Categoría: Administración

La Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente ley.
Exposición de motivos.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y finalidad.
Capítulo II. Medidas de impulso para facilitar la actividad empresarial.
Artículo 2. Proyectos empresariales de interés autonómico.
Artículo 3. Efectos de la calificación como proyecto empresarial de interés autonómico.
Artículo 4. Revocación de la calificación de proyecto empresarial de interés autonómico.
Artículo 5. Unidad de proyectos empresariales de interés autonómico.
Artículo 6. Comité de seguimiento de inversiones.
Artículo 7. Subvenciones a proyectos empresariales de interés autonómico a efectos de empleo en la Comunidad Autonómica de Extremadura.
Artículo 8. Modificación de la Ley 8/2018, 23 de octubre, del Comercio Ambulante de Extremadura.
Artículo 9. Modificación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura.
Capítulo III.  Medidas de intervención en materia medioambiental; patrimonio histórico y cultural; ordenación territorial y urbanística; y festejos públicos y actividades recreativas
Artículo 10. Modificación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 11. Modificación del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
Artículo 12. Modificación de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
Artículo 13. Modificación de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura.
Artículo 14. Modificación de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Capítulo IV. Medidas en materia organizativa y de procedimiento
Artículo 15. Modificación de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
Artículo 16. Modificación de la Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura.
Artículo 17. Modificación de la Ley 6/2019, de 20 febrero, del Estatuto de las Personas Consumidoras de Extremadura.
Artículo 18. Presentaciones tributarias vía telemática.
Artículo 19. Modificación de la Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 20. Modificación de la Ley 3/1991, de 25 de abril, sobre creación del Consejo Económico y Social de Extremadura.
Artículo 21. Modificación de la Ley 4/2003, de 20 de marzo, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 22. Modificación de la Ley 2/2005, de 24 de junio, de creación del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura.
Artículo 23. Modificación de la Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada.
Artículo 24. Modificación de la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura.
Artículo 25. Modificación de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 26. Modificación de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
Artículo 27. Modificación de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de pesca y acuicultura de Extremadura.
Artículo 28. Modificación de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.
Capítulo V. Medidas en materia de patrimonio, contratación y conciertos sociales
Artículo 29. Modificación de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 30. Modificación de la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura.
Artículo 31. Modificación de la Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario.
Artículo 32. Modificación de la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.
Capítulo VI. Medidas en materia de subvenciones.
Artículo 33. Modificación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Capítulo VII. Medidas en materia de personal
Artículo 34. Modificación de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
Artículo 35. Exención del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario.
Artículo 36. Modificación de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 37. Modificación de la Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura.
Capítulo VIII. Otras medidas en materia de prestación de servicios públicos.
Artículo 38. Modificación de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura.
Artículo 39. Modificación de la Ley 1/1999, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia y Reinserción de las Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 40. Modificación de la Ley 6/2006, de 9 de noviembre, de Farmacia de Extremadura.
Artículo 41. Modificación de la Ley 10/2019, de 11 de abril, de protección civil y de gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 42. Modificación de la Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Capítulo IX. Medidas sobre sociedades cooperativas y cooperativas de crédito.
Artículo 43. Modificación de la Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura.
Artículo 44. Modificación de la Ley 5/2001, de 10 de mayo, de Crédito Cooperativo.
Capítulo X. Medidas tributarias.
Artículo 45. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril.
Artículo 46. Supresión de los artículos 21 a 32 ambos inclusive, de la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 47. Tasa por prestación de servicios facultativos veterinarios.
Artículo 48. Tasa por prestación de servicios veterinarios de realización de pruebas de sanidad animal en casos de petición de parte del ganadero, incluida la realización de los análisis de confrontación solicitados por éstos.
Artículo 49. Tasa por participación en procedimientos de reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por las vías de la experiencia laboral y la formación no formal en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 50. Tasa por inspección y registro inicial de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación y entidades de control de calidad de la edificación.
Artículo 51. Tasa por inspección de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación y entidades de control de calidad de la edificación.
Disposición adicional primera. Regulación del bono social térmico en la Comunidad Autónoma de Extremadura en desarrollo de lo establecido en el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
Disposición adicional segunda. Agilización de pagos.
Disposición adicional tercera. Aprobación de modelos tipo de bases reguladoras de subvenciones.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura.
Disposición final segunda. Salvaguarda de rango de disposiciones reglamentarias.
Disposición final tercera. Habilitaciones al Consejo de Gobierno.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Las Administraciones públicas, y entre ellas las de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por imperativo constitucional y estatutario, deben servir con objetividad a los intereses generales y procurar satisfacer con eficacia y eficiencia las necesidades públicas. Para ello, entre otros, respetarán los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia, calidad en el servicio a los ciudadanos. En cuanto a las medidas de buena administración el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 39 prevé la regulación por ley de la Asamblea de las formas de participación de los ciudadanos en los procedimientos de elaboración de las disposiciones generales que les afecten. Además, según este mismo precepto estatutario a Comunidad Autónoma regulará los procedimientos administrativos propios y adaptará los procedimientos generales para dar celeridad y transparencia a la tramitación administrativa, para extender las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos por medios telemáticos y para la simplificación de trámites. Asimismo, se exige que los poderes públicos de Extremadura redactarán sus normas, acuerdos y actos con sencillez y claridad. Se procurará la permanente ordenación sistemática y la codificación de las normas autonómicas. Estos principios de buena administración han sido implementados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluso antes de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, operada por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero.
Así, la Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura supuso un hito a nivel autonómico, e incluso estatal al regular en su Capítulo I, los principios «in dubio pro apertura o favor libertatis», simultaneidad y preferencia, urgencia y silencio positivo, simplificación, legalidad y transparencia y, además, se incluyen algunas medidas con relación a la validez de los medios telemáticos y ventanilla única electrónica y otras referidas a los registros y autorizaciones y declaraciones responsables. En el Capítulo II se incluían algunas medidas singulares para la creación y consolidación de empresas relativas a la habilitación urbanística del suelo no urbanizable, la cédula de habitabilidad, el informe sobre patrimonio histórico y cultural, las subvenciones y, finalmente, las tasas. Las normas generales y medidas singulares tendentes a simplificar los trámites administrativos de creación y consolidación de empresas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura contempladas en el apartado anterior y desarrolladas en los Capítulos I y II de esa Ley serán de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas empresariales con relación a aquellos procedimientos y trámites respecto de los cuales la Comunidad Autónoma de Extremadura tenga competencias normativas. Las previsiones contenidas en el Capítulo III de esa ley con relación al procedimiento de constitución y consolidación de nuevas empresas y nuevas actividades empresariales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura afectan a aquellas personas físicas o jurídicas empresariales que no requieran para su constitución la inscripción en registros públicos del Estado, siempre que la actividad no requiera de licencias medioambientales, sanitarias o de policía industrial; entendiendo por consolidación de empresas la ampliación, modificación y traslado de actividades empresariales.
Seguidamente se procedió a redactar y aprobar por todos los Grupos Parlamentarios en su día presentes en la Asamblea de Extremadura la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. Era objeto de esta ley la implantación de una nueva forma de relación del Gobierno y la Administración pública con la ciudadanía basada en la transparencia y orientada al establecimiento del llamado gobierno abierto. La pretensión era garantizar de forma efectiva: a) la plena transparencia de la toma de decisiones y de la propia actividad de la Administración regional, así como de los organismos y entidades que la integran; b) el derecho de los extremeños a acceder a la información que obre en poder de la Administración regional y de los organismos y entidades que la integran; c) la veracidad y objetividad de la información referida en el punto anterior; y d) la participación ciudadana como mecanismo de impulso de la democracia representativa para conseguir una efectiva conectividad de los ciudadanos con sus representantes. Esa participación se fomentará en la definición de las políticas públicas y en la toma de decisiones, que debería basarse en un proceso de gobierno abierto tal y como define esa ley.
Otras leyes de carácter sectorial han regulado los principios de buena administración estatutariamente fijados y descritos anteriormente. Cabe destacar en este sentido la Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio (LEGIO), que tiene por objeto la regulación de un régimen jurídico especial y específico para el establecimiento en Extremadura de grandes instalaciones de ocio, así como las actividades económicas que tengan relación con el mismo, en atención a la contribución a la dinamización, desarrollo relevante de la economía regional en términos de empleo, riqueza y sostenibilidad, y que su implantación se ejecute, sin perjuicio del inexcusable cumplimiento de los restantes requisitos impuestos por la normativa vigente, en garantía de su viabilidad en el marco del planeamiento urbanístico y de sostenibilidad ambiental.
No obstante, cualitativa y cuantitativamente, el esfuerzo legislativo más importante llevado a cabo en la Comunidad Autónoma de Extremadura a la hora de implementar los principios de buena administración, consagrados en el artículo 39 del Estatuto de Autonomía descritos anteriormente se ha producido con la aprobación y entrada en vigor de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Así, como se indica en su propia exposición de motivos: «El objeto de la norma se ha tornado más ambicioso que lo considerado ab initio, en tanto aborda no solo medidas de impulso para facilitar la actividad empresarial de la región, sino medidas de simplificación y mejora en el funcionamiento de la Administración autonómica de Extremadura. A tenor de los principios que rigen la actuación de la Administración en relación con el uso racional de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, se pretende ofrecer un marco normativo que descienda a medidas concretas, que materialice los principios de aclaración, armonización y simplificación administrativas con el fin de solucionar las cargas administrativas, la ralentización procedimental y la imposición de obligaciones, evitando retrasos, costes y efectos disuasorios que ocasionan trámites innecesarios, duplicación de operaciones, formalidades burocráticas en la presentación de documentos o largos plazos de resolución. En definitiva, se aspira a eliminar el distanciamiento de la Administración con los ciudadanos ocasionado en los últimos tiempos flexibilizando y mejorando las estructuras de la Administración y superando las dificultades que pueden encontrar ciudadanos y empresas para relacionarse».
Además, de los principios de buenas administraciones descritos en el apartado anterior y desarrollados legislativamente, entre otras, a través de las normas antes citadas, el artículo 39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura exige los servicios públicos se presten con calidad. Como premisa de esa calidad procede valorar la utilidad de la actuación administrativa y la mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía, tal y como ha sido puesto de manifiesto por el Presidente de la Junta, entre otras ocasiones, en el Discurso de investidura de la Legislatura en curso.
En esta línea de poner en valor la utilidad y calidad en la prestación de los servicios públicos, así como la mejora en los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía, además de las leyes antes citadas, se aprobó la legislatura pasada, entre otras leyes, la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura, que tiene por objeto el desarrollo legislativo de la normativa básica de contratos del Estado con relación a la regulación de la organización y especificidades procedimentales relativas al régimen jurídico de la contratación, así como la promoción y el fomento, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del desarrollo de acciones y políticas socialmente responsables en materia de contratación en las Administraciones públicas, mediante la incorporación de cláusulas de carácter social, de igualdad entre hombres y mujeres, medioambientales y relativas a otras políticas públicas en las contrataciones que licite el sector público autonómico. Asimismo, se aprobó la Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario.
Procede en estos momentos incluir nuevas medidas en esta línea, así como realizar una revisión de las normas aprobadas que pongan en valor la utilidad y calidad en la prestación de los servicios públicos, así como la mejora en los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía.
En este sentido, se debe tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, ya que su propagación internacional supone un riesgo para la salud pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada.
En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros en su sesión celebrada el 14 de marzo de 2020 aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, haciendo uso de la habilitación otorgada en el artículo 116 de la Constitución Española, que prevé la declaración del estado de alarma bajo determinadas circunstancias reguladas en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Esta norma incluía, además de medidas limitativas de la libertad de circulación, una variedad de medidas de contención en distintos ámbitos, desde el educativo y el de la formación, al de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, o los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas.
Ante la rápida y devastadora evolución de la pandemia, a fin de garantizar la eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria, contener la propagación de la enfermedad y preservar y garantizar la respuesta del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno de la nación solicitó del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar hasta en seis ocasiones el estado de alarma, así como la vigencia de las medidas en él contenidas. El Pleno del Congreso de los Diputados acordó conceder las mencionadas autorizaciones para prorrogar el estado de alarma de manera sucesiva hasta las 00:00 horas del 21 de junio de 2020.
Durante la vigencia del estado de alarma, y ya con carácter posterior, las distintas Administraciones públicas han venido adoptando un sinfín de medidas de toda índole, a fin de afrontar una situación que tanto ha afectado todos los ámbitos de la sociedad. Así, en Extremadura se han adoptado multitud de actos y disposiciones normativas, fundamentalmente dirigidas a paliar las consecuencias y efectos negativos que está suponiendo la pandemia y las medidas de contención adoptadas para combatirla. En este sentido, y tratándose de una situación excepcional, se han aprobado y publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» hasta el momento veintisiete decretos-leyes, en los ámbitos comercial, sanitario, tributario, educativo, de los servicios sociales, de la función pública, en materia de subvenciones, de apoyo a las empresas y para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
La presente ley consta de cincuenta y un artículos (en diez capítulos), tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
En el Capítulo I se incluyen las disposiciones generales en cuanto al objeto y finalidad de la ley.
En el Capítulo II se incluyen medidas de impulso para facilitar la actividad empresarial. Así, se regulan los proyectos empresariales de interés autonómico, considerando como tales aquellos proyectos de inversión, para la implantación o ampliación de una o varias instalaciones empresariales en Extremadura, que tengan un impacto significativo en el empleo y en el tejido productivo. Estos proyectos se contemplaban anteriormente en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la «Nueva Normalidad». Como se indica en el Preámbulo de tal Decreto-ley, los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico (PREMIA) están llamados a desempeñar un papel capital en este momento en el que se pretende la reactivación económica de nuestra comunidad autónoma, ya que suponen la realización de proyectos de inversión para la implantación o ampliación de instalaciones empresariales en Extremadura generando un impacto significativo en el empleo y en el tejido productivo. Además, se ha adaptado el contenido a las previsiones del Decreto-ley 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura.
Además, se lleva a cabo en este Capítulo II la modificación de la Ley 8/2018, de 23 de octubre, del Comercio Ambulante de Extremadura, con la finalidad de llevar a cabo mejoras técnicas reduciendo la carga burocrática.
Finalmente, se modifican aspectos puntuales de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura, a fin de dotarla de mayor seguridad jurídica, clarificar aspectos del ejercicio de la actividad por parte de las empresas turísticas, y adaptarla a la normativa básica estatal de obligado cumplimiento.
En el Capítulo III se incluye la adecuación del contenido de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las nuevas previsiones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, tras las modificaciones operadas sobre la misma, para dotar de mayor seguridad jurídica a la regulación autonómica en materia de evaluación ambiental, considerándose que su puesta en práctica dotará de coherencia al ordenamiento autonómico con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, facilitando la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas, contribuyendo a la reactivación económica regional, sin menoscabo de la debida protección del medioambiente y la salud de las personas.
Así, la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, desde su entrada en vigor el 29 de junio del año 2015, se inspiró en dos principios básicos: la reducción de cargas administrativas para los promotores, dotando de celeridad a la tramitación de los procedimientos administrativos que la misma regula, y la reducción de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos, y ello con el objetivo de armonizar medio ambiente y economía, teniendo en cuenta que las consideraciones medioambientales y económicas se complementan como dos caras de la misma moneda, buscando una evolución hacia una economía más ecológica con reducción de los costes medioambientales, al permitir un uso más eficiente de los recursos, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente generan empleo, dan un impulso a la economía y consolidan la competitividad de la industria a nivel estatal y autonómico.
Hay que tener en cuenta, que tanto en materia de evaluación ambiental estratégica de planes y programas como en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos la normativa autonómica debe respetar el marco jurídico unitario definido por la legislación estatal básica en materia de protección del medio ambiente, el cual, en este caso, se fija en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
En virtud de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, se modificó la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificación que tuvo como objetivos, en primer lugar, conseguir una regulación más eficaz del proceso de evaluación de impacto ambiental, adaptando las diversas etapas de las que consta este proceso a los principios comunitarios de «una mejor legislación» y de reducción de las cargas administrativas para los ciudadanos; en segundo lugar, aumentar la coherencia y las sinergias con otra legislación y otras políticas de la Unión Europea, así como con las estrategias y políticas establecidas por los Estados miembros en ámbitos de competencia nacional; y, finalmente, garantizar la mejora de la protección del medio ambiente, de la salud humana y del patrimonio nacional, velando por el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos naturales, mediante un sistema de toma de decisiones sobre inversiones, tanto públicas como privadas, más previsible y sostenible a largo plazo.
En esta misma línea, el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, modificó la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para dotar al procedimiento de evaluación ambiental de una mayor agilidad y seguridad jurídica, facilitando la tramitación de proyectos que permitan impulsar la reactivación económica al tiempo que se garantiza la protección del medioambiente.
Va a ser el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el que acometa un reforma de mayor calado en el texto de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con el fin de dotar de mayor agilidad y seguridad jurídica a los procedimientos de evaluación ambiental, y facilitar así la tramitación de proyectos que permitan impulsar la reactivación económica, especialmente en el marco de los planes de inversión en las áreas de las tecnologías limpias, el uso de energías renovables y de eficiencia energética del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, al tiempo que se garantiza la protección del medioambiente, reduciendo los plazos de resolución en las distintas fases del procedimiento de evaluación ambiental.
La adecuación del contenido de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las previsiones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, tras las modificaciones operadas sobre la misma por las normas citadas, es la razón fundamental de la presente modificación, para dotar de mayor seguridad jurídica a la regulación autonómica en materia de evaluación ambiental, considerándose que su puesta en práctica dotará de coherencia al ordenamiento autonómico con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, facilitando la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas, contribuyendo a la reactivación económica regional, sin menoscabo de la debida protección del medioambiente y la salud de las personas.
Asimismo, y en lo que al procedimiento de evaluación de impacto ambiental abreviada se refiere, el cual es propiamente autonómico, se ha introducido una modificación en el actual artículo 82, que regula la petición de informes, debiendo solicitarse únicamente aquellos que sean preceptivos por exigirlo así una disposición legal, con reducción del plazo para su emisión, contemplándose expresamente la posibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental abreviada, si el informe no se emite en dicho plazo.
En otro orden de cosas, no obstante la previsión establecida en el apartado 2 de la disposición final primera de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en cuanto se habilita al Consejo de Gobierno para modificar, a propuesta de la Consejería competente en materia de medio ambiente, los anexos de la ley, dentro del marco de la legislación estatal básica, se ha considerado necesario acometer la modificación de dichos anexos en virtud de esta ley, hecho éste que no afecta a dicha habilitación, para, por un lado, acomodar su contenido a lo dispuesto en la legislación estatal básica en materia de prevención y control integrados de la contaminación (Anexo I) y de evaluación de impacto ambiental de proyectos (Anexos IV, V y VII); y por otro, tras la experiencia adquirida en la aplicación de la norma, para perfilar el contenido de los Anexos II (Actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada), II BIS (Actividades sometidas a Comunicación Ambiental Autonómica) y VI (Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental abreviada), sometiendo las actividades y proyectos que pueden producir una afección sobre el medio ambiente y la salud de las personas al instrumento de intervención administrativa ambiental que se considera más adecuado en función de aquella potencial afección.
Por último, es conveniente poner de manifiesto que, desde su entrada en vigor, la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha sido objeto de hasta tres modificaciones que afectaron a un importante número de artículos, por lo que, la aprobación de la nueva modificación que ahora se acomete, probablemente, hubiera requerido la elaboración de un nuevo texto íntegro. No obstante, la urgencia de dotar de mayor seguridad jurídica a la regulación autonómica mediante su adecuación a la legislación básica estatal, recomienda que la aprobación de dicho texto íntegro sea pospuesta para otro momento.
Al mismo tiempo, se incluye el mandato a la Administración autonómica de proceder a analizar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, los sectores que se indican, a los efectos de sustituir, en su caso, las autorizaciones vigentes por declaraciones responsables y/o comunicaciones, previa aprobación de los correspondientes manuales de indicaciones técnicas a cumplir, con el objetivo de avanzar en la racionalización y simplificación administrativas.
Por otro lado, es necesario acomodar el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones, a los valores de inmisión establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, dado que en algunos casos dichos valores inmisión son más exigentes que los establecidos en la norma autonómica, evitando así la dispersión de criterios, tanto horarios, como en lo que a dichos valores se refiere, simplificando de esta forma la normativa a cumplir en esta materia.
Además, en el Capítulo III se procede a modificar la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. En la línea marcada por la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, en este capítulo se incluyen medidas de simplificación administrativa; eficiencia y eficacia en el servicio público; y agilidad en la gestión de proyectos generadores de empleo y de riqueza para la región
También se incluye en el Capítulo III la modificación de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura. En primer lugar, se modifica la regulación contenida en los apartados 2.º a) y 3.º del artículo 65, dotando a la misma de aplicación directa y no meramente subsidiaria respecto a las determinaciones de los respectivos planeamientos, como tenía hasta ahora; se da entrada asimismo a criterios que ya venían recogidos en la Circular 1/2021 de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio; en relación a este último apartado se incluyen excepciones al cómputo de las tres edificaciones como factor generador de riesgo de creación de nuevo tejido urbano, todas ellas tendentes a favorecer el desarrollo industrial, mercantil y económico de nuestra Comunidad Autónoma.
En segundo lugar, se modifica el artículo 66 en el sentido de dotar, al igual que en el anterior caso, de aplicación directa a la regulación que hasta ahora venía recogida en el apartado c) del mencionado artículo; con el mismo fin que en el caso anterior se recogen, por un lado determinadas excepciones a la aplicación de la norma relativa a los 300 metros y, por otro lado, se exige que, para la aplicación de esta limitación, el suelo urbano o urbanizable de que se trate tenga una actuación urbanizadora previamente aprobada.
En tercer lugar, se aborda la regulación del procedimiento de exención de parcela mínima, posibilidad prevista en la Ley 11/2018 de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, para supuestos muy concretos, pero se echa en falta una tramitación específica que dé seguridad jurídica de acuerdo con el reparto competencial. Finalmente, se mantiene la intención de flexibilizar la exigencia de parcela mínima para unos usos determinados previstos en el artículo 70, que podrán autorizarse con una menor superficie de suelo vinculada, regulándose el procedimiento necesario para autorizar la reducción estrictamente necesaria y se modifican los artículos 71.2 y 158.
Asimismo, se introduce una nueva Disposición adicional que habilita legalmente la denominada «delegación intersubjetiva ascendente» con el fin de que los Ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma puedan delegar en la Diputación Provincial respectiva el ejercicio de sus competencias de inspección urbanística, protección de la legalidad y sancionadoras en materia de urbanismo, recogiéndose al mismo tiempo la posibilidad de acudir a fórmulas de cooperación interadministrativas, convenios de colaboración u otros instrumentos y se añade un segundo párrafo a la disposición transitoria cuarta.
Finalmente, en desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, en este Capítulo III se procede a modificar la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En el Capítulo IV se incluyen medidas en materia organizativa y de procedimiento. Así, entre otras medidas, se modifica:
– La Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
– La Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura.
– La Ley 6/2019, de 20 febrero, del Estatuto de las Personas Consumidoras de Extremadura.
– Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
– La Ley 3/1991, de 25 de abril, sobre creación del Consejo Económico y Social de Extremadura.
– La Ley 4/2003, de 20 de marzo, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
– La Ley 2/2005, de 24 de junio, de creación del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura.
– La Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada.
– La Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura.
– La Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
– La Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
– La Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de pesca y acuicultura de Extremadura.
– La Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.
Así, las modificaciones de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura; la Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura; y la Ley 3/1991, de 25 de abril, sobre creación del Consejo Económico y Social de Extremadura, tienen por finalidad dotar al sector público autonómico de mayor agilidad administrativa. Por su parte la modificación de la Ley 6/2019, de 20 febrero de 2019, del Estatuto de las Personas Consumidoras de Extremadura se lleva a cabo para atender las consideraciones de la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada con fecha 18 de marzo de 2021, en recurso de inconstitucionalidad núm. 6835-2019.
En otro orden de cosas, cabe resaltar que las modificaciones de la normativa de la competencia han hecho que la Ley 2/2005, de 24 de junio, de creación del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura resulte inaplicable en determinados apartados, por lo que se hace necesario una revisión de la misma, al objeto de adecuarla a la legislación actual, con la ampliación de competencias que trae la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (de ámbito nacional), especialmente relevante en lo que se refiere a la promoción de la competencia efectiva en los mercados.
Por su parte, la modificación del artículo 12 de la Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada obedece a la necesidad de evitar que las resoluciones de concesión que hayan de ser dictadas en el mes de enero puedan ver demorados sus abonos efectivos por la ausencia de apertura del Presupuesto de Gastos en el Sistema Contable, objetivo que se consigue mediante la tramitación anticipada del gasto correspondiente en el mes de diciembre, lo que a su vez exige que la eficacia de la resolución de concesión, en estos casos, deba ser excepcionalmente demorada al primer día del mes de enero siguiente. Por su parte, la modificación del apartado sexto del artículo 31 de la Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada también obedece a la necesidad de dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada, publicado por Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Vicepresidenta Primera y Consejera en el DOE núm. 224, de 20 de noviembre de 2019.
Asimismo, se contemplan en este capítulo medidas específicas en cuanto a las presentaciones tributarias vía telemática y a la composición de la Junta Económico-Administrativa.
El resto de las modificaciones que se llevan a cabo en este Capítulo IV van en la línea marcada por la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura.
En el Capítulo V se incluyen medidas en materia de patrimonio, contratación y conciertos sociales, mediante la modificación de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura; la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura; y la Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario en Extremadura.
Con las modificaciones de la Ley 2/2008, de 16 de junio, se plantean mejoras en diferentes procesos, entre los que se encuentran la exclusión de la aprobación por Consejo de Gobierno de aquellas mutaciones demaniales externas efectuadas por un plazo temporal determinado, cuyo objetivo pudiera ser la realización o ejecución de obras para su posterior reversión o el cumplimiento de una determinada finalidad o servicio público concreto de otra Administración durante un plazo también concreto. Además, se pretende dotar de mayor flexibilizar los requisitos previos de regularización física y jurídica de los inmuebles, exigible por la legislación patrimonial y de favorecer la certificación de disponibilidad que corresponde al órgano competente en materia patrimonial en aquellos expedientes de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación exigida por nuestra legislación autonómica en materia de actuaciones relativas a la contratación administrativa.
Se dota también de mayor flexibilidad en materia de justificación técnica de edificabilidad con la voluntad de que la regulación así establecida cuente con mayor capacidad de permanencia. Se simplifican los trámites de enajenación de inmuebles de escaso valor económico que no son utilizables para la Administración, siempre y cuando la tasación técnica justifique razonadamente estas circunstancias excepcionales tanto económicas como de oportunidad. También se pretende alcanzar una mayor agilidad y descongestión en los procedimientos de cesión gratuita de inmuebles con el fin de mejorar la actualización del Inventario, especialmente en bienes que no tienen ya una utilidad para la Administración autonómica ni se tiene un uso o destino concreto previsto para el desempeño de los servicios públicos pero que, sin embargo, sí pueden resultar de interés para las Administraciones locales, mucho más cercanas a las necesidades de la ciudadanía. Además, se introducen modificación en materia de donaciones. Dado que la competencia sobre los negocios jurídicos sobre bienes muebles es atribuida por la Ley 2/2008, de 16 de junio, con carácter general, a las Consejerías, se considera coherente que los titulares de las Consejerías ostenten la competencia para aceptar donaciones. De este modo se introducen aspectos de agilización del procedimiento administrativo similares en este sentido a los que ya cuenta la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas.
Asimismo, se añade una disposición adicional duodécima a la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta disposición adicional fue derogada por la Ley 4/2012, 28 diciembre, de Medidas Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha derogación supuso que una gran cantidad de centros de la Junta de Extremadura, en los que se imparten enseñanzas, perdieran la condición de centros educativos, circunstancia que desvirtúa la realidad de los mismos. Para un adecuado encuadramiento en el Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma y para una correcta identificación de la utilidad y finalidad de las distintas instalaciones, es necesario que se establezcan sus especificaciones de forma adecuada. La introducción de esta modificación a la Ley de Patrimonio armoniza la afectación de estas instalaciones y las acomoda a la realidad.
Por su parte, la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, en el apartado c) del artículo 40, dedicado a las Actividades de las Administraciones Públicas, establece que «El Sistema Sanitario Público de Extremadura, a través de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrolla las siguientes actuaciones: (…) c) De docencia e investigación». También el artículo 43 de dicha Ley, en cuanto a las Actividades de docencia e investigación, señala en su apartado «1. La estructura asistencial del Sistema Sanitario Público de Extremadura debe reunir los requisitos que permitan su utilización para la docencia pregraduada y postgraduada. De igual manera, todos sus centros, servicios y establecimientos deben estar en disposición de favorecer la investigación». Y especifica en varios apartados del artículo 44: «1. La Junta de Extremadura velará para que la formación de los profesionales de la salud se adecue a las necesidades del Sistema Sanitario Público de Extremadura; 2. Los programas de formación de los centros universitarios, o con función universitaria, deberán ser objeto de coordinación entre la Universidad y las Administraciones Públicas de Extremadura, de acuerdo con sus respectivas competencias; 3. La estructura asistencial del Sistema Sanitario Público de Extremadura deberá ser utilizada para la formación continuada de los trabajadores sanitarios». Corresponde, por tanto, recuperar la consideración como centro docente a todas las instalaciones que prestan asistencia sanitaria en el Sistema Sanitario Público de Extremadura.
En cuanto a las modificaciones que se introducen a la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura tratan de mejorar diferentes aspectos de la misma en materia de incumplimiento, penalidades, publicidad de los anuncios de licitación. También se introducen cambios en determinados apartados con el fin de agilizar los procedimientos en las fases de preparación de los expedientes de licitación y presentación de ofertas.
Finalmente, se procede a modificar en el Capítulo V de la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, para dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.
En el Capítulo VI se incluyen medidas en materia de subvenciones, con la finalidad de establecer la necesidad del consentimiento expreso para que las acreditaciones se realicen de oficio y unificar el régimen de sustitución de las certificaciones por declaraciones responsables. Asimismo, se establece la necesidad de autorización del Consejo de Gobierno no sólo para el apartado b) del artículo 32 como estaba antes, sino también para los supuestos de los apartados a) y c), dada la importancia de la cuantía, y en congruencia con la autorización que a partir de dicho importe se exige para las convocatorias de subvenciones.
Además, se incluyen otras medidas de agilización y simplificación; así como de garantía y seguridad jurídica con relación a las bases reguladoras de subvenciones que tengan como beneficiarios de las mismas a los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que deberán incluir también a las entidades locales menores cuando tengan por objeto la ejecución de un proyecto o la realización de una actividad susceptibles de ser desarrollados en el ámbito competencial de estas últimas. En otro caso, la exclusión de las entidades locales menores de la condición de beneficiarias deberá justificarse e incorporarse al expediente de elaboración de la disposición normativa que las establezca.
En el Capítulo VII se incluyen medidas en materia de personal. En primer lugar, se procede a la modificación de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura. Asimismo, se establece la exención del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario.
En cuanto a la modificación de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, destaca, en primer lugar, se pretende garantizar la necesaria estabilidad que requiere el modelo del personal directivo profesional, siguiendo el criterio establecido en la legislación autonómica comparada, eliminando el periodo temporal predeterminado de los nombramientos y contratos.
Además, se elimina el nivel inicial de carrera profesional, pues el mismo se reconoce exclusivamente a aquellos empleados públicos que lo solicitan y no cumplen el requisito de cinco años de servicios prestados para poder acceder al nivel Uno, no llevando aparejado ningún tipo de complemento retributivo, ni el cumplimiento de requisito o mérito de clase alguna por parte del empleado público, siendo pues absolutamente irrelevante desde el punto de vista del desarrollo personal o profesional del trabajador.
Por otro lado, se estima necesario proporcionar una mayor claridad a la redacción actual de la Ley en cuento a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, que redunde en una mayor seguridad jurídica y por la que se delimiten mejor los supuestos, competencias y efectos de su utilización.
Asimismo, se establece la exención del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario. Ante la ausencia, para determinadas especialidades médicas, de profesionales suficientes para garantizar la continuidad de los servicios sanitarios y así garantizar la atención asistencial adecuada, se hace necesario por razones de interés general eliminar el requisito de la nacionalidad en el nombramiento como personal estatutario de extranjeros extracomunitarios. Con ello se pretende paliar la carencia de personal en determinadas especialidades médicas, problema en que se encuentra inmersa no solo nuestra comunidad autónoma sino el resto de España, como así se ha ido recogiendo en las distintas legislaciones autonómicas. Para ello es necesario eliminar este requisito y dotar a nuestro servicio de salud con mayor número de profesionales cualificados para garantizar la prestación adecuada en toda nuestra región.
Esta exención ya figuraba en el artículo 5 del Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria que ahora se deroga para incorporar la referida previsión en esta norma con vocación de permanencia en el tiempo.
Además, se modifica la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para establecer de forma expresa la posibilidad de que las personas que asuman la máxima dirección de los organismos, empresas, sociedades, fundaciones, consorcios y resto de entidades del Sector Público Autonómico perciban retribuciones infer