Categoría: Judicial

có el cacheo denunciado e informara sobre su necesidad y el protocolo aplicable para su realización. La denunciante presentó los informes médicos que recogían la asistencia que le había sido prestada durante y después de la detención. Se recibió el informe policial solicitado, en el que se indicaba al juzgado que en ningún momento se ordenó a la detenida que se desnudara integralmente.
Casi dos meses después, la juez instructora oyó en declaración presencial a la denunciante. Durante dicha diligencia entregó varias grabaciones de audio que había realizado de forma subrepticia desde que fue detenida hasta que ingresó en el calabozo policial. Días después, su representación procesal solicitó al juzgado que se oyera en declaración contradictoria a la agente policial que realizó la inspección corporal. La solicitud no fue estimada y, al mismo tiempo, la instructora reiteró la petición del atestado policial elaborado y de la resolución judicial por la que se desestimó la solicitud dehabeas corpusrealizada durante la detención; pidió también información sobre si se habían podido comprobar los hechos denunciados a través de los sistemas de video vigilancia existentes en las instalaciones policiales.
Una vez recibida la información que había sido solicitada, la causa penal fue sobreseída provisionalmente tras considerar la instructora que la investigación había sido suficiente, que los hechos denunciados no habían quedado debidamente acreditados ni, de haberlo sido, serían penalmente relevantes, por no constituir un atentado a la integridad moral (art. 175 CP).
Al recurrir en reforma y apelación la decisión de sobreseimiento, la demandante aportó al juzgado un informe pericial elaborado por un técnico de sonido que analizaba y transcribía el contenido del audio registrado en la grabadora. Según este, en una de las grabaciones registradas se puede oír una voz femenina que indica a la detenida que, para realizar el cacheo debía ir «quitándoselo todo», repitiendo que «se lo tiene que quitar todo […] es un poco […] así, violento», añadiendo después: «pues se da la vuelta». En su recurso solicitó la continuación de la instrucción con la práctica de dos diligencias de investigación adicionales: (i) que se tomara declaración en calidad de investigada a la agente del Cuerpo Nacional de Policía que había practicado el cacheo; circunstancia fáctica esta que, en el informe policial previo aportado al juzgado instructor, había sido negada por la agente y su superior jerárquico, el inspector jefe de la unidad policial actuante, y (ii) que se realizara un nuevo informe pericial sobre las grabaciones subrepticias de audio por parte de «la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil», con la finalidad de que «se pueda extraer un mejor resultado de las grabaciones».
Tanto al desestimar el recurso de reforma como el de apelación, los órganos judiciales, sin hacer referencia alguna a las exigencias positivas de investigación efectiva que derivan del contenido de los arts. 15 CE y 3 CEDH que le habían sido expresamente alegadas, no consideraron preciso oír contradictoriamente en declaración a la agente policial o a sus compañeros, por entender no acreditada que la agente denunciada atentara contra la integridad moral de la denunciante. Señalaron que la práctica de un cacheo con desnudo integral no había sido probada y que, en todo caso, este tipo de inspecciones corporales viene recogido como legítimo en una instrucción de la Secretaria de Estado para la Seguridad (Instrucción 4/2018, de 14 de mayo, que actualiza el protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado). No se dio relevancia a las grabaciones de audio, concluyendo que, en todo caso, su realización «no lo convertiría sin más en degradante y en conducta con entidad penal de haberse realizado efectivamente». Por último, se consideró innecesaria la prueba pericial solicitada a realizar por la Guardia Civil por entender que «nada iba a aportar para esclarecer los hechos visto el tenor de lo transcrito».
b) El análisis de dicha conclusión judicial y el razonamiento que la justifica permite anticipar la estimación de la pretensión de amparo, tal y como viene apoyada por el Ministerio Fiscal en sus alegaciones. La investigación realizada de la conducta policial considerada por la recurrente como excesiva y atentatoria a su dignidad no fue suficiente, en tanto no facilitó el adecuado esclarecimiento de los hechos denunciados. A la vista de las grabaciones de audio aportadas al juzgado por la recurrente en su declaración presencial, desarrollada el 13 de septiembre de 2019, el sustento fáctico de la denuncia inicial, en lo que se refiere a la denunciada práctica policial de un cacheo personal con desnudo integral de la detenida, resultaba verosímil, esto es, constituía una sospecha razonable fundada en datos objetivos.
Hemos de destacar que la instructora no permaneció pasiva ante la denuncia presentada: identificó a la agente denunciada, oyó personalmente a la denunciante, aceptó y examinó las grabaciones de audio y la prueba pericial sobre ellas aportada, recabó informes policiales para situar en contexto la causa de la detención practicada, que se apoyaba en una orden judicial previa y en la conducta poco colaborativa de la detenida. Aun así, la información que se recabó del jefe de la unidad policial, que incluía una nota escrita de la agente policial denunciada, se obtuvo antes de conocer la existencia de las grabaciones de audio que permiten afirmar que la sospecha de realización de un cacheo con desnudo integral era razonable y fundada. En tal medida, para el esclarecimiento de los hechos era útil y preciso dar oportunidad a la agente denunciada de explicar contradictoriamente y de forma presencial la información escrita que había facilitado sobre la forma en que se desarrolló el cacheo corporal. Y, en función del resultado de tal diligencia, pronunciarse fundadamente sobre la procedencia, o no, del resto de diligencias de averiguación solicitadas.
La propia Instrucción 4/2018, de 14 de mayo, en la que la policía y los órganos judiciales apoyaron la posibilidad de realizar a los detenidos cacheos corporales con desnudo integral, pese a su insuficiente rango normativo, justifica este tipo inspecciones personales en casos muy limitados; únicamente «como precaución para garantizar la seguridad de los funcionarios actuantes y la de los propios detenidos o de otras personas presentes […] cuando, a juicio del funcionario policial responsable del mismo, por las circunstancias de la detención, la actitud del detenido u otras debidamente valoradas y justificadas por el responsable policial encargado de autorizarla, se aprecie fehacientemente la posibilidad de que guarde entre sus ropas o partes íntimas objetos o instrumentos que pudieran poner en peligro su propia vida, su integridad corporal, la de otras personas o la del propio funcionario o funcionarios que le custodian; o bien cuando se aprecien indicios suficientes de que oculta algún objeto que pueda ser medio probatorio que sirva de base para responsabilizarle de la comisión del delito y siempre que no sea posible el uso de otro tipo de fórmula, medio o instrumento que permita conseguir el mismo resultado y produzca una menor vulneración de sus derechos fundamentales» (Instrucción número 19/2005, de 13 de septiembre, del secretario de Estado de Seguridad, relativa a la práctica de las diligencias de registro personal por las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la que la Instrucción 4/2018, se remite).
No nos corresponde en este proceso constitucional pronunciarnos sobre si la conducta denunciada –en caso de resultar acreditada– es o no penalmente relevante, sino, más limitadamente, nos compete determinar si dada su naturaleza fue suficientemente esclarecida, vista su relación con el contenido del art. 15 CE.
Para ello era relevante intentar esclarecer si se practicó o no un registro corporal con desnudo integral y, en caso afirmativo, determinar con qué finalidad y hasta qué punto era una medida proporcionada a las circunstancias concurrentes. No cabe olvidar que esta modalidad de registro corporal, como hemos reiterado en anteriores resoluciones referidas al ámbito penitenciario, en atención a su finalidad, por su mismo contenido o por los medios utilizados, puede llegar a acarrear un sufrimiento de especial intensidad o provocar una humillación o envilecimiento del sujeto pasivo y constituir, por tanto, un trato vejatorio y degradante, prohibido por el art. 15 CE (SSTC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 4, y 204/2000, de 24 de julio, FJ 4, entre otras). Tales circunstancias permiten, en este caso, apreciar una investigación judicial insuficiente.
5. Efectos de la estimación del recurso de amparo.
En conclusión, habida cuenta de que frente a la denuncia por malos tratos policiales de la recurrente no se produjo una investigación judicial suficiente que agotara los medios de investigación útiles para el esclarecimiento de los hechos relativos a la realización de un registro corporal con desnudo integral en las dependencias policiales, pese a que se habían propuesto otros medios de investigación pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, procede otorgar el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
El restablecimiento de la recurrente en la integridad de su derecho exige, tal como se viene razonando en la jurisprudencia constitucional sobre la materia, la anulación de los autos impugnados y la retroacción de actuaciones para que se le dispense la tutela judicial demandada (por todas, SSTC 131/2012, de 18 de junio, FJ 6; 153/2013, de 9 de septiembre, FJ 7; 130/2016, de 18 de julio, FJ 6, y 144/2016, de 19 de septiembre, FJ 5).
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Sara Nieto López y, en su virtud:
1.º Reconocer que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con su derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
2.º Restablecerla en la integridad de sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 28 de octubre de 2019 del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz (dictado en las diligencias previas núm. 1009-2019), confirmado en reforma por auto 11 de diciembre siguiente, y en apelación por auto núm. 57/2020, de 10 de febrero, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz (rollo de apelación núm. 25-2020), así como de estas últimas resoluciones.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado del primero de los autos anulados para que el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badajoz proceda en términos respetuosos con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de febrero de dos mil veintidós.–Juan Antonio Caballero Ortiz Narváez Calvo.–Cándido Conde-Pumpido Crespo Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.