Categoría: Judicial

s efectos de poder comprobar si se ha agotado la vía judicial previa en el presente recurso de amparo, dado que si bien en el ATC 65/2018 apreciamos que es necesario interponer recurso de casación para poder considerar firme la sentencia a los efectos del art. 241.1 LOPJ, esta exigencia se formuló en relación a «todos los casos en que su admisibilidad dependa solo de la apreciación de dicho interés casacional objetivo». A lo que debe añadirse que es una exigencia que solo tiene sentido en los supuestos en los que la sentencia sea en sí misma susceptible de recurso de casación. Dicho de otro modo, si contra la sentencia no cabe interponer recurso de casación, la apreciación de la existencia o no de interés casacional se advera irrelevante y no puede, por lo tanto, exigirse al recurrente que interponga un recurso manifiestamente improcedente simplemente para el Tribunal Supremo lo inadmita y comience así a contar el plazo para interponer un recurso de amparo.
Esta exigencia resultaría además contraria a nuestra jurisprudencia constitucional con arreglo a la cual el requisito de agotar la vía judicial antes de interponer el recurso de amparo, «no obliga a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación posibles, sino tan solo aquellos normales que, de manera clara, se manifiestan como ejercitables, de forma que no quepa duda respecto de la procedencia y la posibilidad real y efectiva de interponer el recurso» (SSTC 137/2006, de 8 de mayo, FJ 2; 152/2006, de 22 de mayo, FJ 5; 62/2007, de 27 de marzo, FJ 2, y 112/2019 de 3 de octubre, FJ 3), «sin necesidad de superar unas dificultades interpretativas mayores de lo exigible razonablemente» (entre otras, SSTC 57/2003, de 24 de marzo, FJ 2; 249/2006, de 24 de julio, FJ 1; 75/2007, de 16 de abril, FJ 2, y 76/2007, de 16 de abril, FJ 2; 144/2007, de 18 de junio, FJ 2, y 89/2011, de 6 de junio, FJ 2).
En cualquier caso, la indicación del juzgado contenida en el pie de recurso de la sentencia recurrida en amparo, mediante la que advirtió expresamente que la misma era «firme», condicionó el comportamiento del demandante de amparo, en la medida en que, precisamente, el incidente de nulidad de actuaciones es el cauce procesal idóneo cuando se trata de una sentencia firme, que es aquella «contra la que no quepa recurso alguno» (art. 245.3 LOPJ). Y en este tipo de situaciones ya hemos dicho de forma reiterada que «no es razonable exigir a la parte que contravenga o salve por sí misma la instrucción o información de recursos consignada en la resolución judicial, aunque esta pueda resultar o resulte errónea» (STC 308/2006, de 23 de octubre, FJ 2).
Consecuentemente, resultaba procedente el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones que, como señaló este tribunal en la STC 153/2012, de 16 de julio, FJ 3, constituye «un verdadero instrumento procesal que, en la vía de la jurisdicción ordinaria, podrá remediar aquellas lesiones de derechos fundamentales que no hayan “podido denunciarse antes de recaer una resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario”» (criterio que recordamos también recientemente en la STC 143/2020, de 19 de octubre, FJ 4). Por lo que cabe considerar que la vía judicial se ha agotado debidamente y procedemos de este modo a abordar a continuación el examen de las causas de amparo.
3. Doctrina aplicable.
La recurrente denuncia que la sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva por no haberse pronunciado ni sobre los hechos, ni sobre las pretensiones aducidas, particularmente, sobre la invalidez y/o ineficacia de las notificaciones presenciales y de la notificación edictal, sobre la prescripción de los ejercicios 2013 y 2014, sobre la nulidad o anulabilidad de todas las liquidaciones y de sus correspondientes providencias de apremio, y sobre la realidad física del inmueble y su valor catastral real. Si bien la recurrente no comparte la conclusión de la juzgadora, no la combate en sí misma, ciñéndose a plantear un problema de incongruencia omisiva, que, en contra de lo sostenido por el abogado del Estado, debe distinguirse de un mero problema de legalidad ordinaria. Por lo tanto, la cuestión suscitada en amparo debe resolverse atendiendo a nuestra doctrina sobre el deber de motivación de las sentencias y el correlativo derecho a una resolución judicial congruente.
En efecto, tal y como recordamos en la STC 87/2022, de 28 de junio, FJ 4 B), «la obligación de motivar las resoluciones judiciales no es solo una exigencia impuesta a los órganos judiciales por el art. 120.3 CE, sino también, y principalmente, un derecho de los intervinientes en el proceso que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el art. 24.1 CE, que únicamente se satisface si la resolución judicial, de modo explícito o implícito, contiene los elementos de juicio suficientes para que el destinatario y, eventualmente, los órganos encargados de revisar sus decisiones puedan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, constituyéndose en una garantía esencial para el justiciable mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad».
Sobre el derecho a una resolución judicial congruente (art. 24.1 CE), y cuándo se está ante su vulneración por haberse incurrido en incongruencia en sus distintas modalidades, existe un cuerpo de doctrina consolidado que recientemente sistematizamos en la STC 104/2022, de 12 de septiembre, FJ 3, en donde reflejamos que «hemos definido en una constante y consolidada jurisprudencia el vicio de incongruencia como aquel desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos esenciales del mismo» de modo que «[a]l conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre en las formas de incongruencia conocidas comoultra petita, citra petitaoextra petita partium».
Más concretamente, la incongruencia omisivao ex silentio,se produce «cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales (STC 40/2006, de 13 de febrero, por todas). A tales efectos, se plantea la necesidad “de distinguir entre las que son meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, pues si con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas ellas y, además, la eventual lesión del derecho fundamental deberá enfocarse desde el prisma del derecho a la motivación de toda resolución judicial, respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor siempre y cuando la pretensión omitida haya sido llevada al juicio en el momento procesal oportuno (STC 44/2008, de 10 de marzo, FJ 2)”» (STC 128/2017, de 13 de noviembre, FJ 8).
4. Examen de la queja de amparo.
La aplicación de la doctrina a la que se acaba de hacer referencia conduce a la estimación de la queja de la demanda de amparo, dado que la motivación contenida en la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo no cumple las exigencias que se derivan del art. 24.1 CE al haber desestimado las demandas interpuestas por la actora sin una mínima motivación que permita entender el razonamiento que ha llevado a la juzgadora a confirmar las resoluciones administrativa recurridas.
a) Como ya se ha explicado en los antecedentes, la demandante interpuso dos recursos contencioso-administrativos distintos que se corresponden con los núm. 302-18 y 457-18. El primer recurso se dirige contra las cuatro liquidaciones complementarias, y en este denunció que no se le había notificado la actualización de ningún valor catastral que pudiese haber fundamentado dichas liquidaciones, alegando además específicamente la prescripción de las correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014. Por su parte, en el segundo recurso contencioso-administrativo se impugnaron las providencias de apremio que se dictaron como consecuencia de las primeras, y en este se combatió la forma en que se había hecho la notificación del procedimiento de regularización catastral, negando la validez tanto de la notificación presencial por haberse realizado sin cumplir las exigencias previstas legalmente, como la validez de la notificación edictal. Adicionalmente se alegó también la prescripción de la deuda como causa para impugnar las providencias de apremio, y se cuestionó la conformidad del procedimiento de regularización catastral por falta de comprobación de la realidad física del inmueble. Es en este segundo recurso cuando se explica que solo tiene conocimiento formal del procedimiento de regularización catastral cuando se persona el 22 de octubre de 2018 en la Gerencia Territorial del Catastro de Girona y se le entrega «la notificación fantasma del Catastro de Lleida que ha provocado todo este desaguisado».
b) En lo que a la fundamentación de la sentencia se refiere, en esta se explica que en un procedimiento de una liquidación tributaria no es asumible discutir la naturaleza catastral, pero no explica ni razona dicha circunstancia, más allá de haber transcrito, en un fundamento de derecho distinto, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que abordan dicha cuestión, pero esta transcripción se hace en la sentencia sin una mínima alusión a su aplicación al caso concreto. Tampoco se hace referencia alguna a las razones que dedujo el demandante para sustentar la viabilidad de impugnar indirectamente el valor catastral, si bien la incongruencia omisiva la imputa el recurrente a las demás pretensiones, de acuerdo con la delimitación que hace la propia demanda de amparo, enumerando los puntos en los que la «sentencia peca de incongruencia omisiva por falta de pronunciamiento expreso».
Por un lado, respecto a la pretensión relativa a la prescripción de las liquidaciones complementarias, tras transcribir los arts. 66 a), 68.1 a), 48.2 y 167.3 LGT, se limita a explicar que constan «las notificaciones efectuadas en el domicilio fiscal, y tras un intento de dos notificaciones, se realizó la publicación edictal». Cabría deducir que la juzgadora se está refiriendo a la notificación del procedimiento de regularización catastral, aunque no lo especifica. Y si esto es así no se llega a entender esta afirmación sin un examen de la validez de dichas notificaciones, que es precisamente lo que cuestiona el recurrente en sus demandas. En el primer recurso contencioso-administrativo niega que haya habido notificación alguna, y en el segundo recurso contencioso-administrativo, una vez que tiene conocimiento posterior de dicha notificación, combate su regularidad, cuestión sobre la que no se pronuncia la sentencia. Y precisamente estas cuestiones tienen relevancia porque la actora basó su demanda en que no se dejó aviso de llegada de la notificación, que iban dirigidas a un destinatario distinto y que se practicaron infringiendo los requisitos que establece el art. 42 LPACAP, cuestiones sobre las que la juzgadora no se pronuncia.
Respecto a la regularidad de las providencias de apremio se limita la sentencia finalmente a indicar que «también fueron notificadas, y no consta que concurra ninguno de los motivos de oposición anteriormente expuestos», siendo así que lo que el recurrente alegaba de nuevo es su nulidad por referirse a liquidaciones sobre periodos impositivos prescritos, cuestión sobre la que tampoco se pronuncia.
Finalmente, sobre las circunstancias físicas de la finca, lo cierto es que esta pretensión no aparece recogida como tal en las demandas, más allá de hacer alguna mención a que la «casa de la discordia no ha sufrido ningún tipo de obra o reforma desde hace más de cincuenta años», siendo así que el objeto de los recursos interpuestos no concernía la procedencia o no de dictar el acuerdo de regularización catastral.
Se aprecia en consecuencia cometida la incongruencia omisiva que denuncia el recurrente en su demanda de amparo, con la salvedad de las alegaciones relativas a la realidad física del inmueble y su valor catastral real, con vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), lo que determina la estimación de la demanda con los efectos que a continuación se indican.
5. Efectos de la estimación del recurso.
Como efectos derivados de la estimación de la queja de la demanda y con ella la del recurso interpuesto, procede en primer lugar declarar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente. En segundo término, acordar la nulidad de la sentencia de 23 de septiembre de 2019 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Lleida en el procedimiento núm. 302-18, al que se acumuló el procedimiento núm. 457-2018. Esta declaración de nulidad ha de alcanzar también al auto de 10 de diciembre de 2019 (exart. 55.1 LOTC), al ser confirmatorio de la primera.
Por último, y a fin de reparar su derecho fundamental, se ordena la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al del dictado de la sentencia de 23 de septiembre de 2019, para que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Lleida resuelva las demandas interpuestas en sendos recursos contencioso-administrativos con respeto al derecho fundamental reconocido, en los términos que se explicitan en el anterior fundamento jurídico.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por doña María Vázquez Castro Santana y, en consecuencia:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de 23 de septiembre de 2019 y del auto de 10 de diciembre de 2019 dictados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Lleida en el procedimiento abreviado 302-2018.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a ocho de mayo de dos mil veintitrés.–Inmaculada Fernández Cabrera.–María Moreno Moya Román.–Ramón Marín Hernándeznrique Prieto Hidalgo.–César Tolosa Tribiño.–Laura Silva Delgado.–Firmado y rubricado.