Categoría: Energía y Medio Ambiente

io ayuntamiento.
d) Garantizar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos por la normativa vigente cuando la captación, conducción, tratamiento de potabilización, distribución o autocontrol del agua de consumo humano sea realizado por gestores del servicio público distintos del ayuntamiento.
e) Garantizar que el agua que las personas titulares de los abastecimientos privados y de los establecimientos con actividades comerciales o públicas pongan a disposición de las personas usuarias sea agua apta para el consumo humano.
f) Poner en conocimiento de la población, de otras administraciones competentes y de los agentes económicos afectados las situaciones de riesgo sanitario, así como las medidas preventivas y correctoras previstas, en coordinación con la correspondiente consejería competente en materia de sanidad; todo ello sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la normativa básica estatal a otros sujetos.
g) Cumplir las obligaciones de vigilancia de los abastecimientos individuales y domiciliarios o de las fuentes naturales que proporcionen como media menos de diez metros cúbicos diarios de agua o que abastezcan a menos de cincuenta personas, así como adoptar y garantizar que se aplican las medidas necesarias en los casos en que se perciba un riesgo potencial para la salud de las personas derivado de la calidad del agua distribuida.
1. Detectado un incumplimiento de los parámetros de la calidad del agua provocado por alguna circunstancia de las previstas en la presente ley que pueda ocasionar una situación de riesgo sanitario, la entidad pública o privada que gestione total o parcialmente la red de abastecimiento o el ayuntamiento, en el caso de gestión directa, procederán de forma inmediata, independientemente de las obligaciones de confirmación y notificación del incumplimiento previstas en la normativa básica, a comunicar el incumplimiento a la consejería competente en materia de sanidad, al objeto de coordinar las medidas que requieran las circunstancias concurrentes.
La comunicación prevista en el párrafo anterior se efectuará por medios electrónicos en las direcciones que se habiliten a estos efectos por la consejería competente en materia de sanidad.
2. La consejería competente en materia de sanidad evaluará la idoneidad de las medidas de gestión a adoptar por el gestor y las previsiones contenidas en el protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento.
3. En los casos en los que, a la vista del alcance de las circunstancias concretas producidas, no se consideren suficientes e idóneas tanto las medidas a adoptar por el gestor como las incluidas en los planes de autocontrol y gestión del abastecimiento o, en su caso, en los planes sanitarios, la consejería competente en materia de sanidad realizará una evaluación del riesgo sanitario de conformidad con los criterios siguientes:
a) La probabilidad de que se produzcan efectos sobre la salud si no se toman medidas inmediatas.
b) La gravedad de las consecuencias en la salud.
c) La importancia de los posibles incumplimientos.
d) La posible repercusión en la salud de la población afectada.
4. Los criterios anteriores se tendrán en cuenta a efectos de la declaración de situación de riesgo sanitario.
5. No obstante lo anterior, si la entidad que gestiona total o parcialmente la red de abastecimiento o el ayuntamiento, en el caso de gestión directa, consideran que las circunstancias acontecidas pueden ocasionar un riesgo grave e inminente para la salud de la población, tomarán con carácter inmediato las medidas previstas en su protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento y aquellas urgentes que consideren necesarias con carácter previo a la confirmación y notificación. Asimismo, informarán, a través de los canales y medios de comunicación adecuados, a la población, a los agentes económicos, a otras personas o entidades públicas o privadas gestoras y a los municipios que pudieran estar afectados, con la mayor premura posible, atendiendo a la entidad del incumplimiento y a las posibles repercusiones del mismo en la salud de la población y, en todo caso, en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que tengan conocimiento de las circunstancias acontecidas.
1. Una vez declarada la situación de riesgo sanitario, el órgano correspondiente en razón del territorio de la consejería competente en materia de sanidad determinará si la situación requiere actuaciones de carácter inmediato y dictará las medidas que habrán de ser adoptadas por la entidades gestoras de los abastecimientos afectados y por los ayuntamientos, así como el contenido de la información que estos deban proporcionar, en su caso, y los medios y canales de comunicación utilizables para ello.
A efectos de coordinación en la adopción de medidas, la autoridad competente en materia sanitaria compartirá la información disponible sobre la situación detectada con otros órganos o administraciones que ostenten competencias en materias relacionadas, y, en particular, con Augas de Galicia o el organismo de cuenca correspondiente cuando la situación de riesgo sanitario derive de una sequía.
2. Las medidas que resulten procedentes según los criterios sanitarios serán trasladadas por el órgano correspondiente en razón del territorio de la consejería competente en materia de sanidad a las entidades gestoras del abastecimiento y al ayuntamiento, a efectos de su cumplimiento y ejecución, informando también a los demás organismos competentes para la vigilancia coordinada de su cumplimiento.
3. Las medidas sanitarias a adoptar por la autoridad sanitaria podrán consistir, entre otras, en:
a) Establecer la necesidad de llevar a cabo el suministro alternativo ante la situación de riesgo sanitario.
b) Exigir a las entidades gestoras la presentación de planes excepcionales que contengan las pautas necesarias para el tratamiento y gestión de la situación acontecida, así como las medidas correctoras necesarias.
c) Declarar el agua como no apta para cualquier uso o permitir alguno de los usos previstos en la legislación aplicable, habida cuenta del riesgo sanitario y la situación analizada.
d) Determinar la recogida de muestras y la realización de controles en laboratorio oficial, así como establecer la periodicidad de los mismos. En particular, en atención a las circunstancias concurrentes, se determinará el número de muestras con resultado favorable necesarias para recuperar la situación ordinaria de normalidad y para el cierre de la situación de riesgo, las cuales, en todo caso, no serán inferiores a dos muestras favorables consecutivas.
e) Ordenar la aplicación de técnicas de tratamiento adecuadas para modificar la naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro.
f) Cualesquiera otras medidas contempladas en las disposiciones normativas de aplicación o aquellas que se consideren adecuadas y proporcionadas a la situación.
4. Las resoluciones de activación y desactivación de las situaciones de riesgo sanitario serán publicadas en el «Diario Oficial de Galicia».
1. Una vez resuelta la causa que originó la situación de riesgo sanitario y comprobada la conformidad de los valores paramétricos afectados con los establecidos en la normativa básica estatal aplicable, la consejería competente en materia de sanidad procederá a comunicar el cierre de la situación de riesgo sanitario a las entidades gestoras, a los ayuntamientos, a la Administración hidráulica y a la Administración ambiental, según corresponda.
2. Cerrada la situación de riesgo sanitario se restablecerá la frecuencia del control analítico anterior a la declaración de tal situación, salvo que por la autoridad sanitaria se determine de forma motivada la necesidad de establecer una nueva frecuencia analítica durante un periodo de tiempo determinado.
3. La entidad pública o privada que gestione total o parcialmente la red de abastecimiento o el ayuntamiento, en el caso de gestión directa, informarán a otras personas o entidades públicas o privadas gestoras, municipios y agentes económicos afectados, así como a la población, del cierre de la situación de riesgo sanitario y el restablecimiento de la situación de normalidad, sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas por la normativa básica estatal a otros sujetos.
Las obras e infraestructuras hidráulicas en materia de abastecimiento cuya ejecución se acuerde en el marco de la presente ley como medida para garantizar el suministro de agua apta para el consumo humano en situaciones de riesgo sanitario o para mitigar los efectos derivados de un episodio de sequía podrán ser promovidas, financiadas y ejecutadas por las entidades locales o la entidad pública empresarial Augas de Galicia, en los términos previstos en el presente capítulo y en la restante normativa de aplicación.
1. Las entidades locales, cuando carezcan por sí mismas y/o con la asistencia de las diputaciones provinciales correspondientes de la capacidad técnica y/o financiera para la ejecución de las obras o infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar el abastecimiento en el marco de un episodio de sequía y/o de una situación de riesgo sanitario, podrán solicitar la colaboración técnica y/o financiera de la entidad pública empresarial Augas de Galicia para su ejecución, sin perjuicio de la colaboración que pueda prestarse por otras administraciones públicas.
2. En atención al mandato de colaboración y cooperación entre las administraciones local y autonómica que, en materia de abastecimiento, establece la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, el órgano competente de la entidad pública empresarial Augas de Galicia, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes y a fin de alcanzar de forma conjunta el objetivo de garantía de abastecimiento en el marco de las medidas adoptadas en aplicación de la presente ley, podrá:
a) Convenir con las administraciones locales afectadas o con otras administraciones públicas la financiación conjunta de la actuación, en cuyo caso la cuantía de las aportaciones de cada administración así como el resto de determinaciones financieras se articularán mediante la celebración de un convenio de colaboración, que se tramitará con carácter de urgencia, en el cual se harán constar, además, los restantes términos de la colaboración técnica en caso de que se acuerde.
Excepcionalmente, a la vista de las circunstancias concretas que caractericen el episodio de sequía o la situación de riesgo sanitario y atendiendo a la intensidad de la urgencia que requiera la ejecución inmediata de la medida en orden a garantizar el abastecimiento de agua potable a la población afectada, podrá procederse a la contratación de emergencia de las obras por la entidad pública empresarial Augas de Galicia simultáneamente a la tramitación del convenio de colaboración en el que se establezcan los compromisos de financiación conjunta y de ejecución de la actuación.
b) Acordar la financiación íntegra de las obras con cargo a los presupuestos de Augas de Galicia, así como su contratación, la redacción de la documentación técnica necesaria, la asunción de la dirección facultativa de la obra y los controles que en materia de calidad y seguridad y salud hayan de efectuarse durante su ejecución.
En los dos supuestos anteriores, la ejecución de las obras se realizará con la máxima colaboración y acuerdo con las entidades locales afectadas en cuanto a la puesta a disposición de terrenos, una vez verificada la compatibilidad urbanística de la actuación, con plena coordinación entre la dirección facultativa de la obra y otras administraciones u organismos que, en su caso, y en virtud de competencias sectoriales, puedan resultar afectados por algún aspecto de su ejecución, así como de los restantes términos de colaboración de aquellas que se prevean en el correspondiente convenio.
3. Una vez finalizadas las obras o infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y recibidas, en su caso, por la entidad pública empresarial Augas de Galicia, serán entregadas a la entidad local correspondiente, que, como titular de la obra y de la competencia para la prestación del servicio de abastecimiento, asumirá su explotación y el mantenimiento y conservación del mismo. La entrega de instalaciones se entenderá producida tras levantar la correspondiente acta de entrega o, en su defecto, mediante la notificación a la entidad local del acuerdo en el que se disponga la puesta a disposición efectiva de las obras a su favor.
1. En virtud de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Galicia por el artículo 4.1.c) de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, en materia de adopción de medidas extraordinarias en caso de necesidad para garantizar el suministro de agua, y, en particular, las establecidas en el artículo 26.2.g) de dicha ley, que facultan a la Administración hidráulica de Galicia para la regulación y gestión de estados de urgencia o necesidad, Augas de Galicia podrá, con carácter excepcional, dentro del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, en el marco de un escenario de sequía distinto al de prealerta o de una situación de riesgo sanitario, promover y ejecutar, con cargo a sus presupuestos, obras de captación, transporte, adecuación de infraestructuras u otras obras o actuaciones directamente relacionadas con el abastecimiento, cuando existan circunstancias de excepcional interés público que determinen la imperiosa necesidad de ejecución de la actuación en cuestión, en orden a garantizar, con la máxima celeridad posible, el abastecimiento de agua a la población en cantidad y calidad suficientes.
Para apreciar el excepcional interés público y la imperiosa necesidad de ejecución, Augas de Galicia atenderá, entre otras circunstancias, a la especial intensidad o gravedad del escenario de sequía, a la magnitud de sus efectos adversos en el corto plazo, a la existencia de inmediato riesgo sanitario o de desabastecimiento de agua potable para consumo humano, al grado de suficiencia o eficacia de otras medidas que, en sede de gestión del episodio de sequía o de la situación de riesgo sanitario, pudieran adoptarse previamente en la zona afectada para reducir o minimizar los efectos derivados de dicho episodio o situación, o la capacidad de las infraestructuras de abastecimiento de competencia de las entidades locales para hacer frente, en función de su estado de conservación, mantenimiento y ejecución, a dichos efectos.
2. Fuera del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, de acuerdo con las previsiones que se establezcan en los instrumentos de planificación en materia de sequía y en las restantes disposiciones de aplicación que correspondan para cada escenario o en una situación de riesgo sanitario, Augas de Galicia podrá acordar con los órganos gestores de esas situaciones la ejecución, en el marco de un escenario de sequía distinto al de prealerta o de una situación de riesgo sanitario, promover y ejecutar, con cargo a sus presupuestos, obras de captación, transporte, adecuación de infraestructuras u otras obras o actuaciones directamente relacionadas con el abastecimiento, como medidas para garantizar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que para su ejecución puedan establecerse entre las distintas administraciones implicadas.
3. Una vez finalizada la actuación de abastecimiento y recibida por la entidad pública empresarial Augas de Galicia, salvo los casos en los que la prestación del servicio de abastecimiento sea asumida previamente por esta en virtud de alguno de los mecanismos previstos en la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, o en su normativa de desarrollo, será entregada o cedida a la entidad local, según los casos, para que, como titular de la competencia para la prestación del servicio de abastecimiento, asuma su explotación en los términos que se determinen, así como el mantenimiento y conservación del mismo, sin perjuicio de que pueda acordarse, en caso de que las obras sean de titularidad de Augas de Galicia, la cesión de la propiedad, en su caso.
1. Los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros que, en aplicación de la presente ley, sean promovidos por la Administración hidráulica de Galicia, ya sea en virtud del régimen de colaboración acordado o por iniciativa propia, o por las administraciones locales, y cualquiera que sea su cuantía, podrán ser objeto de tramitación de emergencia, cumpliendo los requisitos y de acuerdo con el régimen establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. En particular, a efectos del apartado anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, podrá acudirse a la tramitación de emergencia en el caso de obras de necesaria ejecución inmediata para hacer frente a situaciones de grave peligro derivadas de la declaración por la Administración hidráulica competente de insuficiencia de recursos hídricos a efectos del abastecimiento de agua para el consumo humano o de la declaración por la autoridad sanitaria competente de la situación de riesgo sanitario.
A estos efectos, en caso de abastecimientos con captaciones localizadas en embalses, se entenderá que concurre un grave peligro por insuficiencia de recursos hídricos cuando las reservas existentes no garanticen el abastecimiento a la población en un plazo superior a los tres meses.
3. En caso de contrataciones de obra tramitadas por la vía de emergencia, no será necesaria la elaboración de un proyecto de obra. En su defecto, se redactará un documento técnico descriptivo de las obras, que tendrá un grado de desglose suficiente para permitir conocer el carácter, extensión, localización y finalidad de la actuación proyectada, así como una estimación económica aproximada. Dicho documento técnico, que será objeto de aprobación con los efectos establecidos en el artículo siguiente, servirá de base para la contratación de las obras por el procedimiento de emergencia, así como para la verificación de la adecuación de la actuación al plan urbanístico vigente y, en su caso, para otras tramitaciones que pudieran resultar necesarias atendiendo a las específicas características de la obra y a la situación concreta de emergencia.
4. Las prestaciones propias de los contratos de obras, servicios y suministros a los que se refieren los apartados anteriores podrán también ejecutarse previo encargo a medios propios del poder adjudicador de que se trate, de acuerdo con el régimen establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
1. La aprobación de las medidas que se adopten al amparo de la presente ley en el marco de un episodio de sequía o una situación de riesgo sanitario llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios que sean necesarios para desarrollarlas, así como la necesidad de urgente ocupación de los bienes y de adquisición de derechos. La declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación se referirán también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.
A los efectos anteriores, será imprescindible que los documentos técnicos donde se definan las medidas que sea necesario ejecutar incluyan una relación concreta e individualizada en la que se describan, en todos los aspectos materiales y jurídicos, los terrenos, bienes, servidumbres y demás derechos reales que se considere necesario ocupar o adquirir para la ejecución de la medida o para la reposición de los servicios afectados por su ejecución, con la identificación de las personas titulares, así como la representación gráfica de la delimitación de las ocupaciones necesarias, y que se realizaron los trámites exigidos por la legislación en materia de expropiación forzosa.
En caso de ser necesaria la tramitación de procedimientos expropiatorios con motivo de la ejecución de medidas que se aprueben al amparo de la presente ley, estos serán tramitados por la vía de urgencia, de acuerdo con lo previsto en la normativa en materia de expropiación forzosa.
2. Las obras hidráulicas de abastecimiento promovidas por la Administración hidráulica de Galicia al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 no precisarán de licencia municipal, ni estarán sometidas a ningún otro acto de control preventivo municipal, aunque habrá de solicitarse, con carácter previo a la aprobación definitiva del documento técnico descriptivo de las obras, la emisión por parte de las entidades locales afectadas de un informe de adecuación al planeamiento urbanístico vigente.
El informe habrá de ser emitido y remitido por medios electrónicos en el plazo de cinco días hábiles desde su solicitud. El transcurso del plazo para su evacuación y remisión sin que estas se verificasen permitirá la continuación de la tramitación del procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos siguientes, entendiéndose la conformidad de la entidad local con la ejecución de la actuación.
En caso de compatibilidad de la obra con el planeamiento urbanístico vigente, el órgano competente de Augas de Galicia aprobará el documento técnico y procederá a su contratación y ejecución inmediata.
En caso de que se emita informe sobre la incompatibilidad urbanística de la obra, las entidades locales se pronunciarán además, en ese mismo trámite, sobre la oportunidad de la actuación y manifestarán su conformidad o disconformidad con su ejecución, debiendo ser esta última motivada, habida cuenta de la ponderación de intereses locales en juego y la adecuación de la medida para satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua para consumo humano derivadas de un episodio de sequía o de una situación de riesgo sanitario.
En caso de que la obra resultase incompatible con el plan urbanístico vigente, Augas de Galicia aprobará el documento técnico y requerirá informe, a emitir con carácter de urgencia, a la consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio sobre los aspectos urbanísticos de la actuación y las modificaciones del plan que fueran precisas para alcanzar su compatibilidad urbanística. Este informe será trasladado a las entidades locales afectadas para que puedan presentar alegaciones, las cuales serán emitidas y remitidas por medios electrónicos en el plazo de cinco días hábiles.
Una vez finalizados los trámites anteriores, el expediente completo se remitirá por la consejería competente en materia de aguas al Consejo de la Xunta, que, si procede, resolverá de manera motivada en atención a las razones de urgencia y a los intereses públicos concurrentes. En caso de autorización definitiva de la actuación por el Consejo de la Xunta, en el acuerdo se ordenará también el inicio del procedimiento de alteración urbanística correspondiente conforme a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. El acuerdo del Consejo de la Xunta será inmediatamente ejecutivo y habilitará a Augas de Galicia para el inicio de las obras previa contratación de las mismas de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
La entidad local afectada no podrá suspender la ejecución de las obras siempre que se haya cumplido el trámite de informe previo, estuviera aprobado el proyecto técnico por el órgano competente, se haya efectuado la comunicación de tal aprobación a la entidad local afectada y las obras se ajusten al proyecto o a sus modificaciones.
3. En caso de que las obras hidráulicas de abastecimiento promovidas por la Administración hidráulica de Galicia al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 fueran declaradas de emergencia de acuerdo con el artículo 23, estas no precisarán de licencia municipal, ni estarán sometidas a ningún otro acto de control preventivo municipal.
En estos casos, siempre que fuera posible, se comunicará a las entidades locales afectadas, con carácter previo, la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 22 y de los presupuestos que determinan el carácter de emergencia de las obras, para que puedan manifestar de forma motivada, en el plazo que permitan las circunstancias concurrentes, su posición al respecto, teniendo en cuenta la ponderación de intereses locales en juego y la adecuación de la medida al objeto de satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua para el consumo humano derivadas de un episodio de sequía o de una situación de riesgo sanitario.
Una vez ponderadas las alegaciones de las entidades locales afectadas, los órganos competentes de Augas de Galicia podrán aprobar el documento técnico para la realización de las obras, declarar la emergencia y proceder a su contratación y ejecución inmediata.
En estos casos, si la obra fuera incompatible con el planeamiento urbanístico vigente, el ayuntamiento deberá iniciar el procedimiento de alteración urbanística correspondiente conforme a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
La entidad local afectada no podrá suspender la ejecución de las obras siempre que se cumplieran los requisitos establecidos en este apartado y las obras se ajusten al documento técnico aprobado o a sus modificaciones.
4. En caso de obras promovidas por las entidades locales y ejecutadas por Augas de Galicia en aplicación de los mecanismos de colaboración establecidos en el artículo 21 y que sigan la tramitación de emergencia en su contratación, será de aplicación el régimen establecido en el apartado anterior.
5. Las obras promovidas y ejecutadas por las entidades locales en el marco de lo establecido en la presente ley serán comunicadas, para su conocimiento y a efectos de mantener la debida coordinación entre las administraciones competentes, a Augas de Galicia.
1. En la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, el Consejo Rector de Augas de Galicia, regulado en el Estatuto de la entidad pública empresarial Augas de Galicia, aprobado por Decreto 32/2012, de 12 de enero, será el encargado de la gestión del escenario de alerta y prestará apoyo en el escenario de emergencia al órgano competente en materia de protección civil encargado de su gestión, así como cuando esté activada la situación excepcional por sequía.
2. En las situaciones anteriores, el Consejo Rector de Augas de Galicia podrá acordar medidas, en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, en los términos previstos en los correspondientes planes hidrológico y de sequía aplicables en dicha demarcación, relativas a la modificación temporal de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el título habilitante de dicha utilización, y en particular:
a) Reducir o modificar las dotaciones en el suministro de agua que sean precisas para ordenar la gestión y el aprovechamiento de los recursos hídricos. A estos efectos, podrán determinarse las dotaciones máximas de agua para abastecimiento en alta.
b) Modificar, conforme a lo previsto en el Plan hidrológico, los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos del agua, respetando en todo caso la supremacía del uso consignado en el artículo 60.3.1.º del Texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.
c) Acordar la suspensión cautelar del otorgamiento de concesiones y autorizaciones para el uso privativo del agua, las revisiones o las modificaciones que supongan un incremento en el uso del agua.
d) Imponer la sustitución de la totalidad o parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen y de calidad adecuada para los usos a los que estén destinados, para racionalizar el aprovechamiento del recurso y dar cumplimiento al régimen de caudales ecológicos establecido en el Plan hidrológico. Entre otros supuestos, podrá imponerse la sustitución de caudales destinados al riego, a usos industriales e hidroeléctricos o a usos recreativos u ornamentales por aguas regeneradas.
e) Imponer a las personas titulares de derechos concesionales, tanto públicos como privados, la obligación de informar, con la periodicidad que se establezca, sobre los caudales de agua captada, tratada y suministrada, y de implementar las instalaciones para su medición en caso de que no existieran.
f) Imponer a las personas titulares de derechos concesionales la limitación o incluso la suspensión de utilización de caudales de agua para usos recreativos u ornamentales en fuentes públicas, surtidores, pozos, galerías y minas de captación de agua.
g) Modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido, para proteger la salud pública, el estado de los recursos y el medio ambiente hídrico y el de los sistemas terrestres asociados. Estas modificaciones podrán alcanzar incluso la suspensión temporal de aquellos vertidos que pudieran ocasionar interrupciones en las operaciones de captación y tratamiento del agua para abastecimiento.
h) Adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las necesidades derivadas de la gestión del episodio de sequía, al objeto de compatibilizarlos con otros usos, de forma que los recursos hídricos empleados en ellos puedan ser considerados reservas estratégicas.
i) Adaptar el régimen de caudales ecológicos atendiendo a las prescripciones establecidas en la normativa de aplicación y en la presente ley.
3. El Consejo Rector de Augas de Galicia, en el marco de la gestión de un episodio de sequía, de acuerdo con lo establecido en los planes hidrológico y de sequía aplicables en la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, podrá valorar, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, la conveniencia de realizar obras de captación, transporte o adecuación de infraestructuras de abastecimiento o cualquier otra medida propuesta en los planes excepcionales elaborados por las administraciones públicas responsables de los sistemas de abastecimiento a la población, como medida excepcional para mitigar los impactos generados por el episodio de sequía y garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano.
4. El Consejo Rector de Augas de Galicia podrá delegar las facultades previstas en los apartados anteriores en el comité permanente referido en el artículo 8 del Estatuto de la entidad pública empresarial Augas de Galicia, aprobado por Decreto 32/2012, de 12 de enero. En todo caso, se procurará que exista una representación e interlocución adecuada con el ayuntamiento o ayuntamientos afectados.
5. A efectos de ejecutar las medidas acordadas de conformidad con lo previsto en los apartados anteriores, la persona titular de la Dirección de Augas de Galicia podrá:
a) Adoptar cuantas medidas sean precisas para el eficaz cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector, y, en particular, aquellas medidas que sean precisas para hacer efectivos los acuerdos relacionados con la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico.
b) Imponer a las personas titulares de derechos concesionales la ejecución de aquellas obras de control o de medida de caudales que sean necesarias para una mejor gestión de los recursos o acordar subsidiariamente su realización, que deberán ejecutarse por cuenta de las personas obligadas.
c) Acordar la realización de obras de captación, transporte o adecuación de infraestructuras y de control de la evolución de las masas de agua subterránea en los términos previstos en la presente ley, correspondiendo su contratación al órgano de contratación de Augas de Galicia.
d) Acordar, en caso de activación de los escenarios de alerta o emergencia o en situaciones excepcionales por sequía y en los términos previstos en la presente ley, la ejecución de obras de captación, transporte, adecuación de infraestructuras o cualesquiera otras en materia de abastecimiento de agua para el consumo humano, que se deriven de las medidas adoptadas por los órganos de gestión del episodio de sequía para reducir o minimizar los efectos adversos que se deriven de dicho episodio.
1. De acuerdo con la normativa reguladora de los planes hidrológicos, el Plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa establecerá el régimen de caudales ecológicos aplicable en condiciones ordinarias y en condiciones de sequía.
La exigencia en el cumplimiento de los caudales ecológicos se mantendrá en todos los sistemas de explotación, con la única excepción del abastecimiento a las poblaciones en los términos previstos en el Texto refundido de la Ley de aguas aprobado por Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en su normativa de desarrollo.
En los cauces de ríos no regulados la exigencia de los caudales ecológicos quedará limitada a aquellos periodos en los que la disponibilidad natural lo permita en los términos previstos en la normativa en materia de aguas.
2. La activación de un escenario de alerta o emergencia en un sistema de explotación de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa implicará la aplicación directa e inmediata del régimen de caudales ecológicos aplicable en condiciones de sequía, salvo previsión en contrario en el Plan hidrológico de dicha demarcación o en la restante normativa que resulte de aplicación.
La aplicación del régimen de caudales ecológicos en cualquier otra situación, durante un episodio de sequía, atenderá a las previsiones del Plan hidrológico y a lo que disponga el Plan de sequía de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.
3. Con carácter general, durante la vigencia de las medidas adoptadas al amparo de la presente ley relacionadas con un episodio de sequía, se mantendrá el régimen de caudales ecológicos aplicable en condiciones ordinarias para las zonas protegidas identificadas en el Plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa vigente en cada momento. Cualquier modificación de los caudales ecológicos en estas zonas debe contar con informe de la dirección general competente en materia de patrimonio natural, que tendrá en cuenta las limitaciones de caudal que de forma natural se producen en una situación de sequía, así como lo dispuesto en el artículo 18.4 del Reglamento de la planificación hidrológica, aprobado por Real decreto 907/2007, de 6 de julio. El informe habrá de ser emitido y remitido por medios electrónicos en el plazo de cinco días hábiles desde su solicitud.
4. El Consejo Rector de Augas de Galicia, en el ámbito de su gestión de un episodio de sequía, y con carácter excepcional, podrá acordar la no aplicación del régimen de caudales ecológicos previsto en orden a satisfacer las necesidades prioritarias de abastecimiento a la población.
Para adoptar esta decisión se solicitarán cuantos informes y documentación se estimen necesarios para asegurar que se trate de una situación en la que no existe otra alternativa razonable que pueda dar satisfacción a la necesidad de abastecimiento a la población sin afectar a los caudales ecológicos. Para la adopción de la decisión deberá contarse, como mínimo, con:
a) Un certificado de la administración responsable del abastecimiento a la población en el que se justifique de forma clara que se adoptaron todas las medidas viables y que está en riesgo el abastecimiento a la población, indicando, en su caso, problemas de salud pública o cualquier otra situación excepcional que justifique la reducción de caudales ecológicos.
b) La administración responsable del abastecimiento deberá justificar ante el Consejo Rector de Augas de Galicia la falta de recursos o la ausencia de infraestructuras que pudieran aprovecharlos, así como la previa adopción de todas las posibles medidas de ahorro en usos menos prioritarios.
c) Un informe meteorológico en donde consten las previsiones de precipitación a corto, medio y largo plazo, realizado por la dirección general competente en la materia.
d) Un informe de valoración de las posibles afecciones ambientales de la reducción de los caudales ecológicos y las medidas que tendrían que aplicarse para minimizar el impacto, realizado por la dirección general competente en materia de patrimonio natural.
e) Un informe de la autoridad sanitaria competente siempre que el certificado de la administración responsable del abastecimiento identifique algún posible problema de salud pública.
1. En el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, la reutilización de aguas depuradas en sustitución de los recursos convencionales se regirá por lo dispuesto en el Real decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Durante un episodio de sequía, en la tramitación de las concesiones o autorizaciones necesarias para la reutilización de estas aguas se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 30.
2. En todos los casos de reutilización de aguas residuales depuradas a los que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse las condiciones que establezca el informe vinculante de la consejería competente en materia de sanidad, a fin de preservar las garantías sanitarias, así como las que puedan establecer los informes de otras consejerías competentes en razón de la materia.
3. En caso de que el agua depurada se destine a usos industriales, habida cuenta de las condiciones que establecen los apartados anteriores, se podrán revisar las autorizaciones de vertido del efluente de proceso a fin de hacer compatibles los valores de los parámetros de control con los nuevos usos, con el límite de que este vertido no ponga en peligro recursos destinados al abastecimiento.
4. Las administraciones titulares o gestoras de las estaciones depuradoras de aguas residuales adoptarán las medidas precisas para que los caudales depurados puedan reutilizarse de acuerdo con las condiciones que se establezcan.
Augas de Galicia, dentro del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, podrá redistribuir los caudales que se capten en los embalses situados en los sistemas de explotación declarados en situación excepcional por sequía, con la finalidad de prolongar al máximo las últimas reservas de agua existentes en los mismos y garantizar las necesidades básicas de abastecimiento a la población.
A tal efecto, podrán fijarse unos volúmenes máximos de agua a captar en proporción a la población que se abastezca de cada captación, que podrán ser modificados de manera progresiva en función de los recursos hídricos restantes en los embalses, a fin de que la redistribución de los caudales tenga en cuenta el estado de las reservas de agua y la probabilidad de recuperación de las mismas.
1. En el ámbito de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, a petición de las entidades locales, en caso de que estas no puedan ejercer las competencias en materia de abastecimiento de agua que les atribuyen las leyes a consecuencia de un episodio de sequía, Augas de Galicia podrá ordenar, previo informe vinculante de la autoridad sanitaria competente, el cual se emitirá con carácter de urgencia, el destino, con carácter temporal, a abastecimiento a la población de caudales de agua concedidos para otros usos.
2. En el ámbito de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, Augas de Galicia podrá autorizar, a instancia de la persona titular de una concesión o de la administración responsable de la gestión del sistema de abastecimiento afectado, y previo informe vinculante de la autoridad sanitaria competente, el cual se emitirá con carácter de urgencia, las derivaciones o captaciones de aguas superficiales o subterráneas de emergencia y la realización de las obras asociadas para atender al abastecimiento de agua de poblaciones. Las autorizaciones se otorgarán por el tiempo indispensable y su vigencia se agotará, en todo caso, cuando finalice la situación de necesidad que motivó su otorgamiento.
3. A estos efectos y en orden a garantizar el abastecimiento a la población, con carácter temporal y mientras persista el episodio de sequía, Augas de Galicia podrá así mismo ordenar la requisa de los derechos de aguas privadas procedentes de fuentes, surtidores, pozos, galerías y minas de captación de agua.
4. Las actuaciones previstas en este precepto podrán adoptarse después de haberse activado un escenario de alerta o emergencia y se entienden sin perjuicio del derecho de las personas particulares afectadas a ser indemnizadas por la administración responsable de la gestión del sistema de abastecimiento autorizada, en los casos en los que así proceda en aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.
1. Dada la concurrencia de razones de interés público, la tramitación de los procedimientos para la aplicación de las medidas previstas en este título tendrá carácter de urgencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En su virtud, todos los plazos previstos para la tramitación ordinaria de dichos procedimientos quedarán reducidos a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y de recursos.
2. La tramitación de los procedimientos de modificación temporal en las condiciones de utilización del dominio público hidráulico se efectuará del siguiente modo:
a) El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente, y el acuerdo de inicio se notificará a las personas interesadas.
b) El procedimiento se instruirá por la subdirección general competente en materia de gestión del dominio público hidráulico, quien solicitará los informes previos que sean preceptivos y aquellos otros que considere oportunos, y elaborará la propuesta de resolución.
c) La audiencia a las personas interesadas se reducirá al plazo de cinco días hábiles.
d) La resolución del procedimiento corresponderá al Consejo Rector de Augas de Galicia u órgano en quien delegue.
3. La resolución adoptada de acuerdo con el apartado anterior, que agota la vía administrativa a efectos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, determinará la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico durante el periodo que expresamente se establezca en dicha resolución o, en su defecto, mientras no se desactive el escenario del episodio de sequía que motive dichas medidas de modificación de uso o mientras estas no sean expresamente revocadas.
4. Los procedimientos iniciados para la aplicación de las medidas previstas en este título no resueltos antes de la finalización del episodio de sequía serán archivados una vez que, de acuerdo con la normativa o planificación aplicables, desaparezca la situación que motivó su adopción, sin perjuicio, en su caso, de los efectos del silencio administrativo para los procedimientos iniciados a instancia de persona interesada.
1. Durante la existencia de un episodio de sequía serán de aplicación los siguientes tipos infractores específicos, dentro del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa:
a) El incumplimiento por las personas titulares de concesiones y autorizaciones administrativas, reguladas por la legislación de aguas y costas, de las condiciones impuestas en las resoluciones dictadas al amparo de la presente ley se considerará infracción leve, pudiendo ser calificado dicho incumplimiento como infracción grave o muy grave cuando concurriesen las circunstancias establecidas en el artículo 86 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
b) La captación de aguas superficiales o subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización, así como la realización de trabajos o mantenimiento por cualquier medio que haga presumir la realización o continuación de la captación de las indicadas aguas en los ámbitos territoriales correspondientes a los sistemas de explotación en los que se haya declarado alguno de los escenarios correspondientes a un episodio de sequía se considerará infracción leve, pudiendo ser calificada dicha conducta como infracción grave o muy grave cuando concurriesen las circunstancias establecidas en el artículo 86 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
c) La realización de vertidos no autorizados en los ámbitos territoriales correspondientes a los sistemas de explotación en los que se haya declarado alguno de los escenarios correspondientes a un episodio de sequía se considerará infracción leve, pudiendo ser calificada dicha conducta como infracción grave o muy grave cuando concurriesen las circunstancias establecidas en el artículo 86 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
2. Las indicadas infracciones serán sancionadas por la Administración hidráulica de Galicia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, si bien la sanción deberá imponerse en su grado máximo, teniendo en cuenta en la determinación del importe concreto, dentro de dicho grado máximo, los criterios previstos en el artículo 87 de la referida ley.
1. Las concesiones de aguas que se otorguen por la Administración hidráulica de Galicia durante la vigencia de las medidas adoptadas al amparo de la presente ley estarán sujetas a las limitaciones temporales en la utilización del dominio público hidráulico previstas en la misma, las cuales habrán de incluirse expresamente en los títulos concesionales que se otorguen.
2. Asimismo, las limitaciones temporales en la utilización del dominio público hidráulico establecidas en la presente ley resultarán también de aplicación a las concesiones otorgadas en el momento de su entrada en vigor por la Administración hidráulica de Galicia sin necesidad de modificación expresa de los títulos concesionales.
1. En el plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, todas las administraciones públicas responsables de los sistemas de abastecimiento a la población deberán llevar a cabo una auditoría al objeto de cuantificar las pérdidas de agua en sus instalaciones de abastecimiento en alta y de suministro en baja. Igualmente, deberán publicar el porcentaje de pérdida de agua en la sede electrónica de la administración correspondiente. El resultado de esta auditoría será actualizado con una periodicidad bienal.
2. Para minimizar las pérdidas de agua en sus instalaciones de abastecimiento, las administraciones públicas responsables de los sistemas de abastecimiento a la población, en el plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, deberán igualmente aprobar un plan de actuaciones para minimizar las pérdidas, el cual será actualizado con una periodicidad máxima cuatrienal.
3. Dentro de los plazos establecidos en los apartados anteriores, las administraciones públicas responsables de los sistemas de abastecimiento habrán de remitir a Augas de Galicia una copia del resultado de la auditoría y del plan de actuaciones y sus actualizaciones.
4. El incumplimiento por parte de las entidades locales de las obligaciones contempladas en esta disposición adicional podrá dar lugar a la denegación de la colaboración técnica y financiera de la Administración hidráulica de Galicia prevista en la presente ley y en el Decreto 59/2013, de 14 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, en materia de ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas.
1. En el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, las personas titulares de las redes de abastecimiento deben disponer de contadores homologados de medición de consumo de agua en todos los puntos de captación o de suministro en alta y en los puntos de suministro final en alta o en baja, se facture o no el agua, incluidos los consumos propios de la entidad suministradora de agua, entre los cuales se engloban, entre otros, los consumos vinculados a usos no sujetos al canon del agua o exentos de su pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
2. En caso de que las personas titulares de las redes fueran administraciones locales, se estará a lo dispuesto en el artículo 15 en el supuesto de incumplimiento de la obligación indicada en el apartado anterior.
3. En caso de que las personas titulares de las redes no fueran administraciones locales, el incumplimiento de la obligación indicada en el apartado 1 se considerará infracción leve, la cual será sancionada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, para las infracciones de esta calificación.
1. En el plazo máximo de tres años, a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, las personas titulares de las redes de abastecimiento adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento se sitúen como máximo en el veinte por ciento del volumen total de agua captado.
2. A estos efectos, las pérdidas se cuantificarán como la diferencia entre el volumen captado o suministrado en alta y el volumen de agua suministrado en baja, sea o no objeto de facturación, incluyendo los consumos propios de la entidad suministradora, medidos ambos volúmenes, en todo caso, por contador homologado, sin admitirse otros sistemas alternativos, y expresados en metros cúbicos.
La consejería competente en materia de sanidad actualizará los planes y protocolos de inspección existentes, al objeto de adaptarlos a las necesidades actuales, para alcanzar