Categoría: Energía y Medio Ambiente

9 de octubre, deberá verificar que las operaciones de sellado y abandono de los pozos se han diseñado y ejecutado con arreglo a los estándares exigibles y las mejores prácticas generalmente aceptadas en la industria. En este sentido, el verificador independiente deberá intervenir en la planificación y preparación de cualquier modificación sustancial de las operaciones.
En particular, se deberá verificar que se han realizado las comprobaciones y pruebas necesarias para garantizar que el abandono se realiza de acuerdo con los estándares exigibles, especialmente en relación con los requerimientos de profundidad, longitud y comprobación de los tapones de cemento y barreras.
2. «RIPSA» remitirá a la Autoridad Competente y a la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, los correspondientes informes de verificación, debiendo estar reflejadas en el mismo, y debidamente justificadas, las posibles modificaciones o no conformidades de acuerdo con los estándares exigibles, así como la solución dada a las mismas a satisfacción del verificador, y, en general, que se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente.
3. Se considera a la entidad de verificación seleccionada habilitada para comunicar a la Autoridad Competente cualquier no conformidad que no se haya resuelto satisfactoriamente por parte del operador en medio marino.
4. Los resultados de la verificación independiente se entenderán sin perjuicio de la responsabilidad de los titulares en relación con el funcionamiento correcto y seguro de los equipos y los sistemas sujetos a verificación.
1. En la ejecución de las operaciones serán de obligado cumplimiento las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, establecidas en la declaración de impacto ambiental del proyecto, formulada mediante Resolución de 25 de julio de 2023, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (BOE núm. 182, de 1 de agosto de 2023), así como todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en el estudio de impacto ambiental del proyecto y las aceptadas tras la información pública o contenidas en la información complementaria en tanto no contradigan lo establecido en dicha resolución.
2. El «Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. Proyecto Abandono Definitivo (P&A) de Pozos Submarinos (Activo Casablanca, Tarragona)» deberá tener en consideración las medidas establecidas en la presente resolución.
El seguimiento del grado de implantación del programa de vigilancia ambiental durante la ejecución del proyecto se realizará mediante la emisión de informes periódicos, de carácter semanal durante el sellado y abandono de los pozos, en los que quedarán reflejadas las conclusiones del seguimiento específico, la evolución del proyecto y su incidencia ambiental, incluyéndose los resultados derivados de la aplicación del protocolo de vigilancia y control de la sismicidad. No obstante, cuando la naturaleza de las posibles incidencias lo haga necesario, deberán emitirse informes extraordinarios.
3. Tras la finalización de cada campaña se elaborará un informe final de vigilancia ambiental en el que se resumirá y consolidará toda la información ambiental recogida y los resultados obtenidos durante cada campaña, incluyendo una descripción de las incidencias ambientales, desviaciones con respecto al plan de operaciones inicial, evolución de los impactos ambientales más significativos, aparición de nuevos impactos, medidas preventivas y correctoras ejecutadas e incorporación de nuevas medidas.
4. Todos los informes de seguimiento del programa de vigilancia ambiental deberán remitirse a todas las Administraciones integrantes de la comisión de seguimiento a que se refiere el artículo décimo de la presente resolución, sin perjuicio de su posible comunicación a otras Administraciones u organismos.
5. Tras la finalización del proyecto, se comunicará el abandono definitivo y el estado mecánico de los pozos a la autoridad competente para la actualización de las cartas náuticas.
1. Se llevarán a cabo labores de monitorización de la actividad sísmica en las inmediaciones de los pozos de acuerdo con lo previsto en el documento «Plataforma Casablanca (Tarragona) Definición de Protocolo de Vigilancia y Actuación Frente a Sismicidad», de 18 de abril de 2023. En caso de activación del protocolo se notificará a la mayor brevedad tanto a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su posible notificación a otras Administraciones u organismos.
2. La Dirección General de Política Energética y Minas podrá modificar o adaptar el contenido del protocolo de vigilancia y actuación frente a la sismicidad en función de las circunstancias concurrentes.
1. El operador en medio marino será responsable ilimitadamente de eventuales daños a personas, bienes y al medioambiente que se deriven de su actividad o de cualquiera de los subcontratistas o profesionales que colaboren con el mismo, adoptando todas las medidas de prevención, de evitación, así como de reparación de los eventuales daños causados en los términos de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, el Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre y su normativa de desarrollo, y de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, sin perjuicio de cuantas otras resulten de aplicación. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad solidaria frente a la Administración de los titulares de las concesiones de explotación por todas las obligaciones que de ellas deriven.
2. Al objeto de garantizar la cobertura de la responsabilidad civil por los daños que se puedan causar en el desarrollo de las operaciones, antes del inicio de las mismas «RIPSA» deberá acreditar ante la Dirección General de Política Energética y Minas la existencia de una cobertura de su responsabilidad civil para responder de posibles daños por un importe global no inferior a 69 millones a constituir de conformidad con lo previsto en los apartados: tercero del Real Decreto 3046/1978, de 3 de noviembre, por el que se otorgó la concesión de explotación «Casablanca»; tercero del Real Decreto 2911/1979, de 7 de diciembre, por el que se otorgó la concesión de explotación «Montanazo D»; tercero del Real Decreto 1830/1996, de 19 de julio, por el que se otorgó la concesión de explotación «Rodaballo»; y sexto del Real Decreto 1105/2012, de 13 de julio, por el que se otorgó la concesión de explotación «Lubina».
1. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y sin perjuicio de las facultades de inspección que puedan resultar de otras normas sectoriales, tanto la Dirección General de Política Energética y Minas como la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona podrán efectuar las inspecciones y comprobaciones que estimen oportunas en relación con el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente resolución y en las disposiciones y normativa vigente que sea de aplicación.
2. El operador en medio marino facilitará el acceso a las instalaciones al personal de los organismos competentes para la realización de las actuaciones inspectoras que sean oportunas. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en el Título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en el capítulo VI del Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
Con carácter previo al inicio de las operaciones correspondientes a cada una de las campañas, y al menos con una semana de antelación, «RIPSA» comunicará a la Dirección General de Política Energética y Minas, a la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y a la Capitanía Marítima competente la fecha de inicio de las operaciones y la de finalización con la mayor antelación posible. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su posible notificación a otras Administraciones u organismos.
1. Sin perjuicio de cuantas otras obligaciones de información pudieran ser exigibles, durante la ejecución de las operaciones previstas en cada campaña, se remitirán a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, los informes a que hacen referencia el artículo 11.1.3, apartados f y g, del Reglamento de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 aprobado por el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, y el artículo 11.4 del Real Decreto 1339/2018, de 29 de octubre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. En los mismos se han de incluir los partes diarios de operación (DOR, por sus siglas en inglés) a que se hace referencia en el informe de implantación del proyecto y en los programas de pozo, así como el Informe Final de Operaciones del Pozo (EOWR, por sus siglas en inglés).
2. Los titulares de las concesiones de explotación afectadas por las operaciones, en tanto parte responsable, deberán cumplir con las obligaciones que deriven de las diferentes normas o directrices, ya sean nacionales o europeas, que puedan establecer condiciones relativas al monitoreo, reporte, y reducción o eliminación de posibles emisiones procedentes de pozos de hidrocarburos taponados y abandonados de forma definitiva. A este respecto, en el plazo de tres meses desde que dichas obligaciones sean efectivas, los titulares de las concesiones de explotación afectadas por las operaciones deberán presentar a la Dirección General de Política Energética y Minas, un plan de implementación de las mismas. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las actuaciones que procedan frente a otras Administraciones u organismos como puedan ser las autoridades competentes en materia de contaminación marina.
3. De acuerdo con lo previsto en el punto 2 de los fundamentos de derecho de la declaración de impacto ambiental del proyecto, formulada mediante Resolución de 25 de julio de 2023, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (BOE núm. 182 de 1 de agosto de 2023), previamente al inicio de las operaciones la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles de la DGPEM constituirá una comisión mixta de seguimiento en la que se invitará a participar al operador en medio marino, al órgano ambiental, a la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, a la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITERD, a la Subdirección General de Protección del Mar del MITERD, al órgano con competencias en medio ambiente de Cataluña y a la Dirección General de la Marina Mercante, sin perjuicio de la eventual incorporación de otros organismos si así se juzgara conveniente.
1. En un plazo máximo de dos meses desde el abandono definitivo de los pozos submarinos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y los artículos 11.1.3, apartado h, y 35 del Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, se remitirán, en soporte CD o DVD salvo indicación en otro sentido, los siguientes informes:
a) Ficha resumen del sondeo, en soporte digital (formatos Word, Excel o PDF).
b) Informe (geológico) final del sondeo, en soporte digital en formato PDF o compatible con MS Office. Las figuras deberán remitirse en formato TIFF, JPEG, GIF.
c) Informe de perforación, en soporte digital en formato PDF o compatible con MS Office.
d) Composite log, en soporte digital:
i. Datos digitales en formato: LAS, LIS, DLIS, con las cabeceras rellenas.
ii. Imagen en formato TIFF, JPEG, PDF o cualquier otro formato de imagen digital.
e) Masterlog, en los mismos formatos que el Composite log.
f) Diagrafías, en los mismos formatos de datos y de imagen que el Composite log. Deberán estar separadas en carpetas en función de dicho formato (datos o imagen) y delrun:
i. Formato de datos: LAS, LIS, DLIS, con las cabeceras rellenas según formato.
ii. Formato de imagen: PDS, TIFF o PDF, que incluya la cabecera del registro.
g) Pruebas de producción, en soporte digital en formato Excel y PDF o compatible con MS Office.
h) Estudios de velocidad, en soporte digital en formato de datos ASCII o Excel (Checkshot) o SEG-Y (VSP) y PDF o compatible con MS Office.
Igualmente, se remitirá cualquier otro informe realizado sobre dichos sondeos como pueden ser informes de implantación, informes de abandono, de instalaciones auxiliares, de descripción de testigos, geoquímicos, paleontológicos, de análisis petrográficos, etc.
2. Las muestras de testigos y ripios de la perforación deberán ponerse a disposición del Instituto Geológico y Minero de España en las condiciones y con los requisitos que éste pudiese establecer, en caso de considerar oportuno la incorporación de los mismos a sus archivos litológicos.
Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de aquellas otras autorizaciones, licencias o permisos que los trabajos, construcciones e instalaciones necesarios para el desarrollo objeto de la misma pudieran requerir por razones fiscales, de ordenación del territorio y urbanismo, de protección de medio ambiente, de protección de los recursos marinos vivos, exigencia de la correspondiente legislación sectorial o seguridad para personas y bienes.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se reserva el derecho de realizar las pruebas que estime convenientes y podrá dejar sin efecto la presente resolución ante el incumplimiento de las condiciones establecidas en la misma, así como de cualquier otra normativa que sea de aplicación.
Esta resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su notificación a los interesados.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 62.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación al interesado.
Madrid, 10 de octubre de 2023.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel Fernández Fernández.