Categoría: Judicial

a Ley Orgánica 1/2015.
El fiscal ante este Tribunal Constitucional interesó: a) la inadmisión parcial del recurso por los motivos que plantean la vulneración del artículo 9 CE y del derecho fundamental a la libertad del artículo 17 CE o, subsidiariamente, la desestimación de ambos motivos; b) el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la libertad individual (art. 17 CE); y c) el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y, a tal fin: (i) la declaración de nulidad de los autos de 30 de junio y 30 de noviembre de 2021 del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Sevilla, del auto de 14 de marzo y la providencia de 27 de abril de 2022 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, y la de todas las actuaciones posteriores dirigidas, como consecuencia de dichas resoluciones, a ejecutar la pena privativa de libertad impuesta al recurrente y (ii) la retroacción del procedimiento al momento anterior al de dictarse la primera de las resoluciones citadas, para que el juzgado competente pronuncie otra respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
2. Óbices a la admisibilidad del recurso.
El fiscal ante el Tribunal Constitucional plantea que la alegada vulneración del derecho a la libertad (art. 17 CE) no fue invocada ante los órganos judiciales cuyas decisiones se impugnan, por lo que la demanda debería ser parcialmente inadmitida respecto de esta supuesta infracción. Por idéntica razón considera el fiscal que la denuncia de la infracción del art. 9 CE incurriría en motivo de inadmisión, al no haber sido planteada en el incidente de nulidad de actuaciones por el recurrente, sin perjuicio de que, en este caso, el óbice devendría irrelevante al no estar comprendida la infracción del art. 9 CE en el objeto del recurso de amparo.
Examinado el recurso de reforma interpuesto por el penado contra el auto de 30 de junio de 2021 se observa que, efectivamente, el recurrente centró sus alegaciones en su ausencia de medios de subsistencia y su necesidad de tratamiento médico, solicitando una prórroga del plazo para el pago de la responsabilidad civil, sin invocar la vulneración de los arts. 17 y 9 CE. En el recurso de apelación su defensa alegó la infracción del art. 86.1 d) CP insistiendo en su falta de capacidad económica para hacer frente a la deuda –acreditada documentalmente y cuya verificación a través de la consulta al punto neutro judicial solicitaba– y reiterando la petición subsidiaria del otorgamiento de un nuevo plazo para el pago de la indemnización, en atención a sus circunstancias personales. En el escrito formulando el incidente de nulidad de actuaciones el demandante de amparo se refiere expresamente a la infracción del art. 86.1 d) CP; a la ausencia de un pronunciamiento sobre el otorgamiento de un nuevo plazo para el pago; a la indefensión derivada de la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por falta de la debida motivación (art. 120.3 CE); menciona la infracción del art. 25 CE (sin desarrollar su denuncia); y la necesidad de un análisis de las razones de fondo sobre la falta de cumplimiento del pago de la indemnización, para conceder un nuevo aplazamiento u otra medida alternativa a la entrada en prisión como los trabajos en beneficio de la comunidad.
En consecuencia, del examen de las actuaciones, resulta que la vulneración del derecho del recurrente a la libertad personal (art. 17 CE) no fue invocada previamente ante los órganos judiciales cuyas decisiones se impugnan, por lo que este motivo incurriría en falta de la denuncia de la vulneración. En todo caso, hemos declarado reiteradamente que la suspensión de la ejecución de la pena no afecta directamente al derecho a la libertad personal (art. 17 CE), pues «la suspensión de la ejecución no es el título habilitante de la pérdida de libertad, sino una incidencia ejecutiva que modaliza, en beneficio del reo, el cumplimiento de la pena impuesto en dicho título, que es la sentencia condenatoria (por todas, STC 320/2006, de 15 de noviembre, FJ 4)» [ATC 3/2018, de 23 de enero, FJ 5 (ii)].
La queja basada en la infracción del art. 9 CE debe ser igualmente inadmitida, al haber sido invocada por primera vez en la demanda de amparo, sin respetar el carácter subsidiario de este recurso. Ello sin perjuicio de señalar, como indica el fiscal, que dicho precepto no regula derechos y libertades que sean susceptibles de tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, quedando circunscrito este a la protección de los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 y en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución y de la objeción de conciencia, conforme a lo establecido en los arts. 53.2 CE y 41.1 LOTC (SSTC 43/1991, de 25 de febrero, FJ 1, y 320/2006, de 15 de noviembre, FJ 2, y AATC 1021/1988, de 26 de septiembre, FJ 3, y 268/2006, de 6 de julio, FJ 5).
Finalmente, este tribunal conserva la potestad de declarar de oficio y no solo a instancia de parte, la inexistencia de algún presupuesto procesal de la demanda de amparo si así lo constata tras haber examinado las actuaciones del procesoa quoremitidas, luego de admitirse a trámite el recurso [últimamente, SSTC 78/2021, de 19 de abril, FJ 2; 42/2022, de 21 de marzo, FJ 2 c); 66/2022, de 2 de junio, FJ 3 A) a), esta última del Pleno, y 132/2022, de 24 de octubre, FJ 2 d)].
Partiendo de esta premisa, aunque ninguna de las partes lo ha puesto de manifiesto, cabe apreciar que la queja de la infracción del art. 25 CE, que se menciona por primera vez (sin el más mínimo desarrollo argumental) en el incidente de nulidad de actuaciones contra el auto de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial que desestimó el recurso de apelación y se reproduce en el recurso de amparo «privó de manera absoluta –no solo tardía– al órgano judicial responsable de la vulneración traída en amparo, a poder conocer y en su caso reparar la lesión invocada. Con ello el recurrente desconoció el carácter subsidiario de esta jurisdicción constitucional, lo que determina la inadmisibilidad de esta queja, de la que no cabe realizar por tanto un examen de fondo [entre otras, SSTC 173/2021, de 25 de octubre, FJ 3; 3/2022, de 24 de enero, FJ 1 B); 11/2022, de 7 de febrero, FJ 2 B); y 26/2022, de 24 de febrero, FJ único; y las que en ellas se citan]» [STC 132/2022, de 24 de octubre, FJ 2 d) ].
Resuelto el apartado de los óbices procesales, hemos de acceder a la queja de fondo que se mantiene, relativa a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva derivada de la ausencia de ponderación de las circunstancias personales del penado y de una motivación reforzada de la decisión de revocación de la suspensión de la pena.
3. Doctrina constitucional sobre la motivación de las decisiones de revocación de la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad y la valoración de la capacidad económica del penado en los supuestos de impago de la responsabilidad civil impuesta: STC 32/2022, de 7 de marzo.
Este tribunal ha declarado reiteradamente, como se ha indicado más arriba, que «la institución de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad afecta al valor libertad por cuanto incide en la forma de cumplimiento de la pena y en el efectivo ingreso en prisión del condenado, por más que el título jurídico habilitante para la restricción de la libertad personal sea la sentencia condenatoria (entre muchas, SSTC 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 7/2001, de 15 de enero, FFJJ 2 y 3; 110/2003, de 16 de junio, FJ 4, y 320/2006, de 15 de noviembre, FJ 4 )» [STC 32/2022, FJ 2 a)].
En consecuencia, este tribunal ha exigido en las resoluciones judiciales que deciden sobre la suspensión de la ejecución de la pena un canon reforzado de motivación, que se traduce en dos pautas: (i) «en sentido negativo, se ha rechazado reiteradamente que la simple referencia al carácter discrecional de la decisión del órgano judicial constituya motivación suficiente del ejercicio de dicha facultad»; (ii) «en sentido positivo, se ha especificado que el deber de fundamentación de estas resoluciones judiciales requiere la ponderación de las circunstancias individuales del penado, así como de los valores y bienes jurídicos comprometidos en la decisión, teniendo en cuenta la finalidad principal de la institución, la reeducación y reinserción social, y las otras finalidades, de prevención general, que legitiman la pena privativa de libertad» (STC 320/2006, FJ 4).
Asimismo, este tribunal se ha pronunciado sobre la regulación actual de la suspensión de la pena, el alcance del compromiso de pago de la responsabilidad civil antes de decidir sobre la suspensión de aquella y la relevancia de determinar la verdadera situación económica del penado en el momento de valorar las consecuencias de su incumplimiento. Así lo ha hecho en el ATC 3/2018, de 23 de enero, dictado por el Pleno de este tribunal, que inadmitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4074-2017 planteada por un juzgado en relación con la condición tercera del apartado segundo del art. 80 del Código penal, a partir de su reforma por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
En este auto el tribunal declaró que en esta reforma el legislador optó por un régimen en el que el penado debe comprometerse
«[A] satisfacer la responsabilidad civil impuesta de acuerdo “con su capacidad económica”, esto es, debiendo asumir que, como condenado que quiere evitar el cumplimiento efectivo de la pena que le ha sido impuesta, tiene la obligación de realizar algún tipo de esfuerzo, por mínimo que sea, para satisfacer sus responsabilidades frente a la víctima del delito cometido. Ello no obsta, sin embargo, a que durante la ejecución de la suspensión de la pena se valore si el impago finalmente producido responde a una verdadera situación de insolvencia o si se trata, en cambio, de un incumplimiento deliberado, eventualmente acompañado de una ocultación de bienes, quedando claro en la regulación en vigor que, si el penado resulta realmente insolvente, la suspensión de la ejecución de la pena no ha de ser revocada. Así lo señala categóricamente el artículo 86.1, letra d), que dispone la revocación de la suspensión cuando el penado:
“Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de capacidad económica para ello; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de enjuiciamiento civil”.
En definitiva, lo único que se exige en el momento de decidir sobre la suspensión de la ejecución es un compromiso mínimo por parte del penado de satisfacer la responsabilidad civil impuesta, de acuerdo con su capacidad económica. Esto es, se condiciona el otorgamiento de beneficio de suspensión a la asunción por el penado de una actitud favorable hacia la víctima, que implique el compromiso de realizar un mínimo esfuerzo tendente a resarcirla del daño. Si la situación económica del penado es realmente precaria, nada se opone, por ejemplo, en el nuevo esquema normativo diseñado por el legislador, a que ese esfuerzo consista en el compromiso de pagar la indemnización si esa capacidad económica mejora durante el plazo total de suspensión que haya sido concedido, jugando aquí la necesaria discrecionalidad judicial en la evaluación de cada caso concreto.
[…] Las razones por las que la indemnización no resulta, finalmente, satisfecha se valoran, por ello, como el legislador advierte expresamente en el preámbulo y materializa normativamente en el citado artículo 86.1 d) CP, en el momento en que el plazo conferido expira sin que se haya pagado.
Es fácil concluir, por ello, que la regulación cuestionada se limita a arbitrar un sistema en el que no se eximeab initioal penado de la obligación de indemnizar y en el que el condenado debe asumir la obligación de realizar un cierto esfuerzo para resarcir a su víctima, si quiere evitar el cumplimiento efectivo de la pena de prisión impuesta. Si ese resarcimiento no llega a producirse por razón de la precaria situación económica del reo, la suspensión no se verá en ningún caso revocada. […]
Nada se encuentra, en definitiva, en la regulación penal cuestionada que pueda entenderse como una regla impeditiva de la concesión de la suspensión de la ejecución a quien no puede hacer frente a las responsabilidades civiles por falta de capacidad económica, situación que, además, está expresamente prevista en el momento de decidir sobre la revocación del beneficio» (FJ 7).
Aunque inicialmente los pronunciamientos del Tribunal Constitucional relativos a la exigencia de una motivación reforzada en las decisiones que resolvían sobre la suspensión de la pena no aludían de forma expresa a la revocación de la suspensión, este tribunal en la STC 32/2022, de 7 de marzo, declaró que «sin duda es extrapolable a ella, en tanto esa institución se integra en el diseño legal de la institución (sección primera “De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad” del capítulo III “De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional”) como elemento estructural de esa forma sustitutiva y la decisión al respecto afecta a la libertad personal del sujeto, pues determina el modo de cumplimiento hasta el punto de determinar el ingreso en prisión». En el mismo sentido, aplicando la doctrina fijada en la STC 32/2022, se han pronunciado recientemente las SSTC 184/2023, de 11 de diciembre; 39/2024, de 11 de marzo; 70/2024, de 6 de mayo, y 78/2024, de 20 de mayo.
En la STC 32/2022 citada se recoge la doctrina constitucional relativa al papel que la capacidad económica del sujeto desempeña en las decisiones de suspensión y revocación de la responsabilidad civil recogida en el ATC 3/2018 citado y concluye que «ni la suspensión ni la revocación pueden condicionarse al pago de la responsabilidad civil cuando es imposible ese pago. En especial, la motivación de las decisiones judiciales que revocan una suspensión deben tener presente esta regla en su examen de la concurrencia de los presupuestos legales de tal consecuencia, que a su vez la reflejan [art. 86.1 d) CP: “salvo que careciera de capacidad económica para ello”], junto con la ponderación de los bienes y derechos en conflicto de conformidad con los fines constitucionalmente fijados de las penas privativas de libertad y la orientación a la reeducación y reinserción social inherente a la figura de la suspensión como alternativa a los efectos contrarios de las penas privativas de libertad cortas» (STC 32/2022, FJ 4).
4. Aplicación de la doctrina al caso. Incumplimiento de las exigencias constitucionales de motivación de la decisión de revocar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad.
A la luz de la doctrina referida, este tribunal considera que la motivación ofrecida por las resoluciones impugnadas no colma las exigencias que impone el art. 24.1 CE en relación con el art. 17 CE, cuando se trata de revocar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad.
Como quedó consignado con mayor detalle en los antecedentes, el inicial auto de 30 de junio de 2021 del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Sevilla, que acordó la revocación de la suspensión, funda su decisión en el transcurso de más de tres años desde la firmeza de la sentencia sin que el penado hubiese abonado ni un solo euro del importe impuesto en concepto de responsabilidad civil, «sabiendo que ello era condición del mantenimiento de la suspensión». El juzgado considera que ello supone una conducta suficiente para acreditar la ausencia de una voluntad real de pago y de resarcimiento del daño causado a la víctima. Y afirma que el art. 86 CP no contempla el supuesto del incumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas del delito por el que el penado ha sido condenado, ya que es una de las condiciones fundamentales previstas en el art. 80 CP, que no puede ser obviada ni siquiera en los supuestos excepcionales de los apartados 3 y 5 del mismo artículo.
El auto de 30 de noviembre de 2021 del mismo Juzgado de lo Penal núm. 4 de Sevilla fundamentó la desestimación del recurso de reforma argumentando lo siguiente: (i) que la interpretación del inciso del art. 86.1 d) CP permitiendo a los penados «seguir disfrutando del beneficio de la suspensión, aunque se desentienda[n] del pago de la indemnización fijada como responsabilidad civil en sentencia, aduciendo su situación económica», vaciaría de contenido las previsiones introducidas por la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 en materia de suspensión de las penas privativas de libertad con la finalidad de proteger a la víctima, principal foco de atención de dicha reforma; (ii) que el penado podía «atravesar una situación económica complicada» pero «no realizar un solo pago, por pequeño que sea, no puede sino obedecer a una actitud rebelde al cumplimiento de lo acordado en sentencia, sin ser relevante que se haya acordado la insolvencia del penado, ya que el cumplimiento de la pena no implica una ‘prisión por deudas’, sino la ejecución de una sentencia en la que al penado se le impuso una pena de prisión, concediéndole un beneficio excepcional en su ejecución, consistente en la suspensión de su complimiento siempre que el penado cumpliera una serie de condiciones, entre las que se encontraba el pago de la responsabilidad civil»; (iii) que el penado aceptó estas condiciones para acceder a la suspensión y «si ha venido a peor fortuna ello no empece el hecho de que ha sido condenado a una pena de prisión, la cual debe ser cumplida en sus estrictos términos»; (iv) que se apreciaba una absoluta falta de colaboración del penado con la administración de justicia que «no deb[ía] ser premiada con beneficios en la ejecución de la pena como es la concesión de un nuevo aplazamiento en el pago de la indemnización».
El auto de 14 de marzo de 2022 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó la apelación insistiendo en que el penado no había hecho, a lo largo de un periodo de tres años, el más mínimo ingreso, lo que demostraba una actitud contraria u obstativa a reparar el daño causado y, en definitiva, a rehabilitarse. Y la Audiencia Provincial añadía: «debiendo tenerse en cuenta a mayor abundamiento que con posterioridad al referido delito ha cometido otro delito de lesiones, concretamente el 26 de julio de 2015 por el que fue condenado a la pena de dos años de prisión, que le fue suspendida también por plazo de tres años el 4 de octubre de 2018, y un delito de desobediencia el 10 de septiembre de 2018, cuando ya se había concedido la suspensión por el delito de lesiones objeto de la presente ejecutoria si bien no se le había notificado personalmente la misma». La Audiencia Provincial confirmó la revocación de la suspensión al estimar que se había producido «un incumplimiento grave o reiterado de la condición que le fue impuesta para la concesión de la suspensión, el cual no es un derecho del penado, siendo la regla general el cumplimiento de la pena tal y como fue impuesta en la sentencia».
Finalmente, la providencia de 27 de abril de 2022 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones formulado, indicando, únicamente, que en la resolución cuya nulidad se pretendía se habían razonado y expuesto los argumentos que justificaban la revocación de la suspensión debidamente acordada por el Juzgado de lo Penal.
Ninguno de los argumentos expuestos colma la exigencia constitucional de motivación conforme a los art. 24.1 y 17 CE que, en estos supuestos, exige atender a la capacidad económica del sujeto. Y ello por los siguientes motivos.
a) Las resoluciones impugnadas se refieren, reiteradamente, al incumplimiento de la obligación de pago de la responsabilidad civil como fundamento de la revocación de la suspensión. Sin embargo, este tribunal ha declarado que «vincular sin solución de continuidad la revocación con el impago de la responsabilidad civil no solo desconoce la previsión del art. 86.4 CP, que […] no anuda automáticamente esa consecuencia al incumplimiento del compromiso de pago, sino que exige comprobar la paralela capacidad económica [del penado] para satisfacerla» (STC 32/2022, FJ 5). Es preciso verificar la existencia efectiva del poder de pago como condición de la revocación, pues es claro «en la regulación en vigor que, si el penado resulta realmente insolvente, la suspensión de la ejecución de la pena no ha de ser revocada» (ATC 3/2018, FJ 7).
b) El Juzgado de lo Penal núm. 4 de Sevilla considera que mantener el beneficio de la suspensión, aunque los penados «se desentiendan» del pago de la responsabilidad civil aduciendo su situación económica, vaciaría de contenido las previsiones de la reforma efectuada por la Ley Orgánica 1/2015 en materia de suspensión de las penas privativas de libertad con la finalidad de proteger a la víctima, principal foco de atención de dicha reforma. Frente a esta argumentación debe recordarse que este tribunal ha rechazado expresamente que el derecho de reparación de la víctima pueda constituir el fundamento de la revocación de la suspensión de la pena en los supuestos de impago de la responsabilidad civil por imposibilidad material del penado.
Como señalamos en el ATC 3/2018, de 23 de enero, FJ 6, en el nuevo sistema, fruto de la reforma efectuada por la Ley Orgánica 1/2015, la clave se encuentra en «vincular la concesión de la suspensión, en todo caso y cualquiera que sea la situación económica por la que circunstancialmente pase el penado, a la asunción por parte del reo de su deber de resarcir a la víctima en la medida de sus posibilidades, de modo que dicho deber no desaparezca rituariamente al inicio de la ejecución de la condena, exigiéndose en todo momento una actitud positiva hacia el cumplimiento de la responsabilidad civil. Las razones por las que la indemnización no resulta, finalmente, satisfecha se valoran, por ello, como el legislador advierte expresamente en el preámbulo y materializa normativamente en el citado artículo 86.1 d) CP, en el momento en que el plazo conferido expira sin que se haya pagado». En el mismo sentido declaramos en la STC 32/2022, FJ 5 b): «El derecho a la reparación de la víctima y, en general, los planteamientos victimológicos que incorpora el régimen de la suspensión y que puedan haber impulsado la reforma, por más que puedan explicar la nueva regulación y orientar la interpretación de la misma, encuentran su límite en la prohibición de condicionarla al pago de la responsabilidad civil cuando no hay capacidad de cumplimiento».
c) Las resoluciones judiciales impugnadas señalan que el penado sabía que el pago de la responsabilidad civil era condición del mantenimiento de la suspensión y el mismo «aceptó estas condiciones para acceder a la suspensión». Con este argumento desconocen, por tanto, que este tribunal ha señalado que el compromiso de pago del penado previo a la concesión de la suspensión de la pena es un «indicio no concluyente de la real capacidad económica del sujeto incumplidor» y que, por más que efectivamente pueda no haber un cambio de circunstancias ya que el penado siempre careció de poder de pago, debe tenerse presente que la cancelación de la suspensión se vincula legalmente al incumplimiento cuando es posible hacer frente al pago comprometido. En este sentido, «inferir una capacidad de cumplimiento al resolver sobre una revocación por impago de la responsabilidad civil de la inicial asunción del compromiso de pago […] desdibuja el papel que esa comprobación tiene en el sistema de suspensión. Aunque no sea irrazonable considerar un indicio de la capacidad económica la asunción por el condenado de un concreto plan de pagos al tiempo de acordar la suspensión, ese indicio resulta insuficiente cuando se trata de verificar la existencia efectiva de dicho poder de pago como condición para revocar. […] Se trata de un indicio no concluyente de la real capacidad económica del sujeto incumplidor que alega carecer de ella, como es el caso, si no viene acompañado de otros que apuntalen la conclusión sobre la efectiva solvencia. A la postre, conformarse con una motivación que pivota fundamentalmente sobre ese indicio frente a lo alegado en contra por el condenado conduce a la ausencia de un examen de la efectiva capacidad económica del sujeto, como ha ocurrido en el asunto de fondo, de modo que la revocación se apoya en una presunción de capacidad y no en la concurrencia de la misma como exige el art. 86.1 d) CP y el entendimiento constitucional de la suspensión» [STC 32/2022, FJ 5 c) (ii)].
d) Tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia Provincial afirman que el hecho de que el penado no hubiese abonado ninguna cantidad para el pago de la responsabilidad civil supone una conducta suficiente para acreditar la ausencia de una voluntad real de pago y de resarcimiento del daño causado a la víctima. Sin embargo, «conjeturar sobre intenciones y atribuir negligencias no satisface el canon de motivación específica o reforzada que debe presidir la adopción y también la revisión por el órgano judicial de apelación de una decisión de revocación de la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad. Porque con esas conjeturas y atribuciones se deja de analizar la capacidad económica del penado en el momento de adoptar la decisión de revocación y no se valora si el impago fue injustificado o imposible por faltar dicha capacidad, tal y como exige el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad personal en esta clase de decisiones en atención, como dijimos, a los intereses en juego y se desprende, además, de la propia ley penal que impide efectuar un pronunciamiento revocatorio por impago de la responsabilidad civil cuando el penado ‘careciera de capacidad económica para ello’ [art. 86.1 d) CP]» [STC 39/2024, de 11 de marzo, FJ 4 c)].
Como se indica en la STC 32/2022, «[c]abe esperar por ello del juez un razonamiento con el máximo detalle que en función de las circunstancias del caso sea posible sobre la capacidad económica real del condenado que niega tenerla o haberla perdido». Y «[a] tal efecto, los órganos judiciales deberán valorar, claro está, las alegaciones y pruebas aportadas por las partes sobre su capacidad económica con el fin satisfacer el contenido más elemental del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Pero, para cumplir con las exigencias de motivación específica de las decisiones de revocación, los órganos judiciales no se podrán limitar a valorar lo que las partes hubieran podido alegar y aportar, sino que atenderán asimismo a lo actuado en la ejecutoria, donde encontrarán normalmente elementos o resoluciones que servirán para efectuar aquel examen de la situación patrimonial. De no existir o ser insuficientes, los órganos judiciales realizarán de oficio las averiguaciones que resulten precisas para efectuar el análisis debido, actuación de oficio que se estima proporcionada porque de ella puede depender que se mantenga o revoque la situación de libertad en la que el penado se halla» [STC 39/2024, de 11 de marzo, FJ 4 c)].
En el presente caso constaba en las actuaciones la documental aportada por el demandante para acreditar su falta de capacidad económica –cuya verificación a través del punto neutro judicial reiteradamente solicitó–, así como el resultado de dos averiguaciones patrimoniales previamente efectuadas (la última de ellas acordada en el año 2021) y la declaración de insolvencia del penado. Y, sin embargo, la decisión de revocación se adoptó sin analizar la documental existente ni efectuar ninguna indagación, como había sido solicitado por el penado y los órganos judiciales podían efectuar de oficio.
Desde la posición de este tribunal, no nos corresponde efectuar la valoración de los datos existentes para llegar a determinar la capacidad económica real del penado y su voluntad en relación con el impago de la responsabilidad civil. Pero sí resolver que las resoluciones judiciales incumplieron con el canon de motivación reforzada exigible al fundar su decisión, de forma automática, en el impago de la responsabilidad civil y no realizar aquella valoración, requisito ineludible para determinar la capacidad económica real del penado y ponderar el eventual carácter injustificado del impago, que podría suponer la revocación de la suspensión de la pena concedida.
e) Mención aparte requiere la referencia efectuada por la Audiencia Provincial en su auto, que desestimó el recurso de apelación por la existencia de nuevas condenas que justificaría «a mayor abundamiento» la revocación de la suspensión de la pena de prisión. La Audiencia Provincial puso de manifiesto que «con posterioridad al referido delito ha cometido otro delito de lesiones, concretamente el 26 de julio de 2015 por el que fue condenado a la pena de dos años de prisión, que le fue suspendida también por plazo de tres años el 4 de octubre de 2018, y un delito de desobediencia el 10 de septiembre de 2018, cuando ya se había concedido la suspensión por el delito de lesiones objeto de la presente ejecutoria si bien no se le había notificado personalmente la misma».
La referencia a este antecedente, que en el informe del fiscal se indica que «cabría tildar dereformatio in peiusargumental», tampoco puede ser acogida como fundamento de la revocación de acuerdo con las exigencias de la doctrina constitucional.
En primer lugar, el debate ante los órganos judiciales previo a la revocación de la suspensión acordada en el auto de 30 de junio de 2021 se centró en el único argumento del impago de la responsabilidad civil una vez transcurrido el plazo de suspensión. Así se desprende de la diligencia de ordenación de 4 de mayo de 2021, que puso de manifiesto la ausencia de ingresos en la cuenta de consignaciones del juzgado, dio traslado al Ministerio Fiscal y acordó dar traslado también a su defensa «para que presente alegaciones por plazo de cinco días sobre la posible revocación por incumplimiento del requisito de pago de la responsabilidad civil», de los escritos de las partes y las sucesivas resoluciones judiciales dictadas (salvo el inciso examinado del auto de la Audiencia Provincial).
En consecuencia, sin perjuicio de que efectivamente la comisión de un nuevo delito durante el plazo de suspensión de la pena pueda justificar su revocación [art. 86.1 a) CP], la doctrina constitucional exige dar al penado en todo caso la oportunidad de alegar y discutir en un procedimiento contradictorio y en igualdad de armas la presencia de esas circunstancias que pueden determinar la revocación de la suspensión, en tanto que se decide sobre el cumplimiento de una pena de prisión (STC 32/2022, FJ 2). Esta oportunidad no fue cumplimentada en este procedimiento.
Más aún cuando se advierte que las dos condenas a las que se refiere la Audiencia Provincial –una recaída el 11 de abril de 2018 (por hechos cometidos el 26 de julio de 2015) y otra condena del 11 de septiembre de 2018 (por hechos cometidos el 10 de septiembre de 2018)–, ya constaban en la consulta efectuada al registro central de penados el 22 de octubre de 2019 y, a pesar de su existencia, el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Sevilla, en su auto de 4 de diciembre de 2019, acordó el mantenimiento del beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad, según se ha dejado constancia en los antecedentes, indicando que las condiciones de la suspensión le habían sido notificadas al penado con posterioridad al hecho determinante de la condena dictada el 11 de septiembre de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Morón de la Frontera. Esta circunstancia también era predicable de la condena dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla de 11 de abril de 2018.
f) Finalmente, como en el supuesto contemplado en la STC 132/2022, de 24 de octubre, FJ 4 c) (iii), nada hace la sección de ejecución de la Audiencia Provincial por reparar la lesión del derecho a una motivación reforzada exigible en este ámbito, al inadmitir por providencia de 27 de abril de 2022 el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la anterior resolución. Providencia en la que, sin ninguna concreción, se aduce que en la resolución cuya nulidad se pretendía se habían razonado y expuesto los argumentos que justificaban la revocación de la suspensión debidamente acordada por el Juzgado de lo Penal.
5. Resolución del recurso: estimación y efectos.
De acuerdo con lo expuesto en el fundamento anterior, las resoluciones judiciales impugnadas carecen de la motivación reforzada exigible, al haber revocado la suspensión de la pena de prisión con base en el incumplimiento total del pago de la responsabilidad civil, sin que la fundamentación de las resoluciones recurridas justifique la concurrencia del presupuesto de la revocación (cual es el impago injustificado) ni tenga en cuenta las circunstancias de solvencia del sujeto.
Al motivar de forma no compatible con las exigencias constitucionales la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, las resoluciones impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en relación con su derecho a la libertad del recurrente (arts. 24.1 y 17 CE).
Ha de estimarse por ello la demanda interpuesta, acordando como medidas para la reparación del derecho vulnerado (i) la nulidad de todas las resoluciones impugnadas y la de todas las actuaciones posteriores dirigidas, como consecuencia de dichas resoluciones, a ejecutar la pena privativa de libertad impuesta al recurrente; y, (ii) como solicita el Ministerio Fiscal, la retroacción de las actuaciones de la ejecutoria al momento inmediatamente anterior al de haber sido dictado el auto de 30 de junio de 2021. Corresponde, pues, al órgano judicial, a la vista de las circunstancias del caso, dictar en su lugar otra resolución que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido, en relación con el recurso de amparo interpuesto por don Borja Gil Marín:
1.º Inadmitir los motivos invocados en la demanda que plantean la lesión del derecho fundamental a la libertad (art. 17 CE) y la vulneración de los arts. 9 y 25 CE.
2.º Estimar la demanda por falta de motivación reforzada de las resoluciones impugnadas, declarando vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la libertad individual (art. 17 CE).
3.º Restablecer al demandante en la integridad de su derecho y, a tal fin:
(i) Declarar la nulidad de los autos de 30 de junio y 30 de noviembre de 2021 del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Sevilla, del auto de 14 de marzo y la providencia de 27 de abril de 2022 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla y la de todas las actuaciones posteriores dirigidas, como consecuencia de dichas resoluciones, a ejecutar la pena privativa de libertad impuesta al recurrente;
(ii) Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse el auto de 30 de junio de 2021 por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Sevilla, para que el órgano judicial pronuncie una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.–Inmaculada Montalbán Montero.–María Luisa Sanz Giménez.–Ramón Marín Hernándeznrique Arnaldo Martínez Tolosa Tribiño.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.