Categoría: Administración

original del resguardo de constitución de una garantía en la Caja General de Depósitos, bajo la modalidad de aval prestado por entidad de crédito o Sociedad de Garantía Recíproca conforme a la normativa de la citada Caja (Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, y demás normativa de aplicación), y con los requisitos establecidos para las mismas, suficiente a juicio del Instituto para la Transición Justa, O.A., por el importe de la ayuda concedida y anticipada, y los intereses de demora, desde el momento de la concesión del anticipo hasta el final del plazo establecido para el mantenimiento del empleo comprometido, en su caso. Se considerará interés de demora el previsto en el artículo 17.2 de la Ley 47/2003, de 27 de noviembre.
La garantía será liberada cuando tenga lugar la acreditación de que se han cumplido las condiciones fijadas en la resolución de concesión, en lo relativo a la ejecución de la inversión y la creación y/o mantenimiento del empleo, en su caso. La garantía no podrá liberarse con anterioridad a la firma del acta de comprobación a la que se hace referencia en el artículo 26.4 de esta orden, en los casos en que la ayuda final resultante sea de importe igual o superior a la cantidad previamente pagada. En caso contrario, se procederá a su devolución una vez se haya hecho efectivo el reintegro procedente.
3. Para el cobro del resto de la ayuda, una vez deducido el anticipo máximo del 80 por ciento regulado en los apartados anteriores, el beneficiario deberá presentar ante el Instituto para la Transición Justa, O.A., la documentación que se señala en el artículo 26, siguiendo el procedimiento establecido en sus apartados 3, 4 y 5.
1. Las fechas mínimas de mantenimiento del empleo y de la actividad e inversión vendrán fijadas en la resolución de concesión de la ayuda, y si las hubiera, en las resoluciones modificatorias.
2. Dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de finalización del periodo de mantenimiento, el beneficiario deberá presentar la documentación justificativa ante el órgano competente.
3. Justificación del mantenimiento del empleo. El periodo de mantenimiento del empleo comprometido se fija en un mínimo de tres años, que coincidirá con el establecido en la resolución de concesión de la ayuda o, en su caso, en las resoluciones modificatorias posteriores.
El empleo mantenido se determinará considerando la plantilla media de los doce meses naturales anteriores a la fecha de la solicitud, o en el caso de empresa constituidas dentro de este periodo, desde la fecha de alta del primer trabajador, más el compromiso de creación de empleo del proyecto subvencionado.
En aquellos proyectos que se presenten como ampliaciones de otros ya subvencionados por el Instituto para la Transición Justa, O.A., deberá considerarse también como empleo a mantener, el número de puestos de trabajo que ya fueron objeto de ayuda con financiación del correspondiente proyecto de inversión, salvo que hubiese transcurrido un periodo de cinco años desde que se liquidó dicha ayuda.
Para la evaluación del cumplimiento de esta condición, la documentación a comprobar estará compuesta, al menos, por los informes de plantilla media de trabajadores en situación de alta e informe de vida laboral de un código de cuenta de cotización de los años correspondientes al periodo de mantenimiento, emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso de existencia de varios centros de trabajo, el Instituto para la Transición Justa, O.A., recabará informes de todas las cuentas de cotización.
En caso de compromiso de creación de empleo joven, o de empleo para personas mayores de cuarenta y cinco años, o de creación de empleo de carácter femenino, o destinado a trabajadores con discapacidad, o de las Bolsas de Empleo del Instituto para la Transición Justa, O.A. el beneficiario deberá aportar adicionalmente la documentación que acredite tales circunstancias y que permita justificar que se ha cumplido con dicho compromiso.
En el supuesto de mantenimiento parcial del empleo creado, se minorará el componente de empleo de la ayuda máxima definitiva en el mismo porcentaje de su incumplimiento. En el caso de incumplimiento en empleos especialmente bonificados se minorará el componente de empleo proporcionalmente en función de la cuantía de bonificación obtenida por dicha circunstancia.
El incumplimiento de las condiciones de mantenimiento del empleo determinará la revocación total de la ayuda en los siguientes supuestos:
a) Si se hubiera mantenido menos de un empleo en caso de no existir plantilla a la fecha de la solicitud.
b) Si la plantilla media mantenida fuera inferior a la que existía en el momento de la solicitud y, por tanto, se hubiese destruido empleo.
4. Justificación del mantenimiento de la inversión. El periodo de mantenimiento de la actividad y la inversión subvencionada se fija en un mínimo de tres años, que coincidirá con el establecido en la resolución de concesión de la ayuda o, en su caso, en las resoluciones modificatorias posteriores. En el caso de grandes empresas dicho periodo mínimo se fija en cinco años.
Para realizar las comprobaciones del cumplimiento de esta condición, el beneficiario deberá presentar la documentación justificativa ante el Instituto para la Transición Justa, O.A. En todo caso, se incluirá inventario de los bienes objeto de subvención, que contendrá la información necesaria que permita verificar el mantenimiento de las inversiones durante el periodo de mantenimiento. Deberá, asimismo, presentar documentación justificativa de que la actividad se ha mantenido durante ese periodo.
En caso de incumplimiento, se minorará la ayuda proporcionalmente, en su componente de inversión y de empleo. El alcance se determinará de forma proporcional a la inversión no mantenida y al periodo durante el cual se hayan incumplido los requisitos de inversión o actividad. Si las inversiones mantenidas o el mantenimiento de la actividad no superaran el requisito mínimo, el alcance del incumplimiento será total.
Además del inventario de los bienes objeto de subvención, la justificación documental consistirá en:
a) Declaración responsable de cumplimiento según el modelo que se especifique en la correspondiente convocatoria.
b) Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria de los ejercicios correspondientes al periodo de mantenimiento, e informe de Auditoría, si procede.
c) Impuesto de sociedades de dichos ejercicios.
d) Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
e) Cualquier otra documentación tendente a justificar el cumplimiento de este compromiso, o bien que le sea requerido por el órgano competente.
5. El incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro de las cantidades percibidas en las condiciones previstas en el artículo 37 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. En el caso de cumplimento de las condiciones de mantenimiento se dictará resolución de cumplimiento, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General de la Administración del Estado y al Tribunal de Cuentas, según establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos a lo establecido en materia de reintegro, control financiero e infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. En los supuestos de incumplimiento parcial o total de las condiciones establecidas en las resoluciones de concesión se procederá a iniciar el procedimiento para la reducción o revocación de la ayuda en función de la relevancia del incumplimiento.
2. Incumplimiento en la fase de ejecución. Se producirá la revocación total de la ayuda en aquellos casos en los que la realización final del proyecto, en las fechas máximas fijadas para su ejecución, no supere los requisitos mínimos señalados en los artículos 8.2 y 8.3.
En el supuesto de realización parcial de la inversión subvencionable establecida, una vez acreditado el cumplimiento del requisito de creación y/o mantenimiento de los puestos de trabajo comprometidos, se liquidará el componente de inversión y el de empleo de la ayuda máxima definitiva en el mismo porcentaje de inversión subvencionable ejecutada y acreditada.
En el supuesto de creación parcial de los puestos de trabajo comprometidos, se minorará, en su caso, además, el componente de empleo de la ayuda máxima definitiva en el mismo porcentaje de incumplimiento. En el caso de producirse con empleos especialmente bonificados se minorará proporcionalmente en función de la bonificación obtenida por dicha circunstancia.
3. Incumplimiento en la fase de mantenimiento. Se producirá la revocación total de la ayuda en los supuestos establecidos en el artículo 28 en relación con el grado de cumplimiento de los compromisos de mantenimiento de la inversión y del empleo.
En el supuesto de mantenimiento parcial de la inversión subvencionable se minorará el componente de inversión y el de empleo de la ayuda máxima definitiva en el mismo porcentaje de su incumplimiento.
En el supuesto de mantenimiento parcial del empleo creado, se minorará, en su caso, además, el componente de empleo de la ayuda máxima definitiva en el mismo porcentaje de su incumplimiento. En el caso de incumplimiento en empleos especialmente bonificados se minorará el componente de empleo proporcionalmente en función de la cuantía de bonificación obtenida por dicha circunstancia.
4. El incumplimiento de la obligación de comunicar la obtención de otras subvenciones públicas o ayudas privadas será causa para la revocación parcial o total de la ayuda, en función de la cuantía de la ayuda obtenida por el proyecto y no notificada al Instituto para la Transición Justa, O.A.
5. El incumplimiento de la obligación de publicitar el origen de la financiación que apruebe el Instituto para la Transición Justa, O.A., con cargo al Programa de reactivación económica de las zonas de Transición Justa, podrá dar lugar a la revocación total de la ayuda.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Esta orden se dicta al amparo de las competencias exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye al Estado para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 14 de diciembre de 2022.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.
Empresa: Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.
Microempresa: Se considerará como tal a una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.
Pequeña empresa: Se considerará como tal a una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
Mediana empresa: Se considerará como tal a una empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.
Gran empresa: Toda empresa que no cumple los criterios establecidos previamente.