Categoría: Judicial

ario y las actuaciones médicas durante el mismo, no han vulnerado los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), de no sufrir tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), de libertad ideológica (art. 16 CE) y de intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE). Sus alegaciones pueden resumirse como sigue:
a) Tras exponer los antecedentes de hecho relevantes, y resumir la demanda, señala que el objeto del recurso lo constituye la actuación en vía de hecho del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ejecutada por el HUCA, en relación con el ingreso forzoso de doña C.P., el 24 de abril de 2019 en dicho hospital y los tratamientos médicos que se le dispensaron por el personal sanitario durante su ingreso, hasta dar a luz a su hija a las 01:40 horas del día 26 de abril, por cesárea urgente. Indica, asimismo, que el recurso ha de entenderse formulado por el cauce del art. 43 LOTC, puesto que en la demanda de amparo se atribuye de manera directa la vulneración de los derechos fundamentales a la actuación administrativa, no atribuyendo en el recurso a las resoluciones judiciales que se impugnan una vulneración autónoma de derechos fundamentales. Asimismo, pone de manifiesto la evidente relación que existe entre el objeto de este recurso y el del recurso de amparo núm. 6313-2019.
b) La fiscal estima que concurre respecto del recurrente, don L.M.G.C., el óbice procesal de falta de legitimación en relación con la vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo del art. 14 CE, ya que no concurre en don L.M.G.C., la condición de titular del derecho fundamental invocado, ni tampoco cabe estimar que ostenta un interés legítimo. Dicho óbice concurriría también respecto de los otros derechos fundamentales que se alega han sido vulnerados, puesto que la lesión de estos derechos se plantea en el recurso en conexión directa con la vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo de las mujeres que se encuentran embarazadas y de parto.
Por otra parte, y en relación con la legitimación de doña C.P., y don L.M.G.C., para recurrir en representación de su hija menor cabe apreciar la existencia de un posible conflicto de intereses con la hija, si se tiene en cuenta que los actos de la administración sanitaria a los que se atribuye la lesión de los derechos fundamentales, por constituir un trato desfavorable en consideración a la condición de mujer embarazada, respondieron a la finalidad de garantizar la vida y la salud de su hija no nacida.
c) En cuanto a la cuestión de fondo que se suscita, el Ministerio Fiscal examina, en primer lugar, si la actuación administrativa vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, para lo que parte de la doctrina constitucional establecida en la STC 70/2021, de 18 de marzo, FJ 3. Respecto a la discriminación directa, y por lo que se refiere a los indicios del trato desfavorable discriminatorio por razón de la condición de mujer embarazada pone de relieve que los hechos establecidos por las resoluciones judiciales de dichos tribunales, en relación con lo acontecido antes y durante el ingreso hospitalario de doña C.P., hasta el parto, no han sido cuestionados o impugnados por los recurrentes, que lo que realizan es una diferente valoración sobre dichos acontecimientos y su motivación. Lo que resulta acreditado es que el ingreso de doña C.P., estaba justificado por una situación grave de riesgo de muerte intrauterina para el feto, debiendo para evitarlo llevar a cabo de manera urgente la inducción al parto si este no había comenzado o, en todo caso, realizar una monitorización frecuente del bienestar fetal que es lo que se llevó a cabo por los facultativos del hospital, tras el ingreso involuntario autorizado por el juzgado al comprobar el inicio espontáneo del parto.
El Ministerio Fiscal señala que durante el ingreso y antes de la intervención por cesárea se llevaron a cabo por los facultativos las actuaciones médicas que precisaba la situación clínica que presentaba la recurrente, siendo en todo caso necesario un seguimiento y vigilancia permanente del estado de bienestar fetal mediante monitorización continuada para corroborar la evolución del parto iniciado y el estado del feto en cada momento. En relación con el trato degradante o humillante que, se alega por los recurrentes, le fue ocasionado a doña C.P., la fiscal considera que no aparecen debidamente especificados o descritos en la demanda. Alega, además, que no se desprende de la historia clínica que doña C.P., hubiera sido examinada o explorada de manera coactiva, sino que las exploraciones obstétricas realizadas contaron con su consentimiento tras explicarle reiteradamente los facultativos la necesidad de llevarlas a cabo. Tampoco se deriva de la historia clínica aportada que las actuaciones e intervenciones médicas realizadas por los facultativos del HUCA se practicaran sin el consentimiento de doña C.P., o que se hubieran firmado los consentimientos informados por coacciones ejercidas por los facultativos que le atendieron, teniendo en cuenta además que la ahora recurrente en amparo estuvo acompañada en todo momento por su pareja y por su comadrona de confianza y que ella misma reconoce que estaba en plenas condiciones en cuanto a su capacidad para tomar decisiones.
La fiscal considera además que la actuación médica no contravino sustancialmente la voluntad de doña C.P., en cuanto a lo planteado en el plan de parto presentado, puesto que comprobado al ingresar que el parto se había iniciado no se realizó la inducción, sino que se hizo un seguimiento expectante de su evolución y del bienestar del feto, hasta que ante la situación de no progreso por el diagnostico de desproporción pelvifetal de estrecho superior por deflexión de cabeza fetal en occipito sacra con riesgo para la vida se practicó la cesárea urgente, la cual fue consentida por la madre tras ser informada de la situación ella y su pareja. Por lo que se refiere a la administración de la epidural fue solicitada por la propia recurrente ante el dolor que presentaba, si bien se decidió suspender la administración por posible reacción alérgica de la paciente, ofreciéndole a la paciente otras medidas analgésicas no farmacológicas y farmacológicas, optando la paciente por estas últimas. Por otra parte, señala que no se ha puesto de manifiesto ningún dato que revele que la actuación médica consistente en la exploración o tacto vaginal durante su ingreso se realizara en circunstancias degradantes o humillantes para la paciente. Las actuaciones e intervenciones médicas llevadas a cabo por los facultativos durante el ingreso fueron las actuaciones clínicas precisas para controlar la correcta evolución del parto iniciado espontáneamente y garantizar que el nacimiento de la hija de doña C.P., se produjera sin peligro para la vida o salud de esta, o de la madre, (lo que así se produjo al practicar la cesárea urgente, dado que con el ingreso se pudo diagnosticar a tiempo que el parto iniciado espontáneamente no progresaba, por desproporción pelvifetal con útero en lucha y deterioro de la frecuencia cardiaca fetal), sin que ninguna de esas actuaciones pueda ser calificada de trato discriminatorio por razón de la condición de mujer gestante y de parto.
A la vista de las circunstancias concretas del caso que resultan de las actuaciones y de los hechos establecidos en la instancia, considera que se debe rechazar que la actuación del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ejecutada materialmente a través del HUCA, constituya un trato discriminatorio desfavorable de la recurrente por razón de sexo con vulneración del art. 14 CE, que le ha privado del derecho de autodeterminación como paciente y del derecho al consentimiento informado, por el hecho de ser mujer embarazada, que le debían ser reconocidos en igualdad de condiciones que a los hombres, por ser la recurrente una mujer adulta con plena capacidad.
En cuanto a la discriminación indirecta que aduce la demanda, el Ministerio Fiscal señala que las medidas de ingreso obligado y las posteriores actuaciones médicas responden a un juicio de proporcionalidad adecuado puesto que frente al derecho de la madre gestante a la autodeterminación sobre el lugar y modo en que quería dar a luz, se ha de contraponer el derecho a la vida y salud delnasciturus, apreciando que debían restringirse los derechos de la madre, ante la situación de grave e inminente riesgo que había para la vida de la hija, que hacía inaplazable el ingreso urgente, en orden a garantizar la efectiva protección del derecho a la vida de la hija. En cuanto a la proporcionalidad estricta de la medida de ingreso hospitalario obligado de la madre, debe tenerse en cuenta que, sin perjuicio de que el derecho a la libertad y a la intimidad de la madre debía ceder ante el valor constitucional superior del derecho a la vida de la hija, la injerencia que se produjo realmente en los derechos invocados como vulnerados, no fue una injerencia grave, teniendo en cuenta que una vez que doña C.P., ingresó en el HUCA no fue sujeta a una verdadera privación de libertad, puesto que como se desprende de la historia clínica no tuvo ninguna custodia policial o por parte de los responsables del hospital, y fue tratada como una paciente más, estando acompañada en todo momento por su pareja y la comadrona de confianza que le había atendido privadamente, así como que la misma tras ser informada por los facultativos que le asistieron de la necesidad de realizar determinadas actuaciones e intervenciones para garantizar la vida del bebé y su propia salud, prestó su consentimiento a las actuaciones médicas que se revelaron como absolutamente necesarias por la evolución que presentó el parto, siendo en algún caso la propia recurrente la que solicitó o se interesó por la práctica de determinados actos médicos.
En el presente caso, también queda constatado, afirma, que la actuación de los facultativos del HUCA tras el ingreso hospitalario de la recurrente fue una actuación encaminada a posibilitar la evolución natural del parto que se inició espontáneamente, respetando en este sentido los facultativos el manejo expectante que deseaba la recurrente, hasta el momento en que el seguimiento y monitorización continuada del mismo reveló su no progreso y la absoluta necesidad de intervenir mediante cesárea urgente, intervención de la que fue informada y a la que prestó consentimiento la recurrente. Por lo anteriormente señalado y como conclusión, el Ministerio Fiscal rechaza la alegación de los recurrentes de que, en el presente caso, la actuación administrativa sanitaria impugnada constituyera una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo, en cuanto que no se aplicó la normativa nacional vigente en materia de derechos de autodeterminación del paciente, de manera desfavorable, en razón a la condición de mujer embarazada y de parto. No cabe tampoco atribuir a la actuación administrativa sanitaria una infracción de lo establecido por la normativa de los convenios internacionales de los que es parte España, relativos a la eliminación de toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres, en particular las mujeres embarazadas que se mencionan en el recurso. El Ministerio Fiscal se refiere a que si bien no existe un derecho fundamental a dar a luz en el propio domicilio, dicha elección puede considerarse parte del contenido del derecho de intimidad personal y familiarexart. 18.1 CE y art. 8 CEDH. En concreto, cita la STEDH de 15 noviembre de 2016, asuntoDubská y Krejzová c.República Checa).
Por otra parte, el Ministerio Fiscal pone de manifiesto que ningún dato permite establecer que la recurrente fuera objeto de un trato peyorativo y humillante por parte de los facultativos que le atendieron y realizaron las intervenciones médicas precisas, previo su consentimiento informado. Por lo que se refiere a las exploraciones o tacto vaginal consta que dicha intervención fue respetuosa, respetando, inicialmente, los facultativos al ingresar su deseo de no ser explorada y ofreciéndole ante la necesidad de dicha intervención, la posibilidad de elegir la obstetra o comadrona que deseara para dicho examen, optando doña C.P., finalmente por que se realizara la exploración por el jefe de la sección de obstetricia. Se rechaza, asimismo, que se trate de un supuesto de violencia y discriminación por razón de su condición de mujer embarazada y de parto que vulnere la Resolución de Naciones Unidas 71/170, reproduciéndose además en la demanda de amparo como si fueran los apartados de la resolución, otros que realmente corresponden al informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer sus causas y consecuencias; igualmente, se alega vulneración de la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de septiembre de 2019, pero lo que se aporta con la demanda es realmente un proyecto de resolución del Comité de igualdad y no discriminación sobre violencia obstétrica y ginecológica.
Finalmente, el Ministerio Fiscal pone de manifiesto que el resto de las vulneraciones aducidas se exponen de manera conjunta y en estrecha conexión con la cuestión sustancial que se plantea en el recurso de amparo, que es la relativa a la discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). Habiendo descartado que la actuación de la administración sanitaria haya supuesto una vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo, en consideración al estado de embarazo de la recurrente, rechaza, igualmente, que existan las vulneraciones de los derechos de intimidad personal y familiar, de prohibición de tratos inhumanos o degradantes y de libertad ideológica que se invocan en relación con el derecho de discriminación y en base a los mismos argumentos.
En relación con la vulneración del art. 15 CE, el Ministerio Fiscal reitera que no existe dato alguno en las actuaciones que permita establecer que el trato recibido por doña C.P., fuera desconsiderado y humillante. Todo el historial clínico de la misma y los informes y testimonios que se recogen por las resoluciones judiciales dictadas en el proceso de origen, revelan un trato respetuoso por parte de los facultativos, que procuraron que el parto de doña C.P., se desarrollara conforme a sus deseos y voluntad en cuanto esto fuera posible de acuerdo con la evolución que fue presentando, sin riesgo evidente constatado para el feto y ella misma; igualmente, se informó tanto a doña C.P., como a su pareja de todas las actuaciones médicas que iban siendo necesarias, firmando doña C.P., los consentimientos informados, o requiriendo ella misma determinadas actuaciones (aplicación de epidural), sin que quepa admitir que los consentimientos informados se firmaron por coacciones, en base a unas alegaciones de carácter muy genérico, cuando no se ha imputado nunca la falsedad del contenido del historial clínico aportado en el proceso.
Por lo que se refiere a la privación del derecho de libre autodeterminación de la recurrente, la restricción que implicaba la medida de ingreso hospitalario obligado estaba debidamente justificada para garantizar una finalidad legítima (la vida delnasciturus), era necesaria y fue estrictamente proporcionada. En el mismo sentido, descarta que la actuación sanitaria que se impugna haya supuesto una vulneración del derecho de intimidad personal y familiar (art. 18 CE) ya que si bien, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el hecho del nacimiento y del parto y la elección del lugar y condiciones del mismo puede considerarse que forman parte del derecho a la vida privada (art. 8 CEDH), también pone de manifiesto que no existe un derecho absoluto a decidir el lugar y condiciones del parto, cuando pueda entrañar un riesgo para la vida o salud del feto y/o de la madre, reconociendo el margen de apreciación que debe reconocerse a los Estados para regular el nacimiento en el propio domicilio y en todo caso la posible restricción del derecho de opción sobre el lugar de nacimiento cuando entran en juego otros derechos fundamentales. En el presente caso, la intervención o restricción en el derecho de la madre que opta por dar a luz en el domicilio, por el ingreso hospitalario obligado de la recurrente se produce ante un parto de riesgo alto, por los antecedentes clínicos de la madre, estando en situación de gestación prolongada o postérmino, con riesgo elevado de hipoxia fetal, riesgo que se concretó, posteriormente, en la evolución que presentó el parto tras el ingreso, que requirió la intervención urgente por cesárea tras el diagnostico de desproporción pelvifetal, lo que pone de manifiesto que la restricción del derecho de libre opción de la recurrente no fue en este caso ni arbitraria ni desproporcionada. Ello descarta igualmente la alegación de los recurrentes de vulneración del derecho a la libertad ideológica, basada exclusivamente en que la decisión de la madre de dar a luz en su domicilio dio lugar a una reacción desproporcionada de los servicios de salud del Principado.
10. Mediante providencia de 14 de noviembre de 2022, la Sala Segunda acordó proponer la avocación al Pleno del presente recurso de amparo. Por providencia de 1 de diciembre de 2022, el Pleno de este tribunal acordó, a propuesta de la Sala Segunda, recabar para sí el conocimiento de este recurso de amparo.
11. Mediante auto de 21 de febrero de 2023 se acepta por el Pleno la abstención formulada por el magistrado don César Diez Durán en el recurso de amparo núm. 899-2021, apartándole definitivamente del referido recurso y de todas sus incidencias.
12. Por providencia de 21 de febrero de 2023, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 23 del mismo mes y año.
1. Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
Los demandantes interponen recurso de amparo contra la actuación del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ejecutada por el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo (en adelante, HUCA) alegando que resulta lesiva de los derechos fundamentales que luego se dirán. También impugnan las resoluciones judiciales que no habrían remediado dicha vulneración pero sin dirigir reproche autónomo contra ellas: la sentencia núm. 164/2019, de 10 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo; la sentencia núm. 84/2020, de 11 de febrero, de la Sección Única de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y la providencia de 26 de enero de 2021, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso de casación interpuesto contra la sentencia anterior.
Los recurrentes alegan en su escrito de demanda, como ha quedado constancia en los antecedentes de esta sentencia, que la actuación impugnada, esto es la actuación del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ejecutada por el HUCA, habría vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), el derecho a la integridad física y moral y la prohibición de tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y el derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE). En concreto, se aduce que, a través de la actuación objeto del presente recurso de amparo, se ha privado a doña C.P., de sus derechos a la autonomía y al consentimiento informado en el ámbito sanitario, priorizando de forma explícita el interés delnasciturusa sus derechos fundamentales, incluso a la integridad física y psíquica, así como a la intimidad familiar y a la libertad ideológica, dando lugar a una discriminación directa e indirecta por razón de sexo. Al entender de la demanda, existe discriminación directa porque el trato peyorativo guarda conexión directa e inequívoca con el sexo de doña C.P., mujer embarazada. Existe discriminación indirecta porque los servicios de salud, sus funcionarios y autoridades, así como los órganos judiciales hacen una interpretación y aplicación de la ley que produce efectos desfavorables para las mujeres, se restringen y limitan derechos y se proporciona un trato peyorativo en un contexto de maternidad, de embarazo y de parto.
El letrado del Servicio de Salud del Principado de Asturias solicita la inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa y por falta de justificación de la especial trascendencia constitucional. Subsidiariamente, interesa su desestimación, tal y como se ha expuesto en los antecedentes de esta sentencia.
El Ministerio Fiscal solicita la inadmisión parcial del recurso de amparo por falta de legitimación respecto de don L.M.G.C., al no ostentar interés legítimo respecto de los derechos fundamentales que se invocan, y respecto de doña C.P., y don L.M.G.C., respecto de su actuación en representación de la hija menor de edad, al existir un conflicto de intereses, así como interesa, en relación con el recurso de amparo planteado por doña C.P., se desestime el mismo, tal y como se ha resumido en los antecedentes de esta sentencia, en cuanto que no se han vulnerado por las actuaciones de la administración sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en relación con su ingreso hospitalario involuntario y las actuaciones médicas durante el mismo, los derechos fundamentales aducidos en la demanda.
2. Consideraciones previas.
Antes de entrar en el examen y resolución de la controversia constitucional que plantea el presente recurso de amparo, resulta preciso referirse a algunas cuestiones preliminares, tanto de orden procesal como sustantivo.
A) Aun cuando no haya sido solicitado por los recurrentes, entiende este tribunal que, dado el objeto de este recurso, las vulneraciones de derechos fundamentales que se denuncian en el mismo y ser menor de edad una de los recurrentes, le corresponde adoptar las medidas pertinentes para la adecuada protección de los derechos reconocidos en el art. 18.1 y 4 CE, en aplicación del art. 86.3 LOTC y del acuerdo del Pleno de 23 de julio de 2015, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales («Boletín Oficial del Estado» núm. 178, de 27 de julio de 2015). En consecuencia, la presente sentencia identifica por sus iniciales a la menor a la que se refieren los hechos y a sus progenitores.
B) Delimitación y ámbito del recurso de amparo.
a) Tal y como pone de relieve el Ministerio Fiscal, hemos de poner de manifiesto la evidente relación que existe entre el presente recurso de amparo y el resuelto por la STC 66/2022, de 2 de junio, como por otra parte, se expone en su fundamento jurídico 2 B), que distinguió los dos tipos de presupuestos de hecho que se corresponden con las iniciativas de Derecho sustantivo y, también, de carácter procesal adoptadas por los demandantes en relación con los hechos de los que trae causa este proceso constitucional. Señaló la citada sentencia que «el primero de los presupuestos de hecho que dio lugar a una de las iniciativas de la parte recurrente tiene que ver con la cuestión relativa al ingreso obligado de doña C.P., en un centro hospitalario para ser atendida en su último período de gestación, previo al parto, como consecuencia de la valoración clínica, efectuada por los servicios sanitarios del establecimiento hospitalario de Oviedo, de tratarse de una situación de riesgo inminente para la vida y la salud del feto, que podrían requerir de atención médica asistencial y hospitalaria. Y el segundo de los presupuestos, que se corresponde con la siguiente de las iniciativas viene referido a las actuaciones médicas que siguieron a aquel ingreso, realizadas durante su estancia hospitalaria.
Esta dualidad de presupuestos de hecho ha determinado que, de una parte, la ahora demandante impugnara, primero en la vía judicial y ahora en la de amparo, las resoluciones de los órganos de la jurisdicción penal que autorizaron y ratificaron el ingreso obligatorio de doña C.P., en el HUCA de Oviedo; pero, de otro lado y de modo paralelo, la misma demandante llevó a los tribunales la actuación de los servicios médicos del centro hospitalario en el que fue ingresada aquella, que calificó como “vía de hecho”, haciéndolo en este último caso ante la jurisdicción contencioso-administrativa».
Pues bien, conforme a lo expuesto en la citada sentencia, ambas iniciativas procesales han llegado finalmente, por separado, a este Tribunal Constitucional, dando lugar a dos recursos de amparo: (i) el recurso de amparo núm. 6313-2019, en el que quedan identificadas, como resoluciones impugnadas, las dictadas por los órganos de la jurisdicción penal, Juzgado de Instrucción núm. 1 de Oviedo y Sección Segunda de la Audiencia Provincial de aquella capital, y que fue resuelto por la STC 66/2022; y (ii) el que ha impugnado la vía de hecho del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ejecutada por el HUCA, y que ahora es objeto de nuestro enjuiciamiento.
La doble impugnación instada por la parte ahora recurrente en amparo obligó a este tribunal a delimitar el ámbito de los dos recursos de amparo [STC 66/2022, FJ 3 B) c)], de tal manera que el resuelto por dicha sentencia quedó circunscrito a las resoluciones judiciales que autorizaron el ingreso obligatorio de doña C.P., en el HUCA, y el presente recurso de amparo queda limitado al enjuiciamiento de la queja relativa a las actuaciones médicas que siguieron a aquel ingreso.
b) El presente recurso de amparo ha de entenderse formulado al amparo del art. 43 LOTC, tal y como se expone en la demanda y señala el fiscal en sus alegaciones. De la lectura de la demanda se infiere que las lesiones de derechos fundamentales aducidas por los recurrentes se atribuyen a la actuación del servicio de salud del Principado de Asturias, ejecutada por el HUCA, y no a las resoluciones judiciales que desestimaron la demanda y el recurso por entender que las decisiones de la administración sanitaria no habían vulnerado derecho fundamental alguno. No existe un reproche autónomo contra dichas resoluciones judiciales.
En este tipo de supuestos el Tribunal ha venido destacando «el carácter instrumental que tiene la vía previa al amparo constitucional en relación con el acto que produjo la vulneración del derecho, en tanto que “las decisiones producidas en esta vía judicial no han de ser objeto de impugnación por la sola razón de no haber estimado la pretensión deducida por el recurrente. Estas decisiones desestimatorias no alteran la situación jurídica creada por el acto de la administración presuntamente lesivo de un derecho fundamental y no son, por tanto, en sí mismas causa de lesión. Otra interpretación llevaría a entender, en definitiva, que no hay más actos u omisiones atacables en vía de amparo constitucional que los actos u omisiones de los órganos judiciales” […]» (por todas, STC 71/2020, de 29 de junio, FJ 2).
C) Requisitos de admisibilidad
Debemos, asimismo, pronunciarnos ahora en relación con los óbices de procedibilidad alegados tanto por el Ministerio Fiscal como por el letrado del Servicio de Salud del Principado de Asturias. De conformidad con una reiterada doctrina constitucional, los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite, de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción se pueden volver a abordar o reconsiderar en sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC (por todas, STC 47/2022, de 24 de marzo, FJ 2, y doctrina constitucional allí citada).
a) Agotamiento de la vía previa.
El letrado del Servicio de Salud del Principado de Asturias alega, como causa de inadmisibilidad de la demanda, la falta de agotamiento de la vía judicial previa, al no haberse promovido el correspondiente incidente de nulidad de actuaciones [art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)], de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC.
No puede acogerse esta solicitud de inadmisión de la demanda de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa. El recurso de amparo se ha impetrado, tal y como ya hemos señalado, por la vía del art. 43 LOTC. Las vulneraciones planteadas se imputan a la actuación de la administración sanitaria y no hay lesión autónoma ocasionada por los órganos judiciales. No era, en consecuencia, procedente interponer un incidente de nulidad de actuaciones conforme al art. 241 LOPJ contra la sentencia núm. 84/2020, de 11 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
b) Justificación de la especial trascendencia constitucional.
El letrado del Servicio de Salud del Principado de Asturias interesa, asimismo, la inadmisión del presente recurso por el incumplimiento de la exigencia del art. 49.1in fineLOTC de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo, porque la demanda omite toda argumentación o apartado encaminado a manifestar cuál es la especial trascendencia constitucional del recurso, sin que sea posible que la exposición sobre la verosimilitud de la lesión del derecho fundamental pueda suplir la omisión de una argumentación expresa sobre la trascendencia constitucional del recurso de amparo.
No podemos acoger tampoco esta causa de inadmisión. Como se recordó en la STC 47/2022, de 24 de marzo, FJ 2, «[c]omo expresión del carácter subsidiario del recurso de amparo, entre los requisitos de admisibilidad de toda demanda se exige que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo como consecuencia de su especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) LOTC] y así haya sido suficientemente argumentado» y que «el deber de justificar de modo suficiente la especial trascendencia constitucional del recurso “tiene un alcance instrumental”, en cuanto se dirige a proporcionarle elementos de juicio para decidir sobre la admisibilidad de la demanda. Por esta razón, “siab initioel Tribunal se consideró suficientemente ilustrado, no cabe sino hacer un uso prudente de la facultad de inadmitir posteriormente la demanda por meros defectos en el modo de redactarla” (SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2, y 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 2)».
En la demanda se dedica un apartado específico a justificar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo. Tal y como se recoge con más detalle en los antecedentes de esta sentencia, se afirma que tiene engarce en la letra a) de los casos enumerados en la STC 155/2009, FJ 2, ya que aunque hay doctrina constitucional sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, esta está relacionada con el ámbito laboral y no existen pronunciamientos de este Tribunal Constitucional sobre el alcance de los derechos a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo en cuanto al embarazo y el parto en el ámbito de la salud. La demanda también expresa que concurriría el supuesto previsto en la letra g) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009.
En la providencia de 10 de mayo de 2021 se apreció que concurre en el presente recurso de amparo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)], y el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]. Pues bien, en el caso enjuiciado no apreciamos que hayan sido aducidas razones que justifiquen de forma suficiente modificar la apreciación inicial hecha al admitir la demanda a trámite [SSTC 183/2011, de 21 de noviembre, FJ 2; 96/2012, de 7 de mayo, FJ 4; 27/2013, de 11 de febrero, FJ 2; 127/2013, de 3 de junio, FJ 2; 77/2015, de 27 de abril, FJ 1, y 9/2020, de 28 de enero, FJ 3 a)], mediante la providencia de 10 de mayo de 2021. En la demanda se han puesto de relieve los datos necesarios para justificar la proyección objetiva del amparo solicitado [SSTC 143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2, y 1/2019, de 14 de enero, FJ 2 c)], por lo que hemos de entender satisfecha en el presente caso la carga de justificar la especial trascendencia constitucional a la que se refiere el art. 49.1 LOTC,in fine.
c) Legitimación.
El Ministerio Fiscal solicita la inadmisión parcial del recurso de amparo por falta de legitimación respecto de don L.M.G.C., al no ostentar interés legítimo respecto de los derechos fundamentales que se invocan, y respecto de doña C.P., y don L.M.G.C., respecto de su actuación en representación de la hija menor de edad, al existir un conflicto de intereses. Para resolver esta cuestión hemos de acudir a lo afirmado en la STC 66/2022, FJ 3 A), que ya se ha pronunciado sobre esta cuestión, teniendo en cuenta, en todo caso, que los derechos cuya vulneración se aduce en el presente recurso de amparo son tan solo parcialmente coincidentes con los derechos cuya lesión se había invocado en el recurso de amparo resuelto por la citada sentencia.
(i) No concurre la legitimación de don L.M.G.C., para actuar como parte demandante en este procedimiento constitucional de amparo, de acuerdo con la doctrina sobre la legitimación para comparecer ante este tribunal como demandante de amparo resumida en la citada STC 66/2022, FJ A) a), al que nos remitimos.
En primer lugar, no concurre dicha legitimación respecto a la vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo del art. 14 CE, con referencia a la condición de mujer embarazada y de parto, ya que, como señala el Ministerio Fiscal, no concurre en el recurrente don L.M.G.C., la condición de titular del derecho fundamental invocado ni ostenta un interés legítimo.
Por otra parte, tampoco concurre dicha legitimación en lo que afecta a los demás derechos cuya vulneración se alega en el presente recurso de amparo, de acuerdo con lo ya resuelto en la citada STC 66/2022, FJ 3 A) c) que afirmó que «todo lo relacionado con el embarazo y parto debe entenderse vinculado, fundamentalmente, a la vida privada de la mujer y, por tanto, a su derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE), así como a su derecho a la integridad física (art. 15 CE)».
Atendiendo a las razones por las que se llegó a la conclusión de que don L.M.G.C., no ostentaba legitimación para interponer el recurso de amparo en la STC 66/2022, FJ 3 A) c) ii), en relación con los derechos a la intimidad personal y a la integridad física, a las que nos remitimos en su integridad, debemos concluir que tampoco ostenta ahora dicha legitimación. A ello ha de añadirse que la vulneración del derecho a la libertad ideológica y a la intimidad familiar están fundamentados en la presente demanda de amparo en relación con la vulneración del art. 14 CE, por lo que, entendiendo que don L.M.G.C., no ostenta legitimación para la interposición de recurso de amparo para la tutela de dicho derecho, tampoco la ostenta para la tutela de los derechos que reconocen los arts. 16 y 18 CE. En definitiva, debemos apreciar el óbice procesal planteado por el Ministerio Fiscal en relación con la legitimación de don L.M.G.C.
(ii) De acuerdo con la STC 66/2022, FJ 3 A) b) debemos declararab initiola falta de legitimación de doña V.G.P., para ostentar la condición de parte demandante en este procedimiento. Las razones por las que se llegó a dicha conclusión en la citada sentencia nos llevan ahora a adoptar la misma decisión. Siguiendo lo afirmado en dicha sentencia reiteramos que no puede serle reconocida la condición de «parte legítima procesal» como demandante de amparo porque, además de tratarse de la reclamación de derechos fundamentales de otra persona, en la posición de doña V.G.P., existe un interés contrapuesto al de sus padres, toda vez que estos denunciaron, tanto en vía judicial como en sede de amparo, que habían sido lesionados los principios de prohibición de discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), de prohibición de tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y el derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE) por la actuación de la administración sanitaria desde su ingreso hasta el nacimiento de doña V.G.P. Frente a la invocación de tales derechos y a la limitación en su ejercicio, la actuación de la administración sanitaria y las resoluciones judiciales posteriores han reconocido que las actuaciones médicas estuvieron justificadas y fueron proporcionadas para preservar la vida y la salud del feto.
Con fundamento, pues, en estas consideraciones debemos estimar el óbice procesal formulado por el Ministerio Fiscal en relación con la legitimación de doña V.G.P., como parte demandante en este proceso constitucional.
3. Doctrina constitucional.
A) Como en la STC 66/2022, FJ 4 A), antes de hacer mención de los derechos fundamentales que son invocados por la parte recurrente en su demanda de amparo, debemos partir necesariamente de la referencia previa a la dignidad como valor jurídico fundamental de la persona en general, pero, de modo particular, de la dignidad de la mujer en un aspecto tan esencial y exclusivo para ella como es el de su decisión de ser madre y de realizar el parto en su hogar familiar, teniendo en cuenta las específicas circunstancias concurrentes en este caso.
Siguiendo lo afirmado en dicha sentencia, debemos recordar que «[e]ste tribunal ha declarado que «nuestra Constitución ha elevado a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, “como germen o núcleo de unos derechos que le son inherentes” y vinculada íntimamente con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE); así, la dignidad “es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás” (STC 53/1985, de 11 de abril, FFJJ 3 y 8). La dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad “suponen la base de nuestro sistema de derechos fundamentales”» (por todas, SSTC 212/2005, de 21 de julio, FJ 4; 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 8, y más recientemente, la STC 81/2020, de 15 de julio, FJ 11).
Asimismo, ha señalado que «[p]royectada sobre los derechos individuales, la regla del art. 10.1 CE implica que, en cuanto “valor espiritual y moral inherente a la persona” (STC 53/1985, FJ 8), la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre […], constituyendo, en consecuencia, unminimuminvulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos individuales, no conlleven menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona» [SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 4; 57/1994, de 28 de febrero, FJ 3 a); 192/2003, de 27 de octubre, FJ 7, y 81/2020, de 15 de julio, FJ 11]. […] Los derechos fundamentales invocados en la demanda son necesariamente una proyección de ese valor inherente a la condición humana que es la dignidad y, desde esta perspectiva, debemos realizar nuestro enjuiciamiento».
B) La demanda alega que la actuación de la administración sanitaria habría vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), el derecho a la integridad física y moral y la prohibición de tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y el derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE).
a) Existe una consolidada doctrina de este tribunal sobre el derecho a la igualdad y sobre la prohibición de discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), especialmente en el ámbito de las relaciones laborales. La STC 153/2021, de 13 de septiembre, FJ 3 a), con cita de la STC 79/2020, FJ 4, afirma que «el derecho a la igualdad reconocido en el primer inciso del art. 14 CE exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, lo que veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación objetiva y razonable [SSTC 253/2004, de 22 de diciembre, FJ 5; 117/2011, de 4 de julio, FJ 4; 149/2017, de 18 de diciembre, FJ 4, y 91/2019, de 3 de julio, FJ 4 a), entre otras muchas]. Lo que prohíbe el principio de igualdad, en definitiva, son las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, de valor generalmente aceptado [STC 91/2019, FJ 4 a)]. El juicio de igualdad, siendo relacional, exige como presupuestos obligados, de un lado, que se haya introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas; de otro, que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparación sean, efectivamente, homogéneas o equiparables, es decir, que el término de comparación no resulte arbitrario o caprichoso. Solo una vez verificado uno y otro presupuesto resulta procedente entrar a determinar la licitud o ilicitud constitucional de la diferencia de trato (SSTC 27/2004, de 4 de marzo, FJ 2; 149/2017, de 18 de diciembre, FJ 5; 111/2018, de 17 de octubre, FJ 7, y 85/2019, de 19 de junio, FJ 6)». Con todo, «[l]a virtualidad del art. 14 CE, prosigue la STC 79/2020, FJ 4, “no se agota, sin embargo, en la proclamación del derecho a la igualdad sino que a continuación el precepto se refiere a la prohibición de discriminación, entre otros motivos, por razón de sexo”. Tal tipo de discriminación comprende no solo el tratamiento peyorativo que se funda en la pura y simple constatación del sexo de la persona afectada, sino en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca, como sucede con el embarazo y la maternidad (por todas, SSTC 17/2003, de 30 de enero, FJ 3; 3/2007, de 15 de enero, FJ 2; 2/2017, de 16 de enero, FJ 5, y 79/2020, de 2 de julio, FJ 3)».
Por su parte, en la STC 71/2020, FJ 3 a), el Tribunal declara en relación con la cláusula de no discriminación por razón de sexo del art. 14 CE que, «“a diferencia del principio genérico de igualdad, que no postula ni como fin ni como medio la paridad y solo exige la razonabilidad de la diferencia normativa de trato, las prohibiciones de discriminación contenidas en el art. 14 CE implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciación establecidaex constitutione, que imponen como fin y generalmente como medio la parificación, de manera que solo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica, lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad” (STC 233/2007, de 5 de noviembre, FJ 5, y más recientemente la STC 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 3, entre otras muchas)». Poniendo de relieve, además, que la «expresa exclusión de la discriminación por razón de sexo contenida en el art. 14 CE responde a la determinación del constituyente de terminar con la histórica situación de inferioridad en que, en la vida social y jurídica, se había colocado a la mitad de la población» y que «[p]ese a ello, a día de hoy las mujeres aún soportan situaciones de desigualdad y dificultades específicas que se traducen, entre otras consecuencias, en una menor incorporación de la mujer al trabajo o en una mayor dificultad para conciliar la vida personal, familiar y laboral, particularmente por razón de la maternidad».
Asimismo, en la citada STC 71/2020, el Tribunal recuerda, con cita de la STC 91/2019, de 3 de julio, FJ 4, las distintas formas de discriminación por razón de sexo que ha abordado la doctrina constitucional, en los siguientes términos: «Desde la STC 145/1991, de 1 de julio, este tribunal incluye en la prohibición de discriminación del art. 14 CE tanto la discriminación directa como la discriminación indirecta. La primera consiste en un tratamiento perjudicial en razón del sexo en el que el sexo es objeto de consideración directa. Y respecto a la discriminación indirecta por razón de sexo, la doctrina constitucional ha asumido el concepto elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para referirse a aquellas medidas que, aunque formuladas de manera neutra, perjudican a un porcentaje muy superior de mujeres que de hombres: tales medidas están prohibidas salvo que estén justificadas por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo (SSTC 22/1994, de 27 de enero, FJ 4; 240/1999, de 20 de diciembre, FJ 6, y 253/2004, ya citada, FJ 7)».
Y añade que «[c]on relación a la discriminación directa, el Tribunal ha declarado de forma reiterada y constante, como recuerda la STC 108/2019, FJ 3, que “comprende no solo aquellos tratamientos peyorativos que encuentren su fundamento en la pura y simple constatación del sexo de la persona perjudicada, sino también los que se funden en la concurrencia de condiciones que tengan con el sexo de la persona una relación de conexión directa e inequívoca (por todas, y por referirnos a la última que lo afirma en esos estrictos términos, STC 2/2017, de 16 de enero, FJ 5), vinculando particularmente con esto último el embarazo y su incidencia en las condiciones de trabajo de la mujer, toda vez que se trata de un elemento o factor diferencial que, en tanto que hecho biológico incontrovertible, incide de forma exclusiva sobre las mujeres. En este sentido, se afirma que ‘la protección de la condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales, de suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo o la sucesiva maternidad constituyen un supuesto de discriminación directa por razón de sexo’ (en el mismo sentido, por ejemplo, STC 162/2016, de 3 de octubre, FJ 6)”». Y, «por lo que se refiere a la discriminación indirecta, la STC 91/2019, de 3 de julio, FJ 4, reitera que “cuando se denuncia una discriminación indirecta por razón de sexo, no se exige aportar como término de comparación la existencia de un trato más beneficioso atribuido única y exclusivamente a los varones, sino que exista, en primer lugar, una norma o una interpretación o aplicación de la misma que produzca efectos desfavorables para un grupo formado mayoritariamente, aunque no necesariamente de forma exclusiva, por mujeres. Y, en segundo lugar, se requiere que los poderes públicos no puedan probar que la norma que dispensa una diferencia de trato responde a una medida de política social, justificada por razones objetivas y ajenas a toda discriminación por razón de sexo. En suma, como afirmamos en la STC 253/2004, “en estos supuestos, para que quepa considerar vulnerado el derecho y mandato antidiscriminatorio consagrado en el art. 14 CE debe producirse un tratamiento distinto y perjudicial de un grupo social formado de forma claramente mayoritaria por mujeres, respecto de bienes relevantes y sin que exista justificación constitucional suficiente que pueda ser contemplada como posible límite al referido derecho (FJ 7)”».
b) Como ha afirmado recientemente este tribunal en la citada STC 66/2022, FJ 3 A) c) ii), con cita de la STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 9, «todo lo relacionado con el embarazo y parto debe entenderse vinculado, fundamentalmente, a la vida privada de la mujer y, por tanto, a su derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE), así como a su derecho a la integridad física (art. 15 CE)». Asimismo, en la citada sentencia el Tribunal afirmó que «[t]ambién en conexión con esa autodeterminación opera el derecho consagrado en el art. 15 CE, que protege “la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular” (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8, y 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5). Su finalidad es proteger la “incolumidad corporal” (STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 2), habiendo adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a su plena efectividad (STC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5). Como se indicó en la STC 37/2011, de 28 de marzo, FJ 3, este derecho fundamental conlleva una facultad negativa, que implica la imposición de un deber de abstención de actuaciones médicas salvo que se encuentren constitucionalmente justificadas y, asimismo, una facultad de oposición a la asistencia médica, en ejercicio de un derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal, como distinto del derecho a la salud o a la vida, razón por la cual hemos afirmado que el derecho a la integridad física y moral resultará afectado cuando se imponga a una persona asistencia médica en contra de su voluntad».
c) Tanto la vulneración del art. 14 CE como del art. 15 CE, se asocian en la demanda, con carácter principal, a la falta de consentimiento informado en relación con determinadas actuaciones médicas, así como genéricamente a la limitación del derecho a la autodeterminación por la no obtención del alta hospitalaria una vez iniciado espontáneamente el parto, lo que, a criterio de la parte, hacía improcedente el mantenimiento del ingreso, por no ser ya precisa la inducción del mismo. En la citada STC 37/2011, FJ 4, afirmamos que «[e]l art. 15 CE no contiene una referencia expresa al consentimiento informado, lo que no implica que este instituto quede al margen de la previsión constitucional de protección de la integridad física y m