Categoría: Energía y Medio Ambiente

uy por debajo de los actuales caudales medios mensuales, no tienen capacidad de impedir futuros aumentos importantes en la presión por extracciones o por regulación, que pueden llegar a ser significativos y deteriorar el actual buen o muy buen estado de la masa de agua o el régimen hidrológico de la reserva fluvial. El estudio ambiental estratégico no ha incluido la evaluación de este potencial impacto. El riesgo se agrava con la progresiva reducción de aportaciones y el aumento de algunas demandas provocados por el cambio climático. En estos casos (masas naturales tipo río con muy buen o buen estado ecológico y reservas fluviales), se considera necesario que el régimen de caudales ecológicos, junto a la actual componente de caudales mínimos con variación mensual a cumplir en todo momento, incorpore además una componente de caudales medios mensuales objetivo, con variación a lo largo del ciclo anual paralela a la del actual régimen natural y mucho más próximos a los actuales valores medios mensuales que los caudales mínimos actualmente contemplados, y a cumplir en el conjunto del ciclo sexenal. Esta componente de caudales medios mensuales debe poder impedir que las masas de agua de la demarcación que todavía presentan muy buen estado o buen estado se vean afectadas por nuevos incrementos significativos de la presión por extracciones o por alteración del caudal que puedan provocarles deterioro, y en el caso de las reservas naturales fluviales debe impedir que se altere su régimen hidrológico. De lo contrario, el régimen de caudales ecológico planteado, basado únicamente en mínimos mensuales muy por debajo de los valores medios mensuales, puede actuar en sentido contrario al esperado y poner en riesgo el futuro logro de los objetivos de las masas de agua de la demarcación que aún mantienen un buen estado ecológico y de sus reservas fluviales. Por el mismo motivo, tampoco se considera apropiado aplicar a las masas de agua con muy buen o buen estado ni a las reservas naturales fluviales unos caudales ecológicos incluso inferiores a estos mínimos en situación de sequía prolongada.
Este mismo tratamiento es aplicable a las zonas protegidas para la protección de hábitats o especies, incluidas los tramos fluviales de la Red Natura 2000, los espacios naturales protegidos o las áreas críticas para la protección de especies amenazadas, en los que el logro de sus respectivos objetivos de conservación requiere la definición de una componente de caudales medios mensuales objetivo a lograr en el conjunto del ciclo de planificación, además de una componente de caudales mínimos mensuales a cumplir en todo momento. En estos casos, el régimen de caudales ecológicos tiene que ser el adecuado para el logro de sus respectivos objetivos de conservación. Sin embargo, del expediente se deduce la falta de determinación expresa de las necesidades cuantitativas y cualitativas aplicables en cada uno de estos casos, según se indica por falta de comunicación desde las administraciones competentes o falta de inclusión en sus correspondientes planes de gestión. En este ámbito debe hacerse referencia a la Sentencia 1706/2020 del Tribunal Supremo que confirma la necesidad de que dichos planes de gestión contemplen las necesidades en cuanto a calidad del agua y al régimen de caudales ecológicos necesarios para poder alcanzar sus objetivos de conservación, que puedan ser posteriormente tenidos en cuenta en los planes hidrológicos. Cabe también advertir que los métodos hidrológicos de determinación de caudales ecológicos contemplados en la Instrucción de Planificación Hidrológica no guardan relación con el concepto de estado de conservación favorable para hábitats y especies de la Directiva 92/43/CEE y de la Ley del patrimonio natural y la biodiversidad, y que los métodos de modelación del hábitat o «hábitat potencial útil» alternativamente utilizados para determinar el régimen de caudales mínimos se aplican asumiendo siempre que dicho régimen producirá determinado nivel de reducción de dicho hábitat, que con carácter general quedaría reducido entre el 50% y el 80% del considerado máximo, lo que tampoco resulta consistente con el concepto de estado de conservación favorable contemplado en las referidas normas, que al menos requiere el mantenimiento de los niveles originales del superficie del hábitat y de las poblaciones, siendo además frecuente que los planes de gestión incluyan objetivos para su ampliación, pero excluyendo en cualquier caso su sistemática reducción. En el mismo sentido opera la obligación de conservar el hábitat de las especies amenazadas contemplada en la Ley del patrimonio natural y la biodiversidad, y los objetivos de detener la pérdida de biodiversidad, de restablecer la biodiversidad y de recuperar los ecosistemas de agua dulce contemplados en la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea 2030.
De todo ello se deduce la necesidad de que en todos los casos anteriormente mencionados, que incluyen los ecosistemas fluviales de mayor valor ecológico de la demarcación, se complete y mejore el régimen de caudales ecológicos para que se posibilite el logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas afectadas y se evite que en el futuro dicho logro quede comprometido si sobre dichas masas o zonas protegidas se planteen nuevas extracciones u otras alteraciones del caudal importantes, añadiendo a la habitual componente de caudales mínimos mensuales, a respetar en todo momento y con utilidad para evitar pérdidas significativas de hábitat o población en situaciones extremas, por ejemplo una sequía prolongada, una componente de caudales medios mensuales que sea consistente con el mantenimiento de las especies y los hábitats objeto de protección en cada espacio en un estado de conservación favorable, sin reducción en la cantidad y calidad del hábitat ni en la cuantía de las poblaciones objeto de protección, permitiendo adicionalmente el logro de los objetivos de restauración del hábitat o las poblaciones que en su caso determinen los planes de gestión, y evitando de manera efectiva el establecimiento de nuevos usos que puedan generar presiones significativas por extracciones o alteración del régimen hidrológico.
En caso de que la información de que actualmente disponga el organismo de cuenca no permita realizar dichas mejoras para este tercer ciclo de planificación, se considera necesario, en aplicación del principio de precaución, que la normativa del plan incorpore una disposición requiriendo que, entre tanto se materializan dichos ajustes y en su caso se incorporan a los planes de gestión de las áreas protegidas las necesidades cualitativas y cuantitativas que posibiliten el logro de sus respectivos objetivos, y con independencia del régimen básico de caudales mínimos utilizado por el plan hidrológico para el cálculo de las asignaciones y reservas, para el otorgamiento o ampliación de concesiones o autorizaciones para ampliar extracciones u otras nuevas alteraciones del régimen de caudales sobre masas de agua con estado ecológico muy bueno o bueno, sobre zonas protegidas para la protección de hábitats o especies, incluidas las amenazadas y las de interés económico y la Red Natura 2000, y las reservas naturales fluviales, se requiera la elaboración de un estudio específico del régimen de caudales que es preciso mantener, más completo, detallado y adaptado a la realidad biológica e hidromorfológica del tramo que se va a ver realmente afectado, que sea consistente con el cumplimiento de todos los objetivos medioambientales aplicables, y que en su caso cuente con la expresa conformidad de la administración competente en las zonas protegidas afectadas. Este régimen específico, más completo, detallado, adaptado a las características del tramo fluvial realmente afectado por las actuaciones y orientado al logro de todos los objetivos medioambientales aplicables, debe incorporar, junto a los caudales mínimos mensuales, una componente de caudales medios mensuales.
Con independencia de lo anterior, en aplicación de los principios de evitar nuevas pérdidas netas de biodiversidad y de que «quien contamina, paga», las pérdidas netas de biodiversidad que la aplicación del régimen de caudales ecológicos asuma y provoque tras el otorgamiento o ampliación de concesiones u otras autorizaciones que permitan aumentar las extracciones o el grado de alteración del régimen de caudales en los que dicho régimen de caudales ecológicos se haya aplicado, deberán ser compensadas desde el momento en que dichas pérdidas pasen de ser teóricas (% del hábitat potencial útil que se asume perder) a ser reales (% del hábitat y de la población que realmente se pierden). Los elementos del patrimonio natural objeto de compensación deben ser al menos las mismas especies y hábitats que van a sufrir la pérdida, y la compensación debe materializarse en la mayor proximidad posible a las poblaciones y superficies de hábitats afectadas.
Adicionalmente, hay un cierto número de masas de agua naturales tipo río que en el ciclo anterior no alcanzaban el buen estado y presentaban presiones significativas por extracciones o por alteración de caudales, y que, aun habiendo dispuesto en el segundo ciclo de un régimen de caudales ecológicos, al inicio del tercer ciclo siguen sin alcanzar el buen estado. En este caso, se considera que el programa de medidas debe incluir una revisión y mejora sustancial de su régimen de caudales ecológicos, junto con actuaciones específicas para reducir significativamente las presiones por extracciones o alteración de caudales. Entre tanto, en aplicación de los principios de precaución y de acción cautelar, sobre estas masas no se debería otorgar ninguna nueva concesión o autorización que pueda suponer un aumento de dichas presiones.
Para masas de agua tipo río o de transición que no cumplen sus objetivos medioambientales por presiones significativas de extracciones o alteración del régimen hidrológico, así como en masas muy modificadas por estos dos tipos de presiones, el estudio ambiental estratégico tampoco ha determinado en qué medida el régimen de caudales ecológicos propuesto permite aproximar su actual régimen de caudales alterado al régimen natural de referencia, considerando las particulares necesidades ecológicas de las especies y hábitats en cada caso afectados. Por ello, no se puede descartar que en alguna de estas masas el régimen de caudales ecológicos propuesto no suponga ninguna mejora de la situación inicial, no contribuyendo al logro de un buen estado o potencial ecológico ni permitiendo mejorar sus condiciones de referencia, pudiendo incluso posibilitar nuevas extracciones o alteraciones de caudal que conlleven un mayor alejamiento del régimen natural, con riesgo de deteriorar su estado o potencial ecológico y la biocenosis acuática y ribereña, en particular si la masa contiene especies o hábitats protegidos o de interés económico o pesquero. Ello hace necesario que en el tercer ciclo, al menos para las masas tipo río situadas aguas abajo de embalses de regulación y para las masas de transición que no alcanzan el buen estado, el programa de medidas incluya la realización de un diagnóstico individualizado que permita conocer y cuantificar la brecha existente entre el actual régimen alterado y el régimen natural estimado, mediante comparación en un hidrograma, y la influencia de dicha brecha sobre la biocenosis acuática y ribereña, en particular para todas las especies de peces autóctonas y el resto de especies acuáticas o con valor económico o hábitats de interés comunitario, al objeto de permitir redefinir en el siguiente ciclo de planificación de manera individualizada y rigurosa el régimen de caudales ecológico que permita el logro del buen estado, y en el caso de masas muy modificadas permita definir tanto las condiciones de referencia del máximo y del buen potencial ecológico como un régimen de caudales ecológico que pueda permitir aproximar en la mayor medida posible el buen potencial al buen estado ecológico sin provocar efectos negativos significativos sobre el uso que motiva su designación como masa de agua muy modificada ni sobre el medio ambiente en sentido más amplio. En el caso de las aguas de transición, el régimen de caudales ecológicos adicionalmente debe impedir la penetración de la cuña salina aguas arriba, evitar la intrusión marina en los acuíferos adyacentes, y favorecer la dinámica sedimentaria y la distribución de nutrientes en las aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos.
También se ha apreciado que puede existir un desfase entre los periodos por los que se otorgan las concesiones y autorizaciones para uso del agua y los ciclos de vigencia y de previsión del plan hidrológico, siendo perfectamente posible que en una revisión se reduzcan las asignaciones al uso que motiva la concesión, o que el régimen de caudales ecológicos aplicable en el momento de otorgamiento de una concesión se vea posteriormente mejorado en los sucesivos ciclos de planificación como consecuencia de su seguimiento adaptativo. En tales casos debería disponerse bien un ajuste de los plazos de otorgamiento a los plazos de vigencia y de prospectiva del plan hidrológico, bien la obligatoriedad de ajustar los volúmenes concesionales a las sucesivas revisiones que se produzcan en las asignaciones, incluidas las que se realizan para reducir presiones significativas por extracciones o para garantizar la capacidad de adaptación de la demarcación al cambio climático, o bien a las mejoras que se produzcan en el régimen de caudales ecológicos de las masas de agua y zonas protegidas afectadas como consecuencia del seguimiento de la evolución real de sus respectivos objetivos medioambientales.
Para que el régimen de caudales ecológicos que en cada caso se adopte pueda resultar efectivo, se requiere, entre otras cosas, que su cumplimiento pueda ser verificable. En el caso de nuevas concesiones, ello generalmente requiere disponer de una nueva instalación o equipo que permita al organismo de cuenca conocer con precisión, además del caudal extraído en virtud de la concesión, el régimen de caudales realmente fluyente por la masa de agua afectada por la extracción, lo que supone para el organismo de cuenca un nuevo coste que debe entenderse incluido dentro del concepto de costes medioambientales. En aplicación del principio de recuperación de costes por los servicios del agua, y para posibilitar un control real y efectivo por el organismo de cuenca del cumplimiento de los caudales ecológicos que en cada nueva concesión se impongan, se considera que la normativa del plan debe hacer referencia a la imprescindible recuperación de este coste como condición para la concesión, o alternativamente contemplar una obligación para su titular de establecer a su costa los dispositivos que permitan conocer el régimen real de caudales circulante de las masas de agua y zonas protegidas afectadas por la concesión, así como de su mantenimiento y de reporte de resultados al organismo de cuenca y demás administraciones medioambientales afectadas.
Por su mayor valor en términos ecológicos, y por su directa dependencia de la conservación de un régimen de caudales lo más próximo posible al régimen natural, también se considera necesario que el programa de medidas del plan incluya, para las masas de agua en muy buen estado o buen estado, las zonas protegidas para la protección de hábitats o especies directamente dependientes del agua y las reservas naturales fluviales, que carezcan de punto de seguimiento y control de caudales de la red integrada de estaciones de aforo SAIH/ROEA, las actuaciones necesarias para posibilitar y sistematizar el seguimiento de su régimen real de caudales.
En el caso de masas de agua naturales tipo lago (humedales) a su vez incluidos en incluidos en espacios Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, declarados de importancia internacional Ramsar o protegidos por otros instrumentos internacionales, el plan debería incorporar las disposiciones necesarias para asegurar su funcionamiento hidrológico y ecológico y mantener sus características, ya sea mediante un régimen de caudales ecológicos y de aportaciones adecuado si su alimentación se realiza mediante aguas superficiales, o definiendo y garantizando el mantenimiento de un nivel mínimo apropiado en el acuífero en su inmediato entorno si su alimentación se realiza directa o indirectamente a partir de una masa de agua subterránea. En el caso de que para alguno de estos humedales el organismo de cuenca no disponga de la información que le permita establecer dichas medidas de protección para este tercer ciclo, en aplicación del principio de precaución el plan debería determinar al menos la prohibición de otorgar nuevas concesiones o autorizaciones que permitan aumentar la presión neta por extracciones en las masas de agua superficial u subterráneas que alimentan al humedal.
3.1.4 Impactos derivados de las excepciones a la obligación de logro de los objetivos ambientales.
El documento de alcance determinaba la metodología para evaluación de los posibles impactos provocados por el empleo de estas excepciones en el plan hidrológico, a escala de cada una de las masas de agua a las que ello afectaría:
Por establecimiento para alguna masa de agua de objetivos medioambientales menos rigurosos (OMR): Mediante un análisis de la coherencia de su proceso de determinación, revisando si dichos objetivos menos rigurosos se han determinado después de prever la aplicación de todas las medidas de mejora factibles que no incurran en costes desproporcionados.
Por el establecimiento para alguna masa de agua de excepciones al amparo del artículo 39 del RPH (artículo 4(7) de la Directiva Marco del Agua) para poder autorizar nuevas modificaciones hidromorfológicas de aguas superficiales o alteraciones de niveles de aguas subterráneas: Evaluando los efectos de dichas acciones sobre otras masas de agua hidrológicamente conectadas a las que no aplique la excepción, sobre zonas protegidas hidrológicamente conectadas incluidos espacios Red Natura 2000 o espacios protegidos de cualquier otro tipo dependientes del agua e hidrológicamente conectados, y sobre especies acuáticas protegidas o de interés pesquero o marisquero de los ámbitos en cada caso afectados. Y complementariamente verificando el cumplimiento de las condiciones señaladas al respecto por el artículo 39 del RPH para todas las masas de agua afectadas.
Para la justificación de exenciones al logro de los objetivos medioambientales se ha aplicado un procedimiento estandarizado, por lo general a escala de masa de agua. Se contemplan prórrogas a 2027 para el logro de los OMA, de acuerdo con el art. 4.4 de la Directiva Marco del Agua, en 45 masas de agua superficiales, que representan (14,4% del total), de las que en 42 masas la prórroga se refiere al estado ecológico, en 11 al estado químico y en 3 a ambos. Más allá del horizonte de 2027 no se plantean prórrogas. Tampoco se establecen exenciones para las masas de agua subterráneas, dado que todas cumplen el buen estado cuantitativo y químico.
Las prórrogas tienen una especial incidencia en aquellas masas de agua que se encuentran en espacios naturales protegidos cuya conservación está ligada al estado de las aguas con ellos relacionados, habiéndose identificado 24 relacionadas con espacios Red Natura 2000. Para estas masas, en las medidas planteadas deberán tener en cuenta los objetivos de conservación de los espacios protegidos, y en su caso plantear requerimientos adicionales para poder garantizarlos.
Se contemplan objetivos menos rigurosos, conforme el art. 4.5 de la Directiva Marco del Agua, en tres masas de agua.
Para las nuevas modificaciones o alteraciones conforme el art. 4.7 de la Directiva Marco (artículo 39 del Reglamento de planificación hidrológica) en el apéndice IX.2 de la memoria se contemplan cinco actuaciones.
Ecologistas en Acción en Cantabria indica que los proyectos «Construcción de una instalación náutico-deportiva en la dársena central de Pedreña», y «Finalización de las obras del Muelle n.º9 de Raos, en el T.M. de Santander (Cantabria)» candidatas para justificar una excepción del artículo 4.7 de la directiva marco, no se ha realizado un verdadero análisis de alternativas, justificando que la alternativa seleccionada es la que ofrece un mejor resultado económico, social y ambiental frente a otras consideradas y, en particular, frente a la alternativa cero. En este sentido, indica la existencia en Pedreña de varios puertos naúticos-deportivos infrautilizados. Para la actuación en Raos, la asociación discrepa de la actuación realizada en la Fase I y indica tener entablado un procedimiento judicial contra el Gobierno de Cantabria en el que se ha admitido la suspensión cautelar de las obras, por lo que considera que este proyecto debería replantearse.
Finalmente, el apéndice 8.5 de la normativa del Plan solamente contempla dos nuevas actuaciones dentro de este tipo de excepción: la construcción de una instalación náutico-deportiva en la Bahía de Santander y el cese de la explotación minera en la cuenca carbonífera asturiana. Para el primero se aprecia que, además de poder deteriorar el estado de la masa de agua «bahía de Santander», dicha actuación también puede suponer un impacto sobre los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000 ES1300005 «Dunas del puntal/estuario del Miera», posibilidad que se considera debe ser expresamente mencionada en este apartado del plan hidrológico, debiendo recordarse también en su normativa que para que el proyecto pueda ser aprobado, además de requerir acreditar el cumplimiento de las condiciones del mencionado artículo 39 del Reglamento de Planificación Hidrológica, debe superar una evaluación de impacto ambiental que acredite que no puede causar un perjuicio a ningún espacio de la Red Natura 2000, o en su caso acreditar que sí lo puede causar pero puede ser excepcionalmente autorizado por haberse cumplido todas las condiciones indicadas por el artículo 46 de las Ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad. Este requisito también será de aplicación, para la actuación de «Inundación de minas al cese de su explotación», que además de poder deteriorar el estado de la masa de agua subterránea «Cuenca Carbonífera» y las masas de agua superficiales asociadas, no se puede descartar que afecte de forma apreciable a algún espacio de la Red Natura 2000, dado que no se proporciona información de detalle sobre su ubicación.
3.1.5 Impactos derivados de la aplicación del principio de recuperación de costes y excepciones contempladas.
El documento de alcance determinaba la metodología de evaluación de tres posibles tipos de impacto estratégico por esta causa, a evaluar por sector de usuarios del agua y por territorio:
a) Impactos por déficits en la internalización de costes ambientales, para identificar los ámbitos sectoriales y territorios en los que la administración competente, en la recuperación de costes por los servicios del agua que practica, no internaliza los costes ambientales (al menos los costes de las medidas del plan hidrológico destinadas al logro de los OMA de las masas de agua y zonas protegidas en riesgo de no cumplirlos por presiones causadas por su correspondiente sector), lo que compromete la seguridad de su financiación y ejecución, y en consecuencia compromete el propio logro en plazo de los referidos OMA.
b) Impactos derivados de las excepciones al principio de recuperación de costes, en concreto cuando las masas de agua afectadas por dichas excepciones ya están en riesgo de incumplimiento de sus OMA, y la excepción planteada reduce a la administración sectorial competente su capacidad de financiación de las actuaciones que ha debido incluir en el programa de medidas para conseguir el buen estado, comprometiendo el logro de los OMA en plazo.
c) Impactos derivados de déficits en la aplicación del principio de recuperación de costes por los servicios del agua, ya sea por efecto de subvenciones, asunción directa de la ejecución y coste de las acciones por alguna administración, déficits en los actuales instrumentos de recuperación de costes de inversión o financieros u otras causas, desincentivando a los usuarios en el ahorro y el uso eficiente del recurso y disminuyendo la capacidad de las administraciones competentes para financiar las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los OMA, comprometiendo su logro en plazo.
En el documento ambiental estratégico se indica que del análisis realizado por la Confederación el coste total de los servicios de agua en la demarcación, incluyendo los costes ambientales, asciende a 440 millones de euros a precios del año 2018. Frente a estos costes, los organismos que prestan los servicios han obtenido unos ingresos por tarifas, cánones y otros instrumentos de recuperación del orden de 372 millones de euros para ese mismo año, por lo que el índice de recuperación global se sitúa en 85%.
En cuanto a los costes ambientales, considera que ascienden a 35,17 millones de euros anuales en la demarcación, y señala que no disponen en general de instrumentos para su recuperación. Las presiones por extracción, contaminación difusa o deterioro hidromorfológico no disponen de instrumentos de recuperación de costes, y en relación con otras presiones los instrumentos de recuperación presentan carencias para actuar como incentivo efectivo para lograr un uso eficiente del agua y una reducción de las presiones sobre el medio hídrico.
La Fundación Nueva Cultura del Agua y Ecologistas en Acción en Cantabria indican que, si bien en el documento del programa de actuaciones se plantea la necesidad de profundizar en las soluciones para la financiación de los programas de medidas, no aparece recogida ninguna medida específica para ello. A juicio de la Fundación Nueva Cultura del Agua, aunque para incrementar la capacidad organizativa y financiera se plantea la integración de entes gestores menores en los grandes consorcios, ello no tiene por qué ser la solución más adecuada, ya corriéndose el riesgo en los pequeños núcleos de población de abandonar las fuentes de suministro locales y centralizar el abastecimiento en otras más alejadas de uso conjunto, lo que puede incrementar los trasvases entre cuencas, y con ello la presión sobre determinadas masas de agua.
La Confederación indica que el hecho de que un ayuntamiento se incorpore a una mancomunidad no implica que se abandonen sus fuentes de suministro. Además, según su experiencia, generalmente los pequeños ayuntamientos tienen problemas de gestión y limitaciones de recursos económicos, técnicos y humanos para acometer satisfactoriamente los servicios del agua y sobre todo los de depuración. No se concretan otras medidas al ser un tema transversal.
En lo relativo a la recuperación de los costes ambientales, incluyendo entre dichos costes el de las actuaciones de los programas de medidas que son necesarias para contrarrestar presiones significativas que impiden el logro de los objetivos medioambientales, de la información del expediente no se ha podido deducir que los ámbitos sectoriales más frecuentemente causantes de presiones significativas sobre las masas de agua estén dotados de mecanismos para la recuperación de dichos costes, lo que compromete la seguridad de la financiación de las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas en riesgo de no cumplirlos por las presiones causadas por dichos sectores, y en consecuencia compromete también el logro de dichos objetivos en los plazos determinados por el plan. Si bien la corrección de este déficit corresponde a instrumentos normativos diferentes del plan hidrológico, se pone de manifiesto la necesidad de resolverlo lo antes posible por su relevancia para el logro de los objetivos medioambientales en 2027 que prevé la directiva Marco del Agua.
Similar recomendación cabe extender a los mecanismos de recuperación de costes por los servicios del agua, que con carácter general se vienen reconociendo insuficientes.
3.1.6 Impactos derivados de las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los objetivos medioambientales (OMA) (Códigos 1 al 10 de la Base de datos de planificación).
El impacto esperado de las medidas que se incluyen en esta categoría debería ser positivo, pero para ello se requiere que el análisis DPSIR (siglas en inglés del análisis sector/ presiones/estado/ impacto/ respuesta) del que se deducen estas medidas sea completo y esté bien fundamentado. Para evaluar este impacto objetivamente, el documento de alcance consideraba únicamente las actuaciones incluidas en el programa de medidas con el fin de lograr los OMA reduciendo efectivamente presiones por contaminación puntual, contaminación difusa, extracción de agua, otras alteraciones hidrológicas (regulación), alteración morfológica y alteración biológica, y requería para cada masa de agua o zona protegida con incumplimientos una clara identificación del sector y de las presiones significativas causantes, la cuantificación de las brechas de incumplimiento, la identificación de las medidas del programa que se prevé aplicar para contrarrestarlas, y la cuantificación de la reducción que se espera produzcan en la brecha de incumplimiento, resumiendo la coherencia y funcionalidad de esta parte del programa de medidas expresando esta información para todas las masas con incumplimientos según el modelo de su cuadro 1. Para estas medidas se reconocían tres tipos de riesgos de que su programación, en lugar de lograr los impactos positivos esperados, pudiese producir impactos estratégicos negativos y significativos por no permitir el logro de los objetivos medioambientales de todas las masas de agua y zonas protegidas en los plazos marcados por el plan. Estos impactos negativos estratégicos se pueden dar en los siguientes casos:
a) Existencia de déficits en la información de partida sobre el estado o en el análisis DPSIR que se debe realizar para identificar las medidas en cada caso necesarias, facilitando el documento de alcance una lista de comprobación de dichos déficits en su anexo 2.
b) Existencia de déficits en la propia programación de las medidas, frecuentemente no propuestas por la misma administración que elabora el plan sino por otras administraciones sectoriales y bajo sus propios criterios: medidas inadecuadas o insuficientes para contrarrestar la presión, medidas placebo, medidas que pueden producir resultados de signo contrario al esperado (fake measures), medidas de relación coste/efectividad desfavorable, etc. facilitando en su anexo 3 criterios orientativos para la evaluación y mitigación de este riesgo de impacto para cada uno de los principales tipos de medidas programadas para hacer frente a las presiones significativas.
c) Generación de impactos negativos colaterales, caso de medidas que benefician a un factor ambiental, pero perjudican a otros, incluyendo en su anexo 1 criterios para facilitar su identificación.
De acuerdo con el análisis DPSIR realizado para la demarcación, el 15,6 % de las masas presentan algún impacto comprobado siendo los impactos con mayor incidencia la contaminación por nutrientes, los impactos hidromorfológicos y la contaminación orgánica. Estos impactos son representativos de presiones puntuales por vertidos de aguas residuales e industriales (contaminación orgánica y por nutrientes), presión morfológica, y en menor medida los impactos por alteración hidrológica y química.
Para el logro de los objetivos medioambientales, el estudio ambiental estratégico se centra en los tipos de medidas 01 a 10, a los que añade el tipo 11 (gobernanza) por su contribución al logro de estos objetivos, describiendo para cada tipo las principales líneas de actuación y los efectos de tipo general más relevantes positivos y negativos sobre diversos factores ambientales, y en su caso, las medidas preventivas y correctoras, que también se definen de una manera genérica, tratándose de medidas a incluir más nivel de proyecto que a nivel estratégico. En algunos casos, se ha optado por agrupar tipos de medidas por naturaleza similar tanto en actuaciones como en impactos. No se han incluido los cuadros resumen de la información requerida en el documento de alcance para permitir relacionar las masas de agua que no alcanzan los objetivos ambientales, las presiones significativas que las afectan y las medidas del programa que las contrarrestan.
Se resume a continuación el análisis técnico realizado por los principales tipos de medidas:
Tipo 01. Reducción de la contaminación puntual.
El anejo I del Programa de medidas incluye un numeroso grupo de actuaciones englobadas bajo este tipo (subtipos 01.01, 01.03, 01.04 y 01.08) con el objetivo de reducir la presión por contaminación puntual, principalmente de origen urbano. Se plantean 97 actuaciones de implantación de nuevas infraestructuras de depuración, mejoras en la eficiencia de los sistemas de saneamiento y depuración existentes, nuevos colectores de saneamiento y medidas para el control de los desbordamientos y alivios, que permitirán la reducción de los valores de DBO5, nutrientes, así como otros contaminantes. Para las actuaciones estatales, se prevé una priorización teniendo en cuenta su contribución a los objetivos de calidad de las masas de agua afectadas y al cumplimiento de la Directiva 91/271/ CEE de aguas residuales urbanas. También se considerarán los criterios definidos en el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR).
Para los vertidos industriales, el plan de medidas se limita a las labores de comisaría para el control de vertidos. Se aprecia la necesidad de medidas adicionales para la mitigación este tipo vertidos, dada la cantidad de masas de agua con impacto significativo comprobado por este tipo de presión, debiéndose llevar a cabo el desarrollo de la línea de actuación prevista en la memoria de las medidas de implementación de estudios para la mejora de vertidos y aplicación de las mejores técnicas disponibles, que no han sido incluidas en el anexo I del Programa de medidas.
Tipo 02. Reducción de la contaminación difusa.
Se aprecia que no hay una buena relación entre el análisis DPSIR realizado y el Programa de Medidas, ya que en el análisis se identifican presiones significativas de contaminación difusa las producidas por la ganadería afectando al 12,98 % de las masas de agua superficiales, por suelos contaminados afectando al 4,07%, careciendo el programa de medidas para evitar estos tipos de contaminación difusa.
De acuerdo con la memoria, se detectan episodios de contaminación en las masas que soportan una mayor actividad ganadera, relacionadas con prácticas inadecuadas que se deben corregir con carácter general, pudiéndose tratar de una presión relevante en tramos de cabecera y manantiales, aunque no a nivel de masa de agua. En determinados embalses, como los de Trasona y La Barca, se han constatado episodios de eutrofización. También se identifican en la demarcación determinadas prácticas forestales que contribuyen a generar presión por contaminación difusa, en particular las cortas a matarrasa y la preparación de terreno para plantación con maquinaria pesada, que a escala local puede ser importante, dando lugar a incrementos locales, agudos y temporales de la turbidez y de carga de sólidos en suspensión del agua, afectando al estado ecológico de las cabeceras y ríos de orden menor, llegando a comprometer, en ocasiones, la potabilidad del agua en algunos sistemas de abastecimiento, y reduciendo la biodiversidad acuática.
En este sentido, la Fundación Nueva Cultura del Agua indica que a pesar de la correcta identificación de los problemas y de lo acertado de las medidas sugeridas en el documento del programa de medidas, en el que se plantean cinco líneas generales de actuación frente a las presiones ganaderas y forestales (código de buenas prácticas y otras medidas de producción sostenible, programas de desarrollo rural, medidas específicas para la mitigación de la presión forestal, medidas específicas de la presión ganadera y otras medidas administrativas y de gestión) y otras cuatro para «otras fuentes de contaminación» (mitigación de presiones relacionadas con suelos contaminados y vertederos, medidas relativas a las basuras en aguas, otros estudios relacionados con otras fuentes de contaminación y medidas de protección de las masas de agua frente a otras fuentes de contaminación), sorprendiéndose de que de este desarrollo teórico no llegue a concretarse ninguna actuación en el Apéndice I del programa de medidas.
La Confederación señala que no se han identificado problemas por nitratos procedentes de la actividad agropecuaria en las masas de agua superficiales ni subterráneas. Tal es así que en la demarcación no se han declarado zonas vulnerables, no siendo por lo tanto de aplicación los programas de actuación de zonas vulnerables.
De acuerdo con el análisis DPSIR, se aprecian impactos significativos por contaminación difusa de origen ganadero de numerosas masas de agua, algunas de las cuales no alcanza el buen estado ecológico, entre otras causas, por la contaminación difusa de origen ganadero, como las masas de agua río Carranza, ría de Ajo, río Pontones y río Revilla. Por otro lado, las mencionadas actividades forestales, si bien no están inventariadas como presiones significativas para las masas de agua, realmente sí provocan presiones a escala local y temporal importantes, pudiendo reducir la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos. En ciertas zonas estas presiones pueden, además, afectar a los objetivos de conservación de Espacios de la Red Natura 2000, así como a especies protegidas. En los instrumentos de gestión de algunos espacios protegidos se reconocen ciertas prácticas de silvicultura como una de las amenazas para los espacios. Todo ello hace aconsejable incluir en el programa de medidas o en la normativa medidas específicas para minimizar las presiones por contaminación difusa de origen ganadero y las derivadas de las actividades silvícolas.
Medidas 04 Mejora de las condiciones morfológicas, 05 Mejora de las condiciones hidrológicas y 06 Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.
En el estudio ambiental estratégico se agrupan estas actuaciones por sus repercusiones positivas sobre el medio. Para prevenir y corregir las posibles afecciones de las estas actuaciones se establecen medidas preventivas y correctoras: priorización de los proyectos que recuperen y potencien la aptitud de las masas de agua tipo río y sus riberas y llanuras de inundación asociadas como corredores ecológicos e infraestructura verde; en obras de demolición de presas y otros obstáculos que hayan acumulado grandes cantidades de sedimentos o materia orgánica, programar su ejecución de manera gradual para evitar daños al ecosistema con su removilización; movilización de sedimentos retenidos en embalses en unas frecuencias y condiciones similares a las que tendrían lugar en crecidas en régimen natural; determinación adaptativa de caudales ecológicos en masas de agua muy modificadas por alteraciones hidrológicas y en masas naturales con presiones significativas por este motivo; y estudio y seguimiento específico sobre el régimen de caudales ecológico en zonas protegidas de la Red Natura 2000.
Las alteraciones hidromorfológicas y la ocupación del domino público pueden considerarse uno de los principales problemas del medio acuático en la demarcación, resultado la restitución o mejora de las características morfológicas de las masas de aguas superficiales y de los ecosistemas relacionados uno de los mayores retos a largo plazo para conseguir la mejora del estado de las masas de agua superficiales. En la demarcación se han inventariado más de 950 obstáculos transversales en las masas de agua, correspondiendo la mayor parte a estructuras en desuso tales como azudes y pequeñas presas que interrumpen los movimientos y migraciones de las especies piscícolas, alteran las condiciones del régimen hídrico y dificultan el transporte de sedimentos.
El anexo I del plan de medidas incluye medidas de protección de las masas de agua superficiales frente al deterioro morfológico, con 17 medidas del tipo 04 para la mejora de las condiciones hidromorfológicas. Gran parte de estas medidas son proyectos de restauración fluvial, definidos para zonas concretas, existiendo alguna para estudios sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos; y otras de carácter genérico como el «Desarrollo del programa de mejora de la continuidad fluvial y recuperación del espacio fluvial» (ES018_3_N01748) con ámbito de aplicación a nivel de demarcación, para las que no se definen actuaciones concretas.
A la vista de la problemática generada por el elevado número de barreras transversales en la demarcación, AEMS Ríos con Vida manifiesta la necesidad de incluir medidas específicas para la eliminación de obstáculos y el rescate de concesiones que vengan provocando un impacto que se pueda mitigar. En este sentido, señala como prioritario contemplar en el programa de medidas la permeabilización de los azudes de Snice, Botín y el de Textil Santanderina en el río Saja, el cual tiene su parte alta incluida en Red Natura 2000 y Parque Natural, siendo estas zonas lugares naturales o históricos de desove de lamprea, salmón y reo. También recuerda la necesidad de dotar de dispositivos de franqueo a todas las barreras asociadas a concesiones en activo, tal y como exigen la Ley de Pesca y su reglamento, así como de barreras que impidan el acceso de los peces a las derivaciones.
La memoria del plan de medidas incluye como línea de trabajo la eliminación o adecuación ambiental de azudes, estableciendo criterios de priorización que maximicen la relación coste-beneficio de las actuaciones para el desarrollo de forma preferente de las actuaciones en espacios Natura 2000, las que mejoren significativamente las condiciones del hábitat para las especies migradoras (salmón, anguila, sábalo y lamprea) y las que maximicen la longitud de tramos de ríos permeables. Sin embargo, este tipo de actuaciones no se ha dotado de presupuesto, ni se han incluido medidas concretas para su desarrollo en el Anexo I del programa de medidas. Considerándose la gran importancia de potenciar esta línea de actuación con los criterios de priorización establecidas, se debe subsanar esta carencia del programa.
De la información facilitada se deduce que los riesgos de provocar impactos estratégicos significativos por los déficits y situaciones previstos en el documento de alcance no se han evitado completamente, con lo que dichos impactos pueden tener lugar, tanto en lo relativo a la completitud y adecuación del análisis DPSIR realizado como a la problemática específica de las medidas que se plantean. En particular, se aprecia:
a) Que en la caracterización del estado y potencial ecológicos de las masas de agua no se han utilizado todos los elementos de calidad indicados al efecto por la Directiva Marco del Agua, resultando relevante la ausencia del elemento peces en las masas naturales tipo río y aguas de transición, y la ausencia de las macrófitas acuáticas en las masas naturales tipo lago. Adicionalmente, los elementos de calidad biológicos mayoritariamente utilizados son sensibles a las presiones por contaminación, pero no resultan particularmente sensibles a las presiones por extracciones y alteración del caudal, por lo que el estado o potencial ecológico determinado para algunas masas de agua puede encontrarse sobrevalorado, existiendo incertidumbre para apreciar cuándo las presiones por extracciones y alteración del flujo son significativas, incertidumbre que para este tercer ciclo podría reducirse significativamente si junto a los elementos de calidad biológicos actualmente utilizados también se consideran índices que reflejen adecuada y objetivamente estos dos tipos de presiones a escala masa de agua (WEI+, IAHRIS).
b) Que existe un déficit importante en la consideración en el análisis de los requerimientos específicos y el grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales de determinados tipos de zonas protegidas, en particular las designadas para la protección de especies y hábitats dependientes del agua (incluida Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, humedales de importancia internacional y otras áreas protegidas por instrumentos internacionales y especies protegidas o amenazadas), para la protección de especies acuáticas significativas desde el punto de vista económico y para las reservas naturales fluviales. La documentación proporcionada da a entender que dichos requerimientos no han sido incorporados al Plan por no estar expresamente señalados en los instrumentos de planificación o gestión de dichas zonas o no haber sido comunicados por sus administraciones competentes. Esta carencia de información adecuada es relevante, dado que el plazo máximo de la Directiva Marco del Agua para el cumplimiento de las normas y objetivos específicos de las zonas protegidas es también 2027. Ello requiere que en el tratamiento de todo el rango de decisiones que adopta el plan y que pueden afectar a estas zonas protegidas se deban aplicar los principios de precaución y acción cautelar, requiriéndose de medidas adicionales para prevenir impactos negativos derivados de su falta de determinación, información o conocimiento. También requiere que a lo largo del tercer ciclo se pongan en marcha mecanismos efectivos de cooperación y colaboración con sus respectivas administraciones competentes que permitan superar este importante déficit, y que se intensifique su seguimiento.
c) Que ni el estudio ambiental estratégico ni el plan han incluido un cuadro, en respuesta a lo indicado en el cuadro 1 del documento de alcance, que indique con claridad, para todas y cada una de las masas de agua o zonas protegidas en que no se cumplen los objetivos medioambientales, las presiones significativas y sectores que provocan el incumplimiento, la brecha de incumplimiento cuantificada, las medidas del programa específicamente dirigidas a contrarrestar dichas presiones, y la medida en que se prevé que ello reducirá las brechas de incumplimiento estimadas. Ello dificulta apreciar la coherencia, completitud y adecuación del análisis DPSIR realizado, no pudiendo descartarse que existan masas de agua o zonas protegida con incumplimientos que en el programa de medidas carecen de medidas específicas concretas y adecuadas para contrarrestar todas las presiones significativas que las afectan. Es por ejemplo el caso de las masas de agua río Carranza, ría de Ajo, río Pontones y río Revilla, con incumplimiento de sus OMA y presión significativa por contaminación difusa de origen ganadero, o de las masas Río de la Mina y río Obregón, Arroyo de Llápices y río Nora III, que presenta incumplimientos por fósforo, sin que el programa de medidas contemple medidas específicas para su mitigación.
También se aprecia la necesidad de que el plan recoja, en la medida que resulten aplicables, las condiciones que indicaba en su anexo 3 el documento de alcance para que las principales medidas programadas para contrarrestar cada tipo de presión significativa resulten relevantes y efectivas en el logro de su objetivo, evitando la inclusión de medidas irrelevantes, con efectos erráticos o incluso contraproducentes (fake measures).
Todo ello hace necesario establecer condiciones específicas para prevenir o minimizar los impactos estratégicos negativos mencionados, tanto más cuanto que el fin del tercer ciclo en 2027 es el máximo plazo contemplado en la Directiva Marco del Agua para el logro de los objetivos medioambientales de todas las masas de agua y zonas protegidas, por lo que todas las medidas programadas deberán haber generado el resultado que se espera de ellas en dicho año.
3.1.7 Impactos derivados de las actuaciones del programa de medidas dirigidas a la satisfacción de las demandas, a incrementar las disponibilidades del recurso o a desarrollar territorios o sectores económicos (códigos 12 y 19 de la Base de datos de planificación).
El documento de alcance requería concentrar la atención de esta evaluación en las medidas de satisfacción de las demandas (proyectos, planes o programas) de carácter material, susceptibles de incrementar las presiones sobre las masas de agua o causar otros efectos negativos significativos (criterios de su anexo 1) y que todavía no estuviesen autorizadas, descartando actuaciones inmateriales, estudios, proyectos, acciones de gobernanza, etc. Para cada una se requería su descripción y localización, identificar las masas de agua, zonas protegidas u otros elementos de valor ambiental afectadas por las presiones provocadas, y el impacto estratégico esperable, todo ello en función del grado de detalle de la información disponible sobre cada medida. Se requería presentar el resultado en forma de tablas (cuadros 3 y 4) relacionando cada actuación con los impactos significativos que podía causar, las medidas mitigadoras incluidas en el estudio y sus disposiciones de seguimiento ambiental. Adicionalmente, también se requería identificar en el estudio las autorizaciones y concesiones que caducarían durante el periodo 2021-2027, para permitir comparar ambientalmente la alternativa de su no renovación o extinción y naturalización de las masas de agua afectadas, con la alternativa de su prórroga, renovación o continuidad, permitiendo mejorar la consideración de todos los intereses públicos afectados en la correspondiente toma de decisiones.
Para el análisis de estas medidas, el estudio ambiental estratégico ha seguido el mismo criterio que para las orientadas a la satisfacción de los objetivos medioambientales, describiendo genéricamente las actuaciones por tipología destin