Categoría: Energía y Medio Ambiente

La Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente ley.
Extremadura es una tierra de ríos en tránsito, no solo por la propia naturaleza fluyente de todo río, sino porque compartimos las cuencas que los alimentan. Este carácter compartido de las aguas determina el talante de una gestión cooperativa que impregna toda la ley que sigue y que pretende proteger el agua como elemento vital, atendiendo los efectos que sobre su ciclo natural está provocando el cambio climático.
En cierta forma toda comunidad autónoma es también una gestión en tránsito de intereses públicos que fluyen entre la Unión Europea, la Administración General del Estado y las Entidades Locales. Entendemos que al igual que ocurre en un río la dirección no es unívoca, pues, aunque el agua siga la gravedad, otros elementos de los ecosistemas acuáticos remontan desde el mar a sus cabeceras. Así la ley se fundamenta en un buen gobierno basado en la transparencia y la participación para lograr el mejor flujo de los intereses públicos que le dan sentido.
La cooperación y buen gobierno en la gestión del agua hacen necesario que Extremadura aborde la tarea de establecer normas autonómicas que de un lado articulen el desarrollo de las normas de la Unión Europea y el de las leyes del Estado, y de otro lado coordinen las normas de carácter local que permitan alcanzar un trato igual en todo el territorio de Extremadura.
La ley asume y desarrolla el mandato del Estatuto de Autonomía de Extremadura cuando establece en su artículo 7 que los poderes públicos regionales perseguirán un modelo de desarrollo sostenible y cuidarán de la preservación y mejora de la calidad medioambiental y la biodiversidad de la región, con especial atención a sus ecosistemas característicos, como la dehesa. Asimismo, sus políticas contribuirán proporcionadamente a los objetivos establecidos en los acuerdos internacionales sobre lucha contra el cambio climático.
En concreto en lo que se refiere a la gestión del agua también hace suya la exigencia de todo poder regional de velar por un uso racional del agua y por su distribución solidaria entre la ciudadanía que la precise, de acuerdo con el marco constitucional de competencias y las prioridades que señale la ley, sin menoscabo de la calidad de vida de la población extremeña, del desarrollo económico de Extremadura confirmado mediante estudios que garanticen las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos, y sin perjuicio de las compensaciones a que haya lugar, recogida en el artículo 7.8 del Estatuto.
En lo que atañe a las competencias, el artículo 9.1.36 del Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura competencia exclusiva en materia de aguas, obras e infraestructuras hidráulicas, aguas minerales y termales, así como de participación, en la forma que determine la legislación del Estado, en la gestión de las aguas pertenecientes a cuencas intercomunitarias que discurran por el territorio de Extremadura. Por su parte, el artículo 9.1.33 atribuye competencia exclusiva en materia de «Políticas y normas adicionales y complementarias de las del Estado en materia de protección medioambiental y lucha contra el cambio climático. Regulación de los espacios naturales protegidos propios y adopción de medidas para su protección y puesta en valor».
Por su parte, el artículo 10 establece que la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias de desarrollo normativo y ejecución en las materias sobre el Medioambiente, regulación y protección de la flora, la fauna y la biodiversidad. Prevención y corrección de la generación de residuos y vertidos y de la contaminación acústica, atmosférica, lumínica, del suelo y del subsuelo. Regulación del abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas.
En todo caso, la ley se muestra respetuosa con lo dispuesto en la legislación básica y con las competencias del Estado sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos (artículo 149.1.22.ª CE), normas básicas sobre protección del medio ambiente (artículo 149.1.23.ª CE) y obras públicas hidráulicas de interés general (artículo 149.1.24.ª CE).
Finalmente, dado el contenido de la ley, resulta necesario hacer referencia, dentro de los títulos competenciales invocados a otros títulos competenciales implicados, como el previsto en el artículo 9.1.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura (creación, organización y régimen jurídico de sus instituciones, así como la organización de su propia Administración y de los entes instrumentales que de ella dependen), en el artículo 9.1.8 (ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura), en el artículo 9.1.3 (organización territorial propia de la comunidad autónoma y régimen local en los términos del título IV del Estatuto de Autonomía) y en el artículo 9.1.38 (obras e infraestructuras públicas de interés regional que no tengan la calificación de interés general del Estado y no afecten a otra comunidad autónoma).
En la redacción de esta ley se han observado el efectivo cumplimiento de los principios de buena regulación enumerados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
La ley consta de treinta y cuatro artículos, estructurados en seis capítulos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.
En el capítulo I relativo a las disposiciones generales se establecen el objeto y la finalidad de la norma. La ley tiene como objeto regular el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma y de las entidades locales extremeñas en materia de agua y ciclo urbano del agua y con la finalidad de garantizar un nivel de protección elevado del dominio público hídrico y un uso sostenible del agua, la aplicación de los derechos humanos de acceso al agua y al saneamiento reconocidos por Naciones Unidas y la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en condiciones adecuadas y de igualdad para toda la ciudadanía extremeña. La ley se muestra, igualmente, respetuosa con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.
La ley resulta de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciéndose en cuanto al ámbito material de aplicación que las aguas minerales y termales se regirán por su normativa específica, salvo que entre en contradicción con las normas de protección establecidas en esta ley a las que se otorga primacía.
Las definiciones que ayudan a entender la presente regulación de un lado se remiten a los abundantes conceptos jurídicos definidos en el Derecho de la Unión Europea que armonizan su interpretación en todos los Estados miembros y a los que se recogen en la legislación básica del Estado. De otro lado complementa dicho elenco con aquellas definiciones que son necesarias para una adecuada interpretación de la ley.
Entre las definiciones recogidas constituye una novedad el concepto de ciclo urbano del agua utilizado por la ley pues se diferencia del concepto usado hasta ahora al incorporar aspectos de reciente consideración como es el drenaje sostenible. La ley lo define como aquella parte del ciclo hidrológico relacionada con el uso del agua por las aglomeraciones urbanas que comprende: a) el abastecimiento de agua en alta, que incluye la extracción de los recursos hídricos, el tratamiento de regeneración y potabilización, el transporte y el almacenamiento de cabecera de la población; b) el abastecimiento del agua en baja, que incluye su distribución, almacenamiento intermedio y el suministro a los destinatarios; c) la recogida de las aguas usadas y transporte hasta los colectores o instalaciones de tratamiento; d) los sistemas de drenaje sostenible o de gestión de aguas pluviales; e) la depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su recepción en los colectores generales, el tratamiento y, en su caso, vertido de efluentes; y f) la regeneración de las aguas depuradas para su reúso. Las técnicas de drenaje sostenibles se incorporan en el ciclo urbano del agua para cumplir con la exigencia de prevenir la contaminación producida por los episodios debidos al desbordamiento de los sistemas de recolección conjunta de las aguas residuales y pluviales. La obligación de prevención se recogió inicialmente en la Directiva de aguas residuales y se consolida y amplía con la Directiva marco del agua.
En relación al concepto de dominio público hídrico la ley pretende la integración del acervo comunitario y estatal ya que partiendo del concepto de dominio público hidráulico establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (artículo 2), lo interpreta conforme a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva marco del agua). Esta integración que se lleva a cabo en cumplimiento del principio de interpretación conforme que exige interpretar el Derecho nacional a la luz del texto y de la finalidad de la Directiva marco del agua, para impedir una aplicación contraria a la norma comunitaria lo que puede ocurrir cuando la norma nacional no es suficientemente precisa (ver sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de abril de 1984,von Colson y Kamann, C-14/83, EU:C:1984:153, apdo. 26 entre otras). Resulta de interés recordar que la concepción tradicional del agua en el derecho la ha dividido por categorías relativas a sus características (dulce, salobre o marina; superficial o subterránea; etcétera) o usos (baño, cría de peces o moluscos, consumo humano, regadío, industria, etcétera), pero el agua en la naturaleza fluye sin responder o reflejar dichas categorías. La Directiva marco del agua parte de adaptarse a esta realidad y aunque no renuncia al uso de dichas categorías, las integra en su tratamiento y en relación los ecosistemas (artículo 1). Esta integración determina una nueva interpretación del concepto tradicional del dominio público hidráulico. Al incorporar la relación entre agua y ecosistemas incorpora en la misma medida la intervención de las competencias relativas a la protección de las aguas y de los ecosistemas. El Estado tiene la titularidad del dominio público hidráulico y, entre otras facultades, la de definir su contenido por lo que no procede adoptar en esta ley una definición integradora del acervo comunitario. No obstante, en virtud del mencionado principio de interpretación conforme la comunidad autónoma, está obligada a interpretar el Derecho nacional conforme al Derecho de la Unión Europea, que es el objetivo del concepto denominado dominio público hídrico incorporado en esta ley. Así, las Comunidades Autónomas han de participar de una manera más intensa en las tareas relativas este dominio público en razón de las competencias que ostentan en la protección de los ecosistemas, especialmente en relación a las especies, hábitats y espacios protegidos (artículos. 149.1.1.23.ª y 148.1.9.ª CE; art. 6.1 Directiva 92/43/CEE; artículo. 4.1.c Directiva 2000/60/CE). En cualquier caso, las referencias al dominio público hidráulico de la legislación estatal habrán de considerarse hechas en la aplicación de esta ley al dominio público hídrico.
Los principios recogidos en la ley se enmarcan en los establecidos por el Derecho de la Unión Europea y por la legislación básica del Estado, reproduciendo aquellos que se consideran que deben estar más presentes en la gestión que se regula en la ley.
La mayor parte de los principios incorporados a la ley provienen del marco jurídico común para la política del agua que establece la Directiva marco del agua y del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998, así como de las directivas comunitarias y legislación estatal que lo desarrollan (Directiva 2003/4/CE, Directiva 2003/35/CE y Ley 27/2006).
Mención especial requiere el principio según el cual se impulsará y priorizará la gestión pública de los servicios relacionados con los recursos hídricos, al objeto de garantizar un control, calidad, acceso, transparencia y participación pública adecuados para un bien común de primera necesidad. Se trata de la asunción del reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento tal y como se ha entendido en la Organización de las Naciones Unidas, tanto en su reconocimiento (A/RES/64/292) como en la interpretación de su contenido que se han ido forjando con el trabajo de los relatores especiales y ello al amparo del artículo 10.2 de la Constitución y de lo declarado en los considerandos 33 y siguientes y lo establecido en los artículos 16 y siguientes de la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
En el capítulo II se regula el régimen de la administración del agua en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se establecen de forma detallada las competencias que corresponden a la Junta de Extremadura en la materia, con expresión de las funciones que en ejercicio de las mismas corresponden al Consejo de Gobierno y a la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica. En segundo lugar, se regulan las competencias de los municipios en materia de servicios del ciclo urbano del agua, el régimen de su ejercicio, así como la asunción de la responsabilidad municipal derivada de la misma. Se prevé que para el desarrollo de los servicios de su competencia los municipios puedan crear, previo informe de la Consejería competente, entes supramunicipales del agua que tendrán personalidad jurídica propia y adoptarán la forma de consorcio o mancomunidad entre entidades locales.
El órgano colegiado de participación social en el diseño de la política del agua en Extremadura, y de cooperación y asesoramiento a la Junta de Extremadura es el Consejo Asesor del Agua de Extremadura, estableciéndose su previsión a nivel legal. Finalmente, como novedad en la gobernanza en materia del agua se introduce la Comisión Interdepartamental del Agua que estará integrada, al menos, por una persona en representación de cada Consejería y que tendrá entre sus funciones la coordinación de las políticas de la Junta de Extremadura con incidencia en el agua y la coordinación de las relaciones con la Administración General del Estado en la materia.
En el capítulo III se regula el régimen de transparencia, planificación y participación pública. Las políticas de medioambiente y en especial la política del agua han tenido un desarrollo extraordinario en materia de participación pública desde que en la Declaración de Río en 1992 se establecieron las bases para lograr una difusión y acceso a la información medioambiental adecuados, una participación pública en las decisiones con efectos medioambientales activa y real y el acceso a la justicia administrativa y judicial en materia de medioambiente. El citado Convenio de Aarhus de 1998 y sus desarrollos en el Derecho de la Unión Europea y del Estado, han supuesto una aproximación sustancialmente distinta en la forma en que deben enfrentarse las necesidades y resolverse los problemas en materia de aguas. A ello contribuye además el acelerado proceso de incertidumbres y riesgos que han supuesto fenómenos como el calentamiento global y sus efectos sobre el cambio climático, así como la cada vez mayor exigencia de transparencia en la gestión pública. La ley pretende con este capítulo dar una respuesta responsable y adecuada a esta situación, profundiza y traslada estas exigencias en especial al ciclo urbano del agua.
En el capítulo IV se regula la gestión del ciclo urbano del agua que será una gestión cooperativa y sostenible. Se crea la red de cooperación e información del ciclo urbano del agua que reúne a todas las Administraciones implicadas para cooperar en el objetivo de prestar los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua en condiciones básicas adecuadas e iguales para toda la ciudadanía extremeña y el inventario autonómico de infraestructuras del ciclo urbano del agua que garantiza la información pública sobre las infraestructuras del ciclo urbano del agua en Extremadura.
En relación con las obras e infraestructuras hidráulicas, especial atención dedica la ley a las obras de interés de la comunidad autónoma y a su régimen, serán aquellas necesarias para la consecución de los objetivos medioambientales establecidos en el Derecho de la Unión Europea, así como las restantes obras necesarias para garantizar la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en la comunidad autónoma. La declaración corresponde al Consejo de Gobierno previa evaluación de su viabilidad técnica, ambiental, social y económica, la cual se realizará bajo el enfoque del ciclo de vida completo, comprenderá un estudio específico de la recuperación de costes y será sometida a información pública.
Se establece la figura del convenio, que deberá atenerse en cuanto al régimen jurídico de aplicación al negocio jurídico subyacente, como instrumento para articular la colaboración de la Administración autonómica y las entidades locales o, en su caso, las entidades supramunicipales, para la planificación, financiación y ejecución de las obras e infraestructuras del ciclo del agua que deban ser gestionadas por los municipios de acuerdo con sus competencias. En muchas ocasiones las entidades locales, principalmente las de poblaciones medianas y pequeñas, carecen de la capacidad técnica y/o económica para la adecuada prestación de los servicios del ciclo urbano del agua, siendo preciso por ello instrumentalizar las diversas formas en las que se puede llevar a cabo la intervención de la Administración autonómica. Asimismo, esta ley contribuye al objetivo fundamental de fijación de la población en el medio rural, al promover la garantía del suministro de agua y su depuración para toda la población, con independencia del tamaño del municipio o de su ubicación. Por este motivo, esta actuación se considera también una medida de la política de la Junta de Extremadura ante el reto demográfico y territorial.
Como mecanismo de gestión cooperativa se establece la obligatoriedad de la gestión de los servicios del agua por los municipios dentro del sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano, cuando resulte necesario por razones técnicas, económicas o ambientales y así se establezca mediante resolución motivada de la persona titular de la Consejería competente en materia de coordinación de las políticas de aguas autonómica, previa audiencia a los municipios interesados. Los sistemas de gestión supramunicipal constituirán el ámbito de la actuación de la Junta de Extremadura para la ejecución de las infraestructuras del ciclo urbano del agua. Por último, en este Capítulo se introducen medidas destinadas a garantizar un rendimiento óptimo en las redes de abastecimiento, así como la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua.
El capítulo V dedicado al régimen económico-financiero se encuentra encabezado por el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua. La ley asume e integra la regulación autonómica preexistente con la voluntad de abrigar dicha regulación en el marco de una planificación y gestión autonómica coherente. La importancia de la recuperación de los costes en el conjunto de la política del agua es cada vez mayor, se trata de una forma de responder desde todos los ámbitos de la gestión al deterioro de las aguas y sus ecosistemas asociados. Está fuera de dudas que quien puede producir un deterioro del medioambiente ha de asumir los costes de la prevención del daño ambiental y quien efectivamente produce un deterioro ha de responder de su restauración. La asunción de este principio de forma generalizada es una exigencia que trajo el siglo XXI con la Directiva marco del agua y que aún está por implementarse en todos sus aspectos. La ley pretende contribuir a ello en los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua.
Finaliza el texto articulado con el capítulo VI dedicado a la regulación de la disciplina en materia del ciclo urbano del agua. La regulación del sistema de control disciplinario se realiza tratando de lograr una mayor eficacia de la norma.
En las disposiciones finales de la norma se establece el contenido mínimo del Reglamento del ciclo urbano del agua de Extremadura por el que ha de proceder al desarrollo normativo de la presente ley. Además, se prevé el desarrollo reglamentario del Sistema de información del agua urbana y para el desarrollo y puesta en funcionamiento del inventario de infraestructuras del ciclo urbano del agua, así como la adaptación de ordenanzas municipales.
Por último, la presente ley se aprueba de acuerdo con el Consejo de Estado. Así, el supremo órgano consultivo en su dictamen núm. 1377/2022, de 29 de septiembre, indica expresamente que: «El texto remitido a este Consejo merece una valoración global positiva, ya que hace efectivo el mandato que el artículo 7.8 del Estatuto de Autonomía de Extremadura dirige a los poderes públicos regionales para que velen por el uso racional del agua y su distribución solidaria entre los ciudadanos y contribuye, con ello, a que el reconocimiento del derecho humano al agua potable y el saneamiento sea pleno, al tiempo que clarifica las competencias que en esta materia ostentan la Comunidad Autónoma de Extremadura y los entes locales de la región y, de este modo, favorece una adecuada prestación de los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua». En este sentido, indica en el dictamen: «Que, una vez tenidas en cuentas las observaciones formuladas con carácter esencial al artículo 24 y a la disposición final segunda y consideradas las restantes, puede V. E. elevar al Consejo de Gobierno el Anteproyecto de Ley del Ciclo Urbano del Agua en Extremadura». Con relación a estas observaciones, que no afectan de forma sustancial al texto de la presente norma, se han atendido las dos expresadas con carácter esencial, así como la práctica totalidad de las restantes observaciones no esenciales.
1. El objeto de la presente ley es regular el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma y de las entidades locales extremeñas en materia de agua y ciclo urbano del agua.
2. La finalidad de la ley es garantizar:
a) Un nivel de protección elevado del dominio público hídrico y un uso sostenible del agua.
b) La aplicación de los derechos humanos de acceso al agua y al saneamiento reconocidos por Naciones Unidas.
c) La prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en condiciones adecuadas y de igualdad para toda la ciudadanía extremeña.
3. Esta ley es de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Las aguas minerales y termales se regirán por su normativa específica, no obstante, serán de aplicación las normas de protección ambiental establecidas en esta ley.
5. Queda excluida de la presente ley, la regulación de los usos agrarios del agua que se contiene en la legislación agraria.
A efectos de la presente ley se aplicarán las definiciones contenidas en el Derecho de la Unión Europea y la legislación básica del Estado en materia de aguas junto a las siguientes:
a) «aguas destinadas al consumo humano», todas las aguas, ya sea en su estado original, ya sea después de tratamiento, para beber, cocinar, preparar o producir alimentos u otros usos domésticos, en locales tanto públicos como privados, sea cual fuere su origen e independientemente de que se suministren a través de una red de distribución, a partir de una cisterna o, en el caso de las aguas de manantial, envasadas en botellas.
b) «ciclo urbano del agua», es aquella parte del ciclo hidrológico relacionada con el uso del agua por las aglomeraciones urbanas que comprende: a) el abastecimiento de agua en alta, que incluye la extracción de los recursos hídricos, el tratamiento de regeneración y potabilización, el transporte y el almacenamiento de cabecera de la población; b) el abastecimiento del agua en baja, que incluye su distribución, almacenamiento intermedio y el suministro a los destinatarios; c) la recogida de las aguas usadas y transporte hasta los colectores o instalaciones de tratamiento; d) los sistemas de drenaje sostenible o de gestión de aguas pluviales; e) la depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su recepción en los colectores generales, el tratamiento y, en su caso, vertido de efluentes; y f) la regeneración de las aguas depuradas para su reúso.
c) «ente supramunicipal del agua», entidad pública de base asociativa a la que corresponde el ejercicio de las competencias que esta ley le atribuye en relación con los sistemas de gestión supramunicipal del agua de uso urbano.
d) «entidad prestadora de servicios de agua», aquella entidad pública o privada que gestione alguno o algunos de los servicios del ciclo urbano del agua.
e) «grupos vulnerables y marginales», las personas que, de forma individual o colectiva, se encuentren aisladas o no de la sociedad, sufran discriminación o la falta de acceso a derechos, recursos u oportunidades, y que, con respecto al resto de la sociedad, están más expuestas a una serie de posibles riesgos relacionados con su salud, seguridad, falta de educación, implicación en prácticas perniciosas u otros riesgos.
f) «rendimiento técnico en las redes de abastecimiento», diferencia, expresada en porcentaje, entre el volumen de agua que haya sido objeto de aducción y el efectivamente distribuido, contabilizado y facturado a los destinatarios.
g) «sistema supramunicipal de gestión del agua de uso urbano», conjunto de elementos (derechos relativos al agua, infraestructuras de extracción, transporte, tratamiento o vertido, etcétera) organizados (consorcio, mancomunidad, etc.) para la prestación de servicios del ciclo urbano del agua en un ámbito superior a un municipio.
h) «uso del agua», las distintas clases de utilización del recurso comprendidas como uso del agua en el Derecho de la Unión Europea y en la legislación estatal, considerándose incluidos a efectos de esta ley la gestión que se realice de las aguas pluviales.
i) «usuario», en esta ley se considera:
En el supuesto de abastecimiento de agua por entidad suministradora, a la persona titular del contrato con dicha entidad y, en su defecto, quien haga uso de los caudales suministrados.
En las captaciones propias, a la persona titular de la concesión administrativa de uso de agua, de la autorización para el uso o del derecho de aprovechamiento y, en su defecto, a quien realice la captación.
Informarán la aplicación de la presente ley los principios establecidos en el Derecho de la Unión Europea y la legislación básica del Estado en materia de aguas, en especial:
a) La consideración del agua y los ecosistemas asociados como un patrimonio común a proteger pues de su conservación en buen estado depende nuestro bienestar.
b) El uso sostenible del agua y los ecosistemas asociados a través de una protección a largo plazo que permita reducir los tratamientos previos para el consumo humano.
c) La prioridad del uso del agua para el consumo humano, reservando o intercambiando las aguas de mejor calidad para destinarlas al abastecimiento.
d) La protección de la salud a través del enfoque del análisis y evaluación de los riesgos en la contaminación y desabastecimiento.
e) La transparencia en los costes y su recuperación, incluidos los costes ambientales y del recurso, de manera que permita un conocimiento trazable, reutilizable, desagregado, geolocalizado y actualizado en la medida de lo posible.
f) Quien contamina paga, de manera que aquellas actividades que deterioran el agua y los ecosistemas asociados sean quienes carguen con los costes de la pérdida de servicios ecosistémicos y los costes de sustitución y restauración.
g) Participación y colaboración ciudadana y capacitación del público a corto y medio plazo, así como el fomento de la educación ambiental a medio y largo plazo, con el objeto de conseguir una involucración activa y real de la ciudadanía en la protección y el uso sostenible del agua y los ecosistemas acuáticos.
h) Participación y colaboración ciudadana activa y real en la planificación en materia de ciclo urbano del agua a través de las consultas públicas y procesos de capacitación y deliberación; y en la toma de decisiones de la gestión con su incorporación en los órganos de decisión u órganos consultivos con una representación actualizada cada año.
i) Cooperación leal multinivel de la comunidad autónoma con la Unión Europea, la Administración General del Estado y las entidades locales con el objeto de conseguir los objetivos establecidos en la legislación.
j) Se impulsará y priorizará la gestión pública de los servicios relacionados con los recursos hídricos, al objeto de garantizar un control, calidad, acceso, transparencia y participación y colaboración ciudadana adecuados para un bien común de primera necesidad.
k) Uso finalista de los recursos económicos generados en la gestión del ciclo urbano del agua.
1. Los usuarios tendrán los siguientes derechos:
a) Disfrutar de un medio hídrico de calidad, en los términos establecidos en la normativa aplicable.
b) Obtener la prestación del servicio con garantía y calidad adecuada a su uso, debiendo establecerse reglamentariamente los parámetros y estándares que definan esa calidad, así como el sistema de tratamiento de incidencias y reclamaciones. En todo caso, se reconoce como un derecho subjetivo a toda la ciudadanía extremeña el tener cubierto un mínimo de suministro de agua en las condiciones establecidas en la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social.
c) Obtener información por la entidad prestadora de servicios del agua, con antelación suficiente, de los cortes de servicios programados por razones operativas.
d) Conocer con exactitud los distintos componentes que influyen en las tarifas y obtener de la Administración Pública o de la entidad prestadora de servicios del agua información de las demás características y condiciones de la prestación de los servicios de agua, especialmente sobre el estado de funcionamiento de las instalaciones y medios de eficiencia para el ahorro de agua, debiendo ser la información veraz, clara, inequívoca, comprensible y adaptada a todas las personas usuarias del servicio.
e) Disponer de contadores homologados y verificados en los términos establecidos en las disposiciones reglamentarias, para la medición de sus consumos, que deberán ser instalados por las entidades suministradoras a su costa.
f) En el marco del modelo de gobernanza del agua, acceder a toda la información disponible en materia de agua y, en particular, a la referida al estado de las masas de aguas superficial o subterránea, en los términos previstos por la normativa reguladora del acceso a la información en materia de medio ambiente. Igualmente requerir al prestador del servicio las aclaraciones, informaciones y asesoramiento necesarios, así como formular las consultas y reclamaciones que crea convenientes.
g) Participar, de forma activa y real, en la planificación y gestión del agua, integrándose en los órganos colegiados de participación y decisión de la Administración del agua, bien directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen y representen, en la forma que reglamentariamente se determine.
h) Gozar de igualdad de trato en sus relaciones con la Administración del agua.
2. Los usuarios tendrán las siguientes obligaciones:
a) Utilizar el agua con criterios de racionalidad y sostenibilidad.
b) Contribuir a evitar el deterioro de la calidad de las masas de agua y sus sistemas asociados.
c) Reparar las averías en las instalaciones de las que sean responsables y mantenerlas en las mejores condiciones, así como informar a la entidad prestadora del servicio del agua de las averías en las redes de abastecimiento que impliquen pérdidas de agua o el deterioro de su calidad.
d) Contribuir a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluyendo los costes de las infraestructuras hidráulicas, los medioambientales y los relativos a la escasez del recurso, mediante el pago de los cánones y tarifas establecidos legalmente, sin perjuicio de las ayudas o subvenciones que permitan garantizar el derecho de acceso humano al agua por cuestiones sociales, así como aquellas otras que puedan ser amparadas en criterios medioambientales o de equilibrio territorial por cuestiones socioeconómicas propias de la comunidad autónoma.
e) Facilitar el acceso al personal técnico, de inspección y responsable de la Administración pública prestataria del servicio a las instalaciones relacionadas con el uso del agua, en los términos que se establezcan en las correspondientes ordenanzas o reglamentos municipales.
f) Permitir el acceso de las autoridades, agentes de la autoridad, agentes del medio natural a los terrenos, obras e instalaciones para el ejercicio de sus funciones de inspección y control, programadas o expresamente ordenadas por la autoridad competente.
g) Disponer de contador para la medición objetiva y verificable del consumo de agua.
h) Las administraciones públicas que sean usuarias tendrán la obligación de mejorar la gestión hídrica con la adopción de medidas que permitan la reutilización o la implementación de ciclos cerrados del agua utilizada en fuentes públicas ornamentales y otras instalaciones análogas, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sobre salud y consumo. A estos efectos, deberán aprobar, en el ejercicio de sus competencias, una planificación para la mejora progresiva de la eficiencia en el ahorro de estas instalaciones, que deberá ser compatible con la eficiencia energética y la protección del patrimonio histórico-artístico.
i) Cumplir cuantas otras obligaciones se dispongan en las ordenanzas o reglamentos municipales sobre gestión y uso eficiente del agua.
1. Corresponde a la Junta de Extremadura:
a) La cooperación y participación en la planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas que comprenden territorio extremeño, con arreglo a lo establecido en la legislación básica.
b) La cooperación y participación en el control de la calidad del medio hídrico con arreglo a lo establecido en la legislación básica.
c) El establecimiento de normas y determinación de objetivos de competencia autonómica en el dominio público hídrico, las zonas protegidas y zonas inundables.
d) La planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma cuya realización no afecte a otra comunidad autónoma.
e) Las obras de interés general que la Administración General del Estado encomiende a la comunidad autónoma para su ejecución o explotación.
f) La intervención administrativa en las autorizaciones de vertidos, en particular, en los de competencia autonómica y la coordinación en las autorizaciones de ámbito local.
g) La coordinación de la regulación y gestión local de las situaciones de alerta y eventual sequía y la forma de aprovechamiento de las infraestructuras, conforme a lo dispuesto en la legislación estatal.
h) La colaboración con los organismos de cuenca en la ordenación y regulación de los sistemas de gestión o explotación, y la determinación de su ámbito territorial, en los términos establecidos en la normativa aplicable.
i) La ordenación y regulación de los sistemas de gestión supramunicipales del agua de uso urbano y la determinación de su ámbito territorial.
j) El establecimiento de las condiciones de prestación de los servicios del ciclo urbano del agua y de la calidad, información y control que le son exigibles.
k) La regulación de los criterios básicos de tarifación del ciclo urbano del agua, tales como el número de tramos de facturación y los consumos correspondientes a cada uno de ellos, las bonificaciones atendiendo a criterios sociales y de cualquier otra índole, la penalización del consumo excesivo, los periodos de facturación, conceptos repercutibles, fijos y variables, y cualesquiera otros que permitan una facturación homogénea en el territorio de la comunidad autónoma, sin perjuicio de la facultad de los entes locales para la fijación del precio de las tarifas.
l) La protección y el desarrollo de los derechos de los destinatarios de los servicios del ciclo urbano del agua y su participación en la Administración del agua regulada por esta ley.
m) La regulación y establecimiento de ayudas a las entidades locales, u otras entidades, para actuaciones relativas al ciclo urbano del agua, así como las medidas de fomento para la realización de los objetivos de la planificación hidrológica, sin perjuicio de las competencias atribuidas en esta materia a las diputaciones provinciales.
n) La gestión, liquidación, comprobación, recaudación, inspección y revisión de los tributos establecidos sobre el ciclo urbano del agua regulado por esta ley u otras que puedan corresponderle, que serán ejercidas por los órganos de la Administración tributaria de la Consejería competente en materia de hacienda.
ñ) En general, cuantas competencias le reconozca el ordenamiento jurídico de forma expresa o tácita, o le sean atribuidas mediante transferencia, delegación, encomienda o convenio.
2. Las competencias de la Junta de Extremadura serán ejercidas por el Consejo de Gobierno y la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica, en los términos establecidos en esta ley.
Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura:
a) La declaración de obras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma.
b) El establecimiento del régimen jurídico del uso del agua en situaciones extraordinarias de emergencia por sequía, en el marco de la planificación hidrológica y en cooperación con la Administración General Estado.
c) La adopción de las normas de coordinación de la gestión y explotación de los servicios del ciclo urbano del agua.
d) La definición de los estándares de calidad de los servicios públicos del agua y utilización eficiente de las infraestructuras de regulación, generación y regeneración y transporte del ciclo urbano del agua.
e) La imposición de sanciones cuya competencia le corresponda de acuerdo con esta ley.
f) La aprobación de los planes y programas incluidos en la presente ley.
g) La regulación de los criterios básicos de tarificación.
Corresponde a la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica el ejercicio directo de:
a) La elevación al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamentos, así como las propuestas de acuerdos de su competencia.
b) La elevación de consultas al Consejo Nacional del Agua sobre todas aquellas cuestiones de interés para la comunidad autónoma.
c) Las demás facultades que se le atribuyan en esta ley o sus reglamentos ejecutivos o de desarrollo y aplicación.
d) La participación en la planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias que comprenden territorio extremeño, así como en las Juntas de Gobierno y en el resto de órganos de participación de los organismos de cuenca, en los términos previstos en la legislación estatal.
e) La determinación de los objetivos medioambientales para la protección de especies, hábitats y espacios protegidos en las aguas superficiales y subterráneas continentales que discurran por territorio extremeño.
f) El establecimiento de medidas de fomento, auxilio económico y apoyo técnico a las entidades locales, u otras entidades para la realización de los objetivos de la planificación hidrológica estatal con carácter complementario a las establecidas por la Administración General del Estado.
g) La elaboración de los programas de medidas de competencia autonómica para su integración en la planificación de las demarcaciones hidrográficas que comprenden territorio extremeño.
h) La propuesta de los sistemas supramunicipales de gestión de las infraestructuras del ciclo urbano del agua.
i) La determinación de las aglomeraciones urbanas a los efectos de la depuración de aguas residuales, así como organizar y articular los sistemas de explotación acorde a las previsiones de la planificación hidrológica.
j) La propuesta de definición de los estándares de calidad de los servicios públicos del agua y utilización eficiente de las infraestructuras de regulación, generación y regeneración y transporte del ciclo urbano del agua.
k) La ordenación en el ámbito supramunicipal de los servicios de aducción y depuración.
l) El ejercicio de las funciones de inspección y control de los servicios del ciclo urbano del agua en su ámbito de competencias.
m) Las competencias relativas al sistema concesional que le sean atribuidas por la ley o mediante convenio o encomienda de gestión.
n) La coordinación del control sobre los efectos en el dominio público hídrico de las infraestructuras del ciclo urbano del agua.
o) La ejecución de las competencias en materia de medio ambiente en relación con la protección de las aguas continentales, velando especialmente por la calidad de las aguas en los espacios protegidos e impulsando la declaración y protección de las reservas naturales fluviales.
p) El establecimiento de las limitaciones en el uso de las zonas inundables que se estimen necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, que serán complementarias a las establecidas a nivel estatal y sin perjuicio de las competencias que correspondieran a otras consejerías.
q) La cooperación con la Administración General del Estado en el procedimiento para la aprobación de los deslindes de cauces naturales en el territorio extremeño.
r) La intervención administrativa en las autorizaciones de vertidos de competencia autonómica.
s) La planificación, programación y ejecución de las infraestructuras del agua declaradas de interés de la comunidad autónoma, así como la ejecución las restantes actuaciones que puedan establecerse en los convenios, incluidas obras de interés general, cuando medie convenio o encomienda de la Administración General del Estado.
t) La elaboración y tramitación de los planes de explotación y gestión de las infraestructuras del agua existentes, así como el establecimiento de normas de explotación de estas infraestructuras, cuando sean de competencia de la comunidad autónoma, o medie convenio o encomienda de la Administración General del Estado.
u) La planificación, programación y, en su caso, gestión, en colaboración, a petición, conjuntamente o por delegación de competencias de las entidades locales, de las infraestructuras del ciclo urbano del agua, ya sean estas infraestructuras autonómicas, municipales o supramunicipales, debiendo valorarse en cada caso los sistemas más eficientes económica y técnicamente, y sin perjuicio de las competencias de las entidades locales.
v) El establecimiento de medidas de fomento, auxilio económico y apoyo técnico a las entidades locales, u otras entidades para actuaciones relativas a las infraestructuras del agua.
w) La coordinación de las actuaciones de las administraciones competentes en materia de ciclo urbano del agua en el territorio de Extremadura.
x) La definición de objetivos de eficiencia de las infraestructuras y criterios técnicos en su diseño.
y) La clasificación de presas, embalses y balsas cuyo control de seguridad sea competencia de la comunidad autónoma y la aprobación de las normas de explotación y de los planes de emergencia de aquellas que lo precisen.
z) La llevanza del inventario autonómico de infraestructuras del ciclo urbano del agua en cooperación con la gestión de los registros de la Administración General del Estado, en el ejercicio de las competencias exclusivas o como encomienda, transferencia o convenio.
aa) La definición de un sistema de indicadores en el marco de los sistemas nacional y en su caso de la Unión Europea, que paute y facilite la adopción de medidas autonómicas y locales ante situaciones de alerta y eventual sequía.
bb) La participación en la elaboración de un sistema de información geográfica de zonas inundables y adopción de medidas para su difusión, en colaboración con los servicios de protección civil y de ordenación territorial de la Administración de la comunidad autónoma.
cc) La colaboración con las administraciones competentes en materia de dominio público hidráulico, protección civil, ordenación territorial y urbanística, y medio rural, en la elaboración, desarrollo y aplicación de los planes de gestión del riesgo de inundación que sean necesarios por sus efectos potenciales de generación de daños sobre personas y bienes.
dd) La elaboración, ejecución, impulso y cooperación con otras administraciones en la elaboración de planes medioambientales que permitan la adopción de medidas globales en la adaptación al cambio climático y las sequías e inundaciones.
ee) La garantía de transparencia y participación y colaboración ciudadana en el ciclo urbano del agua en el ámbito de sus competencias.
ff) La elaboración, gestión y ejecución de su presupuesto para el cumplimiento de los fines que le atribuye esta ley.
gg) El fomento de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías del agua.
hh) El recabo de la información que reglamentariamente se determine y que deberán suministrar las administraciones públicas y usuarios en general.
ii) La divulgación de la información en materia de agua, y la sensibilización sobre el ahorro, el mejor conocimiento científico disponible, las mejores técnicas y prácticas disponibles y, en general, cuantas acciones y actuaciones realicen para conseguir los objetivos y fines previstos en esta ley.
jj) La imposición de las sanciones cuya competencia le corresponda según lo previsto en esta ley.
1. Corresponde a los municipios la ordenación, gestión, prestación y control de los siguientes servicios, en el ciclo urbano del agua:
a) El abastecimiento de agua en alta, que incluye la extracción de los recursos hídricos, el tratamiento de regeneración y potabilización, el transporte y el almacenamiento de cabecera.
b) El abastecimiento del agua en baja, que incluye su distribución, almacenamiento intermedio y el suministro a los destinatarios.
c) La recogida de las aguas usadas y transporte hasta los colectores o instalaciones de tratamiento.
d) Los sistemas de drenaje sostenible o de gestión de aguas pluviales.
e) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su recepción en los colectores generales, el tratamiento y, en su caso, vertido de efluentes.
f) La regeneración de las aguas depuradas para su reúso.
g) La aprobación de las tasas o tarifas como contraprestación por los servicios del ciclo urbano del agua dentro de su término municipal, en el marco de lo establecido por las disposiciones reglamentarias aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
h) El control y seguimiento de vertidos a la red municipal de recogida de las aguas usadas, así como el establecimiento de medidas o programas de reducción de la presencia de sustancias peligrosas en dicha red.
i) La autorización de vertidos a la red de recogida de las aguas usadas y, excepcional y justificadamente, en las fosas sépticas, sin perjuicio de las competencias del organismo de cuenca.
j) La potestad sancionadora, que incluirá la de aprobar reglamentos que tipifiquen infracciones y sanciones, en relación con los usos del agua realizados en el ámbito de sus competencias del ciclo urbano del agua, de acuerdo con lo establecido en esta ley.
k) La obtención de las concesiones y autorizaciones necesarias para la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua, especialmente aquellas que se refieren al dominio público hídrico.
2. La potestad de ordenación de los servicios del agua implicará la competencia municipal para aprobar reglamentos para la prestación del servicio y la planificación, elaboración de proyectos, dirección y ejecución de las obras hidráulicas correspondientes al ámbito territorial del municipio, y su explotación, mantenimiento, conservación e inspección, que deberán respetar lo establecido en la planificación hidrológica y los planes y proyectos específicos aprobados en el ámbito de la demarcación.
3. Los servicios de competencia de los municipios podrán ser desarrollados por sí mismos o a través de las diputaciones provinciales y los entes supramunicipales de la forma indicada por esta ley.
4. Las corporaciones locales y entes vinculados o dependientes de estas responderán de los incumplimientos de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales de los que España sea parte, y asumirán su responsabilidad por tal incumplimiento en la parte que les sea imputable con arreglo a lo establecido en la ley.
1. Los entes supramunicipales del agua tendrán personalidad jurídica propia y adoptarán la forma de consorcio, mancomunidad u otra similar de naturaleza asociativa pública entre entidades locales.
2. La constitución de los entes supramunicipales del agua requerirá informe previo y vinculante de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica a efectos de constatar que el ente cuenta con la atribución del ejercicio de las competencias necesarias para el cumplimiento de los fines.
3. Corresponde a los entes supramunicipales del agua la