Categoría: Administración

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por la COVID-19 el 11 de marzo de 2020 y la rápida propagación de esta enfermedad, tanto en el ámbito nacional como internacional, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance.
Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («NextGenerationEU»). La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realizará a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU. El Plan detalla las inversiones y reformas, agrupadas en treinta componentes, para el periodo 2021-2023, movilizando alrededor de 70.000 millones de euros de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con el fin de impulsar la recuperación y lograr el máximo impacto económico y social. Los proyectos que constituyen dicho Plan permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID 19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
La rápida transformación digital de la economía y la sociedad ha convertido a las competencias digitales en herramientas básicas para poder aprovechar las oportunidades que ofrece desde el punto de vista económico, social y ambiental.
Sin embargo, todos los informes apuntan al bajo nivel de digitalización y de competencias digitales de las pequeñas y medianas empresas y de las personas en situación de autoempleo como dos de los principales lastres para aprovechar plenamente el potencial económico de las nuevas tecnologías.
La falta de competencias digitales en el capital humano, tanto básicas como avanzadas, frena la transformación digital de la sociedad, de la economía y su capacidad de respuesta a un nuevo contexto de demandas económicas, sociales y ambientales. La digitalización de las pequeñas y medianas empresas y de las personas en situación de autoempleo constituye, por tanto, una de las palancas principales de modernización de la economía española y de crecimiento potencial a medio plazo, al permitir mejorar la productividad de todos los factores productivos, aumentar el tamaño de las mismas, internacionalizarse y desplegar el trabajo en red tanto dentro de una misma rama de actividad como entre los distintos sectores económicos.
Las competencias digitales se erigen así en un elemento fundamental para conseguir que la sociedad y las empresas españolas afronten los retos y aprovechen las oportunidades que ofrece la economía digital. La adquisición y el desarrollo de competencias digitales se establecen, así, como una de las prioridades clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con este objetivo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye como Componente 19 el Plan Nacional de Capacidades Digitales (digital skills), destinado a que la sociedad y las empresas españolas afronten los retos y aprovechen las oportunidades que ofrece la economía digital.
El Plan Nacional de Capacidades Digitales se dirige al conjunto de la población y se organiza en cuatro ejes que a su vez se dividen en siete líneas de actuación. El tercer eje está dedicado a las competencias digitales para el empleo, e incluye tres líneas de actuación: Formación en competencias digitales para personas desempleadas y ocupadas del sector privado, con especial énfasis en jóvenes desempleados, formación en competencias digitales para las personas al servicio de las administraciones públicas y desarrollo de competencias digitales para las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que afronten con garantías de éxito sus procesos de transformación digital adaptándose a la nueva economía digital.
En concreto, entre las inversiones del Componente 19 se ha creado la Inversión 3, denominada «Competencias digitales para el empleo». La inversión apoyará la digitalización de las pymes a través de acciones dirigidas a sectores específicos de la economía y la formación de personas que puedan actuar como catalizadores, incluidos expertos y gestores de empresas. El objetivo de esta inversión es llegar a la población activa o fuerza laboral que posee competencias digitales muy limitadas. Según datos procedentes del INE de 2019, esa parte de la fuerza laboral representa el 3,62 % del total, lo que equivale a unas 832.600 personas. La medida tiene por objeto lograr la formación del 60 % de este grupo, lo que equivale a un objetivo de casi 500.000 personas.
Esta inversión integra las siguientes actuaciones:
1) Actuaciones en materia de cualificación y recualificación dirigidas a personas empleadas y desempleadas reforzando las actuales políticas activas de empleo (conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social). Programa Futur@, Plan de Choque Jóvenes 4.0, con el objetivo de impulsar la creación de empleo y la formación de jóvenes desempleados mediante la formación en competencias digitales que mejoren su empleabilidad.
2) Programa de capacitación digital de las Administraciones Públicas, dirigido a profesionales sanitarios, personal de tropa y marinería de las FFAA y reservistas de especial disponibilidad, personal de apoyo y profesorado de los centros docentes militares, formación en competencias digitales a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y actuaciones formativas en Seguridad Social y Hacienda para afrontar la transformación digital de estos dos servicios estratégicos de la Administración del Estado.
3) Programa para la transformación digital de las pymes, y formación en competencias digitales para pymes.
a) Programa de Formación para Expertos en Transformación Digital de las PYMEs. Formación a jóvenes expertos en digitalización de las pymes como agentes del cambio en los procesos de transformación digital de éstas.
b) Programa de Formación de Directiv@s. Tiene por objeto la formación directiva en la gestión digital de la empresa con el fin de mejorar la productividad de las pymes y sus posibilidades de crecimiento e internacionalización. Se pretende igualmente disminuir la brecha digital por cuestión de género, incrementando el número de mujeres directivas y trabajadoras en sectores TIC.
c) Actuaciones de formación para pymes de sectores específicos: movilidad, turismo, economía circular, entre otros, así como puesta en marcha de una plataforma pública específica para la formación de personas trabajadoras autónomas y personas trabajadoras de la economía social.
Es dentro de estas actuaciones de formación para PYMEs de sectores específicos, y en concreto, en el sector de la movilidad, en las que se encuadran las ayudas recogidas en la presente Orden.
Se ha visto que la formación en capacitación digital de las personas con poder de decisión es importante de cara a una mayor implantación de los sistemas digitales en sus empresas. Es por ello, que estas formaciones pueden resultar de gran ayuda en ámbitos donde la presencia de pequeñas empresas y microempresas es elevada, como es el ámbito del transporte y la movilidad, ya que son precisamente estas empresas las que necesitan líderes con la capacitación digital adecuada que impulsen a estas nuevas formas de operar.
Asimismo, también se ha detectado la necesidad de nuevos perfiles profesionales: trabajadores que tengan conocimientos del sector del transporte y que, a su vez, cuenten con formación en inteligencia artificial, ciberseguridad,blockchain, robótica,big data, realidad virtual o nanotecnología, entre otros. De esta manera, se podrán implantar nuevos sistemas digitales, tanto de software como de hardware, que sirvan para optimizar procesos, reducir documentación en papel y gestionar mejor los recursos disponibles. Esta optimización de procesos y falta de digitalización se ha demostrado especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas, donde el nivel de digitalización es menor, lo que lastra su competitividad en el mercado. Estas ayudas les permitirán formar a sus trabajadores, paliando la falta de recursos económicos de los que disponen en ocasiones las pymes para formar a su personal.
Y por otro lado está la aplicación de la digitalización a las nuevas formas de movilidad: servicios de movilidad a la demanda, sistemas de información al viajero, infraestructuras inteligentes, transporte público autónomo, compartición de datos de transporte, eficiencia y optimización de los servicios de transporte urbano a través de losIntelligent Transport Systems(ITS) o digitalización de la experiencia de viajero. Un sector que está inmerso en un gran desarrollo, en el que existen numerosasstartupsde pequeño y mediano tamaño y que necesita profesionales capacitados.
Según la Decisión de Implementación del Consejo (CID por sus siglas en inglés), se ha establecido como hito y objetivo de esta inversión (objetivo CID número 292-Competencias digitales para el empleo), la participación de 450.000 personas en cursos de formación sobre competencias digitales antes del 31 de diciembre de 2025, teniendo cada formación un mínimo de 15 ECTS. El objetivo anterior es a nivel nacional, para el conjunto de la inversión, y asciende a un total de 1.256 millones euros.
Asimismo, se han definido dos objetivos OA (Operational Arrangements, OA por sus siglas en inglés) en el  anexo I del documento de Disposiciones Operativas. Estos objetivos son:
– 90.000 personas formadas antes del 31 de diciembre de 2022.
– 180.000 personas formadas antes del 31 de diciembre de 2023.
Dentro del conjunto de la inversión de 1.256 millones de euros se ha destinado una partida de 33 millones de euros para la formación para capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad. Por tanto, de manera proporcional a la dotación económica asignada, se ha establecido que al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana le corresponde formar a 11.835 personas. No obstante, se debe tener en cuenta que esta distribución se ha realizado a nivel nacional, sin que la misma tenga implicaciones en el cumplimiento del objetivo CID, que es a nivel global de toda la Inversión 3.
Al igual que en el caso del objetivo CID, los objetivos OA son a nivel nacional, para el conjunto de la inversión. De manera proporcional a la dotación económica asignada y a los objetivos OA definidos a nivel nacional, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) le correspondería formar a 2.367 personas antes del 31 de diciembre de 2022 y a 4.734 antes del 31 de diciembre de 2023.
Para dar cumplimiento al objetivo CID fijado, se ha establecido el siguiente mecanismo de verificación: «Documento resumen que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente la meta (incluidos los elementos relevantes de la meta, tal como se enumeran en la descripción de la meta y de la medida correspondiente en el anexo del CID).
Este documento incluirá como anexo una hoja de cálculo con las siguientes pruebas documentales y elementos:
a) Las referencias oficiales de los certificados que acrediten la realización de las acciones formativas;
b) Para cada uno de los programas de formación, el número de acciones formativas realizadas, el número de candidatos matriculados y el número de ECTS por acción;
c) La lista de personas capacitadas, con identificador único.
Sobre la base de una muestra a ser seleccionada por la Comisión, se deberá presentar por cada uno de los beneficiarios seleccionados, las siguientes pruebas documentales:
a) Constancia de finalización de la capacitación;
b) Acreditación documental sobre el tipo de formación impartida por el centro o área seleccionada, con detalle de su contenido.»
Debe tenerse en cuenta que se está trabajando en una propuesta de Adenda al CID, mediante la cual se solicitará a la Comisión la modificación del objetivo número 292 en los siguientes términos:
– Duración mínima de las formaciones: 150 horas.
– Fecha de cumplimiento del hito: 30 de junio de 2026.
A fecha de publicación de la presente Orden Ministerial, la Comisión Europea no se ha pronunciado sobre la aprobación de esta Adenda. Es por este motivo que en las presentes bases reguladoras se tienen en consideración ambos escenarios: que la Comisión Europea acepte la Adenda presentada por España, y se modifique en concordancia el objetivo CID número 292, o que dicha propuesta no sea aceptada, por lo que sigan vigentes los requisitos establecidos originalmente para este hito. De este modo, se indicará en la convocatoria los requisitos exigibles a las acciones formativas objeto de subvención, en términos de fecha de finalización máxima y duración de las mismas. Asimismo, también se fijará en la convocatoria el importe máximo de la subvención para cada beneficiario, ya que este tendrá en cuenta la duración de las formaciones objeto de la ayuda.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó la Orden TMA/780/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas para la realización de cursos de formación para la capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyos beneficiarios eran universidades públicas y privadas. Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de fecha 3 de octubre de 2022, se convocaron subvenciones para el año 2022, con una dotación de 10,5 millones de euros.
Con el fin de alcanzar el objetivo CID marcado, y considerando necesario poder llegar a un mayor número de alumnos, con otros perfiles profesionales y formativos, se publica esta nueva Orden, que da cabida a que otras entidades de formación adicionales a los centros universitarios organicen las acciones formativas objeto de las ayudas.
El objeto de esta partida es impulsar la formación en capacitación digital de los profesionales del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras, entendidos con un enfoque amplio, e incluyendo también a los miembros de las administraciones públicas relacionadas, a las personas desempleadas y a los estudiantes. Por eso, a diferencia de la Orden TMA/780/2022, los beneficiarios de estas subvenciones serán directamente los alumnos que realicen las acciones formativas, y que las finalicen con éxito, y no los centros formativos que las organicen.
Las formaciones cuya realización será objeto de la subvención deberán estar relacionadas con las competencias digitales de cualquier modo de transporte: carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo; así como con la logística, operación y mantenimiento de las infraestructuras vinculadas, y con la movilidad.
Por otro lado, estas ayudas, como parte del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), que se encuentra alineado con Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenible de Naciones Unidas, responden a un triple objetivo:
(i) Impulsar la actividad y la creación de empleo. Mediante las ayudas que se les otorguen a los alumnos de estas acciones formativas se pretende disponer de un mayor número de personas con competencias digitales en el ámbito del transporte, de manera que se incremente con ello su empleabilidad y se cubran las carencias de recursos humanos detectadas en este ámbito, cubriendo los puestos vacantes y creando nuevos perfiles profesiones y puestos de trabajo en las empresas del sector.
(ii) Apoyar un proceso de transformación estructural que permita aumentar a medio plazo el crecimiento potencial. Estas ayudas servirán para avanzar en la digitalización del sector del transporte, lo que, sin duda, ayudará a la transformación de este sector. Mejorando su competitividad y su sostenibilidad.
(iii) Reforzar a largo plazo la resiliencia, avanzando hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo.
Adicionalmente a lo anterior, mediante la presente Orden Ministerial se pretende reducir la dependencia de España de la demanda de profesionales extranjeros para cubrir puestos de trabajo en las empresas nacionales, al carecer del suficiente personal especializado en el campo de la digitalización del transporte dentro de nuestro país, de manera que se pueda lograr la autonomía estratégica del país en este ámbito.
Finalmente, estas ayudas servirán también para disminuir la brecha digital por cuestión de género y permitirán incrementar el número de mujeres directivas y trabajadoras en sectores TIC. Por lo tanto, las medidas que se establecen en este proyecto suponen un impacto positivo de género, a efectos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el artículo 26.3.f de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Procede, por tanto, en el marco del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incrementar la capacitación digital a través de instrumentos de financiación que ayudarán a las empresas del sector del transporte, a través de la formación del capital humano, a hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia provocados por la COVID-19, y favoreciendo, asimismo, las transiciones ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes. De esta manera, esta línea de ayudas tiene por objetivo específico subvencionar a los alumnos de aquellas acciones formativas que se ajusten a las necesidades más inmediatas de formación para la mejora de la capacitación digital del capital humano en el sector del transporte.
El objetivo de esta Orden Ministerial es establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, para la realización de cursos de formación para la capacitación digital en el ámbito del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras, entendidos con un enfoque amplio.
Los beneficiarios de estas ayudas serán las personas físicas que realicen, y finalicen con éxito, acciones formativas sobre la capacitación digital en el ámbito del transporte y la movilidad, que cumplan las características establecidas en la presente Orden, y que podrán ser, tanto trabajadores del sector, como estudiantes, desempleados o personal de las administraciones públicas. Las acciones formativas cuyos alumnos podrán recibir la subvención, deberán estar abiertas a todas las personas físicas que reúnan los requisitos establecidos para los beneficiarios, no pudiendo limitarse el acceso a las acciones formativas únicamente a personal que forme parte de una empresa determinada.
Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fijado en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», y teniendo en cuenta lo previsto en el Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en cumplimiento de la presente Orden Ministerial deberán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés,Do No Significant Harm). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en la Componente 19, Inversión 3, en la que se enmarca.
Según lo establecido en el  anexo 6 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD (2021) 147 final, la Inversión 3 del Componente 19 asignada el ámbito de intervención 108 «Apoyo al desarrollo de las capacidades digitales», contribuye a la transición digital con un coeficiente del 100 % de acuerdo con el  anexo VII «Metodología para el etiquetado digital en el marco del Mecanismo» del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y no dispone de etiquetado climático/medioambiental.
La presente Orden Ministerial se estructura por razones sistemáticas en tres capítulos y un anexo. El primer capítulo contiene las disposiciones de carácter general que constituyen las bases reguladoras de las ayudas y que se refieren a aspectos como el objeto, finalidad, ámbito de aplicación de las actuaciones y el régimen jurídico aplicable. En el segundo capítulo se describen los objetivos del programa, las actuaciones subvencionables, los requisitos y obligaciones de los beneficiarios que pueden optar a las ayudas, los requisitos de las entidades de formación y los requisitos de las acciones formativas. En el tercer capítulo se desarrollan los procedimientos de concesión y de gestión de las subvenciones, así como la formalización de la entidad colaboradora que realizará la gestión del presente programa de ayudas. El anexo contiene un listado de los contenidos formativos sobre los que podrán versar las acciones formativas objeto de la subvención.
Las bases reguladoras de las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Orden Ministerial incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Las ayudas se concederán, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos, por riguroso orden de presentación de las solicitudes, hasta el agotamiento de los fondos.
Esta Orden Ministerial se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, al ser un instrumento eficaz para responder a los objetivos que se persiguen con esta Orden Ministerial, ya que el fomento de la capacitación digital y sostenibilidad en nuestro país es uno de los cauces fundamentales para lograr la efectiva implantación de las competencias digitales para el empleo. Asimismo, la Orden Ministerial es acorde al principio de proporcionalidad, ya que supone un medio necesario y suficiente para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, conteniendo la regulación imprescindible para la consecución del mismo e imponiendo solo las condiciones que establece la normativa europea y la española. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, concretando el procedimiento para la concesión de las subvenciones, así como, el régimen jurídico o las obligaciones de las personas beneficiarias, evitando dudas interpretativas y siendo coherente con el derecho de la Unión Europea y con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia esta norma establece unos requisitos para los beneficiarios, para las entidades de formación y para las acciones formativas, que son objetivos, públicos y conocidos previamente, y garantiza una amplia participación a sus potenciales beneficiarios en su elaboración. Finalmente, la Orden Ministerial es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios.
Asimismo, las ayudas objeto de las presentes bases reguladoras se otorgarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
Por tanto, esta Orden Ministerial se dicta de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con los artículos 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiendo sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en su virtud, dispongo:
1. La presente Orden Ministerial tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
2. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta Orden Ministerial tendrán como finalidad impulsar la realización de acciones formativas orientadas a la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con la capacitación digital en el ámbito del transporte y la movilidad, así como la logística, la operación y el mantenimiento de las infraestructuras vinculadas.
3. Las ayudas que se financien con arreglo a esta Orden Ministerial se enmarcan en la Inversión 3, Competencias digitales para el empleo, del componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación) del Gobierno de España, y contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
1. Las subvenciones previstas en la presente Orden Ministerial se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como por las restantes normas de derecho administrativo que resulten de aplicación y, en último término, las normas de derecho privado.
2. Las subvenciones previstas se sujetarán, también, a la normativa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular, al Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 y al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación.
3. Dada la financiación de las ayudas a conceder en el marco de esta Orden Ministerial por el Plan de Recuperación, será de aplicación el Real Decreto‐ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación y las órdenes y resoluciones que pueda adoptar el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como autoridad responsable del Plan de Recuperación ante la Unión Europea, entre las que se encuentran las siguientes:
a) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
b) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
d) Resolución 1/2022, de 12 de abril, de la Secretaria General de Fondos Europeos, por la que se establecen instrucciones a fin de clarificar la condición de entidad ejecutora, la designación de órganos responsables de medidas y órganos gestores de proyectos y subproyectos, en el marco del sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. La ejecución de las actividades subvencionadas se sujetará a la normativa medioambiental aplicable (DNSH) de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del Plan de Recuperación deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento así como la Guía Técnica de la Comisión Europea sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
5. En materia de educación y formación el régimen jurídico aplicable será el establecido en las siguientes normas:
a) Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.
b) Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
c) Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
d) Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.
e) Real Decreto 276/2003, de 7 de marzo, por el que se regula el Registro estatal de centros docentes no universitarios.
f) Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
1. El objetivo del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» es contribuir a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, alineándose con el cumplimiento parcial del objetivo CID #292 de la actuación C19.I03 contemplada en el mismo.
Las 450.000 personas a formar conforme a lo establecido en el objetivo CID #292 corresponden al objetivo total de la inversión. De manera proporcional a la dotación económica asignada, se ha establecido que al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana le corresponde formar a 11.835 personas.
2. Es también objeto de las ayudas del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» subvencionar, a las personas físicas que resulten beneficiarias de las mismas, la realización de acciones formativas de capacitación digital en el ámbito del transporte y la movilidad que sean elegibles de acuerdo con las presentes bases reguladoras.
Las subvenciones del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» están dirigidas a financiar la realización, por parte de trabajadores del sector del transporte y la movilidad, así como de otras personas que quieran trabajar en este ámbito, de acciones formativas de capacitación digital en el ámbito del transporte y la movilidad, que sean elegibles de acuerdo con lo dispuesto en estas bases reguladoras.
La vigencia temporal del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» se indicará en la correspondiente convocatoria.
El Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» será de aplicación en todo el territorio del Estado.
1. Serán actuaciones subvencionables las acciones formativas inscritas en el registro de acciones formativas del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» que se detalla en el artículo 15 de estas bases reguladoras.
2. Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán acciones formativas iniciadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.
3. No se considerarán gastos subvencionables el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto General Indirecto Canario ni el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. El importe máximo de la subvención concedida a cada una de las personas beneficiaras del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» se fijará en la correspondiente convocatoria, siguiendo este criterio:
a) Importe máximo de 1.500 euros para acciones formativas de al menos 375 horas de duración
b) Importe máximo de 1.000 euros para acciones formativas de al menos 150 horas de duración.
2. El importe de la ayuda que se conceda a la persona beneficiaria no podrá superar, en ningún caso, el precio de la acción formativa subvencionada.
3. Solo se podrá conceder un «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» por cada persona física.
4. En ningún caso se computarán para la fijación del importe de las ayudas los gastos no subvencionables señalados en el artículo 7 de la presente orden.
5. Esta subvención no constituye una ayuda de estado en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la convocatoria de las subvenciones del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» se realizará por resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
2. La convocatoria detallará al menos el contenido mínimo previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El presupuesto del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» será financiado con cargo a la Inversión I03 del Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España financiado por la Unión Europea con recursos provenientes del Fondo NextGenerationEU.
2. Los créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones y la compensación económica de la entidad colaboradora serán los que se determine en la correspondiente convocatoria.
Las ayudas previstas en esta Orden Ministerial son incompatibles con la percepción de otras ayudas, que cubran el mismo coste, procedentes de cualesquier administraciones o entes públicos o privados nacionales o de Organismos Internacionales, así como con la percepción de otras ayudas, que cubran el mismo coste, procedentes de otros programas e instrumentos de la Unión Europea, en aplicación del artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y del artículo 191 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
Podrán ser beneficiarios del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» las personas físicas que sean ciudadanos españoles y las personas recogidas en los artículos 2 y 2 bis del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, o tener autorización para permanecer o residir en territorio español.
1. Son requisitos para obtener la condición de beneficiario, cuyo cumplimiento deberá acreditarse en la forma y con los medios que se determinen en cada convocatoria, los siguientes:
a) No incurrir en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 apartado 2 y apartado 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) No tener deudas por resolución de procedencia de reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
2. No podrán otorgarse estas ayudas a aquéllos que, habiendo sido beneficiarios de las mismas, no las hubieran percibido por haber renunciado íntegramente a ellas, por causas imputables al beneficiario, o por no haber aportado la documentación necesaria para su cobro.
1. El beneficiario deberá cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las contenidas en esta Orden Ministerial, las que se determinen en la correspondiente convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de la presente Orden Ministerial y de cada convocatoria, dicte el órgano concedente en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
2. Adicionalmente, el beneficiario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Completar con éxito la acción formativa para la cual se solicita la subvención en los términos que figuren en la resolución de concesión. Se considerará que se ha «completado con éxito» una acción formativa cuando exista un documento acreditativo que así lo demuestre, mediante un diploma o título propio expedido por la entidad de formación que imparta la actividad formativa.
b) En el caso de no poder realizar la acción formativa para la cual se concedió la ayuda en los términos establecidos en la resolución de concesión, comunicar este hecho a la entidad colaboradora establecida en el artículo 20 de las presentes bases reguladoras, a través de la entidad de formación, en el momento en que se produzca la certeza de la no ejecución, procediendo a la devolución voluntaria del «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» correspondiente a la acción formativa no realizada, conforme con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
c) Comunicar a la entidad colaboradora establecida en el artículo 20 de las presentes bases reguladoras, a través de la entidad de formación, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, para la misma acción formativa subvencionable, procedentes de cualesquier Administración o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, tan pronto como tenga conocimiento de ello y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
d) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana u otro órgano designado por este, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como europeos, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas financiadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información les sea requerida. Las comprobaciones podrán realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención y, en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
e) Conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
1. Con el fin de facilitar la elección de la acción formativa objeto de las ayudas de este Programa a las personas físicas potencialmente beneficiarias del «Cheque Capacitación Digital en el Transporte», todas las acciones formativas subvencionables deberán figurar en un registro público de acciones formativas de este Programa.
2. El registro de acciones formativas del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» será elaborado y actualizado por la entidad colaboradora descrita en el artículo 20 de las presentes bases reguladoras. El procedimiento se ajustará a las reglas establecidas en los siguientes apartados y en lo que se establezca en la correspondiente convocatoria.
3. Las entidades de formación que reúnan las características detalladas en el artículo 16 de la presente orden ministerial, solicitarán a la entidad colaboradora la inscripción de las acciones formativas que deseen incluir en el registro de acciones formativas del Programa. Las acciones formativas deberán reunir las características detalladas en el artículo 17 de la presente Orden.
4. Las entidades de formación podrán solicitar la inclusión de una o varias acciones formativas al registro de acciones formativas del Programa o su baja de este en los períodos de inscripción que se abran por la entidad colaboradora, en los plazos y durante el tiempo indicado en el siguiente apartado.
5. El periodo de inscripción se detallará en la convocatoria prevista en el artículo 9 de las presentes bases reguladoras.
6. La solicitud de inscripción o baja en el registro de acciones formativas se realizará durante el período de inscripción mediante un formulario electrónico habilitado al efecto en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
7. La inscripción de una acción formativa al registro de acciones formativas del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» requerirá, en todo caso, la comprobación por parte de la entidad colaboradora del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para las entidades de formación en el artículo 16, a la fecha de solicitud de la inscripción, así como del cumplimiento de los requisitos establecidos para las acciones formativas en el artículo 17 de la presente orden ministerial. La entidad colaboradora podrá requerir subsanaciones de la documentación presentada, en cuyo caso se establecerá un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar la documentación requerida, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud.
8. Cuando de la comprobación practicada resultara el cumplimiento de los requisitos exigidos a la entidad de formación y a la acción formativa para participar en el Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte», se emitirá y notificará la resolución de estimación, y se incluirá la acción formativa en el registro de acciones formativas del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte». La resolución de estimación contendrá los requisitos que deberá cumplir la acción formativa de acuerdo con la propuesta realizada por la entidad de formación en la solicitud de inscripción y será dictada por el órgano instructor, el cual actuará a través de la entidad colaboradora de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de las presentes bases reguladoras.
9. Cuando de la comprobación practicada resultara un incumplimiento de los requisitos exigidos a la entidad de formación o a la acción formativa para participar en el Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte», se emitirá resolución provisional de desestimación por parte de la entidad colaboradora. La entidad de formación podrá presentar las alegaciones que estime conveniente o aporte los documentos acreditativos necesarios. El plazo que se concederá para enviar alegaciones será de cinco (5) días hábiles. Transcurrido el plazo sin respuesta, o en caso de que tras analizar las alegaciones presentadas no se evidencie el cumplimiento de los requisitos exigidos, se emitirá resolución definitiva de desestimación que será dictada por el órgano instructor, el cual actuará a través de la entidad colaboradora de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de las presentes bases reguladoras.
10. Las entidades de formación podrán solicitar modificaciones de las acciones formativas inscritas en el Registro de acciones formativas del Programa según el procedimiento establecido en la correspondiente convocatoria. Las resoluciones de estimación o desestimación de las modificaciones serán dictadas por el órgano instructor, el cual actuará a través de la entidad colaboradora de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de las presentes bases reguladoras.
11. El registro de acciones formativas y cada una de sus sucesivas actualizaciones se publicará en un sitio web habilitado a tal efecto.
12. La baja en el registro de acciones formativas del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» de una acción formativa determina que, a partir de la fecha de la misma, no se podrá solicitar el «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» para la realización de dicha acción formativa. No obstante, las obligaciones que tuviera respecto a los beneficiarios de estas ayudas con anterioridad a la publicación de la actualización del registro que reflejara su baja, se mantendrán en todo caso y serán exigibles en sus mismos términos.
1. Podrán solicitar la inscripción de acciones formativas en el registro de acciones formativas del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» las entidades de formación que cumplan alguna de las siguientes características:
a) Universidades públicas o privadas constituidas conforme a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, debidamente inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, regulado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre.
b) Centros Universitarios debidamente inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, regulado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre.
c) Centros inscritos en el Registro estatal de centros docentes no universitarios para impartir Formación Profesional, regulado mediante el Real Decreto 276/2003, de 7 de marzo.
d) Las entidades de formación, entendiéndose como tal entidad formativa aquella organización, pública o privada, dotada de personalidad jurídica propia, persona física o comunidad de bienes, así como las agrupaciones contempladas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que cuenta con centros, espacios, instalaciones, equipamiento y recursos humanos para desarrollar las actividades formativas objeto de la subvención, y que cumplan las siguientes condiciones:
i. Estar inscritos en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, para alguna de las siguientes actividades económicas:
– 931.3: Enseñanza bachillerato, FP, y COU.
– 931.4: Enseñanza reglada preescolar, EGB, BUP, FP, COU.
– 931.5: Enseñanza de Educación Superior.
– 932.1: Enseñanza formación profesional no superior.
– 932.2: Enseñanza de formación profesional superior.
– 933.1: Enseñanza conducción de vehículos.
– 933.9: Otras actividades de enseñanza.
– 934: Enseñanza fuera de establecimiento permanente.
ii. Una facturación acumulada de, al menos, 400.000 euros en los dos años anteriores a contar desde el momento de la presentación de la solicitud de inscripción de acciones formativas, o 200.000 euros en el año anterior, en actividades de formación. La facturación que se acredite deberá corresponder al mercado de España.
iii. Tener un sistema de gestión de calidad certificado.
2. Además de lo indicado en el apartado anterior, las entidades de formación que soliciten la inscripción en el registro de acciones formativas del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener su domicilio fiscal y centro de prestación de las actividades objeto de subvención en España.
b) No incurrir en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 apartado 2 y apartado 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
3. Las entidades de formación no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa. A estos efectos, no se considerará subcontratación la contratación del personal docente. Por contratación de personal docente se entiende exclusivamente la contratación de personas físicas.
1. Podrán inscribirse en el registro de acciones formativas del Programa «Cheque Capacitación Digital en el Transporte» las acciones formativas que reúnan las siguientes características:
a) Las acciones formativas contarán con la duración