Categoría: Judicial

l restrictivo en el enjuiciamiento de delitos conexos» introducido por la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre. Añade que la inescindibilidad se ha limitado a uno de los escalones participativos en la ejecución de los hechos, sin que el argumento dado por el instructor en sus autos de 15 de febrero de 2018 y por la Sala en el de 27 de diciembre de 2018, esto es, que la extensión de la causa especial a quienes prestaron su colaboración a la hora de ejecutar el plan estratégico ideado e impulsado por los responsables políticos y sociales, resulta exorbitante, se haya controvertido en el recurso de amparo. Concluye que, en todo caso, ello no ha impedido a las defensas conocer con tiempo suficiente durante la instrucción los elementos incorporados de otras causas y solicitar la incorporación de lo que han considerado procedente, sin perjuicio de que pudiera no ser considerado así por el instructor y la Sala en su auto de admisión de prueba.
Según el criterio del abogado del Estado, no existe, por otro lado, vulneración de la Directiva 2012/13 en lo atinente al acceso al material probatorio. En ella «se reconoce un derecho de acceso a todos los documentos que van a ser valorados, en poder de las autoridades responsables del “expediente penal específico”, pero no un derecho de acceso en calidad de imputado preventivo a otras causas, para ver si incide en su derecho de defensa», en línea con lo dichoin vocepor el Tribunal Supremo al resolver las cuestiones previas, en lo que se abunda luego en la sentencia impugnada, de la que reproduce un extracto.
9.4.6 Vulneraciones de derechos durante la instrucción del procedimiento y vulneraciones en procedimientos vinculados.
No se concreta aquí, advierte el abogado del Estado, qué efectos en el derecho de defensa tienen las irregularidades en la instrucción que enumera la demanda, que renuncia expresamente a atribuirles virtualidad en amparo cuando afirma: «Esta parte entiende que no debe efectuar un juicio hipotético sobre la concreta afectación de dichas irregularidades sobre la efectividad de la estrategia defensiva pues ello resultaría imposible».
Por lo demás, las vulneraciones en procedimientos vinculados deben inadmitirse de plano, por las propias consideraciones expuestas en la alegación anterior.
9.4.7 Desarrollo del juicio oral y tratamiento de la prueba.
El abogado del Estado descarta las distintas denuncias efectuadas en este apartado.
(i) Prueba videográfica.
Asume la respuesta dada frente a la queja de que la veracidad de las declaraciones de los testigos no se pudo verificar al denegarse su petición de reproducción de prueba documental videográfica en el fundamento de Derecho A), apartado 16.1.2 de la sentencia impugnada, que expone, en el sentido de que las defensas yerran sobre el significado de la garantía de contradicción, que se ha respetado estrictamente.
(ii) Contra-interrogatorio de las defensas.
Tampoco considera que haya irregularidad alguna en la limitación de las repreguntas a las que resultasen pertinentes «a la vista de las contestaciones» ofrecidas por el testigo a la parte que hubiese propuesto la prueba, en aplicación del art. 708 LECrim. Consideración que funda mediante la reproducción de los razonamientos de la sentencia recurrida al respecto [fundamento de Derecho A), apartado 16.2.2].
(iii) Interrogatorio de la Presidencia del tribunal.
Por último, acoge también las razones dadas en el fundamento de Derecho A), apartado 16.3.5.3 de la sentencia impugnada para rechazar el supuesto rol inquisitivo asumido por el presidente del tribunal al formular una pregunta al testigo señor Trapero.
9.4.8 Presunción de inocencia.
La falta de prueba de cargo y de motivación que se invocan como vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia no son, a juicio del abogado del Estado, sino manifestaciones de la mera disconformidad de los solicitantes de amparo con la valoración de la prueba de cargo realizada por el tribunal, aspecto no amparado por el derecho fundamental según la doctrina constitucional. Considera que el Tribunal Supremo ha valorado racionalmente la prueba practicada y motivado adecuadamente la sentencia, aunque no haya un apartado específico destinado a la cuestión probatoria, como evidencia el fundamento de Derecho C), relativo al juicio de autoría, cuyos apartados 1.1 y 1.2 estima que analizan de forma pormenorizada las pruebas que soportan la intervención de los demandantes y, en definitiva, su condena.
9.4.9 Presunción de inocencia extraprocesal.
En este punto, el abogado del Estado se limita a reproducir la respuesta dada en la sentencia recurrida sobre la necesidad de separar las declaraciones políticas que puedan suponer una afirmación anticipada de culpabilidad de la legitimidad de la actuación jurisdiccional dirigida a la proclamación del juicio de autoría.
9.5 Vulneración del principio acusatorio.
Tampoco estima vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), desde la perspectiva del principio acusatorio, tras referir la doctrina al respecto de la mano de la STC 1/2020, de 14 de enero. Subraya que los acusados tuvieron efectivo conocimiento de las calificaciones y peticiones de pena de las acusaciones, de modo tal que pudieron articular todos los instrumentos probatorios y alegatorios para defenderse de esas acusaciones y de la concreta petición de pena. No se les ha condenado por delitos distintos ni se les ha impuesto una pena superior a la pretendida por alguna de las acusaciones.
9.6 Motivación de la pena y proporcionalidad de la pena.
El abogado del Estado recuerda la doctrina del Tribunal Supremo (sentencia núm. 162/2019, de 26 de marzo, FJ 4) sobre los criterios de individualización de la pena, que, a su entender, se emplean en la justificación de la concreta pena impuesta a los recurrentes. Destaca, en particular, que la sentencia razona que el señor Junqueras era «la cúspide en el organigrama político-administrativo que fue puesto al servicio del proceso sedicioso», justificando así una pena más elevada que la impuesta a los señores Romeva y Turull y a la señora Bassa, también miembros del Govern. Y destaca que la pena impuesta se halla muy por debajo del máximo legal posible, atendiendo a las reglas del artículo 77.3 CP, con un techo de veinte años frente a los trece años en el caso del señor Junqueras y los doce años en el caso del señor Romeva.
9.7 Derecho a la doble instancia penal y su supuesta incidencia en caso de aforamiento.
En último término, rechaza que se haya vulnerado el derecho a la doble instancia penal fruto de haber asumido el Tribunal Supremo la competencia. Se remite a las respuestas dadas por el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones y, en particular, en el subapartado 4.1.5 del fundamento de Derecho A) de la sentencia impugnada, donde se recoge, según refiere, la configuración estrictamente legal del «derecho» a la segunda instancia y la ponderación que ha de realizarse cuando quien conoce es el Alto Tribunal, precisamente en garantía de otras prerrogativas, mediante el mecanismo del aforamiento, como avalan las SSTC 51/1985, de 10 de abril, y 64/2001, 65/2001 y 66/2001, todas de 17 de marzo.
Tampoco considera que los textos internacionales invocados por los recurrentes sostengan su pretensión, pues es el mismo art. 6 CEDH en relación con el art. 2 de su Protocolo núm. 7 el que contempla una excepción y asume la posibilidad legal del reconocimiento de aforamientos en el Derecho interno de los Estados parte. Tampoco la regulación en ciertos casos en el Derecho interno de supuestos de aforamientos constituye una vulneración del art. 14.5 PIDCP, en tanto interpreta que así lo permite la expresión «conforme a lo prescrito por la ley» empleada en dicho precepto.
La causa última del aforamiento y sus consecuencias procesales –finaliza– radica en la previsión del art. 57.2 EAC, contra el que la demanda no dirige su reproche.
10. El partido político Vox, personado en la causa penal como acusación popular, presentó sus alegaciones el día 30 de octubre de 2020, en las que solicitó la desestimación del recurso de amparo. No obstante, su primera alegación cuestiona que los demandantes hayan justificado suficientemente la especial trascendencia constitucional, tal y como exige la STC 176/2012, de 15 de octubre, FJ 4. Repasa la argumentación ofrecida en la demanda para concluir que se enuncian los supuestos a) y f) de la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, «realizando una mera transcripción de los mismos mezclándolos con aseveraciones que resultan conclusiones en toda regla, de carácter genérico y sin un hilo conductor previo que permita un seguimiento intelectual de los razonamientos que justifican a juicio de los demandantes la tan deseada especial trascendencia constitucional», conclusión que desarrolla al hilo de los argumentos ofrecidos en el recurso para justificar su especial trascendencia constitucional.
(i) Frente a la afirmación de la demanda de que se plantea un conflicto de trascendencia excepcional, opone la parte alegante que no se especifican en qué aspectos concretos se plantea el conflicto alegado ni se determina la «funesta repercusión» que se sostiene que supondría para el sistema de derechos y libertades constitucional la no anulación de la sentencia recurrida.
(ii) Estima que, cuando se dice por los demandantes que dicha sentencia constituye un singular ataque al sistema democrático, se están efectuando «juicios de valor que no se apoyan ni en hechos objetivos ni en una mínima reflexión jurídica seria, haciendo un constante –y por ello inadmisible procesalmente– supuesto de la cuestión».
(iii) La alusión en el recurso a que «se trata de un supuesto de hecho del que no existe doctrina consolidada de este Excmo. Tribunal, con vulneraciones que provienen de la misma ley y que permitirán al tribunal aclarar o cambiar su doctrina», constituye, a juicio del partido político Vox, «una mera transcripción mezclada de varios motivos sin apoyo argumentativo mínimo».
Considera que las apelaciones a la falta de doctrina sobre el principio de legalidad en relación con el tipo de sedición, el alcance de las garantías y prerrogativas de los representantes políticos, la necesidad de controlar y limitar la figura de la acción popular, el cuestionamiento del sistema de elección de magistrados en altas instancias de la judicatura española o la falta de regulación y desarrollo jurisprudencial sobre la discriminación por motivos políticos y la protección de la disidencia política pretenden utilizar el recurso de amparo con el fin de realizar una reforma legal y constitucional al margen de los procedimientos legislativos establecidos en un Estado de Derecho.
Asimismo, los argumentos relativos a la discusión sobre la aplicación directa de jurisprudencia europea, internacional y de derechos humanos por parte de los tribunales españoles, a la existencia de defectos estructurales y de configuración legal que dan lugar a una grave conculcación de derechos fundamentales, a la amplia repercusión social y consecuencias políticas generales del recurso y del pronunciamiento derivado del mismo, que ha trascendido de la causa y generado extenso debate a nivel nacional e internacional, no concretan en qué aspectos de los derechos humanos cabe discusión ni cuáles son esos defectos estructurales y de configuración legal o qué extensos debates se han celebrado.
(iv) La conclusión final, que apela a la suerte de los ciudadanos «indebidamente condenados» y de todos los defensores de un respeto escrupuloso de los derechos fundamentales, constituye, en palabras de la parte, «un corolario vacío de contenido, sin la exigida dimensión objetiva que requiere la especial trascendencia constitucional y sin ni siquiera la cita tangencial de cualquiera de los derechos fundamentales supuestamente infringidos que pretenda un horizonte exitoso del recurso, lo que desprende la falta de sustento alguno de la reclamación que se plantea por los demandantes de amparo».
Las alegaciones del partido político Vox sobre los motivos de la demanda siguen el orden de exposición de la demanda.
10.1 Límites a la jurisdicción.
Como premisa para rebatir los tres motivos relativos a la inmunidad europea, la inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad de diputados y senadores, se señala que la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 19 de diciembre de 2019, en la que se apoya la demanda, resuelve una cuestión prejudicial en relación con los efectos en la situación de prisión provisional del señor Junqueras tras ser proclamado electo y adquirir la condición de miembro del Parlamento Europeo, cuestión que difiere absolutamente de los efectos en el cumplimiento de la pena de trece años de prisión a la que fue condenado por la sentencia de 14 de octubre de 2019 ahora impugnada.
En lo atinente a las alegadas inviolabilidad e inmunidad parlamentarias, tanto por la condición de miembro del Parlamento Europeo como de diputado o senador nacional, se remite a la respuesta dada en la sentencia impugnada en su fundamento de Derecho A) apartados 17.3.3 y 4, que reproduce. Concluye que los argumentos mantenidos por los demandantes, que plantean la inviolabilidad parlamentaria «como una limitación a la jurisdicción de carácter absoluto», decaen frente al comportamiento de los condenados, que se integra en el concepto jurídico de abuso de derecho y fraude de ley, por lo que no hay vulneración del derecho de participación política del artículo 23 CE y del derecho al proceso con todas las garantías y la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE.
10.2 Principio de legalidad y tipicidad penal.
Tras resumir las alegaciones de los recurrentes, rechaza la falta de taxatividad del delito de sedición denunciada, con remisión a la doctrina recogida en el auto de 29 de enero de 2020 que resolvió sobre los incidentes de nulidad, ya que considera que «un redactado del tipo penal que pueda generar debates o discusiones doctrinales, o incluso diferentes interpretaciones jurisprudenciales al cabo del tiempo exigidas por cambios sociales, culturales, políticos, etc., no conlleva automáticamente la concurrencia de los defectos en materia de legalidad penal en su vertiente del principio de taxatividad», sin que los demandantes desarrollen el más mínimo razonamiento sobre los defectos aducidos.
Tampoco juzga imprevisible la aplicación del tipo penal a los hechos, que se defiende, a su juicio, con argumentos contradictorios, que a veces se apoyan en la existencia de una interpretación judicial previa y otras veces en la inexistencia de tal interpretación, o con la apelación al «precedente de Schleswig-Holstein», que obvia los principios básicos de la independencia judicial y la competencia exclusiva atribuida constitucionalmente a los juzgados y tribunales para juzgar y ejecutar lo juzgado. Asimismo –continúa diciendo– no resulta convincente la queja de que el delito de sedición no contemple las conductas declaradas probadas, que se funda en la demanda en una constante serie de juicios de valor infundados sobre la sentencia impugnada, sobre su exceso en la interpretación y aplicación del delito y la falta de definición de unos hechos que integren los elementos típicos y, a la postre, en una interpretación interesada de los hechos objeto de la causa penal. Subraya que se repite ahora la tesis de que se trata del ejercicio legítimo del derecho de reunión, como se alegó a lo largo de la causa y se respondió en la sentencia y auto impugnados, que, en línea con la doctrina constitucional, se pronuncian con carácter previo a aplicar el tipo penal sobre esa cuestión y descartan que los hechos se encuadren dentro del ejercicio legítimo del derecho. En particular, rechaza que la despenalización del antiguo delito de referéndum ilegal sea un motivo justificativo de la quiebra constitucional, ya que la sentencia impugnada no condena por la mera convocatoria de un referéndum ilegal, sin perjuicio de que esta circunstancia pueda formar parte de los hechos probados.
Por último, achaca a los demandantes pretender que el Tribunal Constitucional se extralimite de sus funciones de control constitucional acaparando competencias que corresponden en exclusiva al legislador cuando plantean que la sentencia impugnada ha dado una respuesta penal desproporcionada de conformidad con los principios internacionales de los Estados democráticos. Recuerda que el Tribunal Constitucional, desde la STC 55/1996, reconoce la posición institucional del legislador democrático y mantiene una concepción del principio de proporcionalidad como juicio de mínimos, de acuerdo con la cual, el control constitucional relativo a la proporcionalidad de las normas penales no debe suponer un control de calidad o perfectibilidad de la norma, sino solamente una prueba de mínimos sobre el respeto del principio. Y en aplicación de esa doctrina descarta la falta de proporcionalidad alegada, ya que (i) no se persigue un bien o interés constitucionalmente proscrito o socialmente irrelevante, dado que se pretende no solo la protección del orden público, sino también la preservación de la integridad territorial y política y la vía penal es un medio adecuado para evitar el riesgo de subvertir el orden constitucional; (ii) no se infiere en el caso, donde existieron requerimientos previos del Tribunal Constitucional a los que se hizo caso omiso, la existencia de medidas menos gravosas para la consecución igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el legislador, que, por otra parte, los condenados no proponen; (iii) y tampoco se aprecia una falta de proporcionalidad interna, ya que «a la vista de los importantes bienes e intereses protegidos, y a pesar de la indudable severidad sancionadora que en sí supone la imposición de una pena privativa de libertad, no puede concluirse que nos encontremos con un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre el desvalor de la conducta y la sanción que nos conduzca a afirmar que se ha producido una lesión de la libertad desde la perspectiva de los arts. 17.1 y 25.1 CE, pues de no atajarse el peligro abstracto de representantes políticos –no solo ejerciendo su libertad de expresión, de reunión y manifestación– sino aprobando normas y declaraciones formales de la separación jurídica y política de una parte del territorio del resto del Estado, y recabando el apoyo de una parte de la ciudadanía con algaradas en las calles, se incrementaría de modo incalculable el número de casos en que se produciría el peligro próximo, fomentando futuras acciones de otros o los mismos representantes políticos con el objetivo de subvertir el orden constitucional vigente». Finaliza su argumentación con un recordatorio a la respuesta dada en el apartado 2.6 del auto de 29 de enero de 2020 a la denuncia de falta de proporcionalidad, del que se reproduce un amplio extracto.
10.3 Derechos civiles.
Respecto de la lesión del derecho de reunión y de manifestación y del derecho a la libertad de expresión aducida por los demandantes, el partido político Vox recuerda que el Tribunal Constitucional (SSTC 11/1981, 2/1982, 110/1984 o 120/1990, entre otras) tiene declarado que todo derecho tienes sus límites; y considera que basta acudir a la sentencia recurrida, de la que plasma un extracto también reproducido en la demanda –página 392–, para concluir que la interpretación que consta en la misma es incuestionable desde el punto de vista de la lógica jurídica. Afirma que, frente al contundente razonamiento de la sentencia, «los acusados únicamente pueden responder con su genérico rechazo carente absolutamente de base, retorciendo en algún caso los hechos para intentar reflejar una realidad paralela e inexistente de los mismos, insuficiente a efectos de demostrar la vulneración de ningún derecho fundamental».
10.4 Proceso con todas las garantías.
El partido político Vox trae la doctrina que establece, de un lado, que no es función del Tribunal Constitucional examinar la interpretación de la legalidad hecha por los órganos judiciales, salvo que, por manifiestamente arbitraria, claramente errónea o por no satisfacer las exigencias de proporcionalidad inherentes a la restricción de todo derecho fundamental, implique por sí misma lesiones específicas de las garantías sustanciales del procedimiento constitucionalizadas en el art. 24 CE (STC 43/2009, de 12 de febrero, FJ 3). Y de otro lado, que las eventuales infracciones de las normas o reglas procesales solo constituyen una lesión del derecho a un proceso con todas las garantías si con ellas se ocasiona una merma relevante de las posibilidades de defensa (STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 8).
Con tal base rechaza la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, que los recurrentes vinculan tanto a una visión global del procedimiento como a específicas infracciones que fueron produciéndose en su discurrir. A su entender, el sumatorio de muchas pequeñas vulneraciones irrelevantes en sí no puede convertirse en una merma relevante de las posibilidades de defensa, pues lo que se exige –a tenor de la referida doctrina– es que cualquiera de las infracciones alegadas, de forma real y efectiva, haya privado al condenado de sus posibilidades de defensa. Descarta en particular que se haya vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley, a un juez independiente o a un juez imparcial así como la conculcación de derechos y garantías fruto de la alegada ruptura de la incontinencia de la causa o su carácter prospectivo, sin que los recurrentes ofrezcan en apoyo de esas supuestas vulneraciones, reiteradas en el resto de lesiones alegadas, más que «valoraciones subjetivas e interesadas que son meramente una versión distinta de los hechos probados».
10.5 Libertad.
Por lo que atañe a las quejas vinculadas a la prisión provisional en que se mantuvo a los demandantes todo o la mayor parte del procedimiento, en primer lugar, hace referencia a la doctrina constitucional sobre los fines legítimos de la medida y subraya que el auto del Tribunal Supremo de 5 de enero de 2018 examinó en apelación la situación de prisión provisional del señor Junqueras y apreció los riesgos de reiteración delictiva y fuga. En segundo lugar, aborda la inmunidad parlamentaria del señor Junqueras, reiterando lo ya dicho en alegaciones previas, esto es, que la sentencia de 19 de diciembre de 2019 dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya no era aplicable de forma efectiva a la causa al no existir ya medida cautelar de prisión provisional afectada por la decisión.
A continuación alega sobre el reenvío prejudicial solicitado en el otrosí digo primero de la demanda de amparo, que considera una petición improcedente, por cuanto, habiéndose dictado sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con fecha 19 de diciembre de 2019, no parece lógico que puedan plantearse de forma reiterada nuevos reenvíos judiciales conforme al apartado 6 de las recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (2019/C-380/01). Añade que «el objeto sobre el que se pretende nueva resolución por la jurisdicción europea es el mismo que el resuelto el pasado 19 de diciembre de 2019; a saber, la extensión y efectos de la inmunidad como miembro electo del Parlamento Europeo del señor Junqueras en relación con la causa seguida ante el Tribunal Supremo, existiendo por tanto jurisprudencia anterior bien asentada en la materia, además de que el propio Alto Tribunal consideró aclarada completamente la duda respecto al modo correcto de interpretar la norma jurídica interna en relación con la normativa europea».
Para terminar se opone a la solicitud de suspensión de efectos de la sentencia recurrida solicitada en el otrosí digo segundo del recurso, citando el ATC 58/2020, de 17 de junio, relativo a la denegación de suspensión de los efectos de la sentencia condenatoria dictada contra don Jordi Sànchez i Picanyol en la misma causa que afecta a los ahora demandantes de amparo. Estima que «no existen méritos que justifiquen una decisión distinta en este caso, puesto que la motivación planteada en ambos supuestos es en esencia idéntica y la condena que los ahora demandantes de amparo tienen que cumplir es incluso superior en duración a la que motivó la resolución respecto al señor Sànchez».
11. El 12 de noviembre de 2020 tuvo entrada en este tribunal el escrito de alegaciones formulado por el Ministerio Fiscal. Después de describir los antecedentes fácticos de la causa judicial previa, analiza los motivos por el orden seguido en la demanda de amparo. A continuación, se sintetizan sus alegaciones.
11.1 Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), a la libertad (art. 17 CE), a la igualdad (art. 14 CE) y a la participación y representación política (art. 23 CE) por la inmunidad del señor Junqueras como diputado europeo.
Después de describir las alegaciones de la demanda y reproducir el fundamento de Derecho A) 10.2.2 del auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones de 29 de enero de 2020, aduce que esta queja no debe ser admitida por referirse a resoluciones dictadas con posterioridad a la sentencia que se cuestiona y en piezas ajenas a la causa principal, de modo que el motivo no fue objeto de enjuiciamiento en dicha la sentencia. En todo caso, el demandante pudo recurrir en amparo las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en la pieza separada.
11.2 Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), de las libertades ideológica (art. 16 CE) y de expresión (art. 20 CE) y de los derechos de reunión (art. 21 CE) y de representación política (art. 23 CE), al estar amparadas las actuaciones de los demandantes por la inviolabilidad parlamentaria derivada su condición de miembros del Parlamento de Cataluña.
Tras resumir la queja, señala que la conducta de los recurrentes que ha merecido reproche penal ha venido constituida por su actuación como vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del primero de ellos y como consejero del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia del segundo, sin que se hayan tenido en cuenta ni sus intervenciones ni los votos emitidos en el Parlamento de Cataluña.
11.3 Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y de representación política (art. 23.2 CE) por no haberse solicitado autorización al Congreso de los Diputados y al Senado para enjuiciar a los demandantes una vez que habían adquirido la condición de miembros de una y otra Cámara.
Según la fiscal este motivo de amparo plantea cuestiones que no han sido analizadas por la sentencia recurrida, sino por otras resoluciones que han sido impugnadas en otros recursos de amparo como el núm. 6711-2019.
11.4 Vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE).
La fiscal contesta en este apartado las quejas que versan sobre la infracción por el delito de sedición del principio de taxatividad, imprevisibilidad en la interpretación, ignorancia de la despenalización del delito de referéndum ilegal y desproporción de la pena.
Comienza el examen de este grupo de quejas de la demanda invocando el auto de 29 de enero de 2020 impugnado, que respondió desestimando esa cuestión en el fundamento de Derecho 2.4, que reproduce. A renglón seguido hace cita de la STC 146/2017, «en el mismo sentido (SSTC 73/2019, 88/2018, 148/2018 y 172/2018) en su fundamento jurídico 3, […] en relación con la garantía material del principio de legalidad (art. 25.1 CE)», que también reproduce, así como el tenor de los arts. 544 y 545 CP.
A continuación, sostiene el escrito de alegaciones que el «tipo penal utiliza términos de uso común tanto para definir la conducta típica, esto es el alzamiento público y tumultuario, como la finalidad que ha de perseguirse impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales». Al ser términos «fácilmente comprensibles por cualquier ciudadano […] la conducta típica no puede tildarse de indefinida o de posibilitar una elección libre y arbitraria del juzgador». Prosigue diciendo que, en realidad, los demandantes no cuestionan la formulación del tipo delictivo, sino que discrepan de la subsunción de los hechos en él. Reproduce el fundamento de Derecho A), apartado 13, de la sentencia impugnada, referido a la alegada vulneración del principio de legalidad, que rechaza; lo mismo que el auto denegatorio de su nulidad, de 29 de enero de 2020, en sus fundamentos 2.4, 2.5.1, 2.6, 3.3.1, 3.2.2.3 y 6.2.4, que reproduce también en parte.
Respecto a un cuestionamiento por la demanda de la operación de calificación jurídica de los hechos probados por el Tribunal Supremo, pasa el escrito de alegaciones a reproducir en parte el fundamento de Derecho B), apartados 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 de la sentencia impugnada, sobre el juicio de tipicidad, así como el fundamento de Derecho C), acerca del juicio de autoría, apartado 1, dedicado al delito de sedición, y la STC 146/2017, FJ 4. De todo ello extrae la fiscal un juicio favorable a la labor llevada a cabo en este punto por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, puesto que mediante un «exhaustivo» examen de esas calificaciones en cuanto al delito de sedición, analizó «el bien jurídico protegido y la finalidad lesiva del sujeto sedicioso o sujeto activo de dicha figura delictiva para concretar su campo de aplicación, a diferencia de otras figuras delictivas ubicadas en el mismo capítulo y título del Código penal. También analiza el tipo de actividad que debe realizarse al no ser susceptible su comisión mediante un solo acto y además de su naturaleza de delito plurisubjetivo o de convergencia. Se detiene en el análisis del medio comisivo y de la finalidad con específico detenimiento en los términos más vagos cuestionados de los utilizados por el legislador, que interpreta conforme a su estricto significado gramatical específicamente los vocablos “alzamiento y tumultuario”; […] define la conducta delictiva cuando además de una reunión de una colectividad de sujetos, tumultuaria y pública acude como medios comisivos a actos de fuerza o fuera de las vías legales, para dirigirse con potencial funcionalidad a lograr que las leyes no se cumplan o que se obstruya la efectividad de las órdenes o resoluciones judiciales o administrativas […]; se detiene en anteriores pronunciamientos de la Sala aunque referidos a un artículo previgente y de análisis efectuados en el plano dogmático […]; analiza c[ó]mo debe establecerse la consumación en dicho supuesto dada su naturaleza de tipo penal de resultado cortado […]; c[ó]mo todos y cada uno de los elementos del tipo concurren en la conducta enjuiciada, en la que de forma generalizada y en toda la extensión de la comunidad autónoma se produjo un levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica que determinó que la autoridad del Poder Judicial quedara en suspenso».
Sobre el juicio de autoría, valora que la sala de enjuiciamiento atienda a «la necesidad de tener en cuenta la adecuación entre la actividad desplegada y sus efectos lesivos para el bien jurídico protegido, de suerte que sean objetivamente previsibles, en definitiva que el riesgo producido o incrementado por la conducta se materialice con la actividad del autor, partiendo de la condición de miembros del Govern de los ahora demandantes y, en concreto, que en el supuesto a presencia no juzgaba la denominada prohibición de regreso, en atención a como se habían planificado y desarrollado los hechos».
A juicio de la fiscal, los demandantes «construyen su queja de vulneración del derecho a la legalidad penal discrepando del relato fáctico que ha sido considerado acreditado, por entender que carece de sustento probatorio, lo que es por completo ajeno al derecho» invocado.
Añade que la lectura de los hechos probados evidencia que los demandantes no «han sido condenados por apoyar dos concentraciones pacíficas sobre las que no tienen ningún tipo de control», y que no pueden acogerse, por no referirse al derecho invocado, las quejas por la existencia del tipo delictivo, las discrepancias entre las partes sobre su calificación, ni las alusiones a resoluciones de tribunales extranjeros.
Tampoco cabe acoger, según el Ministerio Público, la queja relativa a la insuficiencia del relato fáctico en relación con los episodios violentos de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, pues «dichos hechos eran ajenos a la causa por haberse incoado una causa distinta para su averiguación y enjuiciamiento y lógicamente de tales hechos no eran acusados los demandantes ni por tales hechos han sido condenados».
En cuanto a la queja relativa a que la Sala de lo Penal no ha analizado otros tipos penales alternativos, entiende que sí ha efectuado «un cumplido análisis de la figura delictiva de sedición y su deslinde con otras conductas contempladas en el mismo capítulo del título penal, concretamente los desórdenes públicos»; y añade que algunos de los procesados en la misma causa han sido condenados por el delito de desobediencia.
Por otra parte, en el relato de hechos se «especifican todas y cada una de las conductas acreditadas» que se imputan a los demandantes y «su concierto con los demás coautores», lo que descarta que su participación fuera accesoria y la inaplicación en el presente supuesto de la prohibición de regreso.
Finalmente, apunta que la Sala también ha examinado la incidencia de la destipificación del delito de referéndum ilegal, concluyendo que la condena de los recurrentes «no se ha producido por haberse circunscrito su conducta a la mera convocatoria de un referéndum».
11.5 Vulneración de los derechos de reunión y manifestación (art. 21 CE) y de la libertad de expresión (art. 20 CE).
Tras describir detalladamente el motivo de amparo, la fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional reproduce la respuesta dada a estas quejas por la sentencia impugnada [fundamento de Derecho A), apartados 17.5.1 y 17.5.2]. A continuación trascribe el fundamento jurídico 7 de la STC 62/2019, en cuanto a que el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales resulta incompatible con la imposición de una sanción penal, que cabe la posibilidad de que existan conductas que exceden del ejercicio propio del derecho aunque no son merecedoras de reproche penal y, por último, se producen casos en los que este último reproche sí está justificado. En el mismo sentido, cita la STC 5/2020 y el ATC 40/2020, FJ 4, que reproduce en parte.
Considera la fiscal que la demanda de nuevo prescinde en este punto de los hechos declarados probados por la sentencia, reduciéndolos a «actos pacíficos y festivos de protesta ciudadana». Los hechos que han merecido la condena de los señores Junqueras y Romeva no han supuesto una reacción a la promoción o a la participación en dichas protestas ciudadanas. Ninguno de los «miles de ciudadanos, millones» que participaron en los sucesos del 20 de septiembre y del 1 de octubre de 2017, como se reconoce en elfactumde la sentencia impugnada, fue objeto de restricción alguna de su derecho a manifestarse y a expresar lo que tuvieran por conveniente.
11.6 Vulneración del derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE).
Después de resumir la queja formulada por los recurrentes, el escrito de alegaciones reproduce la STC 3/2020, FJ 8, en la que se repasa doctrina sobre el contenido del derecho a la libertad ideológica del art. 16 CE. Dice que, de nuevo, la demanda relata una situación fáctica que no se corresponde con los hechos probados de la sentencia, negando que se haya producido una criminalización de su ideario político. Sostiene que los demandantes no han sido condenados por ese ideario, sino por realizar las conductas que tipifica el Código penal.
La motivación política de sus actos no determina que se haya vulnerado su derecho a la libertad ideológica, no siendo aquella motivación un elemento objetivo de los tipos penales, ni se tipifica en general como causa de exención de la responsabilidad criminal. El ideario político de los demandantes es compartido por muchas personas, dentro o fuera de su Comunidad Autónoma, o incluso fuera de España, y es una «opción política que forma parte del debate democrático, que constituye el ideario de numerosos partidos políticos, entre ellos el de los demandantes, que concurren en plena libertad en los procesos electorales y que se alzan, en muchas ocasiones con el triunfo, gobernando en dichos territorios».
11.7 Vulneración de los derechos de partición y representación política (art. 23 CE) por la denegación de permisos para que los demandantes pudieran ejercer sus funciones como miembros del Parlamento de Cataluña, del Congreso de los Diputados y del Parlamento Europeo, así como participar en las campañas electorales.
Tras describir la queja, la fiscal jefe se remite a la STC 9/2020, dictada en el recurso de amparo núm. 2327-2018 promovido por don Oriol Pastor Ruiz, en relación con los autos dictados por el magistrado instructor de la causa especial y la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que denegaron su solicitud de permiso para asistir a la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña, y a la STC 97/2020 sobre la suspensión de la condición de diputado del señor Junqueras por acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados de fechas 11 de junio y 24 de mayo de 2019, así como a los informes de la Fiscalía emitidos con ocasión de esos recursos de amparo.
11.8 Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE).
Una vez descrita detalladamente la queja, y luego de reproducir los apartados del fundamento de Derecho A), 4.1.1 a 4.1.4, en los que se contiene la respuesta de la sentencia impugnada a esta queja de la demanda, la fiscal hace cita de las SSTC 35/2000, FJ 2in fine, y 266/2015, FJ 2, acerca del contenido esencial de este derecho fundamental, y de la STC 230/2009, sobre su posible vulneración cuando la resolución en examen evidencia una manipulación arbitraria de las reglas legales sobre atribución de competencias al órgano judicial. Con este punto de partida, discrepa la fiscal de los motivos de la demanda, al no atender esta a las razones dadas por el Tribunal Supremo para haber conocido de la causa, en concreto tres: (i) las acusaciones situaron desde el primer momento parte de los hechos objeto de reproche penal, fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña; (ii) por la aplicación de la tesis de la ubicuidad, en virtud de la cual el delito se comete en todos los territorios donde se realicen actos expresivos de los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Esos hechos cometidos fuera de Cataluña se describen en la sentencia, en concreto los cometidos para lograr la celebración del referéndum y que se votara en el extranjero, y para lograr apoyo internacional a la tesis independentista, teniendo en cuenta los cargos políticos de los recurrentes; y (iii) por la adquisición de la condición de aforados de los recurrentes como diputado y senador.
De todo ello «fluye» que la causa ha sido instruida y juzgada por el juez ordinario, mediante una razonable interpretación de la ley procesal, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución.
11.9 Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) al haber formado parte de la sala de enjuiciamiento un magistrado jubilado.
Señala la fiscal que el acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial de 11 de abril de 2019 por el que se prorroga la jurisdicción del magistrado del Tribunal Supremo señor Varela, al haber alcanzado la edad de jubilación durante el plenario, aparece desligado del presente procedimiento, procede de un órgano distinto, no fue cuestionado por los recurrentes y obedece a una aplicación razonada y razonable de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
11.10 Vulneración del derecho a un juez independiente (art. 24.2 CE) como consecuencia del sistema de designación de los miembros del tribunal que ha instruido y enjuiciado la causa.
Tras describir la queja, reproduce el escrito de la fiscal parte del apartado 5.5.1 del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida en amparo, para concluir señalando que el motivo debe rechazarse por su notoria falta de fundamento, ya que «entremezcla la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, esto es, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados», con el sistema de designación de los distintos jueces y magistrados, «cuando ambos son absolutamente dispares», para sugerir una falta de independencia no probada.
11.11 Vulneración del derecho a un juez imparcial (art. 24.2 CE).
La fiscal comienza su análisis reproduciendo la respuesta dada en la sentencia impugnada a esta queja de la demanda, en el fundamento de Derecho A), apartados 5.2, 5.5.3, 5.5.4 y 5.5.6, citando a continuación las SSTC 47/2011, FJ 9, y 126/2011, FJ 15, sobre las dos modalidades de la imparcialidad judicial reconocidas, la objetiva y la subjetiva, y recuerda que se trata de una queja ya vertida en otros recursos de amparo de la causa especial núm. 20907-2017, y que ha sido rechazada por ejemplo en la STC 29/2019. Dicho esto, la fiscal ofrece una consideración conjunta a las principales situaciones que los recurrentes consideran vulneradoras de aquel derecho fundamental: (i) sobre la participación de cuatro magistrados de la sala de enjuiciamiento en la admisión de la querella, este tribunal ha descartado de manera inconcusa que ese mero acto pueda comprometer la imparcialidad ulterior del órgano de enjuiciamiento; (ii) la participación de cinco de los siete magistrados en el enjuiciamiento de la causa especial núm. 20249-2006 seguida contra don Francesc Romero, por tratarse de hechos anteriores y muy distintos; (iii) la cercanía o amistad entre los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al versar sobre materia ajena a las relaciones con las partes o a la intervención en fases previas de la causa, lo que también sirve para contestar a la tacha relativa a la relación con el fiscal firmante de la querella; y (iv) las opiniones vertidas por un tercero ajeno al proceso, sobre circunstancias referidas al presidente de la Sala, «resultan ajenas a los contornos de protección del derecho fundamental que se esgrime como infringido».
11.12 Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) porque la incoación de diversos procedimientos sobre los mismos hechos ante órganos judiciales diferentes ha impedido conocer y utilizar fuentes de prueba imprescindibles para la defensa.
Se indica en el escrito de alegaciones que las cuestiones agrupadas bajo este motivo se resuelven en el fundamento de Derecho A), apartados 4.1.2 y 4.1.6 de la sentencia impugnada, que reproduce, explicándose así la fragmentación procesal, dice, de un modo razonable a lo largo del procedimiento, dada la necesidad de conjugar el aforamiento de los acusados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo con la limitación de su extensión competencial a los no aforados, a partir de las infracciones penales investigadas.
La Sala del Tribunal Supremo limitó así su conocimiento «a uno solo de los escalones participativos en el delito de sedición o rebelión», al igual que en el delito de malversación. Cuando no se han dado esas circunstancias las causas han sido instruidas por otros tribunales conforme a las reglas de competencia aplicables, y a los recurrentes no se les ha seguido otra causa judicial sino esta, en la que han gozado de plena defensa. La demanda no cuestiona la interpretación realizada por el Tribunal Supremo de las normas aplicables, y la Sala, además, «ha resuelto la declinatoria de jurisdicción, en el momento procesal pertinente».
11.13 Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) al fundarse la sentencia en informaciones y fuentes de prueba obtenidas en una investigación prospectiva, con finalidad política y objeto indeterminado que ha propiciado injerencias desproporcionadas.
El escrito del Ministerio Público, una vez descrita la queja y reproducidos los apartados 2.3, 8.1 y 8.2 del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida, señala que no fue objeto del proceso subyacente la regularidad procesal de las actuaciones seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y que las pruebas que han servido para tener por acreditados los hechos objeto de condena son las que obraban en la causa especial y «todas ellas han podido ser contradichas por los demandantes sin merma defensiva alguna y con pleno respeto a la normativa procesal».
11.14 Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.l CE), de defensa, a un proceso con todas las garantías y al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), durante la instrucción de la causa por la toma de decisiones discriminatorias de las defensas frente a las acusaciones.
Una vez que el escrito de alegaciones se refiere a las irregularidades procesales denunciadas, concluye la fiscal afirmando que el motivo es inadmisible, dado que «[l]a parte se limita a reseñar una relación de escritos que, al parecer, ha ido presentando en las distintas fases procesales, algunos de ellos referentes a otros motivos de amparo, todos ellos huérfanos de la más mínima argumentación, sin tampoco hacer alusión alguna a las respuestas judiciales recibidas ni concretar las consecuencias que de ello se han producido en sus derechos fundamentales, ni tan siquiera las conculcaciones de las normas procesales».
11.15 Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), por las vulneraciones de derechos fundamentales producidas en otros procedimientos vinculados a la causa que habrían afectado a la prueba de la misma.
Para la fiscal, «los demandantes se limitan a referirse a una serie de escritos, que reseñan, en los que se denunciaban las vulneraciones que se limitan a enunciar, algunas ya vistas, otras ya deducidas en recursos de amparo propios y ajenos, todas ellas sin motivación alguna, omitiendo cualquier mención a la respuesta judicial habida, sin especificar, ni siquiera mencionar, ninguna de las fuentes de prueba presuntamente afectadas».
11.16 Vulneración del derecho a la prueba (art. 24.2 CE), por inadmisión de las pruebas propuestas.
Una vez resumido el motivo de amparo, señala la fiscal jefe que esta queja se desestimó en la sentencia recurrida, en el fundamento de Derecho A), apartados 7.2, 8.2, 10.1, 10.2 y 10.3, que reproduce. Trascribe después el fundamento jurídico 4 de la STC 182/2017 para referirse a continuación a cada una de las pruebas cuya denegación se cuestiona, señalando lo que sigue: (i) en relación con la prueba documental, la demanda «[o]mite toda mención concreta o documento alguno y se abstiene de razonar sobre su posible incidencia en el contenido del fallo»; (ii) en relación con la testifical de los procesados rebeldes, lo afirmado en la sentencia no ha sido contradicho y no se ha justificado la relevancia de esta prueba; (iii) la declaración del testigo sobre la parcialidad del tribunal (señor Cosidó) fue analizada con ocasión de la tacha de falta de imparcialidad, destacando la irrelevancia de las opiniones de terceros; (iv) la denunciada falta de neutralidad del jefe de la investigación (señor Baena) pudo discutirse en el plenario con ocasión de su interrogatorio; (v) en relación con las actuaciones del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, la demanda omite «cualquier mención o documento alguno que se les hubiese denegado con relevancia en el sentido del fallo»; (vi) respecto de la «prueba referida a procedimientos que denominan desconocidos», su ajenidad con lo debatido en el proceso subyacente no ha sido contradicha por la parte demandante; (vii) tampoco contradice la argumentación referida a los «audios de criminalización pública», prueba relacionaba con la dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia que desarrolla en otro motivo; y, (viii) finalmente, en relación con la pericial de la policía, una vez que se reconoce su admisión como «informe documentado», la parte no expone la trascendencia de la omisión de su explicación en el juicio oral.
11.17 Vulneración del derecho a la prueba (art. 24.2 CE), por la imposibilidad de contrastar las declaraciones testificales con la documental videográfica y de formular repreguntas a los testigos, y por la iniciativa del presidente del tribunal de interrogar a los testigos.
La fiscal, una vez que da cuenta del motivo de amparo, reproduce parcialmente los apartados 16.1, 16.2 y 16.3 del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida para concluir señalando que «la actuación del tribunal se acomoda a la normativa procesal y a los usos forenses tradicionales, sin que la parte señale ninguna infracción procesal y además el modo de practicar la prueba se aplicó por igual a acusaciones y defensas». Añade, en primer lugar, que la Sala exhibió a algunos testigos la documental solo cuando se cuestionaba la autenticidad o integridad de esta, no siendo necesario en los demás casos, en los que la prueba videográfica se reprodujo del modo usual, tras la práctica de la prueba testifical y pericial. En segundo lugar, considera que la limitación del interrogatorio de los testigos afectó por igual a todas las partes intervinientes «sin que ello haya supuesto indefensión alguna de los demandantes o desventaja respecto de las acusaciones […] Por lo demás, la formulación de una única pregunta por el presidente del tribunal a un testigo, sobre una cuestión ampliamente debatida y sobre una reun