Categoría: Judicial

ento aludido en el auto de 27 de diciembre, que es determinante para fijar la competencia territorial en el caso de la malversación, como lo es el hecho de la evasión del control implantado por el Ministerio de Hacienda.
9.2 Sobre la alegada privación del derecho a la doble instancia en materia penal, derivada de la anterior lesión, la Abogacía del Estado también rechaza esa vulneración, pues el propio art. 2 del Protocolo núm. 7 al CEDH prevé, en su apartado 2, que el derecho a que la declaración de culpabilidad o de condena sea examinado por una jurisdicción superior «podrá ser objeto de excepciones en caso de menor gravedad, según los defina la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto tribunal […]». Esta segunda excepción es la que ha concurrido en el presente caso por razón de aforamiento, cuya constitucionalidad ha sido reconocida por este tribunal, amén de que tampoco resulta contraria a lo establecido en el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP).
Por ello, afirma el abogado del Estado, en modo alguno puede reprocharse al Estado español una vulneración del art. 10 CE, al no interpretar, supuestamente, la normativa interna española, procesal y estatutaria de conformidad con el Convenio europeo de derechos humanos, pues es el mismo art. 6 CEDH el que contempla una excepción y asume la posibilidad legal del reconocimiento de aforamientos en el Derecho interno de los Estados parte, y que la regulación en ciertos casos en el Derecho interno de supuestos aforamientos no constituye una vulneración convencional.
9.3 También se rechaza la denuncia de vulneración del derecho de defensa por la escisión del procedimiento a la Audiencia Nacional y por denegación de incorporación de pruebas pertinentes solicitadas en tiempo y forma. Para el abogado del Estado la alegación resulta puramente conjetural e hipotética y la demanda no la relaciona con el propio juicio de autoría del señor Forn en la sentencia, en la que la condena por el delito de sedición no se fundamenta en el incumplimiento de procedimientos, protocolos o técnicas policiales.
Por lo que se refiere a la indebida denegación de la prueba propuesta en el escrito de conclusiones provisionales, a través de la que proponía la incorporación a la causa de documentos obrantes en los procedimientos vinculados, señala que esta cuestión se aborda expresamente en el fundamento jurídico A) 8.1 de la sentencia, que reproduce literalmente.
9.4 Por lo que se refiere a la vulneración del principio de contradicción por no permitirse la reproducción de grabaciones videográficas durante las declaraciones testificales, afirma el abogado del Estado que la defensas reiteraronad nauseamsu petición de reproducción de prueba documental videográfica mientras los testigos prestaban declaración, con la finalidad de contrastar su veracidad y exponer y razonar posibles contradicciones entre ambas pruebas mientras el testigo declara. Recuerda que en la sentencia condenatoria –FJ Alonso) 16.1.2–, se dedica una extensa fundamentación a rebatir esta errónea posición de algunas defensas, a la que se remite tras reproducirla literalmente.
9.5 A continuación, hace referencia el abogado del Estado a la alegada vulneración del principio de legalidad (art. 25.1 CE) en la aplicación del art. 544 CP que denuncia, bien por una interpretación extensiva del tipo contraria al principio de proporcionalidad y vulneradora de los derechos de reunión y manifestación, bien por haber incurrido en analogía propiamente dicha. A su juicio, lo que verdaderamente se esconde tras esa supuesta vulneración del principio de legalidad penal es exclusivamente el desacuerdo de aquel con el fallo y el razonamiento lógico que lleva al mismo.
Para el abogado del Estado no es exacto que la sentencia construya una configuración teórica del delito de sedición prescindiendo del elemento de violencia, sino que es el señor Forn quien soslaya la conclusión alcanzada por la sentencia atinente a la concurrencia de hechos suficientes e idóneos para integrar un alzamiento público y tumultuario. Considera que entender que la Sala incurre en irrazonabilidad por «abandonar la idea de violencia activa como elemento característico» es una apreciación subjetiva tendenciosa y carente de apoyatura legal y jurisprudencial. En primer lugar, porque corresponde al Tribunal Supremo en su función de interpretación de las leyes, concretar los términos en los que ha de entenderse que concurre un alzamiento «público y tumultuario» en consonancia con su jurisprudencia. En segundo lugar, porque el art. 544 CP, a diferencia del art. 472 CP, prescinde de la alusión específica a la violencia, de suerte que la vinculación o equiparación que hace el señor Forn entre el alzamiento público y tumultuario tipificado en el art. 544 CP y la violencia activa carece de soporte legal.
Por lo que se refiere a la indebida subsunción de los hechos en el tipo penal por diferir la finalidad perseguida de la tipificada en el art. 544 CP, el abogado del Estado se remite al fundamento jurídico B), apartado 4.6, de la sentencia, en el que el Tribunal Supremo motiva por qué alcanza la conclusión de que los acontecimientos acaecidos el 20 de septiembre sí deben subsumirse en el tipo del art. 544 CP.
9.6 La vulneración del principio de legalidad (art. 25.1 CE) por aplicarse el art. 545.1 CP sin la concurrencia de sedición en los términos descritos por el art. 544 CP es rechazada por el abogado del Estado por varios motivos.
Considera que es necesario realizar un estudio acerca de la distinción entre la autoría en sentido estricto y los distintos grados de participación a los efectos de determinar si realmente ambos preceptos tipifican supuestos distintos de autoría y si, en definitiva, resulta aplicable al supuesto presente el principio de accesoriedad en la participación que las defensas reputan conculcado. Señala que la distinción entre el concepto de autorstrictu sensuy el de partícipe es importante, por cuanto la calificación como partícipe de un sujeto interviniente en los hechos delictivos conlleva la aplicación del principio de accesoriedad y la posible minoración de la pena impuesta al partícipe si se dan los supuestos del art. 65.3 CP. Ahora bien, indica que no debe confundirse la participación delictiva con los supuestos de pluralidad de sujetos que intervienen en los delitos multitudinarios, como ocurre en el delito de sedición.
Recuerda que la acción típica del delito de sedición que se imputa a los condenados no requiere, para colmar la autoría, la realización personal de un acto material que suponga el alzamiento público y tumultuario con las finalidades previstas en el tipo penal. No solo se considera típica la materialización efectiva del alzamiento, sino también la realización de conductas que posibiliten el alzamiento de otros. Así, quien posibilita el alzamiento de otros no ha de reputarse inductor o cooperador necesario, sino que tiene la cualidad de autor en sentido estricto. Resulta, por tanto, según el abogado del Estado, que el señor Forn no ha sido reputado partícipe o inductor del delito de sedición, sino verdadero autor en sentido estricto de la modalidad delictiva prevista en art. 545 CP al evidenciarse la existencia de una estrategia de conductas típicas que cada uno de los autores asumió, ostentando el dominio funcional del hecho. La consecuencia inmediata de reputar autor al recurrente es que no resulta invocable el principio de accesoriedad en la participación, por lo que este motivo de nulidad no puede prosperar.
9.7 Respecto a la vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) en relación con la libertad de expresión (art. 20 CE), reunión y manifestación (art. 21 CE), la libertad ideológica (art. 16 CE) y el derecho a la participación política (art. 23.1 CE), el abogado del Estado, tras citar distintas sentencias del Tribunal Constitucional, señala que en el presente caso resulta evidente que no se han criminalizado actos de protesta. No puede quedar amparado en una causa de exclusión de la antijuridicidad, como propone el recurrente, el ataque concertado a las bases constitucionales del sistema, valiéndose para ello de una multitud de personas convocadas para obstaculizar el ejercicio de la función jurisdiccional y que son movilizadas para hacer posible una votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Añade que la libertad ideológica de las personas que han resultado condenadas por la sentencia 459/2019, y que la invocan de contrario, ha permanecido en todo momento incólume a lo largo del proceso. Su condición de acusados nada tiene que ver con los postulados políticos que cada uno de ellos suscribe. De hecho, como afirma la sentencia, pudieron incluso participar en campaña electoral durante el tiempo de prisión preventiva defendiendo los mismos. Concluye afirmando que no cabe alegar ejercicio de derechos al margen de la ley. No se ejercitaban derechos, sino que se promovían levantamientos hostiles contra las resoluciones judiciales.
9.8 Con relación a la vulneración del principio de presunción de inocencia, señala el abogado del Estado que la falta de prueba de cargo y de motivación que se invocan como vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia, no son sino manifestaciones de la mera disconformidad de los solicitantes de amparo con la valoración de la prueba de cargo realizada por el tribunal. Considera que existe prueba suficiente que desvirtúa el derecho a la presunción de inocencia. En el fundamento jurídico C), apartado 1.7, de la sentencia recurrida, relativo al juicio de autoría, se analizan de forma pormenorizada las pruebas que soportan la intervención del señor Forn y, en definitiva, su condena, lo que evidencia, a su entender, que no nos encontramos ante una ausencia de prueba que haya vulnerado la presunción de inocencia, sino ante la mera discrepancia con la valoración de la prueba de cargo que, con arreglo al criterio del tribunal sentenciador, ha destruido eficazmente su presunción de inocencia.
9.9 Finalmente, el abogado del Estado afirma que tampoco se ha vulnerado en modo alguno el principionon bis in idem, sino que se ha ponderado la pena aplicable teniendo en cuenta la condición de autoridad del señor Forn, dentro de la horquilla penológica prevista.
10. Por escrito registrado el 27 de octubre de 2020, la representación procesal del demandante aportó a las actuaciones la sentencia núm. 20/2020, de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dictada el 21 de octubre, que no pudo ser citada ni aportada en el momento de la presentación del recurso de amparo. Señala que esta resolución pone en evidencia que la escisión del procedimiento entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo causó indefensión al recurrente. Afirma que la sentencia aportada, apoyada en gran medida en elementos de prueba idénticos a los que el demandante hizo valer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dispone la absolución de la cúpula directiva de los Mossos d’Esquadra haciendo una valoración completamente distinta del papel que desempeñó este cuerpo policial ante las concentraciones populares de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017.
11. El partido político Vox, personado en la causa penal como acusación popular, presentó sus alegaciones el día 30 de octubre de 2020.
En ellas, en primer lugar, cuestiona que la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo haya sido debidamente justificada. Tras resumir las razones dadas sobre este particular por el demandante, señala que no se ha hecho el necesario esfuerzo argumental para justificar la especial trascendencia constitucional, transcribiendo la norma reguladora respecto a los requisitos exigidos para la admisibilidad del recurso y planteando luego unas pocas líneas genéricas para pretender justificar el cumplimiento del preceptivo trámite de admisión del recurso, pero «ni se explica la supuesta falta de compatibilidad del delito de sedición y su aplicación al presente caso con los derechos fundamentales alegados, ni tampoco se cita, siquiera, la supuesta vulneración de la jurisprudencia constitucional previa».
Seguidamente, lleva a cabo un análisis de las diferentes lesiones denunciadas en la demanda, que rechaza en su totalidad.
11.1 Respecto de la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, sostiene que, de lo alegado por el demandante no se desprende que la atribución de la competencia al Tribunal Supremo sea fruto de una interpretación manifiestamente errónea, irrazonable o arbitraria, sin que tampoco se ofrezca una interpretación alternativa «que desnude de forma clara y palmaria los razonamientos del Tribunal Supremo, dejándolos sin base jurídica alguna».
Añade a continuación que, en el presente caso, resulta discutible fijar el ámbito geográfico en el que se produce el delito, pues es este matiz el que haría recaer la competencia en uno u otro órgano; por eso, cuando se duda del lugar de comisión debe acudirse a la teoría de la ubicuidad que, conforme al acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005, determina que «el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo. En consecuencia, el juez de cualquiera de ellos que primero haya iniciado las actuaciones procesales será en principio competente para la instrucción de la causa».
A continuación, invoca el contenido del auto del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2017 que admitió a trámite la querella presentada, para poner de relieve que, en el presente caso, no puede identificarse el resultado del delito con sus efectos, afirmación que resulta obligada porque alguno de los delitos por los que se formuló la querella son de «tendencia» y, por definición, no exigen que se produzca un resultado para su consumación. Indica que dicha resolución señala que el delito de rebelión adquiere una vocación territorial que se proyecta sobre el conjunto del Estado; y destaca también su carácter plurisubjetivo, que hace explicable un reparto de cometidos «en el que la coincidencia en la finalidad que anima la acción –la declaración de independencia de Cataluña– tolera contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en diferentes puntos geográficos».
11.2 Sobre la vulneración del derecho de defensa por la escisión del procedimiento de la Audiencia Nacional y la denegación de incorporación de pruebas pertinentes, alega que en la sentencia se encuentra debidamente especificada y circunstanciada la justificación de la condena basándose en las acciones propias. A su juicio, no existe la pretendida desigualdad de armas, puesto que pudo pedir la prueba que consideró oportuna. A continuación recoge doctrina jurisprudencial sobre la pertinencia de la prueba, la prueba necesaria, la prueba relevante, la prueba posible y la trascendencia de la inadmisión de la prueba, y afirma que en el presente caso, todos los hechos puestos de manifiesto por el demandante no pasan de ser minucias procesales cuando no interpretaciones interesadas respecto al alegado trato desfavorable, pero que al final ni han supuesto anularle su posibilidad de proponer y practicar los elementos de prueba propuestos por el mismo, ni tampoco afectan al sentido del fallo, por lo que no puede considerarse vulnerado el principio de igualdad de armas planteado.
11.3 La vulneración del principio de legalidad en la aplicación del art. 544 CP también es rechazada. Considera que los razonamiento expresados en el auto del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2020 resultan suficientes para desvirtuar los planteados en el recurso de amparo puesto que un redactado del tipo penal que pueda generar debates o discusiones doctrinales, o incluso diferentes interpretaciones jurisprudenciales al cabo del tiempo exigidas por cambios sociales, culturales, o políticos no conlleva automáticamente la concurrencia de los defectos en materia de legalidad penal en materia de taxatividad alegados por el demandante, que por otra parte atañe al legislador y no tanto al juzgador.
A su juicio, los demandantes realizan una interpretación interesada de los hechos objeto de la causa penal para concluir que la sentencia ha configurado una «sedición postmoderna», basándose en una repetición de lo alegado a lo largo de la causa penal, lo que el alto tribunal procedió a examinar de forma profusa en la sentencia impugnada y en el posterior auto de resolución de los incidentes de nulidad, si la actuación de los entonces acusados supuso el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, concluyendo que los actos atribuidos son antijurídicos y no amparados por derechos fundamentales.
11.4 La vulneración del derecho a la legalidad penal en relación con la libertad de expresión, reunión y manifestación, libertad ideológica y participación política es descartada reproduciendo la interpretación de la sentencia recurrida, que considera incuestionable desde el punto de vista de la lógica jurídica. Afirma que no podía entenderse que existió imprevisibilidad de que las conductas realizadas por el demandante fueran valoradas como integradoras del delito de sedición por cuanto, como mantiene la sentencia impugnada, «el acusado sabía que la desatención a los requerimientos del Tribunal Constitucional ya había sido considerada por esta Sala como un delito de desobediencia. Y tenía que prever también que si la acción imputada no se limitaba a una conducta omisiva de rechazo al mandato, sino que incluía la creación de una legalidad paralela para promover la inobservancia de la leyes y, además, la celebración de un referéndum prohibido que se pretende hacer realidad mediante una tumultuaria movilización ciudadana para rechazar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, el título de imputación se agravaba».
11.5 Descarta igualmente la vulneración del principio de legalidad o alternativamente de la presunción de inocencia. Para ello reproduce distintas sentencias de este tribunal y afirma que no puede sostener el demandante con un mínimo de base fáctica y jurídica que se produzca una indeterminación en cuanto a su participación en el alzamiento sedicioso como coautor del mismo, porque constan numerosos hechos que formaron parte de los delitos atribuidos en distintos momentos y que, junto con los acreditados respecto a los demás condenados, llevan a la conclusión de que se han cumplido los requisitos exigidos para probar su principal participación en los mismos.
11.6 Por último, se rechaza la vulneración del art. 24.1 CE por infracción del principionon bis in idem.A su entender, la actuación del juez se encuentra dentro del poder de discrecionalidad que ostenta para la imposición de la pena, por lo que no se puede deducir una vulneración del derecho alegado por falta de invidualización de la pena.
12. El 12 de noviembre de 2020 tuvo entrada en este tribunal el escrito de alegaciones formulado por el Ministerio Fiscal.
Después de describir los antecedentes fácticos y las quejas formuladas por el recurrente, comienza el fiscal ante el Tribunal Constitucional anunciando que en su escrito reordena el examen de los motivos de amparo, empezando con el análisis de las vulneraciones de derechos de naturaleza procesal invocadas en los tres primeros motivos del recurso. A continuación, se sintetizan sus alegaciones.
12.1 Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), al haberse establecido la competencia del Tribunal Supremo para la instrucción y el enjuiciamiento de la causa y, en conexión con dicha infracción, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la doble instancia penal (fundamento primero de la demanda).
El Ministerio Fiscal, tras resumir las alegaciones del recurrente y los razonamientos de la sentencia del Tribunal Supremo, examina la constitucionalidad de las resoluciones del Tribunal Supremo que declaran su competencia para conocer de la causa especial en relación con el derecho al juez predeterminado por la ley y secundariamente con el derecho de defensa y el derecho a la doble instancia. Para ello examina en primer lugar el contenido constitucional del derecho al juez predeterminado que ha sido establecido por la doctrina del Tribunal Constitucional. Tras reproducir el contenido de distintas sentencias afirma que planteando el recurrente la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, no como infracción de lo que la doctrina constitucional entiende es el contenido esencial del derecho fundamental, sino en términos de interpretación de las normas de atribución de competencias entre los órganos judiciales, de acuerdo con esa doctrina constitucional, la supuesta vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley queda limitada al supuesto en que pueda estimarse que la interpretación de la norma de atribución de competencia realizada es una «manipulación arbitraria de las normas legales de atribución de competencia». A su juicio, la interpretación que ha realizado la Sala Penal del Tribunal Supremo del criterio de atribución de competencia establecida en el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía que debe ponerse en relación con el art. 57.2 LOPJ, no puede ser considerada como manipulación arbitraria. Los razonamientos en los que el Tribunal Supremo ha sustentado su competencia, conforme al criterio geográfico de haberse cometido los hechos fuera de la comunidad autónoma, previsto en el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, frente a la pretensión de que se aplicara el criterio general de competencia a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no pueden considerarse, a su entender, como una interpretación irracional y arbitraria, para privar de toda virtualidad al criterio de competencia establecido por la norma. Su razonamiento se sustenta en la consideración de los hechos que, en cada fase del proceso quedan delimitados como objeto de este, en la particular naturaleza de los delitos objeto de la acusación y en la consideración de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos delictivos, atendiendo además al criterio de ubicuidad como criterio de competencia territorial en los delitos cuyos actos de ejecución se realizan en diferentes lugares geográficos. Y concluye afirmando que el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley no abarca un derecho al juez del lugar, ni tampoco a un juez concreto, que pueda resultar más favorable a los intereses de quien está sometido al proceso.
En consecuencia, señala el Ministerio Fiscal que las vulneraciones de derechos que el recurrente alega como una consecuencia directa de la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley (derecho de defensa y derecho a la doble instancia), deben ser desestimadas al no haberse causado la pretendida vulneración previa alegada. Sin perjuicio de ello, añade que esas supuestas vulneraciones secundarias de derechos tampoco están debidamente sustentadas en la demanda de amparo, si se consideran de manera autónoma y desconectadas de la vulneración del derecho al juez predeterminado.
En relación con la afectación del derecho de defensa, el Ministerio Fiscal indica que el demandante argumenta que, al no seguirse la causa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no se han facilitado las entrevistas con su abogado a lo largo de la tramitación de la causa y durante el juicio. Para el Ministerio Fiscal, se trata de una alegación de carácter genérico puesto que no se menciona en qué momento concreto, o respecto de cuál actuación procesal, incluido el juicio oral, la imposibilidad o dificultad de entrevistarse con su abogado le ha impedido ejercer debidamente una defensa efectiva, no bastando para considerar que se ha vulnerado este derecho, la mera suposición de que su letrado le hubiera visitado más veces o hubiera utilizado más horas en preparar la defensa, si la causa se hubiera seguido en Cataluña.
Por lo que se refiere a la vulneración del derecho a la doble instancia penal, el Ministerio Fiscal recuerda que se trata de un derecho de la persona declarada culpable por sentencia a revisar la declaración de su culpabilidad y su condena ante un tribunal superior. En el presente caso, continúa el Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta que la condena dictada por el Tribunal Supremo respecto del demandante es una condena dictada por el tribunal competente, no se ha producido una vulneración de la garantía de la doble instancia, como parte del derecho al proceso justo, puesto que, conforme a lo prevenido en el apartado 2 del art. 2 del Protocolo núm. 7 al CEDH, la exigencia de la doble instancia admite varias excepciones, una de las cuales es que el enjuiciamiento se haya realizado por la máxima instancia judicial de los Estados parte en el CEDH.
12.2 Vulneración del derecho de defensa (arts. 24 CE y 6 CEDH), conectada a la escisión del procedimiento seguido en la Audiencia Nacional contra los responsables y altos mandos de los Mossos en la Audiencia Nacional y a la denegación de pruebas pertinentes solicitadas en tiempo y forma (fundamento constitucional segundo de la demanda).
Frente a los argumentos esgrimidos por el recurrente, que el Ministerio Fiscal sintetiza en su escrito, señala lo siguiente:
a) A efectos de la tramitación en un único procedimiento, no es posible establecer la conexidad de los hechos delictivosa posteriori, y en base los hechos que finalmente resultan establecidos en la sentencia dictada tras la celebración juicio oral, una vez los hechos que inicialmente determinaron el procesamiento y fueron el objeto de las acusaciones han quedado definitivamente delimitados en base a las pruebas practicadas.
b) La valoración sobre la posible conexidad de los hechos delictivos y la necesidad de su tramitación en un único procedimiento, cuando pueda considerarse que la investigación conjunta de los hechos es necesaria para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus responsables, sin romper la continencia de la causa, corresponde a los momentos iniciales del proceso en la fase de investigación o intermedia, pero no cuando el objeto del proceso ha quedado definitivamente delimitado tras la sentencia.
c) Los hechos atribuidos al demandante para fundar su condena por delito de sedición, exceden de una dejación de sus funciones, en cuanto consejero de Interior y máximo responsable de los Mossos d’Esquadra, como resulta de una lectura no fragmentada de la sentencia, en lo que concierne al juicio de autoría objetivo y subjetivo, respecto del delito de sedición por el que la sentencia le condena.
d) Los hechos atribuidos al demandante y su calificación jurídica, exceden de la conducta atribuida a los Mossos d’Esquadra, quedando centrada en su actuación los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 y la incidencia que en ella hubiera tenido el comportamiento del consejero de Interior de la Generalitat.
e) La sentencia recurrida, al realizar el juicio de autoría sobre el delito de sedición desarrolla las actuaciones materiales que cabe atribuir a los acusados que eran miembros del Gobierno de la Generalitat, que supusieron la producción o el incremento del riesgo para el bien jurídico protegido por el delito de sedición, actuaciones materiales que no solo se concretan en el comportamiento que, de acuerdo con las pruebas practicadas, se conectan directamente con las funciones que le correspondían como consejero de Interior de la Generalitat, sino también en el conjunto de las actuaciones desplegadas por el Gobierno de la Generalitat, que la sentencia atribuye a todos y cada uno de sus miembros.
f) El Tribunal Supremo pone de relieve en la sentencia recurrida [punto 4.1.6 del fundamento de Derecho A)], la necesidad de que se sigan en la misma causa especial los hechos delictivos constitutivos de delitos de sedición y malversación, atribuidos en conjunto al Gobierno de la Generalitat, así como que era posible en el caso del delito de sedición establecer una «inescindibilidad limitada» a uno de los escalones participativos en la ejecución de los hechos.
g) No ha justificado el demandante de amparo que la conexión entre los hechos a él atribuidos por las acusaciones y los que eran objeto de los procedimientos seguidos ante la Audiencia Nacional respecto de la actuación de los Mossos d’Esquadra y ante el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona, se encontraban en una situación de conexidad necesaria, que impediría atender a razones de oportunidad procesal para una tramitación por separado, por romperse la continencia de la causa. No se acredita por el recurrente por qué no era posible un enjuiciamiento por separado de esos hechos, alegando el demandante tan solo que la tramitación por separado le había impedido acceder a determinados documentos que «pudieran estar» en las referidas causas y que «probablemente» le hubieran servido para su defensa.
h) El demandante alega la privación de una «potencial prueba» útil para su defensa y de la que no pudo disponer que obraría en los procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona, pero no justifica en qué medida la denegación de esa aportación de prueba documental ha sido relevante para no poder realizar una defensa efectiva respecto de los hechos delictivos que se le atribuían y por los que finalmente ha sido condenado en la sentencia impugnada. Estima que la denegación de la prueba documental consistente en la aportación indiscriminada de las actuaciones de otros procedimientos, estuvo debidamente justificada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como prueba impertinente, sin que esa denegación haya supuesto una vulneración del derecho de defensa invocado por el recurrente, puesto que tampoco ha justificado la relevancia de dicha prueba en relación con la posibilidad de ejercer una defensa efectiva (en este sentido, reproduce el FJ 5 de la STC 107/2019, de 30 de septiembre).
12.3 Vulneración del derecho de defensa, en su manifestación de derecho a la contradicción (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por no permitir el tribunal la reproducción de las grabaciones durante la declaración de los testigos (fundamento constitucional tercero de la demanda).
Tras recoger el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo en relación con las alegaciones sobre vulneraciones de derechos que se invocaron por las defensas de manera sobrevenida durante el desarrollo del juicio oral, señala el Ministerio Fiscal que la pretensión del demandante de amparo de que se le ha causado una vulneración de la garantía de contradicción con indefensión, al no ser admitido por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se fuera contrastando la credibilidad de lo declarado por los testigos con la exhibición simultánea de la prueba documental videográfica, no resulta admisible. Para el Ministerio Fiscal el principio de contradicción de las pruebas testificales no comprende el derecho a acreditar su credibilidad cruzando el testimonio en el momento en que se presta con la prueba documental de las grabaciones videográficas, grabaciones que fueron exhibidas en el acto del juicio oral en el trámite correspondiente a la práctica de la prueba documental y sobre las que las defensas pudieron hacer las alegaciones que estimaron oportunas en sus informes. Además, afirma, no se precisa por el recurrente cuáles son los concretos testimonios cuya credibilidad no fue considerada por el tribunal, como consecuencia de no haberlos contrastado, simultáneamente, con la prueba videográfica de los acontecimientos de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2019, y en qué medida esto le causó efectiva indefensión.
12.4 Vulneración del principio de legalidad penal del art. 25.1 CE en la aplicación del art. 544 CP, que incurre en una interpretación extensiva del tipo, contraria al principio de proporcionalidad y vulneradora de los derechos de reunión y manifestación, o en una aplicación del tipo por analogía.
Sobre esta vulneración señala el Ministerio Fiscal, en primer lugar, que, pese a que el recurrente insiste en que el tipo de sedición del art. 544 CP es un tipo de descripción vaga y abstracta, no plantea que la vulneración del principio de legalidad sea atribuible a la ley, sino que lo que en realidad plantea es una vulneración en la aplicación por el tribunal. En este sentido, recuerda que el examen de una vulneración del principio de legalidad penal atribuida a la aplicación judicial de la norma penal exige delimitar el ámbito de control de constitucionalidad de esa aplicación judicial, así como poner de manifiesto que no es competencia de la jurisdicción constitucional la interpretación y aplicación de las normas legales subsumiendo los hechos enjuiciados en dichas normas, siendo esto competencia propia de los órganos de la jurisdicción ordinaria en el ejercicio de su función,exart. 117.3 CE.
Tras exponer los argumentos del demandante en los que se sustenta la vulneración del principio de legalidad penal en la aplicación judicial del art. 544 CP, el Ministerio Fiscal sintetiza la doctrina constitucional sobre el principio de legalidad en la aplicación judicial de las normas penales y, seguidamente, traslada dicha doctrina a la subsunción de los hechos en el tipo penal de sedición del art. 544 CP realizada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 14 de octubre de 2019. Frente a la argumentación desarrollada por el demandante contrapone los siguientes argumentos:
a) El demandante de amparo establece un relato de los hechos y del juicio de tipicidad que es distinto del establecido realmente en la sentencia del Tribunal Supremo, puesto que extrae solo lo relativo a los acontecimientos de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 para elaborar un relato reducido de los hechos recogidos en la sentencia, en base al cual el Tribunal Supremo, supuestamente, habría aplicado el tipo de sedición. El demandante realiza una valoración fragmentada de la sentencia en base a la cual propugna realizar una interpretación sobre el tipo de sedición diferente a la que hace el Tribunal Supremo en la sentencia.
b) El Tribunal Supremo realiza una exposición sobre la estructura típica de la sedición en la que atiende no solo al elemento teleológico que el propio tipo establece y, que es el que le otorga especificidad frente a la rebelión u otras conductas comprendidas en los delitos de desórdenes públicos (impedir la aplicación de las leyes, o a cualquier autoridad, corporación o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales), sino también a la entidad de las conductas que cabe encuadrar en la sedición. Reproduce el punto 4.3 del fundamento de Derecho B) de la sentencia, y señala que ese razonamiento del Tribunal Supremo viene a contradecir los argumentos que expone el recurrente, al tratar de sustentar que la sentencia impugnada al otorgar toda la relevancia al elemento teleológico de la afectación al funcionamiento de las instituciones del estado democrático, en detrimento de la entidad de la conducta material, incurre en una interpretación irracional que contradice el criterio metodológico comúnmente admitido, y al axiológico de respeto a los valores constitucionales.
A su juicio, del razonamiento de la sentencia condenatoria expuesto en los puntos 4.4 a 4.6 del fundamento de Derecho B), se desprende que el tribunal no ha realizado una interpretación «literalista» que fije un umbral muy bajo de la sedición, al incluir en el mismo conductas no violentas de resistencia pasiva, ni lleva tampoco a cabo una aplicación por analogíain malam partem, como consecuencia de prescindir de la entidad de la conducta material y de los medios empleados, atribuyendo relevancia penal a las conductas de resistencia pasiva organizada en base al elemento teleológico y a una espiritualización del bien jurídico protegido del orden público. Por el contrario, en los citados puntos de la sentencia, entiende el Ministerio Fiscal que el Tribunal Supremo lleva a cabo una interpretación del delito de sedición y una subsunción de los hechos establecidos que tienen en cuenta, no solo el elemento teleológico del tipo de sedición, sino también la entidad de la conducta material que puede ser encuadrada en el mismo.
Considera el Ministerio Fiscal que tal viene a poner de manifiesto que el recurrente no ha justificado que el Tribunal Supremo haya incurrido en una interpretación irrazonable del tipo de sedición del art. 544 CP, que supusiera una subsunción de los hechos delimitados en el tipo sorpresiva e imprevisible, vulnerando la garantía material del principio de legalidad penal en la aplicación judicial de las normas penales y el principio de proporcionalidad penal.
c) Concluye afirmando que el demandante de amparo lo que ha expuesto al alegar la vulneración del principio de legalidad es una interpretación de la sedición distinta a la realizada por el Tribunal Supremo en la sentencia, que está de los márgenes legítimos que le corresponden para interpretar y aplicar los preceptos penales, sin que su interpretación pueda considerarse como irrazonable, por ser contraria a la literalidad de la norma, ni contraria a los criterios metodológicos de interpretación aceptados comúnmente o desde el punto de vista axiológico. Por ello, no cabe apreciar la vulneración del principio de legalidad en la aplicación judicial del precepto penal invocada por el recurrente.
12.5 Vulneración del principio de legalidad penal por aplicarse al demandante el art. 545.1 CP, sin la concurrencia de sedición en los términos del art. 544 CP.
Señala el Ministerio Fiscal que a través de este motivo el recurrente lo que viene a plantear es la imposibilidad de ser considerado responsable a título de partícipe de un delito de sedición, sin que en la sentencia se haya establecido que, la multitud de personas que se concentraron ante la Consejería de Economía o ante los centros que se dispusieron para la votación del referéndum eran responsables de un delito de sedición. Considera que el demandante lo que está suscitando a través de este motivo no es una vulneración constitucional del principio de legalidad penal en la aplicación judicial del tipo del art. 544 CP, sino una vulneración del principio de accesoriedad en materia de participación, al señalar que si no se estableció en la sentencia la comisión de un delito de sedición por los miles de ciudadanos que, materialmente, se concentraron tumultuariamente los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, no cabe estimar que pudiera haber partícipes en calidad de dirigentes, autores principales o inductores, al faltar el hecho principal de la sedición, por lo que en razón a esa accesoriedad no cabría aplicar el art. 545.1 CP.
Para el Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta lo señalado por el Tribunal Supremo en el auto de 29 de enero de 2020 sobre la naturaleza plurisubjetiva y de convergencia del tipo de sedición, tanto en los hechos probados como al realizar el juicio de autoría respecto de los acusados, resulta que al acusado le son plenamente atribuibles a título de promotor o autor principal del art. 545.1 CP, los distintos actos que, de acuerdo con el relato establecido por la sentencia, convergieron para la consumación del tipo delictivo de la sedición. La sentencia del Tribunal Supremo atribuye al señor Forn una posición de dirección y control en la sucesión de actos y comportamientos llevados a cabo por una pluralidad de sujetos que, como desarrollo de la estrategia concertada por los acusados, convergieron hasta integrar la conducta sancionada por el art. 544 CP.
Señala que de lo expuesto en el punto 1.7 del fundamento de Derecho C) de la sentencia, se desprende que el demandante, como miembro del Gobierno de la Generalitat desde julio de 2017, se sumó al plan estratégico y concertado de poner en cuestión las instituciones del Estado, para la consecución de los fines independentistas de los coacusados, participando en las decisiones y disposiciones adoptadas por el Gobierno de la Generalitat a lo largo del mes de septiembre de 2017, que desarrollaron la legislación suspendida por el Tribunal Constitucional, en orden a llevar a cabo el proceso de referéndum sobre la independencia de Cataluña, alentando personalmente el acusado a la ciudadanía a participar en el proceso de referéndum. Por otra parte, añade que el recurrente como consejero de Interior y máximo responsable político de la policía autonómica, asumió un comportamiento que no se correspondía con el deber de actuación que le era exigible en el desempeño de su cargo, en orden a garantizar el cumplimiento y la efectividad de las resoluciones judiciales, comportamiento que es considerado en la sentencia como relevante para la producción o incremento del resultado típico de la sedición que se materializó los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, en las concentraciones multitudinarias de ciudadanos que imposibilitaron el normal y efectivo cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas para impedir la celebración de un referéndum, que habían sido convocado y puesto en marcha por los acusados, ignorando y desatendiendo las resoluciones y requerimientos personales del Tribunal Constitucional.
12.6 Vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), en relación con la libertad de expresión (art. 20 CE), reunión y manifestación (art. 21 CE), libertad ideológica (art. 16 CE) y el derecho de participación política (art. 23.1 CE) (fundamento constitucional sexto de la demanda).
Respecto a la pretensión del recurrente de que en la sentencia del Tribunal Supremo se vulnera el principio de legalidad penal, al haber sancionado como delito de sedición el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y manifestación, de libertad ideológica y de participación política, señala el Ministerio Fiscal que en el punto 17.5 del fundamento de Derecho A) de la sentencia, se pone de manifiesto que el Tribunal Supremo realizó un examen sobre la posible afectación de los derechos fundamentales indicados, que las defensas de los acusados invocaron ya como concernidos frente a las acusaciones contra ellos formuladas por delito de rebelión y sedición, poniendo de manifiesto el Tribunal Supremo que los hechos enjuiciados no suponían el ejercicio legítimo de los derechos, ni en cuanto al contenido constitucional de los mismos, ni en cuanto a los medios o formas de ejercicio. Asimismo, señala que la no criminalización de conductas que suponen un ejercicio legítimo de los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación, invocados por el demandante y los demás condenados por delito de sedición, es también examinada y puesta de manifiesto por el Tribunal Supremo al desestimar el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra la sentencia que condenó por el delito de sedición al recurrente en amparo y a otros acusados en la causa especial (auto de 29 de enero de 2020).
El Ministerio Fiscal reproduce el contenido de la sentencia y del auto sobre esta cuestión y afirma que, a tenor de la valoración que el Tribunal Supremo ha realizado, cabe concluir que el demandante de amparo y el resto de acusados no han sido penalmente sancionados por conductas o comportamientos que suponían un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación y de la libertad de expresión, sino que las conductas atribuidas a los acusados no podían quedar amparadas por el contenido de los citados derechos fundamentales, al no tratarse de actos de protesta, de expresión de ideas o de un discurso político contrario al orden establecido, sino que se utilizaron medios y formas coactivas que supusieron un levantamiento contra los principios y valores constitucionalmente protegidos en una sociedad democrática, por lo que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos, están excluidos del ámbito de protección de los derechos fundamentales.
Por lo que se refiere a la alegación del demandante relativa a la vulneración del principio de legalidad por suponer la aplicación del tipo de sedición una reacción desproporcionada, el Ministerio Fiscal, reproduce la STC 88/2003, FJ 8, sobre la exigencia de la reacción sancionadora necesaria y proporcional al fin legítimo que trata de garantizar, y la STC 104/2011, FJ 16, sobre el criterio de reacción desproporcionada para apreciar una posible vulneración de los derechos fundamentales en los supuestos de un ejercicio extralimitado de los mismos. Considera que el Tribunal Constitucional ha precisado que dicho criterio no resulta de aplicación en aquellos supuestos en los que no se está, realmente, ante extralimitaciones del contenido o los medios de ejercicio del derecho, sino ante comportamientos que suponen una desnaturalización del derecho fundamental reconocido, en los que la invocación del ejercicio del derecho solo es la estrategia para la realización de comportamientos antijurídicos de manera impune. Afirma que este es también el criterio que sostiene la doctrina del Tribunal Europeo Derechos Humanos respecto de aquellos casos en los que la invocación del derecho se utiliza para buscar la impunidad de aquellos comportamientos que solo buscan atentar contra los valores protegidos en el Convenio. El Tribunal Europeo considera que tales casos han de ser considerados como abuso de los derechos reconocidos y han de quedar al margen de su protección (decisión del Tribunal Europeo Derechos Humanos de 20 de octubre de 2015, asuntoM"Bala M"Bala c. Francia, en el que se aprecia conforme al art. 17 del Convenio abuso de derecho, frente a la alegación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión artística).
El Ministerio Fiscal traslada esta doctrina al caso enjuiciado, y señala que, de acuerdo con lo que se recoge en el punto 17.5 del fundamento de Derecho A) de la sentencia y el punto 2.5 del auto que desestima los incidentes de nulidad de actuaciones planteados contra la misma, las conductas enjuiciadas por la sentencia que son atribuidas al recurrente y demás acusados condenados en calidad de promotores o autores principales de delito de sedición, son comportamientos que exceden de la consideración de una resistencia pacífica colectiva que suponga un exceso o extralimitación en el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión, debiendo estimar que, como expresa el Tribunal Supremo, el conjunto de los hechos convergentes que se describen en la sentencia como hechos probados y que se atribuyen al recurrente y demás acusados condenados por sedición, suponen la incitación y utilización de formas coactivas o desviadas, en particular, la convocatoria a concentraciones multitudinarias, para atentar contra las bases y principios del sistema constitucional.
12.7 Vulneración del principio de legalidad (art. 25.1 CE) o, alternativamente, de presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por no concurrir en los hechos probados los elementos suficientes para considerar autor al recurrente (fundamento constitucional séptimo de la demanda).
Señala el Ministerio Fiscal que lo que viene a plantear el demandante en este motivo es que, de acuerdo con los hechos probados y las pruebas practicadas que son tomadas en consideración por la sentencia, pueda ser considerado responsable como autor de un delito de sedición castigado en los arts. 544 y 545 CP.
En cuanto a la insuficiencia de los hechos probados para poder establecer su responsabilidad como autor principal del delito de sedición por el que ha sido condenado, afirma el Ministerio Fiscal que el recurrente, al igual que en los demás motivos del recurso de amparo, acude a una referencia limitada y fragmentada de los hechos establecidos en la sentencia que el Tribunal Supremo ha subsumido en el tipo de sedición. En los hechos probados se describe la participación del acusado como uno de los dirigentes o responsables de una estrategia concertada, en la que los coacusados asumieron diferentes competencias, en función de su especial y preeminente posición institucional, para conducir la misma con éxito al fin propuesto.
Por lo que respecta a la alegación de que en el juicio de autoría parece que se consideran los hechos probados como hechos base o indicios de los que se infiere su participación, señala el Ministerio Fiscal que, sin perjuicio de ser una apreciación subjetiva del recurrente, en ningún momento se argumenta o justifica que se haya realizado una valoración de las pruebas indirectas o de indicios, con infracción del derecho a la presunción de inocencia, por la insuficiencia de los indicios o hechos base o por la quiebra del razonamiento realizado en la sentencia para inferir a partir de los indicios los hechos delictivos por los que se condena al recurrente.
Considera que en contra de lo alegado por el recurrente, el Tribunal Supremo analiza en el punto 1.7 del fundamento de Derecho C) de la sentencia, los hechos probados que se atribuyen al señor Forn, y las pruebas practicadas en el juicio oral en base a las cuales aquellos han sido establecidos, teniendo en cuenta, tanto la propia declaración del acusado sobre los hechos imputados por las acusaciones, como las pruebas constituidas por el testimonio de los numerosos testigos que declararon en relación con los distintos acontecimientos que, de manera convergente se produjeron bajo el impulso y con el control de los coacusados, integrando la conducta típica del delito de sedición. Por ello, a su entender, la sentencia impugnada no ha incurrido en una vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE, desde el punto de vista del juicio de autoría que en la misma se establece.
Afirma que un examen completo y no sesgado del juicio de autoría de la sentencia permite concluir que el Tribunal Supremo ha hecho una valoraci