Categoría: Judicial

primera del Real Decreto-ley 1/2021–, en cuanto no vulneran los límites materiales del decreto-ley derivados del art. 86.1 CE. Desestimación que se ha de extender también a la impugnación del inciso c) del apartado séptimo del art. 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020 (apartado segundo de la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021).
5. Vulneración de los límites materiales de los decretos-leyes de acuerdo con el art. 86.1 CE por «afectar» a otros derechos constitucionales y al ordenamiento básico de las instituciones del Estado.
Junto a la «afectación» examinada y desestimada del derecho de propiedad de la vivienda, los recurrentes atribuyen, igualmente, a los incisos impugnados la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) sin dilaciones indebidas, del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) y de la prohibición de ordenación de las instituciones básicas del Estado (art. 86.1 CE).
a) Los recurrentes invocan, en primer lugar, la vulneración del derecho a la tutela judicial sin dilaciones indebidas (art. 24.1 CE), pero, si nos atenemos a la argumentación desarrollada en el escrito de recurso, se deduce que lo que realmente se cuestiona es el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos. Argumentan que una regulación como la impugnada, al permitir al juez suspender el desahucio o lanzamiento previsto en un proceso penal, incide de forma directa en el alegado derecho fundamental.
Como hemos declarado, entre otras muchas, en la STC 17/2008, de 31 de enero, FJ 3, «una de las proyecciones del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE consiste en el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia querida por el ordenamiento, lo que significa tanto el derecho a que las resoluciones judiciales se ejecuten en sus propios términos como el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas, sin perjuicio, naturalmente, de su revisión o modificación a través de los cauces extraordinarios legalmente reconocidos»; e igualmente, «este tribunal tiene dicho que la determinación del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada constituye una cuestión que corresponde a la estricta competencia de los órganos judiciales, por lo que sus decisiones en esta materia solo son revisables por la jurisdicción constitucional si resultan incongruentes, arbitrarias o irrazonables (SSTC 242/1992, de 21 de diciembre, FJ 3; 92/1993, de 15 de marzo, FJ 3; 135/1994, de 9 de mayo, FJ 2; 43/1998, de 24 de febrero, FJ 4; y 135/2001, de 18 de julio, FJ 6, por todas)».
En el presente caso, estamos ante la atribución al juez, por vía legal de urgencia, de una potestad de suspensión del lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, personas económicamente vulnerables y sin alternativa habitacional. Potestad de suspensión que el juez ha de adoptar previa valoración ponderada y proporcional de los intereses que están en juego en el concreto caso y de las circunstancias concurrentes. En otras palabras, la norma cuestionada se limita a otorgar un margen de apreciación al juzgador para conceder o denegar, ponderadas las circunstancias del caso, la suspensión del lanzamiento de la vivienda habitual; decisión que, en cada caso concreto, será susceptible de revisión jurisdiccional. En definitiva, la ejecutividad de las sentencias no se discute ni se cuestiona por la norma impugnada, que solamente introduce la posibilidad de dilatarla en el tiempo y por un breve lapso temporal. Con este alcance limitado, la medida prevista no tiene por objeto una regulación directa y general del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos, por lo que la queja relativa a los límites materiales del real decreto-ley previstos en el art. 86.1 CE debe ser desestimada en este punto.
b) En segundo lugar, con apoyo en la doctrina fijada en la STC 93/1988, de 24 de mayo, FJ 4, sostienen los recurrentes que los incisos impugnados lesionan el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), lo que impide utilizar el decreto-ley al tratarse de una afectación prohibidaexart. 86.1 CE, por «contravenir un elemento esencial del referido derecho fundamental, cual es la cualidad de ley formal de la norma que establezca los criterios fundamentales de competencia jurisdiccional». En concreto, reprochan a los incisos recurridos atribuir al juez la posibilidad, no prevista en la ley, de suspender el lanzamiento decretado en los procesos penales.
Este tribunal «ha declarado reiteradamente, desde la STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2, que el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley exige, fundamentalmente, que el órgano judicial haya sido creado por una norma legal invistiéndolo de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional» (STC 115/2006, de 24 de abril, FJ 9, y las en ella citadas). En conclusión, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley exige, en primer lugar, «la preexistencia de unos criterios, con carácter de generalidad, de atribución competencial», y, en segundo lugar, que dichos criterios se han de contener en una «ley en sentido estricto» (STC 93/1988, FJ 4).
En este caso, los incisos impugnados y, por extensión, el art. 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020 –en la redacción dada por la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021–, ni prevé ni establece regla alguna sobre la atribución competencial de los órganos jurisdiccionales, en cuanto se limita a contemplar una medida de eventual suspensión adoptada por el juez competente atendiendo a las circunstancias que concurren en cada caso. No se altera, pues, la competencia fijada por ley, ni se aprecia afectación alguna al derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, susceptible de reproche constitucional.
c) Por último, se afirma que la regulación controvertida, al regular el proceso judicial y la competencia de los jueces, vulnera la prohibición de afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estadoexart. 86.1 CE.
De acuerdo con nuestra doctrina constitucional (STC 150/2017, FJ 9, y las allí citadas), la regulación impugnada no afecta a elementos estructurales o esenciales del proceso judicial. Como ya hemos señalado, no prevé regla alguna que altere la competencia judicial establecida en la ley, ni puede considerarse, por otra parte, que regule un elemento esencial del poder judicial como institución básica del Estado. Se limita, como hemos puesto de manifiesto, a regular una medida limitada y temporal de suspensión de determinados desahucios y lanzamientos para proteger a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. Es, por ello, que la impugnación se ha desestimar igualmente.
6. Conclusión.
Este tribunal considera, por las razones anteriormente expuestas, que la norma objeto del presente recurso de inconstitucionalidad no vulnera los límites materiales del decreto-ley derivados del art. 86.1 CE. En primer lugar, la norma prevé una medida limitada en cuanto a su ámbito de aplicación subjetivo y objetivo, que ni tiene por objeto una regulación directa y general del derecho de propiedad de la vivienda (art. 33 CE), ni afecta, por ello, a su contenido esencial. Una medida que responde a una finalidad de interés social, con una incidencia mínima y temporal sobre el citado derecho.
En segundo lugar, la norma satisface igualmente la exigencia constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). La ejecutividad de las sentencias no es cuestionada por la norma impugnada, solamente se dilata por un breve lapso temporal, y ello de conformidad con la decisión adoptada por el órgano judicial, una vez ponderadas las circunstancias concurrentes en cada caso. Del mismo modo, ni se altera la atribución competencial de los órganos jurisdiccionales fijada por la ley, ni se ven afectados los elementos estructurales o esenciales del proceso judicial.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1.º Inadmitir el recurso de inconstitucionalidad respecto del inciso final del párrafo tercero del apartado II del preámbulo del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero.
2.º Declarar la pérdida de objeto del presente recurso de inconstitucionalidad en lo que hace a los motivos de impugnación relativos a la vulneración del derecho de propiedad (art. 33 CE), así como del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos (art. 24.1 CE), en relación con la potestad de los jueces y tribunales para hacer ejecutar lo juzgado (arts. 117 y 118 CE).
3.º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Inmaculada Montalbán Ramírez.–Ricardo Fernández Ruiz.–María Díaz Suárez Ramos.–Ramón Marín Hernándeznrique Aguilar Ibáñez Espejel Jorquera.–María Luisa Segoviano Astaburuaga.–César Lozano González.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.
Con el debido respeto a la opinión de mis compañeros que han conformado la mayoría del Pleno y en uso de la facultad que me confiere el art. 90.2 LOTC, expreso mi discrepancia tanto con el fallo como con la fundamentación jurídica de la sentencia que resuelve el recurso de inconstitucionalidad, por las razones ya defendidas en su momento durante la deliberación y que expongo a continuación.
La sentencia de la que discrepo desestima el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra tres incisos de la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y otro inciso de su preámbulo. Dicha disposición final primera modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. Uno de los motivos del recurso planteado sobre tres incisos del art. 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, en la redacción dada por esa disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, es la vulneración de los límites materiales de los decretos-leyes, al afectar, a juicio de los recurrentes, al derecho de propiedad del art. 33 CE de forma contraria al art. 86.1 CE. Conforme a esos incisos el juez queda facultado para suspender el procedimiento de desahucio y lanzamiento respecto de personas «económicamente vulnerables y sin alternativa habitacional» que estén habitando viviendas sin ningún título habilitante para ello, incluso cuando se trate de una causa penal y es a esta cuestión a la que los diputados recurrentes han limitado su reproche.
La constitucionalidad de esta suspensión se justifica en la sentencia considerando que no se vulneran los límites materiales del decreto-ley derivados del art. 86.1 CE, descartando la alegación de los diputados recurrentes en relación con la superación de tales límites materiales por la afectación del art. 33 CE. Afirmación que se intenta fundamentar en el carácter limitado de la medida, por cuanto la suspensión se establece en beneficio de determinadas personas que la norma considera económicamente vulnerables y sin alternativa habitacional y no afecta a todos los propietarios de viviendas, ni tampoco ampara todas las circunstancias de entrada o permanencia de la vivienda. También se afirma que el régimen controvertido afecta únicamente a la posesión y siempre de manera temporal, acotada y valorada por el juez, y que esa incidencia temporal puede ser objeto de compensación.
A mi juicio, estas razones no resultan convincentes.
En cuanto al alcance de la prohibición de que los decretos-leyes afecten a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución la doctrina constitucional ha destacado que el examen de si ha existido esa «afectación» exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho o deber concernido en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate.
El derecho constitucional que se entiende afectado en este caso es el de propiedad privada (art. 33 CE), que «se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir» (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 2). Es decir, la doctrina constitucional ha puesto de manifiesto, que la propiedad es un derecho de doble faz, al contar con dos elementos básicos que lo conforman: una vertiente subjetiva, representada por un haz de facultades que típicamente lo integran (uso, disfrute, poder de disposición...) y otra objetiva que viene definida por su función social.
A partir, como no puede ser de otro modo, de la doctrina consolidada del Tribunal acerca de la interpretación del significado de la prohibición de afectar a los derechos de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, como límite infranqueable de las normas de urgencia (art. 86.1 CE), creo preciso destacar la necesidad de un entendimiento adecuado del término «afectar» que permita su aplicación a las concretas circunstancias del caso en el que se plantee el alcance de dicha prohibición. A mi juicio, este término debe ser entendido en el sentido de que tal límite material a la utilización del decreto-ley ha de ser proyectado, no respecto de una posible regulación extensa y abstracta del derecho constitucional concernido, sino tomando en consideración el específico contexto de la regulación de que se trate. En este caso, por tanto, habría de ser definido en relación, no con el régimen del derecho de propiedad en general, como se hace en la sentencia, sino atendiendo al mencionado contexto que le es propio, teniendo en cuenta su alcance y significado para los concretos titulares del derecho afectado. Esto es, específicamente con respecto al ámbito de aplicación de la medida concreta a la que se imputa la vulneración de los límites materiales del decreto-ley por la afectación ilegítima al derecho de propiedad.
Es evidente que los incisos de la norma de urgencia que se impugnan en este proceso constitucional no contienen una regulación general del derecho de propiedad. Sin embargo, en cuanto condicionan necesariamente el poder de disposición sobre determinadas viviendas de sus legítimos propietarios para satisfacer una finalidad de interés social como es la protección de personas consideradas en situación de vulnerabilidad, sí que alteran de manera intensa las condiciones de ejercicio del derecho de propiedad respecto al concreto conjunto de propietarios a los que va dirigida la medida.
Si en el examen de los incisos impugnados se adoptase el punto de vista que aquí se propone se llegaría a la conclusión de que la medida que se controvierte en este proceso constitucional supone, para el propietario de una vivienda que se encuentre en la situación descrita en la norma, la imposibilidad temporal de recuperar la disposición sobre la vivienda, siendo el poder de disposición facultad inherente al derecho de propiedad. Dicha privación temporal de ese poder de disposición, por cierto, se ha ido prolongando en el tiempo, como consecuencia de las sucesivas prórrogas de la medida que se han ido aprobando: la última, por el momento, hasta el 30 de junio de 2023. Y eso pese a que la vivienda ha sido ilegalmente ocupada, pues siempre que el juez, sobre la base de lo dispuesto en el art.1 bis, apartado primero, del Real Decreto-ley 11/2020, así lo decida, se suspende el lanzamiento de la persona que la habite sin título alguno, incluso cuando se trate de un procedimiento penal por ser su ocupación (usurpación) constitutiva de delito, lo que comporta, de hecho, legitimar dicha ocupación y la continuación de la perpetración del delito imputado.
Para estos propietarios se trata de una regulación general y es claro que sufren una afectación significativa en su derecho de propiedad en la medida en que, por la decisión del legislador de urgencia (sucesivamente prorrogada, se insiste), se ven privados temporalmente (y de forma extendida en el tiempo, hasta ya tres años) de la disponibilidad del bien y de su posible utilidad económica, pero a la vez siguen obligados a soportar las cargas fiscales, (el impuesto sobre bienes inmuebles y la imputación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto de sociedades, cuando menos) así como las derivadas de la legislación de propiedad horizontal (cuotas de la comunidad ordinarias y extraordinarias) y demás que la titularidad del inmueble comporta. El fundamento de la restricción del derecho que así se padece parece hallarse en un criterio genérico de ordenación de determinadas propiedades y propietarios que hace de la transferencia forzosa y supuestamente temporal del uso de las viviendas, en casos que han dado lugar a la incoación de procedimientos penales, una técnica de intervención impuesta para que determinadas personas se vean obligadas a la cobertura con sus propios bienes de problemas, como el de la dificultad de acceso a una vivienda digna, que deberían ser capaces de resolver los poderes públicos. Son estos últimos los que deben adoptar políticas sociales, con cargo a los recursos públicos y en los términos del art. 31 CE, destinadas a promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, en el marco del mandato o principio rector del art. 47 CE y de otros preceptos constitucionales.
En efecto, en los incisos controvertidos en este recurso de inconstitucionalidad, la intensa restricción o limitación del derecho de propiedad privada se afirma al servicio de la garantía del derecho a una vivienda digna en favor de determinadas personas, incluso si se hallan incursos en un proceso penal por usurpación de la vivienda, de suerte que, mediante el recurso a la potestad legislativa de urgencia, el Gobierno hace recaer la realización efectiva de un principio rector de carácter social sobre las espaldas de determinados propietarios. Que los poderes públicos competentes, y en particular el Gobierno, vengan obligados a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE), no significa que ese principio pueda realizarse sacrificando el derecho de propiedad de otras personas (art. 33 CE), ni quebrantando otros preceptos constitucionales, como el art. 86.1 CE en relación con la potestad reconocida al propio Gobierno para dictar decretos-leyes en determinadas condiciones y ajustándose a los límites allí previstos, particularmente la prohibición de afectar a derechos de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución.
Que, en el sentido que se ha expuesto, nos encontramos ante una regulación directa del derecho de propiedad se comprueba también si se toma en consideración que lo que la norma está diciendo es que el único uso posible de un determinado tipo de bienes, cuando estén en manos de determinadas personas, ha de realizarse de un modo efectivo, con la influencia consecutiva que esa imposición tiene también sobre el poder de disposición de las viviendas por sus legítimos propietarios. Y, además, añade que, para que eso se produzca, no será óbice el hecho de que se trate de casos en los que está abierto un procedimiento penal por habitar la vivienda careciendo de título habilitante para ello. La norma controvertida, y la sentencia que viene a darla por válida, parecen presuponer que el hecho de que el propietario no requiera de la vivienda para satisfacer sus propias necesidades en la materia es motivo suficiente para excluir la afectación a su derecho de propiedad y para justificar la ocupación de la vivienda por un tercero (usurpación), lo que me parece un entendimiento erróneo de la noción de «afectación» que contiene el art. 86.1 CE como límite material a la regulación mediante decreto-ley.
Y, desde la perspectiva de la vertiente objetiva del derecho de propiedad, la norma controvertida hace ceder el derecho de disposición de los propietarios en atención a una pretendida función social, cuando, de haber sido probada la situación de vulnerabilidad económica y social, su atención corresponde, como ya he señalado, a los poderes públicos con cargo a los recursos de los que disponen, y no a determinados particulares a los que, por decisión del Gobierno, se les impone, como ya he señalado antes, la carga de que sus bienes sean utilizados para atender tales situaciones. No me parece ocioso recordar que la función social delimita el contenido del derecho de propiedad, pero no su contenido esencial (art. 53.1 CE), que debe ser respetado siempre (STC 204/2004, de 18 de noviembre, FJ 5). Una privación completa, aunque sea temporal, de la disponibilidad del bien inmueble y de su utilidad económica convierte la propiedad en una carga que se impone exclusivamente a los propietarios afectados para la utilidad de todos.
Además, cabe dudar de que tal privación del derecho de disposición sobre el bien inmueble, sea temporal sino más bien sostenida en el tiempo ya que, como se ha señalado, esta medida se ha ido prorrogando sucesivamente. Y es, asimismo, cuestionable que vaya acompañada de la compensación económica que sería exigible, pues, pese a las afirmaciones de la sentencia, esa supuesta compensación dista mucho de ser automática.
Tal compensación está regulada en las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. Se trata de una compensación peculiar, en la medida en que se hace con cargo a los recursos del plan estatal de vivienda 2018-2021 y, muy especialmente, porque solo cabe pedirla en un caso muy particular, en que la administración pública incurre un funcionamiento gravemente anormal: cuando, emitido informe por los servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada, estas medidas no se adoptaran en un plazo de tres meses. Paradójicamente, si los servicios sociales no emiten su informe no comienza a correr ese plazo, por lo que el propietario perjudicado se verá privado en ese supuesto de solicitar la compensación económica por la privación temporal de su bien inmueble. Y, adicionalmente, para solicitar esa compensación se exige que los propietarios perjudicados acrediten que la suspensión del lanzamiento les haya ocasionado perjuicio económico, al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada en el inmueble. Fácilmente se comprueba que la posibilidad de conseguir la compensación económica a la que se refiere la sentencia está sometida a tales restricciones en la normativa que la regula que cabe dudar seriamente de que pueda ser considerada una compensación efectiva.
Creo, por tanto, que la regulación examinada no tiene el limitado alcance que la sentencia le atribuye, pues, atendiendo a su ámbito de aplicación, se dirige a precisar el haz de facultades que integra este tipo de derecho de propiedad privada, limitando las posibilidades de disposición de sus titulares y, al propio tiempo, definiendo la función social del mismo, que son, como hemos visto, los dos elementos básicos que conforman el derecho de propiedad. Se trata de una transferencia coactiva no voluntaria, puesto que se obliga al propietario a tolerar el uso sin título de su vivienda, e implica una intensa afectación del derecho de propiedad, claramente gravosa, establecida por razones de interés público relacionadas con la atención de determinadas situaciones de vulnerabilidad social o económica.
Una restricción, intensamente, del derecho de propiedad (art. 33 CE) de estas características, con lo que significa sobre las facultades de uso y disposición del titular, no puede ser acometida mediante decreto-ley, como se ha hecho en los incisos impugnados por cuanto con ella se afecta, de modo contrario al art. 86.1 CE, al derecho de propiedad de determinadas personas que aparecen singularizadas en la norma.
En conclusión, entiendo que la afectación del derecho garantizado por el art. 33 CE es evidente, ya que la regulación controvertida en el presente recurso se refiere a lo que la doctrina constitucional ha denominado «practicabilidad o posibilidad efectiva de realización del derecho» (STC 112/2006, de 5 de abril, FJ 10), doctrina que también ha resaltado la importancia de que las limitaciones y deberes que se impongan al propietario no deban ir más allá de lo razonable, a fin de impedir la anulación de la utilidad meramente individual del derecho. En el presente caso la medida discutida supone, a mi entender, que el propietario perjudicado se ve privado, durante un prolongado periodo de tiempo, y sin compensación económica efectiva, de la utilidad de su derecho de propiedad sobre el bien inmueble, con el deber de soportar las cargas que del mismo se derivan, lo que determina que la norma impugnada haya superado uno de los límites materiales que el art. 86.1 CE impone a los decretos-leyes.
La estimación de este primer motivo del recurso hubiera debido llevar a declarar inconstitucionales y nulos los tres incisos cuestionados del art. 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, en la redacción dada por la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, y, por otra parte, en la medida en que estos preceptos ya habrían sido expulsados del ordenamiento, habría hecho innecesario pronunciarse sobre los restantes motivos de inconstitucionalidad alegados por los diputados recurrentes.
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés.–Enrique Molina Delgado.–Firmado y rubricado.
El objeto del presente voto particular se limita a exponer mi discrepancia en relación con el indebido ejercicio por el Gobierno de la potestad legislativa mediante real decreto-ley, al traspasar los límites materiales de este instrumento normativo en tanto en cuanto las normas impugnadas en este recurso afectan al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos. En lo relativo a la afectación del derecho de propiedad del art. 33 CE, comparto y hago propios los argumentos expuestos por el magistrado don Enrique Molina Delgado en el voto particular que formula en este mismo asunto, sin dejar de hacer hincapié en que la medida de suspensión del lanzamiento afecta al contenido esencial del derecho de propiedad, en cuanto priva al titular tanto de la posesión del bien inmueble, como de su plena disposición, al verse mermada la facultad de transmisión como consecuencia del estado de ocupación ilegal del inmueble. Asimismo, objeto que el fin social de la propiedad, al que se refiere el borrador, pueda alcanzarse perpetuando los efectos de hechos constitutivos de delito, de tal manera que deja al derecho de propiedad irreconocible al privar al propietario de su contenido esencial, que no se sacrifica para utilidad de todos, sino para favorecer el autor de la ilícita usurpación. Sin olvidar que el problema de la vivienda, a resolver por los poderes públicos con sus propios medios, se hace recaer sobre los propietarios particulares, con el añadido de tener que seguir sufragando a su costa las cargas de todo tipo y gastos inherentes a la titularidad del bien del que han sido ilícitamente despojados.
Por lo que se refiere a la afectación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos, los razonamientos de los que disiento se condensan en los siguientes párrafos de la sentencia:
«En definitiva, la ejecutividad de las sentencias no se discute ni se cuestiona por la norma impugnada, que solamente introduce la posibilidad de dilatarla en el tiempo y por un breve lapso temporal. Con este alcance limitado, la medida prevista no tiene por objeto una regulación directa y general del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos, por lo que la queja relativa a los límites materiales del real decreto-ley previstos en el art. 86.1 CE debe ser desestimada en este punto» [FJ 5 a)].
«Y en segundo lugar, la norma satisface igualmente la exigencia constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). La ejecutividad de las sentencias no es cuestionada por la norma impugnada, solamente se dilata por un breve lapso temporal, y ello de conformidad con la decisión adoptada por el órgano judicial, una vez ponderadas las circunstancias concurrentes en cada caso» (FJ 6, conclusivo de los precedentes).
Estas declaraciones afectan de forma directa al contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes y, en esa medida, rebasan los límites que la Constitución impone al decreto-ley. En contra de lo establecido en la Ley de enjuiciamiento criminal, que no admite excepciones a la ejecución por esta causa, la regulación impugnada abre la vía a la suspensión singular de la ejecución, en sus propios términos, de sentencias penales firmes, con efecto cosa juzgada material. Ello se traduce en la inejecución del pronunciamiento civil de la sentencia penal, con la consiguiente desprotección de la víctima titular del bien inmueble usurpado y perpetuación de los efectos de la acción constitutiva de delito; con otras palabras, la proscripción del lanzamiento ampara una situación patrimonial con causa ilícita –consolidación posesoria temporal del ocupante, nacida de la comisión de delito– surgida, por tanto, contra Derecho.
A ello se añade que parece contradictorio afirmar simultáneamente, por un lado, que «la ejecutividad de las sentencias no se discute ni se cuestiona por la norma impugnada» y, por otro, que «solamente introduce la posibilidad de dilatarla en el tiempo y por un breve lapso temporal», pues la dilación en la ejecución se produce mientras dure el efecto obstativo del cumplimiento de la ejecutoria. Además, que la dilación sea «por un breve lapso temporal», no es una circunstancia que la norma pueda asegurarex ante, sino que se hace depender de la evolución de la pandemia. Prueba de ello, es que como consecuencia de sucesivos reales decretos-ley que han venido encadenando modificaciones al artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, la duración de la suspensión de los lanzamientos que traigan causa de un procedimiento penal se extiende, a día de hoy, hasta el 30 de junio de 2023.
Finalmente, resulta insoslayable destacar que la suspensión de los lanzamientos no limita sus efectos a la ejecución del pronunciamiento civil de las sentencias penales a las que afecta. También trasciende de modo grave al ámbito propiamente penal, al perpetuarsine diela comisión de la acción delictiva –sin que se hubiera apreciado la concurrencia de causa alguna de justificación–, que va indisolublemente unida a la ocupación del bien inmueble, constitutiva del delito de usurpación tipificado en el artículo 245.2 del Código penal. El mantenimiento de esta situación es causa de inseguridad jurídica y susceptible de desencadenar desconfianza en el sistema penal, con el riesgo de que la sensación de desprotección por parte del Estado provoque indeseadas respuestas de autotutela.
En tal sentido, discrepo respetuosamente de la sentencia a la que emito mi voto particular.
Madrid, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.