Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2022:113
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Pedro Ortega Giménez Prieto, presidente; los magistrados don Santiago Sanz-Vares García y don Ricardo Durán Gallego, y las magistradas doña María Guerrero Blanco Garrido y doña Inmaculada Rodríguez Campos, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 2100-2021, promovido por don Farid Martín, contra las siguientes resoluciones judiciales: (i) la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 1 de julio de 2020, que estimó parcialmente la demanda promovida contra la resolución del secretario de Estado de Justicia, de 22 de febrero de 2018, desestimatoria de la reclamación formulada al amparo del art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y (ii) la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 25 de febrero de 2021, que inadmitió a trámite el recurso de casación interpuesto contra aquella sentencia. Han intervenido el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Durán Gallego.
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 14 de abril de 2021, el procurador de los tribunales don Javier Silva Cortés, actuando en nombre y representación de don Farid Martín, bajo la defensa del letrado don Eneko Santiago Domínguez, interpuso demanda de amparo contra la sentencia arriba mencionada (si bien por error material se indica en el encabezamiento y en elpetitumde la demanda, que el recurso se interpone contra la sentencia dictada «por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5»).
2. Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a) Ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 se abrió un procedimiento para la averiguación de los delitos perpetrados en los Estados Unidos de América el día 11 de septiembre de 2001 por la organización terrorista Al-Qaeda y otros grupos (sumario núm. 35-2001).
Por auto de 17 de septiembre de 2003 se dictó auto de procesamiento contra diversas personas por los delitos de integración en organización terrorista (arts. 515.2 y 516.2 del Código penal: CP) y asesinato terrorista (art. 572.1,1, en relación con los arts. 139.1 y 16 CP), entre ellos una persona cuya identidad se desconocía, refiriéndose a ella como «Shakur», al parecer vinculada con responsables de Al-Qaeda en España en relación con los hechos investigados, según resultaba de intervenciones telefónicas practicadas en el sumario.
b) Con fecha 28 de abril de 2004 se acordó por auto el procesamiento del aquí recurrente don Farid Martín, al ser identificado como «Shakur», ordenándose para él la medida de prisión provisional y, dado que no se encontraba en el territorio nacional sino en el Reino Unido, se dictaran las mismas órdenes de detención internacional adoptadas previamente contra «Shakur», de modo que se emitiesen «sin dilación contra Farid Martín (a) Shukri y Shakur a efectos de extradición, y específicamente dirigidas al Reino Unido para que proceda a la detención a dichos efectos».
Para su cumplimiento, se dictó al día siguiente –29 de abril de 2004– por el Iltmo. magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 una orden europea de detención y entrega contra el recurrente por la posible comisión de los delitos de integración en organización terrorista y de «tantos delitos de asesinatos terrorista […] cuantos muertes y heridos se hayan producido en los tres actos terroristas acontecidos en EEUU el día 11 de septiembre de 2001»; dirigida a los tribunales del Reino Unido.
c) Consta en las actuaciones un oficio de la sede de Interpol en Londres, fechado el 29 de junio de 2004, dirigido al juzgado instructor, comunicando que el recurrente fue detenido el 28 de junio de 2004 «según la orden europea de detención y entrega emitida por ustedes».
d) Consta también en las actuaciones que laHouse of Lordsdel Reino Unido, entonces competente como tribunal de último recurso, dictó resolución el 30 de enero de 2008 en la que, tras hacer mención a los diversos recursos interpuestos ante los tribunales británicos por la defensa del recurrente contra la orden de extradición dictada en su contra por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, resolvió confirmar la orden europea respecto de los delitos de conspiración para asesinar personas (párrafo 31 de la resolución) y de destruir, dañar o poner en peligro la seguridad de un avión (también párrafo 31).
En cambio, laHouse of Lordsrechazó la extradición por el delito de participación en una organización terrorista, al no cumplirse el requisito de la doble incriminación, dado que conforme explica el párrafo 28 de la resolución, la orden de entrega del juzgado instructor no menciona que el recurrente estuviera en España en cualquier momento entre marzo de 2001, cuando la pertenencia a Al-Qaeda como organización prohibida fue considerada delito por el art. 11 de laTerrorism Act 2000y una enmienda de 2001 en aquel país, y la emisión de la orden de detención europea de abril de 2004. La resolución fue comunicada al magistrado instructor mediante oficio de 8 de febrero de 2008 del magistrado de enlace del Reino Unido.
e) Por fax enviado el 6 de febrero de 2008 por la oficina de Interpol en España, se informó al juzgado central instructor que la llegada a España del recurrente estaba prevista para el día 8 de febrero de 2008 en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. A tal efecto, el magistrado del juzgado central instructor dictó providencia en la misma fecha, disponiendo que se procediera al traslado del recurrente a los calabozos de la Audiencia Nacional a fin de recibirle declaración indagatoria y para la celebración de la comparecencia prevista en el art. 505 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim).
f) Por auto de 11 de febrero de 2008 el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 dispuso la prisión provisional incondicional, comunicada y sin fianza, del recurrente, que así se llevó a cabo. Mediante un auto posterior de 5 de febrero de 2009, el mismo juzgado acordó mantener la prisión provisional pero eludible con una fianza de 10 000 euros. Solicitada por la representación procesal del recurrente la rebaja del importe fijado, por un nuevo auto de 17 de febrero de 2009 se reformó esta última resolución, fijando la fianza en cinco mil euros (5000 €). Posteriormente, por auto de 4 de marzo de 2009, se dictó auto por el juzgado instructor disponiendo la libertad provisional del recurrente, dejando sin efecto la prisión previa acordada.
g) Consta en las actuaciones una certificación del subdirector de régimen del centro penitenciario de Dueñas-Moraleja, haciendo constar que el recurrente permaneció ingresado en prisión en España desde el 8 de febrero de 2008 al 4 de marzo de 2009.
h) La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó auto el 4 de septiembre de 2012, acordando el sobreseimiento provisional de la causa respecto del aquí recurrente. Interpuesto recurso de súplica contra dicha resolución, la propia Sección dictó auto el 17 de octubre de 2012 estimando el recurso, y en consecuencia declaró el sobreseimiento libre y definitivo de la causa, por concurrir el motivo primero del art. 637 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim).
Laratio decidendide esta decisión se contiene en el apartado 2 de las «Consideraciones y fundamentos de Derecho», donde se explica lo que sigue:
«[T]ras el nuevo examen de los autos, procede la reconsideración por la Sala de los elementos que apuntaban inicialmente a la pretendida participación del recurrente en los hechos enjuiciados, en función de datos fácticos que se desprenden con claridad de las actuaciones y que son asumidos por el Ministerio Fiscal. Se trata de que:
a) La Sala únicamente tiene constancia de la identificación del tal “Shakur” o “Shukri” con el recurrente a través de un informe emitido por la Unidad Central de Información Exterior del CNP, al que ya hizo referencia el auto del instructor, de 3 de mayo de 2012 concluyendo el sumario.
b) Tal identificación no ha podido ser fijada en autos con algunos mínimos visos de certidumbre toda vez que, de una parte, las varias comisiones rogatorias al Reino Unido, Marruecos, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, han dado resultado negativo, y, de otra parte, algunos de los imputados (i.e. barakat Yarkas y M. Zaher Asade), quienes sostuvieron conversaciones telefónicas con “Shakur” o “Shukri”, no han reconocido como tal a Hilali Farid en las ruedas de reconocimiento practicadas en sede judicial.
c) La entrega del recurrente a España por parte del Reino Unido en virtud de OEDE emitida por el Instructor contiene la limitación relativa a los hechos por los que el reclamado puede ser enjuiciado: el ataque terrorista ejecutado en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, proceso que finalizó con la STS de 31 de mayo de 2006 anulando las intervenciones telefónicas acordadas en fase de instrucción.
En suma, hemos de concluir en la inexistencia de indicios de cualquier clase que apunten a la identidad personal del recurrente con el precitado “Shakur” o “Shukri” ni a la participación de Hilali Farid en los hechos objeto de autos.»
i) Con fecha 17 de octubre de 2013, el representante del aquí recurrente presentó ante el Ministerio de Justicia una instancia de «[s]olicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado debida al funcionamiento de la administración de justicia», cuantificando los daños en la suma de un millón y medio de euros (1 500 000 €) por prisión indebida, y otros trescientos mil euros (300 000 €) por los padecimientos sufridos como consecuencia del sumario 35-2001 seguido contra él por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5; esto último, daños por funcionamiento anormal de la justicia.
La instancia iba acompañada de un escrito de fundamentación –y documentos acreditativos de su pretensión– en el que se alegaba:
(i) Respecto del primer concepto (prisión indebida) se afirma, de un lado, que el recurrente había permanecido en prisión en el Reino Unido como consecuencia de la orden de detención europea librada por el juzgado instructor, hasta un total de mil trescientos veinte (1320) días, en concreto desde el 28 de junio de 2004 al 8 de febrero de 2008. Y de otro lado, que también permaneció otros trescientos noventa y un días (391) en prisión en suelo español por la misma causa judicial, hasta el 4 de marzo de 2009, haciendo un total de mil setecientos once (1711) días. Que tras ello y con fecha 17 de octubre de 2012, la Sección Primera (de la Sala de lo Penal) de la Audiencia Nacional dictó un auto declarando el sobreseimiento libre y archivo definitivo de la causa respecto del recurrente por el motivo primero del art. 637 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), no haber «indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa», lo que equivale, según el escrito, al supuesto de inexistencia objetiva del hecho imputado, por lo que procede la indemnización solicitada de acuerdo con el art. 294 LOPJ.
En orden a justificar la suma solicitada, se cita la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2010 (Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo), en la que se señala que para valorar los daños derivados de una prisión preventiva deben tomarse en cuenta diversos factores como la gravedad del hecho, la incidencia de la privación de libertad en las relaciones familiares y sociales del afectado, y los perjuicios económicos sufridos. Así, se afirma que en «el presente caso, teniendo en cuenta la duración de la propia prisión preventiva, 1711 días, más de los cuatro años límite que señala nuestra ley procesal, teniendo en cuenta el hecho imputado, que no puede ser más grave: conspiración en el asesinato de más de tres mil personas, tratándose del delito que quizá haya tenido mayor repercusión en la historia de la humanidad, y habiendo tenido la privación de libertad una gravísima repercusión en las relaciones familiares y sociales de don Farid Martín, entendemos que la cantidad de 1 500 000 euros es ajustada a esta situación».
(ii) Sobre el segundo concepto (daños causados por funcionamiento anormal de la administración de justicia), el escrito alega en primer término dilaciones indebidas, pues el procedimiento se prolongó durante ocho años y medio, incluyendo una demora de dos años y tres meses en resolver un «simple recurso de reforma contra un auto». Y en segundo lugar alega una serie de circunstancias personales y familiares negativas padecidas tras su puesta en libertad, que le han producido un daño moral (comparecencias reiteradas ante los tribunales, ruptura de su vida anterior en Londres, hallarse en un «limbo jurídico» por no habérsele entregado una identificación de identidad ni poder volver al Reino Unido –donde se le niega la entrada–, el riesgo de ser expulsado a Marruecos y el perjuicio sufrido por la cobertura dada a su caso por medios de comunicación españoles e internacionales, lo que ha «afectando gravemente su nombre, su imagen, su honor y su dignidad»).
j) Abierto el procedimiento correspondiente (expediente de responsabilidad patrimonial de la administración núm. 566-2013), se solicitó informe al Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente lo emitió en su reunión de 12 de enero de 2017, concluyendo que se «considera que en el procedimiento que da lugar a la reclamación se ha producido un funcionamiento anormal de la administración de justicia». El informe únicamente se refiere al periodo de prisión provisional sufrido por el recurrente en España tras su entrega por las autoridades británicas, sin decir nada sobre el transcurrido en cárceles del Reino Unido, ni pronunciarse tampoco sobre «los daños que el solicitante alega haber sufrido, ni que esos hipotéticos daños alcancen la cuantía indemnizatoria peticionada, aspectos sobre los que, por otra parte, no corresponde pronunciarse al Consejo General del Poder Judicial». El informe añade que sí parecen haberse producido dilaciones indebidas en la tramitación del proceso, si bien de nuevo no entra a analizar el nexo causal ni la cuantía de lo reclamado por este otro concepto.
k) Se otorgó al recurrente trámite de audiencia dentro del procedimiento administrativo, en el que presentó escrito de alegaciones el 30 de marzo de 2017 reafirmándose en su pretensión y ampliando el importe de lo reclamado en otros quince mil ochocientos veinticinco euros con noventa y dos céntimos (15 825,92 €), por gastos de abogado y procurador a fecha 20 de febrero de 2008.
l) La Secretaría de Estado de Justicia, actuando por delegación del Ministro de Justicia, dictó resolución el 22 de febrero de 2018 por la que resolvió desestimar la reclamación formulada. La resolución hizo suyos los argumentos contenidos en la propuesta de resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de justicia, de 2 de junio de 2017, y los del dictamen del Consejo de Estado, de 11 de enero de 2018, que pasa a transcribir.
(i) En lo que hace a la propuesta de resolución, esta razonó la desestimación de la solicitud de indemnización por el tiempo pasado en prisión partiendo de «dos periodos claramente diferenciados, por una parte el tiempo en que permaneció sometido a las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales británicas sustentadas en lo preceptuado por el ordenamiento jurídico británico y, por otra parte, el posterior al 8 de febrero de 2008, fecha en la que se produjo la entrega a las autoridades españolas».
– Así, respecto del primer periodo (28 de junio de 2004 a 8 de febrero de 2008) se señala que teniendo en cuenta que la ejecución de la orden corresponde a los tribunales del Estado receptor:
«En este caso, por tanto, es evidente que las disfunciones alegadas por el reclamante no son debidas a una actuación u omisión de la administración de justicia española, sino a causas ajenas a la misma, sobre las que no dispone de ningún margen de actuación o de decisión, pues, son independientes a ella. Es decir, que no se aprecia ningún error susceptible de ser calificado como funcionamiento anormal de la administración de justicia española, quebrándose por ello la relación de causalidad que exige el ordenamiento jurídico para reconocer una indemnización por la causa alegada para el periodo transcurrido desde la fecha de detención –el 28 de junio de 2004– hasta el 8 de febrero de 2008, fecha en la que el señor Hilali fue trasladado a territorio español, siendo puesto a disposición de las autoridades judiciales españolas.»
– En cuanto al segundo periodo (permanencia en prisión en España), la propuesta de resolución, asumida por la dictada de manera definitiva en el expediente, sostiene que no procede indemnizar al recurrente al amparo del art. 294 LOPJ, teniendo en cuenta la doctrina sentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 23 de noviembre de 2010, la cual pasa a sintetizar, de tal modo que «en el presente caso es evidente que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial arriba citado, porque el motivo de la absolución, según refleja el auto de 17 de octubre de 2012 que acordó el sobreseimiento libre, no ha sido la constatación de la inexistencia de los hechos delictivos que originaron la incoación de las actuaciones judiciales y la prisión preventiva del reclamante, sino que la identificación del reclamante con el tal “Shakur” o “Shukri” “no ha podido ser fijada en autos con algunos mínimos visos de certidumbre”, por lo que no es equiparable a la absolución a que se refiere el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es por ello que esta reclamación por funcionamiento anormal de la administración de justicia no es la vía adecuada para pronunciarse sobre el acierto de las resoluciones judiciales, que si efectivamente fueran desacertadas, ello motivaría no un supuesto de funcionamiento anormal de la administración de justicia, sino un supuesto de error judicial»; vía esta, se añade, no utilizada por el recurrente.
La propuesta de resolución descarta también el resarcimiento por las dilaciones indebidas invocadas (en todo caso las referidas al periodo de prisión pasado en España, no en el Reino Unido, para lo que se remite sobre este periodo a lo indicado antes), ya que:
«[E]n el presente caso, con numerosos imputados y con vínculos internaciones que obligaron a tramitar comisiones rogatorias a varios Estados, las dilaciones indebidas por la duración prolongada del proceso que sirven de título de reclamación no son identificables con la responsabilidad patrimonial del Estado que genera derecho a indemnización.»
Y desestima la pretensión por los daños morales tras la puesta en libertad del recurrente, pues:
«[E]n este caso el reclamante sustenta su petición de reclamación de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la administración de justicia en cuestiones ajenas, como la cobertura del proceso por parte de los medios de comunicación. Además se debe añadir que no pueden ser incluidos, a efectos indemnizatorios, los daños establecidos con base a reclamaciones que son consecuencia de la existencia de las propias diligencias penales, ni los que se piden por toda la duración del procedimiento. La existencia misma de las actuaciones penales no genera indemnización alguna por responsabilidad patrimonial del Estado.»
(ii) La resolución administrativa recoge igualmente, como decíamos, el contenido del dictamen del Consejo de Estado emitido el 11 de enero de 2018, el cual aborda primero la pretensión de resarcimiento por prisión indebida, distinguiendo también el periodo durante el cual el recurrente estuvo privado de libertad en el Reino Unido y el posterior pasado en España, pero para darles el mismo tratamiento, ya que «a pesar de que fue acordada por un juzgado o tribunal británico, la prisión preventiva del señor Hilali está causalmente vinculada con el procedimiento judicial que se sustanciaba ante el juzgado español».
Sentado esto, sin embargo, el dictamen desestima a continuación la reclamación en este punto aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a su propia doctrina sobre el art. 294 LOPJ:
«Los pronunciamientos y razonamientos del auto de sobreseimiento libre contuvieron una apreciación acerca de toda la prueba finalmente disponible y evidencian que la decisión que adoptó la Audiencia Nacional no se fundamentó en concluir y declarar la inexistencia de los hechos que se imputaron al señor Hilali y por los que este estuvo sometido a prisión preventiva, de manera que no concurren los requisitos previstos por el referido artículo 294 para poder acoger esta parte de su pretensión indemnizatoria.»
El Consejo de Estado rechaza también que concurra un funcionamiento anormal de la administración de justicia, sea por dilaciones indebidas o por daños morales, al no quedar probada la necesaria relación causal entre los daños alegados y la actuación del Juzgado Central de Instrucción.
m) Contra la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 22 de febrero de 2018 se interpuso por el aquí demandante de amparo un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recayendo su conocimiento en la Sección Tercera (procedimiento ordinario núm. 419-2018). Admitido a trámite el recurso, se dedujo la correspondiente demanda en la que el recurrente solicitó se dictara sentencia revocando el acto impugnado y que le fuera concedida la cantidad de un millón ochocientos quince mil ochocientos veinticinco euros con noventa y dos céntimos (1 815 825,92 €), más intereses y costas.
(i) Luego de exponer los antecedentes del caso, reiterando las distintas circunstancias ya expuestas en el procedimiento administrativo previo en sostén de sus pretensiones, relativas a los daños sufridos por los 1319 días recluido en prisiones del Reino Unido más otros 391 días en cárceles españolas, así como los perjuicios personales y familiares que ha sufrido por su encausamiento en el sumario 35-2001 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, incluso después de haberse dictado el auto de sobreseimiento libre a su favor, la demanda afirma que procede el resarcimiento del recurrente: (1) por el tiempo que fue privado de libertad, de nuevo con cita en su apoyo de la STS de 28 de septiembre de 2010, lo que cuantifica en la cantidad de 1 500 000 euros, y (2) por el funcionamiento anormal de la administración de justicia debido al padecimiento de las dilaciones indebidas ya denunciadas en vía administrativa, las comparecencias obligatorias ante los tribunales, la prohibición de abandonar el territorio español durante el procedimiento penal y la carencia absoluta de documentación para su identificación personal. Todo ello permite su indemnización, señala, conforme con los arts. 106 y 121 CE, los arts. 292 a 297 LOPJ, el art. 6.2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH), y la STC 8/2017, de 19 de enero; concepto por el que sigue reclamando la suma de 315 825,92 euros. Solicitó también el pago de intereses y costas.
(ii) Consta en las actuaciones que la Sección competente dictó providencia el 11 de septiembre de 2019 acordando oír a las partes por plazo común de diez días «sobre la posible incidencia que en la decisión de la presentelitispudiera tener la reciente sentencia del Tribunal Constitucional núm. 85/2019, de 19 de junio así como en su caso el alcance de dicha incidencia».
El recurrente presentó escrito de alegaciones el 30 de septiembre de 2019, manifestando que la fundamentación de la sentencia citada «refuerza aún más, la argumentación utilizada en la demanda presentada por esta parte. [E]s aplicable al presente asunto», de un lado porque no estamos ante un error judicial, con cita del FJ 3 de la STC 85/2019, y de otro lado porque incluso aunque en términos dialécticos se aceptara, como dice la administración, que el auto de sobreseimiento no declaró la inexistencia del hecho imputado, la STC 85/2019 incluyó en el seno del art. 294 LOPJ el supuesto de sobreseimiento por inexistencia subjetiva del hecho, citando al efecto un pasaje del FJ 13 de la misma. Añade que en esta sentencia se recuerda que el límite de prisión provisional en el ordenamiento español es de cuatro años, siendo que el recurrente estuvo sometido a esta medida «hasta alcanzar casi los cinco años»; y que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, al haber sido confundido con el investigado «Shakur» o «Shukri», «hecho que en modo alguno está acreditado».
El abogado del Estado, igualmente personado en el proceso, formuló escrito de alegaciones fechado el 11 de octubre de 2019, suplicando a la Sala que dictase resolución «teniendo en cuenta los criterios establecidos por la STC 85/2019, o subsidiariamente se acuerde como diligencia para mejor proveer la incorporación a los autos del certificado del centro penitenciario que permita conocer si el periodo por el que reclama ha sido abonado en otra causa así como si por el periodo por el que reclama ha percibido algún tipo de cantidad como consecuencia de su trabajo en las instalaciones del centro penitenciario». A esta última petición se accedió mediante providencia de la Sección de 23 de octubre de 2019, que acordó la práctica de la documental requerida.
n) Una vez tramitado todo el procedimiento, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 1 de julio de 2020 en cuyo fallo dispuso:
«Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de don Farid Martín contra la resolución del Ministerio de Justicia a que las presentes actuaciones se contraen, y anular la resolución impugnada por su disconformidad a Derecho reconociendo el derecho del recurrente a ser indemnizado en 2000 € (dos mil euros), con los intereses legales del art. 106.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Sin imposición de costas.»
La sentencia concede dicha cantidad únicamente por los 391 días que el recurrente permaneció en prisión en España y desestima todo lo demás. Las razones para su decisión son las siguientes:
(i) Respecto de la responsabilidad patrimonial por prisión indebida:
(i-1) Principios generales:
La Sala en el fundamento jurídico 3 parte de los pronunciamientos de nuestra STC 85/2019 que conoció de la cuestión interna de inconstitucionalidad promovida por el Pleno del Tribunal contra algunos incisos del art. 294.1 LOPJ, destacando la sentencia impugnada que a pesar de haberse estimado la cuestión y ser procedente la indemnización en estos casos sin importar el motivo del sobreseimiento o absolución, ello no supone reconocer un sistema indemnizatorio automático y sin excepciones (con cita del fundamento jurídico 5 de aquella STC 85/2019); recogiendo luego la argumentación de este tribunal para declarar vulnerado tanto el derecho a la igualdad ante la ley del art. 14 CE (con cita del fundamento jurídico 7) como el derecho a la presunción de inocencia (con cita del fundamento jurídico 13) por los incisos cuestionados –que lo limitaban a la inexistencia del hecho imputado–. Interpreta luego la Sala de instancia cuáles serían entonces los supuestos indemnizables y cuáles no e insiste en que la STC 85/2019 no declara el automatismo de este régimen indemnizatorio, reconoce además la libertad del legislador para su configuración (remitiéndose al fundamento jurídico 7, ya citado), debiendo evitarse situaciones de doble reparación (enriquecimiento injusto).
Como factores a tener en cuenta para cuantificar la indemnización que pueda merecer el privado de libertad que ha sido absuelto o archivada su causa, precisa luego la sentencia impugnada:
«[E]l criterio de esta Sala consiste en valorar aspectos objetivos, como el tiempo de permanencia en prisión o el tipo de delito imputado, junto a otros subjetivos, como la edad del preso preventivo, su situación familiar y laboral, carencia de antecedentes penales, entre otros, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo reflejada, por ejemplo, en sentencias de 20 de Febrero y 29 de Marzo de 1999 […].
En cuanto al daño moral reclamado ha de señalarse que según el Tribunal Supremo en su sentencia de 20/12/2019, rec. 3847-2018, en estos casos “[l]os daños morales no podemos valorarlos diariamente, sino desde una perspectiva global”, tomando en consideración las alegaciones y justificaciones aportadas.
En este particular partimos únicamente del tiempo de privación de libertad por prisión preventiva pues muchos de los conceptos que se pretenden llevar a la reclamación por daño moral en la prisión preventiva determinarían la necesidad de acudir al 293 de la LOPJ […].
Por tanto, los daños morales por prisión preventiva, en cuanto se han pretendido llevar sobre circunstancias objetivas y objetivables, no basta con ser alegadas.»
(i-2) Aplicación al caso planteado:
En el mismo fundamento jurídico 3, la sentencia impugnada pasa a resolver sobre la pretensión del recurrente, razonando que no procede indemnizarle por el tiempo pasado en prisión en el Reino Unido sino solamente en España, teniendo en cuenta que lo actuado ante las autoridades británicas no puede asumirse como expresión de un funcionamiento (normal o anormal) de la justicia española, y que el recurrente hizo uso ante aquellas de diversos mecanismos impugnatorios con el fin de oponerse a la ejecución de la orden de detención europea dictada en su contra, dilatando así su tiempo de entrega. Es decir, concurre culpa del reclamante hasta el punto de negarle todo resarcimiento por la prisión sufrida durante ese periodo:
«Por otro lado, la tramitación dada por las autoridades británicas a la OEDE dictada contra el recurrente es la propia del sistema normativo inglés sin que pueda llevarse al funcionamiento de la administración de justicia española los posibles errores y/o funcionamientos anormales de autoridades gubernativas o judiciales extranjeras que actúan en colaboración de la autoridad judicial española pero siempre dentro de sus propios condicionamientos organizativos y normativos y sin perjuicio de tener presente la actuación del propio señor Hilali que, en el ejercicio legítimo de su derecho, interpuso múltiples recursos e incidentes oponiéndose a la entrega a España (suscitando dudas acerca de la identidad del detenido, alegando discriminación por razones de raza y religión, improcedencia de su extradición desde el Reino Unido en razón de los tipos delictivos que se le imputaban, dificultades de enjuiciamiento oral de personas islamistas en España, garantías procesales que se le denegarían en España y riesgo de que fuera ulterior e indebidamente entregado a Marruecos), llegando la causa incluso ante el Comité Judicial de la Cámara de los Lores, actuación de parte que contribuyó de forma relevante al tiempo empleado por las autoridades extranjeras desde la detención hasta la entrega a España, siendo que la OEDE deriva de unas resoluciones de autoridades judiciales españolas que acordaban el procesamiento y que no han sido declaradas erróneas por los cauces oportunos.
Por todo ello, el daño moral en el marco del art. 294 de la LOPJ comprenderá únicamente la privación de libertad por prisión preventiva padecida desde el 28/02/2009 [rectius: 28/02/2008] hasta el 04/03/2009, 391 días en prisión preventiva en España, sin contemplar los 1320 días que permaneció privado de libertad en el Reino Unido y que no pueden desvincularse de su propia actitud ante la OEDE y extradición, dentro de la especial configuración del sistema inglés, que nos permiten apreciar, dentro del sistema general del derecho general de daños al que remite la STC de constante cita, la concurrencia de culpa del reclamante en la generación del daño en la relevancia causal de su conducta dentro del deber general de sometimiento al proceso penal ya que tanto la OEDE como su posterior detención, extradición y, en particular, la subsecuente prisión preventiva en España vino impuesta por la necesidad de garantizar suficientemente la presencia del investigado ante su previa conducta evasiva de la justicia española.
Atendiendo a estas circunstancias, sin que se hayan acreditado especiales razones de índole personal, familiar, o profesional, y dado el tiempo efectivo de privación de libertad, se estima procedente fijar como indemnización global por el tiempo de privación de libertad la cantidad de 2000 euros (sirva como término comparativo que el Tribunal Supremo en su sentencia 20/12/2019, rec. 3847-2018 para un supuesto base de privación de libertad de 461 días, partiendo de un delito de secuestro de un menor de edad, sin tener en cuenta adición de compensación por perjuicios laborales que no concurre en autos, por daños morales da una compensación global de 3000 euros), cantidad que ya representa un valor actualizado a fecha de la presente y sin que se hubiera pretendido actualización de la misma a fecha de la reclamación administrativa.»
(ii) Respecto del funcionamiento anormal de la administración de Justicia:
La Sala resuelve a su vez en el fundamento jurídico 4 de su sentencia sobre el segundo concepto indemnizatorio pretendido por el recurrente y que le fue negado por la administración: el funcionamiento anormal de la administración de justicia por dilaciones indebidas y daños morales; circunscribiéndose la sentencia tan solo al primero de los dos temas (dilaciones indebidas), dejando de pronunciarse sobre el otro. En todo caso, dado que este fundamento jurídico de la sentencia no es objeto de impugnación en la demanda de amparo, basta solo indicar aquí que las dilaciones se desestiman tras recordar los criterios generales que se emplean para su apreciación (complejidad del litigio, márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés y la conducta procesal manifestados por el recurrente, y la conducta de las autoridades), lo que aplicado al caso de autos supone descartar un funcionamiento anormal de la justicia por el tiempo transcurrido desde la detención del recurrente hasta el dictado del auto de sobreseimiento libre, al «ser más que evidente la complejidad de la causa que afecta, entre otros muchos al hoy recurrente y la complejidad de los hechos sujetos a investigación», y no constatarse en ningún momento «una paralización absoluta de actividad instructora».
La sentencia cuenta con un voto particular discrepante de un magistrado con la fundamentación y el fallo.
ñ) Contra la sentencia de instancia presentó el aquí demandante de amparo escrito de preparación de recurso de casación, alegando además de cuestiones de legalidad ordinaria, la infracción de los arts. «1.1, 9.2, 14, 17, 24 y 121 de la Constitución española y artículo 6.2 del Convenio europeo de derechos humanos», al haberse denegado la petición indemnizatoria por el tiempo en el que estuvo privado de libertad en el Reino Unido en ejecución de la orden europea de detención y entrega dictada en su contra.
Pidió además que el Alto Tribunal se pronunciase sobre lo afirmado en la sentencia de instancia, al calificar de «conducta evasiva de la justicia española» del recurrente la interposición por este de recursos ante los tribunales del Reino Unido a fin de evitar su extradición a nuestro país. Que el Tribunal Supremo efectuase una «valoración sobre si ejercer el derecho de defensa establecido en nuestra constitución en el art. 24 y valerse de todos los recursos pertinentes supone evasión de la justicia y por tanto conlleva la inadmisión o no valoración de esas circunstancias a la hora de cuantificar la indemnización». Añade que dar por buena la tesis de la Audiencia Nacional «es peligrosa pues de facto conllevaría que los ciudadanos no empleasen todos los recursos a su alcance a fin de evitar la dilatación de los procedimientos, pero a su vez, con ello supondría la aceptación de hechos o decisiones de los tribunales con los que no están de acuerdo, a fin de no ser acusados con posterioridad de sujetos que ejercen un abuso del derecho, impidiendo también con ello que puedan interponer en el futuro recursos por funcionamiento anormal de la justicia».
o) La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó providencia el 25 de febrero de 2021 (recurso de casación núm. 5503-2020), inadmitiendo a trámite el recurso con arreglo a la siguiente fundamentación:
«Esta sección de admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acuerda –en aplicación del art. 90.4 b) en relación con el art. 89.2 f) LJCA– su inadmisión a trámite, por incumplimiento de las exigencias que el artículo 89.2 de la LJCA impone al escrito de preparación: no citar –ni, obviamente, fundamentar– la concurrencia de alguno/s de los supuestos que, con arreglo al art. 88.2/3, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.»
3. La demanda de amparo se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 1 de julio de 2020, recaída en el procedimiento ordinario núm. 418-2019, alegando dos quejas:
a) La primera, lo que llama la «vulneración del derecho a la igualdad ante la ley»:
Tras una mención inicial a la denegación por la sentencia impugnada de los daños morales reclamados con base en circunstancias personales y familiares –denegación de la que ya no extrae más consecuencia–, la demanda se centra en el pronunciamiento de la sentencia que le concede la suma de dos mil euros (2000 €) por el tiempo pasado en prisión provisional en España, en una causa judicial que justamente culminó con un auto de sobreseimiento libre a su favor. Se recuerda al respecto que pese a que no cabe establecer diferencia alguna en función del motivo por el que se ha acordado la absolución o el sobreseimiento libre, la aplicación de los criterios utilizados por la Audiencia Nacional en su caso para cuantificar el daño por prisiónexart. 294 LOPJ, evidenciaría una desigualdad de trato respecto de otro asunto anterior decidido por el mismo tribunal.
En concreto, trae a colación el resuelto por sentencia de 29 de junio de 2017 de la misma Sala y Sección, la cual concedió la cantidad de ochenta mil euros (80 000 €) por haber sufrido el recurrente de turno un total de diecisiete meses y dieciocho días (528 días) en prisión, mientras que en su situación el mismo tribunal le otorga dos mil euros por los 319 [rectius: 391] días que permaneció privado de libertad en España. Prosigue diciendo la demanda que la «inexistencia de un criterio cuantificador de la indemnización resulta, como decimos, una vulneración del artículo 14 CE, pero también la quiebra del principio de seguridad jurídica», con cita sobre este último principio, de la STC «2771982, de 27 de julio» (se refiere a la STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10).
b) La segunda queja se formula por «vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la presunción de inocencia»:
Expone en este punto la demanda los razonamientos dados por la sentencia impugnada en su fundamento jurídico tercero, para rechazar la indemnización por el tiempo que estuvo el recurrente privado de libertad en el Reino Unido; razonamientos que al efecto reproduce. A continuación hace cita de los arts. 106.2 y 121 CE, el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y el art. 292 LOPJ, señalando que además de la «limitada e insuficiente argumentación realizada para determinar la inexistencia de la responsabilidad de la administración española por el tiempo de prisión indebida sufrido en reino Unido y de la inexistencia de un nexo causal entre la actuación de las autoridades españolas y los 1319 días de privación de libertad sufridos en Reino Unido, el Tribunal se limita a esgrimir que mi representado habría sido responsable del daño sufrido por la prisión indebida. Esta responsabilidad se le atribuye a “su propia actitud ante la OEDE”, que no es otra que la del que se sabe inocente de los delitos por los que se le reclama y utiliza todos los recursos de los que la ley le asiste para evitar su entrega, haciendo uso así, del derecho a la presunción de inocencia (24 CE) que se quiebra en el momento en el que se aduce que toda la actividad desplegada por mi representado por vía de recursos para oponerse a la entrega es la causante del daño sufrido».
Entiende en tal sentido el recurrente, que con base en las distintas teorías que se han esgrimido para establecer el llamado nexo de causalidad en materia de responsabilidad patrimonial del Estado y su aplicación por el Tribunal Supremo, no es posible afirmar que la utilización de los recursos de los que disponía él mismo para oponerse a su entrega a las autoridades españolas pueda considerarse «como intencionalidad para producir el daño que le originó la privación de libertad». Y precisa que la emisión de la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada en su contra tuvo la «virtualidad de originar el daño –1311 días de privación de libertad– pues de otra forma es innegable que el daño no se habría producido. Además, cabe recordar que no se imputa a la administración la concurrencia de un funcionamiento anormal, sino que como la propia sentencia […] objeto de este amparo reconoce, la indemnización resulta procedente por la vía del artículo 294.1 LOPJ […]. En conclusión, no se puede apreciar la inexistencia o ruptura del nexo causal, pues este resulta manifiesto […]; su origen se encuentra en la emisión de la OEDE y el posterior sobreseimiento, cuestiones ambas que de ninguna manera pueden ser imputables a las autoridades extranjeras».
El daño que se debe indemnizar, por tanto, corresponde a los «1711 días en total de privación de libertad, sin que la actitud de mi representado ante la reclamación pueda considerarse una actitud negligente, sino la natural y diligente en el pleno ejercicio de sus derechos […]; el dónde hayan sido esos días es irrelevante y debió así reconocerse».
Finalizadas estas consideraciones, el suplico de la demanda solicita que se declare que la sentencia impugnada vulneró los derechos fundamentales ya invocados (al que añade la mera cita del derecho a la libertad personal).
4. Tras haber cumplido el procurador del recurrente con el requerimiento efectuado por diligencia de ordenación de la Sección Primera, Sala Primera, de este Tribunal Constitucional, de 14 de abril de 2021, aportando con escrito de 4 de mayo de 2021 la escritura de poder acreditativa de su representación y de paso aclarando que el recurso se interponía también contra «la providencia de 25 de febrero de 2021» recaída en casación, la Sección Primera de este Tribunal Constitucional dictó providencia el 24 de enero de 2022 por la que acordó admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]».
En la misma resolución se acordó también dirigir atenta comunicación al Tribunal Supremo, a fin de que en un plazo no superior a diez días remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 5503-2020; así como a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional para que hiciera lo propio respecto de las actuaciones del recurso núm. 419-2018. Con orden de notificación finalmente de dicha resolución al abogado del Estado, en representación de la Administración y parte interesada, para que en el plazo de diez días pudiera comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
5. Con fecha 9 de febrero de 2022 el abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, solicitó se le tuviera por personado y parte en el presente recurso de amparo, entendiéndose con él todos los posteriores trámites del procedimiento.
6. Con fecha 10 de febrero de 2022, la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que decidió tener por personado y parte al abogado del Estado en representación de la Administración pública; acordando dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes conforme con lo previsto en el art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
7. Con fecha 11 de marzo de 2022 el abogado del Estado, en la representación que ostenta, presentó escrito de alegaciones por el que interesó que teniendo este tribunal por formuladas las mismas, dictase sentencia «por la que desestime totalmente la demanda de amparo».
Luego de resumir los antecedentes del procesoa quoque ha considerado menester, y de recapitular los términos de la pretensión de amparo del recurrente, el abogado del Estado entra en el examen de la queja de lesión del derecho a la igualdad del art. 14 CE, distinguiendo al efecto entre el periodo de prisión provisional sufrido por el recurrente en el Reino Unido, mientras se ejecutaba la orden de detención europea dictada en su contra, y el pasado después de su entrega a las autoridades españolas, en centros penitenciarios de nuestro país.
a) En cuanto al primero (tiempo de privación de libertad en el Reino Unido), efectuada en el escrito de alegaciones la cita de doctrina constitucional sobre el derecho fundamental a la igualdad ante la ley (SSTC 73/1989, de 2 de abril, FJ 3, y 75/2011, de 19 de mayo, FJ 6), se atiende a su aplicación al caso planteado negando el abogado del Estado que haya habido «discriminación» pues no concurre la necesaria relación de causalidad como presupuesto para establecer la responsabilidad por el funcionamiento de los poderes públicos o de la administración de justicia en el caso. El derecho a ser resarcido por este concepto no deriva sin más de la Constitución sino que es de configuración legal, como resulta del art. 121 CE y ha reconocido este tribunal (con cita de la STC 325/1994, de 12 de diciembre, FJ 1). Para los supuestos indemnizables previstos en el art. 292 LOPJ (error judicial o funcionamiento anormal de la administración de justicia) es necesaria la existencia de una relación de causalidad, la cual ha de ser «efectiva entre el daño y la actividad del agente […], inmediata y exclusiva de causa a efecto»; y constituye una «premisa insoslayable para el eventual reconocimiento del derecho». Prosigue diciendo que la teoría que explica mejor esto es la llamada de la «causa adecuada», lo que implica que el acto sea suficiente para producir «de forma necesaria, la consecuencia lesiva».
A continuación hace referencia el escrito de alegaciones a la Decisión marco del Consejo, 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, reguladora de la orden europea de detención y de entrega; en concreto el art. 12 sobre la competencia de la autoridad judicial de ejecución para decidir, tras la detención, si la persona debe quedar o no detenida o se adoptan otras medidas, es decir, que esa decisión «pertenece ya solo» a la autoridad del país receptor de conformidad además con su derecho interno, sin que pueda hallarse por tanto condicionada por la autoridad del Estado requirente para que adopte una u otra medida. Así también se establece en el art. 17 de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, «la entonces, en ese momento vigente» al caso de autos, que otorgaba al juez español de ejecución el criterio de libre valoración para adoptar «las medidas cautelares que fueren, no necesariamente de prisión», y de manera similar en el art. 53 de la vigente Ley 23/2014, de 20 de noviembre, que traspuso la Decisión marco 2009/299/JAI, de 26 de febrero de 2009, de reforma parcial de la anterior de 2002 (pero que no modificó el art. 12). Con arreglo a todo ello, afirma el abogado del Estado, se produjo una «clara ruptura del nexo causal, en tanto que la situación de prisión provisional que el recurrente sufrió en el Reino Unido fue debida exclusivamente a una decisión de las autoridades de ese país». La decisión tomada por la autoridad judicial española de dictar la orden europea contra el recurrente, no se erige en causalidad adecuada para «producir ella sola, de manera necesaria la consecuencia lesiva de la adopción de la medida de prisión […]. No puede imputarse al Poder judicial español como poder público actuante la estancia del interesado recurrente en prisión el tiempo en que lo estuvo en el Reino Unido por la sola decisión de la autoridad judicial de este país».
Consecuentemente, descarta el abogado del Estado que se haya producido una vulneración de art. 14 CE, por comparación entre los casos en que conforme a la STC 85/2019 dan derecho al resarcimiento por haber sufrido prisión provisional y resultar luego absueltas o sobreseída libremente su causa en España, y la situación del recurrente, respecto del cual la medida cautelar de prisión en cárceles del Reino Unido no es atribuible al «Poder Judicial español sino a la autoridad judicial del país de recepción de la Orden».
b) Respecto del segundo periodo de prisión provisional, el sufrido por el recurrente en España tras su entrega el 8 de febrero de 2008, alega el abogado del Estado que la sentencia impugnada reconoció la existencia de un daño por este concepto y fijó un importe de dos mil euros de indemnización, pronunciamiento este que resulta de legalidad ordinaria y por ello no le corresponde revisar a este T