Categoría: Judicial

s denegó el acceso a esos procedimientos, mientras que las acusaciones sí han tenido acceso a los mismos, pudiendo así seleccionar las fuentes de prueba que estimaron convenientes. En concreto, la demanda se refiere: (i) al atestado 2017-101743-112, que es producto, casi exclusivo, de la investigación del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, con referencias concretas a la agenda Moleskine;(ii) la fiscalía incorporó directamente a la causa los atestados 2017-10743-116 y 2017-10743-113, del mismo juzgado, que atañen al asunto «Unipost»; (iii) al atestado 2018-101746-010, que se basa en el contenido de la investigación del aquel juzgado e incluso se remite (página 108) a investigaciones extraprocesales (diligencias de Fiscalía); y se efectúa una selección de emails, sin que las defensas puedan controlar esa selección ni rebatirla. Critica que la fiscalía pidió múltiples diligencias (folio 4439) de los referidos procedimientos, seleccionando el material a su conveniencia, admitidas por providencia de 8 de mayo de 2018 (folio 4455) y, en cambio, el instructor no se pronunció sobre la petición de los investigados (folios 4845 y 4854) para que declarasen todos los testigos «de los que se importan declaraciones de otros procedimientos»; y que el órgano de enjuiciamiento inadmitió, como pruebas documentales, determinados particulares y el testimonio íntegro de la causa seguida por el mencionado Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona. Finalmente, la demanda censura la argumentación dada en la sentencia al señalar que la contradicción e igualdad de armas debe operar durante todo el proceso, incluida la instrucción, y que la contradicción en plenario no subsana «la falta de tiempo para articular una defensa efectiva, para conocer las pruebas de acusación o para validar la ausencia de una real instrucción penal».
d) Vulneración del art. 7.2 de la Directiva 2012/13, relativa a la información en los procesos penales; precepto este que garantiza el derecho a disponer, a los acusados o sospechosos, de la totalidad de las pruebas materiales en poder de las autoridades competentes, a fin de garantizar el derecho a un proceso equitativo y el derecho de defensa. Se aduce que los recurrentes, instaron el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el trámite de cuestiones previas, que fue denegada con el argumento de que no se cumplían los requisitos del art. 267 TFUE (sesión del juicio oral del 14 de febrero de 2019), lo que, a su juicio, infringe la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos, que obliga a motivar suficientemente las denegaciones de planteamiento de cuestiones prejudiciales.
e) Inutilización de medios de prueba. Según los recurrentes, la condición de investigados o acusados en otros procedimientos de algunos testigos en este condicionó su declaración. Aducen que muchos se negaron a declarar, acogiéndose a su derecho y con perjuicio para la defensa, y otros lo hicieron sin que el tribunal haya valorado en la sentencia su situación como «materialmente acusados».
B) Naturaleza prospectiva de la causa seguida contra los demandantes. Se queja la demanda de que la fiscalía y la Guardia Civil han efectuado una investigación de «la ideología política independentista y sus impulsores que se concibeper secomo criminal y sediciosa». Se trataría de una investigación extraprocesal que se solapa con procedimientos judiciales y se lleva a cabo sin control judicial. Se queja también: (i) de investigación por la unidad de policía judicial de la séptima comandancia de la Guardia Civil, dirigida por el teniente coronel señor Baena, del que dice que es un «probado adversario político de los acusados», a pesar de lo cual el órgano de enjuiciamiento denegó la prueba para acreditar sus prejuicios ideológicos; (ii) de las actuaciones desarrolladas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, en cuanto que materialmente investigó a todo el Govern, incluyendo a los aforados, y efectuó una delegación absoluta en la Guardia Civil; (iii) de la intervención telefónica que se acuerda tras la práctica de diligencias de investigación de la fiscalía, mediante auto de 7 de julio de 2017 en relación con el señor Jove, y que propició una operación judicial para el día 20 de septiembre de 2017, con registros y detenciones simultáneas. A juicio de los demandantes, esta operación judicial no tuvo su base en hechos punibles sino que se trató de «persecucionesad hominem».Por todo ello, se califica la investigación como prospectiva con la consecuencia de que todo el material obtenido debería haber sido expulsado del proceso.
C) Otras irregularidades procesales acaecidas durante la instrucción. En los dos apartados que siguen de la demanda (puntos 6.6 y 6.7), además de reiterarse las quejas anteriores, se incluye la denuncia de una serie de defectos procesales acaecidos durante la instrucción de la causa especial y en los procedimientos que se califican como paralelos.
a) En la instrucción de la causa especial, la demanda, además de las ya denunciadas y otras que se desarrollan después, enumera las siguientes irregularidades: (i) la injerencia inmotivada y ajena a criterios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, practicada mediante el acceso, examen y análisis generalizado de la correspondencia electrónica (escritos de 6 de febrero de 2018 y de 4 de junio de 2018); (ii) filtración de las grabaciones de declaraciones prestadas por los investigados en la instrucción, así como de resoluciones no notificadas a las partes (escrito de 13 de febrero de 2018); (iii) personación indebida de la abogacía del Estado, al no ser parte legitimada en el proceso (escrito de 20 de febrero de 2018); (iv) utilización de fórmulas de interrogatorios contrarias a la LECrim, así como empleo de datos de otros procedimientos paralelos, otorgándoles valor sin traslado de la información a las partes (escrito de 28 de febrero de 2018); (v) inadmisión de medios de investigación solicitados por las defensas (5 de marzo de 2018); (vi) falta de respuesta a pedimentos de las defensas y del derecho a la segunda instancia penal (escrito de 9 de abril de 2018); (vii) la indebida aplicación de la Ley de protección de testigos, que impidió el normal desarrollo del interrogatorio de una testigo de cargo (escritos de 25 de mayo de 2018 y de 12 de julio de 2018); (viii) aplicación de inexistentes plazos preclusivos de la instrucción, junto con solicitud de preservación de la continencia de la causa (escrito de 18 de junio de 2018); (ix) indebida habilitación del mes de agosto (26 de julio de 2018); (x) problemas para el acceso a las actuaciones, con solicitud de ampliación de plazos para el ejercicio de la defensa (escrito de 17 de septiembre de 2018), y (xi) presencia como acusación popular del partido político Vox (escrito de 18 de noviembre de 2018).
A juicio de los recurrentes, para resolver esta queja no procede efectuar un juicio hipotético sobre la concreta afectación de esas irregularidades a la estrategia defensiva, lo que es imposible, sino que debe valorarse si la reiteración y acumulación de vicios en el procedimiento ha creado una discriminación a las defensas frente a las acusaciones o una disminución injustificada de la capacidad de aquellas para llevar a cabo su labor técnica.
b) En el procedimiento seguido ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3, la demanda enumera las siguientes infracciones (i) falta de tiempo para la preparación de la defensa y necesidad de suspensión de diligencias por coincidencia de señalamientos (escrito de 2 de noviembre de 2017); (ii) cuestionamiento de la competencia y denuncia de la tramitación de procedimientos paralelos (escrito de 5 de noviembre de 2017); (iii) denuncia de falta de competencia, de indefensión ante la falta de tiempo para preparar la defensa, ausencia de traslado de copias de la causa, así como por la denegación de la suspensión de diligencias ante inasistencia justificada de letrado (escrito de 3 de noviembre de 2017), y (iv) solicitudes para participar en declaraciones de testigos con impacto sobre el presente procedimiento, pese a no ser parte formal del procedimiento del citado juzgado (escrito de 8 de febrero de 2017).
c) En el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona se citan las siguientes irregularidades: (i) denegación de acceso a elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención; (ii) falta de imparcialidad del magistrado instructor y de su sustituto; (iii) falta de motivación de las resoluciones que adoptaron medidas cautelares; (iv) fragmentación del procedimiento y solicitud de preservación de continencia de la causa; (v) cuestionamiento de la personación de la abogacía del Estado; (vi) denegación indebida de diligencias de investigación solicitadas por las defensas; (vii) impugnación del acceso a datos del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y denuncia de investigación prospectiva y falta de motivación de la injerencia; (viii) apertura indiscriminada de correos electrónicos; (ix) denegación de suspensión de declaraciones existiendo motivo de suspensión legal; (x) recusación de letrada de la administración de justicia, y (xi) denegación de entrega de particulares de las actuaciones, que fueron publicados en la prensa.
Según la demanda, dadas las limitaciones impuestas para conocer y cuestionar el material probatorio dimanante de estos procedimientos, no se pueden validar tales fuentes de prueba, que accedieron al juicio oral y fundaron la condena.
D) Prueba ilegal. Enlazada con la afirmación inmediatamente precedente, el apartado 6.10 de la demanda denuncia la incongruencia omisiva en que, a su juicio, incurrió la sala de enjuiciamiento al no dar respuesta a la solicitud formulada por los recurrentes de exclusión de la prueba derivada de las actuaciones judiciales seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y el Juzgado Central de Instrucción núm. 3. Se indica que el auto de 1 de febrero de 2019 sostuvo que ese momento no era el adecuado para responder sobre tal impugnación. Sin embargo –prosigue–, tampoco se dilucidó sobre esa solicitud el 14 de febrero de 2019, en que se resolvieron las cuestiones previas planteadas, ni en la sentencia definitiva ni en el auto aclaratorio posterior.
El abogado del Estado, en cuanto a los dos primeros bloques de quejas, niega la naturaleza prospectiva afirmada por la demanda y aduce que la atomización procesal que se denuncia es la consecuencia inevitable de atender, de un lado, a los aforamientos y, de otro, a las normas de conexión procesal, limitándose así la causa especial a investigar a uno solo de los «escalones participativos en la ejecución de los hechos». Se remite así a lo razonado en los autos del magistrado instructor de 15 de febrero de 2018 y de la sala de 27 de diciembre de 2018, frente al intento de las defensas de ampliar la investigación a los meros colaboradores en los hechos, y aduce que, en todo caso, las defensas han tenido oportunidad de conocer los elementos aportados desde otras causas y solicitar la incorporación de lo que han considerado procedente (auto de 25 de octubre de 2018, FJ 5.3). Niega asimismo una conculcación del derecho de acceso a las actuaciones y subraya que el considerando 31 de la Directiva 2012/13 aclara que el derecho de acceso del imputado lo es a las actuaciones del propio procedimiento donde se le investiga, no a las actuaciones de otros procedimientos ajenos.
En relación con el bloque de quejas relativo a las vulneraciones de derechos durante la instrucción del procedimiento y en procedimientos paralelos, el abogado del Estado subraya que, respecto de las primeras, no se concreta qué efectos en el derecho de defensa tienen las irregularidades en la instrucción que enumera la demanda, que renuncia expresamente a atribuirles virtualidad; y, en cuanto a las acaecidas en los citados procedimientos vinculados, deben inadmitirse de plano por las consideraciones expuestas en la alegación anterior.
El partido político Vox, como ya hemos señalado, contesta genéricamente a las alegaciones de quebranto del derecho al proceso debido con fundamento en la doctrina de la indefensión material. Niega que el sumatorio de muchas pequeñas vulneraciones irrelevantes –cuya existencia también descarta– pueda convertirse en una merma relevante de las posibilidades de defensa, y añade que los recurrentes solo fundan esas supuestas vulneraciones en valoraciones subjetivas e interesadas que son meramente «una versión distinta de la expresada en la sentencia impugnada».
Por último, el Ministerio Fiscal, sintéticamente, señala que la fragmentación procesal se explica de un modo razonable a lo largo del procedimiento, dada la necesidad de conjugar el aforamiento de los acusados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo con la limitación de su extensión competencial a los no aforados, a partir de las infracciones penales investigadas [fundamento de Derecho A), apartados 4.1.2 y 4.1.6 de la sentencia]. El Tribunal Supremo limitó así su conocimiento «a uno solo de los escalones participativos en el delito de sedición o rebelión», al igual que en el delito de malversación, y cuando no se han dado esas circunstancias de aforamiento y conexidad las causas han sido instruidas por otros tribunales conforme a las reglas de competencia aplicables, habiendo gozado los recurrentes de una defensa plena. La demanda no cuestiona la interpretación realizada por el Tribunal Supremo de las normas aplicables, y la sala, además, «ha resuelto la declinatoria de jurisdicción, en el momento procesal pertinente».
En relación con la denuncia de investigación prospectiva, el ministerio público reproduce el fundamento de Derecho A), apartados 2.3, 8.1 y 8.2 de la sentencia, y señala que no fue objeto del proceso subyacente la regularidad procesal de las actuaciones seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y que las pruebas que han servido para tener por acreditados los hechos objeto de condena son las que obraban la causa especial, y que «todas ellas han podido ser contradichas por los demandantes sin merma defensiva alguna y con pleno respeto a la normativa procesal».
Respecto de las citadas irregularidades procesales denunciadas durante la instrucción, considera que la queja es inadmisible dado que «[l]a parte se limita a reseñar una relación de escritos que, al parecer, ha ido presentando en las distintas fases procesales, algunos de ellos referentes a otros motivos de amparo, todos ellos huérfanos de la más mínima argumentación, sin tampoco hacer alusión alguna a las respuestas judiciales recibidas ni concretar las consecuencias que de ello se han producido en sus derechos fundamentales, ni tan siquiera las conculcaciones de las normas procesales». A una conclusión similar llega el Ministerio Fiscal en cuanto a las irregularidades invocadas en los considerados procedimientos vinculados, señalando que los demandantes, más allá de su enumeración, no motivan su concurrencia, omitiendo cualquier mención a la respuesta judicial habida y a las fuentes de prueba presuntamente afectadas.
Finalmente, en cuanto a la denunciada prueba ilegal, señala que lo declarado en la sentencia sobre la procedencia de recabar informes y documentos y su introducción en el plenario con posibilidad de contradicción no «es contradicho por los demandantes que se limitan a afirmar –en contra de sus dichos anteriores– que les ha sido inadmitida determinada prueba que no especifican y que además las pruebas que pretendían impugnar, con dicha documental, han sido valoradas como pruebas de cargo sin especificar tampoco como, ni aducir las vulneraciones constitucionales que las mismas comportaban».
7.2 Respuestas del órgano judicial.
Las quejas agrupadas en este motivo de amparo recibieron diversas respuestas a lo largo de la causa en variadas ocasiones. Al margen de las dadas por el magistrado instructor y oralmente por el presidente de la sala de enjuiciamiento al resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas (art. 786.2 LECrim), destacamos aquí, por ser las relevantes para dar respuesta al motivo del recurso de amparo, las contenidas en la sentencia condenatoria impugnada que, a su vez, recogen lo argumentado en resoluciones precedentes; singularmente, en los autos de 25 de octubre de 2018, que confirmó el auto de conclusión del sumario, y de 1 de febrero de 2019, que resolvió sobre la proposición de pruebas.
a) En la sentencia recurrida, dentro del fundamento de Derecho A), la sala de enjuiciamiento dedicó el apartado 2 a contestar a la genérica denuncia, compartida por los recurrentes y otro de los procesados, sobre el contexto sociopolítico de vulneración de los derechos de los acusados de la ciudadanía catalana motivado por la sobreprotección de la unidad territorial de España mediante un concierto autoritario de los poderes públicos. En el punto 2.3 se alude así a la inicial actuación del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, afirmando que fue «legítima actuación de dos órganos jurisdiccionales […] para la investigación y enjuiciamiento de unos hechos que, en el plano indiciario que se corresponde con el momento inicial de cualquier investigación, presentaban los caracteres de delito». Continúa señalando que «[e]sa actuación judicial no puede ser etiquetada como una reacción llamada a desbordar el Estado democrático de Derecho. Tampoco lo fueron las acciones promovidas por el Ministerio Fiscal. Ninguna anomalía democrática se esconde en el hecho de que los poderes del Estado, respetando sus respectivos espacios funcionales, pongan en marcha los mecanismos institucionales para la defensa de los valores propios de una sociedad democrática. Las órdenes impartidas por el fiscal o un órgano jurisdiccional a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nunca pueden ser tomadas como la expresión patológica de una política represiva. Las decisiones judiciales son susceptibles de recurso y los excesos que se cometan en ejecución de lo resuelto pueden ser –están siendo– objeto de investigación».
El razonamiento se culmina diciendo: «En consecuencia, cuando para el análisis de las posibles vulneraciones de derechos fundamentales se arranca de un presupuesto contextualizador que todo lo explicaría, se está incurriendo en un error. Se nubla el análisis y se convierten las legítimas actuaciones del Estado en actos represivos llamados a subyugar un pueblo».
b) La pretensión de acumulación tuvo varias respuestas a lo largo de la causa. Destacamos las dos siguientes:
(i) El auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2018, en el recurso de apelación núm. 12-2018, desestimó los que habían sido interpuestos por los demandantes de amparo –que presentaron recurso de queja, aunque se tuvo por interpuesto el de apelación–, entre otros, contra los autos del magistrado instructor de 15 de febrero y 31 de mayo de 2018. Razona lo que sigue:
«[A]legan los recurrentes que la conexidad e inescindibilidad entre los hechos investigados en las D. Previas 82/2017 del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 y en la presente causa especial resulta indiscutible. Argumentan que la actuación de los Mossos d'Esquadra en el proceso delictivo que se investiga resulta inescindible de las instrucciones que pudieran haberse dado desde los mandos políticos del llamado procés.
La doctrina de esta Sala respecto de los procedimientos especiales seguidos contra personas aforadas, sostiene que la aplicación de las especialidades procesales solamente se justifican respecto de las personas aforadas y de aquellas otras cuyas responsabilidades se encuentren tan unidas o vinculadas a las de aquellos que resulte razonablemente imposible, o muy difícil, su examen separado. Así lo recuerda el auto impugnado con cita del auto 597/2015, de 2 de febrero, en el que se hace referencia a la conveniencia de que se respete en la máxima medida posible el derecho al juez ordinario.
La evidente relación entre los hechos investigados en distintos procedimientos, y atribuidos a personas aforadas y no aforadas, no es suficiente para acordar la acumulación y proceder al enjuiciamiento de estos últimos por el procedimiento especialmente establecido para los primeros. En el caso, las eventuales responsabilidades del recurrente […] como consejero de Interior en la actuación de los Mossos d'Esquadra, o de los demás como partícipes del plan considerado en su globalidad, no requieren necesariamente el establecimiento de las que pudieran corresponder a los mandos policiales. Y las de estos pueden ser examinadas con independencia de la acreditación del contenido de las órdenes recibidas, ya que su responsabilidad se establecerá en función de sus propios actos.
2. En cuanto a la indefensión alegada, causada, en opinión del recurrente, por la imposibilidad de conocer el procedimiento seguido ante el Juzgado Central de Instrucción, no se aprecia su existencia, si se tiene en cuenta que en la presente causa solamente podrán ser valoradas las pruebas que en la misma se practiquen, sin que existan obstáculos insalvables para la práctica, en el plenario que en su caso se celebre, de las diligencias que se propongan por las partes y que el Tribunal considere pertinentes, que puedan tender a operar como elemento de contradicción de las que propongan las acusaciones. Alegan los recurrentes que el Ministerio Fiscal interroga a testigos haciendo referencia a documentos que no conocen por obrar solo en otra causa, en la que no son parte. Nada se opone, sin embargo, a que, con vistas al juicio oral que en su caso pueda celebrarse, aunque ahora no sea pertinente la acumulación que se solicita, que implica diferentes consecuencias procesales, puedan ser propuestos como prueba documental los documentos concretos a los que se dice que se refiere el Ministerio Fiscal al proceder a los interrogatorios aludidos en el recurso, sin perjuicio de la decisión que sobre el particular adopte el Tribunal competente para ello».
(ii) En el auto de 25 de octubre de 2018, que confirmó el de conclusión del sumario, la sala sentenciadora también dio una respuesta expresa a la solicitud de acumulación del sumario núm. 5-2018 del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, presentada, entre otros, por los ahora demandantes. El apartado 5.3 de sus fundamentos jurídicos argumenta al respecto:
«Un comentario individualizado merece la petición de algunas defensas de que se incorpore a la presente causa un testimonio completo de las diligencias que, con otros imputados, vienen siendo objeto de tramitación en otros órganos jurisdiccionales. Se trata de: a) testimonio íntegro del sumario 5-2018 (antes diligencias previas 118-2017) del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona así como del sumario 7/2018 (antes diligencias previas 82-2017) del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional; b) testimonio íntegro de las diligencias previas 1439-2017 del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona.
Para justificar esta petición se alega que algunos de los documentos que obran en la causa han sido incorporados, procedentes de esos otros procedimientos, a instancia del fiscal que, por definición, es parte y como tal tiene acceso a esas diligencias. Se habría generado con ello indefensión porque -se aduce- las defensas, al no ser parte en aquellos otros procedimientos, no han podido tomar conocimiento de aquello que pueda favorecerles.
También ahora es equívoco el razonamiento mediante el que se pretende respaldar la solicitud de revocación. El principio de contradicción y el derecho de defensa quedarían afectados si los documentos que se han incorporado a la presente causa, procedentes de aquellos otros procedimientos, hubieran sido valorados por el Excmo. Sr. magistrado instructor sin posibilidad al alcance de las defensas de confrontar su contenido y rebatir su hipotética carga incriminatoria. Carece de sentido pretender hacer realidad el principio de contradicción respecto del contenido íntegro de una causa penal que no ha sido valorada por el instructor. El contenido material del derecho de defensa o del principio de contradicción no protege una suerte de contradicción preventiva, que operaría respecto de documentos o actos procesales que las acusaciones no han invocado para sustentar sus tesis incriminatorias. En suma, el principio de contradicción proyecta su eficacia respecto de los elementos que obran en la causa, no respecto de aquellos otros de cuyo contenido no existe rastro de valoración, ni por el instructor ni por las acusaciones. Nada impide, por otra parte, que ya en la ulterior fase de proposición de prueba, se identifiquen y puedan ser reclamados por esta Sala algunos de esos documentos o actos procesales que puedan tener influencia en el desarrollo del plenario.
Al margen de lo anterior, dos razones refuerzan la procedencia del rechazo. De una parte, que la incorporación del contenido íntegro de tres procedimientos seguidos en otros órganos jurisdiccionales, ya sea con la impropia invocación de una acumulación de autos, ya por la vía del acopio de diligencias mediante su testimonio, encierra en realidad una cuestión de competencia encubierta cuya tramitación conoce otros cauces. De otra parte, que ese aluvión documental generado por tres procedimientos sin conexión procesal –así ha sido declarado por el Excmo. Sr. Instructor– con los hechos que aquí han sido objeto de investigación, no haría sino retardar, una vez más, el inicio del plenario».
c) Dentro del fundamento de Derecho A), el apartado 4.1.6, a propósito de la alegación de algunos de los procesados sobre la falta de competencia del Tribunal Supremo para conocer en la misma causa especial de los hechos atribuidos a quienes no tenían la condición de aforados, la sala aborda, con alcance general, la cuestión relativa a la inescindibilidad de los hechos objeto de la causa. Razona al respecto lo que sigue:
«[L]a Sala ha optado por no provocar una artificial ruptura del relato histórico, tal y como había sido delimitado provisionalmente por las acusaciones. La acusación referida a los delitos de rebelión y sedición –infracciones penales de comisión plural y ejecución colectiva– hacía aconsejable no fragmentar el hecho justiciable. De lo contrario, se corría el riesgo de generar dilaciones indebidas carentes de toda justificación. Pero era también necesario excluir la falsa idea de que todo aquel que hubiera resultado imputado en otro órgano jurisdiccional por cualquiera de esos dos tipos penales habría de ser incorporado a la causa seguida ante esta Sala. Es perfectamente posible en términos jurídicos una inescindibilidad limitada a uno de los escalones participativos en la ejecución de los hechos.
Del mismo modo, el tratamiento conjunto de los hechos calificados como delito de malversación estaba justificado a la vista de la conclusión primera de las respectivas acusaciones. El acuerdo del Consejo de Gobierno de septiembre de 2017, en el que de forma solidaria los consejeros asumían la responsabilidad por los gastos exigidos por el referéndum del 1 de octubre, envolvía a aforados y no aforados en una unidad jurídica que aconsejaba un examen unitario.
No sucedía así con aquellos otros no aforados a los que solo se imputaba un delito de desobediencia. Y esa fue la causa –como hemos explicadosupra– de la estimación parcial de la declinatoria de jurisdicción que fue resuelta mediante el auto de esta Sala de fecha 27 de diciembre de 2018».
d) En el mismo fundamento de Derecho A), el apartado 7.2 ofrece una respuesta al alegato común de las defensas de haber sufrido indefensión en las fases de investigación e intermedia, al no habérseles dado traslado de las pruebas documentales que habían sido requeridas por el auto de admisión de prueba de 1 de febrero de 2019. Razona al respecto el Tribunal Supremo lo que sigue:
«Tampoco en este caso la Sala detecta indefensión alguna.
El auto de admisión de pruebas ordenó la práctica de los actos de requerimiento que fueran precisos para incorporar a esta causa los documentos interesados por las partes. La práctica totalidad de esos documentos, una vez constatada su existencia y disponibilidad, fueron debidamente remitidos por las entidades públicas y privadas requeridas. De hecho, la queja formulada entonces no ha tenido continuidad en el plenario, de suerte que ni las acusaciones ni las defensas han incluido en sus informes alegación alguna sobre la inexistencia o falta de incorporación a la causa de un documento que fuera considerado clave para el adecuado ejercicio del derecho de defensa.
El Tribunal concedió, en el momento de resolver sobre las cuestiones previas planteadas al inicio del juicio oral, la posibilidad de un segundo turno de interrogatorio de los procesados o examen de los testigos, si las partes consideraran necesario contrastar lo ya declarado con alguno de los documentos reclamados y todavía pendientes en el momento del inicio del plenario.
Ninguna de las partes ejerció esta facultad. La indefensión, por tanto, no existió».
e) En el apartado 3.14 del auto de 1 de febrero de 2019, que resolvió sobre la proposición de prueba, se da respuesta a la impugnación por parte de los recurrentes de algunas pruebas propuestas por las acusaciones. Razona la sala lo que sigue:
«También impugna la defensa, por ilícita, la totalidad de los documentos provenientes de los procedimientos del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona (diligencias previas 118-2017, actualmente sumario 5-2018) y del Juzgado Central de instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional (diligencias previas 32-2017, sumario 7-2018, salvo que “[…] hayan sido expresamente solicitados como prueba documental –documental núm. 1) por esta parte para precisamente fundamentar la existencia de tales vicios de nulidad”.
Una vez más, conviene insistir que el presente auto participa del significado que le atribuye el art. 659 de la LECrim. No es el momento hábil para dar una respuesta unilateral de nulidad a los medios de prueba solicitados por las partes, criterio con el que también hay que rechazar la impugnación expresa de los archivos de vídeo obrantes en los dos DVDs presentados por la fiscalía como documental anexa a su escrito de fecha 19 de abril de 2018».
f) De nuevo en la sentencia, dentro del fundamento de Derecho A), la sala de enjuiciamiento dedicó el apartado 8 a dar respuesta al planteamiento efectuado por otra de las defensas a propósito de la petición de incorporación de testimonio íntegro de las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y de participación en las citadas diligencias, así como en relación con los procedimientos seguidos ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 y el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona. Según la sentencia, el argumento empleado por la defensa «[p]arte de un equívoco». Y continúa razonando lo que sigue:
«De un lado, se protesta por no haber sido llamado a declarar en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, al que se califica de «instrucción paralela». Da la impresión de que lo que se reivindica es el derecho a ser imputado en un procedimiento distinto para, de esa forma, tener acceso a fuentes de prueba cuyo contenido, sin embargo, se desconoce. Si bien se mira, lo que se está reivindicando es una suerte de imputación preventiva, paralela a la que afecta a los acusados en este procedimiento. Se trataría así de estar en condiciones de ejercer una defensaad cautelampor si algo de lo que pueda haber allí, pudiera servir aquí.
Es evidente que los acusados «[…] nunca han sido llamados a prestar declaración en ninguna condición procesal». Y no lo han sido porque el objeto de las diligencias de investigación seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona no es coincidente con el que aquí ha sido objeto de investigación y enjuiciamiento.
[…] nuestro sistema procesal no conoce la figura de la imputación paralela, solo encaminada a lograr presencia en un proceso en el que no se es parte, por si algo de lo que allí se discute –cuyo contenido no se conoce– pudiera servir de base como elemento de descargo. Nótese que lo que la defensa ha interesado como prueba y que ha sido denegado por esta Sala, no es la incorporación a la causa de uno u otro documento, sino el testimonio íntegro de todo el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona.
[…] Se olvida, además, que ninguno de los documentos o informes que el fiscal o las demás acusaciones han podido señalar para su aportación probatoria, ha irrumpido en la presente causa sin posibilidad de contradicción para las defensas. El bloque probatorio sobre el que se ha construido la apreciación de esta Sala se ha generado, de forma única y exclusiva, en el plenario. Nada de lo que aquí se razona para respaldar el juicio de autoría ha sido ajeno a la contradicción de las partes […].
Ya en nuestro auto de fecha 1 febrero 2019, al dar respuesta a esta petición, a la que se sumaba la solicitud de incorporación a la causa de otros dos procedimientos que se seguían en el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona, razonábamos en los siguientes términos: «carece de sentido y es contrario a las más elementales reglas de competencia y conexión en el proceso penal acordar la incorporación íntegra de un sumario que se sigue en un Juzgado Central de Instrucción por hechos que el Excmo. Sr. magistrado instructor y la sala de recursos no han considerado conectados, en términos procesales, a la presente causa. […] La declaración de impertinencia también alcanza, por las mismas razones, a la prueba documental propuesta en el apartado 3, consistente en que “[…] se recabe, de forma anticipada al acto del juicio oral, testimonio íntegro de las diligencias previas 1439-2017 del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona para su incorporación a las actuaciones”». Añadíamos que «[…] en la misma justificación expuesta por la defensa para respaldar la procedencia de la incorporación de esas diligencias previas a la presente causa, pueden hallarse las claves que justifican nuestra denegación. Razona la defensa en los siguientes términos: “[…] en dicho procedimiento se investigan los hechos sucedidos durante la jornada del referéndum de autodeterminación tanto en lo relativo a las imputaciones efectuadas contra agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por actuaciones lesivas no justificadas por el cumplimiento del deber ni cobertura legal ni basada en mandato judicial, como frente a ciudadanos, por lo que su objeto engloba informaciones directamente relacionadas con el objeto del proceso”.
En efecto, no son las informaciones sino los hechos los que determinan la conexión procesal. En aquel procedimiento se investigan hechos sucedidos durante la celebración del referéndum que habrán de ser valorados y, en su caso, enjuiciados en el marco procesal en el que se está desarrollando la investigación. No es, por tanto, la conexión informativa, sino la genuina conexión procesal la que justifica el tratamiento unitario de unas u otras conductas».
La respuesta entonces ofrecida por la Sala, referida a la improcedencia de incorporar el testimonio íntegro de otros procedimientos, seguidos ante distintos órganos jurisdiccionales, con una delimitación objetiva y subjetiva distinta a la que define la presente causa, fue proclamada como una regla general para filtrar la propuesta probatoria de las partes. Y esta regla estaba concebida, precisamente, para garantía de las partes y para hacer realidad el principio de contradicción y el efectivo derecho de defensa.
En el fundamento jurídico 2.1.4 del ya mencionado auto de fecha 1 de febrero de 2019, señalábamos lo siguiente: «[…] la lectura de la prueba documental propuesta por el fiscal, la abogacía del Estado, la acusación popular y las defensas pone de manifiesto que, en su descripción, en no pocos casos, se mezclan documentos, diligencias que no tienen ese carácter –pero que han sido documentadas– y piezas de convicción. La Sala no admite la indiscriminada cita de folios, incorporados a esta u otra causa, con la pretensión de que puedan servir de respaldo a argumentos de inculpación. Por esta misma razón, tampoco admite la reclamación preventiva e indiscriminada de testimonio de todas las actuaciones seguidas ante otros órganos jurisdiccionales.
La Sala anticipa que solo formará convicción probatoria a partir de documentos en sentido estricto y piezas de convicción. En consecuencia, rechaza la cita genérica o la reclamación para su unión a la presente causa de atestados policiales, diligencias preprocesales del Ministerio Fiscal o actos procesales documentados que se hayan generado en otros procedimientos con distinto objeto y tramitados por otros órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de la posibilidad al alcance de las acusaciones y las defensas de solicitar en el plenario la lectura de aquellos documentos o el examen de las piezas de convicción que, filtrados entonces por el principio de contradicción, podrán integrar la apreciación probatoria. De ahí que solo estos documentos y aquellos susceptibles de valoración a los exclusivos efectos previstos en los arts. 714 y 730 de la LECrim y, por tanto, sometidos durante el plenario al principio de contradicción y al derecho de defensa, serán integrados en la prueba documental. Del mismo modo, conforme previene el art. 726 de la LECrim, el Tribunal examinará por sí mismo y someterá a contradicción, los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos».
En definitiva, las razones que fueron apuntadas en el auto de pertinencia de las pruebas propuestas para el plenario han desplegado una función saneadora que ha beneficiado de modo especial a las defensas. Con esa finalidad fueron filtradas las propuestas probatorias de las acusaciones y de las defensas. No ha habido, por tanto, vulneración del derecho a un proceso justo […]».
g) El auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones de 29 de enero de 2020, por lo que a la queja que tratamos importa, señaló en el apartado 10.2.2 que los ahora recurrentes «reitera[n] toda una serie de supuestas vulneraciones de derechos y garantías acaecidas a lo largo de todo este procedimiento, tanto en fase de instrucción como en fase de juicio oral, que ya fueron denunciadas por la parte en su momento y que, o hallaron debida respuesta a través de resoluciones anteriores a esta sentencia, o lo hacen en ella misma». A continuación resuelve:
«Al respecto nos remitimos a lo dicho sobre el objeto del incidente de nulidad en el fundamento de Derecho primero de esta resolución. Es patente que la finalidad de este incidente no es que esta Sala se pronuncie de nuevo sobre aspectos ya valorados en resoluciones anteriores o en la sentencia dictada. Tampoco es su objeto someter a debate o a contradicción el contenido de esta última o incluso, como se pretende, la totalidad del procedimiento. Las vulneraciones denunciadas ya han sido objeto de resolución y a lo dicho nos remitimos. El incidente de nulidad no es un instrumento para entrar en una controversia dialéctica con las partes, ni siquiera para enriquecer el argumentario de la sentencia».
7.3 Encuadramiento de las quejas y doctrina constitucional.
Con la excepción de la enunciada en el último lugar, como veremos, las quejas agrupadas en este motivo de amparo, con cita nominal de varios derechos fundamentales y vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva con prohibición de indefensión (art. 24 CE), tienen en común versar sobre supuestas irregularidades procesales acaecidas durante la fase de instrucción del proceso penal. Por esta razón, todas ellas se reconducen al derecho de defensa que, en la citada fase del proceso penal, tiene una singular caracterización. A continuación sintetizamos la doctrina constitucional fijada en esta materia.
a) Como señaló la STC 186/1990, de 15 de noviembre, FJ 5, «entre las garantías que incluye el art. 24 de la Constitución para todo proceso penal destacan, por ser principios consustanciales al proceso, los principios de contradicción y de igualdad. Según constante y reiterada doctrina de este Tribunal –entre otras muchas, SSTC 76/1982, 118/1984, 27/1985, 109/1985, 47/1987, 155/1988 y 66/1989–, el art. 24 de la Constitución, en cuanto reconoce los derechos a la tutela judicial efectiva con interdicción de la indefensión, a un proceso con todas las garantías y a la defensa, ha consagrado, entre otros, los citados principios de contradicción e igualdad, garantizando el libre acceso de las partes al proceso en defensa de derechos e intereses legítimos. Ello impone la necesidad, en primer término, de que se garantice el acceso al proceso de toda persona a quien se le atribuya, más o menos, fundadamente un acto punible y que dicho acceso lo sea en condición de imputada, para garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ella, aun en la fase de instrucción judicial, situaciones de indefensión (SSTC 44/1985 y 135/1989). Por ello, tan pronto como el juez instructor, tras efectuar una provisional ponderación de la verosimilitud de la imputación de un hecho punible contra persona determinada, cualquiera que sea la procedencia de esta, deberá considerarla imputada con ilustración expresa del hecho punible cuya participación se le atribuye para permitir su autodefensa, ya que el conocimiento de la imputación forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la defensa en la fase de instrucción. En segundo término, exige también la necesidad de que todo proceso penal esté presidido por la posibilidad de una efectiva y equilibrada contradicción entre las partes a fin de que puedan defender sus derechos, así como la obligación de que los órganos judiciales promuevan el debate procesal en condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre acusación y defensa. En el proceso penal, además, la necesidad de la contradicción y equilibrio entre las partes está reforzada por la vigencia del principio acusatorio –que también forma parte de las garantías sustanciales del proceso– que, entre otras exigencias, impone la necesidad de que la función de la acusación sea acometida por un sujeto distinto al órgano decisor (nemo iudex sine acusatore) y de que el objeto procesal sea resuelto por un órgano judicial independiente e imparcial, para lo cual es imprescindible disponer de la posibilidad de conocer los argumentos de la otra parte y manifestar ante el juez los propios, así como poder acreditar los elementos fácticos y jurídicos que fundamentan las respectivas pretensiones. Del principio de “igualdad de armas”, lógico corolario de la contradicción, se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y de defensa, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación –por todas SSTC 47/1987 y 66/1989–, sin que sean admisibles limitaciones a dicho principio, fuera de las modulaciones o excepciones que puedan establecerse en la fase de instrucción (o sumarial) por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla, encaminada a asegurar el éxito de la investigación y, en definitiva, la protección del valor constitucional de la justicia (SSTC 13/1985, 176/1988 y 66/1989)». En el mismo sentido, entre otras, STC 178/2001, de 17 de septiembre, FJ 3.
b) En línea con lo anterior hemos declarado que «el derecho constitucional de defensa contradictoria surge desde el momento en que se imputa a una persona un acto punible, pero no es posible trasladar a la fase de investigación las garantías de contradicción exigibles en el acto del juicio oral, pues “si las leyes procesales han reconocido, y este tribunal recordado, la necesidad de dar entrada en el proceso al imputado desde su fase preliminar de investigación, lo es solo a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho de defensa y evitar que puedan producirse contra él, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión (SSTC 44/1985, 135/1989, 273/1993). Pero la materialidad de esa indefensión [...] exige una relevante y definitiva privación de las facultades de alegación, prueba y contradicción que desequilibre la posición del imputado” (SSTC 14/1999, de 22 de febrero, FJ 6; 87/2001, de 1 de mayo, FJ 3)» (STC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4)
Constituye jurisprudencia reiterada de este tribunal que «el art. 24 de la Constitución prohíbe que el inculpado no haya podido participar en la tramitación de las diligencias de investigación judiciales o que la acusación se “haya fraguado a sus espaldas”. Reiterando esta doctrina y extractando la anterior, en la STC 14/1999, de 22 de febrero, FJ 6 (igualmente, SSTC 19/2000, de 31 de enero, FJ 5; 68/2001, de 17 de marzo, FJ 3, y 87/2001, de 2 de abril, FJ 3), hemos sostenido que la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa contradictoria ha sido concretada por este Tribunal en tres reglas ya clásicas (STC 273/1993, de 20 de septiembre): a) nadie puede ser acusado sin haber sido, con anterioridad, declarado judicialmente imputado; b) como consecuencia de lo anterior, nadie puede ser acusado sin haber sido oído con anterioridad a la conclusión de la investigación, y c) no se debe someter al imputado al régimen de las declaraciones testificales, cuando de las diligencias practicadas pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible, ya que la imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario. Ahora bien, si las leyes procesales han reconocido, y este tribunal recordado, la necesidad de dar entrada en el proceso al imputado desde su fase preliminar de investigación, lo es solo a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra él, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión» (STC 126/2011, de 18 de julio, FJ 12).
c) La doctrina constitucional ha venido insistiendo en la exclusiva relevancia de la «indefensión material»: «la indefensión, que se concibe constitucionalmente como una negación de [l]a garantía [de la tutela judicial] y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24 C.E., ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo. Por ello hemos hablado siempre de una indefensión “material” y no formal para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de esta, cuando se produce de hecho y como consecuencia de aquella. No basta, pues, la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías “en relación con algún interés” de quien lo invoca (STC 90/1988)» (STC 181/1994, de 20 de junio, FJ 2). «Para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado» (SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 164/2005, de 20 de junio, FJ 2, y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
7.4 Resolución de las quejas.
La aplicación de la doctrina constitucional expuesta nos conduce a la desestimación del motivo de amparo a partir de la constatación de que los recurrentes, más allá de la invocación de las irregularidades procedimentales acaecidas en la fase instructora, no han justificado la causación de un perjuicio real y efectivo para sus propios intereses. El denunciado menoscabo de las posibilidades de defensa durante la instrucción carece de relevancia constitucional.
A) La queja relativa a la ruptura de la continencia de la causa por la multiplicidad de procedimientos ha sido desestimada en la STC 184/2021, de 28 de octubre. En línea con el fundamento jurídico 7.4 de la citada sentencia, cabe señalar que este tribunal se limita a constatar, conforme al estrecho margen de control que tiene atribuido, que esta cuestión recibió una respuesta expresa y razonada por parte del órgano judicial y que no se causó indefensión a la parte. No nos ofrecen los demandantes de amparo razonamiento alguno para demostrar que la denominada fragmentación de la causa les haya causado efectiva indefensión. El Tribunal Supremo proporciona una respuesta explícita y razonable sobre las causas que llevaron a adoptar esas decisiones procesales.
a) La conexidad de los hechos delictivos, a efectos de la tramitación en un único procedimiento (art. 17 LECrim), ha de valorarse en los momentos iniciales del proceso, en la fase de investigación o intermedia. No puede establecersea posteriori, con base en el relato fáctico finalmente fijado en la sentencia, dictada tras la celebración del juicio oral, una vez que han quedado definitivamente delimitados, a partir de las pruebas practicadas, los acontecimientos que determinaron el procesamiento y fueron el objeto de las acusaciones.
Es cierto que los hechos objeto de la causa especial fueron inicialmente investigados en distintos procedimientos, especialmente en las diligencias previas