Categoría: Administración

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
3.º Cumplir el principio de «No causar perjuicio significativo», de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020.
4.º Cumplir que los gastos subvencionables en los que incurra en las operaciones comerciales serán abonados en los plazos de pago previstos en la normativa sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
5.º Aportar datos sobre la titularidad real de la entidad si fuera necesario, tal y como se establece en el artículo 7 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta información deberá aportarse en el plazo de dos días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento en el que esté participando.
6.º No serán subvencionables aquellas actuaciones que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. A fin de garantizar que la medida se ajusta a lo dispuesto en la guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18 de febrero de 2021, p. 1), se atenderá a lo establecido en el anexo II.
7.º Cumplir con el resto de las condiciones para el acceso a la ayuda que figuren en las bases reguladoras o en la convocatoria.
g) Consentimiento expreso del solicitante autorizando al órgano concedente a que obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a través de certificados electrónicos. En caso de que no proporcione dicha autorización, deberá acreditar estas circunstancias en los términos previstos en el artículo 22 del citado reglamento.
h) Acreditación de inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de cada Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud.
5. La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos:
a) Documentación justificativa para ser considerado beneficiario de la subvención.
b) Memoria técnico-económica justificativa de las actuaciones a realizar en el marco de la presente convocatoria, que contenga, entre otros: hitos intermedios, incluyendo entregables e indicadores que permitan verificar y de forma clara el adecuado avance de los proyectos, así como un cronograma de actuaciones y un presupuesto detallado con costes elegibles asociados a cada una de ellas. Se incluirá al menos un hito intermedio cada seis meses, junto con sus indicadores, su cuantificación económica y los criterios de aceptación de dicho hito. Estos criterios de aceptación serán cuantitativos y verificables por un tercero independiente.
Tendrán que estar alineados con los hitos establecidos en el anexo 2 con un nivel de detalle que permita verificar las fechas de cumplimiento, los criterios de aceptación y la cuantificación económica de cada hito.
c) Acreditación del cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en los términos expresados en el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 22 bis y 23 de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En relación con el Informe de Procedimientos Acordados, se estará a lo dispuesto por el artículo 22 bis del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
d) La decisión final de inversión de la actuación subvencionable (i.e. Final Investment Decision) emitida por correspondiente órgano de gobierno de las entidades beneficiarias de acuerdo con sus estatutos (ej.: Consejo de Administración o equivalente) con competencia para ello, a tal efecto se aportará la certificación del acuerdo adoptado por el órgano competente, así como la referencia concreta en los estatutos de la organización en la que se establece que ese es el órgano competente para adoptar una decisión de este tipo.
e) Escritura pública de constitución, que deberá contener como mínimo denominación, objeto, domicilio social, duración, socios y porcentajes de participación, designación de gerente único, en su caso, así como la constancia de la responsabilidad solidaria y limitada a la completa ejecución de la actuación subvencionable objeto de subvención de cada uno de los socios. Igualmente, se presentará el certificado de inscripción en el registro correspondiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
f) Certificado del Registro Mercantil o, en su defecto, poder notarial. En cualquiera de los casos, deberá aparecer el firmante de la solicitud de la ayuda y con los poderes suficiente para la realización de este acto.
g) Para las Medianas y Pequeñas Empresas, acreditación de poseer dicha condición, según las definiciones contenidas en el artículo 2 del anexo I, del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de Exención por Categorías, aportando una declaración responsable firmada por representante de la empresa que especifique: 1) el volumen de negocios y cifra de balance general anual resultante de las cuentas anuales de la empresa solicitante y de las empresas asociadas o vinculadas, correspondientes al último ejercicio contable cerrado, y que hayan sido depositadas en el Registro correspondiente; 2) el número de empleados de la empresa, así como los de las empresas asociadas o vinculadas, y 3) la calificación como empresa autónoma, o bien se indique las empresas asociadas o vinculadas incluyendo los datos de participación respectivos. Se aportarán igualmente las citadas cuentas anuales de la empresa y de las empresas asociadas o vinculadas, correspondientes al último ejercicio contable cerrado, y que hayan sido depositadas en el Registro correspondiente.
h) Hitos y Objetivos en el marco del Plan de Recuperación a los que contribuye la actuación subvencionable, según la información incluida en el anexo 3 de esta convocatoria (en adelante, «Hitos y Objetivos CID»). Se debe indicar la confirmación de a qué hitos y objetivos CID contribuye cada actuación subvencionable (i.e. #241, #242), así como el detalle de cómo y por qué contribuye a ese objetivo, en línea con los mecanismos de verificación y cumplimiento de los hitos y objetivos CID. Será condición indispensable para poder ser entidad beneficiaria de la ayuda la contribución de los objetivos incluidos en el anexo 3 de esta convocatoria.
6. Tanto la solicitud como todos los documentos que la acompañen deberán estar en castellano con la excepción de los relativos al punto 5.a) del presente apartado. La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de lo estipulado tanto en las bases reguladoras como en esta convocatoria, y la declaración de la veracidad de toda la información que se presente.
7. El órgano instructor comprobará la concurrencia de los requisitos y documentos requeridos para obtener la subvención, y realizará de oficio cuantas actuaciones de comprobación añadidas sean pertinentes para la determinación y conocimiento de los datos en virtud de los cuales debe formularse la resolución de concesión de las ayudas.
8. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de dos días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución.
9. Los expedientes que no cumplan las exigencias contenidas tanto en las bases reguladoras como en esta convocatoria o en la normativa de aplicación, o que no contengan la documentación necesaria, quedarán a disposición del órgano instructor para que formule la propuesta de resolución de inadmisión, en la que se indicarán las causas de ésta.
10. En caso de que un solicitante altere o falsifique la documentación adjunta a la solicitud, se aplicará la normativa prevista para estos supuestos y que se establece en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, en lo que sea preceptivo el Código Penal.
11. La resolución será notificada al interesado mediante comparecencia en sede electrónica o a través de registro electrónico en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que se ha dictado la resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
12. En el caso del Subprograma IPCEI-CIS, para publicar la resolución de concesión deberá estar publicada por la comisión la decisión que aprueba el IPCEI-CIS.
13. El vencimiento del mencionado plazo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, legitima al interesado para entender desestimada la solicitud de subvención.
14. La resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin perjuicio de lo anterior, contra dicha resolución, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de esta, cabe interponer recurso contencioso-administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si la resolución fuera expresa. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
1. La cuantía total máxima de las ayudas convocadas es de 246.720.488,60 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 27.50.46OE. 77018 «Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas I+D+i+Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», del presupuesto de gastos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para el año 2023, y equivalentes de ejercicios posteriores, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, distribuidos de la siguiente manera:
a) Subprograma de IPCEI-CIS: 135.264.488,60 euros distribuidos como la tabla del punto 2.
b) Subprograma de IPCEI-MICRO: 111.456.000,00 euros distribuidos según la tabla del punto 2.
2. La distribución de la financiación de las ayudas por aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado, con carácter estimativo, es la siguiente:
3. Se permitirá el trasvase de fondos entre los distintos subprogramas indicados en los apartados anteriores.
4. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
1. La modalidad de la ayuda será la de subvención.
2. La intensidad de la ayuda se regula en el artículo 10 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas y para esta convocatoria queda fijada en un 90 %. Además, para fijar el importe máximo de ayuda se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Subprograma de IPCEI-CIS: el importe máximo de ayuda contemplada para cada proyecto será la menor de las siguientes cifras: el 90 % del presupuesto financiable del proyecto presentado, que en ningún caso podrá superar la ayuda máxima autorizada en la Decisión de la Comisión Europea, o 95 millones de euros.
b) Subprograma de IPCEI-MICRO el importe máximo de ayuda contemplada para cada proyecto será el 90% del presupuesto financiable del proyecto presentado que en ningún caso podrá superar la ayuda máxima autorizada en la Decisión de la Comisión Europea C(2023) 3817 final de 8 de junio. Adicionalmente, la cuantía estará limitada por la cantidad asignada al subprograma IPCEI-MICRO en el punto 2 del apartado séptimo de la presente convocatoria.
3. El régimen de concesión será el de concurrencia no competitiva, tal como señala el artículo 16 de la presente orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas.
4. Las ayudas tendrán carácter plurianual, tanto en el caso del subprograma de IPCEI-CIS como en el caso del subprograma de IPCEI-MICRO.
Los conceptos susceptibles de ayuda son los gastos subvencionables que se recogen en el artículo 13 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas. Adicionalmente, lo establecido en el anexo 5.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas queda establecido en los artículos 16 a 24 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas.
2. De conformidad con el artículo 6.6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, el procedimiento de concesión de subvenciones será objeto de suspensión inmediata en el caso de que, en su transcurso, se detecte un posible fraude o sospecha fundada del mismo. Todo ello a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de notificación, comunicación, denuncia y demás medidas previstas en el citado precepto, así como en el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ámbito del Plan de Recuperación y el Plan de Control Interno aprobado por el Comité Antifraude previsto en el citado plan.
3. La suspensión del procedimiento que en su caso se acuerde, será notificada a todos los interesados y al Comité Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para su evaluación y, en su caso, remisión a las autoridades competentes para la exigencia de las responsabilidades administrativas, patrimoniales, contables o penales que procedan.
Los mecanismos de notificación, publicación o envío de documentación de las subcontrataciones quedan regulados en el artículo 18 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas.
El desistimiento y renuncia por los interesados queda regulado en el artículo 27 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas.
1. Además de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de las bases reguladoras de estas ayudas donde se regula seguimiento y justificaciones, con exclusión de 2023, cada seis meses antes del 30 de junio y del 31 de diciembre de cada año se deberá presentar una justificación compuesta de la siguiente documentación:
a) Una memoria técnica de actuación que justifique el cumplimiento de los hitos intermedios de acuerdo con lo que se establezca en la resolución de concesión, con indicación de las actuaciones realizadas, de los resultados obtenidos y del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos (indicadores, cronograma, etc.), entre ellos también los de difusión y colaboración que se recojan en la decisión que publique la Comisión referente al IPCEI-CIS. Esta memoria irá acompañada de un informe o valoración de la misma realizado por un auditor técnico independiente que deberá acreditar haber realizado al menos una visita al sitio de ejecución del proyecto en el último mes del periodo analizado.
b) Una memoria económica del coste de las actuaciones realizadas. Para emitir su informe la entidad beneficiaria garantizará que el auditor independiente pueda acceder a facturas, justificantes de pago y contratos según corresponda en el periodo. Deberá incluir una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y, en su caso, fecha de pago. Se indicarán las desviaciones acaecidas respecto a la distribución de costes incluida en la documentación entregada en la solicitud.
Las entidades beneficiarias deberán aportar al órgano instructor una propuesta de las empresas que van a actuar como auditor técnico y como auditor contable en los seguimientos anuales con anterioridad suficiente a la presentación la documentación indicada en los epígrafes a) y b) anteriores. El órgano de seguimiento podrá rechazar las empresas propuestas si considera que no reúnen la solvencia necesaria, por lo que la propuesta de estas empresas deberá venir acompañada de las referencias en trabajos que acrediten dicha solvencia.
El órgano de seguimiento podrá requerir cualquier otra documentación para el seguimiento de las actuaciones, solicitar reuniones de control y realizar visitas al emplazamiento según estime oportuno. Asimismo, podrá requerir toda aquella documentación que sea necesaria para acreditar el cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente, como complemento a la documentación presentada a la Comisión Europea a este respecto durante el proceso de selección en el marco del IPCEI CIS e IPCEI-MICRO.
2. En caso de que se incumpla un hito intermedio, las entidades beneficiarias de la ayuda deberán justificarlo adecuadamente, estableciendo medidas correctivas y una reprogramación coherente con la finalización del proyecto en la fecha establecida en la resolución de concesión. El órgano de seguimiento determinará si la reprogramación permite de manera realista la finalización del proyecto en los plazos establecidos y no ponen riesgo el cumplimento de los hitos del Plan de Recuperación asociados a esta actuación, en cuyo caso procederá una modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la orden de bases. En caso de que el órgano instructor determine que la reprogramación no permite la finalización del proyecto en los plazos establecidos o no se vayan a cumplir total o parcialmente los hitos del Plan de Recuperación asociados a este actuación, se podrá considerar un incumplimiento que implique la pérdida total o parcial del derecho al percibimiento de la subvención y/o, en su caso, el reintegro también total o parcial de la misma, así como de los anticipos que se hayan podido percibir, según lo establecido en el artículo 31 y 32 de la orden de bases y en el apartado décimo octavo de esta convocatoria.
3. Todas las actuaciones estarán sometidas a lo establecido en el título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en materia de control financiero. Asimismo, estarán sometidas al seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.
4. El órgano concedente aplicará medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación, de acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y dispondrá de procedimientos para abordar los posibles conflictos que surjan, de acuerdo entre otras a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, podrá realizar cuantas inspecciones sean precisas para comprobar y verificar el cumplimiento de las condiciones, requisitos y objetivos a que están sometidas las ayudas reguladas en las bases reguladoras y en esta convocatoria.
5. Sin perjuicio de lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como de lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, el seguimiento económico se ajustará a lo previsto en los siguientes apartados:
a) A los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas, la entidad beneficiaria deberá disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable a la entidad beneficiaria; así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la subvención concedida, y garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad de la entidad beneficiaria.
b) En todo caso, la entidad beneficiaria deberá custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, y tenerlos a disposición del órgano concedente y de los órganos de comprobación y control que podrán ser requeridos para su comprobación hasta el fin del procedimiento de verificación y control de las ayudas.
c) La comprobación económica en las actividades se efectuará a través de las actuaciones de comprobación y se verificará que el gasto declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con la resolución de concesión, que las justificaciones de la entidad beneficiaria son correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas europeas y nacionales aplicables, así como que la entidad beneficiaria no incurre en el supuesto de doble financiación.
d) El procedimiento de comprobación y control se regirá, en todo caso, por la normativa relativa al Plan de Recuperación y las instrucciones que adopte el órgano concedente como órgano gestor de la ayuda.
e) A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del citado reglamento podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales (disposición adicional tercera y cuarta de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, desarrolladas por el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su reglamento), o el acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales. También será posible la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
6. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con las actividades financiadas en el marco de esta línea de ayudas, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado.
1. La justificación final de las ayudas deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha en que expire el plazo máximo otorgado para la ejecución de la actuación objeto de ayuda en la resolución de concesión, de acuerdo con lo regulado en el artículo 29 de las bases reguladoras de estas ayudas donde se regula Seguimiento y justificaciones. El plazo máximo para la ejecución de la actuación no podrá ser posterior a la finalización del cumplimiento del hito CID #242 y se realizará en la modalidad de cuenta justificativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título II, capítulo II, de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la normativa aplicable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Fondo REACT-EU de la Unión Europea, así como lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
En la justificación final se verificará que los fondos concedidos se han utilizado para los fines previstos y se han gestionado de conformidad a todas las normas aplicables y, en particular, a las normas relativas a la prevención de conflicto de interés, de fraude, de corrupción y de la doble financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2. La justificación final constará de la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación técnica justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos y del grado de cumplimiento de los indicadores y de los compromisos asumidos, entre ellos también los de difusión y colaboración recogidos en la decisión que publique la Comisión referente al IPCEI-CIS, para los proyectos financiados dentro del subprograma IPCEI-CIS y en la Decisión de la Comisión Europea C(2023) 3817 final de 8 de junio, para el IPCEI-MICRO en la que esta decidió no formular objeciones a la ayuda del IPCEI-MICRO, al considerarla compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107.3.b) del TFUE. La documentación que acompañe a la Memoria técnica de actuación justificativa deberá incluir una declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta memoria deberá ir acompañada de un informe sobre la misma realizado por un auditor técnico independiente que deberá acreditar haber realizado al menos una visita al sitio de ejecución del proyecto en el último mes del periodo analizado.
Deberá contener la memoria de hitos periódicos, donde se detallará la lista de entregables asociados a cada paquete de trabajo y cuantificados económicamente. Todo esto está reflejado en el calendario de hitos de la actuación subvencionable presentado junto con la solicitud.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que además incluirá:
1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
2.º Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
3.º Los contratos y/o pedidos relativos a las actuaciones realizadas.
4.º En su caso, sistema auditable de imputación y control de horas para la justificación de los costes de personal.
5.º En su caso, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que se hayan destinado a financiar la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
6.º Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado, en su caso, la entidad beneficiaria, o justificación según lo establecido en el citado artículo.
7.º Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.
La memoria para la justificación económica vendrá acompañada de un informe de auditoría de acuerdo con el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El Informe de auditoría se ajustará a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, en línea con lo previsto en el artículo 74.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
El auditor, que debe estar inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, revisará la exactitud de la totalidad de la información recogida en la memoria de actuación técnica y la memoria económica y se pronunciará expresamente en su informe sobre todos los extremos revisados, incluyendo una valoración sobre los gastos y pagos que, a su juicio, puedan ser considerados subvencionables o no de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión o posteriores modificaciones o, en su caso, con los requerimientos adicionales realizados durante la ejecución de las actividades.
c) Documentación justificativa del cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad impuestas a la entidad beneficiaria, de conformidad con lo establecido las bases reguladoras y en esta convocatoria.
d) Documentación justificativa de que la entidad beneficiaria es titular del número o números de cuenta indicados en la solicitud y desde las que se hayan realizado pagos de facturas y, en su caso, el ingreso de ayudas.
3. La justificación será presentada por el representante de la entidad beneficiaria en la sede electrónica o enviada a través de registro electrónico que incluirá las siguientes declaraciones responsables:
a) Cumplimiento de las condiciones de la subvención en la ejecución de las actividades objeto de ayuda.
b) No haber recibido ayudas incompatibles para la misma finalidad.
4. De acuerdo con lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones, en la justificación de las ayudas concedidas por medio de esta norma se utilizarán medios electrónicos, debiendo remitirse toda la documentación en formato electrónico. No se admitirá justificación en soporte papel, salvo casos expresamente justificados y autorizados previamente por el órgano concedente.
5. El órgano concedente podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación cuando existan causas justificadas. El plazo para resolver esta solicitud de ampliación será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud. El vencimiento del plazo sin pronunciamiento expreso legitima al solicitante para entender desestimada su solicitud debiendo presentarse la justificación en el plazo indicado anteriormente en el punto 1 de este apartado.
6. El órgano instructor podrá requerir, para que en el plazo de quince días hábiles se presente la subsanación de la documentación aportada cuando los datos proporcionados no se consideren suficientes o adecuados.
7. Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la documentación justificativa ante el órgano competente, este requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de siete días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8. En todo caso, las entidades beneficiarias deberán establecer los procedimientos para garantizar que se dispone de la documentación sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con una pista de auditoría apropiada, así como custodiar y conservar la documentación de la actividad financiada, incluidas todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento Financiero [Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018], el cual establece la obligación de los perceptores de mantener un registro, conservar los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación.
Esta documentación quedará a disposición del órgano de seguimiento, que podrá requerirla para su comprobación en cualquier momento.
9. Adicionalmente a lo previsto en los apartados anteriores, procederá cualquier otro mecanismo de justificación de las actividades que en el marco del Plan de Recuperación pudieran ser desarrollados tanto a nivel nacional como de la Unión Europea.
En concreto, en la justificación se verificará que los fondos concedidos se han utilizado para los fines previstos y se han gestionado de conformidad a todas las normas aplicables y, en particular, a las normas relativas a la prevención de conflicto de interés, de fraude, de corrupción y de la doble financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, se atenderá a lo previsto en el anexo a la Decisión de la Comisión que aprueba los Acuerdos Operacionales (OA) entre la Comisión Europea y España conforme al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Asimismo, se llevará a cabo el procedimiento de seguimiento y gestión establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
10. Las entidades beneficiarias de las subvenciones tienen la obligación de someterse a los controles del Tribunal de Cuentas Europeo, Fiscalía Europea, Comisión Europea y OLAF.
1. El pago y la constitución de garantías queda regulado en los artículos 25 y 26 de las bases reguladoras de estas ayudas.
2. El pago de la subvención se realizará por anticipado, de acuerdo con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 88 de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por requerirse la entrega de fondos como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a subvención. Se efectuará de la siguiente manera para los dos subprogramas:
a) Se realizará un primer pago por anticipado a cada entidad beneficiaria en 2023, este pago no requerirá la constitución previa de garantías, así como un segundo y tercer pago por anticipado antes del final del primer semestre de 2024.
b) Cada uno de los pagos de 2024 requerirá la constitución previa de garantías por un importe igual al 100 % del pago anticipado, de acuerdo con las condiciones indicadas en el artículo 25 de las bases reguladoras de estas ayudas.
c) Los pagos de 2024 requerirán además que se cumplan determinadas condiciones de ejecución del proyecto por parte de los beneficiarios, que quedarán establecidas en la resolución de concesión, que estarán en línea con los hitos recogidos en el anexo 2.
La compatibilidad con otras ayudas está regulada en el artículo 12 de la orden por la que se regulan las bases reguladoras de estas ayudas.
La publicidad está regulada en el artículo 30 de la orden por la que se regulan las bases reguladoras de estas ayudas.
Los incumplimientos, criterios de graduación de incumplimientos, procedimiento de reintegro, las infracciones y las sanciones están regulados en los artículos 31, 32 y 34 de la orden por la que se regulan las bases reguladoras de estas ayudas.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que permite a los beneficiarios de las ayudas proceder a la devolución voluntaria del importe de ayuda no aplicado sin el previo requerimiento de la Administración, en cualquier momento podrá solicitarse dicha devolución a través del trámite disponible a tal efecto en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Una vez tramitada la solicitud, se le remitirá el correspondiente modelo para que haga el ingreso incluyendo los intereses de demora.
La entidad beneficiaria estará sujeta al mecanismo de reembolso definido en el anexo 1 de la presente convocatoria.
1. De acuerdo con los requisitos fijados en el IPCEI MICRO, se establece que las actuaciones subvencionables con una ayuda permitida máxima que supere los cincuenta millones de euros estarán sujetos a un mecanismo de reembolso. Este mecanismo es obligatorio para las actuaciones subvencionables que forman parte del IPCEI conforme a lo dispuesto en el párrafo 36 de la Comunicación (2021/C 528/02) «Criterios para el análisis de compatibilidad con el mercado interior de las ayudas para fomentar la realización de proyectos importantes de interés común europeo».
2. La base del mecanismo de reembolso serán las cifrasex post, que habrán sido sometidas a la aprobación anual de un auditor independiente. A tal efecto, se exigirá una contabilidad analítica separada a la entidad beneficiaria de la ayuda en el Estado miembro correspondiente para su proyecto individual. Por lo tanto, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas realizará una revisión de las condiciones de otorgamiento de la ayuda a partir de los datos reportados por la entidad beneficiaria en la justificación del artículo 29.
3. A partir de los dos años siguientes a la finalización de la fase de I+D+i/FID sujetas a ayuda para dichas actuaciones subvencionables individuales, y posteriormente, al menos cada dos años para las actuaciones subvencionables individuales con una fase de producción en serie prevista superior a cuatro años y, cada año para las actuaciones subvencionables con una fase de producción en serie prevista de cuatro años o menos, hasta la fecha de finalización de la actuación subvencionable, se realizará una prueba («prueba de funcionamiento»).
En cada prueba, se calculará un superávit para el año «i»(Superáviti)como la suma (positiva o negativa) correspondiente al valor actual neto, ajustado a los intereses del año «i» (utilizando el coste medio ponderado de capital (CMPC) notificado como tipo de ajuste de los intereses), de los flujos de caja reales auditados (FCRk) después de impuestos (incluidos Capex, desembolsos de ayuda estatal y beneficios adicionales; y excluidos los flujos de caja de financiación) desde 2023 hasta el año «i».
Como fórmula el superávit del año i se representa de la siguiente forma:
4. A partir del segundo año siguiente a la finalización de las fases de I+D+i/FID sujetas a ayuda de dichas actuaciones subvencionables y, posteriormente, al menos cada dos años en el caso de actuaciones subvencionables con una fase de producción en serie prevista superior a cuatro años y, cada año en el caso de actuaciones subvencionables individuales con una fase de producción en serie prevista igual o inferior a cuatro años, hasta la fecha de finalización de la actuación subvencionable, se realizará una prueba («prueba de funcionamiento»). En cada prueba, el superávit del año «i» se calculará como la suma (positiva o negativa) de:
a) El valor actual neto, ajustado a los intereses del año «i» (utilizando el CMPC notificado como tipo de ajuste de los intereses), de los flujos de caja reales auditados después de impuestos (incluyendo Capex y beneficios adicionales; y excluyendo los flujos de caja de financiación) desde el inicio de las obras hasta el año «i»; y
b) el valor actual neto ajustado a los intereses del año «i» (utilizando el CMPC notificado como tipo de ajuste de los intereses) de los desembolsos reales de ayuda estatal desde el inicio de las obras hasta el año «i».
5. El superávit del año «i», si es positivo, se multiplicará por un coeficiente de asignación que es la Participación Estatal del año «i»(Participación Estatali)definido como el menor entre el 60 % o la ayuda estatal neta desembolsada desde el inicio de las obras hasta el año «i» dividido por los costes subvencionables verificados desde el inicio de las obras hasta el año «i» (ambos expresados en términos nominales).
6. El mecanismo de reembolso solo se aplica en caso de valores actuales netos positivos de los flujos de tesorería después de tener en cuenta los desembolsos reales de la ayuda estatal.
7. Una carta de crédito (emitida por una institución financiera acreditada con calificación de grado de inversión por una agencia de calificación de primer orden) debe cubrir la obligación de reembolso en la fecha final por parte de la entidad beneficiaria de la ayuda, a partir de la primera prueba de funcionamiento.
8. El importe garantizado por la carta de crédito mencionada en el punto 7 de este mismo anexo, debe ser como mínimo igual a una cantidad que garantice el cumplimiento de los dos principios siguientes:
a) Que el importe garantizado nunca debe ser negativo (saldo inicial igual a cero); y
b) que el importe garantizado debe corresponder, después de cada prueba, al menor de los siguientes valores, si es positivo:
1.º El superávit del año «i» multiplicado por la participación estatal del año «i» (calculado en esa prueba de funcionamiento), o
2.º la suma de los desembolsos reales de ayuda estatal entre 2023 y ese periodo de prueba expresada en términos del año «i» del periodo de prueba. Para todos los desembolsos anteriores a ese periodo de prueba, el factor de actualización será el tipo de referencia de la Unión aplicable al Estado miembro de que se trate con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la fijación de los tipos de referencia y de actualización aplicable en el año «i», incrementado en 100 puntos básicos, entre el desembolso correspondiente y el año «i».
9. Se transferirá al Estado miembro un importe igual al importe final garantizado, tras la última aplicación en la fecha de finalización de la actuación subvencionable.
10. El Estado miembro en cuestión informará a la comisión de la aplicación del mecanismo de reembolso en los dos meses siguientes a la finalización de cada prueba y después de la fecha final.
1. Se actualizarán en las resoluciones individuales de concesión las posibles modificaciones, adiciones o matizaciones que surjan respecto al mecanismo de reembolso del subprograma IPCEI CIS una vez publicada la decisión de la comisión.
2. De acuerdo con los requisitos fijados en el IPCEI CIS, se establece que las actuaciones subvencionables con una ayuda permitida máxima que supere los cincuenta millones de euros estarán sujetos a un mecanismo de reembolso. Este mecanismo es obligatorio para las actuaciones subvencionables que forman parte del IPCEI conforme a lo dispuesto en el párrafo 36 de la Comunicación (2021/C 528/02) «Criterios para el análisis de compatibilidad con el mercado interior de las ayudas para fomentar la realización de proyectos importantes de interés común europeo».
3. La base del mecanismo de reembolso serán las cifrasex post, que habrán sido sometidas a la aprobación anual de un auditor independiente. A tal efecto, se exigirá una contabilidad analítica separada a la entidad beneficiaria de la ayuda en el Estado miembro correspondiente (incluyendo un plan de explotación que se definirá en la decisión de la comisión y que figurará en la resolución de concesión) para su proyecto individual. Por lo tanto, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas realizará una revisión de las condiciones de otorgamiento de la ayuda a partir de los datos reportados por la entidad beneficiaria en la justificación del artículo 29.
4. A partir del año de finalización de la fase de I+D+i/FID sujetas a ayuda para dichas actuaciones subvencionables individuales, y posteriormente cada año hasta la fecha de finalización de la actuación subvencionable, se realizará una prueba («prueba de funcionamiento»).
En cada prueba, se calculará un Superávit para el año «i», denominadoSuperáviticomo la suma (positiva o negativa) correspondiente al valor actual neto, ajustado a los intereses del año «i» (utilizando el coste medio ponderado de capital (CMPC) notificado como tipo de ajuste de los intereses), de los flujos de caja reales auditados (FCRk) después de impuestos (incluidos Capex, desembolsos de ayuda estatal y beneficios adicionales; y excluidos los flujos de caja de financiación) desde 2023 hasta el año «i».
Como fórmula el superávit del año i se representa de la siguiente forma:
5. El mecanismo de reembolso solo se aplicará si el superávit es positivo. ElSuperáviti, se multiplicará por un coeficiente de asignación que es la Participación Estatal del año(Participación Estatali)«i» definido como el menor entre el porcentaje (XX %) que se defina en la decisión de la comisión, que se detallará en la resolución de concesión, o la ayuda estatal neta desembolsada desde el inicio de las obras hasta el año «i» dividido por los costes subvencionables verificados desde el inicio de las obras hasta el año «i» (ambos expresados en términos nominales).
6. Una carta de crédito (emitida por una institución financiera acreditada con calificación de grado de inversión por una agencia de calificación de primer orden) debe cubrir la obligación de reembolso en la fecha final por parte de la entidad beneficiaria de la ayuda, a partir de la primera prueba de funcionamiento.
7. El importe garantizado por la carta de crédito mencionada en el punto 7 de este mismo anexo, debe ser como mínimo igual a una cantidad que garantice el cumplimiento de los dos principios siguientes:
a) Que el importe garantizado nunca debe ser negativo (saldo inicial igual a cero); y
b) que el importe garantizado debe corresponder, después de cada prueba, al menor de los siguientes valores, si es positivo:
1.º El superávit del año «i» multiplicado por la participación estatal del año «i» (calculado en esa prueba de funcionamiento), o
2.º la suma de los desembolsos reales de ayuda estatal entre 2023 y ese periodo de prueba expresada en términos del año «i» del periodo de prueba. Para todos los desembolsos anteriores a ese periodo de prueba, el factor de actualización será el tipo de referencia de la Unión aplicable al Estado miembro de que se trate con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la fijación de los tipos de referencia y de actualización aplicable en el año «i», incrementado en 100 puntos básicos, entre el desembolso correspondiente y el año «i».
8. Se transferirá al Estado miembro un importe igual al importe final garantizado, tras la última aplicación en la fecha de finalización de la actuación subvencionable.
9. El Estado miembro en cuestión informará a la comisión de la aplicación del mecanismo de reembolso en los dos meses siguientes a la finalización de cada prueba y después de la fecha final.
1. Subcontrataciones permitidas:
Además de lo recogido en al artículo 14 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de esta convocatoria, no se autorizará ninguna subcontratación en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
– Que exista vinculación entre dos o más de los ofertantes en el proceso de selección de proveedor.
– Que exista vinculación entre el beneficiario y al menos dos ofertantes en el proceso de selección de proveedor.
– Que no esté determinado el objeto, alcance y necesidad de la subcontratación.
– Que el subcontratista propuesto sea beneficiario de esta convocatoria.
2. Documentación a presentar con las solicitudes de autorización previa de las subcontrataciones:
Aquellas subcontrataciones que requieran de autorización previa según se indica en el artículo 14 de la orden de bases por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas deberán presentar la siguiente documentación:
a) La solicitud se presentará por medio del formulario que se pondrá a disposición de los adjudicatarios, disponible a partir de la publicación de la Resolución de concesión de la convocatoria a través de la sede electrónica.
b) La solicitud de autorización podrá ser remitida desde el momento de la publicación de la propuesta de resolución provisional y al menos un mes antes del inicio previsto de la actividad a subcontratar.
c) Descripción del proceso de selección realizado, la solicitud de ofertas y los criterios para la selección de la oferta adjudicataria. Podrá presentar pliego de condiciones o documento similar elaborado por la entidad beneficiaria con las especificaciones técnicas necesarias para presentar la oferta, correos con el envío/respuesta del pliego o cualquier otro documento que la entidad beneficiaria considere probatorio de la transparencia del citado proceso.
d) Las ofertas presentadas, que deberán poder ser comparables entre ellas en conceptos y desglose de precios.
e) Las ofertas analizadas que serán al menos tres, deberán describir con suficiente detalle los trabajos o bienes ofertados, y deberán ser coherentes con las tareas a subcontratar definidas en la solicitud de la ayuda, incluyendo pruebas fehacientes de su fecha de incorporación al proceso de selección. Deberán incluir como mínimo la siguiente información:
i. Información sobre la entidad que realiza la oferta: NIF, razón social y datos de contacto. La entidad deberá tener capacidad para desarrollar las tareas solicitadas.
ii. Fecha en la que se realiza la oferta y firma de la empresa.
iii. Presupuesto ofertado.
iv. Detalle del alcance de la oferta presentada en consonancia con el proyecto.
v. Justificación de la oferta seleccionada, bien la económicamente más ventajosa, o, en caso contrario, memoria justificativa con la motivación y los criterios seguidos en dicha elección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso los presupuestos de las subcontrataciones deberán ajustarse