Categoría: Administración

La Conferencia Sectorial de Administración Pública, en su reunión el día 7 de septiembre de 2022, ha aprobado el acuerdo por el que se distribuye el crédito destinado la inversión 3 del componente 11 destinada a la transformación digital y modernización de las comunidades autónomas, Ingesa y de las ciudades de Ceuta y Melilla dentro de las inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Función Pública dispone la publicación del citado acuerdo como anexo a la presente resolución.
Madrid, 19 de septiembre de 2022.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Cortés.
1. El 30 de abril de 2021 España presentó su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR) a la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El PRTR permitirá que España pueda acceder hasta 140.000 millones de euros en créditos y transferencias en el periodo 2021-2026, que junto con la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) y el resto de instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual, impulsarán reformas e inversiones en los ámbitos prioritarios a nivel europeo.
La Comisión Europea adoptó el pasado 16 de junio una propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR. La Comisión Europea ha considerado, de conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra a), y el anexo V, sección 2.1, del Reglamento (UE) 2021/241, que el PRTR representa en gran medida (Calificación A) una respuesta integral y adecuadamente equilibrada ante la situación económica y social, y contribuye así de forma adecuada a la totalidad de los seis pilares a que se refiere el artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/241, teniendo en cuenta los retos específicos y la asignación financiera del Estado miembro correspondiente. Asimismo, se espera que el PRTR contribuya a abordar eficazmente la totalidad o un subconjunto significativo de los retos (Calificación A) señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes, incluidos sus aspectos fiscales y las recomendaciones realizadas de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos dirigidas a España, o los retos señalados en otros documentos pertinentes adoptados oficialmente por la Comisión Europea en el contexto del Semestre Europeo.
En cuanto el Consejo de la Unión Europea haya adoptado una decisión de ejecución, la Comisión Europea celebrará un acuerdo con España que constituirá un compromiso jurídico individual en el sentido del Reglamento Financiero.
El compromiso jurídico no superará, para cada uno de los Estados miembros, la contribución financiera a que se refiere el artículo 11, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2021/241, para 2021 y 2022, ni la contribución financiera actualizada a que se refiere el artículo 11, apartado 2, del citado instrumento, para 2023.
Para el cálculo de la contribución financiera máxima para cada Estado miembro, el citado artículo 11 del Reglamento (UE) 2021/241, dispone lo siguiente:
«a) Para el 70 % del importe contemplado en el artículo 6, apartado 1, letra a), del citado Reglamento, convertido en precios corrientes, en función de la población, la inversa del PIB per cápita y la tasa de desempleo relativa de cada Estado miembro, según figura en la metodología indicada en el anexo II;
b) Para el 30 % del importe contemplado en el artículo 6, apartado 1, letra a), del citado Reglamento, convertido en precios corrientes, en función de la población, la inversa del PIB per cápita y, en igual proporción, el cambio del PIB real en 2020 y el cambio acumulado del PIB real durante el período 2020-2021, según figura en la metodología indicada en el anexo III. El cambio del PIB real en 2020 y el cambio acumulado del PIB real durante el período 2020-2021 se basarán en las previsiones de otoño de 2020 de la Comisión.
2. El cálculo de la contribución financiera máxima con arreglo al apartado 1, letra b), se actualizará para cada Estado miembro a más tardar el 30 de junio de 2022 mediante la sustitución de los datos de las previsiones de otoño de 2020 de la Comisión por los resultados reales en relación con el cambio del PIB real de 2020 y el cambio acumulado en el PIB real del período 2020-2021.»
2. El PRTR se estructura en cuatro ejes dedicados a la transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, que a su vez orientan diez políticas palanca y treinta componentes.
La cuarta política palanca es una Administración para el siglo XXI, que plantea una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio. El componente 11, que desarrolla esta política a través de un conjunto de reformas e inversiones, cifra como objetivos estratégicos la digitalización y modernización de las administraciones públicas, la transición energética y el refuerzo de las capacidades administrativas.
La inversión 3 del citado componente 11 (C11 I3) se refiere a la «Transformación digital y modernización del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Ministerio de Política Territorial y de las Administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales».
La inversión se orientará a seis líneas estratégicas, cuyos objetivos y actuaciones financiables deben estar alineados con la Estrategia Digital 2025, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, y otras acciones de modernización dirigidas al sector público:
El 21 de mayo de 2021 se remitió manifestación de interés dirigida a los miembros de la Conferencia Sectorial de Administración Pública (CSAP) en relación con las actuaciones financiables del programa de inversión. La manifestación de interés tenía como objetivo definir actuaciones financiables a desarrollar por las distintas administraciones con cargo a los fondos en cada una de las líneas estratégicas de la Inversión 3 del componente 11 del PRTR. A tal efecto, se identificaban las actuaciones financiables predeterminadas por los Ministerios de Política Territorial y Función Pública (actual Ministerio de Hacienda y Función Pública) y de Asuntos Económicos y Transformación Digital y se abría la posibilidad de que se propusieran dos nuevas actuaciones financiables adicionales por línea estratégica.
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación se recibieron propuestas por parte de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, País Vicente, Principado de Asturias y Región de Murcia, así como por la ciudad de Melilla. Por otra parte, se recibieron contribuciones de entidades locales, si bien la remisión de las actuaciones financiables se ha efectuado a través de la FEMP.
La definición de líneas estratégicas, objetivos y actuaciones financiables finalmente establecidas a la vista del resultado de la MDI se describe en el apartado Sexto letra b) del presente acuerdo.
El componente 11, inversión 3, línea estratégica 6, «Transformación Digital y Modernización de la AGE, CC. AA. y EE. LL. Sanidad» comprende proyectos que se dirigen a la transformación digital en Sanidad, que incidirán en distintos ámbitos como la mejora de la interoperabilidad, el desarrollo de nuevos servicios digitales y el impulso a la analítica de datos y a la explotación de la información en el Sistema Nacional de salud.
En el marco de la Estrategia de Salud Digital, aprobada por el CISNS el día 2 de diciembre de 2021 y como uno de los objetivos del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, aprobado por el Pleno del CISNS el día 15 de diciembre, la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS desarrollará el Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria en colaboración con las CC. AA. e Ingesa (responsable de la asistencia sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
Para ello, a partir de las acciones del objetivo de digitalización del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria acciones, el análisis desarrollado colaborativamente por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas e Ingesa en el marco de la Estrategia de Salud Digital del SNS, ha permitido definir tres bloques funcionales, con las líneas de actuación y proyectos prioritarios que componen el programa de trabajo:
«Centro Sanitario Inteligente»: se dirige a dotar de servicios digitales a los centros de salud de Atención Primaria con una aproximación integral centrada en el paciente, de modo que sea posible extender las prestaciones y servicios a un entorno virtual, de manera flexible, acceder desde la atención primaria a los recursos del resto de niveles asistenciales, aprovechando todas las posibilidades de la tecnología y los canales de comunicación para llegar a todos los ciudadanos, adaptándose a las circunstancias de éstos y a las nuevas demandas de la sociedad.
«Atención personalizada»: engloba proyectos que permitan diseñar, desarrollar y desplegar de manera operativa en la sanidad pública, dentro de la cartera de servicios, un modelo integral de prestación de servicios presenciales y virtuales específicamente diseñados para colectivos de pacientes que requieren una atención personalizada, continuada y sistemática, debido a su estado de salud u otras circunstancias personales, dentro del contexto general de Transformación Digital de la sanidad.
«Transformación digital de los servicios de soporte de la actividad sanitaria»: persigue el objetivo de impulsar la transformación digital de los servicios de gestión no asistenciales, en su relación con los ciudadanos.
La Conferencia Sectorial de Administración de Pública, en su reunión el día 1 de diciembre de 2021, aprobó el acuerdo por el que se distribuyó el crédito destinado la inversión 3 del componente 11 para el año 2021 destinada a la transformación digital y modernización de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla dentro de las inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El reparto para las anualidades de 2022 y 2023 se realizará en base a las mismas actuaciones financiables contempladas anteriormente.
Según el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021 de la cuantía total inicialmente prevista para las anualidades de 2021,2022 y 2023 de 578,6 millones de euros se destinarán 348,6 millones de euros para actuaciones de transformación digital encuadradas en las líneas estratégicas recogidas en la manifestación de interés para 2021, 2022 y 2023 y, como máximo, 230 millones de euros para los proyectos prioritarios acordados en el marco de la Salud Digital para 2022 y 2023. En el año 2021 se repartieron los 118.227.745,00 euros correspondientes a la citada anualidad, quedando pendientes de repartir los 460.372.255‬,00 euros de las anualidades de 2022 y 2023, de los cuales 239.072.255,00 euros corresponden al año 2022 y 221.300.000,00 euros al 2023.
De la cuantía prevista para el año 2022 169.072.255,00 euros corresponderían a las líneas 1-5 y 70 millones de euros se destinarían a la línea 6 de sanidad digital. De la cuantía prevista para 2023 61.300.000,00 euros se destinarían a las líneas 1-5 y 160 millones se destinarían a la línea 6 de sanidad digital.
En el presente Acuerdo de Conferencia sectorial se repartiría la anualidad de 2022 y se establecerían los criterios de reparto y cantidades asignadas para la totalidad del crédito, es decir, 460.372.255,00 euros, de los cuales 239.072.255,00 euros se distribuirán en el año 2022 y 221.300.000,00 euros quedarían pendientes de repartir en 2023, condicionados a la disponibilidad presupuestaria y a la apertura del presupuesto del año 2023.
3. El apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece que cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 millones de euros, deberá recabarse, con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial.
La aprobación del gasto deberá realizarse por el órgano competente con carácter previo a la celebración de la Conferencia Sectorial. Por ello, con fechas 1 de agosto y 5 de agosto de 2022, fue recabada la autorización de Consejo de Ministros y aprobado el gasto por la Ministra de Hacienda y Función Pública, respectivamente.
Por otro lado, y de acuerdo con lo previsto en el apartado cinco de la disposición adicional primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, el informe favorable, preceptivo y vinculante a emitir por el Ministerio de Hacienda con motivo de la transferencia de recursos desde la Administración central a las comunidades autónomas «será sustituido por una comunicación preceptiva y previa al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, que incorpore la información relativa a la actuación a realizar». Con base en lo anterior, con fecha de 18 de noviembre de 2021 se realizó la comunicación al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de los criterios de distribución de créditos y la distribución de créditos a realizar con motivo de la Conferencia Sectorial que se convocaría a esos efectos.
4. Por cuanto antecede, con base en los artículos 149.1.3.ª, 13.ª y 18.ª de la Constitución Española, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 148.1. f) y 141.2. a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, el Pleno de la Conferencia Sectorial acuerda:
Aprobar el criterio de distribución del crédito de 578.600.000,00 euros, correspondiente a la inversión 3 del componente 11 destinada a la transformación digital y modernización de las comunidades autónomas, Ingesa y de las ciudades de Ceuta y Melilla del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
De la cuantía total se destinarán 348,6 millones de euros para actuaciones de transformación digital encuadradas en las líneas estratégicas recogidas en la manifestación de interés para 2021, 2022 y 2023 y, como máximo, 230 millones de euros para los proyectos prioritarios acordados en el marco de la Salud Digital para 2022 y 2023, siendo trasvasables dichas cuantías en el caso de que los proyectos financiables no alcancen la cuantía máxima indicada.
En el año 2021 se repartieron los 118.227.745,00 euros correspondientes a la citada anualidad, quedando pendientes de repartir los 460.372.255‬,00 euros de las anualidades de 2022 y 2023, de los cuales 239.072.255,00 euros corresponden al año 2022 y 221.300.000,00 euros al 2023.
De la cuantía prevista para el año 2022 169.072.255,00 euros corresponderían a las líneas 1-5 y 70 millones de euros se destinarían a la línea 6 de sanidad digital. De la cuantía prevista para 2023 61.300.000,00 euros se destinarían a las líneas 1-5 y 160 millones se destinarían a la línea 6 de sanidad digital.
En el presente Acuerdo de Conferencia sectorial se repartiría la anualidad de 2022 y se establecerían los criterios de reparto y cantidades asignadas para la totalidad del crédito, es decir, 460.372.255,00 euros, de los cuales 239.072.255,00 euros se distribuirán en el año 2022 y 221.300.000,00 euros quedarían pendientes de repartir en 2023, condicionados a la disponibilidad presupuestaria y a la apertura del presupuesto del año 2023.
De conformidad con el párrafo primero del apartado 2.a) del artículo 86 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en ejecución de los créditos que hayan de distribuirse territorialmente a favor de las comunidades autónomas, para su gestión y administración, se tendrán en cuenta, entre otras reglas, los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios y su distribución, que se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico.
Para llevar a cabo la distribución del crédito por comunidades autónomas se ha tenido en cuenta únicamente el criterio poblacional para la determinación de los importes correspondientes a cada comunidad autónoma y a las ciudades de Ceuta y Melilla como entidades ejecutoras:
Este indicador mide la cifra oficial de población (de todas las edades y características) de acuerdo al Padrón municipal que los ayuntamientos remiten al Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este criterio se reparte el 100 % de los fondos de las líneas 1-5.
Para obtener la participación de cada comunidad autónoma y de las ciudades de Ceuta y Melilla en ese 100 % (lo que se ha denominado «peso ponderado») lo primero que se hace es calcular el porcentaje de población que tienen sobre el total nacional en el último dato disponible (2021). Finalmente, al multiplicar por el 100 % que pesa este indicador, se obtiene el «peso ponderado» (El peso ponderado del indicador determina el porcentaje de los fondos que corresponderían a cada comunidad autónoma).
Para los 70 millones de 2022 y de los 130 millones de 2023 de la línea 6 Sanidad se han tenido en cuenta tres criterios:
– El 84 % del importe, se distribuirá proporcionalmente al criterio poblacional entre las comunidades autónomas e Ingesa (Ceuta y Melilla), dado que, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que asigna a este Instituto la gestión de los derechos y obligaciones del Insalud, así como las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla, así como cuantas otras actividades sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios.
– El 10 % mediante una cantidad fija igual a cada comunidad autónoma e Ingesa.
– El 6 % restante a repartir entre las CC. AA. que lideren proyectos de ejecución colaborativa.
Esta propuesta de criterios fue validada por la Comisión de Salud Digital (CSD) del Consejo Interterritorial del SNS en su reunión del día 11 de febrero de 2022.
Asimismo, el Consejo Interterritorial del SNS, en el pleno celebrado el día 6 de abril de 2022, aprobó el Plan de trabajo y los criterios de selección de los proyectos en las tres áreas funcionales establecidas en el PERTE de Salud de Vanguardia y fue informado de la propuesta de criterios de distribución aprobada por la CSD.
A continuación, se describen los tres criterios:
1. Criterio población (peso 84 %).
Este indicador mide la cifra oficial de población (de todas las edades y características) de acuerdo al padrón municipal que los ayuntamientos remiten al Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este criterio se reparte el 84 % de los fondos de la línea 6 Sanidad Digital.
Para obtener la participación de cada comunidad autónoma y de las ciudades de Ceuta y Melilla en ese 84 % (lo que se ha denominado «peso ponderado») lo primero que se hace es calcular el porcentaje de población que tienen sobre el total nacional en el último dato disponible (2021). Finalmente, al multiplicar por el 84% que pesa este indicador, se obtiene el «peso ponderado» (El peso ponderado del indicador determina el porcentaje de los fondos que corresponderían a cada comunidad autónoma).
2. Criterio cantidad fija e igual para CC. AA. e Ingesa.
Este criterio de distribución equitativa de un 10 % del presupuesto ya ha sido utilizado previamente tanto por la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación para el SNS como por la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, con la aprobación del Consejo Interterritorial del SNS para la distribución de fondos procedentes del Convenio entre Farmaindustria y los Ministerios de Sanidad y de Hacienda.
El objetivo de este criterio es garantizar a cada una de las organizaciones que ejecuta los proyectos (es decir, cada CA y el Ingesa), un nivel mínimo de recursos tecnológicos, de infraestructuras de sistemas de información y de recursos organizativos que permitan poner en marcha los proyectos. Esta necesidad de recursos mínimos tiene en cuenta que, en todos los casos, se trata de poner en marcha proyectos de sistemas de información que conllevan aspectos de integración e interoperabilidad con los sistemas del SNS, así como de ciberseguridad, que tienen unos costes mínimos prácticamente independientes del volumen de usuarios.
3. Criterio Liderazgo de proyectos colaborativos.
Este criterio, para el que se ha reservado un 6 % del presupuesto, servirá para proporcionar a las comunidades autónomas que lideran proyectos colaborativos recursos adicionales para atender a las labores de coordinación, definición de modelos compartidos, validación de resultados o componentes de las comunidades participantes, integración con proyectos de otros grupos de trabajo e interlocución con otras comunidades autónomas liderando proyectos dentro del mismo grupo de trabajo.
Este importe (en el orden de magnitud de los costes que habitualmente tienen las oficinas de proyecto en sistemas de información de alta complejidad) se ha distribuido entre las comunidades autónomas que lideran proyectos en atención a dos componentes, tal y como aprobó la Comisión de Salud Digital del CISNS: el importe total estimado de cada línea de actuación (que agrupa varios proyectos colaborativos) y los participantes en la misma (midiendo la complejidad de coordinación como el producto del número total de comunidades líderes por comunidades autónomas participantes). Al primer componente se le ha asignado un 40 % del 6 % a distribuir (o sea 2,4 % del total) y al segundo el 60 % restante (es decir el 3,6 %). Si hay más de una CA líder en la misma línea de actuación se distribuyen ambos componentes en partes iguales entre ellas.
Los proyectos se ubican en tres áreas funcionales:
1. El área funcional de actuación «Centro Sanitario Inteligente», se dirige a dotar de servicios digitales a los centros de salud de Atención Primaria con una aproximación integral centrada en el paciente, de modo que sea posible extender las prestaciones y servicios a un entorno virtual, de manera flexible, acceder desde la atención primaria a los recursos del resto de niveles asistenciales, aprovechando todas las posibilidades de la tecnología y los canales de comunicación para llegar a todos los ciudadanos, adaptándose a las circunstancias de éstos y a las nuevas demandas de la sociedad.
2. El área funcional de actuación «Atención personalizada», engloba proyectos que permitan diseñar, desarrollar y desplegar de manera operativa en la sanidad pública, dentro de la cartera de servicios, un modelo integral de prestación de servicios presenciales y virtuales específicamente diseñados para colectivos de pacientes que requieren una atención personalizada, continuada y sistemática, debido a su estado de salud u otras circunstancias personales, dentro del contexto general de Transformación Digital de la sanidad.
3. Por último, el área funcional «Transformación digital de los servicios de soporte de la actividad sanitaria», persigue el objetivo de impulsar la transformación digital de los servicios de gestión no asistenciales, en su relación con los ciudadanos.
En estas áreas se han definido siete bloques de proyectos colaborativos, para los que, a través de los correspondientes grupos de trabajo con las comunidades autónomas, se han desarrollado un total de dieciséis líneas de actuación, sobre la que se aplicado el criterio del 6 % de presupuesto asignado a las comunidades autónomas que lideran los proyectos como se recoge en esta tabla.
Hitos y objetivos a cumplir en el anexo de la Decisión de la Comisión por la que se aprueban los acuerdos operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 de 29 de octubre de 2021, C(2021) 7903 final:
Dentro del componente 11 los hitos y objetivos CID vinculados que afectan a este acuerdo:
– Hito H 167: Digitalización de entidades regionales y locales.
• Descripción: Las comunidades autónomas y los gobiernos locales han completado proyectos dentro de las líneas estratégicas de la Estrategia Digital 2025, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas y el resto de acciones de modernización previstas para el Sector Público. En concreto:
a) Cada Comunidad Autónoma ha completado al menos un proyecto en una de las cinco líneas estratégicas (1. Administración orientada al ciudadano, 2. Operaciones inteligentes, 3. Un gobierno de los datos, 4. Infraestructuras digitales, y/o 5. Ciberseguridad);
b) El 60 % de los trámites digitales de las administraciones autonómicas permiten su uso por móvil (Actual: 48 %).
Mecanismo de verificación: Documento resumen que justifique debidamente cómo el hito (incluyendo los elementos relevantes del hito, tal y como se enumeran en la descripción del hito y de la medida correspondiente en el anexo del CID) se ha cumplido satisfactoriamente. Este documento incluirá como anexo las siguientes pruebas documentales: para punto (a) del hito: 1) copia de los certificados oficiales certificados que acrediten que los proyectos se han completado. Los certificados deberán indicar claramente los nombres de los proyectos finalizados por cada Comunidad Autónoma; y 2) extracto de las correspondientes especificaciones técnicas de estos proyectos describiendo la línea estratégica a la que los proyectos se refieren; para el punto b) del hito: una copia del Informe IRIA sobre Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas por el Observatorio de la Administración Electrónica. (El informe indicará claramente el porcentaje de procedimientos digitales de las administraciones regionales para su uso en móvil antes y después de la aplicación de la acción).
• Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el cuarto trimestre de 2023.
– Objetivo O 168: Adjudicación de proyectos de apoyo a la transformación digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Entes locales (por 1.000 millones de euros).
• Descripción: Publicación en el diario oficial o en la plataforma de contratación pública de la adjudicación de proyectos que abarquen los siguientes ámbitos - Transformación digital en términos de proactividad, movilidad, experiencia de usuario; - Transformación digital en términos de automatización y administración pública centrada en los datos; - Transformación digital en términos de e infraestructuras físicas, lógicas ysoftware;- Transformación digital en términos de ciberseguridad.
• Mecanismo de verificación: Documento de síntesis que justifique debidamente la forma en que el objetivo (incluyendo los elementos relevantes del objetivo, tal y como figuran en la descripción de objetivo y de la medida correspondiente en el anexo del CID) se ha cumplido satisfactoriamente. Los documentos de síntesis incluirán en una hoja de cálculo anexa lo siguiente pruebas y elementos documentales: código oficial y nombres del proyecto y para cada uno de ellos, a) lista de la publicación de las adjudicaciones en el DO o en la plataforma de plataforma de contratación pública; b) el importe adjudicado (sin IVA); c) información sobre el área de transformación digital a la que se refieren los proyectos. A partir de una muestra que será seleccionada por la Comisión, se presentarán las siguientes pruebas documentales para cada una de las unidades (proyectos) seleccionadas: a) Copia de la publicación de las adjudicaciones en el DO o en la plataforma de contratación pública indicando el importe (sin IVA); b) Documento oficial que describa el proyecto y que acredite su adecuación a la descripción del objetivo e inversión en la CID.
• Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el segundo trimestre de 2025.
– Hito H 169: Finalización de todos los proyectos de apoyo a la transformación digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de las Administraciones de las comunidades autónomas y de los entes locales.
• Descripción: Finalización de todos los proyectos que cubren las siguientes áreas (en línea con el objetivo n.º 168) - Transformación digital en términos de proactividad, movilidad, experiencia del usuario - Transformación digital en términos de automatización y administración pública centrada en los datos - Transformación digital en términos de infraestructuras físicas, lógicas ysoftware.- Transformación digital en términos de ciberseguridad.
• Mecanismo de verificación: Documento de síntesis que justifique debidamente la forma en que el hito (incluyendo todos los elementos constitutivos elementos constitutivos) se ha cumplido satisfactoriamente, con vínculos adecuados a las evidencias subyacentes.
Este documento incluirá como anexo una hoja de cálculo que contenga la siguiente información: código oficial y nombre de los proyectos que se están realizando y para cada uno de la referencia oficial del certificado oficial expedido con arreglo a la legislación nacional o procedimientos internos de evaluación y certificación de la finalización del proyecto. Sobre la base de una muestra seleccionada por la Comisión, se presentarán las siguientes pruebas documentales para cada una de las unidades (proyectos) seleccionadas: a) Copia del certificado oficial emitido por el organismo competente de la administración pública de acuerdo con la legislación nacional o procedimientos internos que evalúan y certifican la realización del proyecto y su conformidad con las condiciones del contrato o acuerdo de transferencia.
• Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el segundo trimestre de 2026.
Indicadores adicionales incluidos en el anexo II delOperational Arrangements(OA, por sus siglas en inglés):
– O 168.1: Informe de situación con el número de proyectos adjudicados y el gasto comprometido de los proyectos de apoyo a la transformación digital de las Administraciones públicas regionales y locales y del Ministerio de Hacienda y de Función Pública y del Ministerio de Política Territorial.
• Descripción: Informe de situación con el número de proyectos adjudicados y el gasto comprometido de los proyectos de apoyo a la transformación digital.
• Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el segundo trimestre de 2024.
Efectuar la distribución del crédito correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023 del servicio 50 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del programa 94KC, 239.072.255,00 euros, incluido en el presupuesto de gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública para 2022, y 221.300.000,00 euros para la anualidad de 2023. La anualidad de 2022 se transferiría este año y la de 2023 quedaría condicionada a la disponibilidad de crédito y se repartiría en 2023 una vez se abra el año presupuestario.
En el año 2021 se repartieron los 118.227.745,00 euros correspondientes a la citada anualidad, quedando pendientes de repartir los 460.372.255‬,00 euros de las anualidades de 2022 y 2023, de los cuales 239.072.255,00 euros corresponden al año 2022 y 221.300.000,00 euros al 2023.
De la cuantía prevista para el año 2022 169.072.255,00 euros corresponderían a las líneas 1-5 y 70 millones de euros se destinarían a la línea 6 de sanidad digital. De la cuantía prevista para 2023 61.300.000,00 euros se destinarían a las líneas 1-5 y 160 millones se destinarían a la línea 6 de sanidad digital, condicionada su distribución a la disponibilidad presupuestaria.
En el presente Acuerdo de Conferencia sectorial se repartiría la anualidad de 2022 y se establecerían los criterios de reparto y cantidades asignadas para la totalidad del crédito, es decir, 460.372.255,00 euros, de los cuales 239.072.255,00 euros se distribuirán en el año 2022 y 221.300.000,00 euros quedarían pendientes de repartir en 2023, condicionados a la disponibilidad presupuestaria y a la apertura del presupuesto del año 2023.
La distribución es la que se indica a continuación, desglosada por las líneas estratégicas y criterios.
2022. Distribución del crédito de 169.072.255,00 euros:
2023. Criterio para distribución del crédito de 61.300.000,00 euros:
El total para 2022 y 2023 sería de 230.372.255,00 euros según la siguiente distribución:
Criterios de distribución para la línea 6: Sanidad digital.
Los criterios objetivos de asignación utilizado para el reparto del crédito correspondiente a la línea 6 (70.000.000,00 euros para el año 2022 y 160.000.000 euros para el año 2023) y su ponderación es la siguiente:
1) Población: 84,0 %.
Esta puede obtenerse de fuentes oficiales y de forma regular en el tiempo, para que sea relativamente reciente, está disponible para todo el territorio nacional, está desagregado por comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla (gestionadas por Ingesa) como entidades ejecutoras, permite atender equilibradamente a sus diversas necesidades y es pertinente y no redundante para los objetivos del reparto.
Teniendo en cuenta el criterio objetivo de asignación, la distribución territorial de los créditos correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023 del servicio 50 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluidos en el presupuesto de gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es la siguiente:
2022. Distribución del crédito de 58.800.000,00 euros (84 % de 70.000.000,00 euros):
2023. Criterio para la distribución del crédito de 134.400.000,00 euros (84 % de 160.000.000,00 euros):
2) Mediante una cantidad fija igual a cada comunidad autónoma e Ingesa (Ceuta y Melilla).
Este criterio de distribución equitativa de un 10 % del presupuesto ya ha sido utilizado previamente tanto por la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación para el SNS como por la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, con la aprobación del Consejo Interterritorial del SNS para la distribución de fondos procedentes del Convenio entre Farmaindustria y los Ministerios de Sanidad y de Hacienda.
El objetivo de este criterio es garantizar a cada una de las organizaciones que ejecuta los proyectos (es decir, cada CA y el Ingesa), un nivel mínimo de recursos tecnológicos, de infraestructuras de sistemas de información y de recursos organizativos que permitan poner en marcha los proyectos. Esta necesidad de recursos mínimos tiene en cuenta que, en todos los casos, se trata de poner en marcha proyectos de sistemas de información que conllevan aspectos de integración e interoperabilidad con los sistemas del SNS, así como de ciberseguridad, que tienen unos costes mínimos prácticamente independientes del volumen de usuarios.
Según el criterio objetivo de asignación, la distribución territorial de los créditos correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023 del servicio 50 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluidos en el presupuesto de gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es:
2022. Distribución del crédito de 7.000.000,00 euros (10 % de 70.000.000,00 euros):
2023. Distribución del crédito de 16.000.000,00 euros (10 % de 160.000.000,00 euros):
3) Liderazgo de proyectos en colaboración entre CC. AA.
El 6 % restante a repartir entre las CC. AA. que lideran proyectos colaborativos.
Este criterio, para el que se ha reservado un 6% del presupuesto, servirá para proporcionar a las comunidades autónomas que lideran proyectos colaborativos recursos adicionales para atender a las labores de coordinación, definición de modelos compartidos, validación de resultados o componentes de las comunidades participantes, integración con proyectos de otros grupos de trabajo e interlocución con otras comunidades autónomas liderando proyectos dentro del mismo grupo de trabajo.
Este importe (en el orden de magnitud de los costes que habitualmente tienen las oficinas de proyecto en sistemas de información de alta complejidad) se ha distribuido entre las comunidades autónomas que lideran proyectos en atención a dos componentes, tal y como aprobó la Comisión de Salud Digital del CISNS: el importe total estimado de cada línea de actuación (que agrupa varios proyectos colaborativos) y los participantes en la misma (midiendo la complejidad de coordinación como el producto del número total de comunidades líderes por comunidades autónomas participantes). Al primer componente se le ha asignado un 40 % del 6 % a distribuir (o sea 2,4 % del total) y al segundo el 60 % restante (es decir el 3,6 %). Si hay más de una CA líder en la misma línea de actuación se distribuyen ambos componentes en partes iguales entre ellas.
Teniendo en cuenta el criterio objetivo de asignación, la distribución territorial de los créditos correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023 del servicio 50 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluidos en el presupuesto de gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es la siguiente:
2022. Distribución del crédito de 4.200.000,00 euros (6 % de 70.000.000,00 euros):
2023. Distribución del crédito de 9.600.000,00 euros (6 % de 160.000.000,00 euros):
Total anualidades 2022 y 2023 para la línea 6 230.000.000,00 euros.
La distribución total de crédito será la suma de las cuantías de las líneas 1-5 y la línea 6 de acuerdo al siguiente cuadro.
Los créditos que corresponda gestionar a cada comunidad autónoma, Ingesa y a las ciudades de Ceuta y Melilla (como entidades ejecutoras) se librarán de una sola vez en cada ejercicio y se harán efectivos de acuerdo con lo previsto por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de conformidad con los compromisos financieros que se describen a continuación, que se formalizarán mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública. La Comisión Sectorial de administración electrónica, presidida por la persona titular de la Secretaría General de Administración Digital, como órgano técnico de cooperación en materia de administración electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial, de acuerdo con la disposición adicional novena de la Ley 40/2015, se encargará de asegurar la cooperación con las Comunidades Autónomas para que estas puedan proporcionar información necesaria sobre las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Respecto a la línea 6 salud digital con fecha 12 de mayo de 2022, la Comisión de Salud Digital, acordó la aprobación del punto 3.1 relativo al «Plan de Acción para la Digitalización de la Atención Primaria y Comunitaria en el periodo 2022-2023», donde se propone la distribución de fondos siguiente:
10 % del total distribuido por igual entre todas las comunidades autónomas e Ingesa;
6 % del total para apoyar a las comunidades autónomas/Ingesa que lideran proyectos colaborativos, que se distribuirán en función del número de comunidades autónomas/Ingesa participantes y del importe total de los proyectos colaborativos;
84 % del total distribuido entre las comunidades autónomas e Ingesa (Melilla, Ceuta) según criterio poblacional, de acuerdo con el censo publicado por el INE a 1 de enero de 2021.
Los criterios de priorización de los proyectos de la línea 6 modernización y transformación digital de la Sanidad, así como los de distribución entre las comunidades autónomas se presentaron a las CC. AA. en el Pleno ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del día 15 de junio con la propuesta de reparto para la línea 6 y tendrán efectividad en los ejercicios 2022 y 2023.
Para el seguimiento y la certificación de los proyectos de la línea 6 de sanidad digital con importe de 230 millones de euros (70 millones de euros en 2022 y 160 millones de euros 2023) se establecerá un acuerdo ministerial entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Sanidad para garantizar que los proyectos realizados por las CC. AA. e Ingesa, como responsable de la atención sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cumplen las condiciones de elegibilidad.
Adicionalmente, dado que las actuaciones están incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro del Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, están sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos fijados en dicho Plan.
Las actuaciones se pondrán en funcionamiento con plena sujeción a lo señalado en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), definiendo los correspondientes instrumentos jurídicos de manera que permitan la consecución de los hitos y objetivos marcados en el PRTR. Para el principio de no causar daño significativo, se presentará la oportuna evaluación de cumplimiento. Se garantizará el pleno respeto a la normativa reguladora de las ayudas de Estado, así como se asegurará el cumplimiento de la normativa europea y nacional aplicable, en especial, las medidas relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses. La definición, planificación y ejecución de los subproyectos autonómicos o locales financiados con los créditos transferidos mediante este Acuerdo se ajustarán a los principios de gestión específicos del PRTR establecidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a lo establecido en la Orden HFP/1031/2021, de 20 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Será obligatorio que los créditos estén comprometidos antes del 31 de diciembre de 2024 y totalmente ejecutados antes del 30 de junio de 2026. Los proyectos que estén ejecutados antes de junio de 2024 deberán reflejarse en el informe de seguimiento de situación del objetivo 168.1 y deberá enviarse la documentación de los mismos de forma que se pueda ir verificando el cumplimiento del hito 169 y emitiendo los correspondientes certificados. Las CC. AA. deberán remitir la documentación de proyectos que vayan finalizando también después de dicha fecha lo antes posible, para así asegurar de forma más efectiva el cumplimiento del hito en plazo y el seguimiento del mismo.
Con arreglo a lo previsto en el artículo 17.2 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, las medidas iniciadas a partir del 1 de febrero de 2020 podrán optar a financiación siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el citado Reglamento, así como las previsiones contenidas en el presente acuerdo y en la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de aplicación.
La gestión de estos créditos por las comunidades autónomas se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
A la ejecución de los créditos consignados en el servicio 50, «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» del Ministerio de Hacienda y Función Pública, le será de aplicación las especialidades previstas en el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre:
«a) A los efectos dispuestos en la regla quinta del artículo 86.2 de la LGP, una vez aprobada la distribución definitiva de los créditos en la correspondiente Conferencia Sectorial podrán librarse en su totalidad a cada comunidad autónoma de una sola vez.
b) A efectos de lo dispuesto en la regla sexta del artículo 86.2 de la LGP, de la cantidad que corresponda transferir a cada comunidad autónoma no se descontarán los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al término de cada ejercicio para esos créditos, que estén poder de las comunidades autónomas, que seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos.
Si el gasto o actuación al que corresponde el remanente resultase suprimido en el presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante que no estuviese comprometido se reintegrará al Estado.
En el marco de las conferencias sectoriales y de acuerdo con las previsiones incluidas en el Plan Nacional de Recuperación, se procederá a la aprobación de los criterios de distribución de fondos para subvenciones gestionadas por las CC. AA. (artículo 86 LGP) con carácter plurianual.»
Las comunidades autónomas, Ingesa, las ciudades de Ceuta y Melilla y el Ministerio de Hacienda y Función Pública adoptan los siguientes compromisos financieros a los efectos de ejecución de la presente línea de financiación, de conformidad con la normativa de la Unión Europea de aplicación, y lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre:
a) Los pagos a las entidades ejecutoras (cada comunidad autónoma, Ingesa y a las ciudades de Ceuta y Melilla) para hacer efectivos los créditos asignados a la inversión se librarán de una sola vez en cada ejercicio, tan pronto se haya efectuado el reparto territorial de los créditos, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siempre que exista disponibilidad presupuestaria y atendiendo a las condiciones establecidas en el presente acuerdo.
b) Los ingresos de las entidades ejecutoras (comunidades autónomas, Ingesa y a las ciudades de Ceuta y Melilla) procedentes de esta línea de financiación están legalmente afectados a financiar proyectos incluidos en alguna o algunas de las actuaciones financiables encuadradas en las seis líneas estratégicas que se describen a continuación:
Línea estratégica 1. Administración orientada a la ciudadanía.
Objetivo: mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y empresas, favoreciendo la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios públicos digitales y la modernización de los procesos.
Actuaciones financiables:
1a. Desarrollo de los servicios más utilizados por los ciudadanos en modo App móvil o a través de una interfaz adaptable («responsive») integrada en mi carpeta ciudadana de la AGE.
1b. Desarrollo o adaptación de servicios exentos de barreras transfronterizas para ciudadanos y empresas europeos.
Línea estratégica 2. Operaciones inteligentes.
Objetivo: mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las administraciones públicas, a través de la utilización de tecnologías de automatización inteligente (Robotic Process Automation,Artificial Intelligence, etc.).
Actuaciones financiables:
2a. Puesta a marcha de un proyecto para automatizar procesos de prestación de servicios al ciudadano. Servicios de automatización Inteligente (IA, BPM, contratación pública electrónica, ayudas).
Línea estratégica 3. Gobierno del dato.
Objetivo: democratizar el acceso a los datos por parte de ciudadanos, empresas y empleados y empleadas públicos, permitiendo el libre acceso a la información y su replicabilidad, así como el uso de los datos para el desarrollo de servicios digitales de alto valor añadido orientados al ciudadano.
Actuaciones financiables:
3a. Gobierno del dato (almacenes de datos, modelos analíticos, reutilización de la información).
3b. Gestión e intercambio transparente de datos.
Las plataformas del dato que se desarrollen en esta línea estratégica deberán ser integrables, bajo la perspectiva de la federación de datos, con elData lakede la Administración General del Estado, permitiendo así habilitar proyectos interoperables entre la Administración General del Estado y otras Administraciones públicas.
Línea estratégica 4. Infraestructuras digitales.
Objetivo: dotar a las administraciones públicas españolas de las infraestructuras tecnológicas necesarias para su modernización, con el fin de asegurar la disponibilidad en cualquier circunstancia y de adaptar la capacidad disponible a las necesidades existentes en cada momento, contribuyendo a desarrollar la conectividad digital, la economía del dato y la inteligencia artificial en las administraciones.
Actuaciones financiables:
4a. Puestos de trabajo inteligente a disposición de los empleados públicos.
4b. Infraestructuras de Centro de Proceso de Datos (CPD) sostenibles.
Línea estratégica 5. Ciberseguridad.
Objetivo: garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios digitales prestados por las administraciones públicas y mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
Actuaciones financiables:
5a. Refuerzo de la ciberseguridad de entidades. Puesta en marcha de un centro de operaciones de ciberseguridad.
5b. Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.
Línea estratégica 6. Sanidad (para los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023).
Los proyectos se ubican en tres áreas funcionales:
1. El área funcional de actuación «Centro Sanitario Inteligente», se diri