Categoría: Administración

La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, regula un régimen de formación y acompañamiento profesionales que, sirviendo al fortalecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de la economía española, sea capaz de responder con flexibilidad a los intereses, las expectativas y las aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida y a las competencias demandadas por las nuevas necesidades productivas y sectoriales tanto para el aumento de la productividad como para la generación de empleo.
Los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al cuarto trimestre de 2021 muestran cierta mejoría en cuanto al número de personas que forman parte de la población activa y que tienen una acreditación formal de su competencia profesional. Pese a ello, España sigue teniendo un nivel muy elevado de ciudadanos activos, tanto ocupados como desempleados, que siguen careciendo de dicha acreditación. Concretamente, y según los referidos datos de la EPA, el grupo de ciudadanos que se encuentra en dicha situación se cifra en 10,7 millones, equivalente al 45,87 % de la población activa.
Por otra parte, la participación de las personas trabajadoras en acciones formativas está aún lejos de ser la deseable para lograr la necesaria cualificación y recualificación en las nuevas competencias emergentes que facilite el acceso, el mantenimiento y el progreso en el empleo, así como el desarrollo económico y el aumento de la competitividad y productividad de las empresas, a través de la cualificación de sus profesionales.
Este problema de carácter estructural se aborda, por una parte, a través de la apertura de un procedimiento abierto en permanencia para la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, y vías no formales de formación, en los términos previstos en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral; y por otra, mediante la oferta de acciones del sistema de formación profesional, asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, por distintas vías, que garanticen un incremento de formación estructural de las personas trabajadoras. Además de las acciones formativas previstas por las administraciones a nivel autonómico, procede convocar acciones formativas, de carácter supraautonómico, que garanticen el cumplimiento de uno de los fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, esto es, capacitar para el ejercicio de actividades profesionales vinculadas a las iniciativas y proyectos estratégicos de crecimiento de la economía a nivel estatal, de modo que se puedan satisfacer tanto las necesidades individuales como las de los sistemas productivos y del empleo.
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, determina que son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo y asegura la formación necesaria para su adquisición. Los certificados de profesionalidad configuran los perfiles profesionales entendidos como conjunto de competencias profesionales identificables en el sistema productivo, y reconocido y valorado en el mercado laboral.
Es por ello que, con el objeto de mejorar la cualificación de las personas y mejorar la competitividad del sector productivo, debe programarse la oferta del sistema de formación profesional como formación acreditable que impulse un crecimiento económico y sostenible.
En septiembre de 2020, mediante la Declaración de Osnabrück se reafirmó el compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea para contribuir a la recuperación post-COVID y promover desarrollar el Espacio Europeo de Educación y Formación a través de proyectos innovadores y orientados al futuro. Para ello, se acordó un nuevo conjunto de acciones políticas en Educación y Formación Profesional para el período 2021-2025 para complementar y hacer operativa la visión y los objetivos estratégicos formulados en la Recomendación del Consejo sobre educación y formación profesionales para competitividad, equidad social y resiliencia, apoyando la transición digital y verde, mejorar la empleabilidad y la competitividad y, por tanto, estimular el crecimiento económico.
La formación de los trabajadores constituye uno de los derechos y de las obligaciones que tienen y asumen los trabajadores y las empresas en el marco de la relación laboral, y así aparece recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Así, esta convocatoria estatal para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos tanto a trabajadores ocupados como desempleados, forma parte de los derechos y obligaciones de trabajadores y empresas.
La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, contempla entre otros, diferentes aspectos en materia de planificación, financiación, programación, ejecución de acciones formativas, así como de control, seguimiento y régimen sancionador.
Dicha ley ha sido desarrollada por el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que en su capítulo III regula la oferta formativa para trabajadores ocupados y en su capítulo IV regula la oferta formativa para trabajadores desempleados.
Los programas de formación que se presenten al amparo de esta convocatoria, tienen carácter estatal, considerando que la cualificación y recualificación de las personas trabajadoras de nuestro país está alineada con las políticas interdepartamentales del Gobierno de España y que, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas, las complementan con objetivos que van más allá de los establecidos por las comunidades autónomas, siendo por tanto necesaria una gestión estatal para esta convocatoria, considerándose la misma compatible con la jurisprudencia establecida por las Sentencias del Tribunal Constitucional STC 38/2012 de 26 de marzo y STC 113/2013, de 9 de mayo.
En este sentido, cabe destacar, que todos los programas de formación se ven afectados por las áreas prioritarias contempladas en el Plan de modernización de la formación profesional y en los sectores más afectados por la crisis. Estas áreas prioritarias responden a objetivos de Estado que, a su vez, se incardinan en los establecidos por la Unión Europea, lo que implica una programación a nivel estatal que garantice los objetivos de competitividad de nuestro tejido productivo en el concierto europeo e internacional.
El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, reestructura los departamentos ministeriales, estableciendo que corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional del sistema educativo y para el empleo. Por ello, la competencia en ordenación de las ofertas formativas de formación profesional vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se ha unificado en un único órgano, lo que permitirá avanzar hacia una auténtica concepción integral de la formación profesional.
Son objeto de subvención en la presente convocatoria acciones formativas que responden a necesidades de adquisición de competencias de carácter tanto sectorial como transversal, vinculadas a certificados de profesionalidad y se incluirán también acciones específicas que respondan a los requerimientos de cualificaciones relacionadas con competencias profesionales de los trabajadores autónomos y de los trabajadores de las empresas de la Economía Social.
La distribución inicial de los fondos previstos para los programas de formación sectoriales, se ha realizado en función de la población ocupada de cada sector, habiendo sido informadas las organizaciones empresariales y sindicales a través de la Mesa de Diálogo Social, sin perjuicio de su distribución final en el proceso de resolución, a la vista de las solicitudes recibidas y de las que obtengan la condición de beneficiario.
Así, mediante esta orden se establecen las bases reguladoras de las modalidades de formación de la oferta de acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y se realiza la convocatoria para el año 2022 de ámbito estatal.
Estas acciones formativas se financiarán mediante subvenciones públicas en régimen de concurrencia abierta sólo a entidades de formación debidamente acreditadas en el correspondiente registro a las que corresponderá, asimismo, la ejecución de los programas de formación. El registro en el que deberán estar acreditadas las entidades de formación podrá ser tanto el Registro Estatal como los registros autonómicos, dada la eficacia nacional de la acreditación, con independencia del registro en que se realice.
Estos programas de formación, que tendrán un ámbito estatal, contribuirán a potenciar la unidad de mercado en todo el territorio nacional respetándose en la ejecución de los mismos la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado. Asimismo, estos programas contribuyen de forma decidida al mantenimiento de la competitividad del capital humano y empresarial de nuestro país en el concierto europeo y frente a terceros países.
En los programas de formación y acciones formativas que las entidades beneficiarias desarrollen en el marco de esta convocatoria podrán participar todos los colectivos de trabajadores, tanto los ocupados en general pertenecientes al Régimen General de la Seguridad Social, como los fijos discontinuos en periodos de no ocupación; los trabajadores ocupados con contrato a tiempo parcial; personas que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo; los afectados por procesos de regulación de empleo en períodos de no ocupación; los trabajadores ocupados adscritos al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante los periodos de inactividad, al Régimen Especial del Mar y a aquellos otros de la Seguridad Social que no coticen por formación profesional. Asimismo, los trabajadores adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que podrán participar en los programas transversales y en los correspondientes a su ámbito de actividad. El personal al servicio de las Administraciones Públicas podrá participar en los programas de formación transversales previstos en el artículo 3.3 con un límite máximo del 10 por ciento del total de participantes del programa.
De igual modo, la convocatoria contempla en los programas de formación y acciones formativas desarrolladas la participación de trabajadores inscritos como desempleados en los Servicios Públicos de Empleo, así como la concesión de ayudas y becas a los mismos.
En la elaboración de esta orden se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que exigen que estas actúen de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
De una parte, los principios de necesidad y eficacia se cumplen en tanto que la orden persigue un interés general al permitir el desarrollo de las acciones encomendadas al Ministerio de Educación y Formación Profesional en materia de formación profesional, siendo esta norma el instrumento más adecuado para ello.
De otra parte, la orden da cumplimiento estricto a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, toda vez que no existe ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos y resulta coherente con el ordenamiento jurídico.
Asimismo, esta orden cumple con el principio de transparencia, puesto que su justificación queda expresada en el preámbulo, se ha realizado consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a través de la Mesa de Diálogo Social de la Formación Profesional.
Por último, la orden cumple con el principio de eficiencia, dado que su aplicación permite una agilización del procedimiento en cuanto permite una gestión eficiente de los recursos públicos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se establecen estas bases reguladoras, habiendo sido informadas por la Abogacía del Estado y por la Intervención Delegada del Departamento.
Asimismo, la convocatoria cuenta con la autorización del Consejo de Ministros en su reunión de 31 de mayo de 2022.
En su virtud, previa aprobación de la Ministra de Hacienda y Función Pública, dispongo:
1. La presente orden tiene por objeto dictar las disposiciones generales reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de acciones de formación profesional vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito laboral, realizadas por las entidades solicitantes a que hace referencia el artículo 12 de la presente orden, dirigidas a personas trabajadoras tanto ocupadas como desempleadas, así como las condiciones para su financiación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la citada ley, y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
2. Así mismo es objeto de esta orden efectuar la primera convocatoria de ámbito estatal en el año 2022.
3. Esta orden tiene ámbito estatal, correspondiendo su programación, gestión y control a la Secretaría General de Formación Profesional.
1. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria tendrán como finalidad la financiación de programas de formación desarrollados por las entidades recogidas en el artículo 12, y dirigidos a personas trabajadoras, tanto ocupadas como desempleadas.
2. Asimismo, serán también objeto de subvención, las becas y ayudas de transporte, conciliación, manutención y alojamiento que se concedan a los desempleados que participen en las acciones formativas de las convocatorias y, en su caso, la compensación económica a empresas por la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo.
3. La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad, se iniciará de oficio mediante la aprobación de la respectiva convocatoria por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El extracto de la convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
1. Se entenderá por programa de formación aquel que incluye una o varias acciones formativas complementarias entre sí.
2. Al amparo de esta convocatoria, se podrán conceder subvenciones para la ejecución de las siguientes líneas de programas de formación:
a) Línea I: Formación vinculada a certificados de profesionalidad, ofertados en su totalidad o de manera parcial y con carácter modular, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, constituida por programas de formación sectoriales y transversales, así como programas dirigidos a trabajadores autónomos o a entidades de economía social.
b) Línea II: Formación dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, constituida por acciones formativas específicas vinculadas a certificados de profesionalidad, ofertados en su totalidad o de manera parcial y con carácter modular, para responder a las necesidades de cualificación detectadas por empresas. Podrán participar en esta línea las entidades de formación acreditadas que presenten programas acordados con una o varias empresas, o entidad que las represente o agrupe. A estos efectos los programas deberán contemplar el convenio o instrumento jurídico admitido en derecho acordado con dichas empresas o entidades, y que responderá a las áreas prioritarias definidas en el artículo 5.3.
c) Línea III: Formación dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, constituida por programas de formación específicos vinculados a certificados de profesionalidad, ofertados en su totalidad o de manera parcial y con carácter modular. Con el fin de garantizar que todos los desempleados del país tengan acceso a los programas de formación priorizados por el Gobierno de España, estas deberán referirse a las áreas prioritarias establecidas en el artículo 5.3.
3. Los programas transversales generales estarán compuestos por acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad dirigidas al aprendizaje de competencias transversales a varios sectores de actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores. Asimismo, podrá ser destinatario de estos programas el personal al servicio de las Administraciones públicas, conforme a lo establecido en el artículo 7.1.d). Serán prioritarias las acciones formativas relacionadas con la digitalización y la sostenibilidad.
4. Los programas de formación sectoriales estatales estarán compuestos por acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, dirigidas a la formación de trabajadores relacionados con una familia profesional concreta, que responda a las necesidades de adquisición de competencias técnico-profesionales específicas a cada uno de los sectores productivos en las que las áreas prioritarias definidas en el artículo 5.3 se considerarán en la valoración técnica.
5. Los programas de formación transversales estarán compuestos por acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad dirigidas a personas trabajadoras autónomas y a personas trabajadoras y socias de la economía social, siempre que aporten actividad económica. Serán prioritarias las acciones formativas relacionadas con la digitalización y la sostenibilidad.
6. Queda excluida de la línea II la formación programada por las empresas prevista en el artículo 9 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
Los programas de formación que se financien al amparo de esta convocatoria, se podrán ejecutar hasta el 31 de diciembre del año siguiente al de la fecha de notificación a las entidades beneficiarias de la resolución de concesión de la subvención.
1. Se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición y mejora de las competencias profesionales de las cualificaciones profesionales y, en su caso, unidades de competencia de un certificado de profesionalidad, pudiéndose estructurar en varios módulos con objetivos, contenidos y duración propios, en los términos previstos en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
2. La oferta recogida en la presente convocatoria se dirige a programas de formación que incluyan una o varias acciones formativas que responderán a las necesidades de adquisición de competencias de carácter tanto técnico profesional, como transversal.
3. Se consideran áreas prioritarias para los programas de formación de esta convocatoria las contempladas en el Plan de modernización de la formación profesional, así como las dirigidas a la mejora de competencias técnico profesionales o transversales, que constan en el Anexo I.
4. Se podrán incluir como parte de un programa de formación, las acciones formativas vinculadas con competencias clave de nivel 2 o de nivel 3 dirigidas al cumplimiento de los requisitos de acceso de los certificados de profesionalidad, recogidas en el Anexo IV del antes citado Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
5. Las acciones formativas podrán ser de modalidad presencial, teleformación y mixta y tendrán la duración establecida normativamente, pudiendo incluir otros módulos o contenidos de formación no referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en los términos previstos en el artículo 9 del Real Decreto 34/2008 por el que se regulan los certificados de profesionalidad, hasta un máximo del 25 % de la duración de la acción formativa.
1. La entidad beneficiaria deberá facilitar la realización del módulo de formación práctica a aquellos participantes que en el momento de la impartición de la formación completen la totalidad de los módulos de un certificado de profesionalidad y no estén exentos de la realización del módulo de formación práctica, siempre que dicho módulo esté incluido en el programa de formación.
La exención del módulo de formación práctica en el centro de trabajo se realizará en las condiciones y con los requisitos establecidos en el artículo 5 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero. Las horas correspondientes a la realización de las prácticas de los participantes exentos no serán financiables.
2. El módulo de formación práctica no implica relación laboral con la empresa ni supone compensación económica a los participantes por su formación práctica, salvo lo dispuesto en el artículo 9 sobre becas y ayudas cuando se trate de personas desempleadas.
3. En el caso de trabajadores ocupados, cuando el módulo de formación práctica en centros de trabajo pueda realizarse en la misma empresa del trabajador y este no tenga relación con el puesto de trabajo que desempeña, no formará parte del horario laboral.
4. La entidad beneficiaria y la empresa interesada suscribirán el modelo de acuerdo que figura como anexo II. Las empresas conservarán una copia de dicho acuerdo, al que se adjuntará el programa formativo y el informe del tutor sobre la realización del módulo de formación práctica.
Antes del comienzo de las prácticas, las empresas pondrán en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores su realización, así como la relación de alumnos que participan en las mismas y sus tutores.
1. En los programas de formación organizados por las entidades beneficiarias, podrán participar:
a) Los trabajadores ocupados que prestan sus servicios retribuidos en empresas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones públicas y cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación profesional.
b) Los trabajadores ocupados que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones fijos discontinuos en los períodos de no ocupación, personas que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo o personas afectadas por medidas de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o derivadas de fuerza mayor en sus periodos de suspensión de empleo o reducción de jornada de trabajo.
c) Los trabajadores ocupados adscritos al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante los periodos de inactividad, al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, al del Mar y a aquellos otros de la Seguridad Social que no coticen por formación profesional.
Los trabajadores autónomos podrán participar en los programas sectoriales correspondientes a su ámbito de actividad, además de participar en los programas transversales dirigidos específicamente a trabajadores autónomos contemplados en las convocatorias reguladas en estas bases.
d) El personal al servicio de las Administraciones públicas podrá participar en los programas de formación transversales previstos en el artículo 3.3 con un límite máximo del 10 por ciento del total de participantes del programa.
e) Los cuidadores no profesionales que atiendan a personas en situación de dependencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.b) del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, siempre que las acciones formativas en las que participan sean de la familia profesional de Sanidad o de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
f) Las personas trabajadoras en situación de desempleo, inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, a excepción de aquellos casos en que la norma específica no lo exija.
2. En ningún caso podrá limitarse o vincularse la participación en un programa de formación por el lugar de radicación de la persona trabajadora, de su empresa o por el lugar de impartición del programa formativo.
3. Las personas trabajadoras solicitarán su participación a las entidades de formación mediante el modelo que figura como Anexo III de estas bases reguladoras.
Dichas personas no podrán participar más de una vez en la misma acción formativa, de manera independiente o como parte de un programa formativo. Asimismo, los participantes no podrán simultanear la participación en programas de formación financiados con cargo a fondos públicos en la misma convocatoria.
Con carácter general, un trabajador no podrá realizar más de ciento ochenta horas de formación en el marco de una convocatoria ni podrá realizar más de tres acciones formativas. No obstante, estos límites podrán superarse cuando una única acción formativa supere las ciento ochenta horas o cuando la totalidad de acciones formativas formen parte de un mismo certificado de profesionalidad.
La Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional, una vez recibida la relación de participantes contemplada en la comunicación de inicio, realizará el oportuno cruce de datos informando a la entidad beneficiaria, en su caso, de la superación de los límites de participación de los alumnos. En caso de sobrepasar los referidos límites, se anulará la participación del alumnado afectado mediante notificación emitida al efecto.
4. La selección de las personas participantes será realizada por la entidad beneficiaria, atendiendo a las prioridades del programa de formación, a los colectivos prioritarios previstos en el artículo 8.a) criterios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a la formación y de objetividad e imparcialidad en la selección.
En todo caso, la entidad beneficiaria será la responsable de la selección, así como de comprobar que los participantes disponen de los requisitos de acceso o de las competencias básicas para realizar el programa de formación en función de los requerimientos de la misma.
Asimismo, corresponderá a la entidad beneficiaria la comprobación de la inscripción como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo de los trabajadores desempleados que participen en calidad de tales.
5. La consideración como trabajadores ocupados o desempleados vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación, en base a la documentación oficial acreditativa emitida por dichos Servicios Públicos de Empleo.
1. Los programas de formación para ocupados tendrán como destinatarios prioritariamente a las personas trabajadoras ocupadas. El porcentaje máximo de participación de personas trabajadoras desempleadas inscritas en las Oficinas de Empleo en ningún caso podrá superar el 30 por ciento del total de participantes programados.
Asimismo, las personas trabajadoras pertenecientes a la plantilla de la entidad de formación beneficiaria podrán participar en las acciones formativas, en cuyo caso el límite sería del 10 por ciento del total de participantes programados, sin superar el límite del 10 por ciento del total de las personas trabajadoras en plantilla.
No se admitirá la certificación de aquellos grupos en los que todos los participantes pertenezcan a la misma empresa, salvo en el caso de la línea II.
El personal al servicio de las Administraciones Públicas podrá participar en los programas de formación transversales generales, en los términos establecidos en el apartado 1.d) del artículo 7.
2. Los programas de formación que se concedan a entidades de formación en la línea II, tendrán como destinatarios prioritariamente a las personas trabajadoras ocupadas pertenecientes al sector o área en el que se enmarque la solicitud. El porcentaje máximo de participación de personas trabajadoras desempleadas inscritas en las Oficinas de Empleo en ningún caso podrá superar el 30 por ciento del total de participantes programados.
3. Los programas de formación para desempleados, tendrá como destinatarios prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas, inscritas en las Oficinas de Empleo. El porcentaje máximo de participación de personas trabajadoras ocupadas en ningún caso podrá superar el 30 por ciento del total de participantes programados.
4. Los grupos de trabajadores prioritarios para cada una de las líneas de programas de formación serán los recogidos en el Anexo IV.
1. Las personas desempleadas que participen en un programa de formación podrán tener derecho a las becas y ayudas de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, así como en las presentes bases reguladoras.
2. Las personas desempleadas con discapacidad que participen en las acciones formativas previstas en esta convocatoria tendrán derecho a una beca de 9 euros por día de asistencia. La condición de persona con discapacidad se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, mediante resolución o certificación emitida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o por el servicio correspondiente de la comunidad autónoma, resolución o certificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, o resolución o certificación del Ministerio de Hacienda y Función Pública o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
3. Las personas desempleadas que utilicen transporte público para asistir a la formación podrán tener derecho a una ayuda máxima diaria de 1,50 euros por desplazamiento urbano y/o interurbano, debiendo conservar los correspondientes justificantes del gasto realizado (billete, abono, etc.).
Cuando no exista medio de transporte público entre el domicilio de la persona desempleada y el del centro donde se imparte la formación, o no tenga horario regular que permita compatibilizarlo con el horario del curso, se podrá tener derecho a una ayuda en concepto de uso de vehículo propio, que ascienda a 0,19 euros por kilómetro hasta un máximo de 20 euros diarios. A los efectos del abono de esta ayuda se podrán requerir los soportes documentales acreditativos de la falta de red de transporte público para hacer el trayecto o para compatibilizarlo con el horario del curso.
Cuando se trate de acciones formativas en la modalidad de teleformación, estas ayudas sólo se percibirán cuando los trabajadores desempleados deban trasladarse a sesiones formativas presenciales.
4. Si el horario de impartición es de mañana y tarde y los desplazamientos entre el domicilio habitual de la persona desempleada y el centro de impartición alcanzan o superan 20 kilómetros, se podrá tener derecho a una ayuda de manutención por importe máximo de 12 euros diarios.
5. Para trayectos superiores a 100 km, en el supuesto que los desplazamientos entre el domicilio de la persona desempleada y el centro de impartición de la acción formativa, no puedan efectuarse diariamente antes y después de las clases, por incompatibilidad entre los servicios de la red de transportes existente y el horario de impartición del curso, se podrá tener derecho a una ayuda de alojamiento y manutención, que tendrá una cuantía de hasta 80 euros/día natural. En este supuesto, el alumno tendrá derecho a los billetes de transporte en clase económica de los desplazamientos inicial y final.
6. Para el abono de las ayudas a la conciliación previstas en el artículo 25 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, las personas desempleadas deberán aportar documentación que acredite que tienen a su cargo hijos menores de 12 años o de familiares dependientes hasta el segundo grado, así como documentación que acredite que carecen de rentas superiores al 75 por ciento del «Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples» (IPREM) según los términos previstos en dicho artículo de la citada Orden.
7. A los efectos de lo previsto en este artículo, la realización del módulo de formación práctica de los certificados de profesionalidad, tendrá idéntica consideración que la formación teórico-práctica del resto de módulos formativos.
8. La entidad beneficiaria suministrará información a las personas desempleadas sobre las becas y ayudas a las que puedan optar y sobre los requisitos exigibles para su obtención.
La entidad beneficiaria facilitará a dichas personas los modelos de solicitud de becas y ayudas, puestos a su disposición en la sede electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional, conforme al anexo V de la presente orden. A tal efecto, los alumnos conservarán su solicitud y la acreditación del cumplimiento de requisitos y de la justificación de gastos.
Asimismo, la entidad beneficiaria recogerá las solicitudes cumplimentadas y las remitirá a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en los diez primeros días tras la finalización del curso, a la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional, junto con la comunicación de asistencia a la formación.
La Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional tramitará las solicitudes, propondrá la resolución a la Secretaría General de Formación Profesional, quien en su caso resolverá y procederá al pago de la beca o ayuda mediante ingreso en la cuenta corriente designada por la persona desempleada. En caso de que la documentación aportada sea incompleta, la citada Subdirección General le requerirá aquella información o documentación necesaria para tramitar la solicitud, archivándose la misma si no se contestara al requerimiento en el plazo de diez días.
En todo caso, cuando no se cumplan las condiciones previstas para el abono de la beca o ayuda, la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional notificará la denegación correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
9. Podrán solicitar las becas y ayudas contempladas en este artículo los trabajadores comprendidos en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo. La concesión y el abono de estas becas y ayudas corresponden a la Secretaría General de Formación Profesional. Su concesión se realizará de forma directa, según lo establecido en el artículo 6.5.d) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. Se entenderá como trabajador desempleado aquél que en el día de su incorporación al curso sea demandante de empleo; en caso contrario no se tendrá derecho a las becas y ayudas. De igual forma, se interrumpirá el derecho a la percepción de la beca o ayuda si el trabajador deja de tener la condición de desempleado.
Las entidades beneficiarias colaborarán en la gestión de estas becas y ayudas en los términos que establezcan las convocatorias. Para la presente convocatoria las entidades colaborarán en los términos establecidos en el punto anterior.
La Secretaría General de Formación Profesional establecerá en cada convocatoria las cuantías y plazos de solicitud y concesión de las ayudas previstas en esta Orden. En caso de no establecerse, se reconocerán las cuantías máximas recogidas en este artículo.
La Secretaría General de Formación Profesional podrá establecer en cada convocatoria, un umbral mínimo de cuantía diaria o de cuantía total a la que se ha de tener derecho en el transcurso de la acción formativa, para proceder a la tramitación de la beca o ayuda.
10. Constituirá causa de pérdida del derecho a percibir las ayudas y becas incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes en cada acción formativa. En todo caso, no se tendrá derecho a percibir las ayudas de transporte y de manutención que correspondan a los días en los que no se asista a la acción formativa, ni a percibir las becas y ayudas a la conciliación correspondientes a las faltas de asistencia no justificadas.
11. Cuando se trate de acciones formativas impartidas en modalidad mixta, las becas y ayudas sólo se percibirán cuando los trabajadores asistan al centro de formación de manera presencial.
12. Las becas, ayudas de transporte, manutención y alojamiento y ayudas a la conciliación previstas en este artículo no se computarán como renta a efectos de lo establecido en el artículo 275.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
13. La concesión de la beca o ayuda se tramitará por la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión de la beca o ayuda solicitada será de seis meses, contados desde la presentación de la solicitud por parte de la entidad beneficiaria. Transcurrido el plazo señalado sin haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada.
14. Las resoluciones a las que se hace referencia en este artículo ponen fin a la vía administrativa y serán susceptibles de recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con el artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Las entidades de formación deberán adoptar por sí mismas todas las medidas que sean necesarias para proteger a los participantes frente a cualquier riesgo derivado de la realización del programa formativo desde su inicio, hasta su finalización. Dichas medidas deberán cubrir, en su caso, el período de formación teórico-práctico, así como los desplazamientos de los participantes a otras empresas o establecimientos que se organicen en apoyo al desarrollo de las acciones formativas.
En el caso de que las mencionadas entidades de formación suscriban una póliza de seguro de accidentes para los participantes que realicen formación presencial o el módulo de formación práctica vinculado a los certificados de profesionalidad, dicha póliza podrá incluir también la responsabilidad civil frente a terceros, de forma que cubra los daños que, con ocasión de la ejecución de la formación, se puedan producir por los participantes. Se podrá optar por suscribir una póliza de seguros colectiva, con las indicaciones ya expuestas, que cubra a todos los alumnos del programa de formación adjudicado.
El gasto correspondiente a la suscripción de la citada póliza se considerará como coste directo de la actividad formativa a efectos de su financiación.
En todo caso, la Secretaría General de Formación Profesional queda exonerada de cualquier responsabilidad por daños que se pudieran producir con ocasión de la ejecución de la formación.
1. Los programas de formación que se desarrollen al amparo de esta convocatoria se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios 18.05.241B.48100 y 18.05.241B.48102 del presupuesto de gastos de la Secretaría General de Formación Profesional, por un importe máximo de 119.416.800 euros.
La concesión de las subvenciones quedará condicionada a la vigencia y suficiencia del citado crédito presupuestario.
2. La financiación correspondiente a la línea I se realizará con cargo al crédito presupuestario 18.05.241B.48102 por una cuantía de 66.816.112,00 euros, según el siguiente desglose:
a) Programas de formación transversales, previstos en el artículo 3.3: 6.280.714,52 euros.
b) Programas de formación sectoriales estatales previstos en el artículo 3.4: 57.137.320,92 euros.
c) Programas de formación transversales previstos en el artículo 3.5: 3.398.076,56 euros que se componen de los siguientes tipos:
− Programas de formación transversales dirigidos a trabajadores autónomos: 1.699.038,28 euros.
− Programas de formación transversales dirigidos a personas trabajadoras y socios de la economía social: 1.699.038,28 euros.
La cantidad para programas sectoriales de la letra b) anterior se distribuye, para esta convocatoria, según la población ocupada asalariada por familias profesionales, según el anexo VI. En el caso de que quedara disponible parte de las asignaciones presupuestarias de alguna familia profesional, esta podrá destinarse a otras familias profesionales en las que se hubiera cubierto su asignación, contemplando la valoración técnica de las solicitudes.
3. La financiación correspondiente a la línea II se realizará con cargo al crédito presupuestario 18.05.241B.48102 por una cuantía de 16.704.028,00 euros.
4. La financiación correspondiente a la línea III se realizará con cargo al crédito presupuestario 18.05.241B.48100 por una cuantía de 35.896.660,00 euros. Las cuantías se distribuyen conforme a lo establecido en el anexo VII. En el caso de que quedara disponible parte de las asignaciones presupuestarias de alguna línea prioritaria, esta podrá destinarse a otras líneas en las que se hubiera cubierto su asignación, contemplando la valoración técnica de las solicitudes.
5. En el caso de que no se concedan la totalidad de las subvenciones previstas de la línea I, la cuantía que pudiera quedar sin adjudicar podrá destinarse a la línea II y viceversa.
6. En el caso de que no se concedan la totalidad de las subvenciones previstas de la línea III, la cuantía que pudiera quedar sin adjudicar podrá destinarse prioritariamente a la línea I y viceversa.
7. Las becas y ayudas que se desarrollen al amparo de esta convocatoria se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios 18.05.241B.48200 y 18.05.241B.48201 del presupuesto de gastos de la Secretaría General de Formación Profesional, por un importe máximo de 6.009.280,00, distribuidos de la siguiente forma: 5.358.010,00 euros (crédito 18.05.241B.48200) y 651.270,00 euros (crédito 18.05.241B.48201).
La distribución por anualidades de los créditos estimativos es la siguiente:
Podrán solicitar subvenciones para financiar la ejecución de los distintos tipos de programas vinculados:
a) Las entidades de formación, públicas o privadas, acreditadas, e inscritas en su caso, para la impartición de los certificados de profesionalidad que solicitan.
Si una entidad se presenta al amparo de esta letra a) no podrá participar en ninguna de las agrupaciones previstas en la letra b) para el mismo tipo de programa de formación.
b) Podrán tener asimismo la condición de beneficiarias las agrupaciones contempladas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con presencia en el ámbito nacional, debiendo disponer en dicho ámbito de instalaciones debidamente acreditadas, e inscritas en su caso, que permitan la impartición de las acciones formativas solicitadas, constituidas por entidades de formación públicas o privadas, acreditadas y/o inscritas en el correspondiente Registro de Entidades de Formación, para las acciones formativas objeto de la formación, ya sea en la modalidad presencial, de teleformación o mixta. Las agrupaciones deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Cada entidad agrupada deberá ejecutar la parte del programa de formación comprometido. La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Las entidades de formación deberán estar acreditadas al momento de presentación de la solicitud para aquellos certificados de profesionalidad que constituyan el objeto de la misma. Asimismo, las entidades deberán cumplir por cada certificado de profesionalidad, los requisitos establecidos en los Reales Decretos reguladores de cada uno de ellos en la impartición de formación correspondiente a la misma familia profesional, cuando la formación que se vaya a impartir coincida en el mismo lugar y en el mismo tiempo.
2. Las entidades solicitantes habrán de estar constituidas como entidades de formación, con anterioridad al 1 de enero de 2021, y disponer, de conformidad con el artículo 15.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, de instalaciones y recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para impartir la formación, tanto teórica como práctica, así como la calidad de la misma. Las instalaciones y recursos podrán ser propios o bien de titularidad de terceras entidades privadas o públicas cuando ello no implique subcontratar la ejecución de la actividad formativa, debiendo aportar en este caso el correspondiente acuerdo o contrato de disponibilidad.
3. A tal fin, las entidades deberán acreditar la disponibilidad de instalaciones y recursos humanos adecuados, que la entidad destinará a la ejecución del programa de formación, indicando si son de titularidad propia o si su disponibilidad proviene de cualquier otra atribución válida en derecho. Esta información se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable del representante legal junto con la solicitud de la subvención, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Deberán contar con, al menos, una persona contratada por cuenta ajena con anterioridad al 1 de enero de 2021.
4. Las entidades solicitantes deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. Una entidad de formación podrá presentar como máximo, en el conjunto de la convocatoria, una solicitud por cada línea de convocatoria, incluyendo el número de programas de formación que considere dentro de la misma línea. Se entenderá que una entidad de formación presenta una solicitud tanto si lo hace de forma individual como si participa en una agrupación de entidades.
2. Una entidad de formación o una agrupación de entidades no podrán solicitar en el conjunto de la convocatoria un importe superior a 6.000.000 euros, ni superar la asignación presupuestaria máxima establecida en la línea I para cada una de las familias profesionales en el caso de los programas de formación sectoriales de los tipos contemplados en el artículo 3.4 recogida en el anexo VI, o la establecida en el anexo VII para las áreas prioritarias en el caso de la línea III. En el caso de los programas transversales del tipo de los contemplados en los artículos 3.3 y 3.5 no podrá superar en ningún caso el 10 por ciento del presupuesto asignado a este tipo de programas. En el caso de las líneas II no podrá superar en ningún caso el 10 por ciento del presupuesto asignado.
3. Una entidad de formación podrá solicitar como máximo, en el conjunto de la convocatoria, subvenciones por importe de hasta tres veces su capacidad económica y financiera, que vendrá determinada por la facturación media por actividades de formación de los últimos tres años. En el caso de entidades que no facturen, su capacidad económica vendrá determinada por la media de su volumen de negocio de los últimos tres años.
En aquellos casos en que las entidades de formación, por la fecha de constitución de las mismas, no puedan acreditar lo especificado en el párrafo anterior tendrán como límite de solicitud, como máximo tres veces el capital social desembolsado.
1. Una vez publicada la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de ésta en el «Boletín Oficial del Estado», las solicitudes de subvención que se presenten en el marco de esta convocatoria se tramitarán en el modelo previsto en la sede electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
2. El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». El texto también se publicará en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán a través del correspondiente registro electrónico que se encontrará disponible en la sede electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional, bien directamente, bien a través de representante debidamente acreditado, en los términos que dispone el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La solicitud deberá incluir al menos el siguiente contenido:
a) Nombre y razón social del solicitante.
b) Identificación, firma, teléfono móvil y correo electrónico del representante legal autorizado que formula la solicitud a efectos de notificación electrónica, mediante certificado de persona jurídica expedido antes del 1 de enero de 2021 que se encuentre vigente, o bien mediante certificado de firma electrónica de representante de la misma o, en el caso de tratarse de una solicitud de empresario individual, con certificado digital de persona física.
c) La línea a la que se dirige la solicitud y en su caso, los programas que se solicitan dentro de la citada línea.
d) Compromiso y cuantía que asume el beneficiario o cada uno de los beneficiarios en el supuesto de agrupaciones.
e) Número de destinatarios e importe de la subvención solicitada, detallando, por acción formativa, los participantes y el número de horas de formación.
f) Las acciones, modalidad de impartición y participantes que se compromete a realizar cada beneficiario.
g) Descripción y detalle de las instalaciones (número de aulas y talleres, así como sus características) y med