Categoría: Administración

La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha un ambicioso Fondo de Recuperación y Resiliencia para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías europeas en el mundo post-COVID, a partir de 2021.
El nuevo Fondo de Recuperación NextGenerationEU permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes y en este contexto se aprobó el 27 de abril de 2021, por Acuerdo de Consejo de Ministros, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España(1), aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021 y por el Consejo de la Unión Europea el 13 de julio de 2021, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década.
Este Plan tiene entre sus objetivos que nuestro país apueste por la «descarbonización», invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta un sistema energético limpio, siendo la transición ecológica uno de los cuatro ejes transversales del Plan en nuestro país.
La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, modifica y refunde los cambios realizados en la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. En su artículo 3 dicta que los Estados miembros velarán conjuntamente por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de, al menos, el 32 % del consumo final bruto de energía de la Unión Europea en 2030.
Por otra parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (en adelante, PNIEC) 2021-2030, remitido a la Comisión Europea en marzo de 2020, proporciona el marco director del programa de inversiones y reformas para una transición medioambiental justa que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde.
Dicho plan incluye, entre sus objetivos energéticos, lograr en 2030 una presencia de las energías renovables sobre el uso final de energía del 42 %, donde la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable deberá representar el 74 % de la generación eléctrica, conllevando una importante reducción del nivel de emisiones de CO2y favoreciendo el paso a una economía baja en carbono.
El PNIEC prevé un incremento de 25,7 GW de potencia eólica en 2021-2030, sin distinguir entre terrestre o marina, así como alcanzar una potencia en servicio de 50 MW para las energías del mar especialmente destinados a demostradores y dispositivos precomerciales. En función del desarrollo tecnológico, la evolución de costes de las distintas tecnologías y su viabilidad y flexibilidad de implantación, el peso relativo de estas tecnologías en el «mix» español podría variar respecto a las previsiones. Adicionalmente, el PNIEC contempla el desarrollo de una «estrategia española para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar» (medida 1.1) coordinada y alineada con los Planes de Ordenación del Espacio Marino, cuyas conclusiones y objetivos podrán incorporarse en las revisiones periódicas de este Plan.
Dicha estrategia, desarrollada en la «Hoja de ruta para el desarrollo de la Eólica marina y las energías del mar en España», fue aprobada por el Gobierno en diciembre de 2021, teniendo como objetivo impulsar el despliegue efectivo de las Energías Renovables Marinas en España, de modo que contribuyan a cumplir los objetivos energéticos, climáticos, ambientales e industriales del país, de manera compatible, así como potenciar el liderazgo español en el desarrollo tecnológico y de la I+D de las distintas fuentes limpias que aprovechan los recursos naturales marinos. En dicha estrategia se prevé como objetivos a 2030, revisables en 2025, una horquilla de entre 1 a 3 GW de eólica marina flotante y de entre 40 y 60 MW para las energías marinas.
La hoja de ruta plantea en su primera línea de acción, convertir a España en el lugar de referencia para la prueba de nuevos prototipos y soluciones tecnológicas asociadas a las energías renovables marinas, a través de las siguientes medidas, cuyo cumplimiento tendrá lugar mediante el desarrollo del presente programa de ayudas:
Medida 1.1 «Desarrollo y refuerzo de plataformas de ensayos» apoyándose en la medida 1.2, destinado a reforzar las plataformas de ensayo existentes y la implementación de nuevas plataformas para prototipos y proyectos precomerciales, aprovechando también las infraestructuras portuarias.
Medida 1.2 «Programas de desarrollo tecnológico», contemplando el lanzamiento de las primeras líneas durante 2022, mediante el instrumento de financiación preferente el de subvención a la inversión utilizando mecanismos de concurrencia competitiva.
Adicionalmente, este programa de ayudas contribuye a la medida 2.1 «Evaluación de la infraestructura portuaria de cara a la construcción, montaje o exportación de componentes asociados a instalaciones renovables marinas», que contempla que en el desarrollo del programa de ayudas de la medida 1 se incluirá el impulso y la adaptación de las instalaciones portuarias al desarrollo de proyectos innovadores y singulares de tecnologías renovables marinas.
Por otro lado, las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están completamente alineadas con las siete iniciativas bandera europeas(Flagship initiatives)presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Entre estas iniciativas destaca el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable.
En este contexto, deben llevarse a cabo medidas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que financiará el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno, y en el que las ayudas reguladas por esta orden, están incluidas dentro del pilar de la transición ecológica previsto por su artículo 3 así como entre los tipos de intervención a que se refiere el anexo VI, todo ello con el objetivo de hacer frente a los efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19 así como los impactos económicos que conlleva. Estos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los objetivos intermedios y las metas pertinentes, en los plazos que se establezcan.
El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) tiene previsto financiar la presente actuación contribuyendo a hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, apoyando la inversión y las reformas para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión Europea. La presente actuación será objeto de financiación mediante el «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–Financiadopor la Unión Europea– NextGenerationEU», a través del Eje Transición Ecológica, Política palanca III «Una transición energética justa e inclusiva», componente 7 «Despliegue masivo de energías renovables».
Dentro de las diez políticas palanca que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una de las líneas de acción del impulso a la transición verde es el componente 7: despliegue e integración de las energías renovables. Esta componente incluye, entre otros, la «inversión 1» (C7.I1) «para el desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos». El programa de incentivos que se aprueba por esta orden prevé la ejecución de actuaciones que se enmarcan dentro del mencionado componente 7, formando parte de la inversión 1 (C7.I1).
Este plan constituye uno de los elementos esenciales para el desarrollo de los territorios y la cohesión social y territorial, así como para el incremento de la productividad, la mejora de la competitividad, el aumento del empleo y la capacidad de exportación de la economía.
Adicionalmente, el 14 de diciembre de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se declara el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Verde y Almacenamiento, PERTE ERHA, incluyendo un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo situar a España como un líder en la cadena de valor de la transición energética, de manera que se pueda cumplir la hoja de ruta marcada por el Marco Estratégico de Energía y Clima, logrando al mismo tiempo un tejido productivo más competitivo y resiliente. Con este fin, el PERTE ERHA permitirá articular las inversiones públicas de los diferentes componentes del plan, y coordinar las acciones de los distintos eslabones de la cadena de valor, en aras de lograr el impacto deseado en términos de transformación eficiente del sector. Para ello, entre otras, en el PERTE ERHA se recoge este programa de incentivos como una de las medidas facilitadoras para lograr sus tres objetivos principales: (i) Consolidar la cadena de valor nacional en transición energética, (ii) maximizar las oportunidades de generación de empleo sostenible que este proceso de transición energética brinda y (iii) posicionar al sector empresarial nacional.
Este programa de incentivos será financiado con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, estando contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular, el programa contribuye a la ejecución y consecución de los hitos de las actuaciones de inversión 1 que se enmarcan dentro del componente 7 (C7.I1) «para el desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos». El buen desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a cada inversión y cada componente, aprobados en el marco del Plan, que son condición indispensable para el libramiento de los correspondientes fondos a España.
En concreto, esta Orden Ministerial contribuye al cumplimiento del hito CID 116 de la inversión 1 de la componente 7 de conseguir al menos seis avances adjudicados que fomenten nuevos proyectos, tecnologías o instalaciones de infraestructuras de energías renovables marinas, según el «Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España», de fecha 16 de junio de 2021.
Las ayudas reguladas por esta orden serán financiadas con el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. A tal efecto, se han previsto tanto en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, como en la Ley 22/2021 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, aplicaciones presupuestarias al IDAE para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible.
Dentro de este crédito presupuestario, se prevé destinar un presupuesto de 200 millones de euros para el desarrollo de proyectos piloto y plataformas de ensayo e infraestructuras portuarias para las renovables marinas. Esta orden establece una dotación inicial de 200 millones de euros, que podrá ser objeto de ampliación, en función de la demanda y desarrollo de los proyectos, así como de la disponibilidad de créditos adicionales, de acuerdo con lo mencionado en el siguiente párrafo.
Las cuantías previstas en las correspondientes leyes de presupuestos generales podrán verse incrementadas en ejercicios futuros con cargo a los créditos aprobados para su transferencia a IDAE en el servicio 50 para la consecución de las finalidades previstas en el mencionado componente 7, conforme a su marco regulatorio, así como con cualesquiera otros que pudieran habilitarse, independientemente de su origen, siempre y cuando se hubieran transferido al IDAE a tal fin o se hubiera aprobado su disposición conforme a los procedimientos estatutariamente previstos para la disposición de fondos propios del IDAE. Las propuestas de gasto a financiar con estos créditos deberán incorporar una memoria específica que cuantifique y justifique las estimaciones de gasto para cada actividad y en qué medida contribuyen al cumplimiento de los objetivos recogidos en el plan estratégico aprobado. Todo ello deberá realizarse siguiendo lo establecido en la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Gobierno podrá acordar las transferencias de los citados créditos entre secciones en orden a garantizar una correcta absorción del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 9.Uno 2 de la ley 22/2021.
Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha procedido a su ejecución conforme a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y demás normativa reguladora, habiéndose reconocido la obligación e instrumentado la correspondiente propuesta de pago con fecha 23 de julio de 2021, integrándose el mismo en el patrimonio neto del IDAE, conforme a su normativa contable reguladora.
Con cargo a la aplicación presupuestaria mencionada anteriormente, están legalmente afectados a financiar proyectos o líneas de actuación integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En caso de no realizarse el gasto, el IDAE deberá proceder a reintegrar al Tesoro Público los fondos recibidos que no vayan a destinarse a la finalidad asignada. Asimismo, con la finalidad de permitir su seguimiento, en la formulación de las cuentas anuales, en el remanente de tesorería afectado, el IDAE distinguirá la parte afectada destinada a cubrir estas actuaciones.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todos los proyectos de inversión que deben llevarse a cabo en cumplimiento de esta orden deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») y las condiciones del etiquetado climático y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en el componente 7 e inversiones mencionadas anteriormente, en la que se enmarcan dichos proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del componente 7 del Plan y en la Decisión de Ejecución del Consejo.
En particular, en aplicación de lo dispuesto en el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los campos de intervención asignados a esta actividad contarán con un porcentaje de contribución a los objetivos climáticos del 100 %.
Es por ello que los requisitos de valoración y elegibilidad de las actuaciones darán respuesta a las principales prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, orientadas a la mitigación y lucha contra el cambio climático.
Estas ayudas podrán impulsar en todo el territorio nacional el desarrollo de proyectos innovadores que se adecúen a las nuevas exigencias de las Directivas Europeas para la integración de las energías renovables en la red eléctrica. De esta forma se contribuye a cumplir los objetivos fijados en la Directiva (UE) 2018/2001, en la Estrategia para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar en España, en el PNIEC y también a poner en práctica la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo para movilizar inversiones en la implantación de tecnologías limpias, basadas en fuentes renovables.
Asimismo, el desarrollo de este programa favorecerá la generación de empleo en todo el territorio y la actividad económica, en un contexto de recuperación económica tras la pandemia, inducida por las distintas líneas de ayuda. Cabe destacar el beneficio derivado de la reducción de las importaciones de combustibles fósiles y mejora de la competitividad de las empresas.
En concreto, este programa de ayudas se destina a impulsar las plataformas de ensayo para la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el campo de las tecnologías renovables marinas, que permitan el ensayo y la demostración de prototipos y, potencialmente en función del tamaño, proyectos precomerciales de eólica marina y energías del mar en condiciones reales, tanto para el refuerzo de las plataformas existentes como para la creación de nuevas, así como la adaptación de las infraestructuras portuarias para su contribución en el despliegue de la eólica marina y de las energías del mar. Además, el programa de ayudas se destina al desarrollo y demostración de los propios prototipos y soluciones tecnológicas vinculadas a energía eólica marina tanto para tecnología flotante como de cimentación fija, energía de las olas, de las corrientes, solar fotovoltaica flotante y/o híbridos tecnológicos. Se pretende con ello apoyar los proyectos de carácter innovador de los desarrolladores tecnológicos en el sector de las renovables marinas, para que puedan implantar y ensayar sus proyectos experimentales en las plataformas de ensayo reforzadas o de nueva creación en las costas y aguas españolas. Las nuevas infraestructuras y desarrollos supondrán un importante activo para un sector estratégico en España y en la Unión Europea, con grandes sinergias con otros sectores industriales y navales igualmente relevantes.
Para el diseño del programa de incentivos de esta orden se ha tomado como base no solo las características intrínsecas de los actuales desarrollos, sino también, el resultado de la Manifestación de Expresión de Interés, realizada en enero de 2021, relativa a «Energías Renovables» en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se publicó con el objetivo de identificar el estado de situación del mercado, los posibles actores implicados y beneficiarios de los proyectos con interés en desarrollar proyectos o nuevas líneas de actuación, así como los aspectos más relevantes de dichos proyectos y actuaciones.
A partir del análisis de esta manifestación de interés, en la que se recibieron 1.002 iniciativas, sobre catorce tipologías principales de actuación vinculadas a la mejora y la innovación de las energías renovables, se han establecido las líneas estratégicas de actuación de diferentes programas de ayudas, entre las que se encuentran las reguladas por esta orden con el objetivo de desarrollar actuaciones tecnológicas innovadoras en el ámbito de las energías renovables marinas.
Adicionalmente, se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas en el trámite de audiencia pública que se celebró entre el 20 de julio y el 19 de agosto de 2022, ambos inclusive.
En el caso de los subprogramas 2, 3 y 4 este programa de incentivos está dirigido a beneficiarios que puedan realizar alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, por lo que las ayudas objeto de los mismos estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, aplicándose la exención por categoría de ayudas de investigación y desarrollo e innovación (Sección 4), sin perjuicio del resto de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Reglamento (UE) n.º 651/2014 establece que las ayudas a proyectos de investigación y desarrollo serán compatibles con el mercado interior siempre que cumplan las condiciones previstas en su artículo 25. Las ayudas establecidas en este programa han sido diseñadas considerando las establecidas en el artículo 25.2. apartado c) desarrollo experimental, según las definiciones establecidas en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 Será posible la financiación que contempla las actividades de desarrollo experimental, que podrá comprender la creación de prototipos, la demostración la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, y puede incluir el desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el producto comercial final.
Por otro lado, el Reglamento (UE) n.º 651/2014 establece que las ayudas a la inversión para infraestructuras de investigación, serán compatibles con el mercado interior siempre que cumplan las condiciones previstas en su artículo 26 y en concreto, para el subprograma 2, de ayudas a las inversiones en infraestructuras y plataformas de ensayos para las renovables marinas, estas actuaciones deberán, entre otros, (1) consignar por separado la financiación, los costes e ingresos de las actividades económicas y no económicas que desarrollen, sobre la base de principios de contabilidad de costes aplicados con coherencia y justificables objetivamente, (2) el precio que se cobre por el funcionamiento o la utilización de las infraestructuras deberá corresponder al precio de mercado y (3) se deberá permitir el acceso a la infraestructura de forma transparente y no discriminatoria a varios usuarios; con acceso preferente a aquellos usuarios que hayan financiado al menos el 10 % de los costes de inversión de la infraestructura.
No obstante lo anterior, en particular para las actuaciones del subprograma 1, las ayudas se otorgarán únicamente a organismos de investigación para actividades no económicas, por lo que, en este caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.1 de la Comunicación de la Comisión sobre el Marco de Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01), no se aplicará la incompatibilidad con el mercado interior dispuesta en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas previstas en esta orden para el subprograma 1, que no tendrán la consideración de ayudas de Estado. Las entidades beneficiarias que, además de actividades no económicas, realicen también actividades económicas, deberán consignar por separado la financiación, los costes y los ingresos respectivos.
Se mantiene el carácter incentivador de las ayudas, por lo que solo se admitirán solicitudes de proyectos cuya ejecución no se haya iniciado con anterioridad a la fecha de registro en la sede electrónica del IDAE de la solicitud de ayuda.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presente orden ministerial establece las bases reguladoras de las ayudas destinadas a infraestructuras, proyectos piloto y plataformas de ensayos para renovables marinas, dentro del dominio público marítimo–terrestre nacional y en aguas portuarias españolas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta orden se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en particular, a los principios de necesidad y eficiencia, considerándose necesario «descarbonizar» los distintos sectores de la economía, reactivar la actividad económica del país, en el marco de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del cumplimiento de los objetivos energéticos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, así como se considera conveniente la puesta en marcha de instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable que contribuyan a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y de emisiones de CO2, favoreciendo el paso a una economía baja en carbono. El dictado de esta norma es, por tanto, el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos. incentivar proyectos relativos a desarrollos innovadores, consiguiendo con ello, además de la reducción del consumo de energía final, una menor dependencia energética y menores emisiones de CO2.
También se adecúa al principio de proporcionalidad, en la medida en que la norma contiene las actuaciones imprescindibles para el fin que se persigue, estableciendo las bases reguladoras que permiten articular la concesión de ayudas previstas en la normativa vigente. De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional.
La norma cumple con el principio de transparencia, ya que en su elaboración se han seguido todos los procesos de participación y audiencia que establece la normativa, habiéndose realizado el trámite de participación pública. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
Finalmente, respecto al principio de eficiencia, la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Esta orden se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre bases del régimen minero y energético, establecidas respectivamente, en los artículos 149.1.13.ª y 149.1.25.ª de la Constitución Española, en la que tienen cobijo normas básicas y asimismo previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, FJ 2). Entre estas acciones se encontrarían las asociadas a este programa de incentivos a proyectos de creación y refuerzo de plataformas de ensayos de renovables marinas y a la adaptación de las infraestructuras portuarias para el desarrollo de las EERR marinas, así como el desarrollo de proyectos piloto en renovables marinas, tiene como principal objetivo el de promover la investigación técnica en el ámbito de este sector, que permita obtener información cualitativa así como innovar en las opciones de creación de plataformas de ensayos y adecuación de puertos para renovables marinas. De ahí, además, que se encuentre entre las acciones o medidas singulares al amparo del título competencial fundamentado en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, y que tiene el carácter de prevalente. En particular, respecto a la competencia establecida por la regla 15.ª, se incide en que el título competencial aplicable en esta orden ministerial sería el de fomento general de la investigación científica y técnica.
En consecuencia, fundamentado en los mencionados títulos competenciales, así como con el objeto de asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, el Estado puede asumir la gestión de las subvenciones contempladas en estas bases reguladoras. En este sentido, estas ayudas se gestionan de forma centralizada para optimizar la gestión de los fondos públicos limitados, asegurando la plena efectividad del presupuesto disponible y garantizando en todo el territorio español las mismas posibilidades de obtención y aplicación de las ayudas que, en el caso de las plataformas de ensayos de demostradores tecnológicos renovables marinos que se pretenden fomentar, presentan un carácter singular e incipiente en nuestro país.
Adicionalmente, la gestión centralizada posibilita alcanzar el objetivo de incentivar proyectos, con un volumen de inversión significativo, que permitan un avance más notable en el desarrollo de las renovables marinas, independientemente de la región de España desde donde se promuevan, y permitiendo el acceso a las ayudas a proyectos que puedan afectar a más de una comunidad autónoma. En este sentido, no cabría para esta línea de ayudas, el establecimiento de un mecanismo más directo de cooperación con las comunidades autónomas para desplegar sus competencias ejecutivas mediante una territorialización o gestión descentralizada de las ayudas, puesto que la territorialización del presupuesto supondría que, en ciertas regiones, no se podrían incentivar determinados proyectos por superar el importe de la ayuda a la partida territorializada correspondiente o bien que, al afectar a varias comunidades autónomas, no pudiera realizarse en su totalidad. Resaltar que una territorialización de las ayudas requeriría que el presupuesto de cada Comunidad Autónoma estuviera limitado al inicio de las convocatorias, para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos disponibles. Ahora bien, como la demanda de solicitudes de ayudas es difícilmente previsible, no existe un criterio claro que permitiría asignar estos fondos de una forma eficiente, la territorialización daría como resultado, por un lado, un presupuesto sobrante en las comunidades autónomas con una baja demanda de solicitudes y, por otro, un presupuesto insuficiente para aquellas con una alta demanda. Esta situación de desequilibrio solo podría conocerse a la finalización de la correspondiente convocatoria, ya que hasta el último día de su período de vigencia podrían seguir realizándose solicitudes. Por tanto, su corrección, al final del ejercicio, mediante una reasignación de fondos entre comunidades, conllevaría un importante retraso en la implantación de las medidas de ahorro energético y de los ahorros acumulados, así como en el cumplimiento de los exigentes plazos de ejecución previstos tanto por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por otra parte, la selección de los proyectos a subvencionar, aunque la instalación afectase inclusive a una sola comunidad autónoma requeriría de una valoración técnica compleja y homogénea, que especialmente en el caso de los proyectos piloto y las plataformas de ensayo e infraestructuras portuarias para renovables marinas que se pretenden fomentar, garantizará la igualdad de acceso únicamente si es realizada por una misma entidad.
De este modo, atendiendo a los dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, la gestión centralizada de estas subvenciones resulta imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector y optimizando la aplicación del presupuesto disponible.
En este contexto, se realizará una convocatoria a nivel nacional con una gestión centralizada de solicitudes por parte del IDAE, como órgano concedente, en régimen de concurrencia competitiva, otorgándose las ayudas a los solicitantes con mejor valoración según los criterios establecidos en las bases reguladoras contenidas en esta orden y en cada convocatoria.
Adicionalmente a efectos de garantizar la coordinación entre la gestión centralizada de este programa y las políticas autonómicas, se incluye la posibilidad de presentar un informe de la comunidad autónoma donde se vaya a ubicar la actuación, en el que el gobierno autonómico podrá valorar la adecuación del proyecto a las prioridades de su política autonómica.
La recepción de solicitudes, instrucción, selección, gestión, resolución, verificación y control y, en su caso, publicación de las convocatorias de estas ayudas será realizados por E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P.
En todas las fases del procedimiento se establece la obligación de relacionarse electrónicamente a todos los sujetos implicados.
Por otra parte, la gestión centralizada de las subvenciones ha sido informada a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía de fecha 28 de julio de 2022.
Asimismo, esta orden se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de acometer un proceso de modernización de la Administración pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-privada entre las Administraciones públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de esta orden, adoptada para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha aplicado lo previsto por los artículos 47, 60 y 61 del citado Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, teniendo previsto solicitar, antes de su aplicación, los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Por otro lado, dicho real decreto-ley establece una serie de medidas que van a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con fondos europeos. Entre ellas, se suprime la necesidad de exigir la autorización del Consejo de Ministros prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Del mismo modo, resulta conforme a los estándares exigidos por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta orden, además de lo dispuesto en la regla 15.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, que actúa como título competencial prevalente, se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su virtud, dispongo:
1. Esta orden ministerial tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas destinadas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras portuarias para renovables marinas, tanto en el dominio público marítimo-terrestre español como en las aguas portuarias españolas.
Los subprogramas en los que se organizan las actividades son los siguientes:
Subprograma 1: plataformas de ensayos para renovables marinas por organismos de investigación. La denominación de dichas instalaciones a efectos de estas bases reguladoras será «Plataforma de ensayo por organismo de investigación».
Subprograma 2: otras plataformas de ensayos para renovables marinas. La denominación de dichas instalaciones a efectos de estas bases reguladoras será «Plataforma de ensayo».
Subprograma 3: demostradores tecnológicos renovables marinos. La denominación de dichas instalaciones a efectos de estas bases reguladoras será «demostrador».
Subprograma 4: proyectos conjuntos de plataformas de ensayos y demostradores tecnológicos renovables marinos. La denominación de dichas instalaciones a efectos de estas bases reguladoras será «plataforma con demostrador».
2. Las ayudas reguladas en esta orden tendrán como finalidad contribuir al cumplimiento de los hitos y objetivos correspondientes a la inversión 1 del componente 7 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así como al cumplimiento de los objetivos energéticos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y a la «descarbonización» mediante el fomento de las inversiones en infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta un sistema energético limpio, en consonancia con ambos planes.
A los efectos de los establecido en esta orden, se entenderá por:
1. Plataformas de ensayos para renovables marinas: son infraestructuras destinadas al ensayo, la demostración y validación de prototipos, dispositivos innovadores o proyectos precomerciales de tecnologías de eólica marina y de energías del mar en condiciones reales de operación dentro del dominio público marítimo-terrestre nacional y de las aguas de servicio portuarias españolas. Estas actuaciones implican tanto la creación de nuevas infraestructuras de ensayos dentro o fuera de las infraestructuras portuarias, como la adaptación y/o refuerzo de infraestructuras existentes para ensayos renovables marinos. En esta definición no están incluidos los propios dispositivos de generación renovables marinos.
Estas plataformas se incluyen, en su caso, las correspondientes infraestructuras eléctricas de conexión y el cableado marino para facilitar que los futuros dispositivos de generación renovables marinos ensayen bajo protocolos del tipo «plug&play».
2. Adaptación y/o refuerzo de infraestructuras existentes para ensayos renovables marinos: la mejora, potenciación y/o refuerzo de las plataformas de ensayo o de las infraestructuras portuarias existentes para emplazar nuevos ensayos y demostradores asociados a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en las tecnologías renovables marinas. Incluyen las actuaciones necesarias llevar a cabo en plataformas de ensayos existentes y en las infraestructuras portuarias para convertirse en bancos de ensayos de prototipos o proyectos precomerciales de instalaciones renovables marinas o para realizar ampliaciones y nuevas infraestructuras que permitan albergar mayor número de prototipos y con mayor flexibilidad. Además, podrán incluir adaptación de zonas portuarias para el ensamblaje de aerogeneradores, fabricación de plataformas flotantes y estructuras fijas, almacenamiento de material, potenciación de redes eléctricas asociadas a la actuación.
3. Organismos de investigación y difusión de conocimientos (en adelante, organismo de investigación): es toda entidad, independientemente de su personalidad jurídica (de derecho público o privado) o de su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos, según la definición de organismo de investigación establecida en la sección 1.3.ee) de la Comunicación de la Comisión sobre el Marco sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01), publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» C 198, de 27 de junio de 2014.
4. Demostradores tecnológicos renovables marinos: desarrollos experimentales de tecnologías renovables marinas asociadas al ensayo, demostración y validación de dispositivos innovadores de generación renovable en el entorno marino. Las tecnologías renovables podrán ser: Eólica marina, tanto de tecnología flotante como de cimentación fija; energía de las olas, energía de las corrientes, solar fotovoltaica flotante o híbridos tecnológicos de las anteriores.
5. Desarrollo experimental: conforme a lo dispuesto en el artículo 2.86 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, podrá comprender la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados; puede incluir el desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación.
El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando esas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos.
6. Proyectos conjuntos de plataformas de ensayos y demostradores tecnológicos renovables marinos: aquellas actuaciones asociadas a las definiciones de «plataformas de ensayos para renovables marinas» y «demostradores tecnológicos renovables marinos» cuando ambas se incluyan en una misma actuación y emplazamiento marino. Estas actuaciones pueden incluir la construcción, montaje y puesta en marcha del prototipo en la plataforma de ensayos, así como alguno o todos los elementos auxiliares necesarios para la creación, el refuerzo y/o adaptación de las infraestructuras para las actividades de demostración, ensayos y validación.
7. Actuaciones incentivables: tipo de actuaciones que podrán ser objeto de las ayudas según quedan definidas en el artículo 8.
8. Coste subvencionable del proyecto: se corresponde con la suma de los costes elegibles que conforman un proyecto de inversión, según lo previsto en el artículo 9, y en la metodología definida en cada convocatoria.
9. Colaboración efectiva: se entiende por colaboración efectiva, conforme a los dispuesto en el artículo 2.90 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, la colaboración entre al menos dos partes independientes para el intercambio de conocimientos o tecnología, o para alcanzar un objetivo común sobre la base de la división del trabajo, en la que las partes implicadas definen conjuntamente el ámbito del proyecto en colaboración, contribuyen a su aplicación y comparten sus riesgos y sus resultados; una o varias de las partes pueden soportar la totalidad de los costes del proyecto y liberar así a otras partes de sus riesgos financieros; la investigación bajo contrato y la prestación de servicios de investigación no se consideran formas de colaboración.
1. Lo dispuesto en esta orden será de aplicación en todo el territorio nacional.
2. La vigencia de las bases reguladoras aprobadas por esta orden se extenderá desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 30 de junio de 2026 o en el plazo máximo que se determinase, en caso de que tuviese lugar una ampliación de plazos en la normativa reguladora del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No obstante, las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella y por las correspondientes convocatorias dictadas al amparo de la misma, hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
3. Las ayudas se concederán solo a aquellas entidades beneficiarias cuyas actuaciones se desarrollen dentro del dominio público marítimo-terrestre nacional y/o en aguas portuarias españolas, de acuerdo con los requisitos establecidos por cada subprograma.
1. Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma y en las respectivas convocatorias y resoluciones de concesión, por cuantas normas vigentes que por su personalidad jurídica pudieran resultar de aplicación, y, en particular, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En defecto de lo previsto en esta normativa, se aplicarán las normas de derecho administrativo y, en último término, el derecho privado.
2. También serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a) El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado. Cuando las ayudas se otorguen a beneficiarios que no realicen actividad económica, no tendrán la consideración de ayudas de Estado por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este sentido, no se aplicará la incompatibilidad con el mercado interior dispuesta en el artículo 107.1 de dicho tratado a las ayudas previstas en esta orden para el subprograma 1, que se otorgarán a organismos de investigación para actividades no económicas.
b) Las normas que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en particular:
i. Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
ii. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
iii. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
iv. La Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
v. Las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
c) La normativa medioambiental que regula la aplicación del principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH):
i. La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)» («Guía Técnica de la Comisión Europea»).
ii. El «Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088» («Reglamento de Taxonomía»).
iii. El Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales («Actos Delegados de Taxonomía»).
iv. En su caso, las actuaciones llevarán a cabo los procedimientos de evaluación ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
d) El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
e) En todo lo no previsto en esta orden o en las respectivas convocatorias, será de aplicación lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y su normativa de desarrollo así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación. Igualmente será de aplicación la normativa portuaria contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septi