Categoría: Normativas

Con fecha 5 de septiembre de 2023 se ha suscrito el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Universidad de Alcalá (UAH), y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la realización de un curso de incapacidad temporal para médicos asistenciales en la modalidadon-line, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 7 de septiembre de 2023.–La Secretaria General Técnica, Iria Calvo Méndez.
De una parte: Doña M.ª del Carmen Armesto González-Rosón, Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, nombrada por Real Decreto 131/2020, de 21 de enero, actuando en nombre y representación del Instituto, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 5 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1010/2017, de 1 de diciembre, y por el Real Decreto 496/2020, de 28 de abril.
De otra parte: Doña Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Posgrado, Formación Permanente y Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá (en adelante UAH), con CIF Q2818018J y domicilio en Plaza de San Diego s/n, 28801 Alcalá de Henares (Madrid), en nombre y representación de la misma y en ejercicio de las competencias que le son delegadas por el Sr. Rector Magnífico de esta Universidad, mediante Resolución de fecha 29 de marzo de 2022, publicada en el BOCM de 21 de abril de 2022 (Resolución del Rector sobre delegación de competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de la Universidad). El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima autoridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y gestión de esta.
De otra parte: Don Alejandro Vázquez Ramos, Consejero de Sanidad y Presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, nombrado por Acuerdo 6/2022 del 19 de abril de 2022, del Presidente de la Junta de Castilla y León, y actuando en virtud de las competencias que le otorga el artículo 31.2 d) de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.
El artículo 66.1.a) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, otorga al Instituto Nacional de la Seguridad Social la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social.
En este sentido, el INSS, como Entidad Gestora de la Seguridad Social, encuadrada en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene competencias para gestionar y controlar la prestación de incapacidad temporal, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, que regula la estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y modifica parcialmente las correspondientes a la Tesorería General de la Seguridad Social.
A este respecto, el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de duración, cualquiera que sea la contingencia determinante, en los que se encuentren las personas trabajadoras incluidas en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, por desarrollar un trabajo o actividad por cuenta ajena o propia.
Asimismo, el INSS tiene otorgada, entre sus funciones, la determinación del carácter común o profesional de la enfermedad que origina la situación de incapacidad temporal de la persona trabajadora, así como la determinación de las entidades colaboradoras responsables de las prestaciones que puedan resultar procedentes en materia de incapacidades laborales, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio. A lo anterior cabe añadir la competencia que ostenta el INSS para la determinación de contingencia en aplicación del procedimiento regulado en el Artículo 4 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre.
Corresponderá a los médicos del Servicio Público de Salud (SPS), con carácter general, la expedición de los partes de baja, confirmación de la baja y de alta, que determinarán la declaración de la baja médica en los procesos de incapacidad temporal, así como su duración y extinción, conforme a lo regulado por el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio. Igualmente, en virtud de los procedimientos regulados en el real decreto mencionado, la Inspección Médica del Servicio Público de Salud participará en la responsabilidad de gestionar y controlar la prestación de incapacidad temporal junto a las Entidades Gestoras y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.
Por otra parte, los médicos de atención primaria del SPS tienen la capacidad de proponer la iniciación del procedimiento para la evaluación de incapacidad permanente conforme a lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, siendo preciso para ello contar con un profundo conocimiento en materia de incapacidades laborales.
En consecuencia, los médicos del SPS, en el ejercicio de las funciones señaladas, deben disponer de conocimientos científicos actualizados y herramientas de valoración funcional adecuadas para la aplicación de criterios técnicos objetivos, avalados por la comunidad científica en las diferentes materias.
Conforme a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, corresponde a la Universidad de Alcalá la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos científicos (artículo 1.2 b), así como el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación (artículo 83.1). Asimismo, en base al artículo 36 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, la Universidad en uso de su autonomía puede impartir enseñanzas propias, dentro de estas enseñanzas siguiendo el artículo 37 de dicho Real Decreto se imparte la Formación Permanente.
La adenda de prórroga y modificación del convenio entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (INSS) y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2023 a 2024, se perfeccionó mediante el consentimiento de las partes y se encuentra inscrita en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.
En el manifiestan quinto del convenio para el control de la incapacidad temporal mencionado en el punto anterior, se expresa que es voluntad de las partes, recogiendo experiencias derivadas de la ejecución de anteriores convenios, establecer el Plan de Actuaciones para la modernización y mejora de la gestión de la incapacidad temporal y la racionalización del gasto de la prestación, durante toda la vigencia del convenio. El mencionado Plan de Actuaciones, que acompaña a dicho convenio, es fijo e invariable durante toda la vigencia del convenio.
El Plan de Actuaciones para la modernización y mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal y para la racionalización del gasto de dicha prestación en las Comunidades Autónomas e INGESA, establece en su apartado H.–3 como una de las actividades a realizar, cursoson-linesobre incapacidad laboral. La correcta realización de esta actuación supone el cumplimiento del 2,50 % de los objetivos que se proponen para 2023 y 2024. Asimismo, se recoge en dicho apartado que con independencia de las actividades presenciales o no, organizadas por las Comunidades Autónomas e INGESA, el INSS pondrá a disposición de estas, actividadeson-linepara la formación, investigación e innovación en valoración médica de las incapacidades laborales y en cualquier materia que se considere relevante para el buen funcionamiento de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social.
Con la suscripción del presente convenio se mejora la eficiencia de la gestión pública mediante la utilización de recursos y servicios conjuntos contribuyéndose a la realización de una actividad de utilidad pública, cumpliéndose con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados del presente convenio se ajustan a lo establecido en la legislación presupuestaria.
El presente convenio es financieramente sostenible, teniendo la Comunidad Autónoma de Castilla y León firmante capacidad para financiar las obligaciones asumidas en el mismo.
Es voluntad de las partes firmantes, en virtud de lo manifestado y de conformidad con el marco normativo vigente, suscribir el presente convenio para participar en la realización de un curso de incapacidad temporal en la modalidadon-linedirigido mayoritariamente a médicos de atención primaria.
El presente convenio tiene por finalidad perfeccionar la formación en el control médico de la prestación de incapacidad temporal mediante la mejora de la formación de los médicos de atención primaria de manera prioritaria, Médicos Internos Residentes (MIR) de Medicina Familiar y Comunitaria, así como otros médicos especialistas, incluidos MIR de especialidades distintas a la Medicina Familiar y Comunitaria en menor medida, a través del desarrollo de la siguiente actividad formativa virtual en la modalidadon-line:
– Certificado de formación permanente en Incapacidad Temporal para médicos asistenciales.
El curso será ofertado por la Universidad de Alcalá como estudio de Formación Permanente con una extensión de 6 ECTS y estará integrado por las siguientes unidades formativas que se incluyen a la asignatura «Incapacidad Temporal para médicos asistenciales»:
– Marco legal de la Incapacidad Temporal. Conceptos básicos.
– Gestión de la Incapacidad Temporal en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
– Gestión de la Incapacidad Temporal en el Sistema Público de Salud.
– Gestión de la Incapacidad Temporal en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
– Actividad laboral e Incapacidad Temporal: Codificación ocupaciones (CNO-11). Guía de Valoración profesional del INSS. Tiempos óptimos de incapacidad temporal.
– Valoración clínico laboral de la Incapacidad Temporal en procesos traumatológicos.
– Valoración clínico laboral de la Incapacidad Temporal en enfermedades reumatológicas.
– Valoración clínico laboral de la Incapacidad Temporal en enfermedades cardiovasculares.
– Valoración clínico laboral de la Incapacidad Temporal en enfermedades respiratorias.
– Valoración clínico laboral de la Incapacidad Temporal en trastornos mentales.
– Valoración clínico laboral de la Incapacidad Temporal en enfermedades neurológicas.
– Valoración clínico laboral de la Incapacidad Temporal en enfermedades oftalmológicas y otorrinolaringológicas.
– Valoración clínico laboral de la Incapacidad Temporal en enfermedades infecciosas.
– Valoración clínico laboral de la Incapacidad Temporal en enfermedades del aparato digestivo.
– Valoración clínico laboral de la Incapacidad Temporal en enfermedades del aparato genitourinario.
– Valoración clínico laboral en enfermedades oncológicas.
Tanto la UAH como el INSS nombrarán un director responsable de la implementación, desarrollo y coordinación de la actividad formativa. Esta figura recaerá, por parte de la UAH en el Prof. don Ángel Asúnsolo del Barco y por parte del INSS en doña M.ª Rosario Valero Muñoz.
A) La UAH se compromete al desarrollo de las siguientes actuaciones en la acción formativa:
1. La gestión y dirección académica del curso. La dirección académica del curso se realizará en coordinación con el INSS.
2. La matriculación de alumnos en la aplicación informática de la UAH y la custodia de expedientes de alumnos.
3. Remisión a las Comunidades Autónomas e INGESA de la relación de alumnos matriculados en cada una de las ediciones del curso.
4. La organización y evaluación del curso, emitiendo un informe a partir de la extracción sistematizada de datos de participación, rendimiento y satisfacción de los alumnos con el curso. Además, se emitirá un informe de rendimiento final para el INSS con la calificación de apto o no apto.
5. El desarrollo de pruebas de competencia de los alumnos.
6. La emisión de facturas y envío de estas a las Comunidades Autónomas e INGESA, una vez finalizada cada una de las ediciones del curso y una vez expedidas las actas de calificación de los alumnos.
7. La expedición y registro del Certificado de Formación en Incapacidad Temporal para Médicos Asistenciales, de aquellos alumnos que hayan superado el curso, previo abono por las Comunidades Autónomas e INGESA de la factura correspondiente a cada una de las ediciones del curso.
B) El INSS se compromete al desarrollo de las siguientes actuaciones en la acción formativa:
1. Coordinación entre las partes.
2. Dirección académica del curso en coordinación con la UAH.
3. Comunicación a las Comunidades Autónomas e INGESA del número de plazas asignadas en cada edición para la realización del curso.
4. Tutorización especializada en el área de evaluación médica de la incapacidad temporal.
5. Realización de un seguimiento de los datos de participación y rendimiento que le aporte la UAH.
6. Recopilación de los resultados finales informados por la UAH con la calificación del rendimiento de cada alumno como apto o no apto.
C)  La Comunidad Autónoma de Castilla y León se compromete al desarrollo de las siguientes actuaciones en la acción formativa:
1. La difusión del curso y comunicación a la UAH de la relación de médicos asistenciales propuestos para la participación en la acción formativa como alumnos, con indicación de los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y electrónica de comunicación (ambas oficiales) y Centro de Salud donde prestan servicio.
El listado de alumnos propuestos por las Comunidades Autónomas e INGESA podrá exceder del número de alumnos inicialmente asignados.
2. La Consejería de Sanidad/Salud de las Comunidades Autónomas o INGESA asumirán el abono de las facturas emitidas y enviadas por la UAH una vez finalizada cada una de las ediciones del curso. Las facturas recogerán los siguientes conceptos:
– Coste del curso: 250 euros por alumno.
– Coste por expedición y registro del certificado de los alumnos que hayan superado el curso: 60,62 euros por alumno.
– Envío del certificado al domicilio de los alumnos que hayan superado el curso: 20 euros por alumno.
– De no inscribirse en la acción formativa el total de plazas asignadas a cada una de las Comunidades Autónomas e INGESA, estas deberán abonar a la UAH un canon equivalente a 25 euros por cada una de las plazas no matriculadas, en concepto de cobertura de gastos mínimos por la celebración de las distintas ediciones del curso, salvo que se produjera su cobertura mediante la selección de nuevos asistentes procedentes de las restantes Consejerías de Sanidad/Salud de las Comunidades Autónomas o INGESA que hubieran propuesto un número de alumnos mayor que el inicialmente asignado, conforme a lo señalado a continuación.
1. En el supuesto de que las Comunidades Autónomas e INGESA comuniquen un número de alumnos inferior al número de asistentes asignados, se seguirán las siguientes actuaciones:
Si la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León presentara un número inicial de participantes inferior al inicialmente asignado en este convenio, los directores de la acción formativa sólo podrán seleccionar nuevos asistentes procedentes de las restantes Consejerías de Sanidad/Salud de las Comunidades Autónomas o INGESA participantes en el curso, a fin de cubrir las bajas producidas, entre los inicialmente propuestos por cada Comunidad Autónoma o INGESA, utilizando para ello los siguientes criterios de asignación de vacantes: en primer lugar, se atenderá a la incorporación de candidatos de todas las Consejerías de Sanidad/Salud o INGESA que hayan presentado un mayor número de solicitudes de participación que las asignadas; en segundo lugar, se atenderá a la fecha de presentación de la solicitud.
Si aplicando los anteriores criterios de asignación de vacantes, no se consiguiera completar las plazas disponibles en el curso, el INSS podrá solicitar nuevamente una nueva propuesta de alumnos a las Comunidades Autónomas e INGESA atendiendo nuevamente a los criterios de selección anteriormente expuestos.
2. El pago de la actividad formativa prevista en este convenio se efectuará conforme a las siguientes actuaciones:
Finalizada cada una de las ediciones de la actividad formativa, la UAH remitirá una factura a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la que se indicará el importe total a satisfacer por los alumnos matriculados, la expedición del certificado de los alumnos que hayan superado el curso y su envío a estos, así como el importe derivado del canon a satisfacer como consecuencia de las plazas no matriculadas de las inicialmente asignadas, si hubiera lugar a ello.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León procederá a efectuar el pago de la factura recibida en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la factura. De no efectuar el pago en el plazo señalado anteriormente, la UAH se dirigirá nuevamente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, reclamando el pago de la factura en el plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de esta reclamación.
En caso de no efectuarse el pago en los plazos señalados, la UAH procederá:
– A no emitir un informe final para el INSS sobre el rendimiento de los alumnos participantes en dicho curso en modalidad virtual correspondientes a la Comunidad Autónoma o INGESA.
– A no posibilitar la participación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la siguiente edición de la actividad formativa.
En consecuencia, la participación de los médicos asistenciales de cada una de las Comunidades Autónomas e INGESA en las ediciones sucesivas de la actividad formativa, estará condicionada al abono de la factura correspondiente a la edición previa del curso por parte de la Comunidad Autónoma o INGESA, conforme al procedimiento y plazos fijados en este apartado.
El importe de las facturas que deberán pagar las Comunidades Autónomas e INGESA será ingresado en la cuenta corriente que la UAH indicará en las facturas.
La duración del curso será de 8 semanas y se prevé la celebración de tres ediciones del curso que se desarrollarán a lo largo de los ejercicios 2023 y 2024, correspondiendo con los años académicos 2023-2024 y 2024-2025.
El número de asistentes a la actividad formativa, que será de un máximo de 757 alumnos por edición, se distribuirá proporcionalmente en función del número de médicos de atención primaria de las Consejerías de Sanidad o Salud de las Comunidades Autónomas e INGESA que participen en esta acción formativa. De acuerdo con lo anterior, a la Consejería de Sanidad/salud de la Comunidad Autónoma de Castilla y León le corresponde un número inicial de asistentes de 61 personas por cada edición del curso.
Al objeto de efectuar el seguimiento de las actuaciones previstas en el presente convenio, se constituirá una Comisión mixta integrada por tres miembros que representarán a la Universidad de Alcalá, tres miembros del Instituto Nacional de la Seguridad Social y tres miembros de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
A través de esta Comisión se resolverá los problemas que pudieran plantearse respecto a la interpretación y cumplimiento del contenido del presente convenio.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control se regirá por lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las partes firmantes del convenio garantizarán el cumplimiento de las previsiones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa de aplicación en materia de protección de datos de las personas físicas.
El personal de todas las partes que participen en las actividades objeto del presente convenio estará obligado a no hacer público ni enajenar ningún dato personal, debiendo guardar secreto profesional de todas las informaciones, documentos y asuntos de los que tenga conocimiento como consecuencia u ocasión de la ejecución de este convenio, obligación que subsistirá aún después de finalizar el objeto y vigencia de este.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. A este respecto, conforme al Artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, constituyen causa de resolución del convenio las siguientes:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga de este.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora, en el plazo de diez días hábiles siguientes al conocimiento de la existencia de dicho incumplimiento, un requerimiento para que proceda a la subsanación del incumplimiento observado en el plazo de treinta días hábiles, o si corresponde, proceda a su justificación.
Este requerimiento será comunicado al responsable de la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, así como a las demás partes firmantes del mismo.
Si transcurridos los treinta días hábiles indicados en el requerimiento, persistiera el incumplimiento o no se hubiese justificado el mismo, la parte que dirigió el requerimiento notificará a las otras partes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
No se prevén posibles indemnizaciones en el supuesto de que el convenio se resuelva por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en las leyes.
El cumplimiento y la resolución del convenio darán lugar a la liquidación de este con objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. En este sentido, si de la liquidación practicada resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas fuera inferior a los fondos recibidos para financiar las actuaciones, se procederá por parte de la UAH a reintegrar a la Comunidad Autónoma o INGESA las cantidades aportadas en exceso, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. La liquidación se efectuará por la Comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio, conforme a las reglas previstas en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la comunidad autónoma firmante.
El presente convenio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre del año siguiente en el que se inscriba en el REOICO, y en cualquier momento antes del transcurso de esta fecha, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
El contenido del presente convenio podrá ser objeto de revisión y modificación que requerirá el acuerdo unánime de los firmantes. Toda modificación del convenio deberá formalizarse mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, estando sometido al régimen jurídico de convenios previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a las normas de derecho administrativo, los principios de buena administración y el ordenamiento jurídico en general.
Corresponderá a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-administrativa conocer de las controversias que no puedan resolverse en el seno de la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente convenio.–Por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Directora General, M.ª del Carmen Armesto González-Rosón.–Por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Consejero de Sanidad, Alejandro Martín Cabrera la Universidad de Alcalá, la Vicerrectora de Posgrado, Formación Permanente y Extensión Universitaria, Margarita Montero Santos.