Categoría: Administración

El impacto de la pandemia COVID-19, ha expuesto y amplificado, de manera dramática, la presencia de desigualdades e inequidades, una característica ya prominente en el panorama social, limitando la capacidad de actuación de los agentes integrantes de la política social al tiempo que ha multiplicado las necesidades de aquellos a los que dicha política va dirigida. Por ello se considera urgente la necesidad de reforzar los distintos niveles y actores que configuran el modelo asistencial español para mantener un nivel óptimo de protección e incluir a aquellas poblaciones más vulnerables social y económicamente.
Para la ejecución de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España se están empleando las conferencias sectoriales, junto con otros mecanismos complementarios, como son la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva o de concesión directa, debidamente justificados.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que concurren circunstancias excepcionales que acreditan las razones de interés público para su aprobación como subvenciones de concesión directa, previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 noviembre. Efectivamente, se considera necesario garantizar un procedimiento ágil para dar respuesta a las necesidades y el acuerdo de consecución de hitos concretos para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021, atendiendo, además, a la importancia capital de estas actividades para la aplicación de la política de inclusión del departamento, y en definitiva, para coadyuvar en la consecución de los fines de la inclusión social.
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece que podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del ministro competente. No será necesario el informe previo del Ministerio de Hacienda y Función Pública de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española reconoce al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Asimismo, el artículo 149.1.13.ª reconoce la competencia exclusiva del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Al amparo de dichos preceptos, y conforme al artículo 22 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el órgano encargado de la propuesta y ejecución de la política de inclusión del Gobierno.
Concretamente y siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en relación con el artículo 21 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, le corresponde a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: el diseño, impulso y evaluación de políticas que tienen por finalidad ayudar a la incorporación y la participación en la sociedad, en igualdad de oportunidades, de los colectivos más desfavorecidos; así como el impulso, elaboración, coordinación y seguimiento de las políticas, estrategias, planes y programas de actuación en materia de inclusión.
La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, crea y regula la prestación no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Sin embargo, más allá de la prestación monetaria, la atención integral de las personas más vulnerables requiere de un conjunto de políticas que garanticen su derecho a la plena inclusión social y laboral. Las políticas de inclusión tienen un carácter horizontal que debe desarrollarse a través de intervenciones coordinadas en diferentes ámbitos, entre los que se encuentran principalmente: Los servicios sociales, el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, el suministro energético y las competencias digitales.
Por otro lado, al objeto de paliar el impacto económico y social provocado por la irrupción del COVID-19 y apoyar la recuperación económica, el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance.
Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU). Este Instrumento Europeo de Recuperación, implicará para España unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2023. La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realizará a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Los proyectos que constituyen dicho Plan permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por el COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro. Estos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los hitos intermedios y metas pertinentes, en los plazos que se establezcan.
Por tanto, en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones participa de forma relevante en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», encuadrado en el área política VII «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo».
Entre las reformas e inversiones propuestas en este Componente 23 se incluye la inversión 7 «Fomento del Crecimiento Inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión sociolaboral al ingreso mínimo vital», que promueve la implantación de un nuevo modelo de inclusión a partir del ingreso mínimo vital (IMV), que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza. Para lograr este objetivo, se ha planteado, entre otros, el desarrollo de proyectos piloto para la puesta en marcha de itinerarios de inclusión social con las comunidades y ciudades autónomas, entidades locales y entidades del Tercer Sector de Acción Social, así como con los distintos agentes sociales.
En este sentido, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública para la ejecución del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, reconoce la necesidad de un adecuado modelo de gobernanza que permita asegurar la mayor eficiencia en el gasto público y el papel especial de la Administración General del Estado para garantizar el éxito de la ejecución y el control y la salvaguarda necesarios para justificar fehacientemente la solicitud de reembolsos y la absorción de los citados fondos. Y en relación con éstos últimos se reclaman los principios de planificación estratégica y de gestión por objetivos.
Por todo ello, la ejecución de los proyectos piloto se instrumentará a través de convenios firmados entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las Administraciones Públicas autonómicas y locales interesadas, así como con entidades del Tercer Sector de Acción Social y con los interlocutores sociales.
La dotación presupuestaria procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el desarrollo de la inversión 7 del Componente 23, asciende a un total de 297,95 millones de euros que deberán ejecutarse a lo largo del periodo 2021-2023.
Por otra parte, el compromiso alcanzado en el marco de la inversión 7 del Componente 23 incluye la firma de, al menos, dieciocho convenios para el desarrollo de proyectos piloto de itinerarios de inclusión social: El hito 350 establece en la descripción de su contenido y como mecanismo de verificación la firma de ocho convenios para el primer trimestre de 2022 y el indicador de seguimiento número 351.1 establece la firma de al menos diez convenios adicionales para el primer trimestre de 2023.
Con fecha de 27 de octubre de 2021 se publica en el «Boletín Oficial del Estado» el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este real decreto impulsa la puesta en marcha de proyectos piloto para el desarrollo de itinerarios de inclusión social por parte de comunidades autónomas, entidades locales y entidades del Tercer Sector de Acción Social, que se ejecutan en el marco de dieciséis convenios firmados entre estas entidades y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En el marco del Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, ocho de los dieciséis convenios firmados, garantizan el cumplimiento del hito número 350 para el primer trimestre de 2022 «Mejorar la tasa de acceso del ingreso mínimo vital, e incrementar la efectividad del IMV a través de políticas de inclusión», mientras que los ocho restantes contribuyen al cumplimiento del indicador de seguimiento número 351.1 en el primer trimestre de 2023 «al menos diez convenios de colaboración adicionales firmados con administraciones públicas subnacionales, interlocutores sociales y entidades de acción social del tercer sector para llevar a cabo los proyectos piloto de apoyo a la inclusión socioeconómica de los beneficiarios del IMV a través de itinerarios».
Asimismo, tras la ejecución y evaluación de cada uno de los proyectos piloto subvencionados, se llevará a cabo una evaluación para valorar la cobertura, la efectividad y el éxito de los regímenes de renta mínima. La publicación de esta evaluación, que incluirá recomendaciones específicas para mejorar la tasa de acceso a la prestación y mejorar la eficacia de las políticas de inclusión social, contribuye al cumplimiento del hito 351 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia previsto para el primer trimestre de 2024.
Para alcanzar este objetivo, y teniendo en cuenta el carácter innovador de las políticas públicas destinadas a la inclusión social, el 20 de diciembre de 2021, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de su página web, activó una consulta pública, formalizada mediante la presentación de manifestaciones de interés. Dicha consulta está, orientada a obtener un conocimiento más amplio de proyectos viables dirigidos a «implantar un nuevo modelo de inclusión a partir del ingreso mínimo vital, mejorando la tasa de acceso al IMV y el incremento de la efectividad del IMV a través de itinerarios de integración y su evaluación».
Se presentaron un total de 149 manifestaciones de interés, cuyo análisis y la selección se realizó mediante la aplicación de varios criterios, entre los que se encuentran: la posibilidad de que el proyecto sea objeto de una evaluación de impacto con metodología de ensayo controlado aleatorizado (RCT); la cobertura de todo el territorio nacional; la atención a los colectivos de personas en situación o riesgo de exclusión social; la intervención en todos los ámbitos de actuación relevantes para la inclusión social (mejora del acceso al ingreso mínimo vital; ámbito educativo; servicios sociales; salud; población extranjera en situación regular; competencias digitales; suministro energético; ámbito laboral; y cualquier otro ámbito de intervención que incida en la inclusión social de las personas en situación o riesgo de exclusión social); así como, la complementariedad con los proyectos seleccionados en el marco del Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta publicación ha permitido conocer las grandes líneas de proyectos e iniciativas presentadas por comunidades y ciudades autónomas, entidades locales, entidades del Tercer Sector de acción social y agentes sociales. Han aportado información sobre iniciativas, en los ámbitos de actuación de mejora del acceso al ingreso mínimo vital; educación; salud; población extranjera en situación regular; brecha digital y pobreza energética. Estas iniciativas han sido objeto de una primera valoración con vistas a identificar aquellas que se consideren especialmente de interés para su posible tratamiento como proyectos experimentales y, por lo tanto, susceptibles de extensión a diferentes colectivos en riesgo de pobreza y/o exclusión social y zonas geográficas.
Igualmente, este proceso ha puesto de relieve la existencia de un elevado interés compartido por todo tipo de agentes y actores, tanto institucionales como sociales para abordar un problema que se ha incorporado plenamente al debate público actual ante el aumento sustancial de la desigualdad en España durante la pandemia.
Con el fin de facilitar la participación en la manifestación de interés, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó expresamente a todas las comunidades autónomas y mantuvo reuniones específicas al respecto. No obstante, algunas de las comunidades autónomas que presentaron una manifestación de interés, decidieron finalmente no participar en el proceso de selección por motivos diversos.
Las subvenciones cuyo otorgamiento se regula en el presente real decreto toman en consideración las manifestaciones de interés recibidas. El importe total de las subvenciones asciende a 102.036.066 euros, que se hará efectivo mediante un pago anticipado de 81.722.971 euros con cargo a la anualidad prevista en el Presupuesto General del Estado de 2022, y un pago de 20.313.095,00 euros con cargo al Presupuesto General del Estado de 2023, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los proyectos piloto financiados con estas subvenciones se instrumentarán a través de un total de 18 convenios que, junto con los convenios firmados en el marco del Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, supone la firma de un total de 34 convenios para el desarrollo de proyectos de itinerarios de inclusión social, lo que supera ampliamente el compromiso con la Comisión Europea de firmar, al menos, dieciocho convenios para mejorar la eficacia de los itinerarios de integración para los beneficiarios del régimen del ingreso mínimo vital y otros colectivos vulnerables.
El interés público y económico, así como el carácter eminentemente social de las distintas actividades en materia de políticas de inclusión que son financiadas mediante ayudas otorgadas y gestionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, justifica la concesión directa de estas subvenciones, mediante su aprobación a través de este real decreto.
Por ello, concurren en el caso de este real decreto evidentes razones de interés público, económico y social que justifican la concesión directa de las ayudas. En primer lugar, con las líneas subvencionables contenidas en el presente real decreto se consigue una mejora efectiva del acceso al ingreso mínimo vital de las personas en riesgo de exclusión social que no lo están percibiendo y el incremento de la efectividad del ingreso mínimo vital a través de la política de inclusión, puesto que más allá de la prestación monetaria, la atención integral de las personas más vulnerables requiere de un conjunto de políticas que permitan su plena inclusión social y laboral. Por este motivo, el ingreso mínimo vital se configura como un conjunto de políticas articuladas en torno a esta prestación.
Las ayudas irán destinadas a mitigar los daños sociales y a apoyar un crecimiento inclusivo de nuestro país a través de la política de inclusión que definirá los itinerarios más adecuados para los beneficiarios del ingreso mínimo vital. La dimensión de inclusión abarca el empleo, la recuperación de la autoestima, la salud física y mental, la conexión social, las habilidades educativas, las competencias digitales, etc. En este sentido, los beneficiarios del IMV están más expuestos al desempleo, la volatilidad de los salarios, la estacionalidad en la jornada laboral y a condiciones laborales más precarias. Además, en muchos casos la falta de habilidades básicas representa un obstáculo abrumador que finalmente empuja a los adultos en edad laboral a la inactividad. De hecho, la activación laboral es la piedra angular de la inclusión y se correlaciona positivamente con importantes mejoras en todas las dimensiones.
Ante la concurrencia de las situaciones anteriormente descritas, tal y como se ha expresado al comienzo, el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece la posibilidad, en determinados supuestos, de conceder una subvención de forma directa a uno o a un conjunto de beneficiarios.
Además, el presente real decreto establece la compatibilidad de estas subvenciones con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que puedan recibir las entidades beneficiarias, con la excepción de otros fondos europeos, con los que serán incompatibles, ya que, por la naturaleza de los proyectos piloto de itinerarios subvencionados, se ha valorado la necesidad de financiar con otros recursos costes no cubiertos como gasto subvencionable.
El presente real decreto incluye una disposición transitoria única que tiene como objetivo establecer un régimen transitorio relativo al plazo de ejecución de los proyectos piloto de inclusión social subvencionados por Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, esta modificación está motivada por la necesidad de ampliación del plazo de ejecución de la intervención hasta el 31 de octubre de 2023, previa solicitud de las entidades beneficiarias, por causas justificadas y sobrevenidas.
Finalmente, se recoge en la disposición final modificaciones del Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, relativas a una corrección de errores en la exposición de motivos y a la posibilidad de ampliación del plazo de ejecución de los proyectos piloto de inclusión social subvencionados, previa solicitud de las entidades beneficiarias.
Este real decreto se dicta en el ejercicio de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado, al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, que establece la competencia exclusiva del Estado en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos; así como del artículo 149.1.13.ª que reconoce la competencia exclusiva del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
El presente real decreto se aprueba de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para poder desarrollar las competencias en materia de inclusión que, por razones de interés público, resulta necesario asegurar. Constituye una medida proporcional y necesaria.
Asimismo, en aplicación del principio de transparencia, se han definido claramente el alcance y objetivo, no solo de esta norma sino de las propias dotaciones presupuestarias y atiende al principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas accesorias y contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos existentes.
Finalmente, las subvenciones propuestas en este real decreto no implican ayudas de estado, puesto que, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las normas sobre ayudas estatales solo se aplican cuando el beneficiario de la ayuda ejerce una actividad económica.
En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe de la Abogacía del Estado en el Departamento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de mayo de 2022,
1. El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones a las entidades detalladas en el artículo 4 para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social y su evaluación, con la finalidad de contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus distintas formas.
2. Las ayudas reguladas en este real decreto se otorgarán en régimen de concesión directa, con carácter excepcional y por concurrir razones de interés público, social y económico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley, y el artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias que afectan a las personas en situación o riesgo de pobreza o exclusión social, agravada en las actuales circunstancias derivadas de la pandemia provocada por el COVID-19, y dado que concurren razones de interés público, económico y social que determinan la improcedencia de su convocatoria pública.
3. La finalidad de las ayudas es financiar proyectos piloto innovadores consistentes en itinerarios de inclusión social y su evaluación, cuyos resultados serán publicados, con objeto de contribuir a la generación de conocimiento de la política de inclusión, a la orientación de la política de gasto de las administraciones públicas y a la creación de mayor impacto orientando su diseño a resultados y a la consecución de objetivos.
4. El presente real decreto contribuye en el marco del componente 23 inversión 7 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al cumplimiento del indicador de seguimiento número 351.1 del anexo II de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación acordadas por el Gobierno de España y la Comisión, que establece como mecanismo de verificación la firma de al menos diez convenios adicionales para el primer trimestre de 2023 y al cumplimiento del hito 351 de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, previsto para el primer trimestre de 2024 que consiste en la publicación de una evaluación, de la menos dieciocho proyectos piloto, que incluirá recomendaciones específicas para mejorar la tasa de acceso a la prestación y mejorar la eficacia de las políticas de inclusión social.
1. Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en el presente real decreto y en las correspondientes resoluciones de concesión acompañadas de un convenio, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley, y demás normas que resulten de aplicación.
2. Estas ayudas estarán sometidas al Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la normativa interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya aplicación será de obligado cumplimiento. Asimismo, resulta de aplicación la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. Se autoriza la concesión directa de las subvenciones de este real decreto atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que han de realizarse las actividades subvencionadas y dado que concurren razones de interés público y social, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en el artículo 28.2 y 3 de dicha ley, y en el artículo 67 del Reglamento de la citada ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. La concesión de las subvenciones se realizará mediante resolución acompañada de un convenio de la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como órgano competente para su concesión, sin perjuicio de las delegaciones de competencias existentes en la materia, previa solicitud por parte de las entidades beneficiarias. Los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión será la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.
4. La solicitud, de acuerdo con el formulario del anexo I, por parte de todas las entidades beneficiarias deberá presentarse en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del presente real decreto con la identificación de la entidad, la descripción del proyecto objeto de la subvención según el modelo del anexo II, el importe del proyecto acompañado de una memoria justificativa de gastos y un presupuesto detallado de cada actuación según modelo del anexo III.
La documentación que acompañe la presentación de la solicitud deberá incluir la acreditación mediante declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2, excepto para las recogidas en la letra e) a las que se aplicará lo establecido en el apartado 5 siguiente, y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según el modelo del anexo IV, así como una declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, recogido en el anexo V. Además, la solicitud deberá acompañarse con los siguientes documentos:
a) Declaración escrita comprometiéndose a conceder los accesos y derechos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. Dicha declaración deberá garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes, según anexo VI.
b) Declaración de ausencia de conflicto de intereses, según anexo VII.
c) Declaración responsable de no recibir ninguna otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para cubrir el mismo coste, según anexo VIII.
d) Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) según modelo del anexo IX.
5. La aplicación de solicitud habilitará la posibilidad de que los participantes den su consentimiento u oposición para que el órgano instructor pueda comprobar o recabar de otros órganos, administraciones o proveedores de información, por medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de oposición deberán aportar, cuando les sea requerida, la certificación administrativa correspondiente de estar al corriente de tales obligaciones expedida por el órgano competente.
Además, las entidades del Tercer Sector de Acción Social deberán presentar junto a la solicitud:
a) Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
b) Cuando proceda, poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación de la entidad.
c) Convenio entre la confederación, federación con las entidades federadas o asociación con las entidades asociadas que puedan efectuar la totalidad o parte de las actividades en que consista el proyecto en nombre y por cuenta de la confederación, federación o asociación. El convenio contendrá, al menos, los siguientes extremos: identificación de las entidades, objeto del acuerdo, asignación definitiva a cada entidad, compromisos para la justificación y el carácter solidario en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas al ser beneficiarias de la subvención.
6. Una vez aprobado, este real decreto se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones destinadas a las entidades del Tercer Sector de Acción Social son las detalladas a continuación. Cada subvención comprende a la entidad beneficiaria principal y, en su caso, a las entidades beneficiarias asociadas a aquella, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:
a) Fundación Jaume Bofill.
b) Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «La Caixa».
c) Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes.
d) Cruz Roja Española.
e) Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español.
f) Fundació Catalana de l'Esplai.
g) Fundación Ayuda en Acción.
h) Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias.
i) Cáritas Española.
2. Las entidades beneficiarias de las subvenciones destinadas a comunidades autónomas son las detalladas a continuación:
a) Comunidad Autónoma de Cataluña.
b) Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Comunidad Autónoma de La Rioja.
d) Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
e) Comunitat Valenciana.
f) Comunidad Foral de Navarra.
g) Comunidad de Madrid.
3. Las entidades beneficiarias de las subvenciones destinadas a entidades locales son las detalladas a continuación:
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Ayuntamiento de Santander.
1. Las subvenciones irán destinadas al desarrollo de itinerarios de inclusión social con personas beneficiarias del ingreso mínimo vital (en adelante, IMV), y su evaluación, en el marco de la inversión C23.I7 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España: «Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al ingreso mínimo vital», con la finalidad de mejorar la tasa de acceso al IMV e incrementar la efectividad del IMV a través de políticas de inclusión.
Cuando el número de personas beneficiarias del IMV en el territorio de la comunidad, de la ciudad autónoma o de la entidad local no sea suficiente para el desarrollo de la intervención, o cuando por motivos de la evaluación sea necesario incluir otros colectivos, podrán ser beneficiarias de los itinerarios otras personas en situación o riesgo de exclusión social sean o no beneficiarias del IMV o de las rentas mínimas autonómicas.
Serán colectivos en situación o riesgo de exclusión social prioritarios la infancia y la juventud; las personas mayores; las personas con discapacidad; las personas migrantes; las mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual; las personas víctimas de discriminación; las personas sin hogar; las personas procedentes de minorías étnicas; las personas trans; las personas reclusas y exreclusas; las personas con problemas de adicción; y otras personas en situación o riesgo de exclusión social.
2. En el caso de proyectos de carácter integral, los itinerarios de inclusión social objeto de la subvención podrán incluir actuaciones con el entorno de las personas destinatarias de la intervención, siempre y cuando se consideren necesarias para la inclusión social de las personas en situación o riesgo de exclusión social.
3. El diseño y ejecución de los itinerarios de inclusión social deberá prever la realización de una evaluación de impacto con metodología de ensayo controlado aleatorizado.
4. Serán financiables con esta subvención:
a) Las actuaciones que formen parte del itinerario de inclusión social. Los itinerarios se desarrollarán en uno o varios de los ámbitos relevantes para la inclusión social de las personas en situación o riesgo de exclusión social, entre los que se encuentran los siguientes:
1.º Mejora del acceso al ingreso mínimo vital.
2.º Ámbito educativo.
3.º Servicios sociales.
4.º Salud.
5.º Población extranjera en situación regular.
6.º Competencias digitales.
7.º Suministro energético.
8.º Ámbito laboral.
9.º Cualquier otro ámbito de intervención que incida en la inclusión social de las personas en situación o riesgo de exclusión social.
b) Las actuaciones necesarias para evaluar los itinerarios de inclusión social objeto de esta subvención.
c) Actividades de sensibilización social, publicidad y de difusión; edición y distribución de publicaciones específicas de la entidad y material divulgativo, siempre que la edición corresponda a la entidad beneficiaria y lleve incorporado el modelo de logotipo que identifique el origen de la subvención.
5. Los convenios que se suscriban con las entidades beneficiarias detallarán las actuaciones a desarrollar que serán objeto de subvención.
1. La ayuda se destinará a cubrir los costes relacionados con el desarrollo y ejecución de las actuaciones definidas en el marco del convenio, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que, como criterio general, sean consistentes con los objetivos y actividades previstas en el proyecto respetando lo dispuesto en los artículos 5, 9 y 22 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2. La financiación podrá aplicarse a los siguientes conceptos de gasto de operaciones corrientes o de inversión:
I. Los costes directos de ejecución de las actuaciones objeto de ayuda, incluyendo, entre otros, a los siguientes conceptos de gasto:
a) Coste de personal. Gastos de personal vinculados al objeto de la intervención, que comprenda los gastos de carácter salarial, incluidos los de seguridad social y la indemnización por fin de contrato temporal, que deberá estar dedicado en exclusiva al proyecto para asegurar su ejecución.
En el caso de organismos y entidades del sector público, será susceptible de ayuda los gastos de contratación de nuevo personal, conforme a la normativa que resulte de aplicación, y sin que en ningún caso pueda deducirse la existencia de una relación laboral entre la Administración General del Estado y el personal adscrito a la gestión de los proyectos, a través de cualquier modalidad legal de incorporación de personal de duración determinada, a la que pudieran acogerse las comunidades autónomas y entidades locales, ajustándose a los límites que en cada momento puedan establecerse en las correspondientes leyes de presupuestos generales del Estado y demás normativa que regule el personal al servicio del sector público, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior incorporación a dicho organismo o entidad. En el caso de organismos y entidades del sector público se deberá respetar la normativa en materia retributiva que les sea de aplicación.
b) Costes de movilidad: gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y manutención, seguros obligatorios o visados, asociados al proyecto siempre que sean necesarios para asegurar su ejecución.
c) Costes de asesoría técnica para el diseño del proyecto y evaluación incluidos los gastos de auditoría externa que el beneficiario presente de acuerdo con lo establecido en artículo 15 del presente real decreto. Los gastos de auditoría externa subvencionables no podrán superar, en su conjunto, el límite máximo del diez por ciento de los gastos directos justificados.
d) Otros costes derivados de trabajos de asesoramiento, realización de estudios, difusión y publicidad.
e) Costes específicos relacionados con el grupo de destinatarios del itinerario objeto de la subvención, que sean estrictamente necesarios para el desarrollo de dicho itinerario o su evaluación, incluidos bienes fungibles no inventariables o inventariables no inscribibles en un registro público destinados exclusivamente a la realización de las actividades del proyecto. Se podrá incluir como gasto subvencionable la parte relativa a la cuota de amortización de acuerdo con el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, se incluirán los gastos de adecuación de inmuebles donde esté previsto realizar el proyecto subvencionado, necesarios para su desarrollo, siempre que no supere el diez por ciento del presupuesto, entendiendo por adecuación los gastos relacionados con obras menores y pequeñas reparaciones y mantenimiento cuando estén debidamente justificados y relacionados con la actividad subvencionada.
f) Costes de equipos informáticos, incluyendo programas de ordenador de carácter técnico, de nueva adquisición o arrendamiento durante el período en que se utilicen para el proyecto. En caso de adquisición si estos no se utilizan en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán financiables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, de acuerdo con el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En el caso de gastos de «renting» o «leasing» u otras fórmulas de arrendamiento financiero, estos serán financiables por el período de vigencia del convenio que acompaña la resolución de concesión.
Los equipos que se utilicen cumplirán con los requisitos relacionados con el consumo energético y eficiencia de materiales establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. Para la instalación de las infraestructuras IT, se seguirá la versión más reciente del Código de conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 «Instalaciones e infraestructuras de centros de datos – Parte 99-1: Prácticas recomendadas para la gestión energética».
Los equipos no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. Al final de su vida útil, el equipo se someterá a una preparación para operaciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
g) Gastos de arrendamiento de bienes inmuebles y muebles para la realización de las actividades del proyecto, siempre que exista una relación clara y directa entre dicho alquiler y los objetivos del proyecto, y se motive debidamente su necesidad. Comprende los gastos de arrendamiento de aulas, talleres y otras superficies utilizadas en la ejecución del programa, correspondientes única y exclusivamente al periodo subvencionable.
II. Podrán imputarse a las actuaciones subvencionadas costes indirectos según lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el artículo 83.3 de su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los gastos indirectos subvencionables no podrán superar, en conjunto, el límite máximo del diez por ciento de los gastos directos justificados, sin que sea precisa su justificación documental. No obstante, estos gastos se acreditarán mediante declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad, en la que se describirán los tipos de gastos incluidos y los importes destinados a cada uno de ellos. Podrán imputarse como gastos indirectos los gastos de gestión y administración vinculados con la ejecución del proyecto.
III. Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de forma indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución de la actividad.
3. Será de aplicación lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, respecto a la elegibilidad de los gastos correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de cualesquiera de las actuaciones relacionadas en el apartado anterior. No obstante, en el caso de proyectos ejecutados por entidades beneficiarias de la subvención del Tercer Sector de Acción Social del apartado primero del artículo 1 del presente real decreto, el Impuesto sobre el Valor Añadido será gasto subvencionable, siempre y cuando no sea recuperable conforme a la legislación aplicable.
4. Serán financiables las actuaciones vinculadas al objeto del correspondiente convenio que articule las subvenciones y que sean desarrolladas a partir del 1 de febrero de 2020 hasta, como máximo, el 30 de noviembre de 2023 para la ejecución del itinerario objeto de la subvención y hasta el 31 de marzo de 2024 para su evaluación, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1. La dotación financiera para las entidades del Tercer Sector de Acción Social será de 53.003.665 euros. El importe máximo de las subvenciones será el siguiente:
a) Fundación Jaume Bofill: 12.500.000 euros.
b) Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «La Caixa»: 2.737.370 euros.
c) Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes: 4.443.005 euros.
d) Cruz Roja Española: 3.222.885 euros.
e) Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español: 6.173.427 euros.
f) Fundació Catalana de l'Esplai: 3.027.578 euros.
g) Fundación Ayuda en Acción: 4.303.776 euros.
h) Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias: 8.035.624 euros.
i) Cáritas Española: 8.560.000 euros.
2. La dotación financiera para las comunidades autónomas será de 42.502.391 euros. El importe máximo de las subvenciones será el siguiente:
a) Comunidad Autónoma de Cataluña: 11.000.000 de euros.
b) Comunidad Autónoma de Andalucía: 15.000.000 de euros.
c) Comunidad Autónoma de La Rioja: 825.089 euros.
d) Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 3.131.403 euros.
e) Comunitat Valenciana: 6.800.000 euros.
f) Comunidad Foral de Navarra: 2.280.000 euros.
g) Comunidad de Madrid: 3.465.899 euros.
3. La dotación financiera para las entidades locales será de 6.530.010 euros. El importe máximo de las subvenciones será el siguiente:
a) Ayuntamiento de Sevilla: 5.702.210 euros.
b) Ayuntamiento de Santander: 827.800 euros.
4. La cuantía de estas subvenciones se abonará con cargo a las aplicaciones presupuestarias que correspondan al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el presupuesto 2022.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley General de Subvenciones, salvo cuando afecten a cualesquiera de las obligaciones recogidas en la normativa europea y nacional aplicable.
Cualquier modificación del convenio deberá formalizarse con una adenda firmada por ambas partes.
2. Las entidades subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, modificaciones del contenido de la resolución basadas en la aparición de circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa, o que afecten a la forma y plazos de ejecución o de justificación de los gastos del proyecto, y podrán ser autorizadas siempre que no dañen derechos de tercero.
Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o dificultad y presentarse, ante la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, con anterioridad, en todo caso, al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto, determinado en el propio convenio y resolución de concesión.
3. Las entidades solicitantes serán informadas de la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro electrónico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a partir de la cual se inicia el cómputo del plazo de resolución, mediante comunicación que a tal efecto les dirigirá la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, en los términos previstos por el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin perjuicio de las delegaciones de competencias existentes en la materia, y se notificará en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha de su presentación en el citado registro electrónico. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella el recurso potestativo de reposición ante el citado órgano administrativo en el plazo de un mes, o bien se