Categoría: Administración

Con fecha 14 de noviembre de 2022 se aprueba por la DGAHISI la Resolución de planificación que establece las prestaciones, actuaciones y servicios incluidos en el programa de atención humanitaria, siendo este el órgano competente para planificar y seleccionar las actuaciones a atender mediante acción concertada para la gestión de dicho programa en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según la disposición adicional única de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada.
La disponibilidad de plazas en el programa de atención humanitaria debe estar supeditada a las necesidades reales, que según los datos históricos de llegadas a costas y de beneficiarios finales de acogida en el programa AH son bastante variables. Además, deben permitir una rápida reacción que permita la acogida de grandes contingentes de personas, sobre todo en dispositivos de acogida de emergencia, que suponen la primera estancia de las personas llegadas a costas.
Se ha constatado que la planificación de plazas inicial es insuficiente para mantener un determinado número mínimo de plazas disponibles en los recursos de emergencia situados en las Islas Canarias que asegure la atención inmediata de una llegada masiva de personas migrantes a costas. Con fecha 31 de marzo de 2023 se prevé proceder al cierre de 500 plazas de acogida de emergencia situadas en los campamentos de la isla de Tenerife en La Laguna (plazas situadas en los centros de titularidad pública de Las Canteras y Las Raíces); sin embargo, se propone mantener abiertas estas 500 plazas durante el resto del año e incluso proponer la apertura a partir de 1 de marzo de otras 500 plazas más en estas localizaciones, ya que se prevé iniciar obras de reforma en los centros de acogida de titularidad pública. Al llevarse a cabo estas obras de forma escalonada, debe permitirse el mantenimiento constante de una cierta estructura en centros de emergencia que permita en cada momento dar acogida a grandes llegadas de personas a costas canarias, que pueden producir desbordamiento de este tipo de dispositivos.
También es preciso mantener un nivel mínimo de plazas de emergencia abiertas en la isla de Gran Canaria, que permita a su vez prestar atención a grandes contingentes de beneficiarios llegados a las costas de las islas orientales, evitando que se exceda la capacidad de acogida inmediata en los recursos de primera atención situados en las islas de Lanzarote (Montaña Mina, con 120 plazas) y de Fuerteventura (CAED de El Matorral, con 300 plazas). Para ello, se hace preciso mantener un número mínimo de 1000 plazas en el centro de acogida de emergencia de Canarias 50, situado en Las Palmas, en la isla de Gran Canaria.
Respecto al resto de llegadas a costas peninsulares, pueden llevarse a cabo traslados casi inmediatos de los beneficiarios a dispositivos situados en el interior, manteniendo plazas suficientes para dar capacidad de respuesta rápida y eficiente a las llegadas que se produzcan en las costas de Levante.
El Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, regula en su disposición adicional tercera la acción concertada para la gestión de programas de atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En esta norma se establece que lo dispuesto en su título V, relativo a la gestión del sistema de acogida de asilo mediante la acción concertada, será aplicable a la gestión de programas de atención humanitaria a personas migrantes, dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, respetando las disposiciones del artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En desarrollo del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, se aprobó la Orden Ministerial ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada. Según su disposición adicional única, la DGAHISI es el órgano competente para planificar y seleccionar las prestaciones, actuaciones y servicios a atender mediante acción concertada para la gestión de los programas de atención humanitaria del MISSM, y para ello, dictará una resolución de planificación en cumplimiento del artículo 11, en la que se describan los aspectos que se definen en ese artículo.
En el anexo II de la citada Orden Ministerial ISM/680/2022, de 19 de julio, se describen las actuaciones de acogida y servicios adicionales que se pueden desarrollar en favor del programa de atención humanitaria, también descritos en el anexo A de la presente resolución.
El artículo 40.3 del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional estipula que, en el caso de que por circunstancias sobrevenidas surjan nuevas necesidades o se modifiquen las existentes, la DGAHISI dictará una nueva resolución de planificación.
También el artículo 11.2 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, que establece la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada, recoge la posibilidad de realizar la aprobación de una resolución de planificación adicional, modificando la resolución inicial en caso de ser necesario, conforme a lo establecido en el artículo 40.3 del precitado Reglamento.
Con fecha 14 de noviembre de 2022 se aprobó por la DGAHISI la Resolución de planificación de la acción concertada para el programa de atención humanitaria. Los gastos inicialmente planificados para el ejercicio 2023 mediante dicha resolución para los dispositivos de emergencia se establecieron mediante días de apertura, por un total de 14.766.912 euros de coste y un número de 615.288 días de acogida en total para todos los centros de emergencia abiertos actualmente en Canarias.
Con el inicio del ejercicio 2023 se observa que se planificó en principio un número de plazas insuficientes para cubrir la necesidad de plazas durante todo el ejercicio 2023. Está previsto llevar a cabo durante el presente ejercicio obras de reestructuración y reforma de los centros de titularidad pública donde se encuentran situados los centros de acogida de Canarias, lo que implica que deberán cerrarse en determinados periodos algunas fases de estos centros cuando se encuentren en obras, siendo necesario desplazar a las personas beneficiarias alojadas en ellos a otro recurso de acogida de emergencia. Por ello, es necesario mantener abiertos los distintos dispositivos en todo momento, haciendo posible la derivación de los beneficiarios a otros recursos de emergencia que puedan continuar abiertos y tengan la suficiente capacidad para dar servicio suficiente a las personas acogidas en el programa de atención humanitaria.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General, resuelve:
Las plazas planificadas para los dispositivos de emergencia para el ejercicio 2023 y asignadas son las que se desarrollaban en la Resolución de la DGAHISI de 14 de noviembre de 2022, en su anexo B. Planificación de las necesidades para el ejercicio 2023, dentro del apartado II. Previsión de necesidades del programa de atención humanitaria para 2023.
Según se establece en dicha Resolución, las estancias totales para el ejercicio 2023 previstas se concretaron en 615.288, suponiendo un gasto total de 14.766.912 euros, a un precio de referencia diario de 24 euros. En vista de la necesidad de mantener un mayor número de dispositivos de emergencia abiertos durante todo el ejercicio 2023, posibilitando la realización de las obras de rehabilitación en los centros públicos donde se presta el servicio de acogida, se ve preciso aumentar la capacidad de dichos dispositivos en un número de estancias adicionales de 416.584, lo que supone un crédito adicional aplicado a la acción concertada, dentro de la acogida de emergencia de 9.998.016 euros.
Dichas plazas de acogida de emergencia incrementan la dotación de plazas en dispositivos de acogida ya abiertos, facilitando la acogida de las personas llegadas a costas canarias y posibilitando las derivaciones entre distintos centros de emergencia tras los comienzos de las obras de reestructuración en ellos.
También posibilita la imputación correcta de los gastos de personal necesarios, que no dependen de la ocupación actual, sino de la capacidad total de los recursos, siendo preciso financiarlos independientemente de la ocupación en cada momento, que según se ha ido viendo a lo largo de los años anteriores, está sujeta a continua variación. El desglose de las plazas existentes, comunicadas en aplicación de la Resolución de 14 de noviembre de 2022 y de las plazas suplementarias que se añaden mediante la presente Resolución de planificación adicional aparecen desagregadas en el anexo.
De conformidad con el artículo 11.2 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, la planificación tendrá una duración de cuatro años. Según este artículo, se determinó la duración total de la planificación aprobada el 14 de noviembre de 2022, abarcando los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026.
Tras la aprobación de la actual resolución de planificación adicional, el incremento de plazas de emergencia tendrá vigencia a partir del 1 de marzo de 2023, teniendo como objetivo mantener un número constante de 1500 plazas en los centros de emergencia de gran capacidad de La Laguna, en la isla de Tenerife (centros de Las Canteras y Las Raíces) y de 1000 plazas en Las Palmas, en la isla de Gran Canaria (centro de acogida de Canarias 50), lo que posibilita mantener una determinada capacidad de atención en los grandes centros de acogida de emergencia y evitar que se produzca sobreocupación de recursos si se incrementa de forma no esperada la llegada de personas migrantes a costas canarias.
Con la presente Resolución de planificación adicional, también se incrementan los importes de las anualidades previstas para el presente ejercicio 2023 establecidas en el anexo D de la Resolución de la DGAHISI de 14 de noviembre de 2022, situando la parte proporcional del anticipo, ya que, en cumplimiento del artículo 14.5 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, si se produce una planificación de necesidades adicional, deberá efectuarse una aprobación del gasto complementaria en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Asimismo, se tramitarán las comunicaciones de asignación complementarias a las entidades autorizadas, que conllevarán el compromiso del gasto correspondiente. Si las nuevas comunicaciones de asignación se notifican durante el primer semestre del año natural, el primer pago anticipado se tramitará en el momento en que se produzca la notificación, y cubrirá la parte proporcional del primer semestre. Dichos datos económicos aparecen desagregados en el anexo.
En la Resolución de planificación de la DGAHISI de 14 de noviembre de 2022 quedaron establecidos los márgenes de variación en el anexo B, dentro del apartado III. Según dicha instrucción, cualquier modificación mediante reasignación entre servicios de la comunicación de asignación inicial que supere la cuantía del 10%, o suponga un incremento o disminución de plazas o beneficiarios superior al 50%, deberá tramitarse mediante una nueva resolución de planificación, aplicando el artículo 40.3 del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.
Sin embargo, se constata que, en los casos específicos en los que las entidades autorizadas puedan financiar déficits que se produzcan en determinados servicios del programa de atención humanitaria en los que la asignación inicial comunicada sea de pequeña cuantía (como ocurre en los servicios de traslados, grandes ciudades y atención sociosanitaria en CETI), ese importe del 10% supone una cantidad mínima.
Por ello, es preciso tener en cuenta que, si la entidad es capaz de financiar mediante créditos sobrantes en otros servicios, los déficits existentes, sin rebasar el gasto inicialmente comunicado a la entidad, podrán ser incorporadas dichas variaciones mediante autorización expresa del órgano competente para concertar, previa solicitud de la entidad autorizada.
Esta autorización de traspaso entre servicios será solicitada a la DGAHISI siempre y cuando se supere el 10% de la dotación inicial de la actuación específica o el 50% de beneficiarios o plazas inicialmente asignados, ya sea causada la variación de coste por el incremento del número de beneficiarios o por la imputación de los costes fijos de personal contratado para llevar a cabo la atención sociosanitaria en CETI, siempre que se cumplan estas tres condiciones:
– No se rebasará el gasto inicialmente comunicado a la entidad para la totalidad de los servicios incluidos en la acción concertada.
– No se debe alterar la naturaleza global de las prestaciones o servicios planificados.
– No se superará en ningún caso el coste por plaza establecido en Resolución de precios de referencia de la SEM aprobada el 26 de octubre de 2022.
Esta solicitud de traspaso será estudiada por la DGAHISI y, siempre y cuando se cumplan las anteriores condiciones, será, en su caso, aprobada.
Esta modificación de la Resolución de planificación de la DGAHISI de fecha 14 de noviembre de 2022 será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica asociada del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 8 de febrero de 2023.–El Director General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, Carlos Mora Almudí.
La Resolución de planificación de 14 de noviembre de 2022 establece las plazas de acogida, los servicios y actuaciones necesarios para la gestión del programa de atención humanitaria durante el ejercicio 2023, que son los siguientes:
Sin embargo, el importe establecido para el mantenimiento de las plazas de emergencia en Canarias se ha estimado insuficiente para finalizar el ejercicio 2023. Estas plazas tienen un elevado carácter de variabilidad, pues requieren apertura y cierre inmediato, como respuesta a las grandes llegadas que se producen a las islas, posibilitando la acogida urgente de las personas migrantes.
A fecha actual, finales del mes de enero de 2023, están abiertas plazas en recursos de acogida de emergencia, que suponen 1104 en la provincia de Tenerife y 1.267 en Las Palmas, un total de 2.371 plazas; pasarán a ser 1.871 el 1 de abril de 2023 tras el cierre de 500 plazas en el centro de acogida de La Laguna y tras el 1 de julio de 2023 pasan a mantenerse abiertas 1.258, ya que está prevista la apertura del centro público de acogida Colegio León, que atenderá a personas vulnerables. La desagregación por centros y fecha de cierre aparece en el siguiente resumen:
El número de plazas de emergencia asignado totaliza 615.123 plazas por días de apertura, que teniendo en cuenta el coste plaza diario de referencia de 24 euros, aprobado por la Resolución de la SEM de 26 de octubre de 2022, supone un importe total de 14.762.952 euros.
Con la presente Resolución adicional se propone ampliar la capacidad de acogida en los grandes centros desde el 1 de marzo de 2023, quedando en Las Raíces-Canteras 1.500 plazas totales y en Canarias50 1.000 plazas. El resumen de incremento de plazas y periodo de apertura aparece en el siguiente cuadro, teniendo previsto el cierre de todos los dispositivos de emergencia el 31 de diciembre de 2023:
Este número de plazas adicionales supone, teniendo en cuenta el precio plaza de referencia de 24 euros, un importe total de 9.998.016 euros. Se propone, por lo tanto, tramitar una resolución de planificación adicional por esa cuantía, lo que permitirá mantener en los grandes centros de emergencia un número superior de plazas, de 1.500 en Canteras-Raíces, y de 1.000 en Canarias 50 desde 1 de marzo de 2023 hasta su cierre previsto el 31 de diciembre de 2023.
Adicionando estas plazas, quedarán de esta forma los dispositivos de emergencia, previendo su cierre a 31 de diciembre de 2023; se mantiene el cierre a 30 de junio de 2023 de Alisios y El Sebadal, ya que el 1 de julio está prevista la puesta en marcha del nuevo centro público de primeras llegadas Colegio León, que dispondrá de 500/600 plazas para la acogida de personas vulnerables:
Necesidades de crédito para financiar la presente resolución adicional de planificación, que aumenta las plazas disponibles en acogida de emergencia:
En los resúmenes anteriores se ha ido especificando el número de plazas adicionales necesarias para complementar la acogida de emergencia establecida por la Resolución de planificación de 14 de noviembre de 2022. El coste adicional de estas plazas supone un total de 9.998.016 euros, a imputar en su totalidad en el ejercicio 2023.
Para calcular el anticipo correspondiente a estas plazas adicionales, según el artículo 14.5 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, si las nuevas comunicaciones de asignación se notifican durante el primer semestre del año natural, el primer pago anticipado se tramitará en el momento en que se produzca la notificación y cubrirá la parte proporcional del primer semestre.
En cumplimiento de esta norma, se establece que la cantidad a situar como anticipo correspondiente a la presente resolución adicional se calcula según el importe de gasto imputable al primer semestre del año natural. En este resumen aparecen las plazas con la fecha de apertura y los días de apertura que se devengan en el primer semestre:
Según estos datos, corresponde un adelanto como anticipo de 132.120 días de apertura por el precio diario de referencia de 24 euros, totalizando 3.170.880 euros. El importe restante, 6.827.136 euros, correspondiente al gasto adicional en el segundo semestre de 2023, queda como importe comprometido, pendiente de proponer su pago según la justificación periódica de gastos que lleven a cabo las entidades autorizadas que gestionan estos centros.