Categoría: Administración

La disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, instituye la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, y prevé la existencia de los correspondientes órganos en las comunidades autónomas, con la finalidad de promoción de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de la gestión y el fomento de acciones de información, asistencia técnica, formación e impulso del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos.
Esta función promocional se concreta a través de la convocatoria de subvenciones, sujeta al régimen de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y también, en el caso del Estado, a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su disposición adicional decimosexta, modificada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que «[l]as fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la administración a la que la fundación esté adscrita y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2».
Así, «[l]a aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por los órganos de la Administración que financien en mayor proporción la subvención correspondiente; en caso de que no sea posible identificar tal administración, las funciones serán ejercidas por los órganos de la administración que ejerza el Protectorado de la fundación».
En aplicación de la citada disposición, por Orden de la Ministra de Trabajo y Economía Social se autoriza a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., a conceder ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento e impulso del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Por otra parte, en garantía del cumplimiento de los objetivos señalados en el apartado 1 de la disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, tanto las acciones de la Fundación como las de los correspondientes órganos de las comunidades autónomas se financiarán con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.
En relación con las acciones ordinarias de ámbito estatal –las correspondientes a las ciudades de Ceuta y Melilla y aquellas que se deriven de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo– corresponderá al Ministerio de Trabajo y Economía Social la autorización previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, las de control y las demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas.
Asimismo, y conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social aprobar las bases reguladoras de todas las subvenciones, para lo cual tendrá en consideración las observaciones y necesidades manifestadas por cada comunidad autónoma. Además, la autorización para la concesión de las subvenciones competencia de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, el ejercicio de las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como el desarrollo de las funciones de control y demás que supongan el ejercicio de potestades administrativas en dicho ámbito serán ejercidas por la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social.
Este proyecto de orden se adecúa a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia exigidos y definidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta norma responde al principio de necesidad, en tanto que está justificada por una razón de interés general como es la mejora de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, a través de la regulación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de la prevención de riesgos laborales; y constituye el instrumento más adecuado para la consecución de dichos fines, pues la convocatoria de tales subvenciones requiere la aprobación de las correspondientes bases reguladoras de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, con lo que se cumple con el principio de eficacia.
Es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para que se pueda cumplir con los objetivos de aprobar las bases reguladoras.
La norma cumple con el principio de seguridad jurídica, pues es coherente con el ordenamiento jurídico nacional en materia de subvenciones y de prevención de riesgos laborales. Además, cumple con el principio de transparencia ya que ha sido sometida a los trámites de audiencia e información pública, consultando especialmente a los agentes sociales y a las comunidades autónomas; identifica claramente su propósito y la memoria del análisis de impacto normativo ofrece una explicación completa de su contenido.
Por último, la norma es coherente con el principio de eficiencia, dado que no se imponen cargas administrativas adicionales.
Esta orden es dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
En el proceso de elaboración de esta orden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha emitido informe la Abogacía del Estado en el Departamento y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Departamento.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, dispongo:
1. El objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Estas subvenciones se articularán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia de su gestión.
2. A las subvenciones concedidas de acuerdo con lo previsto en estas bases les serán de aplicación la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y los Estatutos de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP (en adelante, FEPRL), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con su disposición adicional decimosexta, y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como, supletoriamente, las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público.
Todo ello sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan establecer su normativa propia para la gestión y concesión de las correspondientes subvenciones, en función de sus requerimientos de gestión, las especialidades derivadas de su organización administrativa y la normativa de aplicación en su ámbito de gestión.
En todo caso, han de considerarse comunes los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 17.1, 18.1 y 20 a 25, excepto el artículo 23.3, 4 y 5. Las restantes bases serán supletorias en aquellas comunidades autónomas que aprueben sus propias bases y solo serán de aplicación directa a las subvenciones concedidas por la FEPRL y por aquellas comunidades autónomas que no hayan aprobado unas bases propias, en cuyo caso las referencias a los órganos estatales se entenderán realizadas a los órganos competentes de cada territorio, salvo el artículo 10 relativo a la comisión de valoración, que en todo caso deberá ser regulada por el órgano concedente.
La financiación de las acciones gestionadas por las comunidades autónomas se efectuará por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, mediante transferencias a los órganos competentes de aquellas. Estas transferencias tendrán carácter finalista y los créditos recibidos se regirán por lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla la transferencia que les corresponda será gestionada por la FEPRL.
1. El ámbito geográfico de las actividades objeto de subvención será el territorio estatal, sin perjuicio de su ejecución por las comunidades autónomas, en las empresas y centros de trabajo de sus respectivos territorios, en la financiación que les corresponda. Así mismo, las acciones cuya gestión corresponda a la FEPRL deberán tener un ámbito supraautonómico o de las ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Las subvenciones tendrán por objeto la realización de actividades con el fin de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas. Las convocatorias podrán prever acciones de cuatro tipos:
a) Acciones de información: Serán aquellas que persigan la difusión entre trabajadores y empresarios de los principios de acción preventiva de los riesgos laborales o de las normas concretas de aplicación de tales principios.
b) Acciones de asistencia técnica: Serán aquellas que estén dirigidas al estudio y resolución de problemas, derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas.
c) Acciones de formación: Consistirán en el diseño de los métodos y de los contenidos de programas que pudieran ser impartidos en sectores y subsectores de la actividad productiva, en especial en aquellos cuya estructura esté constituida fundamentalmente por pequeñas empresas.
d) Acciones de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales: serán aquellas que fomenten el conocimiento y la aplicación por empresarios y trabajadores de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales en especial a través de mecanismos e instrumentos desarrollados en los ámbitos sectoriales y territoriales de la actividad productiva.
3. Las convocatorias de acciones, tanto ordinarias como las derivadas de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, se adaptarán a los programas y orientaciones generales de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Estratégico de Subvenciones del organismo competente para la concesión de las subvenciones. En este sentido, las líneas prioritarias de actuación a desarrollar, conforme a lo establecido en la EESST 2023-2027, son las recogidas dentro de los Objetivos estratégicos en la misma, que se reflejan a continuación:
a) Mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales priorizando reducir los daños en la salud de las personas trabajadoras.
b) Gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, los cambios demográfico y climático desde la óptica preventiva, priorizando anticiparse y gestionar los riesgos nuevos y emergentes.
c) Mejorar la gestión de la seguridad y salud en las pymes priorizando integrar la prevención de riesgos laborales en las pequeñas empresas promoviendo una mayor implicación de recursos propios.
d) Reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad.
e) Introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
f) Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad y Salud para afrontar con éxito futuras crisis, a través de la mejora de la capacitación y formación en prevención de riesgos laborales, con especial atención a los recursos preventivos.
4. Los recursos disponibles no podrán destinarse a financiar la realización de acciones dirigidas al cumplimiento de las obligaciones preventivas empresariales, previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, o en cualesquiera otras previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales.
Serán órganos convocantes la FEPRL, fundación del sector público estatal de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, constituida en escritura pública de 22 de julio de 1999 e inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 28, con domicilio en Madrid, y CIF número G-82354176, y los órganos correspondientes de las comunidades autónomas.
Conforme a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, serán destinatarias de las acciones las personas trabajadoras y las empresas, especialmente las pequeñas empresas.
A los efectos de estas bases se entenderá por pequeña empresa aquella cuyo volumen de plantilla sea menor de cincuenta trabajadores.
1. Las convocatorias de subvenciones podrán prever la realización de acciones sectoriales o intersectoriales y podrán participar en ellas, en régimen de concurrencia competitiva, las organizaciones a las que se refiere el artículo 12 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, las organizaciones empresariales y sindicales representativas en su ámbito sectorial correspondiente, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por estas y aquellas para la consecución de cualquiera de sus fines.
2. Las entidades y organizaciones deberán tener sede en España y estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente.
3. No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones las entidades y organizaciones en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Las convocatorias, en atención al objeto, condiciones y finalidad de la subvención, reflejarán las obligaciones del beneficiario a que se refiere el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, pudiendo establecer obligaciones singulares no previstas en el mismo. De modo especial, establecerán las medidas de difusión que debe adoptar el beneficiario para dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad o del proyecto y que siempre deberán incorporar en los distintos soportes utilizados el logotipo oficial de la FEPRL, y del Ministerio de Trabajo y Economía Social, o del órgano concedente y la Comunidad Autónoma a la que pertenezca.
5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Acreditar, en los plazos establecidos, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de seguimiento y control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y la aplicación dada a los anteriores. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Conservar y proporcionar al órgano de seguimiento, cuando este lo solicite, todos los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
f) Acreditar en cualquier momento que se solicite, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social y, en todo caso, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos, exigidos en el artículo 19, o aquellos que se exijan en las bases reguladoras que se desarrollen en las Comunidades Autónomas, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
j) Cualesquiera otras obligaciones que se establezcan en las convocatorias y en las resoluciones de concesión de las ayudas.
El órgano concedente para las subvenciones convocadas por la FEPRL será el previsto en sus estatutos.
El órgano concedente para las subvenciones convocadas por el órgano competente al efecto de las comunidades autónomas, en los términos previstos en a disposición adicional quinta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será el que se regule en cada comunidad autónoma.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
2. El procedimiento para la concesión de dichas subvenciones se iniciará de oficio, mediante la publicación de la correspondiente convocatoria, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en los artículos 20.8, 20 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas, así como en el portal de internet de la FEPRL (https://www.funprl.es).
3. Se podrán aprobar en un mismo ejercicio varias convocatorias, que delimitarán específicamente sus beneficiarios y ámbito material, y deberán respetar lo estipulado en estas bases.
4. Las subvenciones se articularán a través de las convocatorias que podrán responder a alguna de las siguientes modalidades:
a) Convocatorias anuales, con plazo de presentación de solicitudes definido y determinado, y con un procedimiento único de evaluación y resolución.
b) Convocatoria abierta, de carácter anual, con un calendario que especifique varios plazos de presentación de solicitudes a los que se corresponderán varios procedimientos de evaluación y selección.
Las disposiciones de la convocatoria detallarán al menos el contenido mínimo previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el caso de convocatoria abierta, cuando no se haya agotado el importe máximo a otorgar en un periodo, se podrá trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones que recaigan en los siguientes periodos.
5. La Dirección Gerencia de la FEPRL o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, instruirá el procedimiento de concesión y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
1. Las solicitudes se presentarán, a través de la plataforma integrada, en el portal de internet de la FEPRL, previa acreditación de la capacidad de obrar del beneficiario y, en todo caso, siguiendo las prescripciones de la propia convocatoria.
2. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la convocatoria y finalizará en la fecha que se fije en la misma. En caso de que se amplíe este plazo, dicha ampliación se hará pública en los términos que fije la ley y en todo caso a través de los portales de internet de la FEPRL y la BDNS.
3. La presentación de la solicitud conllevará la autorización, al órgano concedente, para que obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de la entidad solicitante, salvo que esta deniegue expresamente el consentimiento, debiendo aportar, en este caso, la certificación correspondiente regulada en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Recibidas las solicitudes en tiempo y forma, la FEPRL las revisará para comprobar que se cumplen los requisitos señalados para ser beneficiario y que se aporta la documentación exigida en cada convocatoria. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, o la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá a la entidad solicitante para que subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hace se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicho texto legal.
5. Los beneficiarios no podrán estar incursos en alguna causa de incompatibilidad para percibir la subvención, ni encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. La presentación de solicitudes implicará la aceptación expresa, formal e incondicionada de las bases y del acto de la convocatoria.
1. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes, salvo lo dispuesto en el apartado 3. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva y, como tales iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta.
2. La evaluación se realizará basándose en los criterios que se especifican en este artículo. La puntuación total de la evaluación estará normalizada en el rango entre 0 y 100 puntos.
La valoración de las solicitudes se efectuará con arreglo a los criterios que se indican a continuación:
a) Planteamiento general y diseño de la acción. Peso: cincuenta por ciento sobre el total de la valoración. Incluye: adecuación a los objetivos y líneas de actuación previstos en la correspondiente convocatoria, planteamiento global, valor añadido, coherencia del proyecto con los objetivos y resultados esperados y metodología de su desarrollo (procedimiento y justificación).
b) Entidades que desarrollan el proyecto y equipo técnico. Peso: treinta y cinco por ciento sobre el total de la valoración. Incluye: perfil y currículum vitae de la dirección técnica del proyecto, perfiles de los componentes del equipo de trabajo encargado de la realización de las actividades principales y acreditación de la entidad solicitante y de aquellas que participan en el desarrollo del proyecto, de la experiencia en la realización de acciones similares y de contar con una red o estructura de apoyo profesional que ofrezca claridad en sus perfiles y experiencia de contacto directo con las empresas.
c) Presupuesto. Peso: Quince por ciento sobre el total de la valoración. Incluye: Adecuación del presupuesto a las actividades a desarrollar y detalle del mismo.
3. Cada convocatoria de subvenciones podrá desarrollar los criterios del apartado anterior.
1. La Comisión de Valoración tendrá atribuida la emisión del informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Dicha Comisión estará integrada por las siguientes personas:
a) La Presidencia, designada por la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre los patronos de la FEPRL en representación de la Administración General del Estado, con rango de Subdirector General o Subdirector Adjunto.
b) Cuatro Vocalías en representación de la Administración General del Estado, designadas por la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre su personal funcionario.
c) Dos Vocalías en representación de las comunidades autónomas representadas en la Comisión Delegada, nombradas por la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a propuesta vinculante de aquéllas.
d) La Secretaría, designada por la FEPRL entre su personal, que actuará con voz, pero sin voto.
Se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la Comisión de Valoración.
3. En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, el funcionamiento de la Comisión de valoración se regirá por lo dispuesto en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
1. El órgano competente para la instrucción realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Esta propuesta, se publicará en el portal de internet de la FEPRL conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en la BDNS, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para que, en el plazo de diez días hábiles desde la publicación, formulen las alegaciones que estimen convenientes.
Igualmente se podrá notificar a las entidades solicitantes que la propuesta de resolución se encuentra publicada tal como establece el párrafo anterior.
Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional, se concederá un plazo de diez días hábiles, para que los solicitantes propuestos como beneficiarios actualicen, en su caso, la información aportada en el momento de la solicitud de las siguientes condiciones de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario:
a) Cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento.
b) No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
c) Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
d) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Los párrafos b), c) y d) anteriores, podrán acreditarse por medio de declaración responsable del solicitante.
3. La propuesta de resolución provisional podrá incluir la necesidad de reformulación de una solicitud. Esta reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad que motivó su selección inicial y deberá ser nuevamente examinada por la Comisión de valoración.
4. Una vez examinadas por la Comisión de valoración las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, que se publicará en los mismos términos que la propuesta de resolución del apartado 2 para que, en el plazo de diez días hábiles desde su publicación, comuniquen su aceptación o renuncia a la subvención propuesta y acrediten el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa, se entenderá que la entidad solicitante renuncia a la solicitud.
5. El órgano instructor elevará a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social la propuesta de resolución definitiva de concesión de subvenciones de las acciones correspondientes, dentro de una convocatoria, para su autorización previa a la aprobación de la resolución de concesión por parte del órgano concedente de la FEPRL.
6. La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, a efectos de lo previsto en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se publicará en el portal de internet de la FEPRL conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en la BDNS, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se notificará individualmente a cada solicitante si bien, en cada convocatoria, podrán fijarse medios de difusión adicionales. La publicación de las resoluciones será válida a efectos de notificación a los interesados.
8. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su publicación es de seis meses contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto de la respectiva convocatoria. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese publicado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se haya publicado la resolución de concesión.
1. Las subvenciones concedidas para las acciones de una determinada convocatoria serán compatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, pero en ningún caso podrán ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ingresos o recursos, que tengan por objeto el mismo proyecto, superen el coste total de la actividad objeto de la ayuda.
2. La percepción de estas otras ayudas deberá ponerse en conocimiento del órgano instructor en el momento en que se produzca, ya sea antes o durante la ejecución del proyecto, aportando la correspondiente resolución de concesión.
1. La cuantía se ajustará a las siguientes reglas:
a) Las convocatorias contendrán la cuantía individualizada de la subvención, que estará supeditada a los créditos establecidos en el presupuesto de la FEPRL para cada ejercicio o con carácter plurianual, ateniéndose a las siguientes reglas:
1.º El ochenta por ciento del presupuesto destinado por la FEPRL a la subvención de las acciones previstas en el artículo 2, se destinará a acciones sectoriales y el veinte por ciento restante a acciones intersectoriales.
2.º Las convocatorias para acciones sectoriales establecerán la cuantía máxima a subvencionar en cada sector determinado por su correspondiente código CNAE a dos dígitos, en función del índice de prioridad calculado de la siguiente manera:
IP = (AJTT CNAE a dos dígitos/AJTT total CNAE) + (ATGM CNAE a dos dígitos/AJGM total CNAE) x el porcentaje de afiliados de la CNAE a dos dígitos sobre el total de afiliados.
IP: Índice de prioridad.
AJTT: Índice de accidentes de trabajo con baja en jornada. Fuente el último documento de Actividades Prioritarias en función de la siniestralidad publicado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ATGM: índice de accidente de trabajo graves y mortales en jornada. Fuente el último documento de Actividades Prioritarias en función de la siniestralidad publicado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el caso de que tras el primer reparto existan remanentes de crédito en algunos sectores y solicitudes que superando la puntuación exigida en la convocatoria no hayan podido ser atendidas en otros, las convocatorias podrán establecer sucesivos repartos hasta agotar el crédito disponible.
3.º En convocatorias para acciones intersectoriales se podrán presentar solicitudes de hasta un máximo de 500.000 euros.
b) El importe de la subvención a conceder no podrá superar en ningún caso la cuantía máxima que se fije en cada convocatoria.
c) Las subvenciones podrán cubrir, total o parcialmente, la cantidad solicitada. No obstante, el solicitante deberá indicar en su solicitud el presupuesto total del proyecto.
d) Las subvenciones se destinarán a cubrir los gastos susceptibles de financiación establecidos en cada convocatoria, siempre que estén directamente relacionados con la realización de las actuaciones objeto de las mismas.
e) Las subvenciones se otorgarán mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos de valoración fijados en estas bases y en la correspondiente convocatoria, y se adjudicarán hasta el límite fijado en cada convocatoria dentro del crédito disponible, según lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El régimen de los anticipos y garantías es el resultante de la aplicación de las siguientes normas:
a) Con carácter general, en el caso en el que se solicite anticipo, el beneficiario no estará obligado a constituir garantías, salvo lo previsto en el apartado c).
b) Una vez aceptada la subvención, se podrá solicitar hasta un cincuenta por ciento del importe concedido, dentro de los plazos que delimite la convocatoria. Igualmente, podrá preverse el pago de hasta un treinta por ciento adicional una vez acreditado el inicio de la actividad.
c) Cuando dentro de los dos años anteriores los beneficiarios hayan sido objeto de una resolución administrativa declarativa de reintegro total firme por el órgano competente, habrá de constituirse garantía por el porcentaje que exceda del cincuenta por ciento del importe concedido.
Las garantías, en tal caso, se constituirán a favor de la FEPRL como órgano concedente de la subvención. Se deberán presentar junto a la solicitud del anticipo que supere el cincuenta por ciento y se extenderán hasta al menos un año desde la presentación de la justificación de la subvención por el beneficiario.
3. Las garantías se podrán constituir a través de un aval o de un seguro, en el caso de que se opte por un aval podrá ser entregado por:
a) Una entidad bancaria inscrita en el Registro Oficial de Bancos y Banqueros o Cooperativa de Crédito inscrita en el Registro Especial del Banco de España. Para que puedan ser aceptados estos avales será necesario:
1.º Que las firmas de los otorgantes del documento de garantía o aval estén legitimadas por fedatario público.
2.º Que conste en el aval su número de inscripción en el Registro Especial de Avales.
3.º Que se acompañe copia, previamente cotejada con el original, de los poderes de las personas firmantes del aval.
b) Sociedades de Garantía Recíproca. Si el aval fuera prestado por este tipo de sociedad se habrán de cumplir los requisitos establecidos en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, y normas complementarias, acompañando un certificado expedido por el Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno de su Presidente, en el que se acredite la cantidad avalada y que la sociedad reúne todos los requisitos exigidos por la Ley 1/1994, de 11 de marzo, debiendo tener dicha certificación legitimadas las firmas por fedatario público.
En el supuesto de que la garantía se ofrezca mediante un seguro, éste deberá ser suscrito por una entidad aseguradora debidamente autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para operar en el ramo de caución. Será necesario que se acompañe copia de las condiciones generales y particulares de la póliza y acreditar que se ha prestado la garantía en forma de seguro.
La FEPRL nombrará una persona responsable encargada del seguimiento del proyecto en coordinación con la persona designada por la entidad beneficiaria. El cambio en esta última deberá ser comunicada de inmediato a la FEPRL.
El seguimiento de las actuaciones se podrá llevar a cabo mediante reuniones y comunicaciones periódicas, petición y evaluación de informes, visitasin situy control de la documentación recibida.
El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano gestor y responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas, al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y a cualquier otra normativa aplicable.
El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación.
1. Las acciones subvencionadas solo podrán modificarse por motivos técnicos o presupuestarios y deberán ir acompañadas de una memoria explicativa y de la documentación que se considere necesaria para acreditar la mejora en su gestión económica, la asignación más eficaz de recursos, un mayor control sobre el desarrollo del proyecto o cualquier otro motivo justificado, así como por fuerza mayor.
2. Las solicitudes de modificación de las acciones deberán comunicarse en la forma establecida en el artículo 8.1 para la presentación de las solicitudes iniciales.
En el plazo de tres meses desde la solicitud de modificación, el órgano que concedió la subvención, previo informe del Director Técnico de la FEPRL, resolverá su aceptación o denegación, notificándolo al interesado.
Así mismo, cuando la modificación afecte a las condiciones por las que se concedió la subvención o implique superar el importe concedido, las propuestas de resolución estimatorias deberán someterse a la aprobación previa del Secretario de Estado y Economía Social.
3. Las modificaciones no podrán alterar o modificar los objetivos de la acción, sus destinatarios, o dañar derechos de terceros, de acuerdo con el artículo 64.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Si como resultado de la modificación de la acción resultara un exceso de capital y se hubiesen realizado pagos anticipados, se procederá de manera inmediata a iniciar el procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado exceso.
4. Las solicitudes de modificación de las acciones subvencionadas deberán ser presentadas a la FEPRL con al menos tres meses de antelación a la finalización del plazo de ejecución de la acción.
1. El beneficiario está obligado a presentar la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención. La justificación de las ayudas se realizará conforme a lo previsto en este artículo y a lo que se establezca en cada convocatoria.
La información ha de cumplimentarse en el apartado correspondiente de la plataforma integrada en el portal de internet de la FEPRL, con especial atención en lo referente a la descripción y necesidad del gasto.
2. Los documentos justificativos del gasto y del pago deben estar emitidos en todo caso a nombre del beneficiario de la ayuda.
La fecha de las facturas deberá estar comprendida dentro del periodo de ejecución de la acción, salvo, en su caso la derivada del informe del auditor previsto en el apartado 3. Las facturas deberán haber sido emitidas, en todo caso, por personas físicas o jurídicas cuya actividad profesional o mercantil se corresponda con el servicio o actividad de que se trate.
3. Finalizado el proyecto, la entidad beneficiaria presentará la cuenta justificativa, que comprenderá la siguiente documentación:
a) Memoria de actuación justificativa del proyecto, que deberá incluir, como mínimo, la descripción de las acciones realizadas para dar cumplimiento a las condiciones impuestas y los resultados obtenidos.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, con el desglose de cada uno de los gastos en la actividad realizada. Esta memoria podrá adoptar una de las dos formas siguientes:
1.º La memoria económica justificativa contendrá la documentación soporte justificativo que se remitirá en la forma que establezca la convocatoria de referencia y, entre otros documentos, contendrá:
El modelo de declaración responsable y la hoja de autoliquidación, que estarán disponibles en la plataforma integrada en el portal de internet de la FEPRL, una vez que se remita el informe final, para su descarga y firma por el responsable.
Copia escaneada de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la memoria económica justificativa del coste a través de la plataforma integrada en el portal de internet de la FEPRL, así como la documentación acreditativa del pago.
Copia escaneada de los justificantes presentados, que quedarán directamente vinculados a la ejecución del proyecto mediante identificación expresa en el concepto de la factura.
Certificado de coste total del proyecto.
Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad beneficiaria de la ayuda, con indicación del importe y su procedencia.
La documentación exigida en el artículo 18.6.
Los criterios de reparto de los otros costes, en los casos en los que el beneficiario de la ayuda haya optado por acogerse a la compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de someterse al procedimiento de justificación a que se hace referencia en el artículo 18.6.
2.º Si la cuantía del proyecto supera los 100.000 euros, la memoria justificativa irá acompañada de un informe de auditor de cuentas, inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. La revisión de las cuentas justificativas por parte del auditor, así como la elaboración del correspondiente informe deberán adecuarse a lo previsto en la convocatoria, así como a lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvención, en el ámbito del sector público estatal, previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El informe versará sobre la adecuada contabilización y correcta expedición de los justificantes de los pagos efectuados con los fondos de la subvención correspondiente, y el destino dado a los mismos, según las normas de estas bases y la contabilidad de la entidad. También se referirá, en su caso, a otras ayudas obtenidas para el proyecto objeto de esta subvención y el destino dado a las mismas. El alcance será aquel que permita al auditor obtener evidencia suficiente para poder emitir opinión sobre la ejecución de los gastos del proyecto. El informe de auditoría de la cuenta justificativa del proyecto debe incluir una descripción del procedimiento utilizado para la revisión de la cuenta justificativa y que éste se ha realizado siguiendo la normativa. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor.
En el supuesto en que el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales, la designación del auditor de cuentas será realizada por él mismo. El gasto derivado de este informe podrá tener la condición de gasto financiable hasta el límite del cinco por ciento de la subvención concedida.
El beneficiario estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1.f) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la ley.
En estos casos, la FEPRL también comprobará la adecuada aplicación de la ayuda, para lo que se requerirá al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto y pago y demás documentos que considere necesarios.
La documentación soporte justificativo se remitirá en la forma que establezca la convocatoria de referencia y, entre otros documentos, contendrá:
El modelo de declaración responsable y la hoja de autoliquidación, que estarán disponibles en la plataforma integrada en el portal de internet de la FEPRL, una vez que se remita el informe final, para su descarga y firma por el responsable.
Copia escaneada de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la memoria económica justificativa del coste a través de la plataforma integrada en el portal de internet de la FEPRL, así como la documentación acreditativa del pago.
Copia escaneada de los justificantes presentados, que quedarán directamente vinculados a la ejecución del proyecto mediante identificación expresa en el concepto de la factura.
Certificado de coste total del proyecto.
Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
La documentación exigida en el artículo 18.6.
Junto con el informe del auditor deberá figurar una memoria abreviada, cuyo contenido se establecerá en la convocatoria y que, como mínimo, contendrá lo establecido en el artículo 74.5 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) Las tres ofertas que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, habrá solicitado el beneficiario.
4. La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales de la documentación justificativa, por si les fueran requeridos posteriormente o en el momento de presentar la documentación justificativa, según lo establecido en el apartado 1, por el órgano gestor y responsable del seguimiento o, al realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
5. En todos los casos, la entidad deberá justificar el gasto del proyecto, conforme al siguiente procedimiento:
a) En el caso de que la ayuda concedida suponga más del cincuenta por ciento del presupuesto total del proyecto, se justificará la totalidad del presupuesto.
b) En el caso de que la ayuda concedida sea del cincuenta por ciento o inferior al presupuesto total del proyecto, la entidad beneficiaria justificará la totalidad de las partidas presupuestarias imputadas a la misma.
6. El plazo de presentación de los documentos anteriores será de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, salvo que el texto de la convocatoria establezca otro distinto, o bien en la resolución por la que se concede la ayuda se estableciese otro mayor en atención a las circunstancias concurrentes.
La FEPRL podrá conceder una prórroga del mencionado plazo, que deberá ser solicitada por escrito y debidamente justificada por el beneficiario.
Si vencido el plazo de justificación la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de quince días, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar con las consecuencias previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Si finalizado este plazo no se hubiese procedido a la subsanación, la FEPRL comunicará tal circunstancia al Ministerio de Trabajo y Economía Social, para que este dicte la resolución correspondiente, con pérdida de derecho al cobro, en su caso.
7. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos de tiempo y forma exigidos en las convocatorias, así como la insuficiente justificación de la misma, llevarán aparejado el reintegro, total o parcial, de la ayuda, según el procedimiento establecido en las presentes bases.
8. La FEPRL se reserva la capacidad de exigir, en general, la comprobación de la correcta aplicación de la subvención y la de requerir la presentación de los documentos