Categoría: Judicial

esa situación, se dejó sin efecto el plazo máximo anterior fijado para el 27 de agosto de 2020, en virtud de lo dispuesto en el art. 324.4 LECrim, en su anterior redacción. Además, el juzgado rechazaba las peticiones de planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad del precepto. A su juicio, no era el momento procesal oportuno para ello y, además, la norma admitía una lectura constitucional, en el sentido de que no implicaba necesariamente el agotamiento del nuevo plazo fijado, permaneciendo incólume la regla prevista en el art. 779 LECrim, que obliga al juez instructor a dictar una resolución definitiva una vez practicadas las diligencias de investigación necesarias para esclarecer los hechos y su posible autoría.
El recurrente considera que las resoluciones impugnadas incurren en las vulneraciones de los siguientes derechos fundamentales:
(i) Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE): frente a la pretensión de que el recurso de apelación –interpuesto contra el auto del Juzgado Central de Instrucción– fuera conocido por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (art. 197 LOPJ), la Sección Cuarta resolvió el recurso sin pronunciarse siquiera sobre esta pretensión. Según la demanda, la Sección asumió así una competencia que no le correspondía, ya que la pretensión debía ser resuelta por el Pleno, de forma que, hasta tanto este no se pronunciara, la Sección Cuarta carecía también de competencia para resolver el recurso de apelación.
(ii) Derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE): por la infracción del principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes (art. 118 CE), íntimamente conectado con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), y que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. Se ha dejado sin efecto una resolución judicial firme, como era la providencia de 4 de junio de 2020, que fijaba la fecha límite para la duración de la instrucción, y que, a su vez, era fruto del auto de 10 de abril de 2019, también firme, dictado por la propia Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dejaba sin efecto el anterior plazo máximo establecido por el Juzgado Central de Instrucción.
(iii) Derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE): por la aplicación retroactiva de una norma procesal que resulta desfavorable para los derechos de las partes investigadas, con supresión del plazo máximo de duración de la instrucción, y consiguiente quiebra de las legítimas expectativas y de la situación jurídica consolidada, que ofrecía un horizonte final para la investigación en la fecha previamente fijada, el 27 de agosto de 2020.
(iv) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE): para el recurrente, el fundamento de la reforma llevada a cabo por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, era el establecimiento de un plazo máximo de instrucción, como instrumento para garantizar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Las resoluciones impugnadas aplican la Ley 2/2020, de 27 de julio, que responde a bases distintas, más desfavorables para los investigados al no fijar un plazo máximo de duración de la instrucción, con el consiguiente alargamientosine diede la causa y la infracción del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Por su parte, el Ministerio Fiscal interesa la desestimación del amparo, por los argumentos que se exponen con más detalle en los antecedentes de esta resolución.
El resto de las partes comparecidas ha interesado la estimación o desestimación del recurso, en función de su concreta posición procesal en la causa de origen. Así, las partes acusadoras han solicitado la desestimación del recurso, mientras que las personas investigadas han interesado su estimación.
Centrado así el objeto de este recurso, su resolución adecuada requiere, en primer lugar, una aclaración sobre la especial trascendencia constitucional del recurso, así como una descripción de la normativa aplicable para, seguidamente, analizar sistemáticamente los distintos motivos de amparo alegados, procediendo a su enjuiciamiento mediante la aplicación de la doctrina existente al caso concreto.
2. Sobre la especial trascendencia constitucional del recurso.
a) Bajo el epígrafe «Cuestiones procesales», el Ministerio Fiscal formula una serie de observaciones sobre una eventual falta de agotamiento de la vía judicial previa, en referencia a algunas de las quejas invocadas por el recurrente. Sin embargo, también pone de manifiesto que la alegada vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), que el actor localiza en la prolongación de la fase de instrucción más allá de la fecha inicialmente fijada para su conclusión, como consecuencia de la aplicación por el instructor de la nueva redacción del art. 324 LECrim y de la disposición transitoria en la redacción introducida por la Ley 2/2020, de 27 de julio, le llevan a no invocar formalmente el óbice procesal de falta de agotamiento de la vía judicial previa como causa de inadmisibilidad del recurso.
A juicio del fiscal, el objeto de este amparo vendría referido a resoluciones judiciales no definitivas que, conforme a la doctrina de este Tribunal expuesta –singularmente– en la STC 27/2019, de 26 de febrero, determinarían el carácter prematuro de este recurso. La naturaleza esencialmente procesal de los derechos fundamentales invocados conduciría a la inadmisión del recurso, al entenderse que su eventual vulneración podría repararse en el marco del proceso jurisdiccional de origen.
Sin embargo, el Ministerio Público admite como posible la opción de considerar que la demanda invoca la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) como un derecho procesal que no exige demorar su reparación a la finalización de la causa penal. Lo que, a su vez, dependería de los términos en los que la demanda haya planteado la especial trascendencia constitucional del recurso. En este extremo, el fiscal destaca que «la especial trascendencia constitucional que el Tribunal ha apreciado para admitir el recurso tenga que ver precisamente con la eventual incidencia sobre este derecho que, en su caso, pueda tener la potencial prolongación de las investigaciones judiciales en curso que produjo la reforma de la LECrim por Ley 2/2020».
Así pues, el fiscal vincula la inexistencia del óbice procesal de la falta de agotamiento de la vía judicial previa, por la alegada vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, a la eventual trascendencia constitucional que pueda tener el recurso en relación con una faceta de este derecho fundamental todavía no abordada por este tribunal.
b) En consecuencia, el vínculo oportunamente alegado por el Ministerio Fiscal merece una aclaración por parte de este tribunal, en referencia a la especial trascendencia constitucional que tiene este recurso.
(i) Conforme a reiterada doctrina constitucional, el momento procesal idóneo para el análisis del cumplimiento de este requisito material de admisibilidad es el trámite de admisión de la demanda de amparo, correspondiendo únicamente a este tribunal apreciar en cada caso la existencia o inexistencia de esa especial trascendencia constitucional, esto es, si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo, atendiendo, conforme al art. 50.1 b) LOTC, «a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales» (por todas, SSTC 166/2016, de 6 de octubre, FJ 2; 136/2017, de 27 de noviembre, FJ 2; 80/2020, de 15 de julio, FJ 2, y 155/2020, de 4 de noviembre, FJ 2). No obstante, y como es conocido (STC 154/2016, de 22 de septiembre, FJ 2, y más recientemente en la STC 130/2018, de 12 de diciembre, FFJJ 3 a 5), los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan reparados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (por todas, SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2). De esta manera, la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC (por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3; 89/2011, de 6 de junio, FJ 2, y 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2).
Por lo demás, las precisiones que siguen a continuación se formulan en salvaguarda del principio de seguridad jurídica que, conforme a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de enero de 2015, dictada en el asuntoArribas Antón c. España, § 46, exige explicitar, no solo los criterios de definición del requisito material de la especial trascendencia constitucional (como ya hiciera la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2), «sino también su aplicación en los asuntos que se admiten a trámite, con el fin de asegurar con ello una buena administración de la justicia» (por todas, STC 194/2015, de 21 de septiembre, FJ 2).
(ii) En el presente caso, este tribunal acordó la admisión a trámite del recurso (art. 50.1 LOTC), porque «plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]». Los términos en los que está formulada la demanda permiten considerar que, entre otras cuestiones, su objeto se centra en valorar si el mero hecho de que las resoluciones judiciales impugnadas –señaladamente, el auto de 24 de agosto de 2020, confirmado en apelación por el auto de 11 de noviembre de 2020– hayan dejado sin efecto el plazo máximo de instrucción fijado en una resolución anterior, ya firme, puede determinar la existencia de lesión, porque el procedimiento se habría prolongadode facto, de manera improcedente, con la consiguiente quiebra de los derechos invocados, en particular, de los derechos a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). De estimarse esa tesis, y aunque nos encontramos ante derechos de carácter procesal, su eventual infracción no podría repararse durante la tramitación de la causa penal de origen, que es la regla general, ya que la cuestión planteada habría recibido una respuesta procesalmente definitiva, de forma que no cabría su restablecimiento en una fase ulterior y, por lo tanto, su resolución tampoco podría demorarse hasta la finalización del procedimiento, por cuanto eso supondría el mantenimiento de la situación de vulneración [STC 27/2019, de 26 de febrero, FJ 5 ii)].
Así pues, esta cuestión, no abordada anteriormente por el tribunal, es lo que ha determinado la apreciación de la especial trascendencia constitucional del recurso y, sobre esas bases, tampoco encontramos razón alguna para entender la existencia de óbice procesal que haya impedido la admisibilidad de este recurso.
3. La normativa aplicable.
Conforme al esquema metodológico expuesto, la resolución de este amparo exige, en primer lugar, la descripción del marco normativo aplicable que, en este caso, está concretado en la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal. No obstante, el verdadero alcance de las cuestiones planteadas en este recurso no puede comprenderse sin un análisis del propio art. 324 LECrim y de su evolución normativa, que ha sido objeto de dos reformas de calado en los últimos años, llevadas a cabo por las Leyes 41/2015, de 5 de octubre, y la ya citada 2/2020, de 27 de julio.
La redacción vigente hasta el momento de aprobarse la primera de esas reformas establecía el plazo de «un mes» desde la incoación de un sumario como lapso temporal que obligaba al «secretario judicial» a dar «parte cada semana […] de las causas que hubiesen impedido su conclusión». La finalidad de estas comunicaciones era que las autoridades judiciales correspondientes pudieran acordar «según sus respectivas atribuciones, lo que consider[aran] oportuno para la más pronta terminación del sumario». Se trataba, por tanto, de un exiguo plazo de un mes que tenía un carácter esencialmente orientativo sobre la duración de la fase de instrucción, para cuya culminación se asignaba un concreto rol a los presidentes de las audiencias respectivas, quienes podían adoptar las medidas que permitieran remover los obstáculos que impedían la finalización de la investigación. En todo caso, estas facultades se ejercían en un ámbito esencialmente gubernativo, sin afectación procesal o jurisdiccional alguna, y sin la fijación de una fecha límite de la duración de la fase de instrucción.
La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, reforma sustancialmente el régimen jurídico hasta entonces vigente. Según se expone en su preámbulo, la norma pretende «establecer disposiciones eficaces de agilización de la justicia penal con el fin de evitar dilaciones indebidas». Entre esas medidas, que se consideran «de sencilla implantación», y «sin merma alguna de los derechos de las partes», se encuentran «la fijación de plazos máximos para la instrucción». Más en concreto, «se sustituye el exiguo e inoperante plazo de un mes […] por plazos máximos realistas cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales».
De forma muy resumida, el nuevo sistema estableció como regla general que la instrucción no debía durar más de seis meses (art. 324.1, primer inciso LECrim). Ese plazo se podía convertir en dieciocho meses, previa declaración judicial de «complejidad», a instancia del Ministerio Fiscal en exclusiva, y previa audiencia a las partes (art. 324.1, segundo inciso y 324.2, primer inciso LECrim). A su vez, ese plazo ampliado de dieciocho meses se podía prorrogar hasta otros dieciocho meses más, de nuevo a instancia exclusiva del Ministerio Fiscal y previa audiencia a las partes (art. 324.2, segundo inciso LECrim). No obstante, de modo excepcional, cualquiera de las partes podía solicitar, en cualquier momento, la fijación de un plazo máximo para la instrucción, que ya no podría ser prorrogado, pero cuya duración no se determinaba (art. 324.4 LECrim). El preámbulo de la norma señalaba, en lo que ahora interesa, que ese plazo máximo suponía un «límite temporal infranqueable en el que el sumario o las diligencias previas ha[bían] de concluir», en el sentido de que debía «adoptarse la decisión que proced[iera], bien la continuación del procedimiento ya en fase intermedia, bien el sobreseimiento de las actuaciones». De esta forma, se insistía, se «elimina cualquier riesgo de impunidad por el transcurso de los referidos plazos al excluirse que su agotamiento dé lugar al archivo automático de las actuaciones, fuera de los supuestos en que proceda el sobreseimiento libre o provisional de la causa».
La Ley 2/2020, de 27 de julio, modificó de nuevo el precepto, de forma relevante. Su preámbulo expone el ejercicio de ponderación que el legislador ha pretendido realizar para configurar el nuevo sistema. Así, considera que «establecer sin más un límite máximo a la duración de la instrucción […] puede conducir a la impunidad de la persecución de delitos complejos», pero «no es menos cierto que establecer ciertos límites […] supone una garantía para el derecho de los justiciables». Tras constatar que el «proceso penal es en sí mismo una pena que comporta aflicción y costes para el imputado […], [considera que] debe articularse un sistema que cohoneste la eficacia del proceso penal con los derechos fundamentales de presunción de inocencia, derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías que se sustancie en un plazo razonable».
Para conseguir estos objetivos, el nuevo art. 324 LECrim suprime la distinción entre causas de tramitación sencilla o compleja, ampliando el plazo de duración general de la instrucción hasta los doce meses (art. 324.1, primer párrafo LECrim). No obstante, ese plazo inicial puede ser objeto de sucesivas prórrogas por periodos iguales o inferiores a seis meses (art. 324.1, segundo párrafo LECrim), sin límite máximo ni motivos tasados. En cualquier caso, la ampliación del plazo podrá ser acordada por el juez, de oficio, por lo que no requiere necesariamente de la previa petición de parte, sino únicamente de su previa audiencia (art. 324.1, segundo párrafo LECrim). También se ocupa de aclarar que las «diligencias acordadas» tras la expiración del plazo inicial o de sus prórrogas «no serán válidas» (art. 324.3 LECrim); y que el «juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad», sin perjuicio de que, transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, «dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda» (art. 324.4 LECrim).
Ambos textos normativos contienen una disposición transitoria redactada en términos casi idénticos. Así, en lo que ahora interesa, la Ley 41/2015 señalaba que el nuevo sistema se aplicaría a los procedimientos que se hallaran «en tramitación a la entrada en vigor» de la ley (disposición transitoria única, apartado 3), lo que se produjo el 6 de diciembre de 2015 (disposición final cuarta), fecha que se tomaría como «día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción» que se fijaban tras la reforma (disposición transitoria única, apartado 3). Por su parte, el sistema implantado por la Ley 2/2020 se aplicaría a los procesos «en tramitación a la entrada en vigor» de la ley (disposición transitoria), lo que se produjo el día 29 de julio de 2020 (disposición final segunda), fecha que se tomaría como «día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción» que se fijaban tras la reforma (disposición transitoria).
La redacción coincidente de las disposiciones transitorias de ambos textos normativos no impide apreciar la notoria diferencia de efectos que puede producir su respectiva aplicación. Así, los preámbulos de ambas normas dibujan similares parámetros axiológicos, en los que se contraponen la eficacia de la actuación judicial para evitar cualquier impunidad delictiva frente a los derechos de las personas objeto de investigación. Sin embargo, la Ley 41/2015 se introdujo en un sistema que no contemplaba límite alguno a la duración de la instrucción; mientras que la Ley 2/2020 se insertaba en un esquema procesal que establecía un «límite temporal infranqueable». Y esta es, precisamente, la cuestión controvertida en este recurso: si la aplicación incondicionada de la disposición transitoria de la Ley 2/2020 constituye, por sí misma, una infracción de los derechos alegados, en aquellos casos en que, como el presente, ya se había fijado una fecha máxima de duración de la instrucción, por aplicación de lo dispuesto en el art. 324.4 LECrim, en su anterior redacción. Esos derechos, en particular, a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), aparecen expresamente ponderados –con una u otra denominación– en los respectivos preámbulos de ambas normas y han sido invocados por el recurrente, lo que justifica un pronunciamiento de este tribunal, como ya se ha expuesto.
En consecuencia, y desde la perspectiva que le es propia, se trata de analizar la eventual repercusión que una determinada interpretación judicial pudiera haber tenido para los derechos fundamentales alegados, sin entrar en cuestiones de mera legalidad ordinaria que, como es conocido, corresponde examinar a los órganos jurisdiccionales, careciendo de trascendencia constitucional alguna (por todos, ATC 53/2017, de 19 de abril, FJ 2, y jurisprudencia allí citada).
4. Orden de enjuiciamiento de las vulneraciones de derechos invocadas.
Una respuesta adecuada a las diversas cuestiones planteadas en este recurso exige una previa delimitación de su orden de enjuiciamiento. Como se señala, entre otras, en la STC 57/2012, de 29 de marzo, FJ 2, el «análisis de las quejas de amparo ha de iniciarse, según constante jurisprudencia de este tribunal, dando preferencia a aquellas de las que podría derivarse una retroacción de actuaciones y, dentro de ellas, a las que, por determinar la retroacción a un momento anterior, hagan innecesario un pronunciamiento sobre las restantes (entre otras, SSTC 247/2004, de 20 de diciembre, FJ 2; 308/2005, de 12 de diciembre, FJ 3; 140/2006, de 8 de mayo, FJ 3; 156/2007, de 2 de julio, FJ 3; 121/2009, de 18 de mayo, FJ 2, y 142/2011, de 26 de septiembre, FJ 2)».
Desde un punto de vista lógico sistemático, hemos de coincidir con el Ministerio Fiscal en que la alegación sobre el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) habrá de ser analizada, en su caso, en último lugar. La eventual estimación de algún otro motivo de amparo determinaría la nulidad de la primera de las resoluciones dictadas, el auto del juez central de instrucción, y la consiguiente retroacción de las actuaciones para que procediera a dictar una nueva resolución que fuera respetuosa con el o los derechos vulnerados. En ese escenario carecería de relevancia alguna la cuestión competencial sobre el órgano llamado a conocer de un recurso de apelación que habría perdido cualquier efectividad.
En cuanto al resto de las vulneraciones de derechos alegados por el recurrente, se analizarán conforme al esquema argumental planteado en la propia demanda. El recurso parte de la base de que se ha dejado sin efecto una resolución judicial firme, atentando así contra el principio de intangibilidad (art. 118 CE) derivado del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), e integrado en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). La eventual estimación de este motivo determinaría la pervivencia de la resolución firme anterior y, en consecuencia, del plazo máximo de duración de la instrucción, haciendo innecesario el examen del resto de motivos.
Para el caso de que no se considerara afectado este principio, procedería entrar en el análisis de la alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), por la supuesta aplicación retroactiva de una norma procesal desfavorable para los derechos consolidados del recurrente, lo que determinaría entonces la pervivencia de la redacción del art. 324 LECrim introducida por la Ley 41/2015, con el mismo resultado que en el caso anterior. Y, solo para el supuesto de que esta alegación fuera también desestimada, habría que analizar si la aplicación de la norma controvertida (la Ley 2/2020) habría supuesto una lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), lo que supondría la estimación del recurso y la consiguiente nulidad de las resoluciones impugnadas, con el consiguiente mantenimiento del plazo máximo de duración de la instrucción previamente determinado.
5. El derecho a la tutela judicial efectiva: Intangibilidad de resoluciones judiciales firmes.
a) Planteamiento de la demanda.
En la demanda, el recurrente considera que las resoluciones impugnadas han dejado sin efecto una resolución judicial firme que fijaba el plazo máximo de duración de la instrucción. En concreto, se trata de la providencia de 4 de junio de 2020, del Juzgado Central de Instrucción, que fijaba esa fecha límite para el día 27 de agosto de 2020. Esta providencia, a su vez, era fruto del auto de 10 de abril de 2019, también firme, dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que había dejado sin efecto el anterior plazo máximo establecido por el Juzgado Central de Instrucción. En el parecer del actor, la aplicación de la disposición transitoria de la Ley 2/2020 ha supuesto,de facto, la anulación de una decisión judicial no impugnada por las partes y que, por lo tanto, devino firme.
De lo anterior resulta que la primera cuestión a abordar es la de si esas resoluciones pueden encontrarse amparadas por el principio de intangibilidad invocado.
b) Doctrina constitucional sobre el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, como vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva.
La doctrina reiterada de este tribunal puede quedar sintetizada en los siguientes términos:
(i) La protección de la integridad de las resoluciones judiciales firmes mantiene una vinculación dogmática con la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), así como con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) [por todas, SSTC 48/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 69/2000, de 13 de marzo, FJ 2; 216/2001, de 29 de octubre, FJ 2 a), y 55/2002, de 11 de marzo, FJ 2].
(ii) Esa intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes no es un fin en sí misma, sino un instrumento para la mejor garantía de aquella tutela judicial efectiva, en conexión con la observancia del principio de seguridad jurídica, pues, «de tolerarse la modificabilidad sin trabas de las resoluciones judiciales firmes, se vaciaría de contenido el instituto de la firmeza, dejando al albur de las partes o del propio órgano judicial el resultado final de los procesos judiciales» (STC 69/2000, de 13 de marzo, FJ 2).
(iii) El principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, en cuanto parte integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, se proyecta en una doble vertiente: La primera asegura a quienes han sido parte en un proceso que las resoluciones judiciales definitivas dictadas en su seno no han de ser alteradas o modificadas al margen de los cauces legales establecidos para ello (SSTC 122/1996, de 8 de julio, FJ 4; 180/1997, de 27 de octubre, FJ 2, y 112/1999, de 14 de junio, FJ 3). La segunda se concreta en la constatación de que si el derecho garantizado por el art. 24.1 CE comprende la ejecución de los fallos judiciales, su presupuesto lógico e insoslayable ha de ser el principio de inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes [entre otras, SSTC 23/1996, de 13 de febrero, FJ 2; 111/2000, de 5 de mayo, FJ 12; 216/2001, de 29 de octubre, FJ 2 a), y 55/2002, de 11 de marzo, FJ 2].
(iv) Queda vedado a los jueces, «al margen de los supuestos taxativamente previstos por la Ley, revisar el juicio efectuado en un caso concreto, incluso si entendieran con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad, puesto que la protección judicial carecería de efectividad si se permitiera reabrir el análisis de lo ya resuelto por sentencia firme en cualquier circunstancia» (STC 231/2006, de 17 de julio, FJ 2).
(v) El principio de intangibilidad no se circunscribe a los supuestos en que sea posible apreciar las identidades propias de las cosas juzgadas formal y material, «sino que su alcance es mucho más amplio y se proyecta sobre todas aquellas cuestiones respecto de las que pueda afirmarse que una resolución judicial firme ha resuelto, conformado la realidad jurídica en un cierto sentido, realidad que no puede ser ignorada o contradicha ni por el propio órgano judicial, ni por otros órganos judiciales en procesos conexos». A tal fin, «para perfilar desde la óptica del art. 24.1 CE el ámbito o contenido de lo verdaderamente resuelto por una resolución judicial “resulta imprescindible un análisis de las premisas fácticas y jurídicas que permitieron obtener una determinada conclusión”, pues lo juzgado viene configurado por el fallo y su fundamento determinante (STC 207/2000, de 24 de julio, FJ 2). Por ello, y como se desprende de la jurisprudencia citada, la intangibilidad de lo decidido en una resolución judicial firme no afecta sólo al contenido del fallo, sino que también se proyecta sobre aquellos pronunciamientos que constituyenratio decidendide la resolución, aunque no se trasladen al fallo (STC 15/2006, de 16 de enero, FJ 6) o sobre los que, aun no constituyendo el objeto mismo del proceso, resultan determinantes para la decisión adoptada (STC 62/2010, de 18 de octubre, FJ 5)» (STC 69/2012, de 29 de marzo, FJ 6).
(vi) Como excepción, «uno de los supuestos en los que el derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios términos no impide que esta devenga legal o materialmente imposible “es, precisamente, la modificación sobrevenida de la normativa aplicable a la ejecución de que se trate, o, si se quiere, una alteración de los términos en los que la disputa procesal fue planteada y resuelta, ya que, como regla general, una vez firme la sentencia, a su ejecución solo puede oponerse una alteración del marco jurídico de referencia para la cuestión debatida en el momento de su resolución por el legislador […]”» [STC 312/2006, de 8 de noviembre, FJ 4 b)].
Sin embargo, el tribunal «no ha descartado […] que se pueda infringir el art. 24.1 CE en aquellos supuestos en los que el efecto directo de una ley o del régimen jurídico de una materia en ella establecido sea, precisamente, el de impedir que un determinado fallo judicial se cumpla. En este sentido ha afirmado que podría producirse una lesión del art. 24.1 CE en aquellos supuestos en los que los efectos obstativos de una ley o del régimen jurídico en ella establecido para una concreta materia fuesen precisamente hacer imposible de forma desproporcionada que un determinado fallo judicial se cumpla […]. En tales supuestos hemos dicho que corresponde al tribunal determinar, en atención a las circunstancias del caso, si el efecto obstativo de la ley sobre la ejecución de la sentencia puede encontrar o no justificación en una razón atendible, esto es, teniendo en cuenta los valores y bienes constitucionalmente protegidos» [STC 312/2006, de 8 de noviembre, FJ 4 b)].
Y es que «la exigencia constitucional de la efectividad de las sentencias firmes […] no cierra al legislador la posibilidad de modificar [el] ordenamiento jurídico, para articular de modo diferente los intereses que considere dignos de protección por la ley, dentro de los límites constitucionales» [STC 312/2006, de 8 de noviembre, FJ 4 b)].
c) Resolución.
(i) En el esquema introducido por la Ley 41/2015, el legislador quiso que se fijara una fecha a partir de la cual se debía entender terminada la fase de instrucción. Y la demanda plantea la necesidad de valorar si la posterior modificación de esa fecha puede suponer una quiebra del principio de intangibilidad. En este punto, como se ha expuesto, nuestra doctrina señala que la prohibición de dejar sin efecto una resolución judicial firme tiene como excepción que se haga «fuera de los cauces establecidos en la ley» y, en este caso, lo que se ha hecho es, precisamente, aplicar una reforma legal, la disposición transitoria de la Ley 2/2020. En estos supuestos, lo que procede es realizar una labor de ponderación a fin de determinar si la modificación legislativa ha impedido el cumplimiento de una resolución firme de forma desproporcionada para los derechos e intereses en presencia, desde la perspectiva del principio de intangibilidad.
El análisis del preámbulo de la Ley 2/2020 permite apreciar que, aunque de forma escueta, el legislador ha realizado un ejercicio de valoración axiológica entre los derechos de las personas investigadas y los fines propios de la instrucción penal. Así, tras constatar que el anterior sistema de la Ley 41/2015 se «ha evidenciado pernicioso por cuanto puede conducir a la impunidad de la persecución de delitos complejos», al «establecer sin más un límite máximo a la duración» de esta fase, «no es menos cierto que establecer ciertos límites a la duración de la instrucción supone una garantía para el derecho de los justiciables». Por ello, se articula un nuevo sistema que «cohoneste la eficacia del proceso penal con los derechos fundamentales de presunción de inocencia, derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías que se sustancie en un plazo razonable». Es decir, el legislador considera que el sistema anterior puede generar el riesgo de la impunidad delictiva compleja y, siendo consciente de la necesidad de equilibrar el principio de eficacia de las investigaciones con los derechos de los investigados, establece un nuevo sistema cuyos rasgos esenciales ya han sido expuestos.
Desde la perspectiva que es propia de este tribunal, no puede afirmarse que esta reforma legal afecte de manera desproporcionada a los derechos e intereses en presencia, hasta el punto de que invalide la propia legitimidad constitucional de la modificación legislativa, por ser contraria al principio de intangibilidad. La consecuencia de una eventual aplicación de esta reforma, al dejar sin efecto el plazo máximo previamente fijado, no puede considerarse como manifiestamente desproporcionada para los derechos e intereses del investigado. Y, aunque la propia norma reconoce que «el proceso penal es en sí mismo una pena que comporta aflicción y costes», considera que existe otro bien jurídico digno de protección como es la necesaria eficacia del proceso penal en la persecución de los delitos más complejos.
La diferencia de criterio del legislador, contando con la experiencia de cinco años en la aplicación de un determinado sistema, no convierte a la ulterior reforma en un instrumento desproporcionado. En definitiva, la necesidad de garantizar la eficacia de una investigación compleja, mediante el establecimiento de un nuevo sistema de duración de la instrucción, constituye un objetivo legítimo de política criminal que resulta compatible con los derechos de los investigados.
(ii) Los deberes que impone el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales, inherentes a la garantía derivada del principio de seguridad jurídica, solo resultan legítimos, desde la perspectiva constitucional, cuando la cuestión controvertida no puede ser objeto de modificación alguna, en el mismo procedimiento o en otro distinto o ulterior que se encuentre directamente conectado con el anterior. La mera posibilidad de una eventual variación determina una falta de certeza que es incompatible con la debida seguridad. Por todo ello, la vigencia de ese principio exige un análisis casuístico de las resoluciones impugnadas, de manera que solo aquellas decisiones que resuelven la verdadera controversia entre las partes, es decir, sus respectivas pretensiones, han de ser respetadas por estas y, en su caso, por terceros.
No obstante lo anterior, hemos reconocidosupraque es posible que no se pueda cumplir lo resuelto si se produce una posterior modificación legislativa que afecte a la cuestión planteada, salvo que el efecto directo de esa modificación fuera impedir de forma desproporcionada la ejecución de una resolución judicial firme. En ese caso, se impone una labor de ponderación, por parte del tribunal, de los derechos e intereses en presencia, a fin de salvaguardar la efectividad de aquel o aquellos que deban ser preservados.
(iii) La fase de instrucción penal constituye una singularidad propia del proceso penal, que lo distingue de los procedimientos sustanciados ante otros órdenes jurisdiccionales. En estos últimos, el ejercicio de la acción y de la pretensión se lleva a cabo en un mismo acto, a través de la demanda. No ocurre lo mismo en el procedimiento penal. Como se expuso en la STC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5, el «derecho de acción penal» se configura como un «ius ut procedatur, es decir, […] como manifestación específica del derecho a la jurisdicción». De esta forma, la «acción penal se entabla para que el Estado, a través de la jurisdicción, ejerza la potestad punitiva», que es de «titularidad estatal» (FJ 7). La fase de instrucción se define normativamente en el art. 299 LECrim y tiene una naturaleza esencialmente preparatoria de un eventual juicio oral, mediante una delimitación previa de los elementos relevantes de las pretensiones de las partes, sobre las que se resolverá definitivamente tras la celebración del acto de la vista.
Por ese motivo, la fase de instrucción se caracteriza por su provisionalidad, contingencia o variabilidad, en coherencia con la conformación gradual de su objeto. Como se destacó en la STC 34/2021, de 17 de febrero, FJ 5 a), y teniendo en cuenta la «delimitación progresiva […] del proceso penal […], la exigencia de responsabilidad penal a cualquier investigado solo puede venir apoyada en una inicial atribución fáctica y delictiva […]. Sobre este presupuesto, los hechos atribuidos han de ser investigados, contrastados y, en su caso, declarados probados. […] Solo después de practicar contradictoriamente la prueba en un juicio público, si se mantiene la acusación, pueden los hechos imputados ser afirmados como delictivos por el órgano de enjuiciamiento, tras subsumirlos en el tipo penal que corresponda».
De lo anterior se deduce que, en la fase de instrucción, las resoluciones que determinan su duración, aunque ganen firmeza, no resuelven sobre la cuestión de fondo, pues es posible una posterior consideración de la cuestión (en el presente caso, la ampliación del plazo de instrucción tras una reforma legal), al no existir una regla de preclusión que lo impida «a futuro».
Por otro lado, las vicisitudes por las que puede atravesar una investigación criminal son numerosas y pueden influir en su vigencia temporal, por lo que la duración de esta fase de investigación es relativamente incierta. La propia delimitación del hecho punible y de sus presuntos autores, que puede irse ampliando o reduciendo a medida que avanza la instrucción; o la obtención sucesiva de fuentes de prueba, con posibles derivaciones que pueden fundamentar otras líneas de investigación, son elementos que contribuyen a generar un espacio de incertidumbre sobre la duración de esta fase procesal. De hecho, incluso después de finalizada formalmente, la propia Ley de enjuiciamiento criminal ha previsto mecanismos de ampliación o depuración investigadora de la instrucción, como los recogidos en el art. 780.2 (las denominadas diligencias complementarias) o 746.6 (sumaria instrucción suplementaria). Por lo tanto, es la propia naturaleza de la instrucción, tendencialmente orientada a la búsqueda de la verdad material, la que impide determinar con seguridad su vigencia temporal y resolver sobre la cuestión de fondo, porque esta se va conformando de manera paulatina y recibe una adecuada respuesta en fases ulteriores del procedimiento.
En esta línea, se puede concluir que las resoluciones que producen el efecto de cosa juzgada material son las sentencias definitivas, así como aquellas otras resoluciones que puedan entenderse equivalentes, como los autos de sobreseimiento libre (art. 637 LECrim) o los autos de archivo por la causa de inexistencia o falta de tipicidad del hecho (art. 779.1.1 LECrim) [ver, en tal sentido, SSTS 1 de marzo de 1996 (recurso núm. 3444-1995), 22 de enero de 1999 (recurso núm. 2106-1996)]. Las resoluciones impugnadas no pertenecen a esta categoría.
(iv) En el presente caso, el juzgado aborda una investigación ciertamente compleja. Tiene por objeto la indagación sobre múltiples delitos graves que se pueden englobar bajo el fenómeno de la corrupción, sobre los que se han abierto diversas líneas de investigación a través de más de una decena de piezas separadas, y en los que se investiga la implicación de más de un centenar de personas. Con las resoluciones impugnadas el investigado ha visto alargada la fase de instrucción, pero el nuevo sistema no impide realizar el adecuado control judicial sobre la duración de la investigación, mediante los informes previos al vencimiento de los plazos y a través de los recursos contra las resoluciones que acuerden, en su caso, las correspondientes prórrogas sucesivas. Además, tras la reforma, estas prórrogas han de ser valoradas con mayor periodicidad (cada seis meses) que con el sistema instaurado por la Ley 41/2015, que solo contemplaba un primer control a los seis meses y otro más a los dieciocho, y que admitía un plazo máximo de duración indeterminada para la finalización de la instrucción. Por otro lado, las resoluciones judiciales dictadas al amparo del art. 324 LECrim, en su redacción anterior, en las que se fijaba una fecha límite para el final de la instrucción (el 27 de agosto de 2020), debieron generar en el recurrente la lógica como razonable expectativa sobre la fecha límite del cierre de la investigación abierta contra el mismo.
Pero la introducción por la Ley 2/2020 de un cambio en el régimen jurídico de la duración de la fase de instrucción, que el Ministerio Fiscal califica con acierto de «conceptual», y la entrada en vigor del mismo antes de que finalizara el plazo máximo de duración de aquella investigación en curso y su aplicación por el juzgado instructor, no puede vulnerar el principio de intangibilidad que invoca el demandante porque, de conformidad con la doctrina constitucional anteriormente expuesta, las resoluciones judiciales ahora impugnadas, no habían decidido sobre cuestiones que afectaran al fondo del asunto (hechos delictivos, personas responsables, calificación jurídica de aquellas responsabilidades y decisión judicial sobre las mismas), sino que se trataba de resoluciones interlocutorias, con un contenido netamente procesal.
Y es que un adecuado enfoque del análisis de esta queja no puede ignorar la propia naturaleza del marco procesal en que se dictaron esas resoluciones, que no es otro que la fase de instrucción del proceso penal.
En definitiva, la firmeza de unas resoluciones judiciales como las impugnadas no puede impedir la aplicación de una reforma legislativa como la aprobada mediante la Ley 2/2020.
En consecuencia, la queja por alegada vulneración del principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, en cuanto vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva, debe ser desestimada.
6. El derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE): alegada aplicación retroactiva de una norma procesal en perjuicio de las legítimas expectativas y de una situación jurídica consolidada; denunciada contravención del principio reconocido en el art. 9.3 CE.
a) Planteamiento de la demanda.
El recurrente considera que la aplicación incondicionada de la disposición transitoria de la Ley 2/2020 supone una aplicación retroactiva de una norma procesal que resulta desfavorable para los derechos de los investigados. La supresión del plazo máximo de duración de la instrucción implica la quiebra de sus legítimas expectativas, que ofrecían un horizonte final para la instrucción en la fecha previamente fijada, el 27 de agosto de 2020. Con ello se altera una situación jurídica consolidada, generada por las resoluciones judiciales que fijaban ese marco temporal «infranqueable», a partir del cual habría de dictarse la resolución que procediera, a la vista del material recopilado durante la investigación. El demandante insiste en que no discute la constitucionalidad de la norma, sino de una determinada interpretación de esta. Las resoluciones impugnadas no han tenido en cuenta las circunstancias concretas del procedimiento de origen. A su juicio, este no se encontraba «en tramitación», sino en «fase de finalización», por lo que no era aplicable la disposición transitoria de la Ley 2/2020.
b) Doctrina constitucional sobre la retroactividad de las normas procesales.
El examen de las cuestiones planteadas en la demanda exige recordar, en lo que ahora interesa, dos criterios básicos reiteradamente expuestos por este tribunal sobre el principio de retroactividad y sobre su aplicación a las normas procesales.
Conforme señala la STC 261/2015, de 14 de diciembre, FJ 4, «la irretroactividad solo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas (por todas, SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6, o 178/1989, de 2 de noviembre, FJ 9), de lo que se deduce que solo puede afirmarse que una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9.3 CE, cuando incide sobre “relaciones consagradas” y afecta a “situaciones agotadas” (por todas, STC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6)».
Por otra parte, desde la STC 63/1982, de 20 de octubre, FJ 3, este tribunal viene afirmando que «las normas procesales tienen efecto inmediato, son aplicables a todos los procesos en curso en el momento de su entrada en vigor». Más recientemente, la STC 140/2018, de 20 de diciembre, FJ 9, reiteraba esta idea y recordaba que «a las normas procesales les es aplicable el principiotempus regit actum», de manera que a «una norma procesal [que] no hace más que aclarar la aplicación en el tiempo de otra norma procesal», no le puede ser aplicado «el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales», porque carece de esa naturaleza.
Sentado lo anterior, el enjuiciamiento de esta queja pasa por determinar, en primer lugar, si estamos en presencia de una norma procesal y, en segundo término, si el recurrente se encontraba ante una situación jurídica verdaderamente consolidada, ante un derecho adquirido sobre el que no pudiera aplicarse una norma posterior con carácter retroactivo.
c) Resolución de la queja.
La Ley 2/2020 tiene un carácter netamente procesal, pues su objeto fue la reforma de un precepto de la Ley de enjuiciamiento criminal. Además, no se alega la vulneración de derechos sustantivos en la demanda. Para el recurrente, los únicos derechos que podrían verse afectados serían, en su caso, derechos fundamentales de naturaleza procesal del art. 24 CE, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva, ya estudiado en el fundamento jurídico anterior, y los derechos a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, expresamente invocados por el recurrente.
Por otro lado, esta reforma no puede considerarse como una disposición sancionadora, puesto que carece de carácter punitivo alguno. No obstante, el recurrente considera que su aplicación ha supuesto una restricción para sus derechos, lo que justificaría la vigencia del principio de irretroactividad y la consiguiente nulidad de las resoluciones impugnadas. Esta alegación enlaza, a su vez, con la necesidad de valorar si concurre el presupuesto necesario para aplicar ese principio, es decir, si el recurrente ostentaba o no un derecho subjetivo consolidado que impidiera la aplicación retroactiva de la reforma legal ahora controvertida.
Lo primero que conviene señalar es que no existe un derecho a una duración determinada de la instrucción penal, aunque esta debe siempre extenderse al menor tiempo posible, en garantía de los derechos de los ciudadanos sujetos a un proceso penal. Como ya se ha indicado, la propia naturaleza de la investigación es esencialmente contingente y, por tanto, su duración es variable. Podría entenderse que el demandante de amparo ostentaba una legítima expectativa a que la fase de instrucción culminara en una determinada fecha. Sin embargo, las expectativas no son derechos o situaciones jurídicamente consolidados, es decir, no forman parte del patrimonio del sujeto.
Como se destacó anteriormente, la fijación de un horizonte temporal determinado (que el preámbulo de la Ley 41/2015 consideraba como «límite infranqueable») no podía impedir la aprobación de una reforma procesal posterior que respondiera a criterios ponderativos diferentes y que, en consecuencia, estableciera normas distintas para regular la duración de la instrucción penal. En el supuesto que nos ocupa, las resoluciones impugnadas no acordaron una reapertura de la causa, ni retrotrajeron las actuaciones a una fase anterior ya terminada. Tampoco dejaron sin efecto algún auto que pusiera fin a la fase de instrucción (señaladamente, ninguna de las resoluciones contempladas en el art. 779 LECrim). En definitiva, no se produjo afectación alguna a la esfera de derechos e intereses del interesado, porque no existía una situación jurídicamente consolidada ni un derecho adquirido.
El recurrente considera que, en su caso, la norma no puede aplicarse porque la causa no se encontraba «en tramitación», sino «en fase de finalización», ya que se había fijado una fecha como límite para la duración de la instrucción, que estaba a punto de cumplirse. La demanda no discute la constitucionalidad del precepto porque entiende, según su criterio, que admite esa interpretación que resultaría «conforme» con el texto constitucional. Sin embargo, ese entendimiento de la norma no puede prosperar. En primer lugar, la literalidad del precepto no deja lugar a dudas. Se aplica a las causas «en tramitación». La norma no distingue entre procesos «en tramitación» y «en fase de finalización». Esa distinción, propuesta por el recurrente, no tiene reflejo normativo alguno. Y, en segundo lugar, porque, como afirma el Ministerio Fiscal, lo que propone la demanda supone, en realidad, una aplicación parcial de la norma que equivale a su inaplicación, en contra de su letra y de su finalidad. El reforzamiento de la eficacia de la investigación de los delitos complejos, como eje inspirador de la reforma de 2020, quedaría desactivado si, precisamente en un supuesto como este, no resultara de aplicación.
En el presente caso, las resoluciones impugnadas han procedido a aplicar una disposición transitoria que, como en otros supuestos similares, se limita a reiterar un principio básico de las normas procesales, como es su inmediata vigencia a los procedimientos que se encuentran «en tramitación» en el momento de su entrada en vigor. Una expresión que, como ya se recordó, también se utilizaba en la Ley 41/2015, que instauró el sistema de plazos. Se trata, por tanto, de una cláusula compatible con la propia naturaleza procesal de la norma y cuya aplicación, en consecuencia, no podía eludirse. En este supuesto, el plazo máximo previamente fijado no había finalizado en el momento de dictarse el auto del Juzgado Central de Instrucción, por lo que la causa se encontraba «en tramitación».
Por todo ello, se concluye que no se ha producido infracción algun