Categoría: Energía y Medio Ambiente

principio de recuperación de costes y excepciones contempladas.
El documento de alcance determinaba la metodología de evaluación de tres posibles tipos de impacto estratégico por esta causa, a evaluar por sector de usuarios del agua y por territorio:
a) Impactos por déficits en la internalización de costes ambientales, para identificar los ámbitos sectoriales y territorios en los que la administración competente, en la recuperación de costes por los servicios del agua que practica, no internaliza los costes ambientales (al menos los costes de las medidas del plan hidrológico destinadas al logro de los OMA de las masas de agua y zonas protegidas en riesgo de no cumplirlos por presiones causadas por su correspondiente sector), lo que compromete la seguridad de su financiación y ejecución, y en consecuencia compromete el propio logro en plazo de los referidos OMA.
b) Impactos derivados de las excepciones al principio de recuperación de costes, en concreto cuando las masas de agua afectadas por dichas excepciones ya están en riesgo de incumplimiento de sus OMA, y la excepción planteada reduce a la administración sectorial competente su capacidad de financiación de las actuaciones que ha debido incluir en el programa de medidas para conseguir el buen estado, comprometiendo el logro de los OMA en plazo.
c) Impactos derivados de déficits en la aplicación del principio de recuperación de costes por los servicios del agua, ya sea por efecto de subvenciones, asunción directa de la ejecución y coste de las acciones por alguna administración, déficits en los actuales instrumentos de recuperación de costes de inversión o financieros u otras causas, desincentivando a los usuarios en el ahorro y el uso eficiente del recurso y disminuyendo la capacidad de las administraciones competentes para financiar las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los OMA, comprometiendo su logro en plazo.
El estudio ambiental estratégico refleja que los organismos que prestan servicios han obtenido unos ingresos por tarifas, cánones y otros instrumentos que suponen un índice de recuperación global del 59%. En el caso del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, el nivel de recuperación de costes de las inversiones apenas supone el 40% en algunos casos. No hay instrumentos para la recuperación de los costes ambientales que contemplen de manera finalista la financiación de las acciones necesarias para contrarrestar las presiones significativas causadas, lo que resulta notable en extracciones de agua subterráneas o captaciones directas de agua superficial y especialmente en las actividades que generan contaminación difusa. Por este déficit de regulación, una gran parte de los costes ambientales se tiene que financiar mediante los presupuestos de las administraciones públicas.
Numerosas alegaciones ponen de manifiesto su preocupación ante el incumplimiento del principio de recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua y recuerdan que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger y defender. Solicitan que se revise el actual sistema tributario para incentivar el ahorro y eficiencia en el uso del recurso, y para aplicar los costes recuperados en medidas correctoras que permitan alcanzar los OMA en aquellas masas afectadas, cumpliendo igualmente con el principio de «quien contamina paga». El promotor indica que el actual sistema tributario en relación con el agua tan sólo puede ser modificado por una norma de rango de ley y, el plan no tiene competencias en este campo, ni debe ser parte del contenido de este. Un cambio normativo en este sentido requeriría la coordinación entre Administración General del Estado y organismos autonómicos, que también se verían afectados.
En lo relativo a la recuperación de los costes ambientales, incluyendo entre dichos costes el de las actuaciones de los programas de medidas que son necesarias para contrarrestar presiones significativas que impiden el logro de los objetivos medioambientales, de la información del expediente no se ha podido deducir que los ámbitos sectoriales más frecuentemente causantes de presiones significativas sobre las masas de agua estén dotados de mecanismos de recuperación de dichos costes, lo que compromete la seguridad de la financiación de las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas en riesgo de no cumplirlos por las presiones causadas por dichos sectores, y en consecuencia compromete también el logro de dichos objetivos en los plazos determinados por el plan. Si bien la corrección de este déficit corresponde a instrumentos normativos diferentes del plan hidrológico, se pone de manifiesto la necesidad de resolverlo lo antes posible por su relevancia para el logro de los objetivos medioambientales en 2027 que prevé la directiva Marco del Agua. Siendo cierto que el Plan Hidrológico no puede fijar los mecanismos para la recuperación de costes, corresponde al órgano sustantivo promover un nuevo desarrollo normativo que garantice al menos la completa recuperación de los costes medioambientales, asegurando capacidad financiera suficiente para ejecutar las actuaciones del programa de medidas conducentes al logro de los OMA en las masas de la demarcación con incumplimientos.
Similar recomendación cabe extender a los mecanismos de recuperación de costes por los servicios del agua, que con carácter general se vienen reconociendo insuficientes.
3.1.6 Impactos derivados de las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los objetivos medioambientales (OMA) (Códigos 1 al 10 de la Base de datos de planificación).
El impacto esperado de las medidas que se incluyen en esta categoría debería ser positivo, pero para ello se requiere que el análisis DPSIR (siglas en inglés del análisis sector/ presiones / estado/ impacto/ respuesta) del que se deducen estas medidas sea completo y esté bien fundamentado. Para evaluar este impacto objetivamente, el documento de alcance consideraba únicamente las actuaciones incluidas en el programa de medidas con el fin de lograr los OMA reduciendo efectivamente presiones por contaminación puntual, contaminación difusa, extracción de agua, otras alteraciones hidrológicas (regulación), alteración morfológica y alteración biológica, y requería para cada masa de agua o zona protegida con incumplimientos una clara identificación del sector y de las presiones significativas causantes, la cuantificación de las brechas de incumplimiento, la identificación de las medidas del programa que se prevé aplicar para contrarrestarlas, y la cuantificación de la reducción que se espera produzcan en la brecha de incumplimiento, resumiendo la coherencia y funcionalidad de esta parte del programa de medidas expresando esta información para todas las masas con incumplimientos según el modelo de su cuadro 1. Para estas medidas se reconocían tres tipos de riesgos de que su programación, en lugar de lograr los impactos positivos esperados, pudiese producir impactos estratégicos negativos y significativos por no permitir el logro de los objetivos medioambientales de todas las masas de agua y zonas protegidas en los plazos marcados por el plan. Estos impactos negativos estratégicos se pueden dar en los siguientes casos:
a) Existencia de déficits en la información de partida sobre el estado o en el análisis DPSIR que se debe realizar para identificar las medidas en cada caso necesarias, facilitando el documento de alcance una lista de comprobación de dichos déficits en su anexo 2.
b) Existencia de déficits en la propia programación de las medidas, frecuentemente no propuestas por la misma administración que elabora el plan sino por otras administraciones sectoriales y bajo sus propios criterios: medidas inadecuadas o insuficientes para contrarrestar la presión, medidas placebo, medidas que pueden producir resultados de signo contrario al esperado(fake measures),medidas de relación coste/efectividad desfavorable, etc. facilitando en su anexo 3 criterios orientativos para la evaluación y mitigación de este riesgo de impacto para cada uno de los principales tipos de medidas programadas para hacer frente a las presiones significativas.
c) Generación de impactos negativos colaterales, caso de medidas que benefician a un factor ambiental, pero perjudican a otros, incluyendo en su anexo 1 criterios para facilitar su identificación.
El estudio ambiental estratégico recoge una evaluación de los tipos de medidas que podrían causar impactos negativos sobre el medio ambiente y, propone medidas preventivas y correctoras de carácter genérico que se incorporan al plan para minorar estos impactos. Este análisis incluye una matriz de potenciales impactos derivados del Programa de Medidas sobre los diferentes factores ambientales considerados, de acuerdo con la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental. Los resultados obtenidos muestran como las actuaciones y medidas de tipo 12 y 19 son las que pueden tener más efectos negativos no sólo sobre el factor agua, sino sobre respecto el resto de factores ambientales. No obstante, los efectos ambientales de estos dos tipos de medidas se describen en el apartado 3.1.7 de esta resolución. Para los demás tipos de medidas descritas, el estudio considera que sus efectos probables son mayoritariamente positivos.
No obstante, el estudio detecta algunos efectos negativos en las medidas de tipo 1 para reducción de la contaminación puntual, donde se programan 351 nuevas actuaciones dirigidas a mejorar la contaminación por vertidos urbanos, para las que se proponen medidas preventivas para minimizar esta afección. Se considera que algunas de ellas, como la medida «Diseño y funcionamiento para evitar o reducir olores y ruidos», contemplada entre las medidas preventivas para la reducción de la contaminación puntual tienen escala de proyecto y no tendrá un efecto estratégico sobre el tipo de presión al que va dirigida, sino que se trata de buenas prácticas ambientales que se deben contemplar durante el diseño de cada proyecto de forma individualizada. Además, el programa de medidas del Plan incluye la denominada «Depuración de varios cursos dentro de la Red Natura 2000» (ES020_1_DU_6400042), pero el Plan ni identifica en qué espacios se aplicará, ni qué porcentaje del presupuesto contemplado se ejecutará en cada zona, ni en qué grado va a mejorar dicha medida en el estado del espacio protegido, por lo que se considera muy ambigua y sin permitir identificar en qué medida va a afectar a la consecución de los objetivos medioambientales. El estudio ambiental estratégico también menciona efectos negativos derivados de las medidas de tipo 2 de reducción de la contaminación difusa. Pese a que la mayor parte de masas de la demarcación presentan contaminación por nitratos, fosfatos, amonio y otros compuestos de origen agrario, el estudio se limita a mencionar acciones de tipo general como buenas prácticas agrícolas, medidas de reducción de nitratos, seguimiento y optimización de zonas vulnerables, creación de bandas de protección en los cauces, etc., sin precisar qué objetivo de reducción de esta contaminación se espera con su aplicación. Por su parte, el programa de medidas incluye actuaciones para reducir la contaminación por nitratos, pero carece de medidas para reducir los impactos derivados de la contaminación por fosfatos. Se considera necesario incluir medidas específicas para reducir la contaminación difusa por fosfatos en las masas de agua que presenten incumplimientos por este motivo. En lo relativo a las medidas tipo 3 para reducir la presión por extracciones, en su mayoría se refieren a la agricultura y son actuaciones de mejora de la eficiencia en el uso del agua mediante modernización de regadíos. Un total de 51 actuaciones que, según prevé el promotor, supondrán un ahorro de 109 hm3/año y una reducción de excedentes de nitrógeno de 380 t/año. Cabe señalar que el apartado de asignaciones del nuevo Plan también prevé para estos proyectos la paralela reducción de los retornos que provocarán en los diferentes sistemas de explotación, pero el efecto combinado de las variaciones en las extracciones y los retornos no se evalúa. En el caso de las medidas de tipo 10 (Medidas específicas para sustancias prioritarias, no ligadas directamente a presiones ni impactos), tan sólo se contempla la «identificación a nivel de proyecto». El análisis del estado de las masas de agua de la demarcación desvela la presencia en varias masas de agua de concentraciones elevadas, por encima de los límites fijados en el Anejo 8.2 del Plan, de plaguicidas como el glifosato, AMPA y cipermetrina, para las que no se proponen medidas específicas. Algunas de las masas donde se han detectado estas sustancias se sitúan sobre espacios de la Red Natura 2000 y zonas protegidas. Si bien el glifosato y el AMPA no están contemplados en el Real Decreto 817/2015, la Unión Europea está evaluando su seguridad y por ello el organismo ha comenzado a realizar seguimientos de estas sustancias en el plan vigente, además de incluirlo como indicador del estado de las masas de agua superficial.
El Anejo 12 del Plan Hidrológico recoge el Programa de Medidas, incluyendo las medidas y el subtipo en el que se clasifican de acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica, además del presupuesto, el organismo competente y el periodo previsto para su ejecución. Varias de estas medidas no se asocian con las masas de agua a las que se prevé que mejoren, ni con el tipo de presión que van a contrarrestar, ni con la parte de la brecha de incumplimiento que prevén reducir, por lo que no es posible evaluar su eficacia. En este sentido, el estudio reconoce que el grado de ejecución del Programa de Medidas del segundo ciclo está siendo menor del esperado. Dado que un gran número de masas han empeorado su estado con respecto al ciclo de planificación anterior, cabe la duda de si la eficacia de las medidas que se vienen adoptando es la adecuada, o de si no se está dando la prioridad adecuada a las medidas para el logro de los OMA, en relación con las medidas de satisfacción de las demandas.
La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León indica, en relación con el grado de ejecución del Programa de Medidas del Plan vigente, que en el periodo 2018-2019 este tenía un grado de avance del 58% en términos de ejecución de inversiones, mientras que según el ritmo previsto debería ser del 67%, siendo relevante el retraso en los grupos de medidas de modernización de regadíos, infraestructuras hidráulicas y gestión de inundaciones. Desde esta Dirección General insisten en que el nuevo Plan Hidrológico debe priorizar la modernización de regadíos antes que en la transformación de nuevos superficies y la creación de nuevas presas y balsas. Este organismo considera que se debería incorporar la detección de contaminantes emergentes a las redes de control y seguimiento, dado que aún no están siendo tenidos en cuenta en la evaluación de las masas, sobre todo las superficiales. Por otra parte, considera que el Plan de Acción (ES020_3_DU-6405511) en materia de aguas subterráneas, incluido en las medidas de gobernanza (tipo 11), se presenta incompleto, y que al menos se deberían indicar sus objetivos y contenido, marcándole como mínimo los mismos objetivos de la normativa europea, especialmente en espacios protegidos. También consideran que las limitaciones de uso en las zonas de policía, la ubicación de balsas de purines y residuos ganaderos, la exigencia de bandas de protección o la inadmisión de nuevas extracciones, deben quedar claras en la normativa que se redacte al efecto, haciendo referencia a unidades concretas en cuanto a la anchura de las bandas, límites de inmisión de contaminantes, etc. Por otra parte, considera que la prórroga de objetivos de mejora de las masas en mal estado químico es una clara señal de que las medidas implementadas hasta el momento no han sido eficaces y deberían reforzarse. La renuncia a la mejora del estado cuantitativo de varias masas en mal estado cuantitativo (Los Arenales o Medina del Campo) debido a que la implementación de medidas restrictivas condicionaría la actividad agraria no le parece recomendable, ya que el grado de preservación del régimen y calidad de estos acuíferos no se ajusta a lo recogido en la Directiva Marco del Agua.
De la información facilitada se deduce que los riesgos de provocar impactos estratégicos significativos por los déficits y situaciones previstos en el documento de alcance no se han evitado completamente, con lo que dichos impactos pueden tener lugar, tanto en lo relativo a la completitud y adecuación del análisis DPSIR realizado como a la problemática específica de las medidas que se plantean. En particular, se aprecia:
a) Que en la caracterización del estado y potencial ecológicos de las masas de agua no se han utilizado todos los elementos de calidad indicados al efecto por la Directiva Marco del Agua. Aunque en este ciclo de planificación se ha hecho un esfuerzo por integrar el indicador de peces EFI+ como indicador de calidad biológico sensible a presiones hidromorfológicas, finalmente no se emplea para la valoración final del estado de las masas. Resulta relevante la ausencia de este elemento en las masas tipo río, tanto naturales como muy modificadas, y la ausencia de las macrófitas acuáticas en las masas naturales o muy modificadas tipo lago. Adicionalmente, los elementos de calidad biológicos mayoritariamente utilizados son sensibles a las presiones por contaminación, pero no resultan particularmente sensibles a las presiones por extracciones y alteración del caudal, por lo que el estado o potencial ecológico determinado para algunas masas de agua puede encontrarse sobrevalorado, existiendo incertidumbre para apreciar cuándo las presiones por extracciones y alteración del flujo son significativas, incertidumbre que para este tercer ciclo podría reducirse significativamente si junto a los elementos de calidad biológicos actualmente utilizados también se consideran índices que reflejen adecuada y objetivamente estos dos tipos de presiones a escala masa de agua (WEI+, IAHRIS).
b) Que existe un déficit importante en la consideración en el análisis de los requerimientos específicos y el grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales de determinados tipos de zonas protegidas, en particular las designadas para la protección de especies y hábitats dependientes del agua (incluida Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, humedales de importancia internacional y otras áreas protegidas por instrumentos internacionales y especies protegidas o amenazadas), para la protección de especies acuáticas significativas desde el punto de vista económico y para las reservas naturales fluviales. La documentación proporcionada da a entender que dichos requerimientos no han sido incorporados al Plan por no estar expresamente señalados en los instrumentos de planificación o gestión de dichas zonas o no haber sido comunicados por sus administraciones competentes. Esta carencia de información adecuada es relevante, dado que el plazo máximo de la Directiva Marco del Agua para el cumplimiento de las normas y objetivos específicos de las zonas protegidas es también 2027. Ello requiere que en el tratamiento de todo el rango de decisiones que adopta el plan y que pueden afectar a estas zonas protegidas se deban aplicar los principios de precaución y acción cautelar, requiriéndose de medidas adicionales para prevenir impactos negativos derivados de su falta de determinación, información o conocimiento. También requiere que a lo largo del tercer ciclo se pongan en marcha mecanismos efectivos de cooperación y colaboración con sus respectivas administraciones competentes que permitan superar este importante déficit, y que se intensifique su seguimiento.
c) Que ni el estudio ambiental estratégico ni el plan han incluido un cuadro, en respuesta a lo indicado en el cuadro 1 del documento de alcance, que indique con claridad, para todas y cada una de las masas de agua o zonas protegidas en que no se cumplen los objetivos medioambientales, las presiones significativas y sectores que provocan el incumplimiento, la brecha de incumplimiento cuantificada, las medidas del programa específicamente dirigidas a contrarrestar dichas presiones, y la medida en que se prevé que ello reducirá las brechas de incumplimiento estimadas. Ello dificulta apreciar la idoneidad, completitud y adecuación del análisis DPSIR realizado, no pudiendo descartarse que existan masas de agua o zonas protegida con incumplimientos que en el programa de medidas carecen de medidas específicas concretas y adecuadas para contrarrestar todas las presiones significativas que las afectan. Es por ejemplo el caso, entre otras, de la masa 30400395 y 396 (Río Duero 24 y 25) y el LIC Riberas del Río Duero y afluentes; 30400406 (Río Duratón 7) y el LIC Riberas del Duratón; y la masa 30400103, que presenta contaminación por vertidos urbanos y contaminación difusa, pero, a pesar de estar conectada a un espacio de la Red Natura 2000, tan sólo se contemplan medidas para la mejora de la continuidad longitudinal de la misma y la retirada de motas para conectar el río con su llanura de inundación. También es el caso de las 4 masas superficiales en las que se proponen objetivos menos rigurosos pese a estar conectadas con espacios de la Red Natura 2000.
También se aprecia la necesidad de que el plan recoja, en la medida que resulten aplicables, las condiciones que indicaba en su anexo 3 el documento de alcance para que las principales medidas programadas para contrarrestar cada tipo de presión significativa resulten relevantes y efectivas en el logro de su objetivo, evitando la inclusión de medidas irrelevantes, con efectos erráticos o incluso contraproducentes(fake measures).
Todo ello hace necesario establecer condiciones específicas para prevenir o minimizar los impactos estratégicos negativos mencionados, tanto más cuanto que el fin del tercer ciclo en 2027 es el máximo plazo contemplado en la Directiva Marco del Agua para el logro de los objetivos medioambientales de todas las masas de agua y zonas protegidas, por lo que todas las medidas programadas deberán haber generado el resultado que se espera de ellas en dicho año.
Entre las medidas de Gobernanza (tipo 11) se incluye el seguimiento de la Red Natura 2000 (ES020_2_DU_6403683), el control del nivel del agua en Red Natura 2000 (ES020_2_DU_6403685), el control de la actividad agraria en entornos fluviales Red Natura 2000 (ES020_2_DU_6403679), medidas de planes básicos de gestión de Red Natura 2000 (ES020_2_DU_6403678).Todas ellas figuran como competencia de la Junta de Castilla y León y tienen asignado un presupuesto de 0 €, por lo que no se aprecia cómo pueden contribuir a impulsar la consecución de los objetivos medioambientales.
3.1.7 Impactos derivados de las actuaciones del programa de medidas dirigidas a la satisfacción de las demandas, a incrementar las disponibilidades del recurso o a desarrollar territorios o sectores económicos (códigos 12 y 19 de la Base de datos de planificación).
El documento de alcance requería concentrar la atención de esta evaluación en las medidas de satisfacción de las demandas (proyectos, planes o programas) de carácter material, susceptibles de incrementar las presiones sobre las masas de agua o causar otros efectos negativos significativos (criterios de su anexo 1) y que todavía no estuviesen autorizadas, descartando actuaciones inmateriales, estudios, proyectos, acciones de gobernanza, etc. Para cada una se requería su descripción y localización, identificar las masas de agua, zonas protegidas u otros elementos de valor ambiental afectadas por las presiones provocadas, y el impacto estratégico esperable, todo ello en función del grado de detalle de la información disponible sobre cada medida. Se requería presentar el resultado en forma de tablas (cuadros 3 y 4) relacionando cada actuación con los impactos significativos que podía causar, las medidas mitigadoras incluidas en el estudio y sus disposiciones de seguimiento ambiental. Adicionalmente, también se requería identificar en el estudio las autorizaciones y concesiones que caducarían durante el periodo 2022-2027, para permitir comparar ambientalmente la alternativa de su no renovación o extinción y naturalización de las masas de agua afectadas, con la alternativa de su prórroga, renovación o continuidad, permitiendo mejorar la consideración de todos los intereses públicos afectados en la correspondiente toma de decisiones.
El estudio ambiental estratégico indica que las actuaciones relacionadas con la satisfacción de la demanda englobadas dentro de los tipos 12 y 19 son las que pueden generar impactos más significativos sobre el medio ambiente. Además, disgrega en una tabla genérica las actuaciones de estos tipos que pueden generar impactos sobre los diferentes factores ambientales y, propone medidas preventivas, correctoras o compensatorias.
Con respecto a las actuaciones de tipo 12, el promotor presenta 6 presas que ya están en ejecución, y propone medidas de diseño e implantación del régimen de caudales ecológicos (mínimos, máximos, generadores, tasa de cambio), la construcción de escalas de peces y la revisión de concesiones o anulación de derechos previos para asegurar que no se duplican los usos del agua. Además, entre las medidas contempladas, el promotor señala la Presa de la Cueza 1 y 2 como en ejecución, pese a que aún no cuenta con la Resolución de Declaración de Impacto Ambiental y, por tanto, aún no están autorizadas, tal y como se describe en el apartado 3.1.4. Estas presas se sitúan sobre espacios de la Red Natura 2000 y, sin embargo, el promotor no describe impactos ni medidas que minoren o prevengan la afección del proyecto a espacios protegidos.
Se han recibido varias alegaciones en contra de la medida «ES020_1_DU-6403248, Recarga artificial. El Carracillo», incluida en las medidas de tipo 12.07 y, que el promotor no describe en el estudio ambiental estratégico, por lo que el grado de alcance de esta actuación se desconoce. Entre ellas, la Plataforma «Cega el río que nos une» señala que el objetivo inicial del proyecto era corregir la sobreexplotación y la contaminación provocada por la agricultura intensiva de fresas y hortalizas de la comarca, que se ha demostrado ineficaz. Al considerarla una estrategia para asegurar la oferta de agua, la situación del acuífero ha empeorado. La Resolución de 6 de febrero de 2004 de la Secretaría General de Medio Ambiente contemplaba la obligación de desarrollar un Plan de Vigilancia con el objeto de realizar el seguimiento cualitativo y cuantitativo del acuífero dos veces al año, por lo que consideran que se necesita una auditoría del proyecto que no aparece reflejada en el Plan Hidrológico.
Aunque el promotor no indica la masa de agua superficial de donde se extraerá el recurso, se ha comprobado que, en general, las masas del río Cega (30400382, 30400383 y 30400385), directamente conectado con el espacio Red Natura LIC Riberas del río Cega (ES4180070), presentan mal estado por motivos biológicos y químicos, con elevada concentración de nitratos. Igualmente, las masas 30400390 (Río Pirón) y 30400384 (Arroyo Cerquilla), que desembocan en el río Cega presentan un estado peor que bueno por motivos similares. Destaca que, en el caso de la masa 30400385, afectada por la extracción del recurso, mantiene en el nuevo ciclo un estado peor que bueno y presenta un empeoramiento de sus condiciones con respecto al ciclo anterior. En todas las masas citadas asociadas con el río Cega se postpone la consecución de los objetivos ambientales para 2027, en contra de lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de Planificación Hidrológica que, además de señalar el contenido mínimo que el plan hidrológico debería recoger en relación con esta recarga, determina que los recursos aplicados para la recarga artificial de acuíferos podrán obtenerse de cualquier agua superficial siempre que el uso de la fuente no comprometa la consecución de los objetivos ambientales establecidos para la fuente de la masa de agua recargada.
Con respecto al estado químico de la masa de los Arenales-Tierra de Pinares (400045) que se propone recargar, esta presenta valores actuales de nitratos de 137,6 mg/L y el Plan fija una prórroga para la consecución del objetivo químico en 2033. El promotor indica que existe una brecha de 87,6 mg/l con respecto a los valores máximos fijados por la normativa. No obstante, con la entrada en vigor del Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, los valores máximos de nitratos en aguas se han reducido, por lo que tanto esta cifra como las medidas propuestas para la consecución del buen estado deben revisarse. Además, pese a que la masa se localiza en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos designada en 2009 (ES41_ZONA8: Arenales ZV-AR), esta designación parece no haber cumplido el objetivo con el que originalmente se hizo, observándose una tendencia general de incremento de nitratos en todos sus sectores. Por ello, se considera que necesario revisar la eficacia e idoneidad de las medidas propuestas hasta el momento destinadas a corregir este problema. Con respecto al estado cuantitativo de esta masa subterránea, presenta un I.E. de 0,92 y una tendencia de niveles decreciente, por lo que dicho estado cuantitativo es malo. El Plan propone para esta masa objetivos menos rigurosos, al considerar desproporcionados los costes de revisar las extracciones, para los que el promotor considera que, si esta revisión se hiciera en un solo ciclo de planificación, se requeriría compensar al sector agrario con 0,9 M €/año por el cambio de cultivo de regadío a secano. No obstante, se observa que la medida de recarga del acuífero del Carracillo tiene un presupuesto de 34 M € que sí parece haberse asumido por la administración competente. En este contexto, cabe recordar que, según el artículo 61 del Reglamento de Planificación Hidrológica, «el análisis coste-eficacia será un instrumento a tener en cuenta para la selección de las medidas más adecuadas para alcanzar los objetivos ambientales de las masas de agua, así como para analizar las medidas alternativas en el análisis de costes desproporcionados». Todo ello sin considerar el coste medioambiental por el deterioro de las masas de agua superficial afectadas por la detracción de recurso necesario y por la contaminación difusa provocada, y el coste de las medidas adicionales necesarias para la conservación del espacio Red Natura 2000 dependiente del río Cega. Esta recarga de la masa de los Arenales-Tierra de Pinares se encuentra en su tercera fase de ejecución, y debería contemplarse en el Plan en unas condiciones en que se pueda asegurar su sostenibilidad, lo que requiere que posibilite en el menor tiempo posible el logro del buen estado en la masa de agua subterránea, sin comprometer el logro de los objetivos medioambientales en las masas de agua superficial y espacios Red Natura 2000 afectados, ni poner en peligro la calidad del agua de la zona vulnerable ni de los abastecimientos para consumo humano del acuífero.
En relación con las medidas de tipo 19, el promotor presenta una tabla genérica que señala que las actuaciones más relevantes con impactos negativos serían los nuevos regadíos y las instalaciones hidroeléctricas. Con respecto a nuevos regadíos, el promotor señala que existen 6 actuaciones ya iniciadas que finalizarán en el nuevo ciclo de planificación y una actuación propuesta que, según se prevé, finalizará en el periodo 2028/2033. Estas actuaciones supondrán un total de nuevas 58.565 ha transformadas y una demanda global bruta estimada de 290 hm3/año. El promotor indica que los nuevos regadíos tendrán impactos negativos sobre el agua por las detracciones de caudales y la contaminación difusa de los retornos, junto con el correspondiente deterioro de la biodiversidad asociada a las masas y la afección al suelo por la intensificación agraria. Señala además que las medidas destinadas a la mejora de la eficiencia de los sistemas de abastecimiento de pequeñas poblaciones conllevarán una reducción de las demandas. Se ha comprobado que el programa de medidas contempla 48 actuaciones de nuevos regadíos situadas en 6 zonas distintas. Se presupone que la información aportada por el promotor hace referencia a 6 actuaciones y engloba todas aquellas que se sitúan en la misma zona como una sola. En caso contrario la información reportada en la matriz de impactos podría estar muy infravalorada.
La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León señala que la actuación «Nuevo regadío Zona Regable del Río Tera» propuesta en el Plan puede afectar a dos espacios de la Red Natura 2000 por aumento de presiones que podrían empeorar el estado ecológico de las masas asociadas (nuevas detracciones de caudal, nuevas barreras transversales). En concreto, es probable que afecte a la ZEC Riberas del río Tera y afluentes (ES4190067) y a la ZEC Lagunas de Tera y Vidriales (ES41901349). Ambas destacan por sus alisedas (HIC 91E0*), en buen estado de conservación y representativas del bosque de ribera, cuya función es esencial en el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos y la calidad del agua, y los estanques temporales mediterráneos (HIC 3710*). Además, en el caso de la ZEC Laguna de Tera y Vidriales se encuentra el HIC 7140, 'Mires' de transición, asentado sobre zonas higroturbosas con varias especies de interés y de gran fragilidad. Igualmente, ambas zonas protegidas albergan especies de interés comunitario como el desmán ibérico(Galemys pyrenaicus),la náyade(Margaritifera margaritifera),la bermejuela(Achondrostoma arcasii),y especies de odonatos comoOxygastra curtisii, Macromia splendens yGomphus graslinii.Por ello, esta Dirección General solicita que se tengan en cuenta los efectos de los regadíos, existentes o nuevos, sobre espacios, hábitats y taxones protegidos, estableciendo indicadores que permitan monitorizar su estado y planteando medidas para minimizar las afecciones que puedan existir. Con respecto a las medidas tipo 12, señala que a pesar de que algunas de ellas pueden causar afección a espacios Red Natura 2000, corresponden a actuaciones propuestas en el plan vigente que están en diferentes grados de ejecución, con Evaluación de Impacto Ambiental finalizada o DIA publicada y por ello no aparecen en el programa de medidas, aunque su afección a espacios Red Natura 2000 será más que patente. Este organismo sugiere que se prioricen alternativas de reducción del consumo, más adecuadas desde el punto de vista ambiental, como la modernización de regadíos, en lugar de la nueva transformación y construcción de nuevas presas y embalses. Teniendo en cuenta la reducción de aportaciones del 11% prevista en la demarcación como consecuencia del cambio climático, se coincide con este centro directivo en que la prioridad debería ser la modernización de los regadíos existentes dirigida a la reducción de su presión por extracciones y por contaminación difusa, frente a la creación de nuevos regadíos que invariablemente producirán aumentos netos importantes en ambas presiones, y en todo caso garantizar que las nuevas demandas no ponen en riesgo el logro de los objetivos medioambientales de las masas afctadas. Cabe recordar que las medidas ES20_1_DU-06403244 (Presa. Río Cueza.Quintanilla de la Cueza) y ES020_1_DU-6403243 (Presa. Río Cueza. Ledigos) aún no han superado su evaluación de impacto ambiental ni disponen de autorización, siendo de aplicación al caso la consideración de las alternativas propuestas por el órgano competente en la gestión del espacio Red Natura 2000 afectado.
De la información facilitada se aprecia que la evaluación realizada en el estudio ambiental estratégico resulta excesivamente general, sin abordar las presiones e impactos significativos que puede causar cada una de las actuaciones incluidas en esta categoría del programa de medidas. No se han diferenciado las actuaciones susceptibles de generar impactos ni se han indicado las masas y zonas protegidas en cada caso afectadas, las presiones provocadas y si el impacto provocado puede ser significativo o no. Las medidas mitigadoras propuestas en el estudio resultan igualmente generales, en algunos casos con naturaleza de recomendación o buena práctica, y aplicables más a escala de proyecto que de plan, no resultando posible confirmar que sean las adecuadas para evitar que las actuaciones incluidas en esta categoría del programa de medidas causen impactos ambientales significativos. En estas condiciones, se considera necesario que la versión final del plan incorpore, para las medidas de satisfacción de las demandas, condiciones adicionales y mecanismos de control ambiental específicos y complementarios de la herramienta de la evaluación de impacto ambiental que permitan evitar que alguna de estas actuaciones deteriore el estado de alguna masa de agua o dificulte el logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas en cada caso afectadas.
En lo relativo a las actuaciones o usos que han venido causando presiones significativas sobre alguna masa de agua o zona protegida y cuya autorización o concesión caduca en el ciclo 2022-2027, el estudio ambiental estratégico señala 6 aprovechamientos hidroeléctricos. No obstante, no evalúa los efectos previsibles sobre el medio ambiente de las distintas alternativas, que variarán en función de si se decide su continuidad, su continuidad condicionada o su supresión. El promotor señala que en el caso de que se prorrogase la concesión de estos aprovechamientos, se incluirán condiciones al promotor que obliguen al desmantelamiento de las instalaciones al final de su vida útil y la restauración hidromorfológica y ecológica de los ámbitos afectados a cargo del titular. Además, se requerirá el uso de las mejores tecnologías disponibles orientada a la reducción en el uso del recurso, salvo en regadíos tradicionales en donde el mantenimiento de la infraestructura hidráulica es necesario, y el promotor incluirá medidas mitigadoras adicionales para reducir los impactos ambientales, tales como sistemas de franqueo, medidas de control y erradicación de especies exóticas invasoras y la implementación de un régimen de caudales fluyentes/ecológico específico. Aunque estas medidas pueden resultar oportunas en los casos en que se decida la novación de la concesión, la consideración de las mencionadas alternativas en el procedimiento de novación de la concesión y, en su caso, el compromiso de adoptarlas dichas medidas, no se han incorporado a la normativa del Plan, por lo que no existirá obligación de aplicarlas ni seguridad de mejorar el estado de la masa de agua afectada. La evaluación de alternativas es particularmente pertinente en el caso de concesiones para centrales hidroeléctricas en régimen fluyente que han venido interrumpiendo la continuidad longitudinal o reduciendo una parte significativa del caudal en una longitud fluvial apreciable. La falta de un análisis detallado en el estudio ambiental estratégico y de decisiones al respecto en el plan hidrológico pueden restar efectividad al programa de medidas como instrumento concebido para programar con visión de demarcación y de una forma coherente el logro en plazo de los objetivos medioambientales de todas las masas de agua y zonas protegidas de la demarcación, postergando la toma de decisiones sobre la continuidad o supresión de cada uno de estos usos y actividades, con riesgo de que cada decisión quede desacoplada de la visión de conjunto, la lógica DPSIR y la consideración prevalente de los objetivos medioambientales del plan hidrológico, que en su elaboración además cuenta con el soporte de la información y participación públicas. En tal caso, se considera necesario que el plan incorpore determinaciones que aseguren que en la toma de decisiones caso por caso sobre la continuidad o cese de actividades que han venido causando presiones significativas sobre alguna masa de agua o zona protegida impidiendo el logro de sus objetivos medioambientales, se tengan en cuenta todos los intereses públicos que concurren, considerando la alternativa de declarar la caducidad de la concesión o autorización con desmantelamiento de las instalaciones y naturalización del espacio afectado.
Varias masas subterráneas de la demarcación (400045, 400038, 400045, 400047, 400041, 400052) muestran una tendencia con incrementos significativos de arsénico, sodio, cloruros y sulfatos de origen desconocido, y por ello se plantean prórrogas para la consecución de sus objetivos ambientales. El promotor señala que no existe suficiente conocimiento técnico para estimar la evolución futura de las concentraciones de estas sustancias, como sí ha ocurrido con los nitratos. Tampoco está claro su origen, por lo que es necesaria la mejora del conocimiento hidrogeológico de la masa antes de poder estimar su escenario tendencial. Sin embargo, en todas ellas se señalan como posibles causantes de este impacto, presiones relacionadas con la satisfacción de las demandas, concretamente la contaminación difusa y la sobreexplotación de estas masas. Es particularmente llamativa la concentración de arsénico señalada en la masa Los Arenales-Tierra de Pinares (400045) donde el promotor fija como objetivo para 2033 conseguir niveles iguales o inferiores a 183,5 mg/L, mientras que en otras masas este objetivo se fija en 7 mg/L. Sobre esta masa, se señala que existen 91 puntos autorizados para la extracción de agua destinada a abastecimiento, sobre las que se desconoce su estado y no se describen impactos. El programa de medidas no plantea estudio de análisis de las causas este incremento de tendencias, ni los impactos que estas concentraciones podrían generar.
3.2 Plan de gestión del riesgo de inundación (segundo ciclo).
3.2.1 Impactos derivados de las medidas de prevención de inundaciones y de las medidas de protección frente a inundaciones.
El documento de alcance requería concentrar la atención en las medidas de estos dos tipos (proyectos, planes o programas) que todavía no estuviesen autorizadas y que tuviesen carácter material (intervención en el medio físico), diferenciando las diseñadas respondiendo a los principios de restauración fluvial y ecológica de las basadas en ingeniería civil convencional y estructural (obra gris). Para las primeras se requería indicar su forma de contribución al logro o mantenimiento del buen estado hidromorfológico y su compatibilidad y sinergias o complementariedades con otras actuaciones del programa de medidas dirigidas a este mismo objetivo, así como identificar posibles impactos colaterales desfavorables (criterios anexo 1). Para las segundas se requería concentrar la atención en las susceptibles de causar efectos negativos significativos (criterios anexo 1), recabar una información mínima (descripción y localización), determinar las presiones que podían causar y concluir con el efecto esperado sobre las masas de agua, zonas protegidas y demás elementos ambientales considerados en la evaluación, en función del grado de conocimiento disponible sobre cada medida. Al igual que para las medidas de satisfacción de las demandas, también se requería presentar el resultado en forma de tabla (cuadro 5) y se requería relacionar en una tabla de síntesis (cuadro 6) cada actuación, los impactos significativos que podía causar, las medidas mitigadoras incluidas en el estudio ambiental estratégico y sus disposiciones de seguimiento ambiental.
El estudio ambiental estratégico ha hecho un análisis de los tipos de actuaciones 13.04.02 Programa de conservación del dominio público, 14.01 Gestión de la cuenca, de la escorrentía y de la generación de los caudales, 14.02 Optimización de la regulación de caudales y 14.03 Obras en cauce; costas o llanura de inundación. La evaluación realizada en el estudio ha sido sintética y genérica para cada uno de estos tipos, sin profundizar en el impacto de cada una de las actuaciones programadas dentro de cada uno, concluyendo unos impactos de tipo igualmente genérico y mayoritariamente positivos, reconociendo también algunos negativos de los que parte corresponden más bien a una escala de proyecto (molestias, ruidos, partículas en suspensión, etc.). Las medidas que el estudio propone son sólo en parte aplicables a escala plan, incluyendo varias de escala de proyecto, y tienen carácter de recomendaciones o criterios generales para la concepción y diseño de las medidas, más que de medidas ejecutivas. Entre ellas se incluye el adoptar, siempre que sea posible, soluciones basadas en la naturaleza y, en especial, en la recuperación del espacio fluvial o la eliminación o retranqueo de motas; el garantizar la circulación de caudales generadores en determinadas épocas del año, el seleccionar ubicaciones que no afecten a Zonas Protegidas, en especial, de la Red Natura 2000, y el adaptar las barreras transversales para la migración piscícola. En lo relativo al seguimiento, el estudio contempla 71 indicadores para el seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, que en su mayor parte son de ejecución y de resultado, haciéndose preciso añadir indicadores de impacto, al menos sobre los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua y de las Directivas de Naturaleza.
Las contestaciones a las consultas y las alegaciones recibidas que hacen referencia al Plan de gestión del riesgo de inundación se han incluido al final del Anejo 3 del Plan.
La Fundación Nueva Cultura del Agua aprecia avances significativos con respecto al Plan de Gestión del Riesgo de Inundación del primer ciclo, especialmente en relación con una mayor coordinación entre este y el Plan Hidrológico, una mayor presencia de las soluciones basadas en la naturaleza y mejoras generales del conocimiento disponible y su accesibilidad. No obstante, considera que siguen existiendo carencias importantes en la coordinación entre administraciones para garantizar una plena adaptación del planeamiento urbanístico y territorial a los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y a la cartografía de zonas inundables, así como que se da una atención muy escasa a otras medidas clave, como la comunicación social en materia de percepción y gestión del riesgo y la evaluación de las medidas aplicadas y las lecciones aprendidas en eventos de inundación.
La Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN) y Ecologistas en Acción - CODA hacen diversas referencias a la definición del ARPSI de código ES020/0020_08‐1800001‐01 del río Duero en Garray (Soria).
La Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife insiste en la necesidad de acelerar las medidas de carácter urbanístico y de ordenación territorial, y de acometer un plan de traslado de infraestructuras situadas en zonas de alto riesgo, de limitar las infraestructuras grises y el deterioro de las masas de agua, de impulsar las actuaciones de restauración hidrológico-forestal, y menciona expresamente como susceptibles de causar impactos negativos los proyectos ejecutados o en proceso de acondicionamiento del cauce del río Eresma a su paso por Coca (Segovia) y de protección del pie de un talud sobre el río Eresma, paraje de La Torre de San Nicolás. T.M. de Coca (Segovia).
El promotor resalta la importancia de la reciente modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico mediante el Real Decreto 638/2016 para, entre otros aspectos, establecer limitaciones en los usos del suelo en las zonas inundables, permitiendo únicamente el establecimiento de actividades compatibles con la inundación en zonas inundables y de flujo preferente. Considera que con el paso del tiempo los Planes Generales de Ordenación Urbanística se van adaptando a esta reforma y destaca que en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Duero no contempla ninguna medida estructural.
Efectivamente, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación del Duero no recoge ninguna actuación de los tipos de medidas 14.02.02 (Medidas estructurales para regular caudales. Construcción o modificación de presas) y 14.03.02 (Medidas estructurales con intervención física en cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones), que normalmente son los tipos con mayor capacidad de causar impactos ambientales negativos significativos, habiendo optado alternativamente por hacer un uso extensivo de las medidas de los tipos 13.04.02 (Programa mantenimiento conservación cauces) y 14.01.02 (Restauración fluvial y costera) cuyos efectos sobre los diferentes factores ambientales suelen tener signos positivos.
Se resume a continuación el análisis técnico realizado para cada tipo de medida:
Medidas de prevención de inundaciones.
Medida 13.04.02. Programa de mantenimiento y conservación de cauces.
La información contenida en el Plan para estos dos programas es muy reducida, básicamente consistente en la relación de la tipología de actuaciones que más habitualmente contemplan, pero sin incluir un listado de las actuaciones concretas a desarrollar en el periodo. La información facilitada no permite descartar que alguna de las actuaciones que se autoricen en el contexto de estos programas no pueda causar efectos ambientales desfavorables, por lo que se hace preciso introducir medidas de prevención ambiental en las condiciones de esta resolución, en especial para los proyectos que normativamente no estén sujetos a evaluación de impacto ambiental, tales como requerir que los proyectos que afecten a espacios Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, áreas protegidas por instrumentos internacionales, áreas declaradas para