Categoría: Judicial

ilitar la compra de viviendas en municipios en riesgo de despoblación se establece un tipo reducido del 4 por ciento, siempre que la vivienda adquirida se destine a vivienda habitual.
Los municipios en riesgo de despoblación serán aquellos definidos por orden foral de la persona titular del departamento competente en materia de administración local y despoblación. El concepto de vivienda habitual será el establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el destino de la vivienda a vivienda habitual del sujeto pasivo deberá constar expresamente en el documento público que instrumente la transmisión.
En el ámbito de las exenciones, se declaran exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales que se produzcan al amparo del Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, dándoles el mismo tratamiento que las sujetas al Código de Buenas Prácticas del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo.
Por último, como ya se ha señalado se introduce en la normativa foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados la exención prevista por la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género.
Esta exención pretende eliminar, en el supuesto regulado, el desigual trato fiscal que reciben las diferentes formas de satisfacer la indemnización por responsabilidad civil derivada del delito.
Mientras que, de hacerse en dinero, esta indemnización está exenta de tributación indirecta (en virtud de la exención prevista en el artículo 35.I.B.4 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), si se instrumenta mediante otros bienes, las personas adquirentes, están obligadas al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. En la mayoría de los casos, los padres condenados carecen del dinero suficiente para afrontar su responsabilidad, por lo que, generalmente, el abono de las indemnizaciones se instrumenta mediante la adjudicación en pago de otros bienes, ya sea por voluntad del padre o en ejecución de subasta judicial. Ello determina el devengo del impuesto y, en consecuencia, la obligación de pago por parte de las beneficiarias, lo que supone una importante carga económica que podría incluso impedir la liquidación de una indemnización que resulta indispensable como elemento de reparación, al menos en parte, del daño sufrido y como medio para afrontar, en las mejores condiciones posibles, la situación de profunda vulnerabilidad resultante de la pérdida de sus madres.
Por ello, se introduce un nuevo beneficio fiscal de naturaleza objetiva, consistente en eximir de las modalidades de gravamen referidas en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a las transmisiones de bienes o derechos en beneficio de descendientes a cargo de las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, cualquiera que sea el título en virtud del cual se efectúen, y siempre que sirvan para satisfacer indemnizaciones que hayan sido reconocidas judicialmente.
En el Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales se excluyen de la consideración de establecimientos comerciales colectivos aquellos que estén situados en zonas que limitan con otras comunidades autónomas en las que no exista un impuesto equivalente; con el objeto de que dichos establecimientos no estén en peor situación que los ubicados en su misma área de influencia, pero en otra comunidad autónoma en la que no se paga un impuesto análogo.
Se adapta la regulación del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, a la modificación del Convenio Económico operada por la Ley 22/2022, de 19 de octubre, que recoge que en la exacción del mencionado impuesto la Comunidad Foral de Navarra aplicará las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado.
Se introducen por tanto las modificaciones precisas para adaptar el contenido del capítulo I del título V de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, a lo dispuesto en el capítulo II del título VII de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Conviene precisar que, aunque en el texto de la norma se prevé la incineración de residuos municipales, en el Plan de Residuos de Navarra no se contempla esta opción, de modo que, aunque se prevé la tributación de este hecho imponible, en la actualidad no se produce el mismo.
En relación con la publicación del listado de deudores del artículo 105 bis de la Ley Foral General Tributaria, se concreta el mes en el que debe producirse su publicación y se da un margen para que desde que se produzca una eventual orden de pago se pueda comprobar y tomar razón de su cobro en los sistemas informáticos de recaudación y poder actualizar el listado de deudores.
Por otro lado, se aclaran y concretan las causas tasadas de la oposición a las diligencias de embargo. Así, la normativa foral se alinea con la de nuestro entorno y se delimita lo que el Tribunal Económico Administrativo Foral puede pedir al revisar diligencias de embargo.
Esta modificación despliega sus efectos también en el artículo 166 que regula las causas de oposición frente a las actuaciones de recaudación, dentro del título dedicado a actuaciones en supuestos de delito contra la Hacienda Santiago.
Nuevamente para dar cumplimiento de la ya mencionada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022, se deroga el régimen sancionador específico regulado en la disposición adicional decimoctava (que ha sido declarado contrario a la normativa europea por no guardar proporción con las sanciones previstas para infracciones similares), por lo que resultará de aplicación el régimen sancionador previsto con carácter general en la Ley Foral General Tributaria.
Se corrigen aspectos técnicos en las disposiciones adicionales trigésima tercera y trigésima cuarta, que regulan la obligación de informar sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, en línea con la redacción dada por la normativa estatal.
Se prorrogan durante el año 2023 las medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que estuvieron en vigor en el año anterior.
Una vez creado el Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral de Navarra por Decreto Foral 27/2021, de 14 de abril, se derogó el Registro fiscal de parejas estables, dando un margen de 1 año (durante 2022) para que todas las parejas estables que quisieran ser equiparadas a los cónyuges a efectos fiscales se inscribiesen en el citado Registro Único o en el que les resulte de aplicación. La presente ley foral modifica la disposición transitoria sexta de la Ley Foral General Tributaria para prorrogar durante 2023 el plazo para inscribirse en el Registro único de parejas estables de Navarra, o en el que le corresponda a la pareja estable de acuerdo con la legislación civil que le resulte de aplicación. Por tanto, se mantienen durante 2023 los efectos de las inscripciones en el registro fiscal de parejas estables.
En coherencia con lo anterior, la disposición final segunda modifica la disposición derogatoria única de la Ley Foral 19/2021, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, para que la derogación recogida en su apartado 2 tenga efectos a partir del 1 de enero de 2024 (en lugar de desde 2023).
En la Ley Foral reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio se sustituye la solicitud de aplicación del régimen fiscal regulado en la Ley Foral 10/1996, por una comunicación de la opción por la aplicación del mencionado régimen, tanto para las fundaciones constituidas conforme al Fuero Nuevo, como para las constituidas conforme a otras normativas, así como para las asociaciones de utilidad pública y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la disposición adicional segunda.
Con la redacción anterior, el procedimiento para poder aplicar el régimen era diferente dependiendo de si se trataba de fundaciones constituidas conforme al Fuero Nuevo o si se trataba de las entidades recogidas en la disposición adicional segunda. Esto generaba dudas respecto al procedimiento a seguir por estas últimas entidades, y problemas de gestión y control de las mismas. Mientras que en las fundaciones constituidas conforme al Fuero Nuevo se examinaba la documentación para aplicar el régimen, incluso aunque previamente desde el Departamento de Presidencia, y en algunos casos conjuntamente con Hacienda, se hubiera comprobado que cumplían los requisitos para ser consideradas Fundaciones, en el caso del resto de entidades aplicaban el régimen sin ese examen, dando por bueno lo que otras Administraciones y las propias entidades declaraban. Por ello se modifica el procedimiento, sustituyendo la anterior solicitud y resolución que estaba prevista únicamente para las fundaciones constituidas conforme al Fuero Nuevo, por una comunicación de la opción por el régimen para todas las entidades que operen en Navarra.
El procedimiento supone un mayor control, ya que en el caso de las primeras se dispone de toda la documentación puesto que la aportan al inscribirse en el Registro de Fundaciones de Navarra y en el de las segundas, al comunicar la opción deberán aportarla, de forma que con carácter previo a la aplicación del régimen especial se tendrá conocimiento de la existencia de la entidad y de su opción por el régimen especial.
De esta forma tras la comprobación se podrá denegar la aplicación del régimen especial si la entidad no reúne los requisitos de acceso al mismo.
Finalmente, dado que existen muchas entidades acogidas en la actualidad al régimen tributario de la Ley Foral 10/1996, se añade una disposición transitoria para que dichas entidades no tengan que presentar tal comunicación de opción por el régimen especial, siempre que, tratándose de fundaciones inscritas en el registro de Fundaciones de Navarra, lo estén con anterioridad al 1 de enero de 2023 y se haya declarado la aplicación del régimen tributario especial mediante la correspondiente resolución. Y en el caso del resto de entidades deberán haber tributado por cualquier impuesto en Navarra en los 10 años anteriores a 2023.
Por otro lado, se incorporan, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2023, unos incentivos fiscales al mecenazgo deportivo, en línea con los establecidos para el mecenazgo social o medioambiental en las disposiciones adicionales décima y duodécima o para el mecenazgo cultural en la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus Incentivos Fiscales en la Comunidad Foral de Navarra.
En la Ley Foral reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus Incentivos Fiscales en la Comunidad Foral de Navarra se realizan meras modificaciones técnicas.
Por su parte, en la Ley Foral reguladora del Régimen Fiscal de las Cooperativas de Navarra, se aclara, en su artículo 1.º, el ámbito de aplicación de la Ley Foral. La referencia al artículo 16 del Convenio Económico, además de no ser correcta tras la renumeración en el año 2003 de determinados artículos del Convenio Económico, podía interpretarse en el sentido de que solo resultaran de aplicación los incentivos fiscales (previstos para cualquier impuesto) a las cooperativas sometidas a la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades. Con la nueva redacción queda claro que también las cooperativas no sometidas a normativa foral del impuesto sociedades pueden aplicar los beneficios fiscales previstos en otros impuestos si, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Económico, quedan sometidas a la normativa foral que regula dichos impuestos.
Asimismo, se adecua el concepto de cooperativas de consumidores y usuarios (cooperativas especialmente protegidas) a la modificación realizada en la Ley Foral de Cooperativas por la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética. De este modo pueden ser especialmente protegidas y beneficiarias de los incentivos fiscales establecidos para ellas, no solo las cooperativas de consumidores y usuarios que asocien a personas físicas, sino también las que asocien a personas jurídicas y otras entidades sin personalidad jurídica. Se amplía también el objeto de estas cooperativas a la prestación de servicios.
En la Ley Foral de Tasas y Precios Públicos se modifica la «Tasa por servicios administrativos», para añadir un concepto nuevo «duplicados», ya que en muchas ocasiones las empresas operadoras del juego piden duplicados de las autorizaciones de instalación y explotación que la Administración ya les envió en su momento. Se propone un importe igual al de los certificados: 5,2 euros por duplicado.
Se crea una nueva «Tasa por remisión de copias en formato electrónico de documentación correspondiente a procesos selectivos», que pretende dar respuesta al hecho de que cada vez es mayor el número de personas que, habiendo participado en un proceso selectivo convocado por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, solicitan posteriormente una copia del mismo, lo que da lugar a una carga de trabajo administrativo extraordinaria. Se hace necesario establecer una nueva tasa que compense los costes que representa ese servicio.
Se modifica también la «Tasa por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales». La modificación obedece a las nuevas funciones asumidas por el Registro de Fundaciones en relación con el registro de los documentos contables y la publicidad registral de los mismos, recogido en la Ley Foral 13/2021 de Fundaciones de Navarra. Se recoge una única tarifa la tasa por expedición de certificados (en la actualidad se recoge en cada una de los hechos imponibles de esta tasa) y la publicidad registral correspondiente a los documentos contables. Se excluye del cobro de la tasa la inscripción de la modificación de los órganos de gobierno de las asociaciones, puesto que interesa tenerlos actualizados y el cobro de la tasa en ocasiones desincentiva su inscripción.
Se adicionan las tarifas 22 y 23 en la «Tasa por expedición de títulos» para cubrir el coste que supone la expedición de los títulos y certificados, contemplados en la Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de formación profesional, que ha establecido titulaciones de especialista para quienes superen un curso de especialización de grado medio y un título de máster si el curso es de grado superior.
Se recoge una exención de la tasa por la expedición de certificados de profesionalidad o duplicados, para personas que se encuentren en situación administrativa irregular, denominándose a estos efectos alumno vulnerable.
Se modifican las tarifas de la «Tasa por servicios sanitarios», para suprimir la tarifa por inscripción en el registro de Responsables de la Puesta en el Mercado de productos cosméticos, ya que el procedimiento ha quedado obsoleto, habiendo sido sustituido por un procedimiento de comunicación al Portal Europeo de notificación de productos cosméticos que no lleva asociada ninguna tarifa.
Por otro lado, se modifica la tarifa por emisión de certificados de cumplimiento de buenas prácticas, actualizando el concepto y sustituyendo el importe por copia, por importe por segundo y posteriores certificados, ya que en la realidad no se emiten copias compulsadas sino nuevos certificados.
Se modifican algunos aspectos de la «Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos», adaptándola a lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.
Se modifican las tarifas de la «Tasa por la gestión técnico-facultativa de los servicios agronómicos».
Se actualiza la denominación de la tarifa 1.2, ya que en algunos registros no existe la obligación de renovar la inscripción, pero sí es necesario inscribir los cambios de titularidad y otras modificaciones. Además, en la tarifa 2 se incluye una denominación general «Inscripción maquinaria y otros equipos de aplicación» para incluir un nuevo concepto, la tarifa 2.2 «Por inscripción en registro de aeronaves e instalaciones permanentes de aplicación de productos fitosanitarios (REGANIP)…».
Por último, se crea la tarifa 3 «Autorización empresas ensayos EOR», debido a que el Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, obliga a obtener autorización del órgano competente para la realización de ensayos.
Se suprimen determinados conceptos en las tarifas de la «Tasa por la prestación de servicios de análisis en el Laboratorio Agroalimentario» y se adiciona una nueva técnica analítica. Igualmente se reduce el importe de dos analíticas, ya que la experiencia permite reducir los costes que supone la realización de las mismas.
Por otro lado, se incluye una nueva tarifa en las tarifas del laboratorio agroalimentario: «Panel de catadores de aceite de oliva virgen de Navarra».
Desde la creación del Panel de catadores de aceite de oliva virgen de Navarra, el mismo se ha gestionado por INTIA SA, cobrando esta por los servicios.
Dado que el Panel depende funcionalmente del Laboratorio agroalimentario de Navarra, se ha considerado oportuno que a partir de 2023 sea este quien gestione su cobro. Respecto al importe, es el que hasta ahora cobraba INTIA SA, siendo un importe ajustado a los precios de mercado para este tipo de análisis organoléptico: 105 euros.
En la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra se actualizan un 3,5 por ciento las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Asimismo, se actualizan los coeficientes máximos a aplicar para determinar la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, recogidos en el artículo 175.2. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral de Haciendas Locales, dichos coeficientes deben ser actualizados anualmente.
Ambas modificaciones tienen efectos a partir del 1 de enero de 2023.
En el ámbito de los tributos locales, se introducen diversas modificaciones en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Así, en la sección primera, se adapta la tributación del sector de la telefonía al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo 996/2022, de 14 de julio de 2022, en la que, en aplicación del Derecho de la Unión Europea, se considera injustificada la mayor tributación por dicho impuesto de la telefonía móvil en relación con la telefonía fija. Por otro lado, se crea un nuevo grupo con el fin de clasificar de forma específica los servicios prestados por las oficinas flexibles,coworkingy centros de negocios.
A su vez, en la sección segunda, se crean dos nuevos grupos para, por un lado, clasificar de forma específica la actividad ejercida por los guionistas, en el que se incluye también a los escritores (que hasta la fecha estaban incluidos en el epígrafe de los periodistas) y, por otro, recoger aquellos otros profesionales relacionados con las actividades artísticas y culturales distintas de las clasificadas en la sección tercera. Se modifica asimismo el título de la agrupación 86.
Adicionalmente, también en la sección segunda, se crea un nuevo grupo para incorporar de manera expresa a los guías de montaña, con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica a la clasificación de esta actividad.
Por último, se crea un nuevo grupo en la sección tercera al objeto de clasificar de forma específica a los compositores, letristas, arreglistas y adaptadores musicales.
Finalmente, en la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, se adiciona un apartado 10 al artículo 27 y se modifica el artículo 29.2 para eximir de la obligación de declarar las modificaciones de bienes inmuebles en los supuestos en los que tales modificaciones sean comunicadas por los notarios y registradores de la propiedad, siempre que se produzcan con anterioridad a la finalización del plazo máximo para declarar y no supongan una modificación gráfica de los bienes inmuebles.
La disposición adicional única establece la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades de las ayudas concedidas al amparo del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, así como de la Resolución 770/2022. Estas ayudas comprenden ayudas directas para la industria extractiva de gas, ayudas directas al sector de transporte por carretera, la ayuda directa de 200 euros a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio, así como las ayudas a las empresas navarras para compensar el incremento de los costes energéticos durante el año 2022.
La disposición final primera actualiza, con efectos a partir del 1 de enero de 2023, las tarifas del canon de saneamiento recogidas en la Ley Foral de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra.
Por su parte, la disposición final segunda, como ya se ha indicado, pospone hasta el 1 de enero de 2024 los efectos de la derogación prevista en el apartado 2 de la disposición derogatoria única de la Ley Foral 19/2021, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. Con el propósito de que las parejas estables que quieran ser equiparadas a los cónyuges a efectos fiscales dispongan de un año más para inscribirse en el Registro Único de Parejas Estables de Navarra o en el que les corresponda.
Finalmente, la disposición final tercera habilita al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley foral y la disposición final cuarta establece que la presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella previstos.
Los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:
Uno. Artículo 7.c).
«c) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores o producidos por las causas previstas en el artículo 52.c.) del citado Estatuto siempre que en ambos casos se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.
No tendrán la consideración de indemnizaciones establecidas en virtud de convenio, pacto o contrato, las acordadas en el acto de conciliación ante el Servicio administrativo al que se refiere el artículo 63 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite máximo la cantidad de 180.000 euros.
En el supuesto de que la indemnización por despido sea satisfecha total o parcialmente mediante la entrega de elementos patrimoniales procedentes de la entidad en la que el trabajador despedido prestaba sus servicios, el valor de mercado de dichos elementos patrimoniales resultará exento siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que el sujeto pasivo aporte esos elementos patrimoniales para realizar una actividad económica como trabajador autónomo o como socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado o de una sociedad laboral.
2.º Que el sujeto pasivo desarrolle la actividad como trabajador autónomo o permanezca como socio trabajador durante un mínimo de cinco años.
3.º Que el sujeto pasivo perciba la prestación por desempleo en la modalidad de pago único, regulada en el Real Decreto 1044/1985.
4.º El importe exento de la indemnización en especie no podrá ser superior a la diferencia entre 180.000 euros y el importe de la indemnización dineraria que resulte exento de conformidad con los dos primeros párrafos de esta letra.»
Dos. Artículo 7.d), adición de un párrafo, con efectos a partir del 1 de enero de 2022.
«También estarán exentas las cantidades percibidas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra como consecuencia de las indemnizaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, así como las satisfechas por otras Administraciones Públicas por actos de esta naturaleza.»
Tres. Artículo 7.k), cuarto párrafo.
«También estarán exentas las prestaciones económicas establecidas en el Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que se regulan las prestaciones y ayudas individuales y familiares en materia de Servicios Sociales, así como la renta garantizada establecida en la ley foral por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, y el ingreso mínimo vital regulado en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre. Asimismo, estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, adopción, hijos a cargo, acogimiento de menores, orfandad, parto o adopción múltiple, cuidado de hijos menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, así como las ayudas concedidas mediante las correspondientes convocatorias en materia de familia como medidas complementarias para fomentar la natalidad y conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras.»
Cuatro. Artículo 7.z), con efectos a partir del 1 de enero de 2022.
«z) El 100 por 100 de las de ayudas del programa de desarrollo rural de Navarra, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Igualmente estará exento el 50 por 100 de las ayudas financiadas totalmente por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), percibidas por quienes en la fecha de devengo del impuesto tengan la consideración de agricultor a título principal o sean titulares de explotaciones agrarias prioritarias, conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra aprobado por Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio.
El importe máximo y conjunto de la exención correspondiente a las ayudas percibidas por ambos conceptos no podrá superar 20.000 euros.»
Cinco. Artículo 10, derogación del apartado 2 y supresión de la numeración del apartado 1, con efectos a partir del 1 de enero de 2023.
Seis. Artículo 11, derogación de los apartados 2 y 3, y supresión de la numeración del apartado 1.
Siete. Artículo 18.2.
«2. La deducción de los gastos a que se refiere el apartado 1.b) estará condicionada a que las cuotas satisfechas por los sujetos pasivos figuren en las declaraciones presentadas por los colegios profesionales ante la administración tributaria en los modelos establecidos en la normativa tributaria.»
Ocho. Artículo 25.2, tercer párrafo
«Un 40 por 100 cuando proceda de un arrendamiento de viviendas cuya cuantía de alquiler anual no supere el valor del Índice de Sostenibilidad de Alquileres (I.S.A.) y el contrato esté debidamente registrado en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra previsto en el artículo 90 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo del Derecho a la Vivienda en Navarra.»
Nueve. Artículo 34.6, adición de una letra b), pasando el actual contenido a ser la letra a), con efectos a partir del 1 de enero de 2022.
«b) Tratándose de actividades forestales el porcentaje de reducción establecido en la letra a) será:
1.º) un 55 por 100 si el periodo de corte es igual o superior a 15 años e inferior o igual a 70 años.
2.º) un 65 por 100 si el periodo de corte es superior a 70 años.»
Diez. Artículo 36.B).5.
«5. La renuncia a la estimación directa especial, así como su revocación, se realizarán en la forma y tendrán los efectos establecidos reglamentariamente.»
Once. Artículo 39.6.f) y g).
«f) Las derivadas de las transmisiones de valores o participaciones admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos, cuando el sujeto pasivo hubiera adquirido valores homogéneos dentro de los dos meses anteriores o posteriores a dichas transmisiones.
g) Las derivadas de las transmisiones de valores o participaciones no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos financieros, cuando el sujeto pasivo hubiera adquirido valores homogéneos en el año anterior o posterior a dichas transmisiones.»
Doce. Artículo 43.1.c), subletra b’ y último párrafo.
«b’) El valor de cotización en mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos financieros, y, en particular, en sistemas organizados de negociación de valores autorizados conforme a lo previsto en el artículo 43.4 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, en la fecha de la transmisión.
A los efectos de determinar el valor de adquisición, resultará de aplicación, cuando proceda, lo dispuesto en la letra a).
No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, en el caso de transmisiones de participaciones en los fondos de inversión cotizados a los que se refiere el artículo 79 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, realizadas en bolsa de valores, el valor de transmisión se determinará conforme a lo previsto en la letra a).»
Trece. Artículo 44, derogación párrafos tercero y cuarto.
Catorce. Artículo 45, adición de un apartado 4, con efectos a partir del 1 de enero de 2023.
«4. Podrán excluirse de gravamen los incrementos de patrimonio obtenidos por la transmisión de las acciones y participaciones en entidades emprendedoras que den derecho a aplicar la deducción regulada en la disposición adicional tercera de la Ley Foral 26/2016, siempre que el importe total de la misma se reinvierta en el plazo de un año, en la adquisición de acciones o participaciones en otras entidades emprendedoras que den derecho a aplicar la citada deducción.
Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente se excluirá de tributación la parte proporcional del incremento de patrimonio obtenido que corresponda a la cantidad reinvertida.
El incumplimiento de los requisitos establecidos para aplicar la exención recogida en este apartado supondrá la obligación para el sujeto pasivo de regularizar su situación tributaria conforme a lo establecido en el artículo 83.4.
El beneficio fiscal contemplado en este apartado será incompatible para las mismas acciones o participaciones e importes en que se materialice la reinversión, con la deducción regulada en la disposición adicional tercera.4 de la Ley Foral 26/2016.»
Quince. Adición de una sección 6.ª al capítulo II del título III, con efectos a partir del 1 de enero de 2023.
1. Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en Navarra como consecuencia de su desplazamiento a territorio español, podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, durante el periodo impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco periodos impositivos siguientes, cuando cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el desplazamiento a territorio español se produzca para el desempeño de trabajos especialmente cualificados, relacionados, directa y principalmente, con actividades de investigación y desarrollo, científicas, de organización, gerencia, de carácter técnico, financiero o comercial, o se trate de personal docente universitario de reconocido prestigio.
A efectos de este artículo, se considerarán actividades de investigación y desarrollo las definidas como tales en el artículo 61 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
b) Que no hayan sido residentes fiscales en España durante los cinco años anteriores a su desplazamiento a territorio español.
c) Que dicho desplazamiento se produzca como consecuencia de un contrato de trabajo. Se entenderá cumplida esta condición cuando se inicie una relación laboral, ordinaria o especial, o estatutaria con una persona empleadora en España, o cuando el desplazamiento sea ordenado por ésta y exista una carta de desplazamiento, y el sujeto pasivo no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas mediante un establecimiento permanente situado en territorio español.
d) Que los trabajos se realicen efectivamente en España. Se entenderá cumplida esta condición aun cuando parte de los trabajos se presten en el extranjero, siempre que la suma de las retribuciones correspondientes a los citados trabajos, tengan o no la consideración de rentas obtenidas en territorio español de acuerdo con el artículo 13.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, no exceda del 15 por 100 de todas las contraprestaciones del trabajo percibidas en cada año natural. Cuando en virtud de lo establecido en el contrato de trabajo el sujeto pasivo asuma funciones en otra empresa del grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, fuera del territorio español, el límite anterior se elevará al 30 por 100.
Cuando no pueda acreditarse la cuantía de las retribuciones específicas correspondientes a los trabajos realizados en el extranjero, para el cálculo de la retribución correspondiente a dichos trabajos deberán tomarse en consideración los días que efectivamente la persona trabajadora ha estado desplazada en el extranjero.
e) Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad residente en España o para un establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente en territorio español. Se entenderá cumplida esta condición cuando los servicios redunden en beneficio de una empresa o entidad residente en España o de un establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente en territorio español. En el caso de que el desplazamiento se hubiera producido en el seno de un grupo de empresas, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, y exclusivamente a estos efectos, será necesario que la persona trabajadora sea contratada por la empresa del grupo residente en España o que se produzca un desplazamiento a territorio español ordenado por la persona empleadora.
f) Que los rendimientos del trabajo que se deriven de dicha relación laboral no estén exentos de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
2. El cónyuge o pareja estable del sujeto pasivo a que se refiere el apartado 1 también podrá optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujeto pasivo por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que reúna los siguientes requisitos:
a) Que se desplace a territorio español con el sujeto pasivo a que se refiere el apartado 1 o en un momento posterior, siempre que no hubiera finalizado el primer período impositivo en el que a éste le resulte de aplicación el régimen especial.
b) Que adquiera su residencia fiscal en Navarra como consecuencia de su desplazamiento a territorio español.
c) Que no haya sido residente fiscal en España durante los cinco años anteriores a su desplazamiento a territorio español.
d) Que la suma de las bases imponibles correspondientes a cada renta en cada uno de los períodos impositivos en los que le resulte de aplicación este régimen especial sea inferior a la suma de bases imponibles del sujeto pasivo a que se refiere el apartado 1 en el mismo periodo impositivo.
El régimen especial resultará de aplicación durante los sucesivos períodos impositivos en los que, cumpliéndose tales requisitos, el mismo resulte también de aplicación al sujeto pasivo previsto en el apartado 1.
3. El régimen previsto en esta disposición no resultará de aplicación a las personas trabajadoras que adquieran su residencia fiscal en Navarra como consecuencia de su desplazamiento a territorio español, si fueron desplazadas al extranjero por la entidad empleadora o por cualquiera de las sociedades situadas en España integradas en el grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, en el plazo de los 10 años anteriores.
4. Este régimen se aplicará de conformidad con los términos y con el procedimiento que establezca la persona titular del departamento competente en materia tributaria.»
Dieciséis. Artículo 55.1.7.ºa).b’) y 1.8.º, con efectos a partir del 1 de enero de 2023.
«b’) 1.500 euros anuales.
Este límite se incrementará en los siguientes supuestos, en las cuantías que se indican:
1.º En 8.500 euros anuales, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a las cantidades que resulten del siguiente cuadro en función del importe anual de la contribución empresarial:
No obstante, en todo caso se aplicará el coeficiente 1 cuando el trabajador obtenga en el ejercicio rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000 euros procedentes de la empresa que realiza la contribución, a cuyo efecto la empresa deberá comunicar a la entidad gestora o aseguradora del instrumento de previsión social que no concurre esta circunstancia.
A estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador tendrán la consideración de aportaciones del trabajador.
2.º En 4.250 euros anuales, siempre que tal incremento provenga de aportaciones a planes de pensiones sectoriales previstos en el artículo 67.1.a) del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, realizadas por trabajadores por cuenta propia o autónomos que se adhieran a dichos planes por razón de su actividad; aportaciones a los planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores por cuenta propia o autónomos previstos en el artículo 67.1.c) del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones; o de aportaciones propias que el empresario individual o el profesional realice a planes de pensiones de empleo, de los que sea promotor y, además, partícipe o a Mutualidades de Previsión Social de las que sea mutualista, así como las que realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea tomador y asegurado.
En todo caso, la cuantía máxima de reducción por aplicación de los incrementos previstos en los números 1.º y 2.º anteriores será de 8.500 euros anuales.»
«8.º Cuando las aportaciones y contribuciones empresariales que pueden dar derecho a reducir la base imponible excedan del límite máximo establecido en el punto anterior, los partícipes, mutualistas o asegurados que hubieran efectuado aportaciones a los sistemas de previsión social a que se refiere este apartado 1 podrán reducir en los cinco ejercicios siguientes las cuantías correspondientes a dicho exceso.»
Diecisiete. Artículo 60, con efectos a partir del 1 de enero de 2023.
La base liquidable especial del ahorro se gravará a los tipos que se indican en la siguiente escala:
Dieciocho. Artículo 62.6, segundo párrafo.
«La deducción estará condicionada a que las cuotas satisfechas por los sujetos pasivos figuren en las declaraciones presentadas por los sindicatos ante la administración tributaria en los modelos establecidos en la normativa tributaria.»
Diecinueve. Artículo 62.9, letras b).c’) tercer párrafo, y c).a’), con efectos a partir del 1 de enero de 2022.
«A efectos de lo previsto en las letras b’) y c’) anteriores, aquellas personas vinculadas al sujeto pasivo por razón de tutela, acogimiento o curatela representativa en los términos establecidos en la legislación civil aplicable y que no sean ascendientes ni descendientes se asimilarán a los descendientes. También se asimilarán a los descendientes aquellas personas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 50.1 del Decreto Foral 7/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia, convengan libremente la continuación de la convivencia con quienes les acogieron hasta su mayoría de edad o emancipación. Esta situación deberá ser acreditada por el departamento competente en materia de asuntos sociales. También se asimilarán a los descendientes aquellas personas cuya guarda y custodia esté atribuida al sujeto pasivo por resolución judicial, en situaciones diferentes a las anteriores.»
«a’) Descendientes menores de dieciséis años. A estos efectos los menores de dieciséis años vinculados al sujeto pasivo por razón de tutela o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable se asimilarán a los descendientes. También se asimilarán a los descendientes aquellas personas cuya guarda y custodia o curatela representativa esté atribuida al sujeto pasivo por resolución judicial, en situaciones diferentes a las anteriores.»
Veinte. Artículo 62.11.a), y adición de un párrafo a la letra d).4.º), con efectos a partir del 1 de enero de 2022.
«a) Los sujetos pasivos podrán practicar una deducción del 15 por 100 de las cantidades satisfechas para la adquisición o suscripción de acciones o participaciones de la entidad en la que presten sus servicios, o de cualquiera de las sociedades integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. Este porcentaje será el 20 por 100 si la persona adquirente es mujer.
En el supuesto de que la adquisición o suscripción de las acciones o participaciones se realice con posterioridad a una transmisión de acciones o participaciones de la misma empresa, o de cualquiera de las sociedades integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, efectuada en los cinco años anteriores, la base de la deducción estará formada por el importe de la adquisición o suscripción que se corresponda con el aumento de participación en la entidad, respecto a la existente en el momento anterior a la referida transmisión.
No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior, si la transmisión dio lugar a regularización de la deducción por incumplimiento del plazo de mantenimiento.»
«Si se realiza una transmisión de acciones o participaciones con posterioridad a una adquisición o suscripción de acciones o participaciones de la misma empresa, o de cualquiera de las sociedades integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, efectuada en los cinco años anteriores, se entenderá que se han transmitido en primer lugar las ultimas adquiridas.»
Veintiuno. Artículo 62.12.b), d) 1.ºd’) y adición de un ordinal 4.º en la letra d), con efectos a partir del 1 de enero de 2023.
«b) Se considerará energía procedente de fuentes renovables aquella energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, solar (solar térmica y solar fotovoltaica), geotérmica, ambiente, mareomotriz, undimotriz y otros tipos de energía oceánica, hidráulica, energía procedente de biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás, tal y como se definen en la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018.
En particular, se considerará energía procedente de fuentes renovables el hidrógeno renovable, esto es, el hidrógeno obtenido de las fuentes no fósiles citadas en el párrafo anterior.»
«d’) Si se trata de una inversión en un proyecto de autoconsumo compartido o de una inversión de una comunidad energética, el porcentaje de deducción se incrementará 5 puntos.»
«4.º En el caso de inversiones en instalaciones para usos térmicos que sustituyan la utilización de gas natural por la utilización de hidrógeno renovable, el porcentaje de deducción se incrementará hasta un máximo de 15 puntos, en función del grado de utilización del hidrógeno renovable.»
Veintidós. Artículo 62.13.a) primer párrafo y ordinales 1.º y 2.º
«a) Las inversiones en vehículos nuevos afectos a la actividad económica de la entidad darán derecho a practicar una deducción del 30 por 100 si son vehículos eléctricos y del 5 por 100 si son vehículos híbridos enchufables, siempre que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías definidas en el Reglamento (UE) 2018/585 del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 y en el Reglamento (UE) 168/2013 del Parlamento y del Consejo, de 15 de enero de 2013:
1.º Turismos M1: Vehículos de motor diseñados y fabricados principalmente para el transporte de pasajeros y su equipaje, que tengan, como máximo, ocho plazas de asiento además de la del conductor, sin espacio para pasajeros de pie, independientemente de que el número de plazas de asiento se limite o no a la plaza de asiento del conductor.
2.º Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor diseñados y fabricados principalmente para el transporte de mercancías cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas.»
Veintitrés. Artículo 64. Rúbrica, con efectos desde el 1 de enero de 2022.
Veinticuatro. Artículo 64, adición de los apartados 3 y 4, con efectos desde el 1 de enero de 2022.
«3. Una misma inversión no podrá dar lugar a la aplicación de más de una deducción, salvo disposición expresa.
4. En el caso de que para financiar la inversión se perciban subvenciones que se hayan declarado exentas, estas minorarán la base de la deducción.
La base de la deducción será el importe de la inversión, salvo que este sea superior al límite máximo que se haya establecido en cuyo caso la base de la deducción será el mencionado límite.»
Veinticinco. Artículo 68 bis, derogación, con efectos a partir del 1 de enero de 2023.
Veintiséis. Artículo 68 quinquies.A.1.
«1. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo titular de un contrato de arrendamiento de vivienda que constituya su residencia habitual y permanente, que tenga una edad comprendida entre los 23 y los 35 años inclusive, tendrá derecho a una deducción del 50 por 100 de la renta por arrendamiento satisfecha en el periodo impositivo, con un límite máximo de 250 euros mensuales.»
Veintisiete. Artículo 71.1.a) y b), con efectos a partir del 1 de enero de 2022.
«a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de estos, y los hijos mayores de edad sujetos a curatela representativa.
b) La integrada por una pareja estable, según su legislación específica y, si los hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de estos, y los hijos mayores de edad sujetos a curatela representativa.»
Veintiocho. Artículo 73.5.
«5. Las personas físicas integradas en una unidad familiar que hayan optado por la forma de tributación regulada en este título quedarán conjunta y solidariamente sometidas al impuesto como sujetos pasivos, sin perjuicio del derecho a prorratear entre sí la deuda tributaria, según la parte de renta sujeta que corresponda a cada uno de ellos.
No obstante lo anterior, las víctimas de violencia de género reconocidas por sentencia judicial podrán solicitar que su responsabilidad respecto a la tributación conjunta con el culpable sólo alcance a la deuda que se encuentre pendiente de pago en la fecha de la solicitud, que corresponda a su renta sujeta individual. A estos efectos, la responsabilidad correspondiente a la víctima vendrá determinada por la proporción que represente su base imponible positiva respecto de la suma de todas las bases imponibles positivas de la unidad familiar, proporción que se aplicará sobre el total de deuda pendiente en la fecha de la solicitud.
Lo dispuesto en el párrafo anterior solo será de aplicación a solicitud del contribuyente en la que se aportará la sentencia judicial, y únicamente comprenderá las deudas pendientes de pago en la fecha de la solicitud que correspondan a los cuatro periodos impositivos anteriores al de la fecha de la interposición de la primera denuncia que fundamente la sentencia.»
Veintinueve. Disposición adicional cuarta.7.c).
«c) Las entidades aseguradoras y las entidades financieras deberán presentar información sobre los tomadores de un seguro de vida, con indicación de su valor de rescate o del valor del capital que correspondería obtener al beneficiario en los supuestos en los que no exista derecho de