Categoría: Judicial

s Víctimas del Delito.
7. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
– Protección:
Se garantizará la protección y la seguridad de las víctimas de violencia contras las mujeres y de sus hijos e hijas, incluidas, además de las que interponen denuncia, las mujeres que no denuncian, así como de aquellas que renuncian a continuar con el procedimiento penal, conectando a los servicios sociales y de atención especializada, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a través de las siguientes acciones:
● Acceso al servicio de atención y protección (ATENPRO) así como a otros dispositivos que con la misma finalidad hayan puesto en marcha las Comunidades Autónomas, a través de las entidades locales, en coordinación con los servicios de atención especializada.
● Sin perjuicio de la especialización y competencias de las policías autonómicas, locales y de ámbito estatal, se promoverá su formación obligatoria, así como la previsión de protocolos de actuación, para actuar frente a todas las manifestaciones de las violencias contra las mujeres, con especial atención a la acogida y el trato a las víctimas, los procedimientos de recogida de las denuncias y los mecanismos de protección a las víctimas. Se promoverá el refuerzo de la coordinación con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como con los servicios especializados y los servicios sociales comunitarios de su localidad o de la red especializada dispuesta en cada CC. AA.
● Se impulsarán las medidas necesarias para que las víctimas cuenten con protección efectiva ante represalias o amenazas incluso aquellas que no hayan denunciado.
● Se impulsarán las medidas necesarias para la protección efectiva de las y los profesionales y personas trabajadoras de los servicios de atención ante posibles represalias o amenazas, especialmente de aquellas que atienden a víctimas de trata con fines de explotación sexual.
● Se impulsará el acceso, en los términos previstos en los acuerdos previstos al efecto por la Secretaria de Estado de Seguridad al sistema VIOGEN de las y los profesionales de los Servicios de Atención Especializada, con el fin de proporcionar una información cercana y actual sobre la víctima y su entorno para mejorar la eficacia de la valoración policial del riesgo y su evolución, garantizando en todo caso el derecho de confidencialidad de las víctimas y la protección de los datos que se contempla en la normativa vigente. Se promoverá la interoperabilidad entre el Sistema VIOGEN y los sistemas autonómicos establecidos para el seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres.
– Acceso a la justicia:
● Promover la existencia y funcionamiento de una Oficina de Asistencia a las Víctimas, como mínimo, en cada provincia, a o cualquiera otra división territorial especifica de las CC. AA., que cuente con personal suficiente con formación en violencia contra las mujeres y preste una atención gratuita y confidencial, con especialización y protocolos específicos para la atención a víctimas de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y que trabaje de forma coordinada con la red especializada.
● En las Comunidades Autónomas que cuenten con competencias transferidas en materia de justicia, garantizar la asistencia letrada especializada a las víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres desde el momento previo a la interposición de la denuncia.
● Impulsar que las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente las de violencia sexual y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, puedan intervenir en los procedimientos judiciales desde los lugares donde se encuentren recibiendo oficialmente asistencia.
● Promover la disponibilidad de las Unidades de Valoración Integral Forense, o de los sistemas creados bajo el mismo marco y con las mismas competencias por las CC. AA., en todos los partidos judiciales en horario 24/7 con especialización y protocolos de actuación específicos en materia de violencia contra las mujeres, incluida la intervención con niñas, niños, y adolescentes víctimas y mujeres con discapacidad, garantizando así la accesibilidad de todas las mujeres víctimas.
● Fomentar la disponibilidad de forenses y de servicios de ginecología, en horario 24/7 horas, en número suficiente, para que, en los casos de violencia sexual, el reconocimiento ginecológico y forense se produzca sin demoras, también la asistencia psicológica en caso de ser requerido. Y, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley Orgánica 10/2022, se asegure la accesibilidad a estos reconocimientos incluso antes de la interposición de la denuncia. Proporcionar formación específica y obligatoria en la materia para la atención a víctimas de violencia sexual, a todo el conjunto de profesionales que realicen los citados reconocimientos, garantizando la calidad de su intervención y la no revictimización, en coordinación con los órganos responsables de las políticas de igualdad de cada CC. AA.
● Garantizar la atención a menores hijos e hijas de víctimas de violencias machistas por personas de referencia especializadas en género e infancia, en los juzgados y en el control de su asistencia a los lugares establecidos por la autoridad judicial.
● Impulsar que las instalaciones policiales y judiciales sean acogedoras, seguras y accesibles para todas las mujeres y los niños y niñas y adolescentes preservando su intimidad.
● Facilitar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todas las mujeres víctimas facilitando la accesibilidad universal y gratuita.
● Garantizar la no visibilidad ni confrontación de la víctima con el denunciado o acusado, favoreciendo la implantación de salas específicas para víctimas en los edificios judiciales, así como de medios tecnológicos adecuados para posibilitar la declaración por videoconferencia.
● Promover el acompañamiento a las víctimas que lo demanden, en todas las fases del procedimiento judicial, y en especial, en las zonas rurales y en los casos relativos a mujeres con discapacidad, mujeres mayores, mujeres que desconocen el idioma oficial, migrantes, así como en el caso de niñas, niños y adolescentes víctimas.
● Garantizar protocolos de personación por parte de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado en casos de feminicidio, y otras manifestaciones graves de violencia contra las mujeres, en los cuales se promueva realizar la intervención jurídica en cooperación con la Fiscalía y con la representación de la familia de la víctima.
● En las Comunidades Autónomas que cuenten con competencias transferidas en materia de justicia, promover la asistencia jurídico-procesal gratuita por profesionales especializados/as para las y los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, mujeres con discapacidad y mujeres mayores.
Normas internacionales y estatales:
– Artículo 7 del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
– Artículo 10, 18.2 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).
– Título III de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
– Título VIII de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
– Coordinación y colaboración.
Responder adecuadamente frente a la violencia contra las mujeres, partiendo del respeto competencial en este ámbito, requiere de la coordinación y la colaboración entre las diferentes administraciones de los tres niveles territoriales, así como entre las diferentes áreas funcionales en las que se organiza la actividad administrativa en cada territorio. Por ello, es necesario articular instrumentos de coordinación y colaboración entre todos los agentes intervinientes, que permitan un respuesta holística y adecuada, con el fin de evitar los feminicidios prioritariamente, también eliminar posibles duplicidades, minimizar el riesgo de revictimización, y, en todo caso, garantizar una actuación integral, personalizada, especializada, ágil e inmediata.
La respuesta institucional coordinada debe estar centrada en los derechos y necesidades de las víctimas y supervivientes, que deberán estar en el centro de la atención. En este sentido, las instituciones y organismos encargados de la coordinación actuarán desde el respeto y el apoyo a las decisiones de las víctimas, reforzando su autonomía y libertad de decisión, autoestima, protegiendo prioritariamente su seguridad y confidencialidad.
Con el fin de fomentar la coordinación y la colaboración en la aplicación del presente catálogo, se adoptarán las siguientes medidas:
– Órganos de coordinación y colaboración:
● Impulsar, conforme a las particularidades de cada territorio, la creación de órganos de coordinación, colaboración y participación en aquellas Comunidades Autónomas donde todavía no estén constituidos, en los que estén representadas las y los profesionales de las administraciones públicas, el poder judicial, la fiscalía, y entidades y asociaciones de la sociedad civil, que operan en el territorio y que intervengan en el abordaje de las situaciones de violencia contra las mujeres.
● Promover, y consolidar donde ya existan, mesas de coordinación de ámbito local (municipal, comarcal, provincial, insular etc.), para la intervención en materia de violencia contra las mujeres. Estas mesas tendrán una composición multidisciplinar, se impulsará la participación en las mismas de profesionales de todos los ámbitos que intervienen en la prevención, la protección y la asistencia a las víctimas de violencia contra las mujeres en el municipio o en el ámbito local que se determine. En dichas mesas se procurará contar con la participación del departamento de la Comunidad Autónoma correspondiente competente en materia de igualdad y violencia contra las mujeres, y de la Unidad de Coordinación o de Violencia sobre la Mujer de la Delegación o Subdelegación del Gobierno en el territorio.
● Se promoverá la coordinación de estos órganos de ámbito autonómico y municipal con las entidades del movimiento asociativo feminista y organizaciones no gubernamentales que trabajan directamente con las víctimas de violencia contra las mujeres.
● Garantizar la comunicación continuada entre el departamento de Igualdad y violencia contra las Mujeres de la Comunidad Autónoma correspondiente con la Unidad de Coordinación contra la Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno y la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en el territorio.
● Garantizar la convocatoria de Comités de Crisis, o grupos de trabajo con funciones análogas, en casos de feminicidios, con el fin de analizar las circunstancias en los que estos ocurrieron y sacar conclusiones que refuercen la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres. Se promoverá que en los mismos estén presentes representantes de todas las instituciones de ámbito autonómico y/o local con competencias en la materia de violencia contra las mujeres, junto con el poder judicial y la fiscalía en el territorio. El Comité de Crisis creado en virtud del Acuerdo del Pleno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 22 de julio de 2022, será complementario respecto de los comités de crisis aquí mencionados.
– Instrumentos o herramientas de coordinación y protocolos sectoriales:
● Garantizar la aprobación y/o actualización en cada Comunidad Autónoma de un protocolo interinstitucional para la coordinación de las actuaciones y del trabajo en red en materia de violencia contra las mujeres en su ámbito territorial. Se protocolorizarán los principios, los itinerarios y procedimientos de intervención en situaciones de violencia ejercida contra las mujeres y en concreto; se identificarán las instituciones y profesionales que deben intervenir, en qué momento hacerlo, de qué manera y con qué objeto; y se clarificarán las competencias y responsabilidades. El protocolo deberá de incluir como mínimo, la actuación de las y los profesionales de las administraciones públicas, en particular de los servicios especializados, el poder judicial, la fiscalía, que operan en el territorio y que intervengan en el abordaje de las situaciones de violencia contra las mujeres, y prever cauces de cooperación con las entidades y asociaciones de la sociedad civil.
● Promover y actualizar, en el marco del Protocolo interinstitucional autonómico, protocolos sectoriales con el objetivo de que se sistematicen las actuaciones y el trabajo en red de los y las profesionales de los distintos ámbitos en la detección, prevención, asistencia, protección y acceso a la justicia de las víctimas de violencia contra las mujeres, sus hijos e hijas. Entre otros, se deberán impulsar protocolos de actuación en los ámbitos; educativo, sanitario, socio-asistencial, policial, deportivo, judicial, de la abogacía y procuraduría, formativo-laboral etc. En estos protocolos se visibilizará de forma especial la situación de las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en la normativa, tales como las mujeres migrantes, las que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores o aquellas que viven en el ámbito rural.
● Promover protocolos u otros mecanismos específicos en el ámbito autonómico, en materia de detección, prevención, asistencia y protección y de acceso a la justicia de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación sexual, así como de mujeres en contextos de prostitución que se encuentren en riesgo de explotación sexual, de mutilación genital femenina, y matrimonios forzados, en los que se concrete la coordinación entre les administraciones competentes en esta materia.
● Todos los Protocolos establecerán mecanismos para su evaluación y para garantizar la difusión y el conocimiento de los mismos por parte de todos los intervinientes en su aplicación.
● Realización y difusión en el territorio de Guías, mapas de recursos y catálogos de buenas prácticas que cumplan criterios de accesibilidad universal.
– Mecanismos de transversalización:
● Transversalidad en el ámbito de la Administración General del Estado:
○ El Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se coordinará con los departamentos ministeriales competentes, en particular con los Ministerios de Interior; Justicia; Sanidad; Educación; Empleo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para impulsar las actuaciones previstas en el presente Catálogo y que por su naturaleza correspondan al ámbito competencial de los mismos.
○ La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a través de las Unidades de Igualdad de los distintos departamentos ministeriales, promoverá la difusión y el conocimiento del presente Catálogo.
○ La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a través de su participación en el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, promoverá las actuaciones previstas en el presente Catálogo que por su naturaleza correspondan al ámbito competencial del poder judicial.
● Transversalidad en el ámbito de las Comunidades Autónomas:
○ El departamento competente en materia de Igualdad y Violencia contra las mujeres de cada Comunidad Autónoma se coordinará con los departamentos competentes de la Administración autonómica, en especial con las Consejerías o Departamentos competentes en materia de Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda, Empleo, Justicia y Seguridad, para impulsar las actuaciones previstas en el presente Catálogo que por su naturaleza correspondan al ámbito competencial de los mismos.
○ El departamento competente en materia de Igualdad y Violencia contra las mujeres de cada Comunidad Autónoma se coordinará con las entidades locales de su ámbito territorial para la difusión y el conocimiento del presente Catálogo.
● Transversalidad en el ámbito de las Entidades Locales:
○ La FEMP será la encargada de impulsar las actuaciones previstas en el presente Catálogo que por su naturaleza correspondan al ámbito competencial de las entidades locales en colaboración y con el apoyo del organismo competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
– Mecanismos de participación:
● Establecimiento de uno o varios cauces de participación, adecuados a las particularidades de cada Comunidad Autónoma, con asociaciones de mujeres y feministas y con el tejido asociativo implicado en la lucha contra la violencia sobre las mujeres en las tres fases de la política pública: en su diseño, en su ejecución y en la evaluación y seguimiento de las mismas.
● Incorporación del testimonio desde el respeto y la escucha activa a las mujeres supervivientes y víctimas, y de sus hijos e hijas, en la elaboración de las políticas públicas y otros espacios de decisión.
– País Vasco:
● Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, modificada por la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
– Cataluña:
● Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, modificada por la Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
● Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres
– Galicia:
● Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, modificada por la Ley 15/2021, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.
● Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad. Comunidad Autónoma de Galicia DOG núm. 32, de 17 de febrero de 2016 Referencia: DOG-g-2015-90667.
– Andalucía:
● Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
● Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
– Principado de Asturias:
● Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género.
– Cantabria:
● Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.
– La Rioja:
● Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja.
– Región de Murcia:
● Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia, modificada por la Ley 3/2019, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia.
– Comunitat Valenciana:
● Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
– Aragón:
● Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.
– Castilla-La Mancha:
● Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
● Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha.
– Canarias:
● Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, modificada por la Ley 1/2017, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres Contra la Violencia de Género.
– Comunidad Foral de Navarra:
● Ley Foral 14/2015, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, modificada por la Ley Foral 3/2018, de 19 de abril, para la modificación de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres.
● Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres.
– Extremadura:
● Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura.
– Islas Baleares:
● Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
– Comunidad de Madrid:
● Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 3/2018, de 22 de junio, de modificación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
– Castilla y León:
● Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León, modificada por Ley 7/2017, de 28 de diciembre, de medidas tributarias.
● Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León.
El Acuerdo aprobado por la Conferencia Sectorial de Igualdad, en su reunión de 22 de julio de 2022 en Tenerife en su apartado quinto establece que «como parte del Marco de cooperación, y con la finalidad de contar con información procedente de las diferentes administraciones públicas orientada a la transparencia y a la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Grupo de Trabajo de esta Conferencia Sectorial en materia de Pacto de Estado contra la Violencia de Género desarrollará un sistema común de información y evaluación, que acompañará al plan conjunto plurianual».
Con este Sistema de Información y Evaluación (SIE) se pretende establecer un sistema intercambio de información y de seguimiento fundamentado en el principio de la rendición de cuentas, para poder informar del progreso en la ejecución y desarrollo del Catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres aprobado en la Conferencia Sectorial de Igualdad de 15 de noviembre de 2022.
El Sistema de Información y Evaluación (SIE) tendrá dos pilares fundamentales:
1. El sistema de seguimiento y evaluación.
2. El sistema común de información.
El SIE se concibe de forma colaborativa y participada contando con la información procedente de:
– La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) en calidad de responsable de la ejecución de algunas medidas y de la coordinación de todas ellas en el ámbito de sus competencias.
– Las CC. AA. y EE. LL. como responsables de la ejecución de las medidas del catálogo en marco de sus competencias.
– La FEMP como órgano de coordinación de las EE. LL.
– Otros agentes clave participantes en la consecución de las medidas (entidades tercer sector...).
Para lograr la articulación de una respuesta interinstitucional integral, y coordinada de todas las instituciones con competencias en la materia, principalmente aquellas competentes en el ámbito educativo, sanitario, social, policial, judicial, y, de atención integral especializada, es preciso articular un sistema común de información eficaz.
El sistema común de Información se instrumentalizará a través de:
– La actualización permanente del mapa de recursos y servicios existentes en todo el territorio del Estado, que permita a todas las administraciones públicas tener una visión de conjunto de los servicios disponibles.
– Un método que, respetando los sistemas y garantizando las competencias de las CC. AA., permita conectar en un sistema común, la información anonimizada sobre datos de víctimas detectadas y atendidas por el sistema de cada Comunidad Autónoma. Este sistema común será desarrollado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género.
– Un método de intercambio de información acerca de los casos de violencia contra las mujeres que requieran traslado entre comunidades autónomas. Este sistema común será desarrollado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género.
El objetivo general del sistema de seguimiento y evaluación es analizar el grado de implantación del Catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres en el primer año desde su puesta en marcha, y en los años posteriores, articulado a través del Plan Conjunto Plurianual, recogido en el apartado Cuarto y Undécimo del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad relativo al establecimiento de un marco de actuación conjunta que garantice la prórroga y permanencia de las políticas públicas y los servicios que se derivan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Así mismo, el sistema analizará qué aspectos relacionados con su implementación son más relevantes para el establecimiento de un suelo común de política pública frente a la violencia contra las mujeres.
En resumen, el objetivo es evaluar el alcance del Plan conjunto plurianual, a través de la implementación del Catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres y su incidencia en la disminución de la violencia contra las mujeres, favorecer la toma de decisiones en el futuro, proponer eventuales correcciones en las medidas adoptadas y rendir cuentas a la ciudadanía.
Las características de la evaluación, en cumplimiento de lo previsto en la han de ser las siguientes(2):
– Será externa, objetiva y participativa. Se favorecerán instrumentos que garanticen la colaboración y participación de todos los agentes implicados y de los sectores de la ciudadanía afectados.
– Se fomentará la adopción de un enfoque integral en su realización. Las evaluaciones que se realicen adoptarán un enfoque integral en su realización, incluyendo la evaluación del diseño, de la implementación y de los resultados de esta política pública.
– Los resultados, conclusiones y recomendaciones serán públicos.
– Tendrá una finalidad y alcance definidos, y deberá asentarse en el rigor científico, la objetividad y la solidez metodológica.
– Garantizará a la perspectiva de género y la interseccionalidad.
Dependiendo de su contenido y objeto, la evaluación será:
a) Evaluación de diseño, que se centrará en los aspectos relacionados con los elementos que justifican la necesidad de la política pública y el diseño de las políticas asociadas.
b) Evaluación de implementación, que tendrá por objeto la valoración del despliegue y el progreso de la ejecución del Catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres.
c) Evaluación de resultados e impactos, que prestará especial atención a la consecución de los objetivos previamente establecidos, analizando los efectos sobre sus destinatarias y sobre la población en general.
Esto no agota todas las posibles y necesarias evaluaciones que deben realizarse alrededor de este Plan conjunto para evaluar rigurosamente su eficacia en reducir la violencia contra las mujeres en España, y la eficiencia en el uso de estos recursos.
La evaluación se podrá realizar en una o varias de las fases en la que se encuentre el Plan conjunto. Según la fase temporal en la que se realice, la evaluación será:
a) Evaluación intermedia, durante la implementación del Plan Conjunto.
b) Evaluaciónex post,con posterioridad a la finalización de la ejecución.
– Realización: determinar el cumplimiento temporal, de ejecución y presupuestario; también identifica el tipo de dificultades encontradas y las soluciones acometidas.
– Eficacia: valorar la consecución de fines y objetivos.
– Eficiencia: establecer la relación entre recursos y los logros obtenidos.
– Resultados: comprobar los efectos directos e indirectos sobre el ámbito de actuación y, por lo tanto, avances obtenidos sobre los resultados esperados, y aquellos no esperados.
Se determinarán los períodos temporales en relación con los cuales se establecen los distintos criterios de seguimiento.
De forma complementaria a la aproximación cuantitativa, también se llevarán a cabo entrevistas con agentes sociales y entidades del tercer sector, con la finalidad de entender mejor algunas características del Plan conjunto.
Los indicadores, atendiendo a su ámbito, serán de dos tipos:
– Indicadores comunes a todas las políticas públicas: Se impulsará que la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas sea la responsable del diseño, puesta en marcha, gestión y seguimiento de un sistema común de indicadores, el Sistema de Indicadores Comunes, con la finalidad de contribuir a la gestión eficaz y eficiente de las políticas públicas, el seguimiento adecuado que facilite una toma de decisiones basada en evidencias para la consecución de sus fines, la evaluación de sus resultados y servir como herramienta de rendición de cuentas y transparencia.
– Indicadores específicos en materia de violencia contra las mujeres: la DGVG elaborará una propuesta de indicadores que se trabajarán posteriormente en el marco del Grupo de Trabajo del Pacto de Estado, para lo cual se dedicarán las sesiones monográficas que se consideren necesarias.
Los indicadores se han de definir de manera que permitan medir el progreso o los efectos derivados de puesta en marcha del Catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres.
El análisis se basará por tanto en la definición de indicadores cuantitativos y cualitativos realistas para generar una información suficiente y periódica del estado de situación, permitiendo con ello una mayor agilidad en la toma de decisiones y obtener así una medición de los logros obtenidos (esperados y no esperados) en la ejecución del Catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las mujeres.
Los indicadores asociados al SIE serán de tres tipos:
– De seguimiento de la realización recogiendo si han sido ejecutadas las medidas esperadas en cada actuación y eje y/o su grado de avance.
– De seguimiento de la eficacia y eficiencia, midiendo el grado de consecución de los objetivos esperados o su grado de desviación respecto a lo previsto, así como su relación con los recursos disponibles y el modo de gobernanza.
– De medición de los resultados referidos a la transformación o los cambios producidos a corto plazo por el Catálogo. Se trata de valorar –de forma cuantitativa y cualitativa– la efectividad del Catálogo y sus fortalezas y éxitos, la cual puede generar resultados previstos o imprevistos.
Los indicadores han de ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente determinados, y han de estar fundados en un sistema de información fiable.
Los indicadores, atendiendo a su ámbito, serán de dos tipos:
– Indicadores comunes a todas las políticas públicas: Se impulsará que la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas sea la responsable del diseño, puesta en marcha, gestión y seguimiento de un sistema común de indicadores, el Sistema de Indicadores Comunes, con la finalidad de contribuir a la gestión eficaz y eficiente de las políticas públicas, el seguimiento adecuado que facilite una toma de decisiones basada en evidencias para la consecución de sus fines, la evaluación de sus resultados y servir como herramienta de rendición de cuentas y transparencia.
– Indicadores específicos en materia de violencia contra las mujeres: se y elaborarán definirán en el Grupo de Trabajo del Pacto de Estado.
– El método de recogida de la información de indicadores se basará en un Formulario de seguimientoonlinealimentado tanto por la DGVG como por las CC. AA. como responsables de la ejecución de las medidas.
– Desarrollo de una aplicación informática diseñada al efecto a la que accedan todos los agentes implicados (DGVG y CC. AA.) para volcar la información solicitada con la finalidad de lograr su almacenamiento en una única base de datos. La aplicación informática será desarrollada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La aplicación será validada por la Conferencia Sectorial de Igualdad, y constará al menos de las figuras de cumplimentación y validación.
– Recogida de la información centralizada: anualmente todas las AA. PP. implicadas volcarán la información solicitada en la aplicación informática diseñada al efecto. Así mismo, la aplicación estará disponible en el caso que algunas acciones estén completadas y puedan volcarse antes de la fecha límite.
– Validación de la información recopilada por parte de la DGVG antes de hacerla definitiva.
– Elaboración de informes por parte de la DGVG:
● Al finalizar cada año desde la puesta en marcha del Plan conjunto se redactará un Informe Anual de seguimiento de actuaciones.
● Y al finalizar los primeros cinco años de vigencia del Plan conjunto se producirá una evaluación externa completa del mismo, tanto de ejecución, como de impacto de las actuaciones del Catálogo, que se reflejará en el Informe Final, y contendrá los trabajos realizados, así como los resultados obtenidos que sostendrán las conclusiones y recomendaciones.
Recogerá, al menos, el enfoque y la metodología de la evaluación, los resultados del análisis, y las conclusiones y recomendaciones, y se presentará en un Informe Final de Evaluación acompañado por un resumen ejecutivo y, en su caso, los anexos necesarios.
El resumen ejecutivo contendrá la información suficiente a nivel técnico, y se generará una versión específica comunicativa con lenguaje claro para su comprensión por parte de la ciudadanía.
A los efectos de promover la incorporación de los resultados de la evaluación al proceso de toma de decisiones, la DGVG deberá elaborar, a partir del Informe Final de Evaluación, un Informe de Resultados. Dicho Informe de Resultados indicará las medidas que se van a adoptar en relación con las recomendaciones y, en su caso, justificará las razones que llevan a la inaplicación de aquellas que no se vayan a adoptar.
Con carácter previo a la elaboración del Informe de Resultados, la DGVG remitirá un borrador del mismo a la Conferencia Sectorial de Igualdad para que las CC. AA. realicen las observaciones oportunas en el plazo que se acuerde al respecto.
La DGVG valorará y, en su caso, incorporará las observaciones recibidas en el Informe de Resultados.
Dicho Informe de Resultados se aprobará en la Conferencia Sectorial de Igualdad y posteriormente será publicado en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, garantizando el acceso general y resultando de aplicación las obligaciones en materia de publicidad activa recogidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
Se incluyen 40.202.020,00 euros que están en otro subconcepto presupuestario, el 452.00 «Para la atención de mujeres víctimas de todas las violencias». Se ha solicitado al Ministerio de Hacienda la transferencia de crédito al 450.