Categoría: Administración

con la salvedad de la viuda que procedió a ello motu proprio y el control efectuado por el Notario actuante en su momento.
En este sentido, al inscribir una resolución judicial, a través de un expediente de jurisdicción voluntaria, el Registrador de la Propiedad no exige, ni entra a valorar, en ningún caso todos y cada uno de los documentos que ha tenido a la vista dicha autoridad judicial para resolver el expediente, bastando la resolución a efectos de inscripción.
La reciente Resolución núm. 20349/2021, de 23 de noviembre, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2017, establecieron que la función calificadora del registrador respecto a documentos expedidos por la autoridad judicial se limita a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro. Esta doctrina es igualmente predicable respecto a las resoluciones judiciales dictadas en el marco de expedientes de jurisdicción voluntaria.
En defensa de esta postura, es preciso citar la Resolución núm. 3741/2021, de 19 de febrero, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, relativa a la extensión de la cosa juzgada en el ámbito de la jurisdicción voluntaria:
“Y es que, como ya expresara el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre de 2000 […], Sala Tercera, ‘a notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento público, o sobre los títulos inscribibles’. Pero debe también tomarse en consideración que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria delimita el ámbito objetivo de la calificación al establecer que los registradores calificarán ‘... la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas...’ Ciertamente, en el procedimiento registral no se ejerce una función de carácter judicial respecto de la cual el título presentado sea un mero medio de prueba sino que se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título con la necesidad de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de éste (cfr., por todas, las Resoluciones de 20 de diciembre de 2017 […] y 15 de enero de 2020 […] –respecto de declaración notarial de herederos abintestato– y de 2 de octubre de 2019 […] –respecto de venta en subasta notarial–). […].
Ahora bien, no se puede compartir el criterio de la registradora cuando niega que sea procedente tal nombramiento porque considera que no se trata de una verdadera partición hereditaria y cuando también niega que la contadora-partidora pueda realizar la interpretación sobre la designación de uno de los herederos y sobe la identificación del bien legado.
Aun cuando en la escritura calificada lo que la contadora-partidora hace es, en realidad, adjudicar el bien objeto del legado, este acto tiene carácter particional y, además, en la misma escritura ratifica íntegramente otras adjudicaciones que constan en las escrituras que se reseñan en relación con la partición de la herencia de la causante. Asimismo, la interpretación sobre la designación de uno de los herederos y sobre la identificación del bien legado se enmarca en el ámbito de lo particional, razón por la que atañe al cumplimiento de la función de contadora-partidora. Y debe tenerse en cuenta que a tales cuestiones se ha extendido la decisión del notario en funciones de jurisdicción voluntaria al aprobar la partición, realizando una valoración que no puede reputarse irrazonable o incursa en error patente.”
En el ámbito del derecho registral rige el principio de conservación de la partición (Sentencias del Tribunal Supremo 562/2008, de 12 de junio; núm. 350/2015, de 16 de junio, y núm. 287/2016, de 4 de mayo), “en cuanto ello sea posible” (Sentencias del Tribunal Supremo de 30 abril 1958, 13 octubre 1960, 25 febrero 1969); situación que no concurre cuando “por los partidores se margina la voluntad del testador, o se incide en defectos enormes o sustanciales con grave lesión económica para un heredero” (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 noviembre 1955, 29 marzo 1958, 31 mayo 1980, 30 marzo 1993, 31 octubre 1996); o como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 994/2002, de 22 de octubre, cuando “[…] los agravios patrimoniales son tan sustanciales y enormes que de otro modo, salvo la invalidez de la partición, no se pueden enmendar”.
A mayor abundamiento, es preciso destacar que la solicitud de aceptación a los herederos no solo es cosa juzgada material, sino que además podría dar lugar a una contradicción entre lo dispuesto por medio de resolución judicial y esa nueva eventual valoración de los herederos, afectando así a las situaciones jurídicas consolidadas conforme al sentido de ésta y a los derechos de los propios herederos.»
Mediante escrito, de fecha 2 de noviembre de 2022, la registradora de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. No fue posible la notificación de la interposición del recurso a la notaria autorizante del título calificado, dado el fallecimiento de la misma.
Vistos los artículos 675, 902, 903, 1057, 1059, 1060, 1061 y 1062 del Código Civil; 92 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; 66 de la Ley del Notariado, introducido por la disposición final undécima de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de septiembre de 2002, 13 de mayo, 21 de junio y 20 de septiembre de 2003, 31 de marzo y 23 de abril de 2005, 22 de marzo y 22 de junio de 2007, 7 de mayo y 14 de septiembre de 2009, 18 de mayo de 2012, 29 de enero de 2013, 30 de abril de 2014, 18 de julio de 2016, 19 de enero, 4 de abril, 22 de septiembre y 4 de octubre de 2017, 9 de enero, 22 y 28 de febrero, 5 de julio, 17 de septiembre y 31 de octubre de 2018 y 14 de febrero de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 28 de septiembre de 2020 y 31 de marzo de 2022.
1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de protocolización de operaciones particionales y adjudicación de herencia, otorgada el día 8 de junio de 2007, por el contador-partidor testamentario, en la que concurren los hechos y circunstancias siguientes:
– El causante había fallecido el día 5 de febrero de 2004 en estado de casado en segundas nupcias, dejando cuatro hijos de anterior matrimonio y varios nietos.
– En el testamento, de fecha 26 de julio de 1994, el causante «1.ª) Reconoce y lega a sus hijos a partes iguales el tercio de legítima estricta, con sustitución vulgar en caso de premoriencia por sus descendientes respectivos. 2.ª) Lega a su esposa doña M. M. S. B., el usufructo vitalicio, sin fianza del tercio de mejora; y la nuda propiedad de dicho tercio, la lega a partes iguales a todos los nietos que el testador tenga, así los nacidos al tiempo del fallecimiento del testador, como los que nazcan después, incluso los que nazcan después del fallecimiento de la usufructuaria, con sustitución vulgar de los que fallecieren por sus respectivos descendientes. 3.ª)  Instituye heredera del tercio de libre disposición a su esposa doña M. M. S. B., con el carácter de heredera fiduciaria, con facultad de disposición de los bienes por actosinter vivosy a título oneroso. Respecto de los bienes que quedaren al fallecimiento de la heredera fiduciaria, por no haber dispuesto de ellos en la forma expresada, nombra herederos fideicomisarios de residuo, a partes iguales, a todos los nietos que el testador tenga, tanto los nacidos al tiempo de su fallecimiento como los que nazcan después, incluso los que nazcan después del fallecimiento de la fiduciaria con sustitución vulgar de los que fallecieren por sus respectivos descendientes. Si la heredera fiduciaria, falleciera antes que el testador […] 4.ª) Si al fallecimiento de la usufructuaria y heredera fiduciaria no fuere posible determinarse los nudo propietarios y herederos fideicomisarios se pondrán el legado y la herencia en administración conforme al artículo 802 y siguientes del Código Civil. 5.ª) Nombra Albacea, Contador-Partidor, por el plazo legal y prórroga de dos años más y con todas las facultades legales, incluso la de entrega de legados y legítimas, a don F. J. S. E.».
– El Albacea Contador-Partidor fue designado por el causante en su disposición testamentaria y su nombramiento prorrogado por auto del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Elche de fecha 18 de abril de 2007.
– En el cuaderno particional, se hacen las siguientes adjudicaciones: a los hijos por su legítima estricta, por cuartas e iguales partes, la mitad de determinados bienes del inventario; a la viuda, por su legado de usufructo viudal, diversos bienes del inventario en plena propiedad y algunas deudas del pasivo a los efectos de compensación del valor de los bienes del activo adjudicados; a la viuda, en concepto de heredera fiduciaria, la mitad de determinados bienes del inventario, con «plena facultad de disposición de los bienes adjudicados»; la adjudicación a los nietos «queda sujeta a reserva de los nietos del causante que pudieran nacer», hasta el cumplimiento del término suspensivo del fallecimiento de los hijos del causante.
– Incoado procedimiento judicial deinterpellatio in iurey finalización del albaceazgo, posteriormente, mediante auto del Juzgado de fecha 5 de febrero de 2008, se acordó el término del cargo de albacea contador-partidor, se dictó archivo de actuaciones y se remitió a las partes a «la división judicial de la herencia»; recurrido éste, mediante auto de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 12 de diciembre de 2008, se confirma la denegación de prórroga del cargo de albacea contador partidor, y respecto a lainterpellatio in iureresulta de su fundamento primero lo siguiente: «Limitada la petición inicial del recurrente a la interpelación judicial de aceptación o renuncia de la herencia […] La parte recurrente promotora del expediente basa su impugnación en que debió dictarse resolución en la instancia por la que se tuviese por aceptada la herencia por los interpelados […] no procediendo el archivo […] el apercibimiento al que se refiere el artículo 1005 acarrea la consecuencia de que la herencia se tenga por aceptada salvo renuncia expresa (...)», y en la parte dispositiva dispone: «declarando que se entiende aceptada la herencia».
La registradora señala como defecto que las adjudicaciones verificadas por el contador-partidor exceden de lo meramente particional ya que no se limita a adjudicar los bienes en la forma dispuesta por el causante en su testamento, sino que realiza lotes en función del avalúo de tales bienes y procede a su adjudicación, verificándose por tanto actos de carácter traslativo y no meramente particional, por lo que faltaría el consentimiento de los herederos del causante para la adjudicación practicada en el citado cuaderno particional al no adjudicarse en la forma dispuesta por el testador.
El recurrente alega lo siguiente: que la valoración y su adjudicación de los lotes han sido de carácter exclusivamente particional; que la partición efectuada por el albacea contador-partidor se ajusta a las disposiciones testamentarias; que la partición respeta las facultades del albacea contador-partidor y las disposiciones testamentarias, ya que los bienes fueron objeto de valoración por un perito capacitado al efecto, los lotes fueron configurados atendiendo al principio de igualdad y la atribución entre los herederos se hizo conforme a la disposición de los tercios efectuada por el testador; que la partición efectuada por el albacea contador-partidor, en el ejercicio de las facultades amplias que le fueron conferidas testamentariamente, no excede «lo meramente particional» y se encuentra dentro de la legalidad; que constando el consentimiento de los herederos, bien por resultar así de sus propios actos, bien por la declaración de aceptación efectuada por el órgano jurisdiccional, no cabe efectuar una nueva exigencia de consentimiento a los herederos para la inscripción, máxime cuando existe una resolución firme que declara la aceptación de la herencia, de acuerdo con la partición contenida en el cuaderno particional elevado a público; que la interpretación sobre la designación de uno de los herederos y sobre la identificación del bien legado se enmarca en el ámbito de lo particional; que en el ámbito del derecho registral rige el principio de conservación de la partición.
2. Es doctrina jurisprudencial pacífica que las competencias del contador-partidor se ciñen a contar y partir, realizando cuanto acto jurídico y material sea preciso para este objeto, incluso ampliamente según el concreto supuesto, por ejemplo, realizando divisiones, segregaciones o pagando excesos de adjudicación, si las fincas no tuvieren fácil división. Para ello no precisa el contador-partidor el concurso de herederos, legatarios o legitimarios, aunque sí del cónyuge viudo, si debe liquidarse previamente la sociedad conyugal.
También es criterio doctrinal unánime que la misión del contador-partidor consiste únicamente en contar y partir, de modo que carece de facultades dispositivas, al ser las suyas simplemente particionales. Por ello ha de respetar la igualdad cualitativa en la formación de los lotes (cfr. artículo 1061 del Código Civil), evitando, en cuanto sea posible, los suplementos en metálico; aunque se ha entendido que dicho precepto no impone una igualdad matemática absoluta, ni impone la participación de todos los herederos en cada bien de la herencia. En suma, que la regla de la igualdad es de carácter relativo y depende de las circunstancias del caso, y así, por ejemplo, este Centro Directivo en Resolución de 28 de febrero de 2018 declaró: «[…] regla del artículo 1061 del Código que impone la igualdad en la integración de los lotes de los herederos, referida principalmente a la partición hecha por contador-partidor, ha de tener como una de sus excepciones el supuesto que contempla el artículo siguiente, el 1062, para el caso de cosas indivisibles, y esta excepción entendida como simple acto particional, encajable por tanto dentro de las facultades de los contadores partidores, ha sido interpretada con gran amplitud por la doctrina de este Centro Directivo –vid. Resoluciones de 10 de enero de 1903, 23 de julio de 1925, 6 de abril de 1962, 2 de diciembre de 1964, 13 de mayo de 2003 y 16 de septiembre de 2008– al punto de considerar que es la solución más lógica cuando en la herencia existe tan solo un bien jurídico o económicamente indivisible».
3. Mas, si sus facultades para contar y partir son claras, todo lo que exceda de ello excederá también de las facultades del contador, de suerte que serán los interesados en el negocio dispositivo en cuestión –ciertamente en ocasiones en fina línea de distinción con lo particional–, quienes deban formular, en su caso judicialmente, su pretensión.
Así, el Centro Directivo ha puesto de relieve (cfr. Resolución de 3 de julio de 2019) que «el contador-partidor no puede realizar actos que excedan de lo particional: entre ellos […] prescindir del viudo en la liquidación del régimen económico-matrimonial; realizar conmutación de la legítima del viudo; realizar hijuelas para pago de deuda; o atribuirse funciones privativas del testador, como es la revocación de disposiciones o la valoración de los supuestos de desheredación. Tampoco constituye acto particional decidir si una legataria a la que se atribuye en el testamento la opción de ser legataria de parte alícuota o recibir en usufructo una finca ha cumplido o no la condición impuesta por el testador a la misma, sino que se trata de un presupuesto o cuestión previa a la propia partición, que sólo puede resolverse si se acredita que la interesada ha prestado su conformidad o ha sido resuelta la cuestión judicialmente en otro caso. Ni tampoco podría proceder a la disolución de comunidad existente con un tercero (cfr. Resolución de 14 de septiembre de 2009)».
Sin embargo, sí podrá el albacea contador-partidor liquidar los gananciales junto con el cónyuge viudo, o realizar operaciones de modificación hipotecaria como divisiones o segregaciones necesarias para la partición, o incluso pagar excesos de adjudicación. También cabe incluir entre sus funciones la acreditación del cumplimiento o incumplimiento de condiciones a efectos de la práctica de inscripciones, siempre que se trate de hechos que queden acreditados objetivamente, no de hechos susceptibles de valoración o de posible contradicción.
4. Por otra parte, el albacea contador-partidor, además de contar y partir, tiene unas funciones de interpretación del testamento y ejecución de la voluntad del causante que van más allá de la estricta división del caudal. El albacea no puede realizar actos dispositivos sin consentimiento de los herederos ni contraer nuevas obligaciones, pero sí interpretar y ejecutar la voluntad del causante en las atribuciones hereditarias. Puede no sólo partir el caudal relicto entre los interesados, sino también velar por el cumplimiento y ejecución de la voluntad del causante. Y en la determinación del ámbito de actuación del albacea habrá que tener muy en cuenta la voluntad del causante, ley fundamental de la sucesión (cfr. artículos 675 y 902 del Código Civil) de manera que se puede equiparar la partición hecha por el contador-partidor a la hecha por el testador (cfr. artículo 1.057 del Código Civil).
Reiteradamente ha señalado este Centro Directivo –cfr. Resoluciones de 27 de diciembre de 1982, 19 de septiembre de 2002, 21 de junio de 2003, 13 de octubre de 2005, 20 de julio de 2007, 4 de octubre de 2017 y 28 de febrero de 2018, entre otras– que la partición realizada por el contador-partidor no requiere el consentimiento de los herederos, aunque sean legitimarios, siempre que actúe dentro de sus funciones, las cuales no se alteran por la comparecencia de alguno de los herederos, ni siquiera por la concurrencia de todos ellos si el testador hubiera ordenado la intervención del contador-partidor incluso existiendo un acuerdo de los herederos respecto de la forma de realizar la partición. Por lo demás, debe recordarse que, como puso de relieve este Centro Directivo en Resolución de 11 de julio de 2013, sólo cuando la intervención conjunta de los herederos junto con el contador-partidor no se limite a aceptar la herencia, la intervención de aquéllos introduce un factor que altera el carácter unilateral que tiene la partición practicada por contador-partidor, transformándola en un verdadero contrato particional y haciendo, por tanto, necesaria la intervención de todos los interesados en la herencia.
Por otra parte, la restrictiva expresión implica que la simple facultad de hacer la partición» que contiene el artículo 1057 del Código Civil se interpreta con flexibilidad, de suerte que se incluyan entre las facultades del contador-partidor aquellas que hayan de ser presupuesto para el desempeño de esa función de contar y partir. En este sentido debe entenderse que puede proceder a liquidar junto con el cónyuge viudo la disuelta sociedad de gananciales, a inventariar y valorar los bienes relictos y fijar, cuantificándolos, los derechos de los interesados sobre la masarelicta,con sujeción al testamento y la ley, aceptando por tanto las disposiciones del testador por las que dé por pagados de sus derechos legitimarios a sus herederos forzosos o aquellas por las que ordene que del haber correspondiente a los legitimarios se descuente lo que en vida han percibido estos del testador.
Como ya puso de relieve este Centro Directivo en Resolución de 24 de marzo de 2001, con criterio reiterado en otras posteriores, como las de 28 de septiembre de 2020 y 31 de marzo de 2022, «[…] la partición realizada por el contador-partidor en el ámbito de su marco competencial configurado por la simple facultad de hacer la partición –en la que cabe incluir las operaciones de inventario del activo y del pasivo, con la correspondiente calificación de la naturaleza privativa o consorcial de sus elementos, avalúo, formación de lotes o hijuelas y su entrega y adjudicación a los interesados– está integrada por las otras facultades legales si también es albacea y por las demás que le fueren atribuidas testamentariamente, y que es válida y produce todos los efectos que le son propios mientras no se impugne judicialmente, de forma que solo los tribunales de Justicia son competentes para declarar la disconformidad de proceder del contador con lo querido por el testador, debiendo estarse mientras tanto, a la partición realizada por estos. En Resolución de 13 de octubre de 2005, relativa a la partición y adjudicación de la herencia de uno de los causantes ya se concluyó que «corresponde al albacea contador-partidor la interpretación de la voluntad del causante, así como la valoración de las donaciones realizadas y el análisis de su inoficiosidad, habiendo de pasarse por sus decisiones mientras no sean notoriamente contrarias a la ley o a lo dispuesto por el testador […]».
5. En el aspecto registral, es doctrina reiterada de este Centro Directivo (Resoluciones de 16 de septiembre de 2008, 14 de septiembre de 2009 y otras citadas en los «Vistos»), en interpretación del artículo 1057 del Código Civil, que las particiones realizadas por el contador-partidor, al reputarse como si fueren hechas por el propio causante, son por sí solas inscribibles, sin necesidad de la aprobación de los herederos o legatarios, por lo que en principio causan un estado de derechos que surte todos sus efectos mientras no sean impugnadas; la partición realizada por el contador-partidor es inscribible por sí sola sin necesidad de la concurrencia de los herederos, siempre que no resulte del título particional extralimitación en sus funciones, sin perjuicio, claro está, de las acciones que posteriormente puedan ser ejercitadas.
Como ha puesto de relieve este Centro Directivo (Resolución de 28 de febrero de 2018), «las razones a las que puede deberse el asentimiento de alguno de los legitimarios o herederos a la partición -aparte la manifestación de su aceptación de la herencia- pueden obedecer a su posible condición de prelegatarios; a la eventual aceptación de cargas o modos testamentarios; al complemento de capacidad (conforme al artículo 1060 del Código Civil); o, entre otras causas, a compromisos personales. Pero cualesquiera que sean estas, esa comparecencia y asentimiento a las operaciones particionales, no pueden alterar la naturaleza de una partición realizada por contador-partidor designado por el testador y realizada dentro de los parámetros del artículo 1057 del Código Civil».
Desde la Resolución de 24 de marzo de 2001, cuya doctrina ha sido reiterada en numerosas otras de este Centro Directivo(vid.«Vistos»), no puede oponerse el defecto de falta de consentimiento de los herederos legitimarios cuando la partición ha sido otorgada por el contador-partidor designado por el testador; y esta partición es válida mientras no se impugne judicialmente; de forma que solo los tribunales de justicia son competentes para, en su caso, declarar la disconformidad del proceder de los contadores con lo querido por el testador, debiendo estarse mientas tanto a la partición por ellos realizada.
Ahora bien, el contador-partidor tiene sus límites establecidos por las normas imperativas –de legítimas, normas de colación y otras– y su función no puede exceder de las actuaciones particionales. Ciertamente que, como alega el recurrente, la línea divisoria entre lo particional y lo dispositivo, a veces, no es nítida, por lo que conviene analizar el supuesto concreto.
6. En el supuesto de este expediente, se afirma en la calificación que algunos de los herederos han ratificado la partición, pero que no lo han hecho los hijos legitimarios ni la viuda, de modo que se deben analizar las adjudicaciones hechas a cada uno de ellos y la necesidad de la intervención de estos en su caso.
A los hijos, por su legítima estricta, se les adjudica por cuartas e iguales partes la mitad de determinados bienes, lo que no excede de las funciones del contador-partidor dado que son bienes de la herencia.
A los nietos herederos, en su condición de herederos fideicomisarios sometidos a término incierto suspensivo –el momento de la muerte del último de los hijos–, se les adjudican determinados bienes de los que es heredera fiduciaria la viuda, y esa adjudicación «queda sujeta a reserva de los nietos del causante que pudieran nacer», por lo que se cumplen las disposiciones testamentarias.
A la viuda, en concepto de heredera fiduciaria, se le adjudican la mitad de determinados bienes del inventario, con «plena facultad de disposición de los bienes adjudicados».
Así, en todas estas adjudicaciones se han cumplido las disposiciones del testador, por lo que nada se puede objetar.
Pero en cuanto a la adjudicación a la viuda por su legado de usufructo viudal, se capitaliza en diversos bienes del inventario en plena propiedad y algunas deudas del pasivo a los efectos de compensación del valor de los bienes del activo adjudicados, lo que excede de las funciones del contador-partidor dado que se trata de un legado específico de un usufructo y es mutado en una propiedad, por lo que, en cuanto a esto, se hace preciso el consentimiento de la adjudicataria. Por tanto, en este último punto se debe desestimar el recurso.
En cuanto a las alegaciones del recurrente relativas a la existencia de una resolución judicial que declara la aceptación de la herencia, debe tenerse en cuenta que una cosa es la aceptación de herencia y otra distinta la aceptación de la partición, sin que una conlleve la otra, lo que resulta con claridad del auto reflejado en los hechos; la aceptación de la partición que el recurrente sostiene ha hecho la viuda, al vender algunos de los bienes de la herencia, sin entrar en cómo ha sido realizada (lo que no consta en el expediente), no está acreditada; alega el recurrente el supuesto de la Resolución de 17 de enero de 2020, en el que se consideró que la adjudicación hecha a uno de los herederos con la obligación de compensar en metálico a los demás por razón del exceso de valor no implica actuación dispositiva, dado que tratándose de un bien indivisible puede ser adjudicado a uno de los herederos a calidad de compensar a los otros en metálico; pero en aquella ocasión se trataba de un único bien indivisible inventariado, y en el presente caso, hay varios inmuebles.
Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso interpuesto en cuanto a la no necesidad de consentimiento de los herederos respecto de las adjudicaciones hechas a los mismos y a los legitimarios; y confirmar la calificación en cuanto a la necesidad de su consentimiento para la capitalización del legado de usufructo de la viuda.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 11 de enero de 2023.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.