Categoría: Energía y Medio Ambiente

estos y las incertidumbres puestas de manifiesto, es reseñable destacar la limitación de las curvas de hábitat potencial útil disponibles a especies piscícolas, no disponiéndose de curvas para otras especies acuáticas. Los informes adicionales recabados de la Dirección General de Medio Natural y Planificación Rural de Asturias y la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en Castilla y León indican, entre otras, especies relevantes a las que prestar atención por su mayor grado de protección o vulnerabilidad el desmán ibérico(Galemys pyrenaicus),especie incluida en los anexos II y IV de la Ley 42/2007 de Patrinonio Natural de la Biodiversidad, con protección estricta y catalogada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, y la nutria(Lutra lutra),ésta última incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna Vertebrada del principado de Asturias y se dictan normas para su protección, dentro de la categoría de «Interés especial».
Asimismo, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en Castilla y León ilustra la propuesta de los caudales ecológicos mínimos propuestos en el plan en tres tramos de río al azar de la cuenca del Miño-Sil en Castilla y León, río Cabrera (León), río Cúa (León) y río Bibey (Zamora), comparándolos con los datos obtenidos de las estaciones de aforos, que ofrecen una imagen de lo que hasta la fecha es la realidad del agua circulante en el tramo. Para el río Cabrera comprueba que el caudal mínimo ecológico propuesto es claramente inferior, en todos los meses excepto agosto, septiembre y octubre, al caudal medio diario, siendo en el mes más bajo (diciembre) de un orden de magnitud del 33% de dicho valor (67% inferior). Si se compara con los valores medios circulantes del río Cabrera a lo largo del año, el caudal ecológico mínimo propuesto es sustancialmente inferior en todos los meses, habiendo meses (diciembre a abril) en que no llega a ser ni el 20% de dicho caudal medio (80% inferior). A estas mismas conclusiones se puede llegar para todos los cauces. Además, hay que tener en cuenta que en los años que se declaren de sequía, dado que los caudales mínimos ecológicos se reducen a la mitad, estos porcentajes bajan de igual manera a la mitad. En todo caso, indica que es evidente que un río difícilmente va a poder sustentar los valores naturales que alberga detrayendo de forma continuada más de un 80% de los caudales medios circulantes en muchos de los meses. A la vista de estos datos, el organismo entiende que no puede garantizarse el mantenimiento de los valores naturales que están presentes en los ríos con la propuesta de caudales mínimos, especialmente en aquellos cauces que coinciden con espacios protegidos red natura 2000 y particularmente los declarados como ZEC de tipo fluvial. En consecuencia, no puede asegurarse la conservación de los hábitats y especies por las que fueron declaradas las ZEC coincidentes y, que no causen perjuicio su integridad, principalmente en lo referente a la propuesta de caudales ecológicos y, en particular, respecto al caudal mínimo ecológico, dado que no se puede asegurar que los definidos sean suficientes para mantener los valores naturales que tratan de proteger en un estado de conservación favorable. Asimismo, a la vista de estos caudales propuestos considera que los valores naturales amparados por alguno de estos espacios naturales protegidos podrían verse afectados y, llegar a comprometer la consecución de los objetivos de conservación que recogen sus planes de ordenación de los recursos naturales (PORN). Tampoco puede asegurarse que la planificación propuesta no provoque afecciones significativas a las especies de fauna y flora, así como a los hábitats presentes en los ecosistemas fluviales.
Por lo tanto, los caudales mínimos ecológicos deben aproximarse más al régimen hidrológico natural y a las necesidades de los valores naturales que mantienen. Para dichos estudios, esa Dirección General recomienda la metodología MESOPHABSIM, considerándola la más adecuada a las necesidades reales de las especies, principalmente para los espacios protegidos. Por otro lado, debe irse analizando y valorando si los caudales ecológicos se ajustan a las necesidades de los cauces y en concreto para cada uno de los elementos que los definen. Asimismo, considera importante que los incumplimientos de los caudales ecológicos se parametricen para definir su casuística, y en aquellos que no sean debidos a causas naturales se propongan medidas específicas para revertirlos, especialmente en aquellos cauces que se localizan en Espacios Protegidos Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos, o en aquellos con presencia de valores naturales destacados.
De la documentación facilitada se deduce que para la determinación del régimen de caudales ecológicos del plan se ha considerado métodos hidrológicos y métodos modelización de hábitat.
En la aplicación de métodos basados en el hábitat potencial útil de peces, la información facilitada no permite tener la seguridad de que las curvas de preferencia utilizadas están validadas ni si se ha comprobado que existe una buena correlación entre el concepto teórico de «hábitat potencial útil» y el hábitat y la población reales, si en cada masa de agua se han tenido en cuenta la totalidad de las especies autóctonas y fases vitales existentes, si el valor adoptado como caudal mínimo mensual responde a la especie y fase vital más exigente en profundidad y velocidad de la corriente en ese momento (normalmente ejemplares adultos), si se han tenido en cuenta las necesidades singulares de sus periodos críticos, o el efecto de la reducción de caudales en la temperatura del agua. Tampoco se concreta si la determinación de los caudales ecológicos se ha hecho en base a una caracterización hidromorfológica detallada de la masa afectada o mediante extrapolación de los resultados obtenidos para otras masas, ni cómo se han tenido en cuenta las necesidades de la vegetación de ribera y de los demás hábitats acuáticos de interés comunitario afectados.
También se aprecia que la evaluación realizada en el estudio ambiental estratégico no considera de manera distinta la diferente situación que se presenta en las masas naturales que cumplen sus objetivos medioambientales, en las que el régimen de caudales ecológicos debería impedir el deterioro de su actual buen o muy buen estado impidiendo nuevas actividades o usos que puedan generar presiones significativas por extracciones o regulación, de la que se presenta en las masas naturales que no cumplen sus objetivos o están muy modificadas por presiones significativas por extracción o alteración del caudal, en las que el régimen de caudales ecológicos debería contribuir a reducir significativamente dichas presiones, ni de las masas incluidas en espacios protegidos o Red Natura 2000 en las que además dicho régimen debería posibilitar el logro de sus respectivos objetivos de conservación, de las reservas fluviales en las que debería evitar cualquier alteración significativa de su régimen hidrológico, ni masas que albergan especies protegidas o de interés económico o pesquero en las que además debería evitar el deterioro de su estado de conservación y posibilitar que sea favorable, sin provocar ninguna pérdida de hábitat ni de poblaciones. Tampoco se ha evaluado si los caudales ecológicos adoptados pueden favorecer de manera diferencial a las especies exóticas invasoras predominantemente de aguas lénticas, frente a las especies autóctonas mayoritariamente reófilas.
Todo ello introduce un cierto nivel de incertidumbre sobre su adecuación y suficiencia para que las masas de agua en que se aplica mantengan o alcancen el buen estado o potencial ecológico, para impedir su deterioro, para conservar las características actuales de las comunidades de peces autóctonos y de vegetación de ribera, de mantener a los hábitats y las especies protegidos, de interés comunitario o económico en un estado de conservación favorable, y de resultar adecuadas a los objetivos de espacios Red Natura 2000 o protegidos de otros tipos. La incertidumbre es mayor en los casos en que no se ha realizado un estudio específico de la masa de agua en cuestión, sino que se han adoptado por extrapolación los caudales ecológicos determinados para otras masas de agua.
En ríos no regulados que todavía presentan un estado ecológico muy bueno o bueno y en reservas naturales fluviales, el hecho de que el régimen de caudales ecológicos incluya solo una componente de caudales mínimos, que se ha constatado que resultan muy inferiores a los actuales caudales medios para los mismos periodos, y que incluso se prevé reducir más en situaciones de sequía prolongada, posibilita el futuro otorgamiento de nuevas concesiones con el único límite del respeto de dichos caudales mínimos (apartado 2 del artículo 96 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico). Al estar estos caudales mínimos mensuales muy por debajo de los actuales caudales medios mensuales, no tienen capacidad de impedir futuros aumentos importantes en la presión por extracciones o por regulación, que pueden llegar a ser significativos y deteriorar el actual buen o muy buen estado de la masa de agua o el régimen hidrológico de la reserva fluvial. El estudio ambiental estratégico no ha incluido la evaluación de este potencial impacto. El riesgo se agrava con la progresiva reducción de aportaciones y el aumento de algunas demandas provocados por el cambio climático. En estos casos (masas naturales tipo río con muy buen o buen estado ecológico y reservas fluviales), se considera necesario que el régimen de caudales ecológicos, junto a la actual componente de caudales mínimos con variación mensual a cumplir en todo momento, incorpore además una componente de caudales medios mensuales objetivo, con variación a lo largo del ciclo anual paralela a la del actual régimen natural y mucho más próximos a los actuales valores medios mensuales que los caudales mínimos actualmente contemplados, y a cumplir en el conjunto del ciclo sexenal. Esta componente de caudales medios mensuales debe poder impedir que las masas de agua de la demarcación que todavía presentan muy buen estado o buen estado se vean afectadas por nuevos incrementos significativos de la presión por extracciones o por alteración del caudal que puedan provocarles deterioro, y en el caso de las reservas naturales fluviales debe impedir que se altere su régimen hidrológico. De lo contrario, el régimen de caudales ecológico planteado, basado únicamente en mínimos mensuales muy por debajo de los valores medios mensuales, puede actuar en sentido contrario al esperado y poner en riesgo el futuro logro de los objetivos de las masas de agua de la demarcación que aún mantienen un buen estado ecológico y de sus reservas fluviales. Por el mismo motivo, tampoco se considera apropiado aplicar a las masas de agua con muy buen o buen estado ni a las reservas naturales fluviales unos caudales ecológicos incluso inferiores a estos mínimos en situación de sequía prolongada.
Este mismo tratamiento es aplicable a las zonas protegidas para la protección de hábitats o especies, incluidas los tramos fluviales de la Red Natura 2000, los espacios naturales protegidos o las áreas críticas para la protección de especies amenazadas, en los que el logro de sus respectivos objetivos de conservación requiere la definición de una componente de caudales medios mensuales objetivo a lograr en el conjunto del ciclo de planificación, además de una componente de caudales mínimos mensuales a cumplir en todo momento. En estos casos, el régimen de caudales ecológicos tiene que ser el adecuado para el logro de sus respectivos objetivos de conservación. Sin embargo, del expediente se deduce la falta de determinación expresa de las necesidades cuantitativas y cualitativas aplicables en cada uno de estos casos, según se indica por falta de inclusión en sus correspondientes planes de gestión. En este ámbito debe hacerse referencia a la Sentencia 1706/2020 del Tribunal Supremo que confirma la necesidad de que dichos planes de gestión contemplen las necesidades en cuanto a calidad del agua y al régimen de caudales ecológicos necesarios para poder alcanzar sus objetivos de conservación, que puedan ser posteriormente tenidos en cuenta en los planes hidrológicos. Cabe también advertir que los métodos hidrológicos de determinación de caudales ecológicos contemplados en la Instrucción de Planificación Hidrológica no guardan relación con el concepto de estado de conservación favorable para hábitats y especies de la Directiva 92/43/CEE y de la Ley del patrimonio natural y la biodiversidad, y que los métodos de modelación del hábitat o «hábitat potencial útil» alternativamente utilizados para determinar el régimen de caudales mínimos se aplican asumiendo siempre que dicho régimen producirá un determinado nivel de reducción de dicho hábitat, que con carácter general quedaría reducido entre el 50% y el 80% del considerado máximo, lo que tampoco resulta consistente con el concepto de estado de conservación favorable contemplado en las referidas normas, que requieren, al menos, el mantenimiento de los niveles originales de superficie del hábitat y de las poblaciones, siendo además frecuente que los planes de gestión incluyan objetivos para su ampliación, pero excluyendo en cualquier caso su sistemática reducción. En el mismo sentido opera la obligación de conservar el hábitat de las especies amenazadas contemplada en la Ley del patrimonio natural y la biodiversidad, y los objetivos de detener la pérdida de biodiversidad, de restablecer la biodiversidad y de recuperar los ecosistemas de agua dulce contemplados en la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea 2030.
De todo ello se deduce la necesidad de que en todos los casos anteriormente mencionados, que incluyen los ecosistemas fluviales de mayor valor ecológico de la demarcación, se complete y mejore el régimen de caudales ecológicos para que se posibilite el logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas afectadas y se evite que en el futuro dicho logro quede comprometido si sobre dichas masas o zonas protegidas se plantean nuevas extracciones u otras alteraciones del caudal importantes, añadiendo a la habitual componente de caudales mínimos mensuales, a respetar en todo momento y con utilidad para evitar pérdidas significativas de hábitat o población en situaciones extremas, por ejemplo una sequía prolongada, una componente de caudales medios mensuales que sea consistente con el mantenimiento de las especies y los hábitats objeto de protección en cada espacio en un estado de conservación favorable, sin reducción en la cantidad y calidad del hábitat ni en la cuantía de las poblaciones objeto de protección, permitiendo adicionalmente el logro de los objetivos de restauración del hábitat o las poblaciones que en su caso determinen los planes de gestión, y evitando de manera efectiva el establecimiento de nuevos usos que puedan generar presiones significativas por extracciones o alteración del régimen hidrológico.
En caso de que la información de la que actualmente disponga el organismo de cuenca no permita realizar dichas mejoras para este tercer ciclo de planificación, se considera necesario, en aplicación del principio de precaución, que la normativa del plan incorpore una disposición requiriendo que, entre tanto se materializan dichos ajustes y en su caso se incorporan a los planes de gestión de las áreas protegidas las necesidades cualitativas y cuantitativas que posibiliten el logro de sus respectivos objetivos, y con independencia del régimen básico de caudales mínimos utilizado por el plan hidrológico para el cálculo de las asignaciones y reservas, para el otorgamiento o ampliación de concesiones o autorizaciones para ampliar extracciones u otras nuevas alteraciones del régimen de caudales sobre masas de agua con estado ecológico muy bueno o bueno, sobre zonas protegidas para la protección de hábitats o especies, incluidas las amenazadas y las de interés económico y la Red Natura 2000, y las reservas naturales fluviales, se requiera la elaboración de un estudio específico del régimen de caudales que es preciso mantener, más completo, detallado y adaptado a la realidad biológica e hidromorfológica del tramo que se va a ver realmente afectado, que sea consistente con el cumplimiento de todos los objetivos medioambientales aplicables, y que en su caso cuente con la expresa conformidad de la administración competente en las zonas protegidas afectadas. Este régimen específico, más completo, detallado, adaptado a las características del tramo fluvial realmente afectado por las actuaciones y orientado al logro de todos los objetivos medioambientales aplicables, debe incorporar, junto a los caudales mínimos mensuales, una componente de caudales medios mensuales.
Con independencia de lo anterior, en aplicación de los principios de evitar nuevas pérdidas netas de biodiversidad y de que «quien contamina, paga», las pérdidas netas de biodiversidad que la aplicación del régimen de caudales ecológicos asuma y provoque tras el otorgamiento o ampliación de concesiones u otras autorizaciones que permitan aumentar las extracciones o el grado de alteración del régimen de caudales en los que dicho régimen de caudales ecológicos se haya aplicado, deberán ser compensadas desde el momento en que dichas pérdidas pasen de ser teóricas (% del hábitat potencial útil que se asume perder) a ser reales (% del hábitat y de la población que realmente se pierden). Los elementos del patrimonio natural objeto de compensación deben ser al menos las mismas especies y hábitats que van a sufrir la pérdida, y la compensación debe materializarse en la mayor proximidad posible a las poblaciones y superficies de hábitats afectadas.
Adicionalmente, hay un cierto número de masas de agua naturales tipo río que en el ciclo anterior no alcanzaban el buen estado y presentaban presiones significativas por extracciones o por alteración de caudales, y que, aun habiendo dispuesto en el segundo ciclo de un régimen de caudales ecológicos, al inicio del tercer ciclo siguen sin alcanzar el buen estado. En este caso, se considera que el programa de medidas debe incluir una revisión y mejora sustancial de su régimen de caudales ecológicos, junto con actuaciones específicas para reducir significativamente las presiones por extracciones o alteración de caudales. Entre tanto, en aplicación de los principios de precaución y de acción cautelar, sobre estas masas no se debería otorgar ninguna nueva concesión o autorización que pueda suponer un aumento de dichas presiones.
Para masas de agua tipo río o de transición que no cumplen sus objetivos medioambientales por presiones significativas de extracciones o alteración del régimen hidrológico, así como en masas muy modificadas por estos dos tipos de presiones, el estudio ambiental estratégico tampoco ha determinado en qué medida el régimen de caudales ecológicos propuesto permite aproximar su actual régimen de caudales alterado al régimen natural de referencia, considerando las particulares necesidades ecológicas de las especies y hábitats en cada caso afectados. Por ello, no se puede descartar que en alguna de estas masas el régimen de caudales ecológicos propuesto no suponga ninguna mejora de la situación inicial, no contribuyendo al logro de un buen estado o potencial ecológico ni permitiendo mejorar sus condiciones de referencia, pudiendo incluso posibilitar nuevas extracciones o alteraciones de caudal que conlleven un mayor alejamiento del régimen natural, con riesgo de deteriorar su estado o potencial ecológico y la biocenosis acuática y ribereña, en particular si la masa contiene especies o hábitats protegidos o de interés económico o pesquero. Ello hace necesario que en el tercer ciclo, al menos para las masas tipo río situadas aguas abajo de embalses de regulación y para las masas de transición que no alcanzan el buen estado, el programa de medidas incluya la realización de un diagnóstico individualizado que permita conocer y cuantificar la brecha existente entre el actual régimen alterado y el régimen natural estimado, mediante comparación en un hidrograma, y la influencia de dicha brecha sobre la biocenosis acuática y ribereña, en particular para todas las especies de peces autóctonas y el resto de especies acuáticas o con valor económico o hábitats de interés comunitario, al objeto de permitir redefinir en el siguiente ciclo de planificación de manera individualizada y rigurosa el régimen de caudales ecológico que permita el logro del buen estado, y en el caso de masas muy modificadas permita definir tanto las condiciones de referencia del máximo y del buen potencial ecológico como un régimen de caudales ecológico que pueda permitir aproximar en la mayor medida posible el buen potencial al buen estado ecológico sin provocar efectos negativos significativos sobre el uso que motiva su designación como masa de agua muy modificada ni sobre el medio ambiente en sentido más amplio. En el caso de las aguas de transición, el régimen de caudales ecológicos adicionalmente debe impedir la penetración de la cuña salina aguas arriba, evitar la intrusión marina en los acuíferos adyacentes, y favorecer la dinámica sedimentaria y la distribución de nutrientes en las aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos.
También se ha apreciado que puede existir un desfase entre los periodos por los que se otorgan las concesiones y autorizaciones para uso del agua y los ciclos de vigencia y de previsión del plan hidrológico, siendo perfectamente posible que en una revisión se reduzcan las asignaciones al uso que motiva la concesión, o que el régimen de caudales ecológicos aplicable en el momento de otorgamiento de una concesión se vea posteriormente mejorado en los sucesivos ciclos de planificación como consecuencia de su seguimiento adaptativo. En tales casos debería disponerse bien un ajuste de los plazos de otorgamiento a los plazos de vigencia y de prospectiva del plan hidrológico, bien la obligatoriedad de ajustar los volúmenes concesionales a las sucesivas revisiones que se produzcan en las asignaciones, incluidas las que se realizan para reducir presiones significativas por extracciones o para garantizar la capacidad de adaptación de la demarcación al cambio climático, o bien a las mejoras que se produzcan en el régimen de caudales ecológicos de las masas de agua y zonas protegidas afectadas como consecuencia del seguimiento de la evolución real de sus respectivos objetivos medioambientales.
Para que el régimen de caudales ecológicos que en cada caso se adopte pueda resultar efectivo, se requiere, entre otras cosas, que su cumplimiento pueda ser verificable. En el caso de nuevas concesiones, ello generalmente requiere disponer de una nueva instalación o equipo que permita al organismo de cuenca conocer con precisión, además del caudal extraído en virtud de la concesión, el régimen de caudales realmente fluyente por la masa de agua afectada por la extracción, lo que supone para el organismo de cuenca un nuevo coste que debe entenderse incluido dentro del concepto de costes medioambientales. En aplicación del principio de recuperación de costes por los servicios del agua, y para posibilitar un control real y efectivo por el organismo de cuenca del cumplimiento de los caudales ecológicos que en cada nueva concesión se impongan, se considera que la normativa del plan debe hacer referencia a la imprescindible recuperación de este coste como condición para la concesión, o alternativamente contemplar una obligación para su titular de establecer a su costa los dispositivos que permitan conocer el régimen real de caudales circulante de las masas de agua y zonas protegidas afectadas por la concesión, así como de su mantenimiento y de reporte de resultados al organismo de cuenca y demás administraciones medioambientales afectadas.
Por su mayor valor en términos ecológicos, y por su directa dependencia de la conservación de un régimen de caudales lo más próximo posible al régimen natural, también se considera necesario que el programa de medidas del plan incluya, para las masas de agua en muy buen estado o buen estado, las zonas protegidas para la protección de hábitats o especies directamente dependientes del agua y las reservas naturales fluviales, que carezcan de punto de seguimiento y control de caudales de la red integrada de estaciones de aforo SAIH / ROEA, las actuaciones necesarias para posibilitar y sistematizar el seguimiento de su régimen real de caudales.
En el caso de masas de agua naturales tipo lago (humedales) a su vez incluidos en incluidos en espacios Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, declarados de importancia internacional Ramsar o protegidos por otros instrumentos internacionales, el plan debería incorporar las disposiciones necesarias para asegurar su funcionamiento hidrológico y ecológico y mantener sus características, ya sea mediante un régimen de caudales ecológicos y de aportaciones adecuado si su alimentación se realiza mediante aguas superficiales, o definiendo y garantizando el mantenimiento de un nivel mínimo apropiado en el acuífero en su inmediato entorno si su alimentación se realiza directa o indirectamente a partir de una masa de agua subterránea. En el caso de que para alguno de estos humedales el organismo de cuenca no disponga de la información que le permita establecer dichas medidas de protección para este tercer ciclo, en aplicación del principio de precaución el plan debería determinar al menos la prohibición de otorgar nuevas concesiones o autorizaciones que permitan aumentar la presión neta por extracciones en las masas de agua superficial u subterráneas que alimentan al humedal. En particular, es necesaria la revisión del régimen previsto para la masa de agua «Lagos de Carucedo», teniendo en cuenta su naturaleza de lago y determinando, además de un régimen de caudales mínimos para los cauces que drenan a él sus aguas, una componente de caudales medios mensuales que garantice el mantenimiento del patrón de superficie inundada, profundidades hidroperiodo y tasa de renovación compatibles con el mantenimiento de sus características y funcionamiento limnológico y con la conservación de los hábitats y especies objeto de protección en el espacio de la Red Natura 2000 de que forma parte.
3.1.4 Impactos derivados de las excepciones a la obligación de logro de los objetivos ambientales (OMA).
El documento de alcance determinaba la metodología para evaluación de los posibles impactos provocados por el empleo de estas excepciones en el plan hidrológico, a escala de cada una de las masas de agua a las que ello afectaría:
Por establecimiento para alguna masa de agua de objetivos medioambientales menos rigurosos (OMR): mediante un análisis de la coherencia de su proceso de determinación, revisando si dichos objetivos menos rigurosos se han determinado después de prever la aplicación de todas las medidas de mejora factibles que no incurran en costes desproporcionados.
Por el establecimiento para alguna masa de agua de excepciones al amparo del artículo 39 del RPH [artículo 4(7) de la Directiva Marco del Agua] para poder autorizar nuevas modificaciones hidromorfológicas de aguas superficiales o alteraciones de niveles de aguas subterráneas: Evaluando los efectos de dichas acciones sobre otras masas de agua hidrológicamente conectadas a las que no aplique la excepción, sobre zonas protegidas hidrológicamente conectadas incluidos espacios Red Natura 2000 o espacios protegidos de cualquier otro tipo dependientes del agua e hidrológicamente conectados, y sobre especies acuáticas protegidas o de interés pesquero o marisquero de los ámbitos en cada caso afectados. Y complementariamente verificando el cumplimiento de las condiciones señaladas al respecto por el artículo 39 del RPH para todas las masas de agua afectadas.
Para la justificación de exenciones a la consecución de los OMA, el promotor realiza un análisis del estado de todas las masas de la demarcación e identifica las medidas necesarias para conseguir el buen estado en aquellas en las que no se alcanzaron los OMA en 2021. Posteriormente se plantean prórrogas u objetivos menos rigurosos cuando planteando prórrogas no es posible cumplir los OMA. Con todo ello, de las 311 masas (287 superficiales y 24 subterráneas) de agua diferenciadas en la parte española de la demarcación, se encuentran actualmente en buen estado 236 (214 superficiales y 22 subterráneas). Por el contrario, para 72 masas de agua (70 superficiales y 2 subterráneas) no se considera posible alcanzar el buen estado hasta 2027 y, se programan OMR en 3 masas de agua superficial.
De las 70 masas de agua superficial que requieren prórroga hasta 2027 de acuerdo con el artículo 4.4 de la Directiva Marco del Agua, 1 presenta mal estado químico, 66 no alcanzan el buen estado/potencial ecológico y en 3 se conjugan motivos del estado/potencial ecológico y del estado químico. De las masas de agua superficial donde se propone la prórroga de los OMA a 2027, 38 están conectadas con espacios de la Red Natura 2000, pero el promotor considera que con ello no existe riesgo de afección significativa a dichos espacios.
En el caso de las masas de agua subterránea con exenciones por el citado artículo 4.4, se establece prórroga para el estado químico hasta 2027 para el Aluvial del Louro (ES010MSBT011-008) y Xinzo de Limia (ES010MSBT011-006). Ambas masas se encuentran conectadas con espacios de la Red Natura 2000. El mal estado químico del caso del Aluvial del Louro se asocia con contaminación histórica producida por Lindano, detectándose hexaclorociclohexano y diversos pesticidas. No obstante, no se describe la brecha de concentración de estos productos existente en relación con sus respectivos umbrales. Dado que no se proponen medidas específicas para revertir esta situación, más allá de la realización de un estudio de la masa subterránea en donde se enmarca, y que por otra parte ya tenía mal estado en el ciclo de planificación anterior, se considera que la consecución del buen estado químico en 2027 sin adoptar medidas específicas es poco probable. Por su parte, la masa subterránea Xinzo de Limia presentaba buen estado químico en el ciclo de planificación anterior, habiendo empeorado como consecuencia del incremento de nutrientes, fundamentalmente de nitratos procedentes de fuentes agrícolas. Se presenta una tabla donde se describe la evolución de la concentración de nitratos desde el año 2016 hasta 2020, que ha incrementado su concentración en más de 10 mg/L desde 2016. Como medidas para revertir este tendencia y el mal estado químico de la masa, se propone la realización de diferentes estudios, uno de ellos específico para determinar el origen de la contaminación por nitratos. En este sentido, el promotor indica en el estudio ambiental que el origen de la contaminación se asocia con la actividad agrícola y por ello, al margen de proponer estudios de diagnóstico, se considera que deberían acometerse medidas que permitan invertir la tendencia al incremento de nutrientes en esta masa en el año 2027.
Se he comprobado que 2 masas de agua subterránea presentan concentración de nitratos superior a 37,5 mg/L, límite establecido por el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Esto se debe a que el momento en el que se elaboró la versión inicial del Plan, esta normativa no estaba vigente. No obstante, el promotor deberá tener en cuenta este cambio normativo e incorporar medidas específicas para contrarrestar la presión por contaminación difusa y de seguimiento, así como actuaciones dirigidas a la consecución del estado de estas masas en 2027. En concreto, se trata de la masa Bajo Limia, donde se recoge una concentración de 40,10 mg/L de nitrato y la masa Cabrera, con concentración de 40,50 mg/L. Además, en la masa Cubeta del Bierzo de observan valores de 34,93 mg/L, cercanos al límite máximo permitido en aguas subterráneas.
Por otra parte, las 3 masas donde se plantean OMR, de acuerdo con el artículo 4.5 de la Directiva Marco, tienen problemas de hidromorfología e incumplimientos de elementos fisicoquímicos y sustancias prioritarias. Se trata de los ríos Casaio I (ES436MAR001211) y Casaio Ibáñez (ES436MAR001212), y del Arroyo de Coucilleros (ES423MAR000821), afectados por explotaciones mineras en la propia masa o en su cuenca vertiente, de modo que se considera que aún con la aplicación de medidas no será posible alcanzar el buen estado en 2027. En cualquier caso, el programa de medidas recoge diversas actuaciones destinadas a minimizar las presiones existentes sobre estas masas.
No se contemplan exenciones por el artículo 4 (6) ni 4(7) de la Directiva Marco del Agua. Cabe señalar que la normativa incluye entre las exenciones a varias masas subterráneas y superficiales con prórroga a 2021 que ya presentan buen estado pero que, según indica el promotor se incluyen como exención debido a que no cumplieron con el objetivo general establecido para 2015.
El estudio ambiental señala que no se identifican impactos estratégicos negativos por no acreditar el cumplimiento de las condiciones de los artículo 4 (4), 4(5), 4(6) y 4(7) de la Directiva Marco del Agua ni por la existencia de perjuicios sobre la integridad de la Red Natura 2000, ni sobre sus espacios, hábitats y especies protegidas. Esta valoración no se considera completa, ya que en la metodología empleada para valorar el estado de estas masas se detecta una carencia de indicadores sensibles a alguna de las presiones descritas. En concreto, en muchas masas se desconoce el estado de la ictiofauna y, tal y como se refleja en el estudio ambiental, numerosas masas ligadas a espacios Red Natura 2000 no alcanzan sus OMA. Este es el caso, por ejemplo, de la ZEC río Cabe, con 4 masas conectadas en estado peor que bueno, la ZEC Baixo Miño (4 masas conectadas en estado peor que bueno) y la ZEC Parga-Ladra-Támoga (5 masas conectadas en estado peor que bueno). Si bien el promotor ha intentado integrar el indicador de peces EFI+ en la evaluación del estado de varias masas, finalmente lo descarta por su bajo nivel de confianza, pero en la evaluación preliminar este indicador tan sólo alcanzaba el valor de bueno en 1 de las 32 masas evaluadas. Por ello, para conocer exactamente el efecto de prorrogar la consecución de los OMA sobre estos espacios, sería necesario al menos establecer indicadores de peces y especies clave de aquellas masas conectadas a espacios protegidos y sobre las que por tanto debieran establecerse objetivos de conservación adicionales.
3.1.5 Impactos derivados de la aplicación del principio de recuperación de costes y excepciones contempladas.
El documento de alcance determinaba la metodología de evaluación de tres posibles tipos de impacto estratégico por esta causa, a evaluar por sector de usuarios del agua y por territorio:
a) Impactos por déficits en la internalización de costes ambientales, para identificar los ámbitos sectoriales y territorios en los que la administración competente, en la recuperación de costes por los servicios del agua que practica, no internaliza los costes ambientales (al menos los costes de las medidas del plan hidrológico destinadas al logro de los OMA de las masas de agua y zonas protegidas en riesgo de no cumplirlos por presiones causadas por su correspondiente sector), lo que compromete la seguridad de su financiación y ejecución, y en consecuencia compromete el propio logro en plazo de los referidos OMA.
b) Impactos derivados de las excepciones al principio de recuperación de costes, en concreto cuando las masas de agua afectadas por dichas excepciones ya están en riesgo de incumplimiento de sus OMA, y la excepción planteada reduce a la administración sectorial competente su capacidad de financiación de las actuaciones que ha debido incluir en el programa de medidas para conseguir el buen estado, comprometiendo el logro de los OMA en plazo.
c) Impactos derivados de déficits en la aplicación del principio de recuperación de costes por los servicios del agua, ya sea por efecto de subvenciones, asunción directa de la ejecución y coste de las acciones por alguna administración, déficits en los actuales instrumentos de recuperación de costes de inversión o financieros u otras causas, desincentivando a los usuarios en el ahorro y el uso eficiente del recurso y disminuyendo la capacidad de las administraciones competentes para financiar las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los OMA, comprometiendo su logro en plazo.
El estudio ambiental estratégico, basándose en la memoria del plan hidrológico y su anexo 9, indica como principales impactos derivados de una recuperación de costes insuficiente, especialmente por la falta de instrumentos de recuperación de costes ambientales causados por determinados usos del agua (extracciones y contaminación difusa), el riesgo de incumplimiento de los objetivos ambientales por falta de capacidad financiera para ejecutar las medidas necesarias, siendo en su mayor parte financiadas con cargo a los presupuestos públicos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Se afirma que existe un elevado grado de recuperación de los costes ambientales por el uso hidroeléctrico en esta Demarcación, por los impuestos por daños ambientales causados por este tipo de aprovechamientos que vienen siendo regulados por las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León, si bien el estudio ambiental no detalla de qué manera se aplica la recaudación obtenida al logro de los objetivos ambientales de las masas de agua. Según el anexo 9, las recaudaciones de estos impuestos en Galicia se destinarán a financiar las actuaciones y medidas encaminadas a la prevención y protección de los recursos naturales, así como a la conservación, reparación y restauración del medio ambiente y, en especial, a la conservación del patrimonio natural fluvial gallego. En Castilla y León se indica que la recaudación irá destinada, en parte, a la financiación de programas medioambientales. Se aprecia en este punto la conveniencia de que la ejecución de determinadas medidas dirigidas al logro de objetivos ambientales relacionadas con las presiones causadas por aprovechamientos hidroeléctricos se concrete por la Confederación con la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León, para su posible financiación con estos instrumentos. En línea con lo manifestado en las alegaciones recibidas durante la información pública, se deberá considerar la posibilidad de que sean recuperados los costes ambientales generados por centrales hidroeléctricas reversibles, mediante mecanismos de pago similares a los aplicados para centrales hidroeléctricas convencionales.
En consecuencia, en lo relativo a la recuperación de los costes ambientales, incluyendo entre dichos costes el de las actuaciones de los programas de medidas que son necesarias para contrarrestar presiones significativas que impiden el logro de los objetivos medioambientales, de la información del expediente y con la excepción antes mencionada, no se ha podido deducir que otros ámbitos sectoriales habitualmente causantes de presiones significativas sobre las masas de agua estén dotados de mecanismos de recuperación de dichos costes, lo que compromete la seguridad de la financiación de las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas en riesgo de no cumplirlos por las presiones causadas por dichos sectores, y en consecuencia compromete también el logro de dichos objetivos en los plazos determinados por el plan. Si bien la corrección de este déficit corresponde a instrumentos normativos diferentes del plan hidrológico, se pone de manifiesto la necesidad de resolverlo lo antes posible por su relevancia para el logro de los objetivos medioambientales en 2027 que prevé la directiva Marco del Agua.
Similar recomendación cabe extender a los mecanismos de recuperación de costes por los servicios del agua, que con carácter general se vienen reconociendo insuficientes.
3.1.6 Impactos derivados de las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los objetivos medioambientales (OMA) (Códigos 1 al 10 de la Base de datos de planificación).
El impacto esperado de las medidas que se incluyen en esta categoría debería ser positivo, pero para ello se requiere que el análisis DPSIR (siglas en inglés del análisis sector/presiones/estado/impacto/respuesta) del que se deducen estas medidas sea completo y esté bien fundamentado. Para evaluar este impacto objetivamente, el documento de alcance consideraba únicamente las actuaciones incluidas en el programa de medidas con el fin de lograr los OMA reduciendo efectivamente presiones por contaminación puntual, contaminación difusa, extracción de agua, otras alteraciones hidrológicas (regulación), alteración morfológica y alteración biológica, y requería para cada masa de agua o zona protegida con incumplimientos una clara identificación del sector y de las presiones significativas causantes, la cuantificación de las brechas de incumplimiento, la identificación de las medidas del programa que se prevé aplicar para contrarrestarlas, y la cuantificación de la reducción que se espera produzcan en la brecha de incumplimiento, resumiendo la coherencia y funcionalidad de esta parte del programa de medidas expresando esta información para todas las masas con incumplimientos según el modelo de su cuadro 1. Para estas medidas se reconocían tres tipos de riesgos de que su programación, en lugar de lograr los impactos positivos esperados, pudiese producir impactos estratégicos negativos y significativos por no permitir el logro de los objetivos medioambientales de todas las masas de agua y zonas protegidas en los plazos marcados por el plan. Estos impactos negativos estratégicos se pueden dar en los siguientes casos:
a) Existencia de déficits en la información de partida sobre el estado o en el análisis DPSIR que se debe realizar para identificar las medidas en cada caso necesarias, facilitando el documento de alcance una lista de comprobación de dichos déficits en su anexo 2.
b) Existencia de déficits en la propia programación de las medidas, frecuentemente no propuestas por la misma administración que elabora el plan sino por otras administraciones sectoriales y bajo sus propios criterios: medidas inadecuadas o insuficientes para contrarrestar la presión, medidas placebo, medidas que pueden producir resultados de signo contrario al esperadofake measures, medidas de relación coste/efectividad desfavorable, etc. facilitando en su anexo 3 criterios orientativos para la evaluación y mitigación de este riesgo de impacto para cada uno de los principales tipos de medidas programadas para hacer frente a las presiones significativas.
c) Generación de impactos negativos colaterales, caso de medidas que benefician a un factor ambiental, pero perjudican a otros, incluyendo en su anexo 1 criterios para facilitar su identificación.
El estudio ambiental estratégico recoge una evaluación general de los tipos de medidas que podrían causar impactos negativos sobre el medio ambiente y, propone medidas preventivas y correctoras también de carácter genérico que se prevé incorporar al plan para minorar estos impactos. Este análisis incluye una matriz de potenciales impactos derivados del Programa de Medidas sobre los diferentes factores ambientales considerados, de acuerdo con la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental. Los resultados obtenidos muestran como las actuaciones y medidas de tipo 12 y 19 son las que pueden tener más efectos negativos, no sólo sobre el factor agua, sino también sobre el resto de factores ambientales. Para los demás tipos de medidas, el estudio considera que sus efectos probables son mayoritariamente positivos. De las 287 masas de agua superficial, 214 cumplirían actualmente los OMA, mientras que 2 masas de agua subterránea no alcanzan el buen estado. Además, se estima que 165 masas de agua superficial y 4 subterráneas presentan riesgo de no alcanzar los OMA. En las masas de agua superficial, el impacto con mayor incidencia es la contaminación orgánica, con un 30,32%, mientras que en las masas de agua subterránea un 8,3% presenta contaminación orgánica y química.
Del análisis DPSIR, el estudio ambiental estratégico identifica 121 masas superficiales con presión significativa por contaminación puntual. Además, 1 aglomeración urbana todavía incumple la Directiva 91/271, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. El estudio ambiental estratégico no señala cuál es esta aglomeración urbana, por lo que no se ha podido comprobar si en el programa de medidas existen actuaciones específicas para reducir la contaminación puntual sobre la masa afectada. Sobre las agua subterráneas se identifican 2 masas con presión significativa por vertidos puntuales urbanos, 2 por vertidos industriales, 1 por eliminación de residuos y 1 por minería. Para estas presiones, se proponen medidas como la construcción de nuevas EDARs y la mejora del pretratamiento, tratamiento, colectores y bombeos en otras depuradoras existentes, así como la construcción de tanques de tormentas y redes separativas.
En relación con las masas de agua que presentan presión por contaminación difusa, la práctica totalidad están afectadas por agricultura, y una proporción elevada por escorrentía urbana y minería. En total, hay 88 masas con presión significativa, 64 afectadas por actividades agrarias, 10 por suelos contaminados, 5 por vertidos no conectados a la red de saneamiento y 35 masas por minería. El estudio ambiental estima un excedente de nitrógeno originado por la agricultura de 4.490 toneladas vertidas a masas de agua superficial, 1.754 toneladas que percolan a las aguas subterráneas y 1.348 toneladas que son fijadas en el terreno. Asimismo, el excedente total de fósforo se estima en 1.122,37 toneladas vertidas a masas superficiales, 453,69 toneladas que percolan a las aguas subterráneas y 334,22 toneladas que son fijadas en el terreno. Por otra parte, el promotor estima que la ganadería no estabulada genera un excedente de nitrógeno de 14.923 ton/año, de las que 9.048,7 ton/año afectarían a las masas superficiales y 3.180,3 ton/año a aguas subterráneas, quedando el restante en el terreno. Con respecto al fósforo procedente de la ganadería no estabulada, se calcula un excedente de 2.301,8 ton/año, de las que 1.396,2 ton/año acabarían afectando a masas de agua superficial, 479,3 ton/año a masas de agua subterránea y el resto se fijaría en el terreno. La mayor parte de este excedente se genera en la parte noroeste de la demarcación. El estudio ambiental recoge para estas presiones medidas genéricas destinadas a reducir la contaminación por silvicultura, explotaciones mineras y la restauración ambiental de estas últimas. Además, propone medidas de buenas prácticas agrícolas para reducir la contaminación difusa procedente de esta actividad. Cabe advertir, sin embargo, de que en el informe sobre aplicación de la Directiva de nitratos en el periodo 2016-2019 no se refleja ninguna zona vulnerable declarada por las autoridades agrarias en la demarcación, por lo que los instrumentos de carácter obligatorio para contrarrestar esta presión parecen inexistentes. No obstante, en la resolución de 9 de mayo de 2022 de la Dirección General del Agua, por la que se publican los mapas de las aguas afectadas por la contaminación difusa en aplicación del Real Decreto 47/2022, figuran varios puntos de control en el ámbito de la demarcación, por lo que es previsible que a medio plazo sí se llegue a disponer de algunos programas de actuación que permitan contrarrestarla.
Se identifica un total de 1.078 extracciones de agua. De estas, la agricultura es la actividad que afecta a un mayor número de masas, 138 en total, con un volumen de extracciones de 269,5 hm3/año, mientras que la generación hidroeléctrica afecta a 83 masas con un volumen de 48.527,84 hm3/año. De las presiones por extracciones identificadas, se consideran que el número de masas de agua superficial con presiones significativas es de 35, mientras que ninguna masa subterránea presenta presión significativa. Para reducir estas presiones, se proponen 4 actuaciones de modernización de regadío en el Canal-Bajo del Bierzo (Medida CLCL0RBET29UR2411), en la Cuenca del Limia (OEAE0RBET29UR2035), Vall de Lemos (CHCH0RCET29WP2508) y en regadíos titularidad del organismo de cuenca (CHCH0RCET29WR2438). Según describe el estudio, estas actuaciones irán acompañadas de medidas correctoras y preventivas como la creación de bandas de protección en los márgenes de los ríos, el fomento de aplicación de planes individuales de uso sostenible de fitosanitarios y la implantación de islas de vegetación que, junto con el diseño agroambiental para diversificar el paisaje y el estudio y seguimiento especifico en espacios protegidos minorarán el impacto sobre el medio hídrico asociado. Cabe señalar que el promotor indica que el aumento de la eficacia vendrá determinado por condiciones específicas que permitan determinar de forma clara, cuantificada, significativa y segura las extracciones netas sobre cada masa afectada y la reducción del consumo de las explotaciones, junto con una revisión equivalente del volumen concesional y de las dotaciones. Según indica, los proyectos de modernización deberán cumplir lo siguiente:
– Que el titular o gestor de la infraestructura a modernizar dispone de capacidad real y efectiva para regular y controlar a las explotaciones agrícolas (sistemas de riego, tipos de cultivo, consumo de agua, medición del agua utilizada, aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, etc.).
– Que se mide (en lugar de e