Categoría: Judicial

nto genera «el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política». Pero dicho exordio concluía excluyendo que, en términos constitucionales, sea obligado el monopolio de la acción penal en el Ministerio Fiscal, y considerando recomendable la acción popular para aquellos delitos que, como los enjuiciados en la vía judicial previa, afectan a bienes de naturaleza difusa, supraindividual o de carácter colectivo.
En todo caso, de forma que no cabe cuestionar razonadamente, la sala concluyó señalando que «el actual estado de cosas no permite a esta sala otra opción que admitir en el ejercicio de la acción popular a quien se personó en tiempo y forma, colmando todos los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para actuar como acusador popular»; lo que llevó a rechazar de forma fundada la petición de que fuera excluida del proceso.
Expuesto lo anterior, a tenor de las pretensiones de condena válidamente ejercitadas en la vía judicial previa, hemos de concluir que el criterio seguido por la sentencia impugnada no vulnera el principio acusatorio. La doctrina de este tribunal que ha sido expuesta no exige que el límite penológico máximo venga impuesto por la acusación «más correcta» o con la acusación que finalmente «sea acogida». El límite viene fijado por la acusación «más grave» sometida a debate contradictorio, siempre que, obviamente, se trate de una pena legalmente imponible conforme a la calificación jurídica de los hechos defendida por cada una de las partes.
En el caso presente, los hechos y las calificaciones jurídicas de las acusaciones particular y popular coincidían en la posible comisión de sendos delitos de sedición y malversación, discrepando únicamente de la relación concursal existente entre ambos y en la pena adecuada a la conducta imputada a cada uno de los recurrentes. Lo relevante, por tanto, es que, al igual que en el caso analizado en la STC 1/2020, de 14 de enero, los demandantes de amparo tuvieron un conocimiento efectivo de la posibilidad de que les fuera impuesta una condena por los delitos de sedición y malversación, en el régimen concursal que se considerara ajustado a Derecho, y que las penas definitivamente impuestas no resultan distintas ni superiores a la pretendida por alguna de las acusaciones. Por ello, debemos concluir que no se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías de los demandantes de amparo, desde la perspectiva del principio acusatorio, pues estos pudieron articular todas las posibilidades de alegación y prueba para defenderse de la pretensión de condena por ambos delitos y de la extensión de la pena que finalmente se les impuso en la sentencia que ha puesto fin a la causa. En tal medida, este motivo de amparo ha de ser desestimado.
11. El derecho a la presunción de inocencia.
11.1 El derecho a la presunción de inocencia en el proceso.
11.1.1 Posiciones de las partes.
Como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho de esta resolución, en el escrito de demanda la queja atinente a la conculcación de este derecho fundamental se articula en diferentes partes. En este apartado nos atendremos al esquema seguido por los recurrentes, sin perjuicio de que, al dilucidar sobre esta queja nos ajustemos a la sistemática que consideremos más adecuada. No obstante, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, con carácter general omitiremos reflejar los supuestos concretos que en la demanda se detallan como ejemplificativos de los vicios que se denuncian, dando por reproducida la síntesis que hemos llevado a cabo en el apartado tercero de los antecedentes de esta resolución.
A) En un primer epígrafe, los demandantes denuncian lo que consideran deficiencias en la fijación de los hechos probados, en la argumentación jurídica y en la valoración de la prueba. Comienzan por detallar lo que, a su parecer, constituyen defectos en la configuración y determinación de los hechos probados y, en términos generales, afirman que el relato fáctico resulta precipitado, cronológicamente desordenado, permeable a consideraciones subjetivas y predeterminaciones, amén de estar desconectado de la prueba, teñido de subjetividad, orientado a justificar la culpabilidad y resulta ajeno a los elementos de discusión proporcionados por las defensas.
A continuación, se especifican supuestos concretos de indeterminación en relación con la anormalidad del desarrollo de los registros acordados judicialmente –que expresamente refutan– y otros acontecimientos que tuvieron lugar el día 20 de septiembre de 2017. Refieren que la inconcreción invocada también se manifiesta al relatar los hechos ocurridos en la jornada de votación del día 1 de octubre de 2017 y sus prolegómenos; principalmente, porque no se refleja el comportamiento que tuvo el señor Junqueras en la reunión que el 28 de septiembre de 2017 mantuvo con otros acusados y con los mandos de los Mossos, por la falta de especificación sobre los lugares en que se desató la violencia, las características de los enfrentamientos y de las razones que motivaron el comportamiento de los Mossos, sin que tampoco se expliquen las fuentes probatorias o se efectúen valoraciones de los elementos de descargo, amén de que se emplean estereotipos e ideas preconcebidas ajenas al resultado de la prueba.
A su vez, los recurrentes critican la «intoxicación de apreciaciones subjetivas», que produce una predeterminación del fallo al introducir elementos valorativos subjetivos; y censuran que se consignen datos superfluos o no vinculados con el procedimiento, a fin de argumentar en perjuicio de los acusados. Objetan también que en el relato fáctico se plasman hechos ajenos a cualquier actividad probatoria, principalmente en relación con el liderazgo en la movilización ciudadana que se atribuye a los «Jordis» y cuando se alude a los motivos de la supuesta retirada de las fuerzas policiales el día 1 de octubre de 2017. Asimismo, se denuncian supuestos de relevantes omisiones en los hechos probados que, a juicio de los recurrentes, carecen de justificación atendiendo al desarrollo del proceso. Ese déficit se produce por la ausencia de valoración en la sentencia de las limitaciones establecidas a la intervención policial por el auto de 27 de septiembre de 2017, que fue dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y también por la falta de análisis acerca de lo imprevisible que resultó dicha actuación, al ser contraria a esas limitaciones. Señalan también que la sentencia evita pronunciarse sobre los elementos de descargo alegados por las defensas, que aparecen compendiados en los antecedentes de esta resolución.
En un segundo punto, los recurrentes ponen de relieve los defectos argumentales en relación con la valoración probatoria. Afirman que no existe en la sentencia una valoración de la prueba o no se explicita esa valoración de manera acorde con la técnica forense de confección de una sentencia, que debe fundar la culpabilidad en la convicción derivada del análisis de la prueba. Tras esta consideración general, en las págs. 214 a 216 de la demanda se ponen ejemplos concretos en los que, a criterio de aquellos, no solo se obvia el análisis explícito de la prueba practicada sino que las conclusiones que se extraen no se vinculan con fuentes de prueba y, salvo contadas ocasiones, no se valora la prueba de descargo.
Destacan también la existencia de omisiones significativas en la sentencia. Nada se dice acerca de la pericial médica aportada por la defensa, que «desacreditaba la existencia de cualquier lesión vinculada con los hechos del 1-O». Especialmente censurable resulta a los demandantes que no se contemple la desconexión entre los hechos ocurridos el 20 de septiembre respecto del señor Romeva, pues este ni siquiera estaba en Barcelona cuando tuvieron lugar, ya que se encontraba en Madrid. Refieren, asimismo que se dio por buena de manera acrítica la remisión de los mensajes de móvil que se detalla en la sentencia, que no se precise qué testigos concretos dan lugar a determinadas afirmaciones o inferencias probatorias o que se tengan en cuenta indebidamente determinados documentos para avalar la existencia de ciertas webs.
En tercer término, los demandantes también reprueban que el tribunal sentenciador haya fundado el juicio de culpabilidad en ideas preconcebidas, sesgadas y teñidas de subjetividad, amén de la politización del discurso que emplea. Ejemplo de ello es el último párrafo de los hechos probados que, según refieren, constituye una pieza genuina del análisis político sesgado y que se redacta de una forma completamente ajena al uso forense. Otros ejemplos que detallan en la demanda quedan reflejados, de manera sintética, en los antecedentes de esta resolución.
Censuran que la sentencia ofrezca un discurso argumentativo inválido, en el que abundan las inferencias irracionales en la fijación de la imputación objetiva y subjetiva y en la determinación de la autoría, en la que son constantes los argumentos contradictorios e irrazonables. Esos vicios aparecen al formular el juicio de intenciones y las ideas de actuación concertada que se atribuye a los acusados. En las págs. 219 a 227 de la demanda se repasan los supuestos concretos de irrazonabilidad argumentativa, saltos lógicos inexplicables, vaguedad descriptiva y contradicciones en que incurre el tribunal sentenciador, que han sido compendiados en los antecedentes de esta sentencia.
Finalmente, los recurrentes aducen que el órgano judicial desnaturaliza completamente el debate, al configurar el delito sobre la base del ejercicio de derechos fundamentales. Y ello, porque se pretende defender el sistema constitucional equiparando la participación ciudadana con la movilización tumultuaria, de manera que el tumulto, como requisito del delito de sedición, deja de ser contemplado como un levantamiento hostil orientado a un fin, para transformarse en una mera agregación de personas. Todo ello resulta contrario a un sistema penal basado en el respeto de los derechos fundamentales, en tanto que criminaliza a los «grupos de personas» mediante el empleo de razonamientos que son propios del «Derecho penal del enemigo».
B) En relación con la concreta participación en el delito de sedición que se atribuye a los recurrentes, en la demanda se analiza por separado la argumentación dada respecto de cada uno de ellos, si bien se afirma que, en ambos casos, la sentencia efectúa un análisis irracional de su autoría y responsabilidad.
a) Respecto del señor Junqueras, se refiere que para el tribunal sentenciador su responsabilidad penal se vincula al supuesto liderazgo, preeminencia orgánica y al dominio del hecho que ejerció sobre los sucesos acaecidos; pero en la sentencia no se detalla a través de qué pruebas se obtienen esas conclusiones, ni como se le vincula con los sucesos del 20 de septiembre de 2017. Por otro lado, apuntan que las razones dadas para fundar esa responsabilidad tienen que ver con hechos irrelevantes penalmente y, las más de las veces, con el ejercicio de derechos fundamentales. Más adelante, en la demanda se compendian los motivos reflejados en la sentencia –ya resumidos en los antecedentes de esta resolución– que sustentan la participación del recurrente en la infracción penal indicada, para concluir finalmente que la responsabilidad penal que se le atribuye se basa, simple y llanamente, en que «dejó que se hiciera un referéndum».
b) En relación con el señor Romeva, se sostiene que la responsabilidad penal del citado se basa en razones inasumibles desde la perspectiva de la presunción de inocencia, ya que resulta contradictorio que su autoría se sustente en la función que desempeñó en la difusión internacional del proceso político, para luego afirmar, en la pág. 329 de la sentencia, que «pronunciarse públicamente a favor de la emancipación política de cualquier comunidad autónoma no es delito». Seguidamente, en la demanda se enumeran las razones que determinaron su condena –que también han sido resumidas en los antecedentes de esta sentencia–; y desde el prisma del derecho a la presunción de inocencia, los recurrentes señalan que cuesta vincular esas razones con el alzamiento tumultuario característico del delito de sedición, pues es patente la irrelevancia penal de su conducta. Se enfatiza que la argumentación para fundar la participación de aquel en la sedición tiene un cariz netamente emocional, politizado y carente de racionalidad. Finalmente, apuntan lo que, según su criterio, constituyen más contradicciones y dudas explícitas que el tribunal no valora a los efectos del análisis de la culpabilidad; concretamente, cuando la sentencia alude a la constatación del compromiso de este demandante con la paz.
C) En cuanto al delito de malversación, los recurrentes también sostienen que su condena por este delito vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Con carácter general, afirman que la convicción del tribunal se asienta sobre una generalizada indeterminación de la prueba e indefinición de los elementos sobre los que se sustenta la ilicitud de la conducta punible. Por otro lado, reprueban que no se analicen hipótesis de descargo ni se construya el juicio de autoría sobre verdaderos actos de dominio, sino sobre presunciones y argumentos irrazonables que atañen: (i) a la determinación de los hechos sobre los que se funda la malversación, puesto que en ocasiones no se expresa la razón de reputarlos ilícitos o ajenos a la función pública, o se hace referencia a gastos que no se sufragaron con dinero público; (ii) a la ausencia de explicación de la prueba sobre la que se basa la convicción judicial respecto de bastantes de las partidas vinculadas al delito de malversación, o que se haga referencia a medios de prueba provenientes de otros procedimientos, que se impugnaron por su origen ilícito, sin que se justifique por qué resulta procedente su valoración; (iii) que en ocasiones no se argumente sobre el concreto motivo de ilicitud del supuesto gasto efectuado, por lo que cabe concluir que tal ilicitud deriva de una genérica vinculación con el objetivo político perseguido por los acusados, sin que se haya probado la transgresión del deber de lealtad en la gestión del patrimonio público.
Ponen de relieve que los hechos se enmarcan en un contexto de control financiero absoluto de la gestión de la Generalitat por parte del Estado, como así lo viene a reconocer la propia sentencia en la pág. 416. En ese escenario presupuestario, la Generalitat no tenía capacidad para realizar ningún gasto que estuviera directa o indirectamente vinculado con el referéndum; pero la sentencia no confiere relevancia a este extremo ni explora la posibilidad de que haya existido financiación privada, pues parte de la premisa de que cualquier gasto relacionado con esa consulta procedía de las arcas públicas. Cuestionan también la contradictoria valoración que en la sentencia se efectúa respecto del acuerdo del Govern de 6 de septiembre de 2017. Dicho acuerdo no paso de ser una herramienta de exteriorización de una voluntad política que no generó efectos jurídicos, ya que tras la impugnación del Decreto 139/2017 y de la ley de referéndum no llegó a materializarse en actos concretos, entre otras razones, porque cualquier compromiso de gasto quedaba sometido al rígido control previsto en la Ley de contratos del sector público y en la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobada por Decreto legislativo 3/2002. Luego, llevan a cabo un estudio pormenorizado de las partidas de gasto que la sentencia considera ilícitas -cuyo detalle queda reflejado en el apartado correspondiente a los antecedentes- y critican la irracionalidad y saltos lógicos en que el órgano judicial incurre. Por último, los recurrentes reprueban que la sentencia no determinara la frontera entre una eventual responsabilidad contable o administrativa y la penal, bajo el prisma del principio deultima ratio.
Para la abogacía del Estado, la falta de prueba de cargo y de motivación que se invocan como vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia no evidencian más que la mera disconformidad de los recurrentes con la valoración de la prueba de cargo realizada por el tribunal, aspecto que no queda amparado por el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Considera que el Tribunal Supremo ha valorado racionalmente la prueba practicada y ha motivado adecuadamente la sentencia, aunque no haya un apartado específicamente destinado a la cuestión probatoria, como así lo evidencia el fundamento de Derecho C) relativo al juicio de autoría, en el que se analizan de forma pormenorizada las pruebas que soportan la intervención de los demandantes y, en definitiva, su condena.
En sus alegaciones, la fiscal analiza la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en diferentes apartados. En primer lugar se pronuncia sobre la queja referida a que la condena del señor Junqueras, por el delito de sedición, se basó en hechos irrelevantes penalmente y vinculados al ejercicio de derechos fundamentales. A su juicio, esta denuncia ha de ser rechazada, dado que la misma se sitúa en una órbita ajena al referido derecho fundamental, porque no se cuestiona que los hechos que se han considerado acreditados y la intervención que en los mismos se atribuye al señor Junqueras carezcan de sustrato probatorio, sino que en la demanda se «realiza una suerte de esquematización de los fundamentos probatorios», para llegar a la conclusión de que su condena se produjo por el mero hecho de dejar hacer un referéndum.
Luego, sintetiza la queja referida a la condena del señor Romeva por la mencionada infracción penal, al fundarse dicha condena en una argumentación emocional y politizada, siendo patente la irrelevancia penal de su conducta. Al igual que al pronunciarse sobre motivo inmediatamente anterior, la fiscal señala que esta queja debe rechazarse porque «[d]e nuevo se prescinde del relato de hechos probados y de la prueba en que se sustenta, para reducir la participación del demandante señor Romeva en los hechos objeto de enjuiciamiento a actos aislados carentes de significado antijurídico y que constituyen meras expresiones del ejercicio de derechos fundamentales, sin cuestionar el acervo probatorio constituido por sus propias declaraciones y la abundante documental a que se refiere la sentencia».
En tercer lugar, la fiscal analiza la denunciada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por basarse la condena de los demandantes por delito de malversación en una generalizada indeterminación de la prueba y en la indefinición de los elementos del tipo penal. A su juicio, la sentencia, tras el análisis del tipo penal y del subtipo agravado que se aplica examina pormenorizadamente la participación de aquellos en los hechos que se han considerado constitutivos de gestión desleal de los fondos públicos, por su conexión con la celebración del referéndum del día 1 de octubre de 2017. Y en relación con cada uno de los desembolsos que se han considerado vinculados a la celebración del referéndum, «se hace mención expresa de las fuentes de prueba tenidas en cuenta, lo que incluye testificales, periciales, reseñas de las facturas e incluso de “las cuentas desde las que se realizaron los abonos”». Añade la fiscal que la sala ha sido muy cuidadosa la hora de fijar las cuantías malversadas, remitiendo a la jurisdicción contable la determinación definitiva de su importe a efectos de responsabilidad civil; de modo que «las cantidades, siempre las mínimas, que recoge la sentencia como abonadas, solo deben ser tomadas en consideración a los meros efectos de justificar la aplicación del tipo agravado». De ahí que «las protestas relativas al momento consumatorio resultan inanes, pues aun prescindiendo de dichas partidas no variaría la calificación jurídica».
11.1.2 Respuesta del órgano judicial.
En el apartado 10.2.2 del auto que resuelve los incidentes de nulidad planteados por los condenados, de fecha 29 de enero de 2020, figura la siguiente argumentación:
«Tras las vulneraciones anteriores, se denuncia, en segundo lugar, aun en el marco del derecho a un proceso justo, la infracción de la presunción inocencia, una lesión que, en palabras del propio escrito, sí ha cristalizado por primera vez en la sentencia definitiva de este procedimiento.
Esta alegación, como en el caso de los demás acusados, ha de ser rechazada.
Esta Sala ha analizado con detalle en los apartados de la sentencia ya citados y en el punto 2 del apartado B (relativo a la malversación), la prueba de cargo existente contra los señores Junqueras y Romeva por los dos delitos por los que han sido condenados (entre ella, documental, testifical y pericial). La prueba, por otro lado es lícita y suficiente y ha sido valorada de forma lógica y racional. Damos aquí por reproducidos todos y cada uno de los extensos argumentos de la resolución de esta Sala que, insistimos, permiten entender tanto la declaración de hechos probados como su subsunción jurídica.
Como hemos señalado al analizar otros incidentes de nulidad, la discrepancia legítima de la parte frente a la valoración probatoria realizada no implica, como evidencia la lectura de la sentencia, ni la violación del derecho a la presunción de inocencia ni la inexistencia de dicha valoración. No es este incidente de nulidad, por otro lado, el cauce para “contraargumentar” frente a las inferencias del tribunal sentenciador, siempre que estas, como es el caso, sean lógicas y racionales y estén amparadas por suficiente prueba de cargo.
Es jurisprudencia consolidada, tanto de esta Sala como del Tribunal Constitucional, que el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución no impone la obligación de que el Tribunal sentenciador haya de responder a todas y cada una de las alegaciones formuladas, como no ha de responder a lo que podríamos calificar, al hilo de algunas de las alegaciones que se formulan, de “expectativas” de las partes».
Aun cuando se incardina dentro de la respuesta a las vulneraciones relacionadas con el derecho a la legalidad penal (apartado 10.2.1) también resulta de interés el siguiente razonamiento dado por el órgano judicial:
«Los miembros del Govern, como hemos reiterado en esta resolución, se concertaron para ejecutar la estrategia sediciosa por la que ha sido condenados, asumiendo en consecuencia los actos en los que se materializó dicha estrategia; sin perjuicio de que existiera un “reparto de papeles” en función del lugar concreto que cada uno de ellos ocupara en el Govern.
Por otro lado, la vinculación del señor Junqueras y el señor Romeva respecto a los hechos ocurridos el día 20 de septiembre y 1 de octubre se explica con claridad en los puntos correspondientes del citado apartado C, en los que se analiza su juicio de autoría y se detallan las actuaciones de cada uno de ellos que respaldan dicha conclusión. Una y otra concentración, como afirma la sentencia, tras la valoración de la prueba correspondiente, “estuvieron lejos de una pacífica y legítima manifestación de protesta”».
11.1.3 Doctrina constitucional.
Previamente a resolver la controversia que se plantea en la demanda, se estima oportuno reproducir la doctrina constitucional que en relación con el derecho a la presunción de inocencia expusimos en el fundamento jurídico 8.4 de la STC 122/2021, de 2 de junio:
«[E]s doctrina reiterada de este tribunal, como expone la STC 105/2016, de 6 de junio, FJ 8, que «el derecho a la presunción de inocencia se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que exige una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. A este respecto, el tribunal ha manifestado en numerosas ocasiones su radical falta de competencia “para la valoración de la actividad probatoria practicada en el proceso penal y para la evaluación de dicha valoración conforme a criterios de calidad o de oportunidad, quedando limitada la misión de este tribunal, cuando le es invocado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), a supervisar externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante […] Igualmente se ha destacado que, a falta de prueba directa, la prueba de cargo sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito puede ser indiciaria, siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, puesto de manifiesto en la sentencia, y que el control de la solidez de la inferencia puede llevarse a cabo tanto desde el canon de su lógica o coherencia, siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, como desde el de su suficiencia o carácter concluyente, excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia” (entre otras muchas, SSTC 127/2011, de 18 de julio, FJ 6, y 142/2012, de 2 de julio, FJ 5)».
Subraya también la citada STC 105/2016, FJ 8, que este tribunal ha hecho hincapié en que «la idoneidad incriminatoria debe ser no solo apreciada por el juez, sino también plasmada en la sentencia, de forma que la carencia o insuficiencia de la motivación en cuanto a la valoración de la prueba y la fijación de los hechos probados entraña la lesión del derecho a la presunción de inocencia, lo que impone como canon de análisis no ya la mera cognoscibilidad de laratio decidendide la decisión judicial, sino una mínima explicación de los fundamentos probatorios del relato fáctico, con base en el cual se individualiza el caso y se posibilita la aplicación de la norma jurídica (por todas, STC 22/2013, de 31 de enero, FJ 5, y las resoluciones allí citadas)». Ese específico deber de motivaciónexart. 24.2 CE es diferente y más estricto que el genérico del derecho a la tutela judicial efectiva, «dado que está precisamente en juego aquel derecho y, en su caso, el que resulte restringido por la pena, que será el derecho a la libertad cuando […] la condena lo sea a penas de prisión» (SSTC 209/2002, de 11 de noviembre, FJ 3; 169/2004, de 6 de octubre, FJ 6; 143/2005, de 6 de junio, FJ 4; 12/2011, de 28 de febrero, FJ 6, y 22/2013, de 31 de enero, FJ 5). En este marco, la jurisprudencia constitucional también ha establecido que la presunción de inocencia se extiende a verificar si se ha dejado de someter a valoración la prueba de descargo aportada, exigiéndose una ponderación de la misma, pero sin que ello implique que esa ponderación se realice de modo pormenorizado, ni que la ponderación se lleve a cabo del modo pretendido por el recurrente, sino solamente que se ofrezca una explicación para su rechazo (así, SSTC 104/2011, de 20 de junio, FJ 2; 88/2013, de 11 de abril, FJ 12, o 2/2015, de 19 de enero, FJ 4).
En síntesis, los órganos judiciales «han de exteriorizar razonadamente y de forma lógica los motivos que fundamentaron su convicción inculpatoria, más allá de toda duda razonable» (SSTC 129/1998, de 16 de junio, FJ 4, o 141/2001, de 18 de junio, FJ 6); y la función de este tribunal se ciñe a comprobar que el órgano judicial efectivamente expone las razones que le han conducido a fijar el relato fáctico a partir de la actividad probatoria practicada y efectuar un control externo del razonamiento lógico seguido respetuoso con el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria en orden a la fijación de los hechos (STC 67/2021, de 17 de marzo, FJ 3)».
11.1.4 Resolución de la queja.
11.1.4.1 Consideraciones previas y orden de análisis de los motivos.
Antes de pasar a dilucidar sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) que los recurrentes reprochan a la sentencia conviene formular unas consideraciones previas.
a) En primer lugar hacemos notar que, aun cuando los motivos de la queja se esquematizan del modo en que ha sido reflejado en los antecedentes de esta resolución, ello no determina que este tribunal se sujete a la ordenación por la que se han decantado los recurrentes ni, menos aún, que nos hallemos constreñidos a responder de manera singularizada a todas y cada una de las censuras o descalificaciones que se plasman en la demanda. En un apartado anterior hemos sintetizado el sentido y alcance de la presunción interina de inocencia que el art. 24.2 CE garantiza, al compendiar nuestra doctrina sobre el referido derecho fundamental. Y es a ese contenido al que nos hemos de sujetar prioritariamente de cara a responder sobre las diferentes quejas que se nos plantean. La consideración que ahora reflejamos no debe sorprender a los demandantes, habida cuenta de que en el escrito de demanda denotan su afán por demostrar que, en esencia, conocen el contenido del referido derecho, al afirmar, en la pág. 219 que «[d]esde una perspectiva constitucional este Excmo. Tribunal ha determinado que la lesión del derecho previsto en el art. 24.1 CE (rectius24.2 CE) se constatará cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivó el resultado de dicha valoración o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable eliterdiscursivo que conduce a la prueba del hecho probado». Y más adelante, en la pág. 221, al referir que «[e]ste Excmo. Tribunal Constitucional ha defendido la existencia de una lesión a la presunción de inocencia o bien por no haberse practicado prueba alguna en el juicio, o bien por haberse obtenido las pruebas con vulneración de los derechos fundamentales, o por no mediar razonamiento de cargo alguno, ser este irrazonado o abiertamente absurdo».
b) Por otro lado, expresamente afirmamos que este tribunal no está llamado a ser el guardián de una supuesta ortodoxia procesal, ni el garante de la correcta aplicación de la normativa de esa índole ni, menos todavía, de la utilización de un lenguaje pretendidamente acomodado a la técnica forense y atemperado en sus formas, o el censor de eventuales errores, inexactitudes, imprecisiones o lagunas de los que, a juicio de los recurrentes, adolece la sentencia, siempre y cuando las deficiencias detalladas carezcan de relevancia para constituir una vulneración del derecho fundamental que se denuncia.
c) También procede dejar constancia en este apartado de que, aun cuando es perfectamente legítimo que los demandantes manifiesten su desacuerdo con la valoración de la prueba llevada a cabo por el órgano sentenciador, como así se refleja en la síntesis de doctrina constitucional que hemos plasmado, a este tribunal le está vedado efectuar una valoración de la actividad probatoria, salvo en lo concerniente al control externo de la razonabilidad de su resultado.
d) Con carácter general, los recurrentes reprochan al tribunal sentenciador que no haya valorado la prueba de descargo en prácticamente ningún supuesto. Luego, al exponer de forma particularizada los supuestos en que se concreta la lesión del derecho a la presunción de inocencia, en algunos de ellos reiteran esta deficiencia. Al sintetizar nuestra doctrina sobre el derecho fundamental objeto de cita pusimos de manifiesto la exigencia de que el órgano enjuiciador valore la prueba de descargo, si bien no es necesario que se verifique de manera pormenorizada, pues basta con que se ofrezca una explicación sobre su rechazo. Ahora bien, lo dicho no empece la carga de la parte recurrente, en orden a indicar qué concretas pruebas han dejado de ser valoradas y cuál habría sido su eventual relevancia para el caso de haber sido ponderadas. Por tanto, en la medida en que la referida carga haya sido incumplida este tribunal obviará pronunciarse sobre esa alegación.
e) También advertimos que para dar respuesta a algunas de las quejas asociadas al delito de sedición nos remitiremos a lo dicho en otras sentencias dictadas al resolver recursos de amparo interpuestos por otros condenados. Estas remisiones traen causa del propio planteamiento de la demanda, que con cierta reiteración achaca vulneraciones a la sentencia respecto de hechos o episodios en que no están directamente concernidos los demandantes de amparo, pero sí otros condenados por su participación en la infracción penal indicada. No obstante, advertimos que la argumentación dada en la sentencia impugnada para apreciar la coautoría que por los delitos de sedición y malversación de caudales se atribuye a los demandantes figura en el fundamento de Derecho C) de la sentencia combatida en esta sede, amén de la síntesis que obra en el fundamento jurídico tercero de esta resolución.
Una vez reflejadas las anteriores consideraciones, pasamos a reflejar la sistemática que seguiremos para la resolución de las quejas referidas a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en su dimensión procesal. En un primer bloque analizaremos las denuncias que en la demanda se formulan en relación con la condena por el delito de sedición con carácter general; esto es, las que no se articulan de manera diferenciada respecto de cada uno de los demandantes. Dentro de este apartado, en primer lugar dilucidaremos sobre las reprobaciones que guardan relación principal con los acontecimientos del día 20 de septiembre de 2017, para luego abordar las que se refieren esencialmente a los sucesos relacionados con la jornada de votación del día 1 de octubre de 2017. A continuación, procederemos a resolver las denuncias referidas a la condena por el delito de sedición que en la demanda se exponen de manera separada en relación con cada uno de los recurrentes. Y finalmente, nos pronunciaremos respecto de las quejas atinentes a la condena por el delito de malversación.
11.1.4.2 Delito de sedición. Aspectos comunes.
11.1.4.2.1 Quejas relacionadas principalmente con los sucesos acaecidos el día 20 de septiembre de 2017.
En relación con los sucesos que tuvieron lugar el día 20 de septiembre de 2017, en esencia se critica la indeterminación con que se detallan los supuestos impedimentos a la realización de su cometido por la comisión judicial y la referencia a que los registros no se practicaron con normalidad. A ello, se añade la falta de la debida valoración de extremos tales como que los detenidos habían renunciado a estar presentes en los registros, que no se relata por qué fue inviable su conducción al lugar a registrar o porque sus abogados no fueron citados para la realización de esa diligencia, así como que no se expresan las fuentes probatorias.
a) En otros recursos de amparo planteados por otros condenados se formularon quejas en las que también se denunció ese aspecto; concretamente, en la STC 91/2021, de 22 de abril, FJ 11.4.3.1.2 se solventa la crítica dirigida a la sentencia, por no tener en cuenta que el registro que debía practicarse en la sede del Departamento de Economía solo se vio dificultado, pero no impedido, y porque en realidad, lo que tuvo lugar fue una manifestación de unas 40 000 personas, de las cuales solamente unas pocas incurrieron en excesos:
«Coincidimos con el recurrente cuando afirma que no todos los que acudieron a las inmediaciones de la sede de Consellería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda (unas 40 000 personas) actuaron para impedir el desarrollo de la diligencia judicialmente acordada. Tampoco dice lo contrario la sentencia, puesto que en el apartado 9 del relato fáctico no se afirma que la totalidad de los allí reunidos tratara de impedir el cumplimiento de la resolución judicial (se relata que “coexistían gritos reivindicativos, contrarios a la presencia de la comisión judicial y actos lúdicos, algunos espontáneos, otros promovidos por los organizadores”). Sin embargo, en ese apartado sí se refleja con nitidez que esa movilización perturbó el normal desenvolvimiento de la diligencia judicial que debía ser realizada, hasta el extremo de que se impidió la introducción de los detenidos en el edificio a registrar, y de que la letrada de la administración de justicia solo pudo abandonar el lugar del registro “infiltrándola entre los espectadores que abandonaban el teatro sito en el inmueble colindante al que hubo que acceder desde la azotea de los edificios”, mientras que la fuerza actuante, (miembros de la Guardia Civil) “solo pudieron salir cuando la manifestación ya se hubo disuelto, haciéndolo concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 de la madrugada del día 21 de septiembre y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha”.
También queda reflejado en la sentencia cuál era el propósito perseguido con la convocatoria, así como el preeminente papel desempeñado por dos de los acusados, el señor Sànchez y el señor Cuixart, quienes claramente exteriorizaron la finalidad que perseguían, tanto al promover la movilización como al ejercitar funciones de dirección […]
La secuencia de acontecimientos a que se ha hecho mención denota que, en contra de lo sostenido por el demandante, el día 20 de septiembre no solo tuvo lugar una manifestación de personas que ejercieron un derecho fundamental. Es perfectamente posible, hemos de insistir en ello, que muchos de los allí presentes se limitaran a participar en un acto de protesta. Pero, con sujeción a lo narrado en la sentencia, otros individuos realizaron actos idóneos para impedir el normal desenvolvimiento de la diligencia judicial, a los que el demandante denomina como “los muy pocos asistentes que incurrieron en excesos que a lo sumo derivaron en daños materiales”; aunque, como se explica en la sentencia, su comportamiento no solo produjo esos desperfectos. El tipo penal de sedición no requiere la implicación de un elevado número de alzados, ni que estos últimos actúen en un contexto absolutamente desvinculado de manifestaciones o reuniones cuyo propósito sea reivindicativo o de protesta. Por ello, es perfectamente posible que en una congregación multitudinaria algunos de los intervinientes lleven a cabo actos constitutivos del referido delito, que es lo que la Sala pone de manifiesto, aunque no se pueda discriminar quiénes o cuántos de los participantes actuaron de ese modo, lo cual resulta comprensible si se tienen en cuenta las circunstancias acontecidas».
Respecto del alegato relativo a que la realización de la diligencia de registro se dificultó pero no se impidió, nos remitimos a la respuesta dada en el apartado 4.5 de del fundamento jurídico B) de la sentencia impugnada:
«La consumación debe establecerse atendiendo a la naturaleza del tipo penal como de resultado cortado, en similares términos a los expuestos en relación con la rebelión. Lo que exige una funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, respecto de la obstaculización del cumplimiento de las leyes o de la efectividad de las resoluciones adoptadas por la administración o el Poder Judicial.
El impedimento tipificado no tiene pues que ser logrado efectivamente por los autores. Eso entraría ya en la fase de agotamiento, más allá de la consumación. Pero ni siquiera en cuanto a finalidad de los autores tiene que ser pretendido por todos ellos de manera absoluta. Basta que se busque obstruir o dificultar en términos tales que resulte funcional para el objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes, en la legítima actuación de la autoridad, corporación pública o funcionarios para el cumplimiento de sus resoluciones administrativas o judiciales. Porque esa pretensión disuasoria implica en sí misma una voluntad de impedir definitivamente, siquiera aplazada en el tiempo».
También evocamos la respuesta del órgano judicial que obra en el apartado A) 3.2.2.3 del auto resolutorio de los incidentes de nulidad:
«[E]l hecho probado, de contenido no cuestionado en ningún apartado de este incidente, proclama que el 20 de septiembre, las asociaciones dirigidas por los coacusados y penados señores Sànchez y Cuixart, sabiendo que se estaban ejecutando diversas detenciones dispuestas para garantizar la presencia de los detenidos en registros inmediatos por orden del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, convocaron y lograron concentrar una gran multitud de ciudadanos para lo que denominaban eufemísticamente “defensa” de las instituciones catalanas y se motivaba a los convocados con la consigna de que, si esa convocatoria llegaba a ser multitudinaria, los que tenían encomendada la ejecución de la legitima orden judicial “no podrían con todos ellos”.
Pues bien, el vaticinio de los penados se verificó casi en su totalidad. El hecho probado da cuenta de que los detenidos no pudieron presenciar los registros al hacer inviable su acceso al edificio en el que habían de realizarse. Se dificultó la extracción desde dicho edifico de los efectos incautados, hasta el punto de que la letrada de la administración de justicia hubo de abandonar el edifico horas más tarde, huyendo del lugar a escondidas y por lugar ajeno a la función de entrada y salida de personas».
Asimismo, estimamos procedente traer a colación la respuesta dada en la STC 122/2021, de 2 de junio, FJ 8.5, en el que se refuta la alegación relativa a la falta de explicitación del soporte probatorio en que se funda el relato sobre lo ocurrido el día 20 de septiembre de 2017:
«De conformidad con ese rechazo general, tampoco puede compartirse la queja específica aducida como ejemplo de los déficit explicativos de falta de explicitación y consiguiente soporte probatorio de lo relatado sobre lo ocurrido el 20 de septiembre con ocasión de la práctica de la diligencia judicial acordada por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona. Según el criterio del recurrente, el déficit se evidencia en los pocos párrafos destinados a explicitar la valoración probatoria sobre lo acaecido el 20 de septiembre y su intervención (págs. 386 y 387) y lo consignado al respecto en el relato fáctico (págs. 45, 46 y 47). Sin embargo, la lectura íntegra de la sentencia, de sus hechos probados y de sus fundamentos jurídicos, lleva a la conclusión opuesta. Obvia el recurrente que lo sucedido el 20 de septiembre no solo le concierne a él y a su actuación ese día ante la sede de la Vicepresidencia del Govern y, en consonancia, no solo se analiza en el epígrafe 1.9 del fundamento de Derecho C), dedicado a individualizar su juicio de autoría tras haberse hecho lo propio respecto al resto de acusados. Como la propia sentencia indica en ese punto 1.9, el episodio se ha analizado al describir la autoría de otros coacusados –señaladamente, de los señores Forn y Sànchez–, siendo comunes las fuentes de prueba, que no se limitan a la declaración del recurrente o de los testigos de la defensa, como parece sugerir la demanda, sino que incluyen las declaraciones de otros acusados, el testimonio de los agentes de la policía estatal y autonómica presentes, de ciudadanos y responsables políticos, documental, grabaciones y mensajes enviados por las redes sociales. A esas fuentes y a los resultados de la prueba practicada en el plenario se refiere expresamente la resolución en diversos lugares del fundamento C), donde también efectúa su valoración, conducente a la fijación del relato de los hechos acaecidos el 20 de septiembre que consta en elfactum.En tal sentido, cabe destacar, sin ánimo de exhaustividad ni mayor detalle y en conexión con lo expuesto en los antecedentes y el fundamento tercero de esta resolución, las siguientes referencias: […]
(iii) Apartado 1.7: juicio de autoría del señor Forn. Declaraciones del señor Sànchez; de diversos miembros de la Guardia Civil que actuaban como policía judicial en el registro de la Vicepresidencia y Consejería de Hacienda, sobre la imposibilidad de entrar con el detenido, al que algunos manifestantes intentaron sacar del vehículo en el que iba y que fue zarandeado, sobre las manifestaciones masivas de «no saldréis» o las advertencias de los señores Sànchez y Cuixart de que, si pretendían salir con la cajas con los efectos del registro, «os matan»; y declaración del señor Forn, documental y declaraciones de mandos y agentes de los Mossos d'Esquadra sobre la comunicación tardía y autorización de la protesta, la orden de conferir facultades mediadoras al señor Sànchez, que decidió aspectos como la entrada o no de los detenidos al lugar de los registros, no invitar a los recurrentes a apartarse del edificio o el momento de invitar a los manifestantes a disolverse y que, previamente, había reprochado al agente que dirigía la Brigada Móvil de Orden Público su presencia, realizando una llamada al señor Forn, quien luego llamó al agente para informarle de la aludida labor mediadora del señor Sànchez.
(iv) Apartado 1.8: juicio de autoría del señor Sànchez. Testimonios de diversos miembros de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil sobre el liderazgo del señor Sànchez y su capacidad de decisión sobre lo que procedía o no hacer, incluida la indicación al jefe de la brigada de sacar de allí a la BRIMO («esto que estás haciendo no es lo que hemos acordado, largaos de aquí»), la imposibilidad de acceder con los detenidos a la institución para el registro, que no se pudo hacer en la forma que dispone la ley, como acreditan las imágenes de este y otros registros, y testifical y análisis de los mensajes y páginas web que organizaron grupos de WhatsApp para la movilización, con llamadas acreditadas a concentrarse e intervenciones dirigidas a la multitud, todo ello junto al señor Cuixart y la entidad Òmnium Cultural.
Después del examen de la prueba en relación con los otros ocho acusados, con expresión de las pruebas practicadas –entre otras, las arriba enunciadas– y su valoración como prueba de cargo de los elementos del delito, la Sala realiza el juicio de autoría del señor Cuixart en el apartado 1.9. Comienza enumerando la prueba practicada de la que extrae la convicción sobre lo ocurrido: «[l]a declaración de los agentes de la policía estatal y autonómica que estuvieron allí, el testimonio de los ciudadanos y responsables políticos que fueron llamados como testigos por acusación y defensa y, sobre todo, la declaración del propio señor Cuixart, permiten dibujar un escenario fiel a lo verdaderamente acontecido. Los vídeos exhibidos en el plenario –incluido el grabado por la cámara de seguridad que se hallaba en el interior del edificio que era objeto de registro– y la lectura de algunos de los mensajes enviados por redes sociales, refuerzan nuestras inferencias». La Sala de lo Penal, asimismo, infiere el importante papel que atribuye al recurrente en el proceso de celebración del referéndum de sus propias intervenciones en diversos actos convocados por la asociación que presidía (Òmnium Cultural) junto con la ANC, con presencia y/o intervención de miembros del Govern y la presidenta del Parlament, recordando la concentración de 11 de junio de 2017 y la Diada de 11 de septiembre de 2017. También se recoge la convocatoria a través de diversas cuentas de Twitter desde primeras horas de la mañana del 20 de septiembre en acción conjunta con el señor Sànchez en las que «no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían sido detenidas, y pedían a los catalanes que se movilizaran, alentándoles diciendo que no podrían con todos ellos o que las fuerzas del orden se habían equivocado, y que habían declarado la guerra a los que querían votar». Hechos no negados por el recurrente, como tampoco que la tarde del día 20 se dirigió a los congregados y exigió la liberación de todos los detenidos, apeló, pese a reivindicar el pacifismo de la movilización, «a la determinación mostrada en la guerra civil, empleando la expresión “¡no pasarán!”, y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el referéndum y que tenían escondido en determinados locales, acabando su alocución con las siguientes palabras; “hoy estamos decenas de miles aquí, mañana seremos centenares de miles allá donde se nos requiera […] no tengáis ninguna duda de que ganaremos nuestra libertad”.
Las numerosas y diversas pruebas mencionadas, unidas a lo referido al razonar sobre la responsabilidad del recurrente por sedición en el punto 1.9, desmienten la falta de motivación y la –pretendidamente conectada– inexistencia de prueba de cargo del relato fáctico sobre lo acontecido el 20 de septiembre ante la sede de la Vicepresidencia de la Generalitat, su incidencia en la práctica del registro y la intervención en los hechos del recurrente como promotor de una oposición material a la ejecución de los mandatos judiciales dirigidos a impedir el referéndum ilegal. Las declaraciones de los testigos y las imágenes muestran la existencia de una manifestación multitudinaria y las llamadas del recurrente y del señor Sànchez a tal concentración en orden a impedir la práctica judicial, cuyo desarrollo se describe en los términos fijados esencialmente por la prueba testifical y los vídeos. A la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, se aprecia de forma indubitada la razonabilidad de la versión judicial de los hechos».
En el texto transcrito queda así reflejada la capacidad movilizadora que el órgano sentenciador atribuye al señor Sànchez y al señor Cuixart, pese a las reticencias que los recurrentes formulan sobre esta cuestión. Por otro lado, debe rechazarse que lo expresado en el apartado 9 del relato de hechos probados (pág. 45 de la sentencia) en relación con el primero de los citados («que, hasta tal punto ejercía el control sobre la masa») constituya un «salto lógico inexplicab