Categoría: Judicial

te es también un hecho que ocurrió y así debe figurar. No ha habido, por tanto, ninguna censura, solo el ejercicio legítimo de una potestad presidencial reconocida por el Reglamento y que es plenamente respetuosa tanto con el derecho de participación de la representante como con su libertad de expresión. Difícilmente se puede hablar de censura, porque estamos ante un acto puramente «formal» o «declarativo» que no conlleva ninguna ejecución. El acto de retirada no se ejecuta porque nunca se suprimen las palabras, sino que solo consiste en un acto formal de declaración de la retirada. Es un juicio de reproche ante el uso de palabras o conceptos ofensivos. Por el contrario, querer que no figure en el «Diario de Sesiones» la decisión presidencial de retirada de las palabras sí supondría una censura y una manipulación del contenido del diario que, como exige el artículo 96.1 RCD, ha de reflejar fielmente todo lo ocurrido, incluso los incidentes «[e]n el ‘Diario de Sesiones’ –dice ese precepto– se reproducirán íntegramente, dejando constancia de los incidentes producidos, todas las intervenciones y acuerdos adoptados en sesiones del Pleno, de la Diputación Permanente y de las comisiones que no tengan carácter secreto». Este precepto se respeta íntegramente, así como la exigencia constitucional de publicidad (art. 80), pues figura tanto lo dicho por la demandante como la decisión de la presidenta y además se hace con una técnica irreprochable, señalando entre corchetes y en cursiva lo retirado y con una nota a pie de página que explica la decisión presidencial, con cita del artículo en que se fundamenta, compaginándose así los dos intereses en conflicto: el de la demandante en que figuren sus palabras y el de la presidenta en que quede reflejada su voluntad de que sean retiradas.
(iii) En consecuencia, no es admisible el planteamiento de la demanda que asocia la vulneración del artículo 23 CE con el impedimento a la libertad de expresión (art. 20 CE). La decisión presidencial de retirada de las palabras, en sí misma considerada, no ha tenido ningún efecto sobre la libertad de expresión de la diputada demandante, que ha quedado siempre incólume. Las palabras fueron dichas, oídas por todos y han quedado reproducidas fielmente para la posteridad sin cortapisa, incluso mediante el vídeo de la sesión, que puede consultarse en la página web. Al no existir un daño efectivo y real en un derecho fundamental, decae la fundamentación de este recurso de amparo, conforme a la jurisprudencia constitucional que se cita.
(iv) Tampoco se puede considerar que la decisión presidencial constituya una «sanción», puesto que sanciones, por el principio de legalidad, son solo las así establecidas en el Reglamento y este nunca se refiere a la retirada de las palabras como una sanción. Las únicas sanciones previstas en el Reglamento son las de privación de todos o algunos de los derechos enunciados en sus artículos 6 a 9 (art. 99.1 RCD), sin mención alguna del supuesto del artículo 104.3. Además, la competencia para imponer las sanciones es de la mesa, no del presidente (art. 99). Por tanto, tampoco desde esta perspectiva se podría considerar que el ejercicio de la facultad del artículo 104.3 constituya una sanción. Mientras que no se exige que el presidente motive una retirada de palabras, sí se requiere que el acuerdo sancionador de la mesa sea motivado (art. 99.2). La medida no supone ejercicio de potestad disciplinaria alguna, ya que ni siquiera se ha producido previamente una llamada al orden. A la decisión presidencial, como mucho, se le puede atribuir un efecto de crítica, reproche o descalificación de las palabras, efecto completamente legítimo desde la perspectiva del artículo 103.1 RCD. Pero es un reproche meramente simbólico. En realidad, el artículo 104.3 se plantea como una especialidad de los debates parlamentarios, pues fuera del Congreso de los Diputados la libertad de expresión se produce sin que exista un pronunciamiento inmediato de la autoridad sobre la retirada de palabras ofensivas que afecten a una persona. A esta le queda la vía de la denuncia, pero no cabe requerir la retirada de aquellas.
A lo sumo, también se le podría reconocer a la decisión presidencial una función ejemplificante o con un efecto moralizante, de nuevo completamente simbólica, sin ningún efecto jurídico privativo en el estatuto de derechos de los diputados. La «crítica» de la Presidencia pretendería servir de ejemplo a todos los diputados sobre el orden que se ha de respetar en los debates.
(v) Las referencias de la demanda a la conexión entre la libertad de expresión y la prerrogativa de la inviolabilidad han de ser también desestimadas, pues nada tiene que ver con la aplicación del artículo 104.3. Se señala, con cita de la jurisprudencia constitucional, que la inviolabilidad no puede impedir la aplicación de las reglas de disciplina ni puede ser alegada para impedir las reglas sobre la ordenación del debate por parte del presidente, siempre que proceda su aplicación según el Reglamento.
(vi) La demanda insiste en la aplicación del principio de igualdad. Pues bien, si estuviéramos ante un caso de Derecho sancionador, cabría aceptar que las sanciones han de ser siempre las mismas para casos idénticos, puesto que el principio de igualdad forma parte de la construcción del principio de legalidad sancionadora. Pero ya se ha argumentado que la potestad presidencial aquí ejercida no constituye una sanción. Por otro lado, resulta estéril pretender que tengan que ser iguales todos los casos en que un presidente aplique esta facultad, pues es sencillamente imposible que las condiciones, el tono y el contenido de las intervenciones, incluso el propio ambiente de las sesiones, sea el mismo. Como ya se dijo, estamos ante una facultad que cada presidente ejerce «a su juicio», sin que exista un «manual» al efecto que determine taxativamente las palabras concretas que nunca podrían ser dichas en una sesión y que habrían de ser retiradas siempre por el presidente. Por tanto, no existe un parámetro jurídico que sirva de referencia para aplicar la potestad de forma igualitaria. Al contrario, la opción del Reglamento es dejar esa decisión en manos de cada uno de los presidentes, quienes lo aplicarán conforme a su criterio, variable por naturaleza en función de la persona que lo aplique, de la concepción que tenga de lo «·ofensivo al decoro» y de las palabras que se digan en cada caso. Ello explica la enorme variedad de ejemplos de palabras retiradas del «Diario de Sesiones», pudiéndose encontrar contradicciones entre ellas, si se quiere, que se explican porque cada una es fruto de la decisión de un presidente. Incluso puede resultar completamente lógico que un mismo presidente unas veces pueda interpretar unas palabras como ofensivas y esas mismas palabras, en otro contexto o debate, no considerarlas ofensivas. En cualquier caso, la no retirada de otras palabras, citadas en la demanda, que puedan tener cierta entidad se encuentra dentro del margen de apreciación de la Presidencia. Por todo ello, los precedentes de otros supuestos de retirada de palabras que se citan en la demanda para demostrar una supuesta falta de igualdad en la aplicación del artículo 104.3 no pueden ser tomados en consideración. Primero, porque no cabe extraer conclusiones de casos distintos. Y segundo, porque, incluso aunque se reconociera para este caso el valor normativo del precedente –ya bastante discutible–, sería muy dudoso que el mismo vinculara al presidente, por la amplísima libertad que el Reglamento le otorga a la hora de aplicar esta facultad.
Se concluyó con la súplica de que se desestimara la demanda de amparo.
5. Mediante escrito de 17 de febrero de 2021, registrado en el Tribunal en la misma fecha, presentó alegaciones la representación actora en los términos que a continuación se resumen:
Tras hacer una remisión general a lo expuesto en la demanda, se hace referencia a dos hechos posteriores a la misma, o de posterior noticia, que resultarán relevantes para el recurso de amparo.
a) En la demanda se dijo que los usos parlamentarios habían interpretado la potestad de la Presidencia de retirar del «Diario de Sesiones» las palabras o conceptos «ofensivos al decoro» en un sentido estricto, a diferencia de la interpretación expansiva que se habría producido en el caso actual. Pues bien, en la sesión plenaria núm. 46, de 30 de septiembre de 2020 («Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», núm. 49, que se adjunta) se recogen unas intervenciones del diputado señor Rufián Romero –que ahora se transcriben– acerca del Poder Judicial y la Corona, palabras ante las que el también diputado señor Casado Blanco pidió de la presidenta la aplicación de los artículos 103 (por haberse «vertido conceptos ofensivos a las instituciones del Estado») y 104 RCD (a fin de que se retiraran del «Diario de Sesiones»), solicitud respondida por la señora presidenta, junto a otras consideraciones, en los términos de que «[n]o se han vertido insultos ni se han atribuido insultos directos», luego de señalar que «[e]sta Presidencia hace una interpretación de una de las mayores libertades que hay en democracia, como es la libertad de expresión, acorde con nuestro texto constitucional. Muchas veces en esta Cámara hay que escuchar cosas que se rechazan, que no se comparten, por supuesto, y que incluso pueden ofender de alguna manera, pero creo que mi papel como presidenta es respetar la libertad de expresión».
Señala la representación actora que aplicando el canon que la presidenta utilizó para censurar las expresiones de la demandante no cabría duda de que, con mayor razón, debió hacerlo con las vertidas por el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, pues resulta ofensivo al decoro de la Corona que se atribuya al rey una actuación partidaria, como si fuese un diputado del partido político Vox, con abandono de su posición institucional, como también lo resulta afirmar que la legitimidad de la Corona no proviene de la Constitución de 1978, sino del dictador. Además de ser estas expresiones ofensivas a la institución resultan, como es notorio, absolutamente falsas, a diferencia de la absoluta veracidad de la expresión usada por la actora. Sin embargo, respecto del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya la presidenta dio una interpretación del Reglamento radicalmente contraria a la seguida en el presente caso, lo que pone de manifiesto la absoluta arbitrariedad de su actuación denunciada en el recurso de amparo.
b) En el recurso de amparo, por otro lado, se alegó la absoluta veracidad de la expresión «hijo de un terrorista» referida al vicepresidente segundo, en cuanto el propio señor Iglesias Turrión había presumido públicamente de la pertenencia al FRAP de su padre y tal organización ha sido calificada reiteradamente por fuentes oficiales como terrorista. Pues bien, además de lo expuesto en la demanda, se acompaña el acta fundacional del comité coordinador del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, acto fundacional en el que reconoció haber participado el progenitor del vicepresidente segundo y en la que se reconoce el carácter violento de la organización terrorista. En la demanda –se añade– se hizo referencia a los numerosos documentos oficiales en los que el FRAP era calificado como organización terrorista y, sin embargo, en alguna ocasión el padre del vicepresidente segundo manifestó haber participado en la fundación de esa organización y haberla abandonado cuando comenzó a realizar actos violentos, lo que desmiente el acta fundacional, pues el FRAP tuvo carácter violento desde su fundación y el señor Iglesias lo asumió desde el primer momento, suscribiendo la reivindicación del «ajusticiamiento» de policías, calificado como acto terrorista por el Ministerio del Interior.
6. Mediante escrito de 17 de febrero de 2021, registrado en el Tribunal en igual fecha, la letrada de las Cortes Generales corrigió determinados errores materiales de su escrito de alegaciones.
7. Mediante escrito registrado el 19 de febrero de 2021 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. Pueden, en lo sustancial, sintetizarse como sigue.
A) Aunque la recurrente se refiere en numerosas ocasiones a que la decisión de la Presidencia no sería respetuosa con las minorías parlamentarias, lo cierto es que el Grupo Parlamentario Popular, a través de la hoy recurrente, formuló la interpelación al vicepresidente segundo del Gobierno para que «explique cómo van a influir en la acción de gobierno los acuerdos políticos con el nacionalismo radical» y pudo llevar a cabo el control de la acción del Gobierno, pues lo que se «retiró» de las intervenciones a que dio lugar fue una expresión concreta que afectaba al decoro de la Cámara o de uno de sus miembros, luego el derecho de la minoría a ejercer su función parlamentaria de control ha sido respetado y, en su caso, el derecho afectado sería de la recurrente, que lo hace valer a través de este recurso de amparo.
B) La recurrente denuncia que, en la adopción de la decisión presidencial, no se habría seguido el procedimiento reglamentariamente establecido. Señala al respecto el Ministerio Fiscal que la negativa al requerimiento inicial de la presidenta no exige imperativamente nuevas llamadas para la retirada de la expresión que se considera ofensiva al decoro, pues la norma (art. 104.3 RCD) configura dicha potestad como facultativa de la Presidencia al emplear el verbo «podrá», en consecuencia ninguna quiebra del procedimiento reglamentario se ha producido por el hecho de que no se realizaran sucesivas llamadas al orden a la diputada recurrente para que retirara la expresión.
C) En cuanto al deber de motivación que reclama la demandante para la decisión presidencial y para el acuerdo de la mesa que inadmitió la reconsideración presentada contra aquella decisión, se señala en estas alegaciones que el Reglamento no permite la reconsideración de las decisiones de la Presidencia en el ejercicio de sus funciones de dirección del Pleno. El deber de motivar las resoluciones que limiten el ejercicio de derechos o facultades de los representantes ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional, pero aquí no estamos ante una decisión que restrinja facultades o derechos inherentes al núcleo esencial delius in officiumy, como indica el acuerdo recurrido, estamos ante el ejercicio de una facultad de dirección parlamentaria conferida por el Reglamento. La Real Academia Española define el «decoro» como «comportarse una persona respecto a alguien o a algo con el respeto que merecen», por lo que aquella facultad se ejerce con la finalidad de mantener el respeto y consideración debidos entre oradores y el resto de los diputados y evitar así un ataque a su dignidad. En cuanto a la falta de motivación del acuerdo de la mesa, que no entró a valorar el fondo de la queja, contendría –se dice– una motivación, aunque de inadmisión, cuando declara que el Reglamento no prevé para este tipo de decisiones de la Presidencia reconsideración alguna. Estamos ante el ejercicio de una de las facultades que el Reglamento asigna a la Presidencia, quien ha considerado ofensiva para el decoro la expresión que manda retirar del «Diario de Sesiones», lo que conduce a entender que, con dicha expresión, la diputada no ha respetado la cortesía reglamentaria a la que viene obligada (art. 16 RCD), por lo que la decisión adoptada no vulnera ningún deber de motivación ni responde al ejercicio de un poder arbitrario que pueda suponer una afectación al derecho de participación política (art. 23.2 CE), no siendo por ello exigible, como demanda la actora, que se justifique que la medida responde a una necesidad imperiosa en una sociedad democrática. En todo caso, la lectura del precepto aplicado permite colegir la causa de la decisión de retirar la expresión y todo ello con independencia de que, a juicio de la recurrente, las expresiones vertidas durante el debate respecto del Grupo Parlamentario Vox o del Popular debieron merecer un reproche por la Presidencia y sin que se hayan concretado supuestos similares en que por el órgano parlamentario no se habrían tomado decisiones como la aquí discutida, cuando la recurrente hace valer el uso parlamentario.
D) Por lo que hace a la denunciada infracción del derecho enunciado en el artículo 23.2 CE, en relación con las libertades de expresión e información (art. 20.1 CE), considera el Ministerio Fiscal lo siguiente.
a) La función de control del Gobierno queda incluida, conforme a la jurisprudencia constitucional, en el núcleo básico de la función parlamentaria garantizada por el artículo 23.2 CE.
b) Sin embargo, aunque la expresión cuestionada se pronuncia con ocasión de un acto de control a la acción del Gobierno, ello no significa que su retirada suponga una afectación del derecho, pues aquella se vierte como una respuesta concreta a las palabras «marquesa» o «señora marquesa» utilizadas por el interpelado, lo que alejaría dicha expresión de la acción de control al Gobierno, aunque pueda entenderse como una consecuencia del debate político a que dio origen la interpelación. Del contexto en que se pronunció la expresión, la misma no guardaría una relación directa con el contenido del debate político que suscitó la interpelación, por lo que la conexión que efectúa la recurrente (ejercicio de una facultad esencial delius in officium, cuestión de interés público para la ciudadanía) aparece, en su caso, como indirecta.
c) En todo caso, aun admitiendo que la expresión es inescindible del debate producido por la interpelación, lo cierto es que el Reglamento no consiente palabras o conceptos «ofensivos al decoro», que es como ha sido calificada la expresión por la Presidencia y ello aunque, según la recurrente, esa expresión reflejó un hecho veraz de trascendencia pública y por tanto de interés para los ciudadanos.
d) Con independencia del interés que para la opinión pública tenga que uno de los progenitores del vicepresidente segundo del Gobierno haya podido militar en el grupo terrorista FRAP y que esa circunstancia avale o no la tolerancia ideológica del vicepresidente hacia la violencia política, como la demanda dice, lo cierto es que la expresión se pronunció como contestación a las continuas alusiones al linaje de la recurrente, como ella misma señala en su demanda, lo que alejaría la expresión del debate de fondo que se dice se planteaba,
e) La recurrente entiende que se ve afectado su derecho a la libertad de expresión, como parlamentaria, por la retirada de la expresión «es hijo de un terrorista». Señala en este punto el Ministerio Fiscal que se debe considerar tanto la especial protección de la libertad de expresión en el ejercicio de la representación política como lo preceptuado en el Reglamento sobre intervenciones orales en la Cámara (arts. 16. 103.1 y 104.3):
(i) El derecho de participación política es de configuración legal que corresponde establecer a los reglamentos y que posee no solo un contenido prestacional y una función de garantía de institutos políticos, sino también un contenido de derecho de libertad, que se concreta en la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos, sin interferencias o intromisiones de los poderes públicos, los análisis de la realidad social, económica o política que consideren oportunos. Se contribuye así a la formación y expresión de una opinión pública libre. Cuando las libertades de expresión e información operan como instrumento de los derechos de participación política debe reconocérseles, conforme a la jurisprudencia constitucional que se cita, una mayor amplitud que en otros contextos y en esto se debe coincidir con la recurrente.
(ii) Estos derechos no son absolutos o ilimitados, pues pueden verse sometidos a ciertas modulaciones o límites, como explicita el artículo 20.4 CE. En el presente caso, el límite viene reglamentariamente establecido por la cortesía parlamentaria, que excluye el empleo de palabras o conceptos «ofensivos al decoro».
(iii) Ahora bien, la queja que se formula sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del parlamentario, como bien indica la recurrente y deriva de la jurisprudencia constitucional, ha de reconducirse al ámbito del derecho al ejercicio de las funciones parlamentarias sin perturbaciones ilegítimas (art. 23.2 CE).
(iv) No puede negarse, desde un punto de vista objetivo, que la expresión retirada tiene un carácter peyorativo para el común de los ciudadanos y supone transmitir una idea desfavorable sobre el sujeto al que va referida, un mensaje en contra de su buen nombre, fama u honor, desacreditándole y desprestigiándole ante la opinión pública. Su contenido es objetivamente desmerecedor en la consideración ajena y sin que ello afecte, como propugna la recurrente, a la necesidad o no de la expresión para la formación de la opinión pública y sin que la existencia, a juicio de la actora, de un posible interés general, desvirtúe el contenido ofensivo de la expresión.
(v) No puede ignorarse que, en el ejercicio de la facultad de control al Gobierno, la libertad de expresión de la recurrente se habría ejercido con la finalidad concreta de dar una respuesta a las alusiones del vicepresidente segundo a su linaje. Esa libertad –se añade– no puede expresarse de cualquier modo (arts. 16 y 103.1 RCD, ya citados), de manera que es el Reglamento el que ha establecido la regla de la cortesía en el ejercicio de la libertad de expresión del diputado y la transgresión de estas reglas permite a la Presidencia llamar al orden al representante para que retire sus palabras ofensivas al decoro y, de no atenderse el requerimiento, ordenar su retirada del «Diario de Sesiones».
f) La recurrente considera también que su conducta está amparada por el ejercicio de la libertad de información, pues la que ha transmitido es veraz y aparece contrastada. Es cierto que la información referida cumple los requisitos exigidos a las que publican los medios de comunicación, pero la expresión «es hijo de un terrorista», más que una información (que sí lo sería que el vicepresidente segundo ha manifestado ser «hijo de un frapero» o que «su padre militó en el FRAP»), más que un hecho, es un juicio de valor, aunque apoyado en hechos, por lo que en el presente caso no está concernida la libertad de información, sin perjuicio de compartir la veracidad de la información y la diligencia de la recurrente para justificar la expresión retirada.
E) Es evidente que el debate parlamentario conlleva cierta pugna o beligerancia dialéctica, pero las reglas de cortesía que el Reglamento impone obligan a procurar no utilizar el insulto o descalificaciones innecesarias o que ofendan el respeto y consideración debida a los demás miembros de la Cámara o pertenecientes a otras instituciones. En el ejercicio de su libertad de expresión y de informar no le asiste al parlamentario un genérico derecho a ofender, aunque su destinatario sea un actor político y tenga lugar en el escenario parlamentario. Los parlamentarios han de asumir el riesgo de que sus palabras puedan ser retiradas del «Diario de Sesiones» si se consideran ofensivas al decoro.
F) La recurrente defiende la falta de proporcionalidad de la medida. Con independencia del significado político que quiera dar a su expresión y de la trascendencia que para la opinión pública pueda tener que el vicepresidente segundo «es hijo de un terrorista», la medida sí alcanzaría el fin constitucionalmente legítimo perseguido, como es que se respete el decoro de los miembros del Congreso, aquí además integrante del Gobierno de la Nación, mediante la retirada de las expresiones ofensivas del «Diario de Sesiones». Igualmente se cumpliría el juicio de necesidad, pues se trata de la medida menos gravosa, dado que también se prevé la expulsión de la sesión o la prohibición de asistencia a la siguiente (art. 104). Por el significado, finalidad y contexto en que la expresión se pronunció, la medida aparece como idónea, necesaria y respetuosa con el juicio estricto de proporcionalidad, siendo que, además, la afectación al derecho fundamental y libertad pública se reducen materialmente a colocar entre corchetes y en cursiva la expresión que se considera ofensiva al decoro con una nota al pie de página «[p]alabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara».
G) En consecuencia, la afectación al derecho de participación política en relación con la libertad de expresión ha resultado ínfima, pues la expresión misma consta en el «Diario de Sesiones», es legible y solo aparece con la leyenda referida, sin que se haya impedido a la diputada recurrente decir lo que se retira de aquel diario, que refleja el debate político originado por la interpelación y la incidencia de su retirada.
Por todo ello, procede desestimar el recurso de amparo.
8. Por providencia del pasado 13 de abril de 2023 se señaló para deliberación y votación de esta sentencia el día 17 siguiente.
1. Objeto de la demanda y posiciones de las partes.
a) Se dirige esta demanda de amparo, por el cauce del artículo 42 LOTC, frente a dos actos parlamentarios.
En primer lugar, contra la decisión por la que la presidenta del Congreso de los Diputados ordenó, en la sesión plenaria de 27 de mayo de 2020, retirar del «Diario de Sesiones» –tras rehusar hacerlo la actora, interpelante en la ocasión por cuenta del Grupo Parlamentario Popular, del que era portavoz– determinadas palabras expresadas en su turno de réplica tras la contestación del entonces vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 a la exposición que la diputada realizó en la interpelación. A resultas de aquella decisión presidencial, la frase en cuestión («es el hijo de un terrorista», dirigida al miembro del Gobierno interpelado) figura en el correspondiente «Diario de Sesiones» (núm. 24, p. 46) entre corchetes y en cursiva, con una nota al pie que a modo de apostilla reza así: «Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara». Dispone este precepto reglamentario que «[c]uando se produjera el supuesto previsto en el punto 1 del artículo anterior, el Presidente requerirá al Diputado u orador para que retire las ofensas proferidas y ordenará que no consten en el ‘Diario de Sesiones’. La negativa a este requerimiento –prosigue la norma– podrá dar lugar a sucesivas llamadas al orden, con los efectos previstos en los apartados anteriores de este artículo». El artículo 103 RCD, a cuyo punto 1 remite el transcrito, contempla los casos en que diputados y oradores «serán llamados al orden», siendo el primero de tales supuestos –aquí verificado, en criterio de la presidenta– «[c]uando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad».
El segundo de los actos impugnados es el acuerdo de la mesa de la Cámara, de 16 de junio de 2020, dictado ante la solicitud de «amparo» (de «reconsideración», según la demanda) deducida por la actora frente a la controvertida decisión de la Presidencia, solicitud en la que instó que por dicho órgano colegiado se retiraran del «Diario de Sesiones» la «fuente cursiva y los corchetes» en la transcripción de sus palabras, así como la leyenda al pie de la que se acaba de hacer mérito. Se dispuso en aquel acuerdo «[c]omunicar a la autora del presente escrito que no existe ninguna vía reglamentaria para que por la Mesa se revisen las decisiones de la Presidencia en el ejercicio de sus funciones de dirección del Pleno y restantes atribuidas por el artículo 32 del Reglamento».
Aduce la demanda que ambos actos fueron lesivos del derecho fundamental de la recurrente a la participación política que como diputada le correspondía (art. 23.2 CE), con infracción también, por derivación, del correspondiente derecho de la ciudadanía por ella representada a participar en los asuntos públicos (número 1 del citado precepto constitucional), vulneraciones que se ponen en relación con la conculcación, asimismo, de las libertades de expresión e información de la actora [apartados a) y d) del artículo 20.1 CE] y de su derecho a la igualdad de trato (art. 14 CE). La fundamentación de estas quejas ha sido expuesta con detalle en los antecedentes, a los que procede remitirse. Basta ahora con reseñar, en consecuencia, que se reprocha a la decisión presidencial un ejercicio anómalo, inmotivado, desproporcionado y, en definitiva, arbitrario de la potestad conferida por el artículo 104.3 RCD, con desconsideración de la veracidad y relevancia pública de las palabras tachadas de ofensivas al «decoro» (art. 103.1 RCD) y con daño, por todo ello, al desempeño del control político sobre el Gobierno que corresponde a los parlamentarios y, en particular, a los integrados en grupos minoritarios. Infracciones, unas y otras, que no habría reparado, pese a que así se le pidiera, la mesa de la Cámara.
b) Tanto la representación procesal del Congreso de los Diputados como el Ministerio Fiscal se oponen a la concesión del amparo por no haberse verificado, alegan, las conculcaciones de derechos así aducidas. Es de destacar, en especial, que la letrada de las Cortes Generales viene ante todo a negar, o cuando menos a poner en duda, la posibilidad misma de controlar en esta sede el ejercicio de una potestad presidencial (art. 104.3 RCD) que el Reglamento habría dejado, por su naturaleza discrecional, a la libre apreciación del titular del cargo. Unos argumentos y otros –sobre los que se volverá– han quedado también expuestos con detalle en los antecedentes y a ellos, de nuevo, procede remitirse ahora.
Así queda trabada, en lo esencial, la controversia entre las partes.
2. Sobre los actos impugnados y los derechos fundamentales que se dicen vulnerados. Acotaciones preliminares
A) El Tribunal solo podrá enjuiciar aquí el primero de los actos recurridos (decisión presidencial de 27 de mayo de 2020), pues en cuanto al segundo (acuerdo de la mesa de 16 de junio del mismo año) la demanda omite toda fundamentación específica e incumple, por tanto, la carga que, conforme a jurisprudencia inveterada [por todas, STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 3 A)], pesa siempre sobre quien ejerce la acción de amparo en orden a aportar las razones jurídicas que le llevan a hacerlo. La mesa estimó entonces –ya se ha dicho– que no existía vía reglamentaria que le habilitara para revisar las decisiones de la Presidencia adoptadas en ejercicio de sus funciones de dirección del Pleno, resolución equivalente, en sustancia, a una inadmisión de lo entonces pretendido (así lo constata expresamente la demanda) y que solo podría ser controvertida en amparo si quien lo impetrara discutiera en Derecho esa declaración de incompetencia, algo que la demanda en absoluto hace, limitándose a calificar de «escueto» dicho acuerdo liminar de rechazo.
B) No todos los derechos fundamentales que la demanda invoca como infringidos son –ya en otro orden de cosas– de pertinente consideración para la resolución de esta queja constitucional.
a) Sí lo es de principio, y a reserva de las consideraciones que después se harán, el derecho enunciado en el artículo 23.2 CE. Conforme a constante jurisprudencia constitucional, el derecho a «acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes» garantiza también –en lo que ahora importa– que quienes hayan adquirido por el sufragio popular la condición de cargos representativos puedan desempeñar en la asamblea respectiva las funciones que el ordenamiento (y, ante todo, el reglamento parlamentario) les atribuye sin constricciones o perturbaciones ilegítimas [por todas, SSTC 97/2020, FJ 6 A), y 69/2021, de 18 de marzo, FJ 4],ius in officiumdel que sin duda es componente esencial –sin perjuicio, se insiste, de precisiones ulteriores– la libertad de palabra del representante cuando reglamentariamente le corresponda hacer uso de ella, pues es un «fin parlamentario superior […] la institucionalización del debate político en clave de libertad y pluralismo» (SSTC 226/2004 y 227/2004, ambas de 29 de noviembre, FJ 6 de una y otra), con la consecuencia de que el eventual menoscabo de esta libertad redundaría, conforme a la doctrina que se evoca, en la infracción del derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23.1 CE). El Tribunal se ha referido con reiteración, aunque para casos muy distintos del actual, a esta «libertad de expresión» de los parlamentarios [por ejemplo, SSTC 243/1988, de 19 de diciembre, FJ 3, y 96/2022, de 12 de julio, FJ 3 b)], libertad que la recurrente estima lesionada por la «censura», así dice, de la que fue objeto una de sus manifestaciones en la sesión plenaria de 27 de mayo de 2020 y en el correspondiente «Diario de Sesiones». Este es, con exclusión de cualquier otro, el posible fundamento constitucional del recurso que ha de ser aquí valorado en Derecho.
b) Las demás invocaciones de derechos constitucionales que la demanda expone «en relación» o «en conexión» con el enunciado en el artículo 23.2 CE son, en efecto, u ociosas, por redundantes, para lo que se viene a defender con la cita de tal precepto (art. 14 CE) o ajenas al caso e inconducentes, por lo tanto, en orden a su resolución [art. 20.1 a) y d) de la misma norma fundamental]:
(i) La representación actora aduce una infracción del derecho a la igualdad de trato (art. 14 CE) «por la arbitraria diferenciación en la aplicación de las normas reglamentarias», toda vez que los usos parlamentarios mostrarían que la retirada de palabras del «Diario de Sesiones» frente a la que alza su queja solo se habría acordado ante «lo que pudiera calificarse de puro insulto». Este alegato, sin embargo, ha de reconducirse al que la demanda sitúa en el ámbito del artículo 23.2 de la misma norma fundamental, precepto que al imponer que el acceso a los cargos públicos (así como el ejercicio de los representativos, por lo que ahora interesa) se realice en «condiciones de igualdad» viene a constituir una concreción del genérico derecho a la igualdad, de modo que será a aquella específica norma, no a la enunciada en el artículo 14 CE, a la que se habrá de estar en supuestos como el presente, a salvo que se hubiera denunciado, lo que no es el caso, un tratamiento diferenciado por alguno de los criterios expresamente proscritos en este último precepto constitucional. Así lo viene determinando el Tribunal desde la STC 50/1986, de 23 de abril, FJ 4, y hasta sus pronunciamientos más recientes [por todas, SSTC 4/2018, de 22 de enero, FJ 2, y 159/2019, de 12 de diciembre, FJ 4 a)].
(ii) Mayor importancia tiene precisar que la pretensión deducida en este recurso no puede sustentarse, ni principal ni complementariamente, en las libertades de expresión e información [art. 20.1 a) y d) CE], invocaciones de la demanda que, a diferencia del punto recién examinado, no yerran tan solo en cuanto al correctolocusconstitucional de lo reivindicado (arts. 14 o 23.2 CE), sino que incurren en una amalgama de argumentos iusfundamentales que conduciría, de no depurarse, a la inaceptable desfiguración del respectivo contenido de los derechos que así se yuxtaponen, esto es, de aquellas libertades de comunicación, de una parte, y del derecho, de la otra, al ejercicio de la libertad de palabra que corresponde al representante político (garantizado de principio, como se ha dicho, por el artículo 23.2 CE).
Es en efecto doctrina constitucional asentada que la invocación por un representante de la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] «ha de reconducirse al ámbito del ejercicio de las funciones parlamentarias sin perturbaciones ilegítimas tutelado por el art. 23.2 CE, pues es en este último contexto en el que tiene lugar la limitación de la libertad de expresión» (STC 78/2016, de 25 de abril, FJ 2; en términos análogos, STC 184/2021, de 28 de octubre, FJ 11.5.1). Otro tanto ha declarado el Tribunal ante la denuncia por miembros de las asambleas de haber sufrido lesión, al ejercer sus funciones propias, en el derecho [apartado 1 d) del mismo artículo 20] a comunicar o recibir libremente información veraz (SSTC 220/1991, de 25 de enero, FJ 4, relativa también a la improcedente cita de la libertad de expresión, y 107/2001, de 23 de abril, FJ 2).
La anterior precisión resulta obligada para el adecuado enjuiciamiento de la controversia que se plantea ante este tribunal, toda vez que la demanda insiste especialmente en el argumento de la veracidad de las palabras que, en su intervención como diputada, dirigió a otro parlamentario «es el hijo de un terrorista» y que dieron lugar a la intervención de la presidenta del Congreso que se impugna en amparo, ordenando retirar esas palabras del «Diario de Sesiones». Se llega a hablar en la demanda de amparo de un «derecho del parlamentario a decir la verdad», que se entiende estaría incluido en el art. 23 CE como una suerte de proyección del derecho a comunicar libremente información veraz que garantiza el art. 20.1 d) CE.
En lo que aquí importa, conviene advertir que la libertad de información, reconocida en la Constitución para el común de los ciudadanos, queda sujeta (además de a los límites generales previstos en el art. 20.4 CE) al requisito, establecido en el art. 20.1 d) CE, de que la información comunicada sea «veraz» (entendida esta exigencia en los términos de diligencia exigible al informador que viene señalando este tribunal desde la STC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5). Distinta es la posición de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, en razón de la prerrogativa de inviolabilidad que el art. 71.1 CE les reconoce, que opera como una singular garantía constitucional frente a «perturbaciones externas» (STC 78/2016, FJ 3) pero que no excluye la sujeción del representante político a la disciplina parlamentaria (STC 58/2022, de 7 de abril, FJ 3).
En consecuencia, todo el alegato de la demandante acerca de la veracidad de sus afirmaciones resulta irrelevante a los efectos que aquí importan, pues su actuación no lo ha sido en calidad de ciudadano que ejerce el derecho fundamental garantizado por el art. 20.1 d) CE, sino como representante político en el uso de la palabra en un debate parlamentario.
Objeto del enjuiciamiento ha de ser solo, en suma, la determinación de si la libertad de palabra de la demandante (art. 23.2 CE) resultó o no ilegítimamente constreñida o perturbada por el acto de la Presidencia objeto del recurso.
3. Acerca de las medidas previstas en el artículo 104.3 RCD, aquí aplicadas, y de su eventual incidencia en los derechos de los diputados al desempeño, conforme al Reglamento, del cargo representativo. Límites y criterios del enjuiciamiento constitucional.
A) El precepto cuya aplicación se controvierte, integrado en la sección segunda «De las llamadas a la cuestión y al orden» del capítulo octavo «De la disciplina parlamentaria» del título IV «De las disposiciones generales de funcionamiento» del Reglamento del Congreso de los Diputados, establece, es de recordar, que «[c]uando se produjera el supuesto previsto en el punto 1 del artículo anterior, el presidente requerirá al diputado u orador para que retire las ofensas proferidas y ordenará que no consten en el ‘Diario de Sesiones’. La negativa a este requerimiento –añade la disposición– podrá dar lugar a sucesivas llamadas al orden, con los efectos previstos en los apartados anteriores de este artículo». Son dos, pues, las remisiones que incorpora la norma. La primera, al artículo 103, relativo a los casos en que los diputados y oradores «serán llamados al orden», llamamiento que, en lo que ahora importa, procede (apartado 1) «[c]uando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad». La segunda, a los apartados «anteriores» del propio artículo 104, que conviene asimismo transcribir. En su número 1 se dispone que «[a]l diputado u orador que hubiere sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada, en su caso, la palabra y el presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión». En el número 2 del mismo artículo 104 se establece, de otra parte, que «[s]i el diputado sancionado no atendiere el requerimiento de abandonar el salón de sesiones, el presidente adoptará las medidas que considere pertinentes para hacer efectiva la expulsión. En este caso [se añade], la Presidencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 101 [relativo a la suspensión temporal en la condición de diputado que puede, en determinados supuestos, adoptar el Pleno], podrá imponerle, además, la prohibición de asistir a la siguiente sesión».
Sobre las normas que aquí le fueron aplicadas a la actora (arts. 104.3, salvo su último inciso, y 103.1) son precisas, ante todo, una aclaración y también una precisión acerca de su naturaleza, sentido y alcance.
a) Importa señalar, en cuanto a lo primero, que la práctica observada en el Congreso de los Diputados cuando el presidente ordena que las «ofensas proferidas […] no consten en el ‘Diario de Sesiones’» (art. 104.3) no conduce en la actualidad, y tampoco llevaron en el caso que ahora se juzga, a la supresión, como tal, de las «palabras» o «conceptos ofensivos al decoro» (art. 103.1) en aquel diario (supresión a la que sí se procedía en otras legislaturas; véase, a título de ejemplo, «Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», IX Legislatura, núm. 197, p. 37, correspondiente a la sesión de 19 de octubre de 2010), sino a su fiel reproducción en el «Diario de Sesiones», si bien insertándolas entre corchetes y en cursiva y acompañadas de una nota al pie del siguiente tenor: «Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara». Así se hizo en la ocasión de la que trae causa este recurso de amparo.
El Tribunal nada tiene que decir ahora sobre esta práctica parlamentaria, que la representación procesal del Congreso de los Diputados pone en relación, por lo demás, con la publicidad que en general han de tener las sesiones plenarias de la Cámara (arts. 80 CE y 63 RCD) y con la previsión reglamentaria de que «[e]n el ‘Diario de Sesiones’ se reproducirán íntegramente, dejando constancia de los incidentes producidos, todas las intervenciones […] en sesiones del Pleno […]» (art. 96.1). Sí se debe hacer constar que tanto la letrada de las Cortes Generales como el Ministerio Fiscal han alegado, a este respecto, que la publicidad de la que pese a todo no se priva a las palabras reputadas de ofensivas relativizaría o despojaría sin más de razón a las protestas de «censura» formuladas en la demanda. Se volverá sobre este extremo.
b) Las medidas que le fueron aplicadas a quien recurre fueron, exclusivamente, las dos previstas en los enunciados iniciales del artículo 104.3, esto es, el requerimiento por la presidenta a la diputada de que retirara «las ofensas proferidas» y la orden, ante su negativa a hacerlo, de que esas palabras no constaran en el «Diario de Sesiones», lo que se materializó del modo en que se acaba de exponer. No hubo pues, ante aquel rechazo de la actora, «sucesivas llamadas al orden, con los efectos previstos en los apartados anteriores de este artículo», según permitein fineel mismo precepto, «efectos» que pueden llegar a ser sancionadores (prohibición de asistir al resto de la sesión y además, llegado el caso, a la siguiente, con arreglo a los apartados 1 y 2 del mismo artículo 104).
Son necesarias, así las cosas, las siguientes puntualizaciones:
(i) Ninguna de las medidas aquí adoptadas por la Presidencia tuvo carácter sancionador y así lo aprecian, por lo demás, tanto la propia demanda como la letrada de las Cortes Generales. Ni el requerimiento para que la diputada retirara sus palabras ni la orden, a continuación, de que las mismas no figuraran, o figuraran del modo ya visto, en el «Diario de Sesiones» tuvieron carácter sancionador por la buena y sencilla razón de que tales actos presidenciales, aunque sin duda gravosos para la parlamentaria, no la privaron de ninguno de sus derechos reglamentarios y tampoco se adoptaron en virtud de normas dotadas de una finalidad represiva o retributiva de un comportamiento contrario al Reglamento (en tal sentido, con carácter general, STC 23/2022, de 21 de febrero, FJ 2; en análogos términos, entre otras, SSTC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 9; 39/2011, de 31 de marzo, FJ 2, y 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 13). Las previsiones reglamentarias en este caso aplicadas buscan, ciertamente, disuadir del empleo de expresiones que se consideran, con razón o sin ella, ofensivas al decoro, pero «la función disuasoria de una figura jurídica no determina sin más su naturaleza sancionadora» (STC 215/2016, de 15 de diciembre, FJ 8, por todas). Las sanciones parlamentarias a representantes políticos han de rodearse de garantías cualificadas y pueden merecer, de recurrirse en amparo, un escrutinio especialmente riguroso (SSTC 301/2005, de 21 de noviembre, FJ 4, y 78/2016, FFJJ 5 y 6; véase, asimismo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de mayo de 2016, en el casoKarácsony y otros c. Hungría, § 138 y ss.). Pero no hubo sanción alguna en este caso.
(ii) Aun sin alcance sancionador, las decisiones presidenciales que se impugnan sí conllevaron, obviamente, una reprobación o reproche públicos para la diputada, primero en la propia sesión parlamentaria en la que se le requirió retirara unas palabras tachadas de ofensivas al decoro y más tarde en la reproducción de esas expresiones, con las cortapisas ya dichas, en el «Diario de Sesiones». A estas reprensiones, calificadas en la demanda de arbitrarias, desproporcionadas y discriminatorias, liga la actora la infracción de su derecho fundamental (art. 23.2 CE), lesión que también se seguiría –dice en primer lugar– del inadecuado ejercicio de la potestad presidencial, pues no cabría el recurso a lo dispuesto en el artículo 104.3 sin previa llamada al orden (inciso inicial del artículo 103), llamamiento que aquí no se habría verificado, y porque, en otro orden de cosas, la decisión de la presidencia se adoptó sin motivación alguna. La representación del Congreso de los Diputados viene a aducir ante todo, de contrario, que el ejercicio por la Presidencia de la Cámara de la potestad que le confiere el artículo 104.3 RCD no sería, por su naturaleza discrecional, susceptible de control constitucional en este cauce de amparo. Lo primero que se ha de determinar, en consecuencia, es si esto último es así o si, por el contrario, procede –y con qué límites y criterios– el enjuiciamiento en cuanto al fondo que la demanda pide. Esto es lo que se precisará a continuación.
B) Se han de dejar sentadas, al respecto, las consideraciones que siguen.
a) El supuesto de hecho al que remite el artículo 104.3 y de cuya verificación se siguen las consecuencias jurídicas allí previstas (en lo que aquí interesa, requerimiento al diputado para que «retire las ofensas proferidas» y orden de que las mismas «no consten en el ‘Diario de Sesiones’») es –vale recordar– el empleo de palabras o conceptos «ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad» (número 1 del artículo 103). No sobrará advertir que esta noción de «decoro», de la que el Reglamento se sirve también a otros efectos (arts. 63.1 y 71.3, relativos, respectivamente, a una de las excepciones al carácter público de las sesiones del Pleno y a la concesión del uso de la palabra ante determinado tipo de alusiones), está presente, con similar alcance disciplinario, a lo largo de todo nuestro constitucionalismo histórico, desde el Reglamento para el gobierno interior de las Cortes, de 24 de noviembre de 1810 (regla 9 del capítulo V), hasta el Reglamento del Congreso de los Diputados de 20 de noviembre de 1934 [artículo 93.1 b)].
Con esta mención al «decoro» el Reglamento invoca un valor de cultura, en cuanto inmerso en el fluir del tiempo, cuyos contornos, no poco difusos, solo se pueden llegar a vislumbrar y perfilar, en el ámbito parlamentario, sobre la base de usos o convenciones, a cuya formación contribuirán también las propias prácticas seguidas, en la sucesión de legislaturas, por lo que hace al recurso o no a estos preceptos (arts. 103.1 y 104.3) que hagan, ante unas circunstancias u otras, quienes dirijan desde la Presidencia los debates, recurso que sería ilusorio pretender siempre uniforme, pues claro está que nociones abiertas de este género consienten siempre, entre la tolerancia máxima y el rigor extremo, entendimientos diversos en atención no solo al contenido semántico de las expresiones empleadas por diputados y oradores, sino también –como con razón viene a observar la letrada de las Cortes Generales– a su oportunidad, contexto y tono.
Se sigue de lo dicho que la potestad que el artículo 104.3 RCD confiere a la Presidencia de la Cámara es, en efecto, de carácter discrecional, en el sentido estricto de que no es en absoluto concebible, para su ejercicio, una sola solución correcta en Derecho, que habría de depender de una también impracticable definición unívoca de lo que, en cada caso, mereciera calificarse de «decoroso» o lo contrario. Los presidentes de la Cámara (o quienes circunstancialmente los sustituyan: art. 33 RCD) cuentan en este extremo, por tanto, con una genuina prerrogativa de apreciación, prerrogativa que, con todo, no queda libre de límites jurídico-constitucionales, por más que no le corresponda a esta jurisdicción, al hacerlos valer, superponer su criterio, sin más, al que hubiera llevado a adoptar una decisión como la que se impugna ahora (véase, aunque para supuesto muy distinto, la