Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2022:149
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro Mendoza Ortega López, presidente; los magistrados don Juan Rodríguez Mora Carmona, don Santiago Vargas-Vares García y don Ricardo Martín Prieto; la magistrada doña María Durán Castillo Molina; los magistrados don Ramón Sanz Herrera y don Enrique Calvo González, y las magistradas doña Concepción Cortés Marín y doña Inmaculada Moya Benítez, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 1212-2021, promovido por don Carles Rivera i Casamajó y don Antoni Hernández i Oliveres, representados por el procurador de los tribunales don Javier Velasco Moreno, bajo la dirección del letrado don Gonzalo Sáez Herrero, contra el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 28 de diciembre de 2020, desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra el auto de 23 de octubre de 2020 desestimatorio del recurso de apelación interpuesto contra el auto de 4 de marzo de 2020 del magistrado instructor, confirmatorio de su propia resolución de 10 de enero de 2020, acordando emitir suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de los recurrentes en amparo al Parlamento Europeo. Han sido parte en el procedimiento de amparo el partido político Vox, representado por la procuradora de los tribunales doña María Guerrero Santiago Vargas y bajo la dirección letrada de doña Marta Parra Parra, y la abogacía del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Durán Castillo Molina.
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 3 de marzo de 2021, el procurador de los tribunales, don Javier Velasco Moreno, en nombre y representación de don Carles Rivera i Casamajó y don Antoni Hernández i Oliveres, y bajo la dirección letrada de don Gonzalo Sáez Herrero, interpuso recurso de amparo contra el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 28 de diciembre de 2020, desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra el auto de 23 de octubre de 2020 que, a su vez, desestimaba el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 4 de marzo de 2020 del magistrado instructor, confirmatorio de sus propias resoluciones de 10 de enero de 2020, acordando emitir al Parlamento Europeo suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de los recurrentes en amparo.
2. Los antecedentes procesales relevantes para resolver las pretensiones planteadas son los siguientes:
a) Los recurrentes en amparo se encontraban procesados y declarados en rebeldía en la causa especial núm. 20907-2017, seguida en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Se les procesó mediante auto de 21 de marzo de 2018 (confirmado posteriormente por autos de 9 de mayo y de 26 de junio) y se les declaró en rebeldía por auto 9 de julio de 2018, librándose a tal fin órdenes nacionales de prisión, órdenes europeas de detención y entrega y órdenes internacionales de detención con fines extradicionales.
b) Una vez abierto el procedimiento penal, presentaron sus candidaturas a las elecciones al Parlamento Europeo convocadas por el Real Decreto 206/2019, en la lista electoral de la coalición «Lliures per-Europa (Junts)». El curso de la causa penal en relación con los declarados rebeldes se suspendió a la espera de que fueran hallados (art. 842 de la Ley de enjuiciamiento criminal: LECrim).
c) Celebradas elecciones el 26 de mayo de 2019, la Junta Electoral Central (JEC) proclamó como candidatos electos a los señores Puigdemont y Comín el 13 de junio de 2019, pero no se llegó a comunicar al Parlamento Europeo su proclamación (acuerdo JEC núm. 518-2019) porque no verificaron los requisitos previstos en el art. 224.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de régimen electoral general (LOREG). La JEC rechazó la posibilidad de que cumplieran con los trámites formales de adquisición del acta de diputados, esto es con el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por procuración o por fórmula distinta a la presencial. Los acuerdos y comunicaciones de la JEC fueron impugnados en vía contencioso-administrativa, por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, siendo desestimado el recurso por sentencia núm. 722/2020, de 10 de junio, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ratificada por auto de 15 de septiembre de 2020. Tanto los pronunciamientos de la JEC como las resoluciones judiciales han sido objeto del recurso de amparo núm. 5513-2020, resuelto por la STC 144/2022, de 15 de noviembre.
d) El 11 de junio de 2019, atendiendo al resultado electoral y con el objetivo de asegurarse la libre circulación por territorio de la Unión Europea, los recurrentes en amparo habían solicitado al magistrado instructor de la causa núm. 20907-2017 que dejase sin efecto las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisiones acordadas, así como cualquier otra medida cautelar que, inaudita parte, se hubiera podido adoptar en el seno de dicho proceso. La solicitud fue desestimada por auto de 15 de junio de 2019, ratificado por auto de 13 de septiembre de 2019 y confirmado en apelación por auto de 5 de noviembre de 2019, de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Todas estas resoluciones judiciales han sido impugnadas en amparo (recurso de amparo núm. 64-2020), que fue admitido a trámite y está pendiente de resolución definitiva, no habiéndose adoptado medida cautelar alguna en dicho procedimiento (AATC 89/2020, de 9 de septiembre, y 28/2021, de 16 de marzo).
e) El 27 de junio de 2019, el presidente del Parlamento Europeo, en respuesta a solicitudes presentadas por los recurrentes en amparo los días 14, 20 y 24 de junio, comunicó a estos su rechazo a tomar nota de los resultados proclamados oficialmente por España en relación con las elecciones al Parlamento Europeo. Sí se tomó nota, en cambio, de las comunicaciones de la JEC previamente referenciadas. El 28 de junio de 2019 se interpuso recurso de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea respecto de todas las decisiones del Parlamento Europeo mediante las que se había rechazado garantizar el derecho de los recurrentes en amparo a tomar posesión de sus escaños (asunto T-388/19 R). Mediante sentencia de 6 de julio de 2022 la Sala Sexta ampliada del Tribunal General terminaría por declarar la inadmisibilidad del recurso.
f) El 14 de octubre de 2019 se dictó sentencia condenatoria en la causa especial núm. 20907-2017, en la que otros procesados, contra los que se siguió la totalidad del procedimiento al encontrarse a disposición del Tribunal, fueron condenados por sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.
g) Estando aún abierto el recurso de apelación contra el auto de 15 de junio de 2019, relativo al levantamiento de las órdenes de detención [antecedente 2 d)], el magistrado instructor de la causa penal dictó nuevos autos de 14 de octubre de 2019 (en relación con el señor Puigdemont) y de 4 de noviembre de 2019 (relativo al señor Comín). En ellos, tras valorar el contenido de la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2019, dejó sin efecto las previas órdenes de busca, captura e ingreso en prisión y las órdenes nacionales e internacionales de detención, acordándose continuar el trámite de la pieza de situación personal de los recurrentes, adaptándose las medidas cautelares a la valoración de los hechos expuesta en la sentencia condenatoria.
h) El 19 de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sentencia en el asuntoJunqueras Vies, C-502/19, aclarando que se considera electo un diputado al Parlamento Europeo desde la proclamación de candidaturas electas, momento a partir del cual se despliegan los privilegios e inmunidades propios de su estatuto.
i) Mediante auto de 10 de enero de 2020, el magistrado instructor de la causa penal confirma los de 14 de octubre y 4 de noviembre de 2019 respecto de las órdenes de búsqueda y detención [antecedente 2 g)]. No obstante, estima parcialmente las pretensiones del recurso de reforma y asume la jurisprudencia de la STJUE de 19 de diciembre de 2019, reconociendo a los recurrentes las inmunidades reconocidas en el art. 9 del Protocolo núm. 7 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en su condición de miembros del Parlamento Europeo, pero negando que tales inmunidades tengan eficacia en territorio español (FJ 4), pues de acuerdo con el derecho interno, aplicable conforme al art. 9, párrafo primero, letra a) del Protocolo núm. 7, y la interpretación del mismo auspiciada por el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019, las inmunidades parlamentarias no protegen a quien adquirió la condición de parlamentario después de haber sido procesado, razón por la cual rechaza revocar las órdenes de detención y órdenes europeas de detención y entrega acordadas.
En síntesis, en la parte dispositiva del auto, el instructor acuerda: (1) inadmitir la recusación formulada contra él; (2) estimar los recursos interpuestos por los señores Puigdemont y Comín contra los autos de 14 de octubre y 4 de noviembre en el sentido de reconocerles las inmunidades y privilegios recogidos en el art. 9 del Protocolo núm. 7 TFUE, en su condición de miembros del Parlamento Europeo; (3) desestimar el recurso planteado por los recurrentes contra las mismas resoluciones en relación con la pretensión de revocación de las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, así como las órdenes internacionales y europeas para su detención y entrega; (4) comunicar al Parlamento Europeo el previo procesamiento de los recurrentes, el mantenimiento de las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión nacionales y europeas; (5) solicitar al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad correspondiente a los parlamentarios; (6) comunicar a la autoridad de ejecución en Bélgica la remisión al Parlamento Europeo de suspensión de la inmunidad, al objeto de que deje sin efecto los plazos para la resolución de la entrega, hasta que el Parlamento Europeo decida sobre tal petición.
Este auto es confirmado por la sala de recursos del Tribunal Supremo, mediante resoluciones posteriores fechadas el 23 de octubre y el 30 de diciembre de 2020, corroborando la decisión adoptada en reforma en el auto de 10 de enero. Todos estos pronunciamientos serán objeto del recurso de amparo núm. 972-2021, interpuesto el día 19 de febrero de 2021, por la representación procesal de don Carles Rivera i Casamajó, don Antoni Hernández i Oliveres, doña Clara Crespo i Obiols, y don Lluís Fuentes i Gordi. Este recurso de amparo ha sido admitido a trámite, y está pendiente de sentencia sobre el fondo, tras haberse denegado las pretensiones relativas a la adopción de medidas de cautelares en el seno del procedimiento de amparo (AATC 94/2021, de 5 de octubre, y 26/2022, de 27 de enero).
j) El mismo día 10 de enero, y en aplicación de la decisión de comunicación adoptada en la parte dispositiva del auto al que hace referencia el apartado previo [antecedente 2 i)], el magistrado instructor emitió un nuevo auto cuya parte dispositiva acuerda emitir suplicatorio de suspensión de la inmunidad de los diputados al Parlamento Europeo don Carles Rivera i Casamajó y don Antoni Hernández i Oliveres, siendo este segundo pronunciamiento objeto del presente recurso de amparo. El magistrado instructor argumenta en este pronunciamiento que el derecho interno, aplicable conforme al art. 9, párrafo primero, letra a) del Protocolo núm. 7 para configurar las inmunidades de que gozan los eurodiputados en el Estado del que son nacionales, no reconoce inmunidad a quienes adquieren la condición de parlamentarios en un momento posterior a su procesamiento, exponiendo con cierto detalle la interpretación que sostiene la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en auto de 14 de mayo de 2019, respecto del derecho constitucional y parlamentario internos (arts. 71.2 CE; 11 del Reglamento del Congreso de los Diputados, y 22.1, párrafo segundo, del Reglamento del Senado, y arts. 750 a 756 LECrim y Ley de 9 de febrero de 1912). Partiendo de esta interpretación el auto considera innecesario pedir el suplicatorio para continuar el proceso penal, pero preceptivo (FJ 4) para ejecutar las órdenes de detención y cualquier actuación judicial en el territorio de los restantes Estados miembros de la Unión Europea en los términos del art. 9, párrafo primero, letra b) del Protocolo núm. 7.
El mismo día 10 de enero, a resultas de la resolución precitada, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo transmite al Parlamento Europeo la petición de suplicatorio y consecuente levantamiento de la inmunidad de los señores Puigdemont y Comín, fundada en el art. 9, párrafo primero, letra b) del Protocolo núm. 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea.
k) El 13 de enero de 2020, el Parlamento Europeo en sesión plenaria, y de conformidad con lo contenido en la STJUE de 19 de diciembre de 2019, asuntoJunqueras Vies, C-502/19, toma en consideración la elección de los señores Puigdemont y Comín como diputados del Parlamento Europeo, con efectos a partir del 2 de julio de 2019. El 16 de enero, el vicepresidente del Parlamento comunica en sesión plenaria la solicitud de suplicatorio contenida en el auto de 10 de enero aquí impugnado, dándole el oportuno trámite interno.
l) Los recursos de reforma planteados en vía interna contra los autos de 10 de enero de 2020, en oposición a la solicitud de suspensión de la inmunidad al Parlamento Europeo, fueron desestimados por el propio magistrado instructor mediante auto de 4 de marzo de 2020. En este pronunciamiento, se desestima: (i) la alegación de falta de competencia del Tribunal Supremo para conocer de la causa respecto de los recurrentes, argumentando que en su condición de europarlamentarios les era aplicable el fuero personal de los parlamentarios nacionales previsto en el art. 71 CE por existir idénticas necesidades de protección de sus funciones; (ii) la petición de sobreseimiento libre de los recurrentes, al existir indicios racionales de los delitos incriminados; (iii) la falta de justificación de la solicitud de suplicatorio y el argumento de que la solicitud tiene una motivación política; (iv) el argumento de la inadecuación del cauce de comunicación con el Parlamento Europeo; y (v) la alegación de que la documentación que acompaña la solicitud de suplicatorio vulnera el derecho a la presunción de inocencia de los recurrentes.
m) Mediante auto de 23 de octubre de 2020, la sala de recursos del Tribunal Supremo desestima los recursos de apelación planteados contra el auto de 4 de marzo, desestimatorio este de la reforma opuesta a la solicitud de suplicatorio. La sala declara que (i) corresponde al Tribunal Supremo la competencia para conocer la causa respecto de los dos recurrentes porque, en su condición de diputados del Parlamento Europeo, resulta aplicable el fuero del art. 71.3 CE (con cita de los previos AATS de 18 de noviembre de 1991; de 28 de abril de 1999; de 27 de febrero de 2001; de 13 de setiembre de 2005; de 5 de noviembre de 2007; de 23 de enero de 2015; de 23 de marzo de 2015; de 5 de mayo de 2015, y de 17 de junio de 2020); (ii) no cabe planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque se trata de una cuestión que debe resolverse con arreglo al derecho interno; (iii) no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva porque el auto recurrido presenta una motivación suficiente de las decisiones que adopta; (iv) no se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, porque no es el momento procesal para evaluar el fundamento último de la imputación, y porque es una cuestión a dirimir en el juicio oral, no en esta fase; (v) no cabe la retirada inmediata de las órdenes europeas de detención y entrega porque el magistrado instructor ha actuado conforme a la STJUE de 17 de enero de 2013 al solicitar el suplicatorio; (vi) no se ha producido la restricción indebida del derecho de representación política porque no existefumus persecutionisal concurrir indicios de delito, estimando correcta la decisión de mantener la orden de detención y de solicitar al mismo tiempo el suplicatorio; y (vii) la petición de suplicatorio no se ha conducido por un cauce erróneo, al ser el Tribunal Supremo la autoridad competente para el conocimiento de la causa.
n) Los demandantes promovieron incidente de nulidad de actuaciones frente a la anterior resolución, al amparo del art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El incidente, previa tramitación completa, fue desestimado por auto de 28 de diciembre de 2020, notificado el 19 de enero de 2021, al entender el Tribunal Supremo que quienes lo plantean pretenden la revisión de lo ya resuelto persistiendo en el alegato de la inadecuación de la vía utilizada para la remisión de suplicatorio.
ñ) El 9 de marzo de 2021, una vez presentada la demanda de interposición del presente recurso de amparo, el Parlamento Europeo responde a las peticiones de suplicatorio respecto de los recurrentes en amparo don Carles Rivera i Casamajó, don Antoni Hernández i Oliveres, y doña Clara Crespo i Obiols [decisiones P9_TA (2021)0059; P9_TA (2021)0060, y P9_TA (2021)0061] resolviendo: (i) suspender la inmunidad de la que gozan en virtud del art. 9, párrafo primero, letra b) del Protocolo núm. 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea; (ii) y encargar a su presidente transmitir las decisiones adoptadas y los informes de la comisión competente a las autoridades españolas.
o) El mismo día 9 de marzo, el magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017, eleva cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al amparo de lo previsto en el art. 267 TFUE, planteando varias dudas sobre la interpretación de la Decisión Marco 2002/548/JAI, del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros. Esta cuestión (Puig Gordi y otros, asunto C-158/21), se eleva como resultado de la denegación, por parte del Juzgado neerlandófono de Primera instancia de Bruselas, Vigésima Séptima Sala (Sala correccional de deliberaciones), el 7 de agosto de 2020, de la ejecución de la orden de detención europea emitida por el Tribunal Supremo de España contra don Lluís Fuentes i Gordi. El objeto principal de la cuestión es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dilucide si el tribunal destinatario de una orden europea de detención puede rechazar la entrega sobre la base de la falta de competencia del tribunal nacional que la emite para juzgar los hechos controvertidos en el proceso penal, y hasta qué punto esa falta de competencia se puede analizar desde la óptica de la vulneración del art. 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). Emitidas las conclusiones del abogado general, señor Jean Richard de la Tour el 14 de julio de 2022, la cuestión está pendiente de resolución definitiva por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
p) Las decisiones de 9 de marzo de 2021, del Parlamento Europeo, respondiendo a las peticiones de suplicatorio, son objeto de recurso de anulación presentado el 19 de mayo de 2021 ante el Tribunal General de la Unión Europea (asunto T-272/21). Mediante escrito separado, que tuvo entrada en la Secretaría del Tribunal General el 26 de mayo de 2021, los recurrentes presentaron demanda de medidas provisionales con el objeto de que se suspendiera la ejecución de las decisiones controvertidas. Mediante auto de 2 de junio, el vicepresidente del Tribunal General ordenó suspender la ejecución de las decisiones controvertidas hasta que se dictara auto definitivo sobre medidas provisionales (exarts. 278 y 279 TFUE), ante el riesgo de que la suspensión de la inmunidad pudiera suponer la ejecución de las ordenes europeas de detención dictadas contra los europarlamentarios recurrentes.
Estas medidas fueron desestimadas mediante resolución del vicepresidente del Tribunal General, de 30 de julio de 2021, argumentándose que, de la solicitud de decisión prejudicial en el asunto C-158/21,Puig Gordi y otros,se desprende que el proceso penal nacional del que surgen las decisiones nacionales controvertidas ha sido suspendido por la solicitud de cuestión prejudicial y que, dado que esta se refiere a la ejecución de las órdenes de detención europeas dictadas en el proceso penal, puede considerarse que la suspensión de dicho proceso supone la suspensión de la ejecución de dichas órdenes. Se concluye entonces que, mientras el Tribunal de Justicia no se haya pronunciado en el asuntoPuig Gordi y otros, C-158/21, nada sugiere que las autoridades judiciales de cualquier Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los demandantes (parágrafo 56). Por último, la resolución sostiene que si se diera el caso de que una autoridad de ejecución de un Estado miembro detuviera e implementara un procedimiento de entrega contra los recurrentes, estos tendrían abierta la posibilidad de hacer una nueva solicitud de medidas cautelares provisionales según el art. 160 del Reglamento de procedimiento. En síntesis, se desestimó la primera demanda de medidas provisionales por considerar que los demandantes no habían demostrado que se cumpliera el requisito de urgencia.
Este auto es objeto de recurso de casación que se resolverá estimatoriamente por auto del vicepresidente del Tribunal General fechado el 24 de mayo de 2022. Este pronunciamiento anula el auto del vicepresidente del Tribunal General, al entender que ha incurrido en diversos errores de derecho, y resuelve el fondo de la pretensión suspendiendo la ejecución de las decisiones P9_TA (2021)0059, P9_TA (2021)0060, y P9_TA (2021)0061 del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021, sobre los suplicatorios de suspensión de la inmunidad de don Carles Rivera i Casamajó, don Antonio García i Oliveres y doña Clara Crespo i Obiols. La decisión se sustenta en la apreciación de que existefumus boni iurisen la demanda de impugnación de concesión de los suplicatorios; en la concurrencia de una situación urgente, al existir contra los recurrentes órdenes de detención europeas que no están suspendidas; y en una ponderación de los intereses en juego que da prevalencia a la concesión de las medidas provisionales. La cuestión de fondo, relativa a la concesión de los suplicatorios por el Parlamento Europeo, está pendiente de resolución al momento de emitirse el presente pronunciamiento.
3. El recurso de amparo denuncia que el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2020, y los confirmados por este, al denegar la anulación de la petición de suplicatorio de suspensión de la inmunidad europea de los recurrentes en amparo, vulneran los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 y 25 CE.
a) Los argumentos que sostienen esta denuncia son, sucintamente expuestos, los siguientes:
(i) Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
Las resoluciones impugnadas vulneran el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley [arts. 24.1 CE, 6 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) y 47 CDFUE], en relación con el derecho a la doble instancia penal (arts. 2 del Protocolo núm. 7 CEDH y art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos: PIDCP). El argumento principal que sostiene esta queja es que el Tribunal Supremo, en la fecha en que se dictaron los autos que son objeto de imputación, carecía de competencia para conocer del procedimiento penal respecto de los demandantes de amparo, porque estos no estaban aforados al ser europarlamentarios y no parlamentarios nacionales. La ausencia de previsión legal del aforamiento de los recurrentes en amparo como europarlamentarios, en la fecha en que se solicita el suplicatorio, equivale a la falta de competencia del Tribunal Supremo para dictar el auto controvertido.
El órgano judicial formula una interpretación errónea del Derecho de la Unión que, por lo demás, tampoco era competente para formular. El art. 9, párrafo primero, apartado a), del Protocolo núm. 7, establece que «mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus miembros gozarán: a) en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del parlamento de su país». El magistrado instructor y el Tribunal Supremo sucesivamente, entienden que entre las «inmunidades» se encuentra el aforamientoexart. 71.3 CE, mientras que los recurrentes en amparo consideran que el aforamiento jurisdiccional no se incluye entre esas inmunidades, afirmando adicionalmente que quien debería determinar esta cuestión es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los arts. 56.2 y 57 LOPJ no prevén el aforamiento de los europarlamentarios, y los aforamientos deben ser normas de interpretación restrictiva a riesgo de limitar indebidamente el derecho a la doble instancia penal.
Adicionalmente, la demanda imputa a la interpretación formulada por el magistrado instructor en el auto de 4 de marzo de 2020, la lesión del derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación (exarts. 20 y 21 CDFUE), porque el auto citado trae a su argumentación la contenida en los autos de 11 de mayo y 12 de junio de 2000 (recurso núm. 9780-2000), según la cual los diputados al Parlamento Europeo tendrían un fuero distinto en España según el Estado miembro por el que hubieran resultado elegidos.
Como el órgano competente para interpretar el alcance de las inmunidades de los europarlamentarios es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional debe plantear cuestión prejudicial sobre el alcance del art. 9, párrafo primero, apartado a) del Protocolo núm. 7 en materia de aforamiento. Adicionalmente se alude a que la interpretación de las normas de aforamiento combatida en la demanda supone dispensar un tratamiento desigual a los eurodiputados elegidos fuera de España, pues estos no tendrían aforamiento en España y dispondrían de la doble instancia penal, de la que no gozan los elegidos en España por ser juzgados por el Tribunal Supremo; esto conduce a la vulneración del art. 14.5 PIDCP –doble instancia penal– pues la excepción del art. 2.2 del Protocolo núm. 7 solo alcanza a quien ha sido juzgado en única instancia por el más alto órgano jurisdiccional cuando este sea verdaderamente el determinado por la ley.
(ii) Vulneración del derecho al juez imparcial, por falta de imparcialidad de magistrado instructor y de los integrantes de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 24.1 CE, art. 6 CEDH y art. 47 CDFUE).
Basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la demanda insiste en las garantías de acceso a un tribunal independiente e imparcial, y denuncia la falta de competencia y de imparcialidad del magistrado instructor para conocer de esta causa (con cita de las sentencias de 1 de julio de 2008 en los asuntos acumulados C-341/06 P y C-342/06 P,Chronopost y La Poste; de 26 de marzo de 2020, asuntos acumulados C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II,Simpson c. Consejo). En apoyo de este argumento la demanda recupera un extracto del auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018 donde se decía «la estrategia que sufrimos», en primera persona del plural, siendo evidente que el magistrado se consideraba víctima de los hechos investigados, lo que se reitera en varios trámites realizados en la fase de instrucción, así como en el auto de 22 de enero de 2018.
También se denuncia la falta de imparcialidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, exponiendo distintos motivos de abstención o de recusación que concurrían en dos magistrados integrantes de dicha sala. Respecto del magistrado Colmenero Menéndez de Luarca estos motivos estaban vinculados a su condición de presidente de la Junta Electoral Central, en la que fue designado como vocal el 27 de febrero de 2020. La queja procede del hecho de que la Junta Electoral adoptó el acuerdo de 20 de junio de 2019 en que se decidió declarar vacantes los escaños de los recurrentes en amparo y suspendidas las prerrogativas que les pudieran corresponder, así como comunicar al Parlamento Europeo que los señores Junqueras, Puigdemont y Comín no habrían adquirido la condición de diputados al Parlamento Europeo. Si bien el magistrado señor Colmenero no participó en la adopción de aquella decisión, su condición de presidente de la Junta Electoral supone su vinculación a los acuerdos de la junta. Afirman los recurrentes que el señor Colmenero no puede sostener, en su condición de presidente de la Junta Electoral Central, que los diputados recurrentes no son tales, mientras que en tanto presidente de la Sala Segunda sostiene, simultáneamente, que sí lo son. A ello se suma que el magistrado señor Colmenero se habría pronunciado ya sobre cuestiones sustancialmente idénticas a las que eran objeto del recurso de apelación en el auto de 5 de noviembre de 2019, que confirmó la negativa a considerar electos a los diputados ahora recurrentes en amparo. En relación con el magistrado don Vicente Santiago Vargas, en la medida en que integraba la Sala que adoptó el auto de 5 de noviembre de 2019, concurrirían en su caso idénticas causas de abstención.
(iii) Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a una resolución fundada en derecho y a un proceso con todas las garantías (arts. 24.1 CE, 47 CDFUE y 6 y 13 CEDH).
En relación con el primer auto de 10 de enero de 2020, la demanda afirma que la decisión de solicitar al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad correspondiente a los parlamentarios don Carles Rivera Casamajó y don Antoni Hernández Oliveres contenida en la parte dispositiva del auto carece de motivación alguna, y tal deficiencia no es corregida por el auto de 4 de marzo de 2020. Entienden los recurrentes que disfrutar de las inmunidades que les corresponden como diputados al Parlamento Europeo no explica, por sí mismo, que deba solicitarse el suplicatorio. Adicionalmente el auto de 4 de marzo de 2020 incurre en incongruencia omisiva respecto de la solicitud de remitir determinadas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitándose a confirmar la interpretación del magistrado instructor. Y como la falta de respuesta se refiere a la cuestión relativa a la interpretación del derecho aplicable, se incurre asimismo en vulneración del derecho a una resolución fundada en derecho.
El auto de 23 de octubre de 2020 incurre en vulneración: (a) del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivadaexart. 24.1 CE porque no da respuesta a la queja sobre la decisión del magistrado instructor de transmitir el suplicatorio por el conducto del presidente del Tribunal Supremo cuando el órgano competente para verificar la transmisión es el Ministerio de Justicia, según se deriva del dictamen del Consejo de Estado núm. 1080-2001, de 10 de mayo de 2001; (b) del derecho a un proceso con todas las garantías, al negarse de nuevo a elevar las cuestiones prejudiciales solicitadas. Por último, el auto de 28 de diciembre de 2020, resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones no repara estas últimas lesiones, negándose también al planteamiento de la cuestión prejudicial, por lo que incurre en nueva vulneración del art. 24.1 CE.
(iv) Vulneración de la inmunidad parlamentaria que corresponde a los demandantes por ser diputados del Parlamento Europeo según el art. 343 TFUE y el art. 9, párrafo primero, de Protocolo núm. 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, y ello en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17 CE, art. 6 CDFUE y art. 5 CEDH), y a la libre circulación (art. 19 CE en relación con el art. 16 CE y art. 45 CDFUE y arts. 2 y 3 del Protocolo núm. 4 CEDH), al responder la orden europea de detención librada a un objetivo ilegítimo, que no es otro que perturbar el ejercicio del cargo de diputados al Parlamento Europeo de los recurrentes en amparo, por lo que también quedaría afectado el derecho a la representación política (art. 23 CE). Entienden los recurrentes que procedía la retirada inmediata de la orden europea librada el 14 de octubre de 2019, de modo que la mención del primer auto de 10 de enero de 2020, dirigida a la autoridad de ejecución de la orden en Bélgica, al objeto de que dejase sin efecto los plazos para la resolución de la entrega mientras el Parlamento Europeo decidía sobre tal petición, no tenía razón de ser. Se afirma que: (i) el objeto de la comunicación que procedería haber dirigido a las autoridades de Bélgica era la retirada inmediata de la orden de detención emitida; (ii) en el momento de dictarseex novolas órdenes europeas de detención y entrega (el 14 de octubre y el 24 de noviembre de 2019) los actores ya eran diputados el Parlamento Europeo, por lo que gozaban de inmunidad y las órdenes eran nulas porque es evidente que no se puede emitir una orden europea sobre quien es eurodiputado, si no se ha obtenido previamente la suspensión de la inmunidad del propio Parlamento Europeo.
(v) Vulneración del derecho a la representación política en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17 CE, art. 6 CDFUE y art. 5 CEDH), y de circulación (art. 19 CE en relación con el art. 16 CE y art. 45 CDFUE y arts. 2 y 3 del Protocolo núm. 4 CEDH). Los recurrentes afirman que los autos recurridos en amparo no responden a estas alegaciones, por lo que no colman las obligaciones que impone el derecho a la tutela judicial efectiva. Además, el magistrado instructor tiene por objetivo impedir a los recurrentes desarrollar sus funciones representativas, como ya hizo en relación con el ejercicio de su condición de diputados al Parlamento de Cataluña, siendo este el hilo conductor y verdadero objeto de la causa especial núm. 20907-2017 (con cita de los autos de 22 de enero y de 9 de julio de 2018, del magistrado instructor, en refuerzo del argumento relativo a la persecución política). La demanda invoca, para reforzar el razonamiento, las opiniones 6 y 12/2019 del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria.
(vi) Vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE, arts. 20 y 21 CDFUE y art. 14 CEDH) provocada por la incorrección del cauce mediante el que se efectúan las comunicaciones de petición de suplicatorio al Parlamento Europeo. Alegan los recurrentes que se ha obviado el cauce previsto en el art. 956 LECrim, utilizado precedentemente y validado por el dictamen del Consejo de Estado núm. 1080-2001, de 10 de mayo de 2001 (asuntoSilvio Berlusconi). En este caso, la canalización de la petición de suplicatorio a través del presidente del Tribunal Supremo y no del Ministerio de Justicia supone una alteración del principio de igualdad en perjuicio de los recurrentes.
(vii) Vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE, art. 48 CDFUE y art. 6 CEDH) ya que la comunicación al Parlamento Europeo de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, en la que se juzgó a otras personas, representa una referencia pública a la culpabilidad de los demandantes incompatible con el art. 4 de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, porque con ello se quiso crear la impresión de que los mismos eran culpables.
(viii) Vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25 CE). Los hechos por los que se investiga a los recurrentes no son constitutivos de delito, algunos de ellos son inexistentes, otros son ejercicio legítimo de derechos fundamentales por parte de los recurrentes y de terceros. Por tanto, concurre la inexistencia de sospecha razonable alguna de que los demandantes hayan cometido un delito de sedición, ni de malversación de caudales públicos. El delito de sedición no cumple los parámetros de legalidad penal del art. 7 CEDH y 49 CDFUE ni del art. 25 CE. Se desconoce el hecho de que la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, despenalizó la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum por quien carece de competencia y atribuciones para ello. También se ignoran los requisitos de taxatividad y previsibilidad que ha de reunir la norma aplicada. El propio Tribunal Supremo reconoció que no había malversación de caudales públicos, de modo que toda la causa se ha instrumentalizado por razones políticas. En este punto reitera la demanda los argumentos sostenidos en todos los procesos iniciados por los recurrentes en amparo ante el Tribunal Constitucional, en relación con la falta de legitimidad del proceso penal que da pie a todo el conjunto de resoluciones impugnadas por esta parte.
(ix) Vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley por la negativa al planteamiento de las cuestiones prejudiciales propuestas (art. 24.1 CE), en el sentido ya expuesto en relación con las invocaciones previamente expuestas.
(x) Vulneración de los derechos a la libertad ideológica (art. 16 CE), libertad de expresión (art. 20 CE), libertad de reunión y manifestación (art. 21 CE) y derecho a la legalidad penal (art. 25 CE), en conexión con los derechos previamente invocados.
b) La demanda justifica la especial trascendencia del recurso de amparo argumentando que se plantea en el mismo una cuestión sobre la que no existe jurisprudencia constitucional, en relación con el derecho al juez predeterminado por la ley de los diputados al Parlamento europeo [STC 155/2009, FJ 2 a)]. También se apunta que el asunto suscitado trasciende, en definitiva, del caso concreto porque plantea cuestiones jurídicas que tienen unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)].
c) Además, la demanda de amparo solicita:
(i) La acumulación de los recursos de amparo núm. 972-2021 y 1212-2021, en aplicación de lo previsto en el art. 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Entienden los recurrentes que, sin perjuicio de las lesiones autónomas que se denuncian en el presente recurso de amparo, las decisiones objeto de este se vinculan con los autos objeto del recurso de amparo núm. 972-2021, es decir, el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2020, por el cual se desestimaba el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra el auto de la misma Sala de 23 de octubre de 2020 que, a su vez, desestimaba los recursos de apelación presentados contra el auto de 10 de enero de 2020 confirmatorio de las resoluciones de 14 de octubre y 4 de noviembre de 2019, en las que se acordaba emitir, en la causa penal núm. 20907-2017, ordenes nacionales, europeas e internacionales de detención contra los recurrentes en amparo. Se considera que las resoluciones citadas son el único sustento de las que conforman el presente recurso de amparo, de modo que la estimación del núm. 972-2021 llevaría inexorablemente a la estimación del presente, al estar aquellas y estas indisociablemente unidas.
(ii) Que se suspenda la ejecución de las resoluciones impugnadas (art. 56.6 LOTC), en la línea de lo solicitado en el recurso de amparo núm. 972-2021, cuya argumentación, a este respecto reproduce. El escrito de demanda justifica la urgencia señalando que los demandantes de amparo, siendo diputados al Parlamento Europeo y gozando de inmunidad parlamentaria, no han podido tener contacto con sus electores desde el momento de su elección. A las alegaciones contenidas en la demanda de interposición del recurso de amparo núm. 972-2021 añade una adicional, basada en el principio de cooperación leal con las instituciones de la Unión Europea, porque al ser objeto del presente recurso de amparo un suplicatorio emitido al Parlamento Europeo, la estimación del mismo privaría de cualquier fundamento a una eventual decisión del Parlamento Europeo que decidiera suspender la inmunidad de los recurrentes, derivándose de ello la urgencia en resolver, antes de que el Pleno del Parlamento Europeo se pronuncie sobre el suplicatorio. Con carácter subsidiario se demanda la apertura de la pieza separada de medidas cautelares, conforme al art. 56.2 y 3 LOTC, para evitar la pérdida de la finalidad del recurso de amparo.
(iii) Por último, se solicita al Tribunal que, de existir dudas respecto de la estimación de la demanda de amparo, plantee cuestión prejudicial en el sentido interesado en la instancia, de conformidad con el art. 267 TFUE. La solicitud literal de planteamiento es la que sigue:
«A la vista del artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que establece el derecho a un juez establecido previamente por la ley, en un Estado miembro en que su legislación no ha previsto norma especial alguna en relación con el órgano judicial competente para conocer de las causas contra los diputados al Parlamento Europeo, pero sí para los parlamentarios nacionales, ¿se debe entender que entre “las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país” a las que se remite el apartado a) del artículo 9, párrafo primero, sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, se encuentran comprendidas las normas especiales sobre aforamiento ante el Tribunal Supremo a las que se encuentran sometidos los parlamentarios nacionales?
A este respecto, ¿resulta relevante, desde el punto de vista del derecho a la igualdad reconocido en los artículos 20 y 21 de la Carta, que esa eventual competencia implícita creada por el Tribunal Supremo con el pretendido amparo del apartado a) del artículo 9, párrafo primero, suponga que el órgano judicial competente para conocer de las causas contra los diputados al Parlamento Europeo, en un determinado Estado miembro, sea distinto para los diputados al Parlamento Europeo en función del Estado miembro por el que han resultado elegidos?
Además, ¿resulta relevante que esa eventual competencia implícita creada por el Tribunal Supremo, con el pretendido amparo del apartado a) del artículo 9, párrafo primero, del Protocolo núm. 7, suponga la privación del derecho a la doble instancia penal?»
4. Mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2021, el magistrado don Antonio García Lorenzo comunica a la Sección Cuarta del Tribunal Constitucional, en la que había recaído el conocimiento del presente recurso de amparo, su decisión de abstenerse y declinar la ponencia del mismo. El presidente del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de las competencias que le confiere el art. 15, en relación con los arts. 7 y 8 LOTC, acuerda designar al magistrado don Pedro Pastor Diez-Trevijano Sánchez para completar la Sección Cuarta de la Sala Segunda, a la que corresponde conocer del presente recurso de amparo. Por auto del mismo día 4 de marzo (ATC 22/2021), la Sección Cuarta acepta la abstención formulada por el magistrado don Antonio García Lorenzo, y designa al magistrado don Ricardo Martín Prieto como ponente del presente recurso de amparo.
5. Por providencia de 10 de marzo de 2021, la Sección Cuarta acuerda admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y porque el asunto suscitado transciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. En la misma providencia, en relación con las solicitudes de suspensión cautelar de las resoluciones recurridas, la Sección no apreció la urgencia excepcional a la que se refiere el art. 56.6 LOTC. Al mismo tiempo, a fin de pronunciarse sobre la petición de suspensión, se acordó formar la oportuna pieza separada y conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a los solicitantes de amparo para que efectuasen las alegaciones que consideraran oportunas respecto a dicha petición cautelar.
6. La representación procesal del partido político Vox se persona en el procedimiento mediante escrito registrado el 6 de abril de 2021, y la abogacía del Estado mediante escrito registrado el 7 de abril de 2021. El testimonio de las actuaciones relativas a las resoluciones impugnadas en amparo es remitido por el Tribunal Supremo el 8 de abril del mismo año. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda, por diligencia de ordenación de 20 de abril de 2021, tiene por personado y parte en el procedimiento tanto al partido político Vox, como al abogado del Estado, dando vista de las actuaciones a ambos y también al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días para que aleguen lo que a su derecho convenga (art. 52.1 LOTC).
7. Mediante escrito registrado el 20 de mayo de 2021, la abogacía del Estado formula sus alegaciones, partiendo de una delimitación del objeto del recurso de amparo que lo identifica con el auto de 10 de enero de 2021, dirigido al presidente del Parlamento Europeo, por el que se emite el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de los recurrentes en amparo. Por tanto, entiende el abogado del Estado que exceden del objeto del recurso de amparo aquellas cuestiones que se sitúan extramuros de la resolución judicial impugnada, singularmente las decisiones sobre recusación del Excmo. Sr. instructor y denegación del levantamiento de las órdenes europeas de detención y entrega, así como la inadmisión de la recusación de los Excmos. Sres. Colmenero y Magro, adoptadas, respectivamente, por el primer auto de 10 de enero y por auto de 13 de octubre de 2020. Por lo que hace a la imputación de falta de imparcialidad que se asocia al magistrado instructor por frases contenidas en el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, entiende el abogado del Estado que esta queja incurre en causa de inadmisión por no haberse promovido el incidente de recusación una vez conocido el auto de procesamiento, siendo este el cauce oportuno para defender el derecho invocado.
(i) En relación con la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, la abogacía del estado plantea la inadmisión de este motivo de amparo por mor de lo dispuesto en los artículos 50.1 a) y 44.1 a) LOTC. Con cita del fundamento jurídico 3 de la STC 76/2009, esta parte considera que no se ha producido el agotamiento de la vía judicial previa al amparo, ya que, concluida la instrucción y abierto el juicio oral, será posible abordar un debate contradictorio acerca de la concurrencia de los presupuestos que determinan la competencia del órgano a través de la declinatoria de jurisdicción a la que se refiere el art. 666.1 LECrim, si así interesa al derecho de los procesados.
Subsidiariamente esta parte solicita la desestimación del motivo de amparo, acudiendo a la doctrina general sobre el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (con cita de la STC 34/2001, FJ 3), y argumentando que los autos impugnados, ante la ausencia de norma escrita específica, formulan una interpretación sobre el aforamiento de los diputados al Parlamento Europeo que sostiene reiteradamente el Tribunal Supremo, y que afirma que en España el derecho penal parlamentario se integra por el reconocimiento de los principios de inviolabilidad y de inmunidad y por el aforamiento en favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que no existe en otros países de modo que tal privilegio procesal no puede extenderse fuera de los casos previstos en el art. 71 CE, en relación con los miembros del parlamento Español y por el art. 2 del Reglamento del Parlamento Europeo en relación con los europarlamentarios de origen español y respecto de las causas penales abiertas en España. Este criterio se identifica en los autos del Tribunal Supremo de 11 de mayo y de 12 de junio de 2000 (asuntoBerlusconi) y de 23 de enero de 2015 (núm. de recurso 20891-2014).
Adicionalmente la abogacía del Estado defiende la improcedencia del plantear cuestión prejudicial sobre este punto, porque el problema constitucional planteado versa sobre la interpretación y aplicación de normas de Derecho interno, de modo que descarta también la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley derivada en la demanda del no planteamiento de la prejudicial, pues el órgano llamado a resolver la controversia planteada es el Tribunal Supremo.
(ii) También se plantea por esta parte la desestimación de la queja relativa a la vulneración del derecho de acceso a los recursos (doble instancia penal), invocando la doctrina contenida en el FJ 6 de la STC 34/2021, en la que se apela a dos valores constitucionales relevantes que justifican la instancia única en estos supuestos: la protección de la propia prerrogativa parlamentaria que constituye una salvaguarda de la independencia institucional y la inescendibilidad de la causa.
(iii) Por lo que hace a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a una resolución fundada en derecho, en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 CE, art. 47 CDFUE y arts. 6 y 13 CEDH), el abogado del Estado también rechaza la estimación. Esta parte sostiene que el auto impugnado contiene una extensa, detallada y cumplida motivación que satisface las exigencias de motivación predicables de toda resolución judicial.
(iv) La denunciada vulneración de la inmunidad parlamentaria en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17 CE, art. 6 CDFUE y art. 5 CEDH), y a la libre circulación (art. 19 CE en relación con el art. 16 CE y art. 45 CDFUE y arts. 2 y 3 del Protocolo núm. 4 CEDH) es rechazada por las alegaciones de la abogacía del Estado, que considera que, a través de este motivo, los recurrentes no vienen a impugnar de forma concreta el auto de 10 de enero de 2020, sino que cuestionan la posibilidad de solicitar la suspensión de la inmunidad por constituir una restricción indebida del derecho de representación política. Entiende el abogad