Categoría: Energía y Medio Ambiente

a de avisos en las poblaciones ante el riesgo de sismicidad inducida. Asimismo, la citada Dirección General propone la revisión de los umbrales de Protocolo, priorizando el aviso según la magnitud sísmica registrada, sin esperar la percepción de la población. En todo caso, sugiere contrastar la detección de sismicidad natural o inducida con el ICGC, instando a que se estudie su inclusión en el Protocolo de actuación.
El promotor afirma que el Protocolo de actuación cuenta con la aprobación del IGN. Asimismo, informa que, de acuerdo con el Plan Estatal de Protección Civil ante riesgo sísmico, es el IGN el competente para la planificación y gestión de los sistemas de detección y comunicación de movimientos sísmicos ocurridos en territorio nacional y áreas adyacentes. Añade que todo terremoto de magnitud igual o superior a 3.0 en la escala de Richter o cualquiera que haya sido percibido por la población, debe ser comunicado a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y que es esa Dirección General la que gestiona la Red de Alerta Nacional, sistema de comunicación de avisos de emergencias a las autoridades competentes de protección civil. En todo caso, y ante la activación del Protocolo, el promotor estima que se deben emplear los canales de comunicación que ya hay establecidos entre el IGN y todos los organismos de emergencias y protección civil autonómicos y nacionales, ante situaciones de emergencia, tanto en lo referente a riesgo sísmico como a otras emergencias, o los canales que por parte de las autoridades competentes se consideren necesarios para la adecuada coordinación entre todas las partes intervinientes.
El ICGC considera que tanto los umbrales adoptados en el Protocolo de actuación ante sismicidad como, desde un punto de vista sismológico, los criterios de detección y actuación propuestos, son razonables.
El promotor, en respuesta al Ayuntamiento de Alcanar, indica que el protocolo ha establecido unos umbrales de presión, que se consideran conservadores, que minimizan al máximo el riesgo de sismicidad inducida.
A propósito del umbral establecido de 0,5 bar a partir del cual se activaría el Protocolo desde la monitorización en tiempo real de la presión del almacén, el IGME-CSIC indica que parece razonablemente seguro, a la vista de las argumentaciones de FWM (en el «muy improbable» caso de que se produjera una inyección accidental dentro del almacén, ésta sería inferior a 0,5 bar y esa inyección sería mínima en comparación con las alcanzadas en las pruebas de llenado del almacén (6 bar) que produjeron la sismicidad en 2013).
El Observatorio del Ebro consideraba que el protocolo de monitorización sísmica y de actuación ante sismicidad debería estar ya operativo cuando se iniciasen los trabajos de despresurización de los pozos, y que debería continuar, como mínimo hasta un año después de finalizar los trabajos de sellado, cuestión que, como ya se ha comentado, sugiere valorar la Dirección General de la Costa y el Mar.
Además, el Observatorio del Ebro considera sensata la instalación de un sismómetro submarino, al este de la plataforma Castor, para mejorar la actual distribución de los sismómetros en el entorno de la zona, dado que, según indica, ésta es asimétrica y produce incertidumbre en la localización de los hipocentros. El ICGC, también recomienda esta cuestión, a pesar de sostener que la red de estaciones sísmicas actualmente en funcionamiento es suficiente para registrar y monitorizar la sismicidad de la zona.
El promotor señala que la ubicación de los sismógrafos y el protocolo de actuación han sido consensuados con el IGN y especifica que el protocolo de monitorización sísmica ha sido validado por el IGN para el periodo de actuación durante el sellado de los pozos del almacenamiento de Castor. Si bien, el propio Protocolo de actuación adjunto al EsIA establece que «El protocolo seguirá en activo hasta que transcurran 3 meses desde la finalización de las operaciones de sellado y abandono de los pozos.» En respuesta al Ayuntamiento de Alcanar, el promotor indica que, durante la redacción del protocolo en coordinación con el IGN, se desestimó la necesidad de la instalación de un sismógrafo marino debido a que la red de sismógrafos existente cubría las necesidades del proyecto. Estos aspectos quedan recogidos en el en el condicionado de la presente resolución.
Por su parte, la Plataforma Terres Sénia solicitó información sobre la localización de los sismógrafos previstos para detectar posibles eventos de sismicidad, así como el protocolo y tiempo de respuesta a las poblaciones cercanas. El promotor facilitó la localización de la red de sismógrafos y responde reiterándose en lo ya manifestado sobre estos aspectos anteriormente.
En relación a los efectos de un potencial evento de sismicidad inducida sobre los distintos factores del medio, la Actualización de la Adenda al EsIA alude al terremoto de mayor magnitud (4,2 Mw) registrado el 1 de octubre de 2013 tras la inyección de gas en el Almacenamiento Castor que, según informa, en las poblaciones donde se sintió se acotan los valores de intensidad entre II-III de la escala de intensidad macrosísmica del IGN. De tal forma que, los escenarios recogidos no implicaron un impacto perceptible en la naturaleza y la percepción de las personas del impacto sobre los edificios coincide con los sucesos recogidos en la prensa en el momento de los mismos. El EsIA indica que no se reportó constancia de afección a la estructura o estabilidad de la plataforma por los seísmos de 2013.
Adicionalmente, la Actualización de la adenda al EsIA indica que, al no haberse encontrado referencias bibliográficas sobre los efectos de terremotos de magnitud inferior a 5,5 Mw sobre la fauna marina, no se pueden confirmar los efectos esperados, si bien no descarta que se puedan producir cambios conductuales de carácter temporal tales como huida o desviaciones en sus trayectorias. Además, teniendo en cuenta que el aumento de presión alcanzado en los episodios de sismicidad de 2013 fue de alrededor de 6 bar (en comparación con los 0,5 bar que se consideran como valor límite para la activación del Protocolo de Actuación ante sismicidad), se estima que cualquier nuevo episodio no debería exceder el grado de impacto registrado en 2013, aunque no es posible, en base a la información disponible, conocer el grado que podría llegar a tener cualquier nuevo escenario de sismicidad en la zona. Así, según indica el promotor, el efecto estimado de la sismicidad inducida no superaría lo acontecido con el evento de mayor magnitud (4,2 Mw) que tuvo lugar el 1 de octubre de 2013. Recuerda que en caso de que acontezca algún evento sísmico natural o inducido o se produzcan aumentos de presión en el yacimiento, se aplicará el Protocolo de Actuación.
En relación al posible riesgo geológico (riesgo sísmico, blowout y vertidos de hidrocarburos asociados al blowout), y dada la información proporcionada por el promotor, el IEO no plantea objeciones para el desarrollo de los trabajos.
Respecto al riesgo de tormentas, el EsIA concluye que el riesgo para el proyecto derivado de las tormentas es bajo porque la Jackup Hernández estará fuertemente anclada al fondo marino, lo que le proporcionará estabilidad para aguantar situaciones meteorológicas extremas, mientras que la plataforma Castor, fijada al fondo, ha sido diseñada para resistir esos eventos. Además, se controlará diariamente el parte meteorológico evitando tareas más sensibles durante momentos de gran inestabilidad meteorológica. Así, en respuesta a la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO, el promotor indica que se va a contratar los servicios de predicción meteorológica que permitirá realizar un seguimiento de las condiciones climáticas que puedan incidir en cualquier situación que pueda conllevar riesgo para las personas o el entorno.
En cuanto al riesgo de terremotos, el EsIA informa que en la zona del proyecto se han identificado varias fallas susceptibles de generar sismos. No obstante, indica que el mapa de peligrosidad sísmica de España muestra valores de aceleración sísmica equivalentes a un potencial de daños muy leve. Por ello, concluye que el riesgo por sismicidad natural en el área de proyecto es bajo. Asimismo, según el informe «Identificación de Riesgo y ALARP – Castor Underground Gas Storage» elaborado por el verificador independiente de pozos en abril de 2020, debido a la localización de la plataforma (en zona sísmica de baja actividad), el riesgo de actividad sísmica con afectación a la plataforma se considera muy baja en comparación con otros riesgos estudiados y por tanto este peligro no se considera como un accidente grave. En cuanto a los maremotos que podrían llegar a generarse como consecuencia de un seísmo, expone que, de acuerdo con los mapas de peligrosidad frente a maremotos en las costas españolas, la elevación máxima previsible para un maremoto en la zona de estudio es, en general, de máximo 1 metro, altura muy inferior a la altura sobre el nivel del mar de la plataforma Jackup MODU.
Por otra parte, la OCCC considera correcta la aproximación técnica del EsIA sobre el riesgo de subida de nivel del mar e inundaciones por origen marino como consecuencia del cambio climático, que no espera que sea un impacto significativo al localizarse el proyecto a más de 20 km de la costa y ser su duración máxima de unos 8 meses. Asimismo, considera adecuado el tratamiento que el EsIA realiza sobre la vulnerabilidad del proyecto a los impactos del cambio climático, y remarca la importancia de los sistemas de seguridad y emergencia con los que cuenta el proyecto: sistemas de control de Pozo (BOP), sistemas de emergencia de generación de energía, sistema de detección y contraincendios, sistemas de salvamento marítimo y sistema de vigilancia y monitorización sísmica.
La Dirección General Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior informa que no le corresponde formular observaciones y señala la necesidad de recabar informe de la autoridad competente al respecto en materia de protección civil, la Comunidad Valenciana.
La Sección de Coordinación de Recursos y Protección Civil de la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana informa que no es competente en materia de las emergencias que puedan ocurrir dado que la actividad está fuera del territorio de la Comunitat Valenciana y se encuentra excluida del ámbito de actuación del Real Decreto 840/2015. No obstante, solicita que el órgano competente en conceder la autorización final compruebe la existencia del Plan de Autoprotección/Plan de emergencia de la actividad y se verifique su implantación; y que se notifique cualquier suceso sísmico que se origine en la instalación y pueda ser sentido por la población, así como cualquier otro suceso de relevancia perceptible o que pueda afectar a la población. Esta cuestión se recoge en el condicionado de la presente resolución.
Por otra parte, el promotor informa que la evaluación de los potenciales riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de explosivos se incluirá en el Proyecto de Voladuras que, como ya se ha comentado, deberá ser aprobado por la autoridad minera competente, previamente al inicio de la operación.
Finalmente, el promotor se compromete a notificar a cualesquiera de los organismos o entidades afectadas, cualquier modificación significativa que sea susceptible de generar riesgos ambientales de interés para la salud de la población.
En todo caso y al igual que los aspectos técnicos del proyecto, como el propio diseño del mismo, la vulnerabilidad del proyecto (en base al análisis realizado por el promotor) es un factor más a considerar en la decisión de autorización del proyecto por parte del órgano sustantivo.
D. Programa de vigilancia ambiental.
En la fase previa al inicio de proyecto se cumplimentará el formulario de control de medidas del PVA y la verificación ambiental de la unidad de operación y embarcaciones.
Asimismo, se verificará el correcto funcionamiento del protocolo de actuación ante sismicidad mediante la realización de un simulacro.
Durante la fase de ejecución se emitirán informes semanales de seguimiento del PVA y, en su caso, informes especiales. Las principales actuaciones que se llevarán a cabo durante esa fase son:
– Realizar muestreos periódicos (al menos un muestreo en cada una de las fases del proyecto) de la calidad del agua durante la ejecución del proyecto en las mismas 3 estaciones de muestreo de calidad de las aguas marinas que fueron muestreadas para la elaboración del Estudio de Línea Base Marino (ELBM) del EsIA, en los términos establecidos por la Subdirección General Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO en su informe de 1 de julio de 2021.
– Optimizar las operaciones logísticas, con el fin de reducir el número de viajes necesarios de las embarcaciones y del helicóptero.
– Verificar el seguimiento por parte de las embarcaciones de las normas de conducta para la protección de los cetáceos de acuerdo con el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre.
– Realizar mediciones o registro de la presión acústica de las fases a priori más ruidosas del proyecto para comprobar que se encuentran dentro de los límites indicados en la bibliografía existente.
– Asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Protocolo de Observación y Actuación en caso de Avistamiento de Cetáceos del proyecto.
– Establecer un procedimiento de comunicación para asegurar que en caso de aparición de varamientos de cetáceos o tortugas marinas se informará inmediatamente a la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO.
– Verificar el registro diario de las potenciales incidencias a la fauna marina.
– Registrar el consumo de combustible de la unidad de operación, de las embarcaciones, del helicóptero.
– Registrar todas las descargas en el Libro de Registro de Hidrocarburos de la unidad de operación y embarcaciones.
– Registrar el volumen y destino de los residuos generados en el Libro de Registro de Basuras de la unidad de operación y embarcaciones según lo establecido por el Convenio MARPOL 73/78 (Anexo V).
– Asegurar el cumplimento PGRyAR y de las condiciones establecidas en el Proyecto de Voladuras y en el Plan de Transporte de Explosivos para cada uno de los transportes a efectuar (terrestre y marino).
– Asegurar el cumplimiento del PIE y el PIM del proyecto.
Adicionalmente, como ya se ha comentado, el EsIA contempla la vigilancia y monitorización sísmica mediante los pozos de observación y los sismógrafos existentes.
En la fase posterior a la finalización del proyecto se redactará el informe final de seguimiento del PVA y el correspondiente ELBM. Las principales actuaciones a implementar tras la finalización del proyecto son:
– Realización de una campaña ambiental en el marco de un ELBM, transcurridos unos meses desde la finalización del proyecto, que evalúe los mismos parámetros evaluados en la campaña ambiental de 2020 y, en la medida de lo posible, en las mismas estaciones de muestreo que se contemplaron en esta.
– Inspección visual del entorno inmediato donde las tuberías de conexión penetraban el fondo marino, unos meses después de su retirada, mediante ROV o cámara submarina, siguiendo los mismos transectos que se realizaron durante la campaña ambiental de 2020.
– Verificar que se han entregado todos los registros e información recogida y exigida en el Protocolo de Observación y Actuación en caso de Avistamiento de Mamíferos Marinos a la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO.
– En caso de que tras finalizar las operaciones de sellado y abandono definitivo existan remanentes de cargas, detonadores o cordón detonante, o envases y embalajes de los mismos, comprobar que se cumplen con las condiciones establecidas en el Plan de Transporte de Explosivos para cada uno de los transportes a efectuar (terrestre y Marino) y asegurar el cumplimiento del PGRyAR.
Según indica el promotor, los informes de seguimiento del PVA serán puestos a disposición de las distintas administraciones competentes.
El proyecto objeto de la presente resolución se encuentra comprendido en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental. No obstante, el promotor, siendo consciente del especial interés que el proyecto puede suscitar, y acogiéndose a lo establecido en el artículo 7.1.d, solicitó que fuera objeto de evaluación ambiental ordinaria, en virtud de lo cual resulta preceptivo su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la formulación de declaración de impacto ambiental, con carácter previo a su autorización administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 y siguientes de la citada norma.
Corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos de competencia estatal, de acuerdo con el artículo 7.1 c) del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
La presente declaración analiza los principales elementos considerados en la evaluación practicada: el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental, el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas, así como la documentación complementaria aportada por el promotor y las consultas adicionales realizadas.
En consecuencia, esta Dirección General, a la vista de la propuesta de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, formula declaración de impacto ambiental a la realización del proyecto «Sellado y abandono definitivo de los pozos de Castor» en la que se establecen las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación ambiental practicada y se exponen a continuación, en las que se debe desarrollar el proyecto para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales, lo cual no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones ambientales o sectoriales que resulten legalmente exigibles.
Atendiendo a los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos se resuelven las condiciones al proyecto y medidas preventivas y correctoras de los efectos adversos sobre el medio ambiente, que se establecen en los siguientes términos:
(i) Condiciones generales:
(1) El promotor deberá cumplir todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en el EsIA y las aceptadas tras la información pública, o contenidas en la información complementaria, en tanto no contradigan lo establecido en la presente Resolución.
(2) Se recuerda el cumplimiento de toda la legislación relevante que le sea de aplicación, y que afecte a los elementos del medio recogidos en la presente resolución.
(3) Con carácter general, el promotor habrá de respetar las buenas prácticas ambientales para la realización del proyecto, pudiendo servir de orientación los «Manuales de Buenas Prácticas Ambientales en las Familias Profesionales», que se encuentran publicados en la página web de este Ministerio, para cada una de las actuaciones previstas.
(ii) Condiciones relativas a medidas preventivas y correctoras para los impactos más significativos.
A continuación, se indican aquellas medidas del EsIA que deben ser modificadas: las medidas adicionales establecidas en las alegaciones e informes recibidos en el procedimiento que se consideran necesarias para garantizar la protección del medio ambiente; así como las que se desprenden del análisis técnico realizado por el órgano ambiental.
Biodiversidad, Red Natura 2000.
(4) El Protocolo de Observación y Actuación en caso de avistamiento de cetáceos, de fecha 28 de noviembre de 2020 deberá actualizarse con las medidas de aplicación incluidas en la Actualización de la Adenda al EsIA de 24 de marzo de 2022. Adicionalmente, se deberán incluir, las especificaciones indicadas por la Subdirección General Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO en su informe de 1 de julio de 2021 que no han sido asumidas por el promotor a lo largo del procedimiento de evaluación:
– El equipo PAM estará operativo en todo momento.
– En el caso que en la zona se encuentren especies altamente sensibles (cachalotes y zifios), se seguirá la recomendación de ACCOBAMS de llevar a cabo la inspección visual previa al inicio de cada operación susceptible de generar un impacto acústico, durante 120 minutos.
– El soft-start, en su caso, se debe desarrollar cuando la observación por MMO y PAM sea realizada de manera efectiva.
– Los datos de avistamiento recogidos deberán enviarse, en un plazo no superior a tres semanas una vez finalizado el proyecto, a la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO.
(5) En consonancia con lo indicado con la Subdirección General Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO, se reducirán, en la medida de lo posible, las presiones asociadas a la ejecución del proyecto (presencia física de las instalaciones, ruido, emisiones luminosas, pequeños vertidos de hidrocarburos, etc.) durante el periodo de máxima sensibilidad del área para las aves marinas (de abril hasta octubre).
(6) Se tendrá en consideración que las especies incluidas en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, se encuentran sometidas a las medidas de protección establecidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en particular a las prohibiciones de su artículo 57.
(7) Tanto por lo indicado por la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO sobre la alternativa de gestión de fluidos agotados que generará un menor impacto en el medio marino y para que el proyecto sea compatible con la estrategia marina, como por lo manifestado por la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO dada la sensibilidad del área en la que se desarrolla el proyecto y la ausencia de razones técnicas u operativas para desestimar su gestión en tierra, se procederá a la gestión de los fluidos de limpieza de los pozos una vez agotados o terminadas las tareas de limpieza mediante su traslado a tierra, aunque contengan exclusivamente sustancias incluidas en la lista PLONOR o en la categoría de menos riesgo medioambiental según la clasificación OCNS.
Compatibilidad con la estrategia marina.
(8) Se deberán adoptar las siguientes medidas relacionadas con la compatibilidad de del proyecto con la estrategia marina de la demarcación levantino-balear, indicadas por la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO en su informe de fecha 1 de febrero de 2021 y su continuación de 12 de julio de 2022:
– La opción preferible para la gestión de residuos será el almacenamiento segregado, transporte mediante embarcaciones y entrega en instalaciones portuarias de recepción, de acuerdo con la normativa de aplicación. El abandono en el mar de cualquier residuo tendrá la consideración de basura marina.
– Todos los materiales empleados en la obra y que se encuentren en contacto con el mar no resultarán contaminantes para el medio marino.
– Durante los días que se realicen las explosiones, se implementarán todas las medidas preventivas posibles para el impacto acústico, prestando especial atención en los pozos en los que las detonaciones se realicen a menor profundidad y con mayor carga, adoptando, en su caso, medidas preventivas extraordinarias. A la finalización de las explosiones, se informará a la Dirección General de la Costa y el Mar sobre: Fecha de inicio y fecha de finalización de las explosiones, indicando el número de días efectivos de trabajo; coordenadas geográficas del área donde se han producido las explosiones y nivel de fuente de ruido impulsivo, en mTNTeq (kg). Asimismo, se le proporcionará también el dominio de espectro de frecuencias de emisión de ruido impulsivo (Hz), el ciclo de trabajo (n.º impulsos/seg) la duración de la transmisión (un impulso), en seg., la directividad y la profundidad de la fuente de ruido (m). Se deberá justificar ante la Dirección General de la Costa y el Mar la imposibilidad de informar cualquiera de los datos indicados.
Otros aspectos.
(9) Tal y como establece la Capitanía Marítima de Castellón, los residuos MARPOL I (lodos y agua de sentinas) generados tanto por la Jackup MODU como por las dos embarcaciones (de apoyo y de abastecimiento) serán descargados obligatoriamente a instalación receptora en el puerto de Vinarós. Asimismo, tras la fase de sellado (abandono) se deberá presentar ante la Capitanía Marítima de Castellón un plan de balizamiento perimetral de la plataforma Castor.
(10) En relación con lo manifestado por el Estado Mayor de la Armada, una vez finalizada la ejecución del proyecto, se le deberá remitir a la Subdirección General de Patrimonio de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa un plano de la instalación final, con la extensión "dgn" o "shape", así como la información sobre la instalación de cualquier señalización marítima que se genere durante y después de la obra, para la corrección en las publicaciones náuticas correspondientes.
(11) En cuanto a las medidas a adoptar para evitar un potencial impacto radiológico, se estará a lo dispuesto por el Consejo de Seguridad Nuclear tras la evaluación del Estudio radiológico que, según indica ese organismo en informe de fecha 25 de noviembre de 2021, ha de presentar el promotor en el marco de la legislación sectorial correspondiente (Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, al tratarse de una actividad laboral).
DPM-T.
(12) De forma previa a la autorización del proyecto, se deberá remitir a la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO, para su conocimiento y a los efectos oportunos, la previsión y planificación futura de la demolición y retirada total del resto de infraestructuras (plataformas, gasoductos y cable de fibra óptica) que se encuentren dentro del DPM-T y de su zona de servidumbre de protección (tanto en la parte terrestre como en la parte marina) y de recuperación del dominio público afectado por dichas infraestructuras, tal y como solicitó la citada Dirección General. En caso de que se considere necesario no desmantelar algún elemento o parte de dichas infraestructuras, deberá estar adecuadamente motivado y justificado. Dicha planificación deberá reflejar la programación de los correspondientes proyectos, así como los plazos temporales para su aprobación, tramitación ambiental y ejecución.
(13) De acuerdo con lo manifestado por la Dirección General de la Costa y el Mar, las mismas cautelas ambientales exigidas en las prescripciones del Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones de la concesión otorgada por OM de 23 de marzo de 2010, relativas al periodo de ejecución y explotación de la instalación, se extienden a las labores de desmantelamiento de la instalación.
Vulnerabilidad del proyecto.
(14) De forma previa a la autorización sustantiva, el proyecto deberá disponer del protocolo de actuación que garantice la rápida y efectiva actuación en defensa de las aves ante un hipotético caso de vertido accidental, indicado por la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO, dentro de los planes e instrumentos de contingencia contra la contaminación marina.
(15) De acuerdo con lo manifestado por el Observatorio del Ebro y el ICGC, se estudiará la posibilidad de instalar un sismómetro submarino, al este de la plataforma Castor, para mejorar la actual distribución de las estaciones sísmicas en el entorno de Castor.
(16) En el marco del protocolo de actuación ante sismicidad, el promotor propondrá al IGN la valoración de las cuestiones solicitadas tanto por la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana (en relación a que se le notifique cualquier suceso sísmico que se origine en la instalación y pueda ser sentido por la población) como por la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya (ser incluida en el protocolo de actuación ante sismicidad, que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya sea incluido en los avisos de activación y en las notificaciones de cambio de fase de operaciones, y siempre que el protocolo se mantenga vigente y que el ICGC contraste la detección de sismicidad natural o inducida).
(17) En atención a lo solicitado por Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana, se le notificará cualquier otro suceso de relevancia perceptible o que pueda afectar a la población.
(iii) Condiciones al Programa de vigilancia ambiental.
En virtud del análisis técnico realizado, el programa de vigilancia previsto en el estudio de impacto ambiental y completado en la Actualización de la Adenda al EsIA, debe completarse a su vez con los aspectos adicionales que se incorporan mediante esta resolución. El objetivo del citado plan en sus distintas fases es garantizar el cumplimiento de la totalidad de las medidas preventivas y correctoras descritas, a través de un seguimiento de la eficacia de dichas medidas y sus criterios de aplicación, que se consagrará en los correspondientes informes de vigilancia.
(18) Se realizarán muestreos periódicos de la calidad de las aguas durante la ejecución del proyecto en número suficiente de tal manera que se garantice la detección de forma anticipada de cualquier imprevisto, rotura o fuente de contaminación y la reacción con premura, deteniendo los trabajos en caso necesario. Esos muestreos periódicos se deberán acompañar de un seguimiento visual continuo de posibles manchas de hidrocarburos u otros episodios de contaminación que permitan un detección precoz y reacción rápida, tal y como indica la Subdirección General Biodiversidad Terrestre y Marina Terrestre del MITECO.
(19) Según lo indicado por la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña, el seguimiento previsto de potenciales incidencias a la fauna marina considerará también a la avifauna.
(20) Atendiendo a las sugerencias del Observatorio del Ebro y de la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO, el sistema de monitorización sísmica y el protocolo de actuación ante sismicidad, continuarán operativos al menos hasta un año después de la finalización de las operaciones de sellado de los pozos para verificar que la actividad sísmica de la zona, que se haya podido generar durante la ejecución del proyecto, muestra niveles equivalentes a los preoperacionales.
(21) Las actuaciones previstas en el sistema de vigilancia y monitorización sísmica descrito en el EsIA se integrarán en el PVA del proyecto en la forma que determine la comisión de seguimiento.
De forma previa al inicio de las obras se creará una comisión mixta de seguimiento del proyecto, a instancias del órgano sustantivo, con el fin de mejorar el nivel de información, coordinación y cooperación entre promotor, órgano sustantivo y las administraciones públicas afectadas (estatal, autonómica y local). En esta comisión estarán representadas, como mínimo, el órgano ambiental, la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina (por sus competencias en la ZEPA marina sobre la que se ubica el proyecto), la Subdirección General de Protección del Mar (por sus competencias en medio marino) y los órganos autonómicos con competencias en medio ambiente de la Generalitat de Cataluña y de la Generalitat Valenciana. Dada la vulnerabilidad del proyecto, se valorará la inclusión en la comisión de los órganos autonómicos con competencia en protección civil y emergencias. En la primera reunión de esta comisión de seguimiento se determinará el calendario de reuniones previsto durante el desarrollo del proyecto, así como su continuación una vez finalizado el mismo.
Cada una de las medidas establecidas en el EsIA y en esta declaración deberán estar definidas y presupuestadas por el promotor en el proyecto o en una adenda al mismo, previamente a su aprobación.
Se procede a la publicación de esta declaración de impacto ambiental, según lo previsto en el apartado tercero del artículo 41 de la Ley de evaluación ambiental, y a su comunicación al órgano sustantivo para su incorporación al procedimiento de autorización del proyecto.
De conformidad con el apartado cuarto del artículo 41 de la Ley de evaluación ambiental, la declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
Madrid, 7 de marzo de 2023.–La Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, Díaz Hernández Álvarez.