Categoría: Administración

nversión 2, del componente 14 del Plan de Recuperación, submedida 1, en la que se integra esta línea de ayudas, tiene por objeto implementar actuaciones de impulso de la digitalización de los destinos turísticos y de las empresas turísticas, con la etiqueta010, correspondiente a digitalización de pymes (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivientes, los ciberemprendedores, las empresas emergentes basadas en TIC, el comercio electrónico entre empresas).
Para cumplir con el etiquetado, los proyectos que se financien, deben respetar los requisitos previstos en los apartados siguientes.
2. El objetivo de esta orden de bases es, a través del desarrollo e implantación de plataformas inteligentes de destino, garantizar el desarrollo sostenible del territorio turístico, que sea accesible para todos, que facilite la interacción e integración del visitante con el entorno e incremente la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida del residente gracias a las nuevas tecnologías y a un proceso de innovación continua, todos basados en la economía del dato y la interoperabilidad.
Para dar respuesta a este objetivo se financiará a entidades locales, descritas en el artículo 6, que tengan previsto el desarrollo, implantación o ampliación de plataformas inteligentes de destino que doten de interoperabilidad a la oferta de servicios públicos y privados turísticos y se encuentren interconectadas con el nodo central de la Plataforma Inteligente de Destino (PID), cubriendo con esto los retos que se hayan identificado en el destino alineados con su estrategia turística de modelo de Destino Turístico Inteligente. Además, deberán de proveer de datos, información estadística, herramientas de gestión y todos aquellos servicios que apoyen a los agentes del sector para sustentar una toma de decisiones inteligente.
3. Los proyectos, para ser considerados financiables deberán desarrollar o implantar una plataforma de destino que esté formada por una serie de funcionalidades estructuradas en módulos comunes y módulos de referencia opcionales. Además, se tendrá en cuenta el cumplimiento con estándares del entorno de las normas UNE 178, y en particular, la UNE 178503 de Semántica aplicada a los destinos inteligentes y deberán ejecutarse antes del 30 de junio de 2025.
La documentación que describe y desarrolla los objetivos de cada una de las funcionalidades indicadas, así como el establecimiento de cuáles son módulos comunes que se prestarán de forma centralizada desde el nodo central de la Plataforma Inteligente de Destino se encuentra publicada y actualizada en la web de SEGITTUR, a la cual puede acceder a través del siguiente enlace: https://www.segittur.es/transformacion-digital/proyectos-transformacion-digital/plataforma-inteligente-de-destinos/. Las funcionalidades a incluir en el proyecto pueden no estar incluidas en las mencionadas anteriormente, pudiendo proponerse aquellas otras que el destino considere necesarias para llevar a cabo su digitalización siempre que estén alineadas con los objetivos de la Plataforma Inteligente de Destino (PID) así como con los objetivos del Componente 14. De esta forma, a efectos de esta orden se consideran módulos comunes y módulos de referencia opcionales:
a) Módulos comunes: son los servicios comunes que se ponen a disposición de todos los destinos turísticos a través del nodo central de la Plataforma Inteligente de Destinos. Para los módulos comunes se financiará la adecuación de los sistemas de la entidad beneficiaria para su uso desde el nodo central, así como la digitación de los activos necesarios. En el caso de esta orden de bases, se consideran módulos comunes los siguientes:
1.º Propuesta de valor diferencial del destino:
i. Portal profesional: gestor de productos, experiencias y promociones.
ii. CMS Semántico oContent Management System, Sistema de Gestión de Contenidos.
2.º Promoción y comercialización:
i. Portal destino.
ii.Landing page.
iii. Módulo de inteligencia de la gestión de interacción y fidelización.
iv. Módulo de reservaonlinede servicios públicos turísticos.
3.º Interacción destino-turista-empresas:
i. App Turista.
ii. Asesor virtual cognitivo (asistente de voz y texto).
4.º Planificación, gestión y gobierno del DTI:
i. Módulo Gestión del Destino DTI.
ii. App participación de empresas turísticas.
iii. Módulo de inteligencia de localizaciones (Location Intelligence).
iv. Aplicación de autodiagnóstico DTI.
v. Índice de madurez digital pymes.
5.º Inteligencia, rendimiento e innovación:
i. Módulo «SIT destino».
ii. Módulo de encuestas en destino.
iii. Módulo de reputaciónon-line.
iv. Módulo de análisis de percepción ciudadana.
v. Módulo de explotación de datos, previsión y simulación.
vi. Cuadros de mando rendimiento DTI.
vii. Cuadro de mando datos del destino para empresas.
b) Módulos de referencia opcionales: aquellos módulos que abarcan funcionalidades que complementan a las descritas en el apartado 3.1.a) sin perjuicio de poder incluir otras que se encuentren dentro de los objetivos del Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
1.º Propuesta de valor diferencial del destino:
i. Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) en desarrollo de producto.
2.º Promoción y comercialización:
i. Gestor de campañas de promoción.
ii. Motor de recomendación en destino.
iii. Tarjeta turística (tourist card).
iv. Gestor demarketingpor proximidad.
3.º Interacción destino-turista-empresas:
i. CRM y fidelización.
ii. Realidad aumentada y realidad virtual.
iii. Planificador de rutas y paseos.
iv. Pulsera inteligente (seguridad infantil).
v. Cuaderno de viaje.
vi. Gamificación.
vii. Gestor de reclamaciones, quejas y sugerencias.
viii. Digitalización de oficinas de turismo, museos y espacios culturales/patrimoniales.
4.º Planificación, gestión y gobierno del DTI:
i. Gestión de activos digitales.
ii. Gestor de incidencias del sistema.
5.º Servicios ciudad vinculados al turismo (requieren de una plataforma de ciudad inteligente):
i. Módulo movilidad y transporte.
ii. Módulo aparcamientos.
iii. Módulo residuos.
iv. Módulo seguridad pública.
v. Módulo limpieza.
vi. Servicios de información sanitaria.
vii. Gestión de objetos internos de ciudad.
viii. Módulo de saturación de espacios públicos.
6.º Sostenibilidad (agenda verde):
i. Calculadora de la huella de carbono.
ii. Módulo de regulación del alumbrado.
iii. Medición de parámetros ambientales.
iv. Módulo de participación en circularidad turística.
v. Módulo de gestión de zonas verdes.
7.º Especializados:
i. Metodología de medición del impacto económico del turismo a nivel local.
ii. Medición del «customer Journey» del turista.
iii. Ontología para el sector turístico.
iv. Hoteles como proveedores de datos.
v. Medición de impacto en eventos.
vi. Medición de impacto en cruceros.
vii. Medición de flujos.
viii. Desafíos en la gestión de las playas.
ix. Accesibilidad universal.
x. Enoturismo.
xi. Turismo deportivo.
xii. Turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones).
xiii. Turismo cultural y patrimonial.
xiv. Intermodalidad.
xv. Puertos deportivos.
xvi. Turismo de bienestar.
xvii. Turismo ecuestre.
xviii. Turismo termal.
xix. Ciberseguridad en turismo.
xx. Turismo de mascotas.
xxi. Turismo idiomático.
xxii. Turismo azul.
xxiii. Turismo religioso.
4. Esta convocatoria está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.
5. Los proyectos se subvencionarán en modalidad individual, es decir, se subvencionará el proyecto como unidad funcional a la entidad local beneficiaria, de conformidad con el concepto de «entidad local» recogida en el artículo 6 de las presentes bases, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19 relativo a la subcontratación.
6. Solo podrán obtener ayudas los proyectos que cumplan todos los requisitos que se indican a continuación:
a) Que contribuyan a la consecución de los objetivos generales y específicos establecidos en estas bases y en la Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
b) Que cumplan todos los requisitos técnicos y económicos establecidos en estas bases y en la convocatoria.
c) Que se inicien después de la publicación del extracto y finalicen en el plazo previsto y con las condiciones determinadas en la convocatoria.
d) Que incluyan actuaciones completas con utilidad propia, concretas y que cuenten con una planificación de ejecución que garantice su finalización en el plazo previsto en la convocatoria.
La documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos recogidos en este apartado se establecerá en cada convocatoria, pudiendo preverse la cumplimentación de una declaración responsable por parte del solicitante cuyo modelo quedará recogido en la convocatoria.
7. La inversión 2 del componente 14 tiene asignada una etiqueta digital en el Plan de Recuperación, la 010, correspondiente a Digitalización de pymes (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivientes, los ciber emprendedores, las empresas emergentes basadas en TIC, el comercio electrónico entre empresas), con un coeficiente de contribución a objetivos de transición digital del 100 %.
Todos los implicados en la ejecución de esta orden deberán respetar el principio de «no causar un perjuicio significativo» al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»), así como las condiciones asignadas en la Componente 14, por lo que deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Mitigación del cambio climático. Los equipos IT cumplirán con los requisitos relacionados con la energía establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comisión Europea, y se tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados.
b) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos. Los equipos cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. Los equipos utilizados no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. Al final de su vida útil, los equipos se someterán a una preparación para operaciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE.
En concreto, se dará cumplimiento a los objetivos de transición digital de la Unión Europea según su asignación al campo de intervención 010 de la etiqueta digital siendo la contribución a la transición digital del 100 %, definido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con el anexo VI y VII del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y de Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Para ello, se preverán mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su implementación y se asegurarán del reintegro de las cuantías percibidas por las entidades beneficiarias en el caso de incumplimiento del principio DNSH y el etiquetado climático, cumpliendo, entre otras, las siguientes condiciones:
a) En la ejecución de las actuaciones se garantizará que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo a los materiales de origen natural referidos en la categoría 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos establecida por la Decisión 2000/532/CE) generados en las obras de construcción se reutilizará, reciclará o recuperará, incluyendo actuaciones de relleno con residuos en sustitución de otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la UE.
b) Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos de construcción y demolición, de acuerdo con el Protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la UE, contemplando las mejores técnicas disponibles y empleando demoliciones selectivas que permitan separar y manipular de forma segura las sustancias peligrosas y que faciliten la reutilización y reciclado de alta calidad mediante la separación selectiva de los materiales cumpliendo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para los residuos de construcción y demolición.
c) El proyecto y las técnicas de construcción serán compatibles con la circularidad y mostrarán, con referencia a la ISO 20887 u otras normas de evaluación de la adaptabilidad de las construcciones, cómo se han diseñado para ser más eficientes con los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclado.
8. Igualmente, no podrán obtener estas ayudas las actuaciones que no garanticen el pleno cumplimiento de los principios transversales en los que se fundamenta el PRTR: avanzar hacia una sociedad más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria.
9. Si se advirtiera algún incumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo por parte del solicitante, se procederá a la denegación de la subvención o, en su caso, a la pérdida del derecho de cobro de la ayuda y reintegro de esta conforme a lo previsto en los artículos 28 y 29.
1. Esta orden, será de aplicación a todas las entidades locales integradas en la Red DTI.
2. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden las siguientes entidades locales que ya formen parte de la Red DTI como miembros titulares o que hayan solicitado su adhesión a la citada Red DTI en el momento de solicitar estas ayudas, cumplimentando el modelo incluido como anexo II (Solicitud de adhesión a la Red):
a) Los municipios, representados por sus respectivos ayuntamientos, las provincias a través de las diputaciones provinciales y forales, e islas a través de los cabildos y consejos insulares, con independencia de su tamaño y población.
b) Las Comarcas o mancomunidades u otras entidades locales de base agrupacional previstas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
c) Las Comunidades Autónomas uniprovinciales, representadas por las direcciones generales, consejerías o departamentos equivalentes, con competencias en materia de turismo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y sus estatutos de autonomía, asuman las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales.
3. Los organismos autónomos vinculados o dependientes de cualquier de las entidades locales territoriales citadas, podrán ejecutar el proyecto según lo estipulado en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, incluyendo también a los que tengan un porcentaje superior al 50 % de titularidad pública.
4. No podrán ser beneficiarias las entidades locales:
a) Que incurran en alguna de las circunstancias previstas en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El cumplimiento de los requisitos del apartado 13.2.e) se acreditará mediante los correspondientes certificados administrativos expedidos por los órganos competentes. La presentación de solicitudes conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente pueda obtener de forma directa dichos certificados de manera telemática, en su caso. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
b) Las que así se determinen, en su caso, en la convocatoria.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Para poder acceder a las ayudas deberán formar parte o haber solicitado su adhesión a la Red DTI en el momento de la solicitud de la ayuda, conforme al modelo de solicitud del anexo II.
b) La condición de beneficiario de la ayuda implica que asume, frente a la entidad convocante, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c) Las acciones que realicen los beneficiarios tendrán que cumplir con lo estipulado en estas bases reguladoras.
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y las concordantes incluidas en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las contenidas en estas bases reguladoras, las que se determinen en cada convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de la presente orden y de la convocatoria, dicte el Ministerio de Industria y Turismo en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto. Entre otras, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la certeza de la no ejecución y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde la resolución de concesión, procediendo a la devolución voluntaria conforme con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los intereses de demora calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Mantener la inversión durante un plazo de cinco años desde la finalización de la ejecución del proyecto, sin que sufra una modificación sustancial que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución y aprobación. Serán considerados cambios sustanciales todos aquellos que alteren el objetivo o resultado de la subvención. El cumplimiento de este requisito estará sujeto a comprobaciones a criterio del órgano gestor de las ayudas.
c) Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito estará sujeto a comprobaciones del órgano gestor de las ayudas a partir del análisis de un documento justificativo que aporte el solicitante e incluya datos de número de empleados, entre otras cuestiones.
d) Contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
e) Cumplir con las obligaciones de publicidad e información previstas en el artículo 26, o con cualquier otra obligación que se establezca en las convocatorias o las resoluciones de concesión.
f) Todos los recintos en los que se deba desplegar hardware (salas, despachos, edificios, etc.) para el correcto desarrollo de las actuaciones financiables, no necesitarán ningún tipo de adecuación para poder instalar dicho equipamiento. Así mismo, en caso de requerir la instalación de equipamiento en calle, todos los suministros que sea necesario llevar a cada uno de los puntos de instalación (suministro eléctrico, telecomunicaciones, etc.) deberán estar ya desplegados a pie de punto, de manera que no sea necesario ningún tipo de adecuación en calle más allá de la conexión a pie de punto del equipamiento a instalar con los suministros.
3. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones europeas y nacionales relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Cumplir las obligaciones recogidas en las normas aprobadas, o en las que se pudieran aprobar a nivel nacional y europeo, en relación con la gestión de los fondos asociados al PRTR.
b) Garantizar el respeto al principio de DNSH y la metodología de seguimiento para la acción por el clima (coeficiente climático), conforme a lo previsto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de DNSH en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
c) Se someterán a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como europeos, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información les sea requerida. En ese sentido, resultará de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
d) Al cumplimiento de toda la normativa y los principios relativos a la prevención de los conflictos de intereses, de la doble financiación y resto de medidas relativas a evitar el fraude.
Con relación a las medidas de publicidad, información, comunicación y visibilidad de las actuaciones financiadas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 26.
4. Adicionalmente a lo establecido en el apartado anterior, serán obligaciones de la entidad beneficiaria:
a) Aceptar los términos que se establezcan en la resolución de concesión.
b) Realizar el proyecto conforme a los objetivos y al plan de trabajo de la solicitud de ayuda, que tiene carácter vinculante, y a lo establecido en la resolución de concesión y sus eventuales modificaciones.
c) Aportar evidencias del cumplimiento de objetivos, en particular del desarrollo de los productos o servicios objeto de la ayuda.
d) Aportar evidencias del empleo dado a los fondos recibidos que permitan establecer una relación indubitada entre los gastos imputados y los objetivos alcanzados, en particular, de la realidad de las horas imputadas por las personas trabajadoras a las tareas desarrolladas y la ejecución de la acción, realidad que sea acreditable ante una auditoría externa.
e) Mantener un sistema de contabilidad que permita el registro diferenciado de todas las transacciones relacionadas con el proyecto mediante la utilización de un código contable específico dedicado a tal efecto o la aplicación de los procedimientos que las convocatorias determinen.
f) Cumplir con las obligaciones de publicidad que se determinen en las respectivas convocatorias o en las resoluciones de concesión de estas, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.
g) Conservar todos los libros contables, registros diligenciados y demás evidencias y documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, así como las evidencias del cumplimiento de objetivos y de la aplicación de fondos de las letras c) y d) anteriores, durante un plazo mínimo de diez años y en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. Las convocatorias podrán determinar los procedimientos para la conservación y custodia.
h) Someterse a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
i) Las que se determinen adicionalmente en las convocatorias.
5. Las entidades que resulten beneficiarias serán responsables inmediatas de la fiabilidad de la información. Efectuarán un seguimiento activo de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que conozcan y puedan informar en todo momento de los avances del proyecto y de los resultados alcanzados, garantizando, entre otras, la plena identificación de los contratistas y subcontratistas. En ese sentido, deberán suministrar toda la información que se les requiera sobre el estado en que se encuentra la ejecución del proyecto.
6. Las entidades que resulten beneficiarias ejecutarán el proyecto en los términos aprobados, con pleno respeto a las condiciones establecidas en esta orden y en la resolución de concesión y dentro el plazo establecido, y articularán procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y aplicación de las ayudas a la ejecución del proyecto aprobado.
7. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados anteriores, podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda concedida, según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
1. Para la gestión de las subvenciones se designa a la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S. A. (en adelante, SEGITTUR) como entidad colaboradora, que deberá cumplir con los requisitos y obligaciones y desempeñar las funciones establecidas en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. SEGITTUR intervendrá en las labores de estudio y evaluación técnica de los proyectos presentados con las solicitudes, elaboración de informes, gestión y subida de documentación a la plataforma coFFEE, recepción y estudio de la documentación remitida, y en el seguimiento y justificación de los gastos y de la ejecución de las actuaciones o proyectos objeto de financiación, sin que se produzca la previa entrega y distribución de fondos, y conforme a lo establecido en el convenio a medios propios. Estas labores no implicarán en ningún caso el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
En dicho convenio se establecerán medidas para la prevención del fraude y situaciones de conflictos de intereses tanto en la fase de evaluación como de revisión de las justificaciones.
3. No se requieren condiciones específicas y adicionales de eficacia y solvencia a las que se refiere en el artículo 17.3.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El necesario cumplimiento de las condiciones del artículo 13 de dicha ley es condición suficiente de solvencia y eficacia económica y financiera.
1. Las ayudas para el desarrollo de proyectos objeto de estas bases reguladoras se concederán en la modalidad de subvención, mediante pago anticipado.
Las convocatorias establecerán las características de la subvención, así como los créditos presupuestarios con cargo a los cuales se financiarán.
Las ayudas convocadas al amparo de estas bases reguladoras serán financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1. Como regla general, el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia solo financiará gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, estén relacionados con la actividad objeto de la ayuda, sean necesarios para su ejecución, hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución aprobado para cada proyecto beneficiario. Los costes de adquisición de los gastos subvencionables deberán estar sujetos a precios de mercado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse individualmente en la solicitud, que podrá desglosarse en anualidades, y englobar una o varias de las categorías de gastos indicados en este artículo.
3. Las actuaciones a subvencionar en cada proyecto serán aquéllas necesarias para el desarrollo del mismo y su puesta en producción, pudiendo incluir:
a) Gastos de asistencias externas, como consultoría y análisis, asistencias técnicas, incluidos estudios y planes elaborados para la ejecución del proyecto.
i. Se considerarán subvencionables los servicios externos que, siendo necesarios para la ejecución del proyecto, la entidad beneficiaria no pueda realizar por sí misma.
ii. También podrá ser financiable el gasto derivado de la revisión de cuenta justificativa por el auditor, en caso de que lo haya, hasta un límite de un 5 % del coste total subvencionable del proyecto.
iii. Costes derivados de la creación de una oficina técnica de gestión siempre que la finalidad de la misma esté directa y exclusivamente ligada a la ejecución del proyecto subvencionable.
iv. Labores de control, evaluación, de medida de impacto o de auditoría.
v. Consultoría para la adquisición, protección y comercio de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual y acuerdos de licencias, consultoría sobre el empleo de normas, bancos de datos e investigación de mercados, internacionalización de las actividades.
b) Tecnología. Se financiarán las actuaciones relacionadas con la implantación de tecnología tales como:
i. Dotación de infraestructura tecnológica, incluyendo los costes de adquisición de material inventariable, con excepción de los de amortización del inmovilizado material adquirido con fondos públicos.
ii. Costes de adquisición de software o licencias, siempre que se dediquen en exclusiva al proyecto y durante el periodo de ejecución del mismo.
iii. Implantación de soluciones software, y los costes de adquisición de aparatos y equipos nuevos y su instalación siempre que se encuentren directamente relacionados con el proyecto subvencionable y su vida útil se agote durante el periodo de ejecución del mismo o el coste subvencionado sea proporcional al uso del software o equipo respecto del proyecto, no siendo subvencionables costes más allá de lo empleado necesariamente para el proyecto subvencionado.
iv. Costes derivados de la utilización de plataformas o soluciones cloud en modalidad de pago por uso cuando éstas resulten necesarias durante la ejecución del proyecto, así como los costes asociados a la migración de infraestructuras heredadas a nuevas soluciones que aporten mayor eficacia y eficiencia. La entidad beneficiaria deberá asumir íntegramente el coste de esos servicios una vez se haya concluido la implantación del mismo.
v. Actuaciones enmarcadas en el ámbito del desarrollo, ampliación y despliegue de plataformas inteligentes de destino, y de las funcionalidades y servicios recogidos en las correspondientes convocatorias.
vi. Actuaciones que permitan la puesta a disposición de datos en formato abierto, así como su uso automatizado, para su integración, y/o interoperabilidad con otras plataformas públicas o privadas.
vii. Actuaciones desarrolladas en el ámbito del desarrollo de soluciones digitales que redunden en una mejora de la competitividad turística del destino.
viii. Dotación de servicios de comunicaciones, cloud, servicios profesionales u otros, por el plazo estrictamente necesario para la implantación y puesta en producción del proyecto. La entidad beneficiaria deberá asumir íntegramente el coste de esos servicios una vez se haya concluido la implantación del mismo.
ix. Gastos relacionados con la digitalización de activos o recursos relacionados con los servicios comunes de la PID o de cualquiera de los servicios complementarios que estén dispuestos a desplegar, así como gastos derivados de la adecuación de los sistemas del destino para poder interoperar con el nodo central de la PID.
x. Creación o traducción de contenidos: Creación o traducción de contenidos como imágenes, vídeos, audios, documentos (folletos, mapas estáticos, encuestas…), imágenes 360 y vídeos 360, etc. necesarios para la personalización de los módulos y funcionalidades que requieran inclusión de contenidos referentes al destino.
c) Formación y capacitación del personal público y de la entidad beneficiaria. Se podrán financiar las siguientes actuaciones:
i. Formación y capacitación del personal público y otros agentes del sector turístico, con independencia de su naturaleza jurídica, siempre que éstos se encuentren asociados indubitadamente a la infraestructura o a los servicios del proyecto.
ii. Esta formación abordará adecuadamente las necesidades que se requieran en materia de competencia digital.
iii. Preparación del material formativo necesario para el anterior fin.
d) Gastos de comunicación y difusión: es obligatoria la realización de la difusión y publicidad de las actividades realizadas en el proyecto, resultados obtenidos y comercialización, en su caso, de los servicios y productos generados. Se dedicará un presupuesto de, al menos, el 5 por ciento de los costes directos totales autorizados para esta partida de gasto, que en todo caso no estarán exentos de justificación.
En este sentido, a la finalización del periodo de ejecución del proyecto, el beneficiario deberá presentar un dosier de fin de proyecto en el que se recoja de forma detallada lo siguiente:
i. Exposición y explicación de los objetivos del proyecto.
ii. Actuaciones desempeñadas para el logro de los objetivos.
iii. Objetivos alcanzados, incluyendo de forma detallada los datos de los resultados del proyecto.
Se imputarán en esta partida de Gastos de publicidad, definiendo claramente en el concepto de la documentación de justificación, los trabajos realizados, acompañado de fotografías, cartelería, listados de asistencia, y cualquier otro documento que demuestre la realización de las actividades descritas.
e) Otros gastos: alquiler de servidores informáticos, suministros y productos similares, y cualquier otro que se derive directamente de la actuación y sea necesario para su ejecución, adquisición de material fungible, suministros y productos similares.
f) Obras: solo serán subvencionables aquellas actuaciones que tengan por objeto la conexión a pie de punto del equipamiento a instalar con los suministros (eléctrico, telecomunicaciones, etc.), así como actuaciones de instalación sensórica, esto es, actuaciones de instalación de sensores y dispositivos de conectividad en los diferentes componentes del activo gestionado. Dichas obras deberán ser de escasa entidad, es decir, obras que no se encuentren dentro del alcance contemplado en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y que, por lo tanto, no requieran de proyecto de obra. El importe relativo a las citadas actuaciones deberá formar parte del importe de la instalación de los propios dispositivos. Así mismo, el importe de las obras en ningún caso podrá ser superior al importe de los contratos menores de obra recogido en el artículo 118 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El importe máximo en este concepto por proyecto será de 40.000 euros.
Todas las iniciativas que se desarrollen por medio de esta orden de bases deberán apoyarse en estándares o alinearse con procesos de estandarización en curso.
En el marco de esta orden de bases solo se financiarán actuaciones encuadrables en uno o varios de los conceptos señalados más arriba.
En ningún caso serán objeto de financiación dentro de esta orden de bases gastos cuyo devengo se produzca con posterioridad a la conclusión de la fase de implantación del proyecto. Dichos gastos deberán ser soportados por la entidad beneficiaria, la cual deberá comprometerse a asumirlos para garantizar la suficiencia presupuestaria del proyecto tras el fin de su implantación.
Se podrán imputar el Impuesto sobre el Valor Añadido, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y sus equivalentes en Ceuta, en la medida en que no sean susceptibles de recuperación, de conformidad con el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No serán subvencionables, a efectos de este programa de ayudas, los englobados en los siguientes conceptos:
a) Los gastos correspondientes a la adquisición de terrenos edificaciones o inmuebles o vehículos de cualquier clase o naturaleza precisos para la ejecución de las actuaciones. Tampoco serán subvencionados los trabajos de acondicionamiento, reparación, reforma o transformación alguna de los mismos.
b) Los costes de personal de carácter estructural o permanente, así como gastos recurrentes u operativos devengados tras la conclusión de la fase de implantación, debiendo la entidad beneficiaria obligarse a asumir dichos gastos. Así, tendrá carácter esencial que el proyecto presentado asegure su sostenibilidad financiera una vez implantado y puesto en producción, para lo cual el solicitante deberá detallar cómo afrontará los gastos operativos y recurrentes asociados al proyecto, una vez éste sea puesto a su disposición. El solicitante deberá detallar cómo asegurará que el proyecto gozará de continuidad en el tiempo una vez concluidas las inversiones asociadas a la convocatoria, durante un plazo de, al menos, cinco años.
c) La construcción de redes de telecomunicaciones (Lora, LoraWan, Wifi, o similares).
d) Cualquier otra actuación que sea precisa para el completo desarrollo del proyecto y que no se encuentre incluida en la relación anterior, o que no se efectúe en el periodo de ejecución concedido.
e) Los impuestos indirectos, en tanto en cuanto estos puedan ser recuperados por la entidad beneficiaria.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a estas ayudas estará vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Recuperación, así como a la estimación de costes vinculada al mismo.
5. Los gastos se justificarán mediante la presentación del documento acreditativo del gasto, su correspondiente documento de pago y la vinculación de los mismos al proyecto. Se deberá aportar cuenta justificativa y memoria justificativa técnica económica que permita acreditar la vinculación de los gastos al proyecto.
1. Los proyectos que se presenten para ser objeto de financiación deberán llevarse a cabo en el territorio nacional, y enmarcarse en, al menos una de las categorías de gasto contempladas en el artículo 10 de las presentes bases.
2. El importe de la financiación a conceder según estas bases reguladoras será del 100 por cien sobre el presupuesto del proyecto que haya sido considerado financiable.
3. La inversión máxima a realizar definirá en la correspondiente convocatoria, de acuerdo con el artículo 58.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La distribución del crédito previsto en cada resolución de convocatoria tendrá carácter estimativo.
4. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
5. En cualquier caso, el importe de la financiación no podrá superar el coste de la actuación.
6. Las subvenciones están vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, así como cualquier otra exigencia específica cuya aplicación sea de obligado cumplimiento en el marco de ejecución del PRTR, incluso en el caso de que hubiera entrado en vigor con posterioridad a la publicación de esta orden.
7. Las subvenciones irán destinadas a financiar los proyectos que presenten las entidades locales beneficiarias, hasta el importe máximo que corresponde a cada programa. Agotado ese importe, se podrá optar por desestimar el resto de solicitudes o conformar una lista de espera para el caso en que finalmente exista una dotación presupuestaria adicional que permita seguir otorgando ayudas al resto de solicitantes en el orden de clasificación que se haya fijado.
8. De conformidad con el Documento del Componente 14 para la presente inversión C14.I02, indica lo siguiente: «El importe del coste de la inversión estimado en el Plan de Recuperación y Resiliencia no incorpora financiación existente o prevista de otros fondos de la Unión Europea. Se desarrollan disposiciones específicas destinadas a evitar la doble financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y de otros programas de la Unión. En el cálculo de los hitos y objetivos propuestos en este componente, no se computarán las inversiones realizadas con otros fondos de la Unión Europea.
9. En ningún caso la suma de las subvenciones compatibles podrá superar el coste total de la actividad subvencionada.
10. El solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para las actuaciones reguladas en esta orden, tanto al presentar la solicitud como en cualquier momento ulterior en que se produzca esta circunstancia, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el importe de la ayuda concedida, o podrá dar lugar incluso a la supresión de la ayuda concedida, a la renuncia, o al desistimiento de la ayuda solicitada.
1. Las ayudas reguladas en esta orden sólo serán financiables si tienen un efecto incentivador. Se considerará que las ayudas tienen efecto incentivador si la entidad beneficiaria ha presentado una solicitud de ayuda a la correspondiente convocatoria, con el contenido señalado en el artículo 18 antes de comenzar la actividad.
1. El plazo para la realización de las actuaciones a desarrollar se determinará en cada convocatoria y en ningún caso, podrá ser superior al 30 de junio de 2025.
2. Las ayudas que se concedan se imputarán a la aplicación presupuestaria 20.50.46NB.766 de los Presupuestos Generales del Estado, de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, para el ejercicio presupuestario correspondiente.
3. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la convocatoria.
4. Las ayudas otorgadas se instrumentarán con carácter general, como subvención de un porcentaje de los gastos subvencionables, que no podrá superar el 100 % del coste subvencionable. La convocatoria establecerá igualmente la cuantía máxima a conceder por cada solicitud de ayuda. Podrá igualmente incluir cuantía mínima con el fin de optimizar el número de proyectos a desarrollar. Los proyectos establecerán igualmente las anualidades previstas en cada uno de ellos, que serán tenidas en cuenta para su financiación.
5. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, la entidad beneficiaria deberá proceder a la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, respetándose en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de la subvención concedida. De no proceder a reformular la solicitud en el plazo establecido, se tendrá por desistida y el órgano instructor incluirá en la propuesta de resolución definitiva la siguiente solicitud no estimada por agotamiento de crédito, según el orden de prelación definido en el artículo 23 de esta orden ministerial.
1. El órgano competente para convocar será la persona titular del Ministerio de Industria y Turismo.
2. El órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento será la Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo. Ese mismo órgano será el competente del seguimiento de las actuaciones financiadas.
3. Será competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en esta orden la persona titular de la Secretaría de Estado de Turismo, sin perjuicio de las delegaciones vigentes sobre la materia.
4. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento. A estos efectos, y en el caso de que la convocatoria se financie en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se utilizará la metodología y los modelos previstos en los anexos I y II de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Tanto en la fase de evaluación de solicitudes como en la de resolución, los órganos implicados realizarán el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés de conformidad con dicha Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.
En los casos indicados en el artículo 7.3 de dicha Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, el órgano competente para resolver puede requerir a los solicitantes información adicional de su titularidad real, que deberá aportarse en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información.
5. De conformidad con el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, el procedimiento de gestión de estas ayudas se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Industria y Turismo. Concretamente, en materia de conflicto de intereses, será de aplicación el procedimiento específico para la prevención, detección y la gestión del posible conflicto de interés previsto en dicho plan.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento.
Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a este apoyo financiero, serán presentadas en el registro electrónico, accesible a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo.
2. El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a la sede electrónica del Ministerio asociada de la sede electrónica de la Administración General del Estado (https://sede.serviciosmin.gob.es), donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
3. La práctica de notificaciones electrónicas se ajustará a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Adicionalmente, se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario de alertas por medio de correo electrónico. En la sede del Ministerio de Industria y Turismo los interesados, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
5. La publicación de las propuestas de resolución provisional o definitiva, así como de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica del Ministerio asociada de la sede electrónica de la Administración General del Estado https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx y surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.
6. Las notificaciones relacionadas en cualquier fase del procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento estarán disponibles en la sede electrónica del Ministerio asociada de la sede electrónica de la Administración General del Estado y deberán ser obligatoriamente