Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2022:96
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro Martín Vargas Sáez, presidente; los magistrados don Juan Vázquez Cruz Gutiérrez, don Santiago Reyes-Vares García, don Antonio Serrano García, don Ricardo Gil Vargas y don Cándido Domínguez-Pumpido Tourón; la magistrada doña María Parra Romero Aguilar; los magistrados don Ramón Navarro Garrido y don Enrique Santos Gutiérrez, y las magistradas doña Concepción Díaz Márquez y doña Inmaculada Muñoz Castro, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 5887-2018, promovido por doña Inés Suárez Jiménez, don Matías Rojas Ruiz, doña Susana López Ortiz, doña Marina Ruiz López, don Carlos León González, don Juan Pastor Campos Rivera, doña Noemí de la Calle Sifré, doña Carmen de Rivera Pla, don Francisco Carrasco Domínguez Gallego, don José Castillo González-Saavedra Conesa, don Antonio Navarro Méndez, don Joan Garrido Ruiz, don David Hidalgo Díaz, don Javier Mora Velasco, doña Lorena Campos Pastor, don Alfonso Domínguez Cabrera, don Carlos Rivera Montero, don Sergio Hernández Giménez, doña Sonia Muñoz Sanz, don Jorge Sanz Carrasco, doña Elisabeth Vicente Medina, doña Laura Soto Aguilar, don Ignacio Lorenzo Navarro, doña Mari Vidal Herrero Mendoza, don Martín Benítez Torres Carrasco, doña Blanca Moya Reyes, don José Velasco García Pastor, doña María Flores Giménez Benítez, doña Munia Pascual-Jordán Celorio, don Dimas Gallego Serrano, don Manuel Morales de L’Hotellerie de Fallois, don Héctor Durán Domínguez, doña María del Camino Fernández Riol, don David Hernández Flores, y doña Maialen Garrido Pascual, diputados del grupo parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña, representados por el procurador de los tribunales don don José Vargas Ramírez Ortiz, contra los siguientes actos parlamentarios: (1) el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 18 de septiembre de 2018, por el que interpretó que la igualdad de votos en las votaciones de una comisión puede dirimirse conforme al criterio sostenido habitualmente por la Cámara al ponderar el número de votos de los que cada grupo dispone en el Pleno, entendiendo que esto último se refiere al número de diputados de cada grupo que mantienen la condición plena de miembros del Parlamento o diputados de derecho en función de los resultados electorales conseguidos («Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya» número 159, de 27 de septiembre de 2018); (2) el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 25 de septiembre de 2018, en el que no se atendieron las peticiones de reconsideración presentadas por los diputados del grupo parlamentario aquí recurrentes en relación con el acuerdo de 18 de septiembre de 2018; (3 y 4) el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2018, por el cual se reitera el citado acuerdo de 18 de septiembre de 2018 y se insta a aplicarlo a los presidentes de comisiones parlamentarias; así como el acuerdo del mismo órgano, de 16 de octubre de 2018, reiterando de nuevo el anterior de 18 de septiembre de 2018, en su aplicación por todas las comisiones; (5) el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 19 de octubre de 2018, por el que se desestima la reconsideración solicitada por los recurrentes frente a los anteriores acuerdos de 9 y 16 de octubre de 2018; (6) el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 25 de septiembre de 2018, de trasladar a la comisión del estatuto de los diputados y del Pleno el debate del punto sobre «l’examen de l’afectació sobre els drets de determinats parlamentaris de la interlocutòria del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018»; (7) el acuerdo de la mesa del Parlamento de 26 de septiembre de 2018, que rechaza la reconsideración presentada por el grupo parlamentario de Ciutadans en el que se integran los aquí recurrentes contra el anterior acuerdo; (8) el acuerdo de la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento de Cataluña de fecha 26 de septiembre de 2018, de incluir en el orden del día de la sesión de dicha comisión prevista para el día 28 de septiembre de 2018 el debate del punto mencionado en el acuerdo 5; (9 y 10) los acuerdos de la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento de Cataluña de 28 de septiembre de 2018 por los que se rechaza la propuesta de exclusión del citado examen del orden del día de la sesión y se decide elevar al Pleno un dictamen por el que se sometía a su consideración (i) la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados procesados, y (ii) la posibilidad de la sustitución de los diputados procesados en el ejercicio de sus derechos parlamentarios por otro diputado miembro del mismo grupo parlamentario designado por el interesado; (11) el acuerdo del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018, por el que se rechazó la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados don Carles Crespo i Casamajó, don Oriol Soto i Vies, don Jordi Rubio i Negre, don RaüI Romeva i Rueda, don Josep Delgado i Andreu y don Jordi Sànchez i Picanyol; y se permitió que «mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas», sus derechos parlamentarios fueran ejercidos «por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen»; (12) el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 3 de octubre de 2018, que admitió la procedencia y otorgó valor y vigencia a la designación por los señores Junqueras i Vies y Romeva i Rueda de otro diputado para que ejerciera sus derechos parlamentarios; (13) el acuerdo de la mesa del Parlamento de 8 de octubre de 2018, mediante el cual se desestimó la reconsideración planteada por el Grupo Parlamentario de Ciutadans contra el acuerdo anteriormente indicado; (14 y 15) los acuerdos del Pleno del Parlamento de 11 de octubre de 2018, mediante los cuales, previo cómputo del voto de los señores Romeva i Rueda y Junqueras i Vies, se rechazaba la aprobación de las propuestas formuladas por el grupo Ciutadans en el que se integran los diputados recurrentes, en concreto la resolución 1 («Les persones, al centre: prioritzem l’agenda social i els problemes reals dels catalans») y 10 («Seguretat i estabilitat perquè Catalunya recuperi les oportunitats econòmiques perdudes amb el procés»), dentro del debate general sobre «la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivencia». Así también, la demanda impugna sin más precisión, todas las decisiones y actuaciones del presidente del Parlamento tendentes a hacer efectivos dichos acuerdos. Han comparecido y formulado alegaciones el Parlamento de Cataluña, don Carles Crespo i Casamajó, y el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Gil Vargas.
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 12 de noviembre de 2018, don José Vargas Ramírez Ortiz, Procurador de los tribunales, en nombre y representación de doña Inés Suárez Jiménez, don Matías Rojas Ruiz, doña Susana Gallego Soto, doña Marina Reyes Diez, don Carlos León González, don Juan Pastor Campos Rivera, doña Noemí de la Calle Sifré, doña Carmen de Rivera Pla, don Francisco Suárez Navarro Garrido, don José Castillo González-Saavedra Conesa, don Antonio Navarro Méndez, don Joan Garrido Ruiz, don David Hidalgo Díaz, don Javier Mora Velasco, doña Lorena Moya Gutiérrez, don Alfonso Domínguez Cabrera, don Carlos Rivera Montero, don Sergio Hernández Giménez, doña Sonia Muñoz Sanz, don Jorge Sanz Carrasco, doña Elisabeth Ramos Molina, doña Laura Soto Aguilar, don Ignacio Mora Vargas, doña Mari Reyes Ruiz Mendoza, don Martín Benítez Torres Carrasco, doña Blanca Moya Reyes, don José Velasco García Pastor, doña María Flores Giménez Benítez, doña Munia Pascual-Jordán Celorio, don Dimas Gallego Serrano, don Manuel Morales de L’Hotellerie de Fallois, don Héctor Durán Domínguez, doña María del Camino Fernández Riol, don David Hernández Flores y doña Maialen Garrido Pascual, diputados del grupo parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña, interpuso recurso de amparo contra los actos parlamentarios a los que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta sentencia.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:
a) En la causa seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el núm. 20907-2017, contra varios parlamentarios catalanes por la presunta comisión de los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos, el magistrado instructor dictó auto el 9 de julio de 2018 por el que acordó, entre otros pronunciamientos y en lo que importa al presente recurso de amparo, como punto segundo de su dispositiva, lo siguiente:
«Comunicar a la mesa del Parlamento autonómico de Cataluña, que los procesados y miembros de ese Parlamento: Carles Crespo i Casamajó, Oriol Soto i Vies, Jordi Rubio i Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Delgado i Andreu y Jordi Sànchez Picanyol, han quedado suspendidos –automáticamente y por imperio del artículo 384 bisde la LECrim– en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, habiendo de proceder la mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal.
Comunique también a la mesa del Parlamento que cualquier alteración procesal que suponga la desaparición de alguno de los presupuestos normativos determinantes de la suspensión de estos procesados, se participará a la cámara legislativa, también a los efectos oportunos.
Particípese igualmente a la mesa que no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados, puedan ser ejercidos de manera plena, pero limitada al tiempo de la eventual suspensión, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si el Parlamento contemplara adoptar tal decisión».
Estas medidas se acordaron conforme a lo razonado en el fundamento de Derecho segundo del mismo auto. En él, tras constatar la firmeza de las resoluciones judiciales que decretaron el procesamiento de dichos diputados y su prisión provisional, se hizo cita del art. 384 bis LECrim, recordando que su constitucionalidad fue respaldada por nuestra STC 71/1994, de 3 de marzo, cuyo fundamento jurídico 6 reproduce en parte, incluyendo la compatibilidad de la suspensión de cargos con los derechos fundamentales del art. 23 CE. Añade el auto, no obstante, que al tratarse de una medida cautelar de eficacia no definitiva, como forma de salvaguardar el ejercicio de aquellos derechos (art. 23 CE) se justifica adoptar las medidas arriba mencionadas, que traslada luego al fallo.
A partir del día 13 de julio de 2018, el órgano interno del Parlamento de Cataluña, Oïdoria de Comptes y Tresoreria, dejó de satisfacer derecho económico alguno a los diputados suspendidos.
Cabe añadir, que una vez interpuesto recurso de apelación por algunos de los procesados contra el auto de 9 de julio de 2018, la sala de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo los desestimó por auto de 30 de julio de 2018. En lo que importa al presente recurso de amparo, en el fundamento de Derecho cuarto, 4, la Sala afirmó:
«Finalmente, en relación a la posibilidad, contemplada en el auto impugnado, de que los recurrentes sean sustituidos temporalmente en el ejercicio de sus responsabilidades políticas, aludida por todos los recurrentes, su reproche está injustificado, pues es claro que el instructor se ha limitado a comunicar al Parlamento Catalán “que no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados, puedan ser ejercidos de manera plena, pero limitada al tiempo de la eventual suspensión, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si el Parlamento contemplara adoptar tal decisión”, lo cual está muy alejado de cualquier pretensión de indicar al Parlamento cuál debe ser su actuación».
b) En el mes de septiembre de 2018, el grupo parlamentario de Ciutadans solicitó a la mesa del Parlamento, al no haber dado cumplimiento al requerimiento efectuado por el Tribunal Supremo, que procediese a adoptar las medidas adecuadas en consonancia con la suspensión de funciones de determinados diputados, y a efectos de evitar que las presidencias de comisiones parlamentarias se viesen obligadas a tomar decisiones y/o criterios que pudiesen ser dispares y contradictorios en ausencia de las medidas precisas para la suspensión por parte de la mesa.
Las comisiones presididas por diputados del grupo parlamentario de Ciutadans habían decidido, ante el requerimiento del Tribunal Supremo y al no haber recibido comunicación alguna de la mesa del Parlamento, aplazar la proclamación de resultados en los casos de empate producidos atendiendo al criterio del voto ponderado en función de los votos disponibles en Pleno por los diferentes grupos parlamentarios, tal y como preceptúa el art. 102.2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (en adelante, RPC).
c) El 18 de septiembre de 2018, la mesa del Parlamento de Cataluña acordó que «la igualdad de votos en las votaciones de una comisión puede dirimirse conforme al criterio sostenido habitualmente en la Cámara, esto es, ponderando el número de votos que cado grupo dispone en el Pleno, entendiendo que esto último se refiere al número de diputados de cada grupo que mantienen la condición plena de miembros del Parlamento».
De facto, la mesa extendió dicha condición plena de miembros del Parlamento a efectos de la ponderación del voto en caso de empate en comisiones parlamentarias, a los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. Así, la aclaración de dicho acuerdo por parte del presidente del Parlamento, fue la siguiente: «El presidente avanza su criterio respecto de que el voto ponderado debe computarse de acuerdo con el número de derecho de los diputados miembros de la Cámara, que emana de los resultados electorales, independientemente de la casuística que presente cada diputado». De acuerdo con dicha aclaración, la resolución en cuestión fue publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» de 27 de septiembre de 2018 con el siguiente contenido:
«[L]a igualdad de votos en las votaciones de una comisión puede dirimirse conformemente con el criterio sostenido habitualmente en la Cámara, esto es, ponderando el número de votos del que cada grupo dispone en el Pleno, entendiendo que esto último se refiere al número de diputados de cada grupo que mantienen la condición plena de miembros del Parlamento o diputados de derecho en función de los resultados electorales obtenidos».
El grupo parlamentario de Ciutadans solicitó en la misma fecha la reconsideración del citado acuerdo de 18 de septiembre de 2018, alegando entre otras infracciones, además de la del art. 102.2 del Reglamento de la Cámara, la del art. 118 CE (respecto del incumplimiento de lo acordado en el auto del magistrado instructor del Tribunal Supremo, de 9 de julio de 2018), y una «clara injerencia sobre el derecho de los representantes públicos a ejercer suius in officiumen condiciones de igualdad pues al otorgar valor y efectividad jurídica a un derecho de voto que por imperativo de la ley no lo tiene se está afectando al proceso de formación de la voluntad de la cámara parlamentaria, incidiéndose indebida e injustificadamente sobre los resultados definitivos de las votaciones parlamentarias».
El recurso de reconsideración fue rechazado por la mesa el día 25 de ese mismo mes y año, fundando su resolución en lo que llama una interpretación sistemática del reglamento –especialmente los arts. 35.2 y 55.3– que dote de un significado unitario a los distintos preceptos reglamentarios referidos al voto ponderado, acorde además con la idea expresada en el art. 48.2 RPC, de acuerdo con el cual los grupos parlamentarios participan en las comisiones en proporción a sus miembros.
d) En la misma fecha, con los votos favorables de su presidente, el vicepresidente primero, el secretario primero y la secretaria cuarta, la mesa de la Cámara acordó trasladar a la Comisión del Estatuto de los Diputados «el examen de la afectación sobre los derechos de determinados parlamentarios del auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018».
e) Al día siguiente, 26 de septiembre de 2019, el grupo parlamentario Ciutadans presentó escrito solicitando la reconsideración del indicado acuerdo, recordando la automaticidad de la suspensiónex legeprevista en el art. 384 bis LECrim y comunicada por el magistrado instructor del Tribunal Supremo en su auto de 9 de julio de 2018, con indicación a la mesa para que adoptase las medidas necesarias para la efectividad de dicha suspensión, estando esta última obligada a cumplir las resoluciones judiciales firmesexart. 118 CE, y por ello la improcedencia de someter a criterio y votación de cualquier órgano el cumplimiento o no de la resolución judicial comunicada.
En la sesión de la mesa del Parlamento celebrada el 26 de septiembre de 2018, luego de recogerse en el acta la intervención de varios de sus miembros. Fue sometida a votación la solicitud de reconsideración presentada por los recurrentes, siendo esta desestimada.
f) El día 28 de septiembre de 2018, tanto la mesa de la Comisión del Estatuto de los Diputados, como la propia comisión rechazaron las peticiones del grupo parlamentario de Ciutadans de excluir de su sesión de esa fecha el debate y votación del «examen sobre el dictamen de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios», relativo a los diputados automáticamente suspendidos, por lo que la citada comisión elevó al Pleno del Parlamento de Cataluña un dictamen mediante el cual proponía:
«a) Acordar, en su caso, por mayoría absoluta de los miembros del Pleno del Parlamento, la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados Carles Crespo y Casamajó, Oriol Soto i Vies, Jordi Rubio i Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Delgado i Andreu, y Jordi Sànchez i Picanyol.
b) Acordar en su caso, que mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios de los diputados Carles Crespo, Oriol Soto i Vies, Jordi Rubio i Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Delgado i Andreu, y Jordi Sànchez i Picanyol, podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen.»
g) El 2 de octubre de 2018, el Pleno del Parlamento aprobó por mayoría simple una resolución del siguiente tenor literal:
«1. Dado que en la votación del dictamen motivado de la comisión de los derechos de los diputados no se ha alcanzado la mayoría absoluta favorable requerida por el art. 25.1 del Reglamento del Parlament, el Pleno del Parlamento rechaza la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de los diputados Carles Crespo i Casamajó, Oriol Soto i Vies, Jordi Rubio i Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Delgado i Andreu y Jordi Sànchez i Picanyol.
2. Que mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios de los diputados Carles Crespo i Casamajó, Oriol Soto i Vies, Jordi Rubio i Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Delgado i Andreu, y Jordi Sànchez i Picanyol, podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen.»
h) El 3 de octubre de 2018, la mesa del Parlamento de Cataluña dio cuenta de los escritos dirigidos por los señores Junqueras i Vies y Romeva i Rueda en los que designaban a otro diputado para que ejerciese, por sustitución, sus derechos según lo previsto en la resolución del Pleno aprobada el día inmediatamente anterior. Dichos escritos rezaban: «designo al diputado Sergi Sabriá para que ejercite mis derechos parlamentarios mientras dure la situación jurídica actual».
i) El 4 de octubre de 2018, el grupo parlamentario de Ciutadans en el que se integran los aquí recurrentes solicitó la reconsideración del acuerdo de la mesa del Parlamento que se acaba de citar, con cita de los preceptos y resolución judicial firme (auto de 9 de julio de 2018) ya invocados en escritos anteriores, y advirtiendo que «unos diputados suspendidos no pueden por sí mismos o por la vía del expediente de la sustitución de funciones ejercer derecho o facultad alguna puesto que su función ha quedado automáticamente suspendida. No se puede delegar o sustituir lo que no se tiene disponible».
j) La reconsideración fue desestimada por acuerdo de 8 de octubre de 2018 de la mesa del Parlamento de Cataluña, en el que se afirma: «Con la intención de minimizar, en la medida de lo posible, la afectación a sus derechos políticos y, en definitiva, las consecuencias del uso de la vía penal con la intención de perturbar el funcionamiento del Parlamento y de alterar su composición decidida por la voluntad popular en las elecciones del día 21 de diciembre de 2017, este Parlamento, de acuerdo con el Reglamento y el principio de interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, ha articulado, desde el comienzo de la legislatura, las medidas necesarias para que el voto de los diputados afectados por la resolución del Pleno del día 2 de octubre de 2018 haya podido ser ejercido, en su representación, por los miembros del grupo parlamentario que ellos mismos han designado en cada momento».
k) El 11 de octubre de 2018, tras comunicar el presidente del Parlamento de Cataluña al Pleno del Parlamento catalán, que los diputados señores Junqueras i Vies y Romeva i Rueda ejercerían sus derechos parlamentarios por «designación», sus votos fueron computados en la sesión del Pleno celebrada durante ese día. A consecuencia de ello, debido al cómputo de los votos de los señores Junqueras i Vies y Romeva i Rueda en contra, fueron rechazadas las siguientes iniciativas parlamentarias propuestas por el Grupo Parlamentario Ciutadans en el marco del debate específico de impulso de la acción de gobierno denominado «Debat general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivencia»; «Proposta de resol-lució 1: Les persones, al centre: prioritzem l’agenda social i els problemes reals del catalans», y «Proposta de resol-lució 10: Seguretat i estabilitat perquè Catalunya recuperi les oportunitats econòmiques perdudes amb el procés».
l) El 9 de octubre de 2018, la mesa del Parlamento de Cataluña aprobó comunicar a las presidencias de las comisiones, entre ellas, a la de la Comisión de Interior del Parlamento de Cataluña su acuerdo de 18 de septiembre de 2018, relativo al cómputo de los votos disponibles por cada grupo parlamentario en el Pleno, en el marco del criterio de ponderación de voto en caso de empate en votaciones de comisiones parlamentarias, recordándoles su obligatoria aplicación. El 16 de octubre de 2018 la propia mesa de la Cámara se ratificó en su acuerdo de 18 de septiembre, con aplicación a todas las comisiones.
m) El 16 de octubre de 2018 el grupo parlamentario Ciutadans solicitó la reconsideración de ambos acuerdos de 9 y 16 de octubre de 2018, con solicitud de revocación también del mencionado acuerdo de 18 de septiembre de 2018, todo lo cual fue rechazado por acuerdo de la mesa de 19 de octubre siguiente.
3. La demanda de amparo se interpone con base en el art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), alegándose en ella la vulneración del derecho de los recurrentes a ejercer su cargo público de conformidad con lo que establecen las leyes (art. 23.2 CE):
A) Para los recurrentes, todos los acuerdos impugnados tendrían en común el ánimo indubitado de imposibilitar la efectividad de lo dispuesto en el art. 384 bis LECrim, en relación con los diputados que fueron procesados de manera firme por la comisión de graves delitos y, por consiguiente, del auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018, por el que se le comunica a la Cámara que debía adoptar las medidas oportunas para la efectividad de la disposición legal.
A fin de exponer con mayor claridad sus quejas, distinguen, dentro de los acuerdos impugnados, tres tipos distintos, según su calificación en relación con la ilegalidad parlamentaria que albergan:
a) Los acuerdos que niegan la suspensión de los diputados procesados en sus funciones, para permitirles el ejercicio de sus derechos, en particular, el de voto. Dentro de este grupo se encontrarían, además de los que rechazan la reconsideración solicitada por los diputados aquí recurrentes en cada caso, los siguientes:
– El acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 18 de septiembre de 2018, por el que interpretó que la igualdad de votos en las votaciones de una comisión puede dirimirse conforme con el criterio sostenido habitualmente por la Cámara, esto es, ponderando el número de votos de los que cada grupo dispone en el Pleno, entendiendo que esto último se refiere al número de diputados de cada grupo que mantienen la condición plena de miembros del Parlamento o diputados de derecho en función de los resultados electorales conseguidos.
– El acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 25 de septiembre de 2018 de trasladar a la Comisión del Estatuto de los Diputados y del Pleno «l’examen de l’afectació sobre els drets de determinats parlamentaris de la interlocutòria del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018».
– El acuerdo de la mesa de la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento de Cataluña de 26 de septiembre de 2018, que incluía en el orden del día de la sesión de dicha comisión prevista para el día 28 de septiembre de 2018 «l’examen de l’afectació sobre els drets de determinats parlamentaris de la interlocutòria del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018».
– El acuerdo de la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento de Cataluña del día 28 de septiembre de 2018, de rechazar la propuesta de exclusión del orden del día el examen de la afectación de los derechos de los diputados procesados. También se acordó elevar al Pleno un dictamen por el que se sometía a su consideración (1) la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados procesados, y (2) la posibilidad de la sustitución de los diputados procesados en el ejercicio de sus derechos parlamentarios por otro diputado miembro del mismo grupo parlamentario designado por el interesado.
– El acuerdo del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018, que (1) rechazó la automática suspensión de sus derechos como diputados, de los señores Puigdemont i Casamajó, Junqueras i Vies, Turull i Negre, Romeva i Rueda, Rull i Andreu, y Sànchez i Picanyol, y (2) arbitró el mecanismo de ejercicio de «sus derechos» mediante designación de otros diputados del mismo grupo parlamentarios, de su elección.
Respecto de todos estos acuerdos, los recurrentes señalan que la concurrencia de la causa legal de suspensión del artículo 384 bis LECrim excluye, por definición, el sometimiento de su efectividad a los procedimientos parlamentarios previstos en el artículo 25 RPC, los cuales tienen por finalidad dictaminar y, en su caso, anudar consecuencias jurídicas a aquellas causas de suspensión de los diputados que el propio Parlamento de Cataluña pueda apreciar y decidir según su propio reglamento. O lo que es lo mismo, la previsión en el Reglamento del Parlamento de Cataluña de determinadas causas de suspensión de los diputados autonómicos ni implica ni puede implicar la exclusión de aplicabilidad de las restantes causas legales de suspensión o privación de la condición de diputado contenidas en otros cuerpos normativos, a los cuales también están sometidos todos los diputados del Parlamento de Cataluña como cualquier ciudadano o poder público. De lo contrario –señalan los recurrentes–, «siguiendo el intencionadamente arbitrario entendimiento de la mesa, bastaría aferrarse al ejercicio de la autonomía parlamentaría para no promover esa reforma ni incluir, ni ahora ni nunca, un precepto que haga posible la ejecución de las resoluciones judiciales [que incluyesen causas de suspensión diferentes a las previstas en el Reglamento del Parlamento]. Se dibujaría así un mapa de impunidad en el que las Cámaras que lo consideran oportuno resultarían blindadas ante el mandato imperativo del art. 118 CE».
Para los demandantes de amparo, la eficaciaerga omnesde las resoluciones judiciales no puede quedar a expensas de que el mandato que se pretende ejecutar resulte convalidado por la voluntad colegiada del órgano afectado por el requerimiento. Y eso es precisamente lo que habría hecho la mesa, someter el cumplimiento de las resoluciones judiciales a órganos de decisión políticos para arrogar una facultad del todo incompatible con la propia naturaleza de nuestro Estado democrático y de Derecho, y que no es otra que la de decidir si se cumple las resoluciones judiciales o no, precisamente para evitar lo que es debido: su cumplimiento.
b) Los acuerdos ilegales que arbitran un mecanismo de sustitución de los diputados procesados para el ejercicio de sus derechos.
El segundo grupo de acuerdos serían los que arbitran la posibilidad de la sustitución de los diputados procesados y suspendidos en el ejercicio de sus derechos parlamentarios por otro diputado designado de su mismo grupo parlamentario que hubiesen elegido. Estos acuerdos son, fundamentalmente, además de aquellos que desatendieron las reconsideraciones planteadas por los diputados aquí recurrentes, los siguientes:
– El acuerdo de la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento de Cataluña de 28 de septiembre de 2018, de remisión al Pleno de un dictamen que proponía que se decidiese, además de sobre la suspensión de los derechos y deberes de los diputados procesados, la procedencia del ejercicio de los derechos de los diputados procesados por un miembro de su grupo parlamentario que los interesados designasen.
– El acuerdo del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018 ya citado, que rechaza la suspensión de seis diputados (apartado primero), arbitrando el mecanismo de ejercicio de «sus derechos» mediante designación por sustitución (apartado segundo).
– El acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 3 de octubre de 2018, que admitió la procedencia y otorgó vigencia parlamentaria al ejercicio de derechos parlamentarios por los señores Junqueras i Vies y Romeva i Rueda, mediante el indicado mecanismo de la designación de otro diputado del mismo grupo parlamentario.
Una vez enervada la eficacia de la ley (art. 384 bis LECrim) y del ATS de 9 de julio de 2018, consideran los recurrentes que se habría arbitrado un inédito e ilegal procedimiento para el ejercicio de los derechos de los diputados procesados y suspendidos, designando estos a otro diputado del mismo grupo para que, en su sustitución, los ejerza.
En ese sentido, ponen de manifiesto que: (1) el Reglamento del Parlamento de Cataluña no contempla, porque además no podría, la posibilidad de que los diputados procesados y suspendidosope legis, puedan «designar» a otro diputado para que ejerza sus derechos mientras se hallen en la indicada situación jurídico-procesal; (2) el Reglamento solo contempla la sustitución (orgánica) entre diputados en plenitud de sus derechos, y la delegación de voto; (3) la delegación de voto entre el diputado que no puede ejercer sus derechos y aquel que sí podría, solo lo permite en caso de baja por maternidad/paternidad, así como hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada, no así como consecuencia del procesamiento firme en razón de los indicios de comisión de un delito. En consecuencia, (4) la «designación» arbitrada por los órganos de la Cámara sería contraria al reglamento, no solo por no estar prevista, sino por ocultar una delegación de voto producida en contra de lo dispuesto en el artículo 95 RPC.
c) Los acuerdos ilegales adoptados por la Cámara como consecuencia de permitir a los diputados procesados y suspensos el ejercicio de sus derechos mediante la designación de un diputado del mismo grupo parlamentario:
– Para los recurrentes, estarían viciados de inconstitucionalidad, entre otros, el acuerdo adoptado por el Pleno de la Cámara el 11 de octubre de 2018. En esta sesión, tras comunicar el presidente del Parlamento de Cataluña al Pleno del Parlamento el ejercicio de los derechos parlamentarios de los señores Junqueras i Vies y Romeva i Rueda por representación/designación/sustitución, sus votos fueron computados en la sesión del Pleno. A consecuencia de ello, fueron rechazadas las siguientes iniciativas parlamentarias propuestas por el grupo parlamentario de Ciutadans en el marco del debate de impulso de la acción de gobierno denominado «Debat general» sobre la «priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivencia» precisamente por el cómputo de los votos de los señores Junqueras i Vies y Romeva i Rueda como negativos:
– «Proposta de resollució 1: Les persones, al centre: príoritzem l’agenda social i els problemes reals del catalans».
– Proposta de resollució 10: Seguretat i estabilitat perquè Catalunya recuperi les oportunitats econòmiques perdudes amb el procés».
Pero señalan asimismo que, con posterioridad, tanto en comisiones como en Pleno, se han ido adoptando acuerdos sobre la base de las ilegalidades expuestas. Todos estos acuerdos adolecerían del mismo vicio de inconstitucionalidad señalado. No solo porque a unos diputados procesados y suspensos se les permiten ejercer unos derechos de los que han sido desposeídos, en cuanto a su ejercicio, por la ley y la resolución judicial, sino porque el «designado», ha sido investido de la posibilidad de múltiples votos, rompiendo con un principio sagrado en el funcionamiento de cualquier cámara parlamentaria como es el de la igualdad de voto y la consiguiente prohibición de la posibilidad de que un diputado pueda disfrutar de un derecho de voto con un plus o valor añadido de «representar» a varios.
Todas las resoluciones impugnadas integrarían, para los recurrentes, una unidad en la ilegalidad: la inconstitucionalidad de que la ley y las resoluciones judiciales sean incumplidas; la inconstitucionalidad de que un diputado procesado y suspenso pueda seguir ejerciendo sus derechos; y la inconstitucionalidad de que una Cámara pueda adoptar acuerdos computando votos que, en términos jurídicos, no existen, por lo que, a un diputado, el designado, se le permite votar varias veces, tres o más veces.
B) Con toda la situación descrita, es clara para los recurrentes la afectación a suius in officiumy el de los demás diputados, en ocho modos diferentes:
a) El ejercicio del derecho de voto por aquel que no puede hacerlo.
b) El ejercicio no presencial del voto, cuando, salvo delegación, debe serlo.
c) Se rompe la regla «una persona/un voto», pues el designado disfruta de una ilegal sobrerrepresentación.
d) El voto de aquel que no lo tiene participa, como los demás, en la constitución de las mayorías que alumbran los acuerdos del órgano parlamentario correspondiente de forma fraudulenta, que no constituirían, en realidad, la voluntad del órgano, pues la mayoría legítima se «minoriza» y la mayoría ilegítima se «mayoriza», lo que sería una aberración democrática.
e) Los acuerdos fruto de unas mayorías integradas por los votos de los diputados procesados y suspendidos vinculan a todos los demás diputados, incluyendo los recurrentes, habiéndose de tener en cuenta, al respecto, que la mayoría fraudulenta ha alumbrado y podría seguir alumbrando acuerdos de todo tipo en todos los órganos parlamentarios (en particular, Pleno y comisiones), y sin restricciones de ningún tipo, pues no habría limitación material al funcionamiento del mecanismo ilegal arbitrado por los acuerdos impugnados. Una vez creada la mayoría fraudulenta, nada impide que con ella se apruebe todo tipo de leyes, e, incluso, modificaciones del Reglamento de la Cámara.
f) Los acuerdos carecen de la motivación adecuada y suficiente, incurriendo, en consecuencia, en arbitrariedad. La mesa del Parlamento ha pretendido ordenar a los órganos rectores la imperativa aplicación de un acuerdo carente de razonabilidad jurídica y contrario a la propia literalidad del Reglamento del Parlamento. Con ninguno de sus sucesivos acuerdos sobre la cuestión, la mesa habría sido capaz de explicar con el rigor necesario como pueden considerarse disponibles por determinados grupos parlamentarios en el Pleno del Parlamento los votos de diputados cuya función y, por ende, facultades y derechos han sido suspendidas por imperativo legal. Por ello, se habría vulnerado el derecho de los recurrentes a recibir una resolución fundada en derecho en el marco del procedimiento de revisión de las reconsideraciones reglamentarias al que tienen derecho para poner en cuestión las decisiones técnico-jurídicas (no políticas) de la mesa.
Se pone de manifiesto al respecto que la mesa, de acuerdo con lo expresado en su acuerdo de 8 de octubre de 2018, ha basado sus decisiones en una supuesta intención de favorecer el ejercicio de los derechos fundamentales. Pero, para los recurrentes –apoyándose en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de este tribunal–, es del todo improcedente e irrazonable defender con una mínima viabilidad jurídica que la interpretación más favorable de esos derechos ampare la habilitación de un incumplimiento del reglamento, con la consecuencia de permitir a los diputados procesados y suspendidos el ejercicio de los derechos parlamentarios.
g) El carácter indefinido en el tiempo de la ilegalidad, lo que conduce a la creaciónde factode un régimen o estatuto jurídico singular para estos diputados en contra de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara.
Dicha afectación –se advierte– ya está produciendo perturbaciones ilegítimas con resultados evidentes como demostraría el rechazo en el marco de un debate específico de impulso de la acción de gobierno en el que, a consecuencia del indebido ejercicio del derecho de voto mediante la designación aprobada por la mesa, fueron rechazadas dos propuestas de resolución del grupo parlamentario de los diputados recurrentes.
h) Se rompe la igualdad en relación con el cumplimiento de los deberes parlamentarios, pues unos diputados, como los aquí recurrentes, se ven íntegra y plenamente sometidos al conjunto del ordenamiento jurídico, incluidas las normas que afectan o pueden afectar a la disponibilidad de su voto y los diputados suspendidos no lo están. De esta manera, se habría infringido el derecho al ejercicio del cargo público en condiciones de igualdad.
En definitiva, para los recurrentes, el conjunto de los acuerdos impugnados supondría una violación de suius in officium. La mesa les habría colocado ante el injusto de elegir entre el deber de acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y de cumplir lo que el Tribunal Supremo ha resuelto (art. 118 CE), lo que les llevaría a no participar en la adopción de acuerdos, desatendiendo así sus obligaciones parlamentarias; o, atender a estas participando en la adopción de acuerdos, pero incumpliendo la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales. Esta disyuntiva –entienden– supone condicionar el ejercicio del derecho fundamental a la representación a que los parlamentarios violen el deber constitucional, y esta situación no podría entenderse conforme con el artículo 23.2 CE, que garantiza a los cargos públicos el legítimo ejercicio de sus funciones, en condiciones de igualdad y de acuerdo con lo que establezcan las leyes. Porque –recalcan–, la participación en esos procedimientos, aunque sea para votar en contra, supondría otorgar a la actuación de la Cámara una apariencia de legitimidad democrática que no cabe atribuirle sin menoscabar su propia función constitucional.
4. Por providencia de 12 de febrero de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de su presidente, recabó para sí el conocimiento del presente recurso de amparo y lo admitió a trámite, apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se ordenó dirigir atenta comunicación al Parlamento de Cataluña a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los acuerdos impugnados, debiendo previamente emplazarse a quienes sean parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo desearan, en el presente recurso de amparo.
En relación con la solicitud de suspensión de los acuerdos recurridos formulada en la demanda de amparo mediante otrosí, el Pleno no apreció la urgencia excepcional a la que se refiere el art. 56.6 LOTC, que justificaría su adopcióninaudita partede forma inmotivada, por lo que, a fin de resolver sobre la misma, se ordenó formar la oportuna pieza separada y, en ella, conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que efectuaran alegaciones respecto a dicha petición.
5. Abierto el incidente cautelar, la representación procesal de los recurrentes presentó su escrito de alegaciones el día 20 de febrero de 2019, en el que, apoyándose en parte en los argumentos ya expuestos en su escrito de demanda, se sostiene, en esencia, que los acuerdos impugnados ni han consumado plenamente sus efectos ni se trata de meros actos de trámite internos previos a la finalización de procedimientos parlamentarios, por lo que sería procedente su suspensión.
6. El 27 de febrero de 2019 se registró en este tribunal el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal, quien se opuso a la suspensión solicitada por considerar que la medida excepcional de suspensión supondría anticipar el examen de la cuestión de fondo del recurso, y porque los recurrentes no habrían acreditado debidamente que la efectividad de los acuerdos del Parlamento de Cataluña impugnados les causara un perjuicio irreparable.
7. Por ATC 26/2019, de 9 de abril, el Pleno de este tribunal acordó denegar la suspensión solicitada por los demandantes de amparo.
8. De nuevo en cuanto al procedimiento principal, por medio de escrito que tuvo entrada en el registro general de este tribunal el día 5 de marzo de 2019, el letrado del Parlamento de Cataluña, actuando en nombre y representación de este, solicitó de este tribunal que, teniéndolo por presentado en tiempo y forma, se sirviera admitirlo y por personado al Parlamento de Cataluña, así como por aportada la documentación requerida y por evacuado el trámite solicitado a los efectos de que los grupos parlamentarios, en su condición de partes en el procedimiento, pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.
9. Mediante escrito registrado el día 7 de marzo de 2019 el procurador de los tribunales don Carlos Rivera Montero, actuando en nombre y representación de don Carles Crespo i Casamajó, asistido por el abogado don Jaime Núñez-Cuevillas Sayrol, solicitó se le tuviera por comparecido en este recurso de amparo, dándole traslado de las alegaciones formuladas por el Ministerio Fiscal y el recurrente en amparo sobre la petición de suspensión de los acuerdos recurridos.
10. Por diligencia de ordenación de 11 de marzo de 2019, se tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones solicitadas al Parlamento de Cataluña, teniéndose por personados y parte en el procedimiento al mencionado órgano parlamentario y al procurador don Carlos Rivera Montero, en representación de don Carles Crespo i Casamajó. Asimismo, se ordenó de acuerdo con el art. 52.1 LOTC, dar vista de todas las actuaciones, en la secretaría del Pleno, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convenga.
11. El día 2 de abril de 2019 se registró el escrito del letrado del Parlamento de Cataluña, en representación y defensa de la Cámara y en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de 25 de febrero de 2019, conteniendo las alegaciones que, a continuación, se resumen:
a) Tras recordar las resoluciones que son objeto de impugnación en el presente recurso de amparo y resumir las quejas de los recurrentes, comienza el escrito negando que los acuerdos recurridos supongan una vulneración de lo dispuesto en el art. 23 CE, pues las afectaciones alius in officiumalegadas no lesionarían el ejercicio de un derecho o facultad, concreta y efectiva, de los recurrentes. Tal y como se plantea la solicitud de amparo, para esta representación procesal, las pretensiones de la recurrente se fundamentarían más en la presunta ilegalidad, parlamentaria y constitucional de las decisiones objeto de recurso y en los derechos o facultades reconocidos a terceros, que en una afectación concreta y efectiva de un derecho o facultad propia. Por ello, entiende que dicha fundamentación no se adecua a la naturaleza, finalidad y objeto del recurso de amparo, tal y como se establece en los arts. 41.3 y 55 LOTC y ha sido interpretado por este alto tribunal, negando que el recurso de amparo sea un recurso de casación «en interés de ley» o del «ordenamiento» y definiéndolo como una vía procesal para pretensiones dirigidas a restablecer o preservar los derechos fundamentales cuando se ha alegado la vulneración concreta y efectiva de los mismos. Consecuentemente, a través del recurso de amparo, concluye el letrado del Parlament, solo puede pretenderse la defensa y eventual reparación de la violación de un derecho fundamental de los recurrentes.
En concreto, por lo que respecta a las afectaciones alius in officiumfundamentadas en la presunta ruptura del principio de igualdad entre los diputados, esta parte entiende que no hay quiebra alguna de dicho principio por cuanto las situaciones jurídicas de los diputados procesados son distintas a las del resto de diputados.
b) Se refiere, a continuación, el letrado parlamentario a la impugnación de la decisión de la mesa de 18 de septiembre de 2018, por la que se acordó tener en cuenta, en caso de empate en el seno de las comisiones parlamentarias y por la vía de la ponderación, los votos de los diputados suspendidos por el auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018. Considera claro que las alegaciones de los recurrentes respecto a esta no pueden prosperar, en tanto el acuerdo de la mesa habría intentado solucionar jurídicamente, y de forma provisional, la situación generada fruto de las medidas cautelares decretadas por el citado auto, con la finalidad de salvaguardar, como bien jurídico superior, el sistema de mayorías en coherencia con las exigencias del principio democrático, lo que se deduciría de su propia motivación y de lo dispuesto en el auto del Tribunal Supremo, en el que se alude expresamente a la preservación de la mayorías resultantes del proceso electoral.
Esa misma finalidad tendrían los acuerdos de la mesa del día 11 de octubre de 2018, en los que se computaron los votos de los diputados señores Junqueras i Vies y Romeva i Rueda. Se recuerda que dicho cómputo deriva de los acuerdos previos de la mesa y de la Comisión del Estatuto de los Diputados relativos a solucionar la situación jurídica creada por el auto de 9 de julio del Tribunal Supremo.
Se destaca, asimismo, que tanto la fundamentación del auto de 9 de julio como de los subsiguientes acuerdos adoptados por los órganos del Parlamento de Cataluña inciden en el carácter provisional de las medidas que se disponen, por cuanto los diputados afectados por las medidas cautelares no han sido privados, por sentencia firme, de su condición de diputados ni de sus derechos políticos. Por ello, para esta representación procesal, la afectación a las mayorías parlamentarias surgidas de las elecciones al Parlamento de Cataluña podría producirse justamente si fruto de la situación creada por el citado auto, los diputados procesados se viesen privados definitivamente, por unas medidas cautelares, de sus derechos políticos derivados de su condición de diputados.
De acuerdo con todo lo dicho, se considera difícilmente aceptable que se haya vulnerado elius in officiumde los recurrentes.
c) Se argumenta, asimismo, que los acuerdos se adoptaron de conformidad con los procedimientos previstos en el reglamento del Parlamento y sobre la base del principio de autonomía parlamentaria.
Frente a la impugnación del acuerdo de la mesa del Parlamento de 25 de septiembre de 2018 de trasladar a la comisión del estatuto de los diputados y del Pleno «l’examen de l’afectació sobre els drets de determinats parlamentaris de la interlocutória del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018», se destaca que, efectivamente, tal y como señalan los recurrentes, el Reglamento del Parlamento no dispone de un procedimiento específico para dar cumplimento a un supuesto como el que contempla el artículo 384 bis LECrim. Pero, ante una situación como la planteada por el auto del Tribunal Supremo, se considera razonable y adecuado al reglamento que la mesa, con fundamento en las competencias de decisión en caso de duda o laguna reglamentaria que le atribuye el artículo 37 RPC, decidiera dar una solución específica y provisional al problema jurídico planteado, a través del art. 25 RPC.
En cuanto al acuerdo de la mesa de la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento de Cataluña de 26 de septiembre de 2018, que incluía en el orden del día de la sesión de dicha comisión prevista para el día 28 de septiembre de 2018 proceder al examen referido en el párrafo anterior, se señala que nada puede reprochársele desde el punto de vista del procedimiento reglamentario. Pues el orden del día fue fijado, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento del Parlamento, por parte de la mesa y escuchados los portavoces, tal y como consta en el acta de la reunión de portavoces de los grupos parlamentarios de dicha comisión, de 26 de