Categoría: Administración

En el recurso interpuesto por don J. M. F. S., don M. A. M. S. y don J. L. V. C., en calidad de albaceas universales con facultades de disponer con carácter general y contadores-partidores respecto de la herencia de don M. P. P., contra la negativa del registrador de la Propiedad de A Coruña número 1, don José Torres Reyes Soto, a inscribir una escritura de «adaptación de la “Fundación Manuel Piñeiro Pose” y de sus estatutos a la legislación vigente, formalización de la entrega de los bienes legados y aportación a la fundación».
Mediante escritura autorizada el día 30 de noviembre de 2022 por la notaria de A Coruña, doña María Márquez Domínguez Vega, con el número 1.340 de protocolo, además de solicitar la adaptación de la «Fundación Manuel Piñeiro Pose», y de sus estatutos, a la legislación vigente, los albaceas (ahora recuentes) de dicho causante formalizaron también una entrega de legado a dicha fundación (con el carácter de dotación inicial) del 30% de cada una de las fincas números 6.836 y 7.681 del Registro de la Propiedad de A Coruña número 1, a la vez que, haciendo efectivo el acuerdo del patronato adoptado en reunión de 28 de diciembre de 2021, aportaban a la misma fundación, como contribución voluntaria, la participación del 70% restante en dichas fincas registrales.
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de A Coruña número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Asiento de presentación 540 del Diario 223.
Hechos.
Por escritura de fecha 30 de noviembre de 2022, otorgada ante la Notario de esta ciudad, doña María Márquez Domínguez Vega, número 1340 de protocolo, presentada a las 16:40 horas del día 13 de Diciembre de 2022, bajo el Asiento 540 del Diario 223, los Albaceas testamentarios, en la herencia de Don M. P. P., proceden a la adaptación de la Fundación a los requisitos de constitución vigente que será objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones y solicitan la inscripción de la propiedad de los bienes inmuebles: casa señalada con el número (…), de esta ciudad, y casa señalada con el número (…), de esta ciudad, a nombre de la Fundación.
Fundamentos de Derecho.
Los albaceas tienen que cumplir la voluntad del testador. El Albacea es la persona encargada de hacer cumplir la última voluntad de un difunto y de custodiar sus bienes hasta que se repartan entre los herederos.
Del testamento incorporado a la escritura referida no resulta, en ningún momento, que la voluntad del mismo fuera la de entregar el dominio de los inmuebles a la Fundación creada por los Albaceas.
Es más en la cláusula 16 del testamento, Don M. P. P. recomienda “igualmente a mis albaceas que cuando legalmente deje de tener eficacia jurídica la prohibición de enajenar –que ha dejado de tener eficacia por el transcurso de más de treinta años desde el fallecimiento de Don M. P. P., el día seis de agosto de mil novecientos cuarenta– de las casas números (…) y (…) de esta ciudad de La Coruña, gestionen de la Corporación Municipal de esta Capital que suministre el metálico suficiente para la adquisición de valores del Estado bastantes para la capitalización de la parte alícuota de que dispongo de dichas casas a favor de mi alma, a fin de que de este modo queden dichas casas íntegramente para el Hospital Municipal de La Coruña, y asegurado el perfecto cumplimiento de la manda piadosa que se consigna en el capítulo tercero de este testamento.”
La Resolución del Ministerio de la Gobernación de 4 de agosto de 1952, que aprobó la Fundación, requisito con arreglo a la ley vigente en ese momento, estableció en el punto 3.º la inscripción a nombre de la Fundación de los inmuebles que le pertenecen.–La resolución fue revocada, en cuanto al punto 3.º, el 23 de junio de 1956, por sentencia del Tribunal Supremo.
De todo esto resulta que la Fundación no tiene el carácter de heredera ni legataria de la herencia de Don M. P. P., es más, según la cláusula 16, parece que la intención del fallecido era disponer en favor del Hospital de la Coruña y, si este no existiera o hubiese desaparecido, corresponde a sus sucesores jurídicos.
Calificación.
Resuelvo denegar la inscripción del precedente documento, en cuanto a los dos edificios: casa señalada con el número (…), de esta ciudad, y casa señalada con el número (…), de esta ciudad, a favor de la “Fundación Manuel Piñeiro Molina Mendoza la presente (…)
A Coruña, veintinueve de diciembre del año dos mil veintidós.–El Registrador.»
La calificación fue notificada a los interesados el 24 de enero de 2023.
Contra la anterior nota de calificación, don J. M. F. S., don M. A. M. S. y don J. L. V. C., en calidad de albaceas universales con facultades de disponer con carácter general y contadores-partidores respecto de la herencia de don M. P. P., interpusieron recurso el día 23 de febrero de 2023 mediante escrito en el que expresaban lo siguiente:
«Primero. Que en fecha 24/01/2023 les ha sido notificada Calificación negativa del Registro de la propiedad n.º 1 de A Coruña con el Asiento n.º 540 del Diario 223 (…) respecto a la inscripción de la propiedad de los bienes inmuebles: casa señalada con el n.º (..) y casa señalada con el n.º (…) ambas de A Coruña, a favor de la “Fundación Manuel Peña Fuentes” en virtud de Escritura pública otorgada en fecha 30/11/2022 en la que se formalizó la entrega de legado y aportación voluntaria ante la Notario de A Coruña, D.ª M.ª Mercedes Bermejo Pumar, con n.º 1340 de su protocolo (…)
Los Fundamentos de Derecho de la Calificación negativa del Registro de la propiedad n.º 1 de A Coruña son los siguientes:
“(…)”
Segundo. Que mostrando desacuerdo con la calificación emitida por el Sr. Registrador de la Propiedad n.º 1 de A Coruña (…), de conformidad con los Artículos 66, 324 y ss de la Ley Hipotecaria, dentro del plazo legal se interpone recurso contra la calificación negativa con el Asiento n.º 540 del Diario 223, en base a los siguientes:
Hechos.
Primero. Que los comparecientes fueron nombrados en calidad de albaceas universales con facultades de disponer y contadores partidores en virtud de sus respectivos cargos institucionales (y no personales), de conformidad con lo establecido en los dicendos decimocuarto y vigésimo del Testamento otorgado por D. M. P. Hidalgo. en fecha 21-11-1938.
Segundo. Que en dicho Testamento, D. M. estableció una carta fundacional en la que dispuso los elementos esenciales de una fundación al ordenar la vinculación de una participación en el producto de unos bienes a unos fines concretos benéfico asistenciales de forma permanente, sometiendo la administración de estos bienes a un órgano de administración. La Fundación fue aprobada conforme a la legislación vigente entonces (Real Decreto e Instrucción de 14 de marzo de 1899 e Instrucción del mismo año), por Orden ministerial, teniéndose por existente, tras la aprobación, desde el momento del fallecimiento del testador de acuerdo con la jurisprudencia de entonces.
El órgano de administración lo previó formado por personas destacadas del ámbito benéfico de la ciudad de A Coruña, en función del cargo institucional que desempeñaban. Los bienes dotacionales consisten en la participación en el producto de dos inmuebles sitos, uno en la calle (…) y el otro, en la calle (...) de A Coruña a quienes el fundador se refiere manifestando su voluntad de “prohibir perpetuamente la enajenación” (dicendo quinto); y los fines de la Fundación, que son “mejorar el tratamiento científico y la alimentación de los enfermos y convalecientes pobres del Hospital Municipal de La Coruña” (dicendo decimoquinto).
Esta calificación de beneficencia de carácter particular y no pública, fue impugnada sin éxito. Y fue ratificada la calificación de fundación de beneficencia particular en Sentencia del Tribunal Supremo de 23/6/1956 (…) de la que resulta que entre las partes no es controvertido que estaba pendiente la testamentaría, y no es controvertida la existencia de la “Fundación”, sino su carácter de fundación de beneficencia particular. El Tribunal Supremo insiste en que se trata de una fundación de beneficencia particular, la dotación es privada y el destinatario directo de los beneficios que reportan los bienes es el colectivo de enfermos sin recursos. El Alto Tribunal considera que la Orden ministerial solo se extralimita cuando (punto tercero) impone la inscripción de la totalidad de los bienes a nombre de la fundación, recuerda que el testador no vinculó la totalidad al cumplimiento de los fines asistenciales, pues la propia Orden ministerial establece el porcentaje de la participación a estos fines.
El citado Testamento, otorgado con arreglo a minuta elaborada por el propio causante, estableció la designación de una heredera, el alma, y ordenó diversos legados, algunos monetarios, en concreto dos de ellos deberían sufragarse mediante el producto de las casas arriba indicadas (calle […]) pues ambas desde siempre estuvieron arrendadas.
Estos dos legados consisten en parte de las rentas obtenidas con el alquiler de los bienes que el testador vinculó a fines concretos: uno, a sufragios perpetuos en favor del alma del testador a realizar en la Parroquia (…) de A Coruña en los términos que deja expresados; y otro, a favor de los fines benéfico asistenciales de mejorar el tratamiento científico y la alimentación de los enfermos y convalecientes pobres (dicendos tercero y decimotercero del testamento) del Hospital de Caridad, llamado popularmente Hospital Municipal de La Coruña, porque lo gestionaba el Municipio en el año 1938.
Por tanto, el legado de carácter monetario condicionado consistía en parte de las rentas obtenidas con el alquiler de los bienes fundacionales, que se destinarían a los fines anteriormente citados como de la Fundación.
Tercero. Que la Fundación Manuel Piñeiro Pose viene poseyendo los referenciados inmuebles (casas sitas en las calles […]) de buena fe, de forma pública, pacífica y continuada en el tiempo, y dando cumplimiento a los anteriores fines desde el fallecimiento de D. Nieto Rubio. Que el citado Hospital de Caridad se constituyó por donación de D.ª T. H. el 20/11/1789 de forma privada, posteriormente desde 1870 pasó al amparo de las juntas de beneficencia municipal, quienes a través de los órganos municipales gestionó dicho hospital, cambiándose la denominación de Hospital de Caridad por el de Hospital Municipal en 1948 cuando ya existe la fundación al haber fallecido el testador en 1940 y tener la aprobación efectos desde ese momento. Con la publicación de la Ley de bases de régimen local 7/1985 dicha gestión municipal cesa, desapareciendo asimismo el Hospital Municipal, pues a diferencia de otros no fue integrado en la red sanitaria pública. Por ello, en Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de A Coruña de 14 de mayo de 1986, se acuerda el cese de la gestión municipal del Hospital Labaca (donde se había ubicado desde 1956).
Desde el cese de la gestión municipal del Hospital, los fines del legado no pueden cumplirse a través del Hospital de la caridad que gestionó el ayuntamiento, al haber desaparecido el legatario. Es por ello que los albaceas universales, que recordemos tienen facultades de disponer, a quienes el testador confió el control del cumplimiento de su última voluntad que literalmente vinculó los bienes citados a unos fines en beneficio en parte del colectivo de los enfermos pobres y no de ningún ente administrativo, interpretando la voluntad del testador, aprueban que la Fundación es quien mejor cumple de manera análoga los fines establecidos por el testador, de conformidad con el Artículo 798 del Código Civil, de forma análoga a la prevista al ser imposible hacerlo por el medio por el previsto, pues es la Fundación, a través de sus órganos, quien gestiona el producto de las casas y lo distribuye entre organizaciones benéfico-asistenciales del municipio de A Coruña que sí cumplen con los fines establecidos por el testador: mejorar el tratamiento científico y la alimentación de los enfermos y convalecientes pobres.
Quinto. Que los comparecientes, en su calidad de albaceas universales y contadores partidores, con facultades expresas de disposición y control por noventa años y más si hiciese falta, con exclusión de intervención judicial, en uso de estas atribuciones y la facultad inherente de interpretar la voluntad del testador para llevar a cabo la ejecución del testamento en consonancia con sus facultades y la realidad existente a la fecha del testamento y el devenir histórico hasta la actualidad, otorgaron Escritura pública en fecha 30/11/2022 ante la Notario de A Coruña, D.ª M.ª Mercedes Bermejo Pumar, con n.º 1340 de su protocolo, quien les reconoció legitimación bastante.
Sexto. Que el Registrador de la propiedad n.º 1 de A Coruña calificó negativamente la mencionada Escritura pública, denegando la inscripción solicitada, lo que justifica en lo que estrictamente recoge la calificación objeto de este recurso, por lo que, entendiendo los comparecientes que la misma no se ajusta a Derecho, por medio del presente escrito formulamos recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en base a los siguientes:
Fundamentos de Derecho.
Primero. Vulneración de facultades de los albaceas con facultades de disponer y contadores-partidores.
La calificación negativa pone de manifiesto un desconocimiento del contenido de la escritura otorgada en fecha 30/11/2022, del testamento de 21/11/1938, de la Orden del M.º de Gobernación de 04/08/1952, de la STS de 23/06/1956, de la normativa y jurisprudencia sobre fundaciones de beneficencia particular aplicables, de las funciones de los albaceas/contadores-partidores y los límites y facultades del Registro de la propiedad, hasta tal punto que se ha formulado calificación desfavorable basada única y exclusivamente en la opinión personal del Registrador, sin que se cite ningún precepto legal, ni doctrina de esta Dirección General. ni jurisprudencia alguna.
Y es que la Calificación registral, con todos los respetos, adolece de una absoluta falta de motivación jurídica, llegando incluso a contradecirse ya en el párrafo primero de los fundamentos de derecho, al afirmar que “corresponde a los albaceas cumplir la voluntad del testador” y al mismo tiempo vedar a estos la interpretación que previamente han realizado en la escritura de 30/11/2022, arrogándose para sí dicha función al indicar en el párrafo segundo: “del testamento incorporado a la escritura referida no resulta en ningún momento que la voluntad del mismo fuera la de entregar el dominio de los inmuebles a la Fundación”. No solo eso, sino que llega al extremo de inventarse la parte final de dicha frase: “Fundación creada por los albaceas”, y todo ello lo hace sin el más mínimo argumento fáctico y jurídico.
En esta línea, la Calificación parece desconocer tanto las funciones y capacidades de los albaceas con facultades de disponer reconocidas, entre otras normas, en los Artículos 894, 901, 908 y 909 del Código Civil, como las otorgadas en el testamento por D. Carmona, al omitir de forma deliberada que los albaceas testamentarios designados, además de tener la responsabilidad de hacer cumplir el testamento, poseen además de la cualidad de albaceas universales con facultades indelegables de disponer, la cualidad de contadores-partidores, con facultad de ejecutar el testamento en su integridad, con atribución de facultades omnímodas y un plazo muy prolongado para esta ejecución, excluyendo, además, la intervención judicial.
Es decir, el testador otorgó a éstos, y a nadie más, las facultades máximas de interpretación y ejecución de su testamento, y prueba irrefutable de que el causante otorgó las facultades más extensas a su favor –nótese que se trata de unas facultades amplísimas, derivadas de su carácter universal– es el tenor literal del Dicendo Decimocuarto del Testamento, al señalar:
“Nombro albaceas universales (...) tendrán la total y completa representación de la herencia (...) pudiendo (...) ejecutar toda clase de actos de administración y de riguroso dominio (...) pagar los legados y como comisarios practicar el inventario (...) y tomar toda clase de garantías para asegurar el eficaz cumplimiento de la voluntad del testador.”
Y estas facultades amplísimas de los albaceas universales se ven reforzadas por el testador mediante el Dicendo Decimoséptimo al excluir la intervención judicial por confiar su voluntad a la interpretación que realicen los albaceas, introduciendo una cláusula socini:
“Décimo séptimo. Prohíbo toda intervención judicial en mi herencia y privo de toda participación en la misma al legatario que la origine, sea cual fuere el motivo que para dicha intervención se invoque.”
Aparece de forma diáfana y con meridiana claridad la primacía de los albaceas universales con facultades de disponer frente a todos, máxime cuando la cláusula socini es absolutamente legal, constitucional y ajustada a nuestro ordenamiento jurídico por hallarse en consonancia con lo establecido en el Artículo 675.2 del Código Civil, y de conformidad con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, por todas, la Sentencia dictada por la Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 3 de Septiembre de 2014, Ponente: Orduña Moreno, Francisco Gallego, N.º de Sentencia: 254/2014, N.º de Recurso: 1085/2012.
Sin embargo, en la Calificación se recoge una interpretación personalísima por parte del Sr. Registrador que restringe las facultades interpretativas de los albaceas en términos discrepantes de la manifestada por estos en la Escritura de entrega de legado, interpretación que realiza el Sr. Registrador cuando no le corresponde, y además no se atiene a la voluntad del testador expresada en su disposición testamentaria.
La Dirección General ha tenido la oportunidad de manifestarse en relación a las facultades de interpretación de los albaceas contadores partidores y la calificación del Registrador. Es doctrina reiterada que no es función de Registrador enjuiciar, sino que ésta lo es sólo de los tribunales. Y que lo actuado por el albacea contador partidor, en especial cuando es universal, crea un estado de derecho que debe ser acatado por el Registrador.
Ejemplo de ello son las Resoluciones de la DGRN de 10 de agosto de 1940, 8 de mayo de 1943, 28 de marzo de 1944 o 19 de julio de 1952.
Es más, con estos precedentes, recientemente esta Dirección General se ha pronunciado sobre la cuestión de si la interpretación de las disposiciones testamentarias por el contador-partidor es efectiva por sí misma, concluyendo la Resolución de la Dirección General de SJFP de 15 de noviembre de 2022 (Ref. CJ 277250/2022) que:
“debe admitirse la interpretación del albacea contador-partidor como persona encargada de la ejecución de la disposición testamentaria.”
Por ello, los albaceas universales tienen a su favor una especie de presunción iuris tantum de acierto y, en caso de disconformidad, el Registrador no está facultado para ser de motu propio quien impugne la interpretación que hacen los albaceas/contadores-partidores, albaceas universales que tienen facultades de disponer y no solo enajenar, y que a mayores son contadores;partidores puesto que la ley indica que estos han de rendir cuentas de su encargo a los herederos o en su caso al Juez, conforme al Artículo 907 del Código Civil, no al Registrador (cf. Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 1992, Sala Primera, de lo Civil, Díaz León Rodil, Alfonso - Ref. CJ 3063-JF/0000.).
El contador-partidor realiza la partición con libertad de apreciación y posibilidad de equivocarse de buena fe, mientras no perjudique en más de un cuarto del valor de su cuota a alguno de los coherederos; y puede asignar los bienes a su prudente arbitrio mientras no se demuestre que su criterio distributivo es disparatado o parcial. En la práctica, por lo tanto, las facultades del contador-partidor, cuya buena fe se presume, son amplísimas, como lo indica la Resolución de la Dirección General de SJFP de fecha 15/11/2022 (Ref. CJ 277250/2022):
“El contador-partidor realiza la partición con libertad de apreciación y posibilidad de equivocarse de buena fe, y puede asignar los bienes a su prudente arbitrio mientras no se demuestre que su criterio distributivo es disparatado o parcial, o que era sencillo o económico guardar la norma del artículo 1061 CC.”
Sin embargo, nada indica en la Calificación objeto de impugnación que la interpretación de los albaceas/contadores-partidores sea disparatada o parcial, ya que el calificador se limita a sostener una interpretación propia alternativa sui generis.
Es por ello que los abajo firmantes ostentan funciones fundamentales que son base de su actuación, como la interpretación del testamento (vid Resoluciones de la DGRN de 17 de diciembre de 1955 y 14 de diciembre de 1964 y Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1968). En este sentido, aun cuando en el testamento no se mencione expresamente entre sus facultades la de interpretar el mismo, resulta pacífico, tanto por la doctrina, la jurisprudencia y las resoluciones de la DGRN y la DGSJFP, que siendo el testamento una declaración de voluntad, sólo puede llevarse a la práctica a través de la interpretación, y por tanto no se trata propiamente de una facultad autónoma de los contadores, sino una base previa indispensable en el desempeño del encargo del testador, como así lo expresa de forma clara la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 3.ª, de 19 de Enero de 2007, Ponente: Fernández-Porto García, Rafael Jesús - N.º de Sentencia: 18/2007 - N.º de Recurso: 452/2006, Ref. CJ 7450/2007 (Fto. Ocho. 3.º):
“El contador partidor tiene el deber de confeccionar un proyecto de cuaderno particional, conforme establece el artículo 1057 del Código Civil, que contendrá los extremos previstos en los artículos 786 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1061 y siguientes del Código Civil, además de tener que cumplir con normas específicas de legislación civil, tributaria, notarial y catastral. Y para ello tiene, como premisa, que interpretar el testamento del causante, y por lo tanto pronunciarse sobre todos [sic] aquellas cuestiones en las que los herederos no sean concordes. Por lo que sí es función del contador partidor resolver sobre si debe respetarse el legado por haberse cumplido la condición, o no tenerlo en consideración, en cuanto afecta directamente al reparto de bienes que propone.”
D. M., que carecía de legitimarios, quiso en su última voluntad, redactada por él mismo, mediante minuta entregada al Notario –por tanto de manera expresa– que su heredero fuese su alma, con expresa indicación de los fines (dicendo decimotercero), por lo que según la Resolución de la Dirección General de 15 de Noviembre de 2022 (Ref. CJ 277250/2022) la labor interpretativa del mismo debe ser efectuada por los Albaceas universales.
Sin embargo, la Calificación, obviando todo lo anterior, omite toda referencia a norma jurídica alguna ni a la doctrina establecida por esta Dirección General, y centra el eje de su calificación en una interpretación de la voluntad del causante que solamente se ve avalada por la apreciación personal del propio Sr. Registrador.
Es más, esta forma de proceder recogida en la Calificación objeto de recurso, es contraria a las propias Resoluciones de la Dirección General, que ponen de manifiesto la necesidad de que la Calificación negativa indique de manera explícita la vulneración jurídica en la que se incurre, en especial las pautas recogidas en el Artículo 675 del Código Civil, por todas, Resolución de 19 de Abril de 2013 (Ref. CJ 47075/2013):
“(...) según la reiterada doctrina de esta Dirección General, entre las facultades del albacea contador partidor se entiende incluida la de interpretar el testamento, como presupuesto del desempeño de las funciones que le corresponden, y tal interpretación tan sólo podrá rechazarse en sede registral si resulta que claramente ha prescindido de las pautas que impone el artículo 675 del Código Civil, al margen de la impugnación judicial de que en cualquier caso puede ser objeto (cfr. las Resoluciones de 24 de marzo de 2001, 19 de septiembre de 2002, 26 de febrero de 2003, y 31 de marzo de 2005, entre otras). Por ello, a la vista de las consideraciones anteriormente expuestas, no puede rechazarse en este caso la interpretación de la voluntad del testador realizada por el albacea.”
Sentado lo anterior, y ante la falta absoluta de razones jurídicas y fácticas por parte de la Calificación registral que señalen infracción alguna por parte de la escritura más allá de la mera discrepancia de la interpretación del testamento que efectúa el Sr. Registrador, es fundamental la función interpretativa que realizan los albaceas universales con facultades de disponer y que además son contadores-partidores en la escritura recogida por la Notario, pues son ellos a quienes corresponde interpretar la voluntad del causante, con todas las facultades que les otorga éste en su disposición testamentaria.
Y es un hecho pacífico consolidado durante los últimos 80 años que la voluntad del testador fue crear una Fundación que gestionase las casas, objeto de inscripción, y con cuyo producto (pues se encuentran arrendadas) se abonasen los correspondientes legados monetarios y condicionados al cumplimiento de los fines puestos de manifiesto en el testamento.
Por tanto, del ordenamiento jurídico, de la jurisprudencia y de las resoluciones de esta Dirección General, se desprende de manera inequívoca que los únicos facultados para interpretar y ejecutar la voluntad del testador son sus albaceas y máxime cuando son designados como contadores/partidores. Y la interpretación que hacen los albaceas es la más ajustada a la voluntad del testador posible.
Dicha voluntad se ha venido cumpliendo por la Fundación, y no se trata como se dice en la Calificación de una Fundación “creada por los albaceas” sino creada por D. M. en su testamento, carta fundacional con todos los elementos constitutivos de una Fundación, de conformidad con los Artículos 4 y 6 del Real Decreto de 14 de marzo de 1899.
La verdadera voluntad del testador la recoge el Notario autorizante del testamento otorgado en 1938 en los dicendos tercero y quinto del testamento, de ellas expresamente resulta que el propósito del testador era prohibir perpetuamente la enajenación en relación a los legados otorgados a favor del alma al logro de los fines expresados y para el tratamiento científico y alimentación de los enfermos pobres y convalecientes de la ciudad de A Coruña por medio del hospital. Legados impuestos sobre el producto de las casas a las que se refiere sometidas a administración de un órgano que establece a este fin y que debe actuar bajo el control de los albaceas. Sin embargo, y como el testador deja manifiestamente dicho en su última voluntad, le informaron de que la prohibición perpetua no era posible, por lo que estableció una recomendación que responde al propósito que explica para cuando cesase la prohibición de disponer por el plazo que previese la ley. Propósito que es de imposible cumplimiento.
Es por ello que los albaceas universales con facultades de disponer plasman en la Escritura de 30/11/2022 la interpretación que realizan de la voluntad de D. M., teniendo en cuenta lo que el propio Artículo 675 del Código Civil denomina “el tenor del mismo testamento”, esto es, el conjunto de las cláusulas testamentarias, siguiendo como pauta hermenéutica el canon de la totalidad, de modo que no se trata sólo de interpretar una cláusula aisladamente de su contexto (como erróneamente se realiza en la Calificación, al convertir el dicendo decimosexto en única clave interpretativa), sino de examinarla y buscar su sentido en el documento completo, considerando además que no existe una jerarquía o un orden en la aplicación de los medios interpretativos y que los diferentes cánones de interpretación, como son el gramatical, el lógico, el finalista y el sistemático, contemplados en los Arts. 1281 a 1285 del Código Civil, deben operar dentro de un proceso unitario.
Por ello, los albaceas universales con facultades de disponer han acudido, reflejándolo en la Escritura de 30/11/2022, a la interpretación del conjunto del propio testamento, considerado como una unidad, tratando de integrar armónicamente las distintas cláusulas del mismo, y de los actos acaecidos con posterioridad, explorando la voluntad real del testador en el momento de su otorgamiento, que es ley de la sucesión y ha de primar en caso de duda sobre la literalidad del testamento.
En este sentido, las cláusulas testamentarias deben ser interpretadas a tenor del sentido de todo el testamento y no de manera aislada, como viene entendiendo de forma unánime la jurisprudencia, por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2009, Ponente: Doña Encarnación Roca Trías, que por su relevancia citamos:
“La regla de la interpretación del testamento se centra en la necesidad de buscar la verdadera voluntad del causante. Para ello se utilizan diversos métodos hermenéuticos, entre los que se encuentra el criterio de la literalidad, que es la primera regla interpretativa, y lo que el artículo 675 CC, denomina ‘el tenor del mismo testamento”, de modo que no se trata sólo de interpretar una cláusula aisladamente de su contexto, sino de examinarla y darle sentido en el entero documento, teniendo en cuenta, además, que no existe una jerarquía en los medios interpretativos, sino que los diferentes cánones de la interpretación deben ponerse en juego dentro de un proceso interpretativo unitario, por lo que el artículo 675 no impone un orden sucesivo de prefación en que deban utilizarse dichos criterios.
Aplicando estas reglas, debe concluirse que la voluntad del testador D. Ángel, se contiene no sólo en la cláusula cuarta de su testamento sino de todas en su conjunto.”
O como recogen otras Sentencias del Alto Tribunal, de fechas 9 de marzo de 1984, 2 de septiembre de 1987, 30 de noviembre de 1990 y 5 de marzo de 1994:
“Y es que siendo el testamento un todo orgánico que constituye una unidad donde está plasmada la voluntad del testador y sus distintas disposiciones, es necesario interpretarlas armónicamente en el sentido de evitar fas posibles contradicciones que puedan presentarse, producto de la separada utilización de una sola vía interpretativa.”
Precisamente por una interpretación holística del testamento (vid Resolución de la DGRN, de 28 de Enero de 2014, Ref. CJ 5763/2014), los albaceas universales con facultades de disponer y contadores-partidores coligen que la voluntad real del causante era que los bienes afectos a los fines (las casas de […] y […]) no se enajenasen. Y tenía un fundamento jurídico, como así se expuso en la Escritura Pública de 30/11/2022:
Manifiesta el testador que su voluntad es prohibir la enajenación de los bienes afectos a los fines de manera permanente de ser posible. Esta prohibición de enajenar con carácter permanente al tiempo de otorgar el testamento y al del fallecimiento del testador es admisible en atención a fines benéfico asistenciales (Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849; Real Decreto e instrucción de 14 de Marzo de 1899), no en otro caso.
Sin embargo, la Calificación se centra únicamente en el dicendo decimosexto del testamento, y pretende convertir lo que literalmente es una recomendación para una hipotética situación futura de ser posible en una obligación, y para ello no duda –en el párrafo tercero del fundamento de derecho– en “alterar” el mismo.
El testamento literalmente dice:
Decimosexto. Recomiendo igualmente a mis albaceas que cuando legalmente deje de tener eficacia jurídica la prohibición de enajenar las casas números (…) de la calle (...) y (…) de la de (…) de esta Ciudad de La Coruña, gestionen de la [sic]
Y en cambio, el Sr. Registrador dice:
Es más en la cláusula 16 del testamento, Don M. P. P. recomienda “igualmente a mis albaceas que cuando legalmente deje de tener eficacia jurídica la prohibición de enajenar –que ha dejado de tener eficacia por el transcurso de más de treinta años desde el fallecimiento de Don M. P. P., el día seis de agosto de mil novecientos cuarenta– de las casas números (…) de la calle de (…) y (…) de la de (…)”
Con independencia de las posibles responsabilidades que se puedan deducir, lo cierto y real es que el Sr. Registrador ha omitido que el testamento dice: “Recomiendo (...)” sin incluir dicha palabra entrecomillada.
Pero más aún, el Sr. Registrador incluye dentro del entrecomillado del dicendo decimosexto frases que no constan en el mismo, y que nuevamente son simple interpretación subjetiva del mismo.
Por ello, el dicendo decimosexto (como el dicendo decimoquinto) no es más que una recomendación, que no obligación, a los albaceas, por lo que no cabe la invocación de dicha Cláusula como única motivación de la Calificación registral, sobre todo cuando es de cumplimiento imposible en atención al propósito que expresamente manifiesta el testador.
Dicha recomendación no puede ser impuesta de forma unilateral por el Sr. Registrador, por mucho que dicha interpretación le interese. El testador manifestó con claridad que es una mera recomendación efectuada a los albaceas universales con facultades de disponer, y estas facultades de disponer que les otorga el testador es la que les faculta para que dicha recomendación tenga necesariamente que ser proactiva –para el caso de que se considere ajustado a los fines ejercitar la recomendación–, por ello el testador deja en manos de los propios albaceas universales que pueda ser instada única y exclusivamente por éstos. Pero este dicendo debe ser interpretado en relación con el resto del testamento, a la creación por parte de Don M. de la Fundación que lleva su nombre, a su propósito de prohibirsine diela enajenación de las viviendas y, en definitiva, a la voluntad real del testador que era la asistencia a su alma y a los enfermos pobres de la ciudad de A Coruña, labor que ha venido realizando la Fundación a lo largo de estos años gracias a las rentas obtenidas de sus bienes dotacionales.
Una recomendación efectuada por un testador a sus albaceas, no es un hecho jurídico, ni tiene fuerza vinculante ni, lo más importante, produce el nacimiento de una obligación, pues no es obligación ni en virtud del Artículo 1.089 del Código Civil (“Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.”) ni del Artículo 1.090 del Código Civil.
De ahí que se yerra nuevamente en la Calificación al señalar que en ningún momento la voluntad del mismo fuera entregar el dominio de los inmuebles a la Fundación (párrafo primero de los fundamentos de derecho de la Calificación) para finalmente indicar que según la cláusula 16 “parece que la intención del fallecido era disponer en favor del Hospital de la Coruña y, si este no existiese o hubiese desaparecido, corresponde a sus sucesores jurídicos” (párrafo quinto de los fundamentos de derecho de la Calificación).
Tan cierto como que el dominio de los inmuebles el testador lo otorga a la Fundación es que no puede haber Fundación sin patrimonio ni dotación, de ahí que la Orden del M.º de la Gobernación de 04/08/1952 indica:
“Resultando que los bienes con que cuenta la fundación consisten en una finca urbana señalada con el número (…) de la calle (…) de La Coruña, valorada en 1.314.027 pesetas y otra casa sita en la calle de (…), valorada en 834.898 pesetas, cuyas fincas [sic]”
Y por lo que respecta a la interpretación subjetiva que efectúa el Sr. Registrador, nuevamente se vulneran las facultades de los albaceas universales con facultades de disponer y que son contadores-partidores, ya que éstos interpretan el testamento de forma lógica y coherente, y así se expresa en la Escritura de 30/11/2022:
“[sic] testador. Si bien, una vez desaparecido el Hospital Municipal de La Coruña en la década de los ochenta, resulta imposible el cumplimiento de los fines ordenados por el testador a través del Hospital Municipal conforme a la cláusula decimoquinta de su testamento, por lo que la fundación con el consentimiento de los albaceas en ejercicio de su cargo, cumple estos mismos fines a través de otras instituciones de beneficencia de acuerdo con lo previsto en la ley (art. 798 del Código civil).”
De ahí que la interpretación de los albaceas universales es plenamente válida, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 9 febrero 1948, 18 diciembre 1965, 9 mayo 1990, 10 mayo 1991 y 21 enero 2003) que permite que se dé un cumplimiento alternativo o funcional del modo o condición impuestas en los términos más análogos y conformes a la voluntad del testador, según contempla el citado Artículo 798 del Código Civil, tal y como ha puesto de manifiesto la Dirección General a la que nos remitimos, por todas, la Resolución de la Dirección General de 15 de Noviembre de 2022 (Ref. CJ 277250/2022):
“De conformidad a las resoluciones de la DGRN de fecha 11 de julio de 2013, 18 de mayo de 2012, 24 de marzo de 2.001 y otras muchas de contenido similar, la partición realizada por el contador-partidor es válida mientras no se impugne judicialmente de forma que, solo los Tribunales de Justicia son competentes para declarar la disconformidad del proceder de los contadores con to querido por el testador (...)”
Es decir, son los albaceas universales con facultades de disponer y contadores-partidores los únicos válidamente facultados para interpretar la voluntad del testador, vulnerando la Calificación efectuada las funciones y cualidades que atañen únicamente a los mismos.
Segunda. Extralimitación en la calificación efectuada por el Sr. Registrador de la Propiedad.
La Calificación objeto de recurso no contiene ni un solo párrafo que indique que la Escritura notarial de 30/11/2022 no es válida o que el negocio jurídico contenido en dicha escritura es nulo o no ajustado a derecho, por lo que prima la presunción de validez y legalidad (Artículo 17 bis 2 b) de la Ley del Notariado en relación con el Artículo 1 de la Ley Hipotecaria).
Como ha venido señalando esta Dirección General, por todas, Resolución de la DGRN de 11 de Julio de 2013 (Ref. CJ 139981/2013):
“(...) la calificación hipotecaria no se puede apoyar en meras presunciones ni en hechos que por tratarse de circunstancias negativas no son demostrables en el procedimiento registral, por lo que las manifestaciones de los contadores-partidores han de producir todos sus efectos mientras no sean desvirtuadas eficazmente o impugnadas por los interesados.”
Sentado lo anterior, hemos de indicar que el Sr. Registrador se excedió en las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley Hipotecaria, por cuanto la Escritura notarial de 30/11/2022 se realiza por una Notario de reconocido prestigio que verificó que la misma se realizase conforme a derecho, aseverando que los documentos se otorgan de acuerdo con las previsiones de la legislación, controlando la licitud de los mismos, con una adecuada formulación del precepto negocial y, finalmente, carga sobre las partes la claridad y la previsibilidad (Artículo 17 bis 1, y bis 2 de la Ley del Notariado), con especial detalle en cuanto al negocio jurídico recogido en el mismo, de ahí que exista una presunción de veracidad que en ningún momento ha sido desvirtuada por la Calificación aquí recurrida.
Sólo cuando esa presunción decae por alguna evidencia en contra (como una infracción de forma o algún defecto del título que resulte palmario), es cuando la calificación del Registrador debe impedir la inscripción en tanto aquella presunción no se restablezca mediante una subsanación del título, que tampoco compete al registrador.
Es por ello, que la escritura otorgada es título válido para producir los efectos jurídicos contenidos en la misma, y el negocio jurídico ha desplegado todos sus efectos genéticos: eficacia legitimadora constitutiva, recognoscitiva, ejecutiva y sustantiva, por lo que la calificación del Sr. Registrador no puede extenderse al contenido material del protocolo notarial, aspecto que está sujeto sólo al control jurisdiccional por la presunción de validez, veracidad e integridad de la escritura.
En aquello a que alcance la presunción de autenticidad o legalidad de un documento público, el Registrador debe abstenerse de calificar, salvo que alguna evidencia notoria eliminara esa presunción, como una infracción formal o algún aviso o advertencia consignados en el propio instrumento, o una inexactitud patente o manifiesta.
Lo que interesa, precisamente, es que la calificación registral empiece allí donde la presunción notarial termina, pues la verdadera viga maestra de toda la estructura registral es la escritura pública. La calificación registral sólo la complementa, pero no la sustituye, como control suplente excepcional.
Y mucho menos debe realizar el Sr. Registrador, como hace, una interpretación alternativa a la realizada por los albaceas universales con facultades de disponer de la voluntad del causante, ya que ésta es responsabilidad exclusiva de los albaceas, que además en este caso son contadores partidores y, por tanto, no entra en el ámbito de la calificación registral.
Corresponde a la Notario comprobar y realizar un juicio de validez del acto jurídico que los albaceas/contadores-partidores pretenden protocolizar, verificando que jurídicamente se ajusta a la legalidad vigente, a lo establecido en el testamento y que la interpretación que los mismos realizan de la voluntad del causante es lógica, congruente y adecuada a los fines establecidos por el testador en su testamento, y que por lo tanto que lo recogido en la escritura notarial plasma su voluntad, en concordancia con su disposición testamentaria, por lo que otorgada la escritura, la misma posee esa presunción de veracidad que le otorga el Artículo 17 bis 2 b) de la Ley del Notariado.
Frente a ello se alza la Calificación recurrida como juez y parte, (…) al defender (…) los intereses de los supuestos e indeterminados sucesores de un inexistente Hospital de La Coruña, facultad que solamente está otorgada a los jueces y tribunales puesto que si la inscripción que se pretende fuese nula, entraría en juego el Artículo 33 de la Ley Hipotecaria.
Así lo manifiesta de forma diáfana la Sentencia del TSJ Cataluña de 20 de octubre de 2016, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5.ª, Ponente: Sospedra Navas, Francisco José - N.º de Sentencia: 741/2016 - N.º de Recurso: 262/2013, Ref. CJ 231783/2016 (…):
“(...) la actuación del albacea si no se ajusta a lo dispuesto por el testador (...), deben ser dirimidas por la jurisdicción civil, quedando extramuros de la función registral de calificación.”
El Notario da fe de que lo otorgado se adecúa al ordenamiento jurídico, lo cual supone una calificación jurídica que se impone legalmente frente a todos como acto de fe, bajo una presunción legal iuris tantum de veracidad e integridad, sólo cuestionable ante los tribunales, pero incontrovertible fuera del proceso y, por tanto, también de cara al registro, salvo alguna evidencia en contra que acredite haber sido disparatado o parcial, lo que eliminaría entonces esa presunción e impediría la inscripción.
De ahí que la Resolución de la DGRN de 17 de diciembre de 1995 afirme:
“Las operaciones particionales practicadas por los albaceas crean un estado inalterable de derecho, de tal manera que para impugnar las posibles extralimitaciones en que hubiera podido incurrir será necesario acudir a la vía judicial, a fin de que los Tribunales sean quienes decidan sobre la recta o desacertada interpretación del testamento.”
De lo que, en realidad, se trata es de que no lleguen al registro títulos que no sean presuntamente válidos, cuyo contenido inscribible no esté enteramente cubierto por una presunción de legalidad, como la que deriva del documento público emitido por el Notario.
Por ello, la Dirección General, en su Resolución DGRN de 3 de junio de 1942 (Ref. CJ 9/1942), indica:
“La calificación es un ‘plácet’, un ‘nihil obstat’ que no incorpora contenido alguno al título. No olvidemos que si el asiento se aparta del título estamos ante un error de concepto. El efecto de la ‘fe pública registral’ no se debe a la calificación en absoluto.”
El control de legalidad sobre el negocio jurídico documentado lo realiza el Notario mientras que el control de legalidad del Registrador derivado de la calificación se refiere a permitir o no su acceso al registro, analizando lo que resulta del título y del último asiento vigente del registro. El control de legalidad notarial está basado en la inmediatividad de su actuación y sobre todo en la prestación del consentimiento. De ahí que el propio Tribunal Constitucional, en Sentencia n.º 207/1999, de 11 de noviembre, señale lo siguiente:
“La función pública notarial incorpora un juicio de legalidad sobre la forma y el fondo del negocio jurídico que es objeto del instrumento público, y cabe afirmar, por ello, que el deber del Notario de velar por la legalidad forma parte de su función como fedatario público.”
La potestad calificadora del Registro de la propiedad no alcanza a los aspectos de los documentos amparados ya por una presunción de legalidad, cuyo control compete a otro funcionario, o al propio Notario y no al Registrador. Si el Registrador debe calificar “bajo su responsabilidad” (como expresa el Artículo 18 de la Ley Hipotecaria), lo que no está bajo su responsabilidad, no está bajo su calificación: sería absurda una doble presunción de legalidad. O en otras palabras: si la interpretación de los testamentos no está bajo la responsabilidad del Registrador, pues compete a otros intervinientes jurídicos (albaceas, herederos, Notarios, tribunales, etc.), no entra dentro de su capacidad de calificación y, por tanto, el Registrador (o la nota de calificación) no puede dar una interpretación alternativa o subjetiva de la voluntad del testador, como ocurre en este caso.
A mayores, no debemos olvidar que la Calificación es un acto administrativo que debe ser motivado fáctica y jurídicamente, y que en el presente caso la falta de motivación es absoluta, no basta con distribuir párrafos (…) en hechos y fundamentos de derecho, hay que dotarlos de contenido jurídico para que los mismos no resulten arbitrarios y se pueda conocer (y por tanto, rebatir) la ratio decidendi de la decisión adoptada. Por ello, la motivación debe ser íntegra y figurar en la nota, el informe debe reducirse a cuestiones de mero trámite y como todo acto administrativo debe tener tempestividad y suficiencia, debiendo la nota de calificación recoger de manera precisa y concreta todos los impedimentos a la inscripción apreciables en el título.
Por ello, el Registrador sólo puede controlar si existe reseña identificativa del documento, si existe juicio notarial de suficiencia y si hay incongruencia entre el juicio notarial y el contenido del título presentado a la inscripción.
En lo que atañe a la calificación del negocio, lo único que puede hacer la Calificación registral es estar en desacuerdo si es completamente incongruente con las prestaciones que se recogen en el mismo, si, por ejemplo, se dice que es una donación y hay un precio. Lo que no cabe de ninguna de las maneras es interpretar la voluntad del testador a su libre albedrío.
Siendo la calificación registral un acto reglado, y procedente la práctica del asiento solicitado, era inexcusable para el Sr. Registrador proceder a su inscripción, y únicamente podría haberlo denegado si faltase alguno de los presupuestos legales de la calificación positiva o existiese algún obstáculo derivado de los asientos del Registro (Artículo 65 de la Ley Hipotecaria, que discierne entre faltas subsanables y faltas insubsanables). No recogiéndose ninguno de estos elementos en la Calificación negativa, se vulnera el Artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, en especial en lo relativo a la falta de motivación jurídica de la misma.
Cuando la Calificación manifiesta en el párrafo quinto de los fundamentos de derecho que “la Fundación no tiene el carácter de heredera ni legataria de la herencia”, nos encontramos ante otra interpretación restrictiva e intuitu personae del Sr. Registrador del Artículo 20 de la Ley Hipotecaria en relación con el Artículo 7 del Real Decreto de 14/03/1899, que señala:
“Son bienes propios de la Beneficencia particular todos los que actualmente posea, a cuya posesión tenga derecho y a los que en lo sucesivo adquiera por limosna, donación, herencia o cualquier otro de los medios establecidos en el derecho común.”
En definitiva: existiendo una presunción de validez de la escritura notarial, no competiendo al Sr. Registrador la interpretación del testamento y careciendo la Calificación de cualquier motivación jurídica, podemos afirmar sin lugar a dudas que la misma no se ajusta a Derecho.
Tercera. Vulneración de la normativa en materia de fundaciones.
Como ya hemos indicado, obvia la Calificación que la Fundación fue creada por el testador, y no por los albaceas como erróneamente indica, y constituida de acuerdo con la legislación y jurisprudencia vigentes: Real Decreto e Instrucción de 14/03/1899, STS de 07/04/1920, 09/02/1948 y 08/02/1980, tal y como se indica en la Escritura de 30/11/2022; así como los Artículos 9.4 y 10 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y los Artículos 2.1, 10.4 y 26 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego, normas coincidentes en destacar que:
“si en la constitución de una Fundación por acto mortis causa el testador se hubiera limitado a establecer su voluntad de crear una Fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en que se contengan los demás requisitos exigidos por la presente ley será otorgada por el albacea.”
La Fundación Manuel Piñeiro Pose se constituyó en una Fundación benéfico asistencial desde el mismo momento del fallecimiento del testador, hecho ratificado y corroborado por dos