Categoría: Judicial

ar que no ha quedado justificado el presupuesto habilitante que exige el art. 86.1 CE y por entender que los preceptos cuestionados contravienen el derecho a la libertad sindical del art. 28.1 CE.
2. Requisitos procesales para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
La concurrencia de los requisitos procesales exigidos por el art. 35 LOTC puede ser examinada no solo en el trámite de admisión previsto en el art. 37 LOTC, sino también en la sentencia que ponga fin al proceso constitucional (entre otras muchas, STC 126/2021, de 3 de junio, FJ 2) y este examen, en tanto que afecta a los presupuestos de admisión, es una cuestión de orden público procesal que puede efectuarse de oficio por el Tribunal (STC 98/2022, de 12 de julio, FJ 2, y las que allí se citan).
Entre otras, son condiciones procesales de la cuestión de inconstitucionalidad que los preceptos cuestionados resulten «aplicables al caso» (juicio de aplicabilidad) y que de su «validez dependa el fallo» (juicio de relevancia), tal y como exigen los arts. 163 CE y 35 LOTC. Es esta una doble condición necesaria y sucesiva para que este proceso mantenga su naturaleza incidental y no se convierta en un juicio abstracto de constitucionalidad desligado de las circunstancias del caso concreto, lo que daría lugar a una ampliación de la legitimación para interponer recurso abstracto o directo de inconstitucionalidad establecida en la Constitución [art. 162.1 a)] y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 32.1).
Sobre ambos juicios, de aplicabilidad y relevancia, ejerce este tribunal un control «meramente externo» (ATC 159/2016, de 20 de septiembre, FJ 2), lo que significa que debe verificar su concurrencia a fin de que no se haga un uso de la cuestión de inconstitucionalidad «no acomodado a su naturaleza y finalidad propias» (ATC 9/2019, de 12 de febrero, FJ 2, con cita de otros), pero no sustituir al órgano judicial en la determinación de ese nexo causal (STC 41/1990, de 15 de marzo, FJ 2), que es una tarea propiamente jurisdiccional y por tanto reservada a aquel (art. 117.3 CE). Corresponde, pues, a este tribunal verificar que el órgano judicial ha argumentado suficientemente la relación entre su duda de constitucionalidad y el proceso que está pendiente ante él, pues de lo contrario la cuestión de inconstitucionalidad puede perder el carácter concreto que la caracteriza (ATC 20/2022, de 26 de enero, FJ 4).
Los preceptos cuestionados no estaban vigentes en el momento que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad. La Ley de Cortes de Aragón 1/2021, de 11 febrero, de simplificación administrativa de Aragón, vino a regular en sus arts. 12 y 13, las unidades transitorias de apoyo a la gestión y el régimen especial de atribución temporal de funciones, reemplazando así a la regulación que de estas materias establecían los arts. 10 y 11 del Decreto-ley 4/2020. En la disposición adicional segunda de la citada Ley 1/2021 se establece, igualmente, una regulación del teletrabajo, materia regulada en el cuestionado art. 13. Por último hay que señalar que los preceptos objeto de la presente cuestión habían sido derogados, como todo el Decreto-ley 4/2020, por la disposición derogatoria única, apartado segundo c), de la misma Ley 1/2021.
Es preciso, por tanto, determinar las consecuencias que este hecho tiene a los efectos de la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad desde la perspectiva del primero de los requisitos antes citados, el denominado juicio de aplicabilidad. Al respecto, cabe recordar también que el Tribunal –desde el respeto a la competencia judicial para la selección de la norma aplicable y sin desbordar el control externo– ha exigido un pronunciamiento más detallado y específico cuando presenta el juicio de aplicabilidad tiene un carácter dudoso, discutible o incompleto, a efectos de garantizar que la resolución del litigio depende realmente de la solución que este tribunal ofrezca sobre la constitucionalidad de la norma (por todas, SSTC 234/2015, de 5 de noviembre, FJ 2, y 175/2016, de 17 de octubre, FJ 5).
Examinado desde esta perspectiva se observa que el auto de planteamiento formula el juicio de aplicabilidad afirmando que en el casoa quose está denunciando una vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, en su vertiente del derecho a la negociación colectiva en el ámbito de las administraciones públicas y el derecho a la acción sindical. Lo recurrido ante él es una conducta omisiva de la administración autonómica, que no convocó la mesa de negociación en relación con las cuestiones reguladas en los preceptos cuestionados y que, a juicio del órgano judicial, deberían haber sido sometidas a negociación colectiva. El auto señala que es precisamente la regulación de tales cuestiones en el Decreto-ley 4/2020 lo que hace que la resolución del proceso sometido a su consideración exija el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, dado que la norma que recoge la regulación de esas materias sujetas a negociación colectiva, tiene rango de ley, escapando a su fiscalización y residenciándose la misma ante el Tribunal Constitucional. También descarta que la derogación del Decreto-ley 4/2020 produzca una pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión, ya que la vulneración del art. 28 CE se habría producido por el hecho mismo de sustraer la implantación de determinados modos y herramientas de trabajo, que es parte consustancial a la regulación de las condiciones de ejercicio de la relación laboral, a la negociación colectiva blindando la medida vulneradora de tal derecho mediante decreto-ley.
Tales argumentos no permiten entender adecuadamente satisfecho el juicio de aplicabilidad.
En el presente supuesto, el órgano judicial tiene que pronunciarse sobre la vulneración del art. 28.1 CE alegada por la federación sindical recurrente. La finalidad del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, es, como señala su art. 114, la de «restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado» y, conforme a su art. 121.2 «[l]a sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo».
Siendo así, resulta que la resolución que haya de dictarse en el procesoa quono exige ya tomar en consideración preceptos como los cuestionados. Aunque, en hipótesis, pudiera considerarse que la inactividad de la administración autonómica en la convocatoria de la mesa de negociación se basase en que las cuestiones que debían ser objeto de dicha negociación ya habían sido decididas por el legislador de urgencia, es indiscutido que esos preceptos no están vigentes en el momento en el que la cuestión se plantea. De manera que, en principio, no son, por tanto, aplicables a la resolución del caso que, en el momento en que se dicte sentencia, requiere determinar si la alegada lesión al derecho a la libertad sindical, en su vertiente de negociación colectiva, se causó o no a la vista de la inactividad de la administración en la convocatoria de la mesa general de negociación con las organizaciones sindicales. Para resolver esta cuestión no es preciso tomar en consideración los preceptos cuestionados y ya derogados, sino aquellas normas que regulan dicha obligación de negociación, a las que tampoco, por lo demás, se refieren los preceptos que han sido objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad. A lo anterior se añade que en la demanda del procesoa quose solicitaba que se dictase sentencia por la que se declarase que la no convocatoria de la mesa de negociación vulneraba el derecho fundamental a la libertad sindical, y se restituyera el mismo estableciendo la obligación de la administración de convocar la citada mesa general de negociación para tratar, entre otras, el desarrollo y ejecución de las cuestiones que regula el Decreto-ley 4/2020 en su capítulo IV u otras que puedan suponer la asunción del compromiso por el Gobierno de Aragón de promover la modificación del citado Decreto-ley 4/2020.
Frente a lo anterior, el órgano judicial parece considerar que el fallo que ha de dictar puede verse, en el caso de apreciar la vulneración del derecho, obstaculizado por las disposiciones que cuestiona. Era, en efecto, de esperar alguna reflexión del órgano promotor al objeto de despejar el riesgo de desconexión entre el juicio de constitucionalidad que reclama y el fallo judicial [STC 77/2018, de 5 de julio, FJ 2 b)]. Sin embargo esa reflexión es insuficiente para explicar en qué medida y por qué razones dar respuesta a la pretensión planteada en el proceso contencioso-administrativo del que dimana la cuestión que ahora nos ocupa se vería impedida en un momento, el de dictar sentencia, en el que las normas cuestionadas ya no están vigentes y no son, en principio, aplicables al supuesto de hecho del que trae causa el presente proceso constitucional. No es claro en qué términos estos preceptos ya derogados limitarían la posibilidad de tutela que puede brindar el tribunala quo, en el sentido de suponer un obstáculo para la reparación del derecho, caso de decidirlo así el órgano judicial. Si los preceptos cuestionados solo eran aplicables por limitar el alcance posible del fallo por parte del tribunala quo, su derogación hace que decaiga la necesidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Y, desde otro punto de vista, teniendo presente lo solicitado por la demanda en el proceso en el que se ha originado la presente cuestión de inconstitucionalidad, el órgano judicial tampoco hace patente en qué términos las normas que ahora cuestiona eran aplicables al caso que ha de resolver, centrado en la no convocatoria de la mesa de negociación solicitada por las organizaciones sindicales.
En definitiva, en la cuestión planteada concurren unas concretas circunstancias que no han sido debidamente valoradas por el órgano judicial, por lo que el juicio de aplicabilidad ha sido incorrectamente formulado, en la medida en que, en los términos en los que la cuestión se formula, su planteamiento va más allá de la necesidad de resolver el proceso pendiente, pretendiendo, por el contrario, un control abstracto de constitucionalidad de los preceptos legales que se cuestionan que está desligado de las circunstancias del caso concreto, lo que ha sido reiteradamente rechazado por la doctrina constitucional (por todas, STC 83/2015, de 30 de abril, FJ 3).
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a once de octubre de dos mil veintidós.–Pedro José Velasco Herrera.–Santiago Martínez-Vares García.–Antonio Narváez Santiago.–Ricardo Enríquez Flores Conde-Pumpido Núñez Fernández Balaguer Callejón.–Ramón Silva Aguilar.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Santos Vega.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.