Categoría: Administración

La Constitución en su artículo 132.2 establece que son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y de la plataforma continental. Asimismo, el artículo 149.1.23.ª establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece en su artículo 10.31 que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco adoptó, en su reunión del día 16 de diciembre de 2024, el Acuerdo de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ordenación y gestión del litoral, que se eleva al Gobierno para su aprobación mediante real decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 2024,
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ordenación y gestión del litoral, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su reunión del día 16 de diciembre de 2024 y que se transcribe como anexo de este real decreto.
En consecuencia, quedan traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de ordenación y gestión del litoral, según figura en el Acuerdo de la Comisión Mixta y en los términos y condiciones que allí se especifican.
El traspaso será efectivo a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta.
Este real decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco», adquiriendo vigencia el día de su publicación.
Dado en Madrid, el 23 de diciembre de 2024.
Don Jorge Hernández Giménez y doña Begoña Guerrero de Eulate González, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco,
Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día 16 de diciembre de 2024 se adoptó el Acuerdo de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ordenación y gestión del litoral, en los términos que a continuación se expresan:
A) Referencia a las normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara el traspaso.
La Constitución en su artículo 132.2 establece que son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y de la plataforma continental. Asimismo, el artículo 149.1.23.ª establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece en su artículo 10.31 que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede formalizar el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ordenación y gestión del litoral.
B) Funciones y servicios de la Administración del Estado que se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre en el litoral del País Vasco, respetando el régimen jurídico vigente, las siguientes funciones y servicios que, en el ámbito de la administración, la inspección y la potestad sancionadora, viene desempeñando la Administración General del Estado:
1. En relación con las autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territorial (zonas de fondeo, pantalanes flotantes y usos análogos); con las autorizaciones de actividades en las que concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad; y con las autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles:
a) Su gestión y otorgamiento.
b) Su vigilancia y la tramitación e imposición de las sanciones que correspondan, así como la recaudación de las multas, en lo que se refiere al incumplimiento de los términos en que fueron otorgadas.
2. La gestión y otorgamiento de autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar, así como la vigilancia y tramitación, imposición y recaudación de las sanciones que corresponda, en lo que se refiere al incumplimiento de los términos en que fueron otorgadas.
3. La gestión de las concesiones demaniales a las que se refiere el artículo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que incluye, en todo caso, su otorgamiento, renovación, prórroga, modificación y extinción. Dichas concesiones son las siguientes:
a) Las requeridas para efectuar vertidos al dominio público marítimo-terrestre y las de ocupación del dominio público marítimo-terrestre exigidas para las explotaciones de acuicultura.
b) Las que amparan usos especialmente intensos, rentables o peligrosos, así como los privativos, con obras o instalaciones desmontables que por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias requieran un plazo de ocupación superior a cuatro años.
c) Las concesiones amparadas por otra concesión de explotación de recursos mineros o energéticos.
d) Las que amparen usos especialmente intensos, rentables o peligrosos, así como los privativos, con obras o instalaciones no desmontables. Igualmente, las concesiones que posibiliten la ejecución de obras fijas en el mar y aquéllas que amparen las instalaciones marítimas menores en el dominio público marítimo-terrestre, tales como embarcaderos, pantalanes, varaderos, etc., que no formen parte de un puerto o estén adscritas al mismo.
4. La vigilancia, tramitación e imposición de las sanciones que correspondan, así como la recaudación de las multas, en lo que se refiere al incumplimiento de las condiciones de otorgamiento de las concesiones demaniales mencionadas en el artículo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
5. La gestión del registro de concesiones en dominio público marítimo-terrestre en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
6. La emisión del informe previo al rescate de las concesiones demaniales cuando, por razones de interés general, sea competencia de la Administración General del Estado el ejercicio de esta función.
7. Planificación, elaboración y aprobación de proyectos, gestión y ejecución de obras y actuaciones que no sean de interés general.
C) Funciones y servicios que se reserva la Administración del Estado.
1. La Administración General del Estado se reserva las funciones de fijar el importe de los cánones por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre y de ejercer la titularidad sobre los derechos económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de la competencia del País Vasco para establecer otros cánones por explotación de actividad.
El Estado recaudará el importe de los cánones para la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre y la Comunidad Autónoma del País Vasco recaudará, en su caso, los otros gravámenes para la explotación de la actividad que se puedan establecer, sin perjuicio de que ambas partes acuerden mecanismos para facilitar esta gestión a los usuarios.
2. La Administración General del Estado se reserva la función de rescate de las concesiones demaniales cuando la presencia de una razón de interés general vinculada a su ámbito de competencias así lo exija.
3. La Administración General del Estado se reserva el ejercicio de la potestad sancionadora derivada de la titularidad estatal del dominio público marítimo terrestre que no se refiera a las infracciones por incumplimiento de los títulos cuya gestión corresponda a la Comunidad Autónoma del País Vasco según lo previsto en los apartados B).1, B).2 y B).3.
D) Funciones concurrentes de la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco y formas de cooperación.
1. En lo que se refiere a la utilización y gestión del dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de su titularidad, o de ampliación o modificación de los existentes, la Comunidad Autónoma del País Vasco informará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acerca del interés y objetivo de la adscripción.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plazo de dos meses emitirá un informe de adscripción en el que se pronunciará sobre la integridad del dominio público marítimo-terrestre, la prevención medioambiental o la garantía de uso público. Dicho informe será vinculante en cuanto a la delimitación del dominio público marítimo-terrestre susceptible de adscripción, usos previstos y medidas necesarias para la protección del dominio público. En ausencia de informe en el plazo señalado, se proseguirá la tramitación del expediente. En caso de discrepancia entre ambas Administraciones, se abrirá un periodo de consultas con el fin de llegar a un acuerdo.
2. En lo que se refiere a los informes que, relativos al cumplimiento del régimen general del dominio público marítimo-terrestre (integridad física y garantía de libre acceso para los usos comunes), debe emitir la Administración General del Estado en relación con los planes y normas de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico, y su modificación y revisión, incluyendo los planes especiales de ordenación de fachada marítima y los planes que desarrollan el sistema portuario, en el caso de que dicho informe no sea favorable, se abrirá un período de consultas entre ambas Administraciones a fin de llegar a un acuerdo.
3. En lo que se refiere a las concesiones demaniales reguladas en el artículo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la Comunidad Autónoma del País Vasco notificará a la Administración General del Estado cada solicitud en tramitación para que, en el plazo máximo de dos meses, emita por escrito su criterio en relación con la garantía de la integridad física y del uso público del dominio público marítimo-terrestre. En caso de discrepancia entre ambas Administraciones, se abrirá un período de consultas a fin de llegar a un acuerdo durante un periodo máximo de un mes desde que la discrepancia se ponga de manifiesto.
4. En el aspecto funcional se podrán arbitrar fórmulas de colaboración para el mejor cumplimiento de las funciones de ambas Administraciones, sin perjuicio de las respectivas competencias, y, en particular, en relación con el ejercicio de las potestades sancionadoras de las respectivas Administraciones.
5. En materia de inversiones en obras de interés general situadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Autónoma participará en la forma siguiente:
a) La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma crearán, antes de la fecha de efectividad de este Acuerdo de traspaso, una Comisión bipartita que tendrá, además de las que se puedan acordar por la propia Comisión, las siguientes funciones:
– La participación a través de la facultad de propuesta o informe, en la planificación y programación de las obras que hayan sido previamente declaradas de interés general.
– La participación, a través de la facultad de propuesta o informe, en la incorporación al anexo de inversiones del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de cada año, de las obras de interés general.
b) La Comunidad Autónoma del País Vasco participará, a través de la facultad de propuesta o informe, en la tramitación de los proyectos a realizar por la Administración General del Estado de obras de interés general a que se refiere el artículo 111 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En este sentido durante la tramitación del procedimiento se recabará informe de la Comunidad Autónoma conforme a lo previsto en el artículo 98 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
c) Para la ejecución de las obras de interés general, señaladas en el apartado anterior, se solicitará informe a la Comunidad Autónoma para que en el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad de la obra con los instrumentos de planificación del territorio, cualquiera que sea su denominación y ámbito, que afecten al litoral, y con el planeamiento urbanístico en vigor, conforme a lo previsto en el artículo 111.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
6. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán colaborar mediante los oportunos convenios en el desarrollo del estudio, ejecución y gestión de obras que sean competencia de ambas Administraciones.
7. La Comunidad Autónoma del País Vasco proporcionará a la Administración General del Estado los datos relativos a concesiones y autorizaciones del dominio público marítimo-terrestre que otorgue.
8. Al objeto de garantizar la adecuada cooperación se crea una Comisión de Seguimiento del traspaso, de composición paritaria y constituida por seis miembros: tres designados por la Administración del Estado y tres por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La Comisión promoverá la colaboración en el ámbito de la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre y, en su caso, de la cooperación transfronteriza al respecto, abordando los problemas de ejecución que puedan plantearse y resolviendo los conflictos y discrepancias respecto a dicha gestión.
Asimismo, en dicha Comisión se coordinarán las actuaciones precisas para la entrega de la documentación y datos de expedientes en tramitación y relación de ocupaciones irregulares, así como expedientes de las funciones y servicios que se traspasan, de acuerdo con el apartado H) de este acuerdo.
La Comisión de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez al año y adicionalmente a petición de cualquiera de las dos Administraciones.
E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.
1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco los bienes, derechos y obligaciones que corresponden a las funciones y servicios traspasados y que se detallan en las relaciones adjuntas número 1 y 2.
2. En el plazo de tres meses desde la publicación del real decreto por el que se apruebe este acuerdo se firmarán, en su caso, las correspondientes actas de entrega y recepción de mobiliario, equipos y material inventariable.
3. En relación con el contrato en proceso de ejecución afectado por el traspaso que figura en la relación adjunta número 2, la Comunidad Autónoma del País Vasco se subroga en la posición que ostenta la Administración del Estado en la fecha de efectividad de este acuerdo.
4. En el supuesto de que fuera necesario introducir correcciones o rectificaciones en las citadas relaciones, se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Administraciones, mediante certificación expedida por la Comisión Mixta de Transferencias.
F) Personal y puestos de trabajo que se traspasan.
1. El personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios que se traspasan aparecen referenciados nominalmente en la relación adjunta número 3. Dicho personal pasará a depender de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía y demás normas en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias que se especifican en sus expedientes de personal.
2. Por la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe este acuerdo por real decreto.
Asimismo, se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco una copia certificada de todos los expedientes de este personal traspasado, así como los certificados de haberes referidos a las cantidades devengadas por los mismos durante 2024.
3. En el supuesto de que fuera necesario introducir correcciones o rectificaciones en la citada relación se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Administraciones, mediante certificación expedida por la Comisión Mixta de Transferencias.
G) Créditos presupuestarios afectados por el traspaso.
1. El coste total anual a nivel estatal asociado a este traspaso de funciones y servicios se recoge en la relación adjunta número 4.
2. Se transfiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco, por una sola vez y sin integrarse en el coste total anual a nivel estatal, la cantidad de 218.876,90 euros.
H) Documentación y expedientes de las funciones y servicios que se traspasan.
La entrega de la documentación y expedientes de los bienes y servicios que se traspasan se realizará en el plazo de tres meses desde la publicación del real decreto por el que se apruebe este acuerdo.
I) Fecha de efectividad del traspaso.
El traspaso de funciones y servicios objeto de este acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de abril de 2025.
Y para que conste, se expide la presente certificación en Madrid, a 16 de diciembre de 2024.–Los Secretarios de la Comisión Mixta,Jorge Gutiérrez Molina y Begoña Guerrero de Eulate González.