Categoría: Judicial

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 28 de marzo de 2023, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe Anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2019, acuerda:
1. Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Rioja a:
– Valorar posibles cambios normativos en la definición de los criterios de pertenencia de las entidades a su sector público, especialmente, en el caso de las fundaciones y los consorcios públicos, teniendo en consideración no solo criterios patrimonialistas basados en la participación mayoritaria del Gobierno de La Rioja en su dotación fundacional o patrimonio, sino también en el control de la gestión y nombramiento de los miembros de sus órganos directivos, así como en la financiación de las actividades de la entidad. Ello supondría que determinadas entidades fueran incluidas en los presupuestos de la Comunidad y a su vez no quedasen extramuros del control de la Administración Autonómica y de la aplicación de la normativa en materia presupuestaria y de estabilidad presupuestaria, a la vez que reduciría la fragmentación normativa existente. Por tanto, a través de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad debería constituirse una comisión de expertos normativos para analizar las disposiciones normativas afectadas por esta recomendación y fije un protocolo de actuación armonizada de la modificación normativa a efectuar, como paso previo a su tramitación parlamentaria.
– Formalizar un contrato programa entre la Consejería de Salud y la Gerencia del Organismo Autónomo Servicio Riojano de Salud (SERIS) en el que se regule la prestación del servicio de asistencia sanitaria por este último a través de sus servicios y unidades.
– Impulsar el acuerdo de adscribir el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, bien al sector público local o bien al de la referida Comunidad Autónoma.
– Dotarse de una aplicación informática que permita obtener datos históricos sobre los saldos deudores y acreedores, así como proceder a la elaboración de un manual de procedimientos contables en el que se regule el registro de las operaciones no presupuestarias, en el marco del sistema contable auxiliar que tiene implantado la Administración de la Comunidad Autónoma.
– Definir los criterios y establecer los cálculos oportunos para determinar en cada ejercicio los saldos deudores de dudoso cobro.
– Realizar una adecuada planificación presupuestaria que haga posible atender sin dificultad las necesidades de gasto previstas para cada ejercicio corriente, de manera que la liquidación presupuestaría recoja la totalidad de obligaciones y derechos devengados en el ejercicio en cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria.
– Elaborar las instrucciones oportunas para que se normalice y amplíe el contenido e información de los estados presupuestarios que las sociedades, fundaciones y resto de entidades autonómicas deben presentar tanto a la aprobación de los presupuestos anuales, como tras su ejecución junto con las cuentas anuales rendidas.
– Conciliar los saldos contables de las rúbricas de inmovilizado y los que figuran en el registro de inventario, mediante la implementación definitiva de las herramientas informáticas que posibiliten la coordinación e integración del sistema contable y el de inventario. Asimismo, dictar instrucciones o manuales de procedimiento para las consejerías y organismos autónomos con competencias en la formación, valoración y actualización del inventario patrimonial.
– Realizar análisis y estudios para relacionar los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos en la Agenda 2030 con los planes y programas estratégicos existentes en la administración, como paso previo a la elaboración de un plan de acción o una estrategia para implementar dichos objetivos. Asimismo, debería instrumentar mecanismos de coordinación interdepartamental a través de la creación de comités o comisiones dentro de la propia administración, dirigidas a coordinar la implantación de la Agenda 2030 en toda la acción de gobierno.
– Realizar una adecuada planificación presupuestaria que haga posible atender sin dificultad las necesidades de gasto previstas para cada ejercicio corriente, de manera que la liquidación presupuestaria recoja la totalidad de obligaciones y derechos devengados en el ejercicio en cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria.
2. Instar al Parlamento de la Comunidad a: Modificar la Ley de Hacienda Pública de La Rioja para incluir la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas, de forma anual, un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio del control financiero.
3. Instar a la Consejería de Hacienda a:
– Dotarse de una aplicación informática que permita obtener datos históricos sobre los saldos deudores y acreedores, así como proceder a la elaboración de un manual de procedimientos contables en el que se regule el registro de las operaciones no presupuestarias, en el marco del sistema contable auxiliar que tiene implantado la administración de la comunidad.
– Completar, a través del Servicio de Protección del Patrimonio y el Servicio de Contabilidad, la conciliación de los saldos contables de las rúbricas de inmovilizado y los que figuran en el registro de inventario, mediante la implementación definitiva de las herramientas informáticas que posibiliten la coordinación e integración del sistema contable y el de inventario. Asimismo, dictar instrucciones o manuales de procedimiento para las consejerías y organismos autónomos con competencias en la formación, valoración y actualización del inventario patrimonial.
– Registrar, una vez tenidas en cuenta las aportaciones y propuestas de todos los órganos y organismos implicados, en un programa presupuestario específico la ejecución de las medidas en materia de igualdad efectiva de hombres y mujeres, lo que facilitará la confección coordinada de informes periódicos de seguimiento global de los proyectos, normalmente de carácter plurianual, desarrollados por los diferentes órganos gestores contemplados en los planes de igualdad efectiva entre hombres y mujeres aprobados en la Comunidad.
4. Instar a la Consejería de Salud a: Desarrollar normativamente las funciones de inspección de la sanidad concertada para implantar un sistema de evaluación objetivo mediante la definición de criterios e indicadores de medición.
5. Instar a la Intervención General de la Comunidad a: Definir los criterios y establecer los cálculos oportunos para determinar en cada ejercicio los saldos deudores de dudoso cobro.
Instar a la Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos a: Instar, a través de los representantes de la Comunidad en el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, a la Junta de Gobierno del consorcio a que se efectúe una convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para que en la misma se adopte el acuerdo de adscribir al mismo, bien al sector público local o bien al de Comunidad Autónoma de La Rioja.
6. Instar a la Dirección de Control Presupuestario a: Elaborar las instrucciones oportunas para que se normalice y amplíe el contenido e información de los estados presupuestarios que las sociedades, fundaciones y resto de entidades autonómicas deben presentar tanto a la aprobación de los presupuestos anuales, como tras su ejecución junto con las cuentas anuales rendidas.
7. Instar a la Dirección General de Cooperación y Agenda 2030 a: Realizar análisis y estudios para relacionar los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos en la Agenda 2030 con los planes y programas estratégicos existentes en la administración, como paso previo a la elaboración de un plan de acción o una estrategia para implementar dichos objetivos. Asimismo, debería instrumentar mecanismos de coordinación interdepartamental a través de la creación de comités o comisiones dentro de la propia administración dirigidas a coordinar la implantación de la Agenda 2030 en toda la acción de gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 28 de marzo de 2023.–El Presidente de la Comisión, Santos Herrera Lozano.–El Velasco Gallego de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.