Categoría: Administración

La Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, fija las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a agrupaciones sin personalidad jurídica propia para la realización de proyectos de carácter tractor dentro de la cadena de valor agroalimentaria, en la parte correspondiente a la industria de alimentación y bebidas.
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos relacionados con el cambio climático, derivados de los compromisos asumidos por España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de julio de 2021, (Plan de Recuperación, en adelante), en el reparto de la ayuda en forma de préstamo, así como de clarificar el procedimiento de instrucción y el enfoque del Plan de Trazabilidad y Seguridad Alimentaria, se considera necesario modificar los artículos 5.3, 8.2, 9.1, 14.1, 16.3 y 16.6, 19, 20.3, 20.4, 21.1, 22.5, 23.1, 23.3, 30.1, 32.3, 32.4, 34.4, 38.7, el apartado 2 del anexo III A.2), el apartado A.3 del anexo III, los apartados A.1, A.2, A.3 del anexo IV, añadir un nuevo apartado en el artículo 5 y en el artículo 10, así como también en el apartado A.4 del anexo IV y en el anexo V de la Orden ICT/738/2022, de 28 de julio.
La modificación del artículo 5.3 se realiza con el objetivo de ampliar el número de potenciales beneficiarios, limitar el número de miembros por agrupación, así como de esclarecer el marco de aplicación y la responsabilidad solidaria, mientras que la adicción de un nuevo apartado en el artículo 5 se realiza para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de Creación y Crecimiento de empresas. Por su parte, con la modificación del apartado 2 del artículo 8 se eleva el porcentaje máximo que puede ser subcontratado con terceros por parte de los beneficiarios. La modificación del artículo 9.1 se realiza en aras de aclarar las limitaciones a la compatibilidad de las ayudas. Mediante la agregación de un nuevo apartado 7 en el artículo 10 y la modificación del anexo III A.3), se asegura que el Plan de Trazabilidad y Seguridad Alimentaria pueda contener proyectos primarios que a su vez están encuadrados en otros bloques. Por su parte, mediante la modificación del artículo 14.1 se eliminan requisitos exigibles a los proyectos de investigación industrial. Con la modificación del artículo 16.3, se eleva el porcentaje de costes de edificación e instalaciones que se admiten en los proyectos primarios mientras que con la modificación del artículo 16.6 se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre. Por otra parte, con la modificación del artículo 19, se procede a rebajar el importe mínimo del presupuesto financiable. Con la modificación de los artículos 20.3 y 20.4 se garantiza el cumplimiento de los objetivos relacionados con el cambio climático en el reparto de la ayuda en forma de subvención y préstamo. La modificación del artículo 21.1 persigue flexibilizar el marco de determinación del tipo de interés. Por su parte, con la supresión de la letra f del artículo 22.5 se eliminan requisitos a los potenciales beneficiarios y con la modificación de la letra g de dicho artículo se amplía la limitación del importe máximo de ayuda para un mismo grupo empresarial en el conjunto de proyectos primarios y tractores en el que participe al 25 por ciento del presupuesto total establecido. Mediante la modificación del artículo 23.1 y 23.3, se flexibiliza el impacto de la falta de constitución de garantías, de alguna de las entidades miembro de la agrupación, sobre el conjunto del proyecto tractor al tiempo que se tratan de minimizar eventuales perjuicios para la Hacienda Ferrer.
Por su parte, la modificación del artículo 30.1 tiene por objeto clarificar los criterios de evaluación de las solicitudes. En relación con la modificación de los artículos 32.3 y 32.4, la presentación del informe emitido por una entidad de certificación acreditada de que cada uno de los proyectos primarios cumplen con el principio de no causar un perjuicio significativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2.c), se exigirá en el plazo de diez días hábiles desde la notificación de la resolución provisional de concesión. Por otra parte, con la modificación del artículo 34.4.a) se flexibilizan los plazos de ejecución y justificación, en caso de que la Comisión Europea así lo permita. Y, por último, la eliminación del apartado 7 del artículo 38, está alineada con la supresión de la letra f del artículo 22.5. Por otra parte, la modificación del anexo III A.2.2 tiene por objeto clarificar la forma en que las agrupaciones deben de cubrir las actuaciones definidas. Con la modificación de la letra C del apartado A.1 del anexo IV, se clarifican los criterios a considerar en lo referente a la viabilidad económico-financiera de la agrupación.
Con la modificación del anexo IV A.2 y A.3) se contemplan más etiquetas a los efectos de cumplir con los objetivos de contribución al cambio climático, se aclara cómo se evaluará el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» y se modifican algunas puntuaciones. Con la adición de un nuevo apartado en el anexo IV A.4 y en el anexo V, se definen con detalle los criterios de viabilidad económico financiera y de calificación financiera de las entidades de nueva creación.
La necesidad de introducir estos cambios a través de esta modificación de la Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, se debe a que suponen un cambio sustancial en los criterios que se han señalado, por lo que ha resultado imprescindible reflejar en la propia orden de bases dichos cambios.
Estas modificaciones no afectan al objetivo final que se persigue con este marco de ayudas, focalizado en incentivar la transformación de la industria agroalimentaria a través del desarrollo de actuaciones que logren esa transformación efectiva centrada en el impulso a la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad alimentaria.
Estas ayudas, para actuaciones de fortalecimiento en el ámbito del sector industrial agroalimentario, se enmarcan en el denominado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario (PERTE Agroalimentario, en adelante), aprobado por el Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de febrero de 2022, y constituyen el denominado Eje 1 del mismo.
Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios que conforman la buena regulación, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El ajuste de la norma propuesta al principio de necesidad y eficacia viene dado por la importancia que tiene para un país, el poseer un sector industrial potente, ya que las naciones que lo tienen son capaces de afrontar las crisis en mejores condiciones, con empleos más estables y mejores salarios.
En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, muchos de los cuales son de cálculo automático, de forma que se deje el menor peso de la evaluación al criterio del evaluador.
El principio de eficiencia se cumple al realizar convocatorias a nivel nacional, de modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce, pudiendo efectuar economías de escala y asegurando que los criterios utilizados son los mismos, independientemente del origen de la solicitud.
La hoja de ruta para esta recuperación y la modernización de la economía española se refleja en el Plan de Recuperación y en la presente convocatoria que se presenta como parte de la estrategia para la transformación y digitalización de la industria.
Asimismo, a través de la presente Orden, se realiza convocatoria correspondiente a 2023, mediante tramitación anticipada, para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del PERTE Agroalimentario. La exigencia de ejecutar las actuaciones antes del 30 de junio de 2025 unido a la necesidad de cumplir con los hitos y objetivos del PRTR, aconsejan la apertura del plazo de presentación de solicitudes lo más pronto posible y, dado que, en vista de las fechas actuales la convocatoria sería instruida y resuelta durante 2023, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias de este Ministerio, se ha optado por una convocatoria de carácter anticipado, correspondiente a 2023 en lugar de una convocatoria correspondiente a 2022. Esta convocatoria anticipada se imputará con cargo a las aplicaciones presupuestarias del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del proyecto de Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2023.
La convocatoria correspondiente al ejercicio 2023 se financia con cargo al Plan de Recuperación, y se inserta específicamente en el Componente 12, «Política Industrial España 2030», inversión 2, «Programa de Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial» contribuyendo al cumplimiento de los hitos y objetivos globales de la inversión 2, consistentes en dar apoyo financiero a un mínimo de 210 proyectos innovadores durante el periodo 2021-2023 de impulso de la transformación digital de la industria española.
En concreto, favorecerá el cumplimiento de los hitos y objetivos 183, 185 y 186 recogidos en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021 (en adelante, «CID» por sus siglas en inglés) relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, así como a los «Operational Arragements» (en adelante, «OA» por sus siglas en inglés) asociados a estos hitos y objetivos que se recogen en las Disposiciones Operativas, entre los que se relacionan los siguientes: 183.1, 184.1, 184.2, 185.3, 185.4 y 186.1. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa, de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, de política comercial y de apoyo a la empresa, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. La gestión que la Administración General del Estado realiza de estas ayudas, permite introducir un adecuado nivel de competencia, así como una planificación racional y eficaz de las mismas.
Por lo tanto, a través de la presente orden se efectúa la convocatoria de concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del PERTE Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación en el año 2023, mediante tramitación anticipada.
La presente orden de convocatoria se estructura en veintiocho artículos, una disposición transitoria, dos disposiciones finales y once anexos.
En la elaboración de esta orden han emitido informe el Servicio Jurídico y la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En virtud de todo lo expuesto, dispongo:
La presente orden tiene por objeto la modificación de la Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como proceder a realizar la convocatoria correspondiente a 2023, mediante tramitación anticipada.
La Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del PERTE Agroalimentario en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, queda modificada como sigue:
1. Se modifica el apartado 3 del artículo 5, quedando redactado como sigue:
«Adicionalmente, las agrupaciones deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar organizada en torno al sector de la industria agroalimentaria con una combinación, como mínimo, de cuatro entidades jurídicas diferenciadas que no pertenezcan al mismo grupo empresarial, ni ser empresas controladas por cualesquiera de las entidades que formen parte de la agrupación. Si participan más de cuatro entidades, las adicionales pueden formar parte de un grupo al que pertenezca otra entidad participante. El número máximo de participantes por agrupación no podrá exceder de sesenta entidades.
b) Las entidades que formen parte de la agrupación deberán de desarrollar alguna o varias de las actividades incluidas en el anexo II de esta orden de bases, y deberán de formar parte de la cadena de elaboración, manipulación o transformación de uno o varios productos agroalimentarios. Adicionalmente, al menos el 75 por ciento del presupuesto del proyecto tractor presentado deberá imputarse a las actividades recogidas en alguna de las letras a) y b) del citado anexo.
c) De entre las cuatro entidades que como mínimo deben conformar la agrupación, al menos una será una gran empresa, y además deberá estar integrada por un mínimo de tres pequeñas y medianas empresas (en adelante PYMES). Alternativamente también serán válidas aquellas agrupaciones constituidas únicamente por PYMES siempre que dos de ellas sean medianas empresas.
d) Deberán tener implantación en un ámbito geográfico que abarque al menos a dos comunidades autónomas. A estos efectos, también se tendrán en cuenta las actuaciones que sean subcontratadas por la agrupación en los términos establecidos en el artículo 8 de esta orden de bases.
e) Todas las entidades miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios de la ayuda y serán solidariamente responsables, de la obligación de reintegro del beneficiario en relación a las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a efectuar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.»
2. Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 5, con la siguiente redacción:
«7. No podrán obtener la condición de beneficiario aquellas entidades que incumplan los plazos de pago a los que se refiere el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.»
3. El apartado 2 del artículo 8, queda con la siguiente redacción:
«2. Se podrá subcontratar con terceros hasta el 70 por ciento de cada uno de los proyectos denominados primarios, definidos en los artículos 10, 11, 12 y 13, de la actividad objeto de la ayuda, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En todo caso, se habrán de prever los mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de no causar daño significativo y el resto de condiciones establecidas en esta orden de bases y en la convocatoria correspondiente.»
4. El apartado 1 del artículo 9, queda redactado de la siguiente manera:
«1. Las ayudas reguladas en esta orden son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entidades del sector público, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.»
5. Se añade un apartado 7 en el artículo 10, con la siguiente redacción:
«7. Se admitirá la posibilidad de que aquellos proyectos primarios que desarrollen actuaciones de los bloques de competitividad y sostenibilidad, contempladas en los artículos 11 y 12, puedan formar parte del Plan de Trazabilidad y Seguridad Alimentaria, siempre que contribuyan a la trazabilidad y la seguridad alimentaria.»
6. La letra a) del artículo 14.1 queda redactada de la siguiente manera:
«a) Proyectos de investigación industrial: La investigación planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes; comprende la creación de componentes de sistemas complejos y puede incluir la construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea necesario para la investigación industrial y, en particular, para la validación de tecnología genérica.»
7. Se modifica el artículo 16 de la orden de bases, en los siguientes términos:
Uno. El apartado 3.c) queda con la siguiente redacción:
«c) La determinación de los costes financiables se realizará de la siguiente forma:
1.º Cuando los costes de la inversión en protección medioambiental/eficiencia energética puedan identificarse en los costes totales de la inversión como inversión separada, estos costes relacionados con la protección medioambiental o la eficiencia energética serán subvencionables.
2.º En todos los demás casos, los costes de la inversión en protección medioambiental o eficiencia energética se determinarán por referencia a una inversión similar, menos respetuosa con el medio ambiente o que implique menor eficiencia energética, que se habría podido realizar de forma creíble sin la ayuda. La diferencia entre los costes de ambas inversiones determinará el coste relacionado con la protección medioambiental o la eficiencia energética y será el coste financiable.
Los costes de edificación e instalaciones no podrán suponer más del 40 por ciento del coste financiable del proyecto.»
Dos. Se añade una nueva letra j) al apartado 6, con la siguiente redacción:
«j) El abono de los gastos subvencionables en los términos que establece el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.»
8. El articulo 19 queda redactado de la siguiente manera:
«El presupuesto financiable mínimo será de 10 millones de euros por proyecto tractor. En las correspondientes convocatorias que se deriven de esta orden de bases se podrá especificar el mínimo para cada uno de los proyectos primarios que estén integrados en dicho proyecto tractor. En todo caso se respetarán los límites previstos en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.»
9. Los apartados 3 y 4 del artículo 20, quedan redactados de la siguiente manera:
«3. A efectos del reparto de la ayuda en forma de subvención y préstamo, será necesario que se alcance en la convocatoria un compromiso mínimo medio global de contribución del 40 por ciento a los objetivos relacionados con el cambio climático, según lo establecido en la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021, derivado de la metodología establecida en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y comprometido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para ello, la concesión de la ayuda en forma de subvención se adjudicará del siguiente modo:
a) Se seguirá el orden de prelación asignado a cada proyecto tractor, que será el que resulte de la puntuación obtenida como suma de los criterios de evaluación definidos en el artículo 30 y en el anexo IV, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
b) Para cada proyecto tractor, ordenado según el apartado anterior, se propondrá ayuda por orden de puntuación de los proyectos primarios, en primer lugar, a aquellos que contribuyan a los objetivos relacionados con el cambio climático, según los criterios de etiquetado definidos en el anexo IV, continuando con la asignación de ayuda al resto de proyectos primarios, siempre que se respete, de forma global, el compromiso mínimo medio de contribución del 40 por ciento a los objetivos relacionados con el cambio climático.
4. El reparto de la ayuda en forma de préstamo se realizará según el orden de prelación y los criterios definidos en el apartado anterior.»
10. Se modifica la letra c) del artículo 21.1, que queda redactada como sigue:
«c) Tipo de interés de aplicación: Se establecerá en las correspondientes convocatorias.»
11. Se suprime la letra f y se modifica la letra g del artículo 22.5, con la siguiente redacción:
«g) El importe máximo de ayuda para un mismo grupo empresarial en el conjunto de proyectos primarios y tractores en el que participe, no podrá superar el 25 por ciento del presupuesto total establecido en cada una de las convocatorias, de acuerdo con lo señalado en el artículo 20.5 de esta orden.»
12. Se modifica el artículo 23 de la Orden de bases en los siguientes términos:
Uno. El apartado 1 del artículo 23, queda con la siguiente redacción:
«1. Las garantías se constituirán para cada proyecto primario y entidad beneficiaria dentro de la agrupación, a disposición del órgano concedente, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, en las modalidades y con las características y requisitos que se determinen en las convocatorias de acuerdo con los establecidos en el Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, y por el importe que establece el apartado 2 de este artículo.
Se exigirá para cada entidad propuesta como beneficiaria dentro de la agrupación, la presentación del resguardo de constitución de garantía antes de la resolución de concesión de la ayuda, estableciéndose un plazo de veinte días hábiles para presentarla desde la notificación de su requerimiento, según establece el artículo 32.4, último párrafo, de esta orden, tanto para el préstamo como para la subvención propuesta, en su caso. La falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las garantías, en el plazo estipulado, tendrá como efecto la consideración de la entidad miembro de la agrupación solicitante como desistida de la solicitud, lo que implicará que también se tendrá por desistida la solicitud completa del proyecto tractor.
No obstante lo anterior, si en la fase de propuesta de resolución definitiva, se hubiese asignado ayuda a todos los proyectos tractores, con evaluación favorable, la consideración de la entidad miembro de la agrupación como desistida por no haber constituido y presentado la garantía correspondiente, no implicará el desistimiento del resto del proyecto tractor siempre que éste cumpla con los requisitos mínimos y la estructura regulada en la orden de bases, y la convocatoria en su conjunto respete el compromiso mínimo medio del 40 por ciento de contribución a los objetivos de cambio climático.»
Dos. El apartado 3, queda con la siguiente redacción:
«Las garantías correspondientes a la ayuda en forma de subvención serán liberadas, con carácter general, una vez que tenga lugar la acreditación de que se hayan realizado las actividades del proyecto tractor y las de cada proyecto primario objeto de la ayuda, según establece el artículo 36.4 de la orden de bases, y se haya realizado el ingreso del reintegro que proceda en su caso. En el caso de las garantías correspondientes a la ayuda en forma de préstamo, con independencia de la calificación financiera calculada según la metodología establecida en el anexo V de esta orden, se exigirá el mantenimiento de las mismas hasta la devolución total de éste, liberándose por tramos según se produzcan los rembolsos de principal, una vez que el importe de capital pendiente de devolución sea igual o inferior al importe garantizado. El régimen de cancelación de las garantías se ajustará a lo establecido en la normativa de la Caja General de Depósitos.»
13. El apartado 1 del artículo 30, queda con la siguiente redacción:
«1. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada en la fase de admisión de solicitudes o la que pudiera habérsele requerido complementariamente en fase de subsanación. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva y, como tales iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta».
14. Los apartados 3 y 4 del artículo 32, quedan redactados de la siguiente manera:
«3. Esta propuesta se notificará al interlocutor con la administración para que, en el plazo de diez días hábiles, formulen las alegaciones que estimen convenientes.
Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional, se concederá un plazo de diez días hábiles, para que se aporte, en caso de no haberlo hecho anteriormente, el informe emitido por una entidad de validación acreditada por ENAC en el "Esquema de Acreditación de organismos de verificación y validación para el cumplimiento del principio de ‘no causar un perjuicio significativo al medioambiente’ (DNSH)" (RDE-31), o entidad y esquema equivalentes de otro Estado miembro de la Unión Europea, en el que se acredite que dicho proyecto primario cumple con dicho principio, así como para que las entidades que formen parte de la agrupación y que hayan sido propuestas como beneficiarios, actualicen, en su caso, la siguiente información aportada en el momento de la solicitud:
a) Certificados que acrediten el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de que alguno de los interesados haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento, en los términos previstos en el artículo 29.b) 2.º de esta orden.
b) No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
c) Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como se establece en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
d) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la citada ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Los párrafos b), c) y d) anteriores, podrán acreditarse por medio de declaración responsable del solicitante, salvo en lo relativo al requisito previsto en la letra e) del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cuyo caso se tendrá en cuenta lo previsto en la letra a) de este mismo apartado.
La falta de aportación de esta documentación, o la no acreditación del cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio significativo al medio ambiente" (DNSH)" (RDE-31), implicará la desestimación del proyecto primario afectado o en su caso de todos los proyectos primarios de la entidad afectada.
4. Una vez examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada, a través del interlocutor con la administración, a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de diez días hábiles, comuniquen su aceptación a la ayuda propuesta, entendiéndose que decaen en su solicitud de no producirse contestación en dicho plazo, y acrediten el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento, en los términos previstos en el artículo 29.b) 2.º de esta orden.
La aceptación de la ayuda deberá acompañarse de la cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de interés, conforme con el modelo que se facilita en el anexo VIII de esta orden.
La aceptación a la ayuda implicará el consentimiento de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea, y en cumplimiento del artículo 8.1 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los modelos de aceptación se facilitarán junto con la propuesta de resolución definitiva.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa por parte de cada entidad miembro de la agrupación que haya sido propuesta como beneficiaria, se entenderá que la agrupación en su conjunto renuncia a la ayuda.
Además de la aceptación, para poder ser beneficiario, para cada entidad que forme parte de la agrupación y haya sido propuesta como beneficiaria en un proyecto primario, deberá presentarse, en un plazo máximo de veinte días hábiles desde la propuesta de resolución definitiva, el resguardo de constitución de garantías ante la Caja General de Depósitos, a las que se refiere el artículo 23 de esta orden. La no presentación de alguno de los resguardos de constitución de garantías correspondientes a cualquier modalidad y cuantía de la ayuda propuesta en el plazo establecido para ello, por cualquier entidad miembro de la agrupación solicitante, tendrá como efecto la consideración de la entidad miembro de la agrupación solicitante como desistida de la solicitud, lo que implicará que también se tendrá por desistida la solicitud completa del proyecto tractor.
No obstante lo anterior, si en la fase de propuesta de resolución definitiva, se hubiese asignado ayuda a todos los proyectos tractores, con evaluación favorable, la consideración de la entidad miembro de la agrupación como desistida por no haber constituido y presentado la garantía correspondiente, no implicará el desistimiento del resto del proyecto tractor siempre que éste cumpla con los requisitos mínimos y la estructura regulada en la orden de bases, y la convocatoria en su conjunto mantenga el cumplimiento del compromiso mínimo medio del 40 por ciento de contribución a los objetivos de cambio climático. De aplicar esta excepción, se notificaría una nueva propuesta de resolución provisional a la agrupación afectada, incluyendo en la misma el desistimiento de los proyectos primarios del beneficiario que no hubiese constituido las garantías correspondientes, otorgándose un plazo de cinco días hábiles para presentar las alegaciones correspondientes. Una vez examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, el órgano instructor formularía la propuesta de resolución definitiva que sería notificada a la agrupación, otorgándose un plazo de cinco días hábiles para su aceptación expresa por el conjunto de miembros restantes de la agrupación. Trascurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa, se entenderá que la agrupación renuncia a la ayuda.»
15. Se modifica la letra a) del apartado 4 del artículo 34, que queda redactada de la siguiente forma:
«a) Prórrogas del plazo de justificación de los proyectos que no respeten los límites establecidos en el artículo 70 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, o que comprometan los hitos establecidos por la Unión Europea en la Decisión de Ejecución del Consejo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. Asimismo, las prórrogas no podrán extender el plazo de ejecución más allá del 30 de junio de 2025, salvo que la Comisión Europea permita extender los plazos de ejecución de las actuaciones y justificación.»
16. Se suprime el apartado 7 del artículo 38.
17. El apartado 2 del anexo III A.2, queda redactado de la siguiente manera:
«2. Actuaciones en cooperación.
Actuaciones conjuntas de carácter obligatorio:
A. Gestión ambiental conjunta: esta actuación consistirá en la elaboración de un plan de gestión ambiental de carácter conjunto, que involucre a varias de las entidades que integren la agrupación, a lo largo de la cadena de valor de un producto en concreto. Alternativamente, también será válida la elaboración de un plan de mejora que comprometa a los participantes en el mismo en una serie de actuaciones que podrán ser las que hayan presentado de forma individual. Cada proyecto tractor deberá incluir como mínimo uno de estos planes, pero podrán ser varios, si la agrupación así lo considera apropiado. El plan transversal de gestión ambiental conjunto se deberá de ajustar a la estructura y modelo facilitado en la convocatoria, y en el mismo se podrán incluir proyectos primarios individuales y en cooperación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del mismo, pudiendo éstos cubrir otras actuaciones del bloque de sostenibilidad o siendo específicos para este plan.
B. Adopción de compromisos globales de reducción de la huella ambiental de un producto. Esta actuación se materializará en la elaboración de un plan de carácter conjunto, que involucre a varias entidades, consistente en la reducción de la huella ambiental de los productos a los que haga referencia la cadena de valor, con especial énfasis en la reducción del empleo de plásticos de un solo uso en procesos de envasado y empaquetado. Adicionalmente, en el plan conjunto se podrán incluir distintas actividades que contribuyan de forma efectiva a los objetivos de la actuación, siempre que cumplan con el resto de requisitos establecidos en la orden de bases. Podrá ser válida la presentación de varios planes, si la agrupación así lo considera apropiado.
La estructura de este plan se ajustará al modelo facilitado en la convocatoria y en el mismo se podrán incluir proyectos primarios individuales y en cooperación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del mismo, pudiendo éstos cubrir otras actuaciones del bloque de sostenibilidad o siendo específicos para este plan.
Actuación conjunta no obligatoria: Propuestas para el diseño del ciclo de vida integral de un producto, con la participación de varias entidades que cubran la cadena de valor. El objetivo será implementar medidas de forma coordinada que hagan que ese ciclo de vida tenga un carácter más sostenible. En caso de realizar este tipo de actuaciones en cooperación, las entidades participantes deberán realizar de forma conjunta, entre otras, acciones como el diseño del ciclo de vida, así como su implementación y el análisis de los resultados que se hayan obtenido, en cuanto a reducción de consumos de recursos, de generación de desperdicios, incremento de la reciclabilidad. Las actuaciones a realizar se canalizarán a través de proyectos primarios de carácter conjunto donde al menos participen 2 entidades de la agrupación.»
18. El anexo III A.3, queda redactado de la siguiente manera:
«Este bloque deberá incluirse obligatoriamente en todas las solicitudes presentadas.
Este bloque únicamente contempla una actuación, de carácter obligatorio, consistente en elaborar un Plan Integral de Trazabilidad y Seguridad Alimentaria (PITSA), en el que deberán de participar todas las entidades de la agrupación que formen parte de la cadena de valor o cadenas de valor del producto o productos agroalimentarios sobre los que se vertebra el proyecto tractor.
Será admisible la presentación de varios PITSA por agrupación, si en el proyecto tractor existen varias cadenas de valor o si este versa sobre varios productos agroalimentarios. El PITSA estará integrado por proyectos primarios individuales y en cooperación a través de los que se ejecutarán actividades que se correspondan con el ámbito de la trazabilidad y seguridad alimentaria.
Serán admisibles, en el PITSA, tanto proyectos primarios que ya cubran actuaciones definidas en los artículos 11 y 12 de la orden de bases, siempre que contribuyan a la mejora de la trazabilidad y seguridad de los productos, como nuevos proyectos primarios individuales o en cooperación que vayan en línea con la mejora de la Seguridad y Trazabilidad alimentaria, y que no se hayan incluido en las actuaciones de los otros bloques.
Los proyectos primaros entorno a los cuales se estructure el PITSA deberán de estar integrados de forma coherente y responder a una estructura y objetivos compartidos en el ámbito de la trazabilidad y seguridad alimentaria. No resultará valida una mera enumeración de proyectos sin un cierto nivel de integración y coherencia.»
19. Se modifica el anexo IV de la orden de bases en los siguientes términos:
Uno. La letra C del apartado A.1) queda redactada como sigue:
«C. Viabilidad económico-financiera de la agrupación. Se obtendrá como la media ponderada al presupuesto financiable, de la viabilidad económica y financiera aplicada a cada entidad jurídica según la metodología establecida en el apartado A.4) de este anexo. La puntuación obtenida total de la agrupación debe de alcanzar un mínimo de 15 puntos para cumplir con este criterio. En caso de no superar el citado umbral, a las entidades de la agrupación con una puntuación menor de 15 puntos, se les minorará el presupuesto financiable, hasta un máximo del 50 por ciento de minoración, comenzando por la de menor puntuación, en los proyectos primarios en los que tiene menor puntuación (según el criterio F), hasta que se alcance el umbral de 15 puntos. Si pese a ello, la viabilidad económica-financiera de la agrupación no supera el citado umbral, se entenderá que la agrupación no cumple con este criterio excluyente.»
Dos. Los apartados A.2) y A.3) del anexo IV, quedan redactados de la siguiente manera:
«A.2) Contribución del proyecto tractor a la transición ecológica.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3, a los proyectos primarios que integran el proyecto tractor, en el momento en el que se realice la evaluación técnica de los mismos, se les asignará, en función de su contribución al cumplimiento efectivo del compromiso de un mínimo del 40 por ciento a los objetivos relaciones con el cambio climático establecido en la Decisión de Ejecución del Consejo, de 13 de julio de 2021, si procede, algunas de las siguientes etiquetas:
a) 22-Procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación entre empresas, con especial hincapié en la economía con bajas emisiones de carbono, la resiliencia y la adaptación al cambio climático.
b) 23-Procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación entre empresas, con especial hincapié en la economía circular.
c) 24-Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYMES y medidas de apoyo.
d) 24 bis-Eficiencia energética y proyectos de demostración en grandes empresas y medidas de apoyo.
e) 24 ter-Eficiencia energética y proyectos de demostración en pymes o grandes empresas y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energética.
f) 25-Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo.
g) 25 bis- Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo conforme con los criterios de eficiencia energética.
h) 30-Energía renovable: biomasa.
i) 32-Otras energías renovables (incluida la geotermia).
j) 33-Sistemas de energía inteligentes (incluidos las redas inteligentes y los sistemas TIC) y su almacenamiento.
k) 40-Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos (incluida la gestión de las cuencas fluviales, medidas específicas de adaptación al cambio climático, reutilización, reducción de fugas).
l) 41 bis-Recogida y tratamiento de aguas residuales de acuerdo con los criterios de eficiencia energética.
m) 44-Gestión de residuos comerciales e industriales: medidas de prevención, minimización, separación reutilización y reciclado.
n) 45 bis-Uso de materiales reciclados como materias primas de acuerdo con los criterios de eficiencia.
La asignación de alguna de estas etiquetas al proyecto primario implicará, en el caso de las reseñadas en las letras a), e), g), i), j), n) la asignación a dichos proyectos de un grado de contribución a los objetivos de cambio climático del 100 por ciento, mientras que en los casos de las reseñadas en las letras b), c), d), f), h), k), l), m) la asignación de un grado del 40 por ciento.
A los proyectos primarios que no se les asigne ninguna de estas etiquetas se entenderá que contribuyen a los citados objetivos de cambio climático con un grado del 0 por ciento.
Para el cálculo de este criterio, una vez determinado el presupuesto financiable de cada uno de los proyectos primarios, éste se ponderará al etiquetado siguiendo la siguiente fórmula:
Donde:
a) PF: es el presupuesto financiable propuesto para cada proyecto primario que integra el proyecto tractor. A modo de ejemplo, PF1 obedece al presupuesto financiable propuesto para el proyecto primario 1, PF2 al número 2, y PF(n) el presupuesto financiable propuesto al proyecto primario (n).
b) Etiquetado: en función de la asignación realizada en el momento de evaluación del proyecto primario, se le asignará un valor (en tanto por 1) de 1, 0.4 o 0, en función del etiquetado que le corresponda. A modo de ejemplo, Etiquetado1 es el coeficiente asignado al proyecto primario número 1, Etiquetado2 será el coeficiente asignado al proyecto primario número 2 y Etiquetado(n) será el coeficiente asignado al proyecto primario (n).
La forma en la que se distribuirá la puntuación asignada a este criterio, en función del valor del coeficiente calculado según la forma fijada en este apartado, se indicará en las correspondientes convocatorias.
A.3) Evaluación de proyectos primarios.
Se aplicarán los siguientes criterios que generarán una puntuación total distribuida en el rango entre 0 y 30 puntos:
En la aplicación de estos criterios se tomará en consideración:
A. Adecuación a las prioridades temáticas, a los tipos de proyectos susceptibles de ayuda y los beneficiarios establecidos en la orden. Valorará el cumplimiento de requisitos establecidos en los artículos 5, 10, 11, 12, 13 y 14.
B. Cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio significativo". Se valorará a través del examen de la memoria de evaluación sustantiva de las actividades del proyecto primario. En caso de haber sido presentado con la solicitud o durante la subsanación el dictamen de empresa certificadora acreditada por ENAC, este se tomará en consideración para la evaluación del cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio significativo".
En los casos donde la presentación de la solicitud no se acompañe con el dictamen, de la empresa certificadora acreditada por ENAC, de que se cumple con dicho principio, se empleará para la evaluación únicamente la memoria de evaluación sustantiva y, antes de la propuesta de resolución definitiva, se realizará la comprobación de que el dictamen de empresa certificadora acreditada por ENAC, asegura que se cumple el principio de "no causar un perjuicio significativo".
C. Efecto incentivador de la ayuda. Se valorará si existe efecto incentivador de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de esta orden.
D. Viabilidad técnica de la propuesta:
1) Calidad/experiencia demostrable de la/s entidad/es y del equipo de trabajo en el ámbito del proyecto presentado: se valorará la definición de las tareas específicas a desarrollar, así como la experiencia previa acreditada tanto de las empresas, del personal interno y las entidades participantes en labores y tareas similares a las que se llevarán a cabo en las actividades en las que están involucradas el ámbito de aplicación del proyecto primario, con objeto de determinar que disponen de la capacitación necesaria para su ejecución.
2) Calidad del plan de trabajo y viabilidad técnica de la propuesta. Se tendrá en cuenta la claridad y coherencia de los objetivos del proyecto, la adecuación de las actuaciones para la consecución de los objetivos perseguidos. Se valorará la claridad y el detalle en la descripción de los procesos de producción previos y posteriores a la implementación del proyecto; la claridad y el detalle en la descripción de los procesos afectados por la implementación del proyecto; la descripción, coherencia, proporcionalidad con las tareas a realizar y los objetivos concretos y la justificación de la función, para cada una de las inversiones y gastos imputados; la representatividad de los entregables propuestos con el proyecto y los objetivos perseguidos.
Asimismo, se valorará la adecuada descomposición del plan de trabajo en paquetes y actividades, así como la coherencia con los objetivos finales y los hitos intermedios; la descripción de las tareas específicas a desarrollar en cada una de las actividades, la concreción en la función del personal y las colaboraciones externas implicadas en el desarrollo de cualquiera de las actividades del proyecto.
3) Adecuada programación temporal del proyecto: se evaluará la adecuación de la programación temporal propuesta teniendo en cuenta su definición, así como el presupuesto consignado en cada fase o hito y las coherencias de los costes imputados en cada actividad.»
20. Se añade un apartado nuevo en el anexo IV.A.4), que queda redactado de la siguiente manera:
«A.4.3 Entidades de reciente creación. Para todas aquellas entidades, con independencia de su forma jurídica, que se hayan constituido a partir del 1 de enero de 2022, y que, por consiguiente, no tengan depositadas cuentas anuales en el registro mercantil, o el registro que corresponda, a fecha de presentación de solicitud, correspondientes a 2021, se aplicarán los criterios que se especifiquen en la convocatoria, que generarán una puntuación distribuida entre 0 y 30 puntos.»
21. Se añade un apartado nuevo en el anexo V, que queda redactado de la siguiente manera:
«A.3 Entidades de reciente creación. Para todas aquellas entidades, con independencia de su forma jurídica, Documentación a entregar por las empresas:
Que se hayan constituido a partir del 1 de enero de 2022, y que, por consiguiente, no tengan depositadas cuentas anuales en el registro mercantil, o el registro que corresponda, a fecha de presentación de solicitud correspondientes a 2021, se aplicarán los criterios que se especifiquen en la convocatoria.»
Se realiza la convocatoria anual, mediante tramitación anticipada, correspondiente al año 2023, de concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación, Transformación y Resiliencia del agroalimentario (PERTE Agroalimentario).
Las concesiones de las ayudas de esta convocatoria se regulan por lo establecido en la presente orden, así como por la orden ICT/738/2022, de 28 de julio.
La convocatoria se enmarca en la Inversión 2, «Programa de Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial», del Componente 12, «Política Industrial», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación), y contribuirá a los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
El ámbito geográfico de las actividades objeto de ayuda será la totalidad del territorio nacional y las ayudas se concederán solo a aquellas entidades beneficiarias cuyos proyectos e inversiones asociadas se desarrollen en el mismo.
1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas las agrupaciones sin personalidad jurídica propia que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 de la orden de bases.
2. En ningún caso podrán formar parte de la agrupación ni obtener la condición de beneficiario entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en los artículos 13.2 y 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o que no estén al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni aquellas empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior.
Asimismo, tampoco podrán formar parte de la agrupación y obtener la condición de beneficiario aquellas entidades que se encuentren en crisis, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.4.c) y 2.18 del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o sus posibles modificaciones posteriores que puedan producirse.
3. Cada agrupación que cumpla los requisitos establecidos podrá presentar un único proyecto tractor.
4. Para ser elegible, el proyecto tractor respetará la estructura y alcance establecido en los artículos 10, 11, 12 y 13, así como en el anexo III de la orden de bases.
5. La responsabilidad solidaria que, en su caso, pudiera afectar a los miembros de la agrupación, regulada en el artículo 5.3.e) de la orden de bases, queda limitada a la ayuda efectivamente recibida por cada entidad, en el marco de su participación en el proyecto tractor. En el caso de los préstamos otorgados a los miembros de la agrupación, cada miembro de la agrupación responderá individual y exclusivamente de la amortización del préstamo que le haya sido asignado y de los incumplimientos en las devolu