Categoría: Normativas

uto.
El RRI regulará su composición, funciones y régimen de funcionamiento.
8.7 Comité Externo de Asesoramiento Científico El Comité Externo de Asesoramiento Científico es el órgano colegiado de asesoramiento de carácter externo del Instituto, integrado por investigadores/as de prestigio internacional cuya función es asesorar, y en su caso, evaluar sobre la actividad científica del Instituto a requerimiento de la Comisión Rectora y la Dirección.
El RRI regulará su composición, el nombramiento y cese de sus miembros, sus funciones y su régimen de funcionamiento.
1. Para el cumplimiento de sus funciones, el CABIMER se estructurará en departamentos de investigación y grupos de investigación, que estarán constituidos indistintamente por personal de cualquiera de las instituciones cotitulares –excluidas CTEICU y CSF–, de acuerdo a su categoría o capacidad profesional.
No obstante, el RRI podrá prever la existencia, adicional o alternativa, de otras unidades de investigación que agrupen al personal del Instituto distintas de las anteriores.
El RRI regulará el procedimiento y los requisitos de creación y supresión de las citadas unidades, su composición, jefatura y funciones.
2. Las unidades de servicio, administrativas, técnicas o científico-técnicas, prestarán su apoyo a las unidades de investigación y se organizarán y funcionarán conforme a lo que establezca el RRI.
3. Las instituciones cotitulares integrarán en sus sistemas y registros de actividad y organización científica que procedan al menos a todos los departamentos, grupos y unidades de servicio que se constituyan en el Instituto que, en su caso, tendrán la consideración de departamentos, grupos y unidades de investigación mixtas integradas por personal de las instituciones cotitulares, en especial en atención a lo previsto en el apartado segundo de la cláusula décima.
1. El personal adscrito al Instituto mantendrá el régimen jurídico que en cada caso les sea aplicable en función de la institución de la que dependan, que continuará asumiendo sus retribuciones básicas y aquellas complementarias que pudieran corresponderles, así como las cotizaciones sociales.
No obstante, las instituciones cotitulares podrán abonar al personal dependiente de cualquiera de las otras, las compensaciones e indemnizaciones por razón del servicio que prevea la normativa y que se deriven de la actividad profesional que realicen en su condición de personal adscrito al Instituto mixto.
2. En cualquier caso, el personal adscrito al Instituto dependiente de cualquiera de las entidades cotitulares tendrá la consideración de personal vinculado al resto de instituciones cotitulares a todos los efectos que procedan, lo que al menos supondrá:
a) La posibilidad de su participación como personal colaborador o integrante del equipo de investigación (y, en su caso, como investigador principal o co-investigador principal en función de la normativa de cada institución) en los proyectos y demás actividad científica que lidere y solicite cualquiera de las instituciones cotitulares, en los términos previstos en la cláusula decimocuarta y de conformidad con los requisitos que establezca el agente financiador.
b) La posibilidad de uso de los recursos, instalaciones y servicios que las instituciones cotitulares ofrezcan a su propio personal, siempre que sea viable, sin perjuicio del derecho de acceso y uso al equipamiento e infraestructuras científicas adscritas al Instituto con el que ya cuentan de conformidad con la cláusula duodécima.
c) La posibilidad de presentación a las convocatorias internas de apoyo a la investigación y actividades vinculadas que las instituciones cotitulares dirijan a su propio personal, incluidas las de formación, siempre que así lo prevean las correspondientes convocatorias, quedando exceptuadas, en todo caso, las convocatorias de puestos de trabajo y, también, las de acción social y demás prestaciones sociales de cada institución si bien estas podrán ser, en su caso, objeto de acuerdos específicos.
d) El compromiso de la US y la UPO para que, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.2 del Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación, el resto del personal adscrito al Instituto que así lo solicite, en igualdad de oportunidades, pueda concedérsele la «venia docendi» y/o la autorización para la colaboración en tareas docentes conforme a la normativa relativa a la colaboración docente en enseñanzas oficiales de personal externo aplicable en cada caso y respetando la normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.
e) El compromiso de la US y la UPO para que los órganos responsables de sus programas de doctorado acuerden que el personal adscrito al Instituto que así se solicite, en igualdad de oportunidades, realice las funciones de dirección de tesis doctorales, siempre que dicho personal tenga la condición de personal investigador en posesión del título de Doctor perteneciente a los Organismos Públicos de Investigación, con experiencia investigadora acreditada, y sin que se requiera necesariamente la existencia de una codirección por parte del profesorado universitario, sin perjuicio de que pueda exigirse la existencia de un tutor/a universitario de enlace académico.
f) El compromiso de la US y la UPO, en caso de que no lo hubiera hecho, para la suscripción con el resto de instituciones cotitulares que procedan de los convenios previstos en la normativa aplicable para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares de sus alumnos en los institutos de las partes cotitulares relativas a los títulos de grado, máster y doctorado, incluyendo la realización de trabajos de fin de grado y de máster y la dirección de tesis doctorales.
3. Los compromisos previstos en el apartado anterior se llevarán a efecto en cada caso atendiendo a criterios de reciprocidad, pudiendo denegarse cuando existan causas justificadas de índole técnica o jurídica debidamente motivadas, que deberán informarse ante la Comisión Rectora. En cualquier caso, en relación con los servicios TIC y sistemas de información se atenderá a los esquemas y normativa técnica de aplicación en cada institución cotitular.
Asimismo, en la aplicación de las posibilidades anteriores, las instituciones cotitulares garantizarán al personal adscrito un tratamiento igual al que prestan al personal propio que resulte equiparable en sus solicitudes, siempre que se respete la normativa interna y externa que resulte de aplicación en cada caso (uso de instalaciones y equipamientos, horarios, prevención de riesgos laborales, trámites procedimentales, etc.).
En cualquier caso, la Comisión Rectora podrá concretar los detalles de las posibilidades previstas en este apartado, pudiendo incorporarlos en el RRI del Instituto, previa consulta y conformidad de los órganos competentes de cada una de las instituciones cotitulares.
4. Al carecer de personalidad jurídica propia, el CABIMER no tiene capacidad para contratar personal y serán las instituciones cotitulares las que celebrarán los oportunos contratos de trabajo, ejerciendo de manera efectiva las competencias que el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, reconoce a todo empleador.
En cualquier caso, la contratación de personal que se adscriba al Instituto por las instituciones cotitulares se ajustará a las normas básicas aplicables en cada momento a cada una de ellas en materia de empleo público.
La responsabilidad de la Dirección y Gerencia de CABIMER respecto del personal de las partes que se adscriba al Instituto quedará limitada por las funciones y competencias efectivas que tengan atribuidas en relación a su contratación, dirección, supervisión y determinación de condiciones de trabajo.
1. La gestión, distribución y asignación de los espacios de los edificios, instalaciones y terrenos aportados por las partes al Instituto de conformidad con la cláusula quinta, será competencia ordinaria de la Dirección del Instituto, con el apoyo de la Gerencia, de conformidad con los criterios para el uso de espacios que, en su caso, pueda establecer la Comisión Rectora. La Dirección informará a la Junta del Instituto en cada una de sus reuniones de las decisiones adoptadas a este respecto.
2. Sin perjuicio de las políticas o medidas que deban o puedan adoptarse para el Instituto o se adopten en el seno del mismo, cada Institución cotitular facilitará los medios adecuados para la seguridad e integridad del personal propio que adscriba al Instituto.
La seguridad e integridad, así como la responsabilidad civil por daños, de todo aquel personal que se encuentre temporalmente en el Instituto, o del personal externo, será cubierta por los seguros que se les obligue a tomar o que asuma alguna de las instituciones cotitulares.
3. Cuando de las actividades que se lleven a cabo en el Instituto se derive responsabilidad frente a particulares, se aplicará lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.
La distribución de la responsabilidad entre las instituciones cotitulares se realizará, en primera instancia, en función de la participación acordada de cada una de ellas en el Instituto. No obstante, esta distribución podrá modularse atendiendo al criterio del «dominio del hecho». Para ello, se valorará conjuntamente la institución o instituciones a la que pertenezca la persona o personas responsables del daño producido o bajo cuyo ámbito de decisión y vigilancia se produzca, así como la institución titular del bien causante del daño o que sea responsable de su mantenimiento y conservación.
La institución cotitular que, según los criterios del párrafo anterior, tuviera mayor responsabilidad, será la competente para la gestión del procedimiento administrativo.
4. Las instituciones cotitulares serán responsables del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en el Instituto y, en concreto, del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
1. El equipamiento, la infraestructura científica y técnica y los bienes muebles de uso ordinario que, de conformidad con la cláusula sexta, se encuentren adscritos al Instituto, quedarán afectados a la consecución de los objetivos del mismo durante el periodo de vigencia del Convenio y a disposición de su personal en los términos previstos en esta cláusula. Todo ello sin perjuicio de que, con carácter general, se respete su asignación inicial y ubicación en los grupos y departamentos que hubieran obtenido la financiación con cargo a la que se hubieran adquirido.
2. La Junta, a propuesta de la Dirección y previo informe del Claustro Científico, aprobará las normas de acceso y uso a las infraestructuras y equipamiento científico del Instituto, pudiendo acordarse su organización en unidades de servicio científico-técnicas a disposición de todo el Instituto.
En cualquier caso, el personal adscrito al Instituto tendrá acceso a las infraestructuras y al equipamiento científico que las partes aporten o adscriban al mismo, en las mismas condiciones que cada una de ellas establezca para su propio personal.
3. Cuando existan acuerdos de licencia de software en los que se limite explícitamente su uso al personal propio de la parte licenciataria, se tendrán en cuenta dichas limitaciones a la hora de permitir el acceso y uso a dicho software al personal de la otra u otras partes.
1. Los objetivos que el Instituto se propone alcanzar en relación con las líneas o áreas de investigación, los indicadores de cumplimiento de los mismos y los recursos de los que va a disponer, constituyen el Plan Estratégico plurianual, del que la Dirección informará a la Comisión Rectora, la cual lo elevará a las instituciones cotitulares para, en su caso, su evaluación y/o aprobación.
2. La Dirección coordinará la elaboración del Plan, que deberá ser informado por la Junta, el Claustro Científico y, en su caso, el Comité Externo de Asesoramiento Científico.
3. Con carácter anual se informará a la Comisión Rectora, en cumplimiento del Plan Estratégico, del Plan de Actuación anual, previo informe de la Junta y del Claustro Científico y, en su caso, del Comité Externo de Asesoramiento Científico, sin perjuicio de la evaluación final que las instituciones cotitulares deban hacer a su finalización.
4. Anualmente, el Claustro Científico elevará a la Dirección un informe relativo a la ejecución del Plan Estratégico para su traslado a la Junta y a la Comisión Rectora, pudiendo estas adoptar las medidas necesarias que garanticen su cumplimiento.
1. El personal adscrito al CABIMER presentará sus proyectos y canalizará su actividad científica, con carácter general, a través de la institución cotitular a la que pertenezca, sin perjuicio de la gestión que al respecto realice la entidad gestora del Instituto.
No obstante, el citado personal requerirá autorización de su propia institución cuando solicite proyectos u otra actividad científica en calidad de investigador principal a través de las otras instituciones cotitulares. Para ello, la Dirección del Instituto propondrá, caso a caso, a la autoridad competente que corresponda (Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la CSF; Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica en el caso del CSIC; Vicerrectorados de Investigación de la US y de la UPO) la citada autorización, para lo que tendrá en cuenta los requisitos del agente financiador, la composición del equipo investigador u otras circunstancias que pudieran aconsejarlo. Cuando se considere conveniente, la Comisión Rectora podrá acordar una autorización genérica para determinadas categorías de ayudas o fuentes de financiación.
En cualquier caso, la inclusión en el equipo investigador de un proyecto o actividad científica de personal de otra institución cotitular –excluido el investigador principal–, solo requerirá la autorización de la Dirección del Instituto certificando la vinculación de este personal como adscrito al mismo, debiendo hacer referencia en dicha certificación o bien al anexo de personal de este Convenio o al acuerdo de la Comisión Rectora que aprobó dicha adscripción.
2. La tramitación de los proyectos u otras actividades científicas que se ejecuten de manera conjunta se someterá a las normas de la institución que lo presente. En cualquier caso, la entidad que presente cada proyecto o cada actividad científica deberá incorporar al resto de instituciones cotitulares, cuando sea posible, como terceras partes («third party») o condición similar que refleje y reconozca adecuadamente su cotitularidad y participación en el Instituto mixto. En el caso de contratos de ejecución conjunta lo podrán firmar todas las instituciones cotitulares cuyo personal participe.
3. La gestión económica y financiera de los proyectos y demás actividad científica que se ejecute de manera conjunta recaerá en la entidad beneficiaria, de conformidad con lo establecido en esta cláusula y sin perjuicio de la gestión que al respecto realice la entidad gestora del Instituto.
1. Las instituciones cotitulares podrán unilateralmente suscribir con terceras entidades convenios, contratos u otros documentos relativos a la actividad del Instituto, previo cumplimiento de los trámites que les imponga la normativa que les sea de aplicación.
2. No obstante, las instituciones cotitulares deberán comunicar a las otras partes la colaboración que pretendan establecer cuando esta sea de naturaleza institucional y afecte al Instituto en su totalidad o cuando se trate de una colaboración científica que comprometa de manera relevante los recursos compartidos por las instituciones cotitulares.
A tal efecto, la parte interesada comunicará por escrito a los representantes de las otras partes en la Comisión Rectora, la intención de formalizar la colaboración, debiendo éstos manifestar su conformidad o disconformidad expresa en el plazo máximo de quince días hábiles contados desde la recepción de dicha comunicación. Transcurrido el plazo citado, se entenderá que la falta de respuesta equivale a su tácita conformidad.
1. La Comisión Rectora aprobará el logotipo oficial del Instituto y sus posibles modificaciones, así como las normas de diseño y estilo referentes al dominio web del Instituto y el uso de direcciones de correo electrónico relativas al mismo.
El logotipo del Instituto irá acompañado de los logotipos oficiales de las instituciones cotitulares, con similares características de tamaño y representatividad entre sí, y deberá utilizarse en la señalización de sus sedes e instalaciones, en el material impreso o electrónico y de difusión y en todos los actos y las actividades que realice, sin perjuicio de la presencia de otros logos de entidades o instituciones que actuarán, en todo caso, como colaboradoras.
2. En las publicaciones o en cualquier otra forma de difusión de los resultados a que den lugar los trabajos de investigación realizados se deberá reconocer y hacer constar la participación de todo el personal investigador que haya intervenido en los mismos, expresándose siempre su vinculación al Instituto.
3. Los investigadores del CABIMER deberán manifestar su afiliación y adscripción al Instituto de las siguientes formas, independientemente del idioma de la publicación:
[Versión corta] «CABIMER (CSIC, Junta de Andalucía, Universidad de Sevilla, UPO)».
«Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa CABIMER (CSIC, Junta de Andalucía, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide)» (o su equivalente en inglés «Andalusian Center for Molecular Biology and Regenerative Medicine»)
Citando a las partes en este u otro orden.
En caso de mencionar varias afiliaciones, la anterior deberá ocupar la posición predominante.
4. El Instituto elaborará anualmente –o relativa al periodo más adecuado que establezca la Comisión Rectora– una memoria de su actividad científica que será aprobada por la Junta y remitida a la Comisión Rectora.
5. La mención prevista en el apartado 3 se aplicará igualmente en la difusión que de su existencia o actividades realice el Instituto o cualquiera de las partes en distintos foros o soportes (medios de comunicación, congresos, seminarios, publicidad, folletos, actos, etc.).
Asimismo, el personal adscrito al Instituto utilizará la citada mención en la antefirma, documentación, correspondencia y correo electrónico o cualquier comunicación que realice en ejercicio de su actividad profesional.
6. En ningún caso, las instituciones cotitulares ni el personal del Instituto podrán hacer uso de los logotipos individualizados de las partes, salvo autorización expresa de la institución titular de los mismos.
1. En el supuesto de que la actividad investigadora desarrollada como consecuencia de la colaboración prevista en este Convenio produjese resultados de investigación de interés comercial susceptibles de protección mediante patentes u otras formas de propiedad industrial o intelectual, la propiedad de los mismos corresponderá a las partes de manera proporcional a su participación en la obtención del resultado. Dicha participación se determinará, con el apoyo y bajo la supervisión de las oficinas de transferencia de las instituciones implicadas, de acuerdo a la aportación intelectual realizada por los investigadores de las partes.
2. En la medida que estos resultados sean susceptibles de protección legal, la titularidad de los Derechos de Propiedad Industrial relativos a las invenciones u otros títulos de propiedad que pudieran derivarse de los citados resultados corresponderá(n) a la(s) partes(s) que los hayan obtenido, apareciendo como inventores o autores aquellos investigadores de las artes que hayan contribuido intelectualmente a la obtención de estos resultados. De no estar alguna de las partes interesada en la propiedad de cualquiera de los resultados mencionados, las otras partes podrán solicitar el correspondiente título de propiedad en su propio nombre asumiendo todos los derechos y obligaciones, así como los gastos indicados en el apartado 7 de esta cláusula. La parte interesada deberá contar con la previa renuncia por escrito de las otras partes.
3. En el caso de que algún inventor o autor de la parte renunciante deseara continuar en su propio nombre con la propiedad o titularidad, asumirá todos los derechos y obligaciones, así como los gastos indicados en el apartado 7 de esta cláusula que le correspondan.
4. La gestión de la protección, comercialización y negociación con terceros de los derechos de explotación de los resultados de la investigación se llevará a cabo por la parte que sea mayoritaria en la propiedad de los mismos, dando cuenta por escrito de sus actuaciones a la parte cotitular minoritaria.
Cuando la propiedad de los resultados se distribuya a partes iguales entre las instituciones cotitulares, los cotitulares o copropietarios decidirán al inicio de las gestiones de protección, comercialización o negociación, cuál de ellas será la gestora de las acciones mencionadas a través de sus oficinas responsables, concediendo la otra parte su representación para cuantos actos sean precisos. En los demás casos, las actuaciones se decidirán por mayoría de participación.
5. La parte que sea responsable de la gestión tendrá expresamente excluida de la representación la adopción de cualquier disposición patrimonial sobre los activos que conformen los resultados de investigación protegidos.
6. Las partes procederán a la firma del correspondiente acuerdo de cotitularidad para cada uno de los resultados de investigación mencionados en la presente cláusula antes de proceder a su protección y/o comercialización, y en él figurará, al menos, la institución que gestione dichas acciones, la concesión expresa a la misma por la otra parte de su representación para cuantos actos sean precisos para llevar a cabo las mismas, así como cualquier otra circunstancia que se considere necesaria por las partes de forma consensuada.
7. Los gastos que lleve aparejada la gestión de la protección y la eventual comercialización y negociación con terceros de los derechos de explotación de los resultados, se abonarán por las partes en proporción al porcentaje de la propiedad de cada una de ellas. En relación a dichos gastos, queda a salvo lo dispuesto en el apartado 2 para el caso de renuncia de una de las partes a la propiedad de cualquiera de los resultados.
8. Los beneficios que se obtengan de cualquier transferencia o explotación de los resultados se distribuirán de forma proporcional al porcentaje de propiedad de cada una de las partes, debiendo el licenciatario o tercera parte explotadora abonar de forma proporcional a cada parte las obligaciones económicas establecidas por la explotación de resultados. Cada parte, una vez detraídos los gastos de protección y comercialización de los resultados, liquidará los derechos que resulten de conformidad con la normativa interna que sea de aplicación.
9. En el caso de que un resultado de investigación generado por personal adscrito al Instituto pudiera ser objeto de transferencia y de explotación comercial mediante la creación de una empresa de base tecnológica ospin-off,las partes, a través de sus oficinas responsables, se informarán mutuamente por escrito de las iniciativas de sus investigadores implicados en la creación de dicha empresa, independientemente de que pertenezcan a una u otra de las partes. Las partes se comprometen a consensuar las acciones y decisiones a tomar con respecto a la promoción y apoyo a la creación de dichas empresas de base tecnológica, de acuerdo a las normativas y prácticas establecidas en las correspondientes instituciones.
La potencial adquisición u opción de adquisición de participaciones en el capital social de una empresa de base tecnológica por parte de cada institución cotitular se realizará individualmente cuando se estime oportuno por las partes, de acuerdo al valor de sus aportaciones iniciales, independientemente del tipo de aportación de que se trate.
1. Cada una de las partes acuerdan preservar como confidencial, y se comprometen a no difundir, bajo ningún aspecto, toda información intercambiada entre ellas y en particular las informaciones científicas, técnicas o de cualquier otra índole, pertenecientes a la otra parte, a las que haya podido tener acceso en el desarrollo de los trabajos que pudieran realizarse en el marco de este convenio, salvo autorización previa por escrito de la otra parte.
2. Esta obligación de confidencialidad no será de aplicación cuando:
– La parte receptora pueda demostrar que conocía previamente la información recibida.
– La información recibida sea, o pase a ser, de dominio público, sin que haya vulneración de la obligación de confidencialidad recogida en el apartado anterior por la parte que reciba la información.
– La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su revelación y/o difusión por parte de la parte que la revela.
– La información sea requerida judicialmente o por orden de autoridad administrativa.
3. El acceso a dicha información no supondrá la adquisición por la parte que tome conocimiento de ella, de ningún derecho sobre la misma. Tampoco podrá difundir ninguna de las partes cualquier información relativa a los resultados de los trabajos que queden englobados dentro de este convenio que pueda perjudicar cualesquiera derechos de las otras partes.
4. Cada institución podrá utilizar, sin autorización de la otra, los resultados obtenidos por su parte, preliminares o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia o cualquier otro medio.
5. Estos términos sobre la confidencialidad permanecerán en vigor durante toda la vigencia del presente convenio y una vez finalizado el mismo.
6. Las partes se comprometen a que todo el personal participante en el presente convenio, conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado en esta cláusula.
1. Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, en concreto a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
Las partes se comprometen a realizar un uso debido de los datos personales que se obtengan como consecuencia del desarrollo del presente Convenio. Por ello, al ser necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, cada parte consiente que los datos personales afectados por el presente Convenio puedan ser tratados por las otras con la única finalidad de proceder a la gestión adecuada del mismo, en particular en lo atinente al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la cláusula décima (Régimen del personal del Instituto).
Del mismo modo, todas las partes acuerdan comunicar al Instituto los datos personales que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines y viceversa.
En cualquiera de los casos, las partes se comprometen al cumplimiento de lo previsto en el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a las transmisiones de datos entre Administraciones Públicas, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
2. La Dirección y Gerencia del CABIMER, u otras personas físicas o unidades administrativas que decidan sobre la finalidad, contenido y uso de los datos personales, serán los responsables del tratamiento de aquellos datos que deban obtener o gestionar para el cumplimiento de sus fines, ya sea en desarrollo de sus funciones propias de interés público o sobre la base del consentimiento u otro título de legitimación.
Los anteriores responsables quedarán obligados al cumplimiento de las determinaciones establecidas en la legislación vigente y a aplicar las medidas técnicas y de seguridad que esta establezca.
3. El Instituto no cederá a terceros los datos personales de los que sea responsable, salvo requerimiento legal, quedando obligado a dar un uso debido a los datos personales que obtenga como consecuencia del desarrollo del presente Convenio.
No obstante, el Instituto podrá encargar el tratamiento de datos a un tercero que reúna las garantías establecidas en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, previa formalización de contrato o acto jurídico vinculante que cumpla las estipulaciones mínimas allí establecidas.
El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito, específica o general, del Instituto.
4. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación o retirada del consentimiento se ejercerá frente al Instituto, que deberá designar un punto de contacto al respecto, así como frente al Delegado de Protección de Datos, que podrá ser el propio de cada institución cotitular que decida sobre la finalidad, uso y tratamiento de los datos personales de que se trate.
No obstante, cuando dos o más instituciones determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento serán considerados corresponsables del tratamiento, resultando aplicable lo previsto en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 y demás normativa aplicable.
1. Las partes contribuirán financieramente, de acuerdo con su normativa presupuestaria y disponibilidad de fondos, al presupuesto del Instituto que apruebe anualmente la Comisión Rectora, a fin de promover su sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos que se detallan en la cláusula segunda de este convenio.
2. El presupuesto será el documento único, comprensivo de todos los gastos e ingresos relacionados con el funcionamiento y el desarrollo de la actividad del Instituto, que servirá como mecanismo de control de la actividad económica del mismo, suponiendo un límite para su capacidad de gasto, excepto cuando se trate de gastos que se ejecuten con financiación afectada a su realización.
El RRI establecerá el procedimiento de elaboración, propuesta y aprobación del presupuesto, su estructura y liquidación, incluyendo los modelos exigibles.
3. La aportación de cada una de las instituciones cotitulares para la financiación del presupuesto anual aprobado por la Comisión Rectora se establecerá según los siguientes porcentajes:
CTEICU y CSF en un 25  % cada una, con cargo a los créditos consignados en cada anualidad en los Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, financiándose el porcentaje restante del presupuesto por US, CSIC y UPO a partes iguales, si bien podrá establecerse en el RRI una progresión para alcanzar dicha igualdad, así como una aportación mínima basal con los porcentajes previstos en la siguiente tabla, que se aplicará cuando el número de investigadores principales adscritos al Instituto se mantenga por debajo de un umbral que se determine en el citado reglamento.
Las aportaciones de las instituciones cotitulares podrán ser en especie o directas, sin que puedan computarse como tales los gastos de personal adscrito al Instituto que se asuman por las instituciones. La ejecución del presupuesto quedará supeditada a la efectiva consignación presupuestaria interna que, en concepto de aportación directa, cada parte efectúe en la unidad de gasto destinada a tal fin por cada una de ellas.
El Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, en su calidad de entidades colaboradoras instrumentales, no asumen compromisos de aportación para la financiación del presupuesto.
4. La gestión administrativa interna del presupuesto y la propuesta y seguimiento de gastos, corresponderá a la Gerencia del Instituto, bajo la supervisión de la Dirección, de conformidad con las competencias que tenga delegadas o desconcentradas, siendo las unidades responsables con competencias en la gestión de fondos de las Instituciones cotitulares las encargadas del control y de la ordenación de los gastos y realización de los pagos, de acuerdo con las normativas aplicables en cada caso.
En todo caso, de conformidad con los artículos 31.2 y 3, 116.5 y 323.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando en el Instituto existan necesidades compartidas y así se estime como fórmula más eficiente, las instituciones cotitulares, mediante acuerdo de la Comisión Rectora, podrán adoptar el protocolo de actuación que regirá la celebración de un contrato compartido. En dicho protocolo se identificará, al menos, el órgano de contratación único perteneciente a alguna las instituciones cotitulares que realizará la tramitación del expediente, así como la fórmula y el importe de la contribución de todas ellas a su financiación.
1. Las partes podrán modificar el contenido de este Convenio mediante adenda modificativa suscrita por todas ellas mediante acuerdo unánime.
2. Al CABIMER podrán incorporarse otras entidades tanto públicas como privadas. La incorporación se realizará a propuesta de la Dirección o de cualquiera de las instituciones cotitulares y requerirá la aprobación unánime de los miembros que constituyen la Comisión Rectora. La incorporación será instrumentada a través de la suscripción de un nuevo convenio o de una adenda de incorporación que recogerá las condiciones de participación de la nueva entidad y que habrán de suscribir todas las partes.
3. Transcurridos diez años de vigencia del Convenio, cualquiera de las partes podrá desvincularse del CABIMER mediante la resolución del mismo formulando la correspondiente denuncia.
No obstante, cuando una de las partes se desvincule del Instituto, ya sea por iniciativa propia o por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, las restantes podrán optar entre la resolución del Convenio o su continuidad. En caso de acordarse la continuidad, y sin perjuicio de la liquidación que deba de hacerse en relación a la entidad cotitular saliente, el Instituto se regirá transitoriamente por lo dispuesto en este Convenio en todo aquello que resulte de aplicación, hasta la suscripción de una adenda o nuevo convenio que regule la nueva situación del Instituto.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los problemas de interpretación y cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio se resolverán de mutuo acuerdo entre las partes a través de la Comisión Rectora, que actuará como órgano de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.
Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución del mismo.
No obstante lo anterior, en el exclusivo caso en que se formulen demandas en las que se ejerciten acciones relativas a propiedad industrial y propiedad intelectual, su conocimiento recaerá en los Juzgados de lo Mercantil, de conformidad con los artículos 22 y 86 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, siendo el orden contencioso-administrativo el competente para resolver cualquier otra cuestión referente al contenido del Convenio.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.1 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y su carácter es interadministrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Convenio se regirá por lo estipulado por las partes en el mismo y, subsidiariamente, por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Conforme establece el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes manifestado mediante su firma, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, debiendo publicarse a continuación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
El presente convenio tendrá una duración indefinida a contar desde su entrada en vigor, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tras la modificación operada por la disposición final novena, apartado primero, del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Son causas de resolución:
a) El acuerdo unánime, por escrito, de todos los firmantes.
b) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes, salvo que las restantes partes opten por la continuidad del Convenio.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo –mínimo de diez días y máximo de un mes– con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a los miembros de la Comisión Rectora, órgano responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, que representa a las partes firmantes del mismo.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. En este supuesto, la parte incumplidora deberá indemnizar a la otra u otras partes por los daños y perjuicios causados por dichos incumplimientos.
c) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
d) La denuncia unilateral del convenio formulada por una de las partes. Cualquiera de las partes podrá desvincularse del CABIMER transcurrido un periodo inicial de diez años de vigencia del convenio, en cuyo caso deberá formular denuncia ante las otras partes con una antelación mínima de un año a la fecha en que vaya a dar por finalizado el mismo.
1. Constatada la concurrencia de alguna de las causas de resolución del convenio, y firmado en su caso el acuerdo de resolución del mismo o transcurrido un año desde la recepción de su denuncia, las partes procederán a la liquidación del Instituto a través de la Comisión Rectora, que se constituirá como Comisión Liquidadora en el plazo de un mes, y habrá de ajustar su actuación a lo siguiente:
a) Los inmuebles e instalaciones revertirán a la institución propietaria o a la que los hubiera aportado, según proceda, salvo que las partes lleguen a un acuerdo distinto. La institución propietaria o la que los hubiera aportado, según proceda, indemnizará a la institución que hubiera realizado inversiones en los bienes inmuebles de propiedad de aquella, por el valor de amortización que restase y siempre que dichas inversiones no hubieren computado como aportación al funcionamiento del Instituto.
En todo caso, la Comisión Liquidadora deberá establecer un plazo razonable para el desalojo de las instalaciones que permita la reubicación del personal y la finalización de la actividad científica que se encuentre en ejecución. Dicho plazo no podrá ser inferior a un año, a contar desde el acuerdo de la Comisión Liquidadora, cuando el Convenio se hubiera resuelto por denuncia unilateral de la institución cotitular que sea propietaria o hubiera aportado los inmuebles e instalaciones en los que se ubique el personal.
b) El material inventariable se reintegrará a las respectivas instituciones propietarias, salvo que las partes lleguen a un acuerdo distinto.
c) Cada una de las partes dispondrá el destino que deba darse a su respectivo personal.
El personal laboral que estuviera adscrito al Instituto al tiempo de la liquidación mantendrá su relación laboral con la institución cotitular a la que estuviera vinculado, que dispondrá igualmente sobre el destino que deba dársele, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa laboral aplicable y el contrato de trabajo.
d) El material adquirido con recursos generados por el Instituto o financiado conjuntamente por las partes se distribuirá, previo acuerdo, siguiendo criterios de proporcionalidad en cuanto a las respectivas aportaciones.
e) Los gastos originados por la restitución de los bienes serán de cuenta exclusiva de la parte que haya de recibirlos, salvo acuerdo en contrario.
f) Los fondos resultantes de la liquidación, si los hubiere, se distribuirán en proporción a la contribución de cada una de las partes en el momento de la resolución del Convenio.
2. La Comisión Liquidadora deberá finalizar sus trabajos en un plazo máximo de seis meses computados desde la fecha de su constitución y será competente para resolver aquellas cuestiones no previstas en esta cláusula con arreglo a criterios de equidad.
3. La liquidación, en cualquier caso, habrá de respetar las reglas que, para esta materia, incluye el artículo 52 de la ya citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Todas las menciones y denominaciones que, en virtud del principio de economía del lenguaje, se hagan en género masculino inclusivo en este convenio referidas a titulares o miembros de órganos o a colectivos de personas, se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.
Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes firman este convenio a un solo efecto, en sus respectivas sedes, el 7 de junio de 2022.–El Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,Rogelio Giménez Pascual.–El Consejero de Salud y Familias, Jiménez Gómez Vargas Mora.–La Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rosa María Menéndez López.–El Rector de la Universidad de Sevilla, Vargas Silva Suárez Moreno.–El Rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez.–El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, Prieto Diez Romero Santiago.–El Director Gerente de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, Ruiz Hidalgo Román.
El anexo I al que se refiere el convenio se publica en la web https://www.cabimer.es/.