Categoría: Judicial

abación sonora de la conversación mantenida el 29 de diciembre de 2011. La calificación de los hechos con arreglo a un principio de especialidad, como delito del art. 251.2 CP, no introduce ningún elemento típico que pueda sorprender a la defensa, ni por tanto colocarla en situación de indefensión, pues como declara la sentencia núm. 1162/2009, de 15 de enero de 2010 (sic), de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictada en un caso similar de estafa en la modalidad de doble venta, «[e]s evidente que la venta de un inmueble a un tercero ocultándole la primera venta se subsume bajo el tipo penal de la estafa del art. 248.1 CP, aunque también sea subsumible bajo el tipo del art. 251.2 CP. En realidad la existencia de la hipótesis contenida en la primera alternativa típica del art. 251.2 CP se superpone ampliamente con la del delito de estafa y, consecuentemente, no cabe admitir [...] que haya sido vulnerado el principio acusatorio, pues al acusado se le imputaba un hecho que se subsumía bajo dos tipos penales estructuralmente idénticos y le fue aplicado el de pena menor, dado que las acusaciones solicitaban también la aplicación del art. 250.1 CP». Se desestima pues este motivo.
4. Examen del motivo de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la no aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Igual suerte desestimatoria ha de correr la última de las quejas de la demanda, relativa a la quiebra del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho a una resolución judicial fundada en Derecho, por no haber aplicado el tribunal de instancia la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Procede recordar al respecto que conforme a nuestra doctrina, sistematizada en la STC 78/2013, de 8 de abril, «la apreciación o no de la concurrencia de circunstancias eximentes o atenuantes de la responsabilidad es una cuestión de estricta legalidad penal cuya resolución corresponde a los órganos judiciales competentes, y cuyo control en esta sede se limita a comprobar que la respuesta de estos sea suficientemente motivada y no arbitraria, irrazonable o patentemente errónea» (FJ 3); que «estamos en un supuesto en el que el derecho a la tutela judicial efectiva no actúa en relación con el contenido de ningún otro derecho fundamental sustantivo o procesal» (FJ 4), y que nuestra labor en amparo no consiste en «valorar si ha existido o no una dilación indebida, ni tampoco compete a la jurisdicción de amparo establecer cuál es la correcta interpretación que haya de darse al art. 21.6 del Código penal, ni a la regla de aplicación de la pena establecida en su art. 66.2, conforme a la cual la concurrencia de una o varias atenuantes muy cualificadas conllevará la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la Ley: las expuestas son cuestiones que forman parte del proceso aplicativo de la norma penal. Dado que este tribunal no tiene atribuidas funciones de casación penal no es posible —como se pretende— controlar a través de un recurso de amparo los preceptos penales desde la perspectiva de su oportunidad o conveniencia» (FJ 4).
Centrados ya en las resoluciones que se impugnan, no hay constancia en las resoluciones impugnadas de que la representación del acusado solicitara la aplicación de la citada atenuante, lo que explica que la sentencia de instancia, en el fundamento de Derecho quinto dedicado a motivar los criterios para la individualización de la pena, se refiera a otros aspectos, como el daño económico causado por el delito y ciertas circunstancias personales del acusado y de la víctima. Por otra parte, el hipotético déficit de motivación que podría atribuirse a dicha sentencia habría quedado reparado con la respuesta obtenida de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su auto de 12 de abril de 2018, fundamento de Derecho quinto. En concreto, la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas se rechaza en este caso porque, a juicio del Alto Tribunal, la extensión de los retrasos que se aducen, dándolos por ciertos, no alcanzan sin embargo tal magnitud como la que sería necesaria para su apreciaciónexarts. 21.6 («[l]a dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa») y 66.1.2 (imposición de la pena inferior en uno o dos grados «[c]uando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna [...] atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes»), ambos del Código penal.
Razona el auto que la aplicación de esta atenuante como muy cualificada se reserva a «supuestos excepcionales de dilaciones verdaderamente clamorosas y que se sitúan muy fuera de lo corriente o de lo más frecuente», con cita de la STS 554/2014, de 16 de junio, para concluir que aquí «no se aprecia una paralización extraordinaria» que justifique su imposición.
Aunque la solución adoptada por la misma Sala en casos anteriores pueda servir de pauta orientadora, no cabe convertirla, como parece pretender el recurrente en la presente demanda de amparo, en una especie de norma vinculante con arreglo a la cual deba concederse por fuerza dicha atenuante si la dilación temporal es igual a la de otro asunto donde se hubiera aplicado, sin consideración a otras circunstancias concurrentes. Pero además, de todos los precedentes que se señalan en la demanda reconocidos por el Tribunal Supremo, solamente en uno la dilación de todo el procedimiento es de cuatro años, como aquí (los demás tienen una extensión temporal mayor): la «STS 301/2011, 31-3-2011; delitos de homicidio imprudente y lesiones», según el tenor de la demanda. La lectura de esta sentencia, sin embargo, revela una realidad distinta: los hechos delictivos sucedieron el 31 de agosto de 2001, siendo el acusado detenido el 2 de junio de 2002 en Argentina y puesto a disposición «de las autoridades judiciales españolas el día 14 de septiembre de 2002». En atención a esas circunstancias, la sentencia de primera instancia dictada el 23 de noviembre de 2009 aplicó la atenuante, confirmada en este punto en apelación, y sobre la que no hubo debate en el recurso de casación interpuesto por el acusado, limitándose la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al estimar el recurso por otro motivo, a constatar la disminución de la pena «en otro grado por la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas».
No cabe apreciar así la identidad de situaciones que afirma la demanda y, en definitiva, dentro del casuismo que se presenta a la hora de la aplicación por los tribunales penales de dicha atenuante y de su efecto en la extensión de la pena; consecuentemente, su denegación en este caso al recurrente no se revela como una decisión arbitraria, irrazonable o fundada en un error patente, por lo que se desestima este último motivo.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
En el recurso de amparo interpuesto por don Francisco Mendoza Serrano:
1.º Inadmitir la queja de vulneración de los derechos fundamentales a no declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable (art. 24.2 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de febrero de dos mil veintidós.–Juan Antonio Fernández Alonso Narváez Díaz Conde-Pumpido Tourón.–Ramón García Rojas.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Ruiz Durán.–Firmado y rubricado.