Categoría: Administración

La Comisión Europea viene señalando en diversas Comunicaciones la importancia de invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible y el papel de la industria como motor esencial de la productividad y la innovación y como una de las piedras angulares de la prosperidad económica en Europa. Asimismo, ha puesto de manifiesto la conveniencia de mantener y reforzar el liderazgo industrial de Europa en la era de la globalización, marcada por los retos que plantea la sostenibilidad y la rapidez con que se producen los cambios tecnológicos.
La Comisión reconoce que los próximos cinco años son decisivos para habilitar las condiciones necesarias para el profundo cambio que la industria europea, y la española, necesitan: ir hacia una industria competitiva, digitalizada y climáticamente neutral, arraigada en el modelo social europeo, que cree empleos de calidad y contribuya a la soberanía económica de la Unión Europea, poniendo el foco en los ecosistemas industriales.
La industria manufacturera contribuye significativamente a la economía, sobre todo en lo que respecta a innovación, productividad y empleos de calidad y tiene externalidades positivas que benefician al conjunto de la economía, contribuyendo a la cohesión social y territorial.
Por otra parte, cualquier actuación que se emprenda para el impulso a la industria deberá ser coherente con el marco de la Unión Europea, apuntando a una recuperación en clave ecológica, alineada con el Pacto Verde Europeo, sobre la base de la neutralidad climática y la economía circular y sostenible, que abre oportunidades en términos de modernización de la economía, atracción de inversiones, de una nueva reindustrialización y de generación de empleo de calidad.
El Consejo de la Unión Europea acordó el 21 de julio de 2020, un paquete de medidas de gran alcance, que aúnan el Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2021-2027 e incorporan un instrumento europeo para la recuperación (Next Generation EU), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Para acceder a los recursos financiados, España presentó a la Comisión Europea su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación), que fue aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España el día 13 de julio de 2021.
El Plan de Recuperación traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y para responder a los retos de la próxima década.
El Plan contempla diez políticas palanca y treinta componentes, recogiendo un conjunto coherente de inversiones y reformas orientadas a la recuperación y a impulsar un cambio de modelo económico, productivo y social para abordar de forma equilibrada los retos futuros: hacia una España más sostenible, digitalizada, en igualdad y con mayor cohesión social.
A este respecto, y dado el valor estratégico innegable que tiene el sector agroalimentario español para la economía nacional y de las numerosas externalidades positivas que presenta, el Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de febrero de 2022, aprobó un Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario (PERTE Agroalimentario), cuyo objetivo principal es apostar por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad de todo el sector, a través de programas de apoyo e instrumentos transformadores que promuevan una producción y una industria agroalimentaria sostenible, competitiva y resiliente.
Con la aprobación del PERTE Agroalimentario, se contribuye a la consecución de varios de los hitos y objetivos contenidos en la Council Implementing Decision (CID), entre los que se relacionan los siguientes: El hito 183 «PERTE en ámbitos estratégicos definidos en el Plan»; el objetivo 185 «Ejecución presupuestaria de PERTEs y proyectos innovadores para la transformación de la industria»; y el objetivo 186 «Finalización de PERTEs y proyectos innovadores para la transformación de la industria». Los «Operational Arragements» asociados a estos hitos y objetivos se recogen en el anexo de la Decisión de la Comisión C (2021) 7903 final relativa a «Approving the Operational Arragements between the Commission ans Spain pursuant to Regulation (EU) 2021/241», entre los que se relacionan los siguientes: OA 183.1; OA 184.1 y 184.2; OA 185.3 y 185.4; y OA 186.1.
En este contexto, el PERTE Agroalimentario se articula en torno a una serie de medidas transformadoras, con objetivos específicos dirigidos exclusivamente al sector agroalimentario, y medidas facilitadoras que, sin tener una dotación específica para ese sector, contribuyen también a los objetivos del PERTE. Se configura a partir de tres ejes prioritarios, que abordan actuaciones concretas en tres ámbitos. En concreto, esta orden de bases regulará el eje 1, cuyo fin principal es el fortalecimiento de la industria agroalimentaria para que mejore sus procesos de producción e incremente su competitividad.
Las ayudas objeto de esta orden de bases se incardinan en el marco del componente 12 (Política Industrial) Inversión 2 (C12.I2) «Programa de Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial» del Plan de Recuperación, en el cual se incluye la Línea de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial, cuyo objetivo principal es impulsar la transformación de las cadenas de valor estratégicas de sectores industriales con gran efecto tractor en la economía y alineadas con la Estrategia Europea de ecosistemas industriales.
Por otro lado, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) número 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en cumplimiento de la presente orden, deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»).
Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el componente 12, Inversión C12.I2 en la que se enmarca la presente orden, tanto en lo referido al principio DNSH, como especialmente en lo que se refiere a las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.
Asimismo, conforme con lo señalado en la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio, el plan de recuperación en el que se incardina esta orden tiene asociado etiquetado verde y digital. De acuerdo con la Decisión de Ejecución del Consejo, en cuanto a la inversión 2 del componente 12, los criterios de selección deben garantizar que al menos 455.000.000 euros contribuyan a los objetivos relacionados con el cambio climático con un coeficiente climático del 100 por ciento, y al menos 1.500.000.000 euros con un coeficiente climático del 40 por ciento, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero. Como alternativa, y de forma justificada, los criterios de selección garantizarán que al menos 2.531.500.000 euros contribuyan a los objetivos relacionados con el cambio climático con, en promedio, un coeficiente climático de al menos el 40 por ciento, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero. En esta orden se ha optado por la última de las alternativas señaladas anteriormente, de manera que la concesión de las ayudas en forma de subvención se adjudicará de modo que se contribuya a los objetivos relacionados con el cambio climático con, en promedio, un coeficiente climático de al menos el 40 por ciento. Para ello, se priorizarán los proyectos que hayan sido etiquetados con un coeficiente climático del 100 por ciento y del 40 por ciento.
Específicamente, y de acuerdo con el Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión «Análisis del plan de recuperación y resiliencia de España», que acompaña a la Decisión de Ejecución del Consejo, las etiquetas climáticas asociadas a esta inversión son la 22 (Procesos de investigación, transferencia de tecnología e innovación y para la cooperación entre empresas, centrándose en la economía hipocarbónica y la adaptación al cambio climático del sector industrial español, con un coeficiente asociado del 100 por ciento), 23 (Procesos de investigación, transferencia de tecnología e innovación y de cooperación entre empresas, con especial atención a la economía circular y al sector industrial español, con un coeficiente asociado del 40 por ciento) y 24 (Proyectos para mejorar la eficiencia energética en el sector industrial (pymes y grandes empresas), con un coeficiente asociado del 40 por ciento). En este sentido, y de acuerdo con lo señalado en la Decisión de Ejecución del Consejo, la línea de ayudas regulada por esta orden priorizará a las actividades que se integren en alguna de esas etiquetas.
Esta orden contribuirá, asimismo, a alcanzar los objetivos de ahorro de uso final de la energía establecidos en el artículo 7 de la Directiva (UE) 2018/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, transpuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), del mismo modo, también contribuirá a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de contaminantes a la atmosfera recogidos en la Directiva 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos plasmados en el Programa Nacional de Control de Contaminación Atmosférica (PNCCA).
En cuanto al objetivo de contribución a la transición digital, la C12.I2 tiene asociada la etiqueta 10 (Digitalización del sector industrial ‒pymes y grandes empresas‒, con un coeficiente asociado del 100 por ciento), por lo que se promoverá que se financien actuaciones que sean subsumibles en esta categoría.
El capítulo III del título II del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recoge una nueva figura de colaboración público privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Dentro de esta figura se englobarán proyectos tractores con un impacto transformador estructural sobre sectores estratégicos o con fases de investigación e innovación disruptivas y ambiciosas, más allá del estado de la técnica en el sector. La industria agroalimentaria es estratégica para España, no solo por su capacidad de proporcionar bienes esenciales a la población, sino también por la necesidad de mantener una soberanía propia y por impacto en la economía y en la sociedad. Esta industria ha ejercido un papel fundamental durante la pandemia y debe seguir ejerciéndolo también en la recuperación de la crisis, como ya lo hizo en la salida de la anterior crisis financiera iniciada en 2008.
La industria agroalimentaria presenta numerosas externalidades positivas ya que participa destacadamente en la conformación de la cultura, el paisaje, la gastronomía o las tradiciones y es una fuente de empleo fundamental, operando como fundamento de la actividad económica en el medio rural, algo que permite a su vez la existencia de oportunidades de empleo en el ámbito rural que fomentan y contribuyen a la lucha contra el reto demográfico y la preservación medioambiental.
Asimismo, esta industria agroalimentaria es el eslabón intermedio de la cadena de la alimentación, que comprende desde la producción primaria hasta la distribución, y constituye un pilar clave para la economía y la garantía de suministro de alimentos, transformando más del 70 por ciento de la producción agrícola en materias primas.
En España, la industria de alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del sector industrial, representa el 23,3 por ciento del sector industrial, así como el 22,1 por ciento de las personas ocupadas y el 19,2 por ciento del valor añadido bruto del mismo.
Asimismo, representa el 2,30 por ciento del PIB de España (en VAB). El número de empresas de la industria de alimentación y bebidas supera las 30.000, lo que equivale al 17,5 por ciento de toda la industria manufacturera, destacando el alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas.
España se sitúa como la octava potencia mundial agroalimentaria y las exportaciones tienen como resultado un balance comercial positivo, que de forma continuada se viene manteniendo todos los años.
En este contexto, la industria agroalimentaria debe responder a las exigencias de sostenibilidad en la producción de alimentos por parte del consumidor y formar parte de la gran transición energética y medioambiental a la que el mundo se enfrenta. La modernización de esta industria permitirá crear empleo, además de tener efectos indirectos en la calidad de vida, la dinamización de la economía rural o la mejora de la competitividad de la economía.
Asimismo, mediante las ayudas previstas en esta orden de bases, la industria agroalimentaria se sumará al resto de sectores industriales de nuestro país, que ya han iniciado distintos procesos de transformación digital para aumentar su competitividad, tanto en la optimización de los recursos, como en la innovación en productos y procesos, mejora de la trazabilidad y simulación de procesos. En este sentido ha de hacerse una especial referencia a un concepto que va a convertirse en un elemento clave para nuestra industria, pasando de ser una oportunidad a día de hoy a una necesidad de cara al futuro, la sostenibilidad.
Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se impulsará la transformación de la industria agroalimentaria en el marco del PERTE Agroalimentario, con el objetivo de promover una trasformación de la cadena de valor de esta industria.
Este programa será cofinanciado con fondos europeos del Plan de Recuperación.
La orden se estructura en un preámbulo, 41 artículos distribuidos en tres capítulos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones finales y ocho anexos. En el primer capítulo figuran las disposiciones de carácter general, que se refieren a aspectos como, objeto y finalidad, ámbito geográfico, régimen jurídico aplicable, financiación con cargo al Plan de Recuperación, beneficiarios, obligaciones de los beneficiarios, registro estatal de entidades interesadas en el PERTE, subcontratación y compatibilidad de las ayudas. En el segundo, se regulan las actuaciones financiables y requisitos de las ayudas con aspectos como la estructura mínima del proyecto tractor, las actuaciones previstas en los bloques de competitividad, de sostenibilidad, y trazabilidad y seguridad alimentaria, las líneas de actuación y tipos de proyectos primarios, las limitaciones impuestas por la aplicación del principio de «no causar daño significativo» (DNSH) a aplicar sobre las líneas de actuación y tipos de proyectos definidos, los conceptos de gasto financiable, el plazo de realización de actuaciones, efecto incentivador, presupuesto mínimo y máximo de conceptos subvencionables, régimen de concesión y características de las ayudas, características de los préstamos y límites e intensidades máximas de ayuda; y régimen de garantías. El tercero regula el procedimiento de gestión: órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de concesión y órgano responsable del seguimiento; convocatorias e inicio del procedimiento; tramitación electrónica, representación; plazo de presentación de solicitudes, formalización y presentación de solicitudes; criterios de evaluación de las solicitudes; comisión de evaluación; instrucción del procedimiento y resolución; pago; modificación de la resolución de concesión; recursos; justificación, seguimiento y control de la realización de las actuaciones; incumplimientos, reintegros y sanciones; criterios de graduación de los posibles incumplimientos; control de la ayuda en el caso de convocatorias financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; Refinanciación de los préstamos concedidos; y publicidad.
En los anexos, se especifican las definiciones a efectos de aplicación de esta orden; las actividades incluidas para promotores industriales en el ámbito de esta orden; el alcance de los bloques que configuran el eje 1 del PERTE Agroalimentario; los criterios de evaluación de las solicitudes; la metodología para la calificación financiera de las entidades; los requisitos exigibles al Acuerdo de Agrupación; la referencia a la declaración responsable que se ha de aportar; y la Declaración de Ausencia De Conflicto de Intereses (DACI).
Las bases de las ayudas reguladas en esta orden se dictan al amparo de los artículos 149.1. 13.ª y 149.1. 15.ª de la Constitución Española.
La gestión de estas ayudas se realizará por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el marco de las competencias exclusivas del Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, siguiendo la doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al alcance material y funcional de la competencia que el artículo 149.1. 15.ª de la Constitución reserva al Estado.
El Tribunal Constitucional ha declarado que «resulta conforme a la Constitución que el Estado regule, al amparo del citado artículo 149.1.15.ª CE, las condiciones de otorgamiento de subvenciones en definitiva correctamente ordenadas al fomento de la investigación y desarrollo de innovaciones técnicas en el sector textil y de la confección» (STC 190/2000, de 13 de julio, FJ 12; en parecidos términos, STC 175/2003, de 30 de septiembre, FJ 8).
Según se recordó en la STC 90/1992, FJ 2.A), «la competencia estatal en la materia de investigación científica y técnica no queda ceñida o limitada a la coordinación general de la actividad resultante del ejercicio de las competencias autonómicas en la referida materia, sino que alcanza, asimismo, al fomento de la investigación científica y técnica.» Un pronunciamiento similar puede encontrarse en el fundamento jurídico 13.F) de la STC 13/1992, de 6 de febrero.
En todo caso, esta jurisprudencia señala que su ámbito es particularmente amplio, extendiéndose al organizativo, y al mero apoyo o estímulo, sin necesidad de circunscribirse al apoyo de las actividades directamente conducentes a descubrimientos científicos o avances técnicos.
Por otra parte, la competencia estatal sobre la base del artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española tiene un «carácter transversal», en el sentido recogido en la jurisprudencia constitucional (por todas, STC 74/2014, de 8 de mayo, FJ 3) de manera que «aun existiendo una competencia sobre un subsector económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como «exclusiva» en su Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias», siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica.
Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que «exige decisiones unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de determinados problemas en orden a la consecución de dichos objetivos [de política económica global o sectorial] y evite que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en las distintas partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores» (STC 186/1988, FJ Mendoza; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5). El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza y forma de instrumentación, orientadas a garantizar la «unidad de mercado» (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la «unidad económica» (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).
En su seno, se enmarcan tanto las normas estatales que fijan las líneas directrices y los criterios globales de la economía o referidos a la ordenación de un sector concreto, como aquellas acciones o medidas singulares necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de dichos ámbitos. Por ejemplo, las ayudas como las reguladas en esta orden, destinadas a la modernización de las máquinas herramientas de las PYMES distribuidas por todo el territorio nacional.
Específicamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero, (FJ 8) cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas competencias exclusivas sobre la materia en que recaen las subvenciones, éstas pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada de las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado». No obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas circunstancias y para valorar la participación en ese proceso de las comunidades autónomas (STC 31/10, FJ 62).
Efectivamente en este caso, la complejidad de la norma, y especialmente la necesidad de que se active simultáneamente un proyecto tractor que no puede dividirse y que afectará necesariamente a, al menos, entidades de dos Comunidades Autónomas, hace imposible la territorialización de los fondos. Se trata de un claro ejemplo donde la suma de las partes sería inferior al todo.
Adicionalmente, el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en beneficio de su efectividad y operatividad, es conveniente la concentración de fondos que los financian, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto, pues tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de ayuda que es desconocida en general. De hecho, los posibles beneficiarios de esta orden presentan características tan heterogéneas en lo relativo a su estructura, a sus dimensiones, así como en lo relativo a la madurez de las tecnologías con las que operan, que resulta imposible anticipar un criterio claro de distribución de los fondos adscritos a la convocatoria entre las distintas Comunidades Autónomas. Así, estas circunstancias impiden la previa territorialización de los créditos entre las Comunidades Autónomas y exigen la intervención de la Administración General del Estado para garantizar una cierta igualdad de los posibles destinatarios en todo el territorio nacional.
Las ayudas concedidas a proyectos incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden son ayudas de Estado, y respetarán lo establecido en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o sus posibles modificaciones.
El presupuesto máximo de las ayudas a conceder en el marco del eje 1 del PERTE Agroalimentario para todo el periodo será el que se establezca en las convocatorias que se deriven de esta orden de bases. En caso de que en alguna de las convocatorias el presupuesto anual medio sea superior a 150 M€ se notificará a la Comisión Europea un plan de evaluación de acuerdo con el artículo 1.2.a) del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. Esto requerirá que las entidades, que compongan las agrupaciones, presten la colaboración necesaria para ello contestando positivamente a las solicitudes de información que se les requiera, siempre dentro de lo expuesto por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Por otro lado, debido a que los potenciales beneficiarios del apoyo financiero a la inversión industrial regulados en esta orden son personas jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica de los citados apoyos será obligatoria en todas las fases del procedimiento.
Las ayudas contempladas en la presente orden se incardinan en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, elaborado en un contexto condicionado por la crisis sanitaria y marcado desde el punto de vista presupuestario por la aprobación de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2022, y por la aprobación del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
El artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que, en el ámbito de la Administración General del Estado, así como de los organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquélla, los ministros correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.
El artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
El ajuste de la norma propuesta al principio de necesidad y eficacia viene dado por la importancia que tiene para un país el poseer un sector industrial potente, ya que las naciones que lo tienen son capaces de afrontar las crisis en mejores condiciones, con empleos más estables y mejores salarios.
En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, muchos de los cuales son de cálculo automático, de forma que se deje el menor peso de la evaluación al criterio del evaluador.
El principio de eficiencia se cumple al realizar convocatorias a nivel nacional, de modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce, pudiendo efectuar economías de escala y asegurando que los criterios utilizados son los mismos, independientemente del origen de la solicitud.
Esta norma no supone una vulneración del principio de seguridad jurídica y para asegurarlo se dispone de todos los informes necesarios de los Servicios Jurídicos del Estado.
En relación con la tramitación de la orden de bases, resulta de aplicación lo establecido en el capítulo V de título IV del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, ha sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En su virtud, dispongo:
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la modernización y diversificación del sector agroalimentario (PERTE Agroalimentario).
2. Las ayudas reguladas en esta orden de bases tienen como finalidad contribuir a los objetivos marcados en la Inversión 2 del Componente 12 «Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación).
Lo dispuesto en esta orden de bases será de aplicación en todo el territorio nacional, y las ayudas se concederán solo a aquellas entidades beneficiarias cuyos proyectos e inversiones asociadas se desarrollen en el mismo.
1. En todo lo no previsto en esta orden o en las respectivas convocatorias, será de aplicación lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como toda la normativa europea y nacional relativa al Plan de Recuperación y al mecanismo de recuperación y resiliencia, y demás disposiciones que resulten de aplicación. Será también de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de los proyectos se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
2. Será de aplicación lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los préstamos financieros que se otorguen al amparo de esta orden se regirán por su normativa específica, y, en su defecto, por las prescripciones de la citada Ley que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones.
4. Las ayudas concedidas a proyectos incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden respetarán lo establecido en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado o en sus modificaciones.
Estas ayudas se financiarán, en su componente de subvención, con créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2022, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Su financiación estará vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Recuperación, así como a la estimación de costes vinculada al mismo.
En su componente de préstamo, se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Las aplicaciones presupuestarias, así como el presupuesto máximo de las ayudas a conceder se determinarán en las correspondientes convocatorias.
1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden las agrupaciones sin personalidad jurídica propia que hayan establecido, antes de la presentación de la solicitud, un acuerdo interno (en adelante, acuerdo de agrupación) que regule el funcionamiento de la misma, y que cumpla los requisitos establecidos en este artículo y en el anexo VI de esta orden, conforme con lo establecido en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2. Sólo podrán ser miembros de la agrupación las sociedades mercantiles privadas, sociedades cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT) con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con independencia de su forma jurídica y su tamaño.
3. Adicionalmente, las agrupaciones deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar organizada en torno al sector de la industria agroalimentaria con una combinación, como mínimo, de seis entidades jurídicas diferenciadas que no pertenezcan al mismo grupo empresarial, ni ser empresas controladas por cualesquiera de las entidades que formen parte de la agrupación. Si participan más de seis entidades, las adicionales pueden formar parte de un grupo al que pertenezca otra entidad participante.
b) Las entidades que formen parte de la agrupación deberán de desarrollar alguna o varias de las actividades incluidas en el anexo II de esta orden de bases, y deberán de formar parte de la cadena de elaboración, manipulación o transformación de uno o varios productos agroalimentarios. Adicionalmente, al menos el 75 por ciento del presupuesto del proyecto tractor presentado deberá imputarse a las actividades recogidas en alguna de las letras a) y b) del citado anexo.
c) De entre las seis entidades que como mínimo deben conformar la agrupación, al menos una será una gran empresa, y además deberá estar integrada por un mínimo de 4 pequeñas y medianas empresas (en adelante PYMES). Alternativamente también serán válidas aquellas agrupaciones constituidas únicamente por PYMES siempre que dos de ellas sean medianas empresas.
d) Deberán tener implantación en un ámbito geográfico que abarque al menos a dos comunidades autónomas. A estos efectos, también se tendrán en cuenta las actuaciones que sean subcontratadas por la agrupación en los términos establecidos en el artículo 8 de esta orden de bases.
e) Todas las entidades miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios de la ayuda y serán solidariamente responsables, en proporción a sus respectivas participaciones, en relación al conjunto de actividades a desarrollar por la agrupación en el marco del proyecto tractor, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de préstamos, y las responsabilidades por infracciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el artículo 67.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
4. En el Acuerdo de Agrupación, todas las entidades integrantes de la misma tendrán el rol de promotor industrial. Adicionalmente, uno de los promotores industriales ostentará la figura de interlocutor con la administración.
El interlocutor con la administración será la entidad responsable de canalizar con ésta las relaciones y comunicaciones que se indiquen en la convocatoria en cada una de las fases del procedimiento de concesión. El interlocutor tiene la obligación de trasladar al resto de participantes todas las notificaciones o comunicaciones que el órgano concedente notifique a través de los medios electrónicos establecidos en la convocatoria. En cada agrupación solo habrá un único interlocutor con la Administración.
En casos en los que la agrupación lo considere apropiado, y como tal se recoja en el acuerdo de agrupación, esta figura podrá ser asumida por un tercero no perteneciente a ninguna de las entidades de la agrupación, en cuyo caso deberá de contar con poderes bastantes para poder ejercer las funciones de representación de la agrupación ante la administración.
5. En ningún caso podrán formar parte de la agrupación ni obtener la condición de beneficiario entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o que no estén al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni aquellas empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior.
6. Asimismo, tampoco podrán formar parte de la agrupación y obtener la condición de beneficiario aquellas entidades que se encuentren en crisis, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.4.c) y 2.18 del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o sus posibles modificaciones posteriores que puedan producirse.
1. Los beneficiarios deben cumplir con las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en esta orden de bases, las que se determinen en cada convocatoria y las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas.
2. Específicamente, son obligaciones de cada una de las entidades beneficiarias que integran la agrupación, las siguientes:
a) Ejecutar su participación en el proyecto tractor a través de los proyectos primarios en los que participen bien sea de forma individual o la parte que le corresponde si éste es en colaboración, cumpliendo con el plan de trabajo o programa de actuaciones establecido en la memoria descriptiva del proyecto tractor.
b) Acreditar, en los plazos estipulados, la realización de las actuaciones, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la ayuda.
c) Colaborar con las actuaciones de evaluación, comprobación y control, aportando, en cualquier momento que se solicite, cuanta documentación, información o datos le sea requerida en el ejercicio de mismas.
d) Comunicar a través del Interlocutor con la Administración, a la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa (en adelante, DGIPYME) que no ha obtenido cualquier otra financiación pública concurrente con los gastos susceptibles de ayuda al amparo de esta orden.
e) Acreditar en cualquier momento que se solicite, que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Cada miembro de la agrupación, acompañará la presentación de la solicitud de ayuda una autorización al órgano administrativo concedente para que pueda consultar directamente dicha información de forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento de algunos o de todos los miembros de la Agrupación, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
f) Acreditar en cualquier momento que se solicite, el cumplimiento de obligaciones de depósito de cuentas ante el Registro Mercantil, o el registro correspondiente.
g) Para aquellos proyectos de inversión en procesos sometidos en el momento de la concesión a comercio de derechos de emisiones según se define en el anexo I, será obligación del beneficiario acreditar, para el año de finalización del proyecto, que dicho proceso emite gases de efecto invernadero por debajo de los parámetros de referencia (benchmark) establecidos en 2021 para la asignación gratuita de derechos de emisión para dicho proceso y aportar en cualquier momento que se solicite, los Informes de Emisiones Verificados para dichos procesos.
h) Contribuirán a fomentar en España la creación del empleo necesario para la realización de la actividad.
i) Deberán contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
3. En el caso de las convocatorias que se financien en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, las entidades beneficiarias de la agrupación deben cumplir, además, con las obligaciones, europeas y nacionales, relativas a la financiación del mismo. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
b) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
c) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
d) Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta orden y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
e) Toda referencia en cualquier medio de difusión a inversiones financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se publicitarán conforme lo establecido en el artículo 41 de la presente orden.
f) Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 1296/2013, (UE) número 1301/2013, (UE) número 1303/2013, (UE) número 1304/2013, (UE) número 1309/2013, (UE) número 1316/2013, (UE) número 223/2014 y (UE) número 283/2014 y la Decisión número 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) número 966/2012. Este período será de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
g) Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación
h) En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades beneficiarias garantizarán el respeto al principio de »no causar un perjuicio significativo», conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
Las entidades interesadas en los PERTE se inscribirán, según lo establecido en la Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo, por la que se regula el funcionamiento y estructura del Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (REPERTE) y de acuerdo al capítulo II del título II del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en la sección correspondiente del PERTE Agroalimentario, una vez que adquieran la condición de beneficiarios, indicando, en su caso, la agrupación de la que forman parte, así como su denominación.
1. Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de las ayudas respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. Se podrá subcontratar con terceros hasta el 50 por ciento de cada uno de los proyectos denominados primarios, definidos en los artículos 10,11,12 y 13, de la actividad objeto de la ayuda, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En todo caso, se habrán de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar daño significativo» y el resto de condiciones establecidas en esta orden de bases y en la convocatoria correspondiente.
3. Se entenderá que las actuaciones subcontratadas computarán a efectos del requisito de implantación territorial recogido en el artículo 5.3.d) de esta orden de bases.
1. Las ayudas reguladas en esta orden son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
2. El solicitante deberá declarar no haber recibido ayudas de cualquier tipo de fondos públicos para financiar el desarrollo de actividades que tengan la misma finalidad que las enmarcadas dentro de los distintos proyectos primarios. Además, deberá actualizar esta declaración, si en cualquier momento ulterior de la instrucción se produce una modificación de lo inicialmente declarado.
1. La línea de ayudas regulada en esta orden de bases está destinada al apoyo a proyectos tractores integrados por proyectos primarios estructurados en torno a tres bloques que reflejan los aspectos más importantes con vistas al futuro desarrollo de la industria agroalimentaria. Estos bloques son los siguientes:
a) Competitividad.
b) Sostenibilidad.
c) Trazabilidad y seguridad alimentaria.
2. Cada agrupación de empresas, constituida según lo establecido en el artículo 5, podrá presentar un único proyecto tractor, que de forma obligatoria se compondrá de distintos proyectos primarios.
3. Para cada uno de los tres bloques definidos en el apartado 1 de este artículo, se contemplan actuaciones que requieren un desarrollo y ejecución en cooperación por parte de al menos varios de los miembros de la agrupación, y otras donde resulta válida una ejecución individual por alguno de los miembros de la misma. Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de proyectos, denominados primarios.
4. El proyecto tractor deberá incluir proyectos primarios que cubran el desarrollo y ejecución de actuaciones de un mínimo de dos de los tres bloques definidos en el apartado 1 de este artículo, debiendo ser uno de ellos el de trazabilidad y seguridad alimentaria.
5. Algunas de las actuaciones contempladas en los artículos 11, 12 y 13 de esta orden de bases tendrán el carácter de obligatorias, siendo necesario su inclusión en el proyecto tractor a través de proyectos primarios si la agrupación opta por considerar el bloque al que pertenece tal actuación obligatoria. Será opcional la consideración de actuaciones del bloque restante.
6. Cada proyecto primario habrá de encuadrarse en alguna de las líneas de actuación que se definen en el artículo 14, y en ningún caso podrá un proyecto primario percibir ayuda con cargo a más de una línea de actuación.
En el caso de los proyectos primarios destinados a cubrir actuaciones individuales, se podrá presentar un único proyecto primario por actuación y entidad miembro de la agrupación que lo desarrolle y ejecute, o también será válida la presentación de proyectos primarios que cubran varias actuaciones individuales siempre que estas pertenezcan al mismo bloque y se encuadren dentro de la misma línea de las definidas en el artículo 14.
En el caso de proyectos primarios que cubran actuaciones en cooperación, las entidades interesadas en cooperar deberán de presentar proyectos conjuntos e indicar la parte que corresponda desarrollar y ejecutar a cada una de las entidades.
1. Dentro de este bloque, las entidades que integran la agrupación deberán llevar a cabo actuaciones a nivel individual, así como en cooperación. Las mismas se clasifican en actuaciones de carácter voluntario y actuaciones de carácter obligatorio. Estas últimas se tendrán que llevar a cabo si la agrupación opta por considerar este bloque como uno de los dos a los que hace referencia el artículo 10.4 de esta orden.
En el anexo III A.1) se especifican