Categoría: Judicial

ortier c. Bélgica, § 179: «cuando la muerte es resultado de una eutanasia practicada en el marco de una legislación que la autoriza con subordinación a condiciones estrictas, una investigación penal no es, en general, exigible»). Por ello, la pretensión de inconstitucionalidad carece en este punto, como a continuación se razona, de todo fundamento.
«Muerte natural», o por causas naturales, es la que resulta «de un proceso morboso en el que no hay participación de fuerzas extrañas al organismo, ni de terceros» (Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina) o en fórmula negativa, y por lo que hace a este alegato de la demanda, la no «violenta o sospechosa de criminalidad» (art. 340 de la Ley de enjuiciamiento criminal, al que remite el art. 343 del mismo cuerpo legal, y art. 8.3 del Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal). Quienes fallecen por la «realización de la prestación de ayuda para morir» claro está que no mueren, por decirlo con palabras clásicas, «de sus muertes», de modo que lo que enuncia la disposición adicional primera de la LORE es una ficción jurídica que se sustenta –implícita, pero inequívocamente– en la presunción legal de que la «prestación de eutanasia» (art. 17.5) se ha realizado con plena conformidad a la propia Ley Orgánica, de tal modo que la muerte por esta causa no habrá de dar lugar, siempre y en todo caso, a una investigación penal, lo que contradiría el sentido mismo de esta ordenación legislativa.
Se trata, desde luego, de una presunción relativa oiuris tantum, que habría de decaer ante indicios o fundadas sospechas de criminalidad (en términos análogos, la citada STEDH asuntoMortier c. Bélgica, § 167 y 179). Así resulta de los apartados 5 y 4 del art. 143 del Código penal, modificados por la disposición final primera de la LORE. El primero de los preceptos citados, con plena coherencia, excluye la responsabilidad penal de quien «causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia». Si así no fuera, se estaría –al margen de otras conductas tipificadas– ante lo prescrito en el art. 143.4 del Código penal, con arreglo al cual «[e]l que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3», apartados estos últimos relativos, respectivamente, a la acción de quien «coopere con actos necesarios al suicidio de una persona» y a la de quien, mediante esa cooperación, «llegara hasta el punto de ejecutar la muerte». La LORE encomienda a las comisiones de garantía y evaluación la función de «verificar […] si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley» [art. 18 b)] y determina en relación con esto que las infracciones a lo dispuesto en ella podrán dar lugar, entre otras responsabilidades y sanciones, a las de carácter penal (disposición final segunda).
Estas razones bastan para descartar este reproche de inconstitucionalidad y, con él, este bloque de impugnaciones por cuanto no cabe apreciar el déficit de garantías administrativas y judiciales denunciado en la demanda ni, por lo tanto, la vulneración del derecho fundamental a la vida (art. 15 CE) por incumplimiento de los deberes de protección frente a terceros que incumben al Estado en este contexto.
8. Impugnaciones específicas relativas al régimen aplicable a las personas con incapacidad de hecho.
A) Preceptos impugnados.
El segundo bloque de impugnaciones subsidiarias se dirige contra varios preceptos de la LORE atinentes al régimen aplicable a las personas con «incapacidad de hecho». Se trata del art. 3 d), e) y h); los arts. 5.1 c) y 5.2; el art. 6.4; el art. 9; el art. 12 a) apartado cuarto y la disposición adicional sexta, párrafo segundo. Su tenor literal es el siguiente:
A los efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por:
[…]
d) "Médico responsable": facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y la asistencia sanitaria del paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, y sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales.
e) "Médico consultor": facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable.
[…]
h) "Situación de incapacidad de hecho": situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.»
1. Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla todos los siguientes requisitos:
[…]
c) Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.
Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica.
[…]
2. No será de aplicación lo previsto en las letras b), c) y e) del apartado anterior en aquellos casos en los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes, cumpla lo previsto en el apartado 1 d), y haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. En el caso de haber nombrado representante en ese documento será el interlocutor válido para el médico responsable.
La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.»
[…]
4. En los casos previstos en el artículo 5.2, la solicitud de prestación de ayuda para morir podrá ser presentada al médico responsable por otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándolo del documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, suscritos previamente por el paciente. En caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del paciente, el médico que lo trata podrá presentar la solicitud de eutanasia. En tal caso, dicho médico que lo trata estará legitimado para solicitar y obtener el acceso al documento de instrucciones previas, voluntades anticipadas o documentos equivalentes a través de las personas designadas por la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente o por el Ministerio de Sanidad, de conformidad con la letra d) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal.»
En los casos previstos en el artículo 5.2 el médico responsable está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas o documento equivalente.»
Una vez realizada la prestación de ayuda para morir, y en el plazo máximo de cinco días hábiles después de esta, el médico responsable deberá remitir a la comisión de garantía y evaluación de su comunidad autónoma o ciudad autónoma los siguientes dos documentos separados e identificados con un número de registro:
a) El primer documento, sellado por el médico responsable, referido como "documento primero", deberá recoger los siguientes datos:
[…]
4.º) Si la persona solicitante disponía de un documento de instrucciones previas o documento equivalente y en él se señalaba a un representante, nombre completo del mismo. En caso contrario, nombre completo de la persona que presentó la solicitud en nombre del paciente en situación de incapacidad de hecho.»
[…]
Asimismo, en este mismo plazo [de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley] deberá [el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud] elaborar los protocolos a los que se refiere el artículo 5.2.»
Según se ha indicado en el fundamento jurídico 2 b), han de excluirse de nuestro enjuiciamiento el art. 3 e) y el párrafo primero del art. 5.1 c), por no contenerse en la demanda fundamentación concreta alguna dirigida a sostener su inconstitucionalidad.
B) Posiciones de las partes.
La demanda incluye en este apartado cuatro reproches distintos de inconstitucionalidad. Su rasgo común es la denunciada vulneración de los arts. 15, 24 y 53.2 CE por la ausencia de garantías suficientes en la regulación de los presupuestos para el reconocimiento de la prestación de ayuda para morir a quien se encuentre en una situación de «incapacidad de hecho», en expresión de la propia Ley Orgánica. Tales deficiencias se ligan en la demanda a lo que los recurrentes consideran un insuficiente grado de «calidad» de ciertas definiciones legales, la atribución de amplios espacios de discrecionalidad a los aplicadores de la norma y la falta de exigencia de intervención judicial previa para proceder a una «incapacitación» que, a su juicio, permitirá aplicar la eutanasia prescindiendo de la voluntad actual del sujeto afectado y obviando la práctica totalidad de los requisitos previstos en la LORE (efecto que niega el abogado del Estado). Sostiene la demanda que todo ello y, en particular, las deficiencias de las definiciones legales impugnadas, abocaría a una «pendiente resbaladiza» en la que progresivamente se irían desdibujando «las condiciones iniciales restrictivas que permiten el reconocimiento del derecho a morir», dándose lugar a un «mensaje social de silenciosa coacción […] a las personas de edad» o «con discapacidad».
Las concretas quejas incluidas en este bloque de impugnaciones y las correlativas alegaciones del abogado del Estado, expuestas con detalle en los antecedentes, pueden sintetizarse ahora como sigue:
a) En cuanto al concepto de «situación de incapacidad de hecho», se impugnan el art. 3 h), el art. 5.2, párrafo segundo, y la disposición adicional sexta, párrafo segundo, por incurrir en una manifiesta «falta de calidad de la ley», ya que, de un lado, tales preceptos omitirían absolutamente los criterios a seguir para apreciar la concurrencia de dicha situación y, de otra parte, la determinación exacta de esos criterios se remite a un órgano administrativo (el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) con omisión de toda garantía proveniente de una intervención de la autoridad judicial.
Aduce de contrario el abogado del Estado que el concepto de «incapacidad de hecho» [art. 3 h) LORE] no ofrece problemas para su razonable comprensión. Señala que la falta de «entendimiento y voluntad suficientes» para autodeterminarse es una cuestión fáctica que requiere un examen caso a caso y no mayor concreción que la que aquí hace la Ley. Indica también que la LORE no ofrece en este punto claridad o concreción menor que la que, para supuestos similares, establecen otras normas que utilizan conceptos similares, como el art. 200 del Código civil al definir las causas de incapacitación o la legislación autonómica sobre atención a personas al final de su vida. Según el abogado del Estado, los «protocolos» conforme a los que debe valorarse la situación de incapacidad de hecho carecen de carácter propiamente normativo y no se refieren a aspectos esenciales de los derechos implicados.
b) Se impugna la definición y los efectos del «documento [suscrito con anterioridad por el paciente] de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos» (párrafo primero del art. 5.2 y art. 6.4). Aducen los recurrentes que el régimen de tal «documento» adolece de una grave indeterminación que le lleva a incurrir en una inconstitucional falta de calidad de la ley, tanto por la validez indefinida que la LORE le otorga como por los conceptos vagos e imprecisos que hacen que valga cualquier tipo de instrumento documental en el que se hubiera recogido un deseo o una manifestación expresada en un momento vital ya superado. Se denuncia también que la vinculatoriedad atribuida a tal documento supone que quien incurre en «incapacidad de hecho» se ve privado de la posibilidad de revocar o posponer su solicitud de ayuda para morir, posibilidad que se reconoce en general en el art. 6.3 LORE, todo ello sin garantía judicial.
El abogado del Estado sostiene que la censura del recurso relativa a la vaguedad de la descripción legal del referido documento no se corresponde con lo que dice la Ley, que no se refiere a cualquier documento sino, en primer lugar, a las instrucciones previas (art. 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre) y, sobre esta base, a los instrumentos análogos que, con distintas denominaciones, han implantado los distintos servicios de salud. Señala que el proceso de elaboración y suscripción de este documento varía en cada comunidad autónoma, si bien todas ellas han incorporado garantías y controles para garantizar la seguridad jurídica y la libre manifestación de la voluntad del paciente, como la firma del documento ante notario o varios testigos. Por tanto, afirma, la Ley no equipara el documento de instrucciones previas a cualquier instrumento documental, sino al que esté reconocido legalmente con los mismos efectos del art. 11 de la mencionada ley. Recuerda, por último, que es esencial en este tipo de documentos su revocabilidad (art. 11.4), de modo que mientras la persona tenga capacidad se entiende que desea que sigan vigentes.
c) Se impugna el mecanismo de valoración de la incapacidad de hecho previsto en los arts. 5.2 y 3 d) porque, se dice, la «incapacitación» se lleva a cabo al margen de la autoridad judicial, y porque «sin supervisión judicial alguna, el cumplimiento de todos los requisitos del art. 5 de la Ley Orgánica 3/2021, salvo el de ser mayor de edad y nacional o residente en España, queda en manos del médico responsable, a quien ni siquiera se le exige formación específica alguna». Por análogas razones se impugna el régimen especial previsto para las solicitudes de la prestación de ayuda para morir cuando el médico responsable considere que la pérdida de capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente [párrafo segundo del art. 5.1 c)]. Sostiene la demanda que es inconstitucional que se atribuya al médico responsable tanto la función de decidir sobre si la pérdida de capacidad es o no inminente, como la posibilidad de ignorar el protocolo previsto en la propia ley para fijar, obviando la separación de al menos quince días naturales que ha de mediar entre las dos solicitudes exigidas por la LORE, cualquier periodo menor que considere apropiado.
Por su parte, el abogado del Estado considera inadmisible la crítica que hace el recurso de que la verificación de la situación de incapacidad de hecho queda en manos del médico responsable, entendido como facultativo que no es necesariamente especialista en las dolencias que tiene el paciente. Respecto de esto último, señala que a tenor del art. 3 c) LORE el médico responsable es en todo caso un facultativo, y por lo tanto se le debe presuponer como médico con conocimientos suficientes para evaluar el estado del paciente y si verdaderamente presenta o no una incapacidad de hecho. A ello añade que la Ley Orgánica no deja a su exclusiva valoración la existencia de una situación de incapacidad de hecho, sino que establece toda una serie de garantías procedimentales a fin de verificar si se dan los presupuestos del art. 5, incluidos los de su apartado 2 (que abarcan tanto esa incapacidad como la existencia de instrucciones previas). Quien hace esa verificación no es solo el médico responsable, sino también el médico consultor y finalmente la comisión de garantía y evaluación. Tampoco comparte la queja del recurso de que debería ser un órgano judicial el que determinase esta incapacidad de hecho, pues señala que esta figura no sería más que una garantía adicional para evitar que pueda aplicarse la prestación de ayuda para morir a quien no tenga plenas capacidades para autodeterminarse, aunque sobre tal persona no haya recaído una sentencia de incapacitación (o una sentencia sobre medidas de apoyo, de acuerdo con la Ley 8/2021, de 2 de junio).
d) Por último, se impugna la posibilidad de que la eutanasia pueda ser solicitada por una persona distinta del paciente declarado en situación de incapacidad de hecho y, específicamente, el «médico que lo trata» [arts. 6.4 y 12 a) apartado cuarto]. Sostienen los demandantes que es inconstitucional tanto otorgar esa facultad a un facultativo ajeno, sin mediación judicial, como atribuirle legitimación para «solicitar y obtener el acceso» al documento de instrucciones previas (o documento equivalente) del paciente a través de las personas designadas por la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente o por el Ministerio de Sanidad, de conformidad con el art. 4.1 d) del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal, lo que vulneraría el art. 18.1 CE.
Se opone el abogado del Estado a esta impugnación señalando que es incorrecta la premisa de la demanda de que la LORE permite que un tercero, representante del solicitante o un médico, solicite, sin tutela judicial alguna, la muerte de un supuesto incapaz de hecho. A juicio del abogado del Estado, tanto el art. 6.4 como el art. 12 a) apartado cuarto de la Ley Orgánica, en línea con lo expresado en el preámbulo, muestran que la presentación de la solicitud «en nombre del paciente» por alguna de las personas mencionadas supone, en puridad, el traslado de la voluntad previamente expresada del paciente en un documento de instrucciones previas.
C) Enjuiciamiento.
a) El examen de las tachas de inconstitucionalidad incluidas en este bloque de impugnaciones ha de comenzar con una aclaración preliminar acerca del sentido y efectos del régimen que la LORE ha diseñado para las personas con incapacidad de hecho.
Como señala el abogado del Estado, en este punto la demanda parte de una lectura errónea de las previsiones de la Ley Orgánica impugnada. De darse esta situación de incapacidad, los requisitos para poder acceder a la prestación de ayuda para morir no se «relajan» a criterio del médico responsable, como sostienen los recurrentes, sino que se restringen, pues solamente podrá reconocerse el derecho a la prestación si el paciente ha suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos (art. 5.2) y si los estrictos términos de dichos documentos así lo admiten y en los términos en que lo admitan (arts. 5.2 y 9). La situación de incapacidad de hecho no llevaría a prescindir, como se aduce en la demanda, del «consentimiento» del afectado, sino a constatar la imposibilidad de prestarlo por una vía que no sea la del documento previo que el paciente, en su día, hubiera podido suscribir.
Resulta con ello clara la interdependencia entre la previsión legal de la situación de «incapacidad de hecho» y su referencia al documento previo que el paciente, en su día, hubiera podido suscribir. Si este documento no existiera, el paciente que no fuera «capaz y consciente» [art. 5.1 a)] nunca podría recibir, fuesen cuales fuesen sus circunstancias, la prestación de ayuda para morir que la Ley Orgánica ha instituido. En sentido correlativo, lo dispuesto en ese documento en ningún caso podría suplir la voluntad actual del paciente capaz que no manifestara, en los términos que la LORE exige, su solicitud de recabar tal ayuda.
El legislador ha abierto así, mediante estas previsiones complementarias, la posibilidad de que la prestación eutanásica pueda ser recibida también por quien, no pudiendo instarla autónomamente de presente, hubiera predispuesto su decisión y reuniera las demás condiciones, algo que en nuestro ordenamiento se contemplaba ya, en general, respecto de los tratamientos sanitarios (art. 11 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica) y a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido singular trascendencia, si bien a efectos muy diferentes de los que aquí se consideran (sentencia, antes ya traída a colación, en el asuntoLambert y otros c. Francia, § 143, 178 y 179, resolutoria de una controversia sobre la eventual retirada de soporte vital a un paciente en estado vegetativo). La regulación legal de la prestación de ayuda para morir no podría haber desatendido en este concreto aspecto elementales exigencias de igualdad de trato entre pacientes que se encuentran en condiciones parejas de enfermedad y sufrimiento, aunque solo algunos sean, ya inmersos en esa situación extrema, capaces de solicitar la ayuda que otros, en prevención de no poder hacerlo, documentaron en su día positivamente que se les habría de prestar en circunstancias análogas.
Por lo demás, ha de recordarse que el juicio que aquí procede tiene por objeto disposiciones de ley, cuya validez no puede ser puesta en entredicho mediante la mera advertencia de su eventual aplicación irregular, hipotéticas transgresiones de las que ninguna norma jurídica queda libre y que, de verificarse, contarían con las vías de remedio y sanción correspondientes. No caben en este proceso constitucional, en otras palabras, ni «ponderaciones cautelares o preventivas sobre hipotéticas inconstitucionalidades futuras» ni «pronósticos o anticipos de los resultados contrarios a la Constitución a que llevaría la aplicación de algunas de las reglas impugnadas» [STC 191/2016, FJ 3 a)].
b) La queja relativa a la definición de la situación de incapacidad de hecho del paciente [arts. 3 h), 5.2 párrafo segundo, y disposición final sexta, párrafo segundo, de la LORE] ha de ser desestimada.
El legislador ha destinado un precepto específico a definir el concepto de «incapacidad de hecho», a la que describe como la «situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica» [art. 3 h) LORE]. Como señala el abogado del Estado, esa definición no ofrece problemas para su razonable comprensión y es análoga a la que utilizan, para supuestos similares, otras normas estatales (el antiguo art. 200 del Código civil, derogado por Ley 8/2021, de 2 de junio, que incluyó el título XI de medidas de apoyo a personas con discapacidad) y autonómicas (las relativas a la atención de personas al final de su vida). Por lo demás, la situación de «incapacidad de hecho» es una realidad de difícil precisión, que solo puede identificarse con una definición genérica que remita a las circunstancias ordinarias de la vida y la enfermedad y a criterios médicos. De hecho, la ciencia médica cuenta con instrumentos de análisis para diagnosticar la situación en que el paciente resulta incompetente para entender y querer.
Tampoco es posible coincidir con la crítica de los recurrentes a la previsión legal de que la valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La mera observación de que el Consejo es un «órgano administrativo» (arts. 69 y ss. de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud) cuyos «criterios» al respecto se desconocerían y su reproche de que aquí se omite toda intervención judicial son evidencias, una y otra, que están muy lejos de aportar fundamentos sólidos, o incluso discernibles, para la impugnación. No existe razón aparente para poner en duda la constitucionalidad de la previsión de unos protocolos cuya adopción mal podría corresponder a la autoridad judicial o imponerse al propio legislador, y que no pueden entenderse vetados por ninguna reserva constitucional a la ley, pues ninguna de tales reservas han de entenderse en términos tales que impidieran, sin matices, toda remisión a ulteriores ordenaciones sobre asuntos de tan marcado carácter técnico [SSTC 160/2013, de 26 de septiembre, FJ 7 b), y 51/2019, de 11 de abril, FJ 7].
c) Asimismo, deben desecharse las censuras de inconstitucionalidad dirigidas contra las referencias de la Ley Orgánica al «documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos» y a su eficacia en el procedimiento [arts. 5.2 y 9 LORE].
Es necesario comenzar el análisis de esta queja recordando que el documento de instrucciones previas (o documento equivalente, según ha quedado referido) es requisito indispensable para que el paciente que no fuera «capaz y consciente» [art. 5.1 a)] pueda recibir, cumplidos el resto de los requisitos legales, la prestación de ayuda para morir que la Ley Orgánica ha instituido. Se sigue obviamente de lo dicho, aunque importa puntualizarlo, que la voluntad anticipada del paciente de ninguna manera podría ser aquí suplida ni contrariada mediante el otorgamiento o denegación de un «consentimiento por representación» como el previsto en general para los tratamientos sanitarios (art. 9.3 de la Ley 41/2002), normativa a la que remite hoy el artículo 287.1 del Código civil, relativo a determinadas funciones de representación del curador de la persona necesitada de apoyo. Así queda garantizado por la LORE, que solo reconoce eficacia, ante la incapacidad de hecho, al documento previo del propio paciente y que prescribe en su artículo 3 h), complementariamente, que la constatación de aquella incapacidad lo será «con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica».
Se lee en el preámbulo de la Ley Orgánica que el documento al que se refiere su art. 5.2 «existe ya en nuestro ordenamiento jurídico», por más que a otros efectos (art. 11 de la Ley 41/2002: «instrucciones previas» de la persona sobre, según puntualiza el apartado 1 de este artículo, «los cuidados y el tratamiento de su salud»). Esta mención del legislador y la complementaria que, ya en el articulado (art. 6.4), se realiza al registro nacional de instrucciones previas regulado por el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, –adaptado a la LORE por el Real Decreto 415/2022, de 31 de mayo–, son de tener en cuenta por el intérprete para identificar el sentido del documento y algunas de las exigencias mínimas que, en concordancia con aquellas menciones de la LORE y con sus propias y directas disposiciones, debiera en todo caso satisfacer este instrumento para alcanzar la eficacia que de principio se le otorga. El documento legalmente reconocido y, obviamente, revocable según prescribe el art. 11.4 de la Ley 41/2002 –como revocable es, en cualquier momento, la solicitud del paciente (art. 6.3 LORE)– habría de ser suscrito en condiciones de plena libertad («persona […] libre»: art. 11.1 de la misma Ley 41/2002) por quien sea mayor de edad, capaz y consciente [art. 5.1 a) LORE]. El documento habría de acreditar de modo fehaciente, en la forma que las leyes prescriban, la voluntad de quien lo firma en orden a recibir, con los requisitos y en las condiciones de la LORE, la prestación de ayuda para morir si llegara a encontrarse en situación de incapacidad de hecho y en uno de los supuestos contemplados en el art. 5.1 d) de la Ley Orgánica. Ello es coherente con la configuración de este documento en nuestro sistema jurídico como instrumento dirigido a garantizar el respeto a la autonomía de las personas, al permitir al paciente influir en las futuras decisiones médico-asistenciales y facilitar a los profesionales de la salud la adopción de la alternativa más respetuosa con su voluntad cuando no tenga capacidad para decidir por sí mismo (a tenor del preámbulo del citado Real Decreto 124/2007). Ha de observarse que las instrucciones previas habrán de constar siempre por escrito y que su contenido no podrá ser aplicado si es contrario al ordenamiento jurídico, a la ciencia médica o si no se corresponde con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas (art. 11.2 y 3 de la Ley 41/2002).
Lo expuesto conduce a desestimar la tacha relativa a la denunciada «falta de calidad» legal por la indeterminación en la que, según la demanda, el legislador habría incurrido al remitir a tal documento. Han de ser las leyes las que reconozcan, con garantía de las condiciones mínimas aquí exigibles, eficacia al tipo de documento previo, cualquiera que sea su denominación, que acredite de forma fidedigna, y en atención a la LORE, la voluntad inequívoca de la persona. El ordenamiento, si así no fuera, mantiene abiertas las correspondientes vías jurisdiccionales, pero lo que no cabe, en un procedimiento como el presente, es un «enjuiciamiento conjetural, desligado de toda concreción normativa» (STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 5) sobre lo que tales previsiones legales establezcan o pudieran llegar a establecer.
Tampoco puede prosperar la censura atinente a la «validez indefinida» que la LORE habría atribuido a esta manifestación anticipada de voluntad. La Ley Orgánica no requiere que el documento previsto en su art. 5.2 sea objeto de periódica confirmación o renovación por quien lo haya suscrito, circunstancia que no afecta a precepto o principio alguno de la Constitución. La decisión de predisponer la solicitud de la prestación de ayuda para morir ha de ser siempre, como la solicitud formulada de presente, madura y responsable y el legislador bien puede presumir, por tanto, que la voluntad así manifestada sigue siendo real y efectiva en tanto no haya sido rectificada en forma por quien la expresó en su día.
En definitiva, la decisión de obtener ayuda para morir en un contexto eutanásico que se refleja en el documento de instrucciones previas también ha de ser adoptada –como exige el art. 3 a) de la ley para todos los supuestos– de forma «libre, voluntaria y consciente» y ha de ser «manifestada» por quien se encuentra en «pleno uso de sus facultades». Esta exigencia general implica que el control de los presupuestos de la eutanasia que ha de realizarse, al amparo de los arts. 5.2, 8.3 y 5, 9 y 10 LORE, tanto por el médico consultor como por la comisión de garantías y evaluación, en el supuesto particular de incapacidad de hecho puede extenderse, atendiendo a las concretas circunstancias del caso, a la verificación de la capacidad del otorgante al tiempo de suscribir el documento de instrucciones previas. La supuesta falta de capacidad es, igualmente, motivo de impugnación de la resolución definitiva de reconocimiento del derecho, competencia de la comisión de garantías y evaluación, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Como la prestación de la ayuda para morir ha de sustentarse siempre en el consentimiento inequívoco del solicitante, en determinadas circunstancias puede justificar una suerte de impugnación diferida, con ocasión del procedimiento previsto en la LORE, de un documento de instrucciones previas que no sea fiel reflejo de una decisión auténtica que el interesado hubiera adoptado en el pleno uso de sus facultades. Ello sin perjuicio de que la regulación básica estatal de dicho documento y la normativa de desarrollo de las comunidades autónomas puedan establecer garantías adicionales para asegurar la plena capacidad del otorgante, así como que tiene cabal conocimiento de las consecuencias que conlleva el mencionado documento en el régimen normativo de la ley.
Por lo demás, resulta manifiestamente inconsistente la consideración de que el citado documento podría contrariar la «voluntad actual» del paciente incurso en la situación de incapacidad de hecho, en la medida en que tal situación se produce, precisamente, cuando el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes. En tanto no se alcanza esa situación no entra en juego el referido documento que, como se acaba de indicar, es en todo caso revocable (art. 11.4 de la Ley 41/2002).
d) Tampoco puede prosperar la queja relativa a la valoración de la «situación de incapacidad de hecho» [art. 5.2 y 3 h)] y a la valoración y efectos de que la situación de «pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente» [art. 5.1 c), párrafo segundo].
La apreciación positiva de la capacidad de la persona para instar con autonomía [arts. 3 a) y 4.2 LORE] la prestación de ayuda para morir es cuestión de hecho que corresponde examinar y determinar, conforme a criterios y pautas de la ciencia y la experiencia médicas, a los facultativos –médicos responsables y consultores– a los que la Ley Orgánica llama aquí a intervenir (art. 8.1, 2 y 3), sin perjuicio del ulterior control administrativo [arts. 10 y 18 b)] y del que más tarde pudiera llegar a corresponder a la jurisdicción. El mismo carácter y régimen jurídico ha de tener la apreciación médica de la falta de aquella capacidad, con independencia de que esa constatación inicial pudiera requerir adicionalmente, en prudente valoración de las circunstancias, la consulta a un especialista en las patologías tal vez determinantes, en el caso, de una incapacidad de hecho [la propia LORE parece contemplar, a este respecto, el dictamen de varios «médicos consultores»: art. 12 b).9].
Aunque se desprende de lo indicado, interesa resaltar que la aplicación de la Ley Orgánica en este punto se somete, como en el resto de sus extremos, a una serie de garantías procedimentales a fin de verificar si se dan los presupuestos legalmente previstos para el reconocimiento de la prestación de ayuda para morir, correspondiendo esa verificación no solo al médico responsable, sino también al médico consultor –este sí con necesaria «formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente» y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable: art. 3 e)– y a la comisión de garantía y evaluación, así como, en su caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin olvidar que la independencia del médico consultor puede ser objeto de control por parte de la comisión. La intervención de este médico consultor en el supuesto de incapacidad de hecho del paciente está expresamente contemplada en el art. 8.3 LORE. Precepto que establece, de forma inequívoca, que debe corroborar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 5.2 de la ley. Luego, la referencia que el art. 8.5 realiza después al control por parte de la comisión de garantías y evaluación (que se desarrolla en al art. 10), «[u]na vez cumplido lo previsto en los apartados anteriores», se refiere al supuesto de incapacidad de hecho del art. 5.2 LORE. Lo que implica que el acto definitivo de la citada comisión para el caso específico de la «incapacidad de hecho» también puede ser impugnado, de acuerdo con lo expuesto para el régimen general, ante los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
La previa intervención judicial, que en este punto la demanda echa en falta, de ninguna manera viene impuesta por la Constitución. No estamos aquí ante lo que los recurrentes llaman una «incapacitación», expresión carente hoy de sentido en nuestro ordenamiento (Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica). Ni cabe tampoco parangón alguno entre, de una parte, la certificación de la incapacidad de hecho que permitiría, de constar documentalmente la voluntad previa del paciente, tramitar la ayuda para morir y, de la otra, la restricción de la libertad personal a que da lugar –en el ejemplo propuesto por la demanda– un internamiento involuntario en centro hospitalario. Imponerse sobre la voluntad del sujeto y darle curso a la decisión que emitió cuando era competente para ello son acciones contrapuestas que solo podrían traerse a comparación convirtiendo en premisa, contra toda lógica, lo que precisamente se quiere demostrar.
Si no existe obstáculo jurídico-constitucional a que la situación de incapacidad de hecho sea apreciada, en primer lugar, por los facultativos, tampoco ha de haberlo para que corresponda al médico responsable constatar la inminencia de la pérdida de capacidad del paciente, tras su primera solicitud, a fin de «aceptar cualquier periodo menor» al de quince días que de ordinario ha de mediar entre aquella solicitud y la segunda, siempre que lo haga «en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica» [párrafos primero y segundo del artículo 5.1 c)]. El legislador ha de exigir y garantizar que la decisión de pedir la ayuda para morir, además de consciente, voluntaria y libre [art. 3 a)], provenga de la madurada y meditada determinación de la persona. De «madura y genuina» meditación y de «reflexión y reiteración de la petición» hablan los artículos 4.3 y 12 b).6, y a ello responde la imposición de dos sucesivas solicitudes, pero el lapso de quince días que en general ha establecido el legislador obedece a su libre y prudencial apreciación de oportunidad, apreciación que puede ser ponderada y matizada, como aquí las Cortes Generales han hecho, en atención a las singulares circunstancias que el precepto contempla. Quienes recurren muy bien pueden protestar en términos políticos frente a esta previsión excepcional de la LORE, pero el Tribunal no advierte razones para reprobarla en Derecho.
e) Ha de rechazarse, por último, la censura de inconstitucionalidad que la demanda hace a la posibilidad de que la solicitud de prestación de ayuda para morir para una persona con incapacidad de hecho sea presentada por un tercero y, en concreto, por el «médico que lo trata», quien puede a tal efecto acceder al registro para obtener el documento de instrucciones previas o equivalente [arts. 6.4 y 12 a) apartado cuarto de la LORE].
Los recurrentes centran esta queja en la supuesta vulneración del derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE). Frente a lo que sostiene la demanda, la LORE no ha previsto que un tercero pueda «solicitar» la muerte de una persona declarada en situación de incapacidad de hecho. En puridad, lo que se prevé es que la solicitud sea presentada «acompaña[da] del documento de instrucciones previas [o documento equivalente] suscritos previamente por el paciente» (art. 6.4 LORE), esto es, se permite a un tercero trasladar la voluntad previamente manifestada del propio paciente, no la de quien presenta la solicitud. Así lo confirma el preámbulo de la Ley Orgánica, cuando indica que «se articula también la posibilidad de solicitar esta ayuda mediante el documento de instrucciones previas o equivalente, legalmente reconocido».
Se trata de una precisión importante, pues el respeto al derecho fundamental a la vida impide que se reclame y obtenga para otro, si este no lo predeterminó así en su día, la específica prestación eutanásica que ha configurado la Ley Orgánica 3/2021, ello sin perjuicio de lo que, para el más fiel cumplimiento de la voluntad anticipada, pudiera haberse encomendado en ese documento previo a un posible «representante», que sería, en tal hipótesis, «el interlocutor válido para el médico responsable» (párrafo primero, último inciso, del art. 5.2). Si por el contrario aquella predeterminación existiera, nadie podría ya oponer su voluntad a la que fue formalizada anticipadamente por la persona afectada, siempre que, certificada la incapacidad de hecho, concurrieran las exigencias de la LORE y se cumplimentaran todos los trámites en ella establecidos (así se desprende del art. 9, de conformidad con el cual «[e]n los casos previstos en el artículo 5.2 el médico responsable está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas o documento equivalente»).
Aclarada esta cuestión, carece de fundamento la pretensión de inconstitucionalidad que en este punto sostienen los recurrentes. El invocado derecho fundamental a la intimidad personal implica, en lo que hace al caso, «la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás», el consiguiente deber sobre terceros de «abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima» y «la prohibición de hacer uso de lo así conocido» (por todas, STC 172/2020, de 19 de noviembre, FJ 4). Es evidente que quien predispone la solicitud de eutanasia ante la eventualidad de no poder hacerlo en su momento pretende que esa petición sea conocida y atendida por los facultativos que, llegado el caso, lo asistan, algo solo posible mediante la presentación por terceros (en último término, por el propio «médico que lo trata») de tal solicitud, que es personalísima [FJ 7 D) c) LORE]. Tampoco, y por razones análogas, pudiera decirse afectado el derecho del paciente a la protección de sus datos de carácter personal (derivado del art. 18.4 CE, precepto que la demanda no cita), cuando es aquel «médico que lo trata», precisa y exclusivamente, quien queda habilitado aquí, una vez certificada la situación de incapacidad de hecho, para obtener en su caso del registro el documento previo y «presentar la solicitud de eutanasia» (art. 6.4) que en él se formalizó.
Ha de advertirse en este punto que, de acuerdo con el tenor literal y la sistemática de su art. 6.4, el facultativo al que la LORE se refiere como «médico que […] trata» al paciente no es a estos efectos –y no podría serlo, en mérito de su necesaria neutralidad e independencia: STEDH, asuntoMortier c. Bélgica, § 162– el médico responsable (receptor, más bien, de la solicitud), sino uno de los «otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales» a la persona afectada [art. 3 d), inciso final]. Así deriva también de los propios trabajos parlamentarios, en cuyo curso se rectificó el enunciado, en este punto, de la proposición de ley, que preveía que «[e]n caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del paciente, el médico responsable podrá presentar la solicitud de eutanasia» («Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados», núm. 46.5, de 10 de diciembre de 2020, p. 16; véase también la enmienda 245 presentada en el Senado, de la que proviene el texto vigente: «Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado», núm. 141, de 17 de febrero de 2021, p. 142).
Las razones expuestas conducen a descartar también este reproche de inconstitucionalidad y, con él, de este segundo bloque de impugnaciones específicas. No cabe entender que la regulación en la LORE de los presupuestos para el reconocimiento de la prestación a quien se encuentre en una situación de incapacidad de hecho otorgue al derecho fundamental a la vida una protección frente a injerencias de terceros que no alcance el nivel de suficiencia requerido por la Constitución, en los términos que quedaron expuestos en el fundamento jurídico 6 D).
9. Impugnaciones específicas de determinadas remisiones de la LORE en orden a su aplicación.
A) Preceptos impugnados.
El tercer bloque de pretensiones subsidiarias de la demanda se dirige contra el art. 5.2 segundo párrafo, el art. 17.5, la disposición adicional sexta y la disposición final tercera de la LORE. Tales preceptos establecen lo siguiente:
[…]
2. […]
La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.»
[…]
5. El Ministerio de Sanidad y los presidentes de las comisiones de garantía y evaluación de las comunidades autónomas se reunirán anualmente, bajo la coordinación del Ministerio, para homogeneizar criterios e intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de la prestación de eutanasia en el Sistema Nacional de Salud.»
Con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación de ayuda para morir, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud deberá elaborar en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley un manual de buenas prácticas que sirva para orientar la correcta puesta en práctica de esta Ley.
Asimismo, en este mismo plazo deberá elaborar los protocolos a los que se refiere el artículo 5.2.»
La presente Ley tiene carácter de ley orgánica a excepción de los artículos 12, 16.1, 17 y 18, de las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, y de la disposición transitoria única, que revisten el carácter de ley ordinaria.»
B) Posiciones de las partes.
En este bloque de impugnaciones, la demanda denuncia que los arts. 5.2 y 17.5, así como la disposición adicional sexta de la LORE, «dejan la determinación de aspectos sustanciales sobre, nada menos, que el fin de la vida humana y la extinción del derecho fundamental a la vida, a disposiciones absolutamente indefinidas en su contenido que no ostentarían ni siquiera rango reglamentario», lo cual vulneraría la exigencia de calidad de la ley (art. 15 CE, en relación con el art. 9.3 CE), la reserva de ley (art. 53.1 CE) y la reserva de ley orgánica (art. 81.1 CE). A la disposición final tercera se le reprocha que niegue carácter orgánico a la adicional sexta, sin mayor argumentación.
De un lado, los recurrentes sostienen la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 5.2 LORE y de su disposición adicional sextain fine, por considerar que en ellas se realiza una «habilitación en blanco» y «sin predeterminación normativa alguna» al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (un «puro órgano administrativo») cuando se le encomienda la elaboración de los protocolos de actuación para la valoración de la situación de incapacidad de hecho, aspecto que la demanda califica como un «elemento esencial» del sistema regulado por la LORE en tanto que, según la interpretación de los recurrentes, «la apreciación de una incapacidad de hecho por el médico responsable […] permite obviar el consentimiento directo e inmediato de la persona para provocar su propia muerte».
De otra parte, la demanda sostiene la inconstitucionalidad del art. 17.5 LORE, en tanto que en él se ordena al Ministerio de Sanidad y a los presidentes de las comisiones de garantía y evaluación reunirse anualmente, bajo la coordinación del Ministerio, para «homogeneizar criterios e intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de la prestación de eutanasia en el Sistema Nacional de Salud». Denuncia también la inconstitucionalidad del primer párrafo de la disposición adicional sexta por cuanto ordena al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud elaborar «un manual de buenas prácticas que sirva para orientar la correcta puesta en práctica de esta Ley» con la finalidad de «asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación de ayuda para morir». Según los recurrentes, estas cuestiones «no pueden remitirse a un manual de buenas prácticas ni a un protocolo administrativo de actuación, sino que deben quedar perfectamente predeterminadas en la Ley Orgánica que regule una cuestión tan esencial y determinante como es la extinción del derecho fundamental a la vida».
Alega de contrario el abogado del Estado que esos preceptos no infringen la reserva de ley orgánica, que en todo caso debe ser interpretada restrictivamente (SSTC 5/1981, de 13 de febrero, y 173/1998, de 23 de julio), al no ordenar «aspectos esenciales de los derechos implicados», visto su carácter no normativo (pues estaríamos ante meras «guías prácticas o recomendaciones») y su finalidad, que no sería sino la debida coordinación y correcta aplicación de la LORE, teniendo en cuenta el carácter técnico de la materia y el «carácter descentralizado» del Sistema Nacional de Salud.
C) Enjuiciamiento.
a) Para examinar las tachas de inconstitucionalidad denunciadas en este bloque es necesario recordar brevemente el núcleo de la doctrina constitucional acerca del alcance de las reservas constitucionales a la ley, toda vez que la atinente a las exigencias de certeza y precisión de la ley ha sido ya reseñada en el fundamento jurídico precedente.
Este tribunal ha señalado que las reservas constitucionales a la ley impiden al legislador desapoderarse en favor de otras fuentes normativas para regular aquello que la Constitución le encomienda (por todas, STC 31/2018, de 10 de abril, FJ 7). Sin perjuicio de ello, hemos indicado también que ninguna reserva constitucional a la ley ha de entenderse en términos tales que impidiera, sin matices, toda remisión a ulteriores ordenaciones sobre asuntos de marcado carácter técnico [SSTC 160/2013, de 26 de septiembre, FJ 7 b), y 51/2019, de 11 de abril, FJ 7]. Y, en cuanto a la reserva de ley orgánica prevista en el art. 81.1 CE, hemos reiterado que ha de ser interpretada restrictiva