Categoría: Normativas

La Directora General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Director General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles han suscrito un Convenio para el suministro de información.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la presente resolución.
Madrid, 25 de septiembre de 2023.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrero Hernández.
2 de agosto de 2023.
De una parte, doña Soledad Marín Gallego, actuando en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con domicilio social en Infanta Mercedes, 37, Madrid, y NIF Q2826000H, en su condición de Directora General, cargo para el que fue designada por Real Decreto 436/2022, de 8 de junio, actuando por delegación de firma conferida por el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante Resolución de 19 de julio de 2023, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 103.tres.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
Y de otra, don Ángel Moreno Guerrero, actuando en nombre y representación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles., con domicilio en la calle Prado, 24, 28014 de Madrid y NIF G72872815, en su condición de Director General. Asimismo, don Ángel Moreno Guerrero se encuentra facultado para este acto en virtud de escritura de elevación a público de acuerdos sociales autorizada por notario.
Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para formalizar el presente convenio, realizan la siguiente
La Agencia Estatal de Administración Tributaria es la entidad de derecho público encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de aquellos recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio.
La Organización Nacional de Ciegos Españoles es una corporación de derecho público de carácter social, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar y de autoorganización cuyos fines sociales se dirigen a la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas de nacionalidad española con ceguera o con deficiencia visual grave, mediante la prestación de servicios sociales.
Los representantes de ambas partes consideran que sería muy beneficioso el establecer un sistema estable y periódico de suministro de información por parte de la Organización Nacional de Ciegos Españoles a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Actualmente, la Organización Nacional de Ciegos Españoles remite, por obligación legal, el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas mediante la presentación de la declaración informativa (modelo 270). En esta declaración se proporciona determinada información sobre las loterías comercializadas por dicha entidad, tales como la identificación del perceptor de los premios y de su representante legal, la fecha de celebración del sorteo, fecha de pago del premio, importe íntegro del premio, base de retención o ingreso a cuenta, importe de retención o ingreso a cuenta, así como datos adicionales acerca de si el perceptor del premio es una persona o entidad no residente sin establecimiento permanente y no dispone de un número de identificación fiscal asignado por la Administración tributaria española.
Recientemente, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ha reconocido de forma expresa el deber especial de colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, incluido el suministro de determinados datos con trascendencia tributaria.
Así, el artículo decimoséptimo de la citada ley, sobre modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en su apartado 8 añade una disposición adicional octava con la siguiente redacción:
«Suministro de información de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA, y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
1. La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA y la Organización Nacional de Ciegos Españoles, como operadores designados para la comercialización de juegos de loterías de ámbito estatal regulados en esta Ley, colaborarán con la Administración Tributaria del Estado suministrando determinados datos con trascendencia tributaria en el ámbito de las loterías y apuestas que organicen.
En particular, sin perjuicio de otras formas de colaboración que puedan resultar procedentes, el operador informará mensualmente por medios electrónicos sobre los premios pagados sujetos o no a retención, con identificación del perceptor y de su representante legal, fecha de celebración del sorteo o apuesta, fecha de pago del premio y forma de pago, y, en su caso, importe de la retención o ingreso a cuenta.
2. El convenio que suscriba el operador con la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecerá la forma y el plazo de presentación de la información y contendrá la información a que se refiere el apartado anterior, así como cualquier otro dato relevante al efecto para concretar aquella información. A dicho convenio le resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 94.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.»
El suministro de información constituye una herramienta de refuerzo del estricto control público al que está sometida la Organización Nacional de Ciegos Españoles, exigido en la exposición de motivos de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, al justificar la reserva de la actividad del juego de loterías a determinados operadores para asegurar la protección de los intereses del Estado contra los riesgos de fraude y criminalidad.
De acuerdo con lo expuesto, el suministro de información de la Organización Nacional de Ciegos Españoles a la Agencia Estatal de Administración Tributaria viene posibilitado por la legislación tributaria, de acuerdo con el artículo 94.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece que «Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.»
Además, conforme al apartado quinto del mismo precepto, «La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.»
Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes pueden, en el ámbito de sus competencias, suscribir convenios con otros sujetos de derecho público y privado, sin que ello suponga cesión de la titularidad de sus competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, con el contenido y por los trámites establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Razones de eficacia en el ejercicio de las facultades atribuidas a las partes signatarias justifican, de una parte, el establecimiento de un sistema de suministro de información que permita a la Agencia Estatal de Administración Tributaria disponer de la información que precisa para el ejercicio de sus funciones de forma ágil y, de otra, una disminución de los costes soportados por ambas partes. Dicho sistema, basado en las modernas tecnologías, se regula a través del presente convenio, dado que el suministro se producirá sobre los datos de un elevado número de interesados o afectados y habrá de verificarse de una forma periódica y continuada en el tiempo.
En todo caso, el suministro de información previsto en el ámbito de aplicación de este convenio se realizará con respeto a los derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y a la protección de datos personales que prescriben los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la Constitución Española, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en las demás disposiciones legales y reglamentarias del ordenamiento interno en materia de protección de datos de carácter personal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 94.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En consecuencia, al resultar jurídicamente procedente el establecimiento del marco de colaboración descrito y al haberse cumplido los trámites de carácter preceptivo, en particular, el Informe previo del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre el proyecto, ambas partes acuerdan celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes
El presente convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración sobre las condiciones y procedimientos por los que se debe regir el suministro periódico de información por parte de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (en adelante, «ONCE») a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, «Agencia Tributaria») en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, preservando en todo caso la privacidad de los datos y los derechos de las personas a las que se refiera la información.
El presente convenio se entiende sin perjuicio de la colaboración e intercambio de información que pueda tener lugar entre la Agencia Tributaria y la ONCE conforme al ordenamiento jurídico en supuestos distintos de los regulados por este convenio, en particular, la atención de otros requerimientos de información que los órganos competentes de la Agencia Tributaria puedan realizar a la ONCE al amparo del artículo 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, Ley General Tributaria).
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley General Tributaria, la cesión de información que efectúe la ONCE tendrá como finalidad exclusiva el cumplimiento de las funciones atribuidas a la Agencia Tributaria por normas de obligado cumplimiento, en particular, las referidas a la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de aquellos recursos de otras Administraciones y Entes Públicos, nacionales o de la Unión Europea, cuya gestión se encomiende a la Agencia Tributaria por ley o por convenio.
En aplicación de lo dispuesto por la normativa de protección de datos de carácter personal, el suministro de información regulado en el presente convenio al amparo del artículo 94 de la Ley General Tributaria no precisará el consentimiento de los titulares de los datos.
En relación con los premios de los juegos de lotería gestionados por la ONCE, mensualmente se suministrará a la Agencia Tributaria por medios electrónicos la siguiente información, en la medida en que esté disponible:
– Datos identificativos del perceptor y del representante legal, en su caso.
– Tipo de perceptor.
– Provincia de residencia fiscal del perceptor.
– Fecha de celebración del sorteo.
– Fecha de pago del premio.
– Importe íntegro del premio, y si está sujeto a retención.
– Base de retención o ingreso a cuenta.
– Importe de retención o ingreso a cuenta.
– Gestor de cobro.
– Si el perceptor fuera una persona o entidad no residente en territorio español que opera sin establecimiento permanente: NIF en el país de residencia fiscal (si no dispone de NIF asignado por la Administración tributaria española), clave de personalidad, país o territorio de residencia fiscal.
– Si el perceptor fuera una persona física no residente en territorio español que opera sin establecimiento permanente: fecha y lugar de nacimiento.
Adicionalmente, para el cumplimiento de las finalidades descritas en la cláusula segunda del presente convenio, se establecen los siguientes suministros de información por parte de la ONCE a la Agencia Tributaria, que deberán realizarse con la periodicidad que se detalla a continuación:
La información de la presente cláusula se referirá a premios de importe superior a 20.000 euros, sin perjuicio de que, previo acuerdo de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la cláusula séptima, este importe pueda modificarse.
1. Las medidas de seguridad en el acceso y tratamiento de la información suministrada, titularidad de la ONCE, se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, y en las Políticas de Seguridad de la Información de la Agencia Tributaria y de la ONCE.
2. Se establecen los siguientes controles sobre la custodia y la utilización de la información suministrada al amparo de este convenio:
a) Control interno por parte del ente cesionario de la información.
La Agencia Tributaria llevará a cabo controles sobre la custodia y utilización que de los datos recibidos realicen las autoridades, funcionarios o el resto de personal dependiente de ella, pudiendo informar, en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la cláusula séptima del presente convenio, a la ONCE de los resultados obtenidos en dicho seguimiento.
b) Control por el ente titular de la información cedida.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la ONCE podrá establecer cualquier sistema de comprobación accesorio, a cuyo efecto el responsable de seguridad de ésta podrá solicitar de su homólogo la información que estime pertinente relativa a las incidencias producidas.
Cuando se planteen dudas sobre la custodia o la utilización de la información cedida, la ONCE podrá dirigirse a la Agencia Tributaria para que realice las comprobaciones y adopte las medidas que estime pertinentes. Si las dudas tienen carácter previo al suministro de la información, éste podrá suspenderse hasta que queden completamente aclaradas o se adopten las medidas que resulten procedentes.
3. Las partes se comprometen a colaborar en la investigación y resolución de las incidencias de seguridad. En particular, en el caso de detectarse un riesgo inminente o una incidencia de seguridad que afecte significativamente a los intercambios de información, las partes podrán interrumpir temporalmente los suministros dando aviso a la contraparte, comunicándolo de inmediato a la Comisión prevista en la cláusula octava.
1. Cuantas autoridades, funcionarios y resto del personal tengan conocimiento de los datos o información suministrados en virtud de este convenio estarán obligados a la más estricta y completa confidencialidad y exclusivamente para el cumplimiento de las finalidades previstas en este convenio. La violación de estas obligaciones implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos.
2. El expediente administrativo para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en ejecución de este convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida la responsabilidad, en su caso, ejercitando las acciones que procedan, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro tipo de personal responsable de dicha utilización indebida.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se crea, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes nombrados por la persona titular de la Dirección General de la Agencia Tributaria y otros tres nombrados por la persona titular de la Dirección General de la ONCE.
En calidad de asesores, con derecho a voz pero sin voto, podrán incorporarse cualesquiera otros representantes que se considere necesario, que deberán cumplir la obligación de sigilo a que se refiere la cláusula anterior.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada doce meses, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada.
Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio serán resueltas en el seno de la Comisión.
En caso de cambios normativos que puedan afectar al presente convenio, la Comisión propondrá las modificaciones oportunas para su adecuación a la nueva normativa que resulte aplicable.
La Comisión se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
1. El presente convenio se perfeccionará con el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y mantendrá su vigencia por un periodo de cuatro años. Asimismo, una vez inscrito en el citado Registro Electrónico, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de diez días hábiles desde su formalización.
2. En cualquier momento antes de finalizar su vigencia, por acuerdo unánime de los firmantes, el convenio se podrá prorrogar expresamente por un periodo de hasta cuatro años adicionales. Dicha prórroga será comunicada al citado Registro Electrónico. Transcurridos estos cuatro años adicionales el convenio quedará extinto y en caso de que hubiera de continuarse asumiendo los compromisos contenidos en el mismo, será necesario suscribir uno nuevo.
Durante la vigencia del convenio la ONCE podrá acordar de forma inmediata la suspensión unilateral o la limitación del suministro de la información cuando advierta incumplimientos de la obligación de confidencialidad por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal de la Agencia Tributaria, anomalías o irregularidades en el régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de acuerdo con lo previsto en este convenio. Lo anterior sin perjuicio de que tales incumplimientos, en su caso, puedan dar lugar a la resolución del convenio según lo previsto en la cláusula novena siguiente.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, tal y como se establece en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, además de la causa indicada en el párrafo anterior también serán causas de resolución de este convenio las siguientes:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado expresamente su prórroga.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión prevista en la cláusula séptima.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) La decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Asimismo, será causa de finalización del convenio la comunicación expresa de cualquiera de las partes en cualquier momento y sin necesidad de invocar causa alguna, que surtirá efecto transcurridos dos meses desde que se comunique fehacientemente a la otra parte, sin perjuicio de la facultad de suspensión prevista en la cláusula anterior.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por incumplimiento de las obligaciones del convenio o por su extinción, sin perjuicio de la responsabilidad de cada una de las partes por los perjuicios que se pudieran causar a terceros. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar lugar a la resolución del presente convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula novena y, en su caso, motivar la suspensión o limitación del suministro de información previstas en la cláusula octava.
Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en el presente convenio, no se asumen obligaciones ni compromisos económicos de naturaleza ordinaria ni extraordinaria por ninguna de las partes.
Para la modificación del presente convenio se estará a lo dispuesto en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se comprometen a colaborar en todo lo que les sea de aplicación para la efectiva adecuación del presente convenio a los trámites previstos en dicha Ley, en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos y al artículo 48.8 sobre su eficacia.
Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula séptima, las controversias no resueltas por la Comisión de Coordinación y Seguimiento que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, las partes se comprometen a cumplir con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales; y en las disposiciones legales y reglamentarias del ordenamiento interno en materia de protección de datos de carácter personal o, en su defecto, en aquella normativa que resulte de aplicación a estos efectos.
Los datos personales contenidos en el presente convenio serán tratados e incluidos en el registro de actividades de tratamientos de datos de carácter personal responsabilidad de cada parte del convenio para la gestión y el control del desarrollo del convenio y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones legales. Los titulares de los datos pueden ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD dirigiéndose a la Agencia Tributaria o a la ONCE, según los medios que cada organismo ponga a disposición para dicho ejercicio. En el caso de la ONCE, las comunicaciones se dirigirán al Delegado de Protección de Datos de la ONCE a la dirección postal de la calle Prado n.º 24, 28014 Madrid o al correo electrónico dpdatos@once.es. En el caso de la Agencia Tributaria, a la dirección dpd@correo.aeat.es. No obstante, si bien el ejercicio de acceso puede ser contestado tanto por la Agencia Tributaria como por la ONCE, los derechos relativos a la rectificación, cancelación u oposición deberán ser atendidos por la ONCE, como responsable de la recogida de los datos.
Tanto la Agencia Tributaria como la ONCE son responsables del tratamiento de los datos personales en su ámbito de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos.
En el caso de la Agencia Tributaria, el Responsable del Tratamiento a efectos del Reglamento General de Protección de Datos es la persona titular de la Dirección General.
En el caso de la ONCE el Responsable del Tratamiento a efectos del Reglamento General de Protección de Datos es el Director General de la ONCE.
En particular, cada parte garantiza a la otra haber informado a los titulares de los datos de los tratamientos previstos en esta estipulación en los términos previstos por el Reglamento General de Protección de Datos.
En prueba de conformidad, ambas partes firman electrónicamente el presente convenio en el lugar indicado en el encabezamiento.–Por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Directora General, Soledad Marín Gallego.–Por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, el Director General, Ángel Moreno Guerrero.