Categoría: Judicial

cable al referirse a un supuesto distinto.
c) El escrito de alegaciones, al abordar la tercera causa de amparo, combate que el límite interno de veracidad de la información no es aplicable a las publicaciones objeto de la solicitud del recurrente. Por un lado, explica que a Google no le corresponde comprobar la veracidad de las publicaciones, y el objeto de lalitisno debió centrarse, por tanto, en la libertad de información de Google. Como se desprende de la STJUEGoogle Spain, a dicha compañía le corresponde velar por el justo equilibrio entre el derecho al olvido y el derecho de los usuarios y no se le puede exigir la verificación de la exactitud del contenido de las publicaciones a las que facilita enlaces.
Por otro lado, Google argumenta que, con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el límite interno de veracidad es irrelevante porque los testimonios que se pretenden ocultar son la expresión de la experiencia subjetiva o juicios de valor de una usuaria, y en la medida en que «el elemento preponderante en ellas es el valorativo, las publicaciones no pueden considerarse sujetas a un estricto control de veracidad, como si se tratase de informaciones». Añade que el caso concreto afecta a páginas web que recopilan denuncias de consumidores y un blog creado con este fin, siendo así que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce la función de los blogueros y de usuarios populares de las redes sociales en la medida en que también puede asimilarse a la de un «perro guardián público» (STEDH de 8 de noviembre de 2016, asuntoMagyar Helsinki Bizottság c.Hungría, § 155 y 168). Finalmente explica que, aunque no le correspondía a Google, la entidad realizó un esfuerzo considerable para comprobar la exactitud de los datos a fin de valorar la pertinencia de la solicitud de supresión, quedando plenamente acreditada la veracidad de las informaciones en que se basaban las opiniones críticas con el recurrente, tal y como el Tribunal Supremo asume inequívocamente.
Y concluye que imponer exclusivamente a los motores de búsqueda la responsabilidad de investigar y determinar por sí mismos la veracidad de las publicaciones indexadas, conduciría a abusos y se comprometería gravemente la calidad de los servicios de Google en perjuicio de millones de usuarios con una evidente vulneración de su libertad de empresa amparada por los arts. 38 CE y 16 CDFUE. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha subrayado que al ponderar los derechos reconocidos en los arts. 8 y 10 CEDH, el atribuir a los prestadores de servicios de intermediación una responsabilidad por el contenido publicado o cargado a internet por terceros, «puede tener directa o indirectamente, un efecto desalentador sobre la libertad de expresión en internet» (SSTEDH de 2 de febrero de 2016, asuntoMagyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu ZRT c.Hungría § 86; de 7 de febrero de 2017, asuntoPihl c.Suecia, § 35, o de 4 de diciembre de 2018, asuntoMagyar Jeti ZRT c.Hungría, §83).
10. El 22 de diciembre de 2021, la fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones por el que interesó que se dicte sentencia estimando parcialmente el recurso de amparo interpuesto contra las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. En particular solicitó la declaración de que «las citadas resoluciones judiciales han vulnerado el derecho a la protección de datos del art. 18.4 CE del recurrente, en la vertiente del derecho de supresión o “derecho al olvido” que se reclama frente al buscador Google, LLC.» Para la efectividad del derecho al olvido, también solicitó la declaración de nulidad de dichas sentencias, y la declaración de validez de las resoluciones de la AEPD que reconocieron la tutela del derecho al olvido, «instando al buscador a adoptar las medidas técnicas para evitar que el nombre del recurrente aparezca en los resultados de búsqueda asociado a las urls objeto de la reclamación».
La fiscal, tras exponer los antecedentes de hecho que concurren en el presente recurso de amparo, dedica seis fundamentos de derecho a examinar los motivos que sustentan la demanda. En los dos primeros fundamentos de derecho centra el objeto del recurso de amparo puntualizando que si bien el recurrente impugnó directamente la sentencia de 17 de diciembre de 2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la articulación del recurso pone de manifiesto que las lesiones de derechos fundamentales invocadas se atribuyen, primariamente, a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional. A continuación, en los fundamentos de derecho tercero, cuarto, quinto y sexto de su escrito de alegaciones, analiza los motivos que sustentan la demanda de amparo.
a) Comienza abordando el Ministerio Fiscal la primera alegación del recurrente relativa a la infracción del derecho a la protección de datos del art. 18.4 CE por la existencia de un tratamiento ilícito de los datos personales por las plataformas web, y opone que esta alegación no ha sido objeto de enjuiciamiento en el proceso de origen. No se habrían pronunciado sobre esta cuestión ni las resoluciones administrativas de la AEPD, ni las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, por lo que no cabría suscitar esta cuestión en vía de amparo. A lo que añade que tampoco habría el recurrente atribuido a las sentencias impugnadas, y, en particular, a la sentencia del Tribunal Supremo, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haberse pronunciado sobre la cuestión relativa al referido tratamiento ilícito de los datos que realizan dichas plataformas web.
b) A continuación aborda el segundo motivo del recurso, relativo al juicio de ponderación llevado a cabo por los órganos jurisdiccionales, sosteniendo que no se habría producido la infracción de los criterios de la relevancia pública y del «factor tiempo», infracción en la que sustenta el recurrente la vulneración de sus derechos fundamentales al honor, intimidad y protección de datos, en relación con el derecho de supresión o derecho al olvido.
Antes de proceder al examen separado de ambos criterios de ponderación, la fiscal advierte también que el recurrente no desarrolla en el recurso de amparo de manera autónoma las posibles vulneraciones del derecho al honor e intimidad invocados, sino solo en relación con el derecho a la protección de datos, en su vertiente del derecho al olvido, que viene a actuar «como garantía instrumental de los derechos de honor e intimidad supuestamente vulnerados por la no efectividad del derecho de supresión que se reclama frente a la actividad del buscador». Y, en concreto, destaca también la fiscal que el perjuicio en la divulgación de la información únicamente se refiere al prestigio profesional del recurrente, sin alcanzar al ámbito de su intimidad personal o familiar, y sin que quepa apreciar una vulneración de este derecho, que solo se invoca de modo genérico en la demanda.
– Tras estas puntualizaciones, y respecto al criterio de la relevancia pública, explica que no puede estimarse que se infrinja la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por este Tribunal Constitucional al apreciar la concurrencia de relevancia pública en la información que es asociada con el recurrente, atendiendo a la naturaleza de la actividad profesional que desarrolla y las sociedades con las que se relaciona. El Tribunal de Justicia no ha definido en la sentenciaGoogle Spainqué es relevancia pública, sino que para establecer el interés público de la información hay que atender al papel que el interesado tenga en la vida pública. Y la doctrina de la STC 58/2018, de 4 de junio, no ha limitado tampoco la apreciación de la relevancia pública al criterio subjetivo de la condición personal del interesado, sino que tiene establecido que la concurrencia debe establecerse tanto desde un punto de vista subjetivo como por razón de la materia objeto de la información.
A dichas apreciaciones la fiscal añade que las expresiones utilizadas tampoco pueden considerarse innecesarias y totalmente desconectadas respecto de lo que es una crítica negativa de las prácticas de la empresa relacionada con el recurrente cuyo objeto son las actividades propias del sector inmobiliario, sociedad de la que es administrador único y que estuvo relacionado como directivo con la otra empresa que se menciona en los comentarios críticos de la usuaria de las plataformas.
– Con relación al factor tiempo, considera que las apreciaciones realizadas en las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional no pueden considerarse carentes de justificación o arbitrarias al considerar que la información publicada en el año 2010 se ve actualizada por publicaciones posteriores. Y la actualidad de la noticia también debe ponerse en relación con la materia que es objeto de la información, no refiriéndose a un elemento concreto y puntual dado que se refiere a la actividad profesional del recurrente en el sector inmobiliario, ni tampoco aparece desconectado del titular dado que no consta que dicha actividad ya no sea desempeñada por el recurrente, que en ningún momento ha manifestado su desvinculación con dicha actividad profesional o con la sociedad API.
c) Finalmente el Ministerio Fiscal aborda el tercer motivo del recurso, relativo al establecimiento del «justo equilibrio» entre los derechos concurrentes, a cuyo efecto comienza puntualizando que la información divulgada no es una información sobre hechos, sino que está constituida por comentarios u opiniones subjetivas de la persona anónima que aparece identificada como «Sally», y que debe encuadrarse, como señala el Tribunal Supremo, en la libertad de expresión y no de información. En consecuencia, sostiene que no es aplicable el presupuesto de veracidad, ni cabe exigir al buscador Google, a los efectos de su actividad de tratamiento, el corroborar que se cumple dicho presupuesto.
Tras esta puntualización, el Ministerio Fiscal interpreta la STJUEGoogle Spainen el sentido de que la protección de los derechos de privacidad (arts. 7 y 8 CDFUE) será prevalente y el gestor del motor de búsqueda, siempre que se cumplan las condiciones que establece la normativa comunitaria en materia de protección de datos, deberá hacer efectivo el derecho al olvido, retirando de la lista de resultados, en una búsqueda por el nombre del interesado, los enlaces a la información, pero en todo caso debe tenerse en cuenta «el justo equilibrio» con el interés legítimo de los interesados en el acceso a la información que les facilita el buscador.
Entiende que, en orden a establecer el justo equilibrio de los derechos concurrentes, es posible reconocer un canon de protección constitucional «autónomo» y «reforzado» del derecho de protección de datos (art. 18.4 CE), en la vertiente del derecho al olvido del art. 17 RGPD, ejercido frente al responsable del buscador, no subordinado al canon de protección de los derechos de libertad de expresión y de información, que operan como límite legal. Ello sería posible teniendo en cuenta que la efectividad del derecho al olvido que se reclama es independiente de la posibilidad de ejercer dicho derecho de supresión frente al responsable de la publicación de la información personal en las páginas o sitios web, conforme a la STJUEGoogle Spain.
Tras recordar las circunstancias concurrentes en relación a los criterios de ponderación de la relevancia pública y del tiempo, que determinan que estamos ante una información con relevancia pública desde el punto de vista de su objeto, pues no ha perdido actualidad ni interés público, y teniendo en cuenta dicho canon de protección reforzada, el Ministerio Fiscal considera que debe analizarse si, en el presente caso, resulta necesario y proporcionado restringir el derecho de protección de datos para garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información. Considera que son circunstancias relevantes: que la libertad de expresión de los usuarios de las plataformas web no se ve afectada por el reconocimiento del derecho de supresión; que la actividad del buscador supone una afectación más relevante en los derechos de privacidad de la persona, en cuanto se añade a la que resulta de la propia divulgación de la información u opiniones de usuarios en las páginas o sitios web, al hacer accesible el conocimiento de esa información de manera exponencial y ubicua; que el afectado no puede, en principio, obtener el reconocimiento de sus derechos de privacidad y protección de datos dirigiéndose directamente a los portales o plataformas que tratan la información desde fuera del territorio de la Unión Europea y sin sujeción a la normativa de protección europea, por lo que la única posibilidad de hacer efectivos sus derechos de privacidad y protección de datos, en la vertiente del derecho al olvido, es reclamar su efectividad del buscador que queda sujeto a la normativa de protección de la Unión Europea.
Atendiendo a estas consideraciones, el Ministerio Fiscal concluye que «en el presente caso, el derecho de protección de datos, en la vertiente del derecho al olvido ejercitado frente al buscador general […] debe considerarse necesaria y proporcionada respecto de una restricción del interés legítimo de los internautas de poder acceder a las informaciones y opiniones de otros usuarios indexada por el nombre del titular de los datos». Y precisa finalmente que «el alcance del reconocimiento del derecho de supresión […] debe quedar limitado a la supresión de la indexación de las urls objeto de reclamación solo en las versiones del motor de búsqueda en la Unión Europea conforme a lo establecido en la STJUE, de 24 de septiembre de 2019 (C-507/17)».
11. El abogado del Estado presentó escrito el 12 de noviembre de 2021 donde hizo constar que «la Abogacía se abstiene de formular alegaciones solicitando que se adopte una sentencia conforme a Derecho y ruega que se le comuniquen las decisiones que el Tribunal adopte en el proceso».
El demandante de amparo no presentó escrito de alegaciones.
12. Por providencia de 28 de junio de 2022, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 29 del mismo mes y año.
1. Objeto del proceso y alegaciones de las partes.
a) El demandante de amparo reprocha a la sentencia de 17 de septiembre de 2020, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que, al haber anulado la resolución dictada por la AEPD, ha vulnerado su derecho fundamental al honor e intimidad personal y familiar «(art. 18.4 CE)», y el derecho a la supresión de datos o derecho fundamental al olvido reconocido en el art. 17 RGPD. La Agencia reconoció su derecho al olvido y la cancelación de tres enlaces en el resultado de búsquedas del motor de la entidad Google, obtenidos mediante la inserción de su nombre y apellidos en dicho buscador, que remitían a determinada información publicada sobre su actividad profesional por los usuarios de dos portales de quejas situados en Estados Unidos.
La vulneración del derecho fundamental al honor e intimidad personal y familiar y del derecho a la supresión de datos, denunciados en la demanda, se fundamenta en distintas alegaciones que el recurrente agrupa en tres apartados distintos, en los que desarrolla las razones por las cuales las resoluciones impugnadas deberían haber considerado prevalente su derecho al olvido. En estos apartados se explica, respectivamente, que los portales de quejas donde se publicó la información realizan un tratamiento ilícito de datos; que los órganos judiciales no han aplicado correctamente los criterios de relevancia pública de la información y del tiempo transcurrido en el juicio de ponderación de los derechos fundamentales afectados; y, finalmente, que se ha infringido el principio de preponderancia, debiendo también haberse aplicado el criterio de la veracidad a la información publicada.
En el suplico el recurrente insta de este tribunal que, estimadas sus alegaciones y para restablecerle en su derecho, anule la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Supremo, señalando que el efecto de la estimación del amparo frente a la sentencia indicada supondría a su vez la nulidad de la dictada el 14 de diciembre de 2018, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la confirmación de la resolución de la AEPD.
b) La entidad Google presentó escrito oponiéndose al recurso de amparo. Entiende la parte personada que los tribunales ordinarios han valorado adecuadamente tanto el carácter público de la información, como el factor tiempo, en el juicio de ponderación realizado entre los derechos fundamentales afectados. A la información no sería aplicable el control de veracidad porque se trata de los juicios de valor de una usuaria en dos portales de internet. Y, en relación con el tratamiento ilícito de los datos realizado por los portales controvertidos, opone que se plantea en sede de amparo un argumento nuevo que no habría sido alegado previamente, y que debería, por lo tanto, inadmitirse.
c) El Ministerio Fiscal, por su lado, coincide con la entidad Google en considerar, respecto al primer motivo del recurso de amparo, que el recurrente no habría alegado en las instancias judiciales previas el carácter ilícito del tratamiento llevado a cabo por los portales de quejas. Si bien en el escrito presentado no ha pedido expresamente la inadmisión de dicho motivo, las alegaciones que ha realizado se identifican con el óbice procesal consistente en la falta de invocación previa de la lesión, prevista en el art. 44.1 c) LOTC.
Respecto a los otros dos motivos del recurso, la fiscal considera que los criterios de la relevancia pública y del tiempo transcurrido fueron correctamente apreciados por los órganos judiciales, no siendo aplicable el presupuesto de veracidad. No obstante, concluye que, atendiendo a las circunstancias concurrentes, el derecho a la protección de datos, en su vertiente del derecho al olvido frente al buscador general, debe considerarse necesario y proporcionado respecto de una restricción del interés legítimo de los internautas de poder acceder a las informaciones y opiniones de otros usuarios indexada por el nombre del titular de los datos. Y en el suplico solicita la estimación parcial del recurso de amparo.
d) Así formuladas las pretensiones de las partes, deben realizarse unas consideraciones previas sobre el objeto de nuestro enjuiciamiento:
(i) En primer lugar, en relación con la demanda de amparo, debe precisarse que si bien en el encabezamiento de esta solo se menciona como impugnada la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, atendiendo al suplico de la misma y a su contenido debe entenderse que también se dirige contra la sentencia de 14 de diciembre de 2018, dictada en instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que anuló las resoluciones de la AEPD y que precisamente fue confirmada por el Tribunal Supremo al desestimar el recurso de casación interpuesto contra la misma. Ambas resoluciones judiciales impugnadas han considerado que debe prevalecer el derecho a la libertad de información de los usuarios de internet sobre el derecho al olvido del recurrente.
(ii) Adicionalmente, debe también aclararse que, si bien en la demanda se denuncia en los distintos epígrafes la vulneración de los derechos al honor, intimidad personal y familiar, como vulneración separada de la del derecho a la supresión de datos, el recurrente no hace un desarrollo independiente de dichas vulneraciones. Por el contrario, en la demanda las alegaciones vertidas se refieren siempre al art. 18.4 CE y a la quiebra de su derecho al olvido o derecho a la supresión de datos, en relación con los tres enlaces que aparecen en la lista de resultados cuando inserta su nombre y apellidos en el motor de búsqueda en internet Google. Desde este punto de vista, el derecho fundamental que se considera vulnerado por la demanda es el derecho a la protección de datos del art. 18.4 CE, en su vertiente del derecho al olvido. Así lo han entendido también las resoluciones judiciales recurridas en amparo que han ponderado el derecho a la protección de datos (art. 18.4 CE) y, por otro lado, el derecho a la libertad de información y el interés general del público en acceder a dicha información (art. 20 CE).
(iii) Finalmente, aunque quien interpone el recurso de amparo no ha solicitado la exclusión de los datos de carácter personal que permitan su identificación, este tribunal ha considerado necesario, en atención a las circunstancias concurrentes, establecer una excepción a la regla general de la difusión íntegra de las resoluciones de la jurisdicción constitucional, que se desprende del art. 164 CE y concordantes.
Así, como «[e]ste Tribunal sostiene habitualmente […] la exigencia constitucional de máxima difusión y publicidad de las mismas se refiere a las resoluciones íntegras (STC 114/2006, de 5 de abril, FFJJ 6 y 7), y, por tanto, a la completa identificación de quienes hayan sido parte en el proceso constitucional respectivo. Esta difusión íntegra “permite asegurar intereses de indudable relevancia constitucional, como son, ante todo, la constancia del imparcial ejercicio de la jurisdicción constitucional y el derecho de todos a ser informados de las circunstancias, también las personales, de los casos que por su trascendencia acceden, precisamente, a esta jurisdicción; y ello sin olvidar que, en no pocos supuestos, el conocimiento de tales circunstancias será necesario para la correcta intelección de la aplicación, en el caso, de la propia doctrina constitucional.” (STC 114/2006, FJ 6)» (STC 58/2018, FJ 2).
No obstante, el supuesto que nos ocupa tiene por objeto la supresión de determinados enlaces del motor de búsqueda Google, que se obtienen precisamente con la inserción del nombre y apellidos del recurrente en dicho buscador, dada la afectación que dicho tratamiento produce en el derecho fundamental a la protección de datos personales (art. 18.4 CE). Hemos incluido en la sentencia el contenido de las publicaciones a las que remiten dichos enlaces, necesario para poder enjuiciar las vulneraciones denunciadas, por lo que si incluyésemos los datos personales del recurrente, el efecto inmediato de la sentencia, independientemente del sentido, estimatorio o desestimatorio, del fallo de la misma, sería la recuperación y actualización de los datos referidos, habida cuenta de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y su posible réplica por los medios de comunicación. Esta misma solución ya la aplicamos en la citada STC 58/2018, FJ 2, tanto por haberlo pedido así el recurrente como en todo caso por concurrir similares circunstancias a las que ahora se indican.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Pleno entiende justificada la exclusión de los datos de identidad del recurrente. Y, por las mismas razones, en el presente supuesto se ha considerado justificado omitir la denominación completa de los portales de quejas donde consta dicha información, así como los datos de identidad de otras personas particulares que aparecen citadas en las publicaciones, dado que la inserción de cualquiera de estos datos en el buscador de internet Google, junto con el contenido de la información publicada, también permitiría identificar fácilmente al recurrente.
2. Sobre el óbice procesal alegado.
Efectuadas las precisiones que anteceden, debe abordarse, en primer lugar, el óbice procesal suscitado tanto por la entidad Google como por el Ministerio Fiscal, que sostienen la inadmisibilidad del primer motivo de impugnación, en el que el demandante denuncia que los portales de quejas llevan a cabo un tratamiento de datos personales manifiestamente ilícito. Ambas partes personadas defienden que se trata de un argumento nuevo que no fue alegado ni debatido ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, por lo que no cabe su examen atendiendo al carácter subsidiario del recurso de amparo.
Para dar respuesta a esta alegación ha de tenerse presente que, en el primer motivo del recurso de amparo, el recurrente denuncia la infracción del art. 18.4 CE, en relación con los arts. 7 y 8 CDFUE, y la infracción del derecho a la supresión de datos (derecho fundamental al olvido) reconocido en el art. 17 RGPD. Para fundamentar esta vulneración denuncia que el tratamiento de datos realizado por el portal de quejas sería un tratamiento manifiestamente ilícito, que no cumpliría con los requisitos exigidos por la normativa europea. En consecuencia, razona que «siendo posible ejercitar el derecho al olvido en determinados casos cuando el tratamiento de datos personales cumple con los principios recogidos en la Directiva aplicable resulta evidente la posibilidad de ejercerlo cuando dicho tratamiento es manifiestamente ilícito y desleal como en un supuesto como el presente, donde no se garantiza el libre acceso, la cancelación y rectificación y el negocio que se hace respecto de los datos personales es cuando (sic) menos cuestionable desde la óptica europea de protección de datos». También denuncia en este motivo la vulneración de la doctrina contenida en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, sin bien no explica las razones por las cuales se habría infringido la doctrina contenida en dicha sentencia.
Así las cosas, cuando el recurrente ejercitó su derecho a la supresión de datos, y acudió a la tutela de la AEPD, no fundamentó su solicitud en el carácter ilícito del tratamiento de los datos por las plataformas de quejas donde se publicaba la información, sino que alegó que se le causaba un perjuicio por Google con la indexación, y que el derecho a la libertad de expresión e información no podía prevalecer, así como que debía tenerse en cuenta el tiempo transcurrido en el supuesto concreto, con cita de la STJUEGoogle Spain. Atendiendo a dicha petición, la AEPD reconoció el carácter obsoleto de los comentarios contenidos en los portales de internet, es decir, reconoció su derecho al olvido, y determinó que este derecho prevalecía por no concurrir un interés preponderante del público en tener acceso a esta información.
Posteriormente, cuando la Audiencia Nacional revocó la resolución de la AEPD, el recurrente interpuso el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero no alegó tampoco la ilicitud del tratamiento para fundamentar su derecho a la supresión de los datos. Es cierto que el enunciado del primer motivo del recurso de casación coincide en su literalidad con el enunciado del primer motivo articulado en el presente recurso de amparo, pero las razones que sustentan el mismo son distintas. En el recurso de casación lo que el recurrente explicaba es que la sentencia de instancia impugnada había dejado fuera del ámbito de protección del art. 18.4 CE los datos publicados en la medida en que se trataba de datos relativos a la actividad profesional del recurrente. Y denunciaba que dicha exclusión chocaba frontalmente con la doctrina de este tribunal contenida en la STC 292/2000. En consecuencia, pedía a la Sala que declarase que los datos vertidos sobre su persona, con insultos y descalificaciones ofensivas y ultrajantes, no estaban amparados por la libertad de información de Google. El Tribunal Supremo concluyó que no se excluyó la protección del art. 18.4 CE por ser datos que recaían sobre el ámbito profesional, sino que dicho aspecto había sido considerado como un factor de modulación en la valoración de los intereses concurrentes. Sobre esta cuestión nada ha dicho el recurrente en el presente recurso de amparo, que no ha cuestionado las conclusiones a las que llegan los órganos judiciales. Por el contrario, lo que ha hecho es introducir un elemento nuevo en el debate relativo al carácter ilícito del tratamiento de los datos.
Procede por lo tanto acoger la alegación del Ministerio Fiscal y de la entidad Google. El recurrente pudo haber hecho valer su derecho a la supresión alegando el carácter ilícito del tratamiento de los datos al dirigirse, primero, al gestor del motor de búsqueda y, en un segundo momento, cuando presentó una reclamación ante la AEPD. No obstante, optó por fundamentar su derecho a la supresión en motivos distintos, por lo que el supuesto carácter ilícito del tratamiento por las plataformas no ha sido objeto de discusión en ninguna instancia previa. De este modo, al introducir este argumento por primera vez en su demanda de amparo, sin haber sido objeto de discusión en las instancias previas, cabe concluir que no se ha respetado la subsidiariedad como elemento configurador del amparo constitucional exigida por el art. 44.1 c) LOTC, así como por nuestra reiterada doctrina.
Como hemos recordado recientemente en la STC 42/2022, de 21 de marzo, FJ 2 c):
«El agotamiento de la vía judicial previa “no resulta un mero formalismo retórico o inútil, pues tiene por finalidad, por una parte, que los órganos judiciales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre la violación constitucional, haciendo posible el respeto y el restablecimiento del derecho constitucional en sede jurisdiccional ordinaria y, por otra, preservar el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de amparo” [STC 128/2014, FJ 2 a)]. Conforme a esa misma doctrina, se trata, en todo caso, de un requisito que ha de ser “interpretado de manera flexible y con un criterio finalista” lo que supone obviar el puro formalismo de la mera cita de un precepto, para atender a la exposición de un “marco de alegaciones que permita al Tribunal ordinario cumplir con su función de tutelar los derechos fundamentales”. Este planteamiento encuentra también su fundamento en la jurisprudencia europea que, para entender agotados los recursos judiciales internos del país de origen de la demanda, considera bastante que la lesión se haya invocado “al menos en sustancia (STEDH 26 de mayo de 2020, parágrafo 30)” (ATC 75/2021, FJ 3).»
Por ello resulta improcedente examinar el primer motivo de la demanda de amparo. De este modo pasamos al análisis de la segunda queja del recurso, comenzando con la exposición de la doctrina jurisprudencial cuya aplicación resulta pertinente para la resolución de dicha queja.
3. El derecho al olvido y su integración en el derecho fundamental a la protección de datos.
a) El reconocimiento jurisprudencial del derecho al olvido.
Como ya explicamos en la STC 58/2018, de 4 de junio, el derecho al olvido es una vertiente del derecho a la protección de datos personales frente al uso de la informática que se consagra en el art. 18.4 CE, y otorga a su titular el derecho a obtener la supresión de los datos personales «de una determinada base que los contuviera» (STC 58/2018, FJ 5), o, más precisamente, como establece ahora el art. 17 RGPD, es un derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan del responsable del tratamiento cuando concurran alguna de las condiciones establecidas en dicho precepto. Si bien en la STC 58/2018 pusimos de relieve su íntima relación con los derechos a la intimidad y al honor (art. 18.1 CE) en tanto sirve también de mecanismo de garantía para la preservación de estos, también advertimos que se trataba en todo caso de un derecho autónomo que encuentra un ámbito de protección más específico e idóneo en el art. 18.4 CE (STC 58/2018, FJ 5).
El objeto del derecho fundamental a la protección de datos personales «no se reduce solo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales» (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 6) y, en cuanto a su contenido, atribuye a su titular «un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental a la intimidad, y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que solo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer» (SSTC 292/2000, FJ 6, y 96/2012, de 7 de mayo, FJ 7). De esta manera el derecho al olvido, entendido como un derecho a la supresión del uso o tratamiento de los datos personales, alcanza a todos los datos relativos a la identificación de una persona, incluso aunque no afecten a su honor, intimidad personal y familiar o a la propia imagen. Se reconoce así a la persona un poder de disposición sobre sus datos, que, a la postre, determina también la posibilidad de pedir la supresión del tratamiento que se haga con los mismos en determinadas circunstancias.
El ejercicio del derecho al olvido, anudado a la voluntad de su titular de controlar el uso de sus datos, aparece actualmente regulado en el art. 17 RGPD, al que remite expresamente el art. 15.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Este precepto establece seis circunstancias que hacen nacer el derecho de supresión o derecho al olvido, en concreto, cuando: (i) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados; (ii) el interesado retire el consentimiento en que se basó el tratamiento; (iii) el interesado se oponga al tratamiento; (iv) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; (v) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; y, (vi) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información. El Reglamento general de protección de datos era aplicable únicamente a partir del 25 de mayo de 2018 (art. 99.2 RGPD), por lo que no cabe su aplicación en el presente supuesto dado que la resolución de la AEPD es de fecha 16 de marzo de 2017. No obstante, como también advertimos en la STC 58/2018, FJ 5, el derecho al olvido ya existía por obra de la Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante Directiva 95/46), en la interpretación que la STJUEGoogle Spain, dio a los arts. 12 b) y 14.1 a) de dicha directiva.
b) El derecho al olvido en las búsquedas de internet.
Más concretamente, el ejercicio del derecho al olvido en las búsquedas de internet deriva del sometimiento de los gestores de motores de búsqueda a la normativa europea de protección de datos. Así, la STJUEGoogle Spain, declaró que «al explorar internet de manera automatizada, constante y sistemática en busca de la información que allí se publica, el gestor de un motor de búsqueda “recoge” tales datos que “extrae”, “registra” y “organiza” posteriormente en el marco de sus programas de indexación, “conserva” en sus servidores y, en su caso, “comunica”y “facilita el acceso” a sus usuarios en forma de listas de resultados de sus búsquedas. Ya que estas operaciones están recogidas de forma explícita e incondicional en el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46, deben calificarse de “tratamiento” en el sentido de dicha disposición, sin que sea relevante que el gestor del motor de búsqueda también realice las mismas operaciones con otros tipos de información y no distinga entre estos y los datos personales» (STJUEGoogle Spain, § 28). También declaró que el gestor del motor de búsqueda debe considerarse responsable de dicho tratamiento porque «es quien determina los fines y los medios de esta actividad» (STJUEGoogle Spain, § 33).
Este sometimiento a la normativa europea de protección de datos determina, según explicó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que los particulares también tienen la posibilidad de hacer valer su derecho al olvido frente al gestor de un motor de búsqueda, el cual, si se cumplen los presupuestos establecidos en dicha normativa, está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida, tras la búsqueda efectuada a partir del nombre de dicha persona, los vínculos a las páginas web publicadas por terceros y que contienen la información relativa a la misma. Una orden en este sentido adoptada por la autoridad de control o por un órgano jurisdiccional no presupone «que ese nombre o esa información sean, con la conformidad plena del editor o por orden de una de estas autoridades, eliminados con carácter previo o simultáneamente de la página web en la que han sido publicados» (STJUEGoogle Spain, § 82). Y, por otro lado, «la apreciación de la existencia de tal derecho no presupone que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado» (STJUEGoogle Spain, § 96).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha acogido expresamente los términos «desindexar» (de-indexing),«deslistar» (de-listing) y «desreferenciar» (de-referencing) para referirse a la actividad de un motor de búsqueda, antes descrita, por la que remueve de la lista de resultados (obtenida tras una búsqueda efectuada por el nombre de una persona) las páginas de internet publicadas por terceras partes que contienen información relativa a esa persona (STEDH de 25 de noviembre de 2021, asuntoBiancardi c.Italia, § 54, en relación con una demanda dirigida directamente contra el editor de una página de internet solicitando la remoción de un artículo de internet). De este modo cabe también hablar de un «derecho al desindexado».
Por su parte, la Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales ha reconocido expresamente en su art. 93 el derecho al olvido en búsquedas de internet, estableciendo que:
«Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.
Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en internet.»
En el presente recurso de amparo nos encontramos con un supuesto similar al que se examinó por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentenciaGoogle Spain, dado que el recurrente ha pedido a la entidad Google que se eliminen de la lista de resultados obtenida tras la búsqueda efectuada a partir de su nombre, los vínculos a determinadas páginas web en las que se recogen comentarios de personas particulares relacionados con su actividad profesional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretó entonces el art. 12, letra b), de la Directiva 95/46/CE, explicando que este derecho de supresión nace también cuando los datos no son necesarios para los fines para los que se recogieron o trataron [que es el supuesto previsto actualmente en la letra a), del párrafo primero del art. 17 RGPD], precepto que también englobaba aquellos supuestos en los que los datos eran inadecuados, no pertinentes y excesivos en relación con los fines y el tiempo transcurrido (STJUEGoogle Spain, § 92 y 93).
Como ya hemos explicado, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han partido del presupuesto de que el recurrente tenía derecho al olvido, es decir, que concurrían las circunstancias establecidas legalmente para su reconocimiento y no se ha cuestionado dicha apreciación por ninguna de las partes que han comparecido en el presente recurso de amparo. Por el contrario, únicamente se cuestiona el juicio de ponderación que se ha llevado a cabo por los órganos judiciales y que ha resultado en la preterición del derecho al olvido en favor del derecho a la libertad de información. Dado que los órganos judiciales nacionales han llevado a cabo dicha ponderación aplicando los criterios establecidos en la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resulta necesario un examen previo de esta última y de sus consecuencias en la ponderación de los límites de los derechos fundamentales en conflicto.
4. Los límites del derecho al olvido.
El derecho al olvido, como todo derecho fundamental, no es ilimitado, y encuentra sus límites en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos (STC 58/2018, FJ 6). En el presente recurso de amparo las dos sentencias impugnadas han ponderado los derechos en conflicto atendiendo a los criterios contenidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Resulta por lo tanto necesario recordar dichos criterios que se contienen en las SSTJUE de 13 de mayo de 2014,Google Spain, asunto C-131/12; de 24 de septiembre de 2019,GC y otros(retirada de enlaces a datos sensibles), asunto C-136/17, y de 24 de septiembre de 2019,Google(alcance territorial del derecho a la retirada de enlaces), asunto C-507/17.
a) La actividad de los motores de búsqueda puede afectar significativamente al derecho fundamental a la protección de datos personales.
Los gestores de un motor de búsqueda participan en la difusión de la información en la medida en que crean un enlace a una página web publicada por un tercero, y lo muestran en la lista de resultados tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona física Así, la función de un motor de búsqueda es facilitar el acceso a la información, permitiendo que un mayor número de internautas acceda a la misma, pero este no ejerce ni la libertad de información ni la libertad de expresión, libertades que son ejercidas tanto por la persona particular que lleva a cabo la publicación de información o de opiniones o ideas, como por la página web o el portal de información donde se expresan dichas informaciones y opiniones.
Como apreció la STJUEGoogle Spain«el tratamiento de datos personales llevado a cabo en el marco de la actividad de un motor de búsqueda se distingue del efectuado por el de editores de sitios de internet, que consiste en hacer figurar esos datos en una página de internet, y se añade a él» (STJUEGoogle Spain,§ 35). Pero «desempeña un papel decisivo en la difusión global de dichos datos en la medida en que facilita su acceso a todo internauta que lleva a cabo una búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los internautas que, de no ser así, no habrían encontrado la página web en la que se publican estos mismos datos» (STJUEGoogle Spain, § 36). Adicionalmente, da una visión estructurada de la información relativa a esa persona que puede hallarse en internet, lo que permite a los usuarios establecer un perfil más o menos detallado del interesado, con multitud de aspectos sobre su vida privada (STJUEGoogle Spain, § 37 y 80).
En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea apreció que «la actividad de un motor de búsqueda puede afectar, significativamente y de modo adicional a la de los editores de sitios de internet, a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales» (STJUEGoogle Spain, § 38). Y «el efecto de la injerencia en dichos derechos […] se multiplica debido al importante papel que desempeñan internet y los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que confiere a la información contenida en tal lista de resultados carácter ubicuo» (STJUEGoogle Spain,§ 80).
La importancia del papel desarrollado por los buscadores en la difusión de la información en internet, y sus repercusiones en el derecho a la vida privada, han sido también resaltadas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 28 de junio de 2018, asuntoM.L. y W.W.,c.Alemania, § 91 y 97, y de 22 de junio de 2021, asuntoHurbain c.Bélgica, §116).
b) El «justo equilibrio» entre los intereses y derechos fundamentales concurrentes.
Vista la «gravedad potencial» de la injerencia en los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales, a la que acabamos de hacer referencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en la sentenciaGoogle Spain, por un lado, «que el mero interés económico del gestor de tal motor no la justifica». Y, por otro lado, que «en la medida en que la supresión de vínculos de la lista de resultados podría, en función de la información de que se trate, tener repercusiones en el interés legítimo de los internautas potencialmente interesados en tener acceso a la información en cuestión, es preciso buscar […] un justo equilibrio, en particular, entre este interés y los derechos fundamentales de la persona afectada con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta» (STJUEGoogle Spain, § 81).
Más recientemente, en la sentenciaGC y otros,al hablar de este interés legítimo de los internautas, se refiere a «la libertad de información de los internautas potencialmente interesados en acceder a esa página web mediante tal búsqueda, libertad garantizada por el artículo 11 de la Carta» (§ 66 y, en sentido análogo, § 75). Este pronunciamiento tiene lugar tras la aprobación del Reglamento europeo de protección de datos en el que se establece expresamente, en el art. 17.3 a), que el derecho al olvido del interesado queda excluido cuando el tratamiento resulta necesario para ejercer, entre otros, el derecho a la libertad de información garantizada por el art. 11 de la Carta, lo cual, según confirmó dicho Tribunal, «pone de manifiesto que el derecho a la protección de datos personales no constituye un derecho absoluto, sino que, como subraya el considerando 4 de este reglamento, debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales con arreglo al principio de proporcionalidad» (STJUEGC y otros, § 57).
En esta ponderación entre los derechos fundamentales en conflicto la STJUEGoogle Spaindeterminó que los derechos fundamentales de la vida privada y de protección de datos personales «prevalecen con carácter general» y «en principio» sobre el interés del público en tener acceso a dicha información (STJUEGoogle Spain, § 81 y 97). Este criterio jurisprudencial de la prevalencia del derecho al olvido en los buscadores de internet se ha mantenido también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la aprobación del Reglamento europeo de protección de datos, reiterando la STJUEGC y otros, que «estos derechos prevalecen, en principio, no solo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que tenga por objeto el nombre de esa persona» (§ 53 y, en sentido análogo, § 66).
No obstante, la presunción de la prevalencia del derecho al olvido en los buscadores de internet, que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quiebra cuando el interés del público en tener acceso a dicha información pueda considerarse a su vez como prevalente, de modo que la injerencia pueda estar justificada. Para apreciar la concurrencia de este interés prevalente deben existir razones concretas que lo justifiquen, y entre los criterios que toma en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia están la naturaleza de la información de que se trate, el carácter sensible para la vida privada de la persona afectada, y el interés del público en disponer de esta información, que puede variar en función del papel que esta persona desempeñe en la vida pública (STJUEGoogle Spain, § 81).
Más concretamente, se reconoce que el derecho al olvido no prevalece sobre el interés del público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que tenga por objeto el nombre de una persona, «si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate» (STJUEGC y otros, § 53).
Por lo tanto, cuando se trata del tratamiento de datos que realizan los gestores del motor de búsqueda, el derecho al olvido prevalece en principio, y en los supuestos en los que se considere que debe prevalecer el interés de los internautas en tener acceso a dicha información deben existir razones concretas que justifiquen la quiebra de esta presunción.
c) La importancia del factor tiempo.
Este criterio ofrece un tratamiento dual o bifronte en esta materia. Por un lado, representa una circunstancia que puede fundamentar el reconocimiento del derecho al olvido de los enlaces en internet. Como apreció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentenciaGoogle Spain, al interpretar los arts. 12 b) y 6.1 letras c) a e) de la Directiva 95/46, «incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede devenir, con el tiempo, incompatible con dicha directiva cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron. Este es el caso, en particular, cuando […] son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido» (STJUEGoogle Spain, § 93).
Este el supuesto actualmente recogido en el art. 17, párrafo 1, letra a) RGPD, que permite que un interesado pueda solicitar la exclusión de las listas de datos personales que le conciernan, cuando ya no sean necesarios dichos datos en relación con el tratamiento del proveedor del motor de búsqueda. Con fundamento en dicho apartado «un interesado puede solicitar que se excluya de las listas un contenido si la información personal es