Categoría: Administración

istema de acogida en materia de protección internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, exige que la planificación de las necesidades incluya los márgenes de variación de necesidades de actuaciones, prestaciones o servicios que se puedan prever en el momento de la planificación. El apartado 3 de este artículo permite adoptar una nueva resolución de planificación en el caso de que circunstancias sobrevenidas hicieran surgir nuevas necesidades no previstas inicialmente.
Por otro lado, de conformidad con el artículo 14 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, la adopción de la resolución de planificación de necesidades está condicionada a la aprobación del gasto.
La norma permite, por tanto, dos tipos de modificación sobre la planificación inicial:
– La primera, cuando la nueva necesidad obligue a planificar más prestaciones –o diferentes prestaciones que modifiquen sustancialmente las planificadas– a las inicialmente planificadas, y que esta nueva planificación exceda del gasto aprobado para la resolución de planificación de prestaciones, actuaciones o servicios inicial. Esta modificación requerirá de una nueva resolución de planificación, que deberá cumplir todos los requisitos previstos en la normativa sobre gestión mediante acción concertada (incluido el nuevo certificado de la existencia de crédito).
– La segunda, incorporar en la planificación de prestaciones, actuaciones o servicios inicial la posibilidad de que se produzcan variaciones en las necesidades previstas, siempre que dichas variaciones no obliguen a rebasar el gasto inicialmente aprobado y no alteren la naturaleza global de las prestaciones o servicios planificados. Para ello, se deben establecer márgenes de variación de necesidades en la resolución de planificación de prestaciones, actuaciones o servicios.
Para el periodo 2023-2026 se ha planificado las necesidades de servicios previstos en el apartado segundo de la presente resolución. Sin embargo, de conformidad con el artículo 40.2 c) antes citado, se establecen los siguientes márgenes de variación posible:
i. Necesidad de más plazas de acogida para la atención –reforzada o no– de personas en situación de vulnerabilidad.
a. Motivación: Es imposible prever de antemano con absoluta certeza el número exacto de plazas de este tipo que se necesitarán.
b. Margen de variación: Cuando sea necesario, se podrá reconvertir hasta un máximo del 5% las asignaciones de plazas de acogida ordinarias asignadas a las entidades autorizadas para que abran más plazas para la atención –reforzada o no– de personas vulnerables.
ii. Necesidad de reforzar el número plazas de la fase de acogida.
a. Motivación: Como ya se ha indicado en apartados anteriores, puede existir dificultades para pasar a una persona de la fase de acogida a la de autonomía, por circunstancias ajenas al sistema de acogida y que son difícilmente cuantificables en este momento. Sin embargo, dado que se trata de una circunstancia que puede ocurrir –y que de hecho ya ocurre– es necesario prever la posibilidad de minorar el número de personas atendidas en fase de autonomía asignadas a la entidad y reforzar el número de plazas de acogida de esa misma entidad.
b. Margen de variación: Cuando sea necesario, se podrá reconvertir hasta un máximo del 50% de las asignaciones de personas atendidas en fase de autonomía comunicadas a una entidad para que abran más plazas de acogida –ordinarias, para atender a personas vulnerables o de atención reforzada.
iii. Necesidad de reforzar el número de personas atendidas en la fase de autonomía:
a. Motivación: Puede darse el caso de que el número de personas atendidas en fase de autonomía se incremente sustancialmente como consecuencia de un crecimiento en la tasa de reconocimiento de las solicitudes de protección inicial. En este caso, las cifras de personas atendidas en fase de autonomía crecerían también.
b. Margen de variación: Cuando sea necesario, se podrá reconvertir hasta un máximo del 25% de las asignaciones de personas atendidas en fase de acogida comunicadas a una entidad para que se atienda a más personas en la fase de autonomía.
iv. Necesidad de reducir los servicios de apoyo, intervención y acompañamiento social, psicológico y jurídico.
a. Motivación: La necesidad de este tipo de servicios está determinado por el volumen de llegadas, el lugar de llegada y el perfil de las personas solicitantes de protección, lo cual es difícil de prever con exactitud en este momento.
b. Margen de variación: cuando sea necesario, se podrá reconvertir hasta un 10% las asignaciones de personas atendidas en la fase de autonomía.
Estas modificaciones de las comunicaciones de asignación en ningún caso podrán alterar el tope de la retribución máxima comprometida inicialmente con la entidad autorizada correspondiente, de conformidad con el artículo 42.2 del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo.
Además, estas variaciones no podrán suponer la modificación de un número de plazas/personas atendidas equivalente al 50 % del total de plazas/personas atendidas inicialmente comunicadas a la entidad.
Por otro lado, se establece un margen de variación adicional que no requiere de modificación de la comunicación de asignación para 2023, de conformidad con el artículo 40.2 c) antes citado:
v. Necesidad de modular las actuaciones para atender a personas, en la fase de autonomía y en los servicios de apoyo, intervención y acompañamiento social, psicológico y jurídico, cuando varíe el volumen de necesidades y se dispongan de actuaciones disponibles en el periodo de asignación total.
a. Motivación: La necesidad de prestar servicios en la fase de autonomía tiene un carácter asíncrono; es difícil prever el número de personas beneficiarias de protección internacional y temporal y el paso de la fase de acogida a la fase de autonomía está determinada por circunstancias (como el precio de los alquileres de vivienda) que impiden realizar una planificación del número de personas a atender por meses. Por otro lado, en el caso de los servicios de apoyo, intervención y acompañamiento social, psicológico y jurídico, su necesidad está relacionado con el ritmo de llegadas de las personas solicitantes de protección internacional o temporal, que es difícil de prever con exactitud. Estos factores impiden la planificación y se conforma en todo momento como actuaciones con necesidades variables en el tiempo por circunstancias externas.
b. Margen de variación: Las entidades autorizadas podrán distribuir a lo largo de todo el periodo de asignación, en función de las necesidades de las personas atendidas por dicha entidad, el total de actuaciones para atender a personas en la fase de autonomía y en los servicios de apoyo, intervención y acompañamiento social, psicológico y jurídico. Por tanto, las entidades podrán realizar tantas atenciones a personas al día como se les haya asignado, pero podrán distribuirlas a lo largo del periodo de asignación de acuerdo con las necesidades de acogida. En todo caso, la entidad deberá remitir con carácter mensual información sobre el número de personas atendidas al día. La aplicación de este margen de variación no podrá modificar ni la retribución máxima ni el número total de actuaciones del periodo de asignación.
Si a la planificación de necesidades de la presente resolución se le aplican los precios de referencia por día y plaza/persona atendida resultante del estudio de costes realizado, las necesidades presupuestarias para la financiación de la acción concertada para la prestación de los servicios del sistema de acogida de protección internacional y temporal, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, ascenderá a 163.502.168,50 euros.
Cinco. Se modifica el apartado VIII de la resolución mencionada con la siguiente redacción:
«Como se ha puesto de manifiesto, en el ejercicio 2022 y en ejercicios anteriores, los servicios del sistema de acogida de protección internacional y temporal se han financiado con subvenciones, a partir del 1 de enero se financiarán en el marco de la acción concertada. Para que este cambio de modelo de financiación sea posible, está previsto que la resolución de planificación se publique en 2022 y que se proceda a la asignación del 100% de los servicios de acogida a las entidades autorizadas para concertar para todo el ejercicio presupuestario 2023.
Ahora bien, aunque la ejecución de las actuaciones, prestaciones o servicios asignados se deba enmarcar en el año natural, la financiación de esta ejecución anual se debe desarrollar a lo largo de diversos ejercicios presupuestarios diferentes. Esto se explica por el modelo de distribución de los pagos que se ha previsto en la normativa reguladora. En primer lugar, se prevé que la administración anticipe, con carácter general, el 50% de los pagos (artículo 31.1 párrafo siete de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria). Este anticipo se realizará en el último trimestre del ejercicio anterior (artículo 14.5 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio). Es decir, que la retribución de hasta un máximo del 50% de las actuaciones, prestaciones y servicios de un año se pagará con presupuesto del ejercicio inmediatamente anterior.
En segundo lugar, se prevé que las entidades autorizadas tengan que justificar periódicamente (cada dos, tres o cuatro meses, a elección de la entidad) los servicios prestados. Estas justificaciones darán lugar a pagos, por el importe de los costes incurridos en el periodo correspondiente, solamente a partir del momento en el que una entidad haya justificado costes que superen la cuantía anticipada. Puesto que se puede anticipar hasta el 50% de la retribución máxima por los servicios que se asignen, en principio, el primer pago periódico debería producirse a partir de julio.
Finalmente, hay una última consecuencia de la aplicación de pagos periódicos a un periodo de ejecución coincidente con el año natural: el último periodo a justificar finalizará, con carácter general, el 31 de diciembre. Por tanto, la última justificación, correspondiente al último periodo del ejercicio, deberá justificarse en el primer trimestre del ejercicio siguiente (artículo 16. 1 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio).
La consecuencia de todo lo anterior es que, aunque se tome como base de ejecución de los servicios el año natural, el pago de dichos servicios se efectúa mediante aplicaciones presupuestarias de tres ejercicios distintos: el inmediatamente anterior, el corriente y el posterior.
A la vista de lo anterior, la resolución de planificación extraordinaria para 2023 compromete los presupuestos de los ejercicios anterior, corriente y posterior. Se ha calculado que el coste de las actuaciones, prestaciones y servicios extraordinarios para 2023 es de 163.502.168,50 euros.
Esta cuantía se financia con cargo a los siguientes ejercicios presupuestarios:
Nota: En el caso de que, como consecuencia de los ritmos de ejecución de las actuaciones planificadas, el importe ejecutado en el último periodo de justificación de cada ejercicio sea superior al previsto en la presente resolución, se realizarán las modificaciones que sean necesarias para ajustar los costes del sistema a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.»
Esta resolución de modificación será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta resolución surtirá efectos desde el 1 de enero de 2023.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 21 de septiembre de 2023.–La Directora General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, Amapola Blasco Gallego.