Categoría: Judicial

de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y con su legislación nacional.
2. De conformidad con el párrafo 1, y con sujeción al párrafo 4, cuando una Parte exija, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o químicos agrícolas que contengan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prueba u otros no divulgados sobre seguridad y eficacia, esa Parte otorgará un período de exclusividad de normalmente cinco años desde la fecha de aprobación de comercialización en el territorio de dicha Parte para productos farmacéuticos, y 10 años para productos químicos agrícolas, período durante el cual un tercero no podrá comercializar un producto basado en tales datos, a menos que presente prueba del consentimiento expreso del titular de la información protegida o sus propios datos de prueba.
3. Para los efectos de este artículo, se considera «nueva entidad química» a aquella que no ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para su uso en un producto farmacéutico o químico agrícola, de conformidad con su legislación nacional. En consecuencia, las Partes no necesitan aplicar este artículo respecto a productos farmacéuticos que contengan una entidad química que ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte.
4. Las Partes podrán reglamentar:
(a) excepciones por razones de interés público, situaciones de emergencia nacional o de extrema urgencia, cuando haya necesidad de permitir a terceros acceso a aquellos datos; y
(b) procedimientos abreviados de aprobación de comercialización en su territorio, basados en la aprobación de comercialización otorgada por otra Parte. En tal caso, el período de uso exclusivo de los datos presentados para obtener la aprobación empezará desde la fecha de la primera aprobación de comercialización en que se basa, cuando la aprobación se concede dentro de los seis meses desde la presentación de una solicitud completa.
5. Con relación a los productos químicos agrícolas, las Partes podrán proveer procedimientos que permitan la remisión o referencia a la información no divulgada sobre seguridad y eficacia relativa a pruebas y estudios que involucren animales vertebrados. Mientras dure la protección, el interesado en utilizar tal información deberá compensar al titular de la información protegida. Los costos de dicha compensación serán determinados de manera justa, equitativa, transparente y no discriminatoria. El derecho a esta compensación aplicará mientras dure la protección de la información no divulgada sobre seguridad y eficacia.
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 197, párrafo 5, la protección prevista en este artículo no impide a una Parte tomar las medidas en respuesta al abuso de los derechos de propiedad intelectual o de prácticas que restrinjan de manera injustificable el comercio.
Las Partes cooperarán para promover y garantizar la protección de las variedades vegetales sobre la base de la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (en adelante «UPOV»), revisada el 19 de marzo de 1991, incluida la posibilidad de excepción al derecho de obtentor a que se refiere en el artículo 15(2) de dicha Convención.
1. Cada Parte asegurará una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con el artículo 10 bis del Convenio de París. Para tal efecto, se considerará desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial, que sea contrario a los usos y prácticas honestas, de conformidad con la legislación nacional de cada Parte.
2. De conformidad con la legislación nacional de cada Parte, este artículo se podrá aplicar sin perjuicio de la protección otorgada bajo este Título.
1. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular la Parte III, cada Parte establecerá las medidas, procedimientos y recursos tal y como está previsto en este Capítulo, que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual definidos en el artículo 196, subpárrafos 5(a) a 5(i).
2. Las disposiciones de este Capítulo incluirán medidas, procedimientos y recursos que sean ágiles, efectivos y proporcionales y constituyan un medio de disuasión de nuevas infracciones, y se aplicarán de tal manera que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y que provean salvaguardias contra su abuso.
3. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos, y no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.
4. Este Capítulo no crea para las Partes obligación alguna de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, o una obligación con respecto a la distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general.
Los artículos 237, 239 y 240 se aplicarán respecto de aquellos actos llevados a cabo a escala comercial y, si su ley nacional lo permite, las Partes podrán aplicar las medidas establecidas en dichos artículos respecto de otros actos.
Cada Parte reconocerá como personas legitimadas para solicitar la aplicación de las medidas, iniciar procedimientos e interponer los recursos mencionados en esta Sección y en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC a:
(a) los titulares de derechos de propiedad intelectual de conformidad con su legislación aplicable;
(b) todas las demás personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular el licenciatario exclusivo y otros licenciatarios, en la medida en que lo permita su legislación aplicable y de conformidad con lo dispuesto en ella;
(c) los organismos de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y de conformidad con lo dispuesto en ella; y
(d) los organismos profesionales de defensa a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y de conformidad con lo dispuesto en ella.
Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias, en el caso de una infracción a un derecho de propiedad intelectual cometido a escala comercial, para permitir a sus autoridades judiciales competentes, cuando corresponda y a solicitud de una de las Partes, que ordenen a la parte contraria la comunicación de documentos bancarios, financieros o comerciales pertinentes que se encuentren bajo su control, con sujeción a la protección de información confidencial.
Cada Parte dispondrá que, incluso antes de iniciarse un procedimiento sobre el fondo de un caso, las autoridades judiciales competentes puedan, a solicitud de una persona que haya presentado pruebas razonablemente disponibles que basten para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido o va a ser infringido, ordenar medidas provisionales rápidas, eficaces y proporcionales para conservar las pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción, sin perjuicio de la protección de la información confidencial. Dichas medidas podrán incluir, entre otras, la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o, si la legislación nacional lo permite, la incautación física de las mercancías litigiosas y, en los casos en que proceda, de los materiales e instrumentos utilizados en la producción y/o la distribución de dichas mercancías y de los documentos relacionados con las mismas. Estas medidas se tomarán, en caso de ser necesario, sin que sea oída la otra parte, en particular cuando sea probable que el retraso ocasione daños irreparables al titular del derecho o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas.
1. Cada Parte dispondrá que, en el marco de un procedimiento relativo a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que la información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual sea proporcionada por el infractor y/o cualquier otra persona que:
(a) haya sido encontrada en posesión de las mercancías infractoras a escala comercial;
(b) haya sido encontrada utilizando los servicios infractores a escala comercial;
(c) haya sido encontrada proporcionando a escala comercial servicios utilizados en actividades infractoras; o
(d) haya sido designada por las personas a que se refieren los subpárrafos (a), (b) o (c) como implicadas en la producción, fabricación o distribución de las mercancías o en la prestación de los servicios en cuestión.
2. La información a que se refiere el párrafo 1 comprenderá, según proceda:
(a) los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, proveedores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, así como de los mayoristas y los minoristas;
(b) información sobre las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como el precio obtenido por las mercancías o servicios de que se trate.
3. Los párrafos 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio de otras disposiciones legales que:
(a) concedan al titular derechos a recibir una información más completa;
(b) rijan el uso en procedimientos civiles o penales de la información comunicada en virtud del presente artículo;
(c) rijan la responsabilidad por abuso del derecho de información;
(d) brinden la oportunidad de negarse a proporcionar información que obligaría a la persona mencionada en el párrafo 1 a admitir su propia participación o la de sus parientes cercanos en una infracción de un derecho de propiedad intelectual; o
(e) rijan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales.
1. De conformidad con su legislación nacional, cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales puedan, a solicitud del demandante, emitir un requerimiento judicial cautelar contra cualquier parte, destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, o de prohibir, con carácter provisional y con sujeción, en su caso, a una pena de multa cuando así lo disponga el derecho nacional, la continuación de las presuntas infracciones de ese derecho, o a supeditar dicha continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular del derecho.
2. Un requerimiento judicial también podrá ser emitido para ordenar la incautación o el retiro de mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual a fin de impedir su entrada o circulación en los circuitos comerciales.
1. Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición del demandante y sin perjuicio de cualquier daño adeudado al titular del derecho por razón de la infracción, y sin ningún tipo de compensación al infractor, el retiro, la remoción definitiva de los circuitos comerciales, o la destrucción de mercancías que infringen un derecho de propiedad intelectual. De ser procedente, las autoridades judiciales competentes también podrán ordenar la destrucción de los materiales y accesorios utilizados principalmente para la creación o fabricación de tales mercancías.
2. Las autoridades judiciales ordenarán que las medidas referidas en el párrafo 1 se lleven a cabo a expensas del infractor, a menos que se aleguen razones concretas para no hacerlo.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 44.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, cada Parte dispondrá que, cuando se adopte una decisión judicial que constate una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales podrán dictar contra el infractor un mandato judicial destinado a impedir la continuación de la infracción. Cuando así se disponga en la legislación nacional de una Parte, el incumplimiento de un mandamiento judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución(73).
Cada Parte podrá disponer, de conformidad con su legislación nacional, que en los casos que corresponda y a solicitud de la persona susceptible de ser sujeta de las medidas previstas en el artículo 241 y/o el artículo 242, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar el pago de una indemnización pecuniaria a la parte perjudicada en lugar de aplicar las medidas previstas en el artículo 241 y/o el artículo 242, si esa persona no hubiere actuado intencionada ni negligentemente, si la ejecución de las medidas en cuestión pudiere causar a dicha persona un daño desproporcionado y si la reparación pecuniaria a la parte perjudicada parece razonablemente satisfactoria.
1. Cada Parte dispondrá que, cuando sus autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:
(a) tengan en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, incluyendo la pérdida de beneficios, que la parte perjudicada haya sufrido, cualquier beneficio ilegítimo obtenido por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como daño moral causado al titular del derecho por la infracción; o
(b) como una alternativa al subpárrafo (a), puedan, cuando sea procedente, fijar los daños por una cantidad a suma alzada sobre la base de elementos como, al menos, el importe de las regalías o tasas debidas si el infractor hubiere solicitado autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.
2. En caso de que el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, las Partes podrán establecer que las autoridades judiciales puedan ordenar la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios, que podrán ser preestablecidos.
Cada Parte asegurará que las costas y demás gastos procesales, razonables y proporcionales, incluidos honorarios de abogados, en que haya incurrido la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo por equidad u otras razones, de conformidad con la legislación nacional.
Cada Parte tomará las medidas necesarias para asegurar que, en los procedimientos judiciales iniciados por infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a petición del demandante y a expensas del infractor, las medidas apropiadas para la difusión de la información relativa a la decisión, incluyendo la divulgación de la decisión y su publicación total o parcial. Las Partes podrán establecer otras medidas de publicidad adicionales que sean adecuadas a las circunstancias del caso, incluidos anuncios de manera destacada.
Para los efectos de la aplicación de las medidas, inicio de procedimientos e interposición de recursos previstos en virtud del presente Acuerdo, en relación con la observancia del derecho de autor y los derechos conexos:
(a) para que el autor de obras literarias y artísticas, en ausencia de prueba en contrario, sea considerado como tal y en consecuencia tenga el derecho de iniciar procedimientos de infracción, será suficiente que su nombre aparezca en la obra de la manera habitual. El presente subpárrafo se aplicará incluso cuando dicho nombre sea un seudónimo, adoptado por el autor que no deje la menor duda sobre su identidad;
(b) el subpárrafo (a) se aplicarámutatis mutandisa los titulares de derechos conexos con relación a su materia protegida.
En la medida en que cualquier recurso civil pueda ser ordenado como resultado de un procedimiento administrativo sobre el fondo de un caso, tales procedimientos atenderán los principios equivalentes en sustancia a los establecidos en las disposiciones pertinentes de esta Sección.
1. Cada Parte, a menos que se disponga lo contrario en este artículo, adoptará procedimientos(74)para que el titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación, exportación, o tránsito de mercancías que infringen un derecho de autor o un derecho de marca(75), pueda presentar a las autoridades competentes, una solicitud por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación o retengan tales mercancías. Las Partes evaluarán la aplicación de estas medidas a las mercancías que se sospecha infringen una indicación geográfica.
2. Cada Parte establecerá que cuando las autoridades aduaneras, en el curso de sus acciones, tengan suficientes motivos para sospechar que una mercancía infringe un derecho de autor o un derecho de marca, dichas autoridades podrán suspender ex oficio el despacho de las mercancías o detenerlo con el fin de permitir al titular del derecho que presente, con sujeción a la legislación nacional de cada Parte, una acción judicial o administrativa de conformidad con el párrafo 1.
3. Cualquiera de los derechos u obligaciones establecidos en la Parte III, Sección 4, del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el importador será también aplicable al exportador o al consignatario de las mercancías.
Las Partes reconocen que los servicios de intermediarios pueden ser utilizados por terceros para actividades infractoras. Para garantizar la libre circulación de los servicios de información y, al mismo tiempo, hacer cumplir el derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital, cada Parte dispondrá las medidas previstas en esta Sección para los proveedores de servicios intermediarios cuando éstos no estuvieran en modo alguno relacionados con la información transmitida.
1. Cuando el servicio suministrado consista en la transmisión en una red de comunicaciones de información suministrada por el receptor del servicio, o el suministro de acceso a una red de comunicaciones, cada Parte asegurará que el proveedor de servicios no sea responsable de la información transmitida, con la condición de que ese proveedor no:
(a) origine él mismo la transmisión;
(b) seleccione al destinatario de la transmisión; y
(c) seleccione ni modifique la información contenida en la transmisión.
2. Las actividades de transmisión y suministro de acceso referidos en el párrafo 1 incluyen el almacenamiento automático, intermedio y transitorio de la información transmitida, en la medida en que esta se lleve a cabo con el único propósito de realizar la transmisión en la red de comunicación, y siempre que la información no sea almacenada por un período más largo que el razonablemente necesario para la transmisión.
3. La presente Sección no afectará la posibilidad de que un tribunal o autoridad administrativa, de conformidad con el sistema jurídico de cada Parte, exija al prestador de servicios poner fin a o evitar una infracción.
1. Cuando el servicio suministrado consista en la transmisión por una red de comunicaciones de información suministrada por el receptor del servicio, cada Parte asegurará que el proveedor del servicio no será responsable por el almacenamiento automático, intermedio y temporal de esta información, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio a solicitud de éstos, a condición de que dicho proveedor:
(a) no modifique la información;
(b) cumpla con las condiciones de acceso a la información;
(c) cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas de manera ampliamente reconocida y utilizada por la industria;
(d) no interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por la industria, para obtener datos sobre la utilización de la información; y
(e) actúe con prontitud para retirar o deshabilitar la información que haya almacenado, en cuanto tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha deshabilitado el acceso a dicha información o de que un tribunal o una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o deshabilitarla.
2. La presente Sección no afectará la posibilidad de que un tribunal o autoridad administrativa, de conformidad con el sistema jurídico de cada Parte, exija al proveedor de servicios poner fin a o evitar una infracción.
1. Cuando el servicio suministrado consista en el almacenamiento de los datos suministrados por el receptor del servicio, cada Parte asegurará que el proveedor de servicios no sea considerado responsable por la información almacenada a petición del destinatario del servicio, a condición de que dicho proveedor:
(a) no tenga conocimiento real de actividades o informaciones ilícitas y, en lo referente a una reclamación por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito; o
(b) actúe con prontitud para retirar o deshabilitar el acceso a esa información en cuanto obtenga tal conocimiento o información.
2. El párrafo 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del proveedor de servicios.
3. La presente Sección no afectará la posibilidad de que un tribunal o autoridad administrativa, de conformidad con el sistema jurídico de cada Parte, exijan al proveedor poner fin a una infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que una Parte establezca procedimientos por los que se rija el retiro o la inhabilitación del acceso a información.
1. Ninguna Parte impondrá a los proveedores de servicios, cuando presten los servicios cubiertos por los artículos 251, 252 y 253, una obligación general de supervisar la información que transmitan o almacenen, ni una obligación general de buscar activamente hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas.
2. Las Partes podrán establecer obligaciones para que los proveedores de servicios informen con prontitud a las autoridades públicas competentes sobre presuntas actividades ilícitas llevadas a cabo o sobre información proporcionada por receptores de sus servicios, o la obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de dichas autoridades, información que permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento.
1. Las Partes acuerdan intercambiar experiencias e información sobre sus prácticas y políticas nacionales e internacionales que influyan en la transferencia de tecnología(76). Dicho intercambio incluirá, en particular, medidas para facilitar flujos de información, asociaciones empresariales, otorgamiento de licencias y acuerdos voluntarios de subcontratación. Se prestará especial atención a las condiciones necesarias para crear un entorno favorable para la promoción de relaciones duraderas entre las comunidades científicas de las Partes, la intensificación de actividades para promover la vinculación, innovación y transferencia de tecnología entre las Partes, incluyendo cuestiones como el marco legal relevante y el desarrollo del capital humano.
2. Las Partes facilitarán y alentarán la investigación, innovación, actividades de desarrollo tecnológico, transferencia y difusión de tecnología entre ellas, dirigida, entre otras, a empresas, instituciones gubernamentales, universidades, centros de investigación y centros tecnológicos. Las Partes promoverán el fortalecimiento de capacidades, el intercambio y la capacitación o formación de personal en esta área en la medida de sus posibilidades.
3. Las Partes alentarán mecanismos para la participación de entidades y expertos de sus respectivos sistemas de ciencia, tecnología e innovación, en proyectos e investigación conjunta, redes de desarrollo e innovación, con el propósito de fortalecer sus capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Tales mecanismos podrán incluir:
(a) actividades conjuntas de investigación, innovación y desarrollo tecnológico así como proyectos educativos;
(b) visitas e intercambio de científicos, investigadores, aprendices y expertos técnicos;
(c) organización conjunta de seminarios científicos, conferencias, simposios y talleres, así como la participación de expertos en estas actividades;
(d) redes conjuntas de investigación, desarrollo e innovación;
(e) intercambio y compartición de equipos y materiales;
(f) promoción de la evaluación del trabajo conjunto y la difusión de los resultados; y
(g) cualquier otra actividad acordada por las Partes.
4. Las Partes deberían considerar el establecimiento de mecanismos para el intercambio de información sobre proyectos de investigación, desarrollo e innovación financiados con recursos públicos.
5. La Parte UE facilitará y promoverá el uso de incentivos otorgados a instituciones y empresas en su territorio para la transferencia de tecnología a instituciones y empresas de los Países Andinos signatarios para permitirles establecer una base tecnológica viable.
6. Cada Parte hará sus mejores esfuerzos para evaluar las posibilidades para facilitar la entrada y salida de su territorio, de datos y equipos relacionados o utilizados en actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico por las Partes en virtud de las disposiciones de este artículo, de conformidad con las disposiciones legislativas y reglamentarias aplicables en el territorio de cada Parte, incluyendo los regímenes en materia de control de exportaciones de productos de doble uso y su legislación relacionada.
1. Las Partes acuerdan cooperar con el fin de apoyar la implementación de los compromisos y obligaciones asumidas en virtud del presente Título.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el Título XIII (Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades comerciales), las áreas de cooperación incluyen, pero no se limitan a las siguientes actividades:
(a) intercambio de información sobre el marco jurídico relativo a los derechos de propiedad intelectual y las normas pertinentes de protección y observancia, así como el intercambio de experiencias entre la Parte UE y cada País Andino signatario sobre los avances legislativos;
(b) intercambio de experiencias entre la Parte UE y cada País Andino signatario sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual;
(c) el fortalecimiento de capacidades, y el intercambio y capacitación o formación de personal;
(d) la promoción y la difusión de información sobre los derechos de propiedad intelectual, en, inter alia, los círculos empresariales y la sociedad civil, así como la sensibilización pública de los consumidores y de los titulares de derechos;
(e) aumento de la cooperación institucional, por ejemplo entre las oficinas de propiedad intelectual; y
(f) promoción activa de la sensibilización y educación del público en general sobre las políticas de derechos de propiedad intelectual.
1. Las Partes establecen un Subcomité sobre Propiedad Intelectual para hacer un seguimiento de la implementación de las disposiciones del presente Título. Este Subcomité se reunirá al menos una vez al año, salvo que las Partes acuerden algo distinto. Dichas reuniones se podrán realizar a través de cualquier medio acordado.
2. El Subcomité sobre Propiedad Intelectual adoptará sus decisiones por consenso. Este Subcomité podrá adoptar sus reglas de procedimiento. El Subcomité de Propiedad Intelectual será responsable de evaluar la información referida en el artículo 209 y de proponer al Comité de Comercio la modificación del Apéndice 1 del Anexo XIII (Listas de indicaciones geográficas) relativo a indicaciones geográficas.
1. Para los efectos del presente Título:
– «autoridad de competencia» y «autoridades de competencia» significa:
(a) para la Parte UE, la Comisión Europea; y
(b) para Colombia y Perú, sus respectivas autoridades nacionales de competencia;
– «leyes de competencia» significa:
(a) para la Parte UE, los artículos 101, 102 y 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de concentraciones entre empresas (Reglamento comunitario de concentraciones), y sus reglamentos de aplicación y modificaciones;
(b) para Colombia y Perú, las siguientes, según corresponda:
(i) las leyes nacionales relativas a la competencia adoptadas o mantenidas en concordancia con el artículo 260, y sus reglamentos de aplicación y modificaciones; y/o
(ii) la legislación de la Comunidad Andina que sea de aplicación en Colombia o Perú, y sus reglamentos de aplicación y modificaciones.
2. Nada de lo dispuesto en este artículo afectará las competencias asignadas por las Partes a sus autoridades regionales y nacionales respectivas para la aplicación eficaz y coherente de sus respectivas leyes de competencia.
1. Reconociendo la importancia de la libre competencia y que las prácticas anticompetitivas tienen el potencial de distorsionar el adecuado funcionamiento de los mercados, afectar el desarrollo económico y social, la eficiencia económica y el bienestar del consumidor y menoscabar los beneficios resultantes de la aplicación de este Acuerdo, las Partes aplicarán sus respectivas políticas y leyes de competencia.
2. Las Partes acuerdan que las siguientes prácticas son incompatibles con el presente Acuerdo en la medida que dichas prácticas puedan afectar el comercio y la inversión entre las Partes:
(a) cualquier acuerdo, decisión, recomendación, o práctica concertada que tenga por objeto o efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas leyes de competencia;
(b) el abuso de una posición dominante de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas leyes de competencia; y
(c) concentraciones de empresas, que obstaculice significativamente la competencia efectiva, en particular como resultado de la creación o fortalecimiento de una posición dominante de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas leyes de competencia.
3. Las Partes reconocen la importancia de la cooperación y coordinación de sus respectivas autoridades de competencia para promover la efectiva aplicación de la política y legislación de competencia, incluyendo las notificaciones de conformidad con el artículo 262, las consultas, el intercambio de información, la asistencia técnica y la promoción de la competencia.
4. Las Partes apoyarán y promoverán medidas para fortalecer la competencia en sus respectivas jurisdicciones de conformidad con los objetivos del presente Acuerdo.
1. Cada Parte mantendrá leyes de competencia que se ocupen de las prácticas a las que se refiere el artículo 259, párrafo 2, y adoptará las acciones apropiadas con respecto a dichas prácticas.
2. Cada Parte establecerá o mantendrá autoridades de competencia responsables y adecuadamente capacitadas para la efectiva aplicación de su legislación de competencia.
3. Las Partes reconocen la importancia de aplicar sus respectivas leyes de competencia de manera transparente, oportuna y no discriminatoria, respetando el principio de debido proceso y los derechos de defensa.
4. Cada Parte mantendrá su autonomía para establecer, desarrollar y aplicar sus respectivas políticas de competencia.
1. Las Partes harán sus mejores esfuerzos para cooperar a través de sus autoridades de competencia en asuntos relativos a la aplicación de sus leyes de competencia.
2. La autoridad de competencia de una Parte podrá solicitar cooperación de la autoridad de competencia de otra Parte en relación con las actividades de cumplimiento de las leyes. Esta cooperación no impedirá a las Partes involucradas tomar decisiones autónomas.
3. Las autoridades de competencia podrán intercambiar información con el fin de facilitar la aplicación efectiva de sus respectivas leyes de competencia.
4. Cuando las autoridades de competencia intercambien información de acuerdo con este artículo, tomarán en cuenta las restricciones impuestas por su respectiva legislación.
5. Si una Parte considera que una práctica anticompetitiva definida en el artículo 259, párrafo 2, llevada a cabo en el territorio de otra Parte tiene un efecto adverso en el territorio de las dos Partes o en las relaciones comerciales entre dichas Partes, esa Parte podrá pedir a dicha otra Parte iniciar las actividades de cumplimiento de las leyes previstas en su legislación.
6. Las autoridades de competencia podrán fortalecer aún más la cooperación a través de medios o instrumentos adecuados de conformidad con sus intereses y capacidades.
1. La autoridad de competencia de una Parte notificará a la autoridad de competencia de otra Parte, en la medida en que sus recursos administrativos lo permitan, las actividades de cumplimiento de las leyes de competencia que la autoridad de competencia que notifica considera podrían afectar intereses importantes(77)de dicha otra Parte.
2. La notificación de conformidad con el párrafo 1 se realizará tan pronto como sea posible en la medida en que no sea contraria a la legislación de competencia de la Parte que hace la notificación ni afecte cualquier investigación en curso.
1. Nada en este Acuerdo impedirá que una Parte establezca o mantenga monopolios públicos o privados, y empresas del Estado de conformidad con su legislación(78).
2. Cada Parte garantizará que las empresas del Estado y los monopolios designados estén sujetos a sus respectivas leyes de competencia en la medida en que la aplicación de dichas leyes no obstruya el desempeño, de hecho o en derecho, de determinadas tareas públicas asignadas a ellos.
3. Con respecto a empresas del Estado y los monopolios designados, ninguna Parte adoptará o mantendrá medidas contrarias a lo dispuesto por este Título o que distorsione el comercio y la inversión entre las Partes.
1. Con el propósito de lograr los objetivos de este Título, las Partes reconocen la importancia de la asistencia técnica y promoverán iniciativas con miras a desarrollar una cultura de competencia.
2. Las iniciativas realizadas de conformidad con el párrafo 1 se enfocarán, entre otras, en fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en lo que respecta a la aplicación de política de competencia y el cumplimiento de las leyes de competencia, la capacitación o formación de recursos humanos y el intercambio de experiencias.
1. Con el propósito de fomentar el entendimiento entre las Partes o abordar asuntos específicos que surjan bajo este Título, una Parte, a solicitud de otra Parte, deberá aceptar el inicio de consultas, sin perjuicio de continuar con cualquier acción conforme a sus leyes de competencia y manteniendo su total autonomía en cuanto a la decisión final sobre los asuntos objeto de consultas.
2. La Parte que solicite consultas de conformidad con el párrafo 1, indicará en qué forma el asunto afecta el adecuado funcionamiento de los mercados, a los consumidores o al comercio y la inversión entre las Partes. La Parte a la que se solicitan las consultas deberá otorgar la mayor consideración a las inquietudes de la Parte que solicita consultas.
Ninguna Parte podrá recurrir al mecanismo de solución de controversias establecido en el Título XII (Solución de controversias), respecto de cualquier asunto que surja en relación con el presente Título.
1. Recordando la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y la Agenda 21 adoptadas por la Conferencia de Naciones Unidades sobre Medio Ambiente y Desarrollo el 14 de junio de 1992, los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en septiembre de 2000, la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y su Plan de Implementación, adoptados el 4 de septiembre de 2002 y la Declaración Ministerial sobre Empleo Pleno y Trabajo Decente adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en septiembre de 2006, las Partes reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este sentido, las Partes acuerdan promover el comercio internacional, a modo de contribuir con el objetivo de desarrollo sostenible y trabajar para integrar y reflejar este objetivo en su relación comercial. En particular, las Partes resaltan el beneficio de considerar los asuntos laborales(79)y ambientales relacionados con el comercio como parte de un enfoque integral orientado hacia el comercio y el desarrollo sostenible.
2. En vista de lo dispuesto en el párrafo 1, son objetivos de este Título, entre otros:
(a) promover el diálogo y la cooperación entre las Partes con miras a facilitar la aplicación de las disposiciones del presente Título y fortalecer las relaciones entre comercio y políticas y prácticas laborales y ambientales;
(b) fortalecer el cumplimiento de la legislación laboral y ambiental de cada Parte, así como los compromisos derivados de los convenios y acuerdos internacionales referidos en los artículos 269 y 270, como un elemento importante para mejorar la contribución del comercio al desarrollo sostenible;
(c) fortalecer el papel del comercio y la política comercial en la promoción de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales, así como en la reducción de la contaminación de acuerdo con el objetivo de desarrollo sostenible;
(d) fortalecer el compromiso con los principios y derechos laborales de acuerdo con lo dispuesto en este Título, como un elemento importante para mejorar la contribución del comercio al desarrollo sostenible;
(e) promover la participación pública en los asuntos cubiertos por este Título.
3. Las Partes reafirman su plena disposición a cumplir con sus compromisos en el presente Título teniendo en cuenta sus propias capacidades, y en particular sus capacidades técnicas y financieras.
4. Las Partes reiteran su compromiso de abordar los retos globales en materia ambiental, de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
5. Las disposiciones del presente Título no se interpretarán ni serán utilizadas como un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre las Partes o una restricción encubierta al comercio o a la inversión.
Reconociendo el derecho soberano de cada Parte a establecer sus políticas y prioridades nacionales sobre el desarrollo sostenible y sus propios niveles de protección ambiental y laboral, de conformidad con las normas y acuerdos reconocidos internacionalmente que se mencionan en los artículos 269 y 270, y a adoptar o modificar en consecuencia sus leyes, regulaciones y políticas pertinentes, cada Parte procurará asegurar que sus leyes y políticas pertinentes contemplen e incentiven altos niveles de protección ambiental y laboral.
1. Las Partes reconocen el comercio internacional, el empleo productivo y el trabajo decente para todos como elementos claves para gestionar el proceso de globalización y reafirman sus compromisos de promover el desarrollo del comercio internacional de una manera que contribuya al empleo productivo y el trabajo decente para todos.
2. Las Partes dialogarán y cooperarán, según sea apropiado, en temas laborales relacionados con el comercio que sean de interés mutuo.
3. Cada Parte se compromete con la promoción y aplicación efectiva en sus leyes y prácticas en todo su territorio de las normas fundamentales de trabajo reconocidas a nivel internacional, tal como se encuentran contenidas en los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante «OIT»):
(a) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;
(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
(c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y
(d) la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y ocupación.
4. Las Partes intercambiarán información sobre su respectiva situación y sus avances en lo concerniente a la ratificación de convenios prioritarios de la OIT así como otros convenios que son clasificados como actualizados por la OIT.
5. Las Partes subrayan que las normas de trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas, y además que no debería ponerse en cuestión de modo alguno la ventaja comparativa de cualquier Parte.
1. Las Partes reconocen el valor de la gobernabilidad y los acuerdos internacionales sobre medio ambiente como una respuesta de la comunidad internacional a los problemas globales o regionales del medio ambiente, y enfatizan la necesidad de mejorar el apoyo mutuo entre el comercio y el medio ambiente. En este contexto, las Partes dialogarán y cooperarán según sea apropiado con respecto a temas ambientales relacionados con el comercio, que son de interés mutuo.
2. Las Partes reafirman su compromiso de aplicar de manera efectiva en sus leyes y prácticas los siguientes acuerdos multilaterales sobre medio ambiente: el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono adoptado el 16 de septiembre de 1987, el Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación adoptado el 22 de marzo de 1989, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes adoptado el 22 de mayo del 2001, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre firmada el 3 de marzo de 1973 (en adelante «CITES»), el CDB, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del CDB adoptado el 29 de enero del 2000, el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático adoptado el 11 de diciembre de 1997 (en adelante «Protocolo de Kyoto») y el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional adoptado el 10 de septiembre de 1998(80).
3. El Comité de Comercio podrá recomendar la extensión de la aplicación del párrafo 2 a otros acuerdos multilaterales ambientales, a propuesta del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible.
4. Ninguna disposición del presente Acuerdo limitará el derecho de una Parte de adoptar o mantener las medidas para aplicar los acuerdos mencionados en el párrafo 2. Dichas medidas no serán aplicadas de manera que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre las Partes o una restricción encubierta del comercio.
1. Las Partes reafirman que el comercio debería promover el desarrollo sostenible. Las Partes reconocen asimismo el papel beneficioso que las normas fundamentales de trabajo y el trabajo decente pueden tener en la eficiencia económica, innovación y productividad, así como el valor de una mayor coherencia entre las políticas comerciales, por un lado, y las políticas laborales por otro lado.
2. Las Partes procurarán facilitar y promover el comercio y la inversión extranjera directa en bienes y servicios ambientales.
3. Las Partes acuerdan promover las mejores prácticas empresariales relacionadas con la responsabilidad social corporativa.
4. Las Partes reconocen que los mecanismos flexibles, voluntarios y basados en incentivos pueden contribuir a la coherencia entre las prácticas comerciales y los objetivos del desarrollo sostenible. En este sentido, y de acuerdo con sus leyes y políticas respectivas, cada Parte estimulará el desarrollo y uso de tales mecanismos.
1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y de todos sus componentes como un elemento fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. Las Partes confirman su compromiso de conservar y usar de manera sostenible la diversidad biológica de acuerdo con el CDB y otros acuerdos internacionales pertinentes de los cuales las Partes sean parte.
2. Las Partes continuarán trabajando hacia el cumplimiento de sus metas internacionales sobre el establecimiento y mantenimiento de un sistema nacional y regional de áreas marinas y terrestres protegidas integrado, bien administrado, y ecológicamente representativo para los años 2010 y 2012 respectivamente, como herramienta fundamental para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Las Partes reconocen también la importancia de las áreas protegidas para el bienestar de las poblaciones asentadas en estas áreas y sus zonas de amortiguamiento.
3. Las Partes procurarán promover de manera conjunta el desarrollo de prácticas y programas orientados a promover retornos económicos apropiados por la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
4. Las Partes reconocen su obligación, de acuerdo con el CDB, sujeto a su legislación interna, de respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promover la aplicación más amplia condicionada al consentimiento informado previo de los titulares de tales conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarán la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de tales conocimientos, innovaciones y prácticas.
5. Recordando el artículo 15 del CDB, las Partes reconocen los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, y que la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional. Además, las Partes reconocen que procurarán crear condiciones que faciliten el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del CDB, y que el acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento informado previo de la Parte que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa. Las Partes tomarán medidas apropiadas, de acuerdo con el CDB, para compartir, de una manera justa y equitativa y bajo términos mutuamente acordados, los resultados de la investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte que proporcione esos recursos.
6. Las Partes procurarán fortalecer y ampliar la capacidad de las instituciones nacionales responsables de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, a través de instrumentos tales como el fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica.
A fin de promover el manejo sostenible de los recursos forestales, las Partes reconocen la importancia de contar con prácticas que, de conformidad con los procedimientos y legislación internos, mejoren la aplicación de las leyes, la buena gestión forestal y promuevan el comercio de productos forestales legales y sostenibles, que pueden incluir las siguientes prácticas:
(a) la aplicación y uso efectivo de CITES con respecto a las especies de madera que se identifiquen como amenazadas de acuerdo con los criterios de y en el marco de dicha Convención;
(b) el desarrollo de sistemas y mecanismos que permitan la verificación del origen lícito de los productos forestales maderables a lo largo de la cadena de comercialización;
(c) la promoción de mecanismos voluntarios para la certificación forestal que son reconocidos en el mercado internacional;
(d) la transparencia y la promoción de la participación pública en la gestión de los recursos forestales destinados a la producción de madera; y
(e) el fortalecimiento de mecanismos de control para la producción de productos maderables, inclusive a través de instituciones de supervisión independientes, de conformidad con el marco legal de la cada Parte.
1. Las Partes reconocen la necesidad de conservar y administrar los recursos pesqueros de una manera racional y responsable a fin de garantizar su sostenibilidad.
2. Las Partes reconocen la necesidad de cooperar en el contexto de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (en adelante, «OROP») a las que pertenecen, para:
(a) revisar y ajustar la capacidad pesquera para los recursos pesqueros, incluidos aquellos afectados por la sobre pesca, a fin de asegurar que las prácticas pesqueras sean proporcionales a las posibilidades de pesca disponibles;
(b) adoptar instrumentos efectivos para el monitoreo y control, tales como esquemas de observación, esquemas de monitoreo de embarcaciones, control de transbordo y control estatal en puertos, para asegurar el pleno cumplimiento de las medidas de conservación correspondientes;
(c) adoptar acciones para combatir la pesca ilegal no reportada y no regulada (INN); a tal fin, las Partes acuerdan asegurar que las embarcaciones que enarbolen sus banderas lleven a cabo actividades de pesca que estén de acuerdo con las reglas adoptadas en el marco de las OROP, y sancionar a las embarcaciones, de conformidad con su legislación interna, en caso de violación de tales normas.
1. Teniendo en cuenta la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (en adelante la «CMNUCC») y el Protocolo de Kyoto, las Partes reconocen que el cambio climático es un tema de preocupación común y global que requiere la más amplia cooperación posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, para el beneficio de las generaciones presentes y futuras de la humanidad.
2. Las Partes están resueltas a mejorar sus esfuerzos relativos al cambio climático, los cuales son liderados por los países desarrollados, incluyendo a través de la promoción de políticas nacionales e iniciativas internacionales convenientes para mitigar y adaptarse al cambio climático, sobre la base de la equidad y conforme con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades y sus condiciones sociales y económicas, y teniendo en cuenta en particular las necesidades, circunstancias, y la alta vulnerabilidad frente a los efectos adversos del cambio climático de aquellas Partes que sean países en desarro