Categoría: Salud

boración de criterios uniformes sobre los aspectos sanitarios de la prevención de riesgos laborales que considere de especial relevancia en cumplimiento de esta Estrategia.
2.2 INSST-CCAA.
– Se sentarán las bases de un órgano de coordinación y participación entre el INSST y las Administraciones Autonómicas competentes en seguridad y salud en el trabajo, sin perjuicio de las funciones y competencias de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Será un órgano de intercambio de información y debate técnico y de puesta en común de recursos públicos para la implementación de políticas preventivas eficientes.
– La CNSST podrá encomendar al INSST la elaboración de criterios uniformes de aplicación normativa sobre temas que considere de especial relevancia en cumplimiento de esta Estrategia, mandato que será trasladado a dicho órgano para su desarrollo, en caso de requerir la participación de los órganos técnicos de las CCAA.
3. Fortalecimiento de instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales.
3.1 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
– Se reforzará la estructura del INSST para adecuarla a las funciones que efectivamente desempeña, reafirmando su papel como centro de referencia tanto a nivel nacional como internacional en materia de seguridad y salud en el trabajo e incrementando su capacidad científica-técnica como garantía de una respuesta temprana, adecuada y suficiente, a las necesidades actuales y emergentes de la seguridad y salud en el trabajo.
– Las actuaciones del INSST, acordadas en el Consejo General del INSST, se alinearán con esta Estrategia, con el marco europeo y con directrices internacionales y será una prioridad establecer y afianzar alianzas y colaboraciones con administraciones públicas, interlocutores sociales y con todos aquellos agentes que desde distintos ámbitos contribuyan a la mejora de las condiciones de trabajo.
3.2 Órganos técnicos de las CCAA.
– Se fortalecerán los órganos técnicos de las CCAA para el cumplimiento de las acciones y programas señalados en las diferentes estrategias de seguridad y salud autonómicas, así como para el apoyo técnico a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
3.3 Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
– Se reforzará la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus planes estratégicos, impulsando específicamente la creación de unidades y equipos de inspección especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
– Se atribuirán competencias a la Subinspección Laboral, escala de Seguridad y Salud Laboral, en materia de gestión de la prevención, así como para la realización de funciones de apoyo a los/las Inspectores/as de Trabajo y Seguridad Social en la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
3.4 Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
– Se impulsará y mejorará el papel de la CNSST, máximo órgano consultivo y de participación institucional del Estado. En este sentido, se revisarán los mandatos de los grupos de trabajo que están en funcionamiento con una doble finalidad: por un lado, adecuar sus objetivos a las necesidades actuales de los entornos de trabajo y a los nuevos riesgos y, por otro, eliminar grupos que puedan haber agotado sus objetivos para crear otros nuevos en consonancia con las prioridades de esta Estrategia. Asimismo, los mandatos de los grupos incorporarán objetivos concretos y plazos máximos de ejecución.
– En particular y sin ser una relación exhaustiva, se constituirán grupos de trabajo para abordar las siguientes materias: salud mental y riesgos psicosociales; sílice cristalina; y transiciones digital, ecológica y demográfica.
– Se dará una mayor visibilidad a la CNSST y a los acuerdos adoptados promoviendo y mejorando la difusión de los mismos a través de los canales de comunicación de los diferentes miembros que la integran.
3.5 Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en aplicación del plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, incorporarán en sus programas actuaciones de asesoramiento, apoyo e información dirigidas al cumplimiento de los objetivos de esta Estrategia, en particular:
– Difusión del enfoque Visión Cero daños en la salud relacionados con el trabajo.
– Elaboración y difusión de buenas prácticas para mejorar las condiciones de seguridad y salud en las actividades, empresas y colectivos identificados como prioritarios en esta Estrategia.
– Integración de la prevención en las pymes.
– Asesoramiento y difusión de herramientas que mejoren la seguridad y salud en las pequeñas empresas y trabajadores/as autónomos/as.
Las Mutuas podrán disponer de los contenidos y recursos que se elaboren para los distintos fines en el marco de esta Estrategia.
3.6 Servicios de Prevención.
– Se analizará la legislación aplicable a los servicios de prevención, así como los estándares de calidad y eficacia exigibles a los servicios de prevención ajenos, con el fin de promover acciones de mejora continua y optimización de los servicios prestados por estas entidades.
– Se potenciarán actuaciones dirigidas a mejorar el conocimiento y la capacitación especializada de los y las profesionales de los servicios de prevención frente a los nuevos riesgos y formas de trabajo.
– Se mejorarán los mecanismos de coordinación entre las CCAA en los procesos de acreditación, autorización de actividades sanitarias, convenios de colaboración y subcontratación de los servicios de prevención.
– Se revisará el sistema SERPA y se impulsará un uso eficiente del mismo para mejorar el sistema de información en materia de seguridad y salud en el trabajo.
– Los servicios de prevención prestarán especial atención a la gestión del retorno al trabajo tras las bajas por contingencias profesionales de larga duración.
4. Mejora de la capacitación y formación en prevención de riesgos laborales, con especial atención a los recursos preventivos.
– Se mejorará la formación de prevención de riesgos laborales en todas sus vertientes: reforzamiento de la formación de prevención de riesgos laborales en el sistema educativo en las diferentes etapas y niveles de enseñanza, en el ámbito de las instituciones con competencia en seguridad y salud laboral, y en las empresas.
– Se mejorará la capacitación de los recursos preventivos para las funciones de nivel básico, medio y superior, teniendo en cuenta la propuesta de modificación de contenidos formativos del RSP aprobada por la CNSST. Se revisarán las funciones asignadas a los mismos para garantizar, en su caso, la adecuación de competencias y formación a las necesidades preventivas de las empresas.
– Se potenciará y mejorará la capacitación y formación en habilidades docentes y comunicativas de las personas encargadas de impartir y facilitar la información y formación en materia de prevención de riesgos laborales, particularmente el personal técnico de los servicios de prevención ajenos.
– Se promoverán acciones para el incremento del número de profesionales, prioritariamente sanitarios, con capacidad para el trabajo en prevención de riesgos laborales.
5. Reforzamiento del papel de los interlocutores sociales.
– Se reforzará el papel de los órganos consultivos y de participación institucional en materia de prevención de riesgos laborales, en particular la CNSST y la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.
– Se promoverá la integración de la prevención de riesgos laborales en las pymes con mayor implicación de los empresarios y empresarias y de las personas trabajadoras.
Se favorecerá el compromiso de la dirección de la empresa en la gestión de la prevención y la colaboración de las personas trabajadoras en la actividad preventiva para lograr una gestión de la prevención integrada.
Se diseñarán e implementarán fórmulas de reconocimiento e incentivación a las empresas que promuevan la colaboración e implicación de las personas trabajadoras, a través de sus representantes, en la gestión preventiva.
– Se potenciará la cultura de la seguridad y de la salud en el trabajo.
Se promoverá la formación en prevención de riesgos laborales de los delegados y delegadas de prevención y mandos intermedios por su efecto dinamizador en la consolidación de la cultura preventiva.
Se potenciará la sensibilización de los empresarios y empresarias sobre los beneficios del liderazgo de la dirección en la mejora de las condiciones de trabajo y la importancia de una política preventiva orientada a resultados.
– Se consolidarán las políticas públicas y el fortalecimiento del papel de los agentes sociales, poniendo en valor el diálogo social en el ámbito de la salud y la seguridad.
6. Potenciación de la negociación colectiva.
– Se potenciará la negociación colectiva para alcanzar acuerdos que promuevan la integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas y la implicación de los empresarios y las empresarias, así como de las personas trabajadoras, en el cumplimiento responsable de sus obligaciones preventivas.
– Se fortalecerá el compromiso de empresarios/as y trabajadores/as en el cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, las actividades preventivas que se desarrollan en la empresa y sus propias obligaciones preventivas.
– Se promoverá, a través de la negociación colectiva, el desarrollo de acciones adaptadas a cada sector o empresa en función de los riesgos identificados.
– Se promoverá la potencialidad que la negociación colectiva tiene en aspectos transversales en prevención de riesgos laborales.
Se recomienda la inclusión en los acuerdos de negociación colectiva de orientaciones que desarrollen materias consideradas relevantes en esta Estrategia, entre otras:
– Desconexión digital (Acuerdo marco europeo de los interlocutores sociales sobre digitalización).
– Planes de prevención e intervención en adicciones.
– Reincorporación de personas trabajadoras tras haber padecido cáncer.
– Perspectiva de género.
– Formación en prevención de riesgos laborales.
El origen de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 se enmarca en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), en la que están representadas las administraciones públicas competentes en materia de prevención de riesgos laborales y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Le corresponde a la Comisión Nacional el impulso, el seguimiento y la evaluación de la misma. El Pleno de la CNSST acordó, el 18 de octubre de 2021, la constitución de un grupo de trabajo que será presidido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para orientar y planificar el desarrollo de las líneas de actuación consensuadas en la Estrategia se elaborarán dos planes de acción, que comprenderán los periodos 2023-2024 y 2025-2027.
En el último trimestre de 2024, se presentará un informe de seguimiento del primer plan de acción. Esta fase de revisión intermedia facilitará la actualización del plan, incorporando nuevas medidas si se consideran necesarias para la consecución de los objetivos de la Estrategia o con motivo de las prioridades preventivas en ese momento. Los planes de acción especificarán medidas concretas, responsables de ejecución, plazos estimados, así como indicadores de seguimiento y resultado.
Determinadas acciones previstas a lo largo de la Estrategia precisan el correspondiente apoyo financiero. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se compromete a garantizar una línea de financiación estable mediante cualquier fórmula financiera que permita acometer las mencionadas acciones y alcanzar los objetivos previstos.
Dicha línea de financiación específica tendrá carácter adicional y se destinará a los objetivos de la Estrategia, excluyéndose las acciones ordinarias de la Administración en materia de prevención, las previstas para la atención del servicio público Prevencion10.es, así como las realizadas por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales con los recursos de los que actualmente dispone al efecto.
La citada línea de financiación, proveniente del Fondo de Contingencias Profesionales, tendrá una dotación de 20 millones de euros para el primer Plan de Acción 2023-2024. Para el segundo Plan de acción 2025-2027, tendrá una dotación de 30 millones.
Como máximo, el 90 % del presupuesto de cada ejercicio será gestionado en los términos establecidos en la disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Como mínimo, el 10 % será gestionado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto para la realización de los estudios previstos en la línea 2.1 del Objetivo 2, como para acciones de sensibilización y promoción de la cultura preventiva que se decidan en el grupo de Trabajo de la CNSST.
Líneas de trabajo de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de origen Profesional:
Aspectos generales:
– Se impulsará la prevención del cáncer laboral, disminuyendo y controlando la exposición a factores de riesgo cancerígenos y mutágenos.
– Determinar para cada actividad los agentes y procesos de forma clara y concreta.
– Proteger a los trabajadores y las trabajadoras frente a los agentes cancerígenos y mutagénicos, siguiendo en todo momento el cumplimiento de la normativa.
– Se fomentará la formación, información y comunicación a los trabajadores y trabajadoras de la información relativa a la peligrosidad de las actividades y sustancias a las que están expuestos.
Conocimiento de la situación actual del cáncer de origen profesional en España:
– Recopilar toda la información disponible en las diferentes fuentes para obtener datos e información de cáncer de origen profesional en España.
– Conocer qué actividades son las más afectadas por agentes cancerígenos, y la cantidad de las personas trabajadoras expuestas en España.
Adaptación de los instrumentos normativos:
– Transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las actualizaciones de la Directiva 2004/37/CE sobre la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo, incorporando o revisando los correspondientes valores límite de exposición.
– Desarrollar un sistema de información y notificación de sospecha de cáncer de origen profesional.
Vigilancia y control del cumplimiento de la normativa:
– Programa de vigilancia y control del cumplimiento normativo en materia de prevención de la exposición a agentes cancerígenos.
Mejora de la acción preventiva:
– Cáncer de origen profesional y sociedad: campañas de sensibilización y de información dirigidas a las personas trabajadoras y responsables empresariales sobre el cáncer profesional, con especial atención a actividades prioritarias, en particular, a aquellas con una mayor exposición a polvo respirable de sílice cristalina y polvo de madera.
– Intensificación de la formación de los profesionales de la prevención en empresas con riesgos de exposición a agentes cancerígenos en un manejo preventivo eficaz.
– Desarrollo de métodos de identificación, evaluación, toma de muestra y análisis de sustancias cancerígenas.
Diagnóstico precoz e intervención temprana:
– Mejorar la detección precoz del cáncer asociado a la exposición a carcinógenos laborales mediante el desarrollo y aplicación de guías y protocolos de vigilancia sanitaria específica, basados en evidencia científica, en población de alto riesgo.
– Intensificación de la formación de los y las profesionales sanitarios en empresas con riesgos de exposición a agentes cancerígenos en el manejo del diagnóstico precoz del cáncer de origen profesional.
– Desarrollar formación dirigida a los facultativos del SNS sobre el diagnóstico de sospecha de cáncer de origen laboral.
– Extender de forma progresiva la práctica de vigilancia postocupacional prevista en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, en población trabajadora expuesta a agentes cancerígenos en el lugar de trabajo.
Promoción del conocimiento científico y epidemiológico del cáncer de origen profesional:
– Evaluar la evidencia de los cribados de distintos tipos de cáncer para diseñar la vigilancia sanitaria específica de las personas trabajadoras expuestas.
– Desarrollo de una plataforma digital para la interoperabilidad entre órganos técnicos de la Administración del Estado y CCAA en materia de conocimiento colectivo sobre cáncer de origen profesional.
– Registro armonizado de investigaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de casos de cáncer profesional.
– Promover la investigación epidemiológica del cáncer de origen profesional.
– Fomento de la investigación e innovación tecnológica en relación a sustitución de sustancias y tecnología preventiva.
– Fomento de la investigación en diagnóstico temprano del cáncer de origen profesional en el marco de la Acción Estratégica en Salud.
Según el Directorio central de empresas (DIRCE) [El Directorio central de empresas (DIRCE) abarca todas las actividades económicas de la CNAE 09 excepto la producción agraria y pesquera (A), los servicios administrativos de la Administración Central Autónoma y Local (O), las actividades de los hogares como empleadores/as de personal doméstico (T) y los organismos extraterritoriales (U)], a 1 de enero de 2021, en España había 3.366.570 empresas activas. De ellas, el 60,7 % pertenecía al sector Resto de servicios, que incluye todas las dedicadas a hostelería, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y de servicios auxiliares, educativas, sanitarias y de asistencia social y otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales. El peso del Comercio, que engloba actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del comercio, también fue significativo, con el 21,2 % del total. Las empresas del sector Construcción representaron el 12,4 % del total y las de la Industria el 5,7 %.
Al analizar las empresas según su tamaño (número de asalariados/as), se confirma su característica reducida dimensión. En concreto, a 1 de enero de 2021, el 55,8 % de empresas no empleó a ningún/a asalariado/a y el 27,3 % tenía uno o dos empleados/as. Es decir: ambas categorías juntas suponen el 83,1 % del total de las empresas activas.
Tal y como muestra el gráfico 2, cuánto mayor es el número de empleados/as, menor es la representación de las empresas. Así, se observa que las empresas con una plantilla comprendida entre los 100 y los 250 trabajadores/as representan el 0,2 % del total, las que cuentan con entre 250 y 999 trabajadores/as representan un 0,1 % y las de más de 1.000, un 0,03 %.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2021, la sección de actividad que presentó mayor número de personas trabajadoras fue el comercio al por mayor y al por menor, que englobó al 15,0 % de las personas trabajadoras ocupadas. Le siguieron la industria manufacturera (12,3 %), las actividades sanitarias y de servicios sociales (9,4 %), la hostelería (7,4 %) y la educación (7,3 %).
Al analizar esta distribución según la situación profesional de los/as trabajadores/as, se observan diferentes patrones. Entre los/as trabajadores/as asalariados/as destacan el comercio al por mayor y al por menor (13,7 %), la industria manufacturera (13,2 %) y las actividades sanitarias y de servicios sociales (10,5 %), como ocurre en el conjunto de la población trabajadora. Por su parte, en el caso de los/as trabajadores/as autónomos/as destacan el comercio al por mayor y al por menor (21,6 %), las actividades profesionales, científicas y técnicas (12,2 %) y la construcción (11,0 %).
Las actividades más feminizadas son aquellas que cuentan con mayor proporción de mujeres ocupadas que de varones. Las actividades que destacan como más feminizadas para el total de la población trabajadora son: las actividades de los hogares como empleadores/as de personal doméstico, en donde el 87,8 % de las personas ocupadas son mujeres; las actividades de servicios sociales sin alojamiento (85,3 %), la asistencia en establecimientos residenciales (83,2 %) y otros servicios personales (76,5 %).
En el conjunto de la población asalariada destacan como más feminizadas las mismas divisiones de actividad que en el total de la población trabajadora y, además, con pesos porcentuales muy similares: actividades de los hogares como empleadores/as de personal doméstico, donde el 87,8 % de las personas asalariadas son mujeres; actividades de servicios sociales sin alojamiento (85,4 %) y asistencia en establecimientos residenciales (83,3 %).
Para la población trabajadora por cuenta propia las actividades más feminizadas son: otros servicios personales, donde un 79,2 % del colectivo de autónomos son mujeres; las actividades de servicios sociales sin alojamiento (79,1 %), la asistencia en establecimientos residenciales (76,0 %) y las actividades relacionadas con el empleo (74,8 %).
Ocupación:
En el conjunto de la población trabajadora destacan las siguientes ocupaciones: trabajadores/as de los servicios de restauración y comercio (12,1 %); personal técnico; profesionales de apoyo (11,6 %); personal técnico y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza (9,9 %); y otro personal técnico y profesionales científicos e intelectuales (9,6 %).
La población de asalariados presenta las mismas categorías destacadas que el total de la población trabajadora, aunque con diferentes pesos porcentuales: personal técnico; profesionales de apoyo (11,7 %); personal técnico y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza (10,7 %); trabajadores y trabajadoras de los servicios de restauración y comercio (10,4 %) y otro personal técnico y profesionales científicos e intelectuales (9,0 %).
Por su parte, entre el colectivo de trabajadoras y trabajadores autónomos las ocupaciones que tienen una mayor representación son: trabajadores/as de los servicios de restauración y comercio (20,5 %); otro personal técnico y profesionales científicos (13,0 %); dirección y gerencia (11,8 %); y personal técnico y profesionales de apoyo (11,0 %).
Edad:
La franja de edad de 35 a 49 años es la que presenta un mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras (42,9 %) en el conjunto de la población trabajadora. Le siguen los trabajadores y trabajadoras con edades superiores a los 50 años, que representan el 33,4 % del total de la población trabajadora. En último lugar se encuentran los trabajadores y las trabajadoras de hasta 34 años con un 23,6 %.
Las divisiones de actividad más envejecidas son aquellas que cuentan con mayores porcentajes de personas ocupadas de mayor edad (50 años o más). Las que destacan como tales para el conjunto de la población trabajadora son: la Administración pública y defensa, donde el 48,5 % de las personas ocupadas tiene 50 años o más; las actividades inmobiliarias (47,9 %), la industria del tabaco (46,4 %) y las actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (46,1 %).
Entre las personas trabajadoras asalariadas destacan como actividades con la población más envejecida: la Administración pública y defensa (con un 48,5 % de asalariados/as de 50 años o más); la industria del tabaco (46,4 %) y las actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (46,2 %). En el caso de las y los trabajadores autónomos destacan: las actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos (87,8 % de mayores); otras industrias extractivas (87,6 %), la fabricación de productos farmacéuticos (87,2 %) y la captación, depuración y distribución de agua (86,8 %). Se debe señalar que el número de actividades en las que la población está envejecida entre el colectivo autónomo es mucho mayor que entre el asalariado.
Tipo de contrato:
En 2021, el 74,9 % de las personas trabajadoras asalariadas contaba con un contrato indefinido.
Al analizar esta variable por sexo, se observa que el porcentaje de varones con contrato indefinido (77,2 %) es ligeramente superior al de mujeres (72,5 %).
Nacionalidad:
En 2021, el 12,1 % de la población ocupada era de nacionalidad extranjera.
Al analizar la distribución de la población según nacionalidad por edad, se observa que, mientras que para la población de nacionalidad española son las franjas de edad de 35 a 49 años y de 50 años y más las que tienen mayor peso porcentual (42,3 % y 35,0 %, respectivamente), en el caso de la población extranjera destacan los dos rangos más jóvenes. En concreto, de entre las personas ocupadas extranjeras un 47,4 % tiene edades comprendidas entre los 35 y 49 años y un 30,9 % son menores de 35 años.
Entre las personas ocupadas extranjeras [El análisis de este apartado se centra en la población trabajadora de nacionalidad extranjera, puesto que los resultados de la población española coinciden con los ya expuestos para el total de la población trabajadora, al representar la población trabajadora española el 88,1 % del total de personas asalariadas y el 87,5 % de autónomas.] destacan con mayor proporción de personas trabajadoras las siguientes secciones de actividad: la hostelería (14,4 %), el comercio al por mayor y al por menor (11,6 %) y la industria manufacturera (10,1 %).
Al considerar el sexo en este análisis, cabe destacar que el 24,6 % de las mujeres asalariadas de nacionalidad extranjera realiza actividades de hogares como empleadores/as de personal doméstico, y el 16,9 % se dedica a la hostelería.
En el caso de los trabajadores y las trabajadoras autónomas de nacionalidad extranjera aparecen como principales secciones de actividad: el comercio al por mayor y al por menor (22,9 %), la hostelería (20,0 %) y la construcción (13,5 %).
Al incorporar la variable sexo a este análisis, se observa que para las mujeres autónomas extranjeras la principal sección de actividad es la hostelería (27,1 %) seguida del comercio al por mayor y al por menor (23,0 %).
Para el diagnóstico de situación en materia de gestión preventiva en las empresas contamos con un módulo específico sobre Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, PRL), que se incluye cada tres años en la Encuesta Anual Laboral realizada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La Encuesta Anual Laboral (en adelante, EAL), con una muestra de alrededor de 10.000 empresas, proporciona información sobre medidas de adaptación de las empresas ante cambios en las circunstancias económicas, aspectos vinculados con las relaciones laborales, con la formación que las empresas han proporcionado a sus plantillas, previsiones de decisiones empresariales y, en el caso del módulo de PRL, aspectos relativos a la organización de la prevención en las empresas, consulta y participación de los trabajadores/as en temas de PRL, actividades preventivas llevadas a cabo y recursos económicos destinados a ello.
A continuación se resumen las principales conclusiones del módulo de gestión de riesgos laborales realizado en la EAL en 2019.
Base: Total de empresas Fuente: Encuesta Anual Laboral 2019. Subdirección General de Estadística y Análisis Socio-Laboral. MITES.
– Entre el 97,1 % y el 94,8 % de empresas disponen de documentación actualizada del Plan de PRL, de la Evaluación de riesgos y de la Planificación de la actividad preventiva.
– Las empresas respondieron que las actividades relacionadas con la PRL que han desarrollado con más frecuencia durante los años 2018 y 2019 son Información a los trabajadores/as de riesgos laborales y de las medidas adoptadas y Revisiones periódicas de los lugares de trabajo (93,6 % y 90,1 % respectivamente).
– En cuanto a la Organización de la prevención, prácticamente nueve de cada diez empresas disponen de un concierto con un Servicio de Prevención Ajeno. Esta proporción es aún mayor en los sectores de Industria y Construcción (91,7 % y 94,2 % respectivamente). Esta modalidad es la más frecuente en microempresas (87,4 %), para ir disminuyendo en empresas más grandes, que tienen la obligación de constituir un Servicio de Prevención Propio (SPP) (el 48 % de empresas de 500 o más trabajadores/as tienen SPA).
– Para microempresas y pequeñas empresas es más habitual combinar un SPA con la asunción por propio empresario/a o con trabajadores/as designados/as. El empresario/a asume la PRL con mayor frecuencia en Comercio y reparación de vehículos (9,3 %) y Hostelería (12,5 %).
– Únicamente el 0,9 % de las empresas no tiene ninguna modalidad preventiva, principalmente son microempresas y pequeñas empresas.
– El 51,9 % de empresas de más de 500 dicen tener constituido un Servicio de Prevención Propio y en el 18,2 % de las de 250 a 499 trabajadores/as.
– La designación de Delegados/as de PRL está condicionada por el tamaño de plantilla. Hasta 30 trabajadores/as esta figura puede ser asumida por el/la Delegado/a de Personal. Las microempresas únicamente tienen Delegado/a de PRL en el 18,6 % de los casos, y las de 10 a 49 trabajadores/as, en el 31,6 %. El sector con más representación de Delegados/as de PRL es Industria, con un 40,3 %, y la actividad de Hostelería es la que menos, con un 21,3 %.
– El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido en la mitad de las empresas de 50 a 249 trabajadores/as, ascendiendo esta proporción en las de mayor rango de plantilla (86,4 % en empresas de 500 o más). El 87 % de las empresas del sector de Industria cuenta con un Comité de Seguridad y Salud.
– Entre las empresas que tienen representantes de los/las trabajadores/as en materia de PRL (Delegado/a de PRL o Comité de SST), la forma más frecuente de hacerlos partícipes en estas cuestiones es la Formación (93,9 %), seguida del Acceso a la documentación preventiva (92,7 %).
– En cuanto a las actividades desarrolladas relacionadas con la PRL, la Información a los trabajadores/as de riesgos laborales tiene unos buenos resultados, ya que el 93,6 % de las empresas dicen realizarla. Las microempresas son las que menos han respondido que la realizan, aun así sólo el 8,4 % de ellas dice no hacerlo. Las actividades como Hostelería, Información, comunicaciones, actividades financieras, de seguros e inmobiliarias y Actividades profesionales, científicas y técnicas son las que presentan menor porcentaje de respuesta con respecto al resto.
– Lo que más han tenido en cuenta las empresas, en cuanto a las actividades preventivas, han sido las Condiciones materiales y ambientales de los lugares de trabajo (90,4 % de las empresas), seguido de Equipos de trabajo, incluidas máquinas (89 %). En los sectores de Industria y Construcción tienen más relevancia las actividades enfocadas a Equipos de trabajo, Agentes Físicos y Manipulación manual de cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos. Además, destacan en Industria, por encima del total, los Agentes químicos y en Construcción, por debajo del total, los Agentes biológicos.
– El 80,5 % de las empresas indicó haber realizado exámenes de salud en los dos años anteriores a la encuesta. Esta labor recae en un 98,5 % de los casos en un Servicio de Prevención Ajeno (SPA).
Accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT):
El índice de incidencia (I I) total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) de 2021 fue de 2.810,5 accidentes por cada 100.000 trabajadores/as afiliados/as, lo que supuso un aumento del 12,6 % con respecto al año anterior (II en 2020: 2.455,1) [Los datos de siniestralidad de 2020 tienen un carácter excepcional debido al impacto de las restricciones laborales y sociales adoptadas para la gestión de la pandemia debida al virus del SARS-CoV-2.].
En 2021 fue la Construcción el sector que presentó mayor índice de incidencia (6.316,0), seguido del sector Agrario (4.318,7) y de la Industria (4.426,0). El sector Servicios es el que presentó un índice de incidencia menor (2.166,7). Este mismo patrón se observa durante los últimos cinco años, con la salvedad de que el sector Agrario y la Industria presentan valores cercanos y alternan la segunda y tercera posición en el índice de incidencia.
En cuanto a la comparabilidad de los datos con años anteriores, se debe tener presente que a partir del 1 de enero de 2019 la cobertura de la contingencia por accidentes de trabajo por la Seguridad Social pasó a ser obligatoria con carácter general para los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Este hecho supuso la incorporación de más de 2,5 millones de trabajadores/as en la población de referencia de esta estadística, y se traduce en una ruptura metodológica que hace que los datos a partir de 2019 no sean comparables a los de años anteriores, salvo los que se refieran exclusivamente a asalariados/as, de ahí que en los gráficos se represente el corte de comparabilidad.
El análisis de la incidencia por sexo evidencia la mayor siniestralidad que sufren los varones y así se muestra en el gráfico 22, que representa la evolución durante los últimos seis años.
En concreto, en 2021, los varones presentaron un índice de incidencia de accidentes de trabajo 2,1 veces superior al de las mujeres (I I varones: 3.715,5; I I mujeres: 1.755,7).
No obstante, aunque las mujeres presentan la mitad de incidencia de ATJT frente a los hombres, existen ciertas actividades donde la incidencia es superior entre las mujeres. El gráfico 23, basado en incidencias acumuladas para los años 2017-2019, muestra que la incidencia acumulada de ATJT es superior entre las mujeres respecto a sus compañeros en: Servicios financieros, Seguros, Industria del tabaco, Asistencia en establecimientos residenciales, Educación y Actividades de servicios sociales sin alojamiento.
Actividades prioritarias en base a la siniestralidad para el año 2021, según el índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo ajustado por la población afiliada:
La clasificación de actividades económicas, atendiendo únicamente al índice de incidencia de los accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo (ATJT), permite detectar a grandes rasgos aquellos colectivos con mayor riesgo o probabilidad de sufrir accidentes de esta índole. Este criterio podría ser de especial utilidad para detectar a los grupos más vulnerables, pudiendo orientar la planificación de recursos en materia de evaluación de riesgos, vigilancia de la salud específica, etc.
Adicionalmente, existiría un criterio de clasificación más próximo al término de eficiencia, es decir, considerando no sólo la probabilidad de que el fenómeno, en este caso accidente, se materialice, sino también analizando dónde se encuentran agregados el mayor número de susceptibles o de población con riesgo de sufrirlos. Este segundo criterio de priorización, por tanto, aborda la cuestión desde una doble perspectiva y sería más útil en el diseño de planes que requieran una óptima gestión de recursos que garantice la consecución de programas preventivos eficientes. De esta forma, las políticas preventivas concretas, dirigidas a minimizar el impacto de la siniestralidad laboral, se enfocarían, en primera instancia, hacia sectores más vulnerables y que aglutinan un mayor número de trabajadores/as que pudieran beneficiarse de esas intervenciones específicas.
Basándose en estos conceptos, en la tabla 2 se presenta la priorización de las actividades económicas en función de dos parámetros: el índice de incidencia de Accidentes de trabajo en jornada ATJT (número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores/as) y el número de personas trabajadoras que desarrollan su trabajo en una actividad concreta (afiliados/as con la contingencia de accidente de trabajo cubierta), tomando como referencia el año 2020 y estratificado por sexo.
Accidentes de trabajo en jornada de trabajo mortales:
El índice de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo en 2021 fue de 3,28 accidentes por cada 100.000 trabajadores/as afiliados/as, lo que supuso un descenso del 6,9 % con respecto al año anterior (I I en 2020: 3,50).
En 2021 el mayor índice de incidencia mortal lo presentó el sector Construcción (9,75), seguido por el sector Agrario (7,28), la Industria (5,08) y, por último, el sector Servicios (2,22).
En la evolución del índice durante los últimos seis años se observa que el sector Agrario y la Construcción se alternan para ocupar la primera y segunda posición en el índice de incidencia.
Actividades prioritarias en base a la siniestralidad mortal para el año 2021, según el índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo graves-mortales ajustado por la población afiliada:
Una jerarquización de peligrosidad a partir de la gravedad del accidente, considerando solo aquellos accidentes clasificados como graves o mortales, su incidencia por actividad y el número de personas afiliadas a las mismas, permiten construir una matriz en función de ambos parámetros, de forma que prima tanto la peligrosidad de la actividad como la población potencialmente vulnerable al riesgo.
Atendiendo a ambos criterios, las ramas prioritarias en función del impacto de la siniestralidad (gravedad) y la población a riesgo, son las que se observa en la Tabla 3.
Accidentes de trabajo en jornada de trabajo por formas no traumáticas:
En el periodo 2017-2021, se notificaron un total de 5.818 ATJT por formas no traumáticas (FNT), lo que se corresponde con una tasa acumulada para el periodo de 34,7 ATJT por FNT por cada 100.000 trabajadores/as.
Del total de accidentes, el 83 % los sufrieron varones y el 17 %, mujeres.
La edad de los afectados por estas patologías fue discretamente superior entre los hombres (51,7 años frente a los 50 años entre las mujeres).
De acuerdo con la tasa de incidencia acumulada de ATJT por FNT en el periodo 2017-2021 y con la media de personas trabajadoras afiliadas, las actividades sobre las que principalmente habría que actuar para evitar este tipo de patologías para el conjunto de la población trabajadora son: el transporte terrestre, la construcción de edificios, las actividades sanitarias, la Administración Pública y defensa y las actividades de construcción especializadas.
Entre los varones, además de las mencionadas, destaca el almacenamiento y actividades anexas al transporte.
En el caso de las mujeres las actividades prioritarias serían: las actividades sanitarias, la asistencia en establecimientos residenciales, la Administración pública y defensa, la industria de la alimentación y los servicios de alojamiento.
Accidentes de tráfico en jornada de trabajo (ATJT-ALT):
En el periodo 2017-2021, se notificaron un total de 96.772 ATJT por accidentes laborales de tráfico (ALT), lo que se corresponde con una tasa acumulada para el periodo de 561,3 ALT en jornada por cada 100.000 trabajadores/as.
El 81 % del total de estos accidentes los sufrieron hombres y el 19 %, mujeres.
La edad de las personas afectadas por ALT fue inferior entre los hombres (36,9 años frente a los 39,3 años entre las mujeres).
De acuerdo con la tasa de incidencia acumulada de ALT en jornada durante el periodo 2017-2021 y con la media de personas trabajadoras afiliadas, las actividades sobre las que principalmente habría que actuar para evitar este tipo de accidentes en el conjunto de la población trabajadora son: el transporte terrestre y por tubería, los servicios de comidas y bebidas, la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, las actividades de construcción especializada, la Administración Pública y defensa, las actividades de servicios sociales sin alojamiento y el comercio al por mayor e intermediarios de comercio.
Entre los varones destacan las mismas actividades que para la población total y además los servicios de comidas y bebidas, el almacenamiento y actividades anexas al transporte y las actividades administrativas de oficina.
En el caso de las mujeres destacan como actividades prioritarias para este tipo de accidentes: las actividades postales y de correos, el transporte terrestre y por tubería, las actividades de servicios sociales sin alojamiento, el comercio al por mayor y los servicios de comidas y bebidas.
Accidentes en jornada de trabajo por trauma psíquico:
En el periodo 2017-2021, fueron notificados un total de 2.836 ATJT desencadenados por trauma psíquico (TP), lo que se corresponde con una tasa acumulada para el periodo de 16,4 ATJT por TP en jornada por cada 100.000 trabajadores/as.
Entre los hombres se notificaron, en el periodo 2017-2021, 1.211 ATJT por trauma psíquico (Incidencia acumulada de 13,16 por cada 100.000 trabajadores) y entre las mujeres se notificaron 1.625 casos (Incidencia acumulada de 20,2 por cada 100.000 trabajadoras).
De acuerdo con la tasa de incidencia acumulada de ALT en jornada en el periodo 2017-2021 y a la media de personas trabajadoras afiliadas, las actividades sobre las que principalmente habría que actuar para prevenir este tipo de accidentes para el total de la población trabajadora son: el transporte terrestre y por tubería, las actividades sanitarias, los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones, la Administración pública y defensa; Seguridad social obligatoria, el comercio al por menor. Para los hombres, además de las anteriores, habría que actuar en el almacenamiento y actividades anexas al transporte y los servicios a edificios y jardinería.
En el caso de las mujeres es prioritaria la actuación en la asistencia en establecimientos residenciales, servicios sociales sin alojamiento, educación, comercio al por menor, Administración Pública y defensa y actividades deportivas recreativas y de entretenimiento.
Entre los años 2017-2021 se contabilizaron un total de 85.340 partes cerrados de enfermedad profesional, correspondiendo el 85 % de los casos a enfermedades por agentes físicos.
Esta distribución es similar entre hombres y mujeres aunque con ciertas diferencias. Así, las enfermedades por agentes biológicos representan el 5,6 % del total de enfermedades en las mujeres, mientras que este peso se sitúa en el 2 % entre los hombres. Al contrario ocurre con las enfermedades por inhalación de sustancias y agentes, que representan el 6 % de las EE PP en hombres frente al 1 % de las mujeres.
Agentes involucrados:
Analizando los agentes más frecuentes por grupo de enfermedad profesional, los datos agregados 2017-2021, muestran los siguientes resultados:
– Enfermedades profesionales del grupo 1 (causadas por agentes químicos): predominan las EE PP por epóxidos, seguidas por aquellas producidas por alcoholes, cromo, cetonas, y aldehídos.
– Enfermedades profesionales del grupo 2 (causadas por agentes físicos): predominan las tendinitis de codo, seguidas por el síndrome del túnel carpiano.
– Enfermedades profesionales del grupo 3 (causadas por agentes biológicos): predominan las enfermedades infecciosas en actividades de asistencia de personas.
– Enfermedades profesionales del grupo 4 (causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados): predominan las EE PP por polvo de sílice, enfermedades que representaron casi la mitad de este grupo.
– Enfermedades profesionales del grupo 5 (de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados): predominan las EE PP por sustancias de bajo peso molecular.
– Enfermedades profesionales del grupo 6 (causadas por agentes carcinógenos): predominan las neoplasias secundarias a la exposición a amianto.
Actividades con mayores incidencias acumuladas:
– Enfermedades profesionales del grupo 1 (causadas por agentes químicos): La incidencia acumulada total (para el periodo agregado 2017-2020) fue de 13,47 casos por 100.000 trabajadores/as. Las actividades que presentaron una mayor incidencia fueron:
• Otros servicios personales.
• Industria del tabaco.
• Fabricación de otro material de transporte.
• Fabricación de productos farmacéuticos.
• Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
• Otras industrias manufactureras.
• Industria química.
• Industria del cuero y del calzado.
– Enfermedades profesionales del grupo 2 (causadas por agentes físicos): La incidencia acumulada total (para el periodo agregado 2017-2020) fue de 420 casos por 100.000 trabajadores/as. Las actividades que presentaron una mayor incidencia fueron:
• Industria del cuero y del calzado.
• Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.
• Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.
• Fabricación de material y equipo eléctrico.
• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
• Industria de la alimentación.
• Fabricación de productos de caucho y plásticos.
• Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
– Enfermedades profesionales del grupo 3 (causadas por agentes biológicos): La incidencia acumulada total (para el periodo agregado 2017-2020) fue de 18 casos por 100.000 trabajadores/as. Las actividades que presentaron una mayor incidencia fueron:
• Asistencia en establecimientos residenciales.
• Actividades Sanitarias.
– Enfermedades profesionales del grupo 4 (causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados): La incidencia acumulada total (para el periodo agregado 2017-2020) fue de 17,7 casos por 100.000 trabajadores/as. Las actividades que presentaron una mayor incidencia fueron:
• Industrias extractivas.
• Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
– Enfermedades profesionales del grupo 5 (de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados): La incidencia acumulada total (para el periodo agregado 2017-2020) fue de 22 casos por 100.000 trabajadores/as. Las actividades que presentaron una mayor incidencia fueron:
• Otros servicios personales.
• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
• Asistencia en establecimientos residenciales.
• Recogida y tratamiento de aguas residuales.
• Fabricación de productos farmacéuticos.
• Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.
– Enfermedades profesionales del grupo 6 (por agentes cancerígenos): La incidencia acumulada total (para el periodo agregado 2017-2020) fue de 1 caso por 100.000 trabajadores/as. Las actividades que presentaron una mayor incidencia fueron:
• Fabricación de otro material de transporte.
• Coquerías.
• Captación, depuración y distribución de agua.
• Metalurgia fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.