Categoría: Judicial

la –estimo que con acierto– que ese derecho incluye el derecho a que no se impida, mediatice o sustituya por otros la facultad que solo el respectivo grupo ostenta para seleccionar o individualizar, como candidatos, a aquellos que se proponen al Pleno. Por lo tanto, la facultad decisoria atribuida a la Cámara tiene su límite en la imposibilidad de bloquear la facultad de propuesta que corresponde proporcionalmente a cada grupo parlamentario.
De aquí deriva nuestra sentencia que elius in officiumdel grupo proponente incluye el derecho a que el candidato propuesto no sea bloqueado por el Pleno debido a la ausencia de cautelas por parte de la mesa a la hora de elegir el sistema de votación a aplicar. El problema que surge en este punto, y en el que radica el segundo de los motivos de mi desacuerdo, es el modo en que se determina la existencia de una situación de bloqueo y el proceso lógico que se sigue para afirmar que esa situación conlleva la quiebra del derecho proporcional de propuesta.
La sentencia entiende verificada la situación de bloqueo y, con ello, la lesión del derecho, por el hecho de que el Pleno se niegue a ratificar al primer candidato presentado por el grupo parlamentario, a pesar de que posteriormente se proceda –como sucedió en el supuesto enjuiciado– a la designación como senador autonómico de otro candidato propuesto por el mismo grupo. Y concluye que, cuando tal resultado negativo sea previsible, la mesa debe optar por un sistema de votación que no permita el voto en contra del candidato. Discrepo de esta interpretación porque entiendo que supone ampliar el contenido del derecho proporcional de propuesta para incluir el derecho a la designación efectiva del candidato siempre que concurran «especiales circunstancias» que «hagan previsibles» posibles bloqueos, en detrimento de las facultades decisorias del Pleno –también relevantes, como ya se ha dicho, desde la perspectiva del art. 23.2 CE– y a través de la imposición sobre la mesa de un deber interpretativo cualificado cuya fuente no se identifica con una mínima exactitud, lo que impacta directamente sobre la autonomía parlamentaria. Entiendo que la mera negativa del Pleno a ratificar a un candidato no afectaper seal derecho de propuesta, porque puede volver a ejercerse, ni implica que exista una voluntad deliberada y persistente de obstaculizar o impedir su efectivo ejercicio.
Por lo demás, la justificación que se ofrece para la modificación del contenido delius in officiumde proponentes y demás miembros de la Cámara es la necesidad de proteger a las minorías parlamentarias frente a posibles excesos de las mayorías. Dejando de un lado el hecho de que esta alusión produce cierta extrañeza en el contexto planteado –pues el derecho de propuesta es proporcional y, por ello, no corresponde a grupos parlamentarios auténticamente minoritarios–, el modo genérico y poco acotado con que se aduce esta justificación resulta poco convincente desde la perspectiva de la función de control que a este tribunal le corresponde desempeñar en materia parlamentaria.
D) Conclusión.
A mi juicio, la lesión del derecho proporcional de propuesta solo podría entenderse materializada si realmente quedase acreditada, de manera inequívoca y objetiva, la voluntad de la Cámara de obstaculizar o impedir el ejercicio del derecho, lo cual solo podría inferirse de un rechazo reiterado de la candidatura o de una dilación injustificable y excesiva en la designación. Serían estas mismas circunstancias, y no meras invocaciones genéricas y especulativas aducidas por el grupo proponente, las que habrían de activar el especial deber de cautela de la mesa que nuestra sentencia formula, pero no acota suficientemente.
Considero que la sentencia debería haber aclarado con precisión estos dos extremos –el contenido del derecho protegido y las circunstancias en que se intensifica el estándar de fiscalización constitucional de la mesa–, para definir nuestro canon de control para casos futuros. En el supuesto aquí planteado, la aplicación de esta doctrina hubiera debido conducir a la denegación del amparo por ausencia de circunstancias, ni explicitadas ni suficientes, que pudieran activar el deber de cautela de la mesa y por inexistencia de lesión del derecho de propuesta proporcional de los diputados recurrentes.
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid, a siete de abril de dos mil veintidós.–Ramón Sáez Valcárcel.–Firmado y rubricado.