Categoría: Judicial

ña Helena Catt, denominado International Election Expert Research Team (IEERT) y a la contratación, a través de MN2S Management Limited, de don Willem «Wim» Kok, político neerlandés ya fallecido.
(i) En relación con el equipo liderado por la señora Catt, en la demanda se critica que la sentencia no explique por qué era ilegal el encargo, máxime cuando las partidas fueron realizadas o comprometidas mucho antes de la suspensión del referéndum. También se niega que el referido grupo de trabajo validara el proceso de votación o colaborara con la logística del referéndum, pues se limitó a participar en un proyecto académico sobre el contexto político catalán.
Pese a lo alegado en la demanda, el tribunal sentenciador constató la vinculación de esos gastos con el referéndum celebrado, cuyo monto ascendió, según informe de la Intervención General de Cataluña, a 206 371,49 €. El órgano sentenciador examinó el informe elaborado por el referido grupo de trabajo, cuyo contenido se dedica a analizar la jornada del 1 de octubre y el desarrollo del referéndum, con desplazamientos por las diferentes provincias de Cataluña para seguir la jornada de votación y, como así figura en el apéndice 1 del indicado informe (reflejado en los antecedentes de esta resolución), el equipo fue acreditado por la sindicatura electoral y firmó un compromiso de «adherirse plenamente a los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad, de acuerdo con la Declaración de Principios para la observación electoral internacional y el Código de Conducta para los observadores internacionales de elecciones».
Conforme a lo expuesto, se validan las razones por las que el órgano judicial consideró penalmente relevantes los gastos originados por la contratación del equipo indicado. La actividad de ese grupo de expertos fue la inherente a unos observadores internacionales que desempeñaron esa función con motivo de la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. Y al haber sido declarada ilegal esa consulta, conforme reiteradamente lo proclama la sentencia, el gasto asociado a una actividad claramente vinculada a dicha votación ha sido tenido en cuenta para configurar el delito de malversación, razón por la cual figura incluida en el punto a) del apartado 13.2 delfactum.
(ii) Respecto de la contratación de don Willem «Wim» Kok, en la demanda se critica que no se explique en la sentencia por qué resultó ilegal esa contratación; y, finalmente, se dice que «no se practicó ningún medio de prueba en juicio que permitiera dar lugar a la inferencia contenida en la sentencia».
Sobre la primera queja hemos de afirmar que la ilicitud de que adolece esa contratación es la misma que el órgano judicial atribuye a la actividad del equipo liderado por la señora Catt: la vinculación con el referéndum de 1 de octubre de 2017. En el apartado 2.1.18.4 de fundamento de Derecho C) se afirma que «[f]ue así contratado para asegurar su presencia el día 1 de octubre, incorporado al equipo de expertos». Por otro lado, en diferentes pasajes de la sentencia se detalla que no consta que el servicio para el que fue contratado se realizara efectivamente, siendo diversas las razones que se barajaron en el juicio oral: que la empresa a través de la cual fue contratado supo de la ilegalidad del proyecto o bien, según declaró el señor Royo, que el señor Kok tenía otros compromisos a los que prefirió acudir. El tribunal sentenciador no se decanta por ninguna de las dos versiones, pero en cualquier caso, ambas avalan que la razón de su contratación tenía que ver con la celebración del referéndum, dato que también corroboran, según refleja la sentencia, los cargos por los vuelos que aquel efectuó los días 14 y 27 de septiembre. Y como colofón, debemos dejar constancia de la indeterminación de la última queja de los recurrentes, al no precisar qué inferencia de la sentencia consideran que está ayuna de prueba.
A la vista de todo lo razonado, este motivo del recurso de amparo debe ser desestimado.
11.2 Dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia.
11.2.1 Posiciones de las partes.
Los demandantes fundan la lesión sufrida en la campaña de estigmatización y criminalización de que han sido objeto, a causa de las manifestaciones efectuadas por los líderes políticos, que han sido recopiladas en los antecedentes de esta resolución. Por tal motivo, aducen que la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia ha sido vulnerada, ya que se ha incumplido la regla de tratamiento que exige no efectuar manifestaciones públicas que criminalicen el comportamiento de los acusados. A su vez, señalan que denunciaron ante el tribunal de enjuiciamiento la campaña de que fueron objeto, pero este órgano no adoptó medida alguna para garantizar que los demandantes no fueran presentados ante la opinión pública como culpables, sin que tampoco accediera a plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le fue interesada.
El abogado del Estado se limita a reproducir, a este respecto, la respuesta dada en la STS 459/2019 acerca de la necesidad de separar las declaraciones políticas que puedan suponer una afirmación anticipada de culpabilidad de la legitimidad de la actuación jurisdiccional dirigida a la proclamación del juicio de autoría.
Por su parte, la fiscal se remite a la respuesta dada por el órgano judicial e invoca el fundamento jurídico 10 de la STC 85/2019, relativo a la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, y el contenido del art. 4 de la Directiva UE/2016/343, para afirmar que las manifestaciones a que se alude en la demanda no fueron expresadas por autoridades que participaran en el proceso antes de que se dictara la sentencia. Por ello, señala que la protección de la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia debe canalizarse, conforme se indica en la STC 133/2018, FJ 4, a través de la tutela del derecho al honor; y añade, asimismo, que en la demanda no se refiere que esas manifestaciones hayan podido influir en la imparcialidad del tribunal.
11.2.2 Respuesta del órgano judicial.
La sentencia recurrida en amparo aborda esta temática en el apartado 9 del fundamento de Derecho A). En el subapartado 9.1 se recoge lo siguiente:
«La vulneración del derecho a la presunción de inocencia se habría generado –a juicio de las defensas– por las manifestaciones hechas a la BBC por la entonces secretaria de estado doña Irene Lozano González. Con ocasión de una entrevista, esta habría afirmado que el presente juicio sería un reto para el sistema judicial español, porque “[…] el hecho de que haya líderes políticos que han cometido delitos penales que estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente”. La defensa del señor Cuixart añade la vulneración que habría estado originada por manifestaciones públicas de responsables políticos que debatían sobre el indulto cuando todavía no se había pronunciado ninguna condena. La defensa de la señora Forcadell incluía entre quienes habrían vulnerado ese derecho, a lo largo de la fase de instrucción, a la entonces vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Jiménez de Santamaría y al ex ministro de justicia, don Rafael Blanco. Ya en la fase intermedia, se habrían sumado a esa criminalización anticipada, presumiendo sentencias condenatorias cuando el juicio todavía no se había iniciado, la ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, doña Carmen Hernández, líderes políticos del grupo parlamentario de Ciudadanos, el presidente autonómico de Madrid y otros representantes políticos. Insistía en esta reclamación la defensa de los señores Junqueras y Romeva, para quien la presunción de inocencia, como garantía fundamental del proceso penal, “[…] ha sido destruida a través de una campaña de criminalización de los investigados y posteriormente acusados, efectuada desde la posición oficial, institucional o de influencia política de distintos representantes del poder político, judicial, de la fiscalía, etc., ejercida además con la complicidad de una campaña mediática feroz”.
La Sala no concluye la existencia de la vulneración que se denuncia».
Después de repasar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la denominada dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia y la propia jurisprudencia sobre esta misma materia, el órgano de enjuiciamiento declara que es preciso «estar al alcance y al contenido concreto de esas declaraciones que se consideran vulneradoras del derecho a la presunción de inocencia». Y prosigue el discurso con las siguientes palabras, que trascribimos literalmente:
«En el supuesto que nos ocupa, más allá del acierto o desacierto de esas manifestaciones, mal puede entenderse que menoscaba la repetida regla de tratamiento quien condiciona la existencia del delito al desarrollo del juicio (“[…] delitos penales que están siendo juzgados”). Esas palabras, torpes en su enunciado y en su expresión, lo que reflejan es el deseo de subrayar el desafío que para el poder judicial iba a tener el enjuiciamiento de unos líderes políticos. La opinión de quien así se expresa carece, como es evidente, de toda capacidad para influir en la valoración probatoria que ha asumido esta Sala.
El debate sobre la procedencia de un indulto, cuando todavía ninguno de los acusados ha sido declarado culpable, es un elocuente ejemplo de falta de rigor y responsabilidad institucional. Pero está fuera de dudas que no es incompatible creer en la inocencia de cualquiera de los acusados y, al propio tiempo, reivindicar el indulto para el caso en que esa inocencia no fuera judicialmente declarada.
Sea como fuere, esa anticipada e inaceptable afirmación de culpabilidad, compartida por no pocos representantes políticos, no ha tenido –no puede tener– ningún reflejo en el proceso de valoración probatoria que ha llevado a cabo esta Sala. Conviene marcar una nítida diferencia entre las vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia que pueden originarse en el seno del proceso y aquellas otras vulneraciones sociales de la presunción de inocencia, entendida ahora como regla de tratamiento. En el primer caso, las consecuencias han de fijarse atendiendo a la gravedad que encierra un desbordamiento de los límites del Estado en la actuación delius puniendi. En el segundo, la reparación en nada interfiere la legitimidad de la actuación jurisdiccional dirigida a la proclamación del juicio de autoría. El razonamiento de las defensas parece equiparar esas dos formas de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Unas declaraciones políticas que implicaran, por ejemplo, la torpe y anticipada afirmación de culpabilidad de quienes están siendo enjuiciados, nunca pueden acarrear como ineludible consecuencia la obligación del tribunal de interrumpir el enjuiciamiento y dictar sentencia absolutoria. Lo verdaderamente determinante es que la culpabilidad de los acusados sea el desenlace de una práctica probatoria desarrollada conforme a los principios constitucionales que enmarcan el ejercicio de la función jurisdiccional. Y esto es lo realmente acontecido en el presente juicio».
En relación con esta queja, que se reprodujo en esencia en el escrito por el que se promovió el incidente de nulidad de actuaciones, en el apartado 10.2.2 del auto de 29 de enero de 2020, el tribunal sentenciador dio por reproducido lo manifestado en el punto 9 del apartado A) de los fundamentos de derecho de la sentencia.
11.2.3 Encuadramiento de la queja: la dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia.
En este apartado procede reproducir las consideraciones obrantes en el fundamento jurídico 8.3 de la STC 91/2021, de 21 de abril, ya que los demandantes también asocian la vulneración denunciada con la conducta desarrollada por terceras personas ajenas al tribunal sentenciador:
«El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución dispone de una vertiente o dimensión extraprocesal que constituye «el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogo a estos, sin previa resolución dictada por el poder público u órgano competente que así lo declare, y determina por ende el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo» [STC 109/1986, de 24 de septiembre, FJ 1, seguida por SSTC 283/1994, de 24 de octubre, FJ 2; 166/1995, de 20 de noviembre, FJ 3; 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2, y 133/2018, de 13 de diciembre, FJ 4 a)].
Como recordó el Pleno en la citada STC 133/2018, «[e]ste tribunal ha considerado que la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, reconocida también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco del artículo 6.2 CEDH (SSTEDH, de 10 de febrero de 1995, asuntoAllenet de Ribemont c. Francia; de 26 de marzo de 2002, asuntoButkevicius c. Lituania; de 28 de junio de 2011, asuntoLizaso Azconobieta c. España), encuentra específica protección en nuestro sistema de derechos fundamentales a través o por medio de la tutela del derecho al honor, operando dicha presunción como elemento instrumental del enjuiciamiento de una posible lesión del derecho al honor (STC 244/2007, FJ 2). […] “[E]sta dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, no constituye por sí misma un derecho fundamental distinto o autónomo del que emana de los artículos 10 y 18 de la Constitución, de tal modo que ha de ser la vulneración de estos preceptos, y señaladamente del artículo 18, lo que sirva de base a su protección a través del recurso de amparo, [p]orque […] la presunción de inocencia que garantiza el artículo 24.2 CE, alcanza el valor de derecho fundamental susceptible de amparo constitucional, cuando el imputado en un proceso penal, que ha de considerarse inocente en tanto no se pruebe su culpabilidad, resulte condenado sin que las pruebas, obtenidas y practicadas con todas las garantías legal y constitucionalmente exigibles, permitan destruir dicha presunción. En los demás casos relativos al honor y a la dignidad de la persona, que no son una presunción sino una cualidad consustancial inherente a la misma, serán los derechos consagrados en el artículo 18 CE los que, por la vía del recurso de amparo, habrán de ser preservados o restablecidos” (STC 166/1995, FJ 3; doctrina que reitera la STC 244/2007, FJ 2)» [STC 133/2018, FJ 4 a)]».
11.2.4 Resolución de la queja.
En el escrito de demanda se denuncia que, durante la tramitación del presente procedimiento, personas con responsabilidades gubernamentales y relevancia política efectuaron declaraciones respecto de los demandantes tendentes a criminalizar su comportamiento. Sin embargo, en el referido escrito no se dice de qué modo o en qué aspectos esas manifestaciones influyeron en los miembros del tribunal sentenciador, circunstancia esta que ha sido expresamente rechazada por dicho órgano. Siendo así, para solventar la queja basta con dar por reproducida la respuesta que entonces dispensamos en el apartado 8.4 de la sentencia anteriormente traída a colación (STC 91/2021):
«A la vista del planteamiento efectuado por el recurrente, que ni tan siquiera insinúa que las declaraciones que tacha de lesivas de su derecho a la presunción de inocencia hayan podido incidir en el ánimo de algún miembro de la sala sentenciadora, la contestación que ofrece el tribunal es muy simple. Se trata de una materia ajena al proceso y, por esto mismo, ni puede ser enjuiciada en esta sede, ni merece más respuesta que el rechazo de su toma en consideración.
La vulneración del derecho a la presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal, que es lo que aquí se denuncia, no es imputable a la sentencia recurrida en amparo. Tampoco cabe reprochar eficazmente a dicha sentencia, ni al tribunal que la dictó, no haber tutelado el derecho de que se trata, por la sencilla razón de que no constituía el objeto del proceso resolver sobre esta materia, ni era función del tribunal penal juzgador pronunciarse al respecto para, en su caso, otorgarla. En definitiva, la tutela del derecho fundamental invocado no tenía su cauce en el proceso penal del que dimana la condena ni, por tanto, integra el objeto del presente recurso de amparo.
El juicio que se nos pide en la demanda desborda la noción del principio de subsidiariedad que preside la jurisdicción constitucional de amparo [art. 53.2 CE y arts. 43.1 y 44.1 a) LOTC]. La parte demandante dispone de cauces procesales adecuados y suficientes para la protección de su derecho fundamental. De no obtener la tutela pretendida, una vez agotada la vía judicial precedente, podrá acudir en amparo ante este Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE)».
Así pues, en virtud de lo expuesto, la queja analizada debe ser desestimada.
12. Derecho a la libertad.
12.1 Prisión arbitraria.
12.1.1 Posiciones de las partes.
Los demandantes afirman que la privación cautelar de libertad que se ha mantenido durante la sustanciación del procedimiento hasta la firmeza de la sentencia impugnada carece de justificación, habida cuenta de la inexistencia de las razones tenidas en cuenta por el órgano judicial para acordar dicha medida; y, en cualquier caso, porque para precaver las finalidades por las que la prisión provisional se acordó existían medidas alternativas menos gravosas. También ponen de relieve que, en contra de la doctrina estatuida por el Tribunal Europeo Derechos Humanos, el órgano sentenciador no revisó la medida cautelar durante la fase de enjuiciamiento, circunstancia que ha sido reprobada en los informes elaborados por el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas. Refieren también que lo resuelto en STJUE de 19 de diciembre de 2019 exigía la puesta en libertad del señor Junqueras, para concluir finalmente que, en realidad, la prisión provisional que respecto de ellos fue acordada no se fundó en hechos presuntamente delictivos sino en conductas que constituyen un ejercicio de derechos fundamentales.
La abogacía del Estado pone de manifiesto, en el apartado de sus alegaciones correspondiente a la participación y representación política (3.5), que las SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, y 22/2010, de 13 de febrero, ya desestimaron respectivamente los recursos de amparo formulados por el señor Junqueras y el señor Romeva frente a las resoluciones relativas a la prisión provisional.
El partido político Vox refiere que, en el auto de 5 de enero de 2018, el tribunal sentenciador examinó el recurso de apelación contra la prisión provisional acordada respecto del señor Junqueras y apreció los riesgos de reiteración delictiva y fuga. También señala que la STJUE de 19 de diciembre de 2019 no resultaba de aplicación efectiva, al no existir ya la medida cautelar de prisión provisional.
La fiscal recuerda que los demandantes de amparo interpusieron, en su día, recursos de amparo contra la prisión provisional acordada, de los cuales ha conocido este tribunal. Por ello, considera que no procede replantear de nuevo esta temática, a modo de un sedicente recurso contra las sentencias del Tribunal Constitucional, que está vetado por el art. 93 LOTC.
12.1.2 Respuesta del órgano judicial.
En el escrito por el que se promueve el incidente de nulidad de actuaciones, los demandantes se quejaron ante el órgano de enjuiciamiento por la indebida y arbitraria prisión provisional a que quedaron sujetos. En el apartado 10.2.2 del auto de 29 de enero de 2020, figura la siguiente argumentación:
«Es patente que la finalidad de este incidente no es que esta Sala se pronuncie de nuevo sobre aspectos ya valorados en resoluciones anteriores o en la sentencia dictada. Tampoco es su objeto someter a debate o a contradicción el contenido de esta última o incluso, como se pretende, la totalidad del procedimiento. Las vulneraciones denunciadas ya han sido objeto de resolución y a lo dicho nos remitimos. El incidente de nulidad no es un instrumento para entrar en una controversia dialéctica con las partes, ni siquiera para enriquecer el argumentario de la sentencia».
12.1.3 Resolución de la queja.
La denuncia anteriormente reflejada, cabe ya anticiparlo, debe ser desestimada. En la STC 155/2019, de 28 de noviembre, este tribunal tuvo ocasión de pronunciarse, en sentido afirmativo, sobre la constitucionalidad de la prisión provisional acordada respecto de don Oriol Benítez por auto de fecha 4 de diciembre de 2017, que fue dictado por el magistrado instructor de la causa especial núm. 2097-2017; resolución que fue confirmada por auto de 5 de enero de 2018, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En dicha sentencia resolvimos desestimar el recurso de amparo entablado, al no apreciar la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17.1 CE), a la aplicación de la prisión provisional (art. 17.4 CE), a la participación y representación políticas (art. 23.1 y 2 CE), derecho de defensa (art. 24.2 CE) y a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
Por su parte, en la STC 22/2020, de 13 de febrero, resolvimos el recurso de amparo núm. 3736-2018, que fue interpuesto por el demandante señor Romeva contra el auto de fecha 23 de marzo de 2018, en cuya virtud el magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017 acordó la prisión provisional del indicado; medida cautelar que fue confirmada al desestimarse, por auto de 17 de mayo de 2018, el recurso de apelación interpuesto. Y en esa sentencia descartamos las vulneraciones del derecho a la libertad personal y a la aplicación de la prisión provisional (art. 17.1 y 4 CE) y del derecho a la participación y representación política (art. 23.1 y 2 CE) que habían sido denunciadas en la demanda.
Por otro lado, hemos de poner de relieve, al igual que lo hicimos en la STC 184/2021, de 28 de octubre, FJ 10.3, que el objeto del presente recurso de amparo es ajeno a las resoluciones que resolvieron respecto a la prisión provisional de los demandantes. La demanda de amparo se dirige contra la sentencia condenatoria recaída en la causa especial núm. 20907-2017, así como contra el auto resolutorio de los incidentes de nulidad deducidos contra la indicada sentencia, cuya firmeza puso fin a la situación de prisión provisional en que se hallaban los recurrentes. Por tanto, las vulneraciones que los demandantes denuncian serían imputables a actuaciones judiciales que durante la tramitación de la causa penal acordaron y confirmaron la prisión provisional impuesta a los recurrentes, por lo que en ningún caso se podría dar satisfacción a la pretensión que formulan en elpetitumde la demanda, en orden a que se declare la nulidad de la sentencia y el auto impugnados, dada la ajenidad y falta de conexión de su objeto y contenido con este motivo del recurso de amparo.
También se quejan los demandantes de que, pese a los informes elaborados por el grupo sobre detención arbitraria de la ONU, el tribunal sentenciador no efectuó ninguna revisión seria sobre la conveniencia de mantener la prisión provisional, «más allá de confirmarla mediante una resolución sucintamente motivada, sin análisis de alternativas». Aun cuando el dato que a continuación se pone de relieve no se cita expresamente en la demanda, lo cierto es que los recurrentes interesaron del tribunal sentenciador que acordara su libertad provisional en sucesivas ocasiones; petición que fue denegada en virtud de los autos de fecha 26 de julio de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:8683A); 28 de septiembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:14201A); 25 de enero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:511A); 11 de abril de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:4040A) y 21 junio de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:7009A), en los que el referido órgano judicial desestimó la solicitud de libertad, aun cuando en esta solicitud expresamente se invocaron los dictámenes elaborados por el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias ya mencionado. Y frente a las desestimaciones a que se ha hecho mención, los demandantes no interpusieron recurso de amparo ante este tribunal.
Llegados a este punto, procede reproducir el razonamiento dado por este tribunal en la STC 184/2021, FJ 10.3, ante una queja similar planteada por la entonces recurrente: «[c]onforme a una incontrovertida doctrina de este tribunal, la situación de prisión preventiva no constituye una situación jurídica intangible o consolidada, pues de conformidad con lo previsto en el art. 539 LECrim, “los autos de prisión y libertad provisionales serán reformables durante todo el curso de la causa”. Dicho precepto faculta, indiscutiblemente, a los órganos judiciales a modificar una situación anterior (de prisión o de libertad) “cuantas veces sea procedente” y a modificar la cuantía de la fianza “en lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio”. Como recordábamos en la STC 66/1997, de 7 de abril, FJ 1, la incidencia del paso del tiempo en el sustento de la medida de prisión provisional “obliga a posibilitar en todo momento el replanteamiento procesal de la situación personal del imputado y, por así expresarlo, a relativizar o circunscribir el efecto de firmeza de las resoluciones judiciales al respecto con la integración del factor tiempo en el objeto del incidente”. La particular característica de que los autos referidos a la situación personal del imputado no alcancen en ningún caso la eficacia de cosa juzgada (ATC 668/1986, de 30 de julio, FJ 1) conlleva que las partes puedan reiterar sus peticiones en esta materia –por más que hubieran sido ya total o parcialmente denegadas– obligando al juzgador a realizar una nueva reflexión sobre la cuestión ya decidida. Esta facultad de las partes de reiterar su pretensión –aun después de haber agotado los posibles recursos– no está supeditada por la ley al advenimiento de nuevos hechos en el curso del proceso, ni aun siquiera a la aportación de nuevos elementos de juicio o argumentaciones distintas de las que ya hubieran sido expuestas con anterioridad (STC 66/2008, de 29 de mayo, FJ 3)».
Vista la doctrina transcrita, hemos de convenir que las resoluciones judiciales que denegaron la libertad, en respuesta a solicitudes de cesación de la prisión provisional, eran susceptibles de ser recurridas en esta sede, tras el preceptivo agotamiento de la vía judicial, a través del recurso de amparo. Así pues, frente a la censura que se dirige al órgano de enjuiciamiento en la demanda, cabe responder que los recurrentes podrían haber interpuesto, y no lo hicieron, recurso de amparo contra las indicadas decisiones del tribunal sentenciador, a fin de intentar reparar en esta sede constitucional las vulneraciones denunciadas, con escrupuloso respeto al principio de subsidiaridad que es inherente a dicho recurso. Por ello, a modo de conclusión afirmamos que no procede que este tribunal resuelva nuevamente sobre la constitucionalidad de los autos que constituyeron en prisión provisional a los recurrentes –ya apreciada en la SSTC 155/2019 y 22/2020– ni tampoco sobre las decisiones en cuya virtud el órgano de enjuiciamiento resolvió no modificar esa situación, dado que no fueron impugnadas expresamente en tiempo y forma ante esta sede constitucional.
12.2 Derecho a participar en el juicio en libertad.
12.2.1 Posiciones de las partes.
Exponen los recurrentes que durante la mayor parte del procedimiento estuvieron ingresados en un centro penitenciario alejado de su domicilio y, por ende, del domicilio de sus familiares y abogados. Esa situación repercutió negativamente en el ejercicio de su derecho de defensa, que también se vio mermado porque el calendario de sesiones de práctica de prueba se fijaba con una semana de antelación y porque el juicio oral se celebró en sesiones de mañana y tarde, con sucesivas idas y venidas al centro penitenciario, con el consiguiente cansancio y estrés que ello les supuso.
Por su parte, la fiscal afirma que el motivo carece de sustento. Invoca la STC 61/2019, FJ 3, y refiere que la respuesta del órgano judicial deja sin base fáctica la queja. Añade que no todos los días de la semana se celebraron sesiones del juicio oral y también aduce que los demandantes no expresan qué merma defensiva les supuso que, con una semana de antelación, se fijara el calendario de la práctica de la prueba.
12.2.2 Respuesta del órgano judicial.
En el apartados 6.1 y 6.2 del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida, el tribunal sentenciador argumentó del siguiente modo para responder a la queja relativa a la vulneración del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías, por haber tenido los demandantes que preparar el juicio en una situación de privación de libertad:
«El argumento sobre el que se construye la negativa incidencia que la medida cautelar que afecta a los procesados habría tenido en el derecho de defensa, no se sostiene. Las medidas cautelares de restricción de la libertad se acomodan a sus presupuestos legitimadores. La defensa no cuestiona ahora la efectiva concurrencia de esos presupuestos –cfr. art. 503 y ss. LECrim–. Se limita a afirmar el efecto pernicioso que esa limitación puede traer consigo en el acopio de las pruebas necesarias para hacer valer su defensa.
Ningún sistema procesal democrático admite, desde luego, dos clases de procesados, aquellos que gozan de libertad provisional y, por tanto, pueden preparar adecuadamente su defensa y aquellos otros sometidos a prisión preventiva y que resultan indefensos. La mejor prueba de ello es que el letrado que hace valer la incompatibilidad entre privación de libertad y derecho de defensa no menciona un solo medio de prueba o una sola diligencia de investigación que no haya podido incorporar a la causa por razón del internamiento que afecta a sus clientes. La capacidad de solicitar diligencias de investigación durante la fase de instrucción está expresamente reconocida por el art. 311 de la LECrim. La aportación de medios de prueba para hacer valer durante el plenario está admitida, sin más límites que su declaración de pertinencia, por el art. 656 de la LECrim.
6.2 Tampoco tiene razón el letrado que asume la defensa de los señores Turull, Sànchez y Rull cuando lamenta “el agotador ritmo de las sesiones” o “el ritmo de sesiones absolutamente extenuante”.
Carece de lógica lamentar la prisión preventiva de un procesado y, al mismo tiempo, añorar mayor lentitud en la tramitación del procedimiento. La prisión preventiva, como excepcional fórmula de asegurar los fines del proceso, no tolera un tempo lento en la práctica de los actos procesales. No se trata, desde luego, de someter el enjuiciamiento a un calendario de alta velocidad. Pero la privación de libertad –que, como se ha razonado en otras resoluciones que obran en la causa, no admitía medidas alternativas por el alto riesgo de fuga–, impone sus propias razones para no distanciar las fechas de señalamiento.
La queja sobre vulneración del derecho de defensa silencia que la Sala ha permitido, durante el tiempo de estancia en las dependencias del Tribunal Supremo en las que se ha desarrollado el juicio, el ilimitado contacto entre los letrados y sus patrocinados. Ese contacto no ha sido ni siquiera restringido durante el tiempo dedicado al almuerzo.
En suma, el desarrollo del juicio ha sido la mejor muestra de la claridad con la que el letrado que ahora lamenta ese ritmo ha hecho valer sus argumentos exoneratorios».
12.2.3 Resolución de la queja.
En el presente caso se advierte que los recurrentes no refieren, en el escrito de demanda, los perjuicios concretos y reales que mermaron su derecho de defensa, a consecuencia de las circunstancias que se relatan, sin que tampoco detallen ninguna actuación, intervención o facultad específica del derecho defensa que se viera impedida o limitada por la prisión provisional acordada, por la celebración del juicio oral en sesiones de mañana y tarde o por la notificación de los señalamientos con una semana de antelación. Por tanto, dada la similitud de la queja ahora analizada con la que se suscitó en el recurso de amparo núm. 1611-2020, procede reiterar, sin más, lo que ya manifestamos en el fundamento jurídico 8.4.4 de la STC 184/2021:
«No menciona la demanda intervención o alegación alguna que se viera impedida o menoscabada, u omisión en el juicio oral que fuera debida a la mencionada celeridad. Es más, el ejemplo con el que pretende hacer valer su argumento, en el que alude a la notificación del señalamiento de una sesión con una semana de antelación, no es, a nuestro juicio, indicativo de la insuficiencia de tiempo alegada. Por el contrario, atendiendo a la duración de la fase instructora, a la progresiva decantación de los hechos a enjuiciar con ocasión de la fase intermedia, y a la prolongación de las sesiones del juicio oral, entendemos, con el tribunal sentenciador, que la defensa ha dispuesto razonablemente de tiempo suficiente para preparar su intervención en la práctica de las pruebas y su informe final. La situación de prisión preventiva en que se encontraba la recurrente no invalida esta conclusión, máxime si tomamos en consideración que la sala de enjuiciamiento permitió durante las sesiones del juicio oral un “ilimitado contacto entre los letrados y sus patrocinados […] ni siquiera restringido durante el tiempo dedicado al almuerzo” [...]».
Así pues, la queja debe ser desestimada.
12.3 Derecho a una rápida y efectiva revisión judicial de la detención.
12.3.1 Posiciones de las partes.
En la demanda se sostiene que la prisión provisional acordada no fue periódicamente revisada durante todas las etapas del proceso; por ello afirman que, en contravención de lo dispuesto en el art. 5.4 CEDH, no han dispuesto de un recurso efectivo frente a la privación de libertad que de modo cautelar han sufrido, sin que el órgano judicial haya tenido en cuenta datos relevantes para modificar la situación, entre ellos el informe del grupo de trabajo de detención arbitraria de Naciones Unidas. También señalan la contradicción que se produjo, al serle concedido al señor Junqueras un permiso de salida para completar los trámites ante el Congreso, a fin de acceder a su condición de diputado, mientras que se le denegó dicho permiso cuando lo solicitó para cumplimentar la tramitación requerida para ejercer su mandato representativo en el Parlamento Europeo, tras ser elegido diputado.
También denuncian los demandantes que después de ser dictada la STJUE de 19 de diciembre de 2019 se bloqueó cualquier posibilidad de revisar la legalidad de la detención del señor Junqueras, al ser rechazadaa liminela solicitud dehabeas corpusque este último formuló. Por último alegan que durante la fase plenaria, las solicitudes de revisión de la prisión provisional no contaron con un recurso devolutivo, amén de la falta de efectividad y celeridad de la tutela constitucional, ya que este tribunal aplazó durante más de dos años la resolución de los recursos de amparo contra las prisiones provisionales acordadas.
Por su parte, la fiscal reitera las alegaciones expuestas respecto de la queja referida a que la prisión provisional no obedeció a una finalidad constitucionalmente legítima, al tratarse de materias ajenas a la sentencia y el auto que se cuestionan en el presente recurso.
12.3.2 Resolución de la queja.
Vistos los términos de la denuncia, procede dar por reproducida la argumentación dada al analizar la queja alusiva al carácter arbitrario de la prisión provisional. Como ha quedado reflejado, los demandantes formularon peticiones de libertad al órgano sentenciador que no encontraron favorable acogida; y como ya hemos indicado, frente a las mismas pudo interponerse recurso de amparo una vez agotada la vía judicial previa, de suerte que, de haber procedido de ese modo, este tribunal podría haber dilucidado sobre la eventual vulneración de los derechos fundamentales alegada. Esta respuesta debe ser reiterada frente a la reprobación que se formula por la ausencia de revisión de la medida cautelar durante las diferentes fases procesales. Si lo que se cuestiona es que por el propio órgano judicial competente no se produjo una evaluación de oficio sobre la pertinencia de mantener la privación de libertad cautelar, cumple decir que los demandantes podrían haber impugnado la inactividad judicial que refieren e, incluso, acceder a esta sede constitucional una vez agotada la vía previa. Por ello, al no haberse conducido de ese modo no procede, a fin de salvaguardar el principio de subsidiaridad que es propio del recurso de amparo, que este tribunal dilucide ahora sobre ese reproche.
Resta por analizar dos aspectos que expresamente se citan en la demanda. En relación con el recurrente señor Junqueras, se alega que después del dictado de la STJUE de 19 de diciembre de 2019 se bloqueó la posibilidad de revisar su detención, al ser inadmitida la solicitud dehabeas corpusque en su día interpuso. Aunque no se facilitan datos en la demanda, a este tribunal le consta que la decisión de inadmisión a que se ha hecho mención fue adoptada por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Manresa, por auto de fecha 10 de enero de 2020, órgano que ulteriormente desestimó, por auto de 13 de febrero de 2020, el incidente de nulidad de actuaciones que le fue planteado. Frente a sendas resoluciones el recurrente interpuso recurso de amparo, que fue registrado con el núm. 1773-2020, el cual, a día de hoy, pende de resolver. En estas circunstancias, nada cabe afirmar en esta sentencia sobre ese particular.
Respecto de la tardanza que se atribuye a este tribunal en la resolución de los recursos de amparo entablados contra las resoluciones que se pronunciaron sobre la prisión provisional, basta con reiterar lo que razonamos en el fundamento jurídico 10.3 de la STC 184/2021, al responder al reproche que entonces se dirigió a este tribunal, por no haber resuelto sobre la constitucionalidad de la prisión provisional acordada respecto de la allí demandante hasta que fue dictada sentencia condenatoria:
«En la medida que la demandante considera a este tribunal responsable de las vulneraciones anteriormente reflejadas debemos rechazar, de entrada, que este recurso de amparo sea el cauce adecuado para dirimir sobre esta temática. Como anteriormente hemos indicado, el referido recurso se dirige contra las actuaciones llevadas a cabo por el tribunal enjuiciador, que culminaron con el dictado de la sentencia condenatoria, de 14 de octubre de 2019, y el auto desestimatorio de los incidentes de nulidad interpuestos contra la resolución antes indicada, de 29 de enero de 2020. Por ello, en el seno del presente procedimiento no tiene cabida una queja que se asocia a la tardía resolución, por parte de este tribunal, de los recursos de amparo interpuestos contra los autos que acordaron y confirmaron la prisión provisional de la demandante. Y en cualquier caso, debemos recordar que el recurso de amparo solo tiene cabida contra las actuaciones mencionadas en los arts. 42 y 44 LOTC».
Por todo lo razonado procede desestimar la queja analizada.
13. Las prerrogativas parlamentarias.
Los recurrentes en amparo agrupan en la demanda las alegaciones formuladas sobre la vulneración de las prerrogativas parlamentarias bajo las rúbricas «Límites a la jurisdicción» e «Inmunidad y libertad» (apartados 3 y 7.4), con invocación de la lesión de los derechos de participación y representación política (arts. 23 CE y 3 del Protocolo adicional núm. 1 CEDH relativo a un «derecho a elecciones libres»), en relación con los derechos a un proceso con todas las garantías y a un juicio justo (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), a la libertad (art. 17 CE) y a la igualdad (art. 14 CE).
Estiman vulneradas la inmunidad del señor Junqueras como diputado del Parlamento Europeo, así como, sucesivamente, la inviolabilidad de ambos demandantes como diputados del Parlamento de Cataluña y su inmunidad como diputado, uno, y senador, el otro, de las Cortes Generales.
En el enjuiciamiento de sus quejas sobre estas prerrogativas parlamentarias comenzaremos por analizar las relativas a las inmunidades como diputado del Parlamento Europeo del señor Junqueras y como diputado y senador de las Cortes Generales de ambos recurrentes, para seguir a continuación con la referida a la inviolabilidad de uno y otro como diputados del Parlamento de Cataluña.
13.1 La inmunidad de don Oriol Benítez Vies como diputado del Parlamento Europeo.
13.1.1 La regulación de la prerrogativa de la inmunidad de los diputados del Parlamento Europeo.
Para facilitar la comprensión de las quejas de los recurrentes, la respuesta dada a las mismas por el órgano judicial y su enjuiciamiento en esta resolución conviene alterar la sistemática preferentemente seguida en el examen de los distintos motivos de la demanda de amparo, y comenzar por exponer el marco normativo regulador de las inmunidades de los miembros del Parlamento Europeo.
A) El Protocolo núm. 7 al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre los privilegios e inmunidades de la Unión dedica su título III a los «Miembros del Parlamento Europeo». A los efectos que a este recurso de amparo interesan, su art. 9, que forma parte de dicho título, resulta del siguiente tenor:
«Mientras el Parlamento Europeo esté en periodo de sesiones, sus miembros gozarán:
a) en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país.
b) en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial.
Gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este.
No podrá invocarse la inmunidad en caso de flagrante delito ni podrá esta obstruir el ejercicio por el Parlamento Europeo de su derecho a suspender la inmunidad de uno de sus miembros».
Por su parte, el art. 6.2 del Acta relativa a la elección de los representantes al Parlamento Europeo por sufragio universal directo de 20 de septiembre de 1976 (en adelante, Acta electoral) dispone que «[l]os diputados del Parlamento Europeo se beneficiarán de los privilegios e inmunidades que le son aplicables a tenor del [Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Unión]».
B) En virtud de la remisión de la letra a) del párrafo primero del art. 9 del Protocolo núm. 7 a las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país para determinar las que gozan los diputados del Parlamento Europeo en su propio territorio nacional, es preciso recordar que el art. 71.2 CE prevé que «[d]urante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva».
Los reglamentos de cada una de las Cámaras de las Cortes Generales (arts. 11 del Reglamento del Congreso de los Diputados: RCD, y 21.1 del Reglamento del Senado: RS) regulan la prerrogativa de la inmunidad y, en particular, la exigencia de autorización para poder inculpar o procesar a los diputados y senadores «en términos sustancialmente idénticos a los del art. 71.2 CE, con la adición en el caso del art. 21.1 RS de un inciso final, según el cual “[e]sta autorización será también necesaria en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de senador”. Esta última referencia procesal a las causas penales “que estuvieran instruyéndose”, […] sitúa temporalmente la obligación de pedir suplicatorio en un momento anterior a aquel en el que la fase de instrucción ha sido judicialmente declarada conclusa» [STC 70/2001, de 18 de marzo, FJ 5 b)].
La Ley de 9 de febrero de 1912, de jurisdicción y procedimiento especiales en las causas contra senadores y diputados, y los arts. 750 a 756 LECrim completan la regulación de la prerrogativa. La pervivencia de esta normativa preconstitucional solo se explica por el olvido del legislador a los llamamientos efectuados por este tribunal para su actualización y acomodo al texto constitucional. En todo caso, la primacía de la Constitución impone la interpretación conforme a la misma de dicha ley [STC 70/2021, FJ 5 b)].
13.1.2 Posiciones de las partes.
La representación procesal de los demandantes afirma que la inmunidad parlamentaria, como limitación a las posibilidades de perseguir al representante político electo, puede aparecer antes o durante el procedimiento judicial y determina la interrupción de cualquier trámite del procedimiento, independientemente de la fase en la que se encuentre. En este caso, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, concluida la vista oral y en la pieza de situación personal del señor Junqueras, planteó tres cuestiones prejudiciales europeas relacionadas con la configuración legal de la inmunidad de los europarlamentarios, lo que impedía el dictado de la sentencia impugnada en amparo.
Se relata al respecto en la demanda que el señor Junqueras había adquirido la condición de miembro del Parlamento Europeo en las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019 desde su proclamación como diputado electo el día 13 de junio de 2019. El 4 de junio había solicitado la concesión de un permiso extraordinario de salida del centro penitenciario a fin de cumplimentar los trámites para asistir a la primera sesión del Parlamento Europeo convocada para el 2 de julio de 2019. La Sala Segunda del Tribunal Supremo denegó el permiso solicitado por auto de 14 de junio de 2019, que fue recurrido en súplica invocando la vulneración de su inmunidad parlamentaria como eurodiputado. La sala, por auto de 1 de julio de 2019, acordó formular ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tres cuestiones prejudiciales, que se tramitaron acumuladamente bajo la referencia C-502/19, relativas al art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, con suspensión de la resolución del recurso de súplica interpuesto contra el auto de 14 de junio de 2019.
El señor Junqueras, en consonancia con las cuestiones prejudiciales planteadas, solicitó mediante escrito presentado el 17 de septiembre de 2019 la suspensión de la causa especial 20907-2017, incluido el dictado de la sentencia, dada la dependencia absoluta que existía entre la resolución del proceso penal y las cuestiones prejudiciales. La respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea iba a determinar –se sostiene en la demanda– la posibilidad de dictar o no sentencia en el proceso principal, ya que la configuración legal de la inmunidad podría dar lugar a un impedimentoex legepara su dictado sin la tramitación del suplicatorio ante el Parlamento Europeo, aunque las cuestiones prejudiciales se hubieran suscitado formalmente en una pieza separada. En definitiva, no se podía dictar sentencia en el proceso penal hasta que se conociera la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de la inmunidad del señor Junqueras. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, por auto de 3 de octubre de 2019, denegó, sin embargo, la suspensión del proceso penal en clara contravención, en opinión de la representación procesal de los recurrentes, del efecto suspensivo que acompaña a la cuestión prejudicial europea.
De esta suerte, la sala dictó en fecha 14 de octubre de 2019 la sentencia recurrida en amparo, en la que condenó al señor Junqueras a las penas de trece años de prisión e inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier cargo público representativo. En la misma fecha –14 de octubre de 2019– aprobó el auto de incoación de ejecutoria suspendiendo la pena de inhabilitación absoluta, pero no la de prisión, con base en que aquella «puede resultar condicionada por el efecto reflejo, en su caso, de la resolución del recurso de súplica pendiente en la pieza de situación personal contra el auto de 14 de mayo de 2019». El señor Junqueras interpuso recurso de súplica contra el auto de 14 de octubre de 2019 solicitando la suspensión de la pena privativa de libertad, no solo como consecuencia del planteamiento de las cuestiones prejudiciales y su efecto de paralizar la tramitación del proceso de la jurisdicción nacional, sino también porque dadas las preguntas efectuadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no cabía excluir la posibilidad de que tuviera que ser puesto en libertad. La sala. Por auto de 18 de noviembre de 2019, la sala desestimó, no obstante, la solicitud formulada.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó así la sentencia impugnada en amparo el mismo día en que se celebró la vista de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y mediante comunicación de fecha 14 de octubre de 2019 manifestó que la cuestiones planteadas seguían manteniendo su interés y vigencia, toda vez que la respuesta del Tribunal de Justicia tendría eficacia con independencia de la situación de prisión preventiva o de penado del señor Junqueras.
La demanda se refiere, a continuación, al contenido de la STJUE de 19 de diciembre de 2019 de la que destaca las siguientes consideraciones y conclusiones:
a) La adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo, a efectos del art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, se produce desde el momento de la proclamación oficial de los resultados electorales efectuada por los Estados (§ 71); de modo que los miembros del Parlamento Europeo gozan de inmunidad antes de que comience su mandato (§ 80).
b) Dicha inmunidad implica la posibilidad de dirigirse sin impedimentos a la primera reunión de la nueva legislatura (§ 85).
c) Debe considerarse que goza de inmunidad en virtud del artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo núm. 7, una persona que, como el señor Junqueras, ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo, cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el derecho interno tras la proclamación, ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en