Categoría: Educación

La educación es un derecho de todas las personas que se tiene que garantizar a lo largo de toda la vida y que tiene que atender a todas las facetas del desarrollo personal, emocional y profesional. Una de las obligaciones esenciales de los poderes públicos es garantizar de una manera efectiva este derecho a la educación, sea cual sea la procedencia de los niños e independientemente de sus capacidades y de sus características culturales, lingüísticas, de sexo o religiosas.
La educación en los primeros años de vida tiene una importancia capital para el desarrollo de todas las capacidades individuales y para el proceso de socialización de los niños. Además, es un instrumento fundamental para la detección precoz y la atención temprana de necesidades específicas de apoyo educativo y para compensar los efectos de las desigualdades que puedan existir en materia educativa. De hecho, uno de los hitos operativos que establece la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible es asegurar que de aquí al 2030 todos los niños tengan acceso a los servicios de atención y desarrollo de la primera infancia y a una educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la educación primaria.
El Gobierno de las Illes Balears ha ido adoptando los compromisos necesarios para cumplir con las propuestas del documento marco «La educación de los niños 0-3 y la necesaria equidad» (de ahora en adelante, documento marco), elaborado por una comisión técnica con expertos en 0-3 que se deriva de la Proposición no de ley 16956-17, de 26 de febrero de 2018, aprobada por la Comisión de Educación del Parlamento de las Illes Balears.
Las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ejecutadas hasta ahora, en materia de primer ciclo de educación infantil, se pueden dividir en tres grandes bloques:
1. El aumento de la oferta educativa de primer ciclo de educación infantil, a través de convocatorias de ayudas para la creación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil, y la reconversión de centros privados sin autorización educativa que atienden regularmente a niños de menos de tres años en centros de primer ciclo de educación infantil.
2. Favorecer el acceso a los alumnos de familias en situación de vulnerabilidad, a través de ayudas de escolarización, ayudas destinadas a niños con necesidades educativas especiales y ayudas de comedor.
3. El apoyo y la formación pedagógica en los centros educativos de las redes pública y complementaria y la ampliación y la consolidación de los equipos de atención temprana.
Durante estos años, el sostenimiento de los centros de primer ciclo de educación infantil de titularidad pública se ha llevado a cabo principalmente por parte de las familias, con aportaciones desiguales por parte de las diferentes entidades públicas. En este sentido, la Consejería de Educación y Universidades ha establecido módulos para la realización de aportaciones anuales mediante resolución. Del mismo modo, en el caso de los centros privados, las familias han sido las que han hecho el esfuerzo económico para sostener el servicio de educación infantil, a pesar de que, análogamente a los centros públicos, la Consejería de Educación y Universidades también ha establecido anualmente módulos para el sostenimiento de los centros privados con los cuales ha establecido convenios.
Ante las razones expuestas y atendiendo a la situación económica del momento, el 18 de agosto del año 2022 el Gobierno de las Illes Balears publicó el Decreto-ley 8/2022, de 16 de agosto, de medidas urgentes para garantizar la gratuidad de la educación de los niños matriculados del tercer nivel de educación infantil en los centros de la red pública de escuelas infantiles y de la red complementaria a partir del mes de septiembre de 2022, y para llevar a cabo la creación de un fondo extraordinario para compensar una parte de los gastos y los costes en transporte interurbano a partir del 1 de septiembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022. Con este Decreto-ley 8/2022 se estableció un módulo específico destinado al sostenimiento de las aulas de tercero de educación infantil (2-3 años) que permite que el servicio de escolarización en los centros de titularidad pública de la red pública de escuelas infantiles de primer ciclo y de los centros de titularidad privada que pertenecen a la red complementaria de escuelas infantiles de las Illes Balears sea gratuito para las familias.
Después del proceso electoral autonómico de mayo de 2023, mediante el Decreto 8/2023, de 10 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, se determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 94, de 10 de julio).
Uno de los compromisos de este nuevo Gobierno es ampliar la gratuidad al resto de cursos del primer ciclo de educación infantil y, habiendo la disposición presupuestaria necesaria, quiere, de manera inmediata, dar un paso más y establecer el módulo destinado al sostenimiento de todas las aulas de primer ciclo de educación infantil de los centros de la red pública de escuelas infantiles de primer ciclo y de los centros de titularidad privada que pertenecen a la red complementaria de escuelas infantiles de las Illes Balears para permitir que el servicio de escolarización básica en estos centros sea gratuito.
El artículo 12 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), según la redacción establecida en la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), sobre los principios generales de la educación infantil, establece que la educación infantil tiene carácter voluntario y que su finalidad es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como a la educación en valores cívicos para la convivencia. Este artículo también dispone que la programación, la gestión y el desarrollo de la educación infantil tienen que atender, en todo caso, a la compensación de los efectos que las desigualdades de origen cultural, social y económico tienen en el aprendizaje y la evolución de los niños, así como a la detección precoz y a la atención temprana de necesidades específicas de apoyo educativo.
El artículo 15.1 de la LOE especifica que las administraciones públicas tienen que promover un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años). Así mismo, tienen que coordinar las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. Con cuyo objeto, tienen que determinar las condiciones en las cuales se pueden establecer convenios con las corporaciones locales, otras administraciones y entidades privadas.
Además, la disposición adicional tercera de la LOMLOE, sobre la extensión de la educación infantil, dispone que se tiene que establecer un calendario para la extensión del primer ciclo de educación infantil y que, en su implantación progresiva, se tiene que tender hacia la extensión de la gratuidad y priorizar el acceso de los alumnos en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización.
El artículo 3 de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears, establece los principios generales del sistema educativo de las Illes Balears, entre los cuales se mencionan, por un lado, el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia de acuerdo con lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas, y sus protocolos facultativos, la cual reconoce el interés superior del menor, el derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las decisiones que le afecten, y la obligación de las administraciones de asegurar estos derechos; y por otro, el cumplimiento de los derechos de los niños, los jóvenes y personas con diversidad funcional de acuerdo con lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas, especialmente el derecho de acceso a una educación inclusiva y a la mejora de su calidad de vida.
En el artículo 7 de la Ley 1/2022, sobre la regulación del primer ciclo de educación infantil, se establece que el Gobierno de las Illes Balears tiene que regular, en el marco de sus competencias, el primer ciclo de educación infantil, que va de cero a tres años, desde un enfoque educativo. El carácter educativo del primer ciclo tiene que formar parte de la propuesta pedagógica de todos los centros que lo imparten. Además, este artículo dispone que el objetivo de la regulación del primer ciclo de educación infantil es universalizar este ciclo, hacerlo gratuito progresivamente y garantizar una educación equitativa y de calidad.
El apartado 4 del artículo 7 establece que se tienen que subscribir convenios de colaboración con los consejos insulares y los ayuntamientos para la creación de nuevas plazas y para su mantenimiento, teniendo en cuenta la oferta existente en el municipio o en la zona escolar.
Asimismo, el apartado 5 del artículo 7 dispone que la red de escuelas infantiles públicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene que tener por objeto, entre otros, la creación de nuevas plazas, el sostenimiento de los centros, la prevención de dificultades y la detección, el diagnóstico y la inclusión de los niños con necesidades específicas de apoyo educativo.
Además, el artículo 7 también establece que la Administración educativa, con la participación de los agentes que intervienen en la atención del alumnado de primera infancia, tiene que regular las condiciones y los requisitos de los centros privados que quieran incorporarse a la red complementaria de la red de escuelas públicas de educación infantil, con el fin de ampliar la oferta educativa del primer ciclo de educación infantil. Por lo tanto, la Administración educativa puede formalizar convenios con centros privados de primer ciclo de educación infantil para constituir la red educativa complementaria de la red de escuelas públicas de educación infantil. Estos convenios pueden prever ayudas para el sostenimiento de los centros.
Los centros públicos y privados de primer ciclo de educación infantil que cumplan las condiciones legales, estén previamente autorizados por la Administración educativa y formen parte de la red pública o de la red complementaria de educación infantil pueden recibir las ayudas económicas que se convoquen. Los tipos de ayudas que convoque la Consejería de Educación y Universidades tienen que tener por finalidad paliar la carencia de plazas, contribuir a reducir las desigualdades y favorecer los sectores más vulnerables socialmente.
El eje estratégico 2 del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), que trata sobre la universalización de los derechos sociales mediante el acceso a servicios esenciales de calidad, accesibles e inclusivos y su goce dentro del ámbito de la educación infantil, el cuidado y la atención temprana en la primera infancia (0-6 años), establece, entre otros, el objetivo de garantizar el acceso universal al primer ciclo de educación infantil.
El artículo 37 de la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears, determina que, de acuerdo con la legislación básica del Estado, las personas menores de edad tienen derecho, desde su nacimiento, a la educación y a recibir una formación integral que garantice el pleno desarrollo de sus capacidades, de la identidad personal desde que nacen, desde el seno de la familia, con la colaboración de las administraciones públicas de las Illes Balears.
El artículo 3 del Texto consolidado del Decreto por el cual se establecen los requisitos mínimos de los centros de primer ciclo de educación infantil, aprobado por el Decreto 23/2020, de 31 de julio, establece que las administraciones públicas tienen que promover una oferta suficiente de plazas de primer ciclo de educación infantil, de acuerdo con las necesidades de cada núcleo de población. A tal fin, tienen que determinar las condiciones en las cuales pueden establecerse convenios con las corporaciones locales y otras administraciones.
Asimismo, el artículo 5 del Decreto 30/2022, de 1 de agosto, por el cual se establece el currículum y la evaluación de la educación infantil en las Illes Balears, especifica que, en el marco del plan que tiene que establecer el Gobierno del Estado en colaboración con las administraciones educativas que se prevé en la disposición adicional tercera de la LOMLOE, se tiende a la implantación del primer ciclo mediante una oferta pública suficiente y la progresiva extensión de su gratuidad, garantizando el carácter educativo y priorizando el acceso de los niños en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización.
El Texto consolidado del Decreto por el cual se establece y se regula la red de escuelas infantiles públicas y los servicios para la educación de la primera infancia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y se crea el Instituto para la Educación de la Primera Infancia, aprobado por el Decreto 30/2020, de 28 de septiembre, establece la relación entre la Consejería de Educación y Universidades y otras administraciones y entidades privadas titulares de centros de primer ciclo de educación infantil. En este sentido, el artículo 1 de este Texto consolidado dispone que la red de escuelas infantiles públicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears está formada por los centros educativos de primer ciclo de educación infantil de titularidad de la Comunidad Autónoma, así como por los que son de titularidad de los consejos insulares, de los municipios y de las instituciones u organismos del sector público que forman parte de estas instituciones y que, de manera voluntaria, se integran en la red. Además, según resulta del artículo 2 del Texto consolidado mencionado, las entidades públicas interesadas en formar parte de la red de escuelas infantiles públicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tienen que subscribir un convenio con la Consejería de Educación y Universidades, el cual tiene por objeto, entre otros, el sostenimiento de los centros de primer ciclo de educación infantil. El modelo de convenio que pueden subscribir las entidades públicas interesadas en integrarse en la red se aprueba mediante resolución y se publica en el «Boletín Oficial de las Illes Balears», según se indica en el artículo 3 del Texto consolidado del Decreto.
El artículo 8 del Texto consolidado del Decreto mencionado establece que el consejero de Educación y Universidades tiene que aprobar la cuantía de los módulos de financiación para el sostenimiento de los centros de primer ciclo de educación infantil mediante una resolución.
La disposición adicional segunda del Texto consolidado del Decreto mencionado, modificado por la disposición final primera del Decreto-ley 8/2022, de 16 de agosto, establece que la Consejería de Educación y Universidades puede establecer convenios con entidades privadas, prioritariamente con entidades privadas sin finalidad de lucro, y con cooperativas de trabajo asociado, para la consolidación de plazas, para la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, para el sostenimiento de centros educativos autorizados de titularidad privada de primer ciclo de educación infantil y para el desarrollo de actividades, servicios y programas para el fortalecimiento de las capacidades educativas de las familias con niños de menos de tres años, así como para el asesoramiento y las funciones propias de los servicios educativos de atención temprana.
El apartado 3 de la disposición adicional segunda del Texto consolidado del Decreto mencionado establece que estos centros constituyen una red educativa complementaria a la red deescoletespúblicas (de ahora en adelante, red complementaria) para garantizar el derecho a la educación de los niños.
Por lo tanto, en el ámbito educativo, este decreto-ley tiene por objeto regular determinadas medidas de rango legal para establecer los módulos para el sostenimiento de las aulas de primer ciclo de educación infantil de lasescoletestanto de la red pública de escuelas infantiles de las Illes Balears cómo de la red complementaria, los cuales tienen que permitir la gratuidad de la escolarización de los alumnos matriculados. Estas medidas también tienen que permitir la suspensión del cobro de las tasas o de los precios públicos de lasescoletesde la red pública durante la necesaria tramitación de la modificación de estas tasas o precios públicos. Por otro lado, el decreto-ley establece que la Consejería de Educación y Universidades tiene que publicar el modelo de convenio específico que tendrán que firmar los titulares de los centros de la red pública y la complementaria mediante el cual se tiene que establecer la gratuidad de la prestación del servicio educativo de los alumnos matriculados del primer ciclo de educación infantil. Las medidas incluidas en este decreto-ley tienen que producir efectos a partir del 1 de septiembre de 2023.
Los centros públicos de primer ciclo de educación infantil de todas las Illes Balears tienen establecidos unos precios públicos al amparo de lo que disponen los artículos 41-48 del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. La modificación de estos precios públicos requiere una tramitación que, en algunos casos, se puede alargar hasta muy entrado el curso escolar. Es por eso que, mediante este decreto-ley, se quiere posibilitar que los titulares de los centros de primer ciclo de educación infantil públicos que quieran aplicar medidas de gratuidad para los alumnos matriculados del primer ciclo de educación infantil, por acuerdo o resolución del órgano competente, puedan suspender el cobro de las cuotas destinadas al servicio de escolarización básica de los niños matriculados de primer ciclo de educación infantil al inicio del curso escolar, a la vez que se acuerda la tramitación de la modificación de los precios públicos que rigen el servicio.
El decreto-ley también prevé que la cuantía de los módulos destinados a financiar la gratuidad del primer ciclo de educación infantil en los centros de primer ciclo de educación infantil se pueda financiar a través de convenios específicos o mediante la correspondiente transferencia.
La disposición final quinta de este decreto-ley modifica el Texto consolidado del Decreto por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros de primer ciclo de educación infantil, aprobado por el Decreto 23/2020, de 31 de julio. Se trata de una medida urgente encaminada a garantizar la atención a los niños matriculados del primer ciclo de educación infantil en los centros de la red pública de escuelas infantiles y de la red complementaria a partir de septiembre de 2023.
Con esta medida se quiere ampliar el período máximo transitorio que prevé el Texto consolidado del Decreto mencionado para que los educadores y las educadoras de los centros de primer ciclo de educación infantil puedan acreditar los requisitos de capacitación lingüística, es decir: el Certificado de capacitación para la enseñanza en lengua catalana en el primer ciclo de la educación infantil (CCI) o el Certificado de capacitación para la enseñanza de y en lengua catalana en la educación infantil y primaria (CCIP). De esta forma se mitigarán las dificultades de los centros para poder contar con el personal adecuado y suficiente para atender a los alumnos, que se pueden ver agravadas con el aumento de la demanda de plazas motivada por la implantación de la gratuidad en el primer ciclo de educación infantil.
Esta medida se ha tomado en consideración dadas las circunstancias y dificultades de este colectivo, puestas de manifiesto por la Comisión de valoración de la calificación de profesorado de los centros de primer ciclo de educación infantil, ante la finalización del período transitorio el 28 de julio de 2023.
En el pacto tercero del Acuerdo de Reactivación del Acuerdo de 2016 y en el nuevo Acuerdo Marco (2023-2027) de mejora de la Enseñanza Privada Concertada se acordó completar la reducción de veinticuatro a veintitrés horas lectivas máximas semanales para todo el personal docente de los niveles educativos de ESO, FP y Bachillerato a partir del 1 de septiembre de 2023.
El contenido del apartado 2 del artículo 30 de la Ley 11/2022, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2023 (BOIB núm. 171, de 31 de diciembre), se modificó por la disposición final tercera de la Ley 9/2023, de 3 de abril, de modificación de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas de las Illes Balears (BOIB núm. 44, de 8 de abril). La modificación introducida, con efectos previstos desde el 1 de septiembre, estableció la referencia de la carga lectiva a la realización de veintitrés horas semanales por docente en los niveles educativos de ESO, FP y Bachillerato.
Pero esta previsión, hecha en estos términos tan generales, afecta a un número de profesores que trabajan en ESO, FP y Bachillerato en determinadas especialidades difícilmente sustituibles como educación física, educación plástica, música o alemán, entre otras, en las cuales la existencia de docentes que cumplen con todos los requisitos exigidos por la normativa es escasa, lo que podría suponer, para los centros concertados, problemas en la contratación de profesorado en las especialidades antes mencionadas. Además, se tiene que añadir el hecho de que normalmente estos docentes trabajan en más de un centro; en consecuencia, las contrataciones son por muy pocas horas y afectan especialmente a los centros de una o dos líneas, hecho que dificulta todavía más la contratación y merma así la calidad de la enseñanza que se pretende ofrecer. La modificación introducida también afecta a los docentes, principalmente de apoyo y de Educación General Básica (EGB), que imparten docencia simultáneamente en educación infantil, primaria y secundaria. El acuerdo de reducción de veinticuatro a veintitrés horas lectivas máximas semanales implicaría sesiones lectivas no completas para los alumnos y modificaciones en los contratos de los docentes por fracciones de hora y no de horas completas.
Por todo esto, con carácter extraordinario, es urgente corregir la omisión cometida y, con efectos desde el 1 de septiembre de 2023, adecuar el contenido del apartado 2 del artículo 30 de la Ley 11/2022, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2023, modificada por la disposición final tercera de la Ley 9/2023, de 3 de abril, de modificación de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas de las Illes Balears para incluir a los docentes mencionados anteriormente y ofrecerles una cobertura legal para la realización de una jornada de veinticuatro horas lectivas semanales y evitar así un perjuicio grave a la labor educativa que realizan los centros concertados, servicio público de las Illes Balears.
La Declaración de Incheon y su Marco de acción para la implementación del objetivo de desarrollo sostenible 4 (Agenda 2030), «Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todo el mundo», representa el compromiso de la comunidad internacional de la educación con la ambición de una educación inclusiva y de calidad.
Asimismo, el artículo 80 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, de acuerdo con la redacción establecida por la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la cual se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece que, con el fin de hacer efectivo el principio de equidad en el ejercicio del derecho a la educación, las administraciones públicas tienen que desarrollar acciones dirigidas hacia las personas, los grupos, los entornos sociales y los ámbitos territoriales que estén en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural, con el objetivo de eliminar las barreras que les limitan el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje, asegurando los ajustes razonables en función de sus necesidades individuales y prestando el apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de forma que puedan acceder a una educación inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás.
Además, el artículo 3.1.e) de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears, establece que uno de los principios que tienen que regir la educación en las Illes Balears es la accesibilidad universal, la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social y cultural, en el marco de la inclusión educativa de todo el alumnado. El artículo 139.1 de esta Ley dispone que la educación inclusiva es un principio fundamental de la política educativa de la Administración autonómica, con el objetivo de dar respuesta a la diversidad educativa y social existente, y el artículo 142.4 establece que la Administración educativa tiene que dar el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar al alumnado que requiere una atención muy especializada, desarrollen también la función de centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios.
Por otro lado, el artículo 28 de la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears, establece que los menores con diversidad funcional tienen derecho a la escolaridad inclusiva y con el apoyo necesario para potenciar el máximo desarrollo académico, personal y social.
El Decreto 39/2011, de 29 de abril, por el cual se regula la atención a la diversidad y la orientación educativa en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos, en el apartado quinto del artículo 25, referido a los centros de educación especial, establece que los centros de educación especial se tienen que constituir progresivamente en centros de asesoramiento, de servicios y de recursos especializados, que se tienen que poner a disposición de los centros ordinarios para colaborar en la progresiva normalización e inclusión de los alumnos en entornos educativos menos restrictivos. Y en el apartado sexto añade que estos centros de educación especial pueden complementar a los centros ordinarios en los servicios más específicos de apoyo directo al alumno con necesidades educativas especiales de carácter grave escolarizado en un centro ordinario.
Para hacer efectivo uno de los principios pedagógicos y organizativos de la Ley 1/2022 que tienen que regir la educación de las Illes Balears, en el marco de la inclusión educativa de todo el alumnado, para el curso 2023-2024, y permitir que los centros de educación especial desarrollen, también, la función de centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios, se hace necesario añadir un apartado en el artículo 21 del Decreto 59/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas que han de regir las convocatorias para el establecimiento y la renovación de conciertos educativos a partir del curso 2023-2024, que prevea que los centros de educación especial, además de escolarizar alumnos, pueden desarrollar la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios, de acuerdo con los criterios, las condiciones y los plazos que se establezcan en la correspondiente resolución de convocatoria del director general de Planificación, Ordenación e Infraestructuras Educativas con el informe previo de necesidades del Servicio de Atención a la Diversidad.
La disposición final tercera de este decreto-ley modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears sobre la estructura de las retribuciones del personal laboral docente, cuya modificación resulta necesaria antes del inicio del curso escolar 2023-2024, atendidas las circunstancias siguientes.
El artículo 93 de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears, determina que el sistema retributivo de los funcionarios docentes y del personal laboral docente se tiene que establecer por medio de una disposición de rango legal, en el marco de la normativa básica del Estado, de la normativa aplicable de la función pública de la Administración autonómica y las disposiciones de la misma Ley. Sin embargo, la disposición transitoria segunda establece que mientras no se fijen las retribuciones del personal laboral docente, de acuerdo con el artículo 93 de esta Ley, se mantiene la estructura retributiva que actualmente se aplica a este personal y que corresponde con lo que establece esta disposición. En concreto:
1. Mientras no se determinen las retribuciones del personal laboral docente, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 93 de esta ley, se mantiene la estructura retributiva que actualmente se aplica a este personal, que es la siguiente:
a) Las retribuciones básicas: sueldos y trienios.
b) El complemento de profesor de religión y complemento de profesor especialista, en el que pasan a integrarse el complemento denominado a cuenta del complemento específico, establecido en el Decreto 72/2000, de 14 de abril, de aplicación, para el año 2000, del Acuerdo logrado en la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears relativo al fondo para la mejora de los servicios públicos, y el complemento llamado Acuerdo de 28 de julio de 2007, previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2006, por el que se aprueba la propuesta de acuerdo para la mejora de la enseñanza pública, relativo a las plantillas de personal de los centros docentes públicos, aprobada por la Mesa Sectorial de Educación.
c) El complemento por formación permanente o sexenio.
d) El complemento de comunidad autónoma.
e) Las pagas extraordinarias, que son dos al año.
f) La indemnización por residencia.
2. En todo caso, las cuantías que en el cómputo global percibirán por estos conceptos serán las mismas que perciban los funcionarios del mismo nivel educativo.»
El profesor especialista es personal laboral que, de acuerdo con la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, podía impartir docencia en la formación profesional y en las enseñanzas de régimen especial. No obstante lo anterior, la disposición final primera de la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la formación profesional, modificó el artículo 95 de la LOE eliminando la figura del profesor especialista en la formación profesional y sustituyéndola por la figura del experto.
No ha sido hasta el Real decreto 659/2023, de 18 de julio, por el cual se desarrolla la ordenación del sistema de formación profesional, que se da contenido a la figura del profesor experto. En concreto, en el artículo 170, se establece que las administraciones competentes podrán contratar profesionales expertos del sector productivo con las condiciones que se detallan en este artículo.
El recurso del sistema educativo para los profesores especialistas, mediante contratos temporales, ha sido recurrente y necesario, en particular cuando resulta especialmente difícil encontrar profesorado titulado, como sucede en determinadas especialidades de la formación profesional.
Para el curso 2023-2024, el recurso de los profesores especialistas en la formación profesional no es posible y se hará imprescindible la contratación, en régimen laboral, de profesores expertos del sector productivo. La selección de este personal se hará mediante una convocatoria pública para conformar una bolsa de aspirantes, regida por los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de celeridad, teniendo en cuenta que se trata de personal laboral temporal, tal como exige el artículo 11.3 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que será necesario contratar cuando, a lo largo del curso, falten funcionarios de carrera o interinos en determinadas especialidades docentes de la formación profesional, tal como regula el artículo 170 del Real decreto 659/2023.
El artículo 11 del TRLEBEP regula el carácter retribuido de la prestación de servicios para la Administración del personal laboral. Además, el artículo 14 determina, en la letra d), que uno de los derechos individuales de los empleados públicos es percibir las retribuciones por la prestación de sus servicios. Finalmente, el artículo 23 regula las retribuciones del personal laboral y establece que se tienen que determinar, de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo aplicable y el contrato de trabajo, respetando aquello que establece el artículo 21.
Pues bien, nos encontramos con una nueva figura, un nuevo tipo de personal docente, el experto del sector productivo, que todavía no ha sido objeto de ninguna contratación y sobre el cual, por lo tanto, no existe convenio colectivo aplicable ni normativa que regule específicamente su régimen retributivo.
Todo esto justifica la extraordinaria y urgente necesidad de regular, a partir del curso 2023-2024 –en el que se harán por primera vez las contrataciones de esta nueva figura– y de forma transitoria, hasta que se determine, el régimen retributivo de los profesores expertos del sector productivo, hasta que este se determine, el cual tiene que seguir el mismo esquema retributivo que lo previsto para el profesorado especialista, lo cual hace necesaria la modificación urgente de la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2022, de 8 de marzo.
Este decreto-ley contiene también dos medidas en el ámbito sanitario.
La primera medida en el ámbito sanitario consiste en modificar, mediante la disposición final segunda de este decreto-ley, la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para eliminar, con carácter general, la exigencia de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a puestos de personal estatutario y laboral en el Servicio de Salud de las Illes Balears y sus entes instrumentales adscritos, por lo que respecta al personal que desarrolla funciones sanitarias.
La Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública, modificó la regulación que en aquel momento contenía la mencionada Ley 3/2007 en materia de exigencia de requisitos de conocimientos de la lengua catalana para el personal funcionario, estatuario, docente y laboral, al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los entes que integran su sector público instrumental, otorgando con carácter general a este conocimiento –en los niveles que se determinasen reglamentariamente en cada caso– la condición de requisito necesario para el ingreso, acceso, provisión o cualquier forma de ocupación de todo puesto de trabajo en aquella Administración y en su sector público instrumental.
La regulación de esta materia por la citada Ley 4/2016 exige idénticos niveles de capacitación lingüística para todas las categorías de personal estatutario del Servicio de Salud, tanto para las de personal sanitario como para las de personal de gestión y servicios.
En la actualidad en nuestra comunidad autónoma existe un déficit general de profesionales sanitarios, especialmente preocupante en algunas categorías profesionales correspondientes a los subgrupos A1 y A2.
Por todo ello, se modifica la mencionada Ley 3/2007 para eliminar, con carácter general, la exigencia de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a puestos de personal estatutario y laboral en el Servicio de Salud de las Illes Balears y sus entes instrumentales adscritos, por lo que respecta al personal que desarrolla funciones sanitarias.
En consideración a todo lo expuesto y, sobre todo, con la idea de seguir avanzando en la profesionalización del personal estatutario sanitario y laboral con funciones sanitarias que accede a la Administración, con esta reforma se pretende instrumentar las medidas necesarias para que los procesos selectivos y de provisión de personal estatutario sanitario y laboral con funciones sanitarias permitan el acceso de las personas mejor cualificadas y que superen las pruebas con mayor nivel, sin que la falta de la acreditación oficial de un determinado nivel de catalán sea, de entrada, un obstáculo para acceder a la misma. Todo ello, sin perjuicio de que, una vez dentro de la Administración, las personas que no tengan un determinado nivel de catalán puedan formarse o mejorar en el conocimiento de la lengua catalana, con la colaboración de la Administración, mediante el fomento de los cursos adecuados, para poder facilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho de utilizar cualquiera de las dos lenguas cooficiales en sus relaciones con la Administración. Igualmente, los procedimientos de provisión valorarán como mérito los diferentes niveles de conocimientos de catalán, que solo podrán exigirse como requisito en los casos que determina la Ley.
En atención a lo expuesto, mediante esta reforma se elimina el requisito de capacitación lingüística para el personal estatutario sanitario así como para el personal laboral con funciones sanitarias, para posibilitar así la incorporación al sistema del mayor número de profesionales sanitarios, dado el tradicional déficit estructural que padece este sector en el ámbito de las Illes Balears.
Por otro lado, y atendiendo al principio de libre circulación dentro del Sistema Nacional de Salud que establece la letra d) del artículo 4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, se añade una nueva disposición transitoria, la novena, en la Ley 3/2007 que regula las exigencias de capacitación cuando se trate de personal de gestión y servicios de otros Servicios de Salud que obtenga una plaza por concurso en el Servicio de Salud, caso en que se le concede una moratoria de dos años para cumplir la exigencia del requisito. Del mismo modo se actúa en los casos del personal que está en reingreso provisional y que se vea obligado a concursar.
La segunda medida en el ámbito sanitario consiste en la modificación, mediante la disposición final cuarta de este decreto-ley, del complemento de puestos de difícil cobertura de personal sanitario de los subgrupos A1 y A2 de las áreas de salud de Menorca y de Ibiza y Formentera, que prevé la disposición adicional decimotercera de la Ley 11/2022, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2023.
La disposición adicional decimotercera de la mencionada Ley 11/2022, bajo la rúbrica «Modificación del objeto, ámbito de aplicación y cambio de denominación del complemento de fidelización del personal licenciado sanitario del subgrupo A1 de las áreas de salud de Menorca y de Ibiza y Formentera», supuso la transformación del antiguo «plus de fidelización» del personal licenciado sanitario de las áreas de salud de Menorca y de Ibiza y Formentera en un nuevo concepto retributivo que se integra dentro de las retribuciones complementarias del personal estatutario del Servicio de Salud.
La citada disposición adicional no reguló las cuantías que integran este concepto retributivo, sino que se difirió a una regulación o decisión posterior, que hoy contiene el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2023 por el que se ratifica el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de 27 de marzo de 2023 por el que se desarrolla el régimen jurídico y se determinan las cuantías correspondientes de los puestos de difícil cobertura (BOIB núm. 42, de 4 de abril).
El acuerdo de 27 de marzo de 2023 no desarrolló íntegramente el régimen jurídico que había diseñado la disposición adicional decimotercera de la Ley 11/2022 mencionada. Prueba de ello es que el punto 4 del apartado segundo y el punto 2 del apartado tercero del acuerdo de 27 de marzo de 2023 indican que las cuantías del nuevo concepto retributivo se abonarán transitoriamente, a cuenta del complemento de puestos de difícil cobertura, con cargo al subconcepto económico establecido en el punto tercero de la disposición adicional tercera de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2020, en que la clasificación económica del «plus de fidelización» se correspondía con el subconcepto destinado al complemento de productividad factor variable.
El punto 1 del apartado tercero del acuerdo de 27 de marzo de 2023 indica que las medidas contenidas en este acuerdo serán de aplicación durante el ejercicio de 2023.
Visto lo expuesto, el acuerdo de 27 de marzo de 2023 hace que quede sin objeto el segundo párrafo del apartado 4 de la disposición adicional decimotercera de la Ley 11/2022 mencionada. Por este motivo, este segundo párrafo ya no se recoge en la modificación de este apartado 4 que realiza la disposición final cuarta de este decreto-ley.
Además, el acuerdo de 27 de marzo de 2023 implica la fijación del complemento de puestos de difícil cobertura, a efectos de lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional decimotercera de la Ley 11/2022 mencionada, y de la letra a) del nuevo apartado 6 de esta disposición adicional según la modificación que hace la disposición final cuarta de este decreto-ley.
Así, hace falta una nueva regulación que, en primer lugar, aúne y unifique con carácter definitivo la naturaleza jurídica y económica del citado concepto retributivo y, en segundo lugar, abra la posibilidad a que se modifique su ámbito subjetivo de aplicación, de manera excepcional y con carácter temporal, a aquellas otras categorías profesionales de personal estatutario en que se aprecie un déficit de profesionales. Todo ello de conformidad con los criterios que ha establecido el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud de 21 de marzo de 2023 en que se determinan los criterios mínimos para identificar los puestos de difícil cobertura y los incentivos para la atracción y retención de dichos puestos.
Por otro lado, y para los casos en que se aprecie un déficit estructural en la provisión y siempre que concurra, adicionalmente, una necesidad urgente y perentoria de cobertura que impida garantizar la cartera de servicios del área de salud correspondiente, se permite que el Consejo de Gobierno a petición razonada del Servicio de Salud de las Illes Balears y previos los trámites pertinentes, pueda declarar, transitoriamente determinadas plazas, puestos o funciones como de «muy difícil cobertura», mediante un acuerdo al efecto, que establecerá el importe de estas retribuciones y la duración temporal de tal medida.
Este decreto-ley se estructura en nueve artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.
El artículo 1 determina el objeto. Los artículos 2 y 3 establecen, respectivamente, los módulos de sostenimiento de las aulas de primer ciclo de educación infantil de la red pública y de la red complementaria. El artículo 4 posibilita la suspensión, por parte de los titulares públicos, del cobro de las tasas o de los precios públicos de los centros de primer ciclo de educación infantil de la red pública, durante la necesaria tramitación de la modificación de los precios a las respectivas ordenanzas o instrumentos. También determina que, en el supuesto de que no suspendan el cobro de las cuotas correspondientes a la gratuidad, estas se tienen que devolver a las familias una vez que se haya firmado el convenio específico y la Administración haya efectuado el primer pago. En términos parecidos, el artículo 5 establece la posibilidad del cobro y posterior devolución a las familias de las cuotas de los alumnos matriculados del primer ciclo de educación infantil en los centros de la red complementaria mientras no se produzcan los pagos por parte de la Administración.
El artículo 6 dispone que la Consejería de Educación y Universidades tiene que publicar los modelos del convenio específico que los integrantes de la red pública y de la red complementaria tendrán que firmar para la financiación del servicio educativo gratuito del primer ciclo de educación infantil.
El artículo 7 establece que la financiación de las aulas de primer ciclo de educación infantil de los centros privados que prestan un servicio público de educación se podrá instrumentalizar a través del concierto educativo, con las condiciones y los requisitos que se establecen en este decreto-ley y por las correspondientes resoluciones de convocatoria para el establecimiento y la renovación de conciertos educativos que se dicten al efecto, así como por el resto de la normativa de aplicación, en virtud de lo establecido en el artículo 170 y siguientes de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears, a fin de asegurar la oferta educativa en este ciclo y promover un incremento progresivo de la oferta de plazas de acuerdo con lo que dispone el artículo 15.1 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación y la disposición adicional tercera de la LOMLOE a fin de universalizar este ciclo.
El artículo 8 dispone que las ayudas de escolarización que las diferentes administraciones o entidades públicas convoquen se tienen que adaptar para los alumnos de primer ciclo de educación infantil matriculados en el curso 2023-2024 en los tramos horarios que estén afectados por la gratuidad establecida en los módulos expuestos en los artículos 2 y 3.
El artículo 9 hace referencia a los centros de titularidad de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y se especifican las actuaciones que se tienen que llevar a cabo con relación a lo que dispone el decreto-ley.
La disposición transitoria única exige, en relación con los conciertos educativos de primer ciclo de educación infantil para el curso 2023-2024, como requisito que se haya suscrito el convenio de colaboración por pertenecer a la red complementaria a la red de escuelas infantiles públicas o se haya solicitado suscribirlo dentro de los plazos autorizados al efecto.
La disposición derogatoria única, como es habitual, deroga las normas de rango igual o inferior que se opongan a lo que dispone este decreto-ley y, en particular, los artículos del Decreto-ley 8/2022, de 16 de agosto, de medidas urgentes para garantizar la gratuidad de la educación de los niños matriculados del tercer nivel de educación infantil en los centros de la red pública de escuelas infantiles y de su red complementaria, y de la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública, que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo que dispone este decreto-ley.
La disposición final primera modifica los artículos 103unquadragies, 103quaterquadragiesy 103quinquadragiesde la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico de tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, relativos a las tasas de la escuela de educación infantil (EI) Can Nebot, de Sant Jordi de ses Salines, del término municipal de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa).
La disposición final segunda modifica la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Además, añade dos nuevas disposiciones transitorias, la novena y la décima, en la mencionada Ley 3/2007.
La disposición final tercera modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears sobre la estructura de las retribuciones del personal laboral docente.
La disposición final cuarta modifica el apartado 2 del artículo 30 de la Ley 11/2022, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2023. Además, modifica los apartados 2, 3, 4 y 5 de la disposición adicional decimotercera de la mencionada Ley 11/2022, así como añade unos nuevos apartados 6, 7 y 8 en la disposición adicional decimotercera de esta Ley, y renumera los apartados originales 6 y 7 de la disposición adicional decimotercera de la Ley 11/2022, que pasan a ser los apartados 9 y 10, respectivamente.
La disposición final quinta modifica la disposición transitoria quinta del Texto consolidado del Decreto por el cual se establecen los requisitos mínimos de los centros de primer ciclo de educación infantil, aprobado por el Decreto 23/2020, de 31 de julio.
La disposición final sexta modifica el artículo 21 del Decreto 59/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas que han de regir las convocatorias para el establecimiento y la renovación de conciertos educativos a partir del curso 2023-2024.
La disposición final séptima contiene una deslegalización de las normas que contienen las mencionadas disposiciones finales quinta y sexta.
Para acabar, la disposición final octava se ocupa de la entrada en vigor y de los efectos de este decreto-ley.
El artículo 86 de la Constitución española permite al Gobierno del Estado dictar decretos ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general.
En términos parecidos, el artículo 49 del Estatuto de autonomía permite al Gobierno de las Illes Balears dictar decretos ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad, siempre que no afecten a los derechos establecidos en el Estatuto de autonomía, a las materias objeto de leyes de desarrollo básico del Estat