Categoría: Judicial

timonio vendría referido a la convivencia en el domicilio familiar junto a la madre y a su dependencia económica y a la nula relación con el padre, cuestiones todas ellas aceptadas por ambas partes.
A continuación, la fiscal analiza la supuesta incongruencia omisiva, en la que habría incurrido la sentencia dictada por la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial, entendiendo que sí se ha dado respuesta de manera global a las alegaciones relativas al error en la apreciación de la prueba.
Finaliza sus alegaciones valorando el cumplimiento del deber de motivación de las resoluciones judiciales impugnadas (art. 24.1 CE), concluyendo que la fundamentación de la sentencia de instancia debe considerarse irracional, al haber optado por la aplicación del párrafo 3 del art. 96 CC y no el párrafo 1 de ese mismo artículo, pese a la existencia de hijas mayores de edad dependientes económicamente de sus padres y convivientes con la madre, en cuya compañía siguen tras alcanzar la mayoría de edad; en todo caso, subraya que, incluso, de entenderse aplicable el párrafo 3 de dicho precepto, los órganos judiciales no han tenido en cuenta las circunstancias del caso al ponderar cuál es el interés más necesitado de protección, incurriendo en arbitrariedad en el dictado de la sentencia de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, al hacer una interpretación contraria a la norma (art. 96.3 CC) y a la jurisprudencia que lo desarrolla (SSTS 390/2017, y 527/2017).
2. Orden de examen de las vulneraciones alegadas según el alcance de la retroacción de sus efectos en caso de ser estimadas.
Como ha podido ser apreciado en el fundamento jurídico anterior, la demandante de amparo imputa a las resoluciones impugnadas las siguientes vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: (i) Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por la falta de grabación de una parte del juicio (art. 24.2 CE), que no ha sido subsanada por la sentencia de apelación ni por el auto del Tribunal Supremo; (ii) vulneración del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley (arts. 24.2 y 117.3 CE), por haber sido desestimado el incidente de recusación contra los magistrados de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid; (iii) incongruencia omisiva, que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en la dimensión de derecho a la motivación a las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE); (iv) vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE); y (v) vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión de derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho, en cuanto los órganos judiciales no han respetado la ley aplicable, ni la jurisprudencia que la interpreta.
Pues bien, siendo numerosas las infracciones de derechos alegadas por la recurrente, así como las resoluciones impugnadas, conviene hacer dos precisiones. La primera es que, como acertadamente señala el Ministerio Fiscal, aunque la demanda de amparo se interpone formalmente contra el auto de 20 de noviembre de 2019 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que inadmite los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, no se le atribuye vulneración alguna, pues todas las referidas anteriormente se imputan a las sentencias de primera instancia y apelación y al auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó la recusación de los tres magistrados de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid. En cualquier caso, respecto a aquella resolución de inadmisión, la recurrente no invocó vulneración alguna mediante la oportuna interposición del incidente excepcional de nulidad de actuaciones, por lo que no habría agotado previamente la vía judicial previa, óbice que impide a este tribunal entrar a valorarla [art. 44 a) LOTC].
En segundo término, tal como tenemos señalado, el diferente efecto que tendría la eventual estimación de las vulneraciones aducidas implica que el análisis deba realizarse según el alcance de la retroacción y, de este modo comenzar por la invocación del derecho a la imparcialidad judicial por afectar a la constitucionalidad de la propia conformación del órgano judicial (STC 205/2013, de 5 de diciembre, FJ 2), para continuar con el derecho a la prueba (art. 24.2 CE) y a una resolución suficientemente motivada y fundada en Derecho.
3. El derecho a un juez imparcial (art. 24.2 CE).
a) Alegaciones de la recurrente y hechos que fundamentan la queja.
La demandante de amparo alega la vulneración del derecho a un juez imparcial, con invocación expresa del art. 24 CE y del art. 6 CEDH, apoyándose en varios argumentos básicos: la relación del titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Madrid con el presidente de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid; las expresiones contenidas en el auto 1/2018, de 3 de julio, de la sala de recusaciones del art. 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la influencia que pudo tener en los componentes de dicha Sección Vigesimosegunda de la Audiencia, la STEDH, de 11 de octubre de 2016 (asunto «Iglesias Casarrubios y Cantalapiedra Iglesias c. España»).
b) Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a un juez imparcial.
Para ofrecer una respuesta adecuada a esta queja es necesario recordar, como lo hemos hecho recientemente en la STC 46/2022, de 24 marzo, FJ 7.1, que para que, en garantía de la imparcialidad, un juez pueda ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que no es ajeno a la causa, o permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas a1 ordenamiento jurídico. Ahora bien, por más que se haya reconocido que en este ámbito las apariencias son importantes pues está en juego la confianza que, en una sociedad democrática, los tribunales deben inspirar a las partes y al resto de los ciudadanos, no basta para apartar a un determinado juez del conocimiento de un asunto las meras sospechas o dudas sobre su imparcialidad que surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas [STC 66/2001 de 17 de marzo, FJ 2 a)].
Por otro lado, hay que subrayar que la imparcialidad judicial se presume y las causas de recusación han de ser interpretadas restrictivamente, lo que implica la exigencia de que se aporte un principio de prueba del que se pueda derivar una duda objetiva y razonable sobre la causa de recusación invocada, porque la imparcialidad del órgano jurisdiccional no puede quedar a expensas de una mera interpretación subjetiva del recurrente o de sus convicciones personales (STC 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3). En tal sentido, la causa legal de recusación no es cualquier relación de amistad, sino aquella que aparezca connotada por la característica de la intimidad entre dos personas, concepto que ciertamente puede considerarse en sentido técnico como indeterminado, pero que en ningún caso permite que se le califique como vago o subjetivo (ATC 226/1988, de 16 de febrero, FJ 3; con reiteración en la STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 7, y en los AATC 238/2014, de 9 de octubre, FJ 5, y 17/2020, de 11 de febrero, FJ 3).
De acuerdo con lo declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la sentencia de 24 de mayo de 1989, asunto «Hauschildt c. Dinamarca», § 52, que este tribunal comparte (STC 36/2008 de 25 de febrero, FJ 2), «la realización por el juez de cualquier decisión previa al enjuiciamiento conectada con la causa no determina la pérdida de su imparcialidad, sino que esto solo se producirá cuando la actividad jurisdiccional previa haya supuesto la exteriorización de un juicio anticipado de culpabilidad, aunque sea de carácter indiciario o provisional, lo que ha de enjuiciarse en atención a las circunstancias del caso y a los términos empleados en el pronunciamiento previamente emitido». Igualmente, en el asunto «Fehr c. Austria»(sentencia de 3 de febrero de 2005, § 30) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recordó que «el solo hecho de que el mismo juez ya haya decidido las peticiones del recurrente en otros procedimientos no justifica objetivamente temor alguno de falta de imparcialidad de aquel» y en el asunto «Faugel c. Austria» (auto de 24 de octubre de 2002) puso también de manifiesto «que de la obligación de ser imparcial no se deduce una regla general que imponga a un tribunal superior que anule una resolución administrativa o judicial a remitir el caso a una autoridad jurisdiccional diferente o a una Sala de dicha autoridad compuesta de distinta forma».
c) Aplicación de la doctrina al caso concreto.
De acuerdo con esta doctrina, debemos valorar si la actuación de los magistrados de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid que intervinieron en el proceso de modificación de medidas instando contra la demandante de amparo, vistas las circunstancias del caso, permite considerar justificadas las dudas de esta última acerca de su imparcialidad.
En tal sentido, asiste la razón al Ministerio Fiscal y a don Juan Cabrera Cortés cuando observan que no se puede concluir que exista causa objetiva de imparcialidad porque el mismo juzgado y la misma sección de la Audiencia Provincial hayan conocido del procedimiento de divorcio y después del de modificación de medidas en sus diferentes fases. Así se ordena en el art. 775 LEC. Es más, el hecho de que dos de los magistrados sean los mismos que componían la sala que emitió la resolución que dio lugar a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto «Iglesias Casarrubios y Cantalapiedra Iglesias contra España», no justifica objetivamente motivo alguno de falta de imparcialidad, pues en aquella resolución no se reprochaba a los órganos judiciales españoles algún género de parcialidad, sino la falta de audiencia de las hijas menores para la fijación del régimen de visitas (art. 6 CEDH). De ello, como bien afirma en Ministerio Fiscal no se puede concluir que los magistrados se encontraran afectados por cualquier prejuicio personal o predeterminación en relación a un concreto caso, como motivo bastante para estimar lesionado el derecho al juez legal imparcial desde el punto de vista de la imparcialidad objetiva, al no existir prevención alguna en el ánimo de los mencionados magistrados ante el diferente carácter del objeto procesal a resolver en uno y otro proceso (STC 313/2005, de 12 de diciembre, FJ 2, y las que allí se citan).
En segundo lugar, la recurrente cuestiona la imparcialidad del presidente de la sección por la relación que le une al titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Madrid. A tal fin aduce que este último pronunció unas palabras de reconocimiento en el acto homenaje que se organizó para aquel y que ello debe considerarse un supuesto equiparable a la amistad íntima del art. 219.9 LOPJ, generando un temor objetivo a que el juzgador sea influenciado en su comportamiento y decisión, afectando a la apariencia de imparcialidad.
Respecto a este particular, este tribunal observa que, aunque efectivamente aquellas palabras fueron pronunciadas, no se ha aportado más prueba o indicio de la supuesta amistad íntima en que funda su recusación (STEDH de 6 de noviembre de 2018, asunto «Otegi Mondragón y otros c. España», § 52). En consecuencia, no existe ningún elemento de juicio que permita afirmar algo distinto de la existencia de una relación profesional entre ellos, y menos aún de la intimidad que adjetiva a la relación de amistad que exige el art. 219.9 LOPJ y que, en modo alguno, puede presumirse (ATC 54/2014, de 25 de febrero, FJ 5).
Por último y en lo que concierne a la alegada falta de parcialidad del órgano judicial por las expresiones vertidas en el auto de 18 de abril de 2018 de la Audiencia Provincial que inadmite el recibimiento del pleito a prueba, que literalmente se traducen en la afirmación de que «la sentencia objeto del recurso de apelación es plenamente adecuada a la normativa y a la jurisprudencia que la interpreta», este tribunal vuelve a coincidir con la valoración de la fiscal, en tanto que la queja expresa la discrepancia de la recurrente con el contenido del auto, pero no acredita déficit alguno de imparcialidad.
Por lo expuesto, hemos de desestimar la primera de las quejas alegadas por la demandante.
4. La falta de grabación de parte del juicio y el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE).
a) Alegaciones de la recurrente de amparo.
Como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho de esta sentencia, la segunda queja de la demandante se basa en la ausencia de grabación de la vista durante los primeros veinte minutos, iniciándose con la práctica de la prueba propuesta y admitida. Esta deficiencia se puso de manifiesto en el escrito de conclusiones como causante de indefensión (art. 24.1 CE), solicitando su nulidad y la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior, pretensión que fue desestimada por el órgano judicial de instancia y el de apelación, habida cuenta que la letrada de la administración de justicia había levantado acta detallada de todo lo acaecido, y las partes suscribieron el acta sin formular objeción o reserva (art. 285.2 LEC), lo que, efectivamente, convierte en extemporánea la solicitud.
b) Doctrina del Tribunal Constitucional sobre los defectos en la grabación audiovisual de las vistas y el derecho a la utilización de medios de prueba.
Respecto a esta alegada vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes, concretamente en lo que concierne a la ausencia de documentación de los actos procesales es doctrina de este tribunal, recogida en la STC 55/2015, (FJ 2), referida al acta escrita, pero aplicable igualmente a la grabación audiovisual la de que la documentación de las actuaciones no constituye un requisito de validez de los actos procesales, sino la prueba auténtica que permite constatar la realidad material de lo actuado. En tal sentido, su pérdida no comporta necesariamente la vulneración de ninguna de las garantías esenciales del proceso, aunque pueda resultar relevante en relación con el derecho a la presunción de inocencia, con el principio acusatorio o con el deber de congruencia de las resoluciones. Se recuerda que el control del cumplimiento de las garantías requeridas para la integración del resultado de lo acontecido en la vista «solo puede hacerse a través de la correspondiente acta, levantada por el secretario judicial que […] ha de documentar fehacientemente el acto y el contenido del juicio oral. Y en orden a la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral, ha de estarse a lo que el acta dice, y a lo que no dice. En consecuencia, no cabe afirmar que se haya practicado un determinado medio de prueba por el hecho de que se haya pedido e incluso que se haya admitido, si la actuación no queda reflejada en el único instrumento previsto para su constancia externa y fehaciente» (SSTC 161/1990, de 19 de octubre, FJ 3; 118/1991, de 23 de mayo, FJ 3; 82/1992, de 28 de mayo, FJ 3; 92/2006, de 27 de marzo, FJ 3, y 22/2013, de 31 de enero, FJ 4).
Sin embargo, conviene añadir que el principio que ha de regir en esta materia es el de la conservación del proceso, siendo la nulidad de actuaciones un remedio excepcional que solo debe ponerse en marcha cuando se haya producido una efectiva indefensión material que debe estar debidamente justificada y haber sido denunciada tempestivamente.
Por otra parte, este tribunal tiene declarado (STC 46/2022, de 24 de marzo, FJ 9.3) que «[c]uando, habiéndose admitido la prueba, finalmente no hubiera podido practicarse por causas imputables al propio órgano judicial, para que este tribunal pueda apreciar una vulneración del derecho a la prueba también se exige que el recurrente demuestre la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas admitidas y no practicadas, y, por otro, que argumente de modo convincente que, si se hubiera practicado la prueba admitida, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta (SSTC 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2, y 142/2012, de 2 de julio, FJ 6, entre otras muchas)».
c) Aplicación de la doctrina al caso concreto.
En este caso, la demandante de amparo sostiene que la indefensión se ha producido, pues la falta de grabación dificulta que pueda acreditar los medios de prueba que fueron propuestos y los admitidos e inadmitidos, entre los que se cuentan la testifical de las hijas mayores y diversa documental relativa a la capacidad patrimonial de su exesposo. Afirma que fue al pedir la grabación cuando constató la ausencia de grabación en los primeros veinte minutos, poniendo en evidencia esta deficiencia en el trámite de conclusiones solicitando su complemento, que fue rechazado. Reiterada en segunda instancia la queja, así como la petición de práctica de la prueba, tampoco se admitió la solicitud con el argumento de no haberse formulado recurso de reposición contra el criterio denegatorio del juzgadoa quo(art. 460.2.1 LEC), al margen de resultar inocua para la resolución de fondo.
Pues bien, este tribunal ha constatado mediante el examen de las actuaciones que, en efecto el acta levantada por la letrada de la administración de justicia, ante la ausencia de grabación de los veinte primeros minutos de la vista, fue incompleta pues no figura ni la proposición de la testifical de las hijas mayores, que se deduce claramente que fue propuesta por la impugnación efectuada por el señor Cantalapiedra, ni la del libramiento de oficio a la Agencia Tributaria aportando la información económica del padre de las menores. Ahora bien, lo cierto es que respecto del rechazo de estas pruebas la demandante de amparo solo formuló objeción en el escrito de conclusiones, aquietándose a la decisión denegatoria adoptada por el juzgadoa quo, por lo que se ha de concluir, de conformidad con la opinión del Ministerio Fiscal y del señor Cantalapiedra que, pese a la falta de la grabación y de las insuficiencias detectadas en el acta sucinta, no se ha producido ninguna indefensión a la parte demandante (art. 24.1 CE), pues, como correctamente apreció la Audiencia Provincial, ella misma se ha colocado en tal situación mediante su inactividad procesal.
Por lo que concierne a una posible vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba (art. 24.2 CE), en este caso relativo a la prueba admitida y no practicada, referente a la solicitud de información de la Agencia Tributaria con la que la demandada pretende demostrar la capacidad económica del demandante y a la solicitud de aportación de los pasaportes, hemos de concluir que, a pesar de los esfuerzos realizados por la demandante para demostrar la relevancia de la prueba no practicada, lo cierto es que la inadmisión por la segunda instancia estuvo suficientemente motivada, expresando su inocuidad para la resolución del recurso pues, a entender del órgano judicial, no era necesario entrar en «otras consideraciones en orden a la disponibilidad por cada uno de los litigantes de otras posibilidades de alojamiento, o de su respectiva capacidad económica».
Por lo expuesto, tampoco se advierten las vulneraciones alegadas, por lo que este motivo debe ser desestimado.
5. La incongruencia omisiva ex art. 24.1 CE.
a) Contenido de la vulneración invocada.
La tercera vulneración alegada en la demanda de amparo hace referencia a la falta de contestación por la sentencia dictada por la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid a su denuncia de error en la apreciación de la prueba, al concluir que el actual esposo de la demandante vive en el domicilio familiar objeto de lalitis; que el exesposo señor Cantalapiedra abona mensualmente la cantidad de 650 euros en concepto de arrendamiento del inmueble en el que habita e indicar que no consta si la madre de la demandada se encuentra o no en disposición o tiene intención de acogerla en su domicilio junto a sus hijas. A ello añade la irrazonable motivación obtenida del órgano judicial cuando afirma que la modificación de medidas solicitada afecta únicamente a los excónyuges, errando al señalar otros posibles obligados a prestar alimentos a las hijas comunes, al igual que la omisión de respuesta a su solicitud de planteamiento de cuestión prejudicial penal, por los posibles delitos cometidos por don Juan Mora de alzamiento de bienes [arts. 257 y 258 del Código penal (CP)] y delito fiscal o contra la hacienda pública (art. 305 CP).
b) Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a una resolución judicial congruente y su vulneración (art. 24.1 CE).
Este tribunal, tiene declarado que la incongruencia omisiva oex silentio, que se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales [por todas, STC 104/2022, de 12 de septiembre, FJ 3 A) b)].
A tales efectos, se plantea la necesidad de «distinguir entre las que son meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, pues si con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas ellas y, además, la eventual lesión del derecho fundamental deberá enfocarse desde el prisma del derecho a la motivación de toda resolución judicial, respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor siempre y cuando la pretensión omitida haya sido llevada al juicio en el momento procesal oportuno» (STC 25/2012, de 27 de febrero, FJ 3).
c) Aplicación de la doctrina a las resoluciones impugnadas.
En aplicación de esta doctrina, la presente queja ha de ser desestimada, pues en contra de lo sostenido en la demanda de amparo, el órgano judicial dio respuesta a las alegaciones relativas al error en la apreciación de la prueba y a la incongruenciaultra petitum, pues, aun sin dar una contestación explícita y pormenorizada a cada uno de los motivos, entendió en general innecesario entrar en otras consideraciones relacionadas con la disponibilidad o no de otras viviendas por las partes o de su respectiva capacidad económica a los efectos de la extinción del derecho de uso del domicilio. Puede afirmarse, por consiguiente, que la resolución impugnada con esta respuesta global ofreció una respuesta suficiente a las quejas aducidas en esos motivos.
Por lo que atañe al restos de las quejas en las que se fundamente el vicio de incongruencia omisiva, esto es, (i) la ausencia de respuesta a su solicitud subsidiaria y para el caso de que no se acordaran las pretensiones relativas al complemento de la grabación del acto de la vista y la abstención del órgano judicial por falta de imparcialidad objetiva; (ii) en relación con la solicitud de apreciar la existencia de una cuestión prejudicial penal, y su comunicación al Ministerio Fiscal para que ejercitara la acción penal por la comisión por el señor Cantalapiedra de los delitos de los arts. 257 y 305 CP, relacionados con su capacidad económica y con el objeto de averiguar su real patrimonio; debe indicarse que si bien fue puesta de manifiesto en el cuerpo del recurso de apelación, en el suplico –que es el que define necesariamente el ámbito del debate litigioso en la segunda instancia– nada se dijo al respecto. Ello podría conllevar a inadmitira limineesta queja, en tanto pudo restársele la oportunidad al tribunal de valorarla.
Sin embargo, lo cierto es que, como pone de manifiesto la fiscal, no existió tal silencio judicial, en tanto, al igual que hizo con las demás pretensiones probatorias, manifestó en la resolución compartir el criterio del juzgado de primera instancia «sin necesidad de otras consideraciones en orden a la respectiva capacidad económica de las partes», por lo que entendió innecesario el planteamiento de la cuestión perjudicial y la suspensión del juicio hasta su resolución.
Esa motivación ha de considerarse suficiente y racional, siendo el órgano judicial el único competenteexart. 117.3 CE, para resolver sobre esta materia de estricta legalidad ordinaria (SSTC 148/1994, de 12 de mayo, FJ 4; 171/1994, de 7 de junio, FJ 4; 89/1997, de 5 de mayo, FJ 3; 255/2000, de 30 de octubre, FJ 2; 278/2000, de 27 de noviembre, FJ 6, y 147/2002, de 15 de julio, FJ 2), revisable por este tribunal solo en caso de que la decisión fuera inmotivada o manifiestamente irrazonable o arbitraria (STC 148/1994, de 12 de mayo, FJ 4).
En último lugar, conviene indicar que la decisión judicial de denegar la testifical de las hijas para decidir sobre el mantenimiento de adjudicación de la vivienda habitual y de la pensión de alimentos, si bien puede censurarse la afirmación de la sentencia impugnada en cuanto entiende que su lanzamiento de la vivienda familiar no era un asunto que les concerniera, lo cierto es que tal decisión denegatoria no se recurrió en reposición en la primera instancia, motivo por el que también fue rechazada su propuesta en la segunda instancia, no pudiéndose apreciar la indefensión alegada por la demandante (art. 24.1 CE), pues, como correctamente apreció la Audiencia Provincial, ella misma se ha colocado en tal situación mediante su inactividad procesal. En tal sentido, conviene recordar que la garantía constitucional referida al derecho a la utilización de medios de prueba, que aparece concernida por la inadmisión de las declaraciones testificales, únicamente cubre aquellos supuestos en que la prueba es decisiva en términos de defensa de modo que, de haberse practicado la prueba omitida o si se hubiese practicado correctamente la admitida, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta.
A ello debe añadirse que a la recurrente le correspondía el deber de justificar en su demanda de amparo la indefensión sufrida, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre la solicitante de amparo. Dicha carga no ha sido enervada, pues la recurrente no ha demostrado la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas de cuya inadmisión se queja; y, por otro lado debía haber argumentado el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones (STC 208/2007 de 24 de septiembre FJ 3).
Por lo expuesto las quejas planteadas deben ser desestimadas.
6. El deber de motivación (art. 24.1 CE) y el mandato constitucional de protección de la familia (art. 39 CE).
Como puede deducirse de los antecedentes de hecho, el objeto nuclear de este recurso de amparo se centra en determinar si vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del deber de motivación reforzada por su afectación al derecho a la protección familiar (art. 39 CE), la decisión judicial de declarar extinguido el derecho de uso de sus hijas sobre la vivienda familiar por haber alcanzado la mayoría de edad.
a) Posición de la demandante y del Ministerio Fiscal.
La recurrente centra su argumentación en la ausencia de la debida ponderación de los derechos e intereses concernidos, desoyendo el principio de protección a la familia, que informa la actuación de los poderes públicos (art. 39 CE), incumpliendo la normativa y jurisprudencia prevista para estos casos. Para la recurrente, los órganos judiciales han aplicado con un gran automatismo y excesivo rigor el tenor literal del art. 96 CC, interpretando que una vez que los hijos alcanzan la mayoría de edad no tienen derecho de uso sobre el domicilio familiar.
Comparte su posición el Ministerio Fiscal que considera irracional la fundamentación de la sentencia de instancia al entrar a valorar la disponibilidad que pueda tener el actual esposo de la demandante de otra vivienda no solo para residir con su actual esposa, sino para acoger también a sus hijas, puesto que respecto a ellas no tiene ninguna obligación legal. Reprocha igualmente que el órgano judicial elucubre con la posibilidad de que sean acogidas por la abuela materna, obviando las obligaciones que por el vínculo filial siguen afectando al padre y a la madre. Tal falta de razonabilidad la imputa también a la sentencia de la Audiencia, no solamente por compartir el criterio del juzgado de instancia, sino porque además entiende que no es necesario siquiera entrar en «otras consideraciones en orden a la disponibilidad por cada uno de los litigantes de otras posibilidades de alojamiento, o de su respectiva capacidad económica», en cuanto el inmueble pertenece privativamente al señor Cantalapiedra, las hijas han alcanzado la mayoría de edad y la demandante de amparo no ostenta ya, en consecuencia, su guardia y custodia, a la que va unida la posibilidad de adjudicar el uso de un inmueble, aunque sea privativo del progenitor no custodio.
Para la fiscal, estas resoluciones se han olvidado del mandato constitucional contenido en el art. 39 CE, que obliga a los poderes públicos a dispensar una protección integral de los hijos en condiciones de igualdad y de su párrafo 3, que establece la obligación de los padres de «prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda». Considera que las resoluciones objeto de este recurso de amparo, han vulnerado la tutela judicial efectiva de la demandante de amparo (art. 24.1 CE) en su vertiente del derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho, al haber optado por la aplicación del párrafo 3 del art. 96 CC pese a la existencia de hijas mayores de edad dependientes económicamente de sus padres y convivientes con la madre, en cuya compañía siguen tras alcanzar la mayoría de edad, y, en todo caso, no se ha tenido en cuenta esa circunstancia a la hora de ponderar cuál sea el interés más necesitado de protección de entenderse aplicable el párrafo 3 de dicho precepto; y por último se ha incurrido en arbitrariedad por parte de la sentencia de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial. al hacer una interpretación contraria a la norma (96.3 CC) y a la jurisprudencia que lo desarrolla al excluir la vivienda de titularidad exclusiva del derecho a su uso por el cónyuge que represente el interés más necesitado de protección.
b) Contenido de las resoluciones impugnadas.
Debemos traer a colación el contenido de las resoluciones a las que la recurrente atribuye la vulneración de su derecho.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Madrid, en su sentencia de 19 de septiembre de 2017, consideró que, a la luz de la prueba practicada y por más que las hijas mayores no hayan alcanzado la independencia económica, el interés más necesitado de protección (art. 96.3 CC) no es el de la demandante y sus hijas, en tanto el actual marido posee una vivienda en Madrid en la que alojarse con ellas y la hija común habida de tal matrimonio. A ello añade que la propia recurrente es nuda propietaria del inmueble en el que habita su madre en Madrid y con la que en más de una ocasión han convivido. Para valorar el interés más necesitado de protección tiene, además, en consideración que ha quedado acreditado que la recurrente es copropietaria junto a su esposo de otro inmueble en Pontevedra del que disfrutan ocasionalmente. Por el contrario, el excónyuge carece de otra vivienda que no sea la litigiosa, habitando en un inmueble arrendado con su nueva esposa, siendo sus ingresos, por lo demás, significativamente inferiores a los de la demandante según los datos obtenidos de la Agencia Tributaria. Por estas razones, el órgano judicial entiende que «no puede sostenerse en modo alguno que la demandada represente a efectos de la atribución del uso de la vivienda, el interés más necesitado de protección y, por ello, teniendo en cuenta que la vivienda familiar es propiedad privativa del demandante, ha de declararse extinguido el derecho de uso sobre la vivienda familiar en su día atribuido a la demandada y a las hijas comunes que quedaron bajo su guarda».
Por su parte, la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, al ratificar la resolución de instancia mediante sentencia de 2 de abril de 2019, recuerda que «el derecho de uso que respecto a la vivienda familiar regula el art. 96 del Código civil tiene, en todos los escenarios allí contemplados, un carácter limitado en el tiempo». De este modo, cuando los hijos menores comunes alcanzan la mayoría de edad, el art. 96.3 CC «contempla la posibilidad de asignar tal derecho al cónyuge cuyo interés fuese merecedor de prioritaria protección, pero siempre con un límite temporal de vigencia a señalar prudencialmente por el juez». Esta regla deja en situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho, enfrentándose uno y otro a una nueva situación que tiene necesariamente en cuenta, no el derecho preferente que resulta de la medida complementaria de guardia y custodia, sino el interés de superior protección, que a partir de entonces justifiquen y por un tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de edad de los hijos, tal variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática del uso de la vivienda que el artículo 96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges, y cabe plantearse de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar un régimen distinto del que fue inicialmente fijado por la minoría de edad de los hijos, en concurrencia con otras circunstancias sobrevenidas.
Así, para la Audiencia Provincial, «el derecho de uso fue atribuido, en la sentencia de divorcio a las hijas comunes, debido a su minoría de edad, afectando tal derecho tan soloper relationem, y en cuanto progenitora custodia, a la señora Iglesias Casarrubios, por lo que habiendo desaparecido con la mayoría de edad de las comunes descendientes dicho imprescindible condicionante legal, el derecho no puede ahora prorrogarse en pro de quien ya no ostenta dicha función de guarda».
Entiende la Audiencia Provincial que la doctrina jurisprudencial que admite la posibilidad de replantearse la asignación de uso de la vivienda en función del interés de uno y otro cónyuge, lo hace para aquellas situaciones de cotitularidad del inmueble, y en tanto se procede a la liquidación de la sociedad de gananciales, o a la extinción del condominio constituido sobre el mismo, pero no en el caso de que exista un único cónyuge propietario. Como consecuencia de tal interpretación, sostiene que dado que en el supuesto examinado el inmueble litigioso pertenece privativamente al señor Cantalapiedra, quien se vio privado de la libre disponibilidad de dicho bien en atención a la protección del interés prioritario de las hijas comunes, a causa de su minoría de edad, una vez superado dicho momento debe recuperar la integridad de sus facultades dominicales de las que se ha visto privado durante más de diecisiete años. En atención a tal interpretación de la norma entiende innecesario realizar cualquier consideración en orden a la disponibilidad por cada uno de los litigantes de otras posibilidades de alojamiento o de su respectiva capacidad económica, compartiendo de este modo el criterio decisorio de la sentencia de instancia.
c) Doctrina constitucional sobre el deber de motivación cuando el derecho a la tutela judicial efectiva incide de alguna manera en la protección de la familia.
Antes de dar respuesta a cada una de estas alegaciones, compartidas por el Ministerio Fiscal y la recurrente, conviene situar la cuestión desde una perspectiva constitucional. Sobre este particular debemos recordar, como entre otras, lo hemos hecho recientemente en la STC 113/2021, de 31 de mayo, FJ 2, que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener de los órganos judiciales una resolución motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. Esta obligación, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión posibilitando su control mediante el sistema de los recursos y como garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad. Esto implica que la resolución ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y que la motivación esté fundada en Derecho, lo que determina que no baste una mera declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad o de un error patente (así, por ejemplo, STC 24/2021, de 15 de febrero, FJ 2).
Es más, la motivación aparece reforzada en el caso en que la pretensión objeto de respuesta esté vinculada a derechos fundamentales sustantivos o intereses de relevancia constitucional, lo que implica la obligación de que se exteriorice el nexo de coherencia entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución. No cabe una motivación estereotipada ni la mera constatación apodíctica de que «no se cumplen las circunstancias» que la ley exige ni la justificación en el carácter discrecional de la potestad que se ejerce, pues las potestades discrecionales deben también ejercerse motivadamente (STC 81/2018, de 16 de julio, FJ 3).
En concreto, respecto del deber de motivación judicial reforzado, en lo que se refiere a los supuestos en los que se invoca la afectación a la protección social, económica y jurídica de la familia e integral de los hijos hemos de aplicar el mismo canon que se ha impuesto cuando se trata de menores, pues se trata de un bien constitucional suficientemente relevante para motivar la adopción de cuantas medidas sean adecuadas para cumplir eficazmente el mandato contenido en el art. 39 CE y que se define como rector e inspirador de todas las actuaciones de los poderes públicos, tanto administrativas como judiciales (SSTC 141/2000, de 21 de mayo, FJ 5; 217/2009, de 14 de diciembre, FJ 5; 127/2013, de 3 de junio, FJ 6, y 138/2014, de 8 de septiembre, FJ 2, entre otras). Y si bien es cierto que la decisión de cuál sea en cada caso el interés superior de la familia corresponde tomarla a los jueces y tribunales ordinarios, no lo es menos que es de nuestra incumbencia examinar si la motivación ofrecida por los mismos para adoptar cuantas medidas concierne a la misma, está sustentada en su mayor protección y así comprobar que no se han lesionado derechos fundamentales de quienes la componen.
Pues bien, siguiendo la doctrina de este tribunal en orden a la existencia de un canon reforzado de motivación cuando el derecho a la tutela judicial efectiva incide de alguna manera en la familia, como de hecho ocurre cuando se deben tomar medidas relativas a los derechos individuales de cada uno de los componentes, tales como el uso de la vivienda habitual, determina que una resolución fundada en Derecho relativa a su modificación requiere que el fundamento de la decisión no solo constituya una aplicación no arbitraria de las normas adecuadas al caso, sino también que su adopción esté presidida, más allá de por la mera exteriorización de la concurrencia o no de los requisitos legales, por la expresión de la ponderación, de conformidad con los fines de la institución familiar.
Ello se traduce en que no es aceptable una resolución judicial de carácter meramente discrecional, sino que el deber de fundamentación de estas resoluciones judiciales requiere la ponderación de las circunstancias individuales de cada uno de los miembros que componen el núcleo familiar y de las necesidades de la propia familia consideradas en sí mismas, así como de los valores y bienes jurídicos comprometidos en la decisión, teniendo en cuenta la finalidad principal de la institución. En particular, las decisiones sobre adjudicación del derecho de uso de la vivienda familiar, una vez alcanzada la mayoría de edad de los hijos, que es lo que motivó la constitución legal de tal derecho a su favor, deben inspirarse en el interés más digno de protección, para lo que juega un papel indispensable la capacidad económica de las personas concernidas con la decisión.
d) Aplicación de la doctrina al caso.
La aplicación de la doctrina expuesta determina la desestimación del motivo de amparo, pues ningún reproche cabe hacer a las sentencias impugnadas, en tanto no solo encuentran su apoyo legal en la propia dicción del art. 96.3 CC, en su redacción anterior a la reforma introducida por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en la que se disponía que en caso de que no existieran hijos en el matrimonio, podía acordarse el uso de la vivienda familiar por tiempo limitado al cónyuge no titular de la misma, «siempre que atendidas las circunstancia, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección», sino que aplican la doctrina asentada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que ha venido asimilando la situación del cónyuges sin hijos a los del cónyuge con hijos mayores de edad, como sucede en el presente caso.
Es más, si alguna duda pudiera haber surgido respecto al modo adecuado de interpretar el art. 96 CC, tras la entrada en vigor de la citada Ley 8/2021, han quedado disipadas por el propio legislador, por cuanto en su primer párrafo ordena que «en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad», advirtiendo en su párrafo tercero de que «extinguido el uso previsto en el párrafo primero, las necesidades de vivienda de los que carezcan de independencia económica se atenderán según lo previsto en el Título VI de este Libro, relativo a los alimentos entre parientes».
Contrariamente a lo sostenido por la fiscal, no puede apreciarse irrazonabilidad alguna en las resoluciones judiciales por haber tenido en consideración la capacidad económica de ambos progenitores y el valor de sus respectivos patrimonios, pues los datos que arrojan, y que han quedado reseñados, indefectiblemente reflejan que la demandante de amparo está en una situación más ventajosa respecto del señor Cantalapiedra, siendo, por lo demás, sus ingresos profesionales notablemente superiores a los de aquel. Por el contrario, don Juan Cabrera Cortés vive con su familia en una vivienda de alquiler, sin tener más propiedades y percibiendo unos ingresos derivados de su actividad empresarial menores.
Tampoco, a juicio de este tribunal, yerran los órganos judiciales de instancia y apelación cuando interpretan que los hijos a los que se refiere el art. 96.1 CC para la atribución del uso de la vivienda familiar son los que sean comunes y menores de edad. En caso de tratarse de hijos mayores, la regla a aplicar debe ser la del párrafo 3 del art. 96 CC, que permite adjudicársela si las circunstancias lo aconsejan y su interés fuera el más necesitado de protección. No le asiste la razón al Ministerio Fiscal cuando afirma que tal interpretación judicial es contraria al mandato de protección de los hijos contenido en el art. 39 CE, pues ninguna relación tiene esta norma de adjudicación del uso de la vivienda familiar con la prestación alimenticia a favor de los hijos mayores contemplada en los arts. 142 y ss. CC relativos al derecho de alimentos entre parientes, que recordemos que incluye la necesidad de habitación.
La prestación alimenticia y de habitación a favor del hijo mayor, tenga la edad que tenga, está desvinculada del derecho a continuar usando la vivienda familiar, pues sus necesidades básicas se satisfacen mediante el derecho de alimentos entre parientes. Esta misma interpretación es la que ha venido realizando la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en todas aquellas ocasiones en las que se le ha planteado este supuesto, expresando que «ningún alimentista mayor de edad, cuyo derecho se regule conforme a lo dispuesto en los arts. 142 y siguientes del Código civil, tiene derecho a obtener parte de los alimentos que precise mediante la atribución del uso de la vivienda familiar con exclusión del progenitor con el que no haya elegido convivir. En dicha tesitura, la atribución del uso de la vivienda familiar ha de hacerse al margen de lo dicho sobre los alimentos que reciba el hijo o los hijos mayores, y por tanto, única y exclusivamente a tenor, no del párrafo 1 sino del párrafo 3 del artículo 96 CC» (sentencia de 11 de noviembre de 2013).
Por tanto, este tribunal no puede acoger la tesis de la fiscal en tanto los hijos mayores no han sido abandonados por el ordenamiento jurídico, que articula su mejor protección a través de las normas relativas al deber de alimentos entre parientes (arts. 142 y ss. CC) y que incluye lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, por lo que no puede afirmarse que se encuentren en una situación de vulnerabilidad injustificable, ni es razón suficiente para seguir adjudicándoles el uso de la vivienda familiar, cuando tal necesidad de habitación está cubierta con su derecho de alimentosexart. 142 CC o cuando, como en el supuesto enjuiciado, en uso de su libertad han decidido vivir con un progenitor en vez de con otro, pues el art. 96.1 CC, como expresa la sentencia de apelación impugnada otorga la prioridad a uno de los cónyuges en tanto sea custodio de los hijos menores, pero cuando tal responsabilidad cesa, no existe razón de peso para mantener esta regla, cuando las necesidades de los hijos quedan cubiertas, que es lo que ocurre en el presente caso.
Por ello, debemos concluir que, en el presente caso, la respuesta judicial a la adjudicación de la vivienda familiar una vez alcanzada la mayoría de edad de las hijas comunes, no puede tacharse ni de arbitraria ni de irrazonable, sino que ha sido fruto de la ponderación de los intereses de relevancia constitucional en juego, valorando todas las circunstancias concurrentes sobre la afectación de los derechos que la decisión judicial comporta.
La anterior conclusión, junto con las razones expresadas anteriormente para rechazar que la decisión de extinguir el derecho de uso de la vivienda familiar constituido a favor de la recurrente y sus hijas mayores de edad haya lesionado derechos fundamentales, conduce a desestimar esta última queja y con ella el recurso de amparo.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo interpuesto por doña María Diez Domínguez Mora.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a seis de marzo de dos mil veintitrés.–Inmaculada García Moya.–María Luisa Ruiz Velasco.–Ramón Marín Hernándeznrique Vargas Alcubilla.–César Tolosa Tribiño.–Laura Carmona Arias.–Firmado y rubricado.