Categoría: Judicial

o de instruir el procedimiento.
2. Los órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores por la comisión de las infracciones establecidas en esta ley serán los siguientes, de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales:
a) La persona titular de los órganos territoriales provinciales, en el caso de infracciones leves.
b) La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de inclusión social de las personas con discapacidad, en los casos de infracciones leves cometidas en un ámbito superior al provincial y de infracciones graves. Si las infracciones graves se cometen en un ámbito superior al provincial, será competente para resolver la persona titular de la Secretaría General competente en materia de servicios sociales o, en defecto de tal órgano, la persona titular de la Secretaría General Técnica.
c) La persona titular de la Consejería, en el caso de infracciones muy graves.
3. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo común. El plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento será de seis meses.
Se consideran infracciones leves, graves y muy graves, en materia del derecho de acceso al entorno, las siguientes:
1. Leves:
a) La exigencia de forma improcedente de la presentación de la documentación acreditativa del reconocimiento de la condición de perro de asistencia, así como la exigencia de condiciones adicionales a las señaladas en esta ley.
b) El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley que no causen perjuicio grave y que no estén tipificadas como falta grave o muy grave, así como todas aquellas conductas que, sin impedirlo absolutamente, tiendan a dificultar el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley.
2. Graves:
a) Impedir el acceso, deambulación y permanencia a las personas usuarias de perro de asistencia en cualquier lugar de los previstos en esta ley que sea de titularidad privada.
b) El cobro de cantidades o solicitud de las mismas, o de prestación de garantías por permitir el acceso de los perros de asistencia.
c) El incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias del animal o de la obligación de disponer de una póliza de responsabilidad civil por daños.
d) Utilizar de forma fraudulenta el distintivo de identificación de perro de asistencia para un perro que no tenga dicha acreditación.
e) Utilizar de forma fraudulenta un perro de asistencia sin ser la persona usuaria que forma la unidad de vinculación con el perro, ni su adiestradora o educadora.
f) Utilizar el perro de asistencia después de que el correspondiente órgano administrativo haya notificado a la persona usuaria la suspensión o pérdida de la condición de perro de asistencia.
g) Utilizar al perro de asistencia jubilado para las funciones para las que ha sido declarado incapaz o manejarlo con material específico de la función de asistencia que hubiera desempeñado previamente.
3. Muy graves:
a) Impedir el acceso, deambulación y permanencia a las personas usuarias de perro de asistencia en cualquier lugar de los definidos en esta ley que sea de titularidad pública o en el que se preste un servicio público.
b) Privar de forma intencionada a una persona usuaria de su perro de asistencia.
c) El incumplimiento por parte de los centros de adiestramiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16.
1. Las infracciones tipificadas en la presente ley se sancionan con las siguientes multas:
a) Las infracciones leves, con una multa de hasta 300 euros.
b) Las infracciones graves, con una multa de 301 a 2.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, con una multa de 2.001 a 10.000 euros.
2. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la determinación de la cuantía de la sanción atenderá al principio de proporcionalidad, considerándose especialmente el grado de culpabilidad e intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, el riesgo generado, así como la reincidencia.
3. En la resolución del procedimiento sancionador por la infracción relativa al incumplimiento, por parte de los centros de adiestramiento, de los requisitos específicos de funcionamiento que se determinen en desarrollo de esta ley, además de la multa a que se refiere el apartado 1, se podrán imponer las siguientes sanciones accesorias:
a) Prohibición temporal de los servicios de adiestramiento de perros de asistencia por un plazo máximo de un año.
b) Cese definitivo de los servicios que preste el centro, que llevará implícita la revocación del reconocimiento de centro de adiestramiento de perros de asistencia.
4. La imposición de cualquier sanción prevista en esta ley no excluye la responsabilidad civil del infractor por los hechos sancionados frente a eventuales perjudicados.
1. Las infracciones prescriben a los dos años, al año o a los seis meses, según se trate, respectivamente, de las tipificadas como muy graves, graves o leves.
2. Las sanciones prescriben a los dos años, al año o a los seis meses, según se trate, respectivamente, de las correspondientes a infracciones tipificadas como muy graves, graves o leves.
3. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el procedimiento sancionador estuviera paralizado durante más de tres meses por causa no imputable a la persona presunta infractora.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de tres meses por causa no imputable a la persona infractora.
La Administración de la Junta de Andalucía podrá suscribir acuerdos o convenios con entidades, instituciones y organizaciones de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito específico del adiestramiento y educación de los perros de asistencia, así como con aquellas entidades colaboradoras en materia de animales de compañía y asociaciones de personas usuarias de perros de asistencia que se considere necesario para el adecuado desarrollo y aplicación de lo dispuesto en esta ley.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá y llevará a cabo campañas informativas sobre el contenido de esta ley, que estarán especialmente dirigidas a los centros de enseñanza, establecimientos de hostelería, comercios, transportes y servicios públicos.
1. Las personas que permanezcan de manera temporal en Andalucía y sean usuarias de perros de asistencia podrán ejercer el derecho de acceso al entorno siempre que dispongan de la correspondiente acreditación oficial de otra Administración autonómica o país, de conformidad con las normas que rijan en su lugar de residencia o, en ausencia de tales normas, de la acreditación de persona usuaria de perro guía expedida por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Fundación ONCE del Perro Guía, o bien de las acreditaciones expedidas por centros de adiestramiento que pertenezcan a una asociación o federación europea o internacional de perros de asistencia.
2. Las personas residentes en Andalucía que adquieran un perro de asistencia acreditado por otra Administración autonómica o país deberán solicitar el reconocimiento de perro de asistencia conforme al procedimiento previsto en esta ley para poder ejercer el derecho de acceso al entorno. Esta obligación se extiende a las personas usuarias de perros de asistencia, adiestrados y acreditados fuera de la Comunidad Autónoma, que fijen su residencia en Andalucía.
Las referencias a los perros guía contenidas en cualesquiera de las disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán entenderse realizadas a los perros de asistencia en los términos previstos en la presente ley.
Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se podrán actualizar las cuantías de las sanciones pecuniarias previstas en el artículo 27.1.
Se promoverá la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al uso de perros de asistencia.
La Consejería competente en materia de Servicios Sociales aprobará, en un plazo no superior a tres meses desde la publicación de esta ley, una campaña de información dirigida a la ciudadanía sobre los derechos de las personas usuarias de perros de asistencia recogidos en esta ley, y particularmente el derecho de acceso.
El perro de asistencia jubilado, una vez reconocida esta condición en la resolución por la que se extinga la unidad de vinculación, será objeto de especial protección por parte de la Administración pública autonómica. A tal fin, por el órgano competente en este ámbito se elaborarán programas específicos y se concluirán instrumentos jurídicos de colaboración con entidades públicas y/o privadas que garanticen el óptimo acogimiento de estos perros en el caso de que su propietario o beneficiario, mientras estuvo dicho perro en activo, no pudiera hacerse cargo de su cuidado y mantenimiento. A su vez, se incluye la posibilidad de concluir convenios para utilizar estos perros de asistencia, una vez extinguida la unidad de vinculación, para otros fines sociales
1. Los perros inscritos en el Registro de Perros Guía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el Decreto 32/2005, de 8 de febrero, por el que se regula el distintivo de perro guía y el procedimiento para su concesión y se crea el Registro de Perros Guía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tienen automáticamente reconocida la condición de perros de asistencia y se inscribirán de oficio en el Registro de Perros de Asistencia de Andalucía. Las personas usuarias de estos perros deberán solicitar el carnet de la unidad de vinculación y el distintivo de perro de asistencia una vez se apruebe la normativa de desarrollo correspondiente. A tales efectos, deberán acreditar, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la citada normativa, el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y la suscripción del seguro de responsabilidad civil en los términos establecidos en los artículos 14 y 15.
2. Hasta que se apruebe la normativa de desarrollo de esta ley, las personas usuarias de perros guía no inscritos podrán ejercer el derecho de acceso previsto en esta ley mediante la acreditación expedida por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o la Fundación ONCE del Perro Guía. Sin perjuicio de lo anterior, en el plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la normativa de desarrollo, deberán adecuarse a lo establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo. Ese reconocimiento del derecho se llevará a cabo, asimismo, hasta que finalice el proceso de inscripción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional tercera, hasta que se apruebe la normativa de desarrollo de esta ley, las personas usuarias de perros de asistencia que dispongan de la correspondiente acreditación oficial de otra Administración autonómica o país, o bien de las acreditaciones expedidas por centros de adiestramiento que pertenezcan a una asociación o federación europea o internacional de perros de asistencia, podrán ejercer el derecho de acceso al entorno. No obstante, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la normativa de desarrollo, deberán adecuarse a lo establecido en esta ley, en materia de acreditación y registro.
Los procedimientos relativos a la concesión del distintivo de perro guía y su inscripción que estén tramitándose a la entrada en vigor de esta ley se resolverán conforme a lo dispuesto en el Decreto 32/2005, de 8 de febrero. No obstante, el interesado podrá solicitar la modificación de su solicitud para adaptarla, en su caso, al nuevo régimen.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley y, expresamente:
a) La Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales.
b) El Decreto 32/2005, de 8 de febrero, por el que se regula el distintivo de perro guía y el procedimiento para su concesión y se crea el Registro de Perros Guía de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adaptarán sus ordenanzas municipales sobre la materia a las normas contenidas en esta ley, en el plazo de un año desde su entrada en vigor.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales para actualizar la cuantía del límite mínimo de cobertura de la póliza de seguro de responsabilidad civil que se regula en esta ley.
El desarrollo reglamentario de la presente ley, relativo al procedimiento para el reconocimiento de la condición de perro de asistencia, al contenido y formato del distintivo de perro de asistencia y al carnet de la unidad de vinculación, así como a las condiciones específicas de funcionamiento de los centros de adiestramiento y al contenido y funcionamiento del Registro de Perros de Asistencia de Andalucía, se llevará a efecto en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 28 de diciembre de 2021.–El Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Muñoz Santana Sánchez.