Categoría: Judicial

proyección del principio antidiscriminatorio por razón de sexo (art. 14 CE) sobre la efectiva protección de los derechos de libertad de asociación (art. 22 CE) y de libertad religiosa (art. 16 CE) que no habían sido tratadas por la jurisprudencia constitucional hasta este momento.
Es fundamental comprender que, en la interpretación constitucional, la perspectiva de género no es solo un mandato de resultado. No se trata simplemente de estimar el amparo de una mujer que pide el acceso a determinada dimensión del ejercicio de un derecho. Se trata, en cambio, de asumir un enfoque que sitúe en el centro de la argumentación, la situación discriminatoria por razón del sexo. Una perspectiva cuya adopción solo es posible si la superación de la discriminación es objetivo del fallo y de la fundamentación en la que el mismo se sustenta. Pero la sentencia aprobada en la Sala no acoge este enfoque, a pesar de que podría parecer el más obvio teniendo en cuenta el problema planteado.
Forzando una interpretación limitativa del derecho de autoorganización de las asociaciones, la sentencia de cuya fundamentación jurídica me aparto se basa, para justificar la intervención estatal, en una supuesta posición dominante de la cofradía religiosa determinada por una suerte de relevancia sociocultural en el ámbito geográfico en el que actúa. Para ello se acude a una sentencia previa de este tribunal, la STC 218/1988, de 22 de noviembre, dictada antes de entrar en vigor la actual Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (LODA), en la que se sostuvo cierta capacidad de intervención del Estado si una asociación, «aun siendo privada, ostentase de hecho o de derecho una posición dominante en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera que la pertenencia o exclusión de ella supusiese un perjuicio significativo para el particular afectado» (FJ 3). Este criterio fue aplicado posteriormente por el ATC 254/2001, de 20 de septiembre, en relación con el ingreso de mujeres en la Comunidad de Pescadores de El Palmar. Y la ponencia utiliza ambos pronunciamientos para respaldar jurídicamente su fallo.
Sin embargo, en el recurso que ahora resolvemos, debiera haber sido irrelevante si la cofradía Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna ocupaba o no una «posición dominante» que determinase la vulneración de los derechos invocados. De conformidad con las alegaciones de la recurrente en amparo, el objetivo debiera haber sido ponderar la efectiva protección de los derechos de asociación y de libertad religiosa de la demandante desde una verdadera perspectiva de género. En otros términos, no se trataba de valorar si existe o no la posibilidad de que la demandante promueva una nueva hermandad con los mismos fines, sino de ponderar si la negativa de la cofradía de reconocer su membresía encuentra o no encaje en nuestro sistema constitucional a la luz del art. 14 CE.
Además, mi discrepancia no se debe exclusivamente al hecho de que, al centrarse en la cuestión de la «posición dominante», la ponencia haya evitado el enfoque con perspectiva de género, sino también por haber asumido una posición respecto del contenido de la actividad cofrade que no solo no comparto, sino que no me parece que tenga ningún sustento constitucional ni jurisprudencial previo. Y es que de la sentencia de la mayoría pareciera desprenderse que la vulneración del art. 14 CE no se hubiera producido si la cofradía no ocupara una «posición dominante», o si hubiera existido un insuperable nexo entre la desigualdad de trato controvertida y la ética y moral religiosas sobre las que se erige la asociación en cuestión. Una afirmación que no se compadece bien con el derecho de libertad religiosa de la ahora demandante de amparo.
2. Sobre el derecho de asociación y sus límites desde la óptica del art. 14 CE.
Si bien es cierto que el art. 16 CE no se refiere expresamente a un derecho de asociación religiosa, el precepto presupone la existencia de comunidades religiosas, es decir, de entidades de base asociativa, y esas entidades pueden considerarse cubiertas tanto por el derecho del art. 22 CE, como por el derecho a la libertad religiosa, tal y como reconoció este tribunal en la STC 46/2001, de 15 de febrero. Todo dependerá del tipo de comunidad o asociación creada y de si se inscribe o no en el registro correspondiente del Ministerio de Justicia [art. 5 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa (LOLR)].
Tal y como indica la sentencia de cuya fundamentación jurídica disiento, las asociaciones para fines exclusivamente religiosos (y la cofradía a la que ahora nos referimos lo es) se regirán por lo dispuesto en los tratados internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (art. 1.3, apartado segundo, LODA).
Comenzando así por la regulación convencional, debe recordarse que la cofradía que ahora nos ocupa se rige por el preconstitucional Acuerdo sobre asuntos jurídicos firmado en 1979 entre España y la Santa Sede, en virtud de cuyo art. I.4 el Estado reconoce personalidad jurídica y plena capacidad de obrar a las asociaciones, entidades y fundaciones religiosas erigidas canónicamente en el momento de su entrada en vigor, así como a aquellas que en el futuro sean reconocidas por la autoridad eclesiástica competente, «con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento del Estado, mediante la inscripción en el correspondiente registro». La cofradía frente a la que se plantea el presente recurso de amparo se rige por la cobertura normativa convencional citada, habida cuenta de que su origen se remonta al siglo XVI, pero también debe someterse al ordenamiento del Estado. Y a este último respecto debemos recordar que, además de la proclamación constitucional de la igualdad como principio y derecho subjetivo, la Ley Orgánica de libertad religiosa, artículo 2.1 d), condiciona el derecho de asociación a su adecuación al ordenamiento jurídico general, mientras que, de conformidad con la Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación, la constitución de asociaciones y el establecimiento de su organización y funcionamiento se llevarán a cabo dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico, siendo nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación (artículo 2.5).
De todo lo anterior puede concluirse que las reglas estatutarias que introduzcan límites al acceso a una asociación religiosa no pueden estar basadas en las causas recogidas en el art. 14 CE, salvo que exista una justificación objetiva, razonable y proporcionada, que no podríamos deducir de una genérica alusión a la ética y moral religiosa de la confesión como,sensu contrario, parece desprenderse de la ponencia. Una comprensión diversa nos obligaría a plantearnos la constitucionalidad de los Acuerdos con la Santa Sede.
En la STC 129/2023, de 23 de octubre, de la que fui ponente, este tribunal sintetizó la jurisprudencia previa sobre libertad de asociación afirmando que, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2002, la configuración básica del derecho se ha mantenido prácticamente invariable en la jurisprudencia constitucional, que ha identificado cuatro facetas integrantes de aquel derecho: a) la libertad de creación de asociaciones y de adscripción a las ya creadas, b) la libertad de no asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas, c) la libertad de organización y funcionamiento internos sin injerencias públicas, y d) una dimensióninter privatosque garantiza un haz de facultades a los asociados considerados individualmente frente a las asociaciones a las que pertenezcan o a los particulares respecto de las asociaciones a las cuales pretendan incorporarse.
En la sentencia que ahora nos ocupa la Sala añade un elemento adicional sin formularlo expresamente, cuando debió hacerlo porque introduce una modificación notable en la jurisprudencia precedente. Ese elemento adicional se refiere a la facultad de admisión o exclusión apriorística de futuros socios, es decir, a una potestad, hasta ahora constitucionalmente ilimitada, de la dimensión colectiva del derecho de asociación que puede mediatizar la voluntad individual de asociarse.
Solo si entendemos que la dimensión colectiva del derecho de asociación está al servicio de la libertad individual, y yo así lo entiendo, podemos justificar constitucionalmente la posibilidad de intervenir, siquiera mínimamente, en la facultad colectiva asociada a la selección de los integrantes de la asociación, de modo tal que el resultado del ejercicio de esa facultad no podrá ser contrario a los principios y valores asociados al ejercicio de las libertades individuales, ni a la proyección del principio antidiscriminatorio (art. 14 CE), ni a la preservación y promoción de la dignidad humana (art. 10 CE).
Dicho en otros términos, en supuestos tales como discriminaciones especialmente atentatorias contra la dignidad de la persona, y la discriminación por razón de sexo lo es, es posible revisar la decisión de la asociación respecto de la admisión de socios. Esta hubiera sido la perspectiva a adoptar por la sentencia de cuya fundamentación jurídica discrepo, debiéndose así haber centrado la misma en el análisis de si es posible que una asociación limite, por razón del sexo de un individuo, el acceso a la misma, siendo en todo caso irrelevante a tales efectos que la asociación ejerza o no, en régimen monopolístico, sus actividades.
3. Sobre la libertad religiosa y su defensa desde la óptica del art. 14 CE.
Como he apuntado con anterioridad, mi discrepancia respecto de la argumentación jurídica que sustenta el fallo de esta sentencia se debe no solo a la ausencia de una verdadera perspectiva de género en el análisis de la libertad de asociación, sino también al desconocimiento por la ponencia de dicho enfoque en su proyección sobre la vertiente individual del derecho de libertad religiosa.
Como recordamos en la STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9, «(e)l derecho a la libertad religiosa del art. 16.1 CE garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual. Pero, junto a esta dimensión interna, esta libertad, al igual que la ideológica del propio art. 16.1 CE, incluye también una dimensión externa deagere licereque faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros».
En lo que al contenido de la libertad religiosa respecta cabe recordar que, como se ha subrayado en los informes del relator especial sobre la libertad de religión o de creencias de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 7 de agosto de 2013 (A/68/290) y de 24 de agosto de 2020 (A/HRC/43/48), «[e]n el marco de los derechos humanos no puede concederse reconocimiento jurídico al contenido particular de las religiones o las creencias, es decir, a sus doctrinas, pretensiones de verdad, prácticas y sistemas de valores, entre otros aspectos, sino que este reconocimiento debe atribuirse a los seres humanos en tanto que agentes responsables que poseen, profesan, respetan y desarrollan sus diversas orientaciones religiosas o creencias, de forma individual o en comunidad con otros».
El derecho de libertad religiosa «protege a los creyentes y no a las creencias». Para muchas personas las convicciones religiosas constituyen un pilar fundamental de su identidad personal y comunitaria, siendo esta la perspectiva que debería haber adoptado la ponencia que, al centrar su fundamentación jurídica en la posición dominante de la cofradía y en la ausencia de una justificación teológica del trato diferenciado entre hombres y mujeres, obvia el papel fundamental que desempeña la religión en la vida de muchas personas incluidas, obviamente, las mujeres.
La libertad religiosa implica efectivamente el respeto de la autonomía de las instituciones religiosas. Pero, aunque no es asunto del Estado modificar las tradiciones religiosas, el derecho de libertad religiosa debe abarcar el derecho de los disidentes internos, incluidas las mujeres, a presentar puntos de vista alternativos en el seno de las asociaciones religiosas. En todas las religiones, muchas mujeres tienen que soportar que se les niegue el derecho a manifestar sus creencias sobre la base de interpretaciones de su fe que desconocen la igualdad entre los sexos, situación frente a la que cada vez son más frecuentes las voces discrepantes que trabajan por la promoción de la igualdad, a menudo junto con interpretaciones innovadoras de las fuentes y las tradiciones religiosas. Y esta disidencia, que se integra como parte de la dimensión individual de la libertad religiosa, debiera haber sido objeto de la debida consideración por la ponencia.
4. Conclusión.
La autonomía de las asociaciones religiosas, como las cofradías, forma parte delforum externumde la libertad religiosa, siendo así susceptible de limitación. El principio de autonomía institucional de las confesiones no puede traducirse en una plena deferencia del Estado frente a normas y prácticas discriminatorias en el marco de un ordenamiento en el que, como ocurre en el caso español, el principio antidiscriminatorio se proyecta sobre todos los poderes públicos y debe proyectarse asimismo sobre las entidades de base asociativa. La asunción de una verdadera perspectiva de género en este caso habría llevado igualmente a la estimación del recurso de amparo, pero a través de un hilo argumentativo muy distinto, que debiera haberse trazado a partir de una concepción más abierta de la relación entre el derecho a la libertad religiosa y la igualdad entre sexos, en virtud de la cual ambos derechos no son necesariamente excluyentes.
Concluyendo, la asunción de un enfoque que sitúe en el centro la situación discriminatoria por razón de sexo conduce, por un lado, a la justificación, desde el punto de vista constitucional, de la posibilidad de que el Estado intervenga en la selección por las asociaciones religiosas de sus miembros cuando el ejercicio de tal facultad contraríe los principios y valores asociados al ejercicio de las libertades individuales, la proyección de la igualdad y la promoción de la dignidad humana. Por otro lado, redirige el foco hacia la protección de la dimensión individual de la libertad religiosa de las mujeres, que han sido objeto de discriminaciones históricas en el seno de unas confesiones que forman parte de su propia identidad, personal y colectiva.
Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.–María Flores Herrero Martín.–Firmado y rubricado.
Con el debido respeto a la opinión de nuestros compañeros que han conformado la mayoría de la Sala y en uso de la facultad que nos confiere el art. 90.2 LOTC, expresamos nuestra discrepancia con la decisión de estimación del recurso de amparo, por las razones ya defendidas en su momento durante la deliberación y que exponemos a continuación.
La demandante de amparo reprochaba a la sentencia de 23 de diciembre de 2021, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que, al haber anulado la sentencia de 22 de diciembre de 2020, dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y la sentencia de 11 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, había vulnerado su derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) y su derecho de asociación (art. 22 CE). Las sentencias anuladas habían declarado el derecho de la recurrente a asociarse a la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, estableciendo la modificación del art. 1 de los estatutos de la asociación, en el sentido de suprimir la expresión «de caballeros».
La sentencia de la que discrepamos anula la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por estimar que ha vulnerado el derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo, en relación con el derecho de asociación, de la recurrente (arts. 14 y 22 CE). Concluye que la imposibilidad de la recurrente de ingresar en la referida hermandad por el simple hecho de ser mujer constituye una discriminación por razón de género que no puede quedar amparada por la libertad de autoorganización de la asociación.
Tal como exponemos seguidamente discrepamos de esa decisión, considerando que el presente recurso de amparo debió ser desestimado.
1. La especial trascendencia constitucional del recurso de amparo y la supuesta necesidad de matizar la doctrina.
Como puede verse en el relato de antecedentes, la Sección Tercera de este Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurría una especial trascendencia constitucional porque el recurso daba ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)].
Es decir, el recurso se admite para matizar la doctrina en materia de derecho de asociación, pues todo el razonamiento de la sentencia para otorgar el amparo solicitado discurre en esa clave. Sin embargo, no hay en la sentencia matización alguna de la doctrina constitucional, sino que se limita a aplicar la existente, bien que de forma harto discutible. Con ello se pierde la oportunidad de que este tribunal reflexione sobre el concepto de «posición dominante» de las asociaciones privadas, sobre el que gira todo el breve razonamiento de la sentencia que conduce a estimar la demanda, y la influencia que dicha posición tiene en la configuración de un derecho de libertad como es el derecho de asociación. Posición de dominio que debe determinarse en atención a las circunstancias propias de cada caso, considerando los fines y el objeto social de la entidad, y que justifica la introducción de restricciones a la libertad de la asociación en punto, entre otros, a la admisión o exclusión de asociados. Se trata de una construcción que, en realidad, como las propias circunstancias del caso ponen de manifiesto, proviene de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la que este tribunal se ha referido en contadas ocasiones (STC 218/1988 y ATC 254/2001).
En fin, dado que esta posición dominante de una asociación conlleva, en principio, un control judicial más intenso sobre las normas estatutarias o sobre determinadas decisiones de los órganos sociales, estimamos que la sentencia ha dejado escapar la oportunidad de perfilar de forma más precisa en sede constitucional los criterios para la aplicación de tales limitaciones. Dimensión objetiva del presente recurso de amparo que la sentencia ha dejado caer en el olvido.
2. Las insuficientes razones para la estimación del recurso de amparo.
Las razones de nuestra discrepancia, no obstante, no se ciñen únicamente a la referida falta de desarrollo de una doctrina constitucional más perfilada sobre los límites de la capacidad autoorganizativa de las asociaciones como vertiente del art. 22 CE en relación con el contenido del art. 14 CE y las facultadesinter privatosprotegidas asimismo por el derecho de asociación del art. 22 CE.
En todo caso tampoco estamos de acuerdo con la aplicación del criterio de la posición dominante que ha efectuado la sentencia de la que disentimos. Considera que la hermandad ocupa una posición dominante que provoca «que la no pertenencia a dicha asociación suponga un quebranto objetivo de los intereses de las mujeres en dichos ámbitos». En consecuencia, otorga el amparo solicitado por tres razones: (i) la acrítica asunción de las afirmaciones de la sentencia de 11 de marzo de 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, respecto a la posición de dominio de la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna; (ii) las subvenciones que la mencionada hermandad ha venido recibiendo para la rehabilitación de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna, las cuales evidenciarían el factor cultural, social e histórico de los actos de culto organizados por la citada hermandad; y (iii) la posición de dominio que la Esclavitud ostenta en la realización de los actos devocionales relacionados con la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna, lo que hace que la recurrente no tenga la posibilidad de ejercer esa misma actividad de culto de dicha imagen en otra hermandad o cofradía del municipio.
No podemos compartir ninguna de las tres razones.
(i) La primera porque supone la asunción de argumentos discutibles basados en la importancia de los actos religiosos en los que participa la hermandad y de otro argumento que es ciertamente absurdo: la hermandad ocupa una posición dominante porque «ninguna otra hermandad puede realizar acto procesional u otra actuación religiosa, cultural o social, relacionada con la Imagen del Santísimo Cristo». Es decir, porque en los actos religiosos en los que participa la hermandad lo hace portando la imagen de la que es propietaria; exactamente lo mismo, cabe suponer, que las otras treinta hermandades y cofradías existentes con sede en San Cristóbal de La Laguna hacen con las suyas y sin que eso les atribuya posición dominante alguna.
Lo más grave, sin embargo, es que la sentencia se limita a transcribir las afirmaciones del órgano judicial de instancia y ni dialoga con la sentencia del Tribunal Supremo que ha sido impugnada en el recurso de amparo ni, en el fondo, expone las razones por las que dicha sentencia, muy fundada y argumentada y, desde luego, resolutoria del caso en un sentido que compartimos, incurre en las vulneraciones que la demandante denunciaba en su recurso.
Recordamos ahora que esa decisión del Tribunal Supremo estimaba que la asociación en cuestión lleva a cabo actividades exclusivamente religiosas (promover entre sus asociados una vida cristiana más perfecta, el ejercicio de obras de piedad evangélica y el incremento de la devoción y culto a la Sagrada Imagen de Nuestro Señor Crucificado), ajenas, concluye el Tribunal Supremo, a toda connotación económica, profesional o laboral. En segundo lugar, aprecia que no existe una situación de monopolio o exclusividad en la organización de las actividades procesionales de la Semana Santa y otros actos de culto por parte de la Esclavitud del Santísimo Cristo, que es una más de las diversas hermandades y cofradías existentes con sede en San Cristóbal de La Laguna, como tampoco existe impedimento canónico para poder promover la constitución de nuevas hermandades, con los mismos fines espirituales y religiosos, integradas por hombres y mujeres o solo por mujeres.
Por tanto, coincidimos con la sentencia del Tribunal Supremo y estimamos que no ha quedado demostrado que la hermandad ostente una posición «privilegiada» o «dominante» en el campo económico, cultural, social o profesional de una magnitud tal que justifique la limitación del derecho de la entidad a elegir libremente a quien asocia.
(ii) El segundo motivo, que la Esclavitud del Santísimo Cristo recibe subvenciones públicas, sencillamente no es tal.
Las subvenciones no se reciben para la realización de los actos religiosos o de culto organizados por la hermandad o para la consecución de los fines asociativos, sino por una circunstancia completamente ajena a lo que aquí se discute. Se trata del hecho de que la hermandad es la propietaria de una determinada escultura, la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna, de finales del siglo XVI e inscrita en el registro de bienes muebles de interés cultural, recibiendo las subvenciones en calidad de propietario y para su rehabilitación, lo que no es indicativo de posición dominante alguna ni, por tanto, justifica la restricción del derecho de asociación de la hermandad.
(iii) El tercer motivo es, en realidad, redundante con el primero, por cuanto vuelve a incidir en la posición de dominio que la hermandad ostenta aludiendo a la realización de los actos devocionales relacionados con la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna.
Ya hemos señalado antes que el Tribunal Supremo, con una argumentación que compartimos, ha negado que tal posición de predominio exista. La sentencia destaca el hecho de que la recurrente no tenga la posibilidad de ejercer esa misma actividad de culto de dicha imagen en otra hermandad o cofradía del municipio. Pero eso no viene provocado por esa supuesta posición de dominio sino, sencillamente, porque la hermandad es la propietaria de la imagen y eso conlleva su uso en los actos de culto. Actos de culto en los que la demandante de amparo podía libremente participar, pero no como miembro de la hermandad que es lo que reclama.
3. La significativa ausencia de la ponderación entre el perjuicio supuestamente sufrido y la injerencia en el derecho de asociación de la entidad privada o la incorrecta aplicación del canon de enjuiciamiento.
La STC 218/1988, de 22 de noviembre, recoge, en su fundamento jurídico 3, el concepto de posición dominante de una asociación privada entendiendo por tal la que «ostentase de hecho o de derecho una posición dominante en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera que la pertenencia o exclusión de ella supusiese un perjuicio significativo para el particular afectado».
Este canon, sucintamente formulado, tiene dos elementos; el primero es, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, la necesidad de determinar si existe una posición de dominio de la asociación. Pero para que esa posición de dominio sea relevante hace falta algo más, que de ello se derive un perjuicio relevante para el afectado. Este segundo elemento del canon está por completo ausente en el razonamiento de la sentencia.
Es decir, que, aun admitiendo a efectos meramente dialécticos que la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna ostentase la posición dominante que, sin ningún fundamento, la sentencia le atribuye, faltaría por determinar si esa posición dominante en conjunción con su derecho de autoorganización ha producido un perjuicio significativo para la ahora recurrente en amparo. Perjuicio de tal entidad que justifica la intensa injerencia en la organización interna de la hermandad que se reclamaba en el proceso. Organización interna, en principio, protegida por el derecho de asociación el cual comprende no solo el derecho a asociarse, sino también el de establecer la propia organización del ente creado por el acto asociativo dentro del marco de la Constitución y de las leyes que lo desarrollen o lo regulen. De acuerdo con ello, la creación, organización y funcionamiento de una asociación se rige por disposiciones de los propios asociados, de conformidad con el principio de autonomía de la voluntad, consustancial al derecho de asociación, por lo que pueden legítimamente establecer los requisitos que consideren oportunos para poder formar parte de la comunidad y determinar si los aspirantes a ingresar en la misma los cumplen.
En ningún momento la sentencia de la que discrepamos singulariza la entidad del perjuicio sufrido (lo que llama «intereses de las mujeres») para ponerlo en relación con la capacidad autoorganizativa de la hermandad. Ello le impide ponderar si el perjuicio alegado que, al parecer, sería no tanto la imposibilidad de participar en los actos de culto organizados por la hermandad, sino el no poder hacerlo en la condición de miembro de la hermandad, es de tal entidad que ha de prevalecer sobre una de las vertientes del derecho de asociación como manifestación de un derecho de libertad: la posibilidad de establecer la propia organización de estas entidades privadas y de decidir quién forma parte de ellas y quién no.
Esa facultad se ha visto aquí cercenada sin ponderación alguna del perjuicio que se dice sufrir, la imposibilidad de ser miembro de la hermandad, y sin tener en cuenta que una entidad privada que no ejerce funciones públicas ni realiza actividades financiadas con fondos públicos puede, en ejercicio de su libertad de autoorganización, excluir la entrada de personas por ser mujeres, como ha sido en este supuesto, o llegado el caso, por ser hombres.
En realidad, el argumento expresa una comprensión inadecuada del criterio de la posición dominante en el que se basa la sentencia para la restricción de las facultades autoorganizativas que integran el derecho de asociación. La sentencia reduce el ámbito de esa posición dominante a la organización y participación de los miembros de una hermandad en los actos de culto a su imagen para poder afirmar, a partir de lo anterior, el dominio absoluto de la asociación en ese reducido ámbito, obviando que no es la única hermandad que celebra actos de culto ni monopoliza la celebración de la Semana Santa. Un entendimiento del criterio de la posición dominante tan formal y restringido como el descrito conduce de hecho a una inversión del juego de las facetas del derecho de asociación, pues siempre habrá una posición dominante derivada de la mera actividad de la asociación y, con ella, el derecho a seleccionar los miembros de la asociación deberá ceder ante todo aquel que pretenda sumarse a ella. La excepción se convierte así en regla.
4. Conclusión.
La sentencia de la que discrepamos viene a consagrar un supuesto derecho de los particulares a incorporarse a la asociación de su elección, en el caso de que esa asociación ostente una posición dominante. Y lo hace sin que se haya matizado o perfilado el significado de tal posición dominante en términos constitucionales, como límite de una de las facetas del derecho de asociación constitucionalmente protegido, obviando la premisa que, para ese supuesto derecho de incorporarse a la asociación de su elección, representa el reconocimiento del carácter esencial que los estatutos tienen para preservar la libertad asociativa. En el caso concreto, eso ha conducido a que se haya cuestionado el principio de libertad de las entidades privadas, clave en nuestro ordenamiento constitucional, con argumentos extremadamente endebles y en contra del criterio del Tribunal Supremo, cuando la pretensión de la recurrente colisionaba con el derecho de la hermandad a organizarse y a realizar las actuaciones que le son propias conforme a sus propios criterios.
Y en este sentido emitimos nuestro voto particular.
Madrid, a trece de noviembre de dos mil veinticuatro.–Ramón Marín Hernándeznrique Serrano Navarro.–Firmado y rubricado.