Categoría: Judicial

y general repercusión» se cualifica en este ámbito no en función simplemente de que se reproduzca el criterio cuestionado en una serie de casos más o menos amplia, sino por el hecho de que ese criterio comporte la negación misma del recurso, o al menos la negación de uno de sus presupuestos esenciales (la competencia del órgano judicial; las resoluciones recurribles). No lo son los problemas de interpretación —razonable o no— sobre el alcance de los motivos del recurso.
b) Señala en segundo lugar la demanda que concurriría el supuesto e) del mismo listado de especial trascendencia constitucional del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009 (que existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros), pues existen tribunales superiores de justicia que siguen la tesis defendida por el de Canarias, y otros que reconocen un significado más amplio del concepto de interés casacional objetivo.
Este Tribunal Constitucional conoce desde luego la realidad de esta disparidad de criterios, en sí misma indeseable. Sin perjuicio de reconocer que esta situación puede deberse en primer lugar a una falta de calidad de la ley, como aceptamos a efectos dialécticos en la STC 128/2018, FJ 7 a), sin embargo, y como ya razonamos entonces desde la óptica del derecho fundamental al recurso que aquí nos importa, la regulación legal existente no es por ello inconstitucional pues «no impide una interpretación lógica y coherente que proporcione un sentido útil a la casación autonómica». No estamos por tanto tampoco ante un problema concerniente al derecho de igualdad ante la ley: «la desigualdad o la discriminación que se prohíbe mediante el artículo 14 CE es la que se origina en la función jurisdiccional de un mismo órgano judicial, al interpretar o aplicar de forma diversa una misma norma ante supuestos de hecho similares, no la que se produce por el hecho de que distintos órganos judiciales realicen una interpretación o aplicación distintas de la misma norma jurídica, pues la independencia judicial ampara la capacidad de cada juez y tribunal de seleccionar, interpretar y aplicar las normas que consideran relevantes para resolver el asunto de que conocen, siendo la razonabilidad el único parámetro de constitucionalidad que podría proyectarse sobre tales operaciones» (STC 128/2018, FJ 6).
c) Finalmente, se alega en la demanda el supuesto f) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina constitucional fijada por la STC 128/2018 (y luego en amparo por la STC 98/2020) acerca del paralelismo entre la casación del Derecho estatal o de la Unión Europea atribuido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y el recurso de casación por infracción de Derecho autonómico a cargo de los tribunales superiores de justicia. El esfuerzo dialéctico desplegado por el escrito, sin embargo, no desvela más que un supuesto error de aplicación de la doctrina a que se refiere, haciendo para ello la demanda supuesto de la cuestión debatida. Lo cierto es que al margen del juicio de fondo que merezcan los dos autos impugnados —de lo que nos ocuparemos en el siguiente fundamento jurídico—, no se evidencia en ellos ningún signo, expreso o implícito (dar la callada por respuesta ante su invocación en un escrito procesal) de una voluntad deliberada de no acatar dicha doctrina. Al contrario, en el auto de 16 de marzo de 2022, en respuesta a la solicitud de nulidad del dictado previamente en inadmisión del recurso de casación, la sección hace cumplida cita de la STC 128/2018 (y sentencias ulteriores de aplicación), del ATC 41/2018 y de las SSTC 98/2020 y 99/2020 entre otras, reproduciendo de esta última parte de su fundamentación jurídica.
Otra cosa es que se considere opinable o incluso erróneo el resultado al que lleva la aplicación por la sección competente de la doctrina de referencia. Pero, como es doctrina reiterada, «[…] «se ha sostenido por este tribunal desde el ATC 26/2012, de 31 de enero, FJ 3, [que esta causa de especial trascendencia constitucional] no puede ser identificada con "la errónea interpretación o aplicación de la jurisprudencia, incluso si fuera objetivable y verificable" en el caso concreto. Para el Tribunal se trata de algo radicalmente distinto como lo es la voluntad manifiesta de no proceder a su aplicación; o dicho en otras palabras, a una decisión consciente de soslayarla (en este sentido, STC 133/2011, de 18 de julio, FJ 3, y 155/2015, de 8 de junio, FJ 2)» […]» (STC 187/2020, de 14 de diciembre, FJ 2, con cita de la STC 106/2017, de 18 de septiembre, FJ 2).
3. Inadmisión del recurso, también, por falta de invocación de una lesión verosímil.
Aunque su falta de especial trascendencia constitucional trae consigo la inadmisión del presente recurso, la conveniencia, como ya se indicó al principio de estos fundamentos jurídicos, de hacer públicos los criterios por los que consideramos ausente de verosimilitud una lesión como la aquí denunciada, lleva a proseguir el examen de la demanda justamente hacia este punto. Procede a tal fin recordar la doctrina constitucional aplicable, y pasar luego al enjuiciamiento de las resoluciones impugnadas:
a) Doctrina constitucional aplicable.
Ya indicamos que las SSTC 98/2020 y 99/2020 del Pleno de este tribunal, dictadas en la misma fecha (22 de julio de 2020), traen en su fundamentación un resumen de la doctrina constitucional sobre el contenido y canon de control del derecho al recurso en general, y en particular cuando tal control se torna más estricto (limitado) por predicarse del recurso extraordinario de casación; doctrina que ya se contenía de manera destacada en la STC 7/2015, de 22 de enero, FJ 2 A), dictada respecto de la casación contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo, si bien antes de su reforma por la Ley Orgánica 7/2015 (también esta ley modificó esta última, implantando como motivo del recurso el interés casacional objetivo y suprimiendo las modalidades de casación para la unificación de doctrina y en interés de ley). Doctrina de la STC 7/2015, en fin, que como se advierte en la STC 99/2020, FJ 2 A), fue la que se aplicó para resolver el asunto planteado en el ATC 41/2018. En ambas SSTC 98/2020 y 99/2020 se incluyó asimismo un resumen de la doctrina de la STC 128/2018 en lo que importaba a la efectividad del derecho de acceso al recurso (art. 24.1 CE).
La última de las dos sentencias enseña, en su fundamento jurídico 2:
«A) […] a) El derecho de acceso a los recursos es un derecho de configuración legal que incorpora como elemento esencial el de obtener del órgano judicial una resolución sobre el fondo de las pretensiones, aunque también se satisface con una decisión de inadmisión, por razones formales o materiales, siempre que sea motivada y se funde en la existencia de una causa legal que resulte aplicada razonablemente. Esto implica, en virtud del art. 117.3 CE, que la decisión sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas para la admisión de los recursos, como materia de legalidad ordinaria, está reservada a los jueces y tribunales, salvo que sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, resulte manifiestamente no razonada o irrazonable o incurra en un error patente.
b) Las formas concretas mediante las cuales se estructura un determinado proceso no tienen naturaleza constitucional, sino que pertenecen a la libertad de decisión del legislador, adoptada en función del equilibrio de intereses y valores a los que sirve el proceso. "Y si, en ausencia de estricta prescripción legal, son los tribunales quienes, en el legítimo uso de su competencia, estructuran las formalidades procesales que estiman adecuadas a la situación contemplada, no cabe tampoco en principio considerar que las mismas se oponen al derecho a la tutela siempre que no se conviertan en obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo" (STC 74/1983, de 30 de julio, FJ 3).
c) El control constitucional que este tribunal debe realizar de las resoluciones judiciales dictadas sobre los presupuestos o requisitos de admisión de los recursos tiene carácter externo, pues no le corresponde revisar la aplicación judicial de las normas sobre admisión de recursos, salvo en los casos de inadmisión cuando esta se declara con base en una causa legalmente inexistente o mediante un "juicio arbitrario, irrazonable o fundado en error fáctico patente" (SSTC 55/2008, de14 de abril, FJ 2, y 42/2009, de 9 de febrero, FJ 3).
d) Este control es, si cabe, más limitado en lo referido al recurso de casación. Por una parte, porque la resolución judicial que se enjuicia es del Tribunal Supremo, a quien le está conferida la función de interpretar la ley —también, evidentemente, la procesal—, con el valor complementario que atribuye a su jurisprudencia el Código civil. La STC 37/2012, de 19 de marzo, FJ 4, declara que "toda jurisprudencia del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (artículo 123.1 CE), complementa el ordenamiento jurídico, conforme señala el artículo 1.6 del Código civil, y tiene, por ello, vocación de ser observada por los jueces y tribunales" Por otra parte, porque el recurso de casación tiene la naturaleza de recurso especial o extraordinario, lo que determina que debe fundarse en motivos tasados —numerus clausus— y que está sometido no solo a requisitos extrínsecos de tiempo y forma y a los presupuestos comunes exigibles para los recursos ordinarios, sino a otros intrínsecos, sustantivos, relacionados con el contenido y la viabilidad de la pretensión; de donde se sigue que su régimen procesal es más estricto por su naturaleza de recurso extraordinario (SSTC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5; 248/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 100/2009, de 27 de abril, FJ 4, y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3).
B) El Pleno de este tribunal también ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad del recurso de casación por infracción de normativa autonómica, tal como ha quedado configurado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, en la STC 128/2018, de 29 de noviembre, estableciendo una jurisprudencia aplicada en las SSTC 18/2019, de 11 de febrero, y 26/2019, de 25 de febrero.
[…]
Igualmente, la STC 128/2018 también rechazó que el art. 86.3 LJCA vulnerara el derecho a la tutela judicial efectiva, desde la perspectiva del derecho de acceso al recurso, que se relacionaba con la eventual falta de desarrollo legislativo del recurso de casación por infracción de normativa autonómica, insistiendo en que "la regulación contenida en los preceptos cuestionados […] no impide una interpretación lógica y coherente que proporcione un sentido útil a la casación autonómica, ya que la unificación del Derecho autonómico corresponde a los tribunales superiores de justicia mediante un recurso de casación paralelo al establecido en el Tribunal Supremo para el Derecho estatal o de la Unión Europea, a cuya regulación se remite implícitamente el recurso de casación autonómico" [FJ 7 a)]».
b) Aplicación de la doctrina al caso.
En el auto de 15 de julio de 2021 que inadmite el recurso de casación autonómico preparado por la entidad aquí recurrente, la sección competente basa su decisión en la interpretación que efectúa de los motivos de interés casacional objetivo del art. 88 LJCA y su aplicación a esta modalidad de recurso. Teniendo en cuenta que el citado precepto no distingue entre causas de interés casacional objetivo para uno u otro tipo de recurso, el de infracción de Derecho estatal o de la Unión Europea, y el de infracción del Derecho autonómico, no resulta en sí mismo irrazonable ni arbitrario que el tribunal superior de justicia realice un juicio de integración sobre el objeto del recurso que es propio de su competencia.
El resultado de esa exégesis, como se lee en el auto citado de 15 de julio de 2021 en el fundamento de Derecho primero, aunque no descarta la procedencia del recurso en otros supuestos del art. 88 LJCA sin necesidad de contradicción entre sentencias, como el del art. 88.3 c) («cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que ésta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente»), sostiene que con carácter general el recurso procede solo cuando (i) o bien se trate de corregir o unificar criterio ante la existencia de doctrinas contradictorias «entre el criterio sostenido por la sentencia impugnada […] y el seguido por otra u otras sentencias de la misma sala sobre cuestiones sustancialmente iguales»; lo que equivaldría —añade— al supuesto del art. 88.2 a) LJCA (ofreciendo detalle en el fundamento de Derecho segundo, sobre los requisitos de la contradicción para ser invocable); (ii) o bien cuando la resolución recurrida «se aparte deliberadamente de la "jurisprudencia" sobre Derecho autonómico existente hasta entonces» sin motivación razonada del cambio de criterio, lo que equivaldría, añade, al supuesto del art. 88.2 b) LJCA. El auto descarta por tanto la existencia de interés casacional objetivo si lo pedido se limita a revisar la «jurisprudencia» sentada o aplicada por la sentencia que se quiere combatir, porque la misma se considere errónea, ya que, si el objeto de este recurso es la «formación de jurisprudencia, justamente […] la "jurisprudencia" ya estaría formada».
Así expuesto, la interpretación que hace el auto de 15 de julio de 2021 (y confirma el posterior de 16 de marzo de 2022) no resulta ser la que favorece de forma más amplia el ejercicio del derecho de acceso al recurso y, desde el plano de la legalidad ordinaria, puede ser justificadamente cuestionada. Pero con arreglo a nuestro canon de control constitucional externo lo relevante no es dicha valoración, teniendo en cuenta además que se trata de un recurso extraordinario, sino que la respuesta que ofrece al respecto la sección no resulta arbitraria, irrazonable ni incursa en un error patente que deriva de las actuaciones. No niegan los autos impugnados la procedencia en sí misma del recurso de casación autonómico ni alguno de sus presupuestos esenciales, ni rechaza la importancia de que el tribunal superior de justicia disponga de criterios de interpretación del Derecho autonómico (que los autos llaman «jurisprudencia»), a través del dictado de sentencias en única instancia y apelación por las secciones de la sala de lo contencioso-administrativo. Únicamente restringe la vía de esta casación autonómica y la posibilidad de anular una sentencia dictada por una sección (especializada) de la misma sala, a los casos de necesidad provocados por la realidad de una contradicción de doctrina o criterio precedente, o de su apartamiento deliberado y arbitrario. Un entendimiento del art. 86.3 LJCA que, aunque restrictivo, no resulta desprovisto de racionalidad.
Por lo demás, las reiteradas alusiones del escrito de demanda a la afirmación efectuada en el fundamento jurídico 7 a) de la STC 128/2018 y que reproducen las SSTC 98/2020 y 99/2020, en torno a la equivalencia o paralelismo entre la casación ante el Tribunal Supremo y aquella otra ante los tribunales superiores de justicia, no puede descontextualizarse del marco en el que tal afirmación se enuncia, como es la posibilidad de integrar las normas de procedimiento del recurso de los arts. 88 y siguientes LJCA (pensados para la casación ante el Tribunal Supremo), a la casación por infracción del Derecho autonómico del art. 86.3 LJCA, haciendo útil y posible esta última. Eso no implica postular una réplica en todos sus aspectos de ambos recursos, dado que entre ellos existen también diferencias palpables no solamente desde la óptica de los órganos competentes y del sector del ordenamiento que cada uno protege y unifica (nomofilaxis), sino también por la distinta posición jerárquica que tiene la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto de los tribunales de cuyas resoluciones puede conocer en casación; y por otro lado las secciones de la misma sala de lo contencioso-administrativo de un tribunal superior de justicia en el caso de la casación autonómica. Diferencia que en gran medida explica laratioúltima de la tesis defendida por los autos aquí recurridos.
Finalmente, y como ya se adelantó, existe cierta coincidencia entre el criterio aquí cuestionado y el que enjuiciamos en el ATC 41/2018. Aunque subyacía también allí una coyuntura de carácter orgánico (sala de lo contencioso-administrativo sin secciones de un tribunal superior de justicia, sin magistrados suficientes para constituir otra sección de casación), la inadmisión del recurso se fundó también entonces en que «[a]l igual que en el Tribunal Supremo no está previsto, y carecería de sentido, un recurso de casación contra las propias sentencias dictadas por el Alto Tribunal en única instancia, tampoco es viable el recurso de casación autonómico en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura». Este concreto razonamiento superó nuestro control de constitucionalidad desde la perspectiva del derecho fundamental al recurso, lo que condujo a la inadmisión de la demanda de amparo por falta de lesión verosímil: «[el criterio del auto impugnado] se valora como producto de una exégesis racional de los preceptos legales aplicables. Esto es lo que demanda el artículo 24.1 CE, lo que no obsta a que, en el marco de las incertidumbres que ha ocasionado la regulación de la casación autonómica tras la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, otras interpretaciones judiciales dirigidas a darles respuesta puedan a su vez ser perfectamente razonables» (ATC 41/2018, FJ 5).
Por lo expuesto, la Sala
Inadmitir la demanda de amparo presentada por la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Adeje.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a ocho de mayo de dos mil veintitrés.–Cándido Conde-Pumpido Sáez.–Ricardo Enríquez Sáez Espejel Jorquera.–María Luisa Segoviano Astaburuaga.–Juan Garrido Sánchez Moreno.–Firmado y rubricado.