Categoría: Administración

El regadío es un elemento básico del sistema agroalimentario español y el principal usuario del agua en España. Su modernización a través de su transformación digital se ha convertido en un imperativo y en denominador común de todos los planes de desarrollo del sector agrario. De hecho, en su nuevo modelo, la Política Agraria Común (en adelante, PAC) incorpora, en su regulación, el mandato de diseñar estrategias de digitalización y presenta una descripción de cómo las tecnologías digitales se usarán en la agricultura y en las zonas rurales para mejorar la eficiencia y efectividad de las intervenciones del Plan Estratégico de la PAC. Todo ello igualmente conforme con lo que la UE ha establecido en su nuevo marco estratégico –el Pacto Verde Europeo– donde se apunta que todos los sectores económicos han de seguir la senda de la transición digital y la sostenibilidad.
Este proceso transformativo y digitalizador del sector agrario se ha de desarrollar dentro del marco de los Proyectos Europeos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (en adelante, PERTE), a través del denominado PERTE Agroalimentario, pero también, en el caso del regadío, por su inherente relación con el consumo de agua, a través del denominado PERTE de digitalización del ciclo del agua y en concreto su componente 5 «Preservación del litoral y recursos hídricos» y dentro de ella la inversión 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), denominada Transición digital en el sector del agua.
El objetivo último de la componente es avanzar hacia el desarrollo de estrategias de modernización que permitan transitar hacia una agricultura más inteligente, precisa y sostenible que optimice los procesos de producción, colaborando en la puesta en marcha de la conocida como «Agricultura 4.0», de forma que, además, se minimicen los impactos de la agricultura sobre el medio hídrico y sobre el ciclo hidrológico en general, mejorando los procesos naturales asociados al ciclo hidrológico y la regeneración de los suelos y de las masas de agua.
A pesar de que la regulación vigente ya obliga a dar cumplimiento a determinados estándares mínimos de digitalización, con la imposición y renovación de contadores, y el establecimiento de plataformas digitales que permitan a los usuarios regantes relacionarse por medios electrónicos con la propia comunidad de usuarios y con las administraciones, las comunidades de usuarios del agua de regadío en España presentan un diferente grado de incorporación de las soluciones digitales en el conjunto de las comunidades de usuarios establecidas en el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Aguas.
Más allá de las obligaciones normativas aplicables a las comunidades de usuarios del regadío, avanzar hacia una transformación digital del sector del regadío es esencial para mejorar la gestión del agua en España. La instalación de herramientas de digitalización, sensorización y comunicación, y el desarrollo de plataformas informáticas de análisis, consulta y registro de datos, dotará a la comunidad agrícola de gran cantidad de información para poder aplicar modelos predictivos, así como hacer más eficientes los procesos y el uso de recursos. Además, facilitará al agricultor una nueva forma de acceso a la información que ayudará a la gestión de las explotaciones agrarias por su parte, a la mitigación de los impactos ambientales asociados a las explotaciones agrarias y a la recuperación ambiental de los procesos hidrológicos naturales y regeneración de los suelos y del ciclo hidrológico en general.
Este control digital de las explotaciones conseguirá ahorros en los principales insumos de las explotaciones como son fertilizantes, fitosanitarios y energía, así como un uso más eficiente del agua y una mejora de la productividad. Esto es de especial interés en las cuencas sometidas a mayor estrés hídrico, contribuyendo además al uso racional del recurso y al cumplimiento de los objetivos ambientales de la planificación hidrológica.
Esta orden persigue incentivar el desarrollo de la digitalización de las comunidades de usuarios de agua para regadío con los siguientes objetivos específicos:
a) Mejorar el conocimiento de los usos del agua en el regadío y de la transparencia en la gestión administrativa del agua.
b) Mejorar el empleo del agua en las explotaciones de regadío y el conocimiento de las pérdidas de agua en las explotaciones de regadío.
c) Mejorar el empleo de fertilizantes y plaguicidas y disminuir los impactos de su aplicación sobre el ciclo hidrológico y la conservación y mejora de las masas de agua y suelos.
d) Mejorar la eficiencia energética en las explotaciones de regadío y en general en la productividad de las mismas.
Para su consecución, el proceso de digitalización debe permitir implantar una infraestructura digital en las parcelas de regadío integrada por los siguientes componentes:
a) Sistemas de control con telemedida en las tomas, conectados con los sistemas de información de la administración hidráulica y de la comunidad de usuarios correspondientes.
b) Herramientas de gestión y supervisión de uso y distribución de agua en cada parcela que habiliten la automatización de los cabezales de riego; el cálculo de las necesidades de riego en función de los datos; la integración de sensores de humedad y conductividad en el suelo; y la evaluación de los efectos ambientales sobre el estado de las masas de agua asociadas.
c) Sistemas digitales para la gestión administrativa de la comunidad de usuarios y la operativa de las parcelas.
Desde el punto de vista operativo, la puesta en marcha de este proceso pivota en torno al llamado Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío, integrado por las siguientes siete componentes:
a) Solución digital A. Creación de una aplicación para la tramitación electrónica y de un portal web.
b) Solución digital B. Creación de inventarios y servicios web de sistemas de información geográfica e identificación catastral del parcelario agrícola y red de riego.
c) Solución digital C. Mejoras tecnológicas y digitalización de los sistemas de control del volumen de agua realmente utilizado.
d) Solución digital D. Monitorización del contenido del agua en el suelo para optimización del riego.
e) Solución digital E. Monitorización de la calidad del agua en los retornos de regadío a cauces superficiales.
f) Solución digital F. Monitorización de los lixiviados a las aguas subterráneas.
g) Solución digital G. Apoyo al telecontrol, monitorización y apoyo a la fertirrigación y mejora de la eficiencia energética.
Según se establece en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR), así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA), todas las actuaciones que se lleven a cabo en el marco del PRTR en cumplimiento de esta orden deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH).
Se prevé una contribución climática del 40 %, de acuerdo con la metodología de acción por el clima establecida en el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y de Consejo, de 12 de febrero de 2021.
La financiación y pago de las ayudas se hará con cargo al Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FCPJ), regulado por el Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, a partir de la financiación prevista en la medida C5, I3 del PRTR. En todo caso, será el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el órgano responsable en la gestión, el seguimiento de los hitos y objetivos, la rendición de cuentas en relación con su cumplimiento y la información a proporcionar al sistema de gestión, así como el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos que derivan de la normativa aplicable asumiendo y siguiendo el régimen jurídico que les resulta de aplicación con carácter general a los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 13.6 del Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto.
El Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del MITECO, aprobado por Orden de fecha 28 de diciembre de 2021, recoge las líneas de subvención gestionadas por este departamento ministerial, que responden a objetivos estratégicos inspirados en las políticas palanca definidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y vinculados a los objetivos de los programas de los Presupuestos Generales del Estado, según lo establecido en el artículo 12.1 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, así como, en su caso, de los programas operativos de los fondos europeos que son fuente de financiación. En este caso, el PERTE de digitalización del ciclo del agua fue aprobado por el Consejo de Ministros posteriormente a esta orden, de forma que, si bien, en el PES se incluyen ya las primeras subvenciones previstas en el PRTR de la Componente 5, no se pudieron incluir por el momento estas nuevas subvenciones al aprobarse el PERTE con posterioridad, si bien, todas estas subvenciones contribuyen notablemente al cumplimiento del objetivo específico de Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, totalmente coordinado con el PRTR.
Asimismo, esta orden, da cumplimiento a la regla quinta artículo 7 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, con relación a los créditos dotados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Esta orden se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª, 15.ª, 22.ª, 23.ª, 24.ª y 31.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, legislación básica sobre protección de medioambiente, obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma y estadística para fines estatales, respectivamente. En este caso, en especial, el correcto funcionamiento de las comunidades de usuarios definidas en el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Aguas afecta al cumplimiento de los objetivos ambientales relativos a la calidad y el estado de las masas de agua fijados en la planificación hidrológica, lo que pone de manifiesto adicionalmente el amparo del artículo 149.1.22.ª de la Constitución Española, puesto que, de forma significativa, todo el fomento de las actuaciones definidas en esta orden (principalmente, el desarrollo de soluciones de digitalización para promover un uso más eficiente y racional del agua y una mejora de la productividad, en particular en las cuencas sometidas a mayor estrés hídrico) contribuirá sin duda al cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, que además, es uno de los pilares de la convocatoria; no obstante, las comunidades autónomas, tal y como se recoge en las bases reguladoras, participarán activamente en el análisis de los proyectos y en el seguimiento de su implantación.
En su virtud, dispongo:
Mediante esta orden, se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas para la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
También se aprueba la primera convocatoria correspondiente al ejercicio 2023 relativa a la Digitalización del Regadío, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
1. El programa de ayudas descrito en estas bases tiene por objeto subvencionar aquellos proyectos que contribuyan a la consecución de los objetivos específicos definidos en el apartado 2 de este artículo, vinculados a los objetivos generales de la medida C5, I3, «Transición Digital en el sector del agua», submedida 1.a) mejora y utilización de los recursos hídricos, complementando y apoyando al cumplimiento, conforme está diseñado el PRTR, del objetivo CID #79, denominado «Puesta en funcionamiento de herramientas para mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hídricos, y para registrar las precipitaciones y otros datos» del PRTR, de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional y, específicamente, el hito CID #79 ter, «Actuaciones de digitalización de los usos del agua (PERTE)-Transferencias», incluido en la adenda al PRTR, aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de junio de 2023, para que, al menos 5.000.000 de habitantes beneficiados por la puesta en funcionamiento de proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua y 100.000 hectáreas beneficiadas por el kit digital del regadío, dentro del PERTE de digitalización de los usos del agua.
2. Los proyectos deberán de cumplir uno o varios de los objetivos específicos siguientes para poder recibir las ayudas objeto de estas bases:
a) Mejora en el conocimiento de los usos del agua en el regadío y de la transparencia en la gestión administrativa del agua.
b) Mejora en la gestión del agua en las explotaciones de regadío, minimizando su consumo, así como un impulso en la correcta gestión de las pérdidas y de los retornos de regadío.
c) Mejora en el empleo de fertilizantes y plaguicidas y acciones encaminadas a la implantación de una producción agraria integrada y sostenible.
d) Mejora en la eficiencia energética en las explotaciones de regadío y, en general, en la productividad de las mismas.
3. Serán objeto de financiación aquellos proyectos de digitalización del regadío que cumplan todos los requisitos exigidos en las bases reguladoras y en la convocatoria, y cuyos solicitantes ostenten la condición de entidades beneficiarias y cumplan todas las obligaciones impuestas a estos últimos en las bases reguladoras y en la convocatoria.
En todo caso, la lista de actuaciones financiables en el marco de estos proyectos se detallará en la correspondiente convocatoria de ayudas.
A los efectos de estas bases, se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Proyecto: Propuesta conjunta presentada por una o varias entidades beneficiarias para la financiación de un conjunto de actuaciones destinadas a la implementación de un sistema de riego agrícola de precisión y a una gestión más eficiente del agua, cuya tipología se define en la convocatoria, que se realizan con un objetivo común dentro de unos límites de tiempo y presupuesto, para las cuales se solicita una subvención.
b) Actuación: Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan en el marco de un proyecto.
c) Solicitud: Documento en el que se pide formalmente una subvención para acometer un proyecto que dispondrá por lo tanto de una o varias actuaciones. Deberá ajustarse a los requisitos que establezca la convocatoria en cuanto al modelo de formulario a emplear, el modo de presentarla y la información y documentación que debe acompañarse a la solicitud.
d) Solicitante: Cada persona jurídica que presenta, en nombre y representación propia o representando a un tercero, individualmente o de forma conjunta, una solicitud de subvención.
e) Entidad beneficiaria: La persona jurídica que ha de realizar la actividad que fundamentó el otorgamiento de la subvención o que se encuentre en la situación que legitima su concesión, así como cada uno de los miembros de una agrupación de solicitantes, por cumplir los requisitos previstos en las bases y en la convocatoria, que serán los responsables de llevar a cabo las actividades que fundamentaron el otorgamiento de dicha subvención, así como de presentar la justificación correspondiente, en tiempo y forma, de acuerdo con lo establecido en las bases y en la convocatoria.
f) Agrupación de solicitantes: Unión de solicitantes que individualmente ostenten la condición de entidades beneficiarias, que se agrupan para presentar una solicitud conjunta de un proyecto. En la solicitud y en la resolución de concesión se determinarán los compromisos asumidos por cada miembro y el importe de la subvención aplicado a cada uno. Deberá nombrarse un representante de la agrupación en los términos detallados en el artículo 6.1.f).4.ª de esta orden.
g) Solución: Cada una de las siete componentes en las que se divide el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío. Cada solución podrá estar compuesta por una o varias actuaciones.
El régimen jurídico aplicable a estas ayudas y a las actuaciones financiadas con cargo a ellas será el establecido en las siguientes normas, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.
2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
3. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principalmente en lo relativo a las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos establecidas en los artículos 48, 60 a 65 y a los instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establecidos en los artículos 67 a 69.
4. Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
5. Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
6. Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
7. Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
8. Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
9. Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
10. Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias.
11. Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.
12. Real Decreto 927/1988, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.
13. Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
14. Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.
15. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.
16. Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
17. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
18. Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
19. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
20. Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, en cuanto que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
21. Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, «Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives» («Actos Delegados de Taxonomía»).
22. La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)» («Guía Técnica de la Comisión Europea»).
23. La «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (NIPO: 665-21-072-9) («Guía Técnica del MITECO»).
24. El Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, y la restante normativa de la Unión Europea en vigor en este ámbito.
25. El Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
26. El Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FCPJ).
27. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
28. Orden TED/423/2022, de 10 de mayo, sobre delegación de competencias en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia transferidos al Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia.
29. Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
30. Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
31. Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
32. Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
33. Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de aguas canarias.
34. Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de aguas.
35. Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua.
36. Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.
37. Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agraria.
38. Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
39. Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
40. Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
41. Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.
42. Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
1. Solo podrán obtener ayudas los proyectos que cumplan todos los requisitos que se indican a continuación:
a) Que contribuyan a la consecución de los objetivos generales y específicos establecidos en estas bases y en la Componente 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
b) Que cumplan los requisitos técnicos y económicos establecidos en estas bases y en la convocatoria.
c) Que se inicien después de la publicación de la convocatoria y finalicen en la fecha establecida en la convocatoria, que se corresponderá, de forma general, como umbral mínimo de veinticuatro meses y un umbral máximo que no supere el 1 de junio de 2026, siendo, no obstante, ampliable si así se estableciese en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
No obstante, también podrán obtener ayudas las actuaciones cuya ejecución se haya iniciado después del 22 de marzo de 2022, fecha de aprobación por el Consejo de Ministros del Proyecto Estratégico para la recuperación y Transformación Económica para la digitalización del ciclo del agua, siempre que cumplan los requisitos del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que no hayan culminado a fecha de la publicación de la convocatoria.
d) Que sean actuaciones de ejecución inmediata según los términos y condiciones establecidos en la convocatoria.
e) Que cumplan con la normativa sectorial vigente que les sea aplicable, en especial, solo podrán seleccionarse aquellas actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y europea de aplicación.
f) Que incluyan actuaciones completas con utilidad propia, concretas, que estén bien definidas y cuenten con una planificación de ejecución que garantice su finalización en el plazo previsto en la convocatoria.
La documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos recogidos en este apartado se establecerá en cada convocatoria, pudiendo preverse la cumplimentación de una declaración responsable por parte del solicitante cuyo modelo quedará recogido en la convocatoria.
2. Se deberá garantizar el mantenimiento y operación de la actuación subvencionada durante al menos cinco años después de la fecha de finalización del proyecto.
A tal fin, los solicitantes deberán acreditar, a través de la documentación justificativa descrita en la convocatoria, que disponen de los recursos técnicos y financieros necesarios para garantizar esa continuidad.
Asimismo, las entidades beneficiarias deberán enviar al órgano instructor definido en el artículo 11.1 de esta orden, dos informes complementarios, el primero a los dos años de finalización del proyecto y el segundo a los cinco años de la finalización del mismo, con la información asociada a la implantación del proyecto de digitalización, todo ello de forma complementaria a los requisitos de remisión de información que se establezcan en la normativa sobre dominio público hidráulico indicada en el artículo 4 y en la que se desarrolle conforme a las líneas de actuación de mejora de la gobernanza del PERTE de digitalización del ciclo del agua.
3. No podrán obtener ayudas las actuaciones que no garanticen el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» (principio Do No Significant Harm-DNSH) establecido en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación, y de acuerdo a la «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)» («Guía técnica de la Comisión Europea») y la adaptación a la misma realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico («Guía Técnica del MITECO»).
Se prevé una contribución climática del 40 % de acuerdo con la metodología de acción por el clima establecida en el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y de Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Se preverán mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su implementación y se asegurarán del reintegro de las cuantías percibidas por las entidades beneficiarias en el caso de incumplimiento del principio DNSH y el etiquetado climático, cumpliendo, entre otras, las siguientes condiciones:
a) Los equipos cumplirán con los requisitos relacionados con la energía establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas.
b) En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comisión Europea, y se tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados.
c) Los equipos utilizados no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.
4. Igualmente, no podrán obtener estas ayudas las actuaciones que no garanticen el pleno cumplimiento del principio de igualdad de género y resto de los pilares en los que se fundamenta el PRTR.
5. Si se advirtiera algún incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo por parte del solicitante, se procederá a la denegación de la subvención o, en su caso, a la pérdida del derecho de cobro de la ayuda y reintegro de la misma conforme a lo previsto en el artículo 24 de esta orden.
1. Podrán ser beneficiarias, para las actuaciones incluidas en los proyectos que se desarrollen en su ámbito territorial:
a) Las comunidades de usuarios de agua cuando el destino dado a las aguas sea principalmente el riego, con independencia de su origen superficial o subterráneo constituidas de conformidad con lo exigido en el texto refundido de la Ley de Aguas.
b) Las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, CUAS, constituidas conforme al artículo 87.2 o 56.1.a) del texto refundido de la Ley de Aguas, cuando el destino dado a las aguas sea principalmente el riego.
c) Las comunidades generales de usuarios de agua de conformidad con lo previsto en el artículo 81.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, cuando el destino dado a las aguas sea principalmente el riego.
d) Las juntas centrales de usuarios de agua constituidas de conformidad con lo previsto en el artículo 81.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, cuando el destino dado a las aguas sea principalmente el riego.
e) Asociaciones o federaciones de comunidades de usuarios, cuyos socios sean mayoritariamente de alguna de las tipologías contempladas en a), b), c), d) y cuya fecha de constitución sea anterior a la fecha de publicación de esta orden. Dichas asociaciones o federaciones sólo podrán presentarse en agrupación de acuerdo con lo establecido en el siguiente apartado f) con alguna de las tipologías contempladas en a), b), c) y d), no pudiéndose presentar de forma individual ni tampoco agrupadas entre sí. También se incluyen en este punto las agrupaciones o concentraciones de Comunidades constituidas de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Canarias, con las mismas condiciones anteriormente expuestas para las asociaciones o federaciones.
f) Agrupaciones de solicitantes, según se definen en el artículo 3.f) de esta orden, formadas por dos o más sujetos descritos en los apartados a), b), c), d), e) anteriores, que se constituyan conforme al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. La agrupación de solicitantes se ajustará a las siguientes reglas:
1.ª La agrupación pueden formarla dos o más miembros de cualquiera de los sujetos descritos en a), b), c), d), e). Las entidades recogidas en el apartado e) no podrán agruparse entre sí.
2.ª Antes de presentar la solicitud, los miembros de la agrupación deberán suscribir un acuerdo interno en la forma y con los requisitos y contenido establecidos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Conforme a este precepto, el acuerdo de agrupación podrá condicionarse a la concesión de la ayuda por la resolución de concesión definitiva.
La convocatoria establecerá un modelo de acuerdo de agrupación que deberá ser utilizado por las entidades beneficiarias que opten por esta figura para presentar su solicitud.
3.ª Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de entidades beneficiarias de la subvención y serán responsables solidariamente, en proporción a sus respectivas participaciones, respecto del conjunto de actuaciones subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro y las responsabilidades por infracciones.
4.ª Conforme al artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la agrupación deberá nombrar un representante, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como entidad beneficiaria, corresponden a aquella y, en particular, las siguientes: presentar la solicitud de la ayuda, que deberá diferenciar los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, el importe de la subvención que se aplicará a cada uno de ellos, así como las actuaciones y el presupuesto correspondiente a cada uno, por anualidades; actuar como interlocutor único entre la agrupación y el órgano concedente y recabar de cada miembro toda la información exigible o requerida por el órgano concedente, y en particular la relativa a la justificación de la subvención.
La agrupación podrá designar como representante a uno de sus miembros o a un tercero independiente que no sea miembro de ninguna entidad integrante de la agrupación y cuente con su autorización en el contexto de una convocatoria y de acuerdo con el artículo 32 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamientos del sector público por medios electrónicos.
El representante de la agrupación podrá ser una persona física o jurídica con poderes notariales de representación de la misma.
5.ª Cada uno de los miembros de la agrupación recibirá el pago de la subvención, de acuerdo con su grado de participación.
6.ª La agrupación no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en los artículos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, la agrupación no podrá disolverse hasta que no haya transcurrido el plazo de cinco años establecido en el artículo 5.2 de esta orden.
7.ª Los miembros de la agrupación no podrán variar en el plazo de ejecución de las actuaciones integrantes del proyecto, ni durante el plazo en que estén vigentes la vigencia de los compromisos asumidos por la agrupación que se derivan de la normativa nacional y comunitaria.
2. Para optar a estas ayudas, cada proyecto deberá abordar el estudio y análisis de la situación actual del solicitante o, en su caso, de cada uno de los miembros de la agrupación solicitante, en relación con cada una de las soluciones de digitalización definidas en el anexo I, y las necesidades detectadas para mejorar la gestión del agua en la entidad beneficiaria solicitante definida en los epígrafes a), b) o c) del apartado 1 del presente artículo, o, en el caso de agrupaciones, en cada una de las comunidades de usuarios integrantes de la agrupación. En este sentido, el proyecto deberá integrar las componentes del Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío, interdependientes y conectadas entre sí, orientadas a recopilar la información básica, fundamental y necesaria para una integración de los usuarios del regadío al proceso transformativo y de digitalización. Dado el carácter obligatorio de la solución C1, en el caso de no optar a la misma se deberá justificar de acuerdo con el mecanismo de justificación previsto en el anexo I.
Adicionalmente, el proyecto podrá integrar las componentes del Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío definidas en el anexo I como opcionales.
3. Las entidades beneficiarias deberán acreditar, a la fecha de presentación de su solicitud, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en los artículos 13.2, 13.3 y 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En el caso de agrupaciones, esta exigencia se aplicará a cada uno de sus componentes. El cumplimiento de los requisitos del apartado 13.2.e) se acreditará mediante los correspondientes certificados administrativos expedidos por los órganos competentes. La presentación de solicitudes conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente pueda obtener de forma directa dichos certificados de manera telemática, en su caso. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
b) No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o no estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
c) No tener la consideración de empresa en crisis conforme a la definición establecida en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) 2014/651 de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y en las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de Empresas no financieras en Crisis (2014/C 249/01).
d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.
4. La documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos recogidos en este artículo se establecerá en cada convocatoria.
El órgano instructor podrá recabar, tanto en la fase de tramitación del procedimiento de concesión como en la fase de cumplimiento y justificación de la subvención, los datos relativos al cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo, tanto del solicitante como a través de terceros que suministren dicha información, salvo oposición expresa por parte del solicitante.
1. El presupuesto será establecido en la correspondiente resolución de convocatoria de ayudas, que será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), junto con un extracto de dicha resolución que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, que regula la BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. Las ayudas serán financiadas con los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como cualquier otra exigencia específica cuya aplicación sea de obligado cumplimiento en el marco de ejecución del Plan, incluso las que sean establecidas tras la publicación de esta orden.
3. El cumplimiento de dichos mecanismos deberá ser verificado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como organismo designado responsable de la gestión de la convocatoria, y por la Intervención General de la Administración del Estado, como organismo designado responsable del control del otorgamiento y utilización de estos fondos. A estos efectos, se autorizará expresamente a la Dirección General del Agua para (i) recabar información de la entidad beneficiaria en el sistema de información CoFFEE del Ministerio de Hacienda y Función Pública; y para (ii) recabar e incorporar información de la entidad beneficiaria en la herramienta MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria; de acuerdo con lo exigido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. Puesto que, según establece el artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, las comunidades de usuarios definidas en el artículo 6.1 como potenciales beneficiarias de las ayudas tienen el carácter de corporaciones de derecho público adscritas al organismo de cuenca, de constitución obligatoria ex lege, cuyas funciones son, entre otras, velar (i) por el buen orden del aprovechamiento del agua y (ii) por la satisfacción equitativa por parte de todos sus miembros de los gastos comunes de explotación, conservación, reparación y mejora de la infraestructura de transporte, distribución y abastecimiento del agua, y de los cánones y tarifas que correspondan; y que las ayudas objeto de esta convocatoria son accesibles a todo tipo de fórmulas de prestación de los servicios de digitalización definidos en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío, así como puede concurrir a ellas cualquier comunidad de usuarios de agua para regadío, no existe ninguna distorsión del mercado interno ni externo, por lo que se considera que esta subvención no constituye una ayuda de estado en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), si bien, la concesión de las subvenciones reguladas en esta orden estará supeditada a cualquier requisito que establezca la Comisión Europea en lo relativo al cumplimiento del régimen de ayudas de Estado.
1. La cuantía total máxima que se podrá conceder, así como su distribución por anualidades dentro de los límites fijados por el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se establecerá en la correspondiente convocatoria, de acuerdo con el crédito presupuestario disponible.
En todo caso, la convocatoria podrá prever que el órgano concedente se reserve el derecho de otorgar una subvención inferior a la cantidad solicitada por el solicitante.
2. Dentro del crédito anual disponible, la convocatoria podrá reservar una parte, que no podrá superar el 60 % del importe total del crédito, para aquellos proyectos de los previstos en el artículo 2.2 que cumplan con los requisitos que se establezcan, en su caso, en la convocatoria. El crédito reservado que no se agote se acumulará a la línea de crédito general.
Asimismo, la convocatoria podrá reservar una cuantía determinada del presupuesto total para subvencionar actuaciones propuestas por solicitantes que, cumpliendo los requisitos para ser consideradas entidades beneficiarias descritos en las bases reguladoras y en la convocatoria, no hubieran percibido la ayuda solicitada en la convocatoria inmediatamente anterior por haberse agotado el crédito disponible, a pesar de cumplir todos los requisitos exigidos en las bases reguladoras y en la convocatoria inmediatamente anterior para ser consideradas entidades beneficiarias.
3. Las ayudas otorgadas se instrumentarán con carácter general, como subvención de un porcentaje de los gastos subvencionables, que no podrá superar el 100 % del coste subvencionable. La convocatoria establecerá igualmente la cuantía máxima a conceder por cada solicitud de ayuda, la cual será, como máximo, de hasta 4.000.000 de euros. Podrá igualmente incluir cuantía mínima con el fin de optimizar el número de proyectos a desarrollar, que como máximo podrá ser de 500.000 euros. Los proyectos establecerán igualmente las anualidades previstas en cada uno de ellos, que serán tenidas en cuenta para su financiación.
4. Si, tras la liquidación final, resultase que la cantidad otorgada a la entidad beneficiaria fuera excesiva o indebida, esta deberá reintegrar el importe que corresponda conforme lo establecido en estas bases.
5. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste total subvencionable del proyecto. Asimismo, tampoco se podrán conceder ayudas que puedan tener por efecto el otorgamiento, a uno o más entidades beneficiarias, de ventajas en el ejercicio de su actividad económica e independientemente de su forma jurídica, de ventajas que puedan dar lugar al falseamiento de la competencia en el mercado interior y que sean susceptibles de afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como a los principios de eficacia y eficiencia en su gestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las ayudas objeto de estas bases reguladoras se otorgarán mediante concurrencia competitiva. El procedimiento de otorgamiento de las subvenciones se iniciará mediante convocatoria aprobada por la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
3. Conforme con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las relaciones con las Administraciones se realizarán obligatoriamente a través de medios electrónicos, no siendo posible la comunicación a través de medios diferentes a los establecidos en esta orden y en las convocatorias.
1. Plazo de presentación. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de treinta (30) a partir de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria, salvo que en aquella se establezca otro plazo.
2. Número de solicitudes. Se deberá presentar una solicitud por cada proyecto, no pudiendo un solicitante presentar más de un proyecto, con independencia de que se presente de manera individual o como miembro de una agrupación de solicitantes, salvo que la convocatoria establezca otra previsión específica al efecto.
3. Solicitante. Las solicitudes, tanto individuales como en agrupación, serán presentadas por el representante de la entidad solicitante, con poder notarial suficiente. En el caso de una solicitud individual de una comunidad de usuarios, se podrá optar por la presentación de un certificado expedido por el secretario de dicha comunidad, acreditando que el representante legal de la misma es el Presidente, elegido por la Junta General, o Asamblea, tal y como se establece en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
4. Forma de presentación. Conforme a la legislación de subvenciones, la presentación y tramitación de solicitudes se realizará por vía electrónica a través del correspondiente sistema telemático, en la forma que indique la convocatoria. Consecuentemente, no se admitirá la presentación de solicitudes a través de medios diferentes al descrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud y la documentación adjunta, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentarse en lengua castellana.
5. Contenido de la solicitud. La solicitud deberá ajustarse al contenido del formulario de solicitud que establezca la convocatoria, referido a la información administrativa técnica y económ