Categoría: Normativas

re empresas y trabajadores. El arbitraje deberá ser solicitado conjuntamente por las partes en conflicto, mediante escrito en el que se pongan de manifiesto los puntos o extremos sometidos al arbitraje. Dicho escrito deberá ser entregado en el domicilio de la Comisión Paritaria con remisión de copia a cada una de las Centrales Obreras y Confederación.
3. Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo acuerdan adherirse en su totalidad y sin condicionamiento alguno al V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (sistema extrajudicial) o norma que lo sustituya, así como, en su caso, al reglamento de aplicación, vinculando, en consecuencia, a la totalidad de los trabajadores y empresas incluidos en los ámbitos territorial y funcional que representan.
De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y en el artículo anterior, se establece para el cumplimiento de las cuestiones que se deriven del presente convenio y decisión de los arbitrajes en conflictos que le sean sometidos, una Comisión Paritaria, cuya composición y funcionamiento se regirá por las siguientes normas:
1. Estará compuesta por:
a) Cuatro representantes de las Asociaciones empresariales firmantes del Convenio: 2 de A.M.A.C.O. y 2 de PROPOLLO.
b) Cuatro representantes del sector designados por las Centrales Sindicales firmantes: 2 de CCOO INDUSTRIA, 2 de FICA-U.G.T.
c) Asimismo podrán formar parte de la Comisión Paritaria asesores designados por las respectivas representaciones empresariales y sindicales firmantes, con voz pero sin voto.
2. La Comisión Paritaria se reunirá siempre que sea requerida su intervención, de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo anterior. Tendrá su domicilio en AMPE/PROPOLLO, con domicilio en calle Diego de León, número 33 (28006) Madrid y fax 915623231 la que se obliga a convocar las reuniones y a trasladar a las Centrales las peticiones que motiven las mismas y las comunicaciones y notificaciones que, en su caso presenten al órgano de la Administración competente.
3. La Comisión Paritaria quedará válidamente constituida cuando asistan a la reunión la mitad más uno de los representantes de empresarios y trabajadores, respectivamente, adaptándose los acuerdos por mayoría simple de los votos, dentro de cada representación.
4. Cuando se trate de algún caso que afecte a empresa y trabajadores que formen parte de la Comisión Paritaria, éstos serán oídos por los demás componentes, pero no estarán presentes en las deliberaciones correspondientes, debiéndose mantener la paridad de la representación.
Primera. Pago del convenio y de los atrasos. Las retribuciones establecidas en el convenio colectivo serán abonadas a partir del mes siguiente a la firma del mismo, sin perjuicio de la publicación en el BOE y los atrasos que se hubieren devengado desde el 1 de enero de 2019 serán abonados dentro de los dos meses siguientes a la firma del convenio colectivo.
Segunda. Los incrementos salariales serán los siguientes:
Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, las Tablas salariales del 2018 se incrementarán en el 1,5%. Se anexa la Tabla correspondiente, que tiene carácter definitivo, efectuándose el pago de los atrasos correspondientes en los términos establecidos en este acuerdo.
Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, las Tablas salariales del año 2019 se incrementarán de forma provisional en el 0,50%. Se anexa la Tabla correspondiente.
Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, las Tablas salariales del año 2020 se incrementarán de forma definitiva en el 0,50%.
Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, las Tablas salariales del año 2021 se incrementarán de forma provisional en el 1,65%.
Desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, las Tablas salariales del año 2022 se incrementarán de forma definitiva en el 1,65%.
Desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, las Tablas salariales del año 2023 se incrementarán de forma provisional en el 2,30%.
Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, las Tablas salariales del año 2024 se incrementarán de forma definitiva en el 2,30%.
Tercera. Revisión Salarial.
a) Si la suma de los IPC reales de los años 2020 y 2021 superase el 0,50% procederá una revisión en el exceso que generará atrasos a partir del 1 de enero de 2021 y quedará consolidado en las tablas definitivas de 2021.
b) Si la suma de los IPC reales de los años 2022 y 2023 superase el 1,65%, procederá una revisión en el exceso que generará atrasos a partir del 1 de enero de 2023 y quedará consolidado en las tablas definitivas de 2023.
c) Si la suma de los IPC reales de 2024 y 2025 superase el 2,30% procederá una revisión en el exceso que generará atrasos a partir del 1 de enero de 2025 y quedará consolidado en las tablas definitivas de 2025.
Cuarta. A partir del 01-01-2021 todas las referencias del texto de este convenio Colectivo al complemento personal de antigüedad, incluidas las referidas al cálculo de conceptos salariales (pagas extras, plus nocturnidad, plus de penosidad y horas extraordinarias) pasarán a denominarse automáticamente antigüedad consolidada.
Asimismo, en aquellas empresas que tuvieran implantado un sistema de incentivos, no aplicarán hasta 31 de diciembre del 2025 en el precio punto prima los incrementos del 2,6% derivados de la compensación por la supresión de la antigüedad.
Quinta. Plus de convenio. Mientras se produce la integración del plus de convenio en el salario base a enero de 2025, se estará a lo previsto en el artículo 29.
Comisión Paritaria Clasificación Profesional.
Las partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión paritaria en materia de clasificación profesional compuesta por tres miembros designados por cada parte, al objeto de adaptar el actual sistema de clasificación profesional a la realidad industrial actual y a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores a lo largo de la vigencia del convenio y se adaptarán aquellas materias del texto que entren en contradicción con el nuevo sistema.
Comisión Paritaria para la Igualdad de Oportunidades.
La Comisión Paritaria para la Igualdad de Oportunidades y la no discriminación, estará integrada por tres componentes de la representación empresarial y tres de la representación sindical. La Comisión fijará el contenido de sus labores, así como el reglamento interno de funcionamiento y el calendario de reuniones. Las partes en el seno de esta Comisión trabajarán en todos los temas que le sean propios y, en especial, en la difusión del Protocolo de Acoso Laboral y Sexual suscrito así como impulsar la realización de estudios sobre la posible brecha salarial existente.
Observatorio Sectorial Estatal de Industrias Cárnicas.
Las partes solicitarán, en su caso, su incorporación al Observatorio sectorial estatal de industrias cárnicas.
Queda derogado en todas sus partes el Convenio Colectivo Estatal para la Industria de Mataderos de Aves y Conejos que fue suscrito con fecha 21 de noviembre de 2017 (BOE de 13 de febrero de 2018) y las modificaciones posteriores a dicha fecha y anteriores a la presente.
En lo no previsto o regulado en este Convenio Básico, serán de aplicación las normas que sobre la materia vengan establecidas por la legislación general.
Las partes firmantes del presente convenio coinciden en señalar que la utilización de las denominadas cooperativas de trabajo asociado no es la solución adecuada para la necesaria estabilidad del empleo en el Sector, la formación profesional de los trabajadores, la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas.
Consecuentemente, las partes acuerdan que las empresas que hayan venido utilizando cooperativas de trabajo asociado durante el año 2000, reducirán progresivamente el uso de las mismas, tomando como base el porcentaje de su utilización a 31 de diciembre de 2000, hasta los siguientes porcentajes de trabajadores en cada empresa:
A 31 de diciembre de 2001: 30 por 100.
A 31 de diciembre de 2002: 25 por 100.
A 31 de diciembre de 2003: 20 por 100.
A 31 de diciembre de 2004: 15 por 100.
Días año a efecto del cobro: 425.
Meses año: 14.
Días año normal: 365.
Jornada anual: 1.780 horas.
Quebranto de Moneda 2019:
Cajero: 27,13.
Auxiliar y los que efectúan regularmente operaciones de cobro: 19,12.
Plus Convenio 2019:
El máximo absorbible y compensable: 827,54.
Indemnización en caso de Invalidez o Muerte 2019:
1. Por accidente no laboral:
1.1 En caso de muerte: 13.089,40.
1.2 En caso de invalidez permanente: 12.650,08.
2. Por accidente laboral:
2.1 En caso de muerte: 19.121,03.
2.2 En caso de invalidez total: 19.121,03.
Días año a efecto del cobro: 425.
Meses año: 14.
Días año normal: 365.
Jornada anual: 1.780 horas.
Quebranto de Moneda 2020:
Cajero: 27,27.
Auxiliar y los que efectúan regularmente operaciones de cobro: 19,22.
Plus Convenio 2020:
El máximo absorbible y compensable: 831,68.
Indemnización en caso de Invalidez o Muerte 2020:
1. Por accidente no laboral:
1.1 En caso de muerte: 13.154,85.
1.2 En caso de invalidez permanente: 12.713,33.
2. Por accidente laboral:
2.1 En caso de muerte: 19.216,64.
2.2 En caso de invalidez total: 19.216,64.
I. Horas extraordinarias.
Las horas extras se abonarán de acuerdo con la tabla que se acompaña al Anexo I.
II. Quebranto de moneda.
El Cajero percibirá la cantidad mensual que consta en el Anexo de Tablas y los Auxiliares y aquellos otros trabajadores que efectúan regularmente operaciones de cobro percibirán la cantidad que consta en el Anexo de Tablas.
III. Plus de Convenio.
El plus de Convenio señalado en la tabla salarial del anexo I, se percibirá en catorce pagas de la misma cuantía en la citada tabla, el cual será absorbido y compensado hasta un máximo anual de la cantidad que figura en las Tablas en aquellas empresas en las que estuviera implantado o se implantara un sistema de incentivos y en la medida que el importe de las primas que se estableciera superara el importe de la citada cantidad.
En todos los casos se abonará este plus de Convenio al personal no afectado por sistema de incentivos.
El plus de Convenio no será absorbible ni compensable en la cantidad anual que figura en las Tablas en las empresas que tuvieran implantado un sistema de incentivos,
IV. Inaplicación por las empresas de las condiciones de trabajo en el convenio colectivo.
Cuando concurran las causas previstas en el art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas podrán inaplicar las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo que afecten a las materias concretas que se indican en el citado artículo.
1. Trámites para la inaplicación:
A. Con carácter previo a la inaplicación, la Empresa deberá:
a. Desarrollar un periodo de consultas en los términos establecidos en el art. 41.4 del Estatuto.
b. En el supuesto de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, estos podrán atribuir su representación a una Comisión designada conforme a lo dispuesto en el art. 41.4 del Estatuto.
c. La Empresa deberá igualmente comunicar a la Comisión Paritaria del Convenio su intención de inaplicar el mismo, concretando las materias que pretende inaplicar; las causas motivadoras y la duración de las medidas que propone que no podrán prolongarse más allá del momento en el que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa.
B. Del resultado del periodo de consultas:
a. Cuando el período de consultas finalice con acuerdo: Se estará a lo dispuesto en el art. 82. 3 párrafo 6 del Estatuto de los trabajadores. En el acta de acuerdo, obligatoriamente se tendrá que hacer constar, con exactitud las nuevas condiciones aplicables en la Empresa y su duración que no podrán prolongarse más allá del momento en el que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa.
b. Cuando el período de consultas finalice sin acuerdo: las partes podrán someter las discrepancias a la Comisión Paritaria prevista en el art. 58 del Convenio, que dispondrá de un plazo máximo de 7 días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le haya sido planteada. Si en la Comisión no se alcanzase un acuerdo, o las partes no lo hubieran sometido a su discrepancia, se estará a lo dispuesto en cada momento en la legislación vigente.
V. Indemnización en caso de muerte o incapacidad permanente por causa de accidente.
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, estas partidas deberían exteriorizarse antes del 1-1-2001, debiendo valorar si es posible exteriorizarlas a través de un Plan de Pensiones o de un Seguro colectivo.
1. Con independencia de las indemnizaciones obligatorias de la Seguridad Social que procedan, la empresa –mediante la concertación de póliza de cobertura con una Entidad Aseguradora– garantizando a sus trabajadores o, en su caso, a sus herederos y para los supuestos que se especifican, las siguientes indemnizaciones:
1.1 Por accidente no laboral.
1.1.1 Muerte del trabajador: La empresa pagará a los herederos del trabajador o, en su defecto a la persona que el mismo haya designado, la cantidad del Anexo I.
1.1.2 Incapacidad permanente total o incapacidad permanente absoluta del trabajador: La empresa pagará al trabajador la cantidad de la cantidad del Anexo I.
1.2 Por accidente laboral.
1.2.1 Muerte del trabajador: La empresa pagará a los herederos del trabajador o, en su defecto a la persona que el mismo haya designado, la cantidad la cantidad del Anexo I.
1.2.2 Incapacidad permanente total o incapacidad permanente absoluta del trabajador: La Empresa pagará al trabajador la cantidad la cantidad del Anexo I.
2. A los efectos del número 1 de este artículo se entenderá:
2.1 Por Incapacidad permanente total, la incapacidad que inhabilite al trabajador, de modo permanente para realizar todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual, aunque pueda dedicarse a otra distinta.
2.2 Por incapacidad permanente absoluta, la incapacidad que inhabilite al trabajador de modo permanente para toda profesión y oficio.
3. La empresa queda obligada a entregar al Comité de Empresa o Delegado de Personal fotocopia de la Póliza y de los recibos de pago de la prima.
1. Normas generales:
a) Toda ausencia debe ser conocida con anterioridad.
b) Su petición debe constar por escrito.
c) Deberá justificarse el motivo de la ausencia documentalmente.
2. Casos específicos:
a) Faltas de puntualidad: Se descontará el tiempo perdido a costo. Se permitirá la entrada en el trabajo hasta una hora y media después del comienzo de la jornada. Hasta esta hora límite autorizada se esperará a que cumpla fracción de media hora para la incorporación al trabajo.
Independientemente de lo aquí establecido, se aplicará al respecto la legislación vigente.
b) Visitas médicas: En el caso de salidas al médico del seguro, la empresa abonará hasta tres horas cuando la visita coincida con el horario de trabajo. Para su abono, será preceptivo que el volante esté firmado y fechado por el médico.
El resto de las horas de ausencia se descontarán a coste o se recuperarán.
c) Cumplimiento del deber público: El tiempo empleado será retribuido. La empresa se ajustará al horario que precise el trabajador con el fin de que pueda dar debido cumplimiento al deber público.
Serán considerados cumplimiento del deber público:
Documento Nacional de Identidad: Será retribuido en caso de renovación y una vez cada cinco años. Se considera que toda persona debe estar provista del DNI a su ingreso en la empresa.
Gobierno militar: Citación de este Organismo, siempre y cuando el trabajador no se encuentre de permiso del servicio militar. El documento de citación será el justificante de la ausencia. La revista militar será considerada como permiso particular.
Citación de juzgados: La citación será justificante de la ausencia no del derecho a percibir retribución, por el tiempo perdido. Cuando la causa seguida sea imputable al trabajador, la ausencia será calificada como de permiso particular.
d) Permisos particulares: Se descontarán a precio de coste.
e) Enfermedad sin baja: Se abonarán dos días al año. Cuando un empleado tenga agotados los dos días, seguirá en la obligación de justificar estas ausencias so pena de ser calificada la ausencia como falta sin justificar. Agotados los dos días se descontará el coste.
f) Incapacidad temporal: Como medida para combatir el absentismo y mejorar la situación de los trabajadores en baja por enfermedad o accidente, las empresas abonarán, sobre las prestaciones de la Seguridad Social, los siguientes complementos:
1. En los casos de enfermedad común o accidente no laboral del trabajador, debidamente comprobados, con duración superior a 20 días y sólo a partir del 21, la empresa abonará al trabajador la diferencia entre la prestación de la Seguridad Social o Mutua patronal y el 100 por 100 del salario que viniera percibiendo conforme a convenio. Dicho complemento se percibirá siempre que el índice de absentismo individual del trabajador no supere el 5 por 100 en el año natural anterior a la baja.
No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga general por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, los períodos de suspensión del contrato o descanso por nacimiento de hijo, licencias y vacaciones ni enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de 20 días consecutivos.
2. Cuando la incapacidad temporal, debidamente acreditada, sea consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional, o enfermedad común o accidente no laboral que precisen hospitalización, la empresa abonará el complemento necesario para que, juntamente con la prestación económica de la Seguridad Social o Mutua patronal, el trabajador perciba el 100 por 100 del salario que viniera percibiendo conforme a convenio.
Para tener derecho a la percepción de dicho complemento el justificante médico debe indicar, expresamente, la imposibilidad de trabajar esa jornada o jornadas.
En cuanto a la obligación de avisar, deberá hacerse antes de pasar media hora del comienzo de la jornada.
g) Faltas sin justificar: Además de sancionarse según las Leyes vigentes, se descontará a coste.
Las partes firmantes del convenio acuerdan fomentar e impulsar la formación continua de los trabajadores del Sector.
1. Consideraciones generales:
Las partes firmantes coinciden en que una de las causas de la deficiente situación del mercado de trabajo deriva del alejamiento de la formación profesional respecto de las necesidades auténticas de mano de obra y de la carencia de una formación ocupacional continua para la actualización y adaptación de los trabajadores activos a las nuevas características de las tareas de las empresas del sector.
La formación profesional es considerada por las partes firmantes como un instrumento más, de significativa validez, que coadyuva a lograr la necesaria conexión entre las calificaciones de los trabajadores y los requerimientos del mercado de trabajo. Y en una perspectiva más amplia, es un elemento dinamizador que acompaña al desarrollo industrial a largo plazo, permite la elaboración de productos de mayor calidad que favorece la competitividad de las empresas españolas en el sector y en el ámbito internacional y hace posible la promoción social integral del trabajador, promoviendo la diversificación y profundización de sus conocimientos y habilidades de modo permanente.
A estos efectos, las partes firmantes consideran necesario:
Realizar, por sí o por medio de entidades especializadas, estudios de carácter prospectivo respecto de las cualificaciones futuras y, en su caso de necesidades de mano de obra en el sector.
Desarrollar y promover la aplicación efectiva del artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, artículo 21, g) del Convenio, así como de los convenios internacionales suscritos por España, referentes al derecho a la formación continua, facilitando el tiempo necesario para la formación.
Proponer y ejecutar acciones formativas en sus diversas modalidades y niveles, ya sea en las empresas o en los centros de formación que en el futuro puedan constituirse, como a través de los programas nacionales e internacionales desarrollados por organismos competentes.
Colaborar, según las propias posibilidades, o mediante entidades especializadas, en el diagnóstico y diseño de programas puntuales de formación en las empresas, teniendo en cuenta las especificaciones y necesidades concretas, así como las características genéricas o individuales de los trabajadores afectados.
Coordinar y seguir el desarrollo de formaciones en prácticas de los alumnos que sean recibidos por las empresas.
Evaluar de manera continuada todas las acciones emprendidas, a fin de revisar las orientaciones, promover nuevas actividades y actualizar la definición de los objetivos de la formación profesional.
2. Plan de Formación:
En la perspectiva de las anteriores consideraciones generales, las partes afectadas por el convenio acuerdan establecer un Plan de Formación Profesional en el Sector, que tiene como objetivos básicos:
Reciclaje de los trabajadores en activo.
Acceso de jóvenes parados, a través de estas acciones formativas, a una formación específica dentro del marco del Plan FIP y aquellas otras posibilidades que se vayan creando por las instituciones o las propias partes firmantes.
Las partes firmantes propondrán, conjuntamente, a las distintas Administraciones, la celebración de los objetivos anunciados.
3. Comisión Paritaria de Formación:
Al amparo del acuerdo anterior y con el objeto de su desarrollo, se constituye una Comisión Paritaria de Formación de entre los componentes de la Comisión Interpretativa del Convenio, compuesta por 8 miembros (dos por cada una de las Asociaciones Empresariales y Sindicatos firmantes) que podrán ser asistidos por asesores, tanto de la Administración como de las partes firmantes, expertos en Formación Profesional.
De entre estos miembros se elegirán los que harán las funciones de Presidente y Secretario, cargos que no serán remunerados.
Las funciones de la citada Comisión de Formación serán las siguientes:
Previo diseño de los asesores, planificar y gestionar la Formación Profesional de Sector.
Otorgar a las partes que componen la Comisión, los cursos concedidos por la Administración.
Proponer los locales y monitores para los cursos.
Elaborar los criterios de selección de los participantes de los cursos.
Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de los requisitos de los cursos concedidos.
Todas aquellas que estén relacionadas con los cursos concedidos de Formación Profesional a esta Comisión.
Las reuniones de esta Comisión se celebrarán tantas veces como lo determine el Presidente, a iniciativa propia o a petición de cualquiera de sus componentes, con un orden del día de acuerdo con las funciones de la citada Comisión.
Los acuerdos habrán de ser adoptados por la mayoría simple.
Como consecuencia de la concesión de cursos por parte de la Administración y el otorgamiento que la Comisión hace a cada institución firmante, los gastos ocasionados tendrán que ser los que el curso tenga concedido, sin reclamar las partes ningún aumento presupuestario a mayores.
Si una de las partes firmantes de la Comisión de Formación, abandonase la misma durante el ciclo de petición, concesión, otorgamiento e impartición de los cursos, se entenderá como renuncia a todos sus derechos de cualquier naturaleza, pasando éstos al resto de los firmantes.
La Constitución Española declara que la dignidad de la persona constituye uno de los fundamentos del orden político y de la paz social, reconociendo el derecho de toda persona a la no discriminación, a la igualdad de trato, al libre desarrollo de su personalidad y a su integridad física y moral.
El Estatuto de los Trabajadores, de forma específica, contempla el derecho de las personas trabajadoras al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, incluida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo y al laboral.
Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, encomienda a las empresas «el deber de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes han sido objeto del mismo», garantizando de esta forma la dignidad, integridad e igualdad de trato de todas las personas trabajadoras.
De acuerdo con estos principios, las organizaciones empresariales y sindicales firmantes se comprometen a garantizar un entorno laboral donde se respete la dignidad de la persona y los derechos y valores a los que se ha hecho referencia.
Igualmente, la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras contribuirá a ello sensibilizando a las plantillas e informando a la dirección de la empresa de cualquier problema que pudiera tener conocimiento y vigilará el cumplimiento de las obligaciones de la empresa en materia de prevención.
El presente Protocolo persigue prevenir y erradicar las situaciones discriminatorias por razón de género, constitutivas de acoso, en su modalidad de acoso sexual y acoso por razón de sexo, así como las situaciones de acoso moral o «mobbing».
Por ello, en el caso de que en la empresa no existiera un procedimiento para prevenir y actuar contra los diferentes acosos (protocolo de acoso en la empresa), el presente protocolo les será de aplicación, asumiendo la Empresa su responsabilidad en orden a erradicar un entorno de conductas contrarias a la dignidad y valores de la persona y que pueden afectar a su salud física o psíquica.
A tal efecto, en este Protocolo se consideran dos aspectos fundamentales: la prevención del acoso y la reacción empresarial frente a denuncias por acoso, por lo que se dictaminan dos tipos de actuaciones:
1. Establecimiento de medidas orientadas a prevenir y evitar situaciones de acoso o susceptibles de constituir acoso.
2. Establecimiento de un procedimiento interno de actuación para los casos en los que, aun tratando de prevenir dichas situaciones, se produce una denuncia o queja interna por acoso, por parte de alguna persona.
1. Acoso sexual.
Según el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007 y el artículo 2.1) de la Directiva 54/2006, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
En especial, es acoso sexual toda conducta consistente en palabras, gestos, actitudes o actos concretos, desarrollados en el ámbito laboral, que se dirija a una persona con intención de conseguir una respuesta de naturaleza sexual no aceptada libremente. Se debe tener claro, que en determinadas circunstancias que denoten casos de especial gravedad, un único incidente puede constituir acoso sexual.
Conductas constitutivas de acoso sexual:
Conductas de carácter ambiental: que crean un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante, no siendo necesario que exista una conexión directa entre la acción y las condiciones de trabajo. Entre ellas:
– Conductas físicas de naturaleza sexual que pueden ir desde tocamientos innecesarios hasta un acercamiento físico excesivo o innecesario. Agresiones físicas.
– Conducta verbal de naturaleza sexual como insinuaciones sexuales molestas, proposiciones, flirteos ofensivos, comentarios e insinuaciones obscenas, llamadas telefónicas indeseadas; bromas o comentarios sobre la apariencia sexual; agresiones verbales deliberadas.
– Conducta no verbal de naturaleza sexual, como exhibir fotos de contenido sexual o pornográfico o materiales escritos de tipo sexual o miradas con gestos impúdicos. Cartas o mensajes de correo electrónico, sms, whatsapp o por medio de redes sociales de carácter ofensivo y de contenido sexual.
Conductas de intercambio: Pueden ser tanto proposiciones o conductas realizadas por un superior jerárquico o persona de la que pueda depender la estabilidad del empleo o la mejora de las condiciones de trabajo, como las que provengan de compañeros/as o cualquier otra persona relacionada con la víctima por causa de trabajo, que implique contacto físico, invitaciones persistentes, peticiones de favores sexuales, etc.
2. Acoso por razón de sexo.
Según el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007 y el artículo 2.1.c) de la Directiva 54/2006: «Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo».
3. Otro acoso de carácter discriminatorio:
También se entiende como acoso discriminatorio cualquier comportamiento realizado por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, y orientación sexual o enfermedad, cuando se produzcan dentro del ámbito empresarial, con el fin de atentar contra la dignidad de las personas creando un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
Conductas constitutivas de acoso por razón de sexo y/o discriminatorio:
Serán conductas constitutivas de acoso por razón de sexo o de carácter discriminatorio, entre otras:
– Aquellas que supongan un trato voluntariamente desfavorable hacia la persona, relacionado con el embarazo o la maternidad o paternidad.
– Las medidas organizacionales ejecutadas en función del sexo, o cualquier otra circunstancia enumerada en el apartado anterior, de una persona, con fines degradantes (exclusión, aislamiento, evaluación no equitativa del desempleo, asignación de tareas degradantes).
– Comportamientos, conductas o prácticas que se tomen en función del sexo de una persona o cualquier otra circunstancia enumerada en el apartado anterior, de forma explícita o implícita y que tengan efecto sobre el empleo o las condiciones de trabajo.
– Ridiculizar a personas porque las tareas que asumen no se ajustan a su rol o estereotipo impuesto cultural o socialmente.
– Chistes, burlas que ridiculicen el sexo, el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
– Menospreciar el trabajo y la capacidad intelectual de las personas por las circunstancias recogidas en el apartado anterior.
– Críticas a la nacionalidad, actitudes y creencias políticas o religiosas, vida privada, etc.
4. Otro acoso moral vulnerador de derechos fundamentales («mobbing»):
Se entiende por acoso laboral o «mobbing» toda conducta con el propósito u objetivo de producir el efecto o consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona mediante la configuración de un entorno intimidatorio, humillante degradante u ofensivo para la persona afectada. Se trata de una conducta reiterada y repetitiva en el tiempo y susceptible de causar daños a la salud de la persona acosada.
Conductas constitutivas de acoso moral:
Serán conductas constitutivas de acoso moral, entre otras:
– Conductas que impliquen dejar de forma continuada al trabajador sin ocupación efectiva o incomunicado sin causa alguna que lo justifique.
– Ocupación en tareas inútiles o que no tengan valor productivo.
– Insultar o menospreciar repetidamente al trabajador.
– Difundir rumores falsos sobre el trabajo o la vida privada.
– Conductas vejatorias o de maltrato al trabajador.
Todas las conductas anteriores se pueden presentar entre personas del mismo o distinto sexo y en tres formas:
i. De forma descendente: cuando quien acosa ocupa un cargo superior a la presunta víctima.
ii. De forma horizontal: en casos en los que se produce entre personas del mismo nivel jerárquico.
iii. De forma ascendente: cuando quien acosa es una persona que ocupa un puesto de inferior nivel jerárquico respecto del de la presunta víctima de acoso.
Con el objeto de prevenir el acoso o situaciones potencialmente constitutivas de acoso, además del presente protocolo, se establecerán las siguientes medidas:
– Difusión a toda la plantilla del protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso. Dicha difusión se podrá realizar utilizando, en su caso, la red interna (intranet). Siempre se tendrá un ejemplar del protocolo de actuación a disposición de las personas trabajadoras para su consulta.
– Fomentar la comunicación de la resolución de los casos de acoso.
– Promover un entorno de respeto, corrección en el ambiente de trabajo, inculcando a todo el personal los valores de igualdad de trato, respeto, dignidad y libre desarrollo de la personalidad.
– Favorecer la integración de las personas de nuevo ingreso, evitando situaciones de aislamiento mediante un seguimiento de las mismas.
– Se facilitará información y formación a la plantilla sobre los principios y valores que deben respetarse en la empresa y sobre las conductas que no se admiten.
– Prohibición de las insinuaciones o manifestaciones que sean contrarias a los principios reseñados, tanto en el lenguaje, como en las comunicaciones y en las actitudes. Entre otras medidas, se eliminará cualquier imagen, cartel, publicidad, etc. que contenga una visión sexista y estereotipada de mujeres y hombres.
– Cuando se detecten conductas no admitidas en un determinado área o equipo de trabajo, la Dirección de la Empresa se dirigirá inmediatamente a la persona responsable de dicho área/equipo, a fin de informarle sobre la situación detectada, las obligaciones que deben respetarse y las consecuencias que se derivan de su incumplimiento, y proceder a poner en marcha el protocolo acordado. La representación legal de los trabajadores se compromete igualmente a poner en conocimiento de la empresa cualquier conducta no admitida.
La Empresa mantendrá una actividad constante en la adopción de nuevas medidas o en la mejora de las existentes, que permitan alcanzar una óptima convivencia en el trabajo, salvaguardando los derechos de todas las personas trabajadoras.
Este procedimiento afecta a todas las personas vinculadas contractualmente a la empresa, ya sea mediante contrato mercantil, laboral o de confianza y deberá ser respetado por el personal de cualquier empresa auxiliar que opere en el centro o centros de trabajo de la empresa.
El presente protocolo será de aplicación a todo el personal de las empresas incluidas en el ámbito funcional del artículo 2 del convenio colectivo estatal del sector de industrias cárnicas que cuenten con representación legal de los trabajadores y no tengan un protocolo propio de prevención del acoso sexual y/o moral.
El presente protocolo tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de que, en función de las necesidades que se detecten, se puedan modificar o incorporar acciones, después de la negociación correspondiente.
6.1 Aspectos que acompañarán al procedimiento:
– Protección de la intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas implicadas.
– Protección de la persona presuntamente acosada en cuanto a su seguridad y salud.
– Audiencia imparcial y tratamiento justo para todas las personas afectadas.
– No se divulgará ninguna información a partes o personas no implicadas en el caso, salvo que sea necesario para la investigación o en el marco de un procedimiento administrativo o judicial.
– Tramitación urgente, sin demoras indebidas.
– Investigación profesional y exhaustiva de los hechos denunciados.
– Adopción de las medidas de todo orden, incluidas en su caso las de carácter disciplinario, contra la persona/s cuyas conductas de acoso resulten acreditadas.
– Adopción de las medidas de todo orden, incluidas en su caso las de carácter disciplinario, contra la persona/s que utilicen fraudulentamente el protocolo de actuación comunicando hechos falsos o infundados.
– El acoso en cualquiera de sus modalidades tendrá el tratamiento establecido en el régimen disciplinario de aplicación para las faltas graves y muy graves.
6.2 Procedimiento:
El procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia, directamente por la persona afectada o a través de los representantes de los trabajadores, o por cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.
Se debe presentar ante la persona responsable de Recursos Humanos. No obstante, si se presenta ante la representación legal de los trabajadores o ante cualquier miembro de la Comisión de Igualdad en caso de existir esta, se notificará, con carácter inmediato, a la persona responsable de Recursos Humanos.
Las personas que participen en la instrucción quedan sujetas a la obligación de sigilo profesional sobre las informaciones a que tengan acceso durante la tramitación del procedimiento. El incumplimiento de esta obligación podrá ser objeto de las medidas disciplinarias correspondientes.
6.2.1 Requisitos de la denuncia:
La denuncia se realizará siempre por escrito. Las personas responsables de la instrucción del procedimiento le asignarán un número de expediente.
La denuncia deberá contener la siguiente información (se adjunta un formulario):
– Identificación de la persona denunciante y datos para contactar con la misma.
– Identificación del/la presunto/a acosador/a, y puesto que ocupa.
– Identificación de la víctima y puesto que ocupa.
– Una descripción cronológica y detallada de los hechos (desde cuando se tiene conocimiento de los hechos, personas implicadas, origen del conflicto, hechos ocurridos especificando lugar y fechas, etc.).
– Identificación de posibles testigos.
– Copia de toda la documentación que pueda acreditar los hechos u otra información que se estime pertinente.
– Solicitud de presencia y participación de la representación legal de los trabajadores, según consta en el modelo de denuncia.
– Firma del/la denunciante en prueba de conformidad.
La persona que presenta una denuncia recibirá un escrito con el nombre, DNI y firma de la persona que recibe la denuncia, fecha en la que hace entrega de la misma y número de expediente.
6.2.2 Órgano instructor:
La instrucción de este procedimiento será responsabilidad exclusiva de la Empresa y decidido por esta, participando la representación sindical o la persona responsable de igualdad designada por ésta para los casos de acoso sexual o por razón de sexo cuando así lo haya manifestado en su denuncia.
Estas personas deberán reunir las debidas condiciones de aptitud, objetividad e imparcialidad que requiere el procedimiento.
No podrán tener relación de dependencia directa o parentesco con cualquiera de las partes.
Tampoco podrán ser instructoras de estos procedimientos quienes tengan el carácter de persona denunciada o denunciante.
El órgano instructor iniciará el procedimiento, de oficio –cuando cualquiera de las personas que puedan formar parte del órgano tengan indicios suficientes de la existencia de una conducta constitutiva de acoso– o a instancia de parte, prestará apoyo y ayuda a las personas trabajadoras presuntamente acosadas, y realizará las gestiones y trámites oportunos para el esclarecimiento de los hechos, recabando cuanta información considere conveniente y realizando las entrevistas y demás actuaciones que estime necesarias.
6.2.3 Procedimiento abreviado:
Su objetivo es resolver el problema de una forma ágil, en las ocasiones en que el hecho de manifestar a la persona denunciada las consecuencias ofensivas e intimidatorias que se generan de su comportamiento, sea suficiente para que se solucione el problema.
De oficio, o tras la oportuna denuncia, el instructor se encargará de entrevistarse, por separado, con la persona denunciante y denunciada o cualquier otra persona que estime necesaria.
A la vista del resultado de las reuniones mantenidas, la parte instructora elevará su dictamen a la Dirección de la empresa y a las partes afectadas, lo que no podrá prolongarse en más de 10 días hábiles.
En el supuesto de que la situación no se pueda solucionar manifestando a la persona denunciada la necesidad de modificar su comportamiento o cuando la gravedad de los hechos así lo indique, se dará paso al procedimiento formal.
6.2.4 Procedimiento formal:
Junto a las entrevistas a la persona afectada y a la persona denunciada, se podrá practicar cuantas pruebas de carácter documental, entrevistas u otras pruebas que se estime necesario, con el fin de conseguir la interrupción de la situación de acoso.
Durante la tramitación del expediente, tan pronto como haya indicios de la existencia de acoso, el órgano de instrucción podrá proponer a la Dirección de la empresa, la medida de separación de las personas implicadas, sin menoscabo de sus condiciones laborales u otra medida cautelar, lo que se deberá efectuar de carácter inmediato.
La instrucción concluirá con un informe, que será elevado a la Dirección de RRHH, la Comisión de Igualdad en caso de existir y a las partes afectadas. El procedimiento formal no podrá extenderse a más de 20 días hábiles tras la finalización del procedimiento abreviado.
6.2.5 Elaboración del informe:
El informe debe incluir la siguiente información:
– Antecedentes del caso, que incluirán un resumen de los argumentos planteados por cada una de las partes implicadas.
– Descripción de los principales hechos del caso.
– Resumen de las diligencias practicadas.
– Valoración final con las aportaciones particulares que pudieran haber y pruebas de medidas.
– Determinación expresa de la existencia o no de acoso.
– Firma de las personas que han participado en la instrucción.
6.2.6 Acciones a adoptar durante la tramitación del procedimiento:
Durante la tramitación del expediente a propuesta de los instructores, la Dirección podrá tomar las medidas cautelares necesarias conducentes al cese inmediato de la situación de supuesto acoso, sin que dichas medidas puedan suponer perjuicio en las condiciones laborales de las personas implicadas.
Durante la tramitación del expediente las partes implicadas podrán ser asistidas y acompañadas por una persona de confianza, sea o no representante legal de los trabajadores, quien deberá guardar sigilo sobre la información a que tenga acceso. Esta persona de confianza podrá estar presente en la toma de declaraciones y en las comunicaciones que la parte instructora dirija a las personas implicadas.
6.2.7 Acciones a adoptar tras el cierre del procedimiento:
Si se determina la existencia de acoso, se dará traslado del informe final acordado a la Dirección de la Empresa, para que adopte las medidas disciplinarias que correspondan, decisión que se tomará en el plazo máximo de 10 días hábiles.
Si la sanción impuesta no determina el despido de la persona agresora, se tomarán las medidas oportunas para que aquella y la víctima no convivan en el mismo entorno laboral, teniendo la persona agredida la opción de permanecer en su puesto o la posibilidad de solicitar un traslado; medidas que no podrán suponer ni una mejora ni un detrimento de sus condiciones laborales.
En el caso de que se haya probado que no existe acoso, se archivará el expediente.
Si con motivo de la investigación realizada, se constata la inexistencia del acoso, pero se pone de manifiesto que subyace un conflicto personal relevante generado por el trabajo o cualquier infracción recogida en el régimen disciplinario, los instructores trasladarán esta conclusión a su informe para que la dirección de la empresa actúe en consecuencia, pudiendo trasladar una propuesta en el primer caso.
Si con motivo de la investigación realizada se constata la inexistencia de acoso y que la persona utilizó el protocolo de acoso comunicando hechos falsos o infundados se dará traslado a la Dirección de la Empresa, para que adopte las medidas disciplinarias que correspondan, decisión que se tomará en el plazo máximo de 10 días hábiles.
En todo caso, los representantes de los trabajadores tendrán conocimiento de la apertura y resultado final de todos los expedientes que puedan tramitarse, así como de las medidas adoptadas, salvo la identidad y circunstancias personales de la víctima o de las personas implicadas, cuando esta no haya solicitado su presencia en la denuncia.
Finalizado el procedimiento, el órgano de instrucción podrá proponer las siguientes medidas:
– Apoyo psicológico y social a la persona acosada.
– Modificación de aquellas condiciones laborales que, previo consentimiento del trabajador/a acosado/a, se estimen beneficiosas para su recuperación.
– Adopción de medidas de vigilancia en protección del trabajador/a acosado/a.
– La empresa tomará las medidas pertinentes para evitar la reincidencia de las personas sancionadas.
– Se facilitará formación o reciclaje para la actualización profesional de la víctima cuando esta haya permanecido en IT un periodo prolongado.
– Reiteración de los estándares éticos y morales de la empresa.
– Evaluación de riesgos psicosociales en la empresa.
Se creará una comisión paritaria de atención al acoso en el seno de la empresa, que deberá efectuar el seguimiento del presente protocolo. Al efecto realizará las siguientes funciones:
1. Se reunirá anualmente para revisar las denuncias de acoso, y elaborará un informe conjunto de sus actuaciones, que será entregado a la dirección de la empresa, y del que se dará publicidad a la totalidad de la plantilla. El citado informe debe respetar el derecho a la intimidad y confidencialidad de las personas implicadas.
2. Elaborará un informe anual para asegurar la eficacia y confidencialidad del protocolo y adaptarlo si se considera necesario.
Otras consideraciones:
Se prohíbe expresamente cualquier represalia contra las personas que efectúen una denuncia, atestigüen, colaboren o participen en las investigaciones que se lleven a cabo, y contra aquellas personas que se opongan a cualquier situación de acoso frente a sí mismo o frente a terceros.
No obstante lo anterior, si de la investigación realizada se pusiera en evidencia que el presunto/a acosado/a ha actuado con acreditada falta de buena fe o con ánimo de dañar, la empresa podrá adoptar las medidas previstas para los supuestos de transgresión de la buena fe contractual en el convenio colectivo y el Estatuto de los Trabajadores.
La regulación y procedimientos establecidos en el presente protocolo no impiden que en cada momento, se puedan promover y tramitar cualquier otra acción para exigir las responsabilidades administrativas, sociales, civiles o penales que en su caso correspondan.