Categoría: Energía y Medio Ambiente

cambio de modelo energético; y servir como referente para otras zonas de la Unión Europea, con la necesaria implicación de los actores económicos y profesionales y del mundo científico y académico, y con la participación ciudadana.
1. Las administraciones públicas y los entes del sector público de las Illes Balears velarán conjuntamente para que se avance progresivamente a fin de que en el año 2030 se consigan los objetivos específicos siguientes, plasmados en la Estrategia Menorca 2030, sin perjuicio de los objetivos más ambiciosos que pueda adoptar el Consejo Insular de Menorca o que le vengan impuestos de instancias nacionales e internacionales:
a) Cubrir por medio de fuentes renovables el 85 % de la demanda de energía eléctrica.
b) Reducir el 50 % del consumo de combustibles fósiles en el transporte terrestre con respecto a los índices correspondientes al año 2013.
c) Reducir el 30 % del consumo de combustibles fósiles para usos térmicos en los sectores servicios, residencial e industrial con respecto a los índices correspondientes al año 2013.
d) Reducir el 10 % del consumo de gasóleo B en el sector primario con respecto a los índices correspondientes al año 2013.
2. Para conseguir estos objetivos se potenciará la incorporación de sistemas de redes inteligentes y la incorporación de tecnología digital, la automatización y la gestión de la demanda para integrar la energía renovable distribuida en las redes. Serán aplicables las previsiones de esta ley y las correspondientes normas y medidas de incentivo y fomento de ámbito europeo, nacional, autonómico y local.
3. Cuando se llegue al horizonte temporal de 2030, el Consejo Insular de Menorca tendrá que hacer público un balance sobre el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el apartado 1 anterior, y se tendrán que renovar o establecer nuevos objetivos por periodos de diez años en el marco de las obligaciones generales que se determinen en la Unión Europea.
1. La Oficina de la Energía Menorca 2030 tiene por objetivo, como agente facilitador, impulsar la aplicación de la Estrategia Menorca 2030.
2. Las funciones de la Oficina respecto a particulares, empresas, profesionales y entidades públicas son las siguientes:
a) Actuar como interlocutor y centro de referencia de todas las cuestiones relacionadas con la Estrategia Menorca 2030.
b) Prestar asesoramiento informativo sobre la implantación de medidas de ahorro y de eficiencia energética, instalaciones de energía renovable, movilidad eléctrica, consumo energético, contratos de suministro y otras.
c) Prestar asesoramiento legal, administrativo y técnico sobre la implantación de instalaciones de autoconsumo.
d) Prestar asesoramiento informativo sobre convocatorias de ayudas y subvenciones relacionadas con la implantación de instalaciones de energía renovable, rehabilitación de edificios, eficiencia energética, movilidad libre de emisiones, lucha contra el cambio climático y otras.
e) Abrir convocatorias de ayudas y subvenciones en instalaciones de energías renovables estratégicas, así como complementar líneas en instalaciones de energías renovables abiertas por otras administraciones, siempre que los beneficiarios sean personas físicas o pequeñas empresas, preferentemente de capital local.
f) Realizar las tareas de ventanilla de tramitación de las peticiones de instalaciones de autoconsumo y de las subvenciones de la ciudadanía ante el Consejo Insular y el Gobierno de las Illes Balears en materia de energía y cambio climático.
g) Dar asistencia y apoyo técnico a los ayuntamientos en la tramitación de proyectos, ayudas y subvenciones.
h) Fomentar las comunidades energéticas como formas cooperativas de producción y consumo de energía.
i) Organizar actividades de formación en materia energética.
j) Prestar asesoramiento informativo sobre la reducción de la contaminación lumínica.
k) Llevar a cabo actuaciones de sensibilización, divulgación y difusión, dirigidas a la ciudadanía y a las empresas, relacionadas con la Estrategia Menorca 2030.
l) Impulsar la ejecución de proyectos relacionados con la Estrategia Menorca 2030 y presentar candidaturas a proyectos financiables.
m) Generar informes de seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Menorca 2030.
n) Llevar a cabo otras funciones que puedan contribuir a hacer efectivos los objetivos plasmados en la Estrategia Menorca 2030 y en las correspondientes disposiciones aplicables.
Las administraciones públicas y los entes del sector público de Menorca, en la medida de lo posible y con excepción de los generadores de emergencia en servicios esenciales, se proveerán de energía eléctrica renovable a través de instalaciones de autoconsumo o de contratos con productores de energía renovable. Estas entidades preverán la sustitución progresiva de los equipamientos ubicados en edificios de su titularidad que hagan uso de energías fósiles por otros que funcionen con energías de origen renovable.
A fin de garantizar el buen estado cualitativo y cuantitativo de las aguas superficiales y subterráneas de la isla, las políticas de los poderes públicos, independientemente de quien tenga las competencias en cada caso, se aplicarán de acuerdo con los objetivos siguientes, en el marco de la regulación comunitaria, estatal, autonómica, insular y municipal, y en particular de la planificación hidrológica vigente en cada momento:
a) Lograr, en el plazo más breve posible, el buen estado ecológico y químico de las masas de agua superficial y el buen estado químico y cuantitativo de las masas de agua subterránea, y mantenerlos.
b) Garantizar la protección adecuada de los acuíferos, la recuperación de las zonas sobreexplotadas y la reducción progresiva de la concentración en los acuíferos de cualquier contaminante derivada de la actividad humana.
c) Garantizar la calidad y la cantidad del agua suministrada para cada uso.
d) Garantizar el equilibrio sostenible entre la extracción de los recursos del acuífero y su recarga.
e) Regular la explotación de los acuíferos afectados por la intrusión salina con el fin de recuperar su buen estado cualitativo.
f) Fomentar el ahorro en el consumo de agua mediante la promoción de medidas técnicas, políticas y económicas que incentiven el consumo razonable y penalicen su uso desmesurado. El Consejo Insular, en coordinación con los ayuntamientos, promoverá la redacción de un pacto por el agua donde se establecerán las limitaciones necesarias respecto al uso de los recursos hídricos de la isla para garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga de los acuíferos.
g) Potenciar la regeneración y la reutilización de las aguas residuales depuradas, impulsando la colaboración pública con la gestión de las comunidades de regantes e incorporando sistemas de tratamiento adecuados para el efectivo cierre del ciclo del agua.
h) Prevenir el deterioro y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y de las zonas húmedas.
i) Promover la difusión y la transparencia de toda la información técnica, económica y ambiental del ciclo integral del agua, y hacerla accesible a la ciudadanía.
j) Impulsar comunidades de usuarios de los acuíferos de Menorca para crear mecanismos de colaboración y participación en las iniciativas de gestión de los recursos hídricos.
k) Fomentar el aprovechamiento directo del agua de lluvia en la rehabilitación y la nueva construcción de edificios e instalaciones de titularidad pública y privada.
l) Asegurar la recuperación y el buen estado de las aguas costeras.
m) Garantizar la recuperación de costes en la gestión del ciclo integral del agua y aplicar el principio de «quien contamina, paga».
1. Los titulares y los gestores del servicio, con independencia de su naturaleza pública, privada o mixta, llevarán a cabo las acciones adecuadas para reducir al mínimo posible las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento de agua potable en baja como servicio público de su titularidad. A tal efecto, la entidad pública o privada encargada de prestar el servicio revisará las redes, sustituirá las que estén en mal estado y se dotará de dispositivos de medida que puedan detectar con facilidad los tramos con pérdidas. En todo caso, el porcentaje de pérdidas no puede superar lo establecido en la planificación hidrológica vigente.
2. En caso de urbanizaciones con redes de abastecimiento de agua no recibidas por los ayuntamientos, las entidades titulares –o prestadoras– son las responsables de llevar a cabo las actuaciones mencionadas en el punto anterior, bajo supervisión de los ayuntamientos.
En caso de construcción de nuevas viviendas y alojamientos turísticos, de reforma integral o ampliación de los ya existentes, de cambio de uso de edificios para destinarlos a alojamientos turísticos, incluidos los alojamientos rurales y los hoteles de ciudad, y de construcción de viviendas residenciales en régimen de alojamiento turístico, se implantarán las medidas de ahorro y uso eficiente del agua que prevé el Plan Territorial Insular.
Se tiene que potenciar la construcción de segundas redes de agua en los municipios. Las nuevas construcciones y los proyectos de mejora de infraestructuras públicas incorporarán una red alternativa a la red de agua potable para la distribución de agua regenerada o procedente de cisternas públicas hasta los grandes consumidores para usos no potables como riego de jardines, limpieza de viales y otros usos ornamentales o deportivos, entre otros. Los particulares podrán solicitar la pertinente acometida de agua para usos complementarios a los convencionales.
1. Sin perjuicio de las medidas de fomento previstas en la planificación hidrológica vigente referidas a la modernización de los sistemas de riego, a la reutilización de aguas regeneradas, al aprovechamiento de aguas pluviales o a la aplicación de prácticas contra la contaminación difusa, las explotaciones agrarias harán un uso eficiente del agua. En este sentido, solo se pueden declarar y registrar nuevos cultivos de regadío si se utilizan exclusivamente aguas pluviales o aguas residuales depuradas o regeneradas y se usan sistemas de riego eficientes. Se evitará en todo caso el riego por aspersión a cielo abierto en las horas de máxima insolación entre los meses de mayo y septiembre, ambos incluidos, a excepción de riegos puntuales de apoyo en caso de sequía y siempre que se haga con aguas pluviales o aguas residuales depuradas o regeneradas.
2. Quedan exentos de las prescripciones anteriores los cultivos de huerta o leñosos, que en todo caso usarán sistemas de riego eficientes.
1. Los titulares y los gestores del servicio, con independencia de su naturaleza pública, privada o mixta, llevarán a cabo las acciones adecuadas para reducir al mínimo las pérdidas de agua en las redes de saneamiento. A tal efecto, la entidad encargada de prestar el servicio revisará las redes, sustituirá las que estén en mal estado y se dotará de dispositivos de medida que puedan detectar con facilidad los tramos con pérdidas. En todo caso, el porcentaje de pérdidas no puede superar lo establecido en la planificación hidrológica vigente.
2. Las redes de saneamiento de nueva construcción garantizarán una correcta separación de las aguas pluviales y residuales en origen, precepto que se aplicará a la renovación de las redes unitarias o mixtas existentes.
3. Se fomentará el aprovechamiento de las aguas pluviales y la implantación de sistemas de drenaje urbano sostenible para evitar la escorrentía superficial y favorecer la infiltración y la recarga de los acuíferos.
4. Las redes de saneamiento dispondrán de sistemas de retención de contaminantes, como por ejemplo sedimentos, hidrocarburos o residuos sólidos, a fin de minimizar la afección al medio.
5. Tanto en los edificios de nueva construcción, como cuando se ejecuten reformas integrales, se fomentará el aprovechamiento de las aguas pluviales y se evitará que se mezclen con las aguas residuales antes de la conexión a la red de saneamiento.
6. Las administraciones municipales, insular o autonómica, según el caso y la distribución competencial, supervisarán el cumplimiento de estas medidas.
7. Todas las administraciones, en el ámbito de sus competencias, deberán controlar la calidad del agua residual en la red de saneamiento y/o en la entrada a las instalaciones de tratamiento, de acuerdo con las previsiones de las ordenanzas municipales, los reglamentos y la planificación hidrológica vigentes, así como establecer las medidas pertinentes para lograr los objetivos marcados por la normativa a tal efecto.
1. Con el fin de llevar un control efectivo y periódico del funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales existentes en Menorca, tanto de titularidad privada como de titularidad pública, y minimizar la afección de sus efluentes en el medio, los titulares de estas instalaciones remitirán anualmente a los ayuntamientos respectivos y al Consejo Insular un informe en el que conste, como mínimo, el caudal de aguas residuales tratadas, los resultados de los controles analíticos hechos y el caudal de aguas residuales reutilizadas, en su caso. Este informe deberá remitirse en el primer trimestre del año.
2. La periodicidad de los controles analíticos, así como los parámetros a controlar, serán, como mínimo, los que establezcan la normativa sectorial y la planificación hidrológica vigente.
3. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales a las que se refiere el apartado 1 de este artículo son las diseñadas con una capacidad igual o superior a 12 habitantes equivalentes, independientemente de que sean de titularidad privada o pública y que traten aguas residuales domésticas, industriales o de cualquier otra actividad económica.
4. La información relativa al funcionamiento de las instalaciones a la que se refiere el apartado 1 de este artículo será accesible a la ciudadanía.
5. Las administraciones municipales, insular o autonómica, según el caso y la distribución competencial, supervisarán el cumplimiento de estas medidas.
1. La Agenda Urbana de Menorca se concibe como el conjunto de actuaciones y políticas públicas, incluido un plan de acción, que se pondrán en práctica para conseguir que las ciudades, los pueblos y los hábitats urbanos de Menorca sean más sostenibles, inclusivos, seguros, resilientes e inteligentes tecnológicamente hablando, de acuerdo con las directrices establecidas en la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas, en la Agenda Urbana de la Unión Europea y en la Agenda Urbana Española.
2. En este marco, la Agenda Urbana de Menorca cumplirá los siguientes objetivos estratégicos:
a) Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo.
b) Evitar la dispersión urbana y revitalizar las ciudades y los hábitats urbanos existentes.
c) Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.
d) Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular.
e) Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.
f) Fomentar la cohesión social y buscar la equidad territorial.
g) Impulsar y favorecer la economía urbana.
h) Fomentar el acceso a la vivienda.
i) Fomentar la innovación digital.
j) Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.
1. Las administraciones públicas y los entes del sector público de las Illes Balears, el Consejo Insular de Menorca y especialmente los ayuntamientos de Menorca, con la participación de la ciudadanía y de los actores privados, atendiendo a los principios inspiradores establecidos en el artículo 5 de esta ley y de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan Territorial Insular, impulsarán la implementación coordinada de los instrumentos y las actuaciones que sean necesarios para materializar los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana de Menorca que se reflejan en el artículo anterior.
2. Los indicadores de seguimiento y evaluación asociados a los objetivos estratégicos y específicos son los que prevén las respectivas agendas urbanas y, en su caso, el plan de acción que será aprobado por el Consejo Insular de Menorca.
1. El Consejo Insular de Menorca, en el marco de sus competencias, elaborará y aprobará un plan director sectorial para la ordenación del litoral que se extienda desde el límite interior de la zona de influencia prevista en la legislación estatal de costas hasta el límite exterior de las aguas costeras, definidas por la legislación estatal de aguas. Quedará fuera de su ámbito la zona de servicio del puerto de Maó.
2. El Plan director sectorial para la ordenación del litoral tendrá como finalidades incrementar la protección de su integridad; racionalizar las actuaciones y los usos que se pretendan llevar a cabo atendiendo a las interacciones entre tierra y mar y la no superación de la capacidad de carga de las playas, las calas y los espacios marinos; garantizar la conservación efectiva de la posidonia; conseguir y mantener el buen estado ambiental y ecológico del medio marino; garantizar el uso público de los bienes de dominio público marítimo-terrestre y evitar los conflictos que puedan producirse; y prevenir y reducir los vertidos de residuos y sustancias de tierra al medio marino. Sus determinaciones serán vinculantes para las intervenciones de iniciativa privada y para las decisiones que adopten las administraciones públicas competentes, sin perjuicio de las competencias del Estado en materia de dominio público marítimo-terrestre y de protección y ordenación del espacio marítimo.
3. El Plan director sectorial para la ordenación del litoral deberá contener las determinaciones necesarias para satisfacer sus finalidades y, aparte de las señaladas en el Plan Territorial Insular, las siguientes:
a) Ordenación de los anclajes.
b) Determinación de la capacidad de carga de las playas y calas y de sus aguas costeras, así como otros espacios costeros y litorales en los que se prevea una importante afluencia de personas o de embarcaciones.
c) Si procede, criterios adicionales a los establecidos en el Decreto 25/2018, de 27 de julio, o la norma que lo sustituya, para la implantación de instalaciones de anclaje de bajo impacto sobre fondo de posidonia, así como la catalogación de praderas de alto valor y de praderas a regular adicionales a las catalogadas en el mencionado decreto.
d) Criterios y prioridades para resolver las solicitudes de otorgamiento de nuevas concesiones de ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre y de prórroga de las concesiones vigentes, incluidos los criterios de gradación de los plazos máximos de otorgamiento y prórroga.
e) Criterios de distribución y limitación de instalaciones y servicios de temporada en las playas.
f) Actividades susceptibles de ser autorizadas en las playas como consecuencia de las fiestas de relevancia local, de acontecimientos deportivos, culturales de interés general con repercusión turística u otras ocupaciones mediante instalaciones desmontables.
g) Establecimiento de medidas de adaptación de la costa a los impactos del cambio climático.
h) Criterios para la implantación y la explotación de espacios e instalaciones de hibernación de embarcaciones.
i) Establecimiento de las circunstancias en que se debe realizar su revisión.
4. Las determinaciones anteriores lo son sin perjuicio de las previstas en la normativa sobre costas y de las incluidas en los planes y las directrices de protección y ordenación de espacios naturales protegidos concretos, que pueden tener un carácter más restrictivo.
5. El Consejo Insular de Menorca elaborará, tramitará y aprobará definitivamente el plan en el plazo máximo de tres años desde la transferencia de los medios materiales y personales de la competencia de litoral rústico y de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 13.1 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial.
6. El Consejo Insular de Menorca creará mesas de participación con funciones consultivas en la elaboración y el seguimiento del Plan director sectorial para la ordenación del litoral de Menorca. En estas mesas se contará con la participación de personas en representación, como mínimo, de las entidades públicas y privadas siguientes: Autoridad Portuaria de las Illes Balears, Puertos de las Illes Balears, Demarcación de Costas de las Illes Balears, consejería competente en materia de transporte marítimo, empresas náuticas, organizaciones de conservación, instituciones de investigación y entidades de protección del patrimonio marítimo.
En el marco de lo que prevén la normativa sobre protección del medio marino, del patrimonio natural y de la biodiversidad, la de ordenación del espacio marítimo y la Estrategia Marina de la Demarcación Levantina-Balear, la planificación, la gestión y la utilización de la zona marina comprendida en el ámbito de esta ley, tendrán como objetivos conseguir y mantener el buen estado ambiental y ecológico del medio marino, la protección, la conservación, la restauración y la mejora de la biodiversidad y de los hábitats naturales, y el uso sostenible de los recursos.
1. Los poderes públicos salvaguardarán, promoverán, difundirán, fomentarán y potenciarán la valoración social y cultural de los diferentes elementos y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial propio de Menorca en cuanto que configuran y definen la identidad colectiva del pueblo de Menorca y de los grupos sociales que lo forman. El Consejo Insular de Menorca impulsará la declaración como bienes de interés cultural inmaterial de las manifestaciones más representativas de este patrimonio en la isla tales como la toponimia, las tradiciones y expresiones orales, el glosat, las fiestas y los bailes tradicionales, la canción popular, los procesos y las técnicas artesanas o la gastronomía, de acuerdo con lo que prevé la Ley 18/2019, de 8 de abril, de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.
2. Queda salvaguardada la toponimia menorquina, como manifestación muy significativa del patrimonio cultural inmaterial y por su utilidad como herramienta de información geográfica. Los poderes públicos velarán por su mantenimiento y fomentarán su recogida y tratamiento.
1. Con el objetivo de avanzar en la educación para la sostenibilidad, entendida como un proceso permanente y participativo de aprendizaje y de fomento del sentido ético y cívico de la corresponsabilidad ambiental y de lealtad hacia las generaciones futuras, la administración educativa y el Consejo Insular de Menorca colaborarán con la finalidad de facilitar la formación permanente del profesorado que imparte docencia en los centros educativos de Menorca y la integración en el proyecto educativo de los centros docentes de Menorca de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores referidos a cualquier de los principios que deben inspirar la protección, la ordenación y la gestión de Menorca como reserva de biosfera relacionados en el artículo 5 de esta ley, y ponerlos en relación con los respectivos objetivos de desarrollo sostenible, con independencia de los proyectos ambientales concretos que puedan ejecutar.
2. La previsión del apartado anterior lo es sin perjuicio de la posible adhesión del centro educativo respectivo al correspondiente programa insular o interinsular de centros educativos sostenibles, de las actividades no formales ofrecidas por los organismos y las instituciones públicas y privadas correspondientes, así como de la aplicación de las previsiones sobre educación, formación, capacidad y ocupación sobre el cambio climático establecidas en la legislación estatal y autonómica sobre cambio climático y transición energética.
3. La administración educativa, en colaboración con el Consejo Insular de Menorca, estudiará la creación de un módulo específico sobre Menorca Reserva de Biosfera en los ciclos formativos más relacionados con la sostenibilidad impartidos en los centros de formación profesional de Menorca, como por ejemplo cocina y gastronomía, hostelería y turismo, jardinería, producción agroecológica, producción agropecuaria o conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural. Asimismo, estudiará la viabilidad de implantar ciclos formativos y cursos de formación para personas adultas sobre oficios tradicionales como los de mampostero, aperador o calafate.
4. La administración educativa y el Consejo Insular de Menorca colaborarán igualmente con los colegios y las asociaciones profesionales para mejorar la formación de los profesionales de la educación en materia de sostenibilidad.
5. A los efectos de la colaboración prevista en los apartados 1, 3 y 4 de este artículo podrán suscribirse los protocolos y los convenios necesarios.
6. Las administraciones públicas competentes habilitarán anualmente los recursos económicos necesarios para incentivar la educación para la sostenibilidad en los centros escolares y para llevar a cabo la educación sostenible de tiempo libre.
Sin perjuicio de las demás funciones que tiene encomendadas, el Instituto Menorquín de Estudios liderará la investigación de excelencia sobre Menorca Reserva de Biosfera, puesta al servicio del desarrollo sostenible de Menorca y de la atracción de talento, que genere un conocimiento que permita interactuar y aportar soluciones a las administraciones y a la sociedad a través especialmente de la diversificación de la investigación, la colaboración con otras instituciones y grupos de investigación, la formación de personal investigador, el reforzamiento de la profesionalización y la potenciación de las publicaciones.
1. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y las administraciones públicas de Menorca, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para prevenir y vigilar la contaminación atmosférica, referida a los seis principales contaminantes (CO2, SO2, NO2, O3, PM2,5, PM10) con estaciones de medida tanto fijas como móviles. Deberá mantener y, si procede, mejorar la calidad del aire de Menorca, velar para que la misma se mantenga dentro de los límites legales establecidos, y cumplir los objetivos que se establezcan de conformidad con lo que dispone la normativa de calidad del aire y protección de la atmósfera. Cuando se sobrepasen los objetivos de calidad del aire o haya un riesgo de que esto pase, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar o reducir la contaminación.
2. El Consejo Insular de Menorca y los ayuntamientos respectivos realizarán el seguimiento de la aprobación y la aplicación de las medidas de reducción de la contaminación atmosférica contenidas en los planes de sostenibilidad de los puertos menorquines de competencia autonómica y de la implantación de medidas para reducir las emisiones asociadas a las actividades portuarias en el puerto de Maó.
1. Las administraciones a que hace referencia el artículo anterior, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con la normativa de calidad del aire y protección de la atmósfera, adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el público en general y las entidades interesadas, como por ejemplo las organizaciones ecologistas, empresariales, sindicales, de consumidores y sanitarias, reciban información adecuada y oportuna sobre la calidad del aire de las zonas a que hace referencia el artículo siguiente. Esta información se suministrará de forma clara, entendedora y actualizada a través de medios de difusión fácilmente accesibles, incluido Internet, pero también a través de pantallas informativas en los puntos más sensibles de isla. También se harán públicos los estudios sobre calidad del aire y salud que se encarguen.
2. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears informará periódicamente a la población del nivel de contaminación, y de manera específica cuando se sobrepasen los objetivos de calidad del aire.
1. Las administraciones a que hacen referencia los artículos anteriores evaluarán periódicamente la calidad del aire de Menorca a través de las correspondientes estaciones de vigilancia y control, de acuerdo con la zonificación establecida por la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, aprobará un plan de mejora de la calidad del aire correspondiente a la zona formada por los municipios de Maó y Es Castell. De acuerdo con la normativa de calidad del aire y protección de la atmósfera, y entre otras determinaciones, en este plan se identificarán las fuentes de emisión responsables de los objetivos de calidad, se fijarán los objetivos cuantificados de reducción de niveles de contaminación para cumplir la legislación vigente y se indicarán las medidas o los proyectos de mejora, el calendario de aplicación, la estimación de la mejora de la calidad del aire que se espera conseguir y el plazo previsto para lograr los objetivos de calidad. Asimismo, se valorará la viabilidad técnica de reducir la producción de la central térmica de Maó durante las franjas horarias en que se detecten, en las estaciones de vigilancia y control correspondientes, los niveles más altos de concentración de contaminantes atmosféricos, especialmente en episodios de viento de componente norte.
3. Lo previsto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las facultades de los ayuntamientos de la isla de elaborar y aprobar los planes de mejora de la calidad del aire que afecten a su término municipal.
Los ayuntamientos de Menorca, a fin de conseguir los objetivos de calidad del aire referidos principalmente a las concentraciones de dióxido de nitrógeno y de partículas en suspensión generadas por el tráfico de vehículos de motor de combustión, podrán delimitar en los respectivos núcleos urbanos zonas de bajas emisiones en las que se adopten medidas de restricción total o parcial del tráfico, incluyendo restricciones a los vehículos más contaminantes, a ciertas matrículas, en ciertas horas o en ciertas zonas, entre otras. A estos efectos pueden tenerse en cuenta los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico.
1. Las administraciones públicas adoptarán las medidas adecuadas para el logro progresivo de objetivos de movilidad sostenible y el uso racional del vehículo privado, y potenciarán e incentivarán el transporte público, las vías verdes y la bicicleta.
2. El Consejo Insular de Menorca podrá prever, en los instrumentos de planeamiento correspondientes, las actuaciones necesarias para ampliar la red de carriles bici así como las medidas de señalización adecuadas para asegurar la convivencia entre la bicicleta y el transporte a motor.
3. El Consejo Insular de Menorca coordinará con los ayuntamientos de la isla criterios de pacificación del tráfico y de armonización de los diferentes modos de transporte, dando preferencia a los peatones. Del mismo modo se podrán diseñar itinerarios que permitan la realización de trayectos a pie en condiciones de seguridad y comodidad.
4. El Consejo Insular de Menorca impulsará, en colaboración con los ayuntamientos de la isla, la construcción de vías específicas para ciclistas, tanto urbanas como interurbanas, para dar cobertura a movilidad obligada y de tiempo libre, hasta habilitar una red insular.
1. Se consideran aparcamientos disuasorios aquellas instalaciones dedicadas a estacionamiento de vehículos preferentemente privados con el fin de facilitar el intercambio modal de los usuarios hacia el servicio de transporte público y otros modos de transporte no motorizado interconectados mediante carriles específicos. Su construcción será en zonas periféricas y en las inmediaciones de paradas del servicio de transporte público de viajeros por carretera y tienen que estar conectados con itinerarios para peatones adaptados y bicicletas.
2. En la construcción de nuevos aparcamientos disuasorios se procurará reservar un espacio cubierto destinado a aparcamiento de bicicletas y plazas para personas con movilidad reducida. Se podrá incluir un servicio de alquiler de bicicletas.
3. En caso de instalar placas solares y cargadores para vehículos eléctricos se tendrá que contar con un estudio de integración paisajística.
4. La decisión o la necesidad del establecimiento de aparcamientos disuasorios tendrá que ser adoptada en los instrumentos de planificación territorial o urbanística correspondientes. Estos estacionamientos podrán localizarse según establezca el plan de ordenación de aparcamientos previsto en el Plan Territorial Insular vigente.
El Consejo Insular de Menorca promocionará el transporte público y colectivo, la conexión entre modalidades de transporte y la accesibilidad universal.
El Consejo Insular de Menorca podrá impulsar las medidas siguientes:
a) Coordinar con ayuntamientos mesures para fomentar el uso del transporte público haciendo posible una red a nivel insular conectando diferentes modos de transporte.
b) Aplicar nuevas tecnologías y la innovación al servicio del transporte público de pasajeros para configurar un sistema tarifario integrado.
c) Fomentar el aumento de frecuencias y la incorporación de nuevas líneas de transporte de pasajeros prestando especial atención al mantenimiento durante todo el año de las líneas que conectan núcleos de población residente.
d) Cooperar con los ayuntamientos de la isla en el diseño del transporte público teniendo en cuenta el equilibrio económico de las concesiones, la compensación de los costes entre líneas con la implantación de un plan de financiación a través de la creación de concesiones zonales.
1. En el marco de la legislación de contratos del sector público, las administraciones públicas de Menorca y sus entes instrumentales, así como las administraciones y los entes de las Illes Balears, en las licitaciones públicas que afecten específicamente a la isla de Menorca, siempre que el objeto del contrato lo permita, incorporarán criterios de adjudicación ambientales que contribuyan a evaluar la mejor relación calidad-precio. En caso contrario, se justificará motivadamente la no inclusión de estos criterios.
2. Entre otros, y sin perjuicio de los criterios relacionados con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética previstos en esta ley y en la legislación autonómica y estatal sobre cambio climático y transición energética, se pueden incluir en los pliegos correspondientes uno o más de los criterios de adjudicación siguientes relacionados con los aspectos medioambientales:
a) Utilización o adquisición de productos con etiquetas ecológicas certificadas.
b) Utilización o adquisición de productos agroalimentarios locales.
c) Eficiencia energética.
d) Contribución a la mejora de la calidad del aire.
e) Disponibilidad de vehículos eléctricos o híbridos.
f) Utilización de energía procedente de fuentes renovables.
g) Ahorro y uso eficiente del agua.
h) Generación y gestión de los residuos.
i) Uso de materiales reciclados o reutilizables o de materiales biodegradables.
j) Limitación del uso de determinados productos tóxicos o con carga contaminante elevada.
k) Mantenimiento o mejora de los valores y recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
1. Los órganos de contratación de las administraciones y los entes a que hace referencia el artículo anterior pueden incorporar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y, si procede, en los pliegos de prescripciones técnicas, condiciones especiales de ejecución de carácter ambiental siempre que estén vinculadas a su objeto, de acuerdo con lo que prevé la legislación de contratos del sector público. Entre otras, pueden establecerse condiciones de tipo ambiental que persigan el mantenimiento o la mejora de los valores y recursos naturales que se puedan ver afectados por la ejecución del contrato, una gestión más sostenible del agua, el fomento del uso de las energías renovables y de vehículos eléctricos o híbridos, la prevención y la reducción de residuos, la promoción del reciclaje y de la reutilización de productos, el impulso de la utilización de productos locales y de la producción ecológica, planes de ambientalización, medidas preventivas basadas en buenas prácticas ambientales, campañas de comunicación o presentación de informes periódicos con datos ambientales.
2. Estas condiciones ambientales son igualmente exigibles a los subcontratistas que participen en la ejecución de los contratos.
3. Los referidos órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de los contratos, los contratistas y subcontratistas cumplan las condiciones especiales de ejecución y las obligaciones aplicables en materia medioambiental.
Sin perjuicio de las medidas que, según la Ley de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, deben adoptar las administraciones de las Illes Balears en el ámbito de las propias competencias para la prevención y la reutilización de los residuos, las administraciones y los entes del sector público de Menorca adoptarán, entre otras, las siguientes medidas:
a) Promover la venta y la compra a granel, sin menoscabar la seguridad alimentaria y los derechos de los consumidores, de bienes y servicios duraderos, así como el uso de productos que sean eficientes en el gasto de recursos, reparables y reciclables.
b) Potenciar y favorecer el mercado de envases retornables para incrementar los que sean reutilizables y fomentar la disminución de los que sean de un solo uso, especialmente de los de difícil reutilización o reciclaje.
c) Fomentar la sustitución del uso de envases de plástico o combinados tipo brik para los productos locales de bebidas, lácteos, miel, mermeladas o similares, por envases de vidrio reutilizable o retornable.
d) Fomentar la sustitución del uso de plásticos, bioplásticos u oxodegradables en la actividad agraria por el uso de materiales reutilizables o biodegradables.
e) Fomentar la reducción en la generación de residuos en procesos relacionados con la producción industrial, la extracción de minerales, la construcción y la demolición, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles, así como la clasificación y la separación de los residuos generados.
f) Incluir las condiciones que se consideren adecuadas para la prevención en la generación de residuos en los permisos ambientales para el ejercicio de la actividad, en aplicación de las mejores técnicas disponibles.
g) Prevenir la presencia de residuos en el medio natural.
h) En el caso de los ayuntamientos, incorporar en las ordenanzas municipales medidas de prevención y minimización del abandono de residuos a la costa, como colillas de tabaco, envases, objetos oxidados y otros de uso habitual en las playas.
i) Tomar medidas de prevención de vertidos de residuos al medio natural y marino.
j) Fomentar la limpieza exhaustiva de playas y guijarrales con la eliminación de microplásticos.
k) Promover campañas de sensibilización para residentes y turistas sobre la reducción de residuos y la recogida separada.
l) Fomentar la sustitución y la eliminación progresiva de las cubiertas y canalizaciones de fibrocemento existentes en Menorca a fin de conseguir una isla libre de amianto.
m) Fomentar técnicas constructivas con materiales sostenibles.
n) Incentivar actuaciones como las descritas en los apartados anteriores mediante desgravaciones fiscales, subvenciones u otras medidas.
o) Tomar medidas que fomenten la reducción progresiva del consumo de agua embotellada, como por ejemplo la instalación de fuentes públicas y otras.
p) Apostar por sistemas de construcción sostenible buscando la idoneidad de materias y soluciones constructivas teniendo en cuenta el impacto que tendrán en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida.
q) Fomentar la prevención y la reducción del despilfarro alimentario en todos los eslabones del sistema alimentario de la isla.
r) Apostar por la introducción de sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) para incrementar la tasa de recuperación y reciclaje de envases.
1. Se reconoce la relevante contribución de los agricultores y los ganaderos profesionales en la actividad productiva de la isla y en su modelo agroalimentario, así como su importante labor en la conformación y la conservación del paisaje rural y del territorio.
2. Se reconoce, asimismo, el papel fundamental que desarrollan las mujeres -madones- en los trabajos del campo. A estas les son de aplicación las previsiones sobre discriminación positiva e igualdad de género y las medidas de apoyo que se contienen en el título IX de la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears.
3. Las administraciones, en el ámbito de sus competencias, promoverán las políticas públicas necesarias para consolidar la agricultura y la ganadería como sectores estratégicos para la economía y el territorio de Menorca, garantizar el bienestar y la calidad de vida de los profesionales y de sus familias, y fomentar la gestión agraria y ganadera sostenible, la producción diversificada, de calidad, ecológica y de productos locales, así como la adhesión de las fincas al Contrato Agrario de la Reserva de Biosfera (CARB), a la Red de Custodia del Territorio o al Consejo Balear de Producción Agraria Ecológica (CBPAE).
4. Las autoridades competentes en materia educativa y en materia de empleo preverán, en los programas que correspondan y en el ámbito de Menorca, líneas de acción formativa específicas que favorezcan la formación profesional agropecuaria de acuerdo con los principios que se establecen en el punto 2 de este artículo.
5. La acción formativa sobre producción agropecuaria en el ámbito de Menorca estará destinada de manera preferente al conocimiento y al ejercicio de los principios y métodos de la agricultura regenerativa, la agroecología, las razas autóctonas y las variedades locales, la producción ecológica, y la innovación y la experimentación de nuevos procesos productivos.
6. El Consejo Insular de Menorca promoverá los programas y las acciones que sean necesarios para garantizar la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería menorquinas. En este sentido, procurará proveer a los agricultores, y con especial atención a los jóvenes que se incorporen a los trabajos agrícolas y ganaderos, de los conocimientos y las habilidades necesarios que permitan la continuidad de la actividad productiva tradicional aplicando criterios de sostenibilidad y respeto por el patrimonio social, cultural y paisajístico de la Reserva de Biosfera.
7. El Consejo Insular de Menorca promoverá, siempre de acuerdo con los principios de esta ley, nuevas formas de gestión de la producción y la transformación agrícolas y ganaderas, así como la digitalización de los procesos productivos y la comercialización de los productos. En este sentido, los centros formativos en materia de producción agropecuaria dependientes del Consejo priorizarán la innovación en sus líneas de acción formativa, así como las prácticas y la formación agropecuaria sostenible.
8. En el plazo de dos años contados a partir del día de la entrada en vigor de esta ley, el Consejo Insular de Menorca aprobará el Plan Estratégico Agropecuario de Menorca, que responderá a los principios establecidos en esta ley y contará con el establecimiento de objetivos y programas que se cuantificarán económicamente y se fijarán temporalmente.
9. El Consejo Insular de Menorca, con el objetivo de favorecer al mantenimiento del uso tradicional de edificaciones rurales como residencia habitual de los agricultores y sus familias, promoverá e impulsará, de acuerdo con las competencias correspondientes y a partir del principio de cooperación entre las administraciones públicas, medidas compensatorias y correctoras del aislamiento en el mundo rural y las dificultades añadidas que implica para acceder a las actividades formativas, culturales y de ocio, así como para la movilidad, con especial atención a los miembros en edad formativa de la unidad familiar.
10. El Consejo Insular de Menorca fomentará, junto con las diferentes administraciones competentes, la transición de la flota pesquera profesional con puerto base en Menorca hacia una actividad pesquera de bajo impacto, asegurando su sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo.
11. Se promoverán las artes de pesca de bajo impacto y la captura de especies que se encuentren en buen estado de conservación y no sufran sobrepesca.
Las administraciones públicas promoverán de manera prioritaria actuaciones para impulsar y fomentar la industria de transformación agroalimentaria en la isla de Menorca, apoyando a su desarrollo sostenible, la modernización y la digitalización; así como afrontar los retos medioambientales, sociales y económicos para fomentar la calidad del empleo en el sector agroalimentario, fortalecer su competitividad y rentabilidad e incorporar medidas para asegurar el control de costes en la producción agraria con el objetivo de que se reciba un precio justo por los diferentes productos de la cadena alimentaria, adoptando, entre otras, medidas de apoyo al cooperativismo.
1. Se reconoce la contribución de la industria manufacturera y agroalimentaria menorquina, así como de la artesanía, a la generación de riqueza y a la producción de productos de calidad.
2. Las administraciones emprenderán las políticas públicas necesarias para fomentar el impulso de las actividades artesanales e industriales, la profesionalización, la innovación, la dinamización y la diversificación económicas, el cooperativismo, el fortalecimiento de las sinergias entre los sectores económicos, la eficiencia de los recursos, la economía circular, la producción y la distribución bajas en carbono, el desarrollo tecnológico en beneficio del bienestar, y la calidad de vida y la salud de los ciudadanos.
1. En el plazo de dos años contados a partir del día de la entrada en vigor de esta ley, el Consejo Insular de Menorca aprobará el Plan Estratégico de Competitividad y Sectores Industriales Estratégicos Vinculados a la Reserva de Menorca que responderá a los principios establecidos en esta ley y contará con el establecimiento de objetivos y programas que serán debidamente cuantificados económicamente y fijados temporalmente.
2. El plan estipulado en el punto anterior incorporará, además de lo que se especifica y como mínimo, los apartados siguientes:
a) El estudio y la definición del mapa de competencias del capital humano del sector industrial de Menorca.
b) El estudio del impacto de la industria en el territorio y la propuesta de medidas correctoras.
c) El establecimiento de estrategias de sostenibilidad industrial.
d) La determinación de la reserva de biosfera como captación de talento y actividad industrial vinculada a la investigación y al conocimiento.
e) La articulación de las líneas de actuación del Centro BIT de Menorca con relación a las industrias menorquinas vinculadas a la reserva de biosfera.
f) La articulación de programas formativos, de apoyo y de asesoramiento técnico y legal a los jóvenes empresarios y emprendedores en actividades industriales vinculadas a los principios de la reserva de biosfera.
g) El establecimiento de líneas de acción formativa específicas para parados de larga duración, para segundas oportunidades y para la incorporación de la mujer al mercado laboral en actividades industriales vinculadas a los principios de la reserva de biosfera.
h) La simplificación, la ordenación y la promoción de las líneas públicas de apoyo financiero a las industrias de la reserva de biosfera partiendo del principio de cooperación entre administraciones.
i) La simplificación, la ordenación y la promoción de las líneas públicas de apoyo financiero a los centros tecnológicos empresariales en materia de inversión, así como para la realización de estudios o análisis vinculados a los sectores productivos y a las industrias vinculadas a la reserva de biosfera.
3. Para elaborar el Plan, el Consejo Insular de Menorca articulará mecanismos de participación y seguimiento suficientes para garantizar su concertación con los agentes económicos y sociales a través del Consejo Económico y Social de Menorca y con la Agencia Menorca Reserva de Biosfera a través de la Junta de Alcaldes de la Reserva y de su Consejo Social.
4. Para ejecutar el Plan el Consejo Insular de Menorca promoverá líneas de concertación y coordinación entre las administraciones públicas, y de manera especial con el Gobierno de las Illes Balears y los ayuntamientos de la isla.
5. El Plan se revisará de manera regular cada seis años, así como cuando lo consideren tanto el Consejo Insular de Menorca como los agentes económicos y sociales y las entidades más representativas vinculadas a la reserva de biosfera que hayan participado en la elaboración y el seguimiento del plan.
1. El Consejo Insular de Menorca impulsará, concertará y aprobará el Plan de Digitalización e I+D+I Industrial de Menorca.
2. El Plan se elaborará de manera simultánea, complementaria y coordinada a la redacción del Plan Estratégico de Competitividad y Sectores Industriales Estratégicos Vinculados a la Reserva de Biosfera que regula el artículo 60 de esta ley.
3. El Consejo Insular de Menorca desarrollará la red IoT pública (Smart Island) para facilitar la conexión entre diferentes dispositivos que llevan incorporados sensores, software y otras tecnologías con el objetivo de intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet.
1. Las administraciones públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias, la especialización productiva y la reespecialización progresiva de las empresas industriales tradicionales de Menorca como factor de diferenciación y de mejora de la competitividad.
Asimismo, promoverán el fomento público y prioritario de la cooperación empresarial, la articulación de clústeres industriales, los traded clústeres y la economía colaborativa como instrumentos motores de la competitividad.
2. Los principios inspiradores de la reserva de biosfera, de acuerdo con su articulación en esta ley, determinan el carácter y el sentido de las líneas de fom