Categoría: Funcionarios y Personal

El 5 de octubre de 2022 tuvo entrada en la Fiscalía General del Estado un escrito de la Ilma. Sra. Fiscal Jefe Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el que propone el nombramiento del Ilmo. Sr. Fiscal D. Jaime Ramos Soto como Delegado en Santa Cruz de Tenerife de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En el escrito se expone que la oferta de la plaza ha sido comunicada a toda la plantilla, sin que haya otros interesados. El informe favorable de la Fiscal Jefe Provincial, donde se da cuenta de los méritos para ocupar la plaza, se acompaña también de la solicitud firmada y el currículum profesional del candidato.
El Excmo. Sr. Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha remitido un escrito, en el que también propone el nombramiento del Fiscal don Jaime Márquez-Jover González como Delegado en Barcelona de la especialidad de la citada Fiscalía Especial, suscribiendo enteramente el de la Fiscal Provincial y especificando que la propuesta es en régimen de exclusividad.
Con motivo del cese tras la renuncia de doña María Santos Velasco Cabrera, aprobado por decreto del Fiscal General del Estado, de fecha 20 de septiembre de 2022, quedó vacante el cargo de Fiscal Delegado de la especialidad. Para cubrirlo de manera indefinida, la Fiscal Jefe ha comunicado a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debía formular la correspondiente solicitud. El único solicitante ha sido don Jaime Márquez-Jover González, que aportó sucurriculum vitaey tiene acreditada experiencia y formación. La solicitud ha sido elevada por la Fiscal Provincial con su informe favorable, junto a la propuesta del Fiscal de Sala Jefe Anticorrupción, y por este una propuesta remitida a la Inspección de la Fiscalía General del Estado, destacando los méritos que le hacen idóneo para desempeñar el cargo. La propuesta se hace con carácter exclusivo, según se ha especificado por el Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Por tanto, constan el informe favorable y la propuesta del Fiscal de Sala, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (ad 3.d) Real Decreto 437/1983).
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. El mismo precepto exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (artículo 36.4). Esto último no es aplicable al presente caso, al haber sido don Jaime Márquez-Jover González el único candidato.
La Instrucción 5/2008, de 18 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, complementaba la anterior disposición, al aclarar que también se seguirá el mismo procedimiento de designación en los casos en los que el Delegado Provincial de la especialidad que se propone no tenga el rango de Decano. La Instrucción de 1 de agosto de 2008, de la Inspección de la Fiscalía General del Estado, establece reglas para unificar criterios en las propuestas, con especificaciones para los Delegados Provinciales de las Fiscalías Anticorrupción y Antidroga.
La misma Instrucción 5/2008 establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.
Más específicamente, el artículo 62.1 del Reglamento del Ministerio Fiscal (Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo), establece que los Fiscales Delegados de las Fiscalías Especiales serán nombrados, tras convocatoria pública, mediante Decreto de la persona titular de la Fiscalía General del Estado previa propuesta motivada, acompañada del correspondiente informe del Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial, del Fiscal Jefe de la Fiscalía correspondiente, oído el Consejo Fiscal. En las solicitudes informadas por la Fiscal Jefe, los solicitantes tendrán que acreditar la formación específica y la experiencia práctica en la materia propia de la Fiscalía Especial, valorándose especialmente el tiempo que se haya formado parte de la sección especializada en la misma o distinta Fiscalía, los cursos de especialización, las publicaciones especializadas y la docencia impartida sobre la misma.
Se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal Jefe Anticorrupción está suficientemente motivada y avala la idoneidad del candidato, al igual que el informe previo de la Fiscal Jefe Provincial.
En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el RMF, haciendo propia la fundamentación de la propuesta, acuerdo
1. Nombrar, con exclusividad, al Ilmo. Sr. D. Jaime Márquez-Jover Prieto Jiménez Montero de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
2. Notificar el presente Decreto al Fiscal de Sala Jefe Anticorrupción, a la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que lo trasladará al Fiscal interesado, y al Ministerio de Justicia, con entrega de copias de la resolución.
3. Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».
4. Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny, n.º 4,  28010 Madrid) en los términos establecidos por los artículos 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en los artículos 12 y 14.1, regla 1.ª, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma ley.
Madrid 18 de octubre de 2022.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.