Categoría: Administración

n una vez constatado por parte del órgano concedente, el pago del reintegro y los correspondientes intereses de demora.
1. La justificación de las ayudas se realizará por el beneficiario de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV, artículos 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en el título II, capítulo II, del Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y con lo establecido en la normativa aplicable del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión.
2. La modalidad de justificación adoptada para la acreditación de la realización del proyecto, el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión, será la de cuenta justificativa con aportación de los justificantes de gasto y de pago, junto con el informe de auditor.
3. La cuenta justificativa contendrá una memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, y una memoria económica, justificativa del coste de las actividades realizadas conteniendo una relación clasificada de todos los costes directos con identificación del acreedor y del documento, su importe, fechas de emisión y fecha de pago, con indicación, en su caso, de las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto aprobado. Con dicha relación se adjuntarán las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y la documentación acreditativa del pago, con la excepción, de las facturas y documentos de pago asociados de importe inferior a 3.000 euros, sin perjuicio de su aportación en cualquier momento posterior, previo requerimiento.
En las convocatorias se podrán incluir opciones de costes simplificados en relación con los conceptos de costes indirectos, costes de personal propio y otros costes directos, en las condiciones que allí se establezcan, así como, instrucciones o guías para su elaboración y cualquier otro aspecto relativo a la documentación justificativa de la realización del proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable del cumplimiento de lo establecido en el artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con la prohibición de subcontratación con personas o entidades vinculadas con el beneficiario, indicando expresamente en su caso la concurrencia de las excepciones a las que se refiere el citado artículo. A estos efectos se entenderá por personas físicas o jurídicas vinculadas, las del denominado grupo «ampliado» definido en la Norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) 13.ª «Empresas del grupo, multigrupo y asociadas» del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
Asimismo, con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable respecto del cumplimiento de las condiciones específicas a respetar en relación con el principio de no causar daño significativo (DNSH).
Finalmente, deberá disponerse para su aportación a la Administración en caso de ser requerido de los partes horarios firmados por los propios empleados con respecto a la dedicación de los mismos al proyecto.
4. El informe de auditor vendrá realizado por un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, salvo que exista una imposibilidad material y se acredite.
Dicho informe se ajustará a lo dispuesto en la «Norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio» aprobada por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, así como a lo que adicionalmente se establezca a tal efecto en la convocatoria y en la resolución de concesión de la ayuda.
El objeto del mismo será verificar la adecuación de la cuenta justificativa del beneficiario, comprobando la suficiencia y veracidad de los documentos y la susceptibilidad de ayuda de los gastos y pagos en ellos contenidos, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión y, en su caso, con los requerimientos adicionales realizados por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas durante la ejecución del proyecto.
El informe de auditor deberá presentarse en formato electrónico preferentemente firmado electrónicamente por el auditor utilizando los medios y herramientas que para ello establezca la convocatoria.
5. Toda la documentación necesaria para la justificación de la realización del proyecto, referida en los apartados anteriores, será presentada a través de los medios señalados en el artículo 17, por el representante del beneficiario, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha de finalización del proyecto que figure en la resolución de concesión, salvo que en ella se establezca un plazo más corto.
6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, durante la fase de ejecución, el beneficiario presentará informes de seguimiento sobre el avance técnico y económico del proyecto, con el calendario y contenido que se especifique en la resolución de concesión y en todo caso, con carácter mínimo anual. Asimismo, deberá facilitar cuanta información adicional sobre el desarrollo del proyecto le sea expresamente solicitada por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda.
1. Se realizarán las actuaciones de comprobación por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, las cuales incluirán:
a) Verificaciones administrativas de la acreditación de los gastos imputados al proyecto, así como de la justificación de la construcción o adecuación de infraestructura existente y del cumplimiento de las demás condiciones impuestas en la resolución de concesión.
b) Verificaciones sobre el terreno, que incluyen, si es aplicable, la visita al lugar o emplazamiento físico donde se ejecuta el proyecto, con objeto de comprobar su realidad y grado de ejecución, así como el cumplimiento de las medidas de información y publicidad y demás requisitos exigidos. Estas comprobaciones se realizarán sobre una muestra de entre las zonas elegibles incluidas en el proyecto que haya obtenido ayuda, de acuerdo con un plan anual de verificaciones sobre el terreno. Para la determinación del tamaño de la muestra, su composición y el tipo de verificaciones, se tendrá debidamente en cuenta el nivel de riesgo identificado.
2. Si se dedujera que la inversión acreditada ha sido inferior a la financiable o que se han incumplido, total o parcialmente, las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se notificará tal circunstancia al interesado junto a los demás resultados de la comprobación efectuada a efectos de evacuación del trámite de audiencia.
3. Realizado el trámite de audiencia, el órgano encargado del seguimiento de la ayuda concedida, emitirá una certificación acreditativa del grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión de la ayuda, con las modificaciones de dicha resolución que, en su caso, se hubieran aprobado.
4. La certificación acreditativa del grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas será notificada al interesado y servirá para el inicio del procedimiento de reintegro, si procede.
5. Cuando proceda el reintegro total o parcial de la ayuda anticipada, este se iniciará de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El procedimiento de reintegro incluirá el trámite de audiencia al interesado.
6. El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar las comprobaciones del órgano encargado del seguimiento de las ayudas encaminadas a comprobar la realización de las actividades objeto de la ayuda, conforme a lo establecido en la resolución de concesión de la misma. Asimismo, en relación con el proyecto objeto de ayuda, el beneficiario estará sometido a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Dirección General de Fondos Comunitarios, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea, u otros órganos o autoridades de control competentes, tanto nacionales, como de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas financiadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información le sea requerida y cooperando plenamente en la protección de los intereses financieros, tanto nacionales, como de la Unión Europea, concediendo los derechos y el acceso necesarios a tales órganos o autoridades.
7. El beneficiario se asegurará de que los originales de los documentos justificativos presentados, estén a disposición de los organismos encargados del control, referidos en el punto anterior, durante un período de al menos diez años, a partir de la certificación a la que se refiere el apartado 4 de este artículo, salvo que en la resolución de concesión se especifique un plazo mayor.
8. Los beneficiarios deberán facilitar, a través de los medios señalados en el artículo 17, tras la finalización del proyecto, durante los tres años siguientes a 31 de diciembre de cada año, y el 31 de diciembre de 2032, la siguiente información: la fecha de puesta en servicio de cada estación que utiliza la infraestructura pasiva y la correspondiente referencia de expediente administrativo de dicha estación, los productos de acceso ofertados, el número de prestadores de servicios que utilizan las infraestructuras objeto de ayuda, así como el número de zonas elegibles a los que se proporciona cobertura con la infraestructura. Asimismo, los beneficiarios vendrán obligados a facilitar cualquier información adicional que se requiera por la Comisión Europea.
9. Si el importe de la ayuda supera los 10 millones de euros, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas realizará una revisión de las condiciones de otorgamiento de la ayuda a partir de los datos reportados por el beneficiario. En caso de que, como consecuencia de una evolución más favorable de las previsiones de ingresos o de gastos, se produjera una sobrecompensación con el otorgamiento de esta ayuda, el beneficiario estará obligado a devolver la parte causante de dicha sobrecompensación o a invertir los beneficios suplementarios en ampliaciones adicionales de la red, en las mismas condiciones que la actuación realizada con la ayuda concedida.
10. Se producirá sobrecompensación en caso de que el beneficiario logre una Tasa de Retorno («TIR») superior a la que se ha establecido sobre la base del modelo financiero presentado en la fase de presentación de proyectos. Si el beneficiario supera la TIR de caso base más el 3 %, se deberá reintegrar el exceso de TIR en función del nivel de inversión realizado por la administración en comparación con la inversión realizada por el beneficiario. Esta comprobación se realizará tras la finalización del proyecto y al final del horizonte temporal establecido, esto es, el 31 de diciembre de 2032.
El exceso de la TIR a reintegrar, medida a partir del VAN de la rentabilidad del proyecto final, se determinará proporcionalmente a la intensidad de la ayuda. Por ejemplo, si la ayuda de la Administración asciende a X millones de euros y las inversiones en costes subvencionables no cubiertas por la ayuda sostenidas ascienden a Y millones de euros la Administración recuperará X/(X+Y) de la TIR excesiva.
1. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás normativa aplicable. Asimismo, será también de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada a los fondos de «Next Generation EU».
En las publicaciones, equipos, material inventariable, actividades de difusión, páginas web y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto deberá mencionarse al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Unión Europea-NextGenerationEU como entidades financiadoras y se deberá incluir el logotipo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual, además del emblema de la Unión Europea acompañado del texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU».
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver la totalidad o parte de las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título III de su Reglamento.
2. Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.
3. Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La potestad sancionadora por incumplimiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la misma Ley.
1. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una acción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
a) El incumplimiento parcial, ya sea de los objetivos de provisión de infraestructura para los que se concedió la ayuda, de la realización de los gastos financiables o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje correspondiente a los objetivos no alcanzados, o al gasto no efectuado o no justificado, o al mayor de ellos en caso de concurrir más de uno. En todo caso, para apreciar incumplimiento parcial, el grado de cumplimiento de los objetivos de provisión de infraestructura para los que se concedió la ayuda deberá superar el cincuenta por ciento.
b) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, con la excepción prevista en el artículo 26.5, supondrá la devolución de la ayuda correspondiente a las cantidades desviadas.
c) Si siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.3 de esta orden, éstas no se aportaran o la adjudicación hubiera recaído, sin adecuada justificación, en una que no fuera la más favorable económicamente, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, de acuerdo con lo con lo previsto en el artículo 83 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio, siendo de cuenta del beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la ayuda se calculará tomando como referencia el menor de los dos valores: El declarado por el beneficiario o el resultante de la tasación.
2. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, así como el incumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo IV para considerar que el proyecto no causa daño significativo al medioambiente (DNSH), dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda concedida.
3. Transcurrido el plazo establecido de justificación más, en su caso, la ampliación concedida sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días hábiles sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este artículo llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda no justificada y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Procederá el reintegro por incumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública recibida cuando el beneficiario no adopte las medidas establecidas en el artículo 32 de esta orden de bases.
1. Se convocan ayudas en los términos establecidos en las bases reguladoras incluidas en el capítulo I de esta orden, destinadas a la provisión de infraestructuras pasivas necesarias, que deberán tener capacidad para albergar equipamiento con tecnología 5G, que posibiliten, mediante su utilización por los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas, la prestación de servicios de comunicaciones móviles de muy alta velocidad, tanto en sentido descendente como ascendente, en zonas donde no se dispone de cobertura 4G con servicio de comunicaciones móviles que proporcione al menos 10 Mbps en sentido descendente y 3 Mbps en sentido ascendente, que permitan dar cobertura de servicios móviles a dichas zonas con un mínimo de 30 Mbps en enlace descendente, 10 Mbps en enlace ascendente y una latencia máxima de 100 ms.
2. La convocatoria se enmarca en la inversión I6, «Despliegue del 5G: redes, cambio tecnológico e innovación», del Componente 15, «Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G», del Plan de Recuperación, y contribuirá a los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
3. El pago de la ayuda tendrá el carácter de anticipado por importe del 100 por ciento de la ayuda concedida.
1. Se incluyen en esta Convocatoria cuatro zonas de concurrencia:
– Zona 1: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León.
– Zona 2: Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.
– Zona 3: Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias.
– Zona 4: Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Baleares, Ciudad Autónoma de Ceuta y Ciudad Autónoma de Melilla.
2. Cada proyecto que opte a las ayudas deberá ajustar su ámbito geográfico de actuación a una de las cuatro zonas de concurrencia, pudiéndose presentar por un mismo solicitante un solo proyecto para una zona de concurrencia. Cada solicitante puede presentar un proyecto por cada una de las cuatro zonas de concurrencia.
Entre las solicitudes presentadas para cada zona de concurrencia, se otorgará la ayuda que corresponda al proyecto mejor valorado y que cumpla los requisitos establecidos.
1. Las ayudas que se convocan podrán solicitarse para proyectos con ejecución plurianual, siempre que el plazo de ejecución no se extienda más allá del 31 de diciembre de 2024 o en caso de solicitud justificada de prórroga de medio año más, no se extienda más allá del 30 de junio de 2025.
2. El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva, tal como señala el artículo 16 de las bases reguladoras.
3. De acuerdo con las modalidades previstas en el artículo 12 de las bases reguladoras, las ayudas consistirán en una subvención con cargo al capítulo 7, servicio 50, de los Presupuestos Generales del Estado.
4. La intensidad de la ayuda, entendida como el importe bruto de la ayuda expresado en porcentaje de los costes subvencionables del proyecto, será la mínima necesaria y en todo caso no podrá superar el límite que se establece en la tabla del artículo 39 para cada zona de concurrencia.
5. Para evitar una sobre compensación posterior, las resoluciones de otorgamiento de las ayudas, cuando esta supere los 10 millones de euros, incluirán una cláusula de revisión del importe de la ayuda en la que se contemple la devolución de la parte causante de dicha sobre compensación, o una obligación de inversión de todos los beneficios suplementarios en ampliaciones adicionales de infraestructura pasiva, en las mismas condiciones de la ayuda concedida. Dicha revisión se realizará a partir de los datos reportados por el beneficiario.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de las bases reguladoras, el objetivo de cada proyecto que se presente a esta Convocatoria deberá consistir en la provisión, en el ámbito geográfico de concurrencia de cada proyecto (en la totalidad o parte de las zonas elegibles de la zona de concurrencia), del conjunto de infraestructuras pasivas necesarias, que deberá tener capacidad para albergar equipamiento con tecnología 5G, de nueva construcción o ya existentes que precisen su actualización respecto de elementos pasivos de las mismas, que posibiliten, mediante su utilización por los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas, la prestación de servicios de comunicaciones móviles de banda ancha de como mínimo 30 Mbps para el enlace descendente y 10 Mbps para el enlace ascendente, así como una latencia máxima de 100 ms, en las zonas geográficas en las que se ha identificado que no existe en la actualidad, y no está previsto que se proporcione en los próximos años, cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcionen al menos 10 Mbps en sentido descendente y 3 Mbps en sentido ascendente.
2. Las relaciones de zonas con construcciones y tramos de carretera que son elegibles en cada una de las 4 zonas de concurrencia están publicadas en las páginas correspondientes a este Programa de ayudas de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (https://sede.mineco.gob.es/) y en la del portal de ayudas (https://portalayudas.mineco.gob.es/unico5g/Paginas/Index.aspx).
Cada zona elegible se ajusta a un área continua y se identifica por un código unívoco de 23 caracteres: CÓDIGOMUN000000–2021-xxxxxx. Los primeros cinco caracteres se corresponden con el código INE del municipio en el que se ubica la zona según figura en el Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2019. Los siguientes seis caracteres son 0 y los últimos seis caracteres identifican a la zona de manera unívoca dentro del municipio, diferenciando mediante el primer dígito de esta última serie de seis caracteres con el valor 0 las zonas con construcciones y con el valor 1 los tramos de carretera.
Asociada a cada zona con construcciones elegible se facilita el número estimado de población y asociado a cada zona elegible de tramo de carreteras, se facilita el número de kilómetros del tramo de carretera secundaria. Estos datos se han obtenido a partir de información del Catastro y del Instituto Geográfico Nacional respectivamente.
La parte subvencionable de cada proyecto se circunscribe a las inversiones necesarias para la construcción o adecuación de infraestructura pasiva incluida la conexión con la red de agregación («backhaul»).
3. Cada solicitante solo podrá presentar una solicitud de ayuda en relación con cada zona de concurrencia.
1. La cuantía máxima disponible para la concesión de ayudas con cargo a esta convocatoria es de ciento cincuenta millones de euros (150.000.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 27.50.49OF.77019.
2. De la cuantía anterior se asigna a cada una de las zonas de concurrencia las cantidades, en euros, que se recogen en la tabla siguiente, en la que también se especifican la intensidad máxima de la ayuda y los objetivos mínimos de cobertura que deben cumplir obligatoriamente los proyectos que se presenten.
1. Podrán ser beneficiarios las personas jurídicas que ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Asimismo, podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas agrupaciones de empresas que ostenten dicha condición de operador, con personalidad jurídica y con un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
2. Los beneficiarios deberán proporcionar la siguiente información:
– NIF del beneficiario.
– Razón social de la persona jurídica.
– Domicilio fiscal de la persona jurídica.
– Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Para ello aportarán firmado electrónicamente el modelo del anexo VI.
– Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión. Para ello aportarán firmado electrónicamente el modelo del anexo V. Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
3. Los requisitos y obligaciones de los beneficiarios se recogen en el artículo 10 de las bases reguladoras.
4. Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de acceso al uso de la infraestructura que se recogen el artículo 7 de las bases reguladoras.
5. La aceptación de la ayuda conllevará el compromiso por parte del beneficiario de aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su propio ámbito de gestión, tales como cumplir la normativa de contratación pública, evitar doble financiación, falsificaciones de documentos, entre otras, así como la obligación de proporcionar información para la detección de posibles «banderas rojas», en relación con prácticas fraudulentas como la contratación amañada, las licitaciones colusorias, el conflicto de intereses, la manipulación de las ofertas presentadas y el fraccionamiento del gasto.
Los conceptos susceptibles de ayuda son los que se determinan en el artículo 14 de las bases reguladoras. Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 de dichas bases, los costes susceptibles de ayuda se limitarán a los necesarios para la provisión de las infraestructuras pasivas necesarias, que deberán tener capacidad para albergar equipamiento con tecnología 5G, incluido el backhaul, que permitan, mediante su utilización por los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas proporcionar cobertura de servicios de alta velocidad en las zonas elegibles identificadas. Cuando esté justificado, como por ejemplo cuando debido a la orografía de la zona no sea posible una conexión mediante fibra, la conexión a la red de agregación mediante radioenlace punto a punto podría considerarse susceptible de ayuda.
Las subcontrataciones serán admitidas cuando se cumpla con lo establecido en el artículo 11 de las bases reguladoras.
Los costes de funcionamiento y mantenimiento y los costes de equipamiento activo no son susceptibles de ayuda. Asimismo, la adecuación de infraestructuras existentes, incluido el backhaul, susceptible de ayuda, se limita a aquella que permita que dichas infraestructuras puedan prestar el servicio con las características mínimas establecidas en el artículo 6 de la orden reguladora por parte de como mínimo cuatro operadores de servicios de comunicaciones electrónicas.
1. El órgano competente para resolver la concesión de las ayudas será el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales u órgano directivo en quien delegue.
2. El órgano competente para instruir el procedimiento de concesión de las ayudas será la Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico.
3. El órgano gestor y encargado del seguimiento de las ayudas será el órgano competente de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
4. La División de Programación Económica y Contratación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será la encargada de la gestión económico-presupuestaria de los gastos e ingresos correspondientes a los créditos presupuestarios destinados a la financiación del programa y del seguimiento de las obligaciones financieras contraídas por los beneficiarios de las ayudas.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes se inicia el día siguiente a la publicación de esta Convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Se dispondrá de 15 días hábiles para presentar la solicitud y la información sobre la infraestructura existente susceptible de poder ser utilizada o adecuada para prestar el servicio requerido a las zonas elegibles en una zona de concurrencia determinada, o bien la declaración de no disponer de infraestructura susceptible de poder ser utilizada o adecuada para prestar el servicio requerido según anexo VII.
2. Desde la fecha de publicación en el portal de ayudas, de los solicitantes que hayan superado la fase de pre-evaluación establecida en el artículo 22 de la orden de bases, dichos solicitantes dispondrán hasta las 13:00 h del 29 de julio de 2022 para la presentación de los proyectos que concurren al proceso competitivo en cada zona de concurrencia.
1. La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases de cada procedimiento, según lo establecido en el artículo 17 de las bases reguladoras. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a estas ayudas deberán presentarse en el registro electrónico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
2. Los formularios, los modelos de declaraciones responsables y demás documentos electrónicos para cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento estarán disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (https://sede.mineco.gob.es/).
3. Para realizar la firma electrónica de las declaraciones responsables y de otros documentos que deban adjuntarse a los formularios y modelos previstos para las distintas fases del procedimiento, se deberá utilizar la aplicación Autofirma, que se puede descargar en el siguiente enlace:
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.
El firmante de la solicitud anexará el documento generado en formato XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) con extensión xsig al formulario a remitir por vía electrónica. En caso de firma mancomunada, el archivo de extensión xsig contendrá la firma de ambos representantes.
4. La aplicación Autofirma también podrá ser utilizada por terceros para la firma electrónica de los documentos que emitan a los beneficiarios y que vayan a formar parte del expediente, tales como informes de auditoría, ofertas de bienes y servicios, contratos y demás documentos que deban ser firmados por su emisor. Los documentos electrónicos a firmar deberán tener el formato PDF (portable document format) y los documentos firmados deberán estar en formato XAdES. El firmante del documento hará llegar al beneficiario el documento con extensión xsig generado al firmar.
5. Las copias digitalizadas de documentos originales en papel, se presentarán utilizando el formato PDF (portable document format) de forma que permita, siempre que sea posible, hacer búsquedas de texto sobre su contenido, bien por haber sido generados directamente desde aplicaciones informáticas, bien por incorporar la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres en el proceso de escaneado de documentos en papel.
La validez y eficacia de las copias de los documentos originales que deban aportar se regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. El solicitante podrá acceder en cualquier momento, con el mismo sistema de firma con el que presentó la solicitud, a la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (https://sede.mineco.gob.es/), donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
7. Las notificaciones relacionadas con el procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Adicionalmente, se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario de avisos a la dirección de correo electrónico o dispositivo electrónico que este haya comunicado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8. La representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de las ayudas por personas físicas que realicen la firma o la presentación electrónica de documentos, deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 18 de las bases reguladoras.
9. A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación de los interesados informar a los órganos competentes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.
1. El formulario de solicitud, los modelos de declaraciones responsables y demás documentos electrónicos necesarios para cumplimentar y presentar las solicitudes de ayuda, estarán disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
2. La solicitud consta de varios elementos a cumplimentar, mediante los medios electrónicos de ayuda disponibles en la citada sede electrónica, de acuerdo con las instrucciones publicadas a tal efecto en la misma. La firma electrónica con la que se firme la solicitud deberá corresponder con la de la persona que asuma la representación de la entidad que solicita la ayuda.
La solicitud incluye los datos de la entidad solicitante y declaraciones responsables: sobre el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, necesarios para ser beneficiario de las ayudas; de no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; de no haber obtenido ayudas, ingresos o recursos para ninguno de los conceptos contemplados en el proyecto, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales; de que no tiene prevista la subcontratación para el desarrollo del proyecto con personas físicas o jurídicas vinculadas con el beneficiario, con las excepciones que, en su caso, se indiquen expresamente y sobre el cumplimiento de los requisitos que se recogen en el anexo IV relativos al principio de «no causar daño significativo» (principio «do no significant harm-DNSH»).
En cuanto a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En concreto, según lo establecido en el artículo 20.8 de las bases reguladoras, de conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la presentación de la solicitud para la obtención de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados electrónicos. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces dicha certificación cuando le sea requerida por el órgano instructor.
La autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados electrónicos será válida para todas las fases de instrucción y resolución del procedimiento, así como para el pago de la ayuda.
3. La acreditación de la representación que ostenta el firmante de la solicitud, se realizará en los términos previstos en el artículo 18.2 y 20.3 de las bases reguladoras.
4. En la fase de pre-evaluación los solicitantes aportarán, junto con la solicitud, toda la información requerida de tipo administrativo, así como, en su caso, respecto de infraestructuras existentes de su propiedad o bajo su control, susceptibles de poder ser utilizadas o adecuadas para prestar el servicio requerido a las zonas elegibles.
5. Todo solicitante, posea o no infraestructura susceptible de poder ser utilizada o adecuada para prestar el servicio requerido a las zonas elegibles, deberá aportar la declaración incluida en el anexo VII. En caso de aportar información sobre infraestructura existente, dicha información se aportará mediante fichero.csv junto con la solicitud. Asimismo, se aportará en formato de representación sobre GIS según se disponga en el portal de ayudas.
6. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales pondrá a disposición de todos los solicitantes que superen la fase de pre-evaluación, mediante un mecanismo que limite el acceso únicamente a dichos solicitantes, las infraestructuras existentes proporcionadas susceptibles de poder ser utilizadas o adecuadas para prestar el servicio, las cuales podrán ser utilizadas por los concurrentes al proceso competitivo para la definición de sus proyectos, previo acuerdo con los propietarios de las mismas.
7. Estas infraestructuras existentes estarán sujetas a las mismas condiciones, requisitos y obligaciones de acceso y funcionamiento que el resto de infraestructuras de nueva construcción objeto de ayuda.
8. Junto con la solicitud se deberá aportar la información o los documentos necesarios para la acreditación de que el solicitante reúne la condición de operador debidamente habilitado, así como la relativa a la solvencia económica y a la solvencia técnica o profesional, según lo establecido en el artículo 20 de las bases reguladoras.
La declaración responsable de las inversiones anuales realizadas en los tres ejercicios anteriores al año de publicación de la Convocatoria deberá estar acorde con las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o Registro equivalente de países de la UE o de terceros países con acuerdo de reciprocidad. En caso de acogerse a la alternativa de acreditar la solvencia a través del depósito de una garantía por el cien por cien (100 %) de la cuantía asignada especificada en el artículo 39.2 para la financiación del proyecto de cada zona de concurrencia, se aportará el resguardo de la Caja General de Depósitos correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.b) de las bases reguladoras.
9. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder del órgano competente para la instrucción del procedimiento, debiéndose indicar en ese caso el número del expediente en el que fueron aportados.
10. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 5 días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Para la valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión de evaluación, cuya composición será la que figura en el artículo 21.1 de las bases reguladoras.
2. La Comisión de evaluación se pronunciará sobre la acreditación de los requisitos a cumplir para la admisión de las solicitudes en base al análisis del órgano gestor de las solicitudes presentadas y la documentación que les acompaña. Para la admisión de las solicitudes se comprobará el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) El solicitante reúne la condición de operador debidamente habilitado.
b) El solicitante acredita la solvencia técnica y económica necesaria para el desarrollo de los proyectos incluidos en una convocatoria.
Se considerará acreditada la solvencia económica del solicitante cuando la cuantía asignada para la financiación del proyecto de la zona de concurrencia para el que se solicita la ayuda sea menor que la suma total de las inversiones anuales de los últimos tres ejercicios.
Como alternativa, un solicitante también podrá acreditar la solvencia económica en relación a cada proyecto presentado aportando el resguardo de una garantía depositada en la Caja General de Depósitos por el cien por cien (100 %) de la cuantía asignada especificada en el artículo 39.2 para la financiación del proyecto de cada zona de concurrencia, en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja (Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos) y con los requisitos establecidos para las mismas.
Dicha garantía responderá de la aceptación de la ayuda en caso de concederse, siendo independiente de la que se constituya como garantía del pago anticipado, según lo establecido en el artículo 29 de la orden reguladora. Su liberación se practicará de oficio si no se concede ayuda o, en caso de concederse, cuando se constituya la garantía del pago anticipado, referida en el artículo 29.3 de la orden reguladora.
Se considerará acreditada la solvencia técnica cuando se hayan realizado previamente proyectos de similares o superiores características en los últimos cinco años, o se disponga de personal suficiente, en capacitación y número, para la realización del proyecto.
c) El solicitante presenta las declaraciones responsables y compromisos requeridos en el artículo 20 de las bases reguladoras.
d) El solicitante aporta la declaración incluida en el anexo VII y, en su caso, la información especificada en el mismo.
La lista de solicitudes que superan la fase de pre-evaluación, así como la lista de solicitudes que no superan la misma y la causa de no superación, será publicada en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
1. Una vez se ha superado la fase de pre-evaluación, desde la fecha de publicación de la lista de solicitantes que han superado dicha fase hasta las 13:00h del 29 de julio de 2022, el solicitante deberá presentar la siguiente información, cuyos modelos podrá encontrar en la sede electrónica del Ministerio:
a) Un formulario-cuestionario de la ayuda con información relativa al proyecto presentado para la zona de concurrencia.
b) La memoria del proyecto con la información técnica detallada acerca del mismo, de acuerdo con lo establecido en el anexo I: contenido de la Memoria del Proyecto.
Los solicitantes que quieran incluir en sus proyectos la utilización de infraestructuras existentes de otros solicitantes, publicadas de acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del artículo 20 de las bases reguladoras, deberán alcanzar los acuerdos precisos para este fin teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la orden de bases reguladora de estas ayudas y en la presente convocatoria respecto de las infraestructuras objeto de ayuda y ajustándose a las directrices al efecto de la CNMC.
El solicitante que posea o controle esta infraestructura existente susceptible de poder ser utilizada o adecuada para prestar el servicio, deberá aportar la información complementaria que sea necesaria que le sea requerida por otro solicitante para la definición de su proyecto en la zona de concurrencia, en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de dicha solicitud de información.
c) La memoria incluirá el modelo financiero del proyecto que abarque hasta 2032 con una descripción detallada de los costes e ingresos previstos asociados al despliegue de la infraestructura pasiva objeto de ayuda y la explotación a nivel mayorista de la misma en la zona de concurrencia.
d) Con objeto de garantizar la utilización de la infraestructura subvencionada para proporcionar un servicio como mínimo de 30 Mbps en sentido descendente, 10 Mbps en sentido ascendente y latencia máxima de 100 ms, deberá presentarse el compromiso firmado, por uno o varios operadores de servicios de comunicaciones electrónicas (según modelo del anexo VIII), que dispongan de frecuencias en las bandas armonizadas en la Unión Europea, que incluyan el uso para tecnología 5G, para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, de utilizar la infraestructura subvencionada para la prestación del servicio en un plazo de máximo de doce meses tras la finalización de la ejecución del proyecto y como mínimo por el período establecido en la orden de bases reguladora, de obligación de explotación de la infraestructura. Los compromisos que se aporten, firmados por uno o varios operadores, deben garantizar la prestación del servicio en la totalidad de las zonas elegibles cubiertas por el proyecto.
Este compromiso, deberá incluir la declaración de que dicho operador u operadores de servicios de comunicaciones electrónicas no utilizarán la infraestructura pasiva para prestar servicio en zonas en las que tengan impuesto el cumplimiento de obligaciones de cobertura (según modelo del anexo IX).
e) El solicitante aportará la declaración conjunta de acuerdo, en su caso, entre las partes, con respecto a la utilización de infraestructura existente en la zona de concurrencia puesta a disposición de los solicitantes.
1. La Comisión de evaluación, en base al análisis del órgano gestor, valorará los proyectos presentados, que incluyan toda la información requerida numerada en el artículo 47, incluido el compromiso especificado en su apartado d) sin el cual no se valorará el proyecto. La valoración se llevará a cabo de acuerdo con los cinco criterios establecidos en el artículo 24.3 de las bases reguladoras, y con los parámetros de aplicación y el procedimiento para baremar cada criterio, que se recogen en el anexo III.
2. Se comprobará que el proyecto tiene por objetivo el despliegue del conjunto de infraestructuras pasivas que posibiliten, mediante su utilización por los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas, la prestación de servicios de comunicaciones móviles de banda ancha de como mínimo 30 Mbps en sentido descendente y 10 Mbps en sentido ascendente y con una latencia máxima de 100 ms, en la totalidad o parte de las zonas elegibles pertenecientes al ámbito de concurrencia de la convocatoria.
3. La evaluación se realizará sobre la información aportada en el formulario-cuestionario y la memoria presentada (anexo I).
4. La puntuación total obtenida por cada propuesta una vez normalizada al rango 0 a 10 puntos, deberá alcanzar al menos el valor de 5 puntos. Toda puntuación inferior a este mínimo supondrá la desestimación de la propuesta presentada.
5. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva no se admitirán mejoras voluntarias de las propuestas. En caso de discrepancia entre la información aportada en el formulario-cuestionario y la que figure en la memoria, prevalecerá la aportada en el formulario-cuestionario.
6. En los casos de proyectos con igualdad de puntuación, se tendrá en cuenta, a efectos de resolver el empate, la puntuación obtenida criterio a criterio, siguiendo el orden en el que figuran en el anexo III, empezando por el primero hasta que se produzca el desempate. En caso de haber agotado los criterios y mantenerse el empate, tendrá preferencia la solicitud inicial que se haya presentado antes.
7. La relación de prelación de las propuestas presentadas que hayan superado el proceso competitivo se establecerá para cada ámbito de concurrencia, proponiendo la adjudicación de la ayuda a la mejor valorada.
8. La Comisión de evaluación realizará un informe concretando el resultado de la evaluación efectuada que contendrá, al menos, lo siguiente:
a) Relación de solicitudes estimadas en los ámbitos de concurrencia convocados, especificando para cada una de ellas: las zonas elegibles objeto de cobertura por la infraestructura pasiva el presupuesto financiable, la cuantía de la ayuda propuesta y, en su caso, las condiciones técnico-económicas particulares asociadas.
b) Relación de solicitudes desestimadas, especificando para cada una de ellas, los motivos de desestimación.
9. En el informe de evaluación final, concluida la evaluación de lo