Categoría: Judicial

de obligación promocional de los poderes públicos, así como en el art. 14 CE que recoge la idea de igualdad formal y la interdicción expresa de discriminación por las que se identifican como causas sospechosas de ser discriminatorias, y entre las que cita expresamente, el sexo. Los arts. 4 y 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, junto con las definiciones de la propia ley, desarrollan los citados preceptos constitucionales y han servido para la aplicación progresiva de esta perspectiva en las distintas jurisdicciones, con más intensidad a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del pacto de Estado en materia de violencia de género, que introduce medidas para aumentar la formación y capacitación de los miembros del poder judicial en derecho antidiscriminatorio y perspectiva de género. Un ejemplo de su aplicación se encuentra en la STS 115/2020, Sala Social, de 6 de febrero que, de la relación sistemática entre los citados arts. 4 y 15 concluye: «el principio de integración de la dimensión de género vincula a todos los poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Aparece así la obligación de jueces y tribunales, como poder del Estado, de incorporar la perspectiva de género en el ejercicio de la potestad jurisdiccional».
Con tales presupuestos normativos y jurisprudenciales, considero que el recurso de amparo debió estimarse porque la decisión del juzgado de instrucción de guardia –y de la Audiencia Provincial al ratificar aquella– están ausentes de perspectiva de género y contaminadas con prejuicios de género. Vulneraron los derechos fundamentales de la mujer embarazada a su libertad personal (art. 17.1 CE), intimidad y autonomía personal en relación con el derecho a la dignidad humana (art. 18 en relación con el art. 10 CE); así como su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho a un proceso con todas las garantías y sin indefensión, dado que el órgano judicial omitió el trámite de audiencia y el juicio de proporcionalidad exigido por el canon de constitucionalidad que mide la legitimidad de la restricción judicial en los derechos fundamentales de las personas.
En mi opinión, la decisión judicial de ingreso obligado de la recurrente en el hospital fue una medida restrictiva de sus derechos fundamentales arbitraria, así como desproporcionada e injustificadamente limitativa del derecho de acceso a la justicia de las mujeres:
(i) Arbitraria porque no ponderó ni tuvo en cuenta los derechos de la mujer embarazada. La invisibiliza como sujeto de derechos y la sitúa en una posición subordinada, no ponderada, en relación con el bien jurídico que la medida dice proteger.
(ii) Desproporcionada, porque el ingreso hospitalario forzoso supuso una excesiva intervención en la libertad personal e intimidad de la mujer, sin evaluar ni la adecuación, ni la idoneidad ni la proporción en sentido estricto de la medida. Como explico con detalle más adelante, cabría haber barajado otras medidas menos lesivas para los derechos de la recurrente. Todo ello generó efectos discriminatorios por razón de sexo dada la concurrencia del factor de la maternidad.
(iii) Limitativa del derecho de acceso a la justicia de las mujeres, dado que en la decisión del juzgado de instrucción de guardia concurrieron prejuicios de género respecto de las mujeres embarazadas.
He de mostrar la preocupación que me provoca la decisión mayoritaria de desestimar las pretensiones de amparo que formula la recurrente. Estamos en presencia de un supuesto de intervención del sistema sanitario y judicial en la esfera de los derechos fundamentales y personalismos de una persona que, por ser mujer, tiene la capacidad biológica de ser madre. La sentencia ha reconocido que se adoptó una decisión judicial limitativa de derechos fundamentales «sin haber oído, al menos, a la gestante, causándole al menos indefensión» [FJ 6 C) d)]; sin embargo, de los razonamientos que siguen a tal afirmación se podría desprender que el Tribunal Constitucional, en casos de conflicto entre los derechos de la mujer embarazada y la protección al bien jurídico delnasciturus, admite la posibilidad de rebajar y degradar el nivel de exigencia constitucional de garantías necesarias para la restricción de los derechos fundamentales sustantivos de las mujeres; me refiero, específicamente y en primer lugar, a la garantía de audiencia a la titular de derechos –cuya omisión se justifica de manera «excepcional por las circunstancias de extrema urgencia»– y, en segundo lugar, a la garantía de exigencia de motivación reforzada con ponderación racional de los derechos y bienes en conflicto, que la sentencia realiza de manera voluntarista, para intentar suplantar y subsanar el palmario déficit de motivación de la resolución del juzgado de guardia.
La conclusión a la que llega la sentencia podría permitir la disociación del cuerpo de la mujer embarazada de los derechos de los que es titular como persona, como si fuera un recipiente que alberga alnascituruso vasija, en metáfora creada por el movimiento feminista contrario a la gestación subrogada (también conocida como «vientres de alquiler»). Ello implicaría admitir que la mujer embarazada es un mero instrumento para la consecución del fin de preservar un eventual riesgo al bien jurídico delnasciturus, con anulación de la dignidad que a aquella le corresponde como persona.
Resulta inquietante y perturbador, dicho con el máximo respeto a la mayoría, que sin la concurrencia de las garantías configuradas por la doctrina constitucional, de manera clara y taxativa, pudieran convalidarse decisiones judiciales tan restrictivas de derechos fundamentales como las que aquí se adoptaron, al amparo del denominado concepto jurídico indeterminado de «razones de urgencia». Concepto que, en casos como el que nos ocupa, resulta totalmente ajeno al ámbito de disponibilidad de la titular de derechos, y podría rebajar la garantía de los derechos concernidos dado que, por su propia razón de ser, presenta un ámbito conceptualmente difuso, trenzado de subjetividades, en el que habrá que comparar fines y medios, ponderar el interés público con el interés privado, o bien priorizar unos fines sobre otros.
A continuación, desarrollaré tales argumentos y las razones fundamentales de mi discrepancia con la sentencia de la mayoría.
2. Naturaleza y habilitación normativa de la medida de ingreso hospitalario obligatorio de mujer gestante.
2.1 Naturaleza restrictiva de los derechos fundamentales de la mujer embarazada.
Resulta evidente que la orden judicial de traslado forzoso con custodia policial, así como el ingreso forzoso de la mujer gestante en el hospital son medidas que conllevan, de manera notoria, una privación de la libertad personal de la recurrente a la que se refiere el art. 17.1 CE. Y dado que tal privación de libertad de movimientos tenía por objeto anular e invalidar la elección personal de dar a luz en su propio domicilio con la asistencia de una matrona, que le acompañaba en aquellos momentos, también supuso una intromisión en su derecho a la intimidad y autonomía personal protegida por el art. 18.1 CE, como se reconoce en el fundamento jurídico 4 de la sentencia aprobada por la mayoría. Debe resaltarse además, y esto es relevante, que las restricciones de tales derechos fundamentales se realizan con carácter preventivo, como se desprende de la frase «para la práctica, de ser preciso, de un parto inducido».
Reconozco el esfuerzo de la sentencia por poner en valor la dignidad humana –fundamento del orden político y de la paz social conforme al art 10.1 CE– y en particular la dignidad de la mujer, en un aspecto tan esencial y exclusivo para ella, como es su decisión de ser madre y realizar el parto en su hogar familiar. En este punto del razonamiento considero necesario subrayar la vinculación del art. 18.1 CE, como derecho material, con el art. 10.1 CE, como principio de interpretación. Este tribunal ha reiterado que la intimidad personal del art. 18.1 CE, interpretada de conformidad con el libre desarrollo de la personalidad y autonomía de la persona del art. 10.1 CE, implica que se reconozca un ámbito libre de injerencias, en el cual también cabe expresar la propia forma de entender y ejercer las libertades. Así, es patente la conexión entre ese derecho y la esfera reservada para sí por el individuo, en los más básicos aspectos de su autodeterminación como persona. Esta jurisprudencia se encuentra sintetizada, por ejemplo, en el fundamento jurídico 8 de la STC 93/2013, de 23 de abril (recurso de inconstitucionalidad en relación con la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables) en la que también se cita la STC 66/1994, de 28 de febrero, FJ 3, y el ATC 204/2003, de 16 de junio, FJ 2.
La aplicación de este binomio constitucional nos lleva a entender que debe garantizarse a la mujer gestante un ámbito autónomo de decisión sobre la forma de dar a luz, que si bien no es absoluto (como no lo es casi ningún derecho), los poderes públicos, de acuerdo con el art. 10.1 CE, deben respetar con la mayor efectividad este espacio de libertad personal. En caso de que concurran otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos y entren en conflicto, la restricción de aquel derecho a la intimidad deberá hacerse con el respeto máximo de las garantías existentes.
2.2 Habilitación constitucional para la injerencia judicial en derechos fundamentales de la mujer embarazada.
Tal como se expone en el marco teórico sintetizado de los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la sentencia, la legitimidad constitucional de las intromisiones de los poderes públicos en el contenido protegido de cualquiera de estos dos derechos fundamentales –libertad, art. 17.1 CE, o intimidad personal, art. 18.1 CE vinculado con el art. 10 CE– depende del cumplimiento de una serie de garantías o requisitos mínimos imprescindibles, que son los siguientes: (i) la medida o actuación limitativa del derecho fundamental de que se trate debe contar con una habilitación legal previa (art. 81 CE); (ii) ha de estar dirigida al cumplimiento de un fin constitucionalmente legítimo; (iii) ha de adoptarse mediante resolución judicial especialmente motivada; y (iv) la medida acordada por la resolución judicial ha de superar el juicio de proporcionalidad y sus exigencias de valoración de la idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto de la medida [en este sentido, entre otras, STC 207/1996, citada en el fundamento jurídico 5 b) de la sentencia].
Respecto de la primera de las condiciones expuestas (habilitación legal) también comparto lo afirmado en el fundamento jurídico 6 B) c) de la sentencia en el sentido de que «la decisión judicial de acordar el ingreso obligado en un centro hospitalario para la realización de un parto calificado de riesgo para la vida del feto, no tiene una previsión específica en la ley». Ni los preceptos legales invocados en el auto del juzgado de instrucción de 24 de abril de 2019 resultan adecuados para prestar cobertura legal a la actuación judicial, ni existe en nuestro ordenamiento jurídico previsión legal alguna que pueda prestar una cobertura suficiente y adecuada a la medida.
Ante la ausencia de habilitación legal específica resulta necesario aplicar la doctrina de este tribunal según la cual la adopción de una decisión que implica una evidente restricción de la libertad física (art. 17.1 CE) y de la intimidad personal (art. 18.1 CE), debe ir revestida de una serie de garantías mínimas clara y terminantemente exigidas por todas aquellas normas de rango legal que regulan supuestos de privación de libertad, como son las siguientes: art. 505 LECrim para la prisión provisional; art. 62 LOEx para el internamiento de personas extranjeras en situación irregular; art. 26 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor en relación con el internamiento de personas menores de edad con problemas de conducta; art. 763 LEC para internamientos involuntarios por razón de trastorno psiquiátrico.
Doctrina constante de este tribunal (SSTC 207/1996, FJ 4; 141/2012, FJ 5; 13/2016, FJ 4, y 22/2016, FJ 4, entre otras) ha fijado las garantías mínimas a cumplir en supuestos de inexistencia de habilitación legal específica y restricción de derechos fundamentales individuales. Son los siguientes:
(i) Previa audiencia de la persona afectada por la medida limitativa del derecho a la libertad o la intimidad personales;
(ii) Constatación de las circunstancias específicas que, en el caso concreto, vienen a justificar la adopción de la medida;
(iii) Juicio de proporcionalidad que ha de tener en cuenta las manifestaciones de la persona afectada y las circunstancias específicas que, en el caso concreto, justifican la adopción de la medida para la consecución del fin legítimo al que se dirigen.
Es aquí donde se produce mi mayor desacuerdo con la argumentación de la sentencia, tal y como anticipé, dado que reduce el nivel de exigencia de garantías en el caso enjuiciado en una doble vertiente: tanto cuando justifica y excusa la ausencia de audiencia a la titular de derechos y única destinataria de las medidas restrictivas; como al intentar complementar y suplir la obligación que corresponde al órgano judicial de ponderar los derechos y bienes en conflicto y realizar una motivación reforzada, de acuerdo con el canon exigido por este tribunal cuando se trata de procesos judiciales relativos a derechos fundamentales sustantivos.
Considero que los déficits de audiencia y de motivación judicial son insubsanables –por las razones que a continuación desarrollaré– y obligan a reconocer la vulneración de los derechos fundamentales afectados con estimación del recurso de amparo.
3. Del necesario trámite de audiencia a la mujer embarazada afectada por la restricción de sus derechos fundamentales.
En ningún momento se dio audiencia ni se escuchó a la mujer gestante, ni antes ni después del dictado de la resolución judicial que acordaba su traslado e ingreso hospitalario forzosos para la inducción del parto, caso de ser necesario.
Como he adelantado, en este caso el trámite de audiencia es una garantía constitucional procedimental de necesario cumplimiento y trámite esencial cuya omisión injustificada provocó indefensión –con la consiguiente vulneración del art. 24 CE– en cuanto que impidió alegar y proponer prueba a la mujer titular de derechos, en un procedimiento judicial iniciado precisamente para decidir sobre la petición del hospital de ingresarla de manera obligatoria. En segundo lugar, debo resaltarlo, la audiencia y escucha a la mujer, desde un punto de vista material y no procedimental, era un elemento necesario e imprescindible para formular el correcto juicio de proporcionalidad que constitucionalmente se exige para restringir derechos fundamentales. Su omisión afectó de manera directa a la dignidad de la mujer afectada, produciendo, en palabras utilizadas por el magistrado señor Xiol Ríos en su voto particular, «la cosificación de la mujer».
La invisibilización de la mujer como sujeto de derechos resulta evidente tras la lectura de hechos que contienen los antecedentes de la sentencia. En el relato aparecen todos los profesionales del sistema hospitalario, judicial y policial que participaron: jefes del servicio médico del hospital, jueza de instrucción, Ministerio Fiscal, letrado de la administración de justicia, matrona que acompaña a la mujer gestante en el domicilio. Es más, se dice que la Policía Local tuvo ocasión de entrevistarse con la pareja de la demandante de amparo mientras ella se vestía «consiguiendo convencerle de la necesidad del traslado de doña [C] hasta el centro hospitalario». Nadie estimó necesario ni conveniente escuchar a la propia afectada por la medida en ningún momento. Es la gran ausente en el relato y en el procedimiento judicial, donde estaba en juego y se decidía sobre la injerencia estatal en sus derechos fundamentales a la libertad y autonomía personal.
Las «razones de extrema urgencia» construidas en la sentencia para justificar la ausencia del trámite de audiencia, en mi opinión, no se corresponden con el relato fáctico ni fueron determinantes de la omisión de dicho trámite esencial. Efectivamente, del relato de hechos recogido en la sentencia resulta de interés la secuencia temporal, que es la siguiente:
(i) Más de 24 horas transcurrieron desde que se presentó en el juzgado de instrucción de guardia el escrito del subdirector de servicios quirúrgicos y críticos del área sanitaria IV del Servicio de Salud (día 24 de abril de 2019) hasta que comenzó el parto a primeras horas del día 26 y que se resolvió por cesárea y sin inducción. No consta que durante ese tiempo se produjeran complicaciones especiales.
(ii) Antes de la orden judicial de ingreso obligatorio, el Ministerio Fiscal pudo informar sobre la procedencia de la medida en el procedimiento abierto al efecto.
(iii) El letrado de la administración de justicia también dispuso de tiempo suficiente para acudir al hospital, y notificar el auto de ingreso forzoso a la mujer gestante antes del parto.
(iv) Los servicios médicos tuvieron tiempo de solicitar el día 25 –el siguiente a la ejecución de la orden judicial– el mantenimiento del ingreso involuntario, solicitud de la que no se dio conocimiento a la interesada.
De tal secuencia temporal, de manera lógica se deduce que, pese a la celeridad que reclamaba la situación, el órgano judicial tuvo tiempo y ocasión para escuchar a la recurrente en su domicilio con carácter previo a la adopción de la medida, del mismo modo que lo tuvo para dar audiencia al Ministerio Fiscal. Y de haber entendido que el riesgo a conjurar era de tan extraordinaria magnitud que resultaba completamente inviable oír a la interesada, debió expresarlo de manera específica en la resolución y acordarlainaudita parte; en cuyo caso, como es práctica judicial habitual, debió llevarse a cabo dicha audiencia con posterioridad, en el propio hospital, donde se encontraba perfectamente garantizada la salud, tanto delnascituruscomo de la recurrente, a efectos de regularizar tan excepcional medida, ratificándola o dejándola sin efecto.
4. De la ausencia de motivación reforzada y del necesario juicio de proporcionalidad.
Teniendo en cuenta las circunstancias y consideraciones que se acaban de exponer, estimo que la omisión total de la audiencia también vulneró la dignidad personal de la mujer «como valor jurídico fundamental de la persona en general, pero, de modo particular, de la dignidad de la mujer en un aspecto tan esencial y exclusivo para ella como es el de su decisión de ser madre y de realizar el parto en su hogar familiar» [FJ 4 A) a) de la sentencia aprobada por el Pleno].
Y es que la decisión de traslado e ingreso hospitalario forzoso para la práctica, en caso necesario, de un parto inducido se adoptó por el juzgado sobre la base de datos estadísticos, de manera preventiva, y sin tener conocimiento de las circunstancias específicas en que se hallaba la mujer en ese momento concreto. El juzgado de guardia podría haber acordado la práctica de un reconocimiento urgente domiciliario de la mujer gestante con carácter previo a la adopción de la decisión, bien por el médico forense bien por ginecólogo designado al efecto, a fin de constatar si su estado físico en ese momento podía constituir un riesgo específico y actual para su propia vida o integridad física o para elnasciturus, y determinar las medidas precisas para conjurar esos riesgos concretos y constatados.
Como es evidente, dado que no se conocían ni las razones de la demandante de amparo para negarse al ingreso hospitalario ni sus circunstancias concretas, la resolución dictada por el juzgado de instrucción de guardia, carece de un verdadero juicio de proporcionalidad entre los derechos fundamentales e intereses de la recurrente y los bienes constitucionalmente protegidos. En lugar de una labor de ponderación nos encontramos con una imposición.
Todo el esfuerzo argumentativo del juzgado se centra en buscar una habilitación legal para la medida que va a adoptar y el juicio de ponderación del auto se reduce a lo siguiente: «En el presente caso, examinado el informe emitido por el subdirector de servicios quirúrgicos y críticos del Hospital Universitario de Asturias (HUCA), y en el que se constata la necesidad de ingresar a la gestante de 42+3 semanas, doña [C.P.], para su inmediata inducción al parto, resulta procedente acceder a lo interesado, habida cuenta de que pese a que la señora [P] ha sido informada de que el feto presentaba riesgo de hipoxia fetal (deficiencia de oxígeno en la sangre) y de muerte intrauterina a partir de la semana 42, la misma manifestó su voluntad de no acudir al hospital y dar a luz en su domicilio, lo que, sin duda, podría poner en inminente y grave peligro la vida de su hijo».
En el razonamiento judicial transcrito no hay mención alguna a los derechos fundamentales de la mujer que resultarán restringidos por la decisión adoptada, aunque en las posteriores resoluciones se mencione el derecho a la libertad de la mujer, pero sin detallarlo ni ponderarlo. En esencia, toda la argumentación judicial se enfoca a la expresión del fin al que se dirige la medida –conjurar el riesgo inminente y grave para elnasciturus– soslayando la valoración sobre el modo y grado en que resulta preciso sacrificar los derechos de la mujer gestante a la vista de que no era imperiosa la inducción del parto. No valora la circunstancia de que la mujer estaba asistida por una matrona profesional y tampoco la posibilidad o imposibilidad de adoptar otras medidas menos lesivas (por ejemplo, asistencia y seguimiento médico domiciliario con posibilidad de traslado en ambulancia caso de ser necesario). Tampoco se evalúa el impacto que las medidas que se adoptaban podrían tener sobre la propia integridad física y psíquica de la mujer; obviando que el parto es un acontecimiento inherente a la existencia femenina y la mujer se enfrenta a este trance con una compleja red de emociones.
La conclusión es que el juzgado de instrucción de guardia, concede una absoluta prevalencia a los intereses y bienes jurídicos delnasciturusy realiza una postergación, igualmente absoluta, de los derechos fundamentales de la madre gestante o de sus intereses. Esto determina –en un elemental entendimiento del principio de igualdad de armas y contradicción a observar dentro de los procesos judiciales– que quede sin sustento cualquier intento de suplantar la ausencia de juicio de proporcionalidad, que la sentencia de la mayoría pretende con la sola remisión a los informes de los profesionales sanitarios.
5. Discriminación directa por razón de sexo y estereotipos de género.
Reiterada doctrina constitucional afirma que la conducta discriminatoria se cualifica por el resultado peyorativo para la mujer que la sufre, que ve limitados sus derechos o sus legítimas expectativas por la concurrencia de un factor cuya virtualidad justificativa ha sido expresamente descartada por la Constitución, dado su carácter atentatorio a la dignidad del ser humano (art. 10.1 CE). Añade que tal tipo de discriminación comprende, sin duda, aquellos tratamientos peyorativos que se fundan no solo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca, como sucede con el embarazo, elemento o factor diferencial que, por razones obvias, incide de forma exclusiva sobre las mujeres (entre otras, STC 173/94, de 7 de junio, y 17/2003, de 30 de enero).
Desde esta perspectiva también queda sin respaldo constitucional, en mi opinión, la afirmación de la sentencia acerca de la concurrencia de extremas «razones de urgencia» que excusaron el cumplimiento de las garantías constitucionales. La idea de que, en una situación de urgencia, la prevalencia de los bienes constitucionalmente protegidos delnascituruses tal que puede prescindirse de todas las garantías constitucionales exigidas para la limitación de los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas, implica un debilitamiento muy relevante de los derechos fundamentales de estas, por el solo hecho de tener la capacidad de llevar en su cuerpo dicho bien jurídico. Esto constituye una discriminación directa por razón de sexo, terminantemente prohibida por el art. 14 CE, por el art. 14 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), que incorpora una cláusula de prohibición de discriminación, y su Protocolo facultativo núm. 12 de prohibición general de la discriminación, y el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, así como por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW son sus siglas en inglés), aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por España en 1983 (publicada en el «BOE» el 21 de marzo de 1984).
Respecto del CEDH, merece la pena destacar la siguiente afirmación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asuntoKonstantin Markin contra Rusia, de 22 de marzo de 2012 (pár. 127), sobre las presunciones, esto es, los prejuicios que quepa tener en relación con las diferencias por razón de sexo:
«El Tribunal recuerda además que el avance hacia la igualdad de sexos es en la actualidad un objetivo importante entre los Estados miembros del Consejo de Europa y que solo circunstancias muy graves pueden llevar a considerar compatible tal diferencia de trato (Burghartz c.Suiza, 22 de febrero de 1994, apartado 27, serie A núm. 280-B, ySchuler-Zgraggen c.Suiza, 24 de junio de 1993, apartado 67, serie A núm. 263). En concreto, la referencia a tradiciones, presunciones de orden general, actitudes sociales mayoritarias no son suficientes para justificar una diferencia de trato basada en el sexo. Por ejemplo, los Estados no pueden imponer las tradiciones cuyo origen está en la idea de que el hombre juega un papel prioritario y la mujer uno secundario en la familia (Ünal Tekeli, ya citado, apartado 63)».
También en el marco del Consejo de Europa, debe acudirse al Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011, en vigor en España desde el 1 de agosto de 2014, conocido como Convenio de Estambul. Este tratado internacional se centra, como indica su propio nombre, en toda violencia contra las mujeres, sin olvidar, además, que es objetivo del Convenio «contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres» [art. 1 b)]. La discriminación, también la implícita, es la base de toda limitación al libre ejercicio por los derechos de las mujeres, siendo, una de las muestras más extremas, la violencia contra ellas.
Además, el art. 4.2 del Convenio de Estambul se prevé literalmente:
«2. Las Partes condenan todas las formas de discriminación contra las mujeres y tomarán, sin demora, las medidas legislativas y de otro tipo para prevenirla, en particular:
– Indicando en sus constituciones nacionales o en cualquier otro texto legislativo adecuado el principio de la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando la aplicación efectiva del mencionado principio;
– Prohibiendo la discriminación contra las mujeres, recurriendo incluso, en su caso, a sanciones;
– Derogando todas las leyes y prácticas que discriminan a la mujer».
Finalmente, es necesario recordar cuál es el concepto de discriminación recogido en el CEDAW, cuyo art. 1 establece:
«A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera».
Se observa, pues, que las autoridades públicas, y en lo que ahora aquí importa, las judiciales deben llevar a cabo una interpretación de las normas libre de estereotipos o prejuicios de género, especialmente en ámbitos en los que aquellos están tan enraizados en el ideario jurídico. En esta línea, el Comité de la CEDAW, en su recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, afirma que los estereotipos y prejuicios de género son decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos, y pueden impedir el acceso de las mujeres a la justicia, en la medida que los jueces adopten normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer.
Es claro el mandato existente en las normas citadas: los poderes públicos, también los órganos del poder judicial español deben incorporar en su proceso de toma de decisiones la perspectiva de género para garantizar que las mujeres serán tratadas como sujetos autónomos titulares de derechos y libertades.
Llama la atención que el juzgado de instrucción no intentara escuchar las razones que la titular de derechos tenía para rechazar el ingreso en el hospital –pudiendo hacerlo antes o después de la medida de ingreso obligatorio forzoso– siendo esta una práctica judicial habitual en los juzgados de instrucción de guardia que atienden, diariamente, casos de peticiones de restricción de la libertad personal y de injerencia en la integridad personal como los antes mencionados. Considero que en esta insólita decisión confluyeron claros prejuicios de género que perjudicaron a la mujer embarazada y le impidieron el acceso a la justicia. Efectivamente, del relato de hechos se puede deducir que la omisión del trámite de audiencia pudo obedecer a estereotipos e ideas preconcebidas perjudiciales para los derechos de las mujeres. Las expectativas asociadas al rol maternal están condicionadas, todavía hoy, por el modelo tradicional de la maternidad, basado en la entrega, cuidado y la emotividad; de manera que la ausencia de audiencia a la mujer pudo deberse a que se apartó del rol de sumisión y obediencia a los servicios médicos –optando por intentar el parto en casa con ayuda de matrona– y se prejuzgó como obstinada e irrazonable su postura, por negarse a cumplir lo que el día anterior le habían recomendado los servicios médicos, y entenderse que la madre no se sacrificaba respecto al bien superior del no nacido.
6. Conclusiones.
En mi opinión y reiterando el respeto a la mayoría, este tribunal debió anular una actuación judicial que no ha respetado las garantías esenciales, exigidas constitucionalmente y de manera severa, para los supuestos de injerencia en derechos fundamentales individuales relacionados con la dignidad humana y, de manera particular con la dignidad de la mujer por razón sexo y maternidad. Debió declarar, con contundencia, que no puede prescindirse de la habilitación constitucional que exige el respeto de las garantías de audiencia de la titular de los derechos afectados y un motivado juicio de ponderación de los derechos y bienes en conflicto. No puede prescindirse de estas garantías aun cuando lo que esté en juego sean los bienes constitucionalmente protegidos delnasciturus.
Validar la injerencia preventiva del órgano judicial –que pretirió a la mujer gestante como titular de derechos– implica un debilitamiento muy relevante de los derechos fundamentales de las mujeres por el factor diferencial, que le es propio, de la maternidad y el embarazo. Esto determina, como ya expuse, una discriminación directa palmaria por razón de sexo, terminantemente prohibida por el artículo 14 CE; y, además, un riesgo evidente de que se puedan legitimar futuras injerencias en la vida y derechos de la mujer embarazada, sin la observancia de garantías esenciales a la dignidad de la persona, incluso de manera preventiva.
Concluyo, la decisión del órgano judicial no puede calificarse de razonable ni fundada, y sí arbitraria y discriminatoria por razón de sexo, además de contaminada por prejuicios de género.
En consecuencia, con estimación del recurso de amparo, procedería reponer a la demandante en su derecho a la dignidad personal –recogida en el art. 10.1 CE– derecho esencial y base ontológica que hace posible todos los demás; y, en concreto el derecho a la libertad y el derecho a la intimidad y autonomía personal, que le fueron violentados con el ingreso hospitalario forzoso.
Madrid, a dos de junio de dos mil veintidós.–Inmaculada Montalbán León.–Firmado y rubricado.