Categoría: Administración

El hasta ahora vigente régimen de delegación de competencias de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, enmarcadas en el ejercicio de potestades administrativas, se estableció mediante acuerdo de 10 de diciembre de 2019, que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) núm. 311, de 27 de diciembre de 2019. Este acuerdo ha sido modificado desde su publicación en seis ocasiones, con el fin de mejorar el régimen de delegación de competencias y adaptarlo a la organización interna del Banco de España en cada momento, lo que plantea las dificultades propias de la dispersión normativa [acuerdos de 8 de septiembre de 2020 (BOE núm. 243, de 11 de septiembre de 2020); de 27 de julio de 2021 (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2021); de 3 de mayo de 2022 (BOE núm. 107, de 5 de mayo de 2022); de 8 de noviembre de 2023 (BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 2023); de 15 de marzo de 2024 (BOE núm. 73, de 23 de marzo de 2024); y de 30 de septiembre de 2024 (BOE núm. 240, de 4 de octubre de 2024)].
En este contexto, resulta además necesario ajustar el vigente régimen de delegación de competencias a las últimas reorganizaciones internas del Banco, acordadas por la Comisión Ejecutiva en sus sesiones celebradas los días 9 y 23 de septiembre de 2024, completando así el proceso de ajuste iniciado con la última modificación del régimen de delegaciones aprobada el pasado 30 de septiembre. De este modo, conviene establecer expresamente las delegaciones en el ámbito de la nueva Dirección General de Estrategia, Personas y Datos en materia de información financiera y prudencial, así como en la relacionada con la Central de Información de Riesgos. Asimismo, algunas delegaciones han quedado obsoletas en este nuevo marco, como la competencia del Director del Departamento de Conducta de Entidades en materia de información sobre comisiones y tipos de interés.
En paralelo, se ha puesto de manifiesto la pertinencia de actualizar el régimen de las delegaciones para adaptarlo a diferentes modificaciones normativas con impacto fundamentalmente en el ámbito de las Direcciones Generales de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución; Supervisión; y Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, a fin de incorporar nuevas competencias y responsabilidades derivadas de dichas normas, pero también desde la perspectiva de mejorar los procedimientos de decisión asociados a las mismas.
Finalmente, en el proceso de revisión global que se ha llevado a cabo se ha identificado la oportunidad de actualizar la nomenclatura de las distintas áreas organizativas, corregir algunas erratas de carácter menor detectadas y reordenar algunos anejos.
Todo lo anterior aconseja realizar una revisión integral del régimen de delegación de competencias de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y establecer un nuevo acuerdo que garantice una mayor seguridad jurídica.
Conforme a lo expuesto, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión de 5 de diciembre de 2024, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 en relación con el 60, ambos del Reglamento Interno del Banco de España, aprobado por Resolución del Consejo de Gobierno de 28 de marzo de 2000, ha acordado el siguiente régimen de delegación de competencias, dejando sin efecto el establecido por ese mismo órgano el 10 de diciembre de 2019 (BOE núm. 311, de 27 de diciembre de 2019); posteriormente modificado mediante Resoluciones de 8 de septiembre de 2020 (BOE núm. 243, de 11 de septiembre de 2020); de 27 de julio de 2021 (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2021); de 3 de mayo de 2022 (BOE núm. 107, de 5 de mayo de 2022), de 8 de noviembre de 2023 (BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 2023); de 15 de marzo de 2024 (BOE núm. 73, de 23 de marzo de 2024); y de 30 de septiembre de 2024 (BOE núm. 240, de 4 de octubre de 2024):
Se delega en cada uno de los directores generales, en el secretario general y en los directores generales adjuntos, para su ejercicio en el ámbito de actuación de dichos órganos:
1. Sin perjuicio de las delegaciones para la emisión de informes específicos efectuadas en la presente resolución, la facultad de emitir los informes requeridos por las relaciones administrativas y externas de la institución en el ejercicio de las competencias legales que les son propias, ajustándose en todo caso a las posibles directrices que hayan emanado del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva. Quedan exceptuados de la presente delegación los preceptivos informes que deban emitirse en los procedimientos de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos, o cualquier acuerdo que tenga efectos económicos o jurídicos análogos en que intervengan dos entidades sujetas a la supervisión del Banco de España no pertenecientes al mismo grupo, así como los informes que deban emitirse en los expedientes de autorización de entidades sometidas a la supervisión del Banco de España.
2. La acumulación de expedientes administrativos tramitados en su respectivo ámbito de actuación.
3. La facultad de acordar la finalización de los procedimientos administrativos tramitados en su respectivo ámbito de actuación, por cualquiera de las causas de terminación anticipada previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
4. La facultad de resolver denuncias contra entidades sometidas a la supervisión del Banco de España o a la obligación de inscripción en los registros a cargo de este, siempre que los hechos denunciados resulten manifiestamente infundados, o no revistan de materialidad suficiente para justificar la adopción de medidas disciplinarias sobre la persona o entidad denunciada, o cuando de las actuaciones de comprobación y análisis realizadas resulte manifiestamente imposible identificar al responsable de los hechos denunciados.
5. La facultad de acordar prórrogas de la duración de convenios suscritos por el Banco de España, siempre que la prórroga estuviese prevista en el convenio inicial y este no esté sujeto a la normativa de contratos del sector público. La persona facultada para la firma de la prórroga será la misma que la Comisión Ejecutiva designó para suscribir el convenio inicial.
6. La facultad de suscribir los oportunos protocolos de pruebas con los promotores de proyectos piloto que hayan recibido una evaluación previa favorable para el acceso al espacio controlado de pruebas regulado en la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero, cuyo seguimiento corresponda al Banco de España, pudiendo asimismo acordar su modificación, así como la ampliación del plazo previsto en la citada Ley 7/2020 para suscribir tales protocolos.
7. La facultad de aprobar el modelo de documento informativo único en el que se establezcan las condiciones de participación en las pruebas que se realicen dentro de los proyectos piloto que hayan recibido una evaluación previa favorable para el acceso al espacio controlado de pruebas regulado en la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero, cuyo seguimiento corresponda al Banco de España.
8. La facultad de aprobar el documento de conclusiones sobre el desarrollo y resultados de cada uno de los proyectos evaluados en los términos que establece el artículo 17.3 de la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero, incluyendo la versión destinada a su publicación.
9. La facultad de aprobar y firmar los acuerdos de funcionamiento de los colegios en los que el Banco de España sea miembro u observador.
1. Se delegan en el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución las siguientes facultades:
a) Resolver las consultas externas formuladas en materia de interpretación y aplicación de la normativa de ordenación y disciplina de entidades sujetas a la supervisión del Banco de España (excepto las de conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela; contabilidad y requerimientos de información financiera y prudencial), salvo cuando respondan a nuevos criterios interpretativos de dichas normas especialmente significativos, cuya competencia corresponderá a la Comisión Ejecutiva.
b) Adoptar las medidas necesarias para aplicar a nivel nacional las decisiones que la Junta Única de Resolución dirija al Banco de España de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento UE 806/2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución.
c) Aprobar los planes de resolución para los grupos o entidades de crédito españolas menos significativas bajo la responsabilidad del Banco de España siempre que la estrategia preferida en caso de inviabilidad sea la liquidación, salvo en aquellos casos en que se hubiera decidido cambiar de estrategia de resolución a liquidación.
d) Adoptar los acuerdos relativos a la revocación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles para las entidades de crédito españolas menos significativas bajo la responsabilidad del Banco de España siempre que la estrategia preferida en caso de inviabilidad sea la liquidación, salvo en aquellos casos en que se hubiera decidido cambiar de estrategia de resolución a liquidación.
e) Identificar y evaluar los terceros países materiales para el sector bancario español en cumplimiento de la Recomendación JERS/2015/1, siempre que no haya cambios en la relación de países identificados, ni propuesta de medida sobre ninguno de los países identificados.
f) Acordar no dar reciprocidad a las medidas previstas en las recomendaciones emitidas por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) sobre reciprocidad de medidas macroprudenciales en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo, en cumplimiento de la Recomendación JERS/2015/2, siempre que se constate la ausencia de materialidad en el volumen de exposiciones crediticias de las entidades bancarias españolas frente al Estado Miembro de origen de la medida.
2. En relación con las letras c), d) y f) del número 1 anterior, deberá darse cuenta inmediatamente a la Comisión Ejecutiva del ejercicio de la correspondiente facultad.
1. Se delegan en la directora general de Supervisión las siguientes facultades:
a) Resolver sobre los procedimientos y actuaciones previstos en el Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012 (en adelante, CRR), enumerados en el anejo I del presente acuerdo.
b) Resolver sobre los procedimientos y actuaciones previstos en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la anterior, y en sus normas de desarrollo, enumerados en el anejo II del presente acuerdo.
c) Formular recomendaciones a las entidades de crédito y otras entidades sujetas a la supervisión del Banco de España, salvo las relativas a materias expresamente delegadas en otros órganos de dirección en el ámbito de sus respectivas funciones, siempre que no deriven de la realización de visitas de inspección, conforme a lo establecido por el artículo 23.1.f) de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. La facultad de formular recomendaciones que deriven de la realización de visitas de inspección y la facultad de formular requerimientos, en esta materia, corresponderán a la Comisión Ejecutiva.
d) Remitir escritos a las entidades de crédito u otras entidades supervisadas aclarando e indicando cuál es el tratamiento aplicable a determinadas operaciones o situaciones concretas de la entidad, a la vista de las normas vigentes o, en su caso, de las interpretaciones emitidas por los órganos competentes del Banco de España, salvo las relativas a materias expresamente delegadas en otros órganos de dirección en el ámbito de sus respectivas funciones.
e) Aceptar, formular observaciones o rechazar las propuestas de decisión conjunta que las autoridades supervisoras competentes presenten al Banco de España en el marco de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito.
f) Resolver los procedimientos y actuaciones previstos en el régimen de bonos garantizados del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, enumerados en el anejo III del presente acuerdo.
g) Para las sociedades de garantía recíproca, autorizar la distribución, en cualquier forma, de las reservas de libre disposición, así como la aplicación del fondo de provisiones técnicas para fines distintos de la cobertura del riesgo de crédito de sus operaciones (artículo 8 del Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, relativo a las normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de garantía recíproca).
h) Confirmar la aplicación de un factor de reducción de las exigencias de recursos propios a los activos de las sociedades de garantía recíproca y sociedades de reafianzamiento que se beneficien de contratos de aval o reaval, cuando se trate de contratos que reúnan condiciones esencialmente análogas a otros sobre los que ya haya habido un pronunciamiento de la Comisión Ejecutiva; así como confirmar la aplicación de dicho factor, en el caso de contratos sobre los que ya se haya pronunciado la Comisión Ejecutiva, y dicho pronunciamiento haya incluido el requerimiento de que, transcurrido un plazo de tiempo, se renueve la solicitud con información actualizada.
i) En el ámbito de las funciones asignadas a la Dirección General de Supervisión, informar o emitir certificaciones acreditativas de determinadas situaciones objetivas referidas a entidades de crédito u otras entidades supervisadas, cuando estén previstas en las normas aplicables o deban tener efectos frente a terceros.
j) Resolver las consultas externas formuladas en materia de interpretación y aplicación de normas de contabilidad aplicables a las entidades supervisadas por el Banco de España, salvo cuando respondan a nuevos criterios interpretativos de dichas normas especialmente significativos para el correspondiente sector, cuya competencia corresponderá a la Comisión Ejecutiva.
k) Resolver consultas que las entidades puedan plantear sobre la aplicación de criterios contables no contemplados en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, en los términos previstos en el apartado 4 de la norma 17 de la indicada circular, y siempre que existan criterios establecidos por la Comisión Ejecutiva.
l) Aprobar modificaciones en las guías a que se refieren el artículo 54 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, el artículo 20 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, y el artículo 26 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, siempre que su elaboración corresponda al ámbito de actuación de la Dirección General de Supervisión, en cuanto consistan en adaptaciones técnicas, mejora o coordinación de conceptos, terminología y criterios establecidos en dichas guías, o variaciones en la forma de rendir al Banco de España las informaciones específicas previstas en ellas.
m) En el marco de los procedimientos para resolver sobre solicitudes de apertura de sucursales en otros países de la Unión Europea por parte de entidades de crédito españolas, emitir la certificación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 14.6 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito.
n) Emitir los informes preceptivos previos que se requieran al Banco de España en relación con procedimientos sancionadores que afecten a entidades supervisadas, al amparo del artículo 270.1 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, del artículo 61.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y del artículo 36.6 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre; salvo que las sanciones propuestas en ese contexto tengan un impacto relevante sobre la situación financiera de la entidad.
En caso de ausencia de la directora general de Supervisión, todas las delegaciones enunciadas en este punto se entenderán realizadas a favor de los directores generales adjuntos de Supervisión.
2. Se delegan en los directores generales adjuntos de Supervisión las siguientes facultades:
a) Resolver sobre los procedimientos y actuaciones previstos en el CRR enumerados en el anejo IV del presente acuerdo.
b) Resolver sobre los procedimientos y actuaciones previstos en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la anterior, y sus normas de desarrollo, enumerados en el anejo V del presente acuerdo.
3. Se delegan en el director general adjunto de Supervisión I las siguientes facultades:
a) Resolver sobre los procedimientos y actuaciones previstos en la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico contenidos en el anejo VI.1 del presente acuerdo.
b) Resolver sobre los procedimientos y actuaciones previstos en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera; en el Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago y por el que se modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y en sus normas de desarrollo, contenidos en el anejo VI.2 del presente acuerdo.
c) La facultad de autorizar con carácter previo la recompra de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 con fines de creación de mercado y la facultad de autorizar, también con carácter previo, el reembolso de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario hasta un importe máximo del 2 %, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 29, y en el apartado 2 del artículo 32 del Reglamento Delegado (UE) n.º 241/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables a los requisitos de fondos propios de las entidades.
d) Resolver sobre las solicitudes de cumplimiento indirecto del coeficiente de reservas mínimas, según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 2021/378 del Banco Central Europeo, de 22 de enero de 2021, relativo a la aplicación de reservas mínimas.
e) En el ámbito de las funciones asignadas a la Dirección General de Supervisión en lo relativo a entidades de pago y entidades de dinero electrónico, informar a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida cuando se acuerde efectuar inspeccionesin situen el territorio de este último, o encomendar a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la realización de inspeccionesin situde estas entidades.
En caso de ausencia del director general adjunto de Supervisión I, todas las delegaciones enunciadas en este punto se entenderán realizadas a favor del director general adjunto de Supervisión II.
4. Se delegan en los directores de los Departamentos de Entidades Significativas I, Entidades Significativas II, EMS y otras fuera del ámbito del MUS e Inspecciones, Modelos Internos y PBC de la Dirección General de Supervisión, para su ejercicio en el ámbito de actuación respectivo, las siguientes facultades:
a) Resolver sobre los procedimientos y actuaciones previstos en el CRR enumerados en el anejo VII del presente acuerdo, así como acusar recibo, solicitar aclaraciones, demostraciones o verificaciones, y formular sugerencias, ante aquellas comunicaciones que las entidades de crédito deben realizar al Banco de España en cumplimiento de lo establecido en el CRR.
b) Resolver sobre los procedimientos y actuaciones previstos en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la anterior, y sus normas de desarrollo, contenidos en el anejo VIII del presente acuerdo.
c) Remitir escritos a las entidades de crédito y otras entidades supervisadas solicitando el cumplimiento de observaciones o requerimientos previamente formulados por la Comisión Ejecutiva; efectuando aclaraciones sobre determinadas irregularidades detectadas que figuren en escritos del Banco de España previamente remitidos a la entidad, o recordando la obligación de acusar recibo de los escritos remitidos o de dar cuenta de las medidas adoptadas para el cumplimiento de los requerimientos formulados, salvo los relativos a materias expresamente delegadas en otros órganos de dirección en el ámbito de sus respectivas funciones.
d) Solicitar información, documentación o aclaraciones a las entidades de crédito y otras entidades supervisadas en el marco de los trabajos de supervisión y en la tramitación de procedimientos administrativos llevados a cabo en el ámbito de las funciones asignadas a la Dirección General de Supervisión, cuando se considere necesario efectuar tal requerimiento con carácter formal.
e) Comunicar a otras autoridades supervisoras nacionales o extranjeras o instituciones competentes las resoluciones adoptadas por los órganos correspondientes del Banco de España con respecto a entidades de crédito u otras entidades supervisadas, en el ámbito de las funciones asignadas a la Dirección General de Supervisión, así como formular a dichas autoridades peticiones de información y contestar a las peticiones remitidas por estas sobre aspectos relacionados con la supervisión de las entidades antes citadas.
f) Expedir la certificación a que se refiere el artículo 3.1 de la Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica el Reglamento del Mercado Secundario Oficial de Futuros y Opciones (MEFF), cuando tal expedición, en función del tipo de entidad de que se trate, corresponda al Banco de España.
g) Emitir el acuse de recibo, así como solicitar información preceptiva y/o adicional en el procedimiento de adquisición de participaciones significativas de sociedades de tasación (artículo 22 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes).
h) Tomar razón de la revisión anual del protocolo de gestión de las fundaciones bancarias a la que se refiere el apartado 1 del artículo 43 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, en caso de que la entidad ratifique la plena vigencia del último protocolo de gestión aprobado por el Banco de España, o requerir, si fuera necesario, la presentación de un nuevo protocolo.
i) Resolver sobre los siguientes procedimientos y actuaciones previstos en la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros; en el Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la anterior, y en su normativa de desarrollo:
i. La facultad de proceder a la identificación de los conglomerados financieros o colaborar con otras autoridades en la identificación de los conglomerados financieros, la facultad de remitir escritos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y a las demás autoridades de supervisión de la Unión Europea, concretando el criterio del Banco de España en los procesos de identificación de los conglomerados financieros, de determinación de la autoridad que ha de ejercer la función de coordinador y de delimitación del conjunto de autoridades competentes implicadas, así como la facultad, en relación con el ejercicio de las funciones que le corresponden como coordinador del conglomerado, de comunicar a la entidad obligada su condición de tal, el alcance de sus obligaciones y otros extremos derivados del ejercicio de la supervisión adicional del conglomerado.
Las decisiones que el Banco de España pueda adoptar como coordinador en cuanto a la no sujeción o sujeción parcial de un conglomerado financiero a las obligaciones de la supervisión adicional, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, corresponderán a la Comisión Ejecutiva.
ii. La facultad de definir y solicitar información específica a las entidades que formen parte de un conglomerado financiero y de realizar los intercambios de información con otras autoridades competentes de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre supervisión adicional de los conglomerados financieros.
j) Emitir el informe previo a la concesión de créditos, avales o garantías a los vocales del consejo de administración de las cajas de ahorros o a personas vinculadas a ellos, así como la enajenación a una caja de ahorros de bienes o valores de su propiedad o emitidos por tales entidades, cuando sean representantes del personal, según lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.
k) Emitir los informes relativos a las modificaciones estructurales de entidades aseguradoras, según lo previsto en el artículo 90 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y los relativos a la adquisición de participaciones significativas en entidades aseguradoras y reaseguradoras según lo previsto en el apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, cuando la petición del informe se base en la relación de alguna de las entidades participantes con una entidad supervisada por el Banco de España, y siempre que el informe no contenga objeciones.
l) Emitir los informes solicitados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores al Banco de España en caso de que entidades de crédito españolas adquieran participaciones en empresas de servicios de inversión o en otras entidades sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o hayan efectuado otras solicitudes ante este organismo relacionadas con su participación en los mercados de valores, siempre que el informe no contenga objeciones.
m) Emitir los informes solicitados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en caso de que entidades de crédito españolas adquieran participaciones en entidades aseguradoras o en otras entidades sujetas a la supervisión del citado organismo, siempre que el informe no contenga objeciones.
n) Emitir los informes solicitados por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional en el caso de cooperativas de crédito que efectúen las solicitudes previstas en el artículo 13.9 de la Ley 20/1990, relativas a la participación en el capital social de entidades no cooperativas, siempre que el informe no contenga objeciones.
o) La facultad de oponerse o no a los cambios en las personas o entidades a través de las que se ostente de forma indirecta, total o parcialmente, una participación significativa en una sociedad de tasación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados. Asimismo, se entenderán comprendidos en esta delegación, aquellos cambios en las personas o entidades que ostenten una participación significativa directa que formen parte del mismo grupo que actualmente controla a la sociedad.
5. Se delega en la directora del Departamento de Funciones Horizontales de la Dirección General de Supervisión:
a) La facultad de emitir los informes relativos a las modificaciones estructurales de entidades aseguradoras, según lo previsto en el artículo 90 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y los relativos a la adquisición de participaciones significativas en entidades aseguradoras y reaseguradoras según lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, cuando la petición del informe no se base en la relación de alguna de las entidades participantes con alguna entidad supervisada por el Banco de España, y siempre que el informe no contenga objeciones.
b) Las facultades enumeradas en las letras c), d) y e) del punto 4 anterior, cuando se refieran a materias que estén dentro del ámbito de actuación del Departamento de Funciones Horizontales de la Dirección General de Supervisión.
6. Las delegaciones previstas en los números 1 a 5 anteriores que se refieran a entidades de crédito se entenderán hechas también en relación con los establecimientos financieros de crédito en aquellos procedimientos que les sean aplicables de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, en el Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de establecimientos financieros de crédito y en la Circular 1/2022, de 24 de enero, del Banco de España, a los establecimientos financieros de crédito, sobre liquidez, normas prudenciales y obligaciones de información. En aquellos procedimientos en los que los establecimientos financieros de crédito cuenten con su propio régimen específico, y este comprenda trámites de naturaleza análoga a los de las entidades de crédito, se aplicará igualmente el esquema de delegación previsto para estas últimas.
1. Se delegan en el director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago las siguientes facultades:
a) Aprobar los informes de evaluación y formular, a la vista de estos, las recomendaciones que se consideren necesarias, sobre los sistemas, esquemas, acuerdos e instrumentos de pago, así como en relación con las entidades que les proporcionen servicios tecnológicos elaborados por el Banco de España de acuerdo con los estándares correspondientes y en el ejercicio de sus competencias de vigilancia.
b) Remitir escritos a los operadores o entidades gestoras de sistemas, esquemas y acuerdos de pago, a los proveedores de servicios de pago y a las entidades que les proporcionen servicios tecnológicos, aclarando o interpretando las normas y las políticas que resulten de aplicación de los marcos de vigilancia.
c) Formular recomendaciones u observaciones, en el ámbito de las funciones supervisoras atribuidas a la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, a la vista de las normas vigentes o, en su caso, de los criterios interpretativos, guías técnicas u orientaciones supervisoras generales emitidas por los órganos competentes del Banco de España, el Banco Central Europeo o la Autoridad Bancaria Europea, a los proveedores de servicios de pago, operadores de sistemas, incluida la Sociedad Española de Sistemas de Pago, S.A (Iberpay), esquemas y acuerdos de pago, procesadores de pago y otros proveedores de servicios tecnológicos o técnicos, sujetos a la supervisión del Banco de España, así como remitir escritos a dichas entidades aclarando el tratamiento aplicable a la prestación de servicios de pago, los procedimientos operativos, prácticas o situaciones concretas de la entidad, y/o solicitándoles el cese o rectificación de una determinada actuación; siempre que la adopción de cualquiera de estas medidas no se derive de la realización de visitas de inspección.
d) Emitir orientaciones supervisoras generales, criterios de buenas prácticas y aclaraciones que faciliten la comprensión y el correcto cumplimiento de las disposiciones del Reglamento (UE) n.° 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.° 924/2009; el Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta; el Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, por el que se complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de comunicación abiertos comunes y seguros; el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, y sus disposiciones de desarrollo; la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico; del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, en lo relativo a las obligaciones en materia de gestión de riesgo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación de los operadores de sistemas de pago, de los operadores de esquemas de pago, de los operadores de acuerdos de pago electrónico, de los procesadores de pago y de otros proveedores de servicios tecnológicos o técnicos en España, y de cualesquiera otras normas de ordenación y disciplina en el ámbito de las funciones supervisoras atribuidas a la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago; siempre y cuando no se refieran a nuevos criterios interpretativos.
e) Informar o emitir certificaciones acreditativas de determinadas situaciones objetivas referidas a los proveedores de servicios de pago en el ámbito de las funciones supervisoras asignadas a la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, cuando estén previstas en las normas aplicables o deban tener efectos frente a terceros.
f) Aprobar modificaciones en las guías técnicas en materia supervisora a las que se refiere el artículo 26 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, consistentes en adaptaciones técnicas, mejora o coordinación de conceptos, terminología y criterios establecidos en dichas guías, o variaciones en la forma de rendir al Banco de España en el ámbito de actuación de la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago.
g) Solicitar y/o emitir el preceptivo informe sobre el reconocimiento de un sistema de pagos a efectos de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores.
h) Aprobar la asignación de calidades crediticias a las empresas no financieras cuyos créditos se puedan presentar como activos de garantía para las operaciones de política monetaria.
En caso de ausencia del Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, todas las delegaciones enunciadas en este punto se entenderán realizadas a favor del director general adjunto de Pagos e Infraestructuras de Mercado.
2. Se delegan en el director general adjunto de Pagos e Infraestructuras de Mercado las siguientes facultades:
a) Solicitar información con carácter formal de los operadores o entidades gestoras de un sistema, esquema o acuerdo de pagos, de los proveedores de servicios de pago y de aquellas entidades que proporcionen servicios tecnológicos para los sistemas y servicios citados, con objeto de valorar la eficiencia y la seguridad de los sistemas, esquemas y acuerdos de pago e instrumentos de pago.
b) Solicitar información con carácter formal, en el ámbito de las funciones supervisoras atribuidas a la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, a los proveedores de servicios de pago, a los operadores o entidades gestoras de un sistema de pago, de esquema o acuerdo de pagos, incluidos los regímenes o esquemas de tarjetas de pago, a los procesadores de pago o a las entidades que, en su caso, les proporcionen servicios tecnológicos, que permita verificar el cumplimiento por su parte de las diferentes obligaciones legales, los requisitos esenciales y demás requisitos técnicos del Reglamento (UE) n.° 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.° 924/2009; del Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta; del Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, por el que se complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de comunicación abiertos comunes y seguros; del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, y sus disposiciones de desarrollo; de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, y del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, en lo relativo a las obligaciones en materia de gestión de riesgo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación de los operadores de sistemas de pago, de los operadores de esquemas de pago, de los operadores de acuerdos de pago electrónico, de los procesadores de pago y de otros proveedores de servicios tecnológicos o técnicos.
c) Solicitar información sobre los sistemas y servicios que gestione la Sociedad Española de Sistemas de Pago, SA (Iberpay), sus cuentas anuales y el informe de gestión, el informe de los auditores externos, la composición del Consejo de Administración y el accionariado, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la sociedad de conformidad con la Ley 41/1999 sobre sistemas de pago y liquidación de valores.
d) Decidir sobre la oposición a las normas básicas relativas a los servicios complementarios o accesorios gestionados y las instrucciones de carácter técnico u operativo relativas a los sistemas y servicios gestionados por la Sociedad Española de Sistemas de Pago, SA (Iberpay), exceptuando las relativas a la gestión de la distribución, recogida y tratamiento de medios de pago.
e) Remitir escritos a las entidades gestoras de sistemas, esquemas y acuerdos de pagos, incluidos los regímenes de tarjetas de pago, a los proveedores de servicios de pagos, a las entidades procesadoras, o a las entidades que, en su caso, proporcionen servicios técnicos, aclarando conceptos o solicitando el cumplimiento de criterios interpretativos, requerimientos de actuación, recomendaciones u observaciones previamente formulados por la Comisión Ejecutiva o por el Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago en el ámbito de las funciones supervisoras y de vigilancia atribuidas a la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, o solicitando información acerca de las medidas adoptadas para el cumplimiento de tales requerimientos, recomendaciones u observaciones.
f) Resolver, en el ámbito de las funciones de supervisión asignadas a la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, sobre los procedimientos y consultas, sobre la aplicación de las normas de autenticación reforzada de clientes y el acceso a la información de las cuentas de pago de los usuarios de servicios de pago así como las relativas al correcto cumplimiento de la obligación de los proveedores de servicios de pago de reportar datos estadísticos de fraude relacionados con la provisión de servicios de pago, salvo cuando respondan a nuevos criterios interpretativos.
g) Formular requerimientos, recomendaciones u observaciones en los términos y con el alcance previstos en el artículo 30, apartado 6, del Reglamento Delegado (UE) 2018/389.
h) Acordar el intercambio de información que pueda ser relevante para otras autoridades públicas, tanto nacionales como internacionales, en especial el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en el ámbito de las funciones de supervisión y vigilancia asignadas a la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, así como formular peticiones de información a otras autoridades supervisoras o instituciones competentes nacionales o extranjeras, y contestar a las remitidas por estas, sobre aspectos relacionados con la supervisión y vigilancia de los proveedores de servicios de pago, operadores o entidades gestoras de un sistema de pago, esquema o acuerdo de pagos, incluidos los regímenes o esquemas de tarjetas de pago, procesadores de pago o entidades que, en su caso, les proporcionen servicios tecnológicos.
i) Solicitar información u ordenar inspecciones al efecto de aclarar la actividad de personas físicas o jurídicas sujetas a la supervisión del Banco de España, que pudieran estar prestando servicios de pago o emitiendo dinero electrónico sin haber obtenido la preceptiva autorización en los términos previstos, respectivamente, en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, y en la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, y sus normas de desarrollo.
j) Resolver, en el ámbito de las funciones atribuidas a la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, sobre los procedimientos y actuaciones previstas en la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, y sus normas de desarrollo, que se describen en el anejo IX.1 de este acuerdo; y sobre los previstos en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, y sus normas de desarrollo, que se describen en el anejo IX.2 de este acuerdo.
En caso de ausencia del director general adjunto de Pagos e Infraestructuras de Mercado, todas las delegaciones enunciadas en este punto se entenderán realizadas a favor del Director del Departamento de Sistemas de Pago.
1. Se delegan en el secretario general las siguientes facultades:
a) Resolver sobre las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y, en su caso, nombrar instructor del procedimiento.
b) Acordar la interposición de recursos o entablar acciones ante los tribunales de cualquier instancia y jurisdicción en nombre del Banco de España.
c) Aprobar modificaciones en las guías a que se refiere el artículo 54 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y en el artículo 26 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, siempre que su elaboración corresponda al ámbito de actuación de la Secretaría General, en cuanto consistan en adaptaciones técnicas, mejora o coordinación de conceptos, terminología y criterios establecidos en dichas guías, o variaciones en la forma de rendir al Banco de España las informaciones específicas previstas en ellas.
d) Denegar la autorización para realizar las operaciones a que se refiere el artículo 2.2 del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito.
e) Emitir los informes preceptivos sobre modificaciones estatutarias que el ordenamiento jurídico encomiende al Banco de España.
f) Resolver sobre los expedientes de autorización para la modificación de estatutos sociales respecto de los que el Banco de España sea competente excepto los que sean de escasa relevancia.
g) Aceptar o denegar la renuncia a las autorizaciones o inscripciones cuya competencia corresponde al Banco de España, acordando, en caso de aceptación, la revocación y consiguiente baja en el registro.
h) Denegar la inscripción de proveedores de servicios de información según lo previsto en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
i) Denegar la inscripción de entidades exentas en virtud del artículo 14 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
j) Exigir el cumplimiento de los requisitos de garantía previstos en el artículo 16 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, a las entidades exentas de autorización en el marco de procedimientos de solicitud de registro, cuando sea necesario para garantizar la protección del usuario de servicios de pago y la confianza en los sistemas de pago.
k) Denegar la inscripción de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, de intermediarios de crédito inmobiliario y de prestamistas inmobiliarios, así como, en su caso, de los nuevos miembros de sus órganos de administración de estos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
l) Resolver desfavorablemente sobre las comunicaciones de exclusión efectuadas conforme al artículo 6 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
m) Aprobar las modificaciones en los formularios publicados en la página web del Banco de España, siempre que su elaboración corresponda al ámbito de actuación de la Secretaría General, en cuanto consistan en adaptaciones técnicas, actualizaciones de los mismos a cambios en la normativa aplicable o en los formularios del Mecanismo Único de Supervisión o las guías de la Autoridad Bancaria Europea que sirvieron de base al correspondiente formulario; o aquellas otras de carácter menor o no relevante.
n) Resolver las solicitudes de adopción de medidas provisionales que se planteen en los recursos administrativos cuya resolución corresponda a la Comisión Ejecutiva.
o) Resolver los expedientes de valoración de idoneidad, con valoración positiva, de los miembros del órgano de administración, de los directores generales o asimilados de las entidades sujetas a la supervisión del Banco de España y, en su caso, de sus dominantes, en los términos y supuestos establecidos en la normativa aplicable.
Corresponderá a la Comisión Ejecutiva la resolución de los expedientes que concluyan con un pronunciamiento negativo sobre la idoneidad de la persona evaluada, así como aquellos en los que, de acuerdo con la normativa aplicable, deba considerarse la existencia de condenas por la comisión de delitos o faltas, sanciones por la comisión de infracciones administrativas relativas al sistema financiero, o investigaciones relevantes y fundadas en el ámbito penal o administrativo.
p) Acordar la iniciación de oficio de los expedientes de evaluación de idoneidad de las personas a las que se refiere el apartado o) anterior cuando, en presencia de indicios fundados, resulte necesario valorar si se mantiene la idoneidad de aquellas, en los términos y supuestos establecidos en la normativa aplicable.
q) Resolver sobre los expedientes de autorización para realizar las operaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito.
r) Resolver sobre la solicitud de los establecimientos de cambio de moneda para realizar operaciones de carácter accesorio o complementario a su actividad principal (apartado 2 del artículo 5 de la Orden de 16 de noviembre de 2000, de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes).
s) Resolver sobre las solicitudes de apertura de sucursales de entidades de crédito españolas en Estados miembros de la Unión Europea (artículo 14 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).
t) Resolver desfavorablem