Categoría: Judicial

irar en una sociedad democrática (por todas, STEDH asuntoOtegi Mondragón y otros c. España, § 57), que se garantice al acusado que no concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el órgano judicial.
En tal sentido, se viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva, que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del juez con aquellas, y una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el juez se acerca althema decidendisin haber tomado postura en relación con este, y que debe ser ponderada en cada supuesto concreto. En todo caso, según la misma doctrina, la imparcialidad del juez se presume y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas y han de fundarse en causas tasadas e interpretadas restrictivamente, sin posibilidad de aplicaciones extensivas o analógicas.
Más concretamente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a un proceso con todas las garantías, del que forma parte el derecho a un juez imparcial, otorga al acusado en un proceso penal el derecho a exigir del juez la observancia inexcusable de una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso, siendo un tercero ajeno a los intereses en litigio y, por tanto, a sus titulares y a las funciones que desempeñan. Alejamiento que le permite decidir justamente la controversia, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas (STC 130/2002, de 3 de junio, FJ 3). Por esta razón le está vedado constitucionalmente asumir en el proceso funciones de parte (SSTC 53/1987, de 7 de mayo, FFJJ 1 y 2, y 18/1989, de 30 de enero, FJ 1), o realizar actos en relación con el proceso y sus partes que puedan poner de manifiesto que ha adoptado una previa posición a favor o en contra de una de ellas (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5). También ha señalado la doctrina constitucional que el juez puede traspasar el límite que le impone el principio acusatorio cuando, perdiendo su apariencia de juez objetivamente imparcial, ha llevado a cabo una actividad inquisitiva encubierta al desequilibrar la inicial igualdad procesal de las partes en litigio, al respaldar una petición de una de ellas formulada en clara conculcación de lo dispuesto en la legalidad sustantiva o procesal y que puede deparar un perjuicio a la otra (STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2).
En suma, el juez debe mantener una actitud de neutralidad respecto de las posiciones de las partes en el proceso penal, lo que no significa que haya de exigirse al órgano judicial una actitud pasiva durante el acto del juicio (STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 14). En efecto, la observancia de una actitud neutral del órgano judicial respecto de las posiciones de las partes, como contenido del principio acusatorio, si bien exige que el juzgador no emprenda con iniciativas probatorias de oficio una actividad inquisitiva encubierta, no supone que tenga constitucionalmente vedada toda actividad procesal de impulso probatorio respecto de los hechos objeto de los escritos de calificación o como complemento para contrastar o verificar la fiabilidad de las pruebas de los hechos propuestos por las partes, siempre que sirva al designio de comprobar la certeza de elementos de hecho que permitan al juzgador llegar a formar, con las debidas garantías, el criterio preciso para dictar sentencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que le es propia (STC 334/2005, de 20 de diciembre, FJ 3). En todo caso, para determinar si en el ejercicio de esa facultad el juez ha comprometido su posición de neutralidad es preciso analizar las circunstancias particulares de cada caso concreto [SSTC 130/2002, FJ 8; 229/2003, FJ 14; 334/2005, FJ 3, y 143/2006, de 8 de mayo, FJ 4 b), por todas].
En tal sentido, y por lo que se refiere al supuesto de que por parte del juez (o el presidente del Tribunal) se proceda en la vista oral a formular una serie de preguntas al acusado, a la presunta víctima del delito o a los testigos, al amparo de diversas habilitaciones de la Ley de enjuiciamiento criminal, este tribunal ha destacado que no cabe apreciar vulneración del derecho al juez imparcial cuando las preguntas versen sobre los hechos objeto de acusación y pueda entenderse razonablemente que han sido llevadas a cabo para alcanzar un grado preciso de convicción del juzgador para la adopción de su decisión, en busca de la verdad material, sin ser manifestación de una actividad inquisitiva en la que se sustituya a la acusación, ni una toma de partido a favor de las tesis de esta y de ellas no se derive ninguna indefensión para el acusado [SSTC 229/2003, FJ 14; 334/2005, FJ 3, y 143/2006, FJ 4 b)].
3. Aplicación al caso de la doctrina constitucional sobre el derecho al juez imparcial. Desestimación de la queja.
Procede examinar si, en atención a la doctrina constitucional expuesta, cabe apreciar en este caso que la intervención de la magistrada en la última sesión del juicio oral, con ocasión del interrogatorio del perito de la defensa, supuso anticipar su convicción sobre la prueba practicada y vino a exteriorizar un prejuicio contrario al acusado respecto del fondo de la cuestión debatida, como sostiene el recurrente, o si, por el contrario, puede entenderse razonablemente que no excedió de las facultades que legalmente asisten al juzgador en busca de la verdad material, sin quebranto de la garantía de imparcialidad judicial.
En el relato de antecedentes de esta sentencia queda reflejado que la magistrada, tras recordarle al perito su obligación de contestar al fiscal, le indicó que entendía que no quería responder a la concreta pregunta formulada por este (si le parecía lógica la decisión del acusado de sedar al paciente), y afirmó seguidamente que «de hecho hay indicadores que hacen pensar que la situación de gravedad no era tal o no era tan grave, y aun así se decide sedar. A mí, mi criterio lógico, se lo anticipo aquí, sin más datos que este, sería que la sedación cuando menos sería precipitada». Luego, en respuesta a la protesta del letrado de la defensa, la magistrada, tras negar que estuviera anticipando el fallo, afirmó: «pero me mantengo, si yo solo valorase estas dos frases, la sedación creo que sería para cualquier persona precipitada». En la sentencia condenatoria, valorando el conjunto de la prueba practicada, la magistrada considera acreditado que la actuación llevada a cabo por el acusado no se ajustó a lalex artis, porque no se cumplieron los presupuestos médicamente exigibles para pautar la sedación paliativa, entre ellos el de que el paciente presente una situación de sufrimiento intenso por síntomas refractarios al tratamiento.
Como antes se puso de relieve, la pregunta dirigida por la juzgadora al perito de la defensa, con ocasión del interrogatorio del fiscal sobre el estado del paciente en el momento de acordarse la sedación paliativa (esto es, si el perito entendía lógica la decisión del acusado de sedar al paciente), se sitúa inequívocamente dentro de los márgenes propios de las facultades de dirección de los debates orales legalmente conferidas al magistrado que preside el plenario (arts. 683 y 708 LECrim). Conforme a la doctrina constitucional antes expuesta, no cabe apreciar en este punto vulneración del derecho al juez imparcial, por cuanto esa pregunta versaba sobre los hechos objeto de acusación y puede entenderse sin mayor dificultad que fue formulada con el único fin de arrojar luz sobre el objeto de la pericia y así poder alcanzar la juzgadora un grado preciso de convicción en cuanto al punto controvertido, sin que quepa apreciar aquí una actividad inquisitiva en la que se sustituya a la acusación ni una toma de partido a favor de las tesis de esta, y sin que de esa concreta intervención judicial se derive indefensión alguna para el acusado.
Tampoco es posible apreciar que la magistrada, en su intervención posterior, motivada por lo que entendió como una actitud renuente del perito de la defensa a responder a la pregunta referida, traspasara la neutralidad constitucionalmente exigible a todo juzgador, por cuanto su insistencia en que el perito ofreciera unas respuestas más concluyentes lo único que evidenció fue que el criterio que hasta entonces tenía aquella en función del desarrollo del juicio oral era un criterio todavía en formación que, por ello mismo, requería de esas respuestas exigidas al perito para formar su convicción definitiva respecto de la culpabilidad o inocencia del acusado. El hecho de que la convicción del juez se vaya conformando a lo largo del juicio oral, a la vista de las pruebas practicadas con plenas garantías de oralidad, inmediación y contradicción, en modo alguno puede conceptuarse como un prejuicio. Por tanto, esa intervención de la magistrada no supuso en ningún caso que emitiera un juicio anticipado respecto de la cuestión nuclear ventilada en el proceso.
En suma, el reproche que se dirige a la referida intervención de la magistrada no puede ser atendido, pues no es posible apreciar que su actuación comprometiera su neutralidad respecto de las posiciones de las partes en el proceso. En el ejercicio de sus legítimas facultades de impulso probatorio, la juzgadora solicitó al perito de la defensa que contestase a una concreta pregunta de la Fiscalía, que versaba sobre los hechos que eran objeto de acusación, y expuso la interpretación que cabría dar a las respuestas elusivas del perito, si su informe hubiera sido la única prueba practicada. La intervención de la magistrada puede entenderse razonablemente llevada a cabo a fin de llegar a formarse el criterio preciso para dictar sentencia en el ejercicio de su función jurisdiccional, sin ser manifestación de una actividad inquisitiva encubierta, sustituyendo a la acusación, ni una toma de posición a favor de esta. Por otra parte, tampoco puede sostenerse que esa intervención de la magistrada haya generado indefensión alguna al demandante de amparo, pues pudo alegar al respecto lo que estimó oportuno en el acto de la vista y, en concreto, en el trámite de conclusiones.
En conclusión, cabe afirmar que no puede apreciarse la denunciada pérdida de imparcialidad judicial que se imputa a la juzgadora, por lo que este primer motivo de queja del recurrente en amparo ha de ser rechazado, toda vez que respecto de la sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Burgos no se vierte en este punto ninguna queja autónoma, sino simplemente la falta de reparación de la lesión del derecho a un juez imparcial atribuida a la magistrada titular del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Burgos.
La desestimación de esta queja conduce a que este tribunal entre a examinar el segundo motivo del recurso de amparo, en el que el recurrente sostiene que ciertas diligencias practicadas a instancias del Ministerio Fiscal previamente a la incoación del procedimiento penal llegaron a adquirir en este un indebido valor como prueba de cargo.
4. Las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal: alcance constitucional.
Como se ha indicado, en el segundo motivo de la demanda de amparo, fundado en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (si bien la queja encontraría más preciso acomodo en el derecho a un proceso con todas las garantías) y del derecho a la presunción de inocencia, se cuestiona la idoneidad, a efectos probatorios, de las diligencias de investigación practicadas por la Fiscalía de Burgos al abrigo de los arts. 773.2 LECrim y 5 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal con carácter previo a la interposición de la denuncia que dio lugar al proceso penal. Se refiere el recurrente, en concreto, a la forma en que los forenses elaboraron el informe que analizó la praxis médica desplegada en este caso, con apoyo en el cual el fiscal presentó la denuncia que dio lugar al proceso penal en el que aquel resultó finalmente condenado. Para el recurrente, se trata de una preconstitución de prueba sin la intervención del «preinvestigado», por lo que esa prueba debe considerarse nula de pleno derecho.
Recuerda, en este sentido, que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (cita la sentencia 980/2016, de 11 de enero de 2017) ya descartó que las diligencias de investigación practicadas a instancias del Ministerio Fiscal puedan convertirse en actos de prueba. Discrepa de la posición sostenida por la Audiencia Provincial de Burgos al negar que los parámetros expuestos por el Tribunal Supremo en aquella sentencia sean trasladables al presente caso, por entender que se trataba de diligencias desprovistas de un componente personal que justificase la intervención del investigado o de su abogado. Para el recurrente, sin embargo, no radica en este aspecto la clave de la cuestión, sino en el hecho de que las diligencias promovidas por el fiscal no pueden ser tenidas en modo alguno por «acto procesal», por lo que los informes periciales emitidos en el seno de esas diligencias no pueden ser valorados como prueba de cargo por el órgano judicial. El recurrente sostiene que los dictámenes médicos elaborados sin su intervención durante la investigación preliminar de la Fiscalía de Burgos, que debieron concebirse como meramente preparatorios de la ulterior denuncia presentada por esta, adquirieron, sin embargo, valor probatorio, al ratificar los peritos en el juicio oral sus conclusiones iniciales (emitidas antes de contar con las historias clínicas de los pacientes afectados).
Como antes se ha expuesto, el Ministerio Fiscal no aprecia merma de las garantías constitucionalmente exigibles en relación con los informes médicos elaborados durante las diligencias preliminares, pues se incorporaron al proceso judicial con pleno sometimiento al principio de contradicción, tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento; de este modo se proporcionaron al recurrente plenas garantías de defensa frente a las conclusiones técnicas contenidas en esos dictámenes.
Hasta la fecha este tribunal no había tenido ocasión de analizar el alcance constitucional de las diligencias que, practicadas por el fiscal al amparo de los arts. 773.2 LECrim y 5 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, terminen desembocando en la apertura de un proceso penal; tampoco acerca de las garantías inherentes a aquellas diligencias, a las que solo indirectamente se refirió la STC 136/2006, de 8 de mayo, FJ 5. Ello dota de especial trascendencia constitucional al presente recurso de amparo.
Para dar respuesta a la queja del recurrente debemos comenzar recordando la consolidada doctrina de este tribunal, desde la STC 31/1981, de 28 de julio, acerca de los requisitos constitucionales de validez de las pruebas de cargo capaces de desvirtuar la presunción de inocencia. Conforme a esta doctrina, únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, pues es en este donde se aseguran las garantías constitucionales de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad con fines de valoración probatoria (entre otras muchas, SSTC 182/1989, de 3 de noviembre, FJ 2; 67/2001, de 17 de marzo, FJ 6; 195/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 206/2003, de 1 de diciembre, FJ 2; 345/2006, de 11 de diciembre, FJ 3; 68/2010, de 18 de octubre, FJ 5; 134/2010, de 2 de diciembre, FJ 3, y 53/2013, de 28 de febrero, FJ 3).
La anterior regla no puede entenderse, sin embargo, de una manera tan radical que conduzca a negar toda eficacia probatoria a las diligencias sumariales de investigación practicadas con las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen, siempre que hayan sido traídas al juicio oral y en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción [SSTC 80/1986, de 17 de junio, FJ 1; 187/2003, de 27 de octubre, FJ 3; 344/2006, de 11 de diciembre, FJ 4 b); 68/2010, de 18 de octubre, FJ 5, y 134/2010, de 2 de diciembre, FJ 3, entre otras].
En efecto, desde la citada STC 80/1986, de 17 de junio, el Tribunal ha admitido que dicha regla general admite excepciones, de suerte que es constitucionalmente lícito integrar en la valoración probatoria el resultado de las diligencias sumariales de investigación, si estas se someten a las exigencias del principio de contradicción. Estando sujeto el proceso penal al principio de búsqueda de la verdad material, resulta preciso asegurar que no se pierden datos o elementos de convicción. De esta manera, el resultado de esas diligencias sumariales puede tener validez como prueba de cargo preconstituida o anticipada, con virtualidad para destruir la presunción de inocencia, siempre y cuando se haya practicado con observancia de las garantías establecidas en la Constitución y en las normas procesales y haya sido incorporada al juicio oral mediante la lectura del acta en que se documenta, o a través de los interrogatorios, de tal manera que se permita a la defensa del acusado someterla a contradicción, no bastando con la utilización de simples fórmulas de estilo como la consistente en darla por reproducida (SSTC 195/2002, de 28 de octubre, FJ 2, y 80/2003, de 28 de abril, FJ 5). Lo que nuestra doctrina garantiza es la posibilidad de contradicción (SSTC 200/1996, de 3 de diciembre, FJ 3, y 142/2006, de 8 de mayo, FJ 3), resultando que el principio de contradicción se respeta no solo cuando el acusado goza de la posibilidad de intervenir en el interrogatorio de quien declara en su contra, sino también cuando tal efectiva intervención no llega a tener lugar por motivos o circunstancias que no se deben a una actuación judicial constitucionalmente censurable (SSTC 80/2003, de 28 de abril, FJ 6; 187/2003, de 27 de octubre, FJ 4, y 142/2006, de 8 de mayo, FJ 3, entre otras).
En particular, la validez como prueba de cargo preconstituida de las declaraciones prestadas en fase sumarial se condiciona al cumplimiento de una serie de requisitos, que este tribunal viene clasificando en materiales (imposible reproducción en el acto del juicio oral); subjetivos (necesaria intervención del juez de instrucción); objetivos (que se garantice la posibilidad de contradicción y la asistencia letrada al imputado, a fin de que pueda interrogar al testigo o perito); y formales (introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se documenta, conforme al art. 730 LECrim, o a través de los interrogatorios), lo que posibilita que su contenido acceda al debate procesal público ante el juez o tribunal sentenciador y se someta allí a contradicción y confrontación con las demás declaraciones de quienes sí intervinieron en el juicio oral (entre otras, SSTC 80/1986, de 17 de junio, FJ 1; 303/1993, de 25 de octubre, FJ 3; 40/1997, de 27 de febrero, FJ 2; 195/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 187/2003, de 27 de octubre, FJ 3; 280/2005, de 7 de noviembre, FJ 2; 344/2006, de 11 de diciembre, FJ 4; 29/2008, de 20 de febrero, FJ 5, y 165/2014, de 8 de octubre, FJ 2).
Ante la noticia de un hecho aparentemente delictivo del que la Fiscalía tenga conocimiento, bien directo, bien tras recibir una denuncia o atestado, el art. 773.2 LECrim dispone que aquella podrá practicar por sí misma, u ordenar a la policía judicial que practique, las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho, así como de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. Entre las facultades que el precepto expresamente confiere al Ministerio Fiscal se encuentra la de promover la comparecencia de cualquier persona con el fin de tomarle declaración, previa citación en los términos establecidos en la ley, proporcionando al llamado idénticas garantías a las señaladas para la declaración prestada ante un juez o tribunal. Se establece también que el fiscal decretará el archivo de las actuaciones si entiende que el hecho no reviste los caracteres de delito, comunicándolo a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, con el fin de que pueda reiterar su denuncia ante el juez de instrucción. En otro caso, el fiscal instará la incoación del procedimiento que corresponda, con remisión de lo actuado y de los efectos del delito al juzgado competente, poniendo asimismo a disposición judicial al detenido, si lo hubiere.
Abundando en lo anterior, el art. 5 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, en su inciso segundo, permite al Ministerio Fiscal llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la ley procesal penal, descartándose expresamente la posibilidad de que acuerde medidas cautelares o limitativas de derechos, con excepción de la detención preventiva. La norma refleja la presunción de autenticidad de la que gozarán las diligencias que el fiscal practique, o que se lleven a cabo bajo su dirección, las cuales habrán de inspirarse en los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa.
Según indicó la Fiscalía General del Estado en las circulares 1/1989, de 8 de marzo, y, especialmente, 4/2013, de 30 de diciembre, la finalidad de estas diligencias (en ocasiones denominadas «preliminares», «preprocesales» o también «indeterminadas») no es otra que desplegar aquella investigación que resulte imprescindible para, dado el caso, presentar denuncia o querella ante unos hechos queprima facierevistan relevancia penal, decretando el fiscal su archivo en otro caso. Su objetivo es, pues, la traslación fundada de lanotitia criminisal órgano judicial competente, con el fin de que por este último se dé curso a la instrucción. Es por ello por lo que las diligencias practicadas por el fiscal tienen una función meramente instrumental, sirviendo de sustento o apoyo a la denuncia que, en el ejercicio de su función constitucional de promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad (art 124 CE), presente con el fin de que se acuerde su admisión judicial, dando así comienzo la instrucción. Señala también la indicada circular 4/2013 que, al no tratarse de actuaciones judiciales, dichas diligencias carecen en sí mismas de valor probatorio, por lo que, si de las actuaciones seguidas ante el fiscal se desprendiese la necesidad de anticipar o preconstituir alguna prueba, lo pertinente es proceder a su inmediata judicialización.
Las pautas anteriores armonizan sin dificultad con el estándar constitucional aplicable a estas diligencias. Resultan asimismo acordes con la previsión en la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, a cuyo tenor «desde el momento en que una persona sea sospechosa o esté acusada de haber cometido una infracción penal, o una presunta infracción penal, y, por lo tanto, incluso antes de que las autoridades competentes de un Estado miembro hayan comunicado a dicha persona, mediante notificación oficial u otra vía, su condición de sospechosa o acusada», deben respetarse sus derechos a la presunción de inocencia y a estar presente en «cualquier fase del proceso penal hasta que adquiera firmeza la resolución final sobre si el sospechoso o acusado ha cometido la infracción penal» (§ 12).
Con arreglo a ello, la diligencia de la Fiscalía por la que se tome declaración al sospechoso habrá de acomodarse al canon de garantías derivado del art. 24.2 CE, que incluye, entre otros aspectos, la asistencia letrada como exigencia ineludible. En el desarrollo de esta y otras diligencias compete también al Ministerio Fiscal, en su defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley (art. 124 CE), velar por el respeto de las restantes garantías inherentes al art. 24.2 CE. Entre ellas cabe mencionar, sin ánimo de exhaustividad, el ofrecimiento al sospechoso de la posibilidad de tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas, particularmente en situaciones de detención en las que aquel solicite el acceso a los elementos esenciales de las actuaciones (entre otras, SSTC 13/2017, de 30 de enero, FFJJ 5 a 7; 21/2018, de 5 de marzo, FFJJ 7 a 10; 83/2019, de 17 de junio, FFJJ 5 a 7; 180/2020; de 14 de diciembre, FFJJ 2 a 4, y 80/2021, de 19 de abril, FJ 4); igualmente, garantizar la posibilidad de que el sospechoso pueda interesar diligencias en su descargo, valorando el fiscal la pertinencia y utilidad de las efectivamente propuestas, y ofreciéndole traslado de su desenvolvimiento.
El desarrollo de esta investigación preliminar, allí donde se revele como necesaria, debe acomodarse asimismo a pautas de una actuación ágil, evitando retrasos o paralizaciones innecesarias. Ello implica que la duración máxima que el legislador fija al desarrollo de estas diligencias (que, como regla general, no pueden exceder de seis meses o, excepcionalmente, de doce, en ambos casos prorrogables mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado) no es óbice para su pronta finalización si el fiscal estima suficiente lo practicado a los fines de trasladar lanotitia criminisal órgano judicial competente. En consecuencia, el fiscal debe promover la judicialización de su investigación, en cualquier estado en que se encuentre, formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, si a resultas de las diligencias practicadas se evidencian hechos con significación penal. Por el contrario, el fiscal habrá de proceder al archivo de sus diligencias si finalmente entiende que los hechos investigados no revisten caracteres de delito, comunicándolo en tal caso a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, con el fin de que pueda reiterar su denuncia ante el juez de instrucción. Del mismo modo le incumbe al fiscal decretar la clausura de su investigación si constata que ya existe un procedimiento judicial abierto por los mismos hechos.
Hemos de referirnos, por último, al valor probatorio de estas diligencias preliminares de la Fiscalía. En tal sentido debe recordarse que solamente las pruebas practicadas en el juicio oral pueden considerarse vinculantes para el juez penal a la hora de dictar sentencia, como antes se indicó, por lo que esas diligencias de investigación no tienen la consideración de actos de prueba. Ahora bien, aun cuando la documentación de las diligencias practicadas por la Fiscalía no convierta directamente a su contenido en prueba anticipada o en prueba preconstituida, nada impide que esas diligencias, debidamente documentadas, puedan aportarse al proceso penal, sometiéndose en la vista oral a los principios de inmediación y contradicción, y pudiendo entonces convertirse en instrumento probatorio idóneo para conformar la convicción judicial.
5. Resolución de la queja relativa a la lesión de derechos que se imputa a las diligencias previas de investigación practicadas a instancias del Ministerio Fiscal.
Expuestas las consideraciones precedentes, es momento de trasladarlas al presente supuesto. En primer lugar, asiste razón al recurrente cuando niega que las pericias médicas aportadas a la investigación preliminar, a petición del fiscal, ostenten valor como prueba preconstituida. No por ello estamos, en las circunstancias del caso, ante la pretendida vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), como pasamos a detallar.
El recurrente reconoce que la incoación de estas diligencias por la Fiscalía de Burgos, acordada mediante decreto de 24 de abril de 2015, se puso en su conocimiento el 30 de abril mediante un oficio en el que se le informaba de su finalidad, consistente en determinar la eventual existencia de un ilícito penal en relación con su actuación médica, como jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos, sobre dos pacientes ingresados en dicho hospital, a los que aplicó sedación paliativa. A resultas de esta comunicación, el 6 de mayo siguiente el recurrente compareció en las diligencias por medio de escrito, firmado también por su abogado. No se tiene constancia de nuevas comunicaciones dirigidas desde la Fiscalía al recurrente; tampoco, en sentido inverso, de que este, por sí o a través de su abogado, interesara de la Fiscalía más información o la práctica de alguna diligencia para la defensa de sus intereses.
En el curso de esa investigación preliminar, la Fiscalía requirió del Instituto de Medicina Legal de Burgos la emisión de un informe que pudiese ilustrar sobre la praxis médica aplicable en supuestos como el del caso. Ante la singularidad técnica del objeto de la pericia, en comparecencia de 6 de mayo de 2015 los facultativos del Instituto solicitaron del fiscal que recabase de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos asesoramiento en los aspectos de interés para la investigación del tratamiento médico aplicado a los dos pacientes, facilitándose a tal fin la documentación clínica disponible. Acordada la diligencia, una vez examinada la documentación, el 12 de junio de 2015 se emitió informe por el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Los forenses, por su parte, emitieron su propio dictamen el 25 de junio siguiente, acorde con las conclusiones de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Con estos resultados, el fiscal presentó la denuncia contra el recurrente el 7 de julio siguiente.
Teniendo en cuenta estos hechos, la primera conclusión a la que se llega es que la investigación preliminar tuvo una duración razonable (inferior a tres meses), así como un alcance proporcionado a su finalidad, pues quedó constreñida a la práctica de una diligencia de carácter técnico, dirigida a ilustrar al fiscal sobre el hecho de apariencia delictiva del que había tenido noticia, junto con la presunta responsabilidad que pudiera derivarse para el partícipe en el mismo. En definitiva, los informes periciales de 12 de junio y 25 de junio de 2015 sirvieron únicamente a la finalidad de este tipo de diligencias de investigación (arts. 773.2 LECrim y 5.2 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal), que no es otra que el traslado fundado por la Fiscalía de lanotitia criminisal órgano judicial competente, sin predeterminar su resultado.
En lo atinente a las garantías procesales inherentes al investigado, es cierto que la Fiscalía no desplegó el grado de diligencia que resultaría exigible, ya que omitió realizar nuevas comunicaciones con el recurrente tras su personación en las diligencias, con el fin de informarle del curso de lo actuado. Ahora bien, aunque esta deficiencia suponga formalmente una merma del estándar de garantías aplicable al sospechoso, no llega a justificarse mínimamente en la demanda de amparo en qué medida de ello se habría seguido una situación de indefensión material para el recurrente, pues este reconoce que, abierto el procedimiento judicial, dispuso de los informes aportados a la investigación preliminar y de posibilidades de cuestionarlos desde diversas vías, ofreciendo sus propias conclusiones médicas, interesando la remisión de las historias clínicas completas e interrogando a los facultativos que emitieron aquellos informes iniciales. Estaríamos, en todo caso, ante una irregularidad formal, en ningún caso constitutiva de indefensión con relevancia constitucional.
En cuanto al valor a efectos de prueba conferido a las pericias médicas aportadas en aquel momento previo a la incoación del proceso penal, ciertamente cabría reconocer un componente lesivo de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia si hubieran adquirido un reconocimiento probatorio directo, integrándose sin más entre el material susceptible de valoración por el órgano judicial encargado del enjuiciamiento. Sin embargo, el alcance probatorio reconocido en la sentencia condenatoria a tales pericias no proviene de aquel momento preliminar, sino del desenvolvimiento de la investigación judicial y, especialmente, del debate y confrontación en el juicio oral. Aun cuando el recurrente asegure que estamos ante una indebida preconstitución de prueba, lo cierto es que él mismo viene, de un lado, a concluir que esas periciales médicas no ostentan el valor de prueba constituida, y de otro a admitir que fueron varias las ocasiones en las que pudo rebatir y contradecir, en su descargo, las conclusiones técnicas del presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y de los forenses. No puede derivarse una presunta preconstitución probatoria del hecho de que, incluso después de disponer de las historias clínicas completas, los peritos de los que disiente persistieran en sus conclusiones médicas iniciales, que ratificaron tanto durante la instrucción como en el juicio oral. Semejante firmeza conclusiva no trasluce, sin embargo, ninguna vulneración de derechos fundamentales, como es obvio. Lo relevante, desde la perspectiva de control que nos compete, es que solo a resultas del debate contradictorio en la vista oral, sujeto a la inmediación del juzgador, aquellos informes periciales llegaron a formar parte del acervo probatorio susceptible de valoración judicial.
Todo ello conduce a desestimar también la segunda queja que se formula en la demanda de amparo.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Juan Moreno León Montero Hernández esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Inmaculada García Moya.–Ricardo Cruz Sancho.–María Torres Balaguer Flores Ortiz Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción López Jorquera.–María Luisa Navarro Ramírez.–César Rubio Vidal Velasco Campo Moreno.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.
Con respeto a la opinión de los magistrados y las magistradas que han conformado la mayoría del Pleno y en uso de la facultad que me confiere el art. 90.2 LOTC, manifiesto mi discrepancia con parte de la fundamentación y con el fallo de la sentencia que resuelve el presente recurso de amparo. Si bien como ponente de la sentencia he expresado el parecer del Tribunal, que se ha decantado por la íntegra desestimación del recurso, por las razones defendidas en su momento durante la deliberación y que expongo a continuación considero que la demanda de amparo hubiera debido ser estimada, declarando la vulneración del derecho del recurrente a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), que integra como esencial el derecho a la imparcialidad judicial.
Ciertamente, nada tengo que objetar a la exposición que en el fundamento jurídico 2 se realiza de la conocida doctrina constitucional sobre el derecho al juez imparcial, en consonancia con la sentada con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desde luego comparto, conforme a la cual la imparcialidad judicial constituye una garantía fundamental de la administración de justicia en un Estado de Derecho que condiciona su existencia misma, ya que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional. En particular, por lo que al proceso penal se refiere, el reconocimiento del derecho a un juez imparcial exige, por estar en juego la confianza que los tribunales deben inspirar en una sociedad democrática, que se garantice al acusado que no concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones del juez o tribunal.
Mi discrepancia se refiere a la aplicación al caso que de esta consolidada doctrina constitucional se lleva a cabo en el fundamento jurídico 3 de la sentencia. Sostengo que, en atención precisamente a esa doctrina, este tribunal debió apreciar que en el presente asunto no se garantizó el derecho del acusado, ahora recurrente en amparo, a la imparcialidad judicial, pues la intervención de la magistrada en la última sesión del juicio oral, con ocasión del interrogatorio del perito de la defensa, vino a exteriorizar un prejuicio contrario al acusado respecto del fondo de la cuestión debatida (si era o no correcta la decisión del acusado de sedar a los pacientes).
En el proceso penal, el derecho a la imparcialidad judicial se encuentra estrechamente conectado con el principio acusatorio, lo que exige la observancia de una actitud neutral del juez respecto de las posiciones de las partes, vedando que emprenda una activad inquisitiva encubierta. Ciertamente, el juez no es un sujeto pasivo, reducido a permanecer en actitud contemplativa en el acto del juicio oral, sino que asume, conforme a la ley procesal, una función directiva y de impulso que se plasma en particular en la práctica de las pruebas, a fin de ir formando su convicción a medida que el juicio se desarrolla. Ello comporta que pueda formular preguntas al acusado, a la presunta víctima del delito o a los testigos y peritos, y recabar de estos la aclaración de sus respuestas, así como contrastar o verificar la fiabilidad de las pruebas. Lo que le resulta vedado al juzgador es traspasar el umbral que deriva de su posición de tercero imparcial, introduciendo valoraciones preliminares, expresando criterios sobre el fondo o adelantando un juicio, porque supone una desviación de su deber de neutralidad. Por eso, cuando la intervención del juzgador en la vista oral excede de las legítimas potestades que le corresponden en aras a comprobar la certeza de los elementos de hecho que le permitan llegar a formar el criterio preciso para dictar sentencia, de modo que comprometa su posición de neutralidad, no podrá por menos que apreciarse la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en su vertiente de derecho a la imparcialidad judicial. Estimo, como he dicho, que así debió apreciarse en el presente caso, atendidas las circunstancias concurrentes, que quedan reseñadas en los antecedentes de la sentencia de la que disiento.
Cabe aceptar, conforme a lo antes expuesto, que la pregunta dirigida por la juzgadora al perito de la defensa, con ocasión del interrogatorio del fiscal sobre el estado del paciente en el momento de acordarse la sedación paliativa (esto es, si el perito entendía lógica la decisión del acusado de sedar al paciente), se sitúa dentro de los márgenes propios de las facultades de dirección de los debates orales legalmente conferidas al magistrado que preside el plenario (arts. 683 y 708 LECrim) y que no compromete la actitud de neutralidad que todo juez debe observar.
No puede decirse lo mismo, sin embargo, de la posterior intervención de la magistrada, pues, ante lo que esta consideró como una actitud renuente del perito a contestar a su pregunta, reaccionó exteriorizando una opinión, ya formada antes de que el juicio hubiese concluido (es decir, antes que hubiera tenido la ocasión de evaluar todas las pruebas practicadas y de que el acusado hubiera ejercido su derecho a la última palabra), acerca de si fue correcta la decisión del acusado de sedar a los pacientes, a la vista de la situación clínica de estos, al calificar por dos veces esa decisión de «precipitada», anticipando así su convicción sobre la prueba practicada y por ende sobre el carácter delictivo de la conducta del acusado. Que tales afirmaciones expresaban un prejuicio desfavorable para el acusado resulta corroborado por las manifestaciones posteriores de la magistrada, dirigiéndose al acusado y a su letrado defensor, cuando señaló que la valoración del perito «podría quedar viciada porque se está negando a contestar a una cuestión lógica», lo cual implica a su vez un anticipo de la decisión judicial de no tener en cuenta esa declaración pericial como susceptible de ser atendida como prueba de descargo. No se trata, por tanto, meramente de palabras inadecuadas o inapropiadas ni de simples excesos verbales, que no comprometen la debida imparcialidad del juez, sino que son expresiones que revelan su convicción anticipada sobre la culpabilidad del acusado antes de finalizar el juicio.
En suma, la magistrada comprometió la posición de neutralidad constitucionalmente exigible a todo juez, pues su inicial pregunta al perito de la defensa,a prioricompatible con las garantías del principio acusatorio y la imparcialidad judicial, fue seguida de la emisión de comentarios que anticipaban el criterio judicial respecto del fondo de la cuestión debatida en el plenario, expresivos de una toma de posición a favor de las tesis de la acusación, como así quedó a la postre reflejado en la sentencia condenatoria. Las manifestaciones de la magistrada implicaban que, antes de concluir el juicio oral, ya se había formado una idea preconcebida acerca de la culpabilidad del acusado, con la consiguiente pérdida de imparcialidad objetiva, resultando así vulnerado el derecho del recurrente al juez imparcial, que forma parte del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 de la Constitución).
Debió por ello otorgarse al recurrente el amparo solicitado, declarando vulnerado su derecho al juez imparcial, lo que hubiera comportado anular el juicio y las resoluciones judiciales impugnadas y retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al señalamiento del plenario para que, con un magistrado distinto, se celebrase un nuevo juicio oral y se dictase la sentencia que procediera. Por lo demás, la estimación de la queja referida a la lesión del derecho a la imparcialidad judicial, y con ella del recurso de amparo, habría excluido que este tribunal entrara a examinar la segunda queja que se formulaba por el recurrente, referida al valor como prueba de cargo de las diligencias de investigación practicadas a instancias de la Fiscalía, con carácter previo a la incoación del proceso penal.
Madrid, a veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Firmado y rubricado.