Categoría: Normativas

de noviembre, General de Subvenciones y 21.1 b) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por el cual se acredita el interés público para la concesión de una subvención directa al Cabildo Insular de Gran Canaria, ya que se trata de la única institución, a nivel insular, así establecida en el artículo 49 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, para el desarrollo de plazas residenciales, no residenciales y de centros de día que permita cumplir con los objetivos establecidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vinculados al Componente 22.
Que en la elaboración del mismo se han tenido en cuenta las «Orientaciones para la Incorporación de Criterios Transversales para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», dictadas por el Comité Técnico.
Que el presente convenio se establece sobre la base del principio del compromiso con el resultado, bajo el respeto al alcance del cumplimiento de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés; la compatibilidad con el régimen de Ayudas de Estado y la prevención de la doble financiación; y la ausencia de impactos negativos significativos sobre el medioambiente (DNSH); el etiquetado verde y digital asignado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la medida de inversión I.1, denominada Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología, del Componente 22 «Economía de los Cuidados y Refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión».
Que en la ejecución de las inversiones que se recogen en este convenio debe velarse por el cumplimiento de los controles y las exigencias establecidas por la Administración General del Estado para la tramitación de las actividades sufragadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; fundamentalmente con todas las recogidas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de Hitos y Objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y también en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Que con las acciones financiadas por la subvención contemplada en este convenio, se contribuirá a alcanzar los objetivos previstos en los Acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia de fechas 15 de enero y 30 de abril de 2021, 14 de octubre de 2022 y 24 de octubre y 30 de noviembre de 2023, por los que se aprobó la distribución territorial, entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y específicamente se contribuirá al cumplimiento de los objetivos 470 y 323 del anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTyR de España, señalándose asimismo las contribuciones que se asignan a la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo y dado que los fondos de este programa 1 se van a ejecutar por los Cabildos Insulares, según el modelo de reparto acordado el 16 de marzo de 2023, también se recoge la contribución al alcance de los objetivos por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Que la formalización del presente convenio constituye la resolución del procedimiento de concesión directa de la subvención indicada, conforme a lo previsto en el artículo 21.2 del citado Decreto 36/2009, correspondiendo la propuesta previa y la suscripción del documento a los órganos competentes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, conforme al Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
Por todo ello, las partes acuerdan libremente suscribir el presente convenio, de conformidad con las siguientes
El presente convenio tiene por objeto regular la concesión de una subvención directa al Cabildo Insular de Gran Canaria para proceder a la renovación o construcción de plazas en centros residenciales, no residenciales y de día para adaptarlas al nuevo modelo de cuidados de larga duración, con cargo a los fondos europeos «Next Generation EU» procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, en base a lo establecido en el artículo 21.1 b) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autonómica de Canarias y establecer el marco de relaciones entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y el Cabildo Insular de Gran Canaria, para la implementación de las inversiones vinculadas al programa «01 Equipamientos para cuidados centrados en la persona», contemplado en el marco del Componente 22, objetivos 323 y 470, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
El número determinado de plazas, ciento cuarenta y nueve (149), a construir o renovar en la Isla de Gran Canaria que han sido seleccionadas a propuesta del Cabildo Insular de Gran Canaria y se distribuyen de la siguiente forma: cincuenta y seis (56) plazas residenciales y cuarenta (40) plazas de estancia diurna en edificio antigua Tesorería en Las Palmas de Gran Canaria y cincuenta y tres (53) plazas de estancia diurna en centro ocupacional en Arucas.
Las inversiones en la Isla de Gran Canaria, de conformidad con las acciones descritas en el anexo III del convenio entre la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, pueden destinarse a: inversión en infraestructura, tanto en la construcción, adquisición como reformas arquitectónicas; adquisición de los equipamientos necesarios para poner en marcha las infraestructuras: tecnológico, mobiliario o técnico, etc; estudios preparatorios, arquitectónicos, sociales, medioambientales, etc. y gastos de asistencia técnica para la formación de profesionales de los diversos ámbitos en el marco del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, siguiendo la Resolución de 28 de julio de 2022 de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
Asimismo para conocer el detalle de las inversiones a realizar por el Cabildo de Gran Canaria debe consultarse el anexo I de este convenio, que incorpora la información facilitada por el Cabildo de Gran Canaria y que consta en el expediente, asimismo en el anexo X se reproduce la información enviada por la Corporación.
La ejecución del convenio se enmarca en la Política Palanca VIII del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo», en el Componente 22 ‘Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión’ y en la línea de inversión I1 «Plan de atención y apoyo a largo plazo: desinstitucionalización, equipamiento y tecnología», se contribuirá a alcanzar los objetivos previstos en los Acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia de fechas 15 de enero y 30 de abril de 2021, 14 de octubre de 2022 y 24 de octubre y 30 de noviembre de 2023, por los que se aprobó la distribución territorial, entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y específicamente se contribuirá al cumplimiento de los objetivos 470 y 323 del Anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTyR de España, señalándose asimismo las contribuciones que se asignan a la Comunidad Autónoma de Canarias y las previsiones contenidas en:
El Reglamento UE 2021/241, de 12 de febrero de 2021, que regula el instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU».
La Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el PRTyR.
La Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTyR de España y las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del mismo y a su sistema de gestión.
La normativa que regula la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente o principioDNSH, especialmente: Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (Reglamento de Taxonomía) y la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01) o Guía Técnica de la Comisión Europea.
La normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés:
Reglamento (CE, Euratom) 2988/1995 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
Comunicación de la Comisión «Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de interés con arreglo al Reglamento Financiero (2021/C 121/01)» publicada en el DOUE de 9 de mayo de 2021.
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTyR.
La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTyR.
La Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Acuerdo de Gobierno de 3 de febrero de 2022 y modificado por Acuerdo de Gobierno de 5 de mayo de 2022 y publicado en el anexo de la Resolución que dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifica el Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOC n.º 97 de 18 de mayo de 2022).
Plan de Medidas Antifraude de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aprobado por Orden de la Consejera n.º 965 de 11 de agosto de 2023.
Plan de Medidas Antifraude del Cabildo Insular de Gran Canaria, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular y publicado en el BOP de Las Palmas n.º 31 de 14 de marzo de 2022.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyos procedimientos de concesión y control de las subvenciones serán de aplicación supletoria conforme a lo establecido en su artículo 6.2.
El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la medida en que la Ley que desarrolla se aplique de forma supletoria conforme a lo señalado en el punto anterior.
El Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Recomendación 1/2023, de 17 de marzo, sobre las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones públicas: Transparencia en obligaciones informativas de las entidades subvencionadas (BOC n.º 68, de 5 de abril de 2023), del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Acuerdo de 15 de enero de 2021, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la distribución territorial de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Convenio del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (BOE n.º 256, de 26 de octubre de 2021).
Acuerdo sobre la aprobación de la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 «Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE n.º 279, de 21 de noviembre de 2022).
Adenda de modificación del Convenio del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (BOE n.º 2, de 3 de enero de 2023).
Adenda de modificación de anexos del Convenio del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia (BOE n.º 121, de 22 de mayo de 2023).
Acuerdo sobre la aprobación de la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del componente 22 «Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe de 1.099.994.178,33 euros (Pleno extraordinario de 30 de noviembre de 2023, BOE n.º 143, de 13 de junio de 2024).
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias (BOC n.º 94, de 17 de mayo de 2019).
Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género.
Ley 1/2010, de 26 de enero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres.
Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias.
Decreto 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de julio.
Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE n.º 192 de 11 de agosto de 2022).
Todo ello sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera otras disposiciones, tanto del derecho nacional como de la Unión Europea, que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
En virtud del artículo 29 de la Ley 38/2003, se entenderá que el Cabildo Insular de Gran Canaria subcontrata cuando concierte con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir dicha entidad para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.
Considerando lo establecido en dicho precepto, podrá ser objeto de subcontratación el cien por cien de las actividades subvencionadas, aplicándose lo previsto en dicho precepto y en el artículo 68 del RD 887/2006, siendo necesario que se faciliten a la Consejería los datos identificativos de todas las personas y entidades subcontratistas, a fin de dar cumplimiento al artículo 22.2,d) del Reglamento UE 2021/241.
En cualquiera de los casos, y dado que el importe de la subvención supera los 60.000,00 euros, serán de aplicación los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 29 de la Ley 38/2003.
En todo caso, las subcontratas deberán cumplir las condiciones establecidas en este convenio y aquellas que les imponga de forma directa la normativa general de subvenciones, además de las que se establezcan en los instrumentos jurídicos a través de los que se les adjudiquen o encarguen las prestaciones a ejecutar, y quedarán obligadas solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a la Administración.
En ningún caso podrán concertarse subcontrataciones con alguna de las personas y entidades citadas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, conforme a las condiciones que se establecen en dicho apartado.
Primero. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y una vez formalizado este convenio, realizará los trámites necesarios para transferir al Cabildo Insular de Gran Canaria el crédito correspondiente a la subvención por la que aporta, con cargo a la aplicación presupuestaria 2370/231M/7600400/227G0097/70M2301, la cantidad de quince millones trescientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho euros con ochenta y cinco céntimos de euro (15.389.158,85 euros), para la financiación de las inversiones a ejecutar en la Isla de Gran Canaria, con parte del crédito asignado a la Comunidad Autónoma de Canarias por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para la implementación de las inversiones vinculadas al programa «01 Equipamientos para cuidados centrados en la persona», contemplado en el convenio del Ministerio y esta Comunidad Autónoma para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos «Next Generation EU» procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, en el marco del Componente 22, objetivos 323 y 470, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, para proceder a la renovación o construcción de 149 plazas en centros residenciales, no residenciales y de día para adaptarlas al nuevo modelo de cuidados de larga duración. El número determinado de plazas a construir o renovar en la Isla de Gran Canaria y la inversión prevista para la implementación de las acciones figuran en el anexo I del presente convenio.
Segundo. Los fondos de este programa 1 serán ejecutados por los Cabildos Insulares según el modelo de reparto acordado el 16 de marzo de 2023 y que figura como anexo II. En este anexo II se explica el modelo de distribución de los fondos entre las Islas y para su elaboración se siguieron los conceptos, parámetros y variables que fueron elaborados para el establecimiento del modelo establecido por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los Acuerdos, de 15 de enero y de 30 de abril de 2021, en la distribución de los créditos para la financiación de los proyectos de inversión en el marco del componente 22 «Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La distribución de los fondos entre los distintos Cabildos se ha determinado por una parte fija que consiste en la financiación que contempla las singularidades del territorio, del sesenta por ciento, establecida en función de la doble insularidad, según establece el artículo 53.2 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, y por una parte variable que se estableció en función de los siguientes valores por Islas: población dependiente o mayor o igual a 80 años; población potencialmente dependiente estimada entre 65 y 79 años; población potencialmente dependiente menor o igual de 65 años; ratio de plazas disponibles en relación al índice de cobertura promovido por la Organización Mundial de la Salud para personas mayores, y ratio de plazas disponibles, índice modelo de cobertura del 5 % sobre el total de personas potencialmente dependientes entre 0 y 64 años.
Tras aplicar el modelo se determinó la cantidad a percibir por cada Cabildo, cantidad que se ha visto incrementada por Acuerdos de 24 de octubre y 30 de noviembre de 2023 del CTSSySAAD en una cantidad que se distribuyó linealmente entre todas las corporaciones.
Así y de la aplicación del modelo y el ajuste del incremento, en el caso concreto de la Isla de Gran Canaria le ha correspondido una cantidad que asciende a quince millones trescientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos (15.389.158,35 euros).
Por lo tanto se concede una subvención directa por importe de quince millones trescientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos (15.389.158,35 euros), de acuerdo con la planificación prevista para la ejecución de estas acciones, en las condiciones y plazos recogidos en la cláusula octava, las cantidades siguientes:
2024: Siete millones seiscientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y nueve euros con cuarentay tres céntimos de euro (7.694.579,43 euros).
2025: Cinco millones trescientos ochenta y seis mil doscientos cinco euros con cincuenta y nueve céntimos de euro (5.386.205,59 euros).
2026: Dos millones trescientos ocho mil trescientos setenta y tres euros con ochenta y tres céntimos de euro (2.308.373,83 euros).
Tercero. Prestar colaboración y asistencia al Cabildo Insular en el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones, resolviendo dudas y elevando en su caso, consultas al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, facilitándole toda la información adicional de la que disponga y que afecte a la ejecución de los créditos concedidos, tanto desde un punto de vista jurídico-administrativo como técnico. Lo que incluye facilitar los modelos para el intercambio de información y demás materiales necesarios para el buen desarrollo de los proyectos, tanto en lo referente a la justificación de la ejecución de los proyectos, como en lo correspondiente al cumplimiento de los objetivos establecidos y, de acuerdo, a lo regulado en las Órdenes del Ministerio de Hacienda 1030/2021 y 1031/2021, de 29 de septiembre, por las que se configura el Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las Medidas de los Componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Cuarto. Reportar al Estado la información de seguimiento de las acciones que se le requiera conforme a la normativa aplicable y las instrucciones que se hayan aprobado o que se dicten con posterioridad y específicamente mantener el flujo de información con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de los sistemas y procedimientos que establece como órgano decisor del Componente 22 del PRTyR.
Quinto. Cumplir las obligaciones que correspondan a la Comunidad Autónoma en relación con la ejecución y seguimiento de los fondos contemplados en el presente convenio, por la normativa aplicable en cada momento, instrucciones establecidas por la administración estatal y por las instituciones comunitarias y los Acuerdos del CTSSySAAD.
Sexto. Designar a las personas interlocutoras para las comunicaciones que requiera la ejecución del convenio, de entre el personal de las unidades provisionales creadas en la Consejería para la gestión y control de los fondos provenientes del PRTyR.
Séptimo. Proceder a la publicación de la subvención contemplada en el presente convenio conforme a lo exigido en la normativa aplicable y especialmente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
La firma del presente convenio supone la aceptación expresa de la subvención concedida, así como todas las obligaciones establecidas en el presente documento y la normativa aplicable al procedimiento y a los fondos que financian la subvención contemplada en el mismo. Asimismo el Cabildo se compromete a la aportación de la declaración recogida en el anexo IX del presente convenio. Con la firma del presente convenio y respecto de las acciones señaladas en la cláusula primera, el Cabildo Insular de Gran Canaria adquiere los siguientes compromisos:
Primero. Ejecutar las acciones citadas en la cláusula primera, que, en todo caso, son las recogidas en el anexo I del presente documento; así como aquellas que sean necesarias para su correcta ejecución.
Las inversiones en la Isla de Gran Canaria, de conformidad con las acciones descritas en el anexo III del convenio entre la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, son las de inversión en infraestructura, tanto en la construcción, adquisición como reformas arquitectónicas; adquisición de los equipamientos (tecnológico, mobiliario o técnico, etc.) y estudios preparatorios (arquitectónicos, sociales, medioambientales, etc); inversiones a las que destinará quince millones trescientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos (15.389.158,35 euros).
Segundo. Destinar el importe de la subvención articulada por el presente convenio a la financiación de las acciones indicadas y asumir con cargo a los fondos propios de dicha Corporación los costes que puedan generarse por la aplicación del Impuesto General Indirecto Canario. Puesto que no son considerados costes elegibles las tasas, impuestos o tributos, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en concordancia con el Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
Asimismo los ingresos percibidos para la ejecución de proyectos objeto de financiación por estar incluidos dentro del ámbito del PRTyR quedan legalmente afectados a financiar los mismos, con la correlativa obligación del reintegro total o parcial de dichos ingresos en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos.
En este mismo sentido, cualquier ajuste a la baja en la financiación europea derivado de correcciones sobre el coste estimado o sobre la contribución financiera deberá ser asumido por el Cabildo Insular, mediante la devolución de los créditos implicados.
Tercero. Comunicar a la Consejería la obtención, órgano concedente, naturaleza y cuantía de cualesquier subvención, ayuda o ingreso que el Cabildo pueda percibir para financiar una o varias de las acciones objeto del presente convenio, procedentes de cualquier Administración o ente, tanto público como privada.
Cuarto. Ejecutar y justificar las acciones en los plazos establecidos por los Acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (CTSSySAAD), el Convenio MRR Estatal y el presente convenio, recabando previamente a su ejecución material cualquier informe, autorización o licencia que sean preceptivos conforme a la normativa sectorial aplicable, respetando los condicionantes que se establezcan y los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación ambiental.
Quinto. Observar y hacer observar en la ejecución de las acciones el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), publicado en el BOE n.º 192 de 11 de agosto de 2022. En el anexo III de este convenio se ha incorporado una síntesis del cumplimiento de los criterios técnicos de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con respecto a las inversiones que en este convenio se financian.
Sexto. Tramitar los expedientes necesarios para la materialización de las acciones cumpliendo la normativa aplicable y los requisitos señalados por los Acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (CTSSySAAD), así como las instrucciones, condiciones y criterios que dicho órgano, la Administración estatal o la Unión Europea establezcan con posterioridad, que afecten a la ejecución de los créditos citados en el presente convenio.
Séptimo. Cumplir los principios y condicionantes establecidos por la normativa referida al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo financiado con los fondos «Next Generation EU». Como mecanismo previo de verificación se aceptará el compromiso de cumplimiento de los principios transversales del PRTyR (anexo IV).
Octavo. Cumplir con lo dispuesto en la cláusula decimosegunda, relativa a la compatibilidad de la subvención.
Noveno. El Cabildo de Gran Canaria se someterá a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados a las acciones de este convenio, mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de la Viceconsejería de Bienestar Social o de la Secretaría General Técnica de esta Consejería, que actuarán para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Décimo. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, y a las previstas en la legislación que pueda realizar la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como autonómicos, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea y a los controles derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, aportando para ello cuanta información y documentación le sea requerida.
Undécimo. En los términos señalados por el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, permitir expresamente a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea y autoridades nacionales competentes, a acceder a los datos necesarios para ejercer sus competencias en relación con la comprobación de la utilización correcta de los fondos y la prevención del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Asimismo firmar la «Autorización para el acceso de las entidades de control financiero de la Unión Europea para el ejercicio de las funciones que les son atribuidas por el Reglamento financiero en relación al otorgamiento de ayudas económicas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» que figura en el anexo V.
Duodécimo. Asegurar la regularidad del gasto y la adopción de las medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción y a prevenir los conflictos de interés y la doble financiación. Se deberán atener a las obligaciones relativas a la prevención de conflictos de interés, del fraude, de la corrupción y de la doble financiación, previstas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En especial, se tomarán las medidas para asegurar que no exista conflicto de interés, tanto en el ámbito del órgano concedente de subvenciones y en los receptores finales de las ayudas, como en los órganos de contratación y los contratistas y subcontratistas encargados de la ejecución de los contratos licitados para la ejecución de las acciones que figuran en el anexo I, incluyendo en los expedientes que se tramiten los informes o declaraciones responsables necesarias, según corresponda, y aplicando la normativa reguladora de los conflictos de interés en caso de detectarlos. A tal efecto, el Cabildo Insular deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Al respecto, son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de interés contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE).
Asimismo facilitará a la Consejería la información que se le requiera para dar cumplimiento a dicho Plan o a cualesquier otro mecanismo que se establezcan a nivel europeo, estatal o autonómico para la comprobación de la utilización correcta de los fondos y para la prevención de fraude, la corrupción, los conflictos de interés y la doble financiación. Ahondando en las medidas a adoptar por el Cabildo Insular en este ámbito, las personas vinculadas a estos fondos deberán cumplimentar las Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACIs) respecto de los procedimientos que, en el marco de la ejecución de este convenio, se realicen y conforme a los modelos aprobados por el Ministerio de Hacienda, como los establecidos en la Orden HFP/1030/2021 y en la Orden HFP/55/2023.
Para la ejecución del presente convenio, tanto el Cabildo Insular de Gran Canaria como los perceptores finales de fondos designados por éste deberán cumplir, o hacer cumplir, en su caso, las siguientes obligaciones:
Primera. Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto del presente convenio.
Segunda. Prestar las actividades objeto del convenio desde centros de trabajo situados en España.
Tercera. Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad objeto del convenio, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente. Este empleo garantizará los estándares de dignidad, particularmente, el cumplimiento de las obligaciones legales de reserva de empleo para personas con discapacidad establecidas en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Cuarta. Garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones del etiquetado verde y digital, de acuerdo con lo previsto para el Componente 22 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID) y en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en su normativa de desarrollo, durante todas las fases del diseño y ejecución del proyecto de que se trate y, de manera individual, para cada actividad dentro del mismo.
a) Garantizar el cumplimiento de la contribución a la transición digital del Componente 22, que se ha establecido en la evaluación del PRTyR en el 20,1 %.
b) Garantizar que las acciones contribuyen a la consecución de los objetivos medioambientales asumidos por la Unión Europea y por España a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o PNIEC. En particular, las reformas e inversión propuestas en el Componente 22 contribuyen en un 100 % al objetivo de integración del clima y en un 40 % al objetivo medioambiental, según define el ámbito de intervención 026 Renovación de la eficiencia energética de las infraestructuras públicas, proyectos de demostración y medidas de apoyo del anexo I del Reglamento 375/2018.
c) El Cabildo deberá contribuir a los objetivos de soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión Europea, así como a garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición, cuando proceda, de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
d) Respecto a la adquisición de equipamiento, especialmente los equipos informáticos necesarios para el desarrollo del proyecto, éste cumplirá con los requisitos relacionados con el consumo energético establecidos de acuerdo el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía y que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. Los equipos no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. Cuando los equipos se adquieran en propiedad, al final de su vida útil se someterán a una preparación para operaciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo XIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Quinta. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero conservar, por sí o mediante la imposición de esta obligación a los beneficiarios finales y contratistas y subcontratistas, los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concernientes a la financiación, así como los registros y documentos, los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la última fecha de presentación de la documentación justificativa o a partir de la finalización del plazo de vigencia de este convenio, si se produce con posterioridad a la primera fecha indicada, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. Este período será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 euros. Los documentos se conservarán o bien en forma de originales, o de copias compulsadas de originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica.
Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.
Sexta. La ejecución y gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia exige el cumplimiento de preceptos especiales contenidos, sobre todo, en las órdenes HFP/1030/2021, HFP/1031/2021 y HFP/55/2023 del Ministerio de Hacienda y, específicamente, la institución perceptora de los fondos tiene la obligación de asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la Orden 1031/2021 y demás normativa nacional y de la Unión Europea.
Asimismo debe suministrar y facilitar a la Consejería a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y específicamente cumplir con la obligación de suministro de información sobre los beneficiarios últimos de las ayudas, contratistas y subcontratistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021 y en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021 y cualesquier otro que se establezca para la comprobación de la utilización correcta de los fondos. Todo ello mediante los medios de verificación que expresamente se determinan en el anexo I del Operational Arrangement (Disposiciones Operativas) vigentes en la fecha de cumplimiento de los Objetivo CID. Asimismo se debe aportar cumplimentado el anexo VI de Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de acciones del PRTyR.
Séptima. Asegurar que las acciones se adecúan especialmente al respeto del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» oDNSHen cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el MRR y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTyR de España y su documento anexo y en el Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Para ello, establecerá los mecanismos específicos de verificación del cumplimiento de este principio, junto con la obligación para los beneficiarios finales de conservar la documentación acreditativa. Y también deberá prever mecanismos para asegurar que las entidades contratistas o subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo» a los seis objetivos medioambientales establecidos el artículo 17 del Reglamento 2020/852.
a) Concretamente garantizará que las acciones se adecúan, en su caso, a las características y condiciones fijadas para la Línea de Inversión 1 del Componente 22 y que vienen recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo». Destacando que:
En el caso de obras de rehabilitación y de construcción de nuevas infraestructuras, edificios e instalaciones, se asegurará un elevado nivel de eficiencia energética y la aplicación de criterios de sostenibilidad. Se tendrá en consideración las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Todo ello de cara a que los edificios sean de consumo de energía casi nulo.
Las actuaciones se orientarán a la sustitución de sistemas de calefacción y refrigeración basados en energías fósiles por otras tecnologías cero contaminantes.
En concreto, el conjunto de la envolvente térmica del edificio y/o el equipamiento en calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, ventilación e iluminación avanzará hacia niveles de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de mejor rendimiento, favoreciendo el desarrollo y el despliegue de alternativas bajas en carbono y allí donde sea técnicamente posible y económicamente rentable se instalarán fuentes de energía renovable (típicamente solar térmica, solar fotovoltaica, geotermia, aerotermia o biomasa, entre otras opciones) o favorecerá el cambio de combustibles hacia otros de mayor eficiencia, menor emisión de gases contaminantes y menores GEI.
Las plazas en edificios nuevos se construirán ajustándose a los estándares que en materia de eficiencia energética establece la legislación nacional e internacional, concretamente que sean edificios de consumo energético casi nulo, según establece la Directiva 2010/31/UE, modificada sustancialmente por la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios 2018/844/UE, y los requisitos que exige el Código Técnico de la Edificación determinados en la disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
En casos de renovación de edificios se mejorará el comportamiento energético en al menos una letra de acuerdo con la Certificación de Eficiencia Energética.
Si procediera, se realizará una evaluación del riesgo climático y de la vulnerabilidad de instalaciones e infraestructuras y, en su caso, se establecerán las soluciones de adaptación más adecuadas.
Los riesgos de degradación ambiental relacionados con la conservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico que pudieran existir (caso de nuevas construcciones) se identificarán y abordarán con el objetivo de lograr un buen estado del agua y un buen potencial ecológico, tal como se define en el artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020/852, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y un plan de gestión del uso y la protección del agua, desarrollado en virtud de la misma para la masa o masas de agua potencialmente afectadas, en consulta con las partes interesadas pertinentes. Los aparatos de agua que se instalen deberán estar certificados por hojas de datos del producto, una certificación de construcción o por una etiqueta de producto existente en la Unión Europea.
Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la c