Categoría: Energía y Medio Ambiente

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado de Asturias de Calidad Ambiental.
1. La calidad ambiental es fundamental para nuestra salud, nuestra economía y nuestro bienestar, y en los últimos tiempos la sociedad ha tomado conciencia de que se enfrenta a grandes desafíos, entre ellos, el cambio climático, el consumo y la producción insostenibles, así como distintas formas de contaminación, que nos exigen actuar de manera enérgica para evitar el deterioro de esa calidad ambiental.
2. El medio ambiente es un bien colectivo cuya protección concierne no solo a unos pocos, sino que involucra en un esfuerzo común al conjunto de las Administraciones, los agentes sociales y económicos y a la ciudadanía; en consecuencia, si se quiere alcanzar un alto grado de calidad ambiental, será preciso que las exigencias de la protección del medio ambiente comprometan todas las políticas públicas, tomando en consideración su repercusión ambiental.
3. En este contexto, la presente ley pretende ser el instrumento jurídico para garantizar un elevado nivel de protección de la calidad ambiental del Principado de Asturias que contribuya al bienestar de los ciudadanos y a la preservación, restauración y valoración del capital natural, y, como resultado, al incremento de su resiliencia frente al cambio climático y a otros riesgos medioambientales. La ley pretende compatibilizar el objetivo de mejora de la calidad ambiental con el desarrollo social y económico, en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Asimismo, la ley contribuye al cumplimiento de la normativa europea en materia de medio ambiente que, basada en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tiene por objeto la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, garantizando un desarrollo sostenible del modelo europeo de sociedad.
4. Está demostrado que la restauración de los daños ocasionados al medio ambiente es, frecuentemente, más difícil y costosa que la prevención de los mismos, manifestándose esta como el mecanismo más adecuado para protegerlo. La Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales, constituye el nuevo marco general para el control de actividades industriales, aportando como principio básico la prioridad de intervención en la fuente del origen de la contaminación, estableciendo un planteamiento integrado de la prevención y el control de las emisiones a la atmósfera, al agua, al suelo, de la gestión de residuos, de la eficiencia energética y de la prevención de accidentes. Asimismo, constata la necesidad de revisar la legislación sobre instalaciones industriales a fin de simplificar y esclarecer las disposiciones existentes y reducir cargas administrativas innecesarias.
5. Por ello, las Administraciones públicas deben dotarse de instrumentos para evaluar los posibles efectos ambientales de los proyectos y actividades con incidencia medioambiental, estableciendo las medidas preventivas y correctoras que minimicen los impactos sobre el medio. Dichos instrumentos de intervención se basan en un régimen de autorizaciones, comunicaciones y declaraciones ambientales, que se complementa con un régimen permanente de inspección y control. El resultado del binomio autorización control permite, en su caso, reaccionar frente a los incumplimientos de las condiciones bajo las cuales operan las actividades e instalaciones potencialmente contaminadoras aplicando un régimen de disciplina ambiental.
6. La vocación de la ley es convertirse en el marco esencial del ordenamiento jurídico del Principado de Asturias para la prevención y control de la calidad ambiental estableciendo los fines y principios a que debe quedar sujeta por razones medioambientales la actividad, tanto pública como privada, en nuestra comunidad autónoma de manera que se contribuya a lograr un crecimiento sostenible, inteligente e inclusivo, posibilitando que se desarrollen actividades sin condicionar el futuro ambiental de nuestro territorio y sus futuras generaciones. Para ello la norma incorpora instrumentos voluntarios para la mejora de la calidad ambiental y lucha contra el cambio climático, como son el fomento de los sistemas de gestión medioambiental o el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono. Se impulsan asimismo las buenas prácticas en ecoinnovación y la economía circular mediante herramientas como la compra verde y la fiscalidad ambiental o el apoyo a la investigación y la educación ambiental.
7. La Constitución española reconoce en su artículo 45 el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. El mismo precepto constitucional contiene un mandato dirigido a los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales a fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
8. La Unión Europea viene promoviendo y aplicando ambiciosas políticas de medio ambiente, algunas de las cuales están muy presentes en el espíritu de esta ley; es el caso de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y de la mencionada Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).
9. La ley toma en consideración, asimismo, la normativa básica estatal existente en la materia, constituida, fundamentalmente, por el Real Decreto Legislativo 1/2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (en adelante, Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación), y también tiene en cuenta la legislación en materia de salud pública a través de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en la que se contempla la evaluación del impacto en salud de las normas, planes, programas y proyectos. Igualmente se tienen en cuenta las disposiciones normativas sectoriales en materia de aire, agua, medio natural, residuos y suelos y cambio climático, en particular la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera; el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas; la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados (en adelante, Ley 22/2011); la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; y la recientemente aprobada Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.
10. En materia de información y participación pública se han seguido las directrices comunitarias de la Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental, así como la legislación estatal básica constituida por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los Derechos de Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente (en adelante, Ley 27/2006).
11. Si bien todos estos aspectos son objeto de regulación por distintas normas comunitarias y estatales, el Principado de Asturias ha considerado necesario adaptar las mismas a las peculiaridades de su ámbito territorial, integrando todas estas materias en un único cuerpo legal, en aras de una mayor racionalidad y claridad, garantizando así una seguridad jurídica de todos aquellos interesados en promover una actividad, instalación, proyecto, plan o programa susceptible de afectar al medio ambiente. Para tal fin, la presente ley armoniza las competencias en estas materias y establece las pautas de colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones intervinientes.
12. El cambio de modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia provocada por la COVID-19 pivota sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y supondrá hacer frente a proyectos, inversiones, transformaciones y reformas estructurales que permitan una estructura económica más resiliente. La envergadura de estos retos y el marco temporal para su desarrollo requieren del concurso de las instituciones y Administraciones públicas y plantean la necesidad de adoptar medidas que permitan una mejora de la agilidad en la puesta en marcha de los proyectos y una simplificación de los procedimientos, manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario, en particular en lo que se refiere a la protección del medio ambiente. Es por eso que los objetivos de reducción de trámites para el funcionamiento y la puesta en marcha de las actividades económicas, así como los de simplificación administrativa, están muy presentes en el conjunto del sistema de intervención administrativa ambiental que regula la presente ley. Estos objetivos también han sido incluidos en los compromisos adquiridos en el marco de la concertación social que la Administración del Principado de Asturias ha suscrito con los agentes económicos y sociales para mejorar la competitividad de la economía asturiana.
13. En esta línea de simplificación administrativa, la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ya consideró que las normas de procedimientos administrativos no deben tener por objeto la armonización de los mismos, sino la supresión de regímenes de intervención administrativa previa, excesivamente onerosos para los operadores, que obstaculizan la libertad de establecimiento y la creación de nuevas empresas de servicios.
14. Esta Directiva, incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, reproduce los principios y las condiciones de aquella, así como la necesidad de que las Administraciones públicas revisen los procedimientos y trámites con el objeto de impulsar su simplificación. La presente ley adapta los instrumentos de intervención ambiental actuales a estos nuevos requerimientos legales, limitando la autorización previa a los supuestos de actividades con una elevada o moderada incidencia ambiental que, por motivos de protección ambiental y, por tanto, de interés público, se someten a autorización ambiental integrada ordinaria o simplificada, incluyendo el régimen de declaración responsable para las actividades de incidencia ambiental mínima.
15. La intervención administrativa ambiental por la que se somete a las actividades e instalaciones a los regímenes de autorización ambiental integrada simplificada y declaración responsable ambiental viene a sustituir al trámite de licencia ambiental de actividades clasificadas previsto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, que, de conformidad con lo previsto en la disposición derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y Protección de la Atmósfera, queda inaplicable en el Principado de Asturias a partir de la entrada en vigor de esta ley.
16. Para ello, la ley se ocupa de desarrollar el sistema de intervención administrativa ambiental para las actividades e instalaciones de mayor incidencia ambiental, sometidas al régimen de la autorización ambiental integrada por serles de aplicación la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Para aquellas otras actividades que tienen una moderada incidencia sobre el medio ambiente y que requieren una o varias autorizaciones ambientales sectoriales, ya sea porque tienen emisiones a la atmósfera, generan vertidos o porque traten residuos, se establece el régimen de la autorización ambiental integrada simplificada, que tiene por objeto reunir en una única autorización autonómica las diferentes autorizaciones ambientales sectoriales, aplicando principios de simplificación, racionalización y cooperación entre Administraciones públicas.
17. Por último, para aquellas actividades e instalaciones con escasa incidencia ambiental, se introduce el régimen de declaración responsable ambiental, que posibilita a los titulares de las actividades iniciar su ejercicio sin necesidad de autorización o de otro acto administrativo previo, sustituyendo el control previo por un control posterior, con el efecto positivo de reducción de trámites y plazos para la implantación de la actividad.
18. Se excluyen del ámbito de intervención administrativa ambiental, por su escasa incidencia ambiental, las actividades sujetas a la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, así como las actividades comerciales minoristas y la prestación de servicios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios.
19. Estas nuevas formas de intervención administrativa compatibilizan protección medioambiental con simplificación y agilización de los trámites administrativos.
20. La Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, por su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos. Asimismo, dispone que la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente podrá integrarse en los procedimientos de autorización de los proyectos.
21. Esta previsión refuerza el modelo de integración de la evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autorización para el desarrollo de un proyecto que, a su vez, viene sometido a dicha evaluación. La integración de los aspectos ambientales en los proyectos mediante la incorporación de la evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autorización o aprobación de aquel por el órgano competente viene exigida también por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (en adelante, Ley 21/2013). En este sentido, la presente ley ha desarrollado la coordinación de los instrumentos de intervención administrativa ambiental con los instrumentos de evaluación de los proyectos, planes y programas cuando dicha evaluación compete al órgano ambiental de la comunidad autónoma, y cuya exigencia viene contemplada en la legislación estatal en materia de evaluación ambiental. El desarrollo de estos procedimientos afecta a menudo al marco competencial de los distintos niveles de la Administración, involucrando a la Administración General del Estado, a la Administración del Principado de Asturias y a los ayuntamientos en los que se desarrollan las actividades objeto de evaluación y autorización. Es por ello que la ley invoca al principio de información mutua, cooperación y colaboración interadministrativa para concertar las acciones y proporcionar la debida asistencia con el fin de garantizar la eficacia y coherencia de sus actuaciones. Todo ello, teniendo en consideración los principios generales sobre el derecho de acceso a la información del medio ambiente y promocionando la participación ciudadana en las decisiones sobre los programas y estrategias de política ambiental y climática y en los proyectos y actividades que se desarrollen en nuestra comunidad autónoma.
22. En relación con las competencias de los ayuntamientos, la presente ley respeta su ejercicio legítimo por los órganos que las tienen atribuidas, conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y les atribuye la tramitación de la declaración responsable ambiental que corresponde al régimen de intervención de las actividades de menor incidencia ambiental. Las competencias municipales quedan igualmente reforzadas con la solicitud de informe urbanístico municipal sobre la compatibilidad de la actuación proyectada con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con la licencia urbanística, tal como recoge el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Asimismo, se mantiene en el procedimiento de autorización ambiental integrada la emisión de informe del ayuntamiento sobre los aspectos ambientales de su competencia a fin de contemplarlos en la resolución que, en su caso, se otorgue, siendo dicho informe preceptivo y quedando garantizada la autonomía municipal.
23. En consecuencia, en los diferentes instrumentos de intervención ambiental regulados en la presente ley se da cumplimiento al principio de autonomía local, tanto en cuanto a la declaración responsable ambiental que se tramita en los ayuntamientos en cuyo término municipal se pretenda realizar la actividad como, por su parte, a la autorización ambiental integrada, en la que los informes preceptivos del ayuntamiento son elementos clave en el procedimiento de autorización del órgano sustantivo ambiental autonómico competente para su otorgamiento.
24. Se trata, por tanto, de una ley que integra el fomento de instrumentos voluntarios y de políticas públicas de impulso a la mejora de la calidad ambiental y a la lucha contra el cambio climático con el desarrollo de una regulación detallada de los procedimientos de intervención ambiental, tanto de la Administración autonómica como de las Administraciones locales, garantizando el acceso a la información y la participación del público en la toma de decisiones que tengan repercusiones sobre el medio ambiente. Todo ello, con el objetivo común de alinear la estrategia de crecimiento del Principado de Asturias con los principios del Pacto Verde Europeo, que persigue transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos.
25. Todo lo expuesto permite justificar la necesidad y afirmar la adecuación de esta ley a los siguientes principios: de necesidad, ya que expone de forma clara los motivos de su aprobación; de eficacia y proporcionalidad, al resultar el instrumento más adecuado para dar respuesta a la problemática expuesta y contener la regulación imprescindible para ello; de seguridad jurídica, ya que el texto normativo se inserta de forma coherente con el resto del ordenamiento jurídico; de transparencia, puesto que se posibilitará el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, al tiempo que en su preámbulo se definen claramente sus objetivos y su justificación; y de eficiencia, ya que evita cargas administrativas innecesarias y respeta la adecuada utilización de los recursos públicos. En la tramitación de la presente norma se ha cumplimentado el trámite de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración.
26. En este contexto nace la Ley del Principado de Asturias de Calidad Ambiental, como expresión jurídico-positiva de la política ambiental autonómica, en desarrollo de las competencias reconocidas al Principado de Asturias en virtud del artículo 11.5 de su Estatuto de Autonomía.
27. Esta ley se estructura en un título preliminar y seis títulos, con un total de ciento catorce artículos, nueve disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y seis finales.
28. El título preliminar recoge las disposiciones generales que permitirán a los órganos competentes y a los destinatarios de la norma tanto su correcta aplicación a través de la delimitación precisa de su objeto y de su ámbito de aplicación como su adecuada interpretación mediante la definición de aquellos conceptos que se consideran claves para el cumplimiento de la misma.
29. El título I está dividido en dos capítulos. En el primer capítulo se definen los derechos de los ciudadanos en materia de acceso a la información sobre el medio ambiente y se establecen las bases del sistema de información ambiental que dará cobertura a tales derechos. En el segundo capítulo se recoge la apuesta del Gobierno del Principado de Asturias por promover y garantizar la participación del público no solo en los procedimientos de intervención ambiental, sino también en la elaboración de planes, programas y disposiciones de carácter general relacionadas con el medio ambiente. Para tal fin se crea el Consejo de Medio Ambiente, órgano de participación con una nutrida y variada composición.
30. El título II regula una serie de instrumentos que pueden ser utilizados por los agentes económicos y sociales para contribuir con un mayor nivel de compromiso respecto a la protección del medio ambiente, la mejora de la calidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. Se trata de regular los acuerdos voluntarios público privados, la implantación de sistemas de gestión medioambiental o de instrumentos para la reducción de la huella de carbono, entre otros. En este título se contempla también la posibilidad de utilizar la fiscalidad ambiental para gravar el desarrollo de actividades que tienen una incidencia ambiental negativa y la compra pública verde para incentivar aquellos procesos y productos más sostenibles, promoviendo así la ecoinnovación y la economía circular.
31. En el título III, dividido en cinco capítulos, se regula la intervención administrativa para la protección de la calidad ambiental, desarrollando el régimen de la autorización ambiental integrada, ordinaria y simplificada, y el de la declaración responsable ambiental. El primer capítulo, de disposiciones generales, establece el ámbito de aplicación y el régimen competencial, y contempla, entre otras cuestiones, la confidencialidad sobre la documentación o la posibilidad por parte del titular de la actividad o instalación de solicitar información sobre los requisitos administrativos y técnicos del procedimiento de tramitación. El capítulo segundo identifica qué actividades deben someterse al régimen de autorización ambiental, y en el tercero se desarrollan las disposiciones comunes del procedimiento de tramitación de la autorización ambiental integrada ordinaria y de la autorización ambiental integrada simplificada. Se define el procedimiento para su otorgamiento, posible modificación, revisión o transmisión, así como los efectos del cese de la actividad y las obligaciones tras el cierre, entre otras cuestiones. El capítulo cuarto está dedicado al procedimiento de declaración responsable ambiental, regulando las obligaciones previas y la documentación a incluir ante el órgano sustantivo ambiental. El último capítulo está dedicado a la obligación de crear un registro de autorizaciones ambientales en el Principado de Asturias.
32. El título IV establece los mecanismos de coordinación entre las autorizaciones ambientales integradas y otros regímenes de evaluación ambiental de ámbito estatal o autonómico y con otras autorizaciones ambientales sectoriales de ámbito estatal, en particular con la autorización de vertido a dominio público hidráulico. Se dedica especial atención a la coordinación con la evaluación de impacto en la salud.
33. El título V, con dos capítulos, introduce el régimen de control e inspección ambiental, regulando las obligaciones de los titulares de actividades e instalaciones, así como el ejercicio y la planificación de la actividad inspectora en materia de medio ambiente. Se incluye la actividad de colaboración de los organismos de control ambiental y la necesaria colaboración interadministrativa.
34. En el título VI, finalmente, se regula el régimen de disciplina ambiental, comenzando por la definición y tipificación de infracciones y continuando por el establecimiento y graduación de las sanciones y el ejercicio de la potestad sancionadora. En el mismo se establecen las obligaciones de reparar el daño medioambiental y de indemnizar, y las ejecuciones forzosa y subsidiaria.
35. Las disposiciones adicionales versan sobre las referencias incluidas en la legislación del Principado de Asturias al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; a que todas las actividades e instalaciones existentes se someterán con la aprobación de la ley al régimen de comprobación, inspección y sanción; a los criterios de exención de la exigencia de garantías financieras; al número de identificación medioambiental; a la inclusión de condiciones acústicas para las actividades incluidas en el catálogo de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; a las compensaciones económicas a los ayuntamientos; al cálculo y reducción de la huella de carbono en la Administración; a la adhesión de la Administración al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales; y al lenguaje no sexista.
36. Las disposiciones transitorias versan sobre el régimen que resulta de aplicación a los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, así como a la adaptación de las instalaciones y actividades ya existentes a la misma.
37. La disposición derogatoria deja sin efectos el Decreto 99/1985, de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones con motivo de la aprobación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; así como suprime el Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias al contemplar esta ley la creación de un Consejo de Medio Ambiente con funciones similares. Igualmente suprime el artículo 45 bis del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.
38. Por último, las disposiciones finales, además de incluir el título competencial para la aprobación de la ley, contemplan modificaciones de diversas normas autonómicas, la autorización al Consejo de Gobierno para el desarrollo normativo de la ley y el establecimiento de plazos para la adecuación de las ordenanzas municipales. Las disposiciones finales segunda, tercera y cuarta modifican diversas leyes actualmente vigentes, en particular la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre Vertidos de Aguas Residuales Industriales a los Sistemas Públicos de Saneamiento, la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas, y, finalmente, la Ley del Principado de Asturias 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes.
Esta ley tiene por objeto establecer un marco procedimental y normativo a través del que se pueda garantizar una adecuada calidad ambiental en el Principado de Asturias. Para ello, las actividades susceptibles de producir molestias, alterar la calidad del medio ambiente u ocasionar riesgos o daños a la salud de las personas o al medio ambiente son sometidas a un régimen de intervención administrativa con el fin de evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, así como potenciar la implementación de medidas en materia de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y de desarrollo de la economía circular.
1. Esta ley es aplicable a las actividades e instalaciones, tanto públicas como privadas, que se desarrollen en el ámbito territorial del Principado de Asturias y que, por su incidencia ambiental, requieran de una autorización administrativa ambiental derivada, bien de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, bien de otras normativas estatales y/o autonómicas que les sean de aplicación, o que estén sujetas a evaluación de impacto ambiental, según la Ley 21/2013, con las excepciones que contemple la normativa básica estatal.
2. Asimismo, se aplica a las actividades e instalaciones que se desarrollen en el ámbito territorial del Principado de Asturias que, por su escasa incidencia ambiental, no requieran resolución expresa previa que habilite su ejercicio y para las que la normativa sectorial de carácter ambiental establezca únicamente un régimen de comunicación o declaración responsable.
3. El régimen jurídico ambiental contemplado en la presente ley no exime de la obtención de otras autorizaciones o de la formalización de comunicaciones o declaraciones que, para el ejercicio de determinadas actividades, vengan exigidas por la normativa de carácter sectorial no ambiental, en particular en materia urbanística, de aguas, de industria, de minería, de seguridad, de turismo, de salud, educativa, de patrimonio histórico o cultural, laboral y comercial.
4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos a la pública concurrencia sujetos a la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que se regirán por su normativa específica.
5. Asimismo, se excluyen de la presente ley las actividades comerciales minoristas y la prestación de servicios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, o norma que la sustituya.
Los fines de la presente ley son:
a) Obtener un alto nivel de protección del medio ambiente mediante la utilización de los instrumentos necesarios para prevenir, reducir, corregir y controlar los efectos de las actividades con incidencia ambiental.
b) Contribuir a hacer efectivo el desarrollo sostenible mediante un sistema de intervención administrativa ambiental que armonice el desarrollo económico y social con la protección del medio ambiente en línea con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas.
c) Agilizar y simplificar los procedimientos de intervención administrativa ambiental, para lo cual la presente ley contempla las siguientes actuaciones:
1.º Limitar las autorizaciones medioambientales a los supuestos justificados por razones de interés general, conforme a criterios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, habida cuenta de los riesgos y peligros que para el medio ambiente y la salud se derivarían de la inexistencia de un controla priori.
2.º Remitir al régimen de declaración responsable ambiental las actividades sobre las que, dada su menor incidencia ambiental, pueda efectuarse un controla posteriori.
d) Coordinar los procedimientos de intervención administrativa de autorización ambiental con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, impulsando las medidas de colaboración necesarias entre los distintos órganos y Administraciones competentes en la ordenación de actividades con incidencia ambiental.
e) Establecer mecanismos adecuados de control, seguimiento e inspección para el aseguramiento del cumplimiento de la normativa ambiental, la eficacia de las medidas correctoras impuestas y la reparación o compensación de los daños causados al medio ambiente.
f) Potenciar la utilización por el sector industrial y la sociedad en general de los instrumentos y mecanismos voluntarios para el ejercicio de una responsabilidad compartida que mejore la calidad ambiental y contribuya a la lucha contra el cambio climático.
g) Fomentar la transparencia ambiental a través del intercambio y la difusión de la información ambiental, facilitando el acceso a la misma.
h) Promover la participación de la ciudadanía mediante acciones de educación ambiental y concienciación para la protección y mejora del medio ambiente.
i) La protección de la legalidad y restauración de la legalidad ambiental cuando sea incumplida y la reparación de los daños causados al medio ambiente.
Los principios que inspiran esta ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son los siguientes:
a) Cautela y acción preventiva, corrección de la contaminación en su fuente y el principio de «quien contamina paga».
b) Acceso a la información, la transparencia y la participación de la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
c) Impulso a un uso eficiente de los recursos, facilitando la transición ecológica hacia una economía limpia, descarbonizada y circular.
d) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.
e) Adaptación de las instalaciones y actividades a la innovación y al progreso técnico para la protección del medio ambiente.
f) Agilidad, simplificación procedimental y reducción de cargas administrativas.
A los efectos de esta ley, se entenderá por:
1. Actividad: proceso o explotación que se lleva a cabo en una determinada instalación industrial, energética, ganadera, minera o en establecimiento comercial, de servicios, almacenes u otros, de titularidad pública o privada, o que, no llevándose a cabo en una instalación, conforme a la normativa ambiental sectorial que resulte de aplicación, esté sujeta a algún régimen de intervención administrativa.
2. Actividades de menor incidencia ambiental: las que no requieren autorización ambiental integrada ordinaria ni autorizaciones ambientales sectoriales ni evaluación de impacto ambiental ordinaria, estando únicamente sometidas a un régimen de comunicación ambiental o declaración responsable.
3. Actividades de incidencia ambiental moderada: las que, no estando incluidas en el anexo I de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, requieren evaluación de impacto ambiental ordinaria o una autorización ambiental sectorial en materia de agua, aire, suelo o residuos conforme a la normativa estatal o autonómica.
4. Actividades de mayor incidencia ambiental: las contempladas en el anexo I de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, o normativa que la sustituya.
5. Autorización ambiental integrada: la resolución escrita del órgano competente en materia de medio ambiente de la Administración del Principado de Asturias por la que se permite, a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta ley. Tal autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación.
6. Autorización ambiental sectorial: la autorización administrativa u otro medio de intervención ambiental previa a que están sometidas las actividades o instalaciones, legal o reglamentariamente, para su establecimiento o funcionamiento, de conformidad con la normativa ambiental sectorial, estatal o autonómica en materia de aire, ruido, agua, suelo o residuos que les sean de aplicación.
7. Autorización sustantiva: la autorización administrativa u otro medio de intervención previa a que están sometidas las industrias o instalaciones industriales, legal o reglamentariamente, para su establecimiento o funcionamiento, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, o norma que la sustituya, y en particular las autorizaciones, las declaraciones responsables o las comunicaciones establecidas en las siguientes normas: Ley 24/2013, de 23 de diciembre, del Sector Eléctrico; Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; y en el capítulo IV de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, así como las autorizaciones establecidas en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, o normas que las sustituyan.
8. Comunicación ambiental: documento mediante el cual los interesados ponen en conocimiento de la Administración competente sus datos identificativos y cualquier otro dato relevante establecido en la normativa que resulte de aplicación en el régimen al que se someten determinadas actividades en virtud de una norma ambiental de carácter sectorial, en concreto en lo que se refiere a residuos y suelos contaminados y emisiones a la atmósfera.
9. Contaminación: la introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente.
10. Control ambiental periódico: actuación llevada a cabo por el titular de una instalación, con sus medios o por medio de un organismo de control ambiental, que tiene por finalidad comprobar el cumplimiento de los requerimientos establecidos para el seguimiento de la autorización ambiental integrada con la periodicidad exigida en la misma.
11. Declaración responsable ambiental: régimen al que se someten determinadas actividades e instalaciones de menor incidencia ambiental y que requieren la presentación de un documento suscrito por el titular de la actividad, en el que pone en conocimiento de la Administración competente que va a iniciar la actividad y manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental para su ejercicio, que posee la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo que dure dicho ejercicio.
12. Emisión: la expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la instalación.
13. Incidencia ambiental: es la repercusión que sobre el medio ambiente tiene una determinada actividad.
14. Inspección ambiental: toda acción llevada a cabo por la autoridad competente o en nombre de esta para comprobar, fomentar y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad ambiental, así como la adecuación de las instalaciones a las condiciones de las autorizaciones ambientales, comunicaciones y declaraciones responsables, y controlar, en caso necesario, su repercusión ambiental. Se incluyen en esta definición, entre otras acciones, las visitasin situ, la medición de emisiones, la comprobación de informes internos y documentos de seguimiento, la verificación de autocontroles, la comprobación de técnicas usadas y la adecuación de la gestión ambiental de la instalación. El fin de la inspección es garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental de las actividades o instalaciones bajo el ámbito de aplicación de esta norma.
15. Instalación: una unidad técnica fija, dentro de la cual se lleven a cabo una o más de las actividades a las que resulte de aplicación la presente ley, así como cualesquiera otras actividades en el mismo emplazamiento directamente relacionadas con aquellas que guarden relación de índole técnica y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.
16. Intervención administrativa: la actividad administrativa de control preventivo de las actividades, manifestada mediante la concesión de autorizaciones, licencias u otros permisos previos para el ejercicio de una actividad, así como la actividad administrativa de control posterior al inicio de la actividad.
17. Intervención ambiental: la intervención administrativa a que se someten determinadas actividades en virtud del ordenamiento jurídico ambiental.
18. Mejores técnicas disponibles (MTD): la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y otras condiciones de la autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas. Para su determinación se deberán tomar en consideración los aspectos que se enumeran en el anexo 4 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. A estos efectos, se entenderá por:
– «Técnicas», la tecnología utilizada, junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada o paralizada.
– «Disponibles», las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del correspondiente sector, en condiciones económicas y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en España como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
– «Mejores», las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas.
19. Modificación no sustancial: cualquier modificación de las características o del funcionamiento, o de la extensión de la instalación, que, sin tener la consideración de sustancial, pueda tener consecuencias en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
20. Modificación sustancial: cualquier modificación realizada en una instalación que, de acuerdo con el criterio del órgano competente para otorgar el correspondiente instrumento de intervención y conforme a los criterios establecidos en la presente ley, pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en las personas y el medio ambiente.
21. Órgano ambiental: el órgano estatal o autonómico competente para la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos.
22. Órgano sustantivo ambiental: el órgano de la Administración pública competente para otorgar la autorización ambiental integrada o, en su caso, controlar la actividad sujeta a declaración responsable ambiental.
23. Órgano sustantivo: el órgano de la Administración pública que ostenta las competencias para adoptar o aprobar un plan o programa o para autorizar un proyecto que deba someterse a evaluación de impacto ambiental.
24. Personas interesadas: todas aquellas en quienes concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), así como cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 27/2006, o norma que la sustituya.
25. Plan de inspección ambiental: el conjunto de objetivos y actuaciones definidas por las autoridades de inspección, a lo largo de un determinado periodo de tiempo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas por la legislación ambiental aplicable.
26. Proyecto de investigación, desarrollo e innovación: aquellos proyectos que tengan por objeto el estudio o la experimentación de nuevas tecnologías o procesos y que cuenten con una evaluación positiva obtenida en una convocatoria pública de ayudas a la investigación o que aporten el correspondiente certificado de actividad deI+D+iotorgado por un organismo acreditado.
A los efectos de lo establecido en la presente ley, estos proyectos tendrán una duración determinada, que será la fijada en la propia convocatoria de ayudas o, en su defecto, la que se determine en el correspondiente certificado de actividad de I+D+i.
27. Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.
28. Restauración de la legalidad ambiental: conjunto de acciones y procedimientos que tienen por objeto ajustar a la legalidad todas aquellas actuaciones con incidencia ambiental consideradas ilegales, por carecer de licencia, autorización, declaración responsable o comunicación previa o por no ajustarse a las otorgadas o solicitadas, respectivamente.
29. Técnico competente: persona que posee las titulaciones académicas y profesionales habilitantes, de conformidad con la normativa de aplicación, y la formación específica en los contenidos técnicos incluidos en esta ley.
30. Titular: cualquier persona física o jurídica que explote total o parcialmente, o posea, la instalación o que sea promotora del proyecto, de acuerdo con la definición del mismo dada por la Ley 21/2013.
De conformidad con lo establecido en la Ley 27/2006, la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería competente en materia de medio ambiente, y sus organismos, entes, entidades, fundaciones y empresas públicas, deberán garantizar el derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente que obre en su poder en la forma y términos que establezca la normativa estatal básica, a cuyo fin deberán disponer de los servicios y herramientas de información necesarios.
1. De conformidad con la normativa estatal básica, la Consejería con competencia en materia de medio ambiente elaborará y publicará anualmente un informe de coyuntura sobre el estado del medio ambiente en el Principado de Asturias y cada cuatro años un informe de carácter integral. Este informe incluirá datos sobre la calidad del medio ambiente y las presiones que este sufra, incluidos los relativos al consumo y urbanización de suelo, así como un sumario no técnico que sea comprensible para el público.
2. Reglamentariamente se regulará en detalle el contenido de cuestiones como pueden ser, entre otras, las pautas y contenidos que deberán ser objeto de análisis; el contenido de cada clase de informe; los índices, parámetros y actividades y usos objeto de estudio, así como los ámbitos territoriales y medios naturales o urbanos, que serán objeto de análisis en los informes referidos en el apartado primero del presente artículo.
1. La Administración del Principado de Asturias garantizará el correcto ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental que obre en su poder o en el de otros sujetos que la posean en su nombre y facilitará su difusión y puesta a disposición del público de la manera más amplia, sistemática y tecnológicamente avanzada, garantizando la igualdad de acceso, la accesibilidad universal y la reutilización de los datos públicos.
2. La difusión de la información ambiental por parte de las autoridades públicas se realizará según lo establecido en la legislación europea vigente en materia de acceso al público a la información medioambiental y en su normativa de transposición al ordenamiento jurídico estatal y autonómico.
1. La Administración del Principado de Asturias dispondrá de un sistema de información ambiental de acceso público que tenga por objeto la integración de la información ambiental para facilitar su acceso y utilización en la gestión, la investigación, la difusión pública y la toma de decisiones en materia de medio ambiente. El sistema de información ambiental estará disponible en el portal de medio ambiente Red Ambiental de Asturias (RAMAS), alojado en la web oficial del Principado de Asturias.
2. Para garantizar el flujo de la información ambiental disponible, la Consejería competente en materia de medio ambiente fomentará políticas de colaboración con otras Administraciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones sociales, entre otros, con el fin de integrar y coordinar, en su caso, los sistemas de información existentes.
De conformidad con lo establecido en la legislación estatal básica, el sistema de información ambiental tendrá, al menos, los contenidos siguientes:
a) Un informe basado en indicadores sobre el estado y calidad de las aguas, el aire, el suelo, el cambio climático y el medio natural en el territorio del Principado de Asturias.
b) Los planes y programas de gestión ambiental y demás actuaciones públicas de protección ambiental o que tengan o puedan tener incidencia sobre los elementos y condiciones del medio ambiente.
c) Los principales focos de emisiones contaminantes, los índices de inmisión y de exposición de la población a la contaminación.
d) Las autorizaciones ambientales integradas, los valores límite de emisión autorizados y las demás condiciones establecidas en las mismas, así como las mejores técnicas disponibles.
e) Las declaraciones ambientales estratégicas y los informes ambientales estratégicos respecto de los planes y programas que afecten al territorio del Principado de Asturias, así como las declaraciones e informes de impacto ambiental emitidas por el órgano ambiental de la comunidad autónoma.
f) Los planes y programas de inspección ambiental y sus memorias de actuación, así como los resultados de inspección ambiental de las actividades e instalaciones que se establezcan en esta ley.
g) La lista de autoridades públicas ambientales en cuyo poder obre la información ambiental.
Las solicitudes de información ambiental se tramitarán de conformidad con lo establecido en los artículos 10 a 12 de la Ley 27/2006.
1. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá y garantizará la participación del público interesado y del público en general en los procedimientos de intervención ambiental y en la elaboración, modificación, revi