Categoría: Educación

El artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, establece el procedimiento para aprobar los programas formativos de las especialidades sanitarias en Ciencias de la Salud, previendo su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y señalando que los programas serán periódicamente revisados y actualizados.
La Comisión Nacional de la Especialidad en Medicina Legal y Forense, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.8 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, ha elaborado el programa formativo de esta especialidad, así como los criterios de evaluación de las personas especialistas en formación, que han sido ratificados por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, órgano asesor del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Universidades en materia de formación sanitaria especializada.
El artículo 26 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, establece el procedimiento para aprobar los requisitos de acreditación que, con carácter general, deberán cumplir los centros o unidades para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
Estos requisitos generales de acreditación son un instrumento necesario para garantizar la calidad de la formación en todo el sistema sanitario, mediante la existencia de unas estructuras formativas uniformes y adecuadas a la evolución de los conocimientos científicos y tecnológicos y a las necesidades que demanda nuestra sociedad, existiendo una estrecha relación entre las características de las instituciones donde se imparte la docencia y el nivel de formación adquirido por los residentes. La Comisión de Recursos Humanos ha propuesto los requisitos de acreditación, tras valorar la propuesta realizada por la Comisión Nacional de la Especialidad.
Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad resolver las solicitudes de acreditación de centros y unidades docentes formuladas a instancia de la entidad titular del centro, previos informes de la comisión de docencia y de la consejería competente en materia de formación sanitaria especializada, sin perjuicio, de que la entidad titular recabe informe de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia o de la correspondiente autoridad autonómica con competencias en Justicia, según corresponda. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, en la resolución de acreditación de la unidad docente se hará constar el número de plazas acreditadas, la entidad titular, la gerencia u órgano de dirección coordinador de la infraestructura docente de que se trate y la sede de la comisión de docencia a la que se adscribe dicha unidad. Asimismo, corresponde a las comunidades autónomas, cualquiera que sea la titularidad, pública o privada, del centro que haya adoptado la mencionada iniciativa, informar y trasladar las solicitudes de acreditación al Ministerio de Sanidad.
Asimismo, tal y como está previsto en la disposición final séptima del Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título de Médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia, se habilita a las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, Justicia y Universidades, en función de sus competencias, para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del citado Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, este sistema de residencia se articulará de acuerdo con lo previsto en el programa formativo de la especialidad elaborado al efecto, que comprenderá un período formativo de cuatro años que serán cursados en las unidades docentes acreditadas de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias transferidas. El programa formativo de la especialidad recogerá la obligación de que los residentes realicen períodos de rotación en los dispositivos docentes con los que exista un acuerdo o convenio previo del Sistema Nacional de Salud, en las especialidades en Ciencias de la Salud que presenten un contenido cuyo conocimiento resulte de utilidad para una mejor y más completa formación de aquellos.
Esta orden se adecua al Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, puesto que la regulación que se efectúa sobre determinadas profesiones del ámbito de la salud, con implicaciones para la seguridad de los pacientes, tiene como objetivo primordial la garantía de un alto nivel de protección de la salud humana.
En cuanto al contenido y tramitación de la presente orden, se han tenido en cuenta los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En concreto, la orden se adecua al principio de necesidad y eficacia, puesto que es el instrumento idóneo y único posible para llevar a cabo la regulación que pretende introducir en el ordenamiento jurídico. Del mismo modo, es acorde con el principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible para el cumplimiento del objetivo previamente mencionado, y con el de seguridad jurídica, puesto que es congruente con la legislación estatal y la normativa europea sobre la materia.
En cumplimiento del principio de transparencia, en el proceso de elaboración de esta norma se han sustanciado los trámites preceptivos de consulta pública previa y de información pública. Asimismo, han sido consultadas las comunidades y ciudades autónomas a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ha sido informado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y por el Ministerio de Justicia.
Por último, con respecto al principio de eficiencia, esta orden ministerial contribuye a la gestión racional de los recursos públicos existentes, en condiciones de igualdad con el resto de especialidades en Ciencias de la Salud.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y del Ministro de Universidades, dispongo:
La presente orden tiene por objeto aprobar el programa formativo de la especialidad de Medicina Legal y Forense, los criterios de evaluación de los especialistas en formación y los requisitos de acreditación de las unidades docentes, cuyo contenido se publica como anexos a esta orden.
El programa formativo de la especialidad, los criterios de evaluación de los especialistas en formación y los requisitos de acreditación de las unidades docentes serán de aplicación a los residentes de la especialidad de Medicina Legal y Forense que obtengan plaza en formación en unidades docentes de dicha especialidad a partir de la convocatoria 2021-2022.
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos profesionales.
A partir de la entrada en vigor de esta orden, queda sin efecto la Resolución de fecha 25 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se aprueba el programa de la especialidad sanitaria de Medicina Legal y Forense.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de octubre de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Ruiz Silva.
1. Introducción. En la Ley Orgánica de Sanidad, de 28 de noviembre de 1855, se regulaba la clase o cuerpo de facultativos forenses. Además, la Medicina Legal y Forense figuraba entre las treinta y una especialidades médicas recogidas en la Ley de 20 de julio de 1955 sobre enseñanza, título y ejercicio de las especialidades médicas.
Durante los últimos treinta años la Medicina Legal y Forense ha experimentado importantes cambios organizativos tanto a nivel nacional como internacional, incorporando nuevos conocimientos, competencias y metodologías que permiten responder con evidencia científica a las nuevas cuestiones de carácter médico-legal y forense que plantea no solo la justicia u otros operadores jurídicos, sino también la sanidad y la propia sociedad.
Por todo ello, en el marco de la evolución de la propia formación sanitaria especializada en ciencias de la salud, se hace necesario regular un Programa Oficial de la Especialidad (en adelante, POE), adaptándolo a la realidad actual y al nuevo sistema de acceso a la especialidad por el sistema de residencia.
2. Definición de la especialidad. La Medicina Legal y Forense es la especialidad médica de las disciplinas médico-sociales que confiere competencias para resolver problemas legales, aplicando los métodos y conocimientos de la medicina, a través de la observación, documentación, recolección, asesoramiento e interpretación de las pruebas en el marco de las investigaciones clínicas ypost-mortemrequeridas en los diferentes campos del Derecho.
Sus objetivos principales son el estudio de la causa y circunstancias de la muerte y la valoración pericial de las lesiones físicas o psíquicas. Asimismo, otras áreas de actuación son la toxicología, psiquiatría, genética o antropología forenses y el asesoramiento en cuestiones legales y bioéticas.
3. Participantes en la elaboración del programa. El POE ha sido elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad (en adelante, CNE) de Medicina Legal y Forense. Los miembros integrantes de la Comisión Nacional, son: Josep Núñez Molina (Presidente), Marta Grijalba Mazo (Vicepresidenta), Salvador Navarro Castillo Santos Arias Santana Bravo Molina Galtés Iglesias Nieto Garrido-Lestache Vidal, Gabriel Martí Amengual, Santiago Caballero Marín y María Dolores Pérez Cárceles.
4. Normativa, marco legal y referentes utilizados. Para establecer los dominios competenciales se tuvieron en cuenta el anterior programa de la especialidad, el documento elaborado por el European Council of Legal Medicine (Description of Legal and Forensic Medicine as a Medical Specialty in the EU Aims and Objectives for Specialist Training, 2013) y el Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título de Médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia.
5. Ámbito de actuación de la especialidad. En el campo de las ciencias forenses, la Medicina Legal y Forense comprende un conjunto de conocimientos médico-biológicos que auxilian a la justicia, tanto en el desarrollo teórico-legislativo como y, fundamentalmente, en el modo más práctico de aplicación de los conocimientos médicos en el ámbito judicial.
Dentro de los diferentes campos del derecho, los conocimientos que le son propios se estructuran en tres áreas competenciales: Clínica médico-forense, patología forense y laboratorio forense.
De forma sintética, en los individuos vivos, le corresponde la identificación en base a las características biológicas, el estudio de las lesiones y sus mecanismos de producción y secuelas, la alteración de sus capacidades, de su salud psíquica y sus repercusiones y del efecto de tóxicos y drogas de abuso.
En los individuos fallecidos, se ocuparía de la identificación de los restos y la determinación de las causas y circunstancias de la muerte (naturales o violentas).
En el laboratorio forense, se realizan análisis biológicos, clínicos y de toxicología, complementarios a las periciales sobre el sujeto vivo y muerto.
En el campo de la victimología, la mejora en la calidad pericial forense ofrece la oportunidad de elaborar estrategias de seguimiento y monitorización de la evolución de la criminalidad y proponer políticas asistenciales dirigidas a los colectivos especialmente vulnerables, incluyendo el grave problema de la violencia de género.
Como consecuencia de la atención específica de los menores como colectivo especialmente vulnerable, la mejora en la calidad de la actividad pericial forense debe traducirse en una mejor asistencia y seguridad jurídica de los casos que se investigan por parte de los órganos judiciales, con adaptación e implantación de las políticas dirigidas al objetivo del interés superior del menor. De esta forma, se persiguen mejores resultados a nivel individual en cada caso concreto y en el diseño de estrategias de adaptación general de la respuesta del estamento judicial a las particularidades de las personas necesitadas de especial protección. Una mayor especialización de los profesionales permitirá hacer frente con mayor eficacia a los casos de menores o adolescentes migrantes no acompañados, en situación de desamparo, víctimas de maltrato, abuso sexual o cualquier otra forma de violencia interpersonal, incluidos también los casos en los que estos son los autores de conductas delictivas.
Por otra parte, e independientemente del ámbito de actuación judicial, la especialidad de Medicina Legal y Forense podría aplicar los conocimientos médicos, jurídicos y administrativos al asesoramiento, desarrollo y resolución de problemas derivados de la asistencia sanitaria, de la actividad profesional médica en general, así como de los derechos y obligaciones del médico. Asimismo, contempla el asesoramiento en algunas cuestiones legales y bioéticas a los facultativos, servicios hospitalarios y organizaciones sanitarias en general.
En la actualidad y cada vez con mayor exigencia, la Medicina Legal y Forense también es llamada a actuar en otros ámbitos científicos, de trascendencia humanitaria, social, cultural o histórica. Particular interés tiene su intervención en el campo de la acción humanitaria. Esta labor se fundamenta en el marco normativo internacional y se ha impulsado con el uso de las ciencias forenses como apoyo al trabajo humanitario. Los objetivos se centran sobre migrantes y víctimas de conflictos y sucesos con víctimas múltiples, fundamentalmente en la identificación y gestión de cuerpos, el manejo digno de detenidos y prisioneros y la protección y asistencia de civiles especialmente vulnerables.
Otro campo de actuación de la Medicina Legal y Forense es en materia de salud pública. Ambas disciplinas convergen en la trascendencia social de sus actuaciones. La salud pública se ocupa de los problemas de salud de las poblaciones apoyándose, sobre todo, en la epidemiología. La Medicina Legal y Forense constituye una valiosa fuente de información para la vigilancia y el abordaje de muchos problemas sociales y de salud pública como son el estudio de las lesiones, la morbimortalidad por determinadas causas o la violencia interpersonal. Es conocido y reconocido que la incorporación de la información procedente de las fuentes forenses mejora los registros relativos a estos problemas y resulta muy beneficiosa tanto para la mejora de la salud pública como para la sociedad.
Por último, la Medicina Legal y Forense también contribuye en el ámbito de la investigación y el desarrollo científico, en el sentido de la necesidad de formar parte de los engranajes científicos de las distintas áreas médico-biológicas con las que interactúa. La Medicina Legal y Forense no sólo debe utilizar en su provecho las técnicas y metodologías de las ciencias que le son afines, sino que en la persecución de sus objetivos debe ser generadora de conocimiento como única manera de avanzar, perfeccionarse y dar respuesta a los nuevos retos que plantea el futuro.
6. Objetivos del programa. El objetivo fundamental del programa es establecer las competencias que se deben adquirir y desarrollar a lo largo de la formación de la especialidad en Medicina Legal y Forense para obtener el título de especialista. Un segundo objetivo es definir los criterios de la evaluación de estas competencias.
El sistema de residencia para el acceso al título de médica/o especialista en Medicina Legal y Forense comprende una formación tanto teórica como práctica e implica una participación personal y progresiva del residente en la actividad y responsabilidades propias de la especialidad, adaptándose a los criterios recogidos en el artículo 20.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
El programa formativo de la especialidad tendrá como objetivo principal proporcionar una formación que asegure la adquisición de competencias específicas en los principales ámbitos de actuación de la especialidad que le permitan:
– Adquirir conocimientos teóricos:
1. De las bases médico-legales y forenses que permiten responder con evidencia científica a las cuestiones de carácter médico-biológico planteadas por el derecho, los órganos judiciales, la administración, los profesionales sanitarios y la sociedad.
2. De los procesos patológicos más relevantes y su interpretación en términos médico-legales y forenses. De las características técnicas y metodológicas de las distintas herramientas utilizadas por la medicina forense.
3. De las normas organizativas, jurídicas y deontológicas. Adquirir habilidades y actitudes, es decir llevar a la práctica el conocimiento, desarrollando destreza profesional para:
1. Valorar eficazmente la prueba pericial.
2. Aplicar adecuadamente los procedimientos de actuación y los protocolos o metodologías de estudio.
3. Interpretar los resultados de pruebas complementarias.
4. Realizar informes periciales.
5. Exponer la pericia en vista orales o en la práctica de diligencias en sede judicial.
Al finalizar la formación y obtener el título, la/el especialista en Medicina Legal y Forense debe haber adquirido las competencias necesarias en:
– Resolver las cuestiones médico-legales que plantea la aplicación y desarrollo del derecho en sus facetas penal, civil, social y contencioso-administrativa y comprender su trascendencia humanitaria, social, cultural o histórica.
– La organización y gestión de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) y de los servicios hospitalarios de Medicina Legal y Forense públicos o privados.
– Investigación científica en el campo de la especialidad.
– Programas de formación relativos a áreas de conocimientos propias de la especialidad.
7. Competencias. Para la adquisición del título de Especialista en Medicina Legal y Forense se deberá cursar un período de formación de cuatro años por el sistema de residencia, durante los cuales se deben adquirir y desarrollar las competencias trasversales, comunes a las distintas especialidades en Ciencias de la Salud, así como las competencias específicas de la especialidad, agrupadas en los siguientes dominios: Competencias generales; Clínica médico legal y forense; Psiquiatría legal y forense; Patología forense; Laboratorio forense; Derecho médico, legislación sanitaria y ética clínica. Asimismo, se incluyen los criterios de evaluación de estas competencias a través de instrumentos de evaluación aplicables a cada una de ellas, de actividades formativas y de contextos de aprendizaje de las mismas.
a) Instrumentos de evaluación:
b) Contexto de aprendizaje: Establece el servicio, área asistencial o dispositivo docente donde se podrán adquirir cada una de las competencias referidas.
c) Actividad formativa: Determina para cada competencia el número mínimo de actividades (consultas, procedimientos, guardias, etc.) que tendrá que realizar la/el residente para conseguir la competencia, para todos los instrumentos de evaluación, salvo los exámenes.
7.1 Competencias transversales de las especialidades en Ciencias de la Salud y criterios de evaluación. Para la adquisición del título de Especialista en Medicina Legal y Forense se deberán adquirir y desarrollar las siguientes competencias genéricas o transversales a lo largo de los cuatro años de formación:
Aunque secundario se podría considerar el portafolio aportando evidencias concretas.
7.2 Competencias específicas de la especialidad en Medicina Legal y Forense y criterios de evaluación. Las competencias específicas de la especialidad están agrupadas en los siguientes dominios: Competencias generales; Clínica médico legal y forense; Psiquiatría legal y forense; Patología forense; Laboratorio forense; Derecho médico; Legislación sanitaria y Ética clínica.
8. Desarrollo del programa formativo. Para la adquisición de las competencias de este programa formativo se realizarán las siguientes rotaciones distribuidas por años de formación:
De forma general y con respecto a la adquisición de competencias relacionadas con las patologías urgentes con especiales consecuencias médico-legales (como por ejemplo aquellas generadoras de partes de lesiones, de origen traumático o violento), durante el primer año, los residentes realizarán un mínimo de dos guardias al mes en urgencias hospitalarias o en puntos de atención continuada, asimismo, realizarán un mínimo de dos guardias/atención continuada al mes en los IMLCF a partir del segundo año de formación.
Rotación optativa. La persona especialista en formación dispone de un período de libre elección, preferentemente en el cuarto año, para complementar su formación como médico especialista en Medicina Legal y Forense. Se recomienda emplear este período para la estancia en un centro externo de reconocido prestigio, para realizar un entrenamiento de formación especializada complementaria (p. ej. antropología forense u otras) o una formación en investigación biomédica.
La acreditación de Unidad Docente (UD) y la convocatoria anual de plazas de especialistas en formación para su cobertura tendrá en cuenta las necesidades de efectivos de Medicina Legal y Forense.
Los requisitos de acreditación que se definen a continuación permiten la acreditación de un residente por año de la especialidad.
1. Estructura docente.
1.1 Estructura organizativa de la Unidad Docente (UD). Para el desarrollo de la formación sanitaria especializada es imprescindible:
1.1.1 Contar con una Comisión de Docencia, conforme a la regulación establecida por la Comunidad Autónoma correspondiente.
1.1.2 Nombrar un Jefe de estudios.
1.1.3 Disponer de tutores acreditados de la especialidad, de forma que:
– Pueda mantenerse la ratio un tutor para cada cinco residentes, como máximo.
– Se cumplan las disposiciones establecidas en las Comunidades Autónomas o el Ministerio de Justicia, en cuanto a su acreditación, y nombramiento.
1.1.4 Establecer las directrices oportunas para la constitución de Comités de Evaluación de la especialidad.
1.2 Plan de gestión de la calidad docente (PGCD). Las actividades de la UD deben integrarse en el Plan de Gestión de la Calidad Docente del centro, asegurando que se identifican, planifican, desarrollan, controlan y mejoran los procesos docentes, identificándose las directrices establecidas en cuanto a:
– Compromiso de la dirección con la Unidad. Debe establecerse la necesidad de evidenciar que la dirección/gerencia del centro docente ha establecido los mecanismos y recursos necesarios para la docencia.
– Mecanismos de representación y comunicación con la Comisión Docencia para garantizar la implicación de la dirección con la formación sanitaria especializada.
– El Jefe de estudios debe formar parte de los órganos de dirección del centro.
– Los objetivos de calidad específicos de la Comisión de Docencia que deben estar alineados con la estrategia del centro docente.
– La planificación y asignación de recursos necesarios para la docencia (dedicación del personal implicado en la formación de acuerdo con las unidades asistenciales, espacios físicos y de soporte; custodia de expedientes de residentes, etc.).
– Compromiso de liderar acuerdos con los dispositivos docentes que resulten necesarios para el cumplimiento del programa formativo de la especialidad.
– Planificación, desarrollo, medición y mejora de la Formación Sanitaria Especializada (en adelante FSE). Debe establecerse la necesidad de evidenciar los mecanismos y recursos necesarios para la docencia, en los que deben incluirse sistemáticas para:
• Acogida e información al residente.
• Planificación de las actividades docentes (guía o itinerario formativo tipo y adaptación individual).
• Planificación de la evaluación.
• Indicaciones para la elaboración del protocolo de supervisión y responsabilidad progresiva.
• Criterios para la evaluación formativa, anual y final. Informes anuales normalizados del tutor.
• Procedimiento de autorización de rotaciones externas.
• Criterios para la realización del informe anual sobre la capacidad docente de centro y unidades acreditadas.
• Incidencias y reclamaciones.
• Custodia de los expedientes de los residentes.
• Seguimiento de objetivos y control de los procesos docentes.
• Satisfacción de los residentes.
• Autoevaluaciones y auditorías internas (recomendable).
• Análisis y mejora continua (recomendable).
1.3 Recursos docentes. La unidad docente contará con los siguientes recursos docentes necesarios para la FSE:
– Historia clínica digital.
– Aulas o salas de reuniones.
– Medios audiovisuales.
– Biblioteca virtual.
– Laboratorio de habilidades.
– Otros.
2. Aplicación del programa oficial de la especialidad. Debe establecerse la necesidad de asegurar la adquisición de las competencias indicadas en el correspondiente POE, mediante la definición de:
2.1 Guía o itinerario formativo tipo (GIFT). Los tutores de la UD deben elaborar un itinerario formativo tipo a fin de adaptar lo indicado en el POE a la realidad de su UD de forma que se logre el cumplimiento de dicho programa, conforme a las directrices y modelos establecidos por la Comisión de Docencia a tal fin, y debe incluir, al menos:
– Objetivos generales para la formación: competencias transversales, comunes (si corresponde) y específicas.
– Duración total de la formación y cronograma.
– Objetivos específicos y competencias profesionales a adquirir por el profesional en formación por estancia formativa/rotación y año de residencia.
– Actividad mínima a realizar por cada residente para cada técnica o procedimiento.
– Atención continuada, incluidas guardias de la especialidad.
– Tipo y número de sesiones clínicas y/o bibliográficas en que ha de intervenir el residente.
– Actividades de investigación propias de la UD en que debe participar el residente.
2.2 Programación de la evaluación del residente. Los tutores, con informe favorable de la Comisión de Docencia, deben definir los criterios y directrices para la realización de:
2.2.1 La evaluación formativa del residente, de forma que se asegure el seguimiento objetivo del residente, acorde a la adquisición de competencias durante su proceso formativo. Dicha evaluación comprenderá, al menos los informes de evaluación formativa, como vía para el seguimiento continuado del aprendizaje del residente y la detección de áreas de mejora en el desarrollo de sus competencias, empleando las siguientes herramientas:
– Realización de entrevistas periódicas de tutor y residente con una periodicidad mínima trimestral. Estas entrevistas quedarán registradas en el Libro del Residente.
– El Libro del Residente, como registro de todas las actividades que evidencian su proceso de aprendizaje, incluidas rotaciones internas y externas, y entrevistas mantenidas con sus tutores.
– Evidencias procedentes del empleo de herramientas para el seguimiento objetivo del desarrollo competencial (según las posibles herramientas de evaluación indicadas en el POE, incluidas en el anexo I).
2.2.2 La evaluación anual (sumativa) y final de los residentes al finalizar cada uno de los años que integran su programa formativo de la especialidad en base al Informe de evaluación anual del tutor, que debe ser normalizado, siguiendo las instrucciones para la elaboración del Informe de evaluación anual del tutor, que se presentan en el anexo I de la Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación y en la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 21 de marzo de 2018, por la que se aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación.
2.2.3 El cronograma de evaluaciones establecido de acuerdo con el POE (y sus herramientas de evaluación). Este contenido debería incorporarse a la GIFT.
2.3 Protocolo de supervisión del residente. Deben definirse las directrices para asegurar la asunción progresiva de responsabilidades y un nivel decreciente de supervisión, a medida que el residente avanza en la adquisición de las competencias previstas en el programa formativo de la especialidad.
Dichos protocolos deben definirse considerando:
– Niveles de supervisión generales, deben establecerse por la Comisión de Docencia y ser comunes a todas las especialidades dependientes de la Comisión de Docencia.
– La graduación de la supervisión de las actividades asistenciales especialmente significativas en las que participa el residente.
Este protocolo debe garantizar la supervisión de presencia física del R1 por los profesionales de la plantilla en los distintos dispositivos del centro o unidad por los que el personal en formación esté rotando o prestando servicios de atención continuada.
– En todos los casos debe definirse un protocolo de supervisión en el área de urgencias.
– Deben identificarse, las áreas especialmente significativas para las que deban establecerse criterios específicos de supervisión.
3. Requisitos específicos. Para ser acreditadas y mantener su acreditación docente, las Unidades Docentes deberán definir los siguientes aspectos:
3.1 Organización asistencial. Manual de organización y funcionamiento, en el que se incluya, al menos:
– Cartera de servicios.
– Organigrama con sus líneas jerárquicas y la descripción de funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del mismo.
– Planificación de actividades de la unidad para su personal (asistencia, atención continuada veinticuatro horas, docencia, de investigación y formación continuada).
El servicio o área asistencial principal, así como los dispositivos donde se realicen las estancias formativas/rotaciones deben contar con un tiempo mínimo de funcionamiento de dos años.
3.2 Recursos Humanos. Para ser acreditados y mantener su acreditación docente, las unidades docentes contarán con los siguientes profesionales:
3.2.1 Médicos especialistas en Medicina Legal y Forense. Para la acreditación de una plaza de residente por año de formación, el número mínimo de especialistas en plantilla debe ser igual o superior a cuatro.
3.2.2 Personal administrativo.
3.3 Área Física. La estructura de la UD contemplará como mínimo:
3.3.1 Área de clínica forense:
3.3.1.1 Área de servicios generales y atención al público.
3.3.1.2 Área de exploración y entrevista médico-forense.
3.3.1.3 Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) o espacios dedicados a la atención forense de las víctimas de violencia de género.
Es recomendable, la existencia de unidades o secciones específicas tales como odontología forense, psicología forense, medicina forense del trabajo, violencia sexual, medicina forense del menor, determinación de edad, biomecánica u otras ajustadas a sus necesidades específicas.
3.3.2 Área de patología forense. La estructura de la UD contemplará como mínimo un área de autopsias. Es recomendable la existencia de un área de histopatología y/o una sección dedicada a la antropología forense.
3.3.3 Área de laboratorio forense. Al menos dispondrá de un área dedicada a la toxicología forense o contará con dispositivo docente que garantice la formación en este campo.
3.3.4 Área administrativa y sala de reuniones.
3.4 Equipamiento. La unidad dispondrá del equipamiento adecuado para el desarrollo de la especialidad y, en cualquier caso, cada área contará con:
3.4.1 El área de clínica forense:
3.4.1.1 Despachos y consultas de exploración y entrevista forense con mobiliario e instrumental médico de exploración física general (camilla, goniómetro, cintas métricas, martillo de reflejos, tensiómetro, fonendoscopio, dispositivos para el estudio de las imágenes médicas, etc.)
3.4.1.2 Existirán consultas o salas de exploración y entrevista forense suficientes.
3.4.1.3 Salas de espera.
3.4.2 El área de autopsias. Sala de autopsias con el equipamiento adecuado para la práctica de autopsias forenses y al menos una mesa de autopsias e instrumental adecuado (dispositivos de movilización de cadáveres, sierra eléctrica, instrumentos de medidas, cabina de gases o dispositivo similar para manipulación de líquidos de fijación, material fungible de 1 solo uso, equipos de protección individual desechables, etc.).
En el área de patología o, en su caso, de histopatología, se recomienda disponer de todo el equipamiento necesario para el tallado (mesa de tallado), procesamiento de muestras (preparación de muestras, microtomos, inclusiones de parafina, máquinas de tinción, etc.) y estudio histopatológico (microscopios).
3.4.3 El área de laboratorio. Además de los utensilios propios de un laboratorio, dispondrá al menos de un aparato de análisis de muestras biológicas mediante metodología de screening o contará con dispositivo docente que garantice la equipación en este campo.
3.5 Actividad asistencial/resultados. En lo que respecta a la actividad asistencial y pericial, la UD deberá contar con la siguiente actividad mínima anual:
– 1.000 reconocimientos y/o informes de víctimas de lesiones de cualquier origen.
– 100 actuaciones médico-forenses relacionadas con la violencia de género y la valoración del riesgo.
– 20 actuaciones de asistencia o reconocimiento a detenidos.
– 30 actuaciones periciales extrajudiciales en víctimas de lesiones por vehículos a motor.
– 300 actuaciones de psiquiatría forense en cualquiera de las jurisdicciones penal o civil.
– 30 actuaciones médico-forenses en la vía laboral.
– 75 actuaciones de levantamiento de cadáver.
– 150 autopsias.
– 200 analíticas de laboratorio.
– 75 actuaciones de asistencia a juicios en cualquier jurisdicción.
Debe evidenciarse que se han cumplido los criterios de actividad en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud.
3.6 Indicadores de eficiencia y calidad. Se definen los siguientes indicadores de eficiencia y calidad científico técnica, que aporten información sobre el desempeño de la unidad asistencial.
– Porcentaje de actuaciones telemáticas efectuadas en cómputo anual (mínimo un 10 %).
– Porcentaje de actividades formativas, de investigación y docentes en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de género y doméstica u otras, registradas anualmente (mínimo un 10 %).
– Porcentaje de quejas y sugerencias recibidas sobre el funcionamiento de la unidad, contestadas (mínimo un 100 %).
3.7 Dispositivos docentes. El dispositivo docente, que tiene una titularidad distinta a la del Centro o UD acreditada, y debe cumplir los siguientes aspectos:
– Suscribir un acuerdo o convenio de colaboración para la FSE con el centro o UD acreditada, en el que se indiquen: Los objetivos docentes del convenio, la duración de la estancia formativa, así como su periodo de vigencia, el número de residentes que se formarían por año en este dispositivo docente y el año de residencia en el que tendría lugar la formación.
– Cumplir los requisitos de acreditación correspondientes al ámbito de formación en el que participen.
– El cumplimiento de los requisitos de acreditación no puede demostrarse a través de varios dispositivos.
3.8 Investigación. El IMLCF debe contar, al menos, con:
– Una publicación anual en revistas nacionales o internacionales de la especialidad en los dos últimos años.
– Una ponencia o comunicación anual en jornadas y congresos de carácter nacional en los últimos dos años.
– Un proyecto de investigación, con evaluación (Agencia externa de financiación, Comités Éticos/Investigación, etc.) en los últimos cinco años: Especificar.
La UD debe establecer mecanismos para asegurar la participación del residente en los proyectos de investigación.
4. Compromisos con la docencia. Debe establecerse la necesidad de que la entidad titular de la UD cumpla los siguientes compromisos:
4.1 Asegurar el cumplimiento continuo de los criterios de acreditación de acuerdo con la legalidad vigente, puesto que los criterios serán periódicamente revisados.
4.2 Comunicar cualquier circunstancia sobrevenida que pueda generar cambios en la capacidad docente.
4.3 Aceptar la evaluación periódica de la situación de la UD mediante la programación de auditorías docentes.
4.4 Establecer una adaptación de la GIFT al residente.
4.5 Garantizar la veracidad de la información enviada, puesto que, en caso de comprobarse cualquier discrepancia, se invalidará la solicitud y no podrá volver a solicitarse en un periodo de cinco años.
Para ratificar estos compromisos, se requerirá el informe por parte del Responsable de acreditación de la CC.AA. en que se encuentre la UD, del Gerente del centro docente, así como del Jefe de Estudios.
Durante las rotaciones asistenciales, el residente participará en las sesiones clínicas, sesiones internas de revisión de casos, sesiones docentes y bibliográficas y sesiones interdepartamentales, así como la participación activa en las unidades multidisciplinares de los servicios por los que esté rotando.
En el ámbito de la rotación por los IMLCF se deberán realizar sesiones clínicas periódicas, repartidas entre los diferentes servicios, secciones, unidades o áreas. También participará de forma preferente en los programas de formación continuada organizados por la entidad, institución o administración de quien dependa el IMLCF. Finalmente se fomentará la asistencia a cursos, congresos o jornadas científicas relacionadas con la medicina legal y ciencias forenses, así como en simulacros o ejercicios de siniestros con víctimas múltiples.
5. Definición de requisitos para el incremento de la capacidad docente máxima. El cumplimiento de los requisitos detallados en el apartado 3.2 y 3.5, acreditan a la Unidad para la docencia de un residente/año. Un 100 % más de estos requisitos acreditan a la Unidad para la docencia de dos residentes/año.
Se requerirá acreditar la participación de los residentes en los proyectos investigación de la unidad docente.
El tiempo mínimo que debe haber trascurrido desde la última revisión de la capacidad docente acreditada para poder solicitar su incremento es de dos años.