Categoría: Administración

se indicará que el proyecto se encuadra en alguna de las actuaciones subvencionables previstas en el artículo 5, cumple con los requisitos previstos en el artículo 6 y que está alineado con los objetivos del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y del Componente 11, Inversión 2, del PRTR, así como los hitos temporales y objetivos, de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria y con la normativa europea y nacional de aplicación.
e) Declaración responsable, siguiendo el modelo del anexo I, en nombre y representación de la Administración a la que está adscrita la Junta Arbitral de Consumo, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y de no estar incursa en ninguna otra de las prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiaria.
Asimismo, en dicha declaración se hará constar que la Administración a la que está adscrita la Junta Arbitral de Consumo cumple todos los requisitos previstos en esta orden y que los documentos presentados, avalan tal circunstancia, sin contener limitación o reserva alguna, y se manifestará su compromiso en relación al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión.
f) Declaración responsable, siguiendo el modelo del anexo II, en nombre y representación de la Administración a la que está adscrita la Junta Arbitral de Consumo a la que se refiere el proyecto, del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el artículo 2.6 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
g) Declaración responsable, siguiendo el modelo del anexo III, en nombre y representación de la Administración a la que está adscrita la Junta Arbitral de Consumo a la que se refiere el proyecto, sobre otras fuentes de financiación.
h) Autorización expresa, siguiendo el modelo del anexo IV, mediante la que la Administración a la que está adscrita la Junta Arbitral de Consumo a la que se refiere el proyecto, otorga derechos y accesos para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
i) Certificación bancaria de la cuenta de titularidad de la Administración a la que está adscrita la Junta Arbitral de Consumo a la que se refiere el proyecto, que se designa para percibir el pago de la subvención. Para poder recibir el pago, será necesario que la Administración solicitante la haya dado de alta previamente en el Fichero Central de Terceros del Tesoro Público.
4. Con la presentación, la Administración a la que está adscrita la Junta Arbitral de Consumo asume el compromiso de comunicar de inmediato al órgano instructor cualquier modificación o variación de las circunstancias que se han hecho constar en la solicitud.
5. Una vez registrada la solicitud se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido en esta orden. Si en la documentación aportada se observasen defectos u omisiones subsanables, deficiencias de carácter técnico o se necesitara documentación complementaria para ampliar conocimiento sobre la ya presentada, se requerirá a la entidad solicitante, para que en el plazo de diez días, subsane las faltas o acompañe los documentos necesarios advirtiéndole que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Para la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social será suficiente con la declaración responsable del representante de la Administración a la que esté adscrita la Junta Arbitral de Consumo.
7. La presentación de la solicitud de subvención conllevará, salvo denegación expresa del solicitante, su autorización para que la unidad instructora del procedimiento consulte los sistemas de información a los que tenga acceso para verificar el cumplimiento de las obligaciones con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención, y en caso detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
1. Cada proyecto podrá desarrollar una de las líneas estratégicas que se indican en el artículo 5. Para lograr el resultado esperado, podrá comprender la ejecución de una o varias actuaciones, pero todas ellas deberán responder a la misma línea estratégica.
2. El proyecto tendrá carácter integrado, de modo que agrupará todas las actuaciones subvencionables que se pretendan desarrollar por la entidad beneficiaria en la línea estratégica a la que esté vinculado.
3. Tendrá, al menos, la siguiente información, por este orden:
a) Denominación, línea estratégica a la que se vincula, identificación inicial de los problemas o retos detectados y objetivos principales y que deberán estar alineados con los objetivos previstos en la respectiva línea estratégica.
b) Hitos y objetivos: resultados esperados y su cuantificación, alineados con el Componente 11.I2 del PRTR.
c) Plan de implementación, que detallará los elementos que se indican a continuación:
1.º Descripción de cada una de las actuaciones a desarrollar, sostenibilidad y aspectos innovadores.
2.º Cronograma, desglosado por actuación.
3.º Presupuesto, desglosado por actuación.
4.º Importe total del proyecto y coste subvencionable para el que se solicita financiación.
d) Método de gestión y descripción de equipo técnico.
e) Sistema de seguimiento y control.
f) Medidas de información y publicidad.
1. Si se detectaran defectos u omisiones subsanables en la solicitud o se necesitara información complementaria, se requerirá a la entidad solicitante, mediante notificación dirigida al correo electrónico de contacto designado en la solicitud para que, en un plazo máximo de cinco días, subsane las faltas o acompañe los documentos necesarios, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, conforme a los artículos 23.5 de la Ley General de Subvenciones y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En la instrucción del procedimiento de concesión se podrán llevar a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) El órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria.
Para comprobar el cumplimento de tales condiciones el órgano instructor podrá consultar otros sistemas de información. Tal comprobación podrá realizarse con anterioridad o con posterioridad a la concesión de la subvención, y en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
b) El órgano instructor solicitará cuantos informes se estimen necesarios para resolver o sean exigidos por esta Orden, comprobando el alineamiento de los proyectos presentados con las características requeridas en esta orden y en las instrucciones que se aprueben, todo ello en relación con los siguientes documentos emitidos por la Administración solicitante:
1.º El resumen ejecutivo al que se refiere el artículo 11.3.b).
2.º La certificación emitida por la entidad beneficiaria prevista asimismo en el artículo 11.3.d).
2. En el marco de la instrucción del procedimiento, se podrá proponer la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante, a fin de ajustar los compromisos o actuaciones a desarrollar a los requerimientos de la subvención.
3. En el caso de que diversas entidades presenten solicitudes de subvención para abordar proyectos de similares características, susceptibles de llevarse a cabo de manera conjunta, con la consiguiente optimización de recursos y compartición de resultados, el órgano instructor podrá hacer una propuesta en este sentido, a fin de que fuera reformulado como proyecto conjunto, en los términos contemplados en la disposición adicional segunda.
4. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento.
1. Una vez realizadas las comprobaciones sobre la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos en esta orden se procederá a conceder las subvenciones. La solicitud será denegada en caso de incumplir los requisitos previstos en esta orden o en el supuesto de haberse agotado el importe máximo de la subvención establecido.
2. La resolución, en caso de ser estimatoria, expresará:
a) Los datos de la entidad beneficiaria y descripción del proyecto seleccionado.
b) El importe de los gastos considerados subvencionables a estos efectos.
c) La cuantía máxima de la subvención, expresada en euros.
d) Los plazos máximos para la conclusión del proyecto y para la presentación de la justificación de la realización del proyecto.
e) Los hitos y objetivos del PRTR que se van a alcanzar.
f) Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las actuaciones que puedan requerirse.
3. Las resoluciones de las solicitudes serán notificadas a los respectivos solicitantes y publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo.
4. Se entenderá que la entidad beneficiaria acepta todas las condiciones de la subvención, si esta no manifiesta su oposición dentro del plazo de diez días desde la notificación de la resolución de concesión de la misma.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses desde la fecha de solicitud.
6. Contra la resolución del procedimiento podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de su extracto en el «Boletín Oficial del Estado». Igualmente, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Consumo, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
1. Cuando concurran circunstancias, debidamente justificadas, que alteren, siempre que no sea de manera sustancial, las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, las entidades beneficiarias podrán solicitar la modificación del proyecto aprobado.
2. Las modificaciones quedarán sujetas al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) No podrán alterar el objeto y finalidad de la subvención y no podrán exceder de la cuantía máxima de subvención concedida o de la que se hubiera establecido en modificaciones ya autorizadas.
b) La solicitud de la modificación deberá realizarse antes de los tres últimos meses del plazo de ejecución del proyecto.
3. La solicitud de modificación se acompañará, al menos, de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios, en la que se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión y se acreditará que el modificado cumple los requisitos expuestos en los apartados anteriores y que el proyecto continúa cumpliendo las condiciones establecidas en esta orden.
La estimación o desestimación de la solicitud de modificación deberá dictarse y notificarse al interesado en el plazo máximo de un mes, y en todo caso antes de la finalización del plazo de ejecución. El transcurso de dicho plazo sido dictada resolución expresa, legitima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
4. No será necesaria la modificación de la resolución para los incrementos de hasta un veinte por ciento en los conceptos susceptibles de ayuda que figuren en la resolución de concesión, que se compensen con disminución de otros, siempre que no se altere el importe total de la ayuda y el proyecto ejecutado cumpla con todos los restantes requisitos impuestos en la resolución de concesión.
1. El pago de la ayuda concedida quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano instructor de que la entidad beneficiaria cumple con los requisitos exigidos en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.
2. Se efectuará un pago anticipado de la subvención del cincuenta por ciento de la cantidad concedida. El pago de esta cantidad se tramitará de oficio, una vez se haya producido la aceptación de todas las condiciones de la subvención según prevé el artículo 14.4.
El importe del pago anticipado deberá destinarse exclusivamente a cubrir los costes subvencionables de las actuaciones objeto de subvención, debiendo justificarse su correcta utilización en los términos previstos en el artículo 22.
3. El importe de ayuda restante quedará condicionado a la presentación por la entidad beneficiaria de la documentación justificativa señalada en el artículo 22, previa verificación por parte del órgano instructor de que las actividades realizadas y subvencionadas se encuadran en algunos de los objetivos generales descritos en el apartado 1 del artículo 5. El abono de esta ayuda se efectuará antes de la finalización del ejercicio en que se efectúe la convocatoria.
4. De conformidad con el artículo 42.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las entidades beneficiarias quedan exoneradas de la constitución de garantías.
1. Las ayudas reguladas en esta orden podrán ser compatibles con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
A estos efectos, y de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
2. La entidad beneficiaria deberá declarar, conforme al modelo del anexo III, las ayudas o subvenciones que haya obtenido o solicitado para financiar las actuaciones que presenta a esta convocatoria, tanto en el momento de formalizar la solicitud, como en cualquier momento posterior en que se produzca esta circunstancia.
La percepción de ayudas o subvenciones incompatibles podrá conllevar la declaración de pérdida total o parcial del derecho a esta subvención, y el consiguiente reintegro, en su caso.
1. Los gastos subvencionables deberán corresponder de manera inequívoca al proyecto financiado. Serán gastos subvencionables los gastos de inversión destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable, siempre que respondan a la naturaleza de los fines subvencionados.
2. Todas las acciones que integren el proyecto se deben desarrollar dentro del periodo de ejecución contemplado en el artículo 19, si bien podrán haber concluido antes de la presentación de la correspondiente solicitud para la concesión de la subvención.
Solo será subvencionable el gasto si la entidad beneficiaria ha incurrido en él y lo ha abonado antes de la finalización del periodo de justificación de la subvención. A estos efectos, únicamente se entenderá abonado el gasto cuando se haya producido el desembolso efectivo.
3. Para que el gasto sea financiable será preciso que los productos y servicios se hayan entregado y prestado, que el gasto declarado por las entidades beneficiarias haya sido pagado y que cumpla con los actos y disposiciones previstos en el artículo 2, las condiciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y las restantes condiciones para la subvención del proyecto.
Asimismo, deberá existir constancia documental sobre su realización, de modo que pueda ser verificable y se requerirá que las acciones ejecutadas hayan alcanzado la funcionalidad dentro del periodo de ejecución, estando plenamente operativas y adscritas al uso o a la prestación de aquellos servicios acordes a su naturaleza.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos elegibles podrá ser superior al valor de mercado.
4. Las acciones financiadas están sujetas a las condiciones de durabilidad que se pudieran determinar en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o, en su defecto, a las que se prevén en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. No se consideran costes subvencionables los derivados de cualesquiera autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, tasas, impuestos o tributos.
6. Tampoco serán subvencionables los gastos que a continuación se relacionan:
a) Los intereses deudores y los demás gastos financieros.
b) Intereses de demora, recargos, multas y sanciones económicas y gasto incurrido por litigios y disputas legales.
c) En la adquisición de bienes y servicios mediante contratos públicos:
1.º Los descuentos efectuados.
2.º Los pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de control de calidad o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos que se deriven de la ejecución del contrato.
d) Los gastos propios o costes asociados a los proyectos (personal, funcionamiento o gastos generales).
e) Los gastos no debidamente justificados.
f) Los vinculados a tareas preparatorias o de diseño o licitación de los proyectos.
g) Los que tengan carácter recurrente (tareas de mantenimiento).
h) Aquellos que:
1.º Se declaren no subvencionables por parte de la Autoridad Responsable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o por el órgano concedente de la subvención.
2.º Se hubieran ejecutado fuera del periodo de ejecución de la actividad al que se refiere el artículo 19, de esta Orden.
1. El período de ejecución de los proyectos se determinará en la resolución de concesión, debiendo estar comprendido en los dieciocho meses anteriores al último día del ejercicio presupuestario en el que se haya incluido su financiación.
Cuando existan causas excepcionales que impidan la finalización del proyecto en el periodo de ejecución previsto, la entidad beneficiaria podrá solicitar una ampliación del mismo debidamente justificada. Dicha solicitud deberá realizarse antes del último mes del periodo de ejecución. La Dirección General de Consumo, observando lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrá la potestad para prolongar el periodo de ejecución por un periodo máximo de tres meses o denegar las solicitudes que se hubieran podido plantear. El acuerdo adoptado no será susceptible de recurso.
2. Las inversiones y gastos efectuados por la entidad beneficiaria podrán realizarse durante todo el periodo de ejecución para el que se conceda la ayuda, con las particularidades que, en su caso, establezca la resolución de concesión.
3. Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de ejecución y sea efectivamente pagado antes de la finalización del periodo de justificación de la subvención.
1. Las entidades beneficiarias, cuando carezcan de medios propios para el desarrollo de los proyectos subvencionados por sí mismas, podrán concertar con terceros la ejecución total o parcial de los proyectos, hasta un porcentaje que no exceda del treinta y cinco por ciento del coste de los proyectos subvencionados, mediante los procedimientos de licitación correspondientes o proceder a su ejecución total o parcial a través de encargos a medios propios.
A los efectos del artículo 29.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entenderá otorgada la autorización para subcontratar la actividad subvencionada con terceros, siempre que el contrato o el encargo sea conforme con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
3. En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con las personas y entidades a que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. En caso de subcontratar toda o parte de la actividad objeto de esta subvención, la entidad beneficiaria de la ayuda habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas den efectivo cumplimiento a todas las obligaciones que se enuncian en el artículo 4 de esta orden y, en particular, con el principio DNSH.
5. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y subcontratistas al órgano concedente de la subvención.
1. Las entidades beneficiarias deberán informar a la Dirección General de Consumo, con la periodicidad que ésta determine, acerca del estado de ejecución de las actuaciones financiadas. Estos informes de ejecución deberán incluir información acerca del grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para el seguimiento de la subvención y, en especial, se deberá informar acerca del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.
Asimismo, la Dirección General de Consumo podrá requerir información relativa a la evaluación de cualquier otro aspecto que permita asegurar el mejor cumplimiento de los requerimientos establecidos por la normativa europea.
2. A efectos de auditoría y control del uso de los fondos, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, las entidades beneficiarias deberán reportar, en el plazo y forma que se determine, información dirigida a una base de datos única, sobre las categorías de datos armonizadas que prevé dicho artículo.
A tal efecto, la entidad beneficiaria deberá cumplir con las obligaciones de identificación de contratistas y subcontratistas y de cesión de datos, en los términos que se prevén en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
La obligación de suministrar información es extensible a cualquier otra que le pueda requerir el órgano concedente u otras autoridades nacionales o europeas para el ejercicio de sus funciones, y en particular, para el preciso cumplimiento de lo estipulado en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
3. Las entidades beneficiarias deberán informar a la Dirección General de Consumo, proactivamente, sobre cualquier evento importante o imprevisto que pueda impactar en la consecución de los objetivos establecidos.
También deberán informar con inmediatez de la existencia de cualquier procedimiento judicial tendente a la determinación de conductas que puedan ser constitutivas de infracción penal y que afecten a las actuaciones financiadas total o parcialmente con cargo a estas subvenciones, así como de cualquier otra incidencia que pueda perjudicar a la reputación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1. Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente.
2. La justificación se efectuará por vía electrónica a través de la aplicación o aplicaciones que designe la Dirección General de Consumo, con arreglo a las normas y a los modelos electrónicos que se determinen y de acuerdo con las instrucciones que, en su caso, se dicten en aplicación de esta orden.
3. Las entidades beneficiarias deberán presentar la documentación justificativa que especifique la Dirección General de Consumo, entre la que constará:
a) Una memoria de actuación, en la que se describirá el proceso de implementación, las actividades realizadas y los resultados obtenidos. La memoria deberá recoger el estado final de implementación de todas las actuaciones indicando las posibles desviaciones existentes con respecto a la resolución de concesión de la subvención y sus posibles modificaciones. Se incorporará un reportaje fotográfico sobre el objeto de la subvención con los productos adquiridos o las actuaciones desarrolladas, incluyendo capturas de pantalla de los productos de software o bien, un listado de los números de las series de los productos adquiridos.
b) Una certificación emitida por la Administración a la que esté adscrita la Junta Arbitral de Consumo correspondiente en la que indicará, una vez realizadas las oportunas actuaciones de comprobación, el estado de cumplimiento de los proyectos y, en particular, de sus hitos y objetivos.
c) Un informe emitido por el órgano de intervención y control de Administración a la que esté adscrita la Junta Arbitral de Consumo, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención.
En particular, el informe deberá acreditar expresamente que la subvención se ha empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, la regularidad del gasto, su subvencionalidad y el cumplimiento de los restantes requisitos establecidos en las bases y en la resolución de concesión, incluyendo el principio de DNSH, el etiquetado digital y el logro de los hitos y objetivos comprometidos.
El informe podrá ser sustituido por la aportación de un informe de auditor, en los términos que prevé el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, que acredite lo expuesto anteriormente. En cualquier caso, si fuera preciso, se podrá exigir informe de auditoría externa para completar el informe del órgano de intervención y control de la Administración pública solicitante.
d) Información descriptiva de la existencia de una contabilidad separada para todas las transacciones relacionadas o al menos contar con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
e) Declaración responsable que acredite la existencia o, en su caso, inexistencia de otras ayudas o subvenciones cobradas para la misma actuación o finalidad.
f) Declaración responsable sobre la adecuación del proceso de contratación de las actuaciones por parte Administración a la que esté adscrita la Junta Arbitral de Consumo a la normativa aplicable en materia de contratos; la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas las transacciones relacionadas; el cumplimiento de las normas nacionales y europeas sobre requisitos de igualdad de oportunidades y no discriminación aplicables a este tipo de actuaciones; el cumplimiento de las normas medioambientales, de calidad del aire, residuos y vertidos nacionales y europeas, y sobre desarrollo sostenible; el cumplimiento del principio de DNSH; y sobre la adopción de medidas eficaces y proporcionadas para prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación en el ámbito de gestión de las actuaciones objeto de ayuda.
g) La restante documentación e información que requieran las Autoridades del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y la que fuera oportuna para comprobar la adecuación en la ejecución de la subvención y el cumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones.
Los documentos a los que se refiere este apartado podrán presentarse siguiendo los modelos que, en su caso, sean aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del PRTR.
4. Para determinados proyectos la justificación se podrá realizar mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada de acuerdo con el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con las singularidades introducidas por el artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020 en los siguientes términos, elevándose el umbral económico previsto para la presentación de la cuenta justificativa simplificada hasta los 100.000 euros y eximiendo de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros.
5. La justificación se deberá presentar, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización del proyecto.
6. La Dirección General de Consumo comprobará la documentación aportada y podrá recabar la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para poder proceder a la correspondiente liquidación respecto a las cantidades transferidas a cuenta y a la instrucción, si fuera preciso, del correspondiente procedimiento de reintegro o pérdida del derecho al cobro, de los importes de subvención no justificados.
1. Las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán someterse a cualquier actuación de comprobación y control financiero que pueda realizar la Dirección General de Consumo u otro órgano designado por esta, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como europeos, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información les sea requerida.
2. Con el fin de llevar a cabo las actuaciones a la que se refiere el apartado anterior, podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales o el acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales.
3. Las autoridades nacionales responsables de los sistemas de control citados podrán intercambiar información con el Sistema de Fondos Europeos de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
1. Procederá el reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas o la pérdida del derecho al cobro cuando se produzca un incumplimiento por las entidades beneficiarias de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión, así como por las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. A efectos de lo establecido en el artículo 37.1.i) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro de la ayuda o la pérdida del derecho al cobro si se constata que:
a) Durante las actuaciones de comprobación y/o control de la subvención, los objetivos, productos, servicios o gastos justificados no se corresponden con el proyecto financiado.
b) Se produce incumplimiento injustificado por parte de la entidad beneficiaria de las obligaciones periódicas de información previstas en el artículo 21.
c) Se produce un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de gestión, control y pista de auditoría inherentes a la entidad beneficiaria y no resulta posible su subsanación, o si resultando posible la misma, la entidad beneficiaria no procede a ello en el plazo que se le conceda.
d) Se produce un incumplimiento de las condiciones asociadas al respeto del principio de DNSH.
e) Se produce el incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones en materia de información, comunicación, visibilidad y publicidad.
3. Las entidades beneficiarias también deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público en caso de no realizar el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los hitos o de los objetivos fijados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En ese sentido, de acuerdo con el artículo 7. séptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, podrá ser causa de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y reintegro de la misma el incumplimiento de los hitos que se establezcan en cuanto a obligaciones de licitación y adjudicación.
El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
4. La Administración a la que esté adscrita la Junta Arbitral de Consumo asumirá cualesquiera consecuencias que pudieran derivarse del seguimiento, ejecución, evaluación y control de las actuaciones que hubiera ejecutado y/o de los gastos presentados.
1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en esta orden, en la normativa europea, en su caso, y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en las correspondientes resoluciones de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y a la obligación de reintegrar esta.
2. Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:
a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la ayuda, o cualquier otra irregularidad que presente carácter sistémico o afecte a partes esenciales del proyecto financiado, será causa de reintegro total de la ayuda, y, en su caso, de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas, o cualquier otra irregularidad que únicamente afecte a partes no esenciales del proyecto, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
c) En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones del presupuesto financiable, el incumplimiento de la exigencia de autorización supondrá la devolución de las cantidades desviadas. Si la modificación, además, implica un incumplimiento total o parcial de los objetivos, se procederá en los términos contemplados en las letras anteriores.
d) El incumplimiento injustificado por parte de la entidad beneficiaria de las obligaciones periódicas de información previstas en el artículo 21, conllevará la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
3. Las irregularidades del gasto se corregirán en los términos que determinen las autoridades responsables del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia o los restantes órganos de control.
El régimen de infracciones y sanciones aplicable será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Por la presente orden ministerial se aprueba la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones destinadas a la digitalización y modernización de Juntas Arbitrales de Consumo, adscritas a Administraciones locales y autonómicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. Esta convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas en esta orden ministerial, sin perjuicio de lo que en particular se establece en este título.
1. El importe total máximo de las subvenciones las Comunidades y Ciudades Autónomas que tienen adscritas Juntas Arbitrales de Consumo y que se asignará a todas aquellas que soliciten la concesión de la subvención es de 440.000,00 euros, según lo recogido en el concepto 750 del programa 49KB, servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», de la Sección 31 «Ministerio de Consumo», de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Para las Entidades Locales que tienen adscritas Juntas Arbitrales de Consumo, el importe total máximo es 400.000,00 euros, de conformidad con lo señalado recogido en el concepto 760 del programa 49KB, servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», de la Sección 31 «Ministerio de Consumo», de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 que será asignado a todas aquellas Juntas Arbitrales locales para las que se solicite la subvención.
2. El criterio de valoración para efectuar el reparto para cada beneficiaria se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de esta orden.
A los efectos de la presente convocatoria, podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades que cumplan con lo establecido en el artículo 3 de las bases reguladoras recogidas en esta orden.
Son actividades subvencionables las establecidas en el artículo 5 de esta orden que contribuyan a la digitalización y modernización de las Juntas Arbitrales de Consumo.
Tendrán la consideración de costes subvencionables aquellos establecidos en el artículo 18 de las bases reguladoras.
Las subvenciones previstas en esta convocatoria son incompatibles con la percepción de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de esta orden.
1. Las entidades interesadas en recibir las subvenciones objeto de la presente convocatoria deberán presentar las solicitudes según se especifica en el artículo 10 de las bases reguladoras.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación esta orden en el «Boletín Oficial del Estado» o del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». En el supuesto de que la publicación se realizara en fechas diferentes, el plazo empezará a contar desde aquella que se hubiera producido en último lugar.
3. Toda solicitud cuya presentación se produzca fuera del plazo establecido será inadmitida.
Las solicitudes deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de las bases reguladoras. Igualmente deberán cumplimentarse los documentos incluidos como anexos I, II, III y IV en esta orden.
El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Dirección General de Consumo. La instrucción se desarrollará cumpliendo lo establecido en las bases reguladoras y, en especial, lo establecido en el artículo 13 de esta orden.
La orden por la que se resuelve la concesión de las subvenciones será dictada en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de solicitud por la persona titular del Ministerio de Consumo, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones octava punto 1 literal b y decimoséptima punto 2 de la Orden CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de créditos para gastos y de delegación de competencias, que delega en el Secretario General de Consumo y Juego la citada competencia.
La orden por la que se resuelve la concesión de las subvenciones, dictada por la persona titular del Ministerio de Consumo pone fin a la vía administrativa y podrá ser objeto de recurso contencioso-administrativo que deberá interponerse en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
El periodo de elegibilidad será desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.
La justificación por parte de las entidades beneficiarias deberá realizarse en los términos y condiciones previstos en el artículo 21 de esta orden.
La información y publicidad sobre la convocatoria y concesión de estas subvenciones se llevará a cabo, de conformidad con lo dispuesto en las bases reguladoras, en el portal de internet del Ministerio de Consumo (https://consumo.gob.es) y a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
1. Contra las bases reguladoras contenidas en el título I de esta orden ministerial se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación en el BOE, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
2. Contra la resolución de la convocatoria contenida en el título II de la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de la posibilidad de interponer, si procede, recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Consumo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
Se autoriza a la Dirección General de Consumo para, mediante resolución, aprobar cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento de lo dispuesto en esta convocatoria y demás normativa aplicable. Las instrucciones se publicarán en el portal de internet del Ministerio de Consumo y, en su caso, en el «Boletín Oficial del Estado», cuando se aprecie interés público en ello por la Dirección General de Consumo.
En el caso de que parte o la totalidad del objeto del proyecto conlleve la contratación de bienes y servicios del ámbito de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones comprendidos en la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, y el sistema estatal de contratación centralizada disponga de un acuerdo marco o sistema dinámico a través de los cuales se podría realizar dicha contratación, aquellas entidades beneficiarias que no se encuentren ya adheridas a estos instrumentos de racionalización de la contratación y cumplan los requisitos necesarios, podrán concluir con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de adhesión conforme al procedimiento establecido en la citada Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, a fin de poder contratar a través de dichos instrumentos.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 8.ª y 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas y legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, entre otras.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de agosto de 2022.–El Ministro de Consumo, Alberto Rodríguez Márquez Ramos.