Categoría: Administración

ter inmediato a los operadores que presten servicios de banda ancha a usuarios finales en virtud de este programa de ayudas con los que han llegado a acuerdos la relación de zonas que dejan de ser elegibles en los términos indicados en el artículo 6.2.b), porque en ellas, en virtud de la consulta pública y el mapa detallado de cobertura a que se refiere el citado artículo 6, se constate que disponen de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente.
Asimismo, el beneficiario deberá comunicar con carácter inmediato a los operadores que presten servicios de banda ancha a usuarios finales en virtud de este programa de ayudas con los que han llegado a acuerdos la relación de zonas que dejan de ser elegibles en los términos indicados en el artículo 6.2.c) porque en ellas se ha constatado que hay operadores que comercializan con tecnología terrestre fija servicios de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija.
15. Sin perjuicio del posible ejercicio de la competencia sancionadora, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados anteriores, podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda concedida según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
16. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 d) del Reglamento 2021/241, de 12 de febrero de 2021, los beneficiarios deberán reportar información dirigida a recabar y asegurar el acceso a las categorías armonizadas de datos que figuran en dicho artículo. El beneficiario deberá suministrar la siguiente información:
a) NIF del beneficiario.
b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.
c) Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.
d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión
f) Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
1. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda.
2. El beneficiario podrá subcontratar con terceros la ejecución de la totalidad o parte de la actividad subvencionada relativa al servicio de capacidad de transmisión mediante la configuración de una plataforma de recursos de red necesarios a las que se refiere el artículo 3.2.a).
3. La subcontratación se ajustará a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 68 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en cualquier disposición tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudiera resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
4. Las entidades subcontratadas estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 9 y 10 en lo que se refiere a la actividad subcontratada, debiendo los subcontratistas presentar las declaraciones contenidas en los anexos 1, 2 y 4 y el beneficiario prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar daño significativo» (principio Do No Significant Harm–DNSH) conforme a lo previsto en el anexo 3.
1. El servicio de conexión de banda ancha desde una ubicación fija que permita una velocidad mínima de transmisión de datos de 100 Mbps en sentido descendente regulado en esta orden deberá prestarse con las siguientes características técnicas:
a) velocidad mínima de transmisión de datos: 100 Mbps en sentido descendente y 5 Mbps en sentido ascendente.
b) Límite de datos de un mínimo de 105 Gigabytes/mes acumulados en el conjunto del sentido descendente y del sentido ascendente.
Una vez superado este límite, el servicio de conexión de banda ancha podrá no prestarse a una velocidad mínima de transmisión de datos de 100 Mbps en sentido descendente y 5 Mbps en sentido ascendente, si bien el usuario final podrá contratar, siempre mediante consentimiento previo, explícito y constatable en soporte duradero, límites adicionales de datos libremente pactados entre el operador y el usuario final, dentro de los cuales el servicio de conexión de banda ancha vuelve a prestarse a una velocidad mínima de transmisión de datos de 100 Mbps en sentido descendente y 5 Mbps en sentido ascendente.
c) Latencia media total: máximo 690 ms.
d) Garantía de continuidad del servicio del 95 por ciento en cualquier mes natural.
e) Prestación del servicio como máximo hasta el 31 de diciembre de 2027.
2. Se deberá aplicar en la factura del usuario final un precio máximo de 35 euros mensuales, impuestos incluidos, por la prestación del servicio de conexión de banda ancha desde una ubicación fija que permita una velocidad mínima de transmisión de datos de 100 Mbps en sentido descendente regulado en esta orden.
3. Se deberá aplicar en la factura del usuario final una deducción por el 100 por ciento de los costes asociados al alta de usuario final a la que se refiere el artículo 3.2.b), cuando sea objeto de contratación por el usuario final, si bien estos costes no podrán ser superiores al coste unitario máximo establecido en el artículo 8.3, sin perjuicio de que dichos costes sean reclamados íntegramente al operador beneficiario de la ayuda.
El equipamiento de usuario, que deberá disponer de un etiquetado que cumpla con los requisitos de publicidad establecidos en el artículo 27, y los elementos accesorios que se instalen o desplieguen para facilitar su funcionamiento y operatividad son propiedad del usuario final, incluso una vez finalizado el programa de ayudas.
4. No se podrá cobrar del usuario final ninguna cuota o cargo adicional al inicio de la prestación del servicio, sin perjuicio de la posible prestación de otros servicios, conforme a lo establecido en el contrato.
5. Los operadores que presten el servicio a usuarios finales regulado en la presente orden deberán estar inscritos en el Registro de Operadores regulado en el artículo 7 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, para la prestación de servicios de acceso de banda ancha.
6. Sólo se podrán celebrar contratos con usuarios finales para proveer servicios de conexión de banda ancha desde una ubicación fija que permita una velocidad mínima de transmisión de datos de 100 Mbps en sentido descendente regulados en esta orden únicamente con los siguientes usuarios finales:
i. Las personas físicas.
ii. Autónomos y trabajadores por cuenta propia.
iii. Las pequeñas y medianas empresas (pymes).
iv. Entidades sin ánimo de lucro.
v. Ayuntamientos para que puedan disponer de servicios de conexión de banda ancha desde una ubicación fija en dependencias en que se presten servicios municipales tales como casa consistorial, bibliotecas públicas, centros deportivos, parque de bomberos, policía municipal o edificios de gestores de servicios municipales. Los servicios de banda ancha deberán destinarse a los propios servicios municipales o a los usuarios de dichos servicios y en ningún caso podrán destinarse a facilitar acceso de banda ancha al público en general o la prestación de servicios a terceros.
Solo podrá celebrarse un contrato con cada uno de los usuarios finales relacionados anteriormente, salvo en el caso de ayuntamientos, que podrán celebrar hasta un máximo de cinco contratos, siempre la conexión de banda ancha proporcionada sea para ubicaciones diferentes.
En el caso de que el usuario final sea un autónomo, trabajador por cuenta propia o una pequeña o mediana empresa (pyme), serán de aplicación los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas «de minimis».
No podrá negarse la celebración de un contrato con usuarios finales para proveer los servicios de conexión de banda ancha regulados en esta orden, salvo por las causas estipuladas normativamente.
7. Sólo podrán celebrarse contratos con usuarios finales para proveer servicios de conexión de banda ancha desde una ubicación fija que permita una velocidad mínima de transmisión de datos de 100 Mbps en sentido descendente regulados en esta orden únicamente en las zonas elegibles a que hace referencia el artículo 6.
8. El operador que preste servicios a los usuarios finales deberá efectuar y hacer pública al menos una oferta comercial de referencia para proveer servicios de conexión de banda ancha desde una ubicación fija que permita una velocidad mínima de transmisión de datos de 100 Mbps en sentido descendente y de 5 Mbps en sentido ascendente en las zonas elegibles a que hace referencia el artículo 6.
Esta oferta comercial deberá contemplar la posibilidad de contratar, de manera separada e independiente al servicio de conexión de banda ancha y el alta de usuario final a la que se refiere el artículo 3.2.b).
9. El operador que preste servicios a los usuarios finales deberá incluir en la oferta comercial un modelo de contrato a formalizar con el usuario final, cuyo contenido mínimo deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones y en el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario final de los servicios de comunicaciones electrónicas, en lo que no se oponga a la citada ley.
Las condiciones contractuales podrán incorporar cláusulas que garanticen que el usuario final utiliza la capacidad de transmisión contratada con el operador que le preste el servicio para uso propio o para la gestión de su actividad propia, no pudiendo revender dicha capacidad, prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, ni configurar con la misma un punto de acceso público de comunicaciones electrónicas.
10. Los servicios a los usuarios finales regulados en esta orden deberán iniciarse en su prestación en el plazo máximo de un mes desde la celebración del contrato entre operador y usuario final.
11. Los contratos suscritos con usuarios finales para proveer servicios de conexión de banda ancha desde una ubicación fija que permita una velocidad mínima de transmisión de datos de 100 Mbps en sentido descendente regulados en esta orden podrán resolverse por las causas y con los efectos establecidos en la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones y en el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario final de los servicios de comunicaciones electrónicas, en lo que no se oponga a la citada ley.
12. Los contratos suscritos con usuarios finales para proveer servicios de conexión de banda ancha desde una ubicación fija que permita una velocidad mínima de transmisión de datos de 100 Mbps en sentido descendente regulados en esta orden deberán ser modificados o resueltos sin penalización o compensación alguna por parte del usuario final en el supuesto de que el contrato se refiera a una zona que deje de ser elegible porque, en virtud de la consulta pública y el mapa detallado de cobertura, se constate que disponen de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente (artículo 6.2.b) o a una zona que deje ser elegible porque se constate que se comercializa con tecnología terrestre fija servicios de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija (artículo 6.2.c). Asimismo, el contrato deberá ser modificado o resuelto sin penalización o compensación alguna por parte del usuario final si éste en su zona tiene acceso a una oferta comercial de servicios de conexión de banda ancha con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija.
Estos contratos deberán de ser objeto de modificación o resolución en el plazo máximo de un mes a contar desde que el operador que presta servicios a los usuarios finales recibe la comunicación de que una zona deja de ser elegible por los motivos indicados en el párrafo anterior, a efecto de que el usuario pueda elegir libremente la oferta comercial que desee de servicios de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija.
13. El beneficiario deberá resolver el acuerdo comercial suscrito con el operador que preste el servicio al usuario final regulado en esta orden cuando quede acreditado la concurrencia de alguna de las siguientes causas:
a) El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los apartados anteriores.
b) La existencia de altas no solicitadas o de cualquier práctica fraudulenta relativa a los requisitos y condiciones establecidos en los apartados anteriores por causas imputables al operador que preste el servicio al usuario final.
14. El beneficiario deberá remitir a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales copia de los acuerdos comerciales suscritos con los operadores que presten el servicio regulado en esta orden a los usuarios finales en el plazo de quince días hábiles a contar desde dicha suscripción, salvo que la copia de dicho acuerdo comercial ya la hubiera presentado junto con la solicitud de ayuda.
1. El órgano competente para instruir el procedimiento de concesión de las ayudas será la Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
2. El órgano competente para resolver la concesión de las ayudas será el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
3. El órgano competente de seguimiento de ayudas dentro de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual será el órgano gestor y encargado del seguimiento de las ayudas.
4. La División de Programación Económica y Contratación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será la encargada de la gestión económica-presupuestaria de los gastos e ingresos correspondientes a los créditos presupuestarios destinados a la financiación del programa y del seguimiento de las obligaciones financieras contraídas por el beneficiario de las ayudas.
5. La orden de incoación de expediente sancionador por incumplimiento de lo previsto en esta orden, en la convocatoria incluida en el capítulo II o en la normativa en materia de subvenciones será dictada por el Subdirector General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales. La resolución del expediente sancionador será dictada por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
2. La convocatoria incluida en el capítulo II detalla al menos el contenido mínimo previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Su publicación se realizará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, y en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, el anuncio de la convocatoria se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
3. De conformidad con el artículo 6.6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, el procedimiento de otorgamiento de subvenciones será objeto de suspensión inmediata en el caso de que, en su transcurso, se detecte un posible fraude o sospecha fundada del mismo. Todo ello a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de notificación, comunicación, denuncia y demás medidas previstas en el citado precepto, así como en el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ámbito del PRTR y el plan de control interno aprobado por el Comité Antifraude previsto en el citado Plan.
La suspensión del procedimiento que, en su caso, se acuerde será notificada a todos los interesados y al Comité Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para su evaluación y, en su caso, remisión a las autoridades competentes para la exigencia de las responsabilidades administrativas, patrimoniales, contables o penales que procedan.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación electrónica de este procedimiento será obligatoria en todas sus fases.
Las solicitudes y demás documentación exigible deberán presentarse en el registro electrónico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
2. Los sistemas de firma electrónica que se podrán utilizar serán los que estén disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
3. El solicitante podrá acceder, con el mismo sistema de firma con el que presentó la solicitud, a la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
4. La publicación de la resolución provisional y definitiva, así como de la resolución de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores y de los demás actos del procedimiento en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
La publicación deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo.
5. En aquellos casos en los que, como resultado de las fases de justificación y comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7. Los solicitantes no estarán obligados a presentar datos o documentos que hubieran aportado anteriormente a cualquier administración o documentos que hubieran sido elaborados por estas, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8. La validez y eficacia de las copias de los documentos originales que deban aportar se regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Las personas físicas que actúen en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de las ayudas deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. El firmante de la solicitud de ayuda deberá acreditar que en el momento de la presentación de la solicitud tiene representación suficiente por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, entre otros, los previstos en el artículo 32.3 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
También deberá acreditarse la representación para la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones, la interposición de recursos, el desistimiento de acciones y la renuncia a derechos. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de cinco días hábiles. La no subsanación, dará lugar a que al interesado se le dé por desistido de su solicitud, mediante resolución.
3. La capacidad de representación podrá acreditarse también mediante certificado electrónico cualificado de representante, de conformidad con lo previsto en el artículo 32.4 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
4. El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento la acreditación de la representación.
1. Cada solicitante sólo podrá presentar una única solicitud por cada ayuda convocada y, por tanto, podrá presentar hasta un máximo de cuatro solicitudes, si a través de cada una de ellas se solicita una ayuda diferente dentro de las convocadas. No podrá, por lo tanto, suscribir o participar en ninguna otra solicitud para una ayuda que ya haya solicitado. La presentación o participación por un solicitante en más de una solicitud por cada ayuda convocada dará lugar a que ninguna de ellas sea admitida.
2. La solicitud de cada ayuda deberá indicar el importe de la ayuda solicitada, desagregado entre la ayuda destinada a la prestación del servicio de capacidad de transmisión mediante la configuración de una plataforma de recursos de red a la que se refiere el artículo 3.2.a) y la destinada sufragar el coste de alta de usuario final a la que se refiere el artículo 3.2.b). Estos importes no podrán ser superiores a los importes máximos establecidos en el artículo 7.2 de 11.200.000 euros de la ayuda destinada a la configuración de una plataforma de recursos de red que permita la prestación del servicio capacidad de transmisión a la que se refiere el artículo 3.2.a), y de 10.000.000 euros de la ayuda destinada a sufragar el coste de alta de usuario final al que se refiere el artículo 3.2.b).
3. En el caso de que un mismo solicitante solicite las cuatro ayudas convocadas, los importes acumulados globales solicitados no podrán ser superiores a los importes máximos globales establecidos en el artículo 7.1 de 44.800.000 euros de la ayuda destinada a la configuración de una plataforma de recursos de red que permita la prestación del servicio capacidad de transmisión a la que se refiere el artículo 3.2.a), y de 40.000.000 euros de la ayuda destinada a sufragar el coste de alta de usuario final al que se refiere el artículo 3.2.b).
No serán admitidas las solicitudes que de cualquier modo condicione la presentación de las propias solicitudes, las características de los proyectos o la aceptación de las ayudas al otorgamiento u obtención de un número mínimo de las ayudas reguladas en esta orden.
4. El plazo de presentación de solicitudes comenzará y finalizará el día señalado en la convocatoria incluida en el capítulo II. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su inadmisión.
5. La solicitud será presentada en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital mediante los sistemas de firma electrónica a los que se refiere el artículo 15.2, de acuerdo con las instrucciones publicadas a tal efecto en dicha sede. La firma electrónica con la que se presente la solicitud deberá corresponder con la de la persona que asuma la representación de la entidad que solicita la ayuda.
6. Por cada solicitud y cada una de las ayudas, se deberá presentar, junto a la solicitud, la siguiente información:
a) Memoria del proyecto con información técnica detallada acerca del mismo.
En particular, si el solicitante no dispone de la capacidad necesaria para la configuración de la plataforma de recursos de red a que hace referencia el artículo 3.2.a), deberá presentar la suscripción de un acuerdo de intenciones o contrato con al menos un operador que disponga de dicha capacidad, a fin de dotarse de la capacidad de transmisión necesaria al efecto.
Asimismo, la memoria incluirá un modelo financiero del proyecto, que abarque hasta diciembre del año 2027 y describa de forma detallada los costes e ingresos previstos en relación tanto con la prestación del servicio de capacidad de transmisión mediante la configuración de una plataforma de recursos de red como en relación con los costes asociados a las altas de usuarios finales.
b) Acuerdo comercial firmado con al menos un operador que quiera prestar el servicio a usuarios finales, que contemple los requisitos y condiciones que para la prestación del servicio al usuario final vienen establecidos en el artículo 12, a fin de garantizar la comercialización del servicio de conexión de banda ancha.
c) En el caso de que el solicitante vaya a prestar servicios directamente a los usuarios finales, deberá identificar los mecanismos, instrumentos y procedimientos que aplicará para garantizar que se eviten posibles conflictos de intereses, que no habrá discriminación indebida hacia los restantes operadores que presten servicios a los usuarios finales y soliciten acceso al servicio mayorista, que se eviten ventajas indirectas ocultas y que se prevenga de manera efectiva cualquier acto o comportamiento anticompetitivo hacia otros operadores.
7. Junto a cada solicitud se acompañará acreditación válida del poder de representación del firmante de la misma, según lo señalado en el artículo 16.
8. La solicitud incluirá los datos de la entidad solicitante y las declaraciones responsables sobre el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, necesarios para ser beneficiario de las ayudas.
Se adjuntarán, asimismo, a cada solicitud las declaraciones responsables correspondientes a la «Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)» que figura como anexo 1 a esta orden, a la «Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)» que figura como anexo 2 de esta orden y a la «Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI)» del anexo 4 de esta orden.
9. Asimismo, se deberá aportar por cada solicitud la acreditación de que el solicitante reúne la condición de operador debidamente habilitado. Para ello, bastará con indicar el nombre, servicio y fecha de resolución que figura en el correspondiente Registro de Operadores, para su comprobación por el órgano instructor. En el caso de tratarse de una agrupación de empresas, deberá presentarse el documento que avala la creación de la agrupación, su representante o apoderado único, así como la información ya indicada con respecto a operadores debidamente habilitados que formen parte del mismo.
10. Cada solicitud ira acompañada de la documentación que permita acreditar la solvencia económica y la solvencia técnica o profesional del solicitante, conforme a lo previsto en el artículo 18 y en la convocatoria.
11. De conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la presentación de la solicitud para la obtención de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados electrónicos. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces dicha certificación cuando le sea requerida por el órgano instructor.
12. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder del órgano competente para la instrucción del procedimiento, debiéndose indicar en ese caso el número del expediente en el que fueron aportados.
13. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 5 días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución que será dictada conforme a lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Los solicitantes deberán acreditar su solvencia económica mediante declaración del importe acumulado de las inversiones anuales realizadas en los tres ejercicios anteriores al año de la convocatoria o mediante el patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior. Dicho importe, en cualquiera de los dos casos, deberá ser superior al importe máximo de la ayuda a otorgar al amparo de esta Orden establecido en el artículo 7.2 y acumulado en función del número de ayudas solicitadas.
Se entenderá por inversiones de cada ejercicio aquéllas realizadas por el solicitante en activos tangibles e intangibles desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en cuestión.
La declaración deberá ser acorde con las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o Registro equivalente de países de la UE o de terceros países con acuerdo de reciprocidad.
Alternativamente, los solicitantes podrán acreditar su solvencia económica aportando el resguardo de una garantía depositada en la Caja General de Depósitos por el cincuenta por ciento de la ayuda global acumulada solicitada, en las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja (Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos), a excepción de la modalidad de constitución de la garantía en efectivo, y con los requisitos establecidos para las mismas. La liberación de esta garantía se practicará de oficio, una vez notificada la resolución del procedimiento de concesión.
2. Se considerará acreditada la solvencia técnica cuando se hayan realizado en los últimos cinco años proyectos de similares o de superiores características, o se disponga de personal suficiente, en capacitación y número, para la realización del proyecto. A tal efecto deberá aportarse una breve descripción de los trabajos realizados, importe, fechas y el lugar de ejecución, así como una declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y sobre las titulaciones académicas y profesionales del empresario, el personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del proyecto.
3. En el caso de que el solicitante sea una agrupación de empresas, la solvencia económica y técnica se acreditará mediante la adición de la solvencia individual de cada una de las empresas que participan en la agrupación.
1. La composición de la Comisión de evaluación será la siguiente:
Presidente: El Subdirector General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Vicepresidente: El Subdirector General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico.
Vocales: Un representante, con rango mínimo de Subdirector General Adjunto o equivalente, designado por cada uno de los siguientes órganos directivos:
a) La Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
b) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
c) La Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Secretario: Un funcionario de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, nombrado por el presidente, con voz, pero sin voto.
2. La Comisión de evaluación regirá su funcionamiento por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Los componentes de la Comisión de evaluación aportarán declaración de ausencia de conflicto de intereses en la reunión de constitución de la citada Comisión, conforme al modelo DACI previsto en el anexo IV, punto A, de la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. Todo empleado público que considere que en su labor de gestión de fondos públicos «NEXT Generation EU» se pueda plantear un conflicto de interés, deberá abstenerse de continuar, de conformidad con el artículo 53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y con el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
En la fase de pre-evaluación, la Comisión de evaluación valorará el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) El solicitante ostenta la condición de operador debidamente habilitado.
b) El solicitante acredita el cumplimiento de las condiciones de solvencia económica y técnica a las que se refiere el artículo 18.
Una vez adoptada una decisión sobre el cumplimiento de las condiciones previstas para la fase de preevaluación, la Comisión de evaluación entrará en la fase de evaluación, en la que se valorarán los proyectos que hayan superado la fase de preevaluación.
1. Los proyectos que hayan superado la fase de preevaluación regulada en el artículo 20, serán valorados, conforme a los siguientes requisitos y criterios de valoración de proyectos contenidos en la convocatoria incluida en el capítulo II, de acuerdo con la tabla siguiente:
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los proyectos que no tengan por objetivo permitir la contratación por el usuario final de un servicio asequible de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija mediante la configuración de un servicio de capacidad de transmisión, podrán ser desestimados directamente sin que sea necesaria su valoración
3. La evaluación se realizará proyecto a proyecto, sobre la información aportada en la memoria de cada uno de los proyectos presentados, aunque sean proyectos presentados por el mismo solicitante.
4. Se efectuará un listado con los proyectos que hayan sido objeto de valoración, ordenados de mayor a menor puntuación global obtenida.
5. Se propondrá la concesión de las ayudas a los proyectos mejor valorados. En los casos de propuestas con igualdad de puntuación entre proyectos, se tendrá en cuenta, a efectos de resolver el empate, la puntuación obtenida criterio a criterio, siguiendo el orden en el que figuran en la tabla del apartado 1, empezando por el primero hasta que se produzca el desempate. En caso de haber agotado los criterios y mantenerse el empate, tendrán preferencia los proyectos de la solicitud que se haya presentado antes.
6. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva no se admitirán mejoras voluntarias diferentes a las previstas en los criterios de valoración.
7. La Comisión de evaluación realizará un informe concretando el resultado de la evaluación efectuada que contendrá, al menos, lo siguiente:
a) Identificación de los proyectos a los que se propone la concesión de las ayudas, ordenados de mayor a menor puntuación, especificando para cada uno de ellos el solicitante, la puntuación alcanzada, la cuantía de ayuda propuesta y, en su caso, las condiciones técnico-económicas particulares asociadas.
b) Relación de proyectos a los que no se propone el otorgamiento de las ayudas, ordenados de mayor a menor puntuación, especificando para cada uno de ellos el solicitante, la puntuación alcanzada y los motivos de desestimación.
1. El órgano competente para la instrucción, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional. Dicha propuesta se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y constará de:
a) Relación de los proyectos que se propone estimar, ordenados de mayor a menor puntuación, especificando para cada uno de ellos el solicitante, la puntuación alcanzada, la cuantía de ayuda propuesta y, en su caso, las condiciones técnico-económicas particulares asociadas.
b) Relación de proyectos cuya solicitud de ayuda se propone desestimar, ordenados de mayor a menor puntuación, especificando para cada uno de ellos el solicitante, la puntuación alcanzada y los motivos de desestimación.
3. De acuerdo con el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la propuesta de resolución provisional se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En aplicación del artículo 48 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, relativo a la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la citada publicación. Cuando no se hubiera presentado ninguna alegación en dicho plazo, la resolución provisional se convertirá, automáticamente, en resolución definitiva.
4. Antes de formular la propuesta de resolución definitiva, el órgano instructor deberá requerir a los posibles beneficiarios para que presenten, salvo que ya se hubiera presentado en una fase anterior del procedimiento, la documentación acreditativa de los siguientes requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
b) Inexistencia de deudas por reintegro de ayudas con la Administración.
c) Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
d) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
e) En relación con la actuación prevista en el artículo 3.2.a) de configurar una plataforma de recursos de red necesarios para garantizar la prestación de un servicio de capacidad de transmisión, no tener concedidas otras ayudas, ingresos o recursos para los conceptos incluidos en el proyecto para el que se propone la ayuda, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.
f) Los perceptores finales están obligados a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Fiscalía Europea respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, la OLAF, el Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, las autoridades nacionales competentes, ejerzan plenamente sus competencias respectivas.
En caso de que el posible beneficiario no acredite el cumplimiento de los requisitos anteriores, se desestimará su solicitud y se procederá de la forma prevista en el apartado siguiente.
5. Examinadas las alegaciones a la propuesta de resolución provisional y analizada la documentación presentada conforme al apartado anterior, de acuerdo con los artículos 24.4 y 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el órgano instructor formulará propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar los proyectos ordenados de mayor a menor puntuación, para los que se propone la concesión de ayuda y su cuantía, especificando el solicitante, su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. La propuesta de resolución definitiva será publicada en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, el interesado comunique su aceptación. De no producirse la aceptación de la propuesta en dicho plazo, se desestimará la solicitud mediante resolución, publicándose en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital una nueva propuesta de resolución definitiva en la que se identifique como beneficiario propuesto al solicitante cuyo proyecto haya obtenido la siguiente mejor puntuación en la fase de evaluación. La propuesta será notificada a dicho solicitante que dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para su aceptación.
6. De acuerdo con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno frente a la Administración a favor de los beneficiarios propuestos, mientras no se haya publicado la resolución de concesión.
1. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 22, el órgano instructor remitirá el expediente al órgano competente para resolver, quien a la vista de la propuesta de resolución definitiva, dictará la resolución de concesión en un plazo no superior a siete días hábiles.
2. La resolución de concesión deberá identificar a los solicitantes y proyectos a los que se concede la ayuda y la desestimación expresa de las solicitudes y proyectos a las que no se concede ayuda.
3. La resolución de concesión será motivada conforme a lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y contendrá todos aquellos extremos contenidos en el proyecto presentado por el beneficiario que resulten relevantes para la correcta ejecución de las actuaciones subvencionadas.
4. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 15.4, la resolución del procedimiento se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Las ayudas concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. La resolución de concesión se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. en el plazo máximo de seis meses contados desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». El vencimiento del mencionado plazo sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud de ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. De acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la resolución del procedimiento de concesión de ayudas, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes desde su publicación en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ante el mismo órgano que la ha dictado. Sin perjuicio de lo anterior, contra la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación. En caso de interposición de recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que el mismo sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
1. El proyecto con ayuda concedida deberá ejecutarse en el tiempo y forma señalados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión ante el titular del órgano competente para resolver. Cualquier cambio requerirá simultáneamente:
a) Que la modificación no afecte a los objetivos fundamentales del proyecto, ni a otros aspectos que hayan sido determinantes para la concesión de ayuda.
b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c) Que la modificación sea solicitada al menos tres meses antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto.
d) Que la modificación no suponga un incremento de la ayuda concedida.
e) Que la modificación cumpla con el principio DNSH.
2. La modificación de la resolución de concesión deberá ser autorizada con carácter previo.
3. La solicitud de modificación, que se presentará de conformidad con lo previsto en el artículo 15, se acompañará de una memoria en la que se expondrá el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 1, la justificación de los cambios propuestos y las razones que imposibilitan el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión.
4. El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación será el titular del órgano competente para resolver.
5. El plazo máximo para notificación de la resolución que resuelva la solicitud de modificación será de tres meses. En caso de no dictarse resolución antes de la fecha prevista para la finalización del proyecto, la resolución que se dicte sólo podrá ser denegatoria.
1. La justificación de las ayudas se realizará por el beneficiario de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV, artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en el título II, capítulo II, del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y con lo establecido en la normativa aplicable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
2. La modalidad de justificación adoptada para la acreditación de la realización del proyecto, el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión, será la de cuenta justificativa con aportación de los justificantes de gasto y de pago, junto con el informe de auditor.
3. La cuenta justificativa contendrá una memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, y una memoria económica, justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá una relación clasificada de todos los costes directos con identificación del acreedor y del documento, su importe, fechas de emisión y fecha de pago, con indicación, en su caso, de las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto aprobado. Con dicha relación se adjuntarán las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y la documentación acreditativa del pago, con la excepción, de las facturas y documentos de pago asociados de importe inferior a 3.000 euros, sin perjuicio de su aportación en cualquier momento posterior, previo requerimiento.
En la convocatoria se podrán incluir opciones de costes simplificados en relación con los conceptos de costes de personal propio y otros costes directos, en las condiciones que allí se establezcan, así como, instrucciones o guías para su elaboración y cualquier otro aspecto relativo a la documentación justificativa de la realización del proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable del cumplimiento de lo establecido en el artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con la prohibición de subcontratación con personas o entidades vinculadas con el beneficiario, indicando expresamente en su caso la concurrencia de las excepciones a las que se refiere el citado artículo. A estos efectos se entenderá por personas físicas o jurídicas vinculadas, las del denominado grupo «ampliado» definido en la Norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) 13.ª «Empresas del grupo, multigrupo y asociadas» del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
Asimismo, con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable respecto del cumplimiento de las condiciones específicas a respetar en relación con el principio de no causar daño significativo (DNSH).
Finalmente, deberá disponerse para su aportación a la A