Categoría: Economía y Empleo

edimientos de exigencia del reintegro, cuando este sea propuesto por el órgano de control interno. Por otra, en el artículo 95 ter, referido al control de los fondos europeos, se incluye la referencia al control que puede aplicarse sobre las actuaciones realizadas por los órganos gestores respecto al resultado de las auditorías de operaciones. Asimismo, se han suprimido del precepto las referencias a normas comunitarias que ya no resultan de aplicación, sustituyendo tal referencia por una remisión genérica a la «normativa comunitaria de aplicación», y se han añadido dos apartados más que contienen las actuaciones contempladas en la referida normativa comunitaria, así como en el artículo 45.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en materia de control financiero de subvenciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos comunitarios.
Por lo que afecta a la contabilidad pública, se añaden dos nuevos párrafos a la letra e) del artículo 101, dedicado a la Intervención General de la Junta de Andalucía como centro gestor de la contabilidad pública. Con esta modificación legal se pretende dotar al referido órgano de la Administración de la Junta de Andalucía, encargado de suministrar la información económico-financiera prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, respecto a la totalidad de las unidades dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de los instrumentos jurídicos adecuados, incluyendo medidas en caso de incumplimiento reiterado de requerimientos para cumplir en tiempo y forma con el suministro de esta información.
También en materia de contabilidad pública, se modifica el artículo 107, dedicado a la «Formación de la Cuenta General», añadiéndose un segundo párrafo a su apartado 3, que pretende salvar la dificultad que supone incluir en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma las cuentas de las entidades cuyo periodo contable no coincide con el año natural. La norma introducida consiste, primero, en fijar como plazo para la rendición de las cuentas individuales el de siete meses desde la finalización del mencionado periodo de las entidades afectadas, plazo similar al que disponen el resto de las entidades y, en segundo lugar, determinar su inclusión en la primera Cuenta General que se rinda tras la presentación de aquellas.
Dentro del Título VII del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, relativo a las subvenciones, se modifica el artículo 117, que regula las «Entidades colaboradoras», añadiendo un segundo párrafo a su apartado 2. La nueva norma pretende evitar el conflicto de intereses en las entidades que, con tal naturaleza jurídica, colaboran en la gestión de los fondos públicos implicados en la concesión de subvenciones.
En el artículo 120 se precisa la entidad que emite la certificación de estar al corriente en el ámbito de la Junta de Andalucía, siendo esta la Agencia Tributaria de Andalucía.
También en materia de subvenciones se modifica el apartado 1 del artículo 120 bis, relativo al procedimiento de gestión presupuestaria, con el fin de recoger el preceptivo informe de la Intervención General con carácter previo a la resolución administrativa por la que se excepcionan las normas constitutivas del citado procedimiento. Tal medida se justifica por las indudables implicaciones que tienen tal tipo de resoluciones, no solo en la gestión contable de los procedimientos exceptuados, sino también en el régimen de control interno aplicable a los mismos.
También se introduce una modificación en el artículo 122 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en materia de coste de la actividad subvencionada, para incluir, en el análisis de concurrencia de financiación a fin de que no se supere el coste de la actividad subvencionada, no solo otras subvenciones o ayudas ya previstas en el citado artículo, sino cualquier ingreso o recurso obtenido por el beneficiario para la misma finalidad. Con ello, se completa la redacción del precepto legal afectado, para hacerla homogénea con el resto de normativa vigente contenida no solo en la Ley General de Subvenciones, sino en el resto de disposiciones sobre esta materia del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Finalmente, se modifica el apartado 5 del artículo 124, para no hacer exigible el estampillado de los justificantes en los casos en que se ha previsto la justificación telemática de las subvenciones.
La disposición final segunda modifica los artículos 5, 46 y 56 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la finalidad de permitir a las agencias ser titulares de bienes de derecho público como lo son, por definición de la disposición adicional segunda, los destinados a oficinas o servicios administrativos de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Se incluye esta modificación por Ley presupuestaria porque atender al cumplimiento de la actual normativa tras la integración de las agencias públicas empresariales en contabilidad presupuestaria implicaría despatrimonializar en buena medida a las agencias que cuentan con inmuebles de este tipo en su patrimonio, trasladando todo él a la Junta de Andalucía, y tramitar costosos procedimientos para la regularización jurídica y contable de estos inmuebles. La modificación de estos artículos, eliminando este impedimento, permite armonizar el régimen jurídico de este tipo de bienes y derechos en nuestra normativa patrimonial con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. La modificación del artículo 88 permite el incremento del límite cuantitativo para la adjudicación directa de bienes inmuebles hasta los 120.000 euros, y se realiza para facilitar la tramitación de procedimientos de enajenación de terrenos o construcciones de escaso valor. El límite se introduce con carácter potestativo para la Administración, cuando aprecie su conveniencia por las circunstancias del caso y las características del adquirente o el inmueble.
En coherencia con la modificación operada mediante la disposición final segunda, se ha incluido la disposición final cuarta, relativa a la modificación de la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De otro lado, mediante la disposición final séptima se modifican varios artículos de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. En particular, se modifica el epígrafe III del artículo 56, con el fin de adaptar la normativa a la realidad existente en los puertos deportivos, en los que cada vez son más frecuentes los contratos de leasing, renting o cualquier tipo de alquiler o de fórmulas de fletamento o consigna establecidas en la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.
Igualmente, para adecuar el régimen de las tasas portuarias a la realidad y demanda actual, se modifican el apartado 2 del epígrafe II del artículo 57, el párrafo segundo del epígrafe VI del artículo 58 y se añade un párrafo d) al apartado 2 del epígrafe V del artículo 59.
La modificación del párrafo 1.a) del apartado 1 del epígrafe IV del artículo 63 tiene por objeto la actualización de la normativa a los cambios introducidos en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
Por último, se modifica el artículo 65, añadiendo un nuevo párrafo g), con objeto de fomentar el ejercicio de actividades náutico-deportivas en los puertos andaluces mediante la aplicación de una bonificación a la tasa que grava la ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario a aquellas asociaciones u otras entidades deportivas sin ánimo de lucro que realicen actividades náuticas abiertas al público en general, sean o no miembros de la entidad, debiendo destinar a dichas actividades un gasto mínimo equivalente al importe objeto de bonificación. La disposición transitoria segunda regula para el año 2023 el régimen de aplicación de la bonificación a las actividades desarrolladas por las asociaciones y entidades deportivas sin ánimo de lucro prevista en el párrafo g) de dicho artículo.
En relación con los tributos por el uso del dominio público hidráulico, se modifica, a través de la disposición final octava, la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
La modificación del artículo 88 tiene por objeto regular el periodo impositivo y el devengo en los supuestos de suministros no facturados, estableciéndose un régimen transitorio en la nueva disposición transitoria decimosegunda de la Ley de Aguas para los periodos de facturación cuya fecha de inicio de lectura sea anterior al 1 de enero de 2023 y de fin de lectura posterior o igual a dicha fecha.
Se añade una disposición adicional decimoctava con objeto de actualizar la regulación del canon de trasvase Guadiaro-Majaceite, regulado en la actualidad en la Ley 17/1995, de 1 de junio, de transferencia de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la Cuenca del río Guadalete. Con ello, se regulan de manera más detallada los elementos esenciales del tributo, el procedimiento de aprobación y las cantidades que integran la cuantía del canon de trasvase, al mismo tiempo que se precisan los fines y el ámbito territorial del agua transferida que será objeto de gravamen.
Por último, se añade una nueva disposición adicional decimonovena con objeto de determinar el plazo de emisión de las liquidaciones del canon de control de vertidos, el canon de regulación, la tarifa de utilización del agua y el canon de servicios generales.
Asimismo, y al objeto de determinar, por razones de seguridad jurídica, a qué periodo impositivo se aplicará la nueva regulación, se establece el régimen transitorio de este canon de trasvase mediante la incorporación de una disposición transitoria decimotercera a la mencionada Ley 9/2010, de 30 de julio.
En la disposición final novena se modifica el Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, para impulsar y reforzar la actual política financiera de la Junta de Andalucía, a través de la centralización de los instrumentos financieros en una sola entidad (Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico), adecuando la estrategia de inversión del mismo a las evaluacionesex anteque se realicen para detectar las deficiencias de financiación del sector empresarial, estableciendo una nueva composición de su órgano de gobierno y ampliando la actividad y destino de los recursos del Fondo.
En el ámbito tributario, la Ley del Presupuesto incorpora diversas medidas esenciales para la ejecución de la política económica del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que hace necesaria su aprobación mediante esta Ley.
En relación con los tributos cedidos, se incorporan a esta Ley en la disposición final undécima diversas modificaciones de la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tras un año de vigencia, encaminadas fundamentalmente a mejorar, clarificar y simplificar su contenido, en aras de la transparencia y con el fin de facilitar a los ciudadanos y otros operadores jurídicos su correcta interpretación y aplicación.
Estas modificaciones afectan a medidas de carácter sustantivo relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al impuesto sobre sucesiones y donaciones y a los tributos sobre el juego, así como a determinadas normas de aplicación de estos tributos incluidas en el Título III de la ley citada.
En la disposición final duodécima se modifican varios artículos de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Junto a modificaciones destinadas a adecuar las tasas a los cambios introducidos en la normativa reguladora de los servicios y actividades gravadas, se introducen diversos beneficios fiscales, como la exención para 2023 de la tasa por servicios facultativos agronómicos, la bonificación en la cuota de la tasa por servicios facultativos veterinarios para los jóvenes agricultores con objeto de fomentar la incorporación de jóvenes al sector agrario y la exención aplicable a los titulares de explotaciones que pertenezcan a asociaciones de defensa sanitaria ganadera en la tasa por servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes prestados por los laboratorios agroganaderos, agroalimentarios y de control de calidad de los recursos pesqueros.
En la tasa por la prevención y control de la contaminación se añade un nuevo artículo 170 bis, en el que se introduce una reducción para microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), como medida de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, junto a la reducción aplicable a las empresas que se encuentren inscritas en el Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), como instrumento voluntario para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La modificación en el apartado 1 del artículo 187, que regula la cuota de la tasa por ocupación de monte público a instancia de parte, responde a la necesidad de adecuar la regulación de la tasa a las modificaciones normativas introducidas en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
En último lugar, se introducen diversas modificaciones en la tasa por inscripción en las convocatorias para la selección de personal, con objeto de adecuar esta tasa a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regula el ámbito de aplicación de la Ley.
Finalmente, debe indicarse que las citadas medidas fiscales responden a circunstancias de carácter económico y social propias de la Comunidad Autónoma, ya que la progresiva recuperación económica de Andalucía, así como la evolución de los ingresos por tributos propios y cedidos, hacen posible disminuir la carga tributaria de los contribuyentes andaluces sin menoscabo de los servicios públicos, y, por tanto, se adoptan dentro del ámbito de las competencias normativas de la Comunidad Autónoma sobre tributos propios y cedidos, conforme a lo establecido en el artículo 180 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en las condiciones previstas en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, así como con lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
La presente Ley se aprueba de acuerdo con los principios de buena regulación, conforme a lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al que se remite el artículo 7 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, esta norma está justificada por una razón de interés general, la aprobación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que de acuerdo con el artículo 190 del Estatuto de Autonomía para Andalucía debe realizarse por ley e incluir la totalidad de ingresos y gastos de la Junta de Andalucía y de los entes e instituciones de ella dependientes.
Por otra parte, se cumple el principio de proporcionalidad, por ser su contenido proporcionado a la finalidad perseguida. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, esta norma se dicta en coherencia con el ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, así como con el resto de la normativa autonómica. En su elaboración y aprobación se ha dado cumplimiento al principio de transparencia.
Finalmente, esta Ley se aprueba de acuerdo con el principio de eficiencia, a fin de realizar una asignación equitativa de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades a cubrir, como establece el artículo 189 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, cumpliendo a su vez con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Además de la previsión de ingresos y la habilitación de gastos, se aprueban las normas que directamente desarrollan o aclaran las partidas presupuestarias en que el gasto público se concreta. Se aprueban asimismo aquellas normas que, conforme a lo justificado anteriormente, resultan necesarias para implementar la política económica del Gobierno. Los preceptos de esta Ley se integran de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico y contribuyen a generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. En concreto, tiene presente el actual marco normativo de ámbito europeo, nacional y autonómico.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2023 está integrado por:
a) Los estados de gastos e ingresos de la Junta de Andalucía y sus instituciones.
b) Los estados de gastos e ingresos de las agencias administrativas.
c) Los estados de gastos e ingresos de las agencias de régimen especial.
d) Los estados de gastos e ingresos de los consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía.
e) Los estados de gastos e ingresos de las agencias públicas empresariales que conforme a sus Estatutos sean de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
f) Los presupuestos de explotación y de capital de las sociedades mercantiles del sector público andaluz, participadas mayoritariamente de forma directa o indirecta por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades de Derecho Público.
g) Los presupuestos de explotación y de capital de las fundaciones y demás entidades referidas en el apartado 3 del artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
h) Los presupuestos de los fondos a que se refiere el apartado 5 del artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos mencionados en los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 1, se aprueban créditos por importe de cuarenta y cinco mil seiscientos tres millones ochocientos treinta mil ochocientos setenta y seis euros (45.603.830.876 €). La agrupación por funciones de los créditos de estos programas es la siguiente:
2. En los estados de ingresos referidos en los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 1 se recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado se detalla a continuación:
3. En los estados de gastos referidos en los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 1 se incluyen créditos con un importe consolidado que tiene el siguiente desglose:
4. Los estados de ingresos y gastos de las agencias administrativas tienen el siguiente detalle:
5. Los estados de ingresos y gastos de las agencias de régimen especial tienen el siguiente detalle:
6. Los estados de gastos e ingresos de los consorcios adscritos tienen el siguiente detalle:
7. Los estados de gastos e ingresos de las agencias públicas empresariales presentan el siguiente detalle:
Se aprueban los presupuestos de las entidades referidas en los párrafos f), g) y h) del artículo 1 en los importes que se indican:
De conformidad con el artículo 97 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el periodo que comprenden los Presupuestos de explotación y capital y el programa de actuación, inversión y financiación de Cetursa Sierra Nevada, SA es de 1 de julio de 2022 a 30 de junio de 2023.
Conforme al régimen de financiación de la actividad de las sociedades mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, previsto en el artículo 32, en el ejercicio 2023 percibirán transferencias de financiación las siguientes entidades, a las cuales les será de aplicación lo establecido en los artículos 58 a 60 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en sus normas de desarrollo:
Los beneficios fiscales en la Comunidad Autónoma de Andalucía se estiman en 8.595,6 millones de euros.
En el ejercicio 2023, además de las reglas de vinculación señaladas en el artículo 39 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, regirán las siguientes:
1. Para el Capítulo I de la clasificación económica del estado de gastos, y en relación con los créditos financiados con recursos propios, los créditos que se enumeran a continuación vincularán con el siguiente nivel de desagregación:
a) El grupo de créditos correspondientes a las retribuciones de altos cargos y asimilados y personal eventual, que comprenden, a nivel de sección y servicio, los artículos 10, Altos cargos y asimilados, y 11, Personal eventual, de la clasificación económica.
b) El grupo formado por las dotaciones de la plantilla presupuestaria, que comprende, a nivel de sección y servicio, los conceptos 120, Retribuciones básicas del personal funcionario y estatutario de sanidad; 121, Retribuciones complementarias del personal funcionario y estatutario de sanidad; 124, Retribuciones del personal sanitario de cupo y sanitario local (SDH); 130, Retribuciones básicas del personal laboral, y 131, Otras remuneraciones.
c) Sustituciones del personal a nivel de sección, servicio y conceptos 125 y 135.
d) Personal estatutario de sanidad eventual a nivel de sección, servicio y concepto 127.
e) Atención continuada (personal sanidad) a nivel de sección, servicio y concepto 126.
f) Nombramientos de personal funcionario interino, estatutario interino y contratación de personal laboral temporal en casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes o para la ejecución de programas específicos, a nivel de sección, servicio y el concepto 128, Personal funcionario interino y estatutario interino por exceso o acumulación de tareas o para la ejecución de programas de carácter temporal; el concepto 138, Personal laboral para programas específicos y necesidades estacionales; así como el subconcepto 149.70, Personal temporal no incluido en puestos de estructura.
g) El grupo formado por los créditos destinados a otro personal, prestaciones sociales y retribuciones en especie que se compone, a nivel de sección y servicio, de los artículos 14 (excepto el subconcepto 149.70, Personal temporal no incluido en puestos de estructura), 16 (excepto el concepto 160, Cuotas sociales, y los subconceptos recogidos en el párrafoh), los conceptos 122, Retribuciones en especie, y 139, Otro personal laboral.
h) El grupo formado por los créditos destinados a atender los gastos por productividad del personal estatutario de sanidad en concepto de rendimiento profesional, a nivel de sección y servicio de los subconceptos 150.60, CRP-Complemento rendimiento profesional (personal sanidad), y 150.68, CRP-Complemento rendimiento profesional del personal estatutario interino, eventual y sustituto.
i) El grupo formado por los créditos destinados a atender los otros gastos por productividad del personal estatutario de sanidad, a nivel de sección y servicio de los subconceptos 150.61, Participación en programas especiales; 150.62 Productividad personal directivo sanidad; 150.63, Productividad trasplantes (personal sanidad); 150.64 Desplazamientos por razón del servicio (personal sanidad); 150.65, Productividad, factor exclusividad, personal plantilla; 150.66, Productividad, factor exclusividad, personal estatutario interino, eventual y sustituto; 150.67, Otras productividades del personal estatutario interino, eventual y sustituto, y 150.69, Otras productividades (personal sanidad), y cualquier otra productividad del personal estatutario que no se incluya en el párrafo anterior.
j) A nivel de sección y servicio el grupo formado por los subconceptos 162.04 y 163.05, Seguros de vida y accidente; 162.11, Seguro Diputados y Diputadas, y 165.01, Seguro de responsabilidad civil.
k) El grupo formado por los créditos para gastos por modificaciones retributivas y revisiones salariales, a nivel de sección, servicio y concepto 170.
l) El grupo formado por los créditos para gastos por provisión de plazas, nuevos devengos y obligaciones no previstas, que incluye los conceptos 171 y 172, a nivel de sección, servicio y programa.
m) El grupo formado por los créditos destinados a las variaciones de la plantilla presupuestaria, a nivel de sección, servicio y concepto 190, Incremento plantilla presupuestaria.
2. Para el Capítulo II de la clasificación económica del estado de gastos, y en relación con los créditos financiados con recursos propios, tendrán carácter específicamente vinculante los siguientes créditos:
a) A nivel de sección, servicio y programa, el grupo formado por los subconceptos 226.02, Información, divulgación y publicidad; 226.12, Publicidad institucional, y 226.16, Contratos de patrocinio institucional.
b) Conciertos sanitarios, a nivel de sección, servicio, programa y artículo 25.
c) El grupo formado por los créditos destinados a financiar el gasto de farmacia, a nivel de sección, servicio y subconceptos 221.06, Productos farmacéuticos, y 221.18, Vacunas.
d) Energía eléctrica contratación centralizada, a nivel de sección, servicio, programa y subconcepto 221.16.
e) Comunicaciones telefónicas contratación centralizada, a nivel de sección, servicio, programa y subconcepto 222.16.
f) El grupo formado por los créditos destinados a financiar estudios y trabajos técnicos, a nivel de sección, servicio, programa y subconceptos 227.06, Estudios y trabajos técnicos, y 227.08, Estudios y trabajos técnicos del área TIC.
3. Para el Capítulo IV de la clasificación económica del estado de gastos, y en relación con los créditos financiados con recursos propios, tendrán carácter específicamente vinculante los siguientes créditos:
a) Los destinados a financiar la Renta Mínima de Inserción Social, regulada mediante Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, a nivel de sección, servicio y subconcepto 484.00, Renta Mínima de Inserción Social.
b) Los destinados a financiar los gastos de farmacia, a nivel de sección, servicio y concepto 489, A familias e instituciones sin fines de lucro.
4. Asimismo, tendrán carácter específicamente vinculante las transferencias de financiación y las transferencias con asignación nominativa, tanto corrientes como de capital, y los créditos para gastos e inversiones a ejecutar por entidades que tengan la consideración de medio propio, a nivel de sección, servicio, programa, subconcepto y fondo o fuente de financiación.
5. Para el Capítulo VII de la clasificación económica de los estados de gastos, y en relación con los créditos financiados con recursos propios, tendrán carácter específicamente vinculante los créditos destinados a satisfacer los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario, a nivel de sección, servicio, programa y subconcepto 763.00.
6. En relación con las transferencias y otros ingresos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), tendrán carácter específicamente vinculante los gastos e inversiones procedentes de recursos propios que los cofinancien, en cada una de las actuaciones, a nivel de sección presupuestaria y servicio, por programas, y económica a nivel de subconcepto.
Se declaran ampliables, durante el ejercicio 2023, los créditos para satisfacer:
a) Las cuotas de la Seguridad Social y las aportaciones de la Junta de Andalucía, de sus agencias y consorcios adscritos al régimen de previsión social de su personal.
b) Los trienios o antigüedad derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente prestados a la Administración.
c) Los sexenios del personal docente.
d) Los haberes del personal laboral, en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de aumentos salariales impuestos por normas legales, de la aplicación del convenio colectivo laboral o de resolución administrativa o judicial firme.
e) Los intereses, amortizaciones del principal y gastos derivados de deuda emitida u operaciones de crédito concertadas por la Junta de Andalucía, las entidades del sector público andaluz y aquellas otras unidades que se encuentren integradas en el subsector Administración Regional del sector Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. Los pagos indicados se imputarán, cualquiera que sea el vencimiento al que correspondan, a los respectivos créditos del ejercicio económico corriente.
f) Las obligaciones derivadas de quebrantos de operaciones de crédito avaladas por la Junta de Andalucía.
g) Los que tengan este carácter, de acuerdo con la legislación procesal del Estado.
h) Los gastos financiados con cargo a transferencias del FEAGA.
i) Los gastos de gratuidad de los libros de texto.
j) Los gastos para atención a la dependencia, derivados del concierto de plazas residenciales, de unidades de estancia diurna, del servicio de ayuda a domicilio y de las prestaciones económicas.
1. La Consejería competente en materia de Salud formulará un contrato programa con el Servicio Andaluz de Salud, en el que se fijarán las directrices de actuación, los objetivos a alcanzar y los recursos que para ello se asignen.
Una vez formulado el contrato programa, el Servicio Andaluz de Salud desarrollará en consonancia los contratos programa con sus centros o unidades de gestión, de acuerdo con su organización respectiva, mediante los que se establecerán sus propios objetivos internos, así como la asignación de recursos.
En dichos contratos programa se establecerán, a su vez, los indicadores necesarios que posibiliten el seguimiento del grado de realización de los objetivos definidos. Igualmente, deberá señalarse el carácter limitativo de los créditos asignados.
Todos los contratos programa se someterán a informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda, previamente a su suscripción o modificación. En el expediente se acompañará una memoria económica donde conste la evolución de las repercusiones presupuestarias de las diferentes magnitudes y objetivos incluidos en los mismos, en relación con el ejercicio anterior, así como las dotaciones y recursos a emplear. En dicha propuesta, a los centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud que cuenten con gestión desconcentrada les serán asignados los créditos iniciales de los distintos programas que sean necesarios para el desarrollo de su actividad, conforme a la propuesta de distribución formulada por la Consejería competente en materia de Salud a la Consejería competente en materia de Hacienda.
2. A fin de garantizar las previsiones de cumplimiento del Presupuesto, la cobertura de las plantillas presupuestarias, el límite mensual del gasto variable de personal, el límite mensual para el nombramiento de sustitutos y eventuales y el resto de gasto de personal requerirán para su aprobación el previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda sobre la distribución mensual de los importes del Presupuesto, de acuerdo con las magnitudes propuestas por la Consejería competente en materia de Salud para el Servicio Andaluz de Salud. Para la emisión del citado informe la Consejería competente en materia de Hacienda comprobará el establecimiento por parte del Servicio Andaluz de Salud de dichos límites en el propio Sistema de Gestión de Recursos Humanos.
3. La Consejería competente en materia de Salud informará a la Consejería competente en materia de Hacienda, con carácter mensual, del nivel de ejecución de los créditos distribuidos, así como del grado de cumplimiento de los objetivos señalados y, en su caso, de las desviaciones producidas. Asimismo, se deberá dar cuenta mensual de la ejecución del presupuesto de ingresos del Servicio Andaluz de Salud, con detalle de cada uno de los centros gestores de ingresos. En el caso de que se produzcan desviaciones, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente informe mensual.
4. Los fondos destinados a compensar los gastos por la asistencia a residentes extranjeros, accidentes y enfermedades profesionales, no cubiertos por mutuas, financiarán créditos de gastos de los centros del sistema sanitario público andaluz, en la medida en que efectivamente vayan recepcionándose, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36.1.
La Consejería competente en materia de Educación deberá dar cuenta a la Consejería competente en materia de Hacienda, con carácter mensual, de la programación de la oferta educativa y de la implantación de los servicios, programas y actividades de acuerdo con la planificación, sus efectos en la plantilla de funcionamiento y presupuestaria, y en los presupuestos de sus entidades dependientes.
En el caso de que de dicha planificación y programación resultaran desviaciones en relación con los créditos disponibles, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente informe mensual.
A fin de garantizar las previsiones de cumplimiento del Presupuesto, la cobertura de las plantillas presupuestarias, el límite mensual del gasto variable de personal, el límite mensual para el nombramiento de sustitutos y eventuales y el resto de gasto de personal requerirán para su aprobación el previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda sobre la distribución mensual de los importes del Presupuesto, de acuerdo con las magnitudes propuestas por la Consejería competente en materia de Educación. Con el objeto de agilizar el procedimiento para la emisión del presente informe, este habrá de realizarse directamente mediante la validación de la propuesta de dichos límites en el propio Sistema de Gestión de Recursos Humanos, emitiéndose en el plazo de cinco días y entendiéndose validada la propuesta si transcurriera dicho plazo sin su emisión.
La distribución que se realice de las cantidades necesarias para el desarrollo de su actividad, relativas a gastos de funcionamiento y, en su caso, de inversión, a los centros docentes y de formación profesional dependientes de la Consejería competente en materia de Educación que cuenten con autonomía de gestión económica, a lo largo del curso escolar 2023-2024, se someterá en cualquier caso a los importes globales consignados en el Presupuesto en la presente Ley.
La Consejería competente en materia de Políticas Sociales deberá dar cuenta a la Consejería competente en materia de Hacienda, con carácter mensual, del nivel de ejecución de los créditos destinados a la atención social a la dependencia de su presupuesto y de los presupuestos de sus entidades dependientes, así como del grado de cumplimiento de los objetivos a alcanzar y, en su caso, de las desviaciones producidas.
Las nuevas altas de beneficiarios en el sistema de gestión relacionado con la atención social a la dependencia se someterán, de forma previa, a los límites mensuales fijados por la Consejería competente en materia de Políticas Sociales, previo informe vinculante de la Consejería competente en materia de Hacienda. El citado informe deberá emitirse en el plazo de cinco días, de conformidad con el procedimiento que se establezca por ambas Consejerías. La propuesta se entenderá validada si transcurriera dicho plazo sin la emisión de informe.
Se entenderán por desviaciones las existentes entre la valoración del coste de los beneficiarios y los límites antes citados. En el informe mensual, además, se deberán concretar las medidas a adoptar, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente informe mensual.
Todo ello sin perjuicio de cuanto establece el artículo siguiente.
1. A fin de garantizar la eficiencia del sector público andaluz y la sostenibilidad financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, cada Consejería elaborará un plan de ajuste individualizado para cada una de las entidades instrumentales adscritas a la misma que se encontrasen en situación de desequilibrio económico-financiero en cuanto a los resultados anuales y a la situación patrimonial de fondos propios, en términos de liquidación del ejercicio anterior y de previsión del ejercicio actual, con el objeto de asegurar que no adquieran compromisos que superen los importes globales previstos en sus presupuestos y programas.
Aquellas entidades que en el ejercicio anterior y en las proyecciones del actual se encontrasen en situación de equilibrio económico-financiero llevarán un seguimiento mensual de previsiones de ingresos y gastos de la entidad.
2. El plan de ajuste individualizado responderá de forma específica a las características de cada entidad, su objeto y su situación actual en relación con las medidas de reequilibrio económico-financiero que le afecten, y en él se determinarán las actuaciones concretas a adoptar por cada entidad instrumental, su calendario de aplicación y el impacto previsto de las mismas, bajo la tutela de la Consejería a la que se encuentre adscrita. El citado plan será aprobado por la Consejería competente en materia de Hacienda.
3. Con carácter trimestral, las Consejerías darán cuenta a la Consejería competente en materia de Hacienda del grado de cumplimiento de los objetivos señalados en el plan de ajuste, conforme a los criterios y modelos homogéneos establecidos por la misma y a partir de los datos recogidos en el registro auxiliar de compromisos con terceros establecido por el artículo 58 ter del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y cuantas otras fuentes de información sean precisas para el cumplimiento de los fines previstos. En el caso de que se produzcan desviaciones sobre el plan de ajuste, en el informe trimestral se deberán concretar las medidas adicionales que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente informe trimestral.
4. Con el objeto de promover el conocimiento compartido, la identificación de buenas prácticas y la búsqueda de soluciones conjuntas, incluyendo el uso compartido de recursos, se impulsará, por la Consejería competente en materia de Hacienda y por las Consejerías con entes instrumentales adscritos, la realización de reuniones conjuntas y propuestas específicas de colaboración en este sentido.
5. Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda a adoptar, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo, el establecimiento de sistemas de control adicionales o de fiscalización previa de todas las actuaciones de la entidad en materia de gastos de personal, la retención de las aportaciones o contraprestaciones financieras de cualquier naturaleza hasta tanto se regularice la situación, o se propongan por parte de la entidad otras medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo aprobado. De dichas medidas, la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda dará cuenta al Consejo de Gobierno.
1. A efectos de lo establecido en este título, constituyen el sector público andaluz:
a) Las instituciones y la Administración de la Junta de Andalucía y las agencias administrativas.
b) Las agencias de régimen especial.
c) Las agencias públicas empresariales, consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, así como las demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
d) Las universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. En el año 2023, las retribuciones del personal del sector público andaluz, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional tercera, no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Para el personal laboral esta previsión se aplicará a la masa salarial, en los términos que se establecen en el artículo 18.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a las retribuciones fijadas en los contratos de cualquier naturaleza jurídica del personal del sector público.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
1. Durante el año 2023 se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector público andaluz, hasta el máximo que se establezca por la legislación básica estatal.
En las agencias, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la tasa de reposición del personal laboral no incluido en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía será la establecida con carácter máximo por la legislación básica del Estado, siempre que quede debidamente motivada la necesidad de la tasa para la adecuada prestación del servicio o para la realización de la actividad.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a la incorporación de nuevo personal que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores, ni al Parlamento de Andalucía y las instituciones de él dependientes.
La tasa de reposición podrá acumularse en aquellos sectores, cuerpos, especialidades, escalas o categorías profesionales cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
2. En el año 2023 no se procederá, en el sector público andaluz, a la contratación de personal laboral temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario interino, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
3. Durante el año 2023, la contratación de personal laboral no sujeto al VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía con carácter fijo o indefinido o temporal en las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía requerirá autorización de la Consejería competente en materia de sector público instrumental.
También requerirán de autorización de la Consejería competente en materia de sector público instrumental los contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal.
Asimismo, y con la finalidad de mantener la necesaria coordinación en todos los ámbitos del sector público andaluz, en cuanto al control y seguimiento de los gastos de personal y evolución de sus plantillas, las agencias y entidades determinadas en este apartado deberán solicitar autorización de la Consejería competente en materia de sector público instrumental con carácter previo a la aplicación del porcentaje correspondiente de la tasa de reposición a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
Las autorizaciones a que se hace referencia en los párrafos anteriores se emitirán en el plazo de un mes desde la recepción del expediente completo o de quince días cuando se trate de contrataciones temporales financiadas íntegramente con recursos ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de las fundaciones de investigación sanitaria de la Junta de Andalucía, la contratación temporal de personal para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrá articularse mediante autorizaciones tipo de carácter anual por la Consejería competente en materia de sector público instrumental, que se pronunciará, en el plazo de un mes desde la recepción del expediente completo, sobre la propuesta general de contratos que se efectúe para el conjunto de la anualidad. Lo dispuesto anteriormente no será de aplicación a las contrataciones de investigador distinguido, que se someterán, en todo caso, al correspondiente procedimiento de autorización.
Las autorizaciones a que se refiere este apartado se emitirán previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda.
1. Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes que no puedan ser atendidas por el personal laboral fijo podrá contratarse personal laboral durante el ejercicio 2023 para programas específicos o relativos a necesidades estacionales.
La duración del contrato estará sujeta a la finalización del caso excepcional o la necesidad urgente que motivó su contratación y tendrá como límite el plazo máximo que permita la normativa laboral en función de la causalidad de las contrataciones temporales, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias.
2. Las contrataciones y, en su caso, las prórrogas se efectuarán con cargo a los créditos del Capítulo I del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía y requerirán autorización de la Consejería competente en materia de Administración Pública, que será emitida en el plazo de un mes a contar desde la recepción del expediente completo, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, párrafo d), del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, podrá efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas, con las siguientes condiciones:
a) La duración del nombramiento no podrá ser superior a nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses.
b) Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al Capítulo I del Presupuesto, requerirán autorización de la Consejería competente en materia de Administración Pública, que será emitida en el plazo de un mes a contar desde la recepción del expediente completo, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda.
c) El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.
2. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, párrafo c), del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, podrá efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea o de otros fondos de carácter finalista, así como los que tengan por objeto la prevención y lucha contra el fraude fiscal o el control, verificación y justificación de fondos de la Unión Europea, con las siguientes condiciones:
a) La duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución de los programas a los que se adscriba y no