Categoría: Judicial

va cuestionada conforme a lo indicado, en las familias monoparentales el permiso a que hacen referencia los arts. 48.4 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y 177 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social ha de ser interpretado en el sentido de adicionarse al permiso para la madre biológica (dieciséis semanas), el previsto para progenitor distinto (diez semanas, al excluirse las seis primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto).
2. La sentencia, al determinar el alcance del fallo asumiendo el Tribunal una función de legislador positivo que institucionalmente no le corresponde, elimina la libertad de configuración normativa del legislador.
Discrepamos del pronunciamiento de la sentencia en cuanto al alcance del fallo, que supone un entendimiento del control abstracto de constitucionalidad de las leyes que desborda la obligada contención que desde sus primeras resoluciones este tribunal viene imponiéndose, y sitúa de hecho a este en una posición de colegislador que no le corresponde en modo alguno, pues lo que hace la sentencia es ampliar el permiso de maternidad de las madres biológicas en el caso de familias monoparentales, lo que, obviamente, por más que pueda juzgarse deseable, no es una tarea que competa al Tribunal Constitucional.
En efecto, aunque en la sentencia se afirme (fundamento jurídico 7) que corresponde al legislador, en uso de su libertad de configuración normativa, llevar a cabo las modificaciones pertinentes para reparar la vulneración apreciada de los arts. 14 y 39 CE, lo cierto es que tal libertad de configuración es inexistente en este caso a la postre, pues es el Tribunal el que determina en qué ha de consistir concretamente la reforma de los preceptos cuestionados: estos han de ser modificados de tal suerte que debe adicionarse al permiso de maternidad para la madre biológica (dieciséis semanas), el previsto para progenitor distinto (diez semanas, al excluirse las seis primeras).
Cuando la razón de la inconstitucionalidad del precepto legal impugnado o cuestionado no reside en determinación alguna de este, sino en lo que omite (como se ha apreciado en la sentencia que resuelve la presente cuestión), el Tribunal se ve obligado a sustituir la declaración de nulidad del precepto que, como regla, lleva aparejada la declaración de inconstitucionalidad (art. 39.1 LOTC), por un requerimiento al legislador para que lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones oportunas en el régimen legal, sirviéndose para ello de su propia «libertad de configuración normativa» (SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11, y 273/2005, de 27 de octubre, FJ 9, por todas), incluso con la precisión que deba hacerlo «dentro de un plazo de tiempo razonable» (STC 96/1996, de 30 de mayo, FJ 23). La libertad de configuración normativa del legislador no puede ser desconocida ni sustituida por este tribunal, al que «solo le corresponde apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de los preceptos enjuiciados (art. 27.1 LOTC)» (STC 45/1989, FJ 11). Y es que cualquier otra decisión del Tribunal en estos casos de inconstitucionalidad por omisión implicaría «la reconstrucción de una norma no explicitada debidamente en el texto legal y por ende la creación de una norma nueva, con la consiguiente asunción por el Tribunal Constitucional de una función de legislador positivo que institucionalmente no le corresponde» (SSTC 96/1996, FJ 22, 235/1999; de 20 de diciembre, FJ 13; 138/2005, de 26 de mayo, FJ 5, y 111/2006, de 5 de abril, FJ 7, por todas).
El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución (art. 1.1 LOTC), al ejercer su control abstracto de constitucionalidad de las leyes está obligado a no traspasar su papel de «legislador negativo». Si todos los poderes públicos, y muy particularmente el legislativo, están siempre obligados a respetar escrupulosamente lo resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87.1 LOTC), este órgano está igualmente obligado a no injerirse en el funcionamiento de los poderes del Estado, y de modo singular a no suplantar al legislador, convirtiéndose en una suerte de «legislador positivo».
Ello es una consecuencia obligada del principio constitucional de separación de poderes, consustancial a nuestro Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE), como han recordado las SSTC 48/2001, de 26 de febrero, FJ 4; 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7; 124/2018, de 14 de noviembre, FJ 6, y 70/2022, de 2 de julio, FJ 5, que se encuentra estrechamente vinculado a las previsiones del art. 66.2 CE, conforme al cual las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, así como del art. 97 CE y del art. 117 CE, y que busca garantizar el equilibrio justo entre poderes públicos, evitando su concentración y con ello potenciales abusos, haciendo posible la aplicación de las técnicas de relación y control entre quienes ejercen legítimamente los distintos poderes y favoreciendo así la eficaz protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Como hemos recordado de manera expresa, «[e]l principio de separación de poderes se completa por la Constitución de 1978 con diversos mecanismos de frenos y contrapesos, así como mediante la distribución territorial del poder y la creación de nuevos órganos constitucionales, en particular el Tribunal Constitucional, al que corresponde, como intérprete supremo de la Constitución (art. 1.1 LOTC), entre otras funciones relevantes, el control de constitucionalidad de las leyes» (STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 5).
Probablemente en la sentencia que resuelve la presente cuestión de inconstitucionalidad haya pesado el precedente de la reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2024, que interpreta el art. 49 del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público en el sentido de que, en las familias monoparentales, al permiso de maternidad de dieciséis semanas de la madre biológica, se deben añadir diez semanas más de permiso por nacimiento de hijo que corresponderían al otro progenitor. Pero un error no justifica otro error. Si la Sala Tercera del Tribunal Supremo había incurrido en un exceso de jurisdicción, invadiendo el ámbito de decisión del poder legislativo, ello no es razón que justifique que el Tribunal Constitucional incurra a su vez en otro exceso jurisdiccional, suplantando al legislador. Lo discutido entonces, como ahora, era la posible ampliación de la protección social que el ordenamiento otorga a un determinado colectivo (las familias monoparentales), cuyo alcance e intensidad corresponde determinarlo al legislador, sin que a este tribunal (ni tampoco a ningún órgano judicial) le corresponda adoptar decisiones singularizadas que amplíen la configuración efectuada por legislador; mucho menos cuando, como aquí sucede, tales decisiones pueden afectar a la economía del sistema contributivo de seguridad social.
3. Es al legislador a quien corresponde, ponderando los intereses relevantes y legítimos en presencia, determinar si procede, y con qué alcance, ampliar la duración de los permisos por maternidad y paternidad en los supuestos de familias monoparentales.
Ciertamente (como hemos apreciado, por ejemplo, respecto de la pretensión de ampliación del permiso de paternidad para equipararlo en extensión temporal con el correlativo permiso de maternidad: STC 111/2018, de 17 de octubre), nada impide que el legislador, en el legítimo ejercicio de su libertad de configuración del sistema de seguridad social, apreciando las circunstancias socioeconómicas concurrentes en cada momento a la hora de administrar recursos económicos limitados para atender a un gran número de necesidades sociales (por todas, SSTC 65/1987, de 21 de marzo, FJ 17; 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3, 75/2011, de 19 de mayo, FJ 7, y 111/2018, de 17 de octubre, FJ 8), pueda ampliar la duración del permiso por nacimiento para la madre biológica en caso de familias monoparentales en la extensión que considere conveniente, pero, insistimos, esa decisión compete al legislador, no al Tribunal Constitucional, pues es al legislador a quien corresponde ponderar cuál de los intereses relevantes y legítimos en juego debe prevalecer, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, que no puede ser desconocida ni sustituida por este tribunal, como ya hemos advertido.
No es ocioso advertir, en este sentido, que en el Congreso de los Diputados se hallan en tramitación sendas proposiciones de ley, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular (proposición de Ley de conciliación y corresponsabilidad familiar) y por el Grupo Parlamentario Mixto (proposición de Ley de familias), en las que, entre otras modificaciones, se pretende la reforma de la normativa actual para ampliar los permisos de maternidad y paternidad en los supuestos de familias monoparentales.
Se trata, en definitiva, de una decisión que al legislador corresponde adoptar, en el sentido y alcance que estime más conveniente, sin que su libertad de configuración normativa deba verse determinada por una sentencia de este tribunal.
Madrid, a doce de noviembre de dos mil veinticuatro.–Enrique Arnaldo Santiago.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.