Categoría: Administración

a afectada en los términos que establece el artículo 7 del Real Decreto 1093/1997, es decir, expresando entre otras circunstancias: «Descripción de las construcciones que se mantienen y especificación de las fincas de resultado en que se ubican. Se expresarán, en su caso, las construcciones existentes, aunque no hubieran sido objeto de previa inscripción registral.8. Descripción de las fincas de resultado formadas en virtud del proyecto de equidistribución, conforme a lo dispuesto en la Legislación Hipotecaria, bien por sustitución de las fincas originarias, bien por segregación de la agrupada instrumentalmente a estos efectos».
Tratándose de la omisión en el contenido del proyecto aprobado de circunstancias como la existencia de construcciones o de la naturaleza de las fincas de resultado se consideran, a juicio de este Centro Directivo, previsiones complementarias que deben incorporarse al contenido del proyecto mediante la tramitación de una operación jurídica complementaria con notificación a los afectados describiéndose la concreta finca de resultado conforme al contenido de la modificación, completando de este modo el título material inscribible y reflejado todo ello en la certificación municipal como título formal.
Por lo que no se considera suficiente que el secretario municipal certifique que esas circunstancias resultan del expediente administrativo relativo al proyecto aprobado sin referencia concreta al acto administrativo que motiva su inclusión, salvo que se trate de un mero error material de la propia certificación.
5. No se comparte, sin embargo, el defecto consistente en que dichas certificaciones deben contar con la referencia del Registro de documentación municipal.
Si como se ha dicho la calificación del registrador se extiende a las formalidades extrínsecas del documento administrativo debe entenderse que las mismas se limitan a aquellas que vengan impuestas por normas imperativas como requisito de validez o constituyan una garantía de autenticidad del propio documento.
La inclusión de número de orden o referencia al registro, sin perjuicio de su relevancia a nivel interno no viene impuesta por ningún precepto como requisito de validez formal o autenticidad del propio documento como sí lo es que el mismo sea expedido por el titular de la fe pública municipal con el visto bueno del alcalde que garantice que se encuentra en ejercicio del cargo, de la autenticidad de su firma y el correspondiente sello oficial –artículo 205 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales–.
Por esta razón el Real Decreto 1093/1997 se limita a exigir que la certificación de fehaciencia de las circunstancias relevantes del acto administrativo que se pretende inscribir, sin más requisitos formales que sea efectivamente por quien ejerza el cargo de secretario de la entidad actuante –artículo 2.2.a)–.
En este sentido, el propio artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina que cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba y que también «se podrán» anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares, destacando el carácter dispositivo del registro de salida.
6. Finalmente debe recordarse, no obstante, como hiciera la Resolución de 27 de enero de 2021 que es doctrina de este Centro Directivo que el objeto del recurso se circunscribe a los defectos advertidos por el registrador en su nota de calificación, que son impugnados expresamente por los recurrentes (cfr. artículo 326 de la Ley Hipotecaria).
Como se ha reiterado por esta Dirección General (vid., por todas, Resolución de 13 de octubre de 2014, basada en el contenido del artículo citado y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000) el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado (cfr. artículos 66 y 324 de la Ley Hipotecaria) y tiene por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión, señaladamente la determinación de la validez o no del título inscrito ni de su derecho a inscribir o anotar, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los Tribunales (artículo 66 de la Ley Hipotecaria).
Por ello no procede hacer pronunciamiento alguno respecto a las resoluciones judiciales citadas por los recurrentes pues no se cuestiona aquí la validez de la actuación administrativa sino el contenido que debe contener la certificación como título inscribible y que entra dentro de la calificación registral conforme al artículo 99 del Reglamento Hipotecario y sus normas complementarias.
Defectos cuya subsanación a efectos registrales no debe presentar excesiva dificultad mediante la aportación de certificación expedida por quien ejerza el cargo de secretario con el visto bueno del alcalde y conteniendo todas las circunstancias que conforme a lo argumentado debe contener como título inscribible de la reparcelación.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora en los términos expuestos, y estimarlo revocando la calificación únicamente respeto al defecto mencionado en el apartado quinto de los anteriores fundamentos de Derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 18 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.