Categoría: Normativas

ba, con un intervalo mínimo acordado por el Comité de Coordinación.
En cualquier caso, entre la realización de la primera prueba y la de contraste no habrán podido transcurrir más de dos horas. En el supuesto de producirse, si la demora se ha debido a la conducta del propio trabajador/a se entenderá como una negativa a la realización de las pruebas, con los efectos inherentes.
En el caso concreto de la prueba de saliva para la detección de drogas, y en el supuesto de que la prueba de contraste hubiera resultado positiva, el trabajador/a tendrá derecho a una segunda prueba de contraste inmediatamente posterior, que será enviada a un laboratorio de reconocido prestigio que emitirá un dictamen en el que se especifique el tipo de droga detectada y su concentración.
Si en este segundo control de contraste el resultado es negativo, se tratará como un resultado negativo de inicio.
En el caso de que el segundo control de contraste hubiese resultado positivo se activará las medidas previstas en el Programa establecido en el ámbito inferior.
A efectos económicos, se contará como no asistencia al trabajo a partir del momento del control positivo.
Este positivo confirmado se comunicará a la empresa, a fin de que ésta adopte las medidas establecidas en el V Acuerdo o, en su caso, convenio o acuerdo colectivo de ámbito inferior.
Al mismo tiempo, se pondrá en marcha un grupo de apoyo permanente cuya misión será dar los pasos oportunos para detectar la gravedad del caso y si fuese necesario, ofrecer los servicios para ayudar a la correcta rehabilitación del trabajador/a.
En el caso de que el resultado positivo se produzca durante un control del tipo indicado en el punto 7.4, implicará que el candidato no ha superado las pruebas médicas.
El trabajador/a que haya dado un positivo confirmado tendrá derecho a solicitar un contraanálisis mediante el procedimiento que en cada ámbito se haya acordado.
Si se obtiene un resultado negativo en el contraanálisis, se le deberá abonar al trabajador/a el turno o turnos completos que hubiera perdido como consecuencia de la aplicación de las medidas cautelares.
Si se obtiene un resultado positivo en el contraanálisis, se confirmará el positivo en firme.
Los controles serán obligatorios y la negativa o no comparecencia a someterse a los mismos supondrá la baja inmediata de disponibilidad durante la jornada laboral, todo ello sin perjuicio de la aplicación del régimen disciplinario.
La negativa conlleva como medida precautoria, no poder iniciar el turno de trabajo y se considerará, a efectos económicos, como una falta de asistencia no justificada.
A todos los efectos se considerará la negativa a ser analizado como un positivo confirmado.
Con independencia de la aplicación del régimen disciplinario, se establecerá el dispositivo de control necesario a fin y efecto de que, aleatoriamente, antes o durante las posteriores jornadas laborales del personal afectado que se haya negado al análisis, sea sometido a los controles que se estimen pertinentes.
El Programa que se apruebe en cada ámbito inferior deberá contener una serie de medidas encaminadas a prestar apoyo a las personas trabajadoras que así lo requieran en su rehabilitación y reinserción.
Estas actuaciones se desarrollarán sin coste para el trabajador/a, bajo la premisa principal de mantener la confidencialidad y la discreción en todo el procedimiento, así como la dignidad del trabajador/a objeto de la misma.
Además, se articulará un mecanismo para que el despido disciplinario con causa en positivos sea sustituido por un derecho de reingreso siempre que se demuestre la ausencia de consumo de drogas o alcohol.
Se constituirá en cada ámbito territorial inferior un grupo de ayuda cuya misión será dar los pasos oportunos para la correcta rehabilitación del trabajador/a afectado.
Este grupo estará compuesto por un equipo multidisciplinar formado por RLT y los profesionales necesarios para garantizar la reinserción, según se determine por el Comité de Coordinación.
Si en algún puerto no fuese posible crear un grupo de ayuda permanente, se suscribirán acuerdos con entidades o personal externo que suplan sus funciones.
Se considerarán labores del Grupo de Ayuda, entre otras, el apoyo psicológico durante todo el proceso, el control de drogas para determinar la evolución del trabajador/a y, si fuera necesario, la gestión del acceso a centros y terapeutas especializados en el tratamiento de adicciones.
Mientras el trabajador/a esté bajo la tutela del Grupo de Ayuda, y según criterio médico o del terapeuta, se adecuará su puesto de trabajo a las características personales del afectado/a.
En este sentido, se tomarán, a nivel organizativo, todas las acciones necesarias para compatibilizar la actividad profesional con la terapia.
El Grupo de Ayuda podrá recomendar, en función de la evolución del paciente, su ingreso en un centro cerrado, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo.
El Grupo de Ayuda, si el personal afectado lo requiere, podrá informar de las circunstancias concurrente, al médico del sistema público sanitario para solicitar la baja laboral en aras a la recuperación del trabajador.
Los costes asociados a la rehabilitación del trabajador/a serán cubiertos por las empresas afectadas por este Protocolo, siendo objeto de negociación en cada puerto la determinación de la forma y condiciones en que se realice.
Dada la importancia que esta fase tiene en la consecución de los objetivos planteados, en cada ámbito inferior se deberá determinar, a través del Comité de Coordinación y en función de sus necesidades y posibilidades, cuál será el reglamento de funcionamiento y actuación del Grupo de Ayuda
Como apoyo y complemento de la fase permanente definida en el artículo 4 de este Protocolo, y de cara a generar una actuación inicial homogénea en todos los puertos, se desarrollará a nivel estatal una fase previa encaminada a dar cobertura a los objetivos marcados en el artículo 4.
Esta fase previa será preparada, en cuanto a su contenido mínimo se refiere, por la Subcomisión de Seguridad Laboral.
El desarrollo de contenidos mínimos encomendado a la Subcomisión de Seguridad Laboral no exime que, en cada ámbito inferior, deban desarrollar las acciones correspondientes que permitan alcanzar los objetivos indicados en el artículo 4 de este Protocolo, y que deberán ser definidas en el correspondiente Programa de actuaciones preventivas de correspondiente.
Esta primera fase previa se deberá poner en práctica en un plazo máximo de tres meses, a partir de la publicación del presente Protocolo en el BOE.
En todos los casos, se deberá garantizar la absoluta confidencialidad de los resultados de los controles y de las analíticas, pudiendo solo tener acceso el personal autorizado.
Una vez se apruebe el Programa en los ámbitos inferiores conforme a lo previsto en este Protocolo, se remitirá copia a la secretaría de la Comisión Paritaria Sectorial Estatal (CPSE) constituida según el V Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria, para que realice las funciones encomendadas.
Asimismo, se dará cuenta a la CPSE de las modificaciones que se realicen.