Categoría: Energía y Medio Ambiente

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:
Una de las actuaciones más ambiciosas de la Unión Europea para la aplicación del principio de prevención en el funcionamiento de las instalaciones industriales más contaminantes fue la aprobación de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, mediante la que se establecieron medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones de estas actividades a la atmósfera, el agua y el suelo, incluidos los residuos, con el fin de conseguir un nivel elevado de protección del medio ambiente.
Para hacer efectivos la prevención y el control integrado de la contaminación, la normativa europea supeditaba la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación a la obtención de un permiso escrito, tramitado de forma coordinada cuando tuvieran que intervenir varias autoridades competentes. En este permiso se fijan las condiciones ambientales que se exigen para la explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, se especifican los valores límites de emisión de sustancias contaminantes, que se basarán en las mejores técnicas disponibles y tomando en consideración las características técnicas de la instalación, su implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente. A estos efectos, y para facilitar la aplicación de estas medidas, la Directiva establecía un sistema de intercambio de información entre la Comisión Europea y los estados miembros sobre las principales emisiones contaminantes y las fuentes responsables de las mismas, así como sobre las mejores técnicas disponibles.
La incorporación al ordenamiento interno español de la Directiva 96/61/CE se llevó a cabo con carácter básico, a través de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Su vocación era preventiva y de protección del medio ambiente en su conjunto con el fin de evitar, o al menos reducir, la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo. A tal efecto, la norma previó la autorización ambiental integrada como una nueva figura de intervención administrativa que unificaba un conjunto disperso de autorizaciones de carácter ambiental que se exigían hasta aquel momento.
La mencionada directiva fue posteriormente derogada por la Directiva 2008/1/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero, relativa a la prevención y el control de la contaminación, y esta, a la vez, por la vigente Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, dando lugar a modificaciones de la normativa interna de transposición por medio de la Ley 5/2013, de 11 de junio, que finalmente se ha recogido en el Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y que derogó la Ley 16/2002.
El reparto competencial en materia de medio ambiente, de acuerdo con el artículo 149.1.23 de la Constitución Española, atribuye al Estado la competencia de la regulación básica y reserva explícitamente a las comunidades autónomas el establecimiento de normas adicionales de protección.
La Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, atribuye a las Illes Balears, en el artículo 30.46, la competencia exclusiva en materia de «Protección del medio ambiente, ecología y espacios naturales protegidos, sin perjuicio de la legislación básica del Estado. Normas adicionales de protección del medio ambiente». Por lo tanto, la comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de protección en todo aquello que no haya regulado el Estado en la legislación básica.
La regulación estatal en materia de autorización ambiental integrada, que constituye legislación básica, se encuentra en el Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), y en el Real decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de despliegue de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de IPPC, todavía vigente.
La regulación propia de las Illes Balears de desarrollo legislativo en materia de IPPC, se ha llevado a cabo a través del título VII de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. Así, dado que la Ley estatal de prevención y control integrados de la contaminación regula parcialmente la tramitación de las actividades sujetas al régimen de autorización ambiental integrado, en su momento se consideró la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, el escenario adecuado para acabar de definirlo y para crear un procedimiento aplicable a las actividades sujetas al régimen de autorizaciones ambientales integradas, de forma que se reúnen en un solo texto todos los procedimientos de autorización. Con el objetivo de simplificar la normativa, se eliminaron del ámbito de aplicación de la ley de actividades, el régimen de inspección y el sancionador de las actividades sujetas a IPPC que ya se reflejan en el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
La Consejería de Medio Ambiente a través de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears (CMAIB) ejerce las funciones relativas a las autorizaciones ambientales integradas, de conformidad con lo que disponen el artículo 9.2 del Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears; el artículo 3.17 del Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; el artículo 6.4 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears; y el artículo 2.2 del Decreto 3/2022, de 28 de febrero, por el que se regula el régimen jurídico y el funcionamiento de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears y se desarrolla el procedimiento de evaluación ambiental.
La experiencia en la aplicación de la normativa de autorizaciones ambientales integradas y la adecuación a la normativa básica sobrevenida, recomienda poner al día la regulación autonómica y hacerlo en un texto normativo propio y exclusivo de la materia.
Así, la presente ley regula el procedimiento simplificado para la tramitación de las modificaciones sustanciales de las autorizaciones ambientales integradas de acuerdo con la normativa básica, sustituyendo la previsión de la Ley 7/2013, que somete las modificaciones sustanciales al mismo procedimiento que para el caso de una nueva autorización.
Asimismo, se adaptan el funcionamiento y la estructura de la CMAIB a la aprobación del Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears, y al Decreto 3/2022, de 28 de febrero. Se prevé la separación entre órgano ambiental y órgano sustantivo a través de comités técnicos diferentes, de acuerdo con lo que dispone la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 3, como transposición de una previsión recogida en la Directiva 2014/52/UE, que establece algunas prevenciones para evitar conflictos de intereses cuando el órgano ambiental es a la vez órgano sustantivo que autoriza el proyecto.
Por otro lado, la regulación básica estatal del procedimiento de autorización ambiental integrada unifica en este procedimiento las diversas autorizaciones ambientales, pero no incluye la licencia urbanística –expresamente indica que es independiente de la licencia de obras–, una relación que había quedado confusa en la regulación autonómica de desarrollo que prevé que la autorización ambiental integrada habilita para iniciar la instalación y obra de la actividad, pero a la vez precisa que lo hace sin perjuicio de otras licencias o autorizaciones que sean exigibles. Además, la legislación urbanística autonómica no excluye expresamente de la necesidad de licencia urbanística a las instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada. Y también se tiene que tener en cuenta que la carencia del informe municipal urbanístico en el procedimiento de autorización ambiental integrada, según la legislación básica estatal de IPPC, no impide continuar la tramitación. Pero los ayuntamientos son las administraciones que tienen la información y la capacidad técnica para determinar si una instalación es conforme con los usos y parámetros de la normativa urbanística municipal. Por lo tanto, sin el pronunciamiento municipal, la CMAIB no puede garantizar un control de legalidad urbanística adecuado sobre las obras objeto de autorización ambiental integrada. Por eso, en coherencia con la legislación básica y para resolver las lagunas de la normativa de desarrollo, en esta ley se deja claro que la autorización ambiental integrada es independiente de la licencia urbanística y que tiene el carácter de autorización previa a la licencia urbanística, dejando en manos de los ayuntamientos el control y la vigilancia de aquellas cuestiones propias de su ámbito competencial.
Finalmente, en vez de modificar el título VII de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, se ha optado por hacer una nueva normativa específica en materia de IPPC, para mayor claridad y seguridad jurídica, y para que la regulación de IPPC cuente así con un texto normativo propio.
Por otro lado, en las disposiciones finales, y en cuanto a la estructura y al funcionamiento de la CMAIB, por razones de funcionamiento más ágil y eficiente, se ha optado para que en el caso de la tramitación de nuevas autorizaciones ambientales integradas y sus modificaciones y revisiones, el órgano competente para resolver sea la Presidencia de la CMAIB, que asume así buena parte de las funciones del pleno de la CMAIB en materia de IPPC, manteniéndose, en todo caso, la necesidad de dictamen previo del Comité Técnico de autorizaciones ambientales integradas, excepto para las modificaciones no sustanciales. Para el pleno quedarían las competencias de aprobación del Plan de inspección y de los programas de inspección anuales, la imposición de sanciones graves y muy graves y la aprobación de criterios técnicos o interpretativos.
Asimismo se modifica el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears, para considerar separadamente el Comité Técnico de evaluaciones ambientales y el Comité Técnico de autorizaciones ambientales integradas, en vez de considerarlos como subcomités de un único comité técnico.
También se modifica el redactado del artículo 14.7 para aclarar su alcance. Y se aprovecha para modificar el redactado del artículo 19.3 y derogar el primer párrafo del artículo 35.2 del texto refundido en cumplimiento respectivamente de los puntos a) y d) del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación al Decreto legislativo 1/2020 (BOIB n.º 83, de 24 de junio de 2021). Ciertamente el Acuerdo indica el compromiso de suprimir el artículo 35, pero la parte incompatible con el artículo 9.1 de la Ley 21/2013 es únicamente el primer párrafo del artículo 35.2, y por esto se considera conveniente mantener el resto del artículo que dispone la reposición de la situación alterada en el caso de proyectos sujetos a evaluación ambiental que produzcan daño al medio ambiente.
Asimismo se actualiza el anexo 2 del texto refundido en relación a determinados proyectos sometidos a la evaluación de impacto ambiental simplificada.
También se deroga, a efectos clarificadores, la disposición final decimocuarta de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, dado que esta disposición modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, que ya había sido derogada, y, además, el contenido de la disposición ya está incorporado en los anexos del texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears.
Asimismo también se derogan la disposición adicional séptima y la disposición transitoria novena de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears, dado que estos preceptos han dejado de tener sentido porque los supuestos que prevén ya están contemplados en la normativa de evaluación ambiental.
Por otro lado, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, habilitó al Gobierno del Estado a modificar los anexos de esta ley, modificación que se pretende llevar a cabo a través del Proyecto de real decreto por el que se modifican los anexos I y II de la Ley 21/2013, actualmente en tramitación. Por lo tanto, se tendrán que adaptar los anexos del texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears a dicha modificación de la normativa básica estatal, cuando esta esté definitivamente aprobada. Por eso también se autoriza en esta ley al Gobierno de las Illes Balears a modificar reglamentariamente los anexos del texto refundido, tal como se estableció en los anexos de la legislación básica estatal en el segundo apartado de la disposición final novena de la Ley 21/2013.
Esta ley consta de 26 artículos, divididos en cuatro títulos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales.
El título I regula las disposiciones generales y así determina el objeto, el ámbito de aplicación, la competencia, la normativa aplicable y los títulos habilitantes, y regula el Registro de actividades sujetas a autorización ambiental integrada (AAI).
El título II desarrolla el procedimiento de otorgamiento, modificación y revisión de las autorizaciones ambientales integradas. Se divide en tres capítulos: el primero regula el otorgamiento de una autorización ambiental integrada; el segundo, las modificaciones sustanciales y las revisiones; y el tercero, las modificaciones no sustanciales.
El título III regula la extinción y la caducidad de las autorizaciones ambientales integradas y el procedimiento y las condiciones del cese total o parcial de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada. Se divide en dos capítulos: el primero regula la extinción y la caducidad, y el segundo, el cese de la actividad.
El título IV establece el contenido, la aprobación y la aplicación del Plan de inspección ambiental y de los programas anuales de inspección.
Las dos disposiciones transitorias establecen, por un lado, que mientras no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario, la composición y funcionamiento de la CMAIB en materia de autorizaciones ambientales integradas se regirá por el Decreto 3/2022, de 28 de febrero; y, por otro lado, en la disposición transitoria segunda se establece el funcionamiento del Registro de actividades sujetas a AAI mientras no se desarrolle reglamentariamente.
La disposición derogatoria única establece la derogación del artículo 2.3, de varios apartados del artículo 32 y del título VII de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears; la derogación del primer párrafo del artículo 35.2 del texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears; de la disposición final decimocuarta de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19; y finalmente la derogación de la disposición adicional séptima y de la disposición transitoria novena de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears.
La disposición final primera establece el despliegue reglamentario de la ley; la segunda dispone la modificación del texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears; la tercera, la deslegalización de los anexos de este texto refundido; la cuarta, la modificación congruente de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre; la disposición final quinta prevé la modificación de algunos artículos del Decreto 3/2022, de 28 de febrero, por el que se regula el régimen jurídico y el funcionamiento de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears y se desarrolla el procedimiento de evaluación ambiental en cuanto a las competencias de los órganos de la CMAIB en materia de IPPC; y por último, la disposición final novena prevé la entrada en vigor.
Según lo que se ha expuesto, esta ley se ajusta a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en cuanto que se consigue la finalidad perseguida, que consiste en adaptar la normativa de desarrollo de la regulación de las autorizaciones ambientales integradas a las modificaciones legislativas que ha habido posteriormente y sustituir la actual regulación contenida en la Ley 7/2013, de actividades de las Illes Balears.
Asimismo, es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, particularmente con la legislación básica estatal sobre autorizaciones ambientales integradas y las directivas europeas, y sus objetivos se encuentran claramente definidos, por lo que cumple los principios de seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, calidad y simplificación.
Por lo tanto, y de acuerdo con lo anterior, se da cumplimiento a los siguientes principios:
– Principio de necesidad y eficacia. La elaboración de esta disposición responde al interés general, dado que pretende el desarrollo legislativo de la normativa de autorización ambiental integrada. La necesidad de la modificación de la regulación contenida en la Ley 7/2013, de actividades, viene dada para adecuar la actual normativa a los procedimientos simplificados contenidos en la legislación básica estatal. Asimismo, es necesario modificar el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears y el decreto de régimen jurídico y funcionamiento de la CMAIB, para adaptar el funcionamiento y la estructura de la CMAIB a la nueva normativa.
– Principio de proporcionalidad. La elaboración de este anteproyecto de ley es adecuada para lograr la finalidad que la justifica, teniendo en cuenta que la actual regulación está contenida en una ley, la Ley 7/2013. Por otro lado, la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, en el artículo 43, atribuye la iniciativa legislativa al Gobierno, mediante la elaboración, la aprobación y la remisión posterior de los proyectos de ley al Parlamento.
– Principio de seguridad jurídica. En vez de modificar la actual ley de actividades clasificadas, se ha optado por elaborar una ley específica que regule el régimen jurídico y el procedimiento de la autorización ambiental integrada, y que modifique y derogue parcialmente parte del ordenamiento jurídico vigente, concretamente la Ley 7/2013, de actividades, el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears y el Decreto de régimen jurídico y funcionamiento de la CMAIB. Con este anteproyecto de ley se consolidará un marco jurídico respecto a la regulación de las autorizaciones ambientales integradas, por un lado, y, por el otro, una regulación que adapte la estructura de funcionamiento de la CMAIB a este régimen jurídico.
– Principio de transparencia. Se tiene que destacar la participación ciudadana antes y durante el proceso de elaboración de la norma. Con anterioridad a la elaboración del anteproyecto de ley, se llevó a cabo la consulta pública prevista en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015 y en el artículo 55.1 de la Ley 1/2019, para recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones potencialmente afectados por la norma. Esta consulta se realizó mediante publicación en la página web habilitada para este tipo de consultas. Por otro lado, considerando la naturaleza de la norma, se consultó al Subcomité Técnico de autorizaciones ambientales integradas y al Pleno de la CMAIB. Según lo que dispone el artículo 58.1.b) de la Ley del Gobierno de las Illes Balears se dio audiencia a las personas interesadas, directamente o por medio de las entidades que las agrupan o representan reconocidas por ley. Finalmente, se sometió a información pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 y en el artículo 58 de la Ley 1/2019, y posteriormente se consultó al Consejo Económico y Social de las Illes Balears que emitió el Dictamen 3/2022.
– Principio de eficiencia. Esta norma no implica nuevas cargas administrativas para los interesados, sino que recoge las que ya están vigentes en la actual normativa básica estatal y en la legislación de desarrollo. Además, de acuerdo con el principio de eficiencia y simplificación recoge el procedimiento simplificado para las modificaciones de las autorizaciones ambientales integradas que establece la normativa básica, sustituyendo el procedimiento ordinario previsto en la Ley 7/2013.
– Principio de calidad y simplificación. Con el objetivo de la simplificación normativa, con la presente ley se mantiene la unificación de los procedimientos de autorización ambiental integrada y de actividades, y se especifica que este procedimiento es independiente de la licencia urbanística, tal como se puede deducir del actual marco normativo. Se aprovecha para modificar la regulación prevista en la Ley 7/2013, de actividades de las Illes Balears, y adaptar la regulación a la normativa estatal básica, así como para introducir algunas modificaciones en la legislación de evaluación ambiental para adaptar la estructura y el régimen jurídico de la CMAIB a la nueva normativa. Se ha garantizado también la calidad formal de la norma así como el hecho de que esté escrita en términos claros, precisos y accesibles para la ciudadanía.
La presente ley tiene por objeto el desarrollo legislativo del régimen jurídico y del procedimiento administrativo de las actividades sujetas al régimen de autorización ambiental integrada en ejercicio de las competencias que establece el artículo 30.46 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en el marco de la legislación básica estatal y de las directivas europeas aplicables.
Todo esto con el objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo, a través del establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de conseguir una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.
1. Esta ley es aplicable a las instalaciones ubicadas en el ámbito territorial de las Illes Balears de titularidad pública o privada en que se lleve a cabo alguna de las actividades incluidas en las categorías que enumera el anexo 1 del Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y que, en su caso, alcancen los umbrales de capacidad que establece el anexo, a excepción de las instalaciones o partes de estas utilizadas para la investigación, el desarrollo y la experimentación de nuevos productos y procesos.
2. Las actividades sujetas a autorización ambiental integrada se rigen por:
a) El texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y la normativa reglamentaria de desarrollo y ejecución, aprobada por el Real decreto 815/2013, de 18 de octubre, que constituyen la legislación básica sobre protección del medio ambiente, o la norma o las normas que los sustituyen.
b) Las disposiciones contenidas en esta ley que constituyen legislación de desarrollo legislativo y su despliegue reglamentario.
c) Su régimen de inspección y sancionador se rige por lo que dispone el Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y por lo dispuesto en esta misma ley. Supletoriamente, en relación con aquello que no prevé la normativa básica de prevención y control de la contaminación, se aplicarán las disposiciones relativas a inspección y régimen sancionador de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.
d) El resto de la normativa sectorial que les sea de aplicación, sin perjuicio de la preeminencia de las disposiciones recogidas en la autorización ambiental integrada en cuanto a la producción, la gestión y el vertido de residuos, a los vertidos en el mar y al sistema integral de saneamiento, así como las determinaciones en materia de contaminación atmosférica.
3. La competencia en materia de autorización ambiental integrada se ejerce sin perjuicio de las competencias que corresponden a la administración local de acuerdo con la legislación urbanística. En particular corresponde a los ayuntamientos el control y el régimen sancionador en relación con:
a) Las obras que se tengan que llevar a cabo para implantar o modificar la instalación.
b) Los usos urbanísticos implementados.
c) Los parámetros urbanísticos.
1. La consejería competente en materia de medio ambiente es la administración competente para tramitar los expedientes, inspeccionar y ejercer la potestad sancionadora sobre actividades sujetas al régimen de autorización ambiental integrada en todo lo previsto en la autorización, sin perjuicio de las competencias sectoriales de otros organismos. Es también la administración competente para gestionar el Registro autonómico de actividades sujetas al régimen de autorización ambiental integrada.
2. La consejería ejercerá estas funciones a través de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears (CMAIB).
La CMAIB, en cuanto a las competencias en materia de autorizaciones ambientales integradas, se estructura en los órganos siguientes:
a) El Pleno.
b) La Presidencia.
c) El Comité Técnico de autorizaciones ambientales integradas.
3. La organización, las funciones y su régimen jurídico se determinarán reglamentariamente.
4. La regulación del Comité Técnico de autorizaciones ambientales integradas tiene que garantizar una composición multidisciplinar con la representación de las consejerías del Gobierno implicadas, los consejos insulares, los ayuntamientos, la Administración del Estado y las organizaciones sociales en materia de medio ambiente.
Asimismo, se tiene que invitar a los ayuntamientos con voz y voto, y a las empresas promotoras y a las personas y entidades interesadas, con voz pero sin voto, a participar en los puntos del orden del día del Comité en que estén interesados, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
5. Sin perjuicio de la potestad reglamentaria del Gobierno y de la persona titular de la consejería responsable de medio ambiente, y también de las instrucciones, circulares y órdenes de servicio que dicten los órganos superiores y directivos de la consejería para el impulso y la dirección de la actividad administrativa, el Pleno de la CMAIB, con informe previo del Comité Técnico, puede aprobar criterios técnicos o interpretativos referidos a las autorizaciones ambientales integradas, así como proponer al consejero competente en materia de medio ambiente que establezca los criterios técnicos o interpretativos que considere oportunos.
Estas circulares, instrucciones u órdenes de servicio se tienen que publicar en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» y en la página web corporativa de la CMAIB.
1. El inicio de la instalación y las obras de las actividades sujetas a la Ley de prevención y control integrados de la contaminación exige la previa autorización ambiental integrada, que tiene que otorgar la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears. En cualquier caso, la autorización ambiental integrada es independiente y previa a la licencia urbanística, sin perjuicio de su tramitación simultánea.
2. El inicio y el ejercicio de la actividad, una vez otorgada la autorización ambiental integrada, requieren la comprobación que se cumplen las condiciones fijadas en la autorización, de acuerdo con la normativa de prevención y control de la contaminación.
3. El cumplimiento de las medidas establecidas en esta ley no exime de la obtención de otras autorizaciones, declaraciones responsables, acuerdos e informes pertinentes o comunicaciones exigibles de acuerdo con la normativa sectorial, así como de las competencias en el seguimiento y régimen sancionador que correspondan a las administraciones responsables.
1. El Registro de actividades sujetas al régimen de autorizaciones ambientales integradas de las Illes Balears queda adscrito a la CMAIB.
2. El registro será público y permitirá el acceso telemático. La información y la documentación que incluya pueden ser utilizadas por otras administraciones con el fin de simplificar y reducir trámites, y para planificar inspecciones y estudios estadísticos.
3. En el registro se inscriben las actividades sujetas a autorización ambiental integrada de las Illes Balears, y de cada instalación constarán las condiciones establecidas en la resolución de autorización, las modificaciones y revisiones, las inspecciones y el resultado de las mismas, así como la extinción o el cese de la actividad.
4. La regulación de las funciones, la organización y el funcionamiento del registro se tienen que determinar reglamentariamente.
La solicitud de la autorización ambiental integrada la tiene que presentar la persona promotora o titular, con todos los datos identificativos, ante la consejería competente en materia de medio ambiente, y tiene que ir acompañada de la documentación siguiente:
1. La documentación que se exige en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y su desarrollo reglamentario estatal en el artículo 8 del Real decreto 815/2013, o en las normas que los sustituyan, relativa a:
a) Proyecto básico, con el contenido legal y reglamentario, incluida la documentación técnica necesaria para poder determinar las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.
b) Informe urbanístico municipal en el que se acredita que el proyecto se adecua al planeamiento urbanístico vigente o una copia de la solicitud del informe.
c) Documentación exigida por la legislación de aguas para la autorización de vertidos a las aguas continentales e información específica sobre los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias consideradas como prioritarias en el ámbito de la normativa de aguas, siempre que la actividad implique la realización de vertidos, y por la legislación de costas para la autorización de vertidos desde tierra al mar, si es necesario.
d) Determinación de los datos que tienen confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes, a criterio del solicitante.
e) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación sectorial aplicable, incluida la referida a fianzas y seguros obligatorios que sean exigibles de conformidad con esta legislación sectorial.
f) Resumen no técnico de todas las indicaciones especificadas anteriormente, para facilitar su comprensión a efectos del trámite de información pública.
g) Estudio de impacto ambiental o documento ambiental y el resto de documentación necesaria, de acuerdo con lo que prevén los artículos 21 y 22 del Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears, para realizar, si procede, la evaluación de impacto ambiental.
h) Cualquier otra documentación e información que se determine en la normativa aplicable.
2. Justificante del pago de los tributos correspondientes, si procede.
3. Documentación acreditativa de las obras e instalaciones que se tienen que llevar a cabo.
4. Documentación necesaria relativa a instalaciones y medidas correctoras bajo la perspectiva del proyecto de actividades.
1. Una vez presentada la documentación, la CMAIB tiene que hacer un análisis preliminar, y puede pedir previamente, si procede, informes de suficiencia e idoneidad de la documentación a las administraciones afectadas, que se tienen que pronunciar en un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de no recibir los informes en plazo, se continuará la tramitación.
2. En caso de deficiencias en la documentación presentada o falta de documentación, se tiene que requerir al solicitante para que en el plazo de diez días enmiende la falta o acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o la norma que lo sustituya.
3. Una vez enmendadas las deficiencias o presentada la documentación, se tienen que llevar a cabo las actuaciones siguientes:
a) El proyecto se tiene que sujetar paralelamente a la tramitación sustantiva, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, si así lo prevé la normativa sobre evaluación de impacto ambiental, con la redacción y la presentación del estudio de impacto ambiental y el resto de trámites hasta la declaración de impacto ambiental. La evaluación ambiental suspende el plazo para resolver y notificar.
b) Se tiene que abrir un periodo de información pública conjunta de acuerdo con el artículo 16 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, o la norma que lo sustituya.
4. Una vez concluido el periodo de información pública se solicitan los informes a los órganos de la administración que se tienen que pronunciar sobre las diferentes materias de acuerdo con el artículo 17 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, o la norma que lo sustituya; el informe del ayuntamiento del artículo 18 y el informe de la administración hidráulica del artículo 19. La emisión de estos informes se tiene que hacer en un plazo de treinta días. Los informes de las administraciones competentes en materia de residuos, recursos hídricos y emisiones a la atmósfera serán preceptivos, y tendrán carácter vinculante en aquellos aspectos que determine la normativa de aplicación.
5. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, después de la evaluación ambiental del proyecto, tiene que elaborar la propuesta de resolución, que se tiene que ajustar a lo previsto en el artículo 20 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, o la norma que lo sustituya, e incorporar las condiciones que resulten de los informes vinculantes emitidos, así como decidir sobre el resto de informes y cuestiones planteadas, después de un trámite de audiencia a las personas interesadas. Esta audiencia se sustanciará en el seno del Comité Técnico de autorización ambiental integrada de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, con aplicación, si procede, de lo previsto en el artículo 20.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, o la norma que lo sustituya.
1. El plazo para dictar y notificar la resolución de otorgamiento de la autorización ambiental integrada es de seis meses desde la entrada de la solicitud y la documentación completa en el registro de la consejería competente en materia de medio ambiente.
2. La resolución tiene que tener el contenido mínimo que establece el artículo 22 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, o la norma que lo sustituya.
3. Una vez transcurrido el plazo para resolver y notificar sin resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud de autorización ambiental integrada por silencio administrativo.
4. Una vez otorgada la autorización ambiental integrada, la persona titular dispondrá de un plazo de cinco años para iniciar la actividad –excepto que en la autorización se establezca un plazo distinto–, previa la tramitación y el otorgamiento de otras licencias, concesiones de dominio público, autorizaciones o permisos que, si procede, sean exigibles, y en particular la licencia urbanística municipal.
1. El inicio y el ejercicio de la actividad, una vez otorgada la autorización ambiental integrada, requieren la presentación de una declaración responsable por parte de la persona titular, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.
2. Para comprobar que se cumplen las condiciones, la persona titular de la actividad tiene que presentar ante la consejería competente en materia de medio ambiente, una vez ejecutadas las actuaciones objeto de la solicitud, los datos y los documentos siguientes:
a) La documentación de lo que realmente se ha ejecutado.
b) Si hay variaciones entre el proyecto presentado en la solicitud y lo que realmente se ha ejecutado, la documentación relativa a dichas modificaciones y un informe del técnico director o la técnica directora que justifique que las variaciones no implican una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada. Estas variaciones pueden dar lugar a la tramitación de una modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada.
c) El certificado final de obra del técnico director o la técnica directora, en el que se acredite que se cumplen las condiciones indicadas en la autorización ambiental integrada y, si procede, del resto de normativa sectorial que sea de aplicación.
d) La documentación que se especifique en la autorización ambiental integrada como condición para iniciar la actividad, entre otros las licencias, las autorizaciones y el otorgamiento de concesiones de dominio público requeridas. También el Programa de vigilancia y prevención ambiental, que incluya los condicionantes establecidos en la declaración de impacto ambiental.
3. La presentación de la declaración responsable faculta a la persona titular para el inicio y el ejercicio de la actividad a los efectos de la autorización ambiental integrada, sin perjuicio de lo que dispone el apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015, o la norma que lo sustituya.
4. La CMAIB, con sus propios medios o a través de entidades colaboradoras certificadas, en el plazo máximo de tres meses, tiene que llevar a cabo las actuaciones siguientes:
a) Comprobar que la documentación es la exigida y que se ajusta a aquello que se pide.
b) Llevar a cabo una visita de inspección para comprobar el cumplimiento de las prescripciones indicadas en la autorización ambiental integrada, y comunicarlo al titular, de acuerdo con lo que prevé el artículo 12.3 del Real decreto 815/2013. Esta visita de inspección se podrá llevar a cabo por otros técnicos que se designen específicamente de otros departamentos integrados en el Comité Técnico de autorizaciones ambientales integradas y en cualquier caso se procurará que se haga coordinadamente con los otros servicios con competencias sectoriales.
c) Emitir un informe de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.
d) Inscribir la actividad en el Registro de actividades sujetas al régimen de autorizaciones ambientales integradas, cuando el informe de cumplimiento sea favorable.
5. Si el informe de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada no es favorable, se tiene que requerir a la persona interesada para que enmiende las deficiencias detectadas en el plazo de un mes, sin perjuicio que, ponderada la gravedad de las deficiencias, se pueda dictar orden de suspensión de la actividad hasta que se hayan enmendado las deficiencias previa conformidad expresa por parte del órgano competente.
6. Cuando la autorización ambiental integrada prevea una puesta en marcha provisional para la realización de pruebas de funcionamiento, la persona titular comunicará por escrito el comienzo de las pruebas, así como la duración de las mismas, con al menos diez días de antelación. El comienzo de las pruebas no implicará la conformidad con el inicio del ejercicio de la actividad, que requerirá, una vez finalizada la realización de las pruebas, la presentación de la declaración responsable prevista en este artículo, con los efectos previstos en el mismo y en la Ley 39/2015.
7. Si una vez transcurrido el plazo de tres meses no se ha emitido el informe de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada, se tiene que entender emitido en sentido favorable.
8. Una vez emitido el informe favorable de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada, o si transcurrido el plazo de tres meses no se ha emitido, la CMAIB tiene que registrar de oficio la actividad y lo tiene que notificar a la persona interesada.
Las instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada tendrán que disponer de la garantía financiera obligatoria para hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad, de acuerdo con lo que dispone la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. La CMAIB velará por su cumplimiento, sin perjuicio de lo que determina el artículo 34 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears, o normativa que la sustituya.
1. La modificación sustancial de una actividad sujeta al régimen de autorización ambiental integrada exige una resolución de modificación de la autorización ambiental integrada, de acuerdo con el procedimiento simplificado previsto en el artículo 10.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y en el artículo 15 del Real decreto 815/2013, o normativa que los sustituya.
2. Con la solicitud de la modificación sustancial se tendrá que presentar la justificación de que se trata de una modificación sustancial de acuerdo con los criterios del artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y el artículo 14 del Real decreto 815/2013, o normativa que los sustituya.
3. Una vez autorizada la modificación sustancial, para proceder al inicio de la puesta en funcionamiento se aplicará lo dispuesto en los artículos 8.4 y 9 de esta ley.
1. En cuanto a la revisión de las condiciones de la autorización y, en particular, para la aplicación de las mejores técnicas disponibles, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y en el artículo 16 del Real decreto 815/2013, o normativa que los sustituya.
2. La persona titular tramitará la correspondiente adaptación de las instalaciones a las condiciones y los requisitos introducidos por normas posteriores, en los plazos que dichas normas establezcan, y en particular las de la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
La falta de adaptación a dichas normas, y en particular a la aplicación de las mejores técnicas disponibles, dará lugar a un requerimiento a la empresa promotora para que tramite la correspondiente revisión de la autorización ambiental integrada, sin perjuicio, en el supuesto de que se incumplan los plazos, de la aplicación de lo dispuesto en el régimen sancionador.
La comunicación de una modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada la debe presentar la empresa promotora o la persona titular, con todos los datos identificativos, ante la consejería competente en materia de medio ambiente, y tiene que ir acompañada de la documentación siguiente:
a) Memoria justificativa que indique razonadamente la consideración de modificación no sustancial, según los criterios que señala el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, o la norma que los sustituya. A esta memoria se tienen que adjuntar los documentos justificativos de las razones expuestas.
b) Documentación acreditativa del objeto de la modificación no sustancial, que tiene que incluir la relación de obras que se tienen que ejecutar con la valoración económica y los planos justificativos, si procede.
c) Los datos o los documentos que se determinen reglamentariamente.
d) El justificante de pago de los tributos correspondientes, si procede.
1. Una vez presentada la documentación, la CMAIB tiene que comprobar que la documentación presentada es conforme a la normativa de aplicación.
2. El órgano instructor puede solicitar los informes a los órganos de la administración que se tengan que pronunciar sobre las materias que son competencia suya, que se tienen que pronunciar en un plazo de diez días hábiles.
3. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, si procede, tiene que incorporar las condiciones que resulten de los informes emitidos y elaborar la propuesta de resolución.
1. El plazo para dictar y notificar la resolución de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada es de un mes desde la presentación de la documentación.
2. Si una vez transcurrido el plazo de un mes no se ha dictado ni notificado una resolución expresa a la persona interesada, la persona titular podrá llevar a cabo la modificación, sin perjuicio de lo que dispone el apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015 o la norma que lo sustituya.
3. La resolución habilita para iniciar la instalación y la obra de la actividad, sin perjuicio de otras licencias, autorizaciones o permisos que, si procede, sean exigibles, y en particular la licencia urbanística municipal si las obras previstas lo requieren.
1. Una vez ejecutadas las actuaciones objeto de la modificación no sustancial, la persona titular tiene que presentar ante la consejería competente en materia de medio ambiente la documentación acreditativa de los puntos siguientes:
a) Las obras e instalaciones realmente ejecutadas.
b) En su caso, las variaciones entre el proyecto autorizado y lo que realmente se ha ejecutado. Las variaciones no tienen que implicar una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada. Si se trata de una modificación no sustancial se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido. Si suponen una modificación sustancial, se estará a lo que dispone el régimen sancionador.
c) El certificado final de obra del técnico director o la técnica directora, o memoria de la empresa constructora acreditativa del cumplimiento de las condiciones indicadas en la resolución de modificación no sustancial y, si procede, de la normativa sectorial de aplicación.
d) La documentación que, si procede, se especifique en la resolución de modificación no sustancial como necesaria para el inicio de la actividad.
2. La presentación de la documentación anexa faculta a la persona titular para el inicio y el ejercicio de la actividad a los efectos de la autorización ambiental integrada, sin perjuicio de lo que dispone el apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015 o la norma que lo sustituya.
3. La CMAIB, en el plazo de un mes desde la presentación de la documentación mencionada, tiene que llevar a cabo las actuaciones siguientes:
a) Comprobar que la documentación anexa es conforme.
b) Realizar, si lo estima adecuado, la inspección para comprobar el cumplimiento de las prescripciones de la resolución de la modificación no sustancial, con la comunicación previa al titular.
c) Inscribir la modificación no sustancial en el Registro de actividades sujetas a autorizaciones ambientales integradas.
1. Son causas de extinción de la autorización ambiental integrada las siguientes:
a) El cierre definitivo de la instalación sometida a autorización ambiental integrada previa ejecución de las medidas contempladas en el plan de cierre y de las medidas previstas al efecto en la presente ley o las que se establezcan reglamentariamente.
b) La caducidad de la autorización.
c) Cuando a consecuencia de un procedimiento sancionador en virtud de lo que prevén la presente ley y la legislación básica, suponga su extinción, previa audiencia a la persona titular.
d) Cuando la actividad deje de estar en las categorías o los umbrales de capacidad establecidos en el anexo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, previa tramitación, si procede, de las medidas previstas en el plan de cierre.
e) La desaparición de las circunstancias que motivaron su otorgamiento o la aparición de circunstancias nuevas que, de haber existido en el momento de la concesión, habrían justificado la denegación, previa audiencia a la persona titular.
2. Asimismo, las autorizaciones ambientales integradas podrán ser revocadas o anuladas de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común.
3. La autorización ambiental integrada podrá ser objeto de suspensión adoptada como medida provisional, con carácter previo o en el transcurso de un procedimiento sancionador como consecuencia de infracciones previstas en el régimen sancionador.
4. La extinción, la revocación, la anulación o la suspensión provisional de la autorización, se inscribirán de oficio en el Registro de actividades sujetas a autorización ambiental integrada.
1. Las autorizaciones ambientales integradas caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando el ejercicio de la acti