Categoría: Administración

Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se profundiza en la agilización de los procedimientos con pleno funcionamiento electrónico.
En dicha norma se incide en que en el entorno actual la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. De esta manera, no sólo se pretende ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también se refuerzan las garantías de los interesados.
De esta manera, la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece un marco legal que tiende a la generalización de los medios electrónicos en las relaciones entre las Administraciones Públicas y la ciudadanía.
Desde esta perspectiva, y de acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican en el ejercicio de sus derechos y obligaciones con las Administraciones Públicas por medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse por estos medios. Efectivamente, el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, habilita para que reglamentariamente las Administraciones establezcan la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para determinados colectivos de personas físicas cuando por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), convoca cada año diferentes plazas para eventos, premios, estancias y formación del profesorado.
El objetivo que se persigue con esta línea de convocatorias es ofrecer a los docentes una actualización de sus competencias profesionales que le permitan ofrecer a los alumnos las experiencias de aprendizaje más adecuadas para ellos, a través de los cauces tradicionales de formación y de otras vías alternativas que permitan una concepción más amplia de la educación.
Teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto de estas convocatorias, puede afirmarse que las personas físicas potencialmente beneficiarias disponen de las habilidades digitales y medios electrónicos adecuados para comunicarse con la Administración a efectos de estos procedimientos, demandando el procedimiento la total adaptación de las comunicaciones de todas las actuaciones y trámites a los medios electrónicos.
En la elaboración de la orden se han cumplido los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y, en particular, los principios de necesidad y eficiencia, pues se trata del instrumento óptimo para profundizar en el uso de los medios electrónicos en las relaciones entre las Administraciones Públicas y la ciudadanía. También se adecúa al principio de proporcionalidad, pues no existe otra alternativa menos restrictiva de derechos o de obligaciones y, en cuanto a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, la norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y se ha procurado la participación de las partes interesadas, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, dispongo:
Esta orden tiene por objeto establecer la obligatoriedad de las comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en todos los trámites, entre el INTEF y los beneficiarios de las convocatorias de eventos, premios, estancias y formación del profesorado.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Electrónico General, disponible a través del Punto de Acceso General Electrónico (PAGe) y de la sede electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional (https://sede.educacion.gob.es).
Las notificaciones y comunicaciones se pondrán a disposición de los interesados a través de la Dirección Habilitada Única y, de forma complementaria, se realizarán en la sede electrónica asociada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 42.5 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Sin perjuicio de lo anterior, la práctica de la notificación y el cumplimiento de su obligación se atendrán a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se admitirán, en la sede electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional, los sistemas de identificación y de firma determinados por los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de octubre, y el Capítulo II del Título II del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional garantizará al menos un punto de acceso general en el Centro de Información y Atención al Ciudadano, ubicado en la sede de calle de los Madrazo 15, Madrid, a través del cual los usuarios puedan, de forma sencilla, acceder electrónicamente a la información y servicios de su competencia, presentar solicitudes y recursos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remita la Administración Pública.
Si alguno de los interesados presentase su solicitud presencialmente, el órgano convocante requerirá al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica en el plazo de diez días. De no llevarse a cabo, se tendrá al interesado por desistido de su petición, a tenor del artículo 14 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de junio de 2022.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Alegría Continente.