Categoría: Judicial

an las respectivas pretensiones. Del principio de "igualdad de armas", lógico corolario de la contradicción, se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y de defensa, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación –por todas SSTC 47/1987 y 66/1989–, sin que sean admisibles limitaciones a dicho principio, fuera de las modulaciones o excepciones que puedan establecerse en la fase de instrucción (o sumarial) por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla, encaminada a asegurar el éxito de la investigación y, en definitiva, la protección del valor constitucional de la justicia (SSTC 13/1985, 176/1988 y 66/1989)». En el mismo sentido, entre otras, STC 178/2001, de 17 de septiembre, FJ 3.
b) En línea con lo anterior hemos declarado que «el derecho constitucional de defensa contradictoria surge desde el momento en que se imputa a una persona un acto punible, pero no es posible trasladar a la fase de investigación las garantías de contradicción exigibles en el acto del juicio oral, pues "si las leyes procesales han reconocido, y este tribunal recordado, la necesidad de dar entrada en el proceso al imputado desde su fase preliminar de investigación, lo es sólo a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho de defensa y evitar que puedan producirse contra él, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión (SSTC 44/1985, 135/1989, 273/1993). Pero la materialidad de esa indefensión [...] exige una relevante y definitiva privación de las facultades de alegación, prueba y contradicción que desequilibre la posición del imputado" (SSTC 14/1999, de 22 de febrero, FJ 6; 87/2001, de 1 de mayo, FJ 3)» (STC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4).
Constituye jurisprudencia reiterada de este tribunal que «el art. 24 de la Constitución prohíbe que el inculpado no haya podido participar en la tramitación de las diligencias de investigación judiciales o que la acusación se "haya fraguado a sus espaldas". Reiterando esta doctrina y extractando la anterior, en la STC 14/1999, de 22 de febrero, FJ 6 (igualmente, SSTC 19/2000, de 31 de enero, FJ 5; 68/2001, de 17 de marzo, FJ 3, y 87/2001, de 2 de abril, FJ 3), hemos sostenido que la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa contradictoria ha sido concretada por este tribunal en tres reglas ya clásicas (STC 273/1993, de 20 de septiembre): a) nadie puede ser acusado sin haber sido, con anterioridad, declarado judicialmente imputado; b) como consecuencia de lo anterior, nadie puede ser acusado sin haber sido oído con anterioridad a la conclusión de la investigación, y c) no se debe someter al imputado al régimen de las declaraciones testificales, cuando de las diligencias practicadas pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible, ya que la imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario. Ahora bien, si las leyes procesales han reconocido, y este tribunal recordado, la necesidad de dar entrada en el proceso al imputado desde su fase preliminar de investigación, lo es sólo a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra él, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión» (STC 126/2011, de 18 de julio, FJ 12).
c) La doctrina constitucional ha venido insistiendo en la exclusiva relevancia de la «indefensión material»: «la indefensión, que se concibe constitucionalmente como una negación de [la] garantía [de la tutela judicial] y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24 CE, ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo. Por ello hemos hablado siempre de una indefensión "material" y no formal para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de esta, cuando se produce de hecho y como consecuencia de aquella. No basta, pues, la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías "en relación con algún interés" de quien lo invoca (STC 90/1988)» (STC 181/1994, de 20 de junio, FJ 2). «Para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado» (SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 164/2005, de 20 de junio, FJ 2, y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
B) Doctrina constitucional sobre el derecho a la prueba.
En íntima conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho de defensa (art. 24.2), del que es inseparable, el derecho a la prueba «se integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto objeto del proceso» (STC 37/2000, de 14 de febrero, FJ 3, reproducida, entre otras, en SSTC 19/2001, de 29 de enero, FJ 4; 133/2003, de 30 de junio, FJ 3, y 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4).
La doctrina de este tribunal sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE), puede sintetizarse, de acuerdo con la STC 165/2001, de 16 de julio, en los siguientes puntos:
«a) Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes (SSTC 168/1991, de 19 de julio; 211/1991, de 11 de noviembre; 233/1992, de 14 de diciembre; 351/1993, de 29 de noviembre; 131/1995, de 11 de septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de junio; 190/1997, de 10 de noviembre; 198/1997, de 24 de noviembre; 205/1998, de 26 de octubre; 232/1998, de 1 de diciembre; 96/2000, de 10 de abril, FJ 2), entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y elthema decidendi(STC 26/2000, de 31 de enero, FJ 2).
b) Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 de diciembre; 87/1992, de 8 de junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 190/1997; 52/1998, de 3 de marzo; 26/2000, FJ 2), siendo solo admisibles los medios de prueba autorizados por el ordenamiento (SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de diciembre; 89/1995, de 6 de junio; 131/1995; 164/1996, de 28 de octubre; 189/1996, de 25 de noviembre; 89/1997, de 10 de noviembre; 190/1997; 96/2000, FJ 2).
c) Corresponde a los jueces y tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el contrario, este tribunal solo es competente para controlar las decisiones judiciales dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable al órgano judicial (SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 351/1993, de 29 de noviembre, FJ 2; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 35/1997, de 25 de febrero, FJ 5; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 3; 236/1999, de 20 de diciembre, FJ 5; 237/1999, de 20 de diciembre, FJ 3; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2; 78/2001, de 26 de marzo, FJ 3).
d) Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa" (SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 26/2000, FJ 2; 45/2000, FJ 2). El ámbito material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una real y efectiva indefensión (SSTC 185/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 258/2007, de 18 de diciembre, FJ 2). A tal efecto, hemos señalado que la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente relevante, lejos de poder ser emprendida por este tribunal mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los solicitantes de amparo (SSTC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre; 218/1997, de 4 de diciembre; y 45/2000, FJ 2).
e) La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el recurrente ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2); y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del procesoa quopodría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 147/1987, de 25 de septiembre, FJ 2; 50/1988, de 2 de marzo, FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que solo en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo busca amparo (SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, FJ 3; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2; 45/2000, FJ 2; 69/2001, de 17 de marzo, FJ 28)» (STC 165/2001, FJ 2).
6.4 Resolución de las quejas.
Abordamos el examen de las quejas a partir de una reflexión que es común a ambas, para después añadir algunas otras consideraciones por separado.
a) La premisa de la que parte el motivo de amparo resulta inexacta e incompleta. El eje sobre el que pivota la alegada indefensión se sitúa, según la demanda, de la que se ha dejado constancia más arriba, en la afirmación de que la condena del recurrente obedece al hecho de haber provocado que la actuación de los Mossos d’Esquadra fracasara a la hora de contrarrestar las concentraciones de ciudadanos de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017. Sobre esta idea central la demanda desarrolla la argumentación del motivo de amparo, efectuando un importante esfuerzo para tratar de justificar que, de no haberse escindido la causa y de haberse practicado la prueba denegada, la conclusión fáctica sobre ese extremo esencial pudiera haber sido diferente y determinante.
Sin embargo, este tribunal constata, a la vista de los hechos probados y del juicio de autoría contenidos en la sentencia recurrida, que la condena del recurrente por un delito de sedición no obedece a la imputación de que su actuación fuera causa del fracaso del dispositivo policial, ni descansa exclusivamente en su comportamiento en relación con el cuerpo de Mossos d’Esquadra que, en su condición de consejero de Interior del Gobierno de la Generalitat, dependía del mismo.
En los antecedentes de esta sentencia hemos reproducido el relato de hechos probados y reseñado los principales aspectos de juicio de autoría; y en el fundamento jurídico tercero hemos resumido los hitos fundamentales que determinaron esa condena, debiendo destacarse ahora que este hecho resaltado por el demandante aparece en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo descrito de modo diferente y como una más de las tres conductas con las que el mismo contribuyó a la consecución de los ilícitos fines que han sido descritos. Cabe recordar que la sentencia condenatoria afirma que el recurrente declinó el ejercicio de las facultades legalmente impuestas que, como consejero de Interior, le erigían en garante de que la organización que le estaba subordinada –el cuerpo de Mossos d’Esquadra– «no se desentendiera del cumplimiento de aquellas órdenes y de la efectiva aplicación de las leyes válidas vigentes». No cabe duda de que, para invalidar este reproche, sería relevante que el recurrente hubiera logrado acreditar que, desde su condición de consejero de Interior, hizo todo lo posible para que los Mossos d’Esquadra impidieran la votación de 1 de octubre de 2017. Sin embargo, su defensa no se fundó en esa premisa, ni, por supuesto, pretendió probar tal cosa, sino que se limitó a sostener que no participó en el diseño del operativo policial del día 1 de octubre ni interfirió en el mismo (apartados 13 y 43 de la conclusión primera del escrito de defensa). Esto no desmiente lo relatado en el anterior fundamento jurídico 3.2 [apartado C)] en que aludíamos a la «expresiva pasividad» del recurrente ante las comunicaciones de los mandos de los Mossos d’Esquadra relativas a las concentraciones del día 20 de septiembre, a su conocimiento de la ocupación de los centros de votación y a su visto bueno al plan que incluía el insuficiente despliegue de los denominados «binomios de agentes», datos todos ellos tomados de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En todo caso, se atribuye también al recurrente que contribuyera, cuando menos por omisión, a la pérdida de vigencia de las leyes y a la inefectividad de las resoluciones judiciales. Se dice que su contribución nuclear, en su condición de consejero del Gobierno autonómico catalán, consistió en incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional posibilitando así, con la aprobación de los decretos 139 y 140/2017, de convocatoria y normas complementarias del referéndum, tanto la creación de una legalidad paralela, afectada estructuralmente en su validez, como su ejecución. Además, incitó a la ciudadanía al incumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales, transmitiendo el falso mensaje de que, mediante la votación promovida por el Govern de la Generalitat, Cataluña se convertiría, una vez hecho el recuento de los votos favorables, en un Estado soberano. Su implicación en los hechos participa de los elementos comunes que se han imputado a otros miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat también acusados. A todos ellos incumbía el deber de garantizar, en atención a la función pública que desarrollaban, que la actividad administrativa procurara el efectivo cumplimiento de las leyes y de las resoluciones judiciales. Sin embargo, se añade que «asumieron la inequívoca voluntad de un poder ejecutivo decidido a culminar el desafío a las bases del sistema normativo que equilibra y hace posible la convivencia. Todo ello, con el acuerdo y soporte externo de la presidenta del Parlamento autonómico, y de los presidentes de las entidades sociales Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural».
En definitiva, del contenido de la sentencia impugnada no se infiere que la conducta del recurrente en la dirección de los Mossos d’Esquadra fuera la única razón determinante de su condena por el delito de sedición. No aceptamos, por tanto, la premisa en que tiene su soporte el alegato de indefensión.
b) En relación con la alegada ruptura de la continencia de la causa, este tribunal ha de limitarse a constatar que esta cuestión recibió una respuesta expresa y razonada por parte del órgano judicial y que no se causó indefensión a la parte (en el mismo sentido, STC 184/2021, de 28 de octubre, FJ 7.4).
Como señala el Ministerio Fiscal, la conexidad de los hechos delictivos, a efectos de la tramitación en un único procedimiento (art. 17 LECrim), ha de valorarse en los momentos iniciales del proceso, en la fase de investigación o intermedia. No puede establecersea posteriori,con base en el relato fáctico finalmente fijado en la sentencia, dictada tras la celebración del juicio oral, una vez que han quedado definitivamente delimitados, a partir de a las pruebas practicadas, los acontecimientos que inicialmente determinaron el procesamiento y fueron el objeto de las acusaciones.
La demanda, aunque menciona inicialmente el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona en el que estaban siendo investigados determinados agentes de la Policía Nacional, desarrolla su argumentación exclusivamente respecto de las diligencias previas núm. 82-2017 del Juzgado Central de Instrucción núm. 3. Afirma el carácter indisociable de las conductas objeto del procedimiento del que dimana el recurso de amparo y del que se siguió ante la Audiencia Nacional. En su discurso, sin embargo, omite toda referencia a la respuesta que recibió durante la fase de instrucción de la causa especial respecto de su pretensión de acumulación de procedimientos y de su alegato de indefensión por no tener conocimiento del contenido de aquellas diligencias.
La respuesta expresa definitiva a estas pretensiones se encuentra en el auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2018 (recurso de apelación núm. 12-2018) que desestimó los que habían sido interpuestos contra los autos del instructor de 15 de febrero y 31 de mayo de 2018. Razona lo que sigue:
«[A]legan los recurrentes que la conexidad e inescindibilidad entre los hechos investigados en las D. previas 82/2017 del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 y en la presente causa especial resulta indiscutible. Argumentan que la actuación de los Mossos d’Esquadra en el proceso delictivo que se investiga resulta inescindible de las instrucciones que pudieran haberse dado desde los mandos políticos del llamado "procés".
La doctrina de esta Sala respecto de los procedimientos especiales seguidos contra personas aforadas, sostiene que la aplicación de las especialidades procesales solamente se justifican respecto de las personas aforadas y de aquellas otras cuyas responsabilidades se encuentren tan unidas o vinculadas a las de aquellos que resulte razonablemente imposible, o muy difícil, su examen separado. Así lo recuerda el auto impugnado con cita del Auto 597/2015, de 2 de febrero, en el que se hace referencia a la conveniencia de que se respete en la máxima medida posible el derecho al juez ordinario.
La evidente relación entre los hechos investigados en distintos procedimientos, y atribuidos a personas aforadas y no aforadas, no es suficiente para acordar la acumulación y proceder al enjuiciamiento de estos últimos por el procedimiento especialmente establecido para los primeros. En el caso, las eventuales responsabilidades del recurrente […] como consejero de Interior en la actuación de los Mossos d’Esquadra, o de los demás como partícipes del plan considerado en su globalidad, no requieren necesariamente el establecimiento de las que pudieran corresponder a los mandos policiales. Y las de estos pueden ser examinadas con independencia de la acreditación del contenido de las órdenes recibidas, ya que su responsabilidad se establecerá en función de sus propios actos.
2. En cuanto a la indefensión alegada, causada, en opinión del recurrente, por la imposibilidad de conocer el procedimiento seguido ante el Juzgado Central de Instrucción, no se aprecia su existencia, si se tiene en cuenta que en la presente causa solamente podrán ser valoradas las pruebas que en la misma se practiquen, sin que existan obstáculos insalvables para la práctica, en el plenario que en su caso se celebre, de las diligencias que se propongan por las partes y que el Tribunal considere pertinentes, que puedan tender a operar como elemento de contradicción de las que propongan las acusaciones. Alegan los recurrentes que el Ministerio Fiscal interroga a testigos haciendo referencia a documentos que no conocen por obrar solo en otra causa, en la que no son parte. Nada se opone, sin embargo, a que, con vistas al juicio oral que en su caso pueda celebrarse, aunque ahora no sea pertinente la acumulación que se solicita, que implica diferentes consecuencias procesales, puedan ser propuestos como prueba documental los documentos concretos a los que se dice que se refiere el Ministerio Fiscal al proceder a los interrogatorios aludidos en el recurso, sin perjuicio de la decisión que sobre el particular adopte el tribunal competente para ello».
Como anticipábamos, la demanda no alude a esta respuesta judicial, ofrecida a la defensa específicamente en el momento procesal procedente, según hemos dejado sentado también. Por consiguiente, tampoco desarrolla argumento alguno dirigido a criticarla. Por lo demás, no consideramos que esa decisión fuera irrazonable, arbitraria o fruto de un error fáctico patente.
c) La demanda trata de fundar la indefensión que alega en aspectos valorativos sobre la base de hipótesis, entrando, de este modo, en el terreno de la función judicial de valoración probatoria. Es el caso de sus protestas por no haber tenido acceso a las diligencias de investigación aludidas, al contrario que las acusaciones, por la condición procesal de testigos-acusados de los mandos policiales que declararon en el juicio, así como por las diferentes conclusiones alcanzadas en la sentencia de 21 de octubre de 2020 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
(i) La propia demanda reconoce que «nos encontramos en terreno hipotético» cuando afirma que, de haber podido consultar los informes y atestados e intervenir en las declaraciones de agentes de policía practicadas en ese otro procedimiento seguido ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3, «la adecuación de la intervención de los Mossos d’Esquadra los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 pudo haber sido defendida con mucha mayor solvencia». A la naturaleza especulativa del alegato hay que añadir que, como se ha venido reiterando, ni fue objeto de enjuiciamiento en la causa especial de origen el comportamiento de los mandos del referido cuerpo policial, ni la condena del recurrente descansa en ese único particular que concierne a la dirección del citado cuerpo.
(ii) En relación con la condición de testigos-acusados de algunos mandos policiales que declararon en el juicio oral, el recurrente toma una máxima de experiencia según la cual esta posición determina que en su declaración eviten avanzar cualquier elemento de descargo que pudiera servirles en el juicio oral y que podría haber beneficiado al recurrente. En este punto, el perjuicio que se alega para la defensa, también hipotético, no tiene su origen en una acción u omisión del órgano judicial, sino en una determinada posición de un eventual declarante. En cualquier caso, la alternativa postulada por la defensa hubiera conducido a que, enjuiciada su conducta en un único procedimiento, estos mandos policiales hubieran declarado, al igual que el recurrente, en su condición de procesados y de acusados, como lo han hecho en la causa seguida ante la Audiencia Nacional. No se advierte cual es la ventaja o utilidad que ello hubiera comportado para el demandante de amparo, máxime cuando, culminado también el procedimiento escindido, no se reseña el contenido de ninguna de estas declaraciones.
(iii) Finalmente, la parte se refiere a la sentencia de 21 de octubre de 2020 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que culminó aquel procedimiento escindido de modo improcedente, según se sostiene, de la causa especial de origen. Esta sentencia absolvió a la cúpula de los Mossos d’Esquadra en relación con los hechos acaecidos con ocasión del denominado referéndum de autodeterminación en los meses de septiembre y octubre de 2017. Señala el demandante de amparo que las conclusiones alcanzadas en ella, de haberse extendido al recurrente, habrían comportado su absolución o, al menos, un pronunciamiento totalmente distinto. Sin embargo, no ofrece ni un solo hecho declarado en esta sentencia que contradiga los que llevaron a la condena del recurrente que se impugna en el presente recurso de amparo, ni cita conclusión alguna, de naturaleza fáctica o jurídica, que apunte en el sentido que postula.
d) En estrecha conexión con lo anterior, hemos de rechazar también que la denegación de la prueba propuesta en los apartados 14 y 15 del escrito de conclusiones provisionales haya vulnerado el derecho del recurrente a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.2 CE).
La parte demandante defiende la utilidad de la prueba propuesta sobre la base de que con los informes reclamados hubiera suplido su escaso conocimiento en relación al dispositivo policial relacionado con la votación del 1 de octubre de 2017, lo que le hubiera permitido una mejor preparación de los interrogatorios.
Este argumento no se sostiene. Del mismo puede desprenderse que lo pretendido por la defensa no es la práctica de pruebas sino obtener información para ampliar sus conocimientos. Ese hipotético mayor conocimiento habría de traducirse en un mejor interrogatorio, aun con resultado incierto. Hemos de objetar, sin embargo, que el interés de que se trata tiene otros cauces de satisfacción y no es el constitucionalmente protegido mediante el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defesa (art. 24.2 CE).
Las pruebas propuestas consistían en la incorporación de un informe emitido por la Delegación del Gobierno a requerimiento del juzgado en las diligencias previas núm. 1439-2017 seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona y, en relación con las diligencias previas núm. 82-2017 seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3, el anexo de un atestado de la Guardia Civil con correos electrónicos del señor Trapero, mayor de los Mossos d’Esquadra, dos instrucciones de la Dirección General de la Policía sobre el uso de armas y modificación sobre la autorización del uso de pelotas de goma, y una resolución del Parlamento de Cataluña determinante de la modificación referida, así como el informe de competencias, responsabilidades y nombramiento de la coordinación del dispositivo policial del 1 de octubre elaborado por el coordinador señor Pérez de los Cobos.
Hemos de reparar en que las citadas pruebas no constituyen documentos en el estricto sentido que les ha dado la sala de enjuiciamiento y su contenido puede introducirse en el plenario por otros medios (singularmente, mediante las declaraciones testificales de quienes han elaborado e intervenido en los citados informes y atestados). En consecuencia, a la vista del contenido de la propuesta probatoria y de la respuesta ofrecida por la sala de enjuiciamiento, concluimos que la misma, en cuanto expresa, razonable y suficiente, cumple con el canon constitucionalmente exigible.
En todo caso, la parte recurrente no ha justificado en modo alguno que dichas pruebas fueran relevantes o decisivas en términos de defensa, de forma tal que su inadmisión haya generado una real y efectiva indefensión. La demanda no vincula ninguna de las concretas pruebas que fueron inadmitidas con algún hecho que se estimó probado o con la omisión por la sentencia de algún otro que le resultara favorable y que, a juicio de la parte recurrente en amparo, debiera haber integrado el relato histórico.
Procede, en consecuencia, desestimar también este motivo del recurso de amparo.
7. Derecho de defensa contradictoria al no permitir el tribunal la reproducción de las grabaciones videográficas durante la declaración de los testigos.
7.1 Posiciones de las partes.
El recurrente alega que la sala de enjuiciamiento entendió que el principio de contradicción en relación con las pruebas testificales se circunscribe únicamente a la posibilidad de interrogar a todos los testigos, así como de aportar pruebas alternativas con las que debilitar o poner en entredicho el valor incriminatorio que pretende extraerse de sus declaraciones. En el momento de valorar la posibilidad de mostrar vídeos a los testigos, el Tribunal se decantó por la celeridad en la tramitación del proceso en vez de primar las facultades de contradicción de las defensas. De este modo, no existió una posibilidad de contradicción real de las declaraciones testificales, hasta el punto de que la sentencia ha tenido que prescindir de las mismas para formar su convicción sobre lo acaecido en las concentraciones ciudadanas del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, núcleo del alzamiento tumultuario sobre el que se sustenta el delito de sedición. La capital importancia de poder conocer con detalle lo ocurrido en los encuentros de ciudadanos y agentes de policía exigía decantarse por una interpretación de la Ley de enjuiciamiento criminal a la luz del principio de contradicción que permitiera el contraste de las declaraciones y los vídeos.
El abogado del Estado recuerda que el apartado 16.1 del fundamento de Derecho A) de la sentencia dedica una extensísima fundamentación a rebatir esta errónea posición de algunas defensas. A esta argumentación se remite. Por su parte, el partido político Vox señala que no se alcanza a comprender en qué aspecto podría haber mejorado la valoración de la prueba por parte de la Sala si se hubieran practicado la prueba videográfica y las testificales al unísono.
El Ministerio Fiscal considera que, como señala el Tribunal Supremo, el principio de contradicción de las pruebas testificales no comprende el derecho acreditar o cuestionar su credibilidad, cruzando el testimonio en el momento en que se presta con la prueba documental de las grabaciones videográficas, que fueron exhibidas en el acto del juicio oral en el trámite correspondiente a la práctica de la prueba documental y sobre las que las defensas pudieron hacer las alegaciones que estimaron oportunas en sus informes. A lo anterior añade que no precisa el recurrente cuáles son los concretos testimonios cuya credibilidad no fue considerada por el tribunal, como consecuencia de no haberlos contrastados, simultáneamente, con la prueba videográfica de los acontecimientos de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, y en qué medida esto le causó efectiva indefensión.
7.2 Respuesta del órgano judicial.
La sentencia impugnada se refiere a este punto en el apartado 16.1 del fundamento de Derecho A). Tras una amplia referencia al significado del principio de contradicción con cita de jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo argumenta lo que sigue:
«El compartido error de las defensas consiste en identificar el principio de contradicción con la posibilidad –en palabras del letrado de los señores Sànchez, Turull y Rull–, "[…]de contrastar la veracidad de los testigos declarantes". Y, sobre todo, con la posibilidad de exponerlo y razonarlo mientras el testigo declara.
Y no es ese el contenido material del principio de contradicción.
Contradecir supone tener la oportunidad de interrogar a todos y cada uno de los testigos del fiscal y de las acusaciones para neutralizar su testimonio. Contradecir implica la posibilidad de aportar pruebas personales y documentales que debiliten el valor incriminatorio que las acusaciones pretenden atribuir a los testimonios y a los documentos presentados como prueba de cargo. Y, desde luego, las defensas no tuvieron limitación al respecto. La presentación de centenares de testigos de descargo y de miles de páginas de documentos en respaldo de sus tesis, es una evidencia que ha quedado reflejada en la causa y en la grabación de las sesiones del juicio oral.
Contradecir no significa valorar la credibilidad del testigo mientras este presta declaración. Las inferencias probatorias sobre lo que cada uno de los testigos describe no precisa de una permanente puesta en contraste con el contenido de otras pruebas. De hecho, esa anticipada reflexión sobre la veracidad de un testimonio siempre será incompleta mientras la prueba propuesta no se haya desarrollado en su integridad. Precisamente por eso, es en el momento de las conclusiones definitivas y del informe final, cuando las partes –acusaciones y defensas– pueden extraer de cada fuente de prueba el valor jurídico que quieran atribuirle.
Ese contraste es, sin embargo, obligado cuando lo que se está cuestionando no es la virtualidad probatoria de una declaración testifical o de un documento, sino cuando lo que se pone en duda es su integridad o su autenticidad. En tales casos, la Sala no tuvo inconveniente en acordar la inicial exhibición de documentos que, por una u otra razón, llegaron a ser cuestionados.
La mejor muestra del desenfocado entendimiento del principio de contradicción por alguna de las defensas, lo ofrece el hecho de que uno de los letrados llegó a contrastar el testimonio de un agente de policía, no con lo que reflejaba un vídeo, sino con su propia versión de lo que ese vídeo expresaba: "[…]es que lo estoy viendo yo", llegó a afirmar, convirtiendo lo que tenía que haber sido el examen de un testigo en un insólito careo entre el ciudadano que declara y el letrado que lo interroga.
No ha habido quiebra del principio de contradicción ni, por supuesto, limitación del derecho de defensa. Sobre la realidad de ese principio y de las ilimitadas posibilidades de defensa, basta reparar en las fuentes y en los elementos de prueba valorados por la Sala para formar convicción acerca de uno de los pasajes clave del relato de las acusaciones, a saber, lo que sucedió el día 1 de octubre. El tribunal ha tomado en consideración el testimonio de los agentes antidisturbios que acudieron a los centros de votación –testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las acusaciones para demostrar la oposición de la ciudadanía al cumplimiento de las resoluciones judiciales–. Ha valorado también la declaración de los ciudadanos que sufrieron esa intervención –testigos de descargo aportados por las defensas para demostrar la violencia policial y la existencia de una actuación legítima de desobediencia civil–. Y, en fin, ha proclamado sus inferencias a partir de los vídeos grabados por los agentes actuantes, como reflejo de las dificultades de su labor, y por los ciudadanos que quisieron ofrecer pruebas de lo que consideraron excesos policiales.
Todas las fuentes de prueba han sido objeto del examen cruzado de acusaciones y defensas.
[…] La defensa de los señores Junqueras y Romeva ha insistido en que "[…] la pertinencia de exhibir dicho material a quienes declaren en el juicio oral reside en su utilidad de cara a la formación de la convicción del tribunal, que se vincula con la necesidad de someter a contradicción el material videográfico con la fuente de prueba testifical, en aquellos supuestos en que ello sea imprescindible o incluso simplemente útil".
Pues bien, la Sala ha proclamado el juicio histórico sin apoyarse en la versión excluyente de uno u otro de los testigos que depusieron acerca de lo que sucedió en los centros de votación del día 1 de octubre. Ninguno de ellos ha sido tomado como testimonio de referencia para construir el juicio de autoría. Los varios centenares de testigos que declararon en el plenario ofrecieron una versión filtrada por una profunda carga emocional. El número de personas que se concentraron en esos centros, las órdenes recibidas por los agentes de la autoridad y la dinámica de enfrentamiento que presidió su actuación, han impuesto en todos ellos –policías y ciudadanos– una memoria selectiva, un recuerdo parcial –consciente o inconsciente– que debilita enormemente la potencial carga probatoria de cada una de esas fuentes de prueba. Lo propio puede decirse de los acontecimientos que tuvieron lugar en distintos puntos de Cataluña el día 20 de septiembre.
Solo así se entiende, por ejemplo, que la versión de muchos de los agentes quedara luego en entredicho al observar el contenido de los vídeos. La afirmación de que no se usaron las defensas quedó, en ocasiones, desmentida por la realidad de las imágenes. Pero también explica que el testimonio de buena parte de los ciudadanos estuviera marcado por una versión absolutamente parcial de lo realmente acontecido. Sin ánimo exhaustivo, solo a los efectos de dar respuesta a quienes han visto vulneración del principio de contradicción en la práctica de la prueba testifical de las acusaciones, pero interpretan la declaración de los testigos de las defensas como el testimonio de ciudadanos comprometidos con la verdad, valgan algunos ejemplos.
El testigo don Pere González, propuesto por la defensa de los señores Turull, Rull y Sànchez, afirmó a preguntas de su letrado que estaba sentado en el centro de votación y se le acercaron dos policías, "[…] con una maza encima de su cabeza y unas tenazas". Al cabo de un momento, sin decir nada, "[…] le cogieron de los testículos y le levantaron hasta dejarlo caer". Se da la circunstancia, sin embargo, que con posterioridad a los hechos tuvo que ser asistido por una contusión en la rodilla. La testigo doña Marina Campos, profesora de filosofía en la universidad de Barcelona, afirmó que durante los incidentes del día 20 de septiembre ante la Consejería de Economía "[…] el ambiente fue distendido" y que "[…] nunca vio hostilidad […] solo vio a gente que cantaba, ninguna agresividad, sino todo lo contrario […]. Ni siquiera vio ningún tipo de inquietud, alarma o alerta".Don Rubio Ramos, abogado en ejercicio que acudió a alguno de los centros de votación habilitados en Manresa, señaló que no hubo insultos a los agentes, ni se les agredió, "[…] ni hubo una respuesta agresiva, nada, no vio ningún forcejeo, no vio ninguna patada". El testigo don Jaume Molina, abogado mediador, declaró que él estaba sentado en el suelo y los antidisturbios "arrancaban a la gente del suelo". Pero "nadie ponía resistencia […] No vio ninguna patada de los que estaban sentados, no vio ningún escupitajo". Doña Silvia Carmona Belmonte, también abogada mediadora, declaró, en relación con algunos de los incidentes acaecidos en uno de los colegios de Manresa, que durante el desarrollo de todos los incidentes solo oyó dos insultos, fueron los únicos: alguien dijo en catalán "hijos de puta". Y sobre la inflamación testicular sufrida por un policía –según su versión, como consecuencia de una patada–, afirmó doña Silvia que la causa no pudo ser una patada, nadie dio una patada. La verdadera causa hay que buscarla –según puntualizó– en el hecho de que, en el momento de la intervención, los agentes están "cuerpo con cuerpo y los escudos y las porras están muy próximos".
Son solo cinco cualificados ejemplos del tono general de las declaraciones testificales presentadas por las defensas. El verdadero principio de contradicción consiste en hacer posible –como se hizo– un interrogatorio cruzado que permitiera al tribunal conocer los extremos fácticos que cada una de las partes quería ofrecer al órgano decisorio. Una verdad enriquecida por la exhibición –ya en la prueba documental– de cerca de un centenar de vídeos sobre los hechos.
En definitiva, la práctica de la prueba se ajustó a la secuencia ordinaria de los actos procesales. Sin convertir el principio de preclusión en una rígida regla de ordenación del procedimiento, lo cierto es que la presente causa penal, después del debate inicial sobre vulneración de derechos fundamentales, dio paso a la práctica ordenada del interrogatorio de los procesados, el examen de los testigos y la prueba documental. La confrontación de las declaraciones personales con documentos fue declarada pertinente y ofrecida a todas las partes siempre que estuviera en juego la autenticidad del documento sobre el que se formulaban las preguntas, no cuando lo que se pretendía era ofrecer a la Sala una valoración anticipada acerca de la credibilidad de los testigos».
7.3 Doctrina constitucional.
En el fundamento de derecho anterior hemos reproducido la doctrina constitucional sobe el derecho a la prueba. A él nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias. Únicamente cabe señalar en este punto que esa misma doctrina es también extensible respecto de la regularidad en la práctica de una prueba admitida (STC 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4). En estos casos, cuando la queja verse sobre el modo en que se ha desarrollado una determinada diligencia probatoria, para que este tribunal pueda apreciar una vulneración del derecho a la prueba, se exige que el recurrente demuestre la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar, y las pruebas indebidamente practicadas; y, por otro, que argumente de modo convincente que, si se hubiera practicado correctamente la prueba admitida, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta (STC 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5, con cita de las SSTC 147/1987; 357/1993, de 29 de noviembre; 1/1996; 217/1998, y 219/1998, de 16 de noviembre).
7.4 Resolución de la queja.
En las SSTC 91/2021, de 22 de abril, FJ 7, 106/2021, de 11 de mayo, FJ 7, 121/2021, de 2 de junio, FJ 8, y 184/2021, de 28 de octubre, FJ 8, hemos dado una respuesta a esta misma cuestión, que fue planteada por la defensa de otros condenados en el proceso penal origen del presente recurso de amparo. A continuación trasladamos los razonamientos empleados entonces para dirimir el motivo que nos ocupa.
La queja, que tiene que ver con el modo de practicar el interrogatorio de testigos y no con la denegación de una determinada prueba, toma un punto de partida desviado de la realidad. No se impidió contrastar las declaraciones testificales con la prueba documental videográfica. El contraste existió, pues en las sesiones del juicio oral se practicó el interrogatorio de los testigos y se reprodujo el material videográfico. Lo que se denegó, como se encarga de aclarar desde un principio el tribunal de enjuiciamiento, fue la exhibición de la prueba documental videográfica a los testigos en el momento de recibírseles declaración, lo que es muy distinto.
Al igual que en los casos resueltos por las citadas SSTC 91/2021, 106/2021 y 121/2021, tampoco en este se desarrolla una argumentación crítica frente a las respuestas dadas en la sentencia. Se afirma que la decisión de impedir la exhibición de vídeos a los testigos se adoptó de modo sobrevenido, a consecuencia de un cambio de criterio de la Sala, explicado de modo insatisfactorio, porque a los primeros testigos sí se mostraron vídeos para contrastar la veracidad de sus manifestaciones con las imágenes, y también se les permitió mostrar documentos «en papel». Y se insiste en la razón de la utilidad de la práctica solicitada, que, a juicio de la parte recurrente, reside en la oportunidad de que algún testigo «se hubiese visto obligado a rectificar, o como mínimo hubiese refrescado su memoria sobre los hechos». Tales extremos cuentan, como hemos visto, con una contestación razonada del Tribunal Supremo que considera, principalmente, las siguientes razones:
a) Se permitió la confrontación de las declaraciones personales con documentos cuando lo cuestionado era su integridad o su autenticidad, pero no cuando lo que con ello se pretendía era poner en duda la credibilidad del testimonio. La afirmación contenida en la demanda según la cual «tan documento es una grabación como un papel», no tiene en cuenta que lo relevante no es el soporte en que se halle un determinado hecho, sino el medio por el que deba de ser introducido en el juicio para formar la convicción del tribunal. La valoración sobre la credibilidad de los testigos, que corresponde al tribunal enjuiciador, pertenece a un momento posterior a la práctica de los interrogatorios y de la totalidad de la prueba en el juicio oral (art. 741 LECrim), precisamente porque lo que el principio de contradicción exige es que tales declaraciones puedan confrontarse con las restantes pruebas. Es en el momento de las conclusiones definitivas y el informe final cuando la defensa pudo y debió hacer valer el resultado de la reproducción del material videográfico para debilitar el valor incriminatorio de las testificales de la acusación o para fortalecer la credibilidad de lo declarado por los testigos de descargo.
b) La valoración de la fuerza de convicción o de la credibilidad de una determinada declaración testifical constituye un juicio instrumental previo al enjuiciamiento complejo que lleva al relato de hechos probados. La función del interrogatorio cruzado no es juzgar al propio testigo, cuyo rasgo característico es su ajenidad al proceso. Esa consecuencia indeseable se produciría en el caso de admitir un «insólito careo entre el ciudadano que declara y el letrado que lo interroga» confrontando tal declaración con «su propia versión» del contenido de un determinado vídeo, como apunta el Tribunal Supremo. Por otra parte, la posibilidad de que, a la vista de imágenes, un testigo se retracte o rectifique su declaración, además de remota, no redunda en una mayor utilidad de esta práctica, pues el mismo resultado puede alcanzarse sin tal esfuerzo, comparando directamente su testimonio con el contenido de la prueba videográfica y cualesquiera otras llevadas al plenario.
c) Ninguna declaración testifical fue determinante. El Tribunal Supremo, que adorna lo que dice con ejemplos bien ilustrativos, acepta de buen grado que el contenido de muchos testimonios quedó en entredicho con la observación de los vídeos; lo que, por otra parte, se explica por los diversos factores a los que también alude, presididos por la «profunda carga emocional» que pesaba en los declarantes. En todo caso, la convicción del órgano de enjuiciamiento sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en distintos puntos de Cataluña el día 20 de septiembre de 2017 y en los centros de votación del día 1 de octubre del mismo año, no es consecuencia de la valoración excluyente de una u otra declaración testifical, sino, como se expresa en la sentencia recurrida, el relato fáctico deriva de la valoración del conjunto de pruebas practicadas, y concretamente, sobre lo acaecido el 1 de octubre, las declaraciones de los agentes antidisturbios que acudieron a los centros de votación, «testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las acusaciones para demostrar la oposición de la ciudadanía al cumplimiento de las resoluciones judiciales», de los ciudadanos que sufrieron la intervención de tales agentes, «testigos de descargo aportados por las defensas para demostrar la violencia policial y la existencia de una actuación legítima de desobediencia civil», así como las inferencias extraídas de los vídeos grabados por los agentes actuantes y por los ciudadanos «que quisieron ofrecer pruebas de lo que consideraron excesos policiales».
Este tribunal entiende, a la vista de cuanto se ha expresado, que la motivación empleada por el Tribunal Supremo para denegar lo pretendido es suficiente y no puede calificarse tampoco de arbitraria o irrazonable. En todo caso, no se aprecia que el modo en que finalmente se practicó la prueba testifical en el juicio causara indefensión alguna a la parte recurrente.
Procede, en consecuencia, desestimar también este motivo del recurso de amparo.
8. El derecho a la legalidad penal en relación con otros derechos fundamentales.
8.1 Encuadramiento y ordenación de las quejas.
Como se expuso en los antecedentes de hecho, el recurrente invoca en los restantes motivos de la demanda –cuarto a octavo– la vulneración del art. 25.1 CE desde diferentes perspectivas, que cabe ordenar para su análisis en torno a tres aspectos.
(i) Interpretación y subsunción irrazonable. En los motivos cuarto y quinto se queja del entendimiento del delito de sedición tipificado en el art. 544 CP que adopta el Tribunal Supremo, que juzga incompatible con el derecho de reunión y la libertad de expresión que, según su criterio, se ejercieron regularmente el 20 de septiembre y el 1 de octubre, y de la subsunción de su conducta en la modalidad del art. 545 CP en tanto presupone el referido art. 544 CP, poniendo el acento en la indebida calificación de lo sucedido el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 como un «hecho insurreccional».
En el motivo séptimo, el demandante resalta la irrazonabilidad subsuntiva de apreciar que la conducta probada que se le atribuye reúne los requisitos para afirmar su condición de autor. La queja se plantea bajo la rúbrica de la vulneración del principio de legalidad (art. 25.1 CE) o, alternativamente, del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). A ese respecto refiere que en el «juicio de autoría» de la sentencia combatida concurren entremezclados argumentos relativos a la motivación de la prueba con razonamientos justificativos de la relación típica de autoría. De ahí que alguno estos hechos podrían ser simples indicios o hechos bases sobre los que inferir su autoría, por lo que entiende que la vulneración del principio de legalidad sería el reflejo de una infracción de la presunción de inocencia. Sin embargo, debe incardinarse en el ámbito propio del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE).
Este tribunal ha puesto de relieve la importancia que desde la perspectiva del derecho reconocido en el art. 24.2 CE reviste la autoría, al afirmar que «la presunción de inocencia es una presunción que versa sobre los hechos, pues sólo los hechos pueden ser objeto de