Categoría: Judicial

ncia previsto en el art. 410 CP (punto 6). La comisión de un delito de organización criminal también fue descartada (punto 7).
Tras consignar varias consideraciones acerca de la delimitación progresiva del objeto del proceso, en las que se afirma que el órgano de enjuiciamiento debe limitarse a valorar las pretensiones acusatorias formuladas en el juicio oral, pues es en el plenario «cuando después del esfuerzo probatorio de cargo y de descargo ofrecido por las partes puede ya concluirse un juicio de tipicidad definitivo», el órgano judicial fundamenta la consideración de los hechos como constitutivos de un delito de sedición tipificado en los arts. 544 y 545 CP. Pese a reconocer las similitudes existentes entre los delitos de rebelión y sedición, se destaca la diferente ubicación de esas figuras, pues mientras la primera de ellas se encuadra en título vigésimo primero correspondiente a los «delitos contra la Constitución», el delito de sedición se incardina dentro del título vigésimo segundo, relativo a los «delitos contra el orden público», siendo, por tanto, diferente el bien jurídico protegido, al igual que es distinta la finalidad perseguida por los partícipes, que en el caso de la sedición atañe «al impedimento u obstrucción de la legítima voluntad legislativa, gubernativa o jurisdiccional».
Posteriormente, tras poner de relieve que el delito de sedición constituye unaliudrespecto de otras infracciones reguladas en el título vigésimo segundo del Código penal, la Sala expone su entendimiento de los requisitos de esa figura penal, a saber:
(i) La actividad delictiva no se desarrolla mediante un solo acto, pues requiere de la sucesión o acumulación de varios, toda vez que se trata de un delito «plurisubjetivo de convergencia, en la medida que su comisión exige un concierto de voluntades para el logro de un fin compartido», si bien los actos convergentes pueden no ser delictivos, aisladamente considerados.
(ii) La sedición requiere que se produzca un alzamiento tumultuario. La mera reunión de una colectividad no es, sin más, delictiva. Los partícipes en esa reunión tumultuaria deben realizar actos de fuerza o al margen de las vías legales, aunque la descripción típica «no anuda al alzamiento público, presupuesto compartido con el delito de rebelión, su expresa caracterización como violento». La Sala descarta que el vocablo «alzamiento» comporte necesariamente la violencia, ya que ninguna de las acepciones que el diccionario de la Real Academia Española asocia a los términos «alzar», «alzarse» o «tumultuario» se vincula de modo exclusivo con el empleo de violencia. Por el contrario, la Sala sí exige la concurrencia de «abierta hostilidad» para apreciar el carácter tumultuario del alzamiento.
(iii) El delito de sedición ha sido concebido como una infracción de resultado cortado que exige de «una funcionalidad objetiva además de subjetivamente procurada respecto de la obstaculización del cumplimiento de las leyes o la efectividad de las resoluciones adoptadas por la administración o el Poder Judicial». Por ello, el resultado típico no tiene que ser efectivamente logrado, pues ello determinaría el agotamiento del delito, ni tiene que ser pretendido de manera absoluta por todos los autores; basta con que «se busque obstruir o dificultar en tales términos que resulte funcional para el objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes, en la legítima actuación de la autoridad o corporación pública o funcionarios para el cumplimiento de sus resoluciones administrativas o judiciales».
La Sala considera que los hechos declarados probados que acontecieron los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 configuran el delito de sedición. La hostilidad desplegada el día 20 de septiembre hizo inviable el cumplimiento normal de lo ordenado por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, ocasionando «un miedo real», no solo en la letrada de la administración de justicia actuante en la sede de la Vicepresidencia, sino también «en los funcionarios autonómicos bajo investigación que habían de ser trasladados, por exigencia legal, a los inmuebles en que se estaban practicando los registros, cuya presencia fue impedida por los acusados que lideraron la tumultuaria manifestación».
En relación con lo acontecido el día 1 de octubre, se señala que los congregados, previamente convocados por los acusados, hicieron un uso suficiente de fuerza para neutralizar a los agentes policiales que trataban de impedir la votación, a lo que estos venían obligados por expreso mandato judicial. La trascendencia de esos comportamientos rebasó «los límites de una laxa interpretación del concepto de orden público, para incidir en el núcleo esencial de ese bien desde una perspectiva constitucional», pues a la vista del contenido de las Leyes 19 y 20/2017, aprobadas por el Parlament, se aprecia que las referidas conductas supusieron un intento de «derogación de la legislación válida vigente, además de una contumaz rebeldía a acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional».
Dentro de este apartado cabe destacar que, para el órgano sentenciador, el derecho a la protesta «no puede mutar en un exótico derecho al impedimento físico a los agentes de la autoridad a dar cumplimiento a un mandato judicial, y a hacerlo de una forma generalizada en toda la extensión de una comunidad autónoma en la que por un día queda suspendida la ejecución de una orden judicial». Por ello, ante un levantamiento proyectado, multitudinario y generalizado no es posible eludir la aplicación del delito de sedición, al quedar la autoridad judicial en suspenso, sustituida por la propia voluntad impuesta por la fuerza de los convocantes del referéndum y de quienes secundaron la convocatoria. También se afirma que el delito de sedición consumado no se borra por las actuaciones posteriores de terceros, tales como los denunciados excesos policiales que son objeto de investigación por otros órganos judiciales.
p) En el apartado C) de los fundamentos jurídicos queda reflejado el denominado «juicio de autoría» de los acusados que fueron condenados.
(i) En el punto 1 se vierten unas consideraciones respecto del delito de sedición que atañen al recurrente en amparo, a don Oriol Giménez, don Raül Romeva, doña Carme Núñez, don Jordi Domínguez, don Josep Cabrera, doña Dolors Cruz, don Jordi Sànchez y don Jordi Domínguez. En síntesis, se reitera el delito de sedición es una infracción penal «de resultado cortado» y, desde la perspectiva del bien jurídico protegido, se trata de un delito de consumación anticipada y de peligro concreto. Por ello, para colegir si el hecho es imputable objetivamente a la conducta realizada debe valorarse si el sujeto en cuestión creó o aumentó el riesgo de lesión del bien jurídico protegido y si su comportamiento merece la consideración de adecuado, teniendo en cuenta la previsibilidad del riesgo objetivo relevante.
En el caso del acusado señor Forn, se considera que le es imputable objetivamente que declinara el ejercicio de las facultadas legalmente impuestas y que le erigían en garante de que la organización que le estaba subordinada –el cuerpo de Mossos d’Esquadra– no solamente no desatendiera del cumplimiento de aquellas órdenes y de la efectiva aplicación de las leyes válidas vigentes, sino que contribuyera, cuando menos por omisión, a la pérdida de vigencia de estas y a la inefectividad de aquellas. La infracción de ese deber normativo genera el riesgo de incumplimiento de las órdenes jurisdiccionales, e incluso el debido respecto a las leyes válidas.
Tras hacer algunas consideraciones sobre los acusados miembros del Govern y la presidenta del Parlament, se pone de relieve que, con base en los informes técnicos elaborados por los responsables policiales, los comportamientos lesivos para el orden público eran «de previsibilidad adecuada a la falta de una estrategia mínimamente prudente para evitarlos». También se rechaza que la actuación voluntaria y libre de los ciudadanos supusiera una interferencia que priva de transcendencia causal a la actuación de los acusados, a los efectos de la imputación de los resultados a estos últimos, con base en la teoría de la «prohibición de regreso». Conforme se argumenta en la sentencia, la actuación de los ciudadanos no puede ser considerada extraña al comportamiento de los acusados, pues estuvo preordenada y fue promovidaex antepor estos últimos, «como imprescindiblemente funcional para crear el riesgo en la inaplicación de leyes e incumplimiento de decisiones legítimas de órganos jurisdiccionales, riesgo luego realizado materialmente con tal comportamiento de los ciudadanos movilizados». En suma, la imputación objetiva a todos los acusados citados se extiende tanto al riesgo determinante del resultado lesivo para el bien jurídico protegido, como al medio en que tal riesgo se generó, esto es, el tumulto en que se enmarcaron los actos hostiles y, en ocasiones, violentos.
(ii) En el punto 1.7 se reflejan las razones tomadas en cuenta específicamente para considerar al recurrente autor de un delito de sedición, previsto y penado en los arts. 544 y 545.1 CP.
En concreto, el 6 de septiembre de 2017, tras aprobarse por el Parlament de Cataluña la Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación, el acusado señor Forn, como integrante del Gobierno de la Generalitat, aprobó el Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum, con pleno conocimiento de la ilegalidad de la iniciativa, al haber suspendido el Pleno del Tribunal Constitucional el 7 de septiembre la aplicación de la Ley 19/2017 que se pretendía desarrollar. Su inconstitucionalidad y consiguiente nulidad fueron declaradas mediante la STC 122/2017, de 31 de octubre. También participó en la decisión del Govern que aprobó el Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de normas complementarias para la realización del referéndum de autodeterminación de Cataluña, habiendo acordado el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre de 2017, la suspensión de su aplicación y cualquier actuación que trajera causa de esta. La propia providencia se notificó personalmente al acusado y a los miembros del Govern y a numerosas autoridades, al tiempo que les advertía de su deber de impedir o paralizar estas iniciativas. Posteriormente se dictó la STC 121/2017, de 31 de octubre, declarando su inconstitucionalidad y nulidad.
En los días y semanas previos a la celebración del referéndum, al igual que otros acusados, don Joaquim Domínguez, plenamente consciente de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando, de la patente ilegalidad de la iniciativa referendaria y de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes, como los que habían sucedido el día 20 de septiembre, hizo reiterados y continuos llamamientos públicos a la movilización de la ciudadanía para que acudiera a votar, para proteger los centros de votación y evitar que las fuerzas de orden público cumplieran. Lo hizo mediante entrevistas, en actos públicos y a través de redes sociales.
Señala la sentencia condenatoria que el demandante, al igual que los coacusados, era consciente de que esa convocatoria constituía un artificio al que se recurría engañando a los llamados a votar, tanto en lo atinente a su legalidad, como a la viabilidad de su resultado. Y ello porque, al prescindir de manera absoluta del ordenamiento constitucional del Reino de España y de la voluntad soberana del total conjunto de los españoles, los resultados de la votación nunca tendrían de hecho fuerza vinculante, careciendo de una efectiva funcionalidad para la real instauración de una república en Cataluña. En realidad, el único, verdadero y ocultado propósito que movía a los coacusados era que el Gobierno de la Nación accediera a la convocatoria negociada de un referéndum sobre autodeterminación del territorio catalán.
En concreto, se detalla que el señor Forn dio órdenes al mando de los Mossos d’Esquadra para que aceptara la intervención del coacusado don Jordi Sànchez, pese a poder saber que aquella concentración impedía que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio a los detenidos –quienes debían estar presentes en el registro policial conforme disponen las leyes procesales– y que pudiera atender la orden judicial con normalidad. El coacusado señor Sànchez declaró en juicio oral que no asumió la petición de la Guardia Civil para desplazar a los manifestantes por no sentirse capaz. Por el contrario, manifestó también que no disolvió a los manifestantes porque «no dificultaban» el trabajo de los funcionarios judiciales y que a las 20:00 horas la gente mostraba voluntad de abandonar la concentración, pero que desde la ANC que él dirigía pidió a los manifestantes que persistieran en su presencia.
Se pone de relieve que a partir de los testimonios de don Jordi Domínguez, don Jordi Domínguez, doña Meritxel Pascual y el comandante de la Guardia Civil que declaró en la sesión del juicio oral celebrada el día 20 de marzo, resulta probado que el señor Forn entró en el equipo de Gobierno de la Generalitat asumiendo el giro táctico, al menos del Govern, que aspiraba a lograr que el Gobierno de la Nación aceptara un diálogo a partir de la decisión unilateral de llevar a cabo esa votación que, a modo de referéndum, fue convocada para el 1 de octubre.
En cuanto a la movilización ciudadana prevista para el mismo día 1 de octubre, destaca el juicio de autoría que el consejo policial celebrado el 14 de septiembre anterior, pese a su naturaleza sindical, le dio ocasión para exponer su criterio sobre la distribución de responsabilidades entre él, como consejero, y los mandos de los Mossos d’Esquadra, como diseñadores de la estrategia operativa que había de dar cumplimiento a las disposiciones de la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ya en su inicial declaración en el juicio oral el señor Forn teorizó sobre la dualidad de su función. Pretendió diferenciar entre su compromiso político de apoyo a la celebración del referéndum, como miembro del Govern, y su comportamiento como consejero. Negó haber ejecutado ninguna acción que favoreciera la celebración de este.
De las declaraciones de diversos testigos se concluye que, en todo momento, el señor Forn ordenó su comportamiento, tanto como miembro del Govern, cuanto como cabeza de la Consejería de la que dependían los Mossos d’Esquadra, a reconducir la interpretación de los mandatos del Tribunal Constitucional, del titular del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal de ese mismo tribunal, a un sentido y alcance que permitiera simular su aparente cumplimiento, con el decidido propósito de hacer inefectivas tales legítimas órdenes jurisdiccionales y del fiscal superior. Y esa voluntad del señor Forn logró la efectiva ordenación de la actuación de los Mossos, de suerte que resultó funcional a los objetivos políticos del acusado y, con él, de los coacusados. Como resaltaron algunos de los testigos la asignación de los denominados binomios de mossos a cada centro de votación, sin discriminar aquellos que recibirían una gran afluencia de personas para votar, respecto de aquellos otros que previsiblemente eran poco significativos, supuso una neutralización de la capacidad operativa de ese cuerpo policial. Se añade que la coartada de la insuficiencia de mossos en cada uno y en todos los centros para cumplir el mandato de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, se mostró con cínica notoriedad.
La prueba testifical dio cuenta de la colaboración de algunos integrantes del cuerpo de Mossos d'Esquadra para consumar la votación, hasta el punto de que, en ciertos casos, llegaron a trasladar las urnas una vez culminada la jornada de votación, utilizando vehículos sin logotipos pero que resultaron pertenecer a la Consejería de Presidencia. En otros, permitieron que particulares se hicieran con ellas y se las llevaran.
A continuación, se pone de manifiesto que, aunque desde las 04:00 horas del día 1 de octubre, había sido desplegada una fuerza policial dependiente de los mandos centrales para obtener información sobre la «liberación» de centros de votación, ello solamente condujo a constatar que la presencia de los mossos no solamente careció de actividad alguna dirigida al desalojo de los centros, sino que fue ocasión para que informaran de la estrategia policial que se seguiría al respecto. De ahí la decisión de los movilizados para formar agrupamientos de ciudadanos en número y condición personal que no solo disuadieron, sino que imposibilitaron, la actuación policial dirigida a hacer efectivo el mandato de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sobre el dolo del señor Forn en relación con los hechos anteriores a la asunción del mando de la Consejería de Interior de la Generalitat, la Sala no alberga dudas de que su incorporación al Govern implicó la incondicional asunción de los designios estratégicos de los otros coacusados que, por supuesto, él conocía.
Respecto a la actuación tumultuaria de la ciudadanía el día 20 de septiembre ante la sede de la Vicepresidencia y Consejería de Economía, el señor Forn se mantuvo informado, tanto de la existencia de comunicaciones fluidas con responsables de la ANC, en relación con la concurrencia de varios miles de personas, como del objetivo de esta. Se declara acreditado que en la sede misma que fue sometida a asedio se encontraban mandos de los Mossos que mantenían fluida comunicación con el señor Forn. Es, por tanto, razonable inferir que el señor Forn no podía ignorar que aquella actuación iba más allá de una mera reunión para «protestar», ya que también algunos pretendían impedir el acceso de detenidos a la práctica de los registros e imposibilitar que la recogida de fuentes probatorias alojadas en varias cajas pudiera ser trasladada desde el lugar de su ocupación hasta dependencias judiciales, bajo control de la letrada de la administración de justicia.
Respecto de los actos violentos, más o menos numerosos, ocurridos a la llegada de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los centros designados para emitir voto en el pretendido referéndum, también se considera consciente al acusado señor Forn de su más que probable acaecer, dadas las advertencias técnicas que se le expusieron en las reuniones con la cúpula de los mandos de Mossos d’Esquadra.
Finalmente el juicio de autoría destaca que, en la prueba documental constituida por el informe de la Comisaría General de Información de fecha 29 de septiembre de 2017, se preveía como un escenario probable, a partir de la prohibición expresa y concreta emitida por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que los denominados comités de defensa de la república no solamente llevarían a cabo acciones de agitación en los alrededores de los centros de votación, sino que desplegarían una práctica combativa en respuesta a actuaciones policiales para impedir el referéndum y que, de mantenerse en el tiempo y en diversos lugares a la vez, dicha actitud «podría provocar una escalada de violencia», que afectaría al pacífico desarrollo de la jornada «en toda Cataluña». El señor Forn declaró en el acto del juicio oral que había recibido esa información.
q) En el apartado D) de la fundamentación jurídica de la sentencia se contiene la justificación de la individualización de las penas impuestas. En lo que se refiere al recurrente, en el apartado 2, tras referirse a la señora Forcadell, señala: «[l]os señores Forn y Rull eran miembros del Govern. Su protagonismo en las decisiones reglamentarias que determinaron la creación de una legalidad paralela ya ha sido subrayado. Su responsabilidad en la movilización tumultuaria dirigida a demostrar la pérdida de potestad jurisdiccional de los jueces de Cataluña, se vio facilitada por los respectivos cargos que desempeñaban» dado que desempeñaba el carácter de autoridad. Y concluye señalando que procede imponer a don Joaquim Domínguez, «como autor de un delito de sedición, las penas de diez años y seis meses de prisión y diez años y seis meses de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena».
r) Con fecha 13 de noviembre de 2019, el demandante promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia de 14 de octubre de 2019, denunciando las siguientes vulneraciones de derechos fundamentales: a) del principio de legalidad (art. 25.1 CE), por incurrir, al aplicar el art. 544 CP, bien en analogía, bien en una interpretación extensiva del tipo contraria al principio de proporcionalidad; b) del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) en relación con la libertad de expresión (art. 20 CE), reunión y manifestación (art. 21 CE) y el derecho a la participación política (art. 23.1 CE); c) del principio de legalidad por no concurrir en los hechos probados los elementos suficientes que den sustento a la condición de autor del señor Forn; e) del art. 25.1 CE por infracción del principionon bis in idem.
s) Por auto de fecha 29 de enero de 2020, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó todos los incidentes de nulidad que le fueron planteados.
3. El recurrente estructura su recurso de amparo en atención a los siguientes motivos:
3.1 Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por haberse establecido la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de la causa en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En conexión con lo anterior, vulneración del derecho a la doble instancia penal (art. 2 del Protocolo núm. 7 al CEDH) y del derecho de defensa (art. 24 CE).
La vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley trae causa de la errónea interpretación de la trascendencia competencial de la ubicación geográfica de los hechos enjuiciados, así como en el alcance territorial de los elementos de los tipos imputados. Considera que interpretar que los hechos sostenidos por las acusaciones tuvieron lugar fuera del territorio catalán es lo que provoca la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, así como la vulneración de los derechos de defensa y a la doble instancia penal. Señala que ni el auto de admisión de la querella ni el auto de procesamiento mencionaron hechos concretos que se hubiesen desarrollado fuera del ámbito territorial de Cataluña que justificasen la aplicación del art. 57.2 EAC, en el sentido de atribuir la competencia al Tribunal Supremo.
Cuestiona que, según el Tribunal Supremo, cualquier acto que pudiese haber sido llevado a cabo en el extranjero y guarde relación con el «elemento tendencial» del delito de rebelión (declarar la independencia de una parte del territorio nacional) estaría justificando la atracción competencial del citado tribunal. Considera que, dada la práctica ausencia de actos llevados a cabo en el extranjero con el fin de declarar la independencia, la decisión del Tribunal Supremo de atribuirse la competencia se basa en una interpretación formalista del art. 57.2 EAC que ignora sus derechos fundamentales. Advierte que, en todo caso, las actuaciones en el exterior que justificarían la atribución de la competencia al Tribunal Supremo, a lo sumo, están relacionadas con la malversación, delito de menor importancia que la rebelión o la sedición en el presente caso, tanto por las penas que pueden implicar como por su relevancia en el plan criminal. Es más, incluso aceptando que alguna actuación relacionada con la malversación hubiera tenido lugar fuera de Cataluña, constituiría una ínfima parte de los actos de disposición que se englobaron bajo este tipo delictivo y representaría tan solo una pequeña cantidad del total malversado.
Para el recurrente la decisión del Tribunal Supremo de asumir la competencia de la causa se fundamenta en una indeterminada «internacionalización» del procés, que no es elemento de ninguno de los tipos por los que se formuló acusación. Por lo tanto, la exorbitada interpretación efectuada por el Tribunal Supremo respecto de su competencia fue una restricción abusiva de los derechos fundamentales, que causó graves perjuicios personales al demandante y, sobre todo, afectó a su derecho de defensa. Así, de haber sido enjuiciado en Cataluña se le hubiese facilitado extraordinariamente las vistas durante el periodo de prisión preventiva, incluidas las de su abogado para preparar la defensa y se hubiera podido expresar durante el juicio expresar en su lengua propia, la catalana. Concluye la demanda, en relación con esta vulneración, afirmando que el Tribunal Supremo, en el momento de interpretar las reglas de competencia territorial y decidir sobre el órgano al que correspondía el enjuiciamiento, debió haberse decantado por la opción que mejor salvaguardase el derecho de defensa, pero en lugar de ello se inclinó por una simple interpretación formalista carente de una base sólida y en absoluto orientada hacia la efectividad de los derechos fundamentales. Por todo ello, entiende que se ha producido una vulneración del art. 24 CE, concretamente del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley y las subsiguientes afectaciones al derecho de defensa y a la segunda instancia.
3.2 Vulneración del derecho de defensa (arts. 24 CE y 6 CEDH) por la escisión del procedimiento por sedición en relación con los mandos de los Mossos d’Esquadra, y por denegación de incorporación de pruebas pertinentes solicitadas en tiempo y forma.
Considera el recurrente que los hechos por los que ha sido condenado por el Tribunal Supremo han sido objeto de causas penales paralelas seguidas ante órganos judiciales distintos. En concreto, la cúpula directiva de los Mossos d’Esquadra y del Departamento de Interior de la Generalitat están siendo objeto de un procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional cuya sentencia no ha sido dictada en el momento de interponer este recurso de amparo. De forma similar, ante el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona están siendo investigados determinados agentes de la Policía Nacional por su actuación ordenada a evitar la votación del 1 de octubre de 2017. En este apartado, el recurrente trata de exponer «el carácter indisociable de las conductas objeto del procedimiento que nos ocupa y del que se sigue ante la Audiencia Nacional, con la correspondiente indefensión que su tramitación separada ha provocado al señor Forn. Por otra parte, y en estrecha conexión con lo anterior, la indebida denegación de la prueba propuesta en nuestras conclusiones provisionales, consistente en la incorporación a la causa de documentos obrantes en los [otros] procedimientos mencionados».
Afirma que el Tribunal Supremo le atribuye haber provocado que la actuación de los Mossos d’Esquadra fracasara a la hora de contrarrestar las concentraciones de ciudadanos que obstaculizaron la ejecución y el cumplimiento de resoluciones judiciales previstas para las fechas mencionadas. Sin embargo, la conducta llevada a cabo por la cúpula de los Mossos d’Esquadra es objeto de examen en un procedimiento distinto seguido ante la Audiencia Nacional. En consecuencia, lo que fue el despliegue policial de aquella jornada ha sido objeto de otro procedimiento y para el recurrente la tramitación separada de las causas le provoca indefensión. Por ello solicitó, como prueba anticipada, la incorporación a la causa de determinada documentación de dichos procedimientos. Esta prueba anticipada fue denegada por auto de 1 de febrero de 2019, como lo fueron también las peticiones de otras defensas dirigidas a conseguir el testimonio íntegro de tales actuaciones. Ello constituye una vulneración del derecho de defensa por denegación de un medio de prueba válido y pertinente. Afirma que no ha tenido acceso a la totalidad de la documentación relacionada con los hechos que han servido de base a su condena, ni tampoco al resultado de diligencias de investigación relacionadas con los mismos. En cambio, el Ministerio Fiscal gozó de la oportunidad de anticipar argumentos y fuentes probatorias de defensa, además de poder seleccionar los elementos de cargo más convenientes para la acusación. Esto conlleva una afectación al principio de igualdad de armas, pues el Ministerio Fiscal, a la hora de formular sus conclusiones en el procedimiento ha podido contar con mucha más información que la defensa del recurrente.
Considera que también le perjudica que, ante el Tribunal Supremo, los mandos policiales corresponsables de los hechos tuvieran la condición procesal de testigos-acusados, especialmente estando pendientes de ser juzgados ante otro órgano judicial. En síntesis, para el recurrente la existencia de varios procedimientos que analizan la actuación policial del 1 de octubre de 2017 ha impedido a la defensa del señor Forn gozar de todos los posibles elementos de descargo que le habrían asistido si la causa no se hubiera escindido. En relación con la indefensión producida por la escisión de la causa cita la STC 186/1990, FJ 5, y afirma que la escisión ha producido una doble indefensión. De un lado, se le ha impedido ser parte procesal en una causa en la que se investigaban hechos por los que después se ha formulado acusación en su contra. De otro, las acusaciones pública y privada sí que han podido acceder a dicha causa y obtener de la misma los elementos de cargo más convenientes para sus intereses, vulnerando el principio de igualdad de armas.
Por último, se denuncia la vulneración del derecho de defensa como consecuencia de la denegación de la prueba anticipada consignada en los apartados 14 y 15 del listado correspondiente de sus conclusiones provisionales (derecho a utilizar los medios pertinentes para la defensa).
3.3 Vulneración del derecho de defensa, en su manifestación del derecho a la contradicción (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por no permitir el tribunal la reproducción de las grabaciones de vídeo durante la declaración en el juicio oral de los testigos.
Se denuncia la vulneración del principio de contradicción por la decisión de la Sala que denegó la posibilidad de exhibir pruebas documentales videográficas durante la práctica de testificales en sede de juicio oral. La Sala entendió que el principio de contradicción en relación con las pruebas testificales se circunscribe únicamente a la posibilidad de interrogar a todos los testigos, así como aportar pruebas alternativas con las que debilitar o poner en entredicho el valor incriminatorio que pretende extraerse de sus declaraciones. Añade que en el juicio oral no existió una posibilidad de contradicción real de las declaraciones testificales, hasta el punto de que la sentencia ha tenido que prescindir de las mismas para formar su convicción sobre lo acaecido en las concentraciones ciudadanas del 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, núcleo del alzamiento tumultuario sobre el que se sustenta el delito de sedición. En definitiva, considera que, en el momento de valorar la posibilidad de mostrar vídeos a los testigos, la Sala se decantó por la celeridad en la tramitación del proceso en vez de primar las posibilidades de contradicción de las defensas. La capital importancia de poder conocer con detalle lo ocurrido en los encuentros de ciudadanos y agentes de policía exigía decantarse por una interpretación de la LECrim a la luz del principio de contradicción que permitiera el contraste de las declaraciones y los vídeos.
3.4 Vulneración del principio de legalidad penal del art. 25.1 CE en la aplicación del art. 544 CP que incurre, bien en una interpretación extensiva del tipo contraria al principio de proporcionalidad y vulneradora de los derechos de reunión y de manifestación, bien en analogía propiamente dicha.
La alegada vulneración derivaría de la subsunción de los hechos del presente caso en el art. 544 CP. A su juicio, resulta inconstitucional una interpretación de dicho precepto que considere «alzamiento público tumultuario» actos de resistencia organizada pasiva no violenta y, por tanto, declare la tipicidad de situaciones como las producidas el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. Considera que es preciso efectuar una interpretación restrictiva del precepto conforme a la Constitución, lo que lleva a restringir el tipo a supuestos de violencia, en el sentido de agresión y acometimiento o intimidación directa grave a la autoridad o sus agentes. Alude a lo que denomina «el carácter autoritario del delito de sedición» y a continuación a los hechos probados sobre los que se efectúa el juicio de subsunción, de los que deduce que no se precisa ni cuantifica absolutamente nada que permita afirmar que la actitud del conjunto de la ciudadanía concentrada en los puntos de votación fuera algo más que un acto de desobediencia cívica masiva. Sin embargo, a su juicio, el Tribunal Supremo se valió al máximo de los rasgos autoritarios del art. 544 CP para poder subsumir los hechos en el delito de sedición.
Afirma que para el Tribunal Supremo lo que atribuiría la trascendencia típica a los hechos, en el sentido del art. 544 CP, no es la vía a través de la cual la ciudadanía intentaba oponerse al cumplimiento de dos resoluciones judiciales, sino los fines últimos que con ellos se perseguían. Las finalidades últimas de los acusados mediatamente buscadas a través de la movilización ciudadana es lo que resulta determinante para otorgar carta de naturaleza sediciosa a unos hechos. Señala el recurrente que al rechazarse en la sentencia del Tribunal Supremo la idea de violencia activa como elemento característico, se mantiene el tipo de sedición como un delito de medios indeterminados cometido a través de actuaciones multitudinarias que se caracterizan simplemente por ser ilícitas. Esta interpretación, que renuncia a una delimitación vinculada a la gravedad intrínseca del comportamiento de los «alzados», vulnera, a su juicio, el art. 25.1 CE desde la perspectiva de la proporcionalidad. En la sentencia del Tribunal Supremo se prescinde por completo de la graduación de la gravedad de las conductas existentes en los delitos básicos contra el orden público.
Por otra parte, la interpretación teleológica que se efectúa en la sentencia del Tribunal Supremo, vinculada a la exigencia de que se persiga la finalidad de poner en cuestión el efectivo funcionamiento del Estado democrático tampoco consigue una concreción constitucionalmente satisfactoria de la conducta. Para el recurrente, una airada protesta masiva o una desobediencia y resistencia civil generalizada pueden poner, fáctica y políticamente, en aprietos el funcionamiento del Estado. Pero, en el plano normativo, un Estado democrático no puede declarar que mediante actos colectivos de esta naturaleza ha sido jurídico-penalmente puesto en cuestión, esto es, ha sido víctima de una rebelión o una sedición.
Añade el recurrente que se ha producido un juicio de subsunción que vulnera el principio de legalidad ante la ausencia de algunos elementos del tipo y una interpretación del art. 544 CP que constitucionalmente no es aceptable al resultar claramente lesiva para e los derechos de reunión y manifestación. La particular estructura del tipo no exime de la necesidad de que en el hecho estén presentes una serie de elementos. Concretamente: a) el tenor literal del precepto exige claramente que «impedir» sea realmente el objetivo perseguido directamente por los sujetos activos, la finalidad preordenada del «alzamiento». Por consiguiente, no satisfacen los requisitos del delito de sedición aquellos supuestos en que «impedir» sea un efecto inherente al gran número de personas concentradas con el objetivo de manifestar su protesta contra una actuación judicial; b) el fin último pretendido por los autores, se consiga o no, tiene que ser imposibilitar realmente la ejecución de una orden judicial y no simplemente el de obstaculizarla o retrasarla como forma de protesta. Para el recurrente ninguno de los dos requisitos se cumple por lo que ha existido un grave error en la subsunción como consecuencia de un incorrecto juicio de imputación objetiva o de idoneidad de la conducta.
Por último, afirma que la sentencia del Tribunal Supremo efectuó una interpretación extensiva del tipo que limita seria y peligrosamente el legítimo derecho de manifestación. Los ciudadanos concentrados estaban ejerciendo sus derechos fundamentales de reunión y manifestación.
Por todo ello, considera que en la sentencia del Tribunal Supremo se ha configurado una «sedición postmoderna» en la que los fines extratípicos han venido a desplazar el núcleo de la conducta prohibida. Lo acaecido solo podía abordarse, tangencialmente, a través de otros delitos contra el orden público o mediante reformas legales. Se ha aplicado el art. 544 CP a unos sucesos que quedaban extramuros de la configuración constitucionalmente aceptable del tipo de sedición.
3.5 Vulneración del principio de legalidad (art. 25.1 CE) por aplicarse el art. 545.1 CP sin la concurrencia de la sedición en los términos descritos por el art. 544 CP.
Alega que, para poder aplicarse el art. 545.1 CP, es necesario que se haya producido una sedición, esto es, el hecho típico descrito en el art. 544 CP. En concreto, que un grupo de personas se alce dolosa, pública y tumultuariamente por la fuerza o fuera de las vías legales. Por tanto, considera el recurrente que su condena pasaba necesariamente por la prueba y motivación de la existencia de la conducta descrita en el art. 544 CP. Afirma que el recurso al delito de sedición ha sido la única vía que la Sala ha encontrado para conceder a los hechos una relevancia penal acorde con la importancia y gravedad política de lo acontecido. Pero con ello se ha vulnerado el principio de legalidad, al aplicar el art. 545 CP a un supuesto distinto del descrito en dicho precepto.
3.6 Vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) en relación con las libertades ideológica (art. 16 CE) y de expresión (art. 20 CE), y los derechos de reunión y manifestación (art. 21 CE), y de participación política (art. 23.1 CE).
Alega el recurrente que su condena vulnera el principio de legalidad penal al aplicar el delito de sedición a unos hechos que constituyen el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de libertad de expresión, de reunión y manifestación, de libertad ideológica y de participación política, dado que no pueden ser sancionadas como delito las conductas que constituyen ejercicio de los derechos fundamentales.
Sostiene que, con independencia de la existencia en los actos de concentración de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, o de algunos posibles excesos individuales, la mayoría de los ciudadanos se concentraron pacíficamente el día 20 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat, y los dos millones de ciudadanos que participaron en la movilización el día 1 de octubre y en la votación convocada acudiendo masivamente a los centros que fueron dispuestos para ello, ejercían legítima y regularmente su derecho a la libertad de expresión y manifestación, por lo que la subsunción de tales actos en el delito de sedición resulta una aplicación irracional de la norma penal que vulnera el principio de legalidad penal, al sancionar como delito el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. A su entender, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo aborda la relación entre el tipo penal de sedición por el que se condena y los derechos fundamentales que invoca como afectados como compartimentos estancos, con subordinación de estos a la aplicación del tipo penal que opera como límite negativo o restrictivo, sin ponderación alguna entre el bien jurídico protegido por el tipo penal y los derechos y libertades fundamentales en juego. Afirma que en la sentencia impugnada se identifica toda extralimitación en el ejercicio del derecho y, en este caso, conductas de resistencia pasiva colectiva, con la relevancia penal del tipo de sedición que se aplica sin ponderación alguna.
El recurrente también señala que, aun en el supuesto de que no se comparta que las concentraciones multitudinarias de los días 20 de septiembre y 1 de octubre eran actos de ejercicio legítimo y regular de los derechos fundamentales de libertad de expresión, de reunión y manifestación, existiría también una vulneración del principio de legalidad penal en cuanto que, aunque pudo haber extralimitaciones en el ejercicio de los referidos derechos fundamentales, los actos e incidentes de los días 20 de septiembre y 1 de octubre deben considerarse como «zonas colindantes o limítrofes» al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales y, por tanto, la aplicación a los mismos del grave delito de sedición del art. 544 CP supondría una reacción desproporcionada, proscrita por el principio de legalidad, en cuanto actúa como desincentivo o desaliento para el ejercicio de los derechos fundamentales. Ese «efecto desaliento» por la aplicación del grave delito de sedición a las conductas que, según el recurrente, son de resistencia pasiva organizada, limítrofes al ejercicio legítimo de los derechos y libertades fundamentales de expresión, reunión y manifestación, no solo se produciría respecto de los líderes y promotores de las concentraciones, que han resultado condenados por dicho delito en la sentencia, sino con respecto a toda la ciudadanía en general.
3.7 Vulneración del principio de legalidad (art. 25.1 CE) o, alternativamente, de la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) por no concurrir en los hechos probados los elementos fácticos suficientes para considerar autor al recurrente.
El demandante cuestiona el juicio de autoría que realiza la sentencia, al considerarle autor del delito de sedición de los arts. 544 y 545 CP. Afirma que la simple condición de miembro del Gobierno y su intervención en las resoluciones de los días 6 y 7 de septiembre de 2017 no son elementos suficientes para considerarlo autor. Añade que permitir un referéndum ilegal no es permitir una sedición. Considera que, al tratarse de responsabilidad en comisión por omisión, debería haberse establecido que, a pesar de la magnitud de la movilización en ciernes, un dispositivo distinto hubiese evitado la existencia de un alzamiento.
3.8 Vulneración del art. 25.1 CE por infracción del principionon bis in idem.
Alega el demandante que en la sentencia recurrida se ha producido unbis in idemal aplicarse la cláusula establecida en el art. 541.1 CP, que agrava la pena a los principales autores de la sedición «si fueran personas constituidas en autoridad». La condición de autoridad del recurrente, concretamente era el consejero de Interior y máximo responsable del cuerpo de Mossos d’Esquadra, ha sido la que ha determinado su condena por un delito del art. 545.1 CP, primer inciso, dada su condición de garante que declina la adopción de medidas precisas. Pero de esa misma infracción de deberes jurídicos especiales en tanto que servidor público se ha derivado también una circunstancia de agravación adicional prevista en el segundo inciso del art. 545.1 CP. Estos deberes derivados de su condición de garante que le convierten en autor o inductor de la sedición son precisamente los mismos que fundamentan la agravante de «autoridad» y que suponen pasar de un marco penal de ocho a diez años a otro de diez a quince años. Ello implica, afirma el recurrente, una doble valoración, en perjuicio del reo, de una misma infracción, por lo que se vulnera el principionon bis in idem.
En el suplico de la demanda interesa su admisión a trámite y que se dicte sentencia con el siguiente contenido: «1) Se otorgue el amparo solicitado. 2) Se declare la vulneración por parte de los pronunciamientos citados, de los derechos fundamentales de mi representado invocados. 3) Se declare, por consiguiente, la nulidad de la meritada sentencia, así como del auto de 29 de enero de 2020, desestimatorio del incidente de nulidad promovido por el demandante contra dicha resolución. 4) Se acuerde la adopción de las medidas apropiadas para la conservación y restablecimiento del derecho vulnerado y, en consecuencia, el Tribunal Supremo dicte una resolución absolutoria».
Por otrosí interesa que, conforme a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se acuerde la suspensión cautelar de los efectos de la sentencia condenatoria.
4. El Pleno de este tribunal acordó, por providencia de 6 de mayo de 2020, a propuesta de su presidente y de conformidad con lo que establece el art. 10.1 n) LOTC, recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo y admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC acordó también dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al auto de 29 de enero de 2020 y a la sentencia de 14 de octubre de 2019 dictados en la causa especial núm. 20907-2017, y emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días, pudieran comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo.
En relación con la solicitud de suspensión formulada en la demanda de amparo mediante otrosí, el Pleno no apreció la urgencia excepcional a la que se refiere el art. 56.6 LOTC, que justificaría su adopcióninaudita partede forma inmotivada, por lo que, a fin de resolver sobre la misma, ordenó formar la oportuna pieza separada y, en ella, conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que efectuaran alegaciones respecto a dicha petición. Evacuados los trámites correspondientes, mediante ATC 64/2020, de 17 de junio, se acordó denegar la petición de suspensión de las resoluciones impugnadas.
El 14 de enero de 2021 el procurador de los tribunales, don Carlos Gutiérrez Pastor, en nombre y representación de don Joaquim Domínguez i Chiariello, presentó escrito reiterando su solicitud de suspensión de los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019 mientras no se resolviera el recurso de amparo. La medida cautelar de suspensión interesada fue de nuevo desestimada por ATC 32/2021, de 16 de marzo.
5. Mediante escrito de fecha 28 de mayo del 2020, la procuradora de tribunales doña Pilar Lozano García, en nombre y representación del partido político Vox y bajo la dirección de la letrada doña Marta Gutiérrez Martínez, interesó que se la tuviera por personada y parte.
6. Por escrito de fecha 5 de junio del 2020, la Abogacía del Estado, en la representación que le es propia, solicitó que se la tuviera por personada y parte.
7. El 18 de junio siguiente, el procurador de tribunales don Carlos Hidalgo Ortiz Velasco interesó que se le tuviera por personado y parte en nombre y representación de don Carles Lozano i Casamajó, con la asistencia del letrado don Gonzalo Flores Caballero.
8. Por diligencia de ordenación de 28 de septiembre de 2020, la secretaría del Pleno acordó tener por recibido el testimonio de las actuaciones solicitadas, tener por personado y parte en el procedimiento a la procuradora doña María del Pilar Lozano García, en representación del partido político Vox, al abogado del Estado y al procurador don Carlos Hidalgo Ortiz Velasco, en representación de don Carles Lozano i Casamajó, y, con arreglo al art. 52 LOTC, conceder a las partes personadas y al Ministerio Fiscal el plazo común de veinte días para que formulasen alegaciones.
9. El abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 27 de octubre de 2020.
9.1 En primer lugar, analiza la denuncia de vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Tras extractar la doctrina constitucional que considera aplicable al caso, con cita de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo Derechos Humanos, apunta que los órganos judiciales no han llevado a cabo una interpretación que suponga una manipulación manifiesta de las reglas legales sobre atribución de competencias ni, al hacerla, han incurrido en error patente, irrazonabilidad manifiesta o arbitrariedad.
Señala que a diferencia de otras solicitudes de amparo presentadas por los condenados por la STS 459/2019, en las que consideran que la competencia se determina por los hechos probados en la sentencia, la demanda centra correctamente su crítica en el auto que resolvió la declinatoria de jurisdicción, aunque se limita a minimizar la relevancia de los hechos acaecidos en el extranjero y la llamada «internacionalización» del procés, contrayendo su alcance a la malversación, que reputa infracción accesoria. Sin embargo, afirma el abogado del Estado, la demanda solo alude a dos episodios, siendo así que el auto de 27 de diciembre de 2018 enumeraba una extensa serie de hechos más amplia que los dos en que se detiene la demanda. Añade que la minimización de la malversación como infracción accesoria es irrelevante a los efectos de la declinatoria y que la demanda silencia otro elemento aludido en el auto de 27 de diciembre, que es determinante para fijar la competencia territorial en el caso de la malversación, como lo es el hecho de la evasión del control implantado por el Ministerio de Hacienda.
9.2 Sobre la alegada privación del derecho a la doble instancia en materia penal, derivada de la anterior lesión, la Abogacía del Estado también rechaza esa vulneración, pues el propio art. 2 del Protocolo núm. 7 al CEDH prevé, en su apartado 2, que el derecho a que la declaraci