Categoría: Administración

La Agenda España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos, alineados a las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo. Las acciones de la Agenda están orientadas a impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad, marcándose como uno de sus objetivos, el continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, incentivando su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial (meta 2025: 100 % del espectro radioeléctrico preparado para 5G).
De esta manera, la puesta a disposición de servicios e infraestructuras 5G va más allá del desarrollo de una nueva generación de telefonía móvil, abriendo nuevas posibilidades para la transformación industrial y social por sus características de muy alta capacidad, baja latencia y densidad de conexiones entre objetos, que favorecerán nuevos usos y nuevos modelos de producción, lo que será fundamental para el desarrollo económico en todos los ámbitos territoriales. Por ello, facilitar el despliegue del 5G en todos los ámbitos territoriales se convierte en una tarea fundamental para el desarrollo económico y la transformación digital del país.
Como parte del esfuerzo de la Agenda España Digital 2025, la Estrategia de impulso de la tecnología 5G, aprobada por el Consejo de Ministros el día 1 de diciembre de 2020, contiene como medidas 5 y 6, el despliegue 5G en núcleos de población y el despliegue 5G en corredores de transporte.
En el ámbito de estas medidas se contempla acelerar el establecimiento de redes y el despliegue de la tecnología 5G, que debe alcanzar también el ámbito rural y la denominada «España vaciada», poniendo en marcha programas específicos que continúen con la extensión de la cobertura de servicios móviles en las zonas rurales alineándolo con los despliegues de corredores secundarios.
En lo que se refiere a los corredores secundarios, se contempla que el despliegue de infraestructuras 5G acompañe y sea parte de una política de vertebración territorial y cohesión económica y social y para ello, se habilitará un instrumento de ayudas que incentive al despliegue de infraestructuras 5G en carreteras nacionales, provinciales y otras vías secundarias, favoreciendo una extensión y continuidad de la cobertura de servicios móviles más allá de las zonas pobladas.
La magnitud de la crisis económica, social y sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha exigido asimismo una respuesta común a escala europea que se ha materializado con la puesta en marcha del nuevo Fondo de Recuperación «Next Generation EU» cuyo objeto es impulsar la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea. Dentro de este Fondo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes.
Con el fin de canalizar estas inversiones, contribuyendo a una recuperación sólida y sostenible de la economía española, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, se aprobó la presentación a la Comisión Europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que traza la agenda para la modernización de la economía española haciendo uso de los recursos económicos que provendrán de este Fondo.
El PRTR es un proyecto de país que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Con el objeto de facilitar el diseño y la ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, así como la implementación del Plan, mediante Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se han aprobado medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
A los procedimientos administrativos regulados por la presente orden les es de aplicación el artículo 48 del citado Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, relativo a la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dentro de las diez políticas palanca que contempla el PRTR, dentro de la denominada «Modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas», se incluye la componente, «Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G». Esta componente tiene entre sus objetivos el impulso a la trasformación digital, apostando por el despliegue del 5G en todos los ámbitos territoriales, promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.
Esta actuación se canalizará a través de ayudas en forma de subvenciones que se convocarán entre 2022 y 2023, en varias convocatorias, y estarán destinadas, entre otros objetivos, al despliegue del conjunto de infraestructuras pasivas necesarias para la provisión de servicios de comunicaciones móviles en las zonas en las que se ha identificado que no existe en la actualidad, y no está previsto que se proporcione en los próximos años, cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcione al menos 10 Mbps en sentido descendente y 3 Mbps en sentido ascendente.
Serán elegibles por tanto las zonas geográficas de todo el territorio nacional que carecen de servicio de comunicaciones móviles con tecnología 4G que proporcione al menos 10 Mbps en sentido descendente y 3 Mbps en sentido ascendente. En las zonas elegibles se han excluido los municipios y carreteras en las que se han establecido obligaciones de cobertura, incluidas en los apéndices II, VI, X y XI, del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento por subasta de concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico en la banda de 700 MHz, aprobado por la Orden ETD/534/2021, de 26 de mayo. Asimismo, se han excluido todas las entidades singulares de población de más de 10.000 habitantes. Entre los criterios de valoración a tener en cuenta para la concesión de la ayuda se incluyen criterios de creación neta de empleo en España, de participación de PYMES, y de cohesión territorial, así como la dimensión de género, conforme a las recomendaciones contenidas en la Guía para las Administraciones Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, publicada por el Ministerio de Igualdad.
Estas infraestructuras deberán ser capaces de posibilitar que, mediante su utilización por parte de los operadores que dispongan de derechos de uso de dominio público radioeléctrico en bandas armonizadas en la Unión Europea, que incluyan el uso para tecnología 5G, para la provisión de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica (en adelante operadores de servicios de comunicaciones electrónicas), se pueda proporcionar en dichas zonas elegibles un servicio de como mínimo 30 Mbps para el enlace descendente y 10 Mbps para el enlace ascendente, así como un máximo de latencia de 100 ms. Esta actuación constituye un primer paso para alcanzar el objetivo de extender la cobertura de las redes móviles a todos los ámbitos territoriales, con unas condiciones mínimas de servicio, y facilitar, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia de impulso de la tecnología 5G, que los beneficios que proporcionará la tecnología 5G puedan llegar también a las zonas rurales, para contribuir a su desarrollo económico y a la reducción de la brecha digital.
De este modo, las ayudas contribuyen, por un lado, a la reducción de la brecha digital en zonas rurales y, por otro, a hacer frente al reto demográfico mediante el fomento de nuevas actividades económicas, capaces de atraer y mantener habitantes en zonas que sufren despoblación. Asimismo, favoreciendo el acceso a procedimientos y trámites por vía telemática y evitando desplazamientos, se promueve el desarrollo sostenible, lo que redunda en una mayor eficiencia y ahorros energéticos.
En este sentido y con objeto de que las emisiones cubran las zonas elegibles, zonas con construcciones y tramos de carretera, de forma eficiente, evitando duplicidad, solapes e interferencias, se hace preciso para la ejecución de la medida configurar un sistema materialmente unitario desde el punto de vista territorial sobre la base competencial de la ordenación del dominio público radioeléctrico atribuida con exclusividad al Estado. La territorialización de las ayudas conllevaría problemas en la identificación de las zonas elegibles cubiertas por una infraestructura u otra, retrasos en el progreso de la citada cobertura, ineficiencias en la ubicación concreta de las infraestructuras pasivas al orientarse a cubrir zonas de únicamente un determinado territorio cuando las ondas de radiocomunicaciones no conocen de fronteras administrativas, problemas de interferencias al no diseñar las ubicaciones de las infraestructuras pasivas sobre una unidad territorial completa amplia en línea con los diseños habitualmente utilizados por los principales operadores de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha para sus despliegues de redes de telefonía móvil, entre otros posibles problemas.
Por todo ello, se han definido cuatro amplias zonas que permitirán optimizar el diseño de la infraestructura pasiva en cada una de ellas para cubrir las zonas elegibles de todo el territorio nacional de forma eficiente. Las zonas definidas como ámbito geográfico de concurrencia para la obtención de la ayuda, se basan en los modelos utilizados por los principales operadores de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica a la hora de diseñar sus redes de comunicaciones móviles a nivel nacional.
Con las ayudas contempladas en las convocatorias que se prevean para esta actuación, se contribuirá a la consecución de los objetivos del Componente 15 del PRTR, en concreto, se contribuirá al cumplimiento de los siguientes subproyectos de la Inversión I6 (C15.I6):
1. Se impulsará y acelerará el despliegue del 5G en los principales corredores de transporte (carreteras y ferrocarriles) tanto nacionales (corredores secundarios en determinadas zonas) como transfronterizos (corredores primarios). Estas iniciativas están en consonancia con los corredores 5G definidos por la Comisión Europea y potenciarán los corredores entre España y Portugal y España y Francia para un total de 4.000 emplazamientos, como mínimo, incluidas las conexiones de retroceso. Esta medida abarca las rutas secundarias que no estarán cubiertas por las obligaciones impuestas en las ofertas de espectro.
2. Despliegue del 5G en determinadas zonas con el objetivo de lograr la cobertura del 75 % de la población para el 31 de diciembre de 2025 en las bandas de preferencia 5G. A fin de facilitar este despliegue, se emprenderán asimismo acciones para aumentar la capacidad de la red existente de modo que pueda responder a la elevada demanda de ancho de banda y a la densidad de estaciones de base que requerirá el despliegue del 5G (habilitación de al menos 7.000 nuevos emplazamientos con capacidad de retroceso y 5G; y al menos 3.500 emplazamientos existentes con acciones para aumentar la capacidad de su red de retroceso y la instalación de equipos 5G). Esta medida proporciona cobertura a zonas que no estarán cubiertas por las obligaciones impuestas en las licitaciones de espectro.
De este modo, la presente Orden contribuye al cumplimiento parcial de los siguientes hitos CID (Council Implementing Decision):
– #Hito 243: Publicación oficial en T4 2023 de la adjudicación de proyectos de despliegue de la 5G en los principales corredores de transporte nacionales y transfronterizos y en determinadas zonas con el objetivo de alcanzar una cobertura de la población del 75 % para 2025 en las bandas de preferencia 5G.
– #Hito 244: Finalización en T4 2025 de los citados proyectos.
Asimismo, con respecto a la presente actuación y conforme al anexo a la Decisión de la Comisión por la que se aprueban los acuerdos operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento (EU) 2021/241, se estará a lo establecido en el acuerdo operativo OA 243.1.
En la elaboración y tramitación de esta orden se ha tenido en cuenta que deberá asegurarse el cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio do no significant harm-DNSH), de forma que los beneficiarios garantizarán el pleno cumplimiento de dicho principio y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación.
En concreto, la contribución del componente 15 a la transición digital es del 100 %. Este Componente entronca de manera directa con «Connect», una de las siete áreas emblemáticas (Flagships areas: Power up, Renovate, Recharge and Refuel, Connect, Modernise, Scale-up and Reskill & Upskill) que señalaba la Unión Europea como ámbitos esenciales a los que animaba a los estados miembros a dirigir sus reformas e inversiones.
Por otro lado, el componente 15 completo se declara como contribución 0 % al etiquetado verde dentro del PRTR, por lo que no cabe esperar ninguna contribución específica de la actividad del beneficiario apoyada por esta convocatoria a la transición verde.
Asimismo, en la elaboración y tramitación de esta orden, que se dicta de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su desarrollo por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, respecto al principio de necesidad, las ayudas que se regulan en esta orden resultan imprescindibles para posibilitar que los servicios de comunicaciones móviles, con unas condiciones mínimas de calidad de servicio, puedan alcanzar a todos los ámbitos territoriales, impulsando un nuevo modelo transformador de crecimiento económico, principalmente, a través de los fondos provenientes del MRR de la Unión Europea para la consecución de los objetivos previstos en el PRTR, favoreciendo con ello la cohesión social y territorial del Estado.
En referencia al principio de proporcionalidad, sólo se otorgarán ayudas para la provisión de infraestructuras pasivas en los ámbitos geográficos en los que no existe cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcione al menos 10 Mbps en sentido descendente y 3 Mbps en sentido ascendente. Esta orden garantiza la seguridad jurídica ya que resulta acorde con el resto de normativa impulsada dentro de la Estrategia de impulso de la tecnología 5G, habiéndose cumplido con el procedimiento de notificación de Ayudas de Estado ante la Comisión Europea, de modo que las ayudas no serán concedidas hasta que no se reciba la declaración de conformidad o de no formulación de observaciones por parte de la Comisión Europea como establece el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece en su artículo 52.bis.3 que «La inversión 5G se ubicará en zonas en las que no se hayan desplegado redes móviles o en las que solo estén disponibles redes móviles capaces de soportar servicios móviles de hasta 3G y en las que no existan redes móviles 4G ni 5G presentes o planificadas de forma creíble en un plazo de tres años a partir de la publicación de la medida de ayuda prevista o en el mismo horizonte temporal que el despliegue de la red subvencionada, que no será inferior a dos años.»
En atención a lo anterior y teniendo en cuenta que la presente actuación va dirigida a zonas geográficas de todo el territorio nacional que carecen de servicio de comunicaciones móviles con tecnología 4G que proporcione al menos 10 Mbps en sentido descendente y 3 Mbps en sentido ascendente, ha sido preciso notificar esta ayuda a la Comisión Europea, que con fecha 15 de diciembre de 2021, aprobó su Decisión no formulando objeciones al esquema de ayudas que regula esta orden.
La norma cumple con el principio de transparencia ya que han participado en la elaboración de la misma los potenciales destinatarios. Además, define claramente sus objetivos y establece su régimen de publicación. Asimismo, la información relativa a esta actuación se pone a disposición de los interesados en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). El artículo 3.2 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, indica que «en el caso de subvenciones o ayudas financiadas total o parcialmente con cargo a fondos europeos la información será igualmente suministrada por las Administraciones públicas y demás entidades contempladas en este artículo».
Además, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece en su artículo 22 que los datos personales indicados en el apartado 22.2.d) recabados a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia - financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1, del MRR.
Se encuentra asimismo acreditado el principio de eficiencia dado que esta iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. De este modo, el balance entre recursos destinados a la medida y beneficios esperados es claramente positivo. La utilización de un mecanismo de asignación basado en un proceso competitivo, maximiza asimismo la eficiencia de la medida y, por ende, los procesos administrativos asociados para dotar de cobertura de alta velocidad a determinados territorios, haciendo uso para ello del mínimo de recursos de la administración.
Asimismo, con objeto de dar cumplimiento al artículo 6 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, relativo al refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, el 22 de febrero de 2022, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha adoptado un Plan de Medidas Antifraude en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia basado en el documento de Orientaciones con respecto al citado artículo 6 (24 de enero de 2022), elaborado por la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que «los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria». En este sentido, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó en septiembre de 2019 su Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 2019-2021 que fue posteriormente actualizado en octubre de 2020.
La presente actuación por su parte se enmarca en la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G aprobada el 1 de diciembre de 2020, por lo que no se incardina en el PES 2019-2021 de este Ministerio. No obstante, la actuación está sujeta igualmente a unos objetivos, se tienen identificados los costes previsibles y la fuente de financiación así como los plazos para su consecución, de modo que tanto mediante la propia Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, como del PRTR y del MRR, se han dispuesto mecanismos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de objetivos estratégicos del Ministerio como son la aceleración del despliegue 5G y la extensión de la conectividad para la reducción de la brecha digital y territorial.
En atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los fondos europeos «Next Generation EU» y de conformidad con el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta orden incorpora la primera convocatoria de las ayudas en este marco.
En la tramitación de esta orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se ha recabado el informe de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1. 21.ª de la Constitución Española.
En su virtud, dispongo:
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la provisión del conjunto de infraestructuras pasivas necesarias que posibiliten, mediante su utilización por los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas, la prestación de servicios de comunicaciones móviles de banda ancha de muy alta velocidad, tanto en sentido descendente como ascendente, en las zonas geográficas en las que se ha identificado que no existe en la actualidad, y no está previsto que se proporcione en los próximos años, cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcionen al menos 10 Mbps en sentido descendente y 3 Mbps en sentido ascendente.
2. Las ayudas reguladas por la presente orden serán objeto de financiación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1. En todo lo no particularmente previsto en esta orden, serán de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y supletoriamente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. Igualmente, será de aplicación la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, así como lo establecido en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, así como las demás normas que resulten de aplicación.
2. Será también de aplicación la normativa correspondiente a la gestión, seguimiento y control de las actuaciones incluidas en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. En la aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principio do no significant harm-DNSH), se estará a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se respetará la normativa medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio de «no causar daño significativo». En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
4. Con respecto al etiquetado verde y digital, conforme con el anexo VII del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la presente actuación, englobada en la inversión I6 del componente C15, contribuye con el 100% a la consecución del objetivo global para la transición digital del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia (28,2%) y en un 0% al objetivo de transición verde.
1. El ámbito material de esta orden se circunscribe a la provisión de infraestructuras físicas pasivas, incluido backhaul de fibra oscura o en casos justificados radioenlace, susceptibles de alojar equipamiento activo correspondiente a redes públicas de comunicaciones móviles de muy alta velocidad, y a las obras civiles relativas a dichas infraestructuras. Asimismo, se circunscribe a la adecuación de infraestructuras existentes en sus elementos físicos pasivos y de acceso y backhaul, que precisen de adaptación o adición para dar cumplimiento a los objetivos de cobertura y servicio que se establecen para el otorgamiento de la ayuda.
La infraestructura física a construir o bien la infraestructura física a adecuar, incluye cualquier elemento necesario para albergar los elementos activos propios de una red de acceso a servicios de comunicaciones móviles y permitir un mínimo de cuatro operadores de servicios de comunicaciones electrónicas prestando servicio desde dicha infraestructura, junto con la infraestructura de backhaul necesaria, como:
− Torres, mástiles o postes.
− Conductos, recintos o elementos constructivos para albergar los equipos activos de las redes de acceso.
− Sistemas de alimentación de energía o redes de conexión a las redes públicas de energía.
− Elementos y sistemas de protección de las infraestructuras.
− Caminos de acceso a las infraestructuras.
− Los elementos pasivos de un despliegue de fibra oscura que permita una conexión con la red de agregación («backhaul»). En casos justificados, los elementos necesarios para conexión con backhaul mediante enlace radio de servicio fijo punto a punto.
− Elementos complementarios, excluyendo cualquier elemento activo de la red de acceso de comunicaciones móviles para el usuario final.
El ámbito temporal de vigencia de esta orden será desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. Las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella y por las convocatorias dictadas al amparo de la misma, hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes.
1. El ámbito geográfico de los proyectos que opten a las ayudas que se concedan al amparo de esta orden es la totalidad del territorio nacional.
2. El ámbito de concurrencia se corresponderá con las zonas geográficas en que se divida el territorio nacional, que se establezcan en las correspondientes convocatorias de ayudas.
3. Cada proyecto que opte a las ayudas deberá limitar su ámbito geográfico de actuación al ámbito de concurrencia al que se dirija, pudiendo presentar un mismo solicitante un solo proyecto por cada una de las zonas del ámbito de concurrencia.
4. Entre los solicitantes admitidos para cada ámbito de concurrencia, se otorgará la ayuda que corresponda a aquél con el proyecto mejor valorado y que cumpla los requisitos establecidos.
1. El objetivo de cada proyecto susceptible de acogerse a las ayudas reguladas en esta orden debe consistir en la provisión, en el ámbito geográfico de concurrencia de cada proyecto, del conjunto de infraestructuras pasivas necesarias, que deberá tener capacidad para albergar equipamiento con tecnología 5G, de nueva construcción o ya existentes que precisen su actualización respecto de elementos pasivos de las mismas, que posibiliten, mediante su utilización por los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas, la prestación de servicios de comunicaciones móviles de banda ancha de muy alta velocidad, tanto en sentido descendente como ascendente, en las zonas geográficas en las que se ha identificado que no existe en la actualidad, y no está previsto que se proporcione en los próximos años, cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcionen al menos 10 Mbps en sentido descendente y 3 Mbps en sentido ascendente. El acceso de los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas al uso de la infraestructura subvencionada estará condicionada a la prestación por los mismos de un servicio de comunicaciones móviles que ofrezca un servicio de como mínimo 30 Mbps para el enlace descendente y 10 Mbps para el enlace ascendente, así como una latencia máxima de 100 ms.
2. Tras la elaboración de un mapa detallado de cobertura y la realización de una consulta pública, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales identificará y publicará las zonas elegibles para la convocatoria de ayudas, que se corresponderán, con aquellas que no dispongan de cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcionen al menos 10 Mbps en sentido descendente y 3 Mbps en sentido ascendente, siempre que no existan planes creíbles para el despliegue de esta infraestructura por parte de ningún operador de servicios de comunicaciones electrónicas en los próximos tres años. En la identificación de las zonas elegibles se excluirán todas las zonas sujetas a obligaciones de cobertura, así como aquellas con planes de despliegue en los próximos años y las entidades singulares de población de más de 10.000 habitantes.
Las zonas elegibles se identificarán y publicarán como capas de zonas geográficas en formatos de ficheros de información geográfica abiertos, interoperables y de uso ampliamente extendido, incluyendo tanto zonas con construcciones como tramos de carreteras secundarias que cumplan la citada carencia de servicio. Esta información se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
3. Cada solicitante sólo podrá presentar una solicitud de admisión al proceso competitivo para la obtención de la ayuda en cada una de las zonas del ámbito de concurrencia definido en cada convocatoria, es decir podrá presentar una solicitud para cada una de las zonas que se establezcan en la convocatoria como ámbito de concurrencia y en caso de ser admitido podrá presentar un único proyecto para cada una de las zonas del ámbito de concurrencia para las que presentó solicitud.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 20 a 24, el procedimiento de concesión de ayudas constará de una primera fase, denominada fase de pre-evaluación, que determinará los solicitantes admitidos a participar en el proceso competitivo, y en la que se aportará además, en su caso, la información respecto a infraestructuras existentes que se pretenden adaptar para este proyecto, y que se pondrán a disposición del resto de solicitantes admitidos para que tras llegar a los acuerdos pertinentes las puedan utilizar en sus proyectos; y en una segunda fase, denominada fase de evaluación, los solicitantes admitidos presentarán el proyecto correspondiente por zona de concurrencia que constará de un cuestionario del proyecto y una memoria detallada de este con el contenido mínimo que se especifique en la convocatoria, debiendo incluir, entre otros, el objetivo de cobertura de cada uno de los elementos que componen el conjunto de infraestructura pasiva propuesta, identificando para cada uno de ellos la cobertura que se obtendría si se radiara desde la infraestructura con equipamiento activo en la banda de 700 MHz, identificando las zonas elegibles que se cubrirían con los requisitos mínimos de velocidad de 30 Mbps en sentido descendente, 10 Mbps en sentido ascendente y latencia máxima de 100 ms.
4. Los costes susceptibles de ayuda se corresponderán con los asociados a los conceptos referidos en el artículo 14 y se limitarán a los necesarios para la provisión de las infraestructuras pasivas necesarias, con capacidad para prestación de servicios con tecnología 5G, que permitan, mediante su utilización por los operadores de servicios de comunicaciones móviles proporcionar cobertura de estos servicios en las zonas elegibles identificadas.
5. Los proyectos se referirán a la provisión de las infraestructuras pasivas utilizables, nuevas o adaptación de existentes, para proporcionar cobertura de redes públicas de comunicaciones electrónicas móviles en las zonas elegibles identificadas.
1. Las infraestructuras construidas o adaptadas, incluido el backhaul, que se hayan beneficiado de esta ayuda deberán dimensionarse en su totalidad para tener la capacidad de alojar un mínimo de cuatro operadores de servicios de comunicaciones electrónicas, y deberá tener capacidad para albergar equipamiento con tecnología 5G. La referencia en esta orden de bases a infraestructura pasiva subvencionada recoge en todo momento el backhaul que forme parte de dicha infraestructura pasiva subvencionada aplicándose las mismas obligaciones de acceso que para el resto de la infraestructura pasiva.
2. El acceso de los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas al uso de la infraestructura subvencionada estará condicionada a la prestación por los mismos de un servicio de comunicaciones móviles que ofrezca un servicio de como mínimo 30 Mbps para el enlace descendente y 10 Mbps para el enlace ascendente, así como un máximo de 100 ms de latencia, características que deben proveerse para un 95 % del tiempo y ubicaciones y tomando como referencia una carga de red del 30 %.
3. Los beneficiarios deberán proporcionar acceso de forma transparente, equitativa y no discriminatoria a toda la infraestructura pasiva subvencionada, incluyendo el acceso a la red de agregación (backhaul), de forma ilimitada en el tiempo a partir de la fecha de finalización de la ejecución del proyecto. El acceso a conductos, torres y fibra oscura, deberá ser siempre atendido en caso de disponer de suficiente capacidad tras asegurar la necesaria para al menos cuatro operadores de servicios de comunicaciones electrónicas.
Esta obligación asociada a la infraestructura pasiva subvencionada deberá recogerse en todo contrato de compra-venta de la misma, de modo que su cumplimiento se garantice independientemente del propietario y/o gestor de la infraestructura. Aquellas infraestructuras existentes, incluido en su caso el backhaul, que se beneficien de esta ayuda, deberán cumplir igualmente este requisito.
4. En caso de que el beneficiario fuese un operador de servicios de comunicaciones electrónicas, o un grupo en el que participe uno de estos operadores, se deberá también proporcionar a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas que lo soliciten, acceso de forma transparente y en condiciones equitativas y no discriminatorias al equipamiento activo instalado en la infraestructura pasiva subvencionada. Asimismo, si una vez atendida esta demanda de acceso, la infraestructura dispusiera de capacidad para albergar otras tecnologías inalámbricas, se podrá ofrecer acceso a la infraestructura para otras modalidades de comunicación.
5. El conjunto de la infraestructura pasiva subvencionada, incluido el backhaul, podrá ser utilizada, adicionalmente, para la prestación de servicios públicos de seguridad y emergencias, y para la prestación del servicio de acceso fijo radio, únicamente para proporcionar servicio fijo de banda ancha a unidades inmobiliarias ubicadas en zonas identificadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales como zonas elegibles.
6. Adicionalmente a lo indicado en los apartados 3 y 4 anteriores, cuando exista una demanda razonable de acceso a la infraestructura por un operador, incluida la torre, deberá darse acceso a la misma en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias. Se entiende por demanda razonable cuando el solicitante de acceso presenta un plan de negocio claro y coherente que justifica para su desarrollo la utilización de la infraestructura subvencionada y cuando además no se encuentra en la misma zona geográfica una opción o producto de acceso similar, ofrecido con precios equivalentes a los de las zonas más densamente pobladas. Si una solicitud de acceso cumple estos requisitos, el coste adicional de proporcionar dicho acceso correrá a cargo del beneficiario de la ayuda.
7. Los beneficiarios de las ayudas deberán explotar la infraestructura durante un mínimo de siete años desde la finalización del plazo de ejecución del proyecto. Los solicitantes de las ayudas, deberán aportar el compromiso de uno o varios operadores de servicios de comunicaciones electrónicas (según modelo del anexo VIII), que dispongan de frecuencias en las bandas armonizadas en la Unión Europea, que incluyan el uso para tecnología 5G, para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, para la utilización de dicha infraestructura pasiva para prestar servicio en un plazo máximo de doce meses tras la finalización de la ejecución del proyecto, y como mínimo por el período establecido como obligación de explotación de la infraestructura.
8. Los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas que presten servicios utilizando la infraestructura pasiva objeto de la ayuda, deberán presentar compromiso escrito de que las infraestructuras pasivas que se benefician de esta actuación no serán utilizadas para dotar de cobertura a zonas sujetas a obligaciones de cobertura (según modelo del anexo IX).
9. Los precios de acceso al conjunto de la infraestructura pasiva, o parte de ella, se basarán en los precios publicados que prevalecen en otras zonas comparables y más competitivas de España o de la Unión Europea. En ausencia de publicación de estos precios, los precios serán los regulados o ya establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a los operadores con Poder Significativo de Mercado para servicios similares que serán considerados como precios máximos. En caso de no existir una oferta de referencia equivalente, la referencia será la de los precios medios existentes en España y en caso de no existir tampoco esta referencia, se aplicará el criterio de orientación a costes, todo ello teniendo en cuenta las ayudas recibidas para la provisión de la infraestructura pasiva. La CNMC resolverá asimismo los casos de disputa que puedan presentarse.
10. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia podrá asesorar a la autoridad concedente de la ayuda en materia de precios y condiciones de acceso a la infraestructura pasiva o, en su caso, también activa. Además, resolverá los conflictos entre operadores solicitantes de acceso y operadores beneficiarios de las ayudas, dictando instrucciones para el efectivo cumplimiento de la obligación de acceso a la que se refiere este apartado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, teniendo en cuenta las condiciones de mercado y la ayuda recibida.
11. El detalle de la oferta de acceso a la infraestructura deberá estar disponible para los operadores interesados con un tiempo de antelación suficiente al inicio de la explotación de la misma por el beneficiario.
12. El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas que prestan servicios de comunicaciones móviles un acceso completo y no discriminatorio a la información sobre la infraestructura desplegada, de modo que estos puedan establecer fácilmente la posibilidad de acceso a dicha infraestructura. Asimismo, facilitará dicha información a operadores que presten servicios públicos de seguridad y emergencias.
13. Con objeto de facilitar el cumplimiento de los apartados 11 y 12 anteriores, el beneficiario deberá publicar y mantener actualizada en su página web la información de una oferta de referencia de acceso a las infraestructuras que hayan sido financiadas, donde consten los emplazamientos, conductos, mástiles, capacidad disponible, precios y acceso a la fibra oscura (radioenlaces en su caso), y comunicar estas ofertas de referencia y enlace web de publicación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
14. En caso de que la infraestructura sea adquirida por otro propietario, deberá figurar en el contrato de venta la obligación de ofrecer el acceso a la infraestructura según lo expuesto en el presente artículo, así como el cumplimiento de las obligaciones y requisitos especificados para esta actuación.
1. En las convocatorias se establecerán los ámbitos de concurrencia y se determinará la asignación del presupuesto disponible para cada uno de ellos, en función de la disponibilidad presupuestaria.
También se establecerá la intensidad máxima de ayuda, en función de la disponibilidad presupuestaria, y del mayor o menor déficit esperado de rentabilidad.
2. Asimismo, en la convocatoria se determinarán como elegibles las zonas a las que se refiere el artículo 6.2.
1. La ayuda máxima que se podrá solicitar por proyecto en cada ámbito de concurrencia no podrá superar las dotaciones asignadas ni las intensidades máximas de ayuda establecidas para ese ámbito en la correspondiente convocatoria.
2. Para evitar una sobre compensación posterior, las resoluciones de otorgamiento de las ayudas podrán incluir una cláusula de revisión del importe de la ayuda en la que se contemple la devolución de la parte causante de dicha sobre compensación, en función del tipo de proyecto y de las incertidumbres de previsión de la demanda de acceso a la infraestructura, o una obligación de inversión de todos los beneficios suplementarios en ampliaciones adicionales de infraestructura pasiva, en las mismas condiciones de la ayuda concedida. Cuando el importe de la ayuda supere los 10 millones de euros, esta cláusula será preceptiva.
1. Podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición de beneficiario las personas jurídicas que ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Asimismo, podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas agrupaciones de empresas que ostenten dicha condición de operador, con personalidad jurídica y con un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. En este caso será de aplicación lo establecido en los artículos 11 y 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley General de Subvenciones.
La condición de beneficiario se obtiene por estar en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o por concurrir las circunstancias determinadas en las bases reguladoras y en la convocatoria. De este modo, deberán cumplirse los requisitos establecidos de solvencia técnica y económica, haber aportado las declaraciones responsables y resto de documentación relacionada en el artículo 20 de esta orden de bases, así como obtener durante el proceso competitivo una valoración suficiente que avale la viabilidad del proyecto en su conjunto.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario los solicitantes que se encontrasen incursos en alguna de las circunstancias que prohíben el acceso a dicha condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dichas prohibiciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
3. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que estén imposibilitadas para percibir ayudas, como consecuencia de un procedimiento de recuperación tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, o las empresas que se encuentren en situación de crisis con arreglo a lo que establecen las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).
4. El órgano instructor deberá requerir la acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de beneficiario, establecidos en los apartados 1 a 3 anteriores.
5. Los beneficiarios deberán aportar toda la información requerida en la cuenta justificativa y en particular aportar los datos relativos a la identificación catastral de la ubicación de la infraestructura objeto de la subvención, obtenida de los órganos oficiales competentes en la materia, con el nivel mínimo de información que proporciona la Dirección General de Catastro (Referencia catastral(1)(código de catorce caracteres)), así como aportar la dirección postal(2)de la infraestructura o bien datos de polígono y parcela(3)(para zonas rurales).
6. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las contenidas en esta orden, las que se determinen en cada convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de la presente orden y de cada convocatoria, dicte el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
En particular, los beneficiarios garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio do no significant harm-DNSH), definido en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación. En cada convocatoria se especificarán los objetivos medioambientales y los requisitos que deberán garantizar los beneficiarios. En base a ello, los beneficiarios deberán prever mecanismos específicos de acreditación del cumplimiento del principio DNSH que aborden los riesgos específicos de la inversión, así como la obligatoriedad de presentar esa acreditación en caso de ser requerida y conservar la misma durante un plazo de cinco años para su puesta a disposición de la Administración en su caso.
7. Los beneficiarios deberán llevar su contabilidad con el suficiente grado de detalle para que los gastos objeto de subvención estén claramente identificados en la contabilidad de la entidad, debiendo utilizar cuentas o subcuentas contables diferenciadas, que permitan llevar un adecuado control de todas las transacciones relacionadas con el proyecto. Asimismo, deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como conservar las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago y de la aplicación de los fondos recibidos. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad de los beneficiarios y deberá conservarse en formato electrónico durante un plazo mínimo de cinco años, de conformidad con el artículo 22.2.f) del Reglamento 2021/241, y con el artículo 132 del Reglamento Financiero de la UE.
El beneficiario de la subvención tiene la obligación de so