Categoría: Administración

icitudes se utilizará el modelo facilitado por la AECID. Dicha reformulación incluirá, entre otras cuestiones que procedan, la adaptación del presupuesto presentado a la cuantía de la subvención propuesta. La reformulación podrá implicar una reducción de la cofinanciación prevista en las mismas proporciones que la reducción en la subvención solicitada. La reformulación de la solicitud vinculará en todos sus extremos a la entidad solicitante y no podrá incluir contenidos ni actuaciones no previstos en la solicitud inicial.
Recibida la solicitud reformulada, en su caso, y la aceptación de la subvención, una vez que dicha reformulación sea aprobada por la Comisión de Valoración, de acuerdo con el artículo 27.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se remitirá al órgano competente de la AECID para su resolución.
3. La propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor de las entidades propuestas, frente a la Administración, mientras no les sea notificada la resolución de concesión. La propuesta de resolución provisional tendrá carácter de propuesta de resolución definitiva, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.
El/la Presidente/a de la AECID dictará resolución motivada, en el plazo máximo de quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 25.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
4. De conformidad con el artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la resolución incluirá una relación ordenada de acuerdo a la puntuación obtenida, de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de entidad beneficiaria, y habiendo obtenido la puntuación mínima fijada para superar la fase de evaluación, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía fijada en la convocatoria, para que, en el supuesto de renuncia de alguna entidad beneficiaria, el órgano concedente acuerde la concesión de la subvención, siempre y cuando sea liberado crédito en la cuantía necesaria, a las entidades solicitantes que se encuentren mejor posicionadas en esta lista de espera.
Cuando no exista ninguna entidad en lista de espera y alguna entidad solicitante no acepte la propuesta de resolución definitiva, se procederá al prorrateo del resto del crédito destinado a estas subvenciones entre las entidades que hayan aceptado la propuesta de resolución definitiva.
5. El plazo máximo para dictar y publicar en sede electrónica la resolución será de seis meses contados desde la fecha de publicación del extracto de la correspondiente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». En la resolución se especificará, como mínimo, el nombre de la entidad beneficiaria, el título de la actividad subvencionada, el código asignado a la solicitud, el importe concedido.
Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido plazo máximo de resolución y publicación en los términos y con las limitaciones establecidas en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, comunicando dicho acuerdo a las entidades solicitantes.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
6. La resolución de la AECID pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
7. La información sobre las subvenciones concedidas se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), para su publicación, en los términos del artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 de la citada ley.
1. El abono de las subvenciones anuales se efectuará en un solo pago de carácter anticipado, previo a la justificación del gasto prevista en el artículo 22 de esta orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El pago de las subvenciones plurianuales se realizará anualmente, previa retención, autorización y disposición del crédito total concedido de carácter plurianual. Cada anualidad se hará efectiva en un único pago, el primero de los cuales se efectuará según lo establecido en la convocatoria correspondiente. El pago de las anualidades restantes quedará condicionado a la presentación de los informes de seguimiento y documentos de planificación que se determinen en las normas de seguimiento y justificación aprobadas por la AECID, así como al cumplimiento por las entidades beneficiarias de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y demás establecidas en la respectiva convocatoria.
2. Cuando en la ejecución de las intervenciones subvencionadas haya intervenido o se prevea la intervención de personal voluntario de acuerdo con lo previsto en el artículo 8, apartados 4 y 5, de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, previamente al cobro de la subvención, las entidades deberán acreditar, mediante declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad, que las personas voluntarias que participan en los programas no tienen antecedentes penales por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo.
3. Para el pago anticipado de la subvención no procederá la constitución de garantías, salvo previsión expresa en la resolución de concesión, de acuerdo con el régimen de garantías previsto en la resolución de convocatoria
4. No se realizará el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no haya acreditado de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2.c) de estas bases reguladoras hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias además de las relativas a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro conforme a lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El pago se realizará mediante transferencia a una cuenta bancaria cuyo titular será la entidad beneficiaria o líder de la agrupación, en su caso. Una vez recibidos los fondos, las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán depositar el importe percibido en una cuenta bancaria abierta en España exclusivamente para estos fondos, que llevará el título de la intervención subvencionada.
Las entidades beneficiarias podrán traspasar los fondos a una cuenta en el país o países en el que se vaya a desarrollar la actividad, abierta exclusivamente para estos fondos, con el título de la intervención subvencionada.
La justificación de los depósitos señalados en este apartado, tanto los realizados en España como en el exterior, se hará por medio de los documentos bancarios acreditativos que se unirán a la justificación de la subvención según lo previsto en esta orden.
5. Las entidades beneficiarias deberán iniciar las actividades subvencionadas en un plazo máximo de dos meses desde la recepción de los fondos, salvo que se acredite la aparición de circunstancias excepcionales no imputables a la propia entidad, que no permitan el inicio de las actuaciones, incluidas las de identificación que, en su caso, hubieran sido aprobadas, en cuyo caso deberá presentarse solicitud motivada de autorización por la AECID de la postergación de la fecha de inicio.
1. La entidad beneficiaria de la subvención está obligada a ejecutar la actividad subvencionada en los términos consignados en la solicitud y en la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones y la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera de las administraciones o entes públicos o privados, nacionales o de la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En caso de que la entidad beneficiaria hubiera realizado alguna actividad conforme a la concesión ahora modificada, esta resultará indemne.
2. Las entidades beneficiarias podrán solicitar con carácter excepcional la modificación del contenido de la actuación subvencionada, así como de la forma y plazos de ejecución y justificación de los correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo de la actuación, siempre y cuando dichas circunstancias no sean imputables las entidades beneficiarias, queden suficientemente acreditadas, no alteren el sentido de la actividad principal de la intervención subvencionada ni el fin para el que se concedió la subvención.
La modificación podrá ser autorizada siempre que responda a fines de interés público y no dañe derechos de terceros.
3. Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente las circunstancias por las que se altera o dificulta su desarrollo y deberán dirigirse a la AECID con carácter inmediato a la aparición de las causas que las justifiquen, sin perjuicio de lo que al respecto establezca específicamente cada convocatoria y, en todo caso, con anterioridad a la finalización de la ejecución de la intervención subvencionada.
4. La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por el mismo órgano que dictó la resolución de concesión, y se notificará, en el plazo máximo de 45 días hábiles, a contar desde la fecha de recepción de las mismas en el registro electrónico de la AECID.
Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien ser impugnada directamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, en la forma y plazo previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La AECID dictará y notificará la resolución concediendo o denegando la ampliación solicitada en el plazo de 45 días desde la fecha de presentación de la solicitud.
1. En el caso de producirse situaciones excepcionales debidamente acreditadas, no imputables a las entidades beneficiarias ni a sus socios locales, tales como desastres naturales o acontecimientos climáticos imprevistos, enfrentamientos armados, golpes de estado o situaciones de inestabilidad social o política, o cualquier otra causa que pueda suponer un peligro para la integridad física de las personas involucradas en las intervenciones, o que dificulten o impidan la ejecución de la intervención subvencionada y/o el cumplimiento de las obligaciones, la entidad beneficiaria podrá solicitar la suspensión o finalización anticipada de la intervención subvencionada.
2. La solicitud de suspensión o finalización anticipada de las actividades deberá dirigirse al órgano concedente, estar adecuadamente motivada, contar con un informe de alguno de los órganos de representación españoles en el país de ejecución o, en su defecto, de la Embajada del país de la Unión Europea que ejerza la representación de España o por un organismo internacional perteneciente al sistema de las Naciones Unidas, que refrende los datos descritos por la entidad. Asimismo, se aportará informe técnico del órgano instructor.
3. Recabados los informes señalados, el órgano concedente autorizará la suspensión o finalización anticipada de la actividad, siempre que los hechos causantes resulten suficientemente acreditados.
La resolución de suspensión hará mención del plazo durante el cual se entenderá suspendida la actividad y modificará la resolución de concesión ampliando la duración de la intervención por un tiempo equivalente al que dure la suspensión.
Cuando la suspensión no se haya acordado por plazo determinado, cesada la causa que la motivó, la entidad solicitará una ampliación del plazo de duración de la intervención y reanudará la actividad. La intervención subvencionada no podrá suspenderse por un periodo superior a su duración inicial. Cuando no sea posible su reanudación, la entidad beneficiaria podrá solicitar la finalización anticipada de la actividad, y, en el caso de que sea autorizada por el órgano concedente, deberá entregar informe justificativo final y proceder a la devolución de las cantidades no aplicadas en un plazo de tres meses contados a partir de la notificación de la autorización.
1. Serán subvencionables aquellos gastos que se determinen en las convocatorias, de acuerdo con las categorías de gasto recogidas en este apartado, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada que resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución establecido para cada tipo de subvención de las recogidas en estas bases reguladoras. En ningún caso el coste de estos gastos podrá ser superior al valor de mercado.
A tal efecto, serán subvencionables los gastos directos que se señalan a continuación, con el detalle, limitaciones e indicaciones que se determine en cada convocatoria:
a) Gastos de Personal al servicio de la entidad, sus socios en agrupación o sus socios locales, excluidos los gastos originados por las actividades realizadas en la condición de miembros de las Juntas Directivas o Consejos de Dirección de las entidades:
– Personal contratado.
– Personal voluntario.
b) Gastos de viajes.
– Desplazamientos.
– Alojamiento.
– Manutención.
c) Terrenos e inmuebles asociados a la actividad subvencionada (excluidas sedes administrativas y viviendas del personal de la entidad o del socio local):
– Compra.
– Alquiler.
– Construcción y reforma.
d) Otros bienes:
– Maquinaria, mobiliario, equipamiento y cualquier otro bien distinto de terrenos y edificios.
– Reparaciones y conservación del material inventariable destinado a la subvención solicitada.
– Equipos informáticos.
– Elementos de transporte.
– Cualquier otro equipamiento, con la excepción del de sedes administrativas y viviendas del personal.
e) Otros gastos asociados a la actividad.
– Material de oficina, fotocopias e imprenta.
– Comunicaciones.
– Equipos, materiales y suministros.
– Gastos de amortización de bienes inventariables.
– Arrendamientos y cánones.
f) Gastos de auditorías y evaluaciones, siempre que sean externas y cumplan con los requisitos establecidos por la AECID en las correspondientes convocatorias.
g) Servicios técnicos y profesionales, requeridos para la realización de capacitaciones, seminarios, diagnósticos, informes, publicaciones, control de gestión, asesorías jurídicas o financieras, notariales y registrales, traducciones u otras necesidades contempladas en la formulación de la intervención. Solo podrán imputarse a este epígrafe los gastos de identificación y formulación cuando así lo determine expresamente la resolución de convocatoria.
h) Fondos rotatorios.
i) Gastos financieros, derivados de las transferencias bancarias de los fondos entre cuentas abiertas a nombre de la intervención y del mantenimiento de dichas cuentas.
El reconocimiento como gastos subvencionables de los gastos de personal y los gastos de servicios técnicos o profesionales no implica en ningún caso la existencia de una relación laboral entre la Administración General del Estado y el personal dedicado a la realización de las actividades subvencionables.
También serán subvencionables, en concepto de gastos indirectos, los gastos de gestión y administración específicos para el desarrollo de la intervención subvencionada, así como los costes generales de estructura y funcionamiento necesarios e indispensables para la adecuada ejecución de la misma, realizados por la entidad beneficiaria de la subvención, sus socios en agrupación o sus socios locales, siempre que en su conjunto no superen el doce por ciento (12%) del importe total subvencionado, de acuerdo con el artículo 42 del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio. La resolución de convocatoria determinará la forma de justificación de los costes indirectos. Asimismo, serán financiables las ayudas a la población destinataria, tanto en forma de efectivo como en especie.
Serán, también, subvencionables otros gastos no previstos en esta orden siempre que hayan sido previamente detallados en la solicitud aprobada y estén orientados indudablemente a garantizar el correcto desarrollo de las actividades.
2. En ningún caso serán subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio.
3. Atendiendo a la naturaleza de las actividades, la entidad beneficiaria podrá llevar a cabo la subcontratación de la ejecución de la intervención, siempre que ésta se haya previsto en la solicitud aprobada, o bien previa autorización del órgano concedente, sin que el importe de dicha subcontratación exceda del 50 por 100 del importe de la intervención subvencionada. La subcontratación se ajustará a lo dispuesto en la correspondiente resolución de convocatoria, así como a las reglas de justificación que se establezcan en la resolución dictada por la AECID al efecto y, en todo caso, a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y por el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los beneficiarios de las subvenciones serán responsables de llevar a cabo la ejecución de la intervención que fundamentó su otorgamiento. Esta intervención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la realizará atendiendo a alguna de las siguientes modalidades:
a) Mediante ejecución directa, con sus propios recursos humanos y materiales.
b) A través del socio local o de organización socia de la entidad beneficiaria en el país de ejecución, siempre y cuando este haya sido recogido en el documento de formulación de la subvención concedida. A estos efectos, se entenderá por organización socia una organización que tenga capacidad legal de obrar en el país de ejecución y esté inscrita en el correspondiente registro del país. Esta modalidad de ejecución no tendrá, en ningún caso, la consideración de subcontratación y tampoco supondrá la consideración del socio local como beneficiario de la subvención a efectos de las obligaciones establecidas para ellos en estas bases reguladoras.
c) Mediante una combinación de los dos anteriores.
d) Mediante subcontratación con terceros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que no excederá del 50% del importe de la actividad subvencionada y siempre que responda a servicios detallados en la solicitud aprobada, hayan sido aceptados y estén orientados indudablemente a garantizar el correcto desarrollo de las actividades.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento, las entidades beneficiarias quedan obligadas a justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión de la subvención, de conformidad con la normativa de la subvención y la correspondiente Guía aprobada por la AECID al efecto, que se indique en la convocatoria, sobre las normas de gestión, seguimiento y justificación de las intervenciones subvencionadas por la AECID.
2. La documentación justificativa se presentará en el plazo de tres meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, sin perjuicio de la ampliación de plazo a seis meses en el caso de que los informes de seguimiento y justificación parcial o final incorporen informe de auditor de cuentas y/o de evaluación técnica financiada por la subvención, para permitir su presentación conjunta.
En el supuesto de intervenciones subvencionadas cuya finalización se produzca con anterioridad a la fecha prevista, la presentación de la justificación de los gastos se realizará como máximo en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de su actividad.
3. En aras de la eficiencia, la sostenibilidad y la simplificación administrativa, la justificación de las subvenciones se realizará conforme a la modalidad de cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe auditoría contable y técnica emitido al beneficiario, elaborado por un auditor con inscripción vigente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), con atención a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio.
4. La modalidad de justificación con aportación de justificantes de gasto podrá ser autorizada excepcionalmente por la AECID si queda acreditada la dificultad para realizar la justificación mediante auditoría en determinados países. Asimismo, cuando la subvención concedida no supere los 60.000 euros se podrá optar por la modalidad de cuenta justificativa simplificada, con el contenido recogido en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La utilización de ambas modalidades se atendrá a lo establecido, respectivamente, en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, con las particularidades que se establezcan en las normas de justificación de la AECID.
5. La convocatoria precisará, en su caso, los libros y registros contables necesarios para la adecuada justificación de la subvención y para el ejercicio de las facultades de comprobación y control.
6. La revisión de la cuenta justificativa que realice el auditor deberá contemplar los siguientes extremos:
a) El cumplimiento por la entidad beneficiaria de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.
b) La acreditación de la realidad de las actuaciones que, de acuerdo con la justificación presentada, se imputan a la subvención concedida, así como que las mismas son adecuadas al objeto de la intervención subvencionada y que se corresponden con los criterios de imputación. Igualmente se acreditará que todos los gastos están soportados por facturas o documentos de valor probatorio equivalente y han sido efectivamente pagados en el periodo establecido por esta orden.
c) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) Se verificará que en los registros contables del beneficiario hay constancia de la contabilización de los ingresos y gastos correspondientes a la actividad subvencionada, así como del pago de dichos gastos. Se verificará además que el beneficiario mantiene un sistema de contabilidad separado o bien asigna un código contable adecuado para todas las transacciones relativas al proyecto subvencionado, dejando en este último caso, constancia de tal código.
e) Se comprobará el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en materia de publicidad.
En todo caso, la actuación del auditor de cuentas deberá ajustarse a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
7. Los documentos que componen la justificación presentada deberán cumplir los requisitos establecidos tanto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, como en las demás normas de aplicación. Todos los documentos originales, se marcarán con una estampilla en la que deberá constar el nombre de la entidad, la subvención para cuya justificación han sido presentados indicando el año de convocatoria, el número de expediente y la cuantía imputada al proyecto.
De conformidad con el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el órgano instructor podrá solicitar el cotejo de las copias aportadas, mediante la exhibición del documento o de la información original.
Todos los justificantes deberán presentarse numerados y ordenados de acuerdo con los conceptos recogidos en las correspondientes convocatorias.
8. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones a la que hace referencia el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente de la subvención.
9. Si vencido el plazo de justificación no se presentaran los correspondientes documentos o se presentaran incompletos, se requerirá a la entidad beneficiaria para que, en un plazo de quince días, sea presentada a los efectos previstos en este artículo, tal y como se recoge en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el caso de subvenciones o ayudas ejecutadas en el extranjero o por beneficiarios extranjeros, el plazo para la subsanación de defectos de las justificaciones parciales o totales y para aportación de la documentación complementaria requerida por el órgano que haya efectuado la revisión, será de cuarenta y cinco días hábiles. En aquellas Administraciones públicas en que estén habilitados medios electrónicos, informáticos o telemáticos, se podrá aportar la documentación por medio de los mismos.
La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 24 de esta orden.
10. Las entidades beneficiarias podrán ingresar voluntariamente en el Tesoro Público el remanente no aplicado de la subvención recibida antes de la finalización del período de justificación.
1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 14.1.c) y 32.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el capítulo IV del título II del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las entidades beneficiarias de la subvención se someterán a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación que determine el órgano concedente, facilitando cuanta información sea requerida en orden a verificar la correcta ejecución de las intervenciones subvencionadas. Asimismo, se someterán a las actuaciones de comprobación que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios.
2. Las entidades beneficiarias de una subvención de AECID, estarán obligadas a facilitar periódicamente a la Unidad gestora de la subvención el grado de cumplimiento de la intervención subvencionada, de acuerdo con lo establecido en cada convocatoria.
3. La evaluación final de las intervenciones subvencionadas analizará, de manera sistemática y objetiva, la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad de las intervenciones financiadas, adaptándose a la especificidad del mismo en los términos de referencia (TdR). Asimismo, la estructura de los informes de evaluación seguirá la metodología y el formato utilizado por la Cooperación Española y la Unión Europea.
En caso de realizar una evaluación externa, esta deberá ser realizada por una persona o entidad, en España o en el país de ejecución del proyecto, para lo que se acreditará su solvencia en la realización de estas evaluaciones, y se adjuntará la documentación que la justifique. La evaluación externa podrá exceder el plazo de ejecución del proyecto en un máximo de 6 meses, con independencia de que se supere el término del correspondiente ejercicio presupuestario.
Sin perjuicio de la contratación de evaluaciones con cargo a la subvención, del importe inicial presupuestado para las convocatorias que se realicen en el marco de estas bases, la AECID podrá reservar una cuantía, de hasta el 1 por 100 del crédito disponible en cada convocatoria, para la realización de evaluaciones de las intervenciones financiadas por las subvenciones concedidas a su amparo.
Las entidades beneficiarias de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, vendrán obligadas a cumplir las siguientes obligaciones:
1. Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención en la forma, condiciones y plazo establecidos en esta orden y en la resolución de convocatoria. A estos efectos, se considerarán vinculantes los resultados previstos en la formulación inicial o, en su caso, en la memoria adaptada, en las modificaciones debidamente autorizadas por la AECID, o en cualquier otra resultante de la aplicación de la normativa de subvenciones.
2. Gestionar los fondos obtenidos, que no podrán ser transferidos ni gestionados por organizaciones intermediarias diferentes a las entidades beneficiarias, con la salvedad de los organismos que expresamente se determinen en las convocatorias sobre la base de la naturaleza de la subvención.
3. Reconocer la ayuda financiera concedida por la AECID, mediante la incorporación, de manera visible, en el lugar de ejecución de la intervención subvencionada, del logotipo oficial de la AECID, citando a esta Agencia, con el fin de dar a conocer el origen de la financiación. Asimismo, se deberá visibilizar la ayuda concedida en todos los materiales y productos de difusión, cualquiera que sea su soporte (placas, letreros, carteles, publicaciones, material de difusión, publicidad, audiovisual, redes sociales, etc.), siguiendo las indicaciones establecidas al efecto en cada resolución de convocatoria. Los logotipos oficiales podrán solicitarse en la dirección de correo electrónico identidad@aecid.es y para su colocación se podrán consultar las indicaciones recogidas en el Manual de identidad Corporativa de AECID, que se encuentra en la página web de la AECID.
Las medidas de difusión deberán adecuarse a la intervención subvencionada, tanto en su forma como en su duración. El logotipo de la AECID, así como leyendas relativas a la financiación pública, únicamente podrán aparecer en los materiales y productos que se utilicen o editen para la información y la difusión de aquellas intervenciones que constituyen el objeto para el cual se ha concedido la subvención, y en ningún caso, en material publicitario.
4. Presentar la documentación justificativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de estas bases reguladoras, así como de acuerdo con lo previsto en la correspondiente resolución de justificación y, en su caso, la Guía de normas de gestión, seguimiento y justificación de las intervenciones, estando la misma disponible en la página web de la AECID.
5. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación de la aplicación de la subvención a efectuar por el órgano concedente, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.
6. Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 c) de estas bases reguladoras además de las relativas a la Seguridad Social.
7. Conservar los documentos justificativos originales de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control por el órgano concedente, y en su caso, de las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y de las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas en relación con las subvenciones concedidas.
8. Tener suscrita póliza de seguro de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil a favor del personal voluntario que participe en los programas subvencionados, conforme a lo exigido por los artículos 10.e) y 14.2.c) de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando legalmente proceda.
1. El régimen de reintegro se regirá por lo dispuesto en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como por lo establecido en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Las entidades beneficiarias de subvenciones quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas, en materia de subvenciones, establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para la graduación de los incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención, se establecen los siguientes porcentajes de reintegro, aplicándose a las cuantías resultantes el interés de demora contabilizado desde que se hizo efectiva la subvención:
a) En los supuestos de incumplimiento total de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención:
1.º Incumplimiento total de los objetivos y actividades para los que se otorgó la subvención: 100 por 100 de la cuantía total de la subvención concedida.
2.º Incumplimiento de la obligación de justificación: 100 por 100 de la cuantía total de la subvención concedida.
3.º Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello: 100 por 100 de la cuantía total de la subvención concedida.
4.º Introducción de modificaciones sustanciales sin la preceptiva autorización de la AECID, importe total de los gastos en que se haya incurrido a causa de la modificación.
5.º Subvención no ejecutada por cualquier causa: importe total no ejecutado de la subvención.
b) En el supuesto de incumplimiento parcial de alguna de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada por el beneficiario se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad que, no obstante, se podrá modular teniendo en cuenta el hecho de que el cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total, y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos. Entre estos incumplimientos serán objeto de reintegro, por los porcentajes que se indican, los siguientes:
1.º Incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad sin haberse autorizado la correspondiente ampliación: 20 por 100 de los gastos ejecutados fuera de plazo.
2.º Demora en la presentación de la justificación: 0,1 por 100 de la subvención por cada trimestre completo de demora, hasta un máximo de dos trimestres, siendo de aplicación a partir de ese momento lo previsto para el incumplimiento total de la obligación de justificación.
3.º Justificación insuficiente o deficiente: hasta el 10 por 100 de la subvención, proporcionalmente a la documentación obligatoria no presentada o deficiente, salvo cuando se trate de justificantes de gasto cuyos defectos afecten a la acreditación de su realización, en cuyo caso se reintegrará el 100 por 100 de su importe.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.3 del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, cuando se haya producido un incumplimiento parcial de los objetivos específicos de la intervención subvencionada, y, en particular, en caso de producirse situaciones excepcionales debidamente acreditadas, tales como desastres naturales, enfrentamientos armados o crisis humanitarias, que dificulten o imposibiliten su ejecución total, el reintegro o la pérdida del derecho al cobro de la subvención no afectará a las cantidades invertidas en los objetivos cumplidos.
Cuando alguna administración autonómica o local así lo desee y tenga título para ello, podrá realizar aportaciones para concurrir en la financiación de las intervenciones subvencionadas al amparo de estas bases reguladoras, siempre que se recoja expresamente en la convocatoria y se haga efectiva su aportación con anterioridad a la primera reunión de la Comisión de Valoración regulada por lo dispuesto en el artículo 7.
Queda derogada la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo.
En lo no previsto en esta orden se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.3.º de la Constitución Española que atribuye al Estado competencia exclusiva en las relaciones internacionales.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 6 de abril de 2022.–El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Serrano Márquez Hernández.