Categoría: Administración

La Fundación Biodiversidad FSP (en adelante FB) es una fundación del sector público adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de las previstas en el artículo 84.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, constituida en escritura pública de 22 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal con el número 1AGR, con domicilio en Madrid, y NIF n.º G‐82207671.
La FB, de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a sus Estatutos, tiene como objeto la realización de actividades de interés general relacionadas con las competencias de su Ministerio de adscripción en el ámbito de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y el patrimonio natural, principalmente en sus aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales. La FB es un foro de colaboración e interlocución con la sociedad civil, promotor de la actividad económica y generación de empleo atendiendo a la igualdad de oportunidades y de trato, y vehículo solvente y ágil para desarrollar actuaciones relacionadas con las políticas ambientales. De acuerdo con su naturaleza jurídica, la FB debe coadyuvar a la consecución de los objetivos de su Ministerio de adscripción sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa.
Adicionalmente, la FB tiene la condición de agente ejecutor de la ciencia, tal y como prevé la disposición adicional decimocuarta de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y las convocatorias que se articulen bajo esta orden de bases, que contribuirán a la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación (EECTI) y han sido incluidas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023, dentro del Programa de Actuación Anual (PAA) 2023 y serán incluidas en los futuros Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación que sean aprobados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del Programa Estatal para afrontar las prioridades de nuestro entorno y la Acción Estratégica 6: Alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medioambientales.
El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (en adelante FEMPA) es uno de los fondos del periodo de Programación 2021-2027, recogidos en el Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.
El Reglamento (UE) n.º 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004, regula este Fondo para el periodo 2021-2027.
El FEMPA es el principal instrumento con el que la Unión Europea articula unas actividades pesqueras y acuícolas sostenibles en el marco de la Política Pesquera Común y la Política Marítima Integrada y los compromisos internacionales de la Unión Europea en el ámbito de la gobernanza de los océanos. Esta financiación constituye un instrumento fundamental para los objetivos y principios inspiradores de este fondo. Estos son: la pesca sostenible y la conservación de los recursos biológicos marinos; la seguridad alimentaria mediante el suministro de productos de pescado y marisco; el crecimiento de una economía azul sostenible y unos mares y océanos sanos, protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible. Por otro lado, el FEMPA también se ajusta al artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ya que contribuye al logro de los objetivos del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 2022-2024, al perseguir la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, así como la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.
En virtud del artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060, de 24 de junio, desde España se desarrolló un proceso participativo para la elaboración del programa operativo. De conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se procedió a la audiencia e información pública de la propuesta de Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (en adelante POFEMPA) para el periodo 2021-2027, con el fin de consolidar una propuesta final de dicho Programa elaborado por España. Este Programa Operativo fue aprobado por la Comisión Europea el 29 de noviembre de 2022.
La FB figura como organismo intermedio de gestión del FEMPA en dicho Programa Operativo, habiéndose asignado un plan financiero para el desarrollo de su labor como tal.
La FB ejerce su actividad como organismo intermedio a través del Programa Pleamar. Mediante el Programa Pleamar se pretende contribuir, a través de la investigación, a la protección y recuperación de la biodiversidad marina, la práctica de actividades pesqueras y acuícolas más sostenibles, al refuerzo de la gestión de las áreas marinas protegidas y a la mejora del conocimiento y el buen estado ambiental del medio marino.
Como organismo intermedio la FB será responsable de certificar el importe FEMPA, al instrumento de la Unión Europea que corresponda, de los proyectos a cofinanciar, determinando el gasto subvencionable de los mismos.
Le corresponde asimismo examinar las justificaciones de gasto remitidas por las entidades beneficiarias y realizar las funciones de contabilidad y las verificaciones necesarias que permitan certificar dichos gastos a la autoridad de gestión correspondiente en cada caso, o del instrumento de la Unión Europea que proceda.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su disposición adicional decimosexta, modificada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece que la aprobación de las bases reguladoras corresponde al órgano de la administración que financie en mayor proporción la subvención correspondiente, siendo en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cuyos presupuestos figuran las partidas que financian a la FB para la financiación de actividades relacionadas con sus objetivos estatutarios. Por lo anteriormente expuesto, y aplicación a lo dispuesto en los artículos 10 y 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 61.p) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, corresponde la aprobación de las bases reguladora a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la administración a la que la fundación esté adscrita.
En consonancia con lo anterior, con fecha 11 de febrero de 2021 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden TED/112/2021, de 25 de enero, por la que se autoriza a la Fundación Biodiversidad, FSP, a conceder subvenciones.
En aplicación de lo establecido en esta regulación y con carácter previo a su aprobación, el Patronato de la FB, en su reunión, de 22 de junio de 2022, ha aprobado la propuesta de bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, cofinanciadas por el FEMPA.
La gestión de estas ayudas se llevará a cabo por la FB como vehículo para cumplir los fines del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que cuenta, como integrante de la Administración General del Estado, con competencias exclusivas en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y legislación básica sobre protección de medio ambiente que los artículos 149.1. 15.ª y 23.ª de la Constitución respectivamente, reservan al Estado.
Siguiendo la doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con relación al alcance material y funcional de la competencia que el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española reserva al Estado, el marco regulador de estas ayudas resulta conforme con la Sentencia del Tribunal Constitucional 190/2000, de 13 de julio, que dice lo siguiente sobre el título competencial invocado: «(…) Sobre el alcance de este título competencial ya nos hemos pronunciado en las SSTC 53/1988, 90/1992 y 186/1999, señalando que es susceptible de incidir “como determinado en razón de un fin... respecto de cualquier género de materias sobre las que las Comunidades Autónomas han adquirido competencia” (STC 53/1988, de 24 de marzo, F.J. 1), de modo que “la competencia estatal no se limita al mero apoyo, estímulo o incentivo de las actividades investigadoras privadas… excluyendo como contrapuestas aquellas otras acciones directas de intervención en la creación y dotación de centros y organismos públicos en los que se realicen actividades investigadoras, sino que la señalada expresión engloba todas aquellas medidas encauzadas a la promoción y avance de la investigación, entre las que, sin duda, deben incluirse también las de carácter organizativo y servicial (STC 90/1992, F.J. 2)” (STC 186/1999, F.J. 8)». El artículo 149.1.15.ª CE permite que el Estado asuma «potestades, tanto de orden normativo como ejecutivo, para el pleno desarrollo de la actividad de fomento y promoción» (STC 90/1992, F.J. 2), si bien debe constatarse la efectiva presencia de este título competencial mediante «el examen de las subvenciones, a fin de que no se trate de una mera invocación formal, pues hemos afirmado que para que resulte de aplicación este título competencial debe ser patente que la actividad principal o predominante fuera la investigadora (STC 186/1999)» (STC 242/1999, de 21 de diciembre, F.J. 14).
En razón de lo anterior, las subvenciones recogidas en esta orden se concederán de manera predominante para la ejecución de actividades de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación, generación de conocimiento científico-técnico y transferencia, divulgación y sensibilización basada en ciencia, que permitan apoyar la sostenibilidad de las actividades pesqueras y reforzar su compromiso con la protección, conservación y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad, mediante el intercambio de las investigaciones e innovaciones obtenidas y la inclusión de estas, en el marco de la economía azul.
Por otra parte, las actuaciones que constituyen el objeto principal de las subvenciones de esta orden se desarrollarán en el medio marítimo-terrestre de competencia estatal y en espacios protegidos definidos y regulados con carácter básico en la legislación estatal que se enmarcan dentro la competencia que atribuye al Estado el artículo 149.1. 23.ª de la Constitución Española en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente.
Igualmente, corresponde a la Administración General del Estado, el ejercicio de las funciones a las que se refiere la recientemente aprobada Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, en la que se refuerza el nexo entre ciencia y política pesquera, y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con respecto a todas las especies, espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino, siempre y cuando no exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección. De la misma forma, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene atribuida, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas conforme al artículo 6.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de protección y conservación del mar y del dominio público marítimo-terrestre, así como la participación en la planificación de la política de investigación en materia de biodiversidad de los ecosistemas marinos, siendo la FB un instrumento integrante de la Administración General del Estado para contribuir a la consecución de estos fines.
Añadir que, las actuaciones cofinanciadas al amparo de estas bases reguladoras contribuirán, entre otras, a las siguientes estrategias:
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027. Esta estrategia aprobada por el Consejo de ministros en su reunión, de 8 de septiembre de 2020, ha sido diseñada para maximizar la coordinación entre la planificación y programación estatal y autonómica y para facilitar la articulación de nuestra política de I+D+I con el programa marco de ciencia e innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa (2021-2027). Las actuaciones cofinanciadas por la FB bajo esta orden de bases contribuirán a dar respuesta a los retos y prioridades establecidos en el Programa Estatal para afrontar las prioridades de nuestro entorno y, más concretamente, a la Acción Estratégica 6. Alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medioambientales.
Estrategia Española de Economía Circular-España Circular 2030. Esta estrategia, aprobada por el Consejo de Ministros, el 2 de junio de 2020, sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar. Las actuaciones cofinanciadas por la FB bajo esta orden de bases contribuirán a reforzar la participación del sector pesquero en la disminución de la contaminación en el mar.
Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. Esta estrategia, aprobada por el Consejo de ministros, el 27 de octubre de 2020, es la herramienta de planificación que regula la implantación y el desarrollo de la Infraestructura Verde en España, estableciendo un marco administrativo y técnico armonizado para el conjunto del territorio español, incluyendo las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional. Las actuaciones cofinanciadas por la FB bajo esta orden contribuirán, especialmente a la puesta en marca de actuaciones de mejora del estado de conservación y la restauración de la infraestructura verde española, especialmente en el ámbito marino.
Estrategias Marinas de España. Las Estrategias Marinas son el instrumento de planificación del medio marino creado al amparo de la Directiva n.º 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina), y tienen como principal objetivo, la consecución del Buen Estado Ambiental (BEA). La transposición de dicha directiva al sistema normativo español se recoge en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino y en el Real Decreto 957/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. Las actuaciones cofinanciadas por la FB bajo esta orden contribuirán a la consecución de los objetivos ambientales derivados del análisis del BEA y al programa de medidas definido para el segundo ciclo (2018-2024) de las estrategias marinas de España y los futuros ciclos de programación que se programen por parte del MITECO.
Estrategia Biodiversidad y Ciencia (2023-2027). Aprobada el 20 de diciembre de 2022 por el Consejo de Ministros e impulsada por los Ministerios de Ciencia e Innovación y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pretende ser una herramienta integradora que ponga en valor la contribución de la ciencia en la conservación de la biodiversidad, de tal manera que sea el nexo entre las iniciativas nacionales en biodiversidad y patrimonio natural y las de ciencia, tecnología e innovación. Las actuaciones cofinanciadas por la FB bajo esta orden contribuirán a potenciar el desarrollo de conocimiento científico en materia de biodiversidad para paliar la falta de información científica y garantizar el conocimiento fundamentado de la biodiversidad existente, poniendo este conocimiento a disposición de los agentes implicados en la toma de decisiones.
Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Aprobado el 27 de diciembre de 2022, mediante el Real Decreto 1057/2022, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Su objetivo es promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio, los recursos naturales terrestres y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad. Las actuaciones cofinanciadas por la FB bajo esta orden contribuirán a mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad y frenar el deterioro de nuestros ecosistemas y proceder a su restauración y mejora a través de la investigación.
Marco de Acción Prioritaria (MAP) Natura 2000. El artículo 8 de la Directiva Hábitat, establece que la Comisión adoptará un Marco de Acción Prioritaria (MAP) de las medidas que deban adoptarse y que supongan cofinanciación para los lugares designados para formar parte de la red Natura 2000, teniendo en cuenta las fuentes de financiación disponibles con arreglo a los pertinentes instrumentos comunitarios. Las actuaciones cofinanciadas por la FB bajo esta orden contribuirán a dar respuesta a las necesidades establecidas en el ámbito marítimo.
Plan Nacional para la reducción de capturas accidentales en la actividad pesquera. Este plan se estructura como una guía para evaluar y hacer un seguimiento del problema de las capturas accidentales en la flota española y proponer soluciones técnicas que permitan reducir o eliminar, cuando sea posible, las capturas de especies sensibles. Las actuaciones cofinanciadas por la FB bajo esta orden contribuirán a reducir el nivel de impacto de la actividad pesquera en la fauna sensible, que no ponga en peligro a las poblaciones afectadas.
Contribución Española a las Directrices Estratégicas para el desarrollo sostenible y competitivo de la acuicultura en la UE. Es el resultado de un proceso de análisis y reflexión, que se inició en diciembre de 2019 con la evaluación en profundidad del Plan Estratégico de la acuicultura española 2014-2020. Las actuaciones cofinanciadas por la FB bajo esta orden contribuirán al dar respuesta a las líneas y acciones estratégicas vinculadas con la mejora de la de la sostenibilidad de la actividad acuícola a través de la I+D+i.
De acuerdo con el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace constar la adecuación de la presente orden a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La necesidad y la eficacia de este programa se fundamentan en el fin de favorecer la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural. En cuanto a la proporcionalidad, es proporcional porque contiene la regulación necesaria que exige la normativa sobre subvenciones e impone las obligaciones necesarias de acuerdo con dicha normativa.
En relación con los principios de eficiencia y transparencia, la orden se dirige al logro de objetivos marcados y el principio de transparencia se cumple en la medida en que en el preámbulo se identifican con claridad los objetivos de la norma. Por último, en relación con el principio de seguridad jurídica, esta norma es coherente con el ordenamiento jurídico y el instrumento es el más adecuado de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, se ha informado a las comunidades autónomas, y se ha realizado el trámite de participación pública mediante la publicación del proyecto en la web del departamento ministerial.
Por otro lado, la orden establece la utilización de medios electrónicos en lo que afecta a la tramitación de esta, dado que la población potencialmente beneficiaria son entidades empleadoras con acceso a los medios electrónicos, que pueden quedar obligados a relacionarse electrónicamente con el sector público.
En el proceso de elaboración de esta orden han emitido informe sobre la misma la Abogacía General del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado del departamento de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La FB es pues un instrumento para contribuir a la consecución de los fines de su Ministerio de adscripción que cuenta, como integrante de la Administración General del Estado, con competencias exclusivas en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y de legislación básica sobre protección del medio ambiente, en relación con el alcance material y funcional de las competencias que los artículos 149.1.15.ª y 23.ª de la Constitución Española, reservan al Estado.
En virtud de todo lo expuesto, dispongo:
El objeto de esta orden es el establecimiento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, del Programa Pleamar, gestionado por la Fundación Biodiversidad FSP (en adelante FB) en el marco de su labor como Organismo Intermedio del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (en adelante FEMPA) tal y como se recoge en el Programa Operativo Español del FEMPA (en adelante POFEMPA).
La finalidad de este Programa Pleamar es apoyar al sector pesquero y acuícola en su apuesta por la sostenibilidad a través del fomento a la investigación científica y técnica y a la innovación, así como reforzar su compromiso con la protección, conservación y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad, favoreciendo la inclusión de políticas y acciones conducentes a la reducción de las brechas de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Así mismo, se deberá tener en cuenta la accesibilidad universal para las personas con discapacidad, por razón del objeto de las operaciones a desarrollar que se especificarán en cada una de las convocatorias.
Los proyectos deben aportar características innovadoras o de desarrollo experimental (al menos en el ámbito de actuación del proyecto), que deberán acreditarse en la fase de solicitud, tal y como se prevé en el apartado 11 del documento de Criterios para la selección de operaciones aprobado por el Comité de Seguimiento del FEMPA, (en adelante CSFEMPA). Los proyectos deberán incorporar, en todos los casos, un elemento de novedad o de mejora sustancial.
1. Podrán obtener la condición de entidades beneficiarias al amparo de estas bases reguladoras, las siguientes tipologías:
Personas jurídicas públicas.
Personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro.
Agrupaciones de personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos objeto de subvención. Estas agrupaciones deberán cumplir lo previsto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Además, deberán formalizar un acuerdo entre ellas en el que quedarán reflejados los compromisos asumidos, así como el importe de la ayuda que, en su caso, corresponda a cada una de ellas, que tendrán igualmente la condición de beneficiarias.
Las entidades beneficiarias se verán afectadas para cada uno de los ejes de actuación del Programa Pleamar por lo previsto en el documento de Criterios para la selección de operaciones en el marco del FEMPA aprobado por el CSFEMPA en su reunión de 30 de junio de 2023.
2. Para poder alcanzar la condición de entidad beneficiaria deberán reunir los siguientes requisitos:
Las personas jurídicas que resulten beneficiarias de las ayudas deben estar válidamente constituidas, debidamente inscritas en el registro correspondiente y tener domicilio en territorio español.
No podrán asumir la condición de entidades beneficiarias de las ayudas las entidades en quienes concurran alguna de las circunstancias invalidantes previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No podrán ser beneficiarias de las ayudas las entidades que tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la FB o cualquier administración pública que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
No podrán ser beneficiarias de las ayudas las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias, durante el tiempo determinado para cada una de ella, previstas en el artículo 11 de Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021, incluyendo:
d.1) Han cometido infracciones graves con arreglo al artículo 42 del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, o al artículo 90 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, o con arreglo a otros actos legislativos adoptados por el Parlamento Europeo y por el Consejo en el marco de la Política Pesquera Común.
d.2) Han estado involucrados en la explotación, gestión o propiedad de algún buque pesquero incluido en la lista de buques INDNR de la Unión según dispone el artículo 40, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1005/2008, o de algún buque con pabellón de países considerados terceros países no cooperantes, según se establece en el artículo 33 de dicho Reglamento.
d.3) Han cometido alguno de los delitos medioambientales establecidos en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en caso de que la solicitud de ayudas se presente con arreglo al artículo 27 del mencionado Reglamento.
Si cualquiera de las situaciones a que se hace referencia se producen durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de ayudas y los cinco años siguientes a la realización del pago final, se recuperará del operador el apoyo concedido por el FEMPA en respuesta a dicha solicitud, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento n.º (UE) 2021/1060, de 24 de junio de 2021.
No se admitirán solicitudes que hayan sido presentadas por una entidad respecto de la cual la autoridad competente correspondiente haya determinado, por medio de una resolución definitiva, que ha cometido fraude, tal como se define en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/1371, en el contexto del FEMP o del FEMPA.
En el caso de agrupaciones de entidades beneficiarias:
f.1) Con carácter previo a la solicitud, deberán formalizar un acuerdo interno que regule el funcionamiento de la agrupación. Este acuerdo deberá reflejar, como mínimo:
f.1.1.) La designación de su representante o persona apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la misma. La persona representante, que actuará como coordinadora del proyecto, estará habilitada para presentar la solicitud y realizar en nombre de la agrupación el resto de las comunicaciones y trámites, tanto en el procedimiento de concesión como en la fase de seguimiento y justificación de las ayudas. La persona representante será a su vez el destinatario de todas las notificaciones que emita la FB. Así mismo, será la persona responsable de presentar la documentación justificativa económica y técnica de la realización del proyecto. Las convocatorias podrán establecer el contenido mínimo que deberá incluir dicho acuerdo, que podrá quedar condicionado a ser declaradas entidades beneficiarias de la ayuda por resolución de concesión definitiva.
f.1.2) Los aspectos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre.
f.2) Todas las entidades de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarias de la subvención, por lo que, de forma individual, cada una de ellas, deberá reunir y mantener los requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiarias. Serán responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro, y las responsabilidades por infracciones.
f.3) En agrupaciones, cuando la persona representante de esta o una de las entidades participantes la abandone, la agrupación, a través de su representante, podrá proponer que se retire y se sume otra persona representante o entidad, en su lugar, siempre que este cambio se ajuste a las condiciones de participación, no perjudique a la ejecución de la acción ni vaya en contra del principio de igualdad de trato. Las convocatorias establecerán dicha posibilidad, así como las condiciones, requisitos y medios para hacerlo y deberá ser siempre aceptado expresamente por la FB.
La nueva entidad participante deberá reunir todos los requisitos necesarios para ostentar la condición de beneficiaria establecidos en la presente orden. El contrato, acuerdo o convenio suscrito determinará el procedimiento interno que debe seguir la agrupación para la sustitución de una entidad.
f.4) La agrupación no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. El número de entidades que pueden formar parte de una agrupación estará limitado a 4 entidades. En la preevaluación de las solicitudes se comprobará este requisito, pudiendo ser requerida su subsanación.
1. Son obligaciones de las entidades beneficiarias las enumeradas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Asumir expresamente, en su caso, la obligación de cofinanciar el porcentaje no subvencionado, conforme a lo estipulado en el artículo 8 de esta orden.
3. La firma del Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (en adelante DECA) entre la FB y la entidad beneficiaria. Este acuerdo cumplirá con lo dispuesto en el art. 73.3 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.
4. Asumir las responsabilidades que podrían derivarse de la realización del proyecto o actividad.
5. Ser el único responsable jurídico y financiero de la ejecución del proyecto o actividad ante la FB, excepto en el caso de las agrupaciones de beneficiarios.
6. Cumplir con los principios horizontales previstos en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, promover la igualdad entre mujeres y hombres, la generalización de la consideración del género y la integración de la perspectiva de género, evitar cualquier discriminación por razón de género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y tener en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidad.
7. Incluir criterios sociales y ambientales en todos los procedimientos de contratación en los que pudiera incurrir la entidad beneficiaria en cualquier fase de realización del proyecto objeto de subvención. Se prestará especial atención a garantizar que las acciones ejecutadas sean accesibles para cualquier persona.
8. Cumplir la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres e incluir criterios para favorecer la igualdad en todos los procedimientos de contratación convocados por la entidad beneficiaria en los que sea posible.
9. Cumplir la normativa en materia medioambiental. Para ello, y entre otras medidas que pudieran incorporarse en la ejecución de los proyectos, el beneficiario se compromete a entregar el cálculo de huella de carbono a la FB en el marco de la ejecución del proyecto.
10. Disponer de fuentes de financiación estables y suficientes, de las competencias y cualificaciones profesionales requeridas para llevar a cabo la operación y de la capacidad financiera y operativa para la correcta ejecución de este, según lo previsto en el artículo 198 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046, de 18 de julio de 2018. No se exigirá está acreditación a las entidades que se exceptúan conforme a los apartados 5 y 6 del artículo 198 de este mismo reglamento.
11. Disponer de un sistema de contabilidad separada, que permita diferenciar los gastos en los que se incurra con motivo de la ejecución de los proyectos o actividades.
12. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente acreditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.
13. Realizar actividades de información y comunicación del proyecto en los términos establecidos en las convocatorias de subvención de proyectos.
14. Dar publicidad de las subvenciones percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
15. Mencionar el apoyo recibido, en toda la información, verbal o escrita, emitida con ocasión de la actividad, según las pautas establecidas en las correspondientes convocatorias de proyectos, cumpliendo con todas las medidas de información y publicidad incluidas en el artículo 60 del Reglamento (UE) n.º 2021/1139, de 7 de julio de 2021y en las estrategias y planes de comunicación del FEMPA.
16. Ser responsable de que los productos divulgativos del proyecto estén en consonancia con el estado del arte de los conocimientos científico-técnicos y con el marco normativo relacionado con las especies, ecosistemas y actividades socioeconómicas objeto del proyecto.
17. Cumplir con el código ético y de buen gobierno y la política de buen gobierno, prevención y detención de responsabilidades de la FB, así como notificar, a través de los canales de comunicación habilitados para ello, cualquier situación de conflicto de interés que pueda darse en cuanto tenga conocimiento de esta, reservándose la FB la posibilidad de exclusión de la convocatoria en el supuesto de que aprecie la existencia de dicho conflicto de interés.
18. Remitir, cuando sea solicitado, los resultados del proyecto a las principales administraciones y entidades públicas competentes en el objeto de este.
19. Incluir la imagen corporativa de forma correcta en el apartado web de la entidad en el que se haga referencia al proyecto (si la hubiera), con sus correspondientes hipervínculos, según las pautas que se indiquen en las correspondientes convocatorias de proyectos.
20. Proporcionar la información requerida por la normativa comunitaria en relación con los datos de las entidades beneficiarias a efectos de recogida de los indicadores de rendimiento y de resultado.
21. Mantener las condiciones requeridas para su consideración como entidad beneficiaria, según lo dispuesto en el artículo 11.2 Reglamento (UE) n.º 2021/1139, de 7 de julio de 2021, durante el periodo de 5 años desde el pago de ayuda. En el caso de incumplimiento, se procederá a la recuperación de la ayuda.
22. Colaborar con las distintas autoridades implicadas en la gestión y el seguimiento del FEMPA.
23. Cumplir con lo previsto en el art. 82 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, en lo que respecta al mantenimiento y disponibilidad de la documentación.
En el caso de las agrupaciones, cada una de las entidades que conformen la agrupación deberán dar cumplimiento a estas obligaciones.
1. Las subvenciones se concederán para la ejecución de actividades de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación, generación de conocimiento científico-técnico y transferencia, divulgación y sensibilización basada en ciencia, que permitan apoyar la sostenibilidad de las actividades pesqueras y reforzar su compromiso y su contribución con la protección, conservación y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad, mediante el intercambio de las investigaciones e innovaciones obtenidas y la inclusión de éstas, en el marco de la economía azul y a través del Programa Pleamar.
2. El ámbito de actuación de la convocatoria se extiende a todo el territorio nacional.
3. Todos los proyectos deberán cumplir al menos con una de las condiciones siguientes:
Tener carácter supra autonómico, ejecutando actuaciones en más de una Comunidad o Ciudad Autónoma.
Desarrollarse en el medio marino de competencia estatal.
Desarrollarse en espacios protegidos definidos y regulados con carácter básico en la legislación estatal.
4. Las convocatorias estarán dirigidas a uno o varios de los siguientes ejes de actuación: interacciones e impactos: disminución del efecto de la pesca sobre el medio marino, protección del medio marino, residuos, investigación recursos marinos y gobernanza, sensibilización ambiental, investigación ambiental acuicultura y conocimiento del medio marino, siempre dentro de lo determinado por las diferentes versiones y actualizaciones del programa operativo y del documento de Criterios para la selección de operaciones del FEMPA.
En ningún caso, la cuantía de los proyectos podrá ser inferior a 50.000 euros y superior a 5.000.000 euros.
5. El plazo para la ejecución de la actividad objeto de la subvención será el determinado para cada eje en la convocatoria, siempre dentro de los límites máximos permitidos por el programa operativo.
6. Las acciones no deberán implicar beneficio mercantil comercial directo para las entidades beneficiarias. Debido a esta característica de ausencia de beneficio mercantil comercial directo y la inexistencia de distorsión alguna del mercado interior, se considera que estas ayudas no constituyen una ayuda de estado en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación aquellos que están recogidos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución de cada proyecto beneficiario. Los gastos deberán estar a nombre de la entidad beneficiaria, en el caso de agrupaciones, los gastos deberán estar a nombre de la entidad que sea parte de la agrupación que ejecute el gasto.
2. Además, podrán ser considerados elegibles, fuera del periodo de ejecución del proyecto, siempre que el pago se hubiera producido hasta la fecha de la presentación de la documentación de alegaciones al informe provisional, los siguientes:
Los costes relativos a una garantía de prefinanciación constituida por el beneficiario/a de la subvención cuando se exija de conformidad del artículo 152, apartado 1 del Reglamento Financiero.
Los gastos derivados del informe auditor necesario para la presentación de la justificación económica, en caso de que la entidad beneficiaria se acoja a esta modalidad de justificación.
Los gastos notariales o de compulsa necesarios para la justificación del proyecto o actividad objeto de la subvención.
Los gastos derivados de la asistencia a las reuniones presenciales a las que la FB convoca a las entidades beneficiarias.
Los gastos de material inventariable previamente adquirido. Serán elegibles los gastos de amortización durante el periodo de ejecución del proyecto.
Los gastos relativos a informes finales y certificados de auditoría.
Pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta de la entidad beneficiaria que podrá efectuarse, en los supuestos y condiciones que establezca el Ministerio competente, mediante entregas parciales periódicas a cuenta de dichas cuotas y conceptos con posterior regularización anual o en el momento en que se extinga la obligación de cotizar.
Con carácter general, podrá ser elegible cualquier gasto vinculado, de manera indubitada con el proyecto aprobado y su cronograma, que resulte estrictamente necesario para su ejecución y que haya sido devengado durante la ejecución del mismo.
3. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se destinarán al fin concreto para el que se concedió la ayuda durante cinco años, en caso de bienes inscribibles en un registro público, y dos años para el resto de los bienes.
4. Con carácter general, podrán ser subvencionables entre otros, gastos de personal, gastos de dietas, desplazamiento y alojamiento y gastos derivados de procedimientos de contratación, siempre que guarden relación directa con el proyecto subvencionado y sean necesarios para su ejecución. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o copia compulsada. Cuando sea posible, los justificantes de gasto presentados deberán hacer mención a la subvención para cuya justificación han sido imputados e indicar si el importe del documento de gasto se imputa total o parcial a la misma.
5. Serán elegibles los gastos indirectos imputados por la entidad beneficiaria, entendiendo como tales, aquella tipología de gastos corrientes comunes a los diferentes servicios o actividades que realiza la entidad. Esta tipología de gastos se imputará al proyecto por un procedimiento simplificado, según lo dispuesto en el artículo 54, del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, en base a un tipo fijo del 7% de los costes directos.
6. La elegibilidad de los gastos, así como las categorías, conceptos y límites máximos y mínimos de los costes considerados subvencionables, se determinará en cada convocatoria, respetando siempre lo establecido en el artículo 64 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060, de 24 de junio de 2021, y el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 2021/1139, de 7 de julio de 2021.
1. Las entidades beneficiarias podrán realizar subcontrataciones siempre que el porcentaje subcontratado total no exceda del 50% de la actividad subvencionada, entendiendo como actividad subvencionada el importe total del proyecto para el que se concede la subvención.
2. Se entiende que la entidad beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda o de aquellas actividades que pudiendo ser realizadas por la entidad beneficiaria se externalizan. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad objeto de la ayuda.
3. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido y tampoco podrán subcontratarse la dirección y coordinación de los proyectos. Tampoco podrán realizarse subcontrataciones con los colaboradores del proyecto u otras figuras de participación que se definan en las convocatorias. En todo caso, la subcontratación deberá respetar lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Cuando la actividad subcontratada exceda el 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la entidad beneficiaria deberá solicitar por escrito, de forma previa a la celebración del contrato, la autorización expresa ante el órgano concedente.
5. Las entidades beneficiarias que por su naturaleza se encuentren dentro del ámbito subjetivo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, deberán respetar las normas que en dicha ley se establecen.
6. Para las entidades beneficiarias que por su naturaleza no les sea de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el procedimiento de la subcontratación deberá de respetar lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en especial relación con la solicitud de presupuesto y la adjudicación contractual.
7. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía de este y eludir el cumplimiento de estos requisitos.
8. En ningún caso podrá subcontratarse por la entidad beneficiaria la ejecución parcial de las actividades subvencionadas con aquellas personas o entidades que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
9. En lo referente a la subcontratación con personas o entidades vinculadas en las que concurra alguna de las circunstancias establecidas en los artículos mencionados, no se concederá la autorización expresa previa del órgano concedente prevista en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
10. En el caso de agrupaciones de personas jurídicas, las entidades que las componen no podrán subcontratar al resto de integrantes para ejecutar las actividades asignadas a cada una de ellas en el acuerdo de agrupación. Tampoco podrán realizarse subcontrataciones con las entidades colaboradoras ni con aquellas que formen parte de la agrupación del proyecto o hayan formado parte de ésta y dejen de hacerlo por cambios en la composición de la propia agrupación o por cualquier otro motivo. Esta limitación también operara en aquellas otras figuras de participación que pudieran definirse en las convocatorias.
1. Las ayudas revestirán la forma de subvenciones, y podrán tener una duración superior a un año, según se especifique en las respectivas convocatorias.
1. El POFEMPA establece una senda financiera para el periodo de programación 2021-2027 a través de la cual asigna para cada objetivo específico un presupuesto disponible que será la referencia a tener en cuenta en las diferentes convocatorias que se publiquen.
2. La FB otorgará las ayudas de acuerdo con lo establecido en estas bases, y se adjudicará hasta el límite fijado en cada convocatoria dentro del crédito disponible.
3. La subvención que se conceda en cada uno de los ámbitos descritos en las presentes bases se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Reglamento (UE) n.º 2021/1139, del 7 de julio de 2021, relativos a la determinación de los porcentajes de cofinanciación y a las intensidades de la ayuda pública, respectivamente.
4. En relación con el porcentaje de cofinanciación de los proyectos, éste será en todos los casos del 70% del importe total elegible solicitado.
5. En relación con las intensidades de la ayuda pública de FEMPA dentro del porcentaje de cofinanciación de los proyectos, ésta será de un 100% para el caso de entidades beneficiarias de naturaleza pública y de un 70% para el caso de entidades de beneficiarias de naturaleza privada, tal y como se recoge en el Anexo III del Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021, considerando que todas las solicitudes cumplen los requisitos establecidos en el número de fila 14, referidos a la existencia de una entidad beneficiaria y destinatarios colectivos, tener características innovadoras o garantizar el acceso del público a sus resultados.
Esto deriva de las previsiones del artículo 40 del Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 a cuyo tenor, la cofinanciación del FEMPA será del 70% del gasto público subvencionable. Se considera gasto público subvencionable el sumatorio de la aportación del FEMPA, de la FB –en su caso– y de las entidades públicas que resulten beneficiarias.
7. La concesión de las ayudas vendrá determinada por el orden de prelación de las solicitudes. A partir de la puntuación más alta obtenida en la fase de evaluación y en orden descendente, se irá otorgando a los proyectos las ayudas de acuerdo con el importe solicitado en cada caso, hasta agotar el importe total de la convocatoria. En el caso de que la asignación del importe del último proyecto se vea afectado por la insuficiencia de crédito, se podrá proponer su reformulación conforme a lo dispuesto en estas bases.
8. Los proyectos que, aun habiendo alcanzado la puntuación mínima para obtener la condición de beneficiarios, pero que no la pueden adquirir por no disponer de crédito suficiente, formarán parte de las reservas, por si algún proyecto mejor puntuado renunciará a la subvención.
9. La subvención otorgada se establecerá en la resolución. La cuantía definitiva y el pago se fijará en el momento en que la entidad beneficiaria justifique la actividad objeto de la ayuda a la FB y ésta emita el documento de liquidación definitiva, pudiendo este ser inferior al concedido inicialmente, con motivo de los incumplimientos realizados, en relación con la graduación consignada a tal efecto.
10. La concesión de la subvención, así como el pago de esta, quedan supeditados a la existencia de presupuesto adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión. Asimismo, quedarán condicionados al flujo de pagos a la FB por parte de las autoridades competentes del FEMPA.
11. En aplicación del artículo 10.1 del Reglamento (UE) número 2021/1139, de 7 de julio de 2021, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo, serán aplicables los artículos 107, 108 y 109 del TFUE a las ayudas concedidas por los Estados miembros a las empresas del sector pesquero y del sector de la acuicultura.
12. Las actividades presentadas para la obtención de ayudas requerirán cofinanciación del