Categoría: Normativas

Con fecha 25 de julio de 2023 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de Justicia, la Consejería de Salud y Consumo, y el Servicio de Salud de las Illes Balears para la formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de las Illes Balears.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 31 de julio de 2023.–El Secretario de Estado de Justicia, Antonio Núñez Carrasco Santana.
Madrid, se firma electrónicamente.
La Ministra de Justicia, doña María Pilar Llop Cuenca, de acuerdo con el Real Decreto 526/2021, de 10 de julio, y en uso de las competencias que le corresponden en virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Consejera de Salud y Consumo en virtud del Decreto 10/2019, de 2 de julio, de la presidenta de les Illes Balears, por el que se dispone el nombramiento de miembros del Gobierno de les Illes Balears, en el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 11 y 80.2 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y el Decreto 25/2003, de 24 de noviembre, del presidente de les Illes Balears por el que se delega en los titulares de las consejerías la firma de convenios de colaboración.
El Director del Servicio de Salud de las Illes Balears, don Manuel Palomino Chacón, en virtud del Decreto 26/2022, de 25 de julio, por el cual se nombra al director general del IBSALU, que ejerce las competencias que le atribuye el artículo 69.7 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de Salud de las Islas Baleares, en relación con el artículo 12 (apartados b y j) del Decreto 39/2006, de 21 de abril, por el cual se aprueban los Estatutos del ente público Servicio de Salud de las Islas Baleares.
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas, reconociéndose entre sí la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y, a tal efecto,
Que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia, de acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Que el Ministerio de Justicia tiene asumidas, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, las competencias en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia correspondiéndole la organización y supervisión del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante, IMLCF) de las Illes Balears y de sus medios técnicos.
Que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante, IMLCF) son órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades Autónomas con competencia en la materia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de sus diversas disciplinas científicas y técnicas, mediante la práctica de pruebas periciales médicas, tanto clínicas como de patología y de laboratorio y, en su caso, periciales de equipos técnicos. Los IMLCF realizan, además, actividades extrajudiciales, actividades de formación, docencia e investigación relacionadas con las ciencias forenses y colaboran con entidades públicas o privadas por razones de interés general, de acuerdo con lo establecido en las leyes o en virtud de los acuerdos o convenios que se adopten, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.3 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 144/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Que la Orden JUS/1898/2003, de 26 de junio, dispone la creación del Instituto de Medicina Legal de las Illes Balears atribuyéndole, entre otras, las siguientes funciones:
a) La práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas, como clínicas y de laboratorio.
b) La realización de actividades de docencia e investigación relacionadas con la medicina forense.
Que la modificación del artículo 475 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, conlleva la exigencia, como requisito necesario para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses, del título de especialista en Medicina Forense. El acceso a este título de especialista debe articularse a través del sistema de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
Que el Real Decreto 704/2020 de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, establece que el acceso al título comprenderá una formación tanto teórica como práctica e implicará una participación personal y progresiva del residente en la actividad y responsabilidades propias de la especialidad y se adaptará a los criterios recogidos en el artículo 20.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 apartado 3 del Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, establece que la dirección del IMLCF remitirá solicitud de acreditación como unidad docente a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad para su instrucción acompañada del correspondiente convenio o acuerdo adoptado al respecto con las autoridades sanitarias competentes de las comunidades autónomas, para la realización del período de rotación de dos años a que se refiere el artículo 3.3 del mencionado Real Decreto.
Que el Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, contempla que el sistema de residencia comprenderá un período formativo de cuatro años que serán cursados en las unidades docentes (en adelante UD) acreditadas de los IMLCF. No obstante, los residentes tienen la obligación de realizar períodos de rotación en los dispositivos docentes con los que exista un convenio previo del Sistema Nacional de Salud, en las especialidades en Ciencias de la Salud que presenten un contenido cuyo conocimiento resulte de utilidad para una mejor y más completa formación de aquellos, pudiendo acceder a sus medios de formación, investigación y consulta.
Que la Orden PCM/997/2022, de 18 de octubre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Legal y Forense, los criterios de evaluación de los especialistas en formación y los requisitos de acreditación de las unidades docentes, desarrolla el programa formativo y contempla las rotaciones distribuidas por años de formación.
Que el IMLCF de Illes Balears está dotado de personal cualificado y de los medios apropiados para la constitución de una unidad docente para la formación sanitaria especializada (en adelante FSE) en Ciencias de la Salud que le permita desarrollar el programa formativo de la especialidad en Medicina Legal y Forense en aquellas materias acordes con las competencias y actividades que el Instituto desempeña, así como colaborar en la FSE de otras especialidades en Ciencias de la Salud.
Que la Ley 5/2003, de 4 de abril, de Salud de las Illes Balears, atribuye al Servicio de Salud de las Illes Balears (en adelante, IBSALUT), personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, para el cumplimiento de los fines de provisión de servicios y gestión de centros y establecimientos sanitarios en desarrollo de los programas de salud destinados a la protección y mejora del nivel de salud de la población.
Que el IBSALUT dispone de centros formativos, asistenciales, de investigación, unidades administrativas y dispositivos docentes acreditados para la FSE en Ciencias de la Salud.
Que la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, ejerce las competencias de Formación Sanitaria Especializada, según el Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de les Illes Balears, que le atribuye las competencias en materia de políticas de formación sanitaria especializada, tutela y el desarrollo formativo de pregrado y de postgrado de los profesionales de la salud y promoción de programas docentes de pregrado o postgrado de acuerdo con instituciones formativas.
Que la situación antes descrita determina la conveniencia de suscribir el presente convenio con el que se pretende sentar las bases para canalizar las necesarias relaciones de colaboración que deben existir entre la unidad docente del IMLCF y las distintas unidades docentes del Servicio de Salud, que actuarán como dispositivos docentes acreditados.
En virtud de lo expuesto, las partes estiman conveniente la formalización del presente convenio, que regula las relaciones de colaboración que deben existir entre todos los intervinientes, por lo que estipulan las siguientes
Constituye el objeto del presente convenio establecer el compromiso escrito de colaboración para la FSE en Medicina Legal y Forense y otras especialidades en Ciencias de la Salud, entre el Ministerio de Justicia, el IBSALUT y la Consejería de Salud y Consumo de Illes Balears.
1. Obligaciones comunes.
Sin perjuicio de los compromisos establecidos en las cláusulas precedentes y de las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en la legislación vigente sobre FSE, son obligaciones comunes a todos los firmantes de este convenio:
Colaborar en la impartición de los programas oficiales de las especialidades en Ciencias de la Salud posibilitando la inclusión de las unidades y/o los dispositivos dependientes de cada una de ellas en los distintos programas formativos.
Garantizar el cumplimiento tanto del programa formativo como del Plan de Gestión de la Calidad Docente (PGCD) de la Entidad Titular en cuanto a la planificación, seguimiento y evaluación del residente.
Impulsar la coordinación de las unidades y dispositivos acreditados de cada una de las partes informándose mutuamente sobre las actividades laborales y formativas de los residentes, a fin de decidir conjuntamente sobre su adecuada integración con la actividad asistencial del Instituto o dispositivo docente de que se trate.
2. Obligaciones del Ministerio de Justicia.
Promover la acreditación de las unidades según los requisitos generales de acreditación establecidos por la dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.
Colaborar en la FSE de todas aquellas especialidades a las que puede resultar de interés, poniendo a disposición de la comunidad autónoma de Illes Balears, las unidades y dispositivos docentes dependientes del Ministerio de justicia, en los términos que fijen las Guías o Itinerarios Formativos de la especialidad correspondiente.
Para ello, será necesaria la celebración de acuerdos concretos de colaboración docente en los que se fijen los objetivos, el programa y la capacidad docente correspondiente para cada especialidad.
Informar a los residentes de Medicina Legal y Forense de sus obligaciones hacia el IBSALUT durante sus rotaciones:
– Cumplir la normativa vigente establecida por el IBSALUT.
– Cumplir el horario y las actividades previstas en el programa de rotaciones y respetar las normas de funcionamiento interno, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.
– Colocar en lugar visible de su uniforme la tarjeta identificativa que le será facilitada, que será devuelta una vez finalizado su período formativo.
– Guardar confidencialidad en relación con la información interna del centro y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y una vez finalizada ésta. La confidencialidad será extensible incluso en caso de fallecimiento del paciente.
– Presentar al inicio de su estancia la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
3. Obligaciones del IBSALUT de Illes Balears:
En virtud del presente convenio, el IBSALUT se compromete a:
a) Posibilitar el acceso de los/las médicos/as residentes de la especialidad de Medicina Legal y Forense a los medios de formación, investigación y consulta de que dispone el Servicio de Salud, de acuerdo con las directrices que se establezcan en el programa formativo elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad.
b) Velar por la adecuada supervisión, realizar y remitir las evaluaciones correspondientes a la Unidad Docente de Medicina Legal y Forense de Illes Balears
4. Obligaciones de la Consejería de Salud y Consumo.
Posibilitar el acceso a los médicos/as residentes de la especialidad de Medicina Legal y Forense a los recursos del programa de FSE de la Dirección General, incluidas las actividades del programa transversal y complementario del residente.
Posibilitar el acceso a los tutores y otras figuras docentes, según el Decreto autonómico 37/2019, de la especialidad de Medicina Legal y Forense a los recursos del programa de formación de tutores de FSE de la Dirección General,
Colaborar con el IMLCF en la elaboración de la Guía o itinerario formativo
Designar un vocal de la Comisión de la Unidad Docente de Medicina Legal y Forense de Illes Balears en representación de la Comunidad Autónoma.
Las unidades competentes de la Consejería de Salud y Consumo velarán por la calidad de la formación impartida en la Unidad Docente, pudiendo acordar la realización de auditorías para conocer, evaluar y adoptar las medidas que se estimen necesarias, con vistas a garantizar el adecuado funcionamiento de la misma.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de FSE, la capacidad de la Unidad Docente, entendida como el número máximo de residentes que pueden formarse a un mismo tiempo en la misma, será la que se determine en la Resolución definitiva de acreditación que dicte el Ministerio de Sanidad, dadas las características docentes, asistenciales e investigadoras de la Unidad.
En el caso de que, como consecuencia de dichas auditorías (clausula segunda apartado cuarto), se acuerde la desacreditación de la Unidad Docente, se procederá según lo previsto en el artículo 26.4 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
El presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para ninguna de las partes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, durante el período formativo de residencia para el acceso al título de especialista en Medicina Legal y Forense, los residentes quedarán sometidos a la relación laboral de carácter especial regulada en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, sin perjuicio de la normativa específica de la Administración de Justicia que les sea de aplicación.
Esta relación laboral quedará establecida, durante todo el período formativo de residencia entre el Ministerio de Justicia y el residente.
Las retribuciones del residente, incluyendo las correspondientes a la atención continuada, serán financiadas directamente por el Ministerio de Justicia.
Todos los afectados por el presente convenio vendrán obligados por las disposiciones y exigencias establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
1. Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en el presente convenio, se crea una comisión de seguimiento y control integrada por cuatro miembros designados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales será quien ostente la Dirección del IMLCF de Illes Balears, dos miembros designados por el IBSALUT y dos miembros designados por la Dirección General de la Consejería de Salud y Consumo con competencias en Formación Sanitaria Especializada, siendo uno de ellos el titular del órgano competente en FSE o persona en quien delegue. No obstante, podrán asistir, con voz, pero sin voto el personal cualificado que determinen la partes.
La comisión estará presidida por uno de sus miembros y la presidencia se ejercerá de forma rotatoria, desempeñando la secretaría otro de sus miembros. Ambos serán nombrados por acuerdo de la comisión en la primera reunión que se celebre y que será convocada por mutuo acuerdo de las partes. Los cargos se renovarán cada dos años.
2. Sus funciones serán:
a) Interpretar y resolver cuantas dudas puedan surgir en la ejecución del presente convenio, esta función se extiende no solo a la ejecución del convenio sino también a su modificación, resolución y efectos.
b) La aprobación de protocolos operativos para la ejecución de concretos programas de colaboración que se vayan demandando a instancia de cualquiera de las partes signatarias, que permitan la colaboración entre la Consejería de Salud y Consumo de Illes Balears, el IBSALUT y el IMLCF de Illes Balears para conseguir un mayor progreso técnico y científico de los trabajos de unos y otros equipos; y también en el uso del material, instrumental y maquinaria electrónica disponible por parte del personal de ambas entidades, dentro de los cometidos asignados a cada una de ellas.
c) Seguimiento y evaluación del desarrollo del mismo.
d) Proponer la revisión y/o modificación e incorporación de adendas del convenio cuando se produzca cualquier circunstancia que altere el contenido del mismo o que interese que figuren como anexos al presente convenio.
e) Las propuestas de corrección y/o mejora de los programas de formación.
3. La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, y será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de diez días hábiles desde su formalización.
2. Tendrá una vigencia de cuatro años y podrá ser prorrogado, antes de la finalización del plazo previsto, mediante acuerdo unánime por un período de hasta cuatro años, que deberá formalizarse con antelación a la expiración del convenio. Este acuerdo de prórroga deberá ser comunicado al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
3. Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
4. La plena efectividad de este convenio se supeditará a la acreditación definitiva de las UD por el órgano competente del Ministerio de Sanidad, actuación que será debidamente notificada a la Consejería de Salud y Consumo y el IBSALUT de Illes Balears. No obstante, la inscripción del convenio en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, momento en el cual el convenio adquiere eficacia, permitirá adoptar las decisiones previas a la acreditación que se estimen necesarias para la puesta en marcha y organización de las mencionadas Unidades.
1. Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. De conformidad con lo dispuesto en el artículo mencionado, el presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, siendo de aplicación los dispuesto en el artículo 52 de la mencionada Ley.
Se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento y control de la ejecución del convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
En todo caso, la resolución del convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución, estableciéndose por las partes, a propuesta de la Comisión de seguimiento y control, un plazo improrrogable para su finalización.
2. En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes firmantes, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 49.e) y 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no se prevé ningún tipo de indemnización.
El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de lo previsto en el capítulo VI título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava. En defecto de acuerdo, por producirse un empate en número de votos en el seno de la Comisión de Seguimiento, se confiere voto de calidad a quien presida dicha Comisión.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones que representan, suscriben electrónicamente el presente convenio, tomándose como fecha de formalización del mismo, la fecha del último firmante.–La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.–La Consejera de Salud y Consumo de las Illes Balears, Patricia Gómez i Picard.–El Molina Gutiérrez del Servicio de Salud de las Illes Balears, Molina Blanco Cortés.