Categoría: Administración

El turismo es un sector estratégico para la economía española, representando el 12,4 por ciento del PIB a nivel nacional y el 12,9 por ciento del total del empleo de la economía en 2019, además de ser una herramienta eficaz al servicio de la cohesión social y territorial, de desarrollo económico y de fijación de población.
Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por la COVID-19 el pasado 11 de marzo de 2020 y la rápida propagación de esta enfermedad, tanto en el ámbito nacional como internacional, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
Estas medidas han tenido un drástico impacto económico y social en el conjunto de los países de la Unión Europea. Este impacto ha motivado la necesidad de reaccionar de forma rápida adoptando medidas urgentes y contundentes con el objetivo de amortiguar el efecto de esta crisis sin precedentes e impulsar la pronta recuperación económica, sentando con ello las bases del crecimiento de las próximas décadas.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de realizar un esfuerzo sin precedentes y un planteamiento innovador que impulsara la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento Europeo de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros, compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (en adelante, MRR) y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).
Como consecuencia de esos acuerdos la Unión Europea ha adoptado el Reglamento (UE) n.º 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia. Dicho Mecanismo es el eje central de las medidas extraordinarias de recuperación de la Unión Europea.
La financiación ayudará a los Estados miembros a hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia provocados por la COVID-19, garantizando, asimismo, que sus economías emprendan las transiciones ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes, con inversiones que aceleren la recuperación y refuercen el crecimiento.
En este contexto se aprobó el 7 de octubre de 2020 el marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede», que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación) es un proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la Administración Pública. Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación, permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID 19, y además una transformación hacia una estructura más resiliente, que permita que nuestro modelo pueda enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro, e inclusiva, de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.
El Plan de Recuperación, que fue aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España., conforme a lo establecido en los artículos 18 y 20 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, está articulado a partir de cuatro ejes (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género), que se materializan en diez políticas palanca, que a su vez integran treinta componentes que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan de Recuperación.
Cada componente se centra en un reto u objetivo específico y recoge los diferentes Programas y sus correspondientes líneas de actuación: reformas e inversiones para el refuerzo del capital natural, tecnológico y humano, para aumentar la productividad y el crecimiento potencial generador de empleo.
La línea de ayudas que se regula por esta orden se incardina en el Componente 14 del Plan de Recuperación, denominado «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», en la inversión 2, «Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico», que tiene por objeto implementar actuaciones de impulso de la digitalización de los destinos turísticos y de las empresas turísticas, contribuyendo a la consecución del objetivo 222 de la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021.
El objetivo de esta inversión 2 es desarrollar una plataforma inteligente de destino que dote de interoperabilidad a la oferta de servicios públicos y privados al turista. Esto se complementará con el desarrollo de un Sistema de Inteligencia Turística y un conjunto de iniciativas para impulsar la Red Española de Destinos Inteligentes. Las acciones en el marco de esta inversión también respaldarán las soluciones digitales basadas en la inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras en las empresas del sector turístico, y aportarán financiación para el desarrollo de espacios de datos industriales y la promoción de la innovación digital en el sector turístico.
Para hacer frente a esto, es primordial la adquisición de nuevos conocimientos científicos, por ello se incluye, como proyecto 1, esta línea de ayudas enfocada a dar respuesta a los grandes retos de los destinos turísticos, que permitirá la adquisición de dichos conocimientos desarrollados en las universidades y otros centros de conocimiento e I+D que complementen la Plataforma Inteligente de destino, y así poder cumplir con el citado objetivo 222, Implementación y puesta en marcha de una Plataforma Inteligente de Destino plenamente operativo. Es por ello que, en la línea de lo señalado en el Plan de Recuperación, las ayudas a organismos de investigación para proyectos en este marco implican que esta será la primera fase para lograr implantar la plataforma inteligente de destinos pues con carácter previo al análisis de la viabilidad técnica y tecnológica de la plataforma, es necesario proceder a analizar los retos de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), el conjunto de soluciones de mercado o las posibilidades de desarrollarla. Con la generación de estos nuevos conocimientos que contribuirán a la puesta en marcha de dicha plataforma, se podrá garantizar el desarrollo sostenible del territorio turístico, que sea accesible para todos, que facilite la interacción e integración del visitante con el entorno e incremente la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida del residente gracias a las nuevas tecnologías y a un proceso de innovación continua.
Para ello se entiende que además de otros mecanismos, de un diálogo con los destinos, empresas, proveedores de soluciones, esta investigación en los ámbitos incluidos en la orden es la fase previa indispensable para lograr la implantación efectiva de la plataforma de destinos turísticos inteligentes. También servirá como un mecanismo más que permita evaluar la viabilidad económica de la misma después de configurar los costes asociados de construcción, implantación y explotación a través de las investigaciones correspondientes.
El impacto de la elevada incidencia de la COVID-19 y de las medidas adoptadas se ha dejado notar con intensidad sobre la contribución del turismo al PIB y el empleo del sector.
España recibió 18,9 millones de turistas extranjeros en 2020, un 77,3 % menos que los 83,5 millones de 2019, en el peor año de la historia del sector, prácticamente paralizado en todo el mundo desde marzo de 2020 para tratar de frenar la expansión de la COVID-19.
Las cifras de ingresos que dejaron estos turistas sufrieron un recorte similar: De los 91.912 millones de euros que habían entrado en España por este concepto en 2019 se pasó a 19.740 millones de euros en 2020, un 78,5 % menos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Todo ello ha puesto en riesgo a un sector con alta incidencia de autónomos y micropymes y con una función económica y social esencial para la cohesión económica y social de nuestro país, dejando en una situación muy comprometida a numerosos destinos turísticos de España necesitados de recuperar los niveles de competitividad previos a la crisis.
En este contexto, se abren nuevas oportunidades para repensar y transformar algunos de los modelos de crecimiento turístico predominantes en los destinos españoles e impulsar otros nuevos que permitan aprovechar todas las ventajas de un desarrollo más sostenible, climáticamente neutral y digital, alineado con las principales prioridades establecidas por Europa, y en consonancia con una demanda turística cada día más exigente y consciente del impacto que provoca su actividad sobre los territorios en los que se desarrolla. Continuar mejorando la competitividad del sector turístico y seguir ofreciendo propuestas de valor diferencial a nuestros turistas actuales y venideros, requiere ser capaces de promover la generación de más y mejor investigación y conocimiento, que permita el desarrollo de nuevas capacidades orientadas a dar respuesta a los grandes retos, presentes y futuros, de un sector inmerso en un proceso de metamorfosis acelerada impulsada por la digitalización y la transición ecológica que condicionan preferencias y comportamientos de los turistas que nos visitan, así como, la naturaleza de la propia experiencia turística y, por ende, de los propios proveedores de servicios turísticos.
La envergadura y rapidez de los cambios que está experimentando el sector turístico a nivel global requiere acelerar el ritmo de los actuales procesos de producción científica y de innovación en turismo en España, al tiempo que se deberá intensificar la tan necesaria transferencia y adopción del mismo por parte de los actores públicos y privados, propiciando la conversión en destinos turísticos inteligentes conformados como ecosistemas más competitivos, sostenibles, innovadores, resilientes y, en definitiva, inteligentes.
Esta convocatoria pretende promover la generación de conocimiento científico aplicado en el ámbito del turismo, mediante una investigación de calidad, orientada a dar respuesta a los desafíos sociales, medioambientales, económicos y tecnológicos en los que se encuentra inmerso el sector turístico actual, incrementando su competitividad y manteniendo su posición de liderazgo internacional A través de la investigación, se podrá descubrir de forma ordenada y sistemática los hechos, compartir las evidencias y discutir o profundizar en determinados aspectos de la realidad turística. Se pretende avanzar en la incorporación de nuevos y más relevantes conocimientos y resultados científico-técnicos relacionados con los destinos turísticos.
La finalidad de esta línea de ayudas es favorecer la generación de una masa crítica enI+D+ide carácter interdisciplinar para su aplicación, transferencia, búsqueda de soluciones y generación de resultados al servicio de los grandes retos a los que se enfrentan los destinos turísticos y de forma especial, que no exclusiva, aquellos que se integran en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (en adelante, RDTI), cuyo principal objetivo es liderar desde la sostenibilidad el desarrollo del sector turístico a través de la innovación y la tecnología. Ese es el objetivo de los Destinos Turísticos Inteligentes, que se unen en la Red DTI para promover sinergias y transferencia de conocimiento maximizando los beneficios de la metodología DTI. También tiene como fin impulso y consolidación de la Red DTI: una inversión que permita el incremento del número de eventos, jornadas y encuentros entre los miembros; formación y capacitación; el desarrollo de publicaciones; el desarrollo de servicios comunes y la puesta en marcha de grupos de expertos con la contratación de perfiles y servicios especializados.
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo formalizó el lanzamiento de la Red DTI con cerca de 70 miembros en octubre de 2018. Mientras, el 27 de febrero de 2019 se firmó el protocolo que oficializaba la adhesión de sus miembros y se celebraba la primera reunión de la comisión plenaria. La Secretaría de Estado de Turismo y Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P (SEGITTUR) coordinan la Red creada con los objetivos de promover la conversión de los destinos turísticos españoles a destinos inteligentes y su adhesión a la Red, fomentar la colaboración público-público y público-privada en el desarrollo de productos, servicios y actuaciones de los Destinos Turísticos Inteligentes, contribuir a garantizar el liderazgo de España en materia de inteligencia turística a través de las actuaciones que realice la Red, y garantizar la calidad y la evolución del proyecto DTI.
La Red actúa en ámbitos con un enfoque interno, realizando acciones de asesoramiento en la aplicación de la metodología y promoviendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre sus miembros. Y lo hace también en ámbitos con un enfoque externo dando visibilidad al proyecto y los DTI, en el ámbito nacional e internacional, difundiendo el trabajo realizado y contribuyendo a poner de manifiesto el liderazgo de España en inteligencia turística.
Asimismo, con estos proyectos se pretende reforzar la capacidad de liderazgo internacional del Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación y de sus agentes en el ámbito turístico, contribuyendo a mejorar la competitividad de nuestros destinos, y su proyección internacional.
Los proyectos de investigación comprendidos en la presente convocatoria se ejecutarán por universidades, centros públicos deI+D+i, centros tecnológicos y entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas a la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación. Estos proyectos pretenden lograr una generación de conocimiento científico mediante una investigación de calidad orientada a la búsqueda de soluciones a los problemas económicos, medioambientales y tecnológicos de los destinos turísticos para favorecer su recuperación tras el impacto de la pandemia, se articula en torno a siete ámbitos de estudio que permitirán lograr una digitalización de los mismos: 1) Recuperación y resiliencia del destino; 2) Movilidad sostenible, inteligente, conectada e integrada en el destino; 3) Cambio climático, estrategias y medidas de adaptación y mitigación en el destino; 4) Sostenibilidad, transición ecológica y economía circular en el destino; 5) Medición, modelización y análisis de la actividad turística en el destino; 6) Innovación de producto o proceso en el destino; 7) Digitalización.
Esta orden se aprueba de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y conforme al artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Además, en atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los fondos europeos «Next Generation EU» y de conformidad con el artículo 61.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, esta orden de bases incorpora la convocatoria de las ayudas.
La presente orden se estructura por razones sistemáticas en tres capítulos. En el primer capítulo se contienen disposiciones de carácter general. En el segundo capítulo se recogen las bases reguladoras. El tercer capítulo regula la convocatoria de ayudas para el año 2021.
Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión denominada Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como, de conformidad, con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas en el ámbito del Plan de Recuperación deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»), ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en la Componente 14, Plan de modernización y competitividad del sector turístico, del PRTR. como especialmente en lo que se refiere a las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, el cual reconoce la competencia exclusiva al Estado, para el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, con lo cual, las actuaciones de la Administración General del Estado en el marco de esta materia, más concretamente en cuanto a fomento y coordinación general de laI+D+i, tienen también, un carácter transversal, haciendo necesaria una estrecha coordinación con las estrategias sectoriales, definidas por los distintos departamentos ministeriales.
En relación con la «investigación científica y técnica», el Tribunal Constitucional ha señalado en la Sentencia 90/1992, FJ 2.A), que: «Por lo que se refiere al artículo 149.1.15.ª de la CE, es preciso destacar que la competencia estatal en la materia de investigación científica y técnica no queda ceñida o limitada a la coordinación general de la actividad resultante del ejercicio de las competencias autonómicas en la referida materia, sino que alcanza, asimismo, al fomento de la investigación científica y técnica. (…)».
Asimismo, en la STC 175/2003, FJ 8, señaló que «Comenzando por las ayudas que se encuadran en la materia «fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica», hay que recordar que esta materia se encuentra reservada al Estado, de acuerdo con lo regulado en el artículo 149.1.15.ª CE. Como ya señalábamos antes, dicha competencia incluye las acciones normativas y ejecutivas necesarias para el pleno desarrollo de la actividad de fomento y promoción (SSTC 90/1992, F. 2 y 190/2002, F. 8, entre otras), de forma que resulta perfectamente acorde con el sistema constitucional de distribución de competencias que «el Estado regule, al amparo del citado artículo 149.1.15.ª CE las condiciones de otorgamiento de subvenciones en definitiva correctamente ordenadas al fomento de la investigación y desarrollo de innovaciones técnicas... (incluidas las normas procedimentales), así como que asuma la tramitación administrativa de dichas subvenciones» (STC 190/2000, F. 12)».
Además, es imprescindible «que no se trate de una mera invocación formal, pues hemos afirmado que para que resulte de aplicación este título competencial debe ser patente que la actividad principal o predominante fuera la investigadora» (STC 190/2000, FJ 8). Esta actividad, además, puede proyectarse sobre cualquier materia (STC 90 /1992, FJ 2.A).
Este es, el caso de las ayudas reguladas en esta orden, dirigidas a la realización de proyectos de I+D para dar respuesta a los retos de los destinos turísticos, que tienen un marcado carácter innovador.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política de turismo.
Específicamente, el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, atribuye a la Secretaria de Estado de Turismo, entre otras, las funciones de definición, desarrollo, coordinación y ejecución de las políticas turísticas del Estado, sin perjuicio de las competencias de la Comisión Interministerial de Turismo, así como las relaciones turísticas institucionales de la Administración General del Estado con organizaciones internacionales, públicas o privadas, y la cooperación turística internacional, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Por otro lado, la presente orden prevé la participación como entidad colaboradora en esta línea de ayudas de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P (SEGITTUR), sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo. Esta entidad, integrante del sector público estatal y medio propio de la Administración General del Estado, es la responsable de impulsar la innovación (I+D+i) en el sector turístico español, tanto en el sector público (nuevos modelos y canales de promoción, gestión y creación de destinos inteligentes, etc.) como en el sector privado (apoyo a emprendedores, nuevos modelos de gestión sostenible y más competitivo, exportación de tecnología española), de ahí que sea la más adecuada para desarrollar este papel, conforme con las normas de selección establecidas en el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre.
Asimismo, las ayudas contempladas en la presente orden se incardinan en el Plan actualizado 2021 del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborado en un contexto condicionado por la crisis sanitaria y marcado desde el punto de vista presupuestario por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021)y por la aprobación del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation). Dicha incardinación se efectúa a través de la primera de las cinco líneas estratégicas del Plan que tiene como objetivo fomentar la digitalización y la innovación en los sectores productivos competencia del Ministerio.
Teniendo en cuenta que las subvenciones reguladas en esta orden deben destinarse a financiar actividades no económicas de los organismos de investigación y difusión de conocimientos, se descarta la existencia de ayuda de Estado, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.1.1 de la Comunicación de la Comisión sobre el Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación, al no concurrir los requisitos del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Por otro lado, esta línea de ayudas, al estar incardinada en la inversión 2 del componente 14 del Plan de Recuperación, tiene asignado un etiquetado digital con la etiqueta 010, correspondiente a digitalización de pymes (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivientes, los ciberemprendedores, las empresas emergentes basadas en TIC, el comercio electrónico entre empresas), por lo que todas las actuaciones financiadas deberán poder ser incluidas en esa categoría.
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, siendo el principal favorecer el fortalecimiento del conocimiento científico en turismo. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo solo las condiciones que establece la normativa europea y la española. Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las empresas. Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios. En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, y garantiza una amplia participación a sus potenciales destinatarios en su elaboración. En relación con los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, se ha recurrido a la concurrencia competitiva pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar la efectiva ejecución de las políticas públicas del Gobierno en la materia, asegurando la igualdad de oportunidades. Las bases reguladoras de las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando sometidas todas las solicitudes de ayuda al procedimiento ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento definidas para él en dicha normativa.
En la elaboración de esta orden han emitido informe el Servicio Jurídico y la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de I+D para identificar las necesidades y las soluciones para la implantación de la Plataforma Turística Inteligente y dar respuesta a los retos de los destinos turísticos identificados en el contexto de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, así como la convocatoria correspondiente a 2021.
2. La finalidad de las actuaciones contempladas en esta orden es que se generen nuevos conocimientos científicos, basados en evidencias, que supongan un avance significativo de la frontera de conocimiento actual en el ámbito turístico, mediante una investigación de calidad orientada a la búsqueda de soluciones a los principales retos medioambientales, económicos y tecnológicos a los que se enfrentan los destinos turísticos en España, para mejorar su capacidad competitiva y resiliencia a largo plazo.
3. Asimismo, también se persigue la necesaria difusión, transferencia y aplicabilidad del conocimiento generado hacia los destinos para su conocimiento y utilización por parte de los gestores públicos del destino, especialmente a nivel local.
4. A los efectos de la presente orden, la investigación y desarrollo deberá ser actividad no económica, debiendo cumplir los requisitos establecidos por la Comisión Europea en su Comunicación relativa al Marco sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01), que en su apartado 19, establece que tienen naturaleza no económica:
a) las actividades primarias de los organismos de investigación e infraestructuras de investigación, en particular:
– la educación para lograr más y mejor personal cualificado;
– I+D independiente para mejorar los conocimientos y la comprensión cuando el organismo de investigación o la infraestructura de investigación emprenda una colaboración efectiva;
– amplia difusión de resultados de las investigaciones de forma no discriminatoria y no exclusiva, por ejemplo, mediante la enseñanza, bases de datos de acceso abierto, publicaciones abiertas o programas informáticos abiertos;
b) actividades de transferencia de conocimientos, cuando son llevadas a cabo por el organismo de investigación o la infraestructura de investigación (incluidos sus departamentos o filiales) o de forma conjunta, o por cuenta de dichas entidades, y cuando todos los beneficios generados por ellas vuelven a invertirse en actividades primarias del organismo de investigación o la infraestructura de investigación; el carácter no económico de esas actividades no se ve afectado por el hecho de contratar con terceros la prestación de los servicios correspondientes mediante licitación pública.
5. Queda, por tanto, excluida de la línea de ayudas regulada por esta orden la financiación de la actividad económica, entendida como:
a) La prestación de servicios de I+D y la I+D realizada por cuenta de empresas.
b) El alquiler de las infraestructuras de investigación.
c) Cualesquiera otras actividades de naturaleza económica que no respondan a las condiciones exigidas y contempladas en el citado Marco sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación.
1. Las subvenciones que se regulan en estas bases reguladoras se regirán, además de por lo dispuesto en las mismas, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por cuantas normas vigentes resulten de aplicación.
2. Asimismo, resultan aplicables a estas ayudas el Reglamento (UE) n.º 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID; el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como toda la normativa de desarrollo europea y nacional relativa al Plan de Recuperación y al mecanismo de recuperación y resiliencia
3. Las ayudas que se otorguen en virtud de esta orden a organismos de investigación y de difusión de conocimientos, en cuanto que financian actividades no económicas, no tendrán la consideración de ayudas de Estado, siempre que cumplan lo dispuesto en el artículo 2.1.1 del Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01) y por lo tanto no les será de aplicación lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
1. Las actuaciones que se financien al amparo de esta orden de bases se incardinan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación) del Gobierno de España, específicamente dentro del componente 14, denominado «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», en la inversión 2, «Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico», proyecto 1, «Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos», contribuyendo al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, por cuanto esos proyectos de I+D a subvencionar tienen por objeto principal contribuir a la digitalización de destinos turísticos, de acuerdo con el mecanismo de recuperación y resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.. Estas actuaciones tratan de promover la generación de conocimiento científico que responda a los retos comunes de los destinos turísticos.
2. De conformidad con el Plan de Recuperación, con el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular con la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, todas las actuaciones financiadas en virtud de estas bases reguladoras deberán respetar el llamado principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el Componente 14, Plan de modernización y competitividad del sector turístico, previstas en sus apartados 3, 6 y 8.
1. La concesión de las ayudas reguladas en esta orden de bases se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, establecidos en el artículo 8.3, 22.1 y 23, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El procedimiento de concesión, que se iniciará de oficio mediante convocatoria pública, se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3. La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante, BDNS), y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con las características que establecen estas bases reguladoras.
1. Las ayudas reguladas en esta Orden financiarán las actuaciones encaminadas a la producción de conocimiento científico y proyectos de I+D en relación con los siguientes retos de los destinos turísticos con el fin último de proceder a la digitalización de los mismos:
a) Recuperación y resiliencia del destino: gestión de crisis, simulación de escenarios, estrategias de respuesta temprana, regulación, normativa, protocolos, mercado de trabajo y condiciones laborales, empresa turística y capacidad competitiva, etc.
b) Movilidad sostenible, inteligente, conectada e integrada en el destino.
c) Cambio climático, estrategias y medidas de adaptación y mitigación en el destino; huella de carbono, modelización de impactos, estrategias públicas y privadas, etc.
d) Sostenibilidad, transición ecológica y economía circular en el destino.
e) Medición, modelización y análisis de la actividad turística en el destino: gestión de flujos turísticos, capacidad de carga, masificación, impactos económicos, desarrollo de indicadores, análisis predictivo, etc.
f) Innovación de producto o proceso en el destino: innovación turística, nuevos productos y experiencias turísticas diferenciales, nuevos segmentos de mercado, nuevos procesos de negocio, etc.
g) Digitalización: infraestructuras y plataformas, promoción y comercialización, interacción con el turista en el destino, turismo sin «fricciones», gestión de la información, inteligencia turística y Big Data, Inteligencia Artificial, gemelo digital, etc.
2. Los ámbitos de conocimiento científico y tecnológico en los que podrán encuadrarse los proyectos de I+D para dar respuesta a los retos de los destinos turísticos y lograr implantar medidas de digitalización posterior son entre otros, los siguientes:
a) Economía del Turismo y competitividad de los destinos turísticos.
b) Gestión y conservación del patrimonio cultural y natural:
1.º Impacto económico y social del sector en patrimonio cultural y natural del destino.
2.º Nuevos modelos de gestión del patrimonio cultural y natural.
3.º Gestión sostenible del patrimonio cultural y natural.
c) Investigaciones sociales aplicadas al turismo:
1.º Análisis de la vulnerabilidad del destino.
2.º Turismo y género.
3.º Accesibilidad en el sector turístico.
4.º Imagen del sector en la ciudadanía.
5.º Turismo y gestión de la diversidad.
d) Planificación y gestión de destinos, relacionados con las siguientes áreas:
1.º Evolución de los entes gestores.
2.º Legislación aplicada a la gestión turística del destino.
3.º Los diferentes modelos de gestión y planificación y los desafíos a los que se enfrentan (tipología de destino, tamaño, etc.).
4.º Sistemas de calidad turística.
5.º La innovación en la gestión del destino.
6.º Nuevos retos en planificación y gestión después de grandes catástrofes tanto sanitarias, naturales, etc.
7.º Análisis de la capacidad de resiliencia del sector turístico y de los destinos y su capacidad de respuesta.
e) Turismo, territorio y medio ambiente:
1.º El impacto del sector turístico en la conservación medioambiental de los destinos.
2.º Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su aplicación en el sector y en los destinos.
3.º Estrategias de economía circular y su aplicación en el sector turístico.
f) Marketing y comunicación turística.
g) Adaptación al cambio climático.
1.º Análisis de la vulnerabilidad de los destinos ante el cambio climático.
2.º Innovación en la adaptación al cambio climático.
h) Seguridad en el sector turístico:
1.º Definición de que es destino seguro, análisis de vulnerabilidad del destino.
2.º Investigación en seguridad sanitaria.
3.º Análisis de Ciberseguridad en el sector turístico.
4.º Investigación sobre la relación entre seguridad del destino y el sector turístico.
i) Gestión y organización de empresas turísticas.
j) Innovación en el sector turístico.
k) Accesibilidad turística.
l) Gestión de la información y aplicación de tecnologías habilitadoras al ámbito turístico tales como: GIS, soluciones smart aplicadas al turismo, IoT y sensórica avanzada, Big Data, Inteligencia Artificial (machine learning, tecnologías del lenguaje natural, reconocimiento de imágenes, etc.), gemelo digital, web semántica, automatización procesos, visión artificial, vídeo inteligente, tecnologías medioambientales, movilidad conectada y autónoma, tecnologías al servicio de la ciberseguridad y blockchain, entre otras.
1. Podrán tener la condición de beneficiarios los organismos de investigación y de difusión de conocimientos que cumplan con los requisitos del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ya sea de forma individual o en agrupaciones previstas en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Además, dichos organismos deberán estar válidamente constituidos, tener personalidad jurídica propia, carecer de ánimo de lucro, y tener residencia fiscal o un establecimiento permanente en España.
3. A los efectos de esta orden, en cuanto a la definición de organismo de investigación y difusión de conocimientos se estará a la definición aportada por el anexo I de la Orden CNU/320/2019, de 13 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema deI+D+iy en el marco del Programa Estatal deI+D+iOrientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, destinadas a organismos de investigación y de difusión de conocimientos.
4. Son considerados organismos de investigación y difusión de conocimientos en la categoría de Universidades y Centros de Investigación, entre otros:
a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
b) Universidades públicas, sus institutos universitarios u otras entidades de investigación propias, como Grupos de Investigación o Cátedras, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que estén inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
c) Otros centros públicos deI+D+i, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social tengan laI+D+icomo actividad principal.
d) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal válidamente inscritos en el momento de la presentación de la solicitud en el registro de centros regulado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros.
e) Universidades privadas con capacidades de I+D.
f) Centros privados de I+D, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro que tengan definida en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social a la I+D como actividad principal.
5. Los proyectos podrán ser presentados de forma individual o en agrupación, en donde participen más de un posible beneficiario. Los proyectos financiados serán ejecutados por equipos de investigación dirigidos por uno o dos Investigadores Principales (IP), según se especifique en la solicitud de ayuda presentada.
6. Los IP deberán cumplir los requisitos detallados en el Anexo I desde la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes hasta que finalice el periodo de ejecución del proyecto.
7. Conforme al artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se podrá aplicar la condición de beneficiario a los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamenten la concesión de la ayuda en nombre y por cuenta del beneficiario, en el supuesto de que se trate de una persona jurídica. Se consideran miembros asociados aquéllos que tengan con el beneficiario una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, que se encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o en documento análogo de constitución. En cualquier caso, también deben concurrir en los miembros asociados los requisitos exigibles a los beneficiarios en relación con su naturaleza de organismo de investigación y difusión de conocimientos y la realización de actividades de naturaleza no económica.
8. En el caso de que las entidades concurran a un proyecto en agrupación, deberán estar constituidas conforme al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 67 del Real Decreto 36/2020, de 30 de diciembre. La composición y el funcionamiento de la agrupación se regirán por las siguientes reglas:
a) Antes de presentar la solicitud, los miembros de la agrupación deberán suscribir un acuerdo interno en la forma y con los requisitos y contenido establecidos en el artículo 67.2 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre. Conforme al artículo 67.3 de la misma norma, el acuerdo de agrupación podrá condicionarse a ser declarado beneficiario de la ayuda por resolución de concesión definitiva.
b) En el caso de proyectos en cooperación, todos los miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios de la ayuda y serán solidariamente responsables, en proporción a sus respectivas participaciones, en relación al conjunto de actividades a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de préstamos, y las responsabilidades por infracciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
c) En el acuerdo se señalará el presupuesto correspondiente a las actividades asumidas por cada miembro de la agrupación, e importe de la subvención a aplicar en cada caso. Cada uno de los miembros, como beneficiarios, podrá recibir la cuantía máxima establecida en el artículo 7, de forma que dicha cuantía máxima se computará a nivel de cada uno de los beneficiarios definidos en el artículo 3.1 que forme parte de la agrupación. En el caso de concesión de ayuda, el pago del importe que corresponda a cada miembro será realizado directamente a este.
d) Conforme al artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la agrupación deberá nombrar un representante o apoderado único, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a aquélla y, en particular, las siguientes:
1.º Presentar la solicitud de la ayuda que deberá diferenciar los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos, así como las actuaciones y el presupuesto correspondiente a cada uno.
2.º Actuar como interlocutor único entre la agrupación y el órgano concedente.
3.º Recabar de cada miembro toda la información exigible o requerida por el órgano concedente, y en particular la relativa a la justificación de la subvención.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) La condición de beneficiario de la ayuda implica que asume, frente a la entidad convocante, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
b) Las acciones que realicen los beneficiarios tendrán que cumplir con lo estipulado en estas bases reguladoras.
c) No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las que se establezcan en las convocatorias y en las resoluciones de concesión.
2. Cuando la ayuda se conceda a los beneficiarios, la aceptación de la ayuda implicará:
a) La renuncia a los derechos de propiedad industrial o intelectual que le correspondieran.
b) La obligación de publicar una versión digital de las publicaciones científicas que resulten de las actuaciones financiadas al amparo de esta orden en acceso abierto, sin perjuicio de los acuerdos de transferencia a terceros de los derechos sobre las publicaciones, siguiendo lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
c) Los organismos de investigación y de difusión de conocimientos deberán cumplir con la definición y condiciones que se especifican en el artículo 6, debiendo acreditarlo mediante la presentación de una declaración responsable en el momento de presentar la solicitud.
3. Además, los beneficiarios deben:
a) Dar publicidad de las ayudas de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 11 de la presente orden.
b) Aportar evidencias del empleo dado a los fondos recibidos que permitan establecer una relación indubitada entre los gastos imputados y los objetivos alcanzados, en particular de la realidad de las horas imputadas por los trabajadores a las tareas desarrolladas y la ejecución de la acción, realidad que sea acreditable ante una auditoría externa.
c) Mantener un sistema de contabilidad que permita el registro diferenciado de todas las transacciones relacionadas con el proyecto, mediante la utilización de un código contable específico dedicado a tal efecto o la aplicación de los procedimientos que las convocatorias determinen. Cuando el beneficiario desarrolle también actividades económicas, la financiación, los costes y los ingresos respectivos deberán consignarse por separado
d) Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados en España.
e) Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito estará sujeto a comprobaciones del órgano gestor de las ayudas a partir del análisis de un documento justificativo que aporte el solicitante e incluya datos de número de empleados, entre otras cuestiones.
f) Contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integ