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sposición contraria del Derecho interno (en este sentido, las sentencias del TJUE de 22 de junio de 1989, Constanzo, 103/88, Rec. p. 1839, apartado 33, y de 14 de octubre de 2010, Fuß, C- 243/09, Rec. p. I-0000, apartado 63)» (FD 5).
La implementación de sistemas de autoconsumo sobre líneas directas, por otra parte, comporta la aplicación de regímenes específicos en cuanto a su propiedad y titularidad, entre otras cuestiones, que se apartan de las reglas generales del sistema eléctrico. Nos hallaríamos, de este modo, ante una norma especial preferente respecto de la especial. Así, por ejemplo, el régimen de autorización, que puede ser previo o mediante declaración responsable, la obligación de venta o cesión al gestor de la red en supuestos de líneas directas compartidas, obviando la aplicación prevalente del artículo 7 de la Directiva 2019/944 y su impacto en el artículo 42.4 de la Ley del Sector Eléctrico, extensión de red o nuevas instalaciones necesarias hasta el punto de conexión que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor y/o generador, excepto si pueden ser consideradas infraestructuras compartidas de evacuación, cedería ante la norma específica de autoconsumo por aplicación de la propia normativa básica, en la que se amparan las reglas que establece este Decreto-ley. De otro modo, quedaría vacía de contenido la posibilidad, admitida por la normativa de autoconsumo, de implementar determinadas modalidades de autoconsumo que se articulan a través de la red o de conectar plantas mediante línea directa para autoconsumo a través de red.
El capítulo cuarto incluye diversas disposiciones para impulsar el autoconsumo de electricidad en Aragón en el marco de la regulación de esta cuestión en la normativa básica estatal. Lógicamente, este Decreto-ley, comprometido con el rápido, expeditivo y oportuno impulso al consumo de cercanía articulado a través de las diferentes modalidades de autoconsumo, no cuestiona en modo alguno la aplicación en Aragón del régimen jurídico y técnico de conexión a la red de transporte o distribución, de los peajes y cargos del sistema aplicables y de la exigencia y requisitos de equipos de medida en sus puntos frontera o en su interior, que han de ser en todo caso los establecidos en la normativa básica estatal, al igual que las condiciones técnicas y de seguridad que procedan para garantizar esta y la calidad del sistema siempre cuando estén razonablemente justificadas. Pero, en el marco regulatorio estatal, este Decreto- ley establece normas específicas que concretan las diferentes alternativas para implementar el autoconsumo como una modalidad de consumo energético de cercanía o distribuido que aproveche las potencialidades que ofrece el territorio aragonés. Así, se desarrolla en atención a las peculiaridades de nuestra Comunidad y en uso de su autonomía y competencias, el régimen de las instalaciones próximas, el autoconsumo sin excedentes y el autoconsumo con excedentes.
En el capítulo quinto de este Decreto-ley se regula el régimen de las comunidades de energía, en sus dos modalidades de comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía, así como el de las mancomunidades de energía, que pueden jugar un papel agregador muy relevante en una Comunidad como Aragón, con elevada dispersión y baja densidad de población. De este modo, en ausencia de regulación estatal, las comunidades de energía que desarrollen su actividad en Aragón contarán de un régimen jurídico que precisaban de forma indispensable en un momento como el actual, en el que la transición energética puede dar lugar a nuevas formas de consumir electricidad que no deben frenarse por falta de regulación o una regulación que preserve la configuración previa del sistema eléctrico, en trance de cambio y, si se desarrolla todo el potencial del derecho de la Unión, profunda transformación.
A las redes de distribución cerradas íntegramente ubicadas en el territorio de Aragón se dedica el capítulo sexto de este Decreto-ley, incorporándolas a nuestro ordenamiento con toda la amplitud que permite la Directiva 2019/944. Lógicamente, la regulación de estas redes cerradas asume su encaje en la normativa básica estatal, interpretando de conformidad con el sistema constitucional de distribución de competencias, no obstante, el artículo 3 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, en lo que respecta al régimen de autorización de las redes cerradas íntegramente ubicadas en Aragón cuando no produzcan afección alguna más allá de su territorio, en línea con lo expresado en la Resolución de 29 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. Aun cuando se trate de un acuerdo enmarcado en la relación bilateral entre la Generalitat de Cataluña y el Estado, la interpretación que en él asume el Estado del artículo 3.3 del Real Decreto-ley 20/2018 conforme a la cual dicho precepto, «al encomendar a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la transición ecológica la autorización de las redes de distribución cerradas, ha de interpretarse en el sentido de que dicha autorización es relativa al ejercicio de la actividad «de distribución cerrada» y no a las autorizaciones administrativas de las instalaciones eléctricas contempladas en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Por lo que respecta al dictado de las autorizaciones administrativas contempladas en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para las instalaciones eléctricas de que se componga dicha red de distribución cerrada, se estará al régimen competencial establecido en el artículo 3.13 de la meritada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y a lo dispuesto en el artículo 133.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en los términos establecidos por la doctrina del Tribunal Constitucional, en concreto en el FJ 5 de la STC 36/2017, de 1 de marzo».
El capítulo séptimo se dedica a la garantía de eficiencia ambiental y económica de las plantas de producción de energía que cuenten con una capacidad instalada superior a su capacidad de evacuación conforme a sus correspondientes permisos de acceso y conexión, muy especial, pero no exclusivamente, las plantas hibridadas. La legislación básica estatal define, a la par que reconoce, el derecho de conexión a un punto de la red como el «derecho de un sujeto a acoplarse eléctricamente a un punto concreto de la red de transporte existente o planificada o de distribución existente o incluida en los planes de inversión aprobados por la Administración General del Estado en unas condiciones determinadas» [art. 33.1.b) de la Ley del Sector Eléctrico]. La legislación básica garantiza ese derecho de conexión a un punto de la red, pero no impide que, adicionalmente, en las condiciones que procedan, puede conectarse un sujeto a más de un punto de la red. El permiso de conexión a un punto de red es, coherentemente, «aquél que se otorga para poder conectar una instalación de producción de energía eléctrica o consumo a un punto concreto de la red de transporte o en su caso de distribución» [art. 33.1.d) de la Ley del Sector Eléctrico]. Sobre esta base los apartados segundo a duodécimo del artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico desarrollan el contenido de ese derecho de conexión a un punto de la red que, en el último de dichos apartados, introducido por el Real Decreto-ley 23/2020, se extendió y desarrolló respecto de instalaciones hibridadas previendo que sus titulares «podrán evacuar la energía eléctrica utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre que la nueva instalación cumpla con los requisitos técnicos que le sean de aplicación».
La cuestión de la doble conexión de instalaciones de generación ya venía contemplada en los artículos 30, 31 y 32 del Real Decreto 1955/2000. Dedicados los dos primeros a definir qué son las instalaciones de conexión de centrales de generación, las «que sirvan de enlace entre una o varias centrales de generación de energía eléctrica y la correspondiente instalación de transporte o distribución» y las instalaciones de conexión de consumidores, «aquéllas que sirvan de enlace entre dicho consumidor y la correspondiente instalación de transporte o distribución», el artículo 32 regula el desarrollo de las instalaciones de conexión. Pues bien, prevé el apartado primero de este artículo 32 que «las instalaciones de conexión se conectarán en un solo punto a las redes de transporte o distribución, salvo autorización expresa de la Administración competente, y serán titulares de las mismas los peticionarios». Nada parece impedir, por tanto, salvo el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles, como ocurre en el caso de instalaciones hibridadas o se prevé, según hemos visto, para las redes de distribución cerrada, la doble conexión a la red de una instalación de conexión de generación o consumo. Eso sí, para ello es precisa «autorización expresa de la Administración competente», que fijará las condiciones que procedan. Nótese, en todo caso, que estamos hablando en este supuesto de instalaciones de conexión de generación o consumo a la red, esto es, específicamente destinadas a evacuar la energía generar o a obtener la energía demandada. En todo caso, conforme establece el apartado cuarto del artículo 27 del citado Real Decreto 1183/2020, en relación con plantas hibridadas, «los módulos de generación de electricidad y las instalaciones de almacenamiento que integren la instalación de generación híbrida deberán disponer de un sistema de control coordinado que impida que se supere en algún momento la capacidad de acceso máxima que puede ser evacuada teniendo en cuenta lo establecido en la letra b) del apartado anterior».
El régimen de la hibridación de instalaciones se desarrolló reglamentariamente en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1183/2020, que concreta, especialmente en el apartado tercero del artículo 27, los requisitos para que el permiso de acceso y conexión inicial, previo a la hibridación, pueda ser utilizado para evacuar la energía eléctrica por el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso inicialmente concedida, limitaciones que, por cierto, tienen relevancia desde la perspectiva, pues difícilmente por esta vía podrá considerarse de relevancia supraautonómica la planta que no lo fue inicialmente, vierte por el mismo punto y con la misma capacidad de acceso, por mucho que su capacidad instalada, mero indicador que ha de ser contrastado con el sistema constitucional de distribución de competencia, se incremente al sumar las dos tecnologías, que nunca podrán verter simultáneamente por el mismo punto de conexión ni por encima de la capacidad otorgada. Pero la norma sobre hibridación no sólo no excluye, sino que admite la posibilidad de un segundo punto de acceso y conexión, sin pérdida del primero, con los correspondientes permisos, cuando no se cumplan dichos requisitos, «el incumplimiento de las condiciones anteriores conllevará la inadmisión por parte del gestor de la red de la solicitud de actualización del permiso de acceso y conexión y, en consecuencia, la necesidad de tramitar y obtener un permiso de acceso y conexión para poder conectar a la red la instalación de generación híbrida. La inadmisión por esta causa de la solicitud de actualización de los permisos en acceso y conexión no supondrá la pérdida de los permisos de acceso y de conexión originalmente concedidos». Queda claro, en todo caso, que el régimen de evacuación de instalaciones hibridadas, por el permiso y capacidad iniciales o mediante un segundo permiso y capacidad adicional, aplica y resulta incuestionablemente exigible cuando el productor pretenda evacuar a la red la energía eléctrica producida.
De este modo, y en lo esencial, dicha norma reguló la posibilidad de incrementar la potencia instalada de dichas plantas, mediante tecnologías renovables diferentes de las iniciales, por encima de los permisos de acceso y conexión, pero sin alterar estos, más allá de admitir la posibilidad de que puedan ser utilizados para evacuar alternativamente energía generada por cualquiera de las tecnologías hibridadas. Pero nunca podrá evacuarse más al amparo de los permisos de acceso y conexión vigentes o que, en su caso, se concedan. Así el sistema logra incrementar las horas de vertido de energía a la red, siempre con la limitación derivada del permiso de acceso y conexión correspondiente. Se optimiza, por tanto, la red, sin duda, que va a recibir y distribuir o transportar más energía y, en definitiva, va a ver ocupada en mayor medida su capacidad aumentando la eficiencia y la rentabilidad de las inversiones en ella realizadas. Pero, aun siendo este el efecto de la hibridación no era el único objetivo perseguido, según el apartado cuarto de la exposición de motivos del Real Decreto 1183/2020, que se refiere como fines de la hibridación «al desarrollo rápido y eficiente de un gran número de proyectos renovables, optimizando la red ya construida y minimizando el coste para los consumidores». La hibridación puede y debe, pues, contribuir a minimizar el coste de la energía para los consumidores.
Optimizada la red, sin embargo, con la práctica actual no ocurre lo mismo con la planta de generación. La construcción de estas plantas requiere unas inversiones notables que, aun cuando pudieran ser amortizadas más rápidamente si se optimizase su gestión para lograr dirigir a consumo cada vatio de energía producida, no lo serán si regulatoriamente esto no es posible. Además, las plantas de generación renovable comportan impactos ambientales que, aun tolerables conforme a las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental, existen e implican potenciales afecciones a la fauna, la flora y el paisaje, entre otros valores presentes en el territorio. Por otra parte, finalmente, las plantas de generación consumen el suelo que ocupan que, en función de la tecnología de generación, impiden en unas ocasiones que se destinen a otros usos y condicionan los usos posibles en otras. Si no existiese posibilidad de utilizar la totalidad de la energía generada, combinando por ejemplo vertido a la red conforme al permiso y autoconsumo individual o colectivo, la ponderación subyacente en toda evaluación de impacto ambiental perdería, en gran medida, su sentido. Conviene advertir, por lo demás, que la posibilidad de poner en valor, por la vía del autoconsumo, por ejemplo, los tan repetidos excedentes de energía, además de beneficiar directamente a los consumidores, minimizando para ellos el coste de la energía y viendo así notablemente reducida su factura energética, especialmente en el autoconsumo sin excedentes, beneficiaría directamente a Comunidades que, como Aragón, asumen los impactos territoriales, ambientales y paisajísticos y que, frecuentemente, tienen cifras de energía generada muy superiores a las de energía consumida. En un territorio como el de Aragón, gravemente afectado por la despoblación, el estímulo que supondría el acceso a energía renovable y asequible resulta tan evidente que no requiere mayor explicación.
El capítulo octavo incluye la regulación de los proyectos e inversiones prioritarios con generación renovable asociada, configurados como una modalidad especial de planes y proyectos de interés general de Aragón declarados inversión de interés autonómico. Se excluyen las actividades energéticas de las susceptibles de ser declaradas y tramitadas como plan o proyecto de interés general de Aragón al amparo de dicha normativa. Y ello porque, en adelante, tan sólo las actividades energéticas que estén directamente vinculadas al consumo de cercanía, contempladas en el capítulo VIII de este Decreto-ley, y conforme al régimen en él establecido, podrán considerarse de interés general. Sólo cuando una actividad energética se vincule directamente a un proyecto con generación renovable asociada que sea declarado prioritario conforme a este Decreto-ley podrá considerarse de interés general. De este modo se potencia el consumo de cercanía, que provee energía generada localmente, evitando que actividades energéticas diferentes puedan autorizarse, autónomamente incluso, como plan o proyecto de interés general de Aragón. Así, el resto de las actividades energéticas, como pudieran ser la tramitación de instalaciones de generación conectadas a las redes de distribución y transporte mediando los correspondientes permisos y que no se vinculan a proyecto prioritario alguno, se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa del sector eléctrico y urbanística, sin que resulte posible en adelante que se declaren y tramiten como planes o proyectos de interés general de Aragón. Con esta finalidad, la disposición final tercera modifica la letra c) del apartado primero del artículo 33 de la vigente Ley de Ordenación del Territorio de Aragón eliminando las actividades energéticas de las que pueden ser autorizadas conforme al régimen general de los planes y proyectos de interés general de Aragón.
A esta nueva modalidad especial de planes y proyectos de interés general de Aragón declarados inversión de interés autonómico podrán recurrir, si lo desean, la iniciativa pública y privada para acelerar inversiones productivas que vayan asociadas a instalaciones de generación de electricidad a partir de fuentes renovables generando sinergias entre el sector industrial y el energético en beneficio los intereses generales de Aragón. En las cuatro secciones que integran este capítulo se regulan, primero, el concepto de proyectos prioritarios con generación renovable asociada, su alcance prioritario y los efectos de su declaración; en segundo lugar, se regula el régimen jurídico especial de la declaración de prioritarios de estos proyectos de interés autonómico e interés general, así como diversas cuestiones conexas como el procedimiento para la declaración, la utilidad pública e interés social de estos proyectos, y la caducidad de tal declaración; en tercer lugar se aborda el registro de entidades productoras de energía renovable para proyectos prioritarios; y, finalmente, en cuarto lugar, se incluyen en este capítulo diversas disposiciones que concretan las determinaciones energéticas de los instrumentos de ordenación y habilitan el uso de determinados espacios para la generación de energía.
En el capítulo noveno se regula el informe autonómico preceptivo y no vinculante en los concursos de acceso y de transición justa que se convoquen en relación con nudos ubicados en el territorio de Aragón. Se trata, con ello, de incorporar al ordenamiento aragonés de un instrumento que se ha demostrado eficaz para ejercer las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco de procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, protegiendo sus intereses. Dado que en dichos concursos tienen un peso notable criterios territoriales, económicos, sociales o ambientales, resulta evidente que la Comunidad ha de ser cuando menos oída en los procedimientos que se tramiten al efecto.
El capítulo décimo, integrado por un solo artículo, incorpora al ordenamiento aragonés la gestión y agregación de demanda como un instrumento para lograr un funcionamiento más eficiente del mercado en beneficio de los consumidores de energía, en línea con los objetivos del derecho de la Unión Europea en la materia.
El capítulo undécimo crea el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, cuyo objetivo fundamental es canalizar la reinversión en los territorios afectados por instalaciones de generación de una parte sustancial de los ingresos obtenidos por los tributos ambientales autonómicos que gravan tales afecciones. Para ello se establecen los criterios de dotación del fondo, su destino, los municipios destinatarios de este y el procedimiento y criterios de reparto.
Por último, el Decreto-ley contiene seis disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una derogatoria y siete finales. Las seis disposiciones adicionales incorporan la habitual cláusula sobre referencias de género, la regulación de determinadas obligaciones de información de las compañías distribuidoras que operan en Aragón, la planificación y zonificación ambiental para la instalación de nuevas instalaciones de generación de energía en Aragón, la competencia para la autorización de aumentos de potencia instalada o de hibridación, la modificación de las líneas de evacuación y la reorganización del área de energía de la administración autonómica.
Las dos primeras disposiciones transitorias, por su parte, regulan el régimen transitorio aplicable a los proyectos inversores y a los proyectos de generación energética renovable aprobados o que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto-ley, y la tercera las especificidades del régimen de aplicación de los hitos del Real Decreto-ley 23/2020 atendiendo a las peculiaridades procedimentales que rigen en Aragón. La cuarta disposición transitoria se dedica al régimen aplicable al Fondo Aragonés de Solidaridad Energética en tanto se complete el régimen tributario aplicable a tecnologías de generación de electricidad a partir de fuentes renovables distintas de la hidráulica.
Mediante la disposición derogatoria se derogan genéricamente las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este Decreto-ley.
Por último, las siete disposiciones finales se dedican, en primer lugar, a modificar los artículos 6 y 7 bis del Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón, con la finalidad de fijar los criterios a tomar en consideración para obtener la declaración de inversión de interés autonómico prevista en el artículo 6 y la declaración de interés autonómico con interés general regulada en el artículo 7 bis), como son su impacto en términos de creación de puestos de trabajo, así como la inversión, siguiendo para ello el criterio establecido en este Decreto-ley, y siendo tal modificación necesaria a fin de garantizar la coherencia jurídica entre ambos textos normativos.
La disposición final segunda modifica el Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón. Tal reforma tiene por objeto adecuar los umbrales de potencia establecidos en la normativa aragonesa para determinar el carácter sustancial o no de la modificación de un proyecto o de la autorización administrativa de una instalación de producción de energía eléctrica a partir de la eólica. Ello dado que la reciente modificación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica aumentó los umbrales inicialmente fijados, lo que torna en imprescindible la correlativa adaptación de la normativa aragonesa a fin de evitar que esta resulte más restrictiva que la estatal.
La disposición final tercera, como ha quedado expuesto, modifica la letra c) del apartado primero del artículo 33 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, en coherencia con el régimen especial de los proyectos con generación renovable asociada declarados prioritarios regulados en el capítulo VIII y, en particular, con lo establecido en el apartado segundo del artículo 41 de este Decreto- ley.
Las disposiciones finales cuarta, quinta y sexta tienen por objeto, respectivamente, encomendar al Gobierno que promueva tanto una nueva Ley autonómica de energía como la regulación de las cooperativas de energía, habilitar genéricamente el desarrollo reglamentario y, finalmente, establecer la inmediata entrada en vigor de este Decreto-ley.
La adopción de medidas mediante Decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura de crisis sanitaria y económica exige una rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio–.
El Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ. 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ. 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ. 3 y 189/2005, de 7 julio, FJ. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria que asoló el mundo de finales de 2019 a finales de 2022, primero, y la agresión rusa a Ucrania iniciada en febrero de 2022, después, justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar medidas que permitan acelerar la implantación de plantas de producción de energías renovables, primero, y el consumo eléctrico de cercanía, después. El autoconsumo, en el marco de lo establecido en la normativa básica estatal, las comunidades de energía y la integración de diversas acciones generadoras de demanda con las energías obtenidas de fuentes renovables, constituyen palancas fundamentales para que la actual situación, crítica para muchos ciudadanos y empresas, pueda revertirse hacia la normalidad. Pero esa normalidad ha de ser diferente a la anterior, ha de estar comprometida con la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones, con la democratización de la energía, con su puesta en valor en el ámbito empresarial para incrementar la competitividad de nuestra industria. Son muchos, en fin, los objetivos y poco el tiempo que la sucesión de crisis desde el inicio del presente siglo concede para alcanzarlos con éxito.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC 14/2020, de 28 de enero, FJ 4), centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, este Decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3). A juicio del Gobierno de Aragón, y en el contexto constitucional que se acaba de exponer, si la competencia es siempre irrenunciable, hoy no ejercerla, en las actuales circunstancias, sería imperdonable.
Debe señalarse también que este Decreto-ley no afecta, por las razones que ya se han apuntado anteriormente, al ámbito de aplicación delimitado por el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Además, por razones que igualmente han quedado expuestas, responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exigen la normativa básica estatal y aragonesa de procedimiento administrativo y régimen jurídico. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el Decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y aprobación de normas de urgencia. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este Decreto-ley no impone cargas administrativas ni materiales, sino que, antes al contrario, trata de removerlas para agilizar y simplificar a un tiempo las actividades.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, ejerciendo las competencias establecidas en los artículos 7.ª, 8.ª, 9.ª y 32.ª del artículo 71, y 11.ª y 12.ª del artículo 75, ambos del Estatuto de Autonomía, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales y la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 20 de marzo de 2023,
Es objeto de este Decreto-ley impulsar el proceso de transición energética en Aragón promoviendo el consumo energético de cercanía, residencial o productivo, mediante la vinculación de la planificación de inversiones productivas y de generación de energía a partir de fuentes renovables y el desarrollo legislativo, en el marco de la normativa europea y básica estatal, del régimen de las líneas directas, el autoconsumo, las comunidades de energía, las redes cerradas de distribución y determinados aspectos de las plantas hibridadas de generación en Aragón.
Los fines que mediante las medidas que se establecen se tratan de alcanzar son los siguientes:
a) Favorecer el consumo energético de cercanía, en todas sus modalidades posibles, tanto para usos residenciales como productivos o de cualquier otra naturaleza.
b) Incrementar el nivel de autoabastecimiento y diversificación energéticos regionales aprovechando la gran capacidad de generación de electricidad a partir de fuentes renovables del territorio aragonés.
c) Contribuir a dar cumplimiento a los objetivos previstos en los distintos instrumentos estratégicos y de planificación energética y cambio climático europeos, estatales y autonómicos.
d) Promover y ordenar la expansión de las energías renovables y la participación del sector económico empresarial en Aragón, a través del fomento de instalaciones energéticas a que utilicen fuentes renovables, para aprovechar las economías de escala, el potencial de producción y demanda del tejido empresarial, así como la mejora de la competitividad de nuestro tejido productivo.
e) Impulsar las buenas prácticas en el sector energético y empresarial de Aragón, promoviendo su competitividad y compromiso con la transición energética y ecológica.
f) Promover la penetración de renovables en el sector empresarial de Aragón, fomentando las diferentes figuras jurídicas que promuevan el autoconsumo energético de acuerdo con la normativa europea y española, así como el almacenamiento de energía en los polígonos logísticos e industriales.
g) Impulsar el autoconsumo energético en Aragón en cualquiera de las modalidades que regule o pueda regular en el futuro la normativa básica estatal.
h) Facilitar la constitución de comunidades de energía de cualquier naturaleza con objeto de empoderar a los consumidores de energía y hacerlos partícipes del mercado eléctrico para lograr que este sea más competitivo y la energía más asequible.
i) Optimizar la capacidad instalada de generación de las plantas de producción ubicadas en el territorio de Aragón para que este íntegramente a disposición de los consumidores, en coherencia con los impactos ambientales y económicos soportados, y no solo al servicio de las redes para incrementar su ocupación.
j) Garantizar que la Comunidad Autónoma de Aragón es oída en lo que respecta a sus competencias en cualquier procedimiento de adjudicación de capacidad de acceso tramitado por la Administración General del Estado en nudos ubicados en el territorio aragonés.
k) Sentar las bases para la creación de un fondo aragonés de solidaridad energética que permita a la administración de la Comunidad Autónoma y a las entidades locales colaborar para redistribuir por todo en el territorio aragonés los beneficios derivados de la transición energética y compensar las afecciones singulares que esta pueda llegar a producir.
l) Proteger los valores paisajísticos y culturales del territorio aragonés, los suelos agrarios estratégicos y garantizar el ejercicio de las competencias autonómicas y municipales en materia de ordenación del territorio.
Este Decreto-ley se aplicará en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos en él establecidos.
1. Se considerará consumo eléctrico de cercanía todo aquel que, mediante líneas directas, a través de cualquier modalidad de autoconsumo de las reguladas en la normativa básica estatal, mediante contratos de compra de energía u otras fórmulas que permitan articular el suministro de electricidad vincule plantas de producción de energía a partir de fuentes renovables con consumidores finales de electricidad, reduciendo sus costes energéticos, todos ellos dentro del territorio de Aragón.
2. Los proyectos de consumo eléctrico de cercanía podrán declararse prioritarios como proyectos con generación renovable asociada conforme a lo establecido en el capítulo siguiente y a los efectos establecidos en el mismo.
1. Son líneas directas las líneas de electricidad que conecten los siguientes puntos:
a) Un lugar de generación aislado con un cliente aislado, o
b) Un productor y una empresa de suministro de electricidad, que tenga la condición de comercializadora, para abastecer directamente a sus propias instalaciones, filiales y clientes, utilizando, en su caso, cualquier modalidad de autoconsumo.
c) Una instalación de generación próxima de red interior con uno o varios consumidores en régimen de autoconsumo.
2. Las líneas directas permitirán los siguientes suministros de electricidad:
a) Todos los productores y empresas de suministro de electricidad establecidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón pueden suministrar electricidad mediante una línea directa que discurra íntegramente por el territorio aragonés a sus propias instalaciones, filiales y clientes, sin estar sujetos a procedimientos administrativos o costes desproporcionados.
b) Cualesquiera de tales clientes en territorio aragonés, individual o conjuntamente, pueden recibir suministro de electricidad mediante una línea directa que discurra íntegramente por territorio aragonés de los productores y empresas de suministro de electricidad ubicados o que operen en el territorio de Aragón, respectivamente.
3. Las líneas directas integradas en instalaciones destinadas al autoconsumo se regirán por su normativa específica. Los proyectos de líneas directas, así como los centros de transformación o de seccionamiento, subestaciones u otras instalaciones precisas para la implantación efectiva del consumo de cercanía podrán declararse de utilidad pública e interés social a efectos expropiatorios en el acuerdo de autorización o mediante acuerdo específico.
4. Las líneas directas que discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, salvo las que estén conectadas a instalaciones de generación de competencia estatal, se regirán por la normativa técnica y de seguridad que les resulte de aplicación y por lo establecido en este Decreto-ley.
Podrán construirse líneas directas, sin perjuicio de otros supuestos en que resulten admisibles conforme a la normativa básica estatal y aragonesa y una vez obtenidos los títulos habilitantes que procedan, al menos en los siguientes casos:
a) Plantas aisladas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. En estos supuestos el consumidor o consumidores tendrán igualmente la condición de aislados, de modo que la planta proveerá de energía al consumidor o consumidores en isla.
b) Plantas destinadas a autoconsumo sin excedentes, que no cuenten con permiso de acceso y conexión. En estos supuestos el consumidor o consumidores tendrán derecho a obtener suministro de la red en las condiciones establecidas en la normativa básica estatal, sin perjuicio de las condiciones técnicas que esta establece para garantizar que la planta de generación no pueda verter energía a la red.
c) Plantas con potencia instalada superior a la que puedan evacuar conforme a sus permisos de acceso y conexión, hibridadas o no. En este caso, la línea directa servirá para destinar a consumidores la energía eléctrica almacenada o generada en la planta que no pueda evacuarse a través de su punto de acceso y conexión a la red. En estos supuestos el consumidor o consumidores tendrán derecho a obtener suministro de la red en las condiciones establecidas en la normativa básica estatal, sin perjuicio de las condiciones técnicas que esta establece para garantizar que la planta de generación, que podrá suministrar energía en régimen de autoconsumo sin excedentes conforme a su régimen específico, no pueda verter energía a la red.
d) Plantas de producción de combustibles renovables líquidos y gaseosos de origen no biológico.
1. Corresponde al órgano competente de la administración autonómica en materia de energía la autorización de líneas directas que discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, salvo las que estén conectadas a instalaciones de generación de competencia estatal.
2. Los criterios para la autorización de líneas directas de competencia autonómica favorecerán la competencia en el sector eléctrico, la eficiencia de la red y la reducción de pérdidas de energía, la reducción de los precios de la electricidad, la lucha contra la despoblación, el desarrollo sostenible, el reequilibrio territorial, la atracción o consolidación de inversiones productivas y la mejora de la competitividad económica y empresarial en Aragón.
3. La autorización y construcción de línea directas de competencia autonómica se someterá a las siguientes reglas:
a) Atendiendo al interés de la Unión Europea de favorecer la competencia en beneficio de los consumidores de energía y los principios establecidos en el artículo anterior, la autorización y la construcción de líneas directas no estarán supeditadas ni a una petición o denegación de acceso a la red por falta de capacidad ni al inicio de un procedimiento de resolución de conflicto entre un solicitante de acceso y el gestor de la red a la que lo solicita.
b) La autorización sólo podrá denegarse, siempre de forma motivada y debidamente justificada, considerando que puede obstaculizar la aplicación de las disposiciones en materia de obligaciones de servicio público establecidas por la normativa básica conforme al artículo 9 de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE. El órgano competente para resolver, cuando lo considere conveniente para una adecuada resolución del expediente, podrá otorgar audiencia al gestor o gestores de red por plazo máximo de quince días. Dicho plazo se ampliará por el tiempo preciso si considera conveniente otorgar audiencia al gestor o gestores de red.
c) En los supuestos en los que resulte de aplicación la declaración responsable, el órgano competente dispondrá de un plazo de quince días para pronunciarse, con los efectos que procedan, sobre las circunstancias señaladas en la letra anterior. Dicho plazo se ampliará por el tiempo preciso si considera conveniente otorgar audiencia al gestor o gestores de red.
d) El titular de la línea directa deberá desmontarla al final de su vida útil, o cuando cese su actividad reponiendo las áreas afectadas a su estado anterior.
4. Los proyectos de líneas directas se someterán a los procedimientos de prevención y protección ambiental o paisajística que resulten preceptivos y se atendrán estrictamente, conforme a lo que establezcan dichas normas, al condicionado y seguimiento ambiental que acuerde el órgano ambiental conforme a lo que se establezca reglamentariamente. Al diseñarlas se tendrá en cuenta la reducción de impactos ambientales y visuales, analizando la posibilidad técnica y financiera de soterramiento y su despliegue por espacios ya degradados, teniendo presente su compatibilidad con otros desarrollos cuando sean conocidos.
Las líneas directas asociadas a instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables que no requieran autorización administrativa previa y de construcción se considerarán un elemento integrante de dichas instalaciones y no requerirán, tampoco, autorización administrativa previa y de construcción, sin perjuicio de la declaración responsable exigible conforme a la reglamentación técnica aplicable a dichas instalaciones.
1. En ningún caso formarán parte de la red de transporte, de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal, los transformadores de grupos de generación, los elementos de conexión de dichos grupos a las redes de transporte, las instalaciones de consumidores para su uso exclusivo, ni las líneas directas.
2. No formarán parte de las redes de distribución, de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal, los transformadores de grupos de generación, los elementos de conexión de dichos grupos a las redes de distribución, las instalaciones de consumidores para su uso exclusivo, ni las líneas directas.
Las líneas directas que formen parte de sistemas de autoconsumo se regirán por las normas específicas sobre propiedad y titularidad propias de la modalidad de autoconsumo a la que provean de energía eléctrica sin que se vean afectadas, conforme a la normativa básica, por las normas generales aplicables para la integración de líneas directas en supuestos, sin autoconsumo, de compartición de estas, extensión de red o nuevas instalaciones necesarias hasta el punto de conexión que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor y/o generador, excepto si pueden ser consideradas infraestructuras compartidas de evacuación.
1. El suministro de electricidad mediante línea directa a que hace referencia este capítulo no impedirá contratar el suministro de electricidad conforme al régimen jurídico aplicable.
2. En los supuestos de autoconsumo sin excedentes la instalación eléctrica deberá garantizar, conforme a la normativa básica y técnica aplicables, que no existe capacidad alguna de vertido a la red de energía procedente de la línea directa y sujetarse a las condiciones técnicas y de seguridad, especialmente de desconexión, que resulten de aplicación.
1. Son instalaciones de producción próximas a las de consumo las definidas como tales en el apartado segundo del artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y en la letra g) del artículo 3 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, o normas que los sustituyan.
2. Es red interior la definida en la letra i) del artículo 3 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, o norma que la sustituya. Las redes interiores podrán establecerse en cualquier nivel de tensión a efectos de autoconsumo.
3. Productores y consumidores tienen derecho a construir y operar líneas directas que discurran íntegramente por la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a lo establecido en la normativa europea, la básica estatal y este Decreto-ley y a establecer y operar redes interiores de cualquier nivel de tensión para establecer sistemas de autoconsumo.
1. El autoconsumo sin excedentes a través de líneas directas e instalaciones próximas de red interior se regirá por lo establecido en la normativa básica estatal y en este Decreto-ley.
2. Para impulsar el consumo de cercanía mediante autoconsumo sin excedentes podrán conectarse instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables mediante líneas directas, en cualquier nivel de tensión, a la red interior de uno o varios consumidores para realizar esta modalidad de autoconsumo, individual o colectivo.
3. Cuando el autoconsumo sin excedentes sea colectivo en la red interior podrán establecerse sistemas de medida privados a los exclusivos efectos de determinar la energía consumida por cada consumidor de la instalación de producción próxima asociada. Dichos sistemas de medida se regirán, en cuanto resulte preciso atendiendo a su funcionalidad específica, por la misma normativa reglamentaria unificada, de metrología e instrucciones técnicas aplicables a los sistemas de medida del sistema eléctrico nacional.
4. Los titulares de las instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes renovables podrán incorporarse a comunidades o mancomunidades de energía que estructuren el autoconsumo colectivo mediante líneas directas conectadas a red interior conforme a lo establecido en este Decreto-ley.
1. Para impulsar el consumo de cercanía mediante autoconsumo con excedentes a través de red las líneas de evacuación de energía procedentes de instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes renovables, como regla general y en el marco de lo establecido en la normativa básica estatal, podrán conectarse a la red de distribución en los puntos y tensiones que se encuentren a las distancias más adecuadas para realizar esta modalidad de autoconsumo, individual o colectivo.
2. El titular de las instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes renovables asociadas como instalaciones próximas a través de red a autoconsumo colectivo podrá tramitarlas proponiendo al gestor de red la ubicación de los sistemas de medida asociados a su punto frontera en los lugares más adecuados para ampliar el número de consumidores que podrán participar en el autoconsumo colectivo.
3. Salvo que medie causa suficientemente acreditada por el gestor de red conforme a lo establecido en la normativa básica estatal y con objeto de impulsar el consumo de cercanía, los puntos frontera y sistemas de medidas se fijarán en los lugares que permitan la incorporación de un mayor número de autoconsumidores.
4. Los titulares de las instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes renovables podrán incorporarse a comunidades o mancomunidades de energía que estructuren el autoconsumo colectivo a través de red conforme a lo establecido en este Decreto-ley.
Las comunidades y mancomunidades de energía que se constituyan y desarrollen su actividad dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por lo establecido en este Decreto-ley y, cuando proceda, en la normativa básica estatal.
1. Tendrán la consideración de comunidad de energía aquellas entidades jurídicas que, sin perjuicio de los requisitos que para cada una de las modalidades se exigen, tengan capacidad para ejercer derechos y estar sujetas a obligaciones, estén basadas en la participación abierta y voluntaria de quienes la integren y tengan como objetivo principal ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o socios o en la zona donde desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera.
2. Las comunidades de energía se clasifican en:
a) Comunidad ciudadana de energía.
b) Comunidad de energía renovable.
3. Las comunidades de energía en las que participen entidades locales podrán tener la consideración de comunidades de energía locales.
1. Las comunidades ciudadanas de energía son entidades jurídicas en las que puede participar cualquier persona física o jurídica que, con independencia de la forma jurídica que adopten, se basan en la participación voluntaria y abierta de sus integrantes, cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas y que desarrollan cualquiera de las actividades o presten a sus miembros o socios cualquiera de los servicios previstos en el apartado segundo del artículo 22 de este Decreto-ley.
2. Serán autónomas, podrá participar cualquier persona física o jurídica, pero habrán de estar efectivamente controladas por miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, para los cuales el sector de la energía no constituya su ámbito de actividad económica principal.
3. Se fomentará que las comunidades ciudadanas de energía garanticen en su actividad el aprovechamiento de fuentes de energía de carácter renovable.
1. Las comunidades de energías renovables son entidades jurídicas que, con independencia de la forma jurídica que adopten, estén integradas por personas socias o miembros que sean personas físicas, pymes o autoridades locales, sean autónomas y su control efectivo sea ejercido por personas socias o miembros que estén