Categoría: Administración

políticos, en la que ya se han iniciado las correspondientes acciones; 2.º) los acuerdos de nombramiento de administradores, según el artículo 20 de los estatutos sociales, requieren el voto favorable de, al menos, el 80% de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social, y 3.º) el cierre provisional del Registro para la compañía por falta de depósito de cuentas anuales.
2. Los hechos relatados en la nota de calificación ponen de manifiesto la existencia de una controversia entre los socios de la compañía respecto de la asignación de los derechos políticos correspondientes a las participaciones representativas del 71,25% del capital social, conflicto que ha llegado a los tribunales mediante el ejercicio de acciones. Atendiendo a los asientos de presentación vigentes al tiempo de interponerse el recurso, se halla el correspondiente a la junta general cuya calificación negativa motiva el recurso, en la que los derechos políticos controvertidos son ejercitados por la sociedad titular de las participaciones, y el posterior, practicado el día 23 de junio de 2022, referente a una junta general a la que se atribuye el carácter de universal, en la que tales derechos políticos son desempeñados por la compañía que se atribuye la condición de cesionaria de los mismos, invocando en su apoyo la sentencia de Primera Instancia referida en el apartado f) del considerando anterior.
Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que, aunque el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil haga una formulación del principio de prioridad, enunciado que carece de rango legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación ajustada a la naturaleza y función de este registro, donde los principios de legalidad y legitimación tienen su fuente en la Ley (artículo 20 del Código de Comercio). Por ello, se ha venido sosteniendo que, excepcionalmente, el registrador deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los ingresados con posterioridad, con el objeto de que el análisis conjunto de los pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto facilite un mayor acierto en la decisión adoptada evitando inscripciones claudicantes, inútiles o ineficaces. Se entiende, en definitiva, que la regla general que impone un orden de despacho paralelo al de presentación debe ceder ante aquellas situaciones en que del documento posterior resulte de forma auténtica la falta de validez del primero, o la comprometa en términos tales que haga dudar de su plena eficacia, lo que resultaría contradictorio con las presunciones de exactitud y validez que el ordenamiento adjudica a los asientos del Registro Mercantil (artículos 20.1 del Código de Comercio y 7.1 del Reglamento del Registro Mercantil). Así resulta, entre otras, de las Resoluciones de 13 de febrero de 1998, 25 de julio de 1998, 29 de octubre de 1999, 28 de abril de 2000, 31 de marzo de 2001, 5 de junio de 2012 y 12 de abril de 2022.
De acuerdo con esta doctrina, el primer defecto consignado en la nota de calificación debe ser confirmado.
3. El segundo de los defectos consignados en la nota afecta a la interpretación del artículo 20 de los estatutos sociales, conforme al que «(…) Se requiere el voto favorable de, al menos, el 80% de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social, para la adopción de los siguientes acuerdos: 11. La modificación del modo de organizar la administración y de la composición del consejo de administración». A juicio del registrador, y dado que en la junta calificada la designación de los componentes del consejo de administración se aprueba por mayoría del 71,25% del capital, no se cumple lo previsto en la norma estatutaria y califica el defecto de insubsanable. Según el criterio del recurrente, la mayoría reforzada exigida por el precepto estatutario se refiere al número de miembros que deban integrar el consejo de administración, fijado entre 4 y 12 en el artículo 21 del texto estatutario, y no a la designación de las personas concretas que deban formar parte del órgano.
Invoca acertadamente el recurrente en apoyo de su tesis que la rúbrica que la Ley de Sociedades de Capital asigna a su artículo 242, dedicado precisamente al número de miembros del consejo de administración, es de la «composición». Por otra parte, debe traerse a colación la regla interpretativa recogida en el artículo 1284 del Código Civil, previsora de que «[S]i alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto»; pues bien, si el término «composición» se refiriera a los concretos integrantes del consejo administración, la mayoría reforzada que exige habría de observarse tanto en su designación como en su destitución, pero, sin embargo, la aplicación a este último trance no resultaría posible por conculcar lo dispuesto en el artículo 223.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que impide a los estatutos imponer para la separación de administradores un asentimiento «superior a los dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social». Con independencia de ello, el requerimiento de una mayoría reforzada para modificar el modo de organizar la administración y, además, para el nombramiento de los integrantes del órgano únicamente cuando revistiera la forma de consejo, comportaría una quiebra valorativa al dejar fuera del requisito exorbitante la elección de los administradores únicos, solidarios o mancomunados para la que no se encuentra justificación interpretativa.
En consecuencia, el segundo defecto de la nota de calificación debe ser revocado.
4. En cuanto al cierre registral por la falta de depósito de cuentas anuales, establecido en los artículos 282 de la Ley de Sociedades de Capital y 378 del Reglamento del Registro Mercantil, debe reiterarse una vez más que el nombramiento de nuevos integrantes del órgano de administración en sustitución de los destituidos no se encuentra entre los actos excepcionados por las disposiciones que lo establecen (vid. Resoluciones de esta Dirección General de 31 de marzo de 2003, 14 de noviembre de 2013, 18 de mayo de 2016 y 11 de junio de 2018, entre otras).
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado confirmar los defectos primero y tercero de la nota de calificación recurrida y revocar el segundo.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 2 de diciembre de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.