Categoría: Administración

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por la COVID-19 el 11 de marzo de 2020 y la rápida propagación de esta enfermedad, tanto en el ámbito nacional como internacional, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance.
Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»). La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realizará a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU. El Plan detalla las inversiones y reformas, agrupadas en 30 componentes, para el periodo 2021-2023, movilizando alrededor de 70.000 millones de euros de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con el fin de impulsar la recuperación y lograr el máximo impacto económico y social. Los proyectos que constituyen dicho Plan permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
La rápida transformación digital de la economía y la sociedad ha convertido a las competencias digitales en herramientas básicas para poder aprovechar las oportunidades que ofrece desde el punto de vista económico, social y ambiental.
Sin embargo, todos los informes apuntan al bajo nivel de digitalización y de competencias digitales de las pequeñas y medianas empresas y de las personas en situación de autoempleo como dos de los principales lastres para aprovechar plenamente el potencial económico de las nuevas tecnologías.
La falta de competencias digitales en el capital humano, tanto básicas como avanzadas, frena la transformación digital de la sociedad, de la economía y su capacidad de respuesta a un nuevo contexto de demandas económicas, sociales y ambientales. La digitalización de las pequeñas y medianas empresas y de las personas en situación de autoempleo constituye, por tanto, una de las palancas principales de modernización de la economía española y de crecimiento potencial a medio plazo, al permitir mejorar la productividad de todos los factores productivos, aumentar el tamaño de las mismas, internacionalizarse y desplegar el trabajo en red tanto dentro de una misma rama de actividad como entre los distintos sectores económicos.
Las competencias digitales se erigen así en un elemento fundamental para conseguir que la sociedad y las empresas españolas afronten los retos y aprovechen las oportunidades que ofrece la economía digital. La adquisición y el desarrollo de competencias digitales se establecen, así, como una de las prioridades clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con este objetivo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye como Componente 19 el Plan Nacional de Capacidades Digitales(digital skills),destinado a que la sociedad y las empresas españolas afronten los retos y aprovechen las oportunidades que ofrece la economía digital.
El Plan Nacional de Capacidades Digitales se dirige al conjunto de la población y se organiza en cuatro ejes que a su vez se dividen en siete líneas de actuación. El tercer eje está dedicado a las competencias digitales para el empleo, e incluye tres líneas de actuación: Formación en competencias digitales para personas desempleadas y ocupadas del sector privado, con especial énfasis en jóvenes desempleados, formación en competencias digitales para las personas al servicio de las administraciones públicas y desarrollo de competencias digitales para las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que afronten con garantías de éxito sus procesos de transformación digital adaptándose a la nueva economía digital.
En concreto, entre las inversiones del Componente 19 se ha creado la Inversión 3, denominada «Competencias digitales para el empleo». La inversión apoyará la digitalización de las pymes a través de acciones dirigidas a sectores específicos de la economía y la formación de personas que puedan actuar como catalizadores, incluidos expertos y gestores de empresas. El objetivo de esta inversión es llegar a la población activa o fuerza laboral que posee competencias digitales muy limitadas. Según datos procedentes del INE de 2019, esa parte de la fuerza laboral representa el 3,62 % del total, lo que equivale a unas 832.600 personas. La medida tiene por objeto lograr la formación del 60 % de este grupo, lo que equivale a un objetivo de casi 500.000 personas.
Esta inversión integra las siguientes actuaciones:
1. Actuaciones en materia de cualificación y recualificación dirigidas a personas empleadas y desempleadas reforzando las actuales políticas activas de empleo (conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social). Programa Futur@, Plan de Choque Jóvenes 4.0, con el objetivo de impulsar la creación de empleo y la formación de jóvenes desempleados mediante la formación en competencias digitales que mejoren su empleabilidad.
2. Programa de capacitación digital de las Administraciones Públicas, dirigido a profesionales sanitarios, personal de tropa y marinería de las FFAA y reservistas de especial disponibilidad, personal de apoyo y profesorado de los centros docentes militares, formación en competencias digitales a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y actuaciones formativas en Seguridad Social y Hacienda para afrontar la transformación digital de estos dos servicios estratégicos de la Administración del Estado.
3. Programa para la transformación digital de las pymes, y formación en competencias digitales para pymes.
a) Programa de Formación para Expertos en Transformación Digital de las PYMEs. Formación a jóvenes expertos en digitalización de las pymes como agentes del cambio en los procesos de transformación digital de éstas.
b) Programa de Formación de Directiv@s. Tiene por objeto la formación directiva en la gestión digital de la empresa con el fin de mejorar la productividad de las pymes y sus posibilidades de crecimiento e internacionalización. Se pretende igualmente disminuir la brecha digital por cuestión de género, incrementando el número de mujeres directivas y trabajadoras en sectores TIC
c) Actuaciones de formación para pymes de sectores específicos: movilidad, turismo, economía circular, entre otros, así como puesta en marcha de una plataforma pública específica para la formación de personas trabajadoras autónomas y personas trabajadoras de la economía social.
Es dentro de estas actuaciones de formación para pymes de sectores específicos, y en concreto, en el sector de la movilidad, en las que se encuadran las ayudas recogidas en la presente Orden.
Según la Decisión de Implementación del Consejo (CID por sus siglas en inglés), se ha establecido como hito y objetivo de esta inversión (objetivo CID n.º 292 – Competencias digitales para el empleo), la participación de 450.000 personas en cursos de formación sobre competencias digitales antes del 31 de diciembre de 2025, teniendo cada formación un mínimo de 15 ECTS. El objetivo anterior es a nivel nacional, para el conjunto de la inversión, y asciende a un total de 1.256 millones euros.
Dentro de esta inversión se ha destinado una partida de 33 millones de euros para la formación para capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad. Por tanto, de manera proporcional a la dotación económica asignada, se ha establecido que al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana le corresponde formar a 11.835 personas. No obstante, se debe tener en cuenta que esta distribución se ha realizado a nivel nacional, sin que la misma tenga implicaciones en el cumplimiento del objetivo CID, que es a nivel global de toda la Inversión 3.
Asimismo, se han definido dos objetivos OA (Operational Arrangements, OA por sus siglas en inglés) en el anexo I del documento de Disposiciones Operativas. Estos objetivos son:
– 90.000 personas formadas antes del 31 de diciembre de 2022.
– 180.000 personas formadas antes del 31 de diciembre de 2023.
Al igual que en el caso del objetivo CID, estos objetivos parciales son a nivel nacional, para el conjunto de la inversión. De manera proporcional a la dotación económica asignada y a los objetivos OA definidos a nivel nacional, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) le correspondería formar a 2.367 personas antes del 31 de diciembre de 2022 y a 4.734 antes del 31 de diciembre de 2023.
Para dar cumplimiento al objetivo CID fijado, se ha establecido el siguiente mecanismo de verificación: «Documento resumen que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente la meta (incluidos los elementos relevantes de la meta, tal como se enumeran en la descripción de la meta y de la medida correspondiente en el anexo del CID).
Este documento incluirá como anexo una hoja de cálculo con las siguientes pruebas documentales y elementos:
a) Las referencias oficiales de los certificados que acrediten la realización de las acciones formativas;
b) Para cada uno de los programas de formación, el número de acciones formativas realizadas, el número de candidatos matriculados y el número de ECTS por acción;
c) La lista de personas capacitadas, con identificador único.
Sobre la base de una muestra a ser seleccionada por la Comisión, se deberá presentar por cada uno de los beneficiarios seleccionados, las siguientes pruebas documentales:
a) Constancia de finalización de la capacitación;
b) Acreditación documental sobre el tipo de formación impartida por el centro o área seleccionada, con detalle de su contenido.»
El objeto de esta partida es impulsar la formación en capacitación digital de los profesionales del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras, entendidos con un enfoque amplio, e incluyendo también a los miembros de las administraciones públicas relacionadas, a las personas desempleadas y a los estudiantes.
Esta formación estará destinada a todos los modos de transporte y movilidad: carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo; así como a la logística, operación y mantenimiento de las infraestructuras vinculadas.
Asimismo, las acciones formativas que se diseñen en el marco de esta inversión apoyarán la digitalización de las pymes a través de acciones dirigidas al sector del transporte y la movilidad, así como la formación de personas que puedan actuar como catalizadores, incluidos expertos y gestores de empresas.
Por otro lado, estas ayudas, como parte del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), que se encuentra alineado con Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenible de Naciones Unidas, responden a un triple objetivo:
(i) Impulsar la actividad y la creación de empleo. Mediante las acciones formativas que se financiarán con estas ayudas, se pretende disponer de un mayor número de personas con competencias digitales en el ámbito del transporte, de manera que se incremente con ello su empleabilidad y se cubran las carencias de recursos humanos detectadas en este ámbito, cubriendo los puestos vacantes y creando nuevos perfiles profesiones y puestos de trabajo en las empresas del sector.
(ii) Apoyar un proceso de transformación estructural que permita aumentar a medio plazo el crecimiento potencial. Estas ayudas servirán para avanzar en la digitalización del sector del transporte, lo que, sin duda, ayudará a la transformación de este sector. Mejorando su competitividad y su sostenibilidad.
(iii) Reforzar a largo plazo la resiliencia, avanzando hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo.
Adicionalmente a lo anterior, mediante la presente orden ministerial se pretende reducir la dependencia de España de la demanda de profesionales extranjeros para cubrir puestos de trabajo en las empresas nacionales, al carecer del suficiente personal especializado en el campo de la digitalización del transporte dentro de nuestro país, de manera que se pueda lograr la autonomía estratégica del país en este ámbito.
Finalmente, estas ayudas servirán también disminuir la brecha digital por cuestión de género y permitirán incrementar el número de mujeres directivas y trabajadoras en sectores TIC. Por lo tanto, las medidas que se establecen en este proyecto suponen un impacto positivo de género, a efectos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el artículo 26.3.f de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Procede, por tanto, en el marco del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incrementar la capacitación digital a través de instrumentos de financiación que ayudarán a las empresas del sector del transporte, a través de la formación del capital humano, a hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia provocados por la COVID-19, y favoreciendo, asimismo, las transiciones ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes. De esta manera, esta línea de ayudas tiene por objetivo específico subvencionar propuestas de acciones formativas que se ajusten a las necesidades más inmediatas de formación para la mejora de la capacitación digital del capital humano en el sector del transporte.
El objetivo de esta orden ministerial es establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, para la realización de cursos de formación para la capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras, entendidos con un enfoque amplio.
Los beneficiarios de estas ayudas serán las universidades constituidas conforme a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, debidamente inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, regulado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre. No obstante, los destinatarios finales de las ayudas serán las personas físicas que recibirán los cursos de formación, que podrán ser tanto trabajadores del sector, como estudiantes, desempleados o personal de las administraciones públicas. Los cursos subvencionados deberán estar abiertos a todas las personas físicas que reúnan los requisitos establecidos por los beneficiarios, no pudiendo limitarse el acceso a las acciones formativas únicamente a personal que forme parte de una empresa determinada.
Las ayudas se concederán aplicándose el régimen de concurrencia competitiva, permitiendo a las entidades, que así lo deseen, presentar solicitudes que serán evaluadas en función de su contenido, impacto, calidad, madurez y relevancia.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fijado en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», y teniendo en cuenta lo previsto en el Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en cumplimiento de la presente orden ministerial deberán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en la Componente 19, Inversión 3, en la que se enmarca.
Según lo establecido en el anexo 6 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD (2021) 147 final, la Inversión 3 del Componente 19 asignada el ámbito de intervención 108 «Apoyo al desarrollo de las capacidades digitales», contribuye a la transición digital con un coeficiente del 100 % de acuerdo con el anexo VII «Metodología para el etiquetado digital en el marco del Mecanismo» del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y no dispone de etiquetado climático/medioambiental.
La presente orden ministerial se estructura por razones sistemáticas en cuatro capítulos. En el primer capítulo contiene las disposiciones de carácter general que constituyen las bases reguladoras de las ayudas y que se refieren a aspectos como los objetivos generales, los tipos de actuaciones financiables y los beneficiarios. En el segundo capítulo se describen las características de las ayudas. En el tercer capítulo se determinan las características de la formación que será objeto de las subvenciones. El cuarto capítulo desarrolla los procedimientos de concesión y de gestión de las subvenciones.
Las bases reguladoras de las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden ministerial incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando sometidas todas las solicitudes de ayuda al procedimiento ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento definidas para él en dicha normativa.
Esta orden ministerial se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, al ser un instrumento eficaz para responder a los objetivos que se persiguen con esta orden ministerial, ya que el fomento de la capacitación digital y sostenibilidad en nuestro país es uno de los cauces fundamentales para lograr la efectiva implantación de las competencias digitales para el empleo. Asimismo, la orden ministerial es acorde al principio de proporcionalidad, ya que supone un medio necesario y suficiente para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, conteniendo la regulación imprescindible para la consecución del mismo e imponiendo solo las condiciones que establece la normativa europea y la española. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, concretando el procedimiento para la concesión de las subvenciones, así como, el régimen jurídico o las obligaciones de las entidades beneficiarias, evitando dudas interpretativas y siendo coherente con el derecho de la Unión Europea y con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, y garantiza una amplia participación a sus potenciales beneficiarios en su elaboración. Finalmente, la orden ministerial es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios.
Asimismo, las ayudas objeto de las presentes bases reguladoras se otorgarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Por tanto, esta orden ministerial se dicta de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con los artículos 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiendo sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En su virtud, dispongo:
1. La presente orden ministerial tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de cursos de formación para la capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras, entendidos con un enfoque amplio.
2. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta orden ministerial tendrán como finalidad la financiación de acciones formativas orientadas a la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con la capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad, así como la logística, la operación y el mantenimiento de las infraestructuras vinculadas.
3. Las ayudas que se financien con arreglo a esta orden ministerial se enmarcan en la Inversión 3, Competencias digitales para el empleo, del componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación) del Gobierno de España, y contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de recuperación y resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
1. Las subvenciones previstas en la presente orden ministerial se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como por las restantes normas de derecho administrativo que resulten de aplicación y, en último término, las normas de derecho privado.
2. Las subvenciones previstas se sujetarán, también, a la normativa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular, al Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 y al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación.
3. Dada la financiación de las ayudas a conceder en el marco de esta orden ministerial por el Plan de Recuperación, será de aplicación el Real Decreto‐ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación y las órdenes y resoluciones que pueda adoptar el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como autoridad responsable del Plan de Recuperación ante la Unión Europea, entre las que se encuentran las siguientes:
a) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
b) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c) Resolución 1/2022, de 12 de abril, de la Secretaria General de Fondos Europeos, por la que se establecen instrucciones a fin de clarificar la condición de entidad ejecutora, la designación de órganos responsables de medidas y órganos gestores de proyectos y subproyectos, en el marco del sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. La ejecución de las actividades subvencionadas se sujetará a la normativa medioambiental aplicable (DNSH) de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del Plan de Recuperación deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento así como la Guía Técnica de la Comisión Europea sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
5. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
6. Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.
Serán beneficiarios de estas subvenciones las Universidades públicas o privadas constituidas conforme a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, debidamente inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, regulado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre.
1. Son requisitos para obtener la condición de beneficiario, cuyo cumplimiento deberá acreditarse en la forma y con los medios que se determinen en cada convocatoria, los siguientes:
a) No incurrir en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 apartado 2 y apartado 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) No tener deudas por resolución de procedencia de reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
2. El cumplimiento de los requisitos deberá estar siempre referido a la fecha final del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria correspondiente, salvo que la convocatoria especifique otra fecha diferente.
3. No podrán otorgarse estas ayudas a aquéllos que, habiendo sido beneficiarios de las mismas en alguno de los dos ejercicios anteriores, no las hubieran percibido, ni siquiera parcialmente, por haber renunciado íntegramente a ellas o por no haber aportado la documentación necesaria para su cobro.
1. El beneficiario deberá cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las contenidas en esta orden ministerial, las que se determinen en la correspondiente convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de la presente orden ministerial y de cada convocatoria, dicte el órgano concedente en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
2. Adicionalmente, el beneficiario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Realizar las acciones formativas presentadas en los términos que figuren en la resolución de concesión, alcanzando los compromisos establecidos en materia de número de personas a formar por cada edición de la acción formativa subvencionada, entendiendo como personas formadas aquellas que completen la formación con éxito. Se considerará que se ha «completado con éxito» un curso de formación cuando exista un documento oficial que así lo demuestre, mediante un diploma o título propio expedido por el beneficiario.
b) Acreditar el cumplimiento de las acciones formativas y justificar, ante el órgano competente, el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las bases reguladoras, la correspondiente convocatoria, así como la resolución de la concesión de la ayuda.
c) En el caso de no poder realizar las acciones formativas para las cuales se concedió la ayuda en los términos establecidos en la resolución de concesión, comunicar este hecho en el momento en que se produzca la certeza de la no ejecución, procediendo a la devolución voluntaria del importe de la subvención correspondiente a cada una de las ediciones de las acciones formativas no ejecutadas, conforme con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones y abonando los intereses de demora calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
e) En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, garantizar el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo» conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualesquier Administración o entes públicos o privados nacionales o de organismos internacionales, en los términos previstos en el artículo 12 de esta orden ministerial, tan pronto como tenga conocimiento de ello y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
g) Establecer medidas eficaces y proporcionadas para evitar el fraude en el cumplimiento de lo exigido por la normativa de subvenciones públicas, así como para impedir la doble financiación y la falsificación de la documentación, así como cumplir con lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
h) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana u otro órgano designado por este, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como europeos, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas financiadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información les sea requerida. Las comprobaciones podrán realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención y, en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
i) Conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
j) Llevar a cabo el reintegro de las cantidades percibidas cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 29 de la presente orden ministerial.
k) Cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
1. Las entidades beneficiarias podrán llevar a cabo una subcontratación parcial de la ejecución de la actividad, debiendo cumplir lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en especial respecto a la formalización del correspondiente contrato y su sujeción a autorización. En el caso de que el organismo o entidad beneficiaria tuviera la condición de Administración Pública, deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, así como a la normativa en materia de ayudas de Estado.
2. Los contratos, encargos a medios propios y la tramitación de los convenios que celebre la Administración General del Estado, sus organismos públicos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes, para la ejecución de proyectos con cargo a fondos europeos previstos en el Plan de Recuperación, se regirán, adicionalmente, por lo previsto en los capítulos III y IV del título IV del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
3. La ejecución de las acciones formativas será realizada directamente por la entidad beneficiaria o por entidades que tengan la condición de medio propio de la universidad beneficiaria de las ayudas, entendidas éstas como las entidades que cumplan con los criterios establecidos en el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
No obstante, las entidades beneficiarias podrán subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por ciento del importe de las actividades necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos que motivan el otorgamiento de estas subvenciones.
4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. A estos efectos, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
5. En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución de las actividades subvencionadas con las personas y entidades a que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. En caso de subcontratar parte de la actividad objeto de esta subvención, la entidad beneficiaria de la ayuda habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas den efectivo cumplimiento a todas las obligaciones que se enuncian en el artículo 4 (requisitos de los beneficiarios) apartados 1 a) y b) y en el artículo 5 (obligaciones de los beneficiarios) apartados 2 e) y 2 g), de la presente orden ministerial y, en su caso, en la convocatoria correspondiente.
7. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y subcontratistas al órgano concedente de la subvención. A tal efecto, la entidad beneficiaria deberá cumplir con las obligaciones de identificación de contratistas y subcontratistas y de cesión de datos, en los términos que se prevén en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que su celebración se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención.
El solicitante deberá presentar el contrato para autorización con carácter previo a la formalización de la actividad concertada con terceros. Si la presentación del contrato se realiza con carácter previo a la resolución de concesión, la autorización se entenderá concedida si en dicha resolución es declarado beneficiario. En el caso de que no sea posible presentar el contrato con carácter previo a la resolución de concesión, el beneficiario solicitará la autorización previa al órgano concedente, que resolverá sobre la misma en el plazo de diez (10) días hábiles. En el caso de que el órgano concedente no resuelva en ese plazo, la solicitud se entenderá desestimada.
9. En el contrato o convenio suscrito para acordar la subcontratación, deberá acreditarse que se recogen las garantías precisas para el tratamiento de datos de carácter personal, debiendo incluir las cláusulas necesarias para su cumplimiento, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
1. Los beneficiarios de la ayuda deberán cumplir con las siguientes obligaciones en materia de publicidad e información:
a) Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. En particular, y en defecto de que se apruebe una previsión más específica al respecto por orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:
1.º El emblema de la Unión Europea;
2.º Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU».
Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
b) Las establecidas en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas deberá incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve, de acuerdo con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Asimismo, podrá ser causa de reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 93 de su Reglamento de desarrollo.
c) Las iniciativas de comunicación y divulgación de las actuaciones financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cumplirán con lo establecido en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por el cual se señala la obligatoriedad de incorporar el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, en los términos que figuren en el manual de marca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Asimismo, las obligaciones de comunicación, publicidad y difusión de los beneficiarios de las ayudas pueden consultarse en la siguiente página web, así como realizar la descarga del manual de marca y distintos modelos de logos y emblemas:
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
d) En caso de cofinanciación por otra administración, tal circunstancia deberá reflejarse en la publicidad de la acción formativa.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.
1. El beneficiario garantizará el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principioDo No Significant Harm–DNSH–), recogido en el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, en todas las fases del diseño y ejecución de cada actuación de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones o autorizaciones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
2. No serán subvencionables aquellas actuaciones que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020.
1. Los gastos subvencionables deberán cumplir con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Serán gastos subvencionables los gastos corrientes relativos a la organización e impartición de acciones formativas orientadas a la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con la capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad, así como la logística, la operación y el mantenimiento de las infraestructuras vinculadas, que cumplan las características establecidas en el capítulo III de la presente orden ministerial y que se realicen antes del 30 de junio de 2025.
3. Serán subvencionables los costes siguientes:
a) los costes de personal de los formadores, correspondientes a las horas en que estos participen en la formación;
b) los costes de explotación en que incurran los formadores y los beneficiarios de la formación, directamente relacionados con la acción formativa, como gastos de viaje, materiales y suministros vinculados directamente a la acción formativa, y la amortización de instrumentos y equipos, en la medida en que se utilicen exclusivamente para la acción formativa; se excluyen los costes de alojamiento, excepto los costes mínimos de alojamiento necesarios para los beneficiarios de la formación que sean trabajadores con discapacidad;
c) los costes de servicios de asesoramiento relacionados con la acción formativa;
d) con carácter general, los costes indirectos (gastos administrativos, alquileres, seguros, publicidad y difusión, gestión y dirección) en que se haya incurrido por las horas en las que los destinatarios participen en la formación.
e) los costes de avales y/o fianzas.
Todas las cifras empleadas se entenderán antes de tasas o impuestos.
4. No se considerarán subvencionables el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto General Indirecto Canario ni el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, de conformidad con el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. Adicionalmente, no se consideran subvencionables las siguientes tipologías de gastos:
a) Los impuestos sobre las rentas de personas físicas o sociedades. No obstante, no se considerará en tal prohibición las retenciones en nóminas a cuenta del impuesto que deban ser efectuadas por aplicación de la normativa en vigor.
b) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, multas, así como otros impuestos, tributos y tasas, de tipo nacional, autonómico o local, que sean exigibles conforme a la normativa correspondiente.
c) Los intereses de las deudas.
d) Los intereses de mora, los recargos y las sanciones administrativas y penales.
e) Los gastos derivados de procedimientos judiciales.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación.
1. La cuantía total de la subvención se establecerá en la correspondiente convocatoria, de acuerdo con el crédito presupuestario disponible.
2. La concesión de la subvención quedará supeditada a la disponibilidad presupuestaria que se establezca en la correspondiente convocatoria.
3. La intensidad de ayuda aplicable a cada edición de cada acción formativa será la menor de los siguientes importes, salvo que la convocatoria establezca otro mecanismo.
a) El 100 % de los costes subvencionables de cada edición de la acción formativa o,
b) 2.500 euros por alumno formado con éxito de la edición de la acción formativa o,
c) El importe, en euros, resultante de la siguiente fórmula:
Donde:
IAAF: intensidad de ayuda por edición de la acción formativa.
n: número de alumnos formados con éxito de la edición de la acción formativa.
4. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos, supere el coste de la actividad subvencionada. Si tras la liquidación final resultase que la cantidad otorgada al beneficiario hubiera sido excesiva o indebida, este deberá reintegrar el importe que corresponda conforme a lo establecido en estas bases.
5. Esta subvención no constituye una ayuda de estado en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
1. El pago de las subvenciones se hará efectivo en un único pago anticipado al beneficiario tras la notificación de la resolución de concesión de la subvención.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 34 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en ningún caso se realizarán pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, hayan sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, se hallen declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estén sujetos a intervención judicial o hayan sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con carácter previo al cobro de la subvención, la entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro.
4. Se exigirá, antes de la realización del pago de la subvención, la presentación del resguardo de constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos, en cualquiera de las modalidades aceptadas conforme a lo establecido en el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, y según lo establecido en el artículo 25 de esta orden ministerial.
5. El importe total de la garantía a constituir será del 100 % de la subvención propuesta.
6. Las garantías serán liberadas en la cantidad que corresponda una vez tenga lugar la acreditación de que se ha realizado cada una de las ediciones de las acciones formativas objeto de la ayuda, según establece el artículo 27 de esta orden ministerial y se produzca el ingreso del reintegro que proceda, en su caso. El régimen de cancelación de las garantías se ajustará a lo establecido en la normativa de la Caja General de Depósitos.
7. Las garantías se incautarán en la cantidad que corresponda cuando se produzca el impago del reintegro que proceda por incumplimiento de cualquier condición impuesta al beneficiario en esta orden ministerial, la correspondiente convocatoria o en la propia resolución de concesión.
1. Las subvenciones serán compatibles con cualesquier otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para una finalidad similar, procedentes de cualesquier administraciones o entes públicos o privados nacionales o de Organismos Internacionales, debiendo el beneficiario comunicar al órgano concedente la obtención de los citados recursos con indicación del importe y su procedencia, no pudiendo nunca el importe de todas ellas superar, aisladamente o en concurrencia, el coste de las acciones formativas subvencionadas.
2. Las ayudas previstas en esta orden ministerial son incompatibles con la percepción de otras ayudas, que cubran el mismo coste, procedentes de otros programas e instrumentos de la Unión Europea, en aplicación del artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y del artículo 191 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 sob