Categoría: Administración

je» GAITU: 2.000.000 de euros.
d) Universidad de Santiago de Compostela/ Universidade de Santiago de Compostela, con CIF: Q1518001A, para la ejecución de las actividades contempladas en el anexo I dentro del proyecto «NÓS: El gallego en la sociedad y la economía de la inteligencia artificial»: 2.000.000 de euros.
2. La financiación de las subvenciones reguladas en este real decreto se realizará por la entidad pública empresarial Red.es con cargo al importe adjudicado por la materialización de la transferencia recibida en virtud de la Resolución de transferencia de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, de fecha 4 de diciembre de 2021, por la que se materializa la ejecución de la partida presupuestaria 27.50.460A.74022 «A Red.es para actuaciones de impulso al Lenguaje Natural», por un importe máximo de 7.500.000 euros. Esta transferencia de fondos a Red.es tiene como objeto la ejecución del proyecto de impulso de las tecnologías del lenguaje en las lenguas cooficiales de conformidad con las directrices estipuladas en el apartado 4.1 de la citada resolución, el cual establece: «Con este Plan se quiere promover el papel de la Administración Pública como impulsora de la industria del lenguaje, con la creación de plataformas comunes de procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática y el desarrollo de recursos para la reutilización de información del sector público, incluyendo la creación de recursos de datos (infraestructuras lingüísticas) y recursos software (desarrollos software, plataformas y demostradores). En definitiva, se financiarán proyectos para crear una base de conocimiento (infraestructuras, metodologías y corpus de datos), así como proyectos que dinamicen la industria relacionados con la lengua española en el ámbito de la inteligencia artificial y del lenguaje natural».
1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento, siendo de aplicación lo previsto en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
2. Las solicitudes se dirigirán a la persona al titular de la entidad concedente y se deben presentar en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto. La solicitud y tramitación de las subvenciones se realizarán a través de la sede electrónica de la entidad pública empresarial Red.es.
3. Las entidades solicitantes deberán aportar en la solicitud la documentación relacionada con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8, y deberán asimismo concretar la cuantía de la subvención solicitada, que no podrá ser superior al importe máximo fijado para cada beneficiaria en el artículo 11.1.
4. Las personas que realicen la firma o la presentación de documentos en representación de las entidades solicitantes de las subvenciones deberán ostentar la representación necesaria, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
5. Adicionalmente, dicha solicitud deberá acompañarse de una memoria técnica detallada del proyecto, de un plan de proyecto y de una memoria de cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos, para productos y servicios que incluyan componentes de inteligencia artificial. La memoria técnica del proyecto y el plan de proyecto deberán ser específicamente aprobados como requisito previo al pago de la subvención. Además, contendrá información de los gastos en los que se prevé incurrir, así como de una declaración responsable en la que se haga constar que la entidad beneficiaria no incurre en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La mencionada solicitud deberá incluir igualmente los datos bancarios de la entidad beneficiaria a los que dirigir la correspondiente transferencia.
6. La persona firmante de la solicitud de subvención deberá acreditar que en el momento de la presentación de la solicitud tiene representación suficiente para el acto. El incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistida en su solicitud, previa resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. Cuando la persona firmante sea la persona el titular del órgano de representación de la entidad reconocido en sus estatutos, podrá acreditar la representación aportando una copia de dichos estatutos y una declaración responsable firmada por el secretario de la entidad en la que se identifique a la persona al titular del órgano de representación. Cuando el nombramiento sea público podrá aportarse una copia de la publicación del nombramiento en el diario oficial, en lugar de declaración responsable.
8. El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento a las personas firmantes de las distintas documentaciones que se presenten, la acreditación de la representación que ostentan. La falta de representación suficiente, de no subsanarse, determinará que el documento en cuestión se tenga por no presentado, con los efectos que de ello se deriven para la continuación del procedimiento.
9. La presentación de la solicitud de subvención puede incluir el consentimiento expreso de la solicitante autorizando al órgano instructor a que obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a través de certificados electrónicos, en cuyo caso la entidad solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
10. No obstante, si la entidad solicitante no otorga dicho consentimiento expreso, deberá aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado Reglamento.
11. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se la tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
12. Es necesario incluir como documentación a aportar junto con la solicitud de subvención la declaración de la aceptación de la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas y la entidad de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se usará el modelo recogido en el anexo IV.b de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.
1. La persona titular de la Dirección General de la entidad pública empresarial Red.es realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La persona titular de la Dirección General de la entidad pública empresarial Red.es formulará la propuesta de resolución definitiva y la notificará a las entidades interesadas mediante comparecencia en sede electrónica en un plazo de sesenta días hábiles a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud en el registro electrónico de la entidad pública empresarial Red.es, concediéndoles un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta de resolución para que comuniquen su aceptación.
3. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de la beneficiaria propuesta, frente a la administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
1. Transcurrido el plazo para aceptar la propuesta de resolución, la Presidencia de la entidad pública empresarial Red.es dictará resolución motivada de concesión de subvención en relación con cada una de las propuestas que hayan sido aceptadas, en un plazo máximo de quince días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución.
2. La resolución será notificada al interesado mediante comparecencia en sede electrónica en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que se dictó, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. El vencimiento del mencionado plazo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, legitima a las entidades interesadas para entender desestimada la solicitud de subvención.
4. La resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin perjuicio de lo anterior, contra dicha resolución, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la misma, cabe interponer recurso contencioso-administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si la resolución fuera expresa. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 y 86 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y siempre que no se dañen derechos de terceros, se podrá autorizar una modificación de la resolución de concesión que debe ser conforme con el principio DNSH, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos fundamentales del proyecto, ni a las actividades subvencionables a que se hace referencia en el anexo I al texto del real decreto, ni a otros aspectos que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda.
b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c) Que el cambio no suponga un incremento de la subvención concedida.
d) Que el cambio no suponga prórrogas del plazo de ejecución del proyecto, salvo la ampliación que, en su caso, conceda de oficio el órgano competente.
e) Que el cambio no implique modificaciones de las cuantías que figuren en la resolución de concesión en que se desglosa el presupuesto, que supongan un incremento de más de un diez por ciento de los gastos subvencionables totales.
1. Las subvenciones se otorgarán de manera anticipada y de una sola vez a cada una de las entidades beneficiarias.
2. Se ordenará el pago de la subvención a cada beneficiaria, una vez dictada la resolución de concesión, si bien, previamente al pago de la subvención, las entidades beneficiarias deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de dicho Reglamento, así como no ser deudor por procedimientos de reintegro. El pago se hará efectivo, a propuesta del órgano instructor, tras la notificación de la resolución de concesión en la cuenta corriente que la entidad beneficiaria comunique a estos efectos.
3. De acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la beneficiaria de la subvención regulada en este real decreto queda exonerada de la constitución de garantías.
1. Las entidades beneficiarias deberán justificar la realización de las actuaciones objeto de la subvención ante la entidad pública Red.es en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la conclusión del plazo de ejecución.
2. La justificación de la ayuda se realizará mediante cuenta justificativa y seguirá el modelo y contenido de cuenta justificativa, con aportación de informe de auditor, según se recoge en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. La entidad pública empresarial Red.es analizará la justificación de la subvención y la realización de la actividad para la cual se concedió la subvención en los términos previstos en la disposición adicional única.
4. Cuando la actividad haya sido financiada, además de con esta subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas según el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
5. En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo, así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA), todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del presente RD deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do Not Significant Harm»). Igualmente, las entidades beneficiarias deberán incluir en la justificación una declaración responsable del cumplimiento de «no causar daño significativo al medio ambiente»
6. La ayuda regulada mediante el presente real decreto quedará igualmente sometida a posibles controles financieros por parte de las Unidades de Control habilitadas en Red.es, así como, por la Intervención General de la Administración del Estado (en adelante, IGAE) y del Tribunal de Cuentas, así como los controles de la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, así como el derecho de estos organismos a los datos que sustentan las operaciones subvencionadas.
7. La rendición de cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de la beneficiaria o de la entidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.
1. Si como consecuencia de las acciones de justificación y comprobación de la aplicación de las subvenciones a las que se refiere el artículo anterior se desprende que los gastos incurridos son inferiores a la subvención recibida o que se han incumplido, total o parcialmente, las condiciones de otorgamiento de la subvención, se comunicará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de la verificación efectuada a efectos de evacuación del trámite de audiencia en el procedimiento de reintegro.
2. La persona titular de la presidencia de la entidad pública empresarial Red.es, conforme a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a la vista de las alegaciones del interesado, decidirá sobre el reintegro o no de la subvención y si éste, en su caso, debe ser total o parcial. En caso de reintegro, se exigirá el interés de demora desde el momento de pago de la subvención en los supuestos del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. En todo caso, el reintegro y el procedimiento para su exigencia se llevará a cabo conforme a las disposiciones del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, quedando excluidos los procedimientos de reintegro que se deriven de las actuaciones de control financiero sobre las subvenciones de este real decreto, cuya realización compete a la Intervención General de la Administración del Estado y que se desarrollarán conforme al título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Sin perjuicio de ello, se deberá tener en cuenta la referencia al artículo 7, regla séptima, de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
4. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deberá ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
5. En caso de incumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo», del etiquetado climático o de las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del Componente 16 la entidad beneficiaria deberá reintegrar las cuantías percibidas.
1. Todas las subvenciones concedidas al amparo de este real decreto se harán constar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de conformidad con el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante estas subvenciones, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá incorporarse de forma visible la imagen institucional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para dar adecuada publicidad a la financiación de los proyectos subvencionados. Asimismo, será también de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada a los fondos del Plan de Recuperación, conforme al artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
3. En concreto, las actuaciones de comunicación incorporarán el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España. Las entidades perceptoras de los fondos harán mención del origen de esta financiación y velarán de darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea «Next Generation EU», junto al logo del Plan de Recuperación, en particular, cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
4. Las entidades beneficiarias deben dar publicidad de los resultados de las actividades subvencionadas en las publicaciones, equipos, material inventariable, actividades de difusión, páginas web y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto, y se deberá mencionar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como entidad financiadora. Asimismo, será también de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada a los fondos del Plan de Recuperación, conforme al artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Finalmente, deberá cumplir con las obligaciones de publicidad que, en su caso, se determinen en la resolución de concesión.
5. Finalmente, deberá cumplir con las obligaciones de publicidad que, en su caso, se determinen en la resolución de concesión.
Con el objetivo de impulsar lo máximo posible las tecnologías del lenguaje, los entregables y resultados de las actividades realizadas en esta subvención, se publicarán y serán de acceso abierto y libre para los operadores públicos y privados, frente a los cuales no se podrá hacer valer ningún derecho de exclusiva.
Los servicios técnicos de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a través de la Subdirección General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras, prestarán la colaboración oportuna para que la entidad pública empresarial Red.es pueda efectuar las actuaciones de seguimiento técnico de la ayuda. En este sentido, la mencionada subdirección general tiene la competencia para la ejecución de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial; la definición y gestión coordinada de los programas y actuaciones, impulso y fomento de la I+D+i en el ámbito de la Inteligencia Artificial, incluyendo la política de datos abiertos aplicados a la inteligencia artificial y resto de las tecnologías habilitadoras digitales en los sectores productivos de la economía y de la sociedad; y, el impulso, coordinación y ejecución de los planes y líneas de actuación de las administraciones públicas en inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales en colaboración con el conjunto de agentes del sector con los correspondientes programas e iniciativas de la Unión Europea y con otros programas internacionales, tal y como establece el artículo 8, letras b), e) y f), del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, de conformidad con lo establecido por el artículo 149.1.13.ª y 15.ª de la Constitución Española.
1. La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto.
2. Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la persona titular de la Dirección General de la entidad pública empresarial Red.es, en uso de sus respectivas competencias, para llevar a cabo las actuaciones precisas para la aplicación de este real decreto.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 15 de noviembre de 2022.
El Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) dará soporte transversal al desarrollo de las capacidades lingüísticas del resto de lenguas cooficiales, a través de actuaciones comunes. En concreto, estas actuaciones deberán estar dirigidas a impulsar las tecnologías del lenguaje de las diferentes lenguas ibéricas, para que las iniciativas estén lo más alineadas posible y se maximicen las sinergias entre ellas, de forma que las posibles tareas redundantes se realicen una única vez. Las actividades comunes mínimas serán:
– Colaborar en la creación de corpus en las diferentes lenguas (definición de guías de anotación, apoyo y seguimiento de actuaciones para la alineación de los diferentes corpus de cada lengua, etc.).
– Apoyo en el entrenamiento de modelos del lenguaje y en el entrenamiento de modelos multilenguaje con una visión ibérica.
– Colaborar en las campañas de recogida de audio para la elaboración de corpus de voz en las diferentes lenguas de la península ibérica.
Facilitar la creación debenchmarkingde los diferentes modelos para buscar un mínimo de calidad en todos los modelos desarrollados en el marco de cada proyecto.
– Cualquier otra actividad que pueda ser común a todas las lenguas, que pueda implementarse una única vez, para ser reutilizada por todo el resto de iniciativas, con el objeto de facilitar las sinergias y minimizar los costes globales.
– Además, dará apoyo específicamente al proyecto VIVES encontrando sinergias con AINA y ayudando a reutilizar el máximo número de servicios y productos.
El Plan de Acción GAITU es una iniciativa tractora de la administración vasca que, a través de tecnología de la lengua de calidad en euskera, pretende desarrollar y ofrecer servicios lingüísticos básicos y transversales para utilizarlos en todas las administraciones públicas y, en definitiva, para ofrecer mejores servicios públicos a la ciudadanía. El plan de acción recoge los proyectos concretos que utilizan tecnología lingüística y que se están desarrollando en diferentes áreas estratégicas del Gobierno Vasco.
Los ejes del Plan de Acción GAITU contemplan:
– Gestión y principios.
– Recursos lingüísticos: Recogida, tratamiento y etiquetado de materiales textuales y orales.
– Herramientas para el procesamiento del lenguaje.
– Adquisición y reutilización de recursos lingüísticos y herramientas.
– Traducción automática.
– Tratamiento del habla: Interfaces de voz.
Actividad a financiar dentro de este real decreto por un importe de 2.000.000 de euros.
Actualmente, GAITU no incluye proyectos para el desarrollo y evaluación de grandes modelos de lenguaje neuronal para el análisis y generación de voz y texto. Con este punto de partida, la subvención se orientará hacia:
– Aumentar la cantidad y calidad de los corpus actuales, garantizando la heterogeneidad y representatividad de los mismos.
– Generación de datos anotados de calidad que permitan entrenar y evaluar los modelos. Especialmente en los corpus de texto, voz, monolingües, multilingües y multimodales.
– Identificación de casos de uso de alto impacto con la participación de la industria fomentando la transferencia tecnológica.
– Entrenar modelos de lenguaje en diferentes arquitecturas y tamaños, de voz, texto y multimodales, para el análisis y la generación, monolingües y multilingües, así como modelos de traducción automática basados en los anteriores. Evaluación de los modelos en distintas tareas. Generación de modelos de lenguaje.
AINA tiene como objetivo prioritario garantizar que los datos generados en el proyecto formen parte de las principales iniciativas multilingües nacionales e internacionales. El proyecto busca desarrollar una infraestructura lingüística que permita:
– El desarrollo de servicios lingüísticos básicos y transversales que sirvan comobaselinesy/o módulos básicos sobre los que desarrollar aplicaciones complejas.
– La compilación y preparación de datos masivos en todas las modalidades (texto, voz e imagen) y de calidad para entrenar modelos genéricos de lengua y modelos para tareas específicas, incluyendo datos anotados y datos sintéticos.
– El entrenamiento de modelos computacionales de la lengua, generales y adaptados a dominio y/o tarea, listos para servir de base para crear nuevas aplicaciones. Incluye también los modelos de reconocimiento y síntesis del habla para el catalán, que puedan ser incorporados a los asistentes de voz más comunes del mercado.
– El entrenamiento de motores de traducción automática entre el catalán y las principales lenguas mundiales: lenguas del entorno (incluyendo las cooficiales españolas), lenguas de la Unión Europea, lenguas de negocio (chino, ruso, etc.) y lenguas de la inmigración (árabe, urdu, etc.).
– El desarrollo de casos de uso de alto impacto con la incorporación de las empresas que ejerzan de proyecto tractor.
Actividades a financiar con este real decreto por un importe de 2.000.000 de euros:
– Aumento de la cantidad y calidad de los corpus actuales, garantizando la heterogeneidad y representatividad de los mismos, especialmente en los corpus de voz.
– Generación de recursos y modelos multilingües, explorando y aprovechando las capacidades de transfer learning entre lenguas tanto en modelos textuales como en modelos de voz.
– Generará datos anotados de calidad que permitan entrenar y evaluar los modelos, prestando especial atención en los contextos multilingües y tareas de alto impacto y alta complejidad.
– Identificación y ejecución de casos de uso de alto impacto con la participación de la industria fomentando la transferencia tecnológica.
El proyecto NÓS pretende recopilar una amplia variedad de recursos en gallego de alta calidad que se publicarán en formato digital bajo licencias libres y se desarrollarán herramientas de código abierto que podrán ser utilizadas, de forma gratuita, por instituciones y empresas.
El proyecto está diseñado en 3 fases: La nuclear, la fase de demostradores y los casos de uso, esta última concebida como un espacio abierto a la innovación en torno a la lengua gallega. Hasta el momento el proyecto ha logrado:
– Compilar corpus paralelos gallego-español y gallego-inglés para el entrenamiento de modelos neuronales integrables en motores de traducción.
– Generar un corpus textual del gallego extraído de la web.
– Entrenar modelos semánticos monolingües en gallego, de carácter general, con la arquitectura neuronal de Transformers (BERT).
– Compilar corpus texto-voz alineados para el desarrollo de un prototipo de pruebas de reconocimiento de voz del gallego.
– Crear un corpus de voz de alta calidad para el desarrollo de un sintetizador de voz.
Actividad a financiar dentro de este real decreto por un importe de 2.000.000 euros:
– Aumentar la cantidad y calidad de los corpus actuales, garantizando la heterogeneidad y representatividad de los mismos.
– Generación de datos anotados de calidad que permitan entrenar y evaluar los modelos. Especialmente en los corpus de texto, voz, monolingües, multilingües y multimodales.
– Identificación de casos de uso de alto impacto con la participación de la industria fomentando la transferencia tecnológica.
VIVES pretende crear corpus masivos (en formato texto y voz) del valenciano. Para ello se prevé:
– Impulsar campañas de adquisición de datos de voz y textos a partir de la participación ciudadana y de los recursos existentes en la administración pública, Les Corts Valencianes, y la radio y televisión valenciana (A Punt). Estudio de las implicaciones de privacidad para las personas y garantía de preservación de la privacidad de estas en la captura y análisis de los datos.
– Generar modelos del lenguaje para cada una de las variedades del valenciano, y establecer correlación y comparación entre ellos. Además, generar modelos del lenguaje especializados en un ámbito concreto (turismo y audiovisual) o en una tarea concreta (por ejemplo, resúmenes y simplificación de textos).
– Definir estrategias de calidad de los datos.
– Estudiar la interacción entre los sistemas que utilizan los modelos del lenguaje y sus usuarios, con un foco especial en las consideraciones éticas de dicha interacción.
– Fomentar la inclusión digital en la administración pública, proporcionando herramientas digitales para personas con discapacidad y diversidad cognitiva, para conseguir Lenguas accesibles.
Actividades a financiar con este real decreto por un importe de 500.000 euros:
– Creación de corpus masivos en formato texto y voz del valenciano.
– Campaña de adquisición de recursos de voz, y transcripción a partir de los datos de les Corts Valencianes y la radio y televisión pública (A Punt).
– Generación de modelos de lenguaje localizados especialmente de voz y generación de textos a partir de los modelos del lenguaje generales creados en el proyecto AINA y de los corpus específicos del valenciano.
– Generación de modelos de lenguaje específicos para las diferentes variantes del valenciano especialmente de voz.
– Validación de corpus libres de sesgos y justos.
– Estudio de la interacción entre los modelos de lenguaje y las personas.
La persona firmante de la presente declaración, ……………………………, en calidad de ……………………………, y en relación con procedimiento arriba referido en el que interviene como …………………………… competente 16, Reforma 1, declaro:
Primero. Estar informado/s de lo siguiente:
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal».
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente, siendo estas:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión.
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que se falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.
En Madrid, a la fecha que consta en la firma electrónica.
Don/doña ………………, con DNI ………………, como titular del órgano/Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ………………, con NIF ………………, y domicilio fiscal en ……………… en la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 16, Reforma 1, manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do not significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
En Madrid, a la fecha que consta en la firma electrónica.
Don/doña ……………………….., DNI ……………………….., como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ……………………….., con NIF ……………………….., y domicilio fiscal en ………………………..beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 16, Reforma 1, declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
i. El nombre del perceptor final de los fondos;
ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;
iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de las personas titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, (26);
iv. Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
En Madrid, a la fecha que consta en la firma electrónica.