Categoría: Judicial

de los miembros de las mesas electorales; g) la utilización de los espacios de titularidad o con derecho de uso de la Generalitat de Cataluña y organismos y entidades dependientes; h) la creación de un registro de colaboradores y colaboradoras de la administración electoral; i) la utilización, en general, de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la adecuada organización y desarrollo del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, así como de aquellos de los que ya se dispone». Con dicho acuerdo, los señores Junqueras, Romeva, Turull y la señora Bassa trataron de contar con los diversos canales administrativos de todos y cada uno de los departamentos, a fin de diluir aparentemente su responsabilidad individual y dificultar cualquier desistimiento que pudiera producirse. La iniciativa de la adopción de los gastos generados provenía de los consejeros de los Departamentos de Economía y Hacienda, Presidencia y Relaciones Exteriores, los más involucrados en la preparación del referéndum y consecuente materialización del gasto para su consecución.
El 12 de septiembre de 2017, el Govern adoptó un nuevo acuerdo que dejó sin efecto el acuerdo de 25 de julio de 2017, por el que se establecía el procedimiento a seguir en relación con lo dispuesto en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 21 de julio de 2017. En este nuevo acuerdo se dispensaba a los órganos y entidades de la Generalitat de Cataluña de cumplir con la obligación de remitir la información a que se ha hecho referencia. Según se indica en el acuerdo del Govern referido, las medidas adoptadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos resultaban incompatibles con la Ley 19/2017, por lo que, a propuesta del vicepresidente del Govern, se resolvió: «a) dispensar y eximir del cumplimiento de las obligaciones de información y/o de certificación, individuales y final, que se detallan [en el] acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos de 21 de julio de 2017, publicado por Orden PRA/686/2017, de 21 de julio, a las personas miembros del Gobierno, en el ámbito de sus competencias, que como máximos responsables gestores y económico-financieros, las tenían encomendadas; b) el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda deja de asumir las obligaciones de remisión de información que corresponden a los interventores y a la interventora general y les dispensa y exime, como superior jerárquico, del cumplimiento de las obligaciones de remisión de la información que dispone la referida Orden; c) el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda dejó de asumir las obligaciones de remisión de información que corresponden a la directora general de Presupuestos y al director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro y los dispensa y exime, como superior jerárquico, del cumplimiento de las obligaciones de remisión de la información que dispone la referida Orden».
La respuesta del Gobierno del Estado fue la adopción del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de fecha 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptaban medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, publicada por Orden PRE/878/2017 («BOE» de 16 de septiembre de 2017). En dicho acuerdo se incrementaron los controles establecidos, «se impuso un mecanismo de gestión de pago de determinados créditos presupuestarios de manera directa a los proveedores, acreedores de la Generalitat, solo contra factura comunicada por la interventora general y se sometieron a autorización previa del Consejo de Ministros todas las operaciones de endeudamiento de la comunidad, incluidas las operaciones a corto plazo. Entre otras medidas, se exigía que se integrase en las actividades de contratación y de fiscalización de los interventores la emisión de una “declaración responsable” en la que constase que dichos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de ninguna actividad ilegal, ni contraria a las decisiones de los tribunales». Tras ello, las comunicaciones por parte de la Generalitat se reanudaron.
En el apartado 2.1.4 se indica cuál es el respaldo probatorio que revela «la desesperada lucha de los señores Junqueras, Romeva, Turull y la señora Bassa para sustraerse a toda posibilidad de control financiero del Estado». En primer lugar, se alude al «Boletín Oficial del Estado» y al «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña». Se afirma también que el dictamen de las expertas del Ministerio de Hacienda, quienes fueron examinadas durante el desarrollo del plenario, resultó de especial valor probatorio, dado que su «proximidad a las estructuras administrativas de fiscalización del gasto público les situaba en una posición de privilegio para dar cuenta de los mecanismos de control de las finanzas del Estado y de los intentos de elusión por parte de los acusados del delito de malversación».
De la valoración de las fuentes de prueba, el tribunal sentenciador colige, respecto de los miembros del Govern acusados de malversación: «a) su voluntad persistente y contumaz de la celebración del referéndum de autodeterminación, con plena conciencia de su ilicitud; b) su contemplación como el peldaño necesario para estimular unas movilizaciones ciudadanas ilusionadas con la creencia de que un voto más entre los favorables a la autodeterminación, conduciría al inédito escenario de la república catalana; c) su manifestada rebeldía ante las resoluciones y requerimientos del Tribunal Constitucional; y d) su pretensión de imponer la normativa suspendida y declarada inconstitucional con preterición del ordenamiento que lo contradijera, es decir, la práctica totalidad del ordenamiento español incluida la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía. Pero mientras que la convocatoria del referéndum, las promesas efectivas de su celebración y el llamamiento a la participación ciudadana se reiteraban por parte de los miembros del Gobierno de la Generalitat, los gastos de su preparación y celebración, se negaban o contra toda lógica se afirmaban inexistentes».
Como consecuencia de los Decretos 108/2107, de 17 de julio, y 110/2017, de 18 de julio, se atribuyó al Departamento de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda la competencia en materia de procesos electorales. Y a través del acuerdo del Gobierno de 6 de septiembre ya citado, «se aseguraron recíprocamente, además del compromiso de todos los integrantes del Gobierno de atender los dispendios que fueren para la celebración del referéndum, la disponibilidad de todos los canales de cada una de las consejerías para su materialización». Con la avocación y centralización de las notificaciones del gasto al Ministerio de Hacienda, se posibilitó eludir la eventual negativa a su materialización por el funcionario que hubiera de tramitar el expediente, así como posibilitar el maquillaje total o parcial de la naturaleza del gasto. Sin embargo, como así lo testificaron los entonces responsables del Ministerio de Hacienda, los sistemas de control diseñados por el Estado no facultaban ejercer un control absoluto sobre las cuentas de la Generalitat, dado que solo se podía revisar y controlar lo que la administración catalana remitía; y en ocasiones, esa información fue incompleta e inexacta por lo que «ante la falta de explicaciones justificativas relacionadas con algún supuesto, se tomar[o]n medidas y se di[o] cuenta a la Fiscalía».
El apartado 2.1.5 concierne al primero de los gastos que las partes acusadoras imputan como constitutivos del delito de malversación; concretamente, el relacionado con la actividad del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), empresa pública adscrita al Departamento de la Presidencia, que goza de personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, integra a todos los servicios informativos y de telecomunicaciones en Cataluña. El órgano sentenciador afirma que en la madrugada del día 7 de septiembre de 2017, tras haberse convocado el referéndum el día 6 de septiembre del referido año, el CTTI activó la web “referéndum.cat”. Dicho organismo, al igual que el Centro de Seguridad de Información de Cataluña estaba adscrito a la Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital del Departamento de Presidencia, y ambos fueron puestos al servicio de las maniobras de ocultación para que la administración del Estado no conociera los términos de la celebración del referéndum. De ahí que el enlace “https://connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum2017” dejó de funcionar y pasó a denominarse “https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66”. Dentro de este dominio se incluyó la aplicación a la que se aludía como cridas, que permitía la creación de un registro de voluntarios a través de la cumplimentación de un formulario. Y añade que, pese a que las posibilidades del trabajo a desarrollar en el voluntariado no se ceñían de forma exclusiva a las tareas de gestión electoral, el vínculo en la página específica del referéndum permite colegir que «quien accediera desde el vínculo allí ubicado lo hacía para aportar su participación en la celebración de la preparación y celebración de esa consulta». Pero además, el Tribunal Supremo indica que, al acceder a la página web indicada, en su contenido aparece, sombreada en rojo, «la opción “vols col.laborar amb el referéndum?”, que redirigía a la dirección “https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66”, donde se encontraba el formulario d'inscripció/Col.laboradors Referéndum 2017». Y señala que «[e]n todo el proceso de la formación de la web median diversos mensajes con funcionarios y autoridades procedentes de diversos departamentos que hablan de la activación y contenido de esta página, y de su directa relación con el referéndum. Aluden con frecuencia a las maniobras para su ocultación. Incluso, de la planificación y estrategia para cuando cierren el dominio “.cat”, con el fin de usar otros dominios. Y efectivamente consta la clonación, acuerdos judiciales de cierre y diligencias de su diversa práctica, como “referendum.ws”, correspondiente a Global Domains lnternational lnc.; “ref1oct.cat”, “ref1oct.eu” y “referendeum:ws”, correspondientes a Google, y “https://twitter.com/ref1oct@ref1oct”, correspondiente a Twitter, lnc., todos ellos alojados en servidores de Estados Unidos, así como el dominio “Ref1oct.eu” correspondiente aEurid VZW, ubicado en Bélgica, hasta una cifra que supera las 140 identificadas, donde algunas se hallan alojadas en diferentes países del continente asiático o en Rusia».
Respecto de los hechos narrados, el tribunal enjuiciador sostiene que, a tenor del acervo probatorio, resulta plenamente acreditado el devengo de las partidas generadas por el desarrollo de las webs a que se hecho referencia, aunque las acusaciones no han cuantificado los gastos ocasionados ni los derivados de la compra y alojamiento de determinados dominios. Seguidamente, se destaca que dentro de la web “referendum.cat”, se incluyeron otros vínculos significativos: “www.referendum.cat/sindicatures-electorals”; y “www.referendum.cat/como-es-vota/”. El último enlace «proporcionaba, a modo de guía, unas instrucciones de cómo realizar el voto. Incluía también un contenido específico para los catalanes residentes en el extranjero, “registre.catalans.exteriors.gencat.cat”. Esta aplicación, si bien existía desde la consulta del 9-N –cfr. la sentencia de esta Sala núm. 177/2017, de 22 de marzo–, fue objeto de desarrollo con miras al referéndum del 1 de octubre».
Finalmente, el órgano judicial refuta el alegato de los acusados concernidos, que no niegan la existencia de los aplicativos referidos a “connecta”t” y al registro de catalanes en el exterior, pero los desvinculan del referéndum. Al respecto, colige que «su precisa ubicación en la web del referéndum, como su cronología, en función y promoción de ese referéndum, permiten inferir la simulación y avalar en términos probatorios la procurada clandestinidad de su preparación, elaboración, activación y abono de los gastos generados. El contenido de los correos –ofrecidos como prueba documental por las acusaciones y expuesto a la contradicción de las partes– son reveladores de que la principal función pretendida no era otra que la elaboración de la crida extra, para lograr voluntarios en la preparación y celebración del referéndum, y la difusión en la red de la aplicación que permitía el registro, la facilitación de la inscripción y la consecuente emisión de su voto en el reiterado referéndum».
También trae a colación el testimonio del guardia civil con TIP 29100Q, referido al papel activo desempeñado por diferentes personas para poner en marcha la indicada web y sus aplicativos, y la contratación de la entidad DXC para «la asistencia técnica especialmente para el aplicativo de la séptima crida –a veces también llamada crida extra, que fue mantenida oculta hasta el final–, entidad que le informó de unos servicios ya prestados por 65 000 €, de unos 130 000 previstos».
En el apartado 2.1.6 se analizan los gastos asociados a la retribución de doña Teresa Ramírez Caballero que, se afirma, colman también las exigencias del tipo objetivo de malversación. La persona indicada es diseñadora gráfica autónoma y presta servicios habitualmente para la Generalitat, en virtud de un contrato menor, hasta un máximo de 17 000 €, que renovaba anualmente. En relación con los hechos, se afirma que facturó 2 700 € por el diseño de la web “papelreferendum.cat” que le encargó el Departamento de Presidencia, pero en julio de 2017 renunció a su cobro mediante una factura negativa. El órgano judicial considera acreditado, a la vista del testimonio de aquella y de la prueba documental: «a) la compra por parte de la Generalitat, con facturación simulada y dos personas interpuestas, de varios dominios relacionados con el referéndum; que al final, conforme informa CDMON, tras la titularidad del CTTI, serían traspasados a Òmnium; b) el de la facturación, del diseño gráfico de uno de ellos, utilizado luego para incluir vínculos al voluntariado antes descrito; c) el trabajo a estos fines de personal externo al CTTI, correo con dominio “hpe”, que parece referenciar la empresa tecnológica Hewlett Packard Enterprise, habitualmente conocida como HPE, precisamente de la cual se escinde DXC Technology, antes ya aparecida en tareas relacionadas con los inscritos en la crida extra. Sea como fuere, se trata de una entidad ajena, cuyos servicios han de remunerarse».
Luego se explicita que, «[p]ese a que el proceso se inicia en diciembre de 2016 y enero de 2017, su relación con el referéndum del 1 de octubre resulta evidenciado por la utilización de estos dominios en su difusión y preparación, así como por la ocultación de su compra y de su facturación, que no culmina hasta junio de 2017. Si bien el importe de la titularidad de los dominios, no es partida incluida por las acusaciones y no obra la facturación a las empresas tecnológicas externas, resta la facturación que presenta doña Teresa Iglesias a la Generalitat por el diseño de la referida web, aprovechada para incluir vinculaciones directamente relacionadas con el referéndum, con fecha de 31 de mayo de 2017 y vencimiento a 30 de junio de 2017 (folio 223 del referido pdf y desglose en el 221, donde especifica los 2700 € en el concepto “web”). Como renunció a su cobro, en el listado de facturas emitidas por doña Teresa Iglesias a la Generalitat, cuyo contenido fue proporcionado por la Interventora General de la Generalitat el 12 de marzo de 2018, a requerimiento de la Secretaría de Estado de Hacienda, una parte parcial de esa factura de 31 de mayo aparece como rechazada por 2370,03 €. La diferencia estaría en el abono de la compra de dominios».
En el apartado 2.1.7 se argumenta sobre la contratación para la inserción en diversos medios del anuncio de celebración de una conferencia en el Parlamento Europeo. Sin embargo, el tribunal enjuiciador consideró que «la impartición de una conferencia no puede reputarse una conducta típica, defendieran o no los conferenciantes en sus intervenciones la autodeterminación e independencia».
En el apartado 2.1.8 se cuantifica en 220 253,34 €, sin IVA, los devengos generados, entre febrero y mayo de 2017, por la difusión del registro de catalanes en el exterior y la activación de la web “referendum.cat”. En los apartados 2.1.9 a 2.1.12 se detalla la contratación efectuada, los diferentes expedientes que se incoaron, la actividad desempeñada por los contratistas y la facturación que estos libraron, la cual se sintetiza del siguiente modo: Estudi Dada, S.L., 10 829,50 € y UTE Nothingad y Kardumen 97 332,63 €, cantidades que no fueron abonadas y, en relación con la última, se expidió una «factura negativa» por importe de 80 440,19 €; y Focus Media, S.L., 130 863,15 €, cantidad que tampoco consta que fuera cobrada.
En el apartado 2.1.13 el tribunal sentenciador analiza los gastos inherentes a la publicidad directa del referéndum llevada a cabo en la campaña Civisme mediante «el anuncio de las vías del tren». Dicho órgano considera que la existencia de la campaña y su contenido estaban relacionados con el referéndum. En la pág. 434 se especifican las características del anuncio, en los siguientes términos:
«El producto resultante de la creatividad se adecuó a tres periodos consecutivos, con métodoteaserlos dos primeros, con un total de cincuenta segundos: a) del 4 al 6 de septiembre: campaña con creatividad de diez segundos, se visualiza un cruce de dos vías de un tren, se desplaza la cámara entravellingque discurre por las vías y acaba antes de llegar al cruce. Sobreimpresionada y emitida también en audio, aparece: “Vas néixer amb la capacitat de decidir, hi renunciaràs?” (“naciste con la capacidad de decidir, ¿renunciarás a ella?”); b) del 7 al 12 de septiembre: campaña con creatividad de veinte segundos. El mismo contenido con la adición de otros diez segundos, sobre fondo liso, donde se sobreimpresiona y a la vez se oye en audio: “ara més que mai el futur de Catalunya és a les teves mans” (“ahora más que nunca el futuro de Cataluña está en tus manos”); ello, mientras una mano introduce una papeleta en una urna y a continuación en gran tipografía ocupando gran parte de la pantalla se lee: “1-OCT REFÉRENDUM”; y en renglón inferior: “D'AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA”, sobreimpresionado en la parte inferior: “Participa-hi. L'1 d'octubre refèrendum” (“Participa en él. El 1 de octubre, referéndum”). Finaliza con el emblema de la Generalitat de Cataluña en su versión bicolor; c) del 16 al 29 de septiembre: con creatividad de veinte segundos, informando del día y la documentación necesaria para votar en el referéndum».
Pese a que el concurso para la adjudicación de la campaña fue declarado desierto, el Consorcio Catalán de Medios Audiovisuales (CCMA) difundió esos anuncios a través de canales de televisión, emisoras de radio y medios digitales por él gestionados. Por ese concepto se emitieron «dos facturas: a) la datada el 14 de septiembre de 2017, por importe de 93 179,56 €, que cubría las dos primeras fases –emisiones del 4 al 12 de septiembre–; b) la fechada el día 5 de octubre de 2017 por valor de 184 624,85 €, por las emisiones de la tercera fase –del 16 al 29 de septiembre–». También se afirma que las facturas y documentos relacionados obran en diversos expedientes y han sido aportados al proceso; entre otras fuentes, «por la Intervención General de Cataluña a la Secretaría de Estado de Hacienda; o a través de su entrega directa por la propia presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales [...]». Dichas facturas se emitieron a instancia del responsable de difusión institucional de la Generalitat de Cataluña de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, que fue quien realizó el encargo, que fueron reclamadas a la directora de servicios generales del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña.
El tribunal sentenciador considera que existe coincidencia entre la explicación del origen de la campaña, su finalidad y los responsables del encargo; y pese a que el Departamento de Presidencia niegue la realidad del servicio y la responsabilidad por los gastos derivados del referéndum, se evidencia la deliberada ocultación de los gastos efectuados o comprometidos en relación con dicha consulta, así como la insuficiencia del control formal por parte del Ministerio de Hacienda para detectar tales gastos.
En el apartado 2.1.14 se considera acreditado el encargo de don Enric Castro, de parte de Òmnium Cultural, «a tres entidades mercantiles –Artyplan, Márquez Marti y Global Solutions– [de] la propaganda del referéndum, suministrando el archivo de la imagen de las vías del tren, en particular, la confección de carteles, folletos y dípticos de propaganda». A lo largo de las págs. 439 a 442 se especifica el resultado de las pruebas practicadas al respecto; y de ello, el órgano de enjuiciamiento concluye que «don Antoni Velasco, secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, se valió de los contactos de Òmnium Cultural y de la intermediación de don Enric Castro para ocultar la propia actividad y el gasto derivado de la cartelería del referéndum. Se trataba por tanto de un encargo simulado de esta manera por la Generalitat, a quien debían ser facturados los gastos que se iban a generar, como testimonió el empleado de Artyplan».
El apartado 2.1.15 versa sobre el encargo de distribución de 56 000 cartas certificadas con nombramiento de cargos en las mesas electorales y 5 346 734 sobres ordinarios con tarjetas censales. Dicho encargo recayó en la empresa Unipost, S.A., siendo su importe de 979 661,96 € sin IVA. No obstante, a fin de disimular dicho gasto, el referido importe se dividió entre cinco departamentos, con los siguientes importes: Cultura 196 696,98 € más IVA; Salud 192 711,20 € más IVA; Vicepresidencia y Economía 193 889,98 € más IVA; Presidencia 198 871,76 € más IVA; y Trabajo 197 492,04 € más IVA. En las págs. 444 a 451 se detalla y analiza el material probatorio que llevó al órgano judicial a tener por ciertos esos hechos y colegir finalmente que «resulta acreditado que la Generalitat encargó a Unipost, en la oculta y clandestina manera con que intentaba disimular los gastos del referéndum, la distribución de 56 000 cartas certificadas con nombramiento de cargos en las mesas electorales y 5 346 734 sobres ordinarios con tarjetas censales, encomienda que importaba 979 661,96 € y cuya procedencia en esa tarea de enmascaramiento, se dividió en cinco departamentos.
No ha quedado acreditado que se entregara a Unipost, más que los 43 429 sobres intervenidos en Terrassa y los 1811 intervenidos en Manresa. De modo que la prestación no fue realizada, si bien ello se debió a la actuación de la Guardia Civil».
En el apartado 2.1.17, el tribunal analiza, en los diferentes subapartados, los gastos relacionados con el referéndum generados por las delegaciones exteriores de Cataluña. En concreto, se refleja la contratación llevada a cabo por la delegación de la Generalitat de Cataluña, el 15 de agosto de 2017, con la consultoría SGR Government Relations and Lobbyng, por importe de 6000 €. El indicado precio lo era por tres meses prorrogables, durante los cuales «SGR se comprometía a facilitar encuentros con medios de comunicación, cámaras de comercio, organizaciones y funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo para la realización de actividades políticas de difusión. Ello se pone en relación con el logro de una línea de información sobre la situación de Cataluña en tiempo real creada por el periódico Washington Post, donde el 22 de septiembre el entonces presidente de la Generalitat publicó un artículo bajo el título “Disculpa, España. Cataluña votará por la independencia, te guste o no”».
También se detalla la contratación de observadores internacionales para verificar el referéndum del 1 de octubre, efectuada por la delegación de Cataluña ante la Unión Europea con The Hague Centre for Strategic Studies, por un importe de 167 065 €, del que se abonaron un total de 119 000 €, en fechas 21 de septiembre y 9 de octubre de 2017 (58 250 y 61 450 € respectivamente), quedando pendiente el pago de 47 635 €. Señala el órgano judicial que el informe de la Intervención General de Cataluña, con soporte documental incluido, recoge los extremos antes relatados. Y aun cuando la denominación del servicio de asesoramiento contratado no aluda directamente al referéndum, el referido órgano considera que «en el informe para autorización del servicio, del representante titular de la delegación, don Amadeu Fernández, se indica entre otras explicaciones, que Cataluña se encuentra en un momento en que hace falta un mayor esfuerzo para darnos a conocer en el exterior, ya sea para participar y dar a conocer la posición de Cataluña; favorecer contactos económicos, que, por ejemplo, faciliten superar la crisis actual; ya sea para dar a conocer la voluntad democrática del pueblo de Cataluña a decidir su futuro. Sucede además que el proyecto de la Ley de referéndum, ya era conocido y entre las normas de desarrollo, se establecía una amplia contemplación no solo de observadores electorales, sino también de visitantes internacionales (cfr. arts. 29 a 33 del Decreto 140/2017)».
El apartado 2.1.18 viene referido a la actividad desarrollada por el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (en adelante, Diplocat), que se define como un consorcio público-privado dotado de naturaleza jurídica propia y sometido al ordenamiento jurídico público, que fue creado en el año 2012 con el objetivo, entre otros, de dar apoyo a la estrategia de la diplomacia pública del Gobierno de Cataluña. Ese organismo cuenta con la participación mayoritaria de la Generalitat, que en el año 2017 aportó, según su director, el 87 por 100 del total de sus ingresos. El presupuesto del citado consorcio se integra en el de la Generalitat y aquella se hace cargo de todos los gastos de locales y servicios necesarios para su funcionamiento.
Para el tribunal sentenciador, más allá de su régimen jurídico, Diplocat actuaba bajo «la observación directa del acusado señor Romeva a través [de] la Consejería de Exteriores que él dirigía. Y es también una realidad que el propio acusado veía en Diplocat una extensión propia», lo que se considera avalado por un email que el referido demandante remitió al jefe de gabinete y al secretario general bajo el título «nota que quisiera enviar a Royo», director de Diplocat, a modo de recordatorio, cuyo texto aparece reflejado en las págs. 455 y 456. Para el órgano judicial, el contenido de ese correo «encuentra su pleno complemento en un correo precedente de 15 de octubre de 2016, en sentido inverso, dirigido por don Albert Pastor a don Raül Romeva, donde le señala que “con Diplocat tienes un equipo eficaz y comprometido a tu servicio, al servicio de la república que llega”».
En los subapartados 2.1.18.1 a 2.1.18.4 se reflejan los diferentes gastos a que dio lugar la actividad desarrollada por Diplocat, conforme al siguiente esquema:
(i) Visita de un grupo de parlamentarios europeos (el listado obra en la pág. 457) a Cataluña, a fin de publicitar y legitimar el referéndum. Buena parte de la delegación originó gastos de desplazamiento y/o alojamiento como acreditan las facturas emitidas por Vap Bussiness Travel, S.L., y por el establecimiento Praktik Bakery. En el informe elaborado por la Intervención General de Cataluña, de fecha 8 de octubre de 2018, se refleja una factura electrónica en concepto de «programa de visitantes internaciones», PVIIPD2017 por importe de 64 654,09 €.
(ii) Grupo de expertos International Election Expert Research Team (IEERT) dirigido por doña Helena Jiménez. Diplocat encargó un estudio para analizar el contexto político de Cataluña. El total de honorarios devengados asciende, según la relación de facturas obrante en los folios 459 y 460, a 114 592,50 €, mientras que los gastos generados por el grupo por alojamiento, viajes, y otros conceptos alcanzó un importe de 62 712,40 €. En el informe elaborado por la Intervención General de Cataluña figura una factura por importe de 206 371,49 € en concepto de «análisis/contexto político de Cataluña».
El contenido del informe tituladoAnalysis of the political context of Catalonia in the leadup to the 2017 catalonian independence referendum, viene dedicado principalmente a analizar la jornada del 1 de octubre de 2017 y el desarrollo del referéndum. En dicho informe se puntualiza que «al equipo de investigación principal se unió un pequeño equipo de observación para el fin de semana de la votación. Estos observadores viajaron a las diferentes provincias de Cataluña para seguir el día completo de votación e informaron al equipo basado en Barcelona durante el día».
Respecto del informe indicado, se destaca que en el apéndice 1, firmado por la señora Catt, se define al equipo como «un grupo informal de investigadores, académicos y expertos en elecciones de Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido e Irlanda que han participado anteriormente en misiones de observación tradicionales y elecciones en diferentes partes del mundo, además de experiencia académica y profesional en elecciones y derechos humanos». Y en relación con su actividad se añade: «el equipo como organización, además de todos los investigadores y observadores en Cataluña, fue acreditado por la sindicatura electoral (Electoral Commission) y firmó un compromiso de adherirse plenamente a los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad de acuerdo con la Declaración de Principios para la observación electoral internacional y el Código de Conducta para los observadores internacionales de elecciones».
(iii) En el fin de semana en que se celebró el referéndum, al grupo IEERT se le unió un grupo de refuerzo constituido por doce observadores denominadoWorkshop d´experts Europe. Según se recoge en el informe mencionado en el apartado anterior, este grupo «sigui[ó] la situación desde las 5:00 am hasta que las urnas cerraron a las 8:00 pm y luego, a medida que se contaban las papeletas, visitaron más de 100 mesas electorales en toda Cataluña».
Según se refleja en el informe de la Intervención General de Cataluña, un miembro del grupo central fue remunerado con 4873 € por dirigir un debate, a lo que se suman honorarios y dietas de los intérpretes, importes de billetes de avión y otros conceptos. Obra en el referido informe una factura electrónica por importe de 34 763,43 € asociada al concepto de «Programa de visitants internacionals PVIIPD 2017», con el epígrafe «Workshop d'experts Europa». Ahora bien, aun cuando el tribunal sentenciador considera que esta última partida confirma la verdadera actividad del grupo dirigido por doña Helena Jiménez, sin embargo, la excluye a efectos de cualificar ese gasto a efectos del delito de malversación, al no estar nítidamente diferenciada en los escritos de conclusiones de las acusaciones.
En el apartado 2.1.18.4 se tiene por acreditada la contratación de otro grupo de observadores para publicitación y pretendida legitimación del ilegal referéndum. En este caso, Diplocat, a través de MN2S Management Limited, contactó el 5 de septiembre de 2017 con don Willem «Wim» Kok –político neerlandés fallecido en 2018– que fue contratado para asegurar su presencia el día 1 de octubre, incorporado al equipo de expertos. Según documentación facilitada por la Intervención General de Cataluña consta la siguiente facturación por esta contratación: «a) factura de fecha 5 de septiembre de 2017 por importe de 32 400 € del proveedor MN2S Management, correspondiendo al 60 por 100 de los honorarios de don Wim Cabrera y pagada mediante la cuenta bancaria de Diplocat en Caixabank el 7 de septiembre de 2017, con una transferencia bancaria a la cuenta corriente indicada en la factura del proveedor National Westminster Bank PLC; b) factura de fecha 18 de septiembre de 2017 por importe de 21 630 € del proveedor MN2S Management, correspondiendo al 40 por 100 de los honorarios de don Wim Cabrera y pagada mediante la entidad bancaria de Diplocat en Caixabank el 15 de septiembre de 2017, mediante transferencia bancaria a la misma cuenta corriente antes indicada; c) factura de abono de fecha 5/9/2017 [sic], por importe de 54 030 € del proveedor MN2S Management». El tribunal sentenciador no se pronuncia sobre las razones de la devolución del importe, pero sí concluye que «lo cierto es que había cargos de Viap Business Travel, S.L., por los vuelos de don Willem Guerrero correspondientes a los días 14 y 27 de septiembre. Este dato avala la conclusión acerca de que la prestación de servicios fue efectivamente contratada, aunque no conste acreditado que el servicio se prestara».
Sin embargo, en la sentencia no se toman en consideración, a efectos del delito de malversación, las traducciones al inglés para su incorporación a la web “cataloniavotes”, habida cuenta de «la vaga alusión a esta web en el escrito de conclusiones de la acusación particular, sin especificación de este servicio y en ausencia de toda referencia en el escrito de conclusiones del Ministerio Público», al igual que el valor de uso de los locales utilizados para la votación en la jornada del 1 de octubre de 2017, conforme a la argumentación que se recoge en el apartado 2.1.19.
En los apartados 2.1.20 a 2.1.22, el tribunal sentenciador argumenta de manera individualizada sobre los aspectos determinantes de la atribución del delito de malversación al señor Romeva (apartado 2.1.20), al señor Turull (apartado 2.1.21) y a la señora Bassa (2.1.22). En lo concerniente al señor Romeva, su participación en la referida infracción se aprecia por «[l]a suscripción de los actos normativos de ocultación más importantes, la desatención de todos los mandatos del Tribunal Constitucional que le fueron personalmente notificados, dirigidos a evitar la aplicación de fondos públicos al referéndum ilegal y, sobre todo, el incontrolado empleo de recursos públicos con esta misma finalidad». Seguidamente, se rechaza el alegato exoneratorio que en su descargo ofreció el demandante, al manifestar, a preguntas de su letrado, que «[l]os gastos que él habría amparado eran gastos que tenían que ver con debates o conferencias en el Parlamento Europeo. Los lobbies en Estados Unidos forman parte de la más absoluta normalidad. De hecho, están sometidos a estrictos requisitos de transparencia y fiscalización de su actividad. Nada era ilícito […] todo formaba parte de la gestión ordinaria de la Consejería cuya titularidad representaba. Lo que se perseguía con los gastos que las acusaciones consideran delictivos no era otra cosa que invertir en la difusión de la realidad de Cataluña. Diplocat solo perseguía “conectar” con las realidades sociales, académicas o cívicas. De hecho, en algunos de los viajes y visitas organizados por aquella entidad acudieron representantes parlamentarios de otros partidos no independentistas, como el Partido Popular o Ciudadanos».
Lo que el tribunal enjuiciador considera relevante desde el punto de vista penal es «la manifiesta deslealtad de aplicar fondos públicos al abono de los gastos que se generaron como consecuencia de una consulta referendaria que fue considerada ilegal por el Tribunal Constitucional y, en ejecución de esta decisión, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña». Y se añade que el demandante conocía la ilegalidad de la aplicación de fondos públicos al referéndum, pues le fue notificada personalmente la providencia de suspensión de 4 de abril de 2017, dictada por el Tribunal Constitucional con ocasión del recurso de inconstitucionalidad núm.1638-2017, contra la disposición adicional cuadragésima, apartados primero y segundo, de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, del Parlament de Cataluña, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio 2017 («BOE» de 5 de abril de 2017), cuyo contenido se transcribe en la sentencia combatida.
También se realza la importancia del acuerdo del Gobierno de la Generalitat, de 7 de septiembre de 2017, cuyo contenido ha quedado reflejado con anterioridad; texto reglamentario que fue suscrito por todos los miembros del Govern y promovido por el vicepresidente de la Generalitat y por los consejeros de Presidencia y de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y de Transparencia, a la sazón, el señor Romeva. Y se afirma que, en el ámbito competencial que le era propio, este último tenía el dominio funcional de las decisiones acerca de los gastos abonados por el consorcio Diplocat, lo que se desprende de su propia estructura orgánica y régimen de financiación.
Por último, se señala que la documentación obrante en la causa, «identificada supra en el fundamento jurídico que justifica la autoría del señor Junqueras, pone de manifiesto la existencia de gastos que reflejan el quebrantamiento de las más elementales reglas de lealtad en el manejo de fondos públicos que, en ningún caso, podían haber sido aplicados al desarrollo o promoción en el extranjero de una consulta popular que había sido declarada ilegal. Y ha quedado patente la existencia de: a) las visitas de un nutrido grupo de parlamentarios europeos, entre los días 28 y el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017, orientadas a publicitar y legitimar el ilegal referéndum. Ascendieron a 43 341 €; b) la contratación de un equipo de investigación experto en elecciones internacionales –International Election Expert Research Team, dirigido por doña Helena Jiménez, que importó 177 304,90 €; c) la contratación con MN2S Managemet Limited de un equipo en el que estuviera integrado el político holandés don Willem “Win” Kok, en los días del referéndum: 54 030 €; si bien fueron devueltos, porque la prestación no se realizó».
También se toman en consideración por el tribunal los gastos generados a través de las delegaciones en el exterior del Gobierno de la Generalitat, «todas ellas vinculadas a decisiones susceptibles de control por el acusado señor Romeva. Es el caso, por ejemplo, de la contratación de una consultora en Estados Unidos, en agosto de 2017, durante tres meses, para hacer terea de lobby en defensa de la celebración del referéndum. Su importe ascendió a 60 000 €. Lo mismo aconteció con la contratación de los servicios de la instituciónThe Hague Centre for Strategic Studies, como observadores internacionales para verificar el referéndum del 1 de octubre. Se presupuestaron 167 065 €, si bien restan 47 635 € por abonar».
r) En el apartado D) de la fundamentación jurídica de la sentencia se contiene la justificación de la individualización de las penas impuestas. En lo que se refiere a los recurrentes, en el apartado 1 se afirma que «en su condición de autores del delito de sedición, han de ser reputados, a estos efectos, autoridad. El art. 24.1 del CP considera autoridad a efectos penales a todo aquel que “[…] por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia” y a los “[…] miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas”. Los acusados detentaron también una autoridad funcional, marcada por su capacidad decisoria para sumarse y condicionar el desarrollo del concierto delictivo. El acusado don Oriol Pastor era vicepresidente del Gobierno de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda. Ocupaba, pues, la cúspide en el organigrama político-administrativo que fue puesto al servicio del proceso sedicioso. Los acusados señores Junqueras, Romeva [...] eran miembros del Govern. En sus respectivos ámbitos decisorios y en función de su fecha de nombramiento como consejeros, hicieron posible y suscribieron los acuerdos gubernativos que han quedado reflejados en elfactum, que dibujaron una pretendida legalidad administrativa contraria a todos los requerimientos del Tribunal Constitucional. Alentaron las movilizaciones tumultuarias convocadas para hacer visible la pérdida de poder de los órganos judiciales en Cataluña y contribuyeron con las decisiones individuales que han sido descritas en el relato de hechos probados a la realidad del referéndum reiteradamente desautorizado y prohibido por el Tribunal Constitucional».
En relación con el delito de malversación, la argumentación que se ofrece es la siguiente: «El art. 432.3 establece un tipo agravado, por razón de la cuantía, que cuando excede de 250 000 €, obliga a imponer la pena en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la superior en grado. Los acusados señores Junqueras, Romeva, Turull y la señora Bassa son declarados autores de un delito de malversación agravada, por la deslealtad que representa haber puesto la estructura de sus respectivos departamentos al servicio de una estrategia incontrolada de gasto público al servicio del referéndum ilegal. Y hacerlo, en total, en una cuantía superior a 250 000 €».
Finalmente, «[l]a Sala considera, ponderando las razones expuestas, que los autores de los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, conforme a su punición con las reglas del concurso medial descrito en el art. 77.3 del CP han de ser castigados a las siguientes penas:
Don Oriol Pastor, a las penas de trece años de prisión y trece años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena.
Don Raül Romeva, a las penas de doce años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena».
s) Por escrito de fecha 16 de diciembre de 2019, los recurrentes en amparo formalizaron incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia de 14 de octubre de 2019. En el mismo alegaron la conculcación de los derechos contenidos en los arts. 14, 15, 16.1, 17.1, 18.1, 18.3, 18.4, 20.1, 21.1, 23, 24.1, 24.2 y 25.1 CE, aunque también se efectúen referencias a tratados internacionales que protegen los derechos humanos de acuerdo con el artículo 10.2 CE. Según exponen a continuación, el índice de motivos es el siguiente, sin perjuicio de que, en el desarrollo de los motivos, puedan aparecer vulneraciones de otros derechos vinculadas que se describirán expresamente en la argumentación ofrecida: (i) vulneración del principio de legalidad penal; (ii) vulneración del derecho fundamental a un juez predeterminado por la ley independiente e imparcial; (iii) vulneración del derecho al juicio justo y sus concretas manifestaciones (tutela judicial efectiva, proceso con todas las garantías, derecho de defensa, presunción de inocencia, etc.); (iv) vulneración del derecho de reunión; (v) vulneración de la libertad ideológica; (vi) vulneración de la libertad de expresión.
t) Por auto de fecha 29 de enero de 2020, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó todos los incidentes de nulidad que le fueron planteados.
3. En la demanda de amparo, los recurrentes alegan las siguientes vulneraciones de sus derechos fundamentales:
3.1 Límites a la jurisdicción. Proceso público con todas las garantías (art. 24.2 CE); derecho a la igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE); derecho a la libertad (art. 17 CE); y derecho a la participación y representación política (art. 23 CE).
3.1.1 Inaplicación de la inmunidad europea.
Se expone que el señor Junqueras adquirió la condición de miembro del Parlamento Europeo en las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019 y fue proclamado electo el día 13 de junio de 2019. Con motivo de la denegación de un permiso penitenciario, que fue solicitado para poder asistir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, el indicado demandante instó el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto del alcance de la garantía de inmunidad que le amparaba como europarlamentario. Por auto de 1 de julio de 2019, el tribunal enjuiciador planteó tres cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con la garantía de inmunidad a que se ha hecho mención. Se aduce en la demanda que la STJUE de 19 de diciembre de 2019, asunto C-502/19, que resolvió las cuestiones prejudiciales planteadas, establece que la «adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo, a efectos del artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, se produce por el hecho y desde el momento de la proclamación oficial de los resultados electorales efectuada por los Estados miembros (STJUE § 71)».
Como segunda conclusión apuntan que la indicada resolución establece (STJUE § 92) que «a la luz de las consideraciones anteriores, procede responder al tribunal remitente que la existencia de la inmunidad prevista en el artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta a la persona que goza de tal inmunidad, al objeto de permitirle desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo Protocolo. Por su parte, en el párrafo § 93, el TJUE establecía, además, la guía para la aplicación de los “efectos reflejos” o “efectos aparejados a la inmunidad” en la “causa principal”». El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligaba al Tribunal Supremo, a generar efectos sobre la causa principal (es decir, sobre la sentencia) a tenor de la inmunidad parlamentaria.
Por ello, según la demanda, el contenido de la referida sentencia tiene una evidente influencia en el pleito principal, puesto que al reconocer la inmunidad prevista en el art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, ello debió implicar «el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta a la persona que goza de tal inmunidad, al objeto de permitirle desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo Protocolo». Así pues, sin la autorización del Parlamento Europeo no resultaba posible el mantenimiento de la prisión provisional ni la continuación «del procedimiento penal con el dictado de una sentencia que analizara la culpabilidad de los acusados, con respeto a las prerrogativas insertas en el artículo 9.1 [del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión] aplicable a cualquier miembro del Parlamento Europeo desde el inicio del período de sesiones (2 de julio de 2019)».
Señalan también que la respuesta dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el apartado § 92 de la referida sentencia supone la adopción de un criterio extensivo sobre la eficacia absoluta de la inmunidad reconocida en el art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, que impide la evolución del procedimiento y la posibilidad de dictar sentencia definitiva sin la tramitación del suplicatorio al Parlamento Europeo. Por tanto, consideran que el auto del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2020 (cuyo contenido no se menciona en la demanda) deja sin efecto lo acordado por la STJUE citada, a pesar de que el tribunal enjuiciador no podía excepcionar el contenido y alcance de la inmunidad. De todo ello, los recurrentes coligen que la actuación del órgano sentenciador vulnera los derechos al proceso con todas las garantías, a la libertad deambulatoria, a la igualdad sin discriminación y a la participación y representación políticas, de manera que la sentencia impugnada debe ser declarada nula, puesto que no respeta el «efecto suspensivo del “renvío prejudicial” ni tampoco los efectos asociados a la inmunidad reconocida».
3.1.2 Inviolabilidad parlamentaria.
Destacan los recurrentes que las garantías de inviolabilidad e inmunidad no solo afectan al derecho al juicio justo, pues también sirven a la protección de las libertades ideológica y de expresión y a los derechos de reunión y de representación política. Más adelante, sostienen que la sentencia impugnada criminaliza el proceso de creación legislativa y el debate acaecido en el Parlament de Cataluña, al serles atribuida la comisión de los delitos de sedición y malversación. Tal afirmación se anuda a la notable importancia que la sentencia confiere, de cara a la apreciación de la responsabilidad penal de los recurrentes, a la tarea normativa desarrollada, pese a que, según sostiene la propia Sala, la «legalidad paralela» ni tuvo ni podría tener efecto alguno.
Critican que, a raíz del dictado de la STC 259/2015 y los subsiguientes incidentes de ejecución tramitados, el Tribunal Constitucional se haya separado «de sus tareas de control de constitucionalidadex postfrente a las manifestaciones políticas del Parlamento para generar un mandato genérico previo de impedir o paralizar cualquier iniciativa relacionada con la Resolución 1/XI», censurando el debate parlamentario y dando lugar a su criminalización, hecho incompatible con las garantías que protegen