Categoría: Economía y Empleo

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.
En 2022 la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha alterado considerablemente el contexto geopolítico y económico global. El proceso de recuperación y crecimiento de la Comunitat Valenciana se ha visto asimismo afectado como consecuencia de la guerra.
En concreto, de acuerdo con las previsiones y perspectivas económicas de la Unión Europea, una de sus consecuencias más inmediatas ha sido intensificar el episodio inflacionista. Asociado a este fenómeno, se observa una ralentización de la economía. Los principales factores económicos que subyacen son el aumento de los precios de la energía, de los alimentos, y en general de las materias primas, además de los problemas generados en las cadenas de suministro globales.
Por lo que se refiere a nuestra Comunitat, durante el ejercicio 2022 una buena parte de las políticas públicas de fomento y protección social implementadas por el Consell han estado orientadas a la adopción de medidas dirigidas a paliar los efectos de la inflación en las economías, tanto en el ámbito de las personas como de los sectores productivos. Medidas que, en una parte importante, se han adoptado en consonancia y coordinación con las que la Administración General del Estado ha tomado también en el ámbito de sus competencias.
De este modo, en el marco de la recuperación iniciada en 2021, este conjunto de acciones ha posibilitado a la economía valenciana mantener durante 2022 un importante dinamismo. Se ha continuado con un nivel de exportación estable y creciente, una moderada recuperación del sector turístico –fundamental en nuestra economía– así como un buen comportamiento del mercado de trabajo coherente con reforma laboral aprobada a finales de 2021 y el esfuerzo realizado por reducir la economía sumergida.
Del conjunto de medidas fiscales adoptadas durante 2022 por la Comunitat Valenciana en orden a la protección de las personas y sectores más vulnerables cabe destacar, las bonificaciones temporales en el precio de las tasas y precios públicos.
En este bloque, se incluyen también las tarifas vinculadas a los servicios académicos universitarios o el aplazamiento de las cuotas fija y variable del canon de saneamiento. Igualmente, y en atención a las necesidades de las familias se han aplicado descuentos en el precio de determinados títulos de viaje en los servicios públicos de transporte, que alcanza la gratuidad para los menores de 30 años.
En la misma línea, se incluyen las medidas de apoyo al tejido productivo valenciano entre las que se incluyen las ayudas directas a los trabajadores autónomos o a las empresas participantes del Programa de Turismo del IMSERSO.
Por último, la Generalitat aprobó el Decreto ley 14/2022 de 24 de octubre que incorpora diversas medidas fiscales con el objeto de acomodar el gravamen del IRPF 2022 a la verdadera capacidad económica de las personas, con especial atención a las rentas medias y bajas.
Por lo que se refiere al ejercicio de 2023, continuando con el esfuerzo en la mejora de la progresividad, redistribución y capacidad económica adaptada al contexto económico actual, tanto el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2023 como la propia Ley de Presupuestos contemplan nuevas medidas fiscales complementarias.
Igualmente, por segundo año consecutivo, el presupuesto de la Generalitat Valenciana cuenta con los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro del instrumento excepcional de recuperación Next Generation EU. Dado su carácter finalista y régimen de gestión y certificación excepcional, se conformarán durante el presente ejercicio tanto los recogidos en el presupuesto inicial 2023, como por los que se incorporen durante el primer trimestre en el marco de la liquidación del presupuesto de 2022.
Al mismo tiempo, las autoridades europeas han autorizado la prórroga, durante el ejercicio 2023, de la vigencia de la cláusula de salvaguardia relativa a la suspensión temporal de las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así, por lo que se refiere a nuestro país, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de 26 de julio, ratificado por el Congreso de los Diputados, se determinó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el año 2023.
Por otro lado, los efectos sanitarios, sociales y económicos de la crisis derivada de la COVID-19 siguen condicionando la elaboración y dotación de las diferentes políticas públicas plasmadas en los Presupuestos. Ello es especialmente significativo en las áreas vinculadas a los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales.
Por último, en el marco del Acuerdo del Consell, de 9 de abril de 2021, que estableció el proyecto piloto de elaboración participativa del Presupuesto de la Generalitat, los presupuestos para 2023, dado el alcance plurianual del proceso, incluyen la cobertura adecuada y suficiente para la ejecución de las propuestas seleccionadas por la ciudadanía. En tal sentido las partidas de gastos concretas asignadas a cada uno de estos proyectos quedan recogidas en un informe anexo a la presente ley.
Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2023 continúan consolidando los objetivos y las políticas públicas que se articularon en el «Acord Botànic2».
De la misma manera, el Seminario de Gobierno celebrado en Alcoi, marca los objetivos estratégicos para hacer frente a los nuevos desafíos que afronta nuestra economía. Así, se han marcado como retos fundamentales:
1. La lucha contra el cambio climático e impulso de la transición energética.
El impacto de la emergencia climática hace necesario redoblar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático a fin de prevenir los efectos adversos que pueden tener en nuestro territorio.
Por un lado, es imprescindible reforzar la acción dirigida a la prevención de incendios, la regeneración de zonas afectadas y la atención a las emergencias. Y, por otro, es necesario acompañar a nuestro tejido productivo hacia un cambio de modelo energético que contribuya a la descarbonización de nuestra economía.
2. Lucha contra la inflación y la protección del empleo.
Sin duda, uno de los objetivos esenciales, es impulsar la alianza valenciana contra la inflación desde el diálogo social, ayudar a las familias y empresas para hacer frente a los incrementos del coste de bienes y servicios, una mayor progresividad fiscal y una mejor redistribución de la riqueza.
La potenciación del empleo pasa por la necesaria formación educativa, en todas sus etapas, asegurando la igualdad de oportunidades; medidas como el incremento de las modalidades de formación profesional, reducción de tasas universitarias, que unidas a las becas, y la promoción del talento investigador, sitúa a la Comunitat como polo de atracción de talento.
En este sentido, se atiende también al refuerzo de la financiación de las universidades públicas.
También se promueve el acceso al empleo público a través del programa Becas 700 y continúa con la mejora de la calidad educativa, la estabilización y el aumento del profesorado.
3. Refuerzo de los servicios públicos y del derecho a la vivienda.
El nuevo contexto derivado de la crisis social y económica exige asegurar el mantenimiento de las prestaciones sociales.
En materia sanitaria, la consolidación de las 6.000 plazas creadas con carácter estructural, y la continua inversión de infraestructuras, encuentran reflejo en el presupuesto. A ello se añaden el compromiso del Consell con la adopción de medidas dirigidas a fortalecer la atención en salud mental según las conclusiones surgidas de la Convención Ciudadana en Salud Mental de la Comunitat.
Y, por último, el presupuesto contempla los recursos necesarios para continuar con las políticas en materia de vivienda, imprescindibles para apoyar a los colectivos más vulnerables ante la crisis económica y social para lo cual se cuenta además con recursos del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.
4. Fortalecimiento de la democracia y de las instituciones de la Comunitat Valenciana.
A través de la mejora del acceso a las nuevas tecnologías y la adquisición de competencias digitales de toda la sociedad. Así como la consolidación de las políticas de memoria democrática.
En cuanto a la cooperación valenciana, se consolida el incremento presupuestario del ejercicio 2022, y se continúa trabajando para alcanzar el objetivo del 0,7 %.
La Ley de Presupuestos contempla dotaciones suficientes para la consecución de estos objetivos. Para ello, se contará con los ingresos derivados del modelo de financiación, que se ven incrementados un 25,63 % respecto a las cifras definitivas del modelo de 2022; con los recursos extraordinarios del «Next Generation» y con los recursos derivados de la puesta en marcha del Programa Operativo 21-27.
Y ello sin dejar de renunciar a alcanzar los niveles de gasto medios del resto de comunidades de régimen común, a pesar de no contar con un nuevo modelo de financiación, irrenunciable y urgente, que reivindica el Consell.
En cuanto al articulado de la Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2023, y por lo que se refiere a las cuestiones vinculadas a los gastos de personal, puesto que con fecha 4 de octubre del presente año se aprobó por el Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, se ha optado por incluir en el presente texto todas las novedades que con el carácter de básico incluye el mencionado proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Dichas normas se completan con una disposición transitoria, la tercera, donde, lógicamente, se incluye un mandato de adecuación al contenido de la norma que finalmente aprueben las Cortes Generales.
Respecto del contenido concreto del articulado, cabe destacar que, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto y en la legislación financiera básica, los presupuestos de la Generalitat están sujetos a los mismos límites materiales que los del Estado, y en tal sentido, la Ley de presupuestos de la Generalitat para el 2023, un año más, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, distingue dos tipos de preceptos: en primer lugar, los que responden a lo que podría considerarse el contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, y por otro, los que conforman lo que se ha denominado como el contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos o habilitaciones de gastos.
La Ley de presupuestos de la Generalitat para el 2023 consta de cincuenta y seis artículos, agrupados en siete títulos, cuarenta y una disposiciones adicionales, siete transitorias y cuatro finales.
El título I, De la aprobación de los presupuestos, conforma la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida que el mismo incluye los importes relativos a la totalidad de los gastos e ingresos de la Generalitat, distinguiendo al efecto los relativos a la Administración de la Generalitat de los vinculados a su sector público instrumental, de acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat. Por otra parte, se recogen en este mismo título los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos propios y aquellos cuyo rendimiento se cede por el Estado, incluyéndose detalle diferenciado del impacto de los beneficios en unos y otros. Este título más allá de las actualizaciones necesarias, así como puntuales correcciones técnicas, no se ha modificado.
El título II, De la gestión presupuestaria de los gastos, consta de cinco capítulos. El primero de ellos recoge las normas generales de gestión, y el segundo hace referencia a las normas para la gestión de los presupuestos docentes no universitarios, e incluye, por un lado, las normas para los centros públicos, y por otro, las que regulan los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de los centros concertados. El tercero de los capítulos recoge las normas fundamentales para la financiación del sistema universitario valenciano, incluyendo toda una serie de preceptos dirigidos a establecer el marco jurídico básico aplicable a las actuaciones financieras de la Generalitat en el sector de la educación universitaria. El cuarto incluye cuatro preceptos de diferente alcance y contenido, referidos todos ellos a cuestiones vinculadas a la gestión económico-financiera, y cuya redacción no se ha visto modificada respecto del pasado ejercicio. El capítulo quinto concreta, para el ejercicio 2023, la normativa que, en materia de modificaciones presupuestarias, se recoge en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.
El título III, De los gastos de personal, se ordena en dos capítulos, en los que se recogen principalmente las normas relativas al régimen de las retribuciones del personal al servicio de la Generalitat, distinguiendo según sea laboral, funcionario o personal estatutario y eventual. El contenido de este título está vinculado, tal y como se ha apuntado, a lo previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, y el mismo guarda relación directa con toda una serie de disposiciones adicionales, que completan su alcance.
El título IV, Gestión de las líneas de subvención y de transferencias, incluye una serie de excepciones al régimen general de libramiento de las subvenciones previsto en el artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.
El título V, De las operaciones financieras, se estructura en un único capítulo, y en él se recoge fundamentalmente la autorización para el endeudamiento anual de la Generalitat. Además, el texto recoge el importe máximo de los avales a prestar por la Generalitat durante el 2023.
El título VI, De las normas tributarias, se compone de dos capítulos. El primero establece la tarifa aplicable al canon de saneamiento, y el segundo se refiere a los tipos aplicables a las tasas propias y otros ingresos de la Generalitat. Respecto al canon, para el presente ejercicio, no se incrementan las cuotas, y se mantienen para el año 2023 los tipos de cuantía fija de las tasas y restantes ingresos de derecho público no tributarios de la Hacienda de la Generalitat en el importe exigible el 1 de enero del año 2022, con determinadas excepciones, como los precios públicos, determinadas tasas por servicios académicos universitarios y aquellas creadas o modificadas por la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para el año 2023.
El título VII, De la información a las Corts Valencianes, incluye un único artículo que detalla un conjunto de supuestos, vinculados al ámbito económico-presupuestario, sobre los que la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico tiene que dar cuenta periódicamente a las Corts Valencianes, en el marco de las previsiones que al efecto recoge la mencionada Ley 1/2015.
El contenido de la Ley de presupuestos se completa con diversas disposiciones adicionales, transitorias y finales, en las que se recogen preceptos de alcance diverso, y que fundamentalmente tienen por objeto completar y concretar aspectos diversos de la gestión presupuestaria. En el presente ejercicio cabe destacar la inclusión de una nueva disposición final, en el marco de la habilitación recogida en la Disposición Final Primera de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, que recoge tres modificaciones de la mencionada Ley 13/1997, de 23 de diciembre. Modificaciones que vienen a complementar y completar todo un conjunto de medidas fiscales adoptadas por la Generalitat en los últimos meses, concretamente la instrumentada mediante el Decreto ley 14/2022, de 24 de octubre, del Consell, por el que se modifica la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la cual se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, para adecuar el gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de otras figuras tributarias.
1. Los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023 constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de:
a) Las obligaciones que pueden reconocer las Instituciones a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 20 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
b) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, así como los derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio.
c) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las sociedades mercantiles de la Generalitat.
d) La totalidad de los gastos e ingresos de las entidades públicas empresariales de la Generalitat y de otras entidades de derecho público distintas de las anteriores.
e) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las fundaciones del sector público de la Generalitat.
f) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer los consorcios adscritos a la Generalitat, siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de la misma, así como los derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio.
g) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 4 del artículo 2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.
2. En consecuencia, los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023 son el resultado de la integración de los siguientes presupuestos:
a) El de las Instituciones recogidas en el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
b) El de la Administración de la Generalitat.
c) Los de los organismos autónomos de la Generalitat.
d) Los de los consorcios adscritos a la Generalitat, siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de la misma.
e) Los de las entidades públicas empresariales de la Generalitat y otras entidades de derecho público distintas de las anteriores.
f) Los de las sociedades mercantiles de la Generalitat.
g) Los de las fundaciones del sector público de la Generalitat.
h) Los de los fondos carentes de personalidad jurídica.
1. Para la ejecución de los programas integrados en el estado de gastos del Presupuesto de la Generalitat, se aprueban créditos por importe de 28.438.260.300 euros, cuya distribución por Grupos Funcionales es la siguiente:
2. Las dotaciones de gastos aprobadas para el cumplimiento de los fines de los distintos organismos autónomos de la Generalitat, consignan créditos por importe de 1.378.822,47 miles de euros, que se distribuyen de la siguiente forma:
3. Las dotaciones de gastos aprobadas para el cumplimiento de los fines de los distintos consorcios adscritos a la Generalitat, siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de la misma, consignan créditos por importe de 512.091,90 miles de euros, que se distribuyen de la siguiente forma:
4. Para las entidades públicas empresariales de la Generalitat y otras entidades de derecho público distintas de las anteriores, la estimación de gastos aprobada alcanza un importe de 1.434.508,33 miles de euros, cuya distribución es la siguiente:
5. Se aprueban las estimaciones de gastos de las sociedades mercantiles de la Generalitat por un importe de 454.428,84 miles de euros, distribuidas de la siguiente forma:
6. Para las fundaciones del sector público de la Generalitat, la estimación de gastos aprobada alcanza un importe de 113.092,76 miles de euros, cuya distribución es la siguiente:
7. Para los fondos carentes de personalidad jurídica, la estimación de gastos aprobada alcanza un importe de 26.759,98 miles de euros, cuya distribución es la siguiente:
8. Para el resto de entidades del sector público no adscritas a la Administración de la Generalitat, la estimación de gastos aprobada alcanza un importe de 5.342,06 miles de euros, cuya distribución es la siguiente:
9. Como resultado de las consignaciones de créditos aprobados, que se detallan en los apartados anteriores, el presupuesto consolidado de la Generalitat para el ejercicio 2023 asciende a 30.050.925.430 euros.
1. Los créditos aprobados en el apartado 1 del artículo anterior se financiarán:
a) Con los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio, cuyo importe estimado es de 21.774.832.040 euros.
b) Con el endeudamiento bruto resultante de las operaciones reguladas en el artículo 48 de esta ley.
2. Los créditos aprobados para dotar los gastos de los distintos sujetos que conforman el sector público de la Generalitat, a los que se refieren los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo anterior, se financiarán con los créditos consignados a estos fines en el estado de gastos del presupuesto de la Administración de la Generalitat y con las respectivas previsiones de ingresos por operaciones propias de la actividad de cada uno de estos sujetos.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos propios y a aquellos cuyo rendimiento se cede por el Estado a la Generalitat se estiman en 5.233.384.632 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:
Los créditos del estado de gastos de los presupuestos de la Administración de la Generalitat y del resto de sujetos que conforman su sector público instrumental, financiarán la ejecución de las actuaciones incluidas en los programas presupuestarios. La contracción de obligaciones con cargo a aquellos se realizará con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos señalados en los citados programas.
En el marco de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, la gestión y ejecución de los presupuestos de gastos de la Administración de la Generalitat, sus organismos autónomos, y del resto de entidades integrantes del sector público de la Generalitat con presupuesto limitativo, deberá sujetarse a los siguientes principios:
a) La gestión contable-presupuestaria estará condicionada a que se hayan producido las actuaciones administrativas previas que reglamentariamente se determinen y que garanticen la inmediata disposición de gastos y/o contracción de obligaciones.
b) No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y cualquier otro acto administrativo, así como las disposiciones generales con rango inferior a ley, que infrinjan esta norma, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar.
c) El cumplimiento de las limitaciones expresadas en la letra anterior deberá verificarse al nivel de vinculación que esta ley establece para los distintos casos.
1. Los créditos para gastos se destinarán, exclusivamente, a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por esta ley o por las modificaciones presupuestarias autorizadas conforme a la legislación vigente.
2. En el ámbito de la Administración de la Generalitat y de los organismos autónomos de la Generalitat, el crédito presupuestario se determina, atendiendo a la clasificación orgánica, de acuerdo a su naturaleza económica y funcional, de la forma siguiente:
a) Para los gastos de personal, en bienes corrientes y de servicios, financieros y de inversiones reales: consignación por capítulo económico y programa presupuestario.
b) Para los gastos de transferencias, corrientes y de capital: consignación por línea, ya sea de subvención o transferencia, capítulo económico y programa presupuestario.
c) Para los gastos de activos y pasivos financieros: consignación por proyecto financiero, capítulo económico y programa presupuestario.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Consell, en aquellos supuestos que estime necesarios, podrá establecer vinculaciones con un mayor nivel de desagregación.
4. Asimismo, complementariamente al nivel de vinculación establecido en el apartado segundo, la gestión de los gastos del capítulo I, «Gastos de personal», se instrumentará mediante su desagregación en artículos presupuestarios y, en su caso, conceptos, con el fin de adecuarla a los principios y criterios de control, seguimiento y racionalización de los gastos de personal previstos en la normativa vigente.
1. La vinculación de los créditos y su carácter limitativo que dispone la presente ley no excusa, en ningún supuesto, la contabilización del gasto en el nivel que se determina para cada caso:
a) Para los gastos de personal, en bienes corrientes y de servicios y los financieros: subconcepto económico.
b) Para las transferencias, corrientes y de capital: subconcepto económico y sublínea.
c) Para las inversiones reales, activos y pasivos financieros: subconcepto económico y subproyecto.
2. Adicionalmente a lo dispuesto en el punto anterior, los gastos relativos a los programas de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 411.10 «Dirección y servicios generales», 412.10 «Centros de salud pública» y 412.2, se contabilizarán desagregados por unidades de gestión. Lo anterior será de aplicación en cada uno de los subprogramas en que se desagrega el programa 412.2 «Prestaciones asistenciales, farmacéuticas y complementarias».
En consecuencia, y a fin de posibilitar la gestión integrada del presupuesto de la conselleria, a efectos de la vinculación en lo que se refiere al nivel orgánico, el mismo se establece en el centro gestor para los programas 411.10 y 412.10 y en el servicio presupuestario para el programa 412.2 «Prestaciones asistenciales, farmacéuticas y complementarias».
En tal sentido, los ajustes presupuestarios en el citado nivel de desagregación se realizarán por la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de sanidad, a través de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda.
3. Los créditos para gastos de LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación constituirán funcionalmente los programas 322.50 «Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación», consignándose desagregados en subprogramas presupuestarios en el presupuesto de la propia entidad, y 322.91 «MRR. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», que se regirá por lo establecido en la normativa de gestión de los fondos del referido Plan y sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional trigésima novena y en la disposición transitoria séptima de la presente ley.
1. La cuantía para el presente ejercicio en concepto de Fondo de Contingencia ascenderá a 9.000.000 euros.
2. Las condiciones de funcionamiento del Fondo de Contingencia se ajustarán al régimen general previsto para las modificaciones presupuestarias en los artículos 44 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, y en la presente ley.
1. Los centros docentes públicos no universitarios dispondrán de autonomía en su gestión económica, en los términos que se establecen en los puntos siguientes:
a) Constituirán ingresos de estos centros, que deberán ser aplicados a gastos de funcionamiento:
1.º Los fondos que se les libren, a propuesta de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de educación, mediante órdenes de pago en firme y con cargo al presupuesto anual de esta, con la finalidad de cubrir los gastos de funcionamiento, mantenimiento y reposición de inversiones, adquisición de mobiliario, equipamiento, equipos didácticos, obras de reparación y adecuación de las instalaciones en materia de eficiencia energética y otros que sean aprobados por la dirección general competente en materia de centros docentes públicos.
2.º Los fondos provenientes de otras administraciones públicas, instituciones de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que los mismos tengan el carácter de finalistas, y su titularidad esté afectada expresamente al centro docente en cuestión.
3.º Aquellos obtenidos a través de las ayudas, premios y otros ingresos otorgados por instituciones, organismos y entidades públicas y privadas por el desarrollo de proyectos y acciones de innovación e investigación educativa realizadas por el profesorado y el alumnado en el marco de la programación general anual del centro.
4.º Los derivados de la venta de bienes y prestación de servicios distintos de los gravados por las tasas y los precios públicos.
5.º Los producidos por legados, donaciones o cualquier otra forma admisible en derecho.
6.º El saldo final, en su caso, de la cuenta de gestión del ejercicio anterior, que podrá ser objeto de reintegro o minoración de recursos procedentes de la conselleria competente en materia de educación, siempre y cuando queden cubiertos los gastos derivados de las obligaciones ordinarias del centro, los gastos correspondientes a los ingresos que tengan el carácter de finalistas, así como los gastos incluidos en el apartado segundo de este artículo, en aquellos casos en los que quede debidamente justificada la finalidad de los mismos, así como su periodo de ejecución.
b) Los gastos en bienes corrientes y de servicios que tengan su origen en los ingresos citados en el punto anterior, se justificarán mediante la rendición de una única cuenta de gestión anual por la persona titular de la dirección del centro, previa aprobación de la misma por el respectivo consejo escolar o consejo social.
Los centros pondrán a disposición de la administración educativa las cuentas de gestión anual que les sean requeridas.
c) La documentación que corresponda elaborar al centro relativa a su presupuesto y a su cuenta de gestión deberá ajustarse, en cualquiera de los conceptos de gasto a que venga referida, a la clasificación económica del estado de gastos que se aplica en la presente ley. A tal efecto, los gastos en bienes corrientes y de servicios incluirán, además de los contenidos en el capítulo II de la vigente clasificación económica del estado de gastos de la Generalitat, los destinados a reposición de inversiones, adquisición de mobiliario, equipamiento, equipos didácticos, obras de reparación y adecuación de las instalaciones en materia de eficiencia energética del propio centro, que se corresponden con los siguientes artículos de gasto, de acuerdo con la citada clasificación económica del estado de gastos de la Generalitat:
1.º 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
2.º 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
2. Los gastos destinados a reparaciones, que excedan del mero mantenimiento de los centros y los destinados a la adquisición de mobiliario, equipamiento y equipos didácticos del propio centro, podrán efectuarse siempre que en conjunto no sobrepasen la cantidad de 75.000 euros, y que quede suficientemente acreditado que se cubren previamente el resto de las obligaciones ordinarias del mismo.
Las direcciones territoriales de la conselleria competente en materia de educación excepcionalmente podrán autorizar a los centros docentes públicos gastos que tengan por objeto obras de reparación, hasta un límite máximo de 75.000 euros anuales, adicionales a lo establecido en el párrafo anterior, siempre que quede acreditado que el centro cubre previamente el resto de sus obligaciones ordinarias.
3. En materia de eficiencia energética, los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana dispondrán de autonomía para gestionar con el presupuesto del centro los gastos necesarios para dotar de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo a los mismos.
La posibilidad de realizar dichos gastos queda condicionada a que no afecten a la cobertura de las necesidades ordinarias para el normal funcionamiento del centro escolar y las que resulten de las actividades educativas.
A los efectos de lo establecido en este apartado, los directores de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana tendrán las competencias ordinarias en materia de contratación necesarias para la realización de estos gastos, siempre que los mismos no superen los umbrales establecidos por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para la contratación menor.
Respecto al procedimiento y la justificación de los expedientes de gasto a los que se refiere este apartado, se estará a lo establecido en la normativa que regula la gestión económica de los centros docentes. Se deberá estar además a las instrucciones que se dicten al efecto por la Dirección General de Infraestructuras Educativas.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior la gestión económica de los centros integrados públicos de formación profesional y de los centros adscritos en el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana se regirá por una normativa específica.
1. De acuerdo con lo establecido en los apartados primero y segundo del artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a los efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2023, es el fijado en el anexo I de esta ley.
2. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad el 1 de enero de 2023, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones empresariales y sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento de la firma del correspondiente convenio.
En ningún caso podrá la administración aceptar el abono de retribuciones al profesorado de los centros concertados que superen en cómputo anual a la cuantía a abonar al profesorado homólogo de centros públicos, tomando en consideración el salario base, el complemento de destino y el complemento específico.
La administración no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo I de esta ley.
Así mismo, la administración no asumirá los incrementos retributivos, fijados en convenio colectivo, que supongan un porcentaje superior al establecido con carácter general en el artículo 28 de esta ley.
El componente del módulo destinado a Otros gastos y el de Personal complementario surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2023 y se abonará mensualmente a los centros que justificarán su aplicación en los plazos que establezca la normativa al efecto. En el caso de que la titularidad del centro sea una sociedad cooperativa y haya solicitado acogerse a su régimen específico de financiación, las cantidades que en concepto de salarios y cargas sociales correspondan al profesorado cooperativista que presta sus servicios en los niveles concertados se abonarán así mismo mensualmente.
Los ciclos formativos de grado básico se financiarán conforme el módulo económico establecido en el anexo I. Los conciertos de los ciclos formativos de grado básico tendrán carácter general, conforme establece el artículo 116.6 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Además de lo establecido, en los centros cuyo concierto educativo esté por debajo de las cuatro unidades y dicho concierto se refiera tanto a educación primaria como al primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria, se mantendrá la dotación del profesorado necesario con la titulación adecuada, de modo que ello permita la correcta impartición de la enseñanza, hasta la extinción total de las unidades objeto de concierto. En el supuesto de que algún centro de educación primaria contará con menos de tres unidades en el conjunto de niveles concertados, la dotación en concepto de Otros gastos será la equivalente a tres unidades de educación primaria, previa solicitud al respecto del titular del centro.
3. Las cantidades a percibir de las personas matriculadas en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignan al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de etapas educativas no obligatorias, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, al amparo de las Leyes Orgánicas 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y 2/2006, de 3 de mayo, son las que se establecen a continuación:
a) Bachillerato: 25,70 euros por persona matriculada/mes, durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
b) Ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior:
1.º En los primeros cursos de cada ciclo: 25,70 euros por persona matriculada/mes, durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
2.º En los segundos cursos de cada ciclo:
– Ninguna cantidad en los ciclos en cuyo segundo curso solo se realiza la formación en centros de trabajo.
– 25,70 euros por persona matriculada/mes, en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, en los ciclos cuyo segundo curso consta de 11 semanas de enseñanza presencial en el centro.
– 25,70 euros por persona matriculada/mes, en los meses de enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, en los ciclos cuyo segundo curso consta de veinte semanas o más de enseñanza presencial en el centro.
No podrá percibirse el importe de cada mensualidad con antelación al día 1 del mes a que corresponda el cobro, ni podrá requerirse mensualidad alguna en los meses de julio y agosto.
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro al alumnado de estas cantidades, tendrá el carácter de complementaria de la percibida directamente de la administración, de tal modo que la financiación total de dicho componente por unidad concertada no supere, en ningún caso, lo establecido en el módulo económico fijado en la presente ley para los respectivos niveles de enseñanza.
4. Se faculta a la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de educación para fijar las relaciones profesorado/unidad concertadas suficientes para impartir el plan de estudios vigente en cada etapa educativa objeto de concierto, calculadas en base a jornadas de veinticinco horas lectivas semanales para el profesorado, no pudiendo la citada conselleria asumir los incrementos retributivos, reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo I de esta ley. A este respecto, en los ciclos formativos de grado medio y de grado superior que se hallen concertados, el número de horas de profesora o profesor en los primeros cursos será de un máximo de treinta semanales y, en los segundos cursos, de treinta y cinco o de cinco, según si el ciclo formativo es de 2.000 horas o inferior. En los ciclos formativos de grado básico, el número de horas de profesora o profesor será de treinta semanales en cada curso.
Los centros que disponen de concierto en ciclos formativos de grado medio o superior y en los supuestos en que esté previsto desdoble en los módulos correspondientes, podrán hacer uso de las horas que correspondan por este concepto solo cuando se acredite que el ciclo formativo tiene matriculadas un mínimo de 20 personas con asistencia efectiva en el módulo en cuestión. Estas horas se sumarán a las contenidas en el módulo económico, que están indicadas en el párrafo anterior. En el supuesto de que un centro tenga concertadas varias unidades del mismo ciclo en un mismo curso y cumplida la normativa en materia de ratios alumnado/unidad, podrán desdoblar el mínimo de unidades posible.
En el caso de las cooperativas que estén acogidas al régimen específico de financiación, la conselleria competente en materia de educación establecerá el módulo máximo a percibir por los centros, según las horas previstas en cada ciclo formativo en concepto de desdoble, de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior.
5. Los centros que impartan la educación secundaria obligatoria completa contarán con una persona que preste los servicios de orientación educativa y profesional, que se incluirá en la nómina de pago delegado del centro, con un mínimo de una hora por unidad concertada. Los costes correspondientes a las horas de orientación vienen recogidos en los módulos económicos por unidad escolar de la educación secundaria obligatoria.
En el resto de etapas concertadas, la dotación del profesorado que presta servicios de orientación educativa y profesional se realizará de acuerdo con los criterios siguientes:
a) Educación infantil y primaria.
La dotación correspondiente a las etapas de educación infantil y primaria se aplica en función del número total de unidades concertadas de ambas etapas (se excluyen las unidades específicas de educación especial en centros ordinarios y las unidades de apoyo a la integración) y aplicarán los siguientes intervalos: en los centros entre 4 y 9 unidades la dotación será de doce horas. En los centros de más de 9 y hasta 18 unidades la dotación será de dieciocho horas. En los centros de más de 18 unidades la dotación será de veinticinco horas.
No se aplicará esta dotación de horas a los centros privados concertados que están recibiendo esta atención por parte del correspondiente Gabinete Psicopedagógico Municipal.
b) Educación secundaria.
Además de la dotación de educación secundaria obligatoria en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado se asigna una hora de Orientación Educativa por cada unidad concertada de bachillerato o ciclos formativos, hasta un máximo de veinte horas.
c) Centros específicos de educación especial.
Se asignan las horas de Orientación Educativa según los siguientes intervalos. En los centros de hasta 3 unidades concertadas la dotación será de diez horas. En los centros de 4, 5 y 6 unidades concertadas la dotación será de veinte horas. En los centros de más de 6 unidades concertadas la dotación será de veinticinco horas.
En total, la asignación máxima para cada centro será de cincuenta horas, que incluyen las horas previstas de educación secundaria obligatoria (1 hora por cada unidad concertada).
Los centros privados concertados, en el uso de su autonomía, podrán dedicar más horas a la Orientación Educativa que las inicialmente asignadas, sin que esto implique un incremento de dotación horaria ni en los módulos económicos del concierto y siempre que se cumplan los horarios de las asignaturas, materias y módulos previstos en la normativa vigente.
La implantación total de las horas asignadas se realizará en el plazo de dos cursos escolares.
Al inicio del curso escolar 2022-2023 se dotará el 50 % de las horas y al inicio del curso escolar 2023-2024 se completará la dotación total.
Las horas de Orientación Educativa se incluirán, en las proporciones y los plazos indicados anteriormente, en el concierto educativo dentro del pago delegado de los centros concertados, o bien en los módulos económicos que reciben las cooperativas de enseñanza sujetas al régimen específico de financiación, según los módulos específicos de orientación educativa y profesional, que figuran en el anexo I y que equivalen a una unidad completa (veinticinco horas) y que se pagarán de manera proporcional a la asignación de horas realizada.
6. A partir del 1 de enero de 2023, la Administración educativa financiará el coste adicional en la cotización de las jubilaciones parciales del personal docente incluido en el sistema de pago delegado, en el que el trabajador reduzca su jornada y salario entre un mínimo del 25 por ciento y un máximo del 50 %, siempre que haya estado de alta en el citado sistema al menos los seis años inmediatamente anteriores al momento de acceder a la jubilación parcial, y se cumplan los requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el resto de normativa concordante.
Así mismo, la Administración educativa solamente financiará las jubilaciones parciales del personal docente incluido en el sistema de pago delegado que reduzca su jornada y salario en un 75 por ciento, cuando el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida en los términos previstos en la citada normativa. Dicho relevista tiene que estar dado de alta en la bolsa de recolocación del personal docente de centros privados concertados para que la conselleria competente en materia de educación asuma el coste adicional de cotización del jubilado parcial y de la diferencia del 25 por ciento de horas que implica la jornada completa del relevista. Estas horas se sumarán a las contenidas en el módulo económico del anexo I de esta ley del correspondiente nivel educativo en el que esté encuadrado el jubilado parcial.
7. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación prevé en los artículos 22, 24, 27, 74 y 157 el establecimiento de programas y otras actuaciones específicas de refuerzo y apoyo educativo y para la mejora de los aprendizajes, así como la consecución de la equidad y la compensación de desigualdades en educación. Con este objetivo los centros concertados podrán desarrollar, integrado en la estructura del concierto educativo, un plan de actuación para la mejora, u otros programas específicos de atención a la diversidad del alumnado, a través de una dotación de horas adicionales a las que les corresponden en virtud del concierto, mediante su inclusión en el sistema de pago delegado o en el régimen específico de financiación de los centros organizados en régimen de cooperativas que así lo hayan elegido.
Así mismo, se podrán establecer aquellos programas específicos anuales que estén autorizados por la conselleria competente en materia de educación en función de las características del alumnado y del presupuesto establecido para cada programa.
En todos estos casos, las horas de profesorado se asignarán mediante la resolución correspondiente, y las retribuciones se fijarán según los módulos específicos de programas específicos anuales que figura en el anexo I de esta ley, que equivalen a una unidad completa (veinticinco horas) y que se pagarán de manera proporcional a la asignación de horas realizada. Este profesorado será objeto de inclusión en la nómina de pago delegado del respectivo centro.
8. A los centros concertados en la etapa de Bachillerato que tengan concertada alguna unidad mixta les corresponderán cincuenta y ocho horas por cada unidad del primer curso y cincuenta y seis horas por cada unidad de segundo curso. Se entenderá por unidad mixta aquella que agrupe alumnado de más de una modalidad de Bachillerato en las asignaturas troncales y que se podrá desdoblar en las asignaturas correspondientes de cada modalidad.
9. Los centros que dispongan de proyectos de Formación Profesional Dual aprobados y en funcionamiento podrán disponer de hasta 6 horas adicionales de profesorado a las contenidas con carácter general a todos los efectos en los módulos económicos del anexo I de esta ley, en el ciclo formativo de grado medio o de grado superior objeto de esta modalidad, de acuerdo con lo previsto para los centros privados concertados en la Orden 5/2022, de 15 de febrero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se regulan determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional Dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana.
Las direcciones generales, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, competentes en materia de Formación Profesional Dual y en materia de Financiación de Centros Concertados, emitirán las correspondientes resoluciones conjuntas en las que consten las horas concedidas.
La Dirección General, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, competente por razón de la materia de Financiación de Centros Concertados, abonará las horas concedidas en la nómina de pago delegado de los centros concertados.
10. En relación con los centros docentes concertados de educación especial específicos (CEEE), se incluye un apartado de módulos económicos en el anexo I de esta ley, en el cual se recoge un incremento proporcional de horas del profesorado de educación física y de educación musical, hasta un máximo de dos profesores en centros que dispongan de 9 o más unidades de educación especial.
Así mismo, los CEEE dispondrán de un profesor de apoyo de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje, con veinticinco horas, cuando cuenten con 7 o más unidades de educación especial.
Por otra parte, tanto en las unidades específicas en centros ordinarios como en los CEEE se ha previsto la inclusión del profesorado de Audición y Lenguaje en el módulo de «Salarios y costes sociales», lo que implica su incorporación al régimen de pago delegado. Se reducen los importes correspondientes a este personal del módulo «Personal complementario» exclusivo de estas unidades y centros. La suma de los diferentes módulos se mantiene sin cambios. En el caso de las cooperativas acogidas a un régimen específico de financiación el módulo global se mantiene sin cambios.
Las horas de profesorado de audición y lenguaje previstas en cada unidad según su tipología son: autistas: dieciséis horas; plurideficientes: ocho horas; psíquicos (moderados): ocho horas; psíquicos (profundos y severos): cinco horas.
Se establecerá reglamentariamente un periodo transitorio para el personal que realiza actualmente estas funciones y no cumpla con el requisito de titulación de personal docente, a fin de que obtenga la misma.
11. Los centros podrán disponer de horas de atención domiciliaria, de conformidad con la sección tercera de la Orde