Categoría: Administración

e pleno derecho la sociedad unilateralmente, sin solicitar dicha manifestación a los socios.
Asimismo, el prestigioso Registrador Mercantil de Barcelona, don Luis Bravo del Pozo, se expresa en estos términos en el Blog «Hay Derecho», a propósito del asunto a que se refiere este recurso:
«Como registrador no me parece sensato que el legislador me imponga un deber de cancelar... sin ni siquiera ser oído el interesado. Siempre he defendido que esa técnica muy probablemente infringe el artículo 22.4 de la Constitución.»
Yo como registrador me tiento mucho la ropa cancelando «a la brava». Hay intereses constitucionalmente tutelados en juego. A menos que de uno manera grosera, «que hiera los sentidos», el objeto social resulte manifiestamente profesional (y no esos objetos borrosos de consultorías varias) me abstengo de cancelar... evitando desplazar la carga de demandar y probar en juicio ordinario al sufrido conciudadano.
Uno cosa es cancelar por razones objetivas «mecánica» o «objetivamente» contrastables (una cifra de capital en los libros del Registro) y otra muy distinta formular conjeturas sobre hechos que se esconden detrás de descripciones literarias más o menos barrocas. Sin un procedimiento de audiencia del interesado que diga de verdad a qué se dedican, no es tolerable el mecanismo. Por otra parte. la DGRN ha contribuido, con su vacilante criterio, a un crear uno zona de inseguridad jurídica tristísima.
Como colofón a la doctrina Registral, conviene poner de manifiesto como la gran mayoría de los Registradores Mercantiles de España, aplican esa doctrina, optando por la sensatez, sensibilidad y responsabilidad, sabedores de las gravísimas consecuencias que conlleva disolver sin fundamento una sociedad mercantil, y así, salvo limitadísimas excepciones, a pesar de que las tesis del Registrador Mercantil de Burgos podrían aplicarse a miles de sociedades constituidas con anterioridad a la vigente Ley de Sociedades Profesionales, lo cierto es que se puede afirmar que el 99 % de las sociedades disueltas por esta causa en todo el país, son las sociedades pertenecientes al Registro Mercantil de Burgos.
C) Informe emitido por el Colegio Nacional de Resgistradores [sic] de España. de fecha 15 de enero de 2018; registro de salida 54/2018. El referido informe emitido a solicitud de la Dirección General 29 de diciembre de 2017 y entrada en ese Colegio el 2 de enero de 2018, en relación con el asunto que nos ocupa, cuando se trata de sociedades constituidas con anterioridad a la LSP con un amplio y variado objeto social, establece literalmente lo siguiente:
«Como quiera que el Registrador habitualmente examina el objeto dudosamente profesional, a la vista del título y de la ambigüedad de la dicción literal de los asientos registrales, cuando emite una certificación de la sociedad o cuando se presenta un título inscribible relativo a la misma sociedad, la operativa registral más conforme con el requisito constitucional de seguridad jurídica –que constituye el nervio y razón de ser de la institución del Registro–, no es tanto en este segundo caso de nuevos títulos presentados, cancelar, sino suspender la inscripción del nuevo título posterior, hasta que se le acredite cumplidamente al Registrador, si la sociedad desarrolla o no de facto un objeto profesional de los reservados por Ley a las sociedades profesionales.
En el bien entendido, claro que, si al registrador le constare por documento auténtico complementario y sin género de duda la inexistencia del deber de adaptación, no procederá a la cancelación de oficio de la sociedad, sino a despachar la inscripción solicitada de no haber otros defectos. Por el contrario, si no se le aclarase este extremo, suspenderá el registrador la inscripción solicitada y la cancelación que en su caso porcediera [sic] extender, con lo que se asegurará el derecho de los interesados a ventilar la cuestión de fondo –si es o no sociedad profesional– en sede del recurso contra la calificación del registrador.»
IV. Posición doctrinal en sede judicial y de la Universidad:
A) Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de noviembre de 2017. La citada sentencia sigue la misma línea de lo indicado hasta ahora.
La doctrina de la Audiencia de Barcelona, que resulta de la sentencia indicada, puede resumirse diciendo que no puede procederse a la disolución de una sociedad –con las drásticas consecuencias que supone en términos de cancelación registral y desaparición de la personalidad jurídica con extinción de las relaciones patrimoniales con terceros– realizando un control meramente documental. Hay que analizar algo más que la escritura pública y los asientos registrales y, por tanto, el Registro Mercantil no es el órgano adecuado para proceder a tal disolución de pleno derecho lo que, en la práctica, debería traducirse en una actitud prudente por parte de los Registros: cuando el objeto social haya sido redactado de forma amplia, el registro no debe apresurarse a apreciar la existencia de una sociedad profesional. Así lo entiende la Doctora en derecho mercantil doña A. Ortiz Campos. al comentar dicha sentencia en su Blog Almacén de Derecho, dirigido por el Catedrático de derecho mercantil, don J. A. A. R.
B) Departamento Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid. El indicado departamento, por medio de la doctora C. y su Catedrático señor A., comentando en su indicado Blog Almacén de Derecho, la Resolución de la, entonces DGRN de 22 de noviembre de 2017, referida a una cuestión idéntica a la del presente recurso, se pronuncian en el siguiente sentido:
«No puede sino compartirse la opinión expuesta en el recurso del Notario, al menos, en los siguientes puntos:
– La cancelación del asiento de oficio de la disposición transitoria 1.ª LSP es un acto ejecución que precisa, en todo caso, de un acto declarativo previo que acredite el carácter profesional de la sociedad y
– La declaración sobre el carácter profesional (o no) de la sociedad es una cuestión de prueba compleja que debe dilucidarse en un procedimiento contradictorio en sede judicial, o cuando menos, en el marco de un procedimiento administrativo, con audiencia de los interesados a fin de que queden garantizados, en todo caso, la protección de los derechos fundamentales de audiencia, alegación y defensa y con ello cumplir el principio de no indefensión del artículo 24 CE.
Además, como bien apunta A... conforme al 22.4, pero sobre todo el artículo 24.1 ni el Registrador ni siquiera la Ley (en este caso, la disposición transitoria 1.ª LSP) pueden declarar la disolución de una sociedad en contra de la voluntad de los socios sino existe una resolución judicial motivada que lo declare y garantice que, en ningún caso, se produce la indefensión de los interesados.
Así las cosas, la única interpretación posible conforme a Derecho del párrafo tercero de la disposición transitoria 1.ª LSP es entender que:
i. la declaración de disolución de la sociedad a que se refiere el precepto solo existirá una vez exista resolución judicial que la declare, y ii. la cancelación de oficio impuesta al Registrador solo procederá una vez acreditado el carácter profesional de la sociedad a través de la correspondiente resolución judicial motivada o cuando menos, a través de procedimiento administrativo, con previa audiencia de los interesados. Y la vía apropiada para resolver definitivamente el problema es el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad por parte de algún tribunal.»
Con los matices que se quiera, no puede haber en lo sustancial, mayor unanimidad en cuanto al tema de fondo de este recurso, entre la Justicia, la DGSJFP, El Colegio Nacional de Registradores, la Universidad y prestigiosos Registradores Mercantiles. Unanimidad contra la que se enfrenta una y otra vez, así al menos, hasta once veces conocidas, el Registrador Mercantil de Burgos don Vicente Montero Cortés Montero, la última con la nota que ahora se recurre de 20 de diciembre del pasado año.
V. Actuación contradictoria del registrador Mercantil de Burgos. Pero esta actuación del Registrador Mercantil de Burgos, con ser grave, alcanza grados extremos de gravedad, cuando comprobamos que no es uniforme e igual con todos los usuarios de su Registro, lo cual le aboca a la arbitrariedad y le acerca a una posible prevaricación.
Está constatado que según de quien se trate el que se encuentre en una situación como la de la sociedad ahora disuelta, le avisa previamente, sin disolver la sociedad, para que manifieste si se trata de una sociedad de medios o ajuste su objeto social, y así evitarle las graves consecuencias de la disolución, o se la disuelve sin más miramientos ni opciones, abocándole a la vía judicial, con lo que conlleva, o a la reactivación y esto siempre que sea posible (…)
Esta forma de proceder del Registrador Mercantil de Burgos, a la vista de todo lo expuesto, puede constituir cuando menos una actuación arbitraria, incluso un evidente abuso de poder de su condición de funcionario, que pudiera ser constitutivo, además, de una decisión injusta a sabiendas de que lo es, ya que la decisión de disolver una sociedad sin procedimiento y sin audiencia alguna de los afectados, es injusta en tanto que vulnera garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos, y es objetivamente dañina para ellos, y lo es a sabiendas, dado que el Registrador Mercantil de Burgos ha podido conocer sobradamente la existencia de otras alternativas sugeridas y exigidas, a través su propia Institución Colegial y de de [sic] las Resoluciones de la DG, especialmente la de 12 de junio de 2019, todo ello máxime cuando no mantiene uniforme su actuación, sino que disuelve a unas sociedades si y a otras sociedades no, según de quien se trate y de las filias o fobias que con cada una tenga (…)
Conclusiones:
1. Solo cabe disolver las sociedades que sean realmente profesionales con arreglo a lo dispuesto en la Ley 2/2007.
2. Según esta Ley no basta para calificar una sociedad como profesional con que tenga un objeto real o aparentemente profesional, sino que deriva de cómo realice su actividad, es decir que la actividad profesional se realice por la sociedad directamente bajo su denominación social.
3. La disposición transitoria 1.ª de la Ley ordena la disolución de pleno derecho de una sociedad profesional (pero solo una vez acreditada esta circunstancia) cuando haya transcurrido un determinado plazo desde su entrada en vigor sin adaptarse a la ley.
4. La STS de Julio de 2012, base principal de la cuestión, se refiere solo a un supuesto de constitución de una sociedad, no a una constituida con anterioridad a la Ley. Y en todo caso, el TS, la DGSJFP, el Colegio Nacional de Registradores y reputados registradores de España, no determinan automáticamente la disolución de pleno derecho de la sociedad con objeto aparentemente profesional, sin o que consideran necesaria una declaración expresa, (audiencia a la sociedad o a los socios, quienes puedan alegar lo que proceda y no queden en indefensión) a falta de la cual podría considerar a la sociedad como profesional y procederse a su disolución de pleno derecho.
5. El registrador mercantil no puede por sí solo calificar a una sociedad como profesional sino en supuestos muy excepcionales, siempre que resulte de forma evidente del documento presentado y de los asientos del Registro, lo que no se produce en este caso, a la vista del contenido del objeto social inscrito, sino que, tiene que proceder, como tiene establecido el Colegio Nacional de Registradores y la propia Dirección General: «Si no se le aclarase este extremo, suspenderá el registrador la inscripción solicitada y la cancelación que en su caso porcediera [sic] extender, con lo que se asegurará el derecho de los interesados a ventilar la cuestión de fondo -si es o no sociedad profesional- en sede del recurso contra la calificación del registrador».
6. La audiencia previa de los afectados, y el procedimiento adecuado son imprescindibles para adoptarse una resolución sanciona dora y punitiva siempre. Disolver sin más una sociedad como lo ha hecho el Registrador Mercantil de Burgos, vulnera la Constitución, las Leyes y Reglamentos, los derechos fundamentales de los ciudadanos, y los principios democráticos básicos.
7. Hay, por parte Registrador Mercantil de Burgos, una doble vulneración: falta de competencia y falta de motivación en su resolución. Además de una falta de cautela, sensatez y sensibilidad con los graves daños que su actuación origina a los administrados, que son enormes, aunque sobre el papel no se perciban en toda su crudeza, como en la realidad, por no hablar de la vulneración constitucional que conlleva, y el desprestigio que supone para la noble y esencial Institución Registral, y amén de la posible responsabilidad patrimonial (…) en la que podría incurrir quien así procede.
Por todo ello, se solicita que se tenga a bien admitir este recurso y ordenar, si procediera:
A) Que se deje sin efecto el asiento de disolución de la sociedad Sotocal Asesores, SL, decidido por Sr. Registrador Mercantil de Burgos don Vicente Montero Cortés Montero, volviendo el expediente a su inicio y, en su caso, suspenda la inscripción del acuerdo social del cambio de administrador, dando traslado de la nota de suspensión a la sociedad afectada, con indicación de los recursos pertinentes y proceda a la inscripción del título que contiene el acuerdo social indicado, una vez superados los impedimentos planteados, todo ello si no se hubiera efectuado ya, por haberse aclarado o subsanado el título, en cuyo caso no sería necesario ni se solicita rectificación del asiento (…)
Mediante escrito, de fecha 1 de febrero de 2022, el registrador Mercantil emitió informe y elevó el expediente a esta Dirección General. En dicho informe manifestaba que el día 17 de enero de 2022, bajo el asiento 90 del Diario 85, tuvo entrada en el Registro escritura autorizada el día 14 de enero de 2022 por el notario de Burgos, don Daniel Rubio del Álamo como sustituto por imposibilidad accidental de su compañero de residencia, don Fernando Guerrero de la Fuente, con el número 56 de protocolo, de reactivación de la sociedad, modificación del objeto social y nombramiento de administrador de la sociedad «Sotocal Asesores, S.L.», la cual quedó inscrita en ese Registro el día 21 de enero de 2022, junto con la escritura de elevación a público de acuerdos sociales de fecha 29 de noviembre de 2021, número 2.325 de protocolo, causando la inscripción 7.ª en la hoja social.
Vistos los artículos 18 y 20 del Código de Comercio; 23.b), 360, 364, 368, 370, 371, 396, 398 y 399 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 1.1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 8.2.d), 8.4, párrafo tercero, 9, 11, 13 y 17.2 y la disposición adicional segunda y la disposición transitoria primera de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales; los artículos 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 178, 238 y 242 del Reglamento del Registro Mercantil; la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de junio de 1986, 18 de marzo de 1991, 23 de abril de 1993, 26 de junio y 15 de noviembre de 1995, 22 de mayo de 1997, 21 de abril, 6 de mayo y 22 de julio de 2005, 10 de julio y 9 de diciembre de 2006, 14 de marzo de 2007, 10 de enero, 1 de marzo y 29 de septiembre de 2008, 5 y 6 de marzo, 28 de mayo y 3 y 6 de junio de 2009, 5 de abril y 14 de noviembre de 2011, 19 de enero y 9 de octubre de 2012, 5 y 16 de marzo, 2 de julio y 9 de octubre de 2013, 4 de marzo y 6 y 18 de agosto de 2014, 20 de julio de 2015, 11 de enero, 17 de octubre y 16 de diciembre de 2016, 2 de marzo, 5 y 24 de abril, 14 de junio, 22 de noviembre y 21 de diciembre de 2017, 9 de enero, 28 de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 9 de octubre y 5 de diciembre de 2018 y 12 de junio y 18 de diciembre de 2019.
1. Mediante la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso se elevan a público determinados acuerdos sociales (cese de administradores, cambio del sistema de representación y nombramiento de administrador único) de la sociedad «Sotocal Asesores, S.L.».
El registrador fundamenta su negativa a practicar la inscripción solicitada en que, a su juicio, la sociedad tiene objeto profesional («asesoramiento fiscal, contable y laboral a empresas») y, al no haberse adaptado a la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, dicha sociedad ha quedado disuelta de pleno derecho, habiendo quedado reflejado en la hoja registral, de modo que para inscribir tales decisiones sociales deberá presentarse, bien el acuerdo de liquidación de la sociedad, bien el acuerdo de reactivación de la sociedad y, simultáneamente, su adaptación a la citada Ley 2/2007, o bien la reactivación de la sociedad y, simultáneamente, la modificación del objeto social, suprimiendo las actividades profesionales que el mismo contiene.
2. Respecto de la solicitud del recurrente para que se deje sin efecto el asiento de disolución de la sociedad, debe tenerse en cuenta que el recurso como el interpuesto en este expediente es el cauce legalmente arbitrado para combatir las calificaciones registrales que se opongan a la práctica del asiento solicitado (cfr. artículos 66 y 324 de la Ley Hipotecaria), de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias, y nunca frente a la calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es una cancelación.
Por el contrario, una vez practicado el asiento, y aun cuando se discrepe de la forma en que el hecho, el acto o contrato de que se trate ha sido objeto de reflejo tabular y pese a las repercusiones que ello tenga en la forma en que se publica el derecho inscrito –o la extinción del mismo–, de indudable trascendencia a la vista de que la legitimación registral opera sobre la base de ese contenido del asiento (cfr. artículos 38 y 97 de la Ley Hipotecaria y 20 del Código de Comercio), el asiento queda bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos previstos en la misma Ley Hipotecaria (cfr. los artículos 1.3.º, 40 y 82). A lo que se puede llegar es a la rectificación del eventual error padecido y el procedimiento y requisitos para lograrlo, que regulados en la legislación hipotecaria –artículos 211 y siguientes de la Ley Hipotecaria y 314 a 331 del Reglamento Hipotecario– se trasladan al ámbito mercantil (cfr. artículo 40.2 del Reglamento del Registro Mercantil), son especialmente rigurosos cuando aquéllos son de los calificables como de concepto, los que afecten al sentido o alcance de lo inscrito, pues en este caso las cautelas y exigencias se acentúan con la necesaria intervención y consentimiento de todos aquellos a quienes la rectificación afecte y el consentimiento del registrador (cfr. artículos 217 y 218 de la citada Ley Hipotecaria) cuya oposición tan sólo puede suplirse por resolución judicial.
Frente a un posible contenido del asiento pretendido que pudiera no acomodarse al del acto o negocio por inscribir o a los condicionamientos y limitaciones que puedan derivarse del contenido del propio Registro tienen los interesados la posibilidad de solicitar minuta previa del mismo (artículo 258.3 de la Ley Hipotecaria) y, de considerar que ésta no es adecuada, plantear la cuestión ante el juez competente. Pero tampoco la omisión de una prevención como esa deja inerme a los interesados ante el contenido de un asiento que entiendan que no es correcto. El procedimiento para rectificar los eventuales errores aparece minuciosamente regulado en la legislación hipotecaria, y frente a la negativa del registrador o de algún interesado a atender la solicitud de rectificación de los de concepto, los realmente relevantes, habrá de acudirse al juicio ordinario correspondiente (cfr. artículo 218 de la Ley Hipotecaria), sin que pueda lograrse por la vía de un recurso como el presente.
Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, con su consiguiente reflejo en la hoja registral. Por ello, en el presente caso no cabe decidir sobre el asiento ya practicado, sino sobre las consecuencias que del mismo se derivan.
Por lo demás, cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos del Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de julio de 2012, esta Dirección General (vid. Resoluciones de 5 y 16 de marzo, 2 de julio y 9 de octubre de 2013, 4 de marzo y 18 de agosto de 2014, 20 de julio de 2015, 11 de enero, 17 de octubre y 16 de diciembre de 2016, 2 de marzo, 5 y 24 de abril, 14 de junio, 22 de noviembre y 21 de diciembre de 2017, 9 de enero, 28 de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 9 de octubre y 5 de diciembre de 2018 y 12 de junio y 18 de diciembre de 2019) ha sentado una consolidada doctrina sobre los casos en que, ante las dudas que puedan suscitarse cuando en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, de 15 de marzo. No obstante, si tal exigencia está plenamente justificada en el momento de constitución de la sociedad –o modificación del objeto social– debe actuarse con mayor cautela por el registrador Mercantil a la hora de apreciar el incumplimiento de la citada disposición transitoria primera de la Ley 2/2007 y practicar en consecuencia la cancelación de la hoja registral. Por ello, solo cuando por los documentos presentados a calificación o por los asientos registrales pueda el registrador apreciar tales circunstancias deberá practicar el correspondiente asiento de cancelación de la hoja registral. Pero, como ha quedado expuesto, una vez cancelados tales asientos, no puede decidirse sobre tal cancelación en un recurso como el presente.
Hechas las aclaraciones precedentes, en relación con las consecuencias que del asiento de cancelación practicado se derivan, únicamente cabe recordar que con ocasión de la declaración de disolución de pleno derecho de las sociedades anónimas incursas en la previsión de la disposición transitoria séptima del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, esta Dirección General tuvo ocasión de elaborar una doctrina expresada en un gran número de Resoluciones. Según la citada doctrina, la expresión «disolución de pleno derecho», expresión procedente del artículo 152 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, que se incorporó al texto refundido de 1989 por medio del artículo 261 de la Ley de Sociedades Anónimas y que hoy se recoge en el artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital, hace referencia a la mera circunstancia de que la sociedad entra en disolución por la concurrencia del supuesto previsto en la Ley sin que sea preciso una previa declaración social al respecto. De este modo se distingue la disolución de la sociedad derivada de un acuerdo societario (meramente voluntario, artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital, o provocado por la concurrencia de causa de disolución,exart362 de la propia ley), de aquellos otros supuestos en que la disolución se produceipso iureal concurrir el supuesto previsto legalmente (por ejemplo, disposición transitoria primera de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales).
Esta operatividad automática no implica empero que el período de liquidación que se abre con la disolución revista características distintas de aquellos supuestos en que la disolución se produce a consecuencia de un acuerdo social (vid. Resolución de 11 de diciembre de 1996). Por ello este Centro Directivo ha reiterado en numerosas ocasiones que la apertura de la fase de liquidación a consecuencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad respeta la persistencia de su personalidad jurídica hasta que se produzca la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes de acuerdo al régimen jurídico que hoy recogen los artículos 371 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (vid., por todas, Resolución de 12 de marzo de 2013).
La identidad de efectos de la disolución en estos supuestos añadidos, unida al hecho de que la sociedad disuelta pueda reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la transformación, la fusión o la cesión global (vid. artículos 5, 28 y 83 de la Ley 3/2009), llevó a esta Dirección General a la conclusión de que la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (vid. Resoluciones de 29 y 31 de mayo y 11 de diciembre de 1996 y 12 de marzo de 2013), a pesar de la dicción literal del artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la disposición transitoria octava del vigente Reglamento del Registro Mercantil, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».
No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital. Imponer la liquidación forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital (y de su precedente, el artículo 106 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá acordarse la reactivación (…)»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disueltaipso iurepor causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del artículo 223 del Código de Comercio cuando afirma: «Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el artículo 119». Cobra así sentido la afirmación del artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital que, lejos de imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición.
Las consideraciones anteriores son de plena aplicación al presente expediente. Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la previsión legal de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, no procede la inscripción de los acuerdos de cese y nombramiento de administradores, previo cambio de estructura del órgano de administración, prescindiendo de dicha situación. Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la sociedad en los términos que resultan de las consideraciones anteriores y su adecuación al ordenamiento jurídico. De este modo, una vez abierta la hoja social y adecuado el contenido del Registro a las exigencias legales, la sociedad podrá llevar a cabo los cambios en el órgano de administración que estime oportunos y obtener la inscripción de los mismos.
3. Por las consideraciones que anteceden, no puede estimarse el recurso interpuesto, si bien debe recordarse al registrador su obligación de extremar las cautelas a la hora de valorar las diferentes situaciones de hecho que puedan determinar si la actividad de la sociedad es o no la propia de una sociedad profesional que, por no haberse adaptado a la Ley 2/2007, deba ser objeto de la cancelación registral por haber quedado disuelta de pleno derecho.
Por lo que se refiere a las sociedades constituidas antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, que no podían «per se» y como ente abstracto realizar actividades atribuidas por ley a determinados profesionales, una definición estatutaria de su objeto social como la de la sociedad a que se refiere la calificación impugnada no sirve, sin más, para reputarlas como sociedades profesionalesstricto sensu(únicas a las que se aplica dicha ley especial, según su exposición de motivos), máxime si se tiene en cuenta que su inscripción en el Registro Mercantil se permitía por entender que la prestación de los servicios profesionales había de ser realizada no por la sociedad, sino por aquella persona física que reuniera las condiciones legales habilitantes para poder prestarlo y se encontrara ligada por cualquier vínculo jurídico a la sociedad contratante, de modo que junto al contrato base suscrito entre cliente y sociedad, existiera el sucesivo contrato, ejecución del primero, en el que la intervención del profesional con su consiguiente responsabilidad no anula o deja sin efecto la que pudiera contraer la sociedad al contratar con el cliente (así, la Resolución de 2 de junio de 1986, respecto de una sociedad cuyo objeto era «prestar toda clase de servicios y asesoramientos a empresas o personas físicas, contables, fiscales, jurídicas, de administración, gestión y representación», análogo al que se reseña en el presente caso –cfr., no obstante, las Resoluciones de 23 de abril de 1993 y 26 de junio de 1995–). Por ello, sociedades con una definición estatutaria del objeto social como la del presente caso únicamente están obligadas a la adaptación a la Ley 2/2007 si el ejercicio de las actividades profesionales es realizado por su cuenta y directamente bajo su razón o denominación social, de modo que sea a ellas imputable tal ejercicio, constituyéndose así en centro subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndoles los derechos y obligaciones que nacen del mismo.
Por ello, la determinación del carácter profesional de dichas sociedades requerirá una previa labor de interpretación no sólo de la cláusula estatutaria correspondiente al objeto social sino de todo el contrato social y el análisis del ejercicio de dicho objeto, de modo que de ello resulte que tienen aquél carácter, dado que en el momento de la fundación de las sociedades anteriores a la entrada en vigor de la Ley 2/2007, la referencia a la forma de ejercicio de la actividad social carecía de la relevancia actual y la legislación vigente no compelía al sometimiento expreso a una normativa específica para las que proyectaran el ejercicio de una profesión bajo forma societaria (con algunas excepciones como, por ejemplo, la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, que estableció el nuevo régimen legal de la actividad auditora, admitiendo expresamente que fuera realizada por sociedades –cfr. artículos 6.1 y 10 de dicha ley–). Esta labor interpretativa puede presentar cierta dificultad cuando la previsión estatutaria correspondiente carezca de la expresividad suficiente para revelar la índole y la forma de ejercicio de la actividad social, pero es evidente que la inicial incertidumbre generada por el elemento gramatical no debe servir de excusa para denegar de manera concluyente el acceso al Registro Mercantil a los actos inscribibles causados por las sociedades afectadas, ni tampoco para considerarlas excluidas sin más del ámbito de aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2007. Será preciso en tales casos acudir a los elementos de interpretación previstos en los artículos 1282 a 1289 del Código Civil, particularmente, por su especial idoneidad para solventar la cuestión examinada, el conocido como «criterio de la conducta interpretativa», acogido por el artículo 1282 del citado cuerpo legal, cuyo cometido consiste en concretar la voluntad negocial a través de los actos de ejecución del negocio.
Lo que ocurre es que, habida cuenta de las características del procedimiento registral mercantil, ajeno al principio de contradicción y carente de una fase probatoria, en el que, como regla general, el acceso de los actos inscribibles no se articula sobre la prueba de los mismos, sino sobre la declaración solemne, en escritura pública, de su realidad y regularidad por la persona legitimada para efectuarla, eventualmente complementada con las acreditaciones documentales normativamente tasadas, las personas adecuadas para dejar constancia del devenir societario a los efectos que aquí interesan serán los administradores y demás personas facultadas para la elevación a público de los acuerdos sociales. Por ello, en los supuestos en que la definición estatutaria del objeto social se muestre insuficientemente expresiva sobre el carácter profesional de una sociedad en orden a la aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2007, dicho carácter no puede presumirse, a falta de una norma que así lo establezca; y para considerar inaplicable aquella disposición no es necesario que de la definición estatutaria resulte expresamente que se trata de una sociedad de medios.
Por ello, dados los limitados medios con los que para dicha apreciación puede contar en el reducido marco del procedimiento registral (el contenido del documento presentado y el contenido del Registro, exclusivamente, según el artículo 20 de Código de Comercio), toda vez que, como ha quedado expuesto, la determinación de la existencia de la obligación de adaptación a la Ley 2/2007 requiere un análisis fáctico de la forma de ejercicio de la actividad social, ajeno a lo que pueda resultar de la escritura pública y de los asientos registrales, debe concluirse que, habida cuenta de las drásticas consecuencias que la cancelación registral comporta, y a falta de documento (vgr., resolución judicial en procedimiento contradictorio) o asiento registral en el que conste objetiva y fehacientemente el carácter profesional de la sociedad de que se trate, no podrá el registrador practicar el asiento de cancelación de la hoja registral de la sociedad sin observar las exigencias básicas de todo procedimiento y las derivadas el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal (cfr. artículos 22.4 y 24.1 de la Constitución), de las cuales resulta que el titular registral afectado por práctica del asiento –en este caso el de cancelación–, cuando no conste su consentimiento auténtico, debe ser parte o tener, al menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante de ese especifico asiento.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 11 de abril de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.