Categoría: Administración

.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se compromete a mantener esta situación al menos hasta el 31 de octubre de 2022.
11. No tiene la consideración de empresa en crisis conforme al Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y conforme a la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de Empresas no financieras en Crisis (2014/C 249/01). (NOTA: Indicar si se realiza a partir de cuentas individuales o consolidadas de la sociedad matriz.)
12. No incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
13. (NOTA: Eliminar la opción que no proceda.)
a) No ha solicitado ni recibido otras subvenciones o ayudas, para la misma inversión subvencionable por el presente Programa de apoyo, procedentes de cualquier Administración, organismo o entidad pública, nacional, de la Unión Europea o internacional.
b) Ha solicitado y/o recibido las siguientes subvenciones o ayudas, para la misma inversión subvencionable por el presente Programa de apoyo, procedentes de la/s siguiente/s Administración/es, organismo/s o entidad/es pública/s, nacional/es, de la Unión Europea o internacional/es, por el importe/s que asimismo se especifica/n:
Entidad concedente: ........................................
Importe ayuda: ........................
Programa: ........................................
Indicar estado de la ayuda (solicitada/concedida/pagada): ..................................
14. Solicita la concesión de un pago anticipado. (NOTA: Indicar SÍ o NO).
15. Se compromete a comunicar de inmediato al órgano instructor cualquier modificación o variación de las circunstancias anteriores.
B.4 Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Don/Doña ............................................................, DNI .........................., como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ............................................................., con NIF ..............................., y domicilio fiscal en ................................................................. beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
i. El nombre del perceptor final de los fondos;
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
B.5 Modelo de Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de subvención el/los abajo firmante/s, como beneficiario/s, declara/declaran:
Primero. Estar informado/s de lo siguiente:
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión.
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.
Don/Doña .................................................................................................................., con NIF............................................., por sí mismo/a o en representación de la entidad ................................................................... ........................................................................... ............................................................................................................... en calidad de .....................................................................................................,
DECLARA
Que ha presentado solicitud para el proyecto denominado ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................
y que todas las actividades que requiere para su desarrollo, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto, cumplen lo siguiente:
A. No ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales, según el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantación de un sistema de clasificación (o «taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles:
1. Mitigación del cambio climático: la actividad no da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
2. Adaptación al cambio climático: la actividad no provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos.
3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos: la actividad no va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas.
4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos: la actividad no genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; no da lugar a un aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, la incineración o el depósito en vertedero de residuos; ni la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.
5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo: la actividad no da lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.
6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: la actividad no va en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión.
B. Se adecúan a las características y condiciones fijadas para la medida y submedida del Componente y reflejadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se recogen en el anexo I y en el anexo IV de la presente orden.
C. Cumplirán la normativa medioambiental vigente a nivel nacional, de la Unión Europea e internacional que resulte de aplicación en materia de, entre otras, calidad y evaluación ambiental, aguas, suelos, cambio climático y transición energética, biodiversidad, ruido, residuos, economía circular y responsabilidad ambiental.
D. Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), a la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y a su correspondiente Anexo. Las actividades excluidas son las establecidas en el artículo 5.2 b) de la presente orden.
E. No causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración dará lugar a la obligación de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes.
Fecha:
Firmado:
La normativa de referencia para determinar el cumplimiento del principio DNSH es la siguiente:
1. El Reglamento del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), «Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» («Reglamento MRR»).
2. La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)» («Guía Técnica de la Comisión Europea»).
3. El «Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088» («Reglamento de Taxonomía»).
4. Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, en concreto, el «Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021,por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales».
5. Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 20216, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
6. Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y su correspondiente anexo.
De conformidad con la citada normativa de referencia, a continuación se recogen las condiciones para el cumplimiento del principio DNSH en cada una de las medidas para las que se requiere un análisis sustantivo, tal y como están establecidas en el componente 6, inversión 4, del PRTR, que los beneficiarios deberán respetar para acreditar que las actividades no causan un perjuicio significativo a alguno de los seis objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2020/852 (mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas), en el sentido del artículo 17.
1. Mitigación cambio climático: ¿Se espera que la medida dé lugar a considerables emisiones de Gases de Efecto Invernadero?
M4, M5, M6, M7, M9, M11, M12
Las medidas están encaminadas a la reducción de Gases de Efecto Invernadero causantes del cambio climático, fomentando bien el cambio modal a un transporte ferroviario de mercancías más sostenible (M4, M5, M6) y más seguro (M7), mejorando la eficiencia en el transporte por carretera (M9 y M10) y en otros modos como el transporte marítimo y aéreo (M11 y M12). Estas actuaciones impulsan la contribución al cumplimiento de las estrategias, planes y programas tanto a nivel nacional como internacional en relación a la reducción de las emisiones de GEI y mitigación del cambio climático y contribución al cumplimiento del objetivo de reducción de un 55 % en 2030 de las emisiones (con respecto a 1990) de gases de efecto invernadero incluidos en el actual Marco de actuación en materia de clima y energía de la Unión Europea.
Las medidas contribuyen a los objetivos de descarbonización del transporte adoptados por medio de la sustitución de los combustibles del transporte convencionales por combustibles alternativos como GNL, hidrógeno y baterías eléctricas. En el caso de los motores propulsados con GNL, las emisiones de GEI experimentan un cierto descenso, mientras que, en el caso del hidrógeno, las emisiones de GEI serían nulas. Las emisiones de GEI derivadas del consumo eléctrico con baterías dependerá del origen de la energía eléctrica con la que se ha cargado la misma. El mix energético actual de la red, así como las previsiones de despliegue de energías renovables en los próximos años aseguran que las emisiones de GEI derivadas del consumo eléctrico serán significativamente inferiores a las que se pudieran producir por medio de combustibles convencionales en buques. De esta manera se contribuiría al cumplimiento del objetivo de reducción de un 55 % en 2030 de las emisiones (con respecto a 1990) de gases de efecto invernadero incluidos en el actual Marco de actuación en materia de clima y energía de la Unión Europea del transporte. Este despliegue de infraestructuras de combustibles alternativos es también necesario para cumplir con la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.
En cuanto a la implantación de GNL como combustible, se considera que no causa un daño significativo puesto que teniendo en cuenta la infraestructura actual de los buques, la implantación de GNL en complementación al hidrógeno y la electricidad resulta en un desempeño ambiental significativamente mejor, teniendo además en cuenta que la transición a tecnologías neutras en carbono (hidrógeno, electricidad) es progresiva y no puede implantarse en su totalidad a corto plazo, por lo que el uso de GNL tiene un carácter transitorio.
No se producirán situaciones de bloqueo ambiental, puesto que el GNL complementa tecnologías con un impacto aún menor (hidrógeno, electricidad) que actualmente no pueden desplegarse al 100 % a corto plazo teniendo en cuenta la infraestructura y buques actuales. Es decir, el GNL no sustituye a la electricidad ni al hidrógeno, sino a las tecnologías convencionales (fuelóleo) que aún permaneciesen durante la progresiva transición a tecnologías neutras en carbono.
2. Adaptación al cambio climático: ¿Se espera que la medida provoque un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, en la medida en sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos?
M4, M7
Las actuaciones previstas en estas medidas no aumentarán significativamente los efectos adversos de adaptación al cambio climático ya que no conllevan un incremento en el grado de exposición ni vulnerabilidad actual. Para la construcción o adaptación de nuevas infraestructuras, se fomenta la resiliencia de la infraestructura, ya que en su diseño se tendrán en cuenta el factor del cambio climático y sus proyecciones, de forma que el grado de exposición y vulnerabilidad actual se verá mejorado con la nueva infraestructura.
3. Uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos: ¿Se espera que la medida vaya en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las aguas, incluidas superficiales y subterráneas y marinas?
M4, M7, M9, M11
En los casos en los que sea necesario, se asegurará el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21/2013 en lo relativo a evaluación de impacto ambiental y en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013. Se aplicarán los pasos de mitigación necesarios para la protección del medio ambiente, así como una evaluación del impacto en el estado del agua, de acuerdo con la Directiva 2000/60/CE, y se abordarán los riesgos identificados en el diseño de la medida.
Los riesgos de degradación medioambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico se identificarán y abordarán de acuerdo a lo establecido en la Directiva 2000/60/CE (Directiva marco del agua), Directiva 2008/56/CE (Directiva marco sobre la estrategia marina) y Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
4. La transición a una economía circular, incluida la prevención y el reciclaje de residuos: ¿Se espera que la medida:
i. conduzca a un aumento significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos, con la excepción de la incineración de residuos peligrosos no reciclables; o
ii. conduzca a ineficiencias significativas en el uso directo o indirecto de cualquier recurso natural en cualquier etapa de su ciclo de vida que no se minimice con medidas adecuadas; o
iii. Cause daños significativos y a largo plazo al medio ambiente con respecto a la economía circular?
M1, M2.1, M2.2, M2.3, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M11, M12, M13
Todas las actuaciones contempladas en la Medida se regirán por el principio de jerarquía de los residuos, dando prioridad a la prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización energética y por último eliminación, siempre que sea posible desde el punto de vista medioambiental; conforme a lo establecido en el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE, y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles para una gestión eficiente de los residuos como se recoge en la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
Las actuaciones contempladas en la Medida cumplirán lo exigido por la próxima Ley de residuos y suelos contaminados (actualmente a información pública), que en el artículo 30 de su anteproyecto indica:
«1. A partir del 1 de enero de 2022, los residuos de la construcción y demolición deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos.
2. En las obras de demolición, deberá asegurarse la retirada y el manejo seguro de las sustancias peligrosas.
A partir del 1 de enero de 2022, la demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, garantizando la retirada selectiva de las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior. Reglamentariamente, se determinarán los casos y el calendario en los que será obligatorio llevar a cabo una demolición selectiva.»
Tal y como establece el Real Decreto 105/2008, las obras promovidas por las administraciones públicas deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización. Además, velarán por que en la fase de proyecto se tengan en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil. Ello contribuirá a la consecución del objetivo europeo marcado por la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (transpuesta mediante Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados), de lograr que al menos el 70 % de los residuos de construcción y demolición generados -en peso- en el país (excluyendo los residuos 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, objetivo que también recoge la Directiva (UE) 2018/851 y el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados (28 mayo 2021).
Para las M1, M7, M8 y M13 se tomarán medidas que aumente la durabilidad y la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados en los aparcamientos. Se adoptarán medidas adecuadas para que se apliquen los requisitos de diseño ecológico que facilitan la reutilización y el tratamiento de los RAEE establecidos en el marco de la Directiva 2009/125/CE, hasta el final de su vida útil aplicando las directrices que marca la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
La medida 12 considerará las directrices marcadas en la Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c para su uso como combustible en buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
En cuanto a los motores propulsados con energías alternativas, cabe destacar el consumo de materias primas (litio, níquel cobalto magnesio y grafito) necesario para la fabricación de baterías. Se adoptarán medidas que reduzcan la dependencia de la UE de las importaciones de materias primas, facilitando el acceso a fuentes primarias y secundarias dentro de la UE. Además, se garantizará también un suministro seguro y sostenible proveniente de terceros países ricos en estos recursos. El uso de materias primas producidas de manera sostenible es crucial para la huella ambiental de la batería.
Se seguirán todas las directrices recogidas en la Directiva 2006/66/CE relativa a pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, así como lo expuesto en el informe de la Comisión al parlamento europeo sobre la ejecución del Plan de acción estratégico para las baterías.
La medida tenderá a cumplir las directrices recogidas en la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, con el objeto de favorecer la implantación de estos combustibles alternativos que favorecen la circularidad, así como lo expuesto en el Reglamento Delegado (UE) 2019/1745 por el que se completa y modifica la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los puntos de recarga para vehículos de motor de categoría L, el suministro de electricidad en puerto a los buques de navegación interior, el suministro de hidrógeno para el transporte por carretera y el suministro de gas natural para el transporte por carretera y por vías navegables y se deroga el Reglamento Delegado (UE) 2018/674 de la Comisión.
5. Prevención y control de la contaminación: ¿Se espera que la medida conduzca a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo?
M2.1, M2.2, M2.3, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M11, M12
La gestión de residuos se realizará en conformidad con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE y siguiendo las directrices marcadas por la Directiva (UE) 2018/851 sobre los residuos.
En las medidas 9 y 11 los criterios de elegibilidad de estas medidas asegurarán la reducción de emisiones contaminantes garantizando que los proyectos beneficiarios de infraestructuras de suministro de combustibles alternativos, también permitirán en el momento de su construcción el suministro de gases renovables y bajos en carbono.
No se espera que las medidas den lugar a un aumento de emisiones al agua en tanto que se adoptarán las normativas que se aplican a este tipo de instalaciones de estaciones de servicio y abastecimiento de combustibles, adaptándolas además a las particularidades de los nuevos productos.
6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: ¿Se espera que la medida sea:
i. significativamente perjudicial para el buen estado y la resiliencia de los ecosistemas; o
ii. perjudicial para el estado de conservación de los hábitats y las especies, incluidos los de interés para la Unión?
M4, M7, M9 y M11
En los casos en los que sea necesario, se asegurará el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21/2013 en lo relativo a evaluación de impacto ambiental y en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013.
Así mismo, se impulsará el cumplimiento de lo establecido en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el R.D. 1997/1995, en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, y en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.