Categoría: Administración

El Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, determina los aspectos esenciales de tales programas, referidos a su objeto y contenidos mínimos, personas destinatarias finales, financiación y requisitos específicos y prioridades, en su caso, así como las cuantías de referencia de las subvenciones públicas dirigidas a su financiación cuando se utilice esta forma de gestión.
Por su parte, el artículo 1 del citado real decreto establece que los programas comunes de activación para el empleo podrán ser aplicados y, en su caso, desarrollados en sus aspectos no esenciales por todos los integrantes del Sistema Nacional de Empleo. Así, corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social establecer las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas a la financiación de los programas gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito territorial de las ciudades de Ceuta y Melilla, así como para la concesión de las subvenciones financiadas con cargo a la reserva de crédito establecida en el presupuesto de gastos del citado organismo autónomo.
Las actuaciones subvencionables al amparo de las citadas bases reguladoras son las que figuran en el Anexo de esta orden, agrupadas por sus respectivos ejes y programas de políticas activas de empleo.
En particular, y conforme a los ejes en que se articulará el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno según lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, dentro del eje 1 «Orientación», son objeto de subvención el programa de orientación profesional para el empleo y el autoempleo y el referido a proyectos integrales de empleo; dentro del eje 2 «Formación», son objeto de subvención los programas experienciales de empleo y formación y otros programas públicos de empleo-formación; dentro del eje 3 «Oportunidades de empleo», son objeto de subvención el programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social, y el programa para el apoyo a la movilidad geográfica; dentro del eje 4 «Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo» son objeto de subvención los programas dirigidos a la inserción de personas con discapacidad, tanto en el mercado ordinario de trabajo como en el mercado de trabajo protegido, el programa para la inclusión laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, el programa para la igualdad entre hombres y mujeres, el dirigido a la inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género y el programa para evitar la discriminación por razón de edad; y, por último, dentro del eje 5 «Emprendimiento» son objeto de subvención el programa de fomento del empleo autónomo, el de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales, así como el programa para el fomento territorial del empleo. Asimismo, en relación con el eje 6 «Mejora del marco institucional», la disposición adicional tercera hace referencia a la red de centros de orientación, emprendimiento, acompañamiento e innovación para el empleo.
Las subvenciones contempladas en esta orden se integran en el Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2025 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, aprobado por Orden comunicada de la Ministra de Trabajo y Economía Social, de 29 de marzo de 2023.
En el establecimiento de las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones mediante esta orden, se ha tenido en cuenta transversalmente el criterio de igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con el nuevo Programa Común PC00038 Transversalización de la igualdad de género en las políticas activas de empleo, que tiene como objetivo favorecer e integrar la transversalidad de género en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas activas de empleo, alineado con el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que a su vez se sustenta en cuatro pilares, entre ellos la igualdad de género, con carácter transversal.
Esta orden ministerial cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa normativa justificada por la necesidad de establecer las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para financiar los programas comunes de activación para el empleo de competencia estatal. De la misma manera, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, la norma establece la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, como es la futura concesión de subvenciones destinadas a financiar las actuaciones de políticas activas de empleo.
Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, esta orden es coherente con el conjunto del ordenamiento jurídico. Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de transparencia, definiéndose el objeto y ámbito de aplicación, y se ha promovido la participación de los potenciales destinatarios en el trámite de audiencia e información pública.
Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, la orden, estableciendo criterios objetivos y claros sobre el ciclo completo de gestión de la tramitación de las subvenciones, persigue una correcta utilización de los recursos públicos.
En el proceso de elaboración de esta orden han sido consultadas las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, y se ha informado al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. En particular, se ha requerido el acuerdo de la citada Conferencia Sectorial respecto de lo establecido en la disposición adicional cuarta sobre bases reguladoras comunes, de manera que los servicios públicos de empleo autonómicos podrán optar por gestionar algunas de sus convocatorias al amparo de esta norma.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha emitido informe la Abogacía del Estado en el Departamento, así como la Intervención delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Servicio Público de Empleo Estatal.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, dispongo:
1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar las actuaciones de políticas activas de empleo que se desarrollen, al amparo de competencias estatales, en el marco del RealDecreto-ley1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas, en lo que resulte de aplicación, y del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.
2. Las ayudas previstas en estas bases reguladoras se considerarán compatibles con el mercado interior europeo cuando tengan cabida en los supuestos señalados en la disposición adicional séptima del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre.
1. El ámbito de aplicación de esta orden se extiende a las ciudades de Ceuta y Melilla, correspondiendo la gestión de las subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal a través de sus direcciones provinciales en sendas ciudades autónomas, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. Asimismo, se extenderá al territorio estatal cuando los programas y las actuaciones subvencionables se financien con cargo a la reserva de crédito prevista en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, conforme a lo previsto en el artículo 22.h) de la citada ley.
2. A las subvenciones públicas previstas en esta orden en materia de empleo para el fomento de la contratación laboral y la financiación de otros programas de activación para el empleo, sin perjuicio de las especialidades contenidas en su regulación particular, les serán de aplicación las disposiciones generales contenidas en el capítulo I del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero.
1. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta orden se financiarán con cargo a los créditos de la partida o partidas del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal que se determinen en cada convocatoria, y hasta el límite de las disponibilidades presupuestarias.
2. Los créditos indicados en el apartado anterior tienen el carácter de fondos de empleo de ámbito nacional de acuerdo con el artículo 62.1 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, destinándose:
a) A la financiación de las actuaciones subvencionables que se extiendan a las ciudades de Ceuta y Melilla, la parte de los fondos asignados a la gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido.
b) A la financiación de las actuaciones subvencionables que, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.h) de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, se extiendan al territorio estatal, la parte de los fondos de empleo de ámbito nacional que constituyan la reserva de crédito establecida en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal.
3. Cuando las actuaciones subvencionables estén cofinanciadas con fondos de la Unión Europea, el Servicio Público de Empleo Estatal asumirá la responsabilidad financiera derivada del cumplimiento de los requisitos contemplados en la legislación comunitaria aplicable.
1. Con carácter general, podrán ser objeto de subvención las actuaciones que, en el marco de los programas comunes de activación para el empleo previstos en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, contribuyan a la mejora de las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.
2. En el anexo de la orden figuran, ordenados por los ejes de las políticas activas de empleo a que se refiere el artículo 13 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, los programas comunes de activación para el empleo que son objeto de subvención, con indicación de:
a) El objeto y las personas destinatarias de cada programa;
b) las modalidades y requisitos de las actuaciones subvencionables;
c) las cuantías de las subvenciones; y
d) las personas, empresas y demás entidades beneficiarias.
3. Sin perjuicio de las personas destinatarias señaladas para cada programa en el anexo, las personas trabajadoras con contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo, inscritas como demandantes de servicios en las oficinas de empleo durante los períodos de no actividad, podrán ser destinatarias de los programas comunes de activación para el empleo, siempre y cuando su participación resulte posible en función de las características del propio programa y del contrato que tengan suscrito, así como de la duración del período de no actividad.
4. En las correspondientes convocatorias se concretarán las actuaciones subvencionables, de entre las señaladas en el citado anexo, que serán objeto de financiación en cada una de aquellas. Dichas actuaciones podrán corresponder a un mismo programa o resultar de la combinación de actuaciones previstas en varios de ellos.
5. En los supuestos en que las actuaciones subvencionables contemplen la financiación de costes salariales y de incentivos a la contratación o por inserción conseguida, aunque se trate de programas comunes distintos, serán de aplicación las normas comunes previstas en el capítulo IV para cada una de esas modalidades de subvención.
1. Dentro del tramo de cuantías de subvenciones que, respecto de las cuantías de referencia previstas en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, permite el artículo 8.2 del citado real decreto, las convocatorias podrán fijar cuantías de subvenciones superiores a las establecidas en el anexo, siempre y cuando no superen un incremento anual del dos por ciento a partir del ejercicio 2024.
Sin perjuicio de lo anterior, determinadas actuaciones podrán contemplar una mayor financiación, cuando las personas destinatarias o beneficiarias sean mujeres, en razón de las barreras adicionales que enfrentan para el acceso y permanencia en el empleo.
2. Asimismo, las cuantías de las subvenciones establecidas en el anexo o que resulten aplicables según lo dispuesto en el apartado anterior, se incrementarán en un diez por ciento cuando las personas destinatarias de las actuaciones objeto de financiación sean mujeres víctimas de violencia de género que participen en los programas señalados en el artículo 74.2 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre. Las convocatorias determinarán el momento en que podrá hacerse efectiva esta mayor financiación.
3. En aquellas convocatorias que opten, en base al correspondiente informe técnico realizado a estos efectos, por el régimen de concesión y justificación por módulos previsto en el artículo 9 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, los módulos económicos que resulten aplicables podrán tener cuantías de subvenciones distintas a las señaladas en los apartados anteriores, siempre y cuando se encuentren dentro del tramo a que hace referencia el apartado 1. Ello sin perjuicio de que, en los programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo u otros fondos estructurales, las convocatorias se acojan a la opción de costes simplificados para la justificación de subvenciones cuya cuantía resulte de aplicación de conformidad con la normativa de la Unión Europea en vigor para el período de programación.
4. El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona, empresa o entidad beneficiaria o, en su caso, el coste salarial derivado de la contratación tanto de personas participantes en los programas como del personal necesario para su ejecución.
Asimismo, en el supuesto de subvenciones dirigidas a incentivar la contratación laboral de colectivos de personas vulnerables previstos en esta orden, la cuantía de las mismas sumada a cualquier otra ayuda pública o bonificación a que pudiera dar derecho el correspondiente contrato de trabajo, no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual del contrato que se incentiva, salvo en el caso de las personas trabajadoras con discapacidad contratadas por los centros especiales de empleo o de personas en itinerario contratadas por empresas de inserción, en que la suma de subvenciones y bonificaciones no podrá superar el cien por cien del citado coste.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en esta orden las personas, empresas y demás entidades que, figurando como tales en el anexo, realicen la actividad que fundamenta su otorgamiento o se encuentren en la situación que motiva su concesión y reúnan, además, los requisitos específicos que, conforme al Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, y esta orden, pudieran determinar las correspondientes normas de convocatorias, junto con las condiciones y forma de acreditación de los mismos.
2. Podrán tener, asimismo, la condición de beneficiarias las agrupaciones contempladas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cuyo caso deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación. Cada entidad agrupada deberá ejecutar la parte del programa o medida comprometida. La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Con carácter general, no podrán obtener la condición de beneficiarias las personas, empresas y demás entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 13.2, 3 y 3 bis, en su caso, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; y, en particular:
a) Haber sido inhabilitadas para obtener subvenciones públicas, de acuerdo con el artículo 33.7.f) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
b) Haber sido excluidas del acceso a subvenciones públicas derivadas de la aplicación de programas de empleo por la comisión de infracciones graves o muy graves no prescritas, de conformidad con los artículos 62 y 63 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y los artículos 46 y 46 bis del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
c) No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. A los efectos de considerarse cumplido este requisito, se considerará que los certificados emitidos por vía telemática por el órgano competente tendrán un plazo de validez de seis meses desde su emisión, quedando acreditado el cumplimiento del citado requisito durante la totalidad de dicho plazo, con independencia de la situación tributaria en la que se encuentre la persona, empresa o entidad beneficiaria entre la fecha a la que se refiere el párrafo anterior y la del vencimiento del plazo de validez de seis meses indicado anteriormente. Dicho plazo de validez se extenderá durante otros seis meses desde que se verifique, dentro de cada uno de dichos plazos, la condición de encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias por el acceso a nuevos beneficios.
d) No encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social en relación con el ingreso por cuotas y conceptos de recaudación conjunta, así como respecto de cualquier otro recurso de la Seguridad Social que sea objeto de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 20 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en su desarrollo reglamentario, salvo que se establezca legalmente la inaplicación de alguno de los apartados de dicho artículo.
e) No contar con el correspondiente plan de igualdad, en el caso de las empresas obligadas legal o convencionalmente a su implantación, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Este requisito se entenderá cumplido con la inscripción obligatoria en registro público de conformidad con el artículo 11 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
4. Asimismo, las agrupaciones previstas en el apartado 2 de este artículo no podrán acceder a la condición de beneficiarias cuando concurra alguna de las circunstancias indicadas anteriormente en cualquiera de los miembros de la agrupación.
1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, y en esta orden, constituyen obligaciones de las personas, empresas y demás entidades beneficiarias:
a) Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase de instrucción del procedimiento, ejecución y seguimiento de la actividad subvencionada, así como justificación de la subvención.
b) En las actuaciones subvencionadas que requieran la participación de las personas destinatarias finales, las personas, empresas y demás entidades beneficiarias deberán tener a disposición de los órganos de control competentes los documentos acreditativos de su asistencia, así como del seguimiento realizado sobre la mejora de su empleabilidad y, en su caso, posterior inserción.
c) Garantizar la gratuidad de las acciones de mejora de la empleabilidad en las que participen las personas destinatarias de las actuaciones subvencionadas.
d) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de cantidades concedidas y pagadas en convocatorias anteriores gestionadas al amparo de esta orden y cuya devolución le haya sido exigida a la persona, empresa o entidad beneficiaria mediante reclamación previa a la vía ejecutiva o mediante resolución de procedencia de reintegro, siempre que exista resolución firme, salvo que se hubiera producido la suspensión del acto.
e) Comunicar al órgano administrativo competente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. En este caso se estará a lo previsto sobre concurrencia de ayudas y subvenciones en el artículo 5.4.
f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la subvención y a realizarse el pago de la misma, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, en la forma que se determine en las convocatorias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g) Hacer constar, en los términos que establezcan las convocatorias, el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada y, en su caso, la cofinanciación del Fondo Social Europeo o de cualquier otro fondo comunitario o supranacional; y, en particular, cumplir con las obligaciones de difusión y publicidad previstas en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre.
h) En el caso de acciones de mejora de la empleabilidad, remitir al órgano competente una comunicación de inicio de la acción que va a desarrollar, incluida cualquier modificación posterior, y, en su caso, la comunicación de finalización, conforme al contenido, plazos y procedimiento que a tal efecto establezcan las convocatorias. La falta de comunicación en los plazos establecidos implicará que la correspondiente acción se considere no realizada, total o parcialmente, a efectos de la justificación de la subvención, salvo que la no comunicación en plazo se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.
i) Llevar una contabilidad separada o código contable adecuado, respecto de todas las transacciones relacionadas con la actividad subvencionada, en los términos que determinen las convocatorias.
j) Conforme a los principios y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, los beneficiarios deberán contemplar la perspectiva de género en el diagnóstico, objetivos, actividades y evaluación de los proyectos o actuaciones subvencionadas, así como hacer un uso no sexista del lenguaje y utilizar imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres, en toda documentación y acciones de comunicación y difusión que realicen según lo previsto en la letra g) de este apartado.
k) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa que resulte de aplicación, en lo no previsto expresamente en este artículo.
1. La concesión de las subvenciones previstas en esta norma se realizará en régimen de concurrencia competitiva, o bien mediante el régimen de concesión directa en los supuestos concretos que, conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional, se relacionan en la disposición adicional décima del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre.
2. Cuando el procedimiento sea el de concurrencia competitiva, se iniciará de oficio mediante convocatoria pública realizada por la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, sin perjuicio de su posible delegación.
3. En los supuestos en que se aplique el régimen de concesión directa de subvenciones, la presentación de las solicitudes de subvención irá precedida de la publicación de una resolución de la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal en la que se indicará, al menos, el crédito disponible para financiar la correspondiente actuación o actuaciones, el período subvencionable y, en su caso, las condiciones que habrá de reunir las solicitudes de subvención.
La forma, lugar y plazo en que debe presentarse la solicitud de subvención de concesión directa y la documentación que debe acompañarla, la instrucción y resolución del procedimiento, así como la forma de pago y justificación de la subvención se ajustarán, en todo caso, a la regulación contenida esta orden. Las solicitudes se irán resolviendo, por orden de entrada, hasta el límite de las disponibilidades presupuestarias. No obstante, las solicitudes que no sean resueltas en un ejercicio por agotamiento del crédito anual disponible se podrán resolver en el ejercicio siguiente una vez se habiliten los créditos correspondientes, manteniendo su orden de solicitud con relación a las solicitudes que se presenten en el nuevo ejercicio.
En los supuestos a que se refiere este apartado, las referencias realizadas en esta orden a la convocatoria se entenderán realizadas a la norma de inicio del correspondiente procedimiento de concesión directa a que se refiere el párrafo primero.
4. Las personas, empresas y demás entidades que sean personas jurídicas y personas trabajadoras autónomas solicitantes estarán obligadas a la realización de cualquier trámite relativo a los procedimientos que se deriven de esta orden a través de medios electrónicos, en aplicación del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía, conforme a lo establecido en el artículo 41.1 del citado texto legal.
1. En los procedimientos de concesión mediante concurrencia competitiva, con carácter general, y sólo en aquellas actuaciones subvencionables en que puedan ser evaluables y valorables se considerarán, además de los objetivos y prioridades establecidos en la Estrategia Española de Activación para el Empleo y en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno vigentes en cada momento, los siguientes criterios de otorgamiento de la subvención:
a) La atención individualizada a las personas demandantes de empleo y servicios mediante acciones integradas de políticas activas de empleo que mejoren su empleabilidad y ocupabilidad, articuladas en un itinerario individual y personalizado de empleo.
b) Los criterios que aseguren políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a los colectivos prioritarios previstos en el artículo 50 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, con especial ponderación de los criterios de preferencia que, entre los colectivos citados, se determinen en cada convocatoria.
c) Los que faciliten que las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, subsidios, ingreso mínimo vital o ayudas similares realicen su itinerario individual y personalizado de empleo y los que garanticen una coordinación entre servicios sociales y de empleo para una mejor atención de tales personas.
d) La mejora de la empleabilidad en competencias y empleos verdes y/o digitales. En particular, en los programas públicos mixtos de empleo-formación será preferente la cualificación en ocupaciones relacionadas con los ámbitos de actividad señalados en el artículo 29.2 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre.
e) Los objetivos de inserción laboral de las personas destinatarias de los programas o actuaciones subvencionadas.
f) La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el proyecto o actuaciones solicitadas. Este criterio, que se concretará en la convocatoria, tenderá a incluir la valoración de indicadores referidos a las personas destinatarias de las actuaciones subvencionables (porcentaje previsto de mujeres participantes, medidas de acción positiva previstas para su selección o medidas orientadas a adecuar las actuaciones a las necesidades de las mujeres, entre otros), así como parámetros relativos a la trayectoria de la entidad solicitante en materia de igualdad entre mujeres y hombres (experiencia, formación, titulación o cualquier otro que se determine en la convocatoria) y al personal que aquella contrate para la ejecución de las actuaciones (porcentaje de mujeres contratadas y de puestos de trabajo cualificados, de responsabilidad o gerencia ocupados por mujeres, así como porcentaje de mujeres contratadas con especiales dificultades de inserción laboral, entre otras: víctimas de violencia contra las mujeres, mujeres que encabezan familias monoparentales, con discapacidad o desempleadas de larga duración).
Asimismo, dentro de este criterio se considerará la perspectiva de género en el diagnóstico, diseño y evaluación del proyecto o actuación subvencionable; en particular, la consideración en el diagnóstico de la desigualdad que afecta a las mujeres y el compromiso de presentar una memoria sobre el impacto de género.
2. Específicamente, para la puesta en marcha de las acciones de información, orientación y acompañamiento que integran el programa de orientación profesional para el empleo y el autoempleo se valorarán las circunstancias señaladas en el artículo 18.2 del Real Decreto 818/2021, de 28 de octubre.
Asimismo, en el programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social serán de aplicación los criterios de selección de las obras y servicios establecidos en el artículo 44 del citado real decreto.
1. Los órganos competentes comunicarán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de cada convocatoria y la información requerida en la citada Base de Datos, publicándose un extracto de aquélla en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
2. Podrán realizarse convocatorias plurianuales de acuerdo con el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como establecerse convocatorias abiertas, de acuerdo con el artículo 59 del citado reglamento. Estas últimas determinarán los criterios para la asignación de los fondos no empleados en un período de solicitud entre los periodos restantes.
Asimismo, dentro de una misma convocatoria se podrán establecer líneas de financiación diferentes en función de los distintos tipos de programas o actuaciones subvencionables, o bien de los distintos tipos de personas, empresas y demás entidades beneficiarias. En estos supuestos, podrán emplearse los remanentes que se produzcan en una línea de financiación para financiar otra en caso de que los créditos inicialmente asignados a la misma fueran insuficientes para atender las solicitudes recibidas. La reasignación de los remanentes se establecerá mediante resolución del órgano convocante, que recogerá las modificaciones registradas y su justificación.
3. La cuantía total del crédito asignado en la convocatoria se podrá incrementar mediante una cuantía adicional según el procedimiento establecido en artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En todo caso, la efectividad de la cantidad adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito en un momento anterior a la resolución de la convocatoria.
4. En función de la disponibilidad presupuestaria, podrá fijarse para cada persona, empresas o entidad solicitante un número máximo de acciones subvencionables y de personas participantes en las mismas, así como una cuantía máxima a solicitar.
Excepcionalmente, de conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando las circunstancias concurrentes lo aconsejen, en las convocatorias se podrá prever el prorrateo del importe global máximo destinado a las subvenciones entre las personas, empresas y demás entidades beneficiarias.
Asimismo, se podrán establecer los términos en que el crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguna de las personas, empresas o entidades beneficiarias pueda utilizarse por el órgano concedente para acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la persona, empresa o entidad solicitante o a las solicitantes siguientes a aquéllas, en orden de puntuación.
1. Las solicitudes de concesión de subvenciones se dirigirán a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal o, en caso de delegación, a las Direcciones Provinciales del citado Servicio Público, según el ámbito territorial de aplicación de la convocatoria.
2. El plazo de presentación de las solicitudes, así como la documentación que la persona, empresa o entidad interesada deberá acompañar a la misma, será de un mes, salvo que la convocatoria determine un plazo inferior. En todo caso, en los supuestos en los que la concesión de subvenciones se tramite mediante convocatoria abierta, en esta se concretará el plazo de presentación de solicitudes para cada una de las resoluciones sucesivas previstas en la misma.
La presentación de las solicitudes se realizará a través del registro electrónico del Servicio Público de Empleo Estatal al que se accederá desde la sede electrónica del referido organismo autónomo.
Las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto en la convocatoria serán inadmitidas.
3. Se presentará por parte de la persona interesada declaración responsable del cumplimiento de las condiciones para el acceso a la subvención, ello sin perjuicio de la posibilidad de que el Servicio Público de Empleo Estatal consulte los sistemas de información correspondientes para verificar el cumplimiento de las condiciones de las personas, empresas y demás entidades beneficiarias de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación o la exigencia de reintegro.
En particular, respecto a la acreditación del requisito de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la presentación de la solicitud conllevará la autorización de la persona, empresa o entidad solicitante para que el órgano concedente obtenga directamente esta información a través de certificados telemáticos, sin que aquella haya de presentar la correspondiente certificación, salvo que ésta expresamente deniegue su consentimiento, en cuyo caso deberá aportar dicha certificación, de acuerdo con el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en esta orden o en la respectiva convocatoria, o no estuviera debidamente cumplimentada, o bien la documentación recibida fuese defectuosa o faltase alguno de los documentos preceptivos, se requerirá a la persona, empresa o entidad solicitante para que en el plazo máximo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
Cuando la competencia para resolver corresponda a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, el órgano instructor será la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo; y cuando corresponda, por delegación, a las personas titulares de las Direcciones Provinciales del citado organismo autónomo, el órgano instructor será la Subdirección Provincial competente por razón de la materia.
2. En los procedimientos de concurrencia competitiva, una vez evaluadas las solicitudes por el órgano instructor, el órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada. El citado órgano colegiado estará compuesto por:
a) Presidente: la persona titular de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo o de la Dirección Provincial correspondiente, o persona en quien delegue.
b) Vocales: dos personas del personal funcionario o técnico del ámbito de la unidad en que se gestionen las subvenciones, uno de los cuales actuará como Secretario o Secretaria.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de resolución provisional y/o definitiva, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Se podrá prever la concesión de un plazo máximo de diez días hábiles para que las personas, empresas y demás entidades interesadas presenten su aceptación ante la propuesta de resolución.
Se prescindirá del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta, otros hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por la parte interesada, y la cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean coincidentes, en cuyo caso la propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva.
3. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará de la persona, empresa o entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Lo establecido en los apartados anteriores sobre el trámite de audiencia y la reformulación la solicitud será, asimismo, de aplicación a los procedimientos de concesión directa cuando concurran las circunstancias previstas en los mismos.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a la vista de la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente resolverá el procedimiento. La resolución será motivada y tendrá, además, el contenido que se indique en la convocatoria, así como el previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si la resolución es de concesión se identificará, en su caso, la parte de la subvención cofinanciada por el Fondo Social Europeo o el fondo comunitario o supranacional que corresponda.
2. En las actuaciones de ámbito estatal, financiadas con cargo a la reserva de crédito establecida en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, el órgano competente para resolver será la persona titular de la Dirección General del mencionado Servicio Público o, por delegación, las y los directores provinciales del mismo, debiéndose hacer constar esta circunstancia en la resolución correspondiente. En particular, respecto del ámbito territorial de Ceuta y Melilla, en las actuaciones financiadas con los fondos previstos en el artículo 3.2 a), resolverá por delegación la persona titular de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en las respectivas ciudades autónomas.
El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses a partir de la publicación de la convocatoria, salvo que ésta determine un plazo inferior. En todo caso, en los procedimientos de concesión directa, el plazo para resolver y notificar la resolución sobre la concesión de subvenciones será de seis meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, salvo en las subvenciones a las que se refieren los párrafos a), c) y l) del artículo 2.1 del Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, en las que el plazo será de tres meses conforme a lo previsto en el artículo 5.3 del citado real decreto.
Una vez transcurridos los plazos señalados en el párrafo anterior sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud presentada podrá entenderse desestimada.
3. Contra las resoluciones cabrá interponer recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda o subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de las mismas, a que se refiere el artículo 5.4, podrá dar lugar a la modificación de la resolución concesionaria.
Asimismo, una vez recaída la resolución de concesión, la persona, empresa o entidad beneficiaria podrá solicitar, de forma motivada y con carácter excepcional, la modificación de la misma, salvo que por la naturaleza de la actuación que motiva dicha concesión no quepa modificación alguna. La solicitud de modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas tras la resolución y durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada para cada persona, empresa o entidad beneficiaria y formalizarse con carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución. A estos efectos, podrán considerarse las siguientes circunstancias:
a) Circunstancias sobrevenidas, difíciles de prever en el momento de la presentación de la solicitud, que determinen variaciones no superiores a un cincuenta por ciento en las características, duración o cualquier otra obligación cuyo cumplimiento se someta a plazo en la resolución de concesión de la subvención.
b) Circunstancias sobrevenidas que determinen la necesidad de que la persona, empresa o entidad beneficiaria modifique las características técnicas o económicas o, en su caso, la distribución entre la tipología de gastos de la actuación o proyecto inicialmente aprobado.
El órgano competente deberá dictar resolución aceptando o denegando la modificación propuesta en el plazo de dos meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, salvo que la convocatoria establezca un plazo inferior. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. Las resoluciones podrán retrotraer sus efectos, como máximo, al momento de la presentación de la solicitud de modificación. En todo caso, la modificación solo podrá autorizarse siempre que no dañe derechos de terceros, no suponga incremento de la subvención y no se varíe el destino y finalidad de la subvención.
1. El pago de la subvención se realizará en los términos fijados en cada convocatoria, pudiendo preverse, conforme a lo recogido en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el pago anticipado de la misma una vez dictada la resolución de concesión, con un límite máximo que no podrá superar el ochenta por ciento del importe concedido, lo que supondrá que como mínimo un veinte por ciento del citado importe se hará efectivo una vez finalizada y justificada la actividad subvencionada.
El pago anticipado a que se refiere el párrafo anterior será de hasta el cien por cien de la ayuda concedida cuando ésta se dirija a la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, o bien a cualesquiera organismos o entidades del sector público institucional de las anteriores. Asimismo, conforme a la disposición adicional novena del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, el pago anticipado de la subvención será de hasta el cien por cien cuando se financien programas o actuaciones de formación en alternancia con el empleo, incluidos los programas públicos mixtos de empleo-formación.
En todo caso, se abonará la totalidad del importe de la subvención en los supuestos en los que la actividad que fundamenta su otorgamiento o la situación que motiva su concesión tenga lugar con anterioridad a la resolución de concesión; en particular, los supuestos en los que se incentiva la contratación laboral o, en general, cuando en la convocatoria se condicione el pago de la subvención a la acreditación previa de los gastos realizados.
2. En los pagos anticipados previstos en el apartado anterior, no procederá la constitución de garantías a favor de la Administración concedente; si bien no podrán realizarse pagos anticipados a las personas, empresas y demás entidades beneficiarias cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
3. Cuando la naturaleza de las actuaciones lo permita, y así se prevea en la correspondiente convocatoria, podrán realizarse pagos a cuenta en los términos establecidos en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Los rendimientos financieros que se generen por los anticipos de fondos librados no incrementarán el importe de la subvención concedida.
5. El pago de la subvención quedará condicionado a que las personas, empresas y demás entidades beneficiarias acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, salvo que se acredite que dichas deudas se encuentran aplazadas, fraccionadas o cuando se hubiese acordado su suspensión. No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la persona, empresa o entidad beneficiaria sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro.
1. En los supuestos en que sea necesaria la preselección o selección de las personas destinarias finales de las actuaciones subvencionadas, las personas, empresas y demás entidades beneficiarias solicitarán las personas participantes a la oficina de empleo correspondiente, a fin de que ésta proceda a su preselección o selección conforme a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, y a las prioridades que, en su caso, se establezcan en las correspondientes convocatorias en función de los objetivos de empleo, la adecuación de las personas participantes a las características del correspondiente programa o su pertenencia a colectivos prioritarios. En particular, en la citada preselección o selección se tendrán en cuenta los porcentajes de participación establecidos en los artículos 25 y 70 del citado real decreto, referidos a la participación de personas desempleadas perceptoras de prestaciones en proyectos integrales de empleo y a la participación mayoritaria de las mujeres en programas o acciones de orientación o mejora de la empleabilidad, respectivamente.
Las personas destinatarias a que hace referencia el párrafo anterior, sean o no desempleadas, deberán figurar inscritas como demandantes de empleo y servicios, o al menos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el supuesto de participación de personas jóvenes beneficiarias del citado sistema.
Las personas, empresas y demás entidades beneficiarias de la subvención podrán participar en el proceso de selección de las personas participantes en los términos que establezcan las convocatorias.
2. Además de lo previsto en el apartado anterior, para la preselección o selección de las personas participantes en el programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social, así como en otros programas públicos de empleo-formación, se tendrá en cuenta, como criterio de prioridad, la adecuación de la cualificación al puesto ofertado, favoreciendo en su caso la primera experiencia profesional.
Asimismo, en los programas experienciales de empleo-formación serán de aplicación las previsiones contenidas en el artículo 33 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, sobre selección del alumnado y su participación en los citados programas, así como en el artículo 34 del citado real decreto sobre selección del personal formador, directivo y de apoyo de los programas experienciales de empleo y formación, incluido el personal de las unidades de promoción y desarrollo.
3. En los programas en los que se subvencionen itinerarios personalizados de inserción, el desarrollo de las acciones, individuales o colectivas, que conformen tales itinerarios se realizará preferentemente de acuerdo con los Protocolos previstos en el anexo de la Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia para el desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
4. Las entidades beneficiarias de los programas públicos mixtos de empleo-formación adoptarán las medidas necesarias para permitir a las personas trabajadoras con responsabilidades familiares y de cuidado conciliar su participación en estos programas con el cuidado de hijos menores de doce años o de familiares dependientes hasta el segundo grado, salvo cuando justificadamente no sea viable con la adecuada gestión del proyecto.
5. Las entidades beneficiarias podrán subcontratar, en los términos previstos en la convocatoria, hasta el cien por cien, o de forma parcial, hasta el porcentaje que se determine en la convocatoria, la ejecución de la actividad que constituye el objeto de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del R