Categoría: Judicial

l 31 de diciembre de 2024.»
Pues bien, como decíamos, tanto el auto de 6 de febrero de 2024, desestimatorio del incidente de nulidad, como el de 15 de enero de 2024, aplicaron e interpretaron este precepto en el sentido de restringir a una única vez la posibilidad de pedir la suspensión del lanzamiento. Esta interpretación impide aplicar las prórrogas sucesivas de esta suspensión pese a mantenerse la situación de vulnerabilidad.
En el preámbulo del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, se justificaba la nueva prórroga de la suspensión de los lanzamientos con el siguiente argumento:
«Asimismo, es necesario atender a la realidad social y económica de los hogares en el contexto del proceso de mitigación de la dinámica inflacionista y de la prolongación de las consecuencias de la situación internacional, extendiendo determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda que fueron introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Ello obedece en gran parte a la existencia de un escenario marcado por la extensión temporal de la guerra de Ucrania y sus repercusiones en la economía de las familias, principalmente, a través de las dinámicas de crecimiento de los precios al consumo que inciden de un modo especial en aquellas personas y hogares con menores recursos.
En particular, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos, así como, en consonancia, la posibilidad hasta el 31 de enero de 2025 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario recogida en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.»
b) De conformidad a una correcta exégesis de la norma aplicada, la interpretación realizada por el juzgado de instancia resulta irrazonable por las siguientes razones:
i. En primer lugar, la interpretación judicial no se ajusta al contexto temporal de la norma. Los distintos reales decretos-leyes dictados (desde la crisis del COVID-19, hasta ocho en total), siendo el último el Real Decreto-ley 8/2023, han modificado el artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020 en el sentido de ampliar el plazo máximo de la medida de suspensión de los lanzamientos en aquellos casos en los que existía una situación de vulnerabilidad y hasta que por la administración pública competente se otorgara una alternativa habitacional. En este contexto, no resulta ajustado a la finalidad del precepto restringir el alcance procesal de la norma a la interposición de un único incidente de suspensión, cuyo efecto impediría ampliar el plazo de suspensión pese a mantenerse la situación de vulnerabilidad que determinó la aplicación de la medida.
ii. Tampoco la finalidad pretendida por la norma, de atender a la realidad social y económica de los hogares necesitados ante contextos internacionales que se detallan en los preámbulos de estos reales decretos-leyes, se cohonesta con una interpretación judicial que restringe su aplicación, de forma que solo se pueda solicitar un único incidente de suspensión con una vigencia máxima que no supere el plazo legal de suspensión fijado en cada Real Decreto-ley, cuando, por el contrario, se trata de hogares que mantienen la misma situación de vulnerabilidad o, incluso cuando dicha situación se ha agravado, como ocurre en el supuesto litigioso ante el nacimiento, en diciembre de 2022, de un niño con discapacidad. La finalidad que pretende la publicación sucesiva de estas normas responde a la necesidad de mantener en el tiempo estas medidas y seguir atendiendo a las necesidades de estos hogares, incompatible con un planteamiento que restringe en el ámbito procesal la suspensión del lanzamiento.
iii. La literalidad de la norma tampoco permite deducir la obligación de interponer un único incidente de suspensión. En su preámbulo se utilizan expresiones como «extendiendo» o «se amplía» y en el propio contenido del artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020 se alude a la posibilidad de solicitar el incidente de suspensión «se haya suspendido o no previamente el proceso», de forma que la imposición de interponer un solo incidente de suspensión y no poder pedir su prórroga tampoco puede deducirse del examen literal de la norma.
iv. Por último, como refleja la fiscal en su escrito de alegaciones, el canon hermeneútico y la necesidad de reforzar la motivación de aquellas resoluciones judiciales que afecten a menores, en aras de salvaguardar el principio de su interés superior, no se ha respetado en este procedimiento de desahucio. La unidad familiar de la recurrente viene integrada por su esposo y cinco hijos, el último de los cuales, nacido el 15 de diciembre de 2022, padece una minusvalía del 35 por 100, síndrome de down y arritmias cardiacas que precisan asistencia hospitalaria semanal. Esta situación familiar delicada no ha sido objeto de ponderación o valoración al dictarse el auto de 15 de enero de 2024, que rechazó la petición de suspensión del lanzamiento.
Con esta interpretación, en definitiva, el juzgadoa quovulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrida, como consecuencia del dictado de resoluciones judiciales cuya fundamentación es fruto de un proceso deductivo irrazonable y meramente voluntarista que adolece, además, del necesario juicio de motivación reforzada en cuanto a la valoración o ponderación de la situación de los menores afectados.
Procede, por tanto, que se acuerde el amparo que se solicita, con nulidad de los autos de 15 de enero de 2024 y 6 de febrero de 2024, este último es por el que se rechaza la nulidad de actuaciones planteada en el juicio verbal núm. 995-2022 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 105 de Madrid, y asimismo, la retroacción de actuaciones al momento previo al dictado del auto de 15 de enero de 2024, debiendo dictarse una resolución respetuosa con el derecho fundamental que se reconoce vulnerado.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1.º Estimar la demanda presentada por doña Fátima Ortega Rojas, por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE) con reconocimiento de tal derecho.
2.º Declarar la nulidad de los autos de 6 de febrero de 2024 y 15 de enero de 2024.
3.º Retrotraer el procedimiento verbal núm. 995-2022 a la fecha inmediatamente anterior a la de dictarse el auto de 15 de enero de 2024 que rechazó la solicitud de suspensión del lanzamiento, a fin de que en su lugar se dicte otra resolución que resulte respetuosa del derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.–Inmaculada Caballero Flores.–María Iglesias Vidal Herrero.–Ramón Marín Hernándeznrique Diez Román.–César Tolosa Tribiño.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.
Pese a haber sido ponente de esta sentencia, en el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con respeto a la opinión de mis compañeros, formulo el presente voto particular para expresar mi discrepancia, no con el fallo –que asumo–, sino con parte de la fundamentación de la sentencia, tal y como tuve ocasión de exponer durante su deliberación en la Sala.
Comparto la estimación de la queja que se formulaba en el presente recurso de amparo relativa a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de la exigencia de una resolución judicial fundada en Derecho que no incurra en irracionalidad o arbitrariedad. La resolución recurrida adolece, además, del necesario juicio de motivación reforzada en cuanto a la valoración o ponderación de la situación de los menores afectados.
Mi discrepancia no se refiere, por tanto, a la concreta solución alcanzada en este proceso, por cuanto estimo que, desde la perspectiva de las exigencias que derivan del artículo 24.1 CE, en la doble vertiente que se acaba de mencionar, no cabía sino otorgar el amparo solicitado. Se centra, por el contrario, en la circunstancia de que en el caso se interpreta y aplica una norma, el art. 87 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, que regula un período de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos cuando afecten a arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida de suspensión de determinados lanzamientos fue introducida por primera vez en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que ha sido objeto de sucesivas prórrogas, la última hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que permanece ininterrumpidamente vigente durante casi cinco años. Sobre esta medida y sus prórrogas encadenadas ya se ha pronunciado este tribunal, en las SSTC 9/2023, de 22 de febrero; 15/2023, de 7 de marzo, y 7/2024, de 16 de enero.
Mi discrepancia se centra precisamente en el juicio que la vigencia de tal medida, cuya inaplicación en el caso ha determinado la estimación del amparo solicitado, estimación que, repito, asumo pero críticamente por cuanto el legislador de urgencia –reiterador de la urgencia en sucesivos reales decretos-leyes– incide en el núcleo definidor del derecho de propiedad, desconociéndolo, convirtiéndolo en puramente ilusorio para los propietarios de viviendas en las que habiten, incluso sin título alguno, personas calificadas como vulnerables, personas que, desde luego, merecen la mayor atención y ayuda de los poderes públicos en el marco del Estado social, pero no a través de la desnaturalización del derecho de propiedad y del poder de disposición de los propietarios.
Es del todo evidente que la sucesión de decretos-leyes que han prorrogado esta potestad de suspensión la han convertido prácticamente en una medida de vigencia indefinida. En los votos particulares que formulé a las referidas SSTC 9/2023, de 22 de febrero, y 15/2023, de 7 de marzo, y también en el que, junto a otros magistrados, formulé a la STC 7/2024, ya quedó expuesta la opinión que me merecía el encadenamiento de prórrogas sucesivas de suspensión de lanzamientos, desde la perspectiva de la afectación del derecho garantizado por el artículo 33 CE a los propietarios de las viviendas sobre las que se proyecta esta medida. Por ello, me remito a las razones de mi discrepancia, tal y como quedaron allí expuestas.
Entendía entonces y reitero ahora que la afectación del derecho garantizado por el artículo 33 CE por parte de una medida como la suspensión de los lanzamientos es evidente, en cuanto condiciona necesariamente el poder de disposición sobre determinadas viviendas de sus legítimos propietarios, para así pretender satisfacer una finalidad de interés social como es la protección de personas consideradas en situación de vulnerabilidad. Con ello se alteran de manera intensa las condiciones de ejercicio del derecho de propiedad respecto al concreto conjunto de propietarios que se van a ver afectados por la medida. Para el propietario de una vivienda que se encuentre en la situación descrita en la norma supone la imposibilidad temporal, o más bien sostenida en el tiempo, de recuperar la disposición sobre ella, durante un largo período, subsistiendo por el contrario el deber de soportar las cargas que derivan de la titularidad de un bien del que no se dispone.
Junto a ello también advertí que regulaciones de este tipo, en las que la restricción o limitación del derecho de propiedad privada se afirma al servicio de la garantía del derecho a una vivienda digna en favor de determinadas personas, imponen que esos titulares de las viviendas afectadas se vean obligados a la cobertura con sus propios bienes de problemas, como el de la dificultad de acceso a una vivienda, que deberían ser capaces de resolver los poderes públicos. Por el contrario, se hace ceder el derecho de disposición de los propietarios con la carga de que sus bienes sean utilizados para atender tales situaciones en atención a una pretendida función social, cuando, de haber sido probada la situación de vulnerabilidad económica y social, su atención corresponde a los poderes públicos con cargo a los recursos de los que disponen para promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, en el marco del artículo 47 CE y de otros preceptos constitucionales.
Y en tal sentido emito este voto particular.
Madrid, a veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.–Enrique Arnaldo Herrera y rubricado.