Categoría: Administración

inarse exclusivamente a cubrir los costes subvencionables de las actuaciones objeto de subvención, debiendo justificarse su correcta utilización en los términos previstos en el artículo 25.
En caso de existencia de remanente de crédito en las partidas presupuestarias asociadas a la convocatoria se prevé la posibilidad de que dicho crédito se incorpore a la financiación de convocatorias futuras.
1. Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas o con posterioridad a éste, el órgano concedente, así como los órganos de control competentes, incluidos los recogidos en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos aquellos controles e inspecciones que consideren convenientes, con el objeto de asegurar el buen fin de la ayuda concedida. Las entidades solicitantes estarán obligadas a prestar colaboración y proporcionar cualquier otra documentación e información, que se estime necesaria, para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente orden. Asimismo, las entidades beneficiarias se comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, se efectúen. La oposición a la realización de estas comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
2. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán someterse a cualquier actuación de comprobación, en particular, del cumplimiento del principio DNSH, y de control financiero que pueda realizar el órgano concedente u otro órgano designado por éste, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.
3. El órgano concedente de la subvención aplicará las medidas contenidas en el «Plan de medidas antifraude», elaborado de acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, para reforzar los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
4. A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los sistemas de los fondos europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
5. A efectos de cuantificación de impacto socioeconómico de las ayudas, los beneficiarios deberán proporcionar los datos de los indicadores definidos en la convocatoria.
6. La comprobación formal de la ayuda se realizará sobre las cuentas justificativas presentadas. Las facturas y justificantes de pago o documentos de valor probatorio análogo que sustenten dichos informes serán objeto de comprobación en el plazo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o en la normativa específica aplicable del PRTR, sobre la base de una muestra representativa, a cuyo fin el órgano gestor podrá requerir a las entidades beneficiarias la remisión de los justificantes que compongan dicha muestra, así como realizar los controles recogidos en cada uno de los planes anuales de actuación mencionados en el artículo 85 del reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a la información contenida en el Registros de Titularidades Parra, así como a cualquier otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los titulares reales.
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente orden de concesión, dará lugar a la obligación de reintegro de la ayuda percibida más los intereses de demora correspondientes, en el momento de detectarse el incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. Serán causa de reintegro, total o parcial, las previstas en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, el incumplimiento de las condiciones asociadas al DNSH por parte de las entidades beneficiarias de la ayuda también supondrá el reintegro de las cuantías percibidas.
3. El procedimiento de comprobación y control se detallará en las convocatorias y se regirá, así mismo, de acuerdo con las instrucciones y normativa que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación con el MRR.
4. De acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 y el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las entidades beneficiarias deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público de manera total o parcial, en cada caso. El procedimiento de reintegro deberá ajustarse a lo contenido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
6. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda afectada. Recibida la notificación del inicio del procedimiento de reintegro, la entidad interesada podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de quince días hábiles desde dicha notificación.
7. Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente, debiendo ser notificada a la entidad interesada en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. La resolución indicará quién es la persona obligada al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en el apartado segundo de este artículo y el importe a reintegrar junto a los intereses de demora.
8. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la entidad beneficiaria sin el previo requerimiento de la Administración.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, modificada por la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo.
La entidad interesada deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
2. Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se tendrá en cuenta el siguiente criterio:
a) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro del pago anticipado más los intereses de demora, en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
b) A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, se considerará incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 % de realización de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo, equivalente a un 60 % o superior.
A efectos de calcular el anterior porcentaje, se entiende como inversión no realizada la que no esté acreditada documentalmente, la que acredite conceptos no financiables, la que no respete el desglose de partidas de la orden de concesión, y la no facturada y/o pagada.
3. En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por la entidad beneficiaria que hayan servido de base para la concesión.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c) La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el desarrollo de la actividad financiada.
1. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades interesadas podrán realizar la devolución voluntaria de remanentes no aplicados al fin para el que se concedió la ayuda.
2. Procederá la exigencia de interés de demora desde la fecha de pago de la ayuda hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la entidad beneficiaria. El interés de demora aplicable será el interés legal del dinero incrementado en un 25 % de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Se convocan ayudas para los años 2022 y 2023, en los términos establecidos en las bases reguladoras incluidas en el capítulo II, destinadas al Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un tejido Económico Inclusivo y Sostenible.
2. La finalidad de estas ayudas es impulsar la Economía Social, a través de los programas señalados en el artículo 1, que tienen por objeto la generación de empleo, la consolidación de empresas, la digitalización, la promoción del tejido productivo de la Economía Social, así como la transición sostenible en este ámbito.
3. La convocatoria se enmarca en el Componente 23 del PRTR, denominado «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», en la Inversión 6, «Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible».
4. El pago de la ayuda concedida quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano instructor de que la entidad beneficiaria cumple con los requisitos exigidos en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.
Se efectuará un pago anticipado del 30 % de la ayuda total concedida, a abonar con la publicación de resolución de concesión a la que se refiere el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y, seguido de un 70 %, cuyo abono se realizará en el momento en el que se acredite fehacientemente el inicio del proyecto objeto de la subvención.
El importe del pago deberá destinarse exclusivamente a cubrir los costes subvencionables de las actuaciones objeto de subvención, debiendo justificarse su correcta utilización en los términos previstos en el artículo 25.
5. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la orden de concesión.
1. Las entidades beneficiarias deberán informar a la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, con la periodicidad que se determine, acerca del estado de ejecución de las actuaciones financiadas. Estos informes de ejecución deberán incluir información acerca del grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para el seguimiento de la subvención y, en especial, se deberá informar acerca del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.
Asimismo, la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas podrá requerir información relativa a la evaluación de cualquier otro aspecto que permita asegurar el mejor cumplimiento de los requerimientos establecidos por la normativa europea.
Estos informes serán complementarios, en su caso, con lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, que desarrolla el artículo 46.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en el cumplimiento del artículo 46.6 de dicha norma.
2. Las entidades beneficiarias deberán informar sobre cualquier evento importante o imprevisto que pueda impactar en la consecución de los objetivos establecidos. También deberán informar, con inmediatez, de la existencia de cualquier procedimiento judicial tendente a la determinación de conductas que puedan ser constitutivas de infracción penal y que afecten a las actuaciones financiadas total o parcialmente con cargo a estas subvenciones, así como de cualquier otra incidencia que pueda perjudicar a la reputación del MRR.
1. Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente. La justificación deberá ser eficaz, transparente y basada en la calidad y el impacto de las actuaciones financiadas.
2. La justificación de las ayudas se ajustará a las exigencias de la normativa comunitaria y nacional relativa al MRR.
Asimismo, la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de las ayudas, reguladas en esta orden, se realizará mediante los procedimientos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su Reglamento de desarrollo, en la normativa aplicable del PRTR de la Unión Europea, así como en lo establecido en el artículo 25 de esta orden.
La justificación documental, de la realización de las actuaciones financiadas, se realizará según la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría cuyo gasto se considera subvencionable a efectos del artículo 11, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. La no justificación en plazo por parte de las entidades beneficiarias de la ayuda supondrá la revocación de la misma.
1. El presupuesto asignado a la presente convocatoria asciende a 99,3 millones de euros, recogidos en el programa 28WF de los PGE de los años 2022 y 2023, con cargo a las partidas presupuestarias 19.50.28WF.451, 19.50.28WF.461, 19.50.28WF.471, 19.50.28WF.481 19.50.28WF.751, 19.50.28WF.761, 19.50.28WF.771 y 19.50.28WF.781. Para la anualidad 2022 se presupuestan 33,1 millones de euros, mientras que los 66,2 millones de euros restantes para la anualidad 2023.
La distribución de la financiación de las ayudas por anualidad es la siguiente:
2. A esta convocatoria le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Esta convocatoria está financiada por el MRR de la Unión Europea, determinado por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Esta financiación queda legalmente vinculada a la realización de las actividades subvencionadas, medidas integradas en el PRTR.
4. Están permitidos los ajustes entre las aplicaciones presupuestarias de esta convocatoria.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, entre las solicitudes presentadas por las potenciales entidades beneficiarias establecidas en los artículos 6 y 7, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.
Los criterios para evaluación de las solicitudes serán los señalados en el artículo 21.
2. Las ayudas objeto de esta orden están financiadas por el MRR de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por lo que las entidades beneficiarias deberán regirse por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por las demás normas comunitarias sobre la materia y por las normas estatales de desarrollo o trasposición de estas.
En cuanto a los requisitos para solicitar la subvención y la forma de acreditarlos se estará a lo dispuesto en el artículo 8:
1. Gozar de personalidad jurídica y estar legalmente constituidos, además de inscritos en el Registro Público correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la normativa aplicable, salvo lo establecido en el artículo 7, para las agrupaciones de entidades que carecen de la misma, las cuáles presentarán un acuerdo de agrupación que regule su funcionamiento, y que debe incluir al menos el contenido mínimo del anexo VIII.
2. Las entidades beneficiarias deberán tener su domicilio fiscal en territorio español, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. En el supuesto de tratarse de las agrupaciones de entidades reguladas en el artículo 6.c) de esta orden, se estará a lo dispuesto en el acuerdo que recoja los compromisos asumidos por cada uno de los integrantes.
3. No tratarse de sociedades civiles, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que carezca de personalidad jurídica.
4. No estar incursos en alguna de las prohibiciones reguladas el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. No constituir una empresa en crisis, tal y como se regula en el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
6. No estar incurso en una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
7. Cumplir con los requisitos adicionales que se establezcan para cada medida en la convocatoria.
Las acciones que realicen las entidades beneficiarias tendrán que cumplir con lo estipulado en las bases reguladoras y en esta convocatoria, así como con las instrucciones que la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas emita para la correcta ejecución de las ayudas.
1. Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 9.
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones europeas y nacionales, relativas a la financiación del MRR de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
b) Recabarán, a efectos de auditoría y control y para disponer de datos comparables sobre el uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del PRTR, recabar y asegurar el acceso a las categorías armonizadas de datos siguientes, contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
c) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
d) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceras personas contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichas terceras personas aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del PRTR.
e) Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
f) En este sentido, las entidades perceptoras de la ayuda deberán conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir de la operación.
g) Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
h) En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020.
3. Asimismo, deben cumplir con las obligaciones de información y publicidad indicadas en el artículo 27.
Por lo que se refiere a los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 18.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la orden de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», según lo dispuesto en el artículo 19.
Se estará a lo dispuesto en los artículos 23 y 24.
Los documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición serán los establecidos en el artículo 20.
En cuanto a los criterios de evaluación de las solicitudes se estará a lo dispuesto en el artículo 21.
1. En los proyectos que se presenten a esta convocatoria podrán financiarse gastos devengados desde la fecha de presentación de la solicitud de la convocatoria hasta el 31 de octubre del 2023, salvo que concurran causas sobrevenidas o circunstancias singulares, determinadas por los órganos o autoridades nacionales o internacionales, que establezcan una ampliación en el plazo de ejecución de los proyectos.
Solo será subvencionable el gasto si la entidad beneficiaria lo ha contraído durante el periodo de ejecución y lo ha abonado con anterioridad a la finalización del período de justificación. A estos efectos, únicamente se entenderá abonado el gasto cuando se haya producido el desembolso efectivo.
Todas las acciones que integren el proyecto se deben desarrollar dentro del periodo de la convocatoria.
2. La realización del proyecto presentado para su financiación deberá estar finalizada a más tardar el 31 de octubre de 2023 salvo que concurran causas sobrevenidas o circunstancias singulares, determinadas por los órganos o autoridades nacionales o internacionales, que establezcan una ampliación en el plazo de ejecución de los proyectos.
1. La justificación de la subvención revestirá la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y deberá contener la documentación exigida en el artículo 25 de esta orden.
2. La documentación deberá presentarse en la sede electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía Social: https://www.mites.gob.es/es/sede_electronica_menu/index.htm, firmada mediante DNI electrónico o un certificado electrónico de otra autoridad de certificación reconocida.
3. Se establece un plazo de tres meses desde la finalización de las actuaciones subvencionadas, de acuerdo con el cronograma orientativo presentado en la solicitud, y, en todo caso, antes del 31 de octubre de 2023, salvo que concurran causas sobrevenidas o circunstancias singulares, determinadas por los órganos o autoridades nacionales o internacionales, que establezcan una ampliación en el plazo de ejecución de los proyectos.
Una vez finalizado el plazo de justificación de los proyectos señalado en el párrafo anterior, la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas podrá requerir a las entidades que resultaron adjudicatarias que lleven a cabo la presentación pública del proyecto que obtuvo la subvención, en la que se expondrán las actividades realizadas, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en la memoria de la actividad que se acompañaba a la solicitud de subvención, así como la entrega de copia del estudio, trabajo de documentación, análisis o investigación realizado.
1. La cuenta justificativa se realizará conforme al artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ajustándose a la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor.
2. La cuenta justificativa contendrá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en base a lo establecido en el anexo VII de esta orden.
Esta memoria también debe incluir la información sobre el nivel de impacto socioeconómico de la actuación en el ámbito territorial en que se desarrolle. Para cuantificar este impacto se deberán proporcionar los datos de los indicadores definidos por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas en el anexo VII (Memoria final del proyecto).
b) Una memoria económica abreviada que incluirá:
1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
2.º Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil relativos a los gastos e inversiones descritos en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago, por alguno de los siguientes medios: transferencia bancaria o documento mercantil en los que se indique el emisor, el receptor, el importe y la fecha. Los extractos bancarios obtenidos a través de internet deberán contar con sello de la entidad o un código de verificación.
3.º Un informe de un auditor de cuentas, inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con el alcance de la revisión y el contenido establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de marzo.
4.º Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, debe de haber solicitado el beneficiario.
5.º En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
6.º Cualquier otra documentación justificativa o informes que de acuerdo con la normativa nacional o europea resulten exigibles en el marco del PRTR.
Se flexibilizarán los compromisos plasmados en la memoria económica, en el sentido de que se permitirán compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención.
1. Los actos dictados en el procedimiento de concesión de las ayudas podrán ser impugnados en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Contra la resolución expresa o, en su caso, la desestimación presunta de la solicitud, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, si fuera expreso, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Además, podrá, interponerse, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, computados desde el día siguiente al de su notificación, en el caso de que haya dictado un acto expreso o, si fuera presunto, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
2. La interposición de recurso de reposición deberá realizarse ante la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Registro Electrónico del mismo.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Las disposiciones incluidas en el capítulo III, relativas a la convocatoria de ayudas para los ejercicios de 2022 y 2023, no tienen naturaleza reglamentaria sino de acto administrativo.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de diciembre de 2022.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Ramírez Carmona.