Categoría: Economía y Empleo

iminación de residuos.
– RI: Instalación de incineración de residuos autorizada, de titularidad pública o privada, que realiza operaciones de eliminación o de valorización energética.
– RC: Instalación de coincineración de residuos autorizada o de valorización energética.
e) Los caracteres décimo, undécimo y duodécimo deben expresar el número secuencial de inscripción, dentro de cada actividad, en el registro territorial de la oficina gestora.
f) El carácter decimotercero será una letra de control.
4. Los sujetos pasivos deben obtener tantos CIR como actividades desarrollen y, en su caso, establecimientos en los que desarrollen su actividad.
5. En el plazo de dos meses desde la recepción del CIR, el sujeto pasivo debe aportar la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva de la actividad que desarrolla, con indicación del epígrafe del impuesto sobre actividades económicas que, en su caso, le corresponde.
b) Certificado que acredite que los sistemas de pesaje, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se encuentran debidamente homologados.
1. El Decreto 16/2022, de 23 de mayo, por el que se desarrolla el canon sobre el vertido y la incineración de residuos de las Illes Balears, se regula el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos y se modifica el Decreto 14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, debe entenderse vigente en todo aquello que sea compatible con el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, aprobado por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.
2. Las referencias que el Decreto 16/2022 mencionado hace al canon sobre el vertido y la incineración de residuos de las Illes Balears deben entenderse hechas al impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
1. Los ingresos derivados del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, una vez deducidos los costes de gestión del tributo, quedan afectados al Fondo de Prevención y Gestión de Residuos creado por el artículo 33 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
2. En particular, dichos ingresos se destinarán a la financiación del coste que supone la implantación de sistemas de gestión sostenible de los residuos domésticos o municipales, en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 8 /2019 citada, y el artículo 4 del Real decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
3. Los gastos y las inversiones que se financien con los ingresos derivados del impuesto se realizarán teniendo en cuenta un adecuado equilibrio territorial entre las islas. En este sentido, el retorno a cada una de las islas debe ser equitativo considerando especialmente la recaudación proveniente de cada una de ellas.
4. A propuesta de la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental, en el marco de las comisiones insulares a que se refiere el artículo 17 del Decreto 16/2022, de 23 de mayo, por el que se desarrolla el canon sobre el vertido y la incineración de residuos de las Illes Balears, se regula el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos y se modifica el Decreto 14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, debe aprobarse la planificación para el reparto de los recursos disponibles procedentes de la recaudación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, a las administraciones y entidades públicas que tengan atribuidas competencias en el ámbito de la recogida o el tratamiento de residuos municipales, siempre y cuando dispongan de proyectos ajustados a los criterios del apartado 5 de esta disposición. La Dirección General de Residuos y Educación Ambiental ejecutará los proyectos de ámbito de toda la comunidad autónoma.
5. Sin perjuicio del apartado 3 de esta disposición, la planificación, que puede referirse a más de una anualidad, debe seguir, por orden de prioridad, los siguientes criterios, siempre respetando de la forma más precisa posible el espíritu del impuesto como instrumento económico destinado a fomentar la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclaje de los residuos, con la fracción orgánica como prioritaria o preferente, y a desincentivar la eliminación en vertedero y el tratamiento en instalaciones de incineración:
a) Únicamente pueden tenerse en cuenta proyectos relativos a los flujos de residuos no destinados al depósito en vertedero, la incineración o su valorización energética.
b) En particular y al menos durante los tres primeros ejercicios, al menos el 50 % de los fondos deben destinarse a proyectos relativos, en primer lugar, a la recogida selectiva de la materia orgánica y, en segundo lugar, al tratamiento correspondiente.
c) Independientemente de la recaudación por municipios, deben priorizarse los proyectos que cubran un mayor porcentaje de población atendida.
d) También podrán tenerse en cuenta otros proyectos, como los relativos a la preparación para la reutilización.
e) Podrán tenerse en cuenta proyectos de mejora de instalaciones para el almacenamiento y la gestión intermedia de los residuos (áreas de aportación o puntos limpios).
En todos los casos, se priorizarán los proyectos que apliquen las mejores técnicas disponibles. Una vez aplicados los criterios anteriores, los fondos remanentes podrán destinarse a proyectos dentro del ámbito privado, siguiendo las mismas prioridades.
Se declaran de interés general las obras de infraestructuras hidráulicas inherentes a los siguientes proyectos:
a) Proyecto de infraestructuras de riego con agua regenerada en Sant Lluís (Menorca).
b) Proyecto de infraestructuras de riego con agua regenerada en Sóller (Mallorca).
c) Proyecto de ampliación del regadío con aguas regeneradas en Santa Eulalia (Ibiza).
d) Proyecto de infraestructuras de riego con agua regenerada en Calvià (Mallorca).
Mientras no se apruebe un nuevo decreto regulador de la Cartera básica de servicios sociales de las Illes Balears en sustitución del Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Cartera básica de servicios sociales las Illes Balearas 2017-2020 y se establecen principios generales para las carteras insulares y locales, la vigencia de la Cartera básica de servicios sociales de las Illes Balears 2017-2020 se prorroga, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2023.
Las dotaciones correspondientes a la transferencia nominativa a favor del Consejo de la Juventud de las Illes Balears (CJIB) con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears que prevé el artículo 61, apartado 1, letra a), de la Ley 5/2022, de 8 de julio, de políticas de juventud de las Illes Balears, se regirán durante 2023, y de manera indefinida, por las reglas especiales siguientes:
1.ª Los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears tienen que prever en cada ejercicio sendas transferencias nominativas a favor del CJIB con cargo a los capítulos 4 y 7 del presupuesto de la consejería competente en materia de juventud, para contribuir a los gastos corrientes y de capital, respectivamente, necesarios para el funcionamiento normal del organismo. Las transferencias se harán efectivas mediante resolución del consejero o la consejera competente en materia de juventud o de la persona en quien delegue, con el informe previo de la persona titular de la dirección general competente en materia de juventud.
2.ª Los importes de estas transferencias se podrán abonar mediante anticipo del 100% durante la primera mensualidad de cada ejercicio, sin que sean necesarias la autorización previa del Consejo de Gobierno prevista en el último párrafo del apartado 2 del artículo 37 del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, ni la exigencia de ninguna garantía, y sin perjuicio, también, de que se pueda recurrir a la tramitación anticipada de expedientes de gasto que recoge el artículo 71 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
3.ª Los gastos que se pueden imputar a estas transferencias son los que, de manera indudable, se correspondan con las finalidades y funciones públicas que le atribuye al CJIB el artículo 59 de la Ley 5/2022, siempre y cuando se ajusten al valor de mercado y se realicen en el ámbito temporal que establezca la resolución del consejero o la consejera mencionada en la regla primera de esta disposición. Corresponde a la consejería competente en materia de juventud realizar las actuaciones necesarias para verificar el cumplimiento de estos aspectos. Igualmente, son financiables los gastos financieros, de asesoría financiera, los gastos notariales y registrales, así como los de administración específica si están directamente relacionados con la actividad subordinada y si son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de esta actividad. Además, los tributos son gastos financiables cuando el devengo correspondiente tenga origen en una actividad relacionada con su programa de actividades o se tengan que pagar por bienes afectos proporcionalmente a su funcionamiento.
4.ª La aplicación de los recursos percibidos durante el año anterior se debe justificar en el ejercicio siguiente, en el plazo que se establezca en la resolución de transferencia, mediante la presentación de los documentos siguientes:
a) El plan de trabajo bienal aprobado por la Asamblea General que incluya el ejercicio que se justifica.
b) Una memoria de actuación justificativa que incluya las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
c) Una cuenta justificativa con el coste de las actividades realizadas, que debe contener una relación clasificada de los gastos efectuados, con identificación del acreedor y del documento, su importe, la fecha de emisión y, si se tercia, la fecha de pago.
d) Un informe suscrito por un auditor o una auditora de cuentas, inscrito en el Registro Oficial, en el cual se verifiquen la ejecución de los gastos realizados, el cumplimiento de las obligaciones en la gestión y la aplicación de los fondos percibidos, la realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por el CJIB, hayan sido financiadas con los fondos percibidos, y la adecuada y correcta financiación de las actividades financiadas.
5.ª El CJIB no está obligado a aportar justificantes de gasto en la rendición de la cuenta, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que puedan realizar la Intervención General de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears en el ejercicio de sus competencias. No obstante, debe poner a disposición del auditor o la auditora, o del órgano de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, cuando le sean requeridos, los documentos justificativos siguientes:
a) Facturas originales y copias para ser cotejadas por la unidad de registro del órgano competente, correspondientes a los gastos corrientes y de capital de las actividades financiadas incluidas en la memoria aportada, así como la documentación acreditativa de su pago. Estas facturas deben cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
b) Ficha resumen de gastos imputados a cada una de las actividades realizadas. Todos los gastos a justificar deben corresponderse con los contenidos de las actividades financiadas, y debe presentarse una relación. Para ello, se tienen que acompañar de una explicación sintética, y se podrá requerir una memoria justificativa adicional de cualquiera de ellos.
c) Si así lo establece la resolución de transferencia, facturas emitidas correspondientes a gastos de los dos últimos meses del año anterior. En todo caso, los gastos a justificar deben corresponderse con los contenidos del plan de trabajo y de los proyectos previstos en la regla cuarta anterior. Para ello, se tienen que acompañar de una explicación sintética, pudiendo ser requerida memoria justificativa adicional de cualquiera de estos gastos.
d) Detalle de los gastos del personal (nóminas, minutas) al servicio del CJIB que haya trabajado directamente los programas financiados, junto con los correspondientes impresos justificativos de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones y los ingresos en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En relación a esto último, y para salvar las dificultades que supone el ejercicio anual natural, será suficiente para completar los pagos de las nóminas del último trimestre del año un compromiso de aportar los modelos de los impresos justificativos de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones y los ingresos en concepto de IRPF en la Agencia Estatal de Administración Tributaria antes del 31 de enero.
e) Para justificar los gastos de transporte, hoja de liquidación en que consten el motivo o el objeto del desplazamiento y su fecha, los datos de la persona, el destino y la identificación del vehículo utilizado con el kilometraje realizado. Cuando el desplazamiento se realice en vehículo particular, únicamente se financiará, si procede, la cantidad que resulte de computar la cuantía correspondiente por kilómetro recorrido, siempre que se justifiquen la necesidad del desplazamiento y su efectiva realización, y, en este caso, además, se tiene que indicar la matrícula del vehículo.
f) Para justificar los gastos de alojamiento, hoja de liquidación en que consten la actividad, el lugar y la fecha, los datos del participante y la factura con el correspondiente justificante de pago.
g) Para justificar los gastos de manutención, hoja de liquidación en que consten la actividad, su horario y la fecha, los datos de quien participe y la factura con el correspondiente justificante de pago. Se pueden justificar gastos de este tipo generados por voluntarios o trabajadores en los casos en que tengan derecho según su convenio laboral.
6.ª Los posibles intereses devengados por la transferencia concedida tienen que incrementar el importe de la misma y se tienen que aplicar igualmente al mantenimiento y al funcionamiento de la entidad o de la organización. Estos intereses deben justificarse con indicación de los gastos que se hayan realizado, tal como establezca el manual de instrucciones de justificación.
7.ª Cuando los gastos hayan sido financiados, además de con esta transferencia nominativa, con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, deben acreditarse en la justificación el importe, la procedencia y la aplicación de estos fondos a los gastos financiados, de la manera establecida en la regla quinta anterior.
8.ª En todo aquello no regulado por este régimen especial y que no sea incompatible, se aplicará de manera supletoria el texto refundido de la Ley de subvenciones y, en especial, aquello previsto para las subvenciones de concesión directa.
1. En el ejercicio de 2023 y, en su caso, los siguientes, los estados contables del Instituto Balear de la Vivienda deben recoger, de acuerdo con la normativa contable aplicable a la entidad, los efectos económicos inherentes a la concesión y al riesgo de ejecución, así como los eventuales efectos patrimoniales y de tesorería, de las fianzas que, hasta un máximo de 15.000.000 de euros, dicha entidad conceda a los beneficiarios del Programa Garantía Hipoteca IBAVI.
A tal efecto, la sección 37 del estado de gastos del presupuesto de la Administración de la comunidad autónoma incluye el citado importe, el cual se ejecutará, por tanto, en la forma prevista en la disposición adicional décima de la Ley 13/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2018, respecto a la gestión de los recursos correspondientes al fondo para favorecer el turismo sostenible.
Dicho importe de 15.000.000 de euros podrá ampliarse mediante el acuerdo del Consejo de Gobierno a que se refiere el apartado siguiente o sus modificaciones posteriores, el cual también deberá indicar la financiación correspondiente.
2. Las citadas fianzas, que no tienen la consideración de avales, se regirán por el acuerdo del Consejo de Gobierno que establezca el Programa y también por las normas de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, relativas a las garantías o fianzas distintas de los avales que pueden prestar las entidades instrumentales del sector público autonómico distintas de los organismos autónomos.
A efectos retributivos tendrán la consideración de días especiales los días 26 y 27 de diciembre de 2020 y los días 2, 3 y 6 de enero de 2021. Las cuantías abonadas por los órganos competentes del Servicio de Salud de las Illes Balears al personal estatutario sanitario que, durante los días referenciados, participó directa o indirectamente en el tratamiento de la COVID-19, se entenderán retribuidas con cargo al concepto de atención continuada.
1. El complemento de fidelización del personal licenciado sanitario del subgrupo A1 de las áreas de salud de Menorca y de Ibiza y Formentera regulado en la disposición adicional tercera de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2020, cambia su objeto y su ámbito de aplicación y pasa a denominarse complemento de puestos de difícil cobertura.
2. El complemento de puestos de difícil cobertura es la retribución complementaria que está ligada a la ocupación de aquellas plazas y aquellos puestos de trabajo de una plantilla orgánica de personal estatutario cuya provisión se vea dificultada por razones de índole técnica o geográfica.
3. Se consideran plazas y puestos de trabajo de difícil cobertura todas las plazas y puestos de trabajo de personal estatutario sanitario de los subgrupos A1 y A2 correspondientes a la plantilla orgánica de la Gerencia Territorial de Menorca y de la Gerencia Territorial de Ibiza y Formentera.
4. Reglamentariamente o mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno en el marco del capítulo XIV de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, se concretarán las cuantías correspondientes a este concepto retributivo, con el informe previo de la Comisión Interdepartamental de Retribuciones de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
No obstante, hasta que no se apruebe y despliegue efectos el reglamento o el acuerdo a que se refiere el párrafo anterior se continuarán aplicando las cuantías correspondientes al complemento de fidelización del personal licenciado sanitario del subgrupo A1 que regula el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2012, por el cual se establecen una serie de complementos salariales para el personal sanitario del subgrupo A1, publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 165 de 6 de noviembre de 2012, a todo el personal estatutario sanitario del subgrupo A1 mencionado que resida y preste servicios en las áreas de salud de Menorca o de Ibiza y Formentera.
5. A partir del 1 de enero de 2023 la variación interanual de las cuantías de este complemento de puestos de difícil cobertura a que se refiere el apartado anterior se regirá por lo dispuesto en el artículo 12.1 y en la disposición adicional primera de esta ley y en las disposiciones concordantes de las futuras leyes anuales de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
6. La consejería competente en materia de hacienda creará en la clasificación económica del presupuesto de gastos el subconcepto correspondiente a este nuevo concepto retributivo.
7. La percepción de esta retribución es compatible con el abono del complemento regulado en la disposición adicional séptima de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013.
Quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior que se opongan a lo dispuesto en la presente ley y, concretamente, las siguientes:
a) El artículo 359 bis de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
b) Los artículos 40 a 54, las disposiciones adicionales segunda y tercera y la disposición transitoria primera de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021.
c) El apartado 10 del artículo 15 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
1. Se dejan sin contenido los apartados 2 y 5 de la letra C) del artículo 73 y el capítulo IV del título V de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. El artículo 103 septvicies de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios derivada de la implementación de los procesos de reconocimiento de competencias profesionales logradas por experiencia laboral en las Illes Balears.
2. No está sujeta al pago de la tasa la inscripción en el proceso de reconocimiento de competencias profesionales logradas por experiencia laboral o vías no formales de formación.»
3. El artículo 103 novovicies de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:
La tasa se exige de acuerdo con las tarifas siguientes:
1. Inscripción en la fase de asesoramiento: 5,00 euros.
2. Inscripción en la fase de evaluación y acreditación: 2,50 euros por unidad de competencia.»
4. El artículo 103 tricies de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:
Quedan exentas del pago de la tasa:
a) Las personas en situación legal de desempleo, siempre que presenten el informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desocupación del Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB) o el organismo equivalente de fuera de las Illes Balears que acredite que está inscrito como demandante de empleo y la condición de desocupado. La fecha de este documento no puede ser anterior en más de quince días naturales a la fecha de formalización de la inscripción.
b) Las personas con una discapacidad igual o superior al 33 %, siempre que presenten la tarjeta acreditativa del grado de discapacitado o un certificado expedido por la Dirección General de Atención a la Dependencia, y los miembros de su unidad familiar.
c) Las personas en situación de dependencia en grado II o III y los miembros de su unidad familiar, siempre que presenten la documentación acreditativa correspondiente.
d) Los miembros de familias numerosas, siempre que presenten el título de familia numerosa en vigor.
e) Las familias en situación de vulnerabilidad económica especial, siempre que presenten el certificado correspondiente.
f) Las familias en situación de riesgo social, siempre que presenten la documentación acreditativa correspondiente.
g) Las personas sujetas a medidas privativas de libertad, siempre que presenten un certificado expedido por el centro penitenciario.
h) Los jóvenes en acogida familiar y los jóvenes tutelados y extutelados en vías de emancipación, siempre que presenten el certificado correspondiente.
i) Las personas que hayan sido víctimas de actos terroristas, y también el cónyuge y los hijos, siempre que acrediten documentalmente esta condición mediante la resolución administrativa correspondiente. En el caso del cónyuge y los hijos, también se tiene que presentar el libro de familia.
j) Las víctimas de violencia de género, y también los hijos dependientes, siempre que acrediten documentalmente esta condición mediante cualquier de los documentos previstos por la normativa vigente. En el caso de los hijos dependientes, también se tiene que presentar el libro de familia.
k) Los miembros de las familias monoparentales, siempre que presenten el título de familia monoparental o la tarjeta individual en vigor.»
5. El capítulo XV del título V de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios educativos, que comprende los servicios de escolarización básica, los complementarios y los de refuerzo, inherentes al servicio público de educación que presta la escuela de educación infantil (EI) de primer ciclo Can Nebot, de Sant Jordi de Ses Salines, en el término municipal de Sant Josep de Sa Talaia (Eivissa), sin perjuicio de que la prestación de estos servicios durante las vacaciones escolares sólo se ofrezca si hay demanda suficiente.
2. No está sujeta al pago de la tasa la jornada de escolarización básica de 9:00 h a 13:00 h para los niños de tercero de educación infantil.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas o entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley general tributaria que soliciten la prestación de los servicios que constituye el hecho imponible de la tasa.
1. La tasa se devenga cuando se presenta la solicitud para la prestación del servicio correspondiente, de acuerdo con lo que dispone la letra b) del artículo 10.1 de la Ley 2/1997, de 3 de junio, de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. La tasa se tiene que pagar mediante el documento de ingreso de autoliquidación correspondiente, que se tiene que presentar con la solicitud.
Los servicios de escolarización básica, los complementarios y los de refuerzo, cuya prestación constituye el hecho imponible, quedan gravados de la siguiente manera:
En el supuesto de que estos importes se actualicen, la actualización será aplicable a partir del mes de septiembre del año natural en que tenga lugar.
1. Quedan exentos del pago de la tasa:
a) Los alumnos que se encuentren en situación de acogida acreditada mediante un certificado del director o la directora del centro de acogida o del órgano competente.
b) Las familias víctimas de violencia de género. Esta condición se tiene que acreditar mediante la presentación de una copia compulsada de la orden de protección a favor de la víctima o, si hay, de la sentencia definitiva condenatoria por hechos constitutivos de violencia de género. También se puede acreditar mediante cualquier de los medios establecidos en el artículo 78.2 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.
c) Los alumnos que tengan la condición de refugiado o cuyos padres o tutores tengan esta condición.
2. Tienen derecho a una bonificación del 20 % de las tasas por servicios de escolarización básica:
a) Las familias que tienen dos o más hijos matriculados en el centro.
b) Las familias que tienen un hijo con necesidades educativas especiales matriculado en el centro.
3. Tienen derecho a diferentes bonificaciones de las tasas por los servicios de escolarización básica las familias en situación de protección especial que prevé el artículo 5 de la Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias. Se incluye dentro de los servicios educativos la jornada de escolarización básica de 9.00 h a 13.00 h de los niños y las niñas de primero y segundo de educación infantil.
4. Para los alumnos en los cuales concurran condiciones económicas o sociofamiliares desfavorables, la bonificación de las tasas por servicios educativos se tiene que hacer de acuerdo con la siguiente tabla:
Para obtener esta puntuación se tienen que tener en cuenta las condiciones que se detallan a continuación:
a) Las condiciones económicas. Se computan como ingresos familiares la totalidad de los ingresos de la unidad familiar durante el año fiscal inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. Al cociente resultante de dividir todos los ingresos entre el número de unidades de consumo se tiene que adjudicar la siguiente puntuación:
Para calcular las unidades de consumo del núcleo familiar, se tienen que tener en cuenta todos los miembros de la unidad familiar, de acuerdo con los criterios que se indican a continuación:
a.1) Son miembros de la unidad familiar:
1.º El alumno para el cual se solicita la ayuda.
2.º Los padres, tutores o personas encargadas de la guarda del menor.
3.º Los hermanos menores de edad.
4.º Los hermanos menores de veinticinco años que conviven en el domicilio familiar.
5.º Los hermanos, independientemente de la edad, cuando se trata de personas en situación de dependencia o con discapacidad física o psíquica en un grado igual o superior al 33 % que conviven en el domicilio familiar.
6.º Los ascendientes familiares que conviven en el domicilio familiar.
a.2) En caso de divorcio o separación legal de los padres, no se considera miembro computable aquel que no conviva con la persona beneficiaria de la ayuda. En los casos de custodia compartida, son computables los dos.
a.3) Se considera miembro computable la persona que mantenga una relación afectiva con el progenitor o el tutor legal del beneficiario que presenta la solicitud, en condición de cónyuge, pareja de hecho (acreditada de acuerdo con la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables) o situación de hecho estable.
a.4) El primer adulto de la unidad familiar supone una unidad de consumo, y el resto de adultos mayores de catorce años suponen 0,5 unidades de consumo. Los menores de catorce años suponen 0,3 unidades de consumo.
b) Las circunstancias familiares:
c) Las siguientes condiciones sociofamiliares desfavorables:
c.1) Desatención o maltrato (máximo otorgado en este apartado, 1 punto):
1.º Maltrato físico, psíquico o emocional.
2.º Violencia doméstica.
3.º Negligencia física (en alimentación, higiene, organización familiar, etc.) y psíquica (ignorancia, rechazo, etc.).
4.º Abuso o explotación sexual o laboral.
5.º Modelo de vida inadecuado en el hogar (conductas delictivas, etc.).
6.º Problemas de salud provocados.
7.º Imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de los padres o tutores (a causa de muerte, prisión o incapacidad).
c.2) Riesgo (máximo otorgado en este apartado, 1 punto):
1.º Características familiares: estructura familiar, relaciones familiares, contexto socioeducativo (aislamiento, déficits, etc.), competencia para la educación y crianza de los hijos, salud física o psíquica de los padres.
2.º Salud física y psicosocial de los niños y las niñas.
c.3) Dificultades en la atención por motivos de disponibilidad del padre, la madre o los tutores (máximo otorgado en este apartado, 2 puntos):
1.º Incompatibilidad con el horario laboral o formativo.
2.º Problemas de salud que impidan la atención de los hijos (por problemas crónicos, físicos o psíquicos del padre, la madre o los tutores u otros miembros de la unidad familiar que puedan ser causa de indisponibilidad).
c.4) Situación laboral transitoria (la puntuación no es acumulable, se tiene que elegir uno de los supuestos):
1.º Situación de desempleo de un miembro de la unidad familiar (4 puntos).
2.º Situación de desempleo de dos o más miembros de la unidad familiar (10 puntos).
3.º Beneficiarios de prestaciones extraordinarias por COVID-19 o subsidio; beneficiarios de rentas mínimas de inserción, renta social garantizada u otras similares existentes en el momento de la valoración; perceptores de una cuantía igual o inferior al salario mínimo interprofesional.
4.º Sin prestación económica por parte de ninguno de los miembros de la unidad familiar (14 puntos).
c.5) Informe emitido por los servicios sociales correspondientes que aconseje facilitar la ayuda de escolarización a raíz de las circunstancias socioeconómicas desfavorables (5 puntos).
El Consejo Escolar tiene que aprobar la valoración de las condiciones sociofamiliares desfavorables a partir de la propuesta de valoración hecha por el equipo directivo, con la ayuda del equipo de apoyo, de acuerdo con la información y los documentos que se hayan podido recabar.
5. Las bonificaciones que establece este artículo no son acumulables.
1. La formalización de la matrícula implica el bloqueo de la plaza, que no puede ser ocupada por ningún otro niño o niña. El sujeto pasivo tiene derecho a la devolución de las tasas indebidamente satisfechas por las causas generales admitidas en derecho y, también, cuando el servicio, la función o la actividad constitutiva del hecho imponible correspondiente no se preste, desarrolle o realice por causas no imputables a él. Sólo en casos de enfermedad o ausencia justificada puede no ocuparse la plaza por un periodo limitado. En este caso, el sujeto pasivo se tiene que hacer cargo del 100 % del importe del servicio educativo.
En el supuesto que la matrícula se formalice durante la segunda quincena del mes, y siempre que ya haya empezado el curso escolar, este mes tan sólo se tiene que abonar el 50% de la tasa que corresponda.
La falta de asistencia de un niño o una niña por un periodo superior a quince días sin justificación puede implicar la baja definitiva.
2. La tasa mensual del servicio del servicio de escolarización básica y de los servicios complementarios contratados se tiene que recaudar en los primeros cinco días del mes, mediante el documento de ingreso de autoliquidación correspondiente. El mes de julio tiene la consideración de lectivo y se tiene que abonar. Durante los primeros cinco días de cada mes, las familias tienen que aportar al centro el resguardo del ingreso efectuado para satisfacer las tasas del mes correspondiente.
Un retraso en el pago de más de una mensualidad sin un motivo que lo justifique obliga a pedir un informe a la concejalía competente en materia de asuntos sociales, la cual propondrá las medidas pertinentes. Si supone dar de baja el niño o la niña del centro, la dirección del centro tiene que comunicar la baja por escrito a la familia con quince días de antelación.
3. Los alumnos que utilicen los servicios complementarios de manera esporádica tienen que pagar la parte proporcional del coste, teniendo en cuenta que se considera esporádico un máximo de diez días hábiles mensuales. Esta cuantía se tiene que recaudar durante los cinco primeros días del mes siguiente de acuerdo con el uso que se haya hecho de los servicios.
Los cambios en los regímenes de utilización de los servicios serán mensuales y se comunicarán a la dirección del centro con una semana de antelación y por escrito.»
6. Los capítulos XLII y XLIII del título VI de la mencionada Ley 11/1998 quedan modificados de la siguiente manera:
1.º Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios derivada de la utilización de cada espacio de relevancia ambiental para hacer fotografías, filmaciones y producciones audiovisuales destinadas al uso comercial amparadas por la autorización o la evaluación de repercusiones ambientales pertinentes.
Quedan exentas del pago de esta tasa, las fotografías, las filmaciones y las producciones audiovisuales siguientes:
a) Las relacionadas exclusivamente con la difusión de información relativa al patrimonio natural o cultural del espacio natural.
b) Las de acontecimientos particulares de tipo familiar o doméstico en fincas privadas.
c) Las que tengan finalidades científicas.
d) Las de inspección y vigilancia por el cumplimiento de la normativa vigente.
e) Las destinadas al mantenimiento de infraestructuras y equipamientos públicos.
La tasa se aplicará cuando sean espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears, con independencia de los precios o las tasas que, si procede, corresponda abonar a otras administraciones.
2.º Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que soliciten la autorización o la evaluación de repercusiones ambientales necesaria para llevar a cabo las actividades que constituyen el hecho imponible.
3.º Tarifas. La tasa se exige de acuerdo con las siguientes tarifas:
Asimismo, a efectos de la aplicación de esta tasa, se consideran incluidas las fotografías, las filmaciones y las producciones audiovisuales realizadas con RPA (dron).
Se aplicarán recargos en los siguientes casos:
a) Recargo del 50 % de la cuantía, en caso de trabajos nocturnos, entendidos como los que se hacen antes de la salida y después de la puesta del sol.
b) Recargo de 50 euros por cada una de las modificaciones que se soliciten, durante la tramitación del procedimiento, de las condiciones iniciales objeto de autorización o evaluación, sin que ello incluya la incorporación de nuevos espacios naturales, para lo que deberá presentarse una nueva solicitud.
4.º Devengo. La tasa se devenga en el momento en que se solicita la prestación de los servicios que constituyen su hecho imponible.
1.º Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la tramitación, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, como organismo competente, de la solicitud de concesión de la etiqueta ecológica comunitaria para un producto o servicio determinado.
2.º Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurídicas, y también las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que soliciten la realización de las actividades que constituyen el hecho imponible.
3.º Cuantía. La tasa por la solicitud de concesión de la etiqueta ecológica comunitaria es de 399,27 euros. Esta cuantía no incluye ningún elemento relativo al coste de las pruebas a las cuales se tienen que someter los productos objeto de la solicitud. Estos gastos tienen que ser satisfechas por los solicitantes a las entidades debidamente calificadas para llevar a cabo estas pruebas.
4.º Bonificaciones. La tasa por solicitud de concesión de la etiqueta ecológica comunitaria será objeto de las reducciones siguientes, que son acumulables:
a) Reducción del 25% si el sujeto pasivo es una pequeña o mediana empresa.
b) Reducción del 25% si el sujeto pasivo es fabricante de producto o prestador de servicio de un país en desarrollo.
5.º Devengo. La tasa por solicitud de concesión de la etiqueta ecológica comunitaria se devenga en el momento de presentar la solicitud que da lugar al inicio de la actuación administrativa, que no se tramitará si no se ha pagado la cuantía correspondiente.
6.º Autoliquidación y pago. Los sujetos pasivos tienen que autoliquidar la cuantía por la solicitud de concesión de la etiqueta ecológica comunitaria en el momento en que presenten la correspondiente solicitud para iniciar su tramitación. La autoliquidación queda sujeta, en todo caso, a las comprobaciones correspondientes posteriores que haga la Consejería de Medio Ambiente, y también a las validaciones posteriores que haga la administración que sean necesarias.»
7. El artículo 343 septdecies de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:
«1.º Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio derivada de la reserva de boyas de amarre en los campos de fondeo regulado en la Red Natura 2000 y en el marco del Decreto 25/2018, de 27 de julio, sobre la conservación de la Posidonia oceanica en las Illes Balears. El servicio se prestará, como mínimo, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y se podrá ampliar dentro de los plazos autorizados por Demarcación de Costas si se observa demanda y se considera adecuado para la correcta protección de las praderas de posidonia.
Las condiciones, los horarios, las normas de uso y las prohibiciones asociadas a la prestación de este servicio se regularán mediante una instrucción aprobada por el Consejo de Administración de Puertos de las Illes Balears.
El servicio se prestará en los siguientes campos de fondeo regulado:
– LIC Benítez de Sa Dragonera-Sant Elm.
– LIC Cap Enderrocat-Cap Blanc-Cala Blava.
– LIC Marina Nord de Menorca-Badia de Fornells.
– LIC S'Albufera d'Es Grau-Illa d'En Colom-Cala Tamarells.
– LIC Ses Salines d'Eivissa i Formentera-Platja de Ses Salines.
– LIC Ses Salines d'Eivissa i Formentera-Badia de S'Alga-S'Espalmador.
– LIC Ses Salines d'Eivissa i Formentera-Es Caló de S'Oli.
– LIC Badies de Pollença i Alcúdia-Formentor.
– LIC Illa de l'Aire.
– LIC Es Caló-Artà.
– LIC Cala d'Hort.
– LIC Porroig.
– LIC Sa Foradada.
– Cualquiera otro habilitado para la explotación.
2.º Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que soliciten la autorización pertinente para la realización de las actividades a las cuales hace referencia el hecho imponible.
3.º Cuantía. La cuota tributaria de esta tasa se fija de la siguiente manera:
No se permite la reserva de una boya durante más de seis días consecutivos.
La modalidad "bono baño" solo se aplica a las embarcaciones de hasta 12 metros de eslora y sólo se permite un bono baño al día.
4.º Devengo y pago. La tasa se devenga cuando se presenta la solicitud de reserva de boya de fondeo, de acuerdo con el que dispone el artículo 10.1 de la Ley 2/1997, de 3 de junio, de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
El pago de la tasa se tiene que hacer mediante la presentación y el ingreso de la autoliquidación correspondiente, en el momento de la presentación telemática de la solicitud de reserva en línea de boyas de fondeo. En el caso de los bonos baño y de la estancia diurna, sujetos a disponibilidad en el momento del amarre, la solicitud también se tiene que presentar telemáticamente.
El abono de esta tasa no exime de la obligación de desatracar la embarcación, de cambiar de lugar de anclaje o, incluso, de abandonar el lugar si así lo ordena la autoridad competente por razones del servicio.
5.º Devolución.La anulación de la reserva no da derecho a la devolución del importe abonado.
Se podrá disfrutar de la reserva en otras fechas, siempre que haya disponibilidad y se mantenga el mismo número de días de la reserva inicial.»
8. Los puntos 3.1.1.1 a 3.1.1.3 del artículo 407 de la mencionada Ley 11/1998 quedan modificados de la siguiente manera:
«3.1.1.1 Instalaciones cuya única documentación técnica es el certificado de instalador.
3.1.1.1.1 Tramitación no automatizada en la UDIT: 23,12.
3.1.1.1.2 Tramitación automatizada: 15,65.
3.1.1.2 Instalaciones para usos domésticos.
3.1.1.2.1 Tramitación no automatizada en la UDIT: 75,35.
3.1.1.2.2 Tramitación automatizada: 46,76.
3.1.1.3 Instalaciones para otros usos.
3.1.1.3.1 Tramitación no automatizada en la UDIT: 92,53.
3.1.1.3.2 Tramitación automatizada: 55,32.»
9. Los puntos 1.1.1 a 1.1.3 del artículo 408 quater de la mencionada Ley 11/1998 quedan modificados de la siguiente manera:
«1.1.1 Instalaciones cuya única documentación técnica es el certificado de instalador
1.1.1.1 Tramitación no automatizada en la UDIT: 23,12.
1.1.1.2 Tramitación automatizada: 15,65.
1.1.2 Instalaciones para usos domésticos.
1.1.2.1 Tramitación no automatizada en la UDIT: 75,35.
1.1.2.2 Tramitación automatizada: 46,76.
1.1.3 Instalaciones para otros usos.
1.1.3.1 Tramitación no automatizada en la UDIT: 92,53.
1.1.3.2 Tramitación automatizada: 55,32.»
10. El punto 1.7 del artículo 408 quater de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:
«1.7 Registro de certificados de eficiencia energética.
1.7.1 Tramitación no automatizada en la UDIT. Primera inscripción. Edificio de viviendas completo y terciario de superficie superior a 100 m²: 25,15.
1.7.2 Tramitación automatizada. Primera inscripción. Edificio de viviendas completo y terciario de superficie superior a 100 m²: 9,71.
1.7.3 Tramitación no automatizada en la UDIT. Primera inscripción de vivienda unifamiliar o terciario de superficie inferior o igual a 100 m²y actualización de un registro existente: 50 % de la cuantía del concepto 1.7.1.
1.7.4 Tramitación automatizada. Primera inscripción de vivienda unifamiliar o terciario de superficie inferior o igual a 100 m² y actualización de un registro existente: 50% de la cuantía del concepto 1.7.2.»
11. El apartado 4 del artículo 409 de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:
«4. Autorización de la paralización temporal de labores por causas debidamente justificadas.»
12. El apartado 4 del artículo 411 de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:
«4. Autorización de la paralización temporal de labores por causas debidamente justificadas: 49,01.»
13. El epígrafe del artículo 415 bis de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:
14. Se añade un apartado, el apartado 4, al artículo 415 bis de la mencionada Ley 11/1998, con la siguiente redacción:
«4. Los sujetos pasivos quedan exentos del pago de la tasa a la cual se refiere el punto 4.5 del artículo 415 en cuanto a las comunicaciones de baja.»
15. Se añade un artículo, el artículo 458 sexies, al capítulo III del título XIII de la mencionada Ley 11/1998, con la siguiente redacción:
Quedan exentas del pago de la tasa las familias en situación de vulnerabilidad económica o social a las cuales se refiere el apartado 2 del artículo 5 de la Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias.»
16. Se añade un nuevo título, el título XV, a la mencionada Ley 11/1998, con la siguiente redacción:
Constituye el hecho imponible de esta tasa la inscripción en las convocatorias para seleccionar el personal que tiene que acceder a las entidades integrantes del sector público instrumental de derecho público a que se refiere el título I de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, y con el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, salvo que dispongan de una tasa específica en esta ley.
Quedan exentas del pago de la tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33 % y las familias en situación de vulnerabilidad económica o social a las cuales se refiere el apartado 2 del artículo 5 de la Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que se inscriben en las convocatorias para seleccionar el personal que tiene que acceder a los entes integrantes del sector público instrumental de derecho público de las Illes Balears, tanto en condición de personal funcionario como de personal laboral.
La cuantía de la tasa es la siguiente:
a) En convocatorias de acceso a plazas o puestos de trabajo para los cuales se exija el título universitario de grado o superior: 28,89 euros.
b) En convocatorias de acceso a plazas o puestos de trabajo para los cuales se exijan titulaciones de nivel inferior al título universitario de grado: 14,42 euros.
Las cuantías exigibles como tasa se tienen que consignar expresamente en las convocatorias correspondientes.
1. La tasa se devenga en el momento de la solicitud de la inscripción. Sin embargo, el pago de la tasa tiene que ser previo a la presentación de la solicitud de inscripción, mediante una autoliquidación, en los impresos habilitados al efecto, y se tiene que hacer el ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada.
2. A la solicitud de inscripción se tiene que adjuntar, en todo caso, una copia de la autoliquidación de la tasa, previamente ingresada.
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se haga la actividad que constituye el hecho imponible de la tasa, será procedente la devolución del importe correspondiente. Por lo tanto, no será procedente ninguna devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables a la persona interesada.»
17. El epígrafe de la disposición adicional única de la mencionada Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:
18. Se añade una nueva disposición adicional, la segunda, a la Ley 11/1998 mencionada, con la redacción siguiente:
Las entidades del sector público instrumental con personalidad jurídico-privada a que se refiere el título segundo de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, quedan autorizadas para aprobar las tarifas correspondientes a la participación en procesos selectivos, las cuales tienen que respetar la misma estructura y cuantías que fija el artículo 468 de esta ley para la inscripción en las pruebas selectivas de personal al servicio de los entes del sector público instrumental de derecho público.»
La letra a) del punto 11 del anexo de la Ley 2/1997, de 3 de junio, de tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares, queda modificada de la siguiente manera:
«a) La obtención de la mención de matrícula de honor en una o más asignaturas cursadas en la UIB permite, al formalizar las matrículas siguientes de enseñanzas oficiales en la misma UIB, acogerse por una sola vez a la exención de los precios de la primera matrícula de un número de créditos equivalente al que se haya superado con esta mención o, en caso de acceder a estudios de doctorado, a la exención de los precios en la matrícula de inicio. La bonificación correspondiente se tiene que calcular con el precio del crédito, o de la tutela académica en el caso del doctorado, en primera matrícula, y se tiene que aplicar una vez calculado el importe total de la matrícula. En ningún caso puede resultar un importe final negativo.
Los alumnos con matrícula de honor o con