Categoría: Administración

uando le resulte de aplicación.
iii.b.4.2.º La legalidad del procedimiento de contratación de las actuaciones a través del análisis y comprobación de la justificación realizada por la entidad beneficiaria sobre dicho proceso o de la lista de chequeo de contratación, en su caso.
iii.b.4.3.º Que dispone de, al menos, tres ofertas de diferentes entidades proveedoras en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una memoria que justifique razonablemente la elección de la entidad proveedora cuando la misma no haya recaído en la oferta económica más ventajosa.
iii.b.4.4.º El cumplimiento de las obligaciones de publicidad impuestas a la entidad beneficiaria, de conformidad con lo establecido en la presente orden.
iii.b.4.5.º Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado las actuaciones incentivadas con indicación del importe y su procedencia. Debe acreditar la existencia o no de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de este programa de incentivos, de cualquier Administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional.
iv. Cuando la entidad beneficiaria sea una persona jurídica pública, se podrá sustituir esta cuenta justificativa con informe de auditor por la entrega de una cuenta justificativa con aportación de un informe de la Intervención General de la misma, en los mismos términos y condiciones que los establecidos anteriormente para la aportación de informe de auditor, cuando puedan ser de aplicación. En cualquier caso, si fuera preciso, se podrá exigir informe de auditoría externa para completar el informe anterior.
v. Cuando la ayuda concedida sea inferior a 100.000 euros, y de manera opcional, podrá sustituirse la cuenta justificativa con el informe de auditor previsto en este apartado por la entrega de una cuenta justificativa simplificada, según lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que acredite que la subvención recibida se ha empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, cumpliendo los requisitos establecidos en esta orden, la normativa de aplicación y en las correspondientes convocatorias, incluyendo el principio de «no causar un perjuicio significativo», y certificando que se han cumplido los objetivos de acuerdo con los valores de los indicadores reflejados en la resolución de concesión de las ayudas. Esta cuenta justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por IDAE en su página web, y será suscrita por la entidad beneficiaria mediante el certificado de firma electrónica, debiendo acompañarse de la información y documentación que se establezca en la normativa de aplicación y las correspondientes convocatorias, formando parte integrante de la misma.
b) Además de la cuenta justificativa prevista en el apartado anterior, la entidad beneficiaria deberá presentar los siguientes documentos:
1.º Documentación justificativa de que la entidad beneficiaria es titular del número o números de cuenta indicados en la solicitud y desde las que se hayan realizado pagos de facturas y, en su caso, el ingreso de ayudas.
2.º Factura emitida por la persona auditora y justificante de su pago.
La acreditación por parte del beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que se sustituirá por la consulta telemática a los organismos competentes por parte del órgano concedente. La presentación de la cuenta justificativa suscrita por el beneficiario incluirá autorización expresa para la realización de dichas consultas telemáticas. En caso de no otorgarse dicha autorización, las entidades beneficiarias deberán de aportar los certificados correspondientes. Cuando no estén habilitados los medios técnicos necesarios para realizar dichas consultas, el órgano concedente requerirá al beneficiario la presentación de los correspondientes certificados emitidos por la Hacienda estatal o autonómica, según proceda, y por la Seguridad Social, justificativos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Declaración responsable, garantizando que se cumplen las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de igualdad de oportunidades y no discriminación aplicables a este tipo de actuaciones, el cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y sobre desarrollo sostenible, se han aplicado medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión del proyecto objeto de ayuda (según modelo que estará disponible en Web del IDAE).
4. En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se hubiera pagado solo una parte de los costes en que se hubiera incurrido, a efectos de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda correspondiente, se aplicará el principio de proporcionalidad.
5. Con independencia de lo anterior, el órgano instructor podrá elaborar instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requieran.
6. La no justificación en plazo por parte de las entidades beneficiarias de la ayuda, de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, supondrá la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y, en su caso, el reintegro del anticipo por parte de aquellas, en los términos establecidos en los artículos 30 y 31 de la presente orden.
7. El órgano instructor podrá requerir de la entidad beneficiaria la aportación de cualquier documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando la entidad beneficiaria obligada a su entrega en un plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la comunicación que se le efectúe por parte de aquella.
8. El órgano instructor podrá realizar las verificaciones sobre el terreno de las operaciones concretas que se determinen para la correcta certificación del gasto, así como de las características declaradas del proyecto, y la entidad beneficiaria estará obligada a facilitarlas. En particular se atenderá a lo dispuesto en el artículo 17.3.h) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a los efectos de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención.
9. El órgano instructor podrá, o bien designar al personal que estime oportuno o bien utilizar los servicios de empresas independientes especializadas para realizar el seguimiento, comprobación y verificación de las actuaciones aprobadas, no sólo en la fase final de comprobación, sino también en momentos intermedios, donde se puedan comprobar los fines sobre los cuales se conceden las ayudas.
10. El órgano instructor o cualquier organismo de control, nacional o comunitario, podrá solicitar a la entidad beneficiaria en cualquier momento durante la ejecución del proyecto, y, al menos, durante cinco años a contar desde la fecha de conclusión del plazo de justificación establecido en la correspondiente convocatoria, la exhibición de cualquiera de los documentos originales que hayan servido para el otorgamiento de la ayuda, o para justificar la realización de la actuación (incluyendo facturas y justificantes de pago de las mismas).
En caso de que la entidad beneficiaria no facilitase la exhibición de los documentos originales solicitados en un plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al que se le hubiera requerido, se considerará tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada. En este sentido, supondrá la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y, en su caso, el reintegro del anticipo o la ayuda pagada en los términos establecidos en los artículos 30 y 31 de la presente orden.
11. La finalización de la verificación de la información justificativa no constituye en ningún caso la aceptación de cualquier desviación existente con respecto a lo establecido en la resolución de concesión de subvención.
1. Una vez realizadas las actuaciones de comprobación y verificación de la justificación descrita en el artículo 25 de la presente orden, el órgano instructor emitirá una certificación provisional acreditativa del grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión de la ayuda, con las modificaciones de dicha resolución que, en su caso, se hubieran aprobado. Dicha certificación provisional será notificada a la entidad beneficiaria.
2. La certificación provisional incluirá la información que se especifique en las convocatorias correspondientes. La entidad beneficiaria dispondrá de un plazo de diez días hábiles para aceptar la certificación o, en su caso, presentar las alegaciones que estime oportunas.
3. Una vez analizadas las alegaciones que, en su caso, pudiera haber presentado la entidad beneficiaria, el órgano instructor realizará la certificación definitiva y se procederá al pago de la ayuda por parte del IDAE.
4. La certificación definitiva indicará la cuantía definitiva de la ayuda otorgada, así como la información que la correspondiente convocatoria especifique.
1. De acuerdo con el artículo 43 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, procederá la constitución de garantías en todos los casos en los que se realice un pago a cuenta o anticipado, así como para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades beneficiarias.
Previo al abono del anticipo por la entidad concedente, en los términos que se establezcan en la correspondiente convocatoria, se requerirá el resguardo de la Caja General de Depósitos, acreditativo de haber depositado dicha garantía, a favor del órgano concedente.
2. El importe a garantizar será igual a la cuantía del anticipo más los intereses calculados al tipo de interés legal, cumpliéndose, en todo caso, lo establecido en artículo 46 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. La garantía deberá ser constituida, en su caso, por la entidad coordinadora del proyecto.
4. La garantía se constituirá ante la Caja General de Depósitos, bajo las modalidades de aval o seguro de caución establecidas en el Reglamento de la Caja General de Depósitos y de acuerdo con la disposición final quinta y con la disposición transitoria tercera, «Vigencia de los modelos de presentación de documentos ante la Caja actualmente existentes», del citado reglamento.
5. De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Caja General de Depósitos, si por cualquier razón ajena a la voluntad del garantizado o del garante, la garantía constituida no tiene o pierde validez o vigencia, o se pone en riesgo grave la protección que la garantía debe otorgar, la entidad beneficiaria deberá constituir otra garantía de la misma modalidad, o de otra de las recogidas en el apartado cuarto del presente artículo, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en que se haya producido la incidencia.
6. La garantía deberá estar constituida con anterioridad a la solicitud del anticipo.
7. El período de vigencia de las garantías será como mínimo por el plazo máximo de finalización de los proyectos más un periodo de dieciocho meses que podrá ser modificado por la propia convocatoria.
8. La falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las garantías en la modalidad establecida en estas bases reguladoras, previo trámite de audiencia a la entidad beneficiaria, supondrá la renuncia presunta al anticipo concedido para la realización del proyecto.
9. Las garantías sobre la subvención se liberarán tras la certificación final del proyecto, si en ella se acredita el cumplimiento total de los objetivos y condiciones del proyecto y la inversión válidamente justificada es igual a la inversión aprobada o, en caso contrario, tras el reintegro total o parcial de la ayuda.
10. Una vez acreditado por la entidad beneficiaria de la ayuda que el proyecto se encuentra totalmente finalizado en plazo y emitida la certificación definitiva en virtud del artículo 26 de la presente orden, el órgano concedente, de oficio, procederá a solicitar la cancelación de la garantía que corresponda.
11. En el caso de que el importe de la ayuda recogida en la certificación provisional fuera inferior al anticipo abonado y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si la entidad beneficiaria no efectuara el reintegro correspondiente, se procederá a solicitar la incautación de la garantía asociada.
12. En caso de otros incumplimientos a los que se refieren los artículos 30 y 31 de la presente orden y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si la entidad beneficiaria no efectuara el reintegro, se procederá a solicitar la incautación de la garantía que corresponda.
13. Las convocatorias podrán establecer la constitución de garantías adicionales. En este caso, la convocatoria deberá especificar la descripción de la obligación garantizada, el importe garantizado y el periodo de vigencia de la garantía.
1. El órgano concedente en el ámbito de sus competencias garantizará la adecuada gestión, interpretación y resolución de todos los aspectos relativos a los expedientes de concesión de ayudas solicitadas, así como el seguimiento, evaluación y control de las mismas.
2. Asimismo, las convocatorias podrán establecer el procedimiento de seguimiento, que deberá ser eficaz, transparente y basado en la calidad y el impacto científico-técnico y socioeconómico de las actuaciones financiadas, para lo cual podrán prever la creación de cuantas comisiones estimen necesario.
3. El seguimiento de la actuación se realizará en los términos que determinen las convocatorias.
4. El seguimiento deberá basarse en la documentación o información que se solicite a la entidad beneficiaria, en indicadores objetivos establecidos al efecto y públicamente conocidos y comparables, así como en presentaciones presenciales y públicas con quien determine el órgano instructor, que podrán desarrollarse en lengua inglesa si así lo determinan las convocatorias.
5. Las convocatorias podrán establecer mecanismos que permitan proceder a una minoración de la ayuda concedida en los casos en que las actividades de seguimiento pongan de manifiesto un grado de cumplimiento de los indicadores inferior al establecido en la resolución de concesión.
6. Las convocatorias podrán especificar el cumplimiento de hitos de control intermedios.
El órgano instructor, en el ámbito de sus competencias, podrá emitir cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento de los requerimientos de la presente orden y las respectivas convocatorias y para la ejecución y certificación de gastos de las operaciones subvencionadas.
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden, en las respectivas convocatorias, incluido el incumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo», en el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como el artículo 7, regla sexta, de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y en las demás normas aplicables, así como el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las cantidades percibidas más los intereses de demora correspondientes, en el momento de detectarse el incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En particular, procederá iniciar el procedimiento de reintegro en el caso de que se produzca informe desfavorable de control de cualquiera de las Administraciones facultadas para realizarlo.
2. Los reintegros se regirán por el principio de proporcionalidad, y por el alcance de las consecuencias financieras, de acuerdo con lo previsto tanto en la normativa nacional como en la normativa comunitaria, conforme se establece en el siguiente artículo.
3. Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si concurren los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.
4. Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves, de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La potestad sancionadora por incumplimientos se establece en el artículo 66 de la misma.
5. El órgano concedente, o institución habilitada correspondiente, será el competente para exigir de la entidad beneficiaria o destinataria, el reintegro de las subvenciones o ayudas reguladas por esta orden ministerial, de acuerdo con lo establecido por el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El cumplimiento parcial de las obligaciones contenidas en estas bases, en la convocatoria, o en la resolución de concesión, tendentes a la satisfacción de sus compromisos, conllevará la obligación de reintegro parcial de las cantidades percibidas. Se aplicarán criterios de graduación cuando el cumplimiento de las obligaciones se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de las características declaradas del proyecto, compromisos asumidos y condiciones de otorgamiento de la ayuda. En los criterios de graduación de los posibles incumplimientos se aplicará el principio de proporcionalidad, con el objeto de cuantificar la pérdida parcial del derecho al cobro de la ayuda o, en su caso, el reintegro del anticipo de la ayuda correspondiente.
Se aplicarán criterios de graduación, con una minoración de hasta un 30 % en el caso de que las ayudas impliquen la instalación de una determinada potencia o capacidad de almacenamiento de energía, y que la potencia o capacidad de almacenamiento de energía instalada real de la instalación sea menor que la potencia o capacidad de almacenamiento de energía para la que se concedió la ayuda, según recoge la resolución de concesión definitiva, siempre y cuando sean idénticas el resto de las características declaradas. Se reducirá la ayuda total percibida proporcionalmente a la potencia o capacidad de almacenamiento de energía no construida, calculando la ayuda percibida tras la minoración sobre la base del importe de la ayuda concedida por unidad de potencia o capacidad de almacenamiento. En caso de incumplimiento de hasta un 30 % del compromiso de potencia o de capacidad de almacenamiento de energía, se reducirá la ayuda atendiendo a la característica cuyo incumplimiento sea mayor. Se considerará incumplimiento total en el caso de que la potencia o capacidad de almacenamiento de energía instalada real sea inferior al 70 % de los valores para los que se concedió la ayuda en la resolución definitiva.
2. Si se pone en riesgo la consecución de los hitos y objetivos de la componente 8 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por falta de cumplimiento de obligaciones, compromisos o hitos de control intermedios en su caso establecidos, se podrá proceder al reintegro total de la ayuda según se especifique en la convocatoria.
3. El cumplimiento de los hitos de control intermedios, en su caso, será obligatorio, y podrá suponer la pérdida de derecho al cobro de la ayuda de manera parcial o total, dependiendo del grado de incumplimiento, así como el reintegro de las cantidades percibidas. Las convocatorias podrán establecer en detalle el procedimiento de control y de reintegros en caso de incumplimiento de uno o más hitos de control intermedios.
4. La finalización de la actuación en un momento posterior al definido como máximo en el artículo 3 de la presente orden, o en las respectivas convocatorias, dará lugar al reintegro total de la ayuda.
5. En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por la entidad beneficiaria que hayan servido de base para la concesión.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la financiación fue concedida.
c) La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el desarrollo de la actividad financiada.
El cumplimiento de la normativa establecida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos, será responsabilidad del órgano concedente, ante quien las entidades interesadas podrán ejercer personalmente sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre las bases del régimen minero y energético.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de julio de 2023.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.