Categoría: Judicial

rá atractivo para el servidor público afectado, pues su libre ejercicio se grava económicamente; y, por la misma razón, tal lectura tendrá efectos disuasorios sobre el ejercicio por el funcionario del derecho de acceso a la jurisdicción. Pero dicho resultado, como ya hemos destacado, no se encuentra previsto en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, pues no se contempla en su artículo 139, donde se contienen los criterios aplicables al pronunciamiento en costas. Las negativas consecuencias sobre la posición procesal del funcionario derivarán de la aplicación supletoria de reglas ajenas a la reglamentación especial de esta materia.
A la vista de las reflexiones precedentes, consideramos necesario realizar una lectura más acorde con la relevancia constitucional de la asistencia letrada y del pronunciamiento en costas a efectos de asegurar la plena salvaguarda de los derechos concernidos. Para ello bastará con interpretar la excepción dispuesta en ese apartado 3 del art. 23 LJCA como una facultad reconocida a los funcionarios públicos que, en la situación objetiva descrita, les permite optar entre la defensa técnica o la autodefensa de sus intereses. Esa interpretación resulta avalada por la propia literalidad del precepto, que utiliza el vocablo «podrán», connotando la posibilidad de que no operen las reglas dispuestas en los dos primeros apartados de ese precepto, en virtud de las cuales resultaría preceptiva la asistencia letrada en las actuaciones ante órganos jurisdiccionales unipersonales (art. 23.1 LJCA), y esa asistencia técnica por abogado y la representación por medio de procurador cuando se trate de actuaciones ante órganos colegiados (art. 23.2 LJCA). Por lo demás, es la interpretación que se desprende de la voluntad expresada por el legislador. En el propio preámbulo de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, que introduce la previsión del art. 23.3 LJCA, recuperando una posibilidad que había existido antes en dicha Ley, justifica tal introducción señalando que se hace «para permitir que los funcionarios públicos, que no tienen reconocido el derecho de justicia gratuita con independencia de sus recursos, puedan comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles, con lo que se recupera la regulación ya existente con anterioridad a la Ley 10/2012». De esta explicación se desprende claramente el carácter potestativo que se otorga a la previsión del art. 23.3 LJCA.
De acuerdo con esa intelección, las resoluciones impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho de defensa y a la asistencia letrada (art. 24.1 y 2 CE), toda vez que incurrieron en una interpretación irracional de los preceptos aplicables, carente de la suficiente cobertura legal, con efectos disuasorios del ejercicio por el recurrente de sus derechos de acceso a la jurisdicción y a la asistencia letrada.
Finalmente, este tribunal desestima la queja relativa al principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), pues el recurrente no acredita los requisitos que permitirían apreciar tal vulneración y por cuanto, en realidad, la desigualdad que se denuncia, relativa al trato que se depara al funcionario respecto de la administración, constituye uno de los factores a considerar en la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva antes analizada, en la que se vería subsumida.
Por lo expuesto procede estimar el presente recurso de amparo, con la consiguiente declaración de nulidad de las resoluciones impugnadas, los autos de 1 de marzo de 2018 y de 8 de junio de 2018, ambas dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Barcelona en el procedimiento abreviado núm. 249-2016, retrotrayéndose las actuaciones al momento inmediatamente anterior al auto de 1 de marzo, a fin de que el órgano judicial resuelva de manera respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Jordi Montero Cabrera y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en relación con el derecho de defensa y a la asistencia letrada (art. 24.1 y 2 CE).
2.º Restablecerlo en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los autos de 1 de marzo y de 8 de junio de 2018, dictados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Barcelona en el procedimiento abreviado núm. 249-2016.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la primera de las decisiones impugnadas, para que el órgano judicial dicte una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de febrero de dos mil veintidós.–Pedro Ibáñez Lozano Ferrer.–Santiago Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María Gil Balaguer Romero Sanz Huertas.–Firmado y rubricado.