Categoría: Administración

previstos en la presente ley se realizará desde el ámbito más cercano a la persona, estructurándose y organizándose de manera descentralizada, favoreciendo la permanencia en el entorno habitual de convivencia y la integración activa en la vida de su comunidad.
g) Calidad. Se garantizará la existencia de unos estándares mínimos de calidad para las prestaciones, programas y servicios, aprovechando los recursos de una manera óptima y eficiente, estableciendo modelos de gestión que permitan hacer una evaluación, seguimiento y fiscalización de los resultados, garantizando una aplicación justa y responsable de las políticas de inclusión social, mediante la regulación de los requisitos materiales, funcionales y de personal mínimos, que deberán respetarse. Asimismo, se fomentará la mejora de dichos estándares y de los medios telemáticos que promoverán el desarrollo de una gestión ágil orientada a la calidad.
h) Atención personalizada e integral y continuidad de la atención. Se ofrecerá una atención personalizada por parte del personal profesional del trabajo social junto con el equipo interdisciplinar de zona orientados a la inclusión social y/o inserción laboral orientada a las necesidades particulares de las personas y/o de las familias, basada en la evaluación integral de su situación. Asimismo, se garantizará la continuidad de la atención, aun cuando implique a distintas administraciones o sistemas.
i) Coordinación, cooperación y colaboración. Las administraciones públicas canarias actuarán de conformidad con el deber de colaboración y cooperación entre sí. Esta coordinación y colaboración deberá trascender del ámbito de los servicios sociales y extenderse a otros sistemas y políticas públicas de protección.
j) Participación. Se promoverá y garantizará la participación de las personas beneficiarias, de la ciudadanía y de las entidades en el funcionamiento de la renta de ciudadanía y los procesos de inclusión social y/o inserción laboral.
k) Integración de la perspectiva de género. Se promoverá la integración de la perspectiva de género con el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres y, en particular, de prevenir y paliar la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión social en la población femenina. En especial, respecto de las personas trans e intersexuales, se promoverá su igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.
l) Integración territorial, a cuyos efectos deberán considerarse las singularidades del territorio y la condición de Canarias como región ultraperiférica.
m) Protección de la infancia. Las administraciones públicas contribuirán de forma coherente y coordinada a prevenir y paliar la incidencia de la pobreza en la infancia.
n) Reconocimiento del empleo. El Instituto Canario de Empleo garantizará que la incorporación al mercado de trabajo sea siempre una opción prioritaria a la percepción de las prestaciones económicas previstas en la presente ley.
ñ) Transparencia y publicidad activa. La información pública de la renta de ciudadanía será accesible y solo podrá ser limitada para proteger derechos e intereses legítimos de acuerdo con esta u otras leyes. Asimismo, las estructuras que conforman dicho sistema difundirán la información que obra en su poder de forma veraz, actualizada, objetiva, comprensible y gratuita, sin perjuicio de los límites que deriven de la protección de otros derechos.
La renta de ciudadanía y sus programas y servicios orientados a la inclusión social y/o inserción laboral, cuando sean necesarios, tendrán como referencia en su funcionamiento el enfoque comunitario y de proximidad de la atención, y a tales efectos:
a) Favorecerán la adaptación de los recursos y las intervenciones a las características de cada municipio, contando para ello con la participación de los servicios sociales de atención primaria, para la identificación de las necesidades y su evaluación.
b) Diseñarán el tipo de intervención adecuada a cada caso, teniendo en cuenta los diferentes resultados en mujeres y hombres, sobre la base de una evaluación de necesidades y en el marco de un plan de atención personalizada que, al objeto de garantizar la coherencia y la continuidad de los itinerarios de atención, deberá elaborarse con la participación de la persona usuaria y deberá incluir mecanismos de evaluación y revisión periódica que permitan verificar la adecuación del plan a la evolución de las necesidades de la persona.
c) Asignarán a cada unidad de convivencia un trabajador o una trabajadora social de referencia en el sistema público de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, al objeto de garantizar la coherencia de los itinerarios de atención y de inserción y la coordinación de las intervenciones en los términos contemplados en la presente ley, sobre la base de una evaluación de necesidades y en el marco de un plan de atención personalizada que, al objeto de garantizar la coherencia y continuidad de los itinerarios de inclusión, deberá elaborarse con la participación de la persona titular y deberá incluir mecanismos de evaluación y revisión periódica que permitan verificar la adecuación del plan a la evolución de las necesidades de la persona.
d) Garantizarán el carácter interdisciplinar de la intervención, con el fin de ofrecer una atención integral y ajustada a criterios de continuidad.
e) Incorporarán en todas las prestaciones, servicios, programas y actividades, el enfoque preventivo, actuando, en la medida de lo posible, antes de que surjan o se agraven los riesgos o necesidades sociales.
f) Facilitarán en aquellos casos que se estime necesario tanto por personal profesional del trabajo social como por la persona titular el acceso a programas formativos, que proporcionen herramientas específicas adaptadas al perfil de cada solicitante, para dejar atrás la situación de riesgo o exclusión social y minimizar las posibilidades de volver a encontrarse en las mismas circunstancias.
1. Las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía serán tanto la persona titular como aquellas personas que compongan la unidad de convivencia de dicha persona.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de titular de la renta de ciudadanía la persona a la que se reconoce y concede esta prestación y que resulta ser la perceptora material de la misma, así como, en su caso, aquella a cuyo nombre se establece el correspondiente instrumento de inclusión social o de inserción laboral.
2. Con carácter excepcional, y siempre que así se justifique expresamente en el informe social que a tal efecto elaboren las unidades de trabajo social de los servicios sociales de los ayuntamientos, podrán ser beneficiarias de la renta de ciudadanía aquellas personas que, aun no cumpliendo todos los requisitos establecidos, se encuentren en circunstancias extraordinarias, de forma que puedan ser consideradas como en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social de acuerdo con el artículo 3 de esta ley.
A los efectos de la presente ley, se entenderá como unidad de convivencia la formada por:
1. El núcleo familiar constituido por la persona titular y, en su caso, a quienes convivan con ella en una misma vivienda o espacio habitacional, ya sea por unión matrimonial o por cualquier otra forma de relación estable análoga a la conyugal, por parentesco civil de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado en línea directa y colateral, o por adopción, tutela o acogimiento familiar, incluidos los casos siguientes:
a) Cuando se encuentran iniciados los trámites judiciales de nulidad, separación o divorcio o el de baja en el Registro de Uniones de Hecho, si procede.
b) Cuando se trate de personas que tengan la condición de refugiadas o hayan realizado la solicitud para el reconocimiento de tal condición o de la protección internacional, y esta solicitud se haya admitido a trámite, y carezcan de cónyuge o pareja o se presuma la disolución del matrimonio o pareja de hecho atendiendo a los criterios de cese de la convivencia recogidos en la normativa española.
c) Cuando se trate de personas migrantes y carezcan de cónyuge o pareja de hecho, o se presuma la disolución del matrimonio o la ruptura de la pareja de hecho, atendiendo a los criterios de cese de la convivencia recogidos en la normativa española, siempre que haya una acreditación por parte de la persona interesada a través de una declaración responsable. En estos supuestos, a los efectos de esta ley, la condición de unidad de convivencia podrá mantenerse por un periodo máximo de doce meses.
d) Cuando se trate de personas sin hogar debidamente acreditado por los servicios sociales de los ayuntamientos o la policía local.
e) Cuando alguna de las personas beneficiarias haya tenido que irse fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias por tiempo no superior a noventa días naturales.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto por el apartado anterior del presente artículo, podrán formar una unidad de convivencia independiente y, por lo tanto, solicitar la renta de la ciudadanía aquellas personas que compartan domicilio o espacio habitacional con otras unidades de convivencia sin estar emparentadas, o con aquellas con las que estuvieran emparentadas, en el caso de que se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley, y, además tuvieran a su cargo a:
a) personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%.
b) personas dependientes reconocidas con grado I, II o III.
c) personas menores de edad o bajo la patria potestad, o a menores bajo tutela o en régimen de acogimiento familiar.
d) jóvenes hasta los 23 años que acrediten anualmente estar realizando estudios.
Asimismo, a través de disposición reglamentaria se podrán contemplar otros supuestos excepcionales adicionales a los mencionados anteriormente, entre ellos el hecho de que compartir domicilio o espacio habitacional esté motivado por circunstancias económicas derivadas de una situación de emergencia o urgencia social, de forma que no obedezca a la libre voluntad de las personas integrantes de una unidad de convivencia que vivan con otra u otras.
Formarán parte de estas unidades de convivencia independientes el padre o la madre, quienes estén unidos a ellos o ellas por vínculo matrimonial o por cualquier forma de relación análoga a la conyugal, sus respectivos hijos e hijas menores de edad o hasta los 23 años en el caso de que estos últimos estuvieran cursando estudios, las personas menores de edad que tengan tuteladas o en régimen de acogimiento familiar, personas con discapacidad o dependencia a cargo, así como, en su caso, sus parientes por afinidad hasta el segundo grado en línea directa o colateral.
3. Aquellas unidades de convivencia beneficiarias de la renta de ciudadanía, o solicitantes de esta, que por situación sobrevenida habiten de manera temporal en establecimientos colectivos de titularidad pública, de entidades sociales o en el domicilio de otra persona, afectando esta situación a toda la unidad de convivencia o a parte de la misma, y estando debidamente justificada por informe social emitido por persona profesional del trabajo social especializada en renta de ciudadanía, tendrán todos los derechos a efectos de la percepción de la renta de ciudadanía o de los apoyos a la inclusión social que les pudiera corresponder. Tendrán la misma consideración las personas o unidades de convivencia que residan en recursos alojativos para personas sin hogar o similares, con independencia del tiempo que lleven en estos, siempre que se acredite por informe de servicios sociales la necesidad de la prestación en el proceso de inclusión social de la persona.
La determinación y alcance de la situación sobrevenida se desarrollará reglamentariamente.
4. En ningún caso se podrá formar parte de dos unidades de convivencia con carácter simultáneo, salvo las personas menores de edad en régimen legal de guarda y custodia compartida establecido por sentencia judicial o por convenio regulador homologado judicialmente de separación o divorcio de las personas titulares de las prestaciones. En estos casos, la percepción de la prestación por el titular dependerá del tiempo efectivo en el que los menores residan en la unidad de convivencia, así como el cumplimiento de los requisitos para obtener la renta de ciudadanía de su unidad de convivencia, según lo establecido en la presente ley.
1. Se considera vivienda, alojamiento o espacio habitacional el marco físico de residencia permanente e independiente donde residen la persona o personas que componen la unidad de convivencia.
2. Se asimilan a vivienda, alojamiento o espacio habitacional:
a) Aquellos espacios físicos de residencia colectiva, utilizados de forma independiente por las unidades de convivencia, de acuerdo con los requisitos que se determinen reglamentariamente.
b) Los recursos de acogida temporal de los servicios sociales o sociosanitarios donde la persona o personas que componen la unidad de convivencia tengan su residencia de manera temporal, a los efectos de lo señalado en el apartado 3.º del artículo anterior. Se incluyen en este supuesto los pisos de emancipación de jóvenes extutelados, o los recursos alojativos para personas sin hogar.
1. La renta de ciudadanía es un derecho subjetivo que se instrumenta a través de una prestación económica que se percibirá de forma ininterrumpida mientras persistan las circunstancias que motiven su concesión y, en los términos de lo dispuesto por el artículo 2 de la presente ley, a través de un proceso de inclusión social y/o laboral, destinado a corregir situaciones de necesidad relacionadas con la falta de medios de subsistencia, para combatir la exclusión y la vulnerabilidad social.
2. Asimismo, el derecho a la renta de ciudadanía comprende el derecho de las personas beneficiarias de esta prestación a acceder y participar de las acciones personalizadas de inserción social y laboral, a través de un itinerario de inclusión diseñado desde los servicios sociales comunitarios en coordinación con los servicios públicos de empleo, que garanticen una mejora de sus oportunidades reales de inclusión.
La renta de ciudadanía es una prestación reglada de naturaleza económica, otorgada a la unidad de convivencia, nominativa e intransferible, por lo que no puede ofrecerse en garantía de obligaciones ni ser objeto de cesión total o parcial ni de compensación o descuento, salvo en los casos de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas. Tampoco podrá ser objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general del Estado que resulten de aplicación.
1. La renta de ciudadanía tendrá carácter subsidiario en relación con las pensiones y otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a quienes integren de la unidad de convivencia de la persona titular, sean estas provenientes del sistema de la Seguridad Social o de cualquier otro régimen público de protección social.
2. Dado el carácter subsidiario de la prestación, su concesión quedará condicionada a que la persona titular y, en su caso, su unidad de convivencia tenga derecho a percibir el ingreso mínimo vital o alguna de las prestaciones o pensiones mencionadas en el apartado anterior y que acredite con carácter previo o bien haberlas solicitado, o bien haberlas obtenido.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, la renta de ciudadanía tendrá carácter complementario, hechas las deducciones correspondientes, hasta el importe que corresponda percibir a la unidad de convivencia beneficiaria de la prestación, respecto de los recursos de que dispongan sus miembros, así como de las prestaciones económicas a que pudieran tener derecho.
4. En el caso del ingreso mínimo vital, será suficiente con la acreditación de la solicitud de dicha prestación estatal, quedando obligada la persona titular a presentar en su ayuntamiento la resolución, sea esta negativa o positiva, una vez que le haya sido notificada por la Administración de la Seguridad Social, dando traslado de esta notificación al órgano competente para resolver.
La no concesión en plazo del ingreso mínimo vital por parte de la Administración de la Seguridad Social no será obstáculo para que sea reconocida a la unidad de convivencia el derecho a la renta de ciudadanía que le pudiera corresponder. No obstante, la persona titular quedará obligada a informar a su ayuntamiento una vez se haya resuelto la solicitud de dicha prestación estatal, a efectos de realizar, en su caso, las revisiones, modificaciones, deducciones o reintegros que procedan en relación con la percepción de la prestación.
1. Con carácter general tendrán derecho a la renta de ciudadanía, con independencia de la modalidad, aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que sean integrantes de una unidad de convivencia en los términos establecidos en el artículo 7 de esta ley.
2.º Que estén empadronadas o tengan la residencia efectiva debidamente acreditada durante al menos doce meses, de manera continuada, en cualquier municipio o municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. A los efectos de acreditación de la residencia efectiva, se podrán tener en cuenta, entre otros supuestos, tener asignada asistencia médica, estar inscrita la persona titular como demandante de empleo o tener descendientes escolarizados en el municipio. Dichas circunstancias se acreditarán mediante el informe de los servicios sociales de atención primaria o de la policía municipal.
También cumple este requisito la persona que haya estado empadronada o haya tenido la residencia efectiva un total de cinco años, de manera continuada o interrumpida, de los diez inmediatamente anteriores a la solicitud, siempre que en el momento de su presentación resida nuevamente, o continúe su residencia, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
3.º Que previamente hayan solicitado el ingreso mínimo vital a la Administración de la Seguridad Social o alguna de las prestaciones o pensiones mencionadas en el artículo anterior y que le pudieran corresponder a quienes formen parte de la unidad de convivencia.
4.º Que estén inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo, salvo aquellas personas miembros de la unidad de convivencia que se encuentren imposibilitadas según la normativa vigente en materia de empleo o escolarizadas en estudios reglados.
5.º Que no residan de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia de las personas usuarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.3 de la presente ley.
2. Quedan exentos del requisito del empadronamiento o de acreditación de la residencia efectiva:
a) Quienes tuvieran reconocida la condición de persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria por el organismo competente de la Administración General del Estado o aquellas personas cuya solicitud de protección internacional se hubiese admitido a trámite o, no habiendo sido admitida esta, tengan las personas solicitantes autorizada su estancia o residencia en España por razones humanitarias, en el marco de la legislación reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria o su permanencia en España, en los términos previstos por la normativa vigente reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
b) Víctimas de violencia de género, previa resolución judicial, que por tal motivo hayan cambiado su residencia desde otra comunidad o ciudad autónoma, o no iniciados los trámites judiciales, siempre que esta circunstancia quede justificada mediante la acreditación de la situación de víctima de género informada por los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente, de los servicios sociales especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración pública competente.
c) Víctimas de explotación sexual o trata, previa resolución judicial, que por tal motivo hayan cambiado su residencia desde otra comunidad o ciudad autónoma, o no iniciados los trámites judiciales, siempre que esta circunstancia quede justificada mediante la acreditación de la situación de víctima de explotación sexual o trata por el ayuntamiento correspondiente, o los servicios sociales especializados o los servicios de acogida de la Administración pública competente.
d) Las personas sin hogar o que se hallaren sin espacio habitacional, siempre que pueda ser acreditada la estancia en el municipio mediante informe de los servicios sociales de atención primaria o de la policía local.
e) Víctimas de violencia en el ámbito familiar, previa resolución judicial, que por tal motivo hayan cambiado su residencia desde otra comunidad o ciudad autónoma, o no iniciados los trámites judiciales, siempre que esta circunstancia quede justificada mediante la acreditación de la situación de víctima de violencia en el ámbito familiar del por el ayuntamiento correspondiente, los servicios sociales especializados o los servicios de acogida de la Administración pública competente.
f) Las personas que se hayan visto obligadas a fijar su residencia fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias por un plazo inferior a tres años, por motivos formativos o laborales, debidamente acreditados previo informe de las unidades de trabajo social de los ayuntamientos.
g) Las unidades de convivencia que se encuentren en una situación de urgencia o emergencia social, según se define en el artículo 29 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias o norma que la sustituya, y de acuerdo con el artículo 41 de la presente ley.
h) Las personas que en el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud hayan estado tuteladas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias o cualquier otra entidad pública.
i) Las personas con discapacidad reconocida.
j) Las personas trans e intersexuales víctimas de cualquier acto de violencia o agresión contra la vida, integridad física o psíquica, el honor personal y su dignidad que tenga causa directa o indirecta en la identidad o expresión de género o la diversidad corporal, sean propias o del grupo familiar al que se pertenezca. Se acreditará mediante denuncia ante la policía nacional, o en su defecto, siempre que esta circunstancia quede justificada mediante la acreditación de la situación de víctima de explotación sexual o trata del ayuntamiento correspondiente, de los servicios sociales especializados o de los servicios de acogida de la Administración pública competente, siempre que pueda ser acreditada la estancia en un municipio canario mediante informe de la policía local.
k) Las mujeres que tienen permiso de residencia por reagrupamiento familiar y lo pierden como consecuencia de divorcio o separación.
Se deberá acreditar carecer de recursos económicos suficientes. Se entenderá cumplido este requisito:
a) Cuando los ingresos de la persona titular y de los demás miembros de su unidad de convivencia, computados conjuntamente durante los tres meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, sean inferiores a la cuantía de la renta de ciudadanía que pudiera corresponder, durante tres meses, a los integrantes de la unidad de convivencia de la persona que solicite y perciba la prestación, de conformidad con los parámetros establecidos en este artículo.
A los efectos de la presente ley, no se considerará que existe carencia de recursos económicos si, aun cuando se cumpliera el requisito señalado en el párrafo anterior, en el mes anterior a la solicitud de la renta de ciudadanía la persona titular o cualquier miembro de su unidad de convivencia obtuviera prestaciones derivadas del ingreso mínimo vital, cuya cuantía neta mensual, sumada a los ingresos netos mensuales de todos los miembros de la unidad de convivencia, superase el importe mensual que pudiera corresponder a la unidad de convivencia por la obtención de la prestación.
b) Cuando la persona titular, o cualquier miembro de la unidad de convivencia no sea propietaria, usufructuaria o poseedora de bienes muebles o inmuebles cuyas características, valoración, posibilidades de explotación, venta u otras circunstancias análogas indiquen la existencia de medios suficientes superiores a la cuantía de renta de ciudadanía le pudiera corresponder a la unidad de convivencia en términos anuales. No se tendrá en cuenta esta circunstancia en los supuestos de posesión o titularidad de la vivienda habitual.
c) Ninguna persona miembro de la unidad de convivencia puede ser titular de otros bienes inmuebles distintos a la vivienda habitual, o en el caso de serlo, dicho bien deberá estar declarado en ruinas.
No obstante, y a fin de considerar que no existen recursos económicos suficientes, excepcionalmente se admitirá la titularidad de otro u otros bienes inmuebles por quienes sean miembros de la unidad de convivencia cuando se acredite por parte de los servicios sociales municipales que no existe posibilidad de venta o alquiler de estos. Asimismo, y a través de disposición reglamentaria, podrán ampliarse los supuestos excepcionales en los que resulte admisible la titularidad de otro u otros bienes inmuebles distintos a la vivienda habitual por parte de las personas integrantes de la unidad de convivencia.
La persona titular de la renta de ciudadanía, además de cumplir los requisitos señalados en los artículos anteriores, deberá tener entre 23 y 65 años, si bien también podrán ser titulares de dicha renta las personas que reuniendo el resto de los requisitos establecidos en el artículo 12.1 de esta ley, se encuentren además en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Ser menor de 23 años y tener a su cargo hijos o hijas menores de edad, menores de edad tutelados o en régimen de acogimiento familiar, o tener a su cargo personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, o personas dependientes reconocidas de grado III, II, I, siempre que convivan de manera efectiva con la unidad de convivencia. Asimismo, se tendrán en cuenta los casos sin hijos que estuvieran en situación de exclusión o vulnerabilidad social de conformidad con el artículo 3 de esta ley.
b) Tener una edad comprendida entre 18 y 23 años y haber estado tutelado por la Administración de la comunidad autónoma o cualquier otra entidad pública antes de alcanzar la mayoría de edad.
c) Tener una edad superior a 65 años y no tener derecho a ser titular de pensión u otra prestación análoga a la renta de ciudadanía, o hallarse sin hogar o espacio habitacional.
d) Tener una discapacidad igual o superior al 33%, ser mayor de 18 años, o de 16 años estando emancipado, y no tener derecho reconocido a pensión pública o cualquier otra prestación económica asimilada.
e) Ser persona emigrante canaria retornada, menor de 23 años o mayor de 65, y no tener reconocido el derecho a prestaciones públicas cuya cuantía acumulada, en su caso, fuese igual o superior a la que en concepto de renta de ciudadanía le pudiera corresponder.
f) Ser persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria o con solicitud de protección internacional en trámite o, aunque no le haya sido admitida esta, o habiendo sido admitida a trámite y resuelta desfavorablemente, sea autorizada su estancia o residencia en España por razones humanitarias, en el marco de la legislación reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, o su permanencia en España en los términos previstos por la normativa reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y no tener, en ambos casos, reconocido el derecho a ninguna otra prestación pública en cuantía igual o superior a la que en concepto de renta de ciudadanía le pudiera corresponder.
g) Ser mayor de 18 años y víctima de maltrato doméstico.
h) Tener entre 18 y 23 años y hallarse sin hogar o espacio habitacional.
i) Ser huérfano de padre y madre menor de 23 años y sin derecho a pensión.
j) Ser mujer o persona trans o intersexual, de entre 18 y 23 años, y tener la condición de víctima de violencia o agresión contra la vida, integridad física o psíquica.
k) Las mujeres que tengan legalmente reconocida la condición de víctimas de violencia de género. Como excepción, se tendrá también en consideración para el reconocimiento de la prestación el informe del Ministerio Fiscal y la presentación del atestado policial o certificado acreditativo de atención especializada emitido por un organismo público competente en materia de violencia. Asimismo, las mujeres y hombres víctimas de violencia sexual o de trata, adquirirán automáticamente la titularidad de la prestación. Igualmente las personas trans o intersexuales víctimas de cualquier acto de violencia o agresión contra la vida, integridad física o psíquica, el honor personal y dignidad que tenga causa directa o indirecta en la identidad o expresión de género o la diversidad corporal, sean propias o del grupo familiar al que se pertenezca adquirirán automáticamente la titularidad de la prestación.
1. La renta de ciudadanía se constituye en las siguientes modalidades de prestaciones económicas, en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona y su unidad de convivencia:
a) La renta de ciudadanía para la inclusión y protección social.
b) La renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes.
c) La renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.
2. La renta de ciudadanía para la inclusión y protección social es una prestación destinada a las personas de entre los 23 y los 65 años de edad que carezcan de cualquier tipo de prestación o que, pese a percibir alguna, sus ingresos, en la cuantía que se determine reglamentariamente, resulten insuficientes para hacer frente a los gastos asociados a la cobertura de las necesidades básicas.
Para acceder a esta modalidad de renta se deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 12, 13 y 14 de la presente ley.
3. La renta de ciudadanía para la inclusión social de personas jóvenes se configura como un ingreso económico y apoyo a la inclusión social para jóvenes emancipados o entre 16 y 23 años, que no dispongan de recursos económicos suficientes.
Para acceder a esta modalidad de renta se deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 12, 13, 14 y en el artículo 16 de la presente ley. Junto a la prestación económica se articulará el derecho a la inclusión social de las personas beneficiarias de esta modalidad de renta, a través de planes individualizados de inclusión social.
Dichos planes serán elaborados por los servicios sociales de los ayuntamientos, consensuados con la persona interesada e incorporarán un compromiso de inclusión social a través de un itinerario de inserción. El desarrollo de dichos planes será supervisado por el personal especializado de referencia del ayuntamiento correspondiente, contando con los apoyos necesarios para ello. El Gobierno de Canarias garantizará a los ayuntamientos canarios los recursos económicos suficientes, a partir del número de solicitantes en cada municipio, para adecuar los recursos materiales y humanos a tal fin.
4. La renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo es una prestación de derecho subjetivo, periódica, de naturaleza económica, dirigida a complementar el nivel de ingresos de los núcleos de convivencia que, aun disponiendo de ingresos procedentes del trabajo, cuentan con un nivel mensual de ingresos que resulta insuficiente para hacer frente a los gastos asociados a la cobertura de las necesidades básicas.
Dicho complemento resulta de calcular la diferencia entre lo que corresponda como renta de ciudadanía a la unidad de convivencia y lo que se perciba por los ingresos del trabajo, descontando una parte de estos, la cual se establecerá reglamentariamente, en los términos señalados en el artículo 21 de esta ley.
Esta modalidad podrá ser solicitada por aquellas unidades de convivencia que, una vez aplicados los estímulos al empleo, cumplan los requisitos establecidos en los artículos 12, 13 y 14 de la presente ley.
1. Las personas entre 16 y 23 años, solicitantes de la modalidad de renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes, además de los requisitos establecidos en los artículos 12, 13 y 14, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar inscritos como demandantes de empleo.
b) Estar inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, en el caso de cumplir los requisitos para ello.
2. Además de lo establecido en el apartado anterior, las personas solicitantes deberán cumplir, en la forma en que se determine reglamentariamente, alguno de los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de 18 años y haber permanecido en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la seguridad social entre uno y dos años antes de la solicitud de la renta de ciudadanía, y siempre que se acredite haber tenido anteriormente a la solicitud un hogar independiente de la familia de origen.
b) Tener a su cargo a personas menores de edad o bajo la patria potestad o a menores bajo tutela o en régimen de acogimiento familiar, o tener a su cargo personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% o personas dependientes reconocidas de grado III, II y I o que, habiendo presentado la solicitud de reconocimiento, hayan trascurrido más de seis meses sin recaer resolución sobre el expediente, quedando obligada la persona interesada a informar a la Administración competente de la resolución de esta solicitud de reconocimiento de grado de dependencia o de discapacidad, siempre que convivan de manera efectiva con la unidad de convivencia.
c) Ser mayor de 18 años y haber estado sujeto, en algún periodo de los tres años anteriores a la mayoría de edad, a una medida administrativa de protección de menores o del sistema judicial de reeducación.
d) Tener una discapacidad igual o superior al 33% o que habiendo presentado la solicitud de reconocimiento, hayan trascurrido más de seis meses sin recaer resolución sobre el expediente, quedando obligada la persona interesada a informar a la Administración competente de la resolución de esta.
e) Acreditar solicitud de reconocimiento de grado de discapacidad, ser mayor de 18 años, o de 16 años estando emancipado, y no tener derecho reconocido a pensión pública o cualquier otra prestación económica asimilada.
f) Ser mujer o persona trans o intersexual, de entre 18 y 23 años, y tener reconocida la condición de víctima de violencia de género, de explotación sexual o de trata. En este último caso se entienden incluidos tanto las mujeres como los hombres. De no tener aún reconocida esta condición, esta circunstancia quedará justificada mediante un informe social de los servicios de atención primaria o de los servicios sociales especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración pública competente. Igualmente mediante informe del Ministerio Fiscal o denuncia ante el juzgado, así como por atestado policial.
g) Ser persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria o con solicitud de protección internacional en trámite; o tener autorizada su estancia o residencia en España por razones humanitarias, en el marco de la legislación reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, o su permanencia en España en los términos previstos por la normativa reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aunque no le haya sido admitida a trámite la solicitud de protección internacional o habiendo sido admitida a trámite y resuelta desfavorablemente, no tener reconocido el derecho a ninguna otra prestación pública en cuantía igual o superior a la que en concepto de prestación económica de la renta de ciudadanía le pudiera corresponder.
h) Haber estado tutelada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, u otra entidad pública.
El paso de una modalidad a otra de la renta de ciudadanía, como consecuencia de una modificación en la situación de la persona titular, se articulará a instancia de parte o de oficio, en el caso de que la Administración encargada conociera las circunstancias que den lugar a dicha modificación.
La renta de ciudadanía estará sujeta a las siguientes incompatibilidades:
1. Solo podrá concederse una prestación por unidad de convivencia.
2. No podrán acceder a la renta de ciudadanía las personas en quienes concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando una persona miembro de la unidad de convivencia tenga derecho legalmente a percibir una pensión compensatoria o alimenticia y no la reciba, bien por no haber hecho uso de su derecho para percibirla, o bien por renunciar voluntariamente a ella, aun teniendo la posibilidad de ser asesorado por los servicios sociales competentes, excepto cuando la persona titular de la renta de ciudadanía acredite ser víctima de violencia de género o de cualquier otra circunstancia que lo impida y se justifique esta situación en el correspondiente informe de los servicios sociales.
b) Cuando tenga lugar la renuncia expresa de derechos o la falta de solicitud de las prestaciones económicas públicas a las que tenga derecho cualquier miembro de la unidad de convivencia, tanto en el momento de la solicitud como en el tiempo de vigencia de la percepción de la renta de ciudadanía.
3. No podrán ser beneficiarias aquellas personas que tengan cubiertas sus necesidades básicas de alojamiento y alimentación por estar alojadas de manera permanente en centros o establecimientos de titularidad pública o en aquellos gestionados en colaboración con entidades del tercer sector u otro tipo de entidad privada, salvo en el caso expresado en el artículo 7.3 y de conformidad con el artículo 8.2 letra b), ambos de esta ley.
A los efectos de determinar los ingresos percibidos por la persona titular y demás miembros de la unidad de convivencia, para comprobar el cumplimiento del requisito de carencia de recursos económicos suficientes previsto en el artículo 13 a) de esta ley y, en su caso, aplicar las deducciones correspondientes al importe de la renta de ciudadanía a percibir, no se computarán:
a) Las cantidades recibidas en concepto de ayudas sociales de carácter finalista, no periódicas, o concedidas para paliar situaciones de emergencia social.
b) Las subvenciones periódicas que se perciban en materia de vivienda.
c) Las becas de formación, de estudios y análogas.
d) Las prestaciones familiares económicas de pago periódico o único por hijo a cargo del sistema de la Seguridad Social, así como el complemento a la infancia del ingreso mínimo vital.
e) Las prestaciones económicas del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
f) Las pensiones no contributivas en su modalidad de invalidez del sistema de la Seguridad Social.
g) Las pensiones contributivas en su modalidad de invalidez, hasta el límite de las cuantías establecidas para las pensiones no contributivas con complemento retributivo de tercera persona.
h) Las pensiones derivadas del pago de alimentos reconocidas por sentencia judicial o convenio regulador, hasta el límite de la cuantía mensual de la renta de ciudadanía que les correspondiera por unidad de convivencia.
i) Las pensiones compensatorias reconocidas por sentencia judicial y que se abonen de forma efectiva, hasta el límite de la cuantía mensual de la renta de ciudadanía que les correspondiera por unidad de convivencia.
j) Las prestaciones por acogimiento familiar, hasta el límite que le pudiera corresponder por unidad de convivencia.
k) Las pensiones de orfandad del sistema de la Seguridad Social hasta el límite que les pudiera corresponder por unidad de convivencia.
l) Las ayudas a jóvenes que provengan del sistema de protección hasta el límite que les pudiera corresponder por unidad de convivencia.
m) El importe procedente de los rendimientos del trabajo en la cuantía que se establezca reglamentariamente conforme a lo establecido en el artículo 21 de esta ley.
n) Los derivados del ingreso mínimo vital, únicamente durante el periodo que va de la solicitud de esa prestación estatal a su resolución.
1. La cuantía base de la renta de ciudadanía será la que se determina como renta garantizada por la legislación reguladora del ingreso mínimo vital, en función de la condición de la persona beneficiaria individual o de las características de la unidad de convivencia.
2. La cuantía mensual de la renta de ciudadanía vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base señalada en el apartado anterior y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las personas beneficiarias.
1. Con el fin de reforzar el estímulo al empleo, a efectos de determinar el derecho y la cuantía de la renta de ciudadanía, quedarán excluidos del cómputo de los recursos disponibles una parte de los rendimientos de las actividades laborales que se determinará reglamentariamente.
Tanto la cuantía de los ingresos provenientes del trabajo que se excluyan de los recursos para determinar la correspondiente renta de ciudadanía como el tiempo durante el cual serán deducidos serán objeto de desarrollo reglamentario.
En todo caso, la parte de los ingresos provenientes del trabajo que se excluya del cómputo de los recursos disponibles para calcular la cuantía de la renta de ciudadanía será mayor en el caso de las unidades de convivencia formadas por un progenitor (madre o padre) y una o varias personas menores de edad a su cargo.
2. A efectos de la determinación de los ingresos de la unidad de convivencia, la exclusión de esos ingresos provenientes de las actividades laborales se tendrán en cuenta, no solamente cuando la actividad laboral se realice una vez se es persona beneficiaria de la prestación económica, sino también en el momento de la solicitud.
3. Si en el caso de estar percibiendo la renta de ciudadanía se recibieran ingresos procedentes de actividades laborales por parte de cualquier miembro de la unidad de convivencia, estos se valorarán y afectarán a la cuantía percibida, de conformidad con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
4. En los casos de contratos laborales subvencionados públicamente mediante programas de fomento del empleo o de inserción sociolaboral, no serán de aplicación los estímulos previstos en los puntos anteriores. Para estos casos se establecerá reglamentariamente un sistema específico de incentivos al empleo.
1. En el caso de resolución expresa estimatoria, la renta de ciudadanía se devengará a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de dicha resolución.
2. Su pago se efectuará por mensualidades vencidas a la persona titular de la prestación.
1. El acceso a la renta de ciudadanía contemplada en la presente ley, en cualquiera de sus modalidades y, en el caso en que fueran necesarios, también los programas y servicios orientados a la inclusión social y/o inserción laboral, se tramitarán a través de la presentación de una solicitud.
2. La solicitud se presentará, como norma general, de manera telemática, ajustada al modelo específico que se ponga a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica por la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias. No obstante, además de la vía prevista en el apartado 3 de este artículo se podrán habilitar otros canales de comunicación, presenciales o a distancia, telemáticos o telefónicos, que permitan presentar la solicitud.
En todo caso, la presentación de la solicitud expresará el consentimiento expreso de las personas integrantes de la unidad de convivencia, para que los ayuntamientos y la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias accedan a los datos de carácter personal en los términos establecidos legalmente. Dicho consentimiento deberá ser recabado en la propia solicitud.
3. En el supuesto de que la persona interesada no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática, concurran en ella otras circunstancias que dificulten su accesibilidad, o bien requiera de apoyo y orientación para la presentación de la solicitud, podrá ser asistida en dicho trámite por los servicios sociales del ayuntamiento del municipio donde la persona tenga su empadronamiento y/o residencia efectiva.
Además, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrá de manera complementaria hacer uso de la habilitación recogida en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o norma que la sustituya.
4. Los servicios sociales de los ayuntamientos ayudarán a la identificación e información a las posibles personas beneficiarias de la prestación sobre los requisitos, documentación a presentar, cuantía y procedimiento para efectuar las solicitudes.
1. Una vez la solicitud con el expediente completo tenga entrada en el aplicativo habilitado al efecto, el centro directivo de la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias comprobará los datos aportados por las personas solicitantes y el cumplimiento de los requisitos de la persona titular y demás miembros de sus unidades de convivencia, recabando la información obrante en otros órganos del Gobierno de Canarias u otras administraciones públicas, a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
2. La identificación de la persona titular y la autenticación de la información proporcionada se llevará a cabo mediante la verificación de los datos aportados por la misma a través del sistema de intermediación de datos, siempre que se cuente con el oportuno consentimiento expreso de la persona interesada.
Para ello, la Administración consultará los datos, salvo oposición expresa acreditada en el formulario de solicitud. En caso de que la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias no pueda obtener el dato, bien por no estar disponible la consulta telemática, bien por oposición o porque la persona interesada no concede la autorización expresa, según los casos, será necesario que los acredite la persona titular en el momento de presentar su solicitud de la prestación.
3. La consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias podrá solicitar a la Administración municipal o a otra Administración la documentación necesaria que avale el cumplimiento de los requisitos a la unidad de convivencia, especialmente aquellas situaciones que deban ser justificadas mediante informe social, debiendo ceñirse exclusivamente a las que resulten necesarias para el alcance de los objetivos de la presente ley. No se requerirá a la persona titular la presentación de documentos que ya se encuentren en poder de la Administración o que sean generados por la propia Administración municipal o autonómica.
4. La consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias podrá solicitar de otros organismos públicos, en el marco del principio de cooperación administrativa, cuantos datos e informes sean necesarios para comprobar la veracidad de la documentación presentada por la persona titular y su adecuación a los requisitos establecidos en la presente ley y en sus normas de desarrollo.
1. En el supuesto de detectarse errores o contradicciones en la documentación presentada o cuando se considere que la documentación aportada necesita ser complementada para acreditar los requisitos exigidos, la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias requerirá a la persona solicitante para que subsane el defecto o acompañe los documentos solicitados, en los términos que disponga la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, salvo que por causa justificada comunicada por la persona interesada y debidamente estimada por el órgano competente se prorrogue dicho plazo por otros cinco días más.
2. Si en la comprobación efectuada por la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias se constata el falseamiento de la declaración de ingresos, cualquier otra información de la unidad de convivencia o cualquier otra actuación fraudulenta, se le concederá audiencia para formular alegaciones, en los términos que disponga la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
1. La consejería competente en materia de derechos sociales dictará y notificará la resolución de concesión o denegación de la renta de ciudadanía en el plazo máximo de tres meses desde la entrada de la solicitud en dicha consejería del Gobierno de Canarias, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
Dicho plazo regirá, salvo que el procedimiento hubiese quedado suspendido por alguna de las causas previstas en la legislación del procedimiento administrativo común. Si quedara interrumpido por causa imputable a la persona titular, se hará advertencia a la persona interesada por parte de la consejería competente en materia de derechos sociales en la que constará que, transcurrido el plazo máximo establecido desde su paralización, se entenderá desistida su petición, de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
No se entenderá como causa imputable de la persona titular el retraso en la expedición de certificados por parte de administraciones públicas u organismos que resulten necesarios para acreditar cualquier extremo del procedimiento, siempre y cuando la persona solicitante acredite haber cursado la solicitud o la cita previa para obtener dicho certificado. No obstante, la Administración deberá facilitar a la persona interesada todos aquellos trámites que pueda realizar p