Categoría: Administración

es sin ánimo de lucro. Para los beneficiarios que tengan la condición de entidad local, la cuantía total de la convocatoria será de 4.000.000 euros.
El importe de las subvenciones concedidas no podrá ser inferior a 200.000,00 euros ni superar el importe de 750.000,00 euros.
Una vez registrada la solicitud, se tramitará de acuerdo con lo establecido en este artículo.
El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Subdirección General de Iniciativas, de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Si en la documentación aportada se observasen defectos u omisiones subsanables, deficiencias de carácter técnico o se necesitara documentación complementaria para ampliar conocimiento sobre la ya presentada, se requerirá a la persona solicitante, para que en el plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos necesarios advirtiéndole de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, los interesados presentarán en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los escritos y comunicaciones relacionadas con los procedimientos regulados por esta norma, y demás disposiciones, de acuerdo con lo establecido en la Orden ARM/1358/2010, de 19 de mayo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Las notificaciones se realizarán a través de la sede electrónica.
Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración referida en el artículo 13 de la presente Orden emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados, y se concederá un plazo de diez días para presentar alegaciones. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses a partir de la publicación de la convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución a los interesados entenderá desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
Las solicitudes y proyectos deben sujetarse a los siguientes criterios de admisibilidad:
a) Presentación de las solicitudes conforme a los modelos oficiales dentro de los plazos y cauces establecidos.
b) Adecuación del proyecto al objeto de la ayuda.
c) Adecuación de la entidad solicitante a los requisitos establecidos en la convocatoria de referencia.
Una vez recibidas las solicitudes se iniciará, por parte del órgano instructor, la fase de preevaluación dirigida a la verificación de que los solicitantes de ayudas han formulado su petición en plazo y los proyectos que presentan cumplen los requisitos de carácter administrativo exigidos en la presente Orden para su concesión y en esta convocatoria, y por tanto, cumplen los requisitos para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
Aquellos promotores cuyas solicitudes se considere que no cumplen alguna, o algunas, de dichas condiciones, deberán ser notificadas mediante la correspondiente propuesta de resolución provisional para denegar la ayuda, que deberá expresar con claridad cuál es la condición que no se cumple y que constituye la causa de la misma.
Con la notificación de la propuesta se abrirá el trámite de audiencia para que los interesados puedan efectuar sus alegaciones en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al día en que el beneficiario acceda al contenido de la notificación en la sede electrónica. Una vez resueltas deberán formularse las correspondientes propuestas de resoluciones definitivas. En el caso de que no se produjesen alegaciones, se elevarán a definitivas las propuestas provisionales, y se notificará la resolución correspondiente.
Las solicitudes de ayuda que hayan sido preevaluadas, y cuyos proyectos se considere que cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras, y no hayan sido consideradas desistidas, serán evaluadas por la Comisión de Valoración, presidida por un funcionario o funcionaria del subgrupo A1 de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, y de la que formarán parte otros dos funcionarios o funcionarias de este centro directivo, designados por el titular de la Dirección General, pertenecientes a los subgrupos A1 y A2, uno de los cuales ejercerá las funciones propias de secretaría con voz y voto. Como órgano colegiado, esta Comisión tendrá una composición equilibrada en cuanto a la participación de mujeres y hombres.
Considerando que el procedimiento de concesión de ayudas tiene la condición de concurrencia competitiva, la Comisión de Valoración procederá a ordenar los proyectos en función de la puntuación que le ha sido asignada en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 30 de la presente Orden.
Tras la evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada. En este informe deberá incluirse la puntuación obtenida por cada uno de los proyectos evaluados, aplicando los criterios de priorización establecidos en el artículo 9 de la presente Orden.
El órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión de Valoración, formulará propuesta de resolución provisional. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará al propuesto como beneficiario a reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 61 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
El beneficiario deberá notificar su aceptación de la resolución provisional y las condiciones en ella impuestas, en el plazo máximo de diez días desde la fecha de recepción de la propuesta de resolución a través de la sede electrónica asociada. La falta de aceptación expresa por parte del beneficiario, en los términos previstos anteriormente, supondrá la renuncia del mismo.
La resolución del procedimiento corresponderá a la persona titular de la Secretaría General para el Reto Demográfico, por delegación de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En caso de ser estimatoria, la resolución expresará:
a) Datos del beneficiario y descripción del proyecto seleccionado.
b) El importe de los gastos considerados elegibles a estos efectos.
c) La cuantía de subvención prevista.
d) Los plazos máximos para la conclusión del proyecto y para la presentación de la justificación de la realización del proyecto.
e) Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las actuaciones que, en función del caso particular, puedan requerirse.
La resolución del procedimiento será notificada a los respectivos solicitantes y publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El pago de la ayuda se realizará previa justificación por la entidad beneficiaria de la realización de la actividad por la que se concedió la ayuda, salvo aquellos casos en los que hubieran solicitado anticipo.
La acreditación de los gastos se efectuará de forma electrónica mediante cuenta justificativa, en un máximo de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución del proyecto. La cuenta justificativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, irá acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que se ajustará a las previsiones de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La cuenta justificativa tendrá el alcance recogido en el Artículo 3. Procedimientos que el auditor deberá aplicar de la citada Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo. Estará formada por:
a) Una memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica abreviada. La memoria económica debe contener, como mínimo, un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas. Asimismo, contendrá una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia y la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos. Finalmente, de acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá aportar las tres ofertas solicitadas.
La Dirección General de Políticas contra la Despoblación podrá solicitar la documentación o información que estime necesaria para la comprobación de la correcta aplicación de la ayuda y requerir para la presentación de los documentos justificativos adicionales que se consideren precisos, sin perjuicio de las facultades de comprobación que las normas vigentes atribuyen a la Intervención General de la Administración del Estado, al Tribunal de Cuentas o a otros órganos.
El plazo de presentación de los documentos anteriores será, como máximo, de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. Lo establecido en estas Bases se entiende sin perjuicio del control financiero previsto en artículos 141 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En todo lo no previsto por esta orden será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza jurídica pudiera resultar de aplicación.
Esta orden se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
La convocatoria prevista en el capítulo II de esta orden carece de rango reglamentario. Por ello, contra la convocatoria podrá interponerse recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con lo indicado en las bases reguladoras.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de noviembre de 2023.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.