Categoría: Judicial

ido en el Estado requerido en un proceso de extradición bajo la argumentación de que la existencia misma de este procedimiento de cooperación internacional se derivaba de la propia actuación del demandante. El retraso que la necesaria búsqueda y captura internacional generaba la huida del territorio nacional o las reiteradas «incomparecencias ante el juzgado» justificaba, en opinión de las citadas resoluciones, una interpretación flexible del inciso segundo del art. 504.5 LECrim (entonces 504.6 LECrim) en virtud de la cual el retraso no sería imputable a la administración de justicia y, por ende, no podía ser computado a los efectos del ya múltiplemente citado art. 504.2 LECrim.
Sin embargo, el presente recurso de amparo tiene una base fáctica distinta en el que no solamente no consta que el demandante haya huido o salido de territorio nacional ante la existencia de un procedimiento penal contra el mismo (en este sentido, el auto de prisión provisional dictado el 12 de marzo de 2020 reconoce que el recurrente residía principalmente en Colombia, siendo detenido en dicho país apenas cuatro días después de la emisión de la citada resolución), sino en el que, además, se ha presentado numerosa documental que acredita que, una vez detenido, el señor Sánchez Herráez tuvo una participación especialmente activa dirigida a acelerar la resolución del correspondiente proceso de extradición. Así, consta en las actuaciones: (i) que el demandante, en fecha 5 de noviembre de 2020, instó ante las autoridades colombianas petición para la ejecución de un procedimiento de extradición simplificada dirigida a acelerar el proceso extradicional mediante un allanamiento a los cargos. Este procedimiento de extradición simplificada, que fue aprobado por Ley 1453 de 2011 [modificando el art. 500 del Código procesal colombiano (Ley 906 de 2004)] está dirigido a obtener una pronta resolución de la cuestión por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia mediante una elusión de los tramites de proposición de pruebas para el propio reclamado; (ii) también obra un escrito dirigido al Ministerio de Justicia colombiano solicitando la agilización de la extradición o, en su defecto, la excarcelación (escrito que recibió contestación el 30 de junio de 2020 mediante comunicación del Ministerio de Justicia colombiano núm. MJD-OFI20-0020902-DAI-1100).
Consecuentemente, las resoluciones impugnadas no solamente incurrieron en un cierto automatismo al aplicar la doctrina de este tribunal (AATC 189/2005, de 9 de mayo, y 212/2005, de 12 de mayo, y STC 8/1990, de 18 de enero) en un supuesto en el que aquella no era plenamente extrapolable, sino que, además, omitieron analizar todas las circunstancias personales y procesales puestas de relieve por el demandante en sus sucesivos escritos que revelaban una actuación proactiva dirigida a la consecución de una pronta resolución del proceso de extradición.
La aplicación indiscriminada de la citada doctrina a todos los procesos extradicionales –bajo la argumentación de que «el tiempo privado de libertad en otro país y bajo unas normas procedimentales diferentes no pueden servir de cómputo a los efectos de nuestra LECrim»– conllevaríaipso iureuna eliminación, desde la perspectiva del art. 504.2 LECrim, de todo el período de privación de libertad sufrido en el extranjero por un reclamado en virtud de un proceso de extradición activa, siendo indiferente, por lo tanto, si aquel fue consecuencia inexorable de una fuga o actuación rebelde del mismo, o, por el contrario, como es el caso presente, si el referido procedimiento de cooperación judicial internacional no fue provocado por su actuación extraprocesal.
Desde una perspectiva constitucional, no resulta admisible esta interpretación. El art. 17.4 CE exige que la ley determine el plazo máximo para la prisión provisional. Esta exigencia es válida para cualquier tipo de proceso en el que se pueda imponer una medida que materialmente constituya una prisión provisional (SSTC 37/1996, de 11 de marzo, FJ 4, y 56/1997, de 17 de marzo, FFJJ 7 y 9) y, por lo tanto, rige también en el procedimiento de extradición. Debe ser, por lo tanto, misión del legislador establecer cualquier tipo de prórroga adicional, prolongación o suspensión en casos como el presente en el que demandante se ve privado de su derecho a la libertad (art. 17.1 CE) en el extranjero en virtud de un proceso de cooperación judicial internacional instado por las autoridades españolas, sin que sea aceptable una interpretación como la aquí impugnada en la que no concurriendo una actitud obstruccionista o desobediente por parte del sometido a un proceso de extradición se permita eludir, o ignorar, el período privativo de libertad sufrido como consecuencia de aquel a través de una interpretación excesivamente abierta, flexible e imprevisible del apartado 5 del art. 504 LECrim.
Apoyan esta conclusión cuatro elementos adicionales que deben ser destacados:
(i) Una interpretación como la sostenida en el presente caso por los órganos judiciales ordinarios es diametralmente opuesta al principio defavor libertatis(SSTC 32/1987, de 12 de marzo; 34/1987, de 12 de marzo; 115/1987, de 7 de julio, y 37/1996, de 11 de marzo) oin dubio pro libertate(STC 117/1987, de 8 de julio) en virtud del cual la interpretación de las normas que regulan los motivos, condiciones y duración de las medidas privativas de libertad «debe hacerse con carácter restrictivo y a favor del derecho fundamental a la libertad que tales normas restringen, dado, además, la situación excepcional de la prisión provisional. Todo ello ha de conducir a la elección y aplicación, en caso de duda, de la ley más favorable, o sea, la menos restrictiva de la libertad» (STC 88/1988, de 9 de mayo, FJ 1).
(ii) Pretender que el período de privación de libertad sufrido en el territorio de otro Estado –como consecuencia de una medida de prisión provisional y de una orden internacional de detención emitida por un juzgado español– no tiene ninguna trascendencia a los efectos del cómputo del plazo del art. 504.2 LECrim, supone establecer un elemento de incertidumbre a la duración de dicha medida cautelar que se traduce, a su vez, en un menoscabo de la legítima expectativa que el propio demandante tiene sobre su extensión y finalización. En otras palabras, con la interpretación efectuada por los órganos judiciales, se introduce como factor decisivo para determinar la duración de la prisión provisional un elemento ajeno, incierto e imprevisible para el recurrente: la duración del proceso extradicional. Hemos de recordar, en este sentido, que como ha señalado reiteradamente la doctrina de este tribunal, la exigencia de certeza en el cómputo de la medida cautelar prevista en el art. 504 LECrim conlleva la exclusión de los eventos ajenos a la propia medida cautelar (SSTC 19/1999, de 22 de febrero, FJ 5, y 71/2000, de 13 de marzo, FFJJ 5 y 6) como de los elementos inciertos «que pueden conducir al desbordamiento del plazo razonable, conectándose de este modo la exigencia de certeza con la del plazo razonable (por todas, STC 98/2002, de 29 de abril, FJ 5)» (STC 95/2007, de 7 de mayo, FJ 5).
Por ello mismo, hemos declarado en casos precedentes que no es posible computar el plazo máximo de prisión en función de cada uno de los delitos imputados en una misma causa, ya que este criterio haría depender dicho plazo de un elemento incierto (SSTC 127/1984, de 26 de diciembre, FJ 4, y 28/1985, de 27 de marzo, FJ 4). Ni tampoco cabe contabilizar, dentro del tiempo de prisión provisional sufrido como consecuencia de un procedimiento, el período de cumplimiento de condena de una pena de prisión impuesta en otra causa, porque ello determinaría también que el límite temporal de duración de la prisión provisional dependiera de un elemento incierto (STC 19/1999, de 22 de febrero, FJ 5), doctrina esta que hemos extendido al ámbito en que coincide la situación de prisión provisional por extradición con la situación de penado en prisión por otra causa (SSTC 71/2000 y 72/2000, de 13 de marzo). En estas últimas resoluciones se contiene, precisamente, la declaración general de que todos los eventos ajenos a la propia medida cautelar de prisión provisional, no previstos en el precepto que la regula, no pueden ser tenidos en cuenta para el cómputo del plazo máximo de duración de la misma.
(iii) Los autos que acuerdan o prorrogan la prisión provisional afectan al derecho a la libertad personal en la medida que autorizan su efectiva restricción. De ello deriva que, «los plazos máximos de prisión provisional no son plazos formales, sino tiempo de privación efectiva de libertad, razón por la cual dichos plazos han de computarse desde la fecha en que dicha restricción de la libertad se hará efectiva» (STC 16/2005, de 1 febrero, FJ 4), elemento que, en el presente caso, estaría directamente vinculado al 16 de marzo de 2020 cuando el recurrente fue detenido en Colombia en virtud del auto de 12 de marzo de ese mismo año. En definitiva, y como señala la anteriormente mencionada STC 113/2022, de 26 de septiembre, «el tribunal emisor no puede desligarse de la propia realidad de la situación de prisión hecha efectiva en el otro Estado pero creada causalmente por él» por lo que existe una vinculación directa de la jurisdicción española tanto «con las incidencias derivadas de la ejecución de una solicitud de una extradición, como la contenida en una orden europea de detención y entrega» (FJ 4).
Por tanto, si hemos estimado que no debe excluirse, a los efectos previstos en el art. 294.1 LOPJ, el tiempo de prisión provisional transcurrido en el Estado requerido de extradición, por razones de coherencia sistemática tampoco debe exceptuarse dicho lapso temporal del cómputo de los periodos de duración de la prisión provisional establecidos en el art. 504 LECrim.
(iv) A esto resulta necesario añadir que la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de las resoluciones penales en la Unión Europea, establece en el art. 45 (enmarcado en el capítulo II referente a la «[e]misión y transmisión de una orden europea de detención y entrega») que «[s]i la orden europea de detención y entrega se hubiera emitido para el ejercicio de acciones penales, cuando el reclamado sea puesto a disposición de la autoridad judicial española que emitió la orden, se convocará una comparecencia por esta en los plazos y forma previstos en la Ley de enjuiciamiento criminal o, cuando proceda, en la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a fin de resolver sobre la situación personal del detenido. La autoridad judicial española deducirá del período máximo de prisión preventiva cualquier período de privación de libertad que haya sufrido el reclamado derivado de la ejecución de una orden europea de detención y entrega».
Aunque al respecto el Ministerio Fiscal mantiene que «no es posible extrapolar la normativa específica de los mecanismos de cooperación judicial europeos al resto de los tratados de extradición que tienen su regulación propia que hay que respetar», lo cierto es que este tribunal ya ha señalado que «no es óbice para la toma en consideración de esta doctrina europea la diferencia que existe entre un sistema simplificado de entrega de personas condenadas o sospechosas basado en la libre circulación de decisiones judiciales en materia penal en el espacio común de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea (considerando 5 de la Decisión Marco 2002/584), y el sistema clásico de extradición, materia tratada extensamente en el fundamento jurídico cuarto de la reciente STC 132/2020, de 23 de septiembre, pues la vigencia y el valor objetivo de unos mismos derechos fundamentales configuran un parámetro compartido de interpretación de los requisitos de funcionamiento de cada sistema» (STC 147/2020, de 19 de noviembre, FJ 7).
Esto no conlleva, en modo alguno, la completa trasposición de las normas y garantías reguladoras del instituto de la orden europea de detención y entrega (Ley 23/2014) a los procedimientos de extradición regulados por los convenios internacionales correspondientes o, subsidiariamente, por la Ley de extradición pasiva (Ley 4/1985, de 21 de marzo) pues el rigor de los tribunales ordinarios a la hora de revisar las decisiones de extradición no puede ser el mismo cuando se proyecta sobre una extradición como cuando lo hacen sobre una orden europea de detención y entrega, de la misma manera que este rigor tampoco puede ser el mismo cuando la cuestión examinada versa «sobre una extradición ejecutiva o sobre una extradición procesal; ni cuando existe un tratado de extradición con el país solicitante frente a los supuestos en que no existen esos vínculos convencionales (SSTC 102/2000, de 10 de abril, FJ 8; 181/2004, de 2 de noviembre, FJ 10, y 232/2012, de 10 de diciembre, FJ 4); pudiendo variar, asimismo, en función de si el país solicitante se integra o no en el Consejo de Europa» (STC 132/2020, de 23 de septiembre, FJ 4), pero si, por el contrario, que ante la ausencia de regulación legal al efecto, la existencia de una norma aplicable al caso, que regule una institución análoga, suponga un criterio interpretativo a tener en cuenta por los órganos judiciales españoles especialmente cuando, como es el caso, afecta un valor objetivo y preponderante en ambos sistemas.
7. Efectos de la estimación del amparo.
De todo lo anteriormente expuesto cabe concluir, por lo tanto, que resulta constitucionalmente rechazable, en atención al valor prevalente del derecho a la libertad y el respeto a los principios de legalidad, excepcionalidad y limitación temporal de la medida cautelar de prisión provisional, la interpretación efectuada por los órganos judiciales (Juzgado Central de Instrucción núm. 2 y Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) de exclusión del cómputo de esta medida cautelar el período de privación de libertad sufrido en territorio colombiano como consecuencia de la emisión, por las autoridades españolas, del auto de 12 de marzo de 2020.
La constatación de que los autos de 21 y 28 de marzo de 2022, dictados por el Juzgado Central de Instrucción núm. 2 (diligencias previas núm. 36-2019), y el auto de 22 de abril de 2022 (sumario núm. 5-2020), dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, resultan lesivos del art. 17.1 CE conllevan su declaración de nulidad, de la que no se sigue la inmediata puesta en libertad del recurrente en amparo. Como es doctrina consolidada de este tribunal (SSTC 88/1988, de 9 de mayo, FJ 2; 56/1997, de 17 de marzo, FJ 12; 142/1998, FJ 4; 234/1998, FJ 3; 19/1999, de 22 de febrero, FJ 6; 71/2000, de 13 de marzo, FJ 8; 231/2000, FJ 7; 272/2000, de 13 de noviembre, FJ 4; 28/2001, de 29 de enero, FJ 8; 142/2002, de 17 de junio, FJ 5, y 22/2004, de 23 de febrero, FJ 6) no es competencia de esta jurisdicción adoptar la decisión sobre el alzamiento o el mantenimiento de las medidas cautelares personales en el proceso penal, de modo que cumple devolver el procedimiento al órgano de la jurisdicción competente para que resuelva sobre este extremo de forma respetuosa con el derecho invocado en el recurso de amparo.
Siendo así, resulta innecesario –como ya anunciamos– nuestro análisis acerca de la alegada falta de motivación de los autos impugnados y que deniegan la puesta en libertad del demandante de amparo.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por don Gregorio Martínez Blanco y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental a la libertad (art. 17.1 CE) del recurrente.
2.º Declarar la nulidad de los autos de 21 y 28 de marzo de 2022, dictados por el Juzgado Central de Instrucción núm. 2 (diligencias previas núm. 36-2019), y del auto de 22 de abril de 2022 (sumario núm. 5-2020), dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
3.º Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse la primera de las resoluciones anuladas, para que el órgano judicial pronuncie una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de noviembre de dos mil veintidós.–Pedro José Gil Herrera Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María Luisa Díaz Morales.–Inmaculada Nieto Crespo y rubricado.