Categoría: Administración

En el recurso interpuesto por doña L. L. H., procuradora de los tribunales, en nombre y representación del Ayuntamiento de Alginet, contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Carlet número 2, doña María de los Dolores Payá Roca de Togores, por la que deniega la cancelación de un asiento de cancelación de anotación preventiva de embargo por mandamiento judicial.
En mandamiento expedido el día 27 de noviembre de 2023 por doña M. M. P., letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, «la Sala acuerda: (…) procédase a la anotación de la anulación del mandamiento librado a dicho Registro por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alginet de fecha 22 de abril de 1997, declarado por sentencia firme de fecha 22 de julio de 2002, practicándose al efecto el correspondiente asiento registral sobre el resto de la finca matriz 17.513 propiedad de Suelo Español SL, así como las parcelas declaradas afectas por resolución de 17 de octubre de 2017 dictada en ejecución de la referida sentencia, de conformidad con el artículo 79 de la Ley Hipotecaria».
Se aportaba sentencia de fecha 22 de julio de 2002 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que establecía: «Fallamos: 1) Estimar en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Sociedad Civil Particular de la Urbanización (…), contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alginet de 22 de abril de 1997, relativo al procedimiento de ejecución forzosa seguido contra la mercantil citada, el cual se anula y deja sin efecto en cuanto a la solicitud de la cancelación de la anotación de embargo de 1988, desestimándose en cuanto a lo demás».
Los asientos registrales a favor del Ayuntamiento de Alginet con relación al documento presentado de la finca registral número 17.513 del Registro de la Propiedad de Carlet número 2 eran los siguientes:
– Titular registral: «Suelo Español, SA».
– Anotación de embargo letra A, extendida a favor del Ayuntamiento de Alginet de fecha 3 de agosto de 1988 en virtud de mandamiento expedido el día 25 agosto de 1988 por don V. J. M. C., recaudador de Tributos del Ayuntamiento de Alginet.
– Prorrogada por la anotación de embargo letra B, de fecha 8 de junio de 1992.
– Cancelada por la anotación letra C en fecha 3 de mayo 1997, según acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alginet de 22 de abril de 1997.
– Anotación de embargo letra J, extendida a favor del Ayuntamiento de Alginet, de fecha 15 de noviembre de 2013, en virtud de mandamiento expedido el 25 agosto de 1988 por don V. J. M. C., recaudador de Tributos.
– Prorrogada por la anotación de embargo letra K de fecha 20 de marzo de 2017.
– Prorrogada por la anotación de embargo letra L de fecha 4 junio 2021, vigente.
– Segregaciones de la finca 17.513 posteriores al día 13 de mayo de 1997, fecha del asiento de cancelación de embargo: 682 segregaciones,
Presentada dicha documentación en el Registro de la Propiedad de Carlet número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«El Registrador de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación del documento presentado bajo el asiento número 317, tomo 203 del Libro Diario y número de entrada 4592/2023, que corresponde al mandamiento expedido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ejecución de títulos judiciales ETJ pieza 528/18 dimanante del Procedimiento Ordinario número 138/1997, de fecha 27/11/2023, ha resuelto denegar el asiento solicitado por los siguientes defectos:
La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de enero de 2005 declaró que solo es posible el restablecimiento de una anotación preventiva de embargo cancelada si reúne dos requisitos:
a) que haya sido cancelada por caducidad y
b) que se ordene en sentencia firme dictada en procedimiento seguido contra los titulares de las fincas.
Ninguno de dichos requisitos concurre en este caso, puesto que se canceló en virtud de mandamiento administrativo como resulta de los libros del Registro, y el procedimiento no se ha seguido explícitamente contra todos los titulares registrales.
En base a los siguientes:
Hechos:
1. Se presenta mandamiento expedido por la Letrada D.ª E. [sic] M. P., de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 27 de noviembre de 2023 en el que la “Sala acuerda: procédase a la anotación de la anulación del mandamiento librado a dicho Registro por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alginet de fecha 22 de abril de 1997, declarado por sentencia firme de fecha 22 de julio de 2002, practicándose al efecto el correspondiente asiento registral sobre el resto de la finca matriz 17.513 propiedad de Suelo Español SL, así como las parcelas declaradas afectas por resolución de 27 de [sic] la Ley Hipotecaria.”
2. Se aporta sentencia n.º 1104 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 22 de julio de 2002 que establece: “Fallamos: 1) Estimar en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Sociedad Civil Particular de la Urbanización (…), contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alginet de 22 de abril de 1997, relativo al procedimiento de ejecución forzosa seguido contra la mercantil citada, el cual se anula y deja sin efecto en cuanto a la solicitud de la cancelación de la anotación de embargo de 1988, desestimándose en cuanto a lo demás”.
3. Asientos registrales a favor del Ayuntamiento de Alginet con relación al documento presentado de la finca registral 17.513:
Titular registral: Suelo Español SA.
Superficie 1.783.384,75 m2.
Capital: 1.760.965,16 € (293.000.000 pesetas).
– Anotación de embargo letra A, extendida a favor del Ayuntamiento de Alginet de fecha 03/08/1988: en virtud de mandamiento expedido el 25 agosto de 1988 por D. Torres Delgado Crespo Santos, Recaudador de Tributos del Ayuntamiento de Alginet.
Prorrogada por la anotación de embargo letra B, de fecha 8 de junio 1992.
Cancelada por la anotación letra C en fecha 3 de mayo 1997 según acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alginet de 22 de abril de 1997.
Superficie: 1.363.067’90 m2.
Capital: 2.200.000 € (1.796.618,10 € de principal).
– Anotación de embargo letra J, extendida a favor del Ayuntamiento de Alginet de fecha 15/11/2013 en virtud de mandamiento expedido el 25 agosto de 1988 por D. Molina Guerrero Castillo Parra, Recaudador de Tributos.
Prorrogada por la anotación de embargo letra K de fecha 20 de marzo de 2017.
Prorrogada por la anotación de embargo letra L, de fecha 4 junio 2021 vigente.
Conclusión:
En el supuesto de que se practicase la cancelación de la cancelación de anotación preventiva de fecha 13 de mayo de 1997, el Ayuntamiento de Alginet tendría dos embargos a su favor por la misma deuda, sobre los mismos bienes, estando el segundo embargo trabado el 15 de noviembre de 2013, ejecutado y adjudicados los bienes en pública subasta a diferentes propietarios que los han recibido libres de cargas y les afectaría el embargo revivido sobre las fincas adjudicadas.
Superficie actual del [sic] finca: 133.316,90 m2.
Segregaciones de la finca 17513 posteriores a 13 de mayo de 1997, fecha del asiento de cancelación de embargo: 682 segregaciones.
Conclusión:
A estas 682 segregaciones con sus correspondientes titulares registrales les afecta la cancelación del asiento de cancelación de embargo y no han sido notificados ni han sido parte en el procedimiento.
La segregación de mayor extensión de superficie que ha tenido acceso al Registro es la que se realizó el día 04/08/22 en la que se segregaron de la indicada finca matriz 17.513 de Alginet 159.36,50 [sic] m2 para destinarse a viales en virtud de escritura autorizada ante el Notario de Alginet don Salvador Carrasco Rojas Vargas el día 29 de septiembre de 2011.
En el día de hoy se ha presentado en el Registro de la Propiedad de Carlet 2 Certificación expedida por M.C. Torres Vega Silva Accidental del Ayuntamiento de Alginet Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de abril de 2024 relativa al expediente 612639N en el que se aprueba parcialmente el Proyecto de Reparcelación de la Urbanización (…) Asiento 1682/203.
Fundamentos de Derecho:
1) En cuanto a lo solicitado por el mandamiento presentado: “procédase a la anotación de la anulación del mandamiento”:
No existe asiento registral que refleje la anulación de un mandamiento, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento Hipotecario que recoge las clases de asientos o inscripciones:
“En los libros de los Registros de la Propiedad se practicarán las siguientes clases de asientos o inscripciones: Asientos de presentación, inscripciones propiamente dichas, extensas o concisas, principales y de referencia; anotaciones preventivas, cancelaciones y notas marginales.”
El Ayuntamiento de Alginet pudo en su momento solicitar se practicase anotación preventiva de su demanda dando así publicidad registral a los posteriores adquirentes, de que la finca registral 17.513 de Alginet era un bien litigioso y de esa manera hubiera evitado la existencia de terceros adquirentes de buena fe:
Artículo 42-1.ª de la Ley Hipotecaria “Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro correspondiente: Cuarto. El que, demandando en juicio ordinario el cumplimiento de cualquiera obligación, obtuviere, con arreglo a las leyes, providencia ordenando el secuestro o prohibiendo la enajenación de bienes inmuebles. Quinto. El que propusiere demanda con objeto de obtener alguna de las resoluciones judiciales expresadas en el número cuarto del artículo segundo de esta Ley”.
2) En cuanto a la cancelación del asiento de cancelación de embargo extendido en fecha 22 de abril de 1987:
La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de enero de 2005, declaró que solo es posible el restablecimiento de una anotación preventiva de embargo cancelada si reúne dos requisitos:
a) que haya sido cancelada por caducidad y
b) que se ordene en sentencia firme dictada en procedimiento seguido contra los titulares de las fincas.
Ninguno de dichos requisitos concurren en este caso, puesto que se canceló en virtud de mandamiento administrativo como resulta de los libros del Registro, y el procedimiento no se ha seguido explícitamente contra todos los titulares registrales.
3) En cuanto a la notificación de los titulares registrales de las 682 segregaciones practicadas con posterioridad a 13 de mayo de 1997, fecha del asiento de cancelación de la anotación preventiva letra A a favor del Ayuntamiento de Alginet:
Artículo 34 Ley “El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro”.
Artículo 40 Ley Hipotecaria: “La rectificación del Registro solo podrá ser solicitada por el titular del dominio o derecho real que no esté inscrito. Que lo esté erróneamente o que resulte lesionado por el asiento inexacto y se practicará con arreglo a Las siguientes normas: d) Cuando la nulidad del título procediere de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento y en general, de cualquier otra causa de las no especificadas anteriormente, la rectificación precisará el consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial. En los casos en que haya de solicitarse judicialmente la rectificación, se dirigirá la demanda contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho y se sustanciará por los trámites del juicio declarativo correspondiente”.
A lo anteriormente expuesto debe añadirse, que según doctrina reiterada de este Centro Directivo, el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales, impone a todas las Autoridades y funcionarios públicos, incluidos, por tanto, también los Registradores de la Propiedad, el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, sin que competa, por consiguiente, al Registrador de la Propiedad calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan.
No obstante, como también ha sostenido esta Dirección General en reiteradas ocasiones, el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, garantizando así la salvaguarda de la autonomía privada (y, con ello, el propio tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de ella), impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del Juez que entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el artículo 100 del Reglamento Hipotecario (en consonancia con el artículo 1B [sic] de la propia Ley) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del Juez o Tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, aparte de las formalidades extrínsecas del documento presentado.
Ese principio de tutela de la autonomía privada e interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento.
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del 24 de enero del 2022, respecto del alcance de la calificación registral de los documentos judiciales:
Los registradores tienen el deber de colaborar con jueces y tribunales en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y de cumplir sus resoluciones firmes (art. 118 CE), pero no por ello ha de quedar excluida la calificación registral de éstas: las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la indefensión (art. 24 CEI [sic], que tiene su especifica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art. 1 LH) determinan la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales a la previa comprobación de los extremos aludidos en e lart. [sic] 100 RH. En consecuencia, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento.
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de marzo de 2024 (BOE 23 de abril de 2024) declara la nulidad de la providencia de 2 de febrero de 2022 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de El Puerto de Santa María. 3.º, ordenando retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la primera de esas resoluciones para que el órgano judicial dicte una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de las ejecutadas, ahora demandantes de amparo, en la vertiente de derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho.
La resolución impugnada, señala el TC, vulnera el derecho fundamental en cuestión, “pues ha prescindido por su propia, autónoma y exclusiva voluntad de la interpretación impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante, incurriendo, por ello, en una interpretación irrazonable y arbitraria de la norma aplicable al proceso. Los órganos judiciales deben respetar la primacía del Derecho de la Unión Europea, en los términos que resultan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que implica la obligación de examinar, bien de oficio, bien a instancia de parte, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de derecho para ello. Una vez la cuestión se plantea por la parte ejecutada, el órgano judicial está obligado a darle una respuesta fundada, con independencia del momento y del cauce empleado para ello, salvo que el fundamento para rechazar la pretensión fuera que ya se había realizado previamente el control de oficio de las cláusulas impugnadas mediante una resolución con efecto de cosa juzgada. Tampoco fundamenta la providencia recurrida en amparo que se haya producido un acto de transmisión de la propiedad que pueda quedar afectado por el examen de la abusividad de la cláusula controvertida y que también impediría dicho control conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia”. Respecto de este último límite, recuerda el Tribunal Constitucional que en la STJUE de 17 de mayo de 2022, asunto Ibercaja Banco, SA, el Tribunal de Justicia, respaldando la jurisprudencia constitucional anterior y reforzando la necesidad de motivación, ha precisado que en un procedimiento de ejecución hipotecaria ya concluido en que los “derechos de propiedad respecto del bien han sido transmitidos a un tercero, el juez, actuando de oficio o a instancias del consumidor, ya no puede proceder a un examen del carácter abusivo de cláusulas contractuales que llevase a la anulación de los actos de transmisión de la propiedad y cuestionar la seguridad jurídica de la transmisión de la propiedad ya realizada frente a un tercero”.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su reglamento:
Resuelvo denegar la cancelación de la cancelación de anotación preventiva de embargo, por los fundamentos de derecho anteriores.
Contra esta calificación (…).
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Dolores Payá y Roca de Togores registrador/a de Registro Propiedad de Carlet 2 a día veinticuatro de abril del dos mil veinticuatro.»
Contra la anterior nota de calificación, doña L. L. H., procuradora de los tribunales, en nombre y representación del Ayuntamiento de Alginet, interpuso recurso el día 11 de junio de 2024 mediante escrito en los siguientes términos:
«Hechos.
Primero.–Que mediante testimonio judicial de la Sentencia número 1104 de 22 de julio de 2.002 dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en los autos de Recurso Contencioso Administrativo, Procedimiento Ordinario, número 138/1.997, se solicita directamente por dicha Sala y Sección del Tribunal la inscripción de la cancelación de la cancelación de embargo acordada por el Ayuntamiento de Alginet en fecha 22 de abril de 1.997 referida a la finca registral 17.513 titulada por la demandante en aquél procedimiento contencioso administrativo la mercantil “Suelo Español, SA”.
Que presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad de Carlet 2 mediante mandamiento de la Sala es objeto de calificación negativa, con arreglo a los siguientes hechos y fundamentos jurídicos: (…).
Segundo.–Que mediante el presente escrito se interpone Recurso contra la anterior calificación, en base a lo siguiente:
En primer lugar y a modo de resumen de antecedentes señalar lo siguiente:
Primero.–Que desde que adquirió firmeza la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 22 de julio de 2.002, la misma se ha intentado inscribir en diferentes ocasiones.
Segundo.–Dicha Sentencia firme anuló el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alginet de 22 de abril de 1997 en cuanto a la solicitud de cancelación de la anotación del embargo trabado sobre la finca matriz 17.513 en el año 1988.
Tercero.–Posteriormente se interesó la ejecución de dicha Sentencia, surgiendo dudas sobre la posibilidad de ejecutar la misma o de declarar su inejecutabilidad en los términos previstos en el artículo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a la vista de la negativa del entonces Registrador de la Propiedad de Carlet que suspendió en su día la solicitud de dejar sin efecto la cancelación del embargo de 1988.
En el curso de dicho procedimiento de ejecución de Sentencia se dictó por parte del Tribunal Supremo la Sentencia de 16 de abril de 2013 dictada en el Recurso de Casación número 918/2012 promovido por el Ayuntamiento de Alginet contra el Auto de fecha 10 de enero de 2.011 sobre imposibilidad legal de ejecución del fallo a la vista de la primera calificación negativa del Registro de la Propiedad de Carlet de 2009.
En la citada Sentencia el Tribunal Supremo ya declaró que la misma suponía una inaceptable respuesta registral que había que rechazar terminantemente.
Los fundamentos jurídicos sexto y séptimo de la citada Sentencia de 16 de abril de 2013 (…), si bien hemos de señalar que es citada de manera reiterada por esa Dirección General, dejaron muy claro:
a) Que en este caso no se está ante una solicitud registral efectuada por un particular, ni siquiera por una Administración Pública, sino ante un mandato jurisdiccional, adoptado en el seno de un procedimiento judicial de ejecución de sentencia que ha sido tramitado con todas las garantías. De un mandato, además, que deriva de una sentencia firme (Sentencia de 22 de julio de 2002) que había anulado un acuerdo municipal, que había posibilitado la cancelación del embargo trabado sobre la finca matriz y que pretendía, por tanto, proyectar la legalidad sobre la institución administrativa registral. Es incuestionable, pues, la obligación de llevar el mandamiento a efecto.
b) Que la decisión acerca de la existencia de terceros registrales correspondía a la Sala, tras valorar la concreta situación de terceros cuyos derechos garantiza el Registro, siendo la Sala la que motivadamente había de decidir asimismo los efectos que había de producir en el ámbito registral la decisión jurisdiccional en trance de ejecución. Por tanto, la apreciación de terceros de buena fe y la determinación de los efectos del mandamiento judicial sobre los asientos registrales competen única y exclusivamente a la Sala.
c) Que tratándose de un supuesto en el que la inscripción registral viene ordenada por una resolución judicial firme cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento de los requisitos propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de terceros registrales al procedimiento jurisdiccional en el que se ha dictado la resolución que se ejecuta, corresponde también necesariamente al ámbito de la decisión jurisdiccional.
d) Que la simple oposición registral con remisión a los distintos mecanismos de impugnación de la calificación no puede convertirse automáticamente en una causa de imposibilidad de ejecución de una sentencia, pues los mecanismos de impugnación registral han de quedar reservados para los supuestos en los que la pretensión registral no cuenta con el indicado origen jurisdiccional.
e) Que la obligación de cumplir ese mandato jurisdiccional incumbe no solo a las partes procesales, sino a todas las personas y entidades públicas y privadas, incluido por tanto el Registrador de la Propiedad, que está obligado a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales Contenciosos-administrativos para la debida y completa ejecución de lo resuelto, siendo la apreciación de eventuales causas de imposibilidad de ejecución de sentencia contempladas en el artículo 105 LJCA una indelegable decisión jurisdiccional.
Cuarto.–Que en cumplimiento de dicha Sentencia del Tribunal Supremo el Ayuntamiento de Alginet propone en ejecución de sentencia, sin perjuicio de la comprobación de existencia de terceros de buena fe, que se procediese a aprobar un proyecto de obras, se sometiera a licitación y se distribuyeran las cuotas entre los propietarios.
Por medio de Auto de 14 de enero de 2014 la Sección la de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana requirió al Ayuntamiento para que presentara proyecto de urbanización para la conclusión de las obras, y se librara mandamiento al Registrador a fin de que certificara las transmisiones habidas en la finca registral 17.513 desde la fecha de cancelación de la anotación de embargo de 1988 verificada el 14 de mayo de 1.997, e informara acerca de la existencia de terceros adquirentes de buena fe a criterio del Registro.
En lo que interesa al presente Recurso ante la Dirección General, señalar que esta parte mediante escrito de 10 de mayo de 2.016 procedió a solicitar, entre otros pedimentos, los siguientes:
“b) Expida nuevo mandamiento al Registrador de la Propiedad de Carlet para que emita certificado actualizado de las transmisiones habidas en la finca registral n.º 17.513 inscrita a nombre de Suelo Español, SL. desde la fecha de cancelación del embargo de 1988 verificado el 14 de mayo de 1997.
c) Una vez recibido el certificado actualizado del Registro, emplace a quienes adquirieron derechos reales sobre la citada finca con posterioridad a la fecha de cancelación del embargo a efectos de que puedan formular alegaciones sobre las circunstancias en que adquirieron las fincas y el conocimiento que tenían del conflicto jurisdiccional existente sobre la cancelación del embargo de 1988,
d) Requiera a la Sociedad Civil Particular de la Urbanización (…), a través de su representación procesal, para que aporte a los autos certificación acreditativa de quiénes eran los socios de la citada sociedad en el momento de interponerse el presente recurso (19 de junio de 1997) y quiénes han adquirido la condición de socio con posterioridad y hasta la fecha actual.
e) Otorgue finalmente traslado a las partes de las diligencias practicadas para que puedan formular alegaciones.”
Quinto.–Que la Sala mediante Providencia de fecha 1 de septiembre de 2.016 a la vista de lo solicitado por la representación del Ayuntamiento de Alginet, acordó remitir mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad de Carlet para que emitiera certificado actualizado de las transmisiones habidas en la finca registral n.º 17.513 inscrita a nombre de Suelo Español, SL desde la fecha de cancelación del embargo de 1988 (14 de mayo de 1997).
Igualmente acordó requerir a la Sociedad Civil Particular de la Urbanización (…), a través de su representación procesal, para que aportase a los autos certificación acreditativa de quiénes eran los socios de la citada sociedad en el momento de interponerse el presente recurso (19 de junio de 1997) y quiénes habían adquirido la condición de socio con posterioridad y hasta la fecha actual.
Tras verificarse los trámites oportunos, mediante Auto de 19 de octubre de 2017 se determinó qué personas y fincas no se podían considerar que tenían la condición de terceros de buena fe, ciñendo a estos últimos la orden de cancelación de la cancelación del embargo.
Sexto.–En efecto, tras recabarse toda esa documentación, se dicta por la Sala el Auto de 19 de octubre de 2.017 (…) y en el que se dice:
“Quinto.–El segundo objeto de ejecución consiste en determinar a la vista de las diligencias practicadas, qué propietarios gozan de la condición de terceros de buena fe a la hora de considerar, o no, extensibles los efectos de anulación de cancelación de anotación de embargo, por las segregaciones y transmisiones efectuadas desde que tuvo acceso al Registro de la Propiedad el mandamiento derivado del acuerdo de 22-4-97 en fecha 14 de mayo de 1997.
Sobre este particular se han adoptado diversas posiciones por las partes.
Por el Registrador se reitera en todos los certificados emitidos al efecto: ‘Desde el 14 de mayo de 1997 hasta la fecha de hoy, constan al margen de la inscripción 1.ª de dicha finca aparecen diferentes notas de segregación de las que resulta que de la antes indicada finca se han segregado 357 fincas cada una de las cuales ha pasado a formar fincas independientes y han sido transmitidas diversos titulares.
Todos estos adquirentes se presumen de buena fe de acuerdo con la Ley, sin que conste en el Registro ningún dato que desvirtúe esta presunción.’
Por Sociedad Civil Particular de la urbanización (…) en su escrito de fecha 16 de julio de 2015, y en relación a esta cuestión, afirma que ‘existe a nombre de los T. G. hijos del socio fundador D. B. T., 6 fincas, a nombre de D. J. M. Y. esposo de la socia y administradora de Suelo Español SL D. [sic] J. T. G. 16 fincas y finalmente a nombre de otro socio y administrador de Suesl [sic] D. F. M. M. 11 fincas. Todos ellos conocen con seguridad la sentencias 1104/02 y su ejecución, por lo que conforme a la STS no debieran aprovecharse, salvo mejor criterio de la Sala... A nuestro juicio y teniendo en cuenta que las inscripciones registrales son voluntarias, posiblemente existan propietarios que habiendo segregado y otorgado escritura pública antes o después de 1997, no hayan registrado incluso existan contratos privados anteriores a 1997 que siguen sin escriturarse...’
Por el Ayuntamiento en su escrito de fecha 12 de mayo de 2016 vino a manifestar al respecto, en relación al informe emitido por el Registrador que califica como “sorprendente, pues es evidente que en todos esos 357 casos los propietarios adquirieron con posterioridad a la cancelación del embargo y por tanto, con conocimiento del embargo existente, del conflicto jurisdiccional inherente, que era y es de público conocimiento por otra parte, y de las obligaciones derivadas del mismo, circunstancia que deberá ratificarse en el análisis particularizado que debe realizar la Sala en cumplimiento de la STS de 16 de abril de 2013... resulta que en el listado de quienes adquirieron fincas con posterioridad a la cancelación del embargo figuran al menos 17 personas que son o han sido parte de este incidente de ejecución (D. C. S.V., González Arias Moreno. Vicente Díaz Vidal. P. G., D. M. A.F. Santos Rivera Romero Peña. R., D. Ruiz Rivera Flores. Z., D. Santiago López Lorenzo Hidalgo. J.C. Ruiz Ortega Marín Vázquez. S. Cruz Núñez Márquez Rubio Crespo Hernández, Crespo. F. Medina Vega Méndez. Montero Garrido Peña Crespo Iglesias Durán Gutiérrez, D. J. J. L. Velasco Iglesias Gómez. S. S. y D. J. C. J.), dato que acredita deforma incontrovertible que al menos es estos casos los titulares conocían la controversia.”
Por su parte, la Sociedad Civil Particular de la urbanización (…) en escrito de 7 de diciembre de 2016 se cumplimenta el requerimiento que le había sido efectuado, en el sentido de afirmar que la condición de socio se corresponde con la de titular de la parcela, aportando en escrito de 3 de junio de 2017 un listado informático del libro de socios del cual no consta fecha de alta ni dato alguno relevante.
Por su parte, son de aplicación al supuesto a título prejudicial los arts. 34 LH:
El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro.
La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro.
Art. 38: En caso de embargo preventivo, juicio ejecutivo o vía de apremio contra bienes inmuebles o derechos reales determinados, se sobreseerá todo procedimiento de apremio respecto de los mismos o de sus frutos, productos o rentas en el instante en que conste en autos, por certificación del Registro de la Propiedad, que dichos bienes o derechos constan inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se sigue el procedimiento, a no ser que se hubiere dirigido contra ella la acción en concepto de heredera del que aparece como dueño en el Registro. Al acreedor ejecutante le quedará reservada su acción para perseguir en el mismo juicio ejecutivo otros bienes del deudor y para ventilar en el juicio correspondiente el derecho que creyere asistirle en cuanto a los bienes respecto de los cuales se suspende el procedimiento.
Cuando se persigan bienes hipotecarios que hayan pasado a ser propiedad de un tercer poseedor, se procederá con arreglo a lo dispuesto en los artículos 134 y concordantes de esta Ley.
Las mismas reglas se observarán cuando, después de efectuada en el Registro alguna anotación preventiva de las establecidas en los números 2.º y 3.º del artículo 42, pasasen los bienes anotados a poder de un tercer poseedor.
La doctrina civilística ha venido a indicar (…).
La STS de 16 de abril de 2013 se pronunció sucintamente sobre la cuestión en los términos ya expuestos: Considera la doctrina registral de la DGRN en cuanto a la eficacia de las resoluciones judiciales de orden contencioso administrativo, la función registral de velar por los titulares si no fueron citados, y que la sentencia matiza en considerar, en supuestos en los que la inscripción registral viene ordenada por una resolución judicial firme cuya ejecución se pretende, que la decisión acerca del cumplimiento de los requisitos propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de terceros registrales al procedimiento jurisdiccional en el que se ha dictado la resolución que se ejecuta corresponde al Tribunal. E igualmente será suya la decisión sobre el posible conocimiento por parte de los actuales terceros, de la existencia del procedimiento jurisdiccional en que se produjo la resolución determinante de la nueva inscripción; en definitiva: será el Tribunal que ejecuta el competente para determinar si ha existido o no la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión, que sería la circunstancia determinante de la condición de tercero registral.
Afirma la sentencia que no se explicita quiénes son los posibles terceros afectados por la anulación de la cancelación ni desde cuándo lo fueron ni en qué condiciones, siendo de suponer que algunos de los recurrentes en la instancia o como miembros de la Sociedad Civil Particular de la urbanización (…) adquirieron la condición de terceros registrales tras la inscripción de la cancelación del embargo y con conocimiento del conflicto jurisdiccional suscitado por ellos mismos.
Pues bien, analizando las posiciones de las partes al respecto y la doctrina citada, en cuanto al conocimiento de la litigiosidad de la traba a la hora de adquirir, que viniera a enervar la presunción de buena fe del tercero adquirente, han sido parte en el presente procedimiento, o han podido serlo, quienes ya eran propietarios a fecha de su incoación, y no otros, puesto que sólo éstos fueron objeto del emplazamiento al recurso efectuado por el Ayuntamiento mediante resolución 135/97 de 11 de julio obrante en autos, tomo 1, del que consta emplazarse a “los propietarios de parcelas de la Urbanización (…) y aquellos que sin haber formalizado en documento público la propiedad de su parcela, pero que puedan alegar derechos de tercería de domino o cualquier otro que les permita hallarse interesados en el proceso iniciado los cuales quedan emplazados...”
Puesto que no consta la identidad de todos los emplazados, hemos de partir de la consideración según la cual, quienes fueron o pudieron ser parte en el proceso, ya eran propietarios, de modo que los adquirentes después de 14 de mayo de 1997, no consta que hayan sido parte, o hayan podido serlo, por haber sido emplazados al proceso.
De ahí que haya de ser descartada la tesis del Ayuntamiento, sobre las 17 personas que cita, y que fueron parte en el incidente de ejecución; pues no consta que hubieran sido emplazadas o hubieran tenido conocimiento del proceso antes de la fecha de su adquisición.
Las consideraciones efectuadas por el Ayuntamiento en cuanto “el conflicto sea de público conocimiento” y por tanto, a su juicio todos los adquirentes, los 357, debieran conocerlo, resultan inadmisibles pues tal conocimiento requiere cumplida prueba a fin de enervar la presunción de buena fe del adquirente. Más aún quienes se personaron después, los 17, pues bien pudieron tomar conocimiento del conflicto a raíz de su incorporación como propietarios a la Sociedad Civil Particular de la urbanización (…); en tal caso, adquirieron de buena fe, sin que el Ayuntamiento haya probado lo contrario; pues el propio Ayuntamiento en supuestos discutibles, como aquellos quienes han comprado en documento privado y acceden al Registro una vez levantada la traba, a quienes manifiesta haber emplazado a autos, acepta las tercerías que le plantean.
Cuestión distinta son las personas a que se refiere la Sociedad Civil Particular de la urbanización (…) Indudablemente, tales personas no es que son parte, sino que son administradores del demandante, o parientes directos de los mismos, en el procedimiento acumulado 138/97 contra el acuerdo de 28-11-96, y demandante en recurso contra el mismo acuerdo de 22-4-97.
Así, como resulta del certificado reiteradamente aportado del Registro de la Propiedad, constan 28 fincas segregadas y adquiridas tras el alzamiento de la traba, 14 de mayo de 1997, por D. J. T. G. y D. F. M. M., ambos administradores mancomunados de Suelo Español S.L., quienes comparecieron a otorgar la escritura de poder procesal para la interposición del recurso contencioso administrativo; así como por D. J. M. I., esposo de la primera, D. B. y D. A. P. T. G. hermanos, y D. M. I. M. I., cuñada.
Así constan a D. J. T. G. las fincas: 26076, 26135, 26136, 26137.
A D. B. T. G. las fincas: 26076.
A D. A. P. T. G. las fincas: 26076.
A D. F. M. M. las fincas: 26077, 26078, 26079, 26080, 26124, 26125, 26126, 26127, 26135, 26136, 26137.
A D. J. M. I. las fincas: 26097, 26098, 26099, 26100, 26106. 26107, 26108, 26109, 26110, 26111, 26138, 26139, 26140.
A D. M. I. M. I. 26138, 26139, 26140.
Sobre la transmisión entre parientes directos, la SAP Sta Cruz de Tenerife Civil sección 4 del 19 de marzo de 2014: Cuarto.–1. La estimación de esas alegaciones del recurso conduce a la estimación de la demanda y la a declaración de propiedad a favor de la actora inicial, en la actualidad y por su fallecimiento, a favor del recurrente, sobre las cuatro fincas reivindicadas.
2. Esa declaración de propiedad plenamente acreditada contradice el dominio inscrito, primero a favor de los demandados iniciales que “enajenaron” también a favor de sus respectivas madres políticas, doña Lorena y doña Bárbara, tres de las fincas que aparecen inscritas a nombre de éstas en el Registro de la Propiedad, y frente a las que se amplió la demanda por lo que han intervenido también en este proceso como demandadas; estas transmisiones (verificadas en virtud de instrumento público al haber accedido al Registro de la Propiedad) no pueden prevalecer frente al verdadero propietario pese a su inscripción, pues al haber operado entre parientes tan cercanos y tras las reclamaciones judiciales formuladas, no pueden tener más que una finalidad fraudulenta, en concreto, la de poner a salvo las fincas revindicadas aparentando una adquisición amparada por la fe pública registral (art. 34 de la Ley Hipotecaria) para atribuir la condición de tercero hipotecario a las adquirentes, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una transmisión de bienes cuya titularidad de encuentra discutida y ante la eventualidad de ver anulados los títulos de propiedad en los que se amparan los demandados; en tales circunstancias, necesariamente hay que concluir en la ausencia de buena fe exigida para que pueda desplegar sus efectos la fe pública registral conforme a lo ya señalado.
Tales personas no gozan a criterio de esta Sala, de la condición de terceros adquirentes de buena fe, y pesa contra ellos la vigencia del asiento originario e indebidamente cancelado.
A tal efecto se librará conforme al art. 42.2 LH y 629 LEC de aplicación supletoria mandamiento al Registro de la Propiedad de anotación de los efectos del alzamiento del asiento de cancelación del embargo de 1988 prorrogado sobre las meritadas fincas.
En resumen, la Sala 1.ª de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su Auto de 19 de octubre de 2017 rechazó declarar la inejecutabilidad de la referida sentencia y acordó proseguir la ejecución a costa de la mercantil “Suelo Español, S.L.” en cuantos bienes pudieran ser habidos.
En particular se indicaba que podía trabarse el resto de la finca 17.513, así como las fincas segregadas después de la cancelación de anotación de embargo a que se refiere el fundamento de derecho quinto del mismo y que son las siguientes:
– D.ª J. T. G., las fincas 23076, 26135, 26136, 26137.
– D. B. T. G., las fincas 26076.
– D. A. P. T. G., las fincas 26076.
– D. F. M. M., las fincas 26077, 26078, 26079, 26080, 26124, 26125, 26126, 26127, 26135, 26136, 26137.
– D. J. M. I., las fincas 26097, 26098, 26099, 26100, 26106, 26107, 26108, 26109, 26110, 26111, 26138, 26139, 26140.
– D.ª M. I. M. I., las fincas 26138, 26139, 26140.
Séptimo.–En cumplimiento del referido fallo, la Sección 1.ª del TSJ de la Comunidad Valenciana Sala ha librado mandamiento en varias ocasiones al Registrador de la Propiedad de Carlet número 2 para que practique anotación de la vigencia del embargo de 1988 respecto de las fincas antes enumeradas.
Los mandamientos anteriores resultaron, sin embargo, denegados por el Registrador de la Propiedad de Carlet.
El primero de ellos mediante nota de 14 de diciembre de 2017, aduciendo, al margen de otras consideraciones formales que luego quedarían subsanadas, que no se había ordenado mediante sentencia firme y que el procedimiento no se había seguido explícitamente contra los titulares registrales con la pretensión de lograr la rectificación registral ordenada.
El segundo, mediante la nota de 9 de julio de 2018, que reitera esas mismas consideraciones, pese al nuevo mandamiento de la Sala, que ya había invocado la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2013 haciendo constar la facultad de la Sala de determinar la condición de parte o tercero de buena fe a los efectos que nos ocupan.
Octavo.–Como decíamos, pese a dicha Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2.013, el Registro de la Propiedad de Carlet 2 ha seguido oponiéndose a la inscripción de la Sentencia.
Así lo volvió a hacer en fecha de 9 de julio de 2018.
Dicha calificación motivó un nuevo incidente de imposibilidad de ejecución del fallo abierto por la Sala mediante Auto de 17 de junio de 2019 y en el quedó resuelta la cuestión que vuelve a plantearse ahora,
En el citado incidente, por Providencia de 7 de enero de 2020 se emplazó y oyó a los titulares registrales sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de la anulación de cancelación de anotación de embargo derivado del acuerdo de 22 de abril de 1997, “a fin de posibilitar la inscripción registral que viene ordenada por una resolución judicial firme cuya ejecución se pretende y atendiendo a los requisitos propios de la contradicción procesal”.
El incidente finalizó mediante Auto de 16 de noviembre de 2020, confirmado posteriormente por Auto de 7 de enero de 2021, que en ejecución de la sentencia recaída en este procedimiento, reiteró que la inscripción registral viene ordenada por una resolución judicial firme y que acordó, en consecuencia, librar mandamiento al Registro de la Propiedad de anotación de los efectos del alzamiento del asiento de cancelación del embargo de 1988 prorrogado sobre las fincas en cuestión, todo ello de conformidad con los artículos 42.2 de la Ley Hipotecaria y 629 de la LEC (…).
Noveno.–El incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte del Registrador de la Propiedad no es solo reiterado sino abiertamente contrario al criterio sostenido en este mismo asunto y pieza de ejecución por el Tribunal Supremo, que ya ha rechazado la interpretación que sostiene la calificación negativa, de modo que no hay margen de duda acerca de la obligación del Registrador de practicar la anotación que le ha sido requerida por la Sala.
Décimo.–En definitiva: el mandamiento de anotación de la vigencia del asiento del embargo se ha dictado en estricto cumplimiento de una sentencia firme (Sentencia 1104/2002, de 22 de julio) y de las resoluciones dictadas en su ejecución (Autos de 19 de octubre de 2017 y 6 de junio de 2018) y tras valorar y decidir la Sala quién reunía la condición de tercero registral de buena fe.
No cabe oponer que el mandamiento no se ordenado en sentencia firme, porque es indudable que la solicitud dimana de una sentencia firme y de los autos dictados en su ejecución y no cabe oponer que no se ha seguido procedimiento contra los titulares de la finca, porque la Sala ha decidido motivadamente que los titulares de las fincas objeto del mandamiento no reúnen la condición de terceros de buena fe. En definitiva, no hay razón que pueda justificar la negativa del Registrador, que está obligado a llevar a efecto el mandato judicial.
La Registradora de la Propiedad es una funcionaria pública, que está obviamente obligada a acatar y cumplir las resoluciones judiciales. Si entendía, como parece deducirse de la calificación, que no procedía la inscripción por pertenecer esa materia a su competencia, el instrumento que prevé nuestro ordenamiento jurídico sería el planteamiento de un conflicto jurisdiccional, a través de la Dirección General de Registros y Notariado y al amparo de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, conflicto que sería improcedente, conforme al artículo 7 de esa misma ley, dado que el mandamiento procede de un asunto judicial resuelto por auto y sentencia firme y que el mismo no se plantea con motivo de la ejecución de facultades que han de ejercitarse en trámite de ejecución.
Tercero.–Por lo que se refiere a la actual calificación de la Sra. Registradora de la Propiedad de Carlet número 2, la misma se sustenta fundamentalmente en tres cuestiones:
A) La primera de ellas es la que atañe a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana:
“En cuanto a lo solicitado por el mandamiento presentado: ‘procédase a la anotación de la anulación del mandamiento”:
No existe asiento registral que refleje la anulación de un mandamiento, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento Hipotecario que recoge las clases de asientos o inscripciones...”
Como hemos visto anteriormente, la Registradora de la Propiedad parece basar su nota de calificación en lo resuelto por la entonces denominada Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de 21 de enero de 2005.
Pues bien, dicha Resolución contempla un supuesto similar al del presente caso y resuelve lo siguiente:
4. Admitida la posibilidad de dar cumplimiento al mandato judicial, queda por determinar el tipo de asiento que ha de practicarse. Ciertamente el mandamiento judicial utiliza el término inscripción, que no obstante debe ser entendido como asiento (expresión que en otros apartados del mismo mandamiento se utiliza), por lo que el asiento que debe practicarse es el de una anotación preventiva de embargo, más conforme con el modo de hacer constar los embargos en el Registro de la Propiedad.
Así, dicha Resolución no considera que la supuesta imprecisión terminológica en que incurre el Letrado de la Administración de Justicia sea causa para no dar cumplimiento al mandato judicial.
Según ha declarado reiteradamente la Dirección General de los Registros y el Notariado –Resolución de 18 de enero de 2012–, de conformidad con el principio de rogación, el registrador no ha de actuar de oficio ni practicar asientos distintos de los solicitados (cfr. Resoluciones de 13 de enero de 1995, 17 de marzo y 19 de abril de 2004 y 20 de julio de 2006), sin embargo tal criterio queda modalizado en el caso de los documentos judiciales, dadas las características de este tipo de documentación, que aconsejan que, en la medida de lo posible, el registrador actúe de oficio, incluso a los efectos de su inscripción parcial, a fin de dar cumplimiento a su deber constitucional de colaboración con las autoridades judiciales (cfr. Resoluciones de 29 de mayo de 1987, 6 y 27 de abril de 2000 y 16 de enero de 2007).
En este mismo sentido ha afirmado este centro directivo (cfr. Resolución de 20 de septiembre de 2005) que resulta indiferente que en la documentación judicial presentada al Registro se utilice una terminología que en términos estrictamente hipotecarios pueda ser confusa o carente de rigor y precisión siempre que quede claro cuál es el contenido de transcendencia real de la correspondiente resolución judicial, de forma que “la orden del juez ordenando la constancia registral de una determinada situación jurídico-real ha de entenderse de acuerdo con el contenido registral que se ordena, siendo indiferente que se utilice una terminología, que en términos estrictamente hipotecarios pueda ser confusa”.
En definitiva, que en virtud de un principio de colaboración, puede el Sr. Registrador practicar el asiento que legalmente corresponda.
B) La segunda de las cuestiones es la referida a la solicitud de la cancelación de la cancelación de un embargo y a los supuestos en los que, anteriormente, se había admitido dicho pedimento.
A nuestro parecer no cabe entender, como parece hacerlo la Sra. Registradora de la Propiedad, que la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de enero de 2.005 afirme que solo puedan recuperar vigencia las anotaciones de embargo cuya caducidad se haya producido por el transcurso del tiempo y que no puedan en modo alguno recuperar su vigencia las anotaciones de embargo que hayan perdido eficacia por otros motivos.
La referida resolución no realiza dicha afirmación en ningún momento. Así resulta de los fundamentos jurídicos de la indicada Resolución que procedemos a reproducir seguidamente:
“2. Se plantea pues en la presente Resolución la posibilidad de restablecer una anotación preventiva de embargo correctamente cancelada por caducidad, conforme al artículo 86 de la Ley Hipotecaria, cuando dicho restablecimiento es ordenado por la Autoridad Judicial, en Sentencia firme, en procedimiento seguido contra los titulares registrales, a los que expresamente se les niega la condición