Categoría: Vivienda

l procedimiento de evaluación ambiental.
4. El informe contendrá una evaluación de los impactos de las actividades proyectadas y podrá determinar las medidas correctoras necesarias para mitigar, paliar o impedir impactos negativos, incluidas las medidas compensatorias en favor de los sectores afectados o de sus comunidades.
5. El informe tendrá carácter vinculante cuando la competencia para la aprobación del plan, proyecto o programa corresponda a las administraciones públicas de Galicia. En los casos restantes, será notificado a la administración competente para la aprobación del plan, proyecto o programa al objeto de su consideración en la resolución o actuación que proceda.
1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades instrumentales del sector público autonómico con competencias sobre las aguas del litoral velarán por el mantenimiento de los objetivos de calidad y ambientales de las aguas interiores y costeras cuando puedan ser afectadas por vertidos o la realización de obras, instalaciones y actividades.
2. Los objetivos de calidad y ambientales serán los determinados en la normativa de aguas de Galicia.
3. Con respecto a lo dispuesto en la normativa de protección del medio marino, y además del control de los vertidos desde tierra al mar regulado en la normativa de aguas de Galicia y del cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de Galicia, las actuaciones que pretendan llevarse a cabo en las aguas costeras que requieran la ejecución de obras e instalaciones, o la colocación o depósito de materiales sobre el fondo marino, deberán contar con un informe de compatibilidad con los objetivos de calidad y ambientales de las aguas de Galicia.
Los poderes públicos impulsarán medidas encaminadas a disponer de patrimonio público de suelo litoral que favorezca la renaturalización de los espacios parcialmente desnaturalizados y la ejecución de las actuaciones estratégicas definidas en esta ley.
1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia constituirá un patrimonio público del suelo litoral a fin de obtener reservas de suelo para las actuaciones de iniciativa pública que contribuyan a la ejecución de la competencia de ordenación del litoral, entre ellas, la conservación y mejora del medio ambiente, del patrimonio natural y del patrimonio cultural.
2. Integrarán el patrimonio público autonómico del suelo litoral:
a) Los bienes resultantes de procedimientos de expropiación forzosa derivados de la aprobación de planes o proyectos para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley.
b) Los bienes adquiridos en ejercicio del derecho de tanteo o retracto, en los términos recogidos en el artículo 68 de esta ley.
c) Los bienes cedidos por la Administración general del Estado previo procedimiento de desafectación de dominio público marítimo-terrestre, afectos a finalidades de uso o servicio público.
1. Se declaran de utilidad pública las actuaciones estratégicas reguladas en el título IV de esta ley a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su ejecución.
2. Asimismo, se considerará implícita la declaración de utilidad pública en la aprobación de los instrumentos de ordenación del litoral regulados en la presente ley cuando contengan disposiciones que tengan por finalidad:
a) Incrementar los espacios del área de protección ambiental, mediante la incorporación de terrenos incluidos en el área de mejora ambiental o paisajística que puedan llegar a obtener, tras las intervenciones oportunas de renaturalización, unas condiciones naturales equivalentes a las de los espacios que conforman aquella área.
b) Intervenir sobre espacios incluidos en el área de mejora ambiental o paisajística susceptibles de recuperar parcialmente sus condiciones naturales.
c) Ampliar los espacios verdes y promover actuaciones de renovación urbana y rehabilitación en el área de reordenación.
1. Los instrumentos de ordenación del litoral podrán delimitar los ámbitos de las áreas de mejora ambiental y paisajística y de reordenación en los que las transmisiones onerosas de terrenos estén sujetas a los derechos de tanteo y retracto a los efectos de obtener reservas de suelo para acometer acciones de renaturalización o llevar a cabo acciones de rehabilitación o renovación urbana.
2. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo será de tres meses, a partir de la notificación del precio y de las condiciones de la transmisión por la persona transmitente a la administración a la que el instrumento de ordenación atribuya el derecho de tanteo. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese notificado a la persona transmitente el ejercicio del derecho de tanteo, podrá llevarse a cabo la transmisión.
3. Si no se produjera la notificación para el ejercicio del derecho de tanteo, podrá ejercerse el derecho de retracto en el plazo de un año, a contar a partir de la fecha en la que la Administración tuviera conocimiento de la transmisión.
1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades del sector público empresarial con competencias en materia de litoral pondrán a disposición de la sociedad información suficiente y accesible sobre la configuración y el estado de los espacios terrestres y marinos del litoral, sus zonas de especial interés ambiental, paisajístico y cultural, sus servicios ecosistémicos, las actividades públicas y privadas implantadas en esos espacios y cualesquiera otros contenidos divulgativos que permitan mejorar la cultura litoral y oceánica de la ciudadanía.
2. Serán objeto de protección específica como parte del patrimonio cultural inmaterial de Galicia aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las comunidades costeras que manifiestan un particular sentimiento de identidad y de relación con el medio costero y marino, entre ellos, las técnicas artesanales y tradicionales vinculadas con los oficios del mar.
3. Se desarrollarán planes de fomento y recuperación de oficios tradicionales relacionados con el mar, así como programas pedagógicos de formación en materia de cultura litoral y oceánica. Para desarrollar estos planes y programas se contará con las asociaciones que trabajan en este ámbito y con personas que atesoran saberes y conocimientos relacionados con los oficios del mar y la cultura litoral.
1. Las administraciones públicas de Galicia, en colaboración con otras entidades públicas y privadas con labores vinculadas con el litoral, promoverán estrategias y programas a fin de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de su conservación y uso sostenibles, así como, en general, sobre su función esencial para el bienestar de la humanidad. Esta función de sensibilización irá acompañada de información efectiva sobre los medios de participación pública en los supuestos previstos por el ordenamiento jurídico.
2. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia procurará introducir en todos los niveles del sistema educativo y universitario de Galicia programas de formación dirigidos a proporcionar conocimientos, aptitudes y comportamientos para conseguir el Objetivo de desarrollo sostenible n.º 14 fijado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativo a conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
3. Las administraciones públicas promoverán estrategias y programas de concienciación de la ciudadanía sobre el cambio climático.
1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia promoverá estrategias y programas de investigación e innovación en ciencias marinas con los centros de investigación implantados en Galicia, para, entre otros objetivos, incrementar la observación del estado del medio marino y sus recursos, identificar los riesgos y áreas de vulnerabilidad, determinar medidas y mecanismos de respuesta que garanticen la explotación sostenible de los recursos y promover la protección y restauración de sus ecosistemas.
Asimismo, se promoverán asociaciones y alianzas entre los centros de investigación y las empresas de los diferentes sectores de la economía azul para generar un diálogo permanente, una innovación marina y marítima sostenible y la adecuada capacitación de las personas profesionales de estos sectores.
2. Como herramienta complementaria de la investigación científica se promoverá el desarrollo de la ciencia ciudadana sobre el litoral, a través de la implicación activa de personas no especializadas en la captación, procesamiento, interpretación de datos e identificación de problemas, de gran utilidad en la implementación de la investigación científica y para facilitar la aplicación de las políticas y gestión sobre el litoral.
1. La inspección del litoral será ejercida por los órganos que desempeñan las funciones de inspección en los distintos espacios terrestres o marinos del litoral, de conformidad con la normativa específica que los regule, y sin perjuicio de las funciones de tutela y policía que corresponden al Estado en su condición de titular del dominio público marítimo-terrestre.
2. El personal de inspección tiene, en el ejercicio de sus funciones, la condición de autoridad y puede solicitar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la cooperación de personal funcionario y autoridades de otras administraciones públicas.
3. En el ejercicio de dicha actividad, el personal de inspección puede inspeccionar toda clase de obras e instalaciones, contando, cuando fuera preciso, con la preceptiva autorización judicial, y está facultado para entrar y permanecer en las fincas, construcciones y otros lugares sujetos a su actuación inspectora el tiempo estrictamente necesario para realizar su función.
4. Los documentos levantados por el personal de inspección en los que se recojan los hechos constatados tienen valor probatorio salvo que se acredite lo contrario, de conformidad con lo establecido por la legislación de procedimiento administrativo común.
5. Corresponden al personal que tenga encomendado el ejercicio de la inspección del litoral, además de las funciones contempladas en su normativa sectorial de aplicación, las siguientes:
a) La investigación y comprobación del cumplimiento de la normativa, así como la práctica de las pruebas y mediciones necesarias para esta finalidad.
b) La documentación de sus actuaciones mediante las actas de inspección, los informes, las diligencias y las correspondientes comunicaciones.
c) La propuesta de adopción, en su caso, de medidas provisionales y de incoación de los procedimientos de protección de la legalidad.
1. La realización de usos sobre el litoral contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley será perseguida a través de los procedimientos sancionadores y los cuadros de infracciones y sanciones previstos en la legislación de costas, puertos, medio marino, patrimonio natural, urbanismo o cualquier otra sectorial que resulte de aplicación.
2. Si un mismo hecho puede ser sancionado en virtud de infracciones diferentes, se perseguirá la infracción de mayor gravedad.
3. En ningún caso la infracción puede suponer un beneficio económico para la persona infractora. Cuando la suma de la sanción impuesta y del coste de las actuaciones de reposición de los bienes y situaciones a su anterior estado determine una cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar el ciento diez por ciento del importe de este.
4. En su caso, los resultados de la inspección realizada conforme al artículo anterior serán elevados a la consejería con competencias para ejercer la potestad sancionadora en función de la infracción cometida o a los ayuntamientos costeros competentes.
Por decreto del Consejo de la Xunta podrán declararse áreas de influencia litoral, conformadas por espacios no comprendidos en el litoral de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la presente ley, en las que serán de aplicación las disposiciones de esta ley necesarias para el mantenimiento de bienes y servicios ecosistémicos del litoral.
Dicha declaración, que habrá de estar avalada por la experiencia y el conocimiento científico, irá acompañada de la incorporación de las áreas declaradas al Plan de ordenación costera.
Las referencias a las aguas costeras y de transición contenidas en la presente ley se entenderán según las definiciones establecidas en la legislación de aguas.
Por lo tanto, son aguas costeras las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición.
Son aguas de transición las masas de agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos que son parcialmente saladas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben una notable influencia de flujos de agua dulce.
1. La estrategia de economía azul se aprobará en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley.
2. Las directrices de ordenación del litoral se aprobarán en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley.
3. El plan de ordenación marina se aprobará en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley.
El Plan de ordenación del litoral de Galicia, aprobado definitivamente por Decreto 20/2011, de 10 de febrero (DOG de 23 de febrero) pasará a denominarse «Plan de ordenación costera de Galicia» y deberá ser revisado, para su adaptación a la presente ley, en el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor.
1. Las disposiciones contenidas en esta ley son complementarias de las establecidas en los planes aprobados en virtud de la normativa sectorial, entre ellos los siguientes:
a) Los planes de ordenación y gestión de espacios naturales protegidos y de protección de la biodiversidad.
b) Los planes de pesca, marisqueo y acuicultura.
c) Los planes de contingencias por contaminación marina accidental.
d) Los planes de lucha contra el cambio climático.
e) Los planes del sistema portuario de Galicia.
f) Los planes de protección civil y emergencias.
g) Los planes de protección del patrimonio cultural.
h) Los planes de ordenación y protección del paisaje.
i) La planificación hidrológica.
j) Los planes de turismo.
k) Los planes de transporte marítimo.
l) Los planes de infraestructuras.
m) Los planes previstos en la normativa forestal.
n) Los planes de ordenación de los montes vecinales, en la superficie que corresponda al litoral.
2. La Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Ordenación del Litoral velará por la integración entre las disposiciones de esta ley y las leyes sectoriales, impulsando, cuando proceda, las modificaciones que favorezcan la gestión integrada del litoral.
1. El Consejo de la Xunta, a propuesta de la consejería competente en materia de medio ambiente, previo informe favorable del departamento competente en materia de patrimonio cultural, aprobará un catálogo de bienes de valor cultural en el litoral, sobre los que se podrán promover las actuaciones estratégicas recogidas en el artículo 58 de esta ley.
2. El catálogo deberá incluir:
a) La identificación de los bienes, con indicación del área del litoral en la que se encuentran, especificando, en su caso, si ocupan dominio público marítimo-terrestre o zona de servidumbre de protección.
b) La justificación de la incorporación al catálogo, cuando la edificación no esté declarada bien de interés cultural o catalogada, o, en este caso, la referencia a la declaración o catalogación.
c) Los usos originales de los bienes y los usos futuros compatibles en caso de que se intervenga sobre ellos, quedando garantizado que no se pongan en peligro los valores que han aconsejado su catalogación.
d) Cualesquiera otros datos que favorezcan la mejor preservación de los valores que se tratan de proteger y su entorno.
3. En el procedimiento de aprobación del catálogo se abrirá un trámite de información pública para que las personas interesadas puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes.
4. Los bienes catalogados se integrarán en el Catálogo del patrimonio cultural de Galicia.
5. La incorporación de un bien inmueble al catálogo obligará a los ayuntamientos en cuyo territorio se localice a incorporarlo al planeamiento urbanístico general y a establecer las determinaciones específicas para su régimen de protección, conservación y uso.
6. Las modificaciones y revisiones del catálogo seguirán el mismo procedimiento que el establecido para su aprobación.
1. La consejería con competencias en materia de patrimonio de la Xunta de Galicia, por razones de interés público, promoverá la regularización de la situación jurídica de los bienes inmuebles destinados a usos o servicios públicos autonómicos, cuya titularidad resultó transferida a la Comunidad Autónoma de Galicia antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, y que resultaron posteriormente declarados de dominio público marítimo-terrestre a consecuencia de un deslinde practicado conforme a dicha ley.
2. A esos efectos, si los terrenos sobre los que se sitúan los inmuebles han perdido sus características naturales de playa o zona marítimo-terrestre, la Administración autonómica solicitará el inicio del procedimiento de declaración de innecesariedad y desafectación de los terrenos regulado en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.
3. Para cumplir con la finalidad de la transferencia de los bienes y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, se solicitará de la Administración general del Estado la cesión gratuita de los terrenos afectados, con el compromiso de que las edificaciones o instalaciones que ocupen los inmuebles mantendrán el destino de uso o servicio público que ha determinado su transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia.
4. Si terminara el procedimiento de desafectación en los términos expuestos, los terrenos y los inmuebles se integrarán en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, sin que les resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 66.2.c) de esta ley.
5. En los restantes casos, para el mantenimiento de los usos o servicios públicos preexistentes se promoverá la celebración de un convenio de colaboración que regule el uso de los terrenos o se solicitará una concesión que ampare la ocupación del dominio público marítimo-terrestre; todo ello a tenor de lo establecido en la normativa de costas.
La autorización de los aprovechamientos forestales en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre se regulará por lo establecido en la normativa de montes de Galicia.
El tramo internacional del río Miño se regulará por lo dispuesto en los correspondientes instrumentos internacionales.
Lo establecido en la presente ley se entenderá sin perjuicio de lo estipulado en su legislación específica para las obras y actuaciones de interés general del Estado, que se regirán por la norma estatal sectorial que resulte de aplicación en cada caso.
1. La presente ley será de aplicación a los procedimientos de obtención de títulos habilitantes de usos y actividades sobre el litoral que se inicien a partir de su entrada en vigor.
2. Los procedimientos iniciados a instancia de parte ante la Administración autonómica con anterioridad a la entrada en vigor, que no hubiesen sido resueltos en el plazo máximo legalmente establecido, continuarán su tramitación conforme a la normativa anterior, sin perjuicio del derecho de la persona interesada de desistimiento a efectos de iniciar otro procedimiento con arreglo a lo dispuesto en esta ley.
1. Hasta la revisión del Plan de ordenación del litoral de Galicia, se mantendrá el régimen jurídico de las áreas de protección costera, los corredores y los espacios de interés recogidos en los artículos 54, 57 y 58 del Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de ordenación del litoral de Galicia, excepto en lo que afecte a las actuaciones estratégicas del título IV, cuyas disposiciones serán de aplicación a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
2. A los efectos de ejecución de las actuaciones estratégicas previstas en la presente ley, el Instituto de Estudios del Territorio de Galicia aprobará los instrumentos cartográficos que recojan la zonificación regulada en el título III, los cuales estarán disponibles en la dirección electrónica a que se refiere la disposición final tercera de esta ley.
Hasta la revisión del Plan de ordenación del litoral de Galicia, las referencias contenidas en esta ley a los espacios de especial interés ambiental y paisajístico que debe delimitar el Plan de ordenación costera serán todos los de esa naturaleza delimitados en el Plan de ordenación del litoral de Galicia.
En tanto no se desarrolle reglamentariamente el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones y las declaraciones responsables del artículo 49 de esta ley, seguirá en vigor el Decreto 97/2019, de 18 de julio, por el que se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
Se modifica el artículo 55 de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia, quedando redactado como sigue:
1. En la zona de servicio portuaria solo se podrán llevar a cabo actividades, instalaciones y construcciones acordes con los usos portuarios y de señalización marítima, conforme a lo establecido en la presente ley, en la normativa estatal de aplicación y en las normas que la desarrollen.
2. A tal efecto, tienen la consideración de usos portuarios los siguientes:
a) El uso de infraestructura básica asignado a diques y caminos.
b) Los usos comerciales, entre los cuales figuran los relacionados con el intercambio entre modos de transporte, los relativos al desarrollo de servicios portuarios y otras actividades portuarias comerciales.
c) Los usos pesqueros, incluidos los referidos a la pesca, el marisqueo y la acuicultura.
d) Los usos náutico-deportivos.
e) Los usos complementarios o auxiliares de los anteriores, incluidos los relativos a actividades logísticas y de almacenaje, los relativos a la cadena mar-industria alimentaria y los que correspondan a empresas industriales o comerciales que justifiquen el emplazamiento en el puerto por su relación con el tráfico portuario, el volumen de los tráficos marítimos que generan o los servicios que prestan a las personas usuarias del puerto.
f) Los usos necesarios para llevar a cabo el transporte de las personas usuarias del transporte marítimo, competencia de la Comunidad Autónoma.
g) Los usos vinculados a la interacción puerto-ciudad, que cumplan la doble función de integrar el ámbito portuario en el ayuntamiento y la participación de la comunidad en el desarrollo portuario, a través de la implantación de usos y actividades que, sin alterar el desarrollo del puerto y las operaciones de tráfico portuario, mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, entre ellos, la prestación de servicios sanitarios, asistenciales, docentes, culturales y deportivos, así como los destinados a la mejora de la conectividad del puerto con el entorno urbano.
3. La gestión de los espacios portuarios vinculados a la interacción puerto-ciudad se regulará mediante fórmulas de colaboración interadministrativa, que deberán incluir, al menos, las competencias y financiación en materia de conservación y mantenimiento de espacios y servicios, el régimen de la responsabilidad derivada de acontecimientos ocurridos en el espacio o en relación con la prestación del servicio, y cualesquiera otras cuestiones que se consideren necesarias para facilitar la gestión eficaz de las administraciones implicadas y de los usuarios de los servicios.
4. En los terrenos de la zona de servicio portuaria que no reúnan las características naturales de bienes de dominio público marítimo-terrestre definidos en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, podrán admitirse otros usos no estrictamente portuarios, tales como equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales, exposiciones y otras actividades comerciales e industriales no portuarias, siempre que resulten compatibles con los usos antes definidos, no se perjudique globalmente el desarrollo futuro del puerto y las operaciones de tráfico portuario y se ajusten a lo establecido en el plan urbanístico en vigor, así como a lo previsto en la normativa de costas en materia de protección del dominio público marítimo-terrestre adscrito.»
Se modifica el artículo 82 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, quedando redactado como sigue:
1. Se establecen como objetivos de calidad de las aguas de las rías de Galicia los indicados en el anexo II de la presente ley. Estos objetivos de calidad tendrán el carácter de mínimos.
2. Se establecen como objetivos ambientales de las aguas de las rías de Galicia los establecidos en la Estrategia marina de la Demarcación noratlántica, recogidos en el anexo II del Real decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas, o en la norma que lo sustituya.
3. Los métodos de análisis de referencia para la determinación de los parámetros considerados en los objetivos de calidad y ambientales, así como el procedimiento para su control, serán determinados reglamentariamente.
4. En cualquier caso, los anteriores objetivos, tanto de calidad como ambientales, se entenderán modificados en caso de que por parte de la Unión Europea o el Estado se dictasen objetivos de calidad más estrictos o bien referidos a nuevos parámetros.»
La información cartográfica necesaria para la aplicación de esta ley estará disponible en la dirección electrónica de la consejería con competencias en materia de medio ambiente.
Se autoriza al Consejo de la Xunta para dictar las disposiciones para el desarrollo reglamentario de la presente ley.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días naturales de su publicación en el «Diario Oficial de Galicia», salvo lo establecido en el artículo 48.1 con respecto al ejercicio de las competencias autonómicas para el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones del dominio público marítimo-terrestre, cuya entrada en vigor queda supeditada a la publicación del real decreto de traspasos de funciones y servicios de la Administración general del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Santiago de Compostela, 6 de julio de 2023.–El Presidente, Alfonso Giménez Vargas.