Categoría: Cultura

ermediación y, en su caso, la concesión de determinadas ventajas económicas, mediante la expedición del Carné Joven Europeo y otras credenciales.
La emisión y gestión de los carnés corresponderá a la consejería competente en materia de juventud, que podrá realizarla directamente o a través de otras entidades públicas o privadas.
La regulación de estos carnés y sus prestaciones se regirá por su normativa de desarrollo.
2. Red Canaria de Albergues Juveniles.
La consejería competente en materia de juventud fomentará la creación y mantenimiento de una red de albergues juveniles en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, de titularidad pública o privada, siendo la integración en la misma requisito imprescindible para la integración en la Red Española de Albergues Juveniles, y para su reconocimiento por las Federaciones Europea e Internacional de Albergues Juveniles.
El reconocimiento, inscripción y requisitos que deban reunir los albergues juveniles para su funcionamiento se regirán por su normativa de desarrollo.
3. Servicios de integración social para jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
La consejería competente en materia de juventud fomentará la realización, en coordinación con el centro directivo con competencias en materia de personas menores, de proyectos de integración social y de promoción de servicios y prestaciones para la emancipación, de personas jóvenes ex tuteladas y en dificultad social, personas mayores de edad, atendiendo a los términos establecidos para esta materia en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, o norma que en el futuro la sustituya.
Estos proyectos y servicios de integración social van dirigidos a personas jóvenes ex tuteladas en situación o riesgo de exclusión social, que al salir de los centros de acogimiento residencial de personas menores bajo medida de protección, no tienen alternativa convivencial y no están insertadas laboralmente.
A los efectos de la presente ley, tendrán la consideración de recursos y/o equipamientos juveniles, los albergues, los campamentos juveniles, las casas de juventud y los espacios físicos que dispongan de la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades socioeducativas y de ocio y tiempo libre, que permitan el desarrollo integral de la juventud, el acceso igualitario de mujeres y hombres jóvenes y de la población juvenil con diversidad funcional o discapacidades.
La consejería competente en materia de juventud creará y mantendrá actualizado un mapa o inventario de recursos, equipamientos y servicios juveniles en colaboración con las entidades públicas canarias, con descripción detallada de los mismos.
Este inventario deberá contar, como mínimo, con la siguiente información de cada recurso o equipamiento: titularidad, fecha de creación, objeto, descripción de actividades, normas de funcionamiento, accesibilidad y características de uso.
Las políticas, programas y acciones juveniles se financiarán mediante aportaciones presupuestarias de la comunidad autónoma, de los cabildos y de los ayuntamientos y, en su caso, con las contribuciones de los usuarios y usuarias, así como a través de cualquiera otra aportación económica proveniente de otras administraciones u otras entidades públicas o privadas que, en su caso, pudiera producirse.
1. En los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias se consignarán anualmente los créditos necesarios para las siguientes actuaciones:
a) El desarrollo del Plan Integral de Juventud de Canarias.
b) El funcionamiento del Consejo de Políticas de Juventud.
c) El funcionamiento del Consejo de la Juventud de Canarias, de acuerdo con el régimen específico establecido en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen.
d) Las actividades contenidas en los convenios suscritos con cabildos, ayuntamientos y entidades privadas, en el porcentaje que corresponda a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. En cualquier caso, los departamentos del Gobierno de Canarias que, por razón de su competencia funcional, incidan en el ámbito juvenil, reservarán el crédito necesario para desarrollar los proyectos y acciones juveniles según las prescripciones que se contengan en el Plan Integral de Juventud y, con carácter orientador, en la presente ley.
3. Los créditos aplicables a las políticas, programas y acciones juveniles figurarán presupuestariamente en partidas específicas.
1. Los cabildos insulares y los ayuntamientos canarios establecerán en sus presupuestos las dotaciones para la financiación de las prestaciones en materia juvenil que en cada momento les vengan impuestas por la legislación en vigor y los convenios suscritos con otras administraciones, así como para la creación y funcionamiento de los órganos insulares y municipales a que se refiere la presente ley.
2. Los cabildos y los ayuntamientos canarios que establezcan en su presupuesto, para financiar políticas, programas y acciones juveniles, dotaciones no inferiores al 1% del total del estado de gastos, excluidas las aportaciones que, en su caso, reciban de otras administraciones para estos fines, tendrán preferencia para suscribir acuerdos de colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, siempre al amparo del Plan Integral de Juventud.
1. El Gobierno de Canarias, dentro de sus previsiones presupuestarias, establecerá convenios de cooperación o colaboración con los entes locales de duración preferentemente plurianual.
2. Las administraciones públicas de Canarias fomentarán la implicación y compromiso de la iniciativa social de las entidades privadas en políticas de apoyo a la juventud.
1. La juventud destinataria de las políticas, programas y acciones juveniles participará en su sostenimiento en las condiciones económicas que reglamentariamente se determinen. A tales efectos, las entidades públicas fijarán las cuotas de contribución en el precio de las diversas prestaciones. En las políticas, programas y acciones juveniles públicos, y en los privados que reciban financiación pública, la cuota de participación de las personas destinatarias no podrá ser superior a la diferencia entre la subvención y el coste real de la acción, que deberá ser fijado objetivamente por la correspondiente Administración en el respectivo instrumento.
2. En todo caso, el régimen de contribución de la juventud habrá de establecerse atendiendo a criterios de solvencia económica, y a los principios rectores y de actuación consagrados en esta ley.
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio de las competencias en materia de inspección para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y en las disposiciones que la desarrollen.
2. Se destinarán los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de la función inspectora, que podrán contemplar mecanismos de coordinación entre las diferentes consejerías implicadas cuando la naturaleza de la acción inspectora así lo aconseje.
1. Las actuaciones inspectoras se llevarán a cabo con estricta sujeción a lo dispuesto en la presente ley y en las restantes normas que resulten de aplicación, velando por la seguridad de las personas jóvenes usuarias de actividades, servicios y equipamientos, y vigilando que los profesionales de juventud cuenten con la capacitación precisa para las actividades que desempeñan.
2. La consejería competente en materia de juventud habilitará, entre su funcionariado, personal capacitado para realizar las funciones de inspección, que recibirá formación específica en las materias relacionadas con el objeto de la función inspectora.
3. El personal funcionario habilitado para el ejercicio de la función inspectora tendrá la consideración de autoridad en el ejercicio de la misma, y gozará de la protección y atribuciones establecidas en la normativa vigente, pudiendo recabar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la policía autonómica y local.
4. En el ejercicio de sus funciones, el personal habilitado podrá requerir la información y documentación que estime necesaria para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de juventud, así como acceder, libremente y sin previo aviso, a los locales, instalaciones, actividades o servicios sometidos al régimen establecido en la presente ley y en su normativa de desarrollo, viniendo obligado a identificarse mostrando las credenciales acreditativas de su condición.
5. El personal funcionario habilitado para el ejercicio de la actividad inspectora deberá guardar sigilo y secreto profesional respecto a los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones.
1. De cada actuación inspectora se levantará la oportuna acta de inspección, en la que deberán constar, como mínimo, los siguientes datos:
a) Fecha, hora y lugar de las actuaciones.
b) Identificación de la persona que realiza la actuación inspectora.
c) Identificación de la entidad, centro o servicio inspeccionados, y de la persona ante cuya presencia se efectúa la inspección.
d) Descripción de los hechos y circunstancias concurrentes, medios de prueba empleados, medidas cautelares adoptadas y, en su caso, infracción supuestamente cometida, haciendo constar el precepto que se entiende vulnerado.
e) Firma de la persona que realiza la actuación inspectora y de la persona titular o de su representante o de quien se encuentre al frente del centro, servicio o actividad inspeccionados o, en su caso, de la persona ante cuya presencia se efectúa la inspección. Si esta se negara a firmar, se hará así constar en diligencia extendida a tal efecto. La firma del acta no implicará la aceptación de su contenido.
2. Las actas se extenderán en presencia de la persona titular del centro, servicio o actividad inspeccionados, de su representante legal o encargado o, en su defecto, de cualquier persona dependiente de aquella, presente en las instalaciones o actividades inspeccionadas, que pueda identificarse como responsable de estas en ese momento.
3. Del acta levantada se entregará copia a la persona ante quien se extienda, haciéndose constar expresamente en la misma dicha entrega.
Son infracciones administrativas en materia de juventud las acciones u omisiones, dolosas o imprudentes, que estén tipificadas y sancionadas como tales en la presente ley y sus normas de desarrollo.
Las infracciones administrativas en materia de juventud darán lugar a la adopción por las administraciones públicas competentes de las medidas siguientes:
a) Las que procedan para la exigencia de la correspondiente responsabilidad administrativa.
b) Las pertinentes para el resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean declarados responsables.
c) Las que procedan para la exigencia ante los tribunales de justicia, en su caso, de la correspondiente responsabilidad penal.
1. Si los hechos constitutivos de la responsabilidad administrativa pudieran ser, además, tipificados como delitos en el Código Penal, el órgano competente de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias lo comunicará al Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación. Deberá suspenderse la tramitación del procedimiento sancionador si existe identidad de sujetos, hechos y fundamento, una vez que la autoridad judicial haya comunicado que se ha iniciado el correspondiente proceso penal.
No obstante, las medidas provisionales adoptadas en virtud de lo dispuesto por la presente ley podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
2. De no estimarse la existencia de delito, se continuará con el procedimiento sancionador, tomando como base los hechos que la autoridad judicial haya considerado probados.
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Son infracciones muy graves:
a) La negativa u obstaculización que impida la labor inspectora.
b) Haber sido sancionado, por resolución firme, por la comisión de tres o más faltas graves en el período de dos años.
c) Llevar a cabo, en instalaciones juveniles o durante el desarrollo de actividades de tiempo libre, acciones o conductas que promuevan el racismo, la xenofobia, la violencia contra las mujeres, la LGTBIfobia u otros comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico o a los valores democráticos.
d) Efectuar modificaciones sustanciales en la prestación de servicios o en las instalaciones juveniles sin cumplir las formalidades reglamentarias establecidas.
3. Son infracciones graves:
a) La obstaculización de la labor inspectora que no llegue a impedirla.
b) Haber sido sancionado, por resolución firme, por la comisión de tres o más faltas leves en el período de un año.
c) Permitir, en actividades juveniles de tiempo libre, la participación de población menor de edad no acompañada de familiares sin contar con la autorización escrita de las personas titulares de la patria potestad, tutela o guarda.
d) La realización de actividades de tiempo libre sin haber obtenido previamente autorización administrativa.
e) El incumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad en la realización de actividades de tiempo libre.
f) Que el personal no cuente con la capacitación exigida para la realización de tareas vinculadas con las actividades y servicios regulados en la presente ley.
g) Carecer de las pólizas de seguros que en cada caso se requieran.
h) La inobservancia por los usuarios y usuarias de los servicios o instalaciones juveniles de titularidad pública de las normas establecidas en el reglamento interno correspondiente, cuando tal conducta genere una alteración en el funcionamiento o en la convivencia de la instalación o servicio.
i) Exceder la ocupación autorizada en las instalaciones juveniles.
j) La emisión de carnés para jóvenes promovidos por la Administración de la comunidad autónoma sin contar con la autorización previa de esta.
4. Son infracciones leves:
a) Las actuaciones u omisiones que impliquen un mero retraso en el cumplimiento de las obligaciones y funciones que establece la presente ley o que pudieran establecerse reglamentariamente.
b) La omisión de cualquier trámite administrativo obligatorio no comprendido expresamente en otra infracción, así como la presentación de la autorización fuera de plazo.
c) El incumplimiento de la normativa reguladora de los servicios de información juvenil.
d) No contar con todos los recursos señalados en la declaración responsable que habilita para la realización de actividades juveniles de tiempo libre.
e) El incumplimiento de la normativa reguladora de las características y los requisitos necesarios para el desarrollo de las actividades juveniles de tiempo libre.
f) El incumplimiento de la normativa reguladora de las características y los requisitos necesarios para el establecimiento de instalaciones juveniles.
g) La falta de mantenimiento y conservación de los locales e instalaciones juveniles en condiciones aptas para su uso.
h) La utilización de locales e instalaciones juveniles para finalidades diferentes o por personas distintas a las establecidas en la autorización administrativa.
i) El incumplimiento del deber de remisión de la información solicitada por la Administración de la comunidad autónoma. Se entenderá que hay falta de remisión cuando esta no se produzca dentro del plazo concedido por el órgano competente o por la inspección correspondiente.
j) La inobservancia, por los usuarios y usuarias de los servicios o instalaciones juveniles de titularidad pública, de las normas establecidas en el reglamento interno correspondiente, cuando tal conducta no genere una alteración en el funcionamiento o en la convivencia de la instalación o servicio.
k) El incumplimiento por parte de las entidades públicas o privadas de los compromisos adquiridos con la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carnés para jóvenes o de cualquier otra ayuda o beneficio destinados a jóvenes, así como el uso fraudulento de los mismos.
l) El incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en la presente ley cuando el mismo no esté tipificado como infracción grave o muy grave.
1. Serán responsables tanto las personas físicas como las personas jurídicas que, siendo titulares de los centros, servicios o programas, o usuarios y usuarias de los mismos, lleven a cabo, de forma dolosa o imprudente, alguna de las acciones u omisiones que se tipifican como infracciones administrativas en la presente ley.
2. A estos efectos, se entenderá por titular de un centro, servicio o programa, a la persona física o jurídica, pública o privada que, bajo cualquier título, lo gestione. Así mismo, y a los efectos previstos en los apartados anteriores, se definen los siguientes conceptos:
a) Centro: lugar de titularidad pública o privada donde se reúnen, acuden o concentran jóvenes con la finalidad de desarrollar cualquier actividad destinada a la juventud o donde se prestan servicios a su favor.
b) Servicio: actividad prestacional de carácter público o privado destinada a la juventud de Canarias.
c) Programa: instrumento de planificación público o privado que tenga por destinataria a la juventud de Canarias.
Las infracciones leves darán lugar a las siguientes sanciones:
a) Amonestación por escrito.
b) Multa de hasta 600 euros.
c) En su caso, revocación del carné joven.
d) En el caso de residentes en las residencias juveniles, la multa podrá ser sustituida por la expulsión temporal de la residencia por un periodo de entre 1 y 30 días, sin derecho al reintegro del precio correspondiente al periodo de expulsión.
1. Las infracciones graves darán lugar a las siguientes sanciones:
a) Multa desde 600,01 a 6.000 euros.
b) Imposibilidad de obtención o, en su caso, suspensión de la autorización administrativa necesaria para el desarrollo de actividades o servicios por un período de tiempo de hasta seis meses.
c) En el caso de residentes de las residencias juveniles, la multa podrá ser sustituida por la expulsión definitiva, sin derecho a la devolución de la fianza.
2. En las infracciones graves podrán imponerse como sanciones accesorias:
La clausura temporal de una edificación para su uso como instalación juvenil, escuela de animación en el tiempo libre o servicio de información joven por un período de hasta cuatro años.
La inhabilitación por un período de hasta cuatro años del personal titulado en los ámbitos de promoción juvenil regulados en la presente ley.
La inhabilitación para percibir subvenciones de la Administración de la comunidad autónoma durante un período de hasta cuatro años.
1. Las infracciones muy graves establecidas darán lugar a las siguientes sanciones:
a) Multa de 6.000,01 a 30.000 euros.
b) Imposibilidad de obtención o, en su caso, suspensión de la autorización administrativa necesaria para el desarrollo de actividades o servicios por un período de tiempo de hasta doce meses.
2. En las infracciones muy graves podrán imponerse como sanciones accesorias:
a) La clausura de la instalación, escuela de animación en el tiempo libre o del servicio de información joven de forma definitiva o por período superior a cuatro años e inferior a ocho.
b) La inhabilitación definitiva o por período superior a cuatro años e inferior a ocho, del personal titulado en los ámbitos de promoción juvenil regulados en la presente ley.
c) La inhabilitación para percibir subvenciones de la Administración de la comunidad autónoma, durante un período de entre cinco a diez años.
1. Las sanciones se graduarán en atención a las siguientes circunstancias:
a) El número de personas afectadas.
b) La naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados.
c) El beneficio ilícito obtenido.
d) La existencia de reiteración o reincidencia.
e) La intencionalidad o dolo del sujeto infractor.
2. Con independencia de la sanción que se imponga, la persona responsable estará obligada a resarcir los daños y perjuicios causados por la infracción.
1. Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años, y las leves al año.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los dos años, las graves al año, y las leves a los seis meses.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o norma que la sustituya, de acuerdo con el procedimiento aplicable en la normativa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Los procedimientos sancionadores incoados en virtud de infracciones cometidas en el ámbito de la aplicación de la presente ley deberán resolverse y notificarse en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento.
1. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, el órgano competente para incoar e instruir los procedimientos sancionadores en materia de juventud será la persona titular del centro directivo competente en materia de juventud.
2. Por el Gobierno de Canarias se establecerán reglamentariamente los órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores e imponer, en su caso, las sanciones previstas en el presente título.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por sí misma o a través de cualquier organismo o entidad de titularidad autonómica, habilitará y potenciará líneas de financiación a los ayuntamientos, que se adaptarán a los importes de los créditos existentes para cada anualidad que se aprueben consignar en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, y que permitan impulsar la creación de unidades técnicas de juventud por parte de aquellos municipios que carezcan de ellas, para facilitar el cumplimiento de los objetivos y obligaciones previstos en la presente ley.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de Canarias aprobará el primer Plan Integral de Juventud de Canarias, del que se dará cuenta al Parlamento de Canarias.
Los centros de información juvenil creados al amparo del artículo 43.a) de la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud, continuarán prestando servicios en las condiciones en las que fueron reconocidos, ajustándose en su funcionamiento a los postulados recogidos en la presente ley.
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley, y tras los trámites que procedan, el Gobierno de Canarias aprobará una orden en la que se establecerán aquellas medidas organizativas que se consideren oportunas para garantizar la plena operatividad del funcionamiento del Consejo de la Juventud de Canarias así como el correcto desenvolvimiento de las funciones que la presente ley le atribuye.
1. Queda derogada expresamente la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud.
2. Las disposiciones normativas de carácter reglamentario que regulen materias afectadas por la presente ley continuarán vigentes mientras no se opongan a ella y no sean derogadas expresamente.
El Gobierno de Canarias, en el ámbito de sus competencias, dictará cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo de esta ley.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Canarias, 1 de marzo de 2023.–El Presidente, Ángel Montero Ramos Giménez.