Categoría: Judicial

su deber constitucional de acatar lo resuelto por este tribunal, esto es, que la mesa tramitó la iniciativa a sabiendas de que existía una resolución de este tribunal que impedía darle curso. Al respecto, se pronunció también el citado ATC 16/2020, FJ 7, que afirmó que «la mesa del Parlamento de Cataluña admitió a trámite la moción presentada por el subgrupo CUP-CC, con el contenido de su apartado primero, a sabiendas de que existían resoluciones previas del Tribunal Constitucional que impedían darle curso por tratarse de una reiteración de la resolución 1/XI, ya anulada por la STC 259/2015, así como de las resoluciones 534/XII y 546/XII, que estaban suspendidasope legispor aplicación del art. 161.2 CE, en virtud de las providencias del Tribunal Constitucional de 10 y 16 de octubre de 2019. En ellas se advertía expresamente a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, con apercibimiento de responsabilidades, incluida la penal, así como de su obligación de abstenerse de realizar cualquier actuación encaminada a dar cumplimiento a los incisos impugnados de las resoluciones 534/XII y 546/XII y de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015».
El incumplimiento manifiesto por parte de la mesa del Parlamento de Cataluña de lo ordenado por este tribunal en aquellas resoluciones, de las que la mesa era perfectamente conocedora, determina la lesión delius in officiumde los parlamentarios recurrentes en amparo (art. 23.2 CE). La admisión de la moción, en cuanto a su primer apartado «impide que, en relación con ese procedimiento parlamentario, puedan ejercer legítimamente los recurrentes sus funciones representativas, pues, en tales circunstancias, el ejercicio de su cargo conllevaría no acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional e incurrir, por tanto, en un grave ilícito constitucional» (STC 24/2022, FJ 5). Esa vulneración determina también indirectamente la del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
C) A la misma conclusión ha de llegarse en relación con las decisiones del presidente del Parlamento de Cataluña ahora impugnadas y a las que hace referencia el cuerpo de la demanda, como se ha expuesto en los antecedentes, y en el FJ 2 a). Dichas decisiones dan efectividad a los acuerdos de 26 de octubre y de 5 de noviembre de 2019, por lo que han de correr la misma suerte que los referidos acuerdos (en el mismo sentido, STC 156/2019, de 28 de noviembre, FJ 2).
5. Otorgamiento del amparo y alcance del fallo.
Conforme a lo expuesto, procede otorgar el amparo solicitado, ya que los acuerdos y las decisiones impugnados han vulnerado el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE). Para restablecer a los recurrentes en la integridad de su derecho basta con declarar la vulneración del mismo y la nulidad de las actuaciones y decisiones del presidente del Parlamento de Cataluña, toda vez que los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 26 de octubre y de 5 de noviembre se declararon nulos en el ATC 16/2020.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por los diputados recurrentes del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña y, en su virtud:
1.º Declarar que los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña, de 29 de octubre y de 5 de noviembre de 2019, han vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
2.º Restablecer a los recurrentes en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de las decisiones y actuaciones de la presidencia del Parlamento de Cataluña de 7, 8 y 12 de noviembre de 2019.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.–Pedro López Herrero Álvarez.–Juan Morales Santana Ríos.–Santiago Martínez-Vares García.–Antonio Martínez Rodríguez.–Ricardo Núñez Sancho.–Cándido Blanco Tourón.–María Vargas Bravo Blanco.–Ramón Iglesias Pascual.–Enrique Arnaldo Vicente.–Concepción Espejel Jorquera.–Inmaculada Mendoza López.–Firmado y rubricado.
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en la que se sustenta la sentencia no puedo mostrar mi conformidad con la parte de la fundamentación jurídica en que se resuelve la alegación del Ministerio Fiscal sobre la pérdida sobrevenida del objeto del presente recurso de amparo avocado. Los motivos de mi disentimiento son comunes con los expresados en el voto particular formulado por el magistrado don Ramón Iglesias Pascual sobre ese particular, al que me remito.
Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.–Juan Romero Molina Benítez.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de mis compañeros, formulo el presente voto particular a la sentencia recaída en el recurso de amparo avocado núm. 7442-2019, por las razones que expuse en la deliberación y de las que doy sucinta cuenta a continuación.
El motivo de fondo de mi discrepancia con la sentencia radica en mi desacuerdo con la doctrina constitucional que esta aplica. Dicha doctrina, formulada en las SSTC 46 y 47/2018, de 26 de abril, fue también aplicada en la STC 15/2022, de 8 de febrero, a la que en su momento formulé voto particular. A él me remito ahora por lo que respecta a las razones por las que considero que los acuerdos de los órganos de un parlamento por los que se da trámite a determinadas iniciativas para su debate en el Pleno no pueden afectar al derecho fundamental de los parlamentarios al ejercicio de sus funciones representativas (art. 23.2 CE) ni tampoco, por lo tanto, al derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE). Las peculiares características del supuesto abordado en el presente caso exigen, sin embargo, insistir y profundizar en lo que ya planteé en aquel momento.
El recurso de amparo núm. 7442˗2019 presenta la particularidad de que parte de los actos parlamentarios en él impugnados –en concreto, los adoptados por la mesa del Parlamento de Cataluña en la fase de admisión a trámite de la iniciativa controvertida– habían ya sido impugnados por el Gobierno de la Nación, con carácter previo a la interposición de la demanda de amparo, a través de la vía procesal del incidente de ejecución (art. 92.1 LOTC). Con posterioridad, el ATC 16/2020, de 11 de febrero, estimó dicho incidente de ejecución con idéntico fundamento que el aducido en el recurso de amparo ahora resuelto –a saber, el deber de las mesas de las asambleas legislativas de inadmitir a trámite las iniciativas parlamentarias que constituyan un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional– y, en consecuencia, declaró la nulidad de los acuerdos de la mesa también recurridos en amparo.
Resulta, así, que en el caso abordado por la sentencia se aprecia de manera especialmente clara el solapamiento entre las vías procesales del incidente de ejecución y del recurso de amparo cuando lo impugnado son actos parlamentarios relativos a la tramitación de iniciativas parlamentarias que constituyan un incumplimiento manifiesto de lo previamente resuelto por este tribunal.
Ello pone de manifiesto, en primer lugar, la innecesaridad de la modificación que las SSTC 46/2018 y 47/2018 operaron en la doctrina constitucional sobre el alcance del control de este tipo de actuaciones parlamentarias vía recurso de amparo. Como ya argumenté en mi voto particular a la STC 15/2022, los actos parlamentarios contrarios al bloque de la constitucionalidad pueden y deben ser enjuiciados a través del proceso de impugnación del título V LOTC, y los que desobedecen el deber de acatamiento de lo resuelto por el Tribunal encuentran un cauce de impugnación adecuado en los incidentes de ejecución, como demuestra el presente caso. No era necesario, por lo tanto, confundir las potestades de ejecución del Tribunal con el derecho de participación política de los representantes vía redefinición del contenido del art. 23 CE.
En segundo lugar, y en estrecha conexión con lo anterior, el solapamiento entre estos dos cauces procesales impone una reflexión acerca de cuál es la concreta tarea que está llamado a desempeñar este tribunal en el marco de este tipo de recursos de amparo parlamentarios, esto es, qué tipo de pronunciamiento constitucional es necesario para entender reparada la lesión de los derechos del art. 23 CE que se haya detectado en aplicación de la doctrina de la que discrepo.
La pregunta es pertinente porque, en el presente caso, la previa anulación por el ATC 16/2020 de parte de los acuerdos impugnados en amparo podría haber conducido a entender que este había perdido parte de su objeto de manera sobrevenida. La sentencia sostiene que dicha pérdida de objeto no se ha producido porque «la pretensión de los recurrentes de amparo en el presente proceso constitucional no se limita a solicitar la nulidad de unos acuerdos, que como se ha señalado ya han sido anulados por este tribunal, sino que se solicita que por este tribunal se declare que dichos acuerdos vulneran su derecho fundamental a la participación en asuntos públicos» (FJ 2). A mi juicio, esta argumentación, que parece atender exclusivamente a las pretensiones articuladas en la demanda de amparo para decidir acerca de la pervivencia o desaparición del objeto del proceso, no es completamente congruente con la finalidad constitucional del recurso de amparo –dirigido a reparar violaciones de derechos fundamentales– ni con la doctrina del Tribunal acerca de la pervivencia o desaparición de su objeto. Conforme a dicha doctrina, cuando desaparece la causa que dio origen al amparo se produce, con carácter general, la pérdida sobrevenida de objeto (AATC 43/1985 y 107/2018, entre otros), salvo que, a pesar de haber desaparecido ya el acto lesivo, debieran tenerse en cuenta otros elementos de juicio que siguieran haciendo necesaria una respuesta de fondo por parte del Tribunal (por todas, STC 118/2002, de 20 de mayo, FJ 2). En mi opinión, en el presente caso hubiera sido necesario examinar si la anulación de los acuerdos impugnados que ya se hizo mediante el ATC 16/2020 había sido o no suficiente para reparar la lesión de los derechos fundamentales invocados en la demanda de amparo y, en caso de conclusión negativa, debería haberse justificado por qué resultaba necesario a tal efecto un pronunciamiento adicional de este tribunal de contenido meramente declarativo de la existencia de dicha lesión.
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós.–Ramón Iglesias Pascual.–Firmado y rubricado.