Categoría: Economía y Empleo

El Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de abril de 2022 ha adoptado el Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
A los efectos de dar publicidad al mencionado Acuerdo, esta Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social ha resuelto disponer la publicación del citado Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente resolución.
Madrid, 26 de abril de 2022.–El Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Navarro Herrera.
El artículo 149.1.7 de la Constitución establece que la competencia legislativa en materia laboral corresponde al Estado, sin perjuicio de su ejecución por las Comunidades Autónomas.
El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. Estos instrumentos se configuran como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas de activación para el empleo en toda España y como marco de referencia compartido, a partir del cual los Servicios Públicos de Empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.
De este modo, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 constituye el marco para la determinación de objetivos comunes a conseguir por el conjunto de servicios públicos de empleo, al establecer un instrumento que garantiza la igualdad en el acceso y atención a los beneficiarios de las políticas de activación para el empleo en toda España. Todo ello, sin perjuicio de permitir la suficiente flexibilidad para su adaptación a las características de las personas beneficiarias de los servicios en las distintas comunidades autónomas, de tal manera que se garantice, en todo momento, la cohesión social y la complementariedad entre la unidad de mercado y la diversidad territorial, así como la eficacia y eficiencia en la utilización de fondos públicos.
En dicha Estrategia, elaborada de forma participativa en el seno del Sistema Nacional de Empleo e informada por la Conferencia Sectorial de 28 de abril de 2021 con apoyo unánime de las Comunidades Autónomas, se reflejan las políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se desarrollan en el conjunto del Estado. Además, contiene el análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo, los principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar en materia de políticas de activación para el empleo, así como el marco presupuestario, fuentes de financiación y los criterios de gestión de los fondos.
La nueva Estrategia establece cinco objetivos estratégicos, y dentro de cada uno de éstos, se incluyen los objetivos específicos (un total de 15), que se desarrollan en distintas medidas (27 en total).
La finalidad última de la Estrategia es coordinar los esfuerzos que realizan los distintos agentes del Sistema Nacional de Empleo para mejorar su eficacia y eficiencia en la consecución de unos objetivos comunes para las políticas de activación, de conformidad con los principios recogidos en la misma.
Así, el Plan Anual de Política de Empleo 2022 (en adelante Plan 2022) debe incardinarse dentro del conjunto de inversiones y reformas contenido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que constituye la agenda de política económica del Gobierno de España para este año 2022 y los siguientes ejercicios.
Dicho esto, el Plan 2022 concreta los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas comunidades autónomas.
El Plan 2022 recoge, asimismo, los indicadores que se van a utilizar para valorar el grado de consecución de dichos objetivos, de forma que el Plan adquiere un carácter vertebrador en la gestión de las políticas de activación e incorpora un enfoque integrado de su planificación, ejecución y evaluación. De esta manera, se consolidan los cambios introducidos en Planes anteriores con respecto a los indicadores, que han sido objeto de una notable simplificación, y que en este ejercicio continúan experimentando una mejora de la claridad y transparencia en el proceso de evaluación.
Este plan incorpora, dentro de su planteamiento general, un conjunto de medidas que, en el marco de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, responden a una serie de innovaciones legislativas que han condicionado su inclusión.
Así, es imprescindible citar en primer lugar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el pasado 27 de abril, en el que se incluyen, dentro del componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» una serie de reformas e inversiones en el ámbito de las políticas activas de empleo.
Entre las mismas se incluyen el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes, que se inscribe en el Plan Estratégico Juventud Avanza y que fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, habiéndose publicado por Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo o el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
Por otro lado, cabe destacar la finalización de la vigencia del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, aprobado por el Gobierno el 7 de diciembre de 2018, y del Plan Reincorpora-T 2019-2021, Plan trienal para prevenir y reducir el paro de larga duración, aprobado el 5 de abril de 2019, cuya vigencia finaliza en este último caso a principios del 2022, por lo que sus medidas ya no se incluyen en el Plan 2022.
Por otra parte, en el Plan 2022 se ha tenido en cuenta el resultado de la segunda evaluación que se ha realizado por la Red de Servicios Públicos Europeos.
Las recomendaciones básicas que se realizan al Servicio Público de Empleo Estatal, son principalmente, promover la cooperación con los servicios públicos de las comunidades autónomas de forma más sistemática con una planificación por hitos, el establecimiento de un repositorio de buenas prácticas, y un intercambio sistemático de experiencias entre los distintos servicios públicos de empleo, invertir más en un análisis e investigación del mercado de trabajo con información fiable que permita la planificación más dirigida a las necesidades de las políticas activas por los distintos servicios públicos, reforzar el liderazgo del Servicio Público de Empleo Estatal a través de distintas propuestas como pueden ser seminarios, introducir un sistema de seguimiento de la ejecución más adecuado con la simplificación del número de indicadores, definiendo objetivos cuantificables, que permitiría hacer un mejor seguimiento de la actividad y de la Agenda del cambio, mejorar el papel del Servicio Público de Empleo Estatal como facilitador de los procesos.
También se determinó, que para permitir servicios de calidad es importante una definición y establecimiento de un sistema común de perfilado y que el Servicio Público de Empleo Estatal pondrá a disposición de la Red de orientadores de los servicios públicos de empleo una herramienta, denominada Send@, que está en fase de pruebas y evaluación. Por otro lado, se recomienda una dirección sistemática de calidad basada en indicadores cualitativos y finalmente, el establecimiento de una misión, unos principios de actuación claros sobre la base de la EEAE y un enfoque que facilite su comunicación a todos los niveles.
Asimismo, la mejora de la eficacia de las Políticas Activas de Empleo requiere intensificar la orientación ya trazada hacia la evaluación, con indiciadores de esfuerzo e impacto que mejoren la medición de resultados.
Por un lado, hay que referirse necesariamente a la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, en el que se concilian la necesidad de abordar medidas que hagan frente a la coyuntura económica marcada por la pandemia con el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. En el Programa se incluye el escenario macroeconómico previsto para el periodo 2021-2024, apoyado en la última información económica disponible, las previsiones de la evolución sanitaria, así como el impacto del Plan de Recuperación. La economía española recuperará la senda de crecimiento en 2021, un crecimiento que se prolongará hasta 2024 y que será especialmente robusto este año y el próximo.
El impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la dinamización del consumo interno y la normalización de la actividad turística permitirán recuperar a finales de 2022 los niveles de actividad previos a la pandemia. Para los años siguientes la economía española mantendrá una senda expansiva, convergiendo progresivamente a su crecimiento potencial, con un incremento previsto del PIB del 3,5 % en 2023 y del 2,1 % en 2024.
En este mismo sentido, el Programa Nacional de Reformas 2022, al igual que ya ocurriese en años anteriores, se enmarca evidentemente dentro de la situación generada por la irrupción del COVID-19, que ha arrojado un amplio y decidido paquete de medidas destinadas a la reactivación económica y al mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial. En dicho Plan, el planteamiento estratégico trazado se ve condicionado por la incertidumbre de la evolución sanitaria y sus repercusiones en el ámbito económico y laboral, si bien apunta a una tendencia clara de recuperación económica y de reactivación del mercado laboral.
El Programa Nacional de Reformas fija las prioridades de política económica del Gobierno, alineadas con el marco estratégico de inversiones y reformas contenido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021. Este Plan acelera y refuerza la agenda de reformas e inversiones que se viene impulsando en los últimos años, sobre la que existe un fuerte consenso social y de administraciones públicas, estando igualmente alineada con las recomendaciones de los expertos y organismos nacionales e internacionales.
Así, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con un importante volumen de inversión, articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por instituciones europeas, el Gobierno español y los principales agentes económicos y sociales. Este Plan cuenta con cuatro ejes transversales (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género), que vertebran el conjunto de inversiones y reformas. Estos ejes se articulan a través de diez políticas palanca, de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo, que a su vez se despliegan en treinta componentes, donde se combinan de forma coherente inversiones y reformas en los distintos ámbitos de actividad.
En este marco estratégico, el mercado de trabajo, dentro de la política palanca octava «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» es un ámbito clave de actuación para el impulso de la productividad y el crecimiento potencial en el largo plazo, que resulte en un proceso de creación de calidad. Principalmente a través del Componente 23, de «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», se prevé un programa coherente de reformas, que serán abordados en el marco del Diálogo Social, junto a un amplio abanico de inversiones, encaminadas a la mejora de la empleabilidad y a la mejora de la inclusión social de las personas trabajadoras, así como al refuerzo de la modernización y transformación digital de los servicios públicos de empleo que integran el Sistema Nacional de Empleo.
Por tanto, este Plan 2022 se inserta dentro de un planteamiento estratégico que pretende articular el nuevo marco de actuación que se va a poner en marcha, notablemente a través de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, junto a los instrumentos en ejecución en este ejercicio 2022, como, es el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 en línea con las reformas e inversiones del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
Este plan tiene como meta ser un referente de innovación y eficacia en las políticas activas de empleo juvenil en territorio nacional, en combinación con otras áreas como la educación, la inclusión social, la participación juvenil, la economía circular, o la economía del conocimiento. Igualmente, persigue ofrecer respuestas integrales a las personas jóvenes en su acceso al mercado de trabajo desde una perspectiva de desarrollo sostenible y de búsqueda de la excelencia en la gestión de los servicios ofrecidos, con el objetivo de favorecer la integración socio-económica y el desarrollo personal y social de las personas jóvenes.
Las características generales del Plan son las siguientes:
1. Luchar de manera efectiva contra la precariedad laboral. Las políticas activas de empleo juvenil deben estar alineadas con el objetivo prioritario de la lucha contra la precariedad y temporalidad laboral.
2. Evitar a toda costa el uso abusivo y fraudulento de becas y prácticas no laborales.
3. Incorporar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, particularmente en materia de lucha contra la segregación laboral, que debe formar parte de la actuación de los Servicios Públicos de Empleo a todos los niveles, tanto en el ámbito de la intermediación, como en el de la formación o el diseño y aplicación de los programas.
4. Integrar el principio antidiscriminatorio en todas las acciones, no solo por razón de género, sino también por edad, ideología o convicciones, religión o creencias, origen racial o étnico, salud, discapacidad, orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
5. Otorgar prioridad o tratamientos específicos a los colectivos más vulnerables o con especiales dificultades en el mundo laboral. Por ello, contempla el refuerzo de las políticas para alcanzar a la población juvenil más vulnerable y en riesgo de exclusión, así como a los que viven en zonas aisladas o menos pobladas, como las áreas rurales.
6. Situar a las personas jóvenes como protagonistas de su trayectoria hacia el empleo digno por medio de itinerarios personalizados integrados en un sistema de orientación para el empleo cualificado y estable, configurando itinerarios individualizados que se prolongarán tanto en las etapas de empleo como de eventual desempleo.
7. Crear oportunidades de acceso a nuevos empleos en nuevos sectores, tomando como referencia la transformación hacia un contexto verde, sostenible, colaborativo y digital, impulsando el acceso al empleo de calidad de las personas jóvenes en sectores emergentes como la economía digital, economía verde, o del cuidado.
8. Incrementar la cualificación de las personas jóvenes dotándolas de las competencias profesionales requeridas por el mercado de trabajo, incrementando sustancialmente el número de personas jóvenes con las competencias necesarias, técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
9. La crisis sanitaria ha incidido en la situación del empleo de las personas y requiere acciones específicas para ofrecer soluciones integrales que den respuesta a las consecuencias adversas a medio y largo plazo en los planos educativo, formativo y profesional de las personas jóvenes. La pandemia también anticipa cambios que pueden ser estructurales en el funcionamiento del mercado de trabajo y a los que debe ser capaz de dar respuesta Garantía Juvenil Plus.
10. Introducir mayor flexibilidad en su funcionamiento y gestión. La flexibilización y aumento en la agilidad de la inscripción en el fichero de GJ resulta esencial para aumentar el volumen de personas inscritas y, consiguientemente, también la relevancia del Plan.
11. Potenciar el desarrollo de una comunidad de cooperación horizontal y vertical, para lo cual establecerá los pilares para el trabajo conjunto con los interlocutores económicos y sociales, organismos intermedios del Fondo Social Europeo y sus entidades beneficiarias, así como con el tejido asociativo juvenil y las distintas administraciones y organismos públicos que intervienen en las políticas activas de empleo juvenil.
12. Establecer los mecanismos para mejorar el diálogo y la colaboración con las empresas a fin de lograr la mejor adaptación de las capacidades de las personas jóvenes a las necesidades de las mismas. A tales efectos se facilita la conexión escuela-empresa y se favorece una transición suave de los ciclos formativos al mercado laboral. La actuación conjunta con los interlocutores sociales y con las empresas resulta fundamental para identificar las necesidades formativas y para vincular los proyectos empresariales a plantillas estables en cuya formación haya tenido parte activa la empresa.
13. Reforzar la dimensión local de las políticas activas de empleo dirigidas a las personas jóvenes. La dimensión local es la más adecuada para asegurar la cercanía imprescindible a los interlocutores sociales.
14. Fomentar su difusión con la máxima claridad y transparencia. Se pretende llegar a todas las personas que podrían beneficiarse de sus medidas o participar en ellas, así como fomentar las buenas prácticas y corregir posibles desviaciones.
15. Mejorar los procesos y optimizar los recursos. Garantía Juvenil Plus fomenta el intercambio de información y experiencias entre los distintos actores sociales. Igualmente se abren vías de participación para los distintos entes implicados. Asimismo, se apoya a las personas profesionales vinculadas al Plan para que refuercen las competencias necesarias para desarrollar de manera eficaz sus funciones. En tal sentido, el Plan prevé su monitorización continua para asegurar el seguimiento y medición del impacto de todo el sistema, así como la evaluación, e incorporación de mejoras.
16. La digitalización integral del servicio de formación para el empleo de las personas jóvenes resulta esencial, tanto en la relación con las personas usuarias, como en el ámbito de la formación y en la generación de un sistema de datos compartido y accesible en el marco de la ley de protección de datos. Igualmente, la digitalización supone un principio transversal de Garantía Juvenil Plus.
En este PAPE 2022, se establecen dos tipos de objetivos: estratégicos y específicos, establecidos en el Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia establecidos Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.
1) Objetivo estratégico 1: Enfoque centrado en las personas y en las empresas.
Objetivo específico 1: Acompañamiento personalizado a demandantes de empleo impulsando la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo desde la perspectiva de la persona.
Objetivo específico 2: Servicio personalizado a empleadores/as impulsando un nuevo modelo de relación, reforzando la colaboración y la comunicación entre los servicios públicos de empleo y las empresas.
Objetivo específico 3: Políticas Activas de Empleo en los nuevos Servicios Públicos de Empleo.
2) Objetivo estratégico 2: Coherencia con la transformación productiva.
Objetivo específico 1: Acompañar, con el conjunto de políticas activas de empleo, las estrategias públicas dirigidas al cambio de modelo productivo, su modernización y digitalización.
Objetivo específico 2: Aprovechar el potencial del empleo hacia la consecución de un crecimiento sostenible y para la transición ecológica y digital, así como en sectores no tradicionales como las industrias creativas, culturales, de cuidados y de innovación; con especial atención a la actividad económica y el emprendimiento en territorios en situación de despoblación o transición productiva.
3) Objetivo estratégico 3: Crear un Espacio Técnico Colaborativo de Conocimiento, Trabajo e Innovación de los Servicios Públicos de Empleo.
Objetivo específico 1: Consolidar un modelo integrado de evaluación de las Políticas Activas de Empleo.
Objetivo específico 2: Valorar la atención de las personas y las empresas a través de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
Objetivo específico 3: Crear un Espacio Técnico Colaborativo de Conocimiento, Trabajo e Innovación de los Servicios Públicos de Empleo.
4) Objetivo estratégico 4: Mejora de las capacidades de los servicios públicos de empleo.
Objetivo específico 1: Diversificar los canales de prestación de los servicios del Sistema Nacional de Empleo, impulsando la accesibilidad a estos para asegurar se provisión continua, personalizada e inclusiva.
Objetivo específico 2: Impulsar la transformación digital y la modernización de los servicios públicos de empleo mediante el desarrollo de procesos, recursos digitales de activación y mejora de la empleabilidad, más eficientes, seguros, fáciles de utilizar y de calidad.
Objetivo específico 3: Planificar, actualizar y asegurar el acceso a la Formación Profesional para el Empleo, para fortalecer su prestación personalizada en base a las demandas del sistema productivo.
Objetivo específico 4: Fortalecer el Sistema Nacional de Empleo a través de la interoperabilidad de los sistemas, la mejora de la calidad de sus datos, el intercambio de conocimiento en su seno y con otros organismos y entidades colaboradoras.
5) Objetivo estratégico 5: Gobernanza y cohesión del Sistema Nacional de Empleo.
Objetivo específico 1: Impulso financiero de las políticas activas de empleo: un marco financiero para ganar en mayor eficacia y cohesión en el Sistema Nacional de Empleo, y lograr una mejor asignación y optimización de todos los recursos económicos disponibles.
Objetivo específico 2: Promover la mejora del sistema de Gobernanza existente con la finalidad de establecer un modelo más eficaz y eficiente que refuerce la Cohesión del Sistema Nacional de Empleo.
Objetivo específico 3: Mejorar la coordinación operativa de los distintos niveles administrativos que intervienen en las políticas activas de empleo y de la mejoría de la imagen de los servicios públicos de empleo.
Los servicios y programas de este Plan 2022 se han incluido de acuerdo con los seis Ejes definidos en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Empleo.
Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han propuesto para su inclusión en el Plan 2022 un total de 729 servicios y programas distintos, de los cuales 59 son comunes y 670 propios, para el conjunto de los 6 Ejes, tal y como se muestra en el anexo I.
Los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán en el marco de este Plan 2022, se recogen de manera resumida en el anexo II y de forma detallada en el anexo III, que lo acompañan.
Los servicios y programas de políticas de activación para el empleo incluidos en este Plan 2022 son aquellos que no se financian con cargo al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR).
La dotación recogida en la citada norma para financiar programas o reforzar servicios que faciliten la ejecución de políticas de activación para el empleo con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, recogida en el anexo IV, asciende a 6.463.121,30 miles de euros que se financiarán con cargo a la cuota de formación profesional para el empleo (1.404.601,85 miles de euros); a las aportaciones procedentes del FSE (250.000,00 miles de euros); las aportaciones procedentes del MRR (646.917,30 miles de euros); aportaciones del Estado (1.021.546,47 miles de euros); otros ingresos (458.310,00 miles de euros) y cuota de desempleo (2.681.745,68 miles de euros). Por lo tanto, la dotación destinada a financiar los programas y servicios recogidos en el Plan Anual de Política de Empleo para el año 2022, que no recoge los programas financiados con cargo al MRR, es de 5.816.204,00 miles de euros, siendo la dotación para las vinculadas al MRR, las cuales no se recogen en este plan, de 646.917,30 miles de euros.
De esta cifra, se podrán distribuir entre las Comunidades Autónomas, para la ejecución de políticas activas de empleo, un total de 2.415.153,58 miles de euros, lo que supone un aumento del 14,42 % respecto a la cifra distribuida en 2021.
La evaluación de las estrategias, planes y medidas de política pública constituye un elemento esencial desde el mismo momento de la planificación y el diseño de las actuaciones. La nueva propuesta de Ley de Empleo establecerá en un Título específico los principios básicos para el seguimiento y evaluación de las Estrategias de Empleo vigentes en cada momento y de sus Planes Anuales de desarrollo, así como para desempeño del conjunto de Servicios Públicos de Empleo y de la calidad del servicio de empleo. De esta forma, establecerá el primer nivel de la evaluación de la actuación del Sistema Nacional de Empleo, que actualmente se concreta en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.
En el año 2022, período de vigencia del presente Plan Anual, se procederá a la licitación y contratación de una evaluación de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, y de los planes anuales que la desarrollan.
De esta forma, sin perjuicio de las actuaciones específicas en materia de seguimiento y evaluación promovidas por los Servicios Públicos de Empleo autonómicos en su ámbito territorial, el PAPE incorporará este modelo más integrado de seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo coherente con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, y orientado a la medición del impacto y de los resultados de las PAE en las personas y las empresas, prestando especial atención a los de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, a la evaluación del desempeño de los Servicios Públicos de Empleo y contando con la concurrencia de evaluaciones externas e independientes.
Este Plan se ha elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas, tras informe de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 6 de abril de 2022 y el informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, de 8 de abril de 2022, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Ministros.
Por último, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésimo primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, las acciones y medidas contempladas en este Plan Anual se implantarán sin incremento en las dotaciones, ni en las retribuciones u otros costes de personal de la Administración General del Estado. Por otro lado, las actuaciones de cualquier Servicio Público de Empleo que incidan en su personal se ajustarán a las normas básicas sobre gastos de personal que sean de aplicación.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 19 de abril de 2022, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, que se adjunta como anexo.
1. Introducción.
2. Análisis de Contexto: situación actual del mercado de trabajo.
3. Marco estratégico.
4. Estructura y objetivos.
5. Criterios de elaboración.
6. Servicios y programas de políticas de activación para el empleo.
7. Financiación.
8. Evaluación.
Anexos:
Anexo I. Resumen general por ejes: servicios y programas distintos.
Anexo II. Resumen general por Comunidades Autónomas: servicios y programas a realizar.
Anexo III. Servicios y programas por eje y comunidad autónoma.
Anexo IV. Dotación presupuestaria.
Anexo V. Indicadores de evaluación.
El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.
En este sentido, la actual Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo (EEAAE) 2021-2024, fue aprobada mediante Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre. Un factor clave para el éxito de esta nueva Estrategia es la colaboración y el consenso del Sistema Nacional de Empleo y de los Interlocutores Sociales.
Tanto la Estrategia como los Planes Anuales de Política de Empleo se configuran como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas de activación para el empleo en toda España, siendo una referencia compartida, a partir del cual los servicios públicos de empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.
De este modo, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 constituye el marco para la determinación de objetivos comunes a conseguir por el conjunto de servicios públicos de empleo, al establecer un instrumento que garantiza la igualdad en el acceso y atención a las personas beneficiarias de las políticas de activación para el empleo en toda España. Todo ello, sin perjuicio de permitir la suficiente flexibilidad para su adaptación a las características de las personas beneficiarias de los servicios en las distintas comunidades autónomas, de tal manera que se garantice, en todo momento, la cohesión social y la complementariedad entre la unidad de mercado y la diversidad territorial, así como la eficacia y eficiencia en la utilización de fondos públicos.
En dicha Estrategia, elaborada de forma participativa en el seno del Sistema Nacional de Empleo e informada por la Conferencia Sectorial de 28 de abril de 2021 con apoyo unánime de las Comunidades Autónomas, se reflejan las políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se desarrollan en el conjunto del Estado. Además, contiene el análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo, los principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar en materia de políticas de activación para el empleo, así como el marco presupuestario, fuentes de financiación y los criterios de gestión de los fondos.
La nueva Estrategia establece cinco objetivos estratégicos, y dentro de cada uno de éstos, se incluyen los objetivos específicos (un total de 15), que se desarrollan en distintas medidas (27 en total).
La finalidad última de la Estrategia es coordinar los esfuerzos que realizan los distintos agentes del Sistema Nacional de Empleo para mejorar su eficacia y eficiencia en la consecución de unos objetivos comunes para las políticas de activación, de conformidad con los principios recogidos en la misma.
Por otra parte, es necesario continuar haciendo referencia a la situación provocada por la irrupción del COVID-19 a partir de marzo de 2020, que ha tenido un fuerte impacto sobre la economía española y el mercado de trabajo, debido al importante peso relativo de los sectores más afectados por las caídas de movilidad y demanda, así como de la intensidad de las medidas de contención necesarias para frenar la expansión del virus.
En este sentido, el Gobierno español, en línea con las medidas adoptadas a nivel europeo y en el marco del diálogo social y la coordinación con las administraciones territoriales, ha adoptado sucesivos paquetes de medidas que conforman una respuesta decidida a la expansión del virus en el ámbito sanitario, económico y social.
Este conjunto de medidas ha permitido amortiguar el impacto social y económico de la pandemia, fundamentalmente a través de las medidas de sostenimiento de la actividad económica y de protección social de las personas trabajadoras. Entre estas medidas, destacan las establecidas para personas trabajadoras y empresas en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que han permitido un ajuste empresarial alternativo al despido, preservando buena parte del empleo y de las rentas de las familias.
Junto a estas medidas, la situación provocada por la COVID-19 aún condiciona la evolución de la política de empleo, dentro de la Estrategia de recuperación y transformación económica puesta en marcha por el Gobierno, para abordar tanto la corrección de los desequilibrios arrastrados del pasado como los retos del futuro.
En este sentido, el presente Plan Anual de Política de Empleo 2022 (en adelante Plan 2022) debe incardinarse dentro del conjunto de inversiones y reformas contenido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que constituye la agenda de política económica del Gobierno de España para este año 2022 y los siguientes ejercicios.
Dicho esto, el Plan 2022 concreta los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas comunidades autónomas.
El Plan 2022 recoge, asimismo, los indicadores que se van a utilizar para valorar el grado de consecución de dichos objetivos, de forma que el Plan adquiere un carácter vertebrador en la gestión de las políticas de activación e incorpora un enfoque integrado de su planificación, ejecución y evaluación. De esta manera, se consolidan los cambios introducidos en Planes anteriores con respecto a los indicadores, que han sido objeto de una notable simplificación, y que en este ejercicio continúan experimentando una mejora de la claridad y transparencia en el proceso de evaluación.
Este plan incorpora, dentro de su planteamiento general, un conjunto de medidas que, en el marco de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, responden a una serie de innovaciones legislativas que han condicionado su inclusión.
Así, es imprescindible citar en primer lugar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el pasado 27 de abril, en el que se incluyen, dentro del componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» una serie de reformas e inversiones en el ámbito de las políticas activas de empleo.
Entre las mismas se incluyen el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes, que se inscribe en el Plan Estratégico Juventud Avanza y que fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, habiéndose publicado por Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social; el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, o el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
Por otro lado, cabe destacar la finalización de la vigencia del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, aprobado por el Gobierno el 7 de diciembre de 2018, y del Plan Reincorpora-T 2019-2021, Plan trienal para prevenir y reducir el paro de larga duración, aprobado el 5 de abril de 2019, cuya vigencia finaliza principios del 2022, por lo que sus medidas ya no se incluyen en el Plan 2022.
Por otra parte, en el Plan 2022 se ha tenido en cuenta el resultado de la segunda evaluación que se ha realizado por la Red de Servicios Públicos Europeos.
Las recomendaciones básicas que se realizan al Servicio Público de Empleo Estatal, son principalmente, promover la cooperación con los servicios públicos de las comunidades autónomas de forma más sistemática con una planificación por hitos, el establecimiento de un repositorio de buenas prácticas, y un intercambio sistemático de experiencias entre los distintos servicios públicos de empleo, invertir más en un análisis e investigación del mercado de trabajo con información fiable que permita la planificación más dirigida a las necesidades de las políticas activas por los distintos servicios públicos, reforzar el liderazgo del Servicio Público de Empleo Estatal a través de distintas propuestas como pueden ser seminarios, introducir un sistema de seguimiento de la ejecución más adecuado con la simplificación del número de indicadores, definiendo objetivos cuantificables, que permitiría hacer un mejor seguimiento de la actividad y de la Agenda del cambio, mejorar el papel del Servicio Público de Empleo Estatal como facilitador de los procesos.
También se determinó, que para permitir servicios de calidad es importante una definición y establecimiento de un sistema común de perfilado y que el Servicio Público de Empleo Estatal pondrá a disposición de la Red de orientadores de los servicios públicos de empleo una herramienta, denominada Send@, que está en fase de pruebas y evaluación. Por otro lado, se recomienda una dirección sistemática de calidad basada en indicadores cualitativos y finalmente, el establecimiento de una misión, unos principios de actuación claros sobre la base de la EEAE y un enfoque que facilite su comunicación a todos los niveles.
Asimismo, la mejora de la eficacia de las Políticas Activas de Empleo requiere intensificar la orientación ya trazada hacia la evaluación, con indicadores de esfuerzo e impacto que mejoren la medición de resultados.
Por último, este Plan 2022 se ha elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas, tras informe de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 6 de abril e informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo de 7 de abril de 2022, con carácter previo a su aprobación por el Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros. Desde esa fecha, el presente Plan Anual se aplica de hecho por el conjunto de los Servicios Públicos de Empleo, sin perjuicio de lo que se disponga en su aprobación final.
Durante el mes de noviembre de 2022, se realizará una valoración cuantitativa del grado de cumplimiento de sus objetivos.
2.1 Balance del mercado laboral en 2021.
Tras el fuerte impacto que, en la economía española, supuso la pandemia del COVID-19 surgida en 2020 y que causó una caída del 10,8 % en el PIB nacional, la economía española cerró 2021 con un crecimiento significativo del PIB, un 5 % según las cifras avanzadas por el INE, y aunque se queda por debajo de los niveles previstos, supone el mayor aumento en las dos últimas décadas.
A pesar de un primer trimestre negativo, motivado por el impacto de las inclemencias meteorológicas y el aumento de las restricciones de la actividad y la movilidad para la contención de la tercera ola de la pandemia, el resto de trimestres experimentó variaciones positivas, especialmente en los correspondientes al segundo semestre del año, gracias a una mayor aportación de la demanda nacional y de la demanda externa, la reducción de la incertidumbre sanitaria, los elevados precios de la energía, las alteraciones observadas en las cadenas de suministro globales y las tensiones geopolíticas.
Por su parte el mercado laboral experimentó una recuperación por encima de las previsiones, la economía española recuperó el nivel de empleo que tenía antes de que comenzara la pandemia, en marzo de 2020, pero también respecto a 2019, año previo a la crisis sanitaria.
El número de personas ocupadas, en el cuarto trimestre de 2021, ascendió a 20.184.900, tras haberse incrementado en el último año en 840.700, lo que constituye la mayor creación de empleo desde 2005, con un aumento superior al 4%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Este incremento también se refleja en el resto de indicadores, la población activa cerró el año con un aumento de 224.700 personas activas, un 0,97 % en valores porcentuales; la población parada se redujo en 615.900 personas y un descenso del número de hogares con todos los miembros en paro. La tasa de paro se redujo 2,8 puntos, hasta el 13,3 %, la más baja desde 2008. En el promedio anual la tasa de paro se situó en el 14,8 % frente al 15,5 % de 2020.
El número de horas trabajadas aumentó, en términos anuales un 2,46 %, aunque si se compara con el último trimestre de 2019 se mantiene en un 3,80% inferior; en el caso de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se incrementaron en un 6,4% respecto a 2020 superando a los valores del último trimestre de 2019.
La EPA también refleja que el incremento del empleo se concentró en el asalariado, tanto en el empleo público qué alcanzó valores superiores a los previos de la pandemia, como en el del empleo privado, aunque en este caso todavía en valores inferiores a los que presentaba en el cuarto trimestre de 2019. El empleo creció más entre las personas ocupadas con contrato indefinido, habiéndose registrado 425.000 personas empleadas más frente a un incremento de 307.700 entre quienes trabajaron bajo contrataciones temporales.
Por colectivos, el aumento del empleo afectó a ambos sexos, aunque en mayor medida entre las mujeres. Aumentó también con mayor intensidad entre las personas jóvenes menores de 30 años y de forma más moderada en los tramos de edades comprendidas entre 30 y 60 años. Por nivel educativo se aprecia una polarización, donde el incremento más notable se produce entre las personas con educación superior y también entre las personas sin estudios, descendiendo por el contrario entre las personas trabajadoras con estudios primarios.
El número de personas ocupadas subió el pasado año en todas las comunidades autónomas, a excepción de Ceuta. En términos absolutos, las comunidades donde más empleo se generó fueron Andalucía (166.800 ocupados más); Cataluña (157.600); Canarias (110.500) y la Comunidad de Madrid (108.100). Aunque en términos relativos los incrementos más relevantes se produjeron en Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Este comportamiento positivo también se refleja en los registros de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. La afiliación media en diciembre de 2021 presentaba un incremento del 4,08 % respecto al mismo mes del año anterior, casi ochocientas mil personas afiliadas más. El número de personas trabajadoras protegidas por ERTE vinculados a la COVID-19, se había reducido a 102.548 personas en ese mismo mes, lo que supone un descenso de casi 520.000 personas trabajadoras respecto a quienes estaban en esa misma situación justo un año antes.
Por lo que se refiere al paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo, ha descendido un 20,12 % respecto al último mes de 2020, lo que supone que a 31 de diciembre hubiera registradas 3.105.905 personas en paro. Los descensos más acusados se produjeron entre los hombres, y las personas jóvenes menores de 30 años. También disminuyó en todos los sectores económicos, especialmente en agricultura y servicios.
La población ocupada aumentó en todos los grupos ocupacionales, excepto en el de artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción. Los mayores incrementos se produjeron en los grupos ocupacionales de directores y gerentes, técnicos y profesionales científicos e intelectuales, técnicos y profesionales de apoyo y en el de ocupaciones elementales.
La distribución tanto de los contratos de trabajo como de las solicitudes de empleo se siguen concentrando en los grandes grupos de Ocupaciones elementales y de trabajadores de los servicios que engloban casi a dos tercios de ambos indicadores (63 % de los contratos y el de las ocupaciones solicitadas).
2.2 Sectores y actividades económicas.
El crecimiento del mercado laboral ha sido generalizado en todos los sectores económicos, aunque ha mostrado una evolución heterogénea cuando se analiza por actividades económicas, definiéndose dos grandes grupos, uno de ellos formado por los sectores que durante la pandemia mantuvieron e incluso incrementaron su volumen de empleo, y que cerraron 2021 con un volumen de población ocupada superior a la que alcanzaban antes de la pandemia, y un segundo grupo de sectores con un ritmo más lento de recuperación en el que se encuentran aquellas actividades que se vieron más afectadas por las medidas y limitaciones impuestas para combatir y superar la crisis sanitaria.
En el primer grupo destaca el buen comportamiento de las actividades económicas intensivas en tecnología como son las de telecomunicaciones y las de programación, consultoría y otras relacionadas con la informática. Estas fueron las menos afectados por los confinamientos al inicio de la pandemia, dando soporte al mantenimiento del resto de actividades y respuesta a los cambios en la forma de trabajar, y a la aceleración que la transformación digital ha experimentado en este período.
La expansión del comercio electrónico también ha favorecido al sector de la informática y de las comunicaciones, así como a otros sectores asociados al crecimiento de la actividad comercial en Internet, como son la logística, el transporte de mercancías y las entregas a domicilio.
Otras actividades que intensificaron su actividad durante la pandemia, bien por ser considerados esenciales o por dar respuesta a la demanda surgida a consecuencia de ella, como es el caso de los sectores sanitario, químico, farmacéutico, educativo, ocio doméstico, o los servicios de suministro de agua y de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación han incrementado su población ocupada durante los dos últimos años.
Otros sectores o actividades que presentan valores superiores a los registrados a finales de 2019 son las relacionadas con la construcción, el mercado inmobiliario, las profesiones científicas y técnicas, o las actividades administrativas y servicios auxiliares.
Un segundo grupo de actividades lo forman aquellas que se vieron más afectadas negativamente por el impacto de la pandemia, el turismo (hostelería, agencias de viajes, transporte de pasajeros, alquiler de coches), la restauración, las actividades deportivas y de entretenimiento, el ámbito creativo y artístico, el comercio minorista o las actividades de los hogares como empleadores de personal. Estas actividades, aunque han experimentado un incremento del empleo, no han recuperado todavía el volumen anterior a la pandemia.
2.3 Perspectivas para el año 2022.
Aunque se prevé que la recuperación económica se refleje en los datos del Producto Interior Bruto (PIB) a finales del presente año o a comienzos del próximo, diferentes fuentes coinciden en que España será una de las economías que más crecerá en 2022 y 2023.
Las perspectivas de crecimiento siguen sometidas a distintos elementos de incertidumbre que condicionan el ritmo y alcance de la recuperación. La evolución de la crisis sanitaria y sus posibles rebrotes y las dificultades de las cadenas de suministro global, que afectan principalmente al sector manufacturero, los precios de la energía y materias primas, el repunte de la inflación o las tensiones geopolíticas, son algunas de las dificultades que pueden afectar al desarrollo de la actividad económica.
El mercado laboral seguirá reflejando la recuperación de la economía, aunque en menor medida que en 2021, cuando que se vio impulsada por los efectos de la reapertura de la actividad. La tasa de actividad, por su parte, ya ha alcanzado prácticamente su nivel precrisis. Es previsible que la mejora del empleo se refleje en una reducción de la tasa de paro.
El crecimiento en el 2022 se va a apoyar en gran medida sobre tres palancas: la recuperación del sector turístico, en especial el turismo extranjero que repercutirá en la activación de los servicios de hostelería, transporte y comercio; la demanda interna, por la mejora del mercado laboral y la utilización del ahorro embolsado contribuirán a su dinamismo, y el impacto de los fondos europeos.
La recuperación económica y social tras la pandemia va a tener una de sus principales fundamentos en los fondos Next Generation EU, compuesto de dos instrumentos principales: el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversión y las Reformas en los estados miembros de la UE para lograr una recuperación sostenible y resiliente; y el REACT_EU, dirigido a la promoción de la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es el plan desarrollado por el gobierno para la gestión de los fondos asignados a nuestro país y cuyo objetivo final es apoyar la transformación estructural de la economía española y sentar las bases de un futuro robusto y sostenido a largo plazo. El Plan se plasma en torno a cuatro grandes ejes, alineados con las prioridades de inversión marcadas por la Unión Europea: la transición ecológica, que pretende reorientar el sector productivo hacia una economía más «verde»; la digitalización de la economía, que afectará a todos los sectores (agricultura, educación, turismo, etc.) incluyendo el desarrollo de la transformación digital y modernización de la administración pública; y la cohesión social y territorial, haciendo hincapié en los principales problemas estructurales de España: la despoblación interior, el reto demográfico intergeneracional o la falta de unidad social.
Se estima que el conjunto del plan puede elevar el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2 % a largo plazo. Estructurado en torno a diez políticas palanca, caracterizadas por su alta capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo, y donde se combinan tanto objetivos estructurales para la modernización de nuestra economía y sociedad como objetivos sectoriales.
Los treinta componentes o líneas de acción en los que se articulan estas diez políticas a desarrollar en el período 2021-2023, permiten identificar actividades y sec