Categoría: Administración

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de junio de 2023, a propuesta de las Ministras de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Hacienda y Función Pública, ha aprobado un acuerdo por el que se aprueba el Plan para la Incorporación de la Metodología BIM en la contratación pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anejo a la presente orden.
Madrid, 18 de julio de 2023.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Santiago Navarro.
BIM (Building Information Modeling o Modelado de la Información de Construcción) está definido en el documento «Fundamentos BIM en la contratación pública», publicado por la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública en diciembre 2022, como una metodología o de forma más general, como una forma de trabajo en el sector de la construcción, que se basa en la colaboración de diferentes actores (administración contratante y contratistas), en torno a modelos digitales que son representaciones 3D de las construcciones, a los que se asocian diferentes tipos de información.
La contratación pública es un instrumento estratégico para un crecimiento económico más innovador, sostenible, inclusivo y competitivo, y facilitará la implantación de BIM en las Administración General del Estado e impulsará la transformación digital del sector de la construcción.
A su vez, el uso de BIM en la contratación pública mejora la eficiencia del gasto público, reduciendo plazos y costes en la ejecución de contratos del sector público y mejorando la productividad.
El EUBIM Task Group, grupo de trabajo que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, cuyo objetivo es apoyar la adopción de BIM en el sector público europeo, publicó en 2017 el «Manual para la introducción de la metodología BIM por parte del sector público europeo», en el que estima que el uso de BIM permite ahorros de entorno a un 10 %-20 % del gasto en construcción.
Los órganos de contratación de la AGE y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes ya se están solicitando el uso de BIM. En 2022, dichos órganos de contratación licitaron 190 contratos que incluían el uso de BIM, que suponen el 1,4 % del valor estimado de todas las licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público por la AGE y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes en dicha anualidad, según análisis realizado por el Observatorio de licitaciones BIM que mantiene la Comisión Interministerial BIM.
No obstante, el uso de BIM en la contratación pública tiene todavía mucho potencial por desarrollar. Así, el análisis realizado por la Comisión Interministerial BIM a partir de las licitaciones de 2022 publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público prevé una implantación potencial de BIM significativamente mayor, que calcula entre el 20 % y el 25 % del valor estimado de la licitación de AGE y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes es susceptible de emplear BIM.
Se estima además que el uso de BIM contribuye a la sostenibilidad en el sector de la construcción, a través de la reducción estimada de hasta un 15 % del volumen de residuos y a la reducción de hasta un 57 % de los costes de gestión de residuos.
En particular, la contratación pública que solicita el uso de BIM puede impulsar la innovación en el sector de la construcción. La Comisión europea en su Comunicación «Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa» [COM (2017) 572], alude al potencial transformador del uso de la metodología BIM para el sector de la construcción: «un enfoque específico (de la contratación pública estratégica) se hace necesario en sectores prioritarios, tales como la Construcción […] Existen ya iniciativas e instrumentos tales como […] el modelado de información para la edificación […]».
Asimismo, el EUBIM Task Group, en el «Manual para la introducción de la metodología BIM por parte del sector público europeo» adoptado en 2018 afirma que: «Los gobiernos, como los mayores contratistas de construcción con un gasto público de, aproximadamente un 30 % de la producción constructora total, pueden influir en la innovación y alentarla. Este es uno de los objetivos recogidos en la Directiva de la Unión Europea sobre contratación pública (2014).»
A nivel normativo, la Directiva 2014/24/UE, insta a los Estados miembros a modernizar y mejorar los procesos de contratación pública mediante el uso de tecnología en los procedimientos de licitación. En particular, la Directiva establece en su artículo 22.4 la posibilidad de que los Estados miembros exijan el uso de herramientas de diseño electrónico de edificios o herramientas similares, es decir, soliciten el uso de BIM.
Su transposición a la legislación española se realizó a través de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, (LCSP), de 8 de noviembre de 2017. En concreto, en el apartado 6 de su disposición adicional 15.ª, titulada «Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley», indica que los órganos de contratación podrán exigir del uso de herramientas electrónicas específicas, tales como herramientas de modelado digital de la información de la construcción (BIM) o herramientas similares.
El actual marco normativo ha permitido que casi todos los Departamentos Ministeriales de la AGE y organismos del sector público institucional estatal hayan empezado a licitar contratos solicitando el uso de BIM, como señalan los datos del Observatorio de licitaciones públicas de la Comisión Interministerial BIM, y que incluso algunos organismos dispongan ya de un nivel de madurez BIM avanzado.
Para facilitar y coordinar esta implantación de BIM, los países de nuestro entorno han adoptado instrucciones dirigidas a los órganos de contratación pública, ordenando el uso de requisitos BIM en ciertos tipos de contratos públicos.
El Real Decreto 1515/2018, de 28 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública, encarga a dicha Comisión elaborar un Plan de Incorporación de la Metodología BIM en la contratación pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, estableciendo umbrales mínimos para la obligatoriedad de su aplicación, y actuaciones para su incorporación gradual y progresiva, que debe aprobarse por Consejo de Ministros.
Dicho Plan, conforme a lo previsto en el Real decreto 1515/2018, está alineado con la Estrategia Nacional de contratación pública, aprobada el pasado 28 de diciembre de 2022 por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), de conformidad con lo previsto en el artículo 334 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en concreto, se alinea con sus Objetivos C, D, F, G, y H: «Incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de contratación (Objetivo C); «Promover la eficiencia económica en los procesos de obtención de bienes, servicios y suministros para el sector público, estimulando la agregación de la demanda y la adecuada utilización de criterios de adjudicación» (Objetivo D); «Utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación» (Objetivo F); «Promover la participación de las PYME en el mercado de la contratación pública», (Objetivo G); y «Promover un marco normativo claro y estable con el fin de dotar de seguridad jurídica a la contratación pública», (subobjetivo H).
El Plan establece un objetivo único, relativo a solicitar el uso de BIM en algunos contratos públicos, en función del valor estimado de éstos y del nivel BIM del órgano de contratación, y conforme a un calendario gradual y progresivo. El establecimiento de los umbrales de los contratos y el citado calendario toman en consideración el acceso de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) a la contratación pública. Asimismo, el Plan establece una serie de acciones para facilitar el cumplimiento de dicho objetivo.
Las medidas del Plan se llevarán a cabo con los medios personales disponibles en los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
La Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública, en su sesión de fecha 27 de abril de 2023, acordó finalizar la elaboración del Plan para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública y elevarlo para aprobación del Consejo de Ministros. El Plan ha sido informado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en fecha 13 de junio de 2023.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de las Ministras de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Hacienda y Función Pública, en su reunión del día 27 de junio de 2023, acuerda:
Se aprueba el Plan para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes que figura como anexo al presente Acuerdo.
Este Plan será de aplicación a la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.
Asimismo, se recomienda la aplicación del Plan BIM por el resto de entidades integrantes del sector público institucional estatal no contempladas en el párrafo anterior, es decir, las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público, los fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas no transferidas, de las letras b) a g) del apartado 1 de artículo 84. Composición y clasificación del sector público institucional estatal, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El presente acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y producirá efectos desde el día siguiente a su publicación.
1. Introducción.
2. BIM en la contratación pública: eficiencia del gasto público e innovación en el sector de la construcción.
3. Diagnóstico sobre la situación de la Administración General del Estado y organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes para el uso de BIM en la contratación pública.
a. Debilidades.
b. Fortalezas.
c. Amenazas.
d. Oportunidades.
4. Objetivo del Plan de incorporación de la metodología BIM en la contratación pública.
a. Ámbito objetivo de aplicación.
b. Ámbito subjetivo de aplicación y eficacia.
c. Objetivo del Plan: Marco temporal y umbrales de aplicación.
d. Forma de incorporar BIM en los contratos.
e. Excepciones a la solicitud de BIM en los contratos del sector público.
f. Estándares aplicables.
g. Seguridad de los datos.
h. Bases Digitales de Geoinformación Nacionales.
i. Niveles BIM.
5. Actuaciones para la incorporación de BIM en la contratación pública.
a. Línea de Estrategia.
b. Línea de Personas.
c. Línea de Procesos.
d. Línea de Tecnologías.
6. Seguimiento y revisión del plan.
a. Seguimiento anual por la Comisión Interministerial
b. Información al Consejo de Ministros.
c. Revisión del plan.
El artículo 4 del Real Decreto 1515/2018, de 28 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública, prevé que el Consejo de Ministros apruebe un Plan de Incorporación de la metodología BIM en la contratación pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes (en adelante Plan BIM), cuya elaboración se encarga a la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública, (en adelante, Comisión Interministerial BIM).
BIM es el acrónimo del término inglés Building Information Modelling, que se traduce como «Modelado de la Información de la Construcción». La serie de normas UNE-EN ISO 19650 define BIM como el uso de una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación del activo y proporcionar una base confiable para la toma de decisiones. El documento Fundamentos BIM para la contratación pública(1)establece que BIM es la gestión digital y colaborativa de la información, en todo el ciclo de vida de los activos, con la participación de todos sus agentes. BIM es una forma de trabajo en el sector de la construcción basada en la colaboración entre los agentes intervinientes y entre las fases del ciclo de vida de las infraestructuras o edificaciones, en torno a modelos digitales.
El uso de BIM en la contratación pública ha sido previsto en el apartado 6 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE(2)y 2014/24/UE(3), de 26 de febrero de 2014. Dicha disposición establece que: «Para contratos públicos de obras, de concesión de obras, de servicios y concursos de proyectos, y en contratos mixtos que combinen elementos de los mismos, los órganos de contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como herramientas de modelado digital de la información de la construcción (BIM) o herramientas similares. […]».
BIM ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia del gasto público y transformar digitalmente el sector de la construcción a través de la innovación. Por ello, este Plan estima el impacto previsto del uso de BIM en la contratación pública, y en línea con la práctica de otros Estados miembros de la Unión Europea, se dirige a facilitar a los órganos de contratación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, la transición hacia la incorporación de BIM en la contratación pública en los próximos años.
El presente Plan se alinea con la política de fomento de la innovación a través de la contratación pública estratégica, impulsada por la Comisión Europea e incluida en las principales directivas de contratación pública de los últimos años, así como con la Estrategia Nacional de Contratación Pública(4), y en concreto, sus objetivos C, D, F, G, y H, que se dirigen a incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de contratación (Objetivo C); promover la eficiencia económica en los procesos de obtención de bienes, servicios y suministros para el sector público, estimulando la agregación de la demanda y la adecuada utilización de criterios de adjudicación (Objetivo D); a utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación (Objetivo F); a promover la participación de la de la pequeña y mediana empresa (PYME) en el mercado de la contratación pública, (Objetivo G), así como «Promover un marco normativo claro y estable con el fin de dotar de seguridad jurídica a la contratación pública», (Objetivo H).
Dado el relevante papel de la PYME en el sector de la construcción y el interés en su acceso a la contratación pública, en la elaboración del Plan BIM se ha contado con la participación de la PYME a través de una encuesta abierta a todo el sector, con el fin de promover una adecuada competencia cuando los órganos de contratación pública soliciten el uso de BIM.
El Plan de incorporación de la metodología BIM en la contratación pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se estructura en seis capítulos y un anexo.
En primer lugar, el Plan establece la propuesta de valor BIM y sus beneficios, tanto para mejorar la eficiencia del gasto en materia de contratación pública, como para transformar digitalmente el sector de la construcción por su orientación estratégica hacia la innovación, destacando la oportunidad del liderazgo público para la implantación de BIM en el sector de la construcción.
Considerando dichos beneficios, y la necesidad de una transformación de la forma tradicional de gestionar los contratos del sector público, el Plan contiene un diagnóstico de la situación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes como punto de partida para la incorporación del uso de BIM en la contratación pública.
A continuación, se establece el objetivo del Plan, que determina que, en el calendario previsto, los órganos de contratación soliciten BIM en contratos del sector público. Para facilitar una visión común sobre BIM, el Plan establece lo que se entiende por implantación de la metodología BIM en la contratación pública, definiendo cinco niveles de aplicación BIM.
Con el fin de facilitar una implantación de BIM coordinada, el Plan fija las líneas de acción que deben emprenderse por la Comisión Interministerial BIM como acompañamiento a los órganos de contratación, así como medidas para el seguimiento de dicho Objetivo y disposiciones sobre la revisión del Plan.
La incorporación de BIM en la contratación pública persigue un objetivo doble: por un lado, mejorar la eficiencia del gasto público en los contratos del sector público y, por otro, servir de palanca para la transformación digital del sector de la construcción.
Los poderes públicos son los principales promotores del sector de la construcción, al concentrar las grandes inversiones en el mismo. Asimismo, son gestores de activos, por lo que ejercen una influencia sustancial y disponen de capacidad para impulsar la transformación digital del sector de la construcción a través de la incorporación de BIM en la contratación pública. Como clientes no competitivos, transparentes y no discriminatorios, los promotores públicos pueden invertir fondos públicos requiriendo el uso de BIM para garantizar una mayor rentabilidad para los contribuyentes y estimular el mercado.
La Estrategia Nacional de Contratación Pública requiere a los compradores públicos que utilicen su poder adquisitivo de forma estratégica, para obtener una mejor relación calidad-precio, y apoyar la transición hacia una economía más ecológica, más innovadora y circular, en particular invirtiendo en infraestructuras sostenibles, en productos reutilizables, reciclables, reparables y eficientes en el uso de los recursos, así como en la renovación de edificios públicos para mejorar su sostenibilidad y optimizar los costes del ciclo de vida.
La Comisión Europea considera la contratación pública clave para contribuir a la digitalización del sector de la construcción, citando específicamente el uso de BIM en la contratación pública. También el «Manual para la introducción de la metodología BIM por parte del sector público europeo»(5), elaborado por el EU BIM Task Group, recomienda a los gobiernos utilizar la contratación pública para impulsar la transformación del sector de la construcción y la adopción de BIM, trabajando de forma conjunta con la industria.
El uso de BIM en la contratación presenta ventajas frente a la forma tradicional de realizar contratos relacionados con la construcción, reduciendo plazos y costes en la ejecución de contratos del sector público y mejorando la productividad.
Así, por ejemplo, BIM proporciona una fuente única de información coherente, de calidad y actualizada, evitando pérdida de información y descoordinación entre versiones; proporciona mayor fiabilidad, trazabilidad y transparencia de la información; permite la colaboración y comunicación entre agentes de distintas disciplinas; ayuda a detectar errores en la fase de diseño, lo que permite corregirlos antes de la fase de construcción; facilita la generación de toda la documentación del proyecto (presupuestos, programa de trabajos, etc.), minimizando riesgos y aumentando la coherencia del proceso constructivo; y optimiza la gestión de los activos durante todo el ciclo de vida de los mismos. Todo ello mejora la eficiencia del gasto asociado a los contratos del sector público.
Los ahorros potenciales por el uso de BIM han sido cuantificados por el EU BIM Task Group en el «Manual para la introducción de la metodología BIM por parte del sector público europeo» el cual estima que la digitalización de los procesos de ingeniería, construcción y explotación podría suponer unos ahorros del 10 %-20 % del gasto en construcción de los proyectos de edificación y de infraestructuras.
En línea con lo anterior y conforme a la posibilidad prevista en la Directiva 2014/24/UE, los Estados miembros de la Unión Europea han comenzado a introducir el uso de BIM en la contratación pública a través de políticas de contratación pública desde la última década, fomentando así la adopción de BIM por parte del sector de la construcción. En general, esta transición no se ha producido a través de disposiciones de carácter general, sino a través de mandatos internos o instrucciones, dirigidas a los órganos de contratación.
Así, como identifica el informe «Digitalisation in the construction sector, Analytical report»(6), los países de nuestro entorno coinciden en la necesidad de una aproximación gradual, que comienza con actuaciones voluntarias de los órganos de contratación, solicitando el uso de BIM, y termina con el establecimiento de obligaciones para los órganos de contratación sobre el uso de BIM, en distintos contratos y umbrales económicos, con distintos niveles de aplicación de BIM, y en un calendario de tiempo determinado.
El sector de la construcción está configurado por PYME, y dentro de éstas, fundamentalmente, por microempresas. Según los datos disponibles en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), en el año 2022, las microempresas (menos de 10 asalariados y volumen de negocio inferior o igual a 2M€) representaron el 95,48 % del sector y las empresas pequeñas (menos de 50 asalariados y volumen de negocio inferior o igual a 10M€) fueron el 4,15 %.
Además, la PYME del sector de la construcción está considerada la menos digitalizada en el conjunto de la PYME española, según el «Informe de digitalización de la PYME 2021-un análisis comparado»(7), por lo que el uso de BIM tiene un elevado potencial transformador en la digitalización de la PYME del sector de la construcción.
BIM está considerada entre las principales tecnologías de digitalización del sector de la construcción en el informe «Digitalisation in the construction sector, Analytical Report», junto con el uso de otras tecnologías, tales como el uso de drones, realidad aumentada, internet de las cosas, o la inteligencia artificial.
El uso de BIM contribuye a los fines de innovación en la construcción que persigue la contratación pública estratégica. La necesidad de incorporar consideraciones de innovación en la contratación pública se recoge en la normativa comunitaria, así como en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que también fomenta las innovaciones tecnológicas que mejoren la eficiencia y la sostenibilidad de los bienes, obras o servicios.
Actualmente, existe un bajo empleo de criterios de innovación en la contratación pública, como señalan tanto la Estrategia Nacional de Contratación Pública, como el «Informe especial de supervisión relativo a la contratación estratégica en el 2020. Contratos reservados y criterios medioambientales, sociales y de innovación»(8), informe que recomienda que se extienda el uso de dichos criterios de innovación entre los órganos de contratación, lo que ofrece también una oportunidad para el uso de BIM en la contratación pública.
El uso de BIM también presenta ventajas para la sostenibilidad en el sector de la construcción, contribuyendo a la reducción del impacto en el medio ambiente de sus actividades. La construcción es uno de los sectores que utilizan más recursos y que tienen un elevado potencial de circularidad. BIM puede ayudar a la reducción del volumen de residuos hasta un 15 % y a la reducción de los costes de gestión de residuos de la construcción hasta un 57 %, según el informe «Digitalisation in the construction sector, Analytical Report», gracias a una mayor precisión en los pedidos de materiales, o una simulación optimizada de estudios energéticos que se traduce en una menor demanda de energía, es decir, menores emisiones de gases de efecto invernadero, por parte del entorno construido.
La implantación de BIM en la contratación pública contribuirá a la mejora de la competitividad de las empresas españolas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, puesto que les permitirá diferenciarse y destacar sobre otros competidores al disponer de procesos más sostenibles, tanto desde un punto de vista económico como ambiental.
Por tanto, la incorporación de BIM en la contratación pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes tendrá un efecto tractor y, un proceso de incorporación gradual, progresivo y proporcional permitirá que el sector de la construcción, incluida la PYME, se beneficie de las oportunidades que supone el uso de BIM.
Los órganos de contratación de la AGE y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes ya se están solicitando el uso de BIM. En 2022, dichos órganos de contratación licitaron 190 contratos que incluían BIM y que supusieron el 1,4 % del valor estimado de todas las licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público por la AGE y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, según análisis realizado por el Observatorio de licitaciones BIM que mantiene la Comisión Interministerial BIM(9).
No obstante, el uso de BIM en la contratación pública tiene todavía mucho potencial por desarrollar. Así, el análisis realizado por la Comisión Interministerial BIM a partir de las licitaciones de 2022 publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público prevé una implantación potencial de BIM significativamente mayor, ya que estima que entre el 20 % y el 25 % del valor estimado de la licitación de AGE y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes es susceptible de emplear BIM.
Para definir el objetivo y las actuaciones necesarias para el uso de BIM en la contratación pública se ha elaborado un análisis que identifica las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que rodean el proyecto de implantación de BIM en la contratación pública del sector público estatal.
En la elaboración de este análisis se ha dispuesto de información sobre licitaciones públicas, a través del Observatorio de licitaciones públicas de la Comisión Interministerial BIM. Asimismo, se ha analizado información de los empleados públicos afectados por la solicitud del uso de BIM en la contratación pública, recogida tanto a través del «Informe Diagnóstico del nivel de implantación de BIM en la AGE y sus organismos públicos y entidades dependientes»(10), de noviembre de 2021, (en adelante, «Informe Diagnóstico BIM 2021»), como a través de la «Encuesta para la planificación formativa en BIM de 2022»(11). Finalmente, se ha dispuesto de la información derivada de la «Encuesta BIM a PYME del sector construcción»(12), de 2022.
Dichos documentos han sido elaborados por la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública.
– Experiencia escasa y de baja madurez en el uso de BIM entre los órganos públicos.
Según el «Informe diagnóstico BIM 2021», tan sólo un 30 % de los órganos consultados ha declarado tener experiencia con el uso de BIM. En cuanto a experiencia en la redacción de pliegos de contratación que solicitan el uso de BIM, sólo un 28,5 % de respuestas refiere haber tenido alguna experiencia.
Cualitativamente, el nivel de madurez BIM detectado es muy bajo, considerando la situación de tecnología, personas, procesos y estándares. La evaluación llevada a cabo en el «Informe diagnóstico BIM 2021» determinó que la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes disponían de un nivel de madurez de 1,7 sobre 10.
– Capacitación insuficiente.
Según el «Informe diagnóstico BIM 2021» la formación es la principal barrera percibida para la implantación de BIM en el sector público estatal. En dicho Informe, sólo un 38,77 % de las respuestas recibidas señalan haberse formado en BIM.
Los planes de formación de los empleados públicos adolecen de falta de cursos sobre BIM. Según la «Encuesta para la planificación formativa en BIM de 2022», sólo un 14 % de los consultados indica la existencia de Planes de formación Departamentales con materias BIM.
Los encuestados señalan que la formación en BIM, en los casos en los que se ha recibido, se ha obtenido por la iniciativa propia del empleado en un 78,94 % de los casos.
– Ausencia de un enfoque de implantación común.
En la experiencia analizada falta una comprensión transversal, compartida de manera inequívoca por parte de todos los agentes públicos involucrados sobre qué es BIM, y qué fases de implantación requiere, qué productos puede proporcionar, así como una hoja de ruta clara y unas directrices comunes para una solicitud armonizada del uso de BIM en los contratos del sector público. En algunos casos, las referencias a normativa y estándares extranjeros o ajenos dificultan la comprensión de los agentes involucrados.
Las respuestas del «Informe diagnóstico BIM 2021» señalan de manera generalizada la utilidad de un manual BIM como herramienta para armonizar, estandarizar procesos, usos y recursos. El informe destaca que sólo un 5% de los participantes en la encuesta tienen un manual BIM propio, y un 72 % de las respuestas espera que la Comisión Interministerial BIM desarrolle un cuerpo documental.
Según el «Informe diagnóstico BIM 2021», aunque el uso de repositorios centralizados es habitual entre los participantes en la encuesta, la mitad de dichos usuarios no cuenta con protocolos o estándares para trabajar con esta documentación.
Entre los empleados públicos con experiencia en licitaciones con BIM, tan sólo un 3,7 % dispone de un manual o directriz de soporte para la preparación de pliegos, según la encuesta para la planificación formativa en BIM 2022. Un 85,75 % de los encuestados señalan que una mayor estandarización BIM facilitaría el trabajo.
– Necesidad de orientaciones sobre especificaciones del hardware y software.
En materia tecnológica falta un enfoque sinérgico y una aproximación común de los órganos potencialmente afectados. El «Informe diagnóstico BIM 2021» destaca que los encuestados desean que la Comisión Interministerial oriente en a los usuarios de BIM en cuanto al empleo de herramientas y software.
Por otro lado, un 71,42 % de las respuestas a la «Encuesta para la planificación formativa en BIM de 2022» señalan no disponer del hardware adecuado para soportar la implantación de BIM en la gestión y licitación de activos patrimoniales.
– Escasa experiencia en el uso de BIM entre la PYME del sector de la construcción.
Los resultados de la «Encuesta BIM a PYME del sector construcción» ponen de manifiesto que, pese al conocimiento de BIM por la PYME del sector construcción y su expectativa de uso generalizado de BIM en los próximos años, todavía un 45 % de las respuestas declaran no tener ninguna experiencia trabajando con BIM y un 53 % de las respuestas consideran no estar preparadas para afrontar contratos con BIM.
– Deficiencia de la información disponible sobre la participación de la PYME en la contratación pública con requisitos BIM.
La información sobre participación de la PYME del sector de la construcción en las licitaciones públicas que se publica en la Plataforma de contratación del sector público no es suficiente para conocer el peso de la PYME en la contratación pública con BIM y de su subcontratación.
– Compromiso de los órganos de contratación el uso de BIM y expectativa de uso generalizado.
El uso de BIM en la contratación pública crece de manera exponencial. Sólo entre 2021 y 2022, el número de licitaciones públicas que solicitan el uso de BIM ha pasado de 109 a 190, y el volumen de licitación ha pasado de 455 millones € a 1.209 millones €, lo que manifiesta el compromiso de los órganos de contratación con el proceso de incorporación de BIM.
Asimismo, las encuestas reflejan la expectativa de una implantación generalizada de BIM a corto plazo en el sector público estatal. Preguntados por las actividades a las que podría aplicar BIM, un 71,44 % de los encuestados bajo el «Informe diagnóstico BIM 2021» indica que existen actividades a las que podría aplicar BIM. En cuanto a la previsión de generalización de su uso, un 34 % de los órganos encuestados tiene una expectativa de uso generalizado de BIM en la contratación pública en un plazo de entre tres y cinco años (2024/2026), y un 73 % de los encuestados espera la generalización de su uso en la contratación pública en un plazo de entre tres y diez años (2024/2034).
– Experiencias piloto tractoras relevantes en el sector público estatal.
Algunos órganos de contratación de la Administración General del Estado y su sector público institucional disponen de experiencias relevantes de implantación BIM en la contratación pública y de un nivel de madurez avanzado, de fácil exportación al resto, que pueden facilitar y agilizar las nuevas experiencias de implantación.
– Amplio conocimiento de BIM y de sus beneficios, y expectativa de aplicación generalizada en la PYME del sector de la construcción.
Los resultados de la «Encuesta BIM a PYME del sector construcción» ponen de manifiesto que la PYME están al corriente de la evolución del mercado hacia BIM (más del 90% de los encuestados indica que ya había oído hablar de BIM antes de realizar la encuesta) y son conscientes de la necesidad de adaptación y capacitación.
Las empresas encuestadas identifican ventajas relevantes en el uso de BIM y son conscientes de sus beneficios, principalmente en la detección temprana de errores, la colaboración entre agentes y la toma de decisiones basada en datos.
Más de la mitad de las PYME encuestadas considera que el uso de BIM va a generalizarse en un plazo de entre cinco y diez años. Los encuestados indican que es necesaria una implementación gradual de BIM que dé tiempo suficiente a las empresas para adaptarse al cambio.
– Participación relevante de la PYME del sector de la construcción en contratos públicos que solicitan el uso de BIM.
En las respuestas a la «Encuesta BIM a PYME del sector construcción» en las que se ha declarado experiencia con el uso de BIM, más de la mitad de dicha experiencia se refiere a contratos del sector público en los que se solicita el uso de BIM.
En cuanto a su participación en contratos públicos que solicitan el uso de BIM, más de un 75 % se refiere a contratos con un precio inferior a 2 millones de euros. Este es el umbral de volumen de negocio propio de la microempresa y, puede tenerse en cuenta a la hora establecer un proceso gradual de implantación BIM.
– Formación e inversión en BIM entre la PYME del sector de la construcción.
Aproximadamente el 50 % de las respuestas a la «Encuesta BIM a PYME del sector construcción» indican que en su empresa ya se ha impartido formación BIM, principalmente cursos de iniciación y de experto, y en algunos casos también másteres y postgrados.
De cara al futuro, más de un tercio de los encuestados tiene prevista alguna actuación de formación o inversión en BIM en el plazo de un año, y en los próximos tres años dicha formación o inversión está prevista por más del 50 % de los encuestados.
– Disponibilidad generalizada del software BIM para la PYME.
Existen distintos tipos de software BIM para cada fase del ciclo de vida del activo. En la actualidad, el software BIM está disponible de forma general para el sector de la construcción, puesto que existe software BIM gratuito y también pueden adquirirse licencias a precios equiparables al de otras licencias habitualmente empleados por las empresas, como aplicaciones de diseño asistido por ordenador. Por ello, se puede indicar que el precio del software BIM no restringe el acceso de la PYME a la contratación.
– Resistencia al cambio en las organizaciones públicas.
Como en todo proceso de transformación, es necesario generar el compromiso adecuado en las organizaciones implicadas para la gestión del cambio.
Aunque el uso de BIM es creciente, el «Informe diagnóstico BIM 2021», así como la «Encuesta para la planificación formativa en BIM de 2022», también revelan dinámicas de rechazo, de negación de las ventajas del uso de BIM, o de sobrevaloración de las barreras para la implantación en el sector público, requerirán acciones de divulgación y formación.
– Implantación no coordinada de BIM en el sector público.
Existe un amplio número de órganos de contratación, con distinta situación respecto a la solicitud de BIM en los contratos del sector público. Una implantación sin referencias comunes genera distintos tipos de amenazas.
La falta de definición clara y unívoca de BIM y la adopción de hojas de ruta no uniformes en las organizaciones públicas, ralentiza y dificulta la implantación de BIM en el sector público.
Asimismo, puede resultar contraproducente y falsear el empleo de BIM, al requerirse en los contratos del sector público modelos BIM que renderizan el producto final pero que no aportan valor en términos de digitalización ni de mejora de los procesos, o entregables BIM que una vez entregados no pueden revisarse o supervisarse por falta de preparación de las personas o falta de procesos apropiados en la organización pública contratante.
– Riesgo de obsolescencia.
BIM, la tecnología asociada y los estándares técnicos que le afectan siguen evolucionando. La demora en la decisión de adoptar BIM en la contratación pública puede dejar los procesos de implantación desactualizados.
Será necesario además mantener actualizada la normativa y documentación técnica referida a BIM a medida que esta cambie a lo largo del tiempo, para lo que es necesario que se realice un seguimiento de los avances que afecten al uso de BIM en la contratación pública, y hacer en su caso adecuaciones sobre este proceso de incorporación.
– Restricción del acceso de la PYME a la contratación pública.
En línea con el «Informe trienal relativo a la contratación pública en España en 2018, 2019 y 2020»(13)de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE) que pone de manifiesto diversos problemas relacionados con la participación de las PYME en la contratación pública, en la «Encuesta BIM a PYME del sector construcción» un 90 % de los encuestados considera que el uso de BIM genera barreras de acceso adicionales para la PYME, considerando como principales barreras de acceso el coste de las aplicaciones informáticas necesarias y la dificultad de aprendizaje de dichas aplicaciones. Además, casi la mitad de las empresas encuestadas manifiesta haber renunciado alguna vez a participar en alguna licitación pública que solicitaba el uso de BIM porque no podía cumplirlos, lo que deberá tener en cuenta a la hora de diseñar el proceso de implantación de BIM en la contratación pública.
– Interoperabilidad y neutralidad tecnológica en el intercambio de información.
A nivel tecnológico, la «Encuesta BIM a PYME del sector construcción» identifica como un factor relevante el enfoque de intercambio de información en la contratación pública basado en estándares abiertos, donde se requiera proporcionar e intercambiar datos en formatos abiertos y neutrales, sin especificar soluciones de proveedores de software concretos.
– Transformación de la contratación pública para tener en cuenta el ciclo de vida de los activos.
La implantación de BIM en la contratación pública contribuye a una visión estratégica a largo plazo para las infraestructuras y las edificaciones, que es un factor esencial para garantizar la rentabilidad, la sostenibilidad, la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad de la inversión en infraestructuras.
– Desarrollo de empleo digital.
El uso de BIM, como herramienta de digitalización, contribuye a desarrollar empleo digital. El informe «Digitalisation in the construction sector, Analytical Report» señala que existe un crecimiento significativo de vacantes de perfiles de tecnología de la información y la comunicación en el sector de la construcción.
Según el informe «Spain-2020 Skills forecast»(14)del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) se estima un crecimiento del empleo del sector de la construcción del 1,9 % entre los años 2022 a 2030, con una demanda creciente de habilidades de digitalización y sostenibilidad.
– Trabajo cualificado para la juventud.
Según el estudio «La población joven y el sector de la construcción. Estudio cuantitativo»(15), la implantación de BIM en la construcción ayudará a que este sector sea atractivo para la población joven, donde existen multitud de oportunidades de trabajo cualificado y tienen cabida la innovación y la tecnología.
En cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 1515/2018, y en línea con la experiencia de los Estados miembros de la Unión Europea, el Plan tiene como objetivo instruir a los órganos de contratación para la incorporación de BIM en la gestión de la información en los contratos del sector público relacionados con la construcción, conforme a un calendario progresivo de aplicación de BIM en función del valor estimado del contrato.
El establecimiento de un calendario progresivo y umbrales de aplicación tiene en consideración no sólo la propia naturaleza de una transformación en la gestión de la información por una organización –proceso gradual que no puede considerarse en términos binarios– sino también la necesidad de adecuación del sector de la construcción, particularmente, la PYME.
En este sentido, la inclusión de BIM no puede suponer una restricción del acceso de los operadores económicos a los procedimientos de contratación, en especial, con respecto a las microempresas y pequeñas empresas, para lo cual el Plan:
i. Comienza incluyendo BIM en los contratos de mayor valor estimado, de forma que no afecte a las licitaciones que por criterios de solvencia económica típicamente pueden optar las microempresas y las pequeñas empresas; y
ii. Establece los estándares abiertos como criterio general para el intercambio de información para garantizar la neutralidad tecnológica, es decir, la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por parte de los licitadores, en particular, las microempresas y pequeñas empresas.
El proceso gradual que supone la incorporación de BIM puede medirse considerando el nivel de colaboración y de intercambio de la información entre los diferentes agentes involucrados en un contrato, partiendo de un nivel preBIM en el cual no está prevista la colaboración para el desarrollo de las actividades de trabajo y finalizando en un nivel caracterizado por una perfecta integración de la información y del uso de modelos y de plataformas de almacenamiento y gestión de la información.
Para que el proceso de implantación de BIM en la AGE y sus OOPPEEDD se lleve a cabo de forma coordinada, los órganos de contratación y el sector deben disponer de marco de referencia sobre los niveles BIM en la gestión de la información de un contrato, ya que será un referente comprensible para todos ellos en su colaboración en la licitación y ejecución de un contrato.
En consecuencia, en el apartado 4.9 se definen cinco niveles BIM detallando las exigencias que reviste cada uno de dichos niveles respecto de la aplicación de BIM. Esta escala de niveles sirve por tanto a un doble propósito como:
1. Hoja de ruta común para la incorporación gradual de BIM en la gestión de la información de un contrato, y
2. Referencia para las acciones que deberán emprender las correspondientes unidades de la Administración General del Estado y los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes para la completa implantación de BIM en sus contratos.
Lo dispuesto en este apartado 4 del Plan BIM será de aplicación a los siguientes contratos del sector público:
a) Contratos de obras.
b) Contratos de concesión de obras.
c) Contratos de concesión de servicios, cuando comprendan la ejecución de obras.
d) Contratos de servicios vinculados a los contratos de obra o concesión de obras, tales como servicios de dirección facultativa, asistencia técnica a la dirección de obra, asistencia técnica para la vigilancia, control y coordinación de seguridad y salud.
e) Contratos de servicios previos a la licitación de contratos de obra o concesión de obras, tales como servicios de redacción de proyectos.
f) Contratos mixtos que combinen elementos de los contratos mencionados en las letras anteriores.
g) Contratos basados en acuerdos marco o contratos específicos de sistemas dinámicos de adquisición, cuya tipología se corresponda con los mencionados en las letras anteriores.
h) Concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios, en los que eventualmente se podrán conceder premios o pagos; o concursos de proyectos con premios o pagos a los participantes.
BIM se solicitará en dichos contratos cuando se rijan por cualquiera de estas leyes:
a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
b) Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, en lo relativo a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
c) Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.
Lo dispuesto en este apartado 4 del Plan BIM será de aplicación a los siguientes sujetos del sector público:
a) A la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, de acuerdo con el artículo 4.1 del Real Decreto 1515/2018, de 28 de diciembre. En este ámbito, el apartado 4 de este Plan tendrá efectos como instrucción interna de las previstas en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
b) Al resto de entidades del sector público estatal no mencionadas en el apartado anterior, tales como autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas. En este ámbito, el apartado 4 de este Plan tendrá el carácter de recomendación.
BIM se solicitará gradualmente a los expedientes de contratación que se inicien después de la publicación del Acuerdo del consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública en el BOE, conforme a los niveles BIM establecidos en el apartado 4.9 de este Plan, según el valor estimado del contrato y el calendario establecido en la siguiente tabla.
A estos efectos, se entenderá que el inicio del expediente de contratación se produce al publicarse la convocatoria del procedimiento de adjudicación o, en los procedimientos negociados sin publicidad, al aprobarse los pliegos.
La tabla para la aplicación gradual del Plan BIM es la siguiente:
Para aplicar los umbrales del valor estimado del contrato se observarán estas reglas:
a) El umbral igual o superior a 5.382.000 euros se entenderá revisado cuando se actualice el importe mencionado en el artículo 20 de la LCSP.
b) El umbral inferior a 5.382.000 euros e igual o superior a 2.000.000 euros se entenderá revisado cuando se actualice el importe mencionado en el artículo 159.1.a) de la LCSP.
c) En los contratos divididos en lotes, se tendrá en cuenta el valor estimado de cada lote.
d) En los contratos de servicios vinculados o previos a contratos de obra o de concesión de obras, se solicitará BIM cuando los contratos de obra o de concesión de obras a los que estén vinculados superen los umbrales del valor estimado señalados en la tabla anterior, o se prevea que van a superarlos.
Para aplicar el calendario previsto se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El órgano de contratación deberá aplicar a su gestión interna de la información del contrato el mismo nivel BIM que haya solicitado en la licitación. Si el órgano de contratación no ha alcanzado aún dicho nivel BIM, podrá recurrir a una asistencia técnica como apoyo en la gestión de dicho contrato, de conformidad a la legislación vigente.
b) Cualquiera que sea el valor estimado del contrato, el órgano de contratación podrá adelantar la exigencia de BIM respecto del citado calendario y niveles BIM, si lo considera pertinente, siempre que exista suficiente concurrencia y que no se menoscabe por ello la participación de las PYME en la licitación.
La incorporación de BIM en los contratos será como sigue:
a. En todo caso, el órgano de contratación solicitará BIM incorporando requisitos de información BIM en los pliegos de prescripciones técnicas particulares o en los documentos descriptivos, según corresponda, que se definirán en función de las necesidades del contrato y de las fases del ciclo de vida del activo para dar respuesta a los objetivos fijados y a los usos pretendidos.
Los requisitos de información BIM se definirán de acuerdo con las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas definidas en el artíc