Categoría: Judicial

ios atenuados existentes en España una vez cumplida la cuarta parte de la condena, con la posibilidad de concesión del régimen abierto a partir del cumplimiento de un tercio, y de la libertad condicional desde que se alcance la observancia de los dos tercios de la pena».
B) Enjuiciamiento y resolución.
a) La exposición de todos estos motivos tenidos en cuenta para desestimar la pretensión de la demandante, puestos en contraste con los criterios que, desde la perspectiva constitucional, tendrían que haber sido objeto de ponderación para resolver la cuestión planteada, deberán conducir a la estimación del presente recurso de amparo.
En efecto, los argumentos expuestos en las resoluciones judiciales impugnadas no satisfacen los criterios que, desde la perspectiva que es propia de este tribunal, debieron ser objeto de valoración para resolver la cuestión invocada por la recurrente. Varios son los motivos que justifican esta decisión.
(i) El sistema de prosecución previsto en el art. 9.1.a) del Convenio de 1983 permite la posible adaptación de la pena impuesta por el Estado de condena, en los términos previstos en su art. 10.2, sin que eso implique la confusión con el denominado sistema de conversión.
El principio de legalidad exige, en una primera aproximación al problema abordado, el respeto a la literalidad de los preceptos recogidos en el Convenio de 1983. Por ello, tal y como se expuso en el fundamento jurídico 4 de esta resolución, la diferencia entre ambos sistemas no reside en una eventual revisión o adaptación de la pena impuesta en el Estado de condena, sino en los principios que rigen ambas figuras. En el sistema de conversión, la pena a ejecutar es una nueva pena fijada por el Estado de cumplimiento, mientras que, en el sistema de prosecución, la pena que se ejecuta es la establecida por el Estado de condena. Eso no excluye que en este sistema de prosecución se pueda adaptar la pena impuesta en el Estado de condena, siempre que se cumplan las condiciones previstas para ello en el art. 10.2 del Convenio, que, en lo que atañe a la duración de la pena, conlleva, de una parte, que la sanción a cumplir en el Estado de su ejecución no exceda de la que le fue impuesta en el Estado de condena; y, de otro lado, que aquella sanción no pueda exceder del máximo previsto por la ley del Estado de cumplimiento.
Por lo tanto, el respeto escrupuloso a lo dispuesto en este instrumento de cooperación no puede suponer confusión alguna entre sistemas ni, en consecuencia, un incumplimiento de un compromiso internacional. La posible adaptación de la pena no implica la revocación de la declaración manifestada por España en el momento de la ratificación del Convenio de 1983, en el sentido de excluir la aplicación del sistema de conversión optando por el sistema de prosecución, ya que este permite, como se ha expuesto, adaptar la pena impuesta en el Estado de condena.
(ii) Tal y como señalan las resoluciones impugnadas, los criterios de la Decisión marco de 2008, recogidos en la Ley 23/2014, no pueden servir para integrar las disposiciones del Convenio de 1983, ni deben ser directamente aplicadas o tenidas en cuenta necesariamente como criterios interpretativos de ese convenio, como propugna el Ministerio Fiscal. Se trata de instrumentos que responden a principios diferentes, en cuanto que adoptados en ámbitos internacionales diversos: la Unión Europea (de la que no forma parte Turquía) y el Consejo de Europa (del que sí es miembro Turquía).
Sin embargo, en la tarea de interpretación del Convenio de 1983, podría haberse tenido en consideración que, tanto Turquía como España, son Estados miembros del Consejo de Europa y, por tanto, comparten unos presupuestos jurídicos comunes en cuanto firmantes del Convenio europeo de derechos humanos y del citado Convenio de 1983. En este extremo, el texto del art. 10.2 del Convenio de 1983 incluye una exigencia que afecta a la adaptación de la pena en el Estado de cumplimiento: El de que la pena a cumplir no puede exceder del máximo previsto por la ley del Estado de cumplimiento.
(iii) Conectado con lo anterior, la interpretación de lo dispuesto en el tenor literal del Convenio de 1983 no puede suponer merma alguna para la confianza en las relaciones entre los Estados firmantes de ese acuerdo internacional, a los que une, además, la coincidencia en valores, principios e intereses comunes, surgidos de la ratificación del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de la pertenencia al Consejo de Europa de los Estados de condena y de cumplimiento, como ocurre en este caso con la República de Turquía y el Reino de España, respectivamente.
Por ello, como expone atinadamente el Ministerio Fiscal, la posible adaptación de una pena implica en el presente caso una medida mucho menos gravosa –desde la perspectiva de la estabilidad de los vínculos entre Estados– que la prevista en el art. 12 del propio Convenio de 1983, que permite a las partes «conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena de conformidad con su Constitución o sus demás normas jurídicas». En consecuencia, ninguna desconfianza debería generar la mera adaptación de una pena si, respetando los términos del propio convenio, se podría incluso llegar a dejar sin efecto el cumplimiento de la impuesta en el Estado de condena por la vía de otros instrumentos de reducción de su duración, contenidos en el ordenamiento interno del Estado de cumplimiento.
(iv) Al margen de lo ya expuesto, el principal argumento –material o de fondo– empleado para desestimar la pretensión de la recurrente ha sido la equiparación entre los conceptos de «compatibilidad» y «proporcionalidad». Una asimilación que, sin embargo, no puede fundamentarse en la doctrina de este tribunal dimanante de las SSTC 55/1996 y 136/1999, citadas en la sentencia del Tribunal Supremo impugnada.
La STC 55/1996, de 28 de marzo, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad en la que se planteaba la posible desproporción de las penas (en relación con lo dispuesto en los arts. 1.1, 9.3, 10.1, 17.1, 16 y 25.2 CE) que se asignaban al comportamiento del objetor de conciencia al servicio militar que rehusaba cumplir la prestación social sustitutoria (art. 2.3 de la Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre, ulteriormente derogado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal). En esa resolución se abordaba el principio de proporcionalidad desde la vertiente comparativa entre la entidad del delito y la de la pena asignada. Y se destacaba la «potestad exclusiva del legislador para configurar los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales, y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que intenta conseguirlo». En el ejercicio de esa competencia, el legislador «goza, dentro de los límites establecidos en la Constitución, de un amplio margen de libertad que deriva de su posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática. […] [y] ha de atender no solo al fin esencial y directo de protección al que responde la norma, sino también a otros fines legítimos que puede perseguir con la pena y a las diversas formas en que la misma opera […] y que se clasifican doctrinalmente bajo las denominaciones de prevención general y de prevención especial». No obstante, se advertía que este tribunal no puede «renunciar a todo control material sobre la pena, ya que […] como se [afirmaba] en la STC 53/1985, de 11 de abril, el legislador “ha de tener siempre presente la razonable exigibilidad de una conducta y la proporcionalidad de la pena en caso de incumplimiento” (FJ 9)». Eso permite a este tribunal realizar un control de la proporcionalidad de las penas que «habrá de partir de pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles».
Se trata, en todo caso, de un análisis del principio de proporcionalidad circunscrito al momento de la definición legislativa de las penas imponibles, que no abarca el proceso ulterior de interpretación y aplicación de la norma, cuyo control de constitucionalidad debe «tener lugar de forma y con intensidad cualitativamente distinta», ya que se parte de una previa definición por el legislador de un determinado rango penológico [FFJJ 6 y 9, con cita, entre otras, de las SSTC 11/1981, FJ 7; 65/1986, FJ 3, y 160/1987, FJ 6.b)].
Lo mismo puede decirse de la STC 136/1999, de 20 de julio, en la que, desde la perspectiva del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), el tribunal estimó un recurso de amparo porque, en el tipo entonces vigente del delito de colaboración con banda armada [art. 147bisa) CP], no figuraba previsión alguna que permitiera atemperar la respuesta punitiva en función de la mayor o menor entidad de la colaboración prestada. En esa sentencia (FJ 23) se hacía una remisión a la doctrina expuesta en la ya citada STC 55/1996, FFJJ 7 y 8, en el sentido de insistir en los parámetros de constitucionalidad para el enjuiciamiento de la proporcionalidad de las penas fijadas por el legislador. A tal efecto, se ha de verificar que la norma penal no produzca «un patente derroche inútil de coacción que convierte la norma en arbitraria y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho». De esta forma, desde la perspectiva constitucional, solo cabrá calificar la norma penal o la sanción penal como innecesarias cuando, «a la luz del razonamiento lógico, de datos empíricos no controvertidos y del conjunto de sanciones que el mismo legislador ha estimado necesarias para alcanzar fines de protección análogos, resulta evidente la manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos para la consecución igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el legislador».
En el contexto en que nos encontramos, la ponderación sobre la vigencia del principio de proporcionalidad, utilizando la doctrina expuesta en las SSTC 55/1996 y 136/1999, no responde al fundamento de estas resoluciones. Como se ha indicado, los citados pronunciamientos de este tribunal aparecen íntimamente ligados al enjuiciamiento en abstracto de la constitucionalidad de una norma penal, pero no son directamente trasladables al proceso de interpretación y aplicación concreta de lo dispuesto en el art. 10.2 del Convenio de 1983.
Como ya se ha expuesto, la cuestión que aquí se plantea se centra en la interpretación, en clave de constitucionalidad, del art. 10.2 del Convenio de 1983. Este precepto permite adaptar la pena impuesta en el Estado de condena, siempre que su duración sea «incompatible» con la prevista en el Estado de cumplimiento, en este caso, en España. La norma emplea la palabra «incompatible», no «desproporcionada». Una mera exégesis gramatical permite distinguir ambos conceptos. La «incompatibilidad» hace referencia a todo aquello que no pueda estar, funcionar o coexistir con otra persona o cosa, es decir, que sea sustancialmente diferente, antagónico, contradictorio, imposible o irreconciliable. La «desproporción», en cambio, hace alusión a todo aquello que no guarde una adecuada o equilibrada relación con otro u otros elementos, lo que no implica necesariamente que sean excluyentes entre sí.
Sin embargo, más allá de la mera definición conceptual basada en su literalidad, el principio de proporcionalidad valorado por la resolución del Tribunal Supremo conduce a soluciones insatisfactorias desde la perspectiva de la vigencia del principio de legalidad como garantía irrenunciable del derecho a la libertad. Un principio del que se deriva, a su vez, la debida seguridad jurídica [STC 147/2020, de 19 de octubre (FJ 6), con cita de la STC 141/1998, de 29 de junio (FJ 4)]. Como señala la STEDH de 7 de julio de 2009 (asuntoGrori c. Albania), «en materia de privación de libertad es de particular importancia que se satisfaga el principio general de seguridad jurídica. Por lo tanto, es fundamental que las condiciones de privación de libertad […] estén claramente definidas y que la ley misma sea previsible en su aplicación, de modo que cumpla con el estándar de «legalidad» establecido por la convención (verBaranowski c. Polonia, núm. 28358/95, § 52, CEDH 2000-III)» (§ 148). En el presente caso, el criterio adoptado por la sentencia del Tribunal Supremo aparece anclado sobre unas bases no previstas expresamente en la norma y que, por tanto, no ofrecen suficientes garantías de seguridad jurídica.
La resolución impugnada acude a otro precedente (la STS 820/2013, de 17 de octubre) en el que, en realidad, no se fija un criterio concreto sobre lo que debe entenderse como una diferencia «desproporcionada» entre penas. A tal efecto, se hace referencia a varios elementos ponderativos para concluir, a modo de «ejemplo», que una pena que «supere el doble de la fijada en el Código del país de cumplimiento ha de entenderse que es muy probable que colisione con el principio de proporcionalidad».
Y este es el criterio que, en definitiva, se emplea para desestimar la pretensión de la ahora recurrente en amparo. La resolución no explica por qué se utiliza este parámetro ponderativo del «doble» de la pena que, además, tampoco asegura su desproporción –que se considera solo como «muy probable»–, ni el motivo por el que un determinado porcentaje expuesto a modo de «ejemplo» se convierte a la postre en el elemento definitivo. Con ello se introduce un criterio que, por su carácter eventual o hipotético, no puede satisfacer el principio de seguridad jurídica, inherente a la legalidad como garantía del derecho a la libertad.
El criterio empleado, además, conduce a la aparente paradoja de que, cuanto más grave y, por tanto, desproporcionada sea la pena impuesta en el Estado de condena, más posibilidades existen de que sea adaptada a la legislación de nuestro país. En el presente caso, según se desprende de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 11 de Bakirköy, obrante en las actuaciones, la pena inicialmente impuesta era la de dieciocho años de prisión, que fue reducida hasta los quince años «teniendo en cuenta el estado y el comportamiento de la imputada después del delito y durante el proceso del juicio [y] los efectos posibles de la pena sobre el imputado». Por lo tanto, la sentencia tuvo en cuenta la conducta de la recurrente después de cometido el delito, así como los efectos de una pena de esa gravedad para moderar la duración de la condena. De no haber sido así, la pena impuesta hubiera alcanzado los dieciocho años de prisión, lo que habría supuesto el doble de la pena máxima imponible en España. Es decir, que si la penada hubiera mostrado una conducta negativa, la pena hubiera sido de mayor gravedad y, ante esa hipotética situación, siguiendo el criterio mantenido en la resolución impugnada, se hubiera adaptado la pena hasta los nueve años de prisión y, en consecuencia, se habría producido una reducción significativa de la condena.
En definitiva, la incompatibilidad prevista en la norma, es decir, la discordancia objetiva entre penas, se convierte –según la resolución impugnada– en una comparativa porcentual de su duración de la que se hace depender un criterio valorativo de carácter más subjetivo que conduce, de manera ineludible, a que una ciudadana española cumpla en España una pena que, en ningún caso, sería imponible en nuestro país. De esta forma, las características de razonabilidad y seguridad inherentes al principio de legalidad han quedado considerablemente diluidas.
(v) El régimen penitenciario no puede utilizarse tampoco como criterio para «compensar» las diferencias penológicas existentes entre el Estado de condena y el de cumplimiento. El Convenio de 1983 parte de la base de que, en todo caso, se aplica el régimen penitenciario del Estado de cumplimiento. Así se deduce de lo dispuesto en su art. 9.3, cuando señala que el «cumplimiento de la condena se regirá por la ley del Estado de cumplimiento y este Estado será el único competente para tomar todas las decisiones convenientes». En la misma línea, el art. 8.2 establece que el Estado de condena «no podrá hacer que se cumpla la condena cuando el Estado de cumplimiento considere el cumplimiento de la condena como terminado».
Por lo tanto, la mayor o menor compatibilidad de una pena no puede hacerse depender de la eventual aplicación del régimen penitenciario, que presupone una previa delimitación de la pena a cumplir, al margen de su duración, y que responde a principios específicos como los de la «reeducación y reinserción social» recogidos en el art. 25.2 CE (SSTC 69/2012, de 29 de marzo, FJ 5, y 114/2012, de 24 de mayo, FJ 7, citadas por el Ministerio Fiscal).
Además, como señala la STC 169/2021, de 6 de octubre, FJ 4, con cita y reseña de la STC 114/2021, de 24 de mayo, FJ 7, «a través del sistema de individualización científica, la previsión de clasificación en diversos grados, los permisos ordinarios y extraordinarios de salida, las comunicaciones personales, los regímenes de cumplimiento en semilibertad y la posibilidad de obtener la libertad condicional, incluso de forma anticipada, constituyen un elenco de medidas que favorecen y posibilitan la reeducación y reinserción social, si [la] conducta penitenciaria [de los penados] y su evolución muestra que se hallan en condiciones de hacer vida honrada en libertad». Por lo tanto, la aplicación del régimen penitenciario dependerá, en gran medida, de la propia conducta ulterior de la penada, que no puede determinarse apriorísticamente, por lo que no puede utilizarse como elemento «compensador» previo para resolver sobre las diferencias penológicas existentes.
(vi) El principio de motivación reforzada de cualquier resolución judicial que afecte a un derecho fundamental de carácter sustantivo exige, conforme a lo expuesto, entre otras, en la STC 29/2019, de 28 de febrero, FJ 3 d), lo siguiente: «1) una argumentación que ha de ser "suficiente y razonable", entendiendo por tal no la que colma meramente las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que respeta el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la libertad afectado; 2) la justificación de la legitimidad constitucional de la privación de libertad o, más concretamente, el presupuesto de la medida y el fin constitucionalmente legítimo perseguido; y 3) la ponderación de las circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima, permitan la adopción de dicha decisión [por todas, SSTC 179/2005, FJ 2, y 65/2008, de 29 de mayo, FJ 4 c), y jurisprudencia allí citada]». La interpretación y aplicación práctica del Convenio de 1983 no se ha ajustado a los parámetros propios de la motivación reforzada, dado que no se han tenido en cuenta los principios que inspiran y justifican la regulación sobre el derecho a la libertad, en el concreto ámbito de la cooperación judicial internacional, que conlleva la ejecución en nuestro país de penas privativas de libertad impuestas por un tribunal extranjero, de acuerdo con las prescripciones de una norma convencional suscrita y ratificada por ambos Estados.
Así, el respeto a la legalidad hubiera exigido, al menos, razonar sobre la eventual inaplicación de las cláusulas previstas en el art. 10 del Convenio. Ante la literalidad del precepto, el tribunal hubiera debido explicar por qué no consideraba aplicables los límites penológicos derivados del sistema de prosecución. En concreto, por qué no resultaba aplicable el inciso final del art. 10.2 del Convenio, que dispone que la pena no podrá «exceder del máximo previsto por la ley del Estado de cumplimiento».
b) Por otro lado, en este ámbito rigen los principios de taxatividad y de interpretación restrictiva de los preceptos reguladores de cualquier privación de libertad, así como la interpretación más favorable a la efectividad de este derecho. Así se declaró, entre otras, en la STC 29/2019, de 28 de febrero, FJ 3 a) iii): «[L]a interpretación […] ha de conducir a la elección y aplicación, en caso de duda, de la norma menos restrictiva de libertad (SSTC 88/1988, de 9 de mayo, FJ 1; 98/2002, de 29 de abril, FJ 3, y 95/2007, de 7 de mayo, FJ 4)». Y lo mismo ha declarado la STEDH de 7 de julio de 2009 (asuntoGrori c. Albania), al destacar en su § 147, que la «lista de excepciones prevista en el artículo 5 § 1 es exhaustiva (véaseLabita c. Italia[GC], núm. 26772/95, § 170, ECHR 2000-IV, yQuinn c. France, sentencia de 22 de marzo de 1995, Serie A núm. 311, p. 17, § 42) y solo una interpretación restringida de dichas excepciones es consistente con el objetivo de esa disposición, a saber, garantizar que nadie sea privado arbitrariamente de su libertad (véaseEngel y otros c. los Países Bajos, sentencia de 8 de junio de 1976, Serie A, núm. 22, p. 25, § 58, y Amuur contra Francia, sentencia de 25 de junio de 1996, Informes 1996-III, página 848, § 42)».
c) La aplicación de estos principios exigía, al menos, razonar los motivos por los que finalmente se acogió la opción que, entre las varias interpretaciones posibles del precepto, implicaba una mayor restricción del derecho a la libertad. Del mismo modo, la comparación entre los diferentes rangos penológicos que, legítimamente, se establecen en los distintos Estados no puede hacerse en abstracto, sino en concreto. Por ello, utilizar como argumento complementario, por remisión a la STS 370/2019, de 23 de julio, que «la pena de quince años de prisión no resulta insólita para nuestra legislación» porque esta «admite penas que alcanzan los dieciocho años de prisión para los jefes, encargados o administradores de organizaciones delictivas», supone una extensión del margen interpretativo de la norma que no se ajusta a las circunstancias del caso concreto. Comparación que, además, resulta innecesaria desde el momento en que la propia resolución impugnada admite que la pena máxima a imponer en nuestro ordenamiento jurídico es la de nueve años de prisión, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 368 y 369.1.5 CP.
d) En definitiva, lo dispuesto en el art. 10.2 del Convenio de 1983, unido a los criterios interpretativos y aplicativos derivados de las garantías que integran el contenido esencial del derecho a la libertad, hubieran permitido a los órganos judiciales españoles fundamentar, en este caso, sus decisiones sobre la base de verificar si la «duración» de la pena privativa de libertad impuesta era o no «compatible» con una de las dos reglas establecidas en el último inciso de aquel apartado 2, esto es, con la de determinar si aquella duración excedía, en términos de compatibilidad con la norma penal española, de la del máximo previsto por el Código penal español.
La «compatibilidad» de la duración de la pena, que es el único objeto de la controversia, exige, como apunta su propio significado, un juicio razonado de lo que puede existir o interactuar de forma armónica con otra cosa. Es decir, presupone la puesta en comparación de dos latitudes penológicas, la impuesta por el Estado de condena y la prevista por el Estado de cumplimiento para ese mismo supuesto y en sus mismas circunstancias. Y, a partir de este punto de partida, emitir un razonamiento lógico que deberá llevar a una decisión final sobre si aquella condena es o no compatible en duración con la del Código penal español. Para ello, se habrán de tener en cuenta los ya expuestos principios de seguridad jurídica, taxatividad e interpretación restrictiva de los preceptos reguladores de cualquier privación de libertad, así como la interpretación más favorable a la efectividad de este derecho y las circunstancias concretas que concurran en el caso. Finalmente, de llegar a un resultado de incompatibilidad, habrá que adaptar aquella pena a la prevista en la norma española.
En el presente supuesto, la solución del caso se ha fundamentado en el principio de proporcionalidad de la pena. Para ello se ha utilizado un criterio que es el del doble de la pena prevista para el delito y las circunstancias de que se trate, y se ha utilizado como único baremo para dirimir aquella compatibilidad, cuando el mismo no está previsto en la norma convencional aplicable y fue citado, como uno más, a título de ejemplo orientador de aquella «incompatibilidad», por una sentencia anterior del Tribunal Supremo. Esa fundamentación no se corresponde con los principios y exigencias propias de la motivación reforzada que deben justificar una limitación al derecho fundamental a la libertad personal, en los términos que ya hemos expuesto con anterioridad.
Por ello, debemos acoger la pretensión de amparo de la recurrente y estimar infringido el derecho a la libertad personal reconocido en el art. 17.1 CE, lo que excluye la necesidad de continuar con el análisis de la eventual vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho, por incongruencia omisiva. La estimación del recurso dará oportunidad a que los órganos jurisdiccionales se pronuncien sobre la vigencia del arresto sustitutorio en caso de impago, también denunciada por la recurrente.
7. Efectos de la estimación del amparo.
La interpretación y aplicación de la normativa establecida en el Convenio de 1983 es competencia de los órganos de la jurisdicción ordinaria, a los que corresponderá la concreta determinación de la pena que deba cumplir en España la recurrente en amparo.
En consecuencia, la estimación de este recurso habrá de conducir a la declaración de nulidad de las resoluciones impugnadas y a la retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado de la primera de ellas, a fin de que por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se dicte una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho vulnerado, en los términos expuestos en el fundamento jurídico anterior.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Paloma Pascual Lozano y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal de la recurrente (art. 17.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia 619/2020, de 18 de noviembre, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, rollo núm. 10152-2020, que desestimó el recurso de casación interpuesto contra el auto de 27 de noviembre de 2019, que también se anula, dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y recaído en el rollo núm. 41-2017.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al auto de 27 de noviembre de 2019, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a fin de que se dicte una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, en los términos expuestos en el fundamento jurídico 6 de esta sentencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintisiete de junio de dos mil veintidós.–Juan Ortiz Hidalgo Gil.–Antonio Narváez Núñez Conde-Pumpido Tourón.–Ramón Muñoz Castro.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Serrano Santana.–Firmado y rubricado.