Categoría: Energía y Medio Ambiente

El Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para España en el periodo 2023-2027 ha sido objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria siguiendo los artículos 17 a 24 de la Ley 21/2013, de diciembre, de evaluación ambiental, procediendo formular su declaración ambiental estratégica de acuerdo con el artículo 25 de la citada Ley.
El promotor y órgano sustantivo del Programa es la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas de competencia estatal, de acuerdo con el artículo 7.1 c) del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
La presente declaración se ha elaborado teniendo en cuenta los principales documentos generados en la evaluación practicada: el Plan, su Estudio ambiental estratégico y su Documento de alcance y el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas.
A. Información sobre el Plan: objeto, alcance, ámbito y decisiones que adopta.
El objeto y contenido de este Plan está definido por el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Su ámbito territorial es toda España, y su ámbito temporal comprende de 2023 a 2027.
De los nueve objetivos específicos que el Reglamento contempla para este Plan, tres son de clara finalidad medioambiental y climática:
– OE4: Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así como a la energía sostenible.
– OE5: Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales tales como el agua, el suelo y el aire.
– OE6: Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes.
La programación responde al análisis de necesidades y prioridades que ha hecho el promotor. Las principales decisiones que adopta el plan susceptibles de provocar efectos ambientales estratégicos positivos o negativos, sobre las que se centra la presente resolución, son las relativas a:
– Condicionalidad reforzada.
– Intervenciones de pagos directos: regímenes voluntarios para el clima, el medio ambiente y el bienestar animal (eco-regímenes) (FEAGA).
– Intervenciones sectoriales (FEAGA).
– Intervenciones sobre el desarrollo rural (FEADER):
● Compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión.
● Pagos por desventajas específicas resultantes de la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la Red Natura 2000.
● Inversiones, incluidas las inversiones en infraestructuras de riego.
– Plan financiero.
– Sistema de gobernanza y coordinación.
La versión del Plan de 2.857 páginas que se ha remitido a este órgano ambiental tras la fase de información pública y las consultas se encuentra a disposición del público en la sede electrónica del Departamento (código de plan 2020P014).
https://sede.miteco.gob.es//portal/site/seMITECO/navSabiaPlanes
B. Principales hitos del procedimiento de evaluación ambiental y resultado de la información pública y de las consultas.
Los principales hitos del procedimiento de evaluación ambiental estratégica han sido:
Las administraciones públicas afectadas e interesados consultados por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación se reflejan en el Anexo 1, donde también se indica si han contestado o no a la consulta. Las alegaciones recibidas en la información pública por dicho órgano se resumen igualmente en dicho Anexo 1.
En dicho Anexo 1 también se reflejan algunos informes de administraciones autonómicas con competencias en medio ambiente que no figuraban como recibidos en el expediente y han vuelto a ser requeridos desde el órgano ambiental para completar los elementos de juicio de la evaluación.
El resultado global de la información pública y las consultas se refleja en el documento «Resultado de la información pública y de las consultas» elaborado por el promotor y disponible en el mismo enlace web indicado en el apartado A anterior.
C. Resumen del análisis técnico del expediente. Tratamiento de los impactos ambientales significativos.
El órgano ambiental emitió el 29 de septiembre de 2020 el documento de alcance a dar a esta evaluación, tras realizar consultas a las administraciones afectadas e interesados. Para agilizar la tramitación de este procedimiento, dicho documento fue emitido cuando todavía se encontraba en elaboración el Reglamento regulador del fondo, teniendo en cuenta el borrador más avanzado facilitado por el promotor. En dicho documento se identificaba, de acuerdo con la información entonces disponible, las principales determinaciones del plan, del proceso para su elaboración, y de las determinaciones para su desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación, susceptibles de provocar impactos ambientales estratégicos, tanto positivos como negativos, dando indicaciones para su consideración y evaluación en el estudio ambiental estratégico que posteriormente debía preparar el promotor.
El estudio ambiental estratégico de 1.763 páginas junto con su anexo de 312 páginas incluidos en el expediente se encuentra a disposición del público en el mismo enlace web indicado en el apartado A anterior. Se aprecia que parte de las medidas mitigadoras de impactos señaladas en el estudio ambiental estratégico no se han incorporado al Plan, lo que deberá realizarse en el apartado a que cada medida corresponde.
El presente resumen sigue el mismo orden y codificación con que aparecen en el Plan sus diferentes apartados, limitándose a los contenidos susceptibles de provocar impactos ambientales estratégicos para los que se considera necesario añadir alguna determinación o condición adicionales a las señaladas por el estudio ambiental estratégico o las que figuran incluidas el propio plan, como consecuencia de la consideración de los informes y alegaciones recibido y del propio análisis técnico realizado.
Apartados 2.3 Plan de Metas (2.3.1 Cuadro recapitulativo) y 3 Coherencia de la estrategia y complementariedades (3.1 Visión general de la arquitectura medioambiental y climática).
La Oficina Española de Cambio Climático indica que los objetivos y la estrategia de adaptación al cambio climático del plan no queda bien acreditada, encontrándose actuaciones dispersas entre la condicionalidad, los eco-regímenes y las intervenciones sectoriales, entre otros, y faltando referencia en el sistema seguros agrarios. Incide en la necesidad de considerar el índice de explotación del recurso WEI+ y aprecia la inclusión de varias cifras erróneas que no ponen de relieve el grado de sobreexplotación del recurso en España y la urgencia en reducir las presiones y adaptar las explotaciones agrarias al cambio climático. El enfoque no se centra en reducir las presiones, sino en aumentar la eficiencia y reutilizar aguas residuales para aumentar la oferta. El tratamiento de la adaptación al cambio climático es deficiente y debe ser reforzado. En lo relativo a la mitigación del cambio climático, los análisis de impactos son parciales e incompletos en muchos casos, enmascarando efectos desfavorables, como por ejemplo los asociados a los insumos, y a veces se sobrevalora el potencial del suelo agrícola como sumidero de carbono. También recuerda las conclusiones del Informe Especial 16/2021 del Tribunal de Cuentas Europeo: «La política agrícola común y el clima - Las emisiones procedentes de la agricultura no disminuyen, aunque supongan la mitad del gasto de la UE relacionado con el clima».
La Subdirección General Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indica que el PEPAC debe posibilitar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero GEI y otros contaminantes atmosféricos, en concreto amoníaco, de un modo coherente con el PNIEC y con el PNCCA, garantizando el cumplimiento de los objetivos de cambio climático, evitando el incumplimiento del techo de amoniaco y los problemas de contaminación por nitratos en suelo, agua y aire. La condicionalidad, los ecoesquemas y las agroambientales deben orientarse a la reducción del exceso de nitrógeno. También se debe dar solución al problema de los purines en cuanto a las emisiones de nitrógeno (en sus distintas formas) tanto al aire, al agua y al suelo, así como las emisiones de metano (conocer y cuantificar dónde se producen, cuánto, qué contenido de N y otros elementos tienen, dónde y cómo se aplica). Esta unidad considera imprescindible que se mencionen y se planteen medidas relativas a los contaminantes atmosféricos al mismo nivel que los gases de efecto invernadero, y aprecia déficits en la consideración de la reducción del uso de fitosanitarios en la estrategia del Plan. También considera que las necesidades 5.8 (Reducir las emisiones de material particulado PM 2,5) y 5.9 (Prevención emisiones incendios) deberían tener el mayor nivel de prioridad. Ninguna de las intervenciones tiene un objetivo concreto de reducción en el uso de productos fitosanitarios. Por otra parte, en cuanto a las intervenciones sobre el Objetivo Específico 9, aunque se ha incluido un objetivo de mejorar la formación y certificación de los productores sobre el uso de los plaguicidas, señalado como una de las recomendaciones de la Comisión Europea, no se presentan intervenciones que cubran este objetivo. Finalmente, resalta el carácter creciente de las emisiones de NH3en España y el actual incumplimiento de techos de emisión.
La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación señala la necesidad de que el plan indique cómo y en qué medida contribuirá al logro de los objetivos de las estrategias Granja a Mesa y Biodiversidad 2030, considerando necesario que incorpore un mayor nivel de ambición medioambiental. En concreto, es necesario que la estrategia de intervención incluya metas e hitos cuantificados en relación con los objetivos medioambientales y climáticos específicos, y que esas metas e hitos se basen en indicadores de resultado y de impacto cuantitativos y alineados con dichos objetivos.
La Dirección General de la Costa y el Mar del MITERD incide la gran importancia de los efectos acumulados que las actuaciones agrarias en el interior causan sobre la costa y el mar, y en la necesidad de reducir los impactos de las actividades agrarias sobre el agua, que es el principal medio de transporte hacia el mar. Plantea considerar la adaptación de los terrenos agrícolas que pueden verse inundados por efecto del cambio climático, y pone de manifiesto la importancia de las basuras marinas de origen agrario terrestre. Por ello, plantea aumentar la prioridad (originalmente baja) de la necesidad 6.8 (reducción del uso y mejora de gestión de los plásticos) al menos para el sector hortofrutícola. En convergencia con las políticas de economía circular, se requiere que para las intervenciones 4.7.3, 4.8.1, 4.8.3 y 4.8.8 se incluyan medidas para no incrementar y sí reducir la producción de residuos de plástico, lo que también resulta importante en los programas operativos de organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del País Vasco señala que la Estrategia de intervención del Plan no especifica las metas medioambientales y climáticas que se esperan conseguir con las distintas medidas del plan, que hay que marcar objetivos de protección ambiental cuantitativos y no posponer el establecimiento de indicadores para los diferentes objetivos, que no hay clara relación entre las estrategias medioambientales que se citan y lo que luego se ha programado, ni en cómo reflejan las aportaciones a estas políticas los indicadores de output y de resultado incluidos. No considera que sea evidente la «mayor ambición ambiental y climática», de este plan en relación con los existentes en el periodo anterior, requiriendo que la ficha de cada medida incorpore las metas y los objetivos medioambientales concretos que pretende conseguir y cuantifique sus respectivos objetivos.
La Dirección General de Energía y Cambio Climático de Baleares considera que debe mejorarse la coordinación del Plan con el Plan nacional de control de la contaminación atmosférica, dado el actual incumplimiento por la actividad agraria y ganadera de la Directiva de techos de emisión, y con el Plan nacional de adaptación al cambio climático.
La Comisión Balear de Medio Ambiente, SEO/Birdlife, SEAE y Por otra PAC señalan la necesidad de contemplar los impactos ambientales e incluir en la evaluación la Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y su complemento el Pago redistributivo, pues tal como se han definido se discrimina positivamente a las explotaciones más intensivas y generadoras de impactos ambientales negativos y negativamente a las explotaciones que forman parte de sistemas de alto valor natural. Las ayudas se definen por territorios y se calculan de forma inercial.
La Dirección General de Medio Ambiente de Navarra señala que varias necesidades medioambientales no quedan bien atendidas en el plan.
La Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de Andalucía considera necesario matizar o redefinir las intervenciones en materia de aguas teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas Europeo (2021) «Uso sostenible del agua en la agricultura: probablemente, los fondos de la PAC favorecen un consumo de agua mayor», así como la necesidad de incrementar el nivel de exigencia en relación con la contaminación difusa por nitratos agrarios, en la línea del nuevo Real Decreto 47/2022.
Las Direcciones Generales de Patrimonio Cultural de Murcia y del País Vasco señalan ausencia de consideración en el Plan del patrimonio cultural, considerando necesario incluir los regímenes de protección de los bienes culturales junto con las zonas naturales protegidas, ya que algunos condicionan los usos agrarios.
SEO/Birlife indica que no se aprecia qué contribución va a hacer el Plan al cumplimiento de la Directiva Marco de Agua, ni al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ni al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Recalca la necesidad de alinear mejor el plan con los objetivos del Pacto verde europeo, de asegurar la aplicación de estos fondos públicos a objetivos públicos, de centrar los apoyos a las explotaciones de mayor valor socioambiental (Sistemas de Alto Valor Natural - SAVN, producción ecológica y RN2000), eliminar los subsidios perversos, aplicar mejor el principio de que «quien contamina, paga», y mejorar la gobernanza del plan basándola en la transparencia, la participación pública y la participación de las autoridades ambientales, además de las agrarias. Con el apoyo previsto en el Plan a la agricultura ecológica, planteado solo en el segundo pilar, considera imposible que España alcance el objetivo de la Estrategia de la Granja a la Mesa de que al menos el 25% de las tierras agrícolas de la UE se utilizarán en agricultura ecológica de aquí a 2030. También considera que son insuficientes las intervenciones para satisfacer necesidades N6 (Mantener y mejorar la heterogeneidad de los paisajes agrícolas y los elementos de conectividad entre hábitats y espacios protegidos) y N9 (Compatibilizar la presencia de grandes carnívoros que generan interacciones con impactos negativos con los aprovechamientos agrícolas y ganaderos, de modo que disminuyan los conflictos y mejore la capacidad de coexistencia). Y considera mejorable la relación del Plan con resto de planificación, en particular con la ambiental. En este sentido, acusa la ausencia en este Plan de metas medioambientales y climáticas cuantitativas, por lo que resulta imposible saber cómo las inversiones programadas pueden contribuir a su logro. Señala que debería focalizarse el diseño de las medidas en conseguir resultados, más que en cumplir compromisos, y que el Plan debería estar mejor orientado a resultados. No se puede saber si su contribución al medio ambiente superará o no a la de los planes del periodo anterior. En este sentido, considera imprescindible marcar objetivos cuantitativos sobre superficie de agricultura ecológica, reducción de emisiones, reducción de uso de fertilizantes y pérdida de nutrientes, y de superficies y elementos de biodiversidad en el periodo. Algunas de estas consideraciones son compartidas por SEO/Birdlife.
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) plantea la necesidad de asegurar una mejor convergencia del Plan con los objetivos de la Estrategia de la Granja a la Mesa, que son cuantitativos: asegurar que de aquí al 2030 se reduzca un 50% el uso y el riesgo de fitosanitarios, un 20% el uso de fertilizantes, un 50% las ventas de antimicrobianos, un 50% el desperdicio de alimentos y alcanzar un 25% de la SAU en producción ecológica.
Pacto por el Mar Menor señala la necesidad de incidir más en el objetivo de reducción de la contaminación difusa de origen agrario (incluidos fitosanitarios) y en lograr el buen estado en todas las masas de agua, y también aprecia una falta de consideración de la necesidad de adaptar la agricultura a la reducción del recurso por efecto del cambio climático, considerando un error el basar toda la estrategia en la optimización de los sistemas de riego, el aumento en la eficiencia y la generación de fuentes alternativas, dejando sin respuesta el verdadero problema derivado de la reducción del recurso por efecto del cambio climático y la necesidad de mitigar los impactos de la acción humana sobre el medio.
No se ha apreciado que el plan incluya una clara referencia a la medida en que contribuirá al logro de los objetivos cuantitativos de las principales políticas medioambientales y climáticas afectadas, ni a la aportación de fondos comunitarios a los principales planes y programas con que se materializan dichas políticas. En esta evaluación estratégica, el no-logro en plazo de los objetivos medioambientales o climáticos se considera un impacto negativo significativo, por lo que se considera necesario que el plan concrete y cuantifique su compromiso con dichos objetivos. Ello va en la línea de lo requerido para el establecimiento de metas por el artículo 104.3 del Reglamento (UE) 2021/2115 en conexión con los indicadores de impacto señalados en su Anexo I (indicadores I.10 al I.21).
Apartado 3.10. Condicionalidad.
Requisitos Legales de Gestión (RLG).
El Documento de alcance del estudio ambiental estratégico indicaba que los principales efectos ambientales estratégicos de la definición de los RLG están asociados al grado de ambición ambiental con que se afronte su definición. Reducidos niveles de ambición, asociados a la consideración de los RLG como meros requisitos formales y a un deseo implícito de que la «línea de base» esté lo más abajo posible, puede causar impactos negativos significativos y generalizados en numerosos ámbitos ambientales, en particular si no llegan a incluir toda la normativa aplicable al requisito según el Anexo III del Reglamento (UE) 2021/2115.
El estudio ambiental estratégico realiza una evaluación cualitativa básica del efecto de los requisitos legales de gestión (RLG) sobre los distintos factores ambientales, llegando a la conclusión de que provocarán efectos positivos de manera casi generalizada.
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha enfatizado en los problemas provocados por las presiones por extracciones y por contaminación difusa agraria, y en la necesidad de configurar de una manera adecuada los requisitos RLG1, incorporando el control de la captación de aguas en la línea de la Orden ARM/1312/2009 y la prevención de la contaminación difusa por fósforo. La Confederación Hidrográfica del Duero también señala la necesidad de que se establezcan medidas que resulten verdaderamente efectivas para reducir presiones por contaminación difusa agraria, ya que el 51% de las aguas superficiales y el 60% de las aguas subterráneas de esa demarcación están sometidas a esas presiones, y que, aparte del problema generalizado de la contaminación en muchas masas por nitratos, también aprecia una presencia preocupante de glifosato, presente en el 68% de sus puntos de muestreo y en el 48% de ellos con concentraciones superiores al umbral de 1µg/l, así como presencia de su metabolito AMPA en el 82% de los puntos de muestreo, con el 49% de ellos con concentraciones superiores a 1µg/l, y presencia igualmente preocupante de otras sustancias activas de pesticidas agrarios tales como clorotoluron, imazalil y pendimetalin, entre otros. También señala incumplimientos de hexaclorocicohexano (HCH), simazina, clorpirifos y cipermetrina en 34 masas de agua de la demarcación. Señala que el nuevo plan hidrológico del Duero incluye 198 medidas para reducción de contaminación difusa agraria en las cuencas vertientes a 198 masas de agua superficial que incumplen sus objetivos medioambientales por exceso de nitrógeno. La forma en que se formule el RLG2 debe permitir su aplicación a este tipo de modelos de gestión detallados, ya que al ser específicos de cada masa de agua con incumplimientos son los que dan más seguridad en el logro de sus objetivos en el horizonte 2027. Esta Confederación también indica que el Plan debe contemplar la necesidad de aplicar localmente restricciones a fitosanitarios en zonas protegidas, tales como perímetros de abastecimientos, espacios naturales protegidos, zonas con especies amenazadas, etc., para lo que debe diseñarse específicamente el RLG8.
En este sentido, es importante señalar que en la mayoría de los planes hidrológicos, al margen de los programas de actuación para zonas vulnerables a la contaminación difusa por nitratos de origen agrario, se aprecia una escasez generalizada o incluso ausencia de medidas específicamente dirigidas a reducir la contaminación difusa agraria por fosfatos y por sustancias activas de pesticidas de origen agrario, así como por nitratos fuera de las zonas declaradas vulnerables, medidas que en las declaraciones ambientales estratégicas de los próximos planes hidrológicos del tercer ciclo se han señalado como imprescindibles para todas y cada una de las masas de agua que por este motivo no cumplen sus objetivos medioambientales. Por ello, en el ámbito de la contaminación difusa por fosfatos o por pesticidas de origen agrario, a pesar de que no exista un marco normativo de carácter básico que regule su prevención y su reducción en las zonas en que se produce una contaminación difusa tal que no permite que se cumplan los objetivos medioambientales de alguna masa de agua o zona protegida, nada impide que las comunidades autónomas con competencias exclusivas en agricultura y competencias para dictar normas adicionales de protección del medio ambiente, ejerzan dichas competencias y adopten las regulaciones necesarias para ello, y que dichas normas se incorporen a la condicionalidad agraria, ya sea en el RLG1 (fosfatos), el RLG2 (nitratos dentro y fuera de zonas vulnerables) y RLG 8 (sustancias activas de pesticidas agrarios). De lo contrario, la condicionalidad de la PAC no contribuirá de una manera efectiva a contrarrestar las presiones significativas por estos tipos de contaminación difusa en las masas de agua que por este motivo no cumplan sus objetivos medioambientales.
La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITERD plantea para la definición del RLG3:
– Que en las explotaciones ubicadas en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) se cumplan las limitaciones establecidas en sus planes de gestión y, en el caso de haber realizado proyectos susceptibles de afectar a los objetivos de conservación de la ZEPA, haber superado favorablemente con anterioridad a su autorización la correspondiente evaluación de impacto ambiental.
– Cumplir las determinaciones y limitaciones a los usos y actividades agrarias establecidas por los planes de conservación o recuperación de especies de aves amenazadas aplicables al ámbito de la explotación
– En las explotaciones y actividades no sujetas a las limitaciones específicas derivadas de las condiciones indicadas en los dos apartados anteriores:
● No deteriorar elementos singulares del paisaje.
● No realizar la cosecha mecanizada de cereales en secano antes de las siguientes fechas, que podrán ser ajustadas por información precisa de que dispongan las comunidades autónomas: En Andalucía, Extremadura y Murcia: 28 de junio. En Castilla - La Mancha y Madrid: 30 de junio. En Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana: 12 de julio. En Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco: desde 20 de julio, salvo para el caso de las cosechas de cebada en Navarra que se establece el 1 de julio.
● Mantener los restos de la cosecha de cereal de secano (rastrojos) al menos hasta el 1 de septiembre.
● En las zonas de protección delimitadas en virtud del Plan de Acción de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios y publicadas en el SIGPAC, no utilizar productos clasificados como peligrosos para el medio ambiente (acuático o no acuático) según el Reglamento 1272/2008 (CLP) y Real Decreto 255/2003, empleando únicamente fitosanitarios con sustancias activas de bajo riesgo de acuerdo con la definición del apartado 5 del Anexo II del Reglamento 1107/2009.
● Para la prohibición de laboreo de barbechos, añadir otras tierras agrícolas no cultivadas y concretar de marzo a julio.
Esta misma Dirección General plantea para la definición del RLG4:
– En Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), cumplir las determinaciones y limitaciones a los usos y actividades agrarias establecidas por la normativa reguladora e instrumento de gestión del lugar.
– En caso de haber realizado proyectos susceptibles de afectar a los objetivos de conservación de alguna ZEC / LIC, haber superado la correspondiente evaluación de impacto ambiental y haber cumplido las condiciones y medidas establecidas en la correspondiente declaración o informe de impacto ambiental.
– Cumplir las determinaciones y limitaciones a los usos y actividades agrarias establecidas por los planes de conservación o recuperación de especies amenazadas aplicables al ámbito de la explotación.
Dicha Dirección General requiere para la definición del RLG8:
– Que la gestión de plagas se realice siguiendo lo indicado en el art. 10 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
– Acreditar el cumplimiento de la normativa obligatoria y específica que resulte aplicable al territorio de la explotación para la reducción de la contaminación difusa por sustancias activas de productos fitosanitarios. Disponer de un cuaderno de explotación actualizado con el registro de tratamientos fitosanitarios y resto de documentación según requiere el artículo 16 y el Anexo III del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, a disposición de las autoridades que lo requieran.
– Acreditar que se han tomado las medidas de reducción de riesgo en zonas específicas según art. 34 del Real Decreto 1311/2012, y en las zonas de protección delimitadas en virtud del Plan de Acción de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios (2013/2017) y publicadas en el SIGPAC no utilizar productos clasificados como peligrosos para el medio ambiente (acuático o no acuático) según el Reglamento 1272/2008 (CLP) y el Real Decreto 255/2003, empleando únicamente fitosanitarios con sustancias activas de bajo riesgo de acuerdo con la definición del apartado 5 del Anexo II del Reglamento 1107/2009. Aplicable también para linderos.
– Identificación del usuario profesional que ha realizado los tratamientos fitosanitarios, y acreditación de que dispone del carné acreditativo de disponer de los conocimientos para ejercer su actividad según requieren los artículos 17 y 18 y el anexo IV del Real Decreto 1311/2012.
– Acreditación de que los equipos de aplicación de plaguicidas están al corriente y han superado las preceptivas inspecciones periódicas requeridas por el Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
– Acreditación del cumplimiento de los requisitos de almacenamiento, manipulación, dilución y mezcla de plaguicidas antes de su aplicación; manipulación de los envases y restos de plaguicidas; eliminación de los restos de mezcla remanentes en los tanques tras la aplicación; limpieza del equipo utilizado después de la aplicación; y recuperación o eliminación de los restos de plaguicidas y de sus envases con arreglo a la legislación comunitaria relativa a los residuos, establecidos por los artículos 36 a 41 del Real Decreto 1311/2012.
En similar sentido, la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del País Vasco señala la necesidad de incluir dentro del RLG3 (Directiva aves) las condiciones a las prácticas agrarias indicadas en los planes de recuperación de especies de aves amenazadas. Y también la necesidad de limitar las fechas de cosecha de cereales, de mantener los restos de la cosecha hasta el 15 de octubre, la prohibición del empleo de fitosanitarios en zonas específicamente delimitadas (por ejemplo, por aplicación del plan acción sostenible productos fitosanitarios) y limitar su uso a los de baja toxicidad. Este centro directivo también plantea incorporar a condicionalidad la limitación de fertilizantes diferentes de los nitratos (por ejemplo, fósforo en el RLG1) limitar fitosanitarios al menos en zonas las zonas que se concrete mediante el Plan acción sostenible productos fitosanitarios u otros medios (RLG8), utilizar solamente fitosanitarios de baja toxicidad, mantener rastrojos hasta el 30 septiembre y prohibir labores en barbechos en época de nidificación aves (RLG3).
La Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad de las Islas Baleares considera que se corre el riesgo de repetir los mismos errores de los anteriores periodos de programación de la PAC, cuya condicionalidad fue tan poco exigente y la formulación de los requisitos legales de gestión tan genérica para el conjunto del territorio nacional que se llegaron a promover actividades con efectos ambientales adversos.
La Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de Andalucía plantea añadir a los RLG 1, RLG2 y RLG7 que cuando se trate de superficies de regadío que afectan a masas da agua superficial o subterránea en mal estado, se lleve a cabo una gestión sostenible de insumos, con control del agua utilizada para el riego, plan de abonado adecuado a reducir los excedentes de nutrientes en la medida que indique el plan hidrológico, cuaderno de explotación electrónico con trazabilidad de la adquisición y aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, y ofrecer información del origen del recurso, título que lo ampara, coordenadas UTM (Huso 30 DATUM ETRS 89) de puntos y volumen servido al sector de riego (cabecera) y en parcela (caudalímetros homologados) así como de puntos y volúmenes de retorno estimados o medidos, en su caso, junto con información que se proporcione de campaña de cultivos y tipo de instalaciones de riego utilizada en la parcela. La información georreferenciada debería actualizarse cada vez que se cambie el cultivo o el plan de abonos o fitosanitarios y en todo momento debe estar a disposición de la administración del agua.
Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura indica que el requisito legal de gestión RLG4 también deben incluir el cumplimiento de la normativa aplicable de los planes de gestión de las ZEPAs, de los planes de recuperación o conservación de aves y la prohibición de la recolección nocturna.
WWF España, SEO/Birdlife y Por otra PAC señalan que los requisitos legales de gestión planteados no incluyen gran parte del articulado de la normativa que traspone los preceptos de la normativa comunitaria indicados en el Anexo III del Reglamento. Para el RLG1a plantean considerar también los retornos para conocer el volumen de agua realmente consumido. Para el RLG1b reconoce que está mal definido, contemplando solo contaminación puntual y omitiendo tratar el problema de la contaminación difusa de fósforo por la fertilización (inorgánica, purines, estiércoles). Para el RLG2 destacan la ineficacia de las medidas tomadas hasta ahora para reducir la contaminación difusa por nitratos, y la necesidad de establecer umbrales a la aportación de nitratos e indicadores de contaminación en los retornos del riego, controles a la aplicación y a la lixiviación, y un seguimiento informatizado de la aportación de purines (volúmenes y momentos) controlado por entidad externa a la explotación. Para el RLG3 requieren incluir prohibición del uso de semillas blindadas, que la agricultura de conservación se practique sin herbicidas y prohibición de la cosecha mecanizada nocturna. Para el RLG4 requieren incluir las limitaciones contenidas en los instrumentos de gestión de las ZEC/LIC y del resto de espacios naturales protegidos y sus zonas de protección. Para los RLG5 y RLG6 señalan el peligroso aumento uso antimicrobianos y antibióticos por aumento granjas en régimen superintensivo. Para los RLG7 y RLG8 requieren introducir el cumplimiento de los objetivos de reducción de aplicación de pesticidas cuantitativos y cualitativos del Plan de acción nacional del uso sostenible de productos fitosanitarios. En paralelo se plantea la necesidad de establecer objetivos cuantitativos de reducción de la cabaña ganadera en superintensivo.
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología plantea para el RLG2 la necesidad de definir umbrales a la aportación de nitratos en abonos orgánicos e inorgánicos, de controlar la concentración de sustancias contaminantes en los retornos de riego para garantizar el umbral del buen estado, de desarrollar programas de control, sanción y seguimiento de los incumplimientos por contaminación por nitratos de origen agrario basado en inspecciones exhaustivas que incluyan el muestreo en campo de valores de aportación y lixiviación, de desarrollar un sistema mecanizado e informatizado de seguimiento de volúmenes y momentos de aplicación de purines que permitan hacer un control más efectivo que el cuaderno de aplicación, priorizando los realizados por una entidad externa a la explotación y que incluyan toma de muestras en campo y análisis de laboratorio. Para los RLG7 y 8 insiste en no permitir el uso de productos fitosanitarios autorizados excepcionalmente (permitidos por el Artículo 53 del Reglamento 1107/2009), salvo en casos de plagas cuarentenarias declaradas, y en establecer un programa de control, seguimiento y sanción de los principios de la Gestión Integrada de Plagas, siendo preciso instaurar unos objetivos, vinculantes y obligatorios, de reducción cuantitativa y cualitativa en el Plan de Acción Nacional del Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios.
Como consecuencia de los informes y alegaciones recibidas, el estudio ambiental estratégico incluye algunas medidas para la condicionalidad: el establecer futuros mecanismos de coordinación entre administraciones para intercambiar información sobre sanciones y condenas en firme; para el RLG1 el disponer de un registro de captaciones de agua de riego y sancionar los casos de sanción firme por uso ilegal de agua en regadío, para el RLG2 desarrollar un sistema de control informatizado del cuaderno de explotación; para el RLG3 prohibir roturar lindes sin autorización y prohibir realizar tratamientos agrícolas sobre los barbechos durante el periodo reproductivo de las aves entre abril y junio, ambos incluidos, pudiendo adaptarse este periodo en las comunidades autónomas, para el RLG4 requerir que si en la explotación se ha realizado una actuación que requiere el sometimiento a evaluación ambiental, se dispone de la correspondiente resolución, y se han ejecutado las medidas preventivas, correctoras o compensatorias indicadas en la misma. No se asumen más medidas de entre las planteadas.
Analizado el Plan para ver la forma en que se han integrado estas medidas, se ha apreciado que en su última versión no las incluye ni detalla la forma en que se van a interpretar los requisitos legales de gestión señalados por el Anexo III del Reglamento, a pesar de haber avanzado el detalle de su contenido en el documento anexo denominado «Aplicación de la condicionalidad reforzada en el marco del plan estratégico de la PAC» fechado el 26 de noviembre de 2021 que se utilizó para la fase de consulta a las administraciones afectadas e interesados e información pública. Revisado dicho documento, que no consta haya sido actualizado, se ha apreciado que no se han llegado a incorporar algunos de los requisitos legales de gestión referidos en dicho Anexo III en relación con la normativa comunitaria de la que emanan, circunstancia que ha sido puesta de manifiesto por algunas administraciones consultadas e interesados. La falta de consideración de dichos requisitos puede generar un riesgo de incumplimiento de la normativa nacional y autonómica que ha transpuesto la normativa comunitaria mencionada en dicho Anexo, lo que al menos en el caso de los requisitos legales de gestión que se indican a continuación puede aumentar el riesgo de que con su incumplimiento se generen impactos ambientales significativos:
– RLG 1 Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas: artículo 11, apartado 3, letras e) y h), en lo que atañe a los requisitos obligatorios para controlar las fuentes difusas de contaminación por fosfatos.
– RLG 2 Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos: artículos 4 y 5
– RLG 3 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres: artículo 3, apartado 1, artículo 3, apartado 2, letra b), y artículo 4, apartados 1, 2 y 4.
– RLG 4 Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora: artículo 6, apartados 1 y 2.
– RLG 8 Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas: artículo 5, apartado 2, y artículo 8, apartados 1 a 5. Artículo 12 en lo que respecta a las restricciones sobre el uso de plaguicidas en las zonas protegidas definidas en virtud de la Directiva 2000/60/CE y la legislación relativa a Natura 2000. Artículo 13, apartados 1 y 3, sobre la manipulación y almacenamiento de plaguicidas y la eliminación de sus restos.
A propuesta de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Diversificación y de otras administraciones ambientales, se sugiere incorporar al RLG3 un conjunto de limitaciones necesarias para una adecuada aplicación de los preceptos de la Directiva 2009/147/CE que forman parte de la condicionalidad, en particular fuera de zonas de protección especial para las aves (ZEPA) y de áreas críticas de especies amenazadas.
En el apartado de determinaciones de esta resolución se incluyen las limitaciones adicionales que es necesario incorporar para completar la cobertura de la normativa comunitaria a que se refieren los requisitos legales de gestión contemplados en el Reglamento.
Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM).
Al igual que para los Requisitos Legales de Gestión, el Documento de alcance del estudio ambiental estratégico indicaba que si la formulación de las BCAM se realiza con reducidos niveles de ambición, dándolas el papel de meros requisitos formales de aplicación plana que dejen la «línea de base» lo más baja posible, tendrán efectos ambientales positivos inapreciables, y contribuirán a generalizar en los sectores afectados la consideración de que las condiciones medioambientales son únicamente cargas administrativas. Se prevenía especialmente frente a BCAM que coinciden con limitaciones contempladas en alguna normativa que no añaden ningún nivel de protección ambiental, BCAM placebo que no modifican comportamientos ni provocan efectos ambientales significativos, BCAM que se plantean de manera plana en el conjunto del territorio nacional sin considerar su variable necesidad y efectividad en cada territorio, y BCAM que se plantean con componentes de cumplimiento voluntario, en términos ambiguos o confusos o con multiplicidad de excepciones.
El estudio ambiental estratégico realiza una evaluación cualitativa básica del efecto de las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) sobre los distintos factores ambientales, llegando a la conclusión de que provocarán efectos positivos de manera prácticamente general.
WWF España y SEO/Birdlife señalan la escasa ambición ambiental que se deduce de la formulación que se ha dado a las BCAM, que pasan a ser una directa prolongación del «greening» del periodo anterior, que no generó beneficios medioambientales apreciables.
BCAM 1: Mantenimiento de los pastos permanentes basado en una proporción de pastos permanentes con respecto a la superficie agrícola.
La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITERD señala la necesidad de que la comprobación del cumplimiento del mantenimiento de pastos permanentes se realice a escala explotación, en lugar de región o país, de manera que ningún posible perceptor reduzca en su explotación más de un 5% de superficie de pastos permanentes respecto al año de referencia durante todo el período de aplicación del Plan 2023-2027. Los porcentajes máximos del 5% no se aplicarán en hábitats declarados como de interés comunitario (formaciones herbosas naturales y seminaturales) incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, en los que no se deberá producir ni disminución alguna en superficie ni deterioro de su estado de conservación.
La Dirección General de Medio Ambiente de Navarra propone un seguimiento de base regional, y dar un tratamiento diferente a los hábitats de interés comunitario, que no se deben labrar, de los forrajes.
Tras la fase de consulta pública, el estudio ambiental estratégico concluye con que el nivel de cumplimiento de esta BCAM será regional en lugar de nacional, y que si en una campaña se observa una reducción sobre la proporción de referencia de pastos permanentes igual o superior al 4 % (antes 4,5 %), las autoridades competentes advertirán de ello a las personas beneficiarias de las ayudas y establecerán un sistema de autorizaciones previas a la conversión de los pastos permanentes para evitar alcanzar el límite del 5% de reducción de pastos permanentes en comparación con el año de referencia.
El considerar como ámbito de cumplimiento y comprobación de esta BCAM los niveles nacional o regional desincentiva su cumplimiento, al desacoplar la responsabilidad de roturar pastizales del ámbito en el que se suele tomar esa decisión, que es el de cada explotación agraria. Ello puede generar impactos estratégicos negativos por pérdida generalizada de superficie de pastizales. En tal caso, el nivel adecuado de cumplimiento y comprobación de esta BCAM debe ser el de cada explotación agraria. Adicionalmente, esta BCAM debe incorporar una prohibición expresa de no roturar pastos permanentes que además sean hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE). En esta línea se han recibido propuestas de WWF España y de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE). SEO/Birdlife indica que no se ha evaluado la incidencia de esta BCAM en el nivel de secuestro de carbono.
BCAM 2: Protección de humedales y turberas.
Para esta nueva BCAM, la Confederación Hidrográfica del Duero propone incluir la anulación drenajes para elevar el nivel freático y asegurar encharcamiento.
La Dirección General de Biodiversidad, Bosque y Desertificación del MITERD señala la necesidad de excluir de las superficies a que afecte esta BCAM los desbroces, los tratamientos agrícolas (a excepción de la superficie de arrozales) y la implantación de infraestructuras u otros elementos. También considera imprescindible evitar el sobrepastoreo para evitar el deterioro de hábitats de interés comunitario, proponiendo como cargas ganaderas de referencia 0,3 UGM/ha en las regiones biogeográficas atlántica y alpina y de 0,05 UGM/ha en las mediterránea y macaronésica. Sobre turberas, requiere no realizar pastoreo con ganado bovino ni equino. También considera necesario no demorar su aplicación a 2025 para evitar riesgos de riesgo roturación o desecación, y plantea que la cartografía que el FEGA elabore para esta BCAM se realice de acuerdo con cada una de las administraciones de biodiversidad afectadas.
La Dirección General de Biodiversidad de Navarra también considera necesario prohibir su roturación, permitir el pastoreo solo si no causa impacto y en baja densidad, y no alterar su régimen hidrológico por extracciones.
El Fondo Galego de Garantía Agraria recuerda la existencia en Galicia de brañas, con encharcamiento temporal, que no se pueden pastar en dicho periodo.
La Fundación Global Nature y Por otra PAC también plantean contrarrestar los efectos de los drenajes para recuperar los humedales antaño desecados para uso agrario, reajustar las cargas ganaderas y en las parcelas del entorno del humedal mantener cultivos leñosos con cobertura permanente del suelo, cultivos herbáceos con franjas de protección con vegetación en las lindes de más de 5 m, barbechos prolongados para no mantener el suelo desnudo, y promocionar la agricultura ecológica (aumento de ayuda o criterio de selección de operaciones). En los humedales gestionados para reducción de nutrientes también consideran la gestión mediante siega de la vegetación fuera de la temporada de cría de las aves y la reutilización del residuo resultante.
El estudio ambiental estratégico, tras la consulta pública, prevé fijar la carga ganadera máxima en 1UGM/ha, y que se adelante la fecha de aplicación de la BCAM a 2024 (antes 2025).
Esta BCAM se ha definido con incertidumbres asociadas a su carácter novedoso, a la falta de cartografía de alta resolución estos elementos y a la dificultad de compatibilizar la conservación en un estado favorable de sus hábitats con el mantenimiento sobre los mismos de actividad agraria (agricultura, pastoreo o siega), lo que no siempre es lo más adecuado. En el capítulo de determinaciones de esta resolución se han incluido varias condiciones que se considera que mejor pueden contribuir a que esta nueva BCAM contribuya a la conservación de los ecosistemas de humedal y de turbera, sin provocar efectos contrarios a los esperados, lo que constituiría un impacto negativo inasumible, dado que los humedales y las turberas se encuentran entre los ecosistemas más frágiles y amenazados.
Para la BCAM3 (prohibición de quema de rastrojos), SEO/Birdlife pide que se limiten las continuas excepciones que se vienen adoptando en la práctica a esta prohibición. Y la Subdirección General Aire Limpio Sostenibilidad Industrial del MITERD recuerda que ya existe una prohibición general de quemar residuos agrícolas y forestales por la recientemente aprobada Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular (artículo 27.3).
BCAM 4: Creación de franjas de protección en las márgenes de los ríos.
La Confederación Hidrográfica del Duero señala la heterogeneidad entre comunidades autónomas en la anchura de la franjas contempladas en los códigos de buenas prácticas agrarias (de aplicación obligatoria solo en el interior de zonas vulnerables): en Galicia de 2 a 10 m, en Castilla y León de 10 m si se aplican purines por aspersión y de 2m si se aplican purines por inyección y estiércoles, indicando la conveniencia de establecer además una franja sin producción agrícola y de promover en ella el mantenimiento de vegetación leñosa y la siembra de mezclas de flora silvestre.
La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITERD plantea aplicar esta BCAM dentro de las parcelas agrícolas en una franja colindante con las riberas o el dominio público hidráulico de 10 m de anchura, incluyendo su aplicación sobre ríos, arroyos estacionales o permanentes, humedales estacionales o permanentes y turberas. Sobre estas superficies no deben aplicarse fertilizantes ni fitosanitarios. En los casos en que ello sea compatible con el mantenimiento de sus características e integridad ecológicas podrá realizarse pastoreo o siega u otras labores de mantenimiento en los casos en que ello esté autorizado por la administración de biodiversidad, salvo en el periodo de nidificación de las aves (orientativamente, entre marzo y julio).
La Dirección General de Biodiversidad de Navarra también plantea añadir cursos de agua temporales, prohibir roturar su vegetación, poder dar autorizaciones excepcionales de tratamientos fuera de periodos críticos para polinizadores (15 marzo-31 agosto) y de la principal época de lluvias (noviembre a febrero) e incluso que también aplique a las infraestructuras de riego cuando estas son tradicionales y han sustituido a la red natural de drenaje.
SEO/Birdlife plantea que además de ríos se consideren los arroyo