Categoría: Administración

de inventario», entendiéndose que, dada la evidente identidad de razón entre ambos preceptos, debe aplicarse la solución prevista en el artículo 992.2, en todo lo relativo a la determinación de quiénes aceptan y con qué consecuencias y sin olvidar, tampoco, la función esencialmente liquidataria que cumple el beneficio de inventario.
Debe advertirse, por último, que, tal y como ya se ha apuntado, la escritura que se somete a calificación no lo es de la manifestación y partición de la herencia del finado, sino que es titulada por la notaria autorizante como «adaptación de la “Fundación Domínguez Moreno Díaz” y de sus estatutos a la legislación vigente, formalización de la entrega de los bienes legados y aportación a la fundación»; y en el apartado segundo del otorgamiento se indica, como epígrafe: «Formalización de la entrega del legado dotación inicial y de la aportación a la fundación con arreglo a las cláusulas tres y decimosexta del testamento del fundador».
7. Del examen de las dos clausulas testamentarias tres y dieciséis, que los albaceas aplican conjuntamente a la vista del tenor del otorgan segundo (pese a que reiteradas veces en el recurso se afirma que la última de ellas no es vinculante, sino mera recomendación), se observa un nexo común, pues respecto de las dos fincas registrales antes reseñadas, y que corresponden a las tantas veces citadas casas de la ciudad de A Coruña, el testador siempre alude a que dispone «del resto de dichas dos casas, en favor del Hospital de La Coruña» (clausula tercera), «y a fin de que de este modo queden dichas casas íntegramente para el Hospital Municipal de La Coruña» (clausula decimosexta).
No ha de olvidarse que el causante falleció en el año 1940 y que la prohibición de enajenar cesaría a los treinta años de su muerte (cláusula quinta del testamento), lo que unido al dato al que se alude en el Registro del que el citado Hospital Municipal se extinguió en 1985 (quince años después del fin de la prohibición y cuarenta y cinco años después de la muerte del testador), una decisión como la plasmada en la escritura calificada, en un ámbito extrajudicial y sin contradicción de posibles terceros afectados, por unos albaceas que –ante todo– han de velar por la aplicación y respecto de la voluntad del causante (aplicando el artículo 798 del Código Civil, que se refiere a las disposiciones sub modo), lleva a la conclusión de que, habida cuenta de las concretas circunstancias del presente caso (piénsese en ese imposible cumplimiento de las previsiones del testador que se alega en el recurso) con valoración de una especial forma de cumplir el testamento (ochenta años después de la muerte del testador), no es posible admitir en el ámbito del procedimiento registral una decisión que requiere necesariamente contradicción de posibles terceros interesados o afectados con base en el simple texto literal de las cláusulas testamentarias que se aplican conjuntamente.
Y ello porque lo contrario supondría practicar un asiento de inscripción dominical y –por ende– mutación jurídico real, del que se derivarían los efectos frente a tercero que la ley previene. Es por tanto necesario el consentimiento de quienes hubieran podido exigir el cumplimiento de la manda ordenada por el testador en su testamento de 1938 o en su caso resolución judicial; y, por supuesto, sin que pueda abordar otras cuestiones, aludidas en recurso y en las alegaciones de la notaria, tales como la posesión durante lustros por parte de la fundación de las citadas casas, pues ello igualmente cae de lleno en el campo de lo jurisdiccional y de los procedimientos contradictorios.
8. Por lo demás, hay que poner de relieve que el recurso contiene una supuesta cita de la Resolución de este Centro Directivo de 15 de noviembre de 2022 del siguiente tenor: «El contador-partidor realiza la partición con libertad de apreciación y posibilidad de equivocarse de buena fe, y puede asignar los bienes a su prudente arbitrio mientras no se demuestre que su criterio distributivo es disparatado o parcial, o que era sencillo o económico guardar la norma del artículo 1061 CC». Ahora bien, este Centro Directivo ha de precisar que lo entrecomillado no corresponde a los fundamentos de Derecho de la citada Resolución, sino que es una manifestación que el entonces recurrente realiza en su escrito (Hecho IV de la citada Resolución), debiendo añadirse que en el presente caso no se ha realizado ninguna operación particional adjudicando lotes de bienes; sino que, más de ochenta años después de la muerte del testador, se dice interpretar su testamento y se adopta una decisión que no deja de entrar en conflicto con el tenor literal del mismo, pues se decide entregar un porcentaje dominical de dos fincas a una fundación ya existente, vía capitalización de legado, y el resto mediante aportación voluntaria. Por ello, la debida protección de eventuales terceros afectados e interesados en la sucesión, sea directamente o por subrogación en posiciones jurídicas anteriores, ha de ser adoptada en el orden jurisdiccional, en el que igualmente podrán estimarse otras pretensiones tales como la posible prescripción adquisitiva que se alegara.
Y respecto de la aplicación de los artículos 797 y 798 del Código Civil, es cierto que doctrinalmente se ha puesto el acento, a la hora de deslindar –algo no siempre fácil– entre modo y condición (aparte de la tradicional locución de que el modo obliga y la condición suspende), que el modo, en cuanto ruego o petición hecha al heredero (o a un legatario o a un donatario), no mira nunca al pasado, sino al futuro, y solo desde la eficacia del testamento (o de la donación); mientras que la condición, en cambio, puede mirar al futuro y al pasado.
Pero lo que es evidente es que, al margen del gravamen modal establecido, el testador (dos años antes de fallecer en 1940) manifestó una patente voluntad en orden al destino de unos bienes a título de legado (de cosa determinada, en la medida que alude a que esas dos casas habrían de quedar para determinada entidad que al parecer ya no existe, legados que, como es sabido, tienen un régimen especial en el Código Civil en orden a su adquisición); por ello, las ulteriores vicisitudes en orden a la subsistencia o no de aquel destinatario final escapan del marco del presente recurso y entran de lleno en el mundo de la jurisdicción. Y es en ella donde, en su caso, se habrá de valorar y decidir contradictoriamente sobre la pretensión de los albaceas de estimar cumplida la voluntad del testador en la forma –y no en otra– que ellos han consignado en la escritura.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 22 de mayo de 2023.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago