Categoría: Normativas

Con fecha 4 de marzo de 2022 y previa tramitación del oportuno procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se firmó el Convenio entre el Ajuntament de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares en materia de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la citada ley, la eficacia del convenio se condiciona a su inscripción en el Registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación del sector público estatal (REOICO), y a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», por lo que por medio de la presente se acuerda:
La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Ajuntament de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares en materia de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil.
Palma de Mallorca, 7 de marzo de 2022.–El Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Antich i Oliver.
Por una parte, el señor José Hila Vargas, Alcalde de Palma, por el acuerdo del Pleno adoptado en la sesión extraordinaria de 15 de junio de 2019, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Y por la otra, el señor Francesc Antich i Oliver, Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, en virtud de nombramiento efectuado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares el 21 de septiembre de 2020 (BOE número 256, de 26 de septiembre de 2020, según Orden TMA/891/2020, de 24 de septiembre), en ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 31.2 a del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Las partes nos reconocemos mutuamente la capacidad legal necesaria para formalizar este convenio de acuerdo con los siguientes
1. El Ajuntament de Palma (en adelante Ajuntament) es, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), la administración competente para la prestación de los servicios públicos y, en particular, del servicio de protección civil, prevención y extinción de incendios al tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes. De hecho, el artículo 11 de la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias de las Illes Balears, incluye los servicios municipales de prevención y extinción de incendios y de salvamentos como uno de los servicios públicos de prevención y extinción de incendios y de salvamentos existentes dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 3/2006, de 30 de marzo, de gestión de emergencias de las Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma desarrolla determinadas potestades en materia de protección civil, como promover la creación de una estructura municipal de protección civil, elaborar y ejecutar programas municipales de prevención y previsión, realizando prácticas y simulacros de protección civil, en el marco de lo dispuesto en la propia LRBRL y el resto de la normativa vigente relacionada con la materia.
2. La Autoridad Portuaria de Baleares (en adelante APB) es, de acuerdo con los artículos 24 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (de ahora en adelante TRLPEMM), un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene plena capacidad de obrar, el cual, desde la entrada en vigor del Real Decreto 1590/1992, de 23 de diciembre, se encarga de la gestión de cinco puertos de las Illes Balears, entre los que se encuentra el Puerto de Palma.
Dentro de sus funciones se incluye, en el artículo 26.1 j del TRLPEMM,«Controlar, en el ámbito portuario, el cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, al igual que los sistemas de seguridad y de protección ante acciones terroristas y antisociales, contra incendios y de prevención y control de emergencias en los términos establecidos por la normativa sobre protección civil (…), sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de las Administraciones Públicas, así como colaborar con las Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación».
El mismo TRLPEMM establece en su artículo 106.g que son servicios generales del puerto aquellos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las autoridades portuarias, entre otros, «Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por la normativa sobre protección civil, en colaboración con las Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación».
Por tanto, quedan claras las funciones y servicios que debe prestar la APB en los puertos de su responsabilidad.
3. El Ayuntamiento y la APB están de acuerdo en llevar a cabo una acción coordinada de ambos organismos en las materias de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil con el fin de aprovechar los recursos disponibles y los medios de que dispone cada uno, ya que la parte terrestre de la zona de servicio del Puerto de Palma se encuentra dentro del término municipal de Palma.
4. El Ayuntamiento está dispuesto, dentro de sus posibilidades, a colaborar con la APB mediante la asesoría técnica por parte de Protección Civil del Ayuntamiento (en adelante Bomberos de Palma o BP) en aquellos casos en que, en materia de prevención y extinción de incendios, protección civil, control de emergencias y salvamento, la Dirección de la APB se lo solicite.
5. La APB elaboró el Estudio de Seguridad y Plan de Emergencia Interior del Puerto de Palma, en el que se considera a BP como Grupo de Intervención.
6. Es necesario continuar con la colaboración recíproca entre ambas administraciones en todos los temas que afectan a la protección civil y, en especial, en el servicio de prevención de incendios y salvamento, con la finalidad de elevar los niveles de seguridad de la zona de servicio del Puerto de Palma, como ya se estableció en el convenio firmado el 20 de marzo de 2012.
7. Este convenio se establece dentro del marco legislativo determinado por el artículo 47.2 a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil; la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias de las Illes Balears; el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre); la Ley 3/2006, de 30 de marzo, de gestión de emergencias de las Illes Balears, y cualquier otra legislación que, sobre este asunto, las desarrolle, complemente o sustituya.
8. La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), en su Disposición Adicional Octava, establece la necesidad de adaptar los convenios vigentes a lo previsto en dicha Ley, dentro del plazo de tres años desde su entrada en vigor, es decir, antes del 2 de octubre de 2019.
9. Debe procederse a acordar entre las partes y dar trámite al presente convenio, de forma ajustada y adaptada a los criterios que establece la mencionada LRJSP 40/2015.
De acuerdo con estos antecedentes, suscribimos este convenio con sujeción a las siguientes
1. Intensificar la colaboración técnica entre la APB y el Ayuntamiento, a través de BP, con el fin de elevar los niveles de prevención y seguridad en el Puerto de Palma.
2. Prestar, por parte de BP, un servicio especializado en materia de prevención y extinción de incendios, protección civil, control de emergencias y salvamento en riesgo en las actividades que se desarrollen en el Puerto de Palma, como dispone el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
3. Atender, por parte de BP, todas las emergencias que se produzcan en el Puerto de Palma y realizar todas las funciones encomendadas al Grupo de Intervención de la APB en el Plan de Emergencia Interior del Puerto, de manera que queden cubiertas todas las funcionas referidas al mencionado grupo.
4. Llevar a cabo, por parte de BP, dentro del ámbito del Puerto de Palma, las tareas de prevención en materia de seguridad contra incendios y explosiones que le solicite la APB a través del Ayuntamiento.
5. Hacerse cargo, por parte del Ayuntamiento, del mantenimiento de los medios materiales que le entregue la APB.
El objeto de este convenio es regular los compromisos asumidos por las partes firmantes para la consecución de los objetivos señalados anteriormente según se ha expuesto en los Antecedentes.
El ámbito de actuación de este convenio son las superficies de tierra y de agua incluidas en las zonas de servicio del Puerto de Palma, donde BP prestará los servicios de prevención y extinción de incendios, protección civil, control de emergencias, salvamento y prevención de riesgos.
3.1 Compromisos del Ayuntamiento:
El Ayuntamiento se compromete a que BP actúe como Grupo de Intervención según el Plan de Emergencia Interior del Puerto, actuando bajo el mando de la APB en el dominio público portuario como servicio general del puerto, cumpliendo lo establecido por el TRLPEMM en su artículo 106.g, que establece que son servicios generales del puerto aquellos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las Autoridades Portuarias, entre otros, «los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por la normativa sobre protección civil, en colaboración con las Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación».
Igualmente, el Ayuntamiento se compromete a que BP lleve a cabo, de acuerdo con las disponibilidades del servicio, las siguientes funciones:
a) La extinción de incendios en siniestros o emergencias en tierra y, en su caso, en barcos, actuando con la finalidad de minimizar los daños personales y materiales.
b) La intervención en las operaciones de protección civil, y en las previstas en los planes de emergencia interior del Puerto de Palma, como miembros del Grupo de Intervención, asumiendo las funciones asignadas a este Grupo.
c) La intervención en tareas de evacuación de edificios, barcos e instalaciones.
d) Las operaciones de salvamento terrestre y, de acuerdo con sus posibilidades, la complementación y colaboración en el salvamento marítimo.
e) La investigación y análisis de los siniestros en los que BP ha intervenido, con el fin de informar sobre las causas, las consecuencias y los daños ocasionados.
f) La participación en simulacros, ejercicios y prácticas que sean organizados por la Dirección de la APB, con independencia de las actividades que organice el propio BP para la formación y el adiestramiento de sus efectivos.
g) BP, a solicitud de la Dirección de la APB o del consignatario del barco, se hará cargo de llevar a cabo actividades de prevención que tiendan a evitar o disminuir los riesgos de accidente, como:
– Carga/descarga y otras operaciones con mercancías peligrosas.
– Actividades con riesgo.
– La presencia de BP del Ayuntamiento en las operaciones de carga, descarga o con manipulación de explosivos dentro de la zona del Puerto de Palma bastará que sea solicitada directamente por el consignatario del barco al Ayuntamiento, que podrá establecer las tasas que correspondan, sin menoscabo de respetar en cualquier momento el orden de competencias establecido en el vigente Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, y en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
h) La emisión de un informe destinado a la APB sobre cada una de las intervenciones de emergencia que efectúe en la zona de servicio del puerto, en el plazo de diez (10) días desde su ocurrencia. En dicho informe se detallarán, como mínimo, el motivo de la intervención, los datos de localización de la emergencia, la hora de inicio y finalización de la actuación, los medios humanos y materiales utilizados, los daños aparentes ocasionados por la emergencia y cualquier otro dato que se considere relevante.
i) La emisión de los informes que, en materia de condiciones de intervención, le solicite la APB sobre los proyectos de obras y reformas, así como de actividades portuarias.
j) A petición de la APB, colaboración en la inspección de sistemas de protección contra incendios de las instalaciones, tanto las propias de la APB como las de sus usuarios y concesionarios, remitiendo el oportuno informe a la APB en un plazo de diez (10) días.
k) La realización de actividades formativas e informativas para la comunidad portuaria cuando le sean solicitadas.
l) La adopción de las medidas de protección del medio ambiente que requiera la situación de emergencia.
m) La formación permanente del personal de BP en el conocimiento de las zonas de servicio del Puerto de Palma, y de sus riesgos, de acuerdo con la actividad que se desarrolla y las mercancías que se manipulan o que se almacenan.
n) La realización de todos los trabajos y tareas necesarios para mantener en estado operativo el material cedido por la APB.
o) La realización habitual de actividades de prevención, inspección y supervisión de la zona de servicio y de las instalaciones del Puerto de Palma.
El Ayuntamiento, para el cumplimiento del convenio, según la disponibilidad de cada momento, aportará los medios personales y materiales que durante la vigencia del convenio tenga BP, así como todos aquéllos que en una situación de emergencia pueda movilizar, y dispondrá de un Grupo de Intervención organizado que actuará como Grupo de Intervención inmediata.
Igualmente, el Ayuntamiento se compromete a que BP lleve a cabo sesiones informativas específicas, cuando así le sea solicitado, para el personal de la APB, durante un número de horas y/o sesiones que será determinado por la Comisión de Seguimiento.
3.2 Compromisos de la APB:
La APB facilitará en todo momento su colaboración en las tareas que lleve a cabo BP y asesorará a la Dirección de BP en todos los aspectos que sean de su competencia.
La APB aportará efectivos humanos para el desarrollo de las actividades de vigilancia en la zona de servicio del Puerto de Palma, según la disponibilidad de cada momento.
La APB pondrá a disposición los medios del Centro de Control del Puerto de Palma, dotado de un CCTV (control de cámaras de televisión) con una cobertura actual de la mayor parte de la zona de servicio del puerto, y equipado con diferentes sistemas informáticos y de comunicación, a utilizar exclusivamente por el personal de la APB.
Para la adecuada prestación, mantenimiento y disponibilidad del servicio, las partes consideran necesario abordar, entre otros aspectos, la adquisición de material y un programa de formación específica del personal perteneciente a BP.
Tanto la adquisición de material como la propuesta, gestión y contratación de la formación específica serán tratadas y aprobadas por la Comisión de Seguimiento (cuyas funciones y atribuciones se detallan en la Cláusula 4.ª).
Asimismo, dicha comisión determinará, en cada ejercicio, qué parte del abono anual será asumido directamente por la APB (para destinarlo a formación de los Bomberos), y qué parte pondrá a disposición del Ayuntamiento mediante liquidación (para la adquisición de medios o formación por parte de BP). En cualquier caso, la aportación total de fondos (entre gastados directamente por la APB y liquidados al Ayuntamiento) por parte de la APB será de acuerdo al siguiente desglose:
Tal como se indica en el cuadro, la aportación se incrementará en 1.000 euros (mil euros) cada año, incluyendo las posibles prórrogas a este convenio que pudieran acordarse.
Por otra parte, al objeto de mejorar las intervenciones de Bomberos de Palma en el ámbito del Port de Palma, la APB cederá a BP un nuevo vehículo: un vehículo de mando (UMJ) completamente equipado, que permita montar un puesto de mando avanzado adecuado para aplicar metodología SITAC. El valor límite de adquisición del citado vehículo es de 80.000 euros. Las características técnicas del vehículo y su equipamiento serán tratadas y aprobadas por la Comisión de Seguimiento.
La APB cederá a BP equipos de comunicación digital de nueva adquisición, para mejorar las comunicaciones entre ambos organismos en caso de emergencia portuaria, por un valor límite de 33.000 euros. Las características técnicas del citado material serán tratadas y aprobadas por la Comisión de Seguimiento.
Las partes constituirán una Comisión Mixta de Seguimiento, que coordinará el desarrollo de este convenio y estará integrada por tres miembros de cada una de las partes designados por el Alcalde de Palma y por el Presidente de la APB. La Comisión estará presidida por uno de los representantes del Ayuntamiento y el secretario será uno de los representantes de la APB.
La Comisión mencionada resolverá los problemas de interpretación y de cumplimiento que puedan plantearse.
Pueden incorporarse a la Comisión de Seguimiento, a petición de alguno de sus miembros, las personas que se requieran para temas específicos.
La Comisión, además de coordinar el desarrollo del convenio, tiene las siguientes tareas:
– Aprobación del Plan de Formación Específico acordado, al que tendrá acceso todo el personal de BP y la parte del personal de la APB que esta Comisión decida.
– Definición de los cursos y sesiones informativas en materia de prevención, extinción de incendios y gestión de emergencias que BP imparta al personal de la APB.
– Definición de los cursos y sesiones informativas en materia de prevención, extinción de incendios y gestión de emergencias que la APB imparta al personal de BP.
– Aprobación de propuesta de adquisición de material.
– Realización del control y el seguimiento del convenio.
– Definición, en su caso, de los detalles de los procedimientos de actuación.
– Elevación de los informes que le soliciten las administraciones firmantes de este convenio.
– Propuestas de modificaciones adecuadas de este convenio, en su caso.
– Resolución de cualquier cuestión o discrepancia que pueda surgir entre las partes.
– Visto bueno de las liquidaciones de gastos y las formas de abono correspondientes que se contemplan en este convenio.
– La liquidación de este convenio.
En cuanto al Plan de Formación Específica acordado, toda vez que se trata de una formación con un alto grado de especialización, se deberá llevar a cabo en un campo de fuego para bomberos profesionales.
La Comisión de Seguimiento se integrará, como asistencia técnica a disposición, en la Comisión Técnica que evalúe la parte correspondiente del proceso que se siga para la contratación del centro de formación, dentro de los procedimientos que contempla la legislación correspondiente.
El centro de formación para Bomberos de Palma deberá tener como mínimo las siguientes instalaciones, equipos y servicios:
– Edificios de 3 o más alturas para hacer los ejercicios de ventilación, intervención y rescate en edificios.
– Ropa y equipos para bomberos disponibles en el mismo centro de formación.
– Áreas formativas en zona limpia y zona sucia.
– Incluirá el servicio de transporte, traslados, logística y hospedaje (vuelos, traslados, hoteles y comidas).
Así mismo se podrá incluir la formación para técnicos, mandos y oficiales que se considere, tanto de BP como de APB, la cual se deberá llevar a cabo en los centros de prestigio reconocido que se decida en el seno de la Comisión de Seguimiento.
Una vez completada la tramitación correspondiente, obtenida la autorización por parte del Ministerio de Hacienda y habiendo sido aprobado, tanto por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento como por el Consejo de Administración de la APB, se procederá a la firma del convenio.
Una vez firmado se procederá a su inscripción en el Registro Electrónico de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO) y a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
A partir de la fecha de inscripción en el REOICO se considerará que este convenio entra en vigor.
El convenio tendrá una duración máxima de cuatro (4) años, de acuerdo a lo establecido por el artículo 49.h) de la LRJSP 40/2015.
Dicha duración se contabilizará a partir de la entrada en vigor definitiva del convenio, es decir, desde la fecha en la que se inscriba en el REOICO.
En cuanto a las eventuales ampliaciones o prórrogas del convenio que se puedan acordar, se estará en todo caso al procedimiento dispuesto en la mencionada LRJSP 40/2015 (tramitación, comunicaciones y registros pertinentes).
La modificación de este convenio tendrá que seguir el mismo procedimiento y requisitos establecidos para su aprobación.
Preferentemente, se tratarán las modificaciones en la Comisión de Seguimiento, con la debida antelación.
Las modificaciones podrán y deberán ser acordadas de forma unánime por las partes intervinientes en el convenio.
El convenio vigente se extinguirá en el momento en que se cumplan las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Serán causas de resolución las contempladas en el artículo 51 de la Ley 40/2015 (LRJSP), a saber, el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo, la finalización del plazo de la prórroga que eventualmente se hubiera aprobado unánimemente por las partes, el incumplimiento de las obligaciones y compromisos por alguna de las partes, el acuerdo unánime entre las mismas, la decisión judicial que declare nulo el convenio o cualquier otra causa prevista en las leyes oportunas.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de alguno de los firmantes, cualquiera de las partes podrá notificar a la otra un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con los compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a los responsables de la otra parte de la Comisión de Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
El incumplimiento de las obligaciones del presente convenio no conlleva ningún tipo de indemnización de las partes, sin perjuicio de lo establecido en el siguiente párrafo.
En cuanto a los efectos de una resolución anticipada, se deberá tener en cuenta lo indicado por el artículo 52 de la Ley 40/2015 (LRJSP), y proceder a la correspondiente liquidación de la aportación de ambas partes en función de las tareas y funciones que se hayan desarrollado en el ejercicio en vigor cuando se resuelva.
En este caso, la Comisión de Seguimiento establecerá las obligaciones que queden pendientes por cada una de las partes y, si es el caso, el saldo correspondiente, si hubiera alguna aportación económica pendiente o que se deba reintegrar.
La naturaleza de este convenio es la administrativa, y, en caso de litigio entre las partes, las cuestiones en controversia serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante lo anterior, las controversias que puedan plantearse, sobre la interpretación, ejecución o desarrollo de este convenio, se dirimirán con carácter previo en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula 4.ª y que se constituirá, entre otros, a tal efecto.
El régimen jurídico de este convenio está constituido por los pactos anteriores y por todo lo establecido en la legislación aplicable a la materia.
El presente convenio tiene la naturaleza administrativa prevista en el artículo 47.2ade la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y en prueba de conformidad firman este documento por duplicado, en Palma a 4 de marzo de 2022.–Por el Ajuntament de Palma, el Alcalde, José Hila Vargas.–Por la Autoridad Portuaria de Baleares, el Presidente, Francesc Antich i Oliver.