Categoría: Administración

o por ciento respecto de los plazos mínimos ordinarios aplicables al procedimiento de que se trate.
3. La empresa licitadora solo será excluida del procedimiento de contratación cuando no sea posible garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato de otro modo. No obstante, antes de proceder a su exclusión, se habilitará un trámite de audiencia con el fin de demostrar que su participación en la preparación del procedimiento de contratación no supondrá falsear la competencia.
Los órganos de contratación podrán establecer la obligación de las empresas licitadoras de incluir, junto con sus ofertas, siendo excluidos de la licitación de no hacerlo, todos o alguno de los siguientes compromisos:
a) Compromiso de suscripción de un protocolo de legalidad con el objetivo de prevenir y luchar contra la corrupción, las actividades delictivas y las distorsiones de la competencia.
Los órganos de contratación determinarán el contenido de las cláusulas incluidas en los protocolos de legalidad, respetando los principios de igualdad de trato, transparencia y proporcionalidad.
b) Compromiso de sujeción a la monitorización del procedimiento de contratación en todas sus fases por el órgano que realice las funciones de supervisión de la contratación pública.
1. Los órganos administrativos autonómicos que resulten competentes para la imposición de sanciones como consecuencia de la comisión de infracciones graves en materia profesional que pongan en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto; o por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto o, en su caso, normativa que le sustituya, así como por cualquier otra infracción que prevea la legislación básica en materia de contratación pública, declararán expresamente, en sus resoluciones, la correspondiente prohibición de contratar, con indicación del alcance y la duración de la misma.
2. Cuando, de acuerdo con los supuestos previstos en la legislación básica de contratación pública, la declaración de la prohibición de contratar corresponda al órgano de contratación, éste deberá incoar el oportuno procedimiento. El plazo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses contados desde la fecha de incoación. La tramitación incluirá, en todo caso, audiencia al interesado por un plazo máximo de diez días.
3. Todas las prohibiciones de contratar, independientemente de la forma de imposición, se comunicarán al Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón en el plazo máximo de cinco días desde la notificación al interesado, especificando la fecha de imposición, la causa y el alcance de la prohibición y su duración.
4. La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón caducará a los tres meses de finalizar su duración. Transcurrido el plazo, se procederá de oficio a la cancelación de la inscripción.
5. Las autoridades y los órganos competentes que acuerden una prohibición de contratar que afecte específicamente al ámbito del sector público autonómico comunicarán a la Junta de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón las sentencias, sanciones y resoluciones firmes recaídas en los respectivos procedimientos, sin perjuicio de que la Junta pueda solicitarlas al órgano del que emanaron, si tuviera conocimiento de su existencia y no hubiera recibido comunicación.
La Junta de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá proponer al Gobierno de Aragón la extensión de los efectos de la declaración de prohibición de contratar a todo el sector público autonómico. En este caso, el Gobierno deberá comunicarlo al órgano competente de la Administración General del Estado instando la extensión de efectos de la prohibición impuesta al conjunto del sector público.
1. Toda empresa licitadora que se encuentre en situación de prohibición de contratar podrá presentar, por cualquier medio admitido en derecho, prueba de que las medidas adoptadas por la misma son suficientes para demostrar su fiabilidad pese a la existencia de un motivo de exclusión pertinente. Si las pruebas se consideran suficientes, la empresa licitadora afectada no quedará excluida del procedimiento de contratación.
A tal efecto, la empresa licitadora deberá demostrar que ha abonado o se ha comprometido a abonar la indemnización correspondiente por cualquier daño causado por la infracción administrativa, que ha aclarado los hechos y las circunstancias de manera exhaustiva, colaborando activamente con las autoridades investigadoras, y que ha adoptado medidas técnicas, organizativas y de personal concretas y apropiadas para evitar nuevas infracciones.
2. En el caso de que una empresa licitadora afectada por una prohibición de contratar aporte un programa de medidas adoptadas voluntariamente al presentarse a un procedimiento de licitación, el órgano de contratación remitirá a la Junta de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón la documentación acompañada de un informe sobre la procedencia o no de su admisión.
3. La Junta de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón emitirá informe de evaluación de las medidas adoptadas por las empresas licitadoras, teniendo en cuenta la gravedad y las circunstancias particulares de la prohibición de contratar impuesta. Si el informe de la Junta fuera favorable, el órgano de contratación decidirá de forma motivada sobre la admisión a la licitación.
4. La exclusión por sentencia firme de la participación en procedimientos de contratación no dará derecho a acogerse a la posibilidad prevista en este artículo durante el período fijado en la sentencia.
1. Los órganos de contratación no podrán restringir la publicación de información con carácter general, excepto cuando se considere, previa justificación, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de intereses esenciales de seguridad.
2. En todo caso, el órgano de contratación solicitará, con carácter previo a la adopción de la decisión de no publicar determinada información, informe al Consejo de Transparencia de Aragón sobre la prevalencia del derecho de acceso a la información pública frente a los bienes que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado en un plazo máximo de diez días. No se requerirá dicho informe en caso de que, con anterioridad, el Consejo de Transparencia de Aragón se hubiese pronunciado sobre una materia idéntica o análoga, sin perjuicio de la justificación debida de su exclusión en el expediente en los términos establecidos en este apartado.
1. Además de las obligaciones de publicidad activa de información sobre contratos establecidas en la normativa de transparencia de la actividad pública de Aragón, los poderes públicos facilitarán el acceso de todas las personas al conocimiento en materia de contratación pública desde una perspectiva abierta, digital y gratuita, para promover su participación en los asuntos públicos.
Son medios de acceso al conocimiento:
a) Los Portales de Transparencia,
b) las solicitudes de acceso a la información pública,
c) el acceso abierto a bases de datos y
d) el portal de internet de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón como punto de acceso a la información en materia de contratación pública de Aragón.
2. Todo el sector público autonómico, así como las entidades locales aragonesas, deberán disponer de un espacio de información tanto en el portal de internet en materia de contratación pública como en el Portal de Transparencia del Gobierno Aragón, con un área dirigida a la ciudadanía para la divulgación de su contenido formulado en términos accesibles, claros y didácticos, considerando el sistema de lectura fácil que permita su mejor comprensión.
1. Cualquier persona física o jurídica podrá solicitar al órgano de contratación información sobre los expedientes de contratación de su ámbito de competencia, en todas sus fases, cualquiera que sea su estado de tramitación. Con el fin de no alterar el normal funcionamiento de la actividad administrativa, la solicitud de información describirá el objeto de la consulta con suficiente precisión y guardará relación con el expediente.
2. El órgano de contratación facilitará la información en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud.
3. Se inadmitirán las consultas genéricas, las que requieran un proceso previo de reelaboración y las relativas a información que no obre en el expediente. En todo caso, serán de aplicación los límites de acceso a la información pública previstos en la legislación en materia de transparencia.
1. El departamento competente en materia de contratación pública promoverá las acciones necesarias para una efectiva apertura de los datos públicos que obren en su poder de forma reutilizable, con pleno respeto a las restricciones de privacidad, seguridad o propiedad que puedan existir.
2. Con carácter general, la información generada a partir de la formalización de contratos que se tramiten a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón estará disponible dentro del portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón. Para ello, los pliegos deberán contener una cláusulaopen dataque garantice la efectiva liberación de los conjuntos de datos. Asimismo, se pondrán a disposición de la plataforma de gobernanza de datos.
1. Desde el portal de internet de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se podrá acceder a la información en materia de contratación pública y, al menos, a los siguientes contenidos y prestaciones:
a) Perfil de contratante de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Catálogo de Contratación Centralizada.
c) Información sobre la actividad del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, la Junta de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Foro de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) Normativa aplicable a los expedientes de contratación pública.
e) Pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares.
f) Información pública del Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
g) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
h) Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón.
i) Entornos de licitación electrónica que se pongan a disposición de los órganos de contratación y de las empresas licitadoras.
j) Cualquier otra información de interés para los órganos de contratación, las empresas licitadoras y las personas interesadas en los procedimientos de contratación pública.
2. El acceso a esta información no requerirá autorización previa ni acreditación de la identidad.
1. La supervisión de la contratación pública respecto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el sector público autonómico será ejercida por la Junta de Contratación Pública de Aragón, que asumirá, como órgano equivalente, las competencias y funciones asignadas en el sector público estatal a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
2. En materia de supervisión de la contratación pública, corresponderán a la Junta de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón las siguientes funciones:
a) Velar por la correcta aplicación y el estricto cumplimiento de la legislación de la contratación pública, a los efectos de detectar incumplimientos específicos o problemas sistémicos.
b) Promover la concurrencia en la contratación pública, el respeto a los principios de publicidad y no discriminación, concurrencia, integridad y eficiencia del uso de los fondos públicos en la contratación, y el seguimiento de las buenas prácticas.
c) Verificar que se apliquen con la máxima amplitud las obligaciones y buenas prácticas de transparencia, en particular las relativas a los conflictos de intereses, y detectar las irregularidades que se produzcan en materia de contratación.
3. En ejercicio de las funciones previstas en el apartado anterior, se faculta a la Junta de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón para:
a) Realizar encuestas e investigaciones o solicitar informes complementarios a los órganos y servicios de contratación, que deberán facilitar los datos, documentos o antecedentes o cualquier información que aquella les reclame, salvo que tengan carácter secreto o reservado.
b) Remitir informes, a la vista del resultado de las encuestas e investigaciones, a las Cortes de Aragón o, en su caso, al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.
c) Aprobar instrucciones, fijando las pautas de interpretación y de aplicación de la legislación de la contratación pública, así como elaborar recomendaciones generales o particulares a los órganos de contratación, si de la supervisión desplegada se dedujese la conveniencia de solventar cualquier problema, obstáculo o circunstancia relevante para un mejor desarrollo de la contratación pública. Las instrucciones y las recomendaciones serán objeto de publicación.
d) Elaborar estudios relativos a las funciones atribuidas.
e) Proponer modificaciones normativas.
4. En el ejercicio de estas funciones, la Junta de Contratación Pública estará asistida por la dirección general competente en materia de contratación pública.
5. Las funciones de supervisión se realizarán sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Cámara de Cuentas de Aragón, al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón, al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón y al Consejo de Transparencia de Aragón. A estos efectos, dichos órganos colaborarán con la Junta de Contratación Pública de Aragón para la obtención de la información necesaria para que esta pueda cumplir con las funciones que tiene encomendadas.
6. Si la Junta de Contratación Pública de Aragón tuviera conocimiento de hechos constitutivos de delito o infracción administrativa, dará traslado inmediato, en función de su naturaleza, a la fiscalía o los órganos judiciales o a las entidades o los órganos administrativos competentes, incluidos la Cámara de Cuentas de Aragón y el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.
1. El informe de supervisión tendrá por objeto el examen del desarrollo de la actividad contractual de los órganos de contratación del Gobierno de Aragón y su sector público, analizando la actividad contractual del Gobierno de Aragón y de su sector público, con el fin de incorporar los elementos necesarios para avanzar en la integración de objetivos estratégicos de la contratación pública, fundamentalmente sociales, medioambientales y de impulso a la innovación.
El informe de supervisión analizará, en su caso, las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta de la normativa de contratación pública o de inseguridad jurídica, así como la prevención, detección y notificación adecuada de los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y otras irregularidades graves en la contratación.
2. El informe de supervisión se elaborará cada dos años. A tal efecto, la dirección general competente en materia de contratación pública, tomando como base los datos obrantes en el Plan General de Contratación y en los programas anuales, recabará de cada uno de los departamentos, organismos autónomos y demás entidades del sector público autonómico la información pertinente a efectos de seguimiento y estudio.
3. El informe de supervisión se elevará a aprobación de la Junta de Contratación Pública de Aragón y será objeto de publicación en la página web de la Junta y en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. De este informe, se dará cuenta al Gobierno de Aragón, para posterior remisión a las Cortes de Aragón.
1. El informe de supervisión tendrá, como mínimo, el contenido siguiente:
a) Justificación normativa.
b) Ámbito de aplicación subjetivo, objetivo y temporal.
c) Tipos de procedimientos realizados y porcentaje que representan en el conjunto de la actividad contractual.
d) Volumen de la contratación menor.
e) Volumen de encargos a medios propios personificados.
f) Volumen de contratos reservados.
g) Participación de empresas de economía social, personas profesionales autónomas, centros especiales de empleo, empresas de inserción y pymes en los procedimientos de licitación.
h) Introducción de parámetros de calidad, ambientales, sociales, éticos o de innovación en la licitación y grado de cumplimiento de las cláusulas y directrices de contratación ecológica, socialmente responsable y de innovación.
i) Prohibiciones para contratar.
j) Prácticas colusorias y de vulneración de la normativa de defensa de la competencia.
k) Penalidades impuestas y procesos de resolución contractual.
l) Cualesquiera otros aspectos que se consideren de interés.
2. Concluido y aprobado el informe de supervisión, a partir del resultado de sus conclusiones, la Junta de Contratación Pública de Aragón dictará las oportunas recomendaciones o instrucciones de común aplicación a los órganos de contratación, así como las directrices o propuestas normativas que considere convenientes.
3. Si las conclusiones del informe observasen prácticas colusorias o actuaciones constitutivas de delito, dará traslado de las actuaciones a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia o al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, en función de la afección al mercado nacional o autonómico, y al Ministerio Fiscal, en su caso.
1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es un órgano colegiado especializado, adscrito orgánicamente al departamento competente en materia de contratación pública, que goza de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias de revisión de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 de esta ley.
La denominación «Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón» queda reservada a este órgano.
2. El Tribunal actuará con objetividad e imparcialidad, sin sujeción a vínculo jerárquico alguno ni instrucciones de ninguna clase de los órganos de las Administraciones públicas afectadas.
3. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón tiene competencia en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es competente para conocer y resolver sobre:
a) Los recursos especiales en materia de contratación a que se refiere la legislación básica en materia de contratación pública vigente.
b) Las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en la legislación básica en materia de contratación pública vigente sobre los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
c) La adopción de las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar por las personas legitimadas en los procedimientos anteriormente mencionados.
2. En el ejercicio de sus competencias, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón podrá emitir resoluciones para la unificación de su doctrina, bien revisando la derivada de sus acuerdos o bien cuando existan pronunciamientos contradictorios entre los efectuados por el propio Tribunal y los de otros órganos de resolución de recursos contractuales, siempre que existan hechos, fundamentos o pretensiones esencialmente iguales.
3. De resultas del ejercicio de sus competencias, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón pondrá en conocimiento de las instituciones competentes en materia de competencia, auditoría y fiscalización o tributaria los hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones propias de esos ámbitos de actuación.
1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón estará compuesto por la presidencia y, al menos, dos vocales.
2. Los miembros del Tribunal serán nombrados por decreto del Gobierno de Aragón, previa información a las Cortes de Aragón, a propuesta del titular del departamento competente en materia de contratación pública, con arreglo al procedimiento de selección previsto en el artículo 124 de esta ley.
3. La duración del mandato de los miembros del Tribunal será de seis años, improrrogables. No obstante, las personas designadas como miembros del Tribunal podrán optar a la reelección, sin que, en ningún caso, puedan superar un máximo de dos mandatos, sean sucesivos o alternos.
1. La presidencia y las vocalías desempeñarán su función en régimen de dedicación exclusiva. Los miembros del Tribunal ocuparán puestos integrados en su relación de puestos de trabajo, pasando a la situación de servicios especiales en su puesto de origen.
2. Los miembros del Tribunal tendrán carácter independiente e inamovible y solamente podrán ser removidos de sus puestos por las causas previstas en el artículo siguiente.
3. A los miembros del Tribunal les resultará de aplicación el régimen de conflictos de intereses, dedicación exclusiva e incompatibilidades de las autoridades y cargos del sector público y, además, tendrán incompatibilidad con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales y con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal.
1. Son causas de pérdida de la condición de miembro del Tribunal las siguientes:
a) El fallecimiento.
b) La expiración de su mandato.
c) La renuncia aceptada por el Gobierno de Aragón.
d) El incumplimiento grave de sus obligaciones, especialmente las previstas en la legislación vigente en materia de integridad y ética pública.
e) La condena a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.
f) La incapacidad sobrevenida para el ejercicio de sus funciones.
g) Cualquier otra causa que implique la pérdida de la condición de funcionario.
2. La remoción por las causas previstas en las letras d), e) y f) se acordará por el Gobierno de Aragón, previa audiencia a la persona interesada.
3. En los supuestos de remoción del puesto, ejercerá las funciones de la persona cesada el nombrado como suplente, hasta la toma de posesión del nuevo titular.
1. En caso de concurrencia de las causas previstas en las letras c) a g) del apartado primero del artículo anterior o en caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Gobierno de Aragón podrá designar a la persona o personas que, previstas como suplentes, estén llamadas a sustituirles con carácter temporal.
2. La persona suplente ejercerá las funciones con los mismos derechos, condiciones, garantías y obligaciones que las exigidas al titular.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón desarrollará, con los órganos de resolución de recursos especiales en materia de contratación de los entes locales que, en su caso, se creen, las fórmulas de coordinación y colaboración más adecuadas para favorecer la coherencia de los pronunciamientos.
1. La convocatoria pública para la selección de los miembros del Tribunal especificará los requisitos que deban reunir quienes aspiren a ser designados para cubrir cada uno de los puestos convocados, garantizándose la cualificación jurídica y profesional de todos los aspirantes para el desempeño de las competencias propias del Tribunal. La convocatoria se realizará por el departamento competente en materia de función pública y se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón». El plazo de presentación de solicitudes no podrá ser inferior a veinte días hábiles.
2. La participación en las convocatorias estará abierta a funcionarios de carrera de cualesquiera Administraciones públicas, en condiciones de igualdad.
3. La designación de la Presidencia se realizará entre quienes hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años como funcionario de carrera del Grupo A1, con titulación en derecho, en la rama del derecho administrativo relacionada directamente con la contratación pública.
La designación de las vocalías se realizará entre quienes hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años como funcionario de carrera del Grupo A1, con titulación en derecho, en la rama del derecho administrativo relacionada directamente con la contratación pública.
4. La convocatoria preverá la elaboración de una relación de personas que, cumpliendo los requisitos exigidos para ser miembros del Tribunal, puedan actuar como suplentes.
5. El nombramiento de los miembros del Tribunal se realizará por decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de contratación pública, y se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón».
1. El Tribunal actuará en pleno. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto. Uno de los vocales ejercerá las funciones de secretaría.
2. En caso de abstención o recusación de algún miembro, el Tribunal podrá continuar con las actuaciones siempre que la sesión reúna el quórum necesario para su celebración.
3. En ausencia de regulación prevista en esta ley, al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón le serán de aplicación las reglas de funcionamiento de los órganos colegiados previstas en la legislación autonómica sobre régimen jurídico del sector público.
4. El Tribunal aprobará sus propias normas de funcionamiento interno.
Corresponderá a la persona titular de la presidencia del Tribunal:
a) Ostentar la representación del Tribunal.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones del Tribunal y la fijación del orden del día.
c) Acordar el reparto de los asuntos entre las vocalías y la propia presidencia.
d) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
e) Preparar la propuesta de resolución de los asuntos que tenga asignados y efectuar la ponencia de los mismos ante los restantes miembros del Tribunal, debidamente convocados al efecto.
f) Formular votos particulares y, en su caso, dirimir con su voto los empates, a efectos de adopción de acuerdos.
g) Dirigir la organización y gestión del Tribunal.
h) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de la presidencia del Tribunal y aquellas que se determinen reglamentariamente.
1. Corresponderá a las personas titulares de las vocalías:
a) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
b) Preparar la propuesta de resolución de los asuntos que tengan asignados y efectuar la ponencia de los mismos ante los restantes miembros del Tribunal, debidamente convocados al efecto.
c) Participar en los debates de las sesiones.
d) Ejercer su derecho al voto y formular voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
e) Cualquier otra función que se les atribuya reglamentariamente o les asigne la presidencia.
2. Corresponderá, además, a la persona vocal que ejerza funciones de secretaría:
a) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del Tribunal y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados.
b) Coordinar al personal adscrito al Tribunal en la tramitación de los procedimientos.
c) Custodiar la documentación del Tribunal.
d) Cualquier otra función que se le atribuya reglamentariamente o le asigne la presidencia.
1. La presentación del recurso en el registro del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón se realizará exclusivamente de forma electrónica, conforme a las prescripciones que se determinen reglamentariamente.
2. Si se optase por la presentación del recurso en cualesquiera de las formas previstas en la legislación básica vigente en materia contratación, distintas de la prevista en el apartado anterior, el recurrente procederá a la comunicación inmediata al Tribunal. A estos efectos, se entiende por comunicación inmediata la realizada en el plazo máximo de dos días desde la presentación del recurso por mecanismos distintos del registro electrónico del Tribunal.
3. Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y las personas interesadas en el procedimiento se realizarán exclusivamente por medios electrónicos, en los términos que se determinen reglamentariamente.
4. Los recursos que se interpongan en relación con contratos públicos financiados con fondos europeos gozarán de preferencia en su tramitación.
1. Son causas de inadmisión a trámite del recurso o la reclamación, cuando conste de modo inequívoco y manifiesto:
a) La incompetencia del Tribunal.
b) La falta de legitimación del recurrente.
c) La interposición del recurso contra un asunto no susceptible de impugnación.
d) La expiración del plazo de interposición del recurso.
2. Cuando el Tribunal aprecie la concurrencia de alguna de estas causas, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar la documentación aportada o de realizar las actuaciones de comprobación oportunas, dictará resolución acordando la inadmisión del recurso, sin entrar a resolver el fondo del asunto, en el plazo de tres días hábiles.
En el supuesto de que, entre los motivos del recurso, se alegue incumplimiento de las previsiones legales acerca del acceso al expediente con carácter previo a la interposición de aquel, el órgano de contratación, antes del trámite de alegaciones, dará acceso al expediente de contratación por plazo de cinco días hábiles, con el fin de completar el recurso. El órgano de contratación dispondrá de dos días hábiles para la emisión del correspondiente informe. Los interesados en el procedimiento podrán efectuar alegaciones en el plazo de tres días hábiles.
Del resultado de la prueba que, en su caso, se practique por ser necesaria para la decisión del recurso, el Tribunal estará facultado para la emisión de un último trámite de audiencia a los interesados por un plazo máximo de cinco días.
1. A los efectos de la imposición de indemnizaciones y multas por parte del Tribunal, se considerarán circunstancias determinantes de posible mala fe o temeridad en la interposición del recurso que éste se fundamente en:
a) Argumentos previamente descartados por el Tribunal que constituyan doctrina consolidada.
b) Argumentos contrarios a los alegados previamente por el recurrente en el mismo procedimiento.
c) Infracción de los pliegos, consentidos por el recurrente, alegada tras la exclusión de su oferta o tras la adjudicación a otra empresa licitadora.
Asimismo, se considerará que concurren mala fe o temeridad cuando la dilación del procedimiento de adjudicación beneficie a la empresa recurrente por ser adjudicataria del contrato anterior.
2. El importe de la multa impuesta se ingresará en la hacienda pública autonómica.
3. El impago de la multa tendrá la consideración de deuda con la Administración pública a efectos de prohibición de contratar.
4. El acuerdo que resuelva el recurso determinará, en su caso, la imposición de la multa y su cuantía.
1. Las resoluciones, los dictámenes y los acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón serán objeto de publicación en el Portal de Contratación Pública de Aragón.
2. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón elaborará, con carácter anual, una memoria de actividad que comprenda, como mínimo, el análisis estadístico del ejercicio, los recursos materiales y personales utilizados, un extracto de la doctrina emanada de sus resoluciones, así como cualesquiera otros datos de relevancia que documenten su actividad, y se publicará en el Portal de Contratos Públicos de Aragón.
1. Los ayuntamientos de los municipios de gran población y las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos establecidos en la legislación básica, podrán crear un órgano especializado y funcionalmente independiente, que ostentará la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación.
2. Fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, los entes locales de la Comunidad Autónoma de Aragón no podrán crear órganos de resolución de recurso especial en materia de contratación pública.
3. Corresponde al pleno de la corporación la competencia para acordar su creación y para el nombramiento y remoción de sus miembros.
4. En el expediente, se justificará la necesidad de creación de estos órganos, en aplicación de los principios de seguridad jurídica, interdicción de la duplicidad de órganos administrativos y eficiencia en la gestión del gasto público.
1. Los órganos locales de resolución del recurso especial podrán ser unipersonales o, en su caso, estar compuestos por la presidencia y dos vocales. Uno de los vocales ejercerá las funciones de secretaría.
2. El nombramiento de los miembros de los órganos locales se realizará por el pleno de la corporación, previa convocatoria pública, que será objeto de publicación en el boletín oficial de la respectiva provincia. La convocatoria, que dispondrá de un plazo de presentación de solicitudes no inferior a veinte días hábiles, será comunicada el mismo día de la publicación a la dirección general competente en administración local del Gobierno de Aragón, que podrá acordar igualmente su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
En la convocatoria, se especificarán los requisitos que deban reunir quienes aspiren a cubrir los puestos convocados y se garantizará la cualificación específica de los aspirantes para el desempeño de las competencias propias del órgano local.
La participación en las convocatorias estará abierta a funcionarios de carrera de cualesquiera Administraciones públicas, en condiciones de igualdad.
3. La designación de la presidencia y las vocalías del órgano local de resolución de conflictos seguirá las mismas reglas que las previstas en el artículo 124 para los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Será de aplicación a los miembros del órgano local de resolución de recursos el mismo régimen de dedicación exclusiva, incompatibilidades y garantías, la duración del mandato y las causas que motivan la pérdida de la condición de miembros y suplencia de estos, previstos para el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón en la subsección primera de la sección primera del capítulo IV del título IV de esta ley.
1. Los órganos locales de resolución del recurso especial en materia de contratación pública que, en su caso, se creen tendrán las mismas competencias que las atribuidas en el apartado primero del artículo 118 de esta ley al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, limitadas al ámbito de actuación material y territorial de la Administración a la que estén adscritos orgánicamente.
2. Sólo por ley podrán ampliarse o reducirse las competencias atribuidas a los órganos locales de resolución del recurso especial en materia de contratación pública.
3. Las resoluciones, los dictámenes y los acuerdos de los órganos locales serán objeto de publicación en la sede electrónica de la corporación correspondiente.
1. El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede electrónica de la entidad local. También podrá presentarse en los lugares previstos en la legislación básica de procedimiento administrativo común. Los escritos presentados en registros distintos del propio del órgano de resolución de recursos deberán comunicarse de manera inmediata. A estos efectos, se entiende por comunicación inmediata la realizada en el plazo máximo de dos días desde la presentación del recurso por mecanismos distintos del registro electrónico del Tribunal.
2. Serán igualmente aplicables a los órganos locales de resolución de recursos el resto de especialidades que, en materia de funcionamiento, están previstas para el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón en la subsección 3.ª de la sección 1.ª de este capítulo.
3. Los acuerdos de los órganos de resolución de recursos de ámbito local de Aragón serán objeto de publicación en la sede electrónica del ayuntamiento o la diputación provincial inmediatamente después de ser comunicados al recurrente y al resto de interesados.
4. La interposición del recurso especial ante el órgano local impedirá su interposición ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
5. Los órganos locales de resolución de recursos contractuales elaborarán, con carácter anual, una memoria de actividad que comprenda, como mínimo, el análisis estadístico del ejercicio, los recursos materiales y personales utilizados, así como cualesquiera otros datos de relevancia que documenten su actividad. La memoria se publicará anualmente en la sede electrónica de la corporación respectiva y en el Portal de Contratos Públicos de Aragón.
1. Las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón ajustarán su contratación a las normas establecidas en esta ley para las Administraciones públicas.
2. Los órganos competentes de las Cortes de Aragón, del Justicia de Aragón y de la Cámara de Cuentas de Aragón podrán establecer un órgano común, en su caso, para conocer de la resolución de las cuestiones previstas en el apartado primero del artículo 118 de esta ley. Estas instituciones podrán también, en su caso, atribuir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón la resolución de dichas cuestiones mediante la celebración del correspondiente convenio con el Gobierno de Aragón.
Las normas internas de organización de la Universidad de Zaragoza regularán la composición de las mesas de contratación y los comités de expertos que hayan de constituirse para la adjudicación de sus contratos, garantizándose, en todo caso, la debida cualificación técnica de los miembros de dichos órganos. En todo caso, formarán parte de las mismas una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico y otra que tenga atribuidas las relativas a su control económico-presupuestario.
Las referencias realizadas en esta ley a los contratos de obras y a los contratos de servicios se entenderá que incluyen los contratos de concesión de obras y de servicios, salvo que se indique lo contrario.
1. Se consideran prestaciones de carácter intelectual aquellas actividades en las que se hace uso de las más altas facultades intelectivas y en las que resultan predominantes los elementos inmateriales no cuantificables asociados a los procesos mentales humanos, siempre que el producto de estas facultades suponga cierto grado de innovación o creatividad. No será necesario que el resultado generado esté sujeto a derechos de propiedad intelectual. Entre otras, se reconoce el carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo.
2. No se consideran prestaciones de carácter intelectual aquellas actividades que tengan naturaleza rutinaria o reglada y no impliquen creatividad o innovación.
Todas las referencias a las etiquetas, los sellos o los certificados mencionadas en esta ley, emitidos por los organismos competentes en la materia, se entenderán efectuadas a cualquier medio de acreditación válido en derecho que proporcione un grado de fiabilidad equivalente.
Los plazos establecidos por días en esta ley y en su normativa de desarrollo se entenderán referidos a días naturales, salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben computarse los días hábiles. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Para participar en todos los procedimientos de licitación, se aportará la Declaración Responsable Única (DRU), que se ajustará al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación, incluyendo las demás declaraciones responsables que deban cumplimentarse de acuerdo con los pliegos que rijan la licitación y que no formen parte del contenido de la oferta.
1. Los contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no exceda de 5.000 euros, IVA excluido, se considerarán gastos menores. En todo caso, los gastos menores constituyen pagos menores a los efectos establecidos en el inciso final del artículo 63.4, el tercer párrafo del artículo 335.1 y el tercer párrafo del artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
2. El reconocimiento de la obligación y el pago de los gastos menores solo requerirá justificación de la prestación correspondiente mediante la presentación ante el órgano competente de la factura o del documento equivalente, que será debidamente conformado, sin perjuicio de las normas especiales sobre pagos a justificar. Los gastos menores no requerirán ninguna tramitación procedimental adicional a estos actos de gestión presupuestaria.
En los contratos de suministro, el presupuesto se determinará en función de los precios de mercado, especificando los valores de referencia utilizados y, cuando resulte posible, desglosando los costes directos e indirectos.
1. Con el fin de facilitar la formación, la especialización y el desarrollo profesional de todos los agentes intervinientes y lograr una adecuada valoración de la dimensión multidisciplinar y estratégica de la contratación pública, el departamento competente en materia de función pública, en la gestión de los recursos humanos, tendrá en cuenta el conjunto de herramientas y acciones previstas en el Marco Europeo de Competencias para los profesionales de la contratación pública de la Unión Europea.
2. El Gobierno de Aragón promoverá, mediante la celebración de los oportunos convenios directamente con los entes locales o a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, la formación en materia de contratación pública del personal al servicio de los entes locales, con especial atención a la incorporación de criterios de calidad, sociales y medioambientales, en la contratación, así como a la generalización de la licitación electrónica.
3. También promoverá, mediante la celebración de los oportunos convenios con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón o, en su caso, las Cámaras de Comercio, la formación de empresas interesadas, al objeto de facilitar su participación en las licitaciones y una actuación eficiente en todas las fases de la contratación, de conformidad con adecuados criterios de calidad, en particular, sociales y medioambientales.
4. En colaboración con la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón promoverá la creación de cursos universitarios de especialización en materia de contratación pública e instará a incorporar, en los planes de estudios, una mejora de la formación y la gestión de la carrera de los profesionales de la contratación pública en todas las áreas de conocimiento, tanto jurídicas como técnicas, en particular en lo que respecta a la utilización y el desarrollo de nuevas tecnologías.
La utilización por los entes locales de los instrumentos de apoyo a la contratación pública regulados en los Capítulos II y III del Título III de esta ley requerirá la suscripción del oportuno convenio entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y aquellos entes que decidan adherirse a la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. El Gobierno de Aragón, mediante la celebración del oportuno convenio de colaboración, podrá facultar a otras Administraciones públicas el acceso, por medios electrónicos, a la base de datos del Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Asimismo, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza podrán acordar la utilización de los datos obrantes en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma, previa formalización de un convenio de colaboración tramitado al efecto.
Los expedientes de contratación cuya convocatoria de licitación haya sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público antes de la entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa anterior en todas sus fases. En el caso de procedimientos con negociación sin publicidad, se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.
1. En tanto no se encuentre plenamente operativa la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón, las actuaciones previstas mediante el uso de sus funcionalidades y de los instrumentos electrónicos de apoyo a la contratación pública alojados en la misma se realizarán a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público.
2. Los órganos de contratación del sector público autonómico que dispongan de un gestor de expedientes de contratación pública en el momento de entrada en vigor de esta ley, podrán seguir utilizándolo mediante la formalización del correspondiente convenio, siempre que garantice las obligaciones de publicidad establecidas.
1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón será el competente para conocer de los recursos a los que se refiere el apartado primero del artículo 118, en relación con los contratos licitados por los municipios de gran población y de las diputaciones provinciales de Aragón, en tanto estas entidades no hagan uso de la facultad a que se refiere el artículo 134 de esta ley.
2. Los órganos locales que, en su caso, decidan crear los entes mencionados en el apartado anterior, conocerán de las cuestiones que se planteen en relación con los expedientes de contratación iniciados tras su constitución.
Hasta la aprobación y entrada en vigor del reglamento que determine la composición y el régimen de funcionamiento del Comité para el fomento de la innovación en la compra pública, será de aplicación lo dispuesto en el Acuerdo de 28 de marzo de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas para el uso estratégico de los contratos públicos, en apoyo de objetivos sociales comunes y la reducción del déficit de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Queda derogada la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector público de Aragón, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en esta ley.
En esta ley, la utilización de sustantivos de género gramatical determinado en referencia a cualquier sujeto, cargo o puesto de trabajo debe entenderse realizada, por economía de expresión y como referencia genérica, tanto para hombres como para mujeres, con estricta igualdad a todos los efectos.
Se faculta al Gobierno de Aragón y a la persona titular del departamento competente en materia de contratación pública para el desarrollo reglamentario de las disposiciones de esta ley que así lo requieran.
Se faculta al titular del departamento competente en materia de contratación pública a dictar las oportunas instrucciones sobre criterios interpretativos de la aplicación de la normativa vigente en materia de contratación pública, que serán de obligado cumplimiento en los términos previstos en la legislación aragonesa de régimen jurídico del sector público.
Esta ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de organización y funcionamiento de las instituciones de autogobierno, régimen local, planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico, políticas de igualdad social, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71.1.ª, 5.ª, 32.ª y 37.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón y las competencias relativas al desarrollo de las bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución para las Administraciones públicas aragonesas, incluidas las entidades locales, y al desarrollo de la legislación básica sobre la contratación de las Administraciones públicas, en los términos establecidos en el artículo 75.11.ª y 12.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón.
1. La ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»,salvo las disposiciones referentes a la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón, que entrarán en vigor en el momento en que lo haga la disposición reglamentaria que desarrolle su funcionamiento.
2. El régimen de suplencia de los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón previsto en el artículo 122 de esta ley será de aplicación en la primera renovación que se produzca después de su entrada en vigor.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.
Zaragoza, 30 de marzo de 2023.–El Presidente de Aragón, Javier Velasco Ruiz.