Categoría: Administración

La Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, revisada por la Directiva 2018/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión Europea y establece acciones concretas a fin de materializar el considerable potencial de ahorro de energía no realizado.
Esta Directiva fue objeto de transposición a través de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, modificada recientemente por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, que extendió la vigencia del Sistema Nacional de Obligaciones de eficiencia energética hasta el 31 de diciembre de 2030 y, también del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que se dedica a desarrollar mecanismos de apoyo económico, financiero, asistencia técnica, formación e información u otras medidas, con el fin de aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores consumidores de energía. Entre estos sectores está el alumbrado exterior municipal, donde el Fondo ha financiado dos programas de préstamos dirigidos a los municipios en 2015 y 2017.
La prestación del servicio de alumbrado exterior es el más costoso para todo ayuntamiento, cuyas facturas eléctricas se han incrementado notablemente, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha puesto de manifiesto los riesgos de una elevada dependencia energética del exterior y de los combustibles fósiles. Actualmente, el alumbrado exterior de los municipios españoles se compone de unos 8,8 millones de puntos de luz (PL), con una potencia media de 156 W/PL, lo que supone un consumo anual de electricidad estimado en 5.296 GWh/año, con un coste para los municipios de 741 millones de euros al año.
Entre las medidas de ahorro y eficiencia energética que se pueden aplicar se encuentra la sustitución de los puntos de luz utilizados en el alumbrado exterior e iluminación de espacios peatonales, artísticos o monumentales por tecnología LED de mayor eficiencia lumínica, la mejora de la calidad reflectante y direccional de la luminaria y la implantación de sistemas de regulación del flujo lumínico de los puntos de luz y de los encendidos y apagados, permitiendo su variación a lo largo de la noche en función de las necesidades de los ciudadanos y adecuando los niveles de iluminación, excesivos en muchas calles, a las necesidades reales de este servicio público, reduciendo el consumo de electricidad y minimizando la contaminación lumínica. Estas medidas favorecerán no solo la reducción de la factura eléctrica de los municipios, sino que también permitirá la generación de empleo y favorecerá la actividad económica, en un contexto de elevados precios de la energía y de recuperación tras la crisis sufrida por la pandemia ocasionada por la COVID-19 y la guerra en Ucrania.
En esta línea, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 promueve, en su dimensión de eficiencia energética, la realización de programas públicos de ayuda para la renovación del alumbrado exterior. Uno de ellos es el programa DUS 5000, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones en proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico, aprobado por Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto. Entre sus objetivos incluye el apoyo a la realización de actuaciones de alumbrado exterior, no sólo para mejorar su eficiencia energética sino también la calidad del entorno, integrando sistemas de iluminación que protejan el cielo nocturno frente a la contaminación lumínica. Si bien el DUS 5000 está exclusivamente dirigido a municipios y núcleos no urbanos de hasta 5.000 habitantes.
De igual manera, y como ya se ha indicado, la selección de proyectos en régimen de concurrencia competitiva fomenta la selección de aquellos que optimizan soluciones técnicas innovadoras que maximizan los criterios de selección. La ampliación a todo el territorio nacional de la selección de los proyectos genera dinámicas positivas, permitiendo que compitan los mejores proyectos de la totalidad del Estado.
Tanto la falta de programas específicos de financiación para municipios superiores a 5.000 habitantes, como la posibilidad de incentivar la incorporación de forma anticipada de los requisitos de eficiencia energética más exigentes, motivan la realización de este programa para actuaciones que vayan más allá del cumplimiento de la normativa vigente, promoviendo la introducción de las tecnologías de iluminación más innovadoras y de los nuevos requisitos en eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica que prevé el futuro reglamento de alumbrado exterior.
Este programa se diseña bajo la modalidad de préstamos reembolsables sin interés, no siendo necesaria una ayuda a fondo perdido, al considerar que los ahorros en la factura eléctrica permiten recuperar la inversión en 6 o 7 años. Se estima que en torno a 6 de los 8,8 millones de puntos de luz que hay en nuestro país no han sido adaptados todavía a la reglamentación vigente, debido a la falta de financiación, dada la elevada inversión que se requiere, por lo que son candidatos para acogerse a este programa.
El presupuesto de este programa provendrá del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, constituido por las aportaciones anuales de las empresas privadas comercializadoras de gas y electricidad y de los operadores de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, aunque podrá ser ampliado si existiese disponibilidad presupuestaria para esta misma finalidad, y siempre que no hubiera expirado el plazo de vigencia del mismo.
El procedimiento de concesión de las ayudas del programa será mediante concurrencia competitiva, conforme a los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con los criterios de evaluación y selección establecidos en esta orden.
Para cumplir con el carácter incentivador de las ayudas solo se admitirán solicitudes de proyectos cuya ejecución no se haya iniciado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
En este contexto, se realizarán una o varias convocatorias a nivel nacional con una gestión centralizada de selección de solicitudes por parte del IDAE.
Las ayudas reguladas por esta orden tienen carácter singular derivado de la necesidad de reducir la factura eléctrica en alumbrado exterior de los municipios. En consecuencia, la singularidad también se fundamenta en criterios de oportunidad, que implican la exigencia de establecer las actuaciones más idóneas para alcanzar los objetivos de reducción del consumo de energía final. De este modo, el componente innovador supone un elemento fundamental del programa, lo que justifica en gran medida su razón de ser y conlleva, por tanto, que sea el título competencial prevalente de esta orden, así como justifique su gestión centralizada por parte del IDAE.
De acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional en materia de ayudas públicas, en esta resolución se dan las circunstancias que amparan la centralización de las ayudas, conforme al «cuarto supuesto» de la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, en su Fundamento Jurídico 8.d). Es decir, las ayudas pueden ser gestionadas excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado u Organismo de esta dependiente. Pero ello sólo es posible cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias señaladas por la doctrina del Tribunal Constitucional, a saber: «Que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate». En cuanto al grado de concurrencia de las circunstancias anteriores, para legitimar la unidad de gestión por la Administración estatal, la STC 13/1992, FJ 4, 5) del Tribunal Constitucional precisa que debe concurrir alguna de ellas.
En un supuesto similar, resuelve el Tribunal Constitucional en sentencia 15/2018, de 22 de febrero, indicando que «la previa territorialización de los fondos asignados a la compra de estos créditos determinaría inevitablemente la consecuencia de que en alguna comunidad autónoma quedaran proyectos que no podrían beneficiarse de esta posibilidad por haberse agotado en ella los fondos asignados mientras que en otras quedaran fondos excedentes por no haberse presentado proyectos que reunieran las condiciones exigidas para su adquisición en la correspondiente convocatoria». Por todo ello, resulta imprescindible una acción centralizada como la que se establece en la presente orden ministerial.
Asimismo, constituye un objetivo fundamental de esta norma la armonización de los criterios que deben guiar la concesión de estas ayudas. Para la efectiva aplicación de dichos criterios es necesario garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos destinados a incentivar las citadas inversiones en cualquier municipio del territorio nacional.
En este caso, además, el título competencial que ampara la gestión centralizada del programa es el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre fomento de la investigación científica y técnica, que actúa como título competencial prevalente, y que reconoce la competencia exclusiva al Estado, para el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, con lo cual, las actuaciones de la Administración General del Estado en el marco de esta materia, tienen también, un carácter transversal, haciendo necesaria una estrecha coordinación con las estrategias sectoriales, definidas por los distintos departamentos ministeriales.
En relación con la «investigación científica y técnica», el Tribunal Constitucional ha señalado en la Sentencia 90/1992, FJ 2.A), que: «Por lo que se refiere al artículo 149.1.15.ª de la CE, es preciso destacar que la competencia estatal en la materia de investigación científica y técnica no queda ceñida o limitada a la coordinación general de la actividad resultante del ejercicio de las competencias autonómicas en la referida materia, sino que alcanza, asimismo, al fomento de la investigación científica y técnica. (…)».
Asimismo, en la STC 175/2003, FJ 8, señaló que «Comenzando por las ayudas que se encuadran en la materia «fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica», hay que recordar que esta materia se encuentra reservada al Estado, de acuerdo con lo regulado en el artículo 149.1.15.ª CE. Como ya señalábamos antes, dicha competencia incluye las acciones normativas y ejecutivas necesarias para el pleno desarrollo de la actividad de fomento y promoción (SSTC 90/1992, F. 2 y 190/2002, F. 8, entre otras), de forma que resulta perfectamente acorde con el sistema constitucional de distribución de competencias que «el Estado regule, al amparo del citado artículo 149.1.15.ª CE las condiciones de otorgamiento de subvenciones en definitiva correctamente ordenadas al fomento de la investigación y desarrollo de innovaciones técnicas... (incluidas las normas procedimentales), así como que asuma la tramitación administrativa de dichas subvenciones» (STC 190/2000, F. 12)».
Además, es imprescindible «que no se trate de una mera invocación formal, pues hemos afirmado que para que resulte de aplicación este título competencial debe ser patente que la actividad principal o predominante fuera la investigadora» (STC 190/2000, FJ 8). Esta actividad, además, puede proyectarse sobre cualquier materia (STC 90 /1992, FJ 2.A).
Este es el caso de las ayudas reguladas en esta orden, que tienen un marcado carácter innovador, dado que la procedencia de la gestión centralizada del programa viene justificada, en primer lugar, porque resulta imprescindible para asegurar la concurrencia competitiva de los proyectos más innovadores, resultantes de la investigación científica y técnica en tecnologías de alumbrado exterior en todo el territorio nacional.
En ese sentido, recientemente el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, en su artículo 20 ha modificado la instrucción técnica complementaria EA-01 de eficiencia energética, introduciendo mayores exigencias en ahorro en la calificación energética de las instalaciones de alumbrado, que se completará próximamente con la actualización del resto de instrucciones del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, que fue aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, tras catorce años de vigencia con la incorporación de nuevos requisitos de ahorro, eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica.
Para responder a estos requerimientos y conseguir una reducción en el consumo de energía del alumbrado será necesario disponer de soluciones técnicas adecuadas en relación con la utilización de nuevas tecnologías de: emisión luminosa, TIC, requisitos de diseño ecológico, control y mantenimiento o gestión de residuos, entre otras.
Por esta razón, se ha diseñado este programa de ayudas dirigido a proyectos singulares para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal, con el objetivo de fomentar la investigación e innovación técnica en el ámbito del alumbrado exterior, que permita desarrollar y comprobar la efectividad de las diversas opciones tecnológicas en proyectos reales, proporcionando información cuantitativa y cualitativa.
De esta forma se pretende fomentar la investigación e innovación científico-técnica, mediante un enfoque integral y simultáneo de las tecnologías que se relacionan en el anexo I de esta orden, de escasa o nula implantación actual en el alumbrado exterior.
La selección de los mejores proyectos, mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, dirigida a todos los municipios españoles, que se gestionará de forma única y centralizada, facilitará que aquellas propuestas que integren las soluciones más innovadoras y eficientes puedan ser las beneficiarias de la financiación. La implantación del programa permitirá alcanzar ahorros significativos y una calidad de las instalaciones sin precedentes, lo que les confiere a los proyectos singulares su carácter de investigación técnica. Así, en el anexo I se solicita de manera conjunta que el proyecto singular incorpore soluciones, como implantar iluminación con tecnología LED, algo que no está regulado actualmente, se utilicen niveles de temperatura de color iguales o inferiores a 3000 K, para conseguir la reducción de la contaminación lumínica, sistemas avanzados de telegestión, que permitirán de forma remota y centralizada regular los alumbrados de la ciudad y sus niveles de iluminación en función de necesidades de la ciudadanía, y la verificación de los resultados finales mediante la ejecución de mediciones fotométricas de las instalaciones ejecutadas a través de vehículos o elementos dinámicos. Ninguna de estas exigencias está recogida como obligatoria por la normativa vigente y el mercado, en consonancia, ni las investiga, ni las incorpora, ni las desarrolla suficientemente en las instalaciones de alumbrados municipales.
En conclusión, mediante ese programa se fomenta la innovación técnica y científica al valorarse como elemento añadido al proyecto singular la implantación de tecnologías de alumbrado que se encuentran o bien a nivel de idea o de prueba o de concepto o en fase de desarrollo y validación.
En segundo lugar, la centralización se justifica con el fin de garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de los municipios destinatarios de la financiación en todo el territorio nacional. Hay que tener en cuenta que se quiere seleccionar un número limitado de proyectos, dada la limitación del presupuesto con que se cuenta, mediante la concurrencia competitiva de los proyectos singulares más innovadores, resultantes de la investigación científica y técnica en las tecnologías de alumbrado exterior. La determinación, a priori, de su localización no es posible, por lo que no existe un criterio objetivo para la asignación previa de un presupuesto a cada comunidad autónoma, ya que su localización geográfica no es determinante para asegurar la calidad técnica del proyecto, pudiendo estar los mejores proyectos concentrados en número reducido de ubicaciones o dispersos por todo el país. De esta forma se logra también una masa crítica de proyectos a valorar suficiente, que permitirá seleccionar los mejores proyectos independencia de su ubicación.
En tercer lugar, la centralización evita que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector y evita que también ésta sea insuficiente, si los mejores proyectos están localizados en un área geográfica determinada, algo que no se puede prever anticipadamente. Ya que, a diferencia de la concesión directa, donde la financiación se concede por orden de entrada de la solicitud, por el mero hecho de realizar el comportamiento establecido en la norma y cumplir las condiciones y los requisitos exigidos, la concurrencia competitiva selecciona solo los mejores proyectos, pudiendo ser estos superiores al presupuesto inicialmente asignado en una regiones e inferior en otras.
La territorialización del presupuesto supondría que, en ciertas regiones, no se podrían incentivar determinados proyectos por superar el importe de la ayuda de la partida territorializada correspondiente. Resaltar que una territorialización de las ayudas requeriría que el presupuesto de cada comunidad autónoma estuviera limitado al inicio de las convocatorias, para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos disponibles. Ahora bien, como la demanda de solicitudes de ayudas es imprevisible, la territorialización daría como resultado, por un lado, un presupuesto sobrante en las comunidades autónomas con una baja demanda de solicitudes y, por otro, un presupuesto insuficiente para aquellas con una alta demanda. Esta situación de desequilibrio solo podría conocerse a la finalización de la correspondiente convocatoria. Por tanto, su corrección al final del ejercicio mediante una reasignación de fondos entre comunidades conllevaría un importante retraso en la implantación de las medidas de ahorro energético y de los ahorros acumulados.
Además, las operaciones de crédito contempladas en estas bases son relaciones crediticias y, como tales, el elemento fundamental de las mismas es que la financiación otorgada no se concreta en una disposición a fondo perdido, ya que se entrega con vocación de devolución. En efecto, aunque es un supuesto en el que pueden estar en juego fondos públicos, se trata esencialmente de una relación contractual en la que ambas partes tienen inexcusables obligaciones, por lo que la gestión autonómica de las ayudas del programa implicaría que los fondos estatales serían dispuestos por una instancia distinta a la que, llegado el caso, tendría que asumir las responsabilidades derivadas de la ejecución de las garantías constituidas para su devolución.
Por otra parte, la gestión centralizada de las subvenciones ha sido informada y consensuada con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética del 29 de abril de 2022.
A efectos de garantizar la coordinación entre la gestión centralizada de este programa y las políticas autonómicas, se informará periódicamente a las comunidades autónomas a través de la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, establecida por el artículo 12 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, estableciéndose así un sistema de seguimiento compartido que permita conocer y difundir las experiencias que se van desarrollando en los diferentes territorios.
Esta orden se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En particular, en relación a los principios de necesidad y eficacia, se considera conveniente incentivar proyectos relativos a desarrollos innovadores, incluidos proyectos piloto, consiguiendo con ello, además de la reducción del consumo de energía final, una menor dependencia energética y menores emisiones de CO2.
También se adecúa al principio de proporcionalidad, en la medida en que la norma contiene las actuaciones imprescindibles para el fin que se persigue, estableciendo las bases reguladoras que permiten articular la concesión de ayudas previstas en la normativa vigente. De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Respecto al principio de eficiencia, la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre fomento de la investigación científica y técnica, que actúa como título competencial prevalente.
Asimismo, se dicta a tenor de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en materia de legislación básica sobre protección del medioambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, y sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su tramitación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.1 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la Orden ha sido informada por la Abogacía del Estado y por la Intervención Delegada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, dispongo:
1. Constituye el objeto de estas bases la regulación de la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la formalización de préstamos reembolsables dirigidos a financiar la ejecución de proyectos singulares de renovación de instalaciones de alumbrado exterior municipal (proyectos singulares de alumbrado municipal), de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. La finalidad de este Programa de ayudas es incentivar y promover la realización de actuaciones singulares de ahorro y eficiencia energética en el sector del alumbrado exterior municipal, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, contribuyendo a alcanzar los objetivos de reducción del consumo de energía final, que fija el artículo 7 de la Directiva 2018/2002/UE, de 11 de diciembre de 2018, y las emisiones de dióxido de carbono así como fomentar la investigación científica y técnica que permita lograr la implantación de las soluciones técnicas más avanzadas con el fin de cumplir con los requisitos más exigentes en ahorro, eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica, anticipando el cumplimiento de la futura normativa de eficiencia energética en alumbrado exterior municipal.
1. Lo dispuesto en esta orden se aplicará en todo el territorio nacional, y las actuaciones deberán realizarse en instalaciones municipales de alumbrado exterior que sean de titularidad de cualquier entidad local, mancomunidad o agrupación de municipios o de entidades públicas a quienes se les atribuya la gestión de los servicios públicos municipales de alumbrado exterior, que no realicen una actividad económica por la que oferten bienes o servicios en el mercado.
2. Podrán ser objeto de las ayudas previstas en esta orden los proyectos de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal que cumplan con los requisitos que figuran en el anexo I.
3. El ámbito temporal de vigencia de esta orden será desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta el 31 de diciembre de 2024. No obstante, las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella y por las correspondientes convocatorias dictadas al amparo de esta, hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes.
1. Las ayudas cuya concesión se regula mediante estas bases revisten la modalidad de préstamo reembolsable sin interés.
2. Las ayudas serán compatibles con otras ayudas para la misma finalidad que fueran otorgadas por cualesquiera Administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, siempre y cuando la cantidad total de las ayudas otorgadas, de forma acumulada, no supere el coste de la actuación.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el régimen jurídico, la normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de los beneficiarios y el procedimiento de concesión será el establecido en estas bases, en la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En defecto de lo previsto en esta normativa, se aplicarán las normas de derecho administrativo.
2. Las actuaciones serán seleccionadas en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Las ayudas no estarán sometidos a los requisitos y límites establecidos en las normativas de ayudas de Estado, al concederse a entidades públicas que no realicen una actividad económica por la que oferten bienes o servicios en el mercado.
Podrán ser beneficiarios de este programa las entidades locales, según la definición del artículo 3 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, podrán ser beneficiarias de este programa las entidades públicas a quienes se les atribuya la gestión de los servicios públicos municipales de alumbrado exterior, siempre que no se trate de una entidad productora de mercado o que realice una actividad económica por la que oferte bienes o servicios en un determinado mercado, lo que deberá acreditarse conforme a lo dispuesto por el artículo 12.4 e) de esta orden.
1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en estas bases, las que se determinen en cada convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de las bases y de cada convocatoria, comunique el IDAE en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
2. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a comunicar de inmediato al IDAE, incluso durante la tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas con la documentación que acompañe a la solicitud. En consecuencia, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la tramitación de la solicitud podrá dar lugar a la modificación o revocación de la resolución de concesión, sin perjuicio de que la no comunicación de estas modificaciones sea causa suficiente para exigir el reintegro de la ayuda o, en su caso, declarar la pérdida del derecho a su percepción.
Por este motivo, constituye una obligación esencial de las entidades beneficiarias el atender a cualquier requerimiento de información que pudiera ser realizado por el órgano instructor, en cualquier fase de la tramitación, con el fin de conocer el estado de la misma en relación con el mantenimiento de las condiciones de elegibilidad que hubieran determinado la concesión de la ayuda.
3. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las ayudas quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este contexto, la entidad beneficiaria suscribirá, junto con la solicitud, informe del interventor, órgano de fiscalización o de control correspondiente o, en su defecto, por el representante legal de la entidad, que acredite no tener pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas, o en su caso el cumplimiento de las mismas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las del resto de obligaciones establecidas en dicho artículo 13, entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo que deberá acreditarse conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 del citado Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, teniendo presente lo establecido por la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales así como el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y considerándose a este respecto que el beneficiario, con la presentación de su solicitud de ayuda, autorizará expresamente al órgano concedente para que pueda consultar directamente dicha información de forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
4. Además, se consideran obligaciones esenciales de los beneficiarios, las siguientes:
a) Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda, contando, al menos, con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
b) Tener en cuenta, en los procesos de contratación correspondientes, lo siguiente:
1.º Por la naturaleza de las entidades beneficiarias, el procedimiento de contratación de los suministros, obras y/o servicios necesarios para la ejecución de los proyectos previstos por esta orden deberá estar sometido a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.º La entidad beneficiaria deberá disponer, para su posible verificación, de toda la documentación del procedimiento de contratación, especialmente, de los criterios de valoración, la justificación de la selección de la oferta económicamente más ventajosa y las comunicaciones con los ofertantes. Asimismo, en el caso de contrato menor, la documentación justificativa relativa a la adjudicación y, en el caso de utilizarse el procedimiento de urgencia, aquella que justifique dicha urgencia.
3.º No será admisible la inclusión de criterios de valoración discriminatorios o que alteren la concurrencia.
4.º La prestación del servicio contratado debe ser demostrable y tendrá que estar verificada y aceptada de forma previa a la certificación del pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato.
5.º Para favorecer la eficacia y transparencia en el destino de los fondos públicos, los contratos deberán hacerse preferentemente mediante procedimiento abierto. En el caso de contratos de obras que vayan a ser formalizados como contratos menores será obligatorio acreditar en la documentación justificativa la solicitud de, al menos, 3 ofertas, para justificar la adjudicación en precio de mercado.
6.º Dada la definición y detalle que, en la fase de solicitud, deben presentar los proyectos previstos en esta orden, tanto en alcance como en presupuesto, no podrán ser admitidos como costes elegibles las posibles mejoras que en su caso hubieran podido ser ofertadas y/o admitidas para la ejecución de las actuaciones subvencionables, por lo que, en caso de que se presenten contratos que hayan resultado adjudicados a empresas que hayan ofertado y/o comprometido tales mejoras, éstas serán minoradas del importe del coste elegible definitivo para el cálculo de la ayuda final a otorgar.
c) Acreditar ante el IDAE la realización de la actividad en los términos expuestos en esta orden, facilitando además las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o acción objeto de la ayuda, aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, así como los valores de los indicadores que fueran requeridos para reportar los resultados del proyecto en el marco de la normativa europea y nacional aplicable. En este contexto, se diseñará un procedimiento de control que permita verificar y validar administrativamente el 100 % del gasto declarado por los beneficiarios, así como verificar sobre el terreno un conjunto representativo de las actuaciones y operaciones realizadas.
d) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como europeos, aportando para ello cuanta información le sea requerida.
e) Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos en estas bases, conforme a lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
f) Conservar los documentos originales, justificativos de la actuación realizada y de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. La disponibilidad de los documentos será de, al menos, cinco años desde la puesta en servicio de la instalación financiada con cargo a la ayuda otorgada.
g) Disponer de los procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y aplicación de las ayudas.
h) Proporcionar a IDAE de acuerdo con lo previsto en esta orden la documentación técnica necesaria «ex ante» y «ex post» referida en esta orden.
5. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados anteriores, será causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro o reintegro de la ayuda concedida.
6. El ahorro energético conseguido por las actuaciones acogidas al Programa será computado a efectos del cumplimiento de los objetivos de ahorro de energía final del artículo 7 de la Directiva 2018/2002/UE, de 11 de diciembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Este ahorro energético no podrá ser objeto de doble cómputo por los sujetos obligados, a los efectos del cumplimiento del objetivo de ahorro acumulado de energía del artículo 7.1 de la citada Directiva.
1. El presupuesto será el establecido en las convocatorias, que serán publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Un extracto de estas será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
2. El Programa será financiado, principalmente, con presupuestos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
3. El presupuesto del programa podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad presupuestaria para esta misma finalidad, y siempre que no hubiera expirado el plazo de vigencia de este, tanto con recursos que provengan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como de otros orígenes siempre que hayan sido transferidos al IDAE o se hubiera aprobado su disposición conforme a los procedimientos estatuariamente previstos para la disposición de fondos propios del IDAE.
4. Sólo se podrán presentar al Programa actuaciones que declaren una inversión elegible y soliciten una cuantía del préstamo igual o superior a 300.000 euros. Aquellas actuaciones de cuantía inferior a 300.000 euros, deberán tramitarse de forma agrupada con otro u otros solicitantes como una única actuación elegible por cuantía superior a dicha inversión mínima, tramitada y gestionada a través de una Diputación Provincial o entidad equivalente, o Mancomunidad, o Agrupación de municipios correspondiente. Para este supuesto, cada uno de los solicitantes de la agrupación deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 6 de estas bases, así como las correspondientes al cumplimiento del objetivo de estabilidad, sostenibilidad financiera y endeudamiento previstas por la normativa vigente y por estas bases. En el caso de que la tramitación de forma agrupada se realice por una Diputación Provincial o entidad equivalente, el procedimiento a seguir para la concesión de las ayudas tendrá en cuenta las especificidades y competencias que la legislación de régimen local atribuye a dichas entidades locales, especialmente las relacionadas con la coordinación de la prestación de los servicios de alumbrado público en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
5. Se establece un importe máximo de préstamo a conceder para un mismo beneficiario de 10.000.000 euros.
1. Las actuaciones habrán de conseguir una reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono, mediante la mejora de la eficiencia energética, con respecto a la situación inicial de partida y cumplir con las condiciones establecidas por estas bases.
2. Las actuaciones susceptibles de la concesión de las ayudas reguladas en esta orden deberán cumplir con los requisitos que se establecen en el anexo I de esta orden, como es la justificación del ahorro de energía final, que se realizará según lo especificado en el apartado 5 de dicho anexo.
3. Las actuaciones deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, en el caso de que la actuación lo requiera.
1. Las inversiones elegibles deben de responder a alguna de las actuaciones correspondientes a las tipologías que se describen en el anexo I.
2. Solo se considerarán elegibles, y por tanto sólo podrán ser objeto de financiación con cargo al programa, las inversiones que sean necesarias para conseguir una mejora de la eficiencia energética, y que se realicen en la adquisición de bienes o de servicios por parte del solicitante y beneficiario de la ayuda, que puedan justificarse mediante factura expedida a su favor, y justificante de pago correspondiente de dicho solicitante y beneficiario al proveedor. No se considerarán, por tanto, elegibles los gastos propios (personal, funcionamiento o gastos generales). Podrá ser elegible, y por tanto financiable, el IVA soportado, siempre que no sea susceptible de recuperación o compensación.
A estos efectos se considerarán gastos elegibles aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos energéticos de este programa, que podrán incluir, entre otros, los siguientes conceptos: la elaboración, por el técnico competente, de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones, los costes de dirección facultativa de obra, los costes de ejecución de la obra civil asociada a la actuación y los de montaje de las instalaciones, en su caso; los equipos, materiales e instalaciones auxiliares necesarias, así como los costes de verificación y legalización de las instalaciones finales. No se incluirán licencias, tasas, impuestos o tributos, así como los gastos de mantenimiento y prestación de otros servicios asociados al uso y explotación de la instalación de alumbrado.
La suma de los importes de gasto en ingeniería, obra civil y montaje no podrá superar el presupuesto de adquisición de los aparatos y equipos para la instalación de alumbrado.
Los conceptos de gasto, para ser considerados costes elegibles financiables, deberán detallarse individualmente en el presupuesto de la «Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer», contemplada en el artículo 12, apartado 4.c), y posteriormente actualizado según el artículo 16.
Sólo podrán considerarse financiables aquellos conceptos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios, en base a la descripción de las actuaciones aportada en la citada «Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer».
3. Sólo serán elegibles las adquisiciones y actuaciones cuya ejecución se inicie en fecha posterior a la fecha de registro de la solicitud. El hito que marcará el inicio de los trabajos será la publicación de los pliegos de licitación.
Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no influirán en la determinación de la fecha de inicio de la ejecución del proyecto de inversión, pudiendo por tanto haberse realizado estos antes de la fecha de registro de la solicitud de reserva de ayuda y pudiendo ser elegibles, siempre que los mismos no conlleven una adquisición o suministro de materiales o de ejecución anticipada del proyecto correspondiente.
1. Las ayudas otorgadas al amparo del programa se instrumentarán bajo la modalidad de préstamos reembolsables, sin devengo de interés. Las operaciones deberán ser formalizadas en escritura pública, conforme al modelo que se adjunta como anexo III, cuyos gastos serán por cuenta y cargo de la entidad beneficiaria, de acuerdo con las condiciones siguientes:
a) Importe del préstamo: Se podrá solicitar hasta el 100 % de la inversión elegible. Con los límites establecidos en el artículo 7.
b) Tipo de interés: 0,0 %.
c) Plazo máximo de vigencia de los préstamos: 10 años (que incluye los primeros 12 meses de carencia, por lo que el plazo de amortización máximo será de 9 años).
d) Comisión de apertura, estudio y cancelación: Exento.
e) Garantías: Exento. No obstante, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética será considerado acreedor preferente de la entidad beneficiaria, por razón del préstamo formalizado, por lo que los pagos correspondientes a amortización del principal, intereses de demora, o eventuales penalizaciones de este gozarán de lugar preferente en el orden de prelación de pagos, tras los gastos de personal, en el plan de disposición de fondos de tesorería de la entidad beneficiaria, durante el periodo de vigencia del contrato.
f) Forma de amortización: mensual a partir de la fecha del inicio del período de amortización del préstamo, con cuotas constantes durante toda la vigencia del préstamo.
g) Transferencia de los fondos: El importe total del préstamo será recibido por el beneficiario mediante transferencia bancaria, en el plazo de un mes desde la elevación a escritura pública del contrato de préstamo reembolsable por el que se instrumenta la ayuda.
h) Posibilidad de amortización total o parcial anticipada de la deuda sin penalización ni comisiones.
i) En caso de que la inversión final en el proyecto resulte inferior a la inicialmente estimada, deberá efectuarse una amortización anticipada por la diferencia.
1. Las convocatorias correspondientes se realizarán por el IDAE, mediante resolución de su Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los apartados 6 y 7 del Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 enero, en relación con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima sexta de la Ley General de Subvenciones, y serán publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Un extracto de estas será publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
2. El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente no podrá ser inferior a veinte días ni superior a tres meses desde la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las fechas de finalización del plazo de presentación de solicitudes se señalarán en la convocatoria correspondiente. La solicitud y la documentación para aportar con la misma se harán en castellano.
3. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su inadmisión.
1. La participación en este programa de ayudas se iniciará con la solicitud del préstamo reembolsable, por el importe que corresponda, conforme a la inversión elegible justificada en la «Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer» a la que se refiere el apartado 4.c de este artículo.
2. Esta solicitud se efectuará de manera telemática a través de la aplicación que estará disponible en la sede electrónica del IDAE (https://sede.idae.gob.es/www.idae.es), conforme al formulario que figure en la misma.
3. La solicitud y la documentación a aportar con la misma deberán presentarse en castellano.
4. Para formular la solicitud, además de rellenar el correspondiente formulario con los datos de identificación del solicitante, acreditación de su personalidad, capacidad, representación, inversión elegible y cuantía del préstamo solicitado, así como generales de la actuación o actuaciones objeto de ayuda, se deberá aportar a través de la aplicación, la siguiente documentación:
a) Certificado acreditativo de la resolución o acuerdo del órgano de gobierno o de representación competente de la entidad solicitante en el que, de forma expresa, se aprueben:
i. La participación en la convocatoria correspondiente y la aceptación de estas bases reguladoras.
ii. La concertación de la operación de préstamo reembolsable y su cuantía, de acuerdo con la resolución de concesión de la ayuda correspondiente.
iii. La consideración del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como acreedor preferente, por razón de dicha operación de préstamo, por lo que los pagos correspondientes a la amortización del principal del mismo, intereses de demora, o eventuales penalizaciones gozarán de lugar preferente en el orden de prelación de pagos, tras los gastos de personal, en el plan de disposición de fondos de tesorería de la entidad solicitante, durante el periodo de vigencia del correspondiente contrato de préstamo.
iv. La «Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer» a la que se refiere el subapartado c de este apartado, la cual, bien se incluirá como anexo del acuerdo, o bien se mencionará en el mismo convenientemente identificada y referenciada.
b) Informe de evaluación favorable emitido por la intervención local, órgano de fiscalización o unidad que ejerza sus funciones, sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes, así como su sostenibilidad financiera, a los efectos de lo previsto por el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin perjuicio de lo considerado en el apartado f).
Dicho informe, para poder ser considerado válido, deberá ser emitido en consonancia con la solicitud de préstamo efectuada por la entidad solicitante al amparo de lo establecido por esta orden.
c) «Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer»: Esta memoria deberá estar fechada, firmada y referenciada, y deberá responder al formato y modelo disponible en la página web del IDAE, www.idae.es, que contendrá como mínimo:
i. Identificación de la instalación.
ii. Descripción general de la actual instalación de alumbrado exterior (emplazamiento, uso al que se destina, características técnicas, etc.)
iii. Descripción general de la actuación prevista, que incluirá:
a. Características técnicas de la nueva instalación.
b. Número de puntos de luz y su potencia eléctrica y/o centros de mando y control objeto de la actuación.
c. Medidas que se prevé adoptar para la mejora de la eficiencia y ahorro energético y en relación con el cumplimiento del reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
d. Consumo anual, en términos energéticos y económicos, de electricidad de las instalaciones de alumbrado exterior inicial y previsto después de la actuación, y porcentaje de ahorro estimado.
e. Presupuesto total y desglosado por costes elegibles, inversión elegible y justificación de la cuantía del préstamo solicitado.
f. Planificación en el tiempo de la convocatoria del procedimiento de contratación pública, del tipo de procedimiento, de su proceso de adjudicación y de la ejecución de las actuaciones y su puesta e