Categoría: Judicial

por lo que entiende que la vulneración del principio de legalidad sería el reflejo de una infracción de la presunción de inocencia. Sin embargo, debe incardinarse en el ámbito propio del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE).
Este tribunal ha puesto de relieve la importancia que desde la perspectiva del derecho reconocido en el art. 24.2 CE reviste la autoría, al afirmar que «la presunción de inocencia es una presunción que versa sobre los hechos, pues sólo los hechos pueden ser objeto de prueba, pero incluyendo dentro de los hechos, como es lógico, la prueba de la autoría de quien resulte imputado o su participación, pues la inocencia de la que habla el art. 24 de la Constitución ha de entenderse en el sentido de no autoría, no producción del daño o no participación en él (SSTC 141/1986 y 92/1987, entre otras). En este sentido, si bien el juzgador dicta sentencia apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, esta apreciación en conciencia ha de hacerse, conforme a lo antes expuesto, sobre la base de una actividad probatoria que pueda estimarse de cargo y contenga elementos incriminatorios respecto de la participación del acusado en el hecho» [STC 150/1989, de 25 de septiembre, FJ 2 B)].
Sin embargo, en el motivo no se alega la ausencia o insuficiencia de pruebas de cargo para fundar la autoría del delito de sedición que se le atribuye al recurrente, la ilicitud de las mismas o la no exteriorización de las razones que han conducido al tribunal sentenciador a fijar la responsabilidad penal, con base en la actividad probatoria practicada. Lo que el demandante sostiene es que los concretos extremos que detalla en la demanda carecen de aptitud para fundar el grado de participación que le asigna la sentencia impugnada en esta sede, de suerte que lo cuestionado incide sobre la aplicación de la norma penal a la conducta desarrollada por aquel y, por tanto, en el ámbito propio del derecho reconocido en el art. 25.l CE.
(ii) Falta de proporcionalidad y efecto disuasorio del ejercicio de derechos fundamentales. En el motivo sexto, el recurrente insiste en la vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) en relación con el ejercicio de derechos fundamentales –libertad de expresión (art. 20 CE), reunión y manifestación (art. 21 CE), libertad ideológica (art. 16 CE) y participación política (art. 23.1 CE)–, pero no desde la defensa de que existe un ejercicio legítimo de esos derechos, sino desde la perspectiva de la falta de proporcionalidad de la respuesta penal frente a un ejercicio extralimitado de tales derechos y el efecto disuasorio de ese ejercicio.
(iii)Bis in idem. En el último motivo, el octavo, el demandante identifica la infracción del art. 25.1 CE con la violación del principionon bis in idem, en tanto su condición de miembro del Gobierno autonómico ha servido, según entiende, para fundar su responsabilidad por el delito de sedición, por no adoptar las medidas precisas para una actuación efectiva de los Mossos d’Esquadra, pero también para aplicar la modalidad agravada del art. 545.1 CP por la condición de autoridad del autor.
8.2 Interpretación y aplicación del delito de sedición.
Abordaremos en primer lugar el bloque de motivos que convergen en atribuir la vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) puesta en relación con otros derechos fundamentales –señaladamente, el derecho de reunión y la libertad de expresión (arts. 20 y 21 CE)–, a la aplicación del tipo penal de sedición a la conducta enjuiciada, tanto por la interpretación del precepto que acoge la sentencia como por la ulterior subsunción en sentido estricto de los hechos en los arts. 544 y 545.1 CP. Se trata de quejas plurales extensamente argumentadas, lo que aconseja su tratamiento individualizado, sin perjuicio de exponer con carácter previo la doctrina constitucional concernida.
8.2.1 Doctrina constitucional.
8.2.1.1 Prohibición de interpretaciones y aplicaciones irrazonables de las normas penales.
El art. 25.1 CE establece que «[n]adie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento del producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».
a) Según doctrina asentada de este tribunal, el mandato enunciado contiene un derecho fundamental subjetivo que comprende una garantía formal, consistente en la necesaria existencia de una norma con rango de ley como presupuesto de la actuación punitiva del Estado, que defina las conductas punibles y las sanciones que les corresponden, y una garantía material en orden a asegurar la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes (por todas, STC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 2).
La garantía material, en relación con el legislador, se traduce en el mandato de taxatividad (lex certa), que comporta fundamentalmente la exigencia de una tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la descripción que incorpora. De otro lado, la analogíain malam partemy las interpretaciones extensivas de la norma penal por parte de los órganos judiciales han sido expresamente reprobadas por nuestra doctrina, por contravenir el mandato del art. 25.1 CE. Esta censura queda reflejada, entre otras, en la STC 229/2007, de 5 de noviembre, FJ 4:
«A este respecto, hemos destacado que "la garantía material del principio de legalidad comporta el mandato de taxatividad o certeza, que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes sanciones (lex certa). Esta exigencia tiene implicaciones no sólo para el legislador, sino también para los órganos judiciales. En su labor de interpretación y aplicación de las leyes penales, estos últimos se hallan también sometidos al principio de tipicidad, en el sentido de que, por un lado, se encuentran en una situación de sujeción estricta a la ley penal (SSTC 133/1987, de 21 de julio, FJ 5; 182/1990, de 15 de noviembre, FJ 3; 156/1996, de 14 de octubre, FJ 1; 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4; 232/1997, de 16 de diciembre, FJ 2) y, por otro, les está vedada la interpretación extensiva y la analogíain malam partem(SSTC 81/1995, de 5 de junio, FJ 5; 34/1996, de 11 de marzo, FJ 5; 64/2001, de 17 de marzo, FJ 4; 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 12), es decir, la exégesis y aplicación de las normas fuera de los supuestos y de los límites que ellas mismas determinan».
A su vez, en la jurisprudencia hemos precisado las exigencias a que se deben sujetar los órganos judiciales al verificar la labor de subsunción de los hechos en la norma penal en una doctrina que recoge con detalle la STC 129/2008, de 27 de octubre, FJ 3, en los siguientes términos:
«El derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) supone que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que no constituyan delito o falta según la legislación vigente en el momento de tales conductas. Se quiebra así el derecho cuando la conducta enjuiciada, la ya delimitada como probada, es subsumida de un modo irrazonable en el tipo penal que resulta aplicado, bien por la interpretación que se realiza de la norma, bien por la operación de subsunción en sí. En tales supuestos la condena resulta sorpresiva para su destinatario y la intervención penal es, amén de contraria al valor de la seguridad jurídica, fruto de una decisión judicial que rompe el monopolio legislativo en la definición de las conductas delictivas (por todas, STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6).
En el examen de razonabilidad de la subsunción de los hechos probados en la norma penal el primero de los criterios está constituido por el respeto al tenor literal de la norma, "pues el legislador expresa el mensaje normativo con palabras y con palabras es conocido por sus destinatarios. Este respeto no garantiza siempre una decisión sancionadora acorde con las garantías esenciales de seguridad jurídica o de interdicción de la arbitrariedad, pues, entre otros factores, el lenguaje es relativamente vago y versátil, las normas son necesariamente abstractas y se remiten implícitamente a una realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993, de 25 de marzo), el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la adaptación de la norma a la realidad (ya en la STC 62/1982, de 15 de octubre; […] STC 53/1994, de 24 de febrero). Debe perseguirse, en consecuencia, algún criterio añadido que, a la vista de los valores de seguridad y de legitimidad en juego, pero también de la libertad y la competencia del juez en la aplicación de la legalidad (SSTC 89/1983, de 12 de marzo; 75/1984, de 27 de junio; 111/1993, de 25 de marzo), distinga entre las decisiones que forman parte del campo de decisión legítima de este y las que suponen una ruptura de su sujeción a la ley […] La seguridad jurídica y el respeto a las opciones legislativas de sanción de conductas sitúan la validez constitucional de la aplicación de las normas sancionadoras desde el prisma del principio de legalidad tanto en su respeto al tenor literal del enunciado normativo, que marca en todo caso una zona indudable de exclusión de comportamientos, como en su razonabilidad. Dicha razonabilidad habrá de ser analizada desde las pautas axiológicas que informan nuestro texto constitucional (SSTC 159/1986, 59/1990, 111/1993) y desde modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica. Dicho de otro modo, no sólo vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras que se sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos de la norma aplicada. Son también constitucionalmente rechazables aquellas aplicaciones que por su soporte metodológico –una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante– o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios que informan nuestro ordenamiento constitucional– conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios" (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; también, entre otras, SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 13/2003, de 28 de enero, FJ 3; 138/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 242/2005, de 10 de octubre, FJ 4; 9/2006, de 16 de enero, FJ 4; 262/2006, de 11 de septiembre, FJ 4)».
b) La razonabilidad axiológica de la labor interpretativa y aplicativa que exige el art. 25.1 CE debe ponerse en relación con la premisa tantas veces repetida por este tribunal de que «los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito» (SSTC 2/2001, de 15 de enero, FJ 2; 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8; 29/2009, de 26 de enero, FJ 3; 104/2011, de 20 de junio, FJ 6; 177/2015, de 22 de julio, FJ 2; 112/2016, de 20 de junio, FJ 2, o 35/2020, de 25 de febrero, FJ 4). Las conductas que constituyen ejercicio regular de un derecho fundamental no pueden ser objeto de reproche jurídico alguno. Tampoco pueden serlo debido a la aplicación de previsiones legales de naturaleza sancionadora cuya finalidad sea la protección de otros derechos o bienes constitucionalmente reconocidos, aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera conforme a su tenor literal (en ese sentido, SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, y 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3).
En la concreción de tal criterio, hemos explicado que el órgano judicial que debe aplicar una norma penal a conductas en las que se halla implicado el ejercicio de un derecho fundamental «ha de tener presente el contenido constitucional del derecho de que se trate, es decir, el haz de garantías y posibilidades de actuación o resistencia que otorga». Ello supone, en primer lugar y de forma indiscutible, que no puede incluir entre los supuestos sancionables aquellos que son ejercicio del derecho «ni puede interpretar la norma penal de forma extensiva, comprendiendo en la misma conductas distintas de las expresamente previstas, pues en virtud de su conexión con el derecho fundamental la garantía constitucional de taxatividadexart. 25.1 CE deviene aún más reforzada» (STC 88/2003, FJ 8, con apoyo en las SSTC 110/2000, de 5 de mayo FJ 5; 2/2001, FJ 3, y 196/2002, de 28 de octubre, FJ 6).
c) Debe recordarse para terminar que la tarea de este tribunal de fiscalizar la interpretación y aplicación de la norma penal por parte de los juzgados y tribunales, labor aplicativa que les corresponde en exclusiva (art. 117.3 CE), no atañe a «la determinación de la interpretación última, en cuanto más correcta, de un enunciado penal, ni siquiera desde los parámetros que delimitan los valores y principios constitucionales. Y tampoco le compete la demarcación de las interpretaciones posibles de tal enunciado. De un modo mucho más restringido, y desde la perspectiva externa que le es propia como Tribunal no inserto en el proceso penal, nuestra tarea se constriñe a evaluar la sostenibilidad constitucional de la concreta interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales […] Por ello forma parte del objeto de nuestro análisis la motivación judicial de tales interpretación y subsunción, pero no la argumentación del recurrente en favor de una interpretación alternativa, cuya evaluación de razonabilidadper senos es ajena y sólo podrá ser tomada en cuenta en la medida en que incida en la irrazonabilidad de la interpretación judicial impugnada» (STC 129/2008, FJ 3).
8.2.1.2 El ámbito constitucional de protección de las libertades de reunión y manifestación.
Como ya expusimos en la STC 122/2021, de 2 de junio, FJ 9.3, en nuestra jurisprudencia hemos declarado el contenido constitucional del derecho de reunión, y sus límites internos y externos, con una doctrina que entronca con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo contenido ha sido exhaustivamente expuesto en la STEDH de 5 de enero de 2016, asuntoFrumkin contra Rusia,§ 93 a 99. Al igual que la libertad de expresión, el derecho de reunión y el de manifestación son libertades políticas básicas sobre las que se asienta nuestro orden político (art. 10.1 CE). En tal medida, las limitaciones a su ejercicio deben ser interpretadas restrictivamente. Así, hemos expresado que el derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, de defensa de intereses o de publicidad de problemas y reivindicaciones, constituyendo un cauce del principio democrático participativo. Sus elementos configuradores son el subjetivo (agrupación de personas), el temporal (duración transitoria), el finalista (licitud de la finalidad perseguida) y el real u objetivo (lugar de celebración): así aparece señalado ya en la STC 85/1988, de 28 de abril, FJ 2, y desarrollado después, entre otras, en las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3; 196/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 170/2008, de 15 de diciembre, FJ 3; 38/2009, de 9 de febrero, FJ 2, y 193/2011, de 12 de diciembre, FJ 3.
Hemos resaltado también «el relieve fundamental que este derecho –cauce del principio democrático participativo– posee, tanto en su dimensión subjetiva como en la objetiva, en un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la Constitución», señalando que «para muchos grupos sociales este derecho es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones» (SSTC 66/1995, FJ 3; 196/2002, FJ 4; 195/2003, FJ 3; 110/2006, FJ 3; 301/2006, FJ 2, y 170/2008, FJ 3). Es más, la libertad de reunión, como manifestación colectiva de la libertad de expresión, está intensamente vinculada con el pluralismo político en tanto coadyuva a la formación y existencia de la opinión pública, «de forma tal que se convierte en una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, como lo son precisamente los derechos de participación política de los ciudadanos» (STC 170/2008, FJ 4). Como afirmamos en la STC 101/2003, de 2 de junio, FJ 3, «sin comunicación pública libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 CE, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política».
Esa caracterización pone de manifiesto el estrecho vínculo que existe entre el derecho de reunión y la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], y el de ambos derechos con la democracia, directa y representativa. Esta conexión ha sido enfatizada también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que califica la libertad de expresión (art. 10 CEDH) comolex generalisen relación con la libertad de reunión (art. 11 CEDH), que de aquella seríalex specialis(STEDH de 5 de marzo de 2009, asuntoBarraco c. Francia,§ 26). Por tanto, pese a ser un derecho autónomo con ámbito de aplicación propio, cuando el objetivo del ejercicio del derecho de reunión es la expresión pacífica de opiniones propias en un foro público a través de la reivindicación o la protesta, su contenido debe también examinarse, de forma complementaria, a la luz del art. 10 CEDH (por todas, STEDH de 15 de octubre de 2015, de la Gran Sala, dictada en el asuntoKudrevičius y otros c. Lituania, § 85-86).
Ahora bien, ya se trate de reuniones privadas o públicas, estáticas o en forma de manifestación, hemos de destacar que lo que el art. 21 CE reconoce y protege es el derecho de reunión pacífica (lo que descarta, obviamente, el uso de armas); pero no son las únicas excepciones, pues también quedan excluidas de su ámbito de protección aquellas reuniones o manifestaciones en las que sus organizadores o participantes tengan intenciones violentas, pretendan inducir a otros a ejercer la violencia o, socaven de cualquier otra manera los fundamentos de una sociedad democrática. Esta última expresión ha sido siempre vinculada en la casuística jurisprudencia del tribunal europeo a llamamientos a la violencia, al odio o a la misma insurrección armada (SSTEDH de 20 de octubre de 2005, asuntosStankov y United Macedonian Organization Ilinden c. Bulgaria, yUnited Macedonian Organization Ilinden e Ivanov c. Bulgaria, § 99; de 23 de octubre de 2008, asuntoSergei Kouznetsov c. Rusia, § 45; de 21 de octubre de 2010, asuntoAlekseyev c. Rusia, § 80, o de 20 de septiembre de 2018, asuntoMushegh Saghatelyan c. Armenia, § 227).
Una vez definido, resta por señalar que el contenido del derecho de reunión puede verse modulado por los límites a su ejercicio que forzosamente impone la protección de otros bienes o derechos constitucionales. Como señalamos en la STC 193/2011, de 12 de diciembre, FJ 3, «el derecho recogido en el art. 21 CE no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que los demás derechos fundamentales, puede verse sometido a ciertas modulaciones o límites, entre los que se encuentran tanto el específicamente previsto en el propio art. 21.2 CE –alteración del orden público con peligro para personas y bienes–, como aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2)». Límites que, como recordamos en la STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 7, y en todas las que allí se citan, han de ser necesarios «para conseguir el fin perseguido, debiendo atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en la que se halla aquel a quien se impone […] y, en todo caso, respetar su contenido esencial».
Así lo prevé expresamente también el Convenio europeo de derechos humanos cuando, en el párrafo segundo de su artículo 11, admite y advierte que «el ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos».
8.2.2 Interpretación restrictiva del delito de sedición fruto de una reducción teleológica y sistemática del ámbito típico.
8.2.2.1 Posiciones de las partes.
El recurrente se queja en el motivo cuarto de la inconstitucionalidad de la interpretación del art. 544 CP efectuada en la sentencia impugnada, sobre todo, del elemento «alzamiento público tumultuario». En su opinión, «dado el notable grado de indefinición del delito de sedición, producto de la tradición autoritaria de esta figura delictiva, para evitar que en el seno del art. 544 CP se incluyan hechos de naturaleza y gravedad muy diversa y se vulnere el principio de lesividad y proporcionalidad y se afecten a derechos fundamentales, es preciso efectuar una interpretación restrictiva del precepto conforme a la Constitución, lo que lleva a restringir el tipo a supuestos de violencia, en el sentido de agresión y acometimiento o intimidación directa grave a la autoridad o sus agentes». Considera que solo así se respeta el derecho de reunión y manifestación y la libertad de expresión.
Sin embargo, advierte, la sentencia impugnada rechaza que el alzamiento se caracterice por el empleo de violencia y efectúa una «interpretación básicamente literalista del precepto, rebajando el umbral mínimo de tipicidad a situaciones de desobediencia o resistencia pasiva masiva» y lo dota de «aparente antijuridicidad material mediante criterios absolutamente inconcretos –la puesta en cuestión del funcionamiento del Estado de Derecho–y ajenos a un delito contra el orden público», de manera que se estaría incurriendo no solo en una interpretación extensiva, sino en analogía prohibida por el art. 25.1 CE. Al respecto aclara que, si bien es cierto que en algunos pasajes de la sentencia se considera que el rasgo distintivo del alzamiento es la «abierta hostilidad», ni ese criterio permite articular una exégesis constitucionalmente aceptable ni desempeña papel alguno en la subsunción, que se conforma con la simple desobediencia o resistencia pasiva.
Con ello, concluye, se renuncia a limitar la imprecisa redacción del art. 544 CP mediante criterios relacionados con la gravedad intrínseca de la conducta típica y los medios comisivos empleados y se construye una «sedición no violenta» en la que el alzamiento tumultuario no aporta prácticamente nada. Esa interpretación aboca, según defiende con un amplio desarrollo, a que se subsuman en tal delito hechos que no pasan de ser una desobediencia o una resistencia pasiva, en referencia a lo sucedido el 1 de octubre de 2017, o, incluso, hechos que suponen un ejercicio regular de derechos fundamentales, como entiende que ocurrió el 20 de septiembre de 2017.
El demandante cuestiona muy especialmente el efecto restrictivo del criterio de antijuridicidad material con el que el Tribunal Supremo pretende salvar las objeciones vinculadas a la vaguedad y severidad del delito, esto es, el entendimiento espiritualizado del bien jurídico «orden público», entendido como normal funcionamiento de las instituciones. Ese criterio –explica– no permite reducir el ámbito típico de conformidad con las exigencias constitucionales de legalidad, la debida proporcionalidad de las penas y el respeto a los derechos fundamentales, conduciendo a una interpretación irrazonable y, por ello, imprevisible. En concreto, aduce los siguientes argumentos:
(i) Es dudoso que puedan conceptuarse como «alzados» o «insurrectos» quienes, colectivamente, simplemente desobedecen o se resisten, a pesar de que, según el art. 544 CP, el alzamiento puede verificarse sencillamente «fuera de las vías legales».
(ii) Las gravísimas penas del delito de sedición se explican por su parentesco con la rebelión, por lo que la fijación de la conducta típica y los medios comisivos debe atender al elemento de violencia como elemento característico del «alzamiento público tumultuario», que, aun cuando no tenga que llegar a la de la rebelión, ha de ser muy importante y, en cualquier caso, superior a un simple desorden público.
(iii) Tampoco respeta la interpretación del Tribunal Supremo la proporcionalidad que exige el art. 25.1 CE, ya que comprende en un mismo tipo comportamientos de gravedad tan diversa como la desobediencia y la resistencia pasiva graves del art. 556.1 CP, por un lado, y el delito de atentado del art. 550 CP, por otro. Conductas que, sin embargo, merecen un reproche penal muy diverso, sin que puedan equipararse cuando se trata de sedición.
(iv) La interpretación teleológica que se efectúa en la sentencia, vinculada a la exigencia de que se persiga la finalidad de poner en cuestión el efectivo funcionamiento del Estado democrático permite incluir en el ámbito típico cualquier movilización, no importa cómo se materialice, que contenga ese riesgo y sea idónea para conseguir tales fines. Con ello se desplaza el núcleo del tipo por una previsión extratípica, de modo que el art. 544 CP queda redefinido en los siguientes términos: «aquellos que, colectivamente y por vías ilícitas, pretendan poner en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho», vulnerándose el principio de legalidad por partida doble. En primer lugar, porque la técnica empleada es más propia de la analogía que de la interpretación en sentido estricto; y, en segundo, porque, en cualquier caso, la redefinición del tipo resultante de la técnica aplicada por el Tribunal Supremo sigue siendo insuficientemente taxativa.
(v) De cualquier manera no se produce la pretendida reducción teleológica. El criterio «poner en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho» apenas introduce límites adicionales al tipo delictivo, ya que es indistinguible de los propios fines inmediatos previstos en el art. 544 CP. Existiría una puesta en cuestión del Estado siempre que una movilización masiva pretenda obstaculizar el cumplimiento de una resolución judicial. En el caso concreto, además, considerar que en los hechos enjuiciados existió esta capacidad de poner en cuestión efectivamente al Estado democrático entra en abierta contradicción con las conclusiones alcanzadas previamente en relación con el delito de rebelión, cuando se constató la falta de idoneidad objetiva de las acciones emprendidas para poner en jaque el ordenamiento constitucional español.
(vi) La exégesis discutida implica un cambio de naturaleza del delito en perjuicio de reo, al convertirlo en un delito contra el orden constitucional, que vuelve a la concepción de la «rebelión en pequeño» de antaño, pero sin auténticos alzados, ni violencia. La finalidad última (la independencia de Cataluña o el fin de la vigencia de la Constitución) indirecta e inidóneamente perseguida a través de los actos del 20 de septiembre y el 1 de octubre es la que determina la gravedad de lo acontecido para que sea considerado sedición. Con ello se abandona la idea, defendida en la aplicación de la rebelión y conectada con el principio de lesividad, de que la idoneidad para afectar penalmente al bien jurídico (y, por ende, la tipicidad del hecho) no provienen en primera instancia de los fines sino del empleo de medios adecuados.
En síntesis, una airada protesta masiva o una desobediencia y resistencia civil generalizada pueden poner, fáctica y políticamente, en aprietos al funcionamiento del Estado. Pero, en el plano normativo, un Estado democrático no puede declarar que mediante actos colectivos de esta naturaleza ha sido jurídico-penalmente puesto en cuestión, esto es, ha sido víctima de una rebelión o una sedición.
El abogado del Estado defiende la desestimación de todas las quejas relativas al principio de legalidad, comenzando por el reproche de interpretación extensiva o analógica, que se asienta en la supuesta inexistencia de violencia. Opone que no es cierto que la sentencia prescinda de la violencia en la configuración del tipo de sedición, pues en su fundamento de Derecho B) 3.2 establece que «la existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada», dato que soslaya el recurrente. Pero, además, a juicio del abogado del Estado, entender que la Sala incurre en irrazonabilidad por «abandonar la idea de violencia activa como elemento característico» al interpretar la expresión «alzamiento tumultuario» es una apreciación subjetiva, tendenciosa y carente de apoyatura legal y jurisprudencial. En su función de intérprete de las leyes penales, corresponde al Tribunal Supremo, concretar cuándo concurre un alzamiento «público y tumultuario» en consonancia con su jurisprudencia y teniendo en cuenta que el art. 544 CP, a diferencia del art. 472 CP, prescinde de toda alusión a la violencia.
El partido político Vox postuló a su vez la desestimación de todos los motivos en que se invoca el derecho a la legalidad penal. A su entender, el recurrente cifra la vulneración del art. 25.1 CE más que en la falta de taxatividad, que no existe, en la falta de proporcionalidad de las penas previstas en el delito de sedición, que considera una figura vestigial de raigambre autoritaria. Sin embargo, objeta quien fuera acusación popular, el desarrollo de la demanda supone una interpretación interesada de los hechos, que reitera la alegación mantenida a lo largo de la causa penal de que existió ejercicio legítimo de un derecho fundamental, que fue fundadamente descartada por la sentencia impugnada, que se pronunció al respecto con carácter previo a la aplicación del tipo penal, como marca la doctrina constitucional.
La fiscal ante el Tribunal Constitucional solicita asimismo la desestimación de los motivos cuarto a octavo de la demanda, en los que se invoca la vulneración del principio de legalidad penal del art. 25.1 CE. En particular, considera que el Tribunal Supremo realiza una exposición sobre la estructura típica de la sedición en la que atiende, sin lugar a dudas, no solo al elemento teleológico que el propio tipo establece y, que es el que le otorga su especificidad frente a la rebelión u otras conductas comprendidas en los delitos de desórdenes públicos (impedir la aplicación de las leyes, o a cualquier autoridad, corporación o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales), sino también a la entidad de las conductas que cabe encuadrar en la sedición. Repasa en tal sentido los puntos 4.3 a 4.5 del fundamento de Derecho B) de la sentencia impugnada, que explicita esa interpretación, y el punto 4.6, donde el órgano judicial se refiere en concreto a los hechos de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, para descartar que pudieran considerarse como una pacífica y legítima manifestación de protesta.
8.2.2.2 Pronunciamientos del órgano judicial.
a) No se castiga el ejercicio legítimo de derechos fundamentales.
La Sala rechazó las alegaciones comunes de los acusados de que se estaba castigando el ejercicio legítimo de los derechos que ahora invoca el demandante en amparo y que, por ello, su actuación no podía ser sancionada penalmente tanto en la sentencia como al desestimar la petición de nulidad de actuaciones. En ambas resoluciones con apoyo en la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En el apartado 17.5 del fundamento de Derecho A) de la sentencia se excluye que las conductas atribuidas a los acusados constituyan el ejercicio legítimo de derechos fundamentales y que la condena vulnere esos derechos.
(i) Defiende en primer lugar que ninguno de los actos imputados queda comprendido en el contenido material de la libertad de expresión ni se criminaliza el discurso político, pues no se castiga por difundir opiniones o doctrinas contrarias al actual estatus constitucional. Lo que es objeto de reproche penal es «definir una legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a una multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la autoridad judicial, celebrando un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyo resultado era la condición necesaria para la entrada vigor de la ley de transitoriedad, que implicaba la definitiva ruptura unilateral con la estructura del Estado». Además de no afectarse el contenido material del derecho a la libertad de expresión de los acusados, el Tribunal Supremo aduce que la defensa de la integridad territorial y la prevención del delito son, según el art. 10.2 CEDH, legítimas limitaciones a la libertad de expresión que, en el presente caso, tampoco han existido.
(ii) Asimismo la Sala opone que ha estado en todo momento fuera de controversia la legitimidad del derecho de reunión, sin que se hayan criminalizado actos de protesta. Destaca que, en este caso, no es la supuesta ilegitimidad de la convocatoria lo que ocasiona la reacción penal, no son los actos de protesta lo que se considera delictivo, cuya legitimidad y protección constitucional no merma por tener por destinatario al poder central, a la máxima autoridad del Estado o a la misma Constitución. La responsabilidad penal surge de la apreciación de una estrategia concertada y alentada por los acusados para lograr que se llevase a cabo la votación prohibida en el referéndum, previamente declarado como «de autodeterminación», imposibilitando de hecho, mediante la interposición física, la actuación de los agentes de la autoridad. Es esa actuación, consistente en el llamamiento a «la oposición activa y concertada, frente a actuaciones de agentes de la autoridad con respaldo legal y constitucional encaminadas pura y llanamente a dar cumplimiento a un específico y muy concreto mandato judicial», lo que se considera que desborda totalmente los linderos del legítimo ejercicio del derecho de reunión dirigido a exteriorizar la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos. Y concluye afirmando que, en este caso: «no puede quedar amparado en una causa de exclusión de la antijuridicidad el ataque concertado a las bases constitucionales del sistema, valiéndose para ello de una multitud de personas convocadas para obstaculizar el ejercicio de la función jurisdiccional y que son movilizadas para hacer posible una votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
(iii) El mismo rechazo le merece el pretendido efecto exoneratorio derivado del ejercicio legítimo del derecho a la libertad ideológica, que, según afirma la sentencia, ha permanecido incólume a lo largo del proceso. «Su condición de parte pasiva nada tiene que ver con los postulados políticos que cada uno de ellos suscribe. De hecho, pudieron participar, como afirma la sentencia, incluso en campaña electoral durante el tiempo de prisión preventiva. Han podido difundir sus ideas y son estas ideas las que en ese momento e incluso, hoy por hoy, sostienen la acción de gobierno de la Generalitat».
(iv) El tribunal desestima igualmente que el derecho de participación política pueda tener un efecto exoneratorio, pues el ejercicio de un cargo político no legitima acciones en clara oposición a bienes tutelados penalmente.
Por su parte, el auto desestimatorio de la petición de nulidad subraya que la Sala ha realizado la ponderación debida de los derechos fundamentales en juego y tiene muy presente en la interpretación que realiza del delito de sedición la necesidad de no incurrir en excesos así como de exigir que los hechos imputados a los autores pongan en cuestión, como ocurrió en el caso de autos, el funcionamiento del Estado democrático de Derecho, dando por reproducidas las consideraciones realizadas sobre el particular al resolver otros incidentes de nulidad (fundamento de Derecho 3.2.2.4).
En lo relativo al derecho de reunión, la cuestión encuentra un desarrollo más extenso y con amplio apoyo jurisprudencial en la respuesta que dio la Sala al desestimar la solicitud de nulidad de actuaciones que, con el mismo fundamento, planteó el señor Cuixart (auto de 29 de enero de 2020, FD 2.5).
b) Interpretación judicial del delito de sedición.
De otro lado, en el apartado 4 del fundamento de Derecho B) de la sentencia recurrida se analizan las características y naturaleza jurídica del delito de sedición. En el apartado o) de los antecedentes y el fundamento tercero de esta resolución, a los que nos remitimos, se refleja de manera sintética esa interpretación del delito de sedición.
Por último, el auto del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2020 desestimó en su apartado 3.2.2.2 la vulneración del art. 25.1 CE atribuida a la interpretación judicial del delito de sedición, planteada como primer motivo del incidente de nulidad de actuaciones. En defensa de la razonabilidad de la interpretación del contenido típico arguye la Sala:
«El reproche que hace el incidente es que expandimos su alcance hasta abarcar inocuos actos de "resistencia organizada no violenta".
Una lectura sosegada de la sentencia, ajena al filtro –tan legítimo como interesado– que hace la defensa del penado, convierte en inaceptable el reproche de laxitud al alcance dado por esta Sala a la descripción del tipo penal. Y degrada a la condición de mera licencia literaria considerar que la sentencia utiliza el fin impuesto por el tipo a los autores o que el aspecto teleológico, no solamente no reduce el ámbito de lo prohibido, sino que lo prolonga como si fuera de ductilidad inagotable.
La sentencia advierte de que esa específica finalidad típica de la sedición le diferencia de otros delitos lesivos del orden público, y subraya incluso de la débil funcionalidad taxonómica de este concepto, en la medida que está presente en la práctica totalidad de los delitos.
Reprocha la defensa a la resolución cuya nulidad se pretende, que no participe de una vocación reductora del ámbito de la sedición. Quien así razona, sin embargo, prescinde de que la sentencia se cuida de llamar la atención de la exigencia de entidad de la lesión o riesgo que aquella estima debe constatarse en la conducta respecto del bien jurídico protegido. Y que allí se concluye que "la sedición no alcanza a toda turbación de la paz o tranquilidad pública". También se pasa por alto el fragmento de la sentencia que excluye relevancia penal a la "mera reunión de una colectividad de sujetos".
Y, respecto al componente subjetivo, la sentencia acota lo punitivo bajo la rúbrica "sedición", exigiendo que el comportamiento afecte "a la colectividad interesada en la efectividad de las funciones" legítimamente ejercidas por autoridad o funcionario público. Y, redundando en tan restrictiva construcción del tipo penal, enfatiza la sentencia que el tumulto ponga "efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de derecho".
Ahí cualquier lectura sabrá encontrar la irreductible diversidad entre lo sedicioso y el mero desorden de episódicos tumultos obstativos de alguna concreta orden judicial o administrativa. Como, por ejemplo, una más o menos dimensionada concurrencia de individuos para dificultar, incluso impedir, una actuación de lanzamiento o desahucio de un particular.
Aún dentro de ese marco referido a la corrección de la interpretación del contenido del precepto penal, reprocha la defensa a la sentencia que, rompiendo su parentesco con la rebelión, reconduzca la sedición a un delito de medios indeterminados cometidos a través de actuaciones multitudinarias.
Propone además que se restrinja la aplicabilidad del artículo 544 a supuestos de violencia, en el sentido de agresión y acometimiento a la autoridad o sus agentes como exigencia de proporcionalidad ínsita en el principio de legalidad. Quedaría así extramuros del contenido típico lo que denomina "resistencia grupal pasiva", que llevaría a cabo la población masivamente con técnicas tradicionales que no van más allá del punto decisivo del empleo de la violencia, ni proactiva ni reactiva.
Sin embargo, la sentencia, conjurando todo riesgo de interpretación laxa, también se cuida de reducir lo tipificado mediante la exigencia de medios empleados con ocasión del comportamiento penado. Aunque sin derogar la voluntad expresa del legislador que ha querido castigar, no solamente el uso de la fuerza, sino también el extravío fuera del cauce legal, subrayando que el tipo no exige la caracterización del alzamiento como violento».
8.2.2.3 Resolución de la queja.
El art. 544 CP, que inaugura el capítulo primero –«Sedición»– del título XXII del libro II del Código penal –«Delitos contra el orden público»–, describe la conducta típica del siguiente modo:
«Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de la vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales».
El recurrente defiende, en síntesis, la necesidad de exigir violencia a efectos de articular una interpretación de este tipo conforme con el derecho de reunión, congruente con el orden público como interés protegido y armoniosa con la severidad punitiva del delito de sedición dentro de los ilícitos contra el orden público. Dirige su censura, desde tal premisa, a la interpretación judicial del precepto, que, en su opinión, no ha fijado con la precisión suficiente y con la atención debida a los derechos fundamentales concurrentes el ámbito típico de un delito que adolece de especial indeterminación o vaguedad, lo que determina una imprevisibilidad lesiva del derecho a la legalidad penal. No cuestiona, por tanto, la constitucionalidad del art. 544 CP por falta de la taxatividad, que, de cualquier manera, hemos descartado en resoluciones previas (SSTC 91/2021, de 22 de abril, FJ 11.2; 106/2021, de 11 de mayo, FJ 11.2, y 121/2021, de 2 de junio, FJ 12.2), sino el entendimiento del delito de sedición por el que opta la sentencia condenatoria frente al que defiende.
Este tribunal ha tenido ocasión repetida de pronunciarse sobre estos aspectos y ha avalado la conformidad con el art. 25.1 CE y el art. 21 CE de la exégesis del delito de sedición que contiene la sentencia impugnada –SSTC 122/2021, de 2 de junio, FJ 10.2.3.1, y 184/2021, de 28 de octubre, FJ 12.2.4.1–. Los razonamientos entonces vertidos, tanto sobre el derecho de reunión y sus límites como en el aspecto concreto de la razonabilidad de la interpretación del delito de sedición efectuada por el órgano judicial, conducen a descartar también la inconstitucionalidad de la opción interpretativa alegada por el demandante, sin perjuicio de que proceda abundar en algunos aspectos al hilo de las alegaciones del recurrente.
En el fundamento 9.4.3 de la STC 122/2021 y tras exponer nuestra doctrina y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho de reunión y sus límites, advertimos que este derecho admite limitaciones, en particular cuando su ejercicio adopta formas que se injieren en el contenido de otros derechos o valores constitucionales, no necesariamente violentas. De modo más específico, antes de concluir que «la necesidad en una sociedad democrática de proteger la efectividad de las resoluciones de los órganos judiciales y de este tribunal como último garante de la Constitución no puede ser razonadamente puesta en entredicho», razonábamos como sigue.
«Hemos destacado en anteriores resoluciones, singularmente en la SSTC 136/1999, de 20 de julio, FJ 15 y 112/2016, de 20 de junio, FJ 2, que la libertad de expresión –de la que el derecho de reunión es una manifestación colectiva–, en cuanto es garantía del disentimiento razonado, otorga a los ciudadanos el derecho a expresar sus juicios de valor sin sufrir intromisiones por parte de los poderes públicos que no estén apoyadas en leyes que impongan límites constitucionalmente admisibles. Cuando la opinión es instrumento de participación política o se refiere a asuntos de interés general, su protección adquiere una extensa amplitud ya que el bien jurídico tutelado por ella es la formación de una opinión pública libre. Sin embargo, en atención a tal fundamento, no cabe considerar ejercicio legítimo de la libertad de expresión, reunión o manifestación a aquellos mensajes o conductas que, por su contenido o por la forma de desarrollarse, persigan una finalidad ilícita o sean causa de efectos prohibidos por la ley, es decir, aquellos casos en que los derechos se ejercitan de forma desmesurada y exorbitante en atención al fin al cual la Constitución le concede su protección preferente (STC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 6).
Como ha señalado el Tribunal Europeo Derechos Humanos, en las sociedades democráticas modernas, durante el ejercicio del derecho de reunión y manifestación en las vías públicas, no son infrecuentes las conductas físicas obstructivas que afectan al tráfico rodado o a la libre circulación de personas, de manera que quedan perturbadas de forma relevante las actividades que llevan a cabo los demás, e incluso las de los agentes encargados de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público (SSTC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 8, y 193/2011, antes citada). No obstante, se trata de conductas que no forman parte del núcleo de facultades de actuación que define la libertad que reconoce el artículo 11 CEDH; esto es, si bien –como hemos ya expuesto– no están excluidas del ámbito general de protección que el reconocimiento de tal derecho conlleva, no son el objeto principal de protección de esta libertad pública, por hallarse alejadas de su fundamento (STEDH de 15 de octubre de 2015, asuntoKudrevičius y otros c. Lituania, § 97).
Se trata de conductas que admiten limitaciones, precisamente, en garantía de la seguridad y el orden público o la prevención de delitos. Dichas restricciones, en protección de estos bienes constitucionalmente relevantes, pueden tener carácter penal cuando, como en este caso, así lo prevé la ley con una respuesta proporcionada al fin de protección.
Por ello, no podemos compartir la concepción del derecho de reunión pacífica expresada por el recurrente según la cual, cuando la convocatoria no tiene intenciones violentas, su ejercicio no admite límite alguno que no derive de la idea de control del orden público o de la paz pública que el recurrente propugna, es decir, únicamente cuando "se impide de forma duradera el ejercicio de los derechos fundamentales a los ciudadanos". Como acabamos de exponer, al margen del contenido de los derechos fundamentales con los que debe coexistir en concordancia práctica, es posible confrontar las pretensiones de expresión, reunión o manifestación con otros bienes constitucionalmente relevantes que justifiquen su restricción, bien para impedir el desarrollo de la reunión, bien para exigir responsabilidades a quienes las promuevan o participen en ellas. Y desde luego, es posible tomar en consideración los efectos materiales que, sobre dichos bienes, pueden ocasionar dichas concentraciones convocadas en espacios públicos».
De otro lado y con apoyo en lo reseñado en el fundamento jurídico 10.2.3.1 de la STC 122/2021, concluimos que el Tribunal Supremo efectúa una interpretación restrictiva del art. 544 CP, atenta a delimitar su ámbito típico del ejercicio de derechos, singularmente del derecho de reunión, a poner en relación el significado lesivo de la conducta típica con la gravedad de las penas previstas y a definir su aplicación en armonía sistemática con otros delitos, destacadamente, con aquellos a los que alude el recurrente en su planteamiento: el delito de rebelión y otros tipos contra el orden público.
Para ello recordábamos los aspectos esenciales de la interpretación del Tribunal Supremo cuestionada en el motivo. En el apartado cuatro del fundamento de Derecho B), el órgano judicial primero (a) singulariza el delito, respecto del delito de rebelión y otros ilícitos contemplados bajo la rúbrica «Delitos contra el orden público» y, en atención a su estructura típica y su gravedad, sienta la necesidad de una afección severa al bien jurídico para apreciarlo como condición de respeto del principio de proporcionalidad. Fijado ese entendimiento exigente, (b) desgrana los elementos objetivos y subjetivos del delito a partir del tenor literal del precepto y la reducción teleológica reseñada.
(i) La Sala efectúa un análisis del objeto de protección desde la conciencia de la similitud de la estructura típica del delito de sedición con el delito de rebelión, pero también del diverso lugar sistemático que, sin embargo, ocupan ambos ilícitos –bajo los títulos XXII «Delitos contra el orden público» y XXI «Delitos contra la Constitución», respectivamente–, así como atento a la pluralidad de tipos incluidos en el título XXII y la notable gravedad de algunos de ellos, que «desbordan los reducidos límites del concepto de orden público concebido como bien jurídico autónomo». Opta por el concepto de paz pública, más amplio que el de orden público, como bien jurídico tutelado, sin perjuicio de delimitar en cada caso el interés protegido. En línea con pronunciamientos anteriores del propio tribunal, identifica ese objeto de protección «con el interés de la sociedad en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales». La especificidad del delito de sedición radica, a juicio de la Sala, en los rasgos que, conforme a su estructura típica, lo cualifican frente a otros delitos contra el orden público, de modo que no alcanza a toda turbación de la paz o tranquilidad pública. Subraya que no solo constituye un supuesto cualificado por «la entid