Categoría: Judicial

raria al interés público.
1. Cada Parte mantendrá o establecerá un procedimiento de revisión administrativa o judicial oportuno, eficaz, transparente y no discriminatorio, mediante el cual el proveedor que tenga o haya tenido un interés en una contratación pública cubierta pueda impugnar:
(a) una violación de este Título; o
(b) cuando el proveedor no tenga derecho a impugnar directamente una violación de este Título con arreglo a la legislación nacional de la Parte, la falta de cumplimiento de las medidas de una Parte destinadas a la aplicación de este Título;
que surja en el contexto de dicha contratación pública cubierta.
2. Las normas de procedimiento para las impugnaciones realizadas de conformidad con el párrafo 1 constarán por escrito y estarán a disposición del público.
3. En caso de que un proveedor presente, en el contexto de una contratación pública cubierta en la que tiene o ha tenido interés, una reclamación por una violación o falta de cumplimiento mencionada en el párrafo 1, la Parte correspondiente alentará a su entidad contratante y al proveedor a que traten de resolver esa reclamación mediante consultas. La entidad contratante examinará de forma imparcial y oportuna cualquier reclamación de ese tipo de forma que no perjudique la participación del proveedor en contrataciones públicas en curso o futuras, ni a los derechos del proveedor de solicitar medidas correctivas de conformidad con el procedimiento de revisión administrativa o judicial.
4. Se concederá a cada proveedor un período de tiempo suficiente para preparar y presentar una impugnación, el cual en ningún caso será inferior a diez días contados a partir del momento en que el proveedor haya tenido conocimiento del fundamento de la impugnación o en que razonablemente debería haber tenido conocimiento.
5. Cada Parte establecerá o designará al menos una autoridad administrativa o judicial imparcial, independiente de sus entidades contratantes, para recibir y examinar las impugnaciones presentadas por los proveedores en el contexto de una contratación pública cubierta.
6. Cuando un órgano distinto de una de las autoridades indicadas en el párrafo 5 examine inicialmente una impugnación, la Parte correspondiente asegurará que el proveedor pueda apelar la decisión inicial ante una autoridad administrativa o judicial imparcial que sea independiente de la entidad contratante cuya contratación es objeto de la impugnación. Cuando el órgano de revisión no sea un tribunal, sus decisiones deberán estar sometidas a revisión judicial o sus actuaciones se ajustarán a un procedimiento que asegure que:
(a) la entidad contratante responda por escrito a la impugnación y de a conocer todos los documentos pertinentes al órgano de revisión;
(b) los participantes en el procedimiento (en adelante «participantes») tengan derecho a ser oídos antes de que el órgano de revisión se pronuncie sobre la impugnación;
(c) los participantes tengan el derecho de ser representados y estar asistidos;
(d) los participantes tengan acceso a todas las actuaciones;
(e) los participantes tengan derecho a solicitar que el procedimiento sea público y que puedan presentarse testigos; y
(f) las decisiones o recomendaciones relacionadas con las solicitudes de impugnación por los proveedores sean presentadas por escrito y oportunamente, e incluyan una explicación del fundamento de cada decisión o recomendación.
7. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos que establezcan:
(a) medidas provisionales rápidas para preservar la posibilidad del proveedor de participar en la contratación pública. Esas medidas provisionales podrán tener por efecto la suspensión del proceso de contratación pública. Los procedimientos podrán prever la posibilidad de que se tengan en cuenta las consecuencias desfavorables primordiales para los intereses afectados, incluido el interés público, al decidir si deberán aplicarse esas medidas. Se proporcionará por escrito justificación ante la no adopción de esas medidas; y
(b) la rectificación de una violación del presente Título o una compensación por los daños o perjuicios sufridos, cuando el órgano de revisión haya determinado la existencia de una infracción o falta de cumplimiento mencionada en el párrafo 1. Dicha rectificación o compensación podrá limitarse a los costos de la preparación de la oferta o a los costos relacionados con la impugnación, o a ambos.
1. Cuando una Parte modifique su cobertura sobre contratación pública de conformidad con este Título, dicha Parte:
(a) notificará a las otras Partes por escrito; e
(b) incluirá en la notificación una propuesta de los ajustes compensatorios apropiados a las otras Partes para mantener un nivel de la cobertura comparable a aquél existente antes de la modificación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el subpárrafo 1(b), una Parte no necesitará otorgar ajustes compensatorios cuando:
(a) la modificación en cuestión sea una modificación menor o una rectificación puramente de naturaleza formal; o
(b) la propuesta de modificación cubra a una entidad sobre la que la Parte ha, efectivamente, eliminado su control o influencia.
3. Si otra Parte no está de acuerdo en que:
(a) el ajuste propuesto en el subpárrafo 1(b) es adecuado para mantener un nivel comparable a una cobertura mutuamente acordada;
(b) la modificación propuesta es una modificación menor o una rectificación de conformidad con el subpárrafo 2(a); o
(c) la modificación propuesta cubre a una entidad sobre la que la Parte ha, efectivamente, eliminado su control o influencia de conformidad con el subpárrafo 2(b);
dicha otra Parte deberá objetar por escrito dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la notificación referida en el párrafo 1 o se considerará que se ha alcanzado un acuerdo sobre el ajuste o modificación propuesta, incluso a fines del Título XII (Solución de Controversias).
4. Cuando las Partes lleguen a un acuerdo en el Comité de Comercio sobre la modificación, rectificación o enmienda propuesta, incluyendo cuando una Parte no haya objetado dentro de los 30 días de conformidad al párrafo 3, las Partes modificarán el Anexo pertinente.
5. La Parte UE puede, en cualquier momento, emprender negociaciones bilaterales con cualquier País Andino signatario con la finalidad de profundizar el acceso a los mercados mutuamente otorgado de conformidad con este Título.
1. Las Partes reconocen la importancia de la participación de las MIPYMES en la contratación pública.
2. Las Partes también reconocen la importancia de las alianzas empresariales entre proveedores de las Partes, y en particular de las MIPYMES, incluyendo la participación conjunta en los procedimientos de licitación.
3. Las Partes convienen intercambiar información y trabajar de manera conjunta con la finalidad de facilitar el acceso de las MIPYMES a los procedimientos, métodos y requisitos contractuales de la contratación pública, enfocándose en sus necesidades especiales.
1. Las Partes reconocen la importancia de la cooperación como una vía para conseguir un mejor entendimiento de sus respectivos sistemas de contratación pública, así como un mejor acceso a sus respectivos mercados, en particular para los micro, pequeños y medianos proveedores.
2. Las Partes harán sus mejores esfuerzos para cooperar en temas tales como:
(a) el intercambio de experiencias e información, tales como marcos reglamentarios, mejores prácticas y estadísticas;
(b) el desarrollo y uso de medios electrónicos de información en los sistemas de contratación pública;
(c) la capacitación y asistencia técnica a los proveedores en materia de acceso al mercado de la contratación pública;
(d) el fortalecimiento institucional para la aplicación de las disposiciones de este Título, incluida la capacitación o formación de los funcionarios públicos; y
(e) la creación de capacidad de proporcionar un acceso multilingüe a las oportunidades de contratación pública.
3. Previa solicitud al respecto y según sea apropiado, la Parte UE prestará asistencia a los posibles proveedores de los Países Andinos signatarios para la presentación de sus ofertas y la selección de las mercancías o servicios que puedan interesar a las entidades contratantes de la Unión Europea o de sus Estados Miembros. Igualmente, la Parte UE les ayudará a cumplir con los reglamentos técnicos y normas relativos a las mercancías o servicios que sean objeto de la contratación pública prevista.
1. Las Partes establecen un Subcomité sobre Contratación Pública compuesto por representantes de cada Parte.
2. El Subcomité:
(a) evaluará la aplicación de este Título, incluido el aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por un mayor acceso a la contratación pública y recomendará a las Partes las actividades que sean apropiadas;
(b) evaluará y hará un seguimiento de las actividades de cooperación que presenten las Partes; y
(c) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 191, párrafo 5, considerará la celebración de negociaciones adicionales con el objetivo de ampliar la cobertura de este Título.
3. El Subcomité sobre Contratación Pública se reunirá a solicitud de una Parte en el lugar y fecha que se acuerde, y llevará un registro escrito de sus reuniones.
Los objetivos del presente Título son:
(a) promover la innovación y la creatividad y facilitar la producción y comercialización de productos innovadores y creativos entre las Partes; y
(b) lograr un adecuado y efectivo nivel de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual que contribuya a la transferencia y difusión de la tecnología y que favorezca el bienestar social y económico y el equilibrio entre los derechos de los titulares y el interés público.
1. Las Partes reafirman los derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (en adelante el «Acuerdo sobre los ADPIC»), así como, de cualquier otro acuerdo multilateral relacionado con la propiedad intelectual y de los acuerdos administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la «OMPI»), de los que las Partes son parte.
2. Las disposiciones del presente Título complementarán y especificarán los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y otros acuerdos multilaterales de propiedad intelectual de los que las Partes son parte y por lo tanto, ninguna disposición de este Título irá en contra o estará en detrimento de lo dispuesto en dichos acuerdos multilaterales.
3. Las Partes reconocen la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual y los intereses del público, en particular respecto a la educación, la cultura, la investigación, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el acceso a la información y la transferencia de tecnología.
4. Las Partes reconocen y reafirman los derechos y obligaciones establecidas en virtud del Convenio sobre Diversidad Biológica (en adelante «CDB») adoptado el 5 de junio de 1992, y apoyan y fomentan los esfuerzos para establecer una relación de mutuo apoyo entre el Acuerdo sobre los ADPIC y dicho Convenio.
5. Para los efectos del presente Acuerdo, derechos de propiedad intelectual comprende:
(a) derecho de autor, incluyendo derecho de autor en programas de ordenador y bases de datos;
(b) derechos conexos al derecho de autor;
(c) patentes;
(d) marcas;
(e) nombres comerciales en la medida en que estén protegidos como derechos exclusivos de propiedad en la legislación nacional correspondiente;
(f) diseños;
(g) esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
(h) indicaciones geográficas;
(i) variedades vegetales; y
(j) protección de información no divulgada.
6. Para los efectos de este Acuerdo, la protección de propiedad intelectual incluye la protección contra la competencia desleal conforme a lo previsto en el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (tal como fue revisado por el Acta de Estocolmo de 1967) (en adelante el «Convenio de París»).
1. Considerando las disposiciones de este Título, cada Parte, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrá hacer uso de las excepciones y flexibilidades permitidas por los acuerdos multilaterales relacionados con la propiedad intelectual, en particular al adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, y garantizar el acceso a medicamentos.
2. Las Partes reconocen la importancia de la Declaración de la Cuarta Conferencia Ministerial en Doha y en especial la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública adoptadas el 14 de noviembre de 2001 en Doha por la Conferencia Ministerial de la OMC y sus desarrollos posteriores. En este sentido, las Partes asegurarán que la interpretación e implementación de los derechos y obligaciones asumidos en virtud del presente Título será compatible con dicha Declaración.
3. Las Partes contribuirán a la implementación y respeto de la Decisión del Consejo General de la OMC del 30 de agosto de 2003 sobre el párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, así como del Protocolo Modificatorio del Acuerdo sobre los ADPIC, suscrito en Ginebra el 6 de diciembre de 2005.
4. Las Partes reconocen asimismo, la importancia de promover la implementación de la Resolución WHA61.21 Estrategia Global y Plan de Acción relativa a la Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud el 24 de mayo de 2008.
5. De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, ninguna disposición de este Título impedirá a una Parte adoptar las medidas necesarias para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.
6. Las Partes reconocen que la transferencia de tecnología contribuye al fortalecimiento de las capacidades nacionales, con el fin de establecer una base tecnológica sólida y viable.
7. Las Partes reconocen el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la utilización de las obras literarias y artísticas, las interpretaciones o ejecuciones artísticas, las producciones fonográficas y las emisiones de radiodifusión, y, por consiguiente, la necesidad de otorgar una adecuada protección a los derechos de autor y los derechos conexos en el entorno digital.
Cada Parte concederá a los nacionales de otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección(61)de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una Parte a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de las otras Partes, a reserva de las excepciones ya previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Cada Parte tendrá la libertad para establecer su propio régimen de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, conforme a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.
1. Las Partes reconocen la importancia y el valor de la diversidad biológica y sus componentes y de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados de las comunidades indígenas y locales(62). Las Partes además reafirman sus derechos soberanos sobre sus recursos naturales y reconocen los derechos y obligaciones establecidos por el CDB respecto al acceso a los recursos genéticos, y a la distribución justa y equitativa de beneficios derivados de la utilización de estos recursos genéticos.
2. Las Partes reconocen la contribución pasada, presente y futura de las comunidades indígenas y locales a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y todos sus componentes y, en general, la contribución de los conocimientos tradicionales(63)de sus comunidades indígenas y locales a la cultura y al desarrollo económico y social de las naciones.
3. Con sujeción a sus legislaciones nacionales, las Partes, de conformidad con el artículo 8(j) del CDB respetarán, preservarán y mantendrán los conocimientos, las innovaciones y prácticas de sus comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida tradicionales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y promoverán su aplicación más amplia sujeto al consentimiento informado previo de los poseedores de tales conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarán la equitativa distribución de beneficios derivados de tales conocimientos, innovaciones y prácticas.
4. De conformidad con el artículo 15 párrafo 7 del CDB, las Partes reafirman su obligación de tomar medidas con el objetivo de distribuir de una manera justa y equitativa los beneficios que surjan de la utilización de recursos genéticos. Las Partes asimismo reconocen que los términos mutuamente acordados podrán incluir obligaciones de distribución de beneficios relacionadas con derechos de propiedad intelectual derivados del uso de recursos genéticos y del conocimiento tradicional asociado.
5. Colombia y la Parte UE colaborarán en clarificar el asunto y concepto de la apropiación indebida de los recursos genéticos y de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados, con el objeto de encontrar, según corresponda y de conformidad con las disposiciones de la legislación internacional y nacional, las medidas para abordar este tema.
6. Las Partes cooperarán, con sujeción a sus legislaciones nacionales y al Derecho Internacional, para asegurar que los derechos de propiedad intelectual apoyen y no se opongan a los derechos y obligaciones del CDB, en lo que respecta a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados de las comunidades indígenas y locales en sus respectivos territorios. Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones en virtud del artículo 16 párrafo 3 del CDB en relación con los países proveedores de recursos genéticos, para tomar medidas con el objetivo de asegurar el acceso a la tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa tecnología, en condiciones mutuamente acordadas. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará sin perjuicio de los derechos y obligaciones en virtud del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
7. Las Partes reconocen la utilidad de exigir la divulgación del origen o la fuente de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados en las solicitudes de patente, considerando que esto contribuye a la transparencia sobre los usos de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados.
8. Las Partes establecerán, de conformidad con su derecho interno, los efectos de la aplicación de tal requisito con el fin de apoyar el cumplimiento de las disposiciones que regulan el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados.
9. Las Partes procurarán facilitar el intercambio de información sobre las solicitudes de patente y las patentes concedidas relacionadas con recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados, con el objetivo de que en el examen de fondo, especialmente en la determinación del estado de la técnica, dicha información pueda ser considerada.
10. Con sujeción a las disposiciones del Capítulo 6 (Cooperación) de este Título, las Partes cooperarán sobre la base de términos mutuamente acordados, en el entrenamiento de examinadores de patente para la revisión de las solicitudes de patentes relacionadas con recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.
11. Las Partes reconocen que las bases de datos o bibliotecas digitales que contengan información relevante constituyen herramientas útiles para el examen de patentabilidad de las invenciones relacionadas con recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.
12. De conformidad con la legislación nacional e internacional aplicable, las Partes acuerdan colaborar en la aplicación de marcos nacionales sobre acceso a los recursos genéticos y al conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales asociadas.
13. Las Partes, previo acuerdo mutuo, podrán revisar este Capítulo a la luz de los resultados y conclusiones de las discusiones multilaterales.
1. Las Partes observarán los derechos y obligaciones existentes en virtud del Convenio de Paris y el Acuerdo sobre los ADPIC.
2. La Unión Europea y Colombia se adherirán al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (en adelante el «Protocolo de Madrid») en un plazo de 10 años contados desde la firma de este Acuerdo. Perú hará todos los esfuerzos razonables para adherir al Protocolo de Madrid.
3. La Unión Europea y Perú harán todos los esfuerzos razonables para cumplir con el Tratado sobre el Derecho de Marcas adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994 (en adelante el «Tratado sobre el Derecho de Marcas»). Colombia hará todos los esfuerzos razonables para adherir al Tratado sobre el Derecho de Marcas.
Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio en el mercado cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir las mercancías o servicios de una empresa de aquellos de otra empresa. Tales signos podrán estar constituidos, en particular, por palabras, incluidas combinaciones de palabras, nombres de persona, letras, números, elementos figurativos, sonidos y combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir las mercancías o servicios pertinentes, una Parte podrá supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Una Parte podrá exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.
1. Las Partes utilizarán la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas adoptado en Niza el 15 de junio de 1957, y sus modificaciones vigentes, para clasificar los productos y servicios a los cuales se aplican las marcas.
2. Cada Parte(64)establecerá un sistema para el registro de marcas en el que cada decisión final tomada por la autoridad competente en materia de marcas esté debidamente motivada y por escrito. Los motivos del rechazo del registro de una marca serán comunicados por escrito al solicitante, quien tendrá la posibilidad de impugnar tal respuesta negativa y recurrir la decisión final respectiva ante un Tribunal. Cada Parte asegurará la posibilidad de oponerse a las solicitudes de registro de marca. Tales procedimientos de oposición serán contradictorios. Cada Parte establecerá una base de datos electrónica disponible al público sobre solicitudes y registros de marcas.
Las Partes cooperarán con el propósito de dar una efectiva protección a las marcas notoriamente conocidas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de París y en el artículo 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.
1. Siempre que los legítimos intereses de los titulares de las marcas y de los terceros sean tenidos en cuenta, cada Parte establecerá como excepción limitada(65)a los derechos conferidos por una marca, el uso leal en el curso del comercio de su propio nombre y dirección, o términos descriptivos relativos a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen geográfico, época de producción de los productos o de la prestación de los servicios u otras características de los mismos.
2. Cada Parte establecerá también excepciones limitadas permitiendo a una persona el uso de una marca cuando éste sea necesario para indicar el destino del producto o servicio, en particular como repuestos o accesorios, siempre que sea usada de conformidad con prácticas industriales y comerciales honestas.
Respecto al reconocimiento y protección de indicaciones geográficas que son originarias en el territorio de una Parte, se aplica lo siguiente:
(a) las indicaciones geográficas son, para los efectos de este Título, indicaciones constituidas por el nombre de un país, región o lugar determinado, o por una denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizadas para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos sus factores naturales y humanos inherentes;
(b) las indicaciones geográficas de una Parte a ser protegidas por otra Parte, sólo estarán sujetas a este Título si son reconocidas y declaradas como tales en el país de origen;
(c) cada Parte protegerá las indicaciones geográficas para los productos agrícolas y alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y vinos aromatizados listados en el Apéndice 1 del Anexo XIII (Listas de indicaciones geográficas), de conformidad con los procedimientos referidos en el artículo 208 desde la entrada en vigor del presente Acuerdo;
(d) las indicaciones geográficas para productos distintos a productos agrícolas y alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y vinos aromatizados listados en el Apéndice 2 del Anexo XIII (Listas de indicaciones geográficas), podrán ser protegidas de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables en cada Parte. Las Partes reconocen que las indicaciones geográficas listadas en el Apéndice 2 del Anexo XIII (Listas de Indicaciones geográficas) están protegidas como indicaciones geográficas en el país de origen;
(e) el uso(66)de indicaciones geográficas relativas a productos originarios en el territorio de una Parte, estará reservado exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región en la Parte identificada o evocada por dicha indicación;
(f) si una Parte adopta o mantiene un sistema de autorizaciones de uso de indicaciones geográficas, tal sistema sólo se aplicará a las indicaciones geográficas originarias en su territorio;
(g) las entidades públicas o privadas que representen a beneficiarios de indicaciones geográficas, o aquellas designadas a tal efecto, tendrán a su disposición mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las indicaciones geográficas protegidas; y
(h) las indicaciones geográficas protegidas conforme a lo previsto en el presente Título, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que identifican, mientras subsista dicha protección en el país de origen.
1. Habiendo completado un procedimiento de oposición y examinado las indicaciones geográficas de la Unión Europea listadas en el Apéndice 1 del Anexo XIII (Listas de indicaciones geográficas), que hayan sido registradas por la Parte UE, los Países Andinos signatarios protegerán tales indicaciones geográficas de conformidad con el nivel de protección establecido en la presente Sección.
2. Habiendo completado el procedimiento de oposición y habiendo examinado las indicaciones geográficas de un País Andino signatario listadas en el Apéndice 1 del Anexo XIII (Listas de indicaciones geográficas), que estén registradas por dicho País Andino signatario, la Parte UE protegerá las mismas según el nivel de protección establecido en esta Sección.
1. Las Partes acuerdan la posibilidad de añadir indicaciones geográficas nuevas al Apéndice 1 del Anexo XIII (Listas de indicaciones geográficas) después de haber completado el procedimiento de oposición y haber examinado las indicaciones geográficas según lo referido en el artículo 208.
2. Una Parte que desee añadir una indicación geográfica nueva a su lista en el Apéndice 1 del Anexo XIII (Listas de indicaciones geográficas) presentará a otra Parte una solicitud en tal sentido en el marco del Subcomité de Propiedad Intelectual.
3. La fecha de la solicitud de protección será el día de transmisión de la solicitud a otra Parte. Este intercambio de información se realizará en el marco del Subcomité de Propiedad Intelectual.
1. Las indicaciones geográficas de una Parte listadas en el Apéndice 1 del Anexo XIII (Listas de indicaciones geográficas), así como aquellas adicionadas de conformidad con el artículo 209, serán protegidas por otra Parte al menos contra:
(a) todo uso comercial de dicha indicación geográfica protegida:
(i) para productos idénticos o similares que no cumplan con las especificaciones del producto de la indicación geográfica, o
(ii) en la medida de que tal uso se aproveche de la reputación de la indicación geográfica;
(b) cualquier otro uso no autorizado(67)de una indicación geográfica distinta de aquella que identifica vinos, vinos aromatizados o bebidas espirituosas, que cree confusión, incluyendo los casos en que vengan acompañados de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión al consumidor; sin perjuicio de lo establecido en este subpárrafo, si una Parte enmienda su legislación para proteger indicaciones geográficas diferentes a aquellas que identifican vinos, vinos aromatizados y bebidas espirituosas, en un nivel mayor de protección al establecido en el presente Acuerdo, dicha Parte extenderá dicha protección a las indicaciones geográficas listadas en el Apéndice 1 del Anexo XIII (Listas de indicaciones geográficas);
(c) en el caso de las indicaciones geográficas que identifican vinos, vinos aromatizados o bebidas espirituosas, cualquier uso indebido, imitación o evocación, al menos, para productos de ese género, incluso si el verdadero origen del producto es indicado o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como «estilo», «tipo», «método», «como producido en», «imitación», «sabor», «como» o una expresión similar;
(d) cualquier otra indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase, en el embalaje o en el material de publicidad relativos a los productos de que se trate, susceptible de conducir a una falsa impresión acerca de su origen; y
(e) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto.
2. Cuando una Parte, en el contexto de negociaciones con un tercer país, proponga proteger indicaciones geográficas de ese tercer país y el nombre es homónimo con una indicación geográfica de otra Parte, esta Parte será informada y le será dada la oportunidad de comentar antes que el nombre sea protegido.
3. Las Partes se notificarán mutuamente si una indicación geográfica deja de ser protegida en su país de origen.
1. Las Partes negarán el registro o dispondrán la invalidación de las marcas que correspondan a cualquiera de las situaciones referidas en el artículo 210, párrafo 1, en relación con una indicación geográfica protegida para productos idénticos o similares, siempre que la solicitud de registro de marca sea presentada después de la fecha de la solicitud para la protección de la indicación geográfica en su territorio.
2. Sin perjuicio de las causales que pudieran estar previstas en su legislación nacional para denegar la protección de indicaciones geográficas, ninguna Parte tendrá la obligación de proteger una indicación geográfica cuando, a la luz de la reputación de una marca o de su carácter de marca notoriamente conocida, la protección pueda inducir a error a los consumidores sobre la verdadera identidad del producto.
1. Las Partes podrán intercambiar información adicional sobre las especificaciones técnicas de los productos protegidos por indicaciones geográficas en el Apéndice 1 del Anexo XIII (Listas de indicaciones geográficas) en el marco del Subcomité de Propiedad Intelectual. Asimismo, las Partes podrán facilitar el intercambio de información sobre los órganos de control en su territorio.
2. Nada en esta Sección obligará a una Parte a proteger una indicación geográfica que no esté protegida, o cuya protección haya cesado en el país de origen. La Parte que sea el territorio de origen de una indicación geográfica, notificará a las otras Partes cuando tal indicación geográfica cese de ser protegida en su país de origen.
3. La especificación de un producto referido en esta Sección será aquella aprobada, incluyendo cualquier enmienda también aprobada, por las autoridades de la Parte en el territorio del cual el producto se origina.
1. En el contexto del Subcomité de Propiedad Intelectual, una Parte podrá solicitar a otra Parte información en relación con el cumplimiento de las respectivas especificaciones de productos y sus modificaciones, por productos identificados con indicaciones geográficas protegidas en virtud de esta Sección, así como de los puntos de contacto para facilitar los controles, de ser el caso.
2. Respecto a las indicaciones geográficas de otra Parte protegidas de conformidad con esta Sección, cada Parte podrá poner a disposición del público, las respectivas especificaciones de productos o un resumen de éstas, así como los puntos de contacto para facilitar los controles.
Esta Sección no afectará los derechos ya reconocidos por las Partes a terceros países, en acuerdos de libre comercio.
1. Las Partes protegerán de la manera más eficaz y uniforme posible los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas. Las Partes protegerán asimismo, los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, respecto a sus interpretaciones artísticas o ejecuciones, fonogramas y emisiones, respectivamente.
2. Las Partes cumplirán con los derechos y obligaciones existentes en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886 (en adelante el «Convenio de Berna»), de la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión del 26 de octubre de 1961 (en adelante la «Convención de Roma»), del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (en adelante el «WCT»), y del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (en adelante el «WPPT»), ambos adoptados el 20 de diciembre de 1996.
1. Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará, al menos, el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.
2. Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1 serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos.
3. Con independencia de los derechos patrimoniales del artista intérprete o ejecutante, e incluso después de la cesión de esos derechos, el artista intérprete o ejecutante conservará, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, el derecho a reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones o ejecuciones excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar la interpretación o ejecución, y el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación. Este párrafo se aplica sin perjuicio de otros derechos morales que la legislación nacional reconozca.
4. Los medios procesales para la defensa de los derechos conferidos en virtud del presente artículo estarán regidos por la legislación de la Parte en la que se reclame la protección.
5. Cada Parte podrá establecer un grado de protección a los derechos morales más alto del establecido en el presente artículo.
Las Partes reconocen la importancia de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, a los fines de asegurar una efectiva gestión de los derechos a ellas encomendados, así como una equitativa distribución de las remuneraciones recaudadas, que sean proporcionales a la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, en un marco de transparencia y buenas prácticas de gestión, de conformidad con la legislación nacional de cada Parte.
1. Los derechos del autor de una obra literaria o artística, en el sentido del artículo 2 del Convenio de Berna, se extenderán durante la vida del autor y 70 años después de su muerte.
2. En el caso de una obra realizada en colaboración, el plazo de protección referido en el párrafo 1 será calculado a partir de la muerte del último autor superviviente.
3. Para las obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección concedido por el presente Acuerdo expirará setenta años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje duda sobre su identidad, el plazo de protección será el previsto en el párrafo 1. Si el autor de una obra anónima o seudónima revela su identidad durante el expresado período, el término de protección aplicable será el establecido en el párrafo 1. Ninguna Parte estará obligada a proteger las obras anónimas y seudónimas cuando haya motivos para suponer que su autor está muerto desde hace setenta años.
4. Cuando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de al menos setenta años contados desde el final del año calendario de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada, dentro de un plazo de, al menos cincuenta años a partir de la realización de la obra, de setenta años contados a partir del final del año calendario de su realización.
5. El término de protección de las obras cinematográficas o audiovisuales será de al menos setenta años después de que la obra haya sido hecha accesible al público con el consentimiento del autor, o, si tal hecho no ocurre dentro de un plazo de al menos cincuenta años a partir de la realización de la obra, de al menos setenta años después de su realización. Alternativamente, cada Parte podrá establecer que el término de protección de una obra cinematográfica o audiovisual expirará setenta años después de la muerte de la última persona designada como autor en virtud de la legislación nacional.
1. La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes en virtud del presente Acuerdo no podrá ser inferior a cincuenta años, contados a partir del final del año en el que la interpretación o ejecución fue fijada.
2. La duración de la protección que se concederá a los productores de fonogramas en virtud del presente Acuerdo no podrá ser inferior a cincuenta años, contados a partir del final del año en el que se haya publicado el fonograma o, cuando tal publicación no haya tenido lugar dentro de los cincuenta años desde la fijación del fonograma, a 50 años desde el final del año en el que se haya realizado la fijación.
3. La duración de la protección concedida a los organismos de radiodifusión no podrá ser inferior a cincuenta años contados a partir del final del año calendario en que se haya realizado la emisión.
1. Para los efectos de este artículo:
– «comunicación al público» de una interpretación o ejecución o de un fonograma, significa la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. Para los efectos del párrafo 3, se entenderá que «comunicación al público» incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público; y
– «radiodifusión» significa la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público; dicha transmisión por satélite también es una «radiodifusión»; la transmisión de señales codificadas será «radiodifusión» cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento.
2. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones:
(a) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y
(b) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.
3. Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales. Las Partes establecerán en su legislación nacional que la remuneración equitativa y única sea reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por ambos. Las Partes podrán establecer legislación nacional que, en ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete o ejecutante y el productor del fonograma, fije los términos en los que la remuneración equitativa y única será compartida entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.
4. Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes, en relación con sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:
(a) la reproducción directa o indirecta;
(b) la distribución, mediante venta u otra transferencia de propiedad;
(c) el alquiler comercial al público del original y de las copias del mismo; y
(d) la puesta a disposición al público, ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elija.
5. Cuando los artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales hayan transferido el derecho de puesta a disposición o el derecho de alquiler, una Parte podrá disponer que los artistas intérpretes o ejecutantes conserven el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa que podrá ser recaudada por una sociedad de gestión colectiva debidamente autorizada por la ley, de conformidad con su legislación nacional.
6. Las Partes podrán reconocer a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales un derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa por la radiodifusión o por cualquier comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, remuneración que podrá ser recaudada por una sociedad de gestión colectiva, debidamente autorizada por la ley, de conformidad con la legislación nacional.
7. Las Partes podrán establecer en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones a los derechos reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales, en ciertos casos especiales que no afecten a la normal explotación de las interpretaciones, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de los artistas intérpretes o ejecutantes.
8. Cada Parte otorgará a los organismos de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones al menos mediante al menos cualquier medio inalámbrico.
Las Partes cumplirán con las disposiciones del artículo 11 del WCT y el artículo 18 del WPPT.
Las Partes cumplirán con las disposiciones del artículo 12 del WCT y el artículo 19 del WPPT.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 ter (2) del Convenio de Berna, cada Parte establecerá para el autor de una obra de arte, y a su muerte a sus derecho habientes, un derecho inalienable e irrenunciable a percibir un porcentaje sobre el precio de venta obtenido en la reventa de la obra posterior a la primera transferencia realizada por el autor.
2. El derecho a que se refiere el párrafo 1 se aplicará, de conformidad con la legislación nacional, a todo acto de reventa realizada por medio de subasta pública o a través de profesionales del mercado del arte, tales como salas de ventas, galerías de arte, u otros comercializadores de obras de arte.
Las Partes harán todos los esfuerzos razonable para adherirse al Acta de Ginebra del Acuerdo de la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales adoptada en Ginebra el 2 de julio de 1999.
1. Cada Parte establecerá la protección a los diseños creados independientemente que sean nuevos. Cuando la legislación de una Parte así lo establezca, se podrá requerir además carácter singular a dichos diseños. Esta protección será establecida mediante registro y conferirá un derecho exclusivo a sus titulares de conformidad con lo dispuesto en esta Sección.
2. Sólo se considerará que el diseño aplicado o incorporado en un producto que constituya un componente de un producto complejo es susceptible de protección de conformidad con el párrafo 1, si el componente, una vez haya sido incorporado en un producto complejo(69), permanece visible durante la utilización normal(70)de este último, y en la medida que esas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos para ser susceptible de protección.
1. El titular de un diseño registrado tendrá el derecho exclusivo por lo menos a impedir que terceros sin su consentimiento, fabriquen, ofrezcan en venta, vendan, importen, exporten, almacenen dicho producto o usen productos que porten o incorporen el diseño protegido, cuando tales actos tengan propósitos comerciales.
2. El titular de un diseño registrado tendrá también el derecho de emprender acciones legales contra cualquier persona que produzca o comercialice productos cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste.
La duración de la protección de un diseño será de al menos 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. Las Partes podrán aplicar en su legislación nacional un período de protección más amplio.
1. Las Partes podrán establecer excepciones limitadas a la protección de los diseños, siempre que tales excepciones no entren en conflicto de manera irrazonable con la normal explotación del diseño protegido y no perjudique de manera irrazonable los legítimos intereses del titular del diseño protegido, teniendo en cuenta los legítimos intereses de terceros.
2. La protección del diseño no se extenderá a los diseños dictados enteramente por consideraciones técnicas o funcionales.
3. El derecho sobre un diseño no se mantendrá respecto a las características de presentación de un producto que deban reproducirse necesariamente en su forma y dimensiones exactas, para permitir que el producto en el cual se incorpora o al que se le aplica el diseño sea conectado mecánicamente o puesto en, alrededor o contra otro producto de tal manera que uno u otro pueda realizar su función.
4. Un diseño no confiere derechos cuando este sea contrario al orden público o a la moral.
El objeto de protección del derecho de diseño podrá ser protegido en virtud de la legislación en materia de derecho de autor si reúne las condiciones de tal protección. El alcance y las condiciones en que se concederá tal protección, incluido el nivel de originalidad requerido, será determinado por cada Parte.
1. Las Partes cumplirán con los artículos 2 a 9 del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980).
2. La Unión Europea hará todos los esfuerzos razonables para cumplir con el Tratado sobre el Derecho de Patentes, adoptado en Ginebra el 1 de junio del 2000 (en adelante el «PLT»). Los Países Andinos signatarios harán todos los esfuerzos razonables para adherirse al PLT.
3. Cuando la comercialización de un producto farmacéutico o de un producto químico agrícola(71)en una Parte requiera la obtención de una autorización por sus autoridades competentes en dichas materias, dicha Parte hará los mejores esfuerzos para procesar de forma expedita la respectiva solicitud con el objeto de evitar retrasos irrazonables. Las Partes cooperarán y se prestarán asistencia mutua para lograr este objetivo.
4. Respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, cada Parte podrá, de conformidad con su legislación nacional, poner a disposición un mecanismo para compensar al titular de la patente por cualquier reducción poco razonable del plazo efectivo de la patente como resultado de la primera autorización de comercialización del producto en dicha Parte. Dicho mecanismo conferirá todos los derechos exclusivos de una patente, con sujeción a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original.
1. Cada Parte protegerá los datos de prueba u otros no divulgados sobre seguridad y eficacia de productos farmacéuticos(72)y productos químicos agrícolas, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y con su legislación nacional.
2. De conformidad con el párrafo 1, y con sujeción al párrafo 4, cuando una Parte exija, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o químicos agrícolas que contengan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prueba u otros no divulgados sobre seguridad y eficacia, esa Parte otorgará un período de exclusividad de normalmente cinco años desde la fecha de aproba