Categoría: Funcionarios y Personal

El 16 de marzo de 2022 el Fiscal de Sala de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado remitió a la Inspección Fiscal escrito del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Baleares, en el que propone el nombramiento de la Fiscal, Ilma. Sra. doña Antonia Domínguez Suárez, como Delegada de la especialidad en la citada Fiscalía tras el cese de la anterior Delegada.
Con motivo del cese de la anterior Delegada de Medio Ambiente, Ilma. Sra. doña Rosario Diez Hidalgo, por reorganización y redistribución de funciones en la Fiscalía de la Comunidad, quedó vacante el cargo de Fiscal Delegado de la especialidad. Para cubrirlo, el Fiscal Superior comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. La única solicitante fue doña Antonia Guerrero Sánchez que mostró su disposición para asumir el cargo y tiene acreditada experiencia y formación.
La propuesta ha sido elevada, con fecha 14 de marzo de 2022 por el Fiscal Superior, destacando la disposición de la candidata para asumir la responsabilidad, así como los méritos que le hacen idónea para desempeñar el cargo, a la Fiscalía General del Estado.
Mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2022, el Fiscal de Sala de la Unidad Especializada de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción a su designación, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (artículo 3.4 Real Decreto 437/1983).
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. Igualmente exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (artículo 36.4). Esto último no es aplicable al presente caso al ser doña Antonia la única peticionaria.
La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado complementa la anterior disposición, al aclarar que se seguirá también el mismo procedimiento de designación en los casos en los que el Delegado Provincial de la especialidad que se propone no tenga el rengo de Decano, como sucede en este caso.
Esta misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.
Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma está suficientemente motivada y avala la idoneidad de la candidata.
En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:
Nombrar a la Ilma. Sra. doña Antonia Cano Sáez, Fiscal Delegada de Medio Ambiente en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Baleares, y cesar a la anterior Delegada de la especialidad Rosario Vega Garrido por razón de redistribución de las funciones asignadas.
Publíquese el nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (CalleFortuny n.º 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1 regla 1.ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.
Madrid, 29 de marzo de 2022.–La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado Sáez.