Categoría: Funcionarios y Personal

A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de la Función Pública de Andalucía.
Título I. Disposiciones generales.
Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y principios.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Personal con legislación específica.
Artículo 4. Principios de actuación.
Artículo 5. Transparencia y derecho de acceso a la información.
Artículo 6. Integridad y conflicto de intereses.
Capítulo II. Atribuciones orgánicas.
Artículo 7. Órganos superiores.
Artículo 8. Competencias del Consejo de Gobierno.
Artículo 9. Competencias de la Consejería competente en materia de Función Pública.
Artículo 10. Competencias de las Consejerías.
Artículo 11. Competencias específicas de las Consejerías competentes en materia de Educación, Salud y Justicia.
Capítulo III. Personal al servicio de la Administración pública.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 12. Concepto y clases.
Sección 2.ª Personal funcionario.
Artículo 13. Personal funcionario de carrera.
Artículo 14. Personal funcionario interino.
Artículo 15. Funciones del personal funcionario y laboral en la Administración de la Junta de Andalucía.
Sección 3.ª Personal laboral.
Artículo 16. Concepto y clases.
Sección 4.ª Personal eventual.
Artículo 17. Concepto y adscripción.
Artículo 18. Nombramiento y cese.
Título II. Dirección pública profesional.
Artículo 19. Concepto y clases de personal directivo público profesional.
Artículo 20. Funciones del personal directivo público profesional.
Artículo 21. Régimen jurídico y retributivo del personal directivo público profesional.
Artículo 22. Selección del personal directivo público profesional.
Artículo 23. Comisión independiente de selección de personal directivo público profesional.
Artículo 24. Nombramiento y cese del personal directivo público profesional.
Artículo 25. Acreditación de competencias directivas para el personal directivo público profesional funcionario o laboral.
Artículo 26. Evaluación de cumplimiento del personal directivo público profesional.
Artículo 27. Responsabilidad disciplinaria y compromiso ético del personal directivo público profesional.
Título III. Derechos y deberes.
Capítulo I. Derechos.
Artículo 28. Derechos individuales.
Artículo 29. Derechos individuales ejercidos colectivamente.
Artículo 30. Garantía de derechos y conciliación de la vida profesional con la personal y familiar.
Artículo 31. Protección a las víctimas de violencia de género.
Artículo 32. Responsabilidad social corporativa y cooperación internacional para el desarrollo.
Capítulo II. Deberes, código de conducta y responsabilidad.
Artículo 33. Deberes.
Artículo 34. Responsabilidad.
Capítulo III. Jornada de trabajo, horario, permisos y vacaciones. Modalidades de prestación de servicios.
Artículo 35. Disposiciones comunes.
Artículo 36. Jornada de trabajo y horario del personal funcionario.
Artículo 37. Teletrabajo y modalidades de prestación de servicios.
Artículo 38. Permisos del personal funcionario.
Artículo 39. Vacaciones del personal funcionario.
Artículo 40. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral.
Capítulo IV. Incompatibilidades.
Artículo 41. Régimen jurídico.
Artículo 42. Principios del sistema de incompatibilidades.
Artículo 43. Dedicación exclusiva a las funciones públicas.
Artículo 44. Renuncia a la dedicación exclusiva a las funciones públicas.
Título IV. La formación, el aprendizaje permanente y la acreditación de competencias.
Artículo 45. Conceptos de formación, aprendizaje y acreditación de competencias.
Artículo 46. Objetivos de la formación y el aprendizaje permanente.
Artículo 47. La formación como derecho.
Artículo 48. La formación como deber.
Artículo 49. Modalidades de aprendizaje y formación.
Título V. Promoción profesional.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 50. Promoción profesional del personal funcionario de carrera.
Artículo 51. Promoción profesional del personal laboral.
Capítulo II. La carrera profesional del personal funcionario.
Sección 1.ª La carrera horizontal del personal funcionario.
Artículo 52. Concepto.
Artículo 53. Sistema de tramos de la carrera horizontal.
Artículo 54. Reconocimiento.
Artículo 55. Efectos.
Sección 2.ª La carrera vertical del personal funcionario de carrera.
Artículo 56. Concepto.
Sección 3.ª La promoción interna del personal funcionario de carrera.
Artículo 57. Criterios generales.
Artículo 58. Modalidades de promoción interna.
Capítulo III. La evaluación del desempeño.
Artículo 59. Concepto.
Artículo 60. Sistemas y criterios de valoración.
Artículo 61. Efectos de la evaluación del desempeño para el personal funcionario.
Artículo 62. La evaluación del desempeño para el personal laboral.
Título VI. Derechos retributivos y Seguridad Social.
Capítulo I. Derechos retributivos.
Artículo 63. Principios del sistema retributivo.
Artículo 64. Retribuciones del personal funcionario.
Artículo 65. Retribuciones básicas personales del personal funcionario de carrera.
Artículo 66. Retribuciones complementarias del personal funcionario de carrera.
Artículo 67. Pagas extraordinarias.
Artículo 68. Retribuciones diferidas.
Artículo 69. Indemnizaciones por razón del servicio.
Artículo 70. Otras retribuciones.
Artículo 71. Retribuciones del personal funcionario interino.
Artículo 72. Retribuciones del personal funcionario en prácticas.
Artículo 73. Retribuciones del personal eventual.
Artículo 74. Retribuciones del personal directivo público profesional.
Artículo 75. Retribuciones del personal funcionario pendiente de adscripción.
Artículo 76. Retribuciones en situación de permiso por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, lactancia natural, permiso por cuidado de hijos e hijas afectados por cáncer u otra enfermedad grave e incapacidad temporal.
Artículo 77. Deducción de retribuciones.
Artículo 78. Devengo de retribuciones.
Capítulo II. Seguridad Social y derechos pasivos.
Artículo 79. Régimen de la Seguridad Social y derechos pasivos del personal funcionario al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Artículo 80. Prestaciones por incapacidad temporal.
Título VII. Derecho a la negociación colectiva y representación. Solución extrajudicial de conflictos.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 81. Principios generales.
Capítulo II. Negociación colectiva del personal que presta servicios en las Administraciones Públicas de Andalucía.
Artículo 82. Negociación colectiva.
Artículo 83. Tipología de las Mesas de Negociación.
Artículo 84. Proceso negociador.
Artículo 85. Materias objeto de negociación en relación con el personal funcionario.
Capítulo III. Órganos de representación del personal funcionario y estatutario.
Artículo 86. Órganos de representación.
Artículo 87. Garantías, derechos y deberes de la función representativa del personal.
Capítulo IV. Solución extrajudicial de conflictos de carácter general del personal funcionario, estatutario y laboral.
Artículo 88. Solución extrajudicial de conflictos de carácter general del personal funcionario, estatutario y laboral.
Título VIII. Ordenación y planificación del empleo público.
Capítulo I. Planificación de recursos humanos.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 89. Objetivos de la planificación.
Sección 2.ª Planes de ordenación de recursos humanos.
Artículo 90. Objeto y contenido.
Sección 3.ª Oferta de empleo público.
Artículo 91. Objeto y contenido.
Sección 4.ª Registro de personal y gestión integrada de recursos humanos.
Artículo 92. Registro de personal.
Artículo 93. Registro de personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Artículo 94. Derecho de acceso al Registro y certificación de datos.
Artículo 95. Organización y funcionamiento del Registro General de Personal.
Artículo 96. Coordinación entre Registros de personal.
Artículo 97. Cooperación con Registros de entidades locales.
Artículo 98. Información sobre otro personal.
Artículo 99. La gestión integrada de recursos humanos.
Capítulo II. Estructura del empleo público.
Sección 1.ª Ordenación del empleo público.
Artículo 100. Cuerpos, escalas y especialidades de la Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 101. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.
Artículo 102. Cuerpos generales y especiales.
Artículo 103. Clasificación del personal laboral.
Sección 2.ª Ordenación de los puestos de trabajo.
Artículo 104. Relaciones de puestos de trabajo.
Título IX. Acceso al empleo público, adquisición y pérdida de la relación de servicio.
Capítulo I. Principios y requisitos de acceso al empleo público.
Artículo 105. Principios rectores.
Artículo 106. Requisitos de acceso.
Artículo 107. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
Artículo 108. Acceso al empleo público del personal funcionario de organismos internacionales.
Artículo 109. Acceso al empleo público de personas con discapacidad.
Artículo 110. Órganos de selección.
Artículo 111. Sistemas selectivos.
Artículo 112. Contenido y características de los procesos selectivos.
Artículo 113. Convocatoria.
Artículo 114. Relación de personas aprobadas.
Artículo 115. Selección de personal funcionario interino y personal laboral temporal.
Capítulo II. Adquisición y pérdida de la relación de servicio.
Sección 1.ª Personal funcionario.
Artículo 116. Adquisición de la condición de personal funcionario de carrera.
Artículo 117. Causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera.
Artículo 118. Renuncia a la condición de personal funcionario.
Artículo 119. Pérdida de la nacionalidad.
Artículo 120. Prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo.
Artículo 121. Rehabilitación de la condición de personal funcionario de carrera.
Sección 2.ª Personal laboral.
Artículo 122. Adquisición y pérdida de la condición de personal laboral fijo.
Título X. Provisión de puestos de trabajo y movilidad.
Capítulo I. Principios generales y procedimientos de provisión del personal funcionario.
Artículo 123. Principios generales.
Artículo 124. Procedimientos ordinarios de provisión.
Artículo 125. Otros procedimientos de provisión de carácter extraordinario.
Artículo 126. Concurso general.
Artículo 127. Concurso específico.
Artículo 128. Libre designación.
Artículo 129. Movilidad voluntaria provisional.
Artículo 130. Movilidad temporal y estructural.
Artículo 131. Movilidad forzosa provisional por cargas de trabajo.
Artículo 132. Movilidad forzosa definitiva.
Artículo 133. Reasignación de efectivos.
Artículo 134. Adscripción provisional.
Artículo 135. Permuta.
Capítulo II. Movilidad funcional.
Artículo 136. Atribución temporal de funciones.
Capítulo III. Movilidad entre Administraciones Públicas.
Artículo 137. Movilidad interadministrativa.
Artículo 138. Comisión de servicios interadministrativa.
Artículo 139. Comisión de servicios en programas de cooperación internacional.
Capítulo IV. Provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal laboral.
Artículo 140. Regulación y procedimiento.
Capítulo V. Procedimientos de movilidad comunes a personal funcionario y laboral.
Artículo 141. Disposiciones generales.
Artículo 142. Movilidad por razones de salud.
Artículo 143. Movilidad por razones de violencia de género.
Título XI. Situaciones administrativas.
Capítulo I. Personal funcionario de carrera.
Artículo 144. Situaciones administrativas del personal funcionario de carrera.
Artículo 145. Servicio activo.
Artículo 146. Servicios especiales.
Artículo 147. Servicio en otras Administraciones Públicas.
Artículo 148. Excedencia voluntaria.
Artículo 149. Excedencia voluntaria por interés particular.
Artículo 150. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
Artículo 151. Excedencia por cuidado de familiares.
Artículo 152. Excedencia por razón de violencia de género.
Artículo 153. Excedencia por razón de violencia terrorista.
Artículo 154. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz.
Artículo 155. Excedencia por incompatibilidad.
Artículo 156. Excedencia con reserva de puesto.
Artículo 157. Excedencia voluntaria incentivada.
Artículo 158. Excedencia forzosa.
Artículo 159. Expectativa de destino.
Artículo 160. Suspensión de funciones.
Artículo 161. Suspensión de funciones por razón de procedimiento o condena penal.
Artículo 162. Reingreso al servicio activo.
Capítulo II. Personal funcionario interino.
Artículo 163. Situaciones administrativas del personal funcionario interino.
Capítulo III. Personal laboral.
Artículo 164. Situaciones administrativas del personal laboral.
Título XII. Régimen disciplinario.
Artículo 165. Responsabilidad disciplinaria.
Artículo 166. Principios de la potestad disciplinaria.
Artículo 167. Concepto y clasificación de las faltas disciplinarias.
Artículo 168. Faltas muy graves.
Artículo 169. Faltas graves.
Artículo 170. Faltas leves.
Artículo 171. Sanciones.
Artículo 172. Principio de proporcionalidad, criterios de graduación de las sanciones y exención de la responsabilidad disciplinaria.
Artículo 173. Prescripción de las faltas y sanciones.
Artículo 174. Procedimiento disciplinario.
Artículo 175. Derechos del personal en el procedimiento disciplinario.
Artículo 176. Inscripción y cancelación de las sanciones.
Artículo 177. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
Título XIII. Relaciones interadministrativas.
Artículo 178. Relaciones de cooperación entre las Administraciones públicas.
Artículo 179. Comisión de Coordinación del Empleo Público de Andalucía.
Artículo 180. Comisión de Coordinación y Supervisión de la Evaluación del Desempeño.
Artículo 181. Formación en igualdad.
Artículo 182. Planes de igualdad.
Disposición adicional primera. Personal laboral por tiempo indefinido.
Disposición adicional segunda. Tramitación electrónica.
Disposición adicional tercera. Órgano administrativo de resolución de conflictos en materia de personal.
Disposición adicional cuarta. Especialidad en la promoción al Subgrupo C1.
Disposición adicional quinta. Cuerpos y especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional sexta. Cambio de denominación de cuerpos.
Disposición adicional séptima. Integración de cuerpos, especialidades y opciones del personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía en los cuerpos y especialidades configurados en la disposición adicional quinta.
Disposición adicional octava. Normativa aplicable a cuerpos de personal funcionario existentes a la entrada en vigor de esta ley.
Disposición adicional novena. Declaración a extinguir de cuerpos de personal funcionario.
Disposición adicional décima. Modificación de la relación de puestos de trabajo.
Disposición adicional undécima. Cuerpo Superior de Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional duodécima. Cuerpo Superior de Administración, especialidad Régimen Jurídico.
Disposición adicional decimotercera. Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Arqueología.
Disposición adicional decimocuarta. Cuerpo Técnico de Gestión, especialidad Tecnologías de la Información y Comunicación.
Disposición adicional decimoquinta. Cuerpo Técnico de Gestión, especialidad Delineantes.
Disposición adicional decimosexta. Cuerpo Superior de Inspección de Medio Ambiente y Cuerpo de Subinspección de Medio Ambiente.
Disposición adicional decimoséptima. Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Gestión en Prevención de Riesgos Laborales, y Cuerpo Técnico Facultativo, especialidad Gestión en Prevención de Riesgos Laborales.
Disposición adicional decimoctava. Cuerpo Técnico de Gestión, especialidad Prevención de Riesgos Laborales.
Disposición adicional decimonovena. Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional vigésima. Cuerpo de Inspección de Servicios Sanitarios y Cuerpo de Subinspección de Servicios Sanitarios.
Disposición adicional vigesima primera. Personal de las extintas entidades públicas empresariales sanitarias de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional vigésima segunda. Catálogos de las entidades instrumentales.
Disposición adicional vigésima tercera. Clasificación profesional del personal docente no universitario y del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud.
Disposición adicional vigésima cuarta. Derechos en materia de función pública de las víctimas del terrorismo.
Disposición adicional vigésima quinta. Inicio de la carrera profesional del personal laboral.
Disposición adicional vigésima sexta. Carrera profesional del personal funcionario que haya sido nombrado personal alto cargo.
Disposición adicional vigésima séptima. Estructura salarial en las entidades instrumentales del sector público andaluz.
Disposición adicional vigésima octava. Medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo público.
Disposición adicional vigésima novena. Unidades Administrativas de Apoyo Temporal de la Administración de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional trigésima. Unidades Administrativas de Servicios Comunes de la Administración de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional trigésima primera. Unidades de inclusión del personal con discapacidad.
Disposición adicional trigésima segunda. Efectos del silencio administrativo en los procedimientos previstos en esta ley.
Disposición adicional trigésima tercera. Requisito de nacionalidad para el acceso al empleo público.
Disposición adicional trigésima cuarta. Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud, y Cuerpo Técnico Facultativo, especialidad Investigación Técnica Biomédica y en Ciencias de la Salud.
Disposición adicional trigésima quinta. Cuerpo Superior de Oficiales Inspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural, Cuerpo de Oficiales Subinspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural y Cuerpo Técnico de Suboficiales de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural.
Disposición adicional trigésima sexta. Dirección pública profesional.
Disposición adicional trigésima séptima. Procesos de estabilización de empleo temporal.
Disposición adicional trigésima octava. Negociación colectiva del desarrollo reglamentario.
Disposición adicional trigésima novena. Elaboración del mapa de competencias profesionales.
Disposición adicional cuadragésima. Unidades de igualdad para la promoción de la igualdad en el empleo público.
Disposición adicional cuadragésima primera. Personal de las Administraciones Públicas de Andalucía incluido en su ámbito de aplicación.
Disposición transitoria primera. Actual sistema de reconocimiento y consolidación de grado personal.
Disposición transitoria segunda. Incorporación a la carrera horizontal.
Disposición transitoria tercera. Movilidad interadministrativa.
Disposición transitoria cuarta. Dirección pública profesional.
Disposición transitoria quinta. Garantía retributiva.
Disposición transitoria sexta. Personal funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales o Administradores de Gestión Financiera.
Disposición transitoria séptima. Órganos de selección.
Disposición transitoria octava. Régimen transitorio de aplicación al título X.
Disposición transitoria novena. Estabilización de empleo temporal.
Disposición transitoria décima. Régimen transitorio de los procedimientos de selección y provisión en trámite.
Disposición transitoria undécima. Evaluación del desempeño.
Disposición transitoria decimosegunda. Libre designación.
Disposición transitoria decimotercera. Promoción interna.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Desarrollo normativo de la ley.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Por medio de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, se configuró por primera vez, en el incipiente Estado de las autonomías, la función pública propia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha ley pertenece a la categoría de las llamadas leyes institucionales, siendo pieza esencial en la consolidación de nuestras instituciones, como reflejo de la potestad de autoorganización, todo ello de acuerdo con los mínimos homogeneizadores fijados por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, cuyo conjunto de bases era profundamente respetuoso con el ámbito estatutario.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 76 que corresponde a la Junta de Andalucía, en materia de función pública y personal al servicio de la Administración, respetando el principio de autonomía local, la competencia exclusiva sobre la planificación, organización general, la formación y la acción social de su función pública en todos los sectores materiales de prestación de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma; la competencia compartida sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las Administraciones andaluzas, y la competencia exclusiva, en materia de personal laboral, sobre la adaptación a las necesidades derivadas de la organización administrativa y sobre la formación de este personal. Asimismo, de acuerdo con su artículo 136, la ley regulará el Estatuto del personal funcionario público de la Administración de la Junta de Andalucía y el acceso al empleo público de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y establecerá un órgano administrativo de la función pública resolutorio de los recursos que se interpongan sobre esta materia. Respecto a la enseñanza no universitaria, en su artículo 52 determina que corresponde a la Comunidad Autónoma, como competencia compartida, la ordenación del sector y de la actividad docente, la adquisición y pérdida de la condición de personal funcionario docente de la Administración educativa, el desarrollo de sus derechos y deberes básicos, así como la política de personal al servicio de la Administración educativa. En cuanto a la enseñanza universitaria, en su artículo 53 otorga a la Comunidad Autónoma competencias compartidas sobre la regulación del régimen del profesorado docente e investigador contratado y funcionario. Por lo que se refiere al personal estatutario, en su artículo 55 establece que la Comunidad Autónoma tiene la competencia compartida sobre el régimen estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema sanitario público, así como la formación sanitaria especializada y la investigación científica en materia sanitaria. Y respecto del personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, determina en su artículo 147 que tiene la competencia ejecutiva y de gestión.
El ejercicio de la competencia autonómica ha de respetar la normativa básica dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, constituida esencialmente por el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuya exposición de motivos declaraba que el régimen de la función pública no puede configurarse hoy sobre la base de un sistema homogéneo que tenga como modelo único de referencia a la Administración del Estado, sino que, por el contrario, cada Administración debe poder configurar su propia política de personal, sin merma de los necesarios elementos de cohesión y de los instrumentos de coordinación consiguientes. La regulación estatal de carácter básico deja así un amplio margen de regulación a las Comunidades Autónomas para ordenar la función pública.
La ley pretende la introducción de elementos de modernización, dinamización y buena gobernanza en la gestión de los recursos humanos, ya que después de más de treinta y seis años desde la aprobación de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, se han producido profundos cambios en la realidad social, económica y política de Andalucía que aconsejan disponer de un nuevo instrumento legal actualizado de la función pública, capaz de adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad andaluza, contribuyendo a su progreso y desarrollo. Esta ley es el resultado de un complejo proceso de estudio y participación de los diversos sectores de la Comunidad Autónoma implicados en esta materia, que aprovecha la experiencia adquirida en la aplicación de dicha Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y que pretende constituir un instrumento de modernización para lograr un empleo público de calidad, cualificado, eficiente y comprometido con la realidad social y las exigencias y anhelos actuales, todo ello con el objetivo último de favorecer la excelencia en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía en una administración del siglo XXI.
Esta nueva regulación tiene como finalidad la mejora en la sistematización y ordenación de la función pública andaluza, actualizando y adaptando su régimen legal a las distintas modificaciones normativas operadas en los últimos tiempos, aglutinando en un texto único la fragmentada regulación actual, articulándose, en suma, como un elemento ágil y modernizador en la gestión de los recursos humanos. Con una perspectiva global y más completa, establece, de manera novedosa, una regulación con rango legal en amplios sectores de la función pública andaluza en los que no existe regulación propia, ya que el articulado de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, no aborda algunas materias específicas como las situaciones administrativas, la formación, el régimen de Seguridad Social, las reglas relativas a la negociación colectiva, representación y participación, o el régimen disciplinario, parcelas en las que, hasta ahora, se ha venido aplicando el derecho estatal.
De acuerdo con ello, los objetivos prioritarios de esta norma son los siguientes:
a) Actualizar la regulación de la función pública de la Junta de Andalucía, en el marco de la legislación estatal de carácter básico, lo que conlleva, entre otros avances, implementar la carrera profesional horizontal, para el reconocimiento del desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
b) Abordar en una única norma todas las materias que integran el régimen jurídico de la función pública de la Junta de Andalucía, evitando la dispersión normativa, superando el vacío normativo en determinadas cuestiones que hacía necesario recurrir a la aplicación supletoria de la normativa estatal que, en muchos casos, no responde a las mismas necesidades de la Administración autonómica, e incorporando al régimen jurídico del personal empleado público en Andalucía derechos que el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público reconoce pero que no se han podido implementar hasta ahora por la falta de dicho desarrollo autonómico. Con esta ley se dispondrá de una regulación propia adecuada y adaptada a las necesidades de nuestra Administración.
c) Atraer, desarrollar y retener el talento humano, de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, de forma que los procesos de selección y promoción profesional garanticen la máxima validez predictiva para la función a desempeñar.
d) Establecer criterios estratégicos que permitan procedimientos de provisión y movilidad más ágiles, entre ellos una modalidad de concurso abierto y permanente.
e) Reforzar la formación, el aprendizaje permanente y la acreditación de competencias, para la mejora de la Administración y el progreso de la sociedad, la recualificación de las personas para su adaptación a las nuevas necesidades de los servicios que se prestan a la ciudadanía, y el desarrollo de la carrera profesional.
f) Regular dentro de la organización de la Administración la figura del personal directivo público profesional, con un estatuto propio que será objeto de posterior desarrollo reglamentario, que ocupa aquellos puestos cuyo trabajo consiste en definir, planificar, garantizar y coordinar el correcto desarrollo de las estrategias y actuaciones a seguir dentro de su unidad administrativa, de acuerdo con la acción de gobierno, impulsando la calidad institucional y los valores públicos.
g) Incluir medidas que potencien la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, así como la corresponsabilidad, entre ellas el desarrollo del trabajo de forma no presencial.
En definitiva, la nueva regulación de la función pública andaluza sale al paso de las demandas de un nuevo tiempo, con mayor grado de sensibilización con las diversas realidades sociales que nos ha tocado vivir, destacadamente a partir de estos dos últimos años. Para ello, teniendo en cuenta la transversalidad de los principios de atención a las personas con discapacidad y de igualdad de género, y en el marco de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, respectivamente, implementa factores de progreso a través de la corrección de situaciones de desigualdad, así como también propicia una integración real de la mujer en la función pública andaluza, garantizando su presencia efectiva en los diferentes sectores y ámbitos de actuación a los que se extiende. Asimismo, se aprobarán planes de igualdad con el fin de promover la no discriminación en todas sus facetas, para garantizar la igualdad efectiva de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.
La ley se estructura en 182 artículos, distribuidos en trece títulos, cuarenta y una disposiciones adicionales, trece disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
El título I contiene las disposiciones generales de la ley, estableciendo su objeto, ámbito de aplicación y principios de actuación.
En su capítulo I la ley dispone un marco amplio y común para el empleo público de todas las Administraciones públicas a las que se extienden las competencias normativas de la Comunidad Autónoma. De este modo, con distinto alcance, que se determina en cada caso concreto, es de aplicación al personal de las diferentes Administraciones públicas de Andalucía, incluyendo al personal de la Administración de la Junta de Andalucía, al personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, al personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al personal de las Universidades públicas de Andalucía, al personal eventual y al personal investigador. Y, en cuanto a los principios de actuación, la ley incluye también, entre otros, los de buena administración, conciliación, atracción, desarrollo y retención del talento humano, garantía de la validez predictiva de los procesos de selección y promoción profesional, adecuación de la formación a las competencias requeridas para el desempeño del puesto de trabajo y su proyección sobre la carrera profesional, transparencia y regulación del conflicto de intereses.
En el capítulo II de este título se incluyen las atribuciones orgánicas en materia de empleo público, tanto del Consejo de Gobierno como de las personas titulares de las distintas Consejerías, estableciendo el reparto competencial de forma equilibrada y coherente con el correspondiente ámbito funcional de cada uno de estos órganos, completando los vacíos normativos existentes en concretas materias y logrando mayor agilidad en determinados procedimientos. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que otras normas, ya sean leyes especiales o disposiciones reglamentarias, puedan perfilar y ampliar dicho ámbito competencial.
Y en el capítulo III se regula la clasificación y definición del personal al servicio de la Administración pública, que podrá ser personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. Una novedad esencial de la ley es la regulación en este título de las funciones que corresponden a las diferentes clases de personal empleado público. Por primera vez se incluye en una norma andaluza reguladora con carácter general de la función pública la identificación de las actuaciones administrativas que implican participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales, a cuyo efecto se determinan las que serán desempeñadas exclusivamente por personal funcionario. Así, la ley delimita las funciones que se reservan al personal funcionario público y las que puede realizar el personal laboral. Se parte de las determinaciones establecidas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que remite a sus leyes de desarrollo la concreción de lo que se entienda por «ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones públicas». En la presente ley se opta por interpretar esa previsión de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la reserva de puestos a las personas nacionales de los Estados miembros, considerando que se trata de las actuaciones administrativas obligatorias para las personas destinatarias de las mismas, que permitan exigir su acatamiento en caso de incumplimiento. Sin perjuicio de ello, se establece una serie de funciones que, en todo caso, quedan reservadas a personal funcionario público, estén o no comprendidas en la delimitación anterior. Y también se relacionan, para mayor seguridad jurídica, las funciones que pueden ser desempeñadas por el personal laboral, en línea con lo que se ha establecido para el empleo público en la legislación del Estado y de otras Comunidades Autónomas. Por otra parte, y de acuerdo con la jurisprudencia en la materia, se puntualiza que la reserva de funciones a personal funcionario público se establece sin perjuicio de que pueda encontrarse asistido en su labor para la realización de actuaciones preparatorias, de carácter material, técnico o auxiliar, que no constituyan actos administrativos de cualquier naturaleza. Las relaciones de puestos de trabajo o instrumentos equivalentes de ordenación de recursos humanos descenderán al nivel de detalle para identificar la clase de personal empleado público que puede desempeñar cada uno de los puestos de trabajo.
El título II regula la dirección pública profesional, que está formada por un conjunto de personas que son claves para el buen funcionamiento de la Administración. Por una parte, canalizan las relaciones entre el espacio político y el espacio administrativo y, por otra, movilizan a las personas que integran este espacio administrativo. Por tanto, constituyen un elemento esencial para que la Administración cumpla sus funciones al servicio del bien común y de la ciudadanía, y, para su mejor funcionamiento, es preciso profesionalizar este sistema.
En este título se regulan los elementos esenciales de la dirección pública profesional, para conseguir esa profesionalización, en aras del mejor funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. Se determina, por primera vez en Andalucía, quiénes son personal directivo público profesional, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y se establece una relación de puestos de dirección. Son dos los tipos de puestos que ocupa el personal directivo público profesional: los puestos a desempeñar por personal directivo público profesional alto cargo, que son los que se determinan en la ley, y los puestos reservados a personal funcionario de carrera, personal estatutario fijo o laboral fijo. Dependerán directamente de los órganos que asuman la dirección política de cada nivel de Gobierno. Para todos ellos se definen su misión y las funciones directivas que tienen que desempeñar. Igualmente, se establece un régimen jurídico y retributivo que incluye los acuerdos de gestión, con los objetivos a cumplir, y la titulación exigida. La duración de su nombramiento se regulará en el Estatuto del personal directivo público profesional. Las retribuciones son variables en función de los resultados.
La selección del personal directivo público profesional se realiza en convocatoria pública y obedece a los principios de idoneidad, mérito, capacidad y publicidad, valorando significativamente experiencias profesionales y competencias técnicas y directivas. Se crea la Comisión independiente de selección de personal directivo público profesional para efectuar la selección. Las personas titulares de la Comisión se nombrarán por decreto del Consejo de Gobierno. La Comisión contará con los medios internos y externos adecuados, y los procesos de selección se basan en la verificación de condiciones personales y sistemas predictivos del comportamiento. Asimismo, la ley regula los nombramientos y ceses del personal directivo público profesional y establece un sistema periódico de evaluación del cumplimiento de los acuerdos de gestión. Los resultados de las evaluaciones determinan la continuidad en el puesto y la cuantía de la parte variable de sus retribuciones. El personal directivo público profesional debe dedicar un número mínimo de horas al año para su formación y desarrollo. Además, debe cumplir un código ético y de conducta, que se elaborará y mantendrá por una comisión de ética. Se aplicará la máxima transparencia en relación con la información sobre este personal, así como los procesos para su selección, nombramiento, evaluación del cumplimiento y cese.
El título III se dedica a regular los derechos, deberes, código de conducta e incompatibilidades, así como el régimen de la jornada de trabajo, horario, permisos y vacaciones.
En el capítulo I se regulan los derechos, tanto los individuales como los individuales ejercidos colectivamente; entre otros, los derechos individuales vinculados a la participación en la gestión pública, los relativos a la protección de las víctimas de violencia de género o en materia de conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, o los referidos a la colaboración en acciones o medidas de cooperación internacional para el desarrollo.
El capítulo II está dedicado a los deberes, estableciéndose un deber general de velar por los intereses generales y contribuir con diligencia al cumplimiento de los objetivos de la unidad u órgano en que se prestan servicios.
El capítulo III está dedicado a la regulación de la jornada de trabajo, horario, permisos y vacaciones. Por lo que respecta a la jornada de trabajo y horarios, bajo la premisa de la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, se establece, como novedad, la posibilidad del desempeño de las funciones del puesto de trabajo de forma no presencial o a distancia, cuando su contenido competencial lo permita, así como la necesaria desconexión digital.
Por último, en el capítulo IV se regula el régimen de incompatibilidades, mediante la remisión a la normativa estatal de carácter básico y a las normas sectoriales que son de aplicación. En concreto, destacar que la ley relaciona los supuestos de dedicación exclusiva a las funciones públicas, haciéndose una remisión al desarrollo reglamentario para regular aquellos en los que se podrá renunciar a dicha dedicación exclusiva.
El título IV está dedicado a la formación, el aprendizaje permanente y la acreditación de competencias. Y se trata de una novedad muy importante de la ley, puesto que la anterior Ley 6/1985, de 28 de noviembre, carecía de una regulación con contenido específico en esta materia, salvo la creación del Instituto Andaluz de Administración pública, configurado posteriormente como agencia administrativa.
La ley reconoce la formación y el perfeccionamiento en su doble vertiente, como un derecho y un deber del personal: por un lado, tiene por objetivo la mejora y actualización permanente de los conocimientos, habilidades y aptitudes para mejorar en el desempeño de las funciones y contribuir a la formación profesional; y, por otro lado, desde la perspectiva de la Administración, se configura como deber del personal, de modo que la formación es exigible como elemento imprescindible en orden a contribuir a la mejora en la calidad de los servicios públicos, bajo los objetivos permanentes de eficacia, eficiencia y modernización de la Administración. Es decir, se reconoce a la formación un papel esencial en el reconocimiento, desarrollo y dignificación personal y profesional del personal, con incidencia directa en la mejora de los servicios públicos.
El título V aborda la regulación de la promoción profesional del personal funcionario de carrera, que se articulará a través de la carrera profesional, y la del personal laboral, a través de los procedimientos previstos en el convenio colectivo vigente. La anterior Ley 6/1985, de 28 de noviembre, regulaba la carrera administrativa del personal funcionario, que se estructuraba a través de dos mecanismos: el grado personal y la posibilidad de acceder a otros puestos de trabajo mediante los sistemas de concurso, libre designación y, excepcionalmente, cobertura mediante sistemas de selección para acceso a la función pública. La normativa estatal de carácter básico ha supuesto un avance significativo en el desarrollo del concepto de carrera profesional. Emplea este concepto para referirse al conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y permite que esta carrera profesional pueda desarrollarse por las distintas Administraciones públicas reconociendo, aislada o simultáneamente, alguna o algunas de las siguientes modalidades: carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna vertical y promoción interna horizontal. En este marco normativo, el capítulo I establece que son aplicables todas las que permite dicha legislación estatal de carácter básico, articulando las peculiaridades que en Andalucía caracterizan su implementación.
En el capítulo II se regula concretamente la carrera profesional del personal funcionario de carrera, en las siguientes modalidades:
a) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo a través de los procedimientos legales de provisión.
b) Promoción interna vertical, que permite el ascenso a un cuerpo, especialidad u opción de un grupo o subgrupo inmediatamente superior.
c) Promoción interna horizontal, para el acceso a otro cuerpo, especialidad u opción dentro del mismo grupo o subgrupo de pertenencia.
d) Carrera horizontal, que supone el reconocimiento de la promoción profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo ni de actividad, a través del ascenso en un sistema de tramos que son el resultado de una valoración positiva, objetiva y reglada del desarrollo profesional alcanzado. Esta carrera horizontal está vinculada a la percepción del complemento de carrera profesional.
Por último, el capítulo III regula la evaluación del desempeño, procedimiento mediante el cual se miden y valoran la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados, con la finalidad de conseguir los objetivos previamente establecidos por la Administración, la mejora de la gestión pública y del rendimiento del personal, y la implicación del personal en la definición de dichos objetivos. Para ello es necesaria la valoración del cumplimiento de objetivos, de la profesionalidad y de las competencias acreditadas en el ejercicio de las tareas asignadas. Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento de evaluación, si bien la ley incluye los principales criterios que deben tenerse en cuenta. La evaluación positiva del desempeño se vincula a la percepción de retribuciones complementarias.
El título VI regula los derechos retributivos y la Seguridad Social.
En su capítulo I, sobre los derechos retributivos, se determinan los principios en los que se fundamenta el sistema retributivo. Asimismo, se establece la clasificación de las retribuciones del personal funcionario de carrera, añadiendo a lo regulado por la normativa estatal de carácter básico una novedosa clasificación de las retribuciones complementarias, que atiende esencialmente a la implantación de la carrera horizontal y a la regulación de la evaluación del desempeño. Así, dentro de las retribuciones complementarias se incluyen el complemento de carrera profesional, que retribuye la progresión en los tramos de la carrera horizontal; el complemento de nivel competencial, cuya cuantía depende del nivel competencial en que se haya clasificado cada puesto en función de su especial dificultad técnica y responsabilidad (la ley prevé del grado 1 al 20); el complemento del puesto, que retribuye las condiciones particulares de cada puesto, y el complemento por desempeño, vinculado a la obtención de una evaluación positiva del desempeño. Además, se regulan las gratificaciones por servicios extraordinarios, los complementos personales transitorios y el complemento por trabajo en horario nocturno, en festivos o por realización de guardias de presencia física y guardias localizables.
Asimismo, se incluye en este capítulo la regulación de cuestiones específicas del régimen retributivo que corresponde a diversos colectivos de personal, como el personal funcionario interino, el personal funcionario en prácticas, el personal eventual, el personal directivo público profesional y el personal funcionario pendiente de adscripción. También se establecen las reglas relativas a la deducción y devengo de retribuciones.
Por su parte, el capítulo II se refiere a la regulación del régimen de la Seguridad Social y de derechos pasivos aplicable al personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía.
En el título VII se regula el derecho a la negociación colectiva y representación, así como la solución extrajudicial de conflictos, donde, además de la normativa estatal de carácter básico que se reproduce para dar coherencia y armonía al contendido del título, se regula el desarrollo legislativo sobre esta materia, pese al carácter limitado que al mismo permite el régimen constitucional de distribución de competencias en este ámbito, lo cual constituye una novedad de la ley, puesto que la anterior Ley 6/1985, de 28 de noviembre, no abordaba esta cuestión.
En el capítulo I se incluyen las disposiciones generales en esta materia.
En el capítulo II se establece la estructura de la negociación colectiva en el ámbito autonómico de Andalucía, constituida por las Mesas de Negociación reguladas en la normativa estatal de carácter básico. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de personal funcionario y a su número.
La ley define también las unidades electorales en las que se celebrarán los procesos para la composición de los órganos unitarios de representación del personal funcionario y estatutario en todos los sectores de la Administración de la Junta de Andalucía, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39, apartado 4, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que determina que el establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas.
Se dispone asimismo que cada Administración pública incluida en el ámbito de aplicación de la ley dispondrá de un registro de órganos de representación del personal al servicio de las mismas y de las entidades públicas instrumentales vinculadas o dependientes de ellas, en el que serán objeto de inscripción o anotación los actos que reglamentariamente se determinen, dando también cumplimiento a la disposición adicional decimoquinta del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Por último, en el capítulo IV se establece la solución extrajudicial de conflictos del personal funcionario y laboral en el seno del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, promoviendo los espacios de acuerdo y la gestión participada de las diferencias que puedan surgir en los procesos de negociación, o en la aplicación e interpretación de los diferentes pactos y acuerdos suscritos.
El título VIII, dedicado a la ordenación y planificación del empleo público, se estructura en dos capítulos.
En el capítulo I se regula la planificación de recursos humanos, que tiene como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la acción pública y la prestación de los servicios, así como a lograr la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles. En este sentido, se desarrolla por primera vez la posibilidad de aprobar planes de ordenación de recursos humanos, referidos tanto a personal funcionario como laboral. Además, como instrumentos de planificación del empleo público, se regulan la oferta de empleo público y el Registro General de Personal, en el que se inscriben los actos de reconocimiento de derechos en materia de personal, como requisito de eficacia para los mismos, y se prevé la existencia de un único sistema de gestión integrada de los recursos humanos.
En el capítulo II, relativo a la estructura del empleo público, se regulan, como instrumento de ordenación del empleo público, los cuerpos, escalas y es