Categoría: Economía y Empleo

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.
Exposición de motivos.
Título preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Objetivos de la ley.
Artículo 4. Definiciones.
Título I. De la viña.
Capítulo I. Autorizaciones de plantación.
Artículo 5. Régimen de autorizaciones para plantar vid.
Artículo 6. Autorizaciones de nueva plantación.
Artículo 7. Autorizaciones de replantación.
Artículo 8. Obligación de arranque.
Artículo 9. Reposición de marras.
Artículo 10. Modificación de la localización de la superficie de una autorización de replantación o de nueva plantación.
Artículo 11. Transferencias de autorizaciones de replantación.
Capítulo II. De las plantaciones exceptuadas del régimen de autorizaciones.
Artículo 12. Plantaciones para experimentación y viñas madre e injertos.
Artículo 13. Plantaciones para autoconsumo.
Artículo 14. Expropiaciones.
Capítulo III. Del registro vitícola de Castilla-La Mancha
Artículo 15. El registro vitícola de Castilla-La Mancha.
Artículo 16. Inscripción.
Capítulo IV. De la clasificación de variedades y de las plantas de vid.
Artículo 17. Variedades de vid.
Artículo 18. Portainjertos.
Artículo 19. Material vegetal para plantaciones de vid.
Capítulo V. De las declaraciones de cosecha y otras medidas dirigidas a la producción y su destino
Artículo 20. Obligatoriedad de presentar la declaración de cosecha por parcela.
Artículo 21. Medidas dirigidas a la producción y su destino.
Título II. Control en materia de viticultura
Artículo 22. Autoridad competente.
Artículo 23. Obligaciones de las personas titulares de las explotaciones vitícolas.
Artículo 24. Personal inspector.
Título III. Del vino.
Artículo 25. Prácticas enológicas de los productos vitícolas.
Artículo 26. Autorización excepcional. Supervisión de prácticas enológicas.
Artículo 27. Autorización de prácticas enológicas experimentales.
Título IV. De la calidad de los vinos.
Capítulo I. Indicaciones geográficas de ámbito autonómico.
Sección 1.ª Objetivos, titularidad y protección.
Artículo 28. Objetivos de las indicaciones geográficas de ámbito autonómico.
Artículo 29. Titularidad y protección.
Sección 2.ª Procedimiento de protección: solicitud, modificación y cancelación.
Artículo 30. Solicitudes de protección: procedimiento preliminar.
Artículo 31. Modificaciones.
Artículo 32. Cancelaciones.
Capítulo II. De las indicaciones facultativas en las indicaciones geográficas de ámbito autonómico.
Artículo 33. Indicaciones facultativas.
Artículo 34. Unidad geográfica menor y unidad geográfica más amplia.
Artículo 35. Vinos de explotación.
Capítulo III. Órganos de gestión de las indicaciones geográficas de ámbito autonómico.
Artículo 36. Órganos de gestión.
Artículo 37. Reconocimiento de los órganos de gestión.
Artículo 38. Revocación de los órganos de gestión.
Título V. Del control y de la trazabilidad.
Capítulo I. Del control general.
Artículo 39. Controles oficiales y otros sistemas de control.
Capítulo II. Especificidades del sector vitivinícola.
Artículo 40. Documentos de acompañamiento.
Artículo 41. Registros de entradas y salidas.
Artículo 42. Análisis para el control de los productos vitivinícolas.
Artículo 43. Control de los productos vitivinícolas con indicación geográfica.
Artículo 44. Productos vitivinícolas sin indicación geográfica con indicación del año de cosecha y/o variedad o variedades de uva.
Capítulo III. Registro de embotelladores y envasadores de vinos.
Artículo 45. Registro de embotelladores y envasadores de vinos.
Artículo 46. Inscripción.
Título VI. Del fomento vitivinícola y de la vertebración del sector.
Capítulo I. Del fomento vitivinícola.
Artículo 47. Actuaciones I+D+i en el sector vitivinícola.
Artículo 48. Actuaciones en materia de fomento vitícola.
Artículo 49. Actuaciones en materia de fomento vinícola.
Artículo 50. Actuaciones en materia de regulación.
Artículo 51. Actuaciones para el fortalecimiento de la cadena alimentaria.
Capítulo II. De la vertebración del sector.
Artículo 52. Vertebración del sector.
Artículo 53. El Comité Regional Vitivinícola.
Título VII. Del régimen sancionador.
Artículo 54. Infracciones y sanciones.
Artículo 55. Infracciones leves.
Artículo 56. Infracciones graves.
Artículo 57. Infracciones muy graves.
Artículo 58. Sanciones.
Artículo 59. Requisito para el acceso a las subvenciones.
Artículo 60. Duración del procedimiento.
Disposición adicional única. Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de Castilla.
Disposición transitoria primera. Procedimientos anteriores.
Disposición transitoria segunda. Autorizaciones por conversión.
Disposición transitoria tercera. Reconocimiento de los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas.
Disposición derogatoria única. Derogación.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 4/2015, de 26 de marzo, por la que se crea el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha.
Disposición final segunda. Supletoriedad.
Disposición final tercera. Habilitación al Consejo de Gobierno.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El sector vitivinícola de Castilla-La Mancha es el sector agroalimentario más significativo de la región por sus implicaciones sociales, económicas, medioambientales, territoriales, culturales y patrimoniales. Constituye un sector estratégico que participa en la renta de gran parte de la población agraria, del sector industrial y de la población regional en general, bien como principal fuente de ingresos o como retribuciones adicionales a otras actividades.
Existen municipios en los que la vitivinicultura es la actividad predominante y en los que puede observarse una fuerte unión del sector con la sostenibilidad de la población rural, no en vano Castilla-La Mancha es la región vitícola por antonomasia, suponiendo casi la mitad de la superficie de cultivo a nivel nacional y superando esa cifra si hablamos de producción vitivinícola. En términos económicos, el valor de la producción de vinos y mostos a nivel regional supone alrededor de un 14 % de la producción de la rama agraria y, aproximadamente, el 22 % de la producción vegetal.
La climatología de la región, favorable para el cultivo del viñedo, es determinante en la calidad de la materia prima, pues controla de forma prácticamente natural la sanidad del cultivo y al mismo tiempo permite producciones con características organolépticas óptimas para la industria, que facilitan el respeto de las condiciones del producto original en la transformación. Esta materia prima de calidad hace posible que se pueda producir en nuestra región el abanico completo de productos derivados de la uva, a la vez que constituye el puntal básico en la calidad final de los mismos.
El contexto global del mundo vitivinícola ha cambiado mucho, y cada vez más hay que buscar una postura comercial dinámica e innovadora, en la que las estrategias seguidas respondan a las exigencias de los mercados externos. Los mercados tienen frecuentes vaivenes originados por inestabilidades económicas, políticas e incluso sanitarias, que originan incertidumbres a los operadores y que hacen que continuamente el sector deba estar actualizándose para ser competitivo frente a terceros.
El sector, en todos sus eslabones, está implicado desde hace tiempo en una transformación integral. La ampliación del panorama varietal regional, introduciendo variedades que permiten hacer productos más acordes con los gustos del mercado y el incremento de la calidad de la producción primaria, son retos asumidos ya por las personas dedicadas a la viticultura en la región, a los que se unen los de adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible del cultivo. Por su parte, el subsector industrial se encuentra inmerso en una modernización continua de los equipos y de las técnicas enológicas empleadas, cada vez más vanguardistas y orientadas a la sostenibilidad ambiental, en el incremento de la calidad de los productos protegidos bajo las figuras de calidad, en añadir valor a su producto, y en el marketing y la comercialización, cada vez con más presencia en los mercados internacionales y con productos más adaptados al consumidor final. Este esfuerzo conjunto ha de seguir produciéndose y protegiéndose para que el sector pueda continuar progresando. Al mismo tiempo, para mejorar la capacidad competitiva, la cadena alimentaria tiene que ser fuerte, estar bien estructurada y dimensionada y todos los integrantes tienen que participar de la generación de valor a lo largo de la misma.
Con la publicación del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, se modificó el marco normativo europeo y continúa, en este contexto, con una intervención pública que afecta a las plantaciones de viñedo, a la producción, a la elaboración y a la comercialización de los productos derivados de la uva, que ya comenzó en el sector con la primera OCM del vino. Además, entre 2018 y 2019 la Comisión Europea publicó seis reglamentos (tres delegados y tres de ejecución) que complementan el marco normativo, en las siguientes materias para la ordenación del sector vitivinícola:
Reglamento Delegado (UE) 2018/273 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid, el registro vitícola, los documentos de acompañamiento, la certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones obligatorias, las notificaciones y la publicación de la información notificada, y por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los controles y sanciones pertinentes, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 555/2008, (CE) n.° 606/2009 y (CE) n.° 607/2009 de la Comisión y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 436/2009 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid, la certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones obligatorias y las notificaciones, y del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los controles pertinentes, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión.
Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de símbolos, y del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a un sistema adecuado de controles.
Reglamento Delegado (UE) 2019/934 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las zonas vitícolas donde el grado alcohólico pueda verse incrementado, las prácticas enológicas autorizadas y las restricciones aplicables a la producción y conservación de los productos vitícolas, el porcentaje mínimo de alcohol para subproductos y la eliminación de estos, y la publicación de las fichas de la OIV.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/935 de la Comisión, de 16 de abril de 2019, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a métodos de análisis para determinar las características físicas, químicas y organolépticas de los productos vitícolas y las notificaciones de las decisiones de los Estados miembros relativas a los aumentos del grado alcohólico natural.
Asimismo, el 6 de diciembre de 2021 se publica el Reglamento (UE) n.º 2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, que introduce, entre otras modificaciones, las del régimen de autorizaciones de vid, en el procedimiento de reconocimiento de indicaciones geográficas y en las prácticas enológicas.
A nivel nacional, la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, constituye la norma básica en la materia.
En consecuencia, la ordenación del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha que se contiene en esta ley está realizada en el marco de la normativa de la Unión Europea y de la estatal de carácter básico, que es la normativa de aplicación. No obstante, ha resultado preciso en algunos artículos hacer remisión expresa a la normativa de la Unión Europea, o comunitaria, o la básica estatal por considerar que contienen aspectos relevantes que no se han reproducido en esta norma.
Por otra parte, en febrero de 2019 se hacía público el Plan Estratégico del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, que analizaba la situación del sector regional y proponía una hoja de ruta para garantizar su futuro a medio y largo plazo. Dicho documento incluía como una recomendación transversal dotar al sector regional de una regulación moderna, efectiva y adecuada. En el texto se definían también determinados objetivos a corto, medio y largo plazo, cuya consecución debe coadyuvarse con las regulaciones recogidas en esta ley.
En materia de plantaciones de viñedo, la normativa europea establece un marco legislativo bastante exhaustivo dejando poco margen a los Estados miembros y, por ende, a las comunidades autónomas. No obstante, se recoge el marco donde se reflejan las cuestiones más importantes de la normativa existente para dar seguridad jurídica a quienes trabajan en el sector vitícola.
El registro vitícola constituye el elemento básico y permanente para el control del potencial vitícola, siendo fundamental su correcto mantenimiento. Como registro público, la regulación en este aspecto también debe evidenciar la finalidad del mismo y los datos que contiene. La regulación del acceso se ha efectuado contemplando el cumplimiento de las normas de protección de datos y sin que el acceso a los datos pueda conllevar perturbaciones en su funcionamiento o en el servicio al resto de la ciudadanía.
El interés creciente por cultivar en Castilla-La Mancha variedades nuevas que puedan proporcionar mejoras en los productos obtenidos hace recomendable que se establezca claramente el procedimiento de autorización de las mismas y el organismo que tiene la competencia, así como el papel del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf) en el procedimiento, como organismo con competencias en materia de investigación y experimentación en el ámbito agroalimentario.
Por otra parte, el personal inspector constituye el elemento esencial en las labores de control del sector vitivinícola. La Ley 7/2007, de 15 de marzo, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha y la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, regulan las actividades de inspección y el personal, otorgando las garantías suficientes en la realización de los controles. No obstante, las inspecciones realizadas en la parte agrícola quedan fuera del ámbito de aplicación de las mencionadas leyes, por lo que este vacío se regula en esta ley con el fin de que el personal inspector goce también de las garantías para su correcta ejecución.
Por otro lado, el marco jurídico comunitario permite a los Estados miembros, y por ende a las comunidades autónomas, un margen de regulación para introducir limitaciones a la producción y así fomentar una mejor adaptación a las demandas del mercado y un incremento de la calidad de los productos vitícolas.
El Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, establece líneas generales en relación con las prácticas y los tratamientos enológicos y remite a normas más detalladas adoptadas por la Comisión, en cuyos textos se definen de forma más clara y precisa las prácticas enológicas autorizadas y se fijan los límites de utilización de determinadas sustancias que puedan emplearse en la elaboración del vino, así como las condiciones de uso de algunas de ellas que, en determinados casos, requieren una autorización previa de la autoridad competente y la participación de personal con la titulación adecuada. Se debe establecer la regulación regional para este tipo de prácticas para futuras necesidades.
Asimismo, se requiere definir el procedimiento de autorización, por un período y con fines experimentales, de determinadas prácticas o tratamientos enológicos no previstos en la normativa comunitaria.
Las figuras de calidad permiten a las empresas diferenciar sus productos añadiendo valor a los mismos y fortaleciendo su posición en los mercados, disponiendo de un instrumento que contribuye al incremento de la competitividad de dichos productos. La protección y el fomento de estas figuras de calidad han de formar parte de las políticas que se efectúen en el sector, pues contribuyen a una mejora del mismo, a la par que a la persona consumidora le aporta garantías adicionales en cuanto a la calidad de lo que consume.
La legislación europea y la normativa nacional básica aplicable a las denominaciones e indicaciones geográficas protegidas (en adelante indicaciones geográficas) del sector vitivinícola tiene particularidades concretas con respecto al resto de productos agroalimentarios, y justifican que su regulación específica se recoja en esta ley, aunque le sean de aplicación, supletoriamente, las normas que se formulen en materia de calidad agroalimentaria. Estas normas incluyen disposiciones concretas para los procedimientos de reconocimiento, modificación y cancelación de las indicaciones geográficas que deben ser completados por la legislación regional para aquellas indicaciones geográficas del con ámbito territorial en la comunidad autónoma.
A pesar del esfuerzo de marketing efectuado, en algunos mercados los nombres de las indicaciones geográficas no son conocidos por las personas consumidoras, y no constituyen un elemento que haga que se inclinen por un producto determinado. En estos casos, es posible utilizar un nombre de un área geográfica ya reconocida para que las personas que los consumen puedan identificar el origen y tener una información adicional más precisa sobre el producto. Para facilitar su conocimiento, las normas europeas permiten indicar en los etiquetados la «unidad geográfica más amplia» en la que se ubica la indicación geográfica.
Por otro lado, las normas comunitarias también contemplan las unidades geográficas menores que hacen posible que, dentro de una indicación geográfica, puedan identificarse los productos de una zona más reducida, y constituir un factor adicional a tener en cuenta a la hora de diferenciarse en los mercados. Estas unidades son especialmente útiles en las indicaciones geográficas que tienen gran dimensión.
Respecto a los vinos de explotación, se introduce por primera vez la opción que proporciona la legislación europea para que dentro de las indicaciones geográficas regionales se reconozcan estas menciones en su territorio, que implican una mayor identificación del producto con el entorno preciso de producción y elaboración del mismo. En concreto para esta figura se adopta la denominación «Vino de Finca».
En la ley se recogen las cuestiones básicas de la regulación de los órganos de gestión de las indicaciones geográficas vínicas, resultando de aplicación supletoria lo establecido para estos órganos en las normas de calidad agroalimentaria.
El control y trazabilidad del sector vitivinícola es un elemento esencial para el correcto desarrollo del mismo. Debe controlarse que la producción y elaboración de los productos se efectúan de acuerdo con los requisitos establecidos para ello. Es objetivo de esta ley perseguir aquellas actuaciones que constituyen un fraude, pues dañan la imagen del sector y del territorio en concreto, y además conllevan el menoscabo del valor de los productos que sí cumplen con estas normas. La lucha contra el fraude pondrá especial atención en las actividades más propensas a dichas prácticas. En el caso del control del fraude en el sector vitivinícola, hay que prestar atención a los alcoholes que no provienen del sector y que constituyen una competencia desleal frente a los de origen vínico. Dado el peso que tiene este sector en Castilla-La Mancha, no comparable con ninguna otra región a nivel nacional, las prácticas fraudulentas han de ser sancionadas con determinación para que no resulten rentables para el operador de vino, mosto o alcohol.
La trazabilidad de los productos elaborados, reflejada en la documentación que debe tener todo operador del sector vitivinícola, dota al personal inspector de herramientas precisas para su labor de control. Para ello, el procedimiento sancionador se torna elemental para desincentivar los incumplimientos y las prácticas fraudulentas.
Por su parte, el sistema de diferenciación de la calidad se sostiene con un eficaz sistema de control y trazabilidad alimentaria que garantice que el producto puesto en el mercado cumple con los pliegos de condiciones de la figura protectora. Serán los operadores los responsables de garantizar que se cumplen con los requisitos de la figura de calidad, debiendo poseer para ello un sistema de autocontrol. Al tratarse de un control común para todos los productos agroalimentarios, la regulación principal se recoge en la normativa en materia de calidad de los productos agroalimentarios, trayendo a esta ley únicamente las particularidades que afectan al sector vitivinícola, como por ejemplo el control de los vinos sin indicación geográfica con indicación del año de cosecha o la variedad o variedades empleadas en su elaboración.
En su función de fomento, la administración de Castilla-La Macha debe velar por el desarrollo del sector vitivinícola. Una de las actuaciones más necesarias, recogidas en esta ley, es incentivar la autorregulación del sector para su fortalecimiento, fomentando la creación, siempre voluntaria, de organizaciones interprofesionales.
La vertebración del sector es uno de los contenidos que han de ser abordados por esta norma, fomentando el asociacionismo, el relevo generacional y la inclusión de las mujeres en todos los eslabones de la cadena de producción del sector. La colaboración de las diferentes organizaciones con la administración se materializará a través del Comité Regional Vitivinícola que se constituirá una vez entre en vigor esta ley y proporcionará el foro necesario en el que un equipo misceláneo de profesionales, conocedores de la región, del sector y de su problemática desde diferentes ámbitos, puedan, entre otras funciones, realizar análisis y coordinar propuestas.
En aplicación del principio de eficiencia esta ley no entraña un impacto presupuestario directo sobre los presupuestos de las Administraciones públicas.
La ley se estructura en un título preliminar y siete títulos más, contiene 60 artículos, una disposición adicional única, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.
El título preliminar regula las disposiciones generales, abordando el objeto, el ámbito de aplicación, los objetivos que pretenden conseguirse con la aprobación de la ley y la definición de los términos empleados en el texto que conviene precisar para mayor seguridad jurídica.
El título I «De la viña» incluye la regulación del potencial vitícola y está dividido en cinco capítulos. El capítulo I dispone todas las opciones para obtener una autorización para plantar viñedo, sus transferencias y modificaciones, las plantaciones ilegales y las realizadas sin la correspondiente autorización administrativa, su obligación de arranque, y la reposición de marras en el ámbito regional. El capítulo II versa sobre las plantaciones exceptuadas del régimen de autorizaciones. El capítulo III contiene lo relativo al registro vitícola de Castilla-La Mancha. En el capítulo IV se recogen los aspectos relacionados con la clasificación de las variedades y el procedimiento de autorización de nuevas variedades en el ámbito regional. Finalmente, el capítulo V, contiene la regulación de las declaraciones de cosecha y otras medidas dirigidas a la producción y su destino.
El título II «Control en materia de viticultura» determina la autoridad competente y las obligaciones de las personas titulares de las explotaciones vitícolas. A su vez, se establece las disposiciones aplicables al personal de la Administración que efectúa labores de inspección.
El título III «Del vino» recoge las prácticas enológicas y su autorización en Castilla-La Mancha, determinando el proceso de autorización y el personal que debe supervisarlas, en aquéllas que precisan de su participación para poder ser empleadas en la elaboración de los productos vitícolas. También contempla el procedimiento de autorización de las prácticas enológicas experimentales.
El título IV «De la calidad de los vinos» está estructurado en tres capítulos. El capítulo I recoge la regulación de la protección de las indicaciones geográficas y su procedimiento de reconocimiento, modificación y cancelación, adaptando la regulación regional a las normas europeas. El capítulo II regula las indicaciones facultativas que pueden aparecer en el etiquetado de los vinos, tales como la unidad geográfica menor y la unidad geográfica más amplia y el uso del término vino de explotación. Por último, el capítulo III se encarga de recoger la regulación aplicable a los órganos de gestión de las indicaciones geográficas.
El título V «Del control y de la trazabilidad» se divide en tres capítulos. En el capítulo I se recogen los controles oficiales que se realizan a cualquier producto vitivinícola. En el capítulo II se regulan aquellas especificidades propias del sector, como son los documentos de acompañamiento, los registros que los operadores tienen que llevar para garantizar la trazabilidad, los análisis para el control de vinos y el control de los productos vitivinícolas sin indicación geográfica con indicación del año de la cosecha o de la variedad o variedades de uvas de vinificación. El capítulo III establece disposiciones relativas al registro de embotelladores y envasadores de vinos.
El título VI «Del fomento vitivinícola y de la vertebración del sector» se estructura en dos capítulos. El capítulo I establece las directrices en materia de fomento vitivinícola, con actuaciones dirigidas a la investigación, desarrollo e innovación en el sector vitivinícola y la orientación en promoción del sector, desde la vid hasta el mercado final. El capítulo II aborda la vertebración del sector, recogiendo sus principales líneas de actuación, así como la creación del Comité Regional Vitivinícola.
Finalmente, el título VII «Del régimen sancionador» que remite a la normativa estatal, si bien en este régimen se han introducido las debidas actualizaciones legislativas ocurridas en estas casi dos décadas.
En cuanto a las disposiciones de la parte final de la norma, cabe poner de manifiesto que en la disposición adicional única se ha regulado, para la Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de Castilla, la excepción de la exigencia de disponer de órgano de gestión, toda vez que dicha indicación no se creó por solicitud de una agrupación de productores, sino por la Ley 11/1999, de 26 de mayo, por la que se crea la Indicación Geográfica de Vinos de la Tierra de Castilla.
En las disposiciones transitorias se contiene: en la primera, el régimen de aplicación a procedimientos anteriores; en la segunda, las autorizaciones por conversión; y en la tercera, el reconocimiento de los órganos de gestión de determinadas denominaciones de origen protegidas.
Por último, las disposiciones finales contienen: la primera, la modificación de la disposición adicional segunda de la Ley 4/2015, de 26 de marzo, por la que se crea el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, con la finalidad de adscribir como centros del citado organismo autónomo tanto la Estación de viticultura y Enología de Alcázar de San Juan como el CLaMber de Puertollano, habida cuenta de su relevancia e importancia de manera que queden equiparados a los centros incluidos en la citada disposición; la disposición final segunda la supletoriedad de la Ley 7/2007, de 15 de marzo; la tercera, la habilitación normativa al Consejo de Gobierno, así como la regulación de que determinados desarrollos se realizarán mediante orden dado el carácter eminentemente técnico de la materia; y la cuarta, la entrada en vigor.
La habilitación competencial para dictar el régimen jurídico que se contiene en esta norma viene dada, en lo relativo a la ordenación del sector vitivinícola, por el artículo 31.1.6.ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que atribuye la competencia exclusiva en materia de agricultura e industrias agroalimentarias. Asimismo la norma se dicta al amparo de otros títulos competenciales como son el artículo 31.1.1.ª relativo a la «organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno» y el artículo 31.1.7.ª de «denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a productos de la Región, en colaboración con el Estado».
El objeto de la ley es la ordenación del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha en el marco de la normativa de la Unión Europea y de la estatal de carácter básico.
1. El ámbito de aplicación de la ley se extiende a la uva de vinificación, al resto de productos vitivinícolas y a los alcoholes elaborados a partir de productos vitícolas, al viñedo, instalaciones para la producción, almacenamiento y distribución de los productos mencionados y a todos los operadores que desarrollen o puedan desarrollar actividades relacionadas con los mismos en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
2. En cuanto al ámbito de aplicación del control, este se extenderá también a todos los productos comercializados o destinados a ser comercializados en el territorio de Castilla-La Mancha, así como a los procesos y las operaciones a que sean sometidos.
Son objetivos de esta ley:
a) Integrar en una norma la regulación regional específica del sector vitivinícola.
b) Promover la calidad, el control y la trazabilidad de las producciones vitivinícolas.
c) Promover las figuras de calidad y el embotellado para incrementar el valor añadido de los productos.
d) Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y promoción del sector vitivinícola.
e) Vertebrar a todos los actores del sector en una estrategia común para su desarrollo.
f) Fomentar la vitivinicultura como un eje vertebrador del mundo rural, facilitando la lucha contra la despoblación y la consecución de los compromisos medioambientales para la sostenibilidad del sector.
g) Actualizar el régimen sancionador.
Además de la aplicación de las definiciones establecidas por la normativa europea o norma estatal básica, a los efectos de esta ley, se entenderá por:
a) Consejería: consejería competente en materia de agricultura.
b) Compuestos enológicos: sustancias utilizadas en la producción y conservación de los productos vitícolas.
c) Indicación geográfica: las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de vinos, tal como se definen en el artículo 93 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.
d) Parcela vitícola: superficie continua de terreno destinada a la producción comercial de productos vitivinícolas o que se beneficia de las excepciones para fines experimentales o para el cultivo de viñas madres de injertos, en la que un solo viticultor/a cultiva la vid en condiciones agronómicas homogéneas. El sistema de información geográfica de referencia será el Sigpac, entendiéndose que una parcela de viñedo podrá estar formada por uno o varios recintos con uso de viñedo, tierra arable, improductivo o camino siempre que los usos tierra arable, improductivo y camino correspondan a las calles de servicio de la plantación.
e) Prácticas enológicas: son aquellas manipulaciones que, bien mediante tratamientos enológicos, o bien mediante la adición de compuestos enológicos, se realizan en la elaboración de los productos vitícolas, para garantizar su conservación, evitar su alteración y facilitar su transporte y comercio.
f) Prácticas enológicas experimentales: prácticas o tratamientos enológicos no regulados por la normativa comunitaria, llevadas a cabo con fines experimentales en el marco de un proyecto de investigación claramente definido y caracterizado por un único protocolo experimental.
g) Portainjerto: fracción de sarmiento arraigado y no injertado que se utiliza como patrón y que proporciona los órganos subterráneos de la planta.
h) Técnico competente en prácticas enológicas: La persona que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
1.º Tenga titulación de grado en Enología o esté habilitada en virtud del Real Decreto 595/2002, de 28 de junio, por el que se regula la habilitación para ejercer las profesiones de enólogo, técnico especialista en vitivinicultura y técnico en elaboración de vinos a quienes carezcan de los requisitos de titulación académica legalmente exigida.
2.º Tenga otra titulación o grado que acredite conocimientos técnicos en la materia.
i) Vino de finca: denominación de los vinos producidos al amparo de una indicación geográfica en la que se hace referencia a la explotación vitícola que cumplan con todos los requisitos establecidos para los vinos de explotación en la normativa de aplicación en materia de etiquetado.
1. De conformidad con la normativa de la Unión Europea, la básica estatal y sus normas de desarrollo (en adelante normativa de aplicación) en materia de autorizaciones para la plantación de vid, únicamente se podrá plantar un viñedo de vinificación si previamente se dispone de una autorización para replantación, una autorización de nueva plantación o una autorización por conversión de derechos.
2. Las autorizaciones indicarán, como mínimo, la persona titular de la autorización, la superficie autorizada a plantar, la localización y el período de validez de la misma.
3. No se aplicará el régimen de autorizaciones para plantar vid a las superficies destinadas a fines experimentales, al establecimiento de colecciones de variedades de vid destinadas a la conservación de los recursos genéticos o al cultivo de viñas madres de injertos, a las superficies cuyo vino o productos vitivinícolas estén destinados exclusivamente al autoconsumo, o a las superficies para nuevas plantaciones resultantes de expropiaciones por causa de utilidad pública, conforme se determina en el capítulo II de este título.
1. Se concederá una autorización de nueva plantación a aquellas personas que hayan presentado una solicitud para plantar un viñedo con destino a vinificación en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha que cumpla con los requisitos establecidos y haya resultado priorizada.
2. Las autorizaciones concedidas tendrán el periodo de validez que venga determinado en la normativa de aplicación en materia de autorizaciones para plantaciones de vid.
1. Se concederá una autorización de replantación a aquellas personas titulares de una superficie de arranque equivalente en cultivo puro, que hayan presentado una solicitud para plantar, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, que cumpla con los requisitos establecidos.
2. También se podrán conceder dichas autorizaciones para la replantación anticipada, siempre y cuando se cuente con un compromiso de arranque de una superficie equivalente en cultivo puro perteneciente a la misma explotación, conforme a los plazos y requisitos establecidos.
3. Las autorizaciones concedidas tendrán el periodo de validez que venga determinado en la normativa de aplicación en materia de autorizaciones para plantaciones de vid.
1. Las plantaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2016 y después del 31 de agosto de 1998 sin un derecho de replantación, o las plantadas antes del 31 de agosto de 1998 sin un derecho de replantación que no hubieran sido regularizadas antes del 1 de enero de 2010, son ilegales y deben ser arrancadas.
2. Las superficies de viña plantadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2015 sin autorización administrativa son plantaciones no autorizadas y deben ser arrancadas.
3. Las plantaciones realizadas al amparo de una autorización por replantación anticipada en las que no se haya ejecutado el arranque comprometido en el plazo establecido son plantaciones no autorizadas y deben ser arrancadas.
4. A las personas que no cumplan con la obligación de arranque indicada en los apartados 1, 2 y 3 de este artículo se les impondrán las sanciones establecidas en la norma básica o en el título VII de esta ley.
5. Además, a las personas que no cumplan con la obligación de arranque indicada en el apartado 1 se le impondrán también las multas coercitivas de conformidad con lo establecido en la normativa comunitaria en materia de control del régimen de autorizaciones para la plantación de vid.
Asimismo, las uvas y los productos elaborados a partir de las producciones de las plantaciones ilegales a las que se refiere el apartado 1 únicamente podrán ponerse en circulación con destino a la destilación, corriendo el productor con los gastos de dicha destilación. Los productos resultantes de dicha destilación no podrán utilizarse para la elaboración de alcohol con un grado alcohólico volumétrico adquirido igual o inferior al 80 por ciento.
1. La reposición de marras o de cepas improductivas por fallos de arraigo, injerto, accidentes físicos, biológicos o meteorológicos no tendrá en ningún caso la consideración de replantación durante los cinco primeros años de la plantación o replantación.
2. No obstante lo anterior, para las plantaciones superiores a cinco años, se determinarán reglamentariamente los procedimientos y requisitos para la reposición de marras o de cepas improductivas.
1. Se podrán realizar modificaciones de la localización de la superficie para la que se ha concedido una autorización, siempre que la nueva superficie tenga el mismo tamaño en hectáreas y que la autorización siga siendo válida.
2. La autorización de dicha modificación deberá solicitarse con anterioridad a la realización de la plantación. En cualquier caso, la realización de la plantación deberá ser posterior a la resolución por la que se autoriza a plantar en la nueva localización.
Únicamente podrán realizarse transferencias de autorizaciones de plantación cuyo periodo de validez no se haya alcanzado en los supuestos y con las condiciones contempladas en la normativa de aplicación.
1. Para realizar una plantación o replantación de viñedo destinada a fines experimentales o al cultivo de viñas madres de injertos dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha, se deberá presentar una comunicación previa en la que figure toda la información pertinente sobre esas superficies y el período durante el cual tendrá lugar el experimento o el período de producción de viñas madres de injertos. También se notificará a las autoridades competentes la ampliación de tales períodos.
2. La uva producida y los productos vitivinícolas obtenidos no podrán comercializarse durante el período en el que tenga lugar el experimento o el periodo de producción de viñas madres de injertos.
1. Aquellas personas que no se dediquen a la producción de vino o de otros productos vitivinícolas con fines comerciales podrán efectuar una plantación o replantación de superficies cuyo vino o productos vitivinícolas estén destinados exclusivamente al autoconsumo de la familia del viticultor, presentando, para ello, una comunicación previa en la que se delimite la superficie en la que se va a efectuar, la cual no debe exceder de 0,1 ha.
2. A efectos del control de estas plantaciones, podrán establecerse requisitos adicionales reglamentariamente.
1. Una persona viticultora que haya perdido una determinada superficie por expropiaciones por causa de utilidad pública tendrá derecho a plantar una nueva superficie, siempre que esa superficie plantada no exceda del 105 % de la superficie perdida en términos de cultivo puro.
2. Una vez ejecutada la plantación, se deberá tramitar su inscripción en el registro vitícola.
1. El registro vitícola de Castilla-La Mancha (registro vitícola en adelante) es un registro administrativo de carácter público, que se constituye en una base de datos informatizada dependiente de la consejería, y en el cual se recogen las informaciones obligatorias del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha.
2. En el registro vitícola constará, al menos, la siguiente información:
a) Parcelas vitícolas: identificación y localización, superficie y características de las viñas plantadas con y sin autorización, viticultores/as y propietarios/as de las mismas.
b) Las autorizaciones de plantación concedidas y las personas titulares de las mismas.
c) Las resoluciones de arranque concedidas con posterioridad al 1 de enero de 2016 y las personas titulares de las mismas.
d) Los derechos de plantación de viñedo generados antes del 31 de diciembre de 2015 y las personas titulares de los mismos.
e) La información sobre el destino de la producción de las parcelas.
f) Cualquier otra exigida por la normativa de aplicación en materia de potencial vitícola.
3. El registro vitícola tiene las siguientes finalidades:
a) Garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de viñedo y, en especial, en lo concerniente al control del potencial vitícola, así como facilitar la detección y el control de las plantaciones no autorizadas e ilegales existentes en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
b) Facilitar información a las figuras de calidad cuyo ámbito afecte a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a efectos del adecuado control de las mismas.
c) Facilitar información estadística del sector vitícola de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
4. El acceso a los datos y su publicidad se regirá por lo dispuesto en las normas de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y las de protección de datos de carácter personal.
5. Los datos del registro vitícola tienen carácter informativo, por lo que no constituyen o generan derechos relacionados con la titularidad o propiedad de las parcelas ni tampoco para la delimitación de linderos legalmente reconocidos y otras propiedades del terreno que resulten competencia de otros registros.
1. Todas las parcelas de viñedo de vinificación deben ser inscritas en el registro vitícola.
2. Es obligación de las personas viticultoras su inscripción en el registro vitícola, así como el mantenimiento actualizado de la información que obra en el mismo, en los plazos y conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.
3. Las plantaciones ilegales, así como las realizadas sin autorización administrativa, se inscribirán de oficio. Igualmente, la consejería podrá de oficio modificar los datos obrantes en el registro vitícola cuando de su actividad inspectora o de comprobación determine que alguna información no se corresponde con la realidad constatada, previa tramitación del correspondiente procedimiento contradictorio
1. Quedan prohibidos la plantación, la sustitución de cepas muertas, marras o cepas improductivas, el injerto sobre el patrón en el terreno y el sobreinjerto de aquellas variedades de vid que no consten específicamente en el listado de variedades de vid autorizadas, salvo para las vides utilizadas en investigación y experimentación científicas.
2. Corresponde, asimismo, a la consejería la autorización de nuevas variedades para plantaciones en el ámbito regional, o la supresión de alguna existente, las cuales actualizarán el listado mencionado en el apartado anterior.
3. Cualquier persona interesada podrá solicitar a la consejería la inscripción de una nueva variedad en el listado de variedades de vid autorizadas, aportando la justificación técnica de su interés.
4. En cualquier caso, para autorizar una nueva variedad, ésta debe estar inscrita previamente en el registro de variedades comerciales de vid para España o en los catálogos o registros de los demás Estados miembros de la Unión Europea.
5. Para la autorización de una nueva variedad será necesario informe preceptivo y vinculante del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf), en el que se declare la aptitud satisfactoria de la misma para el ámbito regional. En el caso de que la variedad no se encuentre autorizada previamente para el territorio nacional, dicho informe incluirá la evaluación previa exigida por la normativa básica en materia de potencial vitícola.
1. Únicamente podrán ser utilizados en las plantaciones de viñedo los portainjertos incluidos en el listado de portainjertos recomendados por la autoridad competente, salvo aquellos destinados a la investigación y experimentación científicas, el cultivo de viñas madres de injerto o para la exportación de material de multiplicación vegetativa de la vid.
2. Los portainjertos utilizados deben proceder de vides americanas o de sus cruzamientos, quedando prohibida la plantación realizada mediante la técnica de pie franco.
3. Los portainjertos que se utilicen en las plantaciones de viñedo deberán proceder de viveros legalmente autorizados y ser de categoría certificada.
1. El material vegetal utilizado en las plantaciones debe proceder de un vivero inscrito en el registro oficial de operadores profesionales de materiales vegetales de Castilla-La Mancha, o en cualquier otro registro análogo de otra comunidad autónoma o país comunitario.
2. Para la concesión de las ayudas públicas otorgadas por la consejería se promoverá que el material vegetal utilizado sea de categoría certificada.
Toda persona que ejerza la viticultura está obligada a presentar, en el lugar, forma y plazo que se establezca reglamentariamente, una declaración anual de cosecha para cada una de las parcelas en la que se recogerá, como mínimo, las cantidades de uva cosechada de cada variedad y se especificará su destino.
Reglamentariamente podrán establecerse limitaciones inherentes a la producción de uva, tanto en cantidad como en otros parámetros cualitativos. Asimismo, se podrán establecer otras limitaciones como la discriminación del destino en función del contenido en azúcar de la uva, o requisitos adicionales en los procesos productivos.
Cuando se establezcan las limitaciones mencionadas en el párrafo anterior, las personas responsables del destino de la producción, si son requeridas para ello, deberán acreditar mediante prueba válida en derecho que se ha cumplido tal previsión, sin que puedan exonerarse alegando la entrega de los productos a un tercero. Tanto en la declaración de cosecha como en las declaraciones del sistema de información de mercados del sector vitivinícola (Infovi) quedará reflejado este destino, así como en los documentos obligatorios relacionados con la trazabilidad vitivinícola.
La consejería realizará los controles necesarios para la verificación de los datos obrantes en el registro vitícola y de cualquiera otros exigidos por la normativa de potencial vitícola. A tal efecto, se elaborarán manuales y planes de control que sirvan para garantizar el cumplimiento de los requisitos y compromisos específicos previstos.
Las personas titulares de las explotaciones vitícolas tienen la obligación de colaborar con la función de control y a tal efecto deberán:
a) Suministrar toda la información inherente a su explotación vitícola, así como la documentación que les sea solicitada dentro del ámbito del control.
b) Permitir el acceso a las parcelas vitícolas, así como a la toma de muestras, o a cualquier tipo de control sobre sus producciones.
1. En el ejercicio de sus funciones, el personal que realiza las funciones inspectoras de la consejería tiene la consideración de agente de la autoridad y puede solicitar la colaboración de cualquier administración pública y, en su caso, el apoyo necesario de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
2. El personal inspector hará un uso proporcional de sus facultades y estará obligado a cumplir el deber de secreto profesional.
3. Las actas levantadas por el personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, tendrán el car