Categoría: Economía y Empleo

n percibidas por la persona física inscrita, así como la parte proporcional de las percibidas por cualquier tipo de entidad con actividad agraria en la que participe.
i) Valor de la producción estándar asociada a su explotación y a explotaciones en las que participe.
j) Coeficiente de profesionalidad.
k) Coeficiente de productividad.
l) Coeficiente de dimensión económica.
m) Coeficiente de contribución ambiental.
n) Vinculación al modelo de agricultura social y familiar.
ñ) Suscripción de pólizas de seguro de sus producciones.
o) Pertenencia a sistemas de calidad diferenciada, a entidades de comercialización en común, a organizaciones de productores de frutas y hortalizas o de cualquier otro sector, a agrupaciones para tratamientos integrados en agricultura, a agrupaciones para la defensa sanitaria en ganadería, o a comunidades de regantes.
p) En el caso de personas jurídicas, deberán aportarse los datos relativos a cada socio, identificando la respectiva participación en la sociedad y los datos requeridos en las letras a), d), e) y j).
q) Cualquier otro de interés para los fines del registro.
3. De conformidad con lo previsto en la legislación sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, en la solicitud de inscripción en el registro se incluirá autorización al departamento competente en materia de agricultura a fin de que consulte o solicite a los organismos competentes los documentos precisos para obtener los datos correspondientes indicados en el apartado anterior, así como para que pueda acceder a aquéllos que ya tenga en su poder, que sean necesarios para gestionar los procedimientos competencia del departamento, salvo que los interesados denieguen expresamente este uso. En este caso, deberán aportar la documentación acreditativa exigible para la inscripción.
1. Con base en los datos obrantes en el registro previsto en el artículo 10, se determinará aquellas personas y sus explotaciones que cumplan las condiciones del modelo de agricultura social y familiar indicadas en el artículo 6.
2. Los certificados acreditativos se emitirán, de oficio o a solicitud de la persona interesada, por el titular de la dirección general competente en materia de desarrollo rural.
1. El registro se actualizará anualmente de oficio, incorporando la información aportada ante cualquier Administración pública por la persona que ejerce actividades agrícolas o ganaderas. También podrá actualizarse en cualquier momento a petición de las personas interesadas. Los datos de este registro relativos a la explotación o explotaciones, así como otros que la normativa en materia de protección de datos permita, se ofrecerán de forma abierta y reutilizable en el portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón.
2. Las correspondientes bases reguladoras o convocatorias de apoyo público de cualquier naturaleza podrán considerar obligatoria a sus efectos la inscripción en el registro de personas que ejercen actividades agrícolas y ganaderas de Aragón.
Al objeto de lograr la igualdad real y efectiva en el medio rural, desde las Administraciones públicas de Aragón se llevarán a cabo acciones referidas a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de las empresas que desarrollan su actividad en el sector agrario, favoreciendo la implantación de la titularidad compartida.
1. El Gobierno de Aragón podrá declarar un proyecto en el ámbito del regadío, bien sea de nueva transformación o bien en el ámbito de modernización y mejora, como de interés general.
2. Una comunidad de regantes constituida, o en trámite de constitución, podrá solicitar al departamento competente en materia de agricultura la declaración de interés general del proyecto. Para ello, deberá aportar la definición de la actuación mediante su anteproyecto, la autorización ambiental vigente que corresponda y la documentación, emitida por el organismo de cuenca competente, que acredite la existencia de concesiones o derechos de agua. La solicitud debe aportar información sobre la situación de población, empleo y desarrollo económico del término o términos municipales afectados por el proyecto, el número de explotaciones totales que van a beneficiarse de la medida, con detalle de aquellas que, cumpliendo las condiciones del modelo de agricultura social y familiar, se hallen identificadas en el registro previsto en el artículo 10. Asimismo, proporcionará un análisis sobre los nuevos cultivos a instaurar, el incremento de la generación económica que ello supondrá, así como una estimación justificada de los nuevos puestos de trabajo que se prevé que se vayan a generar.
3. A la vista de la información descrita en el anterior apartado, y tras haber emitido la resolución de autorización prevista en el artículo 15, el departamento competente en materia de agricultura podrá proponer al Gobierno de Aragón la declaración de interés general del proyecto. Dicha declaración debe realizarse por decreto del Gobierno de Aragón y publicarse en el «Boletín Oficial de Aragón».
4. La declaración de interés general de una actuación, en los términos previstos en este artículo, determinará preferencia en la obtención de los apoyos públicos que se establezcan. A su vez, y dentro de las actuaciones declaradas de interés general, resultarán prioritarias aquellas correspondientes a zonas de regadío declaradas de interés nacional en el marco de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero, en las que existan obras ya ejecutadas por la Administración.
1. El departamento competente en materia de agricultura deberá autorizar las actuaciones tanto de creación como de modernización de regadíos. Dichas autorizaciones se basarán en criterios agronómicos, en especial de eficiencia en el uso de las dotaciones hídricas y de minimización de la contaminación difusa, justificando su compatibilidad con la planificación y criterios autonómicos en materia de regadíos.
No podrán autorizarse actuaciones incompatibles con los objetivos de la política agraria autonómica, que deberán orientarse al modelo de agricultura familiar y a potenciar las comunidades de regantes o usuarios.
Dicha autorización, preceptiva y vinculante, deberá ser previa a las autorizaciones ambientales y del órgano competente en materia de aguas.
2. Para la autorización prevista en el apartado anterior, quien haya promovido la actuación deberá efectuar una solicitud ante el departamento competente en materia de agricultura, a la que deberá adjuntar un anteproyecto, incluyendo las parcelas y recintos afectados con las referencias del sistema de información geográfica derivado de las ayudas de la Política Agrícola Común, así como la justificación de las dotaciones, las eficiencias de riego previstas y de los sistemas de control de la contaminación difusa que se prevean incorporar.
3. El departamento competente en materia de agricultura será el órgano sustantivo tanto a los efectos de la autorización de la actuación, para la tramitación previa de la autorización ambiental ante el órgano ambiental competente, así como para el seguimiento y control de las resoluciones adoptadas por dicho órgano ambiental.
1. De modo general, la ejecución y financiación de las actuaciones en materia de regadío, bien sea en el ámbito de la modernización integral o mejora del existente, bien en el de nueva creación declarada de interés general, se efectuarán por las comunidades de regantes. En su caso, el apoyo público se basará en un modelo subvencional ajustado a las modalidades que en cada momento establezca la Administración autonómica.
2. Salvo las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 siguientes, el marco general de ejecución de obras por parte de las comunidades de regantes será la licitación a través de pública concurrencia cuando opten a recibir apoyo público, ajustándose a la legislación sobre contratos del sector público cuando le sea de aplicación.
3. De modo excepcional, atendiendo a actuaciones que entrañen una dificultad específica objetiva, aquellas comunidades de regantes que se hallen interesadas podrán solicitar al departamento competente en materia de agricultura la intervención de empresas públicas que tengan la condición de medio propio de la Administración, tanto para la ejecución de la obra como para el apoyo técnico que resulte necesario. El referido departamento, en vista de la solicitud presentada por la comunidad de regantes, adoptará la decisión que corresponda mediante resolución motivada.
4. También de modo excepcional, a solicitud de una comunidad de regantes en el caso de proyectos de creación de regadíos declarados de interés general que entrañen una dificultad específica y objetiva, el departamento competente en materia de agricultura, previa decisión motivada, podrá ejecutar directamente una obra con base en un convenio de cofinanciación entre la propia Administración y la comunidad de regantes correspondiente. Dicho convenio recogerá de forma detallada el importe total de la inversión, el porcentaje de participación de cada una de las partes, así como los avales que deberá aportar la comunidad de regantes a la firma del mismo. La intensidad máxima de ayuda pública en términos de subvención equivalente será del 50 %. Una vez ejecutada la obra, ésta será entregada a la comunidad de regantes.
1. La declaración por decreto del Gobierno de Aragón del interés general de una actuación en el ámbito del regadío al amparo de esta ley, unida a la aprobación del proyecto de obras correspondiente por parte de la comunidad de regantes, lleva implícita la declaración de interés social e implica, asimismo, la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos necesarios para la efectiva ejecución de la transformación, todo ello para los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal.
2. Los efectos previstos en el apartado anterior se extienden igualmente a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las posibles modificaciones que posteriormente puedan introducirse en este.
3. La comunidad de regantes que tenga aprobado el proyecto y vaya a ejecutar la actuación tendrá la consideración de beneficiaria en los procedimientos de expropiación forzosa.
4. La valoración de los bienes y derechos a efectos de la determinación del justiprecio se efectuará de acuerdo con el valor que tuvieran al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tener en cuenta las posibles plusvalías a que la actuación pudiera haber dado lugar o pudiera dar en el futuro.
5. En el supuesto de seguir el procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, la propuesta para la declaración de la urgencia de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por los proyectos de obras que vayan a ejecutarse para la actuación corresponderá a la persona titular del departamento competente en materia de agricultura, adoptándose el correspondiente acuerdo por el Gobierno de Aragón.
6. La realización de la expropiación forzosa por parte de la Administración expropiante devengará una tasa por la declaración de interés general y otra por la ejecución de las actas previas, todo lo cual deberá contemplarse en el marco de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, o regulación que la sustituya.
1. Previo acuerdo de la asamblea general, una comunidad de regantes podrá solicitar al departamento competente en materia de agricultura la aplicación de una vía alternativa a la regulada por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario para la financiación y ejecución de las obras de regadío pendientes de ejecución en zonas regables de interés nacional íntegramente ubicadas en la Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos previstos en los apartados siguientes. Con base en dicha solicitud, el referido departamento solicitará informe a la correspondiente comunidad general de regantes, en el caso de que esta exista.
2. La comunidad de regantes concretará en su solicitud las obras a que se refiere y, en el caso de que, conforme al plan coordinado de obras, su ejecución no corresponda al departamento competente en materia de agricultura, se adoptará el acuerdo preciso con la Administración General del Estado.
3. La financiación alternativa consistirá en el adelanto por los futuros regantes de todos o parte de los importes que les corresponda asumir, de acuerdo con la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, del coste de las obras calificadas como de interés común en los correspondientes planes coordinados de obras. El referido adelanto supondrá que los importes indicados se aportarán por la comunidad de regantes en el momento de la ejecución de dichas obras conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, como alternativa a la previsión actualmente establecida en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, en la que las aportaciones se efectúan tras la puesta en riego, la declaración del cumplimiento de índices y la aprobación por la Administración del correspondiente proyecto de liquidación.
4. La comunidad de regantes afectada y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón firmarán un convenio en el que se detallarán todas las condiciones necesarias para la ejecución y financiación de la obras correspondientes y, en particular, las cantidades que adelantará la comunidad de regantes, el momento en que lo hará, posibles garantías que pudieran exigirse a la comunidad de regantes, cláusulas de salvaguardia y los contenidos que las partes consideren necesarios para la mejor consecución de la ejecución de la obra. El referido convenio podrá también ser suscrito por sociedades o empresas públicas autonómicas o estatales u organismos públicos autónomos competentes para la ejecución o gestión de infraestructuras de riego, o por instituciones o entidades financieras.
5. De acuerdo con el contenido del convenio al que se refiere el apartado anterior, las obras podrán ejecutarse por la Administración competente o por empresas o sociedades públicas autonómicas o estatales. También podrán ser ejecutadas por la comunidad de regantes, correspondiendo en este caso a la Administración autonómica la supervisión y tutela de la ejecución a fin de garantizar su ajuste al marco legal establecido, así como, en caso necesario, las expropiaciones a las que hubiere lugar conforme a la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
6. Los importes adelantados por los futuros regantes a través de la comunidad de regantes serán deducidos en los posteriores proyectos de liquidación que elabore la Administración, lo que podrá recogerse de forma expresa en el convenio correspondiente.
7. Cuando la financiación y ejecución se efectúen por la comunidad de regantes con apoyo público derivado de un régimen subvencional específico, las aportaciones de financiación a realizar por los futuros regantes se ajustarán a las condiciones del citado régimen. En este caso, el referido convenio será de supervisión y tutela de la ejecución a fin de garantizar el ajuste de la actuación al marco legal establecido, así como, en caso necesario, contemplando las expropiaciones a las que hubiere lugar conforme a la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
8. Las previsiones del apartado anterior referidas al convenio serán también de aplicación en el caso de que la comunidad de regantes asuma la financiación y ejecución sin apoyo público.
1. El tráfico jurídico de propiedades en sectores declarados como regadíos en zonas de interés nacional, cuyos propietarios hayan optado a través de su comunidad de regantes por el sistema alternativo de financiación y ejecución de obras previsto en el artículo 18 o, anteriormente, por el previsto en la disposición adicional octava de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, quedará sujeto a las normas generales que regulan la propiedad inmueble siempre que el adquirente cumpla los criterios del modelo de agricultura social y familiar y las superficies así adquiridas, juntamente con aquellas de las que ya pudiera ostentar la propiedad, no supere las 100 hectáreas.
2. En el resto de situaciones no contempladas en el apartado anterior, el tráfico jurídico de propiedades quedará sujeto a lo establecido en los apartados siguientes.
3. Salvo que medie autorización previa de la transmisión por parte del departamento competente en materia de agricultura, tendrán la consideración de tierras en exceso aquellas tierras sujetas a reserva que hayan sido adquiridas por actosinter vivoscon posterioridad a la aprobación del Plan General de Transformación de la zona regable previsto en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y con antelación a que sobre las mismas medie resolución administrativa que constate que se han alcanzado los límites de intensidad de explotación previstos en el Plan General de Transformación correspondiente.
4. La autorización de la transmisión de tierras sujetas a reserva solo podrá otorgarse cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Transmisión de la totalidad de la propiedad declarada reservada en la zona regable.
b) Cumplimiento por el adquirente de las cualidades personales establecidas en el correspondiente Plan General de Transformación.
c) Si el adquirente es una sociedad agraria de transformación o cooperativa de explotación comunitaria de la tierra, el total de tierras reservadas a la misma no podrá exceder de la suma de las reservas que corresponderían a aquellos de sus socios que reúnan las cualidades personales exigidas por el Plan General de Transformación para ser reservistas.
d) En el supuesto de que la entidad jurídica indicada en la letra anterior fuera disuelta antes de que las tierras afectadas por la zona regable queden sometidas a las reglas generales de transmisión, la propiedad inmobiliaria procedente de tierras reservadas se repartirá entre los socios que reúnan las cualidades personales exigidas por el Plan General de Transformación, sin que, en ningún caso, de esta partición pueda derivarse una adjudicación a un miembro que supere el límite de tierra reservada que individualmente pudiera corresponderle conforme a lo establecido en el Plan General de Transformación.
e) Si el adquirente no fuese propietario de tierras en la zona regable, las fincas habrán de permitir la constitución de una unidad mínima de explotación, conforme a las determinaciones del Plan General de Transformación.
5. En todo caso, la transmisión no podrá someterse a pacto o condición que tengan por objeto la suspensión o resolución de sus efectos.
6. La tierra cuya transmisión haya sido autorizada por el departamento competente en materia de agricultura mantendrá la calificación de tierra reservada solo en aquella parte que el adquirente pueda acumular a la que tuviera antes de la transmisión, sin exceder del máximo establecido en el Plan General de Transformación.
7. En ningún caso la transmisión supondrá una disminución del volumen de tierras declaradas en exceso en la zona regable.
8. La transmisión autorizada será instrumentada en documento público al que se incorporará la autorización administrativa, que podrá tener validez temporal, y se notificará al departamento competente en materia de agricultura en el plazo de un mes desde su otorgamiento.
9. La transmisión implicará la subrogación del adquirente en la concesión que pudiera existir a favor del transmitente como complemento de la tierra reservada objeto de la transmisión.
10. Las tierras transmitidas irregularmente tendrán la consideración de tierras en exceso, de conformidad con la legislación vigente.
1. Cuando una comunidad de usuarios para riego sea promotora de una actuación que haya requerido autorización ambiental, procederá a adaptar sus estatutos u ordenanzas a fin de asegurar el cumplimiento de obligaciones o condicionados derivados de la referida autorización.
2. Las comunidades de usuarios para riego beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas en materia agraria o medioambiental otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón incluirán en sus estatutos u ordenanzas protocolos de regulación y control, a los que deberán verse afectos sus comuneros, con el fin de mejorar la calidad del agua de los retornos de agua de riego y contribuir a minimizar la contaminación difusa. Dichos protocolos tendrán un contenido mínimo que deberá orientarse al consumo racional de insumos y será establecido por orden de la persona titular del departamento competente en materia de agricultura.
1. Se crea el registro de regadíos de Aragón, como registro público de naturaleza administrativa adscrito al departamento competente en materia de agricultura.
2. Las comunidades de regantes y los titulares legales o concesionales de derechos de agua de riego, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, inscribirán en el referido registro todas las superficies situadas en la Comunidad Autónoma de Aragón que tengan la consideración de regadío conforme a los modelos de declaración del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas derivado de la aplicación de la Política Agrícola Común.
3. La información de este registro que la normativa en materia de protección de datos permita, se ofrecerá de forma abierta y reutilizable en el portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón.
4. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón establecerá, de común acuerdo con los organismos de cuenca correspondientes, aquellos mecanismos de coordinación que permitan compartir y optimizar la información así obtenida.
5. El referido registro deberá permitir caracterizar el regadío aragonés de forma pormenorizada. Para ello, se delimitarán unidades cartográficas de regadío, que contendrán grupos de parcelas regadas, a nivel de polígono catastral, que resulten homogéneas. Dicha homogeneidad se basará en su pertenencia administrativa a una misma comunidad de regantes y en relación con una misma fuente de agua. Cada unidad cartográfica de regadío se clasificará en dos niveles:
a) El primer nivel se definirá en función de cuatro propiedades: el origen del agua (superficial o subterránea), la fuente de energía (presión natural o bombeo), el sistema de riego en parcela (inundación o presurizado) y la escasez de agua (eventual o permanente).
b) El segundo nivel de clasificación de cada unidad cartográfica de regadío se basará a su vez en otras cuatro propiedades: el tamaño de la parcelación (disgregada o concentrada), la orientación productiva (cultivos extensivos o intensivos), la existencia de una figura de protección ambiental (pertenencia o no a la Red Natura 2000) y la componente socioeconómica (pujante, moderada o recesiva).
6. Las comunidades de regantes, así como los titulares legales o concesionales del derecho del agua, deberán actualizar de forma bianual este registro, comunicando las modificaciones o variaciones que se produzcan en las unidades cartográficas de regadío que correspondan.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 113 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, sin perjuicio de la sanción que proceda aplicar a quien cometa una infracción en el ámbito del regadío, se deberá restaurar o reponer la situación alterada al estado anterior de la infracción cometida.
2. Para tal fin, el órgano sustantivo comunicará al sujeto pasivo de la referida sanción la necesidad de restaurar o reponer la situación alterada al estado anterior a la infracción cometida, otorgándole el plazo de tres meses para que proceda a comunicar si opta por la restauración o la reposición de la situación alterada al estado anterior a la infracción.
3. En el caso de que la persona infractora optase por la restauración de las potenciales afecciones de la actuación ejecutada, deberá aportar al órgano sustantivo un estudio sobre la afección ambiental y económica que supondría la aplicación de la alternativa de reposición de la situación alterada al estado anterior al de la infracción, además de un estudio de las afecciones ambientales que haya podido causar la actuación ejecutada, así como las medidas restauradoras que sobre ellas se proponga aplicar, juntamente con un calendario de actuaciones a desarrollar en un plazo máximo de un año.
4. Recibida la referida información, el órgano sustantivo la someterá a trámite de información y participación pública. Finalizado dicho trámite, dará traslado al órgano ambiental para que emita el preceptivo informe.
5. A la vista del expediente y una vez emitido el informe preceptivo del órgano ambiental, el órgano sustantivo resolverá sobre la regularización de la actuación.
1. Los procedimientos de reordenación de la propiedad podrán tener carácter público o privado. Ambos se iniciarán a instancia de los propietarios interesados, requiriéndose en los de carácter público la declaración de utilidad pública por decreto del Gobierno de Aragón.
2. La reordenación de la propiedad de carácter público únicamente contempla dos modalidades: la de concentración parcelaria y la de establecimiento de participaciones sobre las tierras.
3. La reordenación de la propiedad de carácter privado contempla, además de las dos modalidades previstas en el apartado precedente, la modalidad de permutas entre personas propietarias.
En el diseño y construcción de nuevos caminos derivados de la reordenación de la propiedad deberá tenerse en cuenta tanto la visión agraria como la medioambiental para la existencia de unas infraestructuras sostenibles y eficientes para los interesados.
1. A los efectos de esta ley, la extensión de las unidades mínimas de cultivo se establece, como norma general para todo el territorio de la Comunidad Autónoma, en 10 hectáreas para secano y 5 hectáreas para regadíos, excepto en regadíos tradicionales de riego por gravedad, en los que se reduce a 2 hectáreas. No obstante, en cada zona de concentración parcelaria que se ejecute podrán determinarse otras superficies diferentes, tal y como se establece en el apartado 3 del artículo 28.
2. La división o segregación de una finca rústica solo será válida cuando no dé lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.
3. Serán nulos y no producirán efecto entre las partes ni con relación a tercero los actos o negocios jurídicos, sean o no de origen voluntario, por cuya virtud se produzca la división de una finca, contraviniendo lo dispuesto en el apartado anterior.
4. La partición de herencia se realizará teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 1, aun en contra de lo dispuesto por el testador, aplicando las reglas contenidas en el Código Civil sobre las cosas indivisibles por naturaleza o por ley y sobre la adjudicación de las mismas a falta de voluntad expresa del testador o de convenio entre los herederos.
5. En cuanto a excepciones, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre la materia y, en todo caso, podrá autorizarse la división cuando fuera necesaria por razón del cumplimiento de medidas contenidas en autorizaciones ambientales.
1. A través del ayuntamiento, o ayuntamientos en su caso, del término municipal en el que se pretenda iniciar un procedimiento, se presentará solicitud al departamento competente en materia de agricultura. Dicha solicitud deberá ser respaldada con un porcentaje de propietarios de la superficie a reordenar superior al 60 %, o bien únicamente superior al 50 % cuando éstos aporten más del 75 % de la superficie a concentrar. En ambos casos, el número de propietarios o propietarias firmantes será mayor que diez y la superficie superior a 200 hectáreas de secano o 150 hectáreas de regadío.
2. El ayuntamiento o, en su caso, ayuntamientos donde se ubique la zona solicitada convocará un periodo de información pública en el que las personas propietarias que no estén conformes con la solicitud de concentración parcelaria puedan manifestar por escrito su oposición.
3. En cualquier momento del procedimiento, y siempre que los trabajos de concentración se suspendan por un periodo superior a tres años por razones sobrevenidas debidamente justificadas, se revisará la declaración de utilidad pública.
1. Recibida la solicitud, el departamento competente en materia de agricultura, a través de la dirección general que corresponda, resolverá sobre el inicio de actuaciones atendiendo a si concurren razones objetivas de interés público y en función del apoyo a la actuación por los propietarios, así como de las disponibilidades presupuestarias previsibles para llevarla a cabo.
2. Una vez emitida resolución de inicio de actuaciones, el departamento competente en materia de agricultura redactará un proyecto básico, que incluirá:
a) Perímetro y superficie a concentrar, incluyendo el número de propietarios y parcelas, con indicación de los firmantes a favor y en contra del procedimiento.
b) Grado de la división y dispersión de las parcelas, con indicación del número de explotaciones que cumplen los criterios del modelo de agricultura social y familiar previsto en el artículo 6. También el número de agricultores y agricultoras propietarios de una parcela única, y la estimación del grado de concentración previsible.
c) Avance del plan de obras de la zona de concentración.
d) Delimitación gráfica de las masas a concentrar derivadas del referido plan de obras. En cada masa de concentración se delimitarán los recintos del terreno y elementos del paisaje con interés por su singularidad o significación ambiental que deberán ser preservados en el proceso de reparcelación, así como aquellos otros que se eliminarán por el propio procedimiento de redistribución de la propiedad.
e) Evaluación sobre el coste económico y temporal en los trabajos de concentración y obras previstas.
f) Afecciones y sinergias con otras actuaciones tales como regadíos o infraestructuras de cualquier tipo (urbanísticas, o de patrimonio cultural) que puedan condicionar la viabilidad de la actuación.
3. En aquellos casos de reordenación de la propiedad en los que resulte patente la existencia de un elevado número de personas propietarias con superficies muy reducidas, el proyecto básico podrá prever que la reordenación de la propiedad se realice, total o parcialmente, mediante la modalidad del establecimiento de participaciones sobre las tierras.
4. El referido proyecto básico, acompañado de un estudio de las afecciones ambientales de la actuación, será sometido al trámite de autorización ambiental que corresponda.
5. La resolución de la autorización ambiental por parte del órgano competente incluirá, de forma única para toda la zona, la autorización para la eliminación por parte de los perceptores de las fincas de reemplazo de aquellos márgenes o lindes entre parcelas que no deban ser preservados por su interés, su singularidad o su significación ambiental.
1. Visto el proyecto básico y el resultado de la autorización ambiental, se elaborará por el departamento competente en materia de agricultura un informe de viabilidad.
2. Las conclusiones de dicho informe serán elevadas al Gobierno de Aragón a fin de que proceda, en su caso, a la declaración de utilidad pública del proceso de concentración parcelaria mediante decreto.
3. En dicho decreto se concretará el perímetro de la zona, que podrá ser modificado por aquellas inclusiones, exclusiones o rectificaciones que en su caso se acuerden, e incluirá un plazo para el inicio de las actuaciones, transcurrido el cual sin éstas haberse iniciado, el decreto perderá su eficacia. También establecerá las unidades mínimas de cultivo para el término municipal en el que se ubica la zona de concentración, tanto para secano como para regadío. Dichas unidades mínimas de cultivo se aplicarán una vez ejecutada la concentración, tras la publicación del anuncio de la toma de posesión de las nuevas fincas de reemplazo de la concentración parcelaria.
1. El procedimiento para llevar a cabo la concentración parcelaria tendrá las dos fases siguientes:
a) Fase provisional: contendrá simultáneamente las bases provisionales y el proyecto de concentración parcelaria, incluyendo la información completa, aunque provisional a los efectos de propiedad y calidad de las tierras aportadas para realizar la concentración parcelaria y de propuesta inicial de las fincas de reemplazo a asignar a cada propietario.
b) Fase definitiva: contendrá simultáneamente las bases definitivas y el acuerdo de concentración parcelaria, incluyendo la información completa y definitiva a los efectos de propiedad y calidad de las tierras aportadas para realizar la concentración parcelaria y de asignación final de las fincas de reemplazo a cada propietario.
2. Las adjudicaciones de tierra concentrada se concretarán provisionalmente en el proyecto de concentración y de forma definitiva en el acuerdo de concentración. En ambos documentos se reflejará la información completa de las fincas de reemplazo atribuidas.
3. Las bases provisionales y el proyecto de concentración serán objeto de una encuesta pública en la sede del ayuntamiento que se habilite, con el fin de que puedan presentarse las alegaciones que proceda respecto a su contenido.
4. Las bases definitivas y el acuerdo de concentración parcelaria se aprobarán por resolución de la dirección general que corresponda en razón de sus competencias, después de introducir aquellas correcciones y modificaciones que proceda a resultas de las alegaciones presentadas y descritas en el apartado anterior. Tanto las bases definitivas como el acuerdo de concentración parcelaria podrán ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular del departamento competente en materia de agricultura.
1. El establecimiento de participaciones sobre las tierras supone que los propietarios o propietarias afectados no recibirán parcelas de reemplazo, sino participaciones en función de la superficie y calidad de las tierras aportadas.
2. En esta modalidad, el proyecto básico deberá establecer la superficie mínima de las parcelas indivisibles en las que a los propietarios se les asignen las participaciones. Dicha superficie mínima deberá asegurar la competitividad de su explotación, así como la posibilidad de rentabilizar inversiones de mejora de la misma como es el caso de la creación, modernización o mejora del regadío.
3. La explotación de cada parcela a la que se atribuyan las participaciones deberá efectuarse a una mano mediante la aplicación de cualquier sociedad o estructura jurídica admisible en Derecho. Dichas parcelas resultarán indivisibles.
1. Las comisiones locales de concentración parcelaria son órganos colegiados, dependientes de la dirección general con competencias en materia de reforma y desarrollo agrario, a cuyo titular le corresponderá el nombramiento de sus miembros.
2. Las comisiones locales estarán compuestas por:
a) Presidente: con voto de calidad, será la persona que ocupe la dirección del servicio provincial, correspondiente a la zona de concentración parcelaria de que se trate, del departamento competente en materia de concentración parcelaria.
b) Vicepresidente: la persona que ocupe la subdirección o cargo equivalente del mismo servicio provincial correspondiente.
c) Secretario, con voz y voto: un funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma que tenga formación jurídica.
d) Vocales: el Registrador de la Propiedad, el Notario de la zona o, no habiendo determinación de zonas notariales, el del distrito a quien por turno corresponda, un ingeniero del servicio provincial correspondiente, el alcalde o alcaldes de la zona o zonas a concentrar y tres representantes de los propietarios de la zona.
3. Los tres propietarios que han de formar parte de la comisión local de concentración parcelaria serán elegidos por una asamblea de participantes en la concentración convocada por el ayuntamiento del municipio en que mayor superficie haya de la zona de concentración parcelaria, siendo auxiliado por los otros ayuntamientos que tengan superficie en ella. En esta misma asamblea se designará a un máximo de seis propietarios de la zona que, sin formar parte de la comisión local, auxiliarán a esta en los trabajos de clasificación de tierras.
4. Las comisiones locales de concentración parcelaria tendrán las siguientes funciones:
a) Tutelar los trabajos de investigación de la propiedad y participar en la clasificación de tierras.
b) Aprobar las bases provisionales.
c) Proponer a la dirección general competente la aprobación de las bases definitivas.
5. Las comisiones locales de concentración parcelaria se ajustarán en su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos colegiados, dispuesto en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y a la normativa que pueda dictar la Comunidad Autónoma de Aragón al respecto.
6. Las comisiones locales de concentración parcelaria se extinguirán tras la aprobación de las bases definitivas de la concentración parcelaria.
El departamento competente en materia de agricultura podrá autorizar la realización de la concentración parcelaria de carácter privado con arreglo al procedimiento especial establecido en esta ley, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Un número de agricultores o agricultoras titulares de explotaciones individualizadas no menor de cinco.
b) Una superficie mínima a concentrar de 200 hectáreas para tierras de secano y de 100 hectáreas en tierras de regadío.
c) Que la superficie no aportada a concentración e incluida en el perímetro no exceda del 30 % de la superficie a concentrar.
d) Que los promotores constituyan una entidad con personalidad jurídica para llevar a cabo específicamente la concentración de sus fincas incluidas en el perímetro a concentrar.
1. La entidad constituida presentará la solicitud al departamento competente en materia de agricultura acompañada de un plan de trabajo que deberá hacer referencia a los siguientes extremos:
a) Perímetro de concentración.
b) Relación de propietarios integrantes de la entidad constituida con las parcelas catastrales aportadas y sus superficies, así como la relación de parcelas catastrales excluidas y su superficie.
c) Plano que refleje la situación de las parcelas incluidas y excluidas en el perímetro a concentrar.
d) Presupuesto económico y plazo de ejecución de los proyectos y estudios técnicos y ambientales necesarios.
e) Designación del personal técnico que vayan a realizar los trabajos de referencia.
f) Conformidad expresa de todos los propietarios integrantes de la entidad.
2. La persona titular de la dirección general competente en esta materia resolverá expresamente sobre la solicitud presentada en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que medie resolución expresa, se considerará la petición desestimada. Si la resolución es favorable a la solicitud, se abrirá un período de información pública mediante publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el Boletín Oficial de la Provincia, así como su exposición en el tablón de edictos del ayuntamiento o ayuntamientos afectados durante un mes, contado desde la fecha de publicación del último aviso.
3. Durante el plazo de información pública, podrá interponerse recurso de alzada frente a dicha resolución ante la persona titular del departamento competente en materia de agricultura.
4. La resolución favorable tendrá como consecuencia que la concentración será obligatoria para los propietarios o propietarias y titulares de derechos reales y situaciones jurídicas existentes sobre aquellas parcelas que voluntariamente se aporten con este objeto.
1. Aprobada la solicitud, los promotores deberán presentar, en el plazo de un año, un proyecto de concentración parcelaria y, en su caso, un plan de obras, cuyos contenidos y condiciones deberán ser expresamente aceptados como mínimo por el 85% de ellos. El plazo de presentación podrá prorrogarse por otro año.
2. Transcurrido el plazo sin que se hubiera presentado el referido proyecto, quedará sin efecto la aprobación otorgada.
3. El proyecto deberá incluir los siguientes documentos:
a) Relación de cada una de las parcelas aportadas a la concentración, con expresión de la superficie y de los derechos reales y situaciones jurídicas que les afecten.
b) Justificación suficiente del dominio de cada una de las parcelas aportadas a la concentración, con la documentación acreditativa de su titularidad, sin que puedan admitirse transmisiones, sucesiones o donaciones que no hayan sido debidamente realizadas, y justificación, asimismo, de la liquidación de impuestos correspondiente.
c) Clasificación de tierras y fijación de los respectivos coeficientes que servirán para llevar a cabo las adjudicaciones.
d) Relación de cada una de las fincas de reemplazo que se atribuye a cada propietario, así como de los derechos reales y situaciones jurídicas que hayan de trasladarse a las mismas.
e) Fichas individuales de aportaciones de parcelas y atribuciones de fincas de reemplazo de cada propietario.
f) Planos de situación, de parcelas aportadas, de clases de tierra y de fincas de reemplazo sobre base ortofotográfica.
g) Previsión del momento en que se estima deba tomarse posesión de las fincas de reemplazo.
1. Recibido el proyecto y aprobado, en su caso, por la dirección general competente en la materia, se habilitará un plazo de información pública siguiendo el mismo procedimiento que el establecido en el apartado 2 del artículo 33.
2. Durante el periodo de información pública, podrá interponerse recurso de alzada contra la aprobación del proyecto ante la persona titular del departamento competente en materia de agricultura.
1. El departamento competente en materia de agricultura podrá implementar líneas de subvenciones para apoyar la concentración privada.
2. En el marco de dichas subvenciones, los gastos ocasionados por el otorgamiento de escrituras, acta de protocolización de títulos e inscripción en el Registro de la Propiedad podrán ser cubiertos al 100 % de su coste. El porcentaje de intensidad de ayuda para el resto de costes será establecido en las bases reguladoras correspondientes.
3. Las concentraciones parcelarias privadas gozarán de los beneficios fiscales establecidos en la legislación tributaria.
1. El departamento competente en materia de agricultura podrá autorizar permutas entre dos o más propietarios cuando cada uno de ellos agrupe fincas con una superficie que sea, como mínimo, de cinco hectáreas de secano, una hectárea de regadío o una hectárea de plantaciones regulares, y la diferencia en superficie entre lo aportado y lo recibido no sea superior al 20 %.
2. Estas permutas gozarán de los beneficios fiscales establecidos en la legislación tributaria.
3. Las personas interesadas deberán dirigir la solicitud al departamento competente en materia de agricultura, debiendo acreditarse el dominio de cada una de las parcelas objeto de permuta. Asimismo, deberá acompañarse plano o croquis de situación de cada una de ellas.
4. Autorizada la permuta, mediante resolución de la dirección general competente en la materia, las personas interesadas formalizarán ante notario en el plazo de tres meses los actos y contratos precisos para llevarla a cabo.
5. Los gastos ocasionados con motivo de las transmisiones podrán ser subvencionados por el departamento competente en materia de agricultura a través de regímenes de subvención que, en su caso, puedan habilitarse.
Tanto en el procedimiento de carácter público como en el de carácter privado, resueltos los recursos que, en su caso, se hubieran podido presentar, el departamento competente en materia de agricultura extenderá y autorizará el acta de reorganización de la propiedad que, acompañada de los títulos de concentración, remitirá a la notaría correspondiente para su protocolización y posterior inscripción en el Registro de la Propiedad.
1. Forman parte del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón el conjunto de derechos reales que la Comunidad Autónoma ostente sobre los siguientes bienes inmuebles susceptibles de explotación agraria, directamente o previa transformación:
a) Los adquiridos en ejecución de procedimientos de transformación de grandes zonas y comarcas.
b) Los adquiridos en virtud del ejercicio de derechos preferentes.
c) Los cedidos en uso a la Administración autonómica.
d) Los adquiridos en virtud de cualquier otro título.
e) Las fincas de propietarios desconocidos, procedentes del proceso de concentración parcelaria.
f) Los terrenos municipales de uso agrario que pudieran ser aportados al patrimonio agrario mediante convenio con las entidades locales.
2. La gestión de los bienes y derechos del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón corresponderá al departamento competente en materia de agricultura.
1. El aprovechamiento y explotación de los inmuebles que formen parte del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón estarán sujetos a concesión, ostentando siempre la plena propiedad sobre los mismos la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Las concesiones para el aprovechamiento y explotación de los inmuebles serán adjudicadas por el departamento competente en materia de agricultura mediante licitación basada en un procedimiento de concurrencia competitiva pública, cuyas bases se aprobarán por orden de la persona titular de dicho departamento y tendrán en cuenta, en los baremos que se establezcan para otorgar la puntuación a cada solicitante, lo previsto en el artículo 7. Las bases también harán referencia al canon a pagar anualmente, el cual constará en el documento de concesión correspondiente.
3. La duración de las concesiones será de hasta 25 años.
4. Alternativamente, el departamento podrá firmar convenios con Administraciones locales en cuyo término municipal se hallen las parcelas de patrimonio agrario, en los que se encomiende la gestión para la adjudicación de las parcelas a agricultores o agricultoras con base también en los criterios de prioridad del artículo 7. Estos convenios podrán tener una duración de hasta 26 años y en ellos se deberán establecer los cánones a abonar.
5. Aquellas inversiones o mejoras que hayan incorporado al patrimonio agrario los concesionarios pasarán a formar parte del mismo una vez finalizado el periodo de concesión. Podrá preverse la concesión de tierras de secano a fin de que el concesionario lleve a término y asuma el coste de su transformación en regadío.
6. El departamento competente en materia de agricultura podrá celebrar convenios con aquellas Administraciones locales que de forma voluntaria así lo soliciten, en virtud de los cuales se permita al Gobierno de Aragón la utilización de parcelas de patrimonio agrario municipal para su adjudicación a agricultores conforme a lo dispuesto en esta ley por un plazo de 25 años.
Los ingresos provenientes del patrimonio agrario estarán vinculados a gastos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma que tengan por objeto el mantenimiento, mejora y ampliación del patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y otras mejoras en infraestructuras agrarias.
Serán causas de extinción de las concesiones, tanto si estas han sido efectuadas por la Administración de la Comunidad Autónoma como si lo han sido por una Administración local en virtud de convenio, las siguientes:
a) Abandono de la actividad agraria, entendiendo como tal el no cultivo directo y personal de la tierra.
b) Incumplimiento de cualquier requisito que conste en el documento de concesión.
c) Finalización del plazo fijado de duración de la concesión.
d) Mutuo acuerdo entre las partes.
El concesionario podrá renunciar en cualquier momento a la concesión, procediendo a la devolución de los bienes, sin que por ello perciba compensación alguna por las inversiones o mejoras realizadas, salvo que medien causas de fuerza mayor.
Mientras se procede a la adjudicación del aprovechamiento y explotación de tierras de patrimonio agrario, bien directamente o bien a través de convenios con Administraciones locales, podrán adjudicarse en cultivo provisional anual a personas inscritas en el registro previsto en el artículo 10, dando prioridad a las dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda en función de su actividad agraria y a quienes tengan la certificación requerida en el artículo 11.
1. La persona titular del departamento competente en materia de agricultura podrá acordar la explotación directa de determinados bienes del patrimonio agrario cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejen. En todo caso, se entenderá que concurren circunstancias excepcionales cuando la singularidad de la operación o las peculiaridades del bien así lo justifiquen, exista limitación de la demanda o urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o los bienes se destinen a experimentación, divulgación o preservación del medio natural. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente.
2. También mediante convenio con el Gobierno de Aragón, podrán adjudicarse en concesión bienes del patrimonio agrario a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que sean destinados a fines de formación, investigación o experimentación agrarias o de preservación del medio natural. El periodo máximo de dicha concesión será de 25 años.
Mediante autorización expresa del órgano competente para la adjudicación del contrato de concesión para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales, podrá subrogarse un tercero en los derechos y obligaciones del adjudicatario siempre que aquel cumpla los requisitos exigidos en las bases de la licitación basada en un procedimiento de concurrencia competitiva pública que dio lugar a la concesión, así como los dispuestos en el artículo 6.
1. Los bienes del Patrimonio Agrario adjudicados en propiedad en el marco de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, y legislaciones anteriores, quedarán desafectados de obligaciones y autorizaciones de la Administración autonómica a efectos del propio patrimonio agrario en el momento en qu