Categoría: Judicial

ha, medidas de protección para la no discriminación y sensibilización en el entorno universitario. Con esta finalidad, deben elaborar protocolos de no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI o revisar los existentes para incorporar estas realidades dentro de los protocolos vigentes.
3. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá, promoverán acciones informativas, divulgativas y formativas entre el personal docente, el alumnado y el personal de administración y servicios sobre discriminación o acoso, y evitará la implantación de contenidos discriminatorios hacia las personas LGTBI.
4. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá dispondrán, en función de su autoorganización, de una unidad o adaptarán las existentes a las disposiciones de esta ley, dotándola de personal, espacios y recursos económicos suficientes para garantizar el respeto de la diversidad sexual en todos los campus y espacios universitarios de nuestra región. Dicha unidad ofrecerá atención y apoyo en su ámbito de acción al alumnado, personal docente o personal de administración o servicios que fueran objeto de discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o desarrollo sexual en el seno de la comunidad universitaria.
5. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá junto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el ámbito de sus competencias, impulsarán y adoptarán medidas de apoyo a la realización de estudios y proyectos de investigación sobre la realidad LGTBI.
6. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá promoverán la introducción en sus titulaciones contenidos específicos y adecuados que garanticen la formación necesaria para abordar la diversidad sexual. Esta formación será aplicada según las necesidades de cada titulación y respetando, en todo caso, la autonomía universitaria.
7. Las universidades de Castilla-La Mancha deberán garantizar los derechos de las personas conforme a su identidad sexual estableciendo las mismas medidas que cualquier centro educativo, tal como se detalla en el artículo 38 de la ley.
8. Las universidades de Castilla-La Mancha podrán promover investigaciones que aborden la genealogía del colectivo LGTBI en la región con la finalidad de reconstruir su historia y generar referentes.
9. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá incluirán en sus Planes de Igualdad, medidas específicas para favorecer la efectividad de los derechos de las personas LGTBI en la comunidad universitaria.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reconoce la diversidad sexual como parte de la construcción de una cultura inclusiva, diversa y promotora de derechos. A tal efecto se adoptarán medidas que garanticen la visibilidad e impulsen, tanto a nivel autonómico como local, manifestaciones culturales y artísticas que potencien los aspectos recogidos en la presente ley, y en las que se propongan estrategias o espacios dirigidos a sensibilizar a la sociedad, facilitar la convivencia y ayudar en la prevención y erradicación de la discriminación por motivos de LGTBIfobia.
2. Se adoptarán medidas de apoyo y fomento de iniciativas y expresiones artísticas, culturales y deportivas relativas a la realidad LGTBI, especialmente en el medio rural de nuestra región, considerando sus formas propias de representación, en aras de visibilizar y fomentar referentes fuera de los marcos heterosexuales que gozan de un mayor grado de hegemonía social y cultural. Dichas medidas serán recogidas en el Plan Estratégico de Políticas Públicas LGTBI para la coordinación y atención de la diversidad sexual en Castilla-La Mancha.
3. Las Administraciones Públicas castellanomanchegas velarán por la incorporación de actividades para la no discriminación de las personas LGTBI en los siguientes ámbitos de la cultura, tiempo libre y deporte:
a) Certámenes culturales, actividades de ocio y tiempo libre y acontecimientos deportivos tanto de entidades públicas como privadas.
b) Proyectos relacionados con la recuperación de la memoria democrática LGTBI.
c) Espectáculos y producciones culturales infantiles y juveniles que fomenten el respeto, la tolerancia, la igualdad en la diversidad y la visibilidad de las personas LGTBI.
d) Recursos didácticos y fondos documentales en la educación no formal.
4. La Consejería competente en materia de cultura, así como las administraciones titulares de las bibliotecas públicas de carácter municipal y bibliobuses, procurarán la creación y actualización en las bibliotecas de uso público general integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, de colecciones documentales de temática feminista e historia de las mujeres y colecciones documentales relacionadas con el movimiento LGTBI. Asimismo, se incentivará la organización de actividades de difusión pública relacionadas con estas materias.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha promoverá y velará para que la participación en la práctica deportiva y de actividad física, y en actividades de ocio y tiempo libre, se realice en términos de igualdad, sin discriminación por motivos de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI.
2. En los eventos y competiciones deportivas que se realicen en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se facilitará que las personas participen conforme a su identidad sexual, sin perjuicio del oportuno cumplimiento de las normativas estatales e internacionales que las rijan.
3. Se adoptarán las medidas precisas para garantizar que las actividades recreativas, deportivas, de ocio y tiempo libre se disfruten en condiciones de igualdad y no discriminación hacia las personas LGTBI, evitando cualquier acto de prejuicio, intolerancia, hostigamiento y violencia física o psicológica y se fomentará la creación de protocolos específicos contra la LGTBIfobia en el deporte.
4. Se adoptarán medidas que garanticen la formación adecuada de las personas profesionales de la didáctica deportiva y del ocio y tiempo libre, para la incorporación de la realidad LGTBI, así como el respeto y la protección del colectivo frente a cualquier discriminación. Para ello se establecerá el contacto necesario con las entidades públicas, concertadas o privadas, representativas en el ámbito de la gestión del deporte, ocio y tiempo libre y juventud para promover la elaboración de protocolos de buenas prácticas para clubes, agrupaciones o federaciones deportivas.
5. Se promoverá un deporte inclusivo y no segregado, erradicando toda forma de manifestación homofóbica, lesbofóbica, bifóbica, transfóbica o interfóbica en los eventos deportivos realizados en Castilla-La Mancha.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el ámbito de sus competencias, desarrollará políticas activas de apoyo y visibilidad de las asociaciones y organizaciones culturales y deportivas LGTBI legalmente constituidas e inscritas en el registro de asociaciones.
1. La consejería competente en materia de empleo tendrá en cuenta, en sus políticas públicas, el derecho de las personas a no ser discriminadas por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI.
2. Se impulsará, a través de los agentes sociales, la inclusión de cláusulas de prevención, eliminación y corrección de toda forma de discriminación por causa de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI en los convenios colectivos, así como procedimientos para dar cauce a las denuncias por acoso.
La consejería competente en materia de empleo adoptará medidas adecuadas y eficaces que tengan por objeto:
a) La promoción y defensa de la igualdad en el acceso al empleo o una vez las personas se encuentren empleadas.
b) Promover, en el ámbito de la formación para el empleo, el respeto del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI.
c) La prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI, en materia de acceso al empleo, contratación y condiciones de trabajo.
d) Informar y divulgar sobre derechos y normativa de igualdad y no discriminación en el ámbito laboral.
e) Asegurar que, dentro de los mecanismos de empleabilidad y planes de inserción de personas en riesgo de exclusión social ya existentes, se favorezcan medidas de acción positiva para la contratación y el empleo estable de personas transexuales o trans. Se considerará la situación de aquellas personas que, por su condición de jóvenes, de mujeres, de personas desempleadas de larga duración, o de personas con discapacidad, se encuentren en situaciones de discriminación múltiple.
f) Incorporar en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo criterios de igualdad y no discriminación.
g) Incorporar en las convocatorias de ayudas para la conciliación y la corresponsabilidad de la vida laboral y familiar, cláusulas que contemplen la heterogeneidad del hecho familiar.
h) Se podrán adoptar medidas de acción positiva para favorecer la empleabilidad de personas LGTBI o familiares de primer grado que hayan sufrido discriminación laboral por motivos de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha impulsará la adopción, por parte de las empresas, de códigos éticos y de conducta que contemplen medidas de protección frente a la discriminación por razones de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI.
2. Asimismo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha divulgará las buenas prácticas realizadas por las empresas en materia de inclusión y de promoción y garantía de igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha promoverá un turismo diverso e inclusivo donde se visibilice a las personas LGTBI como agentes o sujetos de la actividad turística dentro de sus planes o proyectos, con especial énfasis en el medio rural.
2. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha apoyará eventos inclusivos que promuevan el valor positivo de la diversidad sexual y sean objeto de interés turístico.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro de su ámbito competencial, velará para que las personas LGTBI refugiadas que hayan solicitado asilo en el Estado por razón de su orientación sexual, identidad sexual, desarrollo sexual o expresión de género y que residan en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, vean cumplidos sus derechos, teniendo en cuenta su especial situación de vulnerabilidad y desprotección, con medidas inclusivas en las políticas públicas encaminadas a garantizar sus derechos en condiciones de igualdad en la sociedad castellanomanchega.
2. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha colaborará con las entidades que trabajan con personas migrantes o en situación de refugio en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y con entidades LGTBI para la inclusión de estas personas en las políticas públicas, contribuyendo a la mejora de sus condiciones de vida.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el marco de lo dispuesto en la normativa estatal sobre cooperación al desarrollo, impulsará de manera activa aquellos proyectos que promuevan y defiendan el derecho a la vida, la igualdad, la libertad y la no discriminación de las personas LGTBI en aquellos países en que estos derechos sean negados o dificultados, legal o socialmente, por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o desarrollo sexual, así como la protección de personas frente a persecuciones y represalias.
1. Los medios de comunicación de titularidad pública, los que subvencionen o en los que participen las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha promoverán la transmisión del valor positivo de la diversidad sexual y de la igualdad y no discriminación hacia las personas LGTBI.
2. La consejería competente en materia LGTBI, en colaboración con el Consejo de Administración del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha velará por el desarrollo de contenidos que eviten estereotipos y fomenten la diversidad, especialmente en aquellos dirigidos a adolescentes y jóvenes.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha velará por que los medios de titularidad privada transmitan una imagen igualitaria y no discriminatoria de las personas LGTBI.
2. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha promoverá formación en materia de diversidad sexual a profesionales de los medios de comunicación social e impulsará pactos de autorregulación en los medios de comunicación de titularidad privada para que incorporen el respeto a la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o desarrollo sexual, tanto en contenidos informativos y de publicidad como en el lenguaje empleado. Para ello, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha elaborará recomendaciones y asesorará en el desarrollo de códigos deontológicos, de buenas prácticas y manuales de estilo para un tratamiento informativo plural e igualitario de las personas LGTBI.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el ámbito de sus competencias, velará para que dentro de la oferta formativa anual de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha dirigida a profesionales y personas voluntarias que actúan en el ámbito de los cuerpos de Policía Local, Protección Civil y servicios de urgencias y emergencias, se incluya formación sobre delitos e incidentes de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación, que incluya la atención, protección y orientación a las víctimas de delitos e incidentes de odio por LGTBIfobia.
La consejería competente en materia LGTBI tendrá en cuenta las situaciones de discriminación múltiple e interseccional que sufren las personas LGTBI en el medio rural, como las personas menores de edad, jóvenes, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y, de manera transversal, las mujeres LTB. Se consideran así, entre otras, las siguientes líneas generales de actuación:
a) Promoción de valores basados en la igualdad de todas las personas y en el respeto a la diversidad sexual, con el objetivo de dar visibilidad y generar referentes LGTBI con especial énfasis hacia la adolescencia y la juventud para evitar el fenómeno del sexilio.
b) Velar por el cumplimiento de los protocolos dispuestos en la presente ley, adaptándolos al medio rural.
c) Adecuación de las medidas de prevención de la violencia y acciones discriminatorias por homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, interfobia o pertenencia a familias LGTBI a las circunstancias específicas del medio rural.
d) Potenciar la creación de una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad para generar sinergias con las administraciones locales en la realización de campañas a favor de la igualdad y no discriminación y generar recursos materiales y personales.
e) Promoción de la igualdad efectiva en el acceso a los recursos y servicios orientados a personas LGTBI en las mismas condiciones que en los entornos urbanos para evitar desigualdades y, especialmente, el sexilio.
f) Las herramientas y medidas necesarias para hacer posible la aplicación del principio de igualdad y no discriminación serán adaptadas en los términos que establece esta ley y bajo los preceptos que marquen la Estrategia Regional frente a la Despoblación (ERD) y la Estrategia Regional de Desarrollo Rural (ERDR).
La protección frente a cualquier violación del derecho a la igualdad de las personas LGTBI comprenderá, en su caso, dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la adopción de cuantas medidas sea necesarias para el cese inmediato en la conducta discriminatoria, adopción de medidas provisionales, prevención de violaciones y restablecimiento de la persona perjudicada en el pleno ejercicio de sus derechos.
A los efectos de esta ley las asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI y aquellas que tengan por objeto la defensa y promoción de los derechos humanos serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En los procedimientos administrativos autonómicos, cuando la persona interesada aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI, corresponde a aquella a quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el ámbito de sus competencias, prestará una atención integral, real y efectiva a las personas LGTBI víctimas de violencia o discriminación por homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, interfobia o pertenencia a familias LGTBI.
2. Esta atención comprenderá el asesoramiento jurídico, la asistencia sanitaria, incluyendo la atención especializada y medidas sociales tendentes a facilitar, si así́ fuese preciso, su reparación integral.
3. Todas las formas, comportamientos, actitudes y expresiones LGTBIfóbicas serán recogidas en una guía que tendrá como objetivo el acompañamiento y la ayuda técnica a todas las víctimas de delitos de odio, promoviendo la igualdad y no discriminación de todas las personas.
La consejería competente en materia LGTBI adoptará las medidas necesarias de prevención e intervención en situaciones de acoso y ciberacoso que pueda sufrir una persona por razón de su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI, con especial atención a las personas menores de edad, en colaboración con las consejerías competentes en bienestar social, educación y sanidad.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su Gabinete Jurídico, previa evaluación de los hechos por parte de la consejería competente en materia LGTBI, a requerimiento expreso de esta y, previo informe de viabilidad jurídica, ejercerá la acción popular en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal del Estado, en los procedimientos penales por delitos en relación con la orientación o identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI, en los casos de homicidio o asesinato, o cuando las especiales circunstancias lo aconsejen.
2. La acción popular se ejercerá con el consentimiento de la propia víctima y de la familia, cuando aquella sea menor de edad.
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de transgresión de los derechos de las personas LGTBI las personas físicas o jurídicas, por la realización de las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de los procedimientos sancionadores que en el ámbito laboral se inicien por acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Las infracciones administrativas se califican como leves, graves y muy graves, en atención a la naturaleza de la obligación incumplida y a la entidad del derecho afectado. En el ámbito de la competencia de la Comunidad autónoma, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, a los efectos de esta ley se consideran infracciones administrativas las siguientes:
2. Son infracciones administrativas leves:
a) Utilizar expresiones vejatorias por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o que inciten a la violencia contra las personas LGTBI o sus familias, en cualquier medio de comunicación o de transmisión de mensajes públicos, en discursos o intervenciones públicas.
b) Obstruir leve e ilegítimamente la acción investigadora; usando conductas agresivas de carácter físico o psicológico, la mentira, la ambigüedad, el ocultamiento, la omisión, la evasión, la distracción, o faltando a la verdad de los hechos; con intención de dificultar el cumplimiento de los mandatos establecidos en la presente ley y con suficiencia para alcanzar los primeros efectos leves impeditivos de la investigación afectada.
3. Son infracciones administrativas graves:
a) Utilizar, en dos o más ocasiones, expresiones vejatorias por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o que inciten a la violencia contra las personas LGTBI o sus familias, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas, en el mismo acto.
b) Obstruir ilegítimamente la acción investigadora; empleando conductas agresivas de carácter físico o psicológico, la mentira, la ambigüedad, el ocultamiento, la omisión, la evasión, la distracción o faltando a la verdad de los hechos; con intención de dificultar el cumplimiento de los mandatos establecidos en la presente ley, afectando suficientemente la evolución y el fin último de la investigación.
c) Impulsar, realizar o permitir actos, eventos o espectáculos públicos que impliquen aislamiento, rechazo menosprecio público y notorio de personas por causa de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familia LGTBI.
d) Dañar o destruir objetos o propiedades de personas por causa de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familia LGTBI o relación personal con una persona LGTBI, siempre y cuando estas acciones no constituyan delito o falta de carácter penal.
4. Son infracciones administrativas muy graves:
a) Adoptar comportamientos agresivos o constitutivos de acoso, realizados en función de la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual de una persona o su familia, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la misma.
b) Cualquier represalia o trato adverso que reciba una persona como consecuencia de haber presentado la misma una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo, en relación a su discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familia LGTBI.
c) La realización, difusión o promoción de métodos, programas, terapias o pseudoterapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación sexual, identidad sexual, desarrollo sexual o expresión de género, con independencia del consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias.
d) La negativa a atender o asistir de manera efectiva a quienes hayan sufrido cualquier tipo de violencia o abuso por razón de su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar.
Las infracciones administrativas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
1. Las infracciones administrativas leves se podrán sancionar con apercibimiento, multa de hasta 3.000 euros o medidas de carácter educativo o de servicio a la comunidad.
2. Las infracciones administrativas graves serán sancionadas con multa de 3.001 hasta 30.000 euros. Además, podrán imponerse como sanciones accesorias alguna o algunas de las siguientes:
a) Prohibición de ser entidad o persona beneficiaria de subvenciones o entidad o persona perceptora de cualquier tipo de ayuda de la Junta de Comunidades durante el período de un año inmediatamente siguiente a que adquiera firmeza la resolución administrativa sancionadora. En caso de reincidencia, la prohibición podrá ser por un máximo de tres años. Las ayudas sociales quedan excluidas de este apartado.
b) Inhabilitación temporal, durante el periodo de un año inmediatamente siguiente a que adquiera firmeza la resolución administrativa o sentencia sancionadora, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.
c) Cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación durante el periodo de un año inmediatamente siguiente a que adquiera firmeza la resolución administrativa o sentencia sancionadora.
3. Las infracciones administrativas muy graves serán sancionadas con multa de 30.001 hasta 60.000 euros, y además podrá imponerse alguna o algunas de las sanciones accesorias siguientes:
a) Prohibición de ser entidad o persona beneficiaria de subvenciones o entidad o persona perceptora de cualquier tipo de ayuda de la Junta de Comunidades durante el período de dos años inmediatamente siguiente a que adquiera firmeza la resolución administrativa sancionadora. En caso de reincidencia, la prohibición podrá ser por un máximo de cinco años. Las ayudas sociales quedan excluidas de este apartado.
b) Inhabilitación temporal, durante el periodo de dos años inmediatamente siguiente a que adquiera firmeza la resolución administrativa o sentencia sancionadora, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.
c) Cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación durante el periodo de dos años inmediatamente siguiente a que adquiera firmeza la resolución administrativa o sentencia sancionadora.
1. Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta:
a) La naturaleza y gravedad de los perjuicios causados.
b) La existencia de intencionalidad o el grado de culpabilidad.
c) La discriminación múltiple o interseccional y la victimización secundaria.
d) La trascendencia social de los hechos o su relevancia.
e) El beneficio que haya obtenido la entidad o persona infractora.
f) El carácter permanente o transitorio de la situación de riesgo creada por la infracción.
g) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos que previamente haya realizado la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
h) La reparación voluntaria de los daños causados o la subsanación de los hechos que dieron lugar a la comisión del tipo infractor, siempre que ello tenga lugar antes de que recaiga resolución definitiva en el procedimiento sancionador.
i) La reincidencia, en los términos establecidos en el artículo 29.3.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. Para la imposición de las sanciones pecuniarias y para la determinación de su cuantía deberá tenerse en cuenta que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para la entidad o persona infractora o entidades o personas infractoras que el cumplimiento de las normas infringidas.
Las sanciones impuestas por infracciones administrativas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
1. A los efectos de esta ley, la competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. La imposición de las sanciones previstas en este título exigirá la previa incoación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador, cuya instrucción corresponderá al personal funcionario al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Si durante la tramitación del expediente sancionador se comprobase que la competencia corresponde a otra Administración Pública, se dará traslado del expediente a la Administración Pública competente para su tramitación.
3. Será órgano competente para imponer las sanciones previstas en este título:
a) La Consejería u órgano directivo competente en materia LGTBI de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la imposición de sanciones por las infracciones leves y graves previstas en esta ley. Igualmente, en relación con las infracciones que se cometan en cada uno de los ámbitos sectoriales previstos en esta ley, la instrucción de los expedientes, propuesta e imposición de sanciones corresponderá a la consejería competente por razón de la materia.
b) El Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la imposición de sanciones por las infracciones muy graves previstas en esta ley.
c) En el supuesto de acumulación de infracciones leves y/o graves con muy graves en un mismo procedimiento, será competente para la imposición de todas las sanciones el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con lo que disponen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, y la Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas administrativas, que regulan aspectos sobre procedimientos sancionadores en Castilla-La Mancha.
A partir de la entrada en vigor de esta ley, la consejería competente en materia LGTBI deberá evaluar el grado de cumplimiento y el impacto social de la misma a través de un informe que deberá ser elaborado cada tres años y será remitido a las Cortes de Castilla-La Mancha y al Consejo LGTBI de Castilla-La Mancha.
Se creará en el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta ley, la Comisión de Diversidad para garantizar la coordinación de las diferentes consejerías competentes en la aplicación de las políticas públicas contempladas en la misma, entre otras funciones.
Se creará el Consejo LGTBI de Castilla-La Mancha en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la presente ley.
Se creará el Servicio de atención integral LGTBI en el plazo de dos años, desde la entrada en vigor de la presente ley.
El Plan Estratégico de Políticas Públicas LGTBI para la coordinación y atención de la diversidad sexual en Castilla-La Mancha se aprobará en el plazo máximo de un año, desde la entrada en vigor de la presente ley.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en la presente ley.
Se modifica la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, en los siguientes términos:
Uno. El artículo 134.b), queda redactado en los siguientes términos:
«Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o desarrollo sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.»
Dos. Se adicionan los siguientes apartados al artículo 134. Faltas muy graves:
«t) La adopción de represalias o el tratamiento adverso dispensado a una o varias personas con motivo de la presentación de una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo vinculada con una situación discriminatoria o de acoso por las razones que se indican, respectivamente, en el apartado b).
u) La negativa a atender o asistir de manera efectiva a quienes hayan sufrido cualquier tipo de violencia o abuso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
v) Obstruir gravemente la actuación investigadora de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el cumplimiento de los mandatos establecidos en la Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha; bien con conductas agresivas de carácter físico o psicológico, o utilizando ambigüedades, ocultamientos, evasión o faltando a la verdad de los hechos, cuando sean requeridos para ello por razón de su empleo; con intención de impedir el cumplimiento de los mandatos referidos y afectando gravemente la evolución y el fin último de la investigación.
Las faltas tipificadas en los apartados b), t), u) y v) se entenderán cometidas también cuando la persona perjudicada por las conductas en ellas descritas sea una persona perteneciente a una familia LGTBI.»
Tres. Se adicionan los siguientes apartados al artículo 135. Faltas graves:
«z) Utilizar, de forma reiterada, en el ejercicio de sus funciones, expresiones vejatorias por razón de la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género o el desarrollo sexual, o que inciten a la violencia contra las personas LGTBI o sus familias.
z bis) Obstruir leve e ilegítimamente la acción investigadora en el cumplimiento de los mandatos establecidos en la Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha; bien con conductas agresivas de carácter físico o psicológico, o utilizando ambigüedades, ocultamientos, evasión o faltando a la verdad de los hechos; cuando sean requeridos para ello por razón de su empleo; con intención de dificultar levemente y con suficiencia el cumplimiento de los mandatos referidos.»
Cuatro. Se adiciona el siguiente apartado al artículo 136. Faltas leves:
«l) Utilizar, en el ejercicio de sus funciones, expresiones vejatorias por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o desarrollo sexual, o que inciten a la violencia contra las personas LGTBI o sus familias.»
Las estipulaciones contempladas en la presente ley se adaptarán, en su caso, a la legislación que dicte el Estado al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución española y que afecten a los derechos de las personas LGTBI.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que resulten precisas para el desarrollo y aplicación de esta ley.
1. Esta ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que atribuye competencias exclusivas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el artículo 31.1.1.ª en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; en el artículo 31.1.17.ª sobre el fomento de la cultura y de la investigación; en el artículo 31.1.18.ª para la promoción del turismo; en el artículo 31.1.19.ª para la promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio; en el artículo 31.1.20.ª en materia de asistencia social; así como en el artículo 31.1.31.ª sobre la protección y tutela de personas menores de edad.
2. Asimismo, esta ley se aprueba al amparo de las competencias de desarrollo legislativo y ejecución atribuidas en el Estatuto de Autonomía previstas en el artículo 32.3 en materia de sanidad; en el artículo 32.9 en materia de radio y televisión; en el artículo 33.1 relativo a la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social; en el artículo 33.11 relativo a las relaciones laborales; en el artículo 34 respecto de la observancia de los tratados internacionales; así como las contenidas en el artículo 37.1 referidas a la educación.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
Toledo, 6 de mayo de 2022.–El Presidente, Emiliano Reyes Montero.