Categoría: Administración

guías para su elaboración y cualquier otro aspecto relativo a la documentación justificativa de la realización del proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable del cumplimiento de lo establecido en el artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con la prohibición de subcontratación con personas o entidades vinculadas con el beneficiario, indicando expresamente en su caso la concurrencia de las excepciones a las que se refiere el citado artículo. A estos efectos se entenderá por personas físicas o jurídicas vinculadas, las del denominado grupo «ampliado» definido en la Norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) 13.ª «Empresas del grupo, multigrupo y asociadas» del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
Asimismo, con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable respecto del cumplimiento de las condiciones específicas a respetar en relación con el principio de no causar daño significativo (DNSH).
Finalmente, deberá disponerse para su aportación a la Administración en caso de ser requerido, de los partes horarios firmados por los propios empleados con respecto a la dedicación de los mismos al proyecto.
4. El informe de auditor vendrá realizado por un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, salvo que exista una imposibilidad material y se acredite.
Dicho informe se ajustará a lo dispuesto en la «Norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio» aprobada por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, así como a lo que adicionalmente se establezca a tal efecto en la convocatoria y en la resolución de concesión de la ayuda.
El objeto del mismo será verificar la adecuación de la cuenta justificativa del beneficiario, comprobando la suficiencia y veracidad de los documentos y la susceptibilidad de ayuda de los gastos y pagos en ellos contenidos, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión y, en su caso, con los requerimientos adicionales realizados por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas durante la ejecución del proyecto.
El informe de auditor deberá presentarse en formato electrónico preferentemente firmado electrónicamente por el auditor utilizando los medios y herramientas que para ello establezca la convocatoria.
5. Toda la documentación necesaria para la justificación de la realización del proyecto, referida en los apartados anteriores, será presentada a través de los medios señalados en el artículo 17, por el representante del beneficiario, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha de finalización del proyecto que figure en la resolución de concesión, salvo que en ella se establezca un plazo más corto.
6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, durante la fase de ejecución, el beneficiario presentará informes de seguimiento sobre el avance técnico y económico del proyecto, con el calendario y contenido que se especifique en la resolución de concesión y en todo caso, con carácter mínimo anual. Asimismo, deberá facilitar cuanta información adicional sobre el desarrollo del proyecto le sea expresamente solicitada por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda.
1. Se realizarán las actuaciones de comprobación por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, las cuales incluirán:
a) Verificaciones administrativas de la acreditación de los gastos imputados al proyecto, así como de la justificación de la construcción o adecuación de infraestructura existente y del cumplimiento de las demás condiciones impuestas en la resolución de concesión.
b) Verificaciones sobre el terreno, que incluyen, si es aplicable, la visita al lugar o emplazamiento físico donde se ejecuta el proyecto, con objeto de comprobar su realidad y grado de ejecución, así como el cumplimiento de las medidas de información y publicidad y demás requisitos exigidos. Estas comprobaciones se realizarán sobre una muestra de entre las zonas elegibles incluidas en el proyecto que haya obtenido ayuda, de acuerdo con un plan anual de verificaciones sobre el terreno. Para la determinación del tamaño de la muestra, su composición y el tipo de verificaciones, se tendrá debidamente en cuenta el nivel de riesgo identificado.
2. Si se dedujera que la inversión acreditada ha sido inferior a la financiable o que se han incumplido, total o parcialmente, las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se notificará tal circunstancia al interesado junto a los demás resultados de la comprobación efectuada a efectos de evacuación del trámite de audiencia.
3. Realizado el trámite de audiencia, el órgano encargado del seguimiento de la ayuda concedida, emitirá una certificación acreditativa del grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión de la ayuda, con las modificaciones de dicha resolución que, en su caso, se hubieran aprobado.
4. La certificación acreditativa del grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas será notificada al interesado y servirá para el inicio del procedimiento de reintegro, si procede.
5. Cuando proceda el reintegro total o parcial de la ayuda anticipada, este se iniciará de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El procedimiento de reintegro incluirá el trámite de audiencia al interesado.
6. El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar las comprobaciones del órgano encargado del seguimiento de las ayudas encaminadas a comprobar la realización de las actividades objeto de la ayuda, conforme a lo establecido en la resolución de concesión de la misma. Asimismo, en relación con el proyecto objeto de ayuda, el beneficiario estará sometido a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Dirección General de Fondos Comunitarios, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea, u otros órganos o autoridades de control competentes, tanto nacionales, como de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas financiadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información le sea requerida y cooperando plenamente en la protección de los intereses financieros, tanto nacionales, como de la Unión Europea, concediendo los derechos y el acceso necesarios a tales órganos o autoridades.
La Administración y los órganos de comprobación y control contemplados en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Giménez, creado por la Orden JUS/319/2018, o bien a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar datos sobre los titulares reales. Asimismo, podrá cederse información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
7. El beneficiario se asegurará de que los originales de los documentos justificativos presentados, estén a disposición de los organismos encargados del control, referidos en el punto anterior, durante un período de al menos cinco años, a partir de la certificación a la que se refiere el apartado 4 de este artículo, salvo que en la resolución de concesión se especifique un plazo mayor.
8. Si el importe de la ayuda supera los 10 millones de euros, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas realizará una revisión de las condiciones de otorgamiento de la ayuda a partir de los datos reportados por el beneficiario. En caso de que, como consecuencia de una evolución más favorable de las previsiones de ingresos o de gastos, se produjera una sobrecompensación con el otorgamiento de esta ayuda, el beneficiario estará obligado a devolver la parte causante de dicha sobrecompensación o a invertir los beneficios suplementarios en ampliaciones adicionales de la red, en las mismas condiciones que la actuación realizada con la ayuda concedida.
9. El beneficiario deberá presentar su balance anual de ingresos y gastos, derivados de la infraestructura subvencionada, con objeto de verificar anualmente si se ha producido sobrecompensación. Esta actividad de verificación se llevará a cabo durante 15 años a partir de la finalización de la ejecución del proyecto que será certificada conforme a lo establecido en el artículo 10.11.
Se tendrán en cuenta los ingresos derivados de la comercialización de servicios mayoristas posibles gracias a la financiación pública también en relación con el período anterior a certificar la finalización de la ejecución del proyecto.
Los solicitantes deben presentar el plan de negocio del proyecto en la memoria del proyecto (Anexo I) que se adjunta al formulario de solicitud. Dicho plan de negocio respecto de las infraestructuras para las que se solicita la ayuda será asimismo el utilizado para la verificación anual acerca del cálculo de la sobrecompensación y deberá contener:
a) Costes operativos e inversiones relacionadas con la ejecución del objetivo del proyecto presentado, su despliegue y mantenimiento.
b) Beneficios esperados en relación al período de vida útil de la infraestructura subvencionada que se fija en 15 años.
c) La intensidad de la ayuda requerida según lo determine el solicitante de la ayuda de forma ex ante para cubrir el déficit de financiación previsto.
Se producirá sobrecompensación en caso de que el beneficiario logre una Tasa de Retorno («TIR») superior al coste medio ponderado del capital («WACC»)(5)y un incentivo adicional limitado a un máximo del 30 % de un beneficio razonable(6). En este caso, se dividirá la parte sobrante de forma proporcional a la intensidad del aporte real del beneficiario por un lado y de la financiación pública por otro (mínimo un 10 % de intensidad por parte del beneficiario y máximo un 90 % de ayuda pública). El beneficiario deberá reintegrar la parte correspondiente a la financiación pública.
10. Los beneficiarios deberán facilitar tras la finalización del proyecto, a través de los medios señalados en el artículo 17, durante quince años dentro del primer trimestre del año siguiente, el balance final de los ingresos y costos del proyecto con flujo de efectivo relacionado. Este saldo final deberá ser certificado por la empresa designada para auditar los estados financieros del beneficiario. Asimismo, los beneficiarios vendrán obligados a facilitar cualquier información adicional que se requiera por la Comisión Europea.
1. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás normativa aplicable. Asimismo, será también de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada a los fondos «Next Generation EU».
En las publicaciones, equipos, material inventariable, actividades de difusión, páginas Web y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto deberá mencionarse al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Unión Europea-NextGenerationEU como entidades financiadoras y se deberá incluir el logotipo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual, además del emblema de la Unión Europea acompañado del texto «Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU».
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver la totalidad o parte de las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título III de su Reglamento.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en la regla séptima del artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, el beneficiario deberá reintegrar los fondos recibidos. El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
2. Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.
3. Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La potestad sancionadora por incumplimiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la misma Ley.
1. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una acción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
a) El incumplimiento parcial, ya sea de los objetivos de provisión de infraestructura para los que se concedió la ayuda, de la realización de los gastos financiables o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje correspondiente a los objetivos no alcanzados, o al gasto no efectuado o no justificado, o al mayor de ellos en caso de concurrir más de uno. En todo caso, para apreciar incumplimiento parcial, el grado de cumplimiento de los objetivos de provisión de conexiones backhaul para los que se concedió la ayuda deberá superar el cincuenta por ciento.
b) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, con la excepción prevista en el artículo 26.5, supondrá la devolución de la ayuda correspondiente a las cantidades desviadas.
c) Si siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.3 de esta orden, éstas no se aportaran o la adjudicación hubiera recaído, sin adecuada justificación, en una que no fuera la más favorable económicamente, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, de acuerdo con lo con lo previsto en el artículo 83 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio, siendo de cuenta del beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la ayuda se calculará tomando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el beneficiario o el resultante de la tasación.
2. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, así como el incumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo IV para considerar que el proyecto no causa daño significativo al medioambiente (DNSH), dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda concedida.
3. Transcurrido el plazo establecido de justificación más, en su caso, la ampliación concedida sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días hábiles sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este artículo llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda no justificada y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Procederá el reintegro parcial según criterios de proporcionalidad por incumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública recibida cuando el beneficiario no adopte las medidas establecidas en el artículo 31 de esta orden de bases.
1. Se convocan ayudas en los términos establecidos en las bases reguladoras incluidas en el capítulo I de esta orden, destinadas a la provisión de conexión de backhaul mediante fibra óptica a aquellos emplazamientos de las redes de comunicaciones electrónicas de servicios móviles de banda ancha inalámbrica (redes públicas de telefonía móvil), que no disponen en la actualidad, ni dispondrán para el 31 de diciembre de 2025, de conexión backhaul de fibra óptica que permita hacer frente a servicios fruto de la implantación de las capacidades y características de las redes 5G. Esta convocatoria tiene como objetivo dotar del máximo de conexión a las zonas más rurales por lo que se han seleccionado como elegibles aquellos emplazamientos que cumplen los requisitos para ser objeto de la ayuda y que se encuentren ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes.
2. La convocatoria se enmarca en la inversión I6, Despliegue del 5G: redes, cambio tecnológico e innovación, del Componente 15, Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G, del Plan de Recuperación, y contribuirá a los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
3. El pago de las ayudas previstas en esta convocatoria se realizará conforme a lo establecido en el artículo 28 de la presente orden, tendrá carácter plurianual y se realizará de forma anticipada y en los términos que se especifiquen en la resolución de concesión.
4. El pago de la ayuda será anticipado por importe del 100 por ciento de la ayuda concedida en 2 anualidades, con carácter general.
5. La distribución del pago por anualidades se establecerá en las propuestas de resolución y en la resolución de concesión de la ayuda y estará condicionado a las disponibilidades presupuestarias.
1. Se incluyen en esta Convocatoria 50 zonas de concurrencia que se corresponden con las provincias en que se divide administrativamente el territorio de España (las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla no se encuentran incluidas al no haberse identificado emplazamientos elegibles en dichas zonas):
2. Cada proyecto que opte a las ayudas deberá ajustar su ámbito geográfico de actuación a una de las 50 zonas de concurrencia, pudiéndose presentar por un mismo solicitante un solo proyecto para una zona de concurrencia. Cada solicitante puede presentar un proyecto por cada una de las 50 zonas de concurrencia.
3. Los solicitantes deberán presentar con sus proyectos la relación de emplazamientos elegibles priorizada de mayor a menor interés según formato establecido en el manual y modelo de fichero.csv publicados en la página correspondiente a este Programa de ayudas del portal de ayudas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Para determinar en una misma zona de concurrencia los emplazamientos elegibles que deberán ser ejecutados de cada proyecto susceptible de obtener ayuda, se utilizará la prioridad dada a los emplazamientos del proyecto y el coste medio por emplazamiento del citado proyecto.
4. En el caso de que en una zona de concurrencia únicamente haya un proyecto que cumple los requisitos exigidos en las bases reguladoras y en esta convocatoria, se le podrá otorgar hasta el 100 % de la financiación disponible para la zona de concurrencia.
5. Cuando en una misma zona de concurrencia, más de un proyecto cumpla los requisitos exigidos en las bases reguladoras y en esta convocatoria, el proyecto mejor valorado podrá obtener como máximo una ayuda correspondiente al 60 % de la cuantía máxima asignada a la zona de concurrencia.
Si el proyecto mejor valorado solicita una cuantía de ayuda inferior a este máximo, se otorgará la ayuda a la relación completa de emplazamientos elegibles presentada.
En otro caso, los emplazamientos que deberán ser dotados de fibra con el máximo del 60 % de la cuantía asignada a la zona, se fijarán a partir de la lista de emplazamientos priorizados del proyecto, partiendo del de mayor prioridad, hasta aquél con el que el número de emplazamientos por el coste medio por emplazamiento del proyecto, alcance el 60 % de la cuantía asignada a la zona de concurrencia.
6. Para el segundo proyecto con mejor valoración en la misma zona de concurrencia, se eliminarán los emplazamientos de su proyecto coincidentes con el primero mejor valorado. Partiendo del emplazamiento de mayor prioridad de este listado, en base al coste medio por emplazamiento de este proyecto con segunda mejor puntuación, se determinarán los emplazamientos susceptibles de obtener ayuda hasta agotar en su caso la financiación disponible para la zona de concurrencia.
7. En el caso de que no se agote la totalidad de la cuantía máxima asignada a la zona de concurrencia, se realizará el ejercicio descrito en los apartados anteriores con los restantes proyectos siguiendo el orden de puntuación obtenida, hasta que se agote el presupuesto de la zona de concurrencia o los emplazamientos elegibles, siempre que dichos proyectos cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en esta convocatoria.
8. El límite del 60 % indicado en el apartado 5 podrá ser incrementado en el caso de que tras la identificación de beneficiarios de acuerdo con lo establecido en este artículo no se haya agotado el total de la cuantía asignada a la zona de concurrencia. En este caso, el importe remanente se asignará siguiendo el mismo método y así sucesivamente.
1. Las ayudas que se convocan podrán solicitarse para proyectos con ejecución plurianual, siempre que el plazo de ejecución no se extienda más allá del 30 de junio de 2025.
2. El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva, tal como señala el artículo 16 de las bases reguladoras.
3. De acuerdo con las modalidades previstas en el artículo 12 de las bases reguladoras, las ayudas consistirán en una subvención plurianual con cargo al capítulo 7, servicio 50, de los Presupuestos Generales del Estado.
4. La intensidad de la ayuda, entendida como el importe bruto de la ayuda expresado en porcentaje de los costes subvencionables del proyecto, será la mínima necesaria y en todo caso no podrá superar el límite que se establece en la tabla del artículo 38 para cada zona de concurrencia.
5. Para evitar una sobre compensación posterior, las resoluciones de otorgamiento de las ayudas, cuando esta supere los 10 millones de euros, incluirán una cláusula de revisión del importe de la ayuda en la que se contemple la devolución de la parte causante de dicha sobre compensación, o una obligación de inversión de todos los beneficios suplementarios en ampliaciones adicionales de la red, en las mismas condiciones de la ayuda concedida. Dicha revisión se realizará a partir de los datos reportados por el beneficiario.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de las bases reguladoras, el objetivo de cada proyecto que se presente a esta Convocatoria deberá consistir en la provisión, en el ámbito geográfico de concurrencia de cada proyecto (en la totalidad o parte de los emplazamientos elegibles de la zona de concurrencia), de conexión de backhaul mediante fibra óptica a aquellos emplazamientos de las redes de comunicaciones electrónicas de servicios móviles de banda ancha inalámbrica (redes públicas de telefonía móvil), que no disponen en la actualidad de conexión backhaul de fibra óptica que permita hacer frente a servicios fruto de la implantación de las capacidades y características de las redes 5G y adicionalmente no existan planes creíbles para el despliegue de estas conexiones backhaul de fibra en los próximos tres años.
2. La relación de emplazamientos que son elegibles en cada una de las 50 zonas de concurrencia, está publicada en la página correspondiente a este Programa de ayudas del portal de ayudas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital:
https://portalayudas.mineco.gob.es/unico5g-backhaul/Paginas/Index.aspx.
Cada emplazamiento elegible se identifica por un código unívoco establecido por esta Secretaría de Estado que será el código a utilizar en toda referencia a dicho emplazamiento.
1. Esta convocatoria está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión europea, regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicha financiación queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
2. La cuantía máxima disponible para la concesión de ayudas con cargo a esta Convocatoria es de cuatrocientos cincuenta millones de euros (450.000.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 27.50.49OF.77019 y equivalentes de ejercicios posteriores, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
3. La distribución de la financiación de las ayudas por zonas de concurrencia, con carácter estimativo, es la siguiente:
1. Podrán ser beneficiarios las personas jurídicas que ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. Asimismo, podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas agrupaciones de empresas en las que al menos una de las empresas ostente dicha condición de operador y con un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. En este caso, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
2. Los beneficiarios deberán proporcionar la siguiente información:
– NIF del beneficiario.
– Razón social de la persona jurídica.
– Domicilio fiscal de la persona jurídica.
– Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Para ello aportarán firmado electrónicamente el modelo del anexo VI.
– Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión. Para ello aportarán firmado electrónicamente el modelo del anexo V. Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
3. Los requisitos y obligaciones de los beneficiarios se recogen en el artículo 10 de las bases reguladoras.
4. Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de acceso al uso de la infraestructura que se recogen el artículo 7 de las bases reguladoras.
5. La aceptación de la ayuda conllevará el compromiso por parte del beneficiario de aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su propio ámbito de gestión, tales como cumplir la normativa de contratación pública, evitar doble financiación, falsificaciones de documentos, entre otras, así como la obligación de proporcionar información para la detección de posibles «banderas rojas», en relación con prácticas fraudulentas como la contratación amañada, las licitaciones colusorias, el conflicto de intereses, la manipulación de las ofertas presentadas y el fraccionamiento del gasto.
1. Los conceptos susceptibles de ayuda son los que se determinan en el artículo 14 de las bases reguladoras. Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 de dichas bases, los costes susceptibles de ayuda se limitarán a los necesarios para la provisión de conexión de backhaul mediante fibra óptica a aquellos emplazamientos de las redes de comunicaciones electrónicas de servicios móviles de banda ancha inalámbrica (redes públicas de telefonía móvil) que se han identificado como elegibles.
Las subcontrataciones serán admitidas cuando se cumpla con lo establecido en el artículo 11 de las bases reguladoras.
2. Los costes de funcionamiento y mantenimiento no son susceptibles de ayuda. Asimismo, en el caso de reutilización de infraestructuras existentes, la ayuda se limita a aquella que permita que dicha infraestructura pueda reutilizarse para los objetivos de este proyecto respecto de la conexión de backhaul de fibra óptica a proveer y garantizando que se pueda cursar el tráfico de al menos cuatro operadores de servicios de comunicaciones electrónicas. Estas infraestructuras existentes reutilizadas, que sean adaptadas con ayudas, estarán sujetas a las mismas condiciones, requisitos y obligaciones de acceso y funcionamiento que el resto de infraestructuras de nueva construcción objeto de ayuda.
1. El órgano competente para resolver la concesión de las ayudas será el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales u órgano directivo en quien delegue.
2. El órgano competente para instruir el procedimiento de concesión de las ayudas será la Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico.
3. El órgano gestor y encargado del seguimiento de las ayudas será el órgano competente de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
4. La División de Programación Económica y Contratación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será la encargada de la gestión económico-presupuestaria de los gastos e ingresos correspondientes a los créditos presupuestarios destinados a la financiación del programa y del seguimiento de las obligaciones financieras contraídas por los beneficiarios de las ayudas.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
1. La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases de cada procedimiento, según lo establecido en el artículo 17 de las bases reguladoras. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a estas ayudas deberán presentarse en el registro electrónico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
2. Los formularios, los modelos de declaraciones responsables y demás documentos electrónicos para la solicitud de la ayuda estarán disponibles en la página correspondiente a esta medida del portal de ayudas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital:
https://portalayudas.mineco.gob.es/unico5g-backhaul/Paginas/Index.aspx.
3. Para realizar la firma electrónica de las declaraciones responsables y de otros documentos que deban adjuntarse a los formularios y modelos previstos para presentar la solicitud, se deberá utilizar la aplicación Autofirma, que se puede descargar en el siguiente enlace:
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.
El firmante de la solicitud anexará al formulario de solicitud el documento generado en formato XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) con extensión xsig. En caso de firma mancomunada, el archivo de extensión xsig contendrá la firma de ambos representantes.
4. La aplicación Autofirma también podrá ser utilizada por terceros para la firma electrónica de los documentos que emitan a los beneficiarios y que vayan a formar parte del expediente, tales como informes de auditoría, ofertas de bienes y servicios, contratos y demás documentos que deban ser firmados por su emisor. Los documentos electrónicos a firmar deberán tener el formato PDF (portable document format) y los documentos firmados deberán estar en formato XAdES. El firmante del documento hará llegar al beneficiario el documento con extensión xsig generado al firmar.
5. Las copias digitalizadas de documentos originales en papel, se presentarán utilizando el formato PDF (portable document format) de forma que permita, siempre que sea posible, hacer búsquedas de texto sobre su contenido, bien por haber sido generados directamente desde aplicaciones informáticas, bien por incorporar la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres en el proceso de escaneado de documentos en papel.
La validez y eficacia de las copias de los documentos originales que deban aportar se regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. El solicitante podrá acceder en cualquier momento, con el mismo sistema de firma con el que presentó la solicitud, a la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (https://sede.mineco.gob.es/), donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
7. Las notificaciones relacionadas con el procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Adicionalmente, se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario de avisos a la dirección de correo electrónico o dispositivo electrónico que este haya comunicado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8. La representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de las ayudas por personas físicas que realicen la firma o la presentación electrónica de documentos, deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 18 de las bases reguladoras.
9. A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación de los interesados informar a los órganos competentes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.
1. La solicitud consta de dos elementos indisociables: el formulario de solicitud y la memoria del proyecto que deberán presentarse en castellano.
2. El formulario de solicitud, los modelos de declaraciones responsables y demás documentos electrónicos necesarios para cumplimentar y presentar las solicitudes de ayuda, estarán disponibles en la página correspondiente a esta medida del portal de ayudas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, accesible desde la sede electrónica de este Ministerio.
3. La solicitud consta de varios elementos a cumplimentar, mediante los medios electrónicos de ayuda disponibles en la página correspondiente a esta medida del portal de ayudas, de acuerdo con las instrucciones publicadas a tal efecto en la misma. La firma electrónica con la que se firme la solicitud deberá corresponder con la de la persona que asuma la representación de la entidad que solicita la ayuda.
La solicitud incluye los datos de la entidad solicitante y declaraciones responsables: sobre el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, necesarios para ser beneficiario de las ayudas; de no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; de no haber obtenido ayudas, ingresos o recursos para ninguno de los conceptos contemplados en el proyecto, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales; de que no tiene prevista la subcontratación para el desarrollo del proyecto con personas físicas o jurídicas vinculadas con el beneficiario, con las excepciones que, en su caso, se indiquen expresamente y sobre el cumplimiento de los requisitos que se recogen en el anexo IV relativos al principio de «no causar daño significativo» (principio «do no significant harm-DNSH»).
En cuanto a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En concreto, según lo establecido en el artículo 20.8 de las bases reguladoras, de conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la presentación de la solicitud para la obtención de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados electrónicos. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces dicha certificación cuando le sea requerida por el órgano instructor.
La autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados electrónicos será válida para todas las fases de instrucción y resolución del procedimiento, así como para el pago de la ayuda.
4. La acreditación de la representación que ostenta el firmante de la solicitud, se realizará en los términos previstos en el artículo 18.2 y 20.3 de las bases reguladoras.
5. Junto con la solicitud se deberá aportar la información o los documentos necesarios para la acreditación de que el solicitante reúne la condición de operador debidamente habilitado, así como la relativa a la solvencia económica y a la solvencia técnica o profesional, según lo establecido en el artículo 20 de las bases reguladoras.
En caso de agrupación de empresas, deberá aportarse la información o documentos que permitan acreditar la solvencia económica y técnica o profesional de cada miembro del grupo con respecto a los compromisos asumidos de ejecución del proyecto. Respecto de la solvencia económica, se tomará de referencia el importe de subvención solicitado por cada uno de los miembros de la agrupación de acuerdo con los compromisos de ejecución que cada uno asume, en vez de respecto del total del presupuesto financiable solicitado para la zona de concurrencia.
La declaración responsable de las inversiones anuales realizadas en los tres ejercicios anteriores al año de publicación de la Convocatoria deberá estar acorde con las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o Registro equivalente de países de la UE o de terceros países con acuerdo de reciprocidad. En caso de acogerse a la alternativa de acreditar la solvencia a través del depósito de una garantía por el cincuenta por cien (50 %) del presupuesto total financiable del proyecto presentado para cada zona de concurrencia, se aportará el resguardo de la Caja General de Depósitos correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.b) de las bases reguladoras.
6. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder del órgano competente para la instrucción del procedimiento, debiéndose indicar en ese caso el número del expediente en el que fueron aportados.
7. Se presentará la memoria del proyecto con la información técnica detallada acerca del mismo, de acuerdo con lo establecido en el anexo I: contenido de la Memoria del Proyecto.
8. Los solicitantes que incluyan en sus proyectos la reutilización de infraestructura existente de backhaul de fibra que no es de su propiedad, deberán alcanzar los acuerdos precisos para este fin, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en las bases reguladoras respecto de las infraestructuras objeto de ayuda y ajustándose a las directrices al efecto de la CNMC. Las entidades que posean o controlen infraestructura existente susceptible de poder ser reutilizada para este proyecto deberán aportar la información necesaria que le sea requerida y negociar el uso de esta infraestructura, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre (https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/15/pdfs/BOE-A-2016-8429.pdf), que transpone a la normativa española la Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
9. Se deberá adjuntar el anexo VII relativo al compromiso de no utilización de las infraestructuras ejecutadas con esta medida para acreditar el cumplimiento de cualquier obligación que tenga contraída con la Administración.
10. La memoria incluirá el modelo financiero del proyecto, el plan de negocio, con una descripción detallada de los costes e ingresos previstos asociados al despliegue de la infraestructura objeto de ayuda y la explotación a nivel mayorista de la misma.
11. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 5 días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Para la valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión de evaluación, cuya composición será la que figura en el artículo 21.1 de las bases reguladoras.
2. La Comisión de evaluación se pronunciará sobre la valoración previa de las solicitudes realizada por el órgano instructor. Dicha valoración se dividirá en dos fases. En la primera, denominada fase de preevaluación, se verificará el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) El solicitante reúne la condición de operador debidamente habilitado.
b) El solicitante acredita la solvencia técnica y económica necesaria para el desarrollo de los proyectos incluidos en una convocatoria.
Se considerará acreditada la solvencia económica del solicitante cuando el presupuesto total financiable del proyecto presentado a la zona de concurrencia para el que se solicita la ayuda sea menor que la suma total de las inversiones anuales de los últimos tres ejercicios.
Como alternativa, un solicitante también podrá acreditar la solvencia económica en relación a cada proyecto presentado aportando el resguardo de una garantía depositada en la Caja General de Depósitos por el cincuenta por cien (50 %) del presupuesto total financiable del proyecto presentado a la zona de concurrencia, en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja (Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos), con excepción de la modalidad de garantía en efectivo, y con los requisitos establecidos para las mismas.
Dicha garantía responderá de la aceptación de la ayuda en caso de concederse, siendo independiente de la que se constituya en su caso como garantía del pago anticipado, según lo establecido en el artículo 28 de la orden reguladora. Su liberación se practicará de oficio si no se concede ayuda.
Se considerará acreditada la solvencia técnica cuando se hayan realizado previamente proyectos de similares o superiores características en los últimos cinco años, o se disponga de personal suficiente, en capacitación y número, para la realización del proyecto.
La causa de no superación de esta fase de preevaluación será notificada a los interesados por el órgano gestor, concediéndole un plazo de cinco días para formular alegaciones. Las alegaciones que, en su caso, se formulen serán tenidas en cuenta para la valoración previa que se presente a la Comisión de evaluación.
3. Una vez adoptada una decisión sobre el cumplimiento de las condiciones previstas para la fase de preevaluación, la Comisión de evaluación entrará en la fase de evaluación en la que se valorarán los proyectos que hayan superado la fase de preevaluación, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 23.1 de las bases reguladoras junto con su ponderación asociada, que se recogen en el anexo III de esta Convocatoria, con detalle añadido sobre el procedimiento para baremar cada criterio.
4. La evaluación se realizará sobre la información aportada en el formulario de solicitud y la memoria presentada (Anexo I). En caso de discrepancia entre la información aportada en el formulario de solicitud y la presentada en la memoria del proyecto, prevalecerá la aportada en el formulario de solicitud. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva no se admitirán mejoras voluntarias de las propuestas.
5. En los casos de solicitudes con igualdad de puntuación, se tendrá en cuenta, a efectos de resolver el empate, la puntuación obtenida criterio a criterio, siguiendo el orden en el que figuran en el anexo III, empezando por el primero hasta que se produzca el desempate. En caso de haber agotado los criterios y mantenerse el empate, tendrá preferencia la solicitud inicial que se haya presentado antes.
6. La relación de prelación de las solicitudes presentadas se establecerá para cada ámbito de concurrencia, proponiendo la adjudicación de la ayuda según se establece en el artículo 35.
7. La Comisión de evaluación realizará un informe concretando el resultado de la evaluación efectuada que contendrá, al menos, lo siguiente:
a) Relación de solicitudes con propuesta de ayuda en los ámbitos de concurrencia convocados, especificando para cada una de ellas, la puntuación alcanzada, los emplazamientos elegibles objeto de ayuda, el presupuesto financiable, la cuantía de la ayuda propuesta y, en su caso, las condiciones técnico-económicas y medioambientales particulares asociadas.
b) Relación de solicitudes con propuesta de desestimación, especificando para cada una de ellas, la puntuación alcanzada y los motivos de desestimación.
c) Relación de solicitudes que se dan por desistidas, especificando para cada una de ellas los motivos.
En el informe de evaluación final, concluida la evaluación de lo requerido y proyecto asociado, se incluirá la propuesta de ayuda que corresponda, en función de los costes que se consideren elegibles y de la intensidad de ayuda que se considere justificada y dentro de la máxima establecida.
1. El órgano instructor, a la vista del informe final de la Comisión de evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de las bases reguladoras. La publicación de los listados y demás aspectos comunes relativos a la propuesta de resolución provisional, a la propuesta de resolución definitiva, así como la resolución de concesión, se realizarán en la página correspondiente del portal de ayudas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (https://portalayudas.mineco.gob.es/unico5g-backhaul/Paginas/Index.aspx) y la parte específica de cada interesado se publicará a través del Registro Electrónico del referido Ministerio, de acuerdo con el procedimiento descrito en los artículos 24 y 25 de las citadas bases reguladoras.
Los interesados podrán presentar alegaciones a la propuesta de resolución provisional en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, entendiéndose que cuando no se presentan alegaciones la resolución provisional se convierte automáticamente, en definitiva.
Tras el examen de las alegaciones y la publicación de la propuesta de resolución definitiva, los interesados dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, para comunicar su aceptación, entendiéndose que su solicitud se tendrá por desestimada de no producirse la aceptación en dicho plazo.
2. La resolución del procedimiento de concesión y su notificación se realizará en el plazo máximo de seis meses contados desde la publicación de la Convocatoria en