Categoría: Administración

r la referida previsión en esta norma con vocación de permanencia en el tiempo.
Además, se modifica la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para establecer de forma expresa la posibilidad de que las personas que asuman la máxima dirección de los organismos, empresas, sociedades, fundaciones, consorcios y resto de entidades del Sector Público Autonómico perciban retribuciones inferiores a las de director general.
Con relación a este mismo texto legal, a través de la presente Ley se deroga el apartado 5 del artículo 34, así como cualquier otro precepto legal o reglamentario que establezca cualquier limitación de mandatos para poder ser elegido presidente de la Junta de Extremadura, a fin de establecer una concordancia con la derogación del apartado 3 del artículo 8 de la misma, llevada a cabo por Ley 13/2019, de 16 de octubre.
Asimismo, en el Capítulo VII se procede a modificar la Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura. Así, el Gobierno de España, a través de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, pretende situar a la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, contribuyendo a las prioridades políticas de la Unión Europea mediante el alineamiento con sus programas de I+D+i, dando apoyo a los actores responsables del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para la consecución de este objetivo y priorizando y dando respuesta a los desafíos de los sectores estratégicos nacionales a través de la I+D+i, en beneficio del desarrollo social, económico, industrial y medioambiental de nuestro país.
A nivel autonómico, la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura, suscrita el 13 de julio de 2020 por la Junta de Extremadura y agentes económicos y sociales, se configura como punto de partida para el desarrollo de actuaciones destinadas a la reactivación económica y social de Extremadura, alineada con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y con las estrategias europeas y españoles para el desarrollo.
En el marco de la Agenda de reactivación, el 12 de febrero de 2021 se suscribe, bajo el consenso de todos los agentes económicos y sociales de la región, el Pacto por la Ciencia y la Tecnología de Extremadura, como documento marco para el desarrollo de acciones estratégicas en materia de I+D+i, encaminadas a favorecer el desarrollo económico, la cohesión social y la creación de empleo en la región.
Dentro de los compromisos asumidos en el Pacto, destaca el de elaborar el Estatuto del Personal de Investigación de Extremadura para investigadores, tecnólogos, gestores y personal de apoyo a la investigación que, entre otros aspectos, regule la carrera profesional de todos los colectivos implicados, como medio para favorecer el emprendimiento científico y tecnológico y el apoyo a los grupos de investigación.
Asimismo, a nivel estructural, el Pacto por la Ciencia y la Tecnología de Extremadura establece el objetivo de vertebrar en torno al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) los centros públicos de investigación, permitiendo con ello concentrar las competencias y mejorar la gestión de los recursos públicos destinados a la investigación científica, de forma que se erija como una única entidad administrativa que dé respuesta individualizada al conjunto de Institutos que la conformen, con base en su contrato de gestión con la Administración Regional.
Con los antecedentes señalados, y atendiendo al tiempo transcurrido desde la promulgación de la Ley 10/2010, de 16 de noviembre, resulta necesario efectuar determinadas modificaciones sobre la regulación contenida en la misma referente al CICYTEX, en particular en lo que afecta a su régimen de personal, a fin de adaptarla a los compromisos asumidos por la Junta de Extremadura en relación a los recursos humanos dedicados a la I+D+i, y a la configuración del CICYTEX como ente vertebrador de los centros públicos de investigación de la región.
De este modo, por medio de la presente Ley se modifican uno de los principios que rigen la protección y la transferencia de los resultados de la actividad investigadora y determinados artículos del Título VI relativo al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, de la Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura.
En primer lugar, se amplía el ámbito de aplicación del Estatuto regulado en el artículo 80 de la citada ley al personal de gestión de la investigación del CICYTEX que presente una relación de carácter funcionarial con el ente público, en contraposición con su versión anterior que limitaba la aplicación del Estatuto al personal investigador y técnico.
Con esta modificación, pretende dar cabida en el régimen estatutario del CICYTEX al personal funcionario de gestión de la investigación, en línea con las regulaciones en la materia seguidas por otras Comunidades Autónomas, y como forma de cumplir con el compromiso asumido en el Pacto suscrito el 12 de febrero de 2021, en cuanto a que dicho personal sea objeto de inclusión en un Estatuto que regule su carrera profesional.
Este personal, si bien no realiza labores estrictamente de investigación, desempeñan funciones estrechamente relacionadas y necesarias para su correcta ejecución, como puedan ser la gestión y justificación de proyectos, transferencia de resultados, asesoramiento en materias de producción científica, captación de fondos (...), las cuales revisten la suficiente entidad y especificidad respecto de la actividad administrativa general para fundamentar que el personal encargado de su prestación sea incluido en un Estatuto que, entre otros aspectos, regule sus procedimientos específicos de selección y un sistema propio de carrera profesional, al igual que el personal investigador y técnico.
En segundo lugar, se establece la posibilidad de que el personal investigador con título de doctor pueda ser seleccionado mediante el sistema de concurso, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. De este modo, se establece un sistema más ágil y adecuado para la cobertura de estos puestos de trabajo, en el que tendrá mayor preponderancia los méritos de investigación que ostenten los candidatos, frente a otros de contenido puramente teórico o de carácter general.
En tercer lugar, se amplía a 600.000 euros el valor estimado de los contratos sujetos a la competencia de la Dirección del CICYTEX, a fin de dotar de mayor agilidad a los procedimientos de contratación del ente público, coincidiendo dicho límite con el importe de los contratos que se encuentran sujetos a autorización previa del Consejo de Gobierno y que consecuentemente revisten mayor entidad.
En cuarto lugar, se sustituye la remisión mensual a la Comisión de Control de un estado de ejecución presupuestaria por una dación de cuentas a dicho órgano por parte de los órganos ejecutivos, bajo requerimiento del primero, en atención a la escasa virtualidad que dicha remisión ha tenido hasta la fecha, en contraposición con la carga de trabajo que suponía su elaboración y remisión periódica.
En quinto lugar, se incluye el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM) y el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC), como Institutos de investigación del CICYTEX. En el caso del primero, considerando que su adscripción formal al ente público tuvo lugar con posterioridad a la promulgación de la Ley y, en el caso del segundo, teniendo en cuenta que se ya han iniciado los trámites tendentes a su integración efectiva en el CICYTEX.
Además, se modifican las escalas del personal de investigación previstas en la disposición adicional segunda de la Ley, para dar cabida al personal de gestión de la investigación.
En el Capítulo VIII se acometen medidas en materia de prestación de servicios públicos. Entre otras, además de la reforma de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, se hace precisa la modificación de la Ley 1/1999, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia y Reinserción de las Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura para sustituir la denominación de la Secretaría General de Drogodependencias, que pasará a nombrarse Secretaría General de Adicciones, al ser el término adicciones un concepto más amplio y adecuado debido al incremento de personas con ludopatía derivados del abuso, consumo y dependencia del juego on line y presencial, de los videojuegos, de las tecnologías de la información y de la comunicación, principalmente en la población adolescente y juvenil. De esta manera, se hace residir en un mismo órgano el asesoramiento, gestión, planificación y coordinación de todas las actuaciones que en materia de adicciones correspondan, tanto las referidas a la drogodependencia como las correspondientes a cualquier otra tipología de adicciones.
Por otra parte, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que constituye la norma básica en la materia, define la protección civil, como un instrumento de la política de seguridad pública. Esto es lo que determina su configuración como servicio público de protección a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada. Esta norma, tiene por objeto establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia. En el ámbito autonómico, la Ley 10/2019, de 11 de abril, de protección civil y de gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece el Sistema Regional de Protección Civil y de gestión de emergencias de nuestra Comunidad Autónoma, ordenando sus actuaciones, y regula en el marco de la citada legislación básica estatal y, en su caso, de la normativa europea aplicable, las competencias de la Administración autonómica en la materia.
Para dotar de herramientas con las que enfrentar las eventualidades propias de la función desarrollada por Protección Civil, la gran mayoría de Comunidades Autónomas han procedido a regular la especial involucración que en situaciones de emergencia deben tener los medios de comunicación social, debiendo éstos colaborar en la difusión de anuncios, avisos, órdenes o recomendaciones a la ciudadanía, sin que en nuestra Comunidad Autónoma dicha obligación sea exigible, a pesar de los evidentes beneficios que para la ciudadanía esta práctica pueda suponer. Por ello, se introduce en la Comunidad Autónoma de Extremadura la obligación para los medios de comunicación de realizar una especial colaboración con Protección Civil a la hora de transmitir avisos e instrucciones a la sociedad que tengan especial relevancia sobre la protección de las personas.
Por otro lado, se introducen una serie de modificaciones en materia sancionadora, con el objeto de corregir remisiones legislativas a fin de garantizar la tramitación de los expedientes sancionadores, al corresponderse con la nueva redacción la tipificación de la falta con la gravedad definida.
Finalmente, se modifica la Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura a fin de ampliar los sujetos beneficiarios hasta el segundo grado de consanguinidad y de facilitar el plazo de presentación de la solicitud de ayuda.
En el Capítulo IX se modifican:
– La Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura.
– La Ley 5/2001, de 10 de mayo, de Crédito Cooperativo.
En cuanto a las sociedades cooperativas, se incluyen medidas de clarificación organizativa para una mayor seguridad jurídica.
En materia de cooperativas de créditos el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en sesión celebrada durante los días 5 y 6 de julio de 2022, ha llevado a cabo el Debate sobre la Orientación Política General de la Junta de Extremadura. Entre las resoluciones aprobadas se encuentra la «Resolución 802/X: Plan de Lucha contra la Exclusión Financiera» en la expresamente la Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a desarrollar, en colaboración con la Administración General del Estado, el Banco de España, las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, municipios de la región y entidades financieras, un Plan de Lucha contra la Exclusión Financiera en la Comunidad Autónoma de Extremadura que cubra las necesidades relacionadas con esta materia en el 100 % de los municipios de la región. Este plan incluirá, entre otras medidas, la integración de actuaciones sobre la Inclusión Financiera en el Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas de Crédito regionales.
Para dar efectividad a esta Resolución resulta necesario modificar la Ley 5/2001, de 10 de mayo, de Crédito Cooperativo al objeto de incluir expresamente como fines del Fondo de Educación y Promoción los objetivos de lucha contra la exclusión financiera, dotando de seguridad jurídica a las decisiones de las Cooperativas de Crédito regionales en esta materia.
Con esta modificación se constituye una innovadora y oportuna medida de lucha contra la exclusión financiera en nuestra región donde las entidades financieras, en este caso nuestras Cooperativas de Crédito, atendiendo a criterios de responsabilidad social y compromiso con Extremadura cumplimentan su objeto social.
Con la redacción vigente del artículo 39.4 se limita a los socios trabajadores la posibilidad de recibir apoderamientos sólo de otros socios trabajadores.
Con esta modificación se otorgan unos derechos a los socios trabajadores, en su calidad de socios de la Cooperativa, que hasta ahora (desde la modificación introducida en 2014) no podían ejercer. Con la modificación propuesta se acentúa más el principio de igualdad que debe presidir no solo el trato de la cooperativa de crédito a sus socios, sino también el trato de la Ley a los socios de la cooperativa de crédito. Así, sin olvidar las especiales características de los socios trabajadores parece razonable situar en niveles parejos los derechos de representación de todas las clases de socios, evitando de esta forma y en la medida de lo posible la discriminación entre ellos.
El crecimiento de las entidades, las exigencias de la nueva normativa aplicable a las entidades de crédito y la creación de grupos cooperativos, entre otras cuestiones, requieren de una estructura de los órganos de gobierno y de sus comisiones delegadas, en los que tengan cabida y participación todo tipo de consejeros ya sean dominicales, independientes o trabajadores y en los que se encuentren representados zonas de influencia y sectores productivos. Con esta modificación, ampliación del límite, se facilita a las sociedades cooperativas de crédito extremeñas la presencia en su Consejo Rector, y por amplitud en las distintas comisiones a crear en su seno, una variedad de representación que, sin duda, será positiva para las mismas.
La permanente evolución del sistema financiero, la centralización de las competencias de las distintas entidades de crédito nacionales en el Banco de España y en el Banco Central Europeo y la experiencia de este órgano en la gestión diaria de estas instituciones, inciden en la supresión de esta excepcionalidad (las dos Cooperativas de Crédito de la Región son las únicas Cajas Rurales que tienen la obligación de contar con una Comisión de Control) nacida en otros momentos muy distintos, intentando de esta forma acercar, en este aspecto, el funcionamiento de las sociedades cooperativas de crédito extremeñas al resto de Sociedades Cooperativas de Crédito nacionales. Las competencias de este órgano serían asumidas, como en el resto de Cooperativas de Crédito por otros órganos o departamentos.
En el Capítulo X se recogen medidas de diversa índole que suponen el ejercicio de la capacidad normativa en materia tributaria, ya sea sobre los tributos cedidos, según el régimen competencial atribuido por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, o sobre tributos propios y tasas, teniendo en cuenta que estas medidas no cuentan con la habilitación legislativa para su modificación mediante la Ley de Presupuestos.
Así, en primer lugar, por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se introducen modificaciones técnicas en la regulación de determinadas deducciones en la cuota autonómica, concretamente, en la establecida por adquisición de vivienda para jóvenes y para víctimas del terrorismo con residencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la relativa a arrendamiento de vivienda habitual.
Por otra parte, con la finalidad de favorecer el acceso a la vivienda a los jóvenes en un contexto económico de subida de los tipos de interés aplicables a los préstamos hipotecarios destinados a financiar su adquisición, se establece una nueva deducción en la cuota íntegra autonómica del citado impuesto de los importes satisfechos por dicho concepto por menores de 36 años. Esta nueva deducción y la ya existente por adquisición de vivienda para jóvenes y víctimas del terrorismo residentes en Extremadura no podrán aplicarse simultáneamente con la establecida por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en zonas rurales.
En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las medidas que se adoptan están dirigidas a favorecer la transmisión tanto «inter vivos» como «mortis causa» de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades estableciéndose una reducción en la base imponible del impuesto del 99% de su valor en transmisiones «mortis causa» como «inter vivos» a favor de familiares de los Grupos I, II y III de parentesco. Destaca la exigencia del a exención previa a efectos del Impuesto de Patrimonio para que sólo pueda beneficiarse la trasmisión de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades que realicen o que constituyan una autentica actividad económica.
De la misma reducción, con condiciones adicionales, podrán beneficiarse los demás parientes y personas sin relación de parentesco incluidos en el Grupo IV del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Así, con tal finalidad, se establece una reducción en la base imponible del impuesto del 99 % del valor de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades en transmisiones tanto «mortis causa» como «inter vivos» a favor de familiares de los Grupos I, II y III de parentesco y, con condiciones adicionales, a los demás parientes y personas sin relación de parentesco.
Pero sobre todo destaca la ampliación del ámbito subjetivo de los destinatarios de la bonificación, los cuales pueden estar comprendidos en los Grupos I, II y III de parentesco con el causante o donante, estableciéndose requisitos tales como la exigencia de la exención previa a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio para que solo puedan beneficiarse las empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades que realicen o que constituyan una auténtica actividad económica; el mantenimiento en el patrimonio del contribuyente de los bienes, derechos o participaciones adquiridas, no simplemente su valor; y la limitación del importe de la reducción.
En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se introducen varias modificaciones técnicas con una finalidad aclaratoria de los preceptos.
Así, en primer lugar, se modifica la regulación del tipo de gravamen reducido aplicable a la transmisión de inmuebles incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial en empresas individuales o negocios profesionales contenido en el artículo 43 del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril.
En segundo lugar, se modifica la redacción de la regulación contenida en dicho texto legal de los tipos reducidos introducidos por la disposición final segunda de la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, aplicables a la adquisición de viviendas habituales y de inmuebles destinados a desarrollar actividades empresariales o negocios profesionales ubicados no solo en municipios sino que también en entidades locales menores, ambos con una población de derecho a 31 de diciembre inferior a 3.000 habitantes.
Por lo que se refiere a los tributos sobre el juego se rebaja el tipo de gravamen que recae sobre el bingo electrónico, que pasa del 25 % al 20 %. La reducción del tipo de gravamen tiene como objetivo, por un lado, equiparar el tipo que se ha ido implantando como tipo general en otras Comunidades Autónomas y, por otro lado, compensar a los establecimientos de bingo que se han visto muy afectados por los efectos del Covid-19, pues se han tomado decisiones tales como el cierre de los establecimientos y las reducciones de aforo. Con la rebaja del tipo de gravamen del bingo electrónico se pretende ayudar a la recuperación del sector al proporcionarle un mayor margen de dotación para premios, que permita recobrar el nivel de actividad anterior a la crisis sanitaria.
La supresión del Impuesto autonómico sobre eliminación de residuos en vertedero está motivada por la creación por el Estado de un impuesto que grava el mismo hecho imponible. En efecto, el Estado mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ha creado el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, como un mecanismo clave para avanzar en economía circular y en la consecución de los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado en materia de residuos, desincentivando las opciones menos favorables y favoreciendo las que sí lo son desde el punto de vista ambiental, a fin de que puedan contribuir a reintroducir los materiales contenidos en los residuos en la economía, como, por ejemplo, mediante el reciclado.
La reciente Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha modificado la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, con el objeto de articular la cesión del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos a las Comunidades Autónomas de régimen común.
Por ello, a fin de evitar una doble imposición, se suprime el impuesto autonómico sobre la eliminación de residuos en vertedero.
En esta Ley se lleva a cabo una limitada revisión en el ámbito de las tasas, que no está encaminada a incrementar la presión fiscal, sino a actualizar sus elementos definidores y cuantificadores. Así, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, configuran la tasa como un tributo propio cuyo hecho imponible consiste, dejando al margen las que gravan la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o realización de actividades administrativas en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo –en su condición de obligado tributario–, cuando aquellos servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria o no se presten o realicen por el sector privado.
Según esta definición, el ámbito objetivo de las tasas es muy amplio por su posible extensión a la práctica totalidad de servicios y actividades públicas prestadas a los ciudadanos que se relacionan con la administración, lo que provoca que aparezcan nuevas figuras de este tipo. En particular, cualquier tramitación de expedientes instruidos conforme a la normativa reguladora de los procedimientos administrativos, comunes o especiales, siempre que su incoación no se efectúe de oficio sino a instancia del interesado, que su resolución le produzca un beneficio o afecte particularmente a su esfera de intereses socioeconómicos y sean competencia de los distintos órganos, organismos y entidades de Derecho público, en el ejercicio de funciones o potestades públicas que no puedan desempeñarse por el sector privado –al menos, no en régimen de libre competencia y concurrencia con el sector público–, puede ser susceptible de gravamen mediante la creación de una tasa.
Estas circunstancias exigen adecuar la realidad administrativa a la necesaria fiscalidad del ámbito de aplicación de las tasas, máxime en estos momentos en los que predomina la inestabilidad e incertidumbre financieras. Ello obliga a adoptar una serie de medidas planificadas para equilibrar los presupuestos públicos, sin por ello tener que recurrir al aumento de la efectiva presión impositiva, pues debe considerarse la tasa, no en su dimensión estrictamente recaudatoria, sino en su naturaleza de recuperación de los costes, esto es, en el automatismo tributario que se le otorga a cambio de la prestación por la Administración de un servicio indispensable para el desenvolvimiento de las actividades económicas, profesionales o sociales de los ciudadanos.
Bajo estos principios, se crea en el ámbito competencial de la Consejería de Educación y Empleo la «tasa por participación en procedimientos de reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por las vías de la experiencia laboral y la formación no formal en la Comunidad Autónoma de Extremadura», que se justifica para adaptar los actuales procedimientos de reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias que la normativa atribuye al Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones (IECA).
Por otra parte se modifican las siguientes tasas: tasa por prestación de servicios facultativos veterinarios; tasa por prestación de servicios veterinarios de realización de pruebas de sanidad animal en casos de petición de parte del ganadero, incluida la realización de los análisis de confrontación solicitados por éstos; tasa por participación en procedimientos de reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por las vías de la experiencia laboral y la formación no formal en la Comunidad Autónoma de Extremadura; tasa por inspección y registro inicial de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación y entidades de control de calidad de la edificación; y tasa por inspección de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación y entidades de control de calidad de la edificación. En la mayoría de los casos, las modificaciones suponen la adaptación de algunos epígrafes a la verdadera naturaleza de la prestación del servicio que requieren su actualización por cambios normativos u otras exigencias de carácter organizativo.
La disposición adicional primera establece la regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la gestión, resolución y pago de la ayuda del Bono Social Térmico establecida mediante el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, determinando además que dichas funciones corresponderán al Consorcio Agencia Extremeña de la Energía, AGENEX. La disposición adicional segunda establece medidas de agilización de pagos. Finalmente, la disposición adicional tercera se refiere a la aprobación de modelos tipo de bases reguladoras de subvenciones.
En la disposición transitoria única se establece que, a los procedimientos y recursos ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley no les será de aplicación esta, rigiéndose por la normativa anterior.
La disposición derogatoria, además de contener la cláusula genérica de derogación de normas de igual o inferior rango, dispone la derogación expresa de las siguientes normas:
– Los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la «Nueva Normalidad».
– La disposición final segunda del Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas en materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
– El apartado 5 del artículo 34 de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como cualquier otro precepto legal o reglamentario que establezca cualquier limitación de mandatos para poder ser elegido presidente de la Junta de Extremadura.
– El Decreto 105/2015, de 19 de mayo, por el que se regula el Consejo del Transporte Terrestre de Extremadura.
– La disposición final tercera de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una administración más ágil.
– El artículo 5 del decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria.
– El artículo 18, la disposición adicional segunda y la disposición transitoria segunda de la Ley 6/2019, de 20 febrero de 2019, del Estatuto de las Personas Consumidoras de Extremadura.
– Los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En la disposición final primera se modifica la Ley 4/2022, de 27 de julio, de Racionalización y Simplificación administrativa de Extremadura.
La disposición final segunda prevé la salvaguarda de rango de disposiciones reglamentarias y en la disposición final tercera se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Finalmente, la disposición final cuarta establece que la presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura». No obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 45, referidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se aplicarán a los hechos imponibles que se devenguen a partir del día 1 de enero de 2022, y las relativas a tributos sobre el juego, serán aplicables a partir del día 1 del mes siguiente a aquel en que se produzca la entrada en vigor de la presente Ley.
La aprobación de esta Ley encuentra su amparo en lo contemplado en distintos preceptos y apartados del Título I del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reformado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero.
Así, con carácter general, el apartado 1.1 del artículo 9 atribuye competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre «creación, organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones, así como la organización de su propia Administración y la de los entes instrumentales que de ella dependan».
Las previsiones contenidas en el Capítulo II se llevarían a cabo en el ejercicio de la competencia exclusiva sobre «fomento del desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos de la política económica nacional» reconocida en el apartado 1.7 del artículo 9. Además, serían de aplicación igualmente los títulos competenciales reconocidos en los apartados 1.9 («Estadística para fines de interés de la Comunidad Autónoma»), 1.16 («comercio interior»), 1.19 («turismo»), de ese mismo precepto. Finalmente, la Comunidad Autónoma tiene competencias de desarrollo legislativo sobre el «Régimen minero y energético e instalaciones radioactivas de segunda y tercera categorías» (artículo 10.1.7).
La modificación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura que se realiza en el Capítulo III se lleva a cabo en el ejercicio de las competencias de desarrollo contempladas en el apartado 1.2 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía.
Las demás modificaciones de este Capítulo III se amparan en las competencias exclusivas sobre «espectáculos y actividades recreativas. Ordenación general del sector y régimen de intervención administrativa y control de espectáculos públicos» (artículo 9.1.43) y «Patrimonio histórico y cultural de interés para la Comunidad Autónoma» artículo 9.1.47).
Finalmente, las medidas en materia urbanística encontrarían su amparo en el artículo 9.1.31 (competencia exclusiva sobre «urbanismo y vivienda; normas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y de conservación del patrimonio urbano tradicional».
En el Capítulo IV, además de las competencias exclusivas en materia de «creación, organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones, así como la organización de su propia Administración y la de los entes instrumentales que de ella dependan», recogida en el apartado 1.1 del artículo 9, serían de aplicación los siguientes títulos competenciales: apartado 1.14 del artículo 9 («Caza y explotaciones cinegéticas. Pesca fluvial y lacustre. Acuicultura»; apartado 1.18 del artículo 9 («regulación de las medidas de prevención, protección y defensa de los consumidores y usuarios»); y apartado 1.12 del artículo 11 («Defensa de la competencia en el ámbito del mercado extremeño»).
En el Capítulo V, además de las competencias ya citadas, serían también de aplicación, entre otros: artículo 7 («Principios rectores de los poderes públicos extremeños»); apartado 1.1 del artículo 10 (competencias de desarrollo legislativo en materia de «contratación del sector público»); y artículo 38 («potestades sobre el patrimonio»).
En cuanto al Capítulo VI, además de los títulos competenciales de aplicación general citado, sería de aplicación: el artículo 9.1.18 («consumo») y el apartado 2 del artículo 13 del Estatuto de Autonomía.
Las medidas del Capítulo VII encuentran su amparo, además, en las competencias de desarrollo legislativo que ostenta la Comunidad Autónoma en sobre «el régimen estatutario de los empleados públicos», en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.1 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía.
También sería de aplicación el artículo 9.1.22 (competencia exclusiva sobre «investigación, desarrollo e innovación científica y técnica, en coordinación con el Estado coordinación de la actividad investigadora financiada con fondos públicos de la Comunidad Autónoma. Innovación y desarrollo tecnológicos»).
El Capítulo VIII se ampararía, además, en los siguientes títulos competenciales: artículo 7 («principios rectores de los poderes públicos extremeños»; y el artículo 9.1.42 (competencias exclusivas sobre «protección civil y emergencias»).
El Capítulo IX encontraría su amparo, además, en los apartados 10 («instituciones de crédito cooperativo») y 17 del artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía, entre otros.
Para la aprobación del Capítulo X sería de aplicación específica el Capítulo II del Título VI del Estatuto de Autonomía.
En la redacción de esta Ley se han observado el efectivo cumplimiento de los principios de buena regulación enumerados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Asimismo, a fin de dar cumplimiento a los mandatos recogidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, la redacción de la presente norma se ha acometido con perspectiva de género, utilizando un lenguaje inclusivo.
Por último, la presente Ley se aprueba «de acuerdo» con el Consejo de Estado.
La presente Ley tiene por objeto poner en valor la utilidad y calidad en la prestación de los servicios públicos, así como la mejora en los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía.
1. Podrán ser calificados como proyectos empresariales de interés autonómico aquellos proyectos de inversión, para la implantación o ampliación de una o varias instalaciones empresariales en Extremadura, que tengan un impacto significativo en el empleo y en el tejido productivo. Estos proyectos se podrán encuadrar en cualquier sector económico, siempre que no se refieran al sector inmobiliario, financiero, energético, del juego o minero. Se exceptúan, en este último caso, los proyectos relativos a la explotación de los recursos minerales de litio, que sí podrán ser calificados como proyectos empresariales de interés autonómico. Además, tales proyectos deben contar con una estrategia de responsabilidad social corporativa y establecer planes específicos de igualdad.
2. Para la consideración del carácter de interés autonómico de un proyecto de inversión empresarial, cuando se trate de proyectos de ampliación de empresas ya establecidas en Extremadura, se requerirá el cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos:
a) Que, manteniendo el nivel de empleo existente en el momento de solicitar la calificación como «proyecto empresarial de interés autonómico», se prevea una creación de empleo como mínimo de 20 UTA. En todo caso, el nivel de empleo total al año siguiente al de la ampliación de la empresa habrá de superar las 40 UTA.
b) Que el volumen de inversión inicial en el proyecto de ampliación sea de un mínimo de 6 millones de euros.
c) Que su volumen de facturación anual sea superior a 6 millones de euros, y que su balance general anual sea superior a 15 millones de euros.
3. Para la consideración de carácter de interés autonómico de un proyecto de inversión empresarial, cuando se trate de proyectos de creación de nuevas empresas, se requerirá el cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos:
a) Un nivel de creación de empleo superior a 40 UTA durante el primer año de inicio de la actividad.
b) Un volumen de inversión inicial de un mínimo de 6 millones de euros, con un mínimo de creación de empleo de 15 UTA durante el primer año de inicio de la actividad.
4. Se define UTA como número de unidades de trabajo por año, es decir, número de asalariados a jornada completa empleados durante un año.
5. La calificación como proyecto empresarial de interés autonómico corresponde al Consejo de Gobierno, mediante Decreto, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia según el objeto del proyecto y previa solicitud del interesado. En todo caso, en el procedimiento para el otorgamiento de la calificación como proyecto empresarial de interés autonómico se dará audiencia al ayuntamiento o ayuntamientos interesados.
6. La calificación como proyecto empresarial de interés autonómico podrá solicitarse en cualquier momento de la tramitación del proyecto, surtiendo efecto en la fecha del otorgamiento por el Consejo de Gobierno.
La calificación de un proyecto como proyecto empresarial de interés autonómico tendrá los siguientes efectos:
a) Tendrán carácter prioritario y urgente para toda la administración autonómica. La calificación de un proyecto como de interés autonómico conllevará la aplicación de la tramitación de urgencia a los procedimientos administrativos previstos en la normativa autonómica, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
b) La licencia urbanística o, en su caso, la licencia de obras y usos provisionales podrá ser sustituida por el trámite de consulta en los términos previstos en la normativa urbanística. Esta sustitución no se aplicará a los proyectos de concesiones de explotación de los recursos minerales de litio.
c) Conlleva su declaración de utilidad pública o interés social, así como la de urgencia de la ocupación de los bienes afectados, a los efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. Tanto la declaración de utilidad pública e interés social, como la de urgencia de la ocupación, habrán de hacerse constar, en cada caso concreto, en el decreto de calificación del Consejo de Gobierno.
d) En los casos que sea necesario, el establecimiento o ampliación de las servidumbres de paso para vías de acceso, líneas de transporte y distribución de energía y canalizaciones de líquidos o gases, detallados previamente en la propuesta, de conformidad con la normativa aplicable.
e) Permitirá la concesión de forma directa de subvenciones a efectos de empleo, en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ley.
La calificación de proyecto empresarial de interés autonómico será revocada cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Incumplimiento de las condiciones establecidas en la declaración de calificación.
b) Incumplimiento reiterado por el interesado de su deber de información a la unidad de proyectos empresariales de interés autonómico sobre el desarrollo del proyecto.
c) Inactividad del interesado por más de tres meses en cuanto a la realización de trámites necesarios para la ejecución del proyecto.
d) Otras causas sobrevenidas que, a juicio del Comité de Seguimiento de Inversiones, revelen la inviabilidad en el desarrollo del proyecto.
1. Mediante decreto se creará y regulará la unidad de proyectos empresariales de interés autonómico.
2. Corresponderá a la unidad de proyectos empresariales de interés autonómico la identificación, captación, información, acompañamiento y seguimiento técnico de los citados proyectos y de su tramitación administrativa, en los términos previstos por la normativa que le sea de aplicación y de acuerdo con las indicaciones del comité de seguimiento de inversiones.
1. Se crea el comité de seguimiento de inversiones para la evaluación y seguimiento de los proyectos empresariales de interés autonómico, adscrito a la Consejería competente en materia de empresa. Este comité velará por el cumplimiento de los plazos y efectos que conlleva esta calificación.
2. En el Decreto de calificación como proyecto empresarial de interés autonómico se determinará la composición del comité de seguimiento de inversiones.
Se podrán otorgar subvenciones de concesión directa a los proyectos empresariales calificados como proyectos empresariales de interés autonómico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, para la contratación de personal y para la realización de acciones formativas de los trabajadores vinculados al proyecto empresarial.
El otorgamiento de las subvenciones se realizará mediante la formalización de un convenio entre la entidad concedente y los beneficiarios o mediante resolución, previa solicitud de estos acompañada del correspondiente Plan de Actuaciones, estableciéndose en el convenio o resolución las condiciones y compromisos aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en la presente norma, en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en la restante normativa en materia de subvenciones que pudiera resultar de aplicación.
Se suprime el apartado 3 del artículo 14.
1. El apartado 1 del artículo 38, queda redactado en los siguientes términos:
«1. Concepto. Son profesiones turísticas las ejercidas de forma retribuida, con la habilitación requerida en su caso, en las distintas empresas turísticas, administraciones u otras entidades, para la realización de actividades encaminadas a la prestación de servicios de orientación, información, asesoramiento, acompañamiento y asistencia al turista.»
2. La letra t) del artículo 42 queda redactada como sigue:
«t) Presentar ante la Administración Turística la declaración responsable o comunicación previa en cuya virtud se opere el cambio de titularidad en la prestación del servicio o actividad, el cese temporal o parcial, la reanudación de actividad, el cambio de capacidad, categoría, modalidad o denominación, así como el cese definitivo de la actividad.»
3. El apartado 4 el artículo 48 queda redactado como sigue:
«4. Sin perjuicio de lo anterior, los campamentos de turismo, las zonas de acampada de titularidad pública y las áreas de autocaravanas deberán presentar una declaración previa de instalación, con anterioridad a la declaración responsable de inicio y ejercicio de la actividad y prestación del servicio, en los términos y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.»
4. Se incluye un nuevo apartado 3 en el artículo 52 bis, con el siguiente tenor literal:
«3. Las empresas y entidades a las que se refiere el apartado anterior deberán retirar la publicidad e información que se realice en sus canales de información, comercialización y/o publicidad de aquellas empresas, actividades, servicios o productos turísticos, ubicados o desarrollados en Extremadura en las que no figure el correspondiente número de inscripción en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura, a requerimiento de la Dirección General competente en materia de turismo.»
5. Los apartados 3 y 4 del artículo 52 bis pasan a numerarse 4 y 5, respectivamente.
6. El artículo 52 ter, queda redactado como sigue:
Las distintas administraciones de la comunidad autónoma de Extremadura con competencias en materia de turismo, dentro del ámbito de su autonomía, se ajustarán en sus relaciones recíprocas a los principios de información mutua, coordinación, colaboración, cooperación, con respecto a los ámbitos competenciales respectivos y ponderación de los intereses públicos implicados, primando la eficacia y la eficiencia administrativas.
A tales efectos, el órgano que gestione el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura debe comunicar las inscripciones de los prestadores de servicios y actividades turísticas a las administraciones tributarias y a los ayuntamientos, para poder llevar un correcto control desde los puntos de vista urbanístico, territorial, medioambiental y tributario.»
7. Se incluye una nueva letra h) en el apartado 3 del artículo 70, con la redacción siguiente:
«h) Los establecimientos que presten servicios que consistan en la venta de comidas y/o bebidas exclusivamente para llevar y/o para reparto a domicilio sin que se consuma en el local ni terrazas anexas, y cuya actividad no responda a la regulada para los catering.»
8. La letra a) del apartado 1 del artículo 72 queda redactada como sigue:
«a) Restaurantes, cafeterías, café bares y similares: aquellos establecimientos que presten a sus clientes servicios de restauración para su consumo preferentemente en el propio establecimiento.»
9. La letra c) del apartado 1 del artículo 72 queda redactada como sigue:
«c) Salones de banquetes: aquellos establecimientos que, dotados de cocina propia o que contraten servicios de restauración con empresas de catering, dispongan de comedor donde se sirva, con ocasión de eventos, comidas y bebidas a precio acordado para ser consumidas en fecha y horas determinadas y concertadas en el mismo local.»
10. El apartado 1 del artículo 79 queda redactado como sigue:
«1. Se consideran agencias de viajes las empresas que se dedican al asesoramiento, la mediación o intermediación y la oferta, organización y comercialización de servicios de viaje y de viajes combinados.»
11. El apartado 3 del artículo 79 queda redactado como sigue:
«3. Las agencias de viajes pueden ser de tres clases:
a) Organizadora: aquella que combina y vende u oferta viajes combinados directamente, o a través de o junto con otro empresario, o la que transmite los datos del viajero a otro empresario para la contratación de al menos dos tipos de servicios de viaje a efectos del mismo viaje o vacación, a través de procesos de reserva en línea conectados, en un plazo de veinticuatro horas después de la confirmación de la reserva del primer servicio de viaje.
b) Minorista: aquella distinta de la organizadora que vende u oferta viajes combinados por una organizadora, así como las que proyectan, elaboran, organizan y venden las actividades y servicios que reglamentariamente se determinen diferentes de los viajes combinados, directamente a las personas usuarias o consumidoras, no pudiendo ofrecer sus productos a otras agencias.
c) Organizadora-minorista: aquellas que simultanean las actividades de las dos clases anteriores.»
12. La letra d) del artículo 103 queda redactada como sigue:
«d) La falta de notificación o comunicación de los cambios de titularidad del establecimiento dentro del plazo establecido por la normativa turística a tal efecto, así como la falta de notificación o comunicación del cese temporal o parcial, la reanudació