Categoría: Administración

a conforme al modelo que figura como anexo II de esta orden de Bases, que incluirá un apartado sobre alineamiento de la operación de CPI propuesta con los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI); una estimación de los indicadores de publicidad de los que se determinaren en la resolución de convocatoria, y del montante económico de los mismos; una estimación de consecución de los indicadores de realización (RCO 04 Empresas con apoyo no financiero) y resultado (RCR 03 Pequeñas y medianas empresas que innovan en productos o en procesos) en función del resultado de las consultas preliminares al mercado (CPM) efectuadas.
b) Copia de la norma jurídica que otorga al organismo público solicitante la titularidad para prestar el servicio público en el que se desplegará la solución innovadora.
c) Informe sobre el estado del arte emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) – «Informe Tecnológico de Patentes (ITP)».
d) Informe final sobre los resultados de la Consulta Preliminar al Mercado efectuada por el beneficiario.
e) Compromiso de despliegue de la solución innovadora en el ámbito del servicio público en el que se ha detectado la necesidad no cubierta por el mercado (incluido en la instancia electrónica de solicitud de ayuda).
f) Una declaración responsable (incluida en la instancia electrónica de solicitud de ayuda) de que se dispone de (o se están tramitando) la inscripción en registro, o bien de los certificados emitidos de conformidad con la normativa vigente, acreditativos de los siguientes extremos:
i. La existencia de planes de igualdad y protocolos de prevención y abordaje del acoso sexual y sexista, conforme a lo establecido en la siguiente normativa: Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación; Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; y Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
ii. La existencia de un compromiso de tolerancia cero con el acoso sexual y sexista, firmado al más alto nivel y publicitado entre todo el personal de la entidad solicitante, conforme al modelo que figura como anexo III de esta orden de Bases.
iii. La existencia de un Plan de Conciliación Laboral y Familiar incluido en un certificado voluntario en conciliación familiar y laboral.
iv. La existencia de un sistema de gestión de Responsabilidad Social Corporativa certificado en la Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social Corporativa.
v. Que la página web del organismo beneficiario, así como la página web de la operación cofinanciada, cumplen con las normas de accesibilidad para personas mayores o con capacidades sensoriales diferentes conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
La disposición de los anteriores elementos será objeto de comprobación en la justificación de la ayuda.
g) Soporte documental sobre el cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH). Las convocatorias determinarán la forma de acreditación de dicho cumplimiento en la solicitud, pudiendo exigir alguno o la totalidad de los siguientes documentos:
i. Una declaración responsable del beneficiario de cumplimiento del principio DNSH, siguiendo el formato indicado en la guía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», cuyo modelo se adjunta en el anexo IV de esta Orden.
ii. Una autoevaluación del beneficiario sobre el cumplimiento del principio DNSH siguiendo el formato indicado en la guía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», cuyo modelo se adjunta en el anexo V de esta Orden.
iii. Un informe elaborado por parte de una entidad independiente y acreditada, válida en el territorio español, que cumpla con el Reglamento (CE) número 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) número 339/93, validando el contenido de la autoevaluación sobre el cumplimiento del principio DNHS.
h) En su caso, acuerdos del organismo solicitante con agentes de I+D+i para el desarrollo del proyecto.
i) En su caso, compromisos de despliegue o de adquisición de la solución innovadora por otros prestadores de servicios públicos distintos del solicitante.
j) Con el fin de acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago contemplados en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, deberá presentarse certificación, emitida por auditor inscrito en el «Registro Oficial de Auditores de Cuentas», que atenderá al plazo efectivo de los pagos del solicitante con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones.
5. Con el fin de garantizar lo dispuesto en el artículo 72 y anexo XVII Reglamento de Disposiciones Comunes, las convocatorias podrán solicitar información sobre todos los titulares reales del beneficiario, en su caso, tal como se definen en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva (UE) 2015/849, sobre los siguientes aspectos:
a) El nombre y apellidos, la fecha o fechas de nacimiento y el número o números de identificación a efectos del IVA o el número o números de identificación fiscal.
b) Si forma parte de un grupo empresarial.
c) Además, se solicitará en ese caso una copia del libro de socios actualizada. Si los socios son personas jurídicas y superan el 50 % de participación, deberá incluirse datos de los tres últimos años: los datos del balance, cifra de negocio bruta y plantilla media.
6. En caso de entidades sujetas a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando el coste total de la operación (IVA incluido) sea superior a 5.000.000 EUR, deberán aportar los certificados de la AEAT de la exención total, parcial o de la regla de prorrata que fuere de aplicación sobre si el IVA sobre los gastos efectuados por el beneficiario no es recuperable con arreglo a la legislación nacional sobre el IVA.
7. Certificación del órgano competente, conforme al modelo anexo VI de esta Orden, de encontrarse al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
8. Certificación bancaria de titularidad de la cuenta donde se desee el abono de la ayuda en caso de ser seleccionado.
9. Solamente se considerarán aquellas solicitudes debidamente presentadas y firmadas mediante firma electrónica cualificada a través del registro electrónico del órgano convocante o, en su caso, de los organismos colaboradores que establezca la convocatoria, dentro de plazo establecido en la convocatoria, y que incluyan tanto el formulario de solicitud como aquellos documentos que la convocatoria haya considerado como esenciales y que deben formar parte de la solicitud, y cuya ausencia o invalidez del contenido determinarán su inadmisión. Las personas jurídicas deberán contar con la firma electrónica cualificada del representante legal de la entidad solicitante especificada en el artículo 17.2 y 17.3 de esta orden.
10. La presentación de la solicitud conllevará la autorización para que el órgano concedente obtenga directamente, por medios telemáticos, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente su consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en el artículo 24 de esta orden.
11. Las convocatorias podrán establecer la necesidad de completar la solicitud con documentación adicional en materia medioambiental y de lucha contra el fraude.
12. El solicitante podrá contar con una Guía de Presentación de Solicitudes que oportunamente se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación.
1. Una vez expirado el plazo de presentación de solicitud, el órgano instructor procederá a revisar el contenido de las mismas. Aquellas que estuvieran completas pasarán a ser evaluadas conforme a lo establecido en el artículo 22 de esta orden.
2. Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Asimismo, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento dando lugar a la desestimación de la ayuda o en su caso su revocación o reintegro sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.
1. El procedimiento de evaluación de las solicitudes se realizará en una sola fase.
2. Los solicitantes aportarán junto con la solicitud la información necesaria para evaluar la propuesta conforme a todos los criterios de evaluación establecidos en el anexo VII de esta Orden. Quedarán denegadas las solicitudes que no cumplan el criterio o criterios a los que se otorgue carácter excluyente o que no superen el umbral que se fije para uno o algunos de los criterios.
3. La evaluación administrativa de solicitudes se realizará por personal perteneciente a la SGFI.
4. La evaluación técnica del contenido en I+D+i de la propuesta se realizará por evaluadores externos independientes o pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigación, Organismos Públicos de Investigación u otras entidades generadoras de conocimiento, mediante la comparación de las solicitudes conforme a los criterios establecidos.
5. Una vez evaluadas las solicitudes presentadas, aquellas calificadas positivamente serán valoradas por una Comisión de Selección de Operaciones (en adelante, CSO), quién comprobará la adecuación de los proyectos presentados para su cofinanciación a cargo del FEDER conforme a los criterios de selección de operaciones del PPE 2021-2027.
6. La Comisión de Selección de Operaciones (en adelante, CSO) será designada por la Secretaría General de Innovación y estará compuesta por representantes de las unidades dependientes de la misma y, en su caso, de otras unidades del MCIN. Podrán asimismo formar parte de la CSO expertos independientes.
7. Las comisiones que puedan conformarse al amparo de este artículo procurarán el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
8. En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, el funcionamiento de la CSO se regirá por lo establecido en sección 3.ª del capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
9. El funcionamiento de la CSO será atendido con los medios personales, técnicos o presupuestarios asignados al órgano convocante, y no implicarán incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal al servicio del sector público.
10. En aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) número 966/2012 (en adelante, RF 2018) así como en la Comunicación de la Comisión (2021/C 121/01) Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero, todos los miembros de la CSO firmarán una declaración responsable de ausencia de conflicto de interés, entendido este último conforme a la definición establecida en el artículo 61 del RF 2018.
1. Las convocatorias podrán desarrollar los criterios relativos a los aspectos que se relacionan en cada uno de los siguientes apartados:
a) Criterios de admisión a trámite excluyentes relativos al cumplimiento de requisitos básicos; el incumplimiento de estos criterios implicará la desestimación de la solicitud sin que se valoren el resto de los criterios.
b) Criterios de evaluación de las solicitudes de ayuda presentadas.
c) Criterios de priorización de solicitudes. Una vez evaluadas positivamente, se asignará la puntuación acumulativa obtenida, para establecer un orden de prelación conforme a lo dispuesto en el artículo 26.9 infra a fin de priorizar la asignación de recursos financieros provenientes del FEDER.
d) Criterios de selección de operaciones cofinanciadas con FEDER a través del PPE 2021-2027. Quedarán denegadas las solicitudes que no cumplan el criterio o criterios de selección de operaciones, que poseen carácter excluyente.
2. Los criterios de admisión a trámite, evaluación, priorización de las solicitudes y selección de operaciones son los especificados en el anexo VII.
1. La CSO, con arreglo a los criterios establecidos, emitirá un informe motivado sobre la selección o no de las operaciones, así como sobre la prelación de las solicitudes, ordenándolas individualmente o por categorías, siempre que, en este último caso, proporcionen un juicio inequívoco para su selección. No obstante, no será necesario fijar dicho orden de prelación cuando el crédito consignado sea suficiente para atender todas las solicitudes presentadas que satisfagan los requisitos exigidos.
2. El órgano instructor, a la vista del expediente y de los informes emitidos por de la CSO, emitirá una propuesta de resolución provisional motivada y la notificará a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles, formulen alegaciones si lo estiman oportuno. Este plazo podrá ser superior, si así se establece expresamente en función de las características de la actuación. Dicha propuesta incluirá, como mínimo:
a) La entidad o entidades solicitantes para las que se propone la concesión de la ayuda, junto con la cuantía y condiciones de la misma.
b) Cuando corresponda, la relación de las solicitudes, ordenadas según su prelación, en los términos y a los efectos establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) La entidad o entidades solicitantes a las que se deniega la concesión de la ayuda.
3. Con ocasión del trámite de audiencia, y cuando así lo prevea la convocatoria, podrá recabarse en el mismo acto la aceptación de la ayuda por los solicitantes seleccionados, así como la presentación de los justificantes o documentos requeridos que son de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario. Dichos documentos serán especificados en cada convocatoria junto con los plazos para su presentación.
4. Podrá requerirse, en este trámite, la constitución de las garantías que, en su caso, pudieran exigirse en virtud del artículo 16, en la forma y plazos establecidos en dicho artículo.
5. A falta de respuesta del solicitante la ayuda se entenderá aceptada, salvo que no se aporten los justificantes y documentos requeridos en los plazos establecidos, en cuyo caso se desestimará por no reunir los requisitos para ser beneficiario.
6. Se podrá prescindir del trámite de audiencia en los casos previstos en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. Cuando resulte procedente y así lo disponga la convocatoria, el órgano instructor notificará a los solicitantes que hayan sido propuestos como beneficiarios la propuesta de resolución definitiva para que, en el plazo de diez días hábiles, comuniquen la aceptación o desistimiento de la ayuda propuesta y aporten los justificantes o documentos requeridos y, en su caso, constituyan las garantías exigibles en virtud del artículo 16, si no lo hubieran hecho con anterioridad, siendo de aplicación lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado 3 de este artículo.
8. En el caso de ayudas cofinanciadas con FEIE, la citada notificación incluirá, para cada ayuda, la información prevista en el artículo 73.3.c) del Reglamento de Disposiciones Comunes.
9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no le haya sido notificada la resolución de concesión.
10. En caso de ayudas cofinanciadas con FEIE, la aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo establecido en los Reglamentos europeos que regulan los fondos con los que se cofinancien las ayudas, a los que se hace referencia en la disposición adicional tercera de esta Orden.
Cuando el importe de la ayuda de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar al beneficiario a la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la ayuda otorgable, en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 61 de su Reglamento de desarrollo, si así se establece en las convocatorias.
1. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente, éste dictará la resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía administrativa.
2. La resolución del procedimiento estará debidamente motivada, con referencias a la presente orden y a la correspondiente convocatoria, a los informes del órgano instructor, así como al proceso de evaluación. En el caso de las solicitudes desestimadas se indicará el motivo de desestimación, y, en su caso, se mencionará, si no se ha alcanzado alguno de los umbrales.
3. Por razones de confidencialidad en la comunicación de las condiciones particulares vinculadas a la naturaleza de las actividades de I+D+i a financiar, las convocatorias podrán establecer dentro del régimen especial de publicación de todos los tramites del procedimiento, las especialidades en relación a la notificación de la resolución, establecidas en el artículo 17 de esta Orden.
4. La resolución de concesión deberá contener, al menos:
a) La relación de solicitantes a quienes se concede la ayuda, en la que figure la identificación de la actuación o actuaciones, la cantidad concedida a cada solicitante y la modalidad de ayuda, así como desestimación expresa de las restantes solicitudes.
b) Las condiciones generales y las condiciones particulares establecidas para cada ayuda.
c) El presupuesto financiable, la forma y la cuantía de la ayuda concedida, así como la forma de pago.
d) El régimen de recursos.
e) Cuando proceda, la cita del Reglamento de minimis.
f) En su caso, el equivalente en subvención bruto de la ayuda propuesta.
g) Cuando proceda, se hará mención a la financiación con cargo a FEIE.
5. La resolución del procedimiento será dictada y notificada en el plazo máximo de seis meses contados desde el día siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que la misma difiera sus efectos a una fecha posterior.
6. El citado plazo para la resolución de concesión podrá ser interrumpido y se suspenderá obligatoriamente el procedimiento de acuerdo con lo previsto respectivamente en el artículo 22.1 y 22.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o en los supuestos previstos en el artículo 24.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. El plazo máximo para resolver podrá ampliarse por un periodo máximo de seis meses en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La falta de resolución expresa en el plazo indicado legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la ayuda.
8. Asegurando la observancia del principio de igualdad en el otorgamiento, el órgano concedente podrá dictar resoluciones de concesión parciales o sucesivas, sobre la totalidad de solicitudes presentadas, a medida que el órgano correspondiente formule las correspondientes propuestas de resolución provisionales y definitivas parciales. En este caso, la convocatoria deberá establecer las medidas que garanticen dicho principio de igualdad en el otorgamiento.
9. La resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes, atendiendo a la puntuación o prioridad alcanzada, que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en esta orden para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas, en los términos y a los efectos establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia liberase crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
Podrá procederse igualmente en el caso de que la Línea FID viera aumentada su financiación por absorción de excedentes originados en reprogramaciones efectuadas por la Autoridad de Gestión del FEDER.
10. El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de que acepten a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano concedente dictará resolución de concesión y procederá a su notificación al beneficiario en la forma indicada en el artículo 17 de esta orden.
11. Los supuestos contemplados en los apartados 8 y 9 supra se aplicarán con criterios de regionalización.
1. Las operaciones objeto de financiación deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determine en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, entendiendo como tales el contenido de la memoria técnica y el presupuesto y cronograma del proyecto/operación, y siempre que esté previsto en la convocatoria, se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión en la forma que se establezca en la misma, y de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional primera, apartado Dos, de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 o norma que la sustituya.
2. Cualquier cambio en el contenido de la resolución requerirá simultáneamente:
a) Que el mismo sea solicitado antes de que finalice el plazo de ejecución de la operación o, en su caso, la anualidad correspondiente, y sea autorizado expresamente por el órgano concedente. Las convocatorias podrán establecer un plazo máximo para la solicitud de modificación.
b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas, de carácter general, que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, incluidos los de finalidad regional, a sus aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda, para la determinación del beneficiario, ni dañe derechos de terceros.
En este sentido, para actuaciones cofinanciadas con FEIE, se ha de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de Disposiciones Comunes, relativo a la durabilidad de las operaciones cofinanciadas.
3. No obstante, en relación con la determinación del beneficiario, sólo si lo permite la convocatoria, se podrán autorizar:
a) Las relacionadas con la fusión, absorción y escisión de entidades.
b) El cambio de beneficiario de la ayuda, siempre que el nuevo cumpla los requisitos establecidos en los artículos 4 y 6 de esta Orden, y los demás establecidos en la convocatoria, y se comprometa a mantener la actividad objeto de la ayuda
En este caso, el remanente de ayuda no gastado por la entidad beneficiaria originaria deberá ser transferido directamente a la nueva entidad, que adquirirá la condición de beneficiaria desde la fecha de la modificación de la resolución.
4. La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 1 de este artículo.
5. Las convocatorias podrán autorizar, de forma genérica, incrementos hasta del 30 por ciento en los subconceptos susceptibles de ayuda que figuren en la resolución de concesión, que se compensen con disminuciones de otros subconceptos, siempre que no se altere el importe total de la ayuda ni se incumpla su objetivo, y que se justifique adecuadamente el cambio en la documentación de justificación. Las convocatorias podrán establecer un plazo y un número máximo de solicitudes de modificación por año.
1. Las ayudas que se concedan podrán tener una dotación económica fija o variable, entendida esta última como un porcentaje sobre el presupuesto elegible del proyecto, y el pago podrá hacerse en forma de pago único o fraccionado, anual o plurianual, y de forma anticipada, a cuenta, con posterioridad a la realización de la actividad objeto de ayuda, o en una combinación de las formas anteriormente citadas. Las convocatorias determinarán las formas de pago de entre las anteriormente citadas.
2. Cada pago quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano gestor de que el beneficiario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, los pagos podrán condicionarse a la presentación de la documentación que se exija en la convocatoria o en las resoluciones de concesión.
3. Cuando los pagos se realicen en varias anualidades se podrán condicionar a la presentación de la documentación requerida para la justificación científico-técnica y económica o a la presentación de los informes científico-técnicos y/o económicos de avance intermedio de la actuación que se soliciten. Asimismo, las convocatorias podrán condicionar el pago de la anualidad posterior a la valoración de los informes de seguimiento científico-técnico intermedios, en la forma y circunstancias que se especifiquen en la convocatoria, y en su caso a la constitución de las garantías previstas en el artículo 16.
4. En todos estos casos se podrá requerir al beneficiario para que aporte la documentación en el plazo de quince días hábiles desde el día siguiente a la notificación del requerimiento. La no aportación de la documentación conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y, en su caso, el reintegro de las cantidades previamente percibidas, por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
5. Cuando la ayuda contemple la modalidad de préstamo o anticipo reembolsable, los pagos estarán condicionados a que el beneficiario acredite encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos reembolsables concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
6. El órgano concedente de la ayuda podrá acordar, como medida cautelar a raíz de la intervención de las autoridades de control competentes, nacionales o europeas, la retención del pago a la que se alude en el artículo 88.c) de Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones. Dicha retención se realizará sobre las cantidades pendientes de abonar al beneficiario en el supuesto de indicios racionales de fraude y/o de la incorrecta obtención, destino o justificación de la ayuda percibida.
La retención se levantará cuando desaparezcan las circunstancias que la originaron o, si así lo establecen las convocatorias, cuando el interesado proponga la sustitución de esta medida cautelar por la constitución de una garantía por el importe de la retención.
Se perderá el derecho al cobro del importe retenido si pasados doce meses desde que se practicó la retención, no hubiera desaparecido la causa que la originó.
7. La utilización de la figura del pago anticipado se ajustará al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos contemplado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
1. La justificación económica y científico técnica se realizará en los términos previstos en cada convocatoria, mediante los procedimientos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo y, en su caso, en la normativa aplicable de la Unión Europea.
2. La forma de justificación deberá realizarse por los medios y en los formatos que se establezcan al efecto.
3. La justificación económica y científico-técnica revestirá la forma de cuenta justificativa y contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:
a) Para la justificación científico-técnica: Una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación como mínimo de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos y del grado de cumplimiento de los indicadores estimados por el beneficiario en la solicitud.
Adicionalmente, para poder llevar a cabo, en su caso, el análisis ex post de la misma, podrá solicitarse información adicional relativa al impacto de la actuación financiada incluso una vez finalizada la actuación, especialmente si se ha considerado al proyecto beneficiario como posible generador de ingresos.
Las convocatorias podrán determinar los indicadores asociados al objetivo de cada actuación que permitan realizar la comprobación y/o el análisis ex post y que podrán ser requeridos en cada justificación científico-técnica o en los informes de avance intermedio de seguimiento a los que se hace referencia en el párrafo segundo del apartado 6 de este artículo. Igualmente, las convocatorias determinarán la forma de justificación de la consecución de indicadores de realización, resultado y comunicación mencionados en el Reglamento de Disposiciones Comunes.
En todos los casos deberá aportarse:
1.º Justificante de la inscripción del Plan de Igualdad del beneficiario en el Registro de Acuerdos y Convenios Colectivos (REGCON), de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
2.º Justificante de publicación oficial o, en su caso, de la inscripción en el REGCON de la Aprobación expresa y formal por los órganos de gobierno del beneficiario de su protocolo de prevención y abordaje del acoso sexual y sexista.
3.º Copia del compromiso de tolerancia cero con el acoso sexual y sexista, firmado al más alto nivel en la organización del beneficiario.
4.º Justificante de la difusión en la web del beneficiario y, en su caso, en su Intranet o correo electrónico institucional, de su protocolo de prevención y abordaje del acoso sexual y sexista, y del compromiso de tolerancia cero con el acoso sexual y sexista, firmado al más alto nivel de su organización.
5.º Copia de la publicación oficial o del certificado voluntario del Plan de Conciliación Laboral y Familiar del beneficiario.
6.º Copia del certificado en la Norma ISO 26000 del sistema de gestión de Responsabilidad Social Corporativa del beneficiario.
7.º El certificado acreditativo del cumplimiento del principio DNSH emitido por una entidad independiente y acreditada válidamente en el territorio español, que cumpla con el Reglamento (CE) número 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) número 339/93 al finalizar la actuación.
8.º Certificación conforme a la Norma UNE-EN 301549:2022 que la página web del beneficiario, y en su caso la página web del proyecto, cumple con las normas de accesibilidad para personas mayores o con capacidades sensoriales diferentes.
b) Para la justificación económica: Una memoria justificativa del coste de las actividades realizadas se podrá optar por la cuenta justificativa ordinaria prevista en el artículo 72 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones o bien por la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. Esta última se regirá por lo previsto en el artículo 74 del referido reglamento, y contendrá una memoria económica abreviada con el contenido de los apartados a), d), e) y g) del artículo 72.2 del mismo. Las convocatorias determinarán qué documentos adicionales podrán exigirse para la justificación económico-administrativa de la ayuda.
i. El informe del auditor se ajustará a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
ii. Cuando el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido al texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, o por otro, siempre que esté inscrito en el «Registro Oficial de Auditores de Cuentas». En las actuaciones cofinanciadas con FEIE se seguirá la normativa específica que resulte de aplicación. En el caso de que se opte por la cuenta justificativa ordinaria prevista en el artículo 72 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, las facturas y documentos de pago deberán ser electrónicos.
1.º En todos los casos, en cumplimiento del artículo 53, apartado 1, letra a) Reglamento de Disposiciones Comunes, deberá adjuntarse copia de los documentos contables generados en cada fase de la contratación pública.
2.º Cuando se trate de procedimientos de contratación pública que superen los umbrales de contratación armonizada deberá aportarse además información sobre si el beneficiario u otras entidades que ejecutan la operación de conformidad con las normas de contratación pública de la Unión Europea utilizan contratistas y, en caso afirmativo, una vez firmados los contratos correspondientes, información sobre:
a) Todos los contratistas, incluidos el nombre y el número de identificación fiscal o de identificación a efectos del IVA del contratista o contratistas.
b) Los titulares reales del contratista, tal como se definen en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva (UE) 2015/849, es decir, el nombre y apellidos, la fecha o fechas de nacimiento y el número o números de identificación a efectos del IVA o el número o números de identificación fiscal de dichos titulares reales.
c) Los contratos (fecha del contrato, nombre, referencia e importe del contrato).
3.º De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se deberá aportar declaración responsable expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes o, en su caso, la relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda, conforme a lo establecido en los artículo 13 de esta Orden, según proceda, incluyendo de forma diferenciada la relación de las ayudas de minimis solicitadas y recibidas en el ejercicio en curso, así como de las recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores, de conformidad con el modelo del anexo I a esta Orden de Bases.
4.º De acuerdo con la naturaleza de la ayuda, las convocatorias podrán exigir documentación específica acreditativa de la actuación junto con la declaración responsable del cumplimiento de lo establecido en los anexos de esta Orden.
5.º Las convocatorias podrán determinar para el caso de actuaciones plurianuales si se realiza una única justificación a la finalización de la actuación o si se incluyen justificaciones intermedias.
6.º En el caso en que se opte por realizar una única justificación a la finalización de la actuación, las convocatorias podrán prever la solicitud de informes científico-técnicos y /o económicos de avance intermedio del proyecto.
7.º La falta de la presentación de la documentación requerida tanto en el caso de justificación científico-técnica y económica como en el caso de solicitar informes científico-técnicos y/ o económicos de avance intermedio del proyecto, podrá condicionar la realización del pago de las anualidades posteriores, en los términos establecidos en el artículo 28.3 de la presente orden de bases. Asimismo, las convocatorias podrán condicionar el pago de la anualidad posterior a la valoración del informe científico técnico intermedio.
8.º En cualquier caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.6 y anexo XIII del Reglamento de Disposiciones Comunes, los beneficiarios deberán custodiar los originales de todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, y quedarán a disposición del órgano concedente, que podrá requerirlas para su comprobación en cualquier momento.
9.º En relación al apartado anterior, el beneficiario deberá declarar responsablemente el lugar de custodia de los originales, comunicando inmediatamente cualquier cambio de ubicación de los mismos si se produjere
10.º En el caso de que, en virtud de lo previsto en el artículo 27.2, si se hubiera producido una sustitución del beneficiario, las convocatorias podrán establecer que cada beneficiario será responsable de la ejecución y justificación de la parte de la ayuda que le corresponda o bien que el último beneficiario se subrogue en todos los derechos y obligaciones del anterior.
4. El beneficiario podrá contar con una Guía de Presentación de Justificación, que oportunamente se publicará en la sede electrónica del MCIN.
1. El órgano que determinen las convocatorias llevará a cabo el seguimiento o comprobación científico técnico de las actuaciones basándose en la revisión de la memoria justificativa científico-técnica a la que se alude en el artículo 29.3.a) o de los informes de avance intermedio a que se hace referencia en el artículo 29.6 y cuando se estime necesario, en presentaciones o visitas.
2. Asimismo, con la información aportada a la que se alude en el artículo 29.3.a) se podrá realizar un análisis ex post del impacto de las actuaciones financiadas. A tal efecto, si fuese necesario, se podrán realizar cuantas presentaciones o visitas se consideren necesarias y se podrá solicitar información adicional a los beneficiarios en cualquier momento incluso después de finalizada la justificación de las actuaciones, para comprobar el mantenimiento de la inversión durante un plazo de cinco años desde la finalización de la ejecución del proyecto, sin que sufra una modificación sustancial que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución y aprobación, siendo considerados cambios sustanciales todos aquellos que alteren el objetivo o resultado de la subvención; el despliegue de la solución innovadora en su caso; especialmente, si se ha considerado al proyecto beneficiario como posible generador de ingresos.
3. El órgano encargado de la comprobación científico-técnica y del análisis ex post podrá realizarlos directamente (con su propio personal) o indirectamente (a través de personas u organismos externos autorizados al efecto). Las convocatorias deberán establecer la frecuencia y el procedimiento, que deberá ser eficaz, transparente y basado en la calidad de las actuaciones financiadas para lo cual podrán prever la creación de cuantas comisiones estimen necesario.
4. Las convocatorias podrán establecer la forma en la que los resultados de los seguimientos o comprobaciones de las actuaciones financiadas por esa convocatoria pudieren ser tenidos en consideración cuando el interesado solicite una nueva ayuda a la Línea FID.
1. El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado y por parte del Tribunal de Cuentas y, en su caso, por la Comisión Europea en virtud del artículo 108.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y a lo establecido en la normativa relativa a la gestión de las ayudas financiadas con los FEIE, y a cualquier otra normativa aplicable.
2. El órgano concedente podrá realizar las acciones de comprobación que establezca la convocatoria para verificar el cumplimiento de las condiciones económicas exigidas al beneficiario.
3. La comprobación formal para la liquidación de la ayuda se realizará sobre las cuentas justificativas presentadas. Las facturas y justificantes de pago o documentos de valor probatorio análogo que sustenten dichos informes serán objeto de comprobación en los cuatro años siguientes desde la finalización del plazo de presentación de la justificación final de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Sin perjuicio de lo anterior, todos los documentos justificativos relacionados con una operación que reciba ayuda de los Fondos se conservarán en el soporte adecuado durante un plazo de cinco años a partir del 31 de diciembre del año en que la autoridad de gestión efectúe el último pago al beneficiario, y como mínimo hasta 31 de diciembre de 2034, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 Reglamento de Disposiciones Comunes.
5. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 69, 82 y anexo XIII del Reglamento de Disposiciones Comunes, los documentos deben conservarse en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o existentes únicamente en versión electrónica. También pueden conservarse como originales o sus copias compulsadas.
6. Cuando los documentos se conserven en soportes de datos generalmente aceptados, no se requerirán los originales.
7. Se consideran soportes de datos generalmente aceptados, al menos, los siguientes:
a) Fotocopias de documentos originales.
b) Microfichas de documentos originales.
c) Versiones electrónicas de documentos originales.
d) Documentos que solo existan en versión electrónica.
8. No obstante lo anterior, a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 69, apartados 3 y 8, y en los anexos XIII y XIV del Reglamento de Disposiciones Comunes los documentos que conforman la pista de auditoría solo se admitirán en versión electrónica, por lo que los sistemas informáticos utilizados deben cumplir las normas de seguridad que garanticen su ajuste a los requisitos legales nacionales y su fiabilidad para auditorías. Así:
a) En caso de facturas electrónicas, se estará a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, en la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de Aplicación de la Ley 25/2013, y a lo dispuesto en Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio, por la que se modifican la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
b) En el caso de facturas, nóminas y otros documentos con repercusión contable, se cumplirán los estándares de digitalización certificada, proceso de digitalización admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para permitir la destrucción de los originales en papel. Para ello es necesario usar una aplicación de digitalización homologada por la Agencia Tributaria, conforme se recoge en el artículo 7 de la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
c) En un ámbito más general, la implantación del Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica) establece la serie de Normas Técnicas de Interoperabilidad que son de obligado cumplimiento por las Administraciones Públicas y que desarrollan aspectos concretos de la interoperabilidad entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Entre ellas están las de «Documento electrónico» y «Digitalización de documentos», aprobadas ambas por dos Resoluciones de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueban las Normas Técnicas de Interoperabilidad de Documento Electrónico y Digitalización de Documentos, y que serán de aplicación a aquellos documentos que no tengan estricta repercusión contable.
9. En caso de duda sobre la posible repercusión contable o no de un documento, se asumirá que la tiene y que se cumplirán los estándares de digitalización certificada.
10. La comprobación podrá realizarse sobre la base de una muestra representativa a cuyo fin el órgano gestor podrá requerir a los beneficiarios la remisión de los justificantes que compongan dicha muestra.
11. Los beneficiarios deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como de las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, y garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad del beneficiario.
1. Procederá el reintegro de la ayuda percibida, así como los intereses de demora correspondientes, en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y éste se regirá por lo dispuesto en el Título II de la misma, y en el Título III de su Reglamento de desarrollo, previo el oportuno expediente de incumplimiento.
2. Se podrá producir la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda y el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas cuando se ponga de manifiesto el incumplimiento, desde el momento de la concesión o de forma sobrevenida, de los requisitos para obtener la condición de beneficiario establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones o cuando proceda lo establecido en los artículos 18 y siguientes del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones.
3. En estos casos se podrá requerir al beneficiario para que aporte la documentación en el plazo de quince días hábiles desde el día siguiente a la notificación del requerimiento. La no aportación o aportación fuera de plazo conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y en su caso, el reintegro de la misma.
4. Si el reembolso de los fondos FEDER recibido por el MICIN no fuere suficiente para amortizar el anticipo realizado al beneficiario éste reintegrará al Tesoro Público la diferencia, más los correspondientes intereses de demora, conforme a lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones tras la comunicación por parte del MICINN de esta circunstancia mediante resolución de reintegro.
1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en la orden de bases, en la resolución de convocatoria de ayuda, en su caso, en la normativa europea y demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en las correspondientes resoluciones de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y a la obligación de reintegrar ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de esta orden.
2. El incumplimiento total de lo