Categoría: Normativas

La Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria Canaria han suscrito con fecha 4 de diciembre de 2023 un convenio sobre la utilización de una plataforma única de tramitación de las solicitudes de devolución de las cuotas de IGIC soportadas por empresarios o profesionales no establecidos en Canarias pero establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea, distinto de España, y de las solicitudes de devolución de la cuotas de IVA soportadas en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea por empresarios o profesionales establecidos en Canarias. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 11 de diciembre de 2023.–El Director del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, Ignacio Parra Aranguren.
En Madrid a 4 de diciembre de 2023.
De una parte, doña Soledad Silva Méndez, Directora General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cargo para el que fue designada por Real Decreto 436/2022, de 8 de junio, actuando por delegación de firma conferida mediante Resolución de 8 de noviembre de 2023 por don Jesús Román Torres Ferrer de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Y, de otra parte, doña Raquel Hidalgo Méndez, Directora de la Agencia Tributaria Canaria, en representación de la misma, cargo para el que fue designada por Decreto 332/2019, de 26 de septiembre, quien se encuentra facultada para la firma del presente convenio, según se establece en el artículo 15.3 A) g) del Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria, aprobado por el Decreto 125/2014, de 18 de diciembre, y en el artículo 12.2 A) f) de la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria.
Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar el presente convenio.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, es la entidad de Derecho público encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la gestión del sistema tributario estatal y aduanero. Asimismo, corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria desarrollar los mecanismos de coordinación y colaboración con otras Administraciones tributarias nacionales que resulten necesarios para una eficaz gestión del sistema tributario nacional.
La Agencia Tributaria Canaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia Tributaria Canaria, tiene por objeto llevar a cabo, en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma de Canarias, la aplicación efectiva de los tributos integrantes del sistema tributario canario.
Para dar efectivo cumplimiento a su objeto, corresponde a la Agencia Tributaria Canaria, entre otras funciones, la colaboración y la coordinación con otras Administraciones tributarias, conforme a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia Tributaria Canaria y la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En el marco de la colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones públicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1 k), 140, 141 y 142 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público), la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria Canaria consideran necesario suscribir el presente convenio sobre la utilización de la plataforma única de tramitación de las solicitudes de devolución de IGIC/IVA.
El artículo 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que la aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.
Asimismo, el artículo 96 de la misma ley establece que la Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan.
La Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, establece las disposiciones de aplicación relativas a la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA) previstas en el artículo 170 de la Directiva 2006/112/CE correspondientes a los sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea. La transposición de la citada normativa de la Unión al ordenamiento interno español se produjo en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, más concretamente a través del artículo 117 bis, en lo relativo a las solicitudes de devolución de empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, islas Canarias, Ceuta y Melilla correspondientes a cuotas soportadas por operaciones efectuadas en la Unión Europea con excepción de las realizadas en dicho territorio, y en el artículo 119, en lo relativo al Régimen especial de devoluciones a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto pero establecidos en la Unión Europea, islas Canarias, Ceuta y Melilla.
Estos artículos permiten que los empresarios y profesionales establecidos en las islas Canarias puedan obtener la devolución de las cuotas de IVA soportadas en el territorio de aplicación del impuesto español en los términos del artículo 3 de la Ley 37/1992 del IVA o en el territorio de otro Estado miembro de la Unión.
Por otra parte, los apartados 1 y 8 del artículo 48 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, relativo a las «Devoluciones a personas no establecidas en las islas Canarias» de las cuotas del Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC), establecen que:
«1. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto podrán solicitar la devolución de las cuotas del Impuesto General Indirecto Canario que hayan soportado por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios, incluida la carga impositiva implícita, realizadas en dicho territorio, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo y con arreglo a los plazos y al procedimiento que se establezcan reglamentariamente (…).
(…) 8. En el caso de empresarios o profesionales establecidos en un Estado miembro de la Comunidad Europea, la solicitud deberá presentarse por vía electrónica a través del portal electrónico dispuesto al efecto por el Estado miembro en el que estén establecidos».
Por lo tanto, la normativa actual permite, tanto que los empresarios o profesionales establecidos en las islas Canarias puedan solicitar el IVA soportado en el territorio de aplicación del impuesto español o en el territorio de otro Estado miembro de la Unión, como que los empresarios y profesionales establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión puedan solicitar la devolución de las cuotas soportadas del IGIC.
Para lograr una tramitación más ágil y eficiente de estos procedimientos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria Canaria arbitraron un sistema en el que ambas Administraciones comparten una misma plataforma informática para la tramitación de las solicitudes de devolución de IVA e IGIC, incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio.
La utilización de una plataforma única de tramitación de las solicitudes de devolución IGIC/IVA objeto del presente convenio, no vulnera el reparto competencial anteriormente señalado, ya que el desarrollo del mismo supone el mantenimiento de las actuaciones de gestión propias de la respectiva Administración actuante. En este sentido, por razones de eficacia y de eficiencia, con el convenio se unifican trámites para evitar la duplicidad de actuaciones y simplificar las obligaciones a cumplir por los contribuyentes.
Las Administraciones públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las universidades públicas pueden, en el ámbito de sus competencias, suscribir convenios con otros sujetos de derecho público, sin que ello suponga cesión de la titularidad de sus competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, con el contenido y por los trámites establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
En este sentido, el marco jurídico expuesto y razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a las partes, justifican la utilización de una plataforma única de tramitación de las solicitudes de devolución IGIC/IVA objeto del presente convenio.
Según establece el artículo 48 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en el ámbito de la Administración Tributaria del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los titulares de los departamentos ministeriales y los presidentes o directores de dichas entidades y organismos públicos.
El presente convenio cuenta con el informe favorable del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria y la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en la instrucción segunda, apartados 1 y 2 de la Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios, y en el caso de la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de acuerdo además con lo dispuesto en el artículo 20.1 t) del Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Asimismo, se ha recabado el informe del Ministerio de Política Territorial, en virtud de lo señalado en el artículo 4.1 c) del Real Decreto 683/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y de lo dispuesto en la instrucción segunda, apartado 2 de la Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios.
En consecuencia, siendo jurídicamente procedente la utilización de una plataforma única de tramitación de las solicitudes de devolución de IGIC/IVA y habiendo sido informado el proyecto por los respectivos servicios jurídicos, ambas partes acuerdan celebrar el presente convenio con arreglo a los artículos 47 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que se regirá por las siguientes
El presente convenio tiene por objeto la utilización de una plataforma única de tramitación de las solicitudes de devolución de IGIC/IVA incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio, salvaguardando las competencias de ambas Administraciones tributarias.
El convenio se basará en los siguientes puntos:
El sistema informático único desarrollado por la Agencia Estatal de Administración tributaria realizará las siguientes acciones:
– Recepción de todas las solicitudes de devolución de cuotas de IGIC que se presenten por empresarios o profesionales establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, distinto de España.
A los efectos de este convenio, por «Unión Europea» o «cualquier Estado miembro de la Unión Europea» se entenderá el conjunto de territorios que constituyen la «Comunidad» y «territorio de la Comunidad» según el artículo 3.Dos.2.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
– Acceso por parte de los funcionarios destinados en la Agencia Tributaria Canaria a esas solicitudes de devolución de las cuotas de IGIC, así como su tramitación y resolución, siempre que, en este último caso, lo permitan los sistemas informáticos, y los acuerdos de devolución que, en su caso se adopten, no desencadenen compromisos de pago a asumir por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
– Acceso por parte de los funcionarios destinados en la Agencia Tributaria Canaria a las solicitudes de devolución de las cuotas de IVA que se presenten por empresarios o profesionales establecidos en el territorio de las islas Canarias, para dar conformidad, en su caso, a los siguientes requisitos respecto al IGIC durante el periodo al que se refiera la solicitud:
a) Que haya tenido la condición de empresario o profesional actuando como tal.
b) Que no haya realizado exclusivamente operaciones que no originen el derecho a la deducción total del impuesto.
c) Que no realice exclusivamente actividades que tributen por el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
El presente convenio se aplicará a las solicitudes de devolución presentadas por empresarios o profesionales establecidos en las islas Canarias respecto de las cuotas del IVA soportadas en el territorio de aplicación del impuesto español o en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea, así como a aquellas solicitudes de devolución presentadas por empresarios y profesionales establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, distinto de España, respecto de las cuotas del IGIC soportadas en el territorio de las islas Canarias.
Las solicitudes de devolución de las cuotas de IVA y de IGIC soportadas por empresarios o profesionales no establecidos en el ámbito de aplicación de cada uno de estos impuestos, se regirá por la normativa siguiente:
– Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro.
– Ley 37/1992, 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
– Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios; el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y la forma de utilización del número de identificación fiscal, el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, y el Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre, por el que se establece el procedimiento de aplicación de las Directivas de la Comunidad Económica Europea sobre intercambio de información tributaria.
– Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
– Ley 6/2008, de 23 de diciembre, de medidas tributarias incentivadoras de la actividad económica.
– Decreto 268/2011, 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha desarrollado un sistema informático único para la tramitación de las solicitudes de devolución de IGIC/IVA contempladas en el ámbito de aplicación del presente convenio. Atendiendo a lo anterior, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, proporcionará los accesos motivados que el Gobierno de Canarias le proponga, así como el mantenimiento, tanto de la página de acceso como del programa de gestión.
La Agencia Tributaria Canaria se compromete a llevar a cabo, con la mayor diligencia posible, las tareas y funciones que le son conferidas en relación con el sistema informático único desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Asimismo, deberá hacer un uso responsable de los accesos proporcionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como asegurar el mantenimiento de los usuarios y las contraseñas suministradas por esta última.
En el caso de que la información incorpore datos personales de los interesados, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como responsable o, en su caso, encargada del tratamiento, y la Agencia Tributaria Canaria, como responsable de la información, tratarán los datos de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Según lo dispuesto en el artículo 28.3 del Reglamento General de Protección de Datos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria actuará como encargada del tratamiento de los datos, conforme a las indicaciones del responsable de los mismos, aplicándolos exclusivamente para los fines previstos en este convenio en relación con dicho encargo y cumpliendo las previsiones contempladas en el citado precepto.
Asimismo, se hace constar, en cumplimiento del artículo 28.3 del Reglamento General de Protección de Datos, que el tipo de datos personales afectados por el tratamiento es información tributaria y la categoría de interesados se refiere a obligados tributarios.
Las partes se comprometen a cooperar en la resolución de los incidentes de seguridad y asumen las obligaciones que les incumben cuando actúen como responsables del tratamiento de datos a efectos de la legislación en materia de protección de datos personales.
En el caso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el responsable del tratamiento a efectos del Reglamento General de Protección de Datos es el titular de la Dirección General.
En el caso de la Agencia Tributaria Canaria, el responsable del tratamiento a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos es el titular de la Dirección de dicha Agencia.
Todas las actuaciones derivadas del presente convenio se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento en materia de protección de datos y seguridad en la información y, en particular, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en las disposiciones legales y reglamentarias del ordenamiento interno en materia de protección de datos de carácter personal, y en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, y en las políticas de seguridad de la información aprobadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria Canaria.
Las partes podrán realizar sobre la plataforma única de tramitación los controles ordinarios que sean de su competencia.
El funcionamiento de la plataforma única de tramitación podrá ser interrumpido temporalmente ante la ocurrencia de un incidente de seguridad, dando aviso de inmediato a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en el presente convenio, no se generarán contraprestaciones económicas entre las partes, ni se derivarán, para ninguna de las partes, aportaciones de contenido económico específicas para el desarrollo del proyecto.
Se creará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento formada por cuatro representantes de cada una de las dos Administraciones, que coordinará las actividades necesarias para la ejecución del presente convenio y llevará a cabo su supervisión, seguimiento y control. En particular, será competencia de esta comisión:
a) La dirección y control de los trabajos desarrollados en cumplimiento del presente convenio, a fin de que se realicen de conformidad con lo estipulado en el mismo.
b) La resolución de las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio.
Formarán parte de la misma:
Por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, un representante designado por la persona titular de cada uno de los siguientes órganos:
Departamento de Gestión Tributaria, Departamento de Informática Tributaria, Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales y Delegación Especial de Canarias.
Por parte de la Agencia Tributaria Canaria:
La persona titular de la Subdirección de Gestión Tributaria, así como de la Unidad de Auditoría Interna y un representante designado por cada uno de ellos.
Los representantes de cada una de las Administraciones tributarias podrán asistir a las reuniones acompañados de otras personas de dichas Administraciones, en calidad de asesores, cuando la naturaleza y el contenido de los asuntos a tratar lo justifiquen o aconsejen. De ello deberá informarse a la otra Administración tributaria previamente a la correspondiente reunión.
Esta comisión se reunirá cuando se convoque a propuesta de cualquiera de las partes y, como mínimo, una vez al año, y sus acuerdos se adoptarán siempre de conformidad entre ambas representaciones.
Los cometidos de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se ejercerán sin perjuicio de las funciones de coordinación y colaboración atribuidas al Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria en el artículo 66 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá, en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
1. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o información suministrados en virtud de este convenio estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia de Protección de Datos.
2. El expediente administrativo para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en ejecución de este convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida la responsabilidad, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro tipo de personal responsable de dicha utilización indebida.
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde la fecha de su inscripción, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (en adelante, REOICO) al que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de que el mismo deba ser, asimismo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el plazo de diez días hábiles desde su formalización, pudiendo acordar los firmantes, antes del vencimiento del plazo, una prórroga expresa por un período de hasta cuatro años, mediante adenda y previa sustanciación de los trámites previstos normativamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 49, letra h) n.º 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Dicha adenda de prórroga surtirá efectos con su inscripción en REOICO antes de la fecha de extinción del convenio. Asimismo, la adenda será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
La modificación del convenio requerirá acuerdo unánime de las partes firmantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El convenio se extinguirá por la concurrencia de cualquiera de las causas establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de extinción del convenio, la plataforma única se utilizará, en los términos previstos en el presente convenio, para la tramitación de las solicitudes de devolución presentadas con anterioridad a la extinción.
De conformidad con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán causas de resolución del presente convenio las siguientes:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la cláusula octava.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes no generará otra consecuencia distinta de la propia extinción del convenio en los términos previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
Asimismo, será causa de resolución del convenio la denuncia expresa de cualquiera de las partes efectuada con dos meses de antelación a la finalización del plazo de vigencia inicialmente pactado o de cualquiera de sus prórrogas.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por incumplimiento de las obligaciones del convenio o por su extinción, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar lugar a la resolución del presente convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula décima.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se comprometen a colaborar en todo lo que les sea de aplicación para la efectiva adecuación del presente convenio a los trámites previstos en dicha ley, en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos.
Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula octava, las controversias no resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado en el lugar y fecha al principio señalados.–Por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Directora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Silva Méndez, actuando por delegación de firma conferida mediante Resolución de 8 de noviembre de 2023 por el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús Crespo López.–Por la Agencia Tributaria Canaria, la Directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Hidalgo Méndez.