Categoría: Administración

e de la ejecución, se informará de este extremo en la solicitud.
3. Los contratistas y, en su caso, subcontratistas, quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a la Administración. En este sentido, la entidad beneficiaria será responsable de que en la ejecución de la actuación subvencionada contratada se respeten los límites establecidos en esta orden en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas y, en su caso, subcontratistas, estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
4. En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con las personas y entidades a que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No se autorizará la contratación con personas o entidades vinculadas previstas en el artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. En caso de subcontratar parte o toda la actuación objeto de la subvención, la entidad beneficiaria deberá prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH), debiéndose incluir estos condicionantes de cumplimiento del principio DNSH en todos los instrumentos jurídicos a través de los cuales se formalicen los compromisos financieros resultantes de esta orden.
6. La entidad beneficiaria deberá en todo caso informar sobre los contratistas y subcontratistas al órgano concedente de la subvención y, en su caso, los contratistas o subcontratistas a lo largo de la ejecución del proyecto deberán firmar digitalmente los anexos correspondientes.
7. En el caso de agrupaciones, los miembros que las componen no podrán contratar al resto de integrantes para ejecutar las actividades asignadas a cada una de ellas en el acuerdo de agrupación.
1. Conforme al artículo 7, regla séptima, de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y al artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación de los proyectos estará vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y para ello la entidad beneficiaria tendrá que aportar la medición de los indicadores que se concretan en este artículo.
2. Los indicadores de seguimiento a reportar serán los definidos en el anexo III de esta orden, en relación con la implantación del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia y el PERTE digitalización del ciclo del agua.
1. Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente o designado para tal fin.
Igualmente, deberán garantizar el mantenimiento y operación de la actuación subvencionada y el envío al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de un resumen de la información obtenida con la implantación de las soluciones de digitalización desde la puesta en marcha de las actuaciones hasta al menos cinco años después de la finalización del proyecto, de forma complementaria a los requisitos de remisión de información que se establezcan en la normativa sobre dominio público hidráulico indicada en el artículo 4 y en la que se desarrolle conforme a la línea de actuación de mejora de la gobernanza del PERTE de digitalización del ciclo del agua.
En el caso de las entidades beneficiarias descritas en el artículo 6.1.f) de esta orden, cada uno de los miembros que integre la agrupación de solicitantes estará obligado a cumplir los requisitos de justificación descritos en el presente artículo respecto de las actividades realizadas en nombre y por cuenta de la agrupación, según impone el artículo 30.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta documentación formará parte de la justificación que deba presentar la agrupación de solicitantes.
2. La justificación documental de la realización de las actuaciones se efectuará mediante la aportación de una memoria técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda y una memoria económica justificativa del coste de las actuaciones efectuadas, así como la información que se especifique en la convocatoria. Ello sin perjuicio de que dicha comprobación tenga carácter provisional, a cuenta de la liquidación final del proyecto, en tanto no se justifique totalmente la actividad.
Los informes descritos en el párrafo anterior serán realizados y suscritos por un técnico titulado competente enmarcado en la dirección de la ejecución de las actuaciones. Se deberá integrar en ellos información acerca del grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para el seguimiento de la subvención, incluyendo el contenido especificado en el anexo I de esta orden como documentos de prueba. Del mismo modo, se deberá informar acerca del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos. Asimismo, resaltará todas las desviaciones existentes, si las hubiera, con respecto a la resolución de concesión de la subvención.
En todos los casos, la entidad beneficiaria deberá justificar el 100 % del gasto del proyecto, independientemente de la cuantía de la ayuda concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
3. La presentación de la documentación justificativa descrita en el apartado anterior deberá efectuarse en el plazo de tres (3) meses desde la finalización de la ejecución del proyecto. En este sentido, se considerará como fecha de finalización del proyecto la correspondiente a la finalización de la ejecución de todas las actuaciones integradas en el proyecto, con el límite temporal máximo establecido en el artículo 19.5 de esta orden.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podrá conceder una prórroga de un (1) mes, la cual deberá ser solicitada por escrito y debidamente justificada por la entidad beneficiaria. Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241, se recabarán datos sobre el perceptor final de los fondos en una base de datos única, a efectos de auditoría y control del uso de los fondos.
4. La convocatoria podrá establecer un formulario preestablecido para la elaboración de la memoria técnica descrita en el apartado 2 de este artículo.
5. Por su parte, la memoria económica justificativa descrita en el apartado 2 de este artículo deberá adoptar la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, conforme a lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
La justificación de las actuaciones subvencionadas incluirá la siguiente documentación:
a) Presentación de una memoria económica abreviada que contendrá los aspectos siguientes:
1.º Autoliquidación económica, consistente en un listado pormenorizado de todos los documentos probatorios del gasto ejecutado.
2.º Listado de los gastos incurridos en la realización de las actuaciones subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas con carácter previo a la realización de las actuaciones subvencionadas, y las desviaciones acaecidas tras su realización.
3.º En el supuesto descrito en el artículo 15.14 de esta orden, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado la entidad beneficiaria.
4.º En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
5.º Declaración responsable de coste total subvencionable firmada digitalmente por el representante legal.
6.º Declaración responsable firmada digitalmente por el representante legal, con una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad beneficiaria de la ayuda con indicación del importe y su procedencia.
7.º Cualquier otra documentación exigida en la convocatoria.
En el caso de la autoliquidación deberá presentarse firmada digitalmente y sellada tanto por el auditor como por el representante legal.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podrá publicar en su página web los modelos que deberán emplear las entidades beneficiarias en relación con el contenido de la memoria económica abreviada descrito en el presente epígrafe, los cuales serán de obligado cumplimiento.
b) Un informe de auditor sobre la adecuada contabilización y correcta expedición de los justificantes de los pagos efectuados con los fondos de esta ayuda y de los ingresos generados por el programa, en su caso, y el destino dado a los mismos, según las normas de estas bases y la contabilidad de la entidad.
El alcance del informe será aquel que permita al auditor obtener evidencia suficiente para poder emitir opinión sobre la ejecución de los gastos del proyecto y deberá regirse por lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Será obligación de la entidad beneficiaria la de designar al auditor que redactará el informe regulado en este apartado.
La entidad beneficiaria estará obligada a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1.f) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la Ley.
c) Además, se incluirá lo recogido en las Órdenes ministeriales HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y cuanta documentación e información que se derive de los mecanismos de verificación contenidos en el anexo I del OA (Operational Arrangements between the Commission and Spain pursuant to Regulation (EU) 2021/241), al ser necesaria para certificar el cumplimiento de los Hitos/Objetivos CID conforme con el anexo III de esta orden y el cumplimiento de las obligaciones de comunicación y publicidad, así como cualquier otra documentación exigida en la convocatoria.
A los anteriores efectos, la entidad beneficiaria deberá cumplir todas las instrucciones detalladas en las guías publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con la justificación de la ayuda otorgada.
6. Toda la documentación justificativa será revisada durante el proceso de evaluación final para poder certificar los costes incurridos. En aquellos casos en los que sea necesario, se podrá completar la auditoría técnica mediante controles puntuales y verificaciones in situ si así lo considera el órgano concedente.
La finalización de la verificación de la información justificativa no constituye en ningún caso la aceptación de cualquier desviación existente con respecto a lo establecido en la resolución de concesión de la subvención.
7. La justificación documental de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda se realizará telemáticamente por la entidad beneficiaria a través de las herramientas que se establezcan por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En todo caso, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico podrán proceder a la revisión de la veracidad de los documentos escaneados, mediante su cotejo con los originales. En caso de que la entidad beneficiaria no facilitase la exhibición de los documentos originales solicitados en un plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente al que se le hubiera requerido, se considerará tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada. En este sentido, procederá, en su caso, el reintegro de la ayuda en los términos establecidos en los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8. El órgano encargado del seguimiento de las actuaciones subvencionadas podrá requerir de la entidad beneficiaria la aportación de cualquier documentación justificativa adicional a la expuesta, con independencia de la modalidad que adopte la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando la entidad beneficiaria obligada a su entrega en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la recepción de la comunicación. Asimismo, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podrá comprobar el valor de mercado de los gastos objeto de la ayuda.
Todo ello sin perjuicio de las facultades de comprobación que las normas vigentes atribuyen a la Intervención General del Estado, al Tribunal de Cuentas o a otros órganos; y, en particular, del control financiero previsto en artículos 141 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
9. La no justificación en plazo por parte de la entidad beneficiaria de la ayuda supondrá su reintegro o la pérdida del derecho a su cobro y la exigencia a la entidad beneficiaria de las responsabilidades establecidas en la normativa aplicable.
1. Las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán someterse a cualquier actuación de comprobación y control financiero que pueda realizar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico u otro órgano que designe, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Intervención General de la Administración del Estado tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones y competencias que le atribuye la normativa europea a la autoridad de control del Instrumento Europeo de Recuperación.
3. En particular, corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado las actuaciones derivadas del diseño y ejercicio de control de los fondos que se exijan por la normativa europea, asumiendo la coordinación de los controles asignados a cualquier otro órgano de control estatal, autonómico o local, así como el ejercicio de las relaciones con las Instituciones Comunitarias y Nacionales para asegurar un sistema de control eficaz y eficiente.
4. La Intervención General de la Administración del Estado, para el ejercicio de estas funciones adicionales a sus funciones como Autoridad de auditoría en materia de fondos estructurales, tendrá libertad de acceso a los sistemas de información de las entidades públicas estatales que participen en la gestión de fondos europeos para garantizar la evaluación continuada de las operaciones, así como a cualquier otro registro en el que se reflejen actuaciones de ejecución de fondos europeos. Cualquier entidad quedará obligada a facilitar la información que en el ejercicio de estas funciones le sea solicitada.
5. Por su parte, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, en el ejercicio de sus funciones para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude, la corrupción o cualquier otra actividad ilegal, promoverá las labores de prevención, detección e investigación del fraude que sean precisas, manteniendo a estos efectos las relaciones necesarias con los órganos de gestión y control.
6. A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del citado reglamento podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Blanco, creado por la Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales. También, será posible la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
7. Todos los procesos derivados de esta orden estarán sujetos al plan de medidas antifraude, de prevención de conflicto de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de estado y sus procedimientos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobado el 22 de febrero de 2022, en relación con la prevención de conflicto de intereses, la ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de Estado.
8. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Intervención General de la Administración del Estado o cualquier organismo fiscalizador, nacional o comunitario, podrán solicitar a la entidad beneficiaria en cualquier momento, durante el plazo previsto en el artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión), según se indica en el artículo 22.2.f del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al menos durante cinco años a partir del último pago efectuado por la Unión Europea, y de cinco años de la fecha de conclusión del plazo de justificación establecido en el artículo 22.3, la exhibición de cualquiera de los documentos originales que hayan servido para el otorgamiento de la ayuda, o para justificar la realización de las actuaciones (incluyendo facturas y justificantes de pago de las mismas). En aquellos casos en los que sea necesario, se podrá completar la auditoría técnica mediante controles puntuales y verificaciones in situ si así lo considera el órgano de control.
1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las ayudas, de cualquiera de las obligaciones y requisitos establecidos en esta orden, así como la concurrencia de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, serán causas suficientes para determinar el reintegro de la ayuda y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que la entidad beneficiaria ingrese el reintegro si es anterior a ésta; o la pérdida del derecho al cobro, conforme al procedimiento establecido en dicha ley.
2. Igualmente, el incumplimiento injustificado por parte de la entidad beneficiaria de las obligaciones periódicas de justificación de la subvención en los términos y condiciones previstos en el artículo 22 de esta orden, así como el incumplimiento injustificado de las obligaciones que, en su caso, prevea la convocatoria en relación con la acreditación del cumplimiento de la obligación de mantenimiento de las actuaciones, definida en el artículo 5.2 de esta orden, supondrán la pérdida del derecho a su percepción o el reintegro de la misma.
3. El incumplimiento de las condiciones asociadas al respeto del principio DNSH y la metodología de seguimiento definida en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020 supondrá la pérdida del derecho a la subvención o el reintegro de esta.
4. También supondrá la pérdida del derecho a la subvención o el reintegro de esta, el incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones previstas en el artículo 28 de esta orden, en materia de información, comunicación, visibilidad y publicidad, conforme a los porcentajes previstos en el apartado 8 de este artículo.
5. De acuerdo con el artículo 7 regla séptima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, podrá ser causa de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y reintegro de esta, el incumplimiento de los hitos u objetivos establecidos en la convocatoria. En particular, podrá ser causa de reintegro cuando el incumplimiento de los hitos u objetivos impida el retorno de fondos europeos al Tesoro en el supuesto que no se pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos globales comprometidos para el componente 5 del PRTR.
6. La falta de ejecución en plazo de alguna de las actuaciones comprometidas dará lugar a la reducción del importe de la ayuda otorgada asignado a las actuaciones no finalizadas. Se entenderá que una actuación o grupo de actuaciones están completamente terminadas cuando hayan sido puestas en servicio en los plazos estipulados, estén cumpliendo la función para la que originalmente fueron planificadas y den cumplimiento a los indicadores concretados en la resolución de concesión de la ayuda.
En el caso de que la actuación que no se hubiera finalizado en plazo tuviese su fundamento en la solución C1 definida en el anexo I de esta orden como obligatoria, la entidad beneficiaria incumplidora deberá reintegrar la totalidad de la ayuda recibida.
7. Podrá dar lugar, asimismo, a la pérdida del derecho al cobro o el reintegro de la ayuda, el informe desfavorable de fiscalización, de cualquiera de las administraciones facultadas para realizarlo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de esta orden, que concluya con la necesidad de devolución de la ayuda concedida, basado en cualquier incumplimiento de las normativas de aplicación.
8. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1.f).6.ª y 7.ª de esta orden, el abandono de la agrupación por alguna de las entidades beneficiarias que la integren durante el plazo de ejecución de las actuaciones integrantes del proyecto, o durante el plazo en que estén vigentes los compromisos asumidos por la agrupación que se deriven de la normativa nacional y comunitaria, conllevará la pérdida de la totalidad del derecho al cobro o el reintegro de la totalidad de la ayuda concedida para todos y cada uno de los miembros.
9. El reintegro o la pérdida del derecho a cobro se establecerá, de acuerdo con la siguiente graduación:
a) Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: porcentaje fijo del 100 % de la ayuda otorgada.
b) Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: porcentaje fijo del 100 % de la ayuda otorgada.
c) Incumplimiento de las obligaciones de justificación de las actuaciones implementadas o de su mantenimiento durante el plazo establecido en el artículo 5.2 de esta orden: porcentaje fijo del 100% de la ayuda otorgada.
d) No implementación de las soluciones obligatorias de digitalización integradas en el proyecto: porcentaje fijo del 100 % de la ayuda otorgada.
e) Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: porcentaje fijo del 25% de la ayuda otorgada por cada objetivo no cumplido.
En el caso de incumplimientos de las condiciones económicas, no se aceptará el 100 % de aquellos gastos que no cumplan los aspectos reflejados en el artículo 15 relativo a gastos subvencionables, así como los especificados para cada una de las convocatorias a este respecto.
f) Incumplimiento de las obligaciones en materia de información, comunicación, visibilidad y publicidad establecidas en las bases reguladoras, así como las especificadas a este respecto para cada una de las convocatorias: porcentaje fijo del 50 % de la ayuda otorgada.
g) Incumplimiento de condiciones técnicas: hasta el 100 % del gasto concreto presentado para su ejecución en caso de realización de modificaciones no autorizadas en las actividades del proyecto.
h) Incumplimiento relativo a la falta de consecución de alguno de los resultados o productos de la actividad, o calidad inferior a la esperada en los mismos, sin la justificación adecuada del esfuerzo realizado para su consecución: un porcentaje fijo del 25 % de la ayuda otorgada por incumplimiento en la consecución de cada resultado o producto previsto y aprobado inicialmente.
i) Incumplimiento relativo a la falta de solicitud a un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, en los términos y con las excepciones establecidas en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: Un porcentaje fijo del 20 % de la ayuda otorgada.
10. En caso de concurrencia de motivos de reducción de la misma naturaleza se acumularán respetando el principio de proporcionalidad y serán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de recibir la entidad beneficiaria. En caso de concurrencia de varios incumplimientos de distinta naturaleza se aplicará un único motivo para determinar la cantidad a percibir o reintegrar, en su caso, que resultará ser el de mayor importe. Por lo tanto, en el caso en que las causas no sean de la misma naturaleza, no se consideran acumulativas.
No obstante lo anterior, en los siguientes casos la minoración será siempre acumulativa al resto de causas detalladas en los puntos anteriores:
a) No facilitar las funciones de seguimiento o control del proyecto: hasta un máximo de 10 % de la ayuda concedida.
b) No enviar en tiempo y forma la documentación justificativa: hasta un máximo de 5 % de la ayuda concedida.
11. Será de aplicación el procedimiento de reintegro previsto en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título III de su Reglamento de desarrollo.
12. La competencia para instar el procedimiento de reintegro corresponde al órgano instructor.
1. El solicitante podrá desistir de su solicitud mediante comunicación expresa remitida al órgano instructor.
2. La entidad beneficiaria podrá renunciar a la ayuda propuesta o concedida siempre que esta sea motivada y válida y no existan terceros que pudieran verse afectados, ni se perjudique el interés público.
3. La convocatoria podrá establecer sendos modelos de comunicación para la presentación por el solicitante del desistimiento de su solicitud y por la entidad beneficiaria de la renuncia a la ayuda propuesta u otorgada.
4. En cualquier caso, la entidad beneficiaria podrá devolver voluntariamente la ayuda sin que medie requerimiento alguno por parte del órgano concedente, quien podrá reclamar cuando proceda los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
A los efectos de lo previsto en esta orden, y en todo lo relacionado con el programa de ayudas regulado en esta norma, será de aplicación el régimen regulador de las infracciones y sanciones previsto en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo.
Las notificaciones se efectuarán conforme a lo previsto en estas bases reguladoras, y a la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las notificaciones a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico serán válidas, según se prevé en el artículo 43 de dicha ley.
1. Toda la información técnica y el material audiovisual derivado de los proyectos financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico podrán ser empleados por dicho Ministerio para la elaboración de indicadores que permitan el adecuado seguimiento y consecución de hitos previstos y la posterior difusión de dicho seguimiento a través de sus canales (portal web, redes sociales y otros) al objeto de garantizar su difusión, general conocimiento y puesta en valor, respetando en todo caso la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2. Asimismo, las entidades beneficiarias deben cumplir con las obligaciones en materia de información, comunicación y publicidad contempladas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241, relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sobre la financiación de la Unión Europea de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a su gestión por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en los términos previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 31 de su Reglamento. En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:
a) El emblema de la Unión.
b) Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU».
c) Se usará también el logo del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
d) Se tendrán en cuenta las normas gráficas del emblema de la Unión y los colores normalizados.
3. Las entidades beneficiarias deberán dar publicidad a las ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, respecto a las obligaciones de publicidad.
4. La aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2013/1303 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos de la Unión Europea.
5. Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas y a través del portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
6. En el caso de los resultados generados por la actividad investigadora de los proyectos financiados, los resultados publicados en publicaciones de investigación seriadas o periódicas deberán hacerse públicos en repositorios de acceso abierto en los términos y condiciones previstos en el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Respecto de la utilización y el tratamiento de los datos de carácter personal se aplicará la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
En este sentido, el formulario de presentación de la solicitud descrito en el artículo 10.5 exigirá al solicitante la aceptación expresa de la cesión entre las administraciones públicas implicadas de los datos personales de titularidad del solicitante que se recaben durante la tramitación del procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta orden.
Mediante esta orden se aprueba la primera convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para proyectos de digitalización de comunidades de usuarios de agua para el regadío que cumplan los requisitos descritos en las bases reguladoras y en la presente convocatoria.
La convocatoria se enmarca en la Inversión 3 (C5.I3) de la Componente 5 «Preservación del litoral y recursos hídricos».
La convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas en esta orden y por lo establecido en este título.
La financiación y pago de las ayudas se hará con cargo al Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FCPJ) regulado por el Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, a partir de la financiación prevista en la Inversión 3 (C5.I3) de la Componente 5 del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia. En todo caso, será el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el órgano responsable en la gestión, el seguimiento de los hitos y objetivos, la rendición de cuentas en relación con su cumplimiento y la información a proporcionar al sistema de gestión, así como el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos que derivan de la normativa aplicable asumiendo y siguiendo el régimen jurídico que les resulta de aplicación con carácter general a los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 13.6 del Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto.
1. Cuantía total. La cuantía total máxima de las ayudas a conceder en el marco de la presente convocatoria será de 100.000.000 de euros.
2. Cuantía máxima y mínima de la subvención. Se establece una ayuda máxima por proyecto de 2.000.000 euros, y una ayuda mínima por proyecto de 100.000 euros, con los límites establecidos en el anexo I de esta orden para cada componente del Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío.
3. En el supuesto de que el proyecto sea presentado por una Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas o por una agrupación en la que una o más de las entidades beneficiarias integrantes sea una Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas, se establece una ayuda máxima por proyecto de 4.000.000 de euros, y una ayuda mínima por proyecto de 100.000 euros, con los límites establecidos en el anexo I de esta orden para cada componente del Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío.
4. Intensidad máxima de la ayuda respecto de los gastos elegibles subvencionables: 100 %.
5. Reserva. De la cuantía total máxima a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, se reservan 60.000.000 de euros para la subvención de los siguientes proyectos:
a) 25.000.000 de euros para solicitudes presentadas, individualmente o mediante una agrupación, por comunidades de usuarios que se abastezcan de masas de aguas subterráneas declaradas formalmente en riesgo de incumplir los objetivos medioambientales.
b) 25.000.000 de euros para solicitudes presentadas, individualmente o mediante una agrupación, por comunidades de usuarios que se abastezcan de masas de aguas subterráneas que no alcanzan el buen estado.
c) 10.000.000 de euros para solicitudes presentadas, individualmente o mediante una agrupación, por comunidades de usuarios que se abastezcan de masas de aguas superficiales que no alcanzan el buen estado.
El crédito reservado que no se agote se acumulará a la línea de crédito general.
Si el crédito reservado no fuera suficiente para financiar dichos proyectos, podrá completarse la financiación con cargo a la línea general del crédito disponible.
6. Límites. El órgano concedente se reserva el derecho de otorgar una subvención inferior a la cantidad pedida por el solicitante.
En caso de reformulación de proyectos para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.5 de esta orden, podrá concederse una ayuda inferior a 100.000 euros conforme a la reformulación realizada.
7. En el momento en el que se libere el crédito disponible de la siguiente convocatoria, éste será destinado en su totalidad a dicha convocatoria, en los términos y con el alcance previsto en el segundo párrafo del artículo 8.2 de esta orden. A estos efectos, el órgano concedente dictará una resolución en la que se identificarán aquellas entidades beneficiarias que cumplen las condiciones definidas en el segundo párrafo del citado precepto.
1. Según lo previsto en el artículo 6.2 de esta orden, serán objeto de financiación aquellos proyectos de digitalización del regadío que incluya en cualquier caso la solución C1 definida como obligatoria en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío definidas en el anexo I.
En el caso de que un proyecto no integre esta solución, el solicitante deberá justificar según lo dispuesto en el anexo I como mecanismo de verificación que dicha solución ya está implementada en la entidad beneficiaria solicitante de la ayuda o, en su caso, en cada una de las entidades beneficiarias que sea miembro de la agrupación solicitante de la ayuda.
Adicionalmente, el proyecto podrá integrar las componentes del Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío definidas en el anexo I como opcionales.
2. Las actuaciones financiables se agrupan en las siguientes soluciones, que conforman el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío:
a) Solución Digital A: Creación de una aplicación para la tramitación electrónica y de un portal web.
b) Solución Digital B: Creación de inventarios y servicios web de sistemas de información geográfica e identificación catastral del parcelario agrícola y red de riego.
c) Solución Digital C: Mejoras tecnológicas y digitalización de los sistemas de control del volumen de agua realmente utilizado.
d) Solución Digital D: Monitorización del contenido de agua en el suelo para optimización del riego.
e) Solución Digital E: Monitorización de la calidad y volumen de agua en los retornos de regadío a cauces superficiales.
f) Solución Digital F: Monitorización de los lixiviados a las aguas subterráneas.
g) Solución Digital G: Apoyo al telecontrol, monitorización, fertirrigación y mejora de la eficiencia energética.
La definición completa de las soluciones, los importes de la subvención asociadas a las mismas y sus requisitos se encuentran establecidos en el anexo I.
3. En cumplimiento de lo exigido por el artículo 5.2 de esta orden, la entidad beneficiaria, tendrá la obligación de mantener las actuaciones objeto de la subvención durante al menos los cinco (5) años siguientes a la finalización del proyecto.
1. El pago de las ayudas se realizará a la entidad beneficiaria o, en su caso, a cada miembro de la agrupación una vez justificada y comprobada la correcta ejecución de las actuaciones integradas en el proyecto, de conformidad con lo exigido en el artículo 22 de esta orden.
A tal efecto, el órgano responsable del seguimiento de las actuaciones subvencionadas, tras la comprobación de la adecuada justificación presentada por la entidad beneficiaria, elevará la propuesta de pago correspondiente al órgano concedente, que efectuará el abono a la entidad beneficiaria de la subvención otorgada.
2. A fin de facilitar la realización de las actuaciones subvencionadas, se podrán realizar pagos anticipados en función de las disponibilidades presupuestarias, en los términos y condiciones previstas en el presente apartado.
a) Las entidades beneficiarias podrán disponer anualmente de pagos anticipados de hasta el 80 % del importe anual de la ayuda concedida.
b) Los anticipos deberán destinarse exclusivamente a cubrir los gastos subvencionables de las actuaciones objeto de subvención y justificarse durante la fase de justificación en los términos y condiciones previstas en esta orden.
c) En caso de tramitarse pago de anticipos o del saldo de la justificación final, las entidades beneficiarias deberán presentar los correspondientes certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, emitidos por los organismos recaudadores correspondientes a efectos de recibir una subvención de las Administraciones Públicas y que no cuenten con más de seis (6) meses de antigüedad desde su fecha de expedición.
d) Las entidades beneficiarias de los anticipos deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado. Corresponderá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable de la entidad beneficiaria o certificación del órgano competente si éste fuere una administración pública.
e) Para que el pago del anticipo correspondiente a una anualidad se haga efectivo, la entidad beneficiaria deberá certificar que al menos el 60 % del importe del coste subvencionable de las actuaciones correspondientes a la anualidad anterior ha sido ya ejecutado o comprometido. El requisito anterior no será aplicable al pago del anticipo correspondiente a la primera anualidad.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicará en su página web el modelo de certificado y los plazos de presentación del mismo, los cuales serán de obligado cumplimiento por parte de las entidades beneficiarias.
f) El retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales por parte de la entidad beneficiaria se penalizará aplicando una reducción del 5 % en el importe del pago anticipado correspondiente por cada mes de retraso o fracción con respecto a la fecha de pago prevista, siendo la subvención concedida reducida en una cuantía equivalente al importe detraído de este pago anticipado.
3. El importe correspondiente al pago de la ayuda concedida que no se haya satisfecho como anticipo conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, será abonado de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del presente artículo una vez se verifique la ejecución de las actuaciones y se certifiquen los costes incurridos, en aplicación de lo previsto en el capítulo VIII del título I.
A los anteriores efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. La entidad beneficiaria o, en el caso de agrupaciones, su representante, podrá solicitar al órgano concedente la autorización para los traspasos de ejecución de una anualidad a otra. En todo caso, la entidad beneficiaria deberá detallar la motivación de las desviaciones producidas frente al proyecto inicialmente presentado en las memorias técnica y económica justificativas definidas en el artículo 22 de esta orden.
1. Las solicitudes se presentarán por vía electrónica a través del portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mediante el formulario habilitado a tal efecto, al que se acompañará la documentación descrita en el artículo 37, cuyo modelo se recoge en el anexo XII.
2. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de treinta días hábiles (30) a partir de los sesenta (60) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria.
Toda solicitud cuya presentación se produzca fuera del plazo establecido será rechazada y no será evaluada.
3. Se deberá presentar una solicitud por cada proyecto, no pudiendo un solicitante estar incluido en más de un proyecto.
1. El formulario de solicitud (anexo XII) está disponible en el portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, e incluirá, al menos, la información descrita en el artículo 10.5 de esta orden. El formulario es un documento único que será presentado de manera obligatoria por cada entidad solicitante. En el caso de las agrupaciones se presentará un documento único para toda la agrupación.
Las agrupaciones definidas en el artículo 6.1.f) de esta orden deberán acompañar al formulario de solicitud copia del acuerdo interno descrito en el artículo 6.1.f).1.ª, el cual deberá incluir el contenido mínimo definido en el anexo IV de esta orden.
2. Junto al formulario de solicitud, cada solicitante deberá presentar, como mínimo, la documentación complementaria que se recoge en los siguientes apartados:
a) Memoria técnica del proyecto, que incluirá la descripción general de las actuaciones objeto de la subvención incluyendo sus principales necesidades, objetivos, alcance y planificación de las actividades en las que se descomponen, así como el importe de la subvención solicitada para el conjunto de actuaciones integradas en cada componente individualizada del Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío definidas en el anexo I, dentro de los límites marcados en esta orden.
La memoria técnica deberá incluir la descripción de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las actuaciones, el presupuesto y la programación durante los primeros cinco años de actividad una vez finalice el plazo de ejecución de las actuaciones incluidas en el proyecto, así como los mecanismos previstos para la remisión de la información asociada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En todo caso, el solicitante podrá adjuntar documentación adicional de apoyo que acredite o justifique la información recogida en la memoria técnica del proyecto, indicándose debidamente en cada sección del formulario las secciones específicas dentro de los documentos adjuntos que contienen tal información.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicará en su página web un modelo de memoria técnica que será de obligado cumplimiento para los solicitantes, y que deberá ser presentado por cada entidad solicitante. En el caso de las agrupaciones se presentará un documento único para toda la agrupación.
b) Certificados expedidos por las administraciones públicas correspondientes de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 6.3.a) de esta orden.
En el caso de agrupaciones de solicitantes, deberán presentarse los certificados correspondientes a cada una de las entidades beneficiarias que formen parte de la agrupación.
c) Poder de representación otorgado en favor de la persona física que represente legalmente a la entidad beneficiaria solicitante de la ayuda.
En el caso de una solicitud individual de una comunidad de usuarios, se podrá optar por la presentación de un certificado expedido por el secretario de dicha comunidad, acreditando que el representante legal de la misma es el Presidente, elegido por la Junta General, o Asamblea, tal y como se establece en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En el caso de agrupaciones de solicitantes, deberá presentarse el poder otorgado en favor del representante de la agrupación.
d) Declaración responsable, según el modelo definido en el anexo VI de esta orden, de aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La declaración deberá ser presentada por cada entidad solicitante. En el caso de las agrupaciones se presentará una declaración por cada miembro de la agrupación.
e) Declaración responsable, según el modelo descrito en el anexo VII de esta orden, en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La declaración deberá ser presentada por cada entidad solicitante. En el caso de las agrupaciones se presentará una declaración por cada miembro de la agrupación.
f) Declaración de ausencia de conflicto de intereses según el modelo incluido en el anexo VIII de esta orden.
La declaración deberá ser presentada por cada entidad solicitante. En el caso de las agrupaciones se presentará una declaración por cada miembro de la agrupación.
g) Declaración responsable, según el modelo definido en el anexo IX, de cumplimiento con la legislación y política ambiental.
La declaración deberá ser presentada por cada entidad solicitante. En el caso de las agrupaciones se presentará una declaración por cada miembro de la agrupación.
h) Documentación relativa a la condición de elegibilidad como entidad beneficiaria. Deberá presentarse, como mínimo, la documentación definida en los siguientes apartados (en el caso de agrupaciones deberá presentarse esta información por cada miembro de la agrupación):
1.º Resolución definitiva del expediente de constitución de la comunidad de usuarios dictada por la administración hidráulica competente.
2.º Estatutos, ordenanzas o reglamentos de la entidad beneficiaria.
i) Acuerdo de los órganos de gobierno de la entidad beneficiaria solicitante en virtud del cual se apruebe la solicitud del proyecto. En caso de agrupación, se deberá presentar el acuerdo de cada uno de los integrantes de la agrupación.
1. El periodo de ejecución material del proyecto, así como de los pagos reales y efectivos realizados con cargo a los mismos, estará comprendido entre el 22 de marzo de 2022 y, como máximo, el 30 de junio de 2026. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la pérdida de la subvención y obligación de reintegro de las cantidades ya percibidas en los términos previstos en el artículo 24 de las bases reguladoras. Las