Categoría: Judicial

1. Objeto del recurso de amparo y pretensiones planteadas.
El presente recurso de amparo se interpone contra la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de 5 de agosto de 2020, por la que se admite a trámite un debate «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española», así como frente al acuerdo de la mesa de la Diputación Permanente de la cámara de 7 de agosto de 2020 por el que se rechaza la solicitud de reconsideración formulada por los diputados recurrentes. Se recurre también en amparo el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de agosto de 2020, por el que se admiten a trámite las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios Republicà y Junts per Catalunya y el subgrupo Candidatura d’Unitat Popular (CUP)-Crida Constituent en el marco del referido debate, así como el acuerdo de la mesa de la misma fecha que desestima la solicitud de reconsideración formulada por los recurrentes. El contenido de los concretos apartados de esas propuestas de resolución que han sido impugnados por los recurrentes ha quedado reseñado en el antecedente 2 de esta sentencia en su única versión oficial, en catalán.
Los recurrentes, diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña, aducen, en los términos que se han expuesto con más detalle en los antecedentes, que los acuerdos y decisiones impugnados vulneran elius in officiumpropio del cargo de parlamentario protegido por el art. 23.2 CE y el correlativo derecho de los ciudadanos a participar en las funciones públicas a través de sus representantes (art. 23.1 CE). Esa vulneración se habría producido como consecuencia de que la mesa del Parlamento de Cataluña y su presidente, infringiendo su deber de acatar la Constitución y de cumplir lo ordenado por el Tribunal Constitucional, permitieron la celebración de un debate y admitieron a trámite una serie de propuestas de resolución cuyo contenido contradice claramente decisiones del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de anteriores resoluciones del Parlamento de Cataluña, por suponer una ruptura del orden constitucional mediante la declaración de la independencia de Cataluña, en particular la STC 259/2015, de 2 de diciembre, y el ATC 170/2016, de 6 de octubre, que estimó un incidente de ejecución de esa sentencia. Ese debate y las propuestas de resolución controvertidas admitidas por la mesa entran asimismo en contradicción frontal con las SSTC 98/2019, de 17 de julio, y 111/2019, de 2 de octubre, en las que se advirtió que el Parlamento de Cataluña carece de competencia para el control y la censura política de la institución de la Corona o de su titular.
El Parlamento de Cataluña, por medio de su letrado, solicita la inadmisión o, en su caso, la desestimación del recurso de amparo, en los términos expuestos con más detenimiento en los antecedentes. Entiende que los actos de tramitación que se impugnan no afectan a ninguna facultad parlamentaria de los recurrentes, pues estos no han sufrido privación de ninguna facultad parlamentaria como consecuencia de la admisión a trámite de diversas propuestas presentadas por otros grupos parlamentarios. El Reglamento del Parlamento de Cataluña no reconoce la existencia de un pretendido derecho a la no admisión de iniciativas parlamentarias, sino que, al contrario, la admisión a trámite permite el debate en el pleno de las propuestas y sus enmiendas, garantizando elius in officiumde todos los diputados de la Cámara. En este sentido se aduce que lo que se está en realidad planteando por los recurrentes es un inexistente recurso de inconstitucionalidad contra iniciativas parlamentarias, desnaturalizando el objeto del recurso de amparo. Además, la demanda de amparo carece de una argumentación mínima que permita apreciar por qué la admisión de una iniciativa parlamentaria puede suponer una afectación concreta y efectiva de un derecho o facultad inherente al núcleo esencial del derecho garantizado por el art. 23.2 CE, a lo que se añade que el asunto planteado carece de especial trascendencia constitucional. En cualquier caso, no ha existido vulneración alguna delius in officiumque garantiza el art. 23.2 CE, pues ni los diputados recurrentes han sufrido limitación alguna en el ejercicio de sus funciones representativas, ni existe ningún pronunciamiento formal del Parlamento de Cataluña que contravenga mandato alguno del Tribunal Constitucional.
El Ministerio Fiscal interesa la estimación parcial del recurso de amparo. Sostiene que la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña por la que se admite a trámite un debate «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española», así como el acuerdo de la mesa de la Diputación Permanente de la Cámara que rechaza la solicitud de reconsideración de esa decisión, no contradicen ningún pronunciamiento del Tribunal Constitucional, por lo que no cabe apreciar en esos actos la pretendida vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario que alegan los recurrentes.
Por el contrario, considera el fiscal que el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña por el que se admiten a trámite las controvertidas propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios Republicà y Junts per Catalunya y el subgrupo CUP-Crida Constituent en el marco del referido debate, así como el acuerdo que desestima la reconsideración, contradicen el deber de los órganos del Parlamento de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los pronunciamientos de las SSTC 259/2015, 136/2018, 98/2019 y 111/2019, así como de los AATC 141/2016, 170/2016, 24/2017, 184/2019 y 11/2020. Esto tiene una incidencia directa en elius in officiumde los miembros de la cámara, pues, de acuerdo con lo previsto en la STC 47/2018, FJ 6, si los parlamentarios participan en la tramitación de una iniciativa que contraviene de modo manifiesto un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, infringen también el deber de acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y de cumplir lo que el Tribunal resuelva (art. 87.1 LOTC); por el contrario, si cumplen su deber de respetar la jurisprudencia constitucional y no participan en ese procedimiento parlamentario están desatendiendo las funciones representativas inherentes a su cargo. Disyuntiva que no puede entenderse conforme con el art. 23.2 CE, que garantiza a los cargos públicos el legítimo ejercicio de sus funciones. En consecuencia, procede declarar la nulidad de los acuerdos impugnados de la mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de agosto de 2020, por incurrir en vulneración del derecho de los diputados recurrentes garantizado por el art. 23.2 CE.
2. Especial trascendencia constitucional del recurso.
El letrado del Parlamento de Cataluña niega que este recurso de amparo revista especial trascendencia constitucional, pues entiende que, al plantearse el recurso en idénticos términos que otros anteriores interpuestos por el mismo grupo parlamentario contra decisiones de esa cámara, la resolución del presente recurso no permitiría al Tribunal Constitucional profundizar, aclarar o complementar su doctrina sobre la cuestión objetiva sometida a su valoración (en qué casos los órganos rectores de las asambleas legislativas vienen obligados a inadmitir determinadas iniciativas parlamentarias), sino meramente hacer aplicación concreta de la reiterada y constante doctrina constitucional al respecto.
Este tribunal no comparte el reparo que formula el letrado del Parlamento de Cataluña a la admisión del presente recurso de amparo. El presente recurso de amparo reviste especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) LOTC] en atención a lo declarado en la providencia por la que fue admitido a trámite (antecedente 4 de esta sentencia), esto es, que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. No se advierte que concurran razones para modificar esa apreciación inicial. Debe adicionalmente tenerse en cuenta, a estos efectos, la especial posición de los recursos de amparo de origen parlamentario (art. 42 LOTC), recursos que, además de su posible repercusión general, ya constatada en aquella providencia, se promueven siempre sin haber contado con una vía judicial previa en la que defender los derechos fundamentales que se dicen infringidos (SSTC 110/2019, de 2 de octubre, FJ 1; 97/2020, de 21 de julio, FJ 2, y 53/2021, de 15 de marzo, FJ 2, por todas). La doctrina de losinterna corporis acta, que sustenta este marco de garantías, y según la cual determinados actos parlamentarios no pueden ser objeto de control por los tribunales ordinarios, ha de conjugarse con el ejercicio delius in officiumpor parte de los representantes políticos sin perturbaciones ilegítimas (art. 23. 2 CE) y, en última instancia, con el derecho de los propios ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante sus representantes (art. 23.1 CE), lo que sitúa a los amparos parlamentarios en una posición especial a la hora de determinar su dimensión objetiva y valorar la especial trascendencia constitucional por parte de este tribunal (STC 155/2009, FJ 2), dada la repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa y que excede del ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra (STC 200/2014, de 15 de diciembre, FJ 2, entre otras).
Por otra parte, el presente asunto permite al Tribunal Constitucional aprovechar la ocasión para consolidar los criterios contenidos en las SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril, 96/2019, de 15 de julio, 115/2019, de 16 de octubre, 128/2019, de 11 de noviembre, y 184/2021, de 28 de octubre, en relación con el alcance de la potestad excepcional de las mesas de las asambleas legislativas de inadmitir una iniciativa parlamentaria por ser contraria a lo decidido previamente por este tribunal.
En consecuencia, la objeción del letrado del Parlamento de Cataluña ha de ser rechazada.
3. Doctrina constitucional sobre el alcance de las facultades de las mesas de las cámaras en el ejercicio de sus funciones de calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias.
Conforme a lo expuesto, la cuestión que se nos suscita consiste en determinar si los acuerdos y decisiones de los órganos rectores del Parlamento de Cataluña que son objeto del presente recurso de amparo han vulnerado alguno de los derechos o facultades que pertenecen al núcleo de la función representativa parlamentaria de los diputados recurrentes y que garantiza el art. 23.2 CE. Una vulneración que se habría producido porque, según se razona en la demanda de amparo, en primer lugar el presidente del Parlamento no debió dar curso al debate solicitado por el presidente de la Generalitat «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española»; en segundo lugar, porque la mesa de la cámara debería haber inadmitido las propuestas de resolución, en los apartados reproducidos en el antecedente 2 de esta sentencia, presentadas por los grupos parlamentarios Republicà y Junts per Catalunya y el subgrupo CUP-Crida Constituent en el marco del referido debate, porque suponían un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional en diversas resoluciones, particularmente las SSTC 98/2019 y 111/2019, en las que se declara que el Parlamento de Cataluña carece de competencia para realizar un control político de la Corona y del rey, así como en los AATC 184/2019 y 11/2020, que estiman incidentes de ejecución promovidos respecto de la STC 98/2019. También habrían incumplido, se afirma, lo resuelto en el ATC 170/2016, de 6 de octubre, que estima un incidente de ejecución promovido respecto de la STC 259/2015, de 2 de diciembre.
Para dar respuesta a esta cuestión resulta necesario traer a colación la doctrina constitucional sobre el alcance de las facultades de las mesas de las cámaras en el ejercicio de sus funciones de calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias.
a) Este tribunal ha afirmado que las facultades de las mesas de las asambleas legislativas en orden a la calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias lo son sobre todo a efectos de controlar la regularidad jurídica y la viabilidad formal o procesal de las iniciativas presentadas, de modo que las mesas no deben, con carácter general, inadmitir propuestas o proposiciones a causa de la supuesta inconstitucionalidad de su contenido, pues ello infringiría el derecho fundamental de sus impulsores (art. 23.2 CE).
Dicho de otro modo, en «el contenido del derecho enunciado en el art. 23.2 CE no se encuentra lo que habría que llamar "derecho fundamental a la constitucionalidad" de las iniciativas parlamentarias o, incluso, de los acuerdos o normas a que aboquen», pues tal contenido «no solo difuminaría los contornos del derecho instituido en aquel precepto, sino que alteraría al propio tiempo la propia configuración del recurso de amparo e incluso, acaso, el entero sistema de nuestra jurisdicción constitucional» (SSTC 107/2016, FJ 3, 108/2016, FJ 3, y 109/2016, FJ 4, todas ellas de 7 de junio; 46/2018, FJ 4, y 128/2019, FJ 2, entre otras).
b) Esta regla general lo es sin perjuicio de que las mesas puedan inadmitir a trámite, sin daño para el derecho fundamental protegido por el art. 23.2 CE, las propuestas o proposiciones cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean «palmarias y evidentes» (SSTC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2; 10/2016, de 1 de febrero, FJ 4; 47/2018, FJ 5; 96/2019, FJ 6, y 115/2019, FJ 6). Ahora bien, como acaba de indicarse, este supuesto, que se refiere únicamente a la facultad de la mesa de rechazar iniciativas parlamentarias, es excepcional, de modo que solo en aquellos casos en los que la contradicción con la Constitución sea clara e incontrovertible podrá inadmitirse la iniciativa parlamentaria por este motivo sin vulnerar por ello el derecho alius in officiumde los parlamentarios que la promueven (STC 128/2019, FJ 2, por todas).
Tratándose por tanto de una facultad de la mesa de la cámara, debe tenerse en cuenta que en aquellos supuestos en los que la mesa admita a trámite una iniciativa que pudiera reputarse contraria a la Constitución, «esta decisión no podrá, en principio, considerarse lesiva del derecho alius in officiumde los parlamentarios aunque incurra en evidentes infracciones constitucionales (SSTC 107/2016, FJ 3; 108/2016, FJ 3, y 109/2016, FJ 4), pues, por manifiestas que sean las vulneraciones de la Constitución que pueda contener, su admisión a trámite ni impide a los parlamentarios el ejercicio de su cargo público ni conlleva una restricción del mismo, ya que, como regla general, la inconstitucionalidad de la iniciativa admitida a trámite no incide en el ejercicio de sus funciones representativas» (SSTC 46/2018, FJ 4, 96/2019, FJ 6, y 128/2019, FJ 2).
c) Cuestión distinta es que la decisión de la mesa de admitir a trámite una iniciativa parlamentaria constituya un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional.
Todos los poderes públicos, incluidos los órganos de las cámaras legislativas, están obligados «al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva» (art. 87.1 LOTC), al ser esta «la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE)» (SSTC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 10; 46/2018, FJ 5; 47/2018, FJ 6 y 96/2019, FJ 6; también AATC 123/2017, de 19 de septiembre, FJ 8, y 6/2018, de 30 de enero, entre otras resoluciones). El debido respeto a las resoluciones del Tribunal Constitucional y, en definitiva, a la Constitución, que incumbe a todos los ciudadanos y cualificadamente a los poderes públicos, veda a la mesa que admita a trámite una iniciativa parlamentaria que de forma manifiesta incumpla el deber de acatar lo decidido por el Tribunal Constitucional [SSTC 46/2018, FJ 5; 47/2018, FJ 6; 96/2019, FJ 6; 115/2019, FJ 6; 128/2019, FJ 2, y 184/2021, de 28 de octubre, FJ 11.5.3 b)].
El incumplimiento del obligado respeto a lo resuelto por el Tribunal Constitucional por parte de la mesa de la cámara tiene una incidencia directa en elius in officiumde los parlamentarios, pues si estos participan en la tramitación de una iniciativa que contraviene de modo manifiesto un pronunciamiento de este tribunal, infringen también el deber de acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y de cumplir lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 LOTC). Por el contrario, si cumplen su deber constitucional de respetar lo decidido por este tribunal y no participan en ese procedimiento parlamentario están desatendiendo las funciones representativas inherentes a su cargo. Disyuntiva que en el caso que nos ocupa ponen de relieve tanto los recurrentes como el Ministerio Fiscal y que, como hemos dicho en la STC 46/2018, FJ 5, y reiterado en las SSTC 128/2019, FJ 2, y 184/2021, FJ 11.5.3 b), «supone condicionar el ejercicio de este derecho fundamental a que los parlamentarios violen el referido deber constitucional y esta condición no puede entenderse conforme con el art. 23.2 CE, que garantiza a los cargos públicos el legítimo ejercicio de sus funciones», toda vez que la participación en ese procedimiento parlamentario, aunque sea para votar en contra de la propuesta contraria a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, supondría otorgar a la actuación de la cámara una apariencia de legitimidad democrática que no cabe atribuirle sin menoscabar su propia función constitucional.
Por ello, la salvaguarda de los bienes constitucionales protegidos conlleva que la tramitación de iniciativas que incumplan manifiestamente las decisiones del Tribunal Constitucional vulnera no solo el art. 87.1 LOTC y el art. 9.1 CE, sino también el art. 23 CE, pues en relación con esa concreta iniciativa los parlamentarios no podrían ejercer legítimamente las funciones representativas propias de su cargo (SSTC 46/2018, FJ 5; 128/2019, FJ 2, y 184/2021, FJ 11.5.3 b)].
Por último, para poder apreciar que la mesa de la cámara, al admitir a trámite una iniciativa, ha incumplido el deber de acatar lo resuelto por este tribunal (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC), lo determinante —como dijimos en la STC 184/2021, que cita otras anteriores y más recientemente en la STC 15/2022, de 8 de febrero, FJ 3— es que en tal decisión de admitir a trámite la iniciativa concurran dos elementos: a) que la decisión de admisión conlleve incumplir lo previamente resuelto por este tribunal y b) que la mesa sea consciente de que al tramitarla está incumpliendo su deber constitucional de acatar lo resuelto por este tribunal, esto es, que la mesa tramite la iniciativa a sabiendas de que existe una resolución de este tribunal que impide darle curso. «Así sucede, entre otros supuestos, en los casos en los que la resolución contenga una expresa decisión de la que se derive esa consecuencia (por ejemplo, traiga causa de un acto o una norma cuya eficacia se encuentre suspendida al amparo del art. 161.2 CE o infrinja una medida cautelar o cualquier otro pronunciamiento que este tribunal haya podido adoptar en el ejercicio de su jurisdicción), o cuando esa iniciativa parlamentaria sea aplicación de un acto o norma anterior que haya sido declarado inconstitucional» [SSTC 46/2018, FJ 6; 96/2019, FJ 6; 115/2019, FJ 7; 128/2019, FJ 2, y 184/2021, FJ 11.5.3 b)].
4. Aplicación de la doctrina constitucional a la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña y al acuerdo de la mesa de la Diputación Permanente.
De acuerdo con lo señalado, debemos analizar si en el presente caso concurren las circunstancias necesarias para apreciar que la mesa del Parlamento de Cataluña, y su presidente en su caso, han incurrido en un incumplimiento manifiesto del deber constitucional de acatar lo resuelto por este tribunal (artículoss 9.1 CE y 87.1 LOTC) y, en consecuencia, han vulnerado elius in officiumde los diputados recurrentes garantizado por el art. 23.2 CE, así como, indirectamente, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
Para llevar a cabo este escrutinio resulta procedente distinguir, como acertadamente señala el Ministerio Fiscal, entre el posible incumplimiento del deber de acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional que los diputados recurrentes imputan a la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de 5 de agosto de 2020, por la que se admite a trámite un debate «sobre la situació política creada per la crisi de la monarquía espanyola», confirmada por el acuerdo de la mesa de la Diputación Permanente de 7 de agosto de 2020, y el que imputan al acuerdo de la mesa de la Cámara de esta misma fecha, que admite a trámite las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios Republicà y Junts per Catalunya y el subgrupo CUP-Crida Constituent, en los apartados concretos señalados por los recurrentes, y al subsiguiente acuerdo, también de 7 de agosto, por el que la mesa rechazó la solicitud de reconsideración.
Por lo que atañe a la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de 5 de agosto de 2020, los diputados recurrentes sostienen que aquel accedió indebidamente a admitir a trámite la solicitud formulada el día anterior por el presidente de la Generalitat, al amparo de lo previsto en el art. 156.1 RPC, de celebrar un debate específico «sobre la situació política creada arran de la crisi oberta per la monarquia espanyola com a conseqüència de la investigació de la Fiscalia suïssa sobre les activitats de l’anterior reí d’Espanya i la seva fugida» (sic), con el objeto de que el Parlamento fijase el posicionamiento institucional de la Generalitat respecto de dicha cuestión. Como ya se dijo, el presidente de la Generalitat solicitó asimismo que ese debate se sustanciase en el marco de una sesión extraordinaria del pleno del Parlamento de Cataluña, toda vez que esta cámara se encontraba fuera del periodo hábil de sesiones (art. 78 RPC).
Ese debate suponía, según los recurrentes, que se pretendía llevar a cabo un indisimulado control político del rey y de la Corona, lo que escapa de las atribuciones del Parlamento de Cataluña y contraviene lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la STC 259/2015 y el ATC 170/2016, así como, especialmente, en las SSTC 98/2019 y 111/2019 y en los AATC 184/2019 y 11/2020, como ya se dijo. Esa decisión del presidente de la Cámara, confirmada por la mesa de la Diputación Permanente, habría vulnerado así elius in officiumde los diputados recurrentes protegido por el art. 23.2 CE, toda vez que les colocaba en la tesitura de tener que optar entre participar en un debate inconstitucional, dando así apariencia de legitimidad a lo que no la tiene, o bien ausentarse y en consecuencia no poder ejercer su papel de legítimos representantes de los ciudadanos.
Pues bien, este tribunal no aprecia que la controvertida decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de 5 de agosto de 2020, por la que se admite a trámite un debate «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española», que fue convocado para el siguiente 7 de agosto, suponga un incumplimiento del deber constitucional de acatar lo resuelto por este tribunal (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC). La celebración de ese debate específico fue solicitada por el presidente de la Generalitat al amparo de lo previsto en los arts. 78.2 y 156.1 RPC, y del título del debate interesado por aquel no es posible inferir objetivamente que la admisión de esa iniciativa pudiera conllevar un incumplimiento deliberado de las resoluciones del Tribunal Constitucional que impidiera darle curso, pues ni siquiera se infiere que pretendiera, tal como se planteaba la petición del debate, una reiteración de iniciativas anteriores declaradas inconstitucionales y nulas por este tribunal, e incluso que constituyera una iniciativa cuya inconstitucionalidad fuera palmaria y evidente.
Como ha señalado en sus alegaciones el Ministerio Fiscal, la valoración de la intencionalidad que guiaba al presidente de la Generalitat al solicitar la celebración de ese debate, en el marco previsto en el art. 156.1 RPC, sobre la base de probabilidades o conjeturas, no podía servir como criterio idóneo para que el presidente del Parlamento de Cataluña, en el ejercicio de sus funciones reglamentariamente establecidas, rechazase admitir una iniciativa que cumplía los presupuestos formales requeridos. La posibilidad de que la celebración del debate específico solicitado por el presidente de la Generalitat pudiera dar lugar a que se presentara alguna propuesta de resolución que contraviniera lo decidido por el Tribunal Constitucional, era solo una conjetura en el momento de decidir sobre la admisión a trámite del debate solicitado, lo que no legitimaba al presidente de la cámara para inadmitir esa iniciativa parlamentaria.
Conviene recordar que, conforme ya hemos advertido, las facultades de los órganos rectores de las asambleas legislativas en orden a la calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias lo son sobre todo a efectos de controlar la regularidad jurídica y la viabilidad formal o procesal de las iniciativas presentadas, de modo que aquellos no deben, con carácter general, inadmitir iniciativas a causa de la supuesta inconstitucionalidad de su contenido, pues ello infringiría el derecho fundamental de sus impulsores garantizado por el art. 23.2 CE. Tienen la facultad y en ocasiones la obligación, de inadmitir aquellas propuestas cuya inconstitucionalidad apareciera como «palmaria y evidente», pero en el caso que nos ocupa, como ya se ha dicho, ni siquiera cabría calificar el debate solicitado por el presidente de la Generalitat, desde el punto de vista de su contenido, como una iniciativa palmaria y manifiestamente inconstitucional.
Antes bien, como asimismo señala el Ministerio Fiscal, de haberse inadmitido esa solicitud de debate se habría restringido indebidamente elius in officiumde los diputados, lo que se pone de manifiesto si se atiende al contenido de todas las intervenciones que tuvieron lugar en el desarrollo del debate celebrado en la sesión extraordinaria de 7 de agosto de 2020 del pleno del Parlamento de Cataluña. En efecto, los representantes de los distintos grupos y subgrupos parlamentarios intervinieron para exponer diferentes posturas, no solo sobre el asunto de la crisis de la monarquía que se introdujo con la iniciativa del presidente de la Generalitat, sino también sobre otros asuntos como la gestión y actuación del Gobierno central en la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, sobre la corrupción en Cataluña y los casos judiciales derivados de esta, o sobre el cumplimiento por el Gobierno de la Generalitat de la Moción 160/XII sobre los presupuestos de 2020. Por otra parte, todos los grupos y subgrupos parlamentarios, incluido el grupo de Ciutadans, ejercieron, de conformidad con lo previsto en el art. 155 RPC, el derecho a presentar sus propuestas de resolución subsiguientes para discusión y aprobación en el marco del desarrollo del debate, que fueron admitidas por la mesa del Parlamento. Cuestión distinta es que algunos apartados de esas propuestas pudieran entrar en manifiesta contradicción con pronunciamientos de este tribunal que impidieran darles curso y que, por consiguiente, la mesa viniera obligada a inadmitir a trámite tales iniciativas; pero sobre esta cuestión no procede pronunciarse ahora.
En suma, no se aprecia que la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de 5 de agosto de 2020, que admite a trámite la solicitud de celebrar un debate específico «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española», suponga la trasgresión de un mandato o pronunciamiento del Tribunal Constitucional, por lo que procede concluir que esa decisión, así como el acuerdo de la mesa de la Diputación Permanente del siguiente 7 de agosto que desestima la solicitud de reconsideración de la misma, no han vulnerado el derecho de los diputados recurrentes al ejercicio del cargo parlamentario (art. 23.2 CE).
5. Aplicación de la doctrina constitucional a los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña referidos a la admisión a trámite de las propuestas de resolución controvertidas.
Conforme a lo antes expuesto, procede seguidamente examinar el posible incumplimiento del deber de acatar lo resuelto por este tribunal que los diputados recurrentes imputan al acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de agosto de 2020, que admitió a trámite las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios Republicà y Junts per Catalunya y el subgrupo CUP-Crida Constituent, en los apartados concretos señalados en el antecedente 2 de esta sentencia, y al subsiguiente acuerdo, también del 7 de agosto, por el que la mesa rechazó la solicitud de reconsideración de aquella decisión.
Los recurrentes sostienen que la admisión a trámite de esas concretas iniciativas parlamentarias infringió el deber constitucional de acatar lo decidido por este tribunal en la STC 259/2015 y el ATC 170/2016, así como, particularmente, en las SSTC 98/2019 y 111/2019 y en los AATC 184/2019 y 11/2020. La mesa del Parlamento de Cataluña venía obligada a no admitir esas iniciativas, pues era conocedora de la existencia de una obligación específica impuesta por el Tribunal Constitucional de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar lo decidido en sus resoluciones. A la vista de las STC 98/2019 y 111/2019 es manifiesta y palmaria la falta de competencia del Parlamento de Cataluña para el control y la censura política de la institución de la Corona o de su titular y para que la Generalitat se posicione al respecto al margen de los procedimientos de reforma constitucionales. Por tanto, la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de dichas iniciativas ha supuesto la vulneración delius in officiumde los diputados recurrentes protegido por el art. 23.2 CE, toda vez que esa decisión de la mesa les colocaba en la tesitura de tener que optar entre participar en un debate y votación de unas iniciativas contrarias a lo resuelto por este tribunal, dando así apariencia de legitimidad a lo que no la tiene, o bien ausentarse y en consecuencia no poder ejercer su papel de legítimos representantes de los ciudadanos.
Conforme se ha expuesto en los antecedentes de esta sentencia, el Ministerio Fiscal apoya en este punto la pretensión de los diputados recurrentes, mientras que el letrado del Parlamento de Cataluña entiende que los acuerdos impugnados no han supuesto vulneración alguna delius in officiumque garantiza el art. 23.2 CE.
Para determinar si los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña que se impugnan han incurrido en la vulneración del derecho garantizado en el art. 23.2 CE es necesario atender a la aplicación al caso de la doctrina constitucional antes citada. De acuerdo con esta, debemos analizar si en el presente asunto concurren las circunstancias necesarias para apreciar, como sostienen los recurrentes y el Ministerio Fiscal, que la mesa del Parlamento de Cataluña ha incumplido el deber constitucional de acatar lo resuelto por este tribunal (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC) y, en consecuencia, han vulnerado el ius in officium de los diputados recurrentes (art. 23.2 CE), así como, indirectamente, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
La vulneración se habría producido al admitir la mesa a trámite las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios Republicà y Junts per Catalunya y el subgrupo Candidatura d’Unitat Popular (CUP)-Crida Constituent en el marco del referido debate «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española»; pero no en su integridad, sino en los concretos apartados de esas propuestas a los que los recurrentes dirigen sus reproches. Se trata de los puntos 4 y 6 de la propuesta de resolución del grupo parlamentario Junts per Catalunya (núm. de registro 75425), de los puntos 4 y 5 de la propuesta de los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y del subgrupo CUP-Crida Constituent (núm. de registro 75424), de los puntos 2, 6 y 7 del núm. 1 de la propuesta del subgrupo CUP-Crida Constituent (núm. de registro 75426) y del punto 2 de la propuesta del grupo parlamentario Republicà (núm. de registro 75421); su contenido ha quedado reseñado en el antecedente 2 de la presente sentencia en su única versión oficial, en lengua catalana, y a él procede remitirse, sin perjuicio de las referencias que procedan hacer a continuación a las propuestas, en los puntos controvertidos, al realizar nuestro enjuiciamiento.
El examen del contenido de esas iniciativas evidencia en efecto que, en algunos puntos, incumplen de forma manifiesta el deber de acatar lo decidido por este tribunal en la STC 98/2019 y en los AATC 184/2019 y 11/2020, dictados en ejecución de aquella, así como en la STC 111/2019, pues contienen declaraciones encaminadas al control por el Parlamento de Cataluña de la institución de la monarquía parlamentaria como forma política del Estado español, cuya legitimidad se rechaza, propugnando su abolición; asimismo suponen una reprobación de quien encarna la titularidad de la monarquía y de la jefatura del Estado. Se pretende, pues, lograr una declaración formal en la que el Parlamento de Cataluña tome posición institucional emitiendo un juicio de valor que es contrario a la configuración constitucional de la institución de la Corona.
Este tribunal puso de manifiesto en su STC 98/2019, FJ 4 c), que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3 CE), por lo que la decisión del Parlamento de Cataluña de rechazo y condena de la actuación del rey en la resolución 92/XII había sido «adoptada fuera del ámbito propio de sus atribuciones, que son las que le confieren la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y su propio reglamento orgánico, que no le reconocen ninguna potestad de censura o reprobación de los actos regios». Además, destacó que «cualquier decisión institucional de un órgano del Estado, en este caso del Parlamento de Cataluña, que pretenda emitir aquel doble juicio de contradicción u oposición, así como de reprobación, en los términos antedichos, hacia la persona del rey, resultará contrario al mencionado estatus constitucional del monarca, pues la imputación de una responsabilidad política y la atribución de una sanción, igualmente política, en forma de "rechazo" y de "condena" a una persona a la que la Constitución le confiere la doble condición de inviolabilidad y de exención de responsabilidad, contraviene directamente el art. 56.3 CE, porque supone desconocer este estatus que la Constitución le reconoce al rey, al atribuirle una responsabilidad que es incompatible con su función constitucional» [STC 98/2019, FJ 4 c)].
En ejecución de la STC 98/2019, por ATC 184/2019 fueron anulados determinados incisos de diversos apartados de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, en los que esta cámara legislativa declaraba apostar por «la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía» y reafirmaba en «su rechazo al posicionamiento del rey Felipe V y su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre», así como en «su reprobación de Felipe V por su posicionamiento y su intervención en relación con el conflicto democrático que genera la negación de derechos civiles y políticos a Cataluña por parte del Estado español»; reafirmaba también «su derecho de expresar valoraciones y opiniones políticas sobre la actuación y el futuro de la institución monárquica». Este tribunal apreció que tales incisos incurrían en clara contradicción con lo declarado en la STC 98/2019, pues se trataba «de volver a reproducir, con las mismas expresiones, un pronunciamiento institucional del Parlamento de Cataluña que este tribunal declaró inconstitucional y nulo, que, además, se remite de modo expreso a aquella resolución 92/XII. Por tanto, nuevamente la cámara catalana ha vuelto a desatender lo decidido por este tribunal en su STC 98/2019, por cuanto ha vuelto a aprobar en los apartados impugnados de la resolución 534/XII los mismos pronunciamientos que ya hizo en la precedente resolución 92/XII» (ATC 184/2019, FJ 6). En consecuencia, el tribunal no se limita a anular los apartados que entran en contradicción con lo resuelto en la STC 98/2019, sino que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 87.1, párrafo segundo, y 92.4 LOTC, acuerda notificar personalmente el auto al presidente, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento de Cataluña, «advirtiéndoles de su deber de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución 534/XII en los incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 que declaramos nulos, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente pretenda o suponga ignorar o eludir la nulidad acordada de dichos incisos de esa resolución parlamentaria» (ATC 184/2019, FJ 6).
En aplicación de la doctrina sentada por la STC 98/2019, la STC 111/2019 declaró inconstitucional y nula la resolución 298/XII del Parlamento de Cataluña, de creación de una «Comisión de Investigación sobre la Monarquía». El Parlamento de Cataluña carece manifiestamente de competencia para crear esa comisión de investigación, pues ninguna competencia ostenta la Generalitat (o cualquier otra comunidad autónoma) para «disponer cosa alguna sobre órganos de las instituciones generales del Estado» [STC 111/2019, FJ 4 B)]. Además, el art. 56.3 CE impide la creación de comisiones de investigación parlamentarias sobre el rey, de modo que la resolución 298/XII ese precepto constitucional por haber creado una comisión de investigación cuyo objeto y contenidos básicos directamente conculcan las prerrogativas de la «inviolabilidad» y «no sujeción a responsabilidad de la persona del Rey», por afectar al estatus constitucional del monarca en cuanto jefe del Estado [STC 111/2019, FJ 5.B)]. De ello se sigue, además, que la prohibición que dimana del art. 56.3 CE de crear una comisión de investigación sobre el rey también se extiende «al aspecto particular de que haya sido creada para la indagación de hechos que pudieran tener una relevancia penal» (STC 111/2019, FJ 6).
En fin, también en ejecución de la STC 98/2019, por ATC 11/2020 fue anulado un inciso del apartado undécimo de la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017», que fue admitida a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña, en el que se declaraba que esta cámara «reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía». Este tribunal apreció que ese inciso «tiene por fin insistir en el pronunciamiento institucional de las precedentes resoluciones 92/XII y 534/XII. Con él se reitera un juicio de contradicción y oposición a la actuación del rey. Al utilizar el término "reprobación", vuelve a poner de manifiesto aquella muestra de "oposición y desprecio" hacia el rey Felipe VI que señalaba la STC 98/2019 […] Se trata, pues, […] de volver a reproducir, con el mismo término de "reprobación", un pronunciamiento institucional del Parlamento de Cataluña que este tribunal ha declarado inconstitucional y nulo. Por tanto, nuevamente la propuesta admitida a trámite se dirige a desatender lo decidido por este tribunal en su STC 98/2019 así como en la providencia de 10 de octubre de 2019, que suspendió los incisos de la resolución 534/XII que reiteraban la reprobación del rey, y requirió al presidente, a los miembros de la mesa y al secretario general, con advertencia de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a tales incisos, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 98/2019» [ATC 11/2020, FJ 4 B)]. Como en el caso del ATC 184/2019, el tribunal no se limita a anular el inciso contrario a lo declarado en la STC 98/2019, sino que, asimismo, acuerda notificar personalmente el auto al presidente, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento de Cataluña, «advirtiéndoles de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente pretenda o suponga ignorar o eludir la STC 98/2019 y la nulidad acordada en el presente auto» (ATC 11/2020, FJ 6).
Pues bien, la contravención evidente con lo resuelto por el Tribunal Constitucional en las SSTC 98/2019 y 111/2019 y en los AATC 184/2019 y 11/2020, se pone de manifiesto, en primer lugar, en el inciso final del punto 6 de la propuesta de resolución del grupo parlamentario Junts per Catalunya (núm. de registro 75425), según el cual el Parlamento de Cataluña «apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía». Se reitera así, en términos literales, el contenido de la letra d) del apartado decimoquinto del epígrafe II de la resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, que fue declarada inconstitucional y nula por la STC 98/2019. Reitera igualmente lo declarado en el primer inciso del punto I.3 e) de la resolución 534/XII, que fue anulado por el ATC 184/2019, con expresa advertencia al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general, del deber de abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento al inciso de la resolución anulado, así como del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que, directa o indirectamente, pretenda o suponga eludir o ignorar la nulidad acordada.
En cuanto a la propuesta de resolución del subgrupo CUP-Crida Constituent (núm. de registro 75426), resulta que en el núm. 1, punto 2, se declara «[q]ue la Monarquía borbónica ha sido y es un pilar primordial para la persecución de los derechos del pueblo catalán y contra la construcción de la república Catalana como quedó demostrado con el aval de Felipe VI a la represión policial contra el referéndum del 1 de octubre de 2017». Tales afirmaciones vienen a reproducir, en términos similares, declaraciones contenidas en la letra c) del apartado decimoquinto del epígrafe II de la resolución 92/XII, que fue declarada inconstitucional y nula por la STC 98/2019, así como en sendos incisos de los apartados I.1.3 e) y I.2.6.2 de la resolución 534/XII, que fueron anulados por el ATC 184/2019, con las expresas advertencias de rigor a los miembros de la mesa y al secretario general de la cámara ya aludidas.
En el núm. 1, punto 7, de esta misma propuesta de resolución (núm. de registro 75426) se propone «[r]eprobar al rey Felipe VI y a toda la dinastía borbónica por décadas de impunidad y enriquecimiento ilegítimo utilizando las instituciones públicas y las figuras institucionales de jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas por el disfrute personal y el beneficio privado». Esta declaración de reprobación del rey contradice frontalmente lo resuelto en las citadas SSTC 98/2019 y 111/2019 y viene a reiterar declaraciones de reprobación contenidas en un inciso del apartado I.2.6.2 de la resolución 534/XII que fue anulado por el ATC 184/2019, así como en el inciso del apartado undécimo de la propuesta de resolución que fue anulado por el ATC 11/2020, en ambos casos con las consiguientes advertencias a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento de Cataluña.
En el punto 4 de la propuesta de resolución de los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y del subgrupo CUP-Crida Constituent (núm. de registro 75424) no se advierte un contenido que de forma manifiesta incumpla el deber de acatar lo decidido por este tribunal, con la excepción del inciso en el que se afirma que la Constitución de 1978 «blinda la continuidad de una monarquía delincuente»; esta declaración supone de nuevo una pretensión de reprobación de la monarquía parlamentaria como forma política del Estado español, en franca contravención de lo decidido por este tribunal en las SSTC 98/2019 y 111/2019 y en los AATC 184/2019 y 11/2020, en los términos ya expuestos.
En el punto 2 de la propuesta de resolución del grupo parlamentario Republicà (núm. de registro 75421) se incluye un inciso en el que se denuncia «que el rey ha participado concertadamente con el resto de poderes del estado en la represión y laminación de derechos del pueblo catalán». Una vez más se trata de una declaración que insiste en la reprobación de quien encarna la titularidad de la monarquía y de la jefatura del Estado, en contradicción evidente con lo resuelto por este tribunal en las SSTC 98/2019 y 111/2019 y en los AATC 184/2019 y 11/2020.
En suma, los indicados puntos e incisos de las propuestas de resolución vienen a reiterar (en ocasiones a reproducir literalmente, incluso) el contenido de anteriores iniciativas que este tribunal había declarado inconstitucionales y nulas por carecer manifiestamente el Parlamento de Cataluña de competencia constitucional y estatutaria para realizar un control político de la monarquía parlamentaria y de su titular (SSTC 89/2019 y 111/2019). Por ello, como ya se dijo, en los AATC 184/2019 y 11/2020 este tribunal había hecho advertencia expresa al presidente, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento de Cataluña, de su deber no solo de abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a los incisos o apartados anulados, sino también de impedir o paralizar cualquier iniciativa que, directa o indirectamente, pretenda o suponga eludir o ignorar lo decidido en la STC 98/2019 y la nulidad acordada en esos mismos autos.
Asimismo advierte este tribunal que, conforme señala el Ministerio Fiscal, el contenido del punto 5 de la propuesta de resolución conjunta presentada por los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y el subgrupo parlamentario CUP-Crida Constituent (núm. de registro 75424) reitera y ratifica la voluntad del Parlamento de Cataluña de situarse al margen del orden constitucional, para llevar a efecto los postulados de un supuesto derecho de autodeterminación y creación de un estado independiente en forma de república «5. Ratifica, de conformidad con la voluntad expresada del pueblo de Cataluña y este Parlamento el 1 de octubre, el 10 de octubre y el 27 de octubre de 2017, que el único camino para superar este régimen monárquico es constituir efectivamente la república catalana como Estado de derecho, democrático y social. En consecuencia, exhorta a la sociedad civil ya las instituciones del país a continuar el camino y avanzar decididamente hacia el objetivo de la independencia». Contradice esta iniciativa los pronunciamientos de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad de la resolución 1/XI, sobre el inicio de un proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, y de autos posteriores del Tribunal Constitucional que estimaron incidentes de ejecución promovidos respecto de la STC 259/2015, declarando la nulidad de iniciativas ulteriores del Parlamento de Cataluña que trataban de hacer efectivos los postulados de la resolución 1/XI: AATC 141/2016, de 19 de julio, 170/2016, de 6 de octubre, 24/2017, de 14 de febrero, y 123/2017 y 124/2017, ambos de 19 de septiembre. En esos autos el Tribunal Constitucional impuso al presidente y al resto de miembros del Parlamento de Cataluña el deber de impedir o paralizar las iniciativas que vinieran a reiterar o hacer efectivos los postulados que la STC 259/2015 declaró contrarios a la Constitución. Asimismo resulta patente que esa iniciativa admitida a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña entra en frontal contradicción con lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la STC 114/2017, de 17 de octubre, que declaró inconstitucional y nula la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del referéndum de autodeterminación», pues de su contenido se desprende la insistencia en afirmar la soberanía de Cataluña, constituida en un Estado independiente en forma de república, que pretende su legitimación en los resultados del ilegal referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017; y contraviene asimismo los pronunciamientos y advertencias contenidos en el ATC 144/2017, de 8 de noviembre, dictado en ejecución de esa sentencia.
En definitiva, el contenido de los citados puntos de las propuestas de resolución que la mesa del Parlamento de Cataluña admitió a trámite infringe de manera palmaria y evidente los pronunciamientos de las SSTC 98/2019 y 111/2019 y de los AATC 184/2019 y 11/2020, en lo que se refiere a la pretensión de realizar un control político de la monarquía parlamentaria y de su titular o de reprobar o censurar al rey, o bien los pronunciamientos de las SSTC 259/2015 y 114/2017 y de los AATC 141/2016, 170/2016, 24/2017, 123/2017, 124/2017 y 144/2017, en lo que atañe a la pretensión de llevar a efecto los postulados de un supuesto derecho de autodeterminación y crear un estado independiente en forma de república, al margen del marco constitucional. La mesa tenía conocimiento de su obligación de impedir o paralizar estas iniciativas, como ya puso de manifiesto el letrado mayor del Parlamento de Cataluña en la sesión del pleno extraordinario de 7 de agosto de 2020, al advertir que determinados puntos de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Republicà y el subgrupo CUP-Crida Constituent, para su discusión y votación en esa sesión plenaria de debate específico «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española