Categoría: Administración

ión de detalle de las actuaciones realizadas.
En todo caso, las subvenciones reguladas en este real decreto estarán sometidas al seguimiento, control y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento. En particular, deberán aportar la información que corresponda al sistema de gestión que el Ministerio de Hacienda y Función Pública elabore para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
f) Con la finalidad de dar adecuado cumplimiento al mandato establecido en la letra d) del apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, las entidades beneficiarias, como entidades ejecutoras, llevarán a cabo lo indicado en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, en relación con la identificación del perceptor final de los fondos, contratistas y subcontratistas, así como la aportación de esta información según corresponda. Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
Específicamente, deberá preverse la aceptación por parte de los destinatarios finales de los fondos de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, conforme al modelo establecido en el anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
g) Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos establecidos por la Orden HFP/1030/2021 y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
h) Custodiar y conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control. En este sentido, deberán, asimismo, remitir la información sobre las actuaciones realizadas al sistema de gestión que el Ministerio de Hacienda y Función Pública elabore para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como base de datos única para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
A efectos de cumplir con las actuaciones de comprobación y de conformidad con lo establecido en los artículos 22.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y del artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, deberán conservar, por sí o mediante la imposición de esta obligación a los destinatarios finales, los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concernientes a la financiación, así como los registros y documentos, en formato electrónico y por un periodo de cinco años desde que se abonara el saldo de la operación financiera, o por un periodo de tres años, cuando el importe de la ayuda otorgada sea inferior a 60.000 euros, en los términos previstos en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio.
i) Remitir con la periodicidad, procedimiento y formato que establezca el IDAE, información sobre el seguimiento de la ejecución contable de los gastos imputados a medidas, proyectos o iniciativas del Plan de Recuperación, con la debida identificación de dichos proyectos o iniciativas y de la entidad u organismo a que correspondan. Esta actuación se ejecutará en consonancia con el seguimiento llevado a cabo por la comisión bilateral.
j) Las entidades beneficiarias de las subvenciones establecidas por este real decreto y los posibles destinatarios últimos de las ayudas financiadas con las mismas, en el caso de ser necesario para llevar a buen término la ejecución de la actividad, estarán obligadas a crear en España todo el empleo necesario para su realización, que se ejecutará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.
k) Las entidades beneficiarias de las subvenciones establecidas por este real decreto y los posibles destinatarios últimos de las ayudas financiadas con las mismas deberán contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea que en todo caso no podrá poner en riesgo la consecución de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El cumplimiento de este requisito también deberá ser acreditado documentalmente.
l) Cumplir con el resto de normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, en especial, con lo dispuesto en la normativa que el Ministerio de Hacienda y Función Pública apruebe a este respecto.
m) Reintegrar al IDAE las cantidades anticipadas, que no se hubieran utilizado en la ejecución de la actividad o actividades objeto de la subvención, en los plazos y condiciones previstos en las respectivas resoluciones.
n) Cumplir con las obligaciones de publicidad y medidas de difusión establecidas en el artículo 17 de este real decreto.
ñ) Las entidades beneficiarias, como entidades ejecutoras, deberán asegurar y justificar que los proyectos o actuaciones correspondientes que se financien con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia solo podrán recibir ayudas de otros programas e instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, es decir, sin que incurran en doble financiación sobre el mismo coste, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 241/2021, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, el artículo 188 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión, y el artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
o) Las entidades beneficiarias deberán dar cumplimiento a los objetivos climáticos y ambientales, 100 % y 40 % respectivamente, de la Unión Europea según su asignación al campo de intervención 029 definido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y de Consejo, de 12 de febrero de 2021.
2. De manera específica, las entidades beneficiarias garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» (principio «do no significant harm-DNSH»), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Para ello, establecerán los mecanismos específicos de verificación del cumplimiento de este principio, junto con la obligación para los beneficiarios finales de conservar la documentación acreditativa de ello por el periodo exigido por las normas de la Unión Europea que sean de aplicación.
Las entidades beneficiarias habrán de prever mecanismos para asegurar que las entidades contratistas, adjudicatarias del encargo, o subcontratistas, cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente».
3. En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades beneficiarias deberán cumplir con la normativa nacional y europea de ayudas de Estado.
1. Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, la realización de las actuaciones y la aplicación de los fondos percibidos ante el IDAE, en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la conclusión del plazo de ejecución previsto por el presente real decreto.
2. La justificación del cumplimiento de la ayuda revestirá, según el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la forma de cuenta justificativa del gasto realizado, con indicación de las actuaciones realizadas. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos y de los elementos recogidos en los mecanismos de verificación.
b) Una memoria económica justificativa del coste total de las actuaciones realizadas, que contendrá:
1.º En el caso de actuaciones realizadas mediante programas de subvención, informe de los respectivos órganos de intervención y control de cada comunidad autónoma en el que se certifiquen todas las resoluciones, pagos y verificaciones realizadas, tanto administrativas comoin situ.
2.º En el caso de actuaciones realizadas mediante inversión directa, un informe de los respectivos órganos de intervención y control de cada comunidad autónoma que incluya una relación clasificada de los gastos de actuación, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, con indicación de las desviaciones acaecidas.
3.º En el caso de los gastos indirectos, informe de los respectivos órganos de intervención y control de cada comunidad autónoma que incluya una relación clasificada de los gastos incurridos.
4.º Cuando la actividad haya sido financiada, además de con esta subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas según el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.º En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
3. El IDAE comprobará la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, examinará la justificación presentada y, en su caso, dará su conformidad a la misma siempre que se acredite que se ha realizado la actuación subvencionable, recabando, en caso contrario, las subsanaciones que sean pertinentes y, si fuera procedente, iniciando el procedimiento de reintegro.
4. Las entidades beneficiarias deberán justificar el adecuado cumplimiento de los hitos y objetivos de los subproyectos a ejecutar, en los términos y condiciones que se indiquen en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, u orden que la sustituya, y en todo caso en el plazo máximo que se establece en dicha orden a partir de la fecha límite en que el hito u objetivo debe haberse cumplido.
Los resultados aportados deberán estar en consonancia con el programa operativo, las modificaciones autorizadas por IDAE y los hitos y objetivos recogidos en el anexo III.
5. Igualmente, las entidades beneficiarias deberán incluir en la justificación una declaración responsable del cumplimiento de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» («do not significant harm-DNSH»), de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, del Parlamento Europeo y del Consejo.
6. Las entidades beneficiarias deberán remitir la información al sistema de gestión que el Ministerio de Hacienda y Función Pública elabore para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a través de los diferentes medios que se puedan desarrollar.
1. Tanto en la fase de concesión de las subvenciones, como en la de pago de las mismas o con posterioridad, el órgano concedente, así como los órganos de control competentes, incluidos los recogidos en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos aquellos controles e inspecciones que consideren convenientes, con el objeto de asegurar el buen fin de la subvención concedida, estando los destinatarios finales obligados a prestar colaboración y proporcionar cualquier otra documentación e información que se estime necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente orden. Asimismo, los destinatarios finales se comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, se efectúen.
La oposición a la realización de estas comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la subvención, sin perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
2. La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a la información contenida en el Registros de Titularidades Román, así como a cualquier otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los titulares reales.
3. A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los Sistemas de los Fondos Europeos. En particular, las entidades beneficiarias deberán facilitar al IDAE, a través de su sede electrónica, la información técnica y estadística de cada uno de los expedientes de ayudas otorgadas y contratos formalizados, financiados con cargo a las subvenciones percibidas que se indican en el artículo 10. El IDAE publicará en su web las instrucciones técnicas que faciliten el intercambio de datos entre los sistemas de las respectivas comunidades autónomas y el IDAE.
1. La concesión de las ayudas financiadas con las subvenciones previstas en este real decreto será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. Tanto las entidades beneficiarias, como los posibles destinatarios finales de las ayudas financiadas con las subvenciones previstas en este real decreto, deberán cumplir con las siguientes obligaciones en materia de publicidad e información:
a) Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas reguladas por este real decreto en publicaciones, actividades de difusión, páginas web y en general en cualesquiera medios de difusión debe cumplir con los requisitos que figuren en el manual o manuales de Imagen de Proyectos de Energía Sostenible para territorios extrapeninsulares que estarán disponibles en la web del IDAE, en el que figurarán el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, todo ello conforme a lo que se establezca al respecto, y en los términos previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 31 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Asimismo, las instalaciones deberán estar señalizadas de acuerdo con lo que se indique en el manual o manuales de imagen. En su caso, deberá existir una pantalla en un lugar visible que muestre los datos de producción y consumo indicados en los manuales.
b) Tanto en las convocatorias de ayudas de las entidades beneficiarias, como en las resoluciones que se notifiquen a los destinatarios últimos, deberá mencionarse al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
c) En el contexto de los dos anteriores apartados, los receptores de financiación de la Unión Europea deben mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Así mismo, podrá ser causa de reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y artículo 93 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
d) En caso de cofinanciación por otra administración, tal circunstancia deberá reflejarse en la publicidad del proyecto o actuación correspondiente.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.
1. Las comunidades autónomas podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del contenido del programa operativo, que implicará, a su vez, la modificación de la resolución de concesión, cuando aparezcan circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulten la aplicación de los presupuestos totales acordados, o no permitan alcanzar los hitos y objetivos establecidos en el anexo III.
2. No obstante, no se podrá alterar la concreción del objeto y finalidad de la subvención, ni el plazo de ejecución de las actuaciones establecido en este real decreto, ni aquellas obligaciones relevantes a que se comprometen las entidades beneficiarias, a tenor de lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Tampoco podrá afectar al principio de «no causar un perjuicio significativo» ni al cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación.
3. La solicitud de modificación, debidamente fundamentada, será efectuada por la entidad beneficiaria a través de la sede electrónica del IDAE, en el momento de la aparición de las circunstancias expresadas y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución de los gastos subvencionados.
La solicitud de modificación del programa operativo así efectuada, de la que será informada la Comisión Bilateral correspondiente, será analizada por la Dirección General del IDAE, quien someterá su propuesta a la Presidenta del IDAE, al objeto de que esta dicte y notifique la correspondiente resolución sobre la admisión o inadmisión de la modificación solicitada en un plazo máximo de tres meses.
4. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado ni notificado la correspondiente resolución por la que se acuerde la modificación de las condiciones del programa operativo y de la resolución de concesión, los interesados estarán legitimados para entender desestimada su solicitud.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de ésta hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Asimismo, proceden otros supuestos de reintegro total o parcial de fondos por sus especiales condiciones:
a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 14.
b) En caso de incumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» o de las condiciones recogidas en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y en el Componente 7, la entidad beneficiaria deberá reintegrar al IDAE las cuantías percibidas vinculadas a este incumplimiento.
c) De igual modo, en caso de no cumplir los hitos y objetivos previstos, así como los principios y obligaciones o cualquier otro aspecto derivado del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en el resto de normativa de la Unión Europea que sea de aplicación. En caso de irregularidades, no justificación y falta de fiabilidad de indicadores o hitos reportados, la entidad beneficiaria correspondiente deberá reintegrar al IDAE los fondos recibidos vinculados a este incumplimiento.
d) En caso de incumplimiento de los objetivos establecidos en los hitos de control incluidos en las tablas III.A.1, III.A.2, III.B.1 y III.B.2 del anexo III, el IDAE podrá reclamar a la correspondiente entidad beneficiaria el reintegro de hasta un 80 % de los fondos vinculados al porcentaje de objetivo incumplido. Este porcentaje de incumplimiento se estimará considerando como máximo la cantidad vinculada a la entidad beneficiaria, de acuerdo con las tablas III.A.4 y III.B.4, para los objetivos 119 y 120, de acuerdo con el anexo III de este real decreto.
e) Si el incumplimiento en que incurriera la entidad beneficiaria correspondiente impidiese el cobro de las cantidades asignadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al Estado, la entidad beneficiaria deberá proceder al reintegro equivalente al importe que el Estado hubiera dejado de recibir del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
3. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en título III, capítulo II del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.Séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre y, en su caso, por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
4. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la persona titular de la Presidencia del IDAE, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. En el caso de reintegro de la subvención por parte de una de las entidades beneficiarias, el IDAE podrá reasignar el presupuesto correspondiente a la otra entidad beneficiaria, si esta última hubiera agotado todo el presupuesto correspondiente a la subvención que le hubiera sido concedida.
Esta reasignación se realizará mediante resolución de la presidenta de IDAE, previa solicitud y aceptación por parte de la entidad beneficiaria que recibirá los fondos. Dicha reasignación supondrá la modificación de ambos programas operativos y de las resoluciones de concesión correspondientes.
6. En el caso de reintegro de la subvención por parte de entidad beneficiaria, y siendo el caso en que la otra entidad beneficiaria no lo solicitara, conforme el párrafo anterior, el IDAE podrá reasignar el presupuesto correspondiente a cualquier otra línea de actuación del componente 7.
Esta reasignación se realizará mediante resolución de la presidenta de IDAE, previa evaluación del Órgano Instructor. Dicha reasignación supondrá la modificación de los programas afectados.
Las posibles infracciones que pudieran cometerse por cualquiera de las entidades beneficiarias de las subvenciones establecidas por este real decreto o los posibles destinatarios finales de las ayudas financiadas con las mismas se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de junio de 2022.
En las fechas indicadas a continuación, el Gobierno de las Illes Balears deberá haber realizado los avances mínimos exigidos y, en el plazo máximo de un mes a partir de cada una de ellas, aportar un informe justificativo de contribución al cumplimiento del hito 119 en relación con las acciones, proyectos o programas apoyados o realizados, incluyendo programas u oficinas de dinamización, hojas de ruta insulares, proyectos de inversión o ayudas, vinculados a energías limpias para las Islas UE o programas Smart Islands, proyectos de energías renovables o de almacenamiento sostenible, de acuerdo con el objetivo establecido en el anexo I, debiendo lograr el nivel de avance mínimo para cada uno de los hitos que se indica a continuación:
La aportación de la documentación especificada en la tabla anterior se remitirá al IDAE a través de la herramienta informática que se habilitará para tal efecto de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.c) del artículo 14.
Al objeto de cumplir con el indicador de seguimiento 119.1 establecido en el anexo II, en fecha 31 de agosto de 2023, se presentará al IDAE un informe de progresos.
El informe deberá incluir como mínimo un anexo con una hoja de cálculo con la siguiente información:
– Una lista de las acciones, proyectos o programas, incluyendo para cada uno:
a) Código identificador, nombre, ubicación y una breve descripción;
b) Extracto de especificaciones de la acción, proyecto o programa que justifica la alineación con el objetivo e inversión descrita en el Anexo I;
c) Tipo de acción, proyecto o programa.
d) Características principales.
– En el caso de una inversión de capital, se deberá aportar una lista de los proyectos de inversión, incluyendo:
a) Inversión de capital;
b) Código identificador, nombre, ubicación y una breve descripción del proyecto de inversión;
c) Extracto de especificaciones de la decisión de la inversión, proporcionando una justificación de correspondencia con el objetivo y la inversión descrita en el Anexo I, incluidos los criterios de elegibilidad y el cumplimiento del principio DNSH (o documento equivalente al extracto de la decisión de inversión);
d) Tipo de proyecto.
e) Características principales.
El IDAE controlará la realización de todos estos informes y proporcionará, si es necesario, un listado más exhaustivo de la documentación que es necesario aportar, así como los criterios de realización, control y seguimiento para cada una de las acciones, proyectos o programas llevados a cabo.
En las fechas indicadas a continuación, el Gobierno de las Illes Balears deberá haber realizado los avances mínimos exigidos y, en el plazo máximo de un mes a partir de cada una de ellas, aportar un documento justificativo de contribución al objetivo 120, incluyendo la documentación y habiendo logrado el grado de avance que se indica a continuación:
La aportación de la documentación especificada en la tabla anterior se remitirá al IDAE a través de la herramienta informática que se habilitará para tal efecto de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.c) del artículo 13.
Al objeto de cumplir con el indicador de seguimiento 120.1 establecido en el anexo II, en fecha 30 de octubre de 2023, será necesario aportar un informe justificativo de las resoluciones de ayudas concedidas para la ejecución de nueva capacidad de producción adicional con energías renovables en las Illes Balears, debiendo haberse adjudicado, al menos, 51 MW de capacidad.
El documento a aportar deberá incluir como mínimo un anexo con una hoja de cálculo con la siguiente información:
– Una lista de las acciones, proyectos o programas, incluyendo para cada uno:
a) Código identificador, nombre, ubicación y una breve descripción;
b) Extracto de especificaciones de la acción, proyecto o programa que justifica la alineación con el objetivo e inversión descrita en el anexo I;
c) Tipo de acción, proyecto o programa.
– En el caso de una inversión de capital, se deberá aportar una lista de los proyectos de inversión, incluyendo:
a) Inversión de capital;
b) Código identificador, nombre, ubicación y una breve descripción del proyecto de inversión;
c) Extracto de especificaciones de la decisión de la inversión, proporcionando una justificación de correspondencia con el objetivo y la inversión descrita en el Anexo I, incluidos los criterios de elegibilidad y el cumplimiento del principio DNSH (o documento equivalente al extracto de la decisión de inversión);
d) Tipo de proyecto.
B.4 Justificación Objetivo 120 Illes Balears:
En fecha 31 de mayo de 2026, será necesario aportar un informe justificativo del cumplimiento del hito 120 de las Illes Balears, debiendo haberse ejecutado al menos 60 MW de nueva capacidad de producción adicional con energías renovables en las islas, de acuerdo con el objetivo establecido en el anexo I.
El informe deberá incluir como mínimo un anexo con una hoja de cálculo con la siguiente información:
– Una lista de las acciones, proyectos o programas, incluyendo para cada uno:
a) Código identificador, nombre, ubicación y una breve descripción;
b) Extracto de especificaciones de la acción, proyecto o programa que justifica la alineación con el objetivo e inversión descrita en el anexo I;
c) Tipo de acción, proyecto o programa.
d) Potencia de la instalación y características principales.
– En el caso de una inversión de capital, se deberá aportar una lista de los proyectos de inversión, incluyendo:
a) Inversión de capital;
b) Código identificador, nombre, ubicación y una breve descripción del proyecto de inversión;
c) Extracto de especificaciones de la decisión de la inversión, proporcionando una justificación de correspondencia con el objetivo y la inversión descrita en el Anexo I, incluidos los criterios de elegibilidad y el cumplimiento del principio DNSH (o documento equivalente al extracto de la decisión de inversión);
d) Tipo de proyecto.
e) Potencia de la instalación y características principales.
El IDAE controlará la realización de todos estos informes y proporcionará, si es necesario, un listado más exhaustivo de la documentación que es necesario aportar, así como los criterios de realización, control y seguimiento para cada una de las acciones, proyectos o programas llevados a cabo.
A efectos de cumplimiento se definen como actuación tanto los proyectos como las acciones de difusión o dinamización.
Se considera una actuación por cada proyecto técnico adjudicado, finalizado y verificado, siendo el proyecto generador de potencia, capacidad de almacenamiento, eficiencia energética, movilidad sostenible o infraestructura, ya sea por medio de otorgamiento de ayuda o por inversión, y la participación en nuevos modelos de negocio o startups.
También se considerarán actuaciones:
– Cada oficina nueva de islas que se cree.
– Los programas o acciones de difusión o dinamización llevados a cabo por las oficinas, siempre que supongan, al menos, una jornada completa de trabajo.
– Las hojas de ruta, guías desarrolladas por los ayuntamientos, cabildos, organismos autonómicos y otros agentes del sector.
En las fechas indicadas a continuación, el Gobierno de Canarias deberá haber realizado los avances mínimos exigidos y, en el plazo máximo de un mes a partir de cada una de ellas, aportar un informe justificativo de contribución al cumplimiento del hito 119 en relación con las acciones, proyectos o programas apoyados o realizados, incluyendo programas u oficinas de dinamización, hojas de ruta insulares, proyectos de inversión o ayudas, vinculados a energías limpias para las Islas UE o programas Smart Islands, proyectos de energías renovables o de almacenamiento sostenible, de acuerdo con el objetivo establecido en el Anexo I, debiendo lograr el nivel de avance mínimo para cada uno de los hitos que se indica a continuación:
La aportación de la documentación especificada en la tabla anterior se remitirá al IDAE a través de la herramienta informática que se habilitará para tal efecto de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.c) del artículo 14.
Al objeto de cumplir con el indicador de seguimiento 119.1 establecido en el anexo II, en fecha 31 de agosto de 2023, se presentará al IDAE un informe de progresos.
El informe deberá incluir como mínimo un anexo con una hoja de cálculo con la siguiente información:
– Una lista de las acciones, proyectos o programas, incluyendo para cada uno:
a) Código identificador, nombre, ubicación y una breve descripción;
b) Extracto de especificaciones de la acción, proyecto o programa que justifica la alineación con el objetivo e inversión descrita en el anexo I;
c) Tipo de acción, proyecto o programa.
d) Características principales.
– En el caso de una inversión de capital, se deberá aportar una lista de los proyectos de inversión, incluyendo:
a) Inversión de capital;
b) Código identificador, nombre, ubicación y una breve descripción del proyecto de inversión;
c) Extracto de especificaciones de la decisión de la inversión, proporcionando una justificación de correspondencia con el objetivo y la inversión descrita en el anexo I, incluidos los criterios de elegibilidad y el cumplimiento del principio DNSH (o documento equivalente al extracto de la decisión de inversión);
d) Tipo de proyecto.
e) Características principales.
El IDAE controlará la realización de todos estos informes y proporcionará, si es necesario, un listado más exhaustivo de la documentación que es necesario aportar, así como los criterios de realización, control y seguimiento para cada una de las acciones, proyectos o programas llevados a cabo.
En las fechas indicadas a continuación, el Gobierno de Canarias deberá haber realizado los avances mínimos exigidos y, en el plazo máximo de un mes a partir de cada una de ellas, aportar un documento justificativo de contribución al objetivo 120, incluyendo la documentación y habiendo logrado el grado de avance que se indican a continuación:
La aportación de la documentación especificada en la tabla anterior se remitirá al IDAE a través de la herramienta informática que se habilitará para tal efecto de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.c) del artículo 14.
Al objeto de cumplir con el indicador de seguimiento 120.1 establecido en el anexo II, en fecha 30 de octubre de 2023, será necesario aportar un segundo informe justificativo de las resoluciones de ayudas concedidas para la ejecución de nueva capacidad de producción adicional con energías renovables en Canarias, debiendo haberse adjudicado, al menos, 70 MW de capacidad.
El documento a aportar deberá incluir como mínimo un anexo con una hoja de cálculo con la siguiente información:
– Una lista de las acciones, proyectos o programas, incluyendo para cada uno:
a) Código identificador, nombre, ubicación y una breve descripción;
b) Extracto de especificaciones de la acción, proyecto o programa que justifica la alineación con el objetivo e inversión descrita en el anexo I;
c) Tipo de acción, proyecto o programa.
– En el caso de una inversión de capital, se deberá aportar una lista de los proyectos de inversión, incluyendo:
a) Inversión de capital;
b) Código identificador, nombre, ubicación y una breve descripción del proyecto de inversión;
c) Extracto de especificaciones de la decisión de la inversión, proporcionando una justificación de correspondencia con el objetivo y la inversión descrita en el anexo I, incluidos los criterios de elegibilidad y el cumplimiento del principio DNSH (o documento equivalente al extracto de la decisión de inversión);
d) Tipo de proyecto.
B.4 Justificación Objetivo 120 GOBCAN:
En fecha 31 de mayo de 2026, será necesario aportar un informe justificativo del cumplimiento del hito 120 de Canarias, debiendo haberse ejecutado al menos 120 MW de nueva capacidad de producción adicional con energías renovables en las islas, de acuerdo con el objetivo establecido en el anexo I.
El informe deberá incluir como mínimo un anexo con una hoja de cálculo con la siguiente información:
– Una lista de las acciones, proyectos o programas, incluyendo para cada uno:
a) Código identificador, nombre, ubicación y una breve descripción;
b) Extracto de especificaciones de la acción, proyecto o programa que justifica la alineación con el objetivo e inversión descrita en el anexo I;
c) Tipo de acción, proyecto o programa.
d) Potencia de la instalación y características principales.
– En el caso de una inversión de capital, se deberá aportar una lista de los proyectos de inversión, incluyendo:
a) Inversión de capital;
b) Código identificador, nombre, ubicación y una breve descripción del proyecto de inversión;
c) Extracto de especificaciones de la decisión de la inversión, proporcionando una justificación de correspondencia con el objetivo y la inversión descrita en el Anexo I, incluidos los criterios de elegibilidad y el cumplimiento del principio DNSH (o documento equivalente al extracto de la decisión de inversión);
d) Tipo de proyecto.
e) Potencia de la instalación y características principales.
El IDAE controlará la realización de todos estos informes y proporcionará, si es necesario, un listado más exhaustivo de la documentación que es necesario aportar, así como los criterios de realización, control y seguimiento para cada una de las acciones, proyectos o programas llevados a cabo.
A efectos de cumplimiento se definen como actuación tanto los proyectos como las acciones de difusión o dinamización.
Se considera una actuación por cada proyecto técnico adjudicado, finalizado y verificado, siendo el proyecto generador de potencia, capacidad de almacenamiento, eficiencia energética, movilidad sostenible o infraestructura, ya sea por medio de otorgamiento de ayuda o por inversión, y la participación en nuevos modelos de negocio o startups.
También se considerarán actuaciones:
– Cada oficina nueva de islas que se cree.
– Los programas o acciones de difusión o dinamización llevados a cabo por las oficinas, siempre que supongan, al menos, una jornada completa de trabajo.
– Las hojas de ruta, guías desarrolladas por los ayuntamientos, cabildos, organismos autonómicos y otros agentes del sector.
Las entidades destinatarias finales de los fondos de este Real Decreto garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm-DNSH), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 13 de julio de 2021.
Además, las entidades destinatarias finales presentarán una evaluación favorable de adecuación al principio de DNSH, o en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del mismo, de acuerdo a los modelos establecidos en la Guía DNSH del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf).
Las comunidades autónomas deberán prever mecanismos específicos de verificación y certificación del cumplimiento del DNSH que aborden los riesgos específicos de la inversión, así como la obligatoriedad de todo beneficiario de los fondos de presentar esa acreditación o tenerla a disposición de la Administración durante un plazo suficiente (al menos cinco años desde el momento en que vence el plazo para presentar la justificación por parte de las entidades beneficiarias).
Los criterios de selección asegurarán el cumplimiento del acervo comunitario y nacional en materia medioambiental, según el principio de la Guía Técnica (2021/C58/01) de «No causar un perjuicio significativo» al medioambiente, estableciendo un listado de actividades y activos excluidos de la financiación.
En particular, tal y como se establece en los apartados 3 y 8 del Componente 7 del PRTR para las actuaciones que implique la inversión 2 «Energía sostenible en las islas», se tendrán en cuenta las siguientes condiciones específicas del DNSH:
– Mitigación del cambio climático:
La medida comprende una serie de actuaciones encaminadas a la implantación de energías renovables en las islas, integración de sistemas inteligentes en redes, que permitan mejorar los sistemas de monitorización, control y automatización, para hacer más efectiva la gestión de la demanda e integrar nuevos servicios para los consumidores. Todo ello con el objetivo de encaminar la economía de las islas hacia la descarbonización y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles que es especialmente importante en estos territorios en comparación con otras zonas de la geografía nacional. Por todo ello, se espera que lejos de dar lugar a emisiones significativas de gases de efecto invernadero, contribuya a disminuir las mismas conforme se reconoce en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2020/852. Además, la medida dispone de la etiqueta 29 (contribución a los objetivos climáticos del 100%).
– Adaptación al cambio climático:
La medida comprende una serie de actuaciones encaminadas a la implantación de energías renovables en las islas con el objetivo de la integración de sistemas inteligentes en redes, que permitan mejorar los sistemas de monitorización, control y automatización, para hacer más efectiva la gestión de la demanda e integrar nuevos servicios para los consumidores, por lo que no se considera que tenga un impacto negativo sobre la adaptación del cambio climático, sino más bien todo lo contrario, el impacto es positivo. Adicionalmente, en el Estudio Ambiental Estratégico del PNIEC se presta una especial atención a la importancia de la adaptación al cambio climático por parte de las nuevas infraestructuras energéticas. En este sentido, en ese documento se asegura la coherencia entre el PNIEC y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC-2). Por tanto, conforme con lo previsto en el artículo 11 del Reglamento 2020/852 la medida contribuye sustancialmente a la adaptación al cambio climático.
Además, la medida dispone de la etiqueta 29 (contribución a los objetivos climáticos del 100%).
– Uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos:
El Estudio Ambiental Estratégico del PNIEC, aprobado en el marco de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, realiza un análisis exhaustivo de los efectos de las medidas del PNIEC sobre las aguas y los recursos marinos, proponiendo medidas correctoras para todos aquellos casos en los que la implementación del PNIEC pudiera suponer un potencial perjuicio. Cabe señalar que la implementación del PNIEC engloba el desarrollo de la totalidad de las diferentes fuentes de energías renovables en España, tal y como contempla la inversión 1. El seguimiento de estas recomendaciones ambientales para mitigar los efectos asegurará que no se produzca daño significativo sobre los recursos marinos ni los acuíferos, de acuerdo a lo establecido en la Directiva 2000/60 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Se considera por tanto que la medida es compatible con el principio del «Do Not Significant Harm».
– Transición a una economía circular:
Existe una Estrategia de economía circular que garantiza la máxima reutilización de los recursos con la que la Reforma está plenamente alineada. Adicionalmente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece que se seguirán los principios de economía circular en diversas medidas (1.8, 1.11, 1.21, 1.22 entre otras). En el Estudio Ambiental Estratégico y La Declaración Ambiental Estratégica del PNIEC (BOE del 11 de enero de 2021) se contemplan las recomendaciones de aplicar los principios de economía circular para el reciclaje de instalaciones renovables objeto de renovación, así como minimizar la producción de residuos y la importación de materiales. Y, en todo caso, asegurar la coordinación del PNIEC y la Estrategia Nacional de Economía Circular. Más concretamente el Estudio Ambiental Estratégico establece que el tratamiento de los materiales procedentes del desmantelamiento de instalaciones renovables deberá cumplir las premisas incluidas en la estrategia de economía circular. El seguimiento de estas recomendaciones ambientales para mitigar los efectos asegurará que no se produzca daño significativo en el ámbito de la generación de residuos. Se considera por tanto que la medida es compatible con el principio del «Do Not Significant Harm».
– Prevención y control de la polución:
Atendiendo a la concepción de la medida (despliegue de energías renovables y su integración) no se considera que la misma pueda tener un efecto negativo sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo, en comparación con la situación existente antes del comienzo de la medida. De hecho, la puesta en marcha de esta medida mejorará los niveles de calidad del aire, el agua o el suelo al aumentar la utilización de este tipo de energías (artículo 14 del Reglamento 2020/852). Por lo que contribuirá sustancialmente a la prevención y el control de la contaminación.
–Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas:
El Estudio Ambiental Estratégico del PNIEC realiza un análisis exhaustivo de los efectos de las medidas del PNIEC sobre la biodiversidad y los ecosistemas, proponiendo medidas correctoras para todos aquellos casos en los que la implementación del PNIEC que pudieran suponer un perjuicio, de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. El seguimiento de estas recomendaciones ambientales para mitigar los efectos asegurará que no se produzca daño significativo sobre los ecosistemas ni pérdida de biodiversidad, reduciendo la fragmentación del territorio y su degradación, con especial atención a los corredores verdes y otras medidas de conectividad de los hábitats, así como a la protección de las especies animales. Cabe señalar que en aquellos casos en que las medidas suponen el despliegue de infraestructura energética sobre el territorio, el impacto ambiental se gestiona mediante las correspondientes evaluaciones ambientales estratégicas de los instrumentos definidos en este Componente, las evaluaciones de impacto ambiental específicas de cada uno de los proyectos que resulten de las mismas, así como las medidas preventivas, correctoras y compensatorias resultantes del proceso de evaluación ambiental estratégica del PNIEC, tal y como se ha mencionado previamente. Adicionalmente, el impulso de instrumentos previstos en este componente como el autoconsumo, la integración de renovables en la edificación y los sectores productivos, la repotenciación y la hibridación permiten aprovechar al máximo espacios antropizados, minimizando la afección a nuevos espacios. En este sentido, cabe destacar el ejercicio que realizó MITECO de zonificación espacial para el desarrollo de proyectos de energía solar y eólica. Dicho ejercicio puso a disposición del público unos mapas que facilitan el acceso a información geográfica sobre los distintos condicionantes ambientales para la implantación de estos proyectos que concurren en el territorio. El objetivo que persigue esta herramienta es orientar la toma de decisiones de los responsables de planificación y promotores de proyectos, facilitando la identificación de la sensibilidad ambiental de las localizaciones, sirviendo así de guía para que los proyectos se lleven a cabo en las zonas en las que el impacto ambiental sea menor. Se considera por tanto que la medida es compatible con el principio del «Do Not Significant Harm».