Categoría: Judicial

dudas su pertinencia habida cuenta que, como se deduce de las manifestaciones del denunciante en el juzgado de instrucción, no habrían presenciado los hechos sino que los habrían escuchado».
4. Aplicación de la jurisprudencia constitucional al presente recurso de amparo.
A la vista de los hechos anteriormente relatados cabe destacar que el juez instructor no permaneció pasivo ante la denuncia del recurrente: oyó personalmente a este, con asistencia letrada; recabó del centro penitenciario informe sobre los hechos denunciados y le requirió asimismo las grabaciones de video de la cámara que enfoca la puerta de la celda y que identificara a los funcionarios intervinientes en el registro del 16 de mayo de 2018, «con nombres Iván y Fernando»; tomó declaración como investigados a los dos funcionarios que el centro identificó; tuvo en fin conocimiento de los informes del centro sobre la aplicación del régimen de aislamiento, que incluyen partes médicos.
Por otra parte, las sospechas sobre la veracidad de los hechos denunciados pudieran no ser lo suficientemente contundentes por las razones expresadas en el auto resolutorio del recurso de apelación.
No obstante, el Tribunal considera, en coincidencia con lo manifestado por el Ministerio Fiscal, que la decisión judicial de archivar las diligencias penales abiertas como consecuencia de la denuncia del recurrente no fue conforme con las exigencias del art. 24.1, en relación con el art. 15 CE. A la vista de las circunstancias concurrentes, la investigación judicial de los hechos no alcanza la suficiencia y efectividad exigida por la jurisprudencia constitucional en la materia, por las razones que a continuación se exponen:
(i) El Tribunal observa que, junto a la consideración general vinculada a la probable escasez de pruebas existente en este tipo de delitos y la dificultad de la víctima de aportar medios de prueba sobre su comisión, concurrían en este caso las circunstancias muy singulares de que el denunciante estaba interno en un módulo de aislamiento de un centro penitenciario, con las limitaciones de todo tipo que ello implica, y que inmediatamente después de los hechos denunciados, que según afirma fueron cometidos el 16 de mayo de 2018 a las 18:00 horas, fue objeto de una medida de aislamiento provisional con sujeción mediante correas que se prolongó hasta las 13:20 horas del 17 de mayo de 2018.
En unas circunstancias como estas, no puede considerarse como un déficit de veracidad de la denuncia el hecho de que hubiera tardado hasta el día 18 de mayo de 2018 en entregar un escrito dirigido a la dirección del centro con la pretensión de formular una denuncia, especialmente tomando en consideración los reiterados pronunciamientos del Tribunal en que se ha destacado que la demora en la denuncia de este tipo de delitos no puede ser utilizada como un indicio en detrimento de su veracidad (SSTC 107/2008, de 22 de septiembre, FJ 3; 63/2010, de 18 de octubre, FJ 3, o 144/2016, de 19 de septiembre, FJ 3).
Del mismo modo, la propia situación de absoluta dependencia derivada del régimen penitenciario al que estaba sometido el denunciante en aquel momento también impide al Tribunal apreciar desde la perspectiva constitucional como causa mínimamente valorable respecto de la credibilidad de la declaración del demandante de amparo el hecho de que en aquel primer escrito no se hiciera un más detallado relato de los hechos denunciados y que se demorara hasta su declaración ante el juez instructor (al respecto, sobre que la ausencia de precisión en el relato sea un elemento razonable para fundar la incredibilidad, STC 144/2016, de 19 de septiembre, FJ 3). Esta apreciación del Tribunal se ve reforzada tras comprobar que, en aquel escrito de 18 de mayo de 2018 dirigido al juzgado de guardia, el propio demandante de amparo daba razón de ese proceder alegando el miedo a eventuales represalias de quienes le custodiaban y a los que pretendía denunciar y de que proponía situaciones alternativas para que de manera rápida pudiera formular la denuncia presencialmente ante el órgano judicial. Por otro lado, la demora en la expresión de los concretos hechos objeto de la denuncia no puede ser ajena al hecho de que el órgano instructor señaló la declaración del demandante para casi cinco meses después para practicarla mediante videoconferencia.
(ii) El Tribunal, tomando en consideración que la jurisprudencia constitucional también ha establecido que para valorar el grado de esfuerzo judicial en la investigación de este tipo de conductas resulta preciso que «la cualificación oficial de los denunciados debe compensarse con la firmeza judicial frente a la posible resistencia o demora en la aportación de medios de prueba» (así, SSTC 52/2008, de 14 de abril, FJ 2; 63/2008, de 26 de mayo, FJ 2; 69/2008, de 23 de junio, FJ 2; 123/2008, de 20 de octubre, FJ 2; 63/2010, de 18 de octubre, FJ 2; 131/2012, de 18 de junio, FJ 2, o 166/2021, de 4 de octubre, FJ 4), advierte que en este caso no cabe excluir una posible resistencia en la colaboración de la administración penitenciaria en el esclarecimiento de los hechos como elemento justificativo de una perseverancia en la investigación.
Así, el Tribunal constata que el centro penitenciario, al que se entregó el escrito de denuncia por el demandante de amparo el 18 de mayo de 2018 tardó diez días en remitirlo al juzgado de guardia; que el requerimiento dirigido el 1 de junio de 2018 para emitir informe sobre el particular se demoró otros veinte días; que se adjuntaron sendos informes elaborados días después de los hechos, pero sin incluir ninguno de los partes e informes redactados el día de los hechos denunciados o inmediatos posteriores que no accedieron al procedimiento judicial hasta que fueron adjuntados por la defensa de los investigados en su escrito de oposición al recurso de apelación contra la decisión de sobreseimiento; y que aun siendo conocedor el centro penitenciario de la denuncia cursada por el demandante de amparo y, según afirma este en la declaración judicial, de que el mismo 18 de mayo de 2018 había solicitado por escrito que no se borraran las imágenes de las cámaras de seguridad frente a la celda, la respuesta de la administración penitenciaria, cuando fue requerida judicialmente la entrega de esas imágenes, fue que ya habían sido borradas por el sistema por falta de solicitud judicial en plazo.
El órgano judicial de instrucción dictó auto de sobreseimiento el mismo día en que se tomó declaración a los dos investigados argumentando la existencia de versiones contradictorias y el hecho de que existe un parte médico del denunciante, entregado en esa misma comparecencia por los investigados, en que se afirma que no se aprecian lesiones y que no hay inconveniente sanitario para someterle a sujeción mediante correas. Pues bien, el examen de los antecedentes permite advertir que en dichas declaraciones se ponía de manifiesto que uno de los investigados reconocía que habían acudido a la celda tres funcionarios, lo que era coincidente con lo declarado por el demandante de amparo, y que también había acudido con posterioridad un jefe de servicio; y que existieron diversas asistencias al denunciante y partes médicos. Esto es, frente a la pérdida de oportunidad indagatoria que implicaba el borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad, se evidencia que todavía existía la posibilidad judicial, impuesta por el principio de investigación suficiente y eficaz, de haber citado a declarar, al menos como testigos, a diversos funcionarios que se había reconocido que intervinieron en los hechos y de solicitar una ampliación de la documentación entregada por el centro sobre la variedad de asistencias y partes médicos que también se afirmaban que se habían sucedido.
(iii) El Tribunal también aprecia que no se cumple por la decisión judicial de apelación los parámetros impuestos por el principio de investigación suficiente y eficaz. La representación letrada del demandante de amparo había hecho expresas determinadas medidas de instrucción que podrían desarrollarse en aras a una mayor efectividad investigadora y la defensa de los investigados había aportado con su escrito de oposición a la apelación numerosa y relevante documentación penitenciaria relacionada con el hechos objeto de investigación, que hasta entonces no figuraba en las diligencias judiciales, susceptible de ser valorada en la decisión sobre la continuidad de las diligencias previas.
El Tribunal observa que entre las medidas de investigación instadas por el demandante como esenciales para el esclarecimiento de los hechos se incluía la identificación y toma de declaración del tercer funcionario de prisión llamado Iván que había participado en los hechos; la aportación de los diversos informes médicos mencionados en la declaración del denunciante emitidos entre el 18 y el 24 de mayo de 2018; y el testimonio de los tres internos que fueron identificados en la declaración del denunciante como testigos de los hechos denunciados.
La decisión judicial de apelación, no aceptó la práctica de estas actuaciones sugiriendo una falta de diligencia en la actuación de la defensa letrada del demandante de amparo, al señalar que no habían sido solicitadas sino tras acordarse el sobreseimiento. El Tribunal, en línea con lo sostenido por el Ministerio Fiscal, no considera suficiente este razonamiento judicial para justificar su rechazo. La dirección de la instrucción corresponde al órgano judicial, que es el que de oficio debe impulsar y desarrollar las diligencias de investigación, sin perjuicio de la posibilidad de impulso que pueden mostrar las partes personadas en esa labor. Por otra parte, la decisión de archivo se adoptó el mismo día en que se tomó declaración a los investigados y, por tanto, sin posibilidad real de que la representación letrada del entonces denunciante, ni tampoco el Ministerio Fiscal, pudieran valorar y contrastar el contenido de esas declaraciones con el resto de los actos de instrucción para ponderar la necesidad de acordar nuevas diligencias de investigación para esclarecer determinados aspectos que pudieran mantenerse dudosos.
(iv) La decisión judicial de apelación incluía otra serie de razones, ya singulares, contrarias a la necesidad de la práctica de esas diligencias de investigación como son que no se aprecia la relevancia de averiguar la identidad de un presunto tercer participante en los hechos ni tampoco la de los informes médicos que hubieran podido emitirse con posterioridad al 18 de mayo de 2018 y, en relación con las testificales, que «suscita dudas su pertinencia habida cuenta que, como se deduce de las manifestaciones del denunciante en el juzgado de instrucción, no habrían presenciado los hechos sino que los habrían escuchado».
El Tribunal, de nuevo en línea con lo expuesto por el Ministerio Fiscal, no considera suficientes desde la perspectiva constitucional de enjuiciamiento que le es propia, este tipo de razonamientos judiciales. En primer lugar, el Tribunal, una vez constatado que los hechos denunciados se habrían producido en un contexto de internamiento en un módulo de aislamiento, concluye que en dicha situación le es aplicable la jurisprudencia constitucional establecida en relación con los casos de detención incomunicada, por la similitud de vulnerabilidad en la que se encuentra el afectado, de que es constitucionalmente necesario que el órgano judicial de instrucción oiga, al menos, a los agentes a cargo de la vigilancia del denunciante durante ese periodo de incomunicación (así, SSTC 40/2010, de 19 de julio, FJ 4; 144/2016, de 19 de septiembre, FJ 4; 39/2017, de 24 de abril, FJ 4, y 166/2021, de 4 de octubre, FJ 4). El Tribunal considera que esta exigencia es especialmente acusada en este caso en atención a que, por un lado, la declaración del demandante de amparo señaló que fueron tres los funcionarios presentes cuando se produjeron los hechos, lo que fue también confirmado y reconocido en esa misma fase de instrucción en la declaración de uno de los investigados; y, por otro, que ya en fase de apelación, entre la documentación aportada por los investigados, está el informe de los funcionarios sobre los concretos hechos objeto de denuncia firmado por cuatro funcionarios distintos y esta circunstancia es apta para suponer que en los hechos habían estado presentes más personas que las llamadas como investigadas, las cuales podrían ayudar con su testimonio al más completo esclarecimiento de los hechos.
Respecto a la necesidad de que se aportaran los informes de asistencia médica al demandante de amparo posteriores al 18 de mayo de 2018 y a su posible falta de relevancia, el Tribunal observa lo siguiente: (a) el demandante de amparo, en su escrito de 18 de mayo de 2018 dirigido al juzgado de guardia, solicitó expresamente que «con carácter urgente se persone representante de este juzgado, acompañado de médico forense o bien se ordene mi traslado a las dependencias judiciales». En respuesta a esta petición se acordó su declaración por videoconferencia para casi cinco meses después; (b) tanto el informe médico del día 16 de mayo de 2018, previo a la aplicación de las medidas de sujeción mecánicas, como el del 17 de mayo de 2018, posterior al mismo, que se refieren a la salud del demandante de amparo, acceden al procedimiento judicial no por aportación de la administración penitenciaria sino por la representación letrada de los investigados; (c) si bien en el primero se afirma que el demandante de amparo no presenta ninguna lesión, en el segundo aparece la afirmación de que «refiere dolor en mano derecha cuando le redujeron ayer» y que presenta las siguientes lesiones «aumento de partes blandas en dorso de mano derecha. Herida en dedo tercero de la mano izquierda, erosión superficial. Pido Rayos x.», estableciendo un pronóstico leve de las lesiones; (d) si bien en la declaración de instrucción de los investigados se afirmó que el demandante de amparo no presentaba ninguna lesión, en el informe de los cuatro funcionarios emitido inmediatamente después de los hechos, se afirmaba que cuando acudieron a la celda vieron al interno con una grapa en la boca y la nariz con sangre; y (e) el demandante de amparo en su declaración en la instrucción afirmó que «tiene informe médico de fecha 18/05/2018. Que el día 24 fue a hablar con el jefe de servicio y le amenazó delante del médico para que no haga denuncia».
En estas complejas circunstancias, se aprecia una renuencia de la administración penitenciaria a aportar los informes médicos que estaban en su poder en relación con los hechos investigados; la ausencia en la fase de instrucción judicial de una temprana valoración de eventuales lesiones sufridas por el demandante por parte del médico forense; la existencia de ciertas contradicciones entre las declaraciones de que no se sufría ningún tipo de lesiones con la descripción de hechos que deberían haber objetivado algún tipo de señales físicas, como el grapado de la boca o la presencia de sangre en la nariz; a lo que se añade la alegación de una supuesta amenaza delante del médico por parte de un jefe de servicio del centro para que no se formule denuncia. En atención a todo ello, el Tribunal concluye que la actividad indagatoria sobre la situación física del demandante de amparo resultante de los hechos objeto de denuncia no puede ser considerada irrelevante desde la perspectiva de la exigencia constitucional de suficiencia y efectividad en la investigación de este tipo de delitos, por lo que es un aspecto sobre el que, en respeto a la jurisprudencia constitucional en la materia, debe perseverarse mediante la adopción de las medidas de investigación conducentes a su posible esclarecimiento.
Por último, en relación con las testificales de los internos que pudieran ser testigos auditivos de los hechos, el Tribunal toma conocimiento de que la resolución judicial de apelación impugnada justifica su rechazo en que «suscita dudas su pertinencia habida cuenta que, como se deduce de las manifestaciones del denunciante en el juzgado de Instrucción, no habrían presenciado los hechos sino que los habrían escuchado». Partiendo de las exigencias constitucionales del deber de investigación eficaz de este tipo de delitos en el sentido de que solo resulta posible la clausura de una investigación cuando las sospechas razonables de que se ha podido cometer el delito denunciado se revelen como susceptibles de ser despejadas a través de la actividad investigadora (así, SSTC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 8; 153/2013, de 9 de septiembre, FJ 3, o 166/2021, de 4 de octubre, FJ 3), el Tribunal constata que, desde el punto de vista objetivo, no existe ningún impedimento legal, de acuerdo con el principio de libertad probatoria, de aceptar como actividad de investigación apta para valorar la concurrencia indiciaria de unos hechos o la participación en los mismos de determinadas personas cualquier testigo que no sea visual, sino que, a diferencia del testigo de referencia, pudiera haber tenido conocimiento de ellos a través de otras percepciones, incluyendo, como sucede en este caso, las auditivas. Las dudas sobre la pertinencia a que se refiere la resolución judicial obligaban, por exigencia de los principios de perseverancia, suficiencia y efectividad, a no excluir su práctica clausurando la investigación penal sobre los hechos denunciados.
5. Alcance de la estimación del recurso de amparo.
El Tribunal, una vez apreciado que frente a la denuncia de torturas no se produjo una investigación judicial eficaz, ya que, aunque se emprendió la investigación judicial y tuvo cierto contenido, se clausuró cuando persistían aún sospechas razonables de que el delito se había cometido y medios aún disponibles para despejarla, concluye que procede la estimación del presente recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
El restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho exige, tal como se ha reiterado en pronunciamientos precedentes del Tribunal (así, por ejemplo, SSTC 153/2013, de 9 de septiembre, FJ 7; 130/2016, de 18 de julio, FJ 6;144/2016, de 19 de septiembre, FJ 5; 39/2017, de 24 de abril, FJ 5, o 166/2021, de 4 de octubre, FJ 5) no solo la anulación de los autos impugnados sino la retroacción de actuaciones para que se dispense al recurrente la tutela judicial demandada.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Otorgar el amparo a don Gustavo Delgado Castro y, en consecuencia:
1.º Reconocer el derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con su derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
2.º Restablecer su derecho y, a tal fin, anular el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Arganda del Rey de 11 de abril de 2019, pronunciado en las diligencias previas núm. 404-2018, y el auto de la Sección Vigesimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 652-2019, de 12 de julio, pronunciado en el rollo de apelación núm. 867-2019.
3.º Ordenar la retroacción de las actuaciones al momento de pronunciarse la primera de las resoluciones judiciales anuladas para que se pronuncie otra respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de febrero de dos mil veintidós.–Juan Antonio Cano Méndez.–Antonio Narváez Sanz Conde-Pumpido Tourón.–Ramón Gutiérrez Carrasco.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Vicente Jorquera.–Firmado y rubricado.