimo conocimiento de la experiencia comparada en la materia– los nombramientos de altos cargos judiciales suelen hacerse con participación de órganos no ajenos a la política, cuando no directamente por ellos. Así sucede con multitud de tribunales supremos, constitucionales y supranacionales del mundo liberal-democrático. Baste un ejemplo, entre otros muchos posibles: el art. 22 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al regular el modo de designación de los jueces del Tribunal de Estrasburgo, dispone que “serán elegidos por la asamblea parlamentaria en razón de cada alta parte contratante, por mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada por esa alta parte contratante”. En pocas palabras, son propuestos y elegidos por políticos en activo –ni siquiera por un órgano que, como el Consejo General del Poder Judicial, es a su vez elegido en sede política– sin que nadie piense que por esa razón queda en entredicho su imparcialidad.
Y en cuanto a la naturaleza política de los objetivos políticos en que se enmarcan los hechos enjuiciados en esta causa y la enorme repercusión política de los mismos, es evidente que no pueden achacarse a los magistrados recusados ni a este Tribunal Supremo. El conocimiento general de hechos que tienen un vital interés para el conjunto de la sociedad no puede implicar que quepa recusar a los jueces y magistrados simplemente por conocer esos hechos: nadie mínimamente informado los ignora. Y que alguien busque un objetivo político, como es la secesión de Cataluña, no excluye que pueda cometer delitos graves para alcanzar tal fin. Sobre ello únicamente versa esta causa, no sobre objetivos políticos».
b) Ante la reiteración de la recusación de que se trata, el auto núm. 7/2018, 5 de diciembre, también de la Sala del art. 61 LOPJ, señaló en su fundamento de Derecho Tercero:
«Estos argumentos no pueden ser atendidos en la medida en que no se relacionan con una causa concreta de recusación y son, en realidad, una reiteración de los expuestos en las anteriores recusaciones resueltas por esta Sala en el Auto de 13 de septiembre de 2018 (Causa 5/2018). Estas consideraciones –que traslucen la idea de que todo el sistema, en su conjunto, plantea dudas de imparcialidad– ya fueron tratadas anteriormente y solo cabe examinar el motivo de recusación que surge, para las partes recusantes, del hecho nuevo consistente en las “negociaciones” y acuerdo entre partidos políticos para la cobertura de la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Excmo. Sr. don Manuel Garrido Nieto y del mensaje de whatsapp citado».
c) Finalmente, la sentencia recurrida en amparo dedica a esta materia el apartado 5.5.1 del fundamento de Derecho A). Tras describir el enunciado de la queja como «una descalificación en cascada que toma como punto de partida una censura genérica de la capacidad del Tribunal Supremo para investigar y enjuiciar unos hechos sin interferencias del poder político», rechaza la misma con base en las siguientes consideraciones:
«La Sala no puede identificarse con ese razonamiento.
La duda sobre la imparcialidad de los magistrados que integran un órgano de enjuiciamiento no puede construirse a partir de una reflexión genérica acerca de lo que las defensas llaman la politización de la justicia. Una politización que no detectan, sin embargo, en los órganos de la administración de justicia del territorio de la comunidad autónoma de Cataluña, cuya cúpula, por cierto, está sometida al mismo régimen de nombramiento que los magistrados del Tribunal Supremo. Una politización, en fin, que no se objeta cuando es la Ley de transitoriedad y fundacional de la república catalana la que proclama un régimen de actuación coordinada entre el gobierno de la Generalitat y los tribunales de justicia, o cuando somete a una reválida de identificación con el proceso secesionista a aquellos Jueces que no lleven más de tres años ejerciendo función jurisdiccional en Cataluña.
Sea como fuere, el examen de los modelos comparados permite extraer algunas conclusiones acerca del efecto contaminante que los recusantes atribuyen al sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial español, con la negativa repercusión que ello produciría en la imparcialidad de jueces y magistrados. En efecto, prescindiendo de aquellos sistemas en los que no existe Consejo de Gobierno y es el propio ministro de Justicia quien designa y valora las infracciones disciplinarias de los jueces, los países de nuestro entorno conocen una participación, más o menos directa, del poder político en el nombramiento de los integrantes del órgano de gobierno del poder judicial.
La tesis sostenida por los promoventes de la recusación conduciría de forma inexorable a la genérica descalificación de la justicia belga –el Senado en Bélgica designa a 22 de los vocales del Conseil Supérieur de la Justicie–; o de la justicia portuguesa –los jueces son minoría y la designación de 9 de los vocales del Conselho Supeior da Magistratura se reparte entre el presidente de la República y el Senado–. También debería llevar a la estigmatización del modelo de gobierno de la justicia francesa –los fiscales forman parte del Conseil Supérieur de la Magistrature, su modelo es fuertemente gubernamentalizado y los presidentes de la República, la Asamblea Nacional y el Senado designan a seis de sus miembros–. Lo mismo podría sostenerse respecto de la justicia italiana, en la que el Consiglio Superiore della Magistratura está integrado por 27 miembros, de los que 8 son nombrados por el Parlament en una sesión conjunta. La presidencia corresponde al presidente de la República y también se integran por razón del cargo el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general.
La misma sinrazón llevaría a concluir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, creado para hacer realidad las previsiones del Convenio de Roma de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Públicas, suscrito en Roma el 4 de noviembre de 1950, habría nacido lastrado por su origen. En efecto, el art. 22 del citado Convenio, al regular el modo de designación de los jueces del Tribunal de Estrasburgo, dispone que “serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de cada alta parte contratante, por mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada por esa alta parte contratante”. En pocas palabras, son propuestos y elegidos por políticos en activo sin que nadie pueda sostener que por esa razón queda en entredicho su imparcialidad.
El sistema constitucional español es tan mejorable como cualquier otro de los modelos comparados. Pero es más que evidente que la participación activa del Congreso y del Senado en la designación de 8 de los 20 vocales que lo integran no puede conducir a la descalificación, por su falta de imparcialidad, del presidente y de los magistrados que componen la Sala Segunda del Tribunal Supremo y que resultan llamados al enjuiciamiento de hechos calificados por el fiscal como delictivos y que la acusación atribuye a responsables políticos».
6.2.3 Resolución de la queja.
El ejercicio de la función jurisdiccional por el Tribunal Supremo no puede ser razonablemente puesto en entredicho.
Como viene a señalar el órgano judicial, la crítica efectuada por los recurrentes del sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de los magistrados del Tribunal Supremo y hasta de los de este Tribunal Constitucional, no puede erigirse en una causa de recusación general que impida el funcionamiento de estos órganos constitucionales del Estado.
Procede, no obstante, hacer las siguientes observaciones:
a) Desde la perspectiva de la independencia judicial, nuestra doctrina distingue, por un lado, «entre la independencia del Poder Judicial respecto del resto de poderes del Estado, y por otro la independencia de cada uno de los jueces y magistrados en ejercicio de su función jurisdiccional. Cuando se hace referencia a la independencia como elemento integrante del estatuto de jueces y magistrados estamos hablando de esta última» (STC 238/2012, de 13 de diciembre, FJ 7).
Si bien es este último aspecto –el referido al estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo– el que ahora nos interesa, conviene recordar que el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, diseñado por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, fue avalado por este tribunal en la STC 108/1986, de 29 de julio. El modo nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, por mayoría cualificada de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (art. 127 LOPJ tras reforma operada por la Ley Orgánica 2/2004, de 28 de diciembre), también fue declarado conforme con la independencia judicial que garantizan, desde diversas perspectivas, los arts. 103.3, 117, 122 y 127 CE (STC 238/2012, de 13 de diciembre).
En todo caso, no ha sido cuestionado que la estructura y funcionamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el estatuto de los magistrados que la integran quebranten o no satisfagan las exigencias constitucionales de independencia.
b) Desde el plano de la imparcialidad, en sentido estricto, la queja resulta inasumible en cuanto constituye una tacha puramente genérica. La crítica que hace la parte recurrente se funda en su propia valoración negativa del sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y no especifica una causa de recusación, no individualiza a los magistrados a los que afecta la denunciada merma de la imparcialidad, ni se apoya en hechos concretos que atañan a los citados magistrados.
Como hemos señalado, la imparcialidad judicial se presume y las causas de recusación han de ser interpretadas restrictivamente, lo que implica la exigencia de que se aporte un principio de prueba del que se pueda derivar una duda objetiva y razonable sobre la causa de recusación invocada. Aunque en esta materia son importantes las apariencias, la imparcialidad del órgano jurisdiccional no puede pender de una mera opinión, como expresada por los recurrentes, que atañe además a un factor externo a los propios magistrados del Tribunal Supremo recusados, como es la designación de los vocales que tienen legalmente encomendado proponer su nombramiento.
6.3. La imparcialidad del magistrado instructor.
6.3.1 Posiciones de las partes.
La demanda cuestiona, en primer lugar, la imparcialidad del magistrado instructor de la causa. Se alega que se posicionó como víctima de los hechos, al referirse en el auto de 21 de marzo de 2018 a «la estrategia que sufrimos», así como al acordar la protección de la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, señora Del Toro. Añade que el instructor introdujo valoraciones y posicionamientos políticos en distintas resoluciones, (por ejemplo en los autos de 9 de noviembre de 2017 y 21de marzo de 2018), que utilizó criterios de oportunidad política para acordar la prisión provisional de los demandantes, y cuando resolvió retirar las euroórdenes por el delito de rebelión, ante el rechazo de la entrega del señor Puigdemont por parte de las autoridades alemanas. Además, utilizó una estrategia procesalad hocpara la investigación y enjuiciamiento de los presentes hechos, que dio lugar a la creación de procedimientos paralelos para así propiciar una instrucción fragmentada y practicada a espaldas de las defensas personadas, con lesión de los derechos de estas, e impuso criterios de tramitación desigual tendentes a restringir el derecho de defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías, al acordar la inadmisión de recursos planteados por las defensas con base en una inexiste extemporaneidad que trajo causa del erróneo cómputo de los plazos procesales, mientras que, en otras ocasiones, los recursos de las acusaciones sí fueron admitidos a trámite con base en criterios de cómputo más beneficiosos. En síntesis, para los demandantes, la explicación lógica del proceder del magistrado instructor es la existencia de un interés directo o indirecto sobre el fondo del procedimiento.
La abogacía del Estado opone las razones dadas en el auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2018 que rechaza la recusación y en el auto del magistrado instructor 6 de junio de 2018. Excluye también que el instructor introdujera valoraciones y posicionamientos políticos en distintas resoluciones (por ejemplo, en los autos de 9 de noviembre de 2017 y de 21 de marzo de 2018), llevando a cabo un análisis subjetivo de la situación política acaecida en los últimos años en Cataluña. A su juicio, la demanda incumple la carga argumental y probatoria con una alegación genérica sin sustento fáctico. En relación con las medidas cautelares de prisión provisional, además de remitirse a lo resuelto por este tribunal en los amparos interpuestos por los recurrentes contra los autos de prisión, señala que la STC 22/2020, de 13 de febrero, FJ 10, resolviendo una queja similar, recuerda que «no es propio de la jurisdicción de este tribunal revisar los juicios de intenciones que las partes realizan acerca de eventuales motivaciones ocultas que, en su particular opinión, pueden explicar las resoluciones judiciales impugnadas más allá de lo que se exterioriza en la fundamentación jurídica de estas». En lo relativo a la retirada de las eurórdenes, señala que el instructor se limitó a cumplir el art. 299 LECrim y razona en sus autos con argumentos jurídicos referidos a la normativa de la orden europea de detención y entrega. Finalmente, descarta que se haya desarrollado una estrategia instructora con sesgo autoritario y, por genérica, la alegación de que el instructor impuso criterios desiguales en la tramitación procesal.
El partido político Vox indica, con carácter general, que la parte recurrente no ha justificado las razones de esta supuesta vulneración del derecho al juez imparcial, y el Ministerio Fiscal, tras reproducir la respuesta dada en la sentencia impugnada a esta queja, recuerda que se trata de un motivo ya esgrimido en otros recursos de amparo de la causa especial núm. 20907-2017, y que ha sido rechazado.
6.3.2 Respuesta del órgano judicial.
Esta queja recibió una respuesta en el auto del magistrado instructor de la causa especial de 6 de junio de 2018 que inadmitió a trámite el incidente de recusación formulado por la defensa de la doña Carmen Moya. A esta resolución siguieron la providencia de 12 de junio de 2018, por la que se inadmitió a trámite el recurso de reforma interpuesto contra el citado auto de 6 de junio; la providencia de 28 de junio de 2018, por la que se inadmitió a trámite el recurso de reforma contra la providencia anterior de 12 de junio; y, finalmente, el auto de 4 de julio de 2018, por el que también se inadmitió a trámite el incidente de nulidad interpuesto contra el auto citado en primer lugar de 6 de junio de 2018.
La STC 20/2019, de 12 de febrero, acordó inadmitir, asimismo, el recurso de amparo presentado por la señora Forcadell contra dichas resoluciones judiciales, al concluir que, «dado el momento procesal en el que se ha planteado la demanda, en el que permanecía abierto un cauce procesal legalmente pertinente en el que dilucidar las cuestiones en la vía judicial», «las vulneraciones alegadas han sido planteadas de forma prematura en el proceso de amparo, lo que justifica su inadmisión a trámite» (FJ 3).
Siguiendo un orden cronológico, cabe distinguir tres hitos principales:
a) Mediante providencia de 7 de mayo de 2018, el magistrado instructor acordó practicar la declaración testifical de la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, fijando para ello el 16 de mayo siguiente. El día señalado para la práctica de la declaración, con carácter previo al comienzo de la misma, el citado magistrado dictó una resoluciónin voce, posteriormente documentada en forma de auto, razonando la aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, evitando la identificación visual de la testigo.
El citado auto, tras afirmar la relevancia del testimonio, señala lo que sigue:
«[L]a identificación física del testigo o el reconocimiento visual de quién es la persona concreta que declara, no es un elemento que resulte preciso para que las defensas puedan constatar si la declarante pudo estar o no presente en el lugar de los hechos y evaluar con ello la credibilidad del testimonio, sino que su visualización se centra en el interés que las propias defensas expresan, esto es, poder percibir una expresión corporal que puede servir o coadyuvar en la evaluación subjetiva de la credibilidad del contenido de su relato.
Y a este interés, inherente a la exigencia de inmediación que rige el proceso penal, se enfrenta al riesgo que el Ministerio Fiscal apunta con su petición, y que los artículos 1 y 2 de la LO 19/1994 recogen como una excepción al contacto visual que normalmente acompaña a la realización de la prueba en presencia de las partes.
Constante la instrucción de esta causa, la divulgación pública del domicilio y del aspecto fisonómico de determinados funcionarios vinculados a la administración de justicia y al esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan, concretamente de varios jueces y fiscales, ha disparado actuaciones de amenazas o de acoso en su espacio de vida personal y familiar, que han justificado una custodia policial y que en modo alguno pueden entenderse inherentes a la función pública que desempeñan y asumirse en un Estado de Derecho.
Y aunque es evidente que una declaración testifical en fase instructora va acompañada de un deber de reserva que tutelaría que la imagen de la declarante pueda desvelarse y difundirse […], no puede descartarse que una actuación individual y aislada que captara la imagen de la declaración y la divulgara públicamente con posterioridad, bastaría para introducir un grave riesgo personal y familiar en la testigo que, por las razones anteriormente expuestas, no se justifica en la fase procesal en la que nos encontramos.
Debe tenerse en cuenta, además, que en declaraciones anteriores abordadas en este proceso, se constató que el contenido de las intervenciones de distintos testigos y encausados era replicado en el exterior de manera simultánea a que se realizaran las manifestaciones, lo que no solo motivó la advertencia por parte del instructor, sino que hubiera de habilitarse para las sesiones siguientes un inhibidor de frecuencia que inutilizó la operatividad de los medios telemáticos que pudieran introducirse en la sala y que resultó exitoso. En ese contexto la posibilidad de una captura no autorizada de imágenes no resulta desgraciadamente gratuita, con los riesgos que su difusión puede introducir para la testigo, en atención a su función pública y considerando los precedentes que se han referido».
El auto anterior fue objeto de recurso de reforma por varias de las defensas, recurso al que se adhirió la de los ahora recurrentes. El recurso fue desestimado por auto de 5 de julio de 2018.
b) Con fecha 31 de mayo de 2018, la representación procesal de la señora Forcadell presentó escrito solicitando la abstención o, en su caso, la recusación del magistrado instructor por haber manifestado criterios subjetivos y personales a lo largo del procedimiento. Concretamente, se aducía que al adoptar oralmente la decisión de proteger en su declaración testifical a la letrada de la administración de justicia, el citado magistrado manifestó su propia vivencia en relación con la divulgación de la dirección de sus residencias y de su imagen, así como en lo relativo a la necesidad de ir acompañado de cuatro escoltas, lo cual, a juicio de la recusante, suponía que el instructor se situó como víctima de los hechos objeto del procedimiento. También se hacía referencia a otros episodios procesales que habrían sido indicativos de este mismo posicionamiento por parte del instructor, destacándose, entre ellos, el empleo de la expresión «la estrategia que sufrimos» en el auto de procesamiento de fecha 21 de marzo de 2018.
Como se ha adelantado, el incidente de recusación fue inadmitido por auto del 6 de junio de 2018 por considerarlo extemporáneo. El citado auto argumenta lo que sigue:
«[E]l escrito de recusación no identifica ninguna actuación, ninguna opinión, o ninguna manifestación personal del instructor que preste apoyo a lo que se afirma, algo que resulta particularmente llamativo si se considera que quien resuelve ha ejercido una larga actividad profesional de veinticinco años en Cataluña y ha desempeñado responsabilidades públicas e institucionales que, de ser como se afirma, hubieran permitido aportar alguna manifestación de pensamiento o alguna actitud que fuera reflejo del prejuicio que se reprocha». […]
«[E]l recurso tergiversa las razones con las que se argumentó procesalmente la decisión. En el auto que resuelve la cuestión, de fecha 16 de mayo de 2018, se expresa que son varios los jueces y fiscales que ejercen en Cataluña y que han precisado protección policial con ocasión de la difusión pública de su imagen o de la ubicación de su domicilio, y se añade que durante la instrucción de este procedimiento se habían producido varios episodios de captación del sonido (al menos), correspondiente a las declaraciones que –a puerta cerrada– habían prestado los investigados o testigos, así como la circunstancia de que estas declaraciones se habían radiado al exterior mientras se producían, lo que había obligado a instalar un instrumento electrónico para la inhibición de señal de aparatos con conexión telefónica que pudieran ubicarse en la sala de audiencias. Se añadía que ni el conocimiento del domicilio de la testigo, ni su visualización corporal, aportaban o fortalecían una determinada vía de descargo para los procesados, dado que las defensas no habían sustentado que la adopción de las medidas de protección que se debatían pudieran restringir su estrategia de defensa, habiéndose limitado a afirmar que la falta de contacto visual les impedía observar la expresión física que acompañara a la declaración y, con ello, conformarse una idea de la verosimilitud del testimonio. Y se completaba la resolución recordando que el artículo 3 de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos, expresamente recoge que: “Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial cuidarán de evitar que a los testigos o peritos se les hagan fotografías”. Y desde luego, se tergiversa cuando se dice que el instructor evidenció un subjetivismo personal en las explicaciones orales que se adelantaron al auto, pues el comentario al que hace referencia la recusación reflejaba que el riesgo que trataba de prevenirse no era irreal, y se constata que las declaraciones en modo alguno sugieren que el instructor pueda conducirse con prejuicios contra el pensamiento político que puedan tener los investigados, pues el discurso de este instructor (que la recusante transcribe literalmente en su escrito), ni expresa el origen de las amenazas, ni refleja que pudiera proceder de un determinado sector ideológico.
En todo caso, lo que se analiza ahora es si la recusación se formuló en el plazo legalmente previsto, pudiéndose concluir que la referencia al acto procesal desarrollado el día 16 de mayo del año en curso, no es sino un mecanismo para defraudar el cómputo del plazo fijado por el legislador. Por más que la procesada expresa que fue esta concreta actuación judicial la que le evidenció la ausencia de imparcialidad del instructor, lo cierto es que enumera una larga lista de actuaciones procesales anteriores que le permiten confirmar esa convicción. En ese contexto, no puede la recusante argüir que es la última actuación procesal (la del 16 de mayo), la que completa el cuadro indiciario que permite apreciar la concurrencia de la causa de recusación que ahora esgrime y que, por tanto, no pudo denunciarlo con anterioridad. Ello es así porque muchos de estos actos procesales anteriores ya fueron denunciados por los encausados (de los que se dio traslado a la recusante) y, algunos, por su propia representación en el escrito de 27 de marzo de 2018, mediante el que recurrió en reforma el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018 (desestimado por auto de 9 de mayo de 2018)».
c) Posteriormente, la sentencia recurrida en amparo, en su fundamento de Derecho A), apartado 5.5.2, se refiere a la recusación del magistrado instructor fundada en la expresión «la estrategia que sufrimos». Rechaza la misma por remisión a lo dicho por la sala de recursos en el auto de 18 de junio de 2018, por el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto por otro procesado, el señores Sànchez Picanyol, contra el auto de 12 de abril de 2018, por el que se le denegó la libertad interesada. Más en concreto, señala que la «queja […] desenfoca y descontextualiza el sentido de las expresiones utilizadas por el magistrado instructor, tiñendo así de falta de imparcialidad lo que ha de ser entendido como una percepción generalizada de la forma en que se fueron desarrollando los acontecimientos en Cataluña, con ocasión de exponer el instructor el desarrollo de la estrategia secesionista que se recogía en el libro blanco que era objeto de explicación y comentario en la resolución recurrida». La expresión controvertida «ha de entenderse como la expresión de la incomodidad o desazón que generaba la repetición de noticias e imágenes que cualquier ciudadano podía percibir a diferentes horas del día relacionadas con la evolución del llamado procés y a las incidencias que en el día a día se iban produciendo. […] Sin embargo, una referencia incidental de esa índole en la redacción de una resolución judicial nada tiene que ver con una posible pérdida de imparcialidad a la hora de adoptar una decisión sobre el caso. Atribuir a una expresión de esa naturaleza las connotaciones propias de un signo revelador de pérdida de imparcialidad nos llevaría a unas consecuencias tan desmesuradas y distorsionadas que haría muy difícil celebrar un juicio o realizar una investigación en el ámbito judicial. Pues, de aplicarse los baremos que postula la defensa para valorar que existe una pérdida de imparcialidad, habría que anular todos aquellos procedimientos en los que la actitud poco comedida o desabrida de un acusado, o simplemente la pesadez o el incordio de uno de los protagonistas de un juicio, generara un estado de desazón o una sensación de molestia o de incomodidad en el juzgador que pudiera afectar a su grado de imparcialidad a la hora de enjuiciar un caso». Para el Tribunal Supremo, estos razonamientos permiten descartar la vulneración del derecho al juez imparcial por parte del magistrado instructor.
6.3.3 Resolución de la queja.
La queja incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) LOTC, y con el art. 223.1 LOPJ, cuando señala que la recusación «deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite».
Al respecto, hemos de recordar que el examen de los motivos que integran la demanda de amparo requiere, conforme al art. 44.1 c) LOTC, que «se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello». La finalidad de esta norma es la de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo (por todas, SSTC 42/2010, de 26 de julio, FJ 2; 91/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 2). Este elemento teleológico ha guiado la interpretación de este requisito y el contenido mínimo de la invocación para que pueda consider