Categoría: Economía y Empleo

A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de Economía Circular de Andalucía.
Exposición de motivos.
Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Definiciones.
Artículo 4. Principios rectores.
Artículo 5. Objetivos.
Artículo 6. Tramitación electrónica.
Título II. Gobernanza.
Capítulo I. Organización administrativa.
Artículo 7. Oficina Andaluza de Economía Circular.
Capítulo II. Planificación en materia de economía circular.
Artículo 8. Estrategia Andaluza para la Economía Circular.
Artículo 9. Instrumentos de planificación de ámbito local por una economía circular.
Artículo 10. Integración de la circularidad en los instrumentos de planificación.
Capítulo III. Contratación pública ecológica.
Artículo 11. Medidas de circularidad en la contratación pública ecológica.
Artículo 12. Contratación pública de productos clave.
Título III. Implantación de la economía circular.
Capítulo I. Análisis de ciclo de vida.
Artículo 13. Implantación del análisis de ciclo de vida de productos, obras y servicios.
Artículo 14. Registro público andaluz de análisis de ciclo de vida.
Capítulo II. Circularidad en producción y consumo.
Artículo 15. Aplicación de los principios de sostenibilidad a productos.
Artículo 16. Fortalecimiento de la economía de funcionalidad y de servicio.
Artículo 17. Gestión de bienes no vendidos.
Artículo 18. Impulso de la reparabilidad y prolongación de la durabilidad de los productos.
Artículo 19. Consumo sostenible y responsable.
Artículo 20. Promoción del consumo sostenible y responsable.
Capítulo III. Circularidad en servicios y procesos.
Artículo 21. Impulso de la circularidad en los servicios.
Artículo 22. Impulso de la circularidad en los procesos de producción.
Capítulo IV. Impulso económico a la economía circular.
Artículo 23. Mecanismos de promoción de las actividades relacionadas con la economía circular.
Artículo 24. Actividades prioritarias.
Capítulo V. Inversiones empresariales de interés estratégico en economía circular.
Artículo 25. Objeto.
Artículo 26. Actividades de valorización material.
Título IV. Gestión de los residuos.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 27. Normas generales, objetivos y medidas de prevención.
Artículo 28. Gestión circular de los residuos.
Artículo 29. Gestión circular de los residuos municipales.
Capítulo II. Sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor del producto.
Artículo 30. Sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor del producto.
Artículo 31. Promoción de los sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor del producto.
Capítulo III. De los subproductos y el fin de la condición de residuo.
Artículo 32. Medidas de agilización administrativa.
Artículo 33. Subproductos.
Artículo 34. Fin de la condición de residuo.
Capítulo IV. Prevención, reducción y Gestión de basura marina.
Artículo 35. Prevención y recogida de basuras marinas.
Artículo 36. Concienciación y formación sobre prevención y recogida de basuras marinas.
Artículo 37. Incentivos a la prevención y recogida de basuras marinas.
Título V. Cadenas de valor de productos clave.
Capítulo I. Implantación de la circularidad para productos clave.
Artículo 38. Herramientas generales para la implantación y desarrollo.
Artículo 39. Relaciones de simbiosis industrial en cadenas de valor de productos clave.
Artículo 40. Recuperación de materias primas fundamentales.
Artículo 41. Concienciación y colaboración ciudadana en productos clave.
Capítulo II. Aparatos electrónicos, eléctricos, baterías y vehículos.
Artículo 42. Mejora de la recogida y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Artículo 43. Fondos circulares de conectividad digital.
Artículo 44. Mejora de la gestión de residuos de vehículos al final de su vida útil.
Capítulo III. Plásticos y envases.
Artículo 45. Objetivos de reducción de plásticos y envases.
Artículo 46. Uso eficiente de los recursos.
Capítulo IV. Productos textiles.
Artículo 47. Objetivos para recogida separada de textiles.
Artículo 48. Investigación, desarrollo e innovación en la industria textil y ecodiseño.
Artículo 49. Reutilización y reciclaje de textiles.
Capítulo V. Alimentos, nutrientes y bioproductos.
Artículo 50. Objeto.
Artículo 51. Coordinación en materia de bioeconomía circular.
Artículo 52. Reducción del desperdicio alimentario.
Artículo 53. Acuerdos voluntarios de carácter social en materia de alimentación.
Artículo 54. Recogida selectiva de biorresiduos.
Artículo 55. Recuperación de nutrientes.
Artículo 56. Compostaje doméstico individual y comunitario.
Artículo 57. Bioindustrias.
Artículo 58. Materiales naturales procedentes de la industria agroalimentaria.
Capítulo VI. Implantación de la circularidad en las aguas.
Artículo 59. Economía circular en las aguas.
Artículo 60. Planificación de medidas de circularidad en las aguas.
Artículo 61. Técnicas de drenaje sostenibles.
Artículo 62. Economía circular para alcanzar los objetivos ambientales en las masas de agua.
Artículo 63. Aguas regeneradas.
Artículo 64. Fiscalidad.
Artículo 65. Plan para la reutilización de los lodos procedentes de depuración.
Capítulo VII. Construcción y edificios.
Artículo 66. Principios generales.
Artículo 67. Ecodiseño y requisitos aplicables a la construcción. Construcción ecoeficiente.
Artículo 68. Fomento de la circularidad y el ecodiseño en obra pública.
Artículo 69. Sistemas de certificación voluntarios generales y específicos para la construcción.
Artículo 70. Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en ámbitos locales.
Artículo 71. Promoción de la rehabilitación de viviendas y edificios.
Artículo 72. Impulso de la rehabilitación de viviendas y edificios.
Título VI. Formación, investigación, desarrollo e innovación.
Artículo 73. Promoción de la formación, investigación, desarrollo e innovación.
Artículo 74. Apoyo a la investigación en materia de economía circular.
Artículo 75. Impulso a la circularidad.
Artículo 76. Investigación, desarrollo e innovación en la industria de productos clave.
Artículo 77. Centro de Innovación Digital de Economía Circular de Andalucía.
Título VII. Responsabilidad, vigilancia, Inspección, control y régimen sancionador.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 78. Atribuciones y competencias de vigilancia, inspección y control y ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 79. Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador.
Artículo 80. Inspecciones.
Capítulo II. Régimen sancionador.
Artículo 81. Tipificación de infracciones muy graves.
Artículo 82. Tipificación de infracciones graves.
Artículo 83. Tipificación de infracciones leves.
Artículo 84. Sanciones.
Artículo 85. Medidas provisionales.
Artículo 86. Graduación de las sanciones.
Artículo 87. Órganos competentes.
Capítulo III. Responsabilidad por infracciones y normas especiales del procedimiento sancionador.
Artículo 88. Sujetos responsables de las infracciones.
Artículo 89. Plazo de caducidad del procedimiento sancionador.
Artículo 90. Prescripción de infracciones y sanciones.
Artículo 91. Concurrencia de sanciones.
Artículo 92. Remisión a la jurisdicción penal.
Artículo 93. Multas coercitivas.
Artículo 94. Vía de apremio.
Disposición adicional primera. Declaración de utilidad pública e interés social.
Disposición adicional segunda. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para la creación de la Oficina Andaluza de Economía Circular.
Disposición adicional tercera. Tramitación electrónica de procedimientos y obligaciones de información de competencia autonómica.
Disposición adicional cuarta. Tratamiento presupuestario del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Disposición adicional quinta. Planes locales de economía circular.
Disposición adicional sexta. Estrategia Andaluza para la Economía Circular.
Disposición transitoria primera. Fin de la condición de residuo.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de ordenanzas locales.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición final quinta. Modificación del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Disposición final sexta. Modificación del anexo IX del Reglamento de Residuos de Andalucía, aprobado por Decreto 73/2012, de 20 de marzo.
Disposición final séptima. Modificación del Decreto 131/2021, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030.
Disposición final octava. Modificación del Decreto 175/2021, de 8 de junio, por el que se regula la composición y el funcionamiento del Consejo Andaluz del Clima.
Disposición final novena. Modificación de normas reglamentarias.
Disposición final décima. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Disposición final undécima. Cuantía de fianzas o garantías.
Disposición final duodécima. Medidas de seguridad en puntos limpios fijos.
Disposición final decimotercera. Sistemas digitales de gestión de recursos hídricos.
Disposición final decimocuarta. Contratación pública ecológica.
Disposición final decimoquinta. Entrada en vigor.
La economía circular persigue un desarrollo sostenible que haga compatible el crecimiento económico con una utilización adecuada de los recursos naturales existentes. El agotamiento de los recursos naturales, la degradación de nuestros entornos como consecuencia de la acumulación de residuos a los que no se busca otra utilidad y el deterioro medioambiental, y consecuentemente de nuestra salud, derivado de la cultura de usar y tirar, comienzan a ser ya insostenibles. Por ello, las Administraciones públicas deben procurar invertir esta tendencia y sentar las bases para que entre todos tomemos conciencia de la necesidad de seguir creciendo, pero de una forma económica y medioambientalmente sostenible, para que así puedan continuar haciéndolo las futuras generaciones. Bajo este paradigma, la Comisión Europea, recogiendo planteamientos ya esbozados por la Organización de las Naciones Unidas, presentó en diciembre de 2015 la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 2 de diciembre de 2015, titulada «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular», COM/2015/614 final, con el objetivo de dirigir a Europa hacia una economía circular, en la cual el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Bajo la línea de dicho plan de acción, en 2018 se realizó un paquete legislativo de economía circular, con diferentes directivas. Entre estas cabe destacar la Directiva (UE) 2018/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE, relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, y la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; la Directiva (UE) 2018/850, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos; la Directiva (UE) 2018/851, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos; la Directiva (UE) 2018/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases; y la Directiva (UE) 2019/904, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.
Por otra parte, el 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, cuya ejecución exige la transformación de los retos climáticos y medioambientales en oportunidades, logrando una transición justa e integradora para todos y en todos los ámbitos. Esta iniciativa se ha reforzado con la aprobación de un nuevo plan de acción en 2020, bajo el título «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva», COM/2020/98 final. El objetivo del plan de acción es impulsar el Pacto Verde Europeo y apoyar en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, liderando el camino hacia una economía circular a escala mundial y estableciendo un programa de futuro para alcanzar una Europa sostenible y más competitiva, a través de una cooperación estrecha entre los agentes económicos, los poderes políticos y la sociedad. De forma complementaria, para acelerar la transición hacia la circularidad, la Unión Europea ha desarrollado un ambicioso marco estratégico, como motor y herramienta óptima en la readaptación del sistema productivo, la bioeconomía, los plásticos y la mejora en la gestión de los residuos.
Es importante destacar, en el ámbito estatal, la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular, «España Circular 2030», aprobada el 2 de junio de 2020, así como los pasos previos, en el ámbito autonómico, para el cambio de modelo mediante la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular, aprobada por el Consejo de Gobierno el 18 de septiembre de 2018.
La presente Ley de Economía Circular de Andalucía, partiendo de las pautas anteriormente señaladas, pretende crear un marco normativo adecuado para el desarrollo de la economía circular en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, estableciendo las bases fundamentales que aborden, de manera transversal, la transición hacia un nuevo sistema de protección ambiental, más eficiente en el uso de los recursos, en el cual el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos.
La presente Ley se dicta al amparo de la competencia establecida en el artículo 57.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de su Título VII, «Medio ambiente», en lo referente a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, competencia compartida con el Estado, según el artículo 149.1. 23.ª de la Constitución Española. Esta Ley se postula como la norma de referencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito de la economía circular y se inserta en el marco legal existente, sumándose a otras normas y disposiciones legales donde el esfuerzo de protección e impulso de la acción institucional en materia de medio ambiente es una constante. El contenido de esta Ley, además de respetar el Derecho internacional, comunitario y estatal, incorpora al marco normativo andaluz preceptos novedosos de ámbito comunitario no transpuestos aún por la legislación estatal. Así, la Comunidad Autónoma tiene un papel pionero en tratar, con carácter integral y de forma proactiva, los requerimientos de la economía circular. Se establece un modelo basado en tres pilares fundamentales: la empresa, como eje vertebrador; la sociedad, como motor de cambio; y la Administración, como fuerza impulsora y facilitadora. A nivel empresarial, el modelo pretende que las empresas busquen la eficiencia, reduciendo el consumo de materias primas, la generación de residuos y las emisiones contaminantes, innovando y repensando el diseño de sus productos, reutilizando los recursos e impulsando el uso de subproductos. En segundo lugar, la sociedad debe demandar acciones y herramientas que hagan posible un desarrollo bajo en emisiones y respetuoso con el medio ambiente, e implicarse y comprometerse con el proceso mediante la modificación de sus pautas de consumo. En tercer lugar, el papel de la Administración autonómica y de las entidades locales es fundamental para apoyar esta transición en materia de regulación y planificación respecto a la gestión de los residuos, información y sensibilización de las personas usuarias y fomento de la simbiosis industrial, y como incentivo del consumo responsable a través de la compra pública ecológica o el desarrollo de instrumentos económicos, entre otros aspectos.
Poner los recursos y las oportunidades de la economía circular al alcance de toda la sociedad, atendiendo a su singularidad y diversidad, es un objetivo central que contribuye, además, a valorar el patrimonio ambiental andaluz y justifica acometer una ley de esta naturaleza, convirtiéndose en una oportunidad estratégica y una ventaja competitiva capaz de impulsar la creación de puestos de trabajo sostenibles e innovadores y reducir la dependencia exterior en lo referente a fuentes de energía, materias primas y mercancías. La economía circular tiene una gran relación con la sostenibilidad, pero también con la innovación necesaria para generar nuevos empleos y afrontar los retos futuros.
La Ley de Economía Circular de Andalucía es una de las piezas más importantes para el desarrollo y progreso de Andalucía, ya que aborda, transversalmente y con alcance estructural, muchos de los cambios que, con rango de ley, son necesarios para incentivar y acelerar la transición hacia una economía más competitiva, sostenible e innovadora, capaz tanto de renovar los sectores productivos tradicionales como de abrirse decididamente a las nuevas actividades demandantes de empleos vinculados a la economía circular.
La Ley se estructura en noventa y cuatro artículos, distribuidos en siete títulos, seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y quince disposiciones finales.
El Título I, relativo a las disposiciones de carácter general, define el objeto de la Ley, su ámbito de aplicación, las definiciones necesarias para su interpretación, los principios rectores, los objetivos sobre los que se asientan los títulos posteriores y la tramitación electrónica como medio único para los procedimientos y trámites administrativos que se establecen.
El Título II, dedicado a la gobernanza, presenta en el Capítulo I la organización administrativa, creando la Oficina Andaluza de Economía Circular como unidad administrativa para el desarrollo de funciones de asesoramiento, dinamización, coordinación y gestión de las acciones previstas en esta Ley. En su Capítulo II se establece la elaboración de una Estrategia Andaluza para la Economía Circular y de instrumentos de planificación de ámbito local por una economía circular, obligatorios, al menos, en los aspectos relativos a la gestión de residuos municipales. En el Capítulo III se presentan los aspectos que pretenden incorporar a la contratación pública cláusulas medioambientales y circulares.
El Título III se estructura en cinco capítulos, dedicados a la implantación de la economía circular en la Comunidad Autónoma. En el Capítulo I se prioriza el análisis de ciclo de vida como una herramienta para la adopción de la economía circular en Andalucía, creando el Registro público andaluz de análisis de ciclo de vida. El Capítulo II establece mecanismos para lograr la circularidad en la producción y el consumo y la lucha contra todos los tipos de obsolescencia, que permita la aplicación de los principios de sostenibilidad a los productos, promueva la transición hacia la economía de funcionalidad y de servicio, y establezca medidas específicas para reducir la cantidad de residuos generados, a través de la gestión de los bienes no vendidos y el impulso a la reparación. El Capítulo III se refiere a la circularidad en servicios y procesos. El Capítulo IV impulsa la circularidad a través del desarrollo de mecanismos de promoción, con el objetivo de dar apoyo a actividades consideradas prioritarias. Por último, con el objeto de favorecer las inversiones en materia de economía circular, el Capítulo V establece los criterios específicos para que los proyectos de actividades de valorización material sean considerados como inversiones empresariales de interés estratégico, en el marco de lo previsto en el Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El Título IV refuerza la aplicación del principio de jerarquía de los residuos y sienta los principios de la economía circular a través de la regulación de ciertos aspectos básicos en materia de residuos. Este Título consta de cuatro capítulos. En el primero de ellos se transponen objetivos concretos y cuantificables de diferentes directivas europeas sobre residuos, aún no transpuestos a la normativa nacional, siempre en el ámbito de competencias autonómico. En el Capítulo II se define la adaptación de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor del producto hacia aquellos productores que asuman voluntariamente responsabilidades financieras, o financieras y organizativas, para la gestión en la fase de residuo del ciclo de vida de un producto. El Capítulo III establece la obligación de adoptar las medidas necesarias para simplificar los procedimientos y eliminar las trabas administrativas para la consideración de subproducto y fin de la condición de residuo, asegurando la protección de la salud de las personas y el medio ambiente, conforme a lo previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Se contempla la necesidad de desarrollo de los procedimientos específicos para el caso en que una sustancia u objeto de un proceso productivo concreto, desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pueda ser considerado subproducto y se especifica el procedimiento para que, en ausencia de órdenes ministeriales, un residuo valorizado en una instalación ubicada en territorio andaluz pueda dejar de ser residuo para su uso en una actividad o proceso industrial. Por último, el Capítulo IV incluye disposiciones relativas al fomento de la recogida de basuras marinas, la concienciación y formación al respecto, y la implementación de incentivos específicos, sin perjuicio de las competencias del Estado en relación con el medio ambiente marino.
El Título V, dividido en siete capítulos, se centra en las cadenas de valor de productos clave definidas en el «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva». El Capítulo I, desde una óptica más general, versa sobre la implantación de la circularidad en dichos productos clave, impulsando los acuerdos de carácter social para realizar las necesarias acciones de concienciación, colaboración, promoción y desarrollo, especialmente en lo relativo a la innovación, la simbiosis industrial y los mercados secundarios, y fomentando la reparación.
El Capítulo II trata sobre las cadenas de valor de electrónica, tecnologías de la información y la comunicación, baterías y vehículos. En este Capítulo se establece la mejora de la recogida y gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y los vehículos al final de su vida útil, y se fomentan los fondos circulares de conectividad digital, para la reutilización de aparatos electrónicos por la comunidad educativa y las familias.
En el Capítulo III, referente a los plásticos y envases, se asumen los objetivos de reducción fijados por la Directiva (UE) 2018/852 y la Directiva (UE) 2019/904, del Parlamento Europeo y del Consejo.
El Capítulo IV promueve la implantación de la circularidad en el sector textil mediante el desarrollo e investigación para la aplicación de tecnologías innovadoras, más eficientes y respetuosas, y productos eficientes en el uso de recursos, duraderos, reutilizables y reciclables.
El Capítulo V presenta la base legislativa necesaria para acelerar la transición hacia la economía circular en los alimentos, nutrientes y bioproductos, estableciendo, en primer lugar, el objeto y los mecanismos de coordinación necesarios para la implementación de políticas en materia de bioeconomía. Destaca la necesidad de planificación sobre desperdicio alimentario, con el objetivo de disminuir la cantidad de productos de alimentación aptos para el consumo destinados a residuos. En este Capítulo se pretende impulsar los acuerdos voluntarios de carácter social en materia de alimentación y la realización de medidas específicas que promuevan el compostaje y el desarrollo de bioindustrias.
Entre los recursos más importantes para Andalucía se encuentra, sin duda, el agua, cuya gestión constituye un reto actual y futuro, derivado de los problemas de su disponibilidad y reutilización. Partiendo de la aplicación de los principios de economía circular en la gestión del ciclo integral del agua, el Capítulo VI pretende un aprovechamiento eficiente del agua, la aplicación de sistemas circulares de consumo, el fomento de la gestión sostenible del drenaje pluvial y la utilización de aguas regeneradas, con especial atención a las masas de agua clasificadas en mal estado, así como al uso de lodos de depuradora.
En el Capítulo VII, referente a construcción y edificios, se establecen los principios, criterios y herramientas para el fomento de la circularidad en el sector, desde la fase de diseño hasta la gestión de los residuos producidos en la actividad de la obra tanto pública como privada.
El Título VI regula la formación, la investigación, el desarrollo y la innovación sobre economía circular, así como el impulso y la adopción de medidas específicas orientadas al fomento de dichas prácticas dentro de la Comunidad Autónoma. Para la materialización de la economía circular se hacen necesarias la generación de conocimiento y la aplicación práctica del mismo, a través de la contribución y confluencia de todos los sectores implicados, como centros de investigación, universidades, sector privado y tejido asociativo diverso en el que confluyen oferta y demanda de soluciones e innovaciones técnicas destinadas a tal fin.
El Título VII está dedicado a la responsabilidad, vigilancia, inspección, control y régimen sancionador, coherente con el enfoque de esta Ley y con los principios que la inspiran. Se divide en tres capítulos. En el primero de ellos se establecen las disposiciones generales en esta materia; en el segundo se define el régimen sancionador, estableciendo el alcance y la cuantía de las responsabilidades por infracciones; y en el tercer Capítulo se determinan las responsabilidades por infracciones y las normas especiales del procedimiento sancionador.
La Ley finaliza con seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y quince disposiciones finales.
La disposición adicional primera declara de utilidad pública e interés social el establecimiento o ampliación de instalaciones de residuos. La disposición adicional segunda establece la modificación de la relación de puestos de trabajo necesaria para la Oficina Andaluza de Economía Circular. En la disposición adicional tercera se establece la obligación de relación, a través de medios electrónicos, con la Administración para los procedimientos administrativos en diversas materias. La disposición adicional cuarta se refiere al tratamiento presupuestario del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. La disposición adicional quinta presenta los plazos para los planes locales de economía circular. Y, por fin, en la disposición adicional sexta se establece el plazo máximo para la elaboración de la Estrategia Andaluza para la Economía Circular, prevista en el artículo 8.
En la disposición transitoria primera se establece la vigencia para las autorizaciones de fin de la condición de residuo anteriores a la Ley. La disposición transitoria segunda regula una demora de dos años para la adaptación de las ordenanzas municipales.
Las disposiciones finales primera a octava modifican diversas disposiciones legales o reglamentarias, previendo la disposición final novena que las determinaciones incluidas en las normas reglamentarias que son objeto de modificación podrán ser modificadas, a su vez, mediante normas de rango reglamentario. La disposición final décima recoge la habilitación genérica para el desarrollo reglamentario de la Ley y la previsión del desarrollo reglamentario en materia de inclusión de cláusulas medioambientales en las distintas fases del proceso de contratación, previstas en el Capítulo III del Título II, sobre contratación pública ecológica. En la disposición final undécima se fija el plazo de un año para aprobar las normas técnicas para la determinación de las cuantías de las fianzas de residuos peligrosos. La disposición final duodécima prevé un plazo de dos años para el establecimiento de los requisitos de los puntos limpios fijos de aparatos eléctricos y electrónicos. En la disposición final decimotercera se determina la implantación de sistemas digitales de gestión de los recursos hídricos y las infraestructuras hidráulicas. En la disposición final decimocuarta se establece la entrada en vigor de las cláusulas medioambientales previstas en el Título II. Finalmente, la disposición final decimoquinta regula la genérica entrada en vigor de la Ley.
La presente Ley, tal y como se determina en la correspondiente memoria justificativa, se adecúa a los principios de buena regulación; en concreto, a los de necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, de acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 7 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
1. El objeto de la presente Ley es la regulación de una serie de medidas con el fin de lograr la transición hacia un nuevo modelo de protección ambiental basado en una economía circular, en el que se fomente el uso eficiente de los recursos, se alargue la vida útil de los productos y se minimice la generación de residuos.
2. La presente Ley persigue contribuir al crecimiento económico sostenible y a la generación de empleo, así como a la preservación de nuestros espacios y recursos naturales, considerando al tejido empresarial, a los agentes del conocimiento y a la ciudadanía como elementos clave para esta transición mediante la prevención y la correcta gestión de residuos y un consumo responsable.
Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación a aquellos sectores y actividades públicos y privados, así como a todas las fases del ciclo de vida de un producto o servicio, que se produzcan, gestionen o presten en el ámbito territorial de Andalucía.
A los efectos de esta Ley se entenderá por:
a) Análisis de ciclo de vida (ACV). Herramienta de gestión medioambiental y de toma de decisión, cuya finalidad es analizar de forma objetiva, metódica, sistemática y científica el impacto ambiental originado por un proceso, actividad, producto, obra o servicio a lo largo de toda su vida.
b) Basura marina. Cualquier sólido persistente de origen manufacturado que haya sido desechado, depositado o abandonado en ambientes marinos o costeros.
c) Bioeconomía circular. Modelo económico circular basado en la producción y uso de recursos biomásicos renovables y su transformación sostenible y eficiente en bioproductos, bioenergía y servicios para la sociedad.
d) Certificaciones acreditativas en economía circular. Acreditaciones expedidas por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea que certifican que determinados bienes o servicios cumplen una serie de criterios de sostenibilidad ambiental y circularidad conforme a los estándares y normas europeas e internacionales aprobados en la materia.
e) Contratación pública ecológica (CPE). Proceso por el cual las autoridades adquieren bienes, obras y servicios con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros bienes, obras y servicios con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar.
f) Desperdicio alimentario. Conjunto de alimentos destinados al consumo humano, en un estado apto para ser ingeridos o no, que se retiran de la cadena de producción o de suministro para ser descartados en las fases de la producción primaria, transformación, fabricación, transporte, almacenamiento, distribución y consumo final, con la excepción de las pérdidas de la producción primaria.
g) Durabilidad o vida útil. Cantidad de tiempo en que un bien o servicio se mantiene operativo en condiciones óptimas de funcionamiento respecto a su capacidad de uso, dentro de unas características y especificaciones fundamentales determinadas, sin generar riesgos derivados de su uso o aplicación.
h) Etiqueta ecológica de la UE. Sistema voluntario de valoración y calificación ambiental, conforme al Reglamento (CE) núm. 66/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE, así como a las normas internacionales UNE-EN ISO 14021, 14024 y 14025, que certifica que determinados bienes o servicios cumplen una serie de criterios de sostenibilidad ambiental, diferenciándolos de otros de su misma categoría.
i) Economía circular. Sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo de este modo el impacto medioambiental de su uso y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de residuos.
j) Economía de la funcionalidad. Cultura de consumo basado en el pago por uso de un bien o servicio y no en la propiedad del mismo.
k) Fondos circulares para la conectividad digital. Dispositivos electrónicos, que se encuentran dentro de su vida útil, aportados para su reutilización con el objetivo de eliminar la brecha digital.
l) Huella ecológica. Indicador del impacto ambiental que producen las actividades humanas sobre los recursos existentes en el planeta y la capacidad ecológica de este para regenerarlos. La huella ecológica representa los factores ecológicamente productivos (suelo, agua, aire, entre otros) que serían necesarios para regenerar aquellos recursos que consumimos, así como para asimilar todos aquellos residuos que hemos ido produciendo.
m) Materias primas fundamentales. Aquellas materias primas definidas como tales en la lista de materias primas fundamentales no energéticas establecida en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones, «Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el camino hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad», de fecha 3 de septiembre de 2020, así como futuras revisiones.
n) Productos clave. Aquellos cuyas cadenas de valor quedan definidas en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones, «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» (COM/2020/98 final); concretamente: electrónica y TIC; baterías y vehículos; envases y embalajes; plásticos; productos textiles; construcción y edificios; y alimentos, agua y nutrientes.
ñ) Recursos biomásicos o biomasa. Fracción biodegradable de los productos, residuos y desechos de origen biológico procedentes de actividades agrarias, incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal, de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos, incluidos los residuos industriales y municipales de origen biológico.
o) Simbiosis industrial. Enfoque metódico y global a un sistema industrial más sostenible e integrado, que identifica oportunidades de negocio para aprovechar recursos infrautilizados, implicando a las organizaciones que operan en diferentes sectores de actividad, participando en transacciones mutuamente beneficiosas para reutilizar residuos y subproductos, encontrando formas innovadoras de abastecerse de recursos y optimizar el valor de los residuos de sus procesos productivos.
Los principios que inspiran la presente Ley son:
a) Principio de eficiencia, para la optimización del uso de recursos a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y servicios, aplicando criterios de ecodiseño en la concepción de los productos, favoreciendo que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en el mercado durante el mayor tiempo posible, y minimizando la generación de residuos.
b) Principio de enfoque integrado en el análisis del impacto ambiental de los ciclos de vida de productos, obras y servicios.
c) Principio de responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, las empresas y la sociedad en general, implicándose activamente y responsabilizándose en la aplicación de la circularidad de la economía en sus ámbitos respectivos de competencia.
d) Principio de quien contamina paga.
e) Principio de fomento del progreso técnico mediante la promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación en análisis de ciclo de vida y materia ambiental, con el objeto de mejorar la gestión y control de los procesos, así como la generación de nuevos nichos de mercado y actividades empresariales.
f) Principio de promoción de la educación para la sostenibilidad, mediante la difusión en la sociedad de conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la transición de una economía lineal a una economía circular.
g) Principio de precaución o cautela, por el cual se debe llevar a cabo la adopción de medidas de protección del medio ambiente tras una evaluación científica en la que se indique la existencia de motivos razonables para entender que del desarrollo de una actividad podrían derivarse efectos potencialmente peligrosos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, mediante la aplicación de los principios generales de proporcionalidad, no discriminación, coherencia, análisis de las ventajas y los inconvenientes que se derivan de la acción o de la falta de acción, y estudio de la evolución científica.
h) Principio de coherencia con las políticas de lucha frente al cambio climático.
Son objetivos de esta Ley:
a) Favorecer el desarrollo económico sostenible en Andalucía, mediante la implantación de una economía circular en torno a la cual se desarrolle un modelo económico y productivo que aplique e incorpore la circularidad a sus diseños, procesos, productos, bienes y servicios, en aras de afianzar un desarrollo de nuestra comunidad basado en la sostenibilidad y que genere herramientas eficaces para la lucha contra el cambio climático.
b) Impulsar la creación y desarrollo de un tejido empresarial que diseñe, desarrolle y aplique soluciones innovadoras en los procesos productivos y servicios en general y en la gestión de los residuos en particular, lo que supondrá generación de empleo sostenible y generación de nuevas oportunidades de mercado.
c) Preservar el medio ambiente andaluz, optimizando el uso de los recursos naturales, minimizando la producción de residuos y maximizando la reutilización y el reciclaje de los que se produzcan, favoreciendo la transición hacia una economía que logre la neutralidad climática.
d) Establecer como centro de las políticas de economía circular a las personas y las empresas, haciéndolas corresponsables y copartícipes, junto a las Administraciones, de los beneficios de la economía circular para el desarrollo económico y social, así como para la salud y la lucha contra los efectos del cambio climático.
e) Aumentar la resiliencia y competitividad de la economía andaluza, estableciendo modelos productivos complementarios y con capacidad de respuesta ante circunstancias globales y los efectos del cambio climático.
f) Contribuir a optimizar los ciclos productivos y la simbiosis industrial, facilitando el aprovechamiento de todos los flujos de sus ciclos de producción y consumo, que promuevan la introducción de materiales reciclados procedentes de residuos, en sustitución de materias primas vírgenes, en el ciclo productivo, de manera que estos puedan reincorporarse al sistema económico.
g) Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación a lo largo del ciclo de vida de los productos, desde el ecodiseño hasta la gestión de los residuos para la generación de soluciones innovadoras que permitan disminuir el uso de recursos naturales y materias primas, alargar la durabilidad de los productos y servicios, y minimizar la generación de residuos, así como contribuir a mitigar los efectos del cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la aplicación de los análisis de ciclo de vida (ACV), conforme a las normas aceptadas internacionalmente, así como las normas de referencia para productos y edificación.
h) Promover la información, la participación y la concienciación ciudadana mediante el fomento de una cultura basada en la corresponsabilidad ambiental en el comportamiento diario de la ciudadanía, las empresas y las Administraciones.
i) Incorporar al ordenamiento jurídico andaluz los objetivos de reducción, de producción y de gestión de residuos fijados en la normativa de la Unión Europea y estatal.
j) Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, al Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y competitiva y a la Estrategia Española de Economía Circular y los Planes de Acción nacionales.
k) Fomentar la proximidad en el consumo y la producción cercana de materias primas, tanto básicas como fundamentales, de modo que se reduzca la dependencia de las materias primas minerales, como medida imprescindible en la lucha contra el cambio climático, y la descarbonización de la economía.
Tanto las personas físicas como las personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración autonómica respecto a los procedimientos administrativos y obligaciones de información de competencia autonómica previstos en esta Ley, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo obligatorio, en su caso, el uso de aquellas aplicaciones que sean establecidas por la Dirección General competente en materia de residuos para cada procedimiento o trámite administrativo.
1. Se crea la Oficina Andaluza de Economía Circular, adscrita a la Consejería competente en materia de medio ambiente, e integrada en la Dirección General con competencias en materia de residuos, para el desarrollo de las funciones establecidas en el apartado 3 del presente artículo, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Consejería competente en materia de economía.
2. La Oficina Andaluza de Economía Circular tendrá naturaleza de unidad administrativa, conforme al artículo 14 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
3. La Oficina Andaluza de Economía Circular desempeñará, entre otras, las siguientes funciones:
a) Desarrollar la política autonómica en materia de economía circular, proponiendo el marco normativo y los instrumentos de planificación y administrativos para la consecución de los objetivos de economía circular, conforme a la normativa de la Unión Europea, estatal y de la Comunidad Autónoma.
b) Promover la integración de la circularidad en la planificación de las políticas sectoriales, mediante recomendaciones y propuestas en relación con los residuos y la economía circular a establecer por los instrumentos de planificación que se desarrollen.
c) Impulsar actuaciones de carácter autonómico en materia de simbiosis industrial.
d) Asesorar en materia de fiscalidad en el ámbito de la economía circular, estudiando la posibilidad de implantación de exenciones o desgravaciones fiscales para los productos recuperados o reparados.
e) Realizar el seguimiento, mantenimiento y control del Registro público andaluz de análisis de ciclo de vida, adscrito a la Dirección General competente en materia de residuos, creado en la presente Ley.
f) Contribuir a la consolidación de inversiones futuras en materia de economía circular para Andalucía, en relación con los proyectos de interés estratégico en esta materia, en el marco de lo previsto en el Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
g) Asesorar a los distintos órganos de la Administración local y Administración de la Junta de Andalucía en los asuntos relacionados con la planificación y el impulso de programas y actuaciones de economía circular en el ámbito de aplicación de esta Ley. A tal efecto, se establecerán cauces específicos de colaboración con la asociación andaluza de entidades locales más representativa, a efectos de establecer criterios para desarrollar estas funciones en el ámbito de las competencias locales.
h) Gestionar y coordinar la bolsa de subproductos.
i) Impulsar la creación de grupos de trabajo sobre economía circular para promover el intercambio de información, el establecimiento de alianzas público-privadas y la colaboración con las partes interesadas en las cadenas de valor de productos clave.
j) En colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, evaluar la implantación de la economía circular en Andalucía a través de la creación e implementación de indicadores específicos de seguimiento, incluyendo aquellos objetivos e indicadores establecidos a nivel estatal y de la Unión Europea, para el seguimiento de esta Ley, en el marco de las políticas de economía circular.
k) Colaborar, junto con la Consejería competente en materia de investigación, en la planificación de prioridades de investigación y transferencia en materia de economía circular.
l) Impulsar medidas de agilización administrativa sobre los procedimientos de declaración de subproductos y de fin de la condición de residuos, según lo recogido en el artículo 32 de la presente Ley.
4. Para la realización de las funciones previstas en el presente artículo, se dotará a la Oficina Andaluza de Economía Circular de los medios humanos, técnicos y económicos necesarios.
1. La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará la Estrategia Andaluza para la Economía Circular (en adelante la Estrategia), previa consulta, en su caso, a las entidades locales en el ámbito de sus competencias, de conformidad con esta Ley y en colaboración con el resto de Consejerías implicadas, estableciendo los medios necesarios para favorecer la participación pública.
2. La Estrategia será aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
3. La Estrategia desarrollará, al menos, los siguientes aspectos:
a) Mecanismos de planificación y coordinación necesarios para la implantación de una economía circular, definiendo el calendario de acciones previstas y los recursos necesarios.
b) Sistemas de medición y evaluación para el seguimiento anual de la misma, mediante un conjunto de indicadores específicos para cada línea, eje o sector de actuación.
c) Creación y definición de una plataforma de simbiosis industrial para la transferencia de conocimientos, necesidades y procesos entre las pequeñas y medianas empresas, instituciones de conocimiento públicas y privadas y centros de investigación.
d) Mecanismos para la promoción de la educación para la sostenibilidad, e información, participación y concienciación ciudadana en valores, comportamientos y habilidades encaminadas hacia la circularidad en la economía.
4. La Estrategia integrará y armonizará los principios y criterios relativos a economía circular incluidos en los planes y estrategias sectoriales, especialmente en las planificaciones relativas a producción y gestión de residuos y bioeconomía circular.
1. Las entidades locales de Andalucía, en el ejercicio de las competencias propias que les atribuye el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, elaborarán, aprobarán, implantarán y ejecutarán los plan