Categoría: Judicial

condena por un delito de sedición hubiera sido distinta. Como puede observarse, el hecho de que el servicio denominado «Crides de voluntarios» se hubiera constituido con la finalidad de ofrecer soporte a la celebración del referéndum o lo hubiera sido con anterioridad y para otros fines carece de relevancia, pues lo que se valora es la utilización por la recurrente de esa plataforma para posibilitar dicha celebración, y ello en el contexto del reparto de papeles entre los distintos partícipes concertados en que se funda el juicio de autoría. De acuerdo con su descripción, dada en el auto de 1 de febrero de 2019, la prueba admitida y no practicada no tenía por objeto refutar el empleo por la Consejería de la que era titular la recurrente del soporte de que se trata, sino exclusivamente acreditar que la implementación no tuvo su causa en la convocatoria del referéndum de 1 de octubre de 2017, sino que nació en fecha anterior y para fines distintos.
En todo caso, como señala la sala de enjuiciamiento al dar respuesta a esta queja y puede constatarse a la vista de los hechos probados y del juicio de autoría contenidos en la sentencia recurrida, de los que se ha dejado constancia en los antecedentes de hecho, la condena de la recurrente por un delito de sedición no obedece únicamente a la creación o a la utilización de un servicio o plataforma para la captación de voluntarios para el desarrollo del referéndum. En el fundamento jurídico tercero de esta sentencia hemos resumido los hitos fundamentales que determinaron esa condena, debiendo destacarse ahora que, la gestión del «registro de voluntarios» desde la Consejería que encabezaba, aparece en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con carácter residual y como una actividad más de las múltiples con las que la recurrente contribuyó a la consecución de los ilícitos fines que han sido descritos.
Este tribunal entiende, a la vista de cuanto se ha expresado, que la falta de práctica de esta prueba no causó indefensión a la parte recurrente, lo que nos lleva desestimar el alegato de vulneración del derecho a la prueba.
10. El derecho a la presunción de inocencia.
La demanda contiene cuatro motivos con quejas alusivas al derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). En los motivos séptimo, octavo y noveno, la recurrente invoca la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). En síntesis, las causas en que funda esta lesión son las siguientes: (i) ausencia de valoración de las pruebas en las que se sustentan determinados hechos probados porque, en realidad, se han considerado probados ciertos extremos sobre los que no se practicó prueba; (ii) falta de valoración de determinados medios de prueba propuestos por la recurrente, y (iii) vulneración del principio de responsabilidad penal por el hecho propio. En la medida que la conculcación del referido derecho constituye un aspecto común a las quejas sintetizadas en los indicados motivos, en este apartado se dará respuesta a todas ellas de manera individualizada, no sin antes compendiar la doctrina constitucional que, respecto de ese derecho fundamental, más directamente atañe al supuesto que nos ocupa.
Por otro lado, en el motivo décimo también se alega la vulneración de ese derecho, si bien en su dimensión extraprocesal. Dada la específica vertiente de esta queja, la misma será analizada de forma autónoma, tras el examen de las anteriores.
10.1 Doctrina constitucional.
Antes de abordar la temática que específicamente se suscita en esta queja resulta procedente reproducir la doctrina constitucional que en relación con el derecho a la presunción de inocencia expusimos en el apartado 8.4 de los fundamentos de derecho de la STC 122/2021, de 2 de junio.
Allí consignamos que es doctrina reiterada de este tribunal, como expone la STC 105/2016, de 6 de junio, FJ 8, que «el derecho a la presunción de inocencia se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que exige una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. A este respecto, el Tribunal ha manifestado en numerosas ocasiones su radical falta de competencia "para la valoración de la actividad probatoria practicada en el proceso penal y para la evaluación de dicha valoración conforme a criterios de calidad o de oportunidad, quedando limitada la misión de este tribunal, cuando le es invocado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), a supervisar externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante […] Igualmente se ha destacado que, a falta de prueba directa, la prueba de cargo sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito puede ser indiciaria, siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, puesto de manifiesto en la sentencia, y que el control de la solidez de la inferencia puede llevarse a cabo tanto desde el canon de su lógica o coherencia, siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, como desde el de su suficiencia o carácter concluyente, excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia" (entre otras muchas, SSTC 127/2011, de 18 de julio, FJ 6, y 142/2012, de 2 de julio, FJ 5)».
Asimismo indicamos que la citada STC 105/2016, FJ 8, subraya que este tribunal ha hecho hincapié en que «la idoneidad incriminatoria debe ser no solo apreciada por el juez, sino también plasmada en la sentencia, de forma que la carencia o insuficiencia de la motivación en cuanto a la valoración de la prueba y la fijación de los hechos probados entraña la lesión del derecho a la presunción de inocencia, lo que impone como canon de análisis no ya la mera cognoscibilidad de laratio decidendide la decisión judicial, sino una mínima explicación de los fundamentos probatorios del relato fáctico, con base en el cual se individualiza el caso y se posibilita la aplicación de la norma jurídica (por todas, STC 22/2013, de 31 de enero, FJ 5, y las resoluciones allí citadas)». Ese específico deber de motivaciónexart. 24.2 CE es diferente y más estricto que el genérico del derecho a la tutela judicial efectiva, «dado que está precisamente en juego aquel derecho y, en su caso, el que resulte restringido por la pena, que será el derecho a la libertad cuando […] la condena lo sea a penas de prisión» (SSTC 209/2002, de 11 de noviembre, FJ 3; 169/2004, de 6 de octubre, FJ 6; 143/2005, de 6 de junio, FJ 4; 12/2011, de 28 de febrero, FJ 6; 22/2013, de 31 de enero, FJ 5). En este marco, la jurisprudencia constitucional también ha establecido que la presunción de inocencia se extiende a verificar si se ha dejado de someter a valoración la prueba de descargo aportada, exigiéndose una ponderación de la misma, pero sin que ello implique que esa ponderación se realice de modo pormenorizado, ni que la ponderación se lleve a cabo del modo pretendido por el recurrente, sino solamente que se ofrezca una explicación para su rechazo (así, SSTC 104/2011, de 20 de junio, FJ 2; 88/2013, de 11 de abril, FJ 12, o 2/2015, de 19 de enero, FJ 4).
En síntesis, los órganos judiciales «han de exteriorizar razonadamente y de forma lógica los motivos que fundamentaron su convicción inculpatoria, más allá de toda duda razonable» (SSTC 129/1998, de 16 de junio, FJ 4, o 141/2001, de 18 de junio, FJ 6); y la función de este tribunal se ciñe a comprobar que el órgano judicial efectivamente expone las razones que le han conducido a fijar el relato fáctico a partir de la actividad probatoria practicada y efectuar un control externo del razonamiento lógico seguido respetuoso con el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria en orden a la fijación de los hechos (STC 67/2021, de 17 de marzo, FJ 3).
10.2 Valoración de la prueba y fundamentación del relato fáctico
10.2.1 Posiciones de las partes.
En el motivo séptimo de la demanda se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y del derecho a un juicio justo (art. 6 CEDH). Tras poner de manifiesto la exigencia de motivación de las sentencias penales, obligación que deriva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y de lo establecido en el art. 120.3 CE, la demandante afirma que la sentencia adolece de falta de fundamentación respecto de buena parte del relato fáctico, pues contiene párrafos en los que se declaran determinados hechos como probados, respecto de los cuales no se ha llevado a cabo ninguna valoración de la prueba; por ello, no es posible conocer las razones por las que tales hechos se han reconocido como probados. Tras recopilar los hechos a que se refiere, con indicación de las páginas de la sentencia en que se ubican, concluye que, en realidad, no se practicó prueba a cuyo través el tribunal pudiera deducir de manera racional la existencia de esos hechos y su vinculación con la demandante.
La abogacía del Estado sintetiza la doctrina de este tribunal sobre el derecho a la presunción de inocencia, con cita expresa de la STC 35/2015, de 2 de marzo. En relación con el presente supuesto, sostiene que los hechos declarados probados se anudan a la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral y reúnen todos los requisitos exigidos para su validez constitucional. Por otro lado, señala que la motivación fáctica de la sentencia alcanza el estándar exigible y la decisión del tribunal sentenciador es, en sí misma considerada, lógica, coherente y razonable. Recalca que la prueba ha sido valorada a lo largo de toda la sentencia, aunque no haya un apartado específico destinado a la cuestión probatoria; y ello se constata en el fundamento de Derecho C), relativo al juicio de autoría, en cuyos apartados 1.6.1 y 1.6.2 se analizan de forma pormenorizada las pruebas que sustentan la condena de la demandante.
Por su parte, el fiscal resume la doctrina constitucional sobre el derecho a la presunción de inocencia; y a continuación procede a seleccionar los aspectos más relevantes del «juicio de autoría» que la sentencia recoge respecto de la recurrente, a saber: (i) la pertenencia al Consejo de Gobierno de Cataluña y la asunción de sus acuerdos; (ii) el aliento a la participación y movilización social, así como la captación de voluntarios a través de las denominadas «cridas»; (iii) la cesión del uso de centros cívicos para la votación celebrada el día 1 de octubre de 2017 y para la jornada de «Escoles Obertes»; (iv) y su intervención decisiva en relación con el uso de locales, a fin de garantizar su disponibilidad para el referéndum, ante una eventual negativa de los directores de los centros a la apertura de los mismos el día indicado. A continuación, el fiscal afirma que en la sentencia no solo se recogen los hechos probados y la conducta de la recurrente, sino que en sucesivas consideraciones derivadas del análisis de la prueba se fundamenta al respecto, por lo que rechaza la existencia del vacío probatorio y la ausencia de motivación que se denuncia.
10.2.2 Respuesta del órgano judicial.
En el apartado 5.2.2 del auto de fecha 29 de enero de 2020 figura el siguiente argumento:
«Se desestiman igualmente las alegaciones formuladas respecto a una posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia –ausencia de prueba sobre determinados aspectos fácticos, ausencia de valoración de la prueba de descargo o imputación de hechos no personales– de la señora Bassa respecto a su condena por el delito de sedición.
La lectura del punto 1.6 del apartado C –juicio de autoría– evidencia la suficiencia de la prueba practicada –personal y documental– y la racionalidad de su valoración, en cuanto a los hechos imputados a la señora Bassa.
Esta racionalidad y suficiencia no se ve afectada por el hecho de que no se hayan valorado expresamente algunas de las testificales y documentales obrantes en autos y que se relacionan en el escrito presentado. La ponderación de la prueba, de conformidad con una jurisprudencia reiterada de esta sala y del Tribunal Constitucional, no tiene por qué extenderse a aportaciones probatorias absolutamente irrelevantes, ni mucho menos ha de llevarse a cabo en la forma pretendida por quien la propone.
Como hemos reiterado a lo largo de esta resolución la discrepancia sobre la valoración de los medios de prueba no justifica la vulneración denunciada. En este sentido, resulta también pertinente reiterar, dadas las alegaciones que fundamentan el escrito, que este incidente no es un instrumento para "debatir" y "contraargumentar" frente a la sentencia dictada, a modo de un sedicente recurso de súplica. Es un instrumento para denunciar la vulneración de derechos fundamentales.»
10.2.3 Resolución de la queja.
A) Para resolver adecuadamente la queja que ahora nos concierne procede ordenar sistemáticamente los párrafos de la sentencia seleccionados en la demanda, en atención a los acontecimientos con los que se vinculan.
a) En relación con la actuación de los señores Sànchez y Cuixart y las organizaciones Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, pág. 42, primer párrafo: «[s]u autonomía orgánica y funcional y su funcionamiento asambleario no han sido obstáculo, en los últimos años, para mantener un estrecho contacto con los dirigentes políticos nacionalistas. Ello ha permitido su activa participación en el diseño de las distintas hojas de ruta que han venido dibujando el supuesto camino hacia la independencia».
b) Hechos relativos a los registros acordados judicialmente para practicar el día 20 de septiembre de 2017 en la sede de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda:
(i) Pág. 43, párrafo cuarto: «[b]ajo la sola protección del reducido número de mossos d"esquadra que diariamente se encarga de la vigilancia ordinaria en el acceso del edificio, quienes no recibieron refuerzo alguno durante el día, salvo la llegada de unos agentes de mediación».
(ii) Pág. 44 primer párrafo: «[e]se pasillo no posibilitaba que la comisión judicial trasladara a través del mismo los efectos intervenidos, ni siquiera el mero paso de los agentes, como resultó con los mossos de mediación que, confundida su adscripción por la concurrencia, sufrieron lanzamiento de objetos y tuvieron que guarecerse de manera precipitada en el inmueble contiguo».
(iii) Pág. 45, tercer párrafo (rectius, pág. 44, tercer párrafo): «[l]a movilización impidió que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio a los detenidos, quienes debían estar presentes en el registro, conforme disponen las leyes procesales. También impidió que pudiera ser atendida la orden judicial con plena normalidad [...]».
(iv) Pág. 46 (rectiuspág. 45, primer párrafo): «[d]urante los disturbios (sic) [...] impuso condiciones para el efectivo desarrollo de su función, negando a los agentes de la Guardia Civil que pudieran introducir los detenidos en el edificio [...]».
c) Hechos relativos a otros registros acordados judicialmente y de concentraciones multitudinarias de personas:
(i) Págs. 46 y 47: «[h]echos similares orientados a impedir el funcionamiento normal de la administración de justicia tuvieron lugar con ocasión de otros registros y detenciones acordadas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 citado.
Así, en el registro del domicilio de don José Medina Marín se concentraron unas 400 personas que impidieron la salida del vehículo policial durante unos 15 minutos. En el registro de la sede del Departamento de Exteriores, sita en vía Layetana 14, la congregación de 200 personas en actitud hostil determinó a la Guardia Civil a introducir a la letrada de la administración de justicia en un coche camuflado. Cuando fue sacado del edificio el detenido don Xavier Pastor Reyes las personas congregadas intentaron sustraerlo del control de los agentes y el vehículo oficial fue zarandeado y golpeado. En el registro de las naves sitas en los números 17, 18 y 19 de la Urbanización Can Barris, carrer S, de Bigues i Riell (Barcelona), la actitud hostil de un grupo de entre 200 y 250 personas concentradas en el exterior hizo que el letrado de la administración de justicia tuviese que abandonar el lugar en un vehículo camuflado y que ocho furgones con el material intervenido sufrieran algunos daños. Asimismo, se produjeron incidentes en los registros realizados en la localidad de Brega».
(ii) Págs. 48 y 49: «[e]n el cuartel de la Guardia Civil de Travesera de Gracia, lugar donde los detenidos estaban custodiados, se congregaron 300 personas que llegaron a cortar la circulación. Ese mismo día se produjeron concentraciones hostiles ante los cuarteles de Guardia Civil y Policía Nacional de Manresa, y se rodeó el cuartel de Sant Andreu de la Barca. Con anterioridad, se habían desarrollado incidentes en los que algunos ciudadanos, con marcada hostilidad, increparon a los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se hallaban alojados en distintos establecimientos hoteleros […]. El 22 de septiembre de 2017 se produjeron concentraciones, con similar inspiración, ante los cuarteles de la Guardia Civil de Canovelles, Vilanova y Ripoll y se empapelaron las oficinas del DNI de la Policía Nacional de Barcelona».
d) Hechos asociados con la votación llevada a cabo el día 1 de octubre:
(i) Pág. 54, tercer y cuarto párrafo: «los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista [...].
[…] A primeras horas de la tarde, dado que el uso de la fuerza podría devenir desproporcionado, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil recibieron órdenes y se vieron irremediablemente forzadas a declinar el propósito inicial».
(ii) Pág. 60, primer párrafo: «[l]os ciudadanos fueron movilizados para demostrar que los jueces en Catalunya habían perdido su capacidad jurisdiccional».
e) Datos vinculados a la contratación relacionada con la celebración del referéndum:
(i) Pág. 59, primer y segundo párrafo: «(iii) contratación de servicios con doña Teresa Vidal, para diseño de la web pactepelreferendum.cat, que luego fue utilizada para la inclusión de vínculos relacionados con el ilegal referéndum [...].
[…] e) El Departamento de Trabajo posibilitó los siguientes gastos: (i) encargo a la empresa Unipost para la distribución de las notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 197 492,04 euros».
f) Hechos relativos a la concreta actuación de la demandante de amparo:
(i) Pág. 48, párrafo primero: «Doña Dolors López retiró a los funcionarios de enseñanza y trabajo, de cuyos departamentos era titular, la competencia sobre los centros de votación, asegurándose la disponibilidad de los centros».
(ii) Pág. 53, párrafo primero «[l]as vísperas del día señalado para el referéndum, se llevó a cabo una intensa campaña denominada "Escoles Obertes". En ella se convocaba a los ciudadanos a ocupar los locales que se habían designado como centros de votación. En su puesta en marcha y desarrollo intervino la acusada doña Dolors López. Para liberar de responsabilidades a los directores de los centros y garantizar que la orden de disponibilidad iba a ser acatada por todos, avocó para sí la competencia ordinaria de los directores responsables de los centros afectados. La finalidad era precisamente hacer posible su mantenimiento en condiciones de disponibilidad para la logística de la votación».
B) Una vez efectuada la ordenación de los párrafos identificados en el escrito de demanda procede resolver la queja planteada siguiendo la agrupación sistemática anteriormente reflejada, no sin antes poner de manifiesto que las denuncias relativas a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se resolverán de manera acorde con el canon de control al que se sujeta este tribunal, lo que implica que no nos adentremos en el vedado ámbito de la valoración probatoria. Por otra parte, procede dejar constancia de que en el referido escrito se viene a reproducir sustancialmente lo expuesto en el incidente de nulidad, de manera que la respuesta dada por el tribunal sentenciador al resolver el mencionado incidente no ha tenido relevancia alguna en el planteamiento de la denuncia de lesión ante esta sede constitucional. En tercer lugar, se advierte que en el escrito de demanda no se formula consideración alguna que, de manera pormenorizada, explique cuál es la incidencia del contenido de los párrafos trascritos en relación con la condena de que ha sido objeto la recurrente, aspecto este no exento de importancia habida cuenta la naturaleza y contenido del derecho fundamental cuya vulneración se denuncia.
a) En relación con los acontecimientos habidos durante los registros que tuvieron lugar el día 20 de septiembre de 2017, cabe ya anticipar que la censura formulada no merece favorable acogida. En las págs. 374 y 375 de la sentencia se recoge expresamente lo declarado por el jefe de la brigada antidisturbios de los Mossos (BRIMO), a través de cuyo testimonio el órgano judicial valora la conducta llevada a cabo por don Jordi Sànchez y colige cuáles fueron las circunstancias en que se desarrollaron los registros:
«En el juicio histórico hemos dejado constancia de su liderazgo en la dirección de esa multitud de ciudadanos que se concentraron en las puertas de la sede de la Vicepresidencia del Gobierno. Según declaró en el juicio oral el entonces jefe de la brigada antidisturbios de Mossos (BRIMO), el acusado señor Sànchez, hasta tal punto ejercía el control sobre la masa, que se permitió reprochar a su interlocutor la presencia de los efectivos policiales: "[…] saca a la BRIMO de aquí […], esto que estás haciendo no es lo que hemos acordado, largaos de aquí". El responsable de los agentes antidisturbios percibió –según narró en el plenario– una "[…] actitud altiva, prepotente y muy complicada" por parte del presidente de ANC. A lo largo de la noche, sin embargo, cambió hacia una actitud más colaboradora con los agentes. El propio acusado señor Sànchez reconoció en el plenario haber contactado telefónicamente con el consejero de interior, el coacusado señor Forn.
Objetivamente esa concentración tutelada por don Jordi Sànchez y la asociación que lideraba entorpeció la actuación judicial impidiendo su normal desarrollo. El jefe de la BRIMO llegó a decir que la dispersión de esa multitud no la lograría "[…] ni el séptimo de caballería". Más allá de que finalmente los detenidos renunciasen a estar presentes en el registro, lo cierto es que se había demostrado imposible su acceso en condiciones asumibles. Basta ver las imágenes de otros registros y de las salidas con detenidos en lugares con menos aglomeración de personas, para comprender que el acceso en la forma que proponía el señor Sànchez era inviable y había de desembocar en desórdenes públicos. No se pudieron realizar los registros en la forma en que se había dispuesto y que exige la Ley de enjuiciamiento criminal. El acusado rehusó una eventual desconvocatoria y mostró reticencias ante la necesidad de abrir un pasillo más amplio, o de establecer un perímetro más ancho, negándose a ello aduciendo imposibilidad de abrir espacios más holgados. Ha quedado también acreditado que indicó que no era posible una retirada parcial de los concentrados y que recurrió a un tono incendiario en algunos de sus mensajes ("han declarado la guerra").
Es cierto –y así ha quedado acreditado– que a medianoche asumió la desconvocatoria de la concentración, lo que no impidió en las primeras horas de la madrugada una carga de las fuerzas antidisturbios de los Mossos d"Esquadra. El señor Sànchez ya no se encontraba en el lugar y fue esa actuación la que permitió despejar el lugar de quienes todavía, conocedores de que los agentes de la Guardia Civil no habían salido de la sede del edificio en el que se practicaba el registro judicial, se mantuvieron allí sin dispersarse. Solo las cargas de la Brigada Móvil de Mossos hicieron posible la salida de un primer grupo de Guardias Civiles.»
Por su parte, en el apartado 8.5 de la fundamentación jurídica de la STC 122/2021 se exponen las siguientes consideraciones en relación con el análisis probatorio realizado:
«De conformidad con ese rechazo general, tampoco puede compartirse la queja específica aducida como ejemplo de los déficits explicativos de falta de explicitación y consiguiente soporte probatorio de lo relatado sobre lo ocurrido el 20 de septiembre con ocasión de la práctica de la diligencia judicial acordada por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona. Según el criterio del recurrente, el déficit se evidencia en los pocos párrafos destinados a explicitar la valoración probatoria sobre lo acaecido el 20 de septiembre y su intervención (págs. 386 y 387) y lo consignado al respecto en el relato fáctico (págs. 45, 46 y 47). Sin embargo, la lectura íntegra de la sentencia, de sus hechos probados y de sus fundamentos jurídicos, lleva a la conclusión opuesta. Obvia el recurrente que lo sucedido el 20 de septiembre no solo le concierne a él y a su actuación ese día ante la sede de la vicepresidencia del Govern y, en consonancia, no solo se analiza en el epígrafe 1.9 del fundamento de Derecho C), dedicado a individualizar su juicio de autoría tras haberse hecho lo propio respecto al resto de acusados. Como la propia sentencia indica en ese punto 1.9, el episodio se ha analizado al describir la autoría de otros coacusados –señaladamente, de los señores Forn y Sànchez–, siendo comunes las fuentes de prueba, que no se limitan a la declaración del recurrente o de los testigos de la defensa, como parece sugerir la demanda, sino que incluyen las declaraciones de otros acusados, el testimonio de los agentes de la policía estatal y autonómica presentes, de ciudadanos y responsables políticos, documental, grabaciones y mensajes enviados por las redes sociales. A esas fuentes y a los resultados de la prueba practicada en el plenario se refiere expresamente la resolución en diversos lugares del fundamento C), donde también efectúa su valoración, conducente al relato de los hechos acaecidos el 20 de septiembre que consta en elfactum. En tal sentido, cabe destacar, sin ánimo de exhaustividad ni mayor detalle y en conexión con lo expuesto en los antecedentes y el fundamento tercero de esta resolución, las siguientes referencias:
[...]
(iii) Apartado 1.7: juicio de autoría del señor Forn: declaraciones del señor Sànchez; de diversos miembros de la Guardia Civil que actuaban como policía judicial en el registro de la Vicepresidencia y Consejería de Hacienda, sobre la imposibilidad de entrar con el detenido, al que algunos manifestantes intentaron sacar del vehículo en el que iba y que fue zarandeado, sobre las manifestaciones masivas de "no saldréis" o las advertencias de los señores Sànchez y Cuixart de que, si pretendían salir con la cajas con los efectos del registro, "os matan"; y declaración del señor Forn, documental y declaraciones de mandos y agentes de los Mossos d"Esquadra sobre la comunicación tardía y autorización de la protesta, la orden de conferir facultades mediadoras al señor Sànchez, que decidió aspectos como la entrada o no de los detenidos al lugar de los registros, no invitar a los recurrentes a apartarse del edificio o el momento de invitar a los manifestantes a disolverse y que, previamente, había reprochado al agente que dirigía la Brigada Móvil de Orden Público su presencia, realizando una llamada al señor Forn, quien luego llamó al agente para informarle de la aludida labor mediadora del señor Sànchez.
(iv) Apartado 1.8: juicio de autoría del señor Sànchez: testimonios de diversos miembros de los Mossos d"Esquadra y de la Guardia Civil sobre el liderazgo del señor Sànchez y su capacidad de decisión sobre lo que procedía o no hacer, incluida la indicación al jefe de la brigada de sacar de allí a la BRIMO ("esto que estás haciendo no es lo que hemos acordado, largaos de aquí"), la imposibilidad de acceder con los detenidos a la institución para el registro, que no se pudo hacer en la forma que dispone la ley, como acreditan las imágenes de este y otros registros, y testifical y análisis de los mensajes y páginas web que organizaron grupos de WhatsApp para la movilización, con llamadas acreditadas a concentrarse e intervenciones dirigidas a la multitud, todo ello junto al señor Cuixart y la entidad Òmnium Cultural.»
Y en relación con la específica participación del señor Cuixart en los referidos acontecimientos, se considera oportuno reproducir los pasajes en que en los que se refleja la prueba en la que el órgano judicial fundó su convicción, dada la relación que dicho aspecto guarda con el objeto de la queja ahora analizada:
«Después del examen de la prueba en relación con los otros ocho acusados, con expresión de las pruebas practicadas –entre otras, las arriba enunciadas– y su valoración como prueba de cargo de los elementos del delito, la Sala realiza el juicio de autoría del señor Cuixart en el apartado 1.9. Comienza enumerando la prueba practicada de la que extrae la convicción sobre lo ocurrido: «[l]a declaración de los agentes de la policía estatal y autonómica que estuvieron allí, el testimonio de los ciudadanos y responsables políticos que fueron llamados como testigos por acusación y defensa y, sobre todo, la declaración del propio señor Cuixart, permiten dibujar un escenario fiel a lo verdaderamente acontecido. Los vídeos exhibidos en el plenario –incluido el grabado por la cámara de seguridad que se hallaba en el interior del edificio que era objeto de registro– y la lectura de algunos de los mensajes enviados por redes sociales, refuerzan nuestras inferencias» […]. También se recoge la convocatoria a través de diversas cuentas de Twitter desde primeras horas de la mañana del 20 de septiembre en acción conjunta con el señor Sànchez en las que «no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían sido detenidas, y pedían a los catalanes que se movilizaran, alentándoles diciendo que no podrían con todos ellos o que las fuerzas del orden se habían equivocado, y que habían declarado la guerra a los que querían votar». Hechos no negados por el recurrente, como tampoco que la tarde del día 20 se dirigió a los congregados y exigió la liberación de todos los detenidos, apeló, pese a reivindicar el pacifismo de la movilización, «a la determinación mostrada en la guerra civil, empleando la expresión "¡no pasarán!", y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el referéndum y que tenían escondido en determinados locales, acabando su alocución con las siguientes palabras; "hoy estamos decenas de miles aquí, mañana seremos centenares de miles allá donde se nos requiera […] no tengáis ninguna duda de que ganaremos nuestra libertad"».
Las numerosas y diversas pruebas mencionadas, unidas a lo referido al razonar sobre la responsabilidad del recurrente por sedición en el punto 1.9, desmienten la falta de motivación y la –pretendidamente conectada– inexistencia de prueba de cargo del relato fáctico sobre lo acontecido el 20 de septiembre ante la sede de la Vicepresidencia de la Generalitat, su incidencia en la práctica del registro y la intervención en los hechos del recurrente como promotor de una oposición material a la ejecución de los mandatos judiciales dirigidos a impedir el referéndum ilegal. Las declaraciones de los testigos y las imágenes muestran la existencia de una manifestación multitudinaria y las llamadas del recurrente y del señor Sànchez a tal concentración en orden a impedir la práctica judicial, cuyo desarrollo se describe en los términos fijados esencialmente por la prueba testifical y los vídeos. A la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, se aprecia de forma indubitada la razonabilidad de la versión judicial de los hechos.»
Sin perjuicio del contenido de los particulares traídos a colación de la sentencia impugnada y de la STC 122/2021, lo cierto es que el resto de los hechos que se han estimado probados resultan suficientes para sustentar la valoración incriminatoria efectuada por el órgano judicial. En el sentido indicado, deben destacarse los siguientes extremos:
(i) A las 10:30 horas de la mañana, los manifestantes habían rodeado por completo el edificio, impidiendo a la comisión judicial la normal realización de sus funciones.
(ii) No se estableció el perímetro de seguridad que la comisión judicial reclamó. Solo existía un estrecho pasillo humano, que únicamente permitía el paso en fila individual y era un cordón no controlado policialmente, sino por voluntarios de la ANC.
(iii) La letrada de la administración de justicia tuvo que salir del lugar infiltrándola entre los espectadores que abandonaban un teatro sito en el inmueble colindante, al que hubo que acceder a través de la azotea del edificio. El resto de los agentes de la Guardia Civil pudo salir en dos turnos, una vez se disolvió la manifestación a raíz de las cargas policiales efectuadas.
(iv) El señor Sànchez condicionó la introducción de los detenidos en el edificio del registro a que los guardias civiles los condujeran a pie entre el tumulto, al igual que exigió que los agentes actuantes accedieran del mismo modo hasta donde los vehículos policiales se hallaban estacionados, atravesando la masa de personas que los rodeaban, sin garantía alguna de indemnidad.
(v) Los vehículos policiales terminaron con importantes destrozos.
(vi) Los actos reflejados en los hechos probados fueron promovidos, dirigidos y queridos por los señores Sànchez y Cuixart, quienes mantuvieron la convocatoria hasta las cero horas.
Teniendo en cuenta los hechos recopilados, se antoja razonable considerar que el «pasillo humano» compuesto por voluntarios de la Assemblea Nacional Catalana hiciera inviable el traslado de los efectos intervenidos o la introducción de los detenidos en el edificio, en unas condiciones mínimamente aceptables de seguridad, como así lo consideró el tribunal sentenciador; lo que se ve corroborado por la afirmación de que la movilización que rodeó el edificio «impidió a la comisión judicial la normal realización de sus funciones». Por otro lado, no queda inadvertida la referencia a las declaraciones testificales de los agentes de la Guardia Civil en relación con los acontecimientos antes indicados, que se reflejan en las páginas 362 y 363 de la sentencia:
«Es patente que la movilización del día 20 de septiembre ante la Consejería de Hacienda tenía por finalidad impedir la realización de la diligencia de registro y hacer imposible la presencia de los detenidos. También lo es que fue una movilización eficaz, al menos en cuanto a que llegó a generar graves dificultades que obstaculizaron la normalidad para la obtención de las fuentes probatorias y para la necesaria libertad de movimientos de los funcionarios que las llevaron a cabo.
El cabo primero núm. K47019K, que intervino esa misma mañana en la detención del señor Jové, relató como el teniente de la Guardia Civil situado en la Consejería de Hacienda le indicó que el coacusado don Jordi Sànchez había advertido de que no podría entrar allí́ el detenido [...]. El teniente de la GC C573935 relató en el testimonio prestado en el juicio oral que durante su presencia en la Consejería de Hacienda oyó́ cómo de la multitudinaria acumulación de gentío procedían gritos en que se afirmaba "no saldréis", en inequívoca referencia a los funcionarios que pretendían cumplir el mandato judicial de registro. Narró como don Jordi Sànchez y don Jordi Morales le advirtieron sobre las 21:30 de que, si pretendían salir con las cajas con efectos del registro, "os matan".»
b) Respecto de los hechos ocurridos con motivo del registro practicado en la sede del Departamento de Exteriores, sito en la Vía Layetana 14, en la pág. 362 de la sentencia queda expresada la fuente probatoria de la que se sirvió el tribunal sentenciador: «[e]l sargento núm. P35979V, que llevó a cabo la detención de don Xavier Pastor Reyes describió como fue zarandeado el vehículo utilizado en esa diligencia y como los amotinados en el lugar intentaron sustraer al detenido, quien suplicaba a los guardias civiles que por favor le sacaran de allí».
Y sobre los hechos ocurridos en Bigues i Riells y en Berga también nos remitirnos a lo ya dicho en el apartado antes indicado de la STC 122/2021, en orden a descartar la falta de relevancia de esos datos: «Tiene razón el recurrente en que no hay explicitación precisa sobre la base probatoria de los específicos episodios relativos a los registros realizados en Bigues i Riells y en Berga, pero se trata de aspectos incidentales no solo en relación con el relato completo de hechos probados, sino incluso en relación con los hechos relevantes acaecidos el 20 de septiembre y que no sostienen la declaración de culpabilidad del demandante».
c) Varios son los extremos recogidos en el relato histórico sobre lo acaecido el día de la votación, frente a los que la demandante opone la ausencia de prueba o falta de valoración. Concretamente, que los agentes policiales se vieron obligados al uso de la fuerza, sin llegar a precisar si la objeción atañe al empleo de la fuerza o a que aquellos se vieran obligados a utilizarla. Y también dirige su censura frente a la afirmación de que los agentes se vieron forzados a cesar en el empleo de la fuerza, porque podía devenir desproporcionado y recibieron órdenes al respecto. En el reiterado apartado 8.5 de la STC 122/2021, este tribunal refutó la contradicción apreciada por el entonces recurrente sobre ese aspecto, al considerar que:
«[c]abe puntualizar, además, que no se aprecia la contradicción que denuncia entre apreciar la necesidad inicial de un uso policial de fuerza y el desistimiento de tal uso por poder devenir desproporcionado. Se trata de un desarrollo vinculado al desenvolvimiento de la jornada electoral desde la mañana del día de celebración del referéndum a primeras horas de la tarde de ese 1 de octubre.»
En el presente supuesto, sin perjuicio de reiterar la ausencia de contradicción declarada entonces, lo cierto es que, sea cual fuere el alcance y contenido de la objeción que se suscita, la alegación de la demandante en este punto debe ser rechazada, vista la detallada explicación que ofrece el órgano sentenciador sobre los elementos de los que se sirvió para formar su convicción acerca de lo sucedido el día 1 de octubre del 2017, a lo largo de las páginas 166 a 168 de la sentencia cuestionada en esta sede.
«No ha habido quiebra del principio de contradicción ni, por supuesto, limitación del derecho de defensa. Sobre la realidad de ese principio y de las ilimitadas posibilidades de defensa, basta reparar en las fuentes y en los elementos de prueba valorados por la Sala para formar convicción acerca de uno de los pasajes clave del relato de las acusaciones, a saber, lo que sucedió el día 1 de octubre. El Tribunal ha tomado en consideración el testimonio de los agentes antidisturbios que acudieron a los centros de votación –testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las acusaciones para demostrar la oposición de la ciudadanía al cumplimiento de las resoluciones judiciales–. Ha valorado también la declaración de los ciudadanos que sufrieron esa intervención –testigos de descargo aportados por las defensas para demostrar la violencia policial y la existencia de una actuación legítima de desobediencia civil–. Y, en fin, ha proclamado sus inferencias a partir de los vídeos grabados por los agentes actuantes, como reflejo de las dificultades de su labor, y por los ciudadanos que quisieron ofrecer pruebas de lo que consideraron excesos policiales.
Todas las fuentes de prueba han sido objeto del examen cruzado de acusaciones y defensas.
16.1.3 Al margen de lo expuesto, conviene hacer una precisión. La defensa de los señores Junqueras y Romeva ha insistido en que "[…] la pertinencia de exhibir dicho material a quienes declaren en el juicio oral reside en su utilidad de cara a la formación de la convicción del Tribunal, que se vincula con la necesidad de someter a contradicción el material videográfico con la fuente de prueba testifical, en aquellos supuestos en que ello sea imprescindible o incluso simplemente útil".
Pues bien, la Sala ha proclamado el juicio histórico sin apoyarse en la versión excluyente de uno u otro de los testigos que depusieron acerca de lo que sucedió en los centros de votación del día 1 de octubre. Ninguno de ellos ha sido tomado como testimonio de referencia para construir el juicio de autoría. Los varios centenares de testigos que declararon en el plenario ofrecieron una versión filtrada por una profunda carga emocional. El número de personas que se concentraron en esos centros, las órdenes recibidas por los agentes de la autoridad y la dinámica de enfrentamiento que presidió su actuación han impuesto en todos ellos –policías y ciudadanos– una memoria selectiva, un recuerdo parcial –consciente o inconsciente– que debilita enormemente la potencial carga probatoria de cada una de esas fuentes de prueba. Solo así se entiende, por ejemplo, que la versión de muchos de los agentes quedara luego en entredicho al observar el contenido de los vídeos. La afirmación de que no se usaron las defensas quedó, en ocasiones, desmentida por la realidad de las imágenes. Pero también explica que el testimonio de buena parte de los ciudadanos estuviera marcado por una versión absolutamente parcial de lo realmente acontecido. Sin ánimo exhaustivo, solo a los efectos de dar respuesta a quienes han visto vulneración del principio de contradicción en la práctica de la prueba testifical de las acusaciones, pero interpretan la declaración de los testigos de las defensas como el testimonio de ciudadanos comprometidos con la verdad, valgan algunos ejemplos.
El testigo don Pere García, propuesto por la defensa de los señores Turull, Rull y Sànchez, afirmó a preguntas de su letrado que estaba sentado en el centro de votación y se le acercaron dos policías, "[…] con una maza encima de su cabeza y unas tenazas". Al cabo de un momento, sin decir nada, "[…] le cogieron de los testículos y le levantaron hasta dejarlo caer". Se da la circunstancia, sin embargo, que con posterioridad a los hechos tuvo que ser asistido por una contusión en la rodilla. La testigo doña Marina Durán, profesora de filosofía en la universidad de Barcelona, afirmó que durante los incidentes del día 20 de septiembre ante la Consejería de Economía "[…] el ambiente fue distendido" y que "[…] nunca vio hostilidad […] solo vio a gente que cantaba, ninguna agresividad, sino todo lo contrario […] Ni siquiera vio ningún tipo de inquietud, alarma o alerta". don Lluis Herrero, abogado en ejercicio que acudió a alguno de los centros de votación habilitados en Manresa, señaló que no hubo insultos a los agentes, ni se les agredió́, "[…] ni hubo una respuesta agresiva, nada, no vio ningún forcejeo, no vio ninguna patada". El testigo don Jaume Pastor, abogado mediador, declaró que él estaba sentado en el suelo y los antidisturbios "arrancaban a la gente del suelo". Pero "nadie ponía resistencia […] No vio ninguna patada de los que estaban sentados, no vio ningún escupitajo". doña Silvia Gómez Santos, también abogada mediadora, declaró, en relación con algunos de los incidentes acaecidos en uno de los colegios de Manresa, que durante el desarrollo de todos los incidentes solo oyó dos insultos, fueron los únicos: alguien dijo en catalán "hijos de puta". Y sobre la inflamación testicular sufrida por un policía –según su versión, como consecuencia de una patada–, afirmó doña Silvia que la causa no pudo ser una patada, nadie dio una patada. La verdadera causa hay que buscarla –según puntualizó– en el hecho de que, en el momento de la intervención, los agentes están "cuerpo con cuerpo y los escudos y las porras están muy próximos".
Son solo cinco cualificados ejemplos del tono general de las declaraciones testificales presentadas por las defensas. El verdadero principio de contradicción consiste en hacer posible –como se hizo– un interrogatorio cruzado que permitiera al Tribunal conocer los extremos fácticos que cada una de las partes quería ofrecer al órgano decisorio. Una verdad enriquecida por la exhibición –ya en la prueba documental– de cerca de un centenar de vídeos sobre los hechos.
En definitiva, la práctica de la prueba se ajustó a la secuencia ordinaria de los actos procesales. Sin convertir el principio de preclusión en una rígida regla de ordenación del procedimiento, lo cierto es que la presente causa penal, después del debate inicial sobre vulneración de derechos fundamentales, dio paso a la práctica ordenada del interrogatorio de los procesados, el examen de los testigos y la prueba documental. La confrontación de las declaraciones personales con documentos fue declarada pertinente y ofrecida a todas las partes siempre que estuviera en juego la autenticidad del documento sobre el que se formulaban las preguntas, no cuando lo que se pretendía era ofrecer a la Sala una valoración anticipada acerca de la credibilidad de los testigos [...]»
Como se constata, las consideraciones transcritas reflejan cuáles fueron las pruebas de que se sirvió el tribunal para asentar lo acaecido con motivo de la votación. Debe destacarse que el órgano sentenciador no se limita a plasmar una estereotipada argumentación huera de contenido acerca de las diferentes pruebas que se practicaron en las sesiones del juicio oral; por el contrario, queda de manifiesto el sentido crítico con que ponderó las pruebas testificales y la importancia conferida a la exhibición de cerca de un centenar de videos, de manera que los hechos declarados probados fueron el resultado de la valoración conjunta de las pruebas practicadas bajo el principio de contradicción, sin quepa tildar sus conclusiones de ilógicas, aberrantes o arbitrarias.
En cuanto a la crítica dirigida contra el aserto que figura en la pág. 60 de la sentencia, concretamente ubicado en el apartado 14 del relato de los «hechos probados», nos remitimos en su integridad a lo argumentado en el reiterado apartado 8.5 de la STC 122/2021, pues la respuesta allí dada basta por sí sola para desautorizar la censura que la recurrente formula:
«[E]l demandante estima carente de sostén probatorio la inferencia de que la finalidad de las movilizaciones era demostrar que los jueces habían perdido su capacidad jurisdiccional en Cataluña. Lo cierto es que la sentencia no afirma ni, en consecuencia, condena en virtud de tal dato. En ningún momento apunta que haya una actuación dirigida a eliminar toda capacidad jurisdiccional en el territorio autonómico, tampoco que la finalidad fuera hacer notoria esa pérdida absoluta ni mucho menos que efectivamente se produjera una paralización global de la actividad judicial. Lo que considera acreditado es la finalidad de neutralizar en todo el territorio catalán toda actuación ordenada judicialmente para impedir la celebración del referéndum ilegal. El párrafo final de los hechos probados a que alude el recurrente se refiere a la movilización de los ciudadanos "para demostrar que los jueces en Cataluña habían perdido su capacidad jurisdiccional" después de concluir que los acusados propiciaron un entramado jurídico paralelo al vigente, desplazando el ordenamiento constitucional y estatutario y promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas. La pérdida de la capacidad jurisdiccional se vincula con una ilegalidad muy concreta y unas órdenes judiciales vinculadas a tal objeto, si bien presenta una dimensión territorial global en tanto que atañe a toda Cataluña. Lo que, de hecho, coincide con el argumento del demandante de que su conducta se vincula exclusivamente "a la protesta relativa a la realización del referéndum de autodeterminación y por lo tanto a la crítica y a la protesta en cuanto a la actuación de dos órganos judiciales muy concretos en relación a dos procedimientos muy concretos (el juzgado de instrucción 13, el día 20 de setiembre, y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el día 1 de octubre)", respecto a la que reivindica la desobediencia civil fruto de un "proceso consciente y reflexivo que se ciñe de forma selectiva y concreta en relación a preceptos y órdenes.»
d) La queja de la demandante concierne también a los incisos ya transcritos de la pág. 59 de la sentencia. En relación con la frase alusiva a la contratación de doña Teresa Vidal, las consideraciones que obran en apartado 2.1.6. del fundamento de Derecho C) rebaten la censura de la demandante en este punto:
«Los gastos asociados a la retribución de doña Teresa Vidal Requejo colman también las exigencias del tipo objetivo.
Declaró en la vista oral, en la sesión del día 6 de marzo de 2019. Es diseñadora gráfica autónoma y afirmó que presta servicios habitualmente a la Generalitat, en virtud de un contrato menor que entonces renovaba con periodicidad anual, es decir, hasta un máximo que solía agotar de 17 000 euros Entre las tareas que realizó, algunas de ellas facturables por horas de trabajo, se encuentra el diseño de la web pactepelreferendum.cat, encargada por el señor Roc Fernández del Departamento de Presidencia, por la que facturó en el mes de mayo 2700 euros, si bien en julio, dado que había sido citada por la Guardia civil, renunció a su cobro mediante la emisión de "una factura negativa".»
Así pues, queda const