Categoría: Normativas

público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a cuatro años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas de prisión de uno a tres años, multa del tanto al séxtuplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cuatro a seis años.
Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a seis años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años. A los efectos de este artículo se entiende por información privilegiada toda información de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada.
4. En los casos en los que la vía penal sea aplicable, se seguirá esta, sin perjuicio de que en caso de finalizar sin condena se puedan iniciar los trámites en el orden jurisdiccional que corresponda en razón del vínculo con el INE.
1. Entidad investigadora.
Nombre de la institución ..................................................................................
Dirección .......................................................................................................
Página web ....................................................................................................
2. Responsable del proyecto.
Título del proyecto ...........................................................................................
Responsable del proyecto ................................................................................
Cargo ...........................................................................................................
Teléfono .......................................................................................................
Correo electrónico ..........................................................................................
Don/Doña ............................................................................................................
Como representante de la institución arriba indicada.
Haber leído y comprendido el documento titulado: El secreto estadístico. Las obligaciones que impone. Las consecuencias de su vulneración.
Que se encuentra a continuación, y con el que se compromete a velar por que únicamente el personal relacionado con el proyecto que haya firmado el documento «Declaración en Materia de Secreto Estadístico», acceda a los microdatos confidenciales, y a entregar al INE dichas declaraciones individuales.
Y para que conste firma el presente documento:
(Firma y fecha)
El artículo 2 del Reglamento 223/2009 del Consejo y el Parlamento europeos relativo a la estadística europea establece que: «Secreto estadístico» significa proteger los datos relacionados con las unidades estadísticas individuales que se obtengan directamente con fines estadísticos o indirectamente a partir de fuentes administrativas u otras, contra toda infracción del derecho a la intimidad, lo que implica la prevención de la utilización de datos para fines no estadísticos y su divulgación ilegal.
La Ley de la Función Estadística Pública (LFEP) de 1989, actualizada el 8 de julio de 2022, en su artículo 13 establece que:
1. Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos confidenciales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de otras fuentes.
2. Se entiende que son datos confidenciales, los datos que permiten identificar, directa o indirectamente, a las unidades estadísticas y divulgar, por tanto, información sobre particulares. Para determinar si una unidad estadística es identificable, deberán tenerse en cuenta todos los medios pertinentes que razonablemente podría utilizar un tercero para identificar a la unidad estadística. Por identificación directa se entenderá la identificación de una unidad estadística por su nombre o apellidos, su domicilio o un número de identificación públicamente accesible. Por identificación indirecta se entenderá la identificación de una unidad estadística por otros medios que los de la identificación directa.
3. El secreto estadístico obliga a los servicios estadísticos a no difundir en ningún caso los datos confidenciales, cualquiera que sea su origen.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su artículo 25.1 establece que «el tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se someterá a lo dispuesto en su legislación específica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente Ley orgánica». Por tanto, sigue siendo de aplicación en esta materia lo previsto en la LFEP, sin perjuicio de las competencias inspectoras y sancionadoras que ejerce la Agencia de Protección de Datos, también respecto a los datos estadísticos.
La LFEP establece, en su artículo 17 (apartados 17.1 y 17.2) que tiene obligación de preservar el secreto estadístico «todo el personal estadístico», dependiente tanto del Instituto Nacional de Estadística, como de los demás Órganos Estadísticos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local.
También están obligados a preservarlo «cuantas personas, físicas o jurídicas, tengan conocimiento de datos amparados por aquél con ocasión de su participación en cualquiera de las fases del proceso estadístico en virtud de contrato, acuerdo o convenio de cualquier género». (Artículo 17.3 LFEP).
«Esta obligación se mantiene aun después de que las personas implicadas hayan concluido su vínculo con los servicios estadísticos». (Artículo 17.4 LFEP).
Las medidas disciplinarias por la vulneración del secreto estadístico son tanto de orden penal como de otros órdenes jurisdiccionales.
1. Según el artículo 50 de la LFEP:
2. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento del deber del secreto estadístico.
b) La utilización para finalidades distintas de las estadísticas de los datos confidenciales obtenidos directamente de los informantes por los servicios estadísticos.
(…)
2. Para el personal laboral que preste servicios para la Administración, o equiparado en virtud de una contratación, acuerdo o servicio, podrá considerarse la existencia de un presunto delito penal según los artículos 197, 198 y 199 del Código Penal:
Artículo 197.
1. El que para descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, (…) será castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se halle registrado en ficheros o soportes informáticos.
Artículo 198.
La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito y prevaleciéndose de su cargo, realizare cualesquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.
Artículo 199.
1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.
2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro mece e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.
3. En el caso específico del personal funcionario, la violación del secreto estadístico podrá suponer incurrir en alguno de los delitos previstos para los funcionarios, establecidos, entre otros, en los artículos 417 y 442 del Código Penal:
Artículo 417.
La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior, resultará grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años. (...).
Artículo 442.
La autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de multa del tanto al triplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a cuatro años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas de prisión de uno a tres años, multa del tanto al séxtuplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cuatro a seis años.
Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a seis años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años. A los efectos de este artículo se entiende por información privilegiada toda información de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada.
4. En los casos en los que la vía penal sea aplicable, se seguirá esta, sin perjuicio de que en caso de finalizar sin condena se puedan iniciar los trámites en el orden jurisdiccional que corresponda en razón del vínculo con el INE.