Categoría: Administración

onvocatorias se realizarán de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en esta orden y con el contenido señalado en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En todo caso, en las convocatorias que se realicen durante el periodo de ejecución de programa se determinará el plazo o plazos durante los cuales se podrán presentar las solicitudes. A estos efectos, cada convocatoria podrá establecer varios plazos para la presentación de solicitudes. Se procurará, por tanto, la distribución en las distintas convocatorias y plazos de presentación de solicitudes, de los periodos de tramitación de la concesión de subvenciones, y su adecuación a las necesidades de formación que se detecten.
Las convocatorias se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de las mismas en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento de concesión de las subvenciones amparadas por esta orden.
Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible serán presentadas por la persona solicitante o, en su caso, por la entidad impartidora en el ámbito de sus funciones, a través de los medios que se determinen en las convocatorias.
2. Los formularios y los modelos de declaraciones responsables y demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento estarán asimismo disponibles en la sede electrónica que se habilite, y deberán ser obligatoriamente utilizados en las distintas comunicaciones, según proceda.
3. En la sede electrónica prevista en las convocatorias, las personas interesadas, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la mejora de su solicitud, así como la presentación de la documentación adicional que pudiera serles requerida por el órgano actuante.
4. El sistema de identificación y firma electrónica de las personas interesadas deberá cumplir los requisitos que establecen los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. La práctica de notificaciones electrónicas se ajustará a lo previsto en el artículo 42.5 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
6. En aquellas fases del procedimiento en las que, en aras de la simplificación administrativa, se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato electrónico firmadas electrónicamente por la persona declarante.
1. Las solicitudes de concesión de subvenciones se dirigirán a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
El lugar y plazo de presentación de las solicitudes, que se hará de forma electrónica, así como la documentación que las personas interesadas deberá acompañar a las mismas, se establecerá en las convocatorias, en las que se hará referencia a los requisitos y las obligaciones de las personas y entidades impartidoras beneficiarias. En el supuesto de que en la convocatoria se establezcan distintos plazos o periodos para la presentación de solicitudes, en la misma se podrá determinar la asignación de los fondos no empleados entre los periodos restantes.
En todo caso se presentará por parte de la persona interesada declaración responsable del cumplimiento de las condiciones para el acceso a la subvención; ello sin perjuicio de la posibilidad de que la administración competente consulte los sistemas de información correspondientes para verificar el cumplimento de las condiciones de las personas beneficiarias de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
En particular, respecto la acreditación del requisito de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en las convocatorias se establecerá que la presentación de la solicitud conlleve la autorización de la persona solicitante para que el órgano concedente obtenga directamente esta información a través de certificados telemáticos, sin que la persona solicitante haya de presentar la correspondiente certificación, salvo que éste expresamente deniegue su consentimiento, en cuyo caso deberá aportar la certificación que corresponde de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
2. Las personas que soliciten subvención en la línea de subvención prevista en el artículo 2.2.a), presentarán junto con la solicitud la justificación de la formación realizada y completada, de acuerdo con el artículo 17.5 con el contenido que se determine en la convocatoria, se incluirá la certificación o diploma obtenido, junto a una declaración responsable de la entidad que ha impartido la formación o expedido el diploma, manifestando que la persona beneficiaria ha realizado y completado el curso objeto de la ayuda y acreditando la autenticidad del respectivo diploma o certificación obtenida. En dicha declaración responsable tendrán que constar: los datos identificativos de la persona que ha finalizado la formación y obtenido el diploma correspondiente, la identificación de la entidad formativa, fecha de inicio y finalización de la formación, coste del curso, y descripción de la formación realizada, con indicación, en su caso, de si da derecho a una acreditación o certificación específica para una determinada ocupación o puesto de trabajo.
3. Las entidades impartidoras de la formación en la línea de subvención prevista en el artículo 2.2.b), presentarán junto con la solicitud una memoria con la descripción de la formación a impartir, distinguiendo si tiene la consideración de verde, digital o de sectores productivos; el número total previsto de personas que va a formar y una planificación de la formación que impartirá en la que identifique las acciones de formación a impartir, su duración, fechas previstas de inicio y finalización, y su distribución a lo largo del periodo de ejecución, el número de personas participantes por cada una, así como las previsiones de las subvenciones a solicitar, en función de las personas participantes que completarán su formación y los módulos establecidos, de acuerdo con el artículo 5.2.
4. Las convocatorias establecerán el límite de solicitudes por persona o entidad impartidora de formación, así como un número máximo de personas a formar o de importe máximo por solicitud de entidad impartidora.
5. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en esta orden y en la convocatoria, si no estuviera debidamente cumplimentada, si la documentación recibida fuese defectuosa o si faltase alguno de los documentos preceptivos, se requerirá a la persona o entidad impartidora solicitante para que en el plazo máximo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. El órgano instructor designado en la convocatoria, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, pudiendo requerir aquella información o documentación necesaria para tramitar la solicitud.
Las personas que intervengan en el proceso de selección de las personas beneficiarias, o en los procesos de verificación del cumplimiento de las condiciones, manifestarán de forma expresa la ausencia o no de conflictos de intereses o de causa de abstención, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio («Reglamento financiero»), el artículo 22 del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero, por el que regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 octubre; en caso de existir conflicto de intereses o causa de abstención, la persona afectada deberá abstenerse de intervenir en estas actuaciones.
2. El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional y/o definitiva, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Se podrá prever en la convocatoria la concesión de un plazo máximo de diez días hábiles para que las entidades impartidoras interesadas presenten su aceptación ante la propuesta de resolución definitiva. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las entidades interesadas, y la cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean coincidentes, en cuyo caso la propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva.
3. En las convocatorias se podrá prever que, cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar de la entidad impartidora beneficiaria la reformulación de su solicitud en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Los expedientes de gastos vinculados a las convocatorias que regula esta orden incluirán la memoria específica, así como la declaración de ausencia de conflicto de intereses en línea con la prevención del fraude. Asimismo, se incluirá en la correspondiente convocatoria la obligación de las personas beneficiarias de aplicar medidas para evitar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés a la hora de aplicar las subvenciones recibidas a la financiación de proyectos y actuaciones.
5. Las solicitudes se instruirán por orden de presentación.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto-ley 36/2020, se declara la aplicación de la tramitación de urgencia, en los términos previstos en los artículos 33 y 71 respectivamente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de los procedimientos administrativos que impliquen la ejecución de gastos con cargo a los fondos europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente acuerdo de inicio.
1. A la vista de la propuesta de resolución, el órgano competente resolverá el procedimiento. El órgano competente para resolver será la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de tres meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.
En la resolución de concesión se identificará la financiación en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Esta subvención será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Igualmente, la administración competente podrá acceder al Registro de Titularidades y otras bases de datos análogas, en su caso, y podrá ceder información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
La resolución de concesión podrá incluir la concesión de subvenciones a varias personas o entidades beneficiarias.
2. Contra las resoluciones cabrá interponer recurso de alzada ante la Ministra de Trabajo y Economía Social, en los términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Cualquier modificación, incluida la ampliación del plazo de ejecución del programa formativo, podrá solicitarse cuando concurran circunstancias de toda índole, excepcionales y ajenas al beneficiario, especialmente por razones sanitarias, catástrofes naturales o cualesquiera otras de naturaleza análoga que se puedan incluir en la resolución de la convocatoria, que imposibiliten la realización de la formación en las condiciones establecidas en la resolución de concesión. En todo caso, el plazo de finalización de cualquier formación financiada con microcrédito no podrá exceder del 30 de septiembre de 2025.
Cualquier modificación requerirá la previa solicitud de la persona o entidad impartidora beneficiaria y deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas tras la resolución de concesión y durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada, y formalizarse con carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, en el plazo que se determine en la convocatoria, antes de la finalización del citado plazo de ejecución.
Cada convocatoria podrá determinar circunstancias que puedan dar lugar a la modificación de la resolución. En ningún caso la modificación podrá afectar a las obligaciones impuestas por la normativa comunitaria o nacional aplicable, en especial, cuando suponga incumplimiento de hitos u objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision, CID), de 13 de julio de 2021, o su plazo de ejecución.
El órgano competente deberá dictar resolución aceptando o denegando la modificación propuesta, en el plazo que se establezca en la convocatoria, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Una vez transcurrido el plazo establecido en la convocatoria, sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. Las resoluciones de concesión podrán retrotraer sus efectos, como máximo, al momento de la presentación de la solicitud de modificación. En todo caso, la modificación solo podrá autorizarse si no daña derechos de terceras personas.
2. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los objetivos perseguidos con la ayuda concedida, ni alterar la actividad, para los que se concedió, ni elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión.
1. La formación financiada en virtud de lo establecido en esta orden deberá haber sido iniciada y completada en los plazos que determinen las convocatorias. En todo caso, deberá ser completada como máximo hasta el 30 de septiembre de 2025.
Cada acción de formación que se imparta en la línea de subvención del artículo 2.2.b) deberá ser previamente comunicada al órgano competente conforme al contenido, plazos y procedimiento que a tal efecto establezcan las convocatorias. De igual modo deberá ser comunicada al órgano competente cualquier modificación de la acción de formación posterior a su comunicación inicial, y cada acción de formación finalizada conforme al contenido, plazos y procedimiento que a tal efecto establezcan las convocatorias. En todo caso, en las citadas comunicaciones, al menos, se hará constar la especialidad o programa formativo a que está referida cada acción de formación, de entre los que se establezcan, su fecha de inicio y de finalización, su duración en horas, su modalidad de impartición, así como la relación nominal de personas participantes, incluyendo los datos desagregados por sexo, para la comunicación de inicio o la relación nominal de personas participantes que han finalizado cada acción de formación, de acuerdo a lo indicado en el artículo 5.2, así como los abandonos producidos, para la comunicación de finalización.
La comunicación de finalización referida a la formación realizada se acompañará de una certificación emitida por la entidad impartidora de formación, que incluya el contenido que se establezca en la convocatoria y se habrá de presentar una vez concluida la impartición de cada acción de formación y hasta el plazo máximo de dos meses tras la finalización de la formación, sin que en ningún caso pueda rebasarse el plazo del 30 de septiembre indicado.
2. En el supuesto de entidades impartidoras beneficiarias de la línea de subvención del artículo 2.2.b), la ejecución de las acciones de formación será realizada directamente por la entidad impartidora beneficiaria, sin que pueda subcontratarla con terceras personas o entidades. A estos efectos, la contratación del personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación. Por contratación de personal docente se considera exclusivamente la contratación de personas físicas. Tampoco se considerará subcontratación la contratación de aquellos otros gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo del programa de formación subvencionado. El beneficiario deberá contar con medios propios para las funciones de programación y coordinación del programa de formación, asumiendo, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la administración pública, debiendo asegurar el desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y control.
En las acciones de formación presenciales se considerará que una persona participante ha finalizado y completado la formación cuando haya asistido, al menos, al 75 % de la duración de la acción de formación, siempre que haya realizado la totalidad de las horas de duración de la acción formativa precisas para la obtención de la certificación o diploma que acredite la formación realizada y superada. En el caso de que las acciones de formación se hayan impartido en modalidad de teleformación se considerará que han finalizado la acción de formación, aquellas personas participantes que hayan realizado el 75 % de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje, con independencia de las horas de conexión, en los mismos términos antes señalados. En los supuestos en que la formación realizada tenga como objetivo la obtención de una certificación, diploma o similar que permita la acreditación de dicha formación a efectos de posibilitar el acceso a un puesto de trabajo, solo se consideran como finalizadas aquellas personas que tras haber finalizado su formación hayan obtenido esta acreditación.
1. Una vez dictada la resolución, se procederá al pago del importe de la subvención, en los términos señalados en este artículo. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad impartidora beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro.
2. En el supuesto de entidades impartidoras beneficiarias de la línea de subvención del artículo 2.2.b), el pago de la subvención se realizará previa justificación por la entidad de la formación impartida y de las personas que han completado la formación.
No obstante, podrán realizarse pagos a cuenta en los términos establecidos en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante pagos fraccionados en función de las acciones de formación finalizadas y por el importe de las justificaciones parciales presentadas respecto de las personas participantes que hayan completado la formación, en los términos previstos en la convocatoria, determinándose en la misma porcentajes o periodos mínimos de ejecución o plazos de presentación, acumulándose así los pagos a efectuar. A estos efectos, la entidad impartidora beneficiaria presentará las solicitudes de pago a cuenta, acompañadas de la justificación correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este artículo.
3. La entidad impartidora beneficiaria, en el plazo máximo de tres meses, computado desde la finalización del plazo de ejecución, o cuando se considere en la convocatoria a efectos de los pagos a cuenta previstos en el apartado anterior, presentará, en los términos previstos en la convocatoria, la justificación del cumplimiento de las actuaciones subvencionadas, mediante el régimen de módulos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 69 y 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, sin perjuicio de la posibilidad de ampliación del plazo de justificación prevista en el artículo 70 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. La entidad impartidora beneficiaria deberá presentar la justificación ante el órgano que determinen las convocatorias y conforme a las instrucciones e impresos normalizados que se establezcan en las mismas. Una vez presentada la documentación de justificación correspondiente, se realizará por el órgano que establezcan las convocatorias la correspondiente comprobación técnico-económica. Una vez comprobada dicha justificación, se procederá al pago de la subvención en la forma que la convocatoria establezca.
Dicha justificación incluirá al menos la siguiente documentación que deberá presentar la entidad impartidora beneficiaria:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades formativas realizadas y de los resultados obtenidos. La memoria incluirá la certificación de la ejecución y finalización de las acciones de formación que correspondan, en función del pago solicitado, para cada uno de los tres ámbitos (transformación digital, economía verde o productiva) objeto de la ayuda, con información, del número y porcentaje de personas participantes, incluyendo datos desagregados por sexo, que las han finalizado, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.2.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas en función de los resultados obtenidos, que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:
1.º Acreditación del beneficiario sobre el número de unidades físicas consideradas como módulo, que será el número de personas, incluyendo datos desagregados por sexo, que han finalizado y completado la formación, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.2.
2.º Cuantía global de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria de actuación y los módulos contemplados en el artículo 6.2, según el sistema de cálculo y cuantificación mediante costes unitarios establecido en dicho artículo.
La liquidación de la subvención se realizará en función de las personas participantes que hayan finalizado y completado la formación, en los términos contemplados en el artículo 6.2. En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente concedida. El cálculo se realizará considerando las personas participantes finalizadas y que han completado la formación y por los módulos económicos correspondientes.
3.º Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
No obstante, según lo dispuesto en el artículo 79 del mencionado Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las entidades beneficiarias estarán dispensadas de la obligación de presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil o cualquier otra documentación justificativa de los gastos realizados, sin perjuicio de la obligación del beneficiario de conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las correspondientes actuaciones de comprobación y control, según dispone el artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de cualquier otra obligación derivada de la normativa estatal o de la Unión Europea que así lo exija. En este sentido, deberán conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, en formato electrónico, durante un periodo de 5 años a partir de la operación, o de tres años cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, en los términos previstos en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio («Reglamento Financiero»).
4. Las entidades impartidoras beneficiarias competentes proporcionarán al Servicio Público de Empleo Estatal, en los términos previstos en la convocatoria, la información periódica de gestión que acredite el estado de situación del programa en su ámbito respecto de hitos y objetivos y sobre el gasto en que se ha incurrido, con la periodicidad que se determine para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y a través de los medios informáticos habilitados con esta finalidad, previa verificación de la misma, teniendo en cuenta lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
5. En el supuesto de personas beneficiarias de la línea de subvención del artículo 2.2.a), el pago de la subvención se efectuará una vez dictada la resolución de concesión, por el importe acreditado y justificado junto con la solicitud de subvención, de acuerdo con el módulo establecido en el artículo 6.2. Se instrumentarán a estos efectos mecanismos que permitan el pago acumulado a múltiples beneficiarios.
Para la realización del pago de la subvención, la persona beneficiaria deberá aportar junto con la solicitud, en los términos previstos en la convocatoria la siguiente documentación:
a) Justificante de pago en el que conste el importe de la formación completada.
b) Resultado de la evaluación de la formación.
c) Certificación o acreditación de la realización de la formación y declaración responsable expedidos por la entidad que la haya impartido, según lo establecido en el artículo 12.2.
1. Las subvenciones objeto de esta orden se someterán al seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que se establezcan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.
2. Las personas y entidades impartidoras beneficiarias deberán someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Administración General del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, así como a las que puedan efectuar la Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo, así como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Oficina Nacional de Auditoría y, cuando proceda, la Fiscalía Europea.
En todo caso, las subvenciones reguladas en esta orden estarán sometidas al seguimiento, control y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento, incluyendo el del principio de «no causar perjuicio significativo»(principio do no significant harm,«DNSH»).
En particular, la administración concedente recabará, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos, de conformidad con lo especificado en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en los términos en que determine la normativa que sea de aplicación.
3. La concesión de la ayuda se verá condicionada al compromiso escrito de la concesión los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo 129.1 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 (Reglamento Financiero).
4. El Servicio Público de Empleo Estatal velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta orden para el otorgamiento y ejecución de las acciones de formación subvencionadas contempladas en la misma, pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones que considere oportunas, así como recabar de la persona y entidad beneficiaria o de la persona y entidad solicitantes cuanta información o documentación estime necesaria. Sin perjuicio del control que pudiera ejercer el organismo concedente, la persona y entidad beneficiarias de las ayudas estarán sometidos al control financiero de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas conforme a su legislación específica, estando obligados a prestar la debida colaboración y apoyo al personal encargado de realizar el control financiero, aportando y facilitando la información que se considere necesaria.
5. La entidad impartidora beneficiaria comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal, u organismo que se determine en la convocatoria, el inicio de la actividad formativa y de las personas participantes, según lo establecido en el artículo 16.
1. El incumplimiento por parte de la persona o entidad impartidora beneficiaria de lo establecido en la resolución de concesión, así como en la presente orden y demás disposiciones aplicables en materia de subvenciones, en particular el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la ocultación o falseamiento de los datos que sirvieron de base para la concesión de la ayuda por parte del solicitante, darán lugar, a la vista de la naturaleza y causas del incumplimiento, a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma.
En el caso de incumplimientos parciales el órgano competente determinará la cantidad a reintegrar por la entidad impartidora beneficiaria respondiendo al principio de proporcionalidad en función de las actuaciones acreditadas, salvo que pueda constituir causa de reintegro total.
Dará lugar, asimismo, a la obligación de reintegrar los fondos percibidos, conforme a lo previsto en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el incumplimiento de los principios y obligaciones, hitos, objetivos, calendario o cualquier otro aspecto relacionado con la normativa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en el resto de normativa de la Unión Europea que sea de aplicación, en particular el incumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principiodo no significant harm,«DNSH») y/o etiquetado climático.
2. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como, en su caso, lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto-legislativo 5/2000, de 4 de mayo.
Las actuaciones subvencionadas que configuren el proyecto «Financiación de formación (microcréditos)» objeto de esta orden, así como cuanta publicidad se haga sobre el mismo deberán encontrarse debidamente identificadas de conformidad con las obligaciones que en materia de información, comunicación y publicidad determine la normativa interna y de la Unión Europea para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, quedando obligadas las entidades impartidoras beneficiarias de estas subvenciones a hacer mención en su publicidad del origen de esta financiación, velando por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-Next Generation EU». Esta visibilidad se hará en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
1. Las entidades impartidoras beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden deberán garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principiodo no significant harm,«DNSH») y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision, CID), de 13 de julio de 2021, y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en su normativa de desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación.
2. Las solicitudes deberán acompañarse de una declaración responsable de adecuación al principio de «no causar perjuicio significativo», el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, conforme al formulario que se recoja en la convocatoria debidamente cumplimentado por la entidad impartidora solicitante.
3. Las declaraciones responsables del principio de «no causar perjuicio significativo» (principiodo no significant harm,«DNSH») que se realicen deben atender obligatoriamente a la Comunicación de la Comisión Europea (2021/C 58/01), «Guía técnica sobre la aplicación del principio de ''no causar un perjuicio significativo'' en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».
4. En todo caso las entidades impartidoras beneficiarias preverán mecanismos de verificación del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principiodo no significant harm,«DNSH») y medidas correctoras para asegurar su implementación, de lo que dejarán constancia en la memoria justificativa de la subvención.
La concesión de las subvenciones queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico.
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P., actuará como entidad colaboradora del Servicio Público de Empleo Estatal en la gestión de las convocatorias de subvenciones públicas que se realicen por dicho organismo en el marco de lo previsto en esta orden, para la ejecución de proyectos que se financian en el marco del Pan de recuperación, transformación y resiliencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con lo dispuesto en los convenios suscritos por ambas entidades. La Fundación Estatal colaborará en la instrucción de los procedimientos y en la elaboración de las propuestas relativas a la resolución y justificación de las subvenciones y comprobación técnico-económica de las justificaciones presentadas, realizando a tal efecto las funciones que se le atribuyan en las convocatorias de concesión de las subvenciones públicas, correspondiendo al Servicio Público de Empleo Estatal la concesión y el pago de las subvenciones.
En todo lo no previsto en esta orden será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y demás disposiciones que resulten de aplicación. Además, será de aplicación lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/55/2023 de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asimismo, resultan aplicables a estas ayudas el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»), así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y estatales de desarrollo o trasposición de aquellas.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 13.ª de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, y la competencia exclusiva para regular las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta orden.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de septiembre de 2023.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Vidal Reyes