Categoría: Judicial

uesta de la Sala Segunda, acordó recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.
14. Por providencia de 18 de abril de 2023 se señaló ese mismo día para deliberación y votación de la presente sentencia.
1. Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes.
La demanda de amparo denuncia la publicación de la fotografía del recurrente en la página web de la policía autonómica como una de las personas presuntamente implicadas en los disturbios que tuvieron lugar en Barcelona los días 29 y 30 de marzo del 2012, solicitando la colaboración ciudadana para su identificación. Según se expone en la demanda, dicha publicación supone la vulneración del derecho fundamental a la propia imagen (art. 18.1 CE) en relación con el derecho de protección de datos; del derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE); del derecho al honor y, por último, del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). El demandante considera que la sentencia del Tribunal Supremo impugnada en este proceso constitucional ha vulnerado estos derechos al no haberlos tutelado conforme a los parámetros constitucionales.
La abogada de la Generalitat de Cataluña se opone a la admisión de la presente demanda de amparo. Considera que las infracciones de los derechos fundamentales alegadas «no se refieren a una actuación que se derive de forma directa e inmediata de los tribunales» y, por ello, entiende que no se cumplen los requisitos del art. 44.1 LOTC. Sostiene, además, la falta de invocación previa en tiempo y forma de los derechos a la protección de datos personales (art.18.4 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ya que la vulneración de estos derechos se aduce por vez primera en la demanda de amparo por lo que, a su juicio, no se cumplen las exigencias que establece el art. 44.1 b) y c) LOTC. Por otra parte, alega que la demanda no justifica suficientemente que el recurso de amparo plantee una cuestión de especial trascendencia constitucional, por lo que tampoco cumple el requisito previsto en el art. 50.1 b) LOTC. En cuanto al fondo, la representación de la Generalitat coincide con las conclusiones alcanzadas en los pronunciamientos de las distintas instancias judiciales, negando la injerencia en los derechos al honor y a la intimidad personal y, admitiendo la afectación del derecho a la propia imagen, considera legítima tal injerencia.
La fiscalía ante el Tribunal Constitucional interesa la estimación del amparo y que se reconozca que la publicación y la difusión de la imagen del recurrente supusieron la vulneración de sus derechos a la imagen (art. 18.1 CE) en relación con la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Solicita, por ello, que se restablezca en su derecho al recurrente, acordándose la nulidad de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 41/2018, de 26 de enero, dictada en los autos de recurso de casación núm. 1081-2016, y que se retrotraigan las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dicho pronunciamiento para que se dicte otro que respete los derechos del demandante de amparo.
2. Examen de las causas de inadmisibilidad alegadas.
Con carácter previo al análisis de la cuestión de fondo, es preciso examinar si concurren las causas de inadmisibilidad aducidas por la abogada de la Generalitat pues, como el Tribunal ha declarado en reiteradas ocasiones (entre otras muchas, STC 47/2022, de 24 de marzo, FJ 2, que cita, a su vez, la STC 130/2018, 12 de diciembre, FJ 2), «los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite, de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción se pueden volver a abordar o reconsiderar en sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC».
Como se acaba de indicar, la Generalitat de Cataluña sostiene que el recurso de amparo deber ser inadmitido al haberse interpuesto conforme a la previsión del art. 44 LOTC, que es el procedimiento previsto cuando la vulneración de derechos fundamentales se imputa a los órganos judiciales. Según la Generalitat, de los antecedentes judiciales no se deduce que la lesión de los derechos fundamentales invocados sea imputable a dichos órganos, sino que las vulneraciones alegadas, de existir, serían imputables a la administración, que es quien acordó publicar las fotografías en la página web de la policía. Por ello, y en su caso, el recurso debería haberse interpuesto al amparo del art. 43 LOTC, lo que conllevaría que el plazo para su interposición fuera de veinte días (art. 43.2 LOTC) y no de treinta, que es el que prevé el art. 44.2 LOTC.
El Tribunal Constitucional ha señalado que esta diferencia entre ambas vías «subraya la especificidad del recurso de amparo contra actos administrativos previsto en el art. 43 LOTC» y, por este razón, ha entendido que «[m]ás allá de las motivaciones que hayan llevado al legislador al establecimiento de plazos distintos, lo cierto es que se exige un tratamiento diferente y específico para cada supuesto en función de cuál sea el origen de la lesión que pretende repararse y a qué poder público se impute la lesión del derecho fundamental aducido; en definitiva, de cuál sea el objeto concreto del proceso constitucional de amparo» (AATC 172/2009, de 1 de junio, FJ 3,y 175/2009, de 1 de junio, FJ 3 y en el mismo sentido ATC 51/2010, de 6 de mayo, FJ 2). Por tanto, resulta necesario determinar si la vulneración de los derechos fundamentales que se aduce en la demanda de amparo es imputable a los órganos judiciales o a la administración, a fin de verificar si el recurso se ha interpuesto o no dentro del plazo legalmente establecido.
En el escrito de demanda solo se hace referencia a las resoluciones judiciales. En efecto, en el encabezamiento de este escrito se solicita «la revocación» de la sentencia núm. 41/2018, de 26 de enero, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia 39/2006, de 9 de febrero, de la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, recaída en el recurso de apelación núm. 312-2015. Por su parte, en elpetitumse solicita al Tribunal Constitucional que declare la vulneración de los derechos fundamentales invocados y «la revocación» de la sentencia del Tribunal Supremo citada. Ahora bien, para determinar cuál es la naturaleza del recurso de amparo interpuesto ha de estarse, no a las resoluciones formalmente impugnadas, sino a la resolución o acto al que se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales invocados, como ha reiterado este tribunal en jurisprudencia constante (entre otras, SSTC 75/2019, de 25 de junio, FJ 3, y 98/2021, de 10 de mayo, FJ 2, y ATC 51/2010, de 27 de mayo, FJ 2).
Como se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el demandante de amparo aduce que la vulneración de derechos fundamentales tiene su origen en la publicación de unas fotografías en la página web de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en las que, bajo el título «Colaboración ciudadana contra la violencia urbana», se solicitaba a la ciudadanía que aportase información para identificar a esas personas, a las que se atribuía la participación en actos vandálicos o delictivos. Entre esas personas se encontraba el recurrente.
De acuerdo con jurisprudencia constitucional constante, cuando se imputan infracciones a un acto de la administración la circunstancia de que en la vía judicial no se hayan estimado las vulneraciones aducidas no conlleva que las resoluciones judiciales recaídas hayan incurrido en dichas infracciones. Como tempranamente dijo el Tribunal, «las decisiones producidas en esta vía judicial no han de ser objeto de impugnación por la sola razón de no haber estimado la pretensión deducida por el recurrente. Estas decisiones desestimatorias no alteran la situación jurídica creada por el acto de la administración presuntamente lesivo de un derecho fundamental y no son, por tanto, en sí mismas causas de lesión. Otra interpretación llevaría a entender, en definitiva, que no hay más actos u omisiones atacables en vía de amparo constitucional que los actos u omisiones de los órganos judiciales» [STC 6/1981, de 6 de marzo, FJ 2, doctrina reiterada en muchas resoluciones, recientemente en la STC 11/2023, de 23 de febrero, FJ 2 B) b)].
Así pues, aunque el demandante del presente amparo haya formulado su recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso de casación, tal planteamiento no supone necesariamente que el recurso interpuesto se rija por lo dispuesto por el art. 44 LOTC, pues para ello es preciso, como establece el mismo precepto, que las vulneraciones de derechos fundamentales que se aducen en amparo tengan «su origen directo e inmediato en un acto u omisión de un órgano judicial» (en este sentido, SSTC 98/2003, de 2 de junio, FJ 1; 124/2005, de 23 de mayo, FJ 1; 184/2006, de 19 de junio, FJ 2, 324/2006, de 20 de noviembre, FJ 3, y 98/2021, de 10 de mayo, FJ 3). No basta con que los órganos judiciales no hayan tutelado los derechos fundamentales que se consideran vulnerados por el acto de la administración recurrido, sino que es necesario que hayan ocasionado una vulneración distinta. Como se afirmó en el ATC 51/2010, de 6 de mayo, FJ 3, «las imputaciones de lesión de derechos fundamentales a las resoluciones judiciales tienen, en estos casos, un carácter meramente instrumental o formal, siempre que en las demandas no se contengan imputaciones de lesiones autónomas o distintas a las invocadas en los correspondientes recursos contencioso-administrativos. Por lo tanto, las demandas en cuestión no pueden conformarse como recursos de amparo mixtos».
Si se aplica la doctrina expuesta al presente recurso de amparo resulta, por un lado, que el acto al que originariamente se imputa la vulneración de los derechos fundamentales es la publicación de las fotografías en la página web de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, realizada en cumplimiento de la resolución de 24 de abril de 2012 del director general de la Policía de la Generalitat de Cataluña. Por otro lado, resulta también que a los órganos judiciales no se les atribuye otras vulneraciones más allá de no haber reparado la lesión de los derechos fundamentales que, según entiende el recurrente, le ha causado la publicación de las referidas fotografías.
A esta conclusión debe llegarse, tanto en relación con las pretendidas lesiones de los derechos del art. 18.1 CE, como respecto de la queja por la que se aduce la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Tal conclusión no puede quedar enervada porque en la demanda se afirme que la sentencia recurrida ha infringido el referido derecho fundamental, no solo «por condenar a nuestro patrocinado sin prueba suficiente de cargo, sino que lo hace de forma totalmente arbitraria por producirse esta como consecuencia de una valoración del todo irracional e infundada». Estas consideraciones no se compaginan con el tipo de procesos en los que recayeron las sentencias impugnadas en amparo, esto es, unos procedimientos civiles de tutela de derechos fundamentales en los que no se condenó al recurrente. Por ello, la alegación por la que se aduce la vulneración del derecho de presunción de inocencia ha de entenderse referida no a la actuación de los órganos judiciales, que no ejercían la potestad punitiva, sino a una supuesta vulneración de este derecho en su vertiente extraprocesal imputable a la administración. Y ello porque en la demanda de amparo se aduce también que la lesión de este derecho se produce porque, junto a las fotografías, se publicó un texto en el que se afirmaba que la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra disponía «de elementos de incriminación de la participación de las personas fotografiadas en actos delictivos».
En suma y en todo caso, la publicación de estas fotografías resulta el acto al que el recurrente atribuye la lesión de los derechos fundamentales invocados en el presente recurso de amparo, aunque en la demanda solo se impugne la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, núm. 41/2018, de 26 de enero, y la sentencia 39/2016, de 9 de febrero, de la Audiencia Provincial de Barcelona.
En consecuencia, nos encontramos ante un recurso de amparo contra una actuación de la administración y, por tanto, ante un amparo que se rige por lo dispuesto en el art. 43 LOTC, lo que determina que el plazo para su interposición es «el de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial» (art. 43.2 LOTC).
La sentencia del Tribunal Supremo, que puso fin a la vía judicial previa al amparo constitucional, fue notificada el 29 de enero de 2018, por lo que el plazo para interponer el presente recurso finalizó el día 27 de febrero de 2018 a las 15 horas, según dispone el art. 85.2 LOTC que permite la presentación de los recursos de amparo hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de interposición. Al haberse presentado el escrito de demanda en el registro general del Tribunal el 12 de marzo de 2018, el recurso se interpuso fuera del plazo legalmente establecido, por lo que, de acuerdo con lo previsto en los arts. 43.2 y 50.1 a) LOTC, ha de inadmitirse por extemporáneo.
Una vez apreciada esta causa de inadmisión no procede examinar los otros óbices procesales alegados por la Generalitat de Cataluña.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido inadmitir el recurso de amparo formulado por don Roger Crespo Moya.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Inmaculada Montalbán Vega.–Ricardo Enríquez Rodríguez Campos Guerrero Castro Velasco Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–María Martín Segoviano Giménez Rojas Tribiño.–Juan Carlos Campo Moreno.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.
Con el mayor respeto al criterio mayoritario reflejado en la sentencia a que se refiere el encabezamiento, creo necesario, en ejercicio de la facultad prevista en el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), formular este voto particular para dejar constancia de los argumentos que expuse en la deliberación del Pleno, que no fueron acogidos en el proceso de deliberación y que, de haberlo sido, hubieran conducido a un fallo estimatorio del recurso de amparo.
1. En la demanda de amparo se denunciaba que la publicación en la página web de los Mossos d’Esquadra de la fotografía del recurrente como una de las personas presuntamente implicadas en los disturbios que tuvieron lugar en Barcelona los días 29 y 30 de marzo de 2012, donde se solicitaba la colaboración ciudadana para su identificación, suponía la vulneración del derecho fundamental a la propia imagen (art. 18.1 CE) en relación con el derecho de protección de datos, el derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE), el derecho al honor y, por último, el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). El demandante imputaba a las sentencias objeto del recurso la vulneración de estos derechos por no haberlos tutelado conforme a los parámetros constitucionales.
En cambio, la representación de la Generalitat, desde un principio, solicitó la inadmisión del amparo por extemporáneo porque se trataba de un recurso frente a actos de la administración –la publicación por la policía de una foto en la web– y dicho recurso se habría planteado fuera de plazo. Al tratarse de un amparo de los denominado administrativos (art. 43 LOTC), el recurrente disponía de un plazo de interposición de veinte días desde la última resolución judicial dictada en el procedimiento de tutela ordinario, y no de treinta, que es el plazo establecido para los amparos judiciales (art. 44 LOTC) o mixtos.
Sin embargo, la vía del art. 44 LOTC es la adecuada en este caso, ya que la demanda se dirigía contra las decisiones judiciales dictadas en el proceso judicial civil iniciado por el recurrente el 5 de noviembre de 2013, cuando presentó una demanda de protección jurisdiccional del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen contra la Conselleria d’Interior de la Generalitat ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Barcelona. La demanda iba dirigida contra la vulneración de sus derechos fundamentales por la publicación de su fotografía en la página web policial y, por ello, el recurrente solicitaba en aquella demanda de protección de los derechos fundamentalesexart. 249.1.2 de la Ley de enjuiciamiento civil, la declaración de una intromisión ilegítima en su honor, intimidad y propia imagen, con la correspondiente indemnización por valor de 6000 € por los daños y perjuicios morales causados. El Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Barcelona dictó sentencia desestimatoria el 15 de diciembre de 2014. Contra esta decisión, la representación procesal de la parte interpuso recurso de apelación ante la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, quien también desestimó las pretensiones de la parte en sentencia núm. 39/2016, de 9 de febrero. Finalmente, la representación de la parte acudió en casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, mediante sentencia de 26 de enero de 2018, desestimó dicho recurso. Son estas tres resoluciones judiciales, dictadas en procedimiento civil de tutela de derechos fundamentales, las que impugna el demandante en este amparo.
Es doctrina de este Tribunal Constitucional que, una vez que el demandante ha impugnado una resolución judicial que confirma otras resoluciones judiciales que le precedieron sobre la cuestión controvertida, han de entenderse también implícitamente impugnadas estas (así, SSTC 147/2003, de 14 de julio, FJ 1, y 176/2003, de 10 de octubre, FJ 2). Así pues, en el presente supuesto, deben tenerse por impugnadas las tres sentencias judiciales que, en el procedimiento civil, desestimaron las quejas del recurrente relativas a la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos. En todo caso, corresponde a este tribunal determinar los efectos que se deriven de la declaración de una violación de los derechos alegados.
Las dudas que albergaba el Tribunal Supremo sobre su competencia en este asunto, no le impidieron entrar en el fondo del asunto y entender, en su STS 41/2018, que no hubo vulneración de los derechos alegados, entre los que incorpora el derecho a la protección de datos en relación con el derecho a la propia imagen.
Lo cierto es que sobre la cuestión de la vía de acceso y la diferencia entre los plazos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tuve oportunidad de expresarme en el voto particular que emitimos conjuntamente los magistrados don Fernando Moreno Molina-Ré, don Juan Bravo Delgado Fuentes y yo misma a la STC 75/2019, de 22 de mayo. En aquella ocasión, la opinión mayoritaria en la que se sustentaba la sentencia representaba uno de esos supuestos de formalismo excesivo en que se anteponen de manera rigorista y desproporcionada unas consideraciones sobre la identificación de la vía procedimental que era adecuada al caso, construyendo innecesariamente un obstáculo insalvable para que este tribunal pudiera pronunciarse sobre el fondo de un asunto con especial trascendencia constitucional y en el que, además, cabía concluir la vulneración de los derechos alegados por el recurrente. A los argumentos sobre los efectos perniciosos que provoca el formalismo enervante utilizado en interpretaciones como las realizadas en el presente asunto, me remito a lo ya expresado en el citado voto particular a la STC 75/2019.
2. Como he adelantado, considero que en este asunto concurrían motivos de especial trascendencia constitucional, tal y como se acordó en la providencia de la Sección Segunda de este tribunal de 30 de septiembre de 2019, donde se apreció que concurría en el mismo especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso planteaba un problema o afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. Se concluyó entonces que no existía doctrina constitucional sobre el supuesto que se planteaba, esto es, sobre si la administración, en este caso, la policía, podía publicar en una página web, por su propia decisión, la fotografía de una persona a efectos de la colaboración ciudadana en su identificación, así como la afectación que ello podía suponer sobre sus derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, siendo preciso que este tribunal se pronunciase sobre si podía llevarse a cabo tal actuación limitadora de los derechos fundamentales afectados, determinando, de ser la misma constitucionalmente posible, los presupuestos, límites y garantías a los que deberían someterse actuaciones de esa naturaleza.
A tal efecto, no bastan las resoluciones citadas en su sentencia por el Tribunal Supremo que se referían, todas ellas, a supuestos diferentes al que planteaba el asunto. Resultaba, pues, oportuno que se abordara el análisis de este, en la medida en que tiene incidencia sobre las posibles vías de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de hechos presuntamente delictivos, de sus límites y de las garantías legales y judiciales de las que deben revestirse para no incurrir en la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía. Así, se ha privado al Tribunal Constitucional de entrar a conocer de un supuesto en el que cabía dilucidar cuestiones de relevancia para el ejercicio de los derechos concernidos.
3. La especial trascendencia constitucional se refiere al alcance del derecho a la propia imagen que este tribunal ha entendido que es una concreción del más amplio derecho a la dignidad de la persona, donde se configura como un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana, dirigido a proteger su vida privada y familiar, lo que engloba su dimensión moral y también social, atribuyéndole dos facultades primordialmente: la de decidir qué información gráfica formada por sus rasgos físicos puede tener difusión pública y la de impedir la captación, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de cualquier persona no autorizada, fuera cual fuese su finalidad (informativa, comercial, científica, cultural, etc.) (STC 27/2020, de 24 de febrero). A estas dos facultades debe añadirse una tercera de carácter reactivo: la defensa frente a los usos no consentidos de la representación pública de la persona (por todas, STC 19/2014, de 10 de febrero, FJ 5). El aspecto físico, en tanto que instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para el propio reconocimiento como persona, constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 17 octubre de 2006, asuntoGurgenidze c.Georgia; de 11 de enero de 2005, asuntoSciacca c.Italia, o de 24 de junio de 2004, asuntoVon Hannover c.Alemania,) para quien el primer elemento para lograr la protección de este derecho fundamental es el consentimiento inequívoco de la persona, siendo excepcionales los supuestos en los que no se requiere dicha autorización y que aparecen contemplados en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Por tanto, el derecho a la imagen se encuentra delimitado por la propia voluntad del titular del derecho, aunque existen circunstancias que pueden conllevar que la regla enunciada ceda, lo que ocurrirá en los casos en que exista un interés público en la captación o difusión de la imagen y este interés público se considere constitucionalmente prevalente sobre el interés de la persona en evitarlas. Por ello, cuando este derecho fundamental entre en colisión con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, deberán ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, decidir qué interés merece mayor protección, si el interés del titular del derecho a la imagen en que sus rasgos físicos no se capten o difundan sin su consentimiento, o el interés público en la captación o difusión de su imagen (STC 156/2001, de 2 de julio, FJ 6). Ello, sin olvidar que el art. 8.1 de la Ley Orgánica 1/1982 prevé que «[n]o se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competentede acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante». Además, este tribunal ha reconocido que la persecución y el castigo del delito constituyen un bien digno de protección constitucional, a través del cual se defienden otros como la paz social y la seguridad ciudadana, bienes igualmente reconocidos en los arts. 10.1 y 104.1 CE (SSTC 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 2; 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 9, y ATC 155/1999, de 14 de junio).
En este punto se hace necesario recordar que el art. 10.2 CE obliga también a este tribunal a llevar a cabo una interpretación conforme de nuestros estándares constitucionales en materia de derechos fundamentales con los estándares desarrollados bajo el sistema europeo de garantía. La jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en esta materia verifica en esencia: a) si cumple el criterio de «legalidad»; b) si es compatible con la existencia de un objetivo legítimo; y c) si es necesaria «en una sociedad democrática» (por todas, STEDH de 13 de enero de 2009, asuntoGiorgi Nikolaishvili c.Georgia).
4. El segundo derecho directamente afectado en el asunto era la protección de datos del recurrente: las imágenes sistematizadas e incorporadas en la web de la policía constituyen el tratamiento de datos personales y la construcción de ficheros de datos personales. Por este motivo, en este recurso de amparo cualquier apreciación sobre el tratamiento de las imágenes, afectaba también al derecho contemplado en el art. 18.4 CE, esto es, el derecho a la protección de datos.
El contenido, alcance y límites del derecho a la protección de datos está establecido desde la STC 292/2000, de 30 de noviembre. Baste recordar ahora que «el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso», y que estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos, «se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular». A su vez, «ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos», «exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele» (STC 292/2000, FJ 7). Además, el art. 18.4 CE no solo «consagra un derecho fundamental autónomo a controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona» (SSTC 11/1998, de 13 de enero, FJ 5; 96/2012, de 7 de mayo, FJ 6, y 151/2014, de 25 de septiembre, FJ 7), sino también, como se desprende de su último inciso («para garantizar […] el pleno ejercicio de sus derechos»), un derecho instrumental ordenado a la protección de otros derechos fundamentales, esto es, «un instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos» (STC 292/2000, FJ 5).
También existen situaciones que permiten intromisiones legítimas en el derecho si están previstas en la ley, responden a un fin de interés general y los requisitos y el alcance de la restricción están suficientemente precisados en la ley y respetan el principio de proporcionalidad (STC 292/2000, FJ 15).
La reserva de ley en este caso se traduce en una doble exigencia: por un lado, la necesaria intervención de la ley para habilitar la injerencia; y, por otro, esa norma legal «ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad jurídica», esto es, «ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención» (STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4). Esta dimensión cualitativa de la reserva de ley se concreta en las exigencias de previsibilidad y certeza de las medidas restrictivas en el ámbito de los derechos fundamentales. También se ha precisado el tipo de vulneración que acarrea la falta de certeza y previsibilidad en los propios límites: «no solo lesionaría el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), concebida como certeza sobre el ordenamiento aplicable y expectativa razonablemente fundada de la persona sobre cuál ha de ser la actuación del poder aplicando el Derecho (STC 104/2000, FJ 7, por todas), sino que al mismo tiempo dicha ley estaría lesionando el contenido esencial del derecho fundamental así restringido, dado que la forma en que se han fijado sus límites lo hacen irreconocible e imposibilitan, en la práctica, su ejercicio» (STC 292/2000, FJ 15).
En la más reciente STC 36/2019, de 25 de marzo, FJ 6, se añadía, además, que el legislador debe establecer garantías adecuadas de tipo técnico, organizativo y procedimental, que prevengan los riesgos de distinta probabilidad y gravedad y mitiguen sus efectos, pues solo así se puede procurar el respeto del contenido esencial del propio derecho fundamental. La exigencia de «garantías adecuadas» se fundamenta en el respeto del contenido esencial del derecho fundamental.
En la misma línea se manifiesta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La intromisión deberá estar prevista en la ley, perseguir un fin legítimo y ser necesaria en una sociedad democrática. Así, la medida impugnada debe estar prevista en una norma suficientemente accesible y previsible, que permita al individuo regular su conducta. La norma debe, pues, ofrecer una protección jurídica adecuada contra la arbitrariedad y, en consecuencia, indicar con suficiente claridad el alcance de la discreción conferida a las autoridades competentes y la forma de su ejercicio (por todas, STEDH de 4 de diciembre de 2008, Gran Sala, asuntoS. y Marper c.Reino Unido).
Por último, respecto de las garantías en materia de protección de datos, cabe también traer a colación la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la sentencia de 8 de abril de 2014, asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12,Digital Rights Ireland Ltd., el Tribunal de Justicia señaló que «la normativa de la Unión de que se trate debe establecer reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicación de la medida en cuestión y establezcan unas exigencias mínimas de modo que las personas cuyos datos se hayan conservado dispongan de garantías suficientes que permitan proteger de manera eficaz sus datos de carácter personal contra los riesgos de abuso y contra cualquier acceso o utilización ilícitos respecto de tales datos (véanse, por analogía, en lo que respecta al artículo 8 del CEDH, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,Liberty y otros c. Reino Unidode 1 de julio de 2008, núm. 58243/00, § 62 y 63;Rotaru c. Rumanía, antes citada, § 57 a 59, yS y Marper c. Reino Unido, antes citada, § 99)» (apartado 54).
5. Una última pero necesaria consideración debería haberse hecho sobre la protección de la imagen y protección de datos en la esfera digital.
Internet y las redes sociales son un elemento determinante en el ejercicio, delimitación y vulneración del derecho a la propia imagen y del derecho a la protección de datos. En el contexto digital, compartir un contenido –sea del tipo que sea– es más sencillo que nunca: basta entrar en internet y utilizar un buscador, una red social o un sistema de mensajería para que el contenido, una imagen en nuestro caso, pase a ser visualizado y eventualmente compartido por un número indeterminado de personas en cualquier parte del mundo, porque el digital es un mundo en el que no existen fronteras.
Sin embargo, el hecho de que circulen datos privados en internet no significa que lo privado se haya tornado público, puesto que el entorno digital no es equiparable al concepto de «lugar público» del que habla la Ley Orgánica 1/1982, ni puede afirmarse que los ciudadanos de la sociedad digital hayan perdido o renunciado a los derechos protegidos en el art. 18 CE. Los datos que circulan en los entornos digitales no pueden sacrificar por este solo hecho los derechos fundamentales vinculados a su protección, cuya razón de ser última es la protección de la dignidad de la persona. Aunque los riesgos de intromisión hayan aumentado exponencialmente con el uso masivo de internet y todas sus posibilidades, para ahuyentarlos debemos seguir partiendo del mismo principio básico que rige el entorno analógico y afirmar que el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales comprendidos en el art. 18 CE conlleva la potestad de la persona de controlar los datos que se publican y difunden en la red y que le conciernen. Por consiguiente, reiteramos que, salvo que concurra una autorización inequívoca para la captación, reproducción o publicación de la imagen por parte de su titular, la injerencia en el derecho fundamental a la propia imagen debe necesariamente estar justificada por el interés público preponderante en tener acceso a ella y en divulgarla.
6. La aplicación de la anterior doctrina al presente asunto, permitía llegar a una primera conclusión: la necesaria habilitación legal para la publicación y difusión en la web de la fotografía del recurrente no concurría en el presente caso.
La sentencia del Tribunal Supremo objeto de amparo consideró que la resolución del director general de la Policía constituía habilitación legal suficiente para autorizar la publicación de las imágenes del demandante en la web de la policía. Y ello, porque consideró que las SSTC 70/2002, de 3 de abril; 173/2011, de 7 de noviembre, y 115/2013, de 9 mayo, reconocen que los arts. 282 de la Ley de enjuiciamiento criminal y 11.1 g) LOFCS conformaban una habilitación legal específica que faculta a la policía, entre otras actuaciones, para practicar las diligencias necesarias para la averiguación del delito y el descubrimiento del delincuente. Sin embargo, las sentencias del Tribunal Constitucional citadas en la sentencia del Tribunal Supremo impugnada se refieren a actuaciones de distinta naturaleza a la de la publicación y difusión de la imagen en la web y su comunicación a los medios. Por tanto, el canon constitucional utilizado por el Tribunal Supremo no era plenamente aplicable al caso que nos ocupa.
Por otra parte, en lo relativo al derecho a la protección de datos, el art. 7 LOFCS exige que cuando las cámaras capten hechos constitutivos de delito, pongan la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos en su integridad a disposición judicial con la mayor inmediatez posible y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su grabación y que, en caso de no poder redactarse el atestado en tal plazo, se relaten verbalmente los hechos a la autoridad judicial, o al Ministerio Fiscal, «junto con la entrega de la grabación». Además, en lo relativo al tratamiento automatizado de las imágenes se remite a la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (siendo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, la versión vigente en el momento de producirse los hechos), cuyo art. 22 solo preveía que «[l]a recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las fuerzas y cuerpos de seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad». En este sentido, es necesario tener en cuenta la regulación actual del tratamiento de estas imágenes por la policía, concretamente el art. 22.6 de la actual Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en la que se hace referencia Directiva (UE) 2016/680, norma que no ha sido todavía traspuesta en tiempo.
Este tribunal ha reiterado que las directivas, aunque «no constituyen canon para el enjuiciamiento de la adecuación a la Constitución de normas dotadas de rango legal […], pueden tener relevancia a la hora de interpretar las disposiciones que sí integran el parámetro de constitucionalidad» (STC 76/2019, de 22 de mayo, FJ 3). Lo relevante es que la Directiva (UE) 2016/680, ante la falta de consentimiento, exige una habilitación legal previa, que deberá indicar al menos los objetivos del tratamiento, los datos personales que vayan a ser objeto del mismo y sus finalidades; la medida deberá superar el test de proporcionalidad y, por último, «con carácter previo, debe llevarse a cabo una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento previstas en la protección de datos personales, cuando sea probable que el tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, suponga un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas».
Del estándar constitucional expuesto en relación con la habilitación legal, interpretado a la luz del canon europeo, cabe concluir que era exigible que la publicación y la difusión de las imágenes en la web de la policía hubieran sido medidas expresamente y previstas en una norma de rango legal que reuniera las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del Derecho. Estas condiciones no concurrían en el actual supuesto de hecho.
7. La segunda conclusión que cabía alcanzar era que la intromisión en los derechos del recurrente, además, se hicieron sin la debida autorización judicial previa. Este Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que si bien la insuficiencia de cobertura legal constituye una vulneración autónoma e independiente de cualquier otra del derecho fundamental, que solo el legislador puede remediar, esa insuficiencia no implica por sí misma la ilegitimidad constitucional de la actuación de los órganos jurisdiccionales, siempre que estos hubieran actuado en el caso concreto respetando las exigencias dimanantes del principio de proporcionalidad (por todas, STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 5).
En el presente asunto, el Tribunal Supremo concluyó que la falta de autorización judicial previa no suponía que la publicación de la fotografía del demandante en la web constituyera una injerencia ilegítima en sus derechos fundamentales porque, según la Sala de lo Civil, no era defendible que toda actuación que afecte negativamente a los derechos fundamentales precise de una autorización judicial previa.
Sin embargo, considero que en este supuesto no concurrían las razones eximentes, aceptadas por este tribunal, de la autorización judicial previa a la intervención policial, puesto que no se daban las notas de urgencia y necesidad. Entre la captación de las imágenes y su publicación en la web trascurrió casi un mes en el que, además, «se habían seguido también diligencias judiciales, especialmente a raíz de determinadas denuncias y detenciones», como recoge el Tribunal Supremo en su sentencia. Tampoco parece que concurra la necesidad de una actuación policial sin cobertura judicial expresa justificada en la dificultad en la identificación de las personas. Después de comprobarse que el número de personas y el hecho de que escondieran su cara hacía necesaria una actuación como la de publicar las imágenes captadas por las cámaras en la web y difundirla por las redes y a los medios de comunicación, los Mossos podían haber solicitado la autorización judicial en cualquiera de las actuaciones procesales incoadas a raíz de los hechos investigados. Queda descartado, por tanto, que la publicación de las imágenes y su difusión se hiciera sin autorización judicial por motivos de urgencia y necesidad.
8. Por último, la medida adoptada tampoco superaba el test de proporcionalidad desarrollado por la doctrina de este tribunal [por todas, SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6 a 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8].
Dado que la finalidad perseguida por la publicación y difusión de las fotografías en la web de la Policía era la identificación de las personas participantes en los altercados investigados para avanzar en la investigación policial, cabe afirmar que la medida supera el test de idoneidad porque la medida sí era apta para lograr el fin perseguido.
Los hechos investigados eran «actuaciones multitudinarias, en las que muchos de los participantes tapaban su rostro y dificultaban de este modo su identificación». Además, los Mossos d’Esquadra realizaron múltiples diligencias orientadas a la identificación de los sospechosos, algunas con resultado positivo, aunque no consta que se realizaran respecto del recurrente en amparo. Por tanto, también cabría admitir que la medida adoptada era necesaria para alcanzar la finalidad perseguida.
Ahora bien, respecto del juicio sobre la proporcionalidad de la medida en sentido estricto, las conductas supuestamente cometidas por el recurrente, tal y como quedan descritas en los antecedentes de hecho de la sentencia, no justificaban la gravedad de la intromisión en el derecho a la propia imagen y en la protección de datos del recurrente.
9. En definitiva, en contra del criterio defendido en las resoluciones impugnadas, la decisión adoptada por la Policía autonómica de publicar la imagen del demandante en su página web durante un mes no contaba con la necesaria habilitación legal. Además, los órganos judiciales que tenían en su mano la tutela jurisdiccional de los derechos alegados por la parte, dieron por buena la inexistencia de la previa autorización judicial para poder proceder a la publicación de las fotografías del recurrente pese a que en el supuesto descrito no concurrían ninguna de las situaciones de urgencia y necesidad en las que el Tribunal Constitucional ha entendido, de forma excepcional, que los agentes de policía puedan actuar sin mediar previa autorización judicial. En este caso, no se observa ningún óbice temporal ni material que impidiera a los Mossos solicitar la autorización judicial, teniendo en cuenta que existían diferentes actuaciones procesales incoadas a raíz de los hechos investigados. Por último, los órganos judiciales a los que acudió el recurrente llevaron a cabo un examen del test de proporcionalidad de la publicación y difusión en la web de la fotografía de la parte que no resulta respetuoso con las exigencias constitucionales señaladas por la doctrina de este tribunal.
Hechas las consideraciones anteriores, es evidente la importancia de este recurso de amparo que, de haber enervado el formalismo de la diferencia de plazos bajo el principio defavor actionis, habría permitido al Tribunal formular un doctrina acerca de los derechos fundamentales comprometidos y, al tiempo, superar la diferencia de plazos en un asunto en el que la cadena de recursos formulados hasta llegar a la última resolución judicial permitía una interpretación más favorable a la tutela de los derechos.
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés.–María Santana Caballero Santos.–Firmado y rubricado.
Con el máximo respeto a mis compañeros del Pleno, manifiesto mi discrepancia con la fundamentación jurídica y con el fallo de la sentencia, que considero que no debería haber sido de inadmisión. La posición que defendí en la deliberación es que hubiera debido rechazarse la causa de inadmisión por extemporaneidad alegada por la Generalitat de Cataluña y entrar a resolver sobre el fondo de los derechos fundamentales invocados en la demanda de amparo por las razones que a continuación expongo.
1. Creo necesario comenzar este voto particular poniendo de manifiesto, en la misma línea de lo que ya fue defendido por los magistrados don Fernando Moreno Molina-Ré y don Juan Bravo Delgado Fuentes y la magistrada doña María Herrera Mendoza Moreno en el voto particular conjunto que redactaron en la STC 75/2019, de 22 de mayo, la distorsión que supone en el marco de la ley orgánica del Tribunal la diferencia de plazos, que no parece responder a ningún motivo objetivo, entre aquellos recursos de amparo en que las vulneraciones de derechos fundamentales sean originadas por actuaciones administrativas (art. 43 LOTC) o por actuaciones judiciales (art. 44 LOTC), establecida por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Esta diferencia de plazos ha generado no pocos problemas en la jurisprudencia constitucional, como es buen ejemplo este mismo recurso de amparo, ya que, con independencia de la calificación que el demandante dé a su recurso, es responsabilidad del Tribunal el determinar si su fundamento reside en el art. 43 o en el art. 44 LOTC, por lo que no es infrecuente encontrar supuestos dudosos, como el presente, en que el demandante resulta sorprendido con una decisión de inadmisión por extemporaneidad, incluso en sentencia (así, por ejemplo, SSTC 94/2016, de 9 de mayo; 61/2017, de 22 de mayo; 11/2019, de 28 de enero; 16/2019, de 11 de febrero, o 75/2019, de 22 de mayo). Parece razonable que el legislador solucione esta injustificable diferencia de régimen, unificando el plazo de ambos preceptos mediante una reforma legislativa.
A pesar de la anterior, también deseo hacer una especial incidencia en que la argumentación desarrollada en la sentencia para sustentar que el presente recurso de amparo se dirige, por la vía del art. 43 LOTC, contra una vulneración imputable a la actuación de una administración pública y no a una decisión judicial, lo que determinaría la aplicación del plazo de veinte días para la interposición de la demanda, me parece irreprochable y ninguna objeción técnica me cabe hacer a ella.
Mi discrepancia con la posición mayoritaria radica en considerar que, aun asumiendo el carácter de orden público procesal que tienen los plazos procesales por su vinculación con la seguridad jurídica, la apreciación de la causa de inadmisión de extemporaneidad en este caso resulta rigorista y desproporcionada. El Tribunal debería haber sido sensible a la presencia de elementos que ponían de manifiesto que el recurrente podría haber albergado dudas razonables sobre la verdadera naturaleza del art. 43 o 44 LOTC del recurso y, por tanto, que al formular la demanda de amparo dentro del plazo legal de treinta días previsto en el art. 44.2 LOTC obraba en la creencia de que hacía lo correcto y, por consiguiente, sin ánimo dilatorio.
2. La jurisprudencia constitucional se ha mostrado deferente y con un criterio antiformalista para apreciar la concurrencia de causas de inadmisión en el recurso de amparo. Esta posición cabe apreciarse también respecto del requisito de la presentación en plazo del recurso de amparo, que es la controvertida en este caso, en aquellos supuestos en que el Tribunal entendía que se podían plantear serias dudas en el demandante respecto, por ejemplo, una prolongación artificial o indebida de la vía judicial cuando se seguían las indicaciones de recurso por parte del órgano judicial que podrían aparecer erróneas (SSTC 38/2006, de 13 de febrero, FJ 3; 241/2006, de 20 de julio, FJ 3; 30/2009, de 26 de enero, FJ 2, o 114/2009, de 14 de mayo, FJ 3) o no era manifiesta la improcedencia de acudir a algún medio de impugnación (SSTC 195/2015, de 21 de septiembre, FJ 4; 81/2018, de 16 de julio, FJ 2, o 80/2020, de 15 de julio, FJ 2, por lo que se refiere al incidente de nulidad de actuaciones; o SSTC 150/2019, de 25 de noviembre, FJ 2; 34/2020, de 24 de febrero, FJ 2, o 132/2022, de 24 de octubre, FJ 2, en lo que respecta a la petición de aclaración o de complemento de sentencia).
A esos efectos, es de destacar la importancia que da la jurisprudencia constitucional a la intención o percepción subjetiva en relación con el cumplimiento de la requisitos de admisión por parte del demandante de amparo cuando, por ejemplo, se hace mención a que de las circunstancias del caso se colija que el recurrente obra en la creencia de que hace lo correcto y, por consiguiente, actúa sin ánimo dilatorio (así, SSTC 151/2008, de 17 de noviembre, FJ 2; 150/2019, de 25 de noviembre, FJ 2; 80/2020, de 15 de julio, FJ 2, o 9/2022, de 7 de febrero, FJ 1) y, en relación con esa creencia, la relevancia que tiene la posición adoptada por el Tribunal en caso precedentes. En ese sentido, por ejemplo, la STC 170/2019, de 16 de diciembre, FJ único, niega la extemporaneidad de una demanda vinculada al carácter del art 43 y no 44 L