Categoría: Cultura

s de la isla, promoverá la planificación de las infraestructuras y los servicios necesarios para fomentar al máximo el uso de los vehículos de movilidad personal.
1. Corresponde al Consejo Insular de Eivissa o al ente en el que delegue sus competencias adoptar las medidas adecuadas para la inspección y el control de las actividades reguladas en esta ley, sin perjuicio de las competencias de la Administración de la comunidad autónoma de velar por el cumplimiento de las obligaciones que se imponen a las empresas en el artículo 5 de esta ley.
2. La Administración de la comunidad autónoma, el Consejo Insular de Eivissa, los ayuntamientos de la isla, el Consejo Insular de Formentera y el Consorcio para la Movilidad Sostenible de Eivissa adoptarán las medidas de colaboración y coordinación adecuadas para la efectividad de la actuación inspectora.
1. Constituyen infracciones administrativas los incumplimientos de los deberes establecidos en esta ley en los términos de los apartados siguientes.
2. Son infracciones leves:
a) No llevar en un lugar visible el distintivo cuando sea obligatorio según el artículo 3 de esta ley.
b) Acceder a los espacios a que hace referencia el artículo 8 de esta ley infringiendo las limitaciones establecidas por el Consejo Insular de Eivissa.
c) Cualquier otro incumplimiento de lo previsto en la presente ley no calificado de infracción grave o muy grave.
3. Son infracciones graves:
a) Circular por la red viaria de la isla de Eivissa contraviniendo las limitaciones de carácter temporal establecidas de acuerdo con el artículo 3.1 de esta ley.
b) Manipular o falsear la acreditación o el distintivo a que hace referencia el artículo 3 de esta ley.
c) Comercializar vehículos de alquiler sin adecuarse a las limitaciones establecidas en el artículo 6 de esta ley.
d) Obstaculizar o dificultar injustificadamente la actividad inspectora de la administración.
e) Incumplir los deberes de información, verificación y gestión directa del cobro al viajero de las tasas que se establezcan en relación con las limitaciones a la entrada de vehículos reguladas en esta ley y establecidas en los apartados 1, 2 y 5 del artículo 5 de esta ley.
f) El uso de un vehículo acreditado para la entrada y/o permanencia en la isla en la comisión de alguna de las infracciones establecidas en el artículo 94 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears.
g) Haber sido sancionado, mediante resolución firme en vía administrativa, más de dos veces por la comisión de alguna de las infracciones leves que indica el apartado anterior.
La sanción del uso de un vehículo acreditado para la entrada y/o permanencia en la isla en la comisión de alguna de las infracciones establecidas en el artículo 94 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, implicará la retirada de la acreditación al vehículo usado para la infracción y la imposibilidad de obtener una nueva acreditación por parte de la persona física o jurídica sancionada durante el período de un año.
4. Son infracciones muy graves:
a) Incumplir el deber de comunicación de datos establecido en el apartado 3 del artículo 5 de esta ley.
b) Incumplir el deber de comunicación de datos establecido en el apartado 1 del artículo 6 de esta ley.
c) Incumplir las prohibiciones establecidas en la disposición adicional tercera de esta ley.
d) La comisión en el plazo de un año de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
5. A los efectos de esta ley, cada vehículo de motor constituirá una infracción independiente aunque los hechos infringieran el mismo o similar precepto. Lo anterior no es aplicable a las sanciones por incumplimiento de lo que se prevé en los artículos 5.3 y 6.1 de esta ley.
En cuanto a la infracción prevista en el apartado 3.a) de este artículo 16, si se comete por un mismo vehículo de motor en días consecutivos, dichas infracciones serán consideradas independientes.
Asimismo, si la persona física obtiene la acreditación para entrar y/o permanecer en la isla de Eivissa con un vehículo de motor de su titularidad, en el plazo máximo de 24 horas desde la comisión de la infracción prevista en el apartado 3.a) de este artículo 16, esta infracción quedará sin efecto.
No será objeto de sanción si el vehículo tiene origen o destino en la isla de Formentera y se encuentra únicamente en tránsito de entrada o salida de la isla de Eivissa. En cualquier caso, este vehículo de motor debe cumplir con lo que se dispone en la normativa reguladora de la isla de Formentera respecto a las restricciones temporales de vehículos a motor fijadas en esta isla.
Son sujetos responsables de la comisión de las infracciones establecidas en el artículo 16 de esta ley las personas físicas o jurídicas autoras de las acciones u omisiones correspondientes. Asimismo, responderán subsidiariamente del pago de las sanciones impuestas las personas titulares de los vehículos.
1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 16 de esta ley se impondrán las sanciones siguientes:
a) Para las infracciones leves, una multa de 300 a 1.000 euros.
b) Para las infracciones graves, una multa de 1.001 a 10.000 euros.
c) Para las infracciones muy graves, una multa de 10.001 a 30.000 euros.
2. Por la comisión de infracciones graves o muy graves se puede imponer, además, la sanción de inmovilización temporal del vehículo implicado en los hechos ilícitos por un periodo no inferior a dos meses ni superior a cuatro meses.
3. Para la gradación de las sanciones se tendrán en cuenta las circunstancias modificativas de la responsabilidad previstas en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. La aplicación de la sanción será proporcionada a la gravedad de la conducta infractora y asegurará que la comisión de infracciones no resulte más beneficiosa para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas. Solo a estos efectos podrán incrementarse las cuantías de las multas previstas hasta el triple del precio de los servicios afectados por la infracción.
1. Para la ejecución forzosa de las obligaciones que hayan sido impuestas en la resolución sancionadora a la persona autora de una infracción leve o grave o muy grave, y en el marco de la legislación en materia de procedimiento administrativo común, el órgano competente puede imponer multas coercitivas que pueden reiterarse cada dos meses hasta que se cumpla lo que haya sido ordenado.
2. La cuantía de cada una de las multas coercitivas no puede exceder del 20 % del importe de la multa impuesta.
1. La competencia para imponer las sanciones establecidas en el artículo 18 anterior corresponde al presidente o a la presidenta del consejo insular, salvo que las normas insulares de organización lo atribuyan a otros órganos.
2. No obstante, la competencia para la imposición de las sanciones por las infracciones previstas en los apartados 3.d), 3.e), 3.f) y 4 del artículo 16 de esta ley, en relación con la actividad de las empresas navieras y de mediación, corresponde al consejero o a la consejera de la Administración de la comunidad autónoma competente en materia de transporte marítimo.
3. El procedimiento sancionador se instruirá y resolverá de acuerdo con el régimen sancionador que se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y los principios y disposiciones que se contienen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. El órgano competente aplicará también el Decreto 1/2024, de 5 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
4. Pueden adoptarse las medidas provisionales previstas en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en especial la inmovilización de los vehículos que circulen por la isla sin haber obtenido previamente la acreditación en el supuesto de que el vehículo sea de una empresa de arrendamiento de vehículos con o sin conductor.
1. Una vez que se haya iniciado el procedimiento, si la persona infractora reconoce su responsabilidad, dicho procedimiento se resolverá con la correspondiente sanción y se aplicará una reducción del 20 % sobre la cantidad propuesta.
2. Además, la cuantía de la sanción propuesta por el órgano competente debe reducirse un 20 % si la persona interesada decide voluntariamente hacer efectivo el importe de la multa antes de la resolución.
3. Las reducciones anteriores son acumulables y su efectividad se condiciona al desistimiento o a la renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
Las infracciones y las sanciones previstas en esta ley prescriben en los plazos y las condiciones que se establecen en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
En el mes siguiente a la entrada en vigor de esta ley, la consejería competente en materia de transporte marítimo y el Consejo Insular de Eivissa deben adoptar las medidas adecuadas de difusión del régimen de limitación de entrada y/o permanencia de vehículos a motor en la isla de Eivissa entre las empresas a que hace referencia el artículo 5 de esta ley.
El Gobierno de las Illes Balears y el Consejo Insular de Eivissa deben tomar las medidas de difusión adecuadas y suficientes para informar a la ciudadanía, con carácter previo a la entrada en vigor del régimen jurídico de carácter temporal que se establezca de acuerdo con esta ley, en cuanto a la entrada y/o permanencia de vehículos a motor en la isla de Eivissa.
1. En orden a evitar la proliferación de vehículos a motor estacionados en determinados lugares por largas temporadas y que son empleados, en la práctica, para la acampada y pernocta, se prohíbe el estacionamiento prolongado de vehículos a motor en el suelo rústico de la isla fuera de los aparcamientos de uso público existentes y especialmente habilitados a tal efecto. Se considera estacionamiento prolongado, permanecer estacionado en la misma ubicación más de tres días.
2. Queda prohibida la acampada y pernocta con vehículos a motor en el suelo rústico de la isla de Eivissa fuera de los campamentos de turismo legalmente existentes.
3. Queda prohibido cualquier tipo de estacionamiento de vehículos a motor en el suelo rústico de la isla de Eivissa que no dispongan de la acreditación de entrada y/o permanencia en la isla que regula esta ley.
En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Consejo Insular de Eivissa procederá a iniciar la tramitación para la aprobación de una ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la obtención y control de la autorización de entrada y/o permanencia, incluido el estacionamiento, en la isla de Eivissa de los vehículos a motor.
1. A los efectos de mejorar la gestión, el control y sanción de las previsiones contenidas en la presente ley, se podrán establecer fórmulas de coordinación y colaboración con otras administraciones públicas, en especial con la Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior.
2. Los Ayuntamientos de la isla de Eivissa colaborarán en la identificación de los vehículos que se consideren residentes (según las determinaciones que a estos efectos establezca el correspondiente acuerdo del Consejo) y enviarán anualmente la relación de matrículas de los vehículos residentes en la isla de Eivissa al consejo insular.
3. Asimismo a los efectos del apartado 4 del artículo 14 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, en la isla de Eivissa corresponderá al Consejo Insular de Eivissa, instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas.
Para afrontar un incremento potencial de actividades ilegales de transporte que se produzca por las limitaciones establecidas en esta ley, el Consejo Insular de Eivissa elaborará, juntamente con las empresas de transporte, un plan de prevención de actividades de transporte ilegales que contenga medidas que aborden la proliferación de este tipo de actividades con especial atención a las de alquiler de vehículos con o sin conductor.
1. La ejecución y el control de lo que se prevé en esta ley, transcurridos los plazos establecidos en los siguientes apartados, se ejercerá a través de la creación de un consorcio insular denominado Consorcio Insular de Movilidad Sostenible, de naturaleza jurídica pública, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para ejercer las potestades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus fines, incluyendo la potestad sancionadora y la tributaria.
Este consorcio, conformado inicialmente por el Consejo Insular de Eivissa y el Gobierno de las Illes Balears, se adscribirá al Consejo Insular de Eivissa (sin perjuicio de la correspondiente aportación económica que corresponda al Gobierno de las Illes Balears) y tendrá como finalidad articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las diferentes administraciones y entes públicos que se adhieran para ejercer de manera conjunta y coordinada las atribuciones que se derivan de la aplicación de la presente ley.
En el plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo Insular de Eivissa iniciará la constitución de este consorcio con el Gobierno de las Illes Balears al que podrán adherirse los ayuntamientos de la isla de Eivissa así como otros entes públicos. No obstante, mientras el Consorcio Insular de Movilidad Sostenible de Eivissa no tenga expresamente atribuidas las correspondientes competencias, su ejercicio, con respecto a lo que se prevé en esta ley, corresponderá al Consejo Insular de Eivissa.
2. El consorcio podrá asumir, asimismo, otras funciones relacionadas con la movilidad en el ámbito territorial de la isla de Eivissa, especialmente para el cumplimiento de las finalidades y competencias previstas en la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transporte terrestre y movilidad sostenible de las Illes Balears.
El Consejo Insular de Eivissa, el Gobierno de las Illes Balears y las diferentes administraciones o entes públicos que se integran en el consorcio podrán adscribir o destinar en comisión de servicios al Consorcio Insular de Movilidad Sostenible de Eivissa el personal propio que se considere necesario o conveniente para el ejercicio de sus competencias y funciones.
No obstante, para asumir nuevas funciones, estas deberán ser aprobadas previamente por el Pleno del Consejo Insular de Eivissa.
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo Insular de Eivissa aprobará los estatutos del Consorcio Insular para la Movilidad Sostenible de Eivissa.
En el plazo máximo de seis meses desde la constitución del consorcio (la entrada en vigor de esta ley), el consejo de administración del Consorcio Insular para la Movilidad Sostenible de Eivissa aprobará la plantilla de personal.
Se autoriza al consejero o a la consejera competente en materia de función pública que, a propuesta del consejero o de la consejera competente en materia de transporte, adscriba o destine en comisión de servicios al Consorcio Insular para la Movilidad Sostenible de Eivissa el personal de la administración del Consejo de Eivissa necesario y conveniente, con las dotaciones presupuestarias pertinentes.
Mientras no se tenga la estructura íntegra para la puesta en funcionamiento de esta ley, será el Consejo Insular de Eivissa quién desarrolle el capítulo II respecto a la entrada de vehículos, con las limitaciones generales y el techo de vehículos recogido en dicho capítulo, que deberá entrar en vigor el 1 de junio del año 2025.
Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo que establece esta ley.
Se modifica el apartado d) del artículo 27 de la Ley 11/2010, de 2 de noviembre, de ordenación del transporte marítimo de las Illes Balears, en el sentido de añadir un nuevo párrafo, con la siguiente redacción:
«Lo mismo será predicable de los pasajeros con destino a la isla de Eivissa».
1. El Consejo Insular de Eivissa aprobará, dentro del plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley, un reglamento propio que desarrolle las previsiones contenidas en esta ley, y en especial, para desarrollar aspectos previstos en el capítulo II (entrada de vehículos), sin perjuicio de la plena efectividad desde la entrada en vigor de la presente ley de la adopción por el consejo insular de los acuerdos plenarios a que se refiere el mencionado capítulo II. En cualquier caso, y a los efectos de adoptar aquellos acuerdos plenarios, se tendrá en cuenta la puesta en funcionamiento del nuevo servicio concesional de transporte público insular de la isla de Eivissa.
2. Se autoriza asimismo al Gobierno de las Illes Balears para dictar aquellas otras disposiciones reglamentarias que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.
Esta ley entra en vigor al día siguiente de haberse publicado en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.
Palma, 11 de noviembre de 2024.–La Presidenta, Margarita Rubio Mendoza.