Categoría: Judicial

precisamente para tutelar este interés superior constitucionalmente reconocido, llegando incluso a atemperar la rigidez de algunas normas procesales o sacrificar los legítimos intereses y perspectivas de terceros e incluso derechos y principios constitucionales (SSTC187/1996, de 25 de noviembre, FJ 2; 141/2000, FJ 5; 77/2018, de 5 de julio, FJ 2, y 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3, entre otras). En la STC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 4, pusimos de relieve que «[e]l interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores ‘que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos’, según el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño ratificada por España mediante instrumento de 30 de noviembre de 1990». Y en relación con esta consideración del interés superior del menor juega un papel fundamental el derecho de la persona menor de edad, o que pudiera serlo, a ser oída y escuchada, como parte del estatuto jurídico indisponible de las personas menores de edad, como norma de orden público que forma inexcusable han de observar todos los poderes públicos (SSTC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 4, y 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5).
Por lo que se refiere a la especial vulnerabilidad de los menores extranjeros no acompañados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones poniendo el acento en la importancia de la protección de sus derechos. Así se indica en la ya citada sentencia de 21 de julio de 2022, asuntoDarboe y Camara c. Italia, en la que, tras hacer una extensa referencia a la normativa nacional, europea e internacional que protege los derechos de los menores, el Tribunal afirma que esta normativa es de aplicación desde el momento en que la persona afectada es identificada como menor y recuerda el principio de presunción de minoría de edad, que considera «un elemento inherente a la protección del derecho al respeto de la vida privada de una persona extranjera no acompañada que declara ser menor de edad» (§ 153) lo cual implica que el procedimiento para la determinación de la edad en estos casos debe ir acompañado de las garantías procesales adecuadas y suficientes (§ 154).
6. Aplicación de esta doctrina jurisprudencial al caso concreto.
En atención a la jurisprudencia constitucional expuesta en relación con el derecho de acceso a la jurisdicción —como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)— y los pronunciamientos específicos que hemos realizado a propósito de la impugnación del decreto de la Fiscalía de determinación de la edad; y teniendo en cuenta, además, la necesaria protección del interés superior de las personas menores de edad, o que pudieran serlo, así como, en particular, de aquellas que fueran extranjeras no acompañadas, procede examinar la cuestión constitucional a resolver en el presente recurso; esto es, si los órganos judiciales han vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del recurrente, en su dimensión de acceso a la jurisdicción:
(i) Al inadmitir a trámite el escrito inicial de promoción del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores (art. 780 LEC) con fundamento en la falta de aportación, por la parte promotora del incidente, de una resolución expresa dictada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia en tal materia; y
(ii) Al desestimar el recurso de apelación formulado contra el auto de inadmisión dictado por el juzgado de primera instancia por entender justificada la resolución de la Dirección General de cierre del expediente de desamparo en atención a la conducta del recurrente, acreditada a través de la documentación obrante en el propio expediente.
a) En relación con la decisión de inadmisión del juzgado de primera instancia.
El procedimiento de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores se regula en el art. 780 LEC. Los aspectos esenciales de la tramitación de este procedimiento se establecen en los apartados 2 a 4 del precepto en los siguientes términos:
«2. El proceso de oposición a una resolución administrativa en materia de protección de menores se iniciará mediante la presentación de un escrito inicial en el que el actor sucintamente expresará la pretensión y la resolución a que se opone.
En el escrito consignará expresamente la fecha de notificación de la resolución administrativa y manifestará si existen procedimientos relativos a ese menor.
3. El letrado de la administración de justicia reclamará a la entidad administrativa un testimonio completo del expediente, que deberá ser aportado en el plazo de diez días.
La entidad administrativa, podrá ser requerida para aportar al Tribunal antes de la vista, las actualizaciones que se hayan producido en el expediente del menor.
4. Recibido el testimonio del expediente administrativo, el letrado de la administración de justicia, en el plazo máximo de cinco días, emplazará al actor por diez días para que presente la demanda, que se tramitará con arreglo a lo previsto en el art. 753.
El Tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes a la terminación del juicio.»
En este caso, del examen de las actuaciones se constata que lo que el recurrente en amparo presentó el 18 de julio de 2018 (con fecha de 16 de julio de 2018) fue el escrito inicial del proceso, al que alude el apartado segundo. Pese a ello, el 25 de julio de 2018, el juzgado dictó diligencia de ordenación teniendo por presentada la «demanda» y ese mismo día dictó auto acordando su inadmisión porque «no consta que se haya dictado, ni se ha aportado, ninguna resolución de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia por la que se deniegue o se deje sin efecto el desamparo previamente acordado, por entender que el demandante no es menor de edad». Un día después, 26 de julio de 2018, la representación procesal del hoy recurrente en amparo presentó al juzgado escrito de subsanación en que dejaba constancia del error material de que adolecía su escrito inicial, en que se indicaba que le había sido notificada la resolución de la Dirección General acordando el cierre del expediente de desamparo por haber alcanzado don Mourad Pérez la mayoría de edad, cuando en realidad no les había sido notificada resolución alguna de la Dirección General en tal sentido, siendo su intención oponerse a la eventual decisión que pudiera adoptarse atendiendo a la fecha de nacimiento de don Mourad Pérez, fijada en el decreto de determinación de la edad de Fiscalía. El juzgado se limitó a incorporar el escrito de subsanación a las actuaciones mediante providencia de 31 de julio de 2018 y acordar estarse a lo establecido en el auto de 25 de julio, esto es, a la inadmisión de la «demanda».
La decisión del juzgado de inadmitir el escrito presentado vedó, de este modo, el acceso a la jurisdicción del recurrente en amparo impidiendo una decisión sobre el fondo.
Es cierto que no toda decisión de inadmisión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la justicia. Para que tal vulneración se produzca, es preciso que la resolución sea arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente, o que esté basada en criterios que, por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los fines perseguidos y los intereses que se sacrifican. Y aquí el control constitucional ha de ser particularmente intenso, dada la vigencia del principiopro actione.
Partiendo de lo expuesto, en este caso se constata que:
(i) Pese a que el auto de 25 de julio de 2018 acuerda inadmitir la «demanda», lo que fue objeto de inadmisión en primera instancia era, en realidad, el escrito inicial al que se refiere el art. 780.2 LEC. La inadmisión se produce en un momento anterior a la presentación de la demanda propiamente dicha, que en este caso nunca llegó a tener lugar. La inadmisión de este escrito inicial llevada a cabo por el órgano judicial bajo la premisa de que lo examinado e inadmitido era la demanda constituye, de entrada, un error patente.
(ii) En cuanto a las razones dadas para la inadmisión del escrito iniciador del procedimiento, el art. 780 LEC indica una serie de requisitos en cuanto a su contenido, pero no prevé las consecuencias para el caso de incumplimiento de los mismos. En este caso, el escrito presentado no cumplía con el requisito de expresar la resolución administrativa a la que se opone y consignar expresamente la fecha de notificación de la misma —requisitos específicamente previstos en el art. 780.2 LEC—, y tal omisión es la razón por la que el auto de 25 de julio de 2018 acuerda la inadmisión. Pero ni el art. 780.2 LEC ni ningún otro de los apartados del precepto establece que el incumplimiento de estos requisitos determine la inadmisión del escrito presentado. Al margen de las posibilidades de subsanación de defectos procesales que la Ley de enjuiciamiento civil contempla expresamente —y que el recurrente intentó sin éxito—, puede suceder que la resolución administrativa no haya sido notificada a la parte, o que simplemente no se haya dictado siquiera una resolución expresa sino que se haya procedido, por la vía de hecho, a dar por terminadas las medidas de protección derivadas del estatus correspondiente a la minoría de edad, a partir del momento en que esta finaliza con arreglo a la fecha de nacimiento determinada en el decreto de Fiscalía. En ambos supuestos la parte se vería materialmente imposibilitada de cumplir con la formalidad establecida en el art. 780.2 LEC por razones completamente ajenas a su voluntad y control. Esto es precisamente lo que ha sucedido en el caso de autos en que, pese a existir una resolución expresa de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la misma no había sido notificada al recurrente en amparo cuando presentó su escrito iniciador del proceso del art. 780 LEC. Esta falta de notificación hacía que el cumplimiento del requisito de identificación y aportación de la resolución recurrida resultara imposible en el momento de presentación del escrito inicial del procedimiento; del mismo modo que, en estas circunstancias, la inadmisión de dicho escrito impedía, de hecho, a la parte acceder al contenido íntegro del expediente de desamparo y tomar cabal conocimiento de las resoluciones adoptadas en él. Bajo tales premisas no resulta razonable ni conforme con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) interpretar los requisitos de admisión del escrito inicial del proceso especial regulado en el art. 780 LEC en el sentido de considerar la falta de identificación y/o aportación de la resolución impugnada como causa de inadmisióna liminedel procedimiento en su totalidad.
(iii)  A todo ello hay que añadir que, tal como se ha expuesto de manera extensa en los fundamentos precedentes, el procedimiento especial regulado en el art. 780 LEC no solo tiene por objeto revisar las resoluciones administrativas adoptadas en materia de protección de menores, sino también revisar, por vía indirecta, los decretos de determinación de la edad dictados por el Ministerio Fiscal. De este modo, la inadmisióna liminedel escrito inicial —y, con él, del procedimiento en su totalidad— conlleva también la privación de la posibilidad de revisar la fecha de nacimiento y, consiguientemente, la edad de la persona determinadas en él, circunstancias que, extendiendo nuestra doctrina anterior y acogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consideramos forman parte del núcleo esencial de la identidad de la persona, que afecta a la definición de su estatuto jurídico como titular de derechos fundamentales. Esto resulta particularmente relevante cuando lo debatido es, precisamente, el mantenimiento o la extinción del estatuto de protección conferido por nuestro ordenamiento jurídico a las personas menores de edad, como sucede en el presente caso en que se trata de una persona extranjera que alega ser menor de edad y no está acompañada, lo que le sitúa en una posición de especial vulnerabilidad.
Todas estas circunstancias nos llevan a concluir que la decisión judicial que niega el acceso al proceso por el incumplimiento de los requisitos del art. 780.2 LEC, además de carecer de apoyo legal, resulta desproporcionada atendiendo a los fines perseguidos y los intereses que se sacrifican.
b) En relación con la decisión desestimatoria del recurso de apelación de la Audiencia Provincial.
La Audiencia Provincial, posteriormente, desestimó el recurso de apelación argumentando que carecía de sentido retornar el expediente al juzgado para oponerse a las resoluciones, ya que la administración había adoptado en su día las medidas de protección que el apelante pretende, teniendo en cuenta además que las actuaciones tuvieron que cerrarse por la propia actitud del mismo, que hizo imposible el cumplimiento de las funciones tutelares. Tal conclusión se alcanza, según indica el auto, a partir de la documentación obrante en autos.
El examen de las actuaciones permite constatar que toda la documentación en la que se apoya la audiencia provincial para decidir había sido aportada por la Generalitat de Cataluña al oponerse al recurso de apelación. El demandante, ahora recurrente en amparo, no pudo acceder a dicha documentación, ni formular alegaciones relativas al fondo del asunto, precisamente porque el escrito inicial que presentó al amparo del art. 780 LEC fue inadmitido por el Juzgado de Primera Instancia núm. 45 de Barcelona. Esa inadmisióna limineimpidió el paso a la fase regulada en el apartado tercero del art. 780 LEC —conforme al cual, el letrado de la administración de justicia debe requerir a la entidad administrativa un testimonio completo del expediente— y a la fase regulada en el apartado cuarto del precepto, conforme al cual, una vez recibido el testimonio, y en el plazo máximo de cinco días, el letrado de la administración de justicia emplazará al actor por diez días para que presente la demanda. Se observa, además, que tampoco se ha garantizado el derecho del recurrente en amparo, a ser oído y escuchado en el proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de protección jurídica del menor —tal y como específicamente establece el art. 780.1 apartado tercero LEC— pese a que afirmaba ser menor de edad e impugnaba el decreto de la Fiscalía de determinación de la edad. Únicamente pudo presentar el escrito iniciador del proceso, pero no tuvo oportunidad ni de examinar el expediente administrativo en su conjunto, ni de presentar la demanda, ni de efectuar las alegaciones que tuviera por convenientes para la defensa de sus intereses o proponer y aportar las pruebas conducentes a acreditar la veracidad de tales alegaciones.
En estas circunstancias, la decisión de la audiencia provincial, que alcanza a cuestiones de fondo, no ha respetado el derecho de defensa ni las garantías procesales ni, de forma especial, los principios de contradicción e igualdad de armas, del recurrente. Tampoco su derecho a ser oído, al no haberse cumplido con el trámite previsto en el art. 780.3 LEC —consistente en reclamar a la entidad administrativa un testimonio completo del expediente— ni haberse concedido el plazo del art. 780.4 LEC para presentar la demanda, omitiendo, por lo demás, los trámites subsiguientes. No es posible, por tanto, que el órgano judicial confirme la inadmisión basándose en razones de fondo sin conculcar las garantías procesales antes mencionadas.
Por otra parte, los argumentos en que basa su decisión la Audiencia Provincial de Barcelona no tienen en cuenta que precisamente lo que el recurrente quería impugnar era el decreto de determinación de la edad, que, como ya reconocimos en el ATC 151/2013, tiene su importancia a la hora de fijar la identidad del menor y su estado civil, vinculados a la fecha de nacimiento; y aunque carece en la legislación de un recurso directo, se puede impugnar indirectamente mediante el procedimiento de oposición a la resolución administrativa en cuyo origen se encuentre el referido decreto.
A pesar de que la pretensión del recurrente cuando presentó el escrito iniciador del procedimiento del art. 780 LEC era impugnar la edad establecida en el decreto de la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Barcelona, en su auto de 7 de marzo de 2019, asume como base para su decisión la documentación aportada por la administración, conforme a la cual se indica que en un primer momento el recurrente era menor de edad porque conforme al decreto de la Fiscalía nació el 13 de junio de 2000, y la administración adoptó las medidas de protección, aunque las actuaciones tuvieron que cerrarse por la propia actitud del recurrente, que cumplió los dieciocho años el 13 de junio de 2018, por lo que carecería de sentido retornar el expediente al juzgado. De este modo, el órgano judicial asume como válida la fecha de nacimiento fijada en el decreto de determinación de la edad y en la ulterior resolución administrativa, con arreglo a la cual el señor Maha había alcanzado la mayoría de edad en el momento de resolverse el recurso de apelación. Al hacerlo, el órgano judicial ignoró, por una parte, que esa fecha de nacimiento era parte esencial del objeto de la impugnación pretendida por el señor Maha; y, por otra parte, como indica la STEDHDarboe y Camara c. Italiaantes citada, que si un menor, o quien razonablemente alega serlo, resulta erróneamente identificado como adulto, se podrían llegar a producir graves vulneraciones en sus derechos. La Audiencia se limitó a asumir que el apelante era ya mayor de edad sin haberle dado siquiera una oportunidad real para impugnar la edad atribuida en el decreto, que era lo que pretendía a través del procedimiento del art. 780 LEC, sin mediar un debate contradictorio, sin haber dado tampoco la oportunidad de presentar pruebas tendentes a rectificar la edad establecida en el decreto de la Fiscalía. Y ello a pesar, también, de que, como ya dijimos en los AATC 151/2013 y 172/2013, el procedimiento previsto en el art. 780 LEC es el mecanismo que permite impugnar de forma indirecta el decreto de determinación de la edad, al estar en el origen de la resolución administrativa frente a la que se dirige este procedimiento.
En consecuencia, una decisión en los términos realizados por la audiencia provincial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción.
Por todo lo expuesto, se concede el amparo solicitado y, de conformidad con el art. 55 LOTC, procede restablecer el derecho mediante la anulación de las resoluciones impugnadas y la retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado del auto de 25 de julio de 2018 del Juzgado de Primera Instancia núm. 45 de Barcelona.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido otorgar el amparo a don Mourad Pérez y, en su virtud:
1.º  Reconocer el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión de derecho de acceso a la jurisdicción.
2.º  Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, anular el auto de la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Barcelona dictado el 7 de marzo de 2019 en el recurso de apelación núm. 1217-2018, y el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 45 de Barcelona dictado el 25 de julio de 2018 en el procedimiento de oposición de medidas de protección de menores núm. 559-2018.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la primera de las mencionadas resoluciones, a fin de que el juzgado de primera instancia proceda en términos respetuosos con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Santiago Martínez-Vares Fernández Enríquez Sancho.–María Pérez Blanco Ferrer.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.