Categoría: Judicial

ncia acordando la apertura de la pieza separada de suspensión, otorgando plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y al recurrente en amparo para que pudieran formular sus alegaciones. Tras haberlo hecho así, respectivamente, mediante escritos presentados el 16 de febrero de 2022 –interesando el fiscal la desestimación de la suspensión de las resoluciones impugnadas– y 31 de enero de 2022 –interesando el recurrente que sí se acordara la medida cautelar–, la Sala Segunda de este tribunal dictó ATC 49/2022, de 7 de marzo, denegando la suspensión.
15. Por diligencia de la secretaría de justicia de 23 de mayo de 2022 se hizo constar la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal y de los procuradores doña María Castillo Vargas Ramírez, doña Rosa Silva Vargas Rodríguez, doña Gloria Pascual de la Torre y don Ignacio Vázquez Diez, quedando el presente recurso de amparo pendiente de deliberación cuando por turno le correspondiera.
16. Mediante providencia de fecha 8 de septiembre de 2022, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 12 del mismo mes y año.
1. Objeto del recurso y orden de enjuiciamiento de las quejas.
El presente recurso se interpone contra el auto de 25 de enero de 2021 dictado por la Sección Vigesimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid en la ejecutoria penal núm. 38-2018 (procedimiento abreviado 1494-2016), que desestimó la solicitud formulada por el aquí recurrente para que, en virtud de causas sobrevenidas que no habían sido tenidas hasta entonces en cuenta por dicho tribunal, se acordara la reducción de la cuota mensual que se le fijó en concepto de responsabilidad civil derivada del delito de apropiación indebida por el que fue condenado, advirtiendo aquel auto en su dispositiva que «a partir del mes siguiente a la notificación de la presente resolución se acordará su inmediato ingreso en prisión de no realizarse el pago según el modo establecido». A dicha resolución judicial, así como al posterior auto de la misma sección de 23 de febrero de 2021 que desestimó el recurso de súplica promovido contra el anterior, la demanda de amparo atribuye dos quejas constitucionales: (i) la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por haber incurrido en incongruencia omisiva, toda vez que no han valorado las circunstancias personales y familiares aducidas por el recurrente en fundamento de su solicitud de reducción de la cuota antes indicada, y (ii) la vulneración del mismo derecho fundamental, en su vertiente de derecho a una resolución fundada en Derecho, porque se resuelve rechazar lo pedido, «sin ningún tipo de razonamiento sólido, coherente o lógico».
Respecto de las partes personadas, con base en los argumentos que cada una ha expuesto y de los que se dan cuenta en los antecedentes de esta sentencia, las respectivas representaciones procesales de don Alexis Santos Carrasco Rubio y doña Patricia Prieto Pastor manifestaron su adhesión a la demanda de amparo e interesaron que los efectos estimatorios de la sentencia que se dictase se extienda a su propia situación personal. Por su lado, la representación procesal de doña Dana Díaz Gil Méndez y doña Romy Benítez Mora sostuvo que el recurso de amparo debía inadmitirse por carecer del requisito de la especial trascendencia constitucional y, subsidiariamente, debe desestimarse en el fondo. El fiscal ante este Tribunal Constitucional, por último, formuló sus alegaciones interesando que se dictase sentencia otorgando el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Así trabado el debate, deben hacerse de inmediato en este mismo fundamento jurídico unas precisiones relativas al propio objeto del recurso, fijando a continuación el orden de examen de las dos quejas planteadas en la demanda. En el siguiente fundamento resolver el óbice procesal formulado por una de las partes personadas y, en último lugar y si procede –porque se desestime dicho óbice–, dedicar los siguientes fundamentos al enjuiciamiento de fondo del recurso.
a) Resoluciones impugnadas.
Como expresamente afirma la demanda, se recurren en este proceso únicamente los autos de 25 de enero de 2021 y 23 de febrero de 2021, dictados por la Sección Vigésima Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid en la ejecutoria 37-2018. Aunque el recurrente alude en algunos pasajes de su escrito a los autos de 25 de julio de 2018 y 12 de noviembre de 2018 del mismo tribunal, ambas resoluciones no están en modo alguno cuestionadas aquí: de un lado porque ya lo fueron por el recurrente al interponer el recurso de amparo núm. 6454-2018, el cual resultó inadmitido por providencia de la Sección Primera de este tribunal de 22 de mayo de 2019 –como se informó en los antecedentes–, por insuficiente justificación del requisito de la especial trascendencia constitucional. Y por otro lado, porque precisamente los autos que aquí sí se impugnan vinieron a rechazar una petición nueva del mismo condenado, que este fundó en la existencia de circunstancias personales y familiares sobrevenidas que le impedían satisfacer la cuota mensual de responsabilidad civil fijada, y que por tanto eran desconocidas para la Sección ejecutora cuando dictó las resoluciones de julio y noviembre de 2018.
b) Pretensión de extensión de los efectos de una sentencia estimatoria a otras partes condenadas en la misma causa penal y aquí personadas.
Conforme se ha resumido en los antecedentes, tanto don Alexis Rojas Vidal Guerrero como doña Patricia Prieto Pastor no solamente han manifestado en sus escritos de alegaciones que están de acuerdo con los términos de la demanda presentada por el recurrente, a la cual por ello se adhieren, sino que además piden que la sentencia estimatoria del recurso se pronuncie también sobre el derecho de ambos, a la sazón coacusados y condenados en la misma sentencia que el demandante de amparo, a poder ver reducida su cuota mensual en concepto de responsabilidad civil en virtud de las circunstancias personales y familiares que cada uno de los dos esgrime, hasta los cien euros que ha pedido el recurrente se declare.
Pues bien, se tienen por hechas las alegaciones de adhesión de ambas partes personadas a la demanda presentada por el recurrente y solo en lo que a él se refiere. Por el contrario, no cabe acceder a la petición de que una eventual sentencia estimatoria pudiera extenderse por este tribunal a la propia situación personal de ambas partes personadas. Resulta de aplicación en este punto la reiterada doctrina constitucional conforme a la cual el utilizar la parte no recurrente el trámite de alegaciones del art. 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para introducir una nueva pretensión de amparo (en vez de formalizar la interposición de un recurso propio, dentro de los plazos legales), «es a todas luces inadmisible por dos razones: en primer lugar, porque es por todos sabido que la pretensión ha de introducirse con el escrito de demanda (art. 49 LOTC), en el que se fija definitivamente el objeto del amparo y se determinan los límites del deber de congruencia de este tribunal (SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 1; 138/1986, de 7 de noviembre, FJ 1; 117/1988, de 20 de junio, FJ 2; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 3, o 93/2002, de 22 de abril, FJ 1), sin que sea dable que el demandante amplíe dicho objeto –interdicción de lamutatio libelli– en el escrito de alegaciones (inter alia, cfr. la citada STC 30/1986, que, a su vez, se basa en las SSTC 73/1982, de 2 de diciembre, FJ 5, y 51/1985, de 10 de abril, FJ 8), ni, menos aún, que el codemandado o el coadyuvante aprovechen esta fase prevista en el art. 52 LOTC para, tardíamente, introducir una pretensión autónoma a la planteada en la demanda (SSTC 241/1994, de 20 de julio, FJ 3, y 113/1998, de 1 de junio, FJ 1)» (STC 126/2011, de 18 de julio, FJ 7).
c) Orden de enjuiciamiento de las quejas.
Atendido el contenido de los dos motivos que se deducen en la demanda seguiremos el mismo orden trazado en dicho escrito para su resolución, por cuanto la eventual estimación de la primera de esas quejas, fundada en la incongruencia omisiva de los autos impugnados, traería consigo la necesidad de que el tribunal ejecutor tuviera que enjuiciar de nuevo la pretensión deducida por el recurrente. Solo en caso de desestimarse dicha primera queja procedería que nos pronunciáramos sobre la segunda cuestión suscitada, la racionalidad de los argumentos de ambas resoluciones judiciales, desde la óptica del art. 24.1 CE que propone la demanda.
2. Desestimación del óbice procesal.
Antes de iniciar el análisis del fondo controvertido, no obstante y como ya se anticipara, ha de entrarse a resolver el óbice procesal opuesto por la representación procesal de doña Dana Vázquez Molina Soto y doña Romy Benítez Mora, consistente en la supuesta falta de especial trascendencia constitucional del recurso [arts. 49.1 y 50.1 b) LOTC]. A partir de los argumentos que se sustentan sobre este particular en el escrito de alegaciones de dicha parte –y de los que se dio cuenta en los antecedentes–, ha de declararse por fuerza su desestimación.
Baste considerar para ello, ante todo, que dicho escrito parte de un dato erróneo, como es decir que en la providencia de admisión del recurso se vinculaba la existencia de la especial trascendencia constitucional por negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este tribunal, con la cita de la «STC 155/2019, de 28 de noviembre, número recurso: 814-2018». Cosa en absoluto incierta porque la única sentencia citada en la providencia es la STC 155/2009 sobre el listado de causas de especial trascendencia, y que nada tiene que ver desde luego con las diversas temáticas tratadas en aquella otra STC 155/2019 que trae a colación la parte.
El resto de sus consideraciones en este punto no son ya argumentos para inadmitir el recurso sino, en su caso, para desestimarlo, porque comportan discrepancias de dicha parte con lo sostenido en la demanda y su entendimiento de que los autos impugnados son conformes a Derecho.
Al no haberse alegado por tanto nada que lleve a revisar nuestra decisión de apreciar la concurrencia de especial trascendencia constitucional en la providencia a la que se alude, el óbice no puede prosperar, debiendo abordarse ya el examen de la primera queja de la demanda de amparo.
3. Doctrina aplicable.
A) Sobre el derecho a una resolución judicial congruente y su vulneración.
Sobre el derecho a una resolución judicial congruente (art. 24.1 CE), y cuándo se está ante su vulneración por haberse incurrido en incongruencia en sus distintas modalidades, sirva como exponente de nuestra doctrina la STC 25/2012, de 27 de febrero, FJ 3, donde con cita literal de la anterior 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2, hemos recordado:
«“La congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a supotestasen definitiva, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido (SSTC 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3, o 174/2004, de 18 de octubre, FJ 3; entre muchas otras). Recordaba en ese sentido la STC 130/2004, de 19 de julio, que desde pronunciamientos aún iniciales, como la STC 20/1982, de 5 de mayo (FFJJ 1 a 3), hemos definido en una constante y consolidada jurisprudencia el vicio de incongruencia como aquel desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos esenciales del mismo. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre en las formas de incongruencia conocidas comoultra petita,citra petitaoextra petita partium. Son muy numerosas las decisiones en las que este tribunal ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE.
Se ha elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado que puede sistematizarse, a los efectos que a este amparo interesan, en los siguientes puntos:
a) El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos –partes– y objetivos –causa de pedir ypetitum–. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar lacausapetendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa elthema decidendi.
b) Dentro de la incongruencia hemos venido distinguiendo, de un lado, la incongruencia omisiva oex silentio, que se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. De otro lado, la denominada incongruencia por exceso oextra petitum, que se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones […].
En algunas ocasiones, tiene declarado este tribunal, ambos tipos de incongruencia [omisiva yextra petita] pueden presentarse unidas, dándose la llamada incongruencia por error, que es aquella en la que concurren al unísono las dos anteriores clases de incongruencia. En efecto, se trata de supuestos en los que, por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes en la demanda o sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquella sin respuesta (por todas, SSTC 15/1999, de 22 de febrero, FJ 2; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; 182/2000, de 10 de julio, FJ 3; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3; 211/2003, de 1 de diciembre, FJ 4; 8/2004, de 9 de febrero, FJ 4)”.
Por lo demás, en la misma sentencia, con cita de la STC 100/2004, de 2 de junio, recordábamos:
“La necesidad de distinguir entre las que son meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, pues si con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas ellas y, además, la eventual lesión del derecho fundamental deberá enfocarse desde el prisma del derecho a la motivación de toda resolución judicial, respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor siempre y cuando la pretensión omitida haya sido llevada al juicio en el momento procesal oportuno” (STC 44/2008, de 10 de marzo, FJ 2).»
En el mismo sentido, entre otras posteriores, SSTC 128/2017, de 13 de noviembre, FJ 8; 165/2020, de 16 de noviembre, FJ 3, y 59/2022, de 9 de mayo, FJ 4 (así como las otras que en ellas se citan).
Y sobre lo que debe ser el correcto entendimiento de la llamada respuesta tácita o implícita, cuya aplicación por el intérprete no puede vaciar de contenido el deber de congruencia cuantitativo (art. 24.1 CE), enseña la misma STC 25/2012, en el FJ 4, lo que sigue:
«A estos efectos debe recordarse que este tribunal no ha considerado respuesta tácita la que se desprende, sin más, de la estimación de la pretensión del contrario o de la desestimación de la propia; la respuesta tácita constitucionalmente suficiente a una cuestión recae cuando, como ha sido dicho, del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución puede deducirse razonablemente que el órgano judicial la ha valorado y, además, es posible identificar los motivos de la decisión.»
Deducción razonable, por cierto, que este tribunal no encontró en las resoluciones impugnadas en el recurso de amparo resuelto por dicha STC 25/2012, estimando la demanda por este motivo.
B) Doctrina del ATC 3/2018 sobre la ponderación del criterio de la capacidad económica en la decisión de suspensión condicional de penas privativas de libertad.
En lo que importa a este amparo, ha de mencionarse que el Pleno de este tribunal ha dictado el ATC 3/2018, de 23 de enero, en el que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de lo penal en relación con la dicción del art. 80.2.3 CP ( donde se regula como condición para la suspensión de penas de prisión el haber satisfecho las responsabilidades civiles, y en qué términos se puede considerar cumplida mediante un compromiso de pago), tras su modificación por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en cuanto a si dicho precepto generaba una discriminación prohibida por el art. 14 CE entre quienes pueden asumir el compromiso de satisfacer la responsabilidad civil y ver suspendida con ello su pena, y quienes no pueden hacerlo por carecer del todo de recursos económicos. La cuestión resultó inadmitida a trámite por notoriamente infundada, descartando que la norma produzca dicha discriminación, razonando en el fundamento jurídico 7 el entendimiento que ha de darse al requisito de la capacidad económica del penado, en este ámbito.
Interesa destacar en primer lugar, que el auto declara que las decisiones judiciales sobre suspensión o revocación de la suspensión previa, de penas privativas de libertad, han de venir revestidas de un deber de motivación reforzada (FJ 5):
«Ciertamente, el fin resocializador [de las penas] guía, junto a evidentes razones de gestión económica de la política penitenciaria, la regulación legal del instituto de la suspensión de la ejecución de la pena y así lo hemos señalado reiteradamente en nuestra propia doctrina (SSTC 110/2003, de 16 de junio, FJ 4; 248/2004, de 20 de diciembre, FJ 4; 320/2006, de 15 de noviembre, FJ 2; 57/2007, de 12 de marzo, FJ 2, y 160/2012, de 20 de septiembre, FJ 3). Ahora bien, una vez que la regulación del instituto tiene un contenido determinado, que el legislador ha decidido en uso de su legitimación democrática, no puede ignorarse que la eficacia del artículo 25.2 CE se proyecta, como ha declarado este tribunal, sobre la interpretación judicial de dicha regulación, exigiéndose al juez el cumplimiento de un deber de motivación reforzada (art. 24.1 CE en conexión con el art. 25.2 CE). Es, pues, en ese estadio de aplicación judicial de la regulación discrecionalmente decidida por el legislador donde el juez ha de proyectar los efectos del principio resocializador, pues este “opera como parámetro de ponderación del completo sistema de ejecución de las penas y de las instituciones que lo integran” (STC 120/2000, de 10 de mayo, FJ 4). El reproche dirigido al legislador en relación con el artículo 25.2 CE carece, pues, de una mínima consistencia suasoria.»
Ya en cuanto a la resolución del fondo planteado, tras señalar que el legislador de 2015 ha tenido en cuenta la experiencia anterior que permitía la suspensión con el mero dictado de resoluciones declarando en muchos casos de manera formularia o estereotipada la insolvencia del penado por falta de capacidad económica, ha optado por sustituir el sistema por otro basado en el compromiso del penado, en todo caso no exento de eventual revocación posterior si se descubriera una realidad patrimonial distinta de este (FJ 7):
«Por esta razón, el legislador afirma expresamente que opta por otro régimen distinto, en el que la obligación de pagar la indemnización no desaparezca de antemano, debiendo comprometerse el penado a satisfacer la responsabilidad civil impuesta de acuerdo “con su capacidad económica”, esto es, debiendo asumir que, como condenado que quiere evitar el cumplimiento efectivo de la pena que le ha sido impuesta, tiene la obligación de realizar algún tipo de esfuerzo, por mínimo que sea, para satisfacer sus responsabilidades frente a la víctima del delito cometido. Ello no obsta, sin embargo, a que durante la ejecución de la suspensión de la pena se valore si el impago finalmente producido responde a una verdadera situación de insolvencia o si se trata, en cambio, de un incumplimiento deliberado, eventualmente acompañado de una ocultación de bienes, quedando claro en la regulación en vigor que, si el penado resulta realmente insolvente, la suspensión de la ejecución de la pena no ha de ser revocada. Así lo señala categóricamente el artículo 86.1, letra d) […].
En definitiva, lo único que se exige en el momento de decidir sobre la suspensión de la ejecución es un compromiso mínimo por parte del penado de satisfacer la responsabilidad civil impuesta, de acuerdo con su capacidad económica. Esto es, se condiciona el otorgamiento de beneficio de suspensión a la asunción por el penado de una actitud favorable hacia la víctima, que implique el compromiso de realizar un mínimo esfuerzo tendente a resarcirla del daño. Si la situación económica del penado es realmente precaria, nada se opone, por ejemplo, en el nuevo esquema normativo diseñado por el legislador, a que ese esfuerzo consista en el compromiso de pagar la indemnización si esa capacidad económica mejora durante el plazo total de suspensión que haya sido concedido, jugando aquí la necesaria discrecionalidad judicial en la evaluación de cada caso concreto.
La clave del nuevo sistema no es, en cualquier caso, dejar fuera de la suspensión a los que son insolventes en el momento en que se ha de decidir sobre su concesión (privilegiando, en cambio, incomprensiblemente a los que resultan insolventes en el momento posterior del impago). Se trata, antes bien, de vincular la concesión de la suspensión, en todo caso y cualquiera que sea la situación económica por la que circunstancialmente pase el penado, a la asunción por parte del reo de su deber de resarcir a la víctima en la medida de sus posibilidades, de modo que dicho deber no desaparezca rituariamente al inicio de la ejecución de la condena, exigiéndose en todo momento una actitud positiva hacia el cumplimiento de la responsabilidad civil. Las razones por las que la indemnización no resulta, finalmente, satisfecha se valoran, por ello, como el legislador advierte expresamente en el preámbulo y materializa normativamente en el citado artículo 86.1 d) CP, en el momento en que el plazo conferido expira sin que se haya pagado.
Es fácil concluir, por ello, que la regulación cuestionada se limita a arbitrar un sistema en el que no se eximeab initioal penado de la obligación de indemnizar y en el que el condenado debe asumir la obligación de realizar un cierto esfuerzo para resarcir a su víctima, si quiere evitar el cumplimiento efectivo de la pena de prisión impuesta. Si ese resarcimiento no llega a producirse por razón de la precaria situación económica del reo, la suspensión no se verá en ningún caso revocada. Esto evidencia que la diferencia de trato que el órgano judicial echa en falta en la regulación en vigor sigue, en realidad, existiendo, pues el insolvente sigue disponiendo en el régimen legal actual de una norma legal que contempla expresamente su situación, habiéndose limitado el legislador a desplazarla a un momento procesal distinto, más acorde a la nueva estructura del sistema de suspensión de la ejecución de la pena.
Nada se encuentra, en definitiva, en la regulación penal cuestionada que pueda entenderse como una regla impeditiva de la concesión de la suspensión de la ejecución a quien no puede hacer frente a las responsabilidades civiles por falta de capacidad económica, situación que, además, está expresamente prevista en el momento de decidir sobre la revocación del beneficio. La interpretación efectuada por el órgano judicial, que achaca a la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, una voluntad implacable de obstaculizar el acceso a la suspensión de los delincuentes en situación de indigencia, no tiene, por tanto, un fundamento jurídico mínimamente sólido, como acredita igualmente la práctica judicial generalizada a la que el propio Auto de planteamiento alude, calificándola de “perversa”».
En aplicación de esta doctrina se ha dictado ya la STC 32/2022, de 7 de marzo, en un caso de revocación de la suspensión condicional de la pena de prisión del recurrente.
4. Examen de la primera queja de la demanda.
La aplicación de la doctrina a la que se acaba de hacer referencia conduce a la estimación de la primera queja de la demanda de amparo, por las razones que ahora se dirán. El recurrente viene afirmando la incongruencia omisiva de las resoluciones impugnadas respecto de los motivos que alegó para reducir la cuota mensual de responsabilidad civil, desde la vía judicial (recurso de súplica) y tras ella ahora ante este tribunal, en cuya demanda ha pedido expresamente que examinemos y declaremos dicha incongruencia, con las consecuencias que lógicamente han de venir anudadas a ello.
a) Como ya se ha indicado en los antecedentes, el 17 de diciembre de 2020 el recurrente presentó un escrito ante la Sección de ejecución al amparo del art. 85 CP (que permite la modificación de las circunstancias valoradas en su día para acordar la suspensión condicional), en relación con el art. 80 CP (sobre los requisitos de la suspensión), en el que expuso que existían circunstancias sobrevenidas que justificaban revisar a la baja la cuota mensual que tenía fijada en doscientos ochenta euros con cincuenta céntimos (280,50 euros) durante cuarenta y ocho meses, pidiendo que se estableciera esta en cien euros (100 euros) al mes. Concretamente alegó dos circunstancias novedosas: (i) haberse declarado su insolvencia por auto de la Sección de ejecución de 7 de febrero de 2019 «tras la oportuna investigación patrimonial, demostrándose que carece de bienes e ingresos suficientes», y (ii) que su madre, quien se venía encargando del pago de dicha cuota, detrayéndolo de su pensión «aunque no le corresponde a la madre hacer frente de las deudas de su hijo, así lo ha venido haciendo», ya no podía seguir haciéndose cargo de la cuota pues necesitaba el dinero para hacer frente a los gastos derivados de sus propias patologías médicas. Junto a estos dos hechos, reiteraba el recurrente (pues aclara que ya lo adujo al tribunal en una comparecencia celebrada el 30 de mayo de 2018) que su única fuente de ingresos seguía siendo una renta mínima de inserción que recibe de la Comunidad de Madrid, por importe de 395,75 euros (en sus escritos posteriores indicará 394,75 euros); renta que, añadió, resulta inembargable conforme con lo dispuesto en el art. 607 LEC. El recurrente sostuvo que «haciendo un enorme esfuerzo económico, no ya de acuerdo a su capacidad, que es nula, sino con el único objetivo de seguir reparando el daño causado hasta su completa satisfacción, el mismo desea liquidar su deuda, si bien no puede comprometerse a pagar más de cien euros mensuales, lo que viene a cubrir sobradamente las exigencias del artículo 80 del Código penal en lo que respecta al esfuerzo para la reparación efectiva del daño y a la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas».
La Sección competente proveyó a lo solicitado por auto de 25 de enero de 2021. Aunque en el fundamento de derecho primero se resumen las circunstancias alegadas por el recurrente, la Sección desestima su petición en el fundamento de derecho segundo, que es donde tiene lugar su enjuiciamiento, sin efectuar ninguna ponderación de tales circunstancias. Se limita la resolución judicial: (i) a afirmar que «[c]ondicionar la suspensión de la pena al pago de la responsabilidad civil no es otra cosa sino aplicar lo establecido en el art. 80 CP», resaltando la importancia de su exigencia en general, como manifestación de «regreso» del penado a la legalidad, y que en delitos patrimoniales, «como el que ha dado origen a la presente ejecutoria» su evidencia como una «finalidad esencial»; (ii) que al imponer en su día el fraccionamiento de la responsabilidad civil de los penados se ponderaron las circunstancias de estos pero también los derechos de la víctima del delito, de modo que aunque es evidente que el pago «ha de adecuarse a la capacidad económica, no es menos cierto que la satisfacción a la víctima del delito es otra finalidad que no puede olvidarse», pues si se atiende solo a los intereses del penado, se podría estar vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y se pondría también en evidencia la confianza en la vigencia de las normas», con cita del art. 118 CE y la obligación de cumplir las resoluciones judiciales; (iii) del recurrente lo que dice es que fue condenado por delito de apropiación indebida a la pena de veintidós meses de prisión, que se condicionó la suspensión al pago de la responsabilidad civil, y que si «tal condición no se cumple, solo procede acordar el inmediato ingreso en prisión sin que pueda accederse a lo solicitado», pues lo contrario implicaría eludir tanto la pena privativa de libertad como la responsabilidad civil.
El auto impugnado, por tanto, aunque alude de manera formal a la capacidad económica del penado como uno de los factores a tomar en cuenta en la fijación de la responsabilidad civil, no solo no entra a valorar las explicaciones que el recurrente pone de relieve en su escrito para justificar la merma de tal capacidad, junto con el mantenimiento de un compromiso para abonar al menos cien euros mensuales, sino que el auto dedica toda su argumentación a defender la importancia de cumplir con la ley y de atender a los derechos de la víctima, cuestiones que son en sí mismas inobjetables, pero que no impiden sino que precisamente exigen que se haga una ponderación conjunta de todas esas circunstancias, sin excluir la consideración de la capacidad económica actual (para ese momento) del recurrente, conforme a lo alegado por este.
El criterio de la resolución de 25 de enero de 2021 es que la capacidad económica de los penados ya se valoró al tiempo de fijar la cuota, como si la misma no se pudiera revisar después, y que de no pagarse esta en su integridad «solo procede acordar el inmediato ingreso en prisión».
b) Se puso de manifiesto la ausencia de ponderación de los hechos que configuraban la causa de pedir de la pretensión del recurrente, en el recurso de súplica interpuesto contra el anterior auto, a cuyos efectos se denunció la incongruencia omisiva de dicha resolución reiterando las circunstancias personales y familiares –dos de ellas novedosas– que merecían la reducción de la cuota de responsabilidad civil asignada. La Sección de ejecución, sin embargo, desestimó el recurso por medio de auto de 23 de febrero de 2021 en el que, de manera escueta, zanjó la cuestión diciendo que la no disminución de la cuota no vulnera el derecho a la tutela judicial del penado; que la «sentencia y las resoluciones judiciales han de ser cumplidas en sus propios términos»; que la suspensión quedó condicionada al pago de la responsabilidad civil, «cuyo impago ha de llevar a revocar el beneficio», y que «no se estima que se hay [sic] incurrido en vicio de incongruencia omisiva debiendo estarse a lo acordado en la resolución recurrida».
De nuevo en esta respuesta jurisdiccional no hay examen alguno de las circunstancias alegadas por el recurrente, y sí la apreciación de otros factores que son los defendidos por el tribunal ejecutor en su auto anterior. No cabe entender que existe una respuesta tácita a dicha causa de pedir porque se haya desestimado la pretensión. Conforme a nuestra doctrina ya expuesta en el anterior fundamento jurídico, no basta con que se acuerde la desestimación de lo solicitado para poder hablarse de una decisión tácita. Es preciso que «del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución puede deducirse razonablemente que el órgano judicial la ha valorado y, además, es posible identificar los motivos de la decisión».
Esa deducción razonable no es posible hacerla en ninguno de los dos autos dictados, porque estos no aquilatan ni la situación patrimonial del recurrente tras el auto de 7 de febrero de 2019, al que ya no puede ayudar su progenitora, ni la alegación como única fuente de ingresos de la renta de 394,75 euros varias veces mencionada, así como el compromiso de pago por importe de cien euros que formula.
Los dos autos dan por hecho que la cantidad fijada en el anterior auto de 25 de julio de 2018 es inmutable, y que cualquier signo de atemperación no ya del importe total a satisfacer, sino a una extensión de los plazos que sería lo que en realidad traería consigo la reducción –que no eliminación– de la cuota mensual, entraña una infracción de la ley y un desconocimiento de los derechos de la víctima. Lo primero no es cierto como venimos diciendo e insistiremos en el apartado siguiente. Y en cuanto a los derechos de la víctima, la sección competente no tiene en cuenta que, si no acepta reducción alguna y, como ha anunciado, revoca la suspensión de la pena de prisión al recurrente y este tiene que cumplirla, con ello no estaría facilitando la satisfacción de la responsabilidad civil en favor de la víctima. Todo esto también tendría que ponderarse por el tribunal ejecutor, razonando lo que correspondiere, pero no ha sido así.
c) En el fundamento jurídico anterior ya se ha hecho amplio resumen de nuestro ATC 3/2018, FJ 7, con relación a la necesidad de valorar la capacidad económica del penado, a los efectos de la suspensión de penas privativas de libertad, de acuerdo con el marco legal vigente. El art. 80.2.3 CP explicita claramente que la satisfacción de la responsabilidad civil, como condición para la suspensión, puede alcanzarse para los delincuentes primarios si suscriben un compromiso de pago «de acuerdo a su capacidad económica», e incluso si no fueren primarios –y siempre que no sean reos habituales– si satisfacen la indemnización del perjuicio causado «conforme a sus posibilidades físicas y económicas» (art. 80.3). Y establece, en fin, en el art. 86.1 d) que la suspensión solo se revocará, en el aspecto que aquí se examina, si el beneficiario facilita «información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado», o «no dé cumplimiento al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de capacidad económica para ello». Mientras que nuestra doctrina del ATC 3/2018 (aplicada con posterioridad a los autos impugnados, como se ha indicado también, por la STC 32/2022), tras referirse a dichas normas, concluye que: «Nada se encuentra, en definitiva, en la regulación penal cuestionada que pueda entenderse como una regla impeditiva de la concesión de la suspensión de la ejecución a quien no puede hacer frente a las responsabilidades civiles por falta de capacidad económica, situación que, además, está expresamente prevista en el momento de decidir sobre la revocación del beneficio».
Doctrina que desde luego vinculaba a la sección de ejecución (arts. 40.2 LOTC y 5.1 LOPJ), que de hecho le fue expresamente invocada en el recurso de súplica que interpuso el aquí recurrente contra el auto de 25 de enero de 2021, y que sin embargo obtuvo omitida respuesta también en el posterior de 23 de febrero de 2021. Finalmente, el primero de los dos autos advirtió ya fatalmente al recurrente que si no se abonaba el pago de los 280,50 euros al mes siguiente de su notificación, se procedería a revocar la suspensión de la pena de prisión que le había sido impuesta, y así se recuerda en el de 23 de febrero. Sin más explicación y carente en tal sentido las resoluciones judiciales en este punto, de la imprescindible motivación reforzada que de acuerdo con la misma doctrina de este tribunal, deben tener los pronunciamientos sobre suspensión –o revocación de esta– de penas privativas de libertad.
Se aprecia en consecuencia cometida la incongruencia omisiva que denuncia el recurrente en su demanda de amparo, con vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), lo que determina la estimación de esta queja de la demanda de amparo con los efectos que luego se indicarán y releva de tener que examinar la otra queja deducida en el escrito, la lesión del derecho a una resolución fundada en Derecho (art. 24.1 CE) por la falta de razonabilidad de los argumentos que sí emplea la sección de ejecución para denegar lo pretendido por el recurrente (se alegaba también la lesión del derecho a un proceso con todas las garantías –art. 24.2 CE– sin recorrido argumental).
Respecto a lo afirmado por el fiscal ante este tribunal en su escrito de alegaciones, reprochando a la Sección que incluyera una coletilla en los autos sobre la posible revocación de la suspensión de la pena de prisión de veintidós meses si no se abonaba el pago de la cuota de responsabilidad civil al mes siguiente a la notificación, es lo cierto que el propio recurrente introdujo en sus escritos, desde el principio, el tema de la importancia de esa reducción para poderse mantener la suspensión de su pena de prisión, y que estrictamente los autos no acuerdan la revocación de la suspensión (para lo que tendría que abrirse antes un trámite de alegaciones específico: STC 32/2022, FJ 3), sino que previenen que así se declarará en un futuro inmediato si no se ingresa la cuota siguiente. En todo caso, ya hemos dicho que este pronunciamiento resulta del todo improcedente en este momento procesal y que la pretensión deducida por el recurrente no tuvo oportuna respuesta del órgano judicial competente, lo que conduce a declarar la incongruencia omisiva como hemos hecho.
5. Efectos de la estimación del recurso.
Como efectos derivados de la estimación de la primera queja de la demanda y con ella la del recurso interpuesto, procede en primer lugar declarar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente. En segundo término acordar la nulidad de los autos de 25 de enero de 2021 y 23 de febrero de 2021 emanados de la Sección Vigesimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid que aquí se impugnan; y por último y a fin de reparar su derecho fundamental, se ordena la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al del dictado de la primera de ambas resoluciones, para que la Audiencia resuelva sobre la solicitud de reducción de la cuota mensual de responsabilidad civil del recurrente con respeto al derecho fundamental reconocido, en los términos que se explicitan en el anterior fundamento jurídico.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por don Josep Fernández Cabrera González y, en consecuencia:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de la Sección Vigesimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, de 25 de enero de 2021, recaído en la ejecutoria penal núm. 38-2018, así como la nulidad del auto dictado por la misma Sección el 23 de febrero de 2021.
3.º Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse el primero de los dos autos mencionados, para que la Sección competente pronuncie una nueva resolución que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de septiembre de dos mil veintidós.–Pedro José Martínez Soto Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Méndez Luisa Balaguer Callejón.–Inmaculada Gil Ferrer.–Firmado y rubricado.