Categoría: Administración

cho intertemporal del Código Civil también trasladables al derecho gallego.
De acuerdo con estas premisas, doña M. J. C. H. P., en la primera sucesión, esto es en herencia de su padre, es llamada como heredera «en el tercio de legítima», por lo que ostenta un derecho de legítima de naturaleza «pars bonorum» o «pars valoris bonorum», que, como ha señalado la registradora, «en principio hace necesaria su intervención en las operaciones particionales de sus bienes y en la entrega de legados». En la segunda sucesión, esto es en la de su madre, le deja «lo que por legítima le corresponda (…)», por lo que ostenta un derecho de legítima de naturaleza «pars valoris», asimilable al de un derecho de crédito en esa herencia de su madre, y, como bien señala la registradora, «hace excusable su intervención, pues la causante, en su propia herencia, se limita a reconocerle su legítima, nombrando herederos a sus tres hermanos».
Nada se objeta por el recurrente respecto a esta apreciación, en la que está de acuerdo con la calificación. De no haber otras particularidades, la calificación debería ser confirmada, pero concurre en el expediente la circunstancia de que, en la primera sucesión, las adjudicaciones se realizan por una delegada con la facultad de mejorar, lo que nos lleva a analizar la partición hecha por ella.
3. Señala la registradora que, en aplicación del artículo 200.2 de la Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia, no es posible sin la intervención de la legitimaria una liquidación de la sociedad de gananciales. El citado artículo establece lo siguiente: «Las adjudicaciones podrán comprender no sólo bienes privativos del causante, sino también de la disuelta sociedad de gananciales. Si las adjudicaciones comprendieran bienes de la sociedad de gananciales se imputará su valor por la mitad a los respectivos patrimonios». Pero, en este punto, es acertada la interpretación que realiza el recurrente en el sentido de que la disposición transitoria segunda, apartado número 1, de la dicha ley permite la aplicación de las normas de partición a las particiones que se realicen tras su vigencia, cualquiera que fuese la fecha del fallecimiento del causante y que estas son las contenidas en los artículos 270 y siguientes, siendo el artículo 200.2 no una norma reguladora de la partición sino una norma que configura la institución del testamento por comisario. Por tanto, a una partición respecto de una sucesión abierta antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2006, si bien le son aplicables las normas de esa ley contenidas en los artículos 270 y siguientes, no lo son las de ese artículo 200.
Pero el recurrente concluye que se aplica el artículo 141 de la derogada Ley 4/1995, por lo que, a su juicio, nos encontramos ante las figuras de fiducia sucesoria del artículo 831 del Código Civil y testamento por comisario del artículo 141 de la Ley 4/1995, de derecho civil de Galicia, y esta deducción no es pacífica.
El artículo 141 de la derogada Ley 4/1995 establecía lo siguiente: «Mediante testamento o incluso en capitulaciones matrimoniales, podrá nombrarse comisario al cónyuge no testador, al objeto de que pueda distribuir, a su prudente arbitrio, los bienes del difunto y mejorar en ellos a los hijos comunes sin perjuicio de las legítimas y mejoras que hubiese instituido ya el causante».
Sostiene el recurrente la aplicación al fiduciario nombrado ex artículo 831 del Código Civil de la regulación del comisario en la Ley 4/1995, de manera que la institución de una fiducia sucesoria ordenada conforme al artículo 831 del Código Civil para una sucesión abierta bajo la vigencia de la anterior normativa civil gallega determinaría la aplicación de artículo 141 de aquella ley. Es decir, que entiende que estamos, en este caso concreto, ante la figura de fiducia sucesoria, configurada en el ámbito del artículo 831 del Código Civil pero completada en cuanto a la liquidación de la sociedad de gananciales por la facultad del derogado artículo 141 de la Ley 4/1995.
De forma semejante, en Resolución de 18 de diciembre de 2019, aunque referido al Derecho civil Vasco, no se admitió la aplicación de las normas referidas al comisario vasco, cuyas facultades son muy superiores a las del delegado de la facultad de mejorar o fiduciario del artículo 831 del Código Civil. En aquel supuesto, se alegaba que en el testamento no se había mencionado literalmente el artículo 831, por lo que la voluntad del testador era la de instituir un comisario vasco; pero ahora indudablemente se utiliza esa expresión –«dentro de los límites del artículo 831 del Código Civil, delega (…)»– por lo que no existe debate. Por tanto, la única duda es si a las facultades del delegado del artículo 831 se les puede adicionar la contenida en el artículo 141 de la Ley 4/1995, lo que es un análisis estéril, dado que el contenido del derogado artículo no añade nada a las facultades del fiduciario del Código Civil -salvo la forma de designación en capitulaciones matrimoniales, tal como hacía la antigua redacción del artículo 831-. Además, el texto literal de la institución del delegado en el testamento del causante es cristalina: «Dentro de los límites del artículo 831 (…)». Así, lo que se ha hecho por el testador es una delegación de la facultad de mejorar del artículo 831 del Código Civil y a sus reglas habrá de atenerse la actuación de la fiduciaria. Por lo tanto, procede analizar su actuación en el supuesto concreto conforme los parámetros y limitaciones exclusivamente del artículo 831 del Código Civil.
4. La primera cuestión es si puede liquidar la sociedad de gananciales por sí sola la delegada de facultad de mejorar sin la concurrencia del legitimario.
La liquidación de la sociedad de gananciales en el ámbito de la delegación de la facultad de mejorar del artículo 831 del Código Civil ha sido objeto de numerosos debates doctrinales. Habiendo un contador-partidor designado para la liquidación, puede realizarla con la viuda. En otro caso, dado que la fiduciaria tiene las facultades de un contador-partidor y muchas más, puede realizar esa liquidación de la sociedad conyugal. Serían excepción aquellos casos en los que hubiera menores o discapacitados que hicieran concurrir una colisión de intereses. Pero, en situaciones ordinarias de ejercicio de la fiducia, hay otras facultades que concede el artículo 831. Así, con esas facultades, llega a tal extremo la libertad que se le da al fiduciario, que le permite pagar con bienes procedentes de la liquidación de la sociedad conyugal («(...) incluidas las que tengan por objeto bienes de la sociedad conyugal disuelta que esté sin liquidar»), e incluso, en el caso de tratarse de cumplir las disposiciones del causante a favor de los hijos o descendientes comunes, con bienes propios del fiduciario («se entenderán respetadas las disposiciones del causante a favor de los hijos o descendientes comunes y las legítimas cuando unas y otras resulten suficientemente satisfechas aunque en todo o en parte lo hayan sido con bienes pertenecientes al cónyuge que ejercite las facultades»). Se completa con otros párrafos del artículo 831 («las disposiciones del cónyuge que tengan por objeto bienes específicos y determinados, además de conferir la propiedad al hijo o descendiente favorecido, le conferirán también la posesión por el hecho de su aceptación, salvo que en ellas se establezca otra cosa»), por los que se concluye que el cónyuge puede utilizar los bienes de la comunidad postganancial –sociedad de gananciales disuelta y no liquidada– para ejercer sus facultades.
Especialmente interesa en este expediente que el cónyuge puede realizar, «(...) en general, adjudicaciones o atribuciones de bienes concretos por cualquier título o concepto sucesorio o particiones, incluidas las que tengan por objeto bienes de la sociedad conyugal disuelta que esté sin liquidar»; de donde se deduce que, al conceder al cónyuge viudo la facultad de atribuir bienes de la sociedad conyugal disuelta pero no liquidada, permite liquidar unilateralmente la misma respecto de un bien concreto, de forma que el viudo puede cumplir las disposiciones del causante y satisfacer las legítimas con adjudicaciones de bienes pertenecientes a él, que pueden ser también los que le resulten adjudicados en la liquidación de la sociedad conyugal.
En definitiva, las amplias facultades del fiduciario no se entienden si no se incluye la facultad de liquidar los bienes comunes unilateralmente, con excepción de la colisión de intereses; en otro caso, el precepto puede, por lo que se refiere a las facultades, quedar vacío de contenido. De acuerdo con esta interpretación, el viudo podrá liquidar por sí solo la sociedad conyugal, y, como además puede satisfacer las legítimas con sus propios bienes (esos propios bienes pueden ser los resultantes de la liquidación de la sociedad conyugal), tiene unas facultades enormes. Pero esta es una atribución muy peculiar, pues, sea que implique una liquidación parcial de la sociedad de gananciales, ya una disposición de bienes concretos sin necesidad de previa liquidación o partición (vid. Resoluciones de ese Centro Directivo de 10 de diciembre de 1998, 25 de febrero y 11 de diciembre de 1999, 28 de noviembre de 2000, 11 de enero de 2001 y 31 de enero de 2004), lo cierto es que se efectúa solo por el cónyuge fiduciario, sin intervención de los herederos del premuerto.
Entiende la registradora que, por aplicación del artículo 200.2 de la Ley 2/2006, no es posible hacer la liquidación por la viuda, pero como se ha fundamentado antes, esta norma es posterior a la apertura de la sucesión y no es particional, por lo que no puede ser utilizada como argumento.
En otras legislaciones forales esta cuestión está resuelta, por ejemplo, en el artículo 449 del Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, si bien referido a las fiducias colectivas, establece lo siguiente: «En las fiducias colectivas, la administración del patrimonio pendiente de asignación solo corresponderá a los fiduciarios si el causante no hubiera designado un administrador». De forma específicamente aplicable a la situación de la delegación, en el artículo 258 del mismo texto legal aragonés se establece lo siguiente: «Derecho a la división. 1. Disuelto el consorcio, cualquiera de los cónyuges o partícipes tiene derecho a promover en cualquier tiempo la liquidación y división del patrimonio consorcial. También se hallan legitimados para ello el fiduciario y el contador partidor de la herencia del cónyuge premuerto o de cualquier partícipe (…)».
En consecuencia, debemos concluir que es aceptable, en términos de Derecho civil común, una liquidación unilateral de la sociedad de gananciales, salvo las situaciones de colisión de intereses; y cabe que el cónyuge haga adjudicaciones de bienes concretos en esa liquidación, pero siempre sin perjuicio de las legítimas y de las instrucciones y disposiciones hechas por el testador. Esto nos aboca a determinar cuáles son los derechos de la legitimaria no concurrente.
5. Centrados en el concreto supuesto, en la segunda sucesión -la de la delegada- el derecho de la legitimaria es de naturaleza «pars valoris»; esto es semejante a un derecho de crédito. En la primara sucesión, es de naturaleza «pars bonorum», si bien sometida a la entrega que debe realizar la delegada de la facultad de mejorar.
Sentado que se trata de una fiduciaria del artículo 831 del Código Civil y cuáles son sus facultades y límites, y especialmente que se deben respetar los derechos legitimarios, ahora se ha de analizar su actuación en el ejercicio de la fiducia y la posición respecto a la legítima.
Conforme al testamento del instituyente de la fiducia, tiene facultad para el ejercicio de su delegación de la siguiente forma: «podrá ejercitarinter vivosymortis causa,y por tanto hasta su fallecimiento, de mejorar, incluida la disposición del tercio libre, a los hijos comunes, y distribuir entre ellos sus bienes con todas las facultades de un contador partidor. Para el supuesto de que su cónyuge no usase total o parcialmente de la delegación que antecede, y, en todo caso, en el tercio de legítima, instituye herederos a sus cuatro citados hijos, y los sustituye». Así, puede ejercitarla tanto «inter vivos» como «mortis causa», que es lo que definitivamente hizo en su último testamento; puede hacerlo total o parcialmente, de manera que, en el caso de no ser total la distribución, deberán entrar como herederos de cuota los cuatro hijos en el remanente no distribuido por ella en el testamento; y siendo todos bienes gananciales, hay que analizar los límites de la liquidación de la sociedad conyugal y, en todas estas actuaciones, determinar los derechos de la legitimaria que no ha comparecido.
Para el ejercicio de la fiducia, la delegada lo ha hecho en su testamento disponiendo lo siguiente: «Segundo.–En nombre propio y en ejercicio de la facultad delegada por su esposo, lega a sus hijos: 1.º- M. H. P., la casa con su terreno unido que tiene el carácter de ganancial, al sitio de (…) Concello de Ames (…) con cuanto se encuentre dentro de dicha casa y terreno, sin excepción alguna. 2.º- M. y S. Silva, en partes iguales, la finca ganancial N.º 659 del Plano General de la Concentración Parcelaria de Trasmonte, Ayuntamiento de Ames, al sitio de (…), de veintidós áreas y sesenta y cinto centiáreas. 3.º- Y M. González Lozano, lo que por legítima le corresponda. Tercero.–Instituye herederos a sus hijos: M., S. Rojas. y M. H. P. Cuarto.–Sustituye a herederos y legatarios, por su descendencia, en todos los derechos que se deriven a su favor». Esta redacción requiere una sencilla interpretación: en la cláusula «segundo» se ejercita la delegación de la facultad de mejorar referidas a los derechos del esposo concedente de la delegación, y en la «tercero», se hacen disposiciones de la testadora en el ámbito de sus bienes.
Posteriormente, en la escritura de partición de las herencias, se adjudica la citada parcela 659 a don S. C. H. P. íntegramente; a doña M. H. P., la casa al sitio de Ames (finca registral 7.444), otras dos rústicas más y un derecho perpetuo al panteón funerario, y a don M. H. P., otra rústica.
En consecuencia, en el testamento de la fiduciaria no se ejercitó totalmente la delegación y distribución, ya que aparecen otros bienes en la partición posterior; y, además, se hace una adjudicación distinta de la ordenada por la fiduciaria: la finca ganancial número 659 se adjudica íntegramente a don S. C. H. P., en vez de a don S. C. y doña M. H. P. por partes iguales. Pero como resulta de la nota de calificación –«(…) solicitando exclusivamente la inscripción de la finca registral 7.444 del Ayuntamiento de Ames, solicitud a la que se contrae la presente calificación»–, a esa finca registral ha de limitarse la Resolución.
Pues bien, la liquidación y distribución practicada en el testamento de la fiduciaria no ha sido total sino tan solo referida a parte de los bienes y, además, respecto a uno de ellos, se ha producido una adjudicación en forma distinta a la ordenada por el testador que instituyó la delegación de la facultad de mejorar. Así, la única adjudicación hecha conforme la facultad concedida ha sido la de la finca registral 7.444, única a la que se contrae la calificación. Por tanto, respecto de esta finca debe estimarse el recurso.
6. Como se ha expuesto, el cumplimiento de la delegación exige a la fiduciaria el respeto de los derechos de los legitimarios, por lo que queda por determinar la acción de amparo que por la ley corresponde a la otra legitimaria.
Consecuentemente con la protección de los derechos legitimarios, puede reclamar contra el avalúo en el caso de que se perjudique el valor de su cuota en la primera sucesión.
En cuanto al régimen y plazo para el pago de la legítima de la primera sucesión –de su padre–, referido al Derecho común, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2019 resuelve un supuesto de ejercicio de fiducia sucesoria del artículo 831 del Código Civil, en el que uno de los cónyuges fallece dejando dos hijos y atribuyendo a su cónyuge supérstite las más amplias facultades reconocidas a la fiduciaria, permitiendo, incluso, que la esposa sobreviviente pudiera realizar las mejoras y demás atribuciones en su propio testamento, dando, por lo tanto, el máximo plazo legalmente posible para el ejercicio de aquellas facultades. Se interpone demanda por uno de los hijos por la que reclama el pago de su legítima en el momento de fallecimiento del primero de los cónyuges, con carácter inmediato, y, por consiguiente, sin esperar al fallecimiento del cónyuge supérstite. El Alto Tribunal, ante el silencio del Código Civil en este punto y la falta de doctrina jurisprudencial determinó que, si bien el origen del artículo 831 del Código Civil está en algunos Derechos forales, caso de la fiducia colectiva aragonesa, del fiduciario-comisario del Derecho Navarro, del comisario del Derecho vizcaíno, o de las facultades de designación y distribución otorgadas al cónyuge supérstite en el Derecho catalán –entre otros supuestos–, la interpretación de esta norma, al margen de la autonomía o clara diferenciación que presenta su actual regulación respecto de las aplicaciones forales señaladas, queda sujeta a los principios del sistema sucesorio del Código Civil. En aplicación de estos principios, resaltó que la legítima estricta de derecho común constituye un derecho básico del legitimario cuyo pago no puede quedar sujeto a plazo alguno fijado por el testador, salvo en los supuestos que expresamente lo disponga la propia norma. Supuestos, entre otros, del artículo 1056, caso de la preservación indivisa de una explotación, o del artículo 844 del Código Civil, caso del pago de la legítima en metálico.
El párrafo tercero del artículo 831 citado no contempla un régimen específico para el pago de la legítima estricta de los descendientes comunes, por lo que, el Tribunal Supremo ha considerado que de la interpretación del citado precepto no cabe extraer una excepción, cuál es la aplicación de un plazo, bien el de dos años previstos para el ejercicio de las facultades del cónyuge fiduciario –párrafo segundo del citado artículo 831–, o bien el del momento del otorgamiento del testamento del cónyuge fiduciario, que «resulta contrario a los principios de nuestro sistema sucesorio y carecen de cobertura expresa por la norma». Por eso ha considerado el Alto Tribunal que en el pago de la legítima estricta de los descendientes comunes no cabe señalamiento de plazo, salvo que la propia norma expresamente lo disponga.
En el supuesto de este expediente, no consta que haya sido reclamada la legítima a la viuda en vida suya. Ahora, fallecida ésta, y ejercitada por la fiduciaria parcialmente en su testamento la delegación de la facultad de mejorar respecto de una de las fincas concretas, se ha de pasar por ella, y, determinada la cuantía de la legítima estricta, procede el pago de la misma sin excepción de plazo alguno, toda vez que no se ha justificado ninguna circunstancia o vicisitudes que pudieran ser tenidas en cuenta para demorar dicho pago. No ha abordado el Tribunal Supremo la cuestión de las cautelas y forma de garantizar el pago de la legítima en su caso, por lo que será de aplicación el párrafo segundo del número 3 del citado artículo 831, según el cual, «de no respetarse la legítima estricta de algún descendiente común o la cuota de participación en los bienes relictos que en su favor hubiere ordenado el causante, el perjudicado podrá pedir que se rescindan los actos del cónyuge en cuanto sea necesario para dar satisfacción al interés lesionado». En consecuencia, y referido a este expediente, la legitimaria podrá, en su caso, ejercitar las acciones de rescisión que correspondan por perjuicio de su legítima estricta, pero la adjudicación concreta de la finca 7.444 que se hace en la escritura surtirá todos sus efectos.
Otra cosa es el resto de los bienes de la herencia del primer causante, que, por no haber sido ejercitada la delegación de la facultad de mejorar sobre ellos, o por haberlo hecho de forma distinta a lo ordenado por el testador instituyente de la delegación, para su adjudicación precisarán la intervención de la legitimaria que no intervino en la escritura.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 20 de abril de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.