Categoría: Judicial

rdenación, incluida esta, fueron notificadas conforme a Derecho, a través de edictos (fundamento de Derecho cuarto). Y es de significar que el demandante de amparo no solicitó subsanación o complemento del expresado auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones, de donde se deduce que, con independencia de que discrepara de su desestimación y promoviera el presente recurso de amparo contra ella, su disconformidad no se extendió a los extremos respecto de los que quedó circunscrito el pronunciamiento del órgano judicial.
Atendidas las anteriores circunstancias, resulta indudable que este tribunal no puede pronunciarse respecto de una cuestión que no ha sido planteada ni, por consiguiente, resuelta en la vía judicial ordinaria previa, ya que no se respetaría el presupuesto procesal del art. 44.1 a) LOTC, ni quedaría preservado el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de amparo, a la que se enfrentaper saltumcon un tema no depurado judicialmente antes. En consecuencia, de acuerdo con lo interesado en el escrito conjunto presentado en el procedimiento de ejecución por la ejecutante y el ejecutado, este tribunal debe limitarse a declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la diligencia de ordenación de 29 de enero de 2019, ordenando la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente posterior al dictado de la misma, para que sea notificada al ejecutado en forma que resulte respetuosa con su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
En este punto es necesario realizar todavía una precisión: la adjudicataria del inmueble, Tonelería Cordobesa, S.L., aduce que no cabe otorgar el amparo, porque ya ha inscrito su adquisición en el registro de la propiedad, por lo que dicho inmueble resulta irreivindicable, al estar protegida por la fe pública registral, de acuerdo con el art. 34 de la Ley hipotecaria. Esta objeción no puede prosperar, porque, como se dijo en la STC 32/2020, de 24 de febrero, FJ 2 b), por una parte, «en esta sede constitucional, lo que se dilucida es el enjuiciamiento de la denunciada vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano que alega no haber tenido conocimiento de la apertura, sustanciación y resolución de un procedimiento de ejecución […] seguido contra el mismo, del que ha desconocido su existencia hasta después de su finalización y por una vía extrajudicial ajena a dicho procedimiento, de tal manera que nuestro análisis debe limitarse en exclusiva a este objeto, con independencia de que, en la sede judicial, haya de resolverse el problema de la titularidad dominical o por otro concepto de los indicados bienes». Y, por otra, porque «en todo caso, la tutela de los derechos e intereses legítimos de los terceros que pudieran resultar afectados por la decisión que se adopte en este proceso constitucional de amparo, en cuanto adquirentes de buena fe y a título oneroso de los inmuebles objeto del procedimiento de ejecución, deberá ser hecha efectiva por el órgano judicial, conforme a las pruebas que acrediten su titularidad y de acuerdo con las leyes de procedimiento, a fin de que “tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos, y ejercer la defensa” de los mismos (STC 43/2010, de 12 de agosto, FJ 2)».
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar en parte el recurso de amparo interpuesto por don Manuel Gallego Caballero, y, en consecuencia:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Estepona, de 17 de noviembre de 2020, dictado en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 928-2013, así como de las actuaciones realizadas a partir de la diligencia de ordenación de 29 de enero de 2019.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al del dictado del auto de 19 de febrero de 2014 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Estepona, que despachaba ejecución contra el demandante de amparo, y se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
4.º Desestimar el recurso de amparo en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.–Pedro José Torres Muñoz Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María Domínguez Cortés Calvo García Moya.–Firmado y rubricado.