Categoría: Judicial

den del día de la sesión de dicha comisión prevista para el día 28 de septiembre de 2018 proceder al examen referido en el párrafo anterior, se señala que nada puede reprochársele desde el punto de vista del procedimiento reglamentario. Pues el orden del día fue fijado, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento del Parlamento, por parte de la mesa y escuchados los portavoces, tal y como consta en el acta de la reunión de portavoces de los grupos parlamentarios de dicha comisión, de 26 de septiembre de 2018.
d) Los acuerdos impugnados contendrían, además, una motivación adecuada y suficiente, aunque la recurrente discrepe de ella.
En concreto, en cuanto a la impugnación del acuerdo del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018 que rechazó la automática suspensión de los señores Puigdemont i Casamajó, Junqueras i Vies, Turull i Negre, Romeva i Rueda, Rull i Andreu, y Sànchez i Picanyol, y arbitró el mecanismo de ejercicio de «sus derechos» mediante designación/representación/sustitución, así como el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 3 de octubre de 2018 que admitió la designación de otro diputado realizada por los señores Junqueras i Vies y Romeva i Rueda para que este ejerciera sus derechos, esta representación procesal entiende que los acuerdos objeto de recurso se adoptaron de conformidad con los requisitos procedimentales establecidos en el reglamento de la Cámara. Además –se afirma–, los recurrentes habrían podido participar en el procedimiento que se derivó del artículo 25 del Reglamento como representantes de su grupo parlamentario en la comisión del estatuto de los diputados y después en el Pleno, por lo que se considera difícil de sostener que dicho procedimiento haya afectado a suius in officium.
e) Las reflexiones conclusivas del escrito se dedican a atacar el último apartado delpetitumcontenido en la demanda, en el que se solicita que este tribunal declare la nulidad de «todas las decisiones y actuaciones del presidente del Parlamento tendentes a hacer efectivos los acuerdos relacionados a pesar de su manifiesta y palmaria inconstitucionalidad».
A modo de ver de esta representación procesal, esa petición genérica no se adecua a la obligación, establecida en el art. 49 LOTC, de fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. Entiende, por tanto, imposible entrar a rebatir dicha solicitud, en tanto en cuanto no se mencionan expresamente ni fundamentan jurídicamente los vicios de las referidas decisiones y actuaciones del presidente del Parlamento, de forma individual y pormenorizada. Consecuentemente, no cabría jurídicamente la utilización de este cauce procesal para obtener del Tribunal Constitucional una sentencia por la cual se declaren vulnerados derechos por unas decisiones y actuaciones que no han sido recurridas como tales.
Por todo lo expuesto, suplica al Tribunal Constitucional que dicte sentencia por la que deniegue el amparo solicitado.
12. Don José Fernández Ruiz Guardia, actuando en representación de los diputados del grupo parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña, presentó en el registro de este tribunal el día 5 de abril de 2019 las alegaciones que, de forma sucinta, se exponen:
a) Tras recordar cuales son los acuerdos impugnados, se afirma que todos ellos son plenamente eficaces y han creado una especie de estatuto jurídico singular para los diputados señores Puigdemont, Romeva i Rueda, Junqueras i Vies, Rull, Sànchez y Turull, en contra del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Se trataría de una suerte de norma virtual, ilegal y con capacidad para seguir produciendo efectos: la habilitación de un mecanismo de ejercicio de unos derechos parlamentarios en contra del Reglamento.
Por ello, entienden que mientras este estatuto singular continúe en «vigor», se continuará produciendo la infracción a los derechos de los diputados recurrentes, al Reglamento del Parlamento y a la Constitución.
A este respecto, se advierte que la virtualidad general que tienen estos acuerdos es doble. Por un lado la de arbitrar, con vocación de permanencia indefinida en el tiempo («mentre duri la situació jurídica actual i no es resolguin els recursos presentats per les seves defenses») y generalidad («els drets parlamentaris [...] podran ser exercits pel membre del seu grup parlamentari que els interessats designin»), un procedimiento que permite o habilita el ejercicio de cualquier derecho parlamentario ínsito al estatuto jurídico de diputado y perteneciente al núcleo de la función representativa. Por otro lado, la de derogar o abrogar el propio contenido del Reglamento del Parlamento en el que se acude a los votos disponibles en el Pleno por cada uno de los grupos parlamentarios para deshacer los empates de votaciones en comisión por la vía de un acuerdo de la mesa (el de 18 de septiembre de 2018 que establece un criterio de ponderación diferente: los votos que hubiesen tenido los miembros originariamente electos).
b) De hecho, en relación con el acuerdo de la mesa cuyo efecto es derogar la literalidad del artículo 102.2 RPC, se continúan produciendo actos de algunas presidencias de comisiones parlamentarias en las que, acogiéndose a dicho acuerdo, se afecta al proceso de formación de la voluntad de la Cámara al computarse como votos disponibles en Pleno los de aquellos electos cuyas funciones han sido suspendidas por el Tribunal Supremo por mor del artículo 384 bis LECrim. Y, al respecto, se recuerda que dicha afectación se refiere al resultado de votaciones de iniciativas parlamentarias de impulso y control de la acción de gobierno y, por tanto, pertenecientes al núcleo de la función representativa. Así, se pone como ejemplo el caso de la «Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de P3 a Reus» presentada por el grupo parlamentario Ciutadans, debatida y votada en la sesión 9 de la Comisión d’Esenyament del Parlamento de Cataluña, siendo su apartado segundo rechazado por la presidencia de dicha comisión acogiéndose expresamente al mencionado acuerdo de la mesa al haberse producido un empate. Ello a pesar de que tanto uno de los recurrentes en este recurso (señor Barra), en su función de secretario de la mesa de la indicada comisión, expusiese explícitamente lo aquí denunciado. Lo mismo habría ocurrido en el caso de la «Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera a la regió sanitaria de Tarragona», debatida y votada en la sesión 9 de la Comisión de Salud de 17 de enero de 2019, siendo rechazada tras producirse un empate a votos y aplicarse el acuerdo controvertido.
Asimismo, y respecto de los restantes acuerdos impugnados, se denuncia que están permitiendo el ejercicio de derechos parlamentarios por designación de algunos de los electos suspendidos. De hecho, se señala que tal y como se aprecia en los diarios de sesiones del Pleno del Parlamento de Cataluña aportados, los señores Junqueras i Vies y Romeva i Rueda han venido ejerciendo derechos parlamentarios de los que carecerían en distintas sesiones plenarias, que se especifican.
A efectos ejemplificativos, se da cuenta también por estos de determinadas sesiones del Pleno, a cuyo inicio el presidente del Parlamento desde que se adoptaron los acuerdos impugnados, anuncia: «Seguim també fent-los avinent que, d’acord amb l’article 95 del Reglament, les diputades Raquel Sans i Adriana Delgado, per motius de maternitat, han delegat el seu vot en el diputat Sergi Sabria, president del Grup Parlamentari Republicà, i que els diputats Oriol Campos i Vies i Raül Romeva i Rueda han designat el diputat Sergi Sabria, president del Grup Parlamentari Republicà, perquè exerceixi els seus drets parlamentaris».
c) Todo ello comportaría una continuada vulneración de los derechos fundamentales, pues estaríamos ante acuerdos de la mesa del Parlamento y del Plenoad casumcon virtualidad de producir efectosad extray que conculcan el principio y el derecho a la igualdad entre diputados. Al otorgar un injustificado privilegio a los diputados suspendidos, trae consigo correlativamente un perjuicio y una intolerable perturbación continuada en el desempeño del cargo de los restantes diputados de la Cámara, pues todos y cada uno de los actos de ejecución de la «designación» acordada se verían contaminados por la ilegalidad originaria de la que adolecen los acuerdos de delegación. Ello justificaría, por sí mismo, la medida de suspensión peticionada.
Para los recurrentes no hay mayor perturbación del derecho fundamental a la representación política que la que sucede cuando los recurrentes, cumpliendo con su deber de participar en la actividad del Parlamento, se ven reiteradamente sometidos a una actividad parlamentaria en la que se infringe una medida cautelar en protección del orden constitucional como es la suspensión.
En todo caso, no se ajustaría a derecho y lesionaría elius in officiumque unos meros acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña tengan virtualidad novatoria sobre lo que es el contenido del Reglamento del Parlamento, sin que se tramite su contenido como una reforma del mismo, cercenando las facultades y derechos de participación en el correspondiente procedimiento legislativo.
d) Concluye sus reflexiones la representación procesal de los demandantes señalando que es falaz que la mesa se haya limitado a cumplir con los requerimientos contenidos en el auto de 9 de julio de 2018 del magistrado instructor de la causa especial 20907-2017 seguida en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esta resolución ordenaba la suspensión de los diputados procesados firmemente y, en su caso, apuntaba que no existía impedimento procesal para que sus funciones fuesen ejercidas por otros integrantes de las mismas candidaturas, pero no los propios suspendidos.
En definitiva, consideran que lo que no pueden pretender los acuerdos de la mesa y de otros órganos del Parlamento de Cataluña impugnados, es alegar que defendiendo unos supuestos derechos fundamentales se vulneren deliberadamente otros. Porque –advierten– no existe un derecho fundamental al mantenimiento de determinadas mayorías parlamentarias con carácter indefinido e incondicional. Como tampoco cabe olvidar –en su opinión– que las listas electorales de las que traen causa los actuales grupos parlamentarios en los que se integran los electos suspendidos se conformaron a sabiendas de su situación de privación de libertad, con la correspondiente dificultad de que los mismos no podrían cumplir fácilmente con las cargas que la función representativa comporta y que el conjunto de ciudadanos a los que dichos grupos parlamentarios representan son precisamente representados por el grupo y no por los concretos integrantes que han sido debidamente suspendidos.
Por todo ello, se solicita de este tribunal que estime el recurso de amparo y declare la vulneración del derecho fundamental a la participación en asuntos públicos en condiciones de igualdad de los diputados recurrentes reconocido en el artículo 23 CE, como consecuencia de la ilegítima e injustificada perturbación de suius in officiumpor obra y virtud de los acuerdos adoptados por los órganos del Parlamento de Cataluña que aquí se impugnan.
13. En escrito que tuvo entrada en este tribunal el día 11 de abril de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos Guerrero Rojas, actuando en nombre y representación de don Carles Ramos i Casamajó, solicitó que se tuvieran por efectuadas las alegaciones que, en esencia, seguidamente expondremos.
a) Comienza dicha parte remitiéndose íntegramente a las alegaciones presentadas en los recursos de amparo núm. 5234-2018 y 197-2019 y, en especial a lo referido a las siguientes cuestiones:
– Inexistencia de afectación alius in officiumde los recurrentes en este recurso de amparo.
– Constitucionalidad del trámite dado por la mesa del Parlamento al auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018, a través del procedimiento previsto en el art. 25.1 a) RPC.
– Alcance de la autonomía parlamentaria en materia de suspensión de derechos y deberes de las diputadas y diputados.
b) A continuación, procede a abordar las cuestiones novedosas que considera que se plantean en este recurso de amparo, en relación con la suspensión de los derechos parlamentarios de los diputados afectados por el auto de 9 de julio de 2018 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En primer lugar, se pone de manifiesto que, en su opinión, los recurrentes no acuden en amparo en defensa de sus propios derechos –único supuesto constitucionalmente admisible–, sino interesando la privación de sus derechos políticos a los diputados a los que se refiere la resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018 y a los ciudadanos a los que estos representan, pretendiendo el aval de este tribunal.
Se entiende que la suspensión decretada en dicho auto no operaría de forma automática, sino que, como se expresa en dicha resolución judicial, requiere que la Cámara adopte «las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal». Por tanto, la plena eficacia de la suspensión de los derechos y deberes de los diputados del Parlamento de Cataluña se insertaría en la autonomía parlamentaria. Según esta representación procesal, el mismo magistrado instructor vendría a reconocerlo explícitamente una vez más al referirse a la «eventual» (sic) suspensión de los diputados afectados por la misma. Así lo habrían señalado también los servicios jurídicos del Parlamento de Cataluña en su informe de 17 de julio de 2018, según el cual, el término «automáticamente» se habría de poner en relación con la puesta en marcha de un proceso parlamentarioad hocde ejecución, con todas las garantías, compaginando la aplicación del artículo 25.1 a) RPC con otros principios constitucionales, como el de la prohibición de indefensión, que obliga a escuchar a los diputados afectados antes de adoptar una decisión de gravamen como la suspensión de cualquiera de sus derechos parlamentarios.
En apoyo de su posición, la representación procesal del señor Puigdemont acude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en concreto, a la sentencia de 17 de mayo de 2016, asuntoKarácsony c. Hungría), en la que se destaca la importancia de la autonomía parlamentaria para el sistema democrático.
Asimismo, se trae a colación la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2008, en la que se afirma la competencia del Pleno del Parlamento de Cantabria para declarar incurso en incompatibilidad a un diputado que había sido suspendido en sus funciones, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de dicha Cámara autonómica, así como la STC 7/1992, de 16 de enero, FJ 3, en relación también con la declaración de una situación de incompatibilidad y sus efectos. Se considera que dichas resoluciones resultan aplicables a este caso, por lo que se afirma que es al Pleno del Parlamento al que le correspondía decidir, en última instancia, sobre la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados afectados por el auto de 9 de julio de 2018, como de hecho hizo en su sesión ordinaria de 2 de octubre de 2018, rechazando la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados don Carles Ramos, don Oriol Campos i Vies, don Jordi Mora, don Raül Romeva i Rueda, don Josep Arias y don Jordi Mora Iglesias decisión –continúa diciendo– se habría adoptado de conformidad con el procedimiento reglamentariamente establecido y no vulneraría de ningún modo los derechos fundamentales de los parlamentarios recurrentes, sino que habría sido una decisión perfectamente fundamentada en Derecho, sustentada en un dictamen motivado adoptado por la Comisión del Estatuto de los Diputados –cuyas consideraciones fueron leídas íntegramente en la sesión del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018–, basado a su vez en las consideraciones jurídicas del informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Cataluña de 17 de julio de 2018.
Porque, en opinión de esta representación procesal, sería el auto de 9 de julio de 2018 del magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el que no se ajusta a Derecho y vulnera los derechos fundamentales de los diputados afectados por el mismo y no la resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018, como habría sostenido dicha parte ya en los recursos de amparo núms. 5234-2018, 5488-2018 y 197-2019. En este sentido, se remite nuevamente a los argumentos esgrimidos en los escritos de demanda de ambos procedimientos, que a estos efectos se dan por reproducidos íntegramente en este escrito de alegaciones y se adjuntan al mismo.
c) A continuación, se centra esta representación procesal en justificar que, tanto la delegación de voto, como la designación efectuada por los diputados a los que se refiere la resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018, es conforme al Reglamento de la Cámara.
En primer lugar, se afirma que se trata de una delegación de voto que fue admitida por la mesa del Parlamento de Cataluña en su sesión de 5 de junio de 2018, siendo los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 y 8 de octubre de 2018 meramente confirmatorios de dicho acuerdo. Ni la delegación de voto admitida por la mesa en su sesión de 5 de junio de 2018 y confirmada en sus sesiones de 4 y 8 de octubre de 2018, ni la designación efectuada por los diputados don Oriol Campos i Vies y don Raül Romeva i Rueda serían contrarias al reglamento. Pues, a diferencia de lo que sucede con la Constitución Española, que establece en su artículo 79.3 que «el voto de senadores y diputados es personal e indelegable», no existe una previsión similar a esta en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, de modo que el Reglamento del Parlamento puede establecer y regular la delegación de voto como lo hace, en la actualidad, su artículo 95, cuyas causas se habrían ido ampliando a lo largo del tiempo. Además, se arguye que los límites al ejercicio del derecho de representación deben ser especialmente restrictivos, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del propio Tribunal Constitucional. Dado que se trata de diputados que pudieron concurrir sin ninguna limitación a las elecciones al Parlamento celebradas el día 21 de diciembre de 2017, entiende esta representación procesal que tienen el derecho de ejercer su cargo en el marco de las normas que configuran suius in officium.
En lo que se refiere a este caso concreto, se recuerda que el art. 95.2in fineRPC otorga a la mesa de la Cámara la potestad para «establecer los criterios generales para delimitar los supuestos que permiten la delegación», uno de los cuales, se refiere a situaciones de «incapacidad prolongada» que, para esta parte, sería el supuesto de hecho que aquí se plantea. Por este motivo, se remite a lo dispuesto en el auto del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2018, donde se declara la incapacidad legal prolongada para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento de Catalunya de los investigados en situación de prisión provisional con anterioridad a su procesamiento, al efecto de que pudieran delegar el voto en otros diputados mientras subsistiera tal situación, si así lo solicitaban y la mesa del Parlamento lo acordaba, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento.
Por ello, alude también al informe de los servicios jurídicos del Parlamento de 15 de enero de 2018, en el que se consideraba que el citado auto del Tribunal Supremo abría un escenario para que la mesa del Parlamento determinara que la incapacidad legal prolongada derivada de la situación de prisión provisional de los diputados tenía cabida en el precepto reglamentario.
De esta manera, para esta representación procesal nada habría cambiado con el ATS de 9 de julio de 2018 por el que se decreta el procesamiento de determinados diputados autonómicos, pues, habiendo rechazado la resolución del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018 la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados afectados por el mismo, estos se encontrarían, simplemente, en una situación de «incapacidad legal prolongada» para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento de Cataluña.
Tampoco la designación efectuada por los diputados don Oriol Campos i Vies y don Raül Romeva i Rueda se considera contraria al Reglamento del Parlamento, pues fue una legítima decisión del Pleno la que permitió la delegación temporal no solo del derecho de voto, sino de los otros derechos parlamentarios que eran delegables por su propia naturaleza, con la designación potestativa de un diputado que los pueda ejercer en su nombre. Esta medida excepcional encontraría amparo en la autonomía organizativa de la Cámara, sería idónea para limitar la incidencia de la situación jurídica que afecta a los diputados concernidos y resultaría, además, proporcionada, sin afectar en modo alguno a los derechos parlamentarios de los demás diputadas y diputados de la Cámara.
d) Por último, se argumenta que la interpretación efectuada por la mesa del Parlamento de Cataluña en relación con el artículo 102.2 del Reglamento del Parlamento no solo no afecta en absoluto alius in officiumde los parlamentarios recurrentes, sino que tampoco es contraria al propio reglamento.
En este sentido, las resoluciones aprobadas por la mesa del Parlamento en sus sesiones de 25 de septiembre y 19 de octubre de 2018 serían, para dicha parte, plenamente ajustadas al reglamento, que prevé el voto ponderado en varios de sus preceptos para distintos órganos parlamentarios. De la interpretación sistemática de todos ellos, se desprendería la existencia de un único sistema de voto ponderado, que solo podría venir referido a la representación parlamentaria obtenida por cada uno de los grupos políticos en las elecciones, en los términos acordados por la mesa en dichas resoluciones, sin perjuicio de las alteraciones que se puedan producir en aquellos supuestos en que, de conformidad con normativa parlamentaria, una diputada o un diputado abandone su grupo parlamentario.
14. El escrito de la fiscal ante este Tribunal Constitucional tuvo entrada en el registro de este tribunal el día 15 de abril de 2019, conteniendo, en esencia, las alegaciones que se resumen seguidamente.
Tras poner de relieve que el presente recurso de amparo presenta cierto paralelismo con los recursos de amparo parlamentarios 5234-2018 y 5765-2018, anuncia la fiscal que los acuerdos y resoluciones que son objeto de impugnación se examinan agrupándolos en diferentes apartados, en función del órgano del que proceden y de su conexión entre sí:
a) En primer lugar, se analizan los acuerdos de la mesa del Parlamento que interpretan el art. 102.2 del Reglamento de la Cámara y consideran disponibles a efectos del cómputo del voto ponderado en las comisiones los votos de los diputados que habían sido legalmente suspendidos en sus funciones parlamentarias. Esto es, los acuerdos de la mesa del Parlamento de 18 y 25 de septiembre de 2018, así como los de 9 y 19 de octubre de 2018.
Reconoce la fiscal, conforme a la doctrina constitucional, la necesidad de conceder a los órganos rectores de los parlamentos un margen de apreciación en el ejercicio de su función técnico-jurídica, al calificar y decidir sobre los escritos y documentos parlamentarios, aunque ello no les exime de hacerlo mediante resoluciones motivadas. A ese respecto, se admite que el acuerdo de la mesa que interpreta el art. 102.2 del Reglamento, sobre la ponderación del voto en las comisiones, es un acuerdo adoptado dentro de las competencias que el Reglamento atribuye a la mesa para resolver las dudas de aplicación de un precepto y que, además, el acuerdo que desestimó la solicitud de reconsideración está motivado.
Sin embargo, para el Ministerio Público la motivación en la que la mesa sustenta el acuerdo inicial y la desestimación de la reconsideración es formalista y no responde realmente a la cuestión que le era planteada en relación con la aplicación del art. 102.2 y la efectividad del auto de 9 de julio de 2018 del magistrado del Tribunal Supremo que comunica la suspensión automática yex legede varios diputados. Porque la mesa, al adoptar el acuerdo de 18 septiembre de 2018 que establece la interpretación del voto ponderado en comisiones del art. 102.2 RPC, señala que la interpretación del precepto «se hará conforme al criterio habitual de la Cámara», pero no identifica ningún supuesto concreto en el que se hubiera pronunciado anteriormente sobre la interpretación del voto ponderado en comisiones del art. 102.2 en el mismo sentido que en el acuerdo impugnado. Evita, además, toda referencia al auto de 9 de julio de 2018, cuya efectividad era la que había motivado el planteamiento ante la mesa de las dudas sobre la aplicación del voto ponderado, así como las posteriores solicitudes de reconsideración de los grupos parlamentarios.
El auto del magistrado del Tribunal Supremo indicaba la posibilidad de que el Parlamento de Cataluña contemplara establecer un mecanismo de sustitución de los diputados afectados por la suspensión de sus cargos, para que los grupos parlamentarios no tuvieran que renunciar a las mayorías parlamentarias obtenidas electoralmente durante el periodo de suspensión de funciones de los diputados procesados. Pero esa posibilidad en ningún caso podía ser utilizada para eludir la medida de suspensión de funciones, cuya efectividad plena debía garantizar la mesa adoptando las medidas adecuadas.
Coincide la fiscal con los recurrentes en que la inclusión de los votos que corresponden a los diputados suspensos en el cómputo de la ponderación de votos, sin que estos estuvieran sustituidos plenamente en sus funciones, supondría hacer ineficaz la medida legal de suspensión de funciones parlamentarias que la mesa debía garantizar, posibilitando que la formación de la voluntad parlamentaria en las comisiones se integre con el voto suspendido de los diputados afectados por el auto de 9 de julio de 2018.
También se pone de relieve que el cómputo de los votos de los diputados suspendidos en sus funciones parlamentarias y no sustituidos debidamente, para la resolución de los empates de votaciones en las comisiones, daría lugar a que se produzca una clara contradicción en la formación de la voluntad parlamentaria, según se trate del Pleno o de las comisiones, puesto que en el Pleno no se computaría el voto de los diputados suspensos para la adopción de acuerdos, mientras que su derecho de voto cobraría virtualidad al incluirlo en el cómputo del voto ponderado en caso de empate en las comisiones. Esta contradicción cobra además una especial relevancia en el supuesto en que el Pleno, de conformidad con lo previsto en el art. 136 del Reglamento, delegue en las comisiones la facultad de aprobar proposiciones o proyectos de ley, pudiendo resultar así que determinadas iniciativas legislativas que en el Pleno no obtendrían aprobación lo lograran en comisión, al computarse el voto de los diputados suspensos en la ponderación realizada en caso de empate.
Sobre la base de todo lo anterior, se sostiene que los acuerdos de la mesa del Parlamento de 18 y 25 de septiembre, no son acuerdos debidamente motivados en relación con la concreta cuestión de interpretación que se había planteado a la mesa por los presidentes de las comisiones y por el grupo parlamentario recurrente. Pues habrían vulnerado el derecho fundamental al ejercicio del cargo parlamentario en condiciones de igualdad de los diputados recurrentes del grupo parlamentario Ciutadans, que comprende el derecho a que la formación de las mayorías para la adopción de los acuerdos parlamentarios se produzca de conformidad con el Reglamento y la ley.
La misma vulneración se achaca a los posteriores acuerdos de la mesa de 9 y 19 de octubre que reiteran lo dispuesto en aquellos, dando traslado a las Comisiones parlamentarias para su aplicación.
b) En segundo lugar, se examinan de forma conjunta los acuerdos parlamentarios de trámite que llevaron a la aprobación de la resolución del pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018, así como este mismo.
Advierte la fiscal que la doctrina de este tribunal ha considerado relevante para estimar que ha existido la vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentarioexart. 23.2 CE, la infracción de las normas de procedimiento establecidas por el reglamento.
En el presente caso, la comunicación de una suspensión en el cargo parlamentario producida automáticamente, de conformidad con lo establecido en el art. 384 bis LECrim y, el requerimiento a la mesa del Parlamento para que adoptara las medidas precisas para su plena efectividad, impedían que para el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución judicial se acudiera al trámite parlamentario del art. 25 del Reglamento, previsto para valorar la Cámara la procedencia de suspensiones de derechos de los diputados de naturaleza parlamentaria, no establecidas por la ley o en una resolución judicial, pero que la Cámara puede contemplar en el ejercicio de su propia autonomía.
Por tanto, considera la fiscal que la tramitación parlamentaria dada por la mesa del Parlamento a la resolución judicial de 9 de julio de 2018, que comunicaba la suspensión automática de los diputados en sus cargos parlamentarios por aplicación de lo dispuesto en el art. 384 bis LECrim, infringió la normativa reglamentaría al sujetar a los trámites previstos en el art. 25 del Reglamento para los supuestos de suspensiones de derechos de naturaleza parlamentaria, la efectividad de una resolución judicial que comunicaba una suspensión en los cargos y funciones parlamentarias producidaex lege. El procedimiento indebidamente aplicado, obligó a los diputados recurrentes a participar en una tramitación parlamentaria que no era la prevista para el supuesto al que se refería la resolución judicial. Tal infracción del procedimiento puede constituir, a tenor de la doctrina constitucional en la materia, una vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo público parlamentario reconocido en el art. 23.2 CE y, correlativamente, una vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus legítimos representantes del art. 23.1 CE.
También la resolución aprobada por el Pleno del Parlamento de Cataluña el día 2 de octubre de 2018, infringe abiertamente lo dispuesto en la resolución judicial de 9 de julio de 2018, al acordar en su apartado primero que, al no obtenerse la mayoría absoluta que contempla el art. 25.1 del Reglamento, se rechace la suspensión automática de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados a los que se refería la resolución judicial.
Se recuerda que en la STC 46/2018, FJ 5 se afirma que la decisión de la mesa de admitir a trámite una propuesta que constituya un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, supone una vulneración delius in officiumde los diputados. En analogía con lo allí dispuesto, mantiene la fiscal que también puede constituir una vulneración del derecho al ejercicio en condiciones de igualdad del cargo parlamentario oius in officiumel incumplimiento por los órganos parlamentarios de las demás resoluciones judiciales, como ocurre en este caso, en el que la resolución del Pleno impugnada, infringe abiertamente una resolución judicial del Tribunal Supremo comunicada a la Cámara, con el requerimiento a la mesa del Parlamento para que le diera efectividad. Dicha resolución judicial se dictaba además en aplicación de lo dispuesto en una norma legal. La resolución del Pleno le niega efectividad, rechazando la suspensión automática de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados afectados, con pleno desconocimiento de la obligación de todos los poderes públicos de sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico del art. 9.1 CE y de lo dispuesto en el art. 118 CE, que obliga al cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes.
En cuanto al apartado segundo de la resolución del Pleno del día 2 de octubre de 2018, señala que parece estar admitiendo la posibilidad de acudir a un mecanismo de sustitución plena de los diputados afectados por la suspensión de sus cargos y los derechos inherentes al mismo; sin embargo, tal conclusión no cabe de acuerdo con lo dispuesto en el primer apartado de la resolución, en el que se rechaza la suspensión automática de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados a los que se refiere el auto de 9 de julio de 2018 del Tribunal Supremo. Esa contradicción interna en la que está incursa la resolución del Pleno traería causa de una tramitación parlamentaria, que no era la aplicable conforme al reglamento. De todo ello extrae que tal resolución debe considerarse de manera unitaria y apreciar que toda ella vulnera el derecho fundamental al ejercicio del cargo parlamentario de los recurrentes, por las razones ya expuestas.
c) En tercer lugar, se aborda lo dispuesto en el acuerdo de la mesa del Parlamento de 3 de octubre de 2018, que reconoce efectos a los escritos de los diputados don Raül Romeva i Rueda y don Oriol Campos i Vies designando a otro diputado de su grupo para el ejercicio de sus derechos «mientras dure la situación jurídica actual», así como el rechazo por el Pleno de las propuestas de resolución del grupo parlamentario Ciutadans en la sesión del día 11 octubre.
A tenor de lo que se desprende de la documentación obrante, señala el Ministerio Público que nos encontramos con que el acuerdo adoptado por la mesa del Parlamento en la sesión del día 3 de octubre, que habría reconocido la procedencia y efectos a los escritos presentados el día 2 de octubre por los diputados don Oriol Campos i Vies y don Raül Romeva i Rueda, comunicando la designación del diputado de su grupo, don Sergi Gil, para el ejercicio de sus derechos parlamentarios, no consta en la certificación remitida por el secretario general de la sesión de ese día 3 de octubre como un acuerdo formal adoptado por la mesa, sino que en dicha sesión el presidente pone de manifiesto que toma nota de las citadas comunicaciones, indicando el secretario general del Parlamento que no es necesario la adopción de acuerdo de la mesa. Es quizás –continúa la fiscal– la no adopción por la mesa de un acuerdo formal sobre estos escritos o comunicaciones, lo que explica, igualmente, que no conste, ni en los documentos aportados con la demanda, ni en los documentos que han sido remitidos por el secretario general, la solicitud de reconsideración formulada de acuerdo con lo previsto en el art. 38.1 del Reglamento, respecto de un supuesto acuerdo de la mesa que otorgaba efectos a las comunicaciones de los diputados don Raül Romeva i Rueda y don Oriol Campos i Vies.
Ello obliga –razona la fiscal– a comprobar a los efectos del examen de la vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo, si al menos tales escritos tuvieron un reconocimiento efectivo en el desarrollo de la actividad del Parlamento, dando lugar a la adopción de acuerdos parlamentarios. A este respecto, se pone de manifiesto que en la documentación aportada por los recurrentes y correspondiente a la sesión núm. 17 del Pleno, que tuvo lugar los días 10 y 11 de octubre, consta al comienzo de la sesión del día 10 de octubre que el presidente informa a la Cámara que los diputados don Oriol Campos i Vies y don Raül Romeva i Rueda han comunicado la designación del diputado don Sergi Gil, presidente del grupo parlamentario Republicá, para que ejerza sus derechos parlamentarios. Con relación a la trascendencia o efectividad de esta comunicación, se señala que en la documentación aportada por los demandantes relativa al diario de sesiones del Pleno núm. 17, que tuvo lugar el día 11 de octubre, e igualmente, en la certificación del último punto del orden del día de la sesión 17 del Pleno celebrada los días 10 y 11 octubre, remitida por el secretario general, aparece reflejado que las propuestas de resolución núms. 1 y 10 presentadas por el grupo parlamentario Ciutadans, dentro del debate general sobre priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia, resultaron rechazadas al producirse un empate de sesenta y cinco votos a favor y sesenta y cinco en contra.
De conformidad con los documentos mencionados, se concluye que a la designación realizada por los diputados don Raül Romeva i Rueda y don Oriol Campos i Vies, del presidente de su grupo parlamentario para que ejerza sus derechos parlamentarios, le fue reconocida eficacia en el Pleno celebrado los días 10 y 11 de octubre.
Para el Ministerio Fiscal, la apreciación de una posible vulneración del derecho fundamental de los recurrentes al ejercicio del cargo parlamentario, causada por la aceptación y reconocimiento de la designación de un diputado para el ejercicio de los derechos parlamentarios de los dos diputados suspendidos en sus funciones parlamentarias, debe hacerse partiendo de que estamos ante uno de los diversos acuerdos o decisiones que han sido adoptados por los distintos órganos del Parlamento de Cataluña, en relación con la efectividad del auto de 9 de julio de 2018 del magistrado instructor de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que comunicaba la suspensión automática de funciones, por disposición del art. 384 bis LECrim, de varios diputados del Parlamento procesados en la causa especial 20907-2017.
En este sentido, se señala como base de estos acuerdos la también impugnada resolución del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018, en la que se rechazaba la suspensión de los derechos parlamentarios de los diputados a los que se refiere el citado auto y se abre la posibilidad de que los derechos parlamentarios de estos, «mientras dure la situación jurídica actual» se puedan ejercer por otro miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen. Por ello y, dado que se ha considerado que la resolución aprobada por el Pleno infringe, tanto el reglamento parlamentario como el propio auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018, se concluye por la fiscal que los acuerdos que reconocen efectos a los escritos o comunicaciones de los diputados suspendidos en sus funciones que solicitan continuar ejerciendo sus derechos parlamentarios infringen también el reglamento y el auto del Tribunal Supremo, en concreto y por lo que aquí interesa, el acuerdo o decisión que reconoce la eficacia de la designación realizada por los diputados don Raül Romeva i Rueda y don Oriol Campos i Vies.
Finaliza el Ministerio Público ofreciendo una interpretación del apartado segundo de la resolución del Pleno aprobada el día 2 de octubre para el supuesto de que este tribunal estimase que es posible considerar su validez independientemente de lo dispuesto en el primer apartado y estimar que acoge un mecanismo constitucionalmente admisible para posibilitar que las mayorías de los grupos parlamentarios resultantes de las elecciones se mantengan, con independencia de la suspensión en sus funciones de los diputados procesados. Pues, lo que a su modo de ver no puede entenderse es que este apartado segundo de esta resolución esté admitiendo la posibilidad de que el propio diputado, que está suspendido automáticamente yex legeen sus funciones parlamentarias, pueda ostentar un derecho parlamentario de designación del sustituto en sus funciones parlamentarias. Porque el mecanismo de una posible sustitución plena y temporal en las funciones parlamentarias del diputado suspenso, estaría dirigido a mantener la mayoría parlamentaria del grupo al que pertenece el diputado suspendido y, por tanto, los interesados en la posible designación de otro miembro del mismo grupo, que sustituya al suspendido en el ejercicio pleno de las funciones parlamentarias, son los grupos parlamentarios, y no los diputados suspendidos, que están privados temporalmente de sus cargos y de los derechos parlamentarios inherentes al mismo.
Sería, por ello, que los diputados suspensos no pueden ejercitar un supuesto derecho de sustitución, para prolongar su ejercicio, como si se tratase de una delegación de voto, que corresponde solo a un diputado en el pleno ejercicio de su función parlamentaria. Por tanto, la designación por el propio diputado suspendido en sus funciones parlamentarias de un sustituto para el ejercicio de sus derechos parlamentarios, en tanto se mantiene su situación jurídica, no solo no tiene cabida en los preceptos del reglamento que se refieren a la sustitución, sino que tampoco es viable a tenor de un mecanismo de sustitución de funciones que, supuestamente, estaría contemplado en el apartado segundo de la resolución del Pleno aprobada el día 2 de octubre de 2018.
Por todo lo expuesto, se afirma que el reconocimiento de la procedencia y efectividad de la designación de otro diputado realizada por los diputados don Raül Romeva i Rueda y don Oriol Campos i Vies para el ejercicio de sus derechos parlamentarios, ha vulnerado el derecho fundamental al ejercicio del cargo parlamentario de los diputados del grupo parlamentario recurrente, dado que tal designación no está contemplada en el reglamento, e infringe la resolución judicial que requería a la mesa del Parlamento para la adopción de las medidas pertinentes para la efectividad de la suspensión de funciones parlamentarias establecidaex legerespecto de estos diputados. El reconocimiento de esa designación habría determinado la formación de mayorías parlamentarias contrarias al reglamento y a la ley en la adopción de acuerdos parlamentarios, que lesionan el ejercicio delius in officiumde los recurrentes ex art. 23.2 CE y, correlativamente, el derecho de los ciudadanos de participación política a través de sus legítimos representantes del art. 23.1 CE.
En consecuencia, se solicita se dicte sentencia estimando el recurso de amparo interpuesto, declarándose la nulidad de los acuerdos y resoluciones impugnados.
15. Por providencia de 12 de julio de 2022, se señaló ese mismo día para la deliberación y votación de la presente sentencia.
1. Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se interpone contra los acuerdos del Pleno, la mesa del Parlamento, la Comisión del Estatuto de los diputados y la mesa de esta misma comisión del Parlamento de Cataluña, que se detallan en el encabezamiento de esta sentencia, y de cuyo contenido se ha dado ya cumplida cuenta.
Los recurrentes, diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña, aducen, en los términos que se han expuesto con más detalle en los antecedentes, que los acuerdos y decisiones impugnados vulneran elius in officiumpropio del cargo de parlamentario protegido por el art. 23.2 CE y el correlativo derecho de los ciudadanos a participar en las funciones públicas a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
Esa vulneración se habría producido, en suma, porque las decisiones impugnadas integrarían una unidad en la inconstitucionalidad que supone el hecho de que la ley y las resoluciones judiciales sean incumplidas; que un diputado procesado y suspenso pueda seguir ejerciendo sus derechos; y que una cámara pueda adoptar acuerdos computando votos que, en términos jurídicos, no existen, por lo que, a un diputado, el designado, se le permite votar varias veces en detrimento de los demás. Con ello, continúa diciendo la demanda, se habría colocado a los diputados recurrentes ante el injusto de elegir entre el deber de acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y de cumplir lo que el Tribunal Supremo ha resuelto (art. 118 CE), lo que les llevaría a no participar en la adopción de acuerdos, desatendiendo así sus obligaciones parlamentarias; o, atender a estas participando en la adopción de acuerdos, pero incumpliendo la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales.
Tal disyuntiva, entienden los demandantes de amparo, supone condicionar el ejercicio del derecho fundamental a la representación a que los parlamentarios violen el deber constitucional, y esta situación no podría entenderse conforme con el artículo 23.2 CE, que garantiza a los cargos públicos el legítimo ejercicio de sus funciones, en condiciones de igualdad y de acuerdo con lo que establezcan las leyes. Porque la participación en esos procedimientos, aunque sea para votar en contra, supondría dotar a la actuación de la Cámara de una apariencia de legitimidad democrática que no cabe atribuirle sin menoscabar su propia función constitucional. Por ello, la motivación ofrecida en los acuerdos impugnados no se considera ni adecuada ni suficiente, ya que únicamente encubriría una actuación arbitraria de los órganos parlamentarios que los dictaron.
El Parlamento de Cataluña, a través de su representación procesal, solicita la desestimación del recurso. Entiende que los acuerdos impugnados no han producido ningún daño en un derecho subjetivo propio, ni privación de ninguna facultad parlamentaria garantizada por el art. 23 CE. Considera, por el contrario, que con ellos se ha tratado de ofrecer, sobre la base de la autonomía parlamentaria y con una motivación adecuada y suficiente, una solución a una situación excepcional, tratando de salvaguardar el sistema de mayorías en coherencia con las exigencias del principio democrático. En su adopción se habría preservado y garantizado el derecho de participación de los recurrentes en el procedimiento parlamentario, adoptándose los acuerdos conforme al Reglamento de la Cámara y a lo ordenado en el auto de 9 de julio de 2018, en tanto que comunica a la mesa que debe proceder «a adoptar las medidas necesarias para la plena efectividad de la previsión legal». En cuanto a la específica petición de que se declare la nulidad de «todas las decisiones y actuaciones del presidente del Parlamento tendente a hacer efectivos los acuerdos relacionados a pesar de su manifiesta y palmaria inconstitucionalidad», se considera una petición genérica que no se adecua a la obligación, establecida en el art. 49 LOTC, de fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado, por lo que no debería ser examinada por este Tribunal.
La representación procesal de don Carles Ramos i Casamajó, personada en este proceso, rechaza asimismo la afectación alius in officiumde los recurrentes. Considera que la suspensión decretada en el citado auto de 9 de julio de 2018 no operaría de forma automática, sino que, como en el mismo se expresa, requiere que la Cámara adopte «las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal» en ejercicio de su autonomía parlamentaria. En opinión de esta parte, es precisamente el auto de 9 de julio de 2018 del magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el que no se ajusta a Derecho y vulnera los derechos fundamentales de los diputados afectados por el mismo, y no la resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018. Además, mantiene que tanto la delegación de voto, como la designación efectuada por los diputados a los que se refiere la resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018, son conformes al Reglamento de la Cámara. En cuanto al sentido otorgado por la mesa del Parlamento de Cataluña a lo dispuesto en el artículo 102.2 del Reglamento, entraría dentro de las facultades de ese órgano, en este caso, ofreciendo una interpretación sistemática que tendría en cuenta todos los preceptos reglamentarios que prevén la aplicación de la técnica del voto ponderado.
El Ministerio Fiscal interesa finalmente la estimación del recurso de amparo. Sin negar la autonomía propia del Parlamento de Cataluña, sostiene que los actos impugnados vulneran elius in officiumde los miembros de la cámara. En concreto, el acuerdo de la Mesa de 18 septiembre de 2018 que establece la interpretación del voto ponderado en comisiones del art. 102.2 RPC y el de 25 de septiembre, que desestima la reconsideración frente al mismo, no serían acuerdos debidamente motivados. Tampoco los posteriores acuerdos de la mesa de 9 y 19 de octubre de 2018 que reiteran lo dispuesto en aquellos, dando traslado a las comisiones parlamentarias para su aplicación.
En cuanto a los acuerdos de la mesa de la Cámara, de la comisión del estatuto de los diputados, de la mesa y del Pleno del Parlamento, sobre los efectos del auto del Tribunal Supremo de 9 de julio 2018 en relación con los derechos y deberes parlamentarios de los diputados suspendidos, tales acuerdos infringieron la citada resolución judicial, así como la normativa reglamentaria, vulnerando el derecho fundamental al ejercicio del cargo público parlamentario de los diputados recurrentes, puesto que se les obligó a participar en una tramitación parlamentaria que no era la prevista por el contenido de la resolución judicial. Esto produjo, correlativamente, una vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus legítimos representantes del art. 23.1 CE.
Lo mismo cabe decir de la aceptación de la designación realizada por los diputados don Raül Romeva i Rueda y don Oriol Campos i Vies, para que otro diputado ejerciera sus derechos parlamentarios, dando lugar a la formación de mayorías parlamentarias contrarias al reglamento, a la ley y al citado auto del Tribunal Supremo en la adopción de acuerdos parlamentarios.
2. Ordenación de las quejas en tres grupos.
Conforme a lo expuesto, la cuestión que se nos suscita consiste en determinar si los acuerdos parlamentarios que son objeto del presente recurso de amparo han impedido a los diputados demandantes ejercer facultades que pertenecen al núcleo de la función representativa parlamentaria «en condiciones de igualdad» y «con los requisitos que señalen las leyes» (art. 23.2 CE),