Categoría: Judicial

amparadas por el art. 24 CE, y que difícilmente cabría revertir con posterioridad.
3. Aplicación de la jurisprudencia constitucional
Desde la STC 31/2019, de 28 de febrero, hasta la muy reciente STC 141/2022, de 14 de noviembre, este tribunal se ha pronunciado en multitud de ocasiones sobre la proyección que respecto del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) tiene el deber de control de abusividad del clausulado de los títulos no judiciales en los procedimientos judiciales amparado en el Derecho de la Unión Europea (Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, STJUE de 26 de enero de 2017, asunto C-421/14,Banco Primus, S.A., c.Jesús Muñoz Parra, y la más reciente STJUE de 17 de mayo de 2022, asunto C‑600/19,MA c.Ibercaja Banco, S.A.). La reiterada doctrina establecida por este tribunal puede sintetizarse en los siguientes puntos:
a) Corresponde a este tribunal velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión cuando exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de manera que el desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por aquel, puede suponer una selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Asimismo, prescindir por propia, autónoma y exclusiva decisión del órgano judicial, de la interpretación de un precepto de una norma europea impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vulnera el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea.
b) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado que la Directiva 93/13/CEE obliga al juez nacional a apreciar el eventual carácter abusivo de una cláusula cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, siempre que la cláusula denunciada no hubiera sido examinada previamente, examen que deberá llevar a cabo permitiendo que el consumidor pueda formular un incidente de oposición cumpliendo con lo que disponga la norma, lo que no exime de la obligación de control de oficio por el órgano judicial. A tal efecto, carece de relevancia el momento o el cauce procesal que se utilice para suscitar ante el órgano jurisdiccional esa cuestión, siempre que el procedimiento aún subsista. En la STJUE de 17 de mayo de 2022, asuntoIbercaja Banco, S.A., el Tribunal de Justicia, respaldando la jurisprudencia constitucional anterior y reforzando la necesidad de motivación, también ha precisado que en un procedimiento de ejecución hipotecaria ya concluido en que los «derechos de propiedad respecto del bien han sido transmitidos a un tercero, el juez, actuando de oficio o a instancias del consumidor, ya no puede proceder a un examen del carácter abusivo de cláusulas contractuales que llevase a la anulación de los actos de transmisión de la propiedad y cuestionar la seguridad jurídica de la transmisión de la propiedad ya realizada frente a un tercero».
c) Desde la perspectiva del deber de motivación, hemos sostenido que la simple mención genérica de que la demanda cumple con los requisitos previstos en el art. 685 de la Ley de enjuiciamiento civil y que el título es susceptible de ejecución es insuficiente a los efectos de considerar que, sin género de dudas, se realizó el previo control, máxime cuando de dicha argumentación se hará depender el acceso a un pronunciamiento de fondo al que el órgano judicial, de acuerdo con el Derecho de la Unión, debe proceder de oficio de haber razones para ello, pues mal se puede realizar un control –ni siquiera externo– de lo que carece de un razonamiento expreso.
d) Este tribunal se ha manifestado en diversas ocasiones sobre el carácter idóneo del incidente de nulidad de actuaciones para que la parte ejecutada pueda solicitar del órgano judicial que se pronuncie sobre el carácter abusivo de una cláusula, supuesto en el que ha de producirse de manera motivada el obligado control por parte de los órganos jurisdiccionales del carácter abusivo de las cláusulas incorporadas a los contratos cuando fueran requeridos para efectuarlo por esta vía procesal, salvo, claro está, que ese examen se hubiese producido anteriormente de manera expresa y motivada.
e) La necesidad de motivación de esos pronunciamientos, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquellas contienen, además de que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos. Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y, en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho, carga que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad. En ese mismo sentido el Tribunal de Justicia en la ya citada sentenciaIbercaja Banco, ha explicado que «no podría garantizarse un control eficaz del eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales […] si la fuerza de cosa juzgada se extendiera también a las resoluciones judiciales que no mencionan tal control».
Pues bien, en el supuesto que nos ocupa podemos constatar que, solicitada por la demandante de amparo la revisión del carácter abusivo de la cláusula de intereses moratorios en el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el procedimiento de ejecución, el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona, en auto de 11 de enero de 2021, rechazó tal pretensión, por entender que el incidente de nulidad no era la vía adecuada para ello: «No es objeto, sin embargo, del incidente de nulidad de actuaciones el examen del eventual carácter abusivo de las cláusulas de los contratos, por más que ello pueda dar lugar de apreciarse a que sea dejada total o parcialmente sin efecto la ejecución, pues en el marco del presente incidente cabe solo examinar si se ha producido ‘la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución’ (artículos 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 228.1 de la Ley de enjuiciamiento civil). Deben por consiguiente rechazarse también en este punto las alegaciones formuladas, sin perjuicio de que pueda la parte volver a plantear las mismas a través del adecuado cauce». Es decir, que, en este punto, el órgano judicial inadmitió la pretensión que se le dirigía, negándose a dar una respuesta al fondo de lo planteado por considerar inadecuada la vía elegida, a pesar de que la recurrente alegó en su escrito el art. 6 de la Directiva 93/13/CEE e invocó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea así como la doctrina de este tribunal respecto a la apreciación de oficio por los órganos judiciales del carácter abusivo de las cláusulas de los contratos, con especial cita de la STC 31/2019, que reprodujo en parte.
Atendiendo a la doctrina constitucional antes expuesta, esa resolución judicial ha de considerarse vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la actora, en la vertiente del derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho. La razón es que los órganos judiciales deben respetar la primacía del Derecho de la Unión Europea, en los términos que resultan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que implica la obligación de conocer, bien de oficio, bien a instancia de parte, del posible carácter abusivo de una cláusula contractual. Una vez la cuestión se plantea por la parte ejecutada, el órgano judicial está obligado a darle una respuesta fundada, con independencia del momento y del cauce empleado para ello, en este caso el incidente de nulidad de actuaciones, que resulta idóneo a tal efecto como ya se ha señalado anteriormente. La única excepción para rechazar tal pretensión es que ya hubiera sido examinado con anterioridad por el juez ese posible carácter abusivo de las cláusulas, con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, supuesto que no concurría en el procedimiento de ejecución del que trae causa este amparo. Tampoco fundamenta el auto recurrido en amparo que se haya producido un acto de transmisión de la propiedad que pueda quedar afectado por el examen de la abusividad de la cláusula controvertida y que también impediría dicho control conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia a la que antes se ha hecho referencia.
Sin embargo, en este caso, el juzgador no cumplió con la obligación que le venía impuesta por la normativa y la jurisprudencia que le fueron alegadas, no porque ya hubiese realizado un anterior examen de la cláusula discutida, sino aduciendo una mera excusa formal que, aparte de ignorar la primacía del Derecho de la Unión Europea y nuestra jurisprudencia en la materia, privaba al incidente de nulidad de actuaciones de su sustantividad propia como proceso de defensa de los derechos fundamentales (STC 39/2022, de 21 de marzo, FJ 3). Como se afirma en la STC 48/2022, de 4 de abril, FJ 2 b), «el incidente de nulidad de actuaciones asume una función esencial de tutela y defensa de los derechos fundamentales que puede y también debe ser controlada por este tribunal (STC 102/2020, de 21 de septiembre, FJ 4). De esta manera, los órganos judiciales vienen obligados realizar una interpretación no restrictiva de las causas de inadmisión de la nueva regulación ampliada del incidente de nulidad de actuaciones, motivando suficientemente su decisión pues, cuando es procedente su planteamiento, la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones implica la preterición del mecanismo de tutela ante la jurisdicción ordinaria (STC 9/2014, de 27 de enero, FJ 3)». Y esta función tuitiva de los derechos fundamentales que estaba llamado a cumplir el incidente de nulidad de actuaciones en el procedimiento de ejecución respecto del examen de las cláusulas que pudieran resultar abusivas fue desatendida por el órgano judicial, que privó de esa forma a la demandante de amparo de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, conforme al cual tenía derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho sobre la pretensión articulada en el incidente de nulidad de actuaciones acerca del carácter abusivo de la cláusula de intereses moratorios, resolución que le fue denegada de manera irrazonable.
Por tanto, la resolución impugnada ha lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la recurrente (art. 24.1 CE), pues la decisión de no atender la revisión interesada por la recurrente infringió el citado principio de primacía del Derecho de la Unión al prescindir por su propia, autónoma y exclusiva decisión, de la interpretación impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante, incurriendo, por ello, en una interpretación irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso (STC 31/2019, FJ 9).
4. Alcance del amparo.
De acuerdo con las consideraciones desarrolladas en el fundamento anterior, procede el otorgamiento del amparo, con reconocimiento de la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la actora, en la vertiente del derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho (art. 24.1 CE). El restablecimiento en el derecho vulnerado conlleva la declaración de nulidad del auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona, de 11 de enero de 2021, así como la retroacción de las actuaciones del procedimiento de ejecución al momento inmediatamente anterior al del dictado de aquella resolución, para que el órgano judicial pronuncie otra nueva que, con observancia del derecho fundamental de la recurrente, examine fundadamente la posible condición de consumidora de la recurrente y, en su caso, el posible carácter abusivo de las cláusulas de la póliza de préstamo, de acuerdo con lo solicitado en el incidente de nulidad de actuaciones presentado en su día.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Guiomar Gallego Calvo y, en consecuencia:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho.
2.º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona, de 11 de enero de 2021, dictado en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 1292-1991.
3.º Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de dicha resolución para que por el órgano judicial se dicte otra que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés.–Inmaculada Gil Mendoza.–María Luisa Balaguer Garrido Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–César Fernández Tribiño.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.