Categoría: Administración

La innovación constituye uno de los factores indispensables para el crecimiento económico de un país, de ahí que ocupe un lugar destacable en las políticas europeas y nacionales. La innovación se configura como una de las claves para la creación de empleo, el crecimiento a medio plazo, la productividad y en definitiva la mejora de la competitividad. La innovación es la herramienta necesaria para dar respuesta a las necesidades y retos que la sociedad actual demanda.
La Comisión Europea en su Comunicación «Unión por la Innovación», de 6 de octubre de 2010 (COM (2010) 546 final), insta a los Estados Miembros y las regiones para que a partir de 2011 reserven partidas presupuestarias específicas para contratación pre-comercial y contratación pública de productos y servicios innovadores. Por otra parte, la investigación y la innovación, incluidas la innovación ecológica y la innovación social, se encuentran entre los principales motores del crecimiento futuro y ocupan un lugar central de la Estrategia Europa 2020 y la Agenda 2030 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Por ese motivo, la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, instrumento clave para la realización de dicha Estrategia, señala expresamente en su Considerando núm. 39 que «la contratación pública es fundamental para impulsar la innovación». Y por ello se conmina a los poderes públicos a hacer la mejor utilización estratégica posible de la contratación pública para fomentar la innovación. La Compra Pública de Innovación (en adelante, CPI) es una actuación administrativa de fomento de la innovación orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación pública. Conforme al nuevo artículo 36 sexies introducido por la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la CPI persigue los siguientes objetivos:
a) La mejora de los servicios e infraestructuras públicas, mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores, que satisfagan necesidades públicas debidamente identificadas y justificadas.
b) La dinamización económica, y la internacionalización y competitividad de las empresas innovadoras.
c) El impulso a la transferencia de conocimiento y aplicación de los resultados de la investigación, y la generación de mercados de lanzamiento para las nuevas empresas de base tecnológica.
d) El ahorro de costes a corto, medio o largo plazo.
e) La experimentación en el diseño de políticas públicas.
Según el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación (en adelante MICIN), corresponde a éste el impulso de la Compra Pública de Innovación, como una de las funciones asignadas a la Secretaría General de Innovación (en adelante, SGINN), por lo que la SGINN realiza actuaciones que fomentan la innovación tanto en las empresas como en las entidades públicas. La actividad innovadora en las empresas se ve incentivada a través de deducciones fiscales. Las licitaciones públicas innovadoras permiten a las entidades proveedoras de servicios ofrecer unas prestaciones de mayor valor añadido y a las empresas les ofrecen la oportunidad de compartir riesgos.
La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI), que constituye el marco estratégico para las políticas de I+D+i estatales y autonómicas recoge que se fomentará la Compra Pública de Innovación (CPI) desde el ámbito público (AGE, CCAA, entidades locales, empresas públicas, universidades, etc.) que convertirá a las AAPP en elementos tractores de actividad innovadora. Para ello se pondrán en marcha líneas específicas de CPI en ámbitos como la salud, la movilidad o la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible.
A su vez, el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PECTI) está integrado por cuatro programas estatales que corresponden a los objetivos generales establecidos en la EECTI 2021-2027. Dentro del Subprograma Estatal de Colaboración Público-Privada del Programa estatal para catalizar la innovación y el liderazgo empresarial encontramos que las actuaciones de CPI realizadas por la SGINN mediante la línea CPI-FID operan como catalizadores de la I+D+I empresarial y constituyen un instrumento de dinamización de la actividad innovadora en la que las AAPP se convierten en primeras usuarias de productos y servicios innovadores, no existentes en el mercado, para cubrir necesidades específicas. Con ello se persigue fomentar el uso de la CPI entre los compradores públicos de los distintos niveles administrativos en España - AGE, CCAA y entidades locales y promover el desarrollo de productos o servicios innovadores.
La Unión Europea participa en la financiación de estas ayudas a través del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027. El Programa Plurirregional España FEDER para el periodo 2021-2027 (en adelante, PPE 2021-2027) es un programa cofinanciado principalmente por la Administración General del Estado. Su ámbito territorial está conformado por la totalidad del territorio español. Entre las propuestas de intervención se establece que, como instrumento para fomentar la innovación de las empresas a través de la demanda, se continuará impulsando la compra publica innovadora y pre comercial, con el fin de alcanzar el Objetivo específico: RSO1.1. Desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación y asimilar tecnologías avanzadas. (FEDER) de la Prioridad: P1A. Transición digital e inteligente.
Las intervenciones a realizar en el PPE 2021-2027 se enmarcan en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI) y en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PECTI), que conforman la Estrategia de Especialización Inteligente de España; entre ellas, se menciona la CPI como instrumento para fomentar la innovación de las empresas a través de la demanda, se continuará impulsando la compra publica innovadora y pre comercial.
Este régimen de ayudas está dirigido al sector público para la mejora de la prestación de servicios públicos, por lo que son compatibles con lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Tratado de la Unión y no constituyen medida alguna contraria a las normas de los Tratados, especialmente las previstas en los artículos 18 y 101 a 109, ambos inclusive.
La presente orden de bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas destinadas a financiar las actuaciones de Compra Pública de Innovación se dicta en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, Ley General de Subvenciones).
Estas bases reguladoras han sido elaboradas para proporcionar un marco jurídico común a las distintas convocatorias que se dicten en el marco de las Actuaciones de Fomento de la Innovación desde la Demanda a través de la Compra Pública de Innovación (en adelante, Línea FID-CPI).
Esta orden se estructura en seis Capítulos, tres Disposiciones adicionales, tres Disposiciones finales y siete anexos. El primer capítulo se refiere a disposiciones generales, y en el mismo se establece el objetivo y su ámbito de aplicación; el segundo capítulo se refiere a los beneficiarios, el tercer capítulo define la actividad financiable y sus costes, el cuarto capítulo recoge el régimen de las ayudas, el capítulo quinto está dedicado a las comunicaciones y el capítulo sexto establece las reglas del procedimiento de concesión.
Las ayudas contempladas en esta orden pueden ser cofinanciadas con Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (en adelante, FEIE), especialmente por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (en adelante, FEDER).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015, de 1 de octubre), la presente orden se ajusta a los principios de buena regulación. A este respecto, la norma se ajusta a los principios de necesidad y eficiencia, existiendo fundadas razones de interés general para su aprobación, habida cuenta de la importancia de las ayudas públicas estatales en el marco de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda («Línea FID») para la Compra Pública de Innovación (CPI) y la contribución de esta al progreso económico y social. Se atiene, igualmente, al principio de proporcionalidad, habiéndose utilizado de forma precisa el instrumento jurídico previsto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con el contenido regulatorio exigido en el apartado 3 de dicho artículo. Se garantiza el principio de seguridad jurídica, ya que la norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, genera un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los gestores de las ayudas y de los potenciales beneficiarios de las mismas. Se respeta el principio de transparencia, toda vez que la norma será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica correspondiente.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley General de Subvenciones, esta orden ha sido objeto de los informes de la Abogacía del Estado en el departamento, de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado, así como de la Secretaría General Técnica del departamento.
En su virtud, dispongo:
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de las ayudas para la ejecución y apoyo de operaciones de Compra Pública de Innovación (en adelante, CPI) que impulsen y promocionen actividades de I+D+i lideradas por las empresas.
2. Asimismo, tiene por objeto establecer reglas de financiación a través de préstamos y anticipos reembolsables, en su caso cofinanciados con cargo al FEDER, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones y los Reglamentos que regulan la cofinanciación con el FEDER. De este modo los préstamos y anticipos reembolsables que se otorguen al amparo de esta norma, se regirán por la presente Orden, y en lo que no se establezca en la misma, se regirá por las prescripciones de la Ley General de Subvenciones y por la normativa del Derecho de la Unión Europea que resulte de aplicación.
La finalidad de las ayudas objeto de esta Orden es el desarrollo de productos o servicios innovadores adquiridos por parte de compradores públicos a través del mecanismo de la Compra Pública de Innovación, con el fin de:
a) Mejorar los servicios públicos, en términos de eficacia o eficiencia.
b) Mejorar la innovación y la competitividad empresarial, atrayendo fondos para la I+D+i empresarial mediante contratación.
c) Reforzar la comercialización de la innovación empleando al cliente público como cliente lanzador o de referencia.
d) Estimular el emprendimiento y la innovación, particularmente de las PYME.
1. «Anticipo reembolsable FEDER»: La modalidad de ayuda de anticipo reembolsable con el FEDER, o abreviadamente «anticipo FEDER», consiste en el otorgamiento inicial, por el órgano concedente, de un préstamo al cero por ciento de interés, que será amortizado de oficio con cargo a la ayuda proveniente del FEDER una vez justificada la realización del proyecto objeto de ayuda, en los términos exigidos por la normativa europea reguladora de dicho Fondo.
2. «Compra Pública de Innovación (CPI)»: Es una actuación administrativa de fomento de la innovación, orientada a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación pública.
3. «Compra Pública Precomercial (CPP)»: La contratación pública de servicios de investigación y desarrollo cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora no se reserve todos los resultados y beneficios del contrato exclusivamente para sí, sino que los comparta con los prestadores en condiciones de mercado; el contrato debe ser de duración limitada y puede incluir el desarrollo de prototipos o volúmenes limitados de los primeros productos o servicios, en forma de series de prueba. La compra de cantidades comerciales de productos o servicios no debe ser objeto del mismo contrato.
4. «Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI)»: Es la compra de un bien o servicio que, en el momento de la contratación se encuentra en una fase de desarrollo muy cercano al mercado. Normalmente implica adaptación de los productos a las necesidades del comprador.
5. «Consulta preliminar al mercado (CPM)»: Diálogo entre el poder adjudicador interesado en desarrollar una actuación de CPI y el sector privado, que se desarrolla durante la fase preparatoria del proyecto, con la finalidad de que el poder adjudicador pueda obtener información sobre la capacidad del mercado y el estado del arte, y las empresas puedan obtener información sobre los proyectos y los requisitos de las futuras licitaciones.
6. «Contratos públicos»: los contratos onerosos celebrados por escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios poderes adjudicadores, cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación de servicios.
7. «Digitalización certificada»: Consiste en el paso de un documento de formato papel a electrónico, pero realizándolo con los formatos digitales admitidos (ISO 19005 PDF/A, PNG, JPEG2000, Acrobat 5 PDF 1.4 o superior, TIFF 6.0 o superior) y el software homologado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Puede consultarse en http://digitalizacioncertificada.info/tag/nti/1. Y https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7866.
8. «Empresa en crisis»: con arreglo al punto 2.2 de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01) publicadas en el D.O.U.E. de 31 de julio de 2014, una empresa se considerará en crisis si, de no mediar una intervención del Estado, su desaparición económica a corto o medio plazo fuera casi segura.
9. «Innovación»: Una innovación es un producto o proceso (o una combinación de ambos) nuevo o mejorado, que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores.
10. «Organismo de Derecho público»: A los efectos de esta Orden, serán todos los comprendidos en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Ley de Contratos del Sector Público.
11. «Poderes adjudicadores»: el Estado, las autoridades regionales o locales, los organismos de Derecho público o las asociaciones formadas por uno o varios de dichos poderes o uno o varios de dichos organismos de Derecho público, conforme son definidos en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. A los efectos de esta Orden, los comprendidos como tal en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante, Ley de Contratos del Sector Público).
12. «Procedimiento de licitación»: procedimiento de licitación no discriminatorio que vele por la participación de un número suficiente de empresas y la concesión de ayuda sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador o un precio de adjudicación; además, el presupuesto o el volumen asignados al procedimiento de licitación constituyen una limitación estricta que lleva a una situación en la que no todos los licitadores pueden recibir ayuda. A los efectos de esta Orden, los contratos recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
13. «Subvención Bruta Equivalente (SBE)»: la Comisión, a través de la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (2008/C 14/02), establece la metodología, para la fijación de los tipos de referencia y actualización, aplicables para calcular el equivalente en subvención en los regímenes de préstamos bonificados. El tipo de base indicado en la Comunicación 2008/C 14/02 puede obtenerse en la siguiente página web: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
1. Podrán tener la condición de beneficiarios en el marco de las convocatorias efectuadas al amparo de esta Orden, los organismos y entidades del Sector Público que tengan la condición de poder adjudicador y presten un servicio público del que sean titulares.
2. Las convocatorias podrán restringir, en su caso, las clases de organismos y entes del sector público que pudieren ser considerados como beneficiarios.
3. No tendrán la condición de beneficiario los siguientes sujetos:
a) Las entidades que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el Mercado Común.
b) Las entidades que no acrediten los requisitos de solvencia económica y financiera establecidos, en su caso, en las correspondientes convocatorias.
c) Las entidades en crisis, de conformidad con la definición proporcionada en el artículo 3 de la presente orden.
d) Aquellas entidades que, precisándolo, no cuenten con informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública con carácter previo a la concesión de ayuda, conforme a lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, o normativa que la sustituya.
e) Aquellas entidades que no puedan acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado con carácter previo a la concesión de ayuda, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, o normativa que la sustituya.
f) Las entidades que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. Conforme al artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las convocatorias podrán establecer que las entidades que tengan con el beneficiario una relación o vínculo de carácter no contractual, que se encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o en documento análogo de constitución y que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamenten la concesión de la ayuda en nombre y por cuenta del beneficiario, en el supuesto de que se trate de una persona jurídica, tengan también la consideración de beneficiarios.
2. No se admitirán solicitudes para llevar a cabo proyectos en colaboración, coordinados o subordinados.
3. Las entidades a las que se refiere este artículo deberán pertenecer a alguna de las categorías enumeradas en el artículo 4, y cumplir los requisitos que se establezcan para los beneficiarios.
1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y concordantes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (en adelante, Reglamento de la Ley General de Subvenciones) así como las que se establezcan en las convocatorias y en las resoluciones de concesión.
2. En el caso de ayudas cofinanciadas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE), los beneficiarios deberán cumplir con lo establecido en los Reglamentos que los desarrollan. En especial, de conformidad con el artículo 74.1.a.i).4.b) del Reglamento (UE) 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 (en adelante, REGLAMENTO DE DISPOSICIONES COMUNES) por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, deberán mantener registros contables independientes o utilizan códigos de contabilidad apropiados para todas las transacciones relacionadas con la operación.
3. Con el fin de evitar una ayuda indirecta de Estado a través de las licitaciones de CPI mediante las que se ejecuten los proyectos objeto de ayuda, estas deberán efectuarse conforme a lo dispuesto en el apartado 2.3. del Marco Europeo sobre ayudas de Estado a la I+D+i C (2022) 7388 final (en adelante, Marco I+D+i). Especialmente, los pliegos de licitaciones de CPP deberán incluir cláusulas mediante las que se garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.4. del Marco I+D+i.
4. Los beneficiarios deberán hacer constar la colaboración del MICIN (y en su caso, del FEDER) en la publicidad de las ayudas recibidas en cualesquiera contratos (tanto de suministros, de servicios, laborales…), o convenios relacionados con la ejecución de la actuación, incluida la subcontratación, y en ayudas, publicaciones, ponencias, equipos, material inventariable, actividades de difusión de resultados y cualquier otra actuación financiada con ellas, mencionando expresamente su convocatoria, origen, cuantía y referencia de la identificación del proyecto. Además, deberán publicar la concesión de la ayuda en su página web, en todas las actividades informativas o de promoción en relación con las actuaciones contempladas en esta Orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. Dado que el proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (en adelante, FEDER), los beneficiarios reconocerán la ayuda de los Fondos a la operación conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y anexo IX Reglamento de disposiciones comunes, y, especialmente, aceptar aparecer en una lista pública de operaciones, prevista en el artículo 49 Reglamento de disposiciones comunes.
Con el fin de garantizar líneas de actuaciones conjuntas en esta materia, así como para potenciar el intercambio de buenas prácticas y el intercambio de experiencias en materia de información y publicidad entre todos los participantes, están constituidas las redes GERIP (Grupo Español de Responsables en materia de Información y Publicidad); y GRECO-AGE (Grupo de Responsables de Comunicación de la AGE). En estas redes se han diseñado la estrategia de comunicación que se plasma, con sus características específicas, en cada uno de los Planes de Comunicación presentados por el Estado español a la Comisión Europea y las medidas de Comunicación que los participantes deben poner en práctica en el período de programación 2021-2027, por lo que los beneficiarios estarán obligados a adoptar los comportamientos y a realizar las actuaciones para la consecución de los indicadores en materia de comunicación y publicidad que se establezcan. Dichas actuaciones e indicadores serán publicados en las resoluciones de convocatoria de ayudas con base en la presente Orden.
6. La instancia electrónica de solicitud de ayuda incluye las declaraciones de conformidad FEDER y de prestación de servicio público. Los modelos de solicitud electrónica se publicarán como anexos de las distintas convocatorias.
Asimismo, dicha instancia incluye cuantas declaraciones responsables y autorizaciones se precisaren, así como aquellas que sustituyan la presentación de determinados documentos en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la Ley General de Subvenciones.
1. Las convocatorias podrán determinar la participación de entidades colaboradoras en la gestión de la subvención.
2. Podrán obtener la condición de entidad colaboradora, siempre que cumplan con los requisitos previstos en los artículos 12 y 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los organismos y demás entes de derecho público, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan en las convocatorias, si fuere el caso.
3. Dichas entidades, con las que se formalizará, conforme al artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el correspondiente convenio de colaboración, podrán llevar a cabo, en todo o en parte, la gestión de las ayudas, o efectuar la entrega a los beneficiarios de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.
1. Podrá solicitarse ayuda para cualquier proyecto que suponga la mejora de los servicios e infraestructuras públicas, mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores, que satisfagan necesidades públicas debidamente identificadas y justificadas, no pudiendo ser objeto de ayuda los proyectos que consistan en la simple construcción de una infraestructura pública.
2. No obstante, quedan excluidas del alcance de estas ayudas las actividades relacionadas en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.
3. No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, teniendo en cuenta que el incumplimiento será causa de reintegro de los fondos.
4. La financiación concedida por medio de estas ayudas podrá cubrir las dos Fases de la CPI:
a) Fase I: Desarrollo, validación y puesta en servicio de soluciones innovadoras, mediante operaciones de CPP o CPTI. Costes de preparación, gestión, evaluación, etc. de dichas soluciones.
b) Fase II: Despliegue de la solución innovadora.
5. Una cantidad significativa del presupuesto financiable con cargo a FEDER deberá destinarse específicamente a las licitaciones de CPI. Las convocatorias fijarán el porcentaje de dicha cuantía.
1. Las ayudas se destinarán a cubrir los costes relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.
2. La financiación podrá aplicarse, entre otros, a los siguientes costes en las condiciones y con las limitaciones que establezca la convocatoria:
a) Costes directamente relacionados con la CPI, ya se trate de actuaciones de CPP o CPTI.
b) Los costes de actuaciones de apoyo a la CPI, que incluyen los siguientes subconceptos:
1.º Asistencia Técnica /Convenios /Encargos a medios propios.
2.º Equipamiento/inversiones materiales.
3.º Inversiones inmateriales.
4.º Adaptación de infraestructuras.
5.º Gastos de publicidad.
6.º Consultas preliminares al mercado (CPM).
7.º Informe vigilancia tecnológica (ITP) emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
8.º Otros estudios de viabilidad o trabajos preparatorios previos a la solicitud realizados por el beneficiario, de conformidad con los recogidos en el artículo 15.5) infra.
c) Costes directamente relacionados con el despliegue de la solución innovadora desarrollada en la Fase I.
3. Las convocatorias podrán especificar y desarrollar, de entre los conceptos susceptibles de ayuda relacionados en este artículo, cuáles serán de aplicación, así como limitar la cantidad de ayuda para cada concepto, teniendo en cuenta asimismo y en su caso, la normativa de ayudas de Estado y la de los FEIE que le sea de aplicación.
4. Atendiendo a las características específicas de la ayuda, la convocatoria podrá exigir al beneficiario la aportación de financiación propia para cubrir la actividad financiada, como mecanismo que garantice la capacidad económica y financiera. En la justificación de la ayuda deberá acreditarse el importe, procedencia y su aplicación.
5. Las convocatorias podrán establecer cuantías mínimas del presupuesto del proyecto para que éste sea considerado financiable. Igualmente, podrán establecer un umbral mínimo de gasto obligatorio para la ejecución de indicadores de comunicación y publicidad.
Sin perjuicio de lo regulado en el artículo 5.1 supra, no podrán subcontratarse las actuaciones de CPI objeto de ayuda, debiendo ser ejecutadas directamente por el beneficiario de la ayuda.
1. Las ayudas podrán concederse bajo las modalidades de subvención, préstamo, anticipo reembolsable o una combinación de las mismas.
2. Las ayudas podrán tener carácter anual o plurianual, con la duración que se especifique en las convocatorias.
3. Las convocatorias establecerán las condiciones de los préstamos en cuanto a plazos de amortización, periodo de carencia, interés y condiciones de reembolso, y las limitaciones a las garantías según lo establecido en el artículo 16 de la presente orden.
4. Las convocatorias podrán ser cofinanciadas con fondos provenientes de la Unión Europea.
1. El presupuesto financiable se establecerá en función del coste total de la actividad financiada. La cuantía individualizada de cada ayuda se determinará atendiendo a alguno o algunos de los siguientes criterios, seleccionados por la convocatoria:
a) El coste real financiable de la actuación.
b) Una parte del coste citado en el apartado anterior, en función del tipo y de las características de la actuación y del beneficiario, o en función de la calificación crediticia puesta en relación, en su caso, con la antigüedad de éste.
c) Los límites de ayuda establecidos en la normativa europea que sea de aplicación.
d) Las disponibilidades presupuestarias.
2. Excepcionalmente, cuando se prevea que el volumen del importe de solicitudes pudiera ser significativamente superior al importe global máximo presupuestado para la convocatoria y no supusiera ninguna alteración de los requisitos o condiciones fijados, las convocatorias podrán admitir la posibilidad del prorrateo entre los beneficiarios en el porcentaje que resultare de exceso entre lo solicitado y el importe global máximo presupuestado para la convocatoria, respetando en todo caso las intensidades máximas de ayuda regional y la regionalización de la financiación FEDER.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 19.5 de la Ley General de Subvenciones, los rendimientos financieros que se pudieran generar por los fondos librados por anticipado no incrementarán el importe de la ayuda concedida. Debe tenerse en cuenta que la actividad financiada por la orden de bases es la innovación y mejora de la prestación de servicios públicos universales mediante adquisición de I+D+i que redunda y promueve el interés general de la sociedad, y que la aplicación de los fondos se realizará de modo inmediato.
4. En el caso de préstamos, el importe de la ayuda se expresará en términos de subvención bruta equivalente. Por otra parte, en el caso de los préstamos regulados en esta orden de bases y por aplicación del artículo 1.2 de la misma, los rendimientos financieros que se pudieran generar por los préstamos librados por anticipado no incrementarán el importe de la ayuda concedida.
5. La parte de la actuación objeto de ayuda deberá pertenecer íntegramente a una o varias de las categorías de las señaladas en el artículo 9.
6. Cuando un proyecto conste de diferentes tareas, la financiación de cada tarea corresponderá a una categoría específica de las contempladas en el artículo 11.1.
7. Las cantidades concedidas podrán cubrir total o parcialmente la actividad que se incentiva, sin que, en ningún caso, incluida la posible cofinanciación, se supere el coste real de la actividad financiada.
8. Las ayudas podrán financiar hasta el cien por cien de los gastos de la actuación financiada. Las convocatorias podrán establecer porcentajes de ayuda diferentes para los distintos tipos de beneficiarios, en función de la modalidad de actuación.
9. En relación a la cofinanciación nacional que corresponde aportar al beneficiario, las convocatorias podrán establecer porcentajes mínimos de aportación de fondos propios.
Estas ayudas son compatibles con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales, internacionales, o de la Unión Europea, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el importe en conjunto de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, no supere el coste de la actividad financiada, la intensidad máxima de ayuda regional permitida pop el PPE 2021-2027 o no implique una disminución del importe de la financiación no pública exigida al beneficiario, en su caso, para cubrir la actividad financiada.
b) Que las ayudas financien distintos costes, en cuyo caso no existirá concurrencia de ayudas y las ayudas se podrán acumular.
c) En todo caso, cuando las ayudas se refieran a actuaciones cofinanciadas por un fondo EIE, se respetará el régimen de concurrencia y acumulación de ayudas previsto en su normativa específica.
d) En todo caso, la entidad deberá comunicar, de conformidad con el modelo del anexo I de esta Orden, la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, una vez tengan conocimiento de su existencia, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de los fondos percibidos, de acuerdo con el artículo 14.d) de la Ley General de Subvenciones.
1. La actividad objeto de ayuda se realizará, en cada actuación, dentro del periodo de ejecución que determinen las convocatorias o las resoluciones de concesión teniendo en cuenta, en su caso, el objeto o la finalidad de la ayuda, sin que en ningún caso el final del plazo de ejecución pueda superar el 31/12/2028, o la fecha que la Autoridad de Gestión determine en caso de ampliación del actual Periodo de Programación 2021-2027
2. Las inversiones y gastos efectuados por el beneficiario podrán realizarse durante todo el periodo de ejecución para el que se conceda la ayuda, con las particularidades que establezcan las convocatorias o las resoluciones de concesión.
3. Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de ejecución y sea efectivamente pagado, durante el mismo, o dentro del periodo de justificación, si así lo permiten las convocatorias o resoluciones de concesión.
4. En el caso de bienes adquiridos durante el periodo de ejecución, excepcionalmente podrá admitirse su instalación, puesta en marcha y alta en inventario durante el mes inmediatamente posterior al final del plazo de ejecución, siempre que la fecha de la factura del bien adquirido esté dentro del periodo de ejecución concedido.
5. No obstante lo establecido en el apartado 1,2 y 3 de este artículo, los gastos de consultoría técnica y auditoría relacionados con la elaboración y presentación de la cuenta justificativa de la ayuda concedida podrán ejecutarse durante el periodo de justificación de dicha ayuda.
6. Con carácter general, el periodo de justificación de las ayudas concedidas será de tres meses desde el día siguiente al fin del de periodo de ejecución, aunque las convocatorias podrán establecer otro distinto.
7. Durante el periodo de justificación podrán realizarse pagos efectivos de los gastos efectuados durante el periodo de ejecución, respetando en todo caso los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
8. Las posibles prórrogas del periodo inicial de justificación no supondrán en ningún caso la ampliación del plazo para efectuar el pago del gasto ejecutado conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
1. El periodo de elegibilidad de los gastos de la operación coincidirá con el de ejecución dispuesto por las distintas convocatorias de ayudas.
El periodo de elegibilidad del pago de los gastos referidos en el punto anterior comprenderá desde el inicio del periodo de ejecución de la operación objeto de ayuda hasta el final del periodo de justificación dispuesto por las distintas convocatorias de ayudas.
2. Si se tratara de ayudas cofinanciadas con cargo a FEIE, sin perjuicio de lo anterior, el periodo de elegibilidad será el establecido para cada Periodo de Programación por la Comisión Europea.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1, y 2 de este artículo los Informes de vigilancia tecnológica, las consultas al mercado y los estudios de viabilidad previos realizados por el beneficiario, incluidos en la solicitud de ayuda, no se tendrán en cuenta para la determinación de la fecha de inicio de la actividad. Si la solicitud de ayuda es concedida, estos gastos serán elegibles siempre que se hayan realizado dentro del periodo de elegibilidad del actual Periodo de Programación FEDER (2021-2027), desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2029.
4. Las ayudas podrán tener efecto incentivador. Se considerará que tienen efecto incentivador si, antes de comenzar la actividad, el beneficiario ha presentado una solicitud de ayuda a la correspondiente convocatoria, con el contenido señalado en el artículo 20.3 de la presente Orden.
5. Las actuaciones relacionadas en el apartado 3 de este artículo no se considerarán a la hora de determinar el efecto incentivador de la ayuda.
1. Las entidades previstas en el artículo 42.2, apartado a) del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, estarán exentas de la presentación de garantías.
2. No obstante lo anterior, cuando la ayuda revista la forma de préstamo, o si así lo exigiere una normativa comunitaria, las convocatorias podrán establecer la constitución de garantías.
1. En aplicación del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley de Procedimiento Administrativo Común) y en atención a la condición de personas jurídicas de los solicitantes y potenciales beneficiarios de las ayudas, las comunicaciones de todas las actuaciones que se realicen por los órganos competentes en el procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta orden, en el desarrollo de su ejecución, en su justificación y en la petición de informes de avance intermedio y en los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se llevarán a cabo a través de medios electrónicos.
2. La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria también para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por los interesados, que deberán hacerlo a través de la sede electrónica del órgano concedente o en la del organismo que establezca la convocatoria y utilizar un sistema de firma electrónica cualificada. El sistema de identificación y firma electrónica de los interesados deberá cumplir los requisitos que establecen los artículos 9 y 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
3. La representación podrá acreditarse ante la Administración con un certificado electrónico cualificado de representante de persona jurídica que sea acorde a lo previsto en el artículo 28 y el anexo I del al Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones, electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (en adelante, Reglamento eIDAS) y a la Política marco de Firma Electrónica y de certificados a que hace referencia el Esquema Nacional de Interoperabilidad y, además, haya sido expedido a quien tenga un poder general para llevar a cabo cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los actos integrantes del procedimiento de concesión de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva serán objeto de publicación, surtiendo ésta todos los efectos de notificación practicada.
5. Las sucesivas publicaciones se realizarán en la dirección o sede electrónica del órgano concedente o en la del organismo que establezca la convocatoria, en la forma que se determine en ella, surtiendo estas publicaciones los efectos de notificación practicada.
6. Complementariamente y por necesidades de confidencialidad vinculadas a la naturaleza de las actividades de I+D+i, las convocatorias podrán establecer la notificación por comparecencia de algunos de los trámites administrativos del procedimiento de concesión.
7. Posteriormente, se procederá a la publicación de las listas de los solicitantes o beneficiarios incluidos en dichos trámites con fines puramente informativos.
8. Conforme a lo dispuesto el artículo 41 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, todos los solicitantes de estas ayudas se declaran como sujetos obligados a notificaciones electrónicas. De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de Ley 39/2015, En estos casos la notificación se realizará en la sede electrónica del órgano concedente y se entenderá realizada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. La notificación se entenderá rechazada, dándose por practicada, cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
9. Cuando se practique una notificación, se enviará un aviso de cortesía al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado en la solicitud de la ayuda, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
10. Los interesados que presenten cualquier tipo de solicitud, escrito o comunicación, deberán estar previamente acreditados en los registros telemáticos que determinen las convocatorias.
11. Los ficheros deberán adjuntarse en formato «pdf», «rtf», «txt» o «doc», salvo aquellos que requieran firma electrónica cualificada, que se adjuntarán en formato «.xsig».
12. Las convocatorias podrán limitar el tamaño y el formato de los ficheros electrónicos que deban anexarse.
13. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ministerio de Ciencia e Innovación cuya dirección es P.º de la Castellana 162 planta 19, 28035 Madrid.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd@ciencia.gob.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento de tramitación de las solicitudes de ayudas para el desarrollo de productos o servicios innovadores adquiridos por parte de compradores públicos a través del mecanismo de la Compra Pública de Innovación (CPI), con la finalidad de gestionar dichas subvenciones; la licitud de dicho tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 64.1 y 64.2.; Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación, artículo 4; Ley General de Subvenciones; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente direcciónelectrónica:https://ciencia.sede.gob.es/pagina/index/directorio/ayuda_procedimiento_datos_personales
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la IGAE, o de las derivadas de obligación legal.
f) No obstante lo anterior, los beneficiarios de estas ayudas aceptan la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
14. A fin de garantizar la protección de la privacidad de los datos personales de las personas físicas y la confidencialidad comercial de las entidades jurídicas de conformidad con la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo1 y el Reglamento (UE) 2016/679, los beneficiarios recibirán firmado una NDA (Non Disclouser Agreement) por parte de la Administración en el momento de cerrar la solicitud.
15. Los beneficiarios de estas ayudas autorizan al órgano gestor de la ayuda para que se pueda proceder a la cesión de la información correspondiente, cuando se establezcan mecanismos telemáticos para poder obtener esa información, y acepta ser incluido en la lista pública que se recoge en el artículo 49.3) del Reglamento de Disposiciones Comunes.
16. Igualmente autorizan que, de conformidad con el Reglamento (CE) número 45/2001, para salvaguardar los intereses financieros de la Unión, sus datos personales podrán transferirse a los servicios de auditoría interna, al Tribunal de Cuentas o a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como entre los ordenadores de la Comisión y las agencias ejecutivas a que se refiere el artículo 69 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 y los organismos de la Unión mencionados en los artículos 70 y 71 del mismo Reglamento.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de dicha ley. El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, con las características que establecen estas bases reguladoras.
2. No obstante lo anterior, se podrá exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito regionalizado consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, efectuada por el órgano competente, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y un extracto del mismo en el «Boletín Oficial del Estado».
1. El órgano competente para la iniciación del procedimiento será la persona titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, u órgano en el que se haya delegado la competencia.
2. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la Subdirección General de Fomento de la Innovación (en adelante, SGFI).
3. La resolución del procedimiento de concesión corresponderá a la persona titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, u órgano en el que se haya delegado la competencia.
1. Las solicitudes se presentarán en la forma y en el plazo establecido en cada convocatoria, y, cuando así proceda por la naturaleza de las actuaciones, indicarán el carácter abierto de la misma, conforme al artículo 59 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
2. Las solicitudes deberán tener el contenido mínimo al que se refiere el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como indicar el tipo de ayuda (subvención, préstamo, anticipo reembolsable, u otros) que se solicita. Cuando las convocatorias establezcan expresa e inequívocamente el tipo de ayuda a conceder, no será necesario optar por un tipo de financiación en el formulario de solicitud de ayuda, debiendo indicarse solamente el importe de la financiación solicitada.
3. Las solicitudes se presentarán mediante el formulario electrónico correspondiente, disponible en la sede electrónica del órgano concedente junto con la documentación que se especifique en dicha convocatoria como parte integrante de la solicitud, que podrá proponer modelos específicos/ formatos de esa documentación.
4. La solicitud será acompañada de los siguientes documentos que deberán cumplir los estándares de digitalización establecidos en el artículo 3.7 supra:
a) Memoria técnica conforme al modelo que figura como anexo II de esta orden de Bases, que incluirá un apartado sobre alineamiento de la operación de CPI propuesta con los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI); una estimación de los indicadores de publicidad de los que se determinaren en la resolución de convocatoria, y del montante económico de los mismos; una estimación de consecución de los indicadores de realización (RCO 04 Empresas con apoyo no financiero) y resulta