Categoría: Energía y Medio Ambiente

ivera de Huelva (20,39 %) y 24 Guadiamar, Majalberraque y Pudio (16,45 %). En estas demarcaciones se está definiendo la sequía prolongada mediante unos indicadores que en muchas Unidades Territoriales de Sequía obligan a reducir los caudales ecológicos mínimos y a mantenerlos reducidos durante periodos de tiempo que son superiores a los que en condiciones naturales permitirían circular un caudal igual o menor al caudal ecológico mínimo sin reducir (5 %-15 %). Ello supone una reducción significativa del régimen de caudales y de mayor extensión e intensidad que la esperable en una situación normal de sequía en régimen natural, lo que provocará efectos negativos importantes sobre el ecosistema acuático, precisamente en unas circunstancias de sequía en que su vulnerabilidad es mayor.
Desde el punto de vista de la escasez, tanto en situación de alerta como de emergencia, los planes utilizan una serie de medidas de aumento de disponibilidad de recursos hídricos. Dichas medidas permiten un aumento de recurso en las masas de agua afectadas por la escasez para atender los usos, que a su vez suponen una disminución del recurso en las masas de agua cedentes. En todos estos casos, hay unos usos o masas de agua que experimentan un incremento de recurso, y unas masas que experimentan una reducción del recurso, en las que dicha reducción puede generar impactos ambientales negativos. Es el caso de las siguientes medidas:
Incremento de las extracciones de masas de agua subterráneas o puesta en funcionamiento de pozos de sequía, aumentando el deterioro de las masas que parten de un mal estado cuantitativo, o pudiendo comprometer el mantenimiento del buen estado cuantitativo de las que originalmente lo presentan. Ello puede provocar el rebasar un índice de explotación de 0,8 o presentar una tendencia sostenida a la reducción de niveles, afectar negativamente al régimen de caudales de masas de agua superficial hidrológicamente conectadas, incumplir los objetivos de conservación de ecosistemas terrestres directamente dependientes del agua o aumentar la intrusión salina.
Tanto el empleo de transferencias de recursos internos como externos, incluidos trasvases, supone una detracción de recurso de las masas de agua cedentes, que puede provocar deterioro de su estado o potencial ecológico, incumplimiento de los objetivos medioambientales de zonas protegidas asociadas, y deterioro del hábitat para la biocenosis acuática. Ello puede ser particularmente grave en el caso de masas de agua incluidas en espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, áreas protegidas por instrumentos internacionales o masas de agua que son hábitat de especies de fauna o flora amenazadas. También puede suponer una alteración grave del régimen de caudales de las reservas hidrológicas.
El intercambio de derechos en diferentes masas de agua puede provocar efectos similares a los de los dos casos anteriores.
El incremento en el uso de aguas residuales depuradas también puede, en algunos casos, provocar efectos negativos, lo que ha sido objeto de tratamiento detallado en las Declaraciones ambientales estratégicas del Plan DSEAR y de los planes hidrológicos del tercer ciclo.
Con carácter general, los PES no desarrollan cómo se van a llevar a cabo estas medidas en las diferentes UTE, ni cuáles van a ser las masas de agua cedentes del recurso, y los respectivos documentos ambientales estratégicos no profundizan en la evaluación de estos efectos.
El impacto de las medidas planteadas para hacer frente a las situaciones de escasez dependerá, entre otras cosas, de la duración y frecuencia que tengan los periodos en los que las citadas medidas se encuentren en funcionamiento. Una de las medidas más comunes es la activación de pozos de sequía. Los pozos de sequía son un mecanismo de movilización de recursos extraordinarios en situación de escasez coyuntural, por lo que su uso debería tener un carácter puntual. Sin embargo, el PES del Júcar establece la puesta en funcionamiento de los pozos de sequía en situación de alerta o emergencia por escasez en la UTE 4, la UTE 6, la UTE 7 y la UTE 9, lo que supone que estén en funcionamiento entre un 18 % y un 23 % del tiempo. En la UTE 1, la UTE 5 y la UTE 8 se contempla la puesta en marcha de los pozos de sequía a partir de la fase de prealerta, lo que supone que los pozos de sequía estén en funcionamiento un 49 %, un 48 % y un 38 % del tiempo, respectivamente. Estos valores implican que, para cada ciclo de planificación, los pozos de sequía se encontrarán en funcionamiento al menos un año de cada seis en aquellas UTE en las que se activan únicamente en fase de alerta y emergencia, y hasta tres años de cada seis en las UTE en las que los pozos de sequía se activan desde el estado de prealerta.
La Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria constata que las acciones y medidas de los PES no han sido evaluadas desde el punto de vista ambiental, y considera infundada la previsión de los PES de que «no cabe prever que de la aprobación de los PES puedan derivarse efectos contrarios a los precisamente perseguidos», reconociendo que una parte de las actuaciones que los PES incluyen pueden causar impactos que pueden ser relevantes, al menos sobre la Red Natura 2000, los humedales de importancia internacional y las masas de agua subterránea.
La Dirección General de Políticas de Montaña y del Litoral del Departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña señala que la reducción del caudal líquido del río Ebro y la menor disponibilidad de agua en los embalses para realizar eventuales avenidas controladas puede tener una afección significativa sobre las aportaciones anuales de sedimento al litoral, tanto en la actualidad como en la medida que se implementen acciones para mejorar el tránsito sedimentario en el curso bajo del Ebro con objeto de revertir el déficit sedimentario que experimenta el frente deltaico, y que es una de las principales causas de su regresión. Este organismo estima conveniente monitorizar y tener en cuenta dentro de los impactos ambientales de la sequía prolongada, y, por ende, en los informes post-sequía, la afección del PES al tránsito sedimentario del río Ebro, con el objeto de tener información relevante sobre las consecuencias de este tipo de episodios que se esperan cada vez más frecuentes.
Las declaraciones ambientales estratégicas de los planes hidrológicos del tercer ciclo ya indicaron la necesidad de dar un tratamiento especial a las masas de agua que albergan especies protegidas o de interés pesquero o económico, evitando la reducción de los caudales ecológicos mínimos en sequía prolongada en las masas en que dichas especies habitan, determinación que finalmente no fue considerada en los planes aprobados. En tal caso, el impacto derivado de la reducción de caudales ecológicos mínimos adoptada por los planes hidrológicos en masas de agua habitadas por especies protegidas o de interés pesquero ahora se concreta en términos de duración y de frecuencia con la definición que los PES adopten para la sequía prolongada, impacto que es necesario evaluar y mitigar.
La Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO informa que algunas especies declaradas en situación crítica por estar en inminente riesgo de extinción presentan una dependencia directa de los ecosistemas acuáticos, por lo que podrían verse afectadas por las determinaciones y desarrollo de los planes especiales de sequía propuestos, mencionando los casos del visón europeo(Mustela lutreola),de la cerceta pardilla(Marmaronetta angustirostris)o de lanáyade auriculada(Margaritifera auricularia),declaradas especies en situación crítica mediante Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre.
Adicionalmente, debe considerarse que en los catálogos de especies amenazadas de las comunidades autónomas aparecen en las categorías en peligro de extinción o vulnerable numerosas especies acuáticas que habitan en masas de agua afectadas por la reducción de caudales ecológicos mínimos en sequía prolongada adoptada a escala de los planes hidrológicos, y cuya duración y frecuencia es ahora dependiente de la definición de sequía prolongada que adopten los PES, por lo que el impacto provocado por la aplicación conjunta de ambos tipos de planes debe ser objeto de una evaluación específica.
El incremento en el uso de agua subterránea y la puesta en funcionamiento de pozos de sequía sobre masas de agua subterránea suponen un aumento en las extracciones, y cuando la masa de agua parte de un mal estado cuantitativo ello puede provocar un deterioro adicional en su estado y alejar en el tiempo el horizonte en que podrían lograrse sus objetivos medioambientales, cuando el último horizonte de prórroga ordinaria que prevé la Directiva Marco del Agua para el logro de los objetivos medioambientales de todas las masas de agua es 2027. Para hacer frente a este impacto ambiental, los documentos ambientales indican que el aumento de extracciones asociado con los pozos de sequía se verá posteriormente compensado por una posterior reducción en las extracciones a través del régimen anual de extracciones de los programas de actuación. Sin embargo, cuando la masa de agua parte de un mal estado cuantitativo, la gravedad de su situación de partida requiere un análisis más detallado y de mayor profundidad. La evaluación ambiental estratégica del Plan debe abordarse con mayor profundidad para concluir con la adopción de determinados umbrales que ajusten el funcionamiento de los pozos de sequía. De esta manera, se evitaría la generación de impactos críticos y se minimizarían los impactos graves. Además, ello permitiría la adopción de determinaciones sobre la cuantía adicional en que se reducirán los aprovechamientos en los regímenes anuales de extracciones que, tras la sequía, aprueben las juntas de gobierno para asegurar la recuperación de los déficits provocados por los pozos de sequía. Adicionalmente, los PES de las demarcaciones en que se dan estas circunstancias no dan determinaciones concretas ni parecen influir explícitamente en los regímenes anuales de extracciones de los programas de actuación de las masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo. Estos se elaboran y aprueban anualmente por el órgano de gobierno del organismo de cuenca, tanto para los periodos de sequía prolongada como para los posteriores de teórica recuperación de niveles. Por tanto, no se puede asegurar que los PES incluyen las medidas necesarias para mitigar el impacto producido por la eventual activación de pozos de sequía en masas de agua subterránea que se encuentran en mal estado cuantitativo, en unos términos consistentes con las previsiones del plan hidrológico para el logro de sus respectivos objetivos medioambientales.
Finalmente, para el caso de que el estrés hídrico alcance los máximos niveles de gravedad, ya sea por coincidir una sequía prolongada con una alerta de escasez o por haber entrado en un escenario de emergencia por escasez precedido o no de una sequía prolongada, se prevé que el presidente del Organismo de Cuenca declare una «Situación excepcional por sequía extraordinaria», pasando las decisiones sobre las medidas a adoptar a la esfera del Consejo de Ministros. Si bien es comprensible que la gravedad de la situación puede requerir la adopción de algunas medidas excepcionales que solo el Consejo de Ministros pueda adoptar, los PES han de incluir acciones o determinaciones específicas y concretas para el supuesto de mayor gravedad de las situaciones que contempla.
En este sentido, la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria señala que resulta deseable que la evaluación ambiental estratégica de los PES contemple en qué medida se dan las condiciones para una rápida recuperación de las masas que ceden temporalmente sus recursos, evitando el riesgo de que se produzca un deterioro persistente de su estado, a todos los efectos y prestando especial atención a los espacios naturales protegidos. Aumentar la disponibilidad del recurso en escenarios de escasez grave no debería consistir únicamente en imponer restricciones al consumo de agua superficial y aumentar el consumo de agua subterránea sin una valoración previa de qué resulta más aconsejable para cada UTS/UTE, a la vista de las características particulares de los elementos que forman parte de ella. Asimismo, debe aportarse una relación de las infraestructuras específicas disponibles para entrar en funcionamiento, cuando se ponga en marcha el operativo extraordinario de gestión de la sequía y las de reposición de los volúmenes movilizados.
La Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana señala que, en el actual contexto de cambio climático, las «importantes recargas» esperadas en periodos húmedos posteriores a los periodos de mayor explotación de aguas subterráneas durante las sequías pueden verse reducidas.
2.2.b Carácter acumulativo de los efectos.
La reducción automática de los caudales ecológicos mínimos en los meses en que los umbrales del PES determinen la existencia de sequía prolongada debe suponer una reducción automática del hábitat potencial útil, y producirá un efecto acumulado y sinérgico con el paralelo deterioro del resto de parámetros físico-químicos que definen las condiciones de soporte de la comunidad biológica: aumento de temperatura, incremento de la concentración de contaminantes, reducción del oxígeno disuelto, etc. El PES menciona este efecto, pero concluye que no existe una correlación clara entre el índice de sequía y el empeoramiento de la calidad físico-química de las masas de agua, sin aportar datos que soporten dicha afirmación. Por ejemplo, en la Demarcación Hidrográfica del Duero, las masas seleccionadas para hacer este análisis son el río Pisuerga a su paso por Simancas (30400375), y el Río Duero a su paso por Zamora (30400397), tramos de río regulados y muy caudalosas donde la declaración de sequía prolongada no implica una reducción automática del caudal real, con independencia de la reducción adoptada para el caudal ecológico mínimo en sequía. Puesto que las medidas aplicadas por el PES se basan en la reducción automática de los caudales ecológicos, para poder concluir que este evento no afecta a las masas, debería relacionarse el estado de los parámetros biológicos y físico-químicos con el caudal que realmente circula por dicha masa, en lugar de con la declaración de sequía prolongada. En cualquier caso, la gravedad, duración y reversibilidad de estos impactos acumulados y sinérgicos depende, entre otros factores, de la duración y frecuencia de los periodos en que se reduzcan los caudales ecológicos mínimos por efecto de la definición del umbral de sequía prolongada que hagan los planes especiales de sequía.
En el caso de los PES de demarcaciones intercomunitarias en que en situaciones de prealerta, alerta o emergencia por escasez se prevé incremento de extracciones de aguas subterráneas o activación de pozos de sequía, ante el claro carácter acumulado del efecto del conjunto de dichas extracciones sobre las masas de agua afectadas, se hace preciso definir el marco espacial y temporal que resulte más adecuado para la evaluación de los efectos de este tipo de medida, ya sea a escala de plan o de proyectos. Por ello, al ser el PES el marco de todas las futuras actuaciones frente a eventuales episodios de sequía o de escasez coyuntural, una adecuada evaluación ambiental estratégica debe profundizar más en los efectos del incremento de la utilización de las aguas subterráneas y de la activación de los pozos de sequía sobre las principales masas de agua subterránea afectadas en cada UTE donde se prevea su utilización, así como concluir los criterios que permitan racionalizar y optimizar la posterior programación del funcionamiento de los pozos de sequía y de su evaluación de impacto ambiental a escala de proyecto, indicando el ámbito espacial y temporal óptimos para ambas acciones teniendo plenamente en cuenta sus efectos acumulados y sinérgicos, por ejemplo requiriendo una única evaluación de impacto ambiental del conjunto de pozos de sequía que operan sobre la misma masa de agua subterránea.
2.2.c Carácter transfronterizo de los efectos.
La aplicación de caudales ecológicos mínimos reducidos en época de sequía prolongada en la parte española de las demarcaciones del Miño-Sil, Duero, Tajo y Guadiana, en una duración y frecuencia que depende de la definición de sequía prolongada que adopten los PES, puede provocar impactos transfronterizos de mayor o menor duración y frecuencia en algunas masas de agua en Portugal, incluidas algunas que dan soporte a espacios de la Red Natura 2000.
En la demarcación del Miño-Sil se dan estas circunstancias en la masa de agua superficial Río Louro 1, que aun dando en España soporte al espacio Natura 2000 ZEC ES1140011 Gándaras de Budiño ha visto reducido su caudal ecológico mínimo en sequía prolongada, desembocando posteriormente en el tramo internacional del Miño donde confluyen los espacios fronterizos ES1140007 Baixo Miño y PTCON0019 Río Minho.
En la Demarcación Hidrográfica del Duero, también se da este caso en la masa de agua superficial denominada río Manzanas 2 (30400807), límite con la República Portuguesa, donde se establecen caudales ecológicos reducidos en sequía prolongada, con el agravante de que esta masa de agua fronteriza asienta varios espacios de la Red Natura 2000, tanto en España (ES4190132, ZEC Riberas del río Manzanas y afluentes) como en Portugal (PTCON0002 Montesinho / Nogueira, PTCON0021 Ríos Sabor e Maças, PTZPE0137 Ríos Sabor e Maças). Algo similar ocurre en la masa de agua Río Tormes 14 (30400412) que desemboca en el Duero en los espacios fronterizos Natura 2000 ES0000118 Arribes del Duero y PTCON0022 y PTZPE0038 Douro Internacional, y la masa de agua Río Huebra 5 que desemboca en el Duero en la confluencia de los espacios fronterizos anteriormente mencionados, además de dar soporte en España al ZEC ES4150064 Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes y a la ZEPA ES0000427 Riberas del río Huebra y Yeltes.
Por su parte, en la demarcación del Guadiana, para la masa Río Olivenza II, se prevé reducción en sequía prolongada del caudal ecológico mínimo, y su tramo inferior forma parte del ZEC ES4310027 Río Guadiana Internacional, que es fronterizo con el espacio portugués PTCON0032 Río Guadiana / Juromenha. El PES del Guadiana prevé, para la UTE 21 (Chanza-Andévalo) y como medida frente a situaciones graves de escasez, un bombeo de emergencia en Bocachanza (tramo internacional) que podrá activarse en las condiciones que se acuerden con Portugal, sin más datos. Esta actuación puede afectar en España a la ZEC ES6150018 Río Guadiana y Ribera de Chanza y en Portugal a la ZEC PTCON0036 Guadiana, además de afectar el grado de penetración de la cuña salina por el estuario.
Estos efectos no han sido considerados ni evaluados adecuadamente en los documentos ambientales de los PES de estas demarcaciones, nilos posibles efectos provocados por las medidas de incremento del recurso disponible que supongan una detracción de agua de masas de agua de España que fluyen hacia Portugal o sean de carácter fronterizo, no pudiendo ser directamente descartados.
La Subdirección General de Planificación Hidrológica hace referencia a las obligaciones y mecanismos de intercambio de información y cooperación derivados del Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas (Convenio de Albufeira), y a la Declaración conjunta de la XXXIII Cumbre hispano-portuguesa en Viana do Castelo, como justificantes de la ausencia de impactos de los PES de las cuencas compartidas sobre el medio ambiente de Portugal y de la no necesidad de consultas transfronterizas.
No obstante, la existencia del Convenio de Albufeira no excluye de la aplicación de la normativa sobre evaluación ambiental, como recoge el propio convenio en sus artículos 8 y 9 para los efectos transfronterizos. Los documentos ambientales estratégicos de los PES de las demarcaciones compartidas no analizan qué efectos transfronterizos provocan las decisiones y medidas que toman los PES, dándolos por positivos.
La citada Declaración conjunta de la XXXIII Cumbre hispano-portuguesa reconoce la situación de extrema gravedad derivada de la sequía, la necesidad de hacer un seguimiento más detallado del cumplimiento de los caudales comprometidos por el convenio, de armonizar los indicadores de sequía y de escasez que usan ambos estados y de caracterizar las situaciones excepcionales de sequía y de escasez de recursos recogidas en el artículo 19 del convenio. Siendo la definición de los indicadores de sequía y de escasez de la parte española de las demarcaciones compartidas una de las decisiones que adoptan los PES del Miño-Sil, Duero, Tajo y Guadiana, lo señalado en la Declaración conjunta evidencia que su determinación en España puede causar efectos en el medio ambiente de Portugal, efectos que han de considerarse en su evaluación ambiental y que deben ser objeto de consulta transfronteriza.
Asimismo, manifiesta que durante la elaboración de los Planes Hidrológicos del Tercer Ciclo, con potestad para fijar los caudales ecológicos, se consultó a la República Portuguesa y se tuvieron en cuenta sus consideraciones, si bien el traslado del resultado de las consultas transfronterizas a Portugal sobre los planes hidrológicos de las demarcaciones compartidas tuvo lugar con posterioridad al inicio de la tramitación ambiental. La Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) destacaba la necesidad de armonizar los criterios para clasificar las masas de agua en ambos estados y que las actuaciones propuestas en el territorio fronterizo y transfronterizo permitieran alcanzar el buen estado de dichas masas de agua. Asimismo, hacía referencia a varios espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Portugal que dependían directamente de masas de agua que los planes españoles no habían considerado como transfronterizas o fronterizas, a pesar de estar directamente conectadas a espacios protegidos compartidos. Por ello, remarcaban la necesidad de cumplir, además de con el Convenio de Albufeira, con la Directiva de Hábitats y Aves que obliga a proteger y conservar dichos espacios y los ecosistemas y especies que ellos albergan. En su escrito, la APA señalaba ejemplos concretos para las diferentes Demarcaciones Hidrográficas transfronterizas en las que se habían omitido cursos de agua fronterizos y transfronterizos, y sus respectivos afluentes en la parte española de la cuenca con potencial interferencia (directa o indirecta) para Áreas Protegidas o Red Natura 2000 y con importancia real o potencial para especies protegidas o amenazadas de fauna acuática y ribereña (por ejemplo, ictiofauna autóctona migratoria o residente como Salmo salar y Salmo trutta morpho trutta o el desmán ibérico Galemys pyrenaicus).
Igualmente, el Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), presentó alegaciones en que manifestaba que el Convenio de Albufeira no se ha aplicado debidamente a efectos de la calidad de las aguas y en cuanto al régimen de caudales ecológicos que, al margen de haber sido incumplido en varias ocasiones, no asegura el buen estado de las masas. El GEOTA ponía especial énfasis en la necesaria implementación de una metodología común, con criterios comunes para clasificar las masas de agua fronterizas y transfronterizas, para resolver los conflictos entre ambos países y cooperar en la gestión de episodios de sequía e inundaciones. La falta de criterios comunes para clasificar las masas de agua y, alcanzar el buen estado, también fue remarcada por la APA. Por otra parte, el GEOTA defendía la necesidad de establecer un régimen de caudales ecológicos que permitiera garantizar el buen estado ecológico de las aguas y la conservación de ecosistemas acuáticos y ribereños, especialmente en zonas protegidas y espacios de la Red Natura 2000. En este mismo sentido se pronunciaban otras asociaciones ecologistas destacando, entre otros aspectos, la insuficiencia de caudales ecológicos determinados científicamente, especialmente en la región del Tajo.
En cualquier caso, no puede descartarse que la reducción de los caudales ecológicos mínimos adoptada por los planes hidrológicos de las demarcaciones compartidas con Portugal durante los periodos y con las frecuencias que se deriven de la definición de sequía prolongada que adopten los correspondientes PES no cause efectos transfronterizos apreciables sobre espacios de la Red Natura, espacios protegidos de otros tipos y especies protegidas.
2.2.d Riesgos para la salud humana o el medio ambiente.
Durante el tiempo mayor o menor que, como consecuencia de la definición del umbral de sequía prolongada que adopten los planes, estén automáticamente reducidos los caudales ecológicos mínimos, la vulnerabilidad del ecosistema a episodios puntuales de contaminación accidental aumenta, como consecuencia de la reducción del caudal de dilución.
En este sentido, la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de la Rioja señala que, en relación con el PES del Ebro, considera necesario mantener un control especial de los vertidos de una empresa acuícola cercana a la ciudad de Logroño por el potencial riesgo de contaminación del agua bruta utilizada para su abastecimiento. Ello garantizaría la disponibilidad de agua para asegurar la salud y la vida de la población, minimizando la afección de los periodos de sequía sobre el abastecimiento urbano. Igualmente, este organismo considera oportuno mantener la calidad de las aguas de baño en zonas autorizadas en la comunidad autónoma, y, si no es posible garantizar el volumen de agua almacenada en embalses aptos para el baño, informar a las autoridades sanitarias que realizan el control de calidad correspondiente. Finalmente, recoge que la conveniencia de incluir como indicadores de seguimiento la pérdida de calidad y aptitud del agua natural.
El informe de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incluye varias observaciones generales y medidas sobre aspectos sanitarios que debieran tenerse en cuenta en la elaboración y aprobación de los Planes Especiales de Sequía. Concretamente, recuerda que las aguas de consumo humano deben cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
En varias Demarcaciones, la forma de garantizar el abastecimiento de los municipios en situación de escasez consiste en movilizar recursos de origen subterráneo, sin tener en cuenta la calidad de las aguas que se pretenden extraer. Incluso las aguas extraídas de una masa en buen estado químico pueden no cumplir directamente los criterios de calidad del Real Decreto 3/2023. Respecto de la masa de agua subterránea Mancha Oriental, el PES del Júcar establece como medida en situación de escasez la movilización de recursos subterráneos para el abastecimiento de Albacete, y, en su caso, la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa que mejore su calidad mediante una reducción de concentración de CaCO3, que supera el umbral de la citada norma.
La Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Región de Murcia manifiesta que la medida de activación de pozos de sequía puede provocar en determinadas circunstancias riesgo de subsidencia del terreno, poniendo como ejemplo en la Demarcación del Segura los asentamientos superficiales que tuvieron lugar en el entorno de la ciudad de Murcia a raíz de los descensos del nivel freático provocados por el incremento de las extracciones de agua subterráneas realizadas en el periodo de sequía sufrida en la Vega Media entre 1992 y 1995. De acuerdo con su informe, este riesgo debe ser particularmente tenido en cuenta en la planificación y en posterior el seguimiento de los pozos de sequía. En relación con este impacto derivado de la intensificación de la explotación de los acuíferos y funcionamiento de pozos de sequía, recientes trabajos (https://oa.upm.es/67786/ pg. 18) reconocen que España es el sexto país del Mundo con casos detectados de subsidencia por extracción de agua, en particular en el arco mediterráneo (Barcelona, Girona, Cambrils, Orihuela, Almería, Montellano, Lorca, Murcia, Granada) y en Madrid. Esta subsidencia puede provocar daños a edificaciones e infraestructuras.
2.2.e La magnitud y el alcance espacial de los efectos.
El análisis realizado se ha extendido a planes con tamaño y complejidad diferentes. De una parte, las demarcaciones intercomunitarias de mayor tamaño y complejidad pueden verse afectadas por la sequía y variados episodios de escasez coyuntural y estructural, y las determinaciones del PES pueden generar impactos ambientales significativos. De otra parte, respecto a Ceuta y Melilla, demarcaciones de pequeña extensión, cuyos usos se abastecen fundamentalmente mediante desalación, proceso no afectado por la sequía y con un número muy reducido de masas de agua, en su mayoría marinas, no se verifica que las determinaciones de los PES puedan provocar impactos relevantes.
2.2.f Valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada.
Los impactos de la reducción automática de los caudales mínimos ecológicos en sequía prolongada, con una duración y frecuencia que dependen del umbral de sequía prolongada que adopten los planes de sequía, resultarían particularmente graves en masas de agua incluidas en espacios Red Natura 2000 que incluyen entre sus objetivos de conservación hábitats o especies de interés comunitario directamente dependientes del agua, así como en humedales de importancia internacional Ramsar, motivo por el que el artículo 18.4 del Reglamento de Planificación Hidrológica ha excluido expresamente la reducción de los caudales ecológicos mínimos en época de sequía prolongada en estos dos tipos de espacios naturales.
La Dirección General del Agua del MITECO y las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Segura, Miño-Sil, Cantábrico, Duero y Júcar señalan que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de evaluación ambiental, «Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: …. b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad», e indican que, al no contemplarse reducción de caudales ecológicos mínimos en sequía prolongada en espacios Red Natura 2000, no se causa un perjuicio significativo en estos espacios, no siendo preciso que los planes sean objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria.
No obstante, este órgano ambiental concluye que la mayoría los Planes Hidrológicos del tercer ciclo de las demarcaciones intercomunitarias incluyen reducciones de los caudales ecológicos mínimos en sequía prolongada en algunas masas de agua, afectando parcial o totalmente espacios Red Natura 2000 con hábitats o especies de interés comunitario directamente dependientes del agua, o en humedales de importancia internacional Ramsar. Esta circunstancia de detecta al menos en los siguientes casos:
En el caso de las Reservas naturales fluviales, figura cuyo objetivo es preservar tramos de ríos con escasa o nula intervención humana, régimen hidrológico prácticamente inalterado y muy buen estado ecológico, se aprecia que algunos planes hidrológicos han establecido caudales ecológicos mínimos reducidos en sequía prolongada en algunas de estas reservas, cuya duración y frecuencia dependerá de la definición de sequía prolongada del PES. Se aprecia esta circunstancia al menos en las siguientes:
Cabe recordar que las Declaraciones ambientales estratégicas de los planes hidrológicos de demarcaciones intercomunitarias de tercer ciclo determinaban que no se redujesen en sequía prolongada los caudales ecológicos mínimos en las masas de agua que presentan un estado ecológico muy bueno o bueno, en zonas protegidas para la protección de hábitats o especies dependientes del agua (incluida las Red Natura 2000, los humedales de importancia internacional Ramsar y las áreas críticas de especies acuáticas amenazadas), en zonas para la protección de especies acuáticas de interés pesquero o económico, y en zonas protegidas por su condición de reserva natural fluvial, determinaciones que no se han seguido en los planes finalmente aprobados. En consecuencia, los efectos que por este motivo pueden causar los planes hidrológicos sobre las masas de agua y zonas protegidas mencionadas, se materializarán y concretarán en términos de duración y de frecuencia con la definición del umbral de sequía prolongada de los planes especiales de sequía y su previsión de aplicación automática de la reducción del caudal ecológico mínimo en sequía prolongada. Esta combinación de previsiones de ambos tipos de planes puede provocar impactos apreciables sobre los espacios Red Natura 2000 cuyas especies o hábitats de interés comunitario dependen directamente de las masas de agua cuyos caudales ecológicos mínimos se van a ver reducidos en sequía prolongada, requiriéndose por este motivo la evaluación ambiental estratégica ordinaria de estos planes por aplicación el artículo 6.1.b) de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y una adecuada evaluación de repercusiones sobre Red Natura 2000 de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad.
La Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO señala que una gran parte de las reducciones de recursos hídricos planteadas como un régimen especial de caudales ecológicos mínimos menos exigentes, se produce en masas de agua que son coincidentes con espacios de la Red Natura 2000 o con humedales de importancia internacional designados en virtud del Convenio de Ramsar, según información del Banco de Datos de Naturaleza del MITECO. En concreto, se ha detectado que la reducción de caudales ecológicos a niveles menos exigentes o el deterioro temporal de las masas de agua puede afectar a hábitats y especies de interés comunitario dentro de espacios de la Red Natura 2000, en ocasiones elementos clave o especies objetivo diferenciados en sus instrumentos de gestión correspondientes. Por tanto, los PES, tal y como están actualmente planteados, podrían vulnerar las disposiciones relativas a caudales ecológicos en Red Natura 2000 recogidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986), en el Reglamento de la Planificación Hidrológica (Real Decreto 907/2007) y en los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas. Además, esta coincidencia podría generar una alteración del estado de conservación de los valores naturales por los que se declararon los espacios, hábitats y especies de interés comunitario, en el caso de la Red Natura 2000 y ecosistemas representativos, comunidades de aves acuáticas, peces u otros grupos para el caso de los humedales de importancia internacional en contra de los objetivos de la Directiva Hábitats y de la Directiva Aves, así como del Convenio de Ramsar. Por ello, la citada Subdirección concluye que los PES deben someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, por su potencial efecto sobre el medio natural y la biodiversidad. En el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria se debería precisar si las reducciones de caudales ecológicos mínimos en sequía prolongada adoptadas por los planes hidrológicos durante los periodos y en las frecuencias que se deriven de la definición de sequía prolongada de los PES puede generar impactos apreciables sobre espacios de la Red Natura 2000, o generar un perjuicio sobre su integridad.
En el anexo 2, para cada uno de los PES que ha sido objeto de la presente evaluación ambiental estratégica simplificada conjunta, se resumen los principales impactos ambientales significativos que se aprecia que sus determinaciones pueden provocar, y que requieren una evaluación en mayor detalle, junto con la adopción de medidas de mitigación y de seguimiento más específicas y concretas que las contenidas en los actuales Documentos ambientales estratégicos.
Como resultado del análisis realizado de conformidad con los criterios indicados en el anexo V de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, se considera necesario que los Planes Especiales de Sequía de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico Oriental, Cantábrico Occidental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro pasen una evaluación ambiental estratégica ordinaria con anterioridad a su aprobación.
Por su parte, los Planes Especiales de Sequía de las demarcaciones de Ceuta y Melilla no manifiestan la problemática indicada en el análisis precedente, estando limitados a ámbitos territoriales muy reducidos, por lo que las medidas planteadas no provocan los impactos ambientales apreciados para los PES de las demarcaciones intercomunitarias, limitándose a actuaciones de concienciación de la población en el ahorro y de movilización de recursos extraordinarios en caso de avería de las desaladoras de las que se abastece la población de las ciudades autónomas, sin que se aprecie que existan masas de agua que puedan verse negativamente afectadas por la implantación de dichas medidas. Por tanto, no se prevé que las medidas de estos dos planes pueda provocar impactos ambientales significativos, por lo que no se requiere el sometimiento de los mismos a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria.
Siguiendo el artículo 83 quater del Real Decreto 907/2007 que aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica, el órgano sustantivo ha planteado la evaluación ambiental estratégica simplificada de los Planes Especiales de Sequía de las diez demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, Ceuta y Melilla.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en el apartado 2 de su artículo 6 precisa los planes y programas, y sus modificaciones, que han de ser objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, y en su apartado 1 los que han de ser objeto de una evaluación ordinaria.
Asimismo, el artículo 31.2.a) señala que, en el informe ambiental estratégico, el órgano ambiental podrá determinar, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V, el sometimiento de un plan o programa al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria regulado en la sección 1.ª del capítulo I, del título II, de la ley, atendiendo a sus posibles efectos significativos sobre el medio ambiente.
De acuerdo con la evaluación ambiental estratégica practicada según la sección 2.ª del capítulo I del título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, es previsible que los Planes Especiales de Sequía de las Demarcaciones Hidrográficas de Cuencas Intercomunitarias puedan producir impactos ambientales adversos. Tales circunstancias no han sido apreciadas en los Planes Especiales de Sequía de Ceuta y Melilla.
Corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas de competencia estatal, de acuerdo con el artículo 7.1.c) del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Como consecuencia de la evaluación practicada, a la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho indicados y de acuerdo con la propuesta de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, esta Dirección General, resuelve:
1.º Someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, regulado en la sección 1.ª del capítulo I del título II de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, a la revisión de los Planes Especiales de Sequía de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico Oriental, Cantábrico Occidental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro, por considerar que pueden causar impactos ambientales significativos.
2.º Que no es necesario someter a evaluación ambiental estratégica ordinaria a la revisión de los Planes Especiales de Sequía de Ceuta y Melilla, ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
En virtud del artículo 19.3 de la Ley de evaluación ambiental, el documento de alcance del estudio ambiental estratégico para los planes señalados en el apartado 1.º) se pondrá a disposición del público a través de la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo.
Lo que se comunica a la Dirección General del Agua, en su calidad de órgano sustantivo de los Planes Especiales de Sequía de las Demarcaciones Hidrográficas Intercomunitarias, Ceuta y Melilla.
De acuerdo con el apartado 5 del artículo 31 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto por el que se aprueba o adopta el programa.
Madrid, 14 de diciembre de 2023.–La Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Hernández Hidalgo.
Abreviaturas: DG dirección general; SDG subdirección general.