Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2023:12
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña Inmaculada Molina Jiménez, presidenta, y las magistradas y magistrados doña María Ramírez Fuentes Ramírez, don Ramón Delgado Diez, don Enrique Marín Jiménez, don César Serrano Vega y doña Laura Serrano Calvo, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 163-2020, promovido por doña María Díaz Santiago Iglesias, representada por la procuradora de los tribunales doña Isabel Arias Garrido y bajo la dirección del letrado don Antonio Calvo Castro, contra el auto de 20 de noviembre de 2019, dictado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por el que se inadmiten el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, interpuestos contra la sentencia dictada por la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, de 2 de abril de 2019, en el rollo de apelación 512-2018, dimanante del juicio de modificación de medidas núm. 84-2017 del Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Madrid. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Se ha personado don Juan Campos Gil. Ha sido ponente el magistrado don César Serrano Vega.
1. El 9 de enero de 2020, doña María Díaz Santiago Iglesias, representada por la procuradora de los tribunales doña Isabel Arias Garrido y bajo la dirección del letrado don Antonio Calvo Castro, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia.
2. Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son los siguientes:
A) Previamente al procedimiento de modificación de medidas núm. 84-2017 del que trae causa la presente demanda de amparo, se siguió un procedimiento de divorció entre la recurrente y su exmarido cuyos hitos procesales más destacados son:
a) Por sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Madrid, de 17 de septiembre de 2007, se declaró extinguido por divorció el matrimonio de la recurrente y don Juan Campos Gil, atribuyéndose el uso y disfrute de la vivienda familiar –propiedad del marido– a las hijas comunes y a su madre, al obtener esta la custodia en exclusiva de las entonces hijas menores. Por lo demás, el órgano judicial, teniendo en cuenta el informe pericial emitido por el gabinete psicosocial adscrito al Juzgado, que aconsejaba el restablecimiento de un régimen de visitas de las menores con su padre, lo acordó limitándolo en un punto de encuentro.
b) La anterior sentencia fue recurrida en apelación por doña María Díaz Santiago Iglesias, denunciando, entre otras cosas, que sus hijas menores no habían sido oídas por el órgano judicial antes de adoptar su decisión.
c) La Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia, en fecha de 30 de septiembre de 2010, por la que, desestimando el recurso de apelación interpuesto, confirmó en su integridad la sentencia recurrida, al considerar adecuada la ponderación efectuada por el jueza quoy suficiente y correcta la valoración de la prueba practicada.
d) Contra la anterior resolución, la recurrente interpuso recurso extraordinario por infracción procesal, aduciendo, entre otros motivos, incongruencia omisiva de la sentencia de apelación, por cuanto no se pronunciaba sobre la exigencia de la audiencia de las menores. Por auto de 12 de noviembre de 2010, la Audiencia acordó inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal, por no haberse formulado al mismo tiempo, el preceptivo recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final decimosexta de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC).
e) Frente a tal decisión, la actora formuló recurso de amparo –registrado con el núm. 8950-2010–, alegando la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el de sus hijas (art. 24.1 CE), al considerar manifiestamente irrazonables las resoluciones recaídas en ambas instancias, por no haber valorado debidamente los documentos y testimonios aportados (art. 24.2 CE) que desaconsejaban las comunicaciones entre el padre y las hijas, y por no haber sido oída en el proceso, como era preceptivo, al menos, la mayor de sus hijas. El citado recurso de amparo no fue admitido a trámite por providencia de este tribunal de 19 de octubre de 2011, al entender que el asunto suscitado carecía de la necesaria especial trascendencia constitucional.
f) La recurrente presentó demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en sentencia de 11 de octubre de 2016 (asunto «Iglesias Casarrubios y Cantalapiedra Iglesias contra España»), declaró la violación del art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) al no haber sido oída en los autos la hija menor que entonces tenía más de doce años, ni haberse motivado razonadamente el rechazo de las pretensiones de las menores de ser oídas respecto al régimen de visitas que debía establecerse a favor de su padre.
B) Los autos de los que trae causa la presente demanda de amparo son los relativos a la modificación de medidas acordadas en la sentencia de divorcio, concretamente las relativas al uso de la vivienda familiar y la pensión de alimentos a favor de las hijas ya mayores de edad.
a) Don Juan Campos Gil, exmarido de la recurrente en amparo, formuló frente a esta, demanda sobre modificación de medidas acordadas en la sentencia de divorcio de 17 de septiembre de 2008, solicitando la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar, privativa del actor, atribuido a la demandada y a las hijas comunes en la expresada sentencia, con requerimiento de que procedieran a su desalojo. Igualmente pedía la extinción de la pensión alimenticia por adquisición de la mayoría de edad de las hijas comunes.
b) La parte demandada se opuso a la demanda, en cuanto al uso de la vivienda, alegando que era el suyo el interés más necesitado de protección, al ser deseo de las hijas seguir viviendo con su madre y no gozar de otra vivienda. Por lo que se refiere a la pensión de alimentos, se aducía que la hija más pequeña, aunque mayor de edad, seguía cursando estudios superiores y carecía de ingresos.
c) La demanda dio lugar a los autos núm. 84-2017, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Madrid, girando la controversia, en torno a si la forma de protección prevista en el art. 96 del Código civil (CC), que atribuye el uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad y de forma refleja al cónyuge en cuya compañía se queden, se extiende también al hijo mayor de edad, de forma que la circunstancia de alcanzar la mayoría no le prive (ni a él, ni indirectamente al progenitor que lo tenga a su cuidado) del derecho a seguir usando la vivienda familiar. Según consta en autos, la demandada vivía en un inmueble privativo del exmarido, no solo con las hijas habidas del matrimonio con el demandante, sino también con su nuevo cónyuge y con la hija común de ambos.
d) Por sentencia de 19 de septiembre de 2017, el juzgado estimó parcialmente la demanda. Para alcanzar este fallo, aplicando la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, partió de que el alimentista mayor de edad –cuyo derecho se regula en los arts. 142 y ss. CC– no tiene derecho a obtener parte de los alimentos mediante la atribución de la vivienda familiar con exclusión del progenitor con el que no hubiera elegido convivir. Entendió la Sala que la atribución del uso de la vivienda debía hacerse al margen de los alimentos que recibiera el hijo mayor de edad, conforme al art. 96 CC, correspondiendo al cónyuge no titular siempre que «atendidas las circunstancias, lo hicieren aconsejable, y su interés fuera el más necesitado de protección». Y a este respecto, había de tenerse en cuenta que, de acuerdo con el citado precepto, la convivencia de la madre con sus hijas mayores constituye un interés digno de protección. En el caso de autos, las hijas mayores de edad vivían con la madre en la vivienda familiar. Pues bien, a la vista de las pruebas practicadas, el juzgador de instancia sostuvo que no podía considerarse que la demandada representase, a efectos de la atribución del uso de la vivienda, el interés familiar más necesitado de protección, puesto que tenía mayor capacidad económica que su exmarido y, por consiguiente, posibilidades de disfrute de otra vivienda. Por ello, declaró extinguido el derecho de uso sobre la vivienda familiar, requiriendo a la demandada para que en el plazo de un mes procedieran a desalojar la vivienda. Por el contrario, se desestimó la petición de extinción de la pensión alimenticia a favor de una de las hijas comunes, pues aun siendo mayor de edad, estaba acreditado que carecía de independencia económica y estaba cursando estudios superiores.
Hay que precisar que la recurrente en amparo había solicitado, en su escrito de conclusiones, la nulidad de las actuaciones, porque había observado que en la grabación del acto de la vista no aparecían los primeros veinte minutos, iniciándose aquella con la práctica de la prueba propuesta y admitida. No obstante, el órgano judicial descartó la nulidad, al no causar dicha falta, debida a causas técnicas, indefensión alguna a las partes, dado que el contenido de la vista se encontraba también en soporte papel, recogiéndose íntegramente lo acaecido.
También la parte demandada había reprochado en su escrito de conclusiones la falta de imparcialidad del órgano judicial (y «avasallamiento de la letrada de esa parte»), debido, según expuso, a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había estimado la reclamación de la demandada en los previos autos a los que ya se ha hecho referencia. Pues bien, a este respecto, se señala que, aparte de no hacerse valer tal queja a través del oportuno incidente de recusación, era evidente que tal circunstancia no suponía, por sí misma, la pérdida de la imparcialidad judicial, ya que de ser así todos los jueces la perderían frente a cualquiera de las partes del proceso cuando sus resoluciones fueran revocadas total o parcialmente por un tribunal superior. Finalmente, se advertía que la parte no debía confundir con animadversión lo que no eran más que decisiones adoptadas por el juez en el ejercicio de sus funciones.
e) Frente a la anterior sentencia, la recurrente interpuso recurso de apelación en el que instó la nulidad de lo actuado, por cuanto la grabación de la vista, realizada en la instancia, era incompleta; y, en cuanto al fondo, solicitaba la revocación de la sentencia de instancia y que se declarase el derecho de la actora y sus hijas al uso de la vivienda familiar.
Asimismo, se solicitaba el recibimiento del pleito a prueba y la suspensión de la ejecución de la sentencia apelada. Tales solicitudes fueron inadmitidas mediante auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 18 de abril de 2018. Para la Sala, «[l]a postulada suspensión de la efectividad del fallo de la sentencia apelada no tiene encaje en el presente cauce procesal, debiendo, en su caso, reconducirse al procedimiento de ejecución, en los términos prevenidos en el art. 567 LEC». Añadía que «la prueba propuesta en el escrito evacuando el trámite del art. 458 de la Ley de enjuiciamiento civil o no reúne, en su mayor parte, los requisitos al efectos exigidos en el artículo 460.2.1, del mismo texto legal, al no haberse formulado recurso de reposición contra el criterio denegatorio adoptado por el Juzgadoa quo, o se revela toda ella inocua en orden a la adecuada, en cuanto ajustada a la normativa vigente y su jurisprudencia interpretadora, resolución de fondo de la problemática suscitada, lo que determina el rechazo de la pretensión al efecto deducida».
f) La parte apelante formuló recusación con motivo de dicho auto, al considerar que predeterminaba el fallo de la sentencia que resolviese el recurso de apelación, anticipaba su sentido desestimatorio y demostraba su falta de imparcialidad. Se recordaba que esa misma Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid intervino en el anterior proceso de divorcio de la apelante, y que, en el marco de esos autos, se dictó sentencia de 30 de septiembre de 2010, que confirmó la resolución de instancia, sin pronunciarse sobre la falta del trámite de audiencia de las hijas de la apelante por el juez y por los miembros del equipo psicosocial. Y que, contra tal decisión, se interpuso demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que por sentencia de 11 de octubre de 2016 (asunto «Iglesias Casarrubios y Cantalapiedra Iglesias c. España»), condenó a España por vulneración del art. 6.1 CEDH, por la privación indebida a las hijas de su derecho a ser oídas. Señalaba que tal circunstancia «podría haber molestado en su fuero interno a los titulares del órgano judicial», comprometiendo su imparcialidad.
g) El incidente de recusación fue desestimado por auto de la Sala de recusaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha de 3 de julio de 2018, al considerarse que la recusación formulada adolecía del más elemental fundamento, ya que la Sala recusada no había conocido de la pretensión en un anterior litigio, al margen de que, en contra de lo señalado por la parte, lo que la resolución había apreciado era que la prueba resultaba innecesaria para resolver la controversia.
h) El recurso de apelación fue desestimado por sentencia de 2 de abril de 2019. Así, en primer lugar, la Audiencia Provincial rechazó la nulidad pretendida por la incompleta grabación de la vista oral, al no apreciarse indefensión material, dado que se había levantado acta detallada de lo acontecido. En cualquier caso, se subrayaba que ninguna de las partes había formulado objeción respecto de dicha incidencia, suscribiendo el acta sin ninguna reserva, resultando extemporánea la queja. En cuanto a la denegación de medios de prueba, consideró que fue conforme al art. 458 LEC, aparte de que resultaba inocua para la resolución de la controversia. Finalmente, respecto a la cuestión de fondo, relativa al derecho de uso de la vivienda familiar, la sentencia recordaba que se trata de un derecho temporal (hasta la mayoría de edad legal de los hijos), que solo se mantiene en caso de que exista un interés prioritario de protección del cónyuge, lo que, en el caso de autos, no concurre. Se subraya que el inmueble pertenece de forma privativa al actor, quien se vio privado de su disponibilidad para proteger el interés de sus hijas menores durante diecisiete años, pero una vez que adquirieron la mayoría de edad, debía recuperar sus facultades dominicales.
i) Frente a la anterior sentencia, la recurrente formuló recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, alegando la oposición de las sentencias recurridas a la jurisprudencia sobre los criterios a tener en cuenta para atribuir el uso de la vivienda familiar a los hijos mayores de edad, insistiendo en que se había dejado sin alimentos a las hijas mayores de edad en tanto que la habitación era una forma de percibirlos y que, conforme a la jurisprudencia, la atribución del uso debía hacerse al que representa el interés más digno de protección. En el recurso extraordinario por infracción procesal, se denunció la infracción del derecho a un proceso con todas las garantías (por la incompleta grabación del juicio); del derecho al juez predeterminado por la ley (al haberse desestimado el incidente de recusación); además de incongruencia omisiva y vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba.
j) Los recursos fueron inadmitidos en virtud de auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre de 2019. Se apreció que el recurso de casación incurría en carencia manifiesta de fundamento, por alteración de la base fáctica y eludir laratio decidendide la sentencia recurrida, esto es, que la recurrente había contraído nuevo matrimonio y residía en la vivienda de su exmarido con su nuevo esposo y la hija común nacida de ambos, y que tenía disponibilidad de otra vivienda y mejor capacidad económica que el exesposo, titular del inmueble controvertido. La Sala de lo Civil rechazó también la solicitud de la parte de que se elevase cuestión de inconstitucionalidad ante este Tribunal sobre la disposición final decimosexta, apartado primero, regla quinta LEC, al no concurrir los presupuestos legales precisos para ello. Este último recurso fue también inadmitido como consecuencia de la inadmisión del recurso de casación.
3. La demandante de amparo atribuye a las resoluciones impugnadas distintas vulneraciones de derechos fundamentales. A saber:
(i) Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) por la falta de grabación de parte del juicio, defecto que no fue subsanado por la Audiencia Provincial, ni por el Tribunal Supremo. En tal sentido, se insiste en que la existencia de una videograbación parcial, y de un acta en papel, resulta prohibida por el art. 147 LEC.
(ii) Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), por haber sido desestimado el incidente de recusación contra los magistrados de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid. Se afirma que la citada sección tenía un prejuicio frente a la parte que le impedía resolver con imparcialidad el recurso de apelación, y que tal prejuicio podría estar basado en la formulación de una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se estimó, apreciándose la vulneración del art. 6.1 CEDH por la falta de audiencia de sus hijas en el anterior proceso de divorcio. Indica la recurrente que la Sala, en el auto que inadmitió la prueba propuesta, alabó la sentencia de instancia, perdiendo su imparcialidad. A ello se une, además, la relación maestro-discípulo que han reconocido públicamente los magistrados señor Hijas (magistrado de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid) y señor González (juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Madrid).
(iii) Incongruencia omisiva (art. 24.1 CE), que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en la dimensión que exige la motivación de las resoluciones judiciales. En este sentido, se señala que la sentencia de apelación no da contestación a tres motivos del recurso: a) con relación al error en la apreciación de la prueba, al afirmar que el actual esposo de la recurrente vive con ella en el piso en cuestión; que el apelado paga 650 euros por un piso en alquiler, pues vive con su esposa y tiene separación de bienes, por lo que ha de pagar la mitad, y que no consta si la madre de la recurrente podría acogerlas en su casa; b) con referencia a la incongruencia de la sentencia de instancia con elpetitumde la demanda, en la medida en que se estaría imponiendo la obligación de alimentos de las hijas a terceras personas (abuela y nuevo esposo de la madre); y c) con relación al planteamiento de cuestión prejudicial penal por alzamiento de bienes y posible delito fiscal del actor.
(iv) Vulneración del derecho a la prueba (art. 24.2 CE). Se indica que se solicitó testifical de las hijas y que se librase oficio a la Agencia Tributaria para que aportase información sobre el impuesto de sociedades del actor. Ambos medios de prueba fueron solicitados en el escrito de contestación a la demanda y no figuran en el acta ni como admitidos, ni como inadmitidos. Recuerda que, precisamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España porque ese mismo órgano judicial no dio audiencia a las hijas en el proceso de divorcio, y que ahora, en el de modificación de medidas, de nuevo rechaza su testimonio, con el irrazonable argumento de que el lanzamiento de la vivienda en la que habitan no es algo que les afecte. Se indica que se repite la irregularidad, en este caso siendo las hijas ya adultas, aclarándose que con su testimonio se pretendía demostrar que carecían de otra vivienda y que en cuanto estudiantes y dependientes económicamente, tenían derecho a la prestación del deber de alimentos en la modalidad de vivienda. También se queja de que rechazara su solicitud de aportación de determinada documentación por parte del actor.
(v) Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión de derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, por no respetarse la ley aplicable, ni la jurisprudencia sobre el uso de vivienda familiar por el cónyuge no titular de la misma en caso de mayoría de edad de los hijos. Se insiste en que el padre tiene obligación de alimentos respecto a las hijas, al ser dependientes, y que la necesidad de vivienda ha de incluirse en tal obligación. Se subraya que, además, el padre no ha ocupado la vivienda recuperada, por lo que está claro que no la necesita. Y que, con las resoluciones judiciales impugnadas se hace recaer la obligación de alimentos en forma de vivienda sobre la abuela materna o bien sobre el nuevo marido de la recurrente, cuando ninguno ha sido parte en el procedimiento. En suma, se considera que el cónyuge «más necesitado de protección», aunque no sea el titular de la vivienda, es la recurrente en amparo, y que debe asignársele el uso de la vivienda, hasta que sus dos hijas adquieran independencia económica, o bien se sustituya por una cantidad mensual con el fin de proporcionarles una vivienda en concepto de alimentos.
Cabe destacar que en la demanda de amparo se solicita que, en la hipótesis de que se otorgue el amparo, se eleve la cuestión interna al Pleno de este tribunal respecto a la posible inconstitucionalidad de la disposición final decimosexta, apartado primero, regla quinta, párrafos primero y segundo, LEC, por contradecir lo dispuesto en el art. 53.2 CE (así como en los arts. 6.1 CEDH y 47 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea).
4. Mediante providencia de 17 de septiembre de 2020, la Sección Tercera de este tribunal acordó admitir a trámite el recurso, apreciando que reviste especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, (LOTC)], porque el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE [STC 155/2009, FJ 2 b)]. Acordó igualmente dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y a la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación e infracción procesal núm. 2768-19, y al rollo de apelación núm. 512-2018, respectivamente; así como al Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Madrid, a fin de que, en el mismo plazo, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos de familia (modificación de medidas) núm. 84-17; debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseaban, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
5. Mediante diligencia de ordenación de 16 de noviembre de 2020, el secretario de justicia de la Sala Segunda de este tribunal acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la procuradora doña María del Carmen Ortiz Cornago en nombre y representación de don Juan Campos Gil, acordándose entender con él las sucesivas actuaciones, así como dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
6. Con fecha de 17 de diciembre de 2020, la representación procesal de doña María Díaz Santiago Iglesias presentó escrito de alegaciones, ratificándose íntegramente en la demanda y haciendo hincapié en el acoso judicial que denuncia padecer por parte de su excónyuge a lo largo del tiempo.
7. El día 22 de diciembre de 2020, la representación de don Juan Campos Gil, presentó escrito de alegaciones.
Tras comenzar subrayando lo que considera una actitud contraria a la buena fe en la demandante de amparo, adoptada desde el inicio del proceso de la ruptura matrimonial, rechaza, en primer término, la existencia de una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por la falta de grabación de parte del juicio (art. 24.2 CE), por cuanto la letrada de la administración de justicia levantó acta, detallando prolijamente lo ocurrido en los primeros veinte minutos de la vista, en los que las partes se ratificaron en sus escritos rectores y propusieron la prueba que consideraron pertinente, constando en los recursos interpuestos contra aquella que no fue admitida por el juzgado y recogiéndose expresamente que «se procede a los interrogatorios, que quedarán grabados en su integridad, comenzando en el minuto 0:20 de la grabación». En consecuencia, no solo no existió indefensión material provocada por el defecto de grabación, sino que, además, sus peticiones resultaban completamente extemporáneas e infundadas, habida cuenta de que la dirección letrada de doña María Crespo suscribió el acta levantada por la letrada de la administración de justicia, mostrando su plena conformidad con lo efectuado en el acto del juicio oral.
En segundo lugar, respecto a la pretendida vulneración del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley (arts. 24.2 y 117.3 CE), por haber sido desestimado el incidente de recusación contra los magistrados de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, entiende que el argumento del previo conocimiento por la misma sala del precedente procedimiento de divorcio es inconsistente, pues nada tiene que ver el objeto debatido en uno y otro. Por lo demás, a juicio de don Juan Campos Gil, igualmente peca de inconsistente el hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a España por haber vulnerado el derecho de las menores a ser oídas en el anterior procedimiento, pues de ser así, dicha situación equivaldría a confirmar que ninguna resolución podría ser revocada en instancias superiores.
Por lo que se refiere a una posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por incongruencia omisiva (art. 24.1 CE), al no haber planteado cuestión prejudicial, destaca que tal solicitud no fue introducida por la demandante de amparo en el suplico de su recurso de apelación, lo que determina la imposibilidad de ser valorada ahora en amparo. En todo caso, señala que es jurisprudencia asentada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la de que, una vez alcanzada la mayoría de edad de los hijos, la subsistencia de la necesidad de habitación del hijo no resulta factor determinante para adjudicarles el uso de la vivienda. En este sentido, entiende que es cuanto menos atrevido insinuar que la extinción del derecho de uso sobre la vivienda en cuestión no estuvo suficientemente motivado y fundamentado, del mismo modo que lo es entender que con este pronunciamiento la obligación de prestación de alimentos fue impuesta al actual esposo de la demandante al verse obligados a abandonar el domicilio familiar, de propiedad exclusiva del excónyuge.
Por último, hace referencia a la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a utilizar todos los medios de prueba, recordando, en primer lugar, que el órgano judicial sí dio contestación a la solicitud de libramiento a la Agencia Tributaria para la aportación de las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2013, 2014 y 2015, respuesta que la demandante dejó firme, puesto que pudiendo hacerlo, no la recurrió en reposición. Lo mismo debe decirse de la inadmisión de la prueba testifical de las hijas mayores de edad y de la solicitud de aportación del libro de socios de la empresa Ibérica de Transportados Metálicos, S.L.U., que no fue recurrida en el momento procesal oportuno.
Finaliza el señor Cantalapiedra advirtiendo de la falta de necesidad de planteamiento de una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre la disposición final decimosexta, apartado primero, regla quinta LEC, en cuanto impone, sin ninguna excepción, la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal si es inadmitido el recurso de casación. A su juicio, lo que realmente pretende la parte contraria es eludir el cauce procedimental adecuado dispuesto en la propia disposición legal. Sea como fuere, lo único cierto es que, en el presente supuesto, no solo es que no exista una especial transcendencia constitucional de los derechos supuestamente vulnerados, sino que ni siquiera existe dicha vulneración. Por las razones expuestas, solicita la desestimación íntegra del recurso de amparo.
8. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones ante este tribunal el día 11 de enero de 2021, solicitando el otorgamiento del amparo y advirtiendo, en primer lugar, que aunque formalmente la demanda de amparo se dirige contra el auto del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2019, por el que se inadmiten a trámite los recursos de casación y extraordinario de infracción procesal, no le atribuye vulneración alguna, siendo todas las aducidas imputadas a las sentencias de primera y segunda instancia y al auto del Tribunal Superior de Justicia que desestimó la recusación de los tres magistrados de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid. Además, señala que para el caso de que se entendiera que alguna de aquellas afecta a la resolución del Tribunal Supremo, no se denunció por medio del oportuno incidente de nulidad, por lo que no se habría agotado adecuadamente la vía judicial previa, óbice que impediría su valoración [art. 44 a) LOTC].
La fiscal comienza su análisis de fondo por la invocación del derecho a la imparcialidad judicial por afectar a la constitucionalidad de la propia conformación del órgano judicial (STC 205/2013, de 5 de diciembre, FJ 2), siguiendo, según el orden del alcance de la retroacción, por las invocaciones de los derechos a la prueba (art. 24.2 CE), y a una resolución suficientemente motivada y fundada en Derecho.
Así, respecto a la supuesta vulneración del derecho a un juez imparcial (art. 24.2 CE), tras repasar la doctrina de este tribunal y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Ministerio Fiscal sostiene que (i) procede descartar, como indicio de ausencia de imparcialidad, las palabras pronunciadas por el titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Madrid, en el acto de homenaje al señor Hijas con motivo de su jubilación, al referirse a él como maestro, pues las mismas no tienen más relevancia que la que se deriva del propio acto de reconocimiento a la trayectoria del magistrado jubilado, sin que ello pueda acreditar una relación distinta que la de compañeros de profesión, que pudiera determinar mínimamente una predisposición o posicionamiento contrarios al principio de imparcialidad; (ii) por otro lado, la frase contenida en el auto de 18 de abril de 2018 por el que se inadmiten las pruebas propuestas por la demandante, debe leerse en el sentido de que la petición resultaba inadmisible por no haber recurrido su denegación en la instancia y, en todo caso, la prueba era intranscendente o irrelevante para resolver adecuadamente el fondo del asunto suscitado; (iii) en el anterior procedimiento seguido ante ese mismo órgano judicial, la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada en el asunto «Iglesias Casarrubios c. España», lo fue porque el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia decidió no oír a las hijas menores de la demandante y, en consecuencia, solo indirectamente porque la sentencia de apelación no corrigió aquella omisión. Por ello, el hecho de que ahora la demandada solo haya solicitado la recusación de los magistrados de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid y no así del titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Madrid, es un indicio revelador de que el alegato de parcialidad carece de sustento objetivo y lógico; (iv) de conformidad con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia de 3 de febrero de 2005, § 30, asunto «Fehr c. Austria»; sentencia de 26 de septiembre de 1995, § 38; asunto «Diennet c. Francia»; sentencia de 16 de julio de 1971, § 97, asunto «Ringeisen c. Austria»; sentencia de 10 de junio de 1996, § 63, asunto «Thomann c. Suiza»); la del Tribunal Constitucional (STC 313/2005, de 12 de diciembre, FJ 2) y lo dispuesto en el art. 775 LEC, no se puede concluir que exista causa objetiva de imparcialidad por el hecho de que el mismo juzgado y la misma sección de la Audiencia Provincial hayan conocido del procedimiento de divorcio y después del de modificación de medidas en sus diferentes fases. Tampoco, el hecho de que la demandante solicitara el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que este reconociera la vulneración aducida por no haberse dado audiencia a las hijas, entonces menores de edad, no puede erigirse sin más en hecho generador de dudas sobre su imparcialidad, pues para que, en garantía de la imparcialidad, un juez pueda ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que no es ajeno a la causa o que permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas a1 ordenamiento jurídico [STC 66/2001 de 17 de marzo, FJ 2 a)]. En este caso, la demandante alude a la sospecha de que la inadmisión de la prueba «podría deberse a la molestia que pueda haber producido en los magistrados» aquella sentencia del Tribunal de Estrasburgo; lo que, a juicio de la fiscal, es una mera sospecha carente de cualquier justificación objetiva, por lo que la vulneración alegada deba ser desestimada.
A continuación, el Ministerio Fiscal analiza la posible vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por la falta de grabación de los veinte primeros minutos de la vista oral (art. 24.2 CE).
Tras recoger las normas de la Ley de enjuiciamiento civil relativas a las grabaciones de las actuaciones orales y la doctrina constitucional dictada en supuestos como este (entre otras, en la STC 55/2015, FJ 2), el ministerio público concluye que si bien efectivamente existe un vacío en la grabación que suscita dudas sobre lo acontecido durante esos primeros veinte minutos de la vista y el acta levantada por la letrada de la administración de justicia no permite conocer con claridad cuáles fueron realmente los medios de prueba propuestos por la demandante de amparo, cuáles fueron admitidos o denegados, ni los motivos en su caso que llevaron al juzgado a pronunciarse en uno o en otro sentido, no se ha producido ninguna indefensión a la demandante (art. 24.1 CE), pues al aquietarse ante esas decisiones, asiste la razón a la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, al inadmitir la prueba propuesta en la segunda instancia, pues en primera instancia su inadmisión fue aceptada sin objeción.
En cuanto a la prueba admitida y no practicada, la protesta fue inadmitida por la Sección Vigesimosegunda con una motivación escueta pero suficiente, al encontrarla inocua para la resolución del recurso y, por ello, se informa a favor de su desestimación.
Seguidamente, se valora la alegada vulneración de derecho a la utilización de los medios de prueba y al rechazo a la práctica de la prueba testifical de las hijas mayores, el Ministerio Fiscal subraya que, dado que la demandante de amparo no recurrió la decisión de inadmisión del órgano judicial de instancia, le asiste la razón a la Audiencia Provincial al inadmitir la prueba en la segunda. En cualquier caso, señala que la prueba devendría absolutamente innecesaria, puesto que las hijas son mayores de edad y su testimonio estaría referido a la convivencia en el domicilio familiar junto a la madre y a su dependencia económica y a la nula relación con el padre, cuestiones todas ellas aceptadas por ambas partes.
A continuación se analiza la alegada incongruencia omisiva, en la que habría incurrido la sentencia dictada por la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, al no haber ofrecido respuesta a los motivos del recurso de apelación relativos al error en la apreciación de la prueba y a su solicitud de planteamiento de cuestión prejudicial penal, por los posibles delitos de alzamiento de bienes y delito fiscal del excónyuge, concluyendo que de manera global se dio respuesta a la primera de las alegaciones e implícitamente a la segunda, al manifestar que se compartía el criterio del juzgado, por lo que esa motivación ha de considerarse suficiente y racional y desestimarse la vulneración.
El Ministerio Fiscal finaliza sus alegaciones valorando la queja relativa al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión de derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho, en cuanto los órganos judiciales no habrían respetado la ley aplicable (arts. 142, 143 y 96, párrafo tercero, CC) ni la jurisprudencia que la interpreta (STS 527/2017, de 27 de septiembre, FJ 3).
A su juicio, atendiendo a la doctrina constitucional sobre el deber de motivación (art. 24.1 CE), la fundamentación de la sentencia de instancia debe considerarse irracional pues, entra a valorar la disponibilidad que pueda tener el actual esposo de la demandante de otra vivienda no solo para residir con su actual esposa, sino para acoger también a las hijas de esta respecto de quienes no tiene ninguna obligación legal, e incluso elucubra sobre la posibilidad de que estas sean acogidas por la abuela materna, obviando las obligaciones que por el vínculo filial siguen afectando al padre y a la madre.
Tampoco los fundamentos de la resolución de la apelación, recogidos en el FJ 5, son racionales por los siguientes motivos: (i) en los párrafos 1 y 2 del art. 96 CC se impone la atribución de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario «a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden», sin mencionar si estos son mayores o menores de edad; y en el párrafo 3 se regula la posible atribución de la vivienda a uno de los cónyuges «[n]o habiendo hijos», lo que implica que no haya hijos en el hogar familiar. La expresión «en cuya compañía queden» que utiliza el primer párrafo del art. 96 CC no excluye a los hijos mayores de edad que conviven con uno de los progenitores, idea que se refuerza si se atiende a la realidad social del tiempo en que se ha de aplicar la norma, en la que los hijos e hijas, alcanzada la mayor edad, no han concluido ni su formación académica ni profesional y los padres continúan con el deber de crianza y educación respecto de aquellos. En consecuencia, la mayoría de edad no determina necesariamente la modificación de la adjudicación del uso del domicilio. Sin embargo, con la interpretación que en este caso han hecho los órganos judiciales, se llega a la conclusión de que el art. 96.1 CC solo puede regir para aquellos casos en los que los hijos son menores de edad y que cuando alcanzan los dieciocho años, ya no tienen derecho a la atribución del uso de la vivienda familiar, aunque su situación sea igual que el día anterior a cumplir esa edad. Tal conclusión no solo es contraria a la letra de la ley y al contexto normativo, sino que, además, desconoce la realidad, dejando a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad inasumible y contraria a los principios de protección de la familia recogidos en el art. 39 CE; (ii) La aplicación del art. 96.3 CC, en el caso de que fuera esta la norma correcta, obliga a ponderar cuál sea el interés más necesitado de protección, lo que se ha obviado en las resoluciones impugnadas; (iii) No se ha tenido en cuenta la realidad indiscutida de que en la vivienda siguen residiendo junto a su madre las tres hijas comunes; que son dependientes económicamente y viven una situación conflictiva con el padre, por lo que es imposible que este pueda cubrir la necesidad de vivienda de las hijas acogiéndolas en su domicilio; todo ello deriva en que solo pueden convivir con la madre; (iv) Por último, recuerda que es doctrina sostenida por el Tribunal Supremo (STS 527/2017, de 27 de septiembre) que la única interpretación del art. 96.3 CC es la de que «no habiendo hijos» situación a que la jurisprudencia asimila a la existencia de hijos mayores de edad, podrá acordarse que el uso de la vivienda familiar, «por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección».
Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 55 LOTC, solicita la estimación del recurso.
9. Con fecha de 22 de febrero de 2021, la demandante de amparo presentó escrito ante este tribunal solicitando la suspensión de la condena en costas dictada en las tres instancias del procedimiento de modificación de medidas, es decir, de la sentencia 318/2017 del Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Madrid, de 19 de septiembre de 2017; de la sentencia de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, de 2 de abril de 2019; y del auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre de 2019, si bien en el momento de presentar dicho escrito ante este tribunal, las respectivas solicitudes sobre la suspensión de la condena en costas, dirigidas por la recurrente a los órganos judiciales, tal como en su escrito advierte, estaban aún pendientes de resolverse.
10. Por providencia de 2 de marzo de 2023 se señala para votación y fallo del presente recurso el día 6 del mismo mes y año.
1. Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Madrid, de 19 de septiembre de 2017; el auto 1/2018, de 3 de julio, de la Sala de recusaciones del art. 77 LOPJ del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó la recusación e impuso a la señora Iglesias una multa de 500 euros por mala fe; la sentencia de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, de 2 de abril de 2019 y, en fin, el auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre de 2019, que inadmitió los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.
a) Alegaciones de la recurrente.
Como se ha expuesto en los antecedentes, la demandante de amparo afirma que durante el procedimiento existieron determinadas irregularidades procesales como la falta de grabación de parte de la vista oral y la denegación de la práctica de determinada prueba propuesta, que le han causado una grave indefensión, y que, una vez denunciada, tampoco ha sido reparada por los órganos judiciales superiores. Igualmente denuncia la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), por cuanto los componentes de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial no han sido imparciales, debido a la previa condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el proceso de divorcio que fue enjuiciado por aquella misma Sala. A ello añade la falta de respuesta a su solicitud de planteamiento de cuestión prejudicial penal y, por último, la ausencia de la debida ponderación de los derechos e intereses concernidos, desoyendo el principio de protección a la familia, que informa la actuación de los poderes públicos (art. 39 CE), incumpliendo la normativa y jurisprudencia prevista para estos casos. Para la recurrente, los órganos judiciales han aplicado con un gran automatismo y excesivo rigor el tenor literal del art. 96 CC interpretando que una vez que los hijos alcanzan la mayoría de edad no tienen derecho de uso sobre el domicilio familiar.
Todo ello, en su opinión, constituiría una vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), así como del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). Solicita, en consecuencia, la anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno.
b) Alegaciones de la representación de don Juan Suárez.
El señor Cantalapiedra Fuchs, se opone a la estimación de la demanda. Afirma que no solo no existió indefensión material debida al defecto de grabación de las actuaciones judiciales, sino que, además, las peticiones de la demandante de amparo resultan completamente extemporáneas e infundadas habida cuenta de que su dirección letrada suscribió el acta levantada por la letrada de la administración de justicia, mostrando su plena conformidad con lo efectuado en el acto del juicio oral. En segundo lugar, sobre la pretendida vulneración del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley (arts. 24.2 CE), sostiene que el conocimiento por la misma Sala del precedente procedimiento de divorcio nada tiene que ver con el actual pleito y que el hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a España por vulnerar el derecho de las hijas menores a ser oídas en el anterior procedimiento es irrelevante, pues de ser así, ninguna resolución podría ser revocada en instancias superiores.
Por lo que se refiere a la existencia de una posible incongruencia omisiva al no haber planteado cuestión prejudicial, destaca que tal solicitud no fue introducida por la demandante de amparo en el suplico de su recurso de apelación, lo que determina la imposibilidad de ser valorada ahora en amparo. A continuación, y respecto a la cuestión de fondo señala que, de acuerdo con la jurisprudencia, una vez alcanzada la mayoría de edad de los hijos, la subsistencia de la necesidad de habitación de estos no resulta factor determinante para adjudicarles el uso de la vivienda, que fue la conclusión alcanzada en las resoluciones impugnadas, al entender que era el suyo el interés más digno de protección.
También se alude a la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a utilizar todos los medios de prueba, recordando que el órgano judicial sí dio contestación a la solicitud de la práctica de determinadas pruebas; respuesta que la demandante dejó firme puesto que pudiendo hacerlo, no la recurrió y lo mismo debe decirse de la inadmisión de la prueba testifical de las hijas mayores de edad y de la aportación del libro de socios de la empresa Ibérica de Transportados Metálicos, S.L.U., que no fue recurrida en el momento procesal oportuno.
Finaliza el señor Cantalapiedra advirtiendo de la falta de necesidad de planteamiento de una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre la disposición final decimosexta, apartado primero, regla quinta de la Ley de enjuiciamiento civil, en cuanto impone, sin ninguna excepción, la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal si es inadmitido el recurso de casación, pues, a su juicio, lo que realmente pretende la parte contraria es eludir el cauce procedimental adecuado. Por las razones expuestas, solicita la desestimación íntegra del recurso de amparo.
c) Alegaciones del Ministerio Fiscal.
Finalmente, como ha quedado extensamente expuesto, el Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda por incumplimiento del deber de motivación de las resoluciones judiciales impugnadas (art. 24.1 CE), si bien considera que se deben desestimar el resto de las quejas planteadas.
El Ministerio Fiscal subraya que no se atisba una posible vulneración del derecho a un juez imparcial (art. 24.2 CE), pues de conformidad con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la del Tribunal Constitucional y el art. 775 LEC, no se puede concluir que exista causa objetiva de imparcialidad por el hecho de que el mismo juzgado y la misma sección de la Audiencia Provincial hayan conocido del procedimiento de divorcio y después del de modificación de medidas en sus diferentes fases, como tampoco por la sospecha de que la previa sentencia del Tribunal de Estrasburgo pudiera haber molestado a los magistrados de la Sala.
Por lo que se refiere a la falta de grabación de los veinte primeros minutos de la vista oral (art. 24.2 CE) y a las deficiencias observadas en el acta levantada por la letrada de la administración de justicia, entiende que no se ha producido ninguna indefensión a la demandante, pues al aquietarse ante la decisión del órgano judicial de instancia, asiste la razón a la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, al inadmitir la prueba propuesta en apelación.
En cuanto a la prueba admitida y no practicada (información de la Agencia Tributaria y copias de los pasaportes con las que la demandada pretende demostrar la capacidad económica del demandante), fueron inadmitidas por la Sección Vigesimosegunda con una motivación escueta pero suficiente pues, las encuentra inocuas para la resolución del recurso.
Seguidamente, con relación a la práctica de la prueba testifical de las hijas mayores, el Ministerio Fiscal subraya que, dado que la demandante de amparo no recurrió la decisión de inadmisión del juez de Primera Instancia, le asiste la razón a la Audiencia Provincial al inadmitir la prueba propuesta en la segunda. En cualquier caso, señala que la prueba devendría absolutamente innecesaria, puesto que las hijas son mayores de edad y su testimonio vendría referido a la convivencia en el domicilio familiar junto a la madre y a su dependencia económica y a la nula relación con el padre, cuestiones todas ellas aceptadas por ambas partes.
A continuación, la fiscal analiza la supuesta incongruencia omisiva, en la que habría incurrido la sentencia dictada por la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial, entendiendo que sí se ha dado respuesta de manera global a las alegaciones relativas al error en la apreciación de la prueba.