Categoría: Judicial

ón o intermedia. No puede establecersea posteriori, con base en el relato fáctico finalmente fijado en la sentencia, dictada tras la celebración del juicio oral, una vez que han quedado definitivamente delimitados, a partir de las pruebas practicadas, los acontecimientos que determinaron el procesamiento y fueron el objeto de las acusaciones.
Es cierto que los hechos objeto de la causa especial fueron inicialmente investigados en distintos procedimientos, especialmente en las diligencias previas núm. 11-2017 seguidas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona. En ese procedimiento se desarrollaron gran parte de las diligencias de investigación, incluidos interrogatorios, cumplió un papel importante la Guardia Civil en funciones de policía judicial y se recabó toda clase de documentación que fue considerada de interés para la causa, perjudicara o favoreciera a los intereses de quienes a la postre fueron procesados. Lógicamente, en esa fase inicial, como reitera el Tribunal Supremo, no solo no es posible adquirir un conocimiento completo y acabado de los hechos, que, por definición, solo aparecen como provisionalmente delimitados, sino que tampoco es exigible un juicio sobre la pertinencia y utilidad de las diligencias de investigación a practicar equivalente al que ha de preceder a la práctica de la prueba en el juicio oral, una vez que el objeto del proceso penal ha quedado definido. Lo relevante, como hemos dicho, es que esa actividad de indagación no se haga a espaldas del inculpado causándole indefensión, de lo que la demanda no da razón alguna. Decae por ello la crítica efectuada sobre el hecho de no haber sido parte y tomado conocimiento del contenido de dicho procedimiento seguido por ese otro órgano judicial.
Concretamente, en lo que concierne a la problemática que plantea respecto de las diligencias seguidas por Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3, cabe añadir que ni tan siguiera considera la parte recurrente la respuesta dada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la sentencia, antes trascrita, ni, por consiguiente, desarrolla discurso alguno tendente a refutarla. A lo largo de la argumentación contenida en la demanda no se justifica la realidad de la aducida «fragmentación de la continencia de la causa», que la sala enjuiciadora niega; tampoco se atiende a la distinción efectuada por el tribunal sentenciador entre documentos en sentido estricto, piezas de convicción y actuaciones procesales documentadas; ni se alude a la introducción en el plenario, bajo la vigencia del principio de contradicción, de dichos documentos y piezas de convicción, así como de las informaciones que, documentadas en diligencias policiales y judiciales, habrían de introducirse por medio de las declaraciones de las personas que las hubieran suministrado.
A la vista de las respuestas ofrecidas por el Tribunal Supremo que han sido reproducidas, es posible advertir una constante repetida desde la fase de instrucción. Se trata del significado jurídico que tiene la prueba en el proceso penal para el órgano de enjuiciamiento, que se define a partir de la tajante afirmación de que solo la que se introduzca en juicio oral, con sometimiento pleno al principio de contradicción, merece esta consideración. Únicamente la que proceda de esta fuente servirá a la sala para formar se convicción y, de este modo, conformar el relato histórico. En este punto, capital para el desenlace del proceso, cabe subrayar la delimitación de lo que la expresión documento significa para la Sala de lo Penal y su distinción respecto de las denominadas «diligencias documentadas» y las piezas de convicción. Esta idea, que se integra en el criterio expuesto sobre la valoración probatoria exclusivamente a partir de lo llevado al plenario por las partes, resulta fundamental en la comprensión de que de los citados procedimientos paralelos no derivó merma alguna para la defensa en la causa especial que nos ocupa. Se explica de este modo que la información contenida en los atestados elaborados por las fuerzas policiales con ocasión de la instrucción de la causa especial y de estos otros procedimientos –denominados paralelos– y unida a ellos, no se incorporó al acervo probatorio que nos concierne de modo directo, sino a través de las fuentes de conocimiento llevadas al plenario, es decir, por medio de los documentos, las piezas de convicción y los testimonios de las personas que la suministraron.
b) Pese a lo que los recurrentes sostienen, la solicitud de acumulación a la causa especial del procedimiento sumario núm. 5-2018 seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona recibió una respuesta expresa y razonada por parte de la sala de enjuiciamiento. De ella se ha dejado constancia más arriba. Lo que sucede es que no comparte la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la afirmación de los demandantes de que se haya producido una «separación artificial de procedimientos inescindibles» por las razones ampliamente expuestas.
c) La queja sobre el acceso y obtención de información relativa a los que consideran procedimientos paralelos recibió también una respuesta razonada por parte del Tribunal Supremo. Concretamente, el presidente de la sala de enjuiciamiento, en la sesión de 14 de febrero de 2019, al resolver las cuestiones previas sobre la vulneración de derechos fundamentales planteadas por las defensas (art. 786.2 LECrim), dio una cumplida explicación de las razones de la improcedencia del planteamiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de cuestión prejudicial solicitada por los ahora recurrentes en relación con la Directiva 2012/13, relativa a la información en los procesos penales. El visionado de la grabación (video 1) revela que, tras tratar ampliamente la cuestión referente a la alegada fragmentación de procedimientos, a partir del minuto 17 (10:22 horas), se hizo expresa referencia a la citada directiva, a su considerando 31 («autoridades competentes responsables del expediente penal específico»), a la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos, así como de las razones por las que, en el caso, no se considera infringida; razones coincidentes con lo dicho a propósito del acceso «preventivo» a causas penales, reiterado también en diversas ocasiones.
d) Los demandantes de amparo imputan al fraccionamiento de procedimientos una disminución de las fuentes de prueba, al señalar que la condición de investigados o acusados en otros procedimientos de algunos testigos en este condicionó la declaración de esas personas, pues muchos se negaron a declarar y otros lo hicieron sin que el tribunal haya valorado en la sentencia su situación como «materialmente acusados».
Son varias las razones que llevan a este tribunal a desechar el fundamento constitucional de la denunciada incidencia. (i) En primer lugar, la posición y los deberes de esos declarantes, como se encargó de aclarar reiteradamente la sala de enjuiciamiento, no depende de su formal personación en un procedimiento u otro, sino de la garantía de no autoincriminación que tienen reconocida por el art. 24.2 CE. (ii) En segundo lugar, la queja se mueve en un terreno puramente hipotético, al suponer las causas, de orden psicológico, que pudieron guiar el comportamiento de estos declarantes. (iii) En tercer lugar, su genérico contenido la hace inviable, en cuanto que, más allá de la mera afirmación de que esa circunstancia le causó prejuicio, no nos dice la demanda en que consistió el mismo, es decir, qué hecho fue indebida o inexactamente incluido o preterido del relato histórico a causa de una u otra declaración. Sobre este último y decisivo aspecto abundaremos al abordar la queja relativa a la garantía probatoria (art. 24.2 CE).
B) La demanda califica de «prospectiva» la causa seguida contra los recurrentes a partir de un mero juicio de intenciones que carece de sustento.
En el discurso de la demanda, que se repite en varios fragmentos y con ocasión de diversos motivos, la causa especial y los considerados procedimientos paralelos obedecen a un solo fin de persecución de la ideología política independentista y al consiguiente castigo de sus impulsores. Para ello, se acusa al teniente coronel de la Guardia Civil, señor Baena, a quien se considera jefe de la investigación, de ser un «probado adversario político de los acusados», y se afirma, entre otras cosas, que la operación judicial llevada a cabo el 20 de septiembre de 2017 no tuvo su base en hechos punibles.
La queja obedece a una simple descalificación desprovista de cualquier tipo de soporte fáctico contrastable. No es ya que no se haya justificado la certeza de las manifestaciones en contra del señor Baena o de la operación judicial mencionada, sino que entre esos datos que se afirman y la conclusión que se defiende no aparece, en el relato de la demanda, un enlace lógico que sirva unión. Se impone insistir, una vez más, como hace la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y hemos subrayado en el fundamento jurídico 3 de esta misma sentencia y en otras muchos fragmentos de las que la preceden, que la causa penal que nos ocupa no persiguió ideología alguna sino unos hechos concretos, a partir de la puesta en conocimiento de los órganos judiciales que de los mismos efectuó el Ministerio Fiscal y por medio del procedimiento establecido en la Ley de enjuiciamiento criminal. La jurisdicción de este tribunal, como se adelantaba, no se extiende a revisar los juicios de intenciones que las partes realizan acerca de eventuales motivaciones ocultas que, en su particular opinión, pueden guiar las decisiones judiciales.
C) La demanda incluye un listado de lo que, a juicio de los recurrentes, constituyeron irregularidades acaecidas en la fase instructora de la causa especial y de los que considera procedimientos paralelos. La argumentación consiste en el enunciado de la supuesta irregularidad seleccionada y la indicación de la fecha del escrito de esa parte dirigido a denunciarla o a hacerla valer.
Como se ha adelantado, los propios recurrentes renuncian a justificar la concreta afectación que las citadas irregularidades pudieron causar a su defensa. Se limitan a señalar que «la reiteración y acumulación de vicios en el procedimiento» ha creado una discriminación a las defensas frente a las acusaciones o una disminución de la capacidad de aquellas.
En estas circunstancias, en cuanto la demanda de amparo se limita a dar cuenta de su discrepancia respecto de determinadas decisiones interlocutorias adoptadas en la fase de instrucción del proceso penal, el alegato no exige mayor atención por parte de este tribunal. Su rechazo es consecuencia de que no se razona en qué medida tales decisiones le han privado de sus facultades de alegación y prueba en el proceso y, por ello, le han causado indefensión.
En definitiva, la parte recurrente no especifica qué concreta facultad procesal se resintió o fue mermada por las anteriores circunstancias, una vez que el proceso penal se abrió a la defensa contradictoria plena, lo que nos lleva a concluir que las irregularidades denunciadas en la demanda de amparo no han causado a los recurrentes indefensión material.
No puede sustentarse el alegato de infracción del principio de igualdad en la supuesta «reiteración y acumulación» de irregularidades procedimentales que se alega. En primer término, la mera enunciación de lo que la parte considera vicio procesal no permite, sin más, tenerlo por tal, como ocurre, por ejemplo, cuando la demanda califica de indebidos la personación en la causa de la abogacía del Estado o del partido político Vox, el otorgamiento del estatus de testigo protegido a una determinada persona o la habilitación del mes de agosto. En segundo lugar, no se ha tratado de justificar que esas supuestas infracciones de procedimiento hayan ocasionado ventaja alguna a las partes acusadoras en detrimento de las defensas.
Tampoco tiene entidad suficiente para fundar la queja de desigualdad el solo dato del número de diligencias de investigación admitidas o denegadas a uno u otro de los sujetos intervinientes durante la investigación sumarial. La naturaleza y el fin de la fase de instrucción del proceso penal (art. 299 LECrim) explica el gran número de actuaciones practicadas a instancia del ministerio público, lo que no supone quebranto de la igualdad de partes ni merma del derecho de defensa en cuanto se desarrolle con plenitud en la fase de juicio oral, como aconteció en el caso examinado.
A lo anterior cabe añadir las siguientes consideraciones a partir de la distinción efectuada en la demanda entre las irregularidades procesales invocadas en la causa especial y en los que considera procedimientos paralelos:
a) Por lo que se refiere al procedimiento del que dimana la condena combatida en el recurso de amparo –causa especial núm. 20907-2017 seguida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo–, como venimos señalando, el discurso resulta inviable a los fines del mismo. Los recurrentes se circunscriben a dar testimonio de su desagrado respecto determinados acontecimientos y decisiones puntuales de la fase instructora que entienden que les perjudicaron y a los que, sin mayor argumentación, califican de indebidos o irregulares. No consideran las razones dadas por el magistrado instructor ni las posibilidades que les brindó el sistema de recursos legalmente establecidos que pudieron y que, de hecho, emplearon. De ese desvalor deriva la demanda, directamente, una situación generalizada de procedimiento viciado y discriminatorio para la defensa, lo que este tribunal no acepta. Nos remitimos a los extensos razonamientos que, sobre las alegadas infracciones procedimentales han vertido a lo largo de la causa el magistrado instructor, la sala de recursos y el tribunal de enjuiciamiento de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como, a los que, desde la óptica del artículo 24 de la Constitución, en sus distintas vertientes, se han expresado por este Tribunal Constitucional en esta y en las sentencias que la preceden recaídas sobre la misma causa especial.
b) Respecto de las irregularidades procesales que supuestamente tuvieron lugar en los procedimientos seguidos ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 y el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, un primer reparo al planteamiento de la demanda viene dado porque esta materia es ajena al presente recurso de amparo. No es objeto de este proceso constitucional examinar la regularidad de estos otros procedimientos judiciales, que comprenden hechos e implican a personas diferentes.
Conviene aclarar, no obstante, que lo acaecido en esos otros procedimientos calificados de paralelos solo tendría relevancia si elementos de convicción obtenidos en ellos con vulneración de derechos fundamentales se hubiesen trasladado a la causa de la que dimana la condena objeto de este recurso de amparo, lo que no se ha justificado en modo alguno. Pero no es ya que no aparezcan afectados derechos fundamentales en la fuente de la prueba, sino que la significación que la misma ha tenido para el órgano de enjuiciamiento, de la que hemos dejado constancia más arriba, permite constatar que no se ha producido una recepción directa del material probatorio procedente de la instrucción de esos procedimientos en la causa especial que se haya erigido en fundamento de la condena de los recurrentes en amparo.
D) Finalmente, la queja que la demanda incluye bajo la rúbrica «prueba ilegal», si bien dirige un reproche autónomo a la sala sentenciadora, se encuentra estrechamente conectada con el punto inmediatamente anterior.
En el discurso de la demanda, la consecuencia de la denunciada irregularidad de los denominados procedimientos paralelos seguidos ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 habría de ser la exclusión de la prueba procedente de esos procedimientos, en cuanto obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Ese efecto –añadimos nosotros– sería exigencia del derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE en conexión que un derecho fundamental sustantivo que se hubiera visto afectado en la fuente de la prueba (por todas, STC 97/2019, de 16 de julio). La demanda, sin embargo, ni refiere la queja a la lesión de derechos fundamentales sustantivos en la obtención de la prueba, ni concreta la repercusión que habría de tener su exclusión en el derecho a la presunción de inocencia. No nos dice qué concretas pruebas se vieron afectadas ni cuál fue la eventual consecuencia, derivada de su valoración por la sala de enjuiciamiento, en el relato fáctico contenido en la sentencia recurrida. Se limita a denunciar la supuesta incongruencia omisiva del tribunal sentenciador a propósito de su solicitud de exclusión.
Este tribunal, sin perjuicio de advertir que, por las razones antes señaladas, el silencio denunciado carecería de relevancia material, resultando inane desde la perspectiva del derecho de defensa, observa que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no ha incurrido en la incongruencia omisiva denunciada. A partir del contenido del apartado segundo de este mismo fundamento jurídico, en que hemos reproducido las respuestas dadas por el Tribunal Supremo, tanto en fase de instrucción como en fase intermedia y en la sentencia, a las quejas que hemos agrupado aquí, es posible advertir que el planteamiento formulado por los ahora recurrentes ha encontrado contestación. Tenemos así la explícita remisión del auto de resolución del incidente de nulidad de actuaciones a pronunciamientos precedentes. En concreto, la sentencia trata expresamente de la valoración de los documentos traídos de esos procedimientos, con referencia a resoluciones judiciales precedentes y con inclusión de la importante aclaración de lo que la expresión documento significa para la sala de enjuiciamiento y su distinción respecto de las denominadas «diligencias documentadas» y las piezas de convicción, como hemos reiterado. Se expresan también las razones a las que obedecen los denominados procedimientos paralelos y se trata de la cuestión suscitada por las defensas sobre su pretendido acceso y participación en dichos procedimientos.
A la vista de lo anterior, cabe concluir que la solitud de exclusión de la prueba procedente de esos procedimientos contó con una respuesta judicial suficiente. Que la parte eche de menos una argumentación más extensa en el auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones no equivale a que la pretensión procesal no haya recibido contestación. La insistencia de los ahora recurrentes, al reiterar a lo largo de la tramitación de la causa su queja en torno a los llamados procedimientos paralelos, puede explicar que el Tribunal Supremo, en el auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones, limite su respuesta a una simple remisión, sin reproducción del contenido de las resoluciones precedentes, lo que, por otra parte, no constituye una exigencia constitucional dimanante del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
No apreciándose la incongruencia omisiva alegada, procede, en consecuencia, desestimar también este motivo del recurso de amparo.
8. El derecho a la prueba.
8.1 Posiciones de las partes.
La demanda de amparo se queja de la indebida inadmisión por la sala de enjuiciamiento de algunas de las pruebas propuestas por los ahora recurrentes que versaban sobre hechos relevantes y sobre la legalidad y fiabilidad de algunas de las pruebas de cargo. Concretamente, se refiere a los siguientes medios probatorios: a) prueba documental de «folios de las actuaciones», al no especificarse qué documentos formarían parte del acervo probatorio ni valorarse expresamente los mismos; b) declaraciones de los coprocesados señor Puigdemont y señora Rovira, que pudieran haber tenido influencia en el fallo; c) declaración del senador señor Cosidó, determinante para valorar la imparcialidad del tribunal; d) declaración del señor Bayo e investigación de la cuenta de Twitter, relevantes a fin de acreditar la falta de neutralidad del jefe de la investigación señor Baena y valorar así la credibilidad de su testimonio; e) documentos del procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y documentación íntegra de los tramitados por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona, por las razones reiteradas respecto de la queja relativa a la indebida fragmentación de la causa; f) aportación de documentos de audio relativos a las manifestaciones de criminalización pública de los acusados efectuadas por autoridades políticas, a fin de acreditar la vulneración de la presunción de inocencia extraprocesal, y g) pericial técnica de policía, solicitada por adhesión a la ofrecida por la defensa del señor Cuixart, dado que, si bien el tribunal enjuiciador admitió la incorporación del informe documentado de don Hugh Moreno, sin embargo denegó su «explicación contradictoria» en el juicio oral, destruyendo así la esencia de la prueba pericial.
Añaden los recurrentes que las inadmisiones acordadas no solo les han producido indefensión, sino que han dado lugar a una evidente desigualdad de armas. Ponen como ejemplo el hecho de que la abogacía del Estado, fuera del turno de proposición de prueba, aprovechara la prueba pedida por la defensa de la señora Bassa (un informe del Ministerio de Hacienda) para obtener la práctica de una prueba personal que en sentencia se valora como prueba esencial de cargo (prueba de las «expertas», págs. 290 y ss.). Dicha prueba no debió admitirse, por no haberse solicitado en tiempo y forma, conforme a la doctrina establecida en la STC 14/2011.
El abogado del Estado y el partido político Vox no se pronuncian explícitamente en sus escritos de alegaciones sobre esta queja planteada por la demanda, mientras que el Ministerio Fiscal, después de reproducir los apartados 7.2, 8.2, 10.1, 10.2 y 10.3 del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida, se refiere a cada una de las pruebas cuya denegación se cuestiona. Señala lo que sigue: (i) en relación con la prueba documental, la demanda «[o]mite toda mención concreta o documento alguno y se abstiene de razonar sobre su posible incidencia en el contenido del fallo»; (ii) en cuanto a la testifical de los procesados rebeldes, lo afirmado en la sentencia no ha sido contradicho y no se ha justificado la relevancia de esta prueba; (iii) la declaración del testigo sobre la parcialidad del tribunal (señor Cosidó) fue analizada con ocasión de la tacha de falta de imparcialidad, destacando la irrelevancia de las opiniones de terceros; (iv) la denunciada falta de neutralidad del jefe de la investigación (señor Baena) pudo discutirse en el plenario con ocasión de su interrogatorio; (v) en relación con las actuaciones del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, la demanda omite «cualquier mención o documento alguno que se les hubiese denegado con relevancia en el sentido del fallo»; (vi) respecto de la «prueba referida a procedimientos que denominan desconocidos», su ajenidad con lo debatido en el proceso subyacente no ha sido contradicha por la parte demandante; (vii) tampoco contradice la argumentación referida a los «audios de criminalización pública», prueba relacionada con la dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia que desarrolla en otro motivo, y (viii) en relación con la pericial de la policía, una vez que se reconoce su admisión como «informe documentado», la parte no expone la trascendencia de la omisión de su explicación en el juicio oral.
8.2 Respuesta del órgano judicial.
a) En el auto de 1 de febrero de 2019, que resolvió sobre la proposición de prueba, hallamos la primera respuesta de la sala de enjuiciamiento respecto de la propuesta probatoria de los procesados señores Junqueras y Romeva, a lo que dedica el fundamento jurídico tercero.
(i) En relación con la prueba testifical, en el apartado 3.3, se declaró la impertinencia de la declaración como testigos de las siguientes personas:
«– Don Carles Puigdemont (86), doña Marta Suárez (87) y doña […] (88): la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo.
– Don Torres Suárez (92): las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento ya fueron hechas valer por las defensas en el incidente de recusación núm. 9/2018, tramitado de conformidad con el art. 227.1 de la LOPJ ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo. El incidente fue resuelto por ese órgano en el auto núm. 7/2018, 5 de diciembre, que por unanimidad de los magistrados integrantes de la Sala acordó la desestimación.
[…]
–Don González Medina Bayo, a fin de que relate las informaciones por las cuales tuvo conocimiento de la real identidad del usuario de la cuenta de twitter @nmaquiavelo1984.
Como se razonainfraal valorar la pertinencia de la prueba documental propuesta, la real identidad del usuario de esa cuenta de twitter carece de trascendencia para el enjuiciamiento de los hechos».
Las razones para el rechazo de esa prueba documental citada en último lugar, que complementan la argumentación para la inadmisión de la testifical, se encuentran en el apartado 3.5.2 del mismo auto. Se dice lo siguiente:
«– Se declara también la impertinencia de la prueba propuesta en el núm. 4, consistente en que se libre oficio a la entidad mercantil Twitter Spain. S.L., para que remitan certificación que permita la identificación de los usuarios de dos cuentas de twitter –@nmaquiavelo1984 y @JDaniel Carrasco– desde la que se difundieron mensajes e imágenes que son indispensables para evaluar “[…] la debida imparcialidad requerida a los investigadores de la presente causa y a la vista de indicios de la indebida actuación del teniente coronel Daniel Carrasco, al frente de la investigación de la causa especial”.
No es objeto de la presente causa enjuiciar lo que la defensa denomina «indebida actuación» de un teniente coronel de la Guardia Civil. Además, un previo filtro telemático acerca de los planteamientos ideológicos de los responsables y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad –estatales y autonómicos– no puede operar como presupuesto de validez de los actos de investigación que, por propia iniciativa o por orden judicial, lleven a cabo. Todo ello, claro es, sin perjuicio de la facultad que asiste a todo ofendido por esos comentarios a ejercer las acciones legales que procedan ante el órgano jurisdiccional competente».
(ii) A la prueba documental propuesta por los recurrentes se refiere el apartado 3.5 del mismo auto. En primer término se remite a lo apuntado el apartado 2.1.4 de esa misma resolución judicial. En este apartado precedente, con carácter general, se afirma lo que sigue:
«La lectura de la prueba documental propuesta por el fiscal, la abogacía del Estado, la acusación popular y las defensas pone de manifiesto que en su descripción, en no pocos casos, se mezclan documentos, diligencias que no tienen ese carácter –pero que han sido documentadas– y piezas de convicción. La Sala no admite la indiscriminada cita de folios, incorporados a esta u otra causa, con la pretensión de que puedan servir de respaldo a argumentos de inculpación. Por esta misma razón, tampoco admite la reclamación preventiva e indiscriminada de testimonio de todas las actuaciones seguidas ante otros órganos jurisdiccionales.
La Sala anticipa que solo formará convicción probatoria a partir de documentos en sentido estricto y piezas de convicción. En consecuencia, rechaza la cita genérica o la reclamación para su unión a la presente causa de atestados policiales, diligencias preprocesales del Ministerio Fiscal o actos procesales documentados que se hayan generado en otros procedimientos con distinto objeto y tramitados por otros órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de la posibilidad al alcance de las acusaciones y las defensas de solicitar en el plenario la lectura de aquellos documentos o el examen de las piezas de convicción que, filtrados entonces por el principio de contradicción, podrán integrar la apreciación probatoria. De ahí que solo estos documentos y aquellos susceptibles de valoración a los exclusivos efectos previstos en los arts. 714 y 730 de la LECrim y, por tanto, sometidos durante el plenario al principio de contradicción y al derecho de defensa, serán integrados en la prueba documental. Del mismo modo, conforme previene el art. 726 de la LECrim, el Tribunal examinará por sí mismo y someterá a contradicción, los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos».
Ya en relación con la prueba documental propuesta por la defensa de los recurrentes, en el apartado 3.5.2 la sala razona:
«Se declara la impertinencia de la prueba documental señalada en el apartado 1, consistente en que “[…] se recabe, de forma anticipada al acto del juicio oral, testimonio de los siguientes folios del sumario 5/2018 (antes diligencias previas 118-2017) del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona necesarios para la defensa de la existencia de vulneración de derechos fundamentales en dicho procedimiento afectantes al material probatorio incorporado en las acusaciones y como fundamento para su impugnación”.
La declaración de impertinencia afecta a todos los documentos que se señalan y que forman parte de los tomos I, II, VII, XV, XVIII, XIX, XX, XI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, LXVII, así como a los tomos I, II y III de la pieza de medidas cautelares.
No ha lugar a su reclamación al Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona.
– Por las razones ya expuestas, la misma desestimación por su falta de utilidad afecta a la prueba consistente “[…] en que se recabe, de forma anticipada al acto del juicio oral, testimonio íntegro del sumario 7-2018 (antes diligencias previas 82-2017) del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 para su incorporación a las actuaciones”.
Carece de sentido, y es contrario a las más elementales reglas de competencia y conexión en el proceso penal, acordar la incorporación íntegra de un sumario que se sigue en un Juzgado Central de Instrucción por hechos que el Excmo. Sr. magistrado instructor y la sala de recursos no han considerado conectados, en términos procesales, a la presente causa.
– La declaración de impertinencia también alcanza, por las mismas razones, a la prueba documental propuesta en el apartado 3, consistente en que “[…] se recabe, de forma anticipada al acto del juicio oral, testimonio íntegro de las diligencias previas 1439-2017 del juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona para su incorporación a las actuaciones”.
En la misma justificación expuesta por la defensa para respaldar la procedencia de la incorporación de esas diligencias previas a la presente causa, pueden hallarse las claves que justifican nuestra denegación. Razona la defensa en los siguientes términos: “[…] en dicho procedimiento se investigan los hechos sucedidos durante la jornada del referéndum de autodeterminación tanto en lo relativo a las imputaciones efectuadas contra agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por actuaciones lesivas no justificadas por el cumplimiento del deber ni cobertura legal ni basada en mandato judicial, como frente a ciudadanos, por lo que su objeto engloba informaciones directamente relacionadas con el objeto del proceso”.
En efecto, no son las informaciones sino los hechos los que determinan la conexión procesal. En aquel procedimiento se investigan hechos sucedidos durante la celebración del referéndum que habrán de ser valorados y, en su caso, enjuiciados en el marco procesal en el que se está desarrollando la investigación. No es, por tanto, la conexión informativa, sino la genuina conexión procesal la que justifica el tratamiento unitario de unas u otras conductas».
(iii) A la prueba pericial propuesta por la defensa del señor Cuixart se refiere el apartado 5.4.2 del auto que seguimos, que declara la impertinencia de las siguientes pruebas:
– «Pericial segunda: don Hugh Moreno, con más de treinta y ocho años de experiencia policial, prestó servicios en la Policía Metropolitana de Londres y en el servicio de Policía de Irlanda del Norte antes de ser nombrado presidente de la Asociación de Oficiales de Policía del Reino Unido, donde fue responsable de la coordinación de la vigilancia policial en todo el país y don Duncan McCausland, con más de treinta años de experiencia policial, miembro vitalicio de la Asociación de Jefes de Policía del Reino Unido y del Police Executive Research Form, con amplios conocimientos en la formulación de políticas, la gestión del cambio y el orden público, autor de informes sobre dilemas estratégicos en el Reino Unido y responsable de algunos de los eventos policiales de orden público más difíciles de la historia del norte de Irlanda, quienes deberán ser citados a juicio oral –a través de esta representación procesal– para que se afirmen y ratifiquen en el informe pericial que se acompaña como documento número 170 sobre el análisis de los hechos acaecidos el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 desde la perspectiva de la calificación de la actuación de Jordi Cuixart, de los manifestantes y de la ciudadanía en términos de orden público y criterios policiales, informe que se propone además como contraprueba de respuesta a los informes policiales propuestos como prueba por el Ministerio Fiscal. El informe pericial se aporta en idioma inglés y se aporta la traducción jurada del resumen ejecutivo para la comprensión de su contenido a efectos de valoración de la prueba. En la fecha en la que se redacta el presente escrito se está llevando a cabo la traducción jurada del resto del extenso documento (que no ha dado tiempo a acabar), traducción jurada que será aportada con antelación al inicio de la fecha de juicio oral para el correspondiente traslado a las partes. Para la ratificación de dicho informe pericial en el acto de juicio oral será necesario intérprete de lengua inglesa.
[…]
– Ninguno de los peritos propuestos puede aportar a la Sala algo más que su apreciable experiencia en conflictos históricos desarrollados en otros países. La experiencia o el ejercicio de cargos asociativos de relieve en la policía del Reino Unido, sin embargo, no puede identificarse con una metodología científica susceptible de contradicción y análisis en el plenario».
b) La sentencia recurrida en amparo también contiene pasajes relevantes respecto de determinadas pruebas propuestas por las defensas.
(i) En un fundamento jurídico anterior (FJ 6) hemos dado cuenta de la respuesta ofrecida por la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019 al planteamiento efectuado por otra de las defensas a propósito de la petición de incorporación de testimonio íntegro de las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y de participación en las citadas diligencias, así como en relación con los procedimientos seguidos ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 y el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona [apartado 8 del fundamento de Derecho A)]. A él nos remitimos.
(ii) El apartado 10.2 c) del fundamento de Derecho A) se refiere a la prueba dirigida a acreditar la vulneración de la denominada dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia. Dice la sala al respecto:
«La exclusión de las declaraciones vertidas por personajes públicos en medios de comunicación en distintos días del mes de octubre de 2017 –don Mariano Morales, doña Soraya Ferrer de Santamaría, don José León Morales, don Íñigo Rivera de Vigo, y don Jordi Delgado–, es perfectamente comprensible. Su impertinencia se conecta a distintas consideraciones. La primera, que todas esas comparecencias son hechos notorios no necesitados de prueba; en segundo lugar, se trata de valoraciones periféricas no conectadas con el núcleo de los hechos por los que se formula acusación. Por si fuera poco, los cargos públicos que las defensas quisieron proponer como testigos declararon con exhaustividad acerca de todo aquello sobre lo que fueron preguntados.
No existió, por tanto, la vulneración del derecho a la prueba que se atribuye a esta Sala».
(iii) El apartado 10. 2 d) del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida se refiere a la solitud de las defensas para que «se requiriera a la Unidad Central de Delitos Informáticos de los Mossos a fin de que facilitara […] los datos del titular de la cuenta de la red social Facebook “Montse del Toro” y de la red social Twitter “@maquiavelo1984” y “@JDanielBaena”». Dice al respecto lo siguiente:
«Se pretendía así demostrar la falta de imparcialidad de algunos de los funcionarios que intervinieron en la fase de investigación de la presente causa. El perfil ideológico que se deriva de sus tuits y de los comentarios expresados en Facebook sería suficiente para concluir la animadversión de sus titulares respecto de los procesados.
En el auto de 1 de febrero de 2019 ya justificábamos la exclusión de esa propuesta probatoria al entender que la investigación de comentarios vertidos en redes sociales para definir el perfil ideológico de un mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de una letrada de la administración de justicia, desborda los límites objetivos y subjetivos del proceso, tal y como estos han sido delimitados. También es ajeno al objeto de esta causa indagar mediante qué procedimiento han obtenido las defensas la información que permite asociar que unos datos y unnicknameestán vinculados a una determinada persona.
Sea como fuere, dos razones descartan cualquier clase de indefensión. De un lado, conviene recordar que don Daniel Carrasco y doña Monserrat del Toro acudieron a declarar como testigos y fueron interrogados sobre esos extremos. De otra parte, nada de lo que se vertió en esas redes sociales ha servido para integrar la apreciación probatoria de esta Sala».
(iv) En relación con la testifical del señor Puigdemont, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo razona en el apartado 10.3 b) de ese mismo fundamento de Derecho A):
«La propuesta como testigo de quien, en la misma causa, ha sido procesado como autor de un delito de rebelión y otro de malversación, resulta extravagante. La LECrim no avala esa esquizofrenia procesal, conforme a la cual formaría parte de la normalidad ese inédito desdoblamiento del concepto en el que alguien es llamado al proceso. El argumento de que la Sala ha admitido la pertinencia de la declaración de testigos que se hallan imputados en otras causas penales, es confuso. Esos testigos, que tan impropiamente quiere identificar la defensa con la situación procesal del señor Puigdemont, han sido advertidos de la singularidad de su estatuto jurídico, hasta el punto de que algunos de ellos tuvieron a bien comparecer asistidos de Letrado. Pero, en todo caso, son testigos/acusados en distintos procedimientos. No es este el supuesto de hecho que identifica la situación del señor Puigdemont, quien se halla en rebeldía y no ha querido comparecer voluntariamente para la investigación y conocimiento de los hechos que le atribuyen las acusaciones».
8.3 Doctrina constitucional.
En íntima conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho de defensa (art. 24.2), del que es inseparable, el derecho a la prueba «se integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto objeto del proceso» (STC 37/2000, de 14 de febrero, FJ 3, reproducida, entre otras, en las SSTC 19/2001, de 29 de enero, FJ 4; 133/2003, de 30 de junio, FJ 3, y 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4).
La doctrina de este tribunal sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE) puede sintetizarse, de acuerdo con la STC 165/2001, de 16 de julio, en los siguientes puntos:
«a) Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes (SSTC 168/1991, de 19 de julio; 211/1991, de 11 de noviembre; 233/1992, de 14 de diciembre; 351/1993, de 29 de noviembre; 131/1995, de 11 de septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de junio; 190/1997, de 10 de noviembre; 198/1997, de 24 de noviembre; 205/1998, de 26 de octubre; 232/1998, de 1 de diciembre; 96/2000, de 10 de abril, FJ 2), entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y elthema decidendi(STC 26/2000, de 31 de enero, FJ 2).
b) Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 de diciembre; 87/1992, de 8 de junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 190/1997; 52/1998, de 3 de marzo; 26/2000, FJ 2), siendo solo admisibles los medios de prueba autorizados por el ordenamiento (SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de diciembre; 89/1995, de 6 de junio; 131/1995; 164/1996, de 28 de octubre; 189/1996, de 25 de noviembre; 89/1997, de 10 de noviembre; 190/1997; 96/2000, FJ 2).
c) Corresponde a los jueces y tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el contrario, este tribunal solo es competente para controlar las decisiones judiciales dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable al órgano judicial (SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 351/1993, de 29 de noviembre, FJ 2; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 35/1997, de 25 de febrero, FJ 5; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 3; 236/1999, de 20 de diciembre, FJ 5; 237/1999, de 20 de diciembre, FJ 3; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2; 78/2001, de 26 de marzo, FJ 3).
d) Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea “decisiva en términos de defensa” (SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 26/2000, FJ 2; 45/2000, FJ 2). El ámbito material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una real y efectiva indefensión (SSTC 185/2007, de 10 de septiembre, FJ 2, y 258/2007, de 18 de diciembre, FJ 2). A tal efecto, hemos señalado que la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente relevante, lejos de poder ser emprendida por este tribunal mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los solicitantes de amparo (SSTC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre; 218/1997, de 4 de diciembre, y 45/2000, FJ 2).
e) La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el recurrente ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2); y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del procesoa quopodría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 147/1987, de 25 de septiembre, FJ 2; 50/1988, de 2 de marzo, FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que solo en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo busca amparo (SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, FJ 3; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2; 45/2000, FJ 2; 69/2001, de 17 de marzo, FJ 28)» (STC 165/2001, citada al inicio, FJ 2).
La misma doctrina es extensible respecto de la regularidad en la práctica de una prueba admitida (STC 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4). En estos casos, cuando la queja verse sobre el modo en que se ha desarrollado una determinada diligencia probatoria, para que este tribunal pueda apreciar una vulneración del derecho a la prueba se exige que el recurrente demuestre la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas indebidamente practicadas; y, por otro, que argumente de modo convincente que, si se hubiera practicado correctamente la prueba admitida, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta (STC 101/1999, de 31 de mayo; FJ 5, con cita de las SSTC 147/1987; 357/1993, de 29 de noviembre; 1/1996; 217/1998, y 219/1998, de 16 de noviembre).
8.4 Resolución de la queja.
Las alegaciones de los recurrentes en esta materia, con soporte en la simple afirmación de que las decisiones en materia probatoria que enumeran les causaron indefensión, carecen de contenido desde la perspectiva del derecho a la prueba. En la demanda no se consideran las razones por las que el auto de 1 de febrero de 2019, en el que la sala de enjuiciamiento resolvió sobre la proposición de las partes, y que han sido reproducidas más arriba, rechazó los medios de prueba a los se refiere, ni, por consiguiente, se someten a crítica. Tampoco se contemplan los argumentos ofrecidos por la sentencia sobre los aspectos probatorios que hemos trascrito. En tales circunstancias, no es posible afirmar la existencia de indefensión ni del denunciado trato desigual dado por el tribunal de enjuiciamiento a las defensas respecto del dispensado a las acusaciones.
A) Los recurrentes no han justificado en modo alguno que las pruebas que citan fueran relevantes o decisivas en términos de defensa, de forma tal que su inadmisión haya generado una real y efectiva indefensión.
Como señalábamos, el examen de la relevancia de la prueba supone tomar como punto de partida el hecho que la parte recurrente pretendía acreditar o refutar con ella –si se trata de un hecho que sustenta la acusación– y contrastar el mismo con el fundamento fáctico de la condena. La demanda no contiene razonamiento alguno en este sentido, pues no vincula ninguna de las concretas pruebas que fueron inadmitidas con algún hecho que se estimó probado o con la omisión por la sentencia de algún otro que resultara favorable a los recurrentes y que, a su juicio, debiera haber integrado el relato histórico.
A lo anterior cabe añadir las siguientes consideraciones en relación con las concretas decisiones cuestionadas en esta materia:
a) En relación con la prueba documental:
(i) Se hace necesario aclarar, de entrada, que la primera parte de la queja, que se refiere a la inconcreción por la sala de enjuiciamiento de los documentos que formarían parte del acervo probatorio y a la omisión del examen de los mismos, queda fuera del ámbito protegido por el derecho a la pruebaexart. 24.2 CE, del que tratamos en este fundamento jurídico. La crítica de la demanda, en este punto, entraría de lleno en el ámbito de la valoración probatoria, lo que se corresponde con una función judicial a desarrollar con posterioridad a la admisión y práctica de la prueba, razón por la que esta temática desborda el objeto de nuestro análisis. En todo caso, cabe recordar que ni el deber general de motivación que recae sobre los órganos judiciales (arts. 24.1 y 117.3 CE) ni el más estricto que deriva del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), conllevan la exigencia de valoración pormenorizada de todos y cada uno de los medios de prueba llevados al juicio (por todas, SSTC 122/2021, FJ 8.4, y 184/2021, FJ 9.1, con cita, entre otras, de la STC105/2016, de 6 de junio, FJ 8).
(ii) En segundo lugar, la demanda insiste en la relevancia de la incorporación de los documentos integrantes de los procedimientos llamados paralelos –seguidos ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 y el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona–, por las mismas razones –que reitera una vez más– en que sustenta el motivo de amparo relativo a la indebida fragmentación de la causa. En el fundamento jurídico anterior, al que nos remitimos, hemos tratado esta materia, dando cuenta de la respuesta dada por la sala de enjuiciamiento; respuesta que calificamos, en sintonía con lo dicho en otras sentencias precedentes, de razonada, razonable y no causante de indefensión. Como señala el Ministerio Fiscal, la demanda no especifica ningún documento con relevancia en el sentido del fallo y cuya incorporación se hubiese denegado. Hemos de insistir en que la denegación de la propuesta probatoria de que se trata obedeció a sólidas razones que no han sido refutadas: la noción estricta de documento que mantiene el tribunal de enjuiciamiento y su criterio de formar su convicción exclusivamente a partir de las pruebas introdu