Categoría: Judicial

anterior pueda entenderse referido a la pretensión de nulidad y consiguiente pérdida de vigencia del Real Decreto-ley 32/2021, considera preciso citar el ATC 131/2022, de 11 de octubre de 2022 de este Tribunal Constitucional, dictado en el recurso de amparo núm. 1303/2022, en el que se reitera la doctrina constitucional según la cual «la vigencia de una norma con rango y fuerza de ley (art. 86 CE) […] en cuanto tal, no puede constituir en ningún caso el objeto directo de una pretensión de amparo»; por lo que, en consecuencia, la posible estimación del presente recurso no podrá comportar la pérdida de vigencia del decreto-ley.
9. La Sala Segunda del Tribunal, por providencia de 3 de julio de 2023, acordó proponer la avocación al Pleno del presente recurso de amparo de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.n) LOTC. Con base en la citada norma y mediante providencia de 18 de julio de 2023, el Pleno acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo.
10. El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante auto de 18 de julio de 2023, estimó justificada la abstención formulada por el magistrado don Juan Caballero Crespo Pascual en este proceso constitucional, apartándole definitivamente de su conocimiento y de todas sus incidencias.
11. Por providencia de 5 de noviembre de 2024, se señaló para deliberación y fallo de la presente sentencia el día 6 del mismo mes y año.
1. Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El Grupo Parlamentario Popular en la XIV Legislatura del Congreso formula recurso de amparo contra dos decisiones de la presidenta del Congreso de los Diputados adoptadas en la sesión plenaria de 3 de febrero de 2022, por las que, respectivamente, (i) se consideró verificado el voto telemático del diputado de ese grupo parlamentario, señor Casero Ávila, en la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo y (ii) se resolvió no convocar la mesa de la Cámara para que se pronunciase en relación con la solicitud de que el diputado señor Casero Ávila ejerciera su voto presencialmente, con anulación de su voto telemático, en esa concreta votación. Adicionalmente, el recurso se dirige contra el acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados de 15 de febrero de 2022, notificado el 21 de febrero, por el que se acuerda respaldar las decisiones de la Presidencia adoptadas el día 3 de febrero, de acuerdo con el informe de la secretaría general; constatar, ante el informe técnico, la inexistencia de fallo telemático y la falta del supuesto de aplicación del apartado sexto de la resolución de 2012; y reafirmar que los errores humanos no dan lugar a corrección ni a repetición del voto.
Como con mayor detalle se ha expuesto en los antecedentes de esta sentencia, la demanda de amparo denuncia, por una parte, la vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo representativo conforme a la ley y en condiciones de igualdad, oius in officium, del señor Casero Ávila en su vertiente de derecho al voto de los parlamentarios (art. 23.2 CE). De otro lado, el recurso denuncia la lesión del derecho fundamental de los diputados que forman parte del Grupo Parlamentario Popular, así como del grupo parlamentario como tal, a ejercer la función representativa de conformidad con la ley y en condiciones de igualdadexart. 23.2 CE, a través de la manifestación de su postura colectiva sobre una determinada votación de índole legislativa, con referencia a la STC 361/2006, de 18 de diciembre, FJ 5; vulneración que la demanda fundamenta en la incidencia de las resoluciones impugnadas para el ejercicio del derecho de voto del diputado de ese grupo parlamentario señor Casero Ávila.
Según la demanda, tales vulneraciones se producen porque (i) la primera decisión de la Presidencia infringe el apartado cuarto de la resolución de la mesa del Congreso de 21 de mayo de 2012; (ii) la segunda decisión impugnada es contraria al apartado sexto de dicha resolución; (iii) ambas decisiones suponen una aplicación restrictiva de los límites al pleno ejercicio de las funciones representativas; (iv) ambas decisiones carecen de motivación; y (v) el acuerdo de la mesa de 15 de febrero de 2022 adolece de una motivación arbitraria y de una aplicación restrictiva y limitativa de la posibilidad de subsanar el voto telemático.
Por su parte, el Congreso de los Diputados y el Ministerio Fiscal se oponen a la estimación del recurso de amparo al considerar que las decisiones recurridas no lesionaron derecho fundamental ni norma parlamentaria alguna. Adicionalmente, la fiscalía se ha manifestado expresamente en sus alegaciones sobre la correcta –en el sentido de no extemporánea– formulación de este recurso, al haberse interpuesto una vez que, a su juicio, se agotó la vía interna parlamentaria mediante la adopción del acuerdo de la mesa aquí recurrido; cuestión previa de orden procesal que, por lo tanto, hemos de examinar en primer lugar.
2. Sobre el carácter no extemporáneo del recurso de amparo.
Como ha quedado referido, el Ministerio Fiscal alega que, a diferencia de lo sucedido con los recursos de amparo 916-2022 y 917-2022 (que serían, a su juicio, prematuros), el presente recurso de amparo se habría presentado en el momento procesal oportuno, una vez que se había agotado la vía interna al pronunciarse la mesa del Congreso de los Diputados sobre los diversos escritos presentados en la Cámara en relación con las decisiones de la presidenta del Congreso controvertidas, que le solicitaban que no publicara el resultado de la votación ni emitiera resolución ordenando la publicación de la convalidación del decreto-ley en el «Boletín Oficial del Estado», o que le requerían la convocatoria urgente de la mesa para tratar la no tramitación de la petición del diputado señor Casero Ávila.
En este punto procede recordar que en la STC 114/2024, de 11 de septiembre, y en la STC 129/2024, de 22 de octubre, hemos concluido que el examen que, según había anunciado la presidenta de la Cámara, podía realizar la mesa del Congreso de las cuestiones controvertidas en esos escritos, no impedía que las decisiones presidenciales de 3 de febrero de 2022 hubieran devenido firmes, puesto que dicho «examen» no podía entenderse referido a la resolución de esos escritos como si contuvieran una solicitud de reconsideración, a la que no están sometidas decisiones presidenciales como las recurridas en este amparo, sino a la función de calificación y admisión a trámite de cualquier escrito parlamentario y a la decisión sobre su tramitación, que compete a la mesa del Congreso según el artículo 31.1 de su Reglamento. Y concluimos, a partir de lo anterior, que los recursos de amparo 916-2022 y 917-2022 no podían reputarse prematuros por haberse presentado antes de que la mesa se pronunciase sobre tales escritos.
No obstante, todo lo anterior no ha de conducir a entender que este recurso de amparo deba ser inadmitido por extemporáneo, al haberse presentado en función del plazo al que habilitaba el acuerdo de la mesa del Congreso de 15 de febrero de 2022, notificado el día 21 de febrero, y no a partir del plazo que se iniciaba con las decisiones presidenciales, ya firmes desde su adopción, de 3 de febrero de 2022. Aunque el «examen» que iba a realizar la mesa no podía identificarse, ni debía dar lugar necesariamente, a una decisión equivalente a las que la mesa adopta respecto de las solicitudes de reconsideración formuladas según lo dispuesto en el artículo 31.2 RCD, lo cierto es que en este caso el acuerdo adoptado por la mesa del Congreso vino a pronunciarse sobre el fondo del asunto al acordar respaldar las decisiones controvertidas de la presidencia. Debemos concluir por ello que, en las particulares circunstancias de este recurso de amparo y siguiendo el criterio de las SSTC 65/2023, de 6 de junio, FJ 1; 125/2023, de 27 de septiembre, FJ 1, y 139/2023, de 24 de octubre, FJ 1, la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados aquí impugnada puede dar apariencia de ser la resolución que agota las instancias internas y por lo tanto forma parte del objeto del presente recurso en cuanto decisión adoptada en pretensión de los recurrentes de apurar la vía parlamentaria, sin que, por lo mismo, quepa entender que el recurso ha sido formulado de manera extemporánea. En definitiva, este tribunal debe pronunciarse en esta sentencia sobre el fondo de las cuestiones planteadas respecto de todos los actos recurridos, tanto las resoluciones de la presidencia del Congreso de 3 de febrero de 2022, como el acuerdo de la mesa de esa cámara de 15 de febrero de 2022.
3. Impugnación de las decisiones de la presidenta del Congreso de 3 de febrero de 2022: desestimación por aplicación de la doctrina de las SSTC 114/2024, de 11 de septiembre, y 129/2024, de 22 de octubre.
El presente recurso de amparo, interpuesto por la señora Gamarra Ruiz-Clavijo en su condición de diputada y de portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en la XIV Legislatura, es, por lo que respecta a la impugnación de las decisiones de la presidenta del Congreso de 3 de febrero de 2022, idéntico al recurso de amparo 917-2022, interpuesto también por la señora Gamarra como diputada y como portavoz del referido grupo parlamentario. Se recurren las mismas resoluciones, por los mismos motivos y con idéntica fundamentación jurídica, además de denunciarse las mismas lesiones del derecho (del señor Casero Ávila y del grupo recurrente) a ejercer la función representativa de conformidad con la ley y en condiciones de igualdadexart. 23.2 CE.
El recurso de amparo 917-2022 ha sido íntegramente desestimado por el Pleno de este tribunal mediante la STC 129/2024, de 22 de octubre, en aplicación de la doctrina contenida en la STC 114/2024, de 11 de septiembre, que desestimó, a su vez, el recurso de amparo 916-2022, interpuesto por el señor Casero Ávila. La fundamentación de ambas sentencias, a la que nos remitimos íntegramente, nos lleva también a desestimar el presente recurso por lo que respecta a la impugnación de las decisiones de la presidenta del Congreso de 3 de febrero de 2022.
4. Impugnación de la decisión de la mesa del Congreso de 15 de febrero de 2022.
El único aspecto novedoso que plantea el presente recurso de amparo por comparación con el resuelto por la STC 114/2024 es que ahora se impugna, adicionalmente, el acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados de 15 de febrero de 2022 que respaldó las citadas decisiones de la presidenta del Congreso. La demanda afirma que elius in officiumdel señor Casero y de su grupo parlamentario resultó vulnerado por haberse adoptado el acuerdo de la mesa con base en el informe de la secretaría general del Congreso descrito en los antecedentes de esta sentencia, al que califica de errático, incoherente y arbitrario, en la medida en que dicho informe considera que la anulación del voto telemático solo es posible en caso de error técnico acreditado y alude a unos precedentes que, según los demandantes, no son aplicables al supuesto del voto controvertido.
Estas alegaciones, aunque proyectadas ahora específicamente sobre el acuerdo de la mesa, coinciden sustancialmente con las dirigidas contra las decisiones de la Presidencia en los previos recursos de amparo 916-2022 y 917-2022. Es pertinente, por ello, traer a colación lo que indicamos en el fundamento jurídico 6 de la STC 114/2024, de 11 de septiembre, en el que rechazamos que las decisiones de la Presidencia impugnadas hubieran supuesto una interpretación restrictiva de las normas parlamentarias que limitase el ejercicio de las funciones representativas del diputado recurrente, así como que hubiera lesionado suius in officiumpor carecer de motivación. Indicábamos entonces que «[t]anto la necesidad de realizar la interpretación más favorable a la eficacia de los derechos como la exigencia de motivación tendrían virtualidad si, como postula la demanda, se hubieran dado las condiciones para la aplicación del procedimiento de verificación telefónica de la emisión personal del voto previsto en el apartado cuarto de la resolución de 2012, o bien para la aplicación del procedimiento de autorización del voto presencial regulado en el apartado sexto de dicho texto. Sin embargo, y de conformidad con lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores de esta sentencia, en las específicas circunstancias de este caso los mencionados procedimientos no resultaban de aplicación y, por lo tanto, las decisiones de los órganos de gobierno de la Cámara que los omitieron no podían tener incidencia sobre elius in officiumdel diputado recurrente; posibilidad de incidencia que, cuando existe, es la que justifica las exigencias de interpretación favorable y de motivación invocadas en la demanda (en cuanto a esta última, SSTC 208/2003, de 1 de diciembre, FFJJ 4 y 5, y 90/2005, de 18 de abril, FJ 3). En este caso, lo recurrido en amparo son actuaciones o inacciones que eran una directa exigencia de las normas parlamentarias de aplicación y que, como tales, no suponían una limitación del estatuto constitucionalmente relevante del diputado». Con este mismo razonamiento procede desestimar la impugnación que el presente recurso de amparo dirige contra la posterior decisión de la mesa de la cámara, pues esta, en cuanto se limita a respaldar unas actuaciones de la Presidencia de la Cámara que ya hemos declarado no lesivasdel ius in officium, no puede haber incidido negativamente en este, con independencia de cuál haya sido su motivación.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular contra las decisiones de la presidenta del Congreso de los Diputados adoptadas en el curso de la sesión plenaria de 3 de febrero de 2022, así como contra el acuerdo de la mesa del Congreso de 15 de febrero de 2022 que respalda esas decisiones de la presidencia de la Cámara.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a seis de noviembre de dos mil veinticuatro.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Inmaculada Ruiz Huertas.–Ricardo Moreno Sancho.–María Luisa Suárez Medina Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–María Delgado Segoviano Cortés Moreno Tribiño.–Laura Díez Bueso.–José María Marín Castaño.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 90.2 LOTC y con respeto a la opinión de nuestros compañeros, formulamos el presente voto concurrente por cuanto, pese a que compartimos el fallo desestimatorio del recurso, disentimos en parte de la argumentación de la sentencia.
La sentencia desestima el recurso de amparo por remisión a lo razonado en las SSTC 114/2024, de 11 de septiembre, y 129/2024, de 22 de octubre, que resolvieron, respectivamente, el recurso de un diputado del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en la XIV Legislatura y el recurso de la portavoz del mismo grupo parlamentario, contra dos decisiones de la presidenta del Congreso adoptadas en la sesión plenaria de 3 de febrero de 2022, por las que: (i) se consideró verificado el voto telemático de dicho diputado en la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre; y (ii) se resolvió no convocar la mesa de la Cámara para que se pronunciase en relación con la solicitud de que dicho diputado ejerciera su voto presencialmente, con anulación de su voto telemático, en esa concreta votación.
Las razones de nuestra discrepancia parcial con la fundamentación de esta sentencia son las mismas que ya quedaron expresadas en nuestro voto particular concurrente a la citada STC 114/2024, de 11 de septiembre (al que se remite a su vez el voto concurrente formulado a la STC 129/2024, de 22 de octubre). Bastará por ello con remitirnos a lo expuesto en dicho voto particular, para excusar reiteraciones innecesarias.
Madrid, a seis de noviembre de dos mil veinticuatro.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Díaz Jorquera.–Firmado y rubricado.