Categoría: Administración

su defecto, declaración del beneficiario sobre el número de unidades físicas consideradas como módulo.
2.º Cuantía de la subvención, calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria de actuación y los módulos contenidos en el siguiente número.
3.º En su caso, detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
c) De conformidad con el mecanismo de verificación establecido para el CID 298, se deberá aportar un documento resumen que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el objetivo (incluidos los elementos relevantes del objetivo enumerados en su descripción y en el de la medida correspondiente en el anexo CID).
Este documento deberá incluir como anexo una hoja de cálculo con la siguiente información: para cada uno de los programas de formación, nombre de las acciones formativas realizadas, con suficientes detalles de su contenido y objetivos para acreditar la alineación con la descripción del objetivo e inversión en el CID y para cada uno de ellos: a) referencia de la convocatoria de lanzamiento de la acción formativa; b) lista de los identificadores únicos (número de identificación) de los candidatos que han completado la formación; c) situación laboral de cada uno de los candidatos.
Asimismo, se deberá aportar:
1.º Una copia del certificado oficial que acredite que este candidato ha completado la formación.
2.º Una copia del certificado oficial que acredite la situación laboral del candidato.
3. La distribución del coste máximo por alumno a que hace referencia el artículo 9.2 del presente real decreto incluirá un máximo del 15 % de costes indirectos y otros costes en el que quedarán incluidos, en la proporción que corresponda, los costes derivados de la elaboración del informe a que hace referencia el apartado 1.c) del artículo 7 del presente real decreto.
4. Las entidades beneficiarias establecidas en el artículo 2 del presente real decreto, cuando se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en su nombre y por su cuenta, deberán arbitrar medidas para identificar a las personas trabajadoras participantes en las acciones formativas en digitalización aplicada al sector productivo, de conformidad con lo establecido en el art. 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
En aplicación de lo establecido en el apartado 8.1, de la citada orden, se deberá incluir en la convocatoria los siguientes requerimientos en relación con la identificación de los beneficiarios:
1.º NIF del beneficiario.
2.º Nombre de la persona física o persona jurídica, en su caso.
3.º Domicilio fiscal de la persona física o persona jurídica, en su caso.
4.º Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B de la citada orden).
5.º Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Modelo anexo IV.C de la citada orden).
5. Las entidades beneficiarias deberán arbitrar los sistemas de identificación y, en su caso, localización de las personas formadas a los efectos de la acreditación de la formación realizada y de las comprobaciones y controles que pudieran exigirse por los organismos con competencia para ello a que hace referencia el artículo 12 de este real decreto.
6. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y conforme el artículo 132 del Reglamento Financiero de la UE [Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018], los perceptores mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación.
7. Los trabajadores beneficiarios de las acciones formativas deberán cumplimentar una declaración responsable de su participación que se presentará directamente ante la Secretaría General de Formación Profesional. A estos efectos dicha Secretaría habilitará los medios telemáticos que se precisen, así como los formularios y las instrucciones, procedimiento y plazos de presentación por parte de las personas formadas, de lo que serán debidamente informados e instruidos por parte de las entidades beneficiarias antes del inicio de las acciones formativas que corresponda.
1. Las entidades beneficiarias habrán de someterse a los procedimientos de comprobación y control que determine el Ministerio de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y del 44 al 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a los que se establezcan en la resolución por la que se formalice la concesión. Asimismo, habrán de someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos de control competentes, en particular, al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas.
2. Las entidades beneficiarias deberán conservar toda la documentación original, justificativa y de aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control en los plazos que prevea la normativa que les sea de aplicación.
3. La Secretaría General de Formación Profesional establecerá un sistema de muestreo e inferencia estadística respecto de los cursos y acciones formativas desarrollados, con el fin de garantizar una justificación más completa en aquellos cursos seleccionados mediante dicho muestreo. A estos efectos, las resoluciones de concesión a cada entidad beneficiaria establecerán los parámetros y características del sistema de muestreo, así como el procedimiento para su realización.
4. En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero [Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018] la percepción de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estará condicionada a que se presente compromiso por escrito para conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control.
5. Las entidades beneficiarias informarán al MEFP, al menos con una periodicidad trimestral, del progreso de formación alcanzado en cada momento por cada una de ellas, reportando los datos correspondientes en el modelo de informe que se establezca en las instrucciones de justificación, a fin de poder contar con la información agregada de las acciones formativas llevadas a cabo por las citadas entidades beneficiarias.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título III del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. El órgano competente para exigir el reintegro será la Secretaría General de Formación Profesional.
3. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
4. En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial por pate de las entidades beneficiarias de los objetivos previstos, les será de aplicación lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Las posibles infracciones en materia de subvenciones que pudieran ser cometidas por los beneficiarios se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV, capítulo I y II de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.
El tratamiento de datos personales está sujeto a las obligaciones y garantías establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantías de los derechos digitales. Las entidades beneficiarias tendrán la consideración de encargados del tratamiento de los datos personales a los que tengan acceso con motivo de la ejecución de la subvención, quedando obligados, responsables y encargados, al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales.
Las entidades beneficiarias aceptan la cesión de datos entre ellas y las administraciones públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Asimismo, y de conformidad con el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, incluirán en sus propios instrumentos de ejecución la obligación de cesión de datos, respecto de sus beneficiarios, contratistas y subcontratistas.
Las entidades beneficiarias aceptan la cesión de información entre los sistemas establecidos en los epígrafes anteriores de este artículo y el Sistema de Fondos Europeos, según se derive de las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y en el artículo 149.1.30.ª que atribuye al Estado las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en el presente real decreto y en las correspondientes resoluciones de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, y por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normas que resulten de aplicación, y por lo establecido en los artículos 60, 63 y 64 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en el que se regula un régimen específico de justificación de la aplicación de las subvenciones financiables con fondos europeos.
Asimismo, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley.
En aquello que resulte aplicable a estas subvenciones, se atenderá a lo regulado en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como a lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, la entidad concedente, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, adoptará todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión Europea y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses que se incluirán como en la parte dispositiva y anexos de las resoluciones por las que se formalice la presente subvención.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional dispone de un Plan de medidas antifraude para la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el MEFP, disponible en la página web del ministerio, en cumplimiento de lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en lo relativo a que toda entidad decisora y ejecutora que participa en la ejecución de medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), deberá disponer de un Plan de Medidas Antifraude para garantizar que los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se utilizan de conformidad con la normativa aplicable, en concreto, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
La Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del Reglamente (UE) 2021/241 del Parlamente Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, podrán tener acceso a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales y en otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales.
Se habilita a la Ministra de Educación y Formación Profesional para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 20 de diciembre de 2022.