Categoría: Energía y Medio Ambiente

006 y (CE) número 791/2007, del Consejo, y el Reglamento (UE) número 1.255/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo.
1. Las operaciones de traslado de residuos que afectan a la Comunitat Valenciana se rigen por el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
2. A estos efectos, la autoridad competente de la Comunitat Valenciana es la conselleria competente en materia de residuos.
3. Sin perjuicio del artículo 9 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la Generalitat Valenciana podrá prohibir temporalmente o restringir la entrada de residuos o rechazo de residuos domésticos y municipales, procedentes otras comunidades autónomas u otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que se demuestre que estas entradas impiden el cumplimiento de la normativa y la planificación autonómicas en materia de gestión de residuos municipales, y que esto puede implicar sanciones de la Comisión Europea por mala gestión de residuos municipales que afecten a la Comunitat Valenciana.
En particular, se aplicará el párrafo anterior al caso de los residuos, rechazos de residuos y otros tipos de materiales que se destinan a eliminación en vertedero, valorización energética, coincineración o incineración, así como valorización de material bioestabilizado mediante la operación de gestión R10 prevista en la normativa básica estatal, procedente de aquellas comunidades autónomas o regiones de la Unión Europea que tengan un impuesto de penalización al vertido de residuos o la incineración o valorización energética superior al que se aplica en la Comunitat Valenciana.
Para estas situaciones, la Generalitat Valenciana tendrá en consideración las aportaciones al respecto del ministerio competente en materia de residuos.
4. La Comunitat Valenciana colaborará, en todo caso, en una adecuada y mejor gestión de los recursos que contienen los residuos de aquellas comunidades autónomas o regiones de la Unión Europea que destinan sus residuos municipales a operaciones de reciclaje, regeneración o valorización que no interfieran en el normal funcionamiento de las instalaciones de gestión de residuos de la Comunitat Valenciana ni impidan el cumplimiento de los objetivos de la planificación autonómica en materia de residuos.
1. En los términos establecidos por el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las personas físicas y jurídicas obligadas a disponer de un archivo cronológico electrónico deben guardar la información del archivo cronológico durando, al menos, cinco años y la información debe estar a disposición de la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular a efectos de inspección y control.
2. En los términos establecidos por el artículo 65.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las personas físicas y jurídicas obligadas deben remitir las memorias resumen de sus actividades que afectan a la Comunitat Valenciana a la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, y en el caso de residuos de competencia local, además a las entidades locales correspondientes. La Agencia Valenciana de Residuos y Economía circular puede requerir información adicional a las personas físicas o jurídicas contempladas en este apartado para disponer de la información necesaria para el desarrollo de sus funciones así como para dar cumplimiento a otros requerimientos de información derivados de la aplicación de los actos de ejecución aprobados por la Comisión Europea.
3. La Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, con la colaboración de las entidades locales, debe mantener actualizada la información sobre la gestión de los residuos en su ámbito competencial, en particular para los residuos de competencia local. Esta información debe incluir las infraestructuras disponibles y, en cada una de ellas, la cuantificación y caracterización periódica de los residuos entrantes y salientes, y los destinos concretos de valorización o eliminación de los residuos salientes. Para realizar estas caracterizaciones, la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular puede establecer directrices armonizadas sobre estas.
Para el caso de los residuos de competencia local, las entidades locales deben remitir anualmente a la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular un informe sobre la gestión de estos residuos, cuyo contenido será determinado reglamentariamente.
4. La Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular debe comprobar las memorias exigidas con arreglo al apartado 2 y las debe incorporar al sistema electrónico de información de residuos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes del 1 de septiembre del año posterior respecto al que se hayan recogido los datos, para cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación estatal, de la Unión Europea e internacional, en particular las mencionadas en el artículo 65.6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
En ese mismo plazo, La Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular debe remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la información necesaria para la verificación del cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 17 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
5. La Agencia Valenciana de Residuos debe informar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana y del Programa de prevención de residuos de la Comunitat Valenciana una vez adoptados, así como de cualquier revisión sustancial de estos.
La Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular está facultada para desarrollar los procedimientos necesarios para obtener, a través de las fuentes de información de ámbito estatal o bien directamente de los productores o de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, los datos e información necesarios para el control eficiente de las obligaciones y el cumplimiento de objetivos en materia de residuos vinculados a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
1. Los procedimientos para la autorización de las operaciones de recogida y tratamiento de residuos, las excepciones de los requisitos de autorización, la comunicación previa al inicio de las actividades de producción y gestión de residuos y el restablecimiento de la legalidad ambiental se deben realizar de acuerdo con lo establecido en el capítulo III del título III de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
2. A estos efectos, la autoridad competente de la Comunitat Valenciana es la conselleria competente en materia de residuos.
1. Se crea el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunitat Valenciana, adscrito a la conselleria competente en materia de residuos.
2. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en el registro deben constar, como mínimo, los siguientes datos:
a) Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social.
b) Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado autorizados.
c) Denominación de las instalaciones autorizadas y su localización.
d) Fecha y periodo de vigencia de la autorización y, en su caso, de las correspondientes prórrogas.
e) Aquellos datos adicionales que se establezcan reglamentariamente.
3. La Agencia Valenciana de Residuos, en coordinación con la administración general del Estado, llevará a cabo los instrumentos de cooperación necesarios para la interoperabilidad de los registros autonómico y estatal.
1. Sin perjuicio de los registros autonómicos ya existentes en materia de producción de residuos peligrosos, se crea el Registro de Productores de Residuos de la Comunitat Valenciana, adscrito a la conselleria competente en materia de residuos. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el registro se compone de dos secciones: la sección primera, en la que se deben inscribir las personas físicas o jurídicas autorizadas para la producción de los residuos peligrosos; y la sección segunda, en la que se deben inscribir las personas físicas o jurídicas autorizadas para la producción de los residuos no peligrosos que plantean excepcionales dificultades para su gestión.
2. Los datos que debe contener este registro se establecerán reglamentariamente.
3. La Agencia Valenciana de Residuos, en coordinación con la administración general del Estado, llevará a cabo los instrumentos de cooperación necesarios para la interoperabilidad de los registros autonómico y estatal.
1. A todos los efectos, la regulación de suelos contaminados de la Comunitat Valenciana se rige por lo establecido en el título VIII de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
2. La remisión de informes por parte de titulares de las actividades potencialmente contaminantes a que se refiere el artículo 98 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se debe hacer a la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular.
3. La conselleria competente en materia de medio ambiente es la encargada de realizar la declaración y delimitación de suelos contaminados, de acuerdo con los requisitos y en los términos establecidos por el artículo 99 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
4. La conselleria competente en materia de medio ambiente es la autoridad competente de ámbito autonómico en materia de recuperación voluntaria de suelos contaminados, y debe llevar un registro administrativo de las descontaminaciones producidas por vía voluntaria, de acuerdo con las determinaciones del artículo 102 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, sin perjuicio del desarrollo reglamentario de su contenido específico.
5. La conselleria competente en materia de medio ambiente debe elaborar un inventario con los suelos declarados contaminados y de descontaminaciones voluntarias, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, sin perjuicio del desarrollo reglamentario de su contenido específico.
6. En cumplimiento de lo previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y del Real decreto 646/2020, de 7 de julio, de eliminación de residuos en vertedero, respecto a las obligaciones de las comunidades autónomas en materia de previsión de análisis de los lugares históricamente contaminados por eliminación de residuos y las medidas para su rehabilitación, se faculta a la conselleria competente en materia de residuos, así como a las entidades locales de la Comunitat Valenciana, para la suscripción, en conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, de convenios de colaboración interadministrativa para la ejecución de los trabajos de sellado y mantenimiento postclausura de estos lugares, por un periodo de diez años con una posible prórroga de diez años adicionales, hasta un máximo total de veinte años, para garantizar la eficacia de estos trabajos.
1. Según las previsiones que el artículo 103.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se crea la lista de prioridades de actuación en materia de descontaminación de suelos en función del riesgo que suponga la contaminación para la salud humana y el medio ambiente en la Comunitat Valenciana, según la siguiente:
Descontaminación de suelos en entornos urbanos o urbanizados.
Descontaminación de suelos en entornos rústicos de alto valor ambiental, zonas con alguna de las catalogaciones normativas de protección ambiental, o similares.
Descontaminación de suelos en zonas industriales en actividad.
Adecuación y mejora de una descontaminación de suelos ya practicada conforme a la normativa anterior a 2011.
2. La lista de prioridades de actuación en materia de descontaminación de suelos podrá modificarse o actualizarse mediante decreto de la conselleria competente en materia de medio ambiente.
1. Los residuos tendrán siempre un responsable del cumplimiento de las obligaciones que deriven de su producción y gestión, calidad que corresponde al productor inicial o a otro poseedor o al gestor de residuos, en los términos previstos en esta ley y en sus normas de desarrollo y en la normativa básica estatal en materia de residuos.
2. Los sujetos responsables podrán ejercer acciones de repetición cuando los costes en que hubieran incurrido deriven de los incumplimientos legales o contractuales de otras personas físicas o jurídicas.
3. En el ámbito de las competencias autonómicas, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de esta ley y sus normas de desarrollo y la normativa básica estatal en materia de residuos las ejercen las consellerias competentes en materia de vigilancia de puesta en el mercado, de residuos y de seguridad ciudadana, en el marco de sus respectivas competencias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
1. El régimen sancionador en materia de residuos y suelos contaminados de la Comunitat Valenciana se rige por lo establecido en el capítulo II del título IX de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
2. Adicionalmente a las infracciones reguladas en el artículo 108.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se consideran:
Infracciones graves:
a) La reincidencia en actuaciones que supongan la no devolución al operador del sistema de gestión del envase reutilizable o residuo de envase doméstico, para prepararlo para la reutilización o el reciclaje, así como la reiteración en la posesión de los mismos por terceros no autorizados por el operador del sistema.
b) La reincidencia en actuaciones que supongan la no devolución al operador del sistema de gestión del envase reutilizable o residuo de envase comercial, para prepararlo para la reutilización o el reciclaje, así como la reiteración en la posesión de los mismos por terceros no autorizados por el operador del sistema.
c) La reincidencia en actuaciones que supongan la no devolución al operador del sistema de gestión del envase reutilizable o residuo de envase industrial, para prepararlo para la reutilización o el reciclaje, así como la reiteración en la posesión de los mismos por terceros no autorizados por el operador del sistema.
Infracciones leves:
d) Cualquier actuación que suponga la no devolución al operador del sistema de gestión del envase reutilizable o residuo de envase doméstico para la preparación para la reutilización o el reciclaje, y la posesión de los mismos por terceros no autorizados por el operador del sistema.
e) Cualquier actuación que suponga la no devolución al operador del sistema de gestión del envase reutilizable o residuo de envase comercial para la preparación para la reutilización o el reciclaje, y la posesión de los mismos por terceros no autorizados por el operador del sistema.
f) Cualquier actuación que suponga la no devolución al operador del sistema de gestión del envase reutilizable o residuo de envase industrial para la preparación para la reutilización o el reciclaje, y la posesión de los mismos por terceros no autorizados por el operador del sistema.
En la graduación de las infracciones tipificadas en las letras d, e y f se tendrá en consideración la devolución inmediata del envase reutilizable al operador de los sistemas de gestión de envases reutilizables por parte del infractor, imponiéndose la sanción que corresponda a su tramo inferior.
2. En los casos en que la potestad sancionadora corresponde a las autoridades competentes de ámbito autonómico, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el artículo 7 de esta ley, la potestad sancionadora debe ser ejercida por:
La persona titular de la dirección general competente en materia de residuos, en los supuestos de infracciones leves.
La persona titular de la conselleria competente en materia de residuos, en los supuestos de infracciones graves.
El Consell de la Generalitat, en los supuestos de infracciones muy graves.
La iniciación de los correspondientes procedimientos sancionadores es competencia de la persona titular de la dirección general competente en materia de residuos.
1. Se autoriza a la conselleria competente en materia de residuos y a los entes locales para celebrar los convenios de colaboración suscritos con los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor y sistemas integrados de gestión de residuos de envases ligeros a que se refiere el artículo 44 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en los términos previstos en este artículo y en la normativa estatal reguladora de la responsabilidad ampliada del productor para cada flujo de residuo en lo que afecten, limiten o imposibiliten la aplicación de esta ley o de la normativa básica estatal, a fin de garantizar la eficacia de la recogida separada de los residuos de envases y que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor asuman los costes necesarios y eficientes de los servicios incluidos en la normativa básica, de acuerdo el principio «quien contamina paga». La prestación de los servicios específicos objeto de modificación del convenio con las entidades locales de la Comunitat Valenciana debe garantizar un nivel de prestación de servicios igual o superior al nivel de prestación de los servicios preexistente a la entrada en vigor de esta ley.
2. En el plazo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y su normativa de desarrollo, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor en colaboración con los productores y los sistemas integrados de gestión de residuos de envases ligeros deben financiar las operaciones de clasificación y reciclaje de los envases ligeros monodosis adheridos a sus sistemas, con capacidad inferior a 33 centilitros o sus fracciones, a fin de garantizar la eficacia de la recogida, clasificación y reciclaje de los residuos de envases y la prevención de la eliminación de estos residuos en vertedero. Estos operadores, junto con las administraciones públicas, deben garantizar el correcto desarrollo de las mencionadas operaciones para todos los materiales adheridos al sistema de responsabilidad ampliada del productor, prioritariamente, materiales de aluminio, acero o plásticos, así como de aquellos materiales compatibles con estos, de acuerdo con la normativa estatal en materia de residuos y en aplicación de la planificación estatal y autonómica en materia de residuos.
La utilización como enmienda orgánica del material bioestabilizado obtenido en las plantas de tratamiento mecánico de residuos mezclados de origen doméstico podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos al vertedero, cuando se cumplan los requisitos siguientes:
a) Que este material cumpla los requisitos aplicables a los productos fertilizantes elaborados con residuos establecidos en la normativa básica en materia de productos fertilizantes y afines. En cuanto al parámetro de materiales pesados, el material bioestabilizado tendrá que cumplir los valores máximos correspondientes en las clases A o B.
b) Que la operación de aplicación de la enmienda la haga un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de valorización de residuos.
c) Que el tratamiento de los suelos produzca un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica.
d) Que la instalación que produzca el material bioestabilizada disponga de un sistema de afinado de partículas finas.
e) No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de la enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente que no posea la calificación jurídica de residuo y que cumpla los requisitos técnicos y legales exigibles para su inscripción en el registro de productos fertilizantes y afines.
1. De acuerdo con aquello establecido en la disposición adicional undécima de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, sobre la necesidad de adaptación de los contratos y negocios jurídicos existentes a la entrada en vigor de la ley, con el fin de dar cumplimiento al mandato de aplicación de la mejor técnica disponible en las operaciones de gestión de residuos municipales, así como de los principios de autosuficiencia y proximidad, y con independencia de las previsiones del capítulo V del título II de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana, los proyectos de gestión de residuos aprobados o en tramitación a la entrada en vigor de esta ley pueden modificar las determinaciones de los planes zonales de residuos cuando su propósito sea adaptarse a las determinaciones de esta ley y su normativa de desarrollo, o a las determinaciones de la normativa básica estatal en materia de residuos y las disposiciones que la desarrollen.
2. Con este fin, las administraciones públicas valencianas con competencia para tramitar, aprobar o adjudicar los proyectos de gestión de residuos deben adoptar las medidas necesarias, ya sean técnicas, económicas o jurídicas, para adaptar los instrumentos de planificación y gestión de los residuos a la normativa vigente y a la aplicación de la mejor técnica disponible en cada momento.
3. Las medidas que se adopten en cumplimiento de los apartados 1 y 2 anteriores tratarán de conservar los negocios jurídicos preexistentes de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. En caso de imposibilidad, se debe proceder a la rescisión o revisión a la baja del negocio jurídico afectado, y pueden licitarse nuevos contratos adicionales a los anteriores para la ejecución de las actuaciones que cumplan las determinaciones de las normativas autonómica y estatal de forma que viabilice la continuidad y mejora continua del servicio público afectado. A tales efectos, es compatible que dentro del ámbito de un plan zonal trabajen varios operadores de gestión de residuos en aquellas materias y unidades técnicas que sean explotables de manera independiente.
4. La aplicación de las mejores técnicas disponibles para las operaciones de valorización de residuos es obligatoria desde el momento en que tales mejores técnicas disponibles son aprobadas por la Unión Europea mediante normativa de aplicación directa.
1. En un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, la conselleria competente en materia de residuos requerirá a los entes locales responsables de los servicios de recogida de residuos domésticos un informe de desglose detallado de los varios elementos de coste de la recogida separada de residuos de envases que desarrollan. La entrega de este informe tiene carácter obligatorio para las entidades locales asociativas de recogida de residuos y en el caso de los municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes, y es potestativo para los municipios con una población de derecho inferior o igual a 5.000 habitantes.
2. Los datos a los que se refiere el apartado anterior y aquellos suministrados en cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y la normativa de desarrollo, pueden ser empleados por la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular para determinar las retribuciones económicas o en dotación de equipamientos complementarios a favor de las entidades locales de la Comunitat Valenciana, así como para el desarrollo de un nuevo modelo de retribución del coste total de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal en materia de residuos, a los efectos de que se pueda tener en consideración en la implementación de la normativa estatal y autonómica.
El Consell puede regular, en coordinación con los ministerios competentes y con la participación de los agentes económicos y sociales implicados, la restricción o la prohibición de otros productos desechables o de materiales que, como residuos, presenten o puedan presentar dificultades para su adecuada gestión, ya sea por tamaño o composición, con la finalidad de garantizar el logro de los objetivos de reciclaje y vertido establecidos en la planificación estatal y autonómica en esta materia.
La aprobación del plan integral de residuos, de los planes zonales de residuos y de los proyectos de gestión lleva aparejada la declaración de utilidad pública e interés social, a efectos de expropiación forzosa e imposición de servidumbres, para el establecimiento o ampliación de instalaciones de almacenamiento, valorización o eliminación de residuos.
Las administraciones públicas autonómica y local, en el ámbito de sus competencias, deben tener en cuenta y aplicar criterios de ruralidad en el diseño y la implementación de las medidas establecidas en esta ley, en particular en cuanto a la simplificación técnica y administrativa para los municipios de menos de 1.000 habitantes de derecho, así como respecto al apoyo técnico, organizativo y económico para cumplir los objetivos de esta ley.
En caso de que el gobierno del Estado apruebe una norma de ámbito estatal más estricta que esta ley, en cuanto a los objetivos y procesos de gestión de residuos de envases de bebidas para evitar su abandono y eliminación a través de vertedero, en particular sobre los sistemas adicionales y complementarios previstos en la normativa básica estatal en materia de residuos, a los efectos de la responsabilidad ampliada del productor de envases de bebidas, aplicará esta normativa estatal en la Comunitat Valenciana a partir de la entrada en vigor de la indicada nueva normativa estatal.
En el resto de casos, cuando no represente una vulneración de una competencia estatal, será de aplicación en la Comunitat Valenciana lo que establece la presente ley en esta materia.
Hasta su puesta en funcionamiento, las competencias, atribuciones y funciones de la Agencia Valenciana de Residuos reguladas en esta ley serán ejercidas por la dirección general competente en materia de residuos.
1. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de residuos de envases ligeros y de vidrio y los sistemas integrados de gestión de todo tipo de residuos, como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, que operen en la Comunitat Valenciana, y siempre que la transposición de la Directiva europea 852/2018, de 30 de mayo, al ordenamiento jurídico español así lo recoja, deben compensar a las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana por la totalidad de los costes económicos eficientes de recogida selectiva en origen de residuos de envases ligeros y de envases de vidrio, de acuerdo con la normativa básica en la materia. Sin embargo, estos sistemas pueden establecer sistemas de compensación complementarios adicionales equivalentes o planes autonómicos complementarios de compensación.
2. A partir del momento en que sea exigible en el ordenamiento jurídico español el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Directiva 852/2018, de 30 de mayo, los convenios firmados entre la administración autonómica, los entes locales y los operadores de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor deben detallar, de forma clara y concisa, la totalidad de los referidos costes, que los debe asumir íntegramente el productor.
1. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Consell tiene que promover la puesta en funcionamiento de la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, de acuerdo con el título II, capítulo I de esta ley.
2. Transitoriamente, desde la entrada en vigor de esta ley, dicha agencia puede nutrirse de personal funcionario de carrera o interino de la Generalitat Valenciana, especialmente de los servicios competentes en materia de gestión de residuos, así como de personal laboral con tareas técnicas de la actual empresa pública Vaersa, dedicados a la gestión de residuos, sin perjuicio de los derechos laborales individuales de cada persona trabajadora.
Quedan derogadas aquellas disposiciones que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en esta ley, y en particular queda derogada la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida se deroga el punto dieciséis del artículo 9 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, relativo al fondo autonómico para la mejora de la gestión de residuos.
En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Consell tiene que aprobar mediante decreto los estatutos de la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular y ha de tomar las medidas necesarias para ponerla en funcionamiento.
1. El apartado 13 del artículo 1 del Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania, queda redactado en los siguientes términos:
13. Se modifica la disposición transitoria quinta del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, que queda redactada de la siguiente manera:
Las memorias ambientales emitidas al amparo de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, antes del 1 de enero de 2021, perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que les son propios, si no se hubiera procedido a la aprobación definitiva del plan en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente norma.
Las memorias ambientales que puedan emitirse al amparo de aquella ley a partir del 1 de enero de 2021 perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que les son propios si, una vez notificadas al promotor, no se ha aprobado definitivamente el plan en el plazo máximo de dos años.
Sin embargo, las memorias ambientales también perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que les son propios si su contenido entra en conflicto con alguna norma ambiental o territorial que pueda aprobarse durante su vigencia y no sea posible un mero ajuste».
2. El apartado 1 del artículo 10 del Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania, queda redactado en los siguientes términos:
1. Se modifica el encabezamiento y se añaden dos nuevos apartados 5 y 6 Al antiguo artículo 3 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, con la siguiente redacción:
[…]
5. Sin perjuicio de lo que se establece a todos los efectos en los apartados anteriores, el conseller o consellera competente en materia de territorio y urbanismo podrá declarar un determinado ámbito territorial o un proyecto concreto, situado en suelo no urbanizable común, como prioritario energético.
Esta declaración se realizará a propuesta de la conselleria competente en materia de energía o cambio climático, en la cual se justifique su necesidad y oportunidad por razones de emergencia energética o climática.
Cualquiera de estas declaraciones implicará la tramitación de urgencia de los proyectos de construcción de las instalaciones, la compatibilidad territorial y urbanística y la exención de la ocupación del territorio prevista en el artículo 7.7 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. Serán necesarios para su autorización los informes sectoriales ambientales y agrologicos y el informe de ordenación del territorio y paisaje favorables respecto a inundaciones, sobre riesgos naturales o inducidos en el territorio, sobre la afección a los conectores territoriales definidos en la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana y sobre paisajes de relevancia regional o unidades de paisaje a las que se les haya reconocido previamente un valor alto o muy alto.
6. Las declaraciones de ámbito territorial o proyecto prioritario energético comportan la obligación de compensación en los municipios en los términos establecidos en el artículo 38 del presente decreto Ley. Los ayuntamientos, mediante acuerdo plenario, podrán incrementar la compensación en un 50 %».
Esta ley se dicta según las competencias de la Generalitat Valenciana en materia de protección del medio ambiente, así como de las competencias en materia de protección adicional del territorio, según los artículos 50 y 61.3d del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana.
Así mismo, esta ley se dicta en virtud del desarrollo de las competencias propias en materia de residuos de acuerdo con aquello establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y su normativa básica de desarrollo.
Se faculta al Consell y a la persona consellera competente en materia de residuos para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.
2. Se faculta a la persona titular de la conselleria competente en materia de residuos para modificar los anexos I, II y III de la presente ley mediante orden.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta ley.
Valencia, 29 de noviembre de 2022.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.
1. Inversión y adquisiciones en equipaciones para el compostaje doméstico y comunitario de materia orgánica de origen doméstico o asimilable.
2. Inversión y adquisiciones en equipaciones para prevenir la generación de residuos, en particular aplicando los criterios de la economía circular.
3. Inversiones y gastos para crear y desarrollar un tejido comercial de venta de productos de segunda mano, reutilizados o reparados, así como un tejido empresarial de reparación y reutilización de productos.
4. Inversión y adquisiciones para instalaciones y equipaciones de preparación para la reutilización de residuos.
5. Inversión y gasto de funcionamiento para creación de nuevas redes de preparación para la reutilización de productos.
6. Inversión y gasto en materia de ecodiseño.
7. Inversión y adquisiciones de sistemas para incrementar las cantidades de materiales sometidos a la preparación para la reutilización y de utensilios, bolsas compostables y otros enseres para mejorar la reciclabilidad real y efectiva de los recursos que contienen los residuos.
8. Inversiones para sistemas de fomento de la reutilización a acontecimientos festivos, culturales y de concentración de población en la Comunitat Valenciana.
9. Inversiones para sistemas de fomento de las recogidas separadas a acontecimientos festivos, culturales y de concentración de población en la Comunitat Valenciana.
10. Medidas de gasto de funcionamiento e inversión para fomentar el compostaje doméstico, comunitario y el agrocompostaje.
11. Gasto por adquisición de nuevos productos reutilizables para sustituir a productos desechables.
12. Inversiones y adquisiciones en sistemas de recogida selectiva de biorresiduos de elevada eficiencia, como el sistema de recogida puerta a puerta o con contenedores cerrados o informatizados.
13. Inversión y adquisiciones en sistemas de contenedores de poner y quitar sobre camión.
14. Inversión y adquisiciones en nuevas plantas de compostaje de biorresiduos.
15. Inversión y adquisiciones en mejora de instalaciones de tratamiento de residuos mezclados.
16. Inversión en obras y adquisiciones para transformación de plantas actuales de residuos mezclados a nuevas plantas de clasificación de materiales selectivos procedentes de la recogida separada en origen.
17. Inversiones de mejora de la gestión del lixiviados en vertederos.
18. Gasto económico anual de medidas compensatorias por la disposición de vertederos de desechos de residuos en los municipios de la Comunitat Valenciana.
19. Inversiones y adquisiciones en nueva maquinaria para tratamiento de residuos de construcción y demolición.
20. Inversiones y adquisiciones en nuevas equipaciones para garantizar el reciclaje de colchones, o muebles y enseres.
21. Gasto en incentivos económicos para el fomento de la reducción de residuos.
22. Gasto en incentivos económicos para el fomento de las recogidas separadas en origen.
23. Gasto en campañas de información y concienciación en relación a los residuos y la economía circular.
24. Gasto en digitalización de procesos para garantizar los objetivos de la normativa de residuos y economía circular relacionada.
25. Gasto en formación y educación ambiental en materia de residuos y economía circular.
26. Gasto en investigación en materia de nuevos procesos industriales para obtener nuevos productos de alto valor añadido de entre los residuos, con técnicas diferentes de la R01 y del depósito en vertedero.
27. Gasto para incentivar los acuerdos voluntarios entre administraciones y sector privado para mejorar la reciclabilidad real efectiva de determinados productos no sometidos por obligación legal a una responsabilidad ampliada del productor.
28. Acuerdos económicos de gasto con sectores económicos estratégicos de la Comunitat Valenciana, como el sector primario o el sector de la hostelería y restauración, entre otros, para fomentar la reducción en la generación de residuos y la reutilización de productos.
29. Medidas de gasto e inversión destinadas a la reducción del despilfarro alimentario.
30. Medidas para fomentar la venta de productos a granel.
31. Inversiones en materia de descontaminación de suelos.
32. Inversiones en materia de sellado y acondicionamiento de antiguos espacios degradados por la gestión de residuos.
33. Gasto de mantenimiento postclausura de las obras de sellado y acondicionamiento de antiguos espacios degradados por la gestión de residuos.
34. Inversiones en la implantación de energías renovables a las instalaciones de prevención, preparación para la reutilización y gestión de residuos.
35. Inversiones y gastos para incentivar la simbiosis industrial que genere reducción en la generación de residuos, tanto dentro de los residuos domésticos como de los residuos industriales.
36. Otras inversiones y gastos que contribuyan a los objetivos de la normativa de gestión de residuos y economía circular de los recursos que contienen los residuos de entre los permisos por la normativa autonómica en la materia.
Sistema de incentivo económico autonómico obligatorio SDR, o bien sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas desechables de acuerdo con la normativa básica estatal, como medida adicional y complementaria y como contribución de la Comunitat Valenciana para el cumplimiento de los objetivos estatales en materia de recogida separada de envases de botellas de bebidas plástico y otros envases desechables.
1. Objeto.
Este anexo tiene por finalidad la regulación de los sistemas de devolución y retorno con incentivo económico (SDR) obligatorios en la Comunitat Valenciana de acuerdo con el artículo 43 de esta ley.
Así mismo, también regula las especificaciones aplicables al caso de la Comunitat Valenciana en caso de que se estableciera la implantación a escala estatal de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases de plástico de bebidas desechables, de acuerdo con las previsiones de la ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en línea con el artículo 43.10 de esta ley.
Los sistemas indicados anteriormente, serán para envases susceptibles de abandono que se comercialicen en el territorio de la Comunitat Valenciana, empezando por las botellas de plástico de bebidas junto con sus tapones y tapas a las que se refiere la presente ley, en las condiciones de implantación establecidas en ella, y que pueden ampliarse voluntariamente a envases de otros productos igualmente susceptibles de abandono, cuando respecto a estos últimos la conselleria competente en materia de residuos o la normativa básica estatal acredite objetivamente su abandono.
2. El sistema obligatorio de incentivo económico SDR o bien de depósito, voluntario autonómico u obligatorio de acuerdo con la normativa básica estatal en materia de residuos, debe aplicarse a los envases de los productos afectados que se comercialicen en el territorio de la Comunitat Valenciana, independientemente de que se comercialicen en la industria, comercio, administración, negocios, sector de servicios, hostelería, o en cualquier otro lugar.
3. El sistema de incentivo económico SDR autonómico o bien el sistema de depósito conforme a la normativa básica estatal en materia de residuos, de acuerdo con las previsiones anteriores, que se implante, debe garantizar la devolución de las cantidades depositadas o bien el incentivo económico, así como el retorno del envase para su tratamiento, en aplicación de la responsabilidad ampliada del productor del envase y con el fin de promover la prevención y mejorar la reutilización, el reciclaje de alta calidad y la valorización material de los residuos de envases.
2. Obligados por el sistema.
a) A los envasadores y a los agentes económicos de fuera de la Comunitat Valenciana que hagan la primera puesta en el mercado valenciano de los productos envasados a que se refiere esta ley, les son aplicables las mismas obligaciones y exenciones previstas en esta ley para el resto de productores.
b) Las obligaciones inherentes al sistema que con esta ley se implanta, se imponen a todos aquellos agentes que comercialicen en el territorio de la Comunitat Valenciana productos cuyos envases sean susceptibles de abandono de entre las botellas de plástico con una capacidad inferior a tres litros junto con sus tapas y tapones, entendiéndose por tales envasadores, importadores, distribuidores mayoristas, responsables de la primera puesta en el mercado cuando no sea posible identificar a los anteriores, intermediarios, distribuidores minoristas, comerciantes, establecimientos de hostelería, y cualquier otro agente que haga la primera puesta en el territorio de la Comunitat Valenciana.
c) Los agentes obligados conforme al apartado b anterior, quedan exentos de las aportaciones económicas a los actuales sistemas de gestión autorizados o sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor en el caso de optar por el sistema de depósito, devolución y retorno previsto en esta ley para envases desechables, de acuerdo con la normativa básica estatal, por lo cual se encuentran exentos de contribuir al coste del punto verde que determinen los sistemas de gestión autorizados, a fin de evitar una doble imposición. Con todo, será necesario que abonen al sistema de gestión del nuevo modelo de gestión los costes proporcionales de este.
d) Los agentes obligados conforme al apartado b anterior, deben realizar las aportaciones económicas a los actuales sistemas de gestión autorizados o sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor en el supuesto de que decidan cumplir su obligación a través del sistema colectivo para la implantación del sistema de incentivo económico SDR. Adicionalmente al anterior, se pueden establecer sistemas de incentivo individuales, para residuos de envases en circuito cerrado o marcas registradas cuyo retorno y/o incentivo pueda realizarse de manera clara e indudable.
3. Gestión del sistema.
a) En el caso del sistema de depósito de envases desechables según las previsiones de esta ley y de la normativa básica estatal, la gestión del sistema corresponde a uno o varios gestores autorizados a este efecto por la conselleria competente en materia de residuos. El gestor o gestores autorizados son responsables, entre otros, de liquidar los depósitos, de cobrar a los agentes económicos las aportaciones por la administración del sistema de depósito; de compensar a los agentes económicos que intervienen como punto de devolución de envases; de recoger los envases de bebidas devueltos desde los puntos de devolución de envases registrados en el sistema; de dar publicidad al sistema a las personas consumidoras y de informar a la conselleria competente en materia de residuos sobre los resultados anuales de reciclaje o reutilización. Todo ello, sin menoscabo de la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno individuales, con canales claros y trazables de devolución y retorno del material.
b) En el caso del sistema de incentivo económico SDR, la gestión del sistema la puede realizar el mismo establecimiento comercial, o bien a través de un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor o sistema integrado de gestión, operador autorizado en la Comunitat Valenciana. El operador autorizado es responsable, entre otros, de liquidar los incentivos, de cobrar a los agentes económicos las aportaciones por la administración del sistema de incentivo; de compensar a los agentes económicos que intervienen como punto de devolución de envases; de recoger los envases de bebidas devueltos desde los puntos de devolución de envases registrados en el sistema; de dar publicidad al sistema a las personas consumidoras y de informar a la conselleria competente en materia de residuos sobre los resultados anuales de reciclaje. Todo ello, sin menoscabo de la implantación de sistemas de incentivo económico individuales, con canales claros y trazables de devolución y retorno del material.
c) El gestor autorizado del sistema, tanto de incentivo económico como de depósito según las previsiones de esta ley y de la normativa básica estatal, en su caso, debe elaborar una guía de prácticas correctas de higiene (GPCH) que contemple las condiciones higiénicas y sanitarias de las zonas de recepción y almacenamiento de los envases devueltos, aplicando la metodología de análisis de peligros y puntos de control críticos APPCC, la cual debe estar convalidada por la conselleria con competencias en materia de seguridad alimentaria.
d) Los productores obligados por el sistema deben pagar al gestor autorizado del sistema la aportación económica por el servicio e informarle de manera detallada, a través de una declaración mínima trimestral de envases, de aquellos introducidos en la Comunitat Valenciana. O en todo caso, lo que especifique la normativa básica estatal en el supuesto de que se establezca como obligatorio un SDDR.
4. Obligaciones del sistema, adicionales a las establecidas en el artículo 43 de esta ley, para los sistemas de incentivo económico SDR o depósito y devolución de envases SDDR.
a) Los establecimientos afectados que realicen ventas a las personas consumidoras finales, están obligados a informarlas de manera clara y visible sobre el incentivo, sobre la posibilidad de devolver los envases y recuperar el incentivo, mediante avisos claramente identificables y legibles.
El sistema no puede suponer un etiquetado específico que no sea voluntario por la marca u obligado de acuerdo con esta ley.
b) La devolución y recepción de los envases debe ser mecánica. Los incentivos no se deben reembolsar sin la devolución del envase.
c) Se supedita la recepción de envases al cumplimiento de determinadas condiciones de conservación y limpieza que debe fijar el gestor del sistema y que, en todo caso, deben contemplar que el envase tiene que estar vacío y con código de barras visible y legible, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias que exige la ley.
El gestor debe informar y dar una amplia difusión a todas las personas consumidoras en los puntos de venta tanto de estas condiciones como del importe de cada depósito.
d) La obligación de aceptar envases en los puntos de venta afecta a los comercios y establecimientos adheridos al sistema atendiendo exclusivamente a aquellos envases de los mismos materiales que comercialicen.
En el caso de pequeños comercios, la obligación de aceptar envases se puede limitar a envases del tamaño y material que comercialicen. Quedan exentos de la obligación de aceptar envases los bares, restaurantes, cafeterías y quioscos, salvo que el empresario de la hostelería voluntariamente los acepte. Igualmente, quedan exentos los establecimientos mixtos del pequeño comercio, de venta de bebidas y otros productos de alimentos perecederos, salvo que el empresario voluntariamente los acepte.
En el caso de establecimientos inferiores a 200 metros cuadrados de superficie que acrediten no poder adherirse a la sistemática de recogida establecida en los párrafos anteriores, no será necesaria en ningún caso la recepción de envases.
En cualquier caso, la obligación de los establecimientos comerciales, con este sistema podrá suplirse con una recepción con equipos automáticos, preferentemente autónomos energéticamente, situados en la vía pública, del tipo contenedor amarillo informatizado o similar.
Los obligados a la aceptación de envases, establecerán por convenio de manera adicional a lo indicado en el párrafo anterior, con las entidades locales y otras administraciones públicas y sus entidades dependi