Categoría: Administración

será obligatoria también para la presentación de solicitudes, documentación y comunicaciones por las entidades beneficiarias, que deberán seguir los requisitos de presentación que se determinen, en su caso, por el órgano concedente en la resolución a la que se refiere la disposición adicional primera, para cada una de las fases del procedimiento de gestión, seguimiento, justificación y control de estas subvenciones, tanto en los sistemas informáticos como en la forma.
1. Las subvenciones se concederán a través de un procedimiento de concurrencia no competitiva, en los términos del artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2. La instrucción del procedimiento para la concesión de las subvenciones corresponderá a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
3. En aplicación del artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las solicitudes y otros documentos que se aporten al procedimiento deberán estar redactados en castellano.
4. El procedimiento se hará público en el portal de internet del Ministerio de Política Territorial (www.mpt.es) y a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará a las 9:00 horas del día siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 15:00 horas del día 15 de octubre de 2022 (hora peninsular española).
Toda solicitud cuya presentación se produzca fuera del plazo establecido será inadmitida a trámite.
2. El registro se regirá por las reglas previstas en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Serán considerados días inhábiles los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario de días inhábiles aprobado por la Administración General del Estado, sin que resulten de aplicación las reglas de reciprocidad previstas en el artículo 30.6 de dicha ley. El horario oficial de presentación de solicitudes será el correspondiente a la hora peninsular española.
3. Las solicitudes únicamente se podrán presentar de forma electrónica de acuerdo con lo señalado en el artículo 12, a través del procedimiento previsto a tal efecto en la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial (procedimientos-subvenciones), y deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 15 y 16.
1. Las solicitudes irán dirigidas a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local y se presentarán mediante el formulario electrónico correspondiente.
2. El formulario electrónico de solicitud incluirá, al menos, el siguiente contenido:
a) Datos identificativos de la entidad local solicitante y de su representante legal en el procedimiento.
b) Datos identificativos de quien presenta la solicitud y su firma.
c) Datos descriptivos del proyecto y de su ejecución.
d) Importe de subvención solicitada.
3. La solicitud deberá venir acompañada de la siguiente documentación:
a) Proyecto que se quiere ejecutar, que deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16.
b) Un resumen ejecutivo del proyecto, de no más de 15 páginas, que deberá contener toda la información relevante del proyecto, así como los hitos y objetivos necesarios para efectuar el seguimiento.
c) Certificado de la entidad local solicitante, del acuerdo o resolución adoptado por el órgano competente, en el que deberán constar, de manera expresa, los siguientes extremos:
1.º La aprobación del proyecto para el que se solicita la subvención.
2.º La participación y aceptación del procedimiento regulado en esta orden y la solicitud de la subvención.
3.º El compromiso de que la entidad local dispondrá de todos los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para ejecutar el proyecto aprobado y para garantizar su operatividad durante el periodo de durabilidad.
4.º El compromiso de que la entidad local, a lo largo de todo el procedimiento, adoptará medidas eficaces y proporcionadas para evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación, y desarrollará las actuaciones que sean precisas, para dar pleno cumplimiento y satisfacción a las obligaciones que corresponden a la entidad beneficiaria, y en particular, a las enunciadas en el artículo 4.
d) Certificación de la entidad local solicitante, siguiendo el modelo que se incluirá en la guía técnica a la que hace referencia el artículo 5.5, en la que se indicará que el proyecto se encuadra en alguna de las actuaciones subvencionables previstas en el artículo 5, cumple con los requisitos previstos en el artículo 6 y que está alineado con los objetivos del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y del Componente 11 del PRTR, así como los hitos 167 y 169 y el objetivo 168, de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria y con la normativa europea y nacional de aplicación.
e) Declaración responsable, siguiendo el modelo del anexo I, en nombre de la entidad local solicitante, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y de no estar incursa en ninguna otra de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiaria.
Asimismo, en dicha declaración se hará constar que la entidad local solicitante cumple todos los requisitos previstos en esta orden y que los documentos presentados, avalan tal circunstancia, sin contener limitación o reserva alguna, y se manifestará el compromiso de la entidad local en relación con el cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión.
f) Declaración responsable, siguiendo el modelo del anexo II, en nombre de la entidad local solicitante, del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el artículo 2.6 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
g) Declaración responsable, siguiendo el modelo del anexo III, en nombre de la entidad local solicitante, sobre otras fuentes de financiación.
h) Autorización expresa, siguiendo el modelo del anexo IV, mediante la que la entidad local solicitante otorga derechos y accesos para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
i) Certificación bancaria de la cuenta de titularidad de la entidad local que se designa para percibir el pago de la subvención. Para poder recibir el pago, será necesario que la entidad local la haya dado de alta previamente en el Fichero Central de Terceros del Tesoro Público.
4. Con la presentación, la entidad local asume el compromiso de comunicar de inmediato al órgano instructor cualquier modificación o variación de las circunstancias que se han hecho constar en la solicitud.
5. Una vez registrada la solicitud o las solicitudes, en los términos del artículo 5, se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido en esta orden. Si en la documentación aportada se observasen defectos u omisiones subsanables, deficiencias de carácter técnico o se necesitara documentación complementaria para ampliar conocimiento sobre la ya presentada, se requerirá a la entidad solicitante, para que en el plazo de 10 días, subsane las faltas o acompañe los documentos necesarios advirtiéndole que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Cada proyecto deberá desarrollar una de las líneas estratégicas que se indican en el artículo 5, sin perjuicio de que para lograr el resultado esperado, el proyecto pueda comprender la ejecución de una o varias actuaciones que pudieran encuadrarse en otras líneas estratégicas, sin afectar por ello a la línea principal a la que se dirige el proyecto.
2. El proyecto tendrá carácter integrado, de modo que agrupará todas las actuaciones subvencionables que pretenda desarrollar la entidad local en la línea estratégica a la que esté vinculado. El proyecto tendrá unos gastos subvencionables de al menos 40.000 euros.
3. La memoria descriptiva tendrá una extensión máxima de 40 páginas y se especificará, al menos, la siguiente información, por este orden:
a) Denominación, línea estratégica a la que se vincula, identificación inicial de los problemas o retos detectados y objetivos principales y que deberán estar alineados con los objetivos previstos en la respectiva línea estratégica.
b) Hitos y objetivos: resultados esperados y su cuantificación. En concreto, los hitos 167 y 169 y el objetivo 168, así como el indicador se seguimiento 168.1, los cuales se encuentran alineados con el Componente 11.I3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c) Plan de implementación, que detallará los elementos que se indican a continuación:
1.º Descripción de cada una de las actuaciones a desarrollar, sostenibilidad y aspectos innovadores.
2.º Cronograma, desglosado por actuación.
3.º Presupuesto, desglosado por actuación.
4.º Importe total del proyecto y coste subvencionable para el que se solicita financiación.
d) Método de gestión y descripción de equipo técnico.
e) Sistema de seguimiento y control.
f) Medidas de información y publicidad.
4. La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (SGAD) facilitará un modelo de proyecto que incluirá un resumen ejecutivo de no más de 15 páginas.
1. En la instrucción del procedimiento de concesión se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) El órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria.
Para comprobar el cumplimento de tales condiciones el órgano instructor podrá consultar otros sistemas de información. Tal comprobación podrá realizarse con anterioridad o con posterioridad a la concesión de la subvención, y en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
b) El órgano instructor solicitará cuantos informes se estimen necesarios para resolver o sean exigidos por esta orden. A este respecto, la SGAD, comprobará el alineamiento de los proyectos presentados con las características requeridas en esta orden y en las instrucciones que se aprueben, todo ello en relación con los siguientes documentos emitidos por la entidad local:
1.º El resumen ejecutivo al que se refiere el artículo 15.3 b).
2.º La certificación emitida por la entidad beneficiaria prevista asimismo en el artículo 15.3.d).
c) Asimismo, se facilitarán las instrucciones que el órgano instructor reciba de las Autoridades Nacionales y Europeas de gestión o de certificación de estos fondos asociados al PRTR, al Plan de Medidas Antifraude, o las que en su nombre le transmita la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, entre otras, para evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción o doble financiación.
2. En el marco de la instrucción del procedimiento, se podrá proponer la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante, a fin de ajustar los compromisos o actuaciones a desarrollar a los requerimientos de la subvención.
3. En el caso de que diversas entidades presenten solicitudes de subvención para abordar proyectos de similares características, susceptibles de llevarse a cabo de manera conjunta, con la consiguiente optimización de recursos y compartición de resultados, o bien, que en la memoria de éstos se prevea la contratación de determinados servicios, que se presenten de forma repetida en algunos proyectos, la SGAD podrá hacer una propuesta en este sentido, a fin de que fuera reformulado como proyecto conjunto, en los términos contemplados en la disposición adicional segunda.
4. Para las contrataciones de determinados productos, que se presenten de forma repetida en algunos proyectos presentados, se podrá proponer, por parte de la SGAD, su realización a través de modelos de pliegos, los cuales serán facilitados por parte de esta.
1. Se concederán subvenciones, hasta el importe máximo que corresponda a cada ayuntamiento, una vez realizadas las comprobaciones sobre la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos en esta orden. No obstante, la solicitud será denegada en caso de incumplimiento de los requisitos previstos en esta orden, o de agotarse el importe máximo de la subvención establecido.
2. La resolución únicamente podrá ser estimatoria en el caso de que la SGAD informe de que el proyecto presentado se alinea con las características requeridas en esta orden. En caso de ser estimatoria, la resolución expresará:
a) Los datos de la entidad beneficiaria y descripción del proyecto seleccionado.
b) El importe de los gastos considerados subvencionables a estos efectos.
c) La cuantía máxima de la subvención.
d) Los plazos máximos para la conclusión del proyecto y para la presentación de la justificación de la realización del proyecto.
e) Los hitos y objetivos del PRTR que se van a alcanzar.
f) Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las actuaciones que puedan requerirse.
3. Las resoluciones de concesión serán notificadas a los respectivos solicitantes y publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo.
4. Se entenderá que la entidad beneficiaria acepta todas las condiciones de la subvención, si esta no manifiesta su oposición dentro del plazo de 10 días desde la notificación de la resolución de concesión de la misma.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses desde la fecha de solicitud.
6. Contra la resolución del procedimiento se podrá formular potestativamente requerimiento previo para su anulación o revocación en los términos establecidos en el artículo 44 en relación con el 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, en su caso, interponer recurso contencioso-administrativo en los términos de la citada ley.
1. Cuando concurran circunstancias, debidamente justificadas, que alteren, siempre que no sea de manera sustancial, las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, las entidades beneficiarias podrán solicitar la modificación del proyecto aprobado.
2. Las modificaciones quedarán sujetas al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) No podrán alterar el objeto y finalidad de la subvención y no podrán exceder de la cuantía máxima de subvención concedida o de la que se hubiera establecido en modificaciones ya autorizadas.
b) La solicitud de la modificación deberá realizarse antes de los tres últimos meses del plazo de ejecución del proyecto.
c) Se deberá respetar el principio de DNSH.
d) El proyecto modificado deberá cumplir, al igual que el original, todos los requisitos establecidos en esta orden, de lo que se informará de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2.
3. La solicitud de modificación se acompañará, al menos, de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios, en la que se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión y se acreditará que el modificado cumple los requisitos expuestos en los apartados anteriores y que el proyecto continúa cumpliendo las condiciones establecidas en esta orden.
La estimación o desestimación de la solicitud de modificación deberá dictarse y notificarse al interesado en el plazo máximo de un mes, y en todo caso antes de la finalización del plazo de ejecución. El transcurso de dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, legitima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
4. No será necesaria la modificación de la resolución para los incrementos de hasta un 20 por ciento en los conceptos susceptibles de ayuda que figuren en la resolución de concesión, que se compensen con disminución en otros, siempre que no se altere el importe total de la ayuda y el proyecto ejecutado cumpla con todos los restantes requisitos impuestos en la resolución de concesión. En todo caso, cualquier modificación de los proyectos deberá ser comunicada al órgano concedente.
1. El pago de la ayuda concedida quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano instructor de que la entidad beneficiaria cumple con los requisitos exigidos en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.
2. Se efectuará un pago anticipado de la subvención del 50 por ciento de la cantidad concedida. El pago de esta cantidad se tramitará de oficio, una vez se haya producido la aceptación de todas las condiciones de la subvención según prevé el artículo 18.4.
El importe del pago anticipado deberá destinarse exclusivamente a cubrir los costes subvencionables de las actuaciones objeto de subvención, debiendo justificarse su correcta utilización en los términos previstos en el artículo 22.
3. El importe de ayuda restante quedará condicionado a la presentación por la entidad beneficiaria de la documentación justificativa señalada en el artículo 22.
4. De conformidad con el artículo 42.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las entidades locales quedan exoneradas de la constitución de garantías.
1. Las entidades beneficiarias deberán informar a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, con la periodicidad que se determine, acerca del estado de ejecución de las actuaciones financiadas. Estos informes de ejecución deberán incluir información acerca del grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para el seguimiento de la subvención y, en especial, se deberá informar acerca del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.
Asimismo, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local podrá requerir información relativa a la evaluación de cualquier otro aspecto que permita asegurar el mejor cumplimiento de los requerimientos establecidos por la normativa europea.
2. A efectos de auditoría y control del uso de los fondos, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, las entidades beneficiarias deberán reportar, en el plazo y forma que se determine, información dirigida a una base de datos única, sobre las categorías de datos armonizadas que prevé dicho artículo.
A tal efecto, la entidad beneficiaria deberá cumplir con las obligaciones de identificación de contratistas y subcontratistas y de cesión de datos, en los términos que se prevén en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
La obligación de suministrar información es extensible a cualquier otra que le pueda requerir el órgano concedente u otras autoridades nacionales o europeas para el ejercicio de sus funciones, y en particular, para el preciso cumplimiento de lo estipulado en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
3. Las entidades beneficiarias deberán informar a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, proactivamente, sobre cualquier evento importante o imprevisto que pueda impactar en la consecución de los objetivos establecidos.
También deberán informar con inmediatez de la existencia de cualquier procedimiento judicial tendente a la determinación de conductas que puedan ser constitutivas de infracción penal y que afecten a las actuaciones financiadas total o parcialmente con cargo a estas subvenciones, así como de cualquier otra incidencia que pueda perjudicar a la reputación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1. Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente.
2. La justificación se efectuará por vía electrónica a través de la aplicación o aplicaciones que designe la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, con arreglo a las normas y a los modelos electrónicos que se determinen y de acuerdo con las instrucciones que se dicten en aplicación de esta orden.
3. Las entidades beneficiarias deberán presentar la documentación justificativa que especifique la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, entre la que constará:
a) Una memoria de actuación, en la que se describirá el proceso de implementación, las actividades realizadas y los resultados obtenidos. La memoria deberá recoger el estado final de implementación de todas las actuaciones indicando las posibles desviaciones existentes con respecto a la resolución de concesión de la subvención y sus posibles modificaciones. Se incorporará un reportaje fotográfico sobre el objeto de la subvención, con los productos adquiridos o las actuaciones desarrolladas, incluyendo capturas de pantalla de los productos de software.
b) Una certificación emitida por la entidad local beneficiaria en la que indicará, una vez realizadas las oportunas actuaciones de comprobación, el estado de cumplimiento de los proyectos y, en particular, de sus hitos y objetivos, especificando los mecanismos de verificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2.
c) Un informe emitido por el órgano de intervención y control de la entidad local beneficiaria, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención.
En particular, el informe deberá acreditar expresamente que la subvención se ha empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, la regularidad del gasto, su subvencionalidad y el cumplimiento de los restantes requisitos establecidos en las bases y en la resolución de concesión, incluyendo el principio de DNSH, el etiquetado digital y el logro de los hitos y objetivos comprometidos.
El informe podrá ser sustituido por la aportación de un informe de auditor, en los términos que prevé el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, que acredite lo expuesto anteriormente. En cualquier caso, si fuera preciso, se podrá exigir informe de auditoría externa para completar el informe del órgano de intervención y control de la entidad local.
d) Información descriptiva de la existencia de una contabilidad separada para todas las transacciones relacionadas.
e) Declaración responsable que acredite la existencia o, en su caso, inexistencia de otras ayudas o subvenciones cobradas para la misma actuación o finalidad.
f) Declaración responsable sobre la adecuación del proceso de contratación de las actuaciones por parte de la entidad beneficiaria a la normativa aplicable en materia de contratos; la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas las transacciones relacionadas; el cumplimiento de las normas nacionales y europeas sobre requisitos de igualdad de oportunidades y no discriminación aplicables a este tipo de actuaciones; el cumplimiento de las normas medioambientales, de calidad del aire, residuos y vertidos nacionales y europeas, y sobre desarrollo sostenible; el cumplimiento del principio de DNSH; y sobre la adopción de medidas eficaces y proporcionadas para evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación en el ámbito de gestión de las actuaciones objeto de ayuda.
g) La restante documentación e información que requieran las Autoridades del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y la que fuera oportuna para comprobar la adecuación en la ejecución de la subvención y el cumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones.
Los documentos a los que se refiere este apartado podrán presentarse siguiendo los modelos que, en su caso, sean aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del PRTR.
4. Para proyectos con subvención concedida por importe inferior a 100.000 euros, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local podrá establecer la presentación de una cuenta justificativa simplificada.
5. La justificación se deberá presentar, como máximo, en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo para la realización del proyecto.
6. La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local comprobará la documentación aportada y podrá recabar la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para poder proceder a la correspondiente liquidación respecto a las cantidades transferidas a cuenta y a la instrucción, si fuera preciso, del correspondiente procedimiento de reintegro o pérdida del derecho al cobro, de los importes de subvención no justificados.
7. La SGAD asesorará en el proceso de comprobación de la justificación, efectuando un análisis del resumen ejecutivo aportado por la entidad local previsto en el artículo 15.3.b), con el certificado emitido también por la entidad local beneficiaria sobre el estado de cumplimiento de los proyectos, hitos y objetivos, al que se refiere el apartado 3.b) anterior.
1. Las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán someterse a cualquier actuación de comprobación y control financiero que pueda realizar la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local u otro órgano designado por esta, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como europeos, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información les sea requerida.
2. Mediante el desarrollo de las actuaciones y proyectos contemplados en esta orden se contribuirá a la consecución de los hitos 167 y 169 y del objetivo 168 del PRTR, para ello se prevé la comprobación mediante los siguientes instrumentos:
a) Hito H 167: Digitalización de entidades regionales y locales.
Documento resumen que justifique debidamente cómo el hito (incluyendo los elementos relevantes del mismo, tal y como se enumeran en la descripción del hito y de la medida correspondiente en el anexo del CID) se ha cumplido satisfactoriamente. Este documento incluirá como anexo las siguientes pruebas documentales: para el punto (a) del hito: copia de los certificados oficiales certificados que acrediten que los proyectos se han completado y extracto de las correspondientes especificaciones técnicas de estos proyectos describiendo la línea estratégica a la que los proyectos se refieren.
b) Objetivo O 168: Adjudicación de proyectos de apoyo a la transformación digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Entes locales (391,4 millones en el caso de las entidades locales).
Documento de síntesis que justifique debidamente la forma en la que el objetivo (incluyendo los elementos relevantes de este, tal y como figuran en la descripción de objetivo y de la medida correspondiente en el anexo del CID) se ha cumplido satisfactoriamente. Los documentos de síntesis incluirán en una hoja de cálculo anexa las siguientes pruebas y elementos documentales: código oficial y nombres del proyecto y para cada uno de ellos: lista de la publicación de las adjudicaciones en el Diario Oficial o en la plataforma de contratación pública; el importe adjudicado (sin IVA); información sobre el área de transformación digital a la que se refieren los proyectos.
A partir de una muestra que será seleccionada por la Comisión, se presentarán las siguientes pruebas documentales para cada una de las unidades (proyectos) seleccionadas: copia de la publicación de las adjudicaciones en el Diario Oficial o en la plataforma de contratación pública indicando el importe (sin IVA); documento oficial que describa el proyecto y que acredite su adecuación a la descripción del objetivo e inversión en el CID.
c) Hito H 169: Finalización de todos los proyectos de apoyo a la transformación digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Entes locales.
Documento de síntesis que justifique debidamente la forma en que el hito (incluyendo todos los elementos constitutivos) se ha cumplido satisfactoriamente, con vínculos adecuados a las evidencias subyacentes.
1. Procederá el reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas o la pérdida del derecho al cobro cuando se produzca un incumplimiento por las entidades beneficiarias de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión, así como por las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. A efectos de lo establecido en el artículo 37.1.i) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro de la ayuda o la pérdida del derecho al cobro si se constata que:
a) Durante las actuaciones de comprobación y/o control de la subvención, los objetivos, productos, servicios o gastos justificados no se corresponden con el proyecto financiado.
b) Se produce incumplimiento injustificado por parte de la entidad beneficiaria de las obligaciones periódicas de información previstas en el artículo 21.
c) Se produce un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de gestión, control y pista de auditoría inherentes a la entidad beneficiaria y no resulta posible su subsanación, o si resultando posible la misma, la entidad beneficiaria no procede a ello en el plazo que se le conceda.
d) Se produce un incumplimiento de las condiciones asociadas al respeto del principio de DNSH.
e) Se produce el incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones en materia de información, comunicación, visibilidad y publicidad.
3. Las entidades beneficiarias también deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público en caso de no realizar el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los hitos o de los objetivos fijados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En ese sentido, de acuerdo con el artículo 7.séptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, podrá ser causa de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y reintegro de la misma el incumplimiento de los hitos que se establezcan en cuanto a obligaciones de licitación y adjudicación.
El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
4. La entidad beneficiaria asumirá cualesquiera consecuencias que pudieran derivarse del seguimiento, ejecución, evaluación y control de las actuaciones que hubiera ejecutado y/o de los gastos presentados.
1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en esta orden, en la normativa europea, en su caso, y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en las correspondientes resoluciones de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y a la obligación de reintegrar esta.
2. Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:
a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la ayuda, o cualquier otra irregularidad que presente carácter sistémico o afecte a partes esenciales del proyecto financiado, será causa de reintegro total de la ayuda, y, en su caso, de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas, o cualquier otra irregularidad que únicamente afecte a partes no esenciales del proyecto, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
c) En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones del presupuesto financiable, el incumplimiento de la exigencia de autorización supondrá la devolución de las cantidades desviadas. Si la modificación, además, implica un incumplimiento total o parcial de los objetivos, se procederá en los términos contemplados en las letras anteriores.
d) El incumplimiento injustificado por parte de la entidad beneficiaria de las obligaciones periódicas de información previstas en el artículo 21, conllevará la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
3. Las irregularidades del gasto se corregirán en los términos que determinen las autoridades responsables del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia o los restantes órganos de control.
El régimen de infracciones y sanciones aplicable será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El Ministerio de Política Territorial habilitará un espacio específico en su portal de internet (www.mpt.es) donde se difundirá información sobre estas subvenciones.
Se autoriza a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local para, mediante resolución, aprobar cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento de lo dispuesto en esta convocatoria y demás normativa aplicable. Las instrucciones se publicarán en el portal de internet del Ministerio de Política Territorial y, en su caso, en el «Boletín Oficial del Estado», cuando se aprecie interés público en ello por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
1. Las entidades locales enunciadas en el artículo 3, podrán agruparse a efectos de desarrollar proyectos que, en el marco de la presente convocatoria, les resulten de interés compartido. Tales proyectos conjuntos serán desarrollados bajo la coordinación técnica de la SGAD, pudiendo esta última también participar en el desarrollo de estos.
2. Para acceder a la condición de entidad beneficiaria, tales agrupaciones se deberán ajustar a lo dispuesto en los artículos 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, así como a lo señalado en esta orden.
3. En particular, las agrupaciones de municipios deberán cumplir con las siguientes reglas:
a) Todos los miembros de la agrupación deberán ser entidades comprendidas en el artículo 3, de la misma o de diferente comunidad autónoma.
b) Antes de presentar la solicitud, los miembros de la agrupación deberán suscribir un acuerdo interno, en la forma y con los requisitos y contenido establecidos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Conforme a este artículo, el acuerdo de agrupación podrá condicionarse a ser declarada entidad beneficiaria de la ayuda por resolución de concesión.
c) Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de entidades beneficiarias de la subvención y serán responsables respecto del conjunto de actuaciones subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro y las responsabilidades por infracciones. Los miembros responderán directamente por los incumplimientos que les sean imputables y subsidiariamente por los incumplimientos que sean imputables a otra de las entidades participantes. El caso de que el incumplimiento no sea imputable de manera individualizada a un miembro, la responsabilidad será solidaria entre todos ellos.
d) Conforme al artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la agrupación deberá nombrar un representante o apoderado único, con poderes bastantes para cumplir todas las obligaciones que, como entidad beneficiaria, corresponden a aquella y, en particular, las siguientes:
1.º Presentar la solicitud de la subvención.
2.º Actuar como interlocutor único entre la agrupación y el órgano concedente.
3.º Recabar de cada miembro de la agrupación toda la información exigible o requerida por el órgano concedente, y en particular la relativa a la justificación de la subvención.
4.º Recibir el pago de la subvención, y distribuirla entre los miembros de la agrupación, de acuerdo con el grado de participación de cada uno en el proyecto.
5.º A efectos del desarrollo del proyecto, asumir la coordinación e interlocución con la SGAD, de forma única y común.
4. Las subvenciones se concederán siguiendo el procedimiento establecido en esta orden. La solicitud se deberá presentar por el representante de la agrupación, en el plazo y forma establecidos, aportando los documentos indicados en el artículo 15, suscritos por la entidad que ejerza la representación de la agrupación, y con las siguientes particularidades:
a) En la solicitud se hará constar el importe de la subvención a aplicar a cada uno de los miembros de la agrupación.
b) En el proyecto, además de los extremos contemplados en el artículo 16:
1.º Se justificará la procedencia de emprender la actuación o actuaciones de manera conjunta y las sinergias generadas.
2.º Se expresarán los compromisos de desarrollo que asume cada miembro de la agrupación, así como los criterios seguidos para la contribución financiera al proyecto.
c) Asimismo, se aportará:
1.º El acuerdo interno de agrupación, suscrito por todos los miembros.
2.º El acuerdo adoptado por el órgano competente de cada entidad, en el que se autorice a suscribir el acuerdo de agrupación, asumiendo todos los compromisos derivados del mismo; se designe al representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como entidad beneficiaria corresponden a aquella; y se declare que la respectiva entidad cumple a título individual con los requisitos previstos en esta para acceder a la condición de beneficiaria.
En el caso de que parte o la totalidad del objeto del proyecto conlleve la contratación de bienes y servicios del ámbito de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones comprendidos en la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, y el sistema estatal de contratación centralizada disponga de un acuerdo marco o sistema dinámico a través de los cuales se podría realizar dicha contratación, aquellas entidades beneficiarias que no se encuentren ya adheridas a estos instrumentos de racionalización de la contratación y cumplan los requisitos necesarios, podrán concluir con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de adhesión conforme al procedimiento establecido en la citada Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, a fin de poder contratar a través de dichos instrumentos.
1. Se delega el ejercicio de la competencia para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta orden, así como para la modificación de la resolución de concesión, atribuida a la persona titular del Ministerio de Política Territorial, en virtud de lo señalado en el artículo 10.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; el artículo 86 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, y el artículo 61.p) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la persona titular de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
2. Se aprueba la delegación de la competencia para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta orden, así como para la modificación de la resolución de concesión en la persona titular de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, cuando en virtud de lo señalado en el artículo 10.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; el artículo 86 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, y el artículo 62.2.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dicha competencia se encuentre atribuida a la persona titular de la Secretaría de Estado de Política Territorial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas y legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 12 de septiembre de 2022.–La Ministra de Política Territorial,Isabel Montero Torres.