Categoría: Judicial

violaciones de derechos fundamentales alegadas, a algunos preceptos de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y a la concreción que de los mismos hacen determinadas disposiciones de Derecho de la Unión Europea y ciertas resoluciones del Tribunal de Justicia.
Así, en primer lugar, debe incidirse en el mismo sentido que se hizo en la STC 45/2022, que «[l]a STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 D), ha destacado que “[l]a Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la interpreta, es, conforme a reiterada jurisprudencia de este tribunal, de inexcusable consideración tanto a efectos hermenéuticos (art. 10.2 CE) como cuando haya lugar a aplicar directamente el Derecho comunitario (arts. 51.1 de la propia CDFUE y 93 CE)”. En este caso, por las razones que se expondrán a continuación, este tribunal aprecia que ya existen criterios interpretativos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las disposiciones de Derecho de la Unión Europea relevantes, de modo que ha procedido a resolver conforme a ellos las quejas formuladas en la demanda, entendiendo por ello que sería redundante y por tanto innecesario recabar el auxilio judicial interpretativo del Tribunal de Justicia a estos efectos» (FJ 17.4).
Por otra parte, en cuanto a la eventual duda que pudiera suscitar la compatibilidad de la inmunidad del demandante de amparo con la continuidad del proceso penal en que fue condenado sin haberse solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo ni puesto en libertad para ejercer sus funciones como diputado de esa Cámara, ya fue objeto de pronunciamiento expreso en la STC 45/2022, a la que resulta necesario remitirse una vez más para justificar la improcedencia del cuestionamiento. A esos efectos, en el fundamento jurídico 17.4.2 de dicha sentencia se expone lo siguiente:
«El Tribunal constata que, según las SSTJUE de 6 de septiembre de 2011, asuntoPatriciello, § 25, y de 21 de octubre de 2008, asuntoMarra, § 26, en la inmunidad prevista en el art. 9.1 a) del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, y a diferencia de la inviolabilidadexart. 8 del Protocolo, la consideración del Derecho de la Unión Europea debe hacerse en cuanto a sus principios generales. La STJUE de 19 de diciembre de 2019, mediante la que se resuelve una cuestión prejudicial planteada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un incidente del proceso principal que dio lugar a la condena recurrida en amparo, en la que se preguntaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la adquisición de la condición de eurodiputado y los efectos de la inmunidad consiguiente, ha establecido que estos principios generales implican: (a) que en respeto del principio de democracia representativa la composición del Parlamento Europeo refleje de forma fiel y completa las preferencias de los ciudadanos (§ 64, 65 y 83), y (b) que dicha institución quede protegida contra cualquier riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen funcionamiento (§ 83).
Esos mismos criterios objetivos son los elementos esenciales considerados expresamente, incluso con su misma dicción literal, en las SSTC 70/2021 y 71/2021. Estas sentencias, en relación con la determinación del alcance de la inmunidad parlamentaria como manifestación del derecho a la participación política (art. 23 CE), consideran expresamente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “ha declarado que los objetivos del Protocolo (núm. 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea se concretan en garantizar a sus instituciones una protección completa y efectiva contra cualquier impedimento o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen funcionamiento y a su independencia. Objetivos que proyectados sobre el Parlamento Europeo no solo implican que su composición refleje de forma fiel y completa la libre expresión de las preferencias manifestadas por los ciudadanos de la Unión, sino también que el Parlamento Europeo quede protegido en el ejercicio de sus actividades contra cualquier impedimento o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen funcionamiento” [FJ 3 B) d)].
Luego dichas sentencias utilizan ese criterio comoratio decidendidel litigio concreto, al señalar que “la interpretación judicial de la que discrepan los recurrentes en amparo se cohonesta con la finalidad institucional que se persigue con la prerrogativa de la inmunidad y que permite ‘preservar su legitimidad’ (STC 124/2001, FJ 4), cual es la de evitar que la vía penal pueda ser utilizada con la intención de perturbar o alterar el funcionamiento de las Cámaras o la composición que el cuerpo electoral le ha dado en el ejercicio del derecho de sufragio (art. 23.1 CE)” (FJ 6).
Dado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha precisado cuáles son los principios generales que informan la interpretación de la inmunidad prevista en el art. 9.1 a) del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, y dado que esos criterios objetivos, incluso en su misma literalidad, son los que han aplicado las SSTC 70/2021 y 71/2021 en supuestos en que se decidía sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria, este tribunal ha entendido que, sin necesidad de elevar una cuestión prejudicial que sería redundante, le cabía determinar si en el presente caso se han respetado tales criterios.
Esto es lo que ha hecho el Tribunal en el fundamento jurídico 13.1 de esta resolución (“La inmunidad de don Oriol Fuentes como diputado del Parlamento Europeo”) donde, con el detalle que allí consta, aprecia que la decisión de la Sala de continuar con el enjuiciamiento del eurodiputado señor Junqueras sin solicitar al Parlamento Europeo el levantamiento de su inmunidad, en la medida que se debe a que la condición de europarlamentario ha sido adquirida sobrevenidamente una vez que ha concluido el juicio oral, no solo toma razonadamente en consideración aquellos principios rectores de las inmunidades de las instituciones europeas sino que es la expresión de su significado sistemático dentro del conjunto del ordenamiento jurídico.»
La aplicación de estas consideraciones al presente recurso de amparo conlleva la misma conclusión de improcedencia de suscitar la cuestión prejudicial propuesta por el demandante de amparo en el recurso avocado núm. 1634-2020, con remisión a lo expuesto en el fundamento jurídico 3, en el que se han desarrollado las razones para desestimar la invocación del art. 23.2 CE en relación con la negativa a solicitar el suplicatorio del demandante de amparo una vez que adquirió sobrevenidamente la condición de diputado del Parlamento Europeo tras la conclusión del juicio oral.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar los recursos de amparo avocados acumulados interpuestos por don Oriol Fuentes Bravo Vicente esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiocho de junio de dos mil veintidós.–Pedro José Román León Antonio Gómez Castillos.–Santiago Ramos-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María Muñoz Herrero Callejón.–Ramón Martínez Campos Arnaldo Alcubilla.–Concepción Reyes Gil.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.
Con el máximo respeto a mis compañeros del Tribunal, reflejo en este voto particular la posición discrepante que defendí en la deliberación de este recurso de amparo avocado acumulado respecto de la invocación del derecho a la representación política (art. 23.2 CE). Esta posición es reproducción de la que ya expuse en el apartado C) del voto particular que formulé a la STC 45/2022, de 23 de marzo, habida cuenta de que, como se reconoce por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, es la que ha servido en su fundamento jurídico 13 como base para la resolución del presente recurso de amparo acumulado.
1. El demandante de amparo ha invocado la vulneración del derecho a la representación política (art. 23.2 CE) alegando, entre otros aspectos, que no se aplicó el efecto suspensivo que sobre la pieza principal de la causa especial núm. 20907-2017 tuvo el planteamiento de la cuestión prejudicial en la pieza de situación personal por auto de 1 de julio de 2019 sobre el alcance de su inmunidad como diputado electo del Parlamento Europeo, que fue resuelta por la STJUE de 19 de diciembre de 2019, asunto C-502/19, y las consecuencias negativas que de ello se derivaron respecto de la protección que le debía haber dispensado la institución de la inmunidad, que quedó sin ningún efecto útil.
Más en concreto, el demandante de amparo incide en que en la ejecutoria a que dio lugar la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 459/2019, de 14 de octubre, solo se acordó suspender la pena de inhabilitación absoluta, en aplicación del citado efecto suspensivo, pero que no se hizo lo mismo con la pena de prisión, que se comenzó a cumplir sin posibilidad de conocer el alcance que sobre su enjuiciamiento pudiera tener la resolución de la cuestión prejudicial y, especialmente, la necesidad del suplicatorio. Del mismo modo, proyecta esa invocación sobre las resoluciones dictadas en las que se acordó, tras la STJUE de 19 de diciembre de 2019, denegar la autorización para su desplazamiento al Parlamento Europeo, su puesta en libertad, la anulación de la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2019 y no haber lugar a la tramitación del suplicatorio, con fundamento, entre otras consideraciones, en que dichas peticiones carecían ya de objeto porque la situación de prisión preventiva vigente en el momento en que se planteó la cuestión prejudicial había devenido en el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia condenatoria. Esta pena había desplegado, como efecto autónomo, la concurrencia de una causa sobrevenida de inelegibilidad y, por tanto, de incompatibilidad [arts. 6.2 a) y 211 LOREG], que le hacía perder la condición de diputado del Parlamento Europeo y cualquier beneficio derivado de la institución de la inmunidad parlamentaria.
2. Los presupuestos fácticos que deben ser considerados relevantes para la resolución de esta invocación en el presente recurso de amparo avocado acumulado son los siguientes:
(i) El demandante de amparo, mientras se celebraba el juicio oral de la causa especial 20907-2017, concurrió a las elecciones europeas y fue declarado diputado electo por acuerdo de la Junta Electoral Central de 13 de junio de 2019, un día después de la finalización del juicio oral y de que quedara la causa vista para sentencia.
(ii) En la pieza de situación personal, al serle denegado por la sala de enjuiciamiento un permiso para poder cumplimentar los trámites establecidos en la normativa nacional para acceder a la plena condición de eurodiputado, interpuso recurso de súplica solicitando el planteamiento de determinadas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el eventual reconocimiento de la inmunidad parlamentaria, lo que fue aceptado por auto de 1 de julio de 2019 con suspensión de la resolución de ese recurso de súplica.
(iii) El demandante, mediante escrito de 17 de septiembre de 2019, solicitó que se suspendiera también la pieza principal del procedimiento (ya solo quedaba el pronunciamiento de la sentencia) a la espera de la resolución de las cuestiones prejudiciales, argumentando que la sentencia podría determinar la eventual necesidad de petición de un suplicatorio, lo que fue denegado por auto de 3 de octubre de 2019. Se dictó sentencia condenatoria el 14 de octubre de 2019.
(iv) La condena dio lugar a la incoación de la ejecutoria por auto de 14 de octubre de 2019 en el que se acordó, respecto del demandante de amparo, la suspensión de la pena de inhabilitación absoluta con el argumento de que «puede resultar condicionada por el efecto reflejo, en su caso, de la resolución del recurso de súplica pendiente en la pieza de situación contra el auto de 14 de mayo de 2019». La decisión fue confirmada en súplica por auto de 18 de noviembre de 2018, que denegó la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta.
(v) La STJUE de 19 de diciembre de 2019, asunto C-502/19, resolvió las cuestiones prejudiciales declarando que el demandante de amparo gozaba de inmunidad desde que había sido oficialmente proclamado electo al Parlamento Europeo y que esa inmunidad implicaba el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas; pero que «si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad […]».
(vi) Por auto de 9 de enero de 2020 se resolvió el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 14 de junio de 2019 acordando, entre otros extremos, que el demandante de amparo adquirió el estatuto derivado de la condición de eurodiputado el día 13 de junio de 2019, pero que procedía el mantenimiento de su prisión preventiva sin que ya resultara posible instar el suplicatorio al estar en fase de cumplimiento de la pena.
(vii) Por un segundo auto de 9 de enero de 2020, pronunciado ya en la pieza principal de la causa con la finalidad de resolver aquellos aspectos afectados por la STJUE de 19 de diciembre de 2019, se acordó: (a) no ha lugar a autorizar el desplazamiento del demandante a la sede del Parlamento Europeo; (b) no ha lugar a acordar su libertad; (c) no ha lugar a declarar la nulidad de la sentencia de 14 de octubre de 2019; (d) no ha lugar a la tramitación del suplicatorio ante el Parlamento Europeo; y (e) proveer en la pieza de ejecución el alzamiento de la suspensión de la pena de trece años de inhabilitación impuesta al condenado. El principal argumento es que, si bien el demandante de amparo habría adquirido la condición de parlamentario sin necesidad de ningún desplazamiento para trámites burocráticos desde el día 13 de junio de 2019, fecha en que fue reconocida su condición de electo, «la realidad que ahora se proyecta sobre el recurrente no es la de un preso preventivo, sino la de un preso condenado que, por el solo hecho de serlo, ha incurrido en una causa sobrevenida de inelegibilidad», lo que implica una causa de incompatibilidad que lo excluye del Parlamento Europeo [arts. 6.2 a) y 211 LOREG]. El auto fue confirmado por auto de 29 de enero de 2020.
3. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia desestima la invocación del art. 23.2 CE en relación con las distintas resoluciones impugnadas con fundamento en los razonamientos que se resumen a continuación:
(i) Desde la perspectiva del parámetro de control de constitucionalidad, se reconoce que el derecho a la tutela judicial efectiva, en su dimensión de derecho a un proceso con todas las garantías, puede quedar concernido en aquellos casos en que el órgano judicial que promueve una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva sin esperar a que dicho tribunal se pronuncie sobre el particular, ya que en tal caso quedaría impedida o defraudada la eficacia de la garantía procesal que significa la cuestión prejudicial de interpretación.
(ii) Esta vulneración concurre cuando es el propio órgano judicial el que, al plantear la cuestión prejudicial, está reconociendo esa relación de dependencia con el procedimiento en que se solicita la respuesta prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también cuando el órgano judicial que la promueve tiene pendiente ante sí cuestiones que, aunque estén fuera del procedimiento concreto en que se eleva la cuestión prejudicial, puedan revestir una relación de dependencia con la interpretación que haga el Tribunal de Justicia de las normas europeas consultadas.
(iii) En este último caso corresponde al órgano judicial, como decisión de legalidad ordinaria, establecer si, por entender que concurre una relación de dependencia, procede paralizar ese procedimiento hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o, por no apreciar tal relación de dependencia, cabe continuar el procedimiento y resolver sobre esas cuestiones sin esperar a aquel pronunciamiento. Esta decisión puede ser revisada en vía de amparo por el Tribunal Constitucional, a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de derecho a un proceso con todas las garantías, por lo que la lesión de estos derechos solo se produciría de haberse incurrido en algún defecto constitucional de motivación (arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente).
(iv) La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, tras analizar la inicial decisión del órgano judicial adoptada en el auto de 1 de julio de 2019 de plantear las cuestiones prejudiciales y suspender solo la tramitación de la pieza de situación personal, concluye que responde a parámetros de razonabilidad, ya que del citado planteamiento cabe deducir que la respuesta en relación con la eventual inmunidad de la que pudiera ser beneficiario el demandante de amparo solo afectaba a su derecho a salir de la prisión para acudir a la sesión constitutiva y, por tanto, a la cuestión pendiente de resolución en esa pieza de situación personal.
(v) La posición mayoritaria, más allá del anterior pronunciamiento, analiza si las cuestiones planteadas en la pieza principal revestían una relación de dependencia con la resolución de las cuestiones prejudiciales, concluyendo que, tal como había reiterado el órgano judicial en numerosas resoluciones, no era así, pues la posibilidad misma de enjuiciarlo sin necesidad de solicitar el suplicatorio del Parlamento Europeo se relacionaba con un contenido distinto de la inmunidad de desplazamiento cuestionada, lo cual es una respuesta que tampoco incurre en irrazonabilidad.
A partir de todas estas consideraciones, la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia concluye con la desestimación del recurso en relación con las diversas resoluciones impugnadas y destaca la razonabilidad de la no suspensión de la pena de prisión impuesta así como las decisiones de no proyectar ningún otro efecto derivado de la resolución de las cuestiones prejudiciales y el reconocimiento de su inmunidad.
4. Estoy de acuerdo con la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia en que, con carácter general, el incumplimiento de la obligación de suspensión establecida en el art. 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aprobado como Protocolo núm. 3 anejo a los Tratados de la Unión Europea y de funcionamiento de la Unión Europea, vinculado al planteamiento de una cuestión prejudicial en los términos del art. 19.3 b) TUE y 267 TFUE, puede suponer la vulneración de garantías procedimentales básicas y de la tutela judicial efectiva.
Ahora bien, creo que hubiera sido necesario destacar de una forma más rotunda que la razón de esa conclusión no es solo que quedaría impedida o defraudada la eficacia de la garantía procesal que significa la cuestión prejudicial, sino también que se produciría la infracción de otro principio nuclear de nuestro sistema de fuentes como es el de la primacía del Derecho de la Unión Europea. La jurisprudencia constitucional se ha extendido sobre ese particular en supuestos, por ejemplo, en que (i) se considera desplazada una norma interna sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando exista una duda objetiva sobre esa supuesta contradicción (así, SSTC 58/2004, de 19 de abril, FJ 9; 194/2006, de 19 de junio, FJ 5, y 37/2019, de 26 de marzo, FJ 6); (ii) se hace aplicación de una norma interna supuestamente contraria al Derecho de la Unión, dejando de plantear una cuestión prejudicial, sin haber dado razones sobre dicha decisión o incurriendo en algún defecto constitucional de motivación (SSTC 27/2013, de 11 de febrero, FJ 7; 212/2014, de 18 de diciembre, FJ 3; 99/2015, de 25 de mayo, FJ 3; 22/2018, de 5 de marzo, FJ 4, y 25/2022, de 23 de febrero, FJ 8.4), o cuando ya exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia en esa materia (SSTC 145/2012, de 2 de julio, FJ 6; 232/2015, de 5 de noviembre, FJ 5; 75/2017, de 19 de junio, FJ 3; 31/2019, de 28 de febrero, FJ 6, y 152/2021, de 13 de septiembre, FJ 4); y (iii) se ignora la aplicabilidad directa del efecto vinculante de las directivas no traspuestas en plazo que crean derechos mediante disposiciones incondicionales y suficientemente precisas (STC 13/2017, de 30 de enero, FJ 6). Por tanto, considero que hubiera sido también pertinente que respecto de la cuestión suscitada del eventual incumplimiento de la obligación de suspensión por el planteamiento de una cuestión prejudicial se hubiera incidido en la dimensión que tiene de infracción de la primacía del Derecho de la Unión.
En cualquier caso, debo mostrar mi conformidad con que en el presente recurso se haya considerado adecuado abordar la hipótesis de que el incumplimiento de la exigencia de otorgar la debida primacía al Derecho de la Unión pudiera suponer no solo la vulneración de garantías constitucionales procedimentales o de tutela judicial efectiva sino también de derechos sustantivos –en este caso, el derecho a la representación política (art. 23.2 CE)– por el efecto que podría tener pronunciar, contra una eventual obligación de suspensión, de manera anticipada una sentencia condenatoria que tenía como efecto inmediato la pérdida de la condición de eurodiputado por la imposición de la pena de inhabilitación absoluta o la privativa de libertad, al constituirse esta en una causa de inelegibilidad y, por tanto, de incompatibilidad conforme a la normativa electoral.
5. Al margen de lo anterior, considero que el análisis realizado conforme a la opinión mayoritaria sobre la razonabilidad de la decisión judicial de no suspender el proceso principal a la espera de la resolución de las cuestiones prejudiciales sustanciadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –fundado en la no suspensión de la pena de prisión en la ejecutoria y la negativa posterior a dotar de cualquier efecto al reconocimiento de la situación de inmunidad en la STJUE de 19 de diciembre de 2019 con el argumento de la pérdida sobrevenida de la condición de diputado precisamente por haber sido objeto de una pena de prisión cuya suspensión se había denegado– no resulta lo suficientemente concluyente como para la desestimación de la invocación realizada. A mi juicio, en efecto, no toma en consideración ni pondera determinados aspectos y circunstancias alegadas por el demandante de amparo y acreditadas en las actuaciones que, en principio, no descartarían la presencia de indicios de que el órgano judicial consideraba que existía una relación de dependencia –no solo indirecta sino incluso directa– entre la resolución de las cuestiones prejudiciales y el objeto que debía resolverse en la pieza principal del procedimiento o, al menos, que aconsejarían prudencialmente no excluir dicha dependencia hasta el extremo de que hubiera resultado necesario, también en respeto a la primacía del Derecho de la Unión Europea, paralizar la tramitación de la causa principal o adoptar alguna otra medida adecuada.
Esos elementos que en mi opinión no son debidamente ponderados en la ponencia y tendrían una potencial influencia en el análisis de la invocación realizada sobre esta concreta cuestión serían los siguientes por las razones que también a continuación se exponen:
(i) El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, una vez que se dicta la sentencia condenatoria el 14 de octubre de 2019, sin esperar a la resolución de las cuestiones prejudiciales, envía al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con esa misma fecha de 14 de octubre de 2019 un oficio remisorio de la sentencia, haciendo constar que «pongo en conocimiento que la citada cuestión prejudicial sigue manteniendo su interés y vigencia para este Tribunal Supremo, toda vez que la respuesta del Tribunal de Justicia tendrá eficacia con independencia de la situación de prisión preventiva o penado que afecte a don Oriol Fuentes i Vies».
Esta indicación de la Presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo parece evidenciar que el órgano de enjuiciamiento no excluía que la dependencia de la resolución de las cuestiones prejudiciales no quedaba limitada a la respuesta que debía darse en el contexto del recurso de súplica planteado en la pieza de situación personal (en la que el demandante estaba en situación de prisión preventiva) sino también en la pieza principal, único contexto en el que el demandante de amparo podría adquirir la condición de penado mediante el pronunciamiento de una sentencia sobre el fondo.
Si entonces se afirmaba que las cuestiones tenían interés y vigencia con independencia de la situación de prisión preventiva o de penado, entiendo que no se excluía una eventual influencia sobre la situación de penado que solo podría adquirirse a partir de la continuidad de la pieza principal en aparente contravención con la obligación de suspensión respecto de cualquier decisión que pudiera verse afectada por la solución de la cuestión prejudicial.
(ii) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, simultáneamente con la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2019, dictó el auto de 14 de octubre de 2019 acordando la ejecución de la sentencia respecto del demandante de amparo, pero haciendo constar en el segundo párrafo de su fundamento jurídico único la suspensión de la pena principal de inhabilitación absoluta con el siguiente razonamiento: «En cuanto a la pena de inhabilitación, esta puede resultar condicionada por el efecto reflejo, en su caso, de la resolución del recurso de súplica pendiente en la pieza de situación contra el auto de 14 de mayo de 2019. Como quiera que esa pena se integra por una parte privativa de derechos no susceptible de suspensión y por una delimitación temporal de su ejercicio, la Sala acuerda posponer su ejecución hasta la resolución del recurso».
La indicación de la Sala de que la pena de inhabilitación podía resultar condicionada por el efecto reflejo de lo que se acordara respecto de las cuestiones prejudiciales es otro elemento que, en este caso, solo parece poder interpretarse como un reconocimiento por el órgano de enjuiciamiento de que no cabría excluir que la dependencia de la resolución de las cuestiones prejudiciales se extendía a la pieza principal, único contexto en el que el recurrente podría resultar condenado a la pena de inhabilitación absoluta.
Por tanto, si entonces se estableció la necesidad de suspender una pena que solo podía ser impuesta como consecuencia del pronunciamiento de la sentencia condenatoria en la pieza principal es porque no se podía excluir una eventual influencia sobre la situación de penado derivada de la continuidad de la pieza principal en aparente contravención con la obligación de suspensión respecto de cualquier decisión que pudiera verse afectada por la solución de la cuestión prejudicial.
(iii) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el auto de 18 de noviembre de 2019, en que se dio respuesta al recurso de súplica interpuesto por el demandante de amparo contra el anterior auto y a la petición de que la suspensión también alcanzara a la pena de prisión, afirma en el apartado 2 de su fundamento de Derecho único que «[e]l objeto y alcance de la cuestión prejudicial fueron expuestos con claridad en el auto en el que se acordó su planteamiento y han sido reiterados en anteriores resoluciones de esta Sala ante las peticiones de alguna de las partes relativas a la suspensión de este procedimiento a la espera de su resolución», a lo que añade que «[e]se objeto y ese alcance son los que justifican la decisión adoptada en la resolución recurrida y con la extensión en ella indicada. Solo de la pena de inhabilitación son predicables las características que justifican que esta Sala posponga su ejecución».
De nuevo, esta reiteración de que el objeto y alcance de la cuestión prejudicial es lo que justifica la decisión de suspensión de la pena de inhabilitación parece profundizar en el reconocimiento por parte de la Sala de la existencia de una dependencia de la pieza principal con la resolución de las cuestiones prejudiciales, ya que, se insiste en ello, solo en esa pieza principal mediante la condena del demandante podría entrar en juego una pena de inhabilitación que la propia Sala considera necesario suspender a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
(iv) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, una vez resueltas las cuestiones prejudiciales por la STJUE de 19 de diciembre de 2019, pronuncia dos autos el 9 de enero de 2020.
El primero tenía por objeto resolver el recurso de súplica cuya resolución estaba suspendida por el auto de 1 de julio de 2019 a consecuencia del planteamiento de las cuestiones prejudiciales. En ese auto, atendiendo al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se estima el recurso en el sentido de reconocer la condición de eurodiputado del recurrente desde el 13 de junio de 2019, señalando que de no haber pasado ya el recurrente a la condición de penado hubiera procedido el mantenimiento de su prisión preventiva, sin perjuicio de una ágil activación del suplicatorio ante el Parlamento Europeo. Ahora bien, en el último párrafo del fundamento de Derecho sexto se afirma lo siguiente: «Conforme a lo señalado en la sentencia de 19 de diciembre de 2019, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a nuestro auto de fecha 1 de julio de 2019 –parágrafos 93 y 30–, los efectos jurídicos que han de proyectarse sobre la causa principal y que, por tanto, desbordan el contexto del recurso de súplica interpuesto por la defensa del señor Junqueras, serán resueltos en resolución aparte».
La referencia explícita a los efectos jurídicos que la resolución de las cuestiones prejudiciales tiene sobre la cuestión principal y a que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desborda el contexto de súplica en cuyo contexto fueron formuladas pone también de manifiesto, aunque ahora lo sea con posterioridad a la STJUE y ya conocido su contenido, el reconocimiento expreso de la existencia de una dependencia de la pieza principal con las cuestiones prejudiciales pendientes de resolución. Una dependencia tan directa que llega hasta el límite de exigir que se dicte un segundo auto para resolver, precisamente en la pieza principal que se afirmó que no era necesario suspender, todos los efectos jurídicos que sobre ella proyectaba la STJUE.
(v) El segundo de los autos de 9 de enero de 2020, pronunciado ya en la pieza principal con la finalidad de resolver aquellos aspectos afectados por la STJUE, tras hacer un extenso resumen de la citada sentencia y de las circunstancias procesales que dieron lugar al planteamiento de las cuestiones prejudiciales en el contexto de la pieza de situación personal, realiza toda una serie de afirmaciones que también son potencialmente relevantes en esta cuestión:
(a) En el fundamento de Derecho quinto se afirma lo siguiente: «El juego combinado de los apartados 93 y 30 de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la conclusión de que es a esta Sala a la que corresponde dilucidar los efectos –directos o indirectos– que la respuesta a la cuestión prejudicial debe conllevar. Ello no priva de interés a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, así lo expresó esta Sala en el escrito de 14 de octubre de 2019, en el que comunicamos al Tribunal de Justicia que la petición de decisión prejudicial, pese a la firmeza de la sentencia, seguía manteniendo interés y vigencia, toda vez que la respuesta a las cuestiones formuladas en el auto de remisión tendría eficacia, con independencia de la situación de prisión preventiva o penado que afecte al señor Junqueras (apartados 41 y 42). Y ello, lógicamente, en función del alcance de la modalidad de inmunidad que se derivase de la respuesta del Tribunal».
Este párrafo no solo afianza lo que ya se afirmó anteriormente en el apartado (i) en relación con el oficio remitido por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que añade un elemento más indiciario de que ya entonces, antes de resolverse las cuestiones prejudiciales, la sala de enjuiciamiento era conocedora de que la dependencia derivada del planteamiento de la cuestión prejudicial no quedaba limitada a la pieza de situación personal, que efectivamente suspendió, sino que se extendía a la pieza principal, cuya tramitación se negó reiteradamente a suspender a pesar de la petición del demandante, que es el presupuesto fáctico de la vulneración que se está ahora analizando.
Solo así parece poder entenderse la referencia, que ahora sí es expresa, de que la vigencia de las cuestiones prejudiciales tras dictar la sentencia condenatoria estaba vinculada con el hecho relevante de comprobar cuál era el alcance general de la modalidad de inmunidad que se derivase de la respuesta del Tribunal y que, por tanto, podría no haberse limitado a la inmunidad de desplazamiento, afectada en la pieza de situación personal, sino a la inmunidad de enjuiciamiento o jurisdicción, afectada en la pieza principal.
(b) En el fundamento de Derecho 5.1 se afirma que «es evidente que la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba al señor Junqueras por la pena de prisión impuesta en sentencia firme, acarrea trascendentales efectos que no pueden eludirse al examinar las consecuencias de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
De nuevo, es el propio órgano judicial que se negó a suspender la pieza principal por considerar que nada de lo que allí sucediera podría depender de las resoluciones de las cuestiones prejudiciales, el que en esta resolución hace afirmaciones tan categóricas como que la sustitución de la prisión preventiva por la prisión, que solo cabría producirse con la continuación de la pieza principal mediante ejecución de la sentencia condenatoria, «es evidente que […] acarrea transcendentales efectos» vinculados a lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por tanto, también este es un elemento indiciario que no permite excluir que la reiterada decisión de no suspender la pieza principal fue adoptada con la concurrencia de defectos de motivación constitucionalmente relevantes.
(c) En el fundamento de Derecho 5.1 también se razona que (i) la pena privativa de libertad, que no fue suspendida, implica por ministerio de la ley una situación de inelegibilidad que se constituye en una causa de incompatibilidad que excluye al demandante del Parlamento Europeo; (ii) esta circunstancia no era contradictoria con la decisión de suspender la pena de inhabilitación a la espera de la respuesta a las cuestiones prejudiciales, pues «la ejecución de la pena de inhabilitación y, sobre todo, su liquidación de condena, podían quedar condicionadas por la respuesta que ofreciera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una obviedad»; y (iii) esto no implicaba aceptar implícitamente una eficacia de las cuestiones prejudiciales respecto de la pieza principal, ya que «se trataba, en fin, de determinar el alcance de la inmunidad –si llegara a reconocérsele– y si ese reconocimiento limitaba, en alguna medida, nuestro pronunciamiento, que conllevaba la pérdida de la condición de europarlamentario del señor Junqueras. Y hasta tanto no se pronunciara el Tribunal de Justicia, no podíamos precisar sus últimos perfiles, que habían de ser definidos en la sentencia que diera respuesta a la cuestión prejudicial».
El órgano judicial realiza nuevamente afirmaciones que pueden no responder a criterios de razonabilidad respecto de su decisión de no suspender la pieza principal del procedimiento penal. En apariencia, no puede excluirse que se esté incurriendo en una contradicción lógica cuando se contrapone la afirmación de que nada de lo que se decidiera en la pieza principal dependía de la resolución de las cuestiones prejudiciales, hasta el límite de que no resultaba necesaria su suspensión, con el reconocimiento de que el mantenimiento de la eficacia y vigencia de las cuestiones prejudiciales radicaba en el interés de determinar cuál era el alcance de la inmunidad que pudiera reconocérsele y «si ese reconocimiento limitaba, en alguna medida, nuestro pronunciamiento, que conllevaba la pérdida de la condición de europarlamentario del señor Junqueras».
En última instancia, ese potencial pronunciamiento sobre la pérdida de la condición de eurodiputado en ningún caso podría derivarse de la decisión sobre la posibilidad de que se le concediera un permiso penitenciario, que era el exclusivo objeto de la pieza de situación personal cuya suspensión se acordó, sino de una condena firme derivada bien de la pena de prisión, por constituir una causa de inelegibilidad y de incompatibilidad, bien de la pena de inhabilitación absoluta, y ambos son pronunciamientos que solo pueden ser objeto de una sentencia sobre el fondo dictada en la pieza principal posibilitada por la decisión de no suspender dicha pieza.
6. En conclusión, todos los extremos señalados anteriormente podrían resultar relevantes en el análisis de la concreta invocación del derecho a la representación política (art. 23.2 CE) vinculados a la negativa del órgano judicial a otorgar los efectos suspensivos propios del planteamiento de las cuestiones prejudiciales a la pieza principal, anticipando con ello el pronunciamiento de la sentencia condenatoria. No obstante, la sentencia fundada en la opinión mayoritaria no los pondera en el análisis que hace para concluir la desestimación de esta cuestión a pesar de que (i) son aspectos alegados por el demandante, (ii) acreditados en las actuaciones y (iii) a partir de los cuales parece derivarse un panorama indiciario de que dicha decisión de no suspensión –y las diferentes consecuencias que de ella se derivaron, que han sido objeto de impugnación en este recurso de amparo avocado acumulado–, podría estar incursa en un defecto constitucional de motivación que conllevara, además, una vulneración del art. 23.2 CE.
Madrid, a veintiocho de junio de dos mil veintidós.–Juan Antonio Gómez Castillos.–Ramón Sáez Valcárcel.–Firmado y rubricado.
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con total respeto a la opinión de la mayoría reflejada en la sentencia, formulo el presente voto.
En la medida en que la sentencia acude a la argumentación contenida en la que resolvió el recurso de amparo núm. 1621-2020, este voto remite, en su integridad, al que formulé a la STC 45/2022, de 23 de marzo.
Madrid, a veintiocho de junio de dos mil veintidós.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.