Categoría: Judicial

de 20 de julio, FJ 3)» (FJ 3).
En definitiva, de lo expuesto hasta el momento se puede concluir que el denominado «recurso de revisión» es un instrumento procesal autónomo que pretende la revocación de una sentencia condenatoria firme, y que encuentra su fundamento en razones de justicia, una vez constatada la existencia de hechos o elementos que pongan de manifiesto la improcedencia de la condena. La necesidad de preservar la seguridad jurídica le confiere una naturaleza extraordinaria, lo que justifica unos rígidos requisitos para su admisión que habrán de ser ponderados conforme al canon de constitucionalidad propio del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, en los términos ya descritos.
4. La reforma del art. 954 LECrim y la necesaria adaptación de la jurisprudencia constitucional.
Los pronunciamientos emitidos hasta el momento por este tribunal sobre el denominado «recurso de revisión» aparecen asentados en la redacción anterior del art. 954 LECrim. Conforme a ese precepto, en lo que ahora interesa, «[h]abrá lugar al recurso de revisión contra las sentencias firmes en los casos siguientes: […] 3.º Cuando esté sufriendo condena alguno en virtud de sentencia cuyo fundamento haya sido un documento o testimonio declarados después falsos por sentencia firme en causa criminal, la confesión del reo arrancada por violencia, o coacción, o cualquier hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que los tales extremos resulten también declarados por sentencia firme en causa seguida al efecto. A estos fines podrán practicarse todas cuantas pruebas se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos en la causa, anticipándose aquellas que por circunstancias especiales pudieran luego dificultar y hasta hacer imposible la sentencia firme, base de la revisión. 4.º Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado».
Tomando ese texto como base, el Tribunal se pronunció sobre algunos aspectos de la regulación legal, al analizar determinadas resoluciones desde la perspectiva de su constitucionalidad. Entre los más destacados podemos reseñar los siguientes: STC 124/1984, de 18 de diciembre, que denegó el amparo frente a un decreto del Ministerio Fiscal por el que no se estimó procedente la interposición de un recurso de revisión; STC 150/1997, de 29 de septiembre, por el que se declaró que las sentencias del Tribunal Constitucional podían considerarse como un «hecho nuevo» a los efectos de lo dispuesto en el art. 954.4 LECrim; STC 123/2004, de 13 de julio, en la que se abordó la posible vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba en el marco de un recurso de revisión; STC 240/2005, de 10 de octubre, por la que se declaró que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos podían considerarse como un «hecho nuevo» a los efectos citados en el art. 954.4 LECrim; STC 59/2006, de 27 de febrero, en la que se abordaba la naturaleza de «hecho nuevo» de una escritura notarial que ponía de manifiesto la falta de autoría de la persona condenada por un delito de falsedad documental; y el ATC 37/2010, de 23 de marzo, por el que se inadmitió un recurso de amparo por extemporaneidad, al entenderse que el recurso de revisión planteado con carácter previo no podía ser considerado propiamente como una fase o instancia del proceso judicial, sino un procedimiento distinto e independiente.
A los efectos de la resolución de este recurso, resultan de especial interés las SSTC 150/1997 y 240/2005. En la primera se abordaba la cuestión de «dilucidar […] si existiendo ya el recurso previsto en el art. 954 LECrim resulta constitucionalmente aceptable desde la perspectiva del art. 24.1 CE no considerar como "hecho nuevo que evidencia la inocencia del condenado" la existencia de una sentencia de este tribunal que proclama que no puede considerarse acción delictivaexart. 321.1 CP el ejercicio no colegiado de profesiones que no requieren título académico oficial» (FJ 5). Por su parte, la segunda sentencia analizaba si era «constitucionalmente aceptable que se deniegue una revisión penal por razones formales [la exclusión de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como "hecho nuevo"] cuando lo que el recurrente alega es que en un procedimiento diferente se ha llegado a la constatación firme y de obligado acatamiento de que una de las pruebas en que se sustenta su condena fue obtenida con vulneración de derechos fundamentales» (FJ 6). En ambos casos, la respuesta fue negativa. Las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos encajan en el concepto de «hechos», como «algo que acaece en el tiempo y en el espacio»; y en los dos supuestos se podía «evidenciar la equivocación del fallo condenatorio» [SSTC 150/1997, FJ 5 y 240/2005, FJ 6 C)]. Esta doctrina, como se puede apreciar, aparecía fuertemente vinculada a la regulación del art. 954 LECrim anteriormente vigente y, de manera particular, al supuesto recogido en su apartado 4.
La modificación de la redacción del art. 954 LECrim, llevada a cabo por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, hace necesario valorar la procedencia de la aclaración, matización o adaptación de nuestra jurisprudencia. Conforme al texto vigente, y en lo que ahora interesa, «[s]e podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes: a) Cuando haya sido condenada una persona en sentencia penal firme que haya valorado como prueba un documento o testimonio declarados después falsos, la confesión del encausado arrancada por violencia o coacción o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos resulten declarados por sentencia firme en procedimiento penal seguido al efecto. No será exigible la sentencia condenatoria cuando el proceso penal iniciado a tal fin sea archivado por prescripción, rebeldía, fallecimiento del encausado u otra causa que no suponga una valoración de fondo. […] d) Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba que, de hacer sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave. 3. Se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales y sus protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. En este supuesto, la revisión solo podrá ser solicitada por quien, estando legitimado para interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal».
Esta reforma legislativa afecta, esencialmente, a los siguientes aspectos. En primer lugar, la reordenación sistemática de los requisitos previstos en los anteriores apartados 3 y 4 del art. 954 LECrim, que ahora pasan a ser las letras a) y d) del apartado 1 del mismo precepto. En segundo lugar, la actualización de la redacción del anterior apartado 4. Ahora no se exige el conocimiento de «nuevos» hechos o elementos de prueba, ni la «evidencia de la inocencia» del penado. Basta con la constatación sobrevenida de hechos o elementos de prueba aunque no sean «nuevos», siempre que se hayan conocido con posterioridad y no hubieran podido aportarse en el momento procesal oportuno. Lo relevante es que, de haberse aportado esos hechos o elementos de prueba, hubieran determinado la «absolución» –superando así el concepto de «inocencia»– o una «condena menos grave», lo que implica una ampliación del objeto de la revisión, al no limitarse únicamente a los casos en que proceda una exención o extinción de la pena sino también su rebaja. En tercer lugar, se introduce un nuevo apartado 3, de especial relevancia en el caso que nos ocupa, por el que se concede expresamente eficacia revisora a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con una serie de requisitos que se analizarán más adelante.
Esta modificación legal introduce, por tanto, unos nuevos presupuestos para la revisión de las sentencias condenatorias firmes que se configuran, a su vez, como nuevos elementos de ponderación que deben ser tenidos en cuenta para decidir si procede o no autorizar la interposición de un recurso de revisión. La relevancia de esta reforma aconseja la adaptación de nuestra doctrina.
Efectivamente, la nueva redacción del art. 954 LECrim impone, no solo la valoración sobre si estamos en presencia de un «hecho» o de un «elemento de prueba» (sea nuevo o no), y su posible repercusión para la «absolución» o «condena menos grave» del penado. También introduce un nuevo supuesto de revisión que resulta de particular incidencia para la resolución del presente recurso de amparo.
El vigente apartado 3 del art. 954 LECrim ha venido a plasmar normativamente la doctrina de este tribunal sobre la consideración de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un hecho que puede ser determinante de la posible revisión de una sentencia condenatoria firme. La redacción del precepto exige que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenga por objeto la resolución que se pretende revisar («dicha resolución»), y que la «naturaleza y gravedad» de la vulneración de algunos de los derechos del Convenio europeo de derechos humanos «entrañe efectos que persistan y que no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión». La norma requiere, por tanto, que se haga un análisis acerca de la concreta influencia de la sentencia del Tribunal Europeo sobre la resolución objeto de su posible revisión («dicha resolución») para, a continuación, ponderar el tipo y grado de la vulneración declarada por dicho tribunal, así como sus efectos o consecuencias, de manera que solo procederá la revisión–y su previa admisión a trámite– «siempre que» no exista otra forma de reparar la vulneración causada que no sea mediante la revisión de la sentencia condenatoria firme.
Si bien la interpretación y aplicación de estos requisitos, como presupuestos de legalidad ordinaria, es competencia del Tribunal Supremo (art. 957 LECrim), sin embargo, desde la perspectiva del control de constitucionalidad que corresponde a este tribunal y, conforme al canon propio del derecho de acceso a la jurisdicción, una decisión que desestime la solicitud de autorización para la interposición de un recurso de revisión habrá de tener en cuenta no solo el texto de la norma sino también la debida ponderación de los principios y valores en juego. De esta manera, la interpretación y aplicación de la norma no puede ser tan rigorista como para imposibilitar la vigencia del principio de justicia en su condición de valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), pero tampoco tan flexible como para quebrantar el principio de seguridad jurídica, que es una garantía básica del sistema constitucional (art. 9.3 CE).
Más en concreto, una aplicación incondicionada e inflexible de los requisitos procesales podría ser contraria al derecho de acceso a la jurisdicción en cuanto que impediría entrar a valorar la posible injusticia material de la resolución revisable. Así, podría considerarse como excesivamente rigorista una interpretación que impidiera la interposición de un recurso de revisión porque la declaración de que una confesión se ha obtenido mediante violencia o coacción no viniera expresada en una sentencia penal firme, sino en otro tipo de procedimiento como pudiera ser, precisamente, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; o porque esa sentencia del Tribunal Europeo se hubiera dictado en un procedimiento distinto al que culminó con la resolución que se pretende revisar. De aceptarse ese planteamiento, quebraría el valor superior de la justicia, porque se estaría primando un entendimiento encorsetado de los presupuestos procesales frente a la aportación de un elemento tangible de improcedencia de una sentencia condenatoria.
Por el contrario, una interpretación excesivamente amplia de los requisitos establecidos en el art. 954 LECrim podría desnaturalizar el fundamento del propio instrumento autónomo de la revisión, que no es otro que reparar situaciones de injusticia material. De esta forma, una resolución que no guarde relación con los hechos objeto de la sentencia penal firme no puede fundamentar su revisión. Del mismo modo, una resolución de la que no se deduzca una improcedencia del fallo condenatorio, o que requiera una nueva valoración de la prueba ya efectuada por los tribunales competentes excede del ámbito cognitivo propio de este instrumento procesal extraordinario. El recurso de revisión no es una nueva instancia dentro de un procedimiento ni puede convertirse en un nuevo juicio sobre determinados elementos fácticos. El procedimiento de revisión consiste en la adveración de que el nuevo hecho o elemento aportado fue determinante de la condena injusta que, por tal motivo, debe ser revisada. Un cuestionamiento permanente o reiterado de resoluciones judiciales firmes, mediante una especie de reapertura continua que tenga por objeto volver a debatir lo que ya fue definitivamente sentenciado, sin que concurran elementos sólidos que permitan vislumbrar su posible injusticia, supondría una grave afectación del principio de seguridad jurídica, como garantía de todo el sistema constitucional.
5. Aplicación de la doctrina constitucional para el enjuiciamiento del caso.
A) Consideraciones preliminares.
La resolución del presente recurso de amparo no exige la valoración de elemento fáctico alguno. No corresponde a este tribunal la determinación de la existencia de unas lesiones ni de su autoría. Nuestra competencia tampoco se extiende a la valoración de una prueba de confesión. Y, desde luego, no procede el enjuiciamiento constitucional de resoluciones judiciales distintas de las que han sido objeto de impugnación. El objeto de este recurso se centra en una cuestión estrictamente jurídica, consistente en determinar si las decisiones del Tribunal Supremo por las que no se autorizó la interposición de un recurso de revisión frente a la sentencia condenatoria dictada contra el recurrente han vulnerado o no los derechos invocados en la demanda de amparo. Eso no impide que, conforme a los términos en que se ha planteado el debate, sea necesario analizar, desde una perspectiva meramente descriptiva, otros pronunciamientos judiciales que puedan guardar una notoria relación con las resoluciones impugnadas.
En efecto, lo primero que conviene señalar es que en este recurso de amparo han confluido resoluciones judiciales dictadas en dos procedimientos distintos. Por un lado, el proceso que culminó con la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Nacional contra el ahora recurrente, cuyo contenido esencial ha sido reseñado en los antecedentes de hecho. Por otro, el proceso que tenía por objeto analizar la relevancia jurídico penal de las lesiones causadas al recurrente en el momento de su detención. En este segundo proceso se dictaron, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, dos sentencias de contenido diverso. En primera instancia, la sentencia 527/2010, de 30 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que condenó a cuatro integrantes de la Guardia Civil por delitos de torturas graves (art. 174 del Código penal: CP) y lesiones (art. 147 CP), absolviendo a otros once miembros del cuerpo, por las lesiones causadas al recurrente y a otro detenido en fecha 6 de enero de 2008. En su sentencia, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa consideró que esas lesiones se produjeron «en clara venganza o castigo por su pertenencia a ETA», lo que «excluye el contenido indagatorio», es decir, la finalidad de obtener una confesión o condicionar sus declaraciones en la causa [FJ 4.IV y 5.D) a)]. Esta resolución fue impugnada en casación, lo que dio lugar a la sentencia 1136/2011, de 2 de noviembre, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que absolvió a los guardias civiles inicialmente condenados. Para el Tribunal Supremo, un análisis de la prueba de cargo expuesta por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa permite constatar que «se alcanzaban conclusiones valorativas inseguras o muy abiertas, que insuflarían a la supuesta prueba de cargo una debilidad suasoria, incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia» (FJ 20). Sin negar la existencia de lesiones, la Sala Segunda considera que no existe material probatorio suficiente para atribuirlas a una acción intencionada de los guardias civiles, pudiendo resultar «compatibles con una detención violenta» (FJ 24).
Tras esta decisión del Tribunal Supremo, el recurrente acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictó la sentencia de 13 de febrero de 2018, ya reseñada en sus elementos esenciales, sobre la que ha basado su petición de revisión de la sentencia condenatoria firme dictada, en procedimiento distinto, por la Audiencia Nacional. Esa solicitud de revisión fue inadmitida por el Tribunal Supremo, a través de las dos resoluciones ahora impugnadas.
B) Análisis de las resoluciones impugnadas.
El objeto nuclear de este recurso de amparo se centra en la impugnación del auto de 18 de marzo de 2019, dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que se imputan las vulneraciones alegadas, de forma que la oposición a la ulterior providencia de 21 de febrero de 2020 se formula en la medida en que no procedió a reparar esas vulneraciones.
El auto de 18 de marzo de 2019 acuerda no autorizar la interposición de un recurso de revisión contra la sentencia condenatoria firme dictada por la Audiencia Nacional. Para el Tribunal Supremo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos invocada no podía fundamentar la revisión solicitada, al no cumplirse los requisitos previstos para ello en el art. 954, apartados 1 a) y 3 LECrim.
Un análisis de su fundamentación jurídica pone de manifiesto que la decisión de la Sala Segunda estuvo basada en dos bloques argumentales que, a efectos de sistematización, pueden calificarse como de carácter formal y material. Así, por un lado, el Tribunal Supremo destaca que: (i) la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aportada no se refiere a la sentencia objeto de revisión, por lo que no se cumpliría el requisito previsto en el art. 954.3 LECrim, y (ii) que no se ha aportado una sentencia firme que declare que la confesión de uno de los procesados haya sido arrancada mediante violencia o coacción, ni la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así lo declara, por lo que tampoco se cumpliría el requisito previsto en el art. 954.1 a) LECrim. Además de estos dos motivos que pudieran considerarse como formales, el Tribunal Supremo, tras reseñar el contenido del parágrafo 84 de la sentencia del Tribunal Europeo, concluye que «las lesiones padecidas al tiempo de la detención se integran en la categoría de malos tratos, por su causación en dependencias policiales y bajo custodia policial, sin que resulte acreditada la finalidad y causalidad con el acervo probatorio que determinó su condena en la sentencia cuya revisión se pretende», lo que conduce a no autorizar la revisión al considerar que no «concurren los presupuestos» establecidos en el art. 954.3 LECrim.
C) Enjuiciamiento del caso.
a) La resolución de la queja principal objeto de este recurso de amparo pasa por aplicar a las resoluciones impugnadas el filtro del canon de control de constitucionalidad propio del derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE). Se trata, por tanto, de determinar si el Tribunal Supremo ha sostenido y aplicado un criterio excesivamente rigorista o formalista, al no autorizar la tramitación de un proceso extraordinario de revisión sin ponderar adecuadamente los principios y valores en presencia.
Conforme a la doctrina expuesta en el fundamento jurídico anterior, una decisión denegatoria del Tribunal Supremo que hubiera atendido exclusivamente a los presupuestos formales establecidos en la Ley de enjuiciamiento criminal no hubiera colmado el canon de control de constitucionalidad propio del derecho de acceso a la jurisdicción. Se habría producido una desproporción axiológica entre la finalidad de preservar la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) frente al valor superior de la justicia (art. 1.1 CE). Aunque el procedimiento seguido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no haya tenido por objeto la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Nacional, eso no puede impedir la apertura del procedimiento extraordinario de revisión si se aporta un dato que permita apreciar la improcedencia de la condena.
Dicho de otro modo, aunque la sentencia firme, condenatoria para el recurrente, pretenda ser revisada a su instancia, proponiendo para ello, como fundamento de su solicitud, la STEDH de 13 de febrero de 2018, que trae causa de otro proceso seguido contra distintas personas y por otros hechos delictivos, no es obstáculo para que haya de excluirseab initiola conexión entre ambas resoluciones. Es preciso determinar, también, si la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, en la que se ha afirmado que no existe conexión, ni formal ni sustantiva, entre la condena que le fue impuesta por la sentencia de la Audiencia Nacional y la apreciada vulneración del derecho del art. 3 CEDH, reconocida por la sentencia de la Corte de Estrasburgo, se corresponde con esa afirmada falta de conexión o, por el contrario, existe, al menos, ese mínimo punto de conexión que pudiera permitir abrir el trámite del proceso de revisión.
Si pudiéramos llegar a la conclusión de advertir ahora la existencia de ese indicio que denote un vínculo de interrelación entre una sentencia y otra, habremos de considerar que aquella resolución judicial ha incurrido en la vulneración del derecho de acceso a la jurisdicción del recurrente, porque nuestro control constitucional ha de realizarse de forma especialmente intensa, de modo que más allá de la verificación de que no se trata de resoluciones arbitrarias, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente, tal control procede «a través de los criterios que proporciona el principiopro actione, entendido no como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan, sino como la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican» (por todas, la STC 30/2022, de 7 de marzo, FJ 3).
b) En el presente caso, la demanda considera que las resoluciones judiciales ahora impugnadas han clausurado en su inicio el proceso de revisión instado por el demandante, sin haberle dado posibilidad alguna de acreditar su pretensión, mediante el debate contradictorio correspondiente. Entiende, por ello, que una decisión del Tribunal Supremo solo habría resultado procedente si, tras la admisión a trámite de su solicitud de revisión y previa sustanciación del proceso rescisorio correspondiente, aquel Tribunal hubiera dictado sentencia sobre la pretensión ejercitada.
La decisión de no autorizar la apertura del proceso de revisión la justifica el auto de 18 de marzo de 2019 del Tribunal Supremo con la cita del § 84 de la STEDH de 13 de febrero de 2018, a lo que añade el siguiente razonamiento: «Consecuentemente, las lesiones padecidas al tiempo de la detención se integran en la categoría de malos tratos, por su causación en dependencias y bajo la custodia policial, sin que resulte acreditada la finalidad y causalidad con el acervo probatorio que determinó su condena en la sentencia cuya revisión se pretende».
Esta argumentación únicamente puede ser conforme al derecho de acceso a la jurisdicción, según el canon constitucional que hemos citado anteriormente, si la afirmada falta de conexión entre las dos sentencias objeto de análisis se apoya en unos fundamentos sólidos y que no responden a ese rigorismo excesivo al que hemos hecho referencia anteriormente.
Para responder a esta cuestión, nuestro control de constitucionalidad exige que, primeramente, verifiquemos si existe un mínimo vínculo de conexión entre la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al recurrente y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que este alega para, después, aplicar la doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva citadasupra. Ello nos obliga a poner de relieve los aspectos más relevantes de ambas resoluciones que, si bien se detallan con mayor desarrollo en los antecedentes, debemos ahora tenerlos en cuenta para este concreto análisis:
(i) La sentencia de 21 de mayo de 2010 de la Audiencia Nacional, que condenó al demandante y a otras dos personas, como autores de los gravísimos delitos que se recogen detalladamente en los antecedentes, apoya su fallo condenatorio, junto a otras pruebas que se relatan en el Fundamento Jurídico Tercero, sobre las «profusas declaraciones de Mattin Giménez Giménez en dependencias de la fuerza investigadora [agentes del Servicio Central de Información], Dirección General de la Guardia Civil», acontecidas los días 7 de enero de 2008, la primera, y las dos restantes el día 9 de enero siguiente. En la vista oral, el letrado de oficio que asistió al señor Sarasola y declaró como testigo, destacó que este detenido, en su comparecencia inmediatamente posterior ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional, «no vio signos de inducción a declarar en Mattin, solo le vio cansado. Que había comido, poco y que no le habían dejado dormir», pero que «sus manifestaciones en dependencias de la Guardia Civil habían sido espontáneas». Se añade en la sentencia que le fueron exhibidas «fotografías de otras personas» y que «no iba forzado», que «hablaba naturalmente» y «[l]o que no puede saber si se le había dado un guión». Agrega, también, esta resolución que «según el letrado "después de cada declaración se le ofreció al detenido hablar reservadamente con el abogado y se negó"» (FJ 2). Tanto en el trámite de las diligencias seguidas ante el juzgado de instrucción como en el acto del juicio oral, el demandante y los otros dos acusados se acogieron a su derecho a no declarar, si bien las manifestaciones del señor Sarasola fueron introducidas en el plenario mediante su lectura y la declaración de los agentes de la guardia civil, intervinientes en el atestado, que le recibieron declaración a aquel, así como por lo dicho por el letrado de oficio que le asistió. Además, en el acto del juicio, la defensa de los acusados «ha renunciado a que depusieran como peritos en el plenario los médicos forenses que han dictaminado sobre las lesiones de los dos detenidos en el ámbito del proceso penal seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 1 de San Sebastián» (FJ 3), lo que, en el criterio de la Sala, avaló «la regularidad de la declaración-confesión de Mattin Giménez», toda vez que, como aclara más adelante, solo dispuso el tribunal de la prueba pericial de los doctores, que reputaron las lesiones del señor Sarasola «como compatibles con la forma violenta en que tuvo lugar» la detención en la mañana del día 6 de enero de 2008.
Aquellas manifestaciones autoinculpatorias del señor Sarasola, que culpaban también al ahora demandante de amparo y a un tercer acusado, fueron corroboradas por las que se detallan en el fundamento jurídico tercero. El tribunal de instancia consideró tales declaraciones del coimputado como prueba de cargo obtenida conforme a las garantías constitucionales y legales, así como válida para enervar la presunción de inocencia del ahora demandante de amparo. La sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional no fue recurrida en casación por el demandante de amparo, por lo que adquirió firmeza.
(ii) La STEDH de 13 de febrero de 2018 trae causa de los hechos que sucedieron en la mañana del día 6 de enero de 2008, cuando agentes del Grupo de Actuación Rápida (GAR) de la Guardia Civil detuvieron en un monte del término municipal de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa) al ahora demandante de amparo y a otra persona, como presuntos integrantes liberados de un comando de la organización terrorista ETA. La Audiencia Provincial de San Sebastián, en causa penal seguida contra quince miembros del GAR, participantes en la detención, que habían sido acusados de un delito de torturas graves del art. 174 CP por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular personada, condenó en su sentencia de 30 de diciembre de 2010, a cuatro de ellos como autores de este delito, sobre la base de los graves daños a la integridad física que habrían sufrido los dos detenidos en el curso de aquella actuación policial, durante su traslado desde el lugar de la detención a las dependencias de la Guardia Civil en San Sebastián. La sentencia expresamente dejó constancia de que los dos detenidos «sufrieron torturas por parte de los miembros del GAR señalados que intervinieron en su detención. Tales torturas "tuvieron por finalidad única y última castigarles por un hecho cierto de los detenidos que a los agentes les producía indudable ánimo de venganza: su pertenencia a la banda terrorista ETA"». [FJ 4.III (en realidad, es el IV): Valoración de la prueba: rendimiento del cuadro probatorio].
La sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo y la Sala Segunda, en dos sentencias de 2 de noviembre de 2011, revocó la inicialmente condenatoria y absolvió a los agentes condenados por falta de pruebas inculpatorias suficientes para entender que los guardias civiles hubieran cometido los hechos delictivos imputados. El demandante y el también detenido por aquellos hechos, después de ver inadmitido a trámite su recurso de amparo ante este tribunal, acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictó sentencia estimatoria de su recurso, fallando a su favor y reconociendo por unanimidad la violación del art. 3 CEDH, en su doble aspecto material y procesal. Asimismo, condenó por mayoría a que el Estado español indemnizara a los dos demandantes en diferentes cantidades.
La STEDH de 13 de febrero de 2018, en relación con el derecho del art. 3 CEDH, comienza realizando una serie de consideraciones sobre los «principios generales» del aspecto material de este derecho y, en lo que ahora es de específico interés, destaca en el § 71 que, «tal como lo reconoce la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que define la "tortura" como todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolor o sufrimiento intenso, con el fin de, especialmente, obtener de ella información, castigarla o intimidarla […]».
Seguidamente, ya en la «aplicación de estos principios a las circunstancias del caso», destaca que «ha quedado suficientemente acreditado que las lesiones descritas en los certificados aportados por los demandantes, cuya existencia no ha sido negada por el Tribunal Supremo ni por el Gobierno, se han producido cuando se encontraban en manos de la Guardia Civil. Considera que ni las autoridades nacionales ni el Gobierno han aportado argumentos convincentes o creíbles que puedan servir a explicar o justificar en las circunstancias del caso las lesiones sufridas por los demandantes. En consecuencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la responsabilidad de las lesiones descritas debe ser imputada al Estado demandado» (§ 83).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye afirmando la vulneración del aspecto material del derecho reconocido en el art. 3 CEDH al declarar: «En la medida en que los demandantes no han alegado que las lesiones en cuestión hayan tenido sobre ellos consecuencias a largo plazo […] y en ausencia de prueba concluyente relativa a la finalidad de los tratos infligidos […] el [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] considera que los malos tratos infligidos a los demandantes no pueden ser calificados como torturas. Dicho esto eran lo suficientemente graves como para ser considerados como tratos inhumanos y degradantes» (§ 84).
Igualmente, en lo que atañe a la apreciada vulneración del aspecto procesal del derecho del art. 3 CEDH, después de destacar los «principios generales», concluye afirmando, en la aplicación al caso concreto, que «el Tribunal Supremo se ha limitado en su sentencia de casación a apartar la versión de los demandantes sin por ello intentar determinar si el recurso a la fuerza física por parte de los agentes de la Guardia Civil en la detención de los demandantes había sido estrictamente necesario y proporcionado o si las lesiones más graves sufridas por el primer demandante (el señor Portu Juanena, ahora recurrente) –de acuerdo con la determinación de los hechos del Tribunal Supremo– eran imputables a los agentes encargados de la detención y de la custodia del mismo. Estas omisiones han impedido a la jurisdicción nacional determinar los hechos y el conjunto de las circunstancias en la mayor medida posible que se podía hacer, de conformidad con la obligación de someter el caso que se le presenta al examen escrupuloso que requiere el artículo 3 del Convenio». (§ 94).
c) A partir de lo resuelto en las dos sentencias, llega el momento de analizar ahora si, en lo relacionado con la declaración del coimputado don Mattin Giménez y su valoración como prueba de cargo por parte de la Audiencia Nacional, puede establecerse algún tipo de conexión con el alcance y efectos que la STEDH de 13 de febrero de 2018 haya podido tener sobre aquella prueba inculpatoria, cuya ilicitud, por vulneración de derechos fundamentales, invoca el recurrente.
Son varios los aspectos a considerar:
(i) En primer lugar, como con acierto apunta el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, no existe conexión temporal, espacial y personal entre los malos tratos sufridos por el ahora demandante de amparo y otro acusado y la confesión de este último. No hay conexión temporal porque los malos tratos se produjeron en la mañana del día 6 de enero de 2008, mientras que la primera de las tres declaraciones policiales del señor Sarasola tuvo lugar a las 20:12 horas del siguiente día 7 de enero. Tampoco existe un vínculo espacial entre uno y otro término de comparación, pues los malos tratos fueron infligidos al demandante de amparo y al otro acusado, bien en el momento de la detención, bien durante su traslado a las dependencias de la Guardia Civil en San Sebastián o, bien incluso, durante la estancia de uno de ellos en dichas dependencias, en momentos anteriores a su traslado a Madrid. En cambio, las declaraciones del señor Sarasola se recibieron en otro lugar, concretamente en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, cuando ya habían sido trasladados a esta ciudad. Por último, los agentes de la Guardia Civil que, en su momento, fueron acusados y condenados inicialmente por malos tratos a los detenidos, aunque posteriormente absueltos en trámite de casación, pertenecían a una unidad distinta de la que llevó a efecto los interrogatorios. Como se especifica en las dos sentencias comparadas, los que intervinieron en la detención y traslado del demandante pertenecían al GAR, mientras que los que actuaron en los interrogatorios y realizaron las diligencias policiales de investigación fueron miembros del Servicio Central de Información. Ciertamente, y es lo que precisamente pone de manifiesto la sentencia europea, la actuación en uno y otro momento y en ambos lugares fue protagonizada siempre por agentes de la Guardia Civil y, por ello, la sentencia afirma la vulneración del derecho del art. 3 CEDH y reconoce la responsabilidad del Reino de España en los malos tratos y en la violencia padecida por el demandante de amparo y el otro detenido mientras estuvieron bajo la custodia de los agentes de aquel cuerpo, aunque por haber resultado absueltos por la jurisdicción nacional, ante la insuficiente carga probatoria, y prevalecido, por tanto, la presunción de inocencia de aquellos, no haya podido atribuirse una responsabilidad penal individual a ninguno de los agentes inicialmente acusados. Sin embargo, este primer elemento diferenciador abre un punto de partida en esta valoración sobre el vínculo de conexión entre una y otra sentencia que estamos realizando.
(ii) En segundo término, una vez notificada la sentencia de la Audiencia Nacional, el ahora demandante de amparo se aquietó y no recurrió aquella resolución, hasta el punto de que aquella adquirió firmeza. En dicha sentencia, que era susceptible de recurso de casación y eventualmente también del recurso de amparo ante este tribunal, la Sala de instancia había afirmado la regularidad constitucional y legal, así como la validez y eficacia de la declaración del coimputado, el señor Sarasola, como prueba de cargo, junto a otras que corroboraron la verosimilitud de la anterior, para destruir la presunción de inocencia del ahora recurrente y dictar sentencia condenatoria contra el mismo. Asimismo, en dicha sentencia se indicaba que el actor, en el acto del juicio oral, además de ejercido su derecho a no declarar, pudo haber cuestionado, también, la licitud de aquella prueba inculpatoria mediante la posibilidad de haber interrogado, por medio de su defensa letrada, a los dos médicos forenses que le atendieron en San Sebastián de las lesiones que padeció cuando fue detenido. La defensa del actor renunció en el plenario a interrogarlos para que depusieran como peritos, lo que impidió que el Tribunal tuviera otra oportunidad de contrastar la etiología de aquellas lesiones y su eventual conexión con la invocada ilicitud, por denunciada vulneración de derechos fundamentales, de la declaración del coimputado señor Sarasola como prueba de cargo.
(iii) Y, en tercer lugar, la STEDH de 13 de febrero de 2018 subraya la «ausencia de prueba concluyente relativa a la finalidad» de los malos tratos infligidos al demandante de amparo y al otro acusado que realizó aquellas declaraciones inculpatorias. Por ello, el Tribunal Europeo considera que tales malos tratos infligidos «no pueden ser calificados como torturas», en la medida en que no ha quedado acreditado concluyentemente que aquellos malos tratos infligidos se hayan realizado «con el fin de, especialmente, obtener de ella información, castigarla o intimidarla».
A lo más que llegó en su intención de indagar la finalidad pretendida por la causación de los malos tratos sufridos por el demandante, la sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián, luego revocada y anulada por la posterior del Tribunal Supremo, fue la de considerar que «la finalidad única y última» de los guardias civiles miembros del GAR que les detuvieron, fue la de «castigarles» a los dos detenidos por un hecho, cierto para aquellos agentes, que era el de su pertenencia a la organización terrorista ETA, lo que «les producía indudable ánimo de venganza».
Por consiguiente, este último aspecto excluye toda posibilidad de establecimiento de un vínculo de conexión entre los malos tratos y la violencia padecida por el demandante y el otro acusado, en el proceso penal seguido ante la Audiencia Nacional, y la licitud, validez y eficacia de la declaración del señor Sarasola, como prueba de cargo para destruir la presunción de inocencia.
d) Si la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiera declarado que la confesión de uno de los procesados fue obtenida mediante violencia o coacción, la resolución denegatoria del Tribunal Supremo hubiera resultado excesivamente rigorista, por haberse limitado a señalar, desde una perspectiva estrictamente formal, que las dos sentencias ahora comparadas traían causa de procesos distintos y de hechos delictivos diferentes. De haber primado una interpretación literal de los requisitos procesales que no hubiera tenido en cuenta el fundamento de este instrumento procesal autónomo, que es el de la primacía de la justicia determinante de la finalidad esencial del proceso penal, como herramienta de búsqueda de la verdad material (STC 124/1984, FJ 6), el auto del Tribunal Supremo impugnado habría vulnerado el derecho de acceso a la jurisdicción del demandante. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no hizo esa declaración, pues descartó expresamente que las lesiones fueran constitutivas de torturas indagatorias. Aun así, podría valorarse si, a pesar de ello, era procedente que el Tribunal Supremo autorizara la interposición de un recurso de revisión. Y la respuesta no puede ser afirmativa.
Con su decisión, la Sala Segunda realizó una valoración sobre el alcance y efectos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en consonancia con lo que exige el art. 954.3 LECrim, llegando a la conclusión de que no determinaba necesariamente la improcedencia de la sentencia condenatoria. A la vista del contenido expreso de la sentencia del Tribunal Europeo, el Tribunal Supremo entendió que este pronunciamiento no afectaba a la validez del material probatorio tenido en cuenta por la Audiencia Nacional, porque el tribunal europeo declaró que no hubo «prueba concluyente relativa a la finalidad de los tratos infligidos» y añadió que dichos malos tratos «no pueden ser calificados como torturas», en el sentido en que así lo interpreta el Tribunal (§ 71), al que ya nos hemos referidosupra.El fallo de la Corte de Estrasburgo no hizo pronunciamiento alguno sobre que la declaración del coimputado señor Sarasola hubiera sido obtenida con vulneración de derecho fundamental alguno.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de febrero de 2018 no afirmaba que la confesión hubiera sido obtenida mediante violencia o coacción, es decir, con violación de un derecho fundamental que revelara su nulidad. Sí así fuera, hubiera procedido la admisión a trámite del procedimiento de revisión para, a continuación, adverar mediante una labor de reexamen del hilo argumental de la sentencia condenatoria la efectiva influencia de esa prueba, en tal caso declarada ilícita por vulneración del derecho del art. 3 CEDH, en el núcleo decisorio de ese pronunciamiento. Sin embargo, en el presente caso, lo que el recurrente pretende es que la declaración del coimputado como prueba de cargo sea objeto de una nueva valoración judicial que, sobre la inexistencia de una alegada conexión con la sentencia europea, termine el Tribunal Supremo sosteniendo la nulidad de dicha prueba y procediendo a la revisión de una sentencia que, en su momento procesal, el actor ni siquiera la recurrió en casación.
Con ello, en realidad, se estaría ampliando significativamente, hasta desnaturalizarlo, el objeto propio de este procedimiento extraordinario de revisión, que no es el de celebrar un nuevo juicio para valorar nuevamente una prueba, en este caso la de la declaración del coimputado, sino constatar la improcedencia de una sentencia condenatoria firme. La pretensión del recurrente implicaba una reapertura del ámbito cognitivo que era propio del procedimiento penal de origen, es decir, realizar una nueva valoración de la validez y suficiencia de aquella prueba. Se solicitaba una tarea impropia del recurso de revisión y que, además, resultaba manifiestamente improcedente en este caso, ya que el recurrente había renunciado a debatir el valor probatorio de esa confesión en la vía jurisdiccional previa, al no haber impugnado la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional que, por tanto, devino firme.
Establecida la ausencia de ese alcance o relación directa entre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la injusticia de la sentencia de la Audiencia Nacional, no procedía tampoco avanzar hacia la fase ulterior consistente en analizar la naturaleza y gravedad de la vulneración declarada por la sentencia del Tribunal, porque faltaba uno de los presupuestos necesarios para adentrarse en esa línea, el de la influencia que dicha sentencia pudiera tener en orden a la revisión de la condena. No se puede valorar lo que es irrelevante para el objeto del proceso de que se trate.
e) Para completar nuestro análisis sobre el presente caso y teniendo en cuenta, también, la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el procedimiento extraordinario de revisión que prevé nuestro ordenamiento, el Tribunal considera procedente hacer una última consideración en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción, que propugna la demanda de amparo, para ver si, en definitiva, la decisión del Tribunal Supremo de no autorizar la apertura del procedimiento de revisión se ajustó en este caso a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la interpretación y aplicación de las conclusiones y del fallo de sus sentencias que debe tener en cuenta la jurisdicción nacional correspondiente.
A este respecto, en fecha reciente, la STEDH de 26 de octubre de 2021, asuntoSerrano Contreras c. España, apreció que el Tribunal Supremo español no había ajustado en sus propios términos, por la vía del procedimiento de revisión, la interpretación de las conclusiones y del fallo dictado por la Corte Europea en una sentencia precedente (STEDH de 20 de marzo de 2012). En efecto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo había realizado una nueva interpretación de los términos de la sentencia dictada por el tribunal europeo. En la precitada sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constata que el Tribunal Supremo español «al hacer su propia interpretación sobre el alcance y el significado de las conclusiones del Tribunal en la sentencia de 20 de marzo de 2012, se excedió del margen de apreciación que disfrutan las autoridades nacionales y distorsionó las conclusiones de la sentencia del Tribunal; por lo tanto, el procedimiento impugnado no cumplió con el requisito de un "juicio de carácter equitativo" en virtud del artículo 6.1 del Convenio» (§ 39), toda vez que, en su anterior sentencia el Alto Tribunal Europeo había apreciado la vulneración del referido art. 6.1 CEDH, porque, en el trámite de la casación, el Tribunal español, no había oído al recurrente, absuelto en la instancia por falta de pruebas, considerando que la vulneración del Convenio afectaba a los tres delitos por los que había sido condenado por el Tribunal Supremo (estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil). A la hora de ejecutar el fallo del Tribunal Europeo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español, en el proceso de revisión, había aplicado únicamente a uno de ellos el resultado de la apreciada lesión del art. 6.1 CEDH (a la falsedad de documento oficial) y había dejado subsistentes las condenas por los otros dos delitos, sin modificar la pena total de prisión impuesta.
En el presente caso, no se ha realizado una reinterpretación o una nueva valoración de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que el Tribunal español, a la vista del fallo de la sentencia de la Corte de Estrasburgo, ha realizado su juicio inicial de admisibilidad y ha llegado a la conclusión de que no procedía autorizar la formalización del recurso de revisión. El análisis comparado del precedente citado con el del presente caso, permite advertir hasta tres diferencias entre uno y otro supuesto:
(i) En primer lugar, porque las resoluciones judiciales españolas, impugnadas ante la Corte de Estrasburgo, no son la mismas que la de la Audiencia Nacional, objeto ahora de este proceso de rescisión de sentencias firmes.
(ii) En segundo término, porque, además de tratarse de un proceso distinto, tampoco el Tribunal Supremo ha apreciado conexión entre lo resuelto en la sentencia de la Audiencia Nacional y lo decidido por la dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda vez que esta última constató la existencia de actos de violencia sobre el recurrente por parte de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero sin que hubiera podido llegar a acreditarse la finalidad indagatoria realizada sobre el mismo para probar su participación en los actos delictivos por los que fue condenado. Esta, como hemos dichosupra, sería la única razón por la que, a la vista de aquella eventual prueba de confesión obtenida con vulneración de garantías constitucionales y procesales, el Tribunal Supremo habría podido llegar a establecer un vínculo de relación entre ambas sentencias que hubiera justificado abrir el proceso de revisión solicitado.
(iii) Finalmente, en tercer lugar, las vulneraciones apreciadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en uno y otro asunto son de muy diferente naturaleza y configuración, pues la de la sentencia de 26 de octubre de 2021, afectaba a una de las garantías esenciales del proceso penal como es la de la exigencia de la previa audiencia del recurrente para que el Tribunal del recurso pueda revocar una sentencia absolutoria y fallar un pronunciamiento condenatorio; en cambio, en el asunto ahora enjuiciado, el Tribunal Europeo apreció la lesión de un derecho sustantivo, el de la integridad física de un detenido, y estimó la denunciada vulneración del art. 3 CEDH, por la realización de actos de violencia por parte de funcionarios policiales españoles sobre un detenido, pero sin que se hubieran podido derivar otras consecuencias procesales más allá de la lesión así apreciada.
f) En definitiva, con lo hasta ahora dicho, podemos concluir que el recurrente ha pretendido volver a discutir, solicitando la apertura de un procedimiento de revisión, lo que no hubo impugnado en el proceso penal correspondiente, a través de l