Categoría: Judicial

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 17 de septiembre de 2024, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017, acuerda:
1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas del Informe de fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondiente a los ejercicios 2011-2017.
2. Aprobar el Informe de fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondiente a los ejercicios 2011-2017.
3. Constatar que, de acuerdo con el contenido y las conclusiones del informe se desprende que la Secretaria de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea entre 2013 y 2016, el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia entre 2016 y 2017, las delegaciones territoriales del Gobierno y el Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) dedicaron durante el periodo 2011-2017 numerosas acciones y recursos públicos a promover, dar a conocer, promocionar, fomentar, debatir, publicitar, impulsar y conseguir reconocimiento y apoyos para el proceso de secesión, de forma desleal con el Estado.
4. Reprobar las acciones y el uso de recursos públicos de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea entre 2013 y 2016, del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia entre 2016 y 2017, y del Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública (DIPLOCAT), así como a sus máximos responsables políticos, por las irregularidades descritas en el Informe de fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondiente a los ejercicios 2011-2017.
5. Instar al Gobierno de España a:
– Regular, en el ejercicio de su función directiva de la política exterior, el procedimiento a través del cual las comunidades autónomas puedan poner de manifiesto sus necesidades, prioridades y criterios en orden al desarrollo de sus competencias de acción exterior, aun cuando el Tribunal Constitucional, en sus sentencias, ha definido con claridad los ámbitos de actuación del Estado y de las comunidades autónomas.
– Establecer los sistemas y procedimientos a través de los cuales se hacen efectivas sus competencias de coordinación y dirección de la acción exterior, así como la participación autonómica en el control y valoración del ejercicio de esa función en lo que respecta a las competencias de aquéllas.
– Promover todas las medidas necesarias dirigidas a impulsar las modificaciones legales oportunas para proceder al cierre inmediato de las mal llamadas «embajadas catalanas» en el exterior.
– Promover todas las medidas necesarias dirigidas a eliminar el gasto público destinado a actividades y programas separatistas que no contribuyen al bien común.
– Promover todas las medidas necesarias dirigidas a una asignación de los recursos públicos que fomente la unidad nacional y la convivencia pacífica entre los españoles.
– Promover todas las medidas necesarias dirigidas a establecer mecanismos de control y transparencia para garantizar la eficiencia del gasto público.
6. Instar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya a:
– Ejercer las políticas de acción exterior de acuerdo con las competencias propias emanadas del Estatut d'Autonomia de Catalunya y de la Constitución Española.
– Ejercer las políticas de acción exterior bajo el principio de lealtad institucional mutua con el Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del propio Estatut d'Autonomia de Catalunya.
– Ejercer, cuando por su naturaleza sea preciso, las actividades de acción exterior en coordinación con el ministerio que sea responsable de asuntos exteriores y con las embajadas correspondientes.
– Exigir a las Delegaciones del Gobierno en el exterior el cumplimiento las normas de custodia y formación de los expedientes.
– Exigir a las Delegaciones del Gobierno en el exterior la realización de informes de gestión de las actividades realizadas, con sus costes, así como memorias de actividades anuales.
– Realizar informes de ejecución anual para valorar el grado de cumplimiento de los Planes Estratégicos de Acción Exterior.
– Adoptar, en relación con las Delegaciones del Gobierno en el exterior, las medidas necesarias para evaluar no solo los gastos correspondientes a los capítulos de gastos corrientes y servicios y de transferencias corrientes, sino también todos los gastos atribuibles a los capítulos de personal.
– Exigir a las Delegaciones del Gobierno en el exterior y a las entidades dependientes del sector público, el cumplimiento de los procedimientos normativos exigidos por la normativa de contratación pública y de otorgamiento de subvenciones.
– Exigir a las Delegaciones del Gobierno en el exterior que aquellas funciones que deban desarrollar y tengan carácter público sean ejercidas por funcionarios públicos.
– Exigir el control de la actividad económico financiera, así como los mecanismos de control interno de las Delegaciones del Gobierno en el exterior.
– Desarrollar las medidas propuestas en el documento de Recomendaciones (puntos 2 a 23 y 25 a 31, ambos inclusive) del referido Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.–El Presidente de la Comisión, Juan Reyes Prieto Lozano.–El Secretario Molina de la Comisión, Salvador de Foronda Vaquero.