Categoría: Energía y Medio Ambiente

eberá realizar, en su caso, para todas las instalaciones de evacuación de energía que pudieran cruzar u ocupar las VVPP.
El promotor muestra su conformidad con los informes descritos, y puntualiza que solicitará los pertinentes permisos para el cruzamiento con la vereda de Casa Blanca y para la ocupación de la vereda del Camino de la Hilada, respectivamente.
c) Análisis de efectos ambientales resultado de la vulnerabilidad del proyecto.
El EsIA incluye un apartado denominado «Análisis de riesgos y vulnerabilidad del proyecto», en el que se han estudiado los siguientes fenómenos: inundación, terremotos, incendios forestales, contaminantes o emisiones, erosión y subida del nivel del mar. Este último se desestima al situarse el proyecto en terrenos suficientemente alejados de la costa.
En cuanto riesgo de inundación, el promotor utiliza para su análisis la Cartografía de Zonas Inundables de la Demarcación Hidrográfica del Segura y el visor cartográfico de zonas inundables del MITECO. También ha tenido en cuenta la clasificación del riesgo de inundación del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia (INUNMUR). Se estableció una probabilidad de inundación baja o nula en la zona de proyecto. Como se ha indicado en el apartado dedicado a las aguas, el promotor elaboró paralelamente a la redacción del EsIA un estudio hidrológico para delimitar el DPH y la zona de flujo preferente; concluyó que no hay afección al DPH ni a zona de flujo preferente, aunque sí se obtuvieron zonas inundables para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. Los resultados de este estudio no fueron integrados en el EsIA, pero sus conclusiones, según el promotor, son muy similares. Se han previsto medidas al respecto. Este documento ha formado parte del expediente de información pública.
El promotor ha detectado un riesgo moderado en cuanto a terremotos o seísmos. Sin embargo, considera que la actividad proyectada no lo incrementa. Por otro lado, dada la tipología de las instalaciones que componen un proyecto fotovoltaico, en caso de producirse un terremoto, se descarta que puedan ocasionar catástrofes o graves accidentes al medio ambiente o a las personas. En cualquier caso, para la reducción de este riesgo, se realizará un adecuado estudio geotécnico previo. En él, se concretará el tipo de cimentaciones necesario para los postes de la estructura de los módulos de la PFV. Por otro lado, en caso de producirse un seísmo se adoptarán medidas de seguridad de tipo general.
Con respecto al riesgo de incendio forestal, catalogado como tolerable en el EsIA, no se establecerán medidas concretas para eliminarlo, pero sí de prevención mediante un control de la vegetación herbácea que crezca en el interior de la PFV. Como se ha indicado en puntos anteriores, se llevará a cabo con pastoreo o desbroce. También se prevé el control periódico de la maquinaria e instalaciones generadoras de chispas para mantenerlas en un estado adecuado.
En cuanto al riesgo por emisión de contaminantes o residuos peligrosos, el EsIA alude al cumplimiento de la legislación específica y al tratamiento de residuos. Además, señala que existe en Murcia el Plan Especial de Protección Civil sobre transporte de Mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (TRANSMUR). Según este plan, el núcleo de población de Sucina y la zona de proyecto en concreto, se encuentran fuera de Vías de comunicación con Nivel de Riesgo Alto debido al transporte de mercancías peligrosas. Por todo lo expuesto, se considera que el riesgo de contaminación derivado de la actividad de la planta fotovoltaica y sus infraestructuras asociadas es bajo.
La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la CARM, como órgano competente en riesgos, señala que, el EsIA no ha tenido en cuenta el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (SISMIMUR). Éste, analiza el riesgo en la CARM y estudia la peligrosidad sísmica. Incluye el efecto local, que, en este caso, muestra para esta zona de actuación, un valor estimado de aceleración máxima de movimiento del suelo (PGA) del orden de 0,22 a 0,34 g en suelo duro y de 0,20 g en roca. De acuerdo con el plan SISMIMUR se deberán considerar los valores PGA de esta zona sismogenética. Por otra parte, puesto que los terrenos están situados en el término municipal de Murcia, deberán contemplarse los riesgos contenidos en el Plan Territorial de Protección Civil de ese ayuntamiento.
El promotor muestra su conformidad con el informe y las conclusiones que figuran en él, por lo que tendrá en consideración los valores de PGA indicados, así como cualquier otra consideración que se derive del SISMIMUR o del Plan Territorial de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia. Asimismo, el promotor señala que, aunque no se ha tenido en cuenta el Plan SISMIMUR de la Región de Murcia, sí se ha valorado el riesgo sísmico en el EsIA, según valores del Mapa actualizado de Peligrosidad Sísmica de España 2015, además de prever la realización de un estudio geotécnico del terreno afectado por la planta, previo al inicio de la construcción de ésta.
En todo caso y al igual que los aspectos técnicos, la vulnerabilidad del proyecto, según el análisis realizado por el promotor, es un factor más a considerar en la decisión de autorización del proyecto por parte del órgano sustantivo.
Respecto a la vulnerabilidad del proyecto frente accidentes graves y/o catástrofes naturales, la presente propuesta recoge, resume y traslada los pronunciamientos de las autoridades competentes en la materia y las cuestiones suscitadas en el procedimiento de participación pública para su valoración por el órgano sustantivo, como órgano competente en esta materia, previo a la autorización del proyecto.
d) Programa de vigilancia ambiental (PVA).
El EsIA incluye un PVA que pretende garantizar el cumplimiento de las medidas mitigadoras de impactos propuestas, así como de los aspectos a controlar. Establece un seguimiento que persigue avalar la correcta ejecución de las medidas protectoras del proyecto. Al mismo tiempo, el seguimiento permitirá detectar las desviaciones de los efectos pronosticados o detectar nuevos impactos no previstos. Si fueran identificados, permitirá redimensionar las medidas propuestas o adoptar otras nuevas.
Antes de iniciar el PVA, el promotor designará un responsable, y notificará su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al ambiental. El coste de las tareas de vigilancia quedará a cargo del promotor.
Según el EsIA, para los trabajos a realizar en las fases de construcción y explotación se prestará especial atención en los siguientes aspectos:
– Control de la calidad del aire, emisión de partículas y ruido.
– Control de la no afección a áreas adyacentes.
– Control de la calidad de las aguas.
– Control de la gestión y almacenaje de residuos y vertidos producidos por la actividad.
– Control de la tierra vegetal acopiada y su calidad.
– Control de la vegetación y el plan de restauración.
– Control de afecciones sobre la fauna, medidas de mitigación, control hábitats y comunidades.
– Control de protección contra incendios.
– Control de la calidad del paisaje.
– Control valores arqueológicos y de patrimonio.
El promotor prevé emitir, como mínimo, un informe único a la finalización de las obras, un informe anual durante la explotación, junto con otros complementarios sin periodicidad fija. En cualquier caso, la frecuencia de las visitas y la duración de este programa serán las que determine la administración competente.
Además del cumplimiento de lo establecido en el PVA incluido en el EsIA, se integrarán las condiciones planteadas en el informe de Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático de la CARM, en cuanto a seguimiento. El citado organismo, añade a las propuestas del EsIA, la necesidad de realizar una vigilancia periódica de las zanjas abiertas durante las obras, para comprobar la posible presencia de animales atrapados. En caso de hallarse alguno, se liberará cuanto antes en lugar seguro. Si se trata de ejemplares de especies protegidas o amenazadas, se comunicará el hallazgo a los agentes medioambientales de la zona.
Además, indica que el EsIA no especifica la periodicidad del programa de vigilancia de aves que propone para la fase de explotación. Considera que se debe presentar el cronograma anual que incorpore las actuaciones de vigilancia de aves previstas. Estas actuaciones deben incluir, en los recintos del proyecto, el seguimiento de la ocupación y reproducción de búho real, su uso por ésta y otras especies de aves rapaces, la presencia y reproducción de otras aves, como las acuáticas y otra fauna, como los anfibios, en balsas/charcas. También deberán vigilarse los posibles accidentes de fauna en el vallado perimetral o en otros elementos de la PFV. Además, en el tramo aéreo de la LAT, se realizará vigilancia mediante recorridos para detectar posibles accidentes. Se indicará la periodicidad de estas acciones.
Apunta también que el informe anual de seguimiento en fase de funcionamiento con especial incidencia en la fauna se deberá emitir durante toda la vida útil de la instalación. Se hará hincapié, en el búho real y otras rapaces, el alzacola, otras aves nidificantes en medios agrícolas y aves acuáticas. Tendrá especial relevancia la vigilancia de las charcas que, en su caso, se emplacen como compensación, así como las superficies creadas como hábitat de campeo de rapaces. En ambos casos, se comparará la prospección de avifauna previa a las actuaciones con las que se realicen en fase de funcionamiento. Se empleará la misma metodología que fue utilizada para el EsIA. Se presentará informe de las medidas efectuadas y resultados anuales desde el primer año, con el fin de comprobar la efectividad de las medidas con el paso del tiempo. Se contará, para ello, con técnicos especializados en flora y fauna silvestres. El promotor ha aceptado todas estas condiciones.
Además, para el correcto desarrollo del PVA, se han incluido las condiciones 15, 16 y 17 a la presente resolución.
El proyecto objeto de la presente resolución se encuentra comprendido en el apartado j, del grupo 3, del anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, en virtud de lo cual resulta preceptivo su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la formulación de declaración de impacto ambiental, con carácter previo a su autorización administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 y siguientes de la citada norma.
Corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos de competencia estatal, de acuerdo con el artículo 7.1 c) del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
La presente declaración analiza los principales elementos considerados en la evaluación practicada: el documento técnico del proyecto, el EsIA, el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas.
En consecuencia, esta Dirección General, a la vista de la propuesta de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, formula declaración de impacto ambiental a la realización del proyecto «Instalación Fotovoltaica FV Pinatar de 93,18 MW y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Murcia, San Javier y San Pedro del Pinatar, en la provincia de Murcia» en la que se establecen las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación ambiental practicada y se exponen a continuación, en las que se debe desarrollar el proyecto para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales, lo cual no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones ambientales o sectoriales que resulten legalmente exigibles.
Atendiendo a los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos se resuelven las condiciones al proyecto y medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los efectos adversos sobre el medio ambiente, que se establecen en los siguientes términos:
1. Condiciones al proyecto.
i) Condiciones generales:
(1) El promotor deberá cumplir todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en el EsIA y las aceptadas tras la información pública, o contenidas en la información complementaria, en tanto no contradigan lo establecido en la presente resolución.
(2) Con carácter general, el promotor habrá de respetar las buenas prácticas ambientales para la realización del proyecto, pudiendo servir de orientación los «Manuales de Buenas Prácticas Ambientales en las Familias Profesionales», que se encuentran publicados en la página web de este Ministerio, para cada una de las actuaciones previstas.
ii) Condiciones relativas a medidas preventivas, correctoras y compensatorias para los impactos más significativos.
(3) En relación con la exposición de la población a los campos electromagnéticos se debe tener en cuenta la Recomendación del Consejo de la UE de 12 de julio de 1999. Deberá reportarse al órgano competente de la CARM, el modo en el que se ha considerado esta legislación.
(4) Antes de comenzar las obras, se realizará una prospección de flora por todo el ámbito de actuación, especialmente en zonas de vegetación natural y en las limítrofes con los hábitats de interés comunitario. En el caso de localizar especies exóticas invasoras, se comunicará el hallazgo al Centro de Coordinación Forestal (CECOFOR) y a la Dirección General de Medio Natural de la CARM, con el fin de recibir indicaciones e incluir las medidas necesarias para evitar su propagación. Si se hallasen ejemplares de flora protegida, se actuará según lo dispuesto en el Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales.
(5) Para cualquier restauración vegetal que se realice, las plantas utilizadas procederán de la región «Litoral murciano» (n.º 37), tal y como establece el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, y se encontrarán en buen estado sanitario. Para aumentar la probabilidad de éxito de la plantación, se recomienda realizarla entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero, con el fin de que las plantas utilizadas se encuentren en parada vegetativa; se proporcionarán los cuidados necesarios para su implantación. En caso de utilizar protectores, estos serán biodegradables y se retirarán como máximo a los 3 años, teniendo en cuenta el porte de las plantas, salvo que impidan su desarrollo, en cuyo caso se retirarán antes.
(6) Antes de la eliminación de la cubierta vegetal se realizará una prospección por un técnico competente, para localizar posibles nidos de aves. Se prestará especial atención en las zonas con vegetación natural, cultivos abandonados, cultivos leñosos, vegetación de linderos y taludes de ramblas. Donde se constate la presencia de aves nidificantes protegidas, se mantendrá una distancia, de al menos 25 m alrededor de los puntos de cría. Esa área quedará libre de molestias, tránsito, trasiego de maquinaria y otras actuaciones hasta el final de la reproducción (entre julio y septiembre). Podrá terminar antes del verano en caso de confirmarse la finalización de la reproducción, mediante comunicado de agente medioambiental a los técnicos de la unidad de fauna o mediante comprobación. En caso de aparecer especies catalogadas como amenazadas, se comunicará el hallazgo al CECOFOR y a la Dirección General de Medio Natural de la CARM, para aumentar la banda de protección.
Para proteger al Búho real, no se deberá actuar entre el 1 de noviembre y el 15 de mayo, en un radio de 300 m en torno al talud en el que se localizó el nido del búho real. Podrá retornarse la actividad antes del 15 de mayo, previo comunicado de agente medioambiental a los técnicos de la Unidad de Fauna o mediante comprobación por los propios técnicos de la no ocupación del talud por la especie. Entre las fechas indicadas, se realizará un seguimiento de la ocupación y posible reproducción en el talud donde se ha localizado el nido, con metodología adecuada.
Para proteger al alzacola, las labores de construcción de las LAT más molestas se programarán fuera de su época reproductora (mayo- agosto). Únicamente se podrá actuar dentro de ese periodo, si tras la realización de un estudio específico previo en torno a 500 m de la traza, no se detecta ningún nido de la especie.
(7) Los sistemas de escape en las zanjas abiertas durante las obras deben ser rampas de unos 30° de inclinación y dispuestas al menos cada 50 m, para permitir la salida de pequeños animales.
(8) El vallado de la planta será cinegético y deberá señalizarse para evitar colisiones.
(9) El promotor deberá consensuar con la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático de la CARM la medida compensatoria a realizar para preservar el área de campeo del búho real y otras rapaces durante toda la vida útil de la planta, dado que el organismo competente ha planteado 3 posibilidades:
– Excluir de la implantación el polígono ubicado al suroeste, de 9,48 ha, por ser hábitat adecuado para el búho real.
– Mantener sin implantación una superficie de, al menos, 9,48 ha, continua y compacta, en torno a la ubicación del posadero/punto de cría del búho real localizado en el interior de uno de los polígonos, generando una superficie de hábitat adecuado alrededor de dicho punto (y dejando este en el centro en la medida de lo posible). A modo orientativo esto supone un círculo de al menos 174 m de radio) En esa superficie, se deberán llevar a cabo actuaciones que reconviertan el uso actual de cultivo intensivo en hábitat adecuado de campeo y alimentación para el búho real.
– Transformar en área propicia para el campeo y la alimentación de la especie una zona sin implantación (prevista o no como tal), de una superficie igual o superior a 9,48 ha, que esté actualmente dedicada a la agricultura intensiva. Esa superficie se encontrará dentro de las áreas teóricas de campeo y alimentación de aves rapaces indicadas en el informe de la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático y también habrá de ser continua y compacta, y no deberá tener forma lineal, ni situarse junto a un uso que no constituya hábitat adecuado de campeo. En este sentido se debería situar preferentemente junto a los límites de la ZEPA «Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona» y en una banda de al menos 100 m de anchura.
Se detallará el modo en el que se llevará a cabo la medida elegida, que deberá obtener el visto bueno de ese organismo para su ejecución.
(10) Las balsas de agua presentes deben ser consideradas como superficies de exclusión para la implantación. Ha de mantenerse su vegetación, tanto en su interior, como en los taludes.
En caso de que se requiera la eliminación de las balsas, previamente, se realizará una prospección por un técnico competente, para confirmar o descartar la presencia de fauna acuática. La prospección se desarrollará en fechas adecuadas: abril, mayo/junio, octubre/noviembre y diciembre/enero. Las balsas de agua que obtengan resultado positivo no deberían eliminarse.
Como medida compensatoria, se crearán 3 charcas con las siguientes características: 10 m de diámetro y 50 cm de profundidad máxima, con pendiente general 1V/10H, y poseerán características adecuadas para la presencia de anfibios. Para ello, contarán con impermeabilización, rampas en la parte exterior para permitir acceso y salida, vallado para evitar jabalíes, revegetación del perímetro, llenado, vigilancia del nivel de agua y extracción de sedimentos en caso de colmatación.
Además, se crearán tantas charcas como balsas de agua adicionales sea necesario destruir. Estas charcas de sustitución se crearán antes de la destrucción de las balsas de agua y tras una prospección que permita capturar y trasladar los ejemplares encontrados en las balsas a eliminar a las nuevas charcas. La captura y traslado no se efectuarán si hay puestas de anfibios. Previamente a esta actuación de captura y traslado, con al menos 48 horas de antelación, se avisará a un agente medioambiental que estará presente en el operativo.
En caso de colmatación de las nuevas charcas por arrastre de sedimentos tras lluvias u otras causas, para no perder la función de hábitat de fauna, se procederá a la extracción de sedimentos en época de máximo estiaje o en momentos en los que no haya anfibios presentes, ni ninguna otra especie protegida que dependa del agua.
(11) El promotor mantendrá una franja de protección de al menos 100 m respecto a la ZEPA ES0000269 «Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona», limítrofe con la planta, que estará desprovista de paneles. En ella, se desarrollarán las medidas contenidas en el Plan de integración ambiental y paisajística del anexo I del EsIA. En particular, se llevará a cabo la plantación de especies autóctonas arbustivas en zonas actualmente cubiertas de vegetación agrícola.
(12) Las modificaciones realizadas por el promotor en el estudio de paisaje y en el Plan de integración ambiental y paisajística tras la información pública, se incorporarán al proyecto que se desarrolle.
(13) Dado que las instalaciones se encuentran en la Zona 2 de la Ley 3/2020, se deberá alterar lo mínimo posible el sistema de conservación de suelos de terrazas existente en los terrenos agrícolas y se deben aportar medidas para compensar la homogeneización del paisaje, como la implantación de setos perimetrales e internos. Se debe prever un Plan de desmantelamiento y restauración de las instalaciones, que se presentará ante la Subdirección General de Evaluación Ambiental del MITECO y el organismo competente de la CARM, para su visto bueno.
(14) La ejecución de los apoyos n.º 66 y 67 de la línea eléctrica y el tramo de línea que transcurre de manera soterrada, se deberán efectuar bajo supervisión arqueológica, para documentar eventuales vestigios de interés que hayan quedado ocultos durante la prospección. La intervención habrá de ser autorizada por la Dirección General de Bienes Culturales, a favor del técnico arqueólogo que sea propuesto por los interesados en el proyecto. Si durante las obras apareciesen elementos arquitectónicos, arqueológicos o paleontológicos en los que se presuma algún valor, se dará inmediata cuenta a la Dirección General de Bienes Culturales, para que ésta pueda ordenar lo pertinente relativo a su conservación o traslado, y se cuidará entre tanto, que los mismos no sufran deterioro. Se permitirá el acceso a las obras a técnico debidamente autorizado. Los objetos arqueológicos que se pudieran hallar quedarán sometidos al régimen que señalan los arts. 54.3 y 58 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo de Patrimonio Cultural de la CARM.
iii) Condiciones al PVA.
En virtud del análisis técnico realizado, el programa de vigilancia previsto en el EsIA, debe completarse con los aspectos adicionales que se incorporan mediante esta resolución. El objetivo del citado plan en sus distintas fases es garantizar el cumplimiento de la totalidad de las medidas preventivas y correctoras descritas, a través de un seguimiento de la eficacia de dichas medidas y sus criterios de aplicación, que se consagrará en los correspondientes informes de vigilancia.
(15) Se completará y presentará ante la Subdirección General de Evaluación Ambiental del MITECO y el organismo competente de la CARM el programa de vigilancia ambiental completo. Este PVA establecerá la obligación de emitir, al menos:
– Un informe trimestral de seguimiento durante la fase de obras.
– Un informe al final de la obra con el detalle de todas las medidas ejecutadas y su resultado.
– Un informe anual de seguimiento de la fase de explotación, que se elaborará durante toda la vida útil de la instalación y en el que se incluirán los resultados del seguimiento de, al menos, la fauna, la vegetación, los hábitats de interés comunitario y la efectividad de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Este informe será remitido a la Subdirección General de Evaluación Ambiental del MITECO y al organismo competente de la CARM.
(16) Se completará y presentará ante el organismo competente de la CARM el programa anual de vigilancia de aves dentro del PVA, en el que se incorporará la metodología del seguimiento y su cronograma. Para el seguimiento de la fauna se empleará la misma metodología que la empleada en los trabajos de campo del estudio de impacto ambiental y de la prospección previa a la obra (condición 6), con el objetivo de que los datos obtenidos en el seguimiento sean comparables con los de las prospecciones previas a la ejecución del proyecto.
Este programa incluirá, entre otros controles, el seguimiento de las zanjas abiertas durante las obras para detectar y liberar animales atrapados, el seguimiento de la presencia y reproducción del búho real en los recintos del proyecto; el seguimiento del uso de las parcelas por ésta y otras especies de aves rapaces, y de la presencia y reproducción de otras aves, como las acuáticas y otros grupos de fauna, como los anfibios; y el seguimiento de los accidentes de la fauna con el vallado perimetral, o con otros elementos de la planta. Se realizará también un seguimiento de los accidentes de la avifauna por electrocución y/o colisión con los tramos aéreos de la LAT, mediante recorridos periódicos para detectar cadáveres.
(17) Para todos los seguimientos contemplados en el PVA se contará con técnicos especializados en flora y fauna silvestres.
2. Conclusión sobre evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000.
Las parcelas de implantación de la PFV son limítrofes con la ZEPA ES0000269 «Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona».
El impacto sobre la fauna que habita este espacio es considerado muy importante por la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático de la CARM, pues los movimientos de la comunidad animal en sus ciclos biológicos exceden el ámbito del espacio, sobre todo en los taxones de fauna ornítica, debido a que se ocupará parcialmente su hábitat de campeo y alimentación. Por este motivo y, a sugerencia del mencionado organismo, se han incluido medidas para paliar la afección a dichas áreas, desarrolladas tanto en el apartado de fauna como en el dedicado a espacios protegidos de la presente resolución.
Dado que el promotor se compromete al cumplimiento de las medidas incluidas en el EsIA y a las detalladas en el informe de la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático de la CARM, este órgano ambiental considera que no se producirá perjuicio a la ZEPA ES0000269 «Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona», siempre y cuando estas medidas se realicen con el visto bueno del organismo competente en medio ambiente de la CARM.
Cada una de las medidas establecidas en el EsIA y en esta declaración deberán estar definidas y presupuestadas por el promotor en el proyecto o en una adenda al mismo, previamente a su aprobación.
Se procede a la publicación de esta declaración de impacto ambiental, según lo previsto en el apartado tercero del artículo 41 de la Ley de evaluación ambiental, y a su comunicación al órgano sustantivo para su incorporación al procedimiento de autorización del proyecto.
De conformidad con el apartado cuarto del artículo 41 de la Ley de evaluación ambiental, la declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
Madrid, 22 de marzo de 2022.–El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismael Carmona Guerrero.