Categoría: Energía y Medio Ambiente

El Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
La disposición transitoria tercera del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, establece la determinación del precio de combustible hasta la entrada en vigor de la orden de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la que se definan los componentes del precio de cada uno de los combustibles fósiles utilizados y la metodología para la determinación de dicho precio definida en el artículo 40.5 del real decreto.
De este modo, la disposición transitoria tercera en su apartado 3.1, establece que el precio del combustible se calculará como la suma del precio del producto y la retribución por costes de logística, a excepción del gas natural, cuyo precio se calculará de acuerdo con el método establecido en la Orden ITC/1559/2010, de 11 de junio, por la que se regulan diferentes aspectos de la normativa de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. En el apartado 4 de la citada disposición transitoria tercera se establece que los precios de producto por tipo de combustible se aprobarán semestralmente por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, y serán publicados en el «Boletín Oficial del Estado», refiriéndose los índices y cotizaciones a partir de los que se calculan estos precios de producto. Por su parte, en el apartado 5 de la disposición transitoria tercera se dispone la retribución por costes de logística en función de la ubicación del grupo generador.
Adicionalmente, el precio del combustible incluirá, en su caso, los costes derivados de la aplicación del impuesto especial sobre el carbón y del impuesto sobre hidrocarburos definidos en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. No obstante lo anterior, el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, establece en su disposición final la exención de dicho impuesto a los combustibles gasóleos, fuelóleos y gas natural, por lo que el precio del combustible debe incluir únicamente y cuando corresponda, los costes derivados de la aplicación del impuesto especial sobre el carbón definido en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre. En este sentido, el impuesto especial sobre el carbón se aplicará exclusivamente en el territorio no peninsular de Baleares.
Además de lo establecido en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, mediante la Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, por la que se revisan los precios de producto y logística a emplear en la determinación del precio de combustible y se establece un valor tope del tiempo de arranque de liquidación por instalación tipo aplicable a las instalaciones de producción ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional, se procedió a la revisión de algunos de los precios de producto y costes de logística a emplear en la determinación del régimen retributivo adicional con efectos desde el 1 de enero de 2020.
Atendiendo a lo dispuesto en la meritada orden, los precios de producto para los combustibles líquidos utilizados en el territorio no peninsular de Canarias, así como para el combustible hulla utilizado en el territorio no peninsular de Baleares, se calcularían según el artículo 3 de la Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, mientras que el resto de combustibles se calcularían según lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio.
Con fecha 16 de noviembre de 2021 el Tribunal Supremo dictó sentencia 1337/2021 respecto al recurso contencioso-administrativo número 301/2020 interpuesto contra la Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, para posteriormente, dictar auto aclaratorio AATS 16776/2021 de la misma.
El fallo de la sentencia declara que la Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, es contraria a derecho y condena a la Administración del Estado a dictar una Orden Ministerial que regule las subastas de combustibles, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 40.5, 41 y 42 del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio.
De acuerdo con lo anterior, se ha aprobado la Orden TED/1315/2022, de 23 de diciembre, por la que en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2021, recaída en el recurso contencioso-administrativo 301/2020, se regulan las subastas para el suministro de combustible y determinación del precio de combustible, se autorizan nuevos combustibles, se establecen los valores unitarios de referencia, aplicable a las instalaciones de producción de energía eléctrica ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional, y se revisan otras cuestiones técnicas.
Esta orden establece los precios de combustibles a emplear desde el 27 de enero de 2022 y hasta la resolución de la primera subasta de combustible. En la medida en la que la Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, ha sido declarada contraria a derecho, resulta preciso acudir a lo dispuesto en la precitada disposición transitoria tercera del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, para la determinación del precio de combustible en el segundo semestre de 2021.
De esta manera, los precios de producto se calcularán como la media aritmética de las cotizaciones mensuales, correspondientes a los seis meses inmediatamente anteriores, de distintos índices y cotizaciones, el índice API#2 publicado por el Coal Daily de Energy Argus, y diversas cotizaciones en el mercado CIF Mediterráneo (Génova/Lavera) y CIF NWE publicadas en el Platts European Marketscan. Para la conversión de dólares USA a euros se tomará la media de los tipos de cambio diarios dólar USA-euro publicada por el Banco Central Europeo y correspondiente al periodo de cálculo del precio del combustible.
En cuanto la retribución de costes de logística, en función de la ubicación del grupo generador, será la indicada en la citada disposición transitoria tercera.
Por otro lado, en virtud de lo establecido en el anexo VI del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, el Poder Calorífico Inferior (en adelante PCI) a efectos de la liquidación se calculará como la media ponderada de los poderes caloríficos inferiores reales de cada partida de combustible, obtenidos de los análisis realizados en cada partida de combustible consumido en cada central. A estos efectos, los titulares de las centrales deberán declarar mensualmente el valor del poder calorífico inferior de cada partida de combustible, resultante de las pruebas realizadas por una entidad acreditada, al órgano encargado de las liquidaciones, quien realizará inspecciones aleatorias para verificar los datos declarados. Los poderes caloríficos utilizados a efectos de liquidaciones serán publicados por el Director General de Política Energética y Minas.
La determinación del PCI de los combustibles, de acuerdo al procedimiento establecido con la entrada en vigor del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, requiere de datos adicionales a la aprobación de los precios de los combustibles.
Por lo tanto, con el fin de no demorar o condicionar la aprobación del precio del producto de los combustibles o la aprobación de los valores del PCI a efectos de liquidación, dichos valores se aprueban de forma independiente. De esta forma, en la presente resolución se aprueban los valores de precio de producto de los combustibles utilizados en el segundo semestre del año 2021, estando aprobados los valores del PCI mediante la resolución de 6 de agosto de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fija el PCI de la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil del primer y segundo semestre de 2021 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio.
Finalmente, teniendo en cuenta que para la determinación de la base imponible de los impuestos especiales no se utiliza la misma metodología que para el cálculo de la retribución por costes de combustibles, se considera conveniente reconocer los costes por este concepto en la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se apruebe la cuantía definitiva de los costes de generación de liquidación para las centrales que tengan reconocido un régimen retributivo adicional de acuerdo a lo indicado en el artículo 72.3.e) del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio.
No obstante, para poder dar una señal de precio en el despacho de producción, se aprueba una estimación del término del impuesto del precio de combustible a efectos de despacho del carbón destinado a generación de electricidad en euros/tonelada métrica (euros/Tm). Según el artículo 84 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, el tipo impositivo correspondiente al carbón destinado a generación de electricidad es de 0,65 euros por gigajulio (euros/GJ). Para pasarlo a euros/t se ha considerado el PCI de 6.011 th/Tm según anexo VI del Real Decreto 738/2015 de 31 de julio.
La propuesta de resolución fue sometida al preceptivo trámite de audiencia previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante notificación a Endesa, SA como representante de las instalaciones de producción ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional.
En el escrito de alegaciones presentado en dicho trámite de audiencia, Endesa, SA realiza una distinta interpretación de la Sentencia 1337/2021 del Tribunal Supremo, según la cual habría de aplicarse lo previsto en la Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, en la determinación de los precios de combustibles. Se considera que, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, dicha alegación no puede ser atendida.
En virtud de lo anterior, esta Dirección General de Política Energética y Minas resuelve:
Aprobar los siguientes precios del producto en euros por tonelada por tipo de combustible de Hulla, Fuel Oil BIA (1 por ciento y 0,3 por ciento), Fuel Oil BIA 0,73 por ciento, Diésel Oil y Gasoil 0,1 por ciento a aplicar en la liquidación del segundo semestre de 2021.
Reconocer a efectos de despacho el valor del impuesto especial sobre el carbón a aplicar en el territorio no peninsular de Baleares, que será el siguiente:
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Secretaría de Estado de Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 24 de enero de 2023.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel Romero Rivera.