Categoría: Normativas

Visto el texto del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad (código de convenio n.º 99004615011982), para el periodo 2023-2026, que fue suscrito, con fecha 21 de octubre de 2022, de una parte por las organizaciones empresariales APROSER y ASECOPS, en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales FeSMC-UGT, CC.OO.–Hábitat y FTSP-USO, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de noviembre de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Domínguez Martínez.
Preámbulo.
Capítulo I. Objeto y ámbito.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Artículo 2. Ámbito territorial.
Artículo 3. Ámbito funcional.
Artículo 4. Ámbito personal.
Artículo 5. Ámbito temporal.
Artículo 6. Denuncia.
Capítulo II. De la interpretación y administración del Convenio.
Artículo 7. Unidad de convenio y vinculación a la totalidad.
Artículo 8. Principio de Igualdad y no discriminación.
Artículo 8 bis. Acoso moral y sexual.
Artículo 9. Compensación, absorción y garantía «ad personam».
Artículo 10. Comisión Paritaria.
Artículo 11. Cumplimiento del Convenio Colectivo y promoción del mismo.
Capítulo III. El inicio de la relación laboral.
Artículo 12. Contratos de trabajo.
Artículo 13. Períodos de prueba.
Artículo 14. Subrogación de servicios.
Artículo 15. Subrogación en servicios de vigilancia, sistemas de seguridad, transporte de explosivos, protección personal y guarderío rural.
Artículo 16. Subrogación en Servicios de Transporte de Fondos (Manipulado de efectivo, cajeros automáticos, transporte y distribución).
Artículo 17. Obligaciones de la empresa cesante y adjudicataria derivadas del proceso de subrogación en servicios de vigilancia, sistemas de seguridad, transporte de explosivos, protección personal y guarderío rural.
Artículo 18. Subrogación de los representantes de los trabajadores.
Artículo 19. Política de Estabilidad en el Empleo.
Capítulo IV. Derechos y Deberes Laborales Básicos.
Artículo 20. Facultad de Organización del Trabajo: Principios y Normas.
Artículo 21. Formación.
Artículo 22. Confidencialidad Profesional.
Artículo 23. Uniformidad.
Artículo 24. Asistencia Jurídica.
Capítulo V. Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 25. Reconocimiento Médico.
Artículo 26. Seguridad y salud en el trabajo.
Capítulo VI.  Clasificación profesional y promoción en el trabajo.
Artículo 27. Sistema de clasificación profesional.
Artículo 28. Clasificación General.
Artículo 29. Personal directivo, titulado y técnico.
Artículo 30. Personal Administrativo.
Artículo 31. Personal de Mandos Intermedios.
Artículo 32. Personal Operativo.
Artículo 33. Personal de Seguridad Electrónica y Sistemas de Seguridad.
Artículo 34. Personal de Oficios Varios.
Artículo 35. Personal Subalterno.
Artículo 36. Movilidad Funcional.
Artículo 37. Anticipación al cambio y desarrollo de una carrera profesional.
Capítulo VII.  Retribuciones.
Artículo 38. Disposición General.
Artículo 39. Anticipos.
Artículo 40. Estructura salarial y otras retribuciones.
Artículo 41. Sueldo base.
Artículo 42. Complemento personal de antigüedad.
Artículo 43. Complementos de puesto de trabajo.
Artículo 44. Complemento de cantidad o calidad de trabajo, Horas extraordinarias.
Artículo 45. Complemento de vencimiento superior al mes.
Artículo 46. Indemnizaciones o Suplidos.
Artículo 47. Cuantía de las Retribuciones.
Capítulo VIII. Prestaciones sociales.
Artículo 48. Seguro colectivo de accidentes.
Artículo 49. Póliza de Responsabilidad Civil.
Artículo 50. Ayudas a hijos y cónyuge discapacitados.
Artículo 51. Compensaciones en los supuestos de incapacidad temporal.
Capítulo IX. El Tiempo de Trabajo.
Artículo 52. Jornada de Trabajo.
Artículo 53. Horas extraordinarias.
Artículo 54. Modificación de Horario.
Artículo 55. Descanso anual compensatorio.
Artículo 56. Licencias.
Artículo 57. Vacaciones.
Artículo 57 bis. Desconexión digital.
Capítulo X. Lugar de Trabajo, Traslados y Cambios de Puesto.
Artículo 58. Lugar de Trabajo.
Artículo 59. Desplazamientos.
Artículo 60. Importe de las Dietas.
Artículo 61. Traslados.
Capítulo XI. Suspensión del contrato de trabajo.
Artículo 62. Excedencia voluntaria.
Artículo 63. Excedencia forzosa y por cuidado de hijos o familiares.
Artículo 64. Situaciones especiales de la relación laboral.
Artículo 65. Permisos sin sueldo.
Capítulo XII. Extinción de la Relación Laboral.
Artículo 66. Terminación de la Relación Laboral.
Artículo 67. Premio de vinculación.
Artículo 68. Garantía especial en caso de subcontratación del personal del Grupo V.
Artículo 69. Aplicación de la Jubilación parcial y del Contrato de Relevo.
Artículo 69 bis. Supuestos especiales de jubilación.
Capítulo XIII. Premios.
Artículo 70. Premios.
Capítulo XIV. Faltas y Sanciones.
Artículo 71. Faltas del personal.
Artículo 72. Faltas leves.
Artículo 73. Faltas graves.
Artículo 74. Faltas muy graves.
Artículo 75. Sanciones.
Artículo 76. Prescripción.
Artículo 77. Abuso de autoridad.
Capítulo XV. Derechos Sindicales.
Artículo 78. Licencias de Representantes de los Trabajadores.
Artículo 79. Licencias sindicales.
Capítulo XVI. Negociación Colectiva e Inaplicación de Convenio.
Artículo 80. Concurrencia de Convenios.
Artículo 81. Inaplicación de las condiciones de trabajo en determinadas materias.
Disposiciones adicionales.
Disposición Adicional Primera.
Disposición Adicional Segunda.
Disposición Adicional Tercera.
Disposición Adicional Cuarta.
Disposición Adicional Quinta.
Disposición Adicional Sexta.
Disposiciones transitorias.
Disposición Transitoria Única.
Disposiciones finales.
Disposición Final Única.
Anexos.
Anexo único. Anexo de Salarios y Otras Retribuciones.
El proceso negociador del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad, que concluye con la firma del presente convenio colectivo suscrito para los años 2023-2026, se ha desarrollado en un momento que las organizaciones firmantes entienden como vital para el nuevo modelo de sector y del que este convenio ha de ser piedra angular, anticipándose a las necesidades de la «nueva empresa de seguridad» y el «nuevo profesional de seguridad» y acomodándose a los requerimientos del «cliente de seguridad del siglo XXI».
En los últimos años hemos vivido una transformación vertiginosa del mundo en todos los sentidos, y ello no ha sido ni mucho menos ajeno para el sector, que ha visto como se ha producido una creciente demanda de servicios de seguridad, si bien cada vez más alejados de la vigilancia tradicional, y se ha visto en la necesidad de abordar una transición sustancial para la adaptación y transformación del sector (por mencionar algunos aspectos a modo de ejemplo: la COVID- 19, apoyo a la aplicación de la ley para la protección de los espacios públicos en infraestructuras críticas, demanda de nuevos servicios en el contexto de la transición digital, nuevas realidades en la actividad de transporte de fondos y gestión del efectivo, etc.)
Por ello, los firmantes hemos entendido que el objetivo clave que debía marcarse en este convenio era el de posibilitar una transición equilibrada del sector, tanto para las empresas, como las personas trabajadoras, y que reflejase las crecientes expectativas de la Seguridad Pública, de otras autoridades públicas y, por supuesto, de los destinatarios finales, tanto públicos como privados, de los servicios de seguridad. Ello solo era posible por medio de un convenio plurianual que permitiese dotar de estabilidad al marco regulatorio convencional.
En esa línea, resulta imperativo para las partes firmantes que el sector de seguridad privada se perciba desde el exterior como elección laboral para una trayectoria profesional atractiva y dotada de reconocimiento social, y promover políticas que permitan abordar la diversidad en las personas trabajadoras y remover los obstáculos a la aceptación de la misma, especialmente en lo que hace referencia a la diversidad funcional y de género, sin olvidar a las personas de origen migrante, y a las personas más jóvenes y a las de mayor edad, entre otros colectivos.
Se trata, en definitiva, del momento de apostar por un cambio hacia una seguridad privada más adaptada a los tiempos actuales, con nuevos perfiles profesionales orientados a las actividades del futuro y remunerados más adecuadamente.
Para los negociadores es necesaria la consecución de un mayor y mejor reconocimiento del sector de seguridad privada como un servicio esencial para la sociedad, entendiendo que se debe basar en una profesionalización tanto de los proveedores, como de los usuarios de seguridad; en esa línea, resulta fundamental un cambio sustancial en determinadas prácticas de contratación que se han venido centrando tradicionalmente en la búsqueda exclusiva de un coste más bajo, en vez de primar los criterios de calidad, comportamiento que ha ido restando valor a los propios servicios de seguridad y ha condicionado de forma perversa la negociación colectiva en el sector, dada la naturaleza del mismo, que muy mayoritariamente se basa en la gestión de personas.
La experiencia nos ha demostrado, igualmente, las nefastas consecuencias para aquellas empresas que han basado su estrategia en competir comercialmente solo a base de bajar precio, reduciendo previamente, o como consecuencia de ello, los salarios, para acabar eludiendo el cumplimiento de sus obligaciones salariales, sociales y tributarias.
El resultado de esta competencia desleal ha sido desastroso para todas las partes, no sólo para este tipo de empresas, también para el resto de las compañías y sus profesionales, para el usuario y para la imagen y el desarrollo del Sector.
En definitiva, no podemos revivir los tiempos que vivió el sector en la década pasada, en los que finalmente quedaron muchas compañías quebradas en el camino, tras haber devaluado los salarios, maltratado los servicios e incumplido este convenio colectivo, dejando al mismo tiempo en una situación dramática a los profesionales que prestaban servicios para las mismas.
Por ello, las partes firmantes han adoptado el firme compromiso de realizar los mayores esfuerzos de seguimiento para que los criterios cualitativos basados en la calidad, acompañados de los cuantitativos derivados de la negociación colectiva y contenidos en los convenios colectivos sectoriales, se reflejen efectivamente en las licitaciones públicas, siguiendo las orientaciones, comunicaciones y otras iniciativas de la Comisión Europea que apoyen una mejor aplicación de las Directivas de la UE sobre contratación pública.
Del mismo modo, las partes firmantes promoverán acciones tendentes a eliminar la competencia desleal en los procesos de contratación de servicios de seguridad privada que lleven implícito el incumplimiento de lo estipulado en la normativa legal, reglamentaria o convencional de aplicación.
El momento en el que se ha desarrollado la negociación no se caracteriza ni por la estabilidad, ni por las certezas, lo ha sido en un contexto global muy complicado, con incrementos de precios no vistos en muchos años, frente al que los negociadores han querido adoptar medidas para, al tiempo de reivindicar la dignidad del sector y poner en su justo valor el trabajo desarrollado por sus profesionales y sus empresas, dotar de certezas a todos los intervinientes en el mundo de la seguridad (especialmente a empresas, personas trabajadoras y clientes destinatarios de la prestación de seguridad) por un período amplio de 4 años, período en el que ha de avanzarse por parte de todo el sector en la adaptación a los cambios que inexorablemente se seguirán produciendo y que son de vital trascendencia para la eficiente prestación de servicios a la sociedad.
Ambas partes han alcanzado un acuerdo, como siempre, dejando a un lado en este momento sus legítimas pretensiones de mayores mejoras en todas las materias.
Se ha conseguido acercar posturas en temas que llevaban pendientes demasiado tiempo, como es la problemática derivada del envejecimiento del sector y el absentismo. En esa línea se ha ampliado la protección de las enfermedades comunes de larga duración, de modo que ahora se crea un nuevo tramo del día 91.º al 100.º, con una cobertura del 80% de la Base de Cotización para los trabajadores que no hayan tenido un período de incapacidad temporal de dicha índole en el año anterior, lo que se ha compensado en parte ajustando el cobro del complemento de incapacidad temporal del tramo de los días 4 al 20 a las dos primeras bajas por enfermedad común de cada trabajador.
Igualmente, en el sector de transporte de fondos, tan necesitado de modernización y adaptación a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias de sus clientes, tras sufrir una crisis brutal desde la pandemia de la que le costará recuperarse, las partes han acordado, por un lado, adaptar las categorías profesionales y sus funciones a la realidad laboral, facilitando la formación necesaria en su caso y, por otro, han preservado un régimen específico para el cómputo de jornada, manteniendo y reforzando la obligación de alcanzar acuerdos a nivel local entre la representación legal de las personas trabajadoras y las direcciones provinciales de las empresas, con el objeto de negociar y adaptar sus cómputos de jornada a las características y peculiaridades locales de cada Delegación.
El añadido que aporta el nuevo texto es poder dar una solución viable, mediante un régimen supletorio, a los casos en que no sea posible alcanzar ese acuerdo, manteniendo, en cualquier caso, una jornada garantizada y un cómputo mínimo diario.
Por último, las partes quieren dejar de manifiesto, especialmente para el personal adscrito al Transporte de Fondos y Gestión del Efectivo, su firme compromiso de realizar los mejores esfuerzos a la hora de suscribir acuerdos de jubilaciones parciales y contratos de relevo como medida de fomento de empleo.
Obviamente, quedan todavía importantes cuestiones pendientes, que se hace necesario acometer para la mejora del sector. Por nombrar algunas, ambas partes tienen legítimos intereses en alcanzar acuerdos de mayor calado que permitan encontrar soluciones permanentes que hagan sostenible la actividad del transporte de fondos y el mantenimiento del empleo, la formación de las personas trabajadoras, un nuevo enfoque global en relación con la actividad de las empresas de sistemas, unas medidas de salud laboral que permitan la mejor adecuación de las personas trabajadoras a los puestos de trabajo concretos, etc.
En este escenario, las partes firmantes del convenio por el banco social y el empresarial han considerado imprescindible mantener abiertas las vías de diálogo permanente, con el fin de prepararse para las nuevas situaciones que se plantearán en los próximos años, y que exigen una permanente adaptación del sector de la seguridad privada a las mismas.
Por otro lado, la representación empresarial ha aparcado en este proceso de negociación determinadas cuestiones relacionadas con mejoras directas en la productividad, en especial las referidas al impacto de los continuos incrementos de gastos, actuales y previstos, derivados tanto del devengo de la antigüedad como del índice de absentismo, que representan conjuntamente cerca del 1% anual, con independencia de las variaciones en cada empresa en función de su estructura propia, en particular en cuanto a la de distribución de edades y fechas de ingreso de su plantilla. Adicionalmente, a ello se une un incremento del 0,5% del coste de la seguridad social a partir del 1 de enero de 2023. Así, a los incrementos salariales pactados (6% en 2023, 4% en 2024, 3% en 2025 y 3% en 2026), que representan un 16,95% total, teniendo en cuenta el efecto acumulativo anual, deben añadirse estos relevantes costes adicionales.
Asimismo, dadas las excepcionales circunstancias de índole económico en las que se enmarca el periodo del proceso de negociación del presente Convenio Colectivo, las partes consideraron procedente introducir una cláusula que relacionase el incremento salarial que se experimente en el periodo de vigencia con el incremento del IPC en dicho periodo, con un límite del 2%.
Para no demorar en exceso el cálculo de ese diferencial y, a la vez, para hacer posible la anticipación en la negociación del siguiente Convenio, se ha establecido como período de referencia el comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de agosto de 2026.
Por último, las organizaciones firmantes exponen como objetivo inmediato, una vez firmado este convenio y superadas las tensiones propias de la negociación colectiva, la elaboración de un documento de trabajo que aborde las inquietudes de ambas partes y puedan integrar la columna vertebral del próximo convenio colectivo del sector, pensando en proyectar un sector sostenible de futuro y calidad. Por ello, en coherencia con este objetivo, y ante la necesaria reconstrucción del sector para hacer frente a las nuevas realidades sobrevenidas, en el marco de las mesas ya constituidas en nuestro Convenio y también en el ámbito de actuación del Observatorio Sectorial, es intención de la Comisión Negociadora activar todas aquellas medidas necesarias que, en su conjunto, contribuyan a la consolidación de la actividad.
En este sentido, para terminar, debemos resaltar la labor que realiza y que debe continuar realizando la Comisión Técnica de Redacción, creada en el convenio colectivo vigente en 2021, que debe cobrar nuevo protagonismo para encontrar las fórmulas de adaptación permanente del texto, comisión cuyos trabajos deben iniciarse con la mayor celeridad posible tras la entrada en vigor del nuevo texto para abordar, con carácter inmediato, las cuestiones planteadas y todavía no resueltas en el actual proceso negociador y, en especial, todas aquellas materias que sean prioritarias para una adecuada anticipación a los cambios previstos en el sector en los próximos años.
El presente Convenio Colectivo establece el marco de las relaciones laborales entre las Empresas dedicadas a las actividades que se especifican en el artículo 3 de este Convenio y sus trabajadores.
Las normas de este Convenio Colectivo Estatal serán de aplicación en todo el territorio español.
Están sometidas a este Convenio Colectivo las Empresas que realicen alguna de las actividades siguientes:
a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos.
b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad.
c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y protección especial.
d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y protección especial.
e) El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos anteriores.
Las empresas que, además de las actividades descritas en el párrafo anterior, realicen las contempladas en las letras f) y g) del artículo 5 de la Ley 5/2014, se rigen por el presente Convenio Colectivo.
Las empresas que, sin realizar ninguna de las actividades descritas en las letras a), b), c), d) y e), desempeñen las comprendidas en las letras f) y g) del artículo 5 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, o las actividades compatibles a las que se refiere el artículo 6 del mismo texto legal, no están sometidas al presente Convenio colectivo. Dichas empresas pueden adherirse al mismo en los términos que establece el artículo 92.1 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que no estén afectadas por otro Convenio colectivo.
Se regirán por el presente Convenio colectivo estatal la totalidad de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas comprendidas en el ámbito funcional expresado en el artículo 3.
El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2023, con independencia de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026, quedando prorrogado íntegramente hasta su sustitución por otro Convenio de igual ámbito y eficacia.
La denuncia del presente Convenio se entenderá automática al momento de su vencimiento, en este caso, el 31 de diciembre de 2026.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo constituirán un todo orgánico e indivisible.
Ambas partes acuerdan que, si durante la vigencia del Convenio, el contenido del mismo fuera modificado y/o afectado por la autoridad laboral, modificación legislativa o por sentencia firme, se convocará con carácter inmediato a la Comisión Negociadora a fin de adaptar su contenido en lo que pudiera quedar modificado.
En tanto no se alcance un acuerdo al respecto, será de aplicación el convenio colectivo en vigor, con los efectos que las partes acuerden.
El presente Convenio, su interpretación y aplicación, se rige por el principio de igualdad y no discriminación por razones personales que consagran los artículos 14 de la Constitución y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores, y muy especialmente por el principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres que ha desarrollado la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, de planes de igualdad y su registro, y el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva, cuyas previsiones se consideran como referencia interpretativa primordial del presente Convenio Colectivo.
Todas las referencias en el texto del convenio a «trabajador» o «empleado», «trabajadores» o «empleados», «operario» u «operarios», se entenderán efectuadas indistintamente a las personas, hombre o mujer, que trabajan en las empresas comprendidas en el ámbito funcional expresado en el Artículo 3.
Todas las empresas sujetas al presente convenio deberán contar con un plan de igualdad con los contenidos establecidos en la Ley, cuyo objetivo será potenciar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral. Contemplará, al menos, las siguientes áreas de actuación:
a) Proceso de selección y contratación.
b) Clasificación profesional.
c) Formación.
d) Promoción profesional.
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
g) Infrarrepresentación femenina.
h) Retribuciones.
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
Asimismo, la definición de los grupos profesionales regulados en los artículos 28 y siguientes de este Convenio, se ajusta a criterios y sistemas que garantizan la ausencia de discriminación directa e indirecta entre mujeres y hombres y la correcta aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor.
De conformidad con lo previsto en el Art. 48 de la Ley Orgánica 3/2007, 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la Empresa promoverá las condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y, en general, el acoso laboral, desarrollando cuantas medidas sean necesarias para ello, por medio de un Protocolo establecido por la empresa, la problemática del acoso en el trabajo, estableciendo un método que se aplique tanto para prevenir, a través de la formación, la responsabilidad y la información, como para solucionar las reclamaciones relativas al acoso, con las debidas garantías y tomando en consideración las normas constitucionales, laborales y las declaraciones relativas a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Las condiciones contenidas en este Convenio Colectivo Estatal son compensables y absorbibles respecto a las que vinieran rigiendo anteriormente, estimadas en su conjunto y cómputo anual.
Por ser condiciones mínimas las de este Convenio Colectivo Estatal, se respetarán las superiores implantadas con anterioridad, examinadas en su conjunto y en cómputo anual.
1. Se constituye una Comisión Paritaria para la interpretación y aplicación del presente Convenio, que estará integrada por dos miembros de cada organización sindical firmante, e igual número total por la representación empresarial, firmante del convenio colectivo. La Comisión fija como sede de las reuniones el domicilio de APROSER.
2. La Comisión se reunirá, previa convocatoria de cualquiera de los componentes, mediante comunicación fehaciente, al menos con siete días de antelación a la celebración de la reunión. A la comunicación se acompañará escrito donde se plantee, de forma clara y precisa, la cuestión objeto de interpretación.
3. Para que las reuniones sean válidas, previa convocatoria, tendrán que asistir a las mismas un número del 50% de miembros por cada una de las representaciones.
4. La Comisión Paritaria tomará los acuerdos por mayoría simple de votos de cada una de las representaciones.
5. Expresamente se acuerda que, tendrá carácter vinculante el pronunciamiento de la Comisión Paritaria cuando las cuestiones derivadas de la interpretación o aplicación del presente Convenio les sean sometidas por ambas partes, siempre que el pronunciamiento se produzca por unanimidad de los miembros asistentes a la Comisión Paritaria. Dicho pronunciamiento será incorporado en el texto del convenio siguiente, en virtud de la redacción que se acuerde en el momento de la negociación del mismo.
6. Son funciones de la Comisión Paritaria las siguientes:
a) Interpretación de la totalidad de los artículos de este Convenio.
b) Celebración de conciliación preceptiva en la interposición de conflictos colectivos que suponga la interpretación de las normas del presente Convenio.
c) Seguimiento de la aplicación de lo pactado. Los sindicatos y las asociaciones empresariales podrán presentar denuncia ante la Comisión Paritaria informando de incumplimientos realizados por empresas o sindicatos, acordando las acciones a tomar.
d) Las funciones previstas en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores relativas al procedimiento de inaplicación en las empresas de las condiciones de trabajo previstas en este convenio.
e) Cualquier otra que pueda estar encomendada por disposición legal o regulada en este Convenio.
a) Con el objeto de promover el cumplimiento del presente Convenio, ambas representaciones se comprometen a instar a los órganos de contratación de las administraciones públicas a que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 129.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, se requiera en los Pliegos de Contratación Pública referentes a prestación de servicios de seguridad, que todos los licitadores pongan de manifiesto, de manera fehaciente, haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones que en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales les impone el presente Convenio, sin que ello obste, como establece ese mismo artículo para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 sobre verificación de las ofertas, que incluyan valores anormales o desproporcionados.
b) Igualmente, de acuerdo con lo recogido en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, y de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, ambas representaciones se comprometen a instar a las administraciones públicas a establecer condiciones especiales de ejecución de los contratos de servicios de seguridad relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas de seguridad contratistas, velando asimismo por la comprobación del respeto de las obligaciones que, en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, le impone el presente Convenio. Todo ello al margen de la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al presente Convenio Colectivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 de esta misma Ley.
c) Asimismo, ambas representaciones se comprometen a solicitar a las administraciones públicas que verifiquen el cumplimiento del Convenio en los concursos públicos que convoquen, de manera que si identificaran a algún licitador que realizara una oferta anormalmente baja por incumplir lo dispuesto en este Convenio Colectivo la rechace al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Ambas representaciones se comprometen, igualmente, a solicitar a las administraciones públicas que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley de Contratos del Sector Público verifiquen que la dotación económica presupuestada en los concursos públicos para la prestación de servicios de seguridad es suficiente para dar cumplimiento a lo recogido en el presente Convenio, al margen de la necesaria adición de los costes derivados de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. En el supuesto de que alguna de las representaciones identifique pliegos de concursos públicos cuya cuantía fuera inferior a la necesaria para cubrir los costes salariales dimanantes de la aplicación de este Convenio, pondrá en conocimiento de dicha administración este hecho por si aquella tuviera a bien modificar las condiciones del pliego.
e) Ambas representaciones se comprometen igualmente a que cuando identifiquen algún pliego de condiciones en los que los criterios relacionados con la calidad no representen, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, tal y como establece el artículo 145.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, notificarán esta circunstancia a los órganos de contratación por si aquellos considerasen oportuna la modificación de las condiciones del Pliego.
f) Finalmente, en el supuesto de que ambas representaciones constaten la existencia de incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales derivadas de este Convenio Colectivo, de ser dicha aplicación grave y dolosa, pondrán esta circunstancia en conocimiento de las administraciones públicas contratantes a efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 201 y 211 de la Ley de Contratos del Sector Público.
1. Los contratos de trabajo serán de carácter indefinido o fijo-discontinuo, salvo las modalidades contractuales temporales establecidas en la legislación común, a las que se aplicarán las disposiciones específicas contenidas en los apartados 2 y 3 del presente artículo.
2. Contrato de trabajo de duración determinada por circunstancias de la producción.
A efectos de lo previsto legalmente se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones que generen un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, producidas por, entre otras, (i) encargos efectuados a las empresas por sus clientes, que no estuvieran previstos en el momento de la formalización del correspondiente contrato mercantil o administrativo, tengan una duración inferior a 12 meses y no sean de carácter periódico, ii) encargos extraordinarios de carácter no periódico, tales como los realizados para ferias, concursos, exposiciones, eventos o situaciones y servicios de análoga naturaleza.
El contrato de trabajo por circunstancias de la producción vinculado a este supuesto, podrá tener una duración máxima de 12 meses. En caso de que se concierte por un plazo inferior a 12 meses, podrá ser prorrogado mediante acuerdo de las partes siempre y cuando el encargo que constituye la causa del mismo siga ejecutándose, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicho límite máximo.
Igualmente, se entiende que genera un desajuste temporal en los servicios entre el empleo estable adscrito a los mismos y el que se requiere para su atención, el disfrute de las vacaciones anuales por parte de las personas trabajadoras, constituyendo por tanto una oscilación en la actividad que puede justificar la contratación bajo la modalidad indicada. El contrato de trabajo por circunstancias de la producción vinculado a este supuesto, tendrá una duración equivalente a la suma de la duración de los períodos de vacaciones de las personas trabajadoras a las que sustituya, con un máximo de 12 meses
3. Contrato de sustitución.
Podrán celebrarse contratos de duración determinada para la sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo (ausencia por incapacidad temporal, supuestos de excedencia forzosa o especiales de los artículos 63 y 64 de este Convenio, cumplimiento de sanciones, etc.) siempre que se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. En tal supuesto, la prestación de servicios podrá iniciarse y/o finalizarse antes y/o después de que se produzca la ausencia/reincorporación de la persona sustituida, coincidiendo en el desarrollo de las funciones el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado del puesto y, como máximo, durante el plazo establecido legalmente.
4. Contrato fijo discontinuo.
1. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
Podrán realizarse llamamientos de las personas contratadas bajo esta modalidad contractual, para sustituir a personas con reserva de puesto de trabajo y para necesidades circunstanciales de la producción.
El contrato fijo-discontinuo podrá también concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas estables que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Únicamente podrán celebrarse contratos fijos-discontinuos a tiempo parcial en los siguientes supuestos:
1. Acontecimientos deportivos o culturales que tienen lugar en una misma instalación de forma recurrente pero intermitente en el tiempo, cuya duración sea inferior a un año y superior a siete meses como, por ejemplo, contratación de servicios de seguridad privada por clubes deportivos los días de partido para las distintas competiciones de una temporada, o por los organizadores de conciertos en un auditorio musical.
2. Vigilancia y protección de los medios de transporte y sus infraestructuras en el ámbito aeroportuario y marítimo-portuario, cuya duración mínima sea superior a 4 meses.
3. Aquellos otros supuestos que, en función de la evolución de la prestación de los servicios del ámbito funcional de este Convenio, respondan a unas causas análogas a las que justifican la utilización de la figura del contrato fijo-discontinuo a tiempo parcial en los números 1 y 2 de este párrafo. Corresponderá, en todo caso, a la Comisión Paritaria la interpretación sobre la concurrencia de dichos supuestos, debiendo el pronunciamiento sobre los mismos incorporarse al texto del convenio siguiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.5 del Convenio Colectivo. La participación en la reunión de la Comisión Paritaria estará abierta, en este supuesto específico, a todas las organizaciones legitimadas para tomar parte en la negociación del convenio colectivo. En estos supuestos los periodos de inactividad estarán íntimamente ligados a los sectores de referencia, reactivándose automáticamente los llamamientos tras la reanudación de cada actividad.
A los contratos fijos discontinuos les resultan de aplicación las siguientes previsiones específicas:
a) El contrato de trabajo fijo-discontinuo se deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral: categoría, lugar de prestación de servicios y la forma de comunicación del llamamiento. La jornada y la distribución horaria deberá fijarse en el contrato, si bien, dicha distribución horaria podría concretarse en el momento del llamamiento por la entrega a la persona trabajadora y a la representación unitaria o sindical de la plantilla de turnos a realizar, haciendo mención de ello en el propio texto del contrato
b) Las partes acuerdan que el llamamiento del personal fijo-discontinuo se realizará conforme a las reglas previstas en este artículo. La persona trabajadora deberá ser llamada cada vez que la actividad específica para la que ha sido contratado lo requiera, debiéndose efectuar el llamamiento gradualmente en función de las necesidades de la empresa y del volumen de trabajo a desarrollar en cada momento.
El llamamiento para todas las personas trabajadoras sujetas a contratos fijos-discontinuos se efectuará teniendo en cuenta el nivel funcional, por orden de mayor antigüedad en la empresa. En el caso de que dos o más personas trabajadoras cumpliesen los anteriores criterios, según el orden en el que se indican, y se produjese igualdad en todos ellos, corresponderá a la empresa determinar a qué persona o personas trabajadoras se les efectúa el llamamiento.
Sin perjuicio de ello podrán alcanzarse acuerdos en cada empresa o delegación provincial de la misma que establezcan otro orden de llamamiento, en cuyo caso habrá de informarse a la persona trabajadora de la existencia de los mismos y de su contenido con ocasión de su contratación. En los supuestos en los que la contratación fija-discontinua se justifique por la celebración de contratas, subcontratas o con motivo de concesiones administrativas, los citados periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones. El plazo máximo de inactividad entre subcontratas será de tres meses. Una vez cumplido dicho plazo, la empresa adoptará las medidas coyunturales o definitivas que procedan, en los términos vigentes en cada momento.
El llamamiento se efectuará con una antelación mínima de cinco días, por burofax, correo certificado con acuse de recibo, o por cualquier otro medio que acredite que la notificación se ha realizado con suficientes garantías. Éste deberá indicar la fecha de incorporación al puesto de trabajo y se enviará al domicilio u otro medio de comunicación que la persona trabajadora haya comunicado a la empresa, siendo aquélla la única responsable de informar a la empresa de cualquier cambio en los datos de contacto para el envío de la citada comunicación. La persona trabajadora no tendrá obligación de atender el llamamiento, en el supuesto de que por parte de la empresa no hubiera sido posible respetar el plazo de cinco días por razón objetiva derivada de la necesidad de cubrir un servicio con menor antelación. En el supuesto de que una vez producido en tiempo y forma el llamamiento de la persona trabajadora, ésta no se incorporase a su puesto de trabajo, se entenderá que causa baja en la empresa por dimisión voluntaria, quedando extinguido su contrato de trabajo y, consecuentemente, su relación laboral con la empresa.
5. Contrato formativo.
El contrato formativo se regirá por lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. La retribución en los contratos formativos cuyo objeto sea la formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena será la fijada en convenio para el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas, en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En el caso de los contratos formativos cuyo objeto sea el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudio, la retribución será la fijada en convenio para el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas, en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En ninguna de las dos modalidades la retribución resultante podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
Podrá concertarse por escrito un período de prueba, durante el cual cualquiera de las partes podrá rescindir, por escrito, el contrato sin derecho a indemnización de ningún tipo. El período de prueba no podrá exceder de la siguiente duración:
Personal Directivo, Titulado y Técnico: Seis meses.
Personal de Seguridad Mecánico-Electrónica: Dos meses.
Personal Cualificado: Administrativos, Mandos Intermedios y de Oficios Varios: Tres meses.
Personal Operativo: Dos meses. No obstante, no existirá periodo de prueba si el trabajador fuera contratado de nuevo por la misma empresa en el periodo de dos años posterior al último contrato.
Personal no Cualificado: Quince días laborables.
La subrogación se produce cuando una empresa sustituye de forma total o parcial a otra en la prestación de los servicios contratados por un cliente, público o privado, cualquiera que fuera la causa, en los supuestos y términos establecidos en este Convenio.
Dadas las especiales características y circunstancias de la actividad, que exigen la movilidad de los trabajadores de unos a otros puestos de trabajo, este artículo tiene como finalidad garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores de este sector, aunque no la estabilidad en el puesto de trabajo.
En virtud de la subrogación de personal, la nueva adjudicataria está obligada a integrar en su plantilla, subrogándose en sus contratos de trabajo, a los trabajadores de la empresa cesante en el servicio, cualquiera que sea la modalidad de contratación y/o nivel funcional de los trabajadores, siempre que se acredite el requisito de antigüedad establecido en los artículos 15 y 16 de este Convenio para cada colectivo, incluyéndose en el período de permanencia exigido las ausencias del trabajador del servicio subrogado establecidas en los artículos 56, 57, 63 y 65 de este Convenio Colectivo, las situaciones de Incapacidad Temporal y suspensiones disciplinarias, cualquiera que sea su causa, excluyéndose expresamente las excedencias reguladas en el artículo 62, de acuerdo con las especificaciones y normas que se pactan en los artículos siguientes.
Dadas las peculiaridades establecidas en la normativa laboral respecto de los jubilados parciales y sus relevistas, estos trabajadores quedan excluidos del mecanismo de subrogación, por lo que en caso de sustitución de empresas en la prestación de un servicio, permanecerán siempre en la empresa cesante, salvo que a) la empresa cesante cierre o desaparezca, b) en el supuesto de que la empresa cesante pierda la totalidad de los servicios del lugar de trabajo en los términos del art. 58 del presente Convenio o c) que ambas personas trabajadoras estén adscritas al servicio objeto de subrogación, en cuyo caso se aplicarán las reglas establecidas en los artículos siguientes de dicha figura jurídica.
Para los servicios de vigilancia sistemas de seguridad, transporte de explosivos, protección personal y guarderío rural, además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo anterior, los trabajadores objeto de subrogación deberán encontrarse adscritos al contrato de arrendamiento de servicios o lugar de trabajo objeto de subrogación acreditando una antigüedad real mínima en el servicio o cliente objeto de subrogación, de siete meses inmediatamente anteriores a la fecha en que la subrogación se produzca.
Asimismo, procederá la subrogación cuando la antigüedad en la empresa y en el servicio coincida, aunque aquella sea inferior a siete meses.
Igualmente procederá la subrogación cuando exista un cambio en la titularidad de las instalaciones donde se presta el servicio.
La empresa cesante determinará el número de trabajadores objeto de subrogación, de entre los que tengan una antigüedad real mínima en la empresa de siete meses, en cada uno de los diferentes niveles funcionales en base a lo establecido en las letras A y B de este artículo.
Para la determinación de los trabajadores a subrogar se considerará, en primer lugar, a los que se presenten voluntarios. De no existir voluntarios en número suficiente, se procederá a sortear por niveles funcionales y turnos de trabajo, en presencia de la representación legal de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores certificarán en acta conjunta con la Dirección de la Empresa el resultado del sorteo.
A. Subrogación de Transporte y distribución del efectivo.
Para hallar el número de trabajadores objeto de subrogación se determinará entre la representación legal de los trabajadores y la empresa cesante los servicios prestados, o «paradas», que se hubiesen realizado en las Entidades objeto de la Subrogación, durante los siete meses inmediatamente anteriores a la fecha de la subrogación.
Tales servicios computarán para determinar el número de trabajadores que deben ser subrogados, de acuerdo con las siguientes reglas y supuestos:
A.1 Población de más de doscientos mil habitantes: Se dividirá el número de servicios prestados entre siete, y la media resultante entre seis.
A.2 Población de menos de doscientos mil habitantes: Se dividirá el número de servicios prestados entre siete, y la media resultante entre cuatro.
La población de referencia será la capital o, en su caso, la ciudad de mayor población, de la provincia donde se encuentra el centro de trabajo de la Empresa cedente del Servicio.
A.3 Normas comunes a A.1 y A.2: En ambos casos:
a) La cantidad resultante, que es la jornada mensual a subrogar, se dividirá entre el resultante de dividir la jornada anual entre 11, siendo el cociente de dicha operación el número de trabajadores que deben ser subrogados, multiplicado por la dotación del vehículo blindado.
El cociente se incrementará a un entero cuando contenga decimal igual o superior a cinco décimas.
No obstante, si una vez aplicada la regla anterior, la cifra resultante fuese inferior a 0,5 y, consiguientemente, no procediese a efectuar ninguna subrogación de personal, si la nueva empresa adjudicataria obtuviese durante los doce meses siguientes, la adjudicación de servicios que tuviese la misma empresa cesante, esta cifra anterior será, en todo caso, sumada a la nueva cifra resultante a los efectos de subrogación del personal.
b) Los trabajadores objeto de la subrogación deberán estar adscritos al turno en el que se prestan los servicios que motiva la subrogación, salvo que se trate de trabajadores sin turno fijo o que se hayan presentado voluntarios para la subrogación. Cuando la subrogación esté basada en la acumulación de varios servicios, el turno a tener en cuenta será el del servicio con mayor número de paradas.
c) Únicamente podrán subrogarse tripulaciones completas sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17.1).4.
d) En caso de que la empresa cesante pierda la totalidad de los servicios, la empresa adjudicataria deberá quedarse con todo el personal. En el caso de que sean varias las empresas adjudicatarias, deberán quedarse con todo el personal de acuerdo con los porcentajes asignados.
B. Subrogación de los trabajadores de Manipulado: La empresa que pierda un contrato de manipulación de efectivo (Contadores-Pagadores) en favor de otra, ésta estará obligada a subrogarse en el número de contadores-pagadores resultante de dividir el importe de la facturación media mensual perdida de los últimos siete meses, entre 2.500 euros. Esta cantidad, se actualizará anualmente en función de los costes laborales y la mejora en la tecnología y maquinaria utilizada en la actividad.
No obstante, si una vez aplicada la regla anterior, la cifra resultante fuese inferior a 0,5 y, consiguientemente, no procediese efectuar ninguna subrogación de personal, si la nueva empresa adjudicataria obtuviese durante los doce meses siguientes la adjudicación de servicios que tuviese la misma empresa cesante, esta cifra anterior será, en todo caso, sumada a la nueva cifra resultante a los efectos de subrogación del personal.
1) Obligaciones de la empresa cesante: La Empresa cesante en el servicio:
1. Deberá notificar al personal afectado y a la Representación Legal de los Trabajadores la resolución del contrato de arrendamiento de servicios, así como el nombre de la nueva adjudicataria, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento formal y fehaciente de cada una de las circunstancias.
2. Deberá poner a disposición de la nueva adjudicataria, con antelación mínima de cinco días hábiles a que ésta dé comienzo a la prestación del servicio, la documentación que más adelante se relaciona. Si tuviese conocimiento de la adjudicación en un plazo inferior a los cinco días hábiles antes del inicio del servicio, deberá entregar la documentación con carácter inmediato y siempre como mínimo veinticuatro horas antes del inicio del servicio.
a) Relación de trabajadores afectados por la subrogación.
b) Certificación individual por cada trabajador en la que deberá constar los datos de contacto del mismo, los incluidos en el modelo 145 del IRPF (Retenciones sobre rendimientos del trabajo. Co