Categoría: Administración

La drástica reducción de la actividad turística que ha supuesto la pandemia de la COVID-19 durante 2020, y la incertidumbre que continúa dominando el horizonte de 2021, determina el contexto en el que se desarrollará el turismo durante los próximos años. Un momento de cambio y transformación profunda, de necesaria revisión del modelo de desarrollo turístico actual tomando como palancas para la reactivación de la actividad a corto plazo y la mejora de la competitividad turística, a medio y largo plazo, aspectos como la digitalización y la sostenibilidad.
Los daños causados por la pandemia en el tejido turístico representan un riesgo significativo que lastra a toda la economía, por lo que vivimos un momento clave que nos obliga a rediseñar la estrategia del sector y a establecer las bases reguladoras para crear un ecosistema más sostenible, hacia una oferta de experiencias de mayor calidad, innovadoras, integradoras con el mundo rural, que enriquezcan a la comunidad local y a su entorno medioambiental.
Es clave, por tanto, no solo pensar en el más inminente y acuciante corto plazo, sino reforzar su posición en el medio y largo plazo para que el sector turístico español pueda seguir siendo líder mundial en competitividad. El turismo es un sector estratégico de la economía española, un sector que ha generado aproximadamente el 12,4 % del PIB y cerca del 12,9 % del empleo hasta la irrupción de la pandemia COVID-19. El turismo es una herramienta de cohesión social y territorial, de desarrollo económico y de fijación de población. El refuerzo de la competitividad del sector cada vez estará más ligado al desarrollo de las capacidades digitales para atraer a los clientes y mejorar su experiencia.
Uno de los retos del sector es la celebración, en las condiciones más seguras posibles durante el periodo 2021-2022, del año Jacobeo/Xacobeo. España tiene ante sí la obligación de relanzar y fortalecer el Camino de Santiago, en todas sus ramas, poniendo en valor la resiliencia para transformar y fortalecer el modelo turístico, adaptándolo a las nuevas necesidades que permitan mejorar la competitividad y afrontar la modernización del Camino al servicio de una mejor experiencia peregrina.
Desde sus orígenes, en el siglo IX, se ha planteado la necesidad de una intervención por parte de las distintas administraciones para proteger primero a los peregrinos y, más adelante, al patrimonio monumental histórico artístico, cultura y parajes rurales y naturales por los que discurren los diferentes Caminos de Santiago.
Los Caminos de Santiago fueron una de las vías de comunicación más influyentes de Europa, impulsando la aparición de ciudades y villas y fuente de intercambio cultural y de implantación de diferentes estilos que venían de otros países y culturas. Esto ha hecho que además de su valor espiritual, el Camino de Santiago sea, desde el punto de vista de su patrimonio material e inmaterial, uno de los bienes culturales más importantes de España. Así, el Camino Francés y los Caminos del Norte peninsular también son Patrimonio Mundial desde 1993 y julio de 2015, respectivamente. Y en 2004 recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2004 por ser «un lugar de peregrinación y de encuentro entre personas y pueblos que a través de los siglos se ha convertido en símbolo de fraternidad y vertebrador de la conciencia europea».
En el siglo XX, surgió un nuevo enfoque en la intervención de las administraciones con el fin de proteger su rico patrimonio monumental e histórico-artístico. La protección de los poderes públicos se centró en un principio en el extraordinario legado monumental, y posteriormente se amplió ante la urgencia de una labor de conservación y delimitación del propio Camino para evitar su paulatina desaparición. El Decreto 324/1999, de 23 de diciembre, por el que se delimita la zona afectada por la declaración del conjunto histórico del Camino de Santiago (Camino Francés), declaró conjunto histórico-artístico a todos los lugares, edificios y parajes conocidos del Camino de Santiago y a todos aquellos que en lo sucesivo identificara el Patronato Nacional creado al efecto y regulado posteriormente por Decreto 1941/1964, de 11 de mayo, por el que se crea el Patronato Nacional de Santiago de Compostela.
Debido al considerable aumento del número de peregrinos que realizaban el Camino de Santiago y el creciente interés por su recuperación como hecho cultural, se creó el Consejo Jacobeo por Real Decreto 1530/1991, de 18 de octubre, órgano de cooperación que tiene por finalidad facilitar la comunicación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas del Camino de Santiago (País Vasco, Cataluña, Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra y Castilla y León). La Administración General del Estado está representada por los Departamentos con competencias en materia de cultura, educación, cooperación internacional, turismo, cooperación territorial, economía y hacienda, fomento y medio ambiente.
Su última reorganización se produjo por Real Decreto 1431/2009, de 11 de septiembre, por el que se reorganiza el Consejo Jacobeo, para intensificar sus funciones como órgano de cooperación en lo que se refiere a la gestión del Camino de Santiago inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, que en aquel momento se limitaba al Camino Francés y que, posteriormente, se ha visto incrementado con los Caminos del Norte Peninsular (Camino Primitivo, Camino de la Costa, Camino Lebaniego y Camino Interior Vasco-Riojano), declarados Patrimonio Mundial en julio de 2015, sin olvidarnos del Camino de la Plata, el Camino de Santiago del Sur y que atraviesa las Comunidades de Andalucía y Extremadura, entroncando con el camino francés en Castilla y León.
Este Camino se encuentra repartido por diferentes municipios, muchos de los cuales a su vez forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes impulsada por La Secretaría de Estado de Turismo, a través de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SA (SEGITTUR).
El proyecto Destino Turístico Inteligente es un instrumento de la política turística al servicio de la mejora continua, diseñado para que las entidades locales puedan hacer frente de manera conjunta con éxito a los retos y transformaciones permanentes que plantea el entorno económico, social y tecnológico a nivel mundial, y de forma especial el provocado por el COVID-19. En definitiva, se trata de una iniciativa para fomentar la transformación de los territorios con el objetivo de favorecer la transición a un nuevo modelo más innovador, digital y sostenible.
El punto de partida para la puesta en marcha de este programa es doblemente ventajoso. Por una parte, la existencia del Consejo Jacobeo y los grupos de trabajo que han venido colaborando juntos para intensificar, durante los años previos a la celebración del próximo Año Santo Jacobeo en 2021, la cooperación cultural entre las Administraciones estatal y autonómicas responsables, en la medida de sus respectivas competencias, de la conservación y la promoción del Camino de Santiago.
Por otra parte, la existencia de una red de entidades locales trabajando a favor de la digitalización y la sostenibilidad, el modelo y la Red DTI que impulsa SEGITTUR, con más de 180 destinos representativos de todas las regiones españolas; muchas ciudades también poseen ya capacidades Smart City desarrolladas durante la última década; y hay también un compendio de normas públicas que acompañan el proceso y también otras complementarias que abordan aspectos aplicables al turismo generadas en el seno del Comité Técnico de Normalización 178 de Ciudades Inteligentes; y finalmente, la enorme experiencia acumulada durante los últimos años de trabajo con ciudades en los que se han generado buenas prácticas y conocimiento que puede ponerse en valor en beneficio de todos los destinos españoles.
Actualmente, nos encontramos en un momento de recuperación de la actividad turística tras la pandemia del COVID-19, y de, al mismo tiempo, aceleración de un proceso de digitalización necesario para la competitividad de un sector estratégico para la economía española como el turismo, y para reducir la brecha digital que padecen los municipios y la España vaciada, muchos de los cuales pertenecen al Camino, solucionando problemas detectados como la falta de atención al peregrino o la escasa interacción con ellos a través de los canales digitales.
La estrategia correcta para dar un buen servicio, dar una inmejorable imagen, atraer peregrinos y proporcionarles una grata experiencia, pasa por lograr una mayor implicación de los establecimientos y empresas que prestan servicios cerca del Camino para mejorar la atención al peregrino.
Atendiendo a la modelización actual del turismo en España, con una clara diferenciación del turismo de sol y playa, patrimonial, interior, de congresos y urbano, el impulso a la transformación, modernización e incremento de competitividad del Camino de Santiago se muestra clave para atender al desarrollo de entornos que sufran el impacto de la España vaciada, aunque no sólo ellos.
Para el diseño de este programa se ha tenido en cuenta los objetivos aprobados por el Consejo Jacobeo, reunido en Comisión Ejecutiva el 6 de noviembre de 2018, para la conmemoración del Año Jacobeo 2021, que son los siguientes: destacar la riqueza cultural, natural y humana del Camino de Santiago; invitar al diálogo en torno a este Gran Itinerario Cultural Europeo; promover el patrimonio cultural jacobeo como fuente de inspiración para la creación artística contemporánea; impulsar el desarrollo de las áreas rurales del Camino de Santiago; y fomentar el conocimiento del patrimonio relacionado con el Camino de Santiago particularmente entre los más jóvenes.
Para poder alcanzar estos objetivos, y teniendo en cuenta que la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son claves para el crecimiento económico a largo plazo y, con ello, del bienestar de la sociedad en general, desde la Secretaria de Estado de Turismo se ha decidido llevar a cabo la puesta en marcha del Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021-2022, que se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y que tiene como objetivo aumentar la productividad y el crecimiento potencial del país, avanzando hacia una España verde, digital, inclusiva, con mayor cohesión social y territorial y sin brechas de género.
Asimismo, hay que señalar que la subvenciones que se regulan en esta orden están en línea con los objetivos que motivaron que el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordara un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento Europeo de Recuperación de la Unión Europea(Next GenerationEU) por un importe de 750.000 millones de euros, compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (en adelante, MRR) y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).
Como consecuencia de esos acuerdos, la Unión Europea ha adoptado el Reglamento (UE) número 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 y el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicho Mecanismo es el eje central de las medidas extraordinarias de recuperación de la Unión Europea.
La financiación ayudará a los Estados miembros a hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia provocados por la COVID-19, garantizando, asimismo, que sus economías emprendan las transiciones ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes, con inversiones que aceleren la recuperación y refuercen el crecimiento.
Igualmente, en este contexto se aprobó el 7 de octubre de 2020, el marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede», que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación) es un proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la Administración Pública. Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación, permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente, que permita que nuestro modelo pueda enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro, e inclusiva, de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.
El Plan de Recuperación fue aprobado por Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 20 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia. Dicho Mecanismo es el eje central de las medidas extraordinarias de recuperación de la Unión Europea. Está articulado a partir de cuatro ejes (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género), que se materializan en diez políticas palanca, que a su vez integran 30 componentes que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan de Recuperación.
Cada componente se centra en un reto u objetivo específico y recoge diferentes medidas: reformas e inversiones para el refuerzo del capital natural, tecnológico y humano, para aumentar la productividad y el crecimiento potencial generador de empleo.
La línea de ayudas que se regula por esta orden se incardina en el Componente 14 del Plan de Recuperación, denominado «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», y específicamente en la inversión 2, «Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico» cuyo objetivo es desarrollar una plataforma inteligente de destino que dote de interoperabilidad a la oferta de servicios públicos y privados al turista. Esto se complementará con el desarrollo de un Sistema de Inteligencia Turística y un conjunto de iniciativas para impulsar la Red Española de Destinos Inteligentes. Las acciones en el marco de esta inversión también respaldarán las soluciones digitales basadas en la inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras en las empresas del sector turístico, y aportarán financiación para el desarrollo de espacios de datos industriales y la promoción de la innovación digital en el sector turístico.
Esta línea de ayudas se recogería en el proyecto 1, «Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos», que tiene por objeto implementar actuaciones de impulso de la digitalización de los destinos turísticos y de las empresas turísticas y abordar la construcción un sistema de inteligencia turística basado en la economía del dato y la interoperabilidad, para garantizar el desarrollo sostenible del territorio turístico, que sea accesible para todos, que facilite la interacción e integración del visitante con el entorno e incremente la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida del residente gracias a las nuevas tecnologías y a un proceso de innovación continua. Esta actuación contribuye a la consecución del hito 222, Implementación y puesta en marcha de una Plataforma Inteligente de Destino plenamente operativo, al apoyar proyectos innovadores desarrollados por entidades locales pertenecientes a la red DTI que alimentarán dicha plataforma y que se pondrán a disposición de los turistas y del sector debiendo alcanzarse dicho objetivo en el segundo trimestre de 2025.
Esta orden se aprueba de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Además, en atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los fondos europeos «Next Generation EU» y de conformidad con el artículo 61.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, esta orden de bases incorpora la convocatoria de las ayudas.
La presente orden se estructura por razones sistemáticas en tres capítulos. En el primer capítulo se contienen disposiciones de carácter general, como el objeto de las ayudas, su ámbito, los beneficiarios o los gastos subvencionables. En el segundo capítulo se recoge las bases de las ayudas. El tercer capítulo regula la convocatoria de ayudas para el año 2021.
Por otro lado, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas en el ámbito del Plan de Recuperación, deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el Componente 14, Inversión C14.I2 en la que se enmarca, tanto en lo referido al principio DNSH, como especialmente en lo que se refiere a las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. En primer lugar, la competencia estatal sobre la base del artículo 149.1.13.ª tiene un «carácter transversal», en el sentido recogido en la jurisprudencia constitucional (por todas, STC 74/2014, de 8 de mayo, FJ 3) de manera que «aun existiendo una competencia sobre un subsector económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como ''exclusiva'' en su Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias», siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica.
Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que «exige decisiones unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de determinados problemas en orden a la consecución de dichos objetivos (de política económica global o sectorial) y evite que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en las distintas partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores» (STC 186/1988, FJ Núñez; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5). El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza y forma de instrumentación, orientadas a garantizar la «unidad de mercado» (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la «unidad económica» (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).
En su seno, se enmarcan tanto las normas estatales que fijan las líneas directrices y los criterios globales de la economía o referidos a la ordenación de un sector concreto, como aquellas acciones o medidas singulares necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de dichos ámbitos. Por ejemplo, líneas de ayudas como las reguladas en esta orden, destinadas a actualizar y modernizar los destinos turísticos en todas aquellas infraestructuras, herramientas y soluciones digitales relacionadas con la gestión de servicios turísticos por parte de las entidades locales.
La competencia transversal del Estado concurre, en el caso que nos ocupa, con la atribución estatutaria de las comunidades autónomas en materia de promoción del turismo. Por otro lado, los municipios son competentes en materia de información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, dentro de los márgenes de la Ley estatal y autonómica artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local). Se trata de un ámbito, por lo tanto, en el que concurren títulos competenciales del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
Partiendo de esa concurrencia de títulos competenciales, hay que recordar que, como señaló el Tribunal Constitucional en la STC 31/10, en relación con la competencia exclusiva recogida en el Estatuto de Cataluña sobre comercio y ferias, que ésta «no impide ni menoscaba el ejercicio de la competencia estatal del artículo 149.1.13.ª CE» (FJ 68).
Específicamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero (FJ 8), cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas competencias exclusivas sobre la materia en que recaen las subvenciones, éstas pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada de las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado». No obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior, a saber: Que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas circunstancias y para valorar la participación en ese proceso de las comunidades autónomas (STC 31/10, FJ 62).
A estos efectos, y, en primer lugar, la situación crítica que vive el sector como consecuencia de la pandemia, a la que ya se hace hecho referencia con anterioridad y la urgencia requerida en el despliegue homogéneo de las ayudas en todo el territorio en el menor plazo de tiempo posible, justifican fundadamente el carácter imprescindible de la presente orden de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para garantizar la plena efectividad de las medidas en el sector.
Por todo ello, concurren en este caso las circunstancias para centralizar la convocatoria de las ayudas por el Estado: la grave crisis en la que se encuentra inmerso el sector turístico como consecuencia de la COVID-19 que hace imperativo un revulsivo inmediato que le permita recobrar su actividad, reactivando las economías municipales y el propio pulso de los ecosistemas locales, también desde el punto de vista social.
El esquema centralizado para la asignación de los fondos es imprescindible para la efectividad inmediata por varias razones.
Por un lado, se garantizaría el despliegue simultáneo de las ayudas, contribuyendo a una acción única, homogénea y sincronizada de revitalización del turismo y se evitaría la potencial falta de sincronía por posibles diferencias en plazos de tramitación entre las diecisiete comunidades autónomas.
La necesidad de un despliegue inmediato y sincronizado, que refuerce la competitividad del sector turístico en el corto plazo en todo el territorio, exige que los plazos y criterios aplicados sean idénticos en todo el territorio nacional, lo que se alcanza con una tramitación de la recepción de solicitudes, selección y pago único. El enfoque adoptado permite poner en marcha un procedimiento homogéneo que haga frente a la situación de urgencia actual de forma unívoca.
Por otro lado, esta propuesta de gestión permite alcanzar de manera inmediata el objetivo perseguido, limitando los retrasos que pudieran derivarse de las dificultades de establecer unos criterios de reparto. Se pretende reforzar la competitividad de los destinos turísticos locales en todo el territorio, independientemente de su pertenencia a una u otra comunidad, basándose tan sólo a las cualidades de los proyectos que presenten las entidades locales en la que se encuentren. Este objetivo entra en conflicto con la necesidad de definir un criterio de distribución objetivo entre las comunidades autónomas que sirviese al mismo fin en el caso de que se procediese a la gestión territorializada, porque el nivel del reparto para definir la cantidad asignada a cada una de éstas debería fijarse en función de criterios cuantitativos ligados al ámbito autonómico (sea el PIB, la población, los datos turísticos o el número de mercados en el territorio, lo que no se puede hacer corresponder con proyectos de modernización, que no se pueden conocer a priori) siendo además un requisito imprescindible el de la rapidez en el despliegue de las ayudas para maximizar el impacto de las medidas, clave en el actual contexto económico.
Esto último enlaza precisamente con el segundo elemento al que hace referencia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: el carácter imprescindible de la presente orden de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por los posibles beneficiarios en todo el territorio nacional y, por ende, para revitalizar el comercio local de forma sincronizada en todo el Estado. Ninguna otra opción de las posibles permitiría atender mejor a ese objetivo primordial. Los potenciales beneficiarios de las subvenciones presentan características diversas y variadas en sus dimensiones y estructura, así como en el grado tecnológico alcanzado en el sector turístico ubicado en su demarcación, lo que aconseja un procedimiento de tramitación y valoración único.
En resumen, la necesaria coherencia de la política económica en las actuales circunstancias económicas excepcionales y la gravedad y urgencia de la situación aconsejan el que se articule un sistema que permita una actuación rápida y uniforme en todo el territorio, garantizando la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de todos sus potenciales destinatarios, lo que justifica el que de manera excepcional se haya articulado un mecanismo que asegura la homogeneidad y la plena información y coordinación en un sistema de concurrencia competitiva, que prima la agilidad, pero al mismo tiempo garantiza la debida coherencia de los proyectos con las políticas sectoriales de cada comunidad o ciudad autónoma, a través de los órganos de gobierno diseñados al efecto.
Se trata, además, de una medida de fomento puntual, justificada por la gravedad de la crisis y la necesidad de una respuesta inmediata, que no afecta al espacio normativo de las comunidades autónomas, que pueden llevar a cabo sus políticas sectoriales propias, ya que el Estado no establece una regulación básica con vocación de permanencia sino que adopta una medida singular, puntual y aislada, que se agotara con su ejecución en el marco del Plan de Recuperación, y para el ejercicio por las entidades locales de competencias propias de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Este el caso de las ayudas reguladas en esta orden, dirigidos a la digitalización de los miembros de la red de destinos turísticos inteligentes gracias al desarrollo e implantación de tecnologías en los destinos, que tienen un marcado carácter innovador.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política de turismo.
Específicamente, el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, atribuye a la Secretaria de Estado de Turismo, entre otras, las funciones de definición, desarrollo, coordinación y ejecución de las políticas turísticas del Estado, sin perjuicio de las competencias de la Comisión Interministerial de Turismo, así como las relaciones turísticas institucionales de la Administración General del Estado con organizaciones internacionales, públicas o privadas, y la cooperación turística internacional, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Estas ayudas no se consideran ayudas de Estado por cuanto son inversiones que se destinan a la digitalización y modernización de Administraciones Públicas, en concreto Entidades Locales vinculadas a la Red de destinos turísticos inteligentes.
Asimismo, las ayudas contempladas en la presente orden se incardinan en el Plan actualizado 2021 del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborado en un contexto condicionado por la crisis sanitaria y marcado desde el punto de vista presupuestario por la aprobación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y por la aprobación del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación(Next Generation). Dicha incardinación se efectúa a través de la primera de las cinco líneas estratégicas del Plan que tiene como objetivo fomentar la digitalización y la innovación en los sectores productivos competencia del Ministerio.
Por otro lado, las ayudas contempladas en la presente orden no tienen asignada ninguna etiqueta ambiental en el marco del Plan de Recuperación, pero si una etiqueta digital, la 010, correspondiente a Digitalización de pymes (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivientes, los ciberemprendedores, las empresas emergentes basadas en TIC, el comercio electrónico entre empresas), que tiene asignado un coeficiente del 100 %. Las actuaciones subvencionadas, por lo tanto, deben responder a esa categoría.
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, siendo el principal favorecer el fortalecimiento del conocimiento científico en turismo. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo solo las condiciones que establece la normativa europea y la española. Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las empresas. Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios. En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, y garantiza una amplia participación a sus potenciales destinatarios en su elaboración. En relación con los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, se ha recurrido a la concurrencia competitiva pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar la efectiva ejecución de las políticas públicas del Gobierno en la materia, asegurando la igualdad de oportunidades. Las bases reguladoras de las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando sometidas todas las solicitudes de ayuda al procedimiento ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento definidas para él en dicha normativa.
Esta orden está en consonancia con el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, que recoge el impulso de la digitalización de la Administración Pública entre los diez ejes de reforma e inversión para catalizar una transformación digital que relance el crecimiento económico, la reducción de desigualdades, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. Impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, esta transformación debe llegar a toda la sociedad y permitir conciliar las nuevas oportunidades que ofrece el mundo digital con el respeto a los valores constitucionales y europeos, así como la protección de los derechos individuales y colectivos.
En la elaboración de esta orden han emitido informe el Servicio Jurídico y la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
Constituye el objeto de esta orden la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos que permitan avanzar en la transformación y modernización de las entidades locales que forman parte del Camino de Santiago hacia un modelo de destino turístico inteligente basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial,, en el marco de del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (en adelante, Plan de Recuperación) y con el Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021-2022, así como la convocatoria correspondiente a 2021.
1. Las ayudas reguladas en esta orden se incardinan en el componente 14, del «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», en la inversión 2, «Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico», proyecto 1, «Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos», dentro del apartado relativo al impulso y consolidación de la Red de destinos turísticos inteligentes («DTI»), como parte integrante del desarrollo de servicios compartidos para los miembros de la Red que resuelvan necesidades comunes, que en el caso de la presente orden se circunscriben al ámbito concreto del Camino de Santiago, y contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de recuperación y resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
2. En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas con cargo a la presente Orden deberán respetar el llamado principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el Componente 14, Plan de modernización y competitividad del sector turístico.
La presente orden, por la que se establecen las bases reguladoras para las ayudas en el ámbito de la modernización y competitividad del sector turístico, será de aplicación en todo el territorio nacional siempre que los proyectos presentados estén relacionados con el Camino de Santiago en sus diferentes rutas.
a) Camino Francés: Ruta habitual de los peregrinos europeos desde la Edad Media que tiene su comienzo en España en Roncesvalles-Valcarlos (Navarra) y en Somport-Canfranc (Aragón). Documentada etapa por etapa desde el siglo XII, protegida por el Estado como conjunto histórico desde 1962 e incluida en la lista de Patrimonio Mundial por UNESCO en 1993. Es la ruta elegida en mayor medida como destino turístico hoy en día.
b) Caminos delimitados por el Consejo Jacobeo: Camino de la Costa (Camino del Norte), Camino Primitivo, Camino del Interior Vasco-Riojano, Camino Liebaniego, Camino Catalano-Aragonés.
c) Otros caminos: Camino Mozárabe por la vía de la Plata, Camino de Invierno, Camino de Levante, Camino Mozárabe, Camino de Madrid, Camino Inglés, Camino de Fisterra-Muxía, Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla; Camino de Mallorca y el Camino Canario.
1. Las ayudas reguladas en esta orden se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, establecidos en los artículos 8.3, 22.1 y 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se iniciará mediante convocatoria pública.
2. El procedimiento de concesión, que se iniciará de oficio mediante convocatoria pública, se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3. La presente orden de aprobación de las bases reguladoras, que, de acuerdo con el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluye la correspondiente convocatoria, se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante, BDNS) y en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.3.b) y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Las convocatorias que se aprueben en el marco de estas bases se publicarán en la BDNS y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La financiación de las convocatorias que se realizan con arreglo a esta orden se imputará a las aplicaciones presupuestarias 20.50.460A.760 de los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en esta orden las agrupaciones de entidades locales que se ajusten al régimen previsto en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que estén ubicadas en el ámbito territorial determinado en el artículo 3, y estén compuestas por el número mínimo y máximo de participantes previstos en el apartado siguiente.
Todos los miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios de la ayuda y serán solidariamente responsables, en proporción a sus respectivas participaciones, en relación al conjunto de actividades a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de préstamos, y las responsabilidades por infracciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2. Las agrupaciones de entidades locales a las que se refiere el apartado anterior serán aquellas compuestas por un mínimo de 3 entidades y un máximo de 8 que pertenezcan a la misma ruta del Camino de Santiago. En la solicitud y en la resolución de concesión se determinarán los compromisos asumidos por cada miembro y el importe de la subvención aplicado a cada uno. Deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación.
3. Los miembros de la agrupación deberán suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento, sin que sea necesario que se constituyan en forma jurídica alguna para ello. El acuerdo de agrupación debería incluir, por lo menos, los siguientes aspectos:
a) Compromisos de ejecución de actividades asumidos por cada miembro de la agrupación.
b) Presupuesto correspondiente a las actividades asumidas por cada miembro de la agrupación, e importe de la subvención a aplicar en cada caso.
c) Representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
d) Organización interna de la agrupación, plan de contingencias y disposiciones para la resolución de litigios internos.
e) Acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los participantes.
f) Propiedad de los resultados.
g) Protección legal de los resultados, y, en su caso, de la propiedad industrial resultante. Deberá recoger una previsión mínima de cesión de derechos de uso no exclusivo en beneficio de la administración pública española, por una duración acorde con la regulación de la propiedad intelectual o industrial, según el caso.
h) Normas de difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados de la actividad subvencionada.
El acuerdo de agrupación podrá condicionarse a ser declarado beneficiario de la ayuda por resolución de concesión definitiva.
4. Los integrantes serán entidades locales que formen parte o que hayan solicitado su adhesión a la Red DTI antes de la concesión de la ayuda, conforme al modelo que se incluye como anexo I.
5. No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. No podrán ser beneficiario las entidades que no estén al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni aquellas empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Para poder acceder ayudas, las solicitudes han de estar referidas a proyectos relacionados con el Camino de Santiago y sus rutas.
b) La condición de beneficiario de la ayuda implica que asume, frente a la entidad convocante, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c) Las acciones que realicen los beneficiarios tendrán que cumplir con lo estipulado en estas bases reguladoras.
1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las que se establezcan en las convocatorias. Entre otras, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la certeza de la no ejecución y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde la resolución de concesión, procediendo a la devolución voluntaria conforme con lo establecido en el artículo 90 del reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los intereses de demora calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Mantener la inversión durante un plazo de cinco años desde la finalización de la ejecución del proyecto, sin que sufra una modificación sustancial que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución y aprobación. Serán considerados cambios sustanciales todos aquellos que alteren el objetivo o resultado de la subvención. El cumplimiento de este requisito estará sujeto a comprobaciones a criterio del órgano gestor de las ayudas.
c) Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.
d) Contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
e) Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca en las convocatorias o las resoluciones de concesión.
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones, europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades beneficiarias garantizarán el respeto al principio de »no causar un perjuicio significativo», conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo, de 13 de julio de 2021.
b) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
c) Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero. Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
d) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
e) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
f) Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
g) Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación (tres años si la financiación no supera 60.000 euros), de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) número 201