Categoría: Normativas

ara el año 2024, 1570,20 euros para el año 2025. Se distribuirá en doce mensualidades de las cuantías que figuran en las tablas salariales anexas y por el periodo de tiempo que en ellas se expresa.
Así mismo la empresa abonará el plus de vestuario a aquellas personas trabajadoras que presten sus servicios en tareas, que, sin requerir el uso de uniforme, si exigen una adecuada imagen y presencia.
Para aquellos personas trabajadoras que trabajen todos los días laborables al mes, su retribución será mensual, y para aquellos personas trabajadoras que no realicen su jornada durante todos los días laborables su retribución será por día trabajado que se computará a razón de 6,24 euros por día trabajado durante el periodo comprendido desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2022, 6,32 euros desde el 1 julio de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, 6,46 euros para el año 2023, 6,69 euros para el año 2024, 6,69 euros para el año 2025.
Para el sector de desinfección el valor diario de dicho plus será a razón de 6,43 euros por día trabajado durante el periodo comprendido desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2022, 6,51 euros desde el 1 julio de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, 6,61 euros para el año 2023, 6,89 euros para el año 2024, 7,13 euros para el año 2025.
Si el índice general del IPC establecido por el INE u organismo oficial competente para ello en dicho momento, registrara al 31 de diciembre de 2025 y en referencia al acumulado de los años 2022, 2023, 2024, y 2025 un incremento del señalado índice superior al 10,00% se efectuará una revisión de todos los conceptos económicos del convenio realizando la actualización de las tablas salariales y los demás conceptos económicos por la cuantía en que supere ese 10,00% con el límite del 2%. A tal efecto se constituirá una comisión económica, que tendrá la misma composición que la comisión paritaria y una vez conocido el IPC real del año 2025 realizará la actualización descrita anteriormente. Dicho incremento servirá exclusivamente para actualizar las tablas saláriales, y tendrá efectos de 1 de enero de 2026, a partir de cuyas tablas se incluirá la subida prevista, en su caso, para ese año.
Las empresas vendrán obligadas, a petición del interesado, a conceder un anticipo, el día 15 de cada mes, por el importe devengado en el citado período.
Se establece una ayuda, para todas las personas trabajadoras con hijas/os con discapacidad, consistente en el abono mensual de la cantidad de 103,83, desde 1 de enero de 2022 y hasta 30 de junio de 2022, 105,13 desde 1 de julio de 2022 y hasta 31 diciembre de 2022, 107,50 euros para el año 2023, 111,26 euros para el año 2024 y 115,15 euros para el año 2025.
Estas cantidades se percibirán por cada descendiente señalado en el párrafo anterior con discapacidad. No existirán en ningún caso las partes proporcionales en esta ayuda.
El fondo de ayuda familiar y escolar anual se fija en 62,13 euros para el año 2022, por cada hija/o menor de 21 años a cargo de la persona trabajadora, de 63,53 euros para el año 2023, esta cantidad será de 65,75 euros para el año 2024 y de 68,05 euros para el año 2025.
No será necesario, en ningún caso, la presentación de ningún documento, a excepción de la fotocopia del libro de familia, o documento que lo sustituya, en caso de que así lo requiera la empresa, por dudas de cambio de situación familiar. Para todos aquellos hijos/as que superen la edad de 18 años se deberá acreditar que están cursando estudios.
Será abonado en la nómina del mes de septiembre por parte de la empresa que tenga la titularidad de la adjudicación el día 1 de dicho mes. No existirán en ningún caso las partes proporcionales en la citada ayuda, y se tendrá derecho al cobro de la misma independientemente a la jornada realizada y del tipo de contrato de la persona trabajadora. Estableciéndose como único requisito tener una antigüedad mínima de cuatro meses previos a la fecha de devengo de dicho concepto.
Las cantidades superiores que por este concepto vinieran abonando las empresas serán respetadas, debiendo negociarse su incremento.
Por ser este un derecho individual de la persona trabajadora se deberá abonar completo a cada uno de los cónyuges, aun cuando presten servicio en la misma empresa
En relación con todas las personas trabajadoras afectadas por el vigente convenio, se reconocen a las parejas de hecho los mismos beneficios que a las de derecho. A tal fin serán necesarios los requisitos y procedimientos de actuación siguientes:
a) Certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento de la localidad donde resida.
b) Declaración jurada, firmada por la pareja, en la que se haga constar los datos personales de la persona trabajadora y los de su pareja, responsabilizándose ambos, en caso de veracidad de los datos declarados.
c) El beneficio se generará en el momento mismo de presentación de los citados documentos.
Con la finalidad de promover la celebración de este contrato de trabajo en el sector, para dotar de la necesaria seguridad jurídica y con la finalidad de superar las dificultades que este contrato pueda conllevar para la concertación del de relevo, en relación a la organización de las plantillas en las empresas y del trabajo, se establece que las personas trabajadoras que reuniendo las condiciones legales para su jubilación parcial, deben presentar ante la empresa certificado de la vida laboral junto con el escrito del interesado dirigido a la empresa solicitando acogerse a la jubilación parcial anticipada al menos con un mes a la fecha prevista para la jubilación.
Las empresas elevarán al nivel salarial inmediato superior, y solamente a efectos económicos, a las personas trabajadoras cuando cumplan 59 años. Si la persona trabajadora afectado por ello se correspondiera en su nivel salarial con el nivel máximo de la tabla salarial, el efecto será compensado abonándole un complemento de 110 euros que tendrá el mismo tratamiento que el salario base, computándose en las pagas extraordinarias y demás complementos por cantidad o por calidad en el trabajo, quedando asimismo y en el sucesivo afectado por los porcentajes que se pacten.
El incremento salarial establecido en este artículo se producirá sobre todos los conceptos económicos reconocidos en este convenio para el nivel salarial al que pase la persona trabajadora incluida la antigüedad consolidada, de conformidad con el artículo 30 del presente convenio.
Las personas trabajadoras a partir de cumplir los 60 años percibirán un complemento salarial mensual denominado Plus por edad en función de su antigüedad y hasta los 65 años. A partir del 1 de enero de 2023, con carácter voluntario las personas trabajadoras pueden solicitar el abono del presente complemento hasta otra edad superior a los 65 años, recalculando la formula a tal efecto. Dicha solicitud se deberá presentar ante la empresa con una antelación mínima de mes y medio antes del cumplimiento de 60 años de edad. Una vez recibida la petición y en el plazo, antes mencionado, de mes y medio la empresa y la persona trabajadora expresarán en un documento el plazo de inicio y finalización del plus por edad. Dicho documento será entregado a la empresa entrante en caso de subrogación para su conocimiento y cumplimiento del periodo y mensualidades pactadas.
Para la determinación de la cuantía mensual de este complemento se aplicarán las siguientes reglas:
De 5 hasta 19 años de servicios en contratas ferroviarias,
De 20 a 24 años de servicios en contratas ferroviarias,
De 25 a 29 años de servicios en contratas ferroviarias,
De 30 a 34 años de servicios en contratas ferroviarias,
A partir 35 años de servicios en contratas ferroviarias,
Hasta junio de 2022, la cuantía de las mensualidades descritas estará integrada por la suma de los conceptos de salario base, prima mínima, y la antigüedad que se perciba.
A partir de julio de 2022, la cuantía de las mensualidades descritas estará integrada por la suma de los conceptos de salario base y la antigüedad que se perciba.
Cuando se produzca un incremento en los valores de los conceptos salariales expuestos se producirá un aumento en el plus por edad como resultado de la aplicación de la fórmula anteriormente descrita con los nuevos valores.
Se establece una ayuda a la constancia en el trabajo para todos los subsectores excepto el de desinfección, de la siguiente cuantía:
Una mensualidad a los veinte años de antigüedad en contratas ferroviarias.
Dos mensualidades a los treinta años de antigüedad en contratas ferroviarias.
Tres mensualidades a los cuarenta años de antigüedad en contratas ferroviarias
Esta cantidad se retribuirá en doce mensualidades de la misma cuantía durante los doce meses del año natural en que se cumplan los requisitos para su abono. En el supuesto de producirse un cambio de empresa durante el año natural de abono, cada empresa se hará cargo de abonar las mensualidades de los meses en que esté vinculado a cada una de las mismas.
En el caso de una extinción, o suspensión del contrato de trabajo por IT, ERTE, así como en excedencia por cuidado a familiares a lo largo del año natural, en el que se tiene derecho a percibir la ayuda a la constancia, se percibirá la cuantía pendiente de abonar por este concepto, hasta completar el total de ayuda a la constancia como si estuviera vigente el contrato de trabajo todo el año. Esta cantidad se abonará por la empresa en la que se produzca la extinción o la suspensión por IT.
Se entenderá como derecho a cobrar este concepto la antigüedad que figure en la nómina.
A tales efectos se entiende por mensualidad hasta junio de 2022, la suma integrada del salario base, prima mínima y antigüedad que se perciba. Y a partir de julio de 2022, la suma integrada de salario base y antigüedad que se perciba.
a) Sector de limpieza y servicios auxiliares: Durante la incapacidad temporal las empresas abonaran un complemento hasta el cien por cien de la base de cotización por accidentes correspondiente a la nómina del mes anterior a la fecha de la misma, de las personas trabajadoras afectadas, siempre que aquélla proceda de enfermedad con hospitalización o accidente de trabajo.
En caso de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, las empresas abonarán un complemento hasta el cien por cien de la base de cotización para contingencias comunes correspondiente a la nómina del mes anterior a la fecha de la misma, durante el primer mes de aquélla en la primera baja del año.
A partir de la segunda baja y sucesivas por contingencias comunes, dentro del año natural, se abonará un complemento a la prestación de la seguridad social en función de la siguiente escala:
Del 1 al 3 día hasta el 65% de la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a causar IT.
Del 4 al 15 día, hasta el 75% de la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a causar IT.
Del 16 al 30 día, hasta el 100 % de la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a causar IT.
b) Sectores de removido y despachos centrales: Durante la incapacidad temporal las empresas abonarán el cien por cien de la base de cotización por accidente de la nómina del mes anterior a la fecha del mismo de las personas trabajadoras, siempre que aquella proceda de enfermedad con hospitalización o accidente de trabajo.
Durante la situación de incapacidad temporal por enfermedad común, las empresas abonarán el 100% de la base de cotización para contingencias comunes de las personas trabajadoras desde el decimosexto día inclusive.
Los casos de hospitalización mencionados en los apartados a) y b) se refieren a las situaciones concretas en que ésta es necesaria, y se produce dentro del proceso de Incapacidad Temporal por causa derivada del diagnóstico reflejado en la baja, y no cuando en un momento del proceso acontece un suceso distinto al hecho causante primitivo, por el que sea preciso su ingreso hospitalario.
c) Sector de desinfección: Durante la incapacidad temporal las empresas abonarán el 100% del salario real de la persona trabajadora.
d) Normas comunes:
En el supuesto de que se produzca cambio en la titularidad de la contrata y se origine la incapacidad temporal en el mes siguiente al disfrute de vacaciones y éstas sean retribuidas en función del periodo correspondiente a la nueva titularidad del contrato, la base de cotización de referencia citada en los supuestos del párrafo anterior se calculará teniendo en cuenta las retribuciones que debería percibir la persona trabajadora durante un mes completo de trabajo efectivo.
De conformidad con las normas estatales en materia de Seguridad Social, la remuneración que obtengan las personas trabajadoras en concepto de horas extraordinarias, con independencia de su cotización a efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no será computable a efectos de determinar la base de cotización por contingencias comunes.
Cuando las empresas abonen una retribución por diferencias como consecuencia del abono de salarios con carácter retroactivo o por gratificaciones que no pudieron ser objeto de cuantificación en su momento se formalizará una liquidación complementaria indicando los meses a los que se refiera y asignando la parte correspondiente de los salarios de forma complementaria a cada base de cotización.
A partir del 1 de enero de 2023, y por todo el periodo que reste de vigencia del presente convenio, las empresas afectadas por el mismo suscribirán pólizas de seguro colectivo a favor de todos y cada una de las personas trabajadoras por un capital de: 23.000 euros por incapacidad permanente total para la profesión habitual, 23.000 euros por incapacidad absoluta 27.000 euros en el supuesto de gran invalidez o fallecimiento. En todos los casos derivados de accidente de trabajo. Las empresas estarán obligadas a mostrar la póliza y recibo de estar al corriente de pago del seguro colectivo de accidentes a los delegados de prevención o en su defecto a los representantes de las personas trabajadoras cuando estos así lo soliciten.
Los conductores a quienes, como consecuencia de conducir un vehículo de la empresa, por orden y cuenta de la misma, se les retire su permiso de conducir por menos de tres meses, serán acoplados durante ese tiempo a otro trabajo en alguno de los servicios de la empresa, y seguirán percibiendo el salario correspondiente a su categoría.
Dicho beneficio solo podrá ser disfrutado una vez mientras dure la prestación de servicios de la persona trabajadora a la empresa, quedando en todo caso excluido de estos beneficios los conductores que se vieron privados de permiso de conducir a consecuencia del consumo de drogas o la ingestión de bebidas alcohólicas, así como por exceso de velocidad.
Para aquellas personas trabajadoras que ostentan y ejercen la categoría de conductor y sean fijos en plantilla, las empresas abonarán la renovación del carné de conducir, teniendo esa persona que reintegrar la parte proporcional del tiempo transcurrido desde la fecha de la renovación, en los casos de baja voluntaria de la persona trabajadora en la empresa, y excepto cuando ello sea consecuencia de la jubilación
Las empresas podrán conceder préstamos sin intereses, y por un importe de hasta dos mensualidades de salario base más prima mínima, a las personas trabajadoras que acrediten la necesidad del mismo por causa grave y urgente.
Las empresas y la representación sindical, acordarán en un plazo máximo de quince días, a partir de la adjudicación del contrato, un montante de dinero a tal fin.
Serán condiciones para poder solicitarlos el llevar un año, como mínimo, en el sector de contratas ferroviarias, y no tener pendiente el reintegro de otro préstamo.
Para proceder a su solicitud deberá formularse por escrito la petición correspondiente, especificando los motivos que provocan la necesidad y justificando documentalmente, cuando ello sea posible, dichos motivos. Una vez recibido el préstamo, habrá que justificar que se ha utilizado para el fin solicitado.
La empresa y la representación sindical, se reunirán en un plazo de cuarenta y ocho horas, para aprobar o denegar el préstamo, y, en este último caso, explicarán, por escrito, a la persona trabajadora, las razones que justifican la denegación.
El préstamo concedido se reintegrará como máximo en 12 mensualidades de igual cantidad cada una de ellas, y que se descontarán de la nómina de la persona trabajadora.
Cuando el contrato de trabajo sea rescindido por causa de baja voluntaria, despido o declaración firme de incapacidad para el trabajo, se descontará de las cantidades que deba percibir la persona trabajadora por cualquier concepto, la cantidad que reste por devolver del préstamo. Si de dichas cantidades no se obtuvieran fondos suficientes para atender la devolución del remanente del préstamo, la persona trabajadora suscribirá un documento de reconocimiento de deuda de dicha cantidad y asumiendo el compromiso de pago en un plazo cierto de tiempo que nunca será superior a aquel en que se debía haber devuelto el préstamo de haber continuado la relación de trabajo.
Las empresas de contratas ferroviarias en el ámbito de sus competencias deberán asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este título, además de las disposiciones que las entidades ferroviarias contratantes tengan en materia de seguridad y salud laboral y que aparezcan incorporadas en los pliegos reguladores de los concursos.
Las empresas de contratas ferroviarias para promocionar la cultura preventiva y facilitar la implantación de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, tomaran en consideración los siguientes principios de política preventiva:
1. Los riesgos laborales deben eliminarse o reducirse hasta niveles asumibles.
2. La seguridad y la salud requieren la colaboración activa de todas las personas trabajadoras y para ello se facilitará su participación e información realizando las pertinentes consultas a través de la representación de personal.
3. La prevención de riesgos laborales ha de ser considerada al mismo nivel que la producción y la calidad, gestionándose con similares criterios y dotándose de los adecuados recursos humanos y materiales.
4. Para la prevención de riesgos laborales se establecerán y desarrollarán los medios y procedimientos de actuación necesarios, a fin de conseguir una protección eficaz de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.
5. Constituye deber primordial de los mandos la vigilancia de la aplicación de las medidas de seguridad que deba adoptar el personal a sus órdenes, instruyéndole adecuadamente y en su caso prohibiendo los trabajos en cuya ejecución se adviertan riesgos graves e inminentes.
6. Las personas trabajadoras deben cooperar, activa y constantemente en la prevención de los riesgos profesionales y en el auxilio de las víctimas en caso de accidente o siniestro. Deberán, asimismo, usar correctamente las medidas de protección personal y cumplir las instrucciones recibidas para la ejecución de trabajos peligrosos.
7. Se tomarán en consideración con finalidad preventiva los factores de riesgos derivados de la organización y ordenación del trabajo tal y como prevé el art. 4.7 de la LPRL. En virtud de ello los riesgos psicosociales tendrán que ser evaluados en centros de trabajo cuya plantilla tenga más de quince personas trabajadoras y, en su caso, objeto de intervención preventiva, y combatirlos en su origen.
La gestión de la prevención se fundamenta en el principio de seguridad integrada, siendo sus objetivos principales la garantía de la seguridad y salud de las personas trabajadoras, la protección de los riesgos laborales y la mejora progresiva de los niveles de seguridad y las condiciones de trabajo existentes.
1. Composición.
La comisión mixta estatal de seguridad y salud laboral estará formada por cuatro miembros, de los que dos corresponderán a la representación sindical que se distribuirá entre aquellos sindicatos que ostenten la condición de más representativos a nivel de sector y dos a la representación de las asociaciones empresariales firmantes del convenio. Cada representación podrá tener los asesores necesarios con voz pero sin voto.
De entre los miembros de la representación empresarial se nombrará a un presidente de la comisión, que tendrá las siguientes funciones:
a) Convocar las reuniones.
b) Fijar el orden del día de las sesiones.
c) Dirigir los debates en su totalidad y, en general, ejercitar las facultades precisas para el adecuado desarrollo de las sesiones.
d) Acreditar a los miembros de la comisión.
De entre los miembros de la representación sindical se nombrará un secretario de la comisión, que tendrá las siguientes funciones:
a) Redactar acta de las reuniones.
b) Custodiar las actas, así como los documentos que se le entreguen para su archivo.
c) Entregar fotocopia de los documentos registrados en el comité, a cualquiera de los componentes que así lo soliciten. Por acuerdo del plenario de la comisión se podrán crear grupos específicos de trabajo para algunos temas, determinándose, en cada caso, su composición y funciones.
2. Reuniones.
La comisión se reunirá como mínimo una vez cada cuatro meses, con carácter ordinario, pudiéndose reunir con carácter extraordinario a propuesta de cualquiera de las partes, mediante escrito motivado y dirigido al presidente, con una antelación como mínimo de cinco días. Siendo inexcusable la celebración de la reunión, para todas las partes, que se ajustará al orden del día señalado.
El orden del día de las reuniones ordinarias tendrá que contener como mínimo:
a) Lectura y aprobación del acta anterior.
b) Seguimiento y control del plan integral de salud laboral.
c) Asuntos elevados a la comisión.
d) Seguimiento del cumplimiento de acuerdos.
Los acuerdos y medidas tomadas por la comisión, para que tengan validez, tendrán que adoptarse por unanimidad entre las partes, señalando en el acta las discrepancias existentes. Los acuerdos que se adopten en el seno de la comisión tendrán el mismo valor que lo acordado en convenio colectivo.
Asimismo, el tiempo empleado por los miembros de la comisión para asistir a las reuniones será considerado tiempo de trabajo efectivo y, por tanto, dichas horas serán computadas a cargo de las respectivas empresas.
3. Competencias.
Las competencias de la comisión serán:
Este comité tendrá como objetivos prioritarios velar y orientar para conseguir en el ámbito de las empresas las adecuadas condiciones de trabajo y medio ambiente que permitan el correcto cumplimiento de este capítulo, centrándose con carácter prioritario:
a) Definición de los principios mínimos de salud laboral y condiciones de trabajo a través de una política de acciones preventivas.
b) De conformidad con el artículo 39.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la comisión estará facultada para mantener reuniones con otros órganos de idéntica naturaleza de las entidades ferroviarias.
c) Promover la participación y colaboración de las personas trabajadoras en el área de prevención mediante el impulso en la realización de cursos de formación para los delegados y responsables de prevención, facilitando información y documentación periódica.
d) Ejercer labores interpretativas y de mediación en los conflictos.
e) Determinar o detectar sustancias peligrosas, su control y su sustitución por otras similares, pero no peligrosas, sobre una base científica e indicios evidentes
Plan integral de salud laboral: Se acuerda el establecimiento de un plan de salud laboral por el comité estatal de salud laboral, que queda estructurado en los siguientes apartados:
1. Formulación del plan que incluirá una declaración de principios y su definición.
2. Definición de los objetivos del plan en materia de seguridad, higiene, de medicina del trabajo, de formación y de apoyo. Se implantará un modelo único de evaluación de riesgos para el sector.
3. Ejecución y desarrollo del plan.
Contendrá directrices y actuaciones en materias de seguridad, higiene, formación y medicina en el trabajo.
4. Seguimiento y control del plan.
1. Funciones.
Sin perjuicio de las competencias y funciones atribuidas a la comisión mixta de seguridad y salud, creada en el vigente convenio general de ámbito estatal, los cometidos de este órgano específico sectorial de prevención son:
a) El desarrollo de programas con el objetivo de divulgar e informar de los riesgos profesionales existentes en el sector, así como sobre los derechos y las obligaciones preventivas del empresario y de las personas trabajadoras.
b) La organización y control de visitas a los centros de trabajo de carácter eminentemente preventivo, en aquellos que carezcan de representación de las personas trabajadoras.
c) El diseño de programas formativos para los agentes paritarios sectoriales encargados de realizar las visitas a los centros de trabajo.
d) La elaboración de un modelo de informe de visita preventiva para utilizar en los centros de trabajo con validez en todo el territorio nacional.
e) La realización de una memoria y evaluación anuales sobre análisis de los efectos preventivos de los programas puestos en marcha en el Sector, para su traslado a la comisión paritaria de salud y seguridad del convenio general.
f) La elaboración de programas y su representación, ante la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, para su financiación.
g) La promoción de otras actuaciones preventivas.
h) El auxilio, información y asesoramiento que precise la comisión mixta de seguridad y salud creada en el vigente convenio.
2. Constitución y dependencia.
1. El organismo paritario para la prevención de riesgos laborales en el sector (O.P.S.) se constituye y se estructura en el seno de la comisión mixta de salud laboral del convenio estatal de contratas ferroviarias.
2. Las Comisiones Mixtas de Interpretación de ámbito provincial asumirán al menos y respecto del Organismo Paritario, las siguientes funciones y competencias:
a) La planificación y la selección de aquellos centros de trabajo que, careciendo de representación legal de las personas trabajadoras deban ser objeto de las visitas preventivas que se configuran en este acuerdo colectivo.
b) La elaboración de informen mensuales de seguimiento y control de programas de visitas establecido.
c) La designación de las personas que compondrán los equipos visitadores.
d) Cuantas otras le encomiende el Organismo Paritario Sectorial.
3. El organismo paritario para la prevención de riesgos laborales en el sector de contratas ferroviarias (O.P.S.) estará compuesto, paritariamente, por cuatro miembros, dos representantes de las organizaciones empresariales y dos de las centrales sindicales firmantes del convenio estatal del sector de contratas ferroviarias. Existirá un presidente y un secretario con carácter rotativo entre sus componentes.
3. Organización y control de visitas preventivas a los centros de trabajo.
1. Las visitas a los centros de trabajo, que carezcan de representantes legales de las personas trabajadoras, se realizarán previo acuerdo de las comisiones mixtas provinciales de salud laboral o en su defecto, de las comisiones mixtas de interpretación de ámbito provincial. Todo ello de acuerdo con las planificaciones y dotaciones presupuestarias correspondientes a los sucesivos programas de acción aprobados por el organismo paritario sectorial.
2. Las visitas a los centros se realizarán por las personas que designen las organizaciones firmantes del presente acuerdo, respetando siempre el principio de paridad. La designación se realizará para cada ámbito provincial de actuación.
3. Las personas designadas para formar parte de los equipos visitadores recibirán un curso formativo específico de prevención de riesgos laborales del sector, salvo que acrediten conocimientos y/o experiencia similar que sea aceptada por el organismo paritario. Dichas personas designadas para realizar visitas a los centros recibirán, previamente a sus actuaciones, una acreditación de carácter sectorial.
4. Las visitas preventivas a los centros de trabajo tendrán como objetivo divulgar e informar de los riesgos profesionales existentes en el sector y en el centro de trabajo. También los equipos visitadores informarán sobre los derechos y obligaciones preventivas del empresario y de las personas trabajadoras.
5. Las visitas deberán ser previamente comunicadas a las empresas por la comisión mixta provincial de salud laboral y aceptadas por aquellas.
6. Preferiblemente las visitas se realizarán de manera conjunta y paritaria mediante el equipo visitador correspondiente.
7. Los resultados e informes emitidos con ocasión de cada visita se trasladarán a la empresa afectada por la misma y a la comisión mixta provincial de salud laboral. Dichos informes estarán sometidos al principio de confidencialidad y sigilo establecidos en el artículo 37.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
8. En ningún caso los equipos visitadores deberán interferir en el trabajo y desarrollo de la actividad del centro de trabajo.
a) Marco de elección de representación en materia de prevención: la representación de los trabajadores/as en materia de prevención serán elegidos a nivel provincial y en el marco del contrato de prestación de servicios existente entre la empresa de contratas y la entidad ferroviaria contratante
b) Delegadas y Delegados de prevención a elegir: El número de delegadas y delegados de prevención a elegir, estará en función del número de personas trabajadoras adscritas al respectivo contrato de acuerdo a la siguiente tabla:
La representación de prevención se elegirá de conformidad con el siguiente criterio:
Los delegadas y delegados de prevención se escogerán por la representación del personal, pudiendo designarse entre la representación unitaria y/o sindical.
En caso de que haya un número par de representación unitaria y sindical, los delegados y delegadas se asignarán a la organización sindical más votada en las últimas elecciones
c) Recursos de la representación en materia de prevención: Se asignará un crédito horario adicional de quince horas mensuales, exclusivamente, a Delegadas/os de Prevención que sean nombrados en el marco de los contratos de prestación de servicios que tenga como mínimo 40 personas trabajadoras adscritas al referido contrato y un mínimo de cinco lugares geográficos de prestación de servicios.
El presente crédito horario será utilizado exclusivamente para atender a cometidos y competencias inherentes a la condición de representación en materia de prevención, debiendo ante la dirección de la empresa informar de las horas empleadas.
El referido crédito no será acumulable entre las delegadas y delegados de prevención, salvo pacto expreso con la empresa. Dicho pacto de acumulación queda expresamente vinculado en el tiempo, a la vigencia del contrato de la empresa con la que se pactó.
Cada organización sindical que ostente la condición de más representativa en el ámbito estatal podrá designar en los centros de trabajo donde tenga presencia en los órganos unitarios de representación de las personas trabajadoras una delegada o delegado de medio ambiente de entre la representación en materia de prevención, cuyas funciones y competencias son:
1. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción medioambiental, en el marco de los principios generales definidos en el presente artículo.
2. Promover y fomentar la cooperación de las personas trabajadoras en el cumplimiento de la normativa medioambiental.
3. Ejercer una labor de seguimiento sobre el cumplimiento de la normativa de medio ambiente, así como de las políticas y objetivos medioambientales que la empresa establezca.
4. Recibir información, si procede, sobre la puesta en marcha de nuevas tecnologías de las que se pudieran derivar riesgos medioambientales, así como sobre el desarrollo de sistemas de gestión medioambiental.
5. Proponer a la empresa la adopción de medidas tendentes a reducir los riesgos medioambientales y de mejora de la gestión medioambiental.
6. Ser informado en el diseño y desarrollo de las acciones formativas en materias relacionadas con las obligaciones medioambientales de la empresa.
A partir de los resultados de la evaluación el empresario realizará la correspondiente planificación preventiva o adoptará las medidas correctoras necesaria para garantizar el mayor nivel de protección de seguridad y salud de las personas trabajadoras buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización de trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. En esta planificación participarán los representantes de las personas trabajadoras en los términos establecidos en la ley.
La empresa queda obligada a facilitar al personal, antes de que comience a desempeñar cualquier puesto de trabajo, la formación e información acerca de los riesgos y peligros que en él puedan afectarle y sobre la forma, métodos y procesos que deben observarse para prevenirlos o evitarlos. Se informará asimismo a los delegados de prevención o, en su defecto, a los representantes legales de las personas trabajadoras.
Información. A la firma del presente convenio, las empresas estarán obligadas a informar periódicamente a todo el personal adscrito a este convenio, con relación a las funciones propias de su servicio, haciendo especial énfasis en lo relacionado con las conclusiones obtenidas de la evaluación de riesgos laborales y el consiguiente plan de prevención de aquellos riesgos.
Formación. La empresa garantizará la formación teórica y práctica para las personas trabajadoras afectados en los temas relacionados con su servicio y acordes con los trabajos a realizar y los factores específicos de riesgo del mismo, en base a la evaluación de riesgos.
En el cumplimiento del deber legal de prevención, la formación habrá de impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento de aquella del tiempo invertido en la misma.
Dicha formación se consultará previamente con los delegados de prevención, informando de los estamentos que realicen esta formación.
La dotación de estas prendas se hará atendiendo a las peculiaridades de los distintos sectores afectados por el presente convenio.
La representación de los trabajadores/as y las empresas establecerán conjuntamente según las condiciones específicas de cada centro, clima o actividad, aquellas prendas de trabajo y abrigo que cada caso requiera. Para ello se reunirán en el plazo de cinco días desde el momento en que una nueva empresa sea la adjudicataria del servicio y contarán con un plazo máximo de quince días para alcanzar un acuerdo.
En caso de no existir acuerdo, las empresas estarán obligadas a entregar 2 dotaciones de verano y 2 de invierno que se señalan más abajo para invierno y verano, en el plazo de un mes a computar desde la fecha en que se hagan cargo de la titularidad del centro. Esta entrega tendrá carácter anual y se concreta en los siguientes plazos: La dotación de verano antes del 15 de mayo y la dotación de invierno antes del 15 de octubre. La dotación de estas prendas es personal e intransferible. Se dotará a las mujeres en estado de gestación de ropa apropiada a su situación.
A las personas trabajadoras con contratos temporales, en el inicio de su relación laboral, alta en la seguridad social, se les entregara una dotación de un mono y calzado adecuado, completándose antes de cumplir un mes con otro mono y una chaquetilla o anorak adecuados a la época del año y al clima.
Para sucesivas dotaciones se seguirán las pautas marcadas en este Convenio colectivo:
Dotación de invierno:
Un mono de invierno o un pijama (a elegir por las personas trabajadoras).
Calzado adecuado para el invierno. Si fuera obligatoria la utilización de calzado de seguridad este es el que se entregará.
Ropa de agua y botas impermeables cuando la actividad desarrollada lo requiera.
Anorak y polar, siempre que la actividad lo requiera, en el caso de contratos de un año se entregará un anorak y polar, cuando el contrato sea superior a un año se entregará un anorak y polar cada dos años.
En caso de deterioro fehaciente del anorak y/o polar no imputable a la persona trabajadora, la empresa deberá proceder a su reposición de forma gratuita e inmediata.
Dotación de verano:
Un pantalón, una camisa y una chaquetilla o un pijama (a elegir por las personas trabajadoras) que podrán ser sustituidos por un mono de verano para quien así lo manifieste.
Calzado adecuado para el verano. Si fuera obligatoria la utilización de calzado de seguridad este es el que se entregará.
Para el sector de desinfección la dotación de prendas de trabajó tanto para invierno como para verano será la pactada entre las empresas y la representación de los trabajadores/as.
Se entenderá por equipo de protección cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona trabajadora con el objetivo de que le proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y seguridad en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Las personas trabajadoras tendrán derecho a la dotación de EPIS correspondientes a su actividad profesional y que sean necesarios para preservarle de los riesgos del trabajo que realiza habitualmente.
La utilización de los equipos de protección individual está supeditada a que dichos riesgos no hayan podido eliminarse o limitarse suficientemente, por medios técnicos de protección colectiva, o mediante medidas, métodos o modificación del proceso productivo.
En la selección y revisión de estos EPIS participaran los delegados de prevención de centro y de empresa en los términos establecidos por la ley. Igualmente quedarán perfectamente reflejados en las medidas correctoras y plan preventivo de riesgos laborales del centro de trabajo. Se entregará la ficha técnica de los medios de protección y de la ropa de trabajo a los delegados de prevención, para comprobar entre otras cosas, la certificación como medio de protección homologado para tal fin.
La comisión estatal de salud laboral elaborará, en el plazo de tres meses a partir de la firma del convenio, una norma orientadora que tenga por objeto determinar los EPIS que deben tener de dotación el personal, por actividad profesional. La elección deberá basarse en el estudio de los riesgos presentes en el lugar de trabajo teniendo en cuenta el tiempo de exposición al riesgo, su frecuencia y gravedad, condiciones del puesto de trabajo y su entorno, constitución física de la persona trabajadora, etc.
El empresario es el responsable de la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras a su servicio en función de los riesgos inherentes al trabajo y, por lo tanto, resulta obligatorio realizar reconocimientos médicos específicos en los términos previstos en la normativa aplicable y protocolos médicos por el Ministerio de Salud y Consumo.
En materia de vigilancia de la salud la actividad sanitaria debe abarcar:
Evaluación del estado de salud especialmente relacionada con circunstancias individuales:
Incorporación de una nueva persona trabajadora al trabajo.
Asignación a una persona trabajadora de una nueva tarea con nuevos riesgos.
Personas trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente.
Personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos.
Vigilancia de la salud orientada fundamentalmente a la identificación y evaluación de riesgos de trabajo.
Análisis del estado de salud de las personas trabajadoras a partir de la información disponible o, en su caso, la generada al efecto, que se integrará en la evaluación inicial de riesgo.
Evaluación del estado de salud individual y colectiva para la detección precoz de alteraciones en relación con la exposición a riesgos en el trabajo cuya periodicidad vendrá fijada en el plan de prevención, teniendo en cuenta los protocolos oficiales.
Estudio de las enfermedades que causan bajas para identificar posibles relaciones con los riesgos del trabajo con la periodicidad que determine el plan de prevención o las circunstancias lo requieran.
Investigación de daños a la salud individuales o colectivos para identificar sus posibles causas laborales.
En caso de cambio de contrata las personas trabajadoras podrán solicitar a los servicios médicos de la empresa saliente la entrega de copia de su historial médico para su entrega al servicio médico de la empresa entrante.
Protección de persona trabajadora especialmente sensibles a determinados riesgos.
El empresario garantizará de manera específica la protección de las personas trabajadoras que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de riesgos y, en función de estas, adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias.
Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de las personas trabajadoras en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación tanto en los aspectos de la fertilidad como en el desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.
Las empresas tomaran en consideración las recomendaciones que los servicios de salud formulen en materia de prevención de riesgos laborales (modificaciones del trabajo, de los equipos y del medio ambiente de trabajo, etc.).
La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo con el consentimiento expreso de la persona trabajadora a excepción de los supuestos que marca la Ley. El tiempo empleado en los reconocimientos médicos será considerado como tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos.
1. El presente convenio, su interpretación y aplicación, se rige por el principio de igualdad y no discriminación por razones parentales que se consagran en los artículos 14 de la Constitución y el art. 17.1 del Estatuto de los trabajadores y muy especialmente por el principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres que ha desarrollado la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, cuyas previsiones se consideran como referencia interpretativa del presente convenio colectivo.
Todas las empresas sujetas al presente convenio con más de 50 personas trabajadoras deberán contar con un plan de igualdad con los contenidos establecidos en la Ley, cuyo objetivo será potenciar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral.
Así mismo, la definición de los grupos profesionales regulados en este convenio, se ajusta a los criterios y sistemas que garantizan la ausencia de discriminación directa e indirecta entre hombres y mujeres y la correcta aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor
2. Comisión de Igualdad de Oportunidades.
Se acuerda constituir una Comisión Sectorial de Igualdad de Oportunidades integrada por 4 miembros en representación de las partes firmantes del presente Convenio, 2 por la parte empresarial y 2 por la parte social en representación de los sindicatos firmantes del convenio colectivo y más representativos en el sector con el fin de abordar los compromisos asumidos en el presente convenio, con las siguientes competencias:
– Entender en términos de consulta sobre las dudas de interpretación y/o aplicación que puedan surgir en las empresas en relación con las disposiciones sobre planes de igualdad.
– Posibilidad de elaborar dictámenes técnicos sobre aspectos relacionados con la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo.
– Elaborar un estudio específico en relación con la Igualdad de Oportunidades en el sector, y en concreto, una evaluación de la situación laboral y de empleo de las mujeres, a realizar a través de una encuesta dirigida a todas las personas trabajadoras de contratas ferroviarias.
– Realizar cursos específicos sobre igualdad de oportunidades haciendo especial hincapié en colectivos con responsabilidad en selección, formación y promoción.
– Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres y hombres mediante campañas de sensibilización, difusión de los permisos y excedencias legales existentes, etc.
– Difundir y ampliar los derechos y garantías para víctimas de violencia de género.
3. Delegados o delegadas de igualdad.
En las empresas de más de 250 personas trabajadoras, tengan uno o más centros de trabajo, las organizaciones sindicales que ostenten la condición de más representativas en el ámbito estatal tendrán derecho a designar un delegado o delegada de igualdad de entre los miembros de la representación legal de las personas trabajadoras de la empresa a nivel nacional cuyo nombramiento se extinguirá junto con sus funciones y derechos inherentes al salir de la empresa.
En todo caso para el desarrollo de las funciones de los delegados o delegadas de igualdad podrán hacer uso de un crédito horario de 14 horas mensuales empleadas para tal fin y justificadas por la comisión de igualdad.
La designación se realizará mediante acta firmada por las organizaciones sindicales correspondientes, quienes deberán notificar tanto a la empresa como a la Comisión de Igualdad.
4. Violencia de género.
A los efectos de la aplicación del presente artículo la condición de víctima de violencia de género deberá ser acreditada, bien por los servicios sociales de atención o servicios de salud, bien judicialmente y ser conocida de forma fehaciente por la dirección de la empresa y tendrán los siguientes derechos reconocidos en el presente convenio colectivo:
– Con la finalidad de evitar la posibilidad de encontrarse con su agresor, la persona trabajadora víctima de violencia de género que tenga reconocida esta condición y que efectué su prestación laboral fuera del centro de trabajo, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tenga vacante en cualquiera de sus centros de trabajo. En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la persona trabajadora las vacantes existentes en dicho momento.
– La persona trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a un periodo de suspensión que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.
– Tendrán derecho a una licencia retribuida de 10 horas o dos jornadas completas a elección de la persona trabajadora para asistir a los servicios sociales, policiales o de salud, previa acreditación de su necesidad. Además, tendrán derecho a las licencias no retribuidas que resulten necesarias a tales efectos.
Para hacer efectivo el derecho a conciliar la vida laboral y familiar las empresas podrán acordar con la RLT normas de desarrollo respecto a la posibilidad individual contemplada en el art. 34.8 del E.T. de adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo y forma de prestación de servicios.
Estas normas deberán establecerse con criterios de razonabilidad en la compatibilización de las necesidades de las personas trabajadoras y las necesidades organizativas de la empresa. Para ello se podrán concretar las franjas horarias en las que las personas trabajadoras deban coincidir en la prestación de servicios, que podrán variar según los departamentos o secciones de aplicación. Así mismo se podrán establecer límites máximos al ejercicio del derecho siempre que los mismos no supongan una vulneración de la garantía de no discriminación, ni se impida la solicitud de las personas trabajadoras una vez superados estos límites.
En el caso de que los acuerdos a los que hace referencia el apartado anterior no solventasen las necesidades de las personas trabajadoras, o en el caso de ausencia de dichos acuerdos, éstas podrán solicitar una adaptación de la jornada en los términos recogidos en el art. 34.8 del ET y según el procedimiento establecidos en los apartados siguientes de este artículo.
El procedimiento se iniciará con la solicitud de la persona trabajadora a la empresa en la que deberán concretarse los siguientes aspectos:
Propuesta concreta de adaptación de la duración y/o distribución de la jornada de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo y/o forma de prestación de servicios.
Exposición de los motivos que justifican la petición.
Duración temporal prevista de la medida.
Las empresas podrán requerir de la persona trabajadora información adicional, atendiendo siempre a criterios de razonabilidad y respeto a la intimidad de las personas afectadas.
Recibida la solicitud de adaptación de jornada, se abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días.
En el supuesto de solicitarlo la persona trabajadora, la empresa informará a su representación legal del inicio del periodo de negociación, dándoles traslado del escrito de solicitud.
La persona trabajadora podrá requerir la presencia de una representación legal de en el proceso de negociación.
De conformidad con el artículo 34.8 del Estatuto de trabajadores, finalizado el proceso de negociación, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En los dos últimos casos, se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión.
En caso de desacuerdo y de haberse solicitado por la persona trabajadora la presencia en el proceso negociador de representación legal, ésta última podrá emitir informe no vinculante al respecto.
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