Categoría: Judicial

ñol, respecto de un procedimiento penal seguido en España. Fue a requerimiento de la justicia española que los tribunales del Reino Unido abrieron y sustanciaron los trámites para ejecutar la orden recibida, procediendo a detener al recurrente a fin de que no se frustrara el objetivo de la solicitud de extradición.
Como hemos recordado en la STC 132/2020, de 23 de septiembre, FJ 4, si bien la orden europea de detención y entrega, y el procedimiento de extradición (activa –Ley de enjuiciamiento criminal– y pasiva –Ley 4/1985, de 21 de marzo– así como en los convenios firmados por España con otros países), presentan diferencias en cuanto a su naturaleza, ambos coinciden sin embargo en su finalidad, «siendo esta la entrega a un tercer país de una persona, bien para proceder a su enjuiciamiento, bien para el cumplimiento de una condena impuesta por sentencia judicial firme»; y a tal efecto se configuran como «instrumentos de cooperación judicial internacional».
b) Es cierto, como preceptúa el art. 6.2 de la Decisión marco, que la ejecución de la orden europea corresponde a los tribunales del Estado requerido donde se halla la persona, y que estos actuarán conforme a lo establecido en su propio sistema jurídico (el cual, en todo caso, no podría ser contrario al Derecho de la Unión Europea y por tanto a la propia Decisión marco); en su traslación, los arts. 13 de la Ley 3/2003 y 21 de la Ley 23/2014.
Ahora bien, no se examina en el procesoa quoni tampoco aquí si los tribunales del Reino Unido tramitaron correctamente o no la orden europea dictada contra el recurrente. Lo que se examina es la vinculación de la justicia española (presupuesto para poder instar la reclamación del art. 294 LOPJ) con la decisión de los tribunales de aquel país de detener al recurrente, primero, y después el haberle mantenido privado de libertad durante esos años hasta entregarlo a las autoridades españolas, siempre para el cumplimiento de este último fin (se repite: no constan abiertas entonces otras causas judiciales contra el recurrente).
El ejercicio de esa potestad cautelar por parte de la autoridad judicial ejecutora no es discrecional, sino que entraña siempre una ponderación de las circunstancias concurrentes a fin de determinar si es necesaria la prisión o no para salvaguardar el cumplimiento de la orden de detención internacional, o si en cambio cabe acordar otras medidas menos invasivas sin poner en peligro este objetivo. Así lo indica el art. 12 de la Decisión marco «[c]uando se detenga a una persona sobre la base de una orden de detención europea, la autoridad judicial de ejecución decidirá de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución si la persona buscada debe permanecer detenida. La libertad provisional del detenido podrá ser acordada en cualquier momento, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución, siempre que la autoridad competente de dicho Estado miembro tome todas las medidas que considere necesarias para evitar la fuga de la persona buscada»; y en términos similares los arts. 17 de la Ley 3/2003 y 53 de la Ley 23/2014; el art. 16 del Convenio europeo de extradición de 13 de diciembre de 1957 (instrumento de ratificación de 21 de abril de 1982 –BOE de 8 de junio–), y el art. 8 de la Ley de extradición pasiva.
Por tanto, el ejercicio de esa competencia cautelar comporta no otra cosa sino un acto de cooperación judicial, y en esa óptica el tribunal emisor no puede desligarse de la propia realidad de la situación de prisión hecha efectiva en el otro Estado pero creada causalmente por él, como aquí ha sucedido con la orden de detención y entrega dictada por el citado Juzgado Central de Instrucción contra el recurrente, la cual mantuvo en vigor hasta el final, cuando acabó de ejecutarse su entrega.
Hemos de conceder la razón tanto al dictamen del Consejo de Estado obrante en el expediente, como a lo alegado por el fiscal ante este Tribunal Constitucional, al reconocer la vinculación de la jurisdicción española con las incidencias derivadas de la ejecución de una solicitud de extradición como la contenida en una orden europea de detención y entrega. Por el contrario, no aparece en la sentencia impugnada otra reflexión en este punto, solo se afirma que es el tribunal ejecutor el que lleva a cabo la ejecución de la orden, bajo su ordenamiento.
c) Ni la Decisión marco reguladora de la orden europea de detención y entrega, ni la Ley 23/2003 sobre dicha orden y aplicable al caso, recogen reglas acerca del deber de indemnizar por los daños causados por la ejecución de dicho instrumento, solo contemplan la previsión relativa a los gastos que cause tal ejecución (art. 30 de la Decisión marco; art. 4 de la Ley 23/2003; también la incluye el art. 14 de la Ley 23/2014).
(i) Sí se refiere a las «indemnizaciones y reembolsos» la Ley 23/2014 en el articulado sobre el régimen general de los instrumentos de reconocimiento mutuo en la Unión Europea (entre otros, la orden de detención y entrega), previendo el art. 15 que la responsabilidad en tal caso es del Estado español, a menos que el daño se deba «exclusivamente a la actividad [del] Estado» ejecutor, esto es, que se debieran a un acreditado error judicial o a una situación de funcionamiento anormal de la administración de justicia de este último. Aunque esta ley, ya se ha dicho, no resulta estrictamente aplicable al asunto de autos, enuncia un principio orientador a tener en cuenta no solo por el futuro legislador que ajuste el art. 294 LOPJ, sino ya por los tribunales contencioso-administrativos que resuelven sobre estas impugnaciones.
Pues bien, la sentencia aquí impugnada no formula ninguna afirmación respecto de una ejecución defectuosa (funcionamiento anormal) de la orden por los tribunales del Reino Unido. Se limita aquella a atribuir la responsabilidad del retraso al actuar procesal del aquí demandante de amparo.
(ii) Volviendo a la Decisión marco, aunque la norma que ahora se dirá no concierne a las indemnizaciones, ilustra sobre el efecto de vinculación entre ambos tribunales –el emisor y el ejecutor–, el art. 26 donde se ordena que el Estado emisor deduzca del periodo total de privación de libertad que debería cumplirse en él por una condena a pena o medida de seguridad privativa de libertad, «cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de una orden de detención europea» (sobre la importancia de esta deducción temporal, como medio de concreción del objetivo general de respeto de los derechos fundamentales, la STJUE de 28 de julio de 2016, asunto C-294/16 PPU, § 42, con cita también de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, FJ 50).
En interpretación de esta disposición, el «Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención y europeas / Comunicación de la Comisión acerca de la información procedente de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea» (publicado en el «DOCE» C 335/1, de 6 de octubre de 2017), apartado 6, al tratar el alcance de la obligación del Estado emisor del art. 26 se pronuncia a favor de la responsabilidad también de este último (y no del Estado ejecutor) si al final se produjera la absolución del afectado, en orden a su debido resarcimiento: «Tras la entrega de la persona buscada, el Estado miembro de emisión debe tener en cuenta los períodos de detención derivados de la ejecución de la ODE [orden de detención europea]. Todos estos períodos deben deducirse del tiempo total de la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que debe cumplirse en el Estado miembro de emisión (artículo 26 de la Decisión marco sobre la ODE). Si la persona es absuelta, se podrán aplicar las disposiciones del Estado miembro de emisión sobre indemnización por daños».
d) Específica mención han de merecer las afirmaciones que trae la sentencia impugnada criticando la estrategia procesal del recurrente para evitar la ejecución de la orden de detención dictada por el Juzgado Central Instructor español, lo que a criterio del abogado del Estado actuante en este recurso de amparo se habría traducido en la ruptura del nexo de causalidad de la responsabilidad patrimonial:
(i) Ante todo, el ejercicio por la defensa de toda persona reclamada en un procedimiento de extradición, dirigida a lograr el archivo del expediente o en su caso la reducción de los cargos por los que se formaliza la solicitud de entrega, no puede traducirse, por sí mismo, en un motivo para negar su derecho posterior a ser indemnizadoexart. 294 LOPJ. Incluso si la interposición de tales medios de defensa (recursos,habeas corpus, incidentes, etc.) acarrean el retraso en el procedimiento de entrega, e incluso si el o los recursos fuesen rechazados por los tribunales competentes de ejecución. Aun así, el afectado se ha limitado a ejercitar un derecho procesal reconocido en instrumentos generales de protección de los derechos humanos (derecho al recurso, art. 9.4 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y art. 5.4 CEDH), que adquiere rango de derecho fundamental en nuestro ordenamiento (art. 24.1 CE) y se garantiza también en estos procedimientos de extradición (art. 17.4 de la Ley 3/2003; art. 24 de la Ley 23/2014; arts. 12.3 y 15.2 de la Ley de extradición pasiva).
(ii) Hablar en abstracto, como hace la sentencia, de «múltiples recursos e incidentes» para oponerse a la entrega, o que el recurrente alegara lo que en nuestro ordenamiento sería –de ser cierta– la vulneración de un derecho fundamental (a no sufrir discriminación, art. 14 CE), o que haya expresado sus dudas –no se sabe en qué términos– a que se respeten sus garantías en España (lo que, en general, puede ser causa para aplazar y en su caso denegar la entrega: STJUE, Gran Sala, de 5 de abril de 2016,Aranyosi y Căldăraru, asuntos acumulados C-404/15 y C-659/15 PPU, § 98, 102 y 104), no se revelan por sí solas como impugnaciones obstruccionistas y dilatorias.
Por el contrario, incluso la Audiencia Nacional reconoce que la defensa del recurrente adujo ante los tribunales del Reino Unido la improcedencia de la extradición en razón de los tipos delictivos que se contenían en la orden de detención (principio de especialidad), cuestión que no solo no se antoja infundada sino que de hecho fue acogida por los tribunales de aquel país, incluyendo la decisión dictada por laHouse of Lords, respecto del cargo de participación en organización terrorista. Mientras que, en fin, la alegación de las «dudas acerca de la identificación del detenido», si bien no impidieron la ejecución de la orden, fueron las que a la postre se recogieron en el auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 17 de octubre de 2012, para acordar el sobreseimiento libre y definitivo del recurrente en el sumario 35-2001.
Por lo demás, si bien es cierto que con los diversos recursos interpuestos se dilató el momento de su entrega a las autoridades españolas, es de considerarse también que no se está aquí ante el supuesto de la persona que encontrándose en España y sabiéndose investigada por un tribunal penal huye al extranjero para ponerse fuera del alcance de la justicia. En este caso, como queda reflejado en las actuaciones del procesoa quoy en la demanda de amparo, el recurrente, originario de Marruecos, llevaba años residiendo en Londres y fue allí donde justamente fue detenido en ejecución de la orden europea varias veces mencionada, siendo finalmente traído a nuestro país.
En definitiva, la sentencia impugnada parte de unas premisas dialécticas que no son objetivamente correctas y que impiden por tanto que el resultado al que llega, la denegación de indemnización por el tiempo sufrido en prisión por el recurrente en cárceles del Reino Unido pueda considerarse razonable desde la perspectiva invocada del derecho a una resolución judicial fundada en Derecho. Se estima por tanto esta queja de la demanda por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
4. Efectos de la estimación del amparo.
La estimación de la demanda de amparo por este segundo motivo releva de entrar en el examen de la primera queja (lesión del derecho a la igualdad en aplicación de la ley, respecto de la cuantía de la indemnización por el tiempo pasado en prisión por el recurrente en España por el sumario 35-2001), pues la Sala de instancia ha de recobrar su jurisdicción para valorar como un todo no descomponible, los 1711 días que estuvo el recurrente privado de libertad en el Reino Unido y en España, aplicando para ello los criterios legales sin incurrir de nuevo en las quiebras lógicas que hemos puesto de manifiesto en el anterior fundamento jurídico, y atendiendo a las especiales circunstancias de penosidad que concurren en este caso.
Procede por tanto acordar la nulidad de la sentencia de la Audiencia Nacional, así como la nulidad de la providencia dictada por la Sala competente del Tribunal Supremo inadmitiendo el recurso de casación interpuesto contra aquella resolución, en cuanto supuso su confirmación y firmeza. Como medida de reparación del derecho vulnerado se acuerda asimismo la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la del dictado de la sentencia que se anula, para que la Sala y Sección de enjuiciamiento dicte una nueva sentencia que resulte respetuosa con el derecho fundamental declarado.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por don Farid Ramos y, en consecuencia:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 1 de julio de 2020 (procedimiento ordinario núm. 419-2018); así como la nulidad de la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 25 de febrero de 2021 (recurso de casación núm. 5503-2020).
3.º Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse la sentencia que se anula, para que el órgano judicial pronuncie una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.–Pedro Reyes Carmona Rubio.–Santiago Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María Molina Balaguer Torres García Moya.–Firmado y rubricado.