Categoría: Administración

Este real decreto tiene por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión directa de subvenciones, por razones de interés público, económico y social, a los municipios de Barcelona y Madrid para el desarrollo de proyectos destinados a la transformación digital y modernización de sus administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Mediante Acuerdo de 27 de abril de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales.
El PRTR fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 16 de junio de 2021, y por el Consejo de la Unión Europea el 13 de julio de 2021.
El PRTR permitirá que España pueda acceder hasta a 140.000 millones de euros en créditos y transferencias en el periodo 2021-2026 que, junto con la Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) y el resto de los instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual, impulsarán reformas e inversiones en los ámbitos prioritarios a nivel europeo. Para ello, el citado Plan se estructura en cuatro ejes dedicados a la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, que a su vez orientan diez políticas palanca y treinta componentes.
La cuarta política palanca es «una Administración para el siglo XXI», que plantea una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio. El componente 11, que desarrolla esta política a través de un conjunto de reformas e inversiones, cifra como objetivos estratégicos la digitalización y modernización de las administraciones públicas, la transición energética y el refuerzo de las capacidades administrativas.
La inversión 3 del componente 11 está dirigida a la transformación digital y modernización de las distintas administraciones públicas a través del cumplimiento de los hitos 167 y 169 y del objetivo 168 del PRTR y dispone de una financiación que asciende a 1.000 millones de euros en el periodo 2021-2023. De esta cantidad se destinaron, a lo largo del periodo 2021-2023, 391,4 millones de euros a las entidades locales, gestionados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
En este marco, y con el objetivo de ejecutar la Inversión 3 del Componente 11 de transformación y modernización de las administraciones locales, se aprobaron las siguientes órdenes: la Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022; la Orden TER/887/2022, de 12 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, que no hayan presentado proyectos por el importe máximo asignado mediante Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden TER/276/2023, de 22 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de los Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares de las Islas Baleares, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la Orden TER/1235/2023, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023 de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de los sistemas de gestión del padrón municipal de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Para continuar avanzando en la transformación digital y modernización de las entidades locales, así como en la consecución de los hitos y objetivos del PRTR (en este caso del objetivo 168 y del hito 169), resulta necesario instrumentar nuevas ayudas. Al igual que en los ejercicios 2021,2022 y 2023, la finalidad de estas nuevas subvenciones es que los municipios de Barcelona y Madrid efectúen gastos que mejoren y modernicen su propia organización mediante la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la digitalización de los procedimientos administrativos y la adaptación de su gestión al uso de los medios digitales.
De este modo, las actividades que se van a financiar por este real decreto tienen por objeto la transformación digital de las administraciones locales beneficiarias a fin de mejorar su funcionamiento.
Siendo así que las cinco líneas estratégicas contempladas en el artículo 5 de este real decreto, que define las actuaciones subvencionables, se encuentran alineadas con los objetivos perseguidos por el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, dentro de la Agenda España Digital 2026 y, por ende, del PRTR.
Los municipios de Barcelona y Madrid poseen características singulares y únicas en el territorio nacional, que precisan de una respuesta especial por parte del resto de administraciones públicas, también del Estado, y que justifican, por consiguiente, la concesión directa de estas subvenciones por razones de interés público, económico y social.
Desde una óptica demográfica son las ciudades más pobladas de España. En el caso de Barcelona cuenta con una población de 1.655.956 habitantes mientras que la provincia posee una población de 5.797.356 habitantes. En cuanto a Madrid, la población es aún mayor; la ciudad cuenta con una población de 3.339.931 habitantes y la provincia alcanza los 7.000.621 habitantes (Datos INE 2023). Según las previsiones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se prevé que la ciudad de Barcelona se sitúe en los 1,8 millones de personas en 2030, y Madrid roce los 4 millones.
En términos económicos, ambas ciudades representan, de manera conjunta, el 22,3 por ciento del Producto Interior Bruto nacional, y la suma de turistas que reciben al año ambas urbes es de 26 millones. Las dos ciudades destacan también por la importancia económica de su sector digital. Ambas áreas urbanas representan, de forma conjunta, más del 50 por ciento de toda la economía digital de España, siendo así un motor de crecimiento y transformación digital para todo el territorio nacional. En términos laborales representan casi el 50 por ciento de todas las ofertas de empleo digital en toda España.
Las dos entidades beneficiarias ya han demostrado en el pasado la permeabilidad que tienen sus administraciones para absorber recursos económicos y transformarlos en proyectos innovadores y de transformación digital, claves para una mejor administración local. Ejemplo de ello es la convocatoria de 2021 realizada mediante la Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, de la que tanto Barcelona como Madrid fueron beneficiarias. El Ayuntamiento de Barcelona fue beneficiario de una subvención de 6.084.141,72 euros, a partir de los cuales puso en marcha proyectos innovadores en términos tecnológicos destinados a actuaciones de ciberseguridad, gobierno del dato o acercamiento de la Administración al ciudadano.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid fue beneficiario de una subvención de 12.191.557,12 euros, con lo que fue capaz de desarrollar proyectos de éxito destinados a financiar actuaciones relativas a «Infraestructuras tecnológicas avanzadas para la prestación de servicios digitales en el Ayuntamiento de Madrid en el contexto del teletrabajo».
Desde una perspectiva política e institucional, las ciudades de Barcelona y Madrid son también únicas en todo el territorio nacional. Son los dos únicos municipios de España que tienen una ley específica de regulación local (Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona y la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid). Estas leyes son un reconocimiento a todas esas singularidades sociales, políticas y económicas de ambos municipios, que hacen necesario una regulación específica y propia que garantice el buen funcionamiento de sus instituciones.
Las peculiaridades demográficas, como ciudades más pobladas de España, el liderazgo de Madrid y Barcelona en la economía digital, como centros innovadores y de tracción transformadora en el territorio nacional y el marco jurídico especial que reconocen las leyes antes mencionadas repercuten, de forma muy significativa, en los servicios que prestan a los ciudadanos, por lo que es preciso que sus administraciones locales sean sólidas y capaces de dar respuesta a las necesidades de sus vecinos.
Sin duda, el proceso de digitalización, modernización y transformación de sus administraciones, en especial el objetivo 168 y el hito 169 del componente 11, Inversión 3 del PRTR, es una oportunidad para desarrollar proyectos que consagren y mejoren los servicios públicos municipales que se prestan por ambas entidades. Por lo tanto, estas inversiones se convierten en actuaciones necesarias para dar respuesta a los retos derivados de sus singularidades económicas, sociales e institucionales.
Estas subvenciones también pretenden prestar asistencia y dar continuidad a las estrategias y planes digitales ya aprobados por los propios ayuntamientos, como son el Plan de Transición Digital de Barcelona y la Estrategia de Transformación Digital de Madrid 2023-2027.
Siendo así que, los fondos derivados del PRTR, y gestionados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, son una oportunidad excepcional para avanzar y profundizar en la modernización de sus administraciones públicas, y, por ende, en la mejora de los servicios públicos que estas prestan.
Por todo lo anterior, existen razones suficientes de interés público, social y económico que justifican la concesión directa de una subvención para la transformación y modernización digital de los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, de acuerdo con artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El importe total máximo de las subvenciones de este real decreto es de 5.740.384,19 euros, consignados en la aplicación presupuestaria 22.50.94KC.761 de los Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para 2023, prorrogados para el año 2024.
Este real decreto se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En la tramitación de este real decreto adoptado para la ejecución del PRTR, se han aplicado las previsiones de los artículos 47, 60 y 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose solicitado los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Igualmente, este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, al ser este real decreto un instrumento eficaz para responder a los objetivos que se persiguen, la transformación digital de las ciudades de Barcelona y Madrid. Asimismo, el real decreto es acorde al principio de proporcionalidad, ya que supone un medio necesario y suficiente para alcanzar el fin pretendido, conteniendo la regulación imprescindible para la consecución del mismo.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, concretando el procedimiento para la concesión de las subvenciones, así como, entre otros extremos, el régimen jurídico o las obligaciones de las entidades beneficiarias, evitando dudas interpretativas y siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y europeo. En cuanto al principio de transparencia, quedan explicados de manera suficiente los objetivos perseguidos por este real decreto, estando su tramitación exenta de la realización de los distintos trámites de participación pública previstos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Finalmente, este real decreto es acorde con el principio de eficiencia al no imponer nuevas cargas administrativas a la ciudadanía o a las empresas.
Estas subvenciones se encuentran incluidas en la actualización para el ejercicio 2024 del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática 2022-2024.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de diciembre de 2024,
1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones a los municipios de Barcelona y Madrid, cuya finalidad es la transformación digital y modernización de las administraciones de dichas entidades locales.
Las subvenciones que se conceden al amparo de este real decreto se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), instrumento de financiación orientado a los resultados, hitos y objetivos indicados en el mismo, que resultan vinculantes para todas las administraciones públicas participantes. De manera específica, este real decreto se dicta en desarrollo del Componente 11, Inversión 3, del mencionado PRTR, y en cumplimiento del objetivo 168 y del hito 169.
2. Las ayudas reguladas en este real decreto se otorgarán en régimen de concesión directa, con carácter excepcional, y por concurrir razones de interés público, social y económico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley, y el artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto debido al carácter singular y extraordinario de ambas ciudades por su condición de ciudades más pobladas de España y motores económicos y turísticos del Estado; por erigirse como únicos municipios en todo el territorio nacional con leyes de regulación especiales que vienen a reconocer su singularidad institucional; y, especialmente, por su condición de impulsores de crecimiento y transformación digital para todo el territorio nacional y por su permeabilidad a la hora de absorber recursos económicos y transformarlos en proyectos innovadores y de transformación digital, claves para una mejor administración local.
4. Las subvenciones contempladas en este real decreto se destinarán a financiar proyectos de modernización y digitalización, en el ámbito de los municipios de Barcelona y Madrid, que se enmarquen en alguna de las líneas estratégicas enunciadas en el artículo 5, y cuyo contenido está alineado con la Estrategia Digital 2025, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y otras acciones de modernización dirigidas al sector público.
1. El régimen jurídico de estas subvenciones y de las actuaciones que se financien será el establecido en:
a) El Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
b) El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
c) El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento.
d) Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, «Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives» («Actos Delegados de Taxonomía»).
e) La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)» («Guía Técnica de la Comisión Europea»).
f) El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
g) La normativa interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia de España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y las órdenes que pueda adoptar el Ministerio de Hacienda, como autoridad responsable del PRTR ante la Unión Europea. Entre dicha normativa se encuentra la siguiente:
1.º Disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos administrativos que ejecutan el PRTR.
2.º Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.º Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.º Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
h) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, serán de aplicación, en lo que proceda, en todo lo que sea compatible con lo especialmente previsto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
i) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley.
2. Asimismo, será de aplicación la normativa relativa a la prevención y corrección del fraude y la corrupción, la prevención del conflicto de interés y la doble financiación, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014 y (UE) 283/2014 y la Decisión 541/2014/UE, y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) 966/2012.
3. También serán de obligado cumplimiento para las entidades beneficiarias las instrucciones que a tal efecto puedan adoptar el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, como el Plan de Medidas Antifraude aprobado por dicho Ministerio, y las restantes autoridades nacionales y europeas competentes.
1. Las entidades beneficiarias son los municipios de Barcelona y Madrid.
2. La condición de entidad beneficiaria de la ayuda implica que la entidad asume la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada de las disposiciones de la Unión Europea, así como de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento de desarrollo. Las entidades beneficiarias serán las responsables de la gestión y ejecución de los proyectos presentados.
1. Las entidades beneficiarias recogidas en el artículo 3 deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos concordantes de su Reglamento de desarrollo, así como las demás que se establezcan en este real decreto y en las resoluciones de concesión.
b) Las recogidas en las normas aprobadas, o en las que se pudieran aprobar a nivel nacional y europeo, en relación con la gestión de los fondos asociados al PRTR.
c) Las que figuren en las instrucciones específicas que establezca la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, entre otras, en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
d) Las que se señalen en las instrucciones que reciban de las Autoridades Nacionales y Europeas de gestión o de certificación de estos fondos asociados al PRTR, o las que en su nombre les transmita la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. En particular, las relativas a contribuir a los objetivos de cambio climático, a lo establecido en relación con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio de DNSH), etiqueta digital, evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción, o no concurrencia de doble financiación, entre otros.
e) Ejecutarán el proyecto en los términos aprobados, con pleno respeto a las condiciones establecidas en este real decreto y en las resoluciones de concesión y dentro del plazo establecido, y articularán procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y aplicación de las ayudas a la ejecución del proyecto aprobado.
f) Serán responsables inmediatos de la fiabilidad de la información. Efectuarán un seguimiento activo de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que conozcan y puedan informar en todo momento de los avances del proyecto y de los resultados alcanzados, garantizando, entre otras, la plena identificación de los contratistas. En ese sentido, deberán suministrar toda la información que se les requiera sobre el estado en que se encuentra la ejecución del proyecto y en particular la prevista en el artículo 21. Específicamente, las entidades beneficiarias tendrán el deber de informar debidamente del seguimiento y estado de ejecución de los proyectos siempre que la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local así lo requiera.
g) Comunicarán a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, de manera inmediata, cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas en la solicitud en relación con el cumplimiento de sus obligaciones. La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la revocación de la ayuda.
h) Garantizarán el respeto al principio de DNSH y la metodología de seguimiento para la acción por el clima (coeficiente climático), conforme a lo previsto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de DNSH en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
i) Asegurarán la regularidad del gasto subyacente, garantizando el pleno respeto a la normativa reguladora de las ayudas de Estado y el cumplimiento de la normativa europea y nacional aplicable, en particular, la de contratos. A lo largo del proceso adoptarán medidas eficaces y proporcionadas relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación.
j) Justificarán en los términos establecidos en este real decreto, ante la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, la realización de las actuaciones, facilitando las comprobaciones encaminadas a validar la correcta realización de las actuaciones objeto de la ayuda y aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, así como los valores de los indicadores, hitos y objetivos efectivamente alcanzados.
k) Se someterán a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática u otro órgano designado por este, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como europeos, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información les sea requerida. En ese sentido, resultará de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
l) Asumirán la formación y mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención, y suministrarán la información y documentación de soporte precisa para que las autoridades competentes puedan comprobar el efectivo cumplimiento de las obligaciones de la entidad beneficiaria. Tal suministro se realizará en los términos, formato y condiciones que establezcan el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Hacienda u otras autoridades nacionales o europeas y de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea. En particular, deberán suministrar toda la información que sea precisa en los sistemas de información y seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
m) Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
n) Garantizarán que la actuación financiada cumpla las condiciones de durabilidad que se pudieran determinar en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o, en su defecto, las que se prevén en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
ñ) Llevarán a cabo el reintegro de las cantidades percibidas cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 24.
o) Cumplirán con las obligaciones de las entidades ejecutoras en materia de información y de sistema informático establecidas en el artículo 3 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
p) Llevarán a cabo las actuaciones dirigidas a la identificación de los perceptores finales de los fondos y a las obligaciones que estos tienen aparejadas en relación con la ejecución de fondos procedentes del MRR, según establece el artículo 2.2.f) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y la Resolución 1/2022, de 12 de abril, de la Secretaría General de Fondos Europeos.
q) Las entidades beneficiarias deberán contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
A tal efecto, deben adoptar medidas de información, comunicación y visibilidad de las actuaciones financiadas(bannersen webs o aplicaciones informáticas, carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), incluyendo los siguientes logos:
a) El emblema de la Unión Europea.
b) Junto con el emblema de la Unión Europea, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».
c) Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo I del Reglamento de Ejecución 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
d) Asimismo, se incluirá el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, y una referencia a la gestión por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. A tal efecto, se tendrán en consideración las indicaciones que se adopten sobre la comunicación digital del PRTR.
3. En cualquier tipo de contrato o encargo relacionado con la ejecución de la actuación, las entidades beneficiarias deberán hacer constar «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como la referencia al Componente 11, Inversión 3, del PRTR, gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Tal mención también deberá ser incluida en todos los documentos que sustenten la contratación de los bienes y/o servicios a prestar.
4. A efectos de auditoría y control y según lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.
5. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, desarrollada en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, el órgano competente para la concesión de la subvención utilizará la herramienta dedata miningMINERVA para realizar el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en este procedimiento de concesión de subvención.
A tal efecto, y en aplicación del procedimiento previsto en el artículo 7.3 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, el órgano competente para la concesión de la subvención podrá solicitar a los solicitantes de la subvención la información de su titularidad real, siempre que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de la información de titularidades reales de la entidad objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación de que se trate.
Esta información deberá aportarse al órgano competente para la concesión de la subvención en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información.
La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento de concesión de la subvención.
Los datos, una vez recibidos, serán adecuadamente custodiados de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
A través de MINERVA, el responsable de operación llevará a cabo un nuevo control ex ante del riesgo de conflicto de interés, indicando, en lugar del solicitante, los titulares reales recuperados por el órgano de concesión de la subvención.
6. Cuando la entidad beneficiaria actúe como órgano de contratación en cualquier tipo de contrato relacionado con la ejecución de la actuación subvencionable, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, desarrollada en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, esta utilizará la herramienta dedata miningMINERVA para realizar el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en esa licitación. A tal efecto se solicitará a los licitadores la información correspondiente siendo aplicables el procedimiento y los términos previstos en el apartado anterior.
1. Las actuaciones subvencionables tendrán como objetivos de carácter general:
a) Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y empresas.
b) Reducción de la brecha digital.
c) Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.
d) Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas.
e) Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales(chatbots,automatización y robotización, plataformas, etc.).
Las actuaciones previstas en las líneas estratégicas a las que se refiere el apartado 2 coadyuvarán a la consecución de todos los ámbitos recogidos en el objetivo 168 y en el hito 169 del PRTR.
2. Las actuaciones subvencionables deberán encuadrarse en alguna de las siguiente líneas estratégicas, en el marco de la transformación digital de las administraciones de entidades locales, pudiendo las entidades previstas en el artículo 3.1 solicitar la subvención para el desarrollo de una de ellas o para varias. Las líneas estratégicas son las siguientes:
a) Línea estratégica 1. Administración orientada al ciudadano.
1.º Objetivo: mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y empresas, favoreciendo la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios públicos digitales y la modernización de los procesos.
2.º Actuaciones subvencionables:
i. Desarrollo deappspara los servicios más utilizados. Desarrollo o adopción de los servicios públicos digitales más demandados por ciudadanos y empresas, a través del móvil, con especial énfasis en la usabilidad, accesibilidad y personalización de contenidos.
ii. Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la atención a la ciudadanía y empresas. Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la mejora de la atención al ciudadano, dirigidos en particular a la orientación y tutela de ciudadanos y empresas en los casos de uso de mayor impacto.
iii. Desarrollo de plataformas para la digitalización de los servicios públicos que prestan las entidades locales. Desarrollo o adopción de herramientas que contribuyan a la digitalización de las unidades de las administraciones locales que prestan servicios a la ciudadanía, en particular en relación con los servicios sociales o la economía de los cuidados.
Se prevé que, de acuerdo con los ámbitos definidos en el objetivo 168 y en el hito 169, a través de estas actuaciones se contribuya directamente a la consecución de la transformación digital en términos de proactividad, movilidad y experiencia del usuario.
b) Línea estratégica 2. Operaciones inteligentes.
1.º Objetivo: mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las administraciones públicas, a través de la utilización de tecnologías de automatización inteligente (Robotización de procesos, Inteligencia artificial, etc.).
2.º Actuación subvencionable:
Automatización de servicios. Automatización inteligente de los procesos de prestación de los servicios más utilizados por ciudadanos y empresas, empleando tecnologías basadas en inteligencia artificial, gestión inteligente de procesos, robotización de procesos o similares, para obtener una reducción de tiempos de tramitación y una mejora del servicio.
En este sentido, y de acuerdo con los ámbitos definidos en el objetivo 168 y en el hito 169, esta línea contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de automatización y administración pública centrada en los datos.
c) Línea estratégica 3. Gobierno del dato.
1.º Objetivo: democratizar el acceso a los datos por parte de ciudadanos, empresas y empleados y empleadas públicos, permitiendo el libre acceso a la información y su replicabilidad, así como el uso de los datos para el desarrollo de servicios digitales de alto valor añadido orientados al ciudadano.
2.º Actuación subvencionable:
Plataforma de datos integrada. Desarrollo de una plataforma del dato integrable, bajo la perspectiva de la federación de datos, con elData lakede la Administración General del Estado, que permita habilitar proyectos interoperables entre la Administración General del Estado y otras administraciones públicas.
De la misma forma, y de acuerdo con los ámbitos definidos en el objetivo 168 y en el hito 169, esta línea contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de automatización y administración pública centrada en los datos.
d) Línea estratégica 4. Infraestructuras digitales.
1.º Objetivo: dotar a las administraciones locales de las infraestructuras tecnológicas necesarias para su modernización, con el fin de asegurar la disponibilidad en cualquier circunstancia y de adaptar la capacidad disponible a las necesidades existentes en cada momento, contribuyendo a desarrollar la conectividad digital, la economía del dato y la inteligencia artificial en las administraciones.
Asimismo, se prevé modernizar y digitalizar las sedes de las administraciones públicas, añadiendo puntos de encuentro digital entre estas y la ciudadanía, y contribuyendo a la mejora, seguridad y eficiencia energética y de procesos de las entidades locales tanto para la ciudadanía como para el propio personal de estas.
2.º Actuaciones subvencionables:
i.Cloudy Centros de proceso de datos (CPD) sostenibles. Adopción de solucionescloude infraestructuras sostenibles, contemplando migración de infraestructuras heredadas a nuevas soluciones que aporten mayor eficacia y eficiencia a través de la optimización de los procesos de gestión y provisión.
ii. Implantación de puestos de trabajo inteligentes. Provisión de puestos de trabajo de nueva generación con movilidad y herramientas colaborativas que maximicen la productividad de los empleados públicos y habiliten su trabajo no presencial.
iii. Infraestructuras físicas y puntos de acceso digital. Implantación de puntos y de puestos digitales de ayuda al ciudadano, que faciliten la automatización y la agilización de los servicios; de sistemas que contribuyan a la modernización de las entidades locales, a través de la mejora del acceso de su personal mediante tarjetas inteligentes; y de infraestructuras que mejoren la eficiencia energética de las sedes.
Asimismo, y de acuerdo con los ámbitos definidos en el objetivo 168 y en el hito 169, esta línea contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de infraestructuras físicas, lógicas ysoftware.
e) Línea estratégica 5. Ciberseguridad.
1.º Objetivo: garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios digitales prestados por las administraciones públicas y mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
2.º Actuación subvencionable:
Refuerzo de la ciberseguridad. Desarrollo de un proyecto que refuerce la ciberseguridad de las distintas administraciones y de los servicios provistos a ciudadanos y empresas, buscando reforzar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
De acuerdo con los ámbitos definidos en el objetivo 168 y en el hito 169, esta línea contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de ciberseguridad.
3. Los términos específicos sobre el contenido y alcance de los proyectos señalados figurarán en la guía técnica que se publicará por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática una vez entre en vigor este real decreto.
4. En cumplimiento con lo dispuesto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo, así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA), todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de este real decreto deben respetar el principio de DNSH.
Las actuaciones que se propongan deberán cumplir con todos los requisitos siguientes:
a) Alineamiento con los planes estratégicos: Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Agenda España Digital 2025 y Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.
b) Interoperabilidad entre servicios. Permitirán la integración con proyectos, plataformas e iniciativas de similar naturaleza, especialmente con las de la Administración General del Estado, cumpliendo el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Notas Técnicas de Interconexión correspondientes.
c) Reutilización. En los términos previstos en el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el resultado de los proyectos desarrollados podrá ser objeto de reutilización por otras administraciones que lo requieran si su naturaleza lo permite.
d) Las administraciones receptoras de fondos se comprometen a aportar datos para facilitar la oferta de servicios a la ciudadanía a través de «Mi carpeta ciudadana» de la Administración General del Estado a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, con el objetivo de conformar un espacio de datos eficiente y eficaz para la ciudadanía y las empresas.
e) Las administraciones facilitarán la integración de información en las plataformas comunes de gestión de contratación pública electrónica y de subvenciones que se indiquen.
f) No serán objeto de ayuda aquellas actuaciones que, directa o indirectamente ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020 (Reglamento de Taxonomía), o que estén dirigidas a aumentar la eficiencia de los combustibles fósiles.
1. Los gastos subvencionables deberán corresponder de manera indubitada al proyecto financiado. Serán gastos subvencionables los gastos de inversión destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable, siempre que respondan a la naturaleza de los fines subvencionados.
2. Todas las acciones que integren el proyecto se deben desarrollar dentro del periodo de ejecución contemplado en el artículo 11, si bien podrán haber concluido antes de la presentación de la correspondiente solicitud para la concesión de la subvención.
Solo será subvencionable el gasto si la entidad beneficiaria ha incurrido en él y lo ha abonado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por este real decreto. A estos efectos, únicamente se entenderá abonado el gasto cuando se haya producido el desembolso efectivo.
3. Para que el gasto sea financiable será preciso que los productos y servicios se hayan entregado y prestado, que el gasto declarado por las entidades beneficiarias haya sido pagado y que cumpla con los actos y disposiciones previstos en el artículo 2, las condiciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y las restantes condiciones para la subvención del proyecto.
Asimismo, deberá existir constancia documental sobre su realización, de modo que pueda ser verificable y se requerirá que las acciones ejecutadas hayan alcanzado la funcionalidad dentro del periodo de ejecución, estando plenamente operativas y adscritas al uso o a la prestación de aquellos servicios acordes a su naturaleza.
4. Las acciones financiadas están sujetas a las condiciones de durabilidad que se pudieran determinar en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o, en su defecto, a las que se prevén en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. No se consideran costes subvencionables los derivados de cualesquiera autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, tasas, impuestos o tributos.
6. Tampoco serán subvencionables los gastos que a continuación se relacionan:
a) Los intereses deudores y los demás gastos financieros.
b) Intereses de demora, recargos, multas y sanciones económicas y gasto incurrido por litigios y disputas legales.
c) En la adquisición de bienes y servicios mediante contratos públicos:
1.º Los descuentos efectuados.
2.º Los pagos efectuados por el contratista a la administración en concepto de control de calidad o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos que se deriven de la ejecución del contrato.
d) Los gastos propios o costes asociados a los proyectos (personal, funcionamiento o gastos generales).
e) Los gastos no debidamente justificados.
f) Los vinculados a tareas preparatorias o de diseño o licitación de los proyectos.
g) Los que tengan carácter recurrente (tareas de mantenimiento).
h) Aquellos que:
1.º Se declaren no subvencionables por parte de la Autoridad Responsable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o por el órgano concedente de la subvención.
2.º Se hubieran efectuado fuera del periodo de justificación al que se refiere el artículo 22.
1. Las entidades beneficiarias podrán concertar con terceros la ejecución total o parcial de los proyectos, mediante los procedimientos de licitación correspondientes o proceder a su ejecución total o parcial a través de encargos a medios propios.
2. Las entidades beneficiarias no podrán subcontratar las actividades subvencionadas. No obstante, se tendrá en cuenta que la contratación o los encargos a medios propios por la entidad beneficiaria de aquellos gastos en que tenga que incurrir para la realización por sí misma de la actividad subvencionada, es decir, la concertación con terceros de prestaciones necesarias para llevar a cabo las actividades objeto de la subvención, no constituye subcontratación de dichas actividades, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, quedan fuera del concepto de subcontratación.
3. En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con las personas y entidades a que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. En caso de que, en los términos previstos en este artículo, la ejecución del proyecto subvencionado se lleve a cabo por un medio propio o contratista, la entidad beneficiaria de la ayuda habrá de prever mecanismos para asegurar que se dé efectivo cumplimiento a todas las obligaciones que se enuncian en el artículo 4 y, en particular, con el principio de DNSH y las medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
5. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas o encargos a medios propios al órgano concedente de la subvención.
1. El importe total máximo de las subvenciones a que se refiere este real decreto es de 5.740.384,19 euros, consignados en la aplicación presupuestaria 22.50.94KC.761 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para el año 2024.
Esta subvención no constituye una ayuda de Estado en los té