Categoría: Energía y Medio Ambiente

del recurso) y sin dedicarlo a extender la superficie de regadío o a aumentar las dotaciones, acompañar el proyecto de una revisión concesional y priorizar la retirada de superficie de riego. Para las inversiones en infraestructuras agrarias para el fomento de la competitividad e inversiones de mejora de explotaciones agrarias, si éstas incluyen actuaciones en regadíos, plantea darles el mismo tratamiento que a los primeros.
Esta organización también plantea eliminar ayudas a la agricultura de conservación con empleo de herbicidas, requiriendo alternativamente prácticas de control mecánico, manual o pastoreo controlado, sugerencia en la que coincide con las alegaciones de Por otra PAC, SEO/Birdlife y SEAE. Para el caso de las ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad, requiere incluir inversiones para protección de ganado frente a predadores: cercas permanentes o electrificadas, mastines, con ayudas al 100% y posibilidad de pago anticipado parcial. Para las inversiones no productivas en servicios básicos en el medio natural, en relación con los grandes carnívoros plantea incluir censos, estudios de vulnerabilidad y adaptación de explotaciones, con ayudas al 100% y anticipo.
La Fundación Global Nature presenta alegaciones a la forma en que el Plan debe contemplar y financiar las inversiones en materia de regadíos similares a las planteadas por WWF, requiriendo que en demarcaciones con índice de explotación WEI+ superior al 20% se demuestre ex ante y ex post la reducción neta de consumo de agua provocada (extracción-retorno), así como la mejora en los niveles de contaminación difusa.
La Fundación Nueva Cultura del Agua propone simplificar la lista de medidas del Plan dirigidas a regadíos, fusionando las dos dirigidas a las explotaciones agrarias y suprimiendo la dedicada a inversiones en infraestructuras de regadíos con objetivos ambientales. Sugiere que solo se supere el porcentaje del 65% de financiación si la actuación contribuye claramente al logro de los objetivos medioambientales, variando dicho porcentaje en función de la relevancia de dicha contribución. Solicita que se realice una interpretación correcta del artículo 74.4.b) del Reglamento 2201/2115, requiriendo una reducción efectiva y significativa del consumo de agua (extracción/uso - retorno = ETP), lo que exige que las extracciones se reduzcan en mayor medida que los retornos para que el efecto de la actuación sea favorable. Indica que esto solo ocurre si se implanta el riego deficitario controlado o si se realiza un cambio de cultivo a otro con menos consumo y más valor añadido o se reduce de superficie con cultivo en regadío. Requiere que se considere el efecto conjunto de la mejora de las instalaciones de riego en parcela y de las actuaciones de mejora de la eficiencia en la infraestructura transporte y distribución, y plantea que se valore el impacto de cada actuación sobre el índice de explotación WEI+, que permite demostrar si se produce o no reducción efectiva del consumo (extracciones – retornos). También aprecia dificultad para aplicar la condición de que «la inversión afecte a masas de agua subterránea o superficial cuyo estado se haya determinado como inferior a bueno en el plan hidrológico de cuenca pertinente por motivos relativos a la cantidad de agua», proponiendo al efecto considerar valores de WEI+ superiores al 20% como umbral para considerar afecciones significativas (no incrementar consumo, reducir consumo), y valores superiores al 40% como umbral de afecciones severas (reducción drástica del consumo, eliminación de ayudas que incentiven regadío). Considerando la reducción de aportaciones derivada del cambio climático, estos umbrales deberían ser más exigentes. También plantea evitar que las reducciones netas de extracciones logradas se apliquen a aumentar superficies o intensificar cultivos en lugar de a recuperar el ecosistema acuático. Con todo, indica que las modernizaciones de regadíos son medidas que para reducir la presión por extracciones tienen una elevada ratio coste/beneficio. También requiere no ampliar la superficie de regadío en sistemas con índice de explotación superior al 20%, exigir medidores en tomas y retornos, y poner a disposición del público los resultados obtenidos. En relación con el efecto de estos proyectos sobre la contaminación difusa, indica que las modernizaciones reducen las masas de nutrientes exportadas, pero también reducen los caudales de los retornos, lo que aumenta en ellos la concentración de contaminantes (paradoja de la calidad), lo que puede provocar que algunos ríos acaben convirtiéndose en colectores de los lixiviados de zonas modernizadas (efecto salmuera). Considera necesario asegurar que la concentración de contaminantes en los retornos sea compatible con el buen estado en medio receptor. En inversiones de aumento eficiencia energética o implantación de energías renovables en el regadío, para evitar que actúen como subvenciones perversas aumentando la intensificación, requiere que se considere como condición o prioridad para el otorgamiento el reducir el consumo y mejorar la calidad. Finalmente, considera que es necesario limitar el empleo para riego de aguas residuales depuradas a los casos en que efectivamente ello reduzca el uso de agua de otra masa de más calidad.
Por otra PAC, SEO/Birdlife y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología SEAE presentan similares alegaciones sobre las inversiones del Plan en regadíos que WWF y la Fundación Nueva Cultura del Agua anteriormente señaladas. Además, SEO/Birdlife aporta para varios otros tipos de inversiones criterios de selección de operaciones basados en la reducción de emisiones a la atmósfera y de gases de efecto invernadero, agricultura ecológica, sistemas de calidad diferenciada o certificaciones de sostenibilidad, comercialización de proximidad, ahorro de energía, etc. En lo relativo a las inversiones no productivas en servicios básicos en el medio natural plantea incluir expresamente la posibilidad de financiar planes de gestión de espacios Red Natura 2000, campañas para superar desconfianza explotaciones sobre dicha red, e inversiones para la coexistencia de la ganadería extensiva y grandes predadores. Y para las inversiones forestales no productivas plantea priorizar la reincorporación de residuos forestales al suelo frente a su valorización energética.
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología plantea, para la medida de establecimiento de jóvenes agricultores, que se prioricen planes empresariales basados en la agricultura ecológica, y se penalicen los que promuevan cambio de secano a regadío.
Tras la fase de participación pública, el estudio ambiental estratégico plantea para cada tipo de inversiones algunas medidas mitigadoras adicionales: incluir criterios de selección de operaciones basados en el ahorro de agua o energía, no aumentar la superficie de riego, disponer de medidores de agua, justificar un «ahorro potencial» determinado, requerir un ahorro de agua efectivo en masas de agua que no cumplen sus objetivos medioambientales, priorizar unidades de demanda agraria con objetivos de ahorro mayores, monitorización por sensores de la humedad del suelo y de la concentración de contaminantes, formación, filtros verdes, contemplar la Directiva sobre Energías Renovables 2018/2001 (sin indicar qué aspecto), que la energía generada se dedique solo a autoconsumo o justificar contribución a la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, entre otras. Se observa que algunas de estas medidas mitigadoras incluidas en el estudio ambiental estratégico no han llegado a trasladarse al Plan.
Las inversiones materiales financiadas por el FEADER, al igual que las financiadas por el FEAGA tratadas en apartados anteriores, se encuentran entre las actuaciones del Plan con mayor capacidad de causar efectos sobre el medio ambiente en general, y en particular sobre espacios de la Red Natura 2000, el agua, el suelo y el aire. Es, en consecuencia, necesario incorporar una serie de condiciones de elegibilidad que, según el tipo de inversión de que se trate, aseguren que no se financian proyectos que causen impactos medioambientales significativos.
En primer lugar, para proyectos incluidos en los anexos I o II de la Ley de 21/2013 de evaluación ambiental o los equivalentes de la normativa autonómica, para poder recibir ayudas es necesario acreditar que el proyecto ha superado la correspondiente evaluación de impacto ambiental y que ha sido autorizado por la administración sustantiva incluyendo las condiciones de la correspondiente declaración o informe de impacto ambiental. Dicha declaración o informe ha de ser favorable, y en su caso debe asegurar que el proyecto no causa perjuicio a la integridad de ningún espacio de la Red Natura 2000 ni provoca deterioro o impide el logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas contempladas en la Directiva Marco del Agua y la planificación hidrológica.
Para inversiones materiales que no se hayan sometido antes de su autorización a evaluación de impacto, debe acreditarse que previamente a su autorización, la administración competente comprobó que no podían provocar efectos apreciables sobre ningún espacio de la Red Natura 2000 (artículo 46.4 de la Ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad).
Para inversiones en actividades que incrementen la generación de residuos, emisiones o vertidos contaminantes, dichas inversiones han de incluir las actuaciones necesarias para su adecuada prevención, reducción o gestión, de acuerdo con la normativa en cada caso aplicable. Asimismo, para inversiones que supongan la obsolescencia o pérdida de funcionalidad de instalaciones, edificaciones o equipos preexistentes, la inversión deberá incluir su desmantelamiento y la adecuada gestión de los residuos resultantes aplicando la jerarquía de residuos.
En lo relativo a inversiones que pueden provocar impactos medioambientales o climáticos positivos, deben establecerse los criterios de selección de operaciones que permitan maximizar dichos efectos, en particular priorizando inversiones que provoquen reducciones netas significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero y en las emisiones contaminantes al suelo, el agua o la atmósfera (en particular amoniaco); que reduzcan significativamente el consumo de recursos naturales, en particular el consumo de agua; que reduzcan significativamente la generación, incineración o eliminación de residuos (en particular los residuos de plásticos y las deyecciones y purines de la ganadería intensiva) aplicando los principios de jerarquía de residuos y de economía circular; que mejoren sustancialmente la capacidad de adaptación al cambio climático de la actividad, del resto de usos con que interacciona y de los ecosistemas; que contribuya de forma importante al logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas indicados en la planificación hidrológica y al de los objetivos de las estrategias marinas; y que contribuyan a mejorar las condiciones y la resiliencia de los ecosistemas y a mejora el estado de conservación de los hábitats y las especies de interés comunitario. En sentido contrario, debe penalizarse (puntuación negativa) o excluir de la posibilidad de recibir ayudas a las inversiones que incumplan estos criterios.
El Plan debe mejorar el tratamiento de las inversiones incluidas en los Marcos de Acción Prioritaria de la Red Natura 2000, incluyéndolos en una sola categoría con independencia de que se realicen sobre suelo agrícola o forestal, y con un diseño acorde a las necesidades y prioridades que expresamente manifiesten al efecto las administraciones regionales y nacional competentes en la conservación y gestión de espacios Red Natura 2000, diferenciándolas claramente del resto de las inversiones contempladas en los epígrafes «Ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación/ adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad», «Inversiones no productivas en servicios básicos en el medio natural», «Inversiones forestales no productivas en repoblación forestal y sistemas agroforestales» y «Inversiones forestales no productivas en actuaciones selvícolas con objetivos ambientales» que contribuyen a finalidades muy heterogéneas. La asignación presupuestaria del Plan estratégico de la PAC a las inversiones de los Marcos de Acción Prioritaria Natura 2000 debe ser apropiada para cubrir sus necesidades más importantes o urgentes.
Las inversiones en materia de regadíos deben tener un tratamiento en este Plan acorde con la necesidad de reducir las presiones e impactos que este tipo de producción provoca sobre el conjunto de las masas de agua y zonas protegidas de las demarcaciones hidrográficas españolas, en particular por extracción de agua y por contaminación difusa por fertilizantes y fitosanitarios, impidiendo en numerosos casos el logro de sus objetivos medioambientales. Ya se trate de inversiones de finalidad productiva y sectorial (que previsiblemente incrementarán dichos impactos) o de inversiones que se presentan como dirigidas a reducir dichos impactos.
En el caso de inversiones en nuevos regadíos, ampliación de superficie de regadío o consolidación de regadíos, deben excluirse de financiación todas aquéllas que puedan provocar un deterioro del estado de masas de agua o zonas protegidas, ya sea por efecto de sus extracciones netas (extracciones-retornos) o de la contaminación difusa que provocan; proyectos que se pretendan realizar sobre espacios protegidos de cualquier tipo incluida la Red Natura 2000, salvo que su instrumento de gestión o normativa expresamente lo consideren actividad permitida o compatible; o proyectos que vayan a suponer en fase de explotación, a escala de infraestructura y de parcelas, un aumento significativo en las emisiones netas directas e indirectas de gases de efecto invernadero que no vayan a ser compensadas por la creación y mantenimiento en paralelo de nuevos sumideros.
En el caso de inversiones de mejora o de modernización de regadíos a escala de infraestructura o de parcela, la condición de elegibilidad indicada por el apartado 4 del artículo 74 del Reglamento (UE) 2021/2115 debe requerir conjuntamente que la inversión afecte, a través de su efecto sobre las extracciones o sobre los retornos del riego, a masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo o en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, o a masas de agua superficial que no alcanzan el buen estado o potencial ecológico y presentan presión significativa por extracciones, alteración del régimen de caudales o desconocidas; y que la inversión provoque una reducción efectiva de la presión por extracciones a que están sometidas las referidas masas de agua, considerando la reducción provocada tanto en las extracciones como en los retornos del riego por el aumento logrado en la eficiencia, debiendo ser la primera superior a la segunda para que en términos netos se consiga una reducción de la presión por extracciones. Esta reducción debe acompañarse de la solicitud del beneficiario al organismo de cuenca o comunidad de usuarios de reducción del volumen concesional y de asignaciones (modernización de infraestructuras) o en su caso la solicitud a la comunidad de usuarios de reducción de las asignaciones (modernización de parcelas) en cuantía acorde con la justificación de reducción de presión por extracciones realizada. Por otra parte, para asegurar la compatibilidad de la inversión con el logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua afectadas por contaminación difusa asociada a los retornos, el proyecto debe incorporar condiciones y medidas que aseguren una reducción efectiva y significativa de dicha contaminación difusa a niveles compatibles con el logro de los objetivos medioambientales en el plazo indicado para ello por el plan hidrológico, incluyendo tanto medidas de diseño y funcionamiento de la infraestructura, de la instalación en parcela y de la adecuación de la gobernanza de la comunidad de regantes para poder reducir esta presión.
Además de condiciones de elegibilidad que impidan otorgar ayudas a proyectos que pueden causar impactos ambientales negativos significativos, también se deben incorporar criterios de selección de operaciones que permitan maximizar los impactos positivos de proyectos de modernización o mejora directamente orientados a mejorar el estado de las masas de agua afectadas, en particular priorizando los proyectos que en mayor medida permitan reducir la presión neta por extracciones de las zonas de riego (extracciones – retornos) y los proyectos que reduzcan el consumo de agua de la zona de riego en una proporción igual o superior a las mejores estimaciones disponibles sobre la reducción del recurso en la demarcación por efecto del cambio climático (CEDEX 2017), de manera que la inversión mejore la capacidad de adaptación al cambio climático no solo de la zona de riego sino también del resto de usos del agua y de los ecosistemas acuáticos de la demarcación,
En el caso de inversiones para reutilización de aguas urbanas depuradas con fines de riego, deben aplicarse las mismas condiciones de elegibilidad y criterios de selección de operaciones indicados en la declaración ambiental estratégica del Plan DSEAR.
Finalmente, en el caso de inversiones en regadíos para aumentar de la eficiencia energética o implantar de energías renovables, se debe incluir como condición de elegibilidad de las operaciones el lograr una reducción significativa en el consumo de energía eléctrica de la red en fase de explotación en relación con el consumo inicial, que debe verse acompañada de compromisos adicionales para que también se logre una reducción significativa de la presión neta por extracciones y por contaminación difusa.
Para el conjunto de inversiones en el ámbito forestal, se considera necesario asegurar su coherencia con la normativa de protección, los instrumentos de gestión de los espacios y áreas protegidas y con los planes de conservación de las especies y los hábitats amenazados, preferiblemente introduciendo explícitamente dichas condiciones en las bases reguladoras y convocatorias de las correspondientes subvenciones.
Finalmente, se considera conveniente mencionar expresamente entre los tipos potencialmente subvencionables de inversiones no productivas en servicios básicos en el medio natural, las siguientes sugeridas en el proceso de participación pública: La identificación y caracterización de los Sistemas de Alto Valor Natural en las comunidades autónomas que todavía no los tienen definidos, y su seguimiento y mejora en las que sí lo han hecho. La elaboración o revisión de planes de gestión de espacios naturales protegidos y áreas protegidas por instrumentos internacionales, así como de planes de conservación o recuperación de especies amenazadas. La limpieza de residuos de plástico en zonas de cultivos intensivos próximas al mar. Las infraestructuras para la recogida separada de residuos agrarios y selvícolas. La creación de puntos limpios agrarios. Instalaciones de compostaje comunitario de la fracción orgánica de residuos en el ámbito local. Instalaciones de compostaje comunitario de residuos agrarios en el ámbito de la cooperativa agraria o las organizaciones de productores para reutilización en la explotación agraria.
Establecimiento de jóvenes agricultores y puesta en marcha de nuevas empresas rurales: 6961.1 Establecimiento de personas jóvenes agricultores. 6961.2 Establecimiento de nuevos agricultores
La Fundación Nueva Cultura del Agua plantea para estas ayudas que, si los correspondientes proyectos empresariales incluyen actuaciones en regadíos, se apliquen las mismas condiciones que ha sugerido para inversiones en regadíos.
Entre los criterios de selección de este tipo de operaciones deberían encontrarse priorizados los proyectos empresariales orientados a la agricultura ecológica.
Servicios de asesoramiento.
Algunas aportaciones del proceso de participación pública (Subdirección General de Economía circular del MITERD, Oficina Española de Cambio climático, Por otra PAC, SEO/Birdlife) coinciden en requerir que el asesoramiento vaya más allá de los RLG y BCAM, incidiendo en cuestiones clave para la convergencia con las principales políticas medioambientales y climáticas: producción ecológica, conservación del paisaje, mejora de la biodiversidad agraria, alternativas al uso de fitosanitarios, reducción de excedentes de fertilizantes, mejora estado masas agua y reducción de presiones generadas por la agricultura, modelos de proximidad y canales cortos de comercialización, adaptación al cambio climático a escala local mediante análisis de los escenarios regionalizados previsión de impactos y definición de medidas de adaptación, reducción de emisiones de GEI y compuestos contaminantes, gestión de residuos y economía circular. En zonas con presencia de grandes predadores es también necesario incluir en esta medida la realización caso por caso de análisis de vulnerabilidad y propuesta de medidas de adaptación de las explotaciones ganaderas para posibilitar la coexistencia. En definitiva, se plantea orientar el asesoramiento al acompañamiento en el nuevo enfoque que debe tener la PAC
6. Plan financiero.
El documento de alcance del estudio ambiental estratégico consideraba necesario que el estudio concretase la forma y medida en que el Plan va a contribuir a logro de los objetivos de los principales planes y compromisos nacionales en materia de medio ambiente y clima, identificando en concreto su contribución prevista a la financiación de las actuaciones de al menos los Marcos de Acción Prioritaria Red Natura 2000, de los programas de medidas de los planes hidrológicos (medidas para el logro de los objetivos medioambientales), de los planes de gestión del riesgo de inundación, de los planes de sequía, del Plan Nacional Integrado de energía y clima, del I Programa nacional de control de la contaminación atmosférica, y de las estrategias comunitarias De la granja a la mesa y de Biodiversidad para 2030.
La Dirección Natural de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, en relación con la financiación por el Plan de las inversiones especificadas por los Marcos de Acción Prioritaria de la Red Natura 2000, señala que quedarían englobadas en dos intervenciones previstas para el Objetivo Específico 6: Ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad; e inversiones no productivas en servicios básicos en el medio natural. Señala que el conjunto de los Marcos de España tiene una previsión anual de 1.401,6 millones de euros, lo que en el periodo del Plan equivaldría a 7.002,2 millones de euros, mientras que la asignación de las medidas mencionadas en el Plan es de 152,8 millones, lo que supone únicamente un 2,2% del presupuesto de los Marcos de Acción Prioritaria para el periodo. Con ello concluye que apenas se potencia la asignación de fondos europeos sobre espacios Red Natura 2000. Este centro directivo considera imprescindible un aumento muy significativo del muy insuficiente presupuesto de la medida Inversiones no productivas en servicios básicos en el medio natural para financiación Red Natura 2000, incluyendo las actuaciones del Marco de Acción Prioritaria que encajen con los objetivos y mecanismos de intervención del Plan y su vigilancia y seguimiento ambiental.
La Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad de Baleares señala la desconexión entre los Marcos de Acción Prioritaria Red Natura 2000 y el PEPAC. El plan financiero no concreta qué presupuesto se asigna a los Marcos, considerándose necesario concretar qué parte concreta de cada Marco se va a financiar en cada territorio con el Plan y en qué cuantía. Detalla un buen número de tipos de actuaciones de los planes de gestión RN2000 susceptibles de ser financiadas por el Plan, encajando en sus diferentes intervenciones. Considera que no se atienden las necesidades definidas en los planes de gestión de estos espacios, que debería haber intervenciones específicas y adecuadas a las necesidades de financiación de los Marcos de Acción Prioritaria y planes de gestión de espacios. Sugiere lo mismo con los planes de gestión de otros espacios protegidos y áreas protegidas por instrumentos internacionales (reservas de la biosfera, humedales Ramsar, lugares del Patrimonio de la Humanidad UNESCO). Asimismo, indica que para que se reconozca que una actuación es favorable a la conservación de la Red Natura 2000 debe estar incluida en planes de gestión o Marcos de Acción Prioritaria, no simplemente localizada dentro del espacio. También indica que la parte de los fondos dirigida a objetivos específicos medioambientales y climáticos está gestionada por las administraciones agrarias, no por las de medio ambiente y clima, requiriendo reconsiderar la posibilidad de que la administración ambiental o climática gestione y supervise directamente las ayudas en sus respectivos ámbitos.
La Asociación Española de Agricultura Ecológica indica que el presupuesto programado para dicha modalidad es insuficiente para alcanzar el objetivo del 25% de la superficie agraria útil gestionada bajo métodos de producción ecológica en 2030.
A la vista del resultado de la participación pública, el estudio ambiental estratégico únicamente prevé emitir un informe anual donde se indiquen las ayudas dadas a intervenciones relativas a los objetivos medioambientales y climáticos y los planes a los que contribuyen, con información alfanumérica y geográfica. Al tiempo prevén reuniones con las autoridades ambientales y climáticas para poner en común la información, impulsar sinergias entre políticas y reconsiderar las intervenciones que no alcanzan los objetivos medioambientales o climáticos previstos.
En relación con la última propuesta, cabe advertir que el Plan no contiene una lista de sus objetivos medioambientales y climáticos cuantificados en los términos en que aparecen los objetivos equivalentes de las principales políticas medioambientales y climáticas. Así, por ejemplo, en su actual redacción el Plan no contiene un compromiso concreto de financiación de las actuaciones contenidas en los Marcos de Acción Prioritaria de la Red Natura 2000, no habiéndose diferenciado ninguna línea de actuación específica para apoyo de la gestión de la Red, y encontrándose únicamente referencias dispersas en el conjunto del Plan. Al objeto de que no se provoquen impactos estratégicos desfavorables por una falta de consideración de las necesidades clave de financiación de esta Red en el tipo de actuaciones que entran dentro del ámbito de este Plan, lo que podría suponer prolongar situaciones de incumplimiento de objetivos de conservación en un número indeterminado de estos espacios durante todo el periodo de planificación por falta de financiación de las actuaciones necesarias, se considera que debe clarificarse y mejorarse sustancialmente la contribución de este Plan a su financiación, previa consulta expresa a las administraciones regionales y nacional competentes en la gestión de espacios Red Natura 2000, para identificar los tipos de intervención aplicables, y dentro de cada uno de ellos adoptar los compromisos presupuestarios específicos para al menos las actuaciones consideradas prioritarias o urgentes. La necesidad de mejorar con el Plan la financiación de los Marcos de Acción Prioritaria puede ser particularmente importante en los ámbitos de mejora del estado de conservación y recuperación de la dehesa y otros sistemas agrosilvopastorales extensivos, mejora de convivencia entre ganadería extensiva y grandes carnívoros, protección y recuperación de ecosistemas de turberas y de humedales (más allá de la BCAM 2), protección y recuperación de humedales (más allá de la BCAM2), y recuperación de superficie de hábitats de interés comunitario de pastizal natural y seminatural a partir de terrenos agrícolas.
También debería revisarse el desequilibrio aparentemente existente entre la previsión presupuestaria para ecoesquemas sobre regadío y sobre secano, considerando las proporciones existentes entre las superficies de ambos usos, y teniendo en cuenta que desde el punto de vista medioambiental y climático las mayores externalidades positivas las suele producir produce el secano, y los mayores impactos ambientales los suele generar el regadío, siendo de aplicación al caso el principio de que «quien contamina, paga».
7. Sistema de gobernanza y coordinación.
7.1 Identificación de los organismos de gobernanza y coordinación y organismos de control.
La Comisión Balear de Medio Ambiente señala que no se contempla que el presupuesto en inversiones ambientales esté gestionado por las administraciones de medio ambiente, y sugiere que sí gestionen y supervisen directamente las ayudas en materia ambiental. En el mismo sentido se pronuncia la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad de Baleares.
No se aprecia que las administraciones regionales o nacional con competencias en materias de medioambiente o clima tengan asignado en el plan algún papel en su desarrollo, ejecución, seguimiento o evaluación, lo que contrasta con el hecho de que los objetivos específicos 4, 5 y 6 son de finalidad claramente medioambiental y climática, por lo que se considera conveniente revisar con dichas administraciones la posibilidad de que se les otorgue un papel más activo en dichos ámbitos. Ello se considera particularmente necesario en las intervenciones programadas en el marco del Objetivo específico 6 con fines de protección de la biodiversidad, al menos las contempladas en los Marcos de Acción Prioritaria, planes de gestión de espacios Red Natura 2000, planes de conservación de especies amenazadas, planes de control de especies invasoras o estrategias de infraestructura verde. Asimismo, se considera recomendable dar tratar con las administraciones ambientales y climáticas la posibilidad de asignarlas un rol específico en la validación de operaciones en el sistema de gestión del Plan sujetas a condiciones de elegibilidad medioambientales o climáticas particularmente importantes, en el momento en el que se solicita la selección de operaciones. Con ello, los órganos ambientales podrían hacer observaciones siempre que lo considerasen necesario a escala de cada intervención financiada de los tipos más susceptibles de provocar impactos ambientales, lo que permitiría aprovechar todas las oportunidades que vayan surgiendo en su ejecución para mejorar la integración de los aspectos ambientales en las operaciones que más lo requieran.
7.2 Una descripción de la estructura de seguimiento y presentación de informes.
Comité de seguimiento.
La Dirección General de Biodiversidad de La Rioja señala la importancia de que las administraciones de medio ambiente participen en el seguimiento del cumplimiento de los compromisos de los distintos regímenes de ayudas.
El comité de seguimiento nacional y en su caso los comités de seguimiento regionales deberían incorporar representación de las administraciones de medioambiente y de cambio climático afectadas por este Plan, en particular las administraciones de calidad ambiental, biodiversidad/ Red Natura 2000, protección del agua y cambio climático. Al objeto de prevenir la generación de impactos negativos en la fase de desarrollo del Plan y permitir una aplicación de las determinaciones de esta resolución ajustándolas a las necesidades y potencialidades medioambientales y climáticas de cada territorio, se considera necesario que las autoridades de gestión otorguen a los representantes de las administraciones ambientales medioambientales y climáticas afectadas un rol relevante en la preparación de los criterios de selección de operaciones programadas para contribuir a Objetivos específicos 4, 5 y 6 medioambientales y climáticos, y que faciliten su participación o su soporte técnico a los órganos encargados de formular las propuestas de concesión de las ayudas aplicando dichos criterios.
Programa de vigilancia ambiental.
La Oficina Española de Cambio climático plantea asociar el seguimiento de los efectos del Plan sobre las emisiones al «Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos», y la necesidad de añadir indicadores de aumento (o disminución) de los sumideros de carbono y de adaptación al cambio climático.
La Subdirección General de Economía circular del MITERD plantea introducir indicadores de contribución del PEPAC a la Estrategia Española de Economía Circular e indicadores de reducción del volumen de los principales residuos.
La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación requiere incorporar los siguientes indicadores del cuerpo contenido en el Reglamento: R.30ER Apoyo a la gestión forestal sostenible: porcentaje de tierra forestal objeto de compromisos para apoyar la protección de los bosques y la gestión de los servicios relacionados con los ecosistemas. R.31ER Preservación de hábitats y especies: porcentaje de superficie agrícola utilizada (SAU) objeto de compromisos de ayudas que promueven la conservación o la recuperación de la biodiversidad, incluidas las prácticas de explotación agrícola de alto valor natural. R. 32 Inversiones relacionadas con la biodiversidad: porcentaje de explotaciones que reciben ayudas a la inversión de la PAC en favor de la biodiversidad. R.33 Mejora de la gestión de Natura 2000: porcentaje del total de la superficie de Natura 2000 objeto de compromisos subvencionados. R.34ER Preservación de elementos del paisaje: porcentaje de superficie agrícola utilizada (SAU) objeto de compromisos subvencionados para la gestión de elementos del paisaje, incluidos los setos y los árboles.
La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del País Vasco considera necesario marcar en el propio Plan objetivos cuantitativos de protección ambiental, no resultando apropiado posponer su definición, y se muestra favorable a utilizar indicadores de estado, de resultado, de impacto, de coste/efectividad y de contribución del plan al logro de las principales políticas y compromisos en materia de medio ambiente y clima.
La Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad de Baleares plantea que los indicadores de seguimiento del estado de conservación de hábitats y especies afectados por el Plan deben ser los de la Directiva Hábitats.
WWF España, en lo relativo a los indicadores incluidos en el Reglamento y no seleccionados para el Plan, junto con SEO/Birdlife plantea añadir los indicadores IC37 Sistemas alto valor natural, I.22 Aumento de la agrobiodiversidad en los sistemas de explotación agrícola: diversidad de cultivos, R.29ER Desarrollo de la agricultura ecológica: porcentaje de la superficie agrícola utilizada (SAU) subvencionada por la PAC destinada a la agricultura ecológica, con datos desglosados de mantenimiento y conversión, y R.31ER Preservación de hábitats y especies: porcentaje de superficie agrícola utilizada (SAU) objeto de compromisos de ayudas que promueven la conservación o la recuperación de la biodiversidad, incluidas las prácticas de explotación agrícola de alto valor natural. WWF también plantea hacer tras los dos primeros años de ejecución del Plan una evaluación exhaustiva de los impactos ambientales y contribución a los objetivos de medio ambiente y clima del régimen del pago básico previsto en el Plan, y SEO/Birdlife requiere incluir el seguimiento del efecto de las ayudas a la ganadería sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto directo que realmente causen los ecoesquemas y las ayudas agroambientales programados sobre la biodiversidad.
La Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos de La Rioja recuerda la necesidad de conocer la huella de carbono del PLAN, e incluir el correspondiente coste en el programa de vigilancia ambiental.
El seguimiento ambiental estratégico de este Plan requiere incorporar a los indicadores de impacto, resultados, realización y contexto generales que contempla el Reglamento en su Anexo I (mínimos comunes para todos los Estados Miembros) y que han sido seleccionados e incluidos por el promotor en el plan, otros indicadores que permitan conocer con precisión y de manera cuantitativa el impacto del Plan sobre las principales políticas, planes o compromisos nacionales en materia de medio ambiente y clima, tanto de signo positivo como de signo negativo, centrándolo en particular en los tipos de operaciones con mayor contribución potencial positiva o impacto negativo para los que se ha dado alguna determinación en esta resolución. Deben, asimismo, incorporarse también los indicadores y actividades de seguimiento planteadas por el promotor en el estudio ambiental estratégico.
Dada la forma en que se ha programado y se prevé ejecutar las operaciones del segundo pilar de la PAC financiadas por el FEADER, el seguimiento ambiental deberá realizarse de manera diferenciada por comunidades autónomas, salvo en el caso de decisiones e intervenciones con efectos estratégicos sobre el factor agua, cuyo seguimiento se debería realizar de manera diferenciada por demarcación hidrográfica, ya que éste es el mejor ámbito en el que se pueden evaluar si dan resultados positivos o provocan impactos negativos.
En particular, se considera necesario diseñar el seguimiento ambiental del plan de manera que se pueda completar y mantener actualizada la caracterización del principal contexto medioambiental y climático afectado, que se pueda verificar el cumplimiento de las determinaciones de la presente resolución, que se pueda conocer la contribución real neta del conjunto del Plan a la financiación y en consecuencia al logro de los objetivos de las principales políticas y compromisos comunitarios, nacionales y regionales en materia de medio ambiente y clima, considerando tanto las intervenciones con efecto positivo como las de efecto negativo para poder deducir el efecto global neto, que se pueda conocer la efectividad y la relación coste/beneficio reales de las medidas cuya principal finalidad declarada es ambiental o climática, y para posibilitar un seguimiento adaptativo de su ejecución en el periodo de programación y generar nueva información que permita mejorar la integración de los aspectos ambientales clave en siguientes ciclos.
En el seguimiento ambiental de las ayudas dirigidas a objetivos medioambientales o climáticos, sin perjuicio del criterio convencional de contabilidad que establece el Reglamento, se considera necesario imputar únicamente las actuaciones cuya finalidad principal sea claramente medioambiental o climática, generando resultados de impacto positivo cuantificables y concretos sobre las referidas políticas medioambientales y climáticas, y descartando imputar actuaciones cuya contribución cuantitativa al logro de dichas políticas no pueda ser determinada o es únicamente supuesta, o cuya finalidad realmente sea sectorial o productiva. En el caso de actuaciones en favor de la Red Natura 2000, se deberán contabilizar solo las actuaciones que expresamente figuren en los Marcos de Acción Prioritaria o instrumentos de gestión de espacios Natura 2000, y no cualquier otra actuación por el único hecho de realizarse dentro de un espacio Natura 2000. En el caso de actuaciones para el logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua, se deberán contabilizar solo las actuaciones que figuren en los programas de medidas de los planes hidrológicos con este objetivo de manera inequívoca, contrarrestando de manera clara y medible las presiones significativas que vienen impidiendo el logro de los objetivos medioambientales, y evitando contabilizar otras actuaciones cuya finalidad sea la satisfacción de las demandas, tengan interés sectorial o la justificación de su inclusión en el programa sea ambigua. En el caso de actuaciones para la reducción de emisiones, la contaminación o los residuos, solo se contabilizarán las que los reduzcan de una manera concreta y medible.
El seguimiento ambiental del plan se deberá documentar mediante informes de resultados del seguimiento, de ámbito regional para las intervenciones del II Pilar y de carácter nacional para las del I Pilar, programando sus fechas de publicación de forma simultánea y para que permitan su uso como información ambiental de referencia aplicable a las posibles modificaciones del Plan que se planteen, para su evaluación intermedia por la Comisión Europea, para la elaboración del plan o planes de los fondos FEAGA y FEADER en el siguiente periodo de programación, y para su evaluación final. Dichos informes de seguimiento ambiental han de ser públicos.
Para conseguir mayores avances cualitativos y un proceso de mejora continua del ciclo de programación, se involucrará el seguimiento ambiental del Plan a una selección de centros del conocimiento independientes y relacionados con el territorio y las principales temáticas ambientales y climáticas tratadas, que puedan ayudar a orientar su seguimiento y evaluación, a interpretar sus resultados, a enriquecer sus conclusiones y a generar ámbitos de actuación innovadores en futuros ciclos de planificación. Ello al menos para las materias de biodiversidad, protección del agua, calidad ambiental y cambio climático.
7.4 Condicionalidad (sistema de control de los requisitos y condiciones ambientales y de sanción de incumplimientos).
La Oficina Española de Cambio Climático considera que la previsión de hacer solamente un 1% de muestra para controles in situ es insuficiente para la ambición ambiental y climática que debería tener la PAC. En el mismo sentido se pronuncia la Comisión Balear de Medio Ambiente, que la considera particularmente importante en operaciones que afecten al agua o a la Red Natura 2000.
La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del País Vasco considera que la sanción de reducción del 3% del ingreso anual establecida para el caso de incumplimiento de la condicionalidad es muy reducida y no contribuye a desarrollar una cultura y compromiso con el medio ambiente en el sector.
WWF España, SEO/Birdlife y la Fundación Global Nature también plantean la necesidad de incrementar muy significativamente el porcentaje de la muestra de solicitudes de ayuda sometidas a auditoría de condicionalidad por encima del actual 1% de los beneficiarios, de graduar las penalizaciones de acuerdo con la gravedad del incumplimiento, en particular para infracciones relacionadas con el agua o la Red Natura 2000, y de establecer mecanismos de coordinación con las administraciones ambientales y la fiscalía.
Una buena parte de los informes y alegaciones recibidas ponen de manifiesto la insuficiencia de limitar el porcentaje de controles sobre el terreno al 1% y de la cuantía de sanciones prevista en casos de incumplimiento, especialmente en los tipos de operaciones potencialmente causantes de impactos ambientales graves o para las normas de condicionalidad cuyo incumplimiento puede igualmente provocar impactos significativos. Se reconoce la necesidad de mejorar significativamente este porcentaje en lo relativo a explotaciones de cualquier tipo que han ejecutado un proyecto legalmente sometido a previa evaluación de impacto ambiental sin disponer de declaración o informe de impacto ambiental favorable o incumpliendo las condiciones indicadas en dichas resoluciones; explotaciones en regadío que utilizan el agua sin disponer de derecho habilitante para ello o lo hacen incumpliendo el condicionado aplicable; explotaciones en regadío que captan agua de masas de agua superficial o subterránea que no alcanzan el buen estado y presentan presión por extracciones; explotaciones en regadío y explotaciones ganaderas intensivas provocando contaminación difusa o puntual sobre zonas vulnerables, masas de agua subterránea con mal estado químico o superficies que drenan a masas de agua superficial que no alcanzan el buen estado y presentan presión por contaminación puntual o difusa agraria, en particular cuando hayan incumplido la normativa de prevención de la contaminación difusa o carezcan de autorización para realizar vertidos puntuales; y a explotaciones en espacios Red Natura 2000, en particular si han roturado superficie de algún hábitat de interés comunitario sin autorización.
8.5 Estrategia de Digitalización.
El establecimiento de un Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX) se considera una oportunidad que puede contribuir en gran medida a mejorar la integración de los aspectos medioambientales en la futura aplicación del Plan. Para ello, se considera necesario que dicho sistema incorpore información medioambiental particularmente relevante a los efectos de conocer los impactos potenciales que se pueden provocar a escala de explotación por aplicación de las ayudas y demás decisiones del Plan. En concreto, se considera necesario que incorpore información al menos sobre si las parcelas agrícolas de regadío o de secano se localizan en superficies que provocan presiones significativas por extracciones o contaminación difusa o si las explotaciones ganaderas intensivas provocan vertidos directos o contaminación difusa sobre alguna masa de agua o zona protegida que por dichas presiones no cumple sus objetivos medioambientales; y su inclusión en el interior de algún espacio de la Red Natura 2000, otro espacio natural protegido o zona de alto valor natural reconocida por la comunidad autónoma.
D. Determinaciones, medidas y condiciones finales derivadas de esta evaluación:
Se indican a continuación las medidas que, como consecuencia del análisis técnico del expediente realizado, se plantean para conseguir un elevado nivel de integración de los aspectos medioambientales en el plan y para prevenir, corregir y, en su caso, compensar sus efectos adversos sobre el medio ambiente, trasladables a sus instrumentos de desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación, y en su caso orientadoras del diseño de las modificaciones que se plantean.
Se formulan como sugerencias concretas sobre sus contenidos, indicando los aspectos del plan a los que se refieren y siguiendo el mismo orden y codificación con que se presentan sus diferentes apartados.
Con independencia de ello, también deben considerarse y aplicarse las medidas preventivas, mitigadoras o compensatorias de los impactos que se han incluido en el estudio ambiental estratégico para cada una de las medidas del plan, siempre que no resulten contrarias a las indicadas en la presente resolución.
Apartados 2.3 Plan de Metas. 2.3.1 Cuadro recapitulativo y 3 Coherencia de la estrategia y complementariedades, 3.1 Visión general de la arquitectura medioambiental y climática, 3.1.4 Explicación de la forma en la que la arquitectura medioambiental y climática del plan estratégico de la PAC debe contribuir a las metas nacionales a largo plazo fijadas previamente, que se establecen en los instrumentos legislativos mencionados en el anexo XI o se derivan de ellos.
Se precisa completar esta información con la cuantificación del impacto esperado del Plan sobre los objetivos de las principales políticas medioambientales y climáticas relacionadas con sus objetivos específicos 4, 5 y 6 del PEPAC, y la cuantificación del compromiso adoptado por el Plan para la financiación de las actuaciones de los principales planes nacionales y regionales con los que se materializan dichas políticas, expresados en el formato y las unidades indicadas en el Anexo II de esta resolución. Dicho anexo incluye y amplía buena parte de los indicadores de impacto incluidos en el Anexo I del Reglamento (indicadores I.10 al I.21).
En la contabilización de actuaciones de mejora de gestión de espacios de la Red Natura 2000, únicamente se considerarán las actuaciones expresamente incluidas en los planes de gestión y Marcos de Acción Prioritaria de dichos espacios. Por el contrario, no se considerará como aplicada a la mejora de la gestión de Natura 2000 cualquier ayuda por el simple hecho de localizarse en el interior de un espacio de dicha Red.
3.10 Condicionalidad.
Requisitos Legales de Gestión (RLG).
Concretar en los instrumentos de desarrollo la forma en que se prevé aplicar los requisitos legales de gestión (RLG) indicados por el Anexo III del Reglamento, que no se han reflejado en el Plan, tomando como referencia la descripción de las condiciones que aparece para cada RLG en el documento que se utilizó para la información pública y las consultas del Plan «Aplicación de la condicionalidad reforzada en el marco del plan estratégico de la PAC» de 26 de noviembre de 2021, completada con las siguientes condiciones:
RLG 1 Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas: artículo 11, apartado 3, letras e) y h), en lo que atañe a los requisitos obligatorios para controlar las fuentes difusas de contaminación por fosfatos.
Añadir al requisito de acreditar disponer de concesión, autorización u otro derecho en vigor para el uso del agua, el requisito de cumplir su condicionado, y el de cumplir las limitaciones adicionales al uso del agua que, en su caso, se hayan establecido frente a situaciones de sobreexplotación o sequía.
Añadir al requisito de disponer de un sistema de medición de los volúmenes de agua efectivamente utilizados, la de disponer de un sistema de medición de los retornos en caso de existir conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable, y de cumplir las obligaciones de mantenimiento, toma de datos y notificación que establezca dicha normativa.
Añadir el requisito de acreditar el cumplimiento de la normativa específica aplicable al territorio