Categoría: Energía y Medio Ambiente

El «Programa del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027» (en adelante, PrFTJ) ha sido objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria siguiendo los artículos 17 a 24 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procediendo a formular su declaración ambiental estratégica de acuerdo con el artículo 25 de la citada Ley.
El promotor y órgano sustantivo del Programa es el Instituto para la Transición Justa, Organismo Autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental estratégica de planes y programas de competencia estatal, de acuerdo con el artículo 7.1.c) del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
La presente declaración se ha elaborado teniendo en cuenta los principales documentos generados en la evaluación practicada: el Programa, el Estudio ambiental estratégico (EsAE) y el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas.
Los principales elementos de la evaluación practicada se resumen a continuación:
1. Información del Programa: justificación, alcance, objeto, ámbito, marco temporal y líneas de actuación.
El PrFTJ viene exigido por el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 2021/1060, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las Disposiciones Comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visado.
Este Reglamento de Disposiciones Comunes (en adelante, RDC) define además en su artículo 22 el contenido que debe tener el programa. Por otro lado, el Reglamento (UE) 2021/1056, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo de Transición Justa (Reglamento FTJ) define los elementos a tener en cuenta en la elaboración del programa (objetivo específico, ámbito geográfico, recursos, alcance, etc.).
El RDC y el Reglamento FTJ establecen para este fondo, como único objetivo específico, hacer posible que las regiones y las personas afronten las repercusiones sociales, laborales, económicas y medioambientales de la transición hacia los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y una economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, con arreglo al Acuerdo de París.
Atendiendo al requerimiento que el RDC establece en su artículo 6, los Estados miembros deben proporcionar información sobre el apoyo a los objetivos medioambientales y climáticos aplicando una metodología basada en distintos tipos de intervención para cada uno de los Fondos. Con respecto a los objetivos climáticos, el objetivo específico del FTJ cuenta con un coeficiente del 100 % para todos los ámbitos de intervención utilizados (Cuadro 1 del Anexo I del RDC). Ello se debe a que las actuaciones y regiones elegibles han sido consideradas por el regulador como necesarias para garantizar que la transición climática y energética sea justa, siendo éste un objetivo indispensable de la citada transición; con respecto a los objetivos de biodiversidad el apoyo varía entre el 40 % y el 100 % según los ámbitos de intervención.
Adicionalmente, las actuaciones incluidas en el Programa estarán sometidas a una evaluación del cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) en relación con los objetivos climáticos y medioambientales recogidos en el artículo 17.1. del Reglamento 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, que se resumen en:
a. La mitigación del cambio climático.
b. La adaptación al cambio climático.
c. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos.
d. La economía circular.
e. La prevención y control de la contaminación.
f. La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
La lucha contra el cambio climático y la transición justa hacia una economía climáticamente neutra es una prioridad de máximo nivel para España, que así lo ha reflejado en su Marco Estratégico de Energía y Clima, que se estructura en tres pilares: la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética; el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), y la Estrategia de Transición Justa (ETJ).
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética fija los siguientes objetivos:
– Reducir las emisiones de GEI de la economía española en al menos un 23 % en 2030 respecto de 1990 y alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
– Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías renovables en el consumo de energía final de al menos un 42 %.
– Alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías renovables.
– Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en al menos un 39,5 %, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
El objetivo establecido a 2030 implica una disminución de un 39 % de las emisiones difusas respecto a 1990, según la evaluación de la Comisión Europea sobre el PNIEC de España, sobrepasando en 13 puntos la meta fijada para estos mismos sectores en el Reglamento europeo sobre el reparto de esfuerzos vigente en ese momento.
El PNIEC 2021-2030, por su parte, establece la senda que asegurará el mejor modo desde el punto de vista ambiental y socioeconómico para lograr la plena descarbonización de España en 2050.
Por último, la Estrategia de Transición Justa busca maximizar las ganancias sociales de la transformación ecológica y mitigar los impactos negativos que pueda tener esta transición sobre determinados territorios y personas, sin que nadie se quede atrás. Para ello se centra principalmente en los elementos relacionados con el apoyo a la transformación de los sectores económicos hacia la economía verde, y con la generación y la protección del empleo de los sectores en declive en las zonas afectadas, incluido el impulso a la formación requerida por el mercado laboral para dicha transición.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga en su título VI a la aprobación de Estrategias de Transición Justa cada cinco años, con el objetivo de actualizar las prioridades y medidas de transición justa conforme avanza la propia transición energética.
Si bien la Estrategia de Transición Justa reconoce diversos ámbitos impactados por la transición ecológica, se estableció como objetivo prioritario a corto plazo un Plan de Acción Urgente 2019-2021 para las comarcas de carbón y centrales en cierre que pudiera hacer frente a los impactos que estos territorios ya estaban experimentando. Este Plan comprende el desarrollo de acuerdos entre el gobierno, sindicatos y las empresas (acuerdos tripartitos) involucradas en los cierres de minas y centrales; son acuerdos sectoriales a nivel estatal y se centran en empresas y trabajadores. A estos se unen los convenios de transición justa que se focalizan en el territorio, los cuales están recogidos en la Estrategia de Transición Justa y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y se establecen como una herramienta para la co-gobernanza destinada a garantizar el compromiso y coordinación de las administraciones públicas. Se trata de convenios firmados entre la administración estatal, autonómica y local para cada territorio afectado, donde se establece un marco de colaboración estable con el objeto de fomentar la actividad económica y su modernización, así como la empleabilidad de trabajadores vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión en la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono. El PrFTJ busca generar las máximas sinergias con todo el trabajo ya iniciado, aprovechando las medidas ya en marcha, para ampliarlas, mejorarlas y completarlas, generando el mayor beneficio para los territorios afectados.
En cuanto al ámbito territorial, la Comisión Europea en su Informe sobre España 2020 y, en concreto, su Anexo D, identifica 8 provincias (Asturias, A Coruña, León, Palencia, Teruel, Almería, Cádiz y Córdoba), denominadas regiones NUTS-3 en el territorio español, como las más afectadas por la transición a la neutralidad climática a causa del cierre de minas de carbón y el desmantelamiento de centrales térmicas de carbón. A ellas se ha unido la zona de transición justa de Alcudia que, al igual que las anteriores, dispone de una central térmica de carbón en proceso de cierre. Estas regiones son los territorios considerados elegibles para la aplicación de las acciones del Fondo de Transición Justa en España.
En cuanto al marco temporal, el PrFTJ abarcará los siete años correspondientes al periodo de programación 2021-2027, ampliado con el margen para la ejecución de las actuaciones que establecen las reglas N+3 hasta 2026, y N+2 en 2027. De esta forma, el gasto será subvencionable a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2029.
Para alcanzar el objetivo del PrFTJ, se ha definido la estructura del Programa a través de diez prioridades, una por cada zona de actuación, más una adicional asignada al Instituto de Transición Justa para la gestión de los fondos. Para cada una de estas prioridades se financiarán una serie de actuaciones consideradas elegibles, según dispone el artículo 8 del Reglamento del FTJ, al considerarse directamente vinculadas con el objetivo específico del FTJ.
Las diferentes tipologías de actuaciones que presenta el programa para cada prioridad se han agrupado en las siguientes necesidades de desarrollo identificadas, comunes a todos los territorios:
1. Transformación ecológica de la industria y fomento de la movilidad sostenible, la economía circular y la eficiencia energética.
2. Impulso a la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable.
3. Impulso a PYMES y proyectos empresariales tractores para la diversificación económica de los territorios.
4. Fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), la integración de las TIC y la transformación digital.
5. Rehabilitación ambiental, conservación de la naturaleza, biodiversidad y ecosistemas, promoción del patrimonio histórico, cultural e industrial, y fomento del turismo sostenible.
6. Impulso a infraestructuras sociales, la economía social e iniciativas de formación y cualificación.
El PrFTJ detalla las tipologías de actuaciones descritas en cada necesidad de desarrollo para cada prioridad, cuyos efectos ambientales han sido analizados en el Estudio ambiental estratégico.
2. Elementos Ambientales más significativos: potenciales impactos negativos y medidas.
El principal efecto medioambiental del PrFTJ será la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), teniendo en cuenta que el FTJ surge para paliar las consecuencias de los cierres de minas y de centrales de carbón, además de la necesaria adaptación de la industria intensiva de los GEI.
En consecuencia, se prevén efectos relevantes sobre la población, particularmente sobre la salud humana, por la reducción de los contaminantes atmosféricos lo que se traduce en una mejora en la calidad de vida. Otros efectos positivos serán los relacionados con la reducción de la dependencia energética de combustibles fósiles, el fomento de la diversificación energética y del autoabastecimiento, así como, la dinamización socioeconómica y la creación de empleo ligados al nuevo modelo energético, evitando la despoblación.
En lo que se refiere a los residuos y el consumo de recursos, entre las actuaciones planteadas se incluyen proyectos para mejorar el aprovechamiento, usos y desarrollos de materias primas y materiales críticos, así como actuaciones de investigación y desarrollo relacionadas con la transformación ecológica de la economía, a través de la economía circular y la descarbonización.
Por otro lado, el Programa incluye una serie de actuaciones agrupadas en la necesidad de desarrollo «Rehabilitación ambiental, conservación de la naturaleza, biodiversidad y ecosistemas, promoción del patrimonio histórico, cultural e industrial y fomento del turismo sostenible» que mejorarán la calidad ambiental en elementos naturales como el suelo, el agua y recursos hídricos o biodiversidad, además de empleo y riqueza con la promoción del turismo.
En resumen, el PrFTJ contribuye a diferentes objetivos de protección medioambiental establecidos en convenios internacionales, políticas, planes y programas comunitarios; así como en diferentes instrumentos normativos y de planificación de ámbito nacional.
Sin embargo, el desarrollo de los proyectos que deriven de la aplicación del PrFTJ para conseguir el objetivo estratégico podría generar no sólo efectos positivos, sino también una serie de efectos negativos sobre los elementos del medio, a corto, medio y largo plazo que es necesario prevenir o compensar.
El EsAE presenta una identificación y valoración de los impactos que podrían provocar las actuaciones a desarrollar sobre los distintos elementos del medio y una caracterización de los efectos ambientales en cada uno de los territorios afectados. En la tabla 1 se presenta un resumen del análisis realizado, con la valoración de la agrupación de actuaciones por necesidades de desarrollo.
Potenciales impactos negativos:
Según el análisis que se realiza en el EsAE, las actuaciones incluidas en la necesidad de desarrollo «Transformación ecológica de la industria, la movilidad sostenible, la economía circular y la eficiencia energética», buscan en su mayor parte la transformación de industrias ya existentes. Algunas de las actuaciones previstas podrían incluir la construcción de nuevas edificaciones como son los proyectos relacionados con el hidrógeno verde o con el agrocompostaje, la biomasa y/o la producción de biofertilizantes que podrían, a su vez, generar afecciones locales en el territorio, principalmente sobre grupos de fauna vulnerable, sobre la calidad paisajística y sobre la calidad del aire por el uso de biomasa en algunos de los tipos de proyectos. Se prevé también un aumento de la generación de residuos y de consumo de materiales asociada a la sustitución de los equipos, efecto que puede resultar significativo ante una renovación generalizada de instalaciones industriales. No obstante, en cumplimiento con el principio DNSH, con el fomento de la economía circular y con las medidas compensatorias adecuadas se promoverá la capacidad de reutilización y reciclaje de los equipos existentes, así como de los materiales de construcción y demolición. Estos impactos se consideran compatibles con los objetivos ambientales estratégicos.
Dentro de las líneas de actuación agrupadas en «Impulso a la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable», destacan los impactos provocados por la construcción de instalaciones de energías renovables como son la transformación del paisaje, el aumento de los procesos erosivos (por los movimientos de tierras y la eliminación de la cubierta vegetal), la pérdida de superficie de hábitats de interés comunitario y la afección a grupos de avifauna vulnerables. En este sentido, es fundamental restringir el emplazamiento de parques eólicos en zonas importantes de paso o de nidificación de aves, y en concreto en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), limitando también su uso en las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y resto de áreas protegidas por instrumentos nacionales o internacionales (espacios naturales protegidos, planes de conservación de especies amenazadas, etc.).
Con respecto a las líneas de actuación incluidas en las necesidades de desarrollo «Impulso a PYMES y proyectos empresariales tractores para la diversificación económica de los territorios», «Fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), la integración de las TIC y la transformación digital», «Rehabilitación ambiental, conservación de la naturaleza, biodiversidad y ecosistemas, promoción del patrimonio histórico, cultural e industrial y fomento del turismo sostenible» e «Impulso a infraestructuras sociales, la economía social e iniciativas de formación y cualificación», el EsIA considera que los efectos ambientales provocados son, en caso de existir, favorables o muy favorables.
Sin embargo, la valoración de la actividad turística como favorable tiene que estar sujeto al cumplimiento de una serie de principios y criterios que garanticen su sostenibilidad ambiental, pues una excesiva presión turística supone un aumento de la presión antrópica sobre el territorio, que puede provocar tanto un excesivo consumo de recursos como generación de residuos difícilmente reciclables.
Medidas ambientales para paliar los efectos negativos del PrFTJ:
En el capítulo 8 del EsAE se realiza una propuesta de medidas y recomendaciones cuyo objetivo es, por un lado, mejorar la integración ambiental del PrFTJ a nivel estratégico, y por otro, reducir el impacto ambiental de proyectos que deriven de su aplicación.
Las medidas responden principalmente a los posibles impactos negativos descritos a causa de la construcción de infraestructuras que se puedan acometer en el marco de las necesidades de desarrollo.
Respecto a las medidas estratégicas orientadas al despliegue de instalaciones renovables se promueven inicialmente criterios ambientales generales en relación con la ubicación de las instalaciones y los efectos más representativos que conllevan, así como criterios ambientales estratégicos específicos por tecnologías. En este sentido, el MITERD ha elaborado unos mapas de zonificación ambiental para energías renovables (eólica y fotovoltaica) que integran los distintos requisitos del territorio para la ubicación de estas instalaciones, considerando dentro de la eólica, únicamente la terrestre, y que permitirán orientar al promotor de dichas instalaciones a la hora de elegir la ubicación más viable ambientalmente.
Además, el EsAE incluye medidas para las actuaciones relativas a las instalaciones geotérmicas, al aprovechamiento y uso de biomasa, a la producción de biocarburantes y biogás, y a los sistemas de almacenamiento, entre otros; se recogen también medidas y recomendaciones para la gestión forestal, para la gestión de residuos, para las actuaciones que afectan al dominio público hidráulico, etc. orientadas principalmente a reforzar el potencial efecto ambiental positivo y a asegurar la consideración de medidas preventivas en aquellos planes estatales sectoriales concurrentes.
En este mismo apartado de medidas, el EsAE desarrolla la metodología para la evaluación de conformidad con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH) de tal manera que se aseguren que las actuaciones cumplan con los objetivos medioambientales, mencionados en el primer apartado de esta resolución, y teniendo en consideración las medidas necesarias para prevenir, corregir y/o compensar los efectos ambientales significativos.
Las actuaciones que contribuyan sustancialmente a alcanzar un determinado objetivo medioambiental se consideran directamente conformes con el principio DNSH para ese objetivo. Para el resto de los objetivos se tendrá en cuenta lo establecido en la Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (MITERD, 2021).
El EsAE presenta una evaluación en relación al DNSH de cada una de las líneas de actuación que se desarrollarán en cada una de las Prioridades establecidas, en el marco de las necesidades de desarrollo.
Seguimiento ambiental del PrFTJ:
El seguimiento ambiental estratégico del Programa incorporará indicadores estratégicos de impacto de los diferentes campos de intervención, incluyendo los indicadores estándar de realización y resultado definidos en los Reglamentos de los Fondos Europeos.
El seguimiento se centrará en las actuaciones del Programa identificadas como susceptibles de provocar efectos ambientales estratégicos positivos o negativos. El EsAE incluye los indicadores de realización y de resultados para la evaluación de las distintas intervenciones en cada uno de los elementos ambientales. Dado el carácter de las actuaciones y los efectos que producen, se plantean un mayor número de indicadores relativos a la población, desarrollo económico y social.
Por otro lado, teniendo en cuenta los criterios ambientales y los probables efectos significativos sobre el medio ambiente por la aplicación del PrFTJ, se establece un conjunto objetivos ambientales que se han tenido en cuenta en la elaboración del programa y constituyen el marco para su evaluación ambiental y seguimiento.
Tabla de síntesis de la evaluación ambiental del PrFTJ:
El EsIA presenta las siguientes tablas de síntesis, en las que, para cada uno de los objetivos medioambientales establecidos para los diversos factores del medio se han analizado los efectos ambientales, las actuaciones para la consecución de objetivos y los indicadores ambientales de seguimiento.
3. Principales hitos del procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
En la tabla 4, siguiente, se resumen los principales hitos del procedimiento de evaluación ambiental estratégica:
Los documentos asociados a los principales hitos del procedimiento de evaluación ambiental citados (Documento Inicial Estratégico, observaciones recibidas en consultas previas, Documento de Alcance, Estudio Ambiental Estratégico, Informe sobre las observaciones recibidas en la información pública y la versión final del PrFTJ) están a disposición del público en la sede electrónica del Departamento (código 2022P001).
https://sede.miteco.gob.es//portal/site/seMITECO/navSabiaPlanes
4. Resultados de las consultas y de la información pública realizadas.
En cumplimiento del artículo 19 de la Ley de Evaluación Ambiental, el borrador del PrFTJ 2021-2027 y el documento inicial estratégico se sometieron a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas durante 15 días hábiles desde la recepción de la comunicación dado el acuerdo de urgencia. Se recibieron 31 respuestas cuyas observaciones fueron integradas en el Documento de Alcance, con fecha de 7 de septiembre de 2022.
La versión actualizada del PrFTJ y su Estudio Ambiental Estratégico, en cumplimiento de lo que establecen los artículos 21 y 22 de la Ley de Evaluación Ambiental, se sometieron a información pública y a consultas de las administraciones públicas afectadas y personas interesadas durante el mes de octubre de 2022.
En el expediente, consta la recepción de 27 informes y 2 alegaciones que fueron estudiados e integrados en la versión del PrFTJ remitida a la SGEA para su evaluación ambiental. La relación de organismos consultados y quienes respondieron se aúna en el anexo I de esta resolución.
5. Determinaciones ambientales.
La normativa ambiental vigente, internacional, comunitaria y nacional, así como los convenios y acuerdos internacionales en materia medioambiental, han establecido una serie de criterios ambientales que son los que deben definir el marco de la planificación en cualquier sector. En líneas generales, estos criterios son:
– Fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.
– Minimizar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
– Establecer mecanismos de acción para la lucha contra el cambio climático en todos los sectores en los intervenga el programa.
– Garantizar la conservación de los suelos y evitar procesos erosivos que supongan la pérdida de suelo. Fomentar su recuperación.
– Conservar en buen estado los ecosistemas acuáticos (ríos, humedales, aguas costeras, etc.).
– Procurar el buen estado de las aguas subterráneas.
– Procurar una gestión sostenible de los recursos hídricos.
– Garantizar la conservación de la biodiversidad en todo su ámbito, pero especialmente en los espacios naturales protegidos y aquellos enclaves de relevancia o sensibles, así como de la flora y fauna silvestres o de los recursos genéticos que albergan, como de los hábitats, ecosistemas y paisajes de los que forman parte.
– Garantizar la conectividad ecológica de los espacios protegidos y la permeabilidad territorial.
– Procurar la conservación del paisaje rural.
– Minimizar la afección a elementos del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y etnográfico.
– Protección del patrimonio cultural y bienes de interés público (montes de utilidad pública, vías pecuarias,…).
– Maximizar la eficiencia de los recursos empleados, minimizando el uso de recursos naturales, fomentando la eficiencia energética, minimizando los residuos generados y fomentando la reutilización y el reciclaje de los residuos que se generen.
– Investigación y aplicación de mejoras tecnológicas que conlleven beneficios ambientales.
El PrFTJ, a través de las medidas que pondrá en marcha, aborda varios de estos criterios de forma manifiesta, especialmente los relacionados con la lucha frente al cambio climático, la mejora de la calidad del aire y, en consecuencia, la salud humana, sin embargo, otros criterios requieren de la aplicación de medidas ambientales.
Además de las medidas estratégicas para la integración ambiental del Programa y de las recomendaciones de medidas preventivas, correctoras y compensatorias a aplicar en los futuros proyectos que deriven del PrFTJ, como se describe en el EsAE, se deberán considerar las siguientes determinaciones ambientales, algunas de las cuales hacen mayor hincapié sobre las medidas y recomendaciones ya incluidas en el propio EsAE.
Y, en cualquier caso, deberá primar el conocimiento para prever las consecuencias negativas de la aplicación del programa y dar soluciones anticipadas.
A continuación, se citan algunas determinaciones ambientales, que, junto con las medidas ambientales y recomendaciones propuestas en el EsAE, deberán tenerse en cuenta en la aplicación del mismo:
Sobre la relación con otros planes:
– Los proyectos que se deriven de la aplicación del PrFTJ deberán ser compatibles con la planificación sectorial concordante de ámbito internacional, nacional, regional, supramunicipal y municipal, vigente o en proyecto, y en el caso necesario de arbitrar medidas concretas para integrar las acciones y determinaciones de dicha planificación. En el ámbito nacional, se prestará particular atención a los instrumentos que articulan las planificaciones hidrológica, forestal, adaptación al cambio climático, calidad del aire, residuos y suelos contaminados, biodiversidad, espacios protegidos y RN2000, política agraria común, estrategias marinas y ordenación del espacio marítimo.
– Se considerará la planificación propuesta por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Principado de Asturias en la fase de consultas previas, como la «Estrategia de Acción por el Clima», la «Estrategia de Transición Energética Justa de Asturias», el «Plan Estratégico de Calidad del Aire 2021-2030» o el «Plan de adaptación al cambio climático de los Puertos autonómicos».
Sobre la adaptación y mitigación frente al cambio climático:
– Las actuaciones del PrFTJ contribuirán a alcanzar los principales objetivos de las grandes políticas medioambientales y climáticas comunitarias y nacionales.
– En este ámbito, las actuaciones han de estar en concordancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que establece las principales líneas de actuación: descarbonización de la economía, avance de las energías renovables, la mejora de la eficiencia y seguridad energética para favorecer un mercado interior de la energía más competitivo.
– El uso de la biomasa debe minimizar el impacto en las emisiones atmosféricas de contaminantes y de GEI mediante su uso eficiente y la renovación de los equipos. Se reforzarán los controles ambientales de las instalaciones en las que se emplee biomasa.
– La biomasa debe proceder de una gestión sostenible del bosque y del aprovechamiento de otros residuos, y sus características deben estar normalizadas. Se priorizarán zonas ausentes de contaminación urbana y próximas al origen de la materia prima.
– En los aprovechamientos de biomasa forestal además se deberán adoptar modelos que maximicen su efecto preventivo sobre los incendios forestales, promuevan la diversificación de hábitats y eviten impactos sobre las especies de flora o fauna más vulnerables o valiosas.
– Se protegerán y mejorarán los sumideros de carbono, agrícolas y forestales, tal como se indica en el artículo 2, aparado 1 a) ii) del Protocolo de Kioto, y se aplicarán medidas de fomento de los sumideros como reforestación de terrenos desarbolados, densificación de masas arboladas claras o la defensa contra incendios forestales.
– Los proyectos desarrollados en el marco del PrFTJ incluiran un análisis de la huella de carbono de todo el ciclo completo, al objeto de comprometerse con una mejora progresiva en la reducción de emisiones de GEI.
Sobre la calidad del aire:
– Las actuaciones derivadas del PrFTJ deberán garantizar la conservación y mejora de la calidad del aire, asegurándose su total integración y coherencia con el Programa Nacional de Contaminación Atmosférica.
– En el caso de la biomasa, se atenderá a los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el artículo 29 de la Directiva (UE) 2018/2001, sobre fuentes de energía renovables, y en los instrumentos normativos de ejecución y delegados conexos.
– El uso de la biomasa deberá minimizar el impacto de las emisiones atmosféricas de contaminantes mediante el empleo de combustibles con características certificadas que minimicen las emisiones, un uso de alta eficiencia, el control ambiental estricto de las emisiones e instalaciones, y la renovación de los equipos, en caso necesario, para su adaptación a las obligaciones legales vigentes.
– No se fabricará biomasa a partir de materias primas procedentes de tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad.
– En las zonas urbanas, y con el objetivo de reducir la contaminación del aire y las emisiones de dióxido de carbono, se recomienda fomentar el desarrollo de redes de calor con biomasa (producción centralizada de calor para satisfacer la demanda de calefacción y agua caliente).
– En áreas urbanas con problemas de superación de límites de calidad del aire se evitará la utilización de biomasa en calderas individuales.
– Siguiendo las recomendaciones de la Oficina Española del Cambio Climático, se realizará una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al PFTJ, además de cómo contribuye este programa a los objetivos del PNIEC.
– Se recomienda que en los proyectos de instalación de energía solar fotovoltaica para generación distribuida sobre cubiertas de fibrocemento con amianto se contemple la sustitución de dichas cubiertas, debiéndose proceder a su retirada de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. BOE n.º 86 11-04-2006.
Sobre la protección y conservación de la geología y los suelos:
– El desarrollo de las actuaciones en el marco del PrFTJ deberá garantizar la conservación y mejora de las funciones del suelo como soporte físico, depósito de patrimonio geológico y arqueológico, reserva de biodiversidad, y sumidero de carbono. Además, deberá velar por la mejora de las propiedades del suelo, una vez finalizada la vida útil de las instalaciones implantadas.
– Se recomienda el uso de tecnologías que favorezcan la minimización de los movimientos de tierra (nivelación del terreno o excavaciones para cimentaciones), así como aquellas que faciliten el mantenimiento de la cubierta vegetal y la compatibilidad del uso energético con otros usos del suelo.
– Se deberán indicar las prácticas de conservación utilizadas durante la vida útil de los proyectos para garantizar la presencia de una cobertura vegetal herbácea que evite la erosión y degradación del suelo y garantice sus funciones de sumidero de carbono. En este sentido, se fomentarán las prácticas que promuevan el desarrollo de la biodiversidad y la compatibilidad con los usos ganaderos (si existieran previamente), restringiéndose el uso de herbicidas y minimizándose el laboreo con maquinaria pesada. En la fase de desmantelamiento se realizará una correcta gestión de la tierra vegetal que permita la recuperación del uso primitivo de las parcelas.
– En la restauración ambiental de los espacios liberados por el desmantelamiento de centrales térmicas se recomienda favorecer las medidas de recuperación y conservación del suelo. Se recomienda a la administración competente la elaboración de Guías de Buenas Prácticas en las que queden reflejadas las prácticas a desarrollar para la correcta conservación y mejora del suelo, tanto para la restauración ambiental de los espacios ocupados por el despliegue de instalaciones de energías renovables, como para el desmantelamiento de centrales térmicas.
– Para evitar el posible impacto que suponga la extracción de nutrientes por salida de biomasa, se deberá considerar y estudiar abandonar parte del residuo en el suelo, o estudiar sistemas de gestión de biomasa no intensivos.
Sobre la planificación hidrológica y protección del medio hídrico:
– El desarrollo de las actuaciones del Programa será compatible con la Directiva Marco del Agua (DMA) y la legislación nacional en materia de aguas. No se incumplirá con los objetivos ambientales marcados en la DMA; no se alterará la morfología de los cauces naturales, ni se comprometerán los caudales ecológicos establecidos por los organismos de cuenca, se evitará afectar a la calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas y se favorecerá la consecución y mantenimiento del buen estado ecológico de las aguas continentales, de transición y costeras, así como el buen estado químico y cuantitativo de las aguas subterráneas.
– Las actuaciones también han de ser compatibles con los planes hidrológicos de tercer ciclo (periodo 2022-2027) de la demarcación hidrográfica correspondiente, tal y como han recomendado varias de las Confederaciones Hidrográficas consultadas.
– El desarrollo del Programa tampoco afectará a ninguna de las «Zonas protegidas» establecidas en los planes hidrológicos de cuenca, de acuerdo con la DMA y en todo caso, requerirá de la autorización por parte del órgano competente en cada caso.
– A través del PrFTJ se fomentará la protección, consecución y mantenimiento del buen estado ecológico de las zonas húmedas, ya que actúan como sistemas naturales relevantes en la absorción de los gases de efecto invernadero.
– Todas las actuaciones derivadas del Programa que se desarrollen en masas de agua, como los bombeos hidráulicos o la implantación de sistemas de almacenamiento con tecnología de bombeo hidráulico, se realizarán de acuerdo con lo establecido en los correspondientes planes hidrológicos de cuenca y siempre considerando la viabilidad ambiental de los proyectos, se situaran fuera de Red Natura 2000 y/o espacios protegidos, así como de cualquier otra «zona protegida» de las incluidas en los correspondientes planes hidrológicos.
– Las instalaciones para el aprovechamiento de la energía renovable, fundamentalmente parques eólicos y plantas fotovoltaicas, se ubicarán en terrenos donde no intercepten cauces naturales o vaguadas que puedan suponer una alteración del drenaje natural de las mismas; si no fuera posible, se diseñarán respetando la red de drenaje del terreno y se evitará instalar cualquier infraestructura en terrenos inundables.
– Se tendrán en cuenta las consideraciones y determinaciones de los planes de gestión del riesgo de inundación de los diferentes organismos de cuenca.
– En relación con las medidas sobre el uso de biomasa, en caso de llevarse a cabo mediante la producción de cultivos intensivos, se deberá minimizar la contaminación de las aguas subterráneas como consecuencia de la lixiviación e infiltración derivada de estas explotaciones «industriales».
– En cuanto al uso del agua en el sector agrícola se deberá hacer uso del agua bajo criterios de sostenibilidad y respetando los caudales ecológicos de los ríos, así como fomentar el uso de especies autóctonas, mejor adaptadas al clima, con menos requerimientos hídricos y, por tanto, con menor consumo del recurso hídrico.
– En el contexto de las explotaciones agrícolas, así como las explotaciones para biomasa, y en cuanto a los efectos sobre los recursos hídricos, será necesario limitar las aportaciones de nitratos en aquellas zonas declaradas como vulnerables, cumpliendo los programas de actuación aplicables en ellas.
– Con respecto a las actuaciones a desarrollar relacionadas con la industria agroalimentaria, deberán contemplar un uso sostenible del agua, tanto cuantitativamente, minimizando los litros de agua a utilizar en el proceso, como cualitativamente, realizando un control de las aguas residuales resultantes del proceso de producción.
– Se promoverán proyectos de investigación de alternativas al uso del agua desalada y de reutilización de salmueras.
Sobre la protección de la biodiversidad y de los espacios protegidos y la Red Natura 2000:
De carácter general:
– Todos los proyectos que desarrolle el PrFTJ deberán incorporar en su diseño el criterio de no pérdida neta de biodiversidad, lo que se traducirá en la aplicación de las medidas preventivas y correctoras adecuadas, la valoración de impactos residuales y la compensación de los mismos.
– Todas las actuaciones derivadas del PrFTJ que se desarrollen sobre el territorio deberán ser compatibles con los planes de recuperación, conservación y manejo de fauna y flora.
– Se evitará la instalación de proyectos industriales de energías renovables en espacios naturales protegidos y Red Natura 2000.
– La potencial ocupación por instalaciones de energía renovable dentro de espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 deberá ser mínima y compatible con los instrumentos de ordenación y gestión de dichos espacios (PORN, PRUG y otros planes de gestión), garantizando en todo momento el estado de conservación favorable de los valores naturales por los cuales fueron designados.
– Se fomentarán las prácticas de desarrollo de la energía que potencien la biodiversidad, por ejemplo, mediante el mantenimiento de la cubierta vegetal en las instalaciones fotovoltaicas, la instalación de primillares, nidales para murciélagos, la mejora de hábitats degradados, el desarrollo de prácticas agrarias sostenibles, etc.
– En los sumideros forestales y agrícolas se velará por el mantenimiento y adecuado manejo de los sistemas naturales con el fin de fomentar la biodiversidad asociada a estos medios.
De carácter específico para la ubicación de las instalaciones de energía renovable:
– Se recomienda a las regiones afectadas por el PrFTJ que, a fin de agilizar la evaluación de la implantación de los proyectos de energías renovables, se realice en base a sus competencias la ordenación del territorio para su despliegue, determinando las ubicaciones apropiadas o de exclusión. Para ello, se sugiere la consulta del «Mapa de Zonificación ambiental para energías renovables: Eólica y Fotovoltaica» del MITECO.
– Se evitará la ocupación y el deterioro de las áreas de importancia para la biodiversidad, incluyendo, entre otros, los hábitats de interés comunitario, los hábitats de las especies de interés comunitario, los espacios naturales protegidos, de acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la Red Natura 2000, las áreas protegidas por instrumentos internacionales, las áreas importantes para la conservación de las aves (IBA), las áreas de importancia y críticas sujetas a los planes de conservación y recuperación de especies protegidas, las áreas clave de presencia de especies declaradas en situación crítica, las zonas de paso y dispersión de especies amenazadas (conectividad ecológica), así como las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Asimismo, se deberá evitar la ocupación y deterioro de todas aquellas áreas naturales protegidas por las comunidades autónomas.
– Las infraestructuras de energías renovables eólicas y fotovoltaicas se instalarán preferentemente en terrenos degradados de difícil recuperación, así como en terrenos agrícolas de escaso valor agrológico y sin relevancia para la fauna, especialmente para la avifauna. Además, se priorizará la ubicación en zonas accesibles, evitando la apertura de nuevos accesos, y próximas a los nodos de evacuación de la energía eléctrica, minimizándose la longitud de las líneas de evacuación.
– Se evitará el trazado de líneas eléctricas por zonas de alto valor ornitológico y forestal, y en las proximidades de masas de agua que son utilizadas por avifauna (marjales, humedales, lagunas, embalses, etc.).
– En la implantación de sistemas de almacenamiento con baterías se deberá tener en cuenta su afectación a la biodiversidad, tanto en la extracción de los materiales necesarios para su fabricación, como en relación con la potencial toxicidad de sus componentes, que debe ser considerada en caso de accidente.
Sobre la flora, la vegetación y los hábitats naturales:
– Durante la rehabilitación de los espacios degradados se deberán tener en cuenta la potencialidad para la generación de nuevos hábitats.
– Se fomentarán aquellas actividades productivas que minimicen el consumo del capital natural.
– Se utilizarán tecnologías, especialmente en las instalaciones de energía fotovoltaica, que permitan el mantenimiento de la cubierta vegetal de manera que estas superficies puedan contribuir a la conservación de especies (flora, insectos polinizadores).
– Para todas las actuaciones que impliquen reforestaciones y restauraciones de terrenos alterados por obras, demoliciones, integración paisajística, etc., así como los sumideros forestales y todas las actuaciones derivadas del Programa que tengan revegetaciones, se utilizarán especies autóctonas y adaptadas a las condiciones bioclimáticas y edáficas de cada zona.
– Se limitarán las pavimentaciones u ocupaciones permanentes de suelo, preservando la cubierta vegetal y la fauna invertebrada asociada, especialmente en las instalaciones fotovoltaicas.
– Los modelos de aprovechamiento de la biomasa forestal serán compatibles con la conservación de los hábitats forestales en los que se lleven a cabo.
– Se promoverán medidas para evitar la expansión de especies exóticas invasoras durante la ejecución de las actuaciones del Programa que conlleven la construcción o implantación de alguna infraestructura y especialmente en la gestión de los sumideros agrícolas y forestales.
– En aquellas zonas donde se produzca una pérdida significativa de hábitats naturales, éstos se compensarán con la creación de zonas de reserva que conserven un número de especies similar, así como en densidad y cobertura.
– Se deberá restringir el uso de herbicidas para el mantenimiento del suelo en las instalaciones fotovoltaicas y en los sumideros agrícolas, por su impacto negativo sobre la biodiversidad, recomendándose métodos alternativos, como la producción ecológica, o la ganadería extensiva.
– Para la selección de especies en la sustitución de zonas agrícolas en zonas inundables por plantaciones forestales se deberá tener en cuenta la multiplicidad de funciones de un sistema arbolado de ribera, recomendándose el empleo de especies riparias autóctonas.
– Se promoverá el aprovechamiento energético como biomasa de la materia vegetal generada en los trabajos de entresaca, poda y restos de corta no maderables para favorecer la prevención de incendios en las masas forestales.
Sobre la fauna y sus hábitats:
– Pérdida por mortalidad y desplazamientos:
● Con carácter previo a la selección de un emplazamiento para la instalación de renovables deberá realizarse un estudio anual completo de la fauna del lugar.
● Para la protección de las aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, se recomienda además que, en el caso de las plantas fotovoltaicas, se eviten las áreas de distribución conocida de las especies esteparias catalogadas; en el caso de los parques eólicos, se eviten las áreas conocidas como rutas migratorias y en las instalaciones termosolares, se deberá evitar las áreas de campeo de aves catalogadas.
● Además, se recuerda el cumplimiento estricto de las prohibiciones recogidas en el artículo 57 de la Ley 42/2007, en relación con las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, entre otras, no se podrá eliminar ni cambiar o modificar ningún elemento que sirva de refugio y/o nidificación, así como los lugares de reproducción, invernada o reposo.
● Se recomienda potenciar la investigación en nuevas tecnologías que eviten el impacto sobre el medio natural de las instalaciones de energías renovables, que, en el caso particular de la energía eólica, podrían orientarse hacia sistemas de monitorización y detección de aves y quirópteros, vinculados a sistemas de parada eficaces, aerogeneradores sin aspas, turbinas de nueva generación, entre otros.
– Alteración y pérdida del hábitat:
● Se velará por la conservación y mejora de los hábitats localizados fuera de los espacios de la Red Natura 2000, especialmente los lugares que ostenten una población relevante de especies de la avifauna, de acuerdo con el artículo 4.4 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. En este sentido, el artículo 46 de la Ley 42/2007, en su apartado 3 lo hace extensible a los hábitats en general fuera de los espacios Red Natura.
– Fragmentación de hábitat:
● Se deberá garantizar la conectividad ecológica, limitando la fragmentación de los hábitats y las barreras en los desplazamientos y movimientos de las especies.
● Se incluirá el análisis y la propuesta de medidas en relación con la pérdida o desplazamiento de territorios vitales.
● En las instalaciones fotovoltaicas, se recomienda no utilizar vallados a lo largo de toda la propiedad del terreno con el fin de facilitar la conectividad de las especies de fauna y la gestión de los corredores ecológicos.
Sobre la protección del medio marino:
– Se recomienda la elaboración de una Guía de directrices ambientales sobre la implantación de energías renovables en el medio marino, asociadas a las medidas del PrFTJ. Paralelamente, se realizarán estudios de seguimiento y evolución de los ecosistemas marinos desde fases iniciales y a lo largo del desarrollo tanto del PrFTJ como de la ejecución de los proyectos derivados del mismo. Para ello, se recomienda la coordinación entre las distintas administraciones y la participación de expertos de centros de investigación especializados.
– Los proyectos de instalación de parques eólicos marinos tendrán en cuenta los planes de ordenación de la correspondiente Demarcación Marina y la normativa de costas para el Dominio Público Marítimo-Terrestre. Además, para determinar su localización se analizará, con el objetivo de generar el menor impacto posible, la ubicación de áreas marinas protegidas, hábitats de interés comunitario costeros y humedales, así como la diversidad de especies y de hábitats, las funciones ecológicas de las diferentes especies, y los bienes y servicios de los ecosistemas asociados.
– Las actuaciones se desarrollarán acorde a las normativas vigentes estatales, regionales y provinciales en materia de prevención de contaminación marina, y prevención y prohibición de vertidos.
Sobre la conservación y protección del paisaje:
– Se promoverán mecanismos de actuación para la recuperación paisajística en los proyectos de recuperación y rehabilitación de los espacios degradados o por reutilización de infraestructuras ya existentes.
– Se deberá favorecer en la medida de lo posible la protección del paisaje, como queda reflejado en el Convenio Europeo del Paisaje. Además, se evitará el despliegue de instalaciones y el control de actuaciones en territorios que exhiban paisajes catalogados por la normativa regional o con valor paisajístico reconocido.
– El desarrollo de actuaciones deberá tener en cuenta la incorporación de los criterios establecidos en legislaciones y acciones de carácter autonómico en materia de paisaje.
– Con el fin de facilitar la integración estratégica del paisaje para la ubicación y diseño de instalaciones de energías renovables, se recomienda llevar a cabo los estudios en colaboración con las administraciones regionales.
Sobre la protección del patrimonio cultural:
– Las actuaciones desarrolladas por el PrFTJ deberán garantizar la protección de los elementos integrantes del patrimonio cultural, incluido el patrimonio subacuático, y otros bienes de dominio público. Por tanto, se requiere su identificación, reconocimiento de características y análisis. Una vez determinados los elementos a salvaguardarse, deben protegerse y se contemplarán las medidas necesarias para asegurar su salvaguarda. En este sentido se realizará una revisión previa de todos los bienes inmuebles y patrimonio cultural inmaterial asociado en los territorios de actuación, incluyendo Mámoa de Vilavella (GA15070092), Iglesia Parroquial de Santa María de Vilavella, Cruceiro y Caserío de Vilavella a la lista de los bienes de patrimonio cultural de Galicia y la zona minera