Categoría: Administración

podrán imponer multas cuyo importe máximo equivaldrá a dos millones de euros».
Veintiocho. Las letras a) y c) del número 1 del artículo 92 quedan redactadas como sigue:
«a) Con una reducción de un setenta por ciento en los supuestos de conformidad con el contenido del acuerdo de iniciación del expediente sancionador, siempre que este no se inicie a consecuencia de denuncia o reclamación de una persona perjudicada y se justifique haber rectificado las circunstancias de la infracción cometida.
El importe resultante de dicha reducción nunca podrá, en ningún caso, ser inferior al límite mínimo establecido en el artículo 86 para las sanciones previstas en él según la gravedad de la infracción imputada.
Para poder acogerse a tal reducción, deberá manifestarse dicha conformidad y justificarse el ingreso de la sanción con la deducción o solicitar el fraccionamiento de la misma en el plazo de alegaciones al acuerdo de iniciación del expediente sancionador. En todo caso, tanto el ingreso de la sanción con la deducción como la solicitud de fraccionamiento de la misma en el plazo indicado supondrán la conformidad con el contenido del acuerdo de iniciación. El cumplimiento de los requisitos anteriores para acogerse a la reducción pondrá fin al procedimiento».
«c) Con una reducción de un veinticinco por ciento en los supuestos de conformidad con la resolución sancionadora, caso en que deberá manifestarse dicha conformidad y justificarse el ingreso de la sanción con la reducción o solicitar el fraccionamiento de la misma en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución. El ingreso de la sanción con la deducción en el plazo indicado supondrá la conformidad con la resolución sancionadora. El importe resultante de esta reducción no podrá ser, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, inferior al límite mínimo establecido en el artículo 86 para las sanciones previstas en él según la gravedad de la infracción imputada».
Veintinueve. El número 2 del artículo 92 queda redactado como sigue:
«2. El órgano competente para imponer la sanción podrá resolver la terminación del procedimiento sancionador cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre los consumidores derivados de las conductas objeto del expediente y quede garantizado suficientemente el interés público. Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento.
En estos supuestos se impondrá la sanción correspondiente pero inferior en un grado, sin que en ningún caso pueda alcanzar la reducción la prevista en las letras a) y b) del apartado anterior».
Treinta. Se añade un número 6 al artículo 92, con la siguiente redacción:
«6. La interposición de recursos administrativos o judiciales supondrá la pérdida de las reducciones determinadas en este artículo».
Treinta y uno. El artículo 93 queda redactado como sigue:
1. La administración pública competente podrá acordar, como sanciones accesorias, frente a las infracciones en materia de defensa de los consumidores previstas en esta norma:
a) El decomiso de la mercancía adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgo para el consumidor. El decomiso de las mercancías objeto de la infracción que sean propiedad del responsable, salvo que ya haya sido adoptado definitivamente para preservar los intereses públicos o que, pudiendo resultar de lícito comercio tras las modificaciones que procedan, su valor, sumado a la multa, no guarde proporción con la gravedad de la infracción, en cuyo caso podrá no acordarse tal medida o acordarse solo parcialmente en aras de la proporcionalidad. La resolución sancionadora que imponga esta sanción decidirá el destino que, dentro de las previsiones que en su caso se encuentren establecidas en la normativa aplicable, deba dar la administración competente a los productos decomisados.
b) La publicidad de las sanciones impuestas, cuando adquieran firmeza en vía administrativa, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas naturales o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las infracciones, siempre que concurra riesgo para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la infracción o traigan causa en la difusión de contenidos racistas, xenófobos y sexistas, LGTBIfóbicos, denigrantes o discriminatorios.
c) El cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años en los casos de infracciones muy graves.
2. Todos los gastos derivados de las medidas adoptadas del párrafo anterior, incluidas las derivadas del transporte, distribución y destrucción, serán por cuenta de la persona infractora.
3. No tendrá el carácter de sanción la publicación por parte de la administración competente en materia de consumo por cualquier medio, incluidas las redes sociales del infractor, de los pronunciamientos judiciales firmes que ratifiquen sanciones impuestas en vía administrativa».
Treinta y dos. Los números 2, 3 y 4 del artículo 94 quedan redactados como sigue:
«2. El plazo de prescripción de la infracción de la normativa de consumo no comenzará a computar hasta que esta se manifieste o exteriorice y, en el caso de infracciones continuadas o de efectos continuados, solo cuando finalice o deje de realizarse la acción infractora o el último acto con el que la infracción se consume.
3. Las actuaciones judiciales penales y la tramitación de otros procedimientos administrativos sancionadores, si impiden iniciar o continuar el procedimiento para sancionar las infracciones tipificadas por medio de ley, suspenden el plazo de prescripción de las infracciones.
Interrumpirán la prescripción de las infracciones las actuaciones judiciales en el ámbito penal sobre los mismos hechos o sobre otros hechos conexos cuya separación de los constitutivos de la infracción de la normativa de consumo sea jurídicamente imposible, de manera que la sentencia que pudiere recaer vincule a la administración actuante.
4. El plazo de prescripción de las infracciones estará suspendido desde la presentación de la reclamación por el consumidor a la empresa hasta que por esta se dé contestación a la misma de acuerdo con la normativa de aplicación, así como durante el tiempo en que se esté buscando una solución a la reclamación presentada por las propias partes o con la intervención de un tercero».
Treinta y tres. Los números 5, 7, 8 y 9 del artículo 96 quedan redactados como sigue:
«5. Si una infracción es imputada a una persona jurídica, pueden ser consideradas también como responsables las personas que integran sus organismos rectores o de dirección o administración, así como los técnicos responsables de la elaboración y control.
A efectos de la presente ley, integran los órganos rectores o de dirección o administración las personas que consten en los registros públicos como tales, las que hagan ostentación pública de esta condición o las que actúen como si la tuviesen».
«7. En caso de infracciones cometidas por personas jurídicas que se extingan o se encuentren en situación concursal antes de ser sancionadas, la responsabilidad administrativa podrá exigirse también a las personas físicas que compongan los órganos de dirección o administración en el momento de la comisión de la infracción.
8. La responsabilidad de los coautores de una misma infracción será independiente y se impondrá a cada uno la sanción correspondiente a la infracción en la extensión adecuada a su culpabilidad y demás circunstancias personales. En particular, se entenderán incluidos en este caso los anunciantes y agencias de publicidad respecto de las infracciones de publicidad subliminal, engañosa o que infrinja lo dispuesto en la normativa sobre publicidad de determinados bienes o servicios.
9. La muerte del infractor extingue la responsabilidad. En caso de sanciones pecuniarias impuestas sobre entidades disueltas y liquidadas, la administración correspondiente podrá dirigirse, para la cobranza de las sanciones pecuniarias impuestas a dichas entidades, contra los socios o partícipes, que responderán solidariamente del importe de la deuda y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les adjudicó».
Treinta y cuatro. Se añaden los números 10 y 11 al artículo 96, con la siguiente redacción:
«10. Conforme a lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios causados al consumidor, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora, debiendo notificarse al infractor para que proceda a su satisfacción en un plazo que será determinado en función de la cuantía. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
11. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores y en los artículos siguientes, en los supuestos de ventas automáticas de bienes o servicios serán responsables los determinados en la normativa de ordenación del comercio minorista de aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia».
Treinta y cinco. El apartado 1 del artículo 97 queda redactado como sigue:
«1. En las infracciones cometidas en bienes envasados o identificados, se consideran responsables el marquista y la firma o razón social que figure en la etiqueta o identificación, salvo que se demuestre la falsificación de la etiqueta o identificación, su utilización sin permiso o la responsabilidad de algún integrante de la cadena de distribución o comercialización distinto de los anteriores».
Treinta y seis. Se añaden los apartados 3 y 4 al artículo 100, con la siguiente redacción:
«3. Los importadores o quienes distribuyan por primera vez en el mercado nacional productos de consumo que puedan afectar a la seguridad y salud de los consumidores tienen el deber de asegurar que dichos productos cumplen los requisitos exigibles para ser puestos a disposición de los consumidores y usuarios. Asimismo, responderán solidariamente de las sanciones impuestas a sus suministradores o proveedores, con independencia de la responsabilidad que les corresponda por sus propias infracciones cuando, dentro de su deber de diligencia, no adopten las medidas que estén a su alcance, incluyendo la facilitación de información, para prevenir las infracciones cometidas por estos.
4. Los prestadores de plataformas serán responsables, en igual medida que el proveedor del bien o servicio, cuando actúen con fines relacionados con sus propias actividades y en calidad de socio contractual directo del consumidor, respecto de la oferta o contratación de bienes o servicios realizada a través de dichas plataformas».
Treinta y siete. El número 4 del artículo 102 queda redactado como sigue:
«4. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificados como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
En ningún caso se considerará que existe persistencia de forma continuada cuando la iniciación del procedimiento se refiera a personas distintas respecto de aquellas a las que se les vulneraron sus derechos, o hechos o conductas independientes unas de otras».
Treinta y ocho. Los números 9 y 11 del artículo 109 quedan redactados como sigue:
«9. Corresponderá a la empresa probar el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la normativa de aplicación, incluidas las obligaciones de dar o hacer, así como las manifestaciones realizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la presente ley».
«11. No será precisa la prueba de los contenidos de cualquier comunicación pública realizada por la empresa o por su cuenta y por cualquier medio, incluidas las comunicaciones realizadas a través de la web o redes sociales».
Treinta y nueve. El artículo 110 queda redactado como sigue:
1. Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución, en la cual se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica; se determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, y se especificará la sanción que propone que se imponga y las medidas provisionales que hayan sido adoptadas, en su caso, por el órgano competente para iniciar el procedimiento o por la persona designada para la instrucción del mismo, o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas».
Cuarenta. Se añade un número 6 al artículo 112 con la siguiente redacción:
«6. Cuando adquieran firmeza en vía administrativa las resoluciones por las que se ponga fin al procedimiento sancionador en relación con infracciones que tengan la calificación de muy graves con arreglo a esta norma, así como aquellas que se dicten con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) 2017/2394, serán de libre acceso y publicadas en la página web de la autoridad correspondiente, una vez sean notificadas a los interesados. Dicha publicación se llevará a cabo tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de carácter personal a los que se refiere el artículo 4.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores».
Cuarenta y uno. Se añade una disposición adicional octava, con la siguiente redacción:
A los efectos de la presente ley, se considerarán microempresas, pequeñas y medianas empresas las que así lo sean y se justifiquen de acuerdo con lo establecido en la Recomendación de la Comisión Europea (2003/361/CE) de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
No obstante lo anterior, mediante decreto se podrán modificar los criterios aplicables a los efectos de considerar una empresa como microempresa, pequeña o mediana empresa».
Se añade una nueva disposición adicional en la Ley 5/2013, de 30 de mayo, de fomento de la investigación y de la innovación de Galicia, con la siguiente redacción:
1. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional trigésimo primera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, con el fin de fomentar la investigación y la innovación de vanguardia, la Administración autonómica, en su ámbito de competencias, podrá establecer bancos de pruebas regulatorios que permitan la ejecución de proyectos piloto de I+D+i conforme a un marco normativo y administrativo adecuados, para garantizar el respeto a la legalidad y la competitividad internacional.
2. El establecimiento de los bancos de pruebas regulatorios y de las condiciones de funcionamiento y acceso de los proyectos de I+D+i a los mismos se realizará mediante los oportunos desarrollos reglamentarios.
En todo caso, será necesario prever un protocolo de pruebas en el que se incluyan cláusulas de confidencialidad y secreto empresarial, así como cláusulas, sujetas a la regulación específica, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual, obtenciones vegetales o secretos empresariales que pudiesen verse afectados durante la realización de pruebas. El protocolo de pruebas también deberá incluir las normas, condiciones y límites a los que estará sujeto el proyecto piloto, aspectos relevantes sobre su seguimiento y sus objetivos, así como la previsión de un sistema de garantías e indemnizaciones.
La ejecución de pruebas, proyectos o actividades en los bancos de pruebas regulatorios se realizará con fines exclusivamente de investigación o innovación, por el tiempo necesario para su ejecución en los términos programados, limitándose el volumen y alcance de los mismos, y no supondrá, en ningún caso, el otorgamiento de autorización para el ejercicio de actividades comerciales o industriales ajenas o no relacionadas con los fines propios de la investigación e innovación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, las actividades que se realicen en ejecución de proyectos de I+D+i desarrollados en los bancos de pruebas deberán acomodarse a la normativa reguladora de los mismos, que contemplará plazos abreviados y procedimientos administrativos específicos o simplificados.
3. Los bancos de pruebas regulatorios deberán estar circunscritos a espacios geográficamente delimitados, vinculados a la actividad de infraestructuras científico-técnicas de titularidad pública.
Los proyectos que se repitan de manera recurrente en este tipo de bancos de pruebas se someterán a evaluación de impacto ambiental simplificada, cuando este trámite resulte preceptivo.
4. Para la elección de la localización de estos bancos de pruebas regulatorios se tendrá en cuenta como criterio de selección su implantación en áreas despobladas, así como otros criterios de cohesión territorial».
Se modifica la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, que queda redactada como sigue:
Uno. El artículo 56 queda redactado como sigue:
Cada entidad pública instrumental se adscribe directamente, o a través de otra entidad instrumental, a la consejería o al órgano que sea competente por razón de la materia de acuerdo con lo que se determine en los decretos de estructura previstos en los artículos 25.5 y 27.1, que podrán adaptar la adscripción inicial prevista en la ley que autorice la creación de la entidad a la distribución de competencias que efectúen en cada momento».
Dos. Se modifica el número 1 del artículo 38, que queda redactado como sigue:
«1. A los efectos de esta ley, se entienden por reglamentos las disposiciones administrativas de carácter general de rango inferior a la ley dictadas por los órganos que tengan atribuida expresamente competencia para ello.
Las bases reguladoras aplicables a la concesión de subvenciones y sus convocatorias no tendrán la consideración de disposiciones administrativas de carácter general a los efectos establecidos en este título, y se regirán por lo establecido en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia».
Tres. El número 2 del artículo 41 queda redactado como sigue:
«2. Iniciado el procedimiento, con carácter previo a la elaboración del anteproyecto, se llevará a cabo una consulta pública a través del Portal de transparencia y Gobierno abierto con el objeto de solicitar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma sobre los siguientes aspectos: los problemas que se pretenden solucionar con la norma; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.
La consulta pública previa deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, no inferior a quince días naturales. Por razones de urgencia debidamente justificadas en el expediente, podrá acordarse un plazo inferior.
Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previa en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que se trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o de las organizaciones dependientes o vinculadas a ella.
b) Que concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
c) Que la propuesta normativa no tenga impacto significativo en la actividad económica.
d) Que la propuesta normativa no imponga obligaciones relevantes a las personas destinatarias.
e) Que la propuesta normativa regule aspectos parciales de una materia.
La concurrencia de alguna o de algunas de estas razones se justificará debidamente en el expediente».
Uno. Se modifica el número 1 del artículo 3, que queda redactado como sigue:
«1. La Asesoría Jurídica General, con rango de secretaría general, es el órgano superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma al que corresponde, en relación con el ámbito descrito en el artículo 2, la dirección, la coordinación y la inspección de la asistencia jurídica».
Dos. Las referencias realizadas en la Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público, a la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General o a la Dirección General de la Asesoría Jurídica General se entenderán hechas a la persona titular de la Secretaría General de la Asesoría Jurídica General o a la Secretaría General de la Asesoría Jurídica General.
Se añade una disposición adicional séptima con la siguiente redacción:
1. La evaluación, reconocimiento y registro de las competencias digitales en el ámbito del sistema educativo gallego, tanto para el personal docente de acuerdo con su marco específico de referencias de competencia digital docente como para el alumnado, corresponderá a la consejería competente en materia de educación.
2. La consejería competente en materia de educación y la entidad con competencias en la gestión del Marco gallego de competencias digitales establecerán los mecanismos de coordinación de los procesos de gestión del Marco gallego de competencias digitales y el Registro de Certificaciones de Competencias Digitales y los que se establezcan en el sistema educativo gallego.
3. Asimismo, se establecerán las correspondientes equivalencias de las competencias digitales obtenidas en el sistema educativo con las que se establezcan en el Marco gallego de competencias digitales para los ciudadanos de Galicia de acuerdo con los procedimientos y por los órganos que se establezcan reglamentariamente».
Se modifica el número 3 del artículo 60, que queda redactado como sigue:
«3. La presidencia de la Comisión corresponderá a la persona titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia, que podrá delegar en la persona titular de la vicepresidencia. La vicepresidencia de la Comisión corresponderá a la persona titular de la consejería competente en materia de economía. Las funciones de secretaría de la Comisión corresponderán a la persona titular de la dirección general competente en materia de fondos europeos».
Se modifica la Ley 6/1995, de 28 de junio, por la que se crea el Consejo Económico y Social de Galicia, de la siguiente manera:
Se añade un nuevo artículo 26 con la siguiente redacción:
Sin perjuicio de las cuantías que puedan percibir en concepto de dietas los miembros del Consejo Económico y Social de Galicia, las organizaciones representadas en el mismo tendrán derecho a percibir compensaciones económicas por los gastos en los que incurran en el desarrollo de las actividades realizadas con motivo de su participación. Estas compensaciones se ajustarán a las bases que acuerde el Pleno y su determinación, procedimiento de libramiento y justificación se determinarán anualmente por resolución de su presidencia. Las compensaciones serán incompatibles con las compensaciones económicas recogidas en la Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Galicia. La cuantía máxima a percibir por cada organización atenderá al número de representantes con que cuente, y para calcularla se dividirá la cuantía global consignada en el presupuesto del Consejo Económico y Social anualmente para estas compensaciones entre el número total de representantes».
El Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, queda modificado como sigue:
Uno. Los números 2 y 3 del artículo 17 quedan redactados como sigue:
«2. Los órganos gestores que pretendan establecer o modificar una subvención remitirán al centro directivo competente en materia de ayudas de Estado el correspondiente proyecto, una vez informadas las bases reguladoras, junto con la información necesaria y en los modelos normalizados de comunicación establecidos para su notificación a la Comisión Europea según la normativa prevista por esta, al menos dos meses antes de la fecha prevista para su entrada en vigor.
3. La dirección general competente en materia de relaciones exteriores, una vez puesto en su conocimiento el proyecto por el centro directivo competente en materia de ayudas de Estado, remitirá en el plazo de diez días la información necesaria al órgano de la Administración del Estado competente para su remisión a la Comisión Europea».
Dos. El número 2 del artículo 18 queda redactado como sigue:
«2. Las bases reguladoras deberán someterse al informe de la Asesoría Jurídica General y de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Este último informe integrará un pronunciamiento expreso en el que se recoja la valoración en materia de ayudas de Estado».
Tres. Se suprime el artículo 19, que queda sin contenido.
Uno. Se modifica el número 2 del artículo 22, que queda redactado como sigue:
«2. Contará con las siguientes unidades administrativas:
2.1 El Departamento Central de Estudios, Información y Asistencia, que ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:
a) La coordinación de los departamentos de Información y Asistencia Tributaria de las delegaciones, otros órganos de gestión y de cualquier otra organización que preste servicios propios de la Agencia, en materia de información y asistencia tributaria.
b) La gestión del contenido de la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Galicia.
c) La elaboración y mantenimiento de los modelos oficiales de declaraciones tributarias y de cualquier documento normalizado.
d) El mantenimiento de la base de datos de conocimiento, así como la recopilación y publicación de los textos actualizados de las normas tributarias y de doctrina administrativa de mayor trascendencia.
e) La elaboración de estudios e informes sobre las distintas actuaciones y procedimientos desarrollados por la Agencia Tributaria de Galicia.
f) El estudio, diseño y propuesta de los sistemas y procedimientos que se vayan a utilizar en el ámbito de sus competencias.
g) La propuesta de instrucciones o circulares en su ámbito de competencias.
2.2 El Departamento de Colaboración Social y Administrativa, que ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:
a) La tramitación y supervisión de los acuerdos de colaboración social con otras administraciones públicas, con entidades privadas o con instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.
b) La colaboración e intercambio de datos e información necesarios con los órganos de control e inspección autonómicos y de otras administraciones públicas y, en particular, con el Consejo de Cuentas de Galicia, con la Inspección de Servicios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria y con el Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.
c) La canalización de las relaciones entre los órganos de la Agencia Tributaria de Galicia y los órganos económico-administrativos y los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
d) La elaboración de informes para la propuesta de interposición de recursos contencioso-administrativos, el seguimiento y control en materia de medidas cautelares y de ejecución de resoluciones, autos y sentencias, canalizando la relación con la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia.
e) El estudio, diseño y propuesta de los sistemas y procedimientos que se vayan a utilizar en el ámbito de sus competencias.
f) La propuesta de instrucciones o circulares en su ámbito de competencias.
g) La tramitación de los procedimientos de revocación y de los procedimientos especiales de revisión de actos nulos de pleno derecho y de declaración de lesividad de actos anulables, cuando la resolución o su propuesta corresponda a la Dirección».
Dos. Se modifica la letra a) del número 2.2 del artículo 23, que queda redactada como sigue:
«a) Las funciones de gestión tributaria previstas en el artículo 117 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de imposición de sanciones y de revisión en vía administrativa, que se le atribuyan mediante orden de la consejería competente en materia de hacienda».
Tres. Se modifica el número 2.3 del artículo 24, que queda redactado como sigue:
«2.3 El Departamento de Planificación del Control Tributario, que ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:
a) La planificación general de las actuaciones de control tributario que desarrollan las diferentes áreas de la Agencia con competencia en control tributario.
b) La elaboración del proyecto del Plan de control tributario que deberá aprobar la Dirección de la Agencia.
c) El estudio de las diferentes áreas de riesgo para la detección del fraude fiscal al objeto de la planificación del control tributario.
d) El estudio y análisis de los resultados obtenidos en las actuaciones de control.
e) La colaboración con el Área de Recaudación para el análisis y definición de perfiles e indicadores de riesgo recaudatorio».
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 25, que queda redactado como sigue:
«2. Contará con las siguientes unidades administrativas:
2.1 El Departamento Central de Recaudación, que ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Promover e impulsar la gestión recaudatoria en el ámbito de sus competencias, ejerciendo la debida vigilancia para que los procedimientos se ultimen con rapidez.
b) La gestión recaudatoria en los dos períodos respecto de las deudas de las unidades centrales y órganos con sede en el ayuntamiento de Santiago de Compostela.
c) Dictar providencias de apremio respecto a las deudas señaladas en el apartado anterior.
d) La relación con las entidades colaboradoras en el ámbito de la comunidad autónoma.
e) Hacer el seguimiento de los procesos concursales en que comparezca la Agencia Tributaria de Galicia.
f) El estudio, diseño y propuesta de los sistemas y procedimientos que se vayan a utilizar en las actuaciones de recaudación ejecutiva en el ámbito de sus competencias.
g) La propuesta de instrucciones o circulares en su ámbito de competencias.
2.2 El Departamento de Recaudación Ejecutiva, que ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Planificar la gestión recaudatoria ejecutiva que corresponda a la Agencia Tributaria de Galicia, para lo cual colaborará con el Departamento de Planificación del Control Tributario.
b) La gestión centralizada de la recaudación ejecutiva.
c) La coordinación de órganos y unidades que lleven a cabo la gestión recaudatoria en período ejecutivo.
d) Tramitar las reclamaciones por tercerías que se puedan formular.
e) Tramitar expedientes de derivación de la acción administrativa a los responsables solidarios y subsidiarios y sucesores en período ejecutivo.
f) El estudio, diseño y propuesta de los sistemas y procedimientos que se vayan a utilizar en las actuaciones de recaudación ejecutiva en el ámbito de sus competencias.
g) Canalizar las relaciones con otras administraciones públicas y entidades colaboradoras a los efectos de establecer y mejorar los canales de intercambio de información necesarios para el desarrollo de las competencias de recaudación ejecutiva.
h) La propuesta de instrucciones o circulares en su ámbito de competencias».
Cinco. Se añade una disposición transitoria quinta, que queda redactada como sigue:
En tanto no se doten los medios personales y materiales necesarios, las funciones atribuidas al Departamento de Recaudación Ejecutiva en el artículo 25.2.2 del presente estatuto serán llevadas a cabo por el Departamento Central de Recaudación».
1. La Agencia Tributaria de Galicia asumirá progresivamente las funciones de recaudación en período ejecutivo en vía de apremio desempeñadas en el momento de la entrada en vigor de este artículo por las zonas de recaudación reguladas en el artículo 46 de la Ley 11/1996, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1997.
2. Las zonas de recaudación establecidas al amparo del artículo 46.3 de la Ley 11/1996, de 30 de diciembre, quedarán suprimidas el 1 de enero de 2026, o en el momento anterior a la indicada fecha en el caso en que el recaudador al frente de alguna de dichas zonas cese en el cargo por cumplimiento de los 70 años de edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 51/2000, de 25 de febrero, por el que se establece la organización recaudatoria de la Xunta de Galicia y el estatuto de los recaudadores de zona, o por cualquiera del resto de las causas establecidas en ese artículo. En el momento de la supresión de la correspondiente zona sus funciones serán asumidas por la Agencia Tributaria de Galicia.
3. Las personas al frente de las zonas de recaudación suprimidas podrán solicitar, en su caso, el reingreso al servicio activo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia en su cuerpo o escala de procedencia y serán adscritas provisionalmente a un puesto de trabajo en un plazo máximo de 15 días.
4. El recaudador deberá, de acuerdo con la normativa laboral aplicable, proceder a la extinción de sus relaciones laborales con su personal colaborador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 11/1996, de 39 de diciembre, asumiendo íntegramente todas las obligaciones y responsabilidades inherentes a dicha relación.
Con el objeto de atender los gastos ocasionados por el pago, por parte del recaudador, de las cantidades justificadas debidas por la extinción de las relaciones laborales de acuerdo con lo establecido en la normativa laboral aplicable, la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá aprobar, mediante acto administrativo, la percepción por el recaudador de una cantidad con cargo a las cantidades recaudadas por la zona, considerándose los indicados gastos como gastos derivados de la supresión de la zona de recaudación. A los únicos efectos indicados del cálculo de la indicada percepción por el recaudador, el titular de dicha consejería tendrá en cuenta la plantilla comunicada a la administración de acuerdo con el artículo 17.2 del Decreto 51/2000, de 25 de febrero, y aplicará los límites de retribución del personal establecidos, a los efectos de la percepción de la asignación mínima, en el artículo 2.2.4 de la Orden de 8 de octubre de 1997 por la que se desarrolla el Decreto 90/1997, de 10 de abril, por el que se establece la organización recaudatoria de la Xunta y el Estatuto de los recaudadores de zona.
5. La Agencia Tributaria de Galicia asumirá con sus propios medios mediante personal funcionario las funciones de recaudación desempeñadas por las zonas de recaudación, de acuerdo con lo establecido en esta disposición.
Para asegurar la continuidad del servicio, los órganos competentes de la Agencia Tributaria de Galicia, con antelación al momento de la supresión de las zonas de recaudación y de los órganos unipersonales de recaudador al frente de la zona, procederán a la adopción de las medidas que sean precisas. En el momento de la supresión se tomará posesión de la documentación correspondiente a la recaudación en vía ejecutiva, de acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 16 del Decreto 51/2000, de 25 de febrero.
El texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, queda modificado como sigue:
Uno. La letra e) del apartado 1 del artículo 64 queda redactada como sigue:
«e) Los créditos destinados a la cobertura de necesidades de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia».
Dos. El número 3 del artículo 79 queda redactado como sigue:
«3. El contraído de los recursos procedentes de la Unión Europea se efectuará una vez certificada, ante la unidad estatal o comunitaria administradora de estos recursos, la realización del gasto financiado con las transferencias de dichos recursos.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán contraerse estos recursos en el mismo ejercicio en que se realizó el gasto que financian sin esperar a la tramitación de la certificación a que se refiere el párrafo anterior, cuando las disposiciones recogidas en el Sistema europeo de cuentas nacionales y regionales o en las disposiciones que lo desarrollan vinculen la imputación temporal de estos recursos a la ejecución material del gasto en lugar de su certificación.
Con carácter general, sin perjuicio de las excepciones que, en el marco del proceso de elaboración del presupuesto anual, establezca la dirección general competente en materia de presupuestos, la gestión de estos recursos se incluirá dentro del presupuesto de la Administración general, aunque el beneficiario sea cualquiera de las entidades incluidas en el ámbito del sector público autonómico definido según la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, o se trate de entidades que estén contempladas en el presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma con presupuestos de gastos de carácter limitativo.
Realizada esta gestión presupuestaria, las entidades percibirán los recursos correspondientes desde la sección presupuestaria por la que reciben las transferencias corrientes y de capital».
Tres. El número 2 del artículo 80 queda redactado como sigue:
«2. No obstante, se aplicarán al ejercicio corriente los ingresos procedentes de derechos liquidados que no sean exigibles en el momento del cierre del ejercicio presupuestario en virtud del aplazamiento o fraccionamiento».
Como consecuencia de la escasez de personal de perfil sanitario, agravada por la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia derivada de la pandemia de la COVID-19, y para garantizar la disponibilidad de dicho personal en las listas de contratación de personal laboral temporal o de personal funcionario interino, se adoptan las siguientes medidas:
1. En el supuesto de no existir aspirantes en las listas para la contratación temporal de personal laboral de la Xunta de Galicia, en las categorías profesionales 2 del grupo I, 2 del grupo II y 3 del grupo IV, del V Convenio colectivo único para el personal laboral de la Xunta de Galicia o, en su caso, para el nombramiento de personal interino para el desempeño con carácter transitorio de plazas reservadas a personal funcionario de cuerpos o escalas equivalentes a las categorías profesionales indicadas, podrá:
a) Solicitarse directamente del Servicio Público de Empleo, sin perjuicio de los demás procedimientos establecidos; o
b) Acudir opcionalmente a la relación de penalizados de la categoría profesional, cuerpo o escala correspondiente que hayan solicitado la reincorporación; o
c) Acudir a los integrantes de las listas que hayan solicitado la inclusión durante el año en curso, en caso de que no estén publicadas las listas definitivas y les corresponda ser admitidos.
2. Cuando, por la inexistencia de personal integrante de las listas para la contratación temporal de personal laboral de la Xunta de Galicia, en las categorías profesionales 2 del grupo I, 2 del grupo II, y 3 del grupo IV, o para el nombramiento de personal interino para el desempeño con carácter transitorio de plazas reservadas a personal funcionario de cuerpos o escalas equivalentes, no existan candidatos que estén en posesión del certificado acreditativo del nivel de conocimiento de la lengua gallega correspondiente, podrán ser seleccionados candidatos que carezcan de él, siempre que cumplan los restantes requisitos exigidos para el acceso a la categoría de que se trate.
3. El período de penalización en las listas para el nombramiento de personal interino para el desempeño con carácter transitorio de plazas reservadas a personal funcionario y la contratación temporal de personal laboral de la Xunta de Galicia tendrá una duración de seis meses.
4. La solicitud de reincorporación formulada por las personas integrantes de las listas que hubiesen solicitado previamente la suspensión de las citaciones, por no estar prestando servicios a través de ellas, producirá efectos al día siguiente al de su presentación.
5. Lo establecido en esta disposición tiene vigencia limitada al año 2023.
1. El órgano ambiental, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, y de conformidad con lo dispuesto en el número 3 del artículo 36 bis de la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, elaborará para los grupos de proyectos que se contemplan en los anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, los documentos de referencia de los grupos de proyectos de los que ya se hayan emitido documentos de alcance o ya se haya realizado la evaluación ambiental aunque, en el caso de estos últimos, no se haya determinado el alcance del estudio de impacto ambiental.
2. Para la aprobación de estos documentos de referencia no será necesario realizar nuevas consultas a las administraciones públicas afectadas por razón de la materia y a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente.
3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley queda suspendida la tramitación de las solicitudes de emisión de documento de alcance en tanto no se elabore el correspondiente documento de referencia conforme a lo previsto en el número 1 de la presente disposición.
1. La consejería competente en materia forestal promoverá la adaptación a las modificaciones introducidas por esta ley del convenio de colaboración para el establecimiento de un sistema público de gestión de biomasa en las fajas secundarias, suscrito entre la Xunta de Galicia, la Federación Gallega de Municipios y Provincias y Seaga.
2. Una vez formalizado y publicado el convenio adaptado a esta ley, los ayuntamientos que deseen dejar de estar adheridos a él tendrán un plazo de dos meses para manifestarlo por escrito y desistir de su adhesión voluntaria, para lo cual deberán remitir comunicación a la consejería competente en materia forestal y a la Federación Gallega de Municipios y Provincias. En caso de que, transcurrido este plazo, no hayan realizado dicha comunicación, el convenio les será aplicable en todos sus términos.
3. Con independencia de la adaptación de dicho convenio que se realice de acuerdo con el número 1, desde el momento de la entrada en vigor de la presente disposición la consejería competente en materia forestal podrá acordar la asunción de las competencias previstas en el número 10 del artículo 22 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, previa aprobación por escrito del correspondiente ayuntamiento.
Los ayuntamientos que, en la fecha de entrada en vigor de esta ley, no dispongan de un plan municipal de prevención y defensa contra los incendios forestales aprobado, dispondrán de un plazo de 18 meses para su aprobación, a contar desde esa fecha.
Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, en caso de que no se haya aprobado el citado plan, el ayuntamiento no podrá adherirse al convenio previsto en el artículo 21 quater.2 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, y, de estar ya adherido, se suspenderá su adhesión hasta que se produzca la aprobación del plan.
Se habilita a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia a aprobar mediante decreto legislativo, en el plazo de 18 meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, un texto refundido de la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de transporte por carretera.
Como consecuencia de la modificación prevista en el artículo 80.2 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, los derechos dados de baja al cierre del ejercicio presupuestario 2022 deberán ser objeto de inclusión en las cuentas del ejercicio 2023.
1. Aquellas administraciones públicas que a día 1 de enero de 2023 hayan aprobado el plan de actuaciones para minimizar las pérdidas establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2019, de 11 de diciembre, de medidas de garantía del abastecimiento en episodios de sequía y en situaciones de riesgo sanitario, estarán exentas del pago del canon del agua por dichos usos durante un plazo de dos años desde el inicio de su exigibilidad.
2. Asimismo, estarán igualmente exentas por el mismo período de tiempo aquellas administraciones públicas responsables que, a fecha 1 de enero de 2023, estén elaborando dicho plan. No obstante, esta exención estará condicionada a que el plan sea aprobado antes del 1 de julio de 2023.
3. Las exenciones indicadas en los párrafos anteriores estarán condicionadas a que, además de cumplir los requisitos que en esos párrafos se señalan, dichas administraciones dispongan a fecha 1 de abril de 2023 de contadores instalados en cada uno de los puntos de captación de agua y, en su caso, de suministro en alta de agua. Estos contadores deben permitir cuantificar la totalidad del volumen de agua entrante en el sistema de abastecimiento de agua.
4. La exención de pago del canon del agua contemplada en esta disposición no exime a las administraciones públicas beneficiarias de la obligación de presentar las declaraciones que reglamentariamente se establezcan en relación a la determinación de la base imponible del canon del agua en la modalidad de pérdidas en las redes de abastecimiento y, singularmente, de la obligación establecida en el párrafo 4 del artículo 65 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
El plazo para responder de las obligaciones y materializar los compromisos asumidos en las ofertas presentadas y para acreditar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el pliego de bases y en la normativa reguladora para la puesta en marcha de las emisiones y pago de la tasa del servicio de comunicación audiovisual de televisión correspondiente a las adjudicaciones transformadas en licencias, queda ampliado en dos años, que se contarán desde la finalización del plazo anterior.
Igualmente, se fija un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para materializar los compromisos asumidos en las ofertas presentadas y acreditar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el pliego de bases y en la normativa reguladora para la puesta en marcha de las emisiones de los servicios de comunicación audiovisual de televisión local correspondientes a las licencias otorgadas mediante Acuerdo del Consejo de la Xunta de 26 de diciembre de 2014 (DOG núm. 9, de 15 de enero de 2015).
1. Lo dispuesto en el artículo 10 será aplicable a las obras, actuaciones y construcciones existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley.
2. Lo dispuesto en el artículo 11 será aplicable a los procedimientos de restitución o reposición de la legalidad pendientes de ejecución en el momento de la entrada en vigor de esta ley.
La tramitación de los planes de gestión y de las normas de gestión y conservación en espacios naturales protegidos declarados al amparo de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza, que carezcan de los citados instrumentos de planificación y que no hayan iniciado su tramitación con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, se realizará, tras el acuerdo de inicio de la persona titular de la consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural, mediante el procedimiento señalado en el artículo 40.5 de la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, ajustándose los contenidos de los instrumentos de planificación a lo previsto en los artículos 60.1 o 64, según se trate de un plan de gestión o de normas de gestión y conservación. El instrumento de planificación será aprobado mediante decreto del Consejo de la Xunta de Galicia, excepto las normas de gestión y conservación del espacio natural de interés local o del espacio privado de interés natural, que se aprobarán mediante orden, junto con su declaración definitiva.
Las comunicaciones y apercibimientos realizados antes de la entrada en vigor de esta ley, en base a los números 2 y 3 del artículo 22 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, en su redacción vigente a la entrada en vigor de esta disposición, habilitarán a la administración competente para realizar las actuaciones materiales de ejecución subsidiaria dentro de los cuatro años posteriores a la notificación de los apercibimientos, de acuerdo con el régimen pre