Categoría: Judicial

acusado señor Forn era titular».
Pese a lo razonado en la demanda, que considera que las conclusiones de la sentencia son, en realidad, suposiciones, lo cierto es que en el propio párrafo transcrito se alude, como fuente probatoria, a los contundentes informes técnicos de los responsables policiales. Y no parece que esta última afirmación esté ayuna de prueba o resulte manifiestamente infundada pues, a modo de ejemplo, cabe citar el informe de 29 de septiembre de 2017, emitido por la comisaría general de información, en el que, como se recoge en la pág. 364 de la sentencia [apartado 1.7.3 del fundamento de Derecho C)], se «advertía claramente que la celebración de la jornada del 1 de octubre podría desembocar en enfrentamientos y una escalada de violencia».
Sobre lo manifestado respecto del informe elaborado por Sir Ortiz Morales, nada cumple decir en este apartado, habida cuenta que en uno anterior hemos dado respuesta a la queja basada en la inadmisión del mismo como prueba pericial. Y en cuanto a la alegación relativa a que los acusados miembros del Govern «nunca han pronunciado ni promovido los actos que supuestamente se producen y fundamentan el tipo penal aplicado», basta con decir que esa aseveración de los demandantes en absoluto se cohonesta con los postulados asentados por el tribunal sentenciador para considerarles coautores del delito de sedición. Se trata una simple alegación desprovista de carga argumental adicional y que se limita a discrepar del criterio sustentado en sentencia.
(iv) En la demanda se descalifica el texto que figura en de la pág. 348 de la sentencia [apartado 1.5 del fundamento de Derecho C)]; a saber que «la autoría del delito no viene dada solo por la materialización efectiva del alzamiento, sino por la realización de conductas que propicien, posibiliten o determinen la realización de actos de alzamiento. El análisis de la autoría se condiciona a un “estar”, consciente y voluntario, en el alzamiento que suponga impedir, fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o la correcta actuación de las autoridades, funcionarios públicos o corporaciones oficiales mediante decisiones ejecutivas que enmarcan el alzamiento». Para los recurrentes el razonamiento transcrito comporta una aplicación analógica o una interpretación extensiva prohibida y, además, está desconectado de cualquier argumentación enraizada en la prueba.
Ciertamente, hemos de convenir con los demandantes que lo expresado en el párrafo reproducido no cuenta con una referencia expresa a un soporte probatorio determinado. Sin embargo, ello no debe de extrañar porque lo allí razonado no incide en el ámbito propio del derecho a la presunción de inocencia, puesto que se formulan consideraciones sobre la naturaleza del delito de sedición y las formas de comisión que esta figura admite, entre ellas las conductas que en el párrafo transcrito se identifican. En cuanto a la critica que se articula por la pretendida aplicación analógica o interpretación extensiva del tipo, cumple indicar que esas cuestiones son extrañas al derecho analizado en este apartado, remitiéndonos a lo que se expondrá al analizar las quejas referidas a la lesión del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
(v) Se censura lo expuesto por el tribunal sentenciador en la pág. 398 [apartado 1.9.6 del fundamento de Derecho C)], por establecer una desconexión entre la actuación de los votantes y la de los acusados, lo que a juicio de los recurrentes determina la imposibilidad de construir la tesis de la sedición. El párrafo cuestionado refiere que «[i]nteresa remarcar que escapan a nuestro ámbito de enjuiciamiento aquellos otros incidentes protagonizados por ciudadanos que insultaron o vejaron a esos agentes con escupitajos, expresiones despectivas, gritos infamantes, e incluso palabras amenazantes, sin que faltaran abiertas agresiones que sobrepasaron los contornos de la resistencia pasiva, incluso en la más indulgente de las concepciones, erigiéndose en simples actos de agresión».
Es evidente que los ciudadanos que protagonizaron los incidentes que se detallan en el texto transcrito no han estado sujetos al enjuiciamiento del tribunal que dictó la sentencia combatida en este recurso de amparo, al igual que tampoco lo han estado el resto de ciudadanos que estuvieron implicados en los incidentes habidos con la fuerzas policiales el día 1 de octubre de 2017. Ahora bien, siendo ello una obviedad carece de solvencia argumental afirmar que, con base en lo expuesto en ese apartado de la sentencia, se haya producido una desconexión entre la conducta de los demandantes y la actuación de los votantes, como si todos estos últimos hubieran procedido de la manera que allí se detalla; y menos aún cabe sostener que ese razonamiento quiebre la construcción del delito de sedición que se atribuye a los demandantes, visto el contenido de los «juicios de autoría» que el tribunal sentenciador ha formulado para articular jurídicamente la coautoría de estos últimos respecto del delito de sedición.
(vi) A lo largo de las págs. 237 y 238 del escrito de demanda se denuncia que la sentencia lleva a cabo una irracional configuración legal de los delitos y de su estructura. Ello se constata, a juicio de los recurrentes, por el valor que se confiere a la idea del «desafío normativo» (que se dice es omnipresente y preeminente en el texto de la sentencia), con referencias constantes a la «violencia normativa», «golpe de estado normativo», «legalidad paralela» e «intento de derogación de la legislación válida vigente». Señalan la contradicción en que se incurre por la importancia que se confiere al «desafío normativo», al describir una realidad diametralmente opuesta, pues repetidamente la sentencia refiere que la legalidad paralela no tuvo efecto alguno, amén de las alusiones que en diferentes pasajes de la citada resolución se plasman sobre esa legalidad, proclamando su irrelevancia, simbolismo, inviabilidad, ensoñación y, en suma, su invalidez jurídica desde el mismo instante de su publicación. Para justificar la incardinación de la queja en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en la demanda se alega que «[e]l principioin dubio pro reoaparece, por tanto, como una fórmula de obligada atención ante la configuración explícita de elementos contradictorios que afloran del propio razonamiento del Tribunal Supremo», para luego referir que ese principio es una manifestación del derecho a la presunción de inocencia, como así se enuncia en la STC 138/1992 y en los términos de la STEDHTsalkitzis c.Grecianúm. 2, de 19 de octubre de 2017.
Dejando a un lado que la sentencia de este tribunal que se cita en la demanda sostiene, en su fundamento jurídico 2, que «el principioin dubio pro reo[…], principio que precisamente por quedar en el ámbito judicial carece de relevancia constitucional y no puede ser confundido con la presunción de inocencia, aun cuando con ella guarde una cierta relación como criterio auxiliar», lo que no se alcanza a comprender de lo argumentado por los recurrentes es en qué consiste la duda que, supuestamente, debe dar lugar a la aplicación del principioin dubio pro reo. En realidad, lo que los recurrentes plantean es un tema ajeno a la valoración de la prueba, ámbito en el que se inserta la operatividad del mencionado principio, pues se limitan a poner de relieve lo que, a su juicio, supone una argumentación contradictoria e irrazonable para incardinar los hechos en el delito de sedición. Por tanto, la temática suscitada resulta extravagante a cualquiera de los aspectos relativos al derecho a la presunción de inocencia, conforme a la síntesis doctrinal que anteriormente hemos reflejado.
(vii) Por último, en el apartado de la demanda, cuya rúbrica es la «Desnaturalización de la acusación», queda constatado que lo que se plantea también es ajeno al contexto del derecho a la presunción de inocencia, toda vez que se reprueba la desnaturalización de la esencia del delito de sedición que, según afirman los recurrentes, consiste en el levantamiento hostil, para llevar a cabo una criminalización de la actuación de los grupos de personas por ser numerosos y configurar el delito sobre la base del ejercicio de los derechos fundamentales. Siendo así, procede remitirnos a la argumentación que daremos al analizar las quejas asociadas a la legalidad penal en relación con otros derechos fundamentales.
11.1.4.3 Delito de sedición. Don Oriol Sáez Vies.
(i) Conforme a la síntesis reflejada en los antecedentes de esta resolución, lo primero que se cuestiona es que en la pág. 301 de la sentencia se tome como referente la «violencia normativa», cuando se habla «del trazado de todo el proceso de construcción normativa al que el acusado le atribuía fuerza jurídica», de manera que se confiera idoneidad penal a normas que nacieron muertas y, además, no se examine, siquiera de forma tangencial, la garantía de inviolabilidad que le asistía a este recurrente. Sobre estos dos aspectos nos remitimos sin más a lo ya razonado al tratar la temática relativa al «desafío normativo» y al dar respuesta a la queja de vulneración de la inviolabilidad parlamentaria.
(ii) Censuran los demandantes que el tribunal de enjuiciamiento considere acreditada la preeminencia orgánica y liderazgo del señor Junqueras que se predica en la pág. 302 de la sentencia, sin indicar qué declaraciones de procesados o testigos concretos permiten extraer esa conclusión. También se quejan de que la apreciación de esa preeminencia y liderazgo implica la atribución de una responsabilidad objetiva que es contraria a los principios informadores del Derecho penal.
Para una mejor comprensión del alcance de la denuncia procede transcribir el texto al que se refiere la queja de los demandantes, que obra en el apartado 1.1 del fundamento de Derecho C):
«[s]u destacado papel en el proceso que finalmente condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, puede también deducirse, no ya del hecho objetivo de su preeminencia orgánica como vicepresidente de la Generalitat, sino del liderazgo reconocido en los testimonios de algunos de los procesados y testigos. Un liderazgo fruto de su doble condición de vicepresidente del Govern y presidente del partido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)».
Como así lo refleja el órgano judicial, el recurrente tuvo el destacado papel que se expone derivado del cargo que ejercía y, a su vez, por ser presidente del partido ERC. No obstante, debe advertirse que el importante papel que al señor Junqueras se le atribuye no solo se asienta en el incuestionable dato de los cargos de cardinal relevancia que ostentaba, pues en diferentes pasajes del apartado 1.1 del fundamento de Derecho C) de la sentencia, que a continuación se reproducen a título de ejemplo, se pone de manifiesto la preponderancia de su proceder:
– Cuando la totalidad de la administración de los procesos electorales pasó a depender de la Vicepresidencia de la Generalitat, el control del proceso sedicioso por parte del señor Junqueras se intensificó, «al hacerse depender toda la actividad de preparación y ejecución del referéndum de una persona de alta posición en el organigrama de la Consejería y de máxima confianza del acusado señor Junqueras y coordinador general de toda la actividad de planificación y organización del referéndum que se pretendía celebrar» (págs. 302 y 303).
– Para el tribunal sentenciador, la pertinaz desatención por parte del señor Junqueras a todos los requerimientos que le fueron dirigidos por el Tribunal Constitucional acredita el control por su parte «del proceso de creación legislativa y reglamentaria que hizo posible la celebración del referéndum declarado ilegal. El propio acusado admitió su protagonismo» (pág. 305).
– En unión de uno de los procesados rebeldes, en fecha 6 de septiembre de 2017, en su calidad de vicepresidente del Govern de la Generalitat remitió una carta a todos los alcaldes de Cataluña, «por la que les era reclamada la cesión de todos los centros de votación habitualmente utilizados en otros procesos electorales» (pág. 305).
Por lo que respecta a las críticas asociadas a lo que los recurrentes entienden que constituye una objetivación de la responsabilidad penal, basta con decir que lo argumentado por el órgano judicial para fundar la coautoría del recurrente descarta la atribución de una proscrita responsabilidad penal ajena al principio de culpabilidad.
(iii) Al analizar las referencias al supuesto dominio del hecho que al señor Junqueras se le atribuye en las págs. 303 a 308 de la sentencia, en la demanda se censura la falta de explicación sobre los motivos por los que se le vincula con los sucesos acaecidos el 20 de septiembre de 2017, cuando aquel no hizo nada. Sobre ese particular debemos afirmar que, a diferencia de otros acusados que eran miembros del Govern, el tribunal sentenciador sí relaciona directamente al señor Junqueras con los sucesos acaecidos el 20 de septiembre de 2017; concretamente, en la letra g) del apartado 1.1 del fundamento de Derecho C) se afirma:
«El día 20 de septiembre, en horas de la tarde, cuando la aglomeración de personas en las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda era ya más que relevante, el señor Junqueras acudió a lo que era la sede de su departamento. Le fue permitido el acceso por los agentes de la Guardia Civil que practicaban el registro. El acusado, que conoció las difíciles circunstancias en que estaba practicándose la diligencia judicial, rehusó dirigirse a los concentrados para que desistieran de su actitud. En su declaración en juicio aclaró –a preguntas de su abogado– que nadie le había comunicado que allí se estaba practicando un registro judicial y que el ambiente era absolutamente festivo».
Al margen de lo expuesto, procede añadir que para el tribunal sentenciador la responsabilidad de los demandantes de amparo en los sucesos del 20 de septiembre no se establece por su participación personal y directa en los mismos, al igual que la de otros miembros del Govern. Por tanto, simplemente nos remitimos a la respuesta ya dada al resolver la queja formulada en términos muy similares, acerca de que la sentencia no valoró que el señor Romeva se hallaba en Madrid el día 20 de septiembre de 2017.
(iv) A continuación, como resumidamente consta en los antecedentes de esta sentencia, en la demanda se compendian los pretendidos motivos por los que el señor Junqueras fue condenado como autor de un delito de sedición. De ellos, específicamente se cuestionan: (a) que se tomara en consideración su participación en el acto celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña, para la presentación de la pregunta del referéndum, ya que fue un acto de expresión de ideas políticas; (b) respecto de lo afirmado en la letra c) del apartado 1.1 del fundamento de Derecho C) anteriormente reproducido, se refiere que no se practicó prueba alguna y que lo afirmado resulta sorprendente; (c) que el decreto de referéndum y las normas complementarias fueron inválidas y desterradas inmediatamente del ordenamiento; por ello no pueden ser fuente de autoría y culpabilidad; (d) en relación con el registro practicado el día 20 de septiembre, reiteran que nadie le comunicó que se estaba practicando esa diligencia; (e) se objeta el relato que obra en la pág. 306 de la sentencia, acerca de la reunión mantenida con los mandos de los Mossos. Por un lado se cuestiona que no se explique por qué se valora, en ausencia de otras pruebas, el testimonio de coacusados en otros procedimientos y que «el redactado incluye dos ideas importantes: la independencia del riesgo vinculado a la actuación de grupúsculos, así como la vinculación del supuesto riesgo (perfectamente limitado a juicio de esta parte al consustancial a cualquier manifestación de protesta ciudadana legal) al mero dato del “número” de manifestantes».
(a) Pese a lo manifestado en la demanda, no cabe ignorar que, para fundar la autoría del demandante, el tribunal sentenciador toma en consideración ese dato juntamente con otros que se enumeran en el apartado 1.1 del fundamento de Derecho C). Y es notorio que la finalidad del mismo no puede considerarse ajena a la promoción del referéndum considerado ilegal.
(b) Mas allá de lo sorprendente que resulte a los recurrentes, lo cierto es que lo que se afirma en la letra c) del apartado 1.1 del fundamento de Derecho C) se sustenta en el contenido de los decretos que expresamente allí se citan, a fin de justificar el incremento del control del demandante sobre el proceso sedicioso.
(c) Sobre la queja referida a la invalidez de los textos normativos en que intervino el demandante, nos remitimos a lo que razonaremos al dilucidar sobre la lesión del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
(d) Como hemos reflejado anteriormente, la sentencia sí refiere cuál fue la vinculación directa del señor Junqueras con los hechos acaecidos el día 20 de septiembre de 2017. En la demanda no se niega que fuera cierto lo allí afirmado, en lo atinente a «que rehusó dirigirse a los concentrados para que desistieran de su actitud», si bien se justifica su proceder de la manera que ha quedado reflejada. Por tanto, la queja se limita a reflejar una discrepancia sobre la valoración de la prueba.
(e) Son varias las cuestiones que en la demanda se suscitan por la presencia del señor Junqueras en la reunión mantenida con los mandos de los Mossos el día 28 de septiembre de 2018, amén de otra queja anterior, en la que se indica que en la pág. 51 de la sentencia se sitúa a este último en la referida reunión, pero sin decir qué dijo o qué hizo.
Del contenido de la denuncia se deduce que los recurrentes no cuestionan el dato de que el señor Junqueras estuviera presente en la reiterada reunión, puesto que, incluso, este último admitió haber estado allí. Por otro lado, la declaración prestada por las personas que se citan en la letra h) del apartado 1.1 del fundamento de Derecho C) tiene carácter testifical, pues en virtud de lo acordado en el auto de fecha 1 de febrero de 2019 fue admitida como prueba de esa naturaleza, sin condicionantes ni cortapisas. Y en cuanto a las conclusiones que el tribunal sentenciador extrae al cotejar lo manifestado por los testigos y lo declarado por el señor Junqueras, se advierte que, en el ámbito propio de la valoración de la prueba, confiere credibilidad a lo depuesto por aquellos, sin que esa decisión resulte revisable en esta sede, al no incurrir en irrazonabilidad o arbitrariedad, vista la argumentación que obra en la pág. 307 [apartado 1.1 del fundamento de Derecho C)]:
«La Sala no duda de la realidad de ese encuentro y del mensaje transmitido por los responsables de Mossos d'Esquadra a los máximos dirigentes del Govern. No da crédito, sin embargo, a la versión del acusado, que declaró –a preguntas de su abogado– que la conclusión que él sacó de esa reunión y de la información transmitida era que no había nada que pudiera prever que sucedieran cosas distintas a las que ya habían pasado hasta ese momento. Era imposible un escenario de violencia –argumentó– teniendo en cuenta la experiencia previa de movilizaciones pacíficas. La propia sociedad había activado mecanismos concretos para asegurar el compromiso de no violencia con una intensa actividad de las entidades sociales, que organizaron servicios de orden e hicieron llamamientos concretos a la ciudadanía».
Por último, también debemos rechazar la objeción relativa a que no se indica qué fue lo que hizo o dijo el demandante en la referida reunión. Pese a lo expuesto en la demanda, lo cierto es que en el párrafo acotado sí consta cuál fue la actitud adoptada por don Oriol Sáez, no obstante las advertencias efectuadas por los mandos policiales: «la decisión de miembros del Govern presentes en esa reunión (entre ellos, el señor Junqueras) fue la de seguir adelante con el referéndum». Y en cualquier caso, lo relevante de su presencia en la referida reunión es lo que en el párrafo posterior consigna el tribunal de enjuiciamiento, en el que deja constancia de que el recurrente fue consciente de los graves altercados que se podían producir:
«La voluntad sedicente del acusado señor Junqueras y la representación de esos graves incidentes se infiere con facilidad, no ya de los términos en que se desarrolló esa reunión, sino del hecho objetivo de que el día anterior el Tribunal Superior de Justicia había dictado un auto –cuya existencia fue puesta de manifiesto en el encuentro entre responsables políticos y mandos policiales– en el que se acordó prohibir la realización del referéndum y ordenar a las fuerzas y cuerpos de seguridad –Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local– que incautaran el material, cerraran los colegios e impidieran la votación».
11.1.4.4 Delito de sedición. Don Raül Romeva Navarro Ramos carácter general, en la demanda se descalifican las razones tenidas en cuenta para fundar la responsabilidad del demandante por el delito de sedición, por ser contrarias al derecho a la presunción de inocencia. No obstante, como queda reflejado en los antecedentes de esta sentencia, también se plantean objeciones concretas a determinados apartados de la sentencia, las cuales serán objeto de análisis a continuación.
(i) Objetan los recurrentes que, principalmente, la responsabilidad del señor Romeva por el delito de sedición se sustente en «la difusión internacional del proceso» político, lo que no se compadece con lo afirmado en la pág. 329 de la sentencia, al referir que «pronunciarse públicamente a favor de la emancipación política de cualquier comunidad autónoma no es delito».
Sin perjuicio de que así lo haya proclamado el órgano judicial, la defensa de posiciones favorables a la independencia de una o varias comunidades autónomas no constituye infracción penal, dado el amparo que los derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión brindan a manifestaciones de ese tipo. Sucede, sin embargo, que la condena del señor Romeva no se fundamenta en el hecho de haber defendido la independencia de Cataluña que se cita en la pág. 329 (por cierto, incardinada en el juicio de autoría relativo a doña Carmen Guerrero), sino en las circunstancias que se relatan en el juicio de autoría consignado en el apartado 1.2 del fundamento de Derecho C), cuyo resumen consta en los antecedentes de esta resolución. Su conducta considerada penalmente relevante trasciende de la mera reivindicación de la independencia de Cataluña e, incluso, de la promoción en el exterior de este designio. Para constatar esta conclusión basta con reproducir el texto que obra en la pág. 310 de la sentencia [apartado 1.2 del fundamento de Derecho C)]:
«El acusado Raül Romeva, asumió la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el referéndum. Era conocedor de que estaba promoviendo la creación de una legalidad paralela y que, mediante la movilización ciudadana y el apoyo internacional, se podría neutralizar la capacidad de las autoridades gubernativas y judiciales para ejercer las funciones constitucionales que les son propias. Pese a todo, el día 28 de septiembre de 2017 llegó a afirmar públicamente que “si ganaba el referéndum se declararía la independencia en 48 horas desde que se hiciese oficial el recuento”. Intentó convencer de la viabilidad de la construcción de una república catalana, relativizó las dificultades logísticas para la celebración de la consulta popular y llegó a acusar a las instituciones europeas de que perderían credibilidad si no apoyaban el referéndum. Acusó al Estado de vulnerar el Tratado de la Unión sobre el respeto a la libertad y al Estado de derecho y proclamó que, pese a la aplicación del artículo 155 de la CE, la Generalitat no se echaría atrás y que si se encarcelaba a los “Jordis” serían presos políticos.
En la misma línea de apoyo a una consulta que, en ningún caso, iba a convertir a la comunidad catalana en un Estado soberano, sostuvo que no había alternativa a la proclamación de la independencia. Negó el riesgo de fractura social, incluso entre familias, porque, en su opinión, la división era entre demócratas y no demócratas, ya que el 80 por 100 de la población catalana quería votar».
(ii) Con base en el resumen que se lleva a cabo sobre los motivos por los que, según criterio de los recurrentes, el tribunal sentenciador funda la condena del señor Romeva, en la demanda se sostiene que, desde el prisma de la presunción de inocencia, cuesta entender que este último dirigiera un «alzamiento tumultuario», por el hecho de «firmar una carta», «estar próximo a las urnas» o «participar en la presentación de una pregunta». Ante este alegato, hemos de reiterar que la sentencia no asienta su participación en el delito de sedición con base en los aspectos que selectivamente se acotan en la demanda sino en los extremos que, de manera individualizada, se recogen en el indicado apartado 1.2 del fundamento de Derecho C), sin olvidar que su consideración como coautor de esa infracción penal también se estatuye en razones atinentes a todos los condenados por sedición y, particularmente, a los que fueron miembros del Govern, las cuales quedan reflejadas en el apartado 1 del referido fundamento de Derecho y que han sido sintetizadas en los antecedentes de esta resolución.
(iii) Seguidamente, en la demanda se acotan los textos obrantes en la pág. 310 de la sentencia: «asumió la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el referéndum. Era conocedor de que estaba promoviendo la creación de una legalidad paralela y que, mediante la movilización ciudadana y el apoyo internacional, se podría neutralizar la capacidad de las autoridades gubernativas y judiciales para ejercer las funciones constitucionales que les son propias [...]. Intentó convencer de la viabilidad de la construcción de una república catalana, relativizó las dificultades logísticas para la celebración de la consulta popular y llegó a acusar a las instituciones europeas de que perderían credibilidad si no apoyaban el referéndum. Acusó al Estado de vulnerar el Tratado de la Unión sobre el respeto a la libertad y al Estado de derecho y proclamó que, pese a la aplicación del artículo 155 de la CE, la Generalitat no se echaría atrás y que si se encarcelaba a los “Jordis” serían presos políticos». Para los demandantes, estas consideraciones denotan que el señor Romeva ha sido sancionado penalmente por actividades que no son antijurídicas, que se han criminalizado manifestaciones de la libertad de expresión y que la argumentación ofrecida presenta un perfil emocional y claramente politizado, llegando a reprocharse al citado demandante haber sostenido que no existía alternativa a la proclamación de la independencia y que negara que existiera riesgo de fractura social.
Los recurrentes seleccionan un apartado de la sentencia y toman en consideración su contenido de manera aislada, sin tener en cuenta que lo manifestado por el tribunal sentenciador en los textos traídos a colación no es, ni mucho menos, el fundamento exclusivo de la condena del señor Romeva por su participación en el delito de sedición. Nuevamente, damos por reproducida la argumentación esgrimida en la sentencia para sustentar la coautoría del demandante a que se ha hecho referencia y, a riesgo de ser reiterativos, dejamos constancia de que en el apartado 1.2.1 del fundamento de Derecho C) se detalla correlativamente cuál fue la conducta del señor Romeva que el tribunal penal tomó en consideración para sustentar su condena; al igual que en el apartado 1.2.2 del mencionado fundamento se afirma que fue conocedor de las diferentes resoluciones dictadas por este tribunal, con los apercibimientos correspondientes, las cuales fueron desoídas por este último al considerar justificado su proceder, como así se explica en el apartado 1.2.3, con fundamento en el ejercicio del derecho de autodeterminación.
También rechazamos que, como se afirma en la demanda, la sentencia censure que el señor Romeva considerase que la sentencia de este tribunal sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña fuese «dramática». En realidad, en el primer párrafo del apartado 1.2.3 del fundamento de Derecho C), el tribunal sentenciador se limita a explicar por qué el referido demandante se consideraba legitimado para incumplir las advertencias de este tribunal, al detallar que el señor Romeva calificó esa sentencia como «dramática» y que implicó «el inicio de la desafección». Nada hay, pues, de reproche o crítica en la sentencia hacia esa postura, sin perjuicio de que en el párrafo posterior se afirme rotundamente que la discrepancia con lo resuelto por el Tribunal Constitucional no justifica que desoyera los mandatos y requerimientos dictados por este órgano constitucional, con sustento en el pretendido derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña.
(iv) En la demanda se enfatiza sobre las contradicciones que encierra y las dudas que suscita el texto que figura en la pág. 314 de la sentencia [apartado 1.2 del fundamento de Derecho C], referido a las convicciones pacifistas del señor Romeva: «[e]se perfil del señor Romeva es un hecho notorio que la Sala conoce, elogia y respeta. No alberga la más mínima duda acerca de su compromiso con la paz. Sin embargo, nada de eso se pone en cuestión en el relato histórico que sirve para fundamentar su condena. El juicio histórico no convierte injustamente al acusado en un hombre violento. Se limita a reprocharle su actuación concertada con el resto de los acusados, encaminada a la creación de un conjunto normativo aprobado por un órgano autonómico manifiestamente incompetente para ello. Y hacerlo alentando una movilización ciudadana que incluía la resistencia y oposición material y física, así como un apoyo internacional dirigido a privar unilateralmente, por la vía de hecho, de toda fuerza ejecutiva a las decisiones de las autoridades gubernativas y judiciales legitimadas democráticamente por nuestro sistema constitucional». Para los recurrentes el posicionamiento del órgano judicial refleja una «duda evidente» que debería haber afectado «la imputación subjetiva y que vincula el núcleo de la acción supuestamente típica a la búsqueda de apoyo político internacional», para concluir, finalmente, que «[n]o hay canon de racionalidad que resista la configuración de un pronunciamiento de culpabilidad por el delito de sedición en los términos descritos en la sentencia».
Lo primero que cumple decir en relación con esta denuncia es que, pese a la insistencia de los recurrentes, en el texto reproducido no se constata que el órgano judicial exprese dudas de ningún tipo, pues de manera categórica afirma no albergar dubitación sobre el compromiso con la paz que mantiene el demandante concernido por el párrafo, si bien argumenta a continuación que el motivo de la condena no se funda en su catalogación como hombre violento, sino en la actuación concertada con el resto de los acusados que llevó a cabo, según se detalla en el texto traído a colación. Por otro lado, pese a la tajante descalificación formulada por los demandantes, tampoco apreciamos que lo razonado en este punto sea ilógico o arbitrario, toda vez que el reconocimiento del compromiso con la paz por parte del señor Romeva no resulta irreconciliable con la síntesis de los motivos determinantes del reproche que en la sentencia se le dirige.
11.1.4.5 Delito de malversación.
A diferencia de las vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia referidas a la condena por el delito de sedición, en la queja atinente al delito de malversación los recurrentes no han acotado en epígrafes separados los motivos que guardan relación específica con cada uno de ellos, sin que tampoco hayan ordenado las impugnaciones que formulan conforme a una sistemática que contemple ese aspecto subjetivo. En consecuencia, la respuesta que daremos tomará como referencia el contenido de los motivos aducidos, sin establecer compartimentos separados para cada uno de los demandantes.
A) Comienzan los recurrentes por formular lo que cabría definir como descalificaciones respecto de los argumentos dados en la sentencia para sustentar la condena de aquellos como coautores del delito de malversación. Tales reprobaciones se vinculan a la indeterminación de la prueba sobre la que se apoya la convicción del tribunal, la indefinición de los criterios determinantes de la ilicitud que justifica el reproche penal, el empleo de argumentaciones irrazonables, la no identificación de la prueba tenida en cuenta y la omisión de la valoración de la prueba de descargo.
a) La primera queja concreta se circunscribe a la toma en consideración de los gastos originados por la presentación de la pregunta del referéndum en el Teatro Nacional de Cataluña, ya que dichos dispendios no tienen nada que ver con la administración del dinero público (pág. 57 de la sentencia). Ciertamente, en las páginas 56 y 57 de la sentencia (apartado 13.1 del relato de hechos probados) se menciona este acto y se afirma que los gastos por dicho concepto alcanzaron el importe de 17 690,20 €, que fueron sufragados con cargo al grupo parlamentario «Junts Pel Sí». Sin embargo, la referencia a ese dato no aparece en el apartado 5 del fundamento de Derecho B), en el que se exponen las razones por las que los hechos son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, ni tampoco en el apartado 2 del fundamento de Derecho C), en el que se fundamenta sobre la participación de los demandantes de amparo, amén de otros acusados. Así pues, aun cuando en el relato fáctico aparezcan reflejados los gastos que el evento indicado generó, no parece que el tribunal sentenciador asiente en esa circunstancia la participación de los recurrentes en el delito de malversación. Más allá de constatar este extremo, nada cumple decir a este tribunal sobre ese aspecto.
b) Se aduce en la demanda que los hechos enjuiciados tuvieron lugar en una situación de control financiero absoluto por parte del Estado de la Generalitat de Cataluña, hecho este expresamente reconocido en la sentencia. También se afirma que la sentencia de 5 de julio de 2017 (STC 90/2017) anuló la disposición adicional 40 de la Ley de presupuestos de la Generalitat, lo que determinó el bloqueo absoluto de cualquier partida presupuestaria asociada al referéndum.
Partiendo de estas premisas, los recurrentes alegan la falta de capacidad de la Generalitat para realizar gastos asociados al referéndum y censuran que el órgano sentenciador asuma, de manera incondicional, que cualquier obligación o gasto relacionado con el referéndum se hubiera de satisfacer con dinero público, sin haber explorado la hipótesis de la financiación privada. Ejemplo de ello es lo que se afirma en la pág. 418 de la sentencia («es imposible que las actividades preparatorias del referéndum surgieran como un brote de germinación espontánea»).
En relación con esta queja debemos afirmar que el tribunal sentenciador no niega que existiera un control financiero por parte del Estado, pues ese extremo queda reflejado en el apartado 2.1.3 del fundamento de Derecho C), como así se detalla de manera resumida en los antecedentes de esta resolución. Sin embargo, de esta circunstancia no cabe deducir las conclusiones que los demandantes extraen. La sentencia refleja que, ante la tesitura en que se vieron inmersos los afectados por los medios de control adoptados, se instrumentaron medidas jurídicas para intentar eludir ese control; y también refiere que la vigilancia financiera establecida por el Ministerio de Hacienda tenía un alcance limitado, como así se expone en los párrafos de las págs. 418 a 419 que se transcriben [apartado 2.1.4 del fundamento de Derecho C)].
«Pero mientras que la convocatoria del referéndum, las promesas efectivas de su celebración y el llamamiento a la participación ciudadana, se reiteraban por parte de los miembros del Gobierno de la Generalitat, los gastos de su preparación y celebración, se negaban o contra toda lógica se afirmaban inexistentes. Todo ello en abierta contradicción con la afirmación de su sedicente legitimidad y de la compartida voluntad de evitar el control derivado de los sucesivos acuerdos de la comisión delegada de asuntos económicos, dictados para truncar la disposición de medios necesarios para llevarlo a cabo.
Esa elusión del control del Estado, se procuró inicialmente a través de la centralización de las comunicaciones con el Ministerio de Hacienda, en los propios miembros de ese Gobierno y muy especialmente, en el vicepresidente de la Generalitat.
Como consecuencia de los Decretos 108/2107 (“DOGC” de 18 de julio), de 17 de julio y 110/2017 (“DOGC” de 20 de julio), de 18 de julio, se atribuyó al Departamento de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda la competencia en materia de procesos electorales, integrada funcionalmente con anterioridad en la estructura del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. Y a través del acuerdo del Gobierno de 6 de septiembre, se aseguraron recíprocamente, además del compromiso de todos los integrantes del Gobierno de atender los dispendios que fueren para la celebración del referéndum, la disponibilidad de todos los canales de cada una de las consejerías para su materialización. Con la avocación y centralización de las notificaciones del gasto al Ministerio de Hacienda, se posibilitó eludir la eventual negativa a su materialización por el funcionario que hubiera de tramitar el expediente, así como posibilitar el maquillaje total o parcial de la naturaleza del gasto.
Como testimoniaron en la vista los entonces responsables del Ministerio de Hacienda y especialmente por su responsabilidad y atención más directa, quien era subsecretario, don Felipe Lorenzo Fernández, los sistemas de control llegan a la realidad financiera y presupuestaria, pero “[…] no son la realidad material de los hechos”. El control, por tanto, podía no ser absoluto sobre las cuentas de la Generalitat, dado que solo se podía revisar y controlar aquello que la administración catalana enviaba. Añadió que en ocasiones la información remitida fue “incompleta e inexacta”, idea también confirmada por el principal responsable del departamento ministerial, que explicó cómo, ante la falta de explicaciones justificativas relacionadas con algún supuesto, se tomaran medidas y se diera cuenta a fiscalía».
c) Por otro lado, los recurrentes insisten en que el acuerdo del Govern de 6 de septiembre de 2017 no pasó de ser una «herramienta de exteriorización de una voluntad política que no afecta ni puede afectar al juicio de culpabilidad». Y no obstante ello, señalan que el tribunal sentenciador toma en consideración ese acuerdo como acto de solidaridad en la asunción de obligaciones y gastos (pág. 286 de la sentencia), pero luego proclama, en la pág. 471, que ese acuerdo «no es más que una retórica e irrelevante exteriorización de voluntad».
Una vez más, este tribunal rechaza la contradicción e incoherencia que se atribuye a la sentencia. En el segundo párrafo de la pág. 286 [apartado 5.2 del fundamento de Derecho B)], el tribunal enjuiciador pone de relieve que, a través del Decreto de 6 de septiembre de 2017 y del acuerdo del Govern de 7 de septiembre de 2017, «no solo ejecutaron actos de manifiesta deslealtad en la administración de fondos, sino que, además, lo anunciaron públicamente»; mientras que lo manifestado en la pág. 471 [apartado 2.2 del fundamento de Derecho C)] no viene en absoluto referido al indicado acuerdo, pues en este párrafo se explican los motivos por los que, a diferencia de los señores Rull, Forn, Vila, Mundó y la señora Borrás, otros acusados, entre ellos los recurrentes, sí fueron condenados por el delito de malversación: «no se limitaron a una retórica e irrelevante penalmente exteriorización compartida de su voluntad de sustraerse al control financiero propio de las sociedades democráticas –un meramente simbólico y solidario “todos a una”–, sino que ejecutaron actos concretos de dispendio económico que no era otra cosa que la genuina expresión de su deslealtad».
Descartada la incoherencia que se achaca a la sentencia, también debemos refutar que el órgano judicial partiera del prejuicio de que todo gasto vinculado al referéndum se asociaba a la financiación pública, descartando de entrada la eventual financiación privada. En la fundamentación jurídica que la sentencia dedica a justificar la comisión del delito de malversación y la participación de los que, a la postre, resultaron condenados como coautores quedan expuestos los motivos y circunstancias que llevaron al tribunal a afirmar que, con ocasión de la celebración del referéndum, hubo partidas de gasto público asociadas con ese evento. Y en lo atinente a la frase «es imposible que las actividades preparatorias del referéndum sugieran como un brote de germinación espontánea» (que no figura en la pág. 419 sino en la pág. 436 de la sentencia) a la que tanta relevancia le confieren los recurrentes, también desechamos el significado que estos le atribuyen, puesto que lo que rectamente se deduce de su tenor y del contexto en que se inserta [apartado 2.1.13 del fundamento de Derecho C)], es que el órgano enjuiciador constata la contradicción en la que incurren los acusados, tras analizar los gastos originados como consecuencia de la campaña Civisme:
«Existe, por tanto, coincidencia en la explicación del origen de esa campaña, en su finalidad y en los responsables del encargo. El Departamento de Presidencia, sin embargo, niega la realidad de ese servicio y toda responsabilidad en los gastos derivados del referéndum. Ello es una constante. Es bien significativo que, por un lado, los acusados asuman en sus declaraciones las consecuencias de su actos –todos ellos se habrían ejecutado en cumplimiento de un mandato popular– y reiteradamente eludan esa responsabilidad con la inasumible pretensión de que las actividades preparatorias del referéndum surgieron como un brote de germinación espontánea, sin actividad humana alguna. Todo ello, a pesar de realizarse esa campaña en el ámbito administrativo propio de los diversos declarantes. Después, ante la tozuda realidad de su emisión y en abierta contradicción con el concertado discurso y con las razones esgrimidas de forma concordada con adjudicatarios y medios, se indica que la publicitación del referéndum correspondía a compromisos y obligaciones del servicio público que había emitido los anuncios. Y todo ello, en el marco de una actividad administrativa de convocatoria y celebración de una consulta que se encontraba suspendida por el Tribunal Constitucional, con advertencia expresa a todos los miembros del Gobierno de la Generalitat para que se abstuvieran de realizar cualquier acto contrario a su deber de impedir lo que era presentado como un referéndum de autodeterminación».
Cumple por último añadir que, aun cuando los demandantes se quejan de que no se analizara la hipótesis de la financiación privada de esos gastos, lo cierto es que en el escrito de demanda no se afirma de manera tajante que esa financiación hubiera tenido lugar ni, menos aún, se ofrecen detalles y especificaciones sobre el alcance y contenido de esa modalidad de sufragar los gastos. Se cuestiona también que el órgano judicial no haya tenido en cuenta la «realidad presentada por la prueba de descargo», pero, como en otros pasajes de la demanda acontece, tampoco se dice en qué consistió dicha prueba, cuál fue su contenido y de qué manera habría incidido en las consideraciones plasmadas en la sentencia.
B) Seguidamente, en la demanda se analizan las argumentaciones dadas en la sentencia en relación con las diferentes partidas de gastos que se asocian al referéndum y que, a juicio de los demandantes, incurren en saltos lógicos e irracionalidad.
a) La primera de las críticas concierne a lo argumentado en págs. 419 a 423 de la sentencia; en especial, por la falta de concreción sobre las fuentes de prueba, la referencia genérica a los mensajes y a la clonación de las páginas Webs, sin determinar qué responsabilidad se deriva de ello y la mención a la declaración cualificada del agente de la Guardia Civil con numeración 29 100 Q, la cual no existe.
En diferentes apartados de la sentencia se hace referencia a las Webs y a los enlaces que se mencionan en las págs. 419 a 423 [apartado 2.1.5. del fundamento de Derecho C)]. En la pág. 58 (apartado 13.2 de los hechos probados) se considera acreditada la vinculación con el referéndum de la «web.referéndum.cat» y los diversos aplicativos incorporados a la misma, tales como el referido a la crida extra: «https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66», además de la actualización del «registre.catalans.exteriors.gencat.cat». En el juicio de autoría referido a doña Dolors Hernández, en la pág. 355 [apartado 1.6 del fundamento de Derecho C)] se expone con claridad la vinculación de los referidos enlaces con el referéndum:
«En la logística del referéndum –como también hemos señalado supra– jugó un papel fundamental la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información CTTI, adscrito al Departamento de Presidencia. Para favorecer la ejecución de la consulta ilegal, se crearon dentro de la actividad del CTTI distintas páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos, que fueron utilizados para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre, dando soporte digital a la difusión de información, registro, publicidad, recuento de votos y operativa concreta del referéndum. Pues bien, el mismo día que se convocó el referéndum, el 6 de septiembre, se abrió la página “web referendum.cat”. Dentro de este dominio se creó la aplicación denominada “Cridas”. Una de ellas, cuya dirección en la web era “https://connectat,voluntariat.gencat.catcrida/66”, fue usada para la captación de hasta 47 498 voluntarios, competencia correspondiente y asumida también en este caso por la Consejería de Trabajo, cuya titularidad encarnaba la acusada señora Bassa. Los reclutados fueron utilizados para cubrir las necesidades que presentaba la realización del referéndum».
Y en las págs. 419 a 423 se pone de manifiesto el relevante papel del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información (CTTI) y del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT), de cara a la realización de maniobras de ocultación para evitar que la administración del Estado pudiera conocer de ciertos aspectos relacionados con la celebración del referéndum. Y a fin de implementar ese designio se sirvieron de los enlaces y páginas Webs que allí se citan.
En la sentencia se afirma, asimismo, que los acusados no niegan la realidad de los aplicativos referidos a connecta”t y al registro de catalanes en el exterior; sin embargo los desvinculan del referéndum, al afirmar que el primer aplicativo tenía por objeto ofertar diversos destinos donde desarrollar el voluntariado, mientras que el segundo contenía varias ofertas, tales como tarjeta sanitaria, becas, carnet joven, colonias de verano, etc. No obstante, el tribunal sentenciador rechaza esa desvinculación pues, para dicho órgano, el hecho de que las actividades de voluntariado no se refirieran de forma exclusiva a la gestión electoral, no significa que no exista relación con la referida consulta, según lo razonado en las págs. 420 a 422 de la sentencia:
«Pese a las posibilidades del trabajo a desarrollar en el voluntariado no se ceñían de forma exclusiva a las tareas de gestión electoral, el vínculo en la página específica del referéndum, nacida para los fines de la convocatoria del 1 de octubre, permite inferir, que quien accediera desde el vínculo allí ubicado, lo hacía para aportar su participación en la celebración de la preparación y celebración de esa consulta. Pero además, también al acceder a la página web, en su contenido destacaba, sombreada en rojo, la opción vols col.laborar amb el referéndum?, que redirigía a la dirección “https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66”, donde se encontraba el formulario d'inSr.ipció/Col.laboradors Referéndum 2017.
En todo el proceso de la formación de la web, median diversos mensajes con funcionarios y autoridades procedentes de diversos departamentos que hablan de la activación y contenido de esta página, y de su directa relación con el referéndum. Aluden con frecuencia a las maniobras para su ocultación. Incluso, de la planificación y estrategia para cuando cierren el dominio.cat, con el fin de usar otros dominios. Y efectivamente consta la clonación, acuerdos judiciales de cierre y diligencias de su diversa práctica, como referendum.ws, correspondiente a Global Domains lnternational lnc.; ref1oct.cat, ref1oct.eu y referendeum:ws, correspondientes a Google, y “https://twitter.com/ref1oct” @ref1oct, correspondiente a Twitter, lnc., todos ellos alojados en servidores de Estados Unidos, así como el dominio Ref1oct.eu correspondiente a Eurid VZW, ubicado en Bélgica, hasta una cifra que supera las 140 identificadas, donde algunas se hallan alojadas en diferentes países del continente asiático o en Rusia. [...]
También dentro de la web referendum.cat, se incluyeron otros vínculos significativos, tales como “www.referendum.cat/sindicatures-electorals”; y “www.referendum.cat/como-es-vota/”.
En este último enlace proporcionaba, a modo de guía, unas instrucciones de como realizar el voto. Incluía también un contenido específico para los catalanes residentes en el extranjero, registre.catalans.exteriors.gencat.cat. Esta aplicación, si bien existía desde la consulta del 9-N –cfr. la sentencia de esta Sala núm. 177/2017, de 22 de marzo–, fue objeto de desarrollo con miras al referéndum del 1 de octubre.
Y fue desde la dirección del Área TIC del Departamento de Asuntos Exteriores, desde donde la Generalitat atendió principalmente el seguimiento de este aplicativo. Todo ese trabajo generó el consiguiente dispe