Categoría: Cultura

e inscripción o estén inscritos en el Inventario.
4. Los informes a los que se refiere el apartado anterior se emitirán en el plazo de treinta días hábiles.
5. En las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental según la legislación vigente, se adoptarán las medidas protectoras y cautelares necesarias para conservar los bienes inscritos en el Inventario de Lugares y Sendas de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
1. Para cada Lugar o Senda de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, la Consejería competente en esta materia establecerá medios de difusión e interpretación de lo acaecido en el mismo.
2. La Consejería competente en la materia, establecerá la identidad gráfica de los Lugares o Sendas de Memoria Histórica y Democrática para su señalización y difusión oficial, de acuerdo con la normativa vigente en materia de identidad corporativa.
El Gobierno de Cantabria colaborará en la conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Lugares y Sendas de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, dentro de los límites de las disponibilidades presupuestarias.
Las administraciones autonómica y municipal de Cantabria velarán por el reconocimiento y respeto que merecen las víctimas y, en su caso, sus familiares frente a actos, expresiones, conductas u homenajes que entrañen descrédito, menosprecio o humillación por exaltación del golpe militar o del franquismo.
1. El Gobierno de Cantabria, en el ejercicio de sus competencias, adoptará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas, inscripciones y otros objetos o menciones, realizados en conmemoración, exaltación personal o colectiva, del golpe de Estado de 1936 y de la represión en el periodo comprendido en el artículo 1 de la presente ley.
2. A los efectos previstos en esta ley, se elaborará la lista de los elementos que deben ser retirados o eliminados. Se notificará a los titulares su obligación de eliminarlos o retirarlos, concediéndoles un plazo al efecto, transcurrido el cual, se les notificará el incumplimiento de su obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título VI de la presente ley, relativo al régimen sancionador.
3. Corresponderá a las administraciones locales la retirada de dicha simbología en el ámbito de su territorio y de los nombres de las vías públicas que ensalcen a hechos o a personas que atentaron contra la democracia o los derechos humanos, así como la revocación de honores y distinciones dedicados a las personas vinculadas a los citados hechos.
4. En el supuesto de no ser posible la retirada de elementos por causas de índole artística o técnica, se requerirá informe de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural, que se emitirá en el plazo de tres meses a solicitud de los interesados.
5. Cuando los elementos estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos.
6. Cuando los elementos estén colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación.
1. En caso de que la simbología contraria a la memoria histórica y democrática no haya sido retirada o eliminada voluntariamente, la Consejería competente en la materia, incoará de oficio el procedimiento para ordenar la retirada de dichos elementos.
2. En todo caso se dará trámite de audiencia a las personas interesadas por un plazo máximo de quince días hábiles.
3. La resolución motivada que finalice el procedimiento deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses, contados desde el día del acuerdo de inicio del mismo. Transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento.
4. La resolución por la que se ordene la retirada de elementos contrarios a la memoria histórica y democrática recogerá el plazo para efectuarla y será ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en las leyes de reguladoras del procedimiento administrativo común.
5. Transcurrido el plazo dado sin que se haya procedido a la retirada de dichos elementos, el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática, podrá ejecutar subsidiariamente la resolución, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable en materia de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. El Gobierno de Cantabria elaborará un informe anual específico sobre el cumplimiento de la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria histórica y democrática de Cantabria.
1. Los documentos de la memoria histórica y democrática de Cantabria, que no estén ya integrados en el patrimonio documental de la Comunidad Autónoma, podrán ser incorporados a instancia de la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley de Cantabria 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria, o norma que la sustituya.
2. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 21 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, los documentos obrantes en archivos privados y públicos relativos a la guerra civil y la dictadura se integrarán en el patrimonio documental y bibliográfico. Con el fin de preservarlos y difundirlos, los poderes públicos acometerán las actuaciones necesarias para reunir y recuperar los originales o copias de todos los documentos y testimonios orales de interés para la Comunidad Autónoma como documentos de la memoria histórica y democrática.
1. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la protección, integridad, descripción, identificación y difusión de los documentos de la memoria histórica y democrática, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradación, protegiéndolos especialmente frente a la sustracción, destrucción u ocultación.
2. El Gobierno de Cantabria aprobará, con carácter anual, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias una partida para la adquisición, copia o suscripción de convenios sobre los documentos referidos a la memoria histórica y democrática de Cantabria que obren en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros, ya sean originales o a través de cualquier reproducción fiel al original.
3. Los fondos documentales, las copias que se adquieran, y la documentación que se genere como consecuencia de la aplicación por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria de lo previsto en la presente ley se incorporarán a los archivos de la Consejería competente en materia de memoria histórica y Democrática.
Los documentos de la memoria histórica y democrática constitutivos del patrimonio documental de Cantabria serán públicos, sin perjuicio de los derechos de los titulares de los datos personales establecidos en la legislación vigente.
Las entidades memorialistas son reconocidas por esta ley como titulares de intereses legítimos colectivos de las víctimas del franquismo.
1. Se crea el Registro de Entidades de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, de carácter público, en el que se podrán inscribir las entidades memorialistas, que carezcan de ánimo de lucro y tengan su sede social y actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Podrán inscribirse en el mismo aquellas entidades memorialistas, legalmente constituidas, que incluyan entre sus fines estatutarios, como objetivo prioritario, la recuperación de la memoria histórica y democrática de Cantabria, y sus actividades estén orientadas a la recuperación de dicha memoria o la defensa de los derechos de las víctimas, con carácter preferente.
3. La inscripción en el registro tendrá carácter voluntario y gratuito.
4. El Registro de Entidades de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria dependerá de la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática.
El Gobierno de Cantabria, en atención a los fines previstos en esta ley, promoverá el asociacionismo y la participación ciudadana y colaborará con entidades memorialistas en programas de memoria histórica, incluso con programas de ayudas económicas.
1. Se crea el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, como órgano colegiado consultivo cuya función será la de asesorar al Gobierno de Cantabria.
2. El Consejo estará compuesto por personas expertas en materia de memoria histórica o democrática, familiares de víctimas o profesionales de diversas ramas todos ellos con reconocido prestigio.
Reglamentariamente, se determinará su composición, forma de designación de sus miembros y régimen de funcionamiento.
3. El Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria tendrá las siguientes funciones:
a) Asesorar en la redacción de los planes de búsqueda de desaparecidos.
b) Informar las propuestas de disposiciones reglamentarias relacionadas con el desarrollo de la presente ley.
c) Realizar recomendaciones sobre política de memoria histórica y democrática a desarrollar en Cantabria.
d) Aquellas otras funciones que reglamentariamente se le asignen.
1. La Comisión de la Memoria es un órgano colegiado, de carácter temporal y que actuará por una sola vez, cuyos objetivos son:
a) El reconocimiento a las víctimas.
b) Promover la reconciliación y la paz.
c) Servir como instrumento para conocer los hechos que permanecen ocultos acerca de abusos, violaciones de derechos y desapariciones.
d) Conmemorar y hacer duelo por las víctimas de la represión política.
e) Preservar la evidencia documental que sirva para la conmemoración y el recuerdo de hechos históricos para evitar que ocurran nuevamente.
2. La Comisión de la Memoria estará compuesta por cinco miembros, todas personas de reconocido prestigio y vinculación a Cantabria, dos de los cuales serán elegidos por el Gobierno y los tres restantes serán elegidos por el Parlamento de Cantabria, a propuesta de los grupos parlamentarios, por mayoría cualificada de dos tercios en primera vuelta y de mayoría absoluta en segunda vuelta, que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la primera votación.
3. La designación de la persona que ostentará el cargo de presidente de la Comisión de la Memoria corresponderá al Gobierno de Cantabria de entre los miembros elegidos por el Parlamento de Cantabria.
4. La Comisión de la Memoria se constituirá en el plazo de un mes desde la designación del presidente y cesará su actividad en el plazo de un año, que podrá ser prorrogado por la propia Comisión por un año más y por una sola vez, si esta constatare la necesidad de ampliar su periodo de actividad para cumplir los objetivos que le marca la presente ley.
5. Tras la finalización de sus actividades, la Comisión de la Memoria emitirá un informe final con recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas y cesará definitivamente en sus funciones.
6. La propia Comisión fijará su régimen de actuación y de sesiones, así como el contenido del informe final, formas de reconocimiento a las víctimas y todas aquellas cuestiones que considere necesarias para el correcto cumplimiento de sus fines y de las cuestiones previstas en la presente ley o en la legislación estatal relacionada con la memoria histórica y democrática.
7. La Comisión de la Memoria adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta.
1. La planificación, diseño y ejecución de políticas que desarrollen los fines y objetivos de la presente ley, se articularán a través de un instrumento denominado Plan Cántabro de Memoria Histórica y Democrática.
2. El Plan tendrán carácter cuatrienal y serán aprobados mediante acuerdo del Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en políticas de Memoria Histórica y Democrática, encargado de su diseño, ejecución y evaluación.
3. El Plan contará como mínimo con las siguientes líneas estratégicas:
a) Medidas específicas respecto de los trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas, con presupuesto propio.
b) Conservación y divulgación, tanto del valor simbólico de los lugares de memoria, como del patrimonio documental, a través de iniciativas culturales y educativas que promocionen y fomenten los valores democráticos y los derechos humanos.
c) Políticas de reparación, reconocimiento y conmemoración a través del impulso de las iniciativas normativas pertinentes.
4. Tanto en el diseño como la ejecución y evaluación de las políticas públicas articuladas en el Plan, se contemplarán canales para escuchar a la ciudadanía.
5. El Plan contará con una memoria económica de las diferentes líneas estratégicas.
6. Anualmente, la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática emitirá un informe anual sobre la ejecución del Plan, en el que se incluirán los datos de exhumación, número de individuos localizados, cifra de peticiones registradas y numero de prospecciones sin resultado positivo, para su posterior publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Cantabria».
Con objeto de avanzar en el estudio y conocimiento científico de la memoria histórica y democrática de Cantabria, el Gobierno de Cantabria, promoverá proyectos de investigación y divulgación en los que podrán participar instituciones académicas y entidades memorialistas de Cantabria.
1. La Consejería competente en materia de Educación reforzará la inclusión de contenidos relacionados con la memoria histórica y democrática en el currículo de las diferentes etapas y enseñanzas, incidiendo en lo previsto en la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que lleva por rúbrica, «Valores que sustentan la democracia y los derechos humanos y prevención y resolución pacífica de conflictos».
2. Los centros de profesores podrán incorporar actividades de formación específicos para dotar al profesorado de herramientas metodológicas y conceptuales para impartir estas enseñanzas.
3. Asimismo, se impulsará en colaboración con la Universidad de Cantabria la incorporación de la memoria histórica y democrática en los estudios universitarios de grado y máster.
1. La Comunidad Autónoma de Cantabria colaborará con las entidades locales cántabras en el impulso del conocimiento, conmemoración, fomento y divulgación de la memoria histórica y democrática en sus respectivas demarcaciones territoriales en los términos establecidos por esta ley.
2. Las entidades locales colaborarán con la Comunidad Autónoma de Cantabria para que el ejercicio de sus competencias redunde en la ejecución de lo dispuesto en esta ley y en la consecución de los objetivos y finalidades de la misma.
3. Cuando una entidad local incumpla las obligaciones recogidas en esta ley, la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática le recordará su cumplimiento, concediéndole el plazo de un mes a tal efecto. Si transcurrido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la Consejería adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación, de acuerdo con los requisitos previstos en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
1. Será pública la acción para denunciar ante la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática las infracciones en materia de memoria histórica y democrática.
2. Las autoridades que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracción con arreglo a lo previsto en esta ley estarán obligadas a comunicarlo a la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática.
Serán responsables como autores las personas físicas o jurídicas que por acción u omisión resulten responsables de alguna de las infracciones tipificadas en esta ley. Cuando la responsabilidad de los hechos constitutivos de infracción corresponda a una persona jurídica, podrán considerarse responsables, además, las personas físicas integrantes de sus órganos de dirección que hubieran autorizado o consentido la comisión de la infracción. Dichas personas físicas serán consideradas responsables, en su caso, si la persona jurídica se extinguiese antes de ser sancionada.
1. En el ámbito de la presente ley, la potestad sancionadora corresponde la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que la ejercerá a través de los siguientes órganos:
a) La competencia para iniciar el procedimiento sancionador corresponde a quien sea titular de la Dirección General competente en materia de memoria histórica y democrática de Cantabria, quien ostenta también la competencia para imponer las sanciones que se deriven de infracciones leves y graves.
b) La competencia para imponer las sanciones que se deriven de infracciones muy graves corresponde a quien sea titular de la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática de Cantabria.
2. Cuando en el mismo procedimiento se contemplen diversas infracciones calificadas de forma distinta, el órgano competente para dictar resolución será el que la tenga para sancionar la más grave.
El vencimiento del plazo de un año desde el inicio del procedimiento sancionador sin que se haya notificado su resolución determina la caducidad del mismo, que se declarará de oficio.
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador regulado en la presente ley serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada y de la indemnización por los daños y perjuicios causados.
Si de un mismo hecho derivan distintas infracciones cada una de ellas será objeto de la correspondiente sanción.
1. Las infracciones a que se refiere la presente ley prescribirán por el transcurso de los siguientes plazos: las leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.
2. El cómputo de los plazos y los requisitos para la prescripción de las infracciones y de las sanciones se regirán por las normas generales de prescripción de infracciones y sanciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o norma que la sustituya.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
1. Son infracciones administrativas en materia de memoria histórica y democrática las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente ley.
2. Las infracciones tipificadas en la presente ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
3. Las infracciones tipificadas en este capítulo, en relación con los Lugares de Memoria Histórica y Democrática inscritos en el Inventario, se entenderán también referidas respecto a los bienes que cuenten con anotación preventiva en dicho Inventario.
Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de la obligación de permitir la visita pública a los Lugares o Sendas de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
b) Dañar levemente Lugares o Sendas de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
c) La realización de cualquier obra o intervención en un Lugar o Senda de Memoria Histórica y Democrática sin autorización.
d) El incumplimiento de la prohibición de exhibir públicamente elementos contrarios a la memoria histórica y democrática.
e) La omisión del deber de información, en relación con un Lugar o Senda de Memoria Histórica y Democrática inscrito en el Inventario.
Son infracciones graves:
a) El incumplimiento, sin causa justificada, de la obligación de comunicar el hallazgo casual de restos humanos.
b) El traslado de restos humanos sin haber obtenido la autorización establecida en presente ley.
c) El incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento de un Lugar o Senda de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, cuando no constituya infracción muy grave.
d) La obstrucción reiterada de la actuación inspectora en materia de memoria histórica y democrática.
e) La realización de cualquier obra o intervención en un Lugar o Senda de Memoria Histórica y Democrática que afecte a fosas de víctimas sin autorización y no constituya infracción muy grave.
f) El incumplimiento de la resolución por la que se ordene la retirada de elementos contrarios a la memoria histórica y democrática.
g) Dañar espacios o mobiliario de los Lugares o Sendas de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, cuando el importe de los daños causados sea superior a 2.000 euros.
Son infracciones muy graves:
a) La realización de excavaciones en bienes inventariados o su entorno vinculado sin autorización.
b) La remoción de terrenos o la construcción allí donde haya certeza de la existencia de restos humanos de víctimas desaparecidas sin la correspondiente autorización.
c) La destrucción de fosas de víctimas en los terrenos incluidos en los mapas de localización o en un Lugar o Senda de Memoria.
d) La omisión del deber de conservación, cuando conlleve la pérdida, destrucción o deterioro irreparable de bienes inscritos como Lugar o Senda de Memoria Histórica y Democrática.
e) La realización de daños a espacios o mobiliario de los Lugares o Sendas de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, cuando no constituya infracción leve o grave.
1. Las infracciones tipificadas en la presente ley serán sancionadas con multa en las siguientes cuantías:
a) Las infracciones leves con multa de 200 a 2.000 euros.
b) Las infracciones graves con multa de 2.001 a 10.000 euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de 10.001 a 150.000 euros.
2. Para la graduación de las sanciones se atenderá a:
a) La naturaleza y gravedad de los perjuicios ocasionados.
b) El beneficio obtenido por la persona infractora.
c) El incumplimiento de advertencias o requerimientos realizados por la Administración.
d) La reparación voluntaria del daño causado y la colaboración con las autoridades para la subsanación de los hechos.
e) Reincidencia.
1. La imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves o muy graves podrá dar lugar en el mismo procedimiento, además de a las sanciones previstas en el artículo anterior, a la sanción de prohibición de obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de subvenciones en materia de memoria histórica y democrática por un período de uno a tres años para las infracciones graves y de tres a cinco años para las infracciones muy graves.
2. En la graduación de la sanción se tendrá especialmente en cuenta el daño producido, el enriquecimiento injusto obtenido, la existencia de intencionalidad o reiteración y la reincidencia.
En un plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley se deberá constituir el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
En el plazo máximo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley deberá procederse a la retirada o eliminación de los elementos a que se refiere el artículo 30. En caso contrario, la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática incoará de oficio el procedimiento previsto en el mismo artículo para la retirada de dichos elementos.
El Consejo de Gobierno de Cantabria instará al Gobierno de la Nación a la adopción de medidas de todo orden que procedan, para hacer efectiva la reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron condenas o sanciones de carácter personal por tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos, civiles o militares, como las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la Masonería y el Comunismo o del Tribunal del Orden Público (TOP) hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.
El Gobierno de Cantabria impulsará la inscripción de defunción de las víctimas desaparecidas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del Registro Civil.
El silencio administrativo en el procedimiento para actividades de localización, exhumación e identificación de restos, regulado en el artículo 8, en el procedimiento de inscripción de un bien en el Inventario de Lugares y Sendas de Memoria Histórica y Democrática, al que se refiere el artículo 21, y en el procedimiento de autorización de obras previo a la licencia de obra establecido en el artículo 25 tendrá efectos desestimatorios.
Los restos recuperados, en aplicación de lo previsto en la presente ley, no tienen carácter de bien arqueológico a los efectos de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.
La tramitación de los procedimientos iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta ley se regirá por la normativa en virtud de la cual se iniciaron.
En tanto no se constituya reglamentariamente el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, sus atribuciones serán asumidas por la Dirección General con competencia en materia de memoria histórica y democrática.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo dispuesto en esta ley.
Se faculta al Gobierno de Cantabria para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y la ejecución de lo establecido en esta ley.
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria».
Palacio del Gobierno de Cantabria, 17 de noviembre de 2021.–El Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Serrano Sánchez Reyes.