Categoría: Normativas

r voluntariamente con vistas a permitir su reutilización por terceros, por ejemplo, para desarrollar otras soluciones innovadoras). Sin embargo, no se podrán divulgar detalles que i) obstaculicen la aplicación de la legislación, ii) sean contrarios al interés público, iii) menoscaben los intereses comerciales legítimos de los prestadores de servicios que participan en la contratación precomercial o iv) puedan falsear la competencia leal entre los prestadores de servicios de investigación y desarrollo participantes o con los demás agentes del mercado.
El ICS tendrá libre acceso y/o licencias de uso no exclusivo y gratuitas a los resultados de la contratación, y en particular a los derechos de propiedad industrial o intelectual que resulten en su caso. Dichas licencias se podrán utilizar directamente por la Administracion usuaria o a través de sus proveedores. Las licencias serán suficientemente amplias para permitir satisfacer las necesidades futuras previsibles.
Se podrá estipularen el pliego, entre otras condiciones, el pago a CDTI de un canon por el adjudicatario por la explotación comercial del producto o servicio en el mercado (tanto alzado, porcentaje, pago único, pagos periódicos, etc.). En caso de optar por este canon, se establecerán en el contrato unos mecanismos de auditoría adecuados.
CDTI podrá, a través de INNVIERTE (sociedad perteneciente a CDTI como único accionista) hacer uso de los resultados y de los derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan a CDTI en virtud de la licitación.
Asimismo, en el ámbito de los servicios TIC, los pliegos contemplarán que, en caso de incluir tecnologías o desarrollos propios, el adjudicatario estará obligado a la cesión del código fuente de las soluciones objeto del contrato, así como su documentación para garantizar la posibilidad de mantenimiento y evolución de la base por el ICS, CDTI y sus sublicenciatarios.
De conformidad con el artículo 48.8 de la LRJSP, el presente convenio se perfecciona con el consentimiento de las Partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles de su formalización, en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado, en el plazo de diez días hábiles desde su formalización, en el «Boletín Oficial del Estado».
El presente convenio tendrá duración de cuatro años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia previsto anteriormente, las Partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, mediante acuerdo expreso de las Partes a través de un documento conjunto, que se tramitará mediante una adenda al convenio de acuerdo con lo establecido en la LRJSP.
El presente convenio podrá extinguirse por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto, o bien por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:
a) Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) Acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) Incumplimiento de obligaciones y compromisos asumidos por alguno de los firmantes. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 51.2.c) de la LRJSP.
Si se derivaran daños y perjuicios para cualquiera de las partes por esta circunstancia, la otra parte le indemnizará por los daños y perjuicios causados. La cuantía de la indemnización se determinará de común acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento. A tal efecto se fijan, como criterio para determinar las posibles indemnizaciones, los costes en los que hubiera incurrido la parte perjudicada en el momento en que se produzca el eventual incumplimiento.
En cualquier caso, para el supuesto de incumplimiento por el ICS de la obligación de suscribir las correspondientes actas para llevar a cabo cesión del prototipo establecida en la cláusula tercera del convenio por causa imputable a la misma, la cuantía de la indemnización se fijará tomando como referencia el precio del contrato suscrito por CDTI con el adjudicatario correspondiente.
d) Decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
La Comisión de Seguimiento prevista en este convenio adoptará las medidas oportunas para que, en caso de resolución del convenio por causas distintas a la finalización de su vigencia, se determine la forma de finalizar las actuaciones en curso de ejecución, todo ello de conformidad a lo previsto en el artículo 52.3 de la LRJSP.
Las partes firmantes dan su consentimiento para la publicación, de forma periódica y actualizada, de la información, relativa al convenio, cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actividad pública, tal y como exigen los artículos 5.1 y 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Las notificaciones, solicitudes y demás comunicaciones necesarias a los efectos del presente convenio y que sean de especial relevancia se deberán realizar por medio de comunicación fehaciente a las siguientes direcciones y atención y se tendrán por cumplidas en la fecha de recepción por el destinatario.
Para CDTI E.P.E: Oficina de Compra Pública Innovadora.
Dirección: calle Alfonso Mora, número, 28001 Madrid.
Email: ocpi@cdti.es.
Para el Institut Catalá de la Salut.
Dirección: Hospital Universitari Germans Trías i Pujol.
Email:
El presente convenio se regirá e interpretará conforme a la ley española, tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la LRJSP y en lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio en la fecha indicada en la última firma realizada.–Por el Institut Catalá de la Salut, el Director Gerente, Xavier Pérez y Berruezo.–Por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, E.P.E., el Director General, Francisco Crespo Suárez Sanz.1. Antecedentes.
El sector energético y la sostenibilidad tienen un gran reto durante los próximos años. La descarbonización que se ha marcado como objetivo desde la Comisión Europea va a plantear retos tecnológicos en muchos sectores.
Esto a su vez coincide con el contexto de dependencia de los combustibles fósiles y los condicionantes geopolíticos actuales. Este contexto va a acelerar, sin duda, la descarbonización y gestión energética de la industria, movilidad, infraestructuras, administración pública y otros sectores.
El sector de la atención de la salud es responsable del 4-5 % del total mundial de emisiones de carbono(1). Al mismo tiempo, la provisión de salud y atención generalmente experimenta menos presión para descarbonizar. La dependencia energética es crítica en todos los sectores sociales y económicos. Estrategias de reducción del consumo y sistemas de máxima eficiencia van a ser necesarios para los objetivos propuestos per el green new deal.
Los combustibles fósiles tienen que ser reemplazados en sus aplicaciones más transversales y ser residuales en las aplicaciones donde no van a poder ser reemplazados. Entre las nuevas estrategias renovables aparece el hidrógeno y sus características que van a permitir un salto cualitativo en este sector.
El Hospital Germans Trias i Pujol inició el proceso de descarbonización energética hace unos años, y tiene prevista la descarbonización total en los próximos años. La incorporación de un vector energético como en hidrógeno en su infraestructura se considera un paso importante para conseguir la descarbonización energética.
2. Descripción del reto tecnológico.
En todo sistema crítico, y el hospital lo es, existe la necesidad de disponer de sistemas de suministro de emergencia o respaldo energético en caso de fallo de la red eléctrica. Estos sistemas de respaldo están dimensionados para aportar energía durante un periodo de tiempo determinado y con la potencia necesaria para alimentar a todo lo que en la aplicación se considere crítico y por lo tanto no se pueda parar en caso de ausencia de red eléctrica.
Los sistemas de respaldo de gran potencia y larga duración están basados en combustibles fósiles que emiten CO2.y por lo tanto son objetivo del plan de descarbonización. Además, se trata de una infraestructura importante que está parada la mayor del tiempo, y que obliga a un mantenimiento con los costes asociados. Incluso cuando la red sea estable y no haya emergencias, el sistema se debe poner en marcha periódicamente para su mantenimiento. Eso aun hace más necesario la intervención de la estrategia de descarbonización porque un alto porcentaje de funcionamiento de estos sistemas se hace por razones de mantenimiento.
Aquí nace el reto de innovar en este concepto para aportar tecnología sustitutiva sin emisiones de CO2que aporte la misma funcionalidad de respaldo en caso de fallo de red, y que a la vez pueda ampliar sus funcionalidades interactuando con la red eléctrica. La tecnología debería poder aportar valor añadido y dotar a la unidad de funcionalidades nuevas, como almacenar energía y permitir su uso para funcionalidades más allá del respaldo como por ejemplo peak-shaving, peak shifting u otras. Estas funcionalidades deberán seguir los principios de descarbonización y asegurar los principios de «no causar un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del Reglamento 2020/852.» (DNSH).
Se considera que el hidrógeno verde es unos de los verticales que va a poder aportar solución a este reto dadas sus características de vector versátil y no contaminante. Permite obtener energía (térmica y eléctrica) que pueden aportar un cierto grado de descarbonización en otros verticales o tecnologías y ayudar al acoplamiento en entre producción renovable y demanda.
3. Justificación de la necesidad pública.
La administración pública, en el contexto actual, como administradora de los fondos de recuperación europeos, es responsable de las iniciativas públicas de colaboración público-privadas y de su efecto incentivador.
Los sistemas de respaldo son necesarios en muchas de las aplicaciones del ámbito que cubre la administración pública. En particular, en las instalaciones sanitarias públicas como hospitales y centros sanitarios tienen una gran necesidad energética en todo momento (365 días, 24 horas) y gran dependencia para sus sistemas más críticos (quirófanos, salas blancas, salas de frio, climatización, iluminación, etc.) y que cuentan ya con equipos de respaldo con necesidad de descarbonizar.
Estas ubicaciones, además, ya están en proceso de mejorar su huella de carbono mediante la implantación de energía renovable, y además ya disponen de sistemas de optimización del consumo energético.
Esta innovación y reto planteado va a suponer un paso más en este contexto.
4. Aspectos específicos a considerar.
Dada la importancia del desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, los efectos medioambientales directos que habrá que priorizar y asegurar serían los siguientes:
– Proponer alternativa a los sistemas basados en combustibles fósiles por otros basados en fuentes de origen renovable que contribuyan a la descarbonización del hospital.
– Innovación en el diseño y concepción de convertidores de potencia adaptables, consignables, flexibles e eficientes.
– Innovación en la definición e implementación de sistemas de gestión de energía inteligentes y adaptativos.
– Innovación en el diseño y optimización de electrolizadores y pilas de combustible.
Los efectos medioambientales indirectos serían:
– Eliminación de la generación CO2de un sistema de generación eléctrica basado en combustibles fósiles.
– Eliminación del transporte de combustible fósiles hasta la ubicación del sistema actual de respaldo. Generación propia del combustible de origen renovable favoreciendo el autoconsumo y evitando el transporte del combustible.
– Reducción de consumo energético de red en horas puntas, consumo de red en horas valle a partir del uso de H2de origen renovable, favoreciendo así la penetración de renovables en el sistema.
5. Objetivos y Áreas de actuación.
La solución propuesta deberá contemplar las siguientes funcionalidades:
– Generación de hidrógeno verde, almacenaje, generación eléctrica y consumo directo. Conversión bidireccional del hidrógeno.
– Suministro de energía eléctrica a la red del hospital modulante en función de las necesidades y funcionalidades requeridas. Entrega de potencia a la red eléctrica del hospital entre 200 y 800 kW, con funciones de peak shaving y peak shifting.
– Almacenamiento energético entorno a los 450 kWh en forma de hidrógeno verde.
– Modularidad para adaptarse a distintas necesidades de dimensionamiento en potencia, generación y almacenamiento integrado de la energía para no depender de sistemas de transporte externo por carretera para su suministro, como los sistemas de respaldo actuales.
– Inteligencia y flexibilidad para adaptarse de manera dinámica a la demanda energética y consignable para adaptarse las condiciones del hospital, integrándose como un elemento más en el ecosistema energético del hospital.
– Para optimizar el proceso de reducción de emisiones, un requisito importante a tener en cuenta es el rendimiento global de la solución propuesta.
– Reaprovechamiento de:
● Calor de proceso para introducirlo en la red de climatización del hospital (agua caliente).
● O2como gas medicinal.
– Consumo directo de hidrógeno como combustible:
● Consumo directo de hidrógeno para dopar el gas utilizado en calderas.
● Alimentar futuras hidrogeneras para vehículos propulsados por hidrógeno.
6. Escenarios de validación.
La validación del prototipo resultante de la CPM deberá ser validado según los siguientes parámetros:
– Rendimiento energético global del prototipo, y de sus diferentes elementos por separado.
– Rendimiento económico del prototipo, y de sus diferentes elementos por separado.
– Coste de operación y mantenimiento del prototipo, y de sus diferentes elementos por separado.
– % Reaprovechamiento de subproductos/flujos.
– Densidad energética del sistema de almacenamiento.
– Ratio de espacio ocupado por kW de potencia y por kWh de almacenamiento.
– Análisis del ciclo de vida del prototipo, y de sus diferentes elementos por separado.
– Fiabilidad del modelado y sistema de gestión energético dinámico.
La contratación se desarrollará en distintas fases eliminatorias de forma que se vaya comprobando progresivamente la eficacia y eficiencia de las soluciones propuestas por cada uno de los licitadores que compitan entre sí para crear una serie de opciones.
– Fase 0: exploración del mercado y análisis de requistos.
Exploración del mercado y búsqueda de soluciones tecnológicas en la industria que den respuesta a las necesidades operativas y funcionales de la Administración Pública firmante del convenio.
– Fase 1: Diseño de la solución.
Durante esta fase, encaminada a asegurar el mayor grado de adecuación de las soluciones propuestas científico-tecnológicas y el plan de investigación al problema planteado, se realizará un trabajo de campo en el que observarán el funcionamiento y necesidades de la Entidad Pública destinataria de la solución y se recopilará todos los datos necesarios a fin de demostrar la viabilidad técnica y económica de la idea y el proyecto propuesto en relación con el objetivo y la necesidad planteada de cara al diseño de los prototipos a partir de los requisitos definidos al inicio de esta fase que mejor satisfagan las necesidades.
Al término de esta fase deberá presentarse una versión final adaptada de la documentación de la solución propuesta que será sometida a un proceso de evaluación.
– Fase 2: Desarrollo de un prototipo o pruebas de la solución propuesta.
En esta fase se desarrollará y fabricará el prototipo o serie de pruebas y las correspondientes pruebas piloto presentadas por la industria que mejor satisfagan los requisitos técnicos definidos en la Fase I.
Los resultados obtenidos en esta fase serán sometidos a un nuevo proceso de evaluación.
– Fase 3. Verificación pre-operacional.
En esta fase los contratistas harán una verificación pre-operacional de sus soluciones tecnológicas en el entorno propuesto por la entidad pública.
En la medida que corresponda, las partes deberán cumplir con toda la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular en lo relativo a:
– Deberán remitir periódicamente, según se establece en las Órdenes HFP 1030/2021 y HFP 1031/2021, información sobre el seguimiento de proyectos o subproyectos, la ejecución contable, el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y demás información de las actuaciones del convenio que forman parte del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación de España, así como la información requerida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2 del Real Decreto-ley36/2020, de 30 de diciembre.
– Serán responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las inversiones indicadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada inversión y de los hitos y objetivos que se hayan establecido al respecto.
– Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de los objetivos del Plan y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
– Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de este convenio, y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte en los términos del artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea, entre ellos los establecidos en las Órdenes HFP 1030/2021 y HFP 1031/2021, garantizando, en todo caso, el cumplimiento de los mecanismos de verificación de los objetivos CID previstos en elOperational Arrangementfirmado entre la Comisión Europea y España.
– De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero, deberán disponer de datos comparables sobre el uso de los fondos y se asegurará el acceso a las categorías armonizadas de estos datos. De conformidad con el artículo 8.1 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre los requerimientos en relación con la identificación de los perceptores finales sean personas físicas o jurídicas son:
● NIF del perceptor final.
● Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.
● Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.
● Acreditación, en caso de perceptores finales que desarrollen actividades económicas, de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
– A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia la Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del citado Reglamento podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, o el acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales. También, será posible la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
– El presente convenio queda plenamente sometido a lo dispuesto en el Plan de medidas antifraude elaborado por el CDTI. En aplicación del mismo, los perceptores finales deberán cumplimentar una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).
– Quedarán sometidas a la totalidad de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular en lo relativo a:
● Obligación de aseguramiento de la regularidad del gasto subyacente y de la adopción de medidas, según se recogen en la Orden HFP 1030/2021, dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
● Requisitos de pista de auditoría: obligación de guardar la trazabilidad de cada una de las actuaciones y cada uno de los perceptores finales de los fondos, en los términos definidos por el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 y las Órdenes Ministeriales HFP/1030/2021 y HFP 1031/2021, de 29 de septiembre, así como de disponer de un sistema que permita calcular y seguir el cumplimiento de objetivos y medición de indicadores.
● Sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241. Asimismo, la entidad ejecutora del proyecto en que se engloba el presente convenio, la entidad decisora de la medida y el componente al que pertenezca el mismo, así como los órganos de control competentes incluidos en los artículos 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento (UE/Euratom) 2018/1046, de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos aquellos controles e inspecciones que consideren convenientes, con el objeto de asegurar el buen fin de la ayuda concedida, estando el perceptor final de los fondos obligado a prestar colaboración y proporcionar cualquier otra documentación e información que se estime necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente orden. Además, se compromete a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, se efectúen.
● Custodia y conservación de la documentación vinculada a la actividad financiada por el MRR de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. En este sentido, los perceptores de la ayuda deberán conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo final, que corresponde con el último desembolso de la Comisión Europea al Reino de España en 2026.
● Obligación de asegurar, para todas las actuaciones realizadas en el marco del convenio, el cumplimiento de la normativa medioambiental de la Unión y nacional y, en particular, del principio «no causar un perjuicio significativo» de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 y de la de Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dando cumplimiento a las condiciones específicas previstas en el componente 17 y, especialmente, las recogidas en los apartados 3 y 8 del documento del componente del Plan en relación con la inversión en la que se enmarca, así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y sus anexos.
En concreto, no se podrán sufragar las siguientes actividades:
– Aquellas relacionadas con combustibles fósiles, incluido el uso posterior salvo que se refieran a la generación de electricidad y/o calor, utilizando gas natural, así como la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan con las condiciones previstas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo».
– Aquellas incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) cuyas emisiones de gases de efecto invernadero estimadas no sean inferiores a los parámetros de referencia. En caso de que la actividad sufragada no conduzca a unas estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero que sean significativamente inferiores a los parámetros previstos, deberá aportarse una memoria en la que se detallen las razones que lo impidan. Los valores revisados de los parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión se prevén en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la comisión de 12 de marzo de 2021.
– La compensación de los costes indirectos en el RCDE UE.
– Aquellas relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras y con plantas de tratamiento mecánico biológico. Esta exclusión no afecta a aquellas medidas que inviertan en plantas que se dediquen de forma exclusiva al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, siempre y cuando las medidas sufragadas tengan por objeto: incrementar la eficiencia energética, la captura de gases de escape para su almacenamiento o utilización o recuperar materiales de las cenizas de incineración; y, no supongan un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos o una extensión de la vida útil de la planta.
– Aquellas en las que la eliminación a largo plazo de residuos puede causar daño al medio ambiente.
– Las actividades objeto del presente convenio deberán cumplir con la legislación medioambiental nacional y europea pertinente.»
A fin de garantizar el cumplimiento de «no causar un perjuicio significativo» en los pliegos de la licitación se podrá prever, cuando las circunstancias así lo requieran, que el perceptor final de los fondos deberá presentar un nuevo informe que acredite que se respeta el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 202/852. Asimismo, en función de las actuaciones a ejecutar y de los compromisos DNSH asumidos, en la licitación se valorará si se exige declaración responsable o análisis DNSH de conformidad con la Guía técnica de la Comisión sobre la aplicación del principio «no causar un perjuicio significativo».
Las siguientes acciones de I+D+i deberán considerarse conformes con la Guía Técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo » (DO C 58 de 18 de febrero de 2021, p.1): i) las acciones de I+D+i que den lugar a resultados tecnológicamente neutros a nivel de su aplicación; ii) las acciones de I+D+i en el marco de esta inversión que apoyen alternativas con bajo impacto ambiental, siempre que dichas alternativas existan; o iii) las acciones de I+D+i en el marco de esta inversión que se centren principalmente en el desarrollo de alternativas con el menor impacto ambiental posible en el sector para aquellas actividades para las que no exista ninguna alternativa de bajo impacto viable tecnológica y económicamente.
– Obligaciones en materia de información, comunicación y publicidad contempladas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241, relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sobre la financiación de la Unión Europea de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el artículo 9 de la Orden HFP 1030/2021.
Las actuaciones objeto de la licitación desarrolladas al amparo de este convenio estarán cofinanciadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En la documentación administrativa para la gestión de expedientes correspondientes a las actuaciones recogidas en este convenio se deberá incluir una mención a que el expediente está financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Las partes deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En las medidas de información y comunicación del convenio, se deberán incluir los siguientes logos:
● El emblema de la Unión;
● junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU»;
● se usará también el logo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia disponible en el enlace https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual;
● se tendrán en cuenta las normas gráficas del emblema de la Unión y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. También se puede consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
Los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.