Categoría: Judicial

ente indeterminados y no individualizados (página 43). Los “impedimentos a la atención de la orden judicial” no se describen claramente, como tampoco se determinan los “hechos similares” (pág. 47) que el mismo día al parecer ocurrieron en otros lugares». Esa indeterminación se refleja en la pág. 284 de la sentencia, al referir que el registro no se pudo hacer con normalidad; y añaden que en el juicio oral se demostró, con testigos de la acusación, que «el registro se condujo perfectamente para la obtención de resultados investigativos y se finalizó».
Respecto de los hechos ocurridos el día 1 de octubre de 2017 se afirma que, salvo mencionar la presencia del señor Junqueras en la reunión del 28 de septiembre, sin decir qué hizo o qué dijo, ningún hecho de los ocurridos se atribuye a los demandantes. Por otro lado, se señala que la indeterminación del relato fáctico se vuelve a manifestar en la pág. 53 de la sentencia, ya que no se dice en qué lugares hubo o no violencia, y en la pág. 54, en la que tampoco se dice si los Mossos no intervinieron por imposibilidad de hacerlo o porque fue ordenado por sus superiores. Esa indeterminación es relevante porque los fundamentos jurídicos se asientan sobre esa base, al referirse a los acontecimientos de violencia (págs. 266 y 372), sin indicar detalles sobre los enfrentamientos, especificar las pruebas que sustentan esa afirmación y no valorar la prueba de descargo, a lo que se une la utilización de estereotipos e ideas preconcebidas al margen de las pruebas concretas (págs. 388 y 389).
A su vez, los recurrentes critican lo que denominan «intoxicación de apreciaciones subjetivas» que denota una predeterminación del fallo. Esa circunstancia se produce en varias ocasiones, cuando en vez de consignar hechos derivados de la actividad probatoria se introducen elementos valorativos subjetivos; concretamente, en las págs. 26 (hacer creer a la ciudadanía que estaban fundando una república), 41 (al calificar como decisiva la contribución de los «Jordis» y referirse a la simulación del verdadero propósito del señor Forn para que la actuación de los Mossos no fuera un riesgo para el objetivo delictivo) y 272 (al aludir al «tumultuario referéndum»). También confieren relevancia al hecho de que se consignaran en la sentencia datos superfluos o no vinculados con el procedimiento, a fin de argumentar en perjuicio de los acusados; así, en la pág. 49 de la sentencia, al mencionar una concentración de individuos desconocidos ante una comisaría sin vincularlos con los acusados; indicar el cargo que ostentaba la señora Forcadell en la ANC (pág. 316), o mentar los «incidentes» de Badalona (pág. 389) que fueron irrelevantes para el proceso.
Objetan también que en el relato fáctico se consignan hechos ajenos a cualquier actividad probatoria; en la pág. 42 al referirse a los «Jordis» como vanguardia para la movilización ciudadana; y en la pág. 54, cuando se alude a los motivos de la supuesta retirada de la policía el día 1 de octubre de 2017. Finalmente, se traen a colación por su trascendencia las «importantes omisiones de hechos imposibles de justificar atendido el desarrollo del proceso y del juicio oral», a saber que (i) en la pág. 51 no se da trascendencia a las limitaciones establecidas en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de septiembre de 2017 respecto de las medidas de intervención policial («sin afectar a la normal convivencia ciudadana»); en la pág. 52 se obvia cualquier referencia a los criterios de actuación policial internacionalmente aceptados y no se confiere importancia a la preservación de la convivencia; (iii) en la pág. 369 se omite cualquier mención a la instrucción del secretario de Seguridad o de la reunión que tuvieron los mandos policiales con la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que esta última pidió prudencia. Además, señala que el grado de violencia policial fue imprevisible, porque fue contraria al auto e instrucción indicados y también a los derechos fundamentales anteriormente referidos.
Por otra parte, la sentencia rehúye entrar en el debate de todo lo que las defensas plantearon como elementos de descargo, tales como la «absurdidad» de que el documento Enfocats justificara la adopción de la prisión provisional y justificara «la carga incriminatoria durante todo el proceso»; que no se tuviera en cuenta que los detenidos renunciaron voluntariamente a estar presentes en el registro el día 20 de septiembre de 2017, al igual que no se plantease por qué no se citó a los abogados para estar presentes (pág. 374), en contravención del art. 17.3 CE. Finalmente, en la demanda se afirma que los hechos probados son un relato predeterminado, desconectado de la prueba, teñido de subjetividad y orientado a justificar la culpabilidad y ajeno a los elementos de discusión proporcionados por las defensas.
3.5.1.2 Defectos en la argumentación relativa a la valoración probatoria.
Los demandantes afirman que no existe en la sentencia valoración de la prueba o no se explicita de manera acorde con la técnica forense. Tras esta consideración general, en las págs. 214 a 216 de la demanda se ponen ejemplos concretos en los que, a su juicio, no solo se obvia el análisis explícito de la prueba, sino que las conclusiones que se extraen no se vinculan con las fuentes de prueba, amén de que, salvo en contadas ocasiones, no se valora la prueba de descargo. Concretamente, (i) en la pág. 166 de la sentencia se dice que se ha tomado en consideración el testimonio de los agentes y se ha valorado también la declaración de los ciudadanos y el contenido de los videos grabados, pero ni se identifica «quiénes ni cuáles, ni se describe en ningún lugar las fuentes de prueba atendidas para configurar el relato y discutir las posiciones de las partes»; (ii) en la pág. 168 el tribunal lleva a cabo «un análisis superficial de una escueta selección de testigos para imponer su versión de los hechos, demostrando que resulta irrelevante buscar la verdad material mediante la confrontación de videos y testigos»; (iii) en la pág. 270 se dice que los acusados «habían llamado a la ciudadanía», pero no se vincula dicha conclusión con ningún elemento de prueba; (iv) se refiere la indeterminación que obra en la pág. 346, donde se dice que la convicción probatoria deriva de las declaraciones de los propios acusados y del «amplio fondo documental», sin explicitar de qué documentos; (v) son muy pocas las fuentes de prueba testifical identificadas (pág. 363) y se recurre a la testifical «a bulto» (pág. 365).
Destacan también la existencia de omisiones significativas de la sentencia. Nada se dice acerca de la pericial médica aportada por la defensa, que «desacreditaba la existencia de cualquier lesión vinculada con los hechos del 1-O». Especialmente censurable resulta que no se contemple la desconexión entre los hechos ocurridos el 20 de septiembre y el señor Romeva, pues ni siquiera estaba en Barcelona cuando ocurrieron sino en Madrid. Refieren también que se dio por buena acríticamente la remisión de mensajes de móvil, pese a que los demandantes la impugnaron por no practicarse ninguna prueba sobre su remisión, ni consta que se haya aportado pericial sobre la obtención y análisis de la evidencia (pág. 42). Se alude a la pág. 156, porque en ella se descarta formalmente la valoración de los atestados sin precisar qué testigos concretos dan lugar a inferencias probatorias; y mencionan que en las págs. 192 y 338 se invocan documentos que avalarían la existencia de ciertas webs, cuando esos documentos no se refieren a los nombres de dominios que se citan ni de ellos se infieren las conclusiones extraídas; y en la pág. 371, al referirse a la actuación de los Mossos, no se menciona a qué prueba testifical se refiere.
3.5.1.3 Razonamientos sesgados de prejuicios.
Los demandantes reprueban al tribunal sentenciador por la politización de su discurso. Ejemplo de ello es el último párrafo de los hechos probados, que se dice constituye una pieza genuina del análisis político sesgado y que se redacta de una forma completamente ajena al uso forense. Otros ejemplos de similar naturaleza se plasman en las págs. 199 (se alude a la voluntad de negociar como un sacrificio de la unidad constitucional); 215 (se califica de antidemocrático el proyecto político de los acusados); 313 (se sostiene que resulta absurdo dejar en suspenso el nacimiento de un nuevo estado e iniciar un diálogo político sobre cómo independizarse); 378 (se concreta el ánimo de los acusados en la voluntad de demostrar a toda la sociedad, en pleno y acreditado concierto con los responsables gubernamentales, que los jueces y magistrados que ejercían su función constitucional en Cataluña habían perdido la capacidad para ejecutar sus resoluciones, idea esta que se repite en las págs. 383 y 384); 42 (se colige que el pacifismo de los acusados refuerza la gravedad de los hechos, al hacerse referencia a la «ausencia de violencia»); 213 (se afirma que la búsqueda de la cobertura normativa al desafío intensifica su gravedad, al trasmitir a la ciudadanía la falsa creencia del respaldo jurídico a una pretensión inalcanzable); 231 (cuando se dice que el voto no tiene un efecto sanador de la ilegalidad de la desobediencia, sino que intensifica su significado antijurídico). También se denuncia el uso de argumentos apocalípticos e hiperbólicos, que se plasman en las págs. 213, 390 y 394.
3.5.1.4 Irracionalidad en la argumentación y efectos de las dudas y contradicciones.
A lo largo de las págs. 219 a 227 de la demanda se critica que la sentencia ofrezca un discurso argumentativo inválido, en el que abundan las inferencias irracionales en la fijación de la imputación objetiva y subjetiva y la autoría y en el que son constantes los argumentos contradictorios e irrazonables. Esos vicios se proyectan sobre el juicio de intenciones y las ideas de actuación concertada que se atribuye a los acusados. En concreto (i) se censura que se diga, en la pág. 36, que el concierto criminal se formalizó en marzo de 2015 con la hoja de ruta unitaria de los partidos y entidades, analizando hechos sobre los que no ha existido propiamente una discusión seria en el plenario. Esa afirmación se tilda de absurda, porque la convergencia de intereses políticos no determina un concierto criminal para la ejecución de actos sucedidos dos años después; (ii) que en la pág. 45 se afirme, en un salto lógico inexplicable y no explicado, que hasta tal punto don Jordi Diez ejercía el control sobre la masa; (iii) que en la pág. 47 se omita cualquier relación temporal entre los supuestos mensajes (que no se concretan ni identifican) y el conocimiento de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pese a que «la definición de la imputación que se torna en condena es la de la “estimulación” con “mensajes de apoyo”»;(iv) en la pág. 47 se concreta la intervención de los señores Junqueras y Romeva y su «control del hecho» en la emisión de un mensaje a los estudiantes hablando de «democracia y orgullo» así como la invitación del señor Romeva efectuada a parlamentarios extranjeros, sin concretar posteriormente qué ilegalidad supone ese comportamiento; (v) en la pág. 245 parece que se exculpa al señor Junqueras de cualquier responsabilidad por lo acontecido el día 20 de septiembre. Y ello porque pese a que se afirma que reforzó con su presencia la reivindicación que animaba la protesta ante la sede de la Vicepresidencia y Consejería de Economía, también se dice que no ha sido acusado de un delito de reunión o manifestación ilícita, porque no se han criminalizado actos de protesta; (vi) con una vaguedad incompatible con la presunción de inocencia, en la pág. 246 se concreta el núcleo de la acción delictiva en la estimulación de la protesta, al referir que la estrategia fue estimulada y alentada con entusiasmo y un innegable poder de convicción y movilizador por los acusados, para lograr que la votación prohibida se llevase a cabo imposibilitando de hecho, mediante la interposición física, la actuación de los agentes de la autoridad; (vii) en la página 298 se describe, sin decirlo expresamente, una suerte de imputación basada en la comisión por omisión situando a los demandantes en una posición de garante genérica, sin razonar sobre las posibilidades de afectación o de control del resultado (de lesión o de peligro), amén de los problemas relativos a la «accesoriedad limitada» ya apuntados anteriormente; (viii) en la página 299 se configura la posición de garante como un deber absoluto de control de la legalidad, difícilmente compatible con la estructura de la comisión por omisión en el sentido de «equivalencia» con la causación activa del resultado, pues «culpa por sedición» el hecho de «no cumplir la ley», pero no formula ningún razonamiento concreto cuanto a la imputación de los señores Junqueras o Romeva; (ix) en la página 300, implícitamente renuncia a describir dogmáticamente el título de imputación que, según los demandantes, discurre entre la comisión por omisión, la autoría mediata o el «autor tras el autor». Se alude también a la «generación del riesgo de lesión del bien jurídico» en un salto lógico que queda anclado en la más simpleconditio sine qua non; (x) en esa misma página (punto b) se formula un razonamiento que, en resumidas cuentas, viene a establecer que «los acusados son responsables de todo lo que pase porque son la autoridad política del territorio», aunque nunca han promocionado ni promovido los actos que supuestamente se producen y fundamentan el tipo penal aplicado; (xi) en la pág. 348 se afirma «que la autoría del delito no viene dada solo por la materialización efectiva del alzamiento, sino por la realización de conductas que propicien, posibiliten o determinen la realización de actos de alzamiento. El análisis de la autoría se condiciona a un “estar”, consciente y voluntario, en el alzamiento que suponga impedir, fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o la correcta actuación de las autoridades, funcionarios públicos o corporaciones oficiales mediante decisiones ejecutivas que enmarcan el alzamiento». Para los demandantes, la aplicación de la analogía o la interpretación extensiva prohibida se hace aquí evidente, «más allá de la desconexión de cualquier argumentación válida enraizada en la prueba y sin atisbo de duda favorable a los acusados»; (xii) en la pág. 398 se afirma que la sentencia desconecta la actuación de los votantes que actuaron contra los agentes policiales (que escapan del ámbito de enjuiciamiento del tribunal sentenciador) y la de los acusados, lo que sustenta la imposibilidad de construir la tesis de la sedición, dada la configuración legal y estructura de este delito.
Los demandantes destacan lo que consideran un razonamiento contradictorio de la sentencia (pág. 398). Por un lado, asume la tesis de la Fiscalía en su querella, esto es, la configuración del delito de rebelión o sedición «postmoderna o actualizada», que se asienta en la idea de la «legalidad paralela», «violencia normativa» o «golpe de Estado normativo». Pero resulta sorprendente que ese argumento sustente el núcleo del reproche penal, cuando la sentencia describe una realidad opuesta: que la denominada «legalidad paralela» no tenía efecto alguno al igual que la actividad parlamentaria desarrollada. De hecho, son las referencias en la sentencia a la ineficacia, irrelevancia, simbolismo y ensoñación de las actuaciones llevadas a cabo en ese ámbito (págs. 30, 216, 241, 268, 269, 270, 272, 316, 349, y 357).
También ponen de relieve las dudas y contradicciones que la sentencia refleja respecto de la violencia u hostilidad propia del delito de sedición. Por un lado, en algunos pasajes se alude a la actitud y convicciones pacíficas de los demandantes y a que los hechos suponen un desbordamiento de sus intenciones; pero a la postre, son condenados por participar en un delito de sedición (págs. 242, 380, 383 y 387). Finalmente, sostienen que esas dudas y contradicciones afloran al aceptar la existencia de cursos causales alternativos y de dominio del hecho por terceros, concretamente que la «izquierda radical» se activaría y llevaría a cabo aseguramientos de los puntos de votación ocupándolos desde el día anterior (pág. 366) o que en la pág. 388 se diga que, respecto del referéndum y de la ocupación de los colegios «no fue iniciativa directa de ninguno de los aquí acusados. Podemos admitir también que la organización y el apoyo al movimiento “Escoles Obertes” no fueron directamente ideados por los acusados». Por tanto, el reproche se vincula a las labores de estimulación, «pero lo paradójico es que la sentencia descarta la participación de los acusados en algunos actos, pero les condena a trece y doce años de prisión».
3.5.1.5 Desnaturalización de la acusación.
De inicio, se afirma que la sentencia desnaturaliza completamente el debate y lo transforma para configurar un delito sobre la base del ejercicio de derechos fundamentales. Luego, lo que se viene a decir es que la indicada resolución abandona la perspectiva de ataque al orden público, pues lo que se pretende defender es el sistema constitucional, equiparando la participación ciudadana con la movilización tumultuaria. Se llega a afirmar también que «el delito surge cuando se pasa de la expresión política del deseo de aquellas metas o, si se quiere, de la defensa teórica de su excelencia, a la procura activa de su consecución» (pág. 268). Así pues, el tumulto de la sedición se desnaturaliza en su esencia de levantamiento hostil orientado a un fin, para transformarse en una mera agregación de personas, lo que destruye las bases del sistema democrático basado en el respeto de los derechos fundamentales, con unos razonamientos que recuerdan el «Derecho penal del enemigo».
3.5.2 Presunción de inocencia y sedición.
3.5.2.1 Respecto de don Oriol Vázquez Marín.
Tras compendiar lo que consideran que son fundamentos de la condena del arriba citado, según lo razonado en las págs. 301 a 307 de la sentencia, los demandantes entienden que su responsabilidad penal se vincula al supuesto liderazgo y preeminencia orgánica y al dominio del hecho respecto de los sucesos acaecidos, aunque ni se dice ni se insinúa de qué testigos y de qué procesados se infiere dicha conclusión, que debe aceptarse acríticamente, sin que se explique cómo puede vincularse al recurrente con los sucesos del 20 de septiembre. Por otro lado, los recurrentes apuntan que las razones dadas para fundar esa responsabilidad tienen que ver con hechos irrelevantes penalmente y, las más de las veces, con el ejercicio de los derechos fundamentales.
En concreto, los demandantes estiman que las razones dadas en la sentencia son: (i) presentar la pregunta del referéndum; (ii) intervenir en el acto celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña; (iii) asumir las competencias electorales en su departamento, lo que intensificó su control del proceso sedicioso; (iv) promover y participar activamente en la aprobación de la Ley 19/2017; (v) firmar el decreto de referéndum y normas complementarias; (vi) reclamar la cesión de los centros de votación; (vii) rehusar dirigirse a los concentrados el día 20 de septiembre de 2017 para que depusieran su actitud, pese a que nadie le comunicó que se estaba practicando un registro y que el ambiente era festivo; (viii) participar en la reunión con los mandos de los Mossos el día 28 de septiembre de 2017, en la que se puso de relieve el alto riesgo para la seguridad que la celebración del referéndum podría suponer. En relación con este motivo, en la demanda se cuestiona la declaración testifical de los agentes, ya que materialmente eran coacusados en otros procedimientos; (ix) el mensaje reiterado y consciente que fue enviado a la ciudadanía para defender el referéndum y las urnas y resistirse y oponerse a los requerimientos policiales, aunque en la demanda se alega que no se determina de dónde se extrae esa inferencia y cuáles fueron esos mensajes; (x) comunicar al Parlament el resultado del referéndum. De todo ello se concluye que la responsabilidad penal que se atribuye al demandante se basa, simple y llanamente, en que «dejó que se hiciera un referéndum».
3.5.2.2 Respecto de don Raül Romeva Rueda.
Afirman que la responsabilidad penal del citado se basa en razones inasumibles desde la perspectiva de la presunción de inocencia, ya que resulta contradictorio que su autoría se funde en la responsabilidad que ostentó en la difusión internacional del proceso político, para luego afirmar, en la pág. 329, que «pronunciarse públicamente a favor de la emancipación política de cualquier comunidad autónoma no es delito». Consideran a su vez que las razones que se ofrecen para fundar su condena son: (i) concurrir a la presentación de la pregunta del referéndum; (ii) firmar el decreto de convocatoria; (iii) adoptar el acuerdo del Govern sobre gastos, pese a su carácter simbólico; (iv) firmar una carta al Parlament sobre los resultados; (v) estar presente cuando se enseñaron las urnas; (vi) desempeñar un papel fundamental en la acción exterior en favor del proceso de autodeterminación. Desde el prisma de la presunción de inocencia, cuesta vincular esta enumeración con el verbo típico de la sedición (alzarse tumultuariamente), por lo que se colige que la argumentación dada para sustentar la culpabilidad no resiste una crítica de racionalidad seria. La posición de la sentencia se resume en la pág. 310: «[a]sumió la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el referéndum. Era conocedor de que estaba promoviendo la creación de una legalidad paralela y que, mediante la movilización ciudadana y el apoyo internacional, se podría neutralizar la capacidad de las autoridades gubernativas y judiciales, para ejercer las funciones constitucionales que les son propias». Y también cuando se afirma en la referida página que: «[i]ntentó convencer de la viabilidad de la construcción de una república catalana, relativizó las dificultades logísticas para la celebración de la consulta popular y llegó a acusar a las instituciones europeas de que perderían credibilidad si no apoyaban el referéndum. Acusó al Estado de vulnerar el Tratado de la Unión sobre el respeto a la libertad y al Estado de Derecho y proclamó que, pese a la aplicación del artículo 155 de la CE, la Generalitat no se echaría atrás y que si se encarcelaba a los “Jordis” serían presos políticos». Con base en lo expuesto, señalan que la condena de este demandante se apoya en una argumentación netamente emocional y politizada, siendo patente la irrelevancia penal de su conducta y la absoluta falta de racionalidad de la argumentación judicial. Finalmente, apuntan lo que, según su criterio, constituyen más contradicciones y dudas explícitas que el tribunal no valora, a efectos del análisis de la culpabilidad, cuando en la pág. 314 de la sentencia se alude a la constatación del compromiso del demandante con la paz.
3.5.3 Presunción de inocencia y malversación.
Los recurrentes entienden que su condena por este delito también vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Con carácter general, sostienen que la convicción del tribunal se asienta sobre una generalizada indeterminación de la prueba y la indefinición de los elementos sobre los que se constituye el elemento de la ilicitud de la conducta punible. Por otro lado, reprueban que no se analicen hipótesis de descargo ni se construya el juicio de autoría sobre verdaderos actos de dominio, sino sobre presunciones y argumentos irrazonables que atañen (i) a la determinación de los hechos sobre los que se sustenta la malversación, puesto que en ocasiones no se expresa la razón de reputarlos ilícitos o ajenos a la función pública o se hace referencia a gastos que no son de dinero público (a modo de ejemplo en la página 58 se describen los utilizados para la presentación de la pregunta del referéndum en el Teatro Nacional de Cataluña, sin que ello tenga nada que ver con la administración de dinero público); (ii) a la explicación de la prueba sobre la que se basa la convicción judicial, ya que en muchas de las partidas vinculadas al delito de malversación no se hace referencia expresa a la prueba sobre la que se sustenta la culpabilidad o bien se hace referencia a medios de prueba provenientes de otros procedimientos, que la defensa impugnó por su origen ilícito, sin que tampoco la sentencia discuta o justifique el porqué de autorizar su valoración; (iii) en ocasiones se omite cualquier argumentación sobre el vínculo de ilicitud del supuesto gasto efectuado, por lo que solo se puede deducir que se reputa ilícito por una genérica vinculación con el objetivo político perseguido por los acusados, por más que dicha supuesta transgresión del deber de lealtad en la gestión del patrimonio público debe ser un elemento objeto de prueba.
Señalan también que los hechos se enmarcan en un contexto de control financiero absoluto de la gestión de la Generalitat iniciado con anterioridad. Así lo explicó el exministro señor Montoro el día 27 de febrero de 2019, al indicar que en Cataluña no existía ningún presupuesto para el referéndum, y así lo viene a reconocer la propia sentencia en la pág. 416. En ese escenario presupuestario, la Generalitat no tenía capacidad para realizar ningún gasto directa o indirectamente vinculado con el referéndum, sin que la sentencia explore la posibilidad de que haya existido financiación privada, sobre la base de que cualquier gasto relacionado con el referéndum procedía de las arcas públicas (en la página 419 se dice expresamente que «es imposible que las actividades preparatorias del referéndum surgieran como un brote de germinación espontánea»).
Manifiestan que la sentencia confiere relevancia al acuerdo del Govern de 6 de septiembre de 2017, como acto de solidaridad en la asunción de obligaciones y gastos (pág. 286) pero, de manera contradictoria, en la pág. 472 rechaza cualquier relevancia del acuerdo, que se califica de «retórica e irrelevante exteriorización de voluntad». Según se aduce en la demanda, dicho acuerdo no tuvo ningún efecto jurídico pues no pasó de ser una herramienta de exteriorización de una voluntad política, ya que tras la impugnación del Decreto 139/2017 y de la Ley de referéndum no llegó a materializarse en actos concretos, entre otras razones porque cualquier compromiso de gasto quedaba sometido al rígido control previsto en la Ley de contratos del sector público y en el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2002. Por todo ello, el real significado del acuerdo fue el de exteriorización de una voluntad política sin efectos jurídicos. Descendiendo al análisis de las partidas que la sentencia considera ilícitas, la demanda lleva a cabo una descalificación nítida por estimarlo contrario a la presunción de inocencia. Y ello, por las siguientes razones:
(i) En cuanto a la gestión de las webs para la difusión del referéndum (págs. 419 a 423) señalan que no estaban alojadas en servidores de la Generalitat ni fueron diseñadas de acuerdo con sus protocolos ni, por ende, controladas por ninguno de los acusados.
(ii) En relación con las tareas realizadas por doña Teresa Gil (págs. 423 a 425), se habla de emails que no se identifican en las actuaciones y se efectúa una remisión a la prueba obtenida en el procedimiento del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona.
(iii) El registro de catalanes en el exterior fue creado en el año 2014 y su orientación y diseño no puede vincularse al referéndum de autodeterminación. Sin embargo, la sentencia no acierta a explicar «qué elemento torna en ilícito dicho registro» (págs. 427 a 432), salvo la genérica referencia a la ilegalidad de los gastos a que se alude en la pág. 467. En este apartado concluyen que, sin referencia al principio deultima ratio, la sentencia asimila a una apropiación definitiva de dinero público la «difusión de un repositorio de servicios a ciudadanos en el extranjero que incluye servicios de biblioteca y vacaciones infantiles».
(iv) En lo concerniente a la campaña «Civisme» refieren que la prueba practicada acredita que esa iniciativa no generó ningún gasto público, ya que no se pagó ninguna factura ni se admitió como válido ningún documento que generara obligaciones a cargo de la Generalitat, puesto que las facturas indebidamente emitidas por CCMA fueron rechazadas por el Departamento de Presidencia. También se afirma que, en relación con esta campaña, la sentencia emplea una argumentación fundada en investigaciones y fuentes de prueba procedentes de otros procedimientos, como así se refleja en las págs. 432 a 438.
(v) En relación con la partida de propaganda se afirma que lo argumentado en las págs. 438 a 452 depende totalmente de las investigaciones paralelas, en alusión a la investigación de la Guardia Civil bajo mandato de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Critican que se dé por supuesto que la cartelería originaría gasto público, pero no se explica si la prestación se llevó a cabo ni tampoco se determinan las fuentes de prueba analizadas, amén de que lo manifestado por el testigo N29100C no es más que una declaración testifical de referencia (pág. 450).
(vi) Respecto de las labores de mensajería realizadas por Unipost, los recurrentes indican que la sentencia asienta la idea, en las págs. 288 a 289, de que en el momento en que el acreedor realiza correctamente la prestación debe entenderse producido el menoscabo a los caudales o fondos públicos, criterio que se ratifica en las págs. 289, al afirmar que «con el reconocimiento de la obligación no nace la obligación de exigibilidad, sino cuando se ha prestado el servicio». En el presente caso, aunque se expidieron cinco facturas proforma, que no tienen más significación que la propia de un presupuesto, lo cierto es que la distribución de material electoral no se llegó a producir ni tampoco se materializó el envío de más de 5,3 millones de cartas con tarjetas censales. No existió una reserva de crédito ni se generó una obligación de pago ni, en definitiva, se llegó a efectuar pago alguno porque el servicio no se prestó. También descartan que existiera vinculación entre los supuestos cinco sellos de salida de los departamentos de la Generalitat con destino a Unipost y las famosas 5,3 millones de cartas, puesto que, según certificado que consta en autos, «todo ello obedecía a la gestión postal ordinaria de los departamentos puesto que en ninguno de dichos sellos hay indicio alguno que pueda vincularse con el envío de tarjetas censales o material relacionado con el referéndum». Tampoco la anulación de facturas certificadas por la administración concursal de Unipost refleja una conducta antijurídica pues, como se refiere en la sentencia, la factura negativa puede tener «su origen en muchos motivos» (pág.290), entre ellos la no prestación del servicio.
(vii) En cuanto a la contratación del lobby de Estados Unidos, señalan que la sentencia no explica por qué su contratación fue ilegal, sobre todo porque la finalidad de esa contratación era la de promover la imagen de Cataluña en Estados Unidos. Por otro lado, las labores que realizó el Hague Centre no favorecieron la organización y celebración del referéndum, pues fueron solo tareas de información a la comunidad internacional de unos hechos de relevancia histórica. Consideran que el fundamento de la ilicitud de la partida (págs. 452 a 454) radica en que el encargo de estudios de estrategia internacional en el ámbito de la Unión Europea coincide temporalmente con el referéndum. Por otro lado, advierten que la acusación renunció al testimonio del principal testigo de cargo respecto de esa partida (don Paul Méndez).
(viii) Por último, respecto de la afluencia de parlamentarios extranjeros, los demandantes refieren que estas visitas forman parte de la actividad tradicional de Diplocat. Además, la sentencia (págs. 454 a 458) no explica por qué el programa de visitas tenía relación con el referéndum ni por qué la hipótesis de la acusación, en caso de ser cierta, constituía un ilícito penal, máxime cuando «no parece que pueda determinarse a efectos penales una ilicitud vinculada a la observación de un proceso electoral o referendario». Al margen de lo expuesto, los demandantes cuestionan que el señor Romeva controlara Diplocat, organismo este que decidía con autonomía respecto del departamento dirigido por aquel. Tal consideración no es más que una presunción irregular que se basa en un email cuya fiabilidad fue cuestionada en el juicio, donde se reconoció que nunca había sido enviado. Tampoco explica la sentencia por qué la cadena de encargos de doña Helena Álvarez y don Wim Lorenzo (págs. 458 a 464) era ilegal, sin que tampoco Diplocat recibiera apercibimiento alguno de ilegalidad. En cualquier caso, la sentencia no determinó la frontera entre una eventual responsabilidad contable o administrativa y la penal, bajo el prisma de laultima ratio.
3.6 Presunción de inocencia extraprocesal (art. 24.2 CE).
Tras llevar a cabo una exposición sobre la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, en la que destacan su importancia como regla de tratamiento, que implica que las autoridades y sus agentes deben de abstenerse de efectuar manifestaciones públicas de criminalización de los acusados, los recurrentes recopilan una serie de valoraciones efectuadas por determinados de líderes políticos que ponen de relieve la campaña de criminalización y estigmatización que se desata desde la presentación de la querella por el Ministerio Fiscal. Las manifestaciones a que se refieren son las siguientes: (i) «el mismo documento de querella se denomina “más dura será la caída”»; (ii) la vicepresidenta señora Sáenz de Santamaría habla del «descabezamiento» de los independentistas, llama «golpistas» a los acusados y les compara con terroristas y con el nazismo; (iii) el presidente señor Rajoy reclama un «presidente limpio» durante la Navidad de 2017; (iv) don Rafael Domínguez, portavoz del PP en el Congreso, en febrero de 2018 se refirió a los acusados como «cadáveres políticos que han cometido delitos muy graves»; (v) el eurodiputado don Carlos Garrido llama «delincuente golpista» al señor Junqueras en marzo de 2018; (vi) la vicepresidenta doña Carmen Núñez manifestó, en noviembre de 2018, que los acusados «han cometido delitos»; (vii) don Pablo Iglesias, representante del Gobierno, expresó que «el día de la infamia no quedará impune. Los delincuentes sediciosos acabarán en la cárcel» refiriéndose a los demandantes; (viii) doña Irene Domínguez, secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, inició una furibunda campaña en la que habla de «personas que han cometido delitos»; y en el minuto 7:08 del documento aportado a las actuaciones dice que «los independentistas hablarán mal de España y tratarán de atacar su democracia pero que el sistema judicial tiene garantías para los condenados»; (ix) el presidente del partido político Ciudadanos (líder de la oposición en ese momento) desde el Congreso decía que «los acusados han cometido delito de rebelión».
Aducen los demandantes que en el trámite de cuestiones previas alegaron que, conforme a lo dispuesto en el art. 4 de la Directiva 2012/13, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia, el tribunal sentenciador debería haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que los acusados no fueran presentados ante la opinión pública como culpables. Pero el órgano judicial indicado no adoptó medida alguna; es más, ante la eventualidad que se le suscitó de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó tal eventualidad sin razonamiento alguno, más allá de sostener que no se cumplían los requisitos del art. 267 TFUE.
3.7 Falta de motivación de la pena (art. 24.1 CE).
Se quejan los demandantes de que, de manera inmotivada, se les han impuesto unas penas de doce y trece años de prisión respectivamente. Señalan que en la sentencia no figuran las razones por las que se supera el límite mínimo de las penas ni por qué han sido objeto de un tratamiento distinto respecto de otros condenados por los mismos delitos, sin que haga referencia alguna a las circunstancias a que se refiere el art. 66 CP. En base a lo expuesto, denuncian que la falta de motivación a que se ha hecho referencia vulnera el derecho a la tutela judicial sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), el principio de legalidad (art. 25.1 CE) y la lesión adicional del derecho a la igualdad (art. 14 CE).
3.8 Vulneración del principio acusatorio (art. 24.2 CE).
Critican los demandantes que la pena impuesta por el delito de sedición supere a la pedida por la Abogacía del Estado para ese delito, en contra del criterio establecido en el acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 20 de diciembre de 2006, que establece que «el tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa». Por ello, sostienen que dicho exceso constituye una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en cuanto garantiza en el proceso penal la vigencia del principio acusatorio (art. 24.2 CE).
Entienden los recurrentes que el tribunal sentenciador se ha servido de la petición formulada alternativamente por la acusación popular personada. Por ello, censuran que se haya asumido la petición penal de una acusación que no se atiene a criterios técnicos atendibles, sino a los motivos de oportunidad política que le llevaron a formular pretensiones acusatorias desaforadas y técnicamente inviables. En segundo término, reprueban el ideario del partido político Vox, por la amenaza que para la democracia representa, y censuran también que el órgano de enjuiciamiento haya considerado que para la validez del ejercicio de la acción penal no resulta indispensable examinar los móviles que empujan a quien acciona. Y aunque se asumiera esa premisa, no cabe ignorar que en la sentencia se expresó que no se consideraba positiva la presencia de partidos políticos en el proceso penal, por el riesgo que supone trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política. Según los demandantes, esta reflexión debiera haber llevado al tribunal a rechazar la tesis acusatoria y petición de pena «de quien presenta una parcialidad tan evidente y criticable».
3.9 Derecho a la segunda instancia penal (art. 24.2 CE).
Con fundamento en la lesión del derecho al juez predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), por considerar que la Sala era manifiestamente incompetente para conocer del proceso penal, los demandantes aducen una lesión derivada, cual es la privación del derecho a la segunda instancia en materia penal. Al respecto, ponen de manifiesto que la competencia para conocer por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha extendido respecto de acusados no aforados; que esa asunción de competencia comporta un tratamiento discriminatorio respecto de otros acusados sujetos a procedimientos escindidos de manera artificial; y que, incluso, en supuestos de aforamiento se debe habilitar la segunda instancia penal cuando ello resulte necesario para la protección de la garantía del proceso justo, amén de que la excepción a la segunda instancia penal respecto del órgano jurisdiccional de la cúspide del sistema penal por razón del aforamiento resulta discutible (previsión implícita en el apartado segundo del artículo 2 del Protocolo núm. 7 al CEDH) «porque mantiene la contravención explícita con los principios internacionales y no halla previsión legal en las reglas establecidas en la Constitución Española (artículo 71.3 CE)».
En el presente caso, la falta de garantías en la instancia única se manifiesta claramente, toda vez que la sentencia es un ejemplo de indeterminación de hechos, ausencia de argumentación sobre la relación entre la prueba practicada y las inferencias efectuadas tras su valoración y, en definitiva, porque aprovecha la ausencia de una segunda instancia revisora para incurrir en esos déficits, amén de que el establecimiento de instancia única en la jurisdicción ordinaria obedece a una finalidad estratégica y de oportunidad.
Finalmente, refieren que la interposición del incidente de nulidad de actuaciones no protege el derecho alegado, pues como el propio tribunal pone de manifiesto en el auto que resuelve el incidente de nulidad, este instrumento no es «un recurso de súplica en el que puedan reiterarse peticiones y motivaciones ya tratadas y respondidas y que obligue al tribunal a una reconsideración de sus decisiones previas; o le proporcione otra oportunidad para exponer nuevas razones». No es, por tanto, un recurso ni una nueva instancia, sino un remedio para que la jurisdicción ordinaria pueda subsanar posibles afectaciones de derechos fundamentales.
3.10 Derecho a la libertad (art. 17 CE).
3.10.1 Prisión arbitraria.
En este apartado los recurrentes alegan la vulneración del derecho a la libertad del art. 17.1 CE por la prisión provisional de que han sido objeto. Comienzan por relatar los acontecimientos procesales relacionados con la prisión provisional acordada respecto de ellos, desde la adopción inicial de esa medida, por auto de 2 noviembre de 2017, la confirmación de la referida medida cautelar respecto del señor Junqueras y la ulterior puesta en libertad bajo fianza del señor Romeva, por auto de 4 de diciembre de 2017, así como el mantenimiento de la medida cautelar respecto del demandante citado en primer lugar y la nueva adopción de la prisión provisional respecto del segundo, por auto de 23 de marzo de 2018.
En síntesis, los recurrentes sostienen que la inicial privación de libertad adoptada fue arbitraria e injustificada y no era, en todo caso, el único recurso efectivo para las supuestas finalidades que se pretendían precaver. Y el reingreso en prisión del señor Romeva se basó en un riesgo de fuga que no existía inicialmente (como así lo reconoció el magistrado instructor) ni sobrevino con posterioridad. Al margen de lo expuesto, los recurrentes ponen de relieve que el tribunal de enjuiciamiento no llevó a cabo la revisión de la medida cautelar durante la fase plenaria, ya que no quiso efectuar «un valiente abordaje de la búsqueda de alternativas al encarcelamiento preventivo», pues se limitó, en contra de la doctrina del Tribunal Europeo Derechos Humanos, a confiar de forma esencial y rutinaria en la gravedad de la imputación sin considerar la adopción de otras medidas cautelares. Los demandantes traen a colación las opiniones 6/2019 y 12/2019 del grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, que confirmó «que la detención [de los recurrentes] fue arbitraria», sin que el tribunal de enjuiciamiento efectuara ninguna revisión seria sobre la conveniencia del mantenimiento de la medida cautelar, más allá de confirmarla mediante una resolución sucintamente motivada y sin analizar posibles alternativas. A lo dicho, añade que la STJUE de 19 de diciembre de 2019 determinó la necesidad de decretar la libertad del señor Junqueras por mor de su inmunidad parlamentaria europea. Por último, los recurrentes sostienen que la prisión provisional a que han estado sujetos no se fundó en razones objetivas, pues los hechos determinantes de la adopción de esa medida no podían ser configurados como delito, sino como un ejercicio de derechos fundamentales.
3.10.2 Derecho a participar en el juicio en libertad.
Señalan que el hecho de que la prisión provisional fuera mantenida durante las sesiones del juicio oral afectó a su derecho de defensa, pues no quedó garantizada la disponibilidad de un tiempo mínimo de preparación de la estrategia defensiva, lo que supone una lesión de los derechos reconocidos en los arts. 17 y 24 CE. Durante la mayor parte del procedimiento estuvieron ingresados en el centro penitenciario de Estremera, a más de 700 kilómetros de familiares y abogados, hasta que fueron trasladados al centro penitenciario de Lledoners. Sin embargo, durante las sesiones del juicio oral fueron remitidos al centro penitenciario de Soto del Real, alejados de sus familiares y abogados, sin que el tribunal enjuiciador atendiera la solicitud de que el juicio se celebrara en Barcelona. Añaden que el juicio oral se celebró en sesiones de mañana y tarde, lo que impidió que los demandantes y sus abogados pudieran preparar en condiciones la vista del día siguiente, dado que las sesiones solían acabar a las 19:00 o 20:00 horas de la tarde, con las correspondientes idas y venidas al centro penitenciario y el consiguiente cansancio y estrés. Pese a ello, el tribunal sentenciador rechazó rebajar la intensidad de las sesiones, so pretexto de que esa solicitud obedecía a una táctica dilatoria.
3.10.3 Derecho a una rápida y efectiva revisión judicial de la detención.
Afirman los demandantes que la medida de prisión cautelar debería haber sido periódicamente revisada durante todas las etapas del proceso (fase de instrucción, fase intermedia, plenario) conforme a lo dispuesto en el art. 5.4 CEDH. Sin embargo, en el presente caso el sistema de revisión de la prisión provisional no fue más que un remedio formalista, que no fue eficaz. Por ello, los recurrentes estiman que no han dispuesto de un recurso efectivo frente a la privación de libertad que han sufrido. Añaden que durante el juicio oral no se han tenido en cuenta datos relevantes a fin de modificar la medida cautelar, tales como el informe del grupo de trabajo de detención arbitraria de Naciones Unidas, que consideró que la privación de libertad se llevó a cabo en detrimento de las garantías fundamentales del proceso debido y fue motivada por finalidades políticas, ni la protección que brinda la inmunidad parlamentaria; de hecho, sostienen que la razón por la que se le denegó un permiso de salida al señor Junqueras fue para impedirle que pudiera ejercer su mandato representativo en el Parlamento Europeo, decisión esta que contradice lo acordado anteriormente, pues sí se le permitió disfrutar de un permiso de salida para completar los trámites para acceder a la condición de diputado del Congreso.
Finalmente, refieren que después de que se dictara la STJUE de 19 de diciembre de 2019 se bloqueó la posibilidad de revisar la legalidad de la detención del señor Junqueras, ya que fue rechazadaa limineuna solicitud dehabeas corpusy las peticiones de solicitud de revisión de medida cautelar efectuadas en la fase plenaria no han contado con un recurso devolutivo, amén de la falta de efectividad y celeridad de la tutela constitucional, ya que este tribunal aplazó más de dos años la resolución de los recursos de amparo contra las prisiones provisionales acordadas.
3.10.4 Inmunidad y libertad.
En este apartado, los recurrentes denuncian que el señor Junqueras siguiera en prisión tras haberse dictado la STJUE de 19 de diciembre de 2019, conforme a la cual inmunidad y libertad se anudan de forma inequívoca. Por ello, una vez reconocida la condición de europarlamentario del indicado demandante tendría que haberse levantado la medida de prisión provisional, a fin de permitirle acudir al Parlamento Europeo para cumplir con las formalidades requeridas. Más adelante, se sostiene que si la inmunidad protegía al señor Junqueras frente a la prisión provisional, dicha medida también le protege frente a una prisión por condena penal. Por ello, el órgano judicial debería haber acordado la suspensión del procedimiento, o de la ejecución de la pena, a fin de recabar mediante suplicatorio la suspensión de la inmunidad. Sin embargo, el tribunal enjuiciador ha considerado que, pese a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no procedía la puesta en libertad del demandante puesto que ya había sido penado, lo que «conlleva la imposibilidad de continuar en su condición de eurodiputado». Pero este aserto es ajeno al hecho de que la sentencia condenatoria se dictó contraviniendo la garantía de inmunidad que como eurodiputado ostentaba el señor Junqueras, lo que resulta contrario al derecho de la Unión Europea.
Cierto es que el órgano judicial consideró que estaba habilitado para continuar el procedimiento judicial porque el art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión establece que los eurodiputados gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país; y el órgano de enjuiciamiento entendió que en el Derecho interno español la inmunidad no opera desde que está abierto el juicio oral. Pero esa interpretación no se encuentra recogida en ninguna norma y, a juicio de los recurrentes, colisiona con la normativa de la Unión Europea, toda vez que el art. 9 del Protocolo debe interpretarse en el sentido de que la inmunidad de los eurodiputados incluye la imposibilidad de adoptar ningún tipo de medida de detención y de actuación judicial. Por ello, cualquier actuación nacional que restringiese el contenido mínimo de la inmunidad de los eurodiputados sería contraria al Derecho de la Unión Europea y por lo tanto vulneraría el principio de primacía.
Por otro lado, el encarcelamiento de un cargo electo que le impida ejercer las funciones para las que fue elegido debe ser considerado una limitación del derecho de sufragio pasivo, a no ser que cumpla con los requisitos previstos en la normativa europea e internacional y que han sido confirmados por la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo Derechos Humanos. En cualquier caso, si el Tribunal Constitucional albergara alguna duda sobre el alcance de la inmunidad europea, los demandantes proponen el planteamiento de las cuestiones prejudiciales que, más abajo se identifican con los ordinales