Categoría: Judicial

diente motivo de apelación. Este planteamiento equivale a crear una condición de admisibilidad del recurso de apelación carente a la par de cobertura legal y de un fin constitucionalmente reconocible.
En efecto, el art. 790.2, párrafo segundo, LECrim, que cita la audiencia provincial, exige la petición previa de subsanación de aquellas infracciones de normas y garantías procesales que hayan ocasionado la indefensión del recurrente en el juicio oral, y de las que pueda derivarse la nulidad de este, no de los defectos estructurales de la sentencia, por lo que no sería aplicable al presente caso.
De otra parte, al situar el objetivo perseguido por esta grave restricción procesal en la conveniencia de evitar recursos innecesarios, la audiencia provincial introduce un planteamiento intrínsecamente inconciliable con el contenido esencial del derecho del penado a la doble instancia penal (art. 24.2 CE) que exige, obviamente, la intervención de un órgano judicial de superior jerarquía para verificar la revisión de la declaración de culpabilidad y la pena.
En atención a lo expuesto, este tribunal debe declarar que la audiencia provincial, al negarse a examinar el fondo del primer motivo del recurso de apelación, ha incurrido en vulneración del derecho del demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener una resolución de fondo, así como de su derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al afectar igualmente al derecho a la doble instancia penal.
El demandante sostiene que se ha vulnerado también su derecho a la presunción de inocencia. El fiscal le apoya, argumentando que al utilizar la audiencia provincial en su sentencia la técnica de la motivación por remisión a los fundamentos de la resolución recurrida, esta le ha transmitido sus defectos.
Ya hemos señalado que la sentencia de la audiencia provincial se sustenta en un razonamiento manifiestamente inconciliable con las exigencias del proceso justo. Ello representa, ciertamente, una vulneración indirecta o eventual del derecho a la presunción de inocencia, análogamente a lo que dijimos en la STC 140/1985, FJ 6 a). Nuestro análisis debe detenerse, sin embargo, en este punto, pues en el orden procesal penal el control del juicio de valoración de la prueba efectuado en la primera instancia es competencia funcional del tribunal de apelación, en la que no puede subrogarse la jurisdicción constitucional, pues el recurso de amparo no le permite revisar los hechos [art. 44.1 b) LOTC], no la convierte en una tercera instancia (STC 138/2016, de 18 de julio, FJ 4) y por su propio objeto, limitado a concretar si se han vulnerado derechos fundamentales y preservar o restablecer esos derechos, no es un cauce adecuado para satisfacer el derecho del condenado a una segunda instancia (STEDH de 30 de junio de 2020, asuntoSaquetti Iglesias c. España, § 54 a 57).
4. Examen de la queja sobre falta de respuesta a la petición de prueba en segunda instancia (segundo motivo de amparo).
El demandante de amparo denuncia en su segundo motivo que la audiencia provincial ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente de derecho a obtener una resolución de fondo, porque le ha denegado la prueba que solicitó en el recurso de apelación con una argumentación formal e inconsistente.
El fiscal en su escrito de alegaciones señala que la audiencia provincial incumplió su obligación de resolver tempestivamente sobre la admisibilidad de la prueba propuesta, pues debió haberlo hecho en el término de tres días, impuesto taxativamente en el art. 791.1 LECrim, que su pronunciamiento fue tardío, pues se produjo en la sentencia, y que se trató de un pronunciamiento inmotivado, pues utiliza argumentos carentes de cualquier sustantividad jurídica, como que la prueba no se solicitó por otrosí. No obstante, considera que la irregularidad procesal en que incurrió la audiencia provincial no habría redundado en indefensión material del demandante pues, desde la perspectiva del derecho a utilizar medios de prueba pertinentes y útiles, garantizado en el art. 24.2 CE, el demandante no justificó suficientemente la influencia que dicha prueba hubiera tenido en el fallo, ni la prueba tenía virtualidad para ello en cualquier caso.
El motivo de amparo se refiere a la solicitud, deducida por el abogado del demandante al inicio de las sesiones del juicio oral como cuestión previa conforme al art. 786.2 LECrim, de incorporar a la causa un DVD que contenía la grabación del testimonio prestado por don F.C.G. en el juicio oral celebrado en otro juzgado de lo penal en el que el demandante era acusado por los mismos querellantes, aunque por hechos distintos. Esa solicitud fue rechazada por el juzgado de lo penal por no haberse pedido en un momento anterior del procedimiento y por considerarla impertinente, al entender que se trataba de preconstituir una prueba en relación con un testimonio que se iba a verificar en ese mismo acto de juicio oral, razones que quedan reflejadas en el antecedente de hecho tercero de la sentencia.
La defensa del demandante formuló protesta en ese momento y, posteriormente, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria, se quejó de lo que consideraba una indebida denegación de la prueba solicitada. Aduce que no pudo proponer antes dicha prueba porque la declaración grabada de don F.C.G. se prestó cuando la instrucción de este procedimiento estaba ya conclusa, y que su propósito no era preconstituir prueba, como interpretó el juzgado de lo penal, sino contar con un elemento de contraste de lo que declarase el testigo en el acto de juicio oral. Solicitó por ello «que dicha declaración se incorpore al proceso, se convoque vista y se pueda preguntar a [don F.C.G.] al respecto» (fundamento de Derecho séptimo del recurso de apelación). En el suplico del recurso formalizó su petición y en el otrosí reiteró la solicitud de celebración de vista con cita del art. 791 LECrim.
Examinado el rollo de sala, observamos que la audiencia provincial denegó la celebración de vista en auto de 11 de octubre de 2021, por no considerarla necesaria para formar su convicción, sin mencionar la prueba propuesta. En la sentencia de 9 de diciembre de 2021 la audiencia provincial rechaza la prueba porque «si se observa atentamente el suplico del recurso, puede comprobarse que dicha petición expresa no se refleja por medio de ‘otrosí’, limitándose solo a la petición de celebración de vista, que fue desestimada al no considerar la Sala necesaria la misma». Añade que no toda falta de admisión de un medio de prueba oportunamente propuesto redunda en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, «entendiendo que el conjunto de la prueba practicada en la instancia era suficiente a los fines de adquirir una adecuada representación de los hechos controvertidos, sin que esa circunstancia haya colocado a la parte apelante en una situación real de indefensión».
El demandante instó, por medio de solicitud de aclaración de la sentencia, que la audiencia provincial le justificase, en términos jurídicos, la razón por la que la petición de prueba en segunda instancia debía hacerse en el otrosí, y si consideraba que no hacerlo así equivalía a tenerla por no realizada. No obtuvo respuesta en el auto de 1 de marzo de 2022.
Sobre el significado de derecho a la tutela judicial efectiva en su faceta de derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, este tribunal ha dicho que «constituye una garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos, ‘lo que implica que (i) la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, y (ii) la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, esto es, que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable, no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan solo una mera apariencia (así, SSTC 31/2013, de 12 de marzo, FJ 3, o 48/2014, de 7 de abril, FJ 3)’ (STC 3/2019, de 14 de enero, FJ 6, entre otras muchas). Pronunciamiento reiterado, al que se suman otras declaraciones entre las que queremos destacar la atinente a que ‘el derecho reconocido en el art. 24.1 CE no garantiza la corrección jurídica de la interpretación y aplicación del Derecho llevada a cabo por los jueces y tribunales, pues no existe un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las normas, salvo que afecte al contenido de otros derechos constitucionales’ (STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 3)» (STC 120/2021, de 31 de mayo, FJ 3).
Aplicada esta doctrina al caso, hemos de concluir que el demandante no recibió una respuesta razonada a su pretensión. En efecto, la audiencia provincial funda la inadmisión de la prueba en un defecto formal, esto es, por no haber sido solicitada en el otrosí del recurso de apelación, razonamiento que implica, bien que no comprendió lo que el escrito de formalización del recurso de apelación argumentaba y pedía, en cuyo caso incurriría en error patente, bien que, asumiendo que existía una pretensión de práctica de prueba en segunda instancia, alzaba una condición a su admisibilidad –que solo se toma en consideración la petición de prueba que se verifica en el otrosí del escrito de interposición– no exigida en la ley, en cuyo caso la decisión sería arbitraria.
Es cierto que seguidamente la sentencia afirma que para formar la convicción judicial sobre los hechos ya era suficiente «el conjunto de la prueba practicada en la instancia» y que por ello el apelante no sufrió indefensión real. Se trata, sin embargo, de un razonamiento aparente, pues en él no se percibe análisis del contenido de la prueba propuesta, de su relación con el objeto del proceso, ni un juicio concreto, no estereotipado, de su posible utilidad para alterar el sentido del fallo. Se produce, además, tras rehusar comprobar si, como se denunciaba en el anterior motivo de apelación, se había producido una falta de valoración de la prueba de descargo en la sentencia de primera instancia, lo que determina que su remisión a los fundamentos valorativos de la misma resulte inconsistente.
En atención a lo dicho, este tribunal concluye que la audiencia provincial vulneró el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener una resolución motivada, al denegar la prueba de descargo solicitada al denegarle en el recurso de apelación con una motivación confusa que no satisface el contenido de ese derecho fundamental.
5. Examen de la queja sobre falta de respuesta al segundo motivo de apelación (tercer motivo de amparo).
El demandante alega en el tercer motivo de amparo que la audiencia provincial dejó sin respuesta el segundo motivo de su recurso de apelación, en el que solicitaba la nulidad de la sentencia de instancia alegando la vulneración del principionon bis in idemy del principio de proporcionalidad de las penas, así como una posible pérdida de imparcialidad del juzgador, por haber tomado en consideración, en la elaboración del juicio de autoría y en la determinación de la pena, una sentencia condenatoria dictada contra el demandante por un juzgado de lo penal de Móstoles, en otra causa distinta, en la que los querellantes eran los mismos. El fiscal en su escrito de alegaciones apoya este motivo considerando que se trata de un caso claro de incongruencia omisiva.
Este tribunal viene distinguiendo, entre las manifestaciones del vicio de incongruencia, «la incongruencia omisiva oex silentio, que se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales»; entendemos que la respuesta tácita se da «cuando, como ha sido dicho, del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución puede deducirse razonablemente que el órgano judicial la ha valorado [la cuestión] y, además, es posible identificar los motivos de la decisión» [STC 104/2022, de 12 de septiembre, FJ 3 A), con cita de las SSTC 25/2012, de 27 de febrero, FFJJ 3 y 4, y 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2].
Examinadas las actuaciones, comprobamos que la audiencia provincial no dio respuesta a este motivo de apelación en su sentencia de 9 de diciembre de 2022, si bien posteriormente, en el auto de 1 de marzo de 2022, desestimó el recurso de complemento en estos términos: «Respecto del recurso de integración, presentado a su vez por la representación procesal de don Mariano León Velasco, en torno a la indebida inclusión, en el relato de hechos probados, de una resolución de condena previamente dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Móstoles, con fecha 10 de junio de 2019, firme al ser desestimado el recurso por la Audiencia Provincial de Madrid, no consideramos necesaria la misma en los términos solicitados».
Se trata de un pronunciamiento escueto, prácticamente una mera manifestación de voluntad de no querer excluir del relato de hechos probados la cita de la sentencia del otro juzgado, que, a la luz de la doctrina constitucional citadasupra, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues la audiencia provincial sigue sin pronunciarse sobre las cuestiones jurídicas que articulan el fundamento de la impugnación —doble valoración penal de los hechos, pérdida de imparcialidad judicial, imposición arbitraria de una pena de prisión superior a la que se impuso al otro acusado en la causa—. El tenor del pronunciamiento nos impide constatar si tales cuestiones fueron realmente valoradas por la audiencia provincial, o, en su caso, cuáles fueron las razones que le llevaron a desestimarlas. En todo caso, lo expuesto es suficiente para apreciar que la sentencia impugnada incurrió en el vicio de incongruencia omisiva que denuncia el demandante de amparo.
6. Conclusión. Estimación del recurso de amparo.
Por lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores ha de estimarse la demanda, otorgando el amparo solicitado, con la consiguiente declaración de nulidad de la sentencia de apelación, sin que sea necesario anular también la sentencia de instancia. En las concretas circunstancias del presente caso, no es preciso aplicar la regla de la máxima retroacción de actuaciones para restablecer al recurrente en la integridad de sus derechos, toda vez que la audiencia provincial puede reparar las vulneraciones apreciadas, dictando una nueva sentencia resolutoria del recurso de apelación.
Procede, en consecuencia, como medida para el restablecimiento del recurrente en la integridad de los derechos vulnerados [art. 55.1 c) LOTC], acordar la retroacción de las actuaciones al momento previo al del pronunciamiento de la sentencia de apelación, con el fin de que la audiencia provincial verifique el oportuno juicio sobre la pertinencia y utilidad de la prueba propuesta en segunda instancia, explicitando de forma clara el fundamento de la decisión que adopte. Y asimismo para que en la nueva sentencia se dé contestación a las alegaciones desarrolladas en los dos primeros motivos del recurso de apelación, en relación con la naturaleza y función del recurso de aclaración o complemento y acerca de la denunciada vulneración de los principiosnon bis in idemy de proporcionalidad de las penas, de modo que se resuelva de manera respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos. No hay inconveniente en que sea el mismo tribunal el que se pronuncie, pues el error en la interpretación de las normas procesales que se ha apreciado no revela en este caso contaminación ni prejuicio contra reo.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por don Mariano Torres Silva y, en su virtud:
1.º Declarar vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en la vertiente de derecho a obtener una resolución motivada y no incursa en incongruencia omisiva, y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) en la vertiente de derecho a la doble instancia penal.
2.º Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de 9 de diciembre de 2021 y del auto de 1 de marzo de 2022 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo, dictados en el recurso de apelación núm. 53-2021.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al pronunciamiento de la sentencia de 9 de diciembre de 2021 para que, de manera respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tome la decisión que proceda sobre admisión y práctica de la prueba en segunda instancia y dicte nueva sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último fundamento de la presente sentencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a ocho de mayo de dos mil veintitrés.–Inmaculada Montalbán Bravo Luisa Balaguer Lorenzo García Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–César Gallego Tribiño.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.