Categoría: Administración

la integren, siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género.
d) La intervención y el seguimiento de la situación de las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía y el control del cumplimiento de las obligaciones y requisitos exigidos en la presente ley, a efectos de la comunicación del cambio de circunstancias y del procedimiento de revisión, y en particular, el seguimiento de la participación de las personas incluidas en los planes de atención personalizados, dirigidos a la unidad de convivencia.
e) La cooperación con la Administración autonómica en la tramitación de los expedientes, así como en la aplicación de las medidas contempladas en la presente ley y, en su caso, en sus normas de desarrollo.
1. El Gobierno de Canarias sufragará la plena financiación de la renta de ciudadanía en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, actualizando anualmente la financiación del sistema en las sucesivas leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Las asignaciones presupuestarias que en cada ejercicio económico se destinen a la renta de ciudadanía tendrán el carácter de crédito ampliable, en los términos que establezca la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, de modo que se garantice la cobertura económica de este derecho a todas las personas solicitantes que reúnan los requisitos establecidos en esta ley.
3. La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma incluirá un programa presupuestario destinado a la ejecución de los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral de la comunidad autónoma establecidos en esta ley.
4. La comunidad autónoma contribuirá al desarrollo de las competencias municipales establecidas en el artículo 59 de la presente ley, en los términos que reglamentariamente se determinen. En todo caso, para calcular la financiación a distribuir en el conjunto de municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias se tendrán en cuenta los siguientes criterios de reparto:
a) Población empadronada en el municipio. Para esta variable se utilizarán las cifras anuales de las revisiones de los padrones municipales de habitantes aprobados para el año al que se refiera el cálculo objeto de distribución. Este criterio se valora con el 50% de forma directamente proporcional a la población municipal.
b) Media mensual de personas demandantes de empleo inscritas, sin prestación económica y residentes en el municipio en los tres años anteriores al cálculo objeto de distribución. Para esta variable se utilizarán las cifras publicadas por el Servicio Canario de Empleo. Este criterio se valora en un 40 % en forma directamente proporcional a la media mensual de demandantes de empleo de cada municipio.
c) Índice medio mensual de personas perceptoras de la renta de ciudadanía o prestación equivalente reconocida en los últimos años en el municipio objeto de distribución. Para esta variable se utilizarán el número de resoluciones de reconocimiento de las prestaciones aprobadas por la consejería competente en servicios sociales por municipio. Para este criterio se valora el 10% en forma directamente proporcional al número de resoluciones aprobadas en cada municipio.
Se garantizará a cada municipio el coste de, como mínimo, un profesional del trabajo social con competencias exclusivas para prestar los servicios específicos de la renta de ciudadanía. A través del desarrollo reglamentario de la presente ley se garantizará que, en base a la población y/o número de demandantes, se incremente de forma proporcional el número de profesionales de trabajo social administrativo o de apoyo a las actividades de inserción social.
El Gobierno y los ayuntamientos de Canarias, a través de la consejería o concejalías competentes en materia de derechos sociales, podrán suscribir convenios con otras entidades de derecho público o privado, así como conciertos sociales con personas o entidades proveedoras de servicios sociales u otras fórmulas jurídicas previstas en la legislación en los términos que disponga su normativa específica, al objeto de completar sus actuaciones en los itinerarios formativos y programas de inserción efectiva de las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía a que se refiere el título II de esta ley, o para el logro de cualquier otro de los objetivos previstos en la misma.
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias actualizará las cuantías de la renta de ciudadanía, como mínimo, en función de la variación interanual del índice de precios al consumo del ámbito canario u otros indicadores propios que se establezcan reglamentariamente.
1. A los efectos de lograr la mayor agilidad administrativa, el conjunto de las administraciones públicas facilitará a los órganos competentes en materia de renta de ciudadanía los datos necesarios de las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones económicas reguladas en la presente ley para el desarrollo de su actividad, tanto en los procedimientos de reconocimiento de las prestaciones como en los procesos de control y seguimiento.
2. La cesión a la Administración de la Seguridad Social de los datos de carácter personal de las personas que sean solicitantes del ingreso mínimo vital y los recibidos por la consejería competente en derechos sociales del Gobierno de Canarias para la obtención de la renta de ciudadanía no requerirán el consentimiento previo de la persona interesada ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de datos necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a quien sea el responsable del tratamiento, en los términos que disponga la normativa general de protección de datos.
3. Las administraciones públicas implicadas tomarán las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por las personas solicitantes para la gestión de la prestación de la Seguridad Social y estarán obligadas a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos.
La recepción, registro, valoración y resolución del procedimiento para la obtención de la renta de ciudadanía se realizarán a través de una aplicación informática puesta a disposición de las administraciones competentes en el plazo de tres meses, que permita la gestión electrónica a los ayuntamientos y al centro directivo competente en su tramitación y resolución.
A través de los oportunos convenios de colaboración podrán participar los cabildos insulares con el Gobierno de Canarias y /o con los ayuntamientos de las islas para la consecución de los objetivos y fines comprendidos dentro de la presente ley.
La consejería competente en materia de derechos sociales evaluará cada año el grado de cumplimiento de los objetivos de inserción contemplados en la presente ley. De esta evaluación dará cuenta al Gobierno de Canarias, que a su vez informará sobre ella al Parlamento de Canarias y a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. Los empleadores que contraten indefinidamente a personas desempleadas que tengan reconocido el derecho a la renta de ciudadanía o sean beneficiarias de la prestación por formar parte de la misma unidad de convivencia que la persona titular tendrán derecho, desde la fecha de celebración del contrato, a una bonificación mensual en la cuota empresarial a la seguridad social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado y durante un máximo de tres años.
2. Si el contrato se celebra a tiempo parcial las bonificaciones se disfrutarán de manera proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato.
3. Para la aplicación de este incentivo la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral. En caso de incumplimiento se deberá proceder al reintegro del incentivo.
No se considerará incumplida esta obligación cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni en los casos de las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores.
4. La Comunidad Autónoma de Canarias y sus departamentos, en el ámbito de sus competencias, establecerán a través del desarrollo reglamentario de la presente ley un sistema de ayudas o incentivos a las empresas que contraten a personas beneficiarias de la renta de ciudadanía.
1. Las personas titulares que, en el momento de la entrada en vigor de la presente ley estén percibiendo la prestación canaria de inserción (PCI) tendrán, de oficio, derecho a percibir la renta de ciudadanía, mediante su reconocimiento expreso por el órgano competente para la resolución de estos procedimientos.
2. Las cuantías para la renta de ciudadanía, en función del número de personas y estructura de la unidad de convivencia, serán las mismas que las establecidas en el ingreso mínimo vital en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Se exceptúan de este principio los casos en los que las cuantías establecidas para la PCI fueran superiores a las del ingreso mínimo vital, en función del número de personas de la unidad de convivencia, en cuyo caso se aplicará la cuantía que resultara más favorable.
3. Las personas beneficiarias de la PCI entrarán de oficio en permanencia en la prestación, salvo renuncia expresa, en el intervalo que va desde la aprobación de la presente ley hasta su entrada en vigor, no siendo necesaria la presentación de solicitud de renovación ni de permanencia por vulnerabilidad en caso de cumplir los veinticuatro meses, quedando obligadas a informar de los cambios en las circunstancias de la unidad de convivencia para su revisión. En los expedientes en que las solicitudes de renovación o de permanencia por vulnerabilidad fueron presentadas con anterioridad a la aprobación de la presente ley estas deberán resolverse en función de su normativa de aplicación.
1. Los expedientes de la prestación canaria de inserción iniciados y no resueltos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se resolverán de acuerdo con la nueva normativa que resulte de aplicación en ese momento. Para ello, a los procedimientos administrativos que se estén tramitando en el momento de su entrada en vigor en los que recaiga una resolución favorable, se les reconocerá de oficio el derecho conforme a lo requisitos y condiciones necesarios para el percibo de la renta de ciudadanía.
2. La gestión, tramitación y resolución de dichos expedientes corresponderá al centro directivo de la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias.
Para evitar la desprotección de las familias a raíz de la extinción del percibo de la prestación canaria de inserción (PCI), se establece un régimen transitorio por el cual las unidades de convivencia hasta ahora beneficiarias de la PCI seguirán percibiendo la última cuantía reconocida para dicha prestación en el momento de entrada de vigor de esta ley y hasta la resolución que les reconozca la nueva prestación, según establece la disposición transitoria primera. Cualquier cambio de circunstancias originado durante dicho período transitorio deberá ser comunicado a los servicios sociales municipales, al objeto de ajustar la cuantía de la renta ciudadana, si así fuera necesario.
Para garantizar la puesta en práctica escalonada y poder atender a las familias que carecen de ingresos, durante el primer mes tras la entrada en vigor de esta ley se atenderán las solicitudes de las familias con menores a cargo que no perciban el ingreso mínimo vital (IMV); en el segundo mes se atenderán las solicitudes de las familias sin menores a cargo que no perciban el IMV; y a partir del tercer mes se asumirán todas las demás solicitudes.
Para garantizar la continuidad de la financiación autonómica a los municipios prevista en el artículo 59.4 de la presente ley, y a fin de seguir prestando la adecuada atención a la ciudadanía, dado que los ayuntamientos ya cuentan con una financiación similar en el sistema destinado a la gestión de la prestación canaria de inserción (PCI), con vistas a garantizar el carácter de continuidad y sucesión de dicho procedimiento desde el sistema de la PCI a la nueva gestión de la renta de ciudadanía se hace necesario mantener dicha financiación y, en consecuencia, hasta el momento de entrada en vigor de la presente ley, la financiación que se destine a los municipios para esta finalidad lo será a través del citado sistema de financiación municipal establecido para la PCI, debiendo mantenerse, igualmente, el mismo personal contratado por los ayuntamientos con destino a las nuevas funciones previstas en la gestión de la renta de ciudadanía, al menos hasta que se produzca el despliegue completo de los efectos económicos regulados en el citado artículo.
Queda derogada la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la prestación canaria de inserción, y sus modificaciones legislativas; así como el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la prestación canaria de inserción, y sus modificaciones reglamentarias.
Se faculta al Gobierno de Canarias para dictar todas las disposiciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar esta ley.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias». No obstante, el desarrollo de la modalidad de renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes, modalidad de renta complementaria de ingresos del trabajo y las relativas a los complementos de vivienda, de educación y las pensiones no contributivas serán de aplicación tras la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que se aprueben en desarrollo de la presente ley y que establezcan y regulen de manera singularizada estas modalidades o complementos previstos.
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Canarias, 19 de diciembre de 2022.–El Presidente, Ángel Cano Vega Morales.