Categoría: Funcionarios y Personal

De conformidad con la normativa reguladora de la adscripción de personal al servicio del Tribunal Constitucional (artículos 15 y 102 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, artículos 21.a), 52, 55 y concordantes de su Reglamento de Organización y Personal, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, y demás normativa de aplicación), se convoca concurso de méritos para cubrir dos plazas de funcionario/a del grupo C, subgrupo C2, de las Administraciones Públicas, descrita en el anexo I, de acuerdo con las siguientes bases:
1. Podrán tomar parte en el concurso que se convoca los funcionarios/as de carrera de las Administraciones Públicas pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados en el grupo C, subgrupo C2, a que se refieren el artículo 76 y la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, siempre que reúnan las condiciones generales y los requisitos determinados en esta convocatoria en la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias.
2. Los funcionarios/as con destino definitivo podrán participar siempre que hayan transcurrido, al menos, dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo, salvo que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso o, también, si ha sido suprimido su puesto de trabajo. Con esta misma condición podrán participar en el concurso los funcionarios/as que se encuentren en la situación de servicios especiales.
3. Los funcionarios/as en situación administrativa de servicios en Comunidades Autónomas o de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar sólo podrán participar en el concurso si en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes han transcurrido más de dos años en las indicadas situaciones.
En el caso de la primera situación mencionada deberá haber transcurrido asimismo un plazo de dos años desde que obtuvieron su último destino definitivo.
4. Los funcionarios/as en excedencia por cuidado de familiares sólo podrán participar si en la fecha en que termina el plazo de presentación de solicitudes han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo.
5. No podrán participar en el concurso los funcionarios/as suspensos en firme, mientras dure la suspensión.
La valoración de los méritos para la adjudicación de las plazas convocadas se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:
1. Méritos generales (primera fase, valorable hasta un máximo de 16 puntos):
1.1 Valoración del grado personal:
Atendiendo al grado personal consolidado y reconocido se adjudicarán hasta un máximo de 2,5 puntos, según la distribución siguiente:
Por un grado personal 18: 2,5 puntos.
Por un grado personal comprendido entre el 15 y el 17: 2 puntos.
Por un grado personal 13 o 14: 1,5 puntos.
Por un grado personal 12: 1 punto.
1.2 Valoración del trabajo desarrollado: Atendiendo a las características de los puestos desempeñados, en relación con las propias de las plazas convocadas, se adjudicarán hasta 6 puntos, distribuidos valorando la experiencia en puestos de trabajo similares al de las plazas convocadas, teniendo en cuenta el tiempo de desempeño de dichos puestos y las aptitudes o rendimientos acreditados.
1.3 Antigüedad: Atendiendo a los años de servicios prestados a las Administraciones Públicas se adjudicarán hasta un máximo de 2,5 puntos por este mérito. Por cada año de servicios prestados en los distintos cuerpos o escalas clasificados dentro del grupo C, subgrupo C2 de las Administraciones Públicas se asignarán 0,2 puntos, hasta un máximo de 2,5 puntos. En el supuesto de haberse prestado servicios en cuerpos o escalas clasificados dentro de otros grupos o subgrupos de las Administraciones Públicas, o tratarse de servicios asimilables a estos últimos, se asignarán 0,15 puntos por cada año completo de servicios, con un máximo, para este supuesto, de 1,5 puntos. A los efectos indicados en los párrafos anteriores se puntuarán los servicios asimilables, expresamente reconocidos, prestados con carácter previo al ingreso en el cuerpo o escala desde el que se concursa.
1.4 Cursos de formación y perfeccionamiento: Únicamente se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos convocados, hasta un máximo de 4 puntos. Se atenderá a la duración, contenido, actualización y dificultad de los cursos, al centro de impartición de los mismos y al tipo de certificación o titulación expedida, pudiendo incrementarse las puntuaciones a asignar por curso hasta el doble en el caso de que el concursante los haya impartido.
Asimismo, dado el carácter transversal de la formación sobre la igualdad entre mujeres y hombres, los cursos sobre esta materia también serán tenidos en cuenta en la valoración de este apartado.
1.5 Méritos referidos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral: Se valorarán los supuestos que a continuación se indican hasta una puntuación máxima de 1 punto:
1.5.1 El destino previo del cónyuge funcionario/a, obtenido mediante convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto de trabajo solicitado, siempre que se acceda desde municipio distinto: 0,5 puntos.
1.5.2 El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por los interesados/as fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención del menor: 0,5 puntos.
1.5.3 El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive, de consanguinidad o afinidad, siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde un municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los interesados/as que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar. La valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos: 0,5 puntos.
Para acceder a la segunda fase deberá obtenerse una puntuación mínima de 7 puntos.
2. Méritos específicos (segunda fase, valorable hasta 10 puntos):
Esta fase consistirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos adecuados a las características de las plazas convocadas, hasta un máximo de 10 puntos. Los méritos específicos a valorar son los que figuran en el anexo I.
La puntuación mínima que debe obtenerse en la segunda fase para ser tenido en cuenta en la valoración final del concurso será de 4 puntos.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, que se ajustarán al modelo que obra en el anexo II de esta resolución, se dirigirán al secretario general del Tribunal Constitucional y deberán presentarse obligatoriamente a través del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional(https://www.tribunalconstitucional.es), apartado sede electrónica, procesos selectivos, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos deberán estar referidos al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, debiendo ser acreditados en los modelos y en los términos que se indican a continuación.
3. Los excedentes voluntarios acompañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas ni inhabilitados para el desempeño de funciones públicas.
4. Los méritos generales deberán ser acreditados mediante certificación, según modelo que figura en el anexo III de esta resolución. Dicha certificación recogerá los méritos, requisitos y datos imprescindibles que en él se detallan, y será expedida por las autoridades o funcionarios/as competentes que se indican a continuación:
Subdirector/a general, secretario/a general u órgano competente en materia de personal, en el caso de los funcionarios/as destinados en los servicios centrales de departamentos ministeriales, entidades gestoras de la Seguridad Social u organismos autónomos.
Secretario/a general de la Subdelegación del Gobierno o de la Delegación del Gobierno, en el caso de funcionarios/as destinados en los servicios periféricos de ámbito provincial o regional, respectivamente.
Subdirector/a general de Personal Civil o Delegado de Defensa en el caso de los funcionarios/as destinados en el Ministerio de Defensa, en Madrid o en servicios periféricos, respectivamente.
Dirección General de la Función Pública de la Comunidad, u órganos competentes de la consejería o departamento correspondiente si se trata de funcionarios/as de cuerpos o escalas de carácter departamental, en el caso de los funcionarios/as destinados en Comunidades Autónomas.
Secretario/a de la Corporación correspondiente, en el caso de funcionarios/as de Corporaciones Locales.
Tratándose de funcionarios/as que se encuentren en la situación administrativa de excedencia voluntaria, la certificación se expedirá por la unidad competente en materia de personal del departamento ministerial a que figura adscrito su cuerpo o escala, o por la Dirección General de la Función Pública, si pertenecen a cuerpos o escalas adscritos al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Si se trata de excedentes voluntarios pertenecientes a escalas de organismos autónomos, la certificación se expedirá por la unidad de personal del ministerio u organismo donde hubieren ocupado su último destino.
5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de esta base tercera, los méritos a que se refiere el apartado 1.2 de la base segunda se acreditarán mediante la documentación justificativa de los extremos correspondientes, que deberá estar autorizada, cuando menos, por Subdirectores/as generales, Directores/as provinciales o cargos asimilados, debiendo constar su visado cuando tuviera inferior categoría quien expide el documento. Por su parte, los cursos de formación y perfeccionamiento a que se refiere el apartado 1.3 de la base segunda, de no figurar incluidos en la certificación del anexo III, se acreditarán por los concursantes mediante los diplomas o títulos correspondientes.
6. Los méritos específicos deberán relacionarse y alegarse por los concursantes en el modelo que figura en el anexo IV de esta resolución, pudiéndose alegar a tal efecto titulaciones académicas, cursos, diplomas, publicaciones, estudios, trabajos, conocimientos profesionales, experiencia o permanencia en determinados puestos cuyo contenido se ajuste a los méritos específicos requeridos, etcétera. En todo caso deberán acreditarse documentalmente mediante las correspondientes certificaciones, títulos, justificantes o cualquier otro medio documental.
7. Toda la documentación deberá presentarse numerada e indexada.
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes de participación, la documentación recibida se trasladará a una comisión de valoración, la cual acordará la exclusión de las personas candidatas que no reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, especificando las causas de exclusión y abriendo un plazo de cinco días hábiles para las posibles alegaciones por parte de las personas excluidas. Transcurrido dicho plazo, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Las listas provisionales y definitivas de aspirantes admitidos serán publicadas en la página web del Tribunal Constitucional.
A fin de garantizar la protección de datos personales, a todos los aspirantes se les asignará un código de solicitud que será el número de registro asignado al presentar la solicitud telemáticamente, y que figurará en todos los listados que se mencionan en la presente convocatoria, sin perjuicio de la publicación del nombre y apellidos de las personas que obtengan finalmente las plazas convocadas.
2. A continuación, la comisión procederá a valorar de los méritos de los aspirantes admitidos. Para la comprobación y el contraste de los méritos alegados, así como la precisión de cualquier aspecto relacionado con los mismos, la comisión de valoración podrá convocar a una entrevista personal a los aspirantes con mayor puntuación
3. La comisión de valoración hará pública en la página web del Tribunal Constitucional la valoración provisional de méritos, concediéndose a los interesados un plazo de diez días hábiles para que puedan presentar alegaciones ante dicha comisión. Una vez concluido dicho plazo, se publicará por el mismo medio la valoración definitiva obtenida en el concurso de méritos.
4. La comisión de valoración estará formada por:
Presidente: El letrado-jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación.
Vocales: Tres funcionarios/as adscritos al servicio del Tribunal Constitucional, designados por el secretario general, uno de los cuales lo será a propuesta de la Junta de Personal.
Secretario: Un funcionario/a adscrito al servicio del Tribunal Constitucional, designado por el secretario general.
Los miembros suplentes de la comisión de valoración serán:
Presidente: El Gerente.
Vocales: Tres funcionarios/as adscritos al servicio del Tribunal Constitucional, designados por el secretario general, uno de los cuales lo será a propuesta de la Junta de Personal.
Secretario: Un funcionario/a adscrito al servicio del Tribunal Constitucional, designado por el secretario general.
En el caso que la Junta de Personal no formule su propuesta en el plazo de diez días hábiles a contar desde la fecha en que se la requiera para ello, se entenderá que renuncia a dicha facultad.
Todos ellos deben pertenecer a cuerpos de subgrupo de titulación igual o superior al correspondiente a las plazas convocadas.
La composición de la comisión se hará pública en la página web del Tribunal Constitucional, así como los baremos utilizados por la misma para la valoración de los méritos generales y específicos.
5. La propuesta de la comisión de valoración, junto con la restante documentación del concurso, será trasladada al secretario general del Tribunal Constitucional, quien la elevará a la Presidencia del Tribunal Constitucional.
6. El presidente del Tribunal Constitucional, a la vista de la documentación elevada, resolverá el concurso de méritos, nombrando a los funcionarios/as que resulten seleccionados, mediante resolución que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
1. La adscripción al servicio del Tribunal Constitucional, a que se refiere la convocatoria, será irrenunciable, salvo que, con anterioridad a la finalización del plazo posesorio, excluido el supuesto de aplazamiento del cese, el interesado/a obtenga otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo caso podrá optar por uno de los dos, viniendo obligado a comunicar al Tribunal Constitucional la opción realizada. En este supuesto, y mediante nueva resolución que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», se declarará la adscripción del concursante inmediatamente siguiente en orden de puntuación. De incumplir el citado deber de comunicación, deberá el funcionario/a tomar posesión en el primero de los destinos adjudicados.
2. El plazo de toma de posesión de las plazas convocadas será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario/a, o de un mes, si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta el reingreso en el servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
3. El Subsecretario/a del departamento donde preste servicios el funcionario/a podrá, no obstante, acordar una prórroga de su cese, por necesidades del servicio, de hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse ésta al Tribunal Constitucional.
4. Excepcionalmente, a propuesta del subsecretario/a del departamento donde preste servicios el funcionario/a, por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaría de Estado de Función pública podrá aplazar la fecha del cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga prevista en el párrafo anterior.
5. El traslado que se derive de la resolución del presente concurso tendrá la consideración de voluntario y, en consecuencia, no generará derecho a indemnización.
1. Los funcionarios/as seleccionados/as quedarán adscritos al Tribunal Constitucional en las condiciones previstas en su Reglamento de Organización y Personal y pasarán a la situación administrativa de servicios especiales, no pudiendo participar en ningún concurso que se convoque dentro de los dos años siguientes a su toma de posesión.
2. Los funcionarios/as seleccionados/as percibirán las retribuciones con arreglo al régimen establecido para los funcionarios/as al servicio del Tribunal Constitucional en su Reglamento de Organización y Personal, los Acuerdos del Pleno reguladores de la materia y demás normativa de aplicación, con independencia del grado personal que tenga consolidado o que pueda consolidar por resolución de la Administración de procedencia durante el tiempo que preste servicios en el Tribunal Constitucional.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de la posible interposición, con carácter potestativo, de recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la referida publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Madrid, 30 de junio de 2022.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Bravo Moreno Rojas.
El régimen retributivo de los funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional es el previsto en el artículo 96 de su Reglamento de Organización y Personal, aprobado por Acuerdo del Pleno de 5 de julio de 1990 (BOE de 3 de agosto), y en el Acuerdo del Pleno del Tribunal de 19 de diciembre de 2002 (BOE de 24 de diciembre) por el que se regula el régimen de retribuciones del personal al servicio del Tribunal Constitucional. Con arreglo a dicho régimen retributivo, los funcionarios de las Administraciones Públicas que resulten adscritos al Tribunal Constitucional tendrán asignado un complemento de adecuación de sueldo, que para el Grupo C, subgrupo C2, está establecido para el 2022 en 5.160,72 euros anuales.