Categoría: Judicial

en relación con la petición de suplicatorio; niega la afectación del art. 14 CE al no haberse aportado un término de comparación adecuado; rechaza la lesión del art. 24.2 CE en relación con el principio de presunción de inocencia, argumentando que los documentos enviados al Parlamento Europeo son el soporte relevante para sustentar en términos de adecuada motivación la petición de suplicatorio; descarta que ninguna de las resoluciones impugnadas haya incurrido en insuficiente o inadecuada motivación (art. 24.1 CE); y rechaza la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) vinculado a la negativa al planteamiento de las cuestiones prejudiciales instadas por los recurrentes.
2. Determinación del objeto de la pretensión de amparo.
Tal y como ha sido expuesto en el fundamento jurídico anterior, el objeto del recurso de amparo se circunscribe a los autos del magistrado instructor de 10 de enero y 4 de marzo y a los autos de la sala de recursos del Tribunal Supremo de 23 de octubre y 28 de diciembre, todos ellos del año 2020, en cuanto dichas resoluciones elevan al Parlamento Europeo suplicatorio de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los señores Puigdemont y Comín, en el caso de los autos dictados por el magistrado instructor, o confirman dicha decisión en el caso de los autos de la sala de recursos del Tribunal Supremo.
Esta definición del objeto principal del recurso de amparo viene determinada por el hilo argumental que sustenta las invocaciones contenidas en la demanda y por la existencia de otro recurso de amparo, el núm. 972-2021, en el que se plantean quejas complementarias a las que conforman el objeto material del procedimiento actual. Aunque ha sido descrito con detalle en los antecedentes, conviene recordar, para definir mejor el objeto del procedimiento que nos ocupa, que el magistrado instructor dictó dos autos fechados el mismo día 10 de enero de 2020, en cuyas partes dispositivas se contienen decisiones parcialmente coincidentes. De hecho, la demanda sostiene que el objeto del recurso es «parcialmente, el primer auto dictado el 10 de enero de 2020, en cuanto a las decisiones adoptadasex novopor el magistrado instructor que exceden la estricta estimación o posterior desestimación del recurso de reforma interpuesto en su día contra el auto de 14 de octubre de 2019», y por otro lado, «en este caso sí, en su integridad, el segundo de los autos dictado el 10 de enero de 2019».
En la parte dispositiva del primer auto de 10 de enero el instructor acuerda: (1) inadmitir la recusación formulada contra él; (2) estimar los recursos interpuestos por los señores Puigdemont y Comín contra los autos de 14 de octubre y 4 de noviembre, en el sentido de reconocerles las inmunidades y privilegios recogidos en el art. 9 del Protocolo núm. 7 TFUE, en su condición de miembros del Parlamento Europeo; (3) desestimar el recurso planteado por los recurrentes contra las mismas resoluciones en relación con la pretensión de revocación de las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, así como las órdenes internacionales y europeas para su detención y entrega; (4) comunicar al Parlamento Europeo el previo procesamiento de los recurrentes, el mantenimiento de las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión nacionales y europeas; (5) solicitar al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad correspondiente a los parlamentarios; (6) comunicar a la autoridad de ejecución en Bélgica la remisión al Parlamento Europeo de suspensión de la inmunidad, al objeto de que deje sin efecto los plazos para la resolución de la entrega, hasta que el Parlamento Europeo decida sobre tal petición.
En la parte dispositiva del segundo auto de 10 de enero, desarrollando la decisión de solicitar al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad, el magistrado instructor: (1) acuerda emitir suplicatorio de suspensión de la inmunidad de los diputados al Parlamento Europeo don Carles Ortega i Casamajó y don Antoni Prieto i Oliveres; (2) dirige dicho suplicatorio al presidente del Parlamento Europeo, a través del Excmo. Sr. presidente de la Sala de lo Penal, para su remisión por el Excmo. Sr. presidente del Tribunal Supremo; (3) y acompaña al suplicatorio testimonio del auto y de diversas resoluciones del procedimiento especial en curso (auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018; autos desestimatorios de los recursos de reforma interpuestos contra el auto de procesamiento, de 9 de mayo y de 19 de marzo de 2019; autos desestimatorios de los recursos de apelación de 26 de junio de 2018 y de 21 de junio de 2019; sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019; y autos relativos a las órdenes europeas de detención y entrega de 14 de octubre y 4 de noviembre de 2019).
Existe una coincidencia evidente entre la parte dispositiva del primero referida a la solicitud al Parlamento Europeo de la suspensión de la inmunidad correspondiente a los parlamentarios y la totalidad de la parte dispositiva del segundo auto, que se centra en la decisión de planteamiento del suplicatorio, argumenta sobre la misma, establece el canal de comunicación de la solicitud al Parlamento Europeo y conforma el contenido completo de la comunicación a esta última institución europea. Pero si se analiza el contenido de la demanda del recurso de amparo núm. 972-2021 y el contenido de la demanda del recurso de amparo núm. 1212-2021 se puede llegar a identificar, a pesar de que en ocasiones los argumentos se repiten y se entremezclan, que el problema jurídico constitucional relevante en el primer caso se centra en la cuestión de la suspensión de las órdenes nacional, europea e internacional de detención y entrega, en virtud de la aplicación de la inmunidad derivada de la condición de europarlamentario. Mientras que en el segundo recurso de amparo, el que ahora nos ocupa, el problema jurídico constitucional sobresaliente es el relativo a la petición de suplicatorio para la suspensión de la inmunidad de que gozan los recurrentes en amparo en tanto ostentan la condición de europarlamentarios.
Por lo que hace a la impugnación de los autos de 28 de diciembre de 2020 y de 23 de octubre de 2020, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y del auto de 4 de marzo de 2020 del magistrado instructor, se centrará el objeto del presente recurso de amparo en los pronunciamientos de las citadas resoluciones que se refieran a la impugnación del segundo de los autos de 10 de enero de 2020, quedando reservadas al conocimiento del recurso de amparo núm. 972-2021 el resto de cuestiones.
Esta identificación del objeto formal y material de cada uno de los dos recursos de amparo citados nos lleva a resolver lo siguiente:
a) En relación con la petición de acumulación de los recursos de amparo núm. 972-2021 y 1212-2021, solicitada por los recurrentes en amparo en aplicación de lo previsto en el art. 83 LOTC, el Tribunal entiende que no resulta procedente. Si bien la decisión de elevar el suplicatorio se conecta con la decisión de mantener la vigencia de las órdenes de detención europea, los problemas constitucionales que se plantean en el recurso de amparo núm. 1212-2021 tienen que ver con la competencia para elevar el suplicatorio, el contenido del auto de solicitud y su tramitación, y no con el mantenimiento de dichas órdenes, al conformar esta cuestión el objeto principal del recurso de amparo núm. 972-2021. Aunque el primero de los autos de 10 de enero de 2020 también contenga en su parte dispositiva la decisión de elevar el suplicatorio, esta se concreta efectivamente en el segundo de los autos de esa misma fecha, privando de efectos autónomos al pronunciamiento sobre el suplicatorio contenido en la primera resolución. Por tanto, no hay razón que justifique la acumulación de los procedimientos, cuya autonomía procesal se sustenta en la necesidad de abordar de manera separada los dos problemas constitucionales planteados por los recurrentes en amparo. La evidente conexión de objetos en este caso no justifica la unidad de tramitación y decisión de dos procedimientos con un grado de complejidad notable a causa de la proyección que tiene cada uno de ellos extramuros de la jurisdicción constitucional, y que no es la misma en relación con cada uno de los dos problemas planteados.
b) Y, respecto de las invocaciones de derechos fundamentales cuya vulneración se imputa al primer auto de 10 de enero de 2020, en la medida en que hacen alguna referencia a las órdenes europeas de detención y entrega todas ellas quedarían extramuros del conocimiento del Tribunal en la resolución del presente recurso de amparo.
Por tanto, quedaría excluida del presente recurso de amparo: (i) la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a una resolución fundada en derecho y a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 CE), en la medida en que se asocia, identificando distintos defectos de motivación, al primer auto de 10 de enero de 2020, especificando que la decisión de planteamiento del suplicatorio no se motiva en los fundamentos de la resolución (en el enunciado del fundamento jurídico 1, el apartado 3); (ii) la invocación de la inmunidad parlamentaria de los diputados al Parlamento Europeo (art. 23 CE), en relación con los derechos a la libertad personal (art. 17 CE), y la libre circulación (art. 19 CE), al responder la orden europea de detención librada al objetivo de perturbar el ejercicio del cargo para el que los recurrentes resultaron electos (en el enunciado del fundamento jurídico 1, el apartado 4); (iii) la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con los derechos de representación política (art. 23 CE) vinculados con el derecho a la libertad personal (art. 17 CE), y de circulación (art. 19 CE), al no responder las resoluciones impugnadas a la invocación de derechos planteada por los recurrentes en amparo (en el enunciado del fundamento jurídico 1, el apartado 5).
También quedaría fuera del objeto del presente recurso de amparo, como apunta en sus alegaciones la abogacía del Estado, la invocación del derecho al juez imparcial, tanto por falta de imparcialidad de magistrado instructor (art. 24.1 CE) en la medida en que la petición de su recusación fue resuelta en sentido desestimatorio, por el primer de los dos autos de 10 de enero de 2020, como por falta de imparcialidad de los magistrados señores Colmenero y Magro, puesto que la petición de su recusación fue desestimada por auto de 13 de octubre de 2020, no siendo objeto este pronunciamiento del presente recurso de amparo.
3. Examen de los óbices procesales alegados por las partes.
De lo expuesto en el fundamento jurídico 2 se deduce que el objeto principal del presente recurso de amparo consiste en determinar si las resoluciones impugnadas resultan o no lesivas del art. 23.2 CE, en su vertiente del derecho a disfrutar la prerrogativa de inmunidad; vulneran el art. 14 CE, por haber tramitado la petición a través del presidente del Tribunal Supremo y no del Ministerio de Justicia; y lesionan el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) en virtud del contenido de los documentos anexos que se acompañan a la petición de suplicatorio.
La finalidad de la impugnación de estas resoluciones no es otra que cuestionar el mero planteamiento del suplicatorio al Parlamento Europeo, por parte de la autoridad judicial española que estaba conociendo del procedimiento especial dirigido, entre otros, contra los recurrentes en amparo. A esta pretensión nuclear son funcionales el resto de los motivos de amparo que justifican la demanda de forma derivada, complementaria o subsidiaria.
En relación con una parte de estos otros motivos de amparo es preciso realizar las siguientes observaciones, relativas a la concurrencia de determinados óbices de procedibilidad que impedirían a este tribunal, en cualquier caso, entrar a valorar el fondo de estos. Y ello, recordando que, «como hemos declarado en otras ocasiones (recientemente en las SSTC 129/2018, 130/2018 y 131/2018, de 12 de diciembre, a cuyas consideraciones debemos remitirnos íntegramente en este aspecto) los defectos insubsanables de los que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (por todas, SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción pueden abordarse de nuevo o reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el artículo 53 LOTC (por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3, o SSTC 89/2011, de 6 de junio, FJ 2, y 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2)» (STC 27/2019, de 26 de febrero, FJ 2).
a) En relación con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley vinculado con el derecho a la doble instancia penal (art. 24.1 CE), la demanda denuncia que el Tribunal Supremo carecería de competencia para conocer del proceso penal al momento de plantear el suplicatorio en relación con los demandantes en amparo, que no deberían haberse considerado aforados por su condición de europarlamentarios. Adicionalmente se estaría produciendo una vulneración del mismo derecho, al juez ordinario predeterminado por la ley, en la medida en que la interpretación del alcance del aforamiento como prerrogativa de los europarlamentarios debería corresponder no al Tribunal Supremo, sino al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por cuanto la norma aplicable es el art. 9, párrafo primero, apartado a del Protocolo núm. 7, y no, como sostienen el magistrado instructor y el Tribunal Supremo, el art. 71.3 CE y los arts. 56.2 y 57 LOPJ.
Los recurrentes en amparo, cuestionan la competencia del Tribunal Supremo para elevar el suplicatorio, alegando que es el Tribunal de Justicia de la Unión quien tiene que definir si entre las inmunidades que refiere el art. 9.1 a) del Protocolo núm. 7 se encuentra también el aforamiento procesal o no, porque, siguiendo este razonamiento de parte, si no existe aforamiento para los europarlamentarios, la causa penal debiera seguirse en otra sede jurisdiccional nacional que sería, en tal supuesto, la competente para elevar el suplicatorio.
El aforamiento es definido por la jurisprudencia constitucional como una garantía parlamentaria, tal y como lo son también la inmunidad y la inviolabilidad previstas en el art. 71 CE, incorporada al contenido del art. 23.2 CE (SSTC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6; 76/1989, de 27 de abril, FJ 2; 181/1989, de 3 de noviembre, FJ 4; 205/1990, de 13 de diciembre, FJ 5, y 22/1997, de 11 de febrero, FJ 2). En el asunto que nos ocupa, los recurrentes no apelan, sin embargo, al art. 23.2 CE, sino al 24.1 CE en su vertiente del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (en este sentido, STC 22/1997, de 11 de febrero, FJ 2), con el que también se conecta la figura del aforamiento porque supone, como regla general, una alteración de las reglas de competencia objetiva, funcional y territorial, en virtud de las cuales se define, para quién no está aforado, el órgano jurisdiccional competente para procesarle e inculparle (art. 71 CE). Así, el aforamiento apela a una cuestión puramente procesal, relacionada con la competencia objetiva para conocer de un determinado proceso, en este caso penal (art. 24.1 CE). Pero también enlaza con las garantías parlamentarias porque lleva asociada la necesidad de que el órgano competente para conocer del proceso solicite el levantamiento de la inmunidad, de modo que se pueda proceder contra esa persona que tiene un determinado estatuto en tanto que representante de la ciudadanía (art. 23.2 CE).
Identificados los derechos fundamentales en presencia, debe recordarse que la jurisprudencia previa considera que, «en tanto que “sustracciones al Derecho común conectadas a una función” (STC 51/1985, fundamento jurídico 6), las prerrogativas parlamentarias son imprescriptibles e irrenunciables (STC 92/1985), y no es constitucionalmente legítima una extensión legislativa (STC 186/1989) o una interpretación analógica de las mismas (STC 51/1985). Como garantías jurídicamente vinculadas a la satisfacción de un interés institucional y permanente del ordenamiento, las prerrogativas parlamentarias sonius cogensy, por tanto, indisponibles para sus titulares, y solo susceptibles de una interpretación estricta y vinculada a los supuestos expresamente contemplados en la Constitución» (STC 22/1997, de 11 de febrero, FJ 4). Dicho en otros términos, no es posible renunciar al aforamiento, ni considerarlo no aplicable en aquellos supuestos en que resulta obligada su observancia.
Teniendo en cuenta las precisiones anteriores, no parece que exista controversia entre las partes sobre el hecho de que el órgano jurisdiccional competente para elevar el suplicatorio a la institución parlamentaria a la que pertenezca la persona procesada o inculpada, es el órgano jurisdiccional que tiene competencia para conocer del proceso penal. El litigio se centra entonces en determinar cuál es el órgano competente para conocer del proceso, y en qué medida el aforamiento o la ausencia de aforamiento de los recurrentes en amparo determina esa competencia objetiva. Porque resulta incontrovertido también que, de ser aplicable la garantía de aforamiento o de fuero especial, esta sería irrenunciable. Definido así el debate jurídico la queja se ha planteado ante la jurisdicción constitucional con carácter prematuro, incurriendo por ello en causa de inadmisión.
La concurrencia de tal óbice de admisibilidad ya fue observada por el Tribunal en el recurso de amparo núm. 4706-2018, promovido por don Carles Ortega i Casamajó, resolviéndose la cuestión en la STC 27/2019, de 26 de febrero. En aquel pronunciamiento, a cuyos fundamentos jurídicos 4, 5 y 6 se hace remisión íntegra, el Tribunal recuerda en qué supuestos se puede considerar correctamente agotada la vía judicial previa al recurso de amparo, cuando se impugnan resoluciones interlocutorias en el marco de un proceso penal, lo que sucede también en el supuesto que ahora nos ocupa. Y, sostiene que es «prematura e incurre en causa de inadmisión la pretensión de amparo que afirma la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley cuestionando la competencia objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y, por ende, de su magistrado instructor», siendo esto así porque en el momento de presentar la demanda de amparo los recurrentes tenían todavía «la oportunidad procesal de plantear al tribunal de enjuiciamiento, como artículo de previo pronunciamiento, la declinatoria de jurisdicción que fundamenta su queja (arts. 26,in finey 666.1 LECrim), una vez se reanude el curso de la causa respecto del procedimiento en el que han sido declarados en rebeldía. No es posible apreciar que hasta entonces dicha controversia sobre cuál es el órgano judicial competente para instruir y conocer de la causa hubiera sido firme y definitivamente decidida a través del cauce procesal incidental existente en la vía judicial» [STC 27/2019, de 26 de febrero, FJ 6 b)]. Y continúa razonando que «para cuestionar la competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha de acudirse, como cauce procesal idóneo para decidir la competencia penal, a la declinatoria de jurisdicción, que ha de plantearse ante el Tribunal de enjuiciamiento, como artículo de previo y especial pronunciamiento [art. 666.1 a) LECrim]. No constituye un fundamento adecuado que permita dar por agotada la vía judicial en esta materia la alegación del contenido del derecho al juez legal como motivo de un recurso que impugna una decisión cautelar, incidental o interlocutoria. No lo es porque quien ha de resolver el recurso, sea el magistrado instructor, la Sala de admisión o la sala de recursos de la Sala de lo Penal […], no resuelve definitivamente la cuestión con su pronunciamiento; ni tampoco, al pronunciarse, cuenta con los mismos elementos de juicio que ha de tomar en consideración la Sala de enjuiciamiento dado que, en el momento procesal en que esta última se pronuncia, la instrucción ha finalizado, el procesamiento ya es firme y se han formulado los escritos de acusación y decretado la apertura del juicio oral, delimitando así objetiva y subjetivamente los hechos y personas que configuran el debate procesal» (STC 130/2018, FJ 7) [STC 27/2019, de 26 de febrero, FJ 6 b)].
Por tanto, esta pretensión de amparo se encuentra dentro de la regla general de inadmisibilidad por falta de agotamiento de la vía judicial previa, y corre la misma suerte la invocación del derecho al doble grado de jurisdicción en los procesos penales desarrollados en única instancia ante el Tribunal Supremo.
b) Por lo que hace a la invocación del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de las libertades de expresión, ideológica y de reunión (arts. 20, 16 y 21 CE) cuya vulneración se vincula al auto de procesamiento, se ha de apreciar, en el sentido de lo apuntado por el Ministerio Fiscal, la concurrencia del óbice de falta de agotamiento de la vía judicial previa. La STC 27/2019, de 26 de febrero, también apreció este óbice en relación con la invocación del art. 25.1 CE.
Se afirmó en el fundamento jurídico 7 de aquel pronunciamiento que «(a)tendida la naturaleza provisional de la imputación precisa y formal en que el procesamiento consiste (SSTC 41/1982, de 2 de julio, FJ 2; 104/1985, de 4 de octubre, FJ 2; 70/1986, de 31 de mayo, FJ 2, o 37/1989, de 15 de febrero, FJ 3), dado que no se dirige sino a delimitar objetiva y subjetivamente el objeto de la investigación desde que el instructor aprecie en la causa la existencia de indicios racionales de criminalidad, resulta evidente el carácter prematuro y la consiguiente inadmisibilidad de la pretensión formulada pues tanto hasta la conclusión de la fase de instrucción, como en la fase intermedia previa al enjuiciamiento, es posible obtener remedio procesal ante los tribunales ordinarios cuestionando la imputación formal no irreversible que se impugna. Así lo hemos entendido en anteriores pronunciamientos al resolver pretensiones de amparo que reclamaban un pronunciamiento de este Tribunal frente a las resoluciones que, en el procedimiento abreviado por delito, de forma similar al auto de procesamiento, delimitan el objeto del proceso penal y las personas imputadas: SSTC 174/1994, de 7 de junio, FJ 2; 18/1998, de 26 de enero, FJ 2; 54/1999, de 12 de abril, FJ 3; 73/1999, de 26 de abril, FFJJ 2 y 3; 121 y 155/2000, de 10 de mayo y 12 de junio, FJ 3 (respecto a resoluciones judiciales que acuerdan continuar la tramitación de la causa, una vez finalizada la instrucción, descartando su sobreseimiento); o STC 247/1994, de 19 de septiembre, FFJJ 1 a 3 (que cuestionaba la decisión de apertura del juicio oral)» [STC 27/2019, de 26 de febrero, FJ 7 b)].
4. Sobre la invocación de la prerrogativa de inmunidad (art. 23.2 CE), el principio de igualdad (art. 14 CE) y el resto de invocaciones conexas.
Un pronunciamiento sobre el fondo del presente recurso de amparo, debería responder, por tanto, exclusivamente a las siguientes quejas que, vinculadas al segundo auto de 10 de enero de 2020 y las resoluciones posteriores confirmatorias del mismo, no están incursas en ningún óbice de procedibilidad: (i) La cuestión de si la petición de suplicatorio de suspensión de la inmunidad de los recurrentes en amparo, menoscaba el art. 23.2 CE, en su vertiente del derecho a disfrutar la prerrogativa de inmunidad; (ii) La duda sobre si la decisión de tramitar la petición de suplicatorio a través del presidente del Tribunal Supremo y no del Ministerio de Justicia vulnera el art. 14 CE, al suponer una diferencia de trato respecto de lo previsto para responder al asuntoBerlusconipor el dictamen del Consejo de Estado núm. 1080-2001, de 10 de mayo; y (iii) Si el auto de 10 de enero de 2020 ha lesionado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) al remitir una serie de documentos anexos entre los que se incluye la sentencia condenatoria de otros encausados en la causa especial núm. 20907-2017.
Ninguna de las quejas reseñadas puede prosperar. Con carácter preliminar debe hacerse constar una circunstancia sobrevenida al planteamiento del presente recurso de amparo que necesariamente ha de ser tenida en cuenta a la hora de resolver sobre el fondo de las pretensiones arriba expuestas. Como hemos recogido en los antecedentes [2 o) y p)], el 9 de marzo de 2021 el Parlamento Europeo respondió a las peticiones de suplicatorio respecto de los recurrentes en amparo resolviendo suspender la inmunidad de la que gozaban en virtud del art. 9, párrafo primero, letra b) del Protocolo núm. 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea. Esta decisión ha sido objeto de un recurso de anulación, presentado, entre otros, por los dos recurrentes en amparo, el 19 de mayo de 2021 ante el Tribunal General de la Unión Europea. Se trata del asunto T-272/21 en el curso de cuya tramitación se han suspendido los efectos de la resolución del Parlamento Europeo, de modo que se ha mantenido la inmunidad parlamentaria de los recurrentes en amparo a la espera de una resolución sobre el fondo de las pretensiones deducidas.
Tal y como aparece publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea C-278/54, de 12 de julio de 2021, en apoyo de su recurso, los demandantes invocan ocho motivos impugnatorios de la resolución de 9 de marzo de 2021 del Parlamento Europeo, que son los siguientes:
«1. Primer motivo, basado en que el Parlamento incumplió su obligación de motivar de manera suficiente y adecuada las decisiones impugnadas, quebrantando así la obligación de motivación prevista en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta.
2. Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 9, apartado 1, del Reglamento interno del Parlamento Europeo, en relación con los artículos 20, 21 y 47 de la Carta, por lo que respecta al derecho a un tribunal previamente establecido por la ley, ya que el suplicatorio no fue dirigido al Parlamento por una autoridad competente de un Estado miembro.
3. Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho, establecido en el artículo 41, apartado 1, de la Carta, a que sus asuntos sean tratados imparcial y equitativamente, lo que equivale asimismo a una infracción del artículo 39, apartado 2, de la Carta, en relación con la falta de motivación de varias decisiones procedimentales, infringiendo así el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta, así como una infracción del artículo 15 TFUE y del artículo 47 de la Carta.
4. Cuarto motivo, basado en la vulneración del derecho a ser oído establecido en el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta, en relación con el derecho de acceso a los documentos, de conformidad con el artículo 42 de la Carta, y con los derechos de defensa y a la tutela judicial efectiva.
5. Quinto motivo, basado en la violación de los principios de seguridad jurídica y de cooperación leal, derivada de la falta de claridad de las decisiones impugnadas en cuanto al alcance de las suspensiones de la inmunidad decididas, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa previstos en los artículos 47 y 48 de la Carta.
6. Sexto motivo, basado en la vulneración de las inmunidades previstas en el artículo 343 TFUE y en el artículo 9 del Protocolo núm. 7, en relación con los artículos 6, 39, apartado 2, y 45 de la Carta, con el artículo 21 TFUE y con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno, ya que el Parlamento o bien ignoró por completo los criterios previstos por la ley para pronunciarse sobre un suplicatorio de suspensión de la inmunidad, o bien incurrió en un error manifiesto de apreciación en relación con tales criterios previstos por la ley.
7. Séptimo motivo, basado en la vulneración del principio de buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta, y del principio de igualdad, consagrado en los artículos 20 y 21 de la Carta, en relación con los artículos 343 del TFUE, el artículo 9 del Protocolo núm. 7, y los artículos 6, 39, apartado 2, y 45 de la Carta, ya que el Parlamento o bien se apartó de los criterios adicionales previstos por su propia práctica anterior para pronunciarse sobre los suplicatorios de suspensión de la inmunidad o bien incurrió en un error manifiesto de apreciación.
8. Octavo motivo. Violación del principio de buena administración y del principio de igualdad de trato, en relación con los artículos 6, 20, 21, 39, apartado 2, y 45 de la Carta, por lo que respecta a la práctica anterior del Parlamento que demuestra que este no suspende la inmunidad de los diputados a efectos de su detención si no ha recaído una condena, y por lo que respecta a la aplicación del artículo 9, apartado 7, del Reglamento interno.»
De lo expuesto, y de la coincidencia material de algunos motivos impugnatorios, se deriva que los recurrentes en amparo han abierto dos vías paralelas para controvertir el suplicatorio dirigido al Parlamento Europeo. Ante la jurisdicción constitucional se impugna el planteamiento y elevación del suplicatorio. Y ante el Tribunal General se impugna la concesión del suplicatorio por parte del Parlamento Europeo, estando pendiente de confirmación o revocación tal concesión, a la espera de la resolución del recurso en el asunto T-272/21.
La solicitud de suplicatorio, por sí misma, no tiene efecto alguno en el estatuto personal de los europarlamentarios, ni en el alcance de su inmunidad, en tanto que esta no es impeditiva de dicha solicitud, lo que conduce a la desestimación de la queja relativa al art. 23.2 CE por dirigirse el presente amparo contra resoluciones judiciales que no puede incidirper seen la prerrogativa. Es la concesión de la suspensión de inmunidad la resolución que tendría, en su caso, efecto sobre el derecho a disfrutar la prerrogativa de inmunidad (art. 23.2 CE), y esta cuestión queda fuera del objeto del presente recurso de amparo, siendo propia al objeto del recurso en el asunto T-272/21, que está pendiente de resolución por parte del Tribunal General de la Unión Europea.
Por lo que hace a la invocación del art. 14 CE, debe observarse que la invocación del dictamen del Consejo de Estado núm. 1080-2001, como sustento a partir del cual se ofrece el término de comparación, resulta inadecuada, porque aquel pronunciamiento, meramente consultivo y fechado en el año 2001, expone un marco normativo que ha sido superado casi en su totalidad, empezando por el Protocolo (núm. 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, cuya redacción actual data del 26 de octubre de 2012, y pasando por el actual estado de desarrollo del sistema de cooperación judicial europea en materia penal, que desde la aprobación del Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, refuerza la idea de la cooperación directa entre los jueces europeos, que son todos los de las jurisdicciones nacionales, y las instituciones de la Unión, sin forzar la intermediación sistemática de los ejecutivos nacionales en esas relaciones de cooperación judicial, tal y como demuestra el mecanismo de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega.
Tampoco cabe apreciar lesión del art. 24.2 CE en relación con el derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento, que los recurrentes vinculan con el contenido de la documentación anexa a la petición de suspensión de la inmunidad, en particular, con el envío de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019. Como sostiene el Ministerio Fiscal, ese soporte documental sirve para precisar el fundamento fáctico y jurídico de la acción penal que se ejercita contra los recurrentes a efectos de motivar la solicitud de suplicatorio. Se trata de resoluciones judiciales asentadas en indicios o pruebas de cargo respetuosas de las exigencias del art. 24.2 CE y del art. 4.1 de la Directiva 2016/343/UE, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, que en ningún caso se refieren a los recurrentes en amparo como culpables.
Por último, el fundamento de esta desestimación, al no venir apoyado en interpretación de normas de la Unión Europea, hace innecesario el análisis de la pretensión de reenvío prejudicial planteada en la demanda, que deviene irrelevante para justificar este pronunciamiento.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1.º Inadmitir el presente recurso de amparo, interpuesto por don Carles Ortega i Casamajó y don Antoni Prieto i Oliveres, en lo que respecta a la alegada vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.1 CE) vinculado con el derecho a la doble instancia penal, del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de las libertades de expresión, ideológica y de reunión (arts. 20, 16 y 21 CE), por falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC].
2.º En todo lo demás, desestimar el recurso de amparo.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós.–Pedro José González-Trevijano Nieto Sánchez Xiol Ríos.–Santiago Cano-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María Ramos Sánchez Callejón.–Ramón Bravo Navarro.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Moya Alonso.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.