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Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional de COVID-19 el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo acordó el 21 de julio de 2020, un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros, compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).
Como consecuencia de esos acuerdos, la Unión Europea adoptó el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la pandemia de COVID-19 y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicho Mecanismo, que tiene como objetivo general fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión, tiene como objetivo específico proporcionar a los Estados miembros ayuda financiera para que alcancen los hitos y objetivos de las reformas e inversiones establecidos en sus Planes de Recuperación y Resiliencia.
En el contexto anterior, el Gobierno de España presentó a la Comisión Europea el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede» (en adelante, Plan de Recuperación), aprobado el 13 de julio de 2021, mediante la Decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España [COM (2021) 322 final] (CID por sus siglas en inglés).
El Plan de Recuperación contempla diez políticas palanca y treinta componentes, recogiendo un conjunto coherente de inversiones y reformas orientadas a la recuperación y a impulsar un cambio de modelo económico, productivo y social para abordar de forma equilibrada los retos futuros: hacia una España más sostenible, digitalizada, en igualdad y con mayor cohesión social.
De las diez políticas palanca, la quinta, «Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora», se centra esencialmente en la competitividad industrial y de las pymes. En dicha política se incluye el Componente 13 del Plan de Recuperación, denominado «Impulso a la PYME», que subraya retos específicos como son: el emprendimiento, el crecimiento, la digitalización, la innovación y la internacionalización de las pymes.
Este componente 13 se estructura en dos reformas y cinco inversiones, entre ellas la inversión C13.I1 «Emprendimiento», cuyo objetivo es potenciar el ecosistema emprendedor, para hacerlo más resiliente y competitivo a través de cuatro ámbitos de actuación: (i) reforzar las capacidades emprendedoras y apoyar a las personas emprendedoras; (ii) ofrecer herramientas para apoyar la creación y la gestión de las pymes; (iii) acciones de difusión y comunicación para reforzar el posicionamiento de España como país emprendedor; y (iv) financiación de la actividad emprendedora.
Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación, alineados con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la transición verde y digital, permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones que permitan, por un lado, un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia de COVID-19 y, por otro lado, una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
Las pymes se han situado en el epicentro de la crisis de la COVID-19, haciéndose más patentes los retos más relevantes, ya reflejados en el Marco Estratégico en Política de PYME 2030, ahora agravados en la situación actual. Entre estos retos destacan la necesidad de impulsar el emprendimiento; el crecimiento empresarial, la digitalización e innovación, la sobrerrepresentación entre nuestras pymes de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19 (como la industria, el turismo, la hostelería, el comercio o las actividades de ocio y cultura), o la posición más débil en las cadenas de valor y menor internacionalización.
Además, desde el punto de vista de la gestión pública, en materia de impulso de pymes, existe un reto transversal que consiste en cohesionar, y progresivamente integrar en una red de redes a los distintos sistemas públicos y público-privados de apoyo a las pymes, dotándolos con una mayor orientación hacia las necesidades y realidades de las empresas.
Las actuaciones previstas en el Componente 13 se alinean con el Marco Estratégico en Política de PYME 2030 (MEPP 2030), aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, el 12 de abril de 2019, orientado a consolidar la posición de las pymes españolas en un entorno global, digitalizado, sostenible y más innovador, y en línea con la visión transformadora de España definida en la Agenda del Cambio, publicada en febrero de 2019. Asimismo, se tienen en cuenta los retos y objetivos definidos en la Estrategia España Nación Emprendedora (ENE), la Agenda España Digital 2025, la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027 y la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.
En cuanto al reto de «emprendimiento», tal y como establece el Marco Estratégico en Política de la PYME 2030 y en línea con la Estrategia España Nación Emprendedora (ENE), el emprendimiento es la base para impulsar una economía más innovadora, dinámica y competitiva.
El Informe Global Entrepreneurship Monitor España 2019-2020 sitúa la Tasa de Actividad Emprendedora total (TEA) en 2019 en el 6,1 % (lo que supone que aproximadamente existen 6 personas emprendedoras por cada 100 personas de la población adulta), siendo bastante similar para la población de hombres (6,3 %) que de mujeres (6,0 %).
Tras la pandemia de COVID-19, el fomento del emprendimiento se convierte en una política clave dentro del Plan de Recuperación, para reforzar el ecosistema emprendedor con nuevos fundamentos: más dinámico, menos vulnerable, más articulado, innovador, que dé respuesta a las nuevas necesidades sociales y a la realidad post pandemia.
En efecto, la crisis de la pandemia de COVID-19 no sólo amenaza la supervivencia de las pymes sino también a personas emprendedoras que contemplan la creación de nuevas empresas y que pueden optar por cancelar o posponer esta iniciativa hasta que el contexto mejore.
Y en sentido contrario, también existirán nuevas iniciativas emprendedoras como alternativa de empleo al trabajo por cuenta ajena.
Por ello, se considera urgente reforzar los estímulos al emprendimiento para evitar que la actividad se vea afectada por los efectos de la crisis de la pandemia de COVID-19.
En línea con la Estrategia España Nación Emprendedora, el objetivo «emprendimiento» persigue impulsar el emprendimiento en España para mejorar la tasa de actividad emprendedora (TEA) por encima del valor actual de 6,1 % en 2023. Ello se logrará propiciando el cambio estructural hacia un modelo económico más emprendedor en todos los sectores y en todo el territorio español; apoyando el desarrollo de capacidades y herramientas para personas emprendedoras y posicionando a España como país atractivo para el emprendimiento.
La inversión en «emprendimiento» del componente 13 (C13.I1), incluye una serie de medidas orientadas a potenciar el ecosistema emprendedor, las cuales se abordan bajo el paraguas del Marco Estratégico en Política de PYME 2030, la Estrategia España Nación Emprendedora y la Agenda España Digital 2025. Se tendrá en cuenta el potencial de contribución a la resiliencia y la transición ecológica y digital, preparando el camino para la neutralidad climática de España a 2050.
Las medidas de la C13.I1 se recogen en cuatro acciones principales: capacidades, herramientas, difusión y comunicación, y financiación. Todo ello se abordará dentro del marco definido por las dos reformas (R1. Mejora de la Regulación y del Clima de Negocios y R2. Estrategia España Nación Emprendedora), que persiguen mejorar el contexto estratégico y regulatorio de la actividad emprendedora y de las pymes en España.
Dentro del proyecto C13.I1.3, relativo a las acciones de «difusión y comunicación», se van a realizar campañas de difusión y comunicación para la creación, desarrollo o atracción a España de eventos internacionales centrados en las empresas innovadoras y un programa de atracción de talento de mujeres. Esto incluirá al menos 20 eventos sobre emprendimiento desarrollados en el marco del Programa Bandera; y al menos 260 acciones de comunicación (200 apariciones en los medios de comunicación y 60 eventos) bajo la marca España Nación Emprendedora.
Estas acciones de «difusión y comunicación» para reforzar el posicionamiento de España como país emprendedor se van a materializar mediante: (i) el Programa Bandera para la creación, desarrollo o atracción a España de eventos internacionales centrados en las empresas innovadoras y los sectores transformadores de la economía; (ii) el impulso a la marca España Nación Emprendedora, una marca país que ampare las iniciativas relacionadas con el emprendimiento innovador y (iii) el Programa de atracción de talento de mujeres.
En este sentido, se prevé la ejecución por parte de la Fundación EOI FSP de dos actuaciones en este proyecto C13.I1.3:
1. «Programa Bandera» con el objetivo de difusión de la cultura emprendedora y de la Estrategia ENE en todas las CC. AA. con la realización de 20 eventos hasta final de 2023.
2. «Programa de Atracción de Talento Femenino» con el objetivo de dar visibilidad al ecosistema español de emprendimiento en Europa y trabajar con 833 mujeres emprendedoras europeas hasta final de 2023.
La línea de ayudas objeto de esta orden se enmarca, dentro del ámbito de «difusión y comunicación», en el Programa Bandera (integrado en el C13.I1.3). Dentro de esta medida se estima financiar actividades y eventos de apoyo a emprendedores mediante concurrencia competitiva. La financiación se ajustará al tipo de actividades propuestas en función de su objetivo y del impacto que se pretenda generar.
El Programa Bandera consistirá en la institucionalización de la creación, desarrollo y atracción a España de actividades y eventos centrados en las empresas innovadoras. Actualmente no existe un esfuerzo lo suficientemente coordinado y estructurado entre las diferentes administraciones, organismos y departamentos ministeriales dirigido a captar oportunidades de inversión, talento o empresa a través de eventos. Por ello, el objetivo del Programa Bandera será posicionar España a nivel global, generar puntos de encuentro y desarrollo de negocio, y promover y ser parte activa de los debates sociales, políticos y económicos que preocupan en los ecosistemas de emprendimiento más avanzados. Para tal fin, el Programa Bandera estará al servicio de la marca España Nación Emprendedora y contribuirá a proyectar la imagen de nuestro país a nivel internacional. Su misión última será contribuir a alcanzar las metas de inversión, talento, escalabilidad y sector público emprendedor; y reducir las brechas de género, territorial, socioeconómica y generacional.
Dentro del Programa Bandera surge el Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador, cuyas bases reguladoras y primera convocatoria se recogen en esta orden.
El Programa Bandera incluirá, además de la línea de ayudas del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador, otras acciones tanto para desarrollar eventos de apoyo a emprendedores como para fomentar la participación en ferias internacionales para conseguir el objetivo de la medida de generación de marca dentro del Programa Bandera. El desarrollo de eventos de apoyo a emprendedores se realizará mediante la suscripción de convenios de colaboración o bien se contratará a través de licitación pública a las entidades que presten los servicios.
Las ayudas que se regulan por la presente orden se incardinan, por tanto, en la inversión 1 del componente 13 del Plan de Recuperación, contribuyendo al objetivo CID número 195 del mismo, cuyo literal es «al menos 480 acciones completadas de difusión y comunicación para la creación, desarrollo o atracción a España de eventos internacionales centrados en las empresas innovadoras y programas de atracción de talento de mujeres». De estas acciones 20 eventos sobre emprendimiento corresponden al Programa Bandera; el resto corresponde a otras actuaciones. Específicamente, el 31 de diciembre de 2023 se deberán haber completado al menos 20 eventos sobre emprendimiento desarrollados en el marco del Programa Bandera. Este objetivo se pretende alcanzar con esta línea de ayudas del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador. En caso de que, una vez resuelta la convocatoria, el número de eventos financiados sea menor al objetivo, está previsto realizar, bajo el paraguas del Programa Bandera, otras acciones para desarrollar eventos de apoyo (mediante convenios de colaboración o contratación pública).
Adicionalmente, existe un objetivo en el Acuerdo Operacional (OA) que desglosa el objetivo CID número 195: Objetivo OA 195.1, consistente en la realización de al menos 10 eventos sobre emprendimiento apoyados por el Programa Bandera, antes de finales de 2022. Este objetivo se espera alcanzarlo con esta línea de ayudas.
La Fundación EOI, FSP (en adelante, la Fundación EOI), que actuará como entidad ejecutora de este proyecto C13.I1.3, verificará el cumplimiento de los objetivos CID con un documento resumen en el que se justifique debidamente la forma en que el objetivo (incluyendo los elementos relevantes del objetivo, tal y como figuran en la descripción de objetivo y de la medida correspondiente en el anexo del CID) se ha cumplido satisfactoriamente, así como con una certificación oficial de finalización del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador y la acreditación documental sobre el tipo de apoyo recibido. El documento resumen incluirá, también, identificación de las acciones realizadas y su tipología.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, las acciones que se deriven de esta orden deben cumplir de las condiciones específicas previstas en el Componente 13, Inversión C13.I1 en la que se enmarca, tanto en lo referido al principio DNSH («Do No Significant Harm»), como especialmente en lo que se refiere a las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del componente del Plan.
Los criterios de selección asegurarán el cumplimiento del acervo europeo y nacional en materia medioambiental, según el principio de la Guía técnica (2021/C58/01) de «No daño significativo» al medioambiente, estableciendo un listado de actividades y activos excluidos de la financiación. Se requerirá la aplicación de los criterios de exclusión de entidades y activos excluidos de la financiación.
La inversión C13.I1, además, tiene asignado un etiquetado digital con la etiqueta 100, correspondiente a un porcentaje del 40 por ciento, que implica que las actividades financiadas deben corresponder a la categoría de «Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas».
Para la inversión C13.I1 no se ha definido ninguna etiqueta verde, al no existir un campo de intervención que se adecúe a las intervenciones que la componen.
Conforme a lo señalado en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como entidad con dotación presupuestaria para el Programa Bandera, es la entidad decisora de este, siendo la Fundación EOI la entidad ejecutora bajo los criterios y directrices de la entidad decisora. Las ayudas serán gestionadas, convocadas y concedidas por la Fundación EOI.
La Fundación EOI es una fundación del sector público estatal, tutelada por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que viene colaborando con ésta en el marco de la mencionada Estrategia, y que tiene como finalidad general potenciar la formación y la realización y promoción de estudios e investigaciones científicas y técnicas, fundamentalmente en los ámbitos de la industria, el medio ambiente, la innovación, las nuevas tecnologías, la pequeña y mediana empresa, la propiedad industrial, la economía y la prospectiva sobre la evolución de la ciencia y la tecnología y su impacto e influencia en el sector productivo y en la sociedad.
La Fundación EOI, en línea con su ámbito de actuación general, tiene entre sus fines específicos «Impulsar activamente la iniciativa emprendedora para la creación y consolidación de las empresas, especialmente en el campo de las pequeñas y medianas empresas.» Desarrolla desde el año 1996 actuaciones en beneficio de la formación de personas y en particular del impulso del emprendimiento como Organismo Intermedio de Fondos Europeos.
Dichas actuaciones, que recaen en el ámbito de su actividad ordinaria, consisten en la formación y asesoramiento de jóvenes desempleados, empresarios y directivos ante los retos de un mundo cada vez más competitivo, que se ha visto afectado por la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de COVID-19.
La financiación de estas actuaciones desde 1996 se ha realizado por las asignaciones presupuestarias de la Comisión Europea a la Fundación EOI como Organismo Intermedio de fondos europeos en los diferentes períodos de programación y programas operativos, y por cofinanciaciones del Ministerio de adscripción canalizadas a través de convenios específicos para cada periodo de programación de fondos europeos.
En el presente caso, se prevé que las convocatorias se financien con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. No obstante, también se prevé que puedan utilizarse estas bases reguladoras para articular convocatorias con presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Estas ayudas se consideran ayudas deminimisy se otorgan de conformidad con el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas deminimis, sin perjuicio, del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación.
Estas ayudas se incardinan en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 2022-2024, elaborado en un contexto condicionado por la crisis sanitaria y marcado desde el punto de vista presupuestario por la aprobación de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y por la aprobación del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Dicha incardinación se efectúa a través de la primera de las cinco líneas estratégicas del plan que tiene como objetivo fomentar la digitalización y la innovación en los sectores productivos competencia del departamento.
Las ayudas contempladas en esta orden consistirán en disposiciones dinerarias, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Debido al volumen previsto de solicitudes y para simplificar la tramitación, se ha previsto su presentación únicamente por medios telemáticos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 3.3 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo. Por ello, no será posible utilizar cualquier otro canal que el que se establece en esta orden y en las posteriores convocatorias. La presentación de las solicitudes de subvención y de las solicitudes de pago incluyendo la justificación, se llevará a cabo a través del correspondiente formulario electrónico, previsto a tal efecto en cada convocatoria, conforme a lo establecido en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El ámbito de aplicación del programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador es todo el territorio nacional y, con el objetivo de impulsar la ejecución en las distintas regiones, se prevé la participación de las comunidades autónomas que quieran adherirse al Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador. Por lo que, dado que el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en beneficio de su efectividad y operatividad y del cumplimiento de los objetivos CID, que son puntuales y no permanecen en el tiempo, es conveniente la concentración de fondos que financian esta línea de ayudas. Las comunidades autónomas podrán participar a través de la aportación de sus propios fondos, mediante la adhesión a las actividades en el marco del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador, lo que supondrá una participación en la consecución de los objetivos fijados en cada región. Esta participación se podrá instrumentar tanto mediante convenios de colaboración como con otros instrumentos como: aportaciones en especie (cesión de espacios, ponencias, etc.), organización de actividades paralelas directamente relacionadas y debidamente coordinadas u otras.
La competencia del Estado para dictar esta orden se justifica en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que «exige decisiones unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de determinados problemas en orden a la consecución de dichos objetivos [de política económica global o sectorial] y evite que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en las distintas partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores» (STC 186/1988, FJ Ortega; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5). El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza y forma de instrumentación, orientadas a garantizar la «unidad de mercado» (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la «unidad económica» (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).
Específicamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero, (FJ 8) cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas competencias exclusivas sobre la materia en que recaen las subvenciones, estas pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado u organismo de esta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada de las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado». No obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas circunstancias y para valorar la participación en ese proceso de las comunidades autónomas (STC 31/10, FJ 62).
La convocatoria se ha diseñado de forma que, se seleccionan aquellos eventos que se considera contribuirán mejor a la consecución de los objetivos, en base a la puntuación obtenida en el proceso de evaluación, intentando garantizar la distribución territorial. Para favorecer la adecuada distribución territorial, en primer lugar, se seleccionará la propuesta con mayor puntuación entre las solicitudes presentadas en cada región. Una vez aplicado este esquema, la selección de propuestas se realizará en función de la puntuación obtenida, independientemente de la región en que se celebren. Cada territorio tiene unas características, necesidades, ecosistema emprendedor y condiciones distintas, por lo que no es posible anticipar a priori la distribución territorial de las ayudas. Si bien, para asegurar la plena efectividad de las ayudas y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, es necesaria la realización de una gestión centralizada de las mismas. Con este procedimiento se asegura por un lado la distribución territorial y por otro se potencian los eventos que se considera contribuyen mejor a los objetivos del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador.
Esta orden se dicta de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con su Reglamento. Para ello, de acuerdo con los artículos 9.2 y 17 y con la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante esta orden se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la realización de actividades y celebración de eventos con objeto de impulsar el emprendimiento innovador a través del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador de la Fundación EOI.
Es el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el que establece que, en el ámbito de la Administración General del Estado, los ministros correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión de subvenciones.
La disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que, las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la Administración a la que la fundación esté adscrita y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2. Asimismo, establece que la aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por los órganos de la Administración que financien en mayor proporción la subvención correspondiente; en caso de que no sea posible identificar tal Administración, las funciones serán ejercidas por los órganos de la Administración que ejerza el Protectorado de la fundación. Teniendo en cuenta que la Fundación EOI se encuentra adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, será la persona titular del Ministerio, la competente para establecer estas bases. El procedimiento de concesión es el de concurrencia competitiva.
Por su parte, con carácter general, la competencia para posteriores convocatorias, con fondos que en el futuro puedan provenir de Estado y/o comunidades autónomas y para la concesión de las subvenciones recaería en la Dirección General de la Fundación EOI, en virtud de lo dispuesto en la citada disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en la Orden ICT/1291/2018, de 27 de noviembre, por la que se autoriza a la Fundación EOI, FSP, a conceder subvenciones.
Las ayudas serán gestionadas por la Fundación EOI, incluyendo la concesión, el seguimiento, resolución y justificación. En su caso, la declaración de procedencia de reintegro, así como la instrucción del procedimiento sancionador se realizarán por el órgano que corresponda del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La presente orden se estructura en tres capítulos que, de conformidad con el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contienen tanto las bases reguladoras (los dos primeros), como la primera convocatoria de subvenciones (el tercero), este último con rango no reglamentario.
En cumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en particular del artículo 17.3, las bases reguladoras que se establecen en esta orden ministerial se estructuran en tres capítulos, correspondiendo los dos primeros a las bases reguladoras. El primer capítulo recoge disposiciones de carácter general. El capítulo segundo, define el procedimiento de concesión y gestión de las ayudas. El tercer capítulo corresponde a la convocatoria para eventos de emprendimiento innovador realizados o a realizar en 2022 y 2023. Por último, se incluyen tres disposiciones finales, sobre el título competencial, el rango no reglamentario de la convocatoria y la entrada en vigor.
Esta orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Así, se atiende a los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa normativa justificada en el marco del apoyo al emprendimiento, contribuyendo al desarrollo empresarial y al incremento de la competitividad y productividad, lo que repercutirá en beneficio de la sociedad.
De la misma manera, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, la norma se limita a la regulación imprescindible para el establecimiento de las bases reguladoras.
En virtud del principio de seguridad jurídica, esta orden es coherente con el conjunto del ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación. Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de transparencia, definiéndose el objeto y ámbito de aplicación, así como la participación de los organismos competentes en su proceso de tramitación.
Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, esta orden, estableciendo criterios objetivos y claros sobre el ciclo completo de gestión de la tramitación de las subvenciones, persigue una correcta utilización de los recursos públicos.
En la elaboración de esta orden se ha tenido en cuenta la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En relación con la tramitación de esta orden, resulta de aplicación lo establecido en el capítulo V de título IV del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por lo que, en virtud del artículo 61.1 se tramitan las bases reguladoras y primera convocatoria de forma conjunta y, en virtud del artículo 61.2 se tramita el proyecto por el procedimiento especial allí establecido. En consecuencia, esta orden ha sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En su virtud, dispongo:
1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones que tengan por objeto la consolidación del ecosistema de emprendimiento innovador nacional, regional o local a través de la organización de eventos de emprendimiento innovador que estimulen e impulsen el espíritu emprendedor.
2. Las ayudas a conceder en el marco de esta orden constituirán ayudas deminimis, por lo que será de aplicación el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas deminimis, quedando excluidas de esta orden las ayudas a las que se refiere el artículo 1.1 de ese reglamento.
3. Las actividades podrán realizarse en la totalidad del territorio nacional. Cada convocatoria podrá particularizar el ámbito geográfico de la subvención.
4. Las ayudas reguladas en esta orden de bases, en la convocatoria prevista en su capítulo III, estarán financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, «Plan de Recuperación») del Gobierno de España, integrándose en la Inversión 1, «Emprendimiento», del Componente 13 «Impulso a las PYME», contribuyendo al cumplimiento de los objetivos asociados a esta medida. En ese caso, las actividades financiadas deberán haber sido completadas antes del 31 de diciembre de 2023.
1. Las subvenciones previstas en la presente orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
2. Las subvenciones se sujetarán, también, a la normativa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular, al Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; al Real Decreto‐ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y a la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. La ejecución de las actividades subvencionadas se sujetará a la normativa medioambiental aplicable, y en particular al principio de «no causar un perjuicio significativo» de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) número 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
1. La finalidad de esta línea de ayudas es promover el emprendimiento y la innovación en todo el territorio nacional, contribuir al desarrollo de ecosistemas regionales y locales, fortalecer los foros de encuentro, redes formales e informales de apoyo a emprendedores y oportunidades de formación. El apoyo a estos eventos contribuirá al fortalecimiento del tejido empresarial, su competitividad y posibilidades de crecimiento e internacionalización, además de potenciar la atracción de talento e inversión a esos territorios.
2. Los destinatarios finales de los eventos de emprendimiento innovador serán las personas que asisten a las actividades del evento de emprendimiento innovador.
3. A los efectos de estas bases reguladoras, se entenderá por:
a) Evento de emprendimiento innovador: jornadas, congresos, ferias, exposiciones, foros, actos de promoción del emprendimiento u otras actuaciones de carácter similar, dirigidos a empresas emergentes (startups), personas emprendedoras o personas que estén valorando iniciar un proyecto emprendedor o inversores.
Explícitamente no serán objeto de estas ayudas eventos de carácter comercial o de presentación de productos, servicios o marcas.
b) Empresa emergente (startup): persona jurídica de reciente creación, cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de constitución, con carácter general, o de siete en caso de empresa de biotecnología, energía, o industrial, que cumpla los siguientes requisitos:
1.º No haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación. Los términos concentración o segregación se consideran incluidos en las anteriores operaciones.
2.º Ser una empresa innovadora, entendiendo por empresa innovadora aquella que tenga por finalidad resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica y que lleven implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial.
3.º No distribuir ni haber distribuido dividendos.
4.º No cotizar en un mercado regulado ni en un sistema multilateral de negociación.
Si pertenece a un grupo de empresas de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, el grupo o cada una de las empresas que lo componen debe cumplir con los requisitos anteriores.
c) Persona emprendedora: persona, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que va a realizar una actividad económica o productiva.
d) Persona que está valorando iniciar un proyecto emprendedor: persona, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que está desarrollando el plan de negocio con objeto de valorar el inicio de una actividad económica o productiva.
e) Inversor: persona física, profesional o sociedad que invierte o gestiona fondos orientados a invertir en empresas emergentes (startups) o personas emprendedoras.
1. Las convocatorias que se acojan a esta orden de bases se financiarán con cargo al presupuesto de la Fundación EOI, FSP (en adelante, la Fundación EOI), que contará con una o varias de las siguientes fuentes de financiación:
a) Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
b) La aplicación presupuestaria de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conforme a lo establecido en el pertinente convenio.
c) Las comunidades autónomas que se adhieran al Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador.
2. En las convocatorias se indicarán expresamente las fuentes de financiación de entre las anteriores y el presupuesto específico de las mismas, que dependerá del régimen presupuestario que se acuerde en cada caso, así como del número y alcance de las actividades planteadas.
1. El beneficiario de la subvención será la entidad que organice el evento de emprendimiento innovador.
2. Son requisitos para obtener la condición de beneficiario, cuyo cumplimiento deberá acreditarse en la forma y con los medios que se determinen en cada convocatoria, los siguientes:
a) Ser una entidad válidamente constituida con personalidad jurídica propia y domicilio fiscal en España, pudiendo ser entidades jurídicas públicas o privadas.
b) Estar inscrito en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de cada Administración Tributaria Foral, y tener la antigüedad mínima que se establezca en cada convocatoria.
c) Cumplir con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a los requisitos para obtener la condición de beneficiario, no pudiendo estar incurso en algunas de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la misma ley. Dichas prohibiciones afectarán también a aquellas entidades de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras entidades en las que hubiesen concurrido aquellas.
d) Disponer de la experiencia mínima para la ejecución de las actividades, según se establezca en la convocatoria y que como mínimo será de un año de experiencia, en los últimos seis años, en la organización de eventos o en apoyo, asistencia o ayuda astartups, personas emprendedoras o personas que estén valorando iniciar un proyecto emprendedor, o la dinamización del ecosistema empresarial.
e) Disponer de recursos económicos suficientes para ejecutar la ayuda solicitada, según se establezca en la convocatoria, entendiendo como tales disponer, al menos, de un volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los seis últimos disponibles, por un importe de una vez el importe de la ayuda solicitada.
f) Disponer de recursos humanos suficientes para ejecutar la ayuda solicitada, según se establezca en la convocatoria, entendiendo como tales disponer, en el momento de presentación de la solicitud de subvención y durante el desarrollo de la actividad subvencionada, al menos del equivalente a una persona a tiempo completo con relación laboral con la entidad con titulación mínima grado universitario o equivalente.
g) No tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos o anticipos con la Administración, o estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
h) No superar el límite de ayudas deminimis.
3. Conforme al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si así se establece en la correspondiente convocatoria, podrán tener la condición de beneficiario las agrupaciones de personas jurídicas que puedan llevar a cabo las actividades en cooperación.
4. Las convocatorias podrán desarrollar y concretar los requisitos establecidos en los apartados anteriores.
1. Los beneficiarios deben cumplirlas obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las contenidas en estas bases, las que se determinen en las convocatorias, y las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas.
2. Asimismo, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, para los mismos gastos, procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, en los términos previstos en estas bases, tan pronto como tenga conocimiento de ello y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
b) Declarar al órgano concedente todas las ayudas deminimisrecibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
c) Comunicar al órgano concedente cualquier alteración o incidencia que afecte a las condiciones bajo las cuales se concedió la subvención.
d) Cumplir con los requerimientos realizados por el órgano concedente, relativos a las actuaciones de control y comprobación.
e) Poner los medios necesarios y cooperar con el órgano concedente y las entidades colaboradoras para el correcto desarrollo de las actuaciones objeto de ayuda y el cumplimiento de la finalidad que determino la concesión de la subvención.
f) Llevar una contabilidad analítica que permita la identificación de los ingresos y gastos relativos a la realización de las actividades objeto de subvención, manteniendo dicha información a disposición para posibles comprobaciones.
g) Conservar las facturas completas y todos los documentos acreditativos de las actividades objeto de subvención y tenerlas a disposición para posibles comprobaciones durante un periodo de cuatro años a contar desde el fin del período de justificación.
h) Dar la adecuada publicidad del origen de la subvención otorgada a través de la difusión en la forma o foros solicitada por el órgano concedente, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
i) Atender a los asistentes a las actividades sin ningún tipo de discriminación garantizando la imparcialidad y un trato de igualdad a todos.
j) Aportar los datos que sean necesarios para la elaboración de indicadores y los que, a efectos estadísticos, se puedan emplear para estudios relativos a los aspectos técnicos, económicos, laborales y sociales.
k) Facilitar información y responsabilizarse del seguimiento, control y calidad de las actuaciones. Asimismo, debe colaborar y suministrar información para la evaluación y seguimiento tanto de las actividades como de la eficacia de la aplicación de los fondos. Esta información y los formatos en que debe ser suministrada será establecida por el órgano concedente. Igualmente, el órgano concedente podrá establecer la obligatoriedad para los beneficiarios de administrar y recoger los resultados de los cuestionarios a cumplimentar por asistentes, ponentes y otros que el órgano concedente estime necesarios para desarrollar las tareas de evaluación y seguimiento.
l) Cumplir las obligaciones en relación con la prohibición de divulgar información, o datos de carácter personal o individual. En todo caso, esta información estará sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
m) Cumplir con la obligación de identificación del perceptor final de las ayudas, entendidos como asistentes al evento, conforme a lo establecido en los modelos de declaración responsables del anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
3. En caso de que la convocatoria se financie con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones, europeas y nacionales aplicables. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Cumplir con los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, así como el resto de las obligaciones derivadas del Plan de Recuperación e incluidas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
b) Cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», de acuerdo con lo indicado en el artículo 9 de esta orden.
c) Someterse a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
d) Recabar y asegurar el acceso a las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, a efectos de auditoría y control y para disponer de datos comparables sobre el uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia.
e) Ser responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
f) Establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
g) Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
h) Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación (3 años si la financiación no supera 60.000 euros), de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) número 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) número 1296/2013, (UE) número 1301/2013, (UE) número 1303/2013, (UE) número 1304/2013, (UE) número 1309/2013, (UE) número 1316/2013, (UE) número 223/2014 y (UE) número 283/2014 y la Decisión número 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) número 966/2012.
i) Asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto d