Categoría: Administración

La Conferencia Sectorial de Turismo, en su reunión de 29 de marzo de 2022, aprobó el Acuerdo sobre reparto territorial de crédito correspondiente al presupuesto de 2022, de la Línea de Financiación para Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas Turísticas, por importe de 170.000.000,00 euros.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 151.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, esta Secretaría de Estado de Turismo dispone la publicación del citado Acuerdo como Anexo a la presente Resolución.
Madrid, 31 de marzo de 2022.–El Secretario de Estado de Turismo, Fernando Reyes Verelst.
Índice.
Motivación.
I. Normas generales.
Base 1. Objeto y finalidad.
Base 2. Ámbito territorial.
Base 3. Normativa aplicable.
Base 4. Vigencia del acuerdo.
Base 5. Financiación y presupuesto.
II. Criterios de reparto territorial.
Base 6. Beneficiarias directas.
Base 7. Distribución del presupuesto.
Base 8. Costes indirectos.
Base 9. Transferencias a las CCAA.
Base 10. Obligaciones de las CCAA.
Base 11. Obligaciones específicas de las CCAA respecto del Mecanismo de Recuperación.
Base 12. Coordinación y seguimiento.
Base 13. Seguimiento de hitos y objetivos.
Base 14. Anticipos a destinatarios finales.
III. Criterios de reparto a beneficiarios últimos de las ayudas.
Base 15. Destinatarios últimos.
Base 16. Requisitos para obtener la condición de destinatario último.
Base 17. Actuaciones subvencionables, exclusiones y régimen de ayudas de Estado.
Base 18. Cuantía, límites e intensidades de las ayudas.
Base 19. Compatibilidad de las ayudas.
Base 20. Procedimiento de concesión a destinatarios últimos.
Base 21. Presentación de solicitudes.
Base 22. Órganos competentes para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de ayudas.
Base 23. Órganos competentes para la resolución del procedimiento de concesión de ayudas.
Base 24. Reintegro.
Base 25. Publicidad.
Base 26. Contención de gastos de personal.
Anexo I. Intensidad de ayudas a destinatarios últimos.
Anexo II. Presupuesto por CCAA.
Anexo III. Documentación.
Anexo IV. Actuaciones subvencionables y costes elegibles.
Anexo V. Hitos y objetivos de aplicación a las CCAA.
Anexo VI. Información para el seguimiento del Acuerdo.
Anexo VII. Tipologías de establecimientos de alojamiento turístico de las CCAA.
Anexo VIII. Referencias de convocatorias autonómicas recientes de eficiencia energética.
Anexo IX. Marco general de convocatorias en modalidad mixta con préstamos FOCIT.
1. En el marco del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (en adelante, Plan de Recuperación) prevé inversiones dentro de su componente 14 («Plan de modernización y competitividad del sector turístico»), por importe de 220 millones de euros, para financiar proyectos de «eficiencia energética y economía circular en empresas» turísticas (medida C14.I4, línea de actuación 2).
El objetivo CID 227 del Plan de Recuperación prevé que, «entre las medidas específicas para reducir el consumo de energía cabe citar la instalación de sensores para monitorizar y optimizar dicho consumo, el fomento del uso de sistemas de gestión energética (como el sistema de certificación según la ISO 500001), la utilización de materiales que favorezcan el aislamiento térmico, el uso de tecnologías más eficientes en materia energética, y el recurso a elementos exteriores, como sombras o jardines. (…)».
Conforme a lo anterior, y dentro del objetivo general de reducir la presión del turismo sobre el territorio y el medio ambiente, la medida propuesta persigue incrementar la competitividad de nuestras empresas turísticas mediante la incorporación de elevados estándares en materia de eficiencia energética y economía circular, para reducir así su huella de carbono y los costes energéticos.
El documento prevé que, a mediados de 2025, se hayan financiado 3.400 proyectos de esta índole, cuya financiación provendría de las dotaciones del Plan de Recuperación (220 millones), y abre la posibilidad de que puedan destinarse más recursos adicionales del presupuesto nacional, en forma de préstamos, correspondientes al Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), cuya tesorería supera en la actualidad los 570 millones de euros.
La combinación de ambos recursos financieros (subvenciones Plan de Recuperación, con préstamos FOCIT) contribuiría a incrementar la financiación disponible para los proyectos indicados; y es clara demostración del firme compromiso del Gobierno español con los objetivos generales de sostenibilidad y mitigación de los impactos medioambientales de la actividad turística. No obstante, debido a la repercusión sobre el sector turístico de la pandemia del COVID-19, la Conferencia Sectorial ha estimado que un mecanismo mixto de financiación (préstamos FOCIT, más subvenciones del Mecanismo de Recuperación) no es el adecuado en las circunstancias actuales, si bien se deja abierta la posibilidad de su aplicación para aquellas comunidades o ciudades autónomas que así lo decidan en los términos del Anexo IX de este Acuerdo.
2. La obligación de que todos los proyectos financiados con recursos del Mecanismo de Recuperación respeten el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente («Do not Significant Harm», DNSH) está recogida en toda la normativa del mecanismo: Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; Comunicación de la Comisión 2021/C 58/01, de 12 febrero (Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo»); y Decisión de ejecución del Consejo de 16 junio 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y resiliencia de España.
Conforme a la definición del principio DNSH, contenida en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles; y dentro del marco general del Reglamento (UE) 2018/1999, de 11 de diciembre, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima; todos los proyectos de inversión que se financien con recursos derivados de este acuerdo deben de respetar dicho principio, y las condiciones del etiquetado climático, tal y como prevé la definición de la submedida en el Plan de Recuperación.
Lo anterior incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en la Componente 14, en la medida 4 en la que se enmarcan dichas actuaciones, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan, en el Anexo a la CID y en el Acuerdo sobre las Disposiciones Operativas.
3. La etiqueta climática asignada a esta línea de actuación es la 024 «Eficiencia energética y proyectos de demostración en pymes y medidas de apoyo» con una contribución a objetivos climáticos del 40 %, de acuerdo con el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero. Conforme a dicho objetivo, este acuerdo contribuirá a acelerar la renovación de los edificios destinados a establecimientos de alojamiento turístico, con el fin de mejorar su rendimiento energético, reducir su consumo de energía, y contribuir a mejorar su competitividad turística.
En un contexto de impacto extremo de la pandemia sobre el sector turístico español, la línea de financiación propuesta se enmarca y es coherente con los diferentes programas de ayuda para la rehabilitación energética en los edificios existentes, llevados a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde 2013 (programas PAREER de 2013; PAREER-CRECE de 2015; PAREER II de 2017; PREE de 2020; y PREE 5000 de 2021).
4. Los fondos para financiar esta línea de ayudas en el periodo 2021-2023 ascienden a 220 millones para subvenciones a cargo del Plan de Recuperación. En concreto, para 2022, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, contempla un importe de 170 millones en la aplicación presupuestaria 50.43ND.759.
La puesta en práctica de este proyecto requiere que las partidas anuales de subvenciones del Plan de Recuperación, que figuren en los presupuestos en vigor en el periodo 2021-2023, sean transferidas anualmente a las Comunidades Autónomas, dada su competencia exclusiva en materia de turismo.
El criterio objetivo de reparto territorial propuesto es la media anual ponderada del número mensual de las cuatro categorías de establecimientos y habitaciones abiertos (hoteles, campings, alquiler vacacional y alojamientos rurales), que figuran en la Encuesta de Ocupación Hotelera de 2019, última disponible antes de la pandemia.
Del mismo modo, las comunidades y ciudades autónomas han sido informadas de los costes indirectos que podrán ser financiados con cargo a tales créditos, en la medida que no sean de naturaleza recurrente y se encuentren dentro del horizonte temporal de ejecución del Reglamento (UE) 2021/241, y el Plan de Recuperación, y tengan como fin la implantación y gestión del programa de incentivos objeto de este acuerdo.
5. La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a cada inversión y componente, aprobados en el marco del mismo, lo que constituye condición indispensable para el libramiento de los correspondientes fondos a nuestro país. Por ello, a través de sus convocatorias de ayudas, las comunidades y ciudades autónomas deberán contribuir al cumplimiento de los hitos y objetivos asignados a la tipología de inversión objeto de este acuerdo, contemplada en el Componente 14 del Plan y en la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, en la parte proporcional a los fondos que le hayan sido asignados.
Asimismo, las comunidades y ciudades autónomas deberán garantizar el correcto seguimiento presupuestario de los compromisos y las obligaciones reconocidas, estableciendo sistemas de gestión contable independientes que permitan la total trazabilidad de los créditos en todo momento. También, deberán comprometerse a cumplir cuantas disposiciones deriven de normas nacionales o de la Unión Europea en el ámbito de ejecución y gestión del Reglamento (UE) 2021/241, del Plan de Recuperación y de la normativa de ayuda de Estado aplicable, y a facilitar cuanta información sea requerida por las autoridades nacionales o comunitarias en este marco.
6. La transferencia de fondos se realizará con posterioridad a que, por Acuerdo del Consejo de Ministros, se autorice el reparto territorial pactado entre comunidades y ciudades autónomas, de la partida presupuestaria 50.430A.759, conforme a lo previsto en el artículo 86.2, Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Una vez que el presente Acuerdo sea ratificado por la Conferencia Sectorial, por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Turismo (en adelante, SETUR) se formalizaran las transferencias financieras de dicha partida presupuestaria a las CCAA (artículo 86.4, Ley 47/2003, de 26 de noviembre), a fin de que puedan tramitar sus convocatorias respectivas de subvenciones.
1. Este acuerdo tiene por objeto establecer un marco común que oriente las bases reguladoras de cada comunidad o ciudad autónoma, para la concesión de ayudas a titulares de alojamientos turísticos.
2. Su finalidad es la ejecución, por parte de las administraciones competentes, del programa de «Financiación de proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas», incluido en el apartado de «modernización y competitividad del sector turístico» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 14).
3. La ejecución de este programa contribuirá a alcanzar los objetivos medioambientales y energéticos establecidos en la normativa de la Unión Europea, mediante la realización de actuaciones de reforma de edificios existentes destinados a alojamiento turístico, con independencia de la naturaleza jurídica de sus titulares, que favorezcan la reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono, según lo establecido por el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, revisada por la Directiva 2018/2002, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables, de conformidad con las condiciones establecidas por las respectivas convocatorias que efectúen las comunidades y ciudades autónomas.
Este acuerdo será de aplicación en todo el territorio nacional.
1. El régimen jurídico, normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de los beneficiarios y procedimiento de concesión será el establecido por las bases dictadas por cada comunidad o ciudad autónoma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. También es de aplicación la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; en aquellas disposiciones que tengan carácter básico de acuerdo con su disposición final primera; y, en particular, lo previsto en sus artículos 37.4 y 46 en relación, respectivamente, con la vinculación legal de los ingresos procedentes del Mecanismo de Recuperación, y las obligaciones de información para el seguimiento de los proyectos financiados a través del Plan de Recuperación.
Todo ello sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera otras disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión de los fondos del Plan de Recuperación, de forma específica, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como la normativa de ayudas de Estado.
Este acuerdo estará en vigor desde la fecha en que se acuerde en Conferencia Sectorial y hasta el 31 diciembre 2024, salvo que, con anterioridad, se hubiera agotado el presupuesto disponible. A la finalización del expresado plazo de vigencia no serán admitidas más solicitudes de ayuda.
Los fondos para financiar esta línea de ayudas en 2022 ascienden a 170 millones de euros, para subvenciones a cargo del Plan de Recuperación, según prevé el presupuesto para 2022, aplicación presupuestaria 50.43ND.759.
La partida presupuestaria de 2022, para financiar proyectos de eficiencia energética y economía circular de empresas turísticas, será objeto de reparto territorial entre las comunidades y ciudades autónomas. Dichos importes están sujetos al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos, actividades y condiciones que figuran en este acuerdo, en los términos que figuren en las convocatorias autonómicas.
1. El presupuesto disponible anual se distribuirá conforme a los criterios objetivos de reparto que figuran en el anexo II.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, así como en el artículo 83.3 de su Reglamento, las comunidades y ciudades autónomas podrán disponer de un máximo del 3,6 por ciento del presupuesto disponible, como costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionadas.
Dicha imputación podrá realizarse desde el 1 de enero de 2021, en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente admitidas, y siempre que se correspondan o estén relacionados con el período en que efectivamente tengan que realizarse las actuaciones subvencionables.
3. Las comunidades y ciudades autónomas deberán asignar, a través de las convocatorias que efectúen, el presupuesto que les haya correspondido.
4. El presupuesto del programa podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad presupuestaria y si no hubiera expirado el plazo de vigencia, para aquellas comunidades o ciudades autónomas que lo soliciten expresamente.
5. El saldo no ejecutado ni comprometido, a la fecha de finalización del plazo de vigencia del programa, deberá ser reintegrado. Igualmente, a la vista de las cuantías comprometidas y las obligaciones reconocidas, SETUR podrá antes del fin de plazo de vigencia, requerir a las comunidades o ciudades autónomas reintegros parciales a fin de proceder a reasignaciones, siempre dentro del límite del presupuesto total, con el objetivo de que pueda ejecutarse al máximo posible el presupuesto disponible.
1. Tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto transferido, los gastos de gestión, incluyendo el coste de las actuaciones preparatorias previas que fueran necesarias para establecer y mantener la prestación de servicios, suministro de bienes o la realización de las actividades correspondientes:
a) El coste de la prestación de servicios específicos correspondientes a la tramitación de los expedientes de solicitud de ayudas con su evaluación administrativa y técnica, así como su resolución;
b) El coste de la prestación de servicios específicos correspondientes a las actuaciones de control y verificación y pago de la ayuda e inspección del proceso, así como, en su caso, la revocación y reintegro de las ayudas;
c) El coste de las herramientas informáticas que específicamente se desarrollen o adapten para la gestión telemática de las solicitudes y control y seguimiento del programa y hospedaje;
d) El coste de la prestación de servicios específicos de atención a consultas de los solicitantes;
e) El coste de las actividades específicas de promoción y difusión del programa. No tendrán esta consideración las campañas de comunicación.
2. Se incluyen, asimismo, como costes indirectos imputables los costes de contratación de nuevo personal, conforme a la normativa que resulte de aplicación y sin que en ningún caso pueda deducirse la existencia de una relación laboral entre la Administración General del Estado y el personal adscrito a la gestión del programa de incentivos. Esta contratación podrá formalizarse mediante contratos por obra o servicio determinado o a través de cualquier otra modalidad legal de incorporación de personal con contratos de duración determinada a la que pudieran acogerse las comunidades y ciudades autónomas.
Los costes de contratación de personal, tanto técnico como administrativo, en los que se incurra para prestar los servicios especificados en el párrafo anterior incluirán la cuota patronal de la seguridad social y otros costes similares de los contratos, siempre que este personal esté dedicado exclusivamente a la gestión temporal de tal programa. Para ello, el equipo de técnicos y administrativos podrán trabajar en cualesquiera convocatorias vigentes de distintos programas siempre que pueda imputarse el número de horas de trabajo, para su justificación, dentro de los costes de gestión previstos en este acuerdo, y que el órgano fiscalizador correspondiente de cada comunidad o ciudad autónoma pueda informar o certificar dicha imputación de costes.
A este respecto, el artículo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021, dispone que «la ayuda del Mecanismo no sustituirá, excepto en casos debidamente justificados, a los gastos presupuestarios nacionales ordinarios».
3. No tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto del programa los gastos de gestión recurrentes, entre otros, los correspondientes a gastos de constitución, funcionamiento o estructura permanente o habitual de las entidades colaboradoras, agencias u otros organismos de las comunidades o ciudades autónomas que se encarguen de la gestión de las actuaciones del programa, ni tampoco los que no se encuentren dentro del horizonte temporal de ejecución del Mecanismo de Recuperación, y del Plan de Recuperación.
4. Las comunidades y ciudades autónomas beneficiarias tendrán que aportar declaración de los costes indirectos imputados a las actuaciones subvencionadas en su ámbito territorial de aplicación, mediante un informe de sus respectivos órganos competentes, de manera que dicha declaración refleje todos los datos que permitan verificar que no se ha superado la parte proporcional que le resulte atribuible a cada una de ellas del porcentaje total del presupuesto disponible del programa, así como la cantidad imputada y su correspondencia tanto con los costes considerados como con el período en que efectivamente tengan que realizarse las actuaciones subvencionables, sin perjuicio de las demás obligaciones de justificación establecidas por la normativa aplicable. Asimismo, SETUR podrá solicitar cuantas aclaraciones o información adicional precise en relación a dichos costes indirectos.
1. En los términos establecidos en este acuerdo, el reparto territorial pactado entre comunidades y ciudades autónomas de la partida presupuestaria 50.430A.759, requiere la previa autorización del mismo por Acuerdo del Consejo de Ministros, conforme a lo previsto en el artículo 86.2, Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
2. Una vez que el presente Acuerdo sea ratificado por la Conferencia Sectorial, por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Turismo se formalizaran las transferencias financieras a las comunidades y ciudades autónomas y se ordenará el pago de las mismas, conforme a las cuantías que figuren en el Acuerdo del Consejo de Ministros y en el anexo II de este acuerdo, a las cuentas corrientes y titulares que las comunidades y ciudades autónomas determinen (artículo 86.4, Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria).
3. Los créditos trasferidos quedarán legalmente afectados a la financiación de las actuaciones descritas, de forma que posibiliten el cumplimiento de los objetivos específicos del Componente 14 del Plan de Recuperación, previéndose el reintegro total o parcial de los mismos en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos (artículo 37.4, Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre).
4. La comunidad o ciudad autónoma asume la responsabilidad en cuanto al seguimiento de la ejecución del coste estimado a través de la ejecución contable de los gastos imputados a proyectos o iniciativas del Plan de Recuperación (artículo 46, Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre).
Además, la percepción de fondos del Plan de Recuperación estará condicionada a que se presente compromiso por escrito para conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF»), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes, la IGAE en particular, ejerzan sus competencias de control.
5. Si la comunidad o ciudad autónoma necesitara realizar reprogramaciones de los plazos u objetivos de este acuerdo, se habría de valorar si tal reprogramación afectaría al coste estimado de la medida. Si el coste se viera afectado, el ajuste habría de realizarse consecuentemente. En todo caso, se seguirá el procedimiento que para la posible modificación del Plan de Recuperación se determine por parte de la AGE.
1. Las cantidades transferidas deberán ser destinadas por las comunidades y ciudades autónomas a financiar las actuaciones definidas en el anexo IV de este Acuerdo.
2. Las convocatorias de las comunidades y ciudades autónomas deberán efectuarse en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que posteriormente se puedan realizar nuevas convocatorias, debiendo publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como su extracto en el diario oficial que corresponda.
3. Las convocatorias deberán asegurar y garantizar el cumplimiento por parte de los destinatarios últimos de las ayudas no solo de los requisitos previstos en este acuerdo y en el acuerdo del Consejo de Ministros, sino también de las obligaciones contempladas para los beneficiarios de subvenciones en la Ley 38/2003, y en su reglamento de desarrollo; así como tanto en la normativa nacional como europea que pudiera resultar de aplicación para la ejecución y gestión del Mecanismo de Recuperación, como del Plan de Recuperación, y la normativa europea de ayudas de Estado que sea aplicable en cada caso.
También deberán garantizar que los destinatarios últimos presentan la documentación exigida en el anexo III de este acuerdo o el que figure en sus respectivas convocatorias a fin de adecuarse al procedimiento y formato de la información a proporcionar establecido en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE de 30 septiembre 2021).
4. Las comunidades y ciudades autónomas beneficiarias habrán de prever mecanismos para asegurar que los proyectos subvencionados en sus convocatorias cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio «do no significant harm-DNSH») y el etiquetado climático, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021; en el Reglamento (UE) n.º 2021/241, de 12 de febrero de 2021; en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación de España; en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18 de febrero de 2021, p. 1); y en el acervo medioambiental pertinente de la Unión Europea y español.
Para ello, establecerán los mecanismos específicos de verificación del cumplimiento de este principio, que aborden los riesgos específicos de las inversiones financiadas, así como la obligatoriedad del beneficiario de presentar esa acreditación o tenerla a disposición de la Administración durante un plazo suficiente (al menos cuatro años desde el momento en que vence el plazo para presentar la justificación por parte de las entidades beneficiarias).
1. Con objeto de que SETUR, como responsable del seguimiento de los fondos transferidos, pueda certificar o acreditar su debida ejecución ante las autoridades competentes, las comunidades y ciudades autónomas deberán remitir cuanta información y documentos puedan requerírseles para tal fin, así como cumplir con lo que pudiera disponerse por cualquier norma, reglamentación o instrucción aplicable.
2. En este sentido, los órganos gestores de las ayudas de cada comunidad autónoma o ciudad deberán:
a) Comprobar que se han entregado los bienes, servicios o productos financiados.
b) Comprobar que el gasto declarado por los destinatarios últimos de la ayuda ha sido pagado y cumple con la legislación aplicable.
c) Comprobar que en el caso de concurrencia de la financiación del gasto con otros programas e instrumentos de la Unión la ayuda no cubra el mismo coste.
d) Comprobar que, en caso de que las ayudas concurran con cualquier otra ayuda estatal correspondiente, total o parcialmente, a los mismos costes subvencionables, tal acumulación no supera la intensidad de ayuda o el importe de ayuda más elevados aplicables a dicha ayuda, conforme a las posibilidades indicadas en la base 17.11.
e) Garantizar que los destinatarios últimos de las ayudas utilizan un sistema de contabilidad diferenciado o un código contable adecuado para las transacciones relacionadas con la operación.
f) Aplicar medidas para la prevención del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses eficaces y proporcionadas en función de los riesgos detectados y, en todo caso, aquellas que resulten necesarias en aplicación de las instrucciones. directrices y normas que las autoridades nacionales o comunitarias pudieran dictar en relación al Mecanismo de Recuperación; y, de forma específica, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación.
g) Establecer los procedimientos para garantizar que se dispone de la documentación sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con una pista de auditoría apropiada.
h) Realizar las oportunas verificaciones administrativas de la totalidad de las operaciones financiadas, que garanticen la regularidad del gasto, la realidad de los pagos y su adecuación a las condiciones de la ayuda.
i) Realizar las oportunas verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas seleccionadas a través de un método de muestreo que garantice su representatividad.
j) Asumir la gestión del riesgo de las irregularidades que se puedan detectar, solventándolas directamente con los destinatarios últimos de la ayuda, previa exigencia de las responsabilidades a que hubiere lugar.
k) Realizar un seguimiento detallado y particularizado del presupuesto recibido, que permita verificar el cumplimiento de los límites, condiciones e intensidades de ayuda a otorgar establecidos por la normativa europea de ayudas de estado, aplicando asimismo cualquier norma o reglamentación que resulte aplicable para la gestión y ejecución del Plan de Recuperación.
l) Establecer un sistema diferenciado de seguimiento del presupuesto transferido conforme a este acuerdo.
m) Comprobar que los perceptores de fondos harán mención del origen de la financiación y velarán por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
n) Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» y el etiquetado climático en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación. Para ello, deberán preverse mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su implementación.
o) Todos los condicionantes del cumplimiento del principio DNSH y etiquetado climático, deben incluirse en todos los instrumentos jurídicos a través de los cuales se formalicen los compromisos económicos resultantes de las transferencias de este acuerdo (bases y resoluciones de concesión; así como en los documentos de verificación de las actuaciones ejecutadas o en cualquier otro apartado de bases, contratos y convocatorias que, a juicio del órgano convocante permita asegurar su cumplimiento).
p) Conservar de la documentación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero.
3. Las comunidades y ciudades autónomas deberán facilitar a SETUR la información puntual de cada expediente que como mínimo se indica en el anexo VI en las siguientes fases:
a) Al momento de registrar las solicitudes.
b) Al momento de seleccionar las operaciones (resolución definitiva de concesión).
c) Cuando se produzca cualquier modificación de las condiciones iniciales.
d) Cuando se realice la verificación documental, certificación y pago de las ayudas otorgadas.
e) Cuando se realice la verificación «in situ» de los expedientes seleccionados al efecto.
4. SETUR podrá requerir al órgano gestor de las ayudas de cada comunidad o ciudad autónoma beneficiaria la aportación de cualquier documentación justificativa adicional a la expuesta para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando dicho órgano obligado a su entrega en un plazo máximo de un mes desde la recepción de la comunicación.
5. Igualmente, los órganos gestores de las ayudas de cada comunidad o ciudad autónoma deberán someterse a cualesquiera otros requerimientos de información y actuaciones de comprobación y control económico-financiero que pueda realizar los órganos competentes, tanto nacionales como de la Unión Europea, aportando para ello cuanta información le sea requerida y cooperando plenamente en la protección de los intereses financieros tanto nacionales como de la Unión Europea, concediendo los derechos y el acceso necesarios a tales órganos o autoridades.
6. Asimismo, estos órganos gestores aplicarán procesos de control interno apropiados en los niveles de gestión, diseñados para ofrecer garantías razonables de la consecución de los siguientes objetivos: Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones; fiabilidad de los informes; salvaguardia de los activos y de la información; gestión adecuada de los riesgos relativos a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, y prevención, detección, corrección y seguimiento de fraudes e irregularidades.
7. El incumplimiento de las obligaciones enumeradas podrá dar lugar, en caso de no subsanarse, al inicio de un procedimiento de reintegro por la totalidad de las cantidades transferidas y a la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La Secretaría de Estado de Turismo es el organismo competente para la coordinación y seguimiento de este acuerdo, en el marco de los acuerdos que se alcancen al respecto en el seno de la Conferencia Sectorial de Turismo.
1. Las comunidades y ciudades autónomas, a efectos de garantizar la trazabilidad del gasto, deberán establecer un sistema de seguimiento contable diferenciado de las transferencias objeto de este acuerdo, a fin de garantizar el correcto seguimiento presupuestario de los fondos, de acuerdo con las directrices dictadas tanto por los órganos competentes de la Administración General del Estado como de la Unión Europea, en relación con la gestión y ejecución del Mecanismo de Recuperación y del Plan de Recuperación.
2. Además, y a efectos de poder valorar el grado de compromiso y ejecución de los fondos transferidos y, en su caso, la eventual ampliación del presupuesto recibido o el reintegro anticipado del saldo no comprometido o no ejecutado, se establecen en el anexo V dos hitos de control de la ejecución del presupuesto que deberán alcanzar las comunidades y ciudades autónomas.
3. A los efectos de poder determinar el grado de ejecución del presupuesto y absorción de los fondos correspondientes, las comunidades y ciudades autónomas deberán remitir un informe semestral de sus respectivos órganos de gestión a contar desde la fecha en la que reciban el importe objeto de reparto.
4. El procedimiento de gestión presupuestaria y pago vendrá determinado por lo establecido en el artículo 34 de la Ley 38/2003 en relación con las ayudas a beneficiarios finales. En este sentido, el presupuesto se considerará que queda comprometido mediante la convocatoria correspondiente y el posterior registro de las solicitudes; y que la obligación queda reconocida, con el consiguiente pago, mediante las distintas resoluciones de concesión de ayudas que hayan sido otorgadas a los destinatarios últimos.
5. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos por el Plan de Recuperación, SETUR podrá exigir el reintegro anticipado de un porcentaje del 50 % del presupuesto no comprometido o no ejecutado por las comunidades o ciudades autónomas, si a la vista de los informes intermedios de seguimiento se constatase un grado de compromiso o de ejecución del presupuesto asignado inferior a un porcentaje del 80 % del mismo.
6. El reintegro anticipado deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que SETUR efectúe la correspondiente notificación a la comunidad o ciudad autónoma afectada.
7. Asimismo, podrá exigirse el reintegro anticipado del presupuesto, en caso de no facilitarse por las comunidades o ciudades autónomas los informes correspondientes a los hitos de control establecidos, así como en caso de no facilitar la información exigida, previo requerimiento expreso de los mismos por parte SETUR. El reintegro anticipado será por la totalidad del presupuesto recibido de no facilitarse ningún informe ni ninguna información de las previstas en este acuerdo, con independencia de su grado de ejecución y/o compromiso.
8. A efectos de determinar la cantidad a reintegrar al finalizar el plazo de vigencia del programa de incentivos objeto de este acuerdo, establecido en la base 4, las comunidades y ciudades autónomas deberán remitir los informes provisional y definitivo que seguidamente se establecen, a fin de liquidar todas las obligaciones que se deriven de las convocatorias realizadas:
a) Antes del 31 de julio de 2024, informe final provisional emitido por sus respectivos órganos competentes en relación con el presupuesto total final no ejecutado. A la vista de este saldo no comprometido, SETUR procederá a notificar a las comunidades y ciudades autónomas la cuantía que deberá ser reintegrada al Tesoro. Tal reintegro deberá hacerse efectivo en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de notificación correspondiente.
b) En un plazo máximo de seis meses desde la expiración del plazo de vigencia previsto en la base 4, informe definitivo de cierre del programa, emitido por sus respectivos órganos competentes, en el que se certificará, finalmente, el presupuesto total ejecutado. A la vista de tal saldo, SETUR procederá a notificar a las comunidades y ciudades autónomas, en caso de existir remanente, la cuantía final a reintegrar al Tesoro. Tal reintegro deberá hacerse efectivo en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha de notificación correspondiente.
9. Para acordar una eventual ampliación del presupuesto inicialmente asignado a cada comunidad o ciudad autónoma beneficiarias, según la distribución del anexo II, será condición indispensable que SETUR disponga de los informes de ejecución correspondientes.
10. Determinados los saldos derivados de los reintegros según lo previsto, SETUR podrá implementar operaciones de Tesorería a la vista de la totalidad de reintegros o ampliaciones pendientes a cada comunidad o ciudad autónoma.
11. Con el objeto de poder verificar la evolución del gasto realizado, el cumplimiento de hitos y objetivos, y la adecuación de los proyectos a los objetivos de la línea de inversión, deberá cumplirse lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y en la Orden HFP/1031/2021 por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En concreto, en relación con el sistema de información de gestión y seguimiento, al que se refiere la citada orden, y a lo indicado en su artículo 3, las comunidades y ciudades autónomas, como entidades ejecutoras, serán responsables de registrar en el sistema informático de forma continuada el progreso de los indicadores de los objetivos críticos o no críticos del subproyecto e incorporar la información acreditativa conforme a los mecanismos de verificación previstos en el Anexo I de la Decisión de la Comisión por la que se aprueban las disposiciones operativas entre España y la Comisión.
La información de los indicadores de objetivos en curso y de sus mecanismos de verificación deberá estar actualizada en el sistema informático con el resultado de las mediciones correspondientes al último día de cada mes de referencia no más tarde del día diez del mes siguiente.
Una vez registrado en el sistema informático el cumplimiento de un objetivo, crítico o no crítico, se generará el Certificado de Cumplimiento que deberá ser firmado por el Órgano Gestor de la Entidad Ejecutora.
Igualmente, según lo establecido en el artículo 12 de la citada orden, a partir de la información contenida en el sistema de información de gestión y seguimiento, el órgano gestor de cada comunidad o ciudad autónoma ejecutora generará el correspondiente informe de gestión del subproyecto al que se refiere el artículo 12 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,siendo responsable de la información que consta en el mismo en relación con la ejecución del PRTR que se le haya asignado.
Estos informes se elaborarán con periodicidad semestral, con referencia a las fechas 30 de junio y 31 de diciembre y deberán ser formalizados por el órgano gestor del subproyecto antes del 20 de julio y del 20 de enero de cada año. Corresponderá la firma para esta formalización al órgano que se determine por cada comunidad o ciudad autónoma, según los criterios indicados en el artículo 12 de la Orden.
Igualmente, se formulará trimestralmente el Informe de Previsiones al que se refiere el artículo 12.6.
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas por los demás apartados de este anexo, los órganos responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad o ciudad autónoma deberán remitir al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cualesquiera informes adicionales que se soliciten incluyendo la información necesaria para justificación de actuaciones.
Asimismo, deberán cumplir con cualquier requerimiento que se apruebe con carácter general para la ejecución y cumplimiento del Plan de Recuperación, incluyendo la posibilidad de realizar auditorías externas. Por resolución de la Secretaría de Estado de Turismo podrán establecerse obligaciones específicas, aclaraciones o condiciones adicionales de información, especialmente respecto a la disponibilidad de la misma a través de medios digitales.
El incumplimiento por parte de las comunidades o ciudades autónomas de las obligaciones a que se refiere este apartado y, en particular, la no certificación de los gastos que sean subvencionables podrá dar lugar, en caso de no subsanarse, al inicio de un procedimiento de reintegro por la totalidad de las cantidades percibidas.
12. Con la finalidad de dar adecuado cumplimiento al mandato establecido en la letra d) del apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2012/241, las comunidades y ciudades autónomas, como entidades ejecutoras, llevarán a cabo lo indicado en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, en relación con la identificación de los perceptores finales de los fondos, entidades beneficiarias de las ayudas, contratistas y subcontratistas y a la aportación de esta información. Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
Específicamente, deberá preverse la aceptación por parte de los perceptores finales de los fondos de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas, para el seguimiento de proyectos y subproyectos, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, conforme al modelo establecido en el Anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
Las comunidades y ciudades autónomas podrán establecer en sus convocatorias la posibilidad de dotar anticipos, sobre el importe de subvención de la financiación concedida, a los destinatarios finales que así lo soliciten, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) Dichos anticipos puedan ser objeto de garantía conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La garantía se constituirá por un importe igual al de la cantidad anticipada. La garantía deberá constituirse a disposición de las autoridades correspondientes, según la Administración pública concedente, en alguna de las modalidades previstas por el artículo 12.2 del Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Caja de Depósitos o, en su caso, por la normativa autonómica que pudiera resultar aplicable.
b) Dichos anticipos no superen el cien por ciento del importe de subvención de la financiación total que se vaya a conceder al beneficiario.
c) Dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos del proyecto financiado y se justifiquen adecuadamente.
d) De acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los destinatarios últimos de estos anticipos deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado. Corresponderá a las comunidades y ciudades autónomas comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable del destinatario último.
e) Asimismo, el beneficiario de dichos anticipos deberá también encontrarse al corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La acreditación de esta última circunstancia se realizará conforme a lo previsto en los artículos 22 y 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, teniendo presente lo establecido por la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de  los derechos digitales así como el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; y considerándose a este respecto que el beneficiario, con la presentación de su solicitud de anticipo, autorizará, al órgano administrativo concedente para que pueda consultar directamente dicha información de forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
1. Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas previstas en este acuerdo, conforme a lo que se disponga en las convocatorias que realicen las comunidades y ciudades autónomas, cualesquiera de los sujetos que se enumeran a continuación, que tengan residencia fiscal en España:
a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios existentes destinados a alojamiento turístico.
b) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios destinados a alojamiento turístico, que acrediten dicha condición mediante contrato vigente que les otorgue facultad expresa para acometer las obras de reforma objeto de este acuerdo.
2. Si ambas categorías de destinatarios solicitaran financiación para un mismo proyecto, las solicitudes respectivas indicarán el porcentaje que cada una de las solicitudes asume sobre la totalidad del proyecto, sin que la suma de ambos porcentajes pueda superar el 100 % del mismo.
1. Cuando los destinatarios últimos de las ayudas sean personas físicas deberán poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o Suiza. En el caso de extranjeros no comunitarios, deberán tener su domicilio fiscal y centro operativo permanente en España y mantenerlos, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.
2. Cuando los destinatarios últimos sean personas jurídicas, deberán acreditar que se encuentran debidamente constituidas, conforme a la normativa que les resulte de aplicación y atendiendo al procedimiento que se establezca, en su caso, en las respectivas convocatorias de las comunidades o ciudades autónomas.
3. No podrán obtener la condición de destinatarios últimos de estas ayudas:
a) Quienes no cumplan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En este contexto, el destinatario último suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaración responsable que acredite no tener pendiente obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas, conforme a los términos establecidos en dicho artículo 21. El destinatario último deberá también encontrarse al corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, teniendo presente lo establecido por la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales así como el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre; y considerándose a este respecto que el destinatario