Categoría: Judicial

derecho de los propios ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante sus representantes (art. 23.1 CE). Esta circunstancia sitúa a los amparos parlamentarios en una posición especial a la hora de valorar la especial trascendencia constitucional (STC 155/2009, FJ 2), dada la repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa, que excede del ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra.
En el supuesto actual, además, debe destacarse que el Reglamento de la Asamblea madrileña no prevé ninguna vía formal para plantear la reconsideración respecto de las decisiones de la Presidencia de la mesa de edad y, por tanto, sus decisiones adquieren firmeza en el mismo momento en que son adoptadas.
3. Doctrina constitucional sobre el derecho de participación política del art. 23 CE.
Entrando ya en el análisis de la queja que se formula en la demanda de amparo, resulta oportuno traer a colación la doctrina constitucional sobre los derechos fundamentales invocados, en conexión con el contenido y finalidad del acuerdo parlamentario impugnado. Para ello, nos remitimos a la síntesis que se llevó a cabo en la STC 199/2016, FJ 3:
«Así, deber recordarse que el art. 23.2 CE, que reconoce el derecho de los ciudadanos “a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”, no solo garantiza el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad con lo que la ley disponga (SSTC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3; 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2; 28/1984, de 28 de febrero, FJ 2; 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3; 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6; 40/2003, de 17 de febrero, FJ 2, y 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, entre otras). Esta garantía resulta de particular relevancia cuando, como ocurre en el presente caso, la petición de amparo es aducida por un representante parlamentario en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que en tal supuesto resulta también afectado el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, reconocido en el art. 23.1 CE (SSTC 161/1988, FJ 6; 181/1989, de 3 de noviembre, FJ 4; 205/1990, de 13 de diciembre, FJ 4; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, FJ 2, y 1/2015, FJ 3, entre otras muchas).
En una línea jurisprudencial que se inicia con las citadas SSTC 5/1983 y 10/1983, este tribunal ha establecido una conexión directa entre el derecho de los parlamentarios (art. 23.2 CE) y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), pues "puede decirse que son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos. De suerte que el derecho del art. 23.2 CE, así como, indirectamente, el que el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio" (SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 107/2001, de 23 de abril, FJ 3; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 17 de febrero, FJ 2, y 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, entre otras muchas).
Ha de recordarse asimismo, como inequívocamente se desprende del inciso final del propio art. 23.2 CE, que se trata de un derecho de configuración legal, que corresponde a los reglamentos parlamentarios, a los que compete fijar y ordenar los derechos y atribuciones propios de los parlamentarios. Estos, una vez creados, quedan integrados en el estatuto propio de su cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del art. 23.2 CE, reclamar la protección delius in officiumque consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se integren y, en concreto, hacerlo ante este tribunal por el cauce del recurso de amparo, según lo previsto en el art. 42 LOTC (SSTC 161/1988, FJ 7; 38/1999, FJ 2; 27/2000, de 31 de enero, FJ 4; 107/2001, FJ 3; 203/2001, FJ 2; 177/2002, FJ 3; 40/2003, de 17 de febrero, FJ 2, y 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, entre otras muchas).
En este sentido, este tribunal ha venido reiterando que no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad delius in officiumresulta lesivo del derecho fundamental. Solo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, siendo vulnerado el art. 23.2 CE si los propios órganos de las asambleas legislativas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de los representantes. Tales circunstancias imponen a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de su aplicación. De lo contrario, no solo vulneran el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), sino que también infringen el de estos a participar en los asuntos públicosexart. 23.1 CE (SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 3; 40/2003, FJ 2; 1/2015, FJ 3, y 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3, entre otras muchas).
Esta doctrina ha sido aplicada por este tribunal en relación con el ejercicio de diversos derechos de los parlamentarios. Entre otros supuestos, y sin ánimo exhaustivo, cabe recordar los siguientes: constitución de grupos parlamentarios (STC 64/2002, de 16 de abril); solicitud de sesión extraordinaria (STC 81/1991, de 22 de abril); participación en comisiones de investigación (ATC 215/2000, de 21 de septiembre); presentación de candidaturas de senadores autonómicos (STC 76/1989, de 27 de abril); solicitudes de información (STC 203/2001, de 15 de octubre); presentación de proposiciones de ley (STC 242/2006, de 22 de marzo); solicitud de comparecencias (STC 23/2015, de 16 de febrero); formulación de preguntas (STC 1/2015, de 19 de enero); y presentación de proposiciones no de ley (STC 200/2014, de 15 de diciembre).
La referida doctrina constitucional es de aplicación al caso que nos ocupa, pues no cabe duda de que corresponde a los diputados el derecho a formar parte de la mesa de la Cámara, con los requisitos que el Reglamento de la misma determine, y que dicha facultad pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria, dada la naturaleza y la importante función que le corresponde a la mesa en los actuales Parlamentos y su imprescindible labor técnico-jurídica, "dirigida a ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia, como foro de debate y participación en la cosa pública" (STC 38/1999, FJ 3)».
En este último párrafo quedó reconocido de forma expresa por primera vez por este tribunal que formar parte de la mesa de la Cámara pertenece, en efecto, alius in officiumde los parlamentarios. Ahora bien, esta faceta delius in officiumsolo tendrá relevancia constitucional cuando haya una negativa contraria al ordenamiento jurídico a formar parte de la mesa. No es un derecho de participación genérico, sino que se debe circunscribir al marco normativo existente en cada Parlamento. El presente amparo nos pone ante esta disyuntiva: determinar si la falta de respeto a la exigencia de que la composición de la mesa sea proporcional a los resultados electorales, produce una vulneración delius in officium.
4. La exigencia de proporcionalidad en la composición de la mesa de la Asamblea como dimensión del derecho a integrar dicha mesa.
Para determinar si la no toma en consideración por el presidente de la mesa de edad del principio de proporcionalidad en la constitución de la mesa, tal y como exige el Estatuto, ha vulnerado los derechos alegados por los recurrentes, este tribunal debe examinar tres elementos: en primer lugar, la identificación de la base normativa del derecho alegado (toda vez que estamos ante un derecho fundamental de configuración legal, como se ha dicho); en segundo lugar, cuál es la doctrina de este tribunal respecto del principio de proporcionalidad en la representación política; y, en tercer lugar, cuáles son las potestades de la Presidencia de la mesa de edad.
a) El régimen jurídico sobre la constitución y funciones de la mesa de edad y sobre la composición de la mesa de la Cámara.
El Estatuto de Autonomía de Madrid, en lo que ahora aquí interesa, establece:
1. La Asamblea se dotará de su propio Reglamento […].
2. El Reglamento determinará, de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto, las reglas de organización y funcionamiento de la Asamblea, especificando, en todo caso, los siguientes extremos:
[…]
c) La composición y funciones de la mesa, las comisiones y la diputación permanente, de manera que los grupos parlamentarios participen en estos órganos en proporción al número de sus miembros.»
Por su parte, la forma en que debe desarrollarse la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid se encuentra regulada, como se refirió en los antecedentes de hecho, en los arts. 9 a 11 de su Reglamento, que constituyen el contenido del título I del mismo bajo la rúbrica «De la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid».
Según el art. 10 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, la sesión constitutiva de la Asamblea será presidida inicialmente por la mesa de edad, conformada por el diputado electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de secretarios, por los dos miembros de la Cámara más jóvenes de los presentes, como se hizo en el supuesto de estudio. El art. 11 del Reglamento prevé que la Presidencia de la mesa de edad abra la sesión constitutiva, que una vez iniciada se desarrollará sin interrupción, y se dará lectura por las secretarías al Decreto de convocatoria de las elecciones, a la relación de diputados electos y, en su caso, a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de los diputados electos que pudieran quedar afectados por la resolución de los mismos. Seguidamente, se procederá, a la elección de la mesa de la Asamblea, de acuerdo con lo previsto en los arts. 51 y 52 del Reglamento.
La elección, como indica el art. 52.1 del Reglamento, de la presidencia, vicepresidencias y secretarías se realizarán sucesivamente y mediante votación secreta por papeletas. Para ello, en la elección de la presidencia, cada diputado escribirá un solo nombre en la papeleta correspondiente. La diputada doña Clara Carmona fue la candidata presentada por Más Madrid para ocupar una de las vicepresidencias o de las tres secretarías. Según el Reglamento, las tres vicepresidencias son elegidas simultáneamente. Cada diputado escribirá un solo nombre en la papeleta correspondiente y resultan elegidos, por orden sucesivo, los tres diputados que obtengan mayor número de votos. A continuación, las tres secretarías son elegidas en dos votaciones sucesivas. En la primera, son elegidas la secretaría primera y la secretaría segunda, mientras que, en la segunda, será elegida la secretaría tercera. De nuevo, cada diputado escribe el nombre de un candidato en la papeleta correspondiente y resultan elegidos los diputados que obtengan mayor número de votos. La única cautela que establece el Reglamento respecto de la composición de la mesa es que en ningún caso podrán ser elegidos más de cuatro diputados pertenecientes a la misma formación política (art. 52. 6 del Reglamento). En aplicación de estas normas, la diputada doña Clara Carmona no consiguió los votos suficientes para ser elegida miembro de la mesa.
El Reglamento establece que, concluidas las votaciones, los diputados elegidos ocuparán sus puestos en la mesa, cesando en sus funciones la mesa de edad.
Según los recurrentes, el art. 12.2 c) EAM trascrito debería haber obligado al presidente de la mesa de edad a incorporar algún tipo de elemento corrector que hiciera posible el respeto del mandato estatuario de que la composición de la mesa responda al principio de proporcionalidad en la representación de las fuerzas políticas de la Cámara. Como quedó reflejado en los antecedentes de hecho de esta sentencia, el presidente de la mesa de edad, ofreció una serie de instrucciones a los diputados y diputadas de cómo debería producirse la votación, sin que hiciera ninguna referencia a la obligación de respetar el principio de proporcionalidad, en virtud del trascrito art. 12.2 c) EAM.
b) Doctrina constitucional aplicable respecto del principio de proporcionalidad en la representación política.
La doctrina de este tribunal sobre el principio de proporcionalidad en relación con la representación política se sintetiza en la STC 93/1998, de 4 de mayo, FJ 3, en la que se recuerda, reproduciendo la doctrina de la STC 32/1985, FJ 2, que «"la inclusión del pluralismo político como un valor jurídico fundamental (art. 1.1 CE) y la consagración constitucional de los partidos políticos como expresión de tal pluralismo, cauces para la formación y manifestación de la voluntad popular e instrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos (art. 6), dotan de relevancia jurídica (y no solo política) a la adscripción política de los representantes y que, en consecuencia, esa adscripción no puede ser ignorada, ni por las normas infraconstitucionales que regulen la estructura interna del órgano en que tales representantes se integran, ni por el órgano mismo, en las decisiones que adopte en ejercicio de la facultad de organización que es consecuencia de su autonomía. Estas decisiones, que son, por definición, decisiones de la mayoría, no pueden ignorar lo que [...] podemos llamar derechos de las minorías". Así, pues, como resulta de esta sentencia, la proporcionalidad en la composición de las comisiones viene exigida por la propia Constitución».
No obstante, se precisa en la mencionada STC 93/1998, que «la proporcionalidad en la representación es difícil de alcanzar totalmente o de forma ideal, siendo mayor la dificultad cuanto menor sea el abanico de posibilidades, "dado por el número de puestos a cubrir en relación con el de fuerzas concurrentes" y, desde luego, cuando se trata de "elecciones internas de asambleas que han de designar un número muy reducido de representantes". Consecuencia de esta doctrina es que "la adecuada representación proporcional solo puede ser, por definición, imperfecta y dentro de un margen de discrecionalidad o flexibilidad, siempre y cuando no se altere su esencia" (SSTC 36/1990, FJ 2; en el mismo sentido SSTC 32/1985, 75/1985 y 4/1992)».
En este sentido, este tribunal concluía en la ya citada STC 93/1998 que «no se trata, pues, [...] de una proporción rígida que haya de llevar necesariamente y como imposición constitucional, a una exactitud matemática, sino que, como declaramos en la STC 36/1990, "la proporcionalidad enjuiciable en amparo, en cuanto constitutiva de discriminación, no puede ser entendida de forma matemática, sino que debe venir anudada a una situación notablemente desventajosa y a la ausencia de todo criterio objetivo o razonamiento que la justifique"».
En efecto, el art. 12.2 c) establece un mandato dirigido al Reglamento de la Asamblea, de regular la composición y funcionamiento de la mesa de la Cámara, incluyendo la participación proporcional de los grupos parlamentarios.
De conformidad con el sistema de fuentes autonómico, el Estatuto, norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, se erige en la norma superior en la jerarquía normativa del ordenamiento autonómico madrileño, y, por tanto, las normas inferiores, también el Reglamento del Parlamento autonómico, deberán ser conformes en su redacción e interpretación con aquella (en este sentido, STC 223/2006, de 6 de julio, FJ 3).
c) Facultades de la presidencia de la mesa de edad.
El Reglamento no contiene una norma específica en la que se exija la aplicación del principio de proporcionalidad en la composición de la mesa, por lo que debe ser este órgano rector el que interprete el procedimiento de designación de conformidad con dicho principio sí previsto en la norma superior. También es cierto que nada dice el Reglamento sobre las concretas potestades del presidente o presidenta de la mesa de edad sobre y durante el proceso de elección de la mesa de legislatura. Ahora bien, una interpretación sistemática de su regulación y de su función de gestionar y garantizar el proceso que lleva a la elección de la mesa, conducen a la conclusión de que la presidencia de la mesa de edad y esta misma gozan de la misma posición y potestades que la presidencia y la mesa de la Asamblea. Que el mandato de la mesa de edad sea breve no obsta para que quede en sus manos, sobre todo en las de su presidencia, resolver las posibles incidencias que eventualmente pudieran surgir en esa sesión constitutiva. En definitiva, debe reconocerse que ha ser la persona que ostente la presidencia de la mesa de edad la que asuma la dirección y la ordenación de la sesión constitutiva hasta la elección del presidente o presidenta de la Asamblea, incluyéndose entre tales potestades, como ocurre respecto de la presidencia de la mesa, la interpretación del Reglamento «en los casos de duda y suplirlo en los casos en los que aprecie alguna omisión» (art. 55.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid).
Siguiendo esta argumentación, dado que el Reglamento otorga a la presidencia de la mesa de edad la dirección del proceso de elección de la mesa de legislatura en la sesión constitutiva de la Asamblea, hacer efectivo el mandato estatutario de proporcionalidad en la composición de la mesa debe ser respetado, en primer lugar, por la persona que ocupe dicha posición. En definitiva, correspondía al diputado don Juan Gil Sáez de León, presidente de la mesa de edad en la sesión constitutiva de la XI Legislatura de la Asamblea de Madrid, aplicar el mandato estatutario de proporcionalidad en el proceso de conformación de la mesa resultante.
5. Aplicación de la doctrina expuesta a la resolución del supuesto de hecho.
Si se retoman las cifras expuestas en los antecedentes de hecho de esta sentencia, recordaremos que de los 3 237 859 votos válidamente emitidos (datos ofrecidos por la Junta Electoral Provincial en el «BOCM»), la asignación de escaños por fuerzas políticas fue la siguiente:
De conformidad con lo establecido en el art. 11 del Reglamento, una vez se dio lectura al Decreto de convocatoria de las elecciones y a la relación de diputados que resultaron electos, se procedió a la elección de los miembros de la mesa de la Asamblea, por el procedimiento previsto en los arts. 51 y 52 del Reglamento a los que se remite el art. 11.2 del mismo, bajo la dirección de la presidencia de la mesa de edad.
Tal y como marcan los preceptos ya citados del Reglamento, se realizaron cuatro votaciones sucesivas mediante papeletas y votación secreta; una primera votación para la presidencia de la mesa, la segunda para las tres vicepresidencias, la tercera para las secretarías primera y segunda y la cuarta y última para la secretaría tercera (art. 51.2 del Reglamento). La diputada doña Clara Carmona era la candidata de la formación política Más Madrid para formar parte de la mesa en las elecciones a las vicepresidencias primera, segunda y tercera así como a las secretarías primera, segunda y tercera. En todo el procedimiento de votación para la elección de los miembros de la mesa, el presidente de la mesa de edad siguió el procedimiento establecido en el art. 52 del Reglamento, proclamando los resultados de la votación conforme a lo establecido por el mismo.
Como se explicó en los antecedentes, el presidente de la mesa de edad, concluidas las cuatro votaciones proclamóin voceal presidente de la mesa de la Asamblea y al resto de personas que, por haber obtenido mayoría de votos en las sucesivas votaciones, ocuparían el resto de cargos de la mesa de la Asamblea. Los resultados proclamados determinaron que la formación política Más Madrid, que era la cuarta candidatura más votada en las elecciones con el 14,69 por 100 de los votos válidamente emitidos y veinte diputados proclamados electos, que representan más del 15 por 100 de la Cámara, quedase excluida de participar en la mesa de la Asamblea de Madrid. En definitiva, la mesa quedó constituida con dos miembros pertenecientes a la formación del Partido Socialista, dos pertenecientes a la formación del Partido Popular, dos de la formación Ciudadanos y uno de la formación política Vox, grupo que representaba el 9 por 100 de la Cámara.
Se ha dicho más arriba que es jurisprudencia de este tribunal que la proporcionalidad en la representación no se traduce necesariamente en una fórmula matemática, en una suerte de regla de tres, que quepa aplicar en todo caso. Sin embargo, también se ha puesto de manifiesto que la obligación de proporcionalidad sí debe suponer una regla que oriente la aplicación en las normas que rijan la formación de la mesa, puesto que así lo exige la norma institucional básica madrileña. Si bien hay casos en que la proporcionalidad es muy difícil de determinar, incluso de discutible aplicabilidad, en el presente supuesto, en el que debían asignarse, además de la presidencia, seis puestos más de la mesa, resulta bastante evidente que ni siquiera se tendió a la proporcionalidad cuando la cuarta formación política en la Asamblea, con una representación total de escaños cercana del 15 por 100 de la Cámara, con cuatro puntos porcentuales menos que la tercera formación a la que le correspondieron dos miembros en la mesa, y con seis puntos porcentuales más que la quinta formación, a la que le correspondió un miembro en la mesa, quedó excluida. Se produjo una clara exclusión de Más Madrid en el reparto de los puestos a cubrir en la mesa, que no se puede justificar en los resultados de la votación, obviando el mandato corrector de proporcionalidad que impone el Estatuto de Autonomía.
Así pues, este tribunal concluye que se ha producido una vulneración de los derechos del art. 23.2 CE de los recurrentes a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes, resultando también afectado el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, provocada por la absoluta inobservancia del mandato estatutario de proporcionalidad por el presidente de la mesa de edad en el proceso de elección de los miembros de la mesa de la Asamblea.
El hecho de que el presidente de la sesión constitutiva no tuviera en cuenta en ningún momento el mandato de proporcionalidad previsto en el art. 12.2 c) EAM, privó injustificadamente a la diputada recurrente y a su grupo parlamentario de su derecho a formar parte de la mesa del Parlamento de Madrid. Esto, como ya se ha expuesto, pertenece al núcleo de su función representativa parlamentaria, impidiéndole ejercer las funciones inherentes al cargo que le habría correspondido ocupar, de haberse aplicado, si quiera tendencialmente, el principio de proporcionalidad, de acuerdo con los porcentajes de representación de las diferentes formaciones políticas en la Asamblea de Madrid. Resulta así que la decisión impugnada del presidente de la sesión constitutiva del Parlamento de Madrid, por la que se proclamó a los miembros de la mesa sin atenerse a la citada proporcionalidad en la representación, no puede considerarse respetuosa con el derecho de la diputada recurrente a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
En cualquier caso, esta conclusión no debe entenderse como una intromisión de este tribunal en la autonomía parlamentaria, debiendo mantenerse en la posición de que le corresponde únicamente un control negativo en esta materia. Por ello, desde la limitada perspectiva de control que puede desarrollar este tribunal en esta jurisdicción de amparo parlamentario, con respeto a la autonomía de la Cámara en el ejercicio de sus funciones de interpretación de su propia normativa, hay que concluir que no nos corresponde determinar cuál sea la solución concreta más adecuada para conciliar las previsiones del art. 12.2 c) EAM con los arts. 51 y 52 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
6. Alcance de la estimación del amparo.
Para concluir, debemos precisar el alcance del otorgamiento del amparo (art. 55.1 LOTC), toda vez que al dictarse la presente sentencia nos encontramos con que la adopción del acto parlamentario impugnado tuvo lugar en una legislatura ya finalizada (XI Legislatura de la Asamblea de Madrid).
Por ello, como venimos declarando para este tipo de supuestos (así, SSTC 107/2001, de 23 de abril, FJ 10; 203/2001, de 15 de octubre, FJ 6; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 11; 90/2005, de 18 de abril, FJ 8; 141/2007, de 18 de junio, FJ 6; 33/2010, de 19 de julio, FJ 6, y 212/2016, de 15 de diciembre, FJ 7), no cabe adoptar en el fallo de nuestra sentencia una medida destinada al pleno restablecimiento del derecho vulnerado por el acto del presidente de la mesa de edad en la sesión constitutiva de la XI Legislatura de la Asamblea de Madrid, de suerte que la pretensión de los recurrentes ha de quedar satisfecha mediante la declaración de la lesión de su derecho garantizado en el art. 23.2 CE, en relación con el derecho reconocido por el art. 23.1 CE, y la declaración de la nulidad de los acuerdos parlamentarios que impidieron su ejercicio.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Íñigo Caballero Díaz, como representante legal del Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea de Madrid, y doña Clara Carmona San Miguel, diputada de dicho grupo parlamentario y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
2.º Restablecer a los recurrentes en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del acto del presidente de la mesa de edad de la Asamblea de Madrid en la sesión constitutiva del día 11 de junio de 2019, por el que se proclamó a los miembros de la mesa de la Asamblea que resultaron elegidos, en cuanto excluye a la recurrente y a la formación política a la que pertenece, todo ello con los efectos indicados en el fundamento jurídico sexto de esta sentencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a nueve de marzo de dos mil veintidós.–Pedro José González-Trevijano Prieto Antonio Gómez Castillos.–Santiago Blanco-Vares García.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Vidal Cano Conde-Pumpido Tourón.–María Sáez Silva Martín.–Ramón Sáez Román Flores Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Inmaculada Parra Huertas.–Firmado y rubricado.