Categoría: Administración

s públicas y mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
Actuaciones financiables:
5a. Refuerzo de la ciberseguridad de entidades. Puesta en marcha de un centro de operaciones de ciberseguridad.
5b. Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.
Línea estratégica 6. Sanidad (para los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023).
Los proyectos se ubican en tres áreas funcionales:
1. El área funcional de actuación «Centro Sanitario Inteligente», se dirige a dotar de servicios digitales a los centros de salud de Atención Primaria con una aproximación integral centrada en el paciente, de modo que sea posible extender las prestaciones y servicios a un entorno virtual, de manera flexible, acceder desde la atención primaria a los recursos del resto de niveles asistenciales, aprovechando todas las posibilidades de la tecnología y los canales de comunicación para llegar a todos los ciudadanos, adaptándose a las circunstancias de éstos y a las nuevas demandas de la sociedad.
2. El área funcional de actuación «Atención personalizada», engloba proyectos que permitan diseñar, desarrollar y desplegar de manera operativa en la sanidad pública, dentro de la cartera de servicios, un modelo integral de prestación de servicios presenciales y virtuales específicamente diseñados para colectivos de pacientes que requieren una atención personalizada, continuada y sistemática, debido a su estado de salud u otras circunstancias personales, dentro del contexto general de Transformación Digital de la sanidad.
3. Por último, el área funcional «Transformación digital de los servicios de soporte de la actividad sanitaria», persigue el objetivo de impulsar la transformación digital de los servicios de gestión no asistenciales, en su relación con los ciudadanos.
En estas áreas se han definido siete bloques de proyectos colaborativos, para los que, a través de los correspondientes grupos de trabajo con las comunidades autónomas, se han desarrollado un total de dieciséis líneas de actuación, que se detallan en el anexo I y sobre las que se ha aplicado el 6 % del crédito para las comunidades que lideran los proyectos.
c) Los proyectos financiables deberán cumplir los siguientes requisitos:
– Alineamiento con los planes estratégicos [la Agenda España Digital 2025, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Plan España Puede)y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025].
– Interoperabilidad entre servicios. Se facilitará la integración con proyectos, plataformas e iniciativas de similar naturaleza, especialmente con las de la Administración General del Estado.
– Reutilización de los proyectos por otras administraciones que lo requieran, si su naturaleza lo permite.
– Aportación de datos para facilitar la oferta de servicios a la ciudadanía a través de «Mi carpeta ciudadana», con el objetivo de conformar un espacio de datos eficiente y eficaz para la ciudadanía y las empresas.
– Integración de información en las plataformas comunes de gestión de contratación pública electrónica y de subvenciones que se indiquen.
– Desarrollo de los proyectos y plataformas que gestionen datos bajo la perspectiva de integración y federación de datos, en especial con otrosdata lakey en concreto con el de la AGE, de forma que se permita habilitar proyectos interoperables entre distintas administraciones públicas.
– No se financiarán actuaciones que nos sean acordes al principio DNSH.
– Las entidades beneficiarias deberán contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas ysoftwareasociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
– En materia de empleo, los beneficiarios estarán obligados a crear en España todo el empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.
d) Los proyectos a realizar por cada entidad ejecutora (comunidad autónoma y por las ciudades de Ceuta y Melilla) que vayan a ser financiados con las transferencias recibidas deberán quedar claramente identificados y descritos en el sistema integrado para la gestión y la notificación de los hitos y objetivos con el fin de cumplir los requisitos específicos de gestión y presentación de informes descritos en el PRTR, que desarrollará la autoridad responsable del PRTR, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241. Las entidades ejecutoras deberán cargar la información de los subproyectos autonómicos en el sistema informático de acuerdo a lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a lo establecido en la Orden HFP/1031/2021, de 20 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
e) Para asegurar un adecuado seguimiento de los proyectos, las entidades ejecutoras (comunidades autónomas, Ingesa y las ciudades de Ceuta y Melilla) deberán proporcionar a través del sistema identificado en la letra anterior la información relativa a los diferentes proyectos de inversión que se propongan financiar en cada ejercicio con cargo a los fondos a los que se refiere el presente acuerdo. Las entidades ejecutoras deberán cargar la información de los subproyectos autonómicos en el sistema informático de acuerdo a lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a lo establecido en la Orden HFP/1031/2021, de 20 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
f) A fin de cumplir con los Hitos y Objetivos e Indicadores adicionales del anexo de la Decisión de la Comisión por la que se aprueban los acuerdos operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 de 29 de octubre de 2021, C (2021) 7903 final, a lo largo del periodo 2021-2026, cada entidad ejecutora (comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla) deberán:
1.º) Completar la ejecución de, al menos, un proyecto en alguna de las líneas estratégicas 1-5 antes del 31 de diciembre de 2023. (completar la ejecución de al menos de un proyecto de alguna de las líneas estratégicas 1-5 permitirá acreditar el cumplimiento del Hito H 167: Digitalización de entidades regionales y locales. Descripción: Las comunidades autónomas y los gobiernos locales han completado proyectos dentro de las líneas estratégicas de la Estrategia Digital 2025, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas y el resto de acciones de modernización previstas para el Sector Público. En concreto:
a) Cada comunidad autónoma ha completado al menos un proyecto en una de las cinco líneas estratégicas (1. Administración orientada al ciudadano, 2. Operaciones inteligentes, 3. Un gobierno de los datos, 4. Infraestructuras digitales, y/o 5. Ciberseguridad);
El mecanismo de verificación es la presentación de un Documento resumen que justifique debidamente cómo el hito (incluyendo los elementos relevantes del hito, tal y como se enumeran en la descripción del hito y de la medida correspondiente en el anexo del CID) se ha cumplido satisfactoriamente. Este documento incluirá como anexo las siguientes pruebas documentales: copia de los certificados oficiales certificados que acrediten que los proyectos se han completado. Los certificados deberán indicar claramente los nombres de los proyectos finalizados por cada Comunidad Autónoma y un extracto de los correspondientes pliegos de condiciones técnicas de dichos proyectos en los que se describa la línea estratégica a la que se refieren los proyectos.
– Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será antes del 31 de diciembre de 2023.
2.º) Acreditar que el 60 % de los trámites digitales de las administraciones autonómicas permiten su uso por móvil (Actual: 48 %)
El mecanismo de verificación será un documento resumen que justifique debidamente cómo el hito (incluyendo los elementos relevantes del hito, tal y como se enumeran en la descripción del hito y de la medida correspondiente en el anexo del CID) se ha cumplido satisfactoriamente. Este documento incluirá como anexo las siguientes pruebas documentales: Las comunidades presentaran una copia del Informe IRIA sobre Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas por el Observatorio de la Administración Electrónica. (El informe indicará claramente el porcentaje de procedimientos digitales de las administraciones regionales para su uso en móvil antes y después de la aplicación de la acción).
– Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el cuarto trimestre de 2023.
3.º) Publicar en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en servicios autonómicos de información similares, la adjudicación de contratos en alguna o algunas de las actuaciones financiables de las seis líneas estratégicas identificadas en el apartado sexto b) del presente acuerdo antes del término de cada ejercicio, de forma que, antes del 30 de junio de 2025, se haya adjudicado el importe total de la cuantía transferida en cada uno de los ejercicios con arreglo a lo dispuesto en el presente acuerdo. Las CC. AA. deberán promover la promoción de la participación de las pymes en los proyectos en particular incluyendo las cláusulas oportunas en los pliegos de licitación de los contratos públicos. (Esta publicación permitirá verificar el cumplimiento del objetivo 168 Objetivo O 168: Adjudicación de proyectos de apoyo a la transformación digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas En el caso de las CC. AA. reciben 578,6 millones de los 1.000 millones de la I3 y deben presentar la documentación de la adjudicación de los mismos hasta completar dicho importe).
– Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el segundo trimestre de 2025.
4.º) Certificar en el caso de los proyectos de la línea 6 Sanidad digital, por parte de la autoridad competente, la recepción o conformidad del objeto de los contratos adjudicados correspondientes a los proyectos financiados con cargo a los fondos objeto de distribución en el presente acuerdo, de forma que, antes de finalizar el 30 de junio de 2026, pueda justificarse que todos los proyectos financiados con cargo a los fondos transferidos han sido ejecutados y están plenamente operativos. Para dicha conformidad se contará con informe de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS acreditando el alineamiento con las líneas del Plan de Transformación Digital de los proyectos presentados por las CC. AA. e Ingesa (Cada entidad ejecutora remitirá a la Secretaría General de Salud Digital Información e Innovación del SNS una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos incluidos en el punto sexto, letra c) del Acuerdo. Esta Secretaría General, comunicará a la Secretaría General de Administración Digital los términos de la declaración responsable en cada uno de los proyectos remitidos). Esta certificación permitirá acreditar el cumplimiento del Hito H 169: Finalización de todos los proyectos de apoyo a la transformación digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas. La certificación de estos proyectos se hará hasta un total de 230 millones de euros de los 1.000 millones contemplados en dicha inversión I3.
– Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el segundo trimestre de 2026.
5.º) Certificar, por parte de la autoridad competente, la recepción o conformidad del objeto de los contratos adjudicados correspondientes a los proyectos financiados con cargo a los fondos objeto de distribución en el presente acuerdo, de forma que, antes de finalizar el 30 de junio de 2026, pueda justificarse que todos los proyectos financiados con cargo a los fondos transferidos han sido ejecutados y están plenamente operativos.
Para dicha conformidad se contará con informe de la Secretaría General de Administración Digital acreditando el alineamiento con las líneas del Plan de Transformación Digital de los proyectos presentados por las CC. AA. Esta certificación permitirá acreditar el cumplimiento del Hito H 169: Finalización de todos los proyectos de apoyo a la transformación digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas. La certificación de estos proyectos se hará hasta un total de 578,6 millones de euros de los 1.000 millones contemplados en dicha inversión I3.
– Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el segundo trimestre de 2026.
g) Las entidades ejecutoras (comunidades autónomas, Ingesa y las ciudades de Ceuta y Melilla) serán responsables sus subproyectos, y el suministro de la información de los mismos se realizará en el sistema que desarrolle la autoridad responsable del Plan. Incluirán en este la información relativa a las inversiones asociadas a la inversión 3 del componente 11 (I3, C11), junto con, cuando proceda, la emisión de las correspondientes certificaciones que les sean solicitadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de cara a la acreditación ante la Comisión Europea del cumplimiento de los hitos e indicadores establecidos en el PRTR, a través de los siguientes mecanismos:
1.º) Suministro y publicación, a través del sistema integrado para la gestión y notificación de los hitos y objetivos que desarrolle la autoridad responsable del PRTR, con la periodicidad y en los términos que esta determine, de la información relativa al cumplimiento de los objetivos relativos a la inversión 3 del componente 11 (I3, C11), de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea, así como de las instrucciones de las autoridades de gestión y control nacionales y de la Unión Europea.
2.º) Suministro y publicación, a través del sistema integrado para la gestión y notificación de los hitos y objetivos que desarrolle la autoridad responsable del PRTR, con la periodicidad y en los términos que esta determine, de la información relativa a la ejecución del gasto en relación al coste estimado, de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea, así como de las instrucciones de las autoridades de gestión y control nacionales y de la Unión Europea.
h) En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como de lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo, las Comunidades Autónomas garantizarán el respeto al principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH) y el etiquetado climático.
Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas al Componente 11, si bien esta inversión no contribuye a la transición climática, solo participa de la transición digital, y además, todas las actuaciones de los subproyectos autonómicos o locales en esta inversión acogerán un campo de contribución digital del 100 %.
Para ello, las Comunidades Autónomas preverán mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su implementación.
Asimismo, las Comunidades Autónomas se asegurarán del reintegro de las cuantías percibidas en el caso de incumplimiento del principio DNSH.
Las Comunidades Autónomas garantizarán que las entidades o administraciones destinatarias finales, los contratistas y los subcontratistas cumplan en sus actuaciones con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente.
i) Las entidades ejecutoras (comunidades autónomas INGESA y las ciudades de Ceuta y Melilla) están obligadas a establecer y mantener una adecuada pista de auditoría de la ejecución del gasto, así como el adecuado soporte de la documentación conforme al artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
j) Medidas correctoras. Cuando, a consecuencia de la información proporcionada con arreglo a lo previsto en el apartado g) se detectará por los órganos de gestión de las entidades ejecutoras (comunidades autónomas, Ingesa y de las ciudades de Ceuta y Melilla), que se ha producido un desvío significativo respecto del cumplimiento de los hitos y objetivos, las deficiencias se plasmarán en el informe de previsiones.
k) Las entidades ejecutoras (comunidades autónomas, Ingesa y las ciudades de Ceuta y Melilla) deberán presentar una cuenta justificativa de la utilización de los fondos recibidos antes del 31 de agosto de 2026, que incluirá, además de los datos que sean solicitados por las autoridades nacionales y comunitarias:
1.º) Grado de cumplimiento de los objetivos comprometidos para la inversión 3 del componente 11 (I3, C11), reflejado en el apartado sexto f) de este acuerdo.
2.º) Coste real de la medida respecto del coste estimado inicialmente o revisado.
3.º) Descripción de medida y la manera de implementación, así como los mecanismos de control aplicados en su ejecución.
l) Tras el cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las entidades ejecutoras (comunidades autónomas, Ingesa y las ciudades de Ceuta y Melilla) deberán presentar una cuenta justificativa final, con arreglo a las especificaciones que sean solicitadas por la autoridad responsable del PRTR, y en el plazo que esta determine, de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea, así como de las instrucciones de las autoridades de gestión y control nacionales y de la Unión Europea.
En el cálculo de los hitos y objetivos propuestos en este componente, no se computarán las inversiones realizadas con otros fondos de la Unión Europea.
Las medidas incluidas en el PRTR deben cumplir con el principio horizontal establecido en el artículo 9 del Reglamento (UE) 241/2021, así como con lo previsto en el apartado 3 del artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En consecuencia, dichas medidas deben respetar el principio de adicionalidad y la necesidad de establecer mecanismos que eviten la doble financiación, de manera que las inversiones financiadas con fondos del MRR podrán recibir ayudas de otros programas e instrumentos de la Unión, siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, y en todo caso de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión (Reglamento Financiero).
En caso de que exista financiación de otros fondos de la UE, se deben poner en conocimiento del Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como establecer proyectos y convocatorias diferenciadas. Para garantizar el no incurrir en doble financiación, se deberá regular y convocar con carácter independiente la financiación a cargo del PRTR, de las otras fuentes de financiación, especialmente procedentes de otros fondos europeos.
Cuando los destinatarios finales de los fondos sean entidades jurídicas privadas, será de aplicación la normativa comunitaria en materia de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En caso de cualquier incumplimiento de la entidad ejecutora (comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta y Melilla) puesto de manifiesto en el desarrollo de las actuaciones de control de la autoridad nacional o de instituciones comunitarias que dé lugar a una merma en el retorno de fondos, esta se trasladará a la entidad ejecutora (comunidad autónoma, Ingesa o a las ciudades de Ceuta y Melilla) en aplicación de lo señalado en el artículo 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativa a la responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea, y de conformidad con lo que prevea la orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública contemplada en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Con arreglo a lo que prevea la orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública contemplada en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, procederá el reintegro, total o parcial, de los fondos recibidos por parte de las entidades ejecutoras (comunidades autónomas, Ingesa o de las ciudades de Ceuta y Melilla), cuando:
1. No se puedan cumplir, en todo o en parte, los objetivos de la reforma o de la inversión especificados en el apartado sexto de este acuerdo por causa imputable a la entidad ejecutora (comunidad autónoma o a las ciudades de Ceuta y Melilla), cuando el incumplimiento impida el retorno de fondos europeos al Tesoro y en el importe del retorno no percibido en relación con las medidas responsabilidad de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta y Melilla.
2. No pueda acreditarse el logro de los objetivos por falta de fiabilidad de los indicadores reportados. Procederá el reintegro al menos cuando el incumplimiento impida el retorno de fondos europeos al Tesoro y en el importe del retorno no percibido en relación con las medidas responsabilidad de la comunidad autónoma.
3. Cualquier irregularidad que afecte a medidas bajo la responsabilidad de la entidad ejecutora (comunidad autónoma, Ingesa o las ciudades de Ceuta y Melilla) determinada en cualquier control desarrollado por autoridades nacionales o comunitarias que recaiga sobre aquellas.
4. La no utilización de las cantidades recibidas para las actuaciones para las que se transfirieron, en cuyo caso procederá el reintegro de fondos al Estado por el importe indebidamente utilizado.
Tanto las entidades ejecutoras (comunidades autónomas, Ingesa y las ciudades de Ceuta y Melilla), como el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el marco de las instrucciones de la autoridad de control o de las entidades que actúen bajo su coordinación o responsabilidad, tienen la obligación de adoptar las medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014 y (UE) n. 283/2014 y la Decisión n. 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n. 966/2012, así como las instrucciones dictadas al efecto por las autoridades de gestión y control nacionales y de la Unión Europea.
Tanto las entidades ejecutoras (comunidades autónomas, Ingesa y las ciudades de Ceuta y Melilla), como el Ministerio de Hacienda y Función Pública, tienen la obligación de someterse a las actuaciones de la autoridad de control o de las entidades que actúen bajo su coordinación o responsabilidad, así como cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión y conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, con arreglo a las previsiones Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, de 18 de julio de 2018, y el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021.
De acuerdo con lo previsto por el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, los perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de esta financiación y velarán por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, el empleo del emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
Como conclusión, se recuerda, también con carácter general, que se debe garantizar el cumplimiento del principio de no realizar daño significativo al medio ambiente, «Do No Significant Harm» (DNSH) y de la legislación nacional y europea de ayudas de Estado, adoptando las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión, en particular a lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, la prevención de la doble financiación, así como el cumplimiento de los hitos, objetivos e indicadores en el marco del calendario previsto para su consecución, tal y como están definidos en el CID y de acuerdo con la descripción de los indicadores de las disposiciones operativas (OA) y aportando los mecanismos de verificación definidos en el anexo I del OA.
La línea de inversión LE5. Ciberseguridad tiene como objetivo garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios digitales prestados por las administraciones públicas y mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
Se plantea como proyecto el despliegue de centros de operaciones de ciberseguridad que den servicios de seguridad a las entidades beneficiarias, según el enfoque siguiente:
1. Los servicios necesarios para el despliegue de los centros de operaciones de ciberseguridad son los que se recogen en este anexo.
2. Las entidades beneficiarias implantarán centros de operaciones de ciberseguridad en sus respectivos ámbitos, orientado a servicio.
Todos los centros de operaciones de ciberseguridad que se desplieguen en este ámbito formarán parte de la Red Nacional de centros de operaciones de ciberseguridad, en la que el CCN ya está trabajando, y que integrará el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y los de las demás administraciones públicas del ámbito nacional.
La coordinación de los centros integrados en esta red nacional se llevará a cabo a través de la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, prevista en el artículo 11 del Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
Los servicios a implantar y los requisitos de integración con la red nacional de centros de operaciones de ciberseguridad son los siguientes:
a. Intercambio automático y fluido de ciberincidentes con la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes mediante la implantación y operación de la herramienta de gestión de incidentes LUCIA del CCN-CERT que operará en modo federado con el de la Plataforma Nacional.
b. Implantación de las tecnologías necesarias que permitan la vigilancia del perímetro y de la red interna implantando las tecnologías disponibles en el Catálogo de Productos de Seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CCN-STIC 105) o haciendo uso de los sistemas de alerta desplegados por el CCN-CERT.
c. Despliegue de la herramienta microClaudia del CCN-CERT en toda la organización.
d. Capacidad de recolección y correlación básica de los registros de trazabilidad (logs) necesarios para la vigilancia (Mediante productos recogidos en el catálogo CCN-STIC 105).
e. Actividades de formación y concienciación en todas las organizaciones atendidas.
f. Despliegue de tecnologías de detección y respuesta en el punto final (EDR) implantando las tecnologías disponibles en el catálogo CCN-STIC 105.
g. Intercambio de ciberinteligencia con la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes.
La línea de inversión LE1 Administración orientada al ciudadano tiene como objetivo mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y empresas, favoreciendo la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios públicos digitales y la modernización de los procesos.
Se plantea como proyecto el desarrollo de al menos los tres servicios más utilizados por los ciudadanos en modo App móvil o a través de una interfaz adaptable («responsive») integrada en mi carpeta ciudadana de la AGE, según el enfoque siguiente:
a. Los servicios a desarrollar serán aquellos que en el ámbito de cada entidad local se identifique como los más utilizados por los ciudadanos.
b. El desarrollo de estos servicios perseguirá el enfoque de la prestación en movilidad.
La inversión necesaria para acometer este proyecto podrá ser financiada parcial o totalmente por la subvención a percibir. Los posteriores gastos necesarios para la operación una vez finalizado el periodo de implantación correrá a cargo de las entidades beneficiarias.
Los requisitos técnicos para la integración de estos servicios en mi carpeta ciudadana de la AGE se pondrán a disposición por parte de la SGAD e incluirán, al menos:
– Directrices de seguridad y autenticación.
– Definición de alto nivel de la arquitectura.
– Arquitectura de presentación.
– Elementos comunes de las plataformas a tener en cuenta.
La línea de inversión LE1 Administración orientada al ciudadano tiene como objetivo mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y empresas, favoreciendo la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios públicos digitales y la modernización de los procesos.
Dentro de esta línea es de interés ofrecer servicios exentos de barreras transfronterizas para ciudadanos y empresas europeos, integrando estos servicios en las nuevas plataformas que la Comisión Europea desarrolla para acercar a todas las Administraciones públicas al mercado único digital y favorecer la movilidad de ciudadanos y empresas de la Unión Europea.
Se plantea como proyecto el desarrollo de servicios públicos abiertos a ciudadanos y empresas europeas, según el enfoque siguiente:
a. Se priorizarán los proyectos que creen o adapten los servicios públicos a la eliminación de barreras transfronterizas.
b. Los servicios públicos deberán integrarse en el portal Your Europey estar adaptados a los requisitos de la Pasarela Digital Única (Reglamento EU 2018/1724) establecidos por la Comisión Europea.
La línea de inversión LE2 Operaciones inteligentes tiene como objetivo mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las Administraciones públicas, a través de la utilización de tecnologías de automatización inteligente (robotización de procesos, inteligencia artificial, etc.).
Se plantea como proyecto necesario la automatización de los procesos de prestación de servicios al ciudadano, según el enfoque siguiente:
a. Se priorizarán los proyectos de automatización con impacto directo en la prestación de los servicios a los ciudadanos más utilizados.
b. En la medida de lo posible se atenderán también los procesos de gestión interna susceptibles de automatización.
La SGAD dará soporte a las comunidades autónomas para conocer el detalle de los requisitos para la integración de estos servicios en el portal Your Europey su adaptación a la Pasarela Digital Única.
– GT1: tecnologías transversales.
• LA 1.1: ciberseguridad: mejora de resiliencia y securización de los sistemas de información, dispositivos y centros de salud. Todos los Centros de Operaciones de Ciberseguridad que se desplieguen en este ámbito formarán parte de la Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad, en la que el CCN ya está trabajando, y que integrará el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y los de las demás administraciones públicas del ámbito nacional. La coordinación de las iniciativas se llevará a cabo a través de la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, prevista en el artículo 11 del Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
• LA 1.2: cuadros de mando: análisis y diseño de los cuadros de mando de la atención primaria orientados a la gestión, así como el análisis y despliegue de las herramientas de inteligencia de negocio.
• LA 1.3: procesos para la eficiencia en la gestión: automatización de tareas o procedimientos que agilicen y liberen a los profesionales y en el uso de la tecnología para poder dar respuesta a esta necesidad.
– GT2: Recursos humanos y gestión de conocimiento: estrategias de transformación digital orientadas al desarrollo de los profesionales sanitarios.
• LA 2.1: profesional digital. Gestión completa del ciclo de trabajo del personal sanitario.
• LA 2.2: plataformas colaborativas y de formación para el desarrollo de herramientas de captación y formación de profesionales, que permitan dar una respuesta integral a todo el ciclo de vida de la formación.
– GT3: Canal de ciudadano: tiene como objetivo mejorar la relación con el ciudadano y su grado de satisfacción con los servicios sanitarios.
• LA 3.1: gestión inteligente de la demanda: pensada para incidir en la proactividad, agilización y optimización de la atención a través del desarrollo de sistemas inteligentes de gestión, con capacidad para orientar la atención o gestionar la demanda
• LA 3.2: teleconsulta/interconsulta: centrado en conseguir la omnicanalidad en la accesibilidad a los servicios, utilizando la más adecuada a cada paciente y situación.
• LA 3.3: escuelas del paciente y promoción de la salud: a través de herramientas que ayuden al desarrollo de programas de promoción y prevención de la salud y a promover la toma de decisiones compartida, favoreciendo la incorporación de la perspectiva de los pacientes a través de la evaluación sistemática para la toma de decisiones.
– GT4: Historia de Salud Digital: evolución de las historias clínicas digitales a una historia de salud digital estandarizada, accesible, segura y usable.
• LA 4.1: historia clínica inteligente dotada de proactivos para el apoyo a los profesionales sanitarios en el diagnóstico, análisis de diferentes situaciones de forma autónoma y con capacidad para detectar y alertar sobre situaciones de riesgo. Definirá modelos de arquetipos y de interoperabilidad de atención primaria y sociosanitaria, establecerá una plataforma de conocimiento clínico (CKM), con accesos para cada CC. AA., utilizará un orquestador inteligente y facilitará su visualización desde dispositivos móviles.
• LA 4.2: integración de datos atención primaria para vigilancia epidemiológica: lograr una historia clínica que sea la base para las tareas de vigilancia epidemiológica y de salud pública y garantice la detección e intervención temprana.
• LA 4.3: integración de Información sociosanitaria en la historia de salud digital, para su uso en el ámbito residencial, así como la comunicación e intercambio entre los ámbitos sanitario y social para lograr una atención integrada.
– GT5: Integración de dispositivos e imagen médica: Se pretende definir un marco común de estandarización en el ámbito de la Imagen Médica Digital y potenciar su uso en atención primaria.
• LA 5.1 imagen médica: integración en la historia clínica del paciente, accesibilidad para cualquier profesional, apoyo a las interconsultas no presenciales entre los distintos niveles asistenciales, inclusión de ecografía clínica diagnóstica y extensión de modalidades y dispositivos.
• LA 5.2 dispositivos en centros. Definición de estándar para suministro de dispositivos de imagen diagnóstica, diseño e implantación de soluciones escalables y en alta disponibilidad, definición de los modelos de integración de datos y señales de salida de los dispositivos.
– GT6: Telemonitorización de pacientes: crear un marco global para el desarrollo e implantación de la telemonitorización que contemple todos los ámbitos de aplicación y que guíe a las regiones en el despliegue sucesivo acorde a sus necesidades.
• LA 6.1 telemonitorización: definición de protocolos de seguimiento adecuados a las distintas patologías crónicas, alineadas con los clínicos; definición e implementación de las plataformas de teleasistencia y autocuidado que permitan el desarrollo de dichos protocolos y la evolución hacia modelos de atención basados en comportamientos proactivos para la vigilancia de estos colectivos.
• LA 6.2 integración de señales IoMT: servirá para identificar de manera anticipada factores de riesgo para el paciente, gracias a la integración y el análisis de los datos que provienen de los dispositivos, así como de la monitorización constante de los equipos electromédicos domiciliarios.
– GT7: Soporte a la decisión clínica: las actuaciones de este proyecto están destinadas a dotar al SNS de un modelo normalizado y un catálogo común de casos de uso de inteligencia artificial orientados al soporte de la toma de decisiones en el ámbito de atención primaria.
• LA 7.1: Servicios y casos de uso: establecer un conjunto de algoritmos de uso compartido para todas las CC. AA., a través de la definición de un catálogo de casos de uso, que abarquen el empaquetamiento y gestión de ciclo de vida de los modelos, definición de un modelo de arquitectura y gobernanza común.