Categoría: Normativas

Con fecha 14 de julio de 2023 se ha suscrito el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado convenio, que figura como anexo de esta resolución.
Madrid, 19 de julio de 2023.–La Secretaria General Técnica, Iría Álvarez Besteiro.
De un parte, doña M.ª del Carmen Armesto González-Rosón, Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, nombrada por Real Decreto 131/2020, de 21 de enero, actuando en nombre y representación del Instituto, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 5 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
De otra parte, don Alejandro León Iglesias, Consejero de Sanidad y Presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, nombrado por Acuerdo 6/2022, de 19 de abril de 2022, del Presidente de la Junta de Castilla y León, y actuando en virtud de las competencias que le otorga el artículo 26.1 I) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Actuando en el ejercicio de las facultades y atribuciones que tienen conferidas para poder convenir y obligarse en nombre de las instituciones y ámbitos que representan en la formalización del presente convenio, a cuyos efectos,
Que el día 21 de marzo de 2006 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción, en la que se insta a la adopción de un plan de medidas globales, especialmente sociales, laborales y administrativas, destinadas a paliar la situación de los trabajadores afectados de asbestosis y la de sus familias.
Que, dentro de la acción protectora del sistema de Seguridad Social, en la modalidad contributiva, se encuentran las prestaciones de incapacidad temporal e incapacidad permanente para el desempeño de la actividad laboral que vinieran realizando los trabajadores. Entre las contingencias determinantes de dicha incapacidad, se encuentra la de enfermedad profesional.
Que según se dispone en el artículo 1.1 a) del Real Decreto 1300/1995, de 21 julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, el INSS, Entidad Gestora adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es el órgano competente para evaluar, calificar y revisar la incapacidad y reconocer el derecho a las prestaciones económicas contributivas de la Seguridad Social por incapacidad permanente, en sus distintos grados, así como determinar la contingencia causante de las mismas.
El artículo 3 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, atribuye al INSS la competencia para la determinación del carácter profesional de la enfermedad respecto de los trabajadores que no se encuentren de alta en ninguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
Asimismo, el artículo 5 de este Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, dispone que cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, y en su caso, los facultativos del servicio de prevención, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia de una enfermedad que pudiera ser calificada como profesional, o bien cuyo origen profesional se sospecha, lo comunicarán a la Entidad Gestora a los efectos de calificación conforme a lo previsto en el artículo 3 de la misma norma.
Que según determina el artículo 74 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, esta asume las competencias en materia de sanidad y salud pública y asistencia sanitaria en dicho territorio. Dichas competencias fueron transferidas por el Real Decreto 2559/1981, de 19 de octubre, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios al Consejo General de Castilla y León en materia de sanidad; y por el Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.
Que la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha creado un registro de trabajadores con antecedentes de exposición al amianto (TEAM) como parte del Plan de actuaciones sanitarias en personas con exposición laboral a amianto en Castilla y León.
Celebrar el presente convenio, en orden a promover aquellas actividades de coordinación que permitan a ambas partes realizar el seguimiento y valoración de la afectación funcional y etiológica de aquellas personas en contacto con fibras de amianto en el desarrollo de su actividad laboral con sospecha de concurrencia de patologías relacionadas con dicho contacto o exposición.
Por ello, con la finalidad de fijar los compromisos entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se establecen las siguientes:
El presente convenio tiene como finalidad establecer actuaciones conjuntas entre el INSS y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad, destinadas a evaluar, con criterios facultativos homogéneos, el menoscabo funcional y la etiología o contingencia profesional que presenta el trabajador/a afectado/a de patologías secundarias a la manipulación o exposición ambiental al amianto, de forma que la valoración de una posible situación de incapacidad temporal y/o permanente y, en su caso, del grado correspondiente de incapacidad, se efectúe con todos los antecedentes y elementos de juicio necesarios.
Para facilitar la valoración homogénea de los trabajadores que presenten patologías derivadas de la exposición al amianto en el desarrollo de su actividad laboral, este convenio incorpora un protocolo que contiene la información mínima necesaria para la determinación del menoscabo laboral de estos trabajadores, así como para la adecuada valoración y calificación de la incapacidad laboral de los mismos.
El protocolo que se anexa será de aplicación tanto a los procedimientos de evaluación y calificación de la situación de la Incapacidad Temporal como Permanente, a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social que se inicien en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y respecto a los trabajadores expuestos a amianto en el desarrollo de su trabajo en los que pueda existir sospecha de presentar patologías relacionadas con la mencionada exposición.
Ambas partes se comprometen a constituir un Grupo de Trabajo, integrado paritariamente por expertos procedentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, designados por el Consejero de Sanidad, y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para coordinar el seguimiento de los trabajadores expuestos a amianto, residentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, intercambiar información que permita mantener actualizadas las bases de datos correspondientes, revisar la tipología de pruebas diagnósticas necesarias y los informes de especialistas, así como recabar cualquier otro tipo de información que resulte aconsejable para agilizar la determinación del menoscabo funcional. Asimismo, se determinará la información necesaria para la valoración de los distintos puestos de trabajo susceptibles de exposición al riesgo.
Dicho grupo de trabajo podrá solicitar la colaboración de expertos de ambas entidades en materias concretas y puntuales, y en su caso, recabar la colaboración de otros organismos estatales o autonómicos.
En todo procedimiento que se inicie para la evaluación y calificación de una situación de incapacidad temporal, incapacidad permanente o determinación de la contingencia en trabajadores, activos o no, que manejan o hayan manejado en el pasado, productos que contengan amianto, se deberán incorporar al correspondiente expediente, los informes contemplados en el protocolo que se anexa, los cuales estarán sustentados por los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas y custodiadas por los Servicios de Neumología designados como Unidades de Referencia por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
A tal efecto, cuando el procedimiento se inicie de oficio por la Inspección Médica de los Servicios Sanitarios de la Comunidad de Castilla y León, la Consejería de Sanidad se compromete a remitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social, junto al informe propuesta, la información disponible en esta Consejería de Sanidad a partir del Plan de actuaciones sanitarias en personas con exposición laboral a amianto en Castilla y León, del Registro de trabajadores expuestos a amianto y del protocolo que se anexa.
Cuando el procedimiento se inicie de oficio por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o a instancia de la parte interesada, el citado Instituto recabará la información disponible en el Registro de trabajadores expuestos a amianto (TEAM) del Plan de actuaciones sanitarias en personas con exposición laboral al amianto en Castilla y León, aprobado por Orden 667/2007, de 2 de abril (BOCyL de 13 de abril de 2007).
En cualquiera de los dos casos, la parte suscriptora del convenio que inste la iniciación del procedimiento, aportará los informes médicos que acrediten el diagnóstico de la enfermedad a ser reconocida como enfermedad profesional por exposición al amianto.
Ambas partes se comprometen a mantener un intercambio de información en el siguiente sentido: la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad comunicará, a instancia del INSS, las altas en el Registro de Expuestos –TEAM– y el INSS informará sobre las resoluciones de determinación de contingencia que se produzcan, así como de aquellas determinaciones de personas no incluidas en el registro y que demuestren que sí hubo exposición laboral al amianto, a fin de incorporarlas al mismo.
Además, ambas partes se comprometen a intercambiar la información necesaria para mantener actualizadas las bases de datos correspondientes, canalizada a través del grupo de trabajo a que se refiere la cláusula tercera de este convenio.
Las partes firmantes del convenio garantizarán el cumplimiento de las previsiones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa de aplicación en materia de protección de datos de las personas físicas.
La Dirección General de Salud Pública, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional decimoséptima de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se encuentra amparada para el tratamiento de los datos a los que se refiere este convenio, por el artículo 9.2 h) e i) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, puesto en relación con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que en sus artículos 32 y 33 incluye la salud laboral entre las prestaciones de salud pública.
Del mismo modo, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la referida Ley 33/2011, de 4 de octubre, norma estatal de carácter básico, no precisa obtener el consentimiento de las personas afectadas para el tratamiento de datos relacionados con la salud cuando ello sea estrictamente necesario para la tutela de la salud de la población y, a tales efectos, las personas públicas o privadas cederán a la autoridad sanitaria, cuando así se las requiera, los datos personales que resulten imprescindibles para la toma de decisiones en salud pública, entendiéndose comprendidas en los términos «personas públicas» al INSS y en el de «autoridad sanitaria» a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. Estando lo anterior en relación con la consideración de los datos objeto de intercambio o cesión entre las Administraciones suscriptoras del presente convenio, como datos necesarios para el ejercicio de las actuaciones sanitarias en materia de vigilancia de los riesgos sobre la salud relacionados con el trabajo, previstas en el apartado 2 del artículo 33 de la mencionada Ley 33/2011, de 4 de octubre.
El tratamiento de los datos por el INSS, cuyo intercambio con la Consejería de Sanidad se contempla en la presente cláusula, está fundado en el cumplimiento de una obligación legal y por tanto exigible al INSS como responsable, conforme al artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, por cuanto el INSS tiene atribuida la competencia en materia de gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social en aplicación de los artículos 66 y 71.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El artículo 77 del TRLGSS, relativo a la reserva de datos, establece en su apartado 1.d) que la Administración de la Seguridad Social podrá ceder o comunicar a terceros los datos obtenidos en el cumplimiento de sus funciones, en los supuestos de colaboración con otras administraciones públicas, en general, para el ejercicio de las funciones encomendadas legal o reglamentariamente a las mismas para las que los datos obtenidos por la Administración de la Seguridad Social resulten relevantes.
En este sentido, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, regula el fin que se persigue con la obtención o utilización de los datos custodiados por la Administración de la Seguridad Social, y autoriza la cesión de estos datos a la autoridad sanitaria tal como se ha manifestado anteriormente de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la citada ley.
En consecuencia, el INSS se encuentra legitimado para la cesión de datos a la Consejería de Sanidad, en atención a lo regulado por los artículos 77.1 d) del TRLGSS y 41 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, para aquellos tratamientos de datos personales que tengan como finalidad alguno de los supuestos atribuidos a dicha Consejería, como autoridad sanitaria, en materia de salud pública y específicamente en lo relativo a la vigilancia de los riesgos sobre la salud relacionados con el trabajo.
Y en tanto que el INSS encuentra la legitimación para la cesión de datos en una norma con rango de ley, cual es el TRLGSS y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, que regula con carácter especial la cesión de datos en materia de salud laboral, no precisaría el consentimiento de los interesados para dicha cesión de datos.
Por tanto, dado que el intercambio o cesión de datos por las entidades suscriptoras del convenio se realizan en el ámbito de tratamientos cuyas finalidades vienen contempladas entre las competencias atribuidas al INSS y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y se dan los requisitos de forma y fondo establecidos por la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, dicha cesión de datos entre ambas entidades se podrá realizar sin el consentimiento de los interesados.
El personal de ambas partes que participe en las actividades objeto del presente convenio estará obligado a no hacer público ni enajenar ningún dato personal, debiendo guardar secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos de los que tenga conocimiento como consecuencia u ocasión de la ejecución de este convenio, que subsistirá aún después de finalizar su relación profesional.
El presente convenio no supone compromisos económicos concretos para las Administraciones suscriptoras del convenio ni compromisos de pago entre ellas.
No obstante, sí genera gastos de naturaleza ordinaria para ambas partes, por cuanto cada una de las entidades firmantes deberá asumir los gastos propios que se deriven de las obligaciones establecidas en virtud del convenio.
Al objeto de efectuar el seguimiento de las actuaciones previstas en las cláusulas tercera y cuarta, se constituirá una comisión mixta integrada por tres representantes designados por la Consejería de Sanidad y tres representantes designados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuyas funciones serán las siguientes:
Servir de mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del convenio.
Ejercer la coordinación, impulso y supervisión de las labores a desarrollar por el grupo de trabajo a que se refiere la cláusula tercera de este documento.
Verificar el cumplimiento de lo previsto en la cláusula tercera.
Elaborar, al fin del ejercicio, un documento en el que, además de incluir un balance de actuaciones, se recoja un estudio o análisis de impacto de las patologías derivadas del amianto en el conjunto de las incapacidades reconocidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
La Comisión será presidida anualmente, de forma alternativa, por el Secretario General de la Consejería de Sanidad o persona que designe en su sustitución y por el Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la provincia donde se realicen las reuniones. Actuará como Secretario anualmente, de forma alternativa, un funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la Consejería de Sanidad.
El funcionamiento de la comisión de seguimiento se regirá por lo establecido en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la comunidad autónoma firmante, conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El presente convenio permanecerá vigente cuatro años, y en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
No obstante, el contenido del presente convenio podrá ser objeto de modificación, por acuerdo unánime de los firmantes.
Toda modificación deberá formalizarse mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ya citada.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. A este respecto, y conforme al artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, constituyen causas de resolución las siguientes:
1. Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga de este.
2. Por acuerdo escrito y unánime de los firmantes, en las condiciones que ambos estipulen.
3. Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del convenio por alguna de las partes, debiendo comunicarse dicha imposibilidad a la otra parte tan pronto como tenga lugar.
4. Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud del presente convenio por una de las partes firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes deberá notificarlo a la otra parte dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en la que tuvo conocimiento de la existencia de dicho incumplimiento. La parte incumplidora deberá, en un plazo de treinta días hábiles, subsanar el incumplimiento denunciado o justificar debidamente el incumplimiento.
El incumplimiento citado será comunicado a la comisión de seguimiento, vigilancia y control prevista en la cláusula octava.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
No se prevén posibles indemnizaciones en el supuesto de que el convenio se resuelva por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes.
5. Por denuncia de una de las partes. Esta denuncia deberá realizarse por escrito expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una antelación mínima de tres meses, de tal forma que puedan finalizarse adecuadamente todos aquellos acuerdos específicos que estuvieran en vigor en el momento de la citada notificación, siendo improrrogable este plazo de tres meses para la finalización de las actuaciones en curso de ejecución con carácter previo a la liquidación del convenio.
6. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
7. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Si existen actuaciones en curso pendientes de ejecución cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas en el plazo improrrogable de tres meses, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de estas.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, estando sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a las normas de derecho administrativo, los principios de buena administración y el ordenamiento jurídico en general.
Corresponderá a los órganos de la jurisdicción Contencioso-administrativa conocer de las controversias que no puedan resolverse en el seno de la comisión de seguimiento, vigilancia y control.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente convenio.–La Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, M.ª del Carmen Armesto González-Rosón.–El Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Alejandro Vega Pascual.
El amianto o asbesto es una sustancia mineral natural que se presenta en fibras blancas y flexibles. Es un silicato de cal, alúmina y hierro. Se distinguen 2 grupos mineralógicos:
Las serpentinas, con una sola especie: crisotilo o amianto blanco.
Las amphiboles, con dos especies fundamentales: crocidolita o amianto azul y amosita o amianto marrón.
Las fibras de amianto no se disuelven en agua ni se evaporan, son resistentes al calor, al fuego y a la degradación química o biológica. Dadas estas propiedades el amianto ha sido utilizado en gran variedad de industrias durante el siglo pasado. Actualmente se encuentra presente en unos 3.600 productos de la industria moderna, siendo gran número de sectores de actividad en los que los trabajadores pueden estar expuestos a fibras de amianto (tabla 1).
En nuestro país, su utilización en cualquiera de sus formas y para todas sus aplicaciones está prohibida desde junio de 2002 (Orden del Ministerio de la Presidencia de 7/12/01) aunque con algunas excepciones que alargarán la presencia de este producto en nuestro medio durante un tiempo.
La gran utilidad del amianto ha quedado suficientemente demostrada, pero no podemos olvidar los graves efectos que puede suponer su exposición sobre la salud.
La patología derivada de la exposición laboral a amianto queda recogida en el RD 1299/2006, de 10 de noviembre (modificado por Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre y por el Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo), por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de Seguridad Social y establece criterios para su notificación y registro. Tendrán consideración de enfermedad profesional cuyo origen sea la exposición laboral a amianto la asbestosis, las afecciones fibrosantes de la pleura y pericardio que cursan con restricción respiratoria o cardiaca provocadas por amianto, la neoplasia maligna de bronquio y pulmón, el mesotelioma pleural, el mesotelioma peritoneal, el mesotelioma de otras localizaciones y el cáncer de laringe. Las citadas patologías vienen relacionadas con las principales actividades y trabajos capaces de producirlas (anexo 1).
Con fecha 21 de marzo de 2006 se aprueba en el Congresos de los Diputados una moción en la que se insta al Gobierno a la adopción de un plan de medidas globales, especialmente sociales laborales y administrativas destinadas a paliar la situación de los trabajadores afectados de asbestosis y sus familias.
Entre las funciones de los equipos de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social se incluyen las de examinar la situación de incapacidad del trabajadores y formular al Director provincial los dictámenes-propuesta, preceptivos y no vinculantes, en materia de menoscabo laboral del trabajador por enfermedad o accidente, la determinación del carácter común o profesional de la patología que origine dicho menoscabo así como la procedencia o no de prorrogar el periodo de observación médica en enfermedades profesionales.
La elaboración de protocolos de actuación tanto en las actividades de vigilancia de la salud, práctica clínica o valoración del menoscabo laboral es una práctica cada vez más extendida ya que proporciona criterios homogéneos con una base científica que garantiza una mejor atención al paciente tanto en el campo de la prevención como en el clínico o en el de la valoración clínico-laboral de los trabajadores.
Este protocolo pretende servir de referencia para que los informes médicos emitidos por los médicos inspectores del INSS para la valoración de la incapacidad laboral y determinación de contingencia puedan realizarse con la documentación necesaria que permita la adecuada calificación del menoscabo laboral de los trabajadores expuestos a amianto.
Determinar los datos mínimos para la valoración (DMV), entendiendo éstos como la información mínima e imprescindible necesaria para la adecuada valoración de la incapacidad laboral de la patología relacionada con la exposición a fibras de amianto.
Patología relacionada con la exposición a fibras de amianto:
1. Asbestosis.
2. Carcinoma primitivo de bronquio.
3. Carcinoma de pulmón.
4. Mesotelioma pleural.
5. Mesotelioma peritoneal.
6. Mesotelioma de otras localizaciones.
7. Afecciones fibrosantes de la pleura y pericardio que cursan con restricción respiratoria o cardiaca..
8. Neoplasia de laringe.
Población diana:
Trabajadores cuya actividad laboral suponga o haya supuesto exposición a fibras de amianto y hayan sido diagnosticados de patología relacionada con dicha exposición.
Datos mínimos para la valoración (anexo 2):
1. Datos de la Unidad de Salud Laboral de referencia.
2. Datos generales del paciente.
3. Historia laboral.
4. Historia clínica.
5. Pruebas complementarias.
1. Datos de la Unidad de Salud Laboral
– N.º de TEAM (Registro de Trabajadores Expuestos a Amianto).
– Servicio de Neumología o de Prevención de Riesgos Laborales.
– Médico responsable.
– N.º colegiado.
– Fecha de emisión del informe.
2. Datos generales del paciente.
– Nombre:
– Apellidos:
– Fecha nacimiento:
– DNI:
– Número Seguridad Social:
– Domicilio:
– Teléfono:
– Sexo:
3. Historia laboral.
– Situación actual:
Activo.
Puesto de trabajo: CNO 11.
Incapacidad permanente (grado/año/causas).
Jubilado (año).
– Empresa:
Tipo actividad (anexo 3).
CNAE 2009.
4. Historia clínica.
– Diagnósticos relacionados con la exposición al amianto.
● Diagnóstico principal:
Código enfermedad profesional (anexo 1).
CIE-10 (anexo 4).
● Diagnósticos secundarios.
– Otros diagnósticos.
– Antecedentes personales:
1. Tabaquismo:
● Activo:   cigarrillos/día:   puros/día:
● Inactivo (si más de seis meses).
● Años de fumador.
2. Otras patologías:
● EPOC [ ] - SAHS [ ] - Neumonía [ ].
● TBC (año) [ ] - Derrame plural (año) [ ] - Neumotórax (año [ ].
– Anamnesis:
● Disnea (anexo 5): grado [ ].
● Tos: presente [ ]   ausente [ ].
● Expectoración: presente [ ]   ausente [ ].
● Dolor torácico: presente [ ]   ausente [ ].
– Exploración clínica:
● Peso:     talla:     IMC:    .
● Frec. cardíaca (lat/min):     frec. respiratoria:
● Inspección:     cianosis [ ]   acropaquias [ ].
● Auscultación pulmonar:
Roncus: presentes [ ]   ausentes [ ].
Sibilancias: presentes [ ]   ausentes [ ].
Crepitantes: presentes [ ]   ausentes [ ].
Otros (especificar).
● Abdomen:
Masas abdominales [ ].
Localización:
Ascitis [ ].
– Pruebas complementarias:
● ECG (si se dispone).
● Pruebas de función respiratoria:
Espirometría (anexo 6).
DLCO.
Pletismografía.
● Pruebas de imagen:
Radiografía de torax: posteroanterior, lateral izquierda y oblicuas.
TC/TCAR (anexo 7).
● Si se dispone:
Lavado broncoalveolar.
Anatomía patológica.
● En caso de patología abdominal relacionada con la exposición a asbesto:
Anatomía patológica.
Pruebas de imagen.
Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento de minerales o rocas amiantíferas.
Fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto.
Tratamiento preparatorio de fibras de amianto (cardado, hilado, tramado, etc.).
Aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos de automóviles y vagones).
Trabajo de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios y su destrucción.
Fabricación de guarniciones para frenos y embragues, de productos de fibrocemento, de equipos contra incendios, de filtros y cartón de amianto, de juntas de amianto y caucho.
Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan amianto.
Carga, descarga o transporte de mercancías que pudieran contener fibras de amianto.
Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de calor y otras máquinas que tengan componentes de amianto.
Trabajos de reparación de vehículos automóviles.
Aserrado de fibrocemento.
Trabajos que implique la eliminación de materiales con amianto.
J61 Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales.
J920 Paquipleuritis con asbestosis.
C450 Mesotelioma de la pleura.
C451 Mesotelioma del peritoneo.
C452 Mesotelioma del pericardio.
C457 Mesotelioma de otros sitios especificados.
C459 Mesotelioma de sitio no especificado.
C340 Tumor maligno del bronquio principal.
C341 Tumor maligno del lóbulo superior, bronquio o pulmón.
C342 Tumor maligno del lóbulo medio, bronquio o pulmón.
C343 Tumor maligno del lóbulo inferior, bronquio o pulmón.
C348 Lesión de sitios contiguos de los bronquios y del pulmón.
C349 Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada.
J94 Otras afecciones de la pleura (afecciones fibrosantes que produzcan restricción).
I31 Otras afecciones del pericardio (afecciones fibrosantes que produzcan restricción).
JC32 Neoplasias malignas de laringe.
Disnea:
0. Ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio intenso.
1. Disnea al andar deprisa o subir una cuesta poco pronunciada.
2. Incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad, caminando en llano, debido a dificultad respiratoria, o tener que descansar al andar en llano al propio paso.
3. Tener que parar a descansar al andar unos 100 metros o a los pocos minutos de andar en llano.
4. La disnea le impide salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse.
Espirometría:
Características de realización:
Adecuada colaboración.
Tres maniobras con variabilidad menor del 5 % entre ellas.
Trazado espiratorio continuo.
Tiempo de espiración >6 seg.
TC/TACAR:
Realizar si:
Sospecha de enfermedad del parénquima pulmonar en la radiografía simple.
Cambios en el parénquima con respecto a la revisión anterior.
Aumento del grosor o extensión de placas pleurales o de engrosamientos pleurales.
Dolor pleural con placas pleurales previamente asintomáticas.
Alteraciones en las prueba de función respiratoria.
Caída de las pruebas de función respiratoria por encima de lo normal con respecto a reconocimientos previos.