Categoría: Administración

En el recurso interpuesto por doña C. F. A. y don G. P. contra la negativa del registrador Mercantil y de Bienes Muebles I de Málaga, don Francisco Giménez Ortega Herrero, a inscribir determinados acuerdos sociales de la sociedad «Espliego Inversiones, S.L.».
En acta notarial de la junta general de la sociedad «Espliego Inversiones, S.L.» autorizada el día 22 de abril de 2024 por el notario de San Pedro de Alcántara, don Eduardo Ortiz Sánchez, con el número 831 de protocolo, constaban los acuerdos adoptados en dicha junta general celebrada el día 25 de abril de 2024 por los cuales se cesaba al administrador único, don B. F., así como a la administradora suplente, doña M. F., y se nombraba administradora única a doña C. F. A.
Presentada dicha acta en el Registro Mercantil de Málaga, fue objeto de calificación el día 21 de mayo de 2024, si bien, ante determinados errores, fue objeto de la nota siguiente calificación el día 28 de mayo de 2024:
«Don Javier Moya Rivera, Registrador Mercantil de Málaga, previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, certifica que ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos
Diario/Asiento: 487/194
F. Presentación: 06/05/2024
Entrada: 1/2024/13753,0
Sociedad: Espliego Inversiones SL
Hoja: MA-66182
Expedido por: Hernández Mora, Eduardo
Protocolo: 2024/831 de 22/04/2024
Fundamentos de derecho (defectos) (…)
Calificada conjuntamente este Acta Notarial de Junta General de Acuerdos Sociales, autorizada en San Pedro de Alcántara Marbella, el 25 de abril de 2024, número 831 de protocolo, ante su Notario don Eduardo Herrero León, presentada en este Registro el 6 de mayo de 2024, bajo el número de entrada 1/2024/11995, asiento 194 del diario 487, junto con escritura de elevación a público de acuerdos sociales de 30 de abril de 2024, otorgada ante el Notario de Málaga don Juan Silva Alonso Montero el 30 de abril de 2024, número 3032 de su protocolo, presentada el 30 de abril de 2024, bajo el número de entrada 1/2024/11694, asiento 1652 del diario 486.
En el primero de los documentos, que es de fecha anterior al segundo aunque presentado con posterioridad, se cesa como Administrador Único de la sociedad a don B. F. y a doña M. F. (Administradora Suplente), y se nombra Administradora Única a doña C. F. A.
En el segundo de los documentos, que es de fecha posterior al primero presentado, aunque presentado con anterioridad, se cesa al Administrador Único don B. F. y se nombra Administrador Único a la entidad mercantil “1945 Malpensa 2 SL”, que nombra como representante persona física, al citado don B. F.
El segundo de los documentos que eleva a público acuerdos de la junta general de 30 de abril de 2024, al que asisten encontrándose presentes por si o debidamente representado el 100 % del capital social.
La convocatoria fue notificada a doña M. F. y a doña G. E., esta última fallecida 31 de julio de 2021 y titular de 300.160 participaciones sociales.
El primero de los documentos, acta de junta general ordinaria, celebrada el 25 de abril de 2024, que es como hemos dicho celebrada antes que la junta elevada a público en el segundo de los documentos.
Dicha junta, fue acordada su convocatoria por la letrada de la administración de justicia, doña D. A. J. C., del Juzgado Mercantil I de Málaga, el 24 de marzo de 2024.
El orden del día de la misma, en lo que a estos efectos interesa, es el siguiente:
1. Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la junta irregularmente celebrada el pasado 31 de diciembre de 2022.
Los acuerdos de esta junta, fueron impugnados judicialmente el 21 de enero de 2023, según documento que se incorpora a la presente escritura.
2. Cese de los Administradores, cambio de estructura del Órgano de Administración, Nombramiento de Administrador Único y consiguiente modificación estatutaria.
A esta junta, asisten los siguientes señores:
– Don G. P. (Presidente)
– Don J. L. B. G. (Letrado del presidente)
– Don B. F.
– Doña M. F.
– Don J. A. V. (Letrado de Llanos Group SL y de don B. F.)
Sometido a votación el primer punto del orden del día vota a favor de dejar sin efecto los acuerdos adoptado en junta general de 31 de diciembre de 2022, don G. P., titular 300.160 participaciones y vota en contra el letrado Sr. A., representante de Llanos Group S.L., titular de 300.150 participaciones. En consecuencia el presidente don G. P., declara que resulta aprobado este punto del orden del día, dejando sin efecto los acuerdos de junta general de 31 de diciembre de 2022.
El Sr. A. V., letrado del Sr. F., se opone a cualquier representación que pueda llevar el Sr. P. en cuanto a la parte del legado que le corresponde y que ha adquirido de la Sra. E. Advierte, de las consecuencias penales que comportaría su actuación en contra de los derechos del Sr. F., siendo el Sr. F. la única persona que conforme a la legislación vigente podría representar a dicha señora.
Por tanto, dada las razones expuestas, considera que la propuesta de este punto del orden del día ha sido desaprobada, puesto que ha sido rechazada por la mayoría del capital social.
Sigue añadiendo el Sr. A. V., que actualmente la aceptación y adjudicación de herencia es objeto de controversia en el procedimiento judicial 631/2023, ante el Juzgado de primera Instancia número 1 de Marbella. En este procedimiento se impugna la escritura de adjudicación de herencia del Sr. P.
Dicha titularidad, está judicializada ante el Juzgado de lo Mercantil de Málaga Bis 1, procedimiento ordinario 21/2023, así como medidas cautelares de 21 de enero de 2023. Dicho documento se incorpora a la escritura.
El presidente Sr. P., se remite a la lista de asistentes a la junta y rechaza las manifestaciones vertidas por el Sr.A. Ferrer Sr. P., entrega acta de requerimiento autorizada por el Notario de Marbella, don José Díaz Crespo, el 18 de abril de 2023, con el número 1342 de protocolo que queda incorporada a esta escritura.
Así mismo, el Sr. P. hace entrega para unir a esta matriz de la escritura de aceptación de herencia autorizada por el Notario de Marbella, don Luis Suárez Rivera, el 2 de diciembre de 2022, con el número 6915 de su protocolo.
A continuación se entra a debatir el segundo punto del orden del día, que es Cese de Administradores, Cambio de estructura del Órgano de Administración a Administrador Único y nombramiento de Administrador único, y consecuente modificación estatutaria.
En cuanto al primer tema de este punto, se propone por el presidente cesar como administradores de la mercantil al don B. F. y a doña M. F., esa última administradora suplemente.
Sometido a votación, vota a favor del cese de los administradores don G. P., titular 300.160 participaciones y vota en contra el letrado Sr. A., representante de Llanos Group S.L, titular de 300.150 participaciones.
En consecuencia, el presidente declara aprobada la modificación de la forma de gobierno de la sociedad, con la consiguiente modificación estatutaria.
Se propone el nombramiento por el presidente del nuevo administrador único de la sociedad, en favor de doña C. F. A., mayor de edad, soltera, con DNI (…), y con domicilio en (…) Málaga.
Sometido a votación, vota a favor del nombramiento de la nueva administradora, don G. P., titular 300.160 participaciones y vota en contra el letrado Sr. A., representante de Llanos Group SL, titular de 300.150 participaciones.
Presente en el Acto doña C. F. A., acepta el cargo para el que ha sido nombrada, declarando no estar incursa en prohibiciones e incompatibilidades legales para ejercer su cargo.
Se hacen las misma [sic] manifestaciones del punto primero, tanto por parte del Sr. P., como del Sr. A., reiterándose en todas las manifestaciones realizadas al respecto en el punto anterior del orden del día.
Por último, el Sr. A. manifiesta que advierte a doña C. F. A., presente en el Acto, que no se ha producido nombramiento alguno de administrador, y que cualquier actuación que lleve a cabo como tal, será constitutiva de delito.
Como claramente se ve, existe una disputa sobre las 300.160 participaciones de la Sra. E. F., que en el primer documento se las atribuye don G. F. y en segundo a don G. P.
Don G. F. y doña G. E. F., contrajeron matrimonio el 19 de junio de 1989. De dicho matrimonio no hubo descendencia común, pero sí de los anteriores matrimonios. La Sra. P. de su anterior matrimonio tuvo un hijo que es don G. P.
Doña G. E. F., otorgó testamento ante el Notario de Marbella, don Juan Cano Velasco Moya, el 28 de enero de 2014, número 218 de su protocolo.
En el manifestaba haber estado casada en primeras nupcias con don R. P., del que tiene un descendiente, don G. P.
Manifestaba estar casada en segundas nupcias, de cuyo matrimonio no tiene descendencia.
En dicho testamento, legaba con cargo al tercio de libre disposición el 25 % de su herencia a 5 hermanos (el 5 % a cada uno de ellos), entre los cuales se encontraba doña F. E.
Esta señora vendió su legado del 5 % a don B. F. en escritura otorgada en Málaga, el 23 de abril de 2024, ante su Notario doña Silvia Vega Fuentes, número 1.381 de su protocolo.
Legaba el usufructo universal y vitalicio a su esposo don B. F. Igualmente, nombraba heredero universal de todos sus bienes y derechos a su hijo don G. P.
Por último, se nombraba contador partidor al hermano de la testadora, don F. A. E., que ejercerá el cargo con carácter remunerado con facultades legales y específicas de entrega de legado, prorrogándose el plazo legal, hasta el fallecimiento de su esposo.
El señor P., aceptó la herencia en la forma antes mencionada, mediante la cual se adjudicaba las 300.160 participaciones de la sociedad Espliego Inversiones SL, impugnada judicialmente como antes es hemos dicho.
Siendo incompatibles ambos documentos, el Registrador no puede resolver con los escasos medios que cuenta para su calificación, por lo que se hace necesario suspender ambos documentos en los que además claramente existe una contienda judicial acerca de la titularidad, y representación de las 300.160 participaciones de la fallecida doña G. E.
De acuerdo con la Resolución de la DGSJFP de 24 de septiembre de 2022, “...dada la transcendencia de los pronunciamientos regístrales y su alcance ‘erga omnes’ habida consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales mientras no se declare la inexactitud registral. Por eso el registrador no solo puede sino que debe tener en cuenta los documentos inicialmente presentados sino también los auténticos relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después con el objeto de que al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces (Resolución de DGSJyFP de 2 de Agosto de 2014, que sigue la doctrina de Resoluciones anteriores por todas la de 11 de Febrero de 2014). La resolución citada continúa diciendo que en estos casos, para evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción de sendos (o de todos y sus conexos) títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación de cual sea el auténtico a la decisión del juez competente cuya función el registrador no puede suplir. La Dirección General ha reiterado en numerosas ocasiones (por todas la Resolución de 5 de junio de 2012 que fija doctrina) que el principio de prioridad, propio de un registro de cosas, como es el Registro de la Propiedad, tiene su reflejo en un Registro de personas, como es el Mercantil, si bien con las debidas adaptaciones derivadas de su distinta naturaleza, pues aunque el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y legitimación tiene su fuente en la Ley (artículo 20 del Código de Comercio)”.
En relación con la presente calificación:
Todos los defectos son subsanables salvo aquellos en los que expresamente se manifieste lo contrario (…)
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 del R.R.M. contando la presente nota de calificación con la conformidad de los cotitulares del Registro.
Málaga, a veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro».
Contra la anterior nota de calificación, doña C. F. A. y don G. P. interpusieron recurso el día 19 de junio de 2024 mediante escrito que en el que alegaban lo siguiente:
«Única.–Ausencia de títulos incompatibles y deber de inscribir los acuerdos sociales adoptados el 25 de abril por ser conformes a Derecho y Resoluciones previas de este Centro Directivo al que me dirijo.
1. En primer lugar, antes de entrar a valorar la calificación del Registrador, hemos de decir que yerra en su resolución dado que se hace referencia a la celebración de dos Juntas Generales, una con fecha de 22 de abril de 2024 “(...) (c)on escritura de elevación a público de acuerdos sociales de 22 de abril” y otra de 30 de abril de 2024. Sin embargo, el 22 de abril de 2024 no se celebró Junta General, sino que se requirió al Notario su presencia. La Junta fue el 25 de abril, por lo que una junta se habría celebrado el 25 de abril (en adelante, “Primera Junta”) y otra el 30 de abril (en adelante, “Segunda Junta”).
2. El Sr. Registrador ha calificado conjuntamente dos títulos
(i) Por un lado, el acta notarial realizada por el notario don Eduardo Herrero León bajo número de protocolo 831, en referencia a los acuerdos sociales adoptados en la primera Junta de 25 de abril; y presentada ante el Registro Mercantil de Málaga el día 6 de mayo bajo el número de entrada 1/2024/11.995, asiento 194 del diario 487 (en adelante, el «Acta Notarial») (…)
(ii) Por otro lado, la escritura de elevación a público de acuerdos sociales autorizada por el notario de Málaga don Juan Silva Alonso Montero (bajo el número 3.032 de su protocolo), en referencia a (os acuerdos adoptados en la segunda Junta de 30 de abril; que fue presentada en el Registro Mercantil de Málaga, de nuevo, el mismo día 30 de abril de 2024 (en adelante, la «Escritura»).
3. El motivo por el cual el Registrador califica conjuntamente el Acta Notarial, presentada el 6 de mayo y la Escritura presentada por don B. F. el 30 de abril, es la estrecha relación que existe entre los acuerdos que en ellas se consignan.
(i) En la primera Junta, se acuerda el cese del administrador único (B. F.) y de la administradora suplente (M. F.), así como el nombramiento de C. F. como Administradora Única de la sociedad, tal y como se refleja en el Acta Notarial.
(ii) En la segunda Junta, se acuerda nuevamente el cese del administrador único, B. F., (no así de la suplente) que ya había sido sustituido previamente en la primera Junta; y además, se acuerda el nombramiento como Administrador único a la mercantil 1945 Malpensa 2 S.L.
4. No obstante, aunque este motivo justifique la calificación conjunta, el hecho de que concurran dos acuerdos sociales relacionados entre sí, pero recogidos en títulos diferentes, no puede determinar la suspensión de la inscripción ipso facto.
5. En este sentido, el Registrador argumenta que no solamente los acuerdos son incompatibles, sino que los propios títulos en los que se recogen también lo son. Sobre esta base, supedita, de manera errónea, la inscripción de un acuerdo u otro a una hipotética contienda judicial que determine cuál de los títulos es válido.
6. Con el debido respeto, esta argumentación adolece de tres defectos que la vuelven contraria a Derecho: (i) en primer lugar, el hecho de no aplicar el principio de prioridad que por norma general rige la calificación registral ni, por las concretas circunstancias de este caso, la regla excepcional relativa a este principio; (ii) en segundo lugar, una deficiente ponderación de los elementos acreditados que lleva a inaplicar el principio de legalidad; y (iii) en tercer lugar, el hecho de ignorar el principio de ajenidad a las contiendas societarias.
(I) Procede aplicar la excepción al principio de prioridad registral e inscribir los acuerdos del 25 de abril.
7. Para entender el primero de los defectos en su plenitud es necesario describir el iter del supuesto planteado. Con fecha de 22 de abril, don G. P., socio de la Mercantil, requirió al notario don Eduardo Herrero León para que asistiese a la Junta General Extraordinaria convocada para el día 25 de abril por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Málaga, el cual nombraba a G. P. como presidente de dicha Junta.
8. De este requerimiento y de la celebración de la referida Junta de 25 de abril, nació el Acta Notarial, que fue presentada en el Registro Mercantil el día 6 de mayo.
9. Por otro lado, en la Escritura se elevó a público acuerdos adoptados en una Junta General celebrada con fecha de 30 de abril siendo entregada y presentada en el Registro Mercantil el mismo día de celebración de la Junta, o sea el 30 de abril.
10. Dejando de un lado el iter que será relevante para determinar la procedencia de este recurso; es incontrovertido que, aun conteniendo acuerdos opuestos, no cabe apreciar contraposición entre ambos títulos. Dado que, lejos de certificar una misma situación fáctica de manera diferente (como habría ocurrido, hipotéticamente, en el caso de que ambos títulos hiciesen referencia a una misma Junta General), los títulos se limitan a reflejar los acuerdos que, según se manifiesta en cada uno, se adoptaron en situaciones fácticas independientes (el Acta Notarial respecto de la Junta General de 25 de abril y la Escritura respecto de la Junta General de 30 de abril).
11. Si bien es cierto que la aplicación del principio de prioridad conduciría a la inscripción del título presentado con anterioridad, es decir, la Escritura, esta regla general se ve alterada en supuestos de hechos como el presente.
12. En ese sentido, tanto la DGRN como el Tribunal Supremo han reiterado en numerosas ocasiones que el Registrador Mercantil debe tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con estos, pese a ser presentados con posterioridad; debiendo tener en cuenta el contenido y la validez del documento presentado posteriormente para dejar sin efecto el primero de ellos y, así, proceder a la inscripción del ulterior.
13. De hecho, la propia DGRN acoge este criterio de principio general de prioridad registral en diferentes Resoluciones entre otras, en la reciente Resolución de 10 de abril de 2024 referida a una calificación precisamente de este Registro Mercantil de Málaga, estableciendo que:
“(L)a dicción del artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil no empecé para que en aquellos supuestos en que la validez del documento primeramente presentado resulte patentemente refutada por un documento presentado con posterioridad la inscripción no pueda llevarse a cabo (...)
la regla general de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma auténtica la falta de validez del primero (…)”
14. Criterio que ya acogía el Alto Tribunal, entre otras, en su Sentencia núm. 561/2022 de 12 de julio:
“Aunque sea excepcional, el registrador, al realizar la calificación, puede tener en cuenta circunstancias o hechos ciertos (...) que hayan sido presentados después del documento objeto de calificación, de cuya autenticidad no quepa duda y que estén relacionados con el documento cuya inscripción se solicita, a fin de evitar la práctica de asientos ineficaces y en aplicación del principio de legalidad (arts. 18 y 20 Ccom)”
15. Pero, es más, este propio Centro Directivo resolvió en su Resolución de 8 de junio de 2023 un idéntico supuesto, pero con diferentes sociedades, resolviendo favorablemente el recurso presentado ante la calificación negativa del Registrador (…)
16. En ese sentido, el contenido de la Escritura de la segunda Junta queda refutado por el Acta Notarial, al haberse acordado en la Primera Junta el cese de don B. F. y el nombramiento de C. F. como administradora única.
17. Por tanto, el acuerdo consignado en la Escritura habría de ser calificado negativamente en la medida en que se cesa a un supuesto Administrador Único, don B. F., que a fecha de la Junta General en que se adoptó dicho acuerdo ya no reunía dicha condición. Pero es que, a mayor abundamiento, la pretensión de nombramiento de 1945 Malpensa 2, S.L. como administrador único en la junta general de 30 de Abril de 2024 devendría también imposible pues, aunque se calificara antes que los acuerdos adoptados en la junta general de 25 de Abril de 2024 (de tener en cuenta los acuerdos de la junta de 25 de Abril debería, además, haberme cesado a C. F. como administradora antes de nombrar a Malpensa), debería partir del previo cese no solo de Don B. F. sino que también de la administradora suplente inscrita Doña M. F. Bien, pues dicho cese en la citada Junta General de 30 de Abril no se llevó a cabo (y sí, por el contrario, en la Junta General anterior de 25 de Abril).
18. En consecuencia, teniendo en cuenta el contenido de cada una de las Actas presentadas, el único de los títulos calificados conjuntamente que es susceptible de ser inscrito, de acuerdo con la excepción al principio de prioridad y dada la incompatibilidad de los acuerdos de los que se solicita inscripción. es el que se contiene en el Acta Notarial de 25 de abril por lo que debe prevalecer la inscripción del cargo de C. F. como Administradora única de la sociedad.
(II) Validez y legalidad del acta notarial.
19. Además, antes de profundizar en los argumentos a favor de la validez del título que pretendemos inscribir, es necesario poner de manifiesto que existe una diferencia fundamental con respecto al título presentado por don B. F. Mientras que el Acta Notarial de la Junta General de 25 de abril (a) es fruto de una convocatoria judicial, y (b) recoge acuerdos y manifestaciones hechos todos ante fedatario público, con la seguridad que ello aporta en el tráfico jurídico, la Escritura únicamente certifica que los acuerdos adoptados de forma supuestamente válida en una Junta General que habría tenido lugar el 30 de abril. Esta segunda Junta se convoca: (a) por un administrador cesado cinco días antes y (b) en la que convocaba a su esposa, fallecida desde 2021, pero quien tenía la mayoría del capital social, elevando a público el documento privado que certifica la Junta supuestamente celebrada. La menor seguridad de este título, tanto por su forma como por sus contenidos, resulta evidente a todas luces.
20. En este punto, otro de los motivos por el cual instamos este recurso es la falta de motivación, y la inobservancia del principio de legalidad en la calificación recurrida que justifique la suspensión de la inscripción de C. F. como Administradora única. Y ello es así puesto que el razonamiento que se da por el registrador no es motivo válido para proceder a la suspensión.
21. Como es bien sabido, el propio artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria exige que la calificación del registrador haga constar las causas suspensivas y la motivación jurídica de las mismas. Es más, como es doctrina reiterada por parte del Centro Directivo, entre otras, RDGRN de 8 de mayo 2023:
"(E)n concreto, por ejemplo, en la Resolución de 21 de noviembre de 2018, según doctrina reiterada después, ya se dijo que ‘es la calificación negativa la que debe expresar una motivación suficiente de los defectos que, a juicio del registrador se oponen a la inscripción pretendida’"
22. Así, dado que la incompatibilidad de los acuerdos queda salvada por la excepción al principio de prioridad, el verdadero motivo por el que el Sr. Registrador suspende la inscripción es la disputa que existe entre los socios sobre la titularidad de ciertas participaciones y de la que tiene conocimiento a través de las manifestaciones vertidas en el Acta Notarial por cierto socio, motivo en el que ahondaremos con posterioridad. Dicho esto, en puridad, tampoco puede hablarse de incompatibilidad sino de juntas sucesivas que tendrían que irse inscribiendo según procediera. Salvando aquello, no existe ningún elemento que permita desvirtuar ni el Acta Notarial ni los acuerdos en ella consignados.
23. Visto lo anterior, el registrador toma en consideración la protesta de uno de los socios contra la lista de asistentes de la Junta General de 25 de abril. Sin embargo, ésta carece de fuerza suficiente para que la calificación registral suspenda la inscripción del Acta Notarial.
24. El hecho de que actuase como secretario de dicha Junta General el notario don Eduardo Herrero León (en ejecución de una convocatoria de junta judicialmente decretada) debe preponderar sobre la protesta de uno de los socios asistentes a la misma. De hecho, la vía para impugnar la constitución de la Junta es la judicial, por el Registrador no debe entrar a valorar dicha circunstancia para llevar a cabo.
25. En ese sentido, es reiterado el criterio sostenido por la DGSJFP y nuestros Tribunales respecto a que le corresponde al presidente, no al registrador, la competencia para declarar la válida constitución de la junta. Tal y como se afirma en la Resolución de la DGRN de 8 de junio de 2023 anteriormente citada, el registrador no puede cuestionar la decisión del presidente de la Junta respecto a la conformación de la lista de asistentes, dado que ello es competencia de los órganos judiciales:
“(…) el sesgo interpretativo para hacer uso de esta excepción (el cuestionamiento, por parte del Registrador, de las decisiones de la mesa) ha de ser especialmente riguroso, pues no se trata de que la actuación de la mesa de la junta ofrezca alguna duda en cuanto a su acierto, sino que, justo a/ revés, es su equivocación la que debe resultar indudable por evidente. En la duda, es decir, si puede haber razones que justifiquen su actuación, por mucho que al registrador le parezcan poco atendibles, se ha de pasar por la declaración de aquel/a. A partir de ahí, ya es cometido judicial anular el acuerdo”.
26. Más aún cuando el Registrador “(N)o puede valerse de presunciones, ni apreciar vicios en el consentimiento, o la buena o mala fe de los intervinientes, ni atender o juzgar cuestiones de hecho, que suponen un juicio valorativo que excede de la naturaleza y función calificadora. No consiste, en fin, la calificación en un juicio de valor para declarar un derecho dudoso o controvertido, sino para incorporar o no al Registro una nueva situación inscribible, y ha de fundarse en aquellos limitados medios” (Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 29 de noviembre de 2012.)
27. De hecho, tal y como esgrime la DGRN al interpretar el alcance del artículo 6 del RRM “(L)a función calificadora implica únicamente la comprobación de que, según los medios que puede tomar en cuenta el registrador al realizar su calificación, el contenido del documento no es, de forma patente, contrario a la ley imperativa o al orden público, ni existe alguna falta de requisitos esenciales que palmariamente vicien el acto o negocio documentado.” (Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia núm. 747/2014 de 26 de diciembre)
28. Sobre la base de las sentencias citadas y como recoge la Resolución de 8 de junio de 2023, la única posibilidad para que el Registrador no quede vinculado por la actuación del presidente de la Junta es que existan contradicciones patentes. No es el caso.
29. En efecto, en el supuesto planteado en este recurso no existe discordancia alguna entre los títulos que permita desacreditar el contenido del Acta Notarial, ya que no existen listas de asistentes dispares, libros de socios paralelos ni ninguna otra circunstancia flagrante que avale la suspensión de la inscripción. De hecho, el Registrador en ningún momento hace alusión a ninguna de las circunstancias que permita entrar a valorar la decisión de la mesa de la junta por el simple hecho de que no las hay.
30. En ese sentido, las manifestaciones vertidas por un socio disidente en el Acta Notarial no son suficientes para constatar ningún hipotético motivo de nulidad o invalidez de la Primera Junta ni pueden considerarse motivación suficiente que soporte la suspensión de la inscripción por parte del Sr. Registrador. Más aún, cuando en este expediente constan dos escrituras que avalan la razonabilidad de dicha lista: la de aceptación de herencia y la de delegación del ejercicio de los derechos políticos de las participaciones en disputa en don G. P. (…)
31. En definitiva, dada la falta de motivación y la inexistencia de elementos en la Escritura que desvirtúe el contenido del Acta Notarial de la primera Junta se hace necesaria la inscripción del nombramiento de C. F. como Administradora en aplicación del principio de legalidad ex. Arts. 18.2 CCO y 6 RRM.
(III) La contienda judicial en torno a ciertas participaciones sociales y el deber de abstracción del registrador Mercantil
32. En línea con el anterior subapartado, como se menciona ut supra, la única motivación del registrador para suspender la calificación es que “(E)xiste una contienda judicial acerca de la titularidad y representación de las 300.160 participaciones de la fallecida doña G. E.”
33. Es decir, el Registrador suspende la inscripción del Acta Notarial y de la Escritura por una controversia existente en torno a la titularidad de ciertas participaciones sociales de la que tiene conocimiento por ciertas manifestaciones recogidas en el Acta Notarial, sorprendiendo muy mucho que incluso ratifica su decisión pese a los escritos presentados con posterioridad a su calificación (…) en los que se evidencia que es el propio Don B. F. quien reconoce la condición de socio y titularidad de participaciones por Don G. P. en el expediente de solicitud de auditoría voluntaria también tramitado ante él con posterioridad a las citadas Juntas Generales (…)
34. Sin embargo, el razonamiento que hace el registrador y el motivo por el cual suspende es contrario a Derecho. De conformidad con reiterada doctrina de la DGSJFP (vid., por todas, la Resolución de 23 de enero de 2019), es deber del Registrador Mercantil mantenerse al margen de aquellas controversias entre las partes cuya atribución pertenezca a los tribunales de justicia –y mucho más cuando tanto el Juzgado convocante de la Junta como Don B. respecto del nombramiento de auditor, reconocen la condición de socio de D. G. quien actúa no sólo como socio, sino como representante de la entera comunidad hereditaria, es decir, en defensa de los intereses propios que como heredero único tiene y, además, en defensa de los intereses de los legatarios de parte alícuota (y que son el 25 % de la herencia).
35. A todo lo anterior debe añadirse que el Sr. Registrador ya ha alegado esta contienda judicial en anteriores ocasiones para suspender la inscripción de otros acuerdos similares. En una de dichas ocasiones, suspendió la calificación de la escritura otorgada ante el notario de Marbella don Eduardo Herrero León el 5 de enero de 2023 número 31 de su protocolo (asiento 467/692).
36. Como ya se ha mencionado, el supuesto de hecho es prácticamente idéntico al que actualmente concurre: aunque el Sr. Registrador argüía la incompatibilidad de dos títulos calificados conjuntamente, resultó que el único motivo para suspender la inscripción era esta misma contienda judicial deducida de uno de los títulos. Con la suspensión se beneficia, al igual que en aquel entonces, a uno de los socios, don B. F., que sigue inscrito como Administrador Único hasta que se levante la suspensión de la inscripción del Acta Notarial.
“Al no inscribir un título con el argumento de que el registrador no debe tomar partido en el conflicto revelado se olvida que así se está resolviendo dicho conflicto, de momento, a favor de quien esté interesado en el mantenimiento de la situación registral existente, puesto que consigue su objetivo, sin necesidad de impugnar el acuerdo cuestionado. Por ello, salvo situaciones extremas de falta de autenticidad, todos los títulos que satisfagan los mínimos formales del procedimiento registral han de tener acceso mismo. En el presente caso, esos mínimos se cumplen, debiéndose revocar la nota de calificación, al menos, por este defecto.”
37. En ese sentido, durante el presente recurso y como se desprende del Acta Notarial se ha demostrado que no existe falta de autenticidad del título, cumpliéndose los requisitos formales que exigen tanto el Reglamento del Registro Mercantil como la Ley de Sociedades de Capital.
38. En definitiva, el único elemento en el que se fundamenta la suspensión de la calificación de los acuerdos adoptados en la Primera Junta y contenidas en el Acta Notarial es una supuesta contienda judicial respecto a la titularidad de participaciones, supuesta contienda judicial de la cual no se ha aportado el más mínimo documento. Por tanto, como ya ha declarado este Centro Directivo, el registrador debe abstraerse de dicha contienda a la hora de calificar. En consecuencia, se debe proceder a la inscripción del Acta Notarial que contiene los acuerdos adoptados en la Junta de 25 de abril de 2024.
(IV) Conclusiones
39. De todo lo anteriormente expuesto cabe extraer tres (3) conclusiones
(i) En primer lugar, que los títulos no son incompatibles, puesto que, al referirse a juntas generales distintas, la discrepancia en cuanto a los acuerdos adoptados se salva automáticamente por medio del principio de prioridad y su correspondiente excepción, de acuerdo con el cual debe inscribirse el Acta Notarial por referirse a una junta general anterior; si no se tuviese en cuenta el orden temporal en que se han ido produciendo las declaraciones de voluntad de las que nacen los actos inscribibles y sólo se tuviese en cuenta el momento de presentación de los títulos en la ventanilla del Registro, el tracto registral sería algo absurdo y disparatado;
(ii) En segundo lugar, que no existe elemento alguno en la Escritura, como evidencia el silencio del Registrador sobre esta cuestión, que permita cuestionar la validez del Acta Notarial, de tal forma que con base en esta calificación conjunta y aplicando el principio de legalidad es obligada la inscripción del Acta Notarial; y
(iii) En tercer lugar, que el único y verdadero motivo por el que se suspende la inscripción es la existencia de una discrepancia en torno a la titularidad de ciertas participaciones sociales de la que el Sr. Registrador tiene conocimiento a través de ciertas manifestaciones del Acta Notarial, contradichas con posterioridad por el propio socio discrepante y que son del todo ajenas a la labor de calificación de los títulos (RDGRN 8 de junio de 2023).
40. Conforme a lo expuesto, la Resolución del Ilmo. Sr. Registrador Mercantil incurre, con el debido respeto y a mi prudente criterio, en cinco (5) errores: (i) extrapolar la incompatibilidad de los acuerdos que pretenden inscribirse a los títulos que les sirven de soporte, y con ello, no aplicar correctamente los principios de prioridad ni legalidad consecuencia de lo anterior, no Inscribir el acuerdo contenido en un título, el Acta Notarial, adoptado en una Junta General anterior al acuerdo contenido en otro título, la Escritura, que por resultar incompatible con el primero deberá ser calificado negativamente en el oportuno expediente; (iii) excederse en sus atribuciones para cuestionar la actuación del presidente de la junta en lo relativo a la conformación de la lista de asistentes, cuando dicha actuación es absolutamente razonable y ningún elemento hay que permita pensar lo contrario; (iv) reiterarse en un argumento idéntico al ya desestimado por una Resolución de la DGSJFP en idénticas circunstancias; y (v) no tener en cuenta que en la Escritura se contienen acuerdos adoptados en una supuesta junta general universal a la que asisten B. F. y su difunta esposa, con la que vivió hasta el final de sus días, todo ello a pesar de que D.ª G. E. F., accionista mayoritaria, falleció casi tres años antes de celebrar la supuesta «junta universal» de 30 de abril del 2024, circunstancia ésta de estar muerta que no parece sin embargo suscitar el prurito del Sr. Registrador a la hora de calificar la legalidad extrínseca de la Escritura de elevación a público de la certificación de tal “junta”.
Solicitamos, en virtud de lo expuesto, al Ilmo. Sr. Registrador Mercantil para ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que tenga por presentado este recurso y documentos adjuntos uno a ocho, lo admita a trámite, y en su virtud y previa remisión del expediente a la DGSJFP y en méritos de todo lo expuesto, se acuerde revocar y dejar sin efecto la Resolución del Ilmo. Registrador Mercantil de fecha de 21 de mayo de 2024, ordenando la inscripción del acuerdo por el que se nombre a C. F. Administradora Única de la sociedad Espliego Inversiones. S.L.».
El registrador emitió su informe y, mediante escrito de fecha 2 de julio de 2024, remitió el expediente a este Centro Directivo. En dicho informe expresaba que, el día 21 de junio de 2024, dio traslado del recurso interpuesto al notario autorizante del acta notarial calificada, a los efectos del artículo 327 de la Ley Hipotecaria, así como a don Juan Silva Alonso Montero, como notario autorizante de la escritura calificada juntamente con aquella acta, sin que se hayan recibido alegaciones suyas.
Asimismo, añadía que el día 21 de junio de 2024, bajo la entrada número 99/2024/177.655, don B. F., como administrador único de la entidad «1945 Malpensa 2, S.L.», esta última en nombre y representación de la sociedad «Espliego Inversiones, S.L.», presentó en ese Registro Mercantil recurso de fecha 18 de junio de 2024, por el que se recurre «la calificación de fecha 21 de mayo de 2024, realizada en la escritura presentada en este Registro Mercantil bajo el asiento 1.652 del diario 486, siendo la misma calificada conjuntamente junto con la referida Acta que nos ocupa de fecha 22 de abril de 2024», el cual sería remitido a esta Dirección General.
Vistos los artículos 9, 398 y 1218 del Código Civil; 17, 18 y 258.5 de la Ley Hipotecaria; 18 y 20 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 91, 93, 104, 105, 116, 118, 126, 159, 179, 188, 191 a 193 y 198 a 201 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 6, 7, 10, 102 y 111 del Reglamento del Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2016 y 12 de julio de 2022; la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoctava, de 18 de febrero de 2011; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de octubre de 1981, 17 de marzo de 1986, 9 de enero de 1991, 2 de enero de 1992, 7 de junio de 1993, 13 de febrero y 25 de julio de 1998, 29 de octubre y 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 1999, 28 de abril de 2000, 31 de marzo, 23 de octubre y 8 de noviembre de 2001, 31 de marzo de 2003, 22 de marzo y 26 de noviembre de 2007, 3 de febrero y 6 de julio de 2011, 5 de junio, 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2012, 7 de mayo, 13 de junio, 3 de julio y 5 de agosto de 2013, 31 de enero, 11 de febrero y 28 de julio de 2014, 4 de marzo de 2015, 24 de octubre de 2016, 3 de abril y 14 de diciembre de 2017 y 23 y 24 de enero, 13 de febrero y 23 de julio de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 26 de febrero, 24 de septiembre y 10 de diciembre de 2020, 11 y 12 de abril, 23 de mayo y 24 de octubre de 2022 y 8 de junio de 2023.
1. En el supuesto del presente recurso se presenta en el Registro Mercantil, el día 6 de mayo de 2024, un acta notarial de la junta general de la sociedad «Espliego Inversiones, S.L.», celebrada el día 25 de abril de 2024 previa convocatoria por letrada de la Administración de Justicia, y por los acuerdos que constan en dicha acta se cesa al administrador único, don B. F., así como a la administradora suplente, doña M. F., y se nombra administradora única a doña C. F. A.
El registrador funda su negativa a la inscripción solicitada en que se ha presentado anteriormente, el día 30 de abril de 2024, una escritura autorizada este mismo día por la que don B. F. elevó a público los acuerdos de la junta general de la sociedad «Espliego Inversiones, S.L.», celebrada también el día 30 de abril de 2024, por los cuales se cesa a dicho don B. F. como administrador único, y se nombra nuevo administrador único a la entidad mercantil «1945 Malpensa 2, S.L.», que designa como representante persona física al citado don B. F. Afirma el registrador que, siendo incompatibles ambos documentos, no puede resolver con los escasos medios que cuenta para su calificación, teniendo en cuenta, además, que existe una contienda judicial acerca de la titularidad y representación de ciertas participaciones sociales.
Los recurrentes alegan: a) que los títulos no son incompatibles, puesto que, al referirse a juntas generales distintas, la discrepancia en cuanto a los acuerdos adoptados se salva automáticamente por medio del principio de prioridad y su correspondiente excepción, de acuerdo con el cual debe inscribirse el acta notarial por referirse a una junta general anterior; si no se tuviese en cuenta el orden temporal en que se han ido produciendo las declaraciones de voluntad de las que nacen los actos inscribibles y sólo se tuviese en cuenta el momento de presentación de los títulos en el Registro, el tracto registral sería algo absurdo y disparatado; b) que no existe elemento alguno en la escritura que permita cuestionar la validez del acta notarial, de tal forma que con base en esta calificación conjunta y aplicando el principio de legalidad es obligada la inscripción de dicha acta notarial, y c) que el único y verdadero motivo por el que se suspende la inscripción es la existencia de una discrepancia en torno a la titularidad de ciertas participaciones sociales de la que el registrador tiene conocimiento a través de ciertas manifestaciones del acta notarial, contradichas con posterioridad por el propio socio discrepante y que son del todo ajenas a la labor de calificación de los títulos.
2. Es doctrina de este Centro Directivo (vid., por todas, Resoluciones de 6 de julio de 2011, 7 de mayo de 2013 y 31 de enero de 2014), que la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar asientos inútiles que deberían cancelarse al extender los asientos derivados de un título posterior que ordena la cancelación de los mismos.
Ya la Resolución de 2 de octubre de 1981 afirmó que una rígida aplicación del principio de prioridad no puede impedir la facultad y el deber de los registradores de examinar los documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad. En la calificación del documento deben tener en cuenta los asientos registrales –entre los que se incluyen los presentados en el Diario–, evitando así la práctica de inscripciones en que haya de procederse a su inmediata cancelación al despachar el título subsiguiente presentado con posterioridad (por ejemplo, una sentencia judicial firme dictada en procedimiento seguido contra el adquirente, declarativa de la nulidad del título anteriormente presentado).
Esta misma doctrina ha exigido que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el orden de despacho de los mismos (cfr. Resoluciones de 23 de octubre y 8 de noviembre de 2001).
Como indicó la Resolución de 7 de junio de 1993, la doctrina según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título (decisión que tanto por su alcance como por lo limitado de los medios de calificación, transciende claramente la función que la Ley le encomienda al registrador)».
La cuestión esencial reside, por tanto, en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se produce cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la validez o eficacia del primero. Precisando aún más, es importante delimitar que el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce entre dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si son compatibles, el orden de despacho vendrá determinado por el orden de presentación que, en su caso, determinará a su vez el rango hipotecario. Si son incompatibles accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha (artículo 17 de la Ley Hipotecaria).
3. Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que presentado un título determinado es presentado con posterioridad otro distinto del que resulta la falta de validez del primero. Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no se trata de un problema de prioridad, sino de validez, de modo que, por aplicación del principio de legalidad consagrado en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y del Código de Comercio, procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de prioridad para evitarlo.
Este Centro Directivo ha reiterado en numerosas ocasiones (vid., por todas, la Resolución de 5 de junio de 2012 que fija además doctrina, reiterada por la Resolución de 31 de enero de 2014), que el principio de prioridad, propio de un Registro de cosas como es el Registro de la Propiedad, tiene su reflejo en un Registro de personas como es el Mercantil, si bien con las debidas adaptaciones derivadas de su distinta naturaleza.
Prescindiendo de otras cuestiones que no son de interés en este expediente, tiene declarado esta Dirección General que aunque el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (artículo 20 del Código de Comercio). Con base en esta circunstancia es también doctrina asentada de este Centro Directivo que el registrador mercantil deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces.
Por tal razón el texto literal del artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil no empece para que, en aquellos supuestos en que la validez del documento primeramente presentado resulte patentemente refutada por un documento presentado con posterioridad, la inscripción no pueda llevarse a cabo (vid. artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil). Y es que la regla general de que el orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento posteriormente presentado resulte de forma auténtica la falta de validez del primero, o bien comprometida dicha validez en términos tales que su inscripción resultaría contraria al principio general que rige en sede registral de que al Registro Mercantil sólo pueden acceder títulos plenamente válidos y no claudicantes, ni aquellos otros aquejados de incertidumbre en cuanto a las circunstancias fácticas o jurídicas en que se sustenta su validez, lo que sería contradictorio con las presunciones de exactitud y validez que el ordenamiento anuda a los actos y contratos inscritos en dicho Registro (vid. artículos 20, número 1, del Código de Comercio, y 7 del Reglamento del Registro Mercantil).
4. Como ha declarado reiteradamente este Centro Directivo (vid., por todas, Resolución de 3 de julio de 2013), «debe tenerse bien presente la especial trascendencia de los pronunciamientos registrales con su alcance «erga omnes», habida consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido tabular se halla bajo la salvaguardia de los Tribunales mientras no se declare judicialmente la inexactitud registral. Por ello, el registrador, en su calificación, no sólo puede sino que debe tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor aciert