Categoría: Economía y Empleo

por encima de los límites anteriormente señalados, a las empresas clasificadas en el subsector de sociedades no financieras públicas a efectos de Contabilidad Nacional, las contrataciones que resulten necesarias para dar cumplimiento a los instrumentos de planificación estratégicos que sean aprobados por el órgano de administración. Dichos instrumentos de planificación, que abarcarán un marco temporal mínimo de tres años, deberán garantizar la viabilidad económica y financiera de la empresa, y contar con informe favorable de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, antes de ser sometidos a la aprobación del órgano de administración de la sociedad.
7. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización del titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
1. Las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid a que se refiere el artículo 21.1.e) de la presente ley únicamente podrán proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición, de acuerdo con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y, en todo caso, previo informe favorable de esta Consejería.
2. Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, en el que esté incluida la correspondiente fundación, así como en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, previa autorización de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.
3. Sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y previo informe favorable de la misma.
4. Las fundaciones que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 22.3 de esta ley tendrán una tasa de reposición del 120 por cien en los términos establecidos en dicho precepto, siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para la adecuada prestación del servicio o para la realización de la actividad. En los demás casos, la tasa será del 110 por cien. La determinación de la tasa se llevará a cabo siguiendo los criterios establecidos en la legislación básica estatal y lo establecido en esta ley.
La contratación en este supuesto por parte de las fundaciones de personal funcionario, estatutario o laboral con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local generará derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo.
5. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización del titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
1. En el año 2022 los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid podrán proceder a la contratación de nuevo personal de acuerdo con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y, en todo caso, previo informe favorable de esta Consejería.
2. Los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, que, con arreglo a la legislación aplicable, puedan contratar personal propio y gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 22.3 de esta ley tendrán una tasa de reposición del 120 por cien, en los términos establecidos en dicho precepto, y siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para la adecuada prestación del servicio o para la realización de la actividad. En los demás consorcios que puedan contratar personal propio, la tasa será del 110 por cien. La contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
La contratación en este supuesto por parte de los consorcios de personal funcionario, estatutario o laboral con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local generará derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad.
3. Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, en el que, respectivamente, esté incluido el correspondiente consorcio, así como en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, previa autorización de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.
4. Sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, los consorcios públicos contemplados en la presente disposición podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y previo informe favorable de esta Consejería.
5. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización del titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 21 de la presente ley, durante el año 2022 se mantiene la suspensión de las siguientes disposiciones del Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009:
a) Artículo 17, en lo relativo a la incentivación de la jubilación anticipada.
b) Artículo 18, en lo relativo a las licencias retribuidas por estudios, de modo que no se aprobarán nuevas convocatorias de dichas licencias.
c) Artículo 19, denominado «Ayudas a la formación fuera de la red propia y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matriculación en centros públicos de enseñanza no universitaria y universitaria».
d) Artículo 23, denominado «Formación», en lo relativo al fondo destinado a acciones formativas incluidas en los respectivos planes anuales de formación que gestionan las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no universitario.
e) Artículo 24, apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo establecido en el artículo 41.1 d) del EBEP, que recoge los créditos de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo que son retribuidas como de trabajo efectivo, con arreglo a la siguiente escala:
– Hasta 100 funcionarios: 15.
– De 101 a 250 funcionarios: 20.
– De 251 a 500 funcionarios: 30.
– De 501 a 750 funcionarios: 35.
– De 751 en adelante: 40.
f) Artículo 25, apartado 1, relativo al derecho de los sindicatos considerados de especial audiencia sobre dispensa total de asistencia al trabajo de funcionarios docentes.
2. Asimismo, se mantiene la suspensión de la Disposición transitoria primera del referido Acuerdo, «Ayudas para gastos de administración del Acuerdo», salvo acuerdo entre administración y organizaciones sindicales que posibilite su percepción.
En el año 2022, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 21.7 de la misma, quedan suspendidas todas las previsiones que hubieran tenido su origen en Acuerdos, tanto de ámbito general como sectorial, o en convenios colectivos para el personal del sector público de la Comunidad de Madrid, suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2017, de 26 de diciembre, y que puedan dar lugar a incremento de la masa salarial para el año 2022, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan, excluidos préstamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados públicos.
1. En el año 2022, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley, excluidas las universidades públicas, queda sin efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que pueda implicar, para cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por el arrendamiento de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales.
2. Las organizaciones sindicales que hayan alcanzado los niveles de representatividad legalmente requeridos para estar presentes en órganos de negociación y no estén utilizando otros inmuebles de titularidad de la Comunidad podrán solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior la puesta a disposición de un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a criterio discrecional de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se encuentren disponibles en el ámbito territorial de la Comunidad y sea viable su utilización.
Durante 2022, sólo se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales, cuando las mismas sean objeto de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva. En el supuesto del procedimiento de concesión directa, excepcionalmente las subvenciones podrán concederse, por el Consejo de Gobierno, a las organizaciones sindicales y empresariales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. En el caso de los partidos políticos, sólo podrán concederse cuando las mismas subvencionen acciones o actuaciones de utilidad pública o interés social distintas a las de su actividad propia, a excepción de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.
Los acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales para todo el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid relativos a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que se suscriban a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se financiarán exclusivamente con cargo a los incrementos adicionales de la masa salarial que, en su caso, la normativa básica autorice para el ejercicio presupuestario 2022, todo ello sin perjuicio de la aplicación de la normativa básica que se dicte para el restablecimiento de las retribuciones minoradas en cuantías no previstas en la misma.
El Consorcio Institución Ferial de Madrid (IFEMA), adscrito a la Comunidad de Madrid, se regirá por lo previsto en su propio Estatuto en virtud de lo establecido en la disposición adicional decimocuarta de la de la Ley 13/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y simplificación de la Administración Pública. En tanto cumpla las condiciones fijadas en dicha disposición, no le será de aplicación lo establecido para los consorcios en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
A estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal, en lo referente al requisito de no incurrir en pérdidas durante dos ejercicios consecutivos, no se considerarán los ejercicios 2020 y 2021 cuando en ellos se haya incurrido en pérdidas.
1. La aplicación de las normas de la presente ley se adecuará en las materias afectadas a las disposiciones que, con carácter básico, se dicten por el Estado y, en especial, las relativas a incremento retributivo, oferta de empleo público, tasa de reposición de efectivos y su cálculo, y sectores prioritarios.
2. En materia retributiva, se habilita al Consejo de Gobierno para adoptar las decisiones que procedan en esta materia, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, en el marco de la política económica autonómica.
Durante el año 2022, se suspende la vigencia del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Gobierno informará, semestralmente, a la Asamblea de Madrid sobre los créditos transferidos a las Corporaciones Locales. Para ello, remitirá a la Comisión de Presupuestos y Hacienda y a la Comisión de Administración Local y Digitalización, información que incluya por cada municipio, el importe del crédito transferido desagregado por Sección, programa y subconcepto.
El Consejo de Gobierno remitirá trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de 30 días naturales, un informe sobre los pleitos judiciales cuya cuantía sea superior a diez millones de euros, en los que la Comunidad de Madrid ocupa la posición de demandada y en las que pudieran estar comprometidos bienes económicos o patrimoniales de la Comunidad de Madrid. En los casos en que exista sentencia firme, se indicará fecha, demandante, importe y estado, así como sección, programa y subconcepto presupuestario en el que se haga efectiva.
Durante el ejercicio 2022, los créditos destinados a financiar los programas de inversiones regionales podrán ser incrementados hasta una cuantía máxima de 200.000.000 de euros, de acuerdo con lo previsto en los citados programas y en los instrumentos que los desarrollen.
Las normas establecidas en el Capítulo V del Título IV serán de aplicación a la tramitación de los procedimientos y expedientes administrativos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Los ya iniciados seguirán su tramitación de conformidad a la normativa que les sea de aplicación.
Uno. Los apartados 3 y 4 del artículo 55, quedan redactados en los siguientes términos:
«3. La competencia para la autorización de gastos de carácter plurianual corresponde:
a) Al Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando la suma del conjunto de las anualidades supere el importe fijado a estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, excepto cuando se trate de reajustes y reprogramación de anualidades.
b) Al órgano competente para acordar los arrendamientos de bienes inmuebles, cualquiera que sea su cuantía, según lo previsto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, salvo lo dispuesto para las prórrogas legales y contractuales en el último párrafo del apartado 1 del artículo 69 de esta Ley.
c) Al Presidente de la Comunidad de Madrid, a los Consejeros respectivos y a los Gerentes de los Organismos Autónomos en el ámbito de los programas que se les adscriben, en los casos no contemplados en las letras anteriores.
Esta misma atribución corresponde a los Consejos de Administración de los Órganos de Gestión dependientes de la Administración de la Comunidad de Madrid o de sus Organismos Autónomos, con las excepciones que puedan resultar, según las Leyes o sus Decretos de creación, de la relación de dependencia con la Consejería u Organismo a que estén adscritos.
En los supuestos anteriores será necesario informe previo de la Dirección General competente en materia de presupuestos. No obstante, no será preceptivo dicho informe, cuando la oficina presupuestaria correspondiente certifique que existe, consignado, crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio siguiente, en los siguientes casos:
a) Cuando la ejecución del gasto se realice únicamente en la anualidad siguiente a la de adquisición del compromiso.
b) Reajustes y reprogramación de anualidades que tengan repercusión, únicamente, en el ejercicio siguiente.
4. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos del apartado 2 no será superior a cuatro. Asimismo, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió, los siguientes porcentajes: En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por 100. En el caso de los gastos corrientes en bienes y servicios el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió el porcentaje del 100 por 100.
Los reajustes o reprogramación de anualidades y las retenciones a que se refiere el artículo 29 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril, computarán a efectos de los límites establecidos por los anteriores porcentajes. La superación de porcentajes en estos supuestos no precisará la autorización del Consejo de Gobierno.
Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda, contratación de personal temporal, nombramiento de funcionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.
En los supuestos de exención de informe a que se refiere el último párrafo del apartado 3 de este artículo, el gasto computará a efectos de los límites establecidos por los anteriores porcentajes si bien la superación de los mismos por estos expedientes no precisará la autorización de Consejo de Gobierno.»
Dos. El apartado 1 del artículo 69 queda redactado en el siguiente sentido:
«1. En el ámbito del Presupuesto de la Administración de la Comunidad:
Son atribuciones del Presidente de la Comunidad y de cada Consejero, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, dentro de sus respectivas competencias.
Estas mismas atribuciones corresponden a los Consejos de Administración respectivos de los Órganos de Gestión dependientes directamente de la Administración de la Comunidad, con las excepciones que puedan resultar, según las Leyes o sus Decretos de creación, de la relación de dependencia con la Consejería a la que están adscritos.
En las adquisiciones de bienes inmuebles la competencia para la autorización y disposición del gasto corresponderá al órgano competente para acordar la adquisición según lo previsto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la autorización o el compromiso del gasto estará reservado al Gobierno de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:
a) Gastos de cuantía indeterminada.
b) Gastos de carácter plurianual recogidos en la letra a) del artículo 55.3 o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previsto en el artículo 55.4.
c) Gastos corrientes, de capital y operaciones financieras que excedan de los importes fijados a estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
No obstante, la autorización o el compromiso del gasto corresponderá al Consejero respectivo cuando el gasto se derive de la concesión de transferencias nominativas consignadas en la Ley anual de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid cuyo destinatario fuese alguno de los Organismos Autónomos, Entes o Entidades de Derecho público, Empresas públicas, Órganos e Instituciones de la Comunidad de Madrid.
Igualmente, corresponderá al Consejero respectivo cuando se refiera a créditos del Capítulo I del presupuesto de gastos.
d) Gastos que se deriven de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total del precio a que se refiere el artículo 55.5 y los derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de esta Ley.
e) Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y en los que el número de anualidades supere cuatro años.
Con carácter excepcional, en los arrendamientos de inmuebles la competencia para la autorización y disposición del gasto corresponderá al órgano competente para acordar o novar el arrendamiento según lo previsto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. No obstante, en las prórrogas legales o contractuales de los contratos arrendaticios, corresponde al órgano competente en el ámbito de los programas que se les adscriben la autorización y disposición del gasto cualquiera que sea su carácter y cuantía.
En todo caso, será competencia del Consejero competente en materia de hacienda la autorización o el compromiso del gasto cuando afecte a créditos de la Sección de Deuda Pública.»
Tres. El artículo 60 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, queda redactado como sigue:
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de esta ley tendrán, excepcionalmente, la condición de ampliables aquellos créditos que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y, en su virtud podrá ser incrementada su cuantía, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes, en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados o del reconocimiento de obligaciones específicas del respectivo ejercicio, según disposiciones con rango de Ley.
2. Igualmente, tendrán carácter ampliable aquellos créditos que sean declarados necesarios por el Consejo de Gobierno para atender sucesos derivados de catástrofes naturales, adversidades climáticas, epidemias, epizootias u otras situaciones de emergencia.
3. Las ampliaciones de crédito podrán financiarse con mayores ingresos de los previstos inicialmente, con el remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior, con cargo al Fondo de Contingencia o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero.
4. De las actuaciones realizadas en virtud de lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta a la Comisión de la Asamblea de Madrid competente en materia de presupuestos.»
Cuatro. En el apartado 1 del artículo 65, se añade un apartado h), con el siguiente contenido:
«h) Las disponibilidades líquidas a que hace referencia el artículo 67 bis, apartado 3.»
Cinco. En el apartado 1 del artículo 67, se añade un apartado f), con la siguiente redacción:
«f) El remanente de los créditos ampliados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60.2 de esta ley y que, por causas justificadas, no haya podido utilizarse en el ejercicio presupuestario en el que se produjo la ampliación. En este caso, la incorporación del crédito podrá financiarse con cargo al Fondo de Contingencia o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero.»
Seis. Se añade un nuevo artículo 67.bis, en el siguiente sentido:
1. El Consejero competente en materia de hacienda podrá acordar que no se libren, total o parcialmente, las transferencias corrientes o de capital destinadas a los organismos autónomos y demás entidades del sector público autonómico, cuando como consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades liquidas en sus Tesorerías, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada.
2. Asimismo, el Consejero competente en materia de hacienda, en situaciones excepcionales y previa autorización del Consejo de Gobierno, podrá disponer la transferencia a la Tesorería General de la totalidad o parte de dichas disponibilidades líquidas, a excepción de las procedentes de cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta. En este supuesto, dichas disponibilidades no tendrán la consideración de recurso propio de los Organismos o entidades.
3. El importe transferido según lo dispuesto en el apartado anterior podrá generar crédito en la Sección 26 “Créditos Centralizados”.
4. El Consejero competente en materia de hacienda autorizará las operaciones y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para ejecutar lo dispuesto en este artículo y dictará las disposiciones precisas para su desarrollo.»
Siete. Se suprime el apartado 6, del artículo 109.
Se modifica el artículo 11 de la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que queda redactado en los siguientes términos:
1. El personal sanitario dependiente de la Consejería de Sanidad, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, y así como de sus organismos autónomos, empresas públicas y entes del sector público de la Comunidad de Madrid adscritos, podrá compatibilizar un segundo puesto de carácter asistencial o ejercer una segunda actividad en el sector público, si así lo exigiera el interés del propio servicio público.
2. Se declara de interés público, a efectos de compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector público, sanitario, educativo, y en el ámbito de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, la prestación de servicios de carácter asistencial en los centros sanitarios públicos de Atención Primaria, Especializada y SUMMA 112 del Servicio Madrileño de Salud, en los centros base de atención a personas con discapacidad, residencias de mayores, centros de atención a la discapacidad, residencias infantiles y centros de acogida dependientes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, así como de sus organismos autónomos, y en los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.
3. En consecuencia, se podrá conceder autorización de compatibilidad, en razón del interés público, para el ejercicio de una segunda actividad de carácter asistencial en el sector público socio sanitario y educativo de la Comunidad de Madrid en los ámbitos delimitados en el apartado 2 de este artículo. Esta autorización no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario en ningún de los dos puestos compatibilizados y se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
Lo dispuesto en este artículo se entiende en el marco de lo dispuesto en la normativa laboral y de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.»
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2022.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.
Madrid, 23 de diciembre de 2021.–La Presidenta, Isabel Rubio Gómez.
911N Actividad Legislativa.
911O Cámara de Cuentas.
912M Asesoramiento a la Presidencia.
331M Dirección y Gestión Administrativa de Cultura, Turismo y Deporte.
332A Archivos, Gestión de Documentos y Patrimonio Documental.
332B Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico.
333A Museos y Exposiciones.
334A Promoción y Difusión Cultural.
336A Actividades, Tecnificación y Promoción Deportiva.
337C Patrimonio Histórico-Artístico.
432A Turismo.
928M Política Digital.
942M Dirección y Gestión Administrativa de Administración Local y Digitalización.
942N Administración Local.
942O Reequilibrio Territorial.
112A Modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia.
112B Relaciones con la Administración de Justicia.
112C Personal al Servicio de la Administración de Justicia.
114A Agencia C.M. para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.
131M Política Interior.
132A Seguridad.
134A Emergencias.
134M Coordinación de Emergencias.
334D Asuntos Taurinos.
921Q Oficina de Comunicación del Gobierno.
921R Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
921S Defensa Jurídica.
921T Gobierno Abierto y Atención al Ciudadano.
921U Asuntos Europeos.
921X Comisión Jurídica Asesora.
924M Dirección y Gestión Administrativa de Presidencia, Justicia e Interior.
932O Ordenación y Gestión del Juego.
241N Desarrollo del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
422B Industria.
431A Comercio.
433A Economía.
463A Competitividad.
492A Consumo.
492B Arbitraje de Consumo.
921M Gestión de Recursos Humanos.
921N Función Pública.
921V Coordinación de Fondos Europeos.
923A Gestión del Patrimonio y Coordinación de la Contratación Pública.
923C Estadística.
923M Dirección y Gestión Administrativa de Economía, Hacienda y Empleo.
931M Planificación Financiera y Tesorería.
931N Presupuestos y Análisis Económico.
931P Control Interno.
932M Ingresos Públicos.
451M Dirección y Gestión Administrativa de Transportes e infraestructuras.
453A Construcción y Conservación de Carreteras.
453B Infraestructura del Transporte.
453M Control y Gestión del Transporte.
453N Programación y Desarrollo del Transporte.
321M Dirección y Gestión Administrativa de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.
321O Dirección y Gestión Administrativa: Consejo Escolar.
321P Gestión de Infraestructuras Educativas.
322A Educación Infantil, Primaria y Especial.
322B Educación Secundaria y Formación Profesional.
322C Universidades.
322E Enseñanzas en Régimen Especial no Universitarias.
322F Centros Específicos de Formación Profesional.
322G Educación Compensatoria.
322O Calidad de la Enseñanza.
322P Otros Gastos en Centros Educativos.
323M Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio.
324M Servicios Complementarios de la Enseñanza.
466A Investigación.
261A Vivienda y Rehabilitación.
261B Vivienda Social.
261O Suelo y Consorcios Urbanísticos.
261P Planificación y Gestión Urbanística.
411A Agricultura, Ganadería y Alimentación.
456A Biodiversidad y Recursos Naturales.
456B Sostenibilidad y Cambio Climático.
456M Dirección y Gestión Administrativa de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
456N Economía Circular.
467A Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario.
311M Dirección y Gestión Administrativa de Sanidad.
311N Inspección y Ordenación Sanitaria.
311O Humanización y Atención al Paciente.
311P Dirección y Servicios Generales del Servicio Madrileño de Salud.
312A Atención Hospitalaria.
312B Atención Primaria de Salud.
312C Plan Integral Listas de Espera.
312D Investigación, Docencia y Documentación.
312F Formación Personal Sanitario.
313B Actuaciones en Materia de Salud Pública.
313C Summa 112.
313D Coordinación Socio-Sanitaria.
231A Atención Social Especializada a Personas con Enfermedad Mental.
231B Centros de Mayores.
231C Atención Básica a Personas con Discapacidad.
231D Atención a Personas Mayores.
231E Comedores Sociales.
231F Atención Especializada a Personas con Discapacidad.
231G Atención a la Familia y al Menor.
231H Atención a Personas Mayores en Residencias y Centros de Día.
231I Coordinación de la Dependencia.
231J Atención a Personas con Discapacidad Intelectual en Centros.
232A Juventud.
232B Acciones Contra la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Oportunidades.
232C Inmigración.
232D Voluntariado y Cooperación al Desarrollo.
232E Lucha Contra la Exclusión Social.
232 Protección a la Familia y al Menor
232G Integración Social y Prestaciones Económicas.
239M Dirección y Gestión Administrativa de Familia, Juventud y Política Social.
239N Dirección y Coordinación de la Agencia Madrileña de Atención Social.
239O Evaluación, Calidad e Innovación.
241A Formación para el Empleo.
241M Promoción y Fomento del Empleo.
494M Trabajo.
923M Dirección y Gestión Administrativa de Economía, Hacienda y Empleo.
951M Endeudamiento.
929N Gestión Centralizada.
929N Gestión Centralizada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2022, de la siguiente forma:
Canal Energía, S.L.
Fundación Arpegio.
Fundación Conde del Valle de Salazar.
Fundación Gómez Pardo.
Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad.
Fundación Madrid Film Commission.
Consorcio Urbanístico La Garena, en Liquidación.
Consorcio Urbanístico Puerta del Mediterráneo, en Liquidación.
Consorcio Urbanístico Móstoles Tecnológico.
Consorcio Urbanístico Puerta del Atlántico.
Consorcio Urbanístico El Escorial, en Liquidación.
Consorcio Urbanístico La Estación, en Liquidación.
Consorcio para Urbanización Integral del Peri II y III de Montencinar.
Consorcio Urbanístico Área Industrial Valdelacasa, en Liquidación.
Consorcio Urbanístico Op-3 Moscatelares, en Liquidación.