Categoría: Judicial

mismos, donación de órganos o destino del cadáver después del fallecimiento.
En relación con el juicio de proporcionalidad desde la perspectiva de la prohibición de la inexistencia o insuficiencia de protección, es de destacar la inexistencia de control judicial, control que sí se contempla en otros supuestos de mucha menor gravedad que la eutanasia.
Así, en la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, en los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos descritos en los apartados 3 a 5 del art. 9, se señala que la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente y se establece que aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad.
También la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, para la extracción de órganos de donantes vivos, establece en su artículo 78, «Ámbito de aplicación y competencia», apartado 1, que se aplicarán las normas de dicho capítulo a los expedientes que tengan por objeto la constatación de la concurrencia del consentimiento libre, consciente y desinteresado del donante y demás requisitos exigidos para la extracción y trasplante de órganos de un donante vivo por la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, y las demás normas que la desarrollen.
En su apartado 2 establece que será competente para conocer de estos expedientes el juez de primera instancia de la localidad donde haya de realizarse la extracción o el trasplante, a elección del solicitante.
Por su parte, el art. 79, «Solicitud y tramitación del expediente», en su apartado 1, exige, entre otros requisitos, que se acompañe certificado médico sobre la salud mental y física del donante, emitido de conformidad con lo dispuesto en la normativa correspondiente.
El apartado 2, contempla una comparecencia, a la que se citará al médico que ha de efectuar la extracción, al médico firmante del certificado a que se refiere el apartado anterior, al médico responsable del trasplante o en quien delegue y a la persona a quien corresponda dar la autorización para la intervención, conforme al documento de autorización para la extracción de órganos concedida al centro sanitario de que se trate o en quien este delegue.
El apartado 3 señala que el donante deberá otorgar su consentimiento expreso ante el juez durante la comparecencia, tras oír las explicaciones del médico que ha de efectuar la extracción y las de los demás asistentes al acto. Seguidamente dispone que el juez podrá asimismo requerir de estos las explicaciones que estime oportunas sobre la concurrencia de los requisitos exigidos en la ley para el otorgamiento del consentimiento.
Seguidamente, el art. 80.1 dispone que, si el juez considerara que el consentimiento prestado expresamente por el donante no lo ha sido de forma libre, consciente y desinteresada, o no se cumplieran los otros requisitos establecidos legalmente, no extenderá el documento de cesión del órgano.
El apartado 2 del precepto concluye que, en caso contrario y si estimara que se han cumplido los requisitos legales, extenderá por escrito el documento de cesión del órgano que será firmado por el interesado, el médico que ha de efectuar la extracción y los demás asistentes. Si alguno de ellos dudara de que el consentimiento prestado haya sido de forma expresa, libre, consciente y desinteresada, podrá oponerse a la donación.
El apartado 3 contempla, finalmente, que del documento de cesión, en el que se hará constar la posibilidad que tiene el donante de revocar el consentimiento en cualquier momento previo a la intervención, se facilitará copia al donante.
Ninguna de esas garantías se establece en un supuesto mucho más grave como es la eutanasia.
En este supuesto, dada la pérdida de capacidad sobrevenida, se imposibilita la retractación en la «prestación» a partir del momento en que el proceso eutanásico ha llegado a un punto irreversible. El proceso se realiza sin control judicial y no se establecen otras garantías alternativas, como la intervención del Ministerio Fiscal, que en su Estatuto Orgánico tiene atribuida la defensa de las personas incapaces; ni siquiera se prevé el otorgamiento notarial del documento, que permitiría la dación de fe sobre la capacidad del otorgante y el control por el fedatario de que se prestó el consentimiento con información suficiente y de forma consciente y libre.
Esa merma de garantías se produce también en el supuesto de acortamiento de plazos que se contempla en la ley para el caso de que el médico responsable considere que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente. En cuyo supuesto, además de limitarse los periodos de reflexión y dialogo con el facultativo, cabe cuestionar si el paciente conservaba la capacidad suficiente para comprender y decidir libremente cuando presentó la solicitud inicial y recibió la información previa preceptiva.
7. En relación con la impugnación relativa a la creación del registro de objetores de conciencia, pongo de relieve que en la sentencia se señala que la justificación del registro es que las administraciones sanitarias puedan conocer con qué profesionales no se cuenta, en principio, para implicarse directamente en la realización de la prestación. Sin embargo, como también reconoce la sentencia, la falta de inscripción no condiciona la posibilidad de la objeción, atendido que la ley únicamente exige que los objetores de conciencia manifiesten dicha circunstancia con antelación y que lo hagan por escrito. Por otro lado, la objeción puede depender del caso concreto, no siendo descartable que existan profesionales que, en términos generales, no objeten a la aplicación de la ley y que, en supuestos específicos, tengan reservas, bien exclusivamente de conciencia, bien atendidas consideraciones de carácter clínico. Pueden plantearse también otros casos en que una inscripción general inicial dificulte la posibilidad de que el profesional pueda participar en la atención cuando entienda que debe seguir ocupándose del paciente durante la tramitación de la solicitud de eutanasia, pero sin finalmente verse obligado a prestarle la ayuda para morir.
Esas circunstancias pueden obstar a que el registro sirva realmente a la finalidad que propugna.
A ello se añade la disparidad que puede producirse en la regulación de las diversas comunidades autónomas, con el consiguiente diverso nivel de garantía de la libertad ideológica en unas y otras.
Si a ello se añade que, pese a la previsión de confidencialidad, no cabe descartar que la inscripción pueda originar perjuicios a los objetores, máxime atendida la precariedad en el empleo que muchos profesionales padecen, y que esa situación puede condicionar su decisión para acogerse a la objeción, cabe concluir que, atendidos los eventuales perjuicios, la posible incidencia en la libertad ideológica y el alcance limitado de los beneficios que el sistema puede garantizar, la medida podría estimarse no proporcionada a la finalidad a la que dice servir.
8. La sentencia efectúa una serie de consideraciones que comparto para descartar la infracción de los arts. 24, 53.2 y 106.1 CE, por haber excluido la LORE, según la parte demandante, el necesario control y garantía judicial respecto de las decisiones que reconozcan el derecho a la prestación de ayuda para morir, exclusión que, se dice, se derivaría del hecho de que el control judicial se ha previsto expresamente solo para las resoluciones denegatorias de la comisión [arts. 10.5 y 18 a), párrafo quinto, LORE].
La sentencia aclara que las resoluciones definitivas de las comisiones de garantía y evaluación que reconozcan el derecho a acceder a la prestación de ayuda para morir y franqueen con ello el paso a su «realización» (art. 11) no podrían, sin conculcación manifiesta de la Constitución, quedar exentas del control judicial. Dicha afirmación la infiere de los arts. 24 y 106 CE y de las garantías de las leyes procesales.
Comparto dicho razonamiento. Sin embargo, a pesar de que, en efecto, no era necesario regular la impugnabilidad de las resoluciones de la comisión de garantías y evaluación, el hecho de que la ley haya distinguido entre las resoluciones estimatorias y desestimatorias, previendo que estas últimas estén sometidas a control judicial, hace necesario en mi opinión, para extremar las garantías en esta materia, que la interpretación que realiza la ponencia se lleve al fallo, como interpretación conforme del precepto cuestionado.
9. Se impugna el párrafo cuarto del art. 18 a) LORE, relativo a la resolución de la comisión de garantía y evaluación que, en palabras de la Ley Orgánica, «sea favorable a la solicitud de prestación de ayuda para morir», en la medida en que se establece allí que, en tal hipótesis, la propia comisión «requerirá a la dirección del centro para que en el plazo máximo de siete días naturales facilite la prestación solicitada a través de otro médico del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios».
La sentencia realiza una interpretación de dicho precepto que también comparto. Señala que «[d]icho párrafo cuarto ha de interpretarse, por el contrario, en el sentido de que el requerimiento a la dirección del centro para que, en el plazo máximo de siete días naturales, "facilite la prestación solicitada a través de otro médico del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios" supone, estrictamente, que, estimada la reclamación frente a la "denegación" del médico responsable o acogido el recurso contra el informe desfavorable del facultativo consultor (art. 8.4) el procedimiento legalmente establecido (arts. 8, 10 y concordantes) deberá reanudarse, dentro de aquel plazo máximo, y cumplimentarse conforme a la Ley Orgánica en todos los trámites y actuaciones aún pendientes, si a ello hubiere lugar, por más que ya con la intervención –como el precepto establece– de profesionales distintos a los que inicialmente informaron en contra de la solicitud. La LORE no impone, por lo tanto, que la prestación sea "realizada", una vez reconocida definitivamente por la comisión, en el plazo de siete días, ni impide la plena tutela judicial –incluyendo su eventual suspensión cautelar– conforme a lo previsto en la legislación general y en la doctrina constitucional».
Igualmente considero que, para extremar el sistema de garantías de la ley, dicha interpretación conforme debería haberse llevado al fallo.
En el sentido expuesto formulo respetuosamente mi voto particular a la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad 4057-2021.
Madrid, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés.–Concepción Santana Vázquez.–Firmado y rubricado.