Categoría: Administración

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 3/2022, de 14 de junio, de entidades locales menores.
Preámbulo.
Título Preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y fines.
Artículo 2. Concepto y personalidad jurídica.
Título I. Entidades locales menores con personalidad jurídica propia.
Capítulo I. Potestades y competencias.
Artículo 3. Potestades y competencias.
Artículo 4. Competencias propias.
Artículo 5. Competencias delegadas.
Capítulo II. Relaciones interadministrativas.
Artículo 6. Principios y régimen jurídico.
Artículo 7. Cooperación.
Capítulo III. Gobierno y administración.
Artículo 8. Gobierno y administración.
Sección 1.ª Sistema de Junta Vecinal.
Artículo 9. Sistema de Junta Vecinal.
Artículo 10. Funcionamiento.
Sección 2.ª Sistema de Concejo.
Artículo 11. Sistema de Concejo.
Artículo 12. Funcionamiento.
Capítulo IV. Modificación y disolución.
Artículo 13. Modificación.
Artículo 14. Procedimiento de modificación.
Artículo 15. Disolución.
Artículo 16. Procedimiento de disolución.
Capítulo V. Recursos y régimen económico, financiero y presupuestario.
Artículo 17. Recursos y régimen económico, financiero y presupuestario.
Artículo 18. Garantía de recursos económicos suficientes.
Artículo 19. Presupuesto.
Artículo 20. Tesorería.
Artículo 21. Contabilidad.
Artículo 22. Fiscalización externa.
Capítulo VI. Transparencia, inventario de bienes y régimen de personal.
Artículo 23. Transparencia.
Artículo 24. Inventario de bienes.
Artículo 25. Régimen de personal.
Artículo 26. Ejercicio de las funciones reservadas.
Capítulo VII. Registro de Entidades Locales Menores.
Artículo 27. Registro de Entidades Locales Menores.
Capítulo VIII. Régimen electoral.
Artículo 28. Ámbito de aplicación y régimen electoral.
Sección 1.ª Sistema electoral.
Artículo 29. Sistema electoral.
Artículo 30. Elecciones parciales.
Artículo 31. Fallecimiento, incapacidad o renuncia.
Sección 2.ª Convocatoria.
Artículo 32. Convocatoria.
Sección 3.ª Procedimiento electoral.
Artículo 33. Representantes.
Artículo 34. Presentación y proclamación de candidatos.
Artículo 35. Papeletas y sobres electorales.
Artículo 36. Escrutinio general.
Sección 4.ª Mandato y constitución.
Artículo 37. Mandato y constitución.
Sección 5.ª Financiación electoral.
Artículo 38. Financiación electoral.
Sección 6.ª Moción de censura.
Artículo 39. Moción de censura.
Disposición adicional primera. Cómputo de plazos electorales.
Disposición adicional segunda. Consignación presupuestaria.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos de supresión y modificación de Juntas Vecinales y Concejos.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los servicios de competencia municipal prestados por las Juntas Vecinales y Concejos sin que se hubiese realizado delegación expresa.
Disposición derogatoria única. Derogación expresa.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo de la Ley.
Disposición final segunda. Título competencial.
Disposición final tercera. Cláusula de género.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Anexo. Relación de entidades locales menores de Cantabria con personalidad jurídica propia.
Las entidades locales menores de Cantabria, denominadas tradicionalmente Juntas Vecinales o Concejos, son instituciones tradicionales de convivencia y autogobierno de gran arraigo histórico que resultan indispensables en la configuración de la identidad de nuestros pueblos.
Estas entidades son reconocidas por sus habitantes como instrumento secular de participación en el conjunto de la vida municipal, de defensa de los intereses y del patrimonio común de la localidad y resultan de indudable utilidad para un mayor acercamiento del gobierno municipal a los ciudadanos de determinados núcleos poblacionales, personalizando y optimizando la toma de determinadas decisiones que les afectan y que, en el conjunto de un municipio, pueden diluirse indebidamente.
El problema derivado de la despoblación rural no ha impedido que el número de estas entidades en Cantabria sea todavía muy destacado, superando el medio millar, lo que demuestra la importancia que, para la organización territorial y administrativa de Cantabria, tienen este tipo de entidades locales.
Hasta ahora, estas entidades se han regulado en la Ley de Cantabria 6/1994, de 19 de mayo, de Entidades Locales Menores, que fue aprobada con el objetivo de acometer su regulación atendiendo a las circunstancias del momento, tal y como refleja su exposición de motivos. Dicha Ley pretendió dotar de autonomía y competencias a las entidades locales menores de Cantabria de manera que fuera posible garantizar el desarrollo de sus fines, abordando los aspectos más singulares sobre su creación y organización, potestades, competencias, organización, modificación y disolución.
Las modificaciones legislativas realizadas a lo largo de los últimos veintiséis años, la necesidad de superar las deficiencias detectadas en la aplicación de la vigente ley, el nuevo criterio mantenido por la Junta Electoral Central sobre la competencia autonómica para convocar y celebrar las elecciones a los gobiernos de estas entidades y la voluntad de mantener el pulso de las mismas, es lo que ha motivado la aprobación de esta ley.
La Comunidad Autónoma de Cantabria aprueba esta ley en el ejercicio de su competencia en materia de régimen local establecida en el artículo 25.2 de su Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según el cual las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al municipio.
Una novedad destacable de la ley es la nueva regulación que del régimen electoral se hace en el Capítulo VIII de su Título I, el cual trae causa del criterio acordado por la Junta Electoral Central sobre la competencia de convocatoria y gestión de los procesos electorales seguidos para la elección de los órganos de gobierno y administración de las entidades territoriales de ámbito inferior al municipio.
Por acuerdo 3/2019, de 23 de enero, la Junta Electoral Central señaló que, en los casos en los que las Comunidades Autónomas asumiesen la competencia de creación de nuevas entidades territoriales cuya composición y organización requiera la celebración de elecciones, es la Comunidad Autónoma la que debe ejercer las competencias en materia de convocatoria y gestión de los comicios correspondientes, todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación con la Administración General del Estado cuando el proceso electoral coincida con otros procesos convocados por esta última.
Por ello, y de conformidad con la normativa aplicable en materia de régimen electoral general, el Gobierno de Cantabria procedió a convocar en el año 2019 elecciones a la Presidencia de las Entidades Locales Menores de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para su celebración el día 26 de mayo y 17 de noviembre de 2019 (ésta última, elecciones parciales). Ambos procesos electorales fueron gestionados, en su integridad, por el Ministerio del Interior a través de la Delegación de Gobierno en Cantabria, sin perjuicio de que se dejara claro que, para próximos procesos electorales, debía ser la propia Comunidad Autónoma la competente para la convocatoria y gestión de todo el proceso electoral.
Teniendo en cuenta que, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, Cantabria carece de una ley de régimen local y de una regulación completa e integral del régimen electoral de las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal, se antoja imprescindible abordar la aprobación de una ley que regule cuestiones tan esenciales como el sistema y el procedimiento electoral, la elaboración de sobres y papeletas o el mandato y constitución, con el fin de que, en el futuro, el Gobierno de Cantabria pueda abordar, con seguridad jurídica, la gestión de los procesos electorales de dichas entidades locales.
La presente ley introduce modificaciones en el régimen jurídico de las entidades locales menores actualmente creadas y relacionadas en el Anexo de esta nueva Ley.
Así, la ley amplía el ámbito de la potestad tributaria de estas entidades al permitir la imposición de contribuciones especiales junto a las tasas, al tiempo que se residencia la regulación de los precios públicos, no junto a los tributos, sino en el precepto relativo a los ingresos de derecho público.
Al tiempo, la ley relaciona el conjunto de potestades de las que disponen las entidades locales menores que, como entes locales que son, disfrutan de las mismas potestades que el resto de Administraciones públicas, con la excepción de la potestad expropiatoria.
La regulación de las competencias clarifica la existencia de dos tipos, las propias y las, en su caso, delegadas por el Estado, Comunidad Autónoma y Municipio, realizando una regulación pormenorizada del procedimiento de delegación de competencias que realicen, en su caso, estos últimos.
La regulación que la anterior Ley de Entidades Locales Menores de Cantabria 6/1994, de 19 de mayo, hacía en su disposición adicional segunda del Consejo de Juntas Vecinales, ha resultado insuficiente para lograr unas relaciones de cooperación entre Ayuntamiento y Juntas Vecinales y Concejos periódicas y fructíferas. Por esta razón, y en línea con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se ha dedicado una serie de preceptos a las relaciones interadministrativas de dichas entidades con el resto de administraciones públicas con las que pudiera compartir intereses. A diferencia de lo realizado en la regulación anterior, y en orden a ser respetuoso con la garantía institucional de la autonomía local, la presente ley descarta bautizar la técnica orgánica de cooperación a la que, voluntariamente, decidan acudir dichas administraciones. Del mismo modo, la nueva regulación permite la creación de dicha técnica orgánica de cooperación entre Ayuntamiento y cada una de las Juntas Vecinales y Concejos de manera individual sin exigirse la integración conjunta de todas ellas para la creación de dicho órgano.
En cuanto a los sistemas de gobierno y administración de las actuales Juntas Vecinales y Concejos, la presente ley aspira a ofrecer una regulación más sistemática y, en consecuencia, más útil para todo aquel operador jurídico que se asome a esta ley.
La presente norma clarifica que el sistema ordinario de gobierno y administración de estas entidades es el de Junta Vecinal. En este sentido, frente al modelo de la ley anterior, en el que se preveían cuatro supuestos habilitantes del Concejo Abierto como forma de gobierno y administración de la entidad, la nueva ley los reduce a tres, al suprimir el relativo «a aquellas otras en las que su localización geográfica, la mejor gestión de sus intereses y otras circunstancias lo hagan aconsejable». Al eliminar este supuesto de hecho, basado en conceptos jurídicos indeterminados, se aporta una mayor seguridad jurídica a la hora de acordar la modificación del sistema de gobierno de estas entidades.
Igualmente, la ley atribuye nuevas funciones al Pleno de la Junta Vecinal y a la Asamblea Vecinal del Concejo, destacando las relativas al inventario de bienes y derechos de la entidad, la aprobación del reglamento de funcionamiento interno, o la aprobación de iniciativas o mociones políticas.
En este sentido, es una novedad también la atribución de tradicionales funciones de la Asamblea Vecinal en el Concejo a su Presidente, debido a las dificultades existentes en la actualidad para lograr el quorum necesario con el que celebrar dicha Asamblea Vecinal, con la consiguiente paralización de la actividad del Concejo.
La anterior ley no detallaba el régimen de funcionamiento de la Junta Vecinal, limitándose a remitir al reglamento interno y a las normas generales establecidas para los Ayuntamientos. Por eso, la presente ley se extiende en clarificar su régimen de funcionamiento en coherencia con lo que se hacía en la ley anterior con la Asamblea Vecinal en el sistema de Concejo Abierto y que, en esta nueva ley, se desarrolla aún más.
En cuanto a la regulación de la modificación y disolución de las actuales Juntas Vecinales y Concejos, se sistematiza su regulación para diferenciar claramente supuestos de hecho habilitantes y procedimientos de ambas instituciones, eliminando la anterior exigencia de dictamen previo del Consejo de Estado. Asimismo, se eliminan los supuestos de hecho habilitantes de la modificación relativos a la incorporación y fusión de entidades, habida cuenta de que tales supuestos no permitirían mantener la naturaleza jurídica del ente local resultante, sino que estaríamos ante un nuevo ente de ámbito territorial inferior al municipio creado con posterioridad a 2013 y, por tanto, con la naturaleza propia de una entidad de gestión desconcentrada.
La nueva regulación relativa a los recursos y régimen económico, financiero y presupuestario, responde a la doble necesidad de, por un lado, garantizar la suficiencia de los recursos económicos de este tipo de entidades y, por otro, a contribuir a asegurar el cumplimiento de las obligaciones de gestión financiera que el ordenamiento jurídico impone a todas las entidades locales y, por tanto, también a las entidades locales menores.
En el sentido de garantizar la suficiencia de los recursos económicos de estas entidades, la presente ley reconoce, por primera vez, las contribuciones especiales como recurso tributario de su hacienda, junto a las tasas, dejando proscritos únicamente los impuestos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 156.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Igualmente, junto a la prestación personal, la ley reconoce por primera vez la prestación de transporte como recurso de su hacienda y propicia una garantía de recursos económicos suficientes para el cumplimiento de las funciones y competencias propias y delegadas de este tipo de entidades, por la que velará el Gobierno de Cantabria en colaboración con los respectivos municipios y con las propias Juntas Vecinales y Concejos.
Por otra parte, y en orden a contribuir a asegurar el cumplimiento de las obligaciones de gestión financiera que el ordenamiento jurídico impone a estas entidades, la ley prevé la obligación de aprobar anualmente un presupuesto único, establece las funciones de su tesorería, así como sus obligaciones en materia de contabilidad, control y fiscalización.
La nueva regulación contenida en el Capítulo VI de la Ley obedece, básicamente, a la necesidad de recordar las obligaciones de estas entidades en materia de transparencia de la actividad pública, así como en materia de inventario de bienes, instrumento este último de gran importancia en las Juntas Vecinales y Concejos habida cuenta sus relevantes competencias en materia de administración, conservación de su patrimonio, regulación y ordenación de su aprovechamiento y utilización.
Frente al modelo de Registro de Entidades Locales Menores regulado en la Ley anterior de 1994, caracterizado por estar atribuida su administración a cada uno de los Ayuntamientos de Cantabria, y del que debían dar cuenta a la consejería competente en materia de administración local del Gobierno de Cantabria, la ley crea en su Capítulo VII el Registro de Juntas Vecinales y Concejos de Cantabria, como registro dependiente de la consejería competente en materia de administración local, y que será la encargada de su administración y gestión.
En definitiva, y por todo lo anterior, esta ley pretende erigirse en el instrumento normativo básico de funcionamiento de las entidades locales menores de Cantabria, mediante la regulación de sus principales institutos jurídicos, limitando, en la medida de lo posible, la aplicación supletoria de la normativa estatal en materia de administración local y régimen electoral.
La Ley se compone de un índice de su articulado mediante el que se pretende facilitar la utilización de la norma por sus destinatarios mediante una rápida localización y ubicación sistemática de sus preceptos, un Preámbulo, treinta y nueve artículos, estructurados en un Título preliminar, referido a las disposiciones generales de la ley, un Título I, relativo a las entidades locales menores con personalidad jurídica propia y dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y un Anexo que incluye una relación de las actuales entidades locales menores de Cantabria.
El Título Preliminar, relativo a las Disposiciones Generales, establece el objeto y fines de la Ley, concepto y personalidad jurídica, constatando las diferencias de naturaleza jurídica existentes entre las entidades creadas actualmente y relacionadas en el Anexo de la Ley y aquellas otras que se hayan creado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, o se creen en el futuro.
El Título I, en su Capítulo I, se refiere a las Potestades y competencias de las actuales Juntas Vecinales y Concejos; el Capítulo II aborda las relaciones interadministrativas de estas entidades y otras Administraciones Públicas; el Capítulo III detalla los dos sistemas de gobierno y administración a los que puede optar una entidad local menor actualmente creada en Cantabria en función de ciertos criterios (sistema de Junta Vecinal y sistema de Concejo); en este Capítulo, salvo el artículo 8, los demás se estructuran en dos secciones, una primera relativa al sistema de Junta Vecinal y una segunda relativa al sistema de Concejo; el Capítulo IV, se dedica a regular el régimen de modificación y disolución de las entidades locales menores; el Capítulo V, regula los recursos financieros y su régimen económico, financiero y presupuestario; el Capítulo VI, regula las obligaciones de estas entidades en materia de transparencia, inventario de bienes, así como su régimen de personal; el Capítulo VII, regula el Registro de entidades locales menores; y, por último, el Capítulo VIII desarrolla el régimen electoral. En este último Capítulo, salvo el artículo 28, los demás se estructuran en las siguientes seis secciones: Sección 1.ª relativa al sistema electoral; Sección 2.ª, relativa a la convocatoria; Sección 3.ª, relativa al procedimiento electoral; Sección 4.ª, relativa al mandato y constitución; Sección 5.ª, relativa a la financiación electoral; y finalmente, Sección 6.ª relativa a la moción de censura.
La disposición adicional primera regula el régimen del cómputo de plazos electorales; la Disposición adicional segunda la consignación presupuestaria que se establecerán anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma destinada a financiar los gastos corrientes derivados del normal funcionamiento de las entidades locales menores; la disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de los procedimientos de supresión y modificación de las entidades locales menores; la disposición transitoria segunda el régimen transitorio de los servicios de competencia municipal prestados por las entidades locales menores sin que se hubiese realizado delegación expresa. Igualmente, la ley establece una disposición derogatoria única por la que se deroga expresamente la ley anterior y cuantas disposiciones normativas anteriores adoptadas por la Comunidad Autónoma de Cantabria se opongan a las previsiones de esta ley, una disposición final primera relativa a la habilitación para el desarrollo de la Ley, una disposición final segunda referida al título competencial en virtud del cual se aprueba, una disposición final tercera que incorpora una cláusula de género y, finalmente, una disposición final cuarta relativa a su entrada en vigor.
Por último, la ley contiene un Anexo con la relación de entidades locales menores de Cantabria actualmente existentes.
1. La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de las Entidades Locales menores de Cantabria.
2. La ley persigue impulsar la prestación de servicios de calidad a través de las instituciones que se encuentran más próximas al ciudadano, propiciando un desarrollo social y económico sostenible, equilibrado, igualitario y eficiente dentro de su ámbito territorial.
1. Las entidades locales menores de Cantabria constituyen una forma de administración de núcleos de población separados dentro del municipio, de ámbito territorial inferior a él y que tienen oficialmente reconocido ese carácter.
2. Las entidades locales menores de Cantabria actualmente creadas y relacionadas en el Anexo de esta Ley, tienen personalidad jurídica propia, capacidad jurídica y de obrar, condición de Entidad Local y constituyen una forma de organización descentralizada del Municipio respectivo para la administración de sus núcleos de población separados.
3. La ley de régimen local de Cantabria regulará las entidades locales que carecen de personalidad jurídica propia creadas al amparo del régimen de entidades de ámbito territorial inferior al municipio, por la legislación de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y constituyen una forma de organización desconcentrada del Municipio respectivo para la administración de sus núcleos de población separados.
1. Las entidades locales menores de Cantabria gozan de las mismas potestades que las reconocidas por ley para los municipios, con excepción de la potestad expropiatoria y, en concreto, las siguientes:
a) La potestad reglamentaria y de autoorganización.
b) Las potestades tributaria y financiera.
c) La potestad de programación o planificación.
d) Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes.
2. Respecto de la potestad tributaria, las entidades locales menores de Cantabria sólo pueden establecer tasas y contribuciones especiales, cumpliendo con la normativa aplicable a los municipios sobre la materia.
3. Las competencias de las entidades locales menores de Cantabria son propias o atribuidas por delegación.
1. Las competencias propias de las entidades locales menores de Cantabria, que se ejercerán en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones públicas, son las siguientes:
a) La construcción, conservación y reparación de fuentes, lavaderos y abrevaderos.
b) La vigilancia de caminos rurales, sistemas de comunicación de uso y servicio público, montes, fuentes y ríos de interés exclusivo de la entidad local menor.
c) La administración y conservación de su patrimonio, incluido el forestal, y la regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales, de acuerdo con la normativa especial vigente.
d) La ejecución de obras y la prestación de servicios comprendidos en la competencia municipal y de exclusivo interés de la Entidad, cuando no esté a cargo del respectivo Municipio, que estarán exentas del pago de impuestos municipales conforme a la legislación de Haciendas Locales.
e) La venta ambulante.
f) Las ferias y fiestas locales, así como la actividades culturales y sociales, pudiendo realizarlo con la colaboración del Ayuntamiento.
1. Las entidades locales menores de Cantabria podrán ejercer competencias que hayan sido delegadas por el Estado, así como aquellas funciones administrativas que delegue la Comunidad Autónoma de Cantabria, rigiéndose en esta materia por la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma y sujetándose, en todo caso, a lo que disponga la ley de delegación en el marco de lo establecido en el Estatuto de Autonomía para Cantabria.
2. Los Ayuntamientos de Cantabria, en el ejercicio de sus respectivas competencias, también podrán delegar en las entidades locales menores de Cantabria el ejercicio de sus competencias. La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La delegación, que deberá acordarse por el Pleno municipal, deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve el municipio delegante y los medios personales, materiales y económicos que éste asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen que la delegación mejora la eficiencia de la gestión pública, contribuye a eliminar duplicidades administrativas, es acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se valore el impacto en el gasto de las Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las mismas.
3. Cuando el municipio delegue en dos o más entidades locales menores del mismo municipio una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos.
4. El municipio delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión de la entidad local menor, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, el municipio delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución de la entidad local menor. Los actos de la entidad local menor acordados en el ejercicio de una competencia delegada podrán ser recurridos ante los órganos competentes del municipio delegante.
5. La efectividad de la delegación realizada por el municipio requerirá su aceptación por la entidad local menor interesada, así como su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Los acuerdos de delegación de competencias deberán ser remitidos a la Consejería competente en materia de administración local del Gobierno de Cantabria para el desempeño de las facultades de comprobación que ésta tiene atribuidas.
6. La delegación habrá de ir acompañada, en todo caso, de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos del municipio delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.
El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte del municipio delegante facultará a la entidad local menor para compensarlas con otras obligaciones financieras que éstas tengan con aquel.
7. El acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte del municipio delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la entidad en la que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno en el sistema de Junta Vecinal o por la Asamblea vecinal en el caso del sistema de Concejo.
8. El municipio delegante y la entidad local delegada podrán solicitar la asistencia de la Consejería competente en materia de Administración Local del Gobierno de Cantabria para el acuerdo, coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este artículo.
1. Las entidades locales menores de Cantabria actúan y se relacionan con otras Administraciones públicas de acuerdo con los principios de lealtad institucional, adecuación al orden de distribución de competencias, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia en la gestión de los recursos públicos, responsabilidad, garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes administraciones y solidaridad interterritorial.
2. En lo no previsto en esta Ley las relaciones interadministrativas de las entidades locales menores se regirán por las normas básicas establecidas en materia de régimen local y en la legislación reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público.
1. Las entidades locales menores tienen derecho a estar informadas de las actuaciones acordadas por su respectivo Ayuntamiento en asuntos de su exclusivo interés, así como al seguimiento de la gestión que dicho Ayuntamiento realice de las mismas.
2. En garantía de este derecho, el Ayuntamiento y las entidades locales menores del correspondiente término municipal crearán un órgano colegiado de participación paritaria, allí donde no exista ya, como técnica orgánica de cooperación. La creación de este tipo de órgano de cooperación se formalizará de manera consensuada y conjunta, a través de un convenio, o acuerdo por parte de cada entidad local, en el que se regulará su composición, que en todo caso será paritaria, así como su funcionamiento.
3. El órgano previsto en el punto anterior tendrá como funciones, entre otras, las siguientes:
a) Proponer e informar los planes de obras y actuaciones del Ayuntamiento dentro del territorio de las respectivas entidades locales menores.
b) Proponer e informar los criterios que, para la concesión de subvenciones a las entidades locales menores, apruebe el Pleno del Ayuntamiento respectivo.
c) Proponer las condiciones y criterios para la aceptación de la delegación que, en favor de las entidades locales menores, hagan los Ayuntamientos.
1. Las entidades locales menores ejercen el gobierno y administración de su respectivo núcleo de población a través de dos posibles sistemas, de carácter alternativo y excluyente:
a) Sistema de Junta Vecinal.
b) Sistema de Concejo, que únicamente procederá en los casos previstos en el apartado 1 del artículo 11 de esta ley.
2. Cuando cambien las circunstancias habilitantes previstas en el apartado 1 del artículo 11 de esta ley, las entidades locales menores podrán modificar su sistema de gobierno y administración de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III, pasando del sistema de Junta Vecinal al de Concejo, o a la inversa.
1. En el sistema de Junta Vecinal, el gobierno y administración de la respectiva entidad se ejerce a través de una Presidencia, cuyo titular será denominado Alcalde Pedáneo, de un órgano colegiado denominado Pleno que estará formado por el Alcalde Pedáneo y cuatro vocales y de una Asamblea Vecinal integrada por todos los electores de la correspondiente circunscripción.
Para el correcto funcionamiento de la Asamblea Vecinal, el Ayuntamiento al que pertenezca la Junta Vecinal entregará a la Presidencia siete días antes de cada reunión una copia actualizada del padrón municipal para determinar los integrantes de derecho del mismo.
2. La Presidencia de la Junta Vecinal se configura como órgano de carácter unipersonal y ejecutivo. Su titular es elegido periódicamente en elecciones democráticas celebradas conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII del Título I de esta ley.
3. Son atribuciones de la Presidencia las siguientes:
a) Ordenar la convocatoria y presidir las sesiones del Pleno de la Junta Vecinal, dirigir sus deliberaciones, decidir los empates con voto de calidad y ejecutar sus acuerdos.
b) Autorizar las actas y dar el visto bueno a las certificaciones que de las mismas se libren.
c) Representar a la entidad local menor.
d) Elaborar y proponer el proyecto de presupuesto anual de la entidad local menor y aplicarlo, aprobando gastos, ordenando pagos, firmando decreto de liquidación y rindiendo cuentas de su gestión.
e) Dictar bandos, emitir resoluciones y decretos.
f) Ejercer acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando cuenta al Pleno en su siguiente sesión.
g) La contratación de obras, servicios y suministros y la aprobación de los proyectos de obra siempre que su importe sea inferior a cinco mil euros.
h) Cualesquiera otras no atribuidas expresamente al Pleno de la Junta Vecinal.
4. Son atribuciones del Pleno las siguientes:
a) La aprobación y modificación del presupuesto anual de la entidad local menor; la revisión de cuentas y el reconocimiento de créditos siempre que no exista consignación presupuestaria.
b) La aprobación de ordenanzas vecinales.
c) La aprobación del Reglamento de funcionamiento interno.
d) La adopción de acuerdos sobre administración y conservación de bienes y derechos propios de la entidad y la regulación del aprovechamiento de los bienes comunales.
e) La adquisición de bienes y derechos y la transacción sobre los mismos.
f) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas.
g) La aceptación de la delegación de competencias municipales.
h) La contratación de obras, servicios y suministros y la aprobación de los proyectos de obra cuyo importe sea igual o superior a cinco mil euros.
i) El impulso, control y fiscalización de los actos de la Presidencia de la entidad.
j) La aprobación del inventario de bienes, su rectificación y comprobación.
k) La propuesta, en su caso, de persona idónea para desempeñar las funciones reservadas de la Entidad.
l) En general, cuantas atribuciones se asignen por ley al Ayuntamiento con respecto al gobierno y administración del municipio, en el ámbito territorial de la entidad local menor.
m) La adopción de acuerdos sobre disposición de bienes de la entidad.
n) La adopción de acuerdos sobre operaciones de crédito, que requerirá autorización de la consejería competente en materia de administración local si la cuantía excede el presupuesto anual de la entidad local menor.
5. Son atribuciones de la Asamblea Vecinal las siguientes:
a) La adopción de la moción de censura contra el Alcalde Pedáneo, que se llevará a cabo conforme a las previsiones del artículo 39.
b) La adopción del acuerdo de disolución de la entidad local menor.
6. Los acuerdos del Pleno sobre disposición de bienes y operaciones de crédito deberán ser ratificados por el Ayuntamiento respectivo.
1. El funcionamiento de la Presidencia y del Pleno seguirá lo dispuesto en esta Ley, en los respectivos Reglamentos de funcionamiento interno de cada entidad y, en su defecto, en la legislación básica en materia de régimen local y en las normas de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales.
2. El Pleno celebrará sesiones ordinarias al menos una vez cada tres meses, que serán convocadas por orden de la Presidencia, como mínimo, con dos días hábiles de antelación, salvo que existan razones de urgencia en cuyo caso podrán convocarse con 24 horas de antelación. Quien ejerza las funciones reservadas de la entidad deberá dejar constancia de la preceptiva notificación de la convocatoria, la cual deberá ser motivada, con inclusión del orden del día y acompañada por los borradores del acta de la sesión anterior.
3. El Pleno también podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando lo decida la Presidencia o lo soliciten, por escrito dirigido a ésta, dos de sus miembros, sin que ninguno pueda solicitar anualmente más de una sesión. Una vez solicitada en esos términos una sesión extraordinaria no podrá demorarse por más de quince días desde que fuera solicitada. Si no se celebrase la sesión extraordinaria dentro del plazo indicado, quedará automáticamente convocada el décimo día hábil siguiente a la finalización de dicho plazo, lo que será comunicado por quien realice funciones de Secretaría-Intervención a todas las personas que formen la Junta Vecinal al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente.
4. Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de, al menos, tres de sus miembros, entre los que ha de encontrarse, necesariamente, el titular de la Presidencia o de quien legalmente le sustituya. Este quorum deberá mantenerse durante toda la sesión.
El Pleno podrá constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos.
5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos salvo para la adopción de los acuerdos relativos a disposición de bienes y operaciones de crédito, para los que se exigirá el voto favorable de la mayoría absoluta.
6. Las sesiones del Pleno serán públicas. No obstante, podrá ser secreto el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.
El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco podrán permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el titular de la Presidencia proceder, en casos extremos o de reiteración de conductas inadecuadas, a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión.
7. En el plazo de seis días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos de los órganos de gobierno y administración de la Junta Vecinal se remitirán a la Consejería competente en materia de Administración Local del Gobierno de Cantabria y a la Delegación de Gobierno en Cantabria, copia o, en su caso, extracto comprensivo de sus resoluciones y acuerdos. El titular de la Presidencia y la persona que ejerza las funciones reservadas en la entidad, serán responsables del cumplimiento de este deber.
8. En el funcionamiento interno del sistema de Junta Vecinal y en sus relaciones con los ciudadanos, las entidades locales menores están sometidos a las mismas obligaciones relativas al uso de medios electrónicos que el resto de Administraciones Públicas.
1. El gobierno y administración de las entidades locales menores se realizará por el sistema de Concejo, exclusivamente, en los siguientes casos:
a) Cuando la población de la entidad sea inferior a cien vecinos salvo que los vecinos hayan decidido por mayoría absoluta funcionar por el sistema de Junta Vecinal.
b) Cuando el municipio al que pertenece la entidad pase a funcionar conforme a las previsiones del régimen electoral general, mediante el régimen especial de Concejo Abierto.
c) En aquellas entidades locales menores que han venido funcionando, tradicionalmente, mediante este régimen de gobierno y administración.
2. En el sistema de Concejo, el gobierno y administración del respectivo núcleo de población se ejerce a través de una Presidencia, cuyo titular será denominado Alcalde Pedáneo y de una Asamblea Vecinal de la que formarán parte todos los electores de la correspondiente circunscripción.
3. Son atribuciones de la Presidencia las siguientes:
a) Ordenar la convocatoria y presidir las sesiones de la Asamblea Vecinal, dirigir sus deliberaciones, decidir los empates con voto de calidad y ejecutar sus acuerdos.
b) Autorizar las actas y dar el visto bueno a las certificaciones que de las mismas se libren.
c) Representar a la entidad local menor.
d) Elaborar y proponer el proyecto de presupuesto anual de la entidad local menor y aplicarlo, aprobando gastos, ordenando pagos, firmando el decreto de liquidación y rindiendo cuentas de su gestión.
e) Dictar bandos, emitir resoluciones y decretos.
f) Ejercer acciones judiciales y administrativas, dando cuenta de ello a la Asamblea Vecinal.
g) La aprobación del Reglamento de funcionamiento interno.
h) La contratación de obras, servicios y suministros y la aprobación de los proyectos de obra.
i) Cualesquiera otras no atribuidas expresamente a la Asamblea Vecinal.
4. Son atribuciones de la Asamblea Vecinal, como órgano colegiado de la entidad local menor, las siguientes:
a) La aprobación y modificación del presupuesto anual de la entidad local menor; la censura de cuentas y el reconocimiento de créditos siempre que no exista consignación presupuestaria.
b) La aceptación de la delegación de competencias municipales.
c) La decisión sobre su régimen de funcionamiento y la aprobación de las ordenanzas vecinales.
d) La adopción de acuerdos sobre administración y conservación de bienes y derechos propios de la entidad y la regulación del aprovechamiento de los bienes comunales.
e) Adopción de acuerdos sobre disposición de bienes de la entidad.
f) El impulso, control y fiscalización de los actos de la Presidencia de la entidad.
g) La adquisición de bienes y derechos y la transacción sobre los mismos.
h) La adopción de acuerdos sobre operaciones de crédito que requerirá autorización de la consejería competente en materia de administración local si la cuantía excede el presupuesto anual de la entidad local menor.
i) La aprobación del inventario de bienes, su rectificación y comprobación.
j) La propuesta, en su caso, de persona idónea para desempeñar las funciones reservadas de la Entidad.
k) El acuerdo para la disolución de la Entidad Local Menor.
l) La adopción de una moción de censura.
5. Los acuerdos de la Asamblea Vecinal sobre disposición de bienes y operaciones de crédito deberán ser ratificados por el Ayuntamiento respectivo.
1. El funcionamiento de las Asambleas Vecinales en el sistema de Concejo se ajustará a lo dispuesto en esta Ley, en los respectivos Reglamentos de funcionamiento interno de cada entidad y, en su defecto, en la legislación básica en materia de régimen local y en las normas de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales.
No obstante, el funcionamiento de las Asambleas Vecinales se podrá ajustar, dentro de las previsiones legales, a los usos, costumbres y tradiciones locales.
2. Las Asamblea Vecinales se reunirán conforme a los usos y costumbres y celebrarán sesiones ordinarias, al menos una vez cada cuatro meses, siendo convocadas por orden de la Presidencia, como mínimo, con dos días hábiles de antelación, salvo que existan razones de urgencia en cuyo caso podrán realizarse convocarse con 24 horas de antelación. Quien ejerza las funciones reservadas de la entidad deberá dejar constancia de la preceptiva notificación de la convocatoria, la cual deberá ser motivada, con inclusión del orden del día y acompañada por los borradores del acta de la sesión anterior. La convocatoria deberá ser, igualmente, difundida por cualquier medio o uso tradicional en el lugar.
El Ayuntamiento al que pertenezca el Concejo entregará a la Presidencia siete días antes de cada reunión una copia actualizada del padrón municipal para determinar los integrantes de derecho del mismo.
3. Las Asambleas Vecinales también podrán celebrar sesiones extraordinarias, cuando lo decida la Presidencia o lo solicite, por escrito dirigido a ésta, un tercio de los electores de la correspondiente circunscripción. Una vez solicitada en esos términos una sesión extraordinaria, no podrá demorarse por más de quince días desde que fuera solicitada. Si no se celebrase la sesión extraordinaria dentro del plazo indicado, quedará automáticamente convocada para las doce horas del quinto día hábil siguiente a la finalización de dicho plazo, lo que será comunicado por quien realice funciones de Secretaría-Intervención a quien forme parte de la Asamblea Vecinal al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente.
4. Para que las Asambleas Vecinales queden válidamente constituidas habrá de asistir una tercera parte de los electores, presentes o representados, que a ello tengan derecho. En ningún caso el número de presentes podrá ser inferior a tres. Este quórum debe mantenerse durante toda la sesión.
Las Asambleas Vecinales podrán constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos.
Se requiere siempre la presencia del titular de la Presidencia o de quien legalmente le sustituya.
La representación de los electores podrá otorgarse para cada sesión o con carácter permanente pero siempre en favor de elector perteneciente a la Asamblea vecinal. La representación deberá acreditarse mediante documento público, documento privado con firma notarialmente legitimada o poder otorgado ante la persona que ejerza las funciones reservadas de la entidad local. Ningún vecino podrá asumir la representación de más de una cuarta parte de los miembros de la Asamblea vecinal, evitando los decimales por exceso. Para la adopción de los acuerdos relativos a la moción de censura no cabe actuar por representación.
5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, salvo para la adopción de los acuerdos relativos a disposición de bienes y operaciones de crédito, para los que se exigirá el voto favorable de la mayoría absoluta. Para la adopción de los acuerdos relativos a la moción de censura, se seguirá lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley.
6. En el mes siguiente a la toma de posesión del titular de la Presidencia de la entidad, se celebrará una Asamblea Vecinal para elegir de entre sus miembros dos representantes que, juntamente con el titular de la Presidencia, formarán la Comisión Especial de Cuentas del Concejo y colaborarán con aquel en la gestión y administración de los intereses de la misma. Si no se pudieran elegir por falta de candidatos, los designará libremente el titular de la Presidencia.
7. En el plazo de seis días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos de los órganos de gobierno y administración del Concejo se remitirán a la Consejería competente en materia de Administración Local del Gobierno de Cantabria y a la Delegación de Gobierno en Cantabria, copia o, en su caso, extracto comprensivo, de sus resoluciones y acuerdos. El titular de la Presidencia y la persona que ejerza las funciones reservadas en la entidad, serán responsables del cumplimiento de este deber.
8. En el funcionamiento interno del sistema de Concejo y en sus relaciones con los ciudadanos, las entidades locales menores están sometidas a las mismas obligaciones relativas al uso de medios electrónicos que el resto de Administraciones Públicas.
La modificación de las entidades locales menores de Cantabria se realizará por el cambio de las circunstancias habilitantes del sistema de gobierno y administración previstas en el apartado 1 del artículo 11 de esta ley. El cambio será efectivo coincidiendo con la celebración de las elecciones.
1. La iniciativa de modificación corresponderá a la propia entidad interesada o a la Dirección General competente en materia de Administración Local del Gobierno de Cantabria.
En el caso de iniciativa de la propia entidad interesada, ésta deberá ser formalizada mediante acuerdo adoptado por el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno, o Asamblea Vecinal en el sistema de Concejo, y presentarse por escrito ante el Ayuntamiento correspondiente.
2. Presentada la iniciativa, el Ayuntamiento realizará trámite de Información pública vecinal durante el plazo de diez días.
3. Realizado el trámite anterior, el Ayuntamiento evacuará, en el plazo de diez días, informe sobre las alegaciones presentadas en el trámite de información pública vecinal.
4. A continuación, el Ayuntamiento trasladará el expediente a la Consejería competente en materia de Administración Local del Gobierno de Cantabria, que deberá emitir informe en el plazo de diez días.
5. La modificación se resolverá por Resolución de la Consejería competente en materia de Administración Local del Gobierno de Cantabria, en la que se expresará el sistema de gobierno y administración adoptado por la entidad. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, se trasladará a la Administración General del Estado a efectos de su inscripción en el Registro de Entidades Locales y se inscribirá en el Registro de Entidades Locales Menores de Cantabria regulado en el artículo 27 de esta ley.
Para que el Consejo de Gobierno acuerde la disolución de las Entidades Locales Menores será necesario que en el expediente que al efecto se instruya se compruebe la existencia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando no pudieran renovarse los puestos de gobierno y administración de la entidad después de celebradas las correspondientes elecciones parciales por falta de candidaturas.
b) Cuando no exista población suficiente para que los órganos de la Entidad puedan funcionar.
c) Cuando no hubieran presentado la Cuenta General de la entidad durante tres ejercicios presupuestarios seguidos, ante el órgano de control externo autonómico o el Tribunal de Cuentas.
d) Cuando la Asamblea Vecinal así lo decida por mayoría cualificada de dos tercios de los electores.
1. Para la disolución de las Juntas Vecinales y Concejos se seguirá el mismo procedimiento previsto en el artículo 14 para su modificación, con la excepción de la mayoría exigida que en este caso será de dos tercios de los miembros de la Asamblea Vecinal.
2. Los acuerdos de disolución expresarán la atribución al Municipio respectivo de todos los derechos, obligaciones y deudas de la Entidad que ha sido disuelta.
3. El acuerdo de disolución se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, será traslado a la Administración General del Estado a efectos de su inscripción en el Registro de Entidades locales y se inscribirá en el Registro de Entidades Locales Menores de Cantabria regulado en el artículo 27 de esta ley.
1. La hacienda de las entidades locales menores estará constituida por los siguientes recursos:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Las tasas y contribuciones especi