Categoría: Administración

troles eficaces. Por lo tanto, en el año 2023, se podrán presentar solicitudes de ayuda, solicitudes de asignación de derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad o de la documentación que las acompaña presentadas hasta el 30 de junio de 2023 inclusive, y hasta el 30 de junio se podrán presentar también modificaciones de la solicitud de ayuda para la inclusión de nuevas intervenciones en forma de pagos directos o de desarrollo rural, o adición de parcelas individuales o derechos de pago individuales. Esta ampliación de plazo hasta el 30 de junio de 2023 resulta de suprimir las penalizaciones para la presentación de las solicitudes y de la documentación adicional, superponiéndose por tanto para el año 2023 del 15 al 30 de junio el periodo de presentación y el periodo de modificaciones, lo que se considera permitirá aliviar transitoriamente la situación de los agricultores.
Del mismo modo, se incorporan dos cambios que permiten una más progresiva entrada en vigor de las obligaciones contenidas en el Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el cuaderno digital de explotación agrícola, de modo que se reduce en 2023 y 2024 la frecuencia de remisión de información de los cuadernos digitales de explotación, ya sean comerciales o públicos, al sistema de información de explotaciones. Además, se escalona la entrada en vigor de tales obligaciones, perfeccionando el modelo actual basado en el tamaño y orientación productiva de las explotaciones, para que la eficacia de tales medidas se pueda diferir en el tiempo y asegurar una entrada en vigor más acorde con las actuales circunstancias, de modo que se establezcan dos periodos para cada tipo de explotación, retrasando las fechas e incluyendo una nueva clasificación, de modo que los datos inmediatamente derivados del Plan estratégico de la PAC sean obligatorios unos meses antes que los que derivan del resto de normativas. Con estos cambios se logra ofrecer un mecanismo de flexibilidad a los operadores económicos afectados por las circunstancias descritas en este real decreto, que les permita una adaptación paulatina y sosegada al nuevo marco normativo, teniendo en cuenta la particular coyuntura en que el sector primario se encuentra en la actualidad con motivo de la sequía.
Con similar objeto, se procede a modificar el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, establece que los titulares de las explotaciones afectadas deben comunicar a la autoridad competente de la comunidad autónoma las Mejores Técnicas Disponibles empleadas para la reducción de emisiones de gases contaminantes y de gases de efecto invernadero en la explotación, de modo que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios habilitará procedimientos informáticos para la sistematización de la recogida de dicha información, registro que se constituye en una base de datos dentro del sistema informatizado ECOGAN, que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No obstante, las revisiones de las metodologías para estimar las excretas y emisiones de la ganadería se realizan cada cinco años mediante los denominados «Documentos por los que se establecen las bases zootécnicas para el cálculo del balance alimentario de Nitrógeno y Fósforo», correspondiendo la última revisión al periodo 2015-2020, que fue aprobada el 15 de febrero de 2023 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no siendo posible incorporar estos datos antes de la entrada en vigor de la disposición final séptima, por lo que es necesario adecuar los plazos de entrada en vigor de la obligación de comunicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), dando de este modo un periodo adicional a los interesados para el cumplimiento de estas obligaciones que a buen seguro facilitará la compleja tarea adaptativa de las explotaciones en el marco coyuntural actual.
En cuarto lugar, se incorpora un conjunto de medidas en materia de aguas en el título II, que permitan hacer frente a la situación de sequía, así como energéticas que mejoren las condiciones productivas.
Con este real decreto-ley se adoptan, por una parte, medidas de exención tributaria para paliar los impactos económicos producidos por la sequía y la escasez coyuntural. Por otra parte, también se adoptan las medidas administrativas necesarias para corregir o mitigar esa situación mediante la limitación y restricción de los aprovechamientos, de forma equitativa y solidaria entre todos los sectores afectados.
Para paliar los efectos producidos por la escasez de recursos hídricos, se otorga a los órganos rectores de las confederaciones hidrográficas afectadas por este real decreto-ley, y singularmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un elenco de facultades extraordinarias. Así, se autoriza a la Comisión Permanente de la Sequía para que pueda proponer la modificación temporal de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el título habilitante, pudiendo entre otras medidas: establecer las reducciones de suministro de agua necesarias para la justa y racional distribución de los recursos disponibles limitando los derechos concesionales, modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos del agua, suspender cautelarmente el otorgamiento de títulos que impliquen un incremento del consumo, imponer la sustitución de la totalidad o parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen y calidad adecuada para el uso al que estén destinados, modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido, adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos para que puedan ser compatibles con otros usos, así como constituir, en su caso, juntas centrales de usuarios para ordenar y vigilar la gestión de los recursos.
Los procedimientos vinculados a la ejecución de las medidas previstas en este real decreto-ley se declaran de urgencia, al amparo de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al mismo tiempo, se simplifican los trámites para la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, elemento central para garantizar la eficacia de esta regulación excepcional, asegurando en todo caso la necesaria participación y audiencia de los interesados.
Se refuerza el régimen sancionador en lo que atañe a las infracciones cometidas en relación con las medidas excepcionales incluidas en este real decreto-ley, para dotar a los órganos competentes de facultades acordes con la gravedad de la situación, en beneficio del interés público.
Con el objetivo de recuperar el funcionamiento ecológico del espacio natural de Doñana y mitigar los impactos actuales a los que se enfrenta con un enfoque integral, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado el Marco de Actuaciones para Doñana, que incluye entre sus medidas la reducción del impacto ocasionado por las extracciones de agua para el abastecimiento a Matalascañas. Con dicha actuación, y en ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 24 de junio de 2021, se llevará a cabo la sustitución de los bombeos de agua subterránea que actualmente abastecen a Matalascañas (Almonte, Huelva) por aguas superficiales procedentes de la estación de tratamiento de agua potable de Palos, situada en la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras.
Esto permitirá limitar las extracciones de agua de la masa de agua subterránea litoral para abastecimiento de Matalascañas únicamente a situaciones coyunturales de emergencia, cuando el suministro superficial no pudiese funcionar por averías u otras circunstancias extraordinarias. Estas extracciones desde el acuífero afectan, según entendió el Tribunal de Justicia, a varias lagunas del espacio protegido, problema que quedaría resuelto con esta actuación.
Asimismo, la sequía que afecta en particular a la cuenca del Guadalquivir y que se deja sentir esencialmente en los suministros de agua superficial, también incide en un incremento local de la extracción de aguas subterráneas, puesto que estas ofrecen más garantía, acentuando, en este caso, el problema de la afección a las zonas húmedas protegidas. Es por ello que a la urgencia que conlleva la necesidad de ejecutar la citada sentencia del TJUE, se une en este caso la urgencia de mitigar los efectos indirectos de la sequía que afecta a la cuenca del Guadalquivir y revertir la degradación ambiental de este espacio emblemático.
Al tratarse de una infraestructura de abastecimiento urbano de competencia municipal, la actuación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en este marco requiere una declaración de interés general del Estado, prevista mediante este real decreto-ley. Igualmente, es preciso autorizar la correspondiente transferencia de pequeña cuantía entre la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, como cedente, y la del Guadalquivir, como receptora, lo que buscando la mayor eficacia y agilidad normativa se articula también mediante el presente instrumento.
Tras el inicio de la pandemia de COVID-19, en julio de 2020 el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE) dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados Miembros. En España, la gestión de estos fondos se articula a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo.
Y es en el marco de dicho Plan en el que se enmarca la presente reforma del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, como uno de los compromisos adoptados por el Reino de España con la Comisión Europea, focalizado en la recuperación del coste de las inversiones relacionadas con los vertidos urbanos, su recogida y tratamiento, además de la integración de la reglamentación europea sobre reutilización de aguas residuales regeneradas, así como su impulso.
En el contexto normativo europeo, la aprobación del Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020, relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua y su próxima aplicación el 26 de junio de 2023, exige como necesidad inmediata y urgente la de poner el foco sobre esta actividad tan necesaria en España, máxime en aquellas zonas de nuestra geografía en las que está constatada la escasez de recursos hídricos y la necesidad de acudir a otros recursos que hasta ahora son conocidos como no convencionales. Todavía adquieren más relevancia las aguas regeneradas en las zonas próximas a la costa en las que la reutilización no plantea el problema de comprometer las demandas aguas abajo.
Puede señalarse que la reutilización debe fomentarse en cada demarcación hidrográfica en función de sus necesidades de acuerdo las previsiones establecidas en el plan hidrológico, y no debe considerarse sólo el uso agrícola sino también otros posibles usos.
La finalidad del Reglamento (UE) 2020/741, como indica la propia norma, es garantizar que las aguas regeneradas sean seguras para el riego agrícola, y de esta forma asegurar un alto nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana y la sanidad animal, promover la economía circular, apoyar la adaptación al cambio climático, y contribuir a los objetivos de la Directiva Marco del Agua al hacer frente a la escasez de agua y a la consiguiente presión sobre los recursos hídricos de manera coordinada en toda la Unión, contribuyendo así además al funcionamiento eficaz del mercado interior.
Deben realizarse las modificaciones normativas necesarias para adaptar la regulación española a la normativa europea. Es por tanto urgente, dada la situación de sequía existente y la inminente aplicación del Reglamento (UE) 2020/741, incorporar en el texto refundido de la Ley de Aguas un nuevo capítulo III del título V, «De la reutilización de las aguas», que recoge aquellos preceptos que garantizan la consistencia del texto refundido de la Ley de Aguas con el citado Reglamento e impulsan la reutilización de aguas residuales regeneradas para mejorar las garantías de suministro y el cumplimiento de los objetivos ambientales de la planificación hidrológica.
En este sentido, la reutilización de las aguas regeneradas se entiende como un medio para promover la economía circular y los recursos hídricos no convencionales, incrementar la seguridad hídrica, y reforzar la adaptación al cambio climático, para lo cual resulta imperativo que el agua regenerada sea considerada un recurso y que las asignaciones y reservas de los volúmenes de agua regenerada necesarios para atender los distintos usos estén establecidas en el plan hidrológico de cada demarcación hidrográfica.
Se determina que el uso del agua regenerada requerirá concesión administrativa o la modificación de características de una concesión existente, que su producción y suministro estará sometida a autorización que incluirá un condicionado basado en el Plan de gestión del riesgo de las aguas regeneradas; que se puedan establecer condiciones de vertido más rigurosas cuando sea necesario para favorecer la reutilización de las aguas evitando su desaprovechamiento; que los costes adicionales asociados a la reutilización de aguas en esas situaciones podrán ser asumidos por las Administraciones u otras entidades que resulten beneficiadas por la sustitución y que la reutilización pueda ser incentivada económicamente mediante la reducción del canon de control de vertido. Además, las Administraciones públicas podrán conceder ayudas al concesionario de aguas regeneradas cuando se trate de sustituir total o parcialmente recursos actualmente utilizados de acuerdo con el plan hidrológico y ello contribuya a alcanzar los objetivos medioambientales de las masas de agua o a la optimización de la gestión de los recursos hídricos.
Se requiere también modificar el artículo 41 del texto refundido de la Ley de Aguas referido a la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca. Esta reforma viene motivada por la necesidad de adecuar las reglas que dicho artículo fija, hecho que debe materializarse antes de iniciar los trabajos de revisión de los vigentes planes hidrológicos para el cuarto ciclo de planificación, lo que deberá producirse, a más tardar, el 1 de enero de 2024, para adecuarse al calendario común de la Unión Europea y actuar conforme establece la disposición adicional tercera del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
Por otro lado, se modifica el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas relativo al canon de control de vertidos. En primer lugar, se descuenta del importe del canon el volumen de agua que haya sido efectivamente reutilizado, fomentando de este modo la reutilización de aguas residuales depuradas. En segundo lugar, se eleva el coeficiente de mayoración del precio básico a 5, con la finalidad de desincentivar los vertidos sin tratamiento adecuado, cuyo impacto en las zonas protegidas se intensifica especialmente durante las situaciones de sequía.
La Administración General del Estado tiene en estos momentos un programa importante de inversión en obras hidráulicas de interés general del Estado, pero no cuenta con instrumentos suficientes para aplicar el principio de recuperación de costes al que viene obligada por la Directiva Marco del Agua a todas las obras que realiza. Resulta necesario modificar con carácter urgente el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas relativo al canon de regulación y tarifa de utilización del agua, para precisar el ámbito de aplicación de dichas exacciones, permitiendo así la adecuada recuperación de costes.
En primer lugar, se precisa el concepto de beneficiario de obras de regulación de las aguas superficiales y subterráneas, como sujeto pasivo del canon de regulación, incluyendo a los beneficiarios indirectos cuyos aprovechamientos se ven favorecidos por estas. Asimismo, se determinan como obras específicas sujetas a la tarifa de utilización del agua aquellas que, no siendo de regulación de aguas superficiales o subterráneas, pertenezcan a alguna de las categorías enumeradas en el artículo 122.1 y 2 de esta ley. En particular se entenderán por específicas las obras destinadas a la desalación, abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización. Finalmente se regula la posibilidad de eximir de la tarifa de utilización del agua en aquellas situaciones en las que el organismo de cuenca, en el marco de la planificación hidrológica, determine que la sustitución total o parcial de una concesión de aguas de captación superficial o subterránea por aguas regeneradas contribuya a alcanzar los objetivos medioambientales de las masas de agua o a la optimización de la gestión de los recursos hídricos.
Por otra parte, se modifica la redacción del apartado 1 del artículo 124 del texto refundido de la Ley de Aguas. El texto refundido de la Ley de Aguas dispone en el artículo 124 que la gestión de las obras hidráulicas de interés general puede realizarse directamente por los órganos competentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o a través de las confederaciones hidrográficas, o bien, permitir que la gestión de la construcción y explotación de obras hidráulicas de interés general se lleve a cabo por las comunidades autónomas en virtud de un convenio específico o mediante una encomienda de gestión. No obstante, este precepto no prevé la gestión de la explotación de las obras de interés general del Estado por las entidades locales, las cuales, en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, poseen la competencia original para prestar los servicios públicos de abastecimiento, saneamiento y depuración.
Conforme a los principios de eficacia, eficiencia y colaboración interadministrativa, y dados los problemas que está ocasionando que las propias entidades locales no puedan gestionar los servicios públicos para los que serían competentes en ausencia de una declaración de interés general estatal, es necesario incorporar con carácter urgente un mecanismo que permita a las entidades locales gestionar la explotación de las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado que en origen eran competencia de aquellas.
Estas modificaciones constituyen parte de la respuesta necesaria a las reformas establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y, particularmente, en la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia del Reino de España. En concreto, el componente 5 del PRTR, reforma 1 (C5.R1), denominado «espacio litoral y recursos hídricos», tiene por objeto mejorar la gestión de los recursos hídricos e incluye en su hito 75 la reforma del texto refundido de la Ley de Aguas, en relación con el canon de control de vertidos, el sistema de recuperación de los costes de las infraestructuras hidráulicas, la reutilización de aguas residuales y la mejora del control y la protección de las masas de agua, incluidas las aguas subterráneas, y dando respuesta a los aspectos relacionados con la sequía y la escasez. Por lo tanto, este real decreto-ley está asociado al cumplimiento de dicho hito del PRTR.
En quinto lugar, en materia de transportes se incorpora un título III, compuesto por dos capítulos.
En el primer capítulo se recoge la regulación sobre la reducción del precio de los billetes para jóvenes en los servicios de transporte público colectivo terrestre de competencia estatal durante el periodo estival de 2023. Se establecen los requisitos que han de reunir las personas para acceder a los descuentos establecidos en este capítulo, así como las fechas del viaje, que se fijan entre el 15 de junio de 2023 y el 15 de septiembre de 2023. A efectos de acreditar el cumplimiento de estos requisitos, se establece que los posibles beneficiarios de los descuentos deberán registrarse en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de acuerdo con lo que se establezca por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las restantes condiciones se establecerán por resolución de la persona titular de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Se establecen los descuentos aplicables a los jóvenes en el precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta en los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia, incluidos los servicios de proximidad, prestados sobre la red convencional y la red de ancho métrico, así como en los servicios AVANT. Se trata de servicios prestados por Renfe Viajeros SME, S.A. en virtud del Contrato entre la Administración General del Estado y la Sociedad Mercantil Estatal Renfe Viajeros, SME, S.A., para la Prestación de los Servicios Públicos de Transporte de Viajeros por Ferrocarril de «Cercanías», «Media Distancia Convencional», «Alta Velocidad Media Distancia (Avant)» y «Ancho Métrico», competencia de la Administración General del Estado, sujetos a Obligaciones de Servicio Público en el Periodo 2018 – 2027». En el caso de los servicios de competencia de la Generalitat de Cataluña que Renfe Viajeros SME S.A. presta en Cataluña, así como de los servicios regulares, no turísticos, que Renfe presta sobre la Red Ferroviaria de Interés General en virtud de convenios o contratos con las administraciones autonómicas, la aplicación de los descuentos con la correspondiente compensación por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, requerirá la previa aceptación expresa de las condiciones por parte de la comunidad autónoma correspondiente. La financiación de la compensación a Renfe Viajeros, SME S.A. por la reducción de ingresos derivada de la aplicación de los descuentos se llevará a cabo mediante un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que es objeto de aprobación en ese artículo.
Asimismo se regulan los descuentos para jóvenes en los servicios comerciales de transporte ferroviario de viajeros prestados sobre la Red Ferroviaria de Interés General. En este caso, será voluntario para las empresas ferroviarias la aplicación de los descuentos, debiendo comunicar a la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana su decisión de aplicarlos en el plazo de 10 días desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. Para financiar las compensaciones por la reducción de ingresos derivada de la aplicación de los descuentos, se aprueban dos créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
También se establecen los descuentos para jóvenes en el periodo estival en los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general por carretera de competencia estatal, y aprueba un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para financiar las compensaciones a los concesionarios de los servicios y las obligaciones de información, comunicación, visibilidad y publicidad que deben cumplir los operadores de transporte que apliquen los descuentos regulados en este real decreto-ley.
El capítulo II se compone de un único artículo que recoge la reducción del precio del Pase Interrail para jóvenes siempre que se adquiera a través de Renfe Viajeros SME S.A. durante el periodo estival de 2023. Interrail es un pase personal e intransferible, que puede ser adquirido y utilizado por personas residentes legalmente en Europa y que permite viajar en tren por 33 países europeos o en barco (entre Italia y Grecia). Con más de 50 años de existencia, ha sido utilizado por millones de jóvenes como forma de viajar por Europa.
Las instituciones europeas han reconocido el papel del Pase Interrail como instrumento para favorecer el conocimiento del resto de países de la Unión Europea para los jóvenes y por tanto, para «crear Europa». En este sentido, desde 2018 se dispone del programa DiscoverEU, una acción del programa Erasmus+ que ofrece la oportunidad de descubrir Europa a través de un sorteo de miles de pases de Interrail entre los jóvenes que lo soliciten. Hasta diciembre de 2022 más de 200.000 jóvenes europeos han disfrutado de un pase Interrail gratuito gracias a este programa.
Desde España, el Gobierno comparte el objetivo de la Unión Europea y se quiere facilitar que los jóvenes de nacionalidad española o de algún país de la Unión Europea con residencia legal en España puedan acceder a este tipo de viajes durante el periodo estival de 2023, en el que aún persiste la crisis derivada de la invasión de Ucrania por Rusia. La Sociedad Mercantil Estatal Renfe Viajeros, SME, S.A. forma parte del sector público empresarial estatal, es miembro asociado de la entidad Eurail BV formada por las principales compañías ferroviarias europeas que gestiona los pases Interrail y comercializa la venta de estos billetes de tren.
A la vista de todo ello, mediante este real decreto-ley se mandata a Renfe Viajeros, SME, S.A., que aplique, con carácter extraordinario, un descuento del 50% del precio del pase Interrail para los jóvenes de nacionalidad española o de algún país de la Unión Europea con residencia legal en España con edad entre 18 y 30 años, para los viajes a iniciar entre el 15 de junio de 2023 y el 15 de septiembre de 2023, ambos inclusive. La compensación a Renfe Viajeros SME S.A. por la reducción de ingresos derivada de la aplicación de este descuento se financiará mediante un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Por último, se incorpora una serie de medidas de carácter laboral y de Seguridad Social.
Así, se modifica el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Durante el verano de 2022, la creciente intensificación de los cambios en el clima –tanto con carácter global como particularmente en España– se ha puesto especialmente de manifiesto. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la media de las temperaturas registradas entre el 1 de junio y el 31 de agosto ha sido la más alta desde el comienzo de la serie histórica. El pasado mes de julio resultó el mes más cálido de toda la serie, habiéndose registrado en diversos puntos de la península un incremento anómalo de las temperaturas medias superior a los 4oC. Lo anterior evidencia los efectos del cambio climático en las temperaturas, pues conlleva un aumento general de las mismas y cambios cada vez más extremos, como ha señalado reiteradamente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Por ello, no resulta posible concebir este fenómeno como un hecho aislado, sino como una tendencia creciente que llevará a que escenarios como el actual se reproduzcan cada vez con más frecuencia.
En todo caso, las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos resultan alarmantes ya en el momento actual. Durante el verano de 2022 se ha producido un exceso de más de 4.800 muertes atribuibles a la temperatura a nivel nacional, según las estimaciones del sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III.
Así, resulta urgente actuar frente a estas circunstancias. En concreto, un ámbito donde las personas se encuentran en una especial vulnerabilidad es el laboral, en el que la exposición a los fenómenos meteorológicos adversos puede resultar ineludible, a no ser que la protección frente a los mismos esté adecuadamente garantizada por una normativa preventiva eficaz. En este contexto, las altas temperaturas de estos últimos años le costaron la vida, entre otros dramáticos casos, a un trabajador de 60 años mientras cumplía con sus obligaciones laborales, desarrollando la tarea de limpieza viaria en las calles del barrio de Vallecas, en Madrid, y a uno del campo de Murcia, en Lorca, que ni siquiera tenía a su disposición agua o medio de hidratación alguno.
A la vista del contexto descrito, y de los trágicos resultados en los que, potencialmente, deriva la ausencia de medidas, urge introducir las modificaciones precisas para reforzar el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, con tal de garantizar que los principios e instrumentos ya previstos en la legislación tengan una aplicación práctica efectiva.
Por ello, se modifica el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, estableciendo la obligación concreta de prever medidas adecuadas frente a riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incluida la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que estos concurran, resultando obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista cuando la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, emita aviso de fenómenos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras.
La disposición se enmarca en el desarrollo de la reciente Estrategia Española de Seguridad y Salud 2023-2027 y los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030, relacionados con los efectos del cambio climático. Esta protección exige la adopción de medidas preventivas y correctoras ante situaciones de riesgo para la salud de las personas trabajadoras ante situaciones urgentes y extremas que, por desgracia, cada vez son más habituales.
Por otro lado, las situaciones de sequía hidrológica y meteorológica, cíclicas en nuestro país, tienen como consecuencia una reducción de la actividad relacionada con los cultivos en todos sus ciclos, desde la siembra hasta la cosecha, así como con la ganadería. La repercusión se produce inmediata y directamente en el empleo agrario al producirse inevitablemente una disminución de la actividad productiva.
A la vista de esta situación, entre las medidas a poner en marcha se considera oportuno incluir la prórroga de la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura prevista en el artículo 24 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.
Existen antecedentes de aplicación de la media en situaciones anteriores, como la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Habida cuenta de que concurren idénticas circunstancias que aquéllas que determinaron la adopción de medida contemplada en el citado artículo 24, el fundamento de necesidad requerido para su mantenimiento responde a la misma motivación.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la situación descrita determina la necesidad de permitir, como medida de Seguridad Social, que las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social y los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que se encuentren al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y no tengan otro aplazamiento en vigor, puedan solicitar, directamente o a través de sus autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducción de estas reglas y modificaciones en el ordenamiento, se deben tener en cuenta dos aspectos referidos a las materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia de los presupuestos habilitantes que justifican la utilización de esta clase de norma. En relación con los primeros, como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución, los reales decretos-leyes «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». En el caso del presente real decreto-ley no se realiza afectación alguna a cualquiera de estas materias.
Por lo que respecta a la concurrencia de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, resumida en el Fundamento Jurídico IV de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. Conforme a la misma, se requieren, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación», es decir, lo que ha venido en denominarse, la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella». Como señala la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 18/2023, de 21 de marzo, en su Fundamento Jurídico 2.d), «el decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro, según hemos reiterado, que subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3; 189/2005, de 7 de julio, FJ 3; 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 5; 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 6; 68/2007, de 28 de marzo, FJ 6; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 4, y 35/2017, de 1 de marzo, FJ 3).»
También se debe advertir que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto-ley, pues el posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)».
Como se expone pormenorizadamente a continuación, ninguna de las medidas recogidas en la norma se puede considerar previsible con antelación pues ni la afección climática que se describe, ni el mantenimiento de las perturbaciones comerciales que se han expuesto ni las alteraciones en las condiciones productivas se podían conocer con antelación, si bien los Poderes públicos no pueden permanecer ajenos a su existencia e, incluso en los casos en que podría tomarse en consideración un calendario previo, como el relacionado con obligaciones y cambios normativos, es la concurrencia de estos factores lo que justifica adoptar las medidas por este medio. El único modo posible de hacerles frente ha de ser el del real decreto-ley, pues, ya que en cualquier otro mecanismo los plazos impedirían la correcta atención de las necesidades detectadas.
En consecuencia, se puede asegurar que existe una conexión directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella: ni las medidas en materia de producción agraria acordadas podrían esperar a una tramitación parlamentaria puesto que los efectos sobre los operadores serían demasiado gravosos por el retraso ni las medidas en materia de apoyo a la cadena alimentaria o a los trabajadores, o en materia de aguas, pueden acompasarse al eventual debate y decisión en sede parlamentaria, porque requieren de la decidida e inmediata intervención pública. La inmediatez de la entrada en vigor de este real decreto-ley resulta también oportuna, puesto que otra alternativa requeriría de un plazo muy superior en el tiempo. Esta acción normativa urgente asegura la puntual modificación legal descrita en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia (SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).
El haz normativo que se acomete ahora constituye un conjunto sistemático de medidas coordinadas que hace frente a las situaciones descritas desde diferentes perspectivas, compartiendo un objetivo común. Se hace necesario, pues, intervenir en la actual coyuntura de modo inmediato y desde distintos ámbitos materiales, por lo que se adopta este bloque de decisiones que mejoran la situación de partida desde la perspectiva de las necesidades acuciantes detectadas en el sector productivo, en el tratamiento fiscal de determinadas actividades o las condiciones de actividad en el sector, así como en materia de aguas.
Las medidas no pueden retrasarse puesto que los perjuicios a que se podría someter el correcto funcionamiento del mercado y el conjunto de la economía serían incalculables. Del mismo modo, la seguridad jurídica exige una pronta solución a estas circunstancias, dado que han de adicionarse medidas al ordenamiento sin demora, tanto por motivos coyunturales como estructurales.
Además, la extraordinaria y urgente necesidad de estas medidas procede de la concurrencia de una pléyade de causas de fuerza mayor, derivadas de circunstancias ambientales crecientemente extremas, crisis agudizadas en el comercio internacional y alteración secuencial de los elementos constitutivos de la actividad. Además de estos factores tanto estructurales como coyunturales que confluyen en este subsector de actividad y que ya se han expuesto, concurre como elemento esencial de agravamiento de esta situación la concatenación de fenómenos climatológicos especialmente virulentos que han tenidos los ampliamente conocidos efectos adversos sobre la actividad del sector agrario. La sucesión de acaecimientos como las encadenadas depresiones aisladas en niveles altos (DANA) o las alteraciones en los patrones de temperaturas y precipitaciones habituales han generado evidentes perjuicios en las explotaciones agrarias que la actual situación de sequía ha terminado por agravar hasta el punto de hacer insostenible su mantenimiento.
Y es que las extremadas condiciones climáticas que viene padeciendo este año el sector agrario se han unido al incremento de los costes de producción y a la situación en Ucrania, generando una situación extraordinariamente grave, que amenaza la viabilidad económica de muchas explotaciones y su propia pervivencia como unidades productivas, lo que afecta seriamente a la economía de las comarcas agrarias y al desenvolvimiento de otros sectores de actividad económica relacionados con la agricultura, así como a la producción de alimentos.
Debe destacarse que, en particular, las cuestiones tributarias que se contienen en este real decreto-ley preservan adecuadamente las garantías constitucionales en la relación entre el principio de legalidad tributaria y el límite a la facultad de dictar decretos-leyes susceptibles de afectar al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos, ya que no incide en los elementos esenciales del tributo ni en la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario. En este sentido, el Tribunal Constitucional (SSTC 35/2017, de 1 de marzo (F.J. 5.º) 100/2012, de 8 de mayo (F.J. 9) 111/1983) sostiene que el sometimiento de la materia tributaria al principio de reserva de ley (artículos 31.3 y 133.1 y 3 CE) tiene carácter relativo y no absoluto, por lo que el ámbito de regulación del decreto-ley puede penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no afecte a las materias excluidas, que implica en definitiva la imposibilidad mediante dicho instrumento de alteración del régimen general o de los elementos esenciales de los tributos, si inciden sensiblemente en la determinación de la carga tributaria o son susceptibles de afectar así al deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo.
Las medidas señaladas contienen modificaciones concretas y puntuales que no suponen afectación al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos previsto el artículo 31.1 de la Constitución. Así, como indica la STC 73/2017, de 8 de junio, (FJ 2), «A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del artículo 86.1 CE, es «al examen de si ha existido "afectación" por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el Título I de la Constitución»; lo que exigirá «tener en cuenta la configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del título I de la Constitución se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de «todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que supone que uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley «no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo»; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, «cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario» (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas). De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, «en qué tributo concreto incide el decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del mismo –esenciales o no– resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5). No se modifica con las medidas adoptadas ni la obligación general de contribución, que persiste, ni los elementos esenciales del tributo, pues son medidas que afectan a aspectos concretos del detalle tributario, por lo que, dada su limitada innovación cuantitativa, no se altera la posición del obligado tributario de modo sensible, sino en aspectos específicos, lo que permite asegurar la salvaguarda de los límites de esta figura constitucional, no afectando por ello al núcleo esencial del concepto vedado al real decreto-ley.
En un escenario marcado por la incertidumbre y la alta volatilidad de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, la situación descrita se caracteriza por la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar un conjunto de medidas encaminadas a paliar las consecuencias de la situación agravada por la escasez de recursos hídricos consecuencia de los efectos de la sequía. La implantación de ayudas directas a los productores primarios de modo inmediato, sin duda, contribuirá a paliar las dificultades en términos de liquidez que atraviesan los agricultores y ganaderos con el fin de estimular las siembras y mantener actividad agrícola en el corto-medio plazo.
Por otro lado, la carestía de las materias primas destinadas a la alimentación animal está provocando un incremento de los sacrificios de animales, cuya reposición tarda meses con lo que la garantía de abastecimiento se está viendo comprometida. Esto, en el corto plazo, puede suponer indudables impactos sobre el coste de los alimentos al consumidor.
Adicionalmente, la apicultura es uno de los sectores más sensibles a la sequía por la disminución de la cantidad del polen disponible en la época de floración al tiempo que se enfrenta a una coyuntura de mercado muy desfavorable como consecuencia del incremento de las importaciones de miel ucraniana fruto de la eliminación de los aranceles sobre las importaciones procedentes de este país para paliar las consecuencias económicas de la guerra. Lo anterior hace peligrar el mantenimiento de una actividad clave para la biodiversidad, el medio ambiente y la economía rural, y exige la adopción de medidas que no admiten demora.
En el ámbito de las modificaciones en materia de aguas, la situación de extraordinaria y urgente necesidad está claramente definida por la sequía y la consecuente situación de escasez hídrica en la que se encuentran las cuencas del Guadalquivir, Ebro y Duero, que a pesar de las restricciones a la demanda impuestas conforme a los Planes Especiales de Sequía, aprobados por la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, no ha sido posible alcanzar unas reservas disponibles suficientes para afrontar un futuro incierto, con las repercusiones socioeconómicas y ambientales que ello comporta. En dicha coyuntura el único modo posible de hacer frente al problema ha de ser el del real decreto-ley, pues, en cualquier otro mecanismo los plazos impedirían la correcta atención de las necesidades detectadas.
Teniendo en consideración las bajas reservas hídricas existentes en los ámbitos territoriales de las zonas afectadas, para que todas las medidas que se plantean puedan ser realmente eficaces, el período de aplicación de este real decreto-ley se extenderá desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de la suspensión de las medidas que supongan una restricción de los derechos de los usuarios cuando concurran nuevas circunstancias de las que se deduzca la superación de la situación excepcional de sequía extraordinaria.
Asimismo, la inminente aplicación del Reglamento (UE) 2020/741 y la situación de sequía existente hacen necesario modificar con carácter urgente el texto refundido de la Ley de Aguas, adaptando el régimen jurídico español de la reutilización de aguas al reglamento europeo y estableciendo el marco adecuado para impulsar en este contexto de escasez la obtención de dichos recursos alternativos.
En cuanto a las medidas en materia de transporte, dado que debe quedar acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4), tales extremos quedan suficientemente acreditados por el hecho de que los sectores del transporte, el turismo y el sector cultural, que son esenciales para el funcionamiento general de la economía de nuestro país y resultaron muy afectados por las restricciones a la movilidad impuestas durante la pandemia, no han logrado recuperar aún sus niveles de demanda habituales, siendo el periodo estival, en el que los jóvenes disponen normalmente de su periodo vacacional, el momento adecuado para potenciar los viajes que contribuyan a acelerar y consolidar la recuperación de estos sectores. La demanda de turismo procedente de viajeros nacionales se produce en su mayor parte durante el tercer trimestre del año, por lo que es la época estival el momento en el que las medidas para facilitar el viaje de los jóvenes pueden producir un efecto acelerador que se sumará a las líneas de ayudas existentes para desarrollar y rehabilitar zonas de interés turístico y el propio patrimonio histórico de nu