Categoría: Energía y Medio Ambiente

la evaluación realizada en el estudio ambiental estratégico no considera los posibles impactos sobre las masas naturales que cumplen sus objetivos medioambientales, en las que el régimen de caudales ecológicos propuesto en el tercer ciclo debería impedir el deterioro de su actual buen o muy buen estado impidiendo nuevas actividades o usos que puedan generar presiones significativas por extracciones o regulación. Tampoco se ha realizado una evaluación individualizada de todas las masas incluidas en espacios protegidos o Red Natura 2000 en las que además dicho régimen debería posibilitar el logro de sus respectivos objetivos de conservación, de las reservas fluviales en las que debería evitar cualquier alteración significativa de su régimen hidrológico, ni masas que albergan especies protegidas o de interés económico o pesquero (como la anguila o la trucha común que cuentan con planes de gestión) en las que además debería evitar el deterioro de su estado de conservación y posibilitar que sea favorable, sin provocar ninguna pérdida de hábitat ni de poblaciones.
Existen en consecuencia deficiencias en el estudio realizado que provocan un cierto nivel de incertidumbre sobre la adecuación y suficiencia de los caudales mínimos propuestos para que las masas de agua en que se aplica mantengan o alcancen el buen estado o potencial ecológico, para impedir su deterioro, para conservar las características actuales de las comunidades de peces autóctonos y de vegetación de ribera, de mantener a los hábitats y las especies protegidos, de interés comunitario o económico en un estado de conservación favorable, y de resultar adecuadas a los objetivos de espacios Red Natura 2000 o protegidos de otros tipos. La incertidumbre es mayor en los casos en que no se ha realizado un estudio específico de la masa de agua en cuestión, sino que se han adoptado por extrapolación los caudales ecológicos determinados para otras masas de agua, como ocurre en la mayoría de las masas de agua de la Demarcación.
En ríos no regulados que todavía presentan un estado ecológico muy bueno o bueno y en reservas naturales fluviales, el hecho de que el régimen de caudales ecológicos incluya solo una componente de caudales mínimos, que se ha constatado que resultan muy inferiores a los actuales caudales medios para los mismos periodos, y que incluso se prevé reducir más en situaciones de sequía prolongada, posibilita el futuro otorgamiento de nuevas concesiones con el único límite del respeto de dichos caudales mínimos (apartado 2 del artículo 96 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico). Al estar estos caudales mínimos mensuales muy por debajo de los actuales caudales medios mensuales, no tienen capacidad de impedir futuros aumentos importantes en la presión por extracciones o por regulación, que pueden llegar a ser significativos y deteriorar el actual buen o muy buen estado de la masa de agua o el régimen hidrológico de la reserva fluvial. El estudio ambiental estratégico no ha incluido la evaluación de este potencial impacto. El riesgo se agrava con la progresiva reducción de aportaciones y el aumento de algunas demandas provocados por el cambio climático. En estos casos (masas naturales tipo río con muy buen o buen estado ecológico y reservas fluviales), se considera necesario que el régimen de caudales ecológicos, junto a la actual componente de caudales mínimos con variación mensual a cumplir en todo momento, incorpore además una componente de caudales medios mensuales objetivo, con variación a lo largo del ciclo anual paralela a la del actual régimen natural y mucho más próximos a los actuales valores medios mensuales que los caudales mínimos actualmente contemplados, y a cumplir en el conjunto del ciclo sexenal. Esta componente de caudales medios mensuales debe poder impedir que las masas de agua de la demarcación que todavía presentan muy buen estado o buen estado se vean afectadas por nuevos incrementos significativos de la presión por extracciones o por alteración del caudal que puedan provocarles deterioro, y en el caso de las reservas naturales fluviales debe impedir que se altere su régimen hidrológico. De lo contrario, el régimen de caudales ecológico planteado, basado únicamente en mínimos mensuales muy por debajo de los valores medios mensuales, puede actuar en sentido contrario al esperado y poner en riesgo el futuro logro de los objetivos de las masas de agua de la demarcación que aún mantienen un buen estado ecológico y de sus reservas fluviales. Por el mismo motivo, tampoco se considera apropiado aplicar a las masas de agua con muy buen o buen estado ni a las reservas naturales fluviales unos caudales ecológicos incluso inferiores a estos mínimos en situación de sequía prolongada.
Este mismo tratamiento es aplicable a las zonas protegidas para la protección de hábitats o especies, incluidas los tramos fluviales de la Red Natura 2000, los espacios naturales protegidos o las áreas críticas para la protección de especies amenazadas, en los que el logro de sus respectivos objetivos de conservación requiere la definición de una componente de caudales medios mensuales objetivo a lograr en el conjunto del ciclo de planificación, además de una componente de caudales mínimos mensuales a cumplir en todo momento. En estos casos, el régimen de caudales ecológicos tiene que ser el adecuado para el logro de sus respectivos objetivos de conservación. Cabe también advertir que los métodos hidrológicos de determinación de caudales ecológicos contemplados en la Instrucción de Planificación Hidrológica no guardan relación con el concepto de estado de conservación favorable para hábitats y especies de la Directiva 92/43/CEE y de la Ley del patrimonio natural y la biodiversidad, y que los métodos de modelación del hábitat o «hábitat potencial útil» alternativamente utilizados para determinar el régimen de caudales mínimos se aplican asumiendo siempre que dicho régimen producirá determinado nivel de reducción de dicho hábitat, que con carácter general quedaría reducido entre el 50 % y el 80 % del considerado máximo, lo que tampoco resulta consistente con el concepto de estado de conservación favorable contemplado en las referidas normas, que al menos requiere el mantenimiento de los niveles originales del superficie del hábitat y de las poblaciones, siendo además frecuente que los planes de gestión incluyan objetivos para su ampliación, pero excluyendo en cualquier caso su sistemática reducción. En el mismo sentido opera la obligación de conservar el hábitat de las especies amenazadas contemplada en la Ley del patrimonio natural y la biodiversidad, y los objetivos de detener la pérdida de biodiversidad, de restablecer la biodiversidad y de recuperar los ecosistemas de agua dulce contemplados en la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea 2030. De todo ello se deduce la necesidad de que en todos los casos anteriormente mencionados, que incluyen los ecosistemas fluviales de mayor valor ecológico de la demarcación, se complete y mejore el régimen de caudales ecológicos para que se posibilite el logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas afectadas y se evite que en el futuro dicho logro quede comprometido si sobre dichas masas o zonas protegidas se planteen nuevas extracciones u otras alteraciones del caudal importantes, añadiendo a la habitual componente de caudales mínimos mensuales, a respetar en todo momento y con utilidad para evitar pérdidas significativas de hábitat o población en situaciones extremas, por ejemplo una sequía prolongada, una componente de caudales medios mensuales que sea consistente con el mantenimiento de las especies y los hábitats objeto de protección en cada espacio en un estado de conservación favorable, sin reducción en la cantidad y calidad del hábitat ni en la cuantía de las poblaciones objeto de protección, permitiendo adicionalmente el logro de los objetivos de restauración del hábitat o las poblaciones que en su caso determinen los planes de gestión, y evitando de manera efectiva el establecimiento de nuevos usos que puedan generar presiones significativas por extracciones o alteración del régimen hidrológico. En los estudios se han considerado las determinaciones de las necesidades cuantitativas y cualitativas aplicables según los planes de gestión de espacios Red Natura 2000 de espacios como Hoces de Alarcón, Hoces del Río Júcar o las Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya, pero no en otros espacios protegidos de la Demarcación, ya sea porque no se concreta en el instrumento de gestión este requerimiento o por la falta de coordinación con los órganos gestores de estos espacios, por lo que existe incertidumbre sobre el impacto que tendrán los regímenes de caudales propuestos sobre sus objetivos de conservación. En este ámbito debe hacerse referencia a la Sentencia 1706/2020 del Tribunal Supremo que confirma la necesidad de que dichos planes de gestión contemplen las necesidades en cuanto a calidad del agua y al régimen de caudales ecológicos necesarios para poder alcanzar sus objetivos de conservación, que puedan ser posteriormente tenidos en cuenta en los planes hidrológicos. En ausencia de estas determinaciones sería preciso establecerlas caso por caso de manera coordinada con los órganos gestores de estos espacios.
En caso de que la información de que actualmente disponga el organismo de cuenca no permita realizar dichas mejoras para este tercer ciclo de planificación, se considera necesario, en aplicación del principio de precaución, que la normativa del plan incorpore una disposición requiriendo que, entre tanto se materializan dichos ajustes y en su caso se incorporan a los planes de gestión de las áreas protegidas las necesidades cualitativas y cuantitativas que posibiliten el logro de sus respectivos objetivos, y con independencia del régimen básico de caudales mínimos utilizado por el plan hidrológico para el cálculo de las asignaciones y reservas, para el otorgamiento o ampliación de concesiones o autorizaciones para ampliar extracciones u otras nuevas alteraciones del régimen de caudales sobre masas de agua con estado ecológico muy bueno o bueno, sobre zonas protegidas para la protección de hábitats o especies, incluidas las amenazadas y las de interés económico y la Red Natura 2000, y las reservas naturales fluviales, se requiera la elaboración de un estudio específico del régimen de caudales que es preciso mantener, más completo, detallado y adaptado a la realidad biológica e hidromorfológica del tramo que se va a ver realmente afectado, que sea consistente con el cumplimiento de todos los objetivos medioambientales aplicables, y que en su caso cuente con la expresa conformidad de la administración competente en las zonas protegidas afectadas. Este régimen específico, más completo, detallado, adaptado a las características del tramo fluvial realmente afectado por las actuaciones y orientado al logro de todos los objetivos medioambientales aplicables, debe incorporar, junto a los caudales mínimos mensuales, una componente de caudales medios mensuales.
Con independencia de lo anterior, en aplicación de los principios de evitar nuevas pérdidas netas de biodiversidad y de que «quien contamina, paga», las pérdidas netas de biodiversidad que la aplicación del régimen de caudales ecológicos asuma y provoque tras el otorgamiento o ampliación de concesiones u otras autorizaciones que permitan aumentar las extracciones o el grado de alteración del régimen de caudales en los que dicho régimen de caudales ecológicos se haya aplicado, deberán ser compensadas desde el momento en que dichas pérdidas pasen de ser teóricas (% del hábitat potencial útil que se asume perder) a ser reales (% del hábitat y de la población que realmente se pierden). Los elementos del patrimonio natural objeto de compensación deben ser al menos las mismas especies y hábitats que van a sufrir la pérdida, y la compensación debe materializarse en la mayor proximidad posible a las poblaciones y superficies de hábitats afectadas.
Adicionalmente, hay un cierto número de masas de agua naturales tipo río que en el ciclo anterior no alcanzaban el buen estado y presentaban presiones significativas por extracciones o por alteración de caudales, y que, aun habiendo dispuesto en el segundo ciclo de un régimen de caudales ecológicos, al inicio del tercer ciclo siguen sin alcanzar el buen estado. En este caso, se considera que el programa de medidas debe incluir una revisión y mejora sustancial de su régimen de caudales ecológicos, junto con actuaciones específicas para reducir significativamente las presiones por extracciones o alteración de caudales. Entre tanto, en aplicación de los principios de precaución y de acción cautelar, sobre estas masas no se debería otorgar ninguna nueva concesión o autorización que pueda suponer un aumento de dichas presiones y establecerlo en las disposiciones normativas.
Salvo para las 25 masas seleccionadas y evaluadas en el apéndice 8, para otras masas de agua tipo río o de transición que no cumplen sus objetivos medioambientales por presiones significativas de extracciones o alteración del régimen hidrológico, así como en masas muy modificadas por estos dos tipos de presiones, el estudio ambiental estratégico no determina en qué medida el régimen de caudales ecológicos propuesto permite aproximar su actual régimen de caudales alterado al régimen natural de referencia, considerando las particulares necesidades ecológicas de las especies y hábitats en cada caso afectados. Por ello, no se puede descartar que en alguna de estas masas el régimen de caudales ecológicos propuesto no suponga ninguna mejora de la situación inicial, no contribuyendo al logro de un buen estado o potencial ecológico ni permitiendo mejorar sus condiciones de referencia, pudiendo incluso posibilitar nuevas extracciones o alteraciones de caudal que conlleven un mayor alejamiento del régimen natural, con riesgo de deteriorar su estado o potencial ecológico y la biocenosis acuática y ribereña, en particular si la masa contiene especies o hábitats protegidos o de interés económico o pesquero. Ello hace necesario que en el tercer ciclo, al menos para todas las masas tipo río situadas aguas abajo de embalses de regulación y para las masas de transición que no alcanzan el buen estado, el programa de medidas incluya la realización de un diagnóstico individualizado que permita conocer y cuantificar la brecha existente entre el actual régimen alterado y el régimen natural estimado, mediante comparación en un hidrograma, y la influencia de dicha brecha sobre la biocenosis acuática y ribereña, en particular para todas las especies de peces autóctonas y el resto de especies acuáticas o con valor económico o hábitats de interés comunitario, al objeto de permitir redefinir en el siguiente ciclo de planificación, de manera individualizada y rigurosa, el régimen de caudales ecológico que permita el logro del buen estado, y en el caso de masas muy modificadas permita definir tanto las condiciones de referencia del máximo y del buen potencial ecológico como un régimen de caudales ecológico que pueda permitir aproximar en la mayor medida posible el buen potencial al buen estado ecológico sin provocar efectos negativos significativos sobre el uso que motiva su designación como masa de agua muy modificada ni sobre el medio ambiente en sentido más amplio.
En el caso de las aguas de transición, el régimen de caudales ecológicos adicionalmente debe impedir la penetración de la cuña salina aguas arriba, evitar la intrusión marina en los acuíferos adyacentes, y favorecer la dinámica sedimentaria y la distribución de nutrientes en las aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos. A este respecto, en el tramo bajo del río Júcar, se considera necesario revisar específicamente el régimen de caudales ecológicos en el tramo aguas abajo del azud de La Marquesa (desembocadura del Júcar), donde el caudal mínimo planteado (0,5 m3/s) representa menos de un 2 % del caudal medio en régimen natural, dificultando la oxigenación de las aguas y el efecto llamada para el remonte de especies en la escala de peces lateral, máxime atendiendo a que esta zona pertenece a la ZEC Río Júcar. Así lo reclaman algunas asociaciones como AEMS-Ríos con Vida, Ecologistas en Acción y Xúquer Viu, que consideran necesario incrementar este caudal mínimo con el fin de aproximar el caudal al que tendría en régimen natural y sus beneficios para frenar la cuña salina, oxigenar sus aguas, facilitar el remonte de especies migratorias y favorecer la dinámica sedimentaria. La Confederación argumenta en su respuesta que la funcionalidad de este azud es precisamente la de frenar dicha cuña salina, en un tramo que en condiciones naturales requeriría 70 m3/s para la dinámica adecuada del estuario, lo que considera inviable, justificando además que un caudal mayor a través del azud supondría la contaminación de las aguas en la desembocadura y deterioro ecológico de la masa de agua.
También se ha apreciado que puede existir un desfase entre los periodos por los que se otorgan las concesiones y autorizaciones para uso del agua y los ciclos de vigencia y de previsión del plan hidrológico, siendo perfectamente posible que en una revisión se reduzcan las asignaciones al uso que motiva la concesión, o que el régimen de caudales ecológicos aplicable en el momento de otorgamiento de una concesión se vea posteriormente mejorado en los sucesivos ciclos de planificación como consecuencia de su seguimiento adaptativo. En tales casos debería disponerse bien un ajuste de los plazos de otorgamiento a los plazos de vigencia y de prospectiva del plan hidrológico, bien la obligatoriedad de ajustar los volúmenes concesionales a las sucesivas revisiones que se produzcan en las asignaciones, incluidas las que se realizan para reducir presiones significativas por extracciones o para garantizar la capacidad de adaptación de la demarcación al cambio climático, o bien a las mejoras que se produzcan en el régimen de caudales ecológicos de las masas de agua y zonas protegidas afectadas como consecuencia del seguimiento de la evolución real de sus respectivos objetivos medioambientales. Concretamente se ha incorporado al estudio ambiental estratégico un análisis con la previsión de aprovechamientos hidroeléctricos que cumplirán su plazo de concesión en el tercer ciclo, detectándose dicha circunstancia en el embalse de Ribesalbes, que debería reajustar el caudal ecológico planteado atendiendo al cese de actividad de la central hidroeléctrica. Este aspecto resulta prioritario, toda vez que el tramo es además Red Natura 2000.
Para que el régimen de caudales ecológicos que en cada caso se adopte pueda resultar efectivo, se requiere, entre otras cosas, que su cumplimiento pueda ser verificable. En el caso de nuevas concesiones, ello generalmente requiere disponer de una nueva instalación o equipo que permita al organismo de cuenca conocer con precisión, además del caudal extraído en virtud de la concesión, el régimen de caudales realmente fluyente por la masa de agua afectada por la extracción, lo que supone para el organismo de cuenca un nuevo coste que debe entenderse incluido dentro del concepto de costes medioambientales. En aplicación del principio de recuperación de costes por los servicios del agua, y para posibilitar un control real y efectivo por el organismo de cuenca del cumplimiento de los caudales ecológicos que en cada nueva concesión se impongan, se considera que la normativa del plan debe hacer referencia a la imprescindible recuperación de este coste como condición para la concesión, o alternativamente contemplar una obligación para su titular de establecer a su costa los dispositivos que permitan conocer el régimen real de caudales circulante de las masas de agua y zonas protegidas afectadas por la concesión, así como de su mantenimiento y de reporte de resultados al organismo de cuenca y demás administraciones medioambientales afectadas.
Por su mayor valor en términos ecológicos, y por su directa dependencia de la conservación de un régimen de caudales lo más próximo posible al régimen natural, también se considera necesario que el programa de medidas del plan incluya, para las masas de agua en muy buen estado o buen estado, las zonas protegidas para la protección de hábitats o especies directamente dependientes del agua y las reservas naturales fluviales, que carezcan de punto de seguimiento y control de caudales de la red integrada de estaciones de aforo SAIH/ROEA, las actuaciones necesarias para posibilitar y sistematizar el seguimiento de su régimen real de caudales.
En el caso de masas de agua naturales tipo lago (humedales) a su vez incluidos en incluidos en espacios Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, declarados de importancia internacional Ramsar o protegidos por otros instrumentos internacionales, el plan debería incorporar las disposiciones necesarias para asegurar su funcionamiento hidrológico y ecológico y mantener sus características, ya sea mediante un régimen de caudales ecológicos y de aportaciones adecuado si su alimentación se realiza mediante aguas superficiales, o definiendo y garantizando el mantenimiento de un nivel mínimo apropiado en el acuífero en su inmediato entorno si su alimentación se realiza directa o indirectamente a partir de una masa de agua subterránea. En el caso de que para alguno de estos humedales el organismo de cuenca no disponga de la información que le permita establecer dichas medidas de protección para este tercer ciclo, en aplicación del principio de precaución el plan debería determinar al menos la prohibición de otorgar nuevas concesiones o autorizaciones que permitan aumentar la presión neta por extracciones en las masas de agua superficial u subterráneas que alimentan al humedal. Respecto a este tipo de masas, el estudio ambiental estratégico destaca L'Albufera como el único lago donde se ha establecido un requerimiento hídrico mínimo superficial de 210 hm3/año (basado en el percentil 90 de la serie hidrológica desde 1980/81), si bien deben respetarse las aportaciones y niveles de inundación requeridos en los instrumentos de gestión de que dispone el Parque Natural L'Albufera de Valencia de acuerdo con las indicaciones de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, tal y como indica en su informe de contestación en el trámite de consultas.
3.1.4 Impactos derivados de las excepciones a la obligación de logro de los objetivos ambientales.
El documento de alcance determinaba la metodología para evaluación de los posibles impactos provocados por el empleo de estas excepciones en el plan hidrológico, a escala de cada una de las masas de agua a las que ello afectaría:
Por establecimiento para alguna masa de agua de objetivos medioambientales menos rigurosos (OMR): mediante un análisis de la idoneidad de su proceso de determinación, revisando si dichos objetivos menos rigurosos se han determinado después de prever la aplicación de todas las medidas de mejora factibles que no incurran en costes desproporcionados.
Por el establecimiento para alguna masa de agua de excepciones al amparo del artículo 39 del RPH [artículo 4(7) de la Directiva Marco del Agua] para poder autorizar nuevas modificaciones hidromorfológicas de aguas superficiales o alteraciones de niveles de aguas subterráneas: Evaluando los efectos de dichas acciones sobre otras masas de agua hidrológicamente conectadas a las que no aplique la excepción, sobre zonas protegidas hidrológicamente conectadas incluidos espacios Red Natura 2000 o espacios protegidos de cualquier otro tipo dependientes del agua e hidrológicamente conectados, y sobre especies acuáticas protegidas o de interés pesquero o marisquero de los ámbitos en cada caso afectados. Y complementariamente verificando el cumplimiento de las condiciones señaladas al respecto por el artículo 39 del RPH para todas las masas de agua afectadas.
El estudio ambiental estratégico afirma que no se prevén objetivos menos rigurosos en ninguna de las masas de agua de la Demarcación, si bien si reconocen prórrogas en la consecución de objetivos ambientales en algunas masas de agua, en concreto 11 masas subterráneas en las que se plantean prórrogas a 2033 y 2039 motivadas por la inercia de los acuíferos respecto a la mejora del estado químico. No obstante, se plantean prórrogas hasta 2027 en un total de 200 masas de aguas superficiales, un 51 % del total de la Demarcación, por lo general por motivos de inviabilidad técnica o económica, lo que supone un riesgo significativo de incumplimiento si no se adoptan las medidas programadas en el tercer ciclo con urgencia.
Respecto a actuaciones causantes de alteraciones hidromorfológicas que puedan suponer no conseguir los objetivos medioambientales, el Plan señala 3 actuaciones: Presa de Montesa, Acondicionamientos y mejoras red de drenaje del bajo Júcar y Puente ferroviario y conexión ferroviaria norte del Puerto de Castellón, afirmando que se cumplen las condiciones de excepcionalidad del artículo 39 del Reglamento de Planificación Hidrológica, justificado en fichas en el apéndice 9:
– Presa de Montesa: razones de interés público superior relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, debido a que la presa está justificada como medida de laminación de avenidas que afectan por inundaciones no sólo al río Canyoles y al Albaida, sino a todo el tramo bajo del río Júcar. Alternativas: se estudian tipologías diferentes de presas y varias ubicaciones, pero no se justifica por qué no se consideran otro tipo de alternativas para prevenir daños por inundaciones con actuaciones menos impactantes o con medidas naturales de retención de agua. Ello debería documentarse en la versión definitiva del plan.
– Acondicionamiento y mejoras red de drenaje en el tramo bajo del Júcar. Plan General de Inundaciones del Júcar: aún se encuentra en fase de estudio de alternativas, pero serían rectificaciones y reperfilados de cauces para prevenir daños sobre la población por inundaciones. Afirman que la evaluación seguirá las recomendaciones de medidas de mitigación elaboradas por el grupo de trabajo ECOSTAT y recogidas en la guía de «Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. (2019).
– Puente ferroviario y conexión ferroviaria norte del Puerto de Castellón: proyecto que ya obtuvo en 2017 informe de impacto ambiental concluyendo que los impactos no precisaban una EIA ordinaria.
Se aprecia que, además en previsión del deterioro en el estado de las masas de agua del río Canyoles y de los tributarios del Bajo Júcar donde se plantean obras de defensa frente a inundaciones, dicha actuaciones también pueden suponer un impacto sobre los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000 ZEC Riu Xúquer, posibilidad que se considera debe ser expresamente mencionada en este apartado del plan hidrológico, debiendo recordarse también en su normativa que para que el proyecto pueda ser aprobado, además de requerir acreditar el cumplimiento de las condiciones del mencionado artículo 39 del Reglamento de Planificación Hidrológica, debe superar una evaluación de impacto ambiental que acredite que no puede causar un perjuicio a ningún espacio de la Red Natura 2000, o en su caso acreditar que sí lo puede causar pero puede ser excepcionalmente autorizado por haberse cumplido todas las condiciones indicadas por el artículo 46 de la Ley 42/2007, del patrimonio natural y la biodiversidad.
En lo relativo a prórrogas para el cumplimiento de los objetivos medioambientales, e Plan contempla la prórroga a 2033 o 2039 de su logro en numerosas masas de agua subterránea con incumplimientos provocados por contaminación difusa de origen agrario (contaminación por nitratos). Es esperable que la superficie que estas masas ocupan ya haya sido declarada, o deba a corto plazo serlo, zona vulnerable, en la que las administraciones autonómicas competentes en agricultura deberán mejorar, o en su caso comenzar a aplicar, los programas de actuación contemplados en la Directiva 91/676/CEE y actualmente regulados por el artículo 6 del Real Decreto 47/2022. Se significa que el umbral para nitratos en zonas vulnerables señalado por dicha nueva norma ha pasado a ser más exigente que el indicado con carácter general para las masas de agua subterránea por el Real Decreto 1514/2009. Las prórrogas se justifican por la imposibilidad de reducción de la concentración de nitratos por debajo del umbral en 2027 por dificultades derivadas de las condiciones naturales de la masa de agua (artículo 4.4 de la Directiva Marco). Sin cuestionar la aplicabilidad de esta posibilidad de prórroga, estas excepciones contribuyen a prolongar por uno o dos periodos adicionales los diversos impactos ambientales que provoca mantener un alto contenido de nitratos en el agua, y si no se acompañan de otras medidas que pongan de manifiesto la importancia y urgencia de reducir esta contaminación, pueden reducir el grado de percepción social de la gravedad del problema.
Adicionalmente, de los informes de seguimiento de la mencionada Directiva se deduce que los programas de actuación que han venido operando desde su entrada en vigor en general no se han revelado efectivos para reducir la contaminación difusa por nitratos de origen agrario, siendo frecuentemente normas de aplicación plana en la totalidad de zonas vulnerables de cada comunidad que carecían de objetivos cuantitativos y de estrategias de reducción de los excedentes de nitratos específicos para cada zona vulnerable. La gravedad de la contaminación y la imposibilidad de poder reducirla en estas masas en 2027 exigen que en todos los casos en que se planteen por este motivo prórrogas para el cumplimiento de los objetivos a 2033 o 2039, los planes dispongan de medidas adicionales que enfaticen en la necesidad de reducir la contaminación difusa, aumenten la seguridad de su logro en dichos plazos prorrogados, en concreto la determinación en el Plan para cada una de estas masas de agua del excedente de nitratos para cada tipo de cultivo que de acuerdo con la mejor información y modelos disponibles se considere compatible con el cumplimiento de los objetivos ambientales en el plazo prorrogado, y el requerimiento de que para cada una de estas zonas vulnerables se elabore un programa de actuación específico y personalizado, dirigido a reducir los excedentes de nitratos en las cuantías en cada caso indicadas, teniendo en cuenta la situación y especificidades de cada zona, y con un seguimiento igualmente específico. Asimismo, se sugiere que para las nuevas zonas vulnerables que coincidan con masas de agua subterránea con mal estado químico y con objetivos prorrogados a 2033 o 2039, la norma que apruebe el plan también disponga una reducción de los plazos generales indicados en el Real Decreto 47/2022 (tres años para designar la nueva zona vulnerable más dos años para aprobar su programa de actuación) acorde a la gravedad de su situación y que evite demorar la aplicación de medidas de control.
En cuanto a las masas de agua subterránea que no alcanzan actualmente el buen estado cuantitativo sometidas a presión elevada por extracciones, la gravedad y la urgencia en actuar en estos casos requiere su declaración como aguas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y la elaboración y aprobación de un programa de actuación específico para la recuperación de cada una, como ocurre con el caso de la Mancha Oriental.
3.1.5 Impactos derivados de la aplicación del principio de recuperación de costes y excepciones contempladas.
El documento de alcance determinaba la metodología de evaluación de tres posibles tipos de impacto estratégico por esta causa, a evaluar por sector de usuarios del agua y por territorio:
a) Impactos por déficits en la internalización de costes ambientales, para identificar los ámbitos sectoriales y territorios en los que la administración competente, en la recuperación de costes por los servicios del agua que practica, no internaliza los costes ambientales (al menos los costes de las medidas del plan hidrológico destinadas al logro de los OMA de las masas de agua y zonas protegidas en riesgo de no cumplirlos por presiones causadas por su correspondiente sector), lo que compromete la seguridad de su financiación y ejecución, y en consecuencia compromete el propio logro en plazo de los referidos OMA.
b) Impactos derivados de las excepciones al principio de recuperación de costes, en concreto cuando las masas de agua afectadas por dichas excepciones ya están en riesgo de incumplimiento de sus OMA, y la excepción planteada reduce a la administración sectorial competente su capacidad de financiación de las actuaciones que ha debido incluir en el programa de medidas para conseguir el buen estado, comprometiendo el logro de los OMA en plazo.
c) Impactos derivados de déficits en la aplicación del principio de recuperación de costes por los servicios del agua, ya sea por efecto de subvenciones, asunción directa de la ejecución y coste de las acciones por alguna administración, déficits en los actuales instrumentos de recuperación de costes de inversión o financieros u otras causas, desincentivando a los usuarios en el ahorro y el uso eficiente del recurso y disminuyendo la capacidad de las administraciones competentes para financiar las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los OMA, comprometiendo su logro en plazo.
En lo relativo a la recuperación de los costes ambientales, incluyendo entre dichos costes el de las actuaciones de los programas de medidas que son necesarias para contrarrestar presiones significativas que impiden el logro de los objetivos medioambientales, de la información del expediente no se ha podido deducir que los ámbitos sectoriales más frecuentemente causantes de presiones significativas sobre las masas de agua estén dotados de mecanismos de recuperación de dichos costes, lo que compromete la seguridad de la financiación de las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas en riesgo de no cumplirlos por las presiones causadas por dichos sectores, y en consecuencia compromete también el logro de dichos objetivos en los plazos determinados por el plan. Si bien la corrección de este déficit corresponde a instrumentos normativos diferentes del plan hidrológico, se pone de manifiesto la necesidad de resolverlo lo antes posible por su relevancia para el logro de los objetivos medioambientales en 2027 que prevé la Directiva Marco del Agua.
Similar recomendación cabe extender a los mecanismos de recuperación de costes por los servicios del agua, que con carácter general se vienen reconociendo insuficientes.
De acuerdo con la información del expediente, no se determinan para la Demarcación del Júcar excepciones al principio de recuperación de costes en ninguna masa de agua. No obstante, el estudio ambiental estratégico reconoce riesgo de impactos estratégicos derivados de la no aplicación efectiva al 100 % del principio de recuperación de costes, argumentando la ausencia de regulación legal y falta de instrumentos que incentiven el ahorro en los consumos de agua. Se afirma alcanzar en la Demarcación una tasa de recuperación de costes por servicios del agua de un 81,9 %, pero la recuperación sigue siendo insuficiente y no existen garantías de que los costes recuperados se inviertan en reducir las presiones generadas por las actividades.
En las disposiciones normativas del plan se contempla como medida preventiva que se repercutirá sobre los beneficiarios los costes derivados de sustituir los rebombeos de aguas subterráneas por recursos de aguas superficiales o por recursos no convencionales. Estas sustituciones por otros recursos que alivien las presiones por extracción de aguas subterráneas generan a su vez unos costes ambientales asociados tanto al coste de construcción u funcionamiento de las nuevas infraestructuras como al aumento de presiones provocado sobre las masas que pasan a ser nuevo origen del recurso. En consecuencia, deberán recuperarse esos costes y garantizarse su destino a la financiación de medidas dirigidas a garantizar el cumplimiento de objetivos ambientales en dichas masas afectadas.
Durante el trámite de información pública, algunas asociaciones como AEMS manifiestan la necesidad de implementar de manera más efectiva mecanismos de recuperación de costes, basados en bonificaciones o penalizaciones en explotaciones agrarias de regadío, que redunden en un mejor control de las extracciones e incentiven el ahorro, aspectos que a su entender aún no resultan efectivos con los instrumentos actuales de tarifas por usos del agua.
3.1.6 Impactos derivados de las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los objetivos medioambientales (OMA) (Códigos 1 al 10 de la Base de datos de planificación).
El impacto esperado de las medidas que se incluyen en esta categoría debería ser positivo, pero para ello se requiere que el análisis DPSIR (siglas en inglés del análisis sector/presiones/estado/impacto/respuesta) del que se deducen estas medidas sea completo y esté bien fundamentado. Para evaluar este impacto objetivamente, el documento de alcance consideraba únicamente las actuaciones incluidas en el programa de medidas con el fin de lograr los OMA reduciendo efectivamente presiones por contaminación puntual, contaminación difusa, extracción de agua, otras alteraciones hidrológicas (regulación), alteración morfológica y alteración biológica, y requería para cada masa de agua o zona protegida con incumplimientos una clara identificación del sector y de las presiones significativas causantes, la cuantificación de las brechas de incumplimiento, la identificación de las medidas del programa que se prevé aplicar para contrarrestarlas, y la cuantificación de la reducción que se espera produzcan en la brecha de incumplimiento, resumiendo la coherencia y funcionalidad de esta parte del programa de medidas expresando esta información para todas las masas con incumplimientos según el modelo de su cuadro 1. Para estas medidas se reconocían tres tipos de riesgos de que su programación, en lugar de lograr los impactos positivos esperados, pudiese producir impactos estratégicos negativos y significativos por no permitir el logro de los objetivos medioambientales de todas las masas de agua y zonas protegidas en los plazos marcados por el plan. Estos impactos negativos estratégicos se pueden dar en los siguientes casos:
a) Existencia de déficits en la información de partida sobre el estado o en el análisis DPSIR que se debe realizar para identificar las medidas en cada caso necesarias, facilitando el documento de alcance una lista de comprobación de dichos déficits en su anexo 2.
b) Existencia de déficits en la propia programación de las medidas, frecuentemente no propuestas por la misma administración que elabora el plan sino por otras administraciones sectoriales y bajo sus propios criterios: medidas inadecuadas o insuficientes para contrarrestar la presión, medidas placebo, medidas que pueden producir resultados de signo contrario al esperado (fake measures), medidas de relación coste/efectividad desfavorable, etc., facilitando en su anexo 3 criterios orientativos para la evaluación y mitigación de este riesgo de impacto para cada uno de los principales tipos de medidas programadas para hacer frente a las presiones significativas.
c) Generación de impactos negativos colaterales, caso de medidas que benefician a un factor ambiental, pero perjudican a otros, incluyendo en su anexo 1 criterios para facilitar su identificación.
En el apartado 6 el estudio ambiental estratégico se realiza una descripción conjunta de la metodología seguida para el análisis de impactos de las medidas del programa de medidas del plan, tanto de las dirigidas a los objetivos ambientales, como de las dirigidas a la satisfacción de las demandas, y de las dirigidas a prevención de inundaciones y de las que tienen efectos ambientales colaterales. Las medidas dirigidas al logro de los objetivos ambientales se evalúan en fichas específicas en dos apéndices:
Apéndice 5: incluye una ficha de diagnóstico por masa de agua con las medidas asociadas del programa. La brecha existente entre el estado actual y el objetivo se evalúa en general de forma cualitativa (mediante escalones), salvo en masas subterráneas para la presión por extracciones, donde se ha cuantificado el volumen-brecha en hm3.
Apéndice 6: incluye una ficha por medida, donde se caracterizan impactos y medidas preventivas o correctoras. Estas medidas están geolocalizadas a diferentes escalas propias de la planificación, no contándose en esta fase con una ubicación geográfica más precisa que la de masa de agua en la que se actúa.
De la información presentada se deduce que los riesgos de provocar impactos estratégicos significativos por los déficits y situaciones previstos en el documento de alcance no se han evitado completamente, con lo que dichos impactos pueden tener lugar, tanto en lo relativo a la completitud y adecuación del análisis DPSIR realizado como a la problemática específica de las medidas que se plantean. En particular, se aprecian los siguientes déficits de información que pueden suponer impactos ambientales estratégicos:
a) Existe un porcentaje aún elevado (33 %) de masas de agua en las que la caracterización del estado y potencial ecológicos carece de todos los elementos de calidad indicados al efecto por la Directiva Marco del Agua, o de al menos aquellos más sensibles a las presiones por extracciones y alteraciones hidrológicas. En el 77 % restante de masas que emplean indicadores biológicos sensibles a este tipo de presiones, como el indicador peces, se reconoce un nivel de confianza bajo en los datos, lo que hace necesario ampliar los puntos de evaluación en muchas masas de agua. Se aprecia así mismo la ausencia de las macrófitas acuáticas como indicador en la evaluación de las masas naturales tipo lago. Adicionalmente, algunos de los elementos de calidad biológicos utilizados son sensibles a las presiones por contaminación, pero no resultan particularmente sensibles a las presiones por extracciones y alteración del caudal, por lo que el estado o potencial ecológico determinado para algunas masas de agua puede encontrarse sobrevalorado, existiendo incertidumbre para apreciar cuándo las presiones por extracciones y alteración del flujo son significativas, incertidumbre que para este tercer ciclo podría reducirse significativamente si junto a los elementos de calidad biológicos actualmente utilizados también se consideran índices que reflejen adecuada y objetivamente estos dos tipos de presiones a escala masa de agua (WEI+, IAHRIS).
b) Sin perjuicio de que algunos requerimientos adicionales en espacios Red Natura 2000 han sido adecuadamente considerados (como por ejemplo los requerimientos de hábitat potencial útil para la loina en la ZEC Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya), existe aún un déficit importante en la consideración de los requerimientos específicos y el grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales de determinados tipos de zonas protegidas designadas para la protección de especies y hábitats dependientes del agua (caso de los requerimientos hídricos de especies amenazadas como el samaruc, por ejemplo en el LIC Ullals del Riu Verd, según el informe de la Dirección General de Medio Natural de la Generalitat Valenciana), para la protección de especies acuáticas significativas desde el punto de vista económico (trucha común y anguila europea) y para las reservas naturales fluviales. Esta carencia de información adecuada es relevante, dado que el plazo máximo de la Directiva Marco del Agua para el cumplimiento de las normas y objetivos específicos de las zonas protegidas es también 2027. Ello requiere que en el tratamiento de todo el rango de decisiones que adopta el plan y que pueden afectar a estas zonas protegidas se deban aplicar los principios de precaución y acción cautelar, requiriéndose de medidas adicionales para prevenir impactos negativos derivados de su falta de determinación, información o conocimiento. También requiere que a lo largo del tercer ciclo se pongan en marcha mecanismos efectivos de cooperación y colaboración con sus respectivas administraciones competentes que permitan superar este déficit, y que se intensifique su seguimiento.
c) En lo relativo a las masas de agua habitadas por la trucha común, cabe señalar que en la comunidad de Castilla-La Mancha esta especie está declarada «especie de interés preferente» y cuenta con un Plan de Gestión aprobado por Orden 9/2019, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM de 31 de enero de 2019). Dicho plan contiene una zonificación de tramos de ríos considerados de máxima protección, de conservación y de restauración, y en su apartado 4.5 «Coordinación entre administraciones públicas» indica que «Con arreglo a la Directiva 2006/44/CE (del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces), se tramitará la declaración de aguas salmonícolas para toda la red de aguas trucheras establecida en el presente Plan de Gestión, excepto los tramos declarados como degradados. De esta manera, todos los tramos de máxima protección, de conservación y de restauración de las aguas trucheras de Castilla-La Mancha, deberán cumplir los requerimientos de calidad que se establecen en la citada directiva, respetando los valores definidos para los diferentes parámetros físico-químicos. Para ello, el organismo responsable de la gestión de la pesca en Castilla-La Mancha trasladará a los correspondientes órganos de cuenca, responsables de la cumplimentación de esta información a nivel estatal, los datos sobre la delimitación de las aguas trucheras en cada demarcación, e instará a que el órgano competente a nivel estatal tramite la declaración de estos tramos como aguas salmonícolas». Se desconoce si esta comunicación ha tenido lugar o no, y en el expediente no obra informe del órgano competente en materia de pesca fluvial de esta comunidad, a pesar de habérsele consultado por el promotor y habérsele reiterado desde el órgano ambiental. No obstante, dado que este Plan de Gestión está aprobado, publicado y en vigor, y que esta especie de aguas frías se encuentra en la cuenca del Júcar en una situación de elevada vulnerabilidad frente al cambio climático, se considera que la normativa del plan debe incorporar al Registro de Zonas Protegidas los tramos declarados como de máxima protección, de conservación y de restauración, y establecer para ellos los objetivos de calidad indicados por el anexo I de la mencionada Directiva 2006/44/CE, tal como prevé la mencionada Orden 9/2019.
d) Se observan aún déficits de información, como la existencia de un 20 % de las masas en riesgo de no alcanzar buen estado, o con algún tipo de incumplimiento, con presiones desconocidas, así como un rigor escaso en la caracterización de las brechas entre estado actual y objetivo (solo cuantificado en masas subterráneas), lo que dificulta apreciar la idoneidad, completitud y adecuación del análisis DPSIR realizado, no pudiendo descartarse que existan masas de agua o zonas protegidas con incumplimientos que en el programa de medidas carecen de medidas específicas concretas y adecuadas para contrarrestar todas las presiones significativas que las afectan. Es por ejemplo el caso de la mayoría de las masas de aguas costeras de la Demarcación, y de aguas continentales con incumplimientos y presiones desconocidas como la Laguna del Arquillo, las torcas del Complejo Lagunar de Fuentes o las Salinas de Santa Pola, espacios declarados protegidos.
También se aprecia la necesidad de que el plan recoja, en la medida que resulten aplicables, las condiciones que indicaba en su anexo 3 el documento de alcance para que las principales medidas programadas para contrarrestar cada tipo de presión significativa resulten relevantes y efectivas en el logro de su objetivo, evitando la inclusión de medidas irrelevantes, con efectos erráticos o incluso contraproducentes (fake measures). En esta posible situación se podrían encontrar las 9 medidas programadas del tipo «03.01.04. Reducción de consumos energéticos en regadíos», en las que no se aprecia que este tipo de actuaciones reduzcan de manera efectiva las presiones por extracción, sino que simplemente mejoran la eficiencia energética, abaratan el coste de la extracción y permiten mejorar la garantía de suministro a los distintos usos. No se aportan argumentos que evidencien que aumentar la garantía de suministro o la eficiencia energética contribuyan a reducir la presión por extracción. De mantenerse estas medidas incluidas en el Programa de Medidas del Plan, debieran incluirse en el grupo de medidas orientadas a la satisfacción de demandas.
Entre los impactos identificados derivados de la ejecución de las medidas dirigidas al logro de OMAs el estudio ambiental estratégico destaca:
– Reducción contaminación puntual (nuevas EDAR y ampliaciones de capacidad): posibles emisiones de GEI por depuración y tratamiento de lodos, vertidos accidentales y desbordamientos, ocupación en zonas de ribera, afección sobre áreas protegidas, hábitats y especies de interés comunitario o amenazadas.
– Reducción de la contaminación difusa (gestión aguas pluviales): mismos impactos que en contaminación puntual. Aquí el promotor no ha considerado las modernizaciones de riego, que, si bien en algunos casos pueden reducir la masa de excedentes de fertilizantes, si