Categoría: Administración

El artículo 38, número 1, letra d), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, encomienda el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de evaluar su grado de aplicación por los sujetos obligados. Para ello, elaborará anualmente una Memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
Por su parte el artículo 40 establece que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno habrá de elevar anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley.
El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, señala en el artículo 6 que, en el ejercicio de sus funciones, el Consejo deberá regirse por los principios de transparencia y participación ciudadana, que se concretan, entre otras, en la siguiente disposición: «b) Tras su aprobación, un resumen de la memoria anual del Consejo será publicado en el "Boletín Oficial del Estado". Se prestará especial atención a que resulte claramente identificable el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos, entidades y órganos obligados de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre».
Finalmente, en el artículo 12, letra c), señala el Estatuto que corresponde a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno el ejercicio, entre otras, de la siguiente función: «c) Aprobar la memoria anual en la que se analice el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y se proporcione información detallada sobre el cumplimiento de las obligaciones en ella previstas».
En su virtud, resuelve:
Remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación el resumen, que se adjunta como anexo único a la presente, de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante el ejercicio 2021, aprobada por la II Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del citado Consejo en su 6.ª reunión, celebrada en Madrid a las 12,00 horas del día 29 de marzo de 2022.
Madrid, 25 de octubre de 2022.–El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Ortega Gómez Iglesias.
La Memoria de 2021, en lo que atañe a su configuración formal, presenta algunas novedades en relación con las de los años anteriores. La más relevante, es que su estructura se adapta a los nuevos ejes que integran el Plan Estratégico 2022-2025–PE 2022/2025–. De este modo, la exposición de la actividad del Consejo se realiza en torno a siete ámbitos de actuación, predefinidos por el PE 2022/2025: Institucional, tramitación, evaluación, asesoramiento, impulso, formación y cooperación. En cada uno de ellos se detallan las actividades realizadas y los hitos más importantes alcanzados. Sin perjuicio de esa pretensión de exhaustividad, como no puede ser de otro modo, el mayor espacio lo ocupan las actuaciones relacionadas con la tramitación y resolución de las reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información –artículo 24 LTAIBG– y la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por los distintos sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, en correspondencia con el peso específico que tales actuaciones tienen en la actividad de esta Autoridad Administrativa Independiente.
La versión íntegra de Memoria del CTBG correspondiente al ejercicio 2021 puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/memorias_planes/memoria2021.html
En el ámbito de los asuntos generales, las principales actividades desarrolladas en 2021 por el Consejo son las reflejadas en los diferentes apartados de este epígrafe.
A) Comisión de Transparencia.
En 2021 se constituyó la II Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, resultado del proceso de renovación necesario, dado que en 2020, por expresa disposición estatutaria, se materializó el cese en sus cargos de quienes se desempeñaban como vocales de la Comisión al expirar los cinco años del mandato, iniciado el día de su constitución formal el 19 de enero de 2015. Completados los trámites oportunos, mediante Acuerdo de 27 de abril de 2021 por el que se renueva el mandato y se nombran los vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno (publicado por Orden TFP/459/2021, de 5 de mayo), el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública, acordó nombrar a las siguientes personas como vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:
a) Don Díaz Caballero García, Diputado, a propuesta del Congreso de los Diputados;
b)Doña Herrero Blanco Vargas Molina, Senadora, a propuesta del Senado;
c) Doña Margarita Mariscal de Gante, Consejera del Tribunal de Cuentas, a propuesta del Tribunal de Cuentas;
d) Don José Vega Muñoz Suárez, Secretario General del Defensor del Pueblo, a propuesta del Defensor del Pueblo;
e) Don David Javier Santos Sánchez, Abogado del Estado-Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta de dicha Agencia;
f) Doña Eloísa Paredes Bordegé, Subdirectora General de Transparencia y Atención al Ciudadano en la Dirección General de Gobernanza Pública, a propuesta de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública;
g) Don Aguilar Calvo Cortés, Director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a propuesta de la citada Autoridad Administrativa Independiente.
A lo largo de 2021 se celebraron 4 reuniones formales de la Comisión, los días 25 de mayo, 29 de junio, 21 de septiembre y 30 de noviembre, respectivamente. A los asuntos vinculados con mandatos derivados de la ley de transparencia, como la aprobación de la Memoria de 2020 o la reunión anual con los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información de las Comunidades Autónomas, en aquéllas se abordaron asuntos de distinto orden como el Plan de Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia para 2021, el Plan Estratégico del Consejo para el periodo 2022/2025 o la transparencia en la gestión de los denominados FondosNext Generation.
B) Gobernanza.
B.1 Organización.
En el año 2021 se ha producido una circunstancia relevante en relación con la vinculación orgánica del CTBG, motivada por la reordenación de los Ministerios llevada a cabo por el Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. El CTBG dejó de estar vinculado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y pasó a estarlo al Ministerio de Hacienda y Función Pública en los términos que establecen los artículos 109 y 110 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme dispone el artículo 14.8 del Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Durante 2021 el Presidente de esta AAI mantuvo varias reuniones de trabajo con los órganos superiores de los Ministerios de Hacienda y Función Pública y de Política Territorial para abordar la inadecuada configuración orgánica y la escasez de recursos humanos y materiales del Consejo y demandar un incremento de la dotación presupuestaria y el fortalecimiento la posición institucional del Consejo.
Igualmente, en 2021 se han celebrado diecinueve reuniones presenciales del comité de dirección, grupo de trabajo del equipo directivo de la institución, con el fin de poner en común las actividades en curso, formular y debatir propuestas de mejora, coordinar las actuaciones, y evaluar el seguimiento de todas las actividades del Consejo.
Por otra parte, varios miembros del equipo directivo han mantenido con responsables de otros organismos y entidades diversas reuniones de trabajo relacionadas con las tareas correspondientes al funcionamiento ordinario y el régimen interno del Consejo. Así, por ejemplo, a lo largo del año, se celebraron tres reuniones presenciales con miembros de la Abogacía del Estado, así como numerosos contactos por vía telemática con la jefa del Gabinete Técnico y el subdirector general de Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano de la Secretaría General de Administración Digital (en adelante, SGAD) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (en adelante, MAEyTD).
B.2 Recursos humanos.
– Dotación de efectivos:
A 31 de diciembre de 2021 el CTBG contaba con 23 efectivos, todos ellos funcionarios de carrera por expresa disposición estatutaria, con excepción del Presidente.
Esta plantilla es prácticamente similar a la asignada al CTBG por Resoluciones de 2 de febrero y 26 de marzo de 2015 de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), que constituyó la dotación inicial de recursos de la Institución.
– Gestión:
Para concluir este apartado de recursos humanos, hay que señalar que el CTBG ha realizado y tramitado durante 2021 las distintas actuaciones y procedimientos relacionados con la administración de su plantilla de efectivos, así como elaborado y aprobado las resoluciones e instrucciones correlativas a horario, condiciones de trabajo, acción social, etc.
B.3 Presupuesto y gestión presupuestaria.
– Presupuesto para el ejercicio 2021:
El CTBG ha contado con un presupuesto inicial para 2021 de 2,39 millones de euros. El crédito para este ejercicio se incrementó en un 4,79 % en relación con el presupuesto de 2020, que ascendió a 2,28 millones de euros.
En el Presupuesto inicial del Consejo para 2021, el 68,24 % del total se han destinado a gastos de personal (capítulo 1), destinándose el 29,40 % del total a gastos corrientes (capítulo 2). El restante 2,35 % del total se han dedicado a transferencias corrientes (capítulo 4) y a financiar posibles inversiones necesarias para el funcionamiento operativo de los servicios (capítulo 6) y otras operaciones financieras (capítulo 8).
– Ejecución del presupuesto:
La ejecución del PG 2021 del CTBG asciende a 1.946.616 euros (el 79,72 % del total), produciéndose un remanente de 495.320 euros (el 20,28 % del total). El nivel de ejecución supera ligeramente el dato de 2020, con una tasa de ejecución del 78,70 %.
Cabe indicar que se ha realizado una reconfiguración completa de las dotaciones y créditos incorporados en los presupuestos del Consejo para 2021, siendo este el primer ejercicio en el que esta Autoridad ha contado con una estructura presupuestaria más adecuada a sus necesidades.
Finalmente, en 2021 se ha mantenido la emergencia sanitaria relacionada con la pandemia de Covid 19, que ha incidido desfavorablemente en la ejecución del PG del Consejo para dicho año al introducir una serie de restricciones en la presencialidad en su sede de empleados y visitantes y en la movilidad de los miembros de su equipo directivo.
B.4 Gestión económica.
– Contratos:
En lo que se refiere a la actividad desarrollada en 2021 por el CTBG en materia de contratación hay que destacar la licitación de un nuevo contrato del servicio de defensa y representación jurídica del CTBG, que sustituye al que concluyó el 21 de julio de 2021. La nueva contratación concluyó el 16 de julio, fecha en que el Presidente del Consejo acordó la adjudicación del contrato, a través de un procedimiento abierto simplificado y con un año de vigencia, a G Cueto Legal, SL.
Conviene también destacar la licitación por procedimiento abierto simplificado de un sistema de tramitación administrativa electrónica para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, adjudicado a la empresa Espúblico Servicios para la Administración, SA.
Además de la conclusión de estos contratos, la actividad contractual del CTBG durante 2021 se extendió a las acciones vinculadas a la ejecución de los distintos contratos de arrendamiento, suministros y servicios.
– Convenios:
El CTBG ha realizado diversas actividades en este ámbito. En primer lugar puede aludirse al seguimiento de los convenios de colaboración suscritos con diversas CCAA para el traslado al Consejo del ejercicio de la competencia para resolver las reclamaciones promovidas al amparo del artículo 24 de la LTAIBG dado que se prorrogaron los celebrados con el Principado de Asturias y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se suscribió uno nuevo con Illes Balears y se produjo la expiración del suscrito con la Comunidad de Madrid, que no se prorrogó al entrar en funcionamiento su propio órgano garante en materia de transparencia, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.
En segundo lugar pueden mencionarse otros convenios suscritos por el organismo, señaladamente el de asistencia jurídica con el Servicio Jurídico-Abogacía del Estado del MJUS y el de suministro de servicios electrónicos con la SGAD.
Todos los convenios suscritos por el CTBG pueden consultarse en su portal de transparencia.
– Gastos:
Entre los gastos directos realizados por el CTBG durante el año 2021 destacan por su cuantía los gastos de las obras realizadas en la sede del Consejo para la construcción de dos despachos por importe de 5.723,30 euros y la compra de sillas de oficina por importe de 4.446,75 euros así como los derivados del pago de costas en procedimientos judiciales en los que el Consejo ha sido condenado.
El resto de los gastos directos superiores a 1.000 euros, incluidos los derivados del pago de las contribuciones económicas de los convenios de suministro de servicios electrónicos por parte de la SGAD y de asistencia jurídica con el Servicio Jurídico del MJUS aludidos anteriormente, pueden consultarse en el portal de transparencia del Consejo.
B.5 Plan Estratégico 2022-2025.
En 2021 el CTBG abordó el proceso de elaboración de su segundo Plan Estratégico. Este Plan, además de prolongar para su periodo de vigencia las principales líneas y ejes de actuación que viene desarrollando el CTBG desde su puesta en funcionamiento, establece objetivos estratégicos renovadores e inicia nuevas líneas de actuación ajustadas a la experiencia adquirida desde la puesta en marcha del Consejo y al conocimiento de las dificultades con que ha tropezado su funcionamiento y con las debilidades que han lastrado su eficacia.
El Plan incluye un diagnóstico de la situación del Consejo en el momento de acometer su redacción, incluyendo un análisis del contexto normativo, organizativo y social en que se desarrolla su actividad, que se ha complementado con un análisis DAFO realizado por el equipo directivo de la institución. Igualmente se explicitan la Misión, Visión, los Principios que ordenan su actividad, así como los Valores con los que esta se desarrolla
A partir del diagnóstico de situación y de la Misión y Visión del Consejo, se establecen los Objetivos Estratégicos para los próximos cuatro años. Estos objetivos no representan la totalidad de los que puede proponerse el Consejo como institución sino aquellos vinculados y necesarios para la consecución de uno o varios resultados de importancia decisiva para la misión y la visión de aquel.
El Plan distingue entre Objetivos Estratégicos Verticales y Objetivos Estratégicos Transversales. Los primeros son aquellos que se vinculan a las grandes líneas de actuación que posibilitan el cumplimiento de la Misión del Consejo. Los segundos son aquellos de cuyo cumplimiento depende materialmente la realización de los demás.
Los Objetivos Estratégicos Verticales y los Objetivos Estratégicos Transversales se despliegan en uno o más objetivos específicos verticales y transversales. Estos objetivos específicos constituyen la base operativa de la planificación y se desglosan individualmente en una serie de medidas, que representan las tareas o actividades que debe implementar el Consejo para el cumplimiento de cada uno de los objetivos y que tienen fijados en el Plan, también individualmente, un resultado –meta– y un cronograma, a partir de los que se establecen los indicadores de seguimiento que harán posible la posterior medición y evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución de aquel, así como los retos o riesgos que deben ser tenidos en cuenta para su consecución.
La presentación de los objetivos específicos y de las medidas e indicadores de seguimiento asociados a cada uno de ellos se ha sistematizado por materias a través de los siete Ejes estratégicos que representan las grandes áreas o líneas de actuación del Consejo: institucional, tramitación, evaluación, asesoramiento, impulso, formación y cooperación.
Finalmente, en cuanto al proceso de elaboración del Plan, una vez concluido el diagnóstico de situación y realizado el análisis DAFO, se elaboró un documento provisional, que fue sometido a un proceso de participación pública, abierto en el mes de julio de 2021 en la página institucional del Consejo. Concluido ese proceso de participación, se incorporaron al texto aquellas iniciativas o sugerencias de los actores de la transparencia y el acceso a la información que recibieron una valoración positiva por parte del equipo directivo del Consejo. Revisados los posibles errores, la última fase del proceso de elaboración del Plan Estratégico 2022-2025 se concretó en la redacción del texto final y la aprobación del mismo por el Presidente de la institución. Previamente, el Plan fue sometido a informe de la Comisión de Transparencia, el órgano colegiado superior del Consejo.
A) Iniciativas recibidas.
En 2021 se han presentado 2.490 iniciativas por la ciudadanía y otros sujetos interesados.
El 90 % de ellas (2.245) fueron reclamaciones planteadas al amparo del artículo 24 de la LTAIBG, tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico y local. El resto de las iniciativas, por orden decreciente, presenta naturaleza dispar: 129 denuncias sobre la aplicación de la ley de transparencia, 88 solicitudes de acceso a información pública (SAIP) y, finalmente, 28 recursos contencioso-administrativos frente a reclamaciones del CTBG dictadas al amparo del artículo 24 LTAIBG.
En este epígrafe se desarrollan los aspectos relacionados con distintas iniciativas promovidas por la ciudadanía: (i) las solicitudes de acceso a la información presentadas ante esta AAI en virtud del artículo 17 LTAIBG; (ii) las reclamaciones interpuestas al amparo del artículo 24 de la LTAIBG, que constituyen el grueso de la actividad tramitadora del Consejo, así como su seguimiento y los procedimientos judiciales a que han dado lugar; y, finalmente, (iii) las denuncias de incumplimiento de la LTAIBG de los distintos sujetos incluidos en su ámbito de aplicación planteadas por la ciudadanía.
B) Solicitudes de acceso a la información.
La cifra de solicitudes de acceso a la información recibidas durante 2021 en el CTBG, como se ha indicado, asciende a 88. En el caso de 28 de ellas se trataba de solicitudes cuyo objeto se incluía en la esfera de competencias del propio Consejo, mientras que en las restantes 60 su objeto incumbía a otros órganos y entidades incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTAIBG, de modo que el Consejo procedió a trasladar la solicitud al respectivo órgano concernido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 LTAIBG.
Los ámbitos materiales sobre los que versaron las 28 solicitudes pueden sistematizarse en las siguientes categorías genéricas: información diversa de las resoluciones del CTBG, como las cifras de reclamaciones presentadas y resueltas o las resoluciones objeto de posterior recurso contencioso-administrativo al cumplimiento de las mismas (7); información sobre el estado de tramitación de reclamaciones formuladas por los interesados en las mismas (4); el funcionamiento y actividad de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno (4); el cese y sustitución de la subdirectora general de reclamaciones (4); información sobre presupuestos y gastos (3); petición de informes (2); y, por último, otros asuntos (4).
De las solicitudes de acceso recibidas, una se ha inadmitido, una se ha desestimado, una se ha archivado y en un caso se estimó parcialmente. En el resto de supuestos se facilitó la información solicitada, si bien en tres ocasiones se hizo por considerar al solicitante interesado en el procedimiento, y no al amparo de la Ley 19/2013.
C) Reclamaciones.
A lo largo de 2021, según se ha indicado ya, se recibieron en el CTBG 2.245 reclamaciones interpuestas al amparo del artículo 24 de la LTAIBG. De ellas, 1.086–el 48,38 %– corresponden a organismos y entidades de ámbito estatal, mientras que 1.159 –el 51,62 %– estaban dirigidas a organismos y entidades de ámbito autonómico y local.
De este modo, en 2021 se han recibido un 31,7 % más reclamaciones que en el año 2020. Se refuerza así la línea ascendente, iniciada desde la puesta en funcionamiento de esta Autoridad Administrativa Independiente, en cuanto a la recepción de reclamaciones que, en poco más de un lustro, ha visto casi cuadruplicarse su número. Asimismo, se ha de destacar que esta es la primera ocasión en la que el número de reclamaciones correspondientes a las distintas administraciones autonómicas y locales supera al de las originadas en el ámbito de la administración estatal.
Atendiendo al plazo de tramitación previsto legalmente –tres meses, a tenor del artículo 24.4 LTAIBG–, de las 2.245 reclamaciones interpuestas hay que advertir que no todas se resolvieron en el ejercicio de 2021. En concreto, de las 1.086 reclamaciones de ámbito estatal con entrada en 2021 se resolvieron durante ese ejercicio 642 –el 59,12 % del total–, mientras que en el caso de las 1.159 reclamaciones de ámbito territorial lo fueron 799, el 68,94 % del total. Asimismo, como consecuencia del efecto del plazo legal mencionado, se resolvieron también las reclamaciones con entrada en 2020 pendientes de resolución: 269 de ámbito estatal y 222 de ámbito territorial.
En definitiva, a lo largo de 2021 el CTBG resolvió 1.932 reclamaciones, distribuyéndose 911 de ámbito estatal y 1.021 de ámbito autonómico y local. Ello supone un incremento total del 20,75 % sobre los 1.600 expedientes resueltos en el año 2020.
C.1 Reclamaciones de ámbito estatal.
El CTBG ha tramitado y resuelto 911 reclamaciones de ámbito estatal en 2021. De ellas, 269 son reclamaciones que tuvieron entrada en 2020 y se han resuelto en 2021, mientras que en el caso de las restantes 642 se trata de reclamaciones que se plantearon a lo largo de 2021.
Resultados de la tramitación:
De las 911 reclamaciones referidas a órganos de la AGE o del sector público institucional estatal resueltas en 2021, 741 –el 81,3 % del total– fueron admitidas a trámite, mientras que 170 –el 18,6 % del total– se inadmitieron por no reunir los requisitos legales de procedibilidad.
Los resultados de la tramitación de las 741 resoluciones admitidas son los siguientes:
– el 51,4 % del total fueron estimadas, es decir, se resolvieron de acuerdo, total o parcialmente, con las pretensiones planteadas;
– el 26,2 % del total fueron desestimadas, es decir, resultaron contrarias a las pretensiones suscitadas; y, finalmente,
– el 6,5 % del total– fueron archivadas al desistir el interesado de la reclamación, producirse la falta de subsanación de la reclamación presentada o por otras circunstancias.
Canal de entrada:
De las 911 reclamaciones resueltas por esta AAI en 2021, el 86,2 % del total tuvieron entrada a través del Portal de Transparencia de la AGE, esto es, mediante el uso de la aplicación GESAT (Gestión de Solicitudes de Transparencia ante la Administración) disponible a través del acceso a dicho sistema de información. El 13,8 % del total fueron presentadas por otros medios.
Organismos o entidades reclamadas:
Los departamentos ministeriales son los principales destinatarios de las reclamaciones planteadas al amparo del artículo 24 ante el CTBG, pues a ellos van destinadas el 73,9 % del total de reclamaciones presentadas. El Ministerio del Interior es el destinatario del mayor número de ellas –13,3 % del total– seguido del Ministerio de Sanidad –13,0 % del total– y el Ministerio de Hacienda y Función Pública –5,9 % del total–.
Motivos:
En cuanto a la causa que suscita las reclamaciones del artículo 24 de la LTAIBG, el primer dato a destacar es el elevado número de ellas que se presentan frente a SAIP que se han considerado desestimadas por aplicación de la regla del silencio administrativo, esto es, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución expresa en el plazo legalmente establecido. En el conjunto de las 911 reclamaciones tramitadas, 377 –el 41,4 % del total– se han planteado al amparo de este motivo, de modo que quien insta la reclamación desconoce los motivos por los que la Administración ha desestimado su SAIP.
Ámbito material:
Como en ocasiones precedentes, los ámbitos materiales de las reclamaciones resueltas por el Consejo a lo largo de 2021 han sido heterogéneos. A falta de un estudio detallado de las materias a que han afectado, que implicaría prácticamente un análisis caso por caso, esta Autoridad ha establecido un modelo de descriptores que permite ofrecer información agregada.
En cualquier caso, a partir del modelo existente, cabe destacar que, como sucedía en los años 2019 y 2020, las materias predominantes en 2021 han sido el empleo público, que representan un 16,1 % del total, la información estadística –un 17,9 % del total– y la información de naturaleza jurídica (informes, dictámenes, normativa, etc…)–el 17,4 % del total–.
Reclamantes:
En último término, en lo que atañe a quiénes han formulado la reclamación, hay que advertir que el hecho de que el artículo 17.3 de la LTAIBG establezca expresamente que no existe obligación de motivar la solicitud de acceso no facilita elaborar una estadística fiable de los tipos o categorías personales o profesionales en que pueden clasificarse las solicitudes. Así, a mero título de ejemplo, si bien hay quienes se identifican expresamente como periodistas o representantes sindicales, y en este sentido se han categorizado, la ausencia de la obligación de motivar la solicitud de acceso induce a suponer que no todos los pertenecientes a estos grupos pueden haberse acreditado como tales al formalizar la reclamación y, en consecuencia, quedarían encuadrados en la categoría «personas físicas sin especificar».
Se detecta que la categoría más frecuente de reclamantes ante el Consejo ha sido durante 2021 la correspondiente a las personas físicas sin cualificación especial –que, como se ha indicado, puede incluir también a periodistas, representantes sindicales e integrantes de las otras categorías individualizadas–, que se da en un 58 % del total de reclamaciones. A continuación figura la categoría «periodistas», que concurre en el 28,0 % del total de reclamaciones y, finalmente, la categoría de quienes ejercen como apoderados de personas jurídicas sin especificar, que se produce en un 5,5 % del total.
Respecto de la distribución por género, se sigue observando una acusada desigualdad entre el número de reclamaciones presentadas por hombres (el 74,84 % del total) y el de reclamaciones presentadas por mujeres (el 22,50 %).
C.2 Reclamaciones de ámbito autonómico y local.
El CTBG ha tramitado y resuelto 1.021 reclamaciones de ámbito autonómico y local a lo largo de 2021. De ellas, 222 corresponden a reclamaciones que tuvieron entrada en el año 2020 y que se han resuelto en 2021, mientras que 799 se trata de reclamaciones que se sustanciaron ante el CTBG a lo largo de 2021.
Resultado de la tramitación:
De las 1.021 reclamaciones de ámbito territorial resueltas en 2021, 807 –el 79,04 % del total– fueron admitidas a trámite, mientras que 214 –el 21,00 %– fueron inadmitidas por diferentes defectos de procedibilidad.
Los resultados de la tramitación de las 807 resoluciones admitidas son los siguientes:
– el 58,86 % del total fueron estimadas, resolviéndose de acuerdo, total o parcialmente, con las pretensiones suscitadas;
– el 22,06 % del total fueron desestimadas, es decir, resultaron contrarias a las pretensiones planteadas; y, finalmente,
– el 19,08 % del total– fueron archivadas al desistir el interesado de la reclamación.
Canal de entrada:
De las 1.021 reclamaciones de ámbito territorial resueltas en 2021, el 87,0 % del total tuvieron entrada en el Consejo mediante un correo electrónico de la persona que planteaba la reclamación; el 7,8 % del totallo hicieron a través del sistema de intercambio de registros de las Administraciones Públicas; el 4,1 % del total accedieron mediante la comparecencia de la entidad reclamada o de la persona reclamante en la sede electrónica de esta Autoridad; el 0,80 % del total a través de un correo postal; y, por último, el 0,3 % del total se presentaron mediante personación física de quien reclamaba.
Organismos o entidades reclamadas:
En cuanto al desglose por CCAA de las 1.021 reclamaciones de ámbito territorial tramitadas y resueltas durante 2021 por esta AAI, y como en ejercicios anteriores, es la Comunidad de Madrid, con el 40,55 % del total, la Comunidad Autónoma que constituye el origen de la mayor parte de las reclamaciones. Le siguen, por orden descendente, la Comunidad de Castilla-La Mancha (20,37 %) y las Comunidades de Cantabria y de Extremadura (con un 16,75 % y un 8,52 % del total, respectivamente).
Respecto de la naturaleza jurídico-organizativa de los organismos o entidades frente a los que se dirigen las 1.021 reclamaciones de ámbito territorial tramitadas y resueltas durante 2021 por esta AAI, el 69,34 % se corresponden con entidades locales, seguida de las Comunidades Autónomas con un 23,9 %.
Motivos:
En cuanto a los motivos que han originado la interposición de las reclamaciones de ámbito territorial resueltas durante 2021, el primer dato a destacar, al igual que sucede en el ámbito estatal, es el elevado número de reclamaciones que se presentan frente a SAIP resueltas por silencio administrativo. En el conjunto de las 1.021 reclamaciones de ámbito territorial, 73,75 % del total se han planteado en casos en que las solicitudes han sido desestimadas por aplicación de las reglas del silencio administrativo.
Las causas de esta diferencia tan significativa se hallan en el gran número de entidades de pequeño tamaño que aparecen como reclamadas en el ámbito local. Como sucede en otras áreas funcionales del régimen local español, estas entidades cuentan con escasos recursos para gestionar adecuadamente las SAIP y dictar en plazo las oportunas resoluciones, lo que representa un grave lastre para el despliegue de la transparencia y el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. Tal y como se ha advertido por este CTBG en anteriores ocasiones, esta situación debería corregirse, al menos, a través de la potenciación de las fórmulas de colaboración y cooperación de las Diputaciones provinciales y otras entidades intermedias titulares de competencias de cooperación con los municipios de su respectivo ámbito territorial.
Ámbito material:
En cuanto al asunto o materia de las reclamaciones, y teniendo en cuenta que la casuística territorial es diferente de la estatal, se hace uso de una tabla diferente de descriptores.
La materia principal de las reclamaciones en el año 2021 ha sido la de acceso a diferentes expedientes, con un porcentaje del 14,69 % del total, seguido por el medio ambiente con un 13,22 %. La cifra relativa a la materia «medio ambiente» debe ser analizada con precaución, dado que en 2021 se ha recibido un elevado número de reclamaciones procedente de una misma asociación de carácter ecologista que ha presentado la misma solicitud en más de 100 ayuntamientos, circunstancia que ha condicionado la información de esta anualidad. Tras el acceso a expedientes y el medio ambiente, la información presupuestaria y contable, con un 11,07 % y la categoría residual varios/otros, con un 10,09 %, han sido las de mayor presencia.
Reclamantes:
En el ámbito territorial, la categoría más frecuente de reclamantes ante el Consejo ha sido durante 2021 la de las personas físicas, el 71,01 % del total. El restante 28,99 % corresponde a las reclamaciones presentadas por personas jurídicas.
Respecto de la distribución por género, se sigue observando una acusada desigualdad entre el número de reclamaciones presentadas por hombres (el 75,94 % del total) y el de reclamaciones presentadas por mujeres (el 24,06 % del total), con un 0,69 %, de reclamaciones en que el dato de género no se ha recogido.
C.3 Seguimiento.
La estimación de la reclamación correspondiente lleva aparejada la realización por esta Autoridad Administrativa Independiente del seguimiento de su cumplimiento por los órganos y entidades concernidos. Entre las actuaciones de seguimiento se incluye la publicación de los resultados de esta labor de monitorización en el portal web del CTBG, dejando constancia de los órganos o entidades que persisten en el incumplimiento después de haber sido requeridos.
Ámbito estatal:
De las 442 resoluciones estimatorias, el 58,37 % requerían para su efectivo cumplimiento la realización de una actuación material del organismo o entidad concernida destinada a suministrar la información objeto de la controversia. En los casos restantes, o bien la información se facilitó en el curso del procedimiento, o bien la resolución se refería exclusivamente a cuestiones procesales o formales.
A 31 de diciembre de 2021, de las resoluciones que requerían una actuación de ejecución, el 78,68 % del total había sido cumplida por el órgano responsable; el 1,55 % se encontraban en trámite de resolución; el 3,1 % se hallaban suspendidas por haber sido objeto de recurso contencioso-administrativo y haberse dictado la medida cautelar de suspensión; y, por último, el 15,12 % estaban pendientes de ejecución, sin que hubiera constancia de su cumplimiento en los servicios del Consejo.
Merece la pena destacar que la tasa de resoluciones con ejecución correspondientes a 2021 que se habían cumplido a 31 de diciembre (87,56 %) se ha incrementado respecto a la obtenida a dicha fecha para las resoluciones de la misma naturaleza de 2020 (71,96 %).
Ámbito autonómico y local:
De las 475 resoluciones estimatorias, el 82,95 % del total requerían para su ejecución una actuación positiva por parte del órgano, organismo o entidad responsable de la resolución impugnada, que debía facilitar el acceso a la información solicitada. De las resoluciones que requerían ejecución, a 31 de diciembre de 2021, se hallaban ejecutadas el 60,66 % del total; el 1,02 % se encontraba en trámite de ejecución; el 0,25 % había sido suspendida por la interposición de un recurso contencioso-administrativo y la adopción de la oportuna medida cautelar; y, finalmente, el 37,97 % no existía en este Consejo constancia de su cumplimiento.
En el caso de las reclamaciones de ámbito territorial, la tasa de resoluciones con ejecución correspondientes a 2020 que se habían cumplido a 31 de diciembre de dicho año (67,37 %) es muy similar a la obtenida a dicha fecha para las resoluciones de la misma naturaleza de 2021 (69,39 %).
C.4 Procedimientos judiciales.
En 2021 se han interpuesto 28 recursos contencioso-administrativos frente a resoluciones dictadas al amparo del artículo 24 de la LTAIBG. En el ámbito estatal el número de recursos ha sido de 21, correspondiendo 6 de ellos a resoluciones de 2020 y 13 de 2021, a los que hay que añadir 2 recursos suscitados frente a resoluciones de 2018 y 2019. En el ámbito territorial los recursos planteados han sido 7, de los cuales se han interpuesto 5 frente a resoluciones de 2020, mientras que 2 de ellos se plantean frente a resoluciones de 2021. Cabe apreciar que el número de recursos ha descendido con relación a años anteriores, tanto en el ámbito estatal como en el territorial.
En cuanto al número de sentencias, en 2021 se han dictado 57 en primera instancia, de las cuales 47 enjuician resoluciones de ámbito estatal. De ellas, 32 fueron favorables al CTBG, 3 fueron estimatorias parciales y 22 se dictaron en contra del criterio de esta Autoridad Administrativa Independiente. El número de sentencias en segunda instancia ha sido de 16, correspondiendo 14 a resoluciones de ámbito estatal, de las cuales 12 han sido favorables al Consejo y 4 en contra. En último término ha habido 6 sentencias dictadas en casación, todas ellas en procesos instados frente a resoluciones de ámbito estatal. En 1 caso se inadmitió el recurso de casación interpuesto, 3 sentencias fueron favorables al Consejo, hubo 1 estimación parcial y 1 sentencia en contra.
D) Denuncias de incumplimiento de la LTAIBG.
El CTBG ha recibido 129 denuncias durante el ejercicio 2021 relacionadas, en general, con la transparencia de la actividad pública y, en particular, con distintos incumplimientos e infracciones de la LTAIBG, además de otras cuestiones de diversa índole ajenas a su ámbito competencial. El número de denuncias se ha mantenido estable respecto de 2020, cuando se presentaron 124.
El Consejo ha llevado a cabo una actuación positiva en todas ellas, aunque en ocasiones su objeto se refería a cuestiones ajenas a la LTAIBG o a las competencias del CTBG, motivo por el que en tales ocasiones se ha dado respuesta a quienes denunciaban indicando bien el cauce procedimental que se estimaba más adecuado para satisfacer la pretensión, o bien identificando a los órganos a los que podían dirigirse para ver atendidas sus pretensiones y, a la vez, comunicando la denuncia al organismo o entidad denunciada, adjuntando un recordatorio de sus obligaciones de publicidad activa cuando fue procedente.
A) Alcance de la evaluación.
A.1 Entidades incluidas en el Plan de Evaluación 2021.
Las entidades evaluadas en 2021 ascienden a 239, sistematizadas en ocho grupos de sujetos obligados: (i) Órganos constitucionales y de relevancia constitucional (10); (ii) Órganos supervisores, reguladores y autoridades administrativas independientes (6); (iii) Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (1); (iv) Entidades integrantes del Sector Público Estatal (50); (v) Consejos generales de colegios estatales y colegios profesionales de ámbito nacional (67); (vi) Comunidades y ciudades autónomas (8); (vii) Entidades locales (11); Entidades privadas (85).
A.2 Delimitación de las obligaciones de publicidad activa aplicables.
El alcance de la evaluación se ha definido en función de las obligaciones de publicidad activa que resultan aplicables a cada grupo de sujetos obligados. La LTAIBG establece diferentes obligaciones de publicidad activa según la naturaleza de las diferentes entidades incluidas en su ámbito subjetivo de aplicación. Así, en el caso de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional o de las Corporaciones de Derecho Público, la obligación de publicar se circunscribe a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, no a aquellas otras que desarrollen en cumplimiento de las funciones que constitucional o legalmente tengan encomendadas. En otros casos, por ejemplo la publicación de información relativa a planificación o la información estadística sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios que prestan, solo resultan aplicables a aquellas entidades que tienen la consideración de administraciones públicas a efectos de aplicación de la LTAIBG –las entidades contempladas en las letras a) a d) del artículo 2.1–.
En último término, hay que recordar que pueden existir ámbitos en los que un organismo o entidad no disponga de competencias para desarrollar las actividades a las que se refiere una determinada obligación de publicidad activa. Y también puede suceder que en un ámbito concreto no haya existido actividad –por ejemplo, que no se haya celebrado ningún convenio– o que la publicación de la información no resulte posible al existir algún tipo de restricción legal.
En la memoria se relacionan, específicamente, las obligaciones no aplicables a los distintos tipos de sujetos obligados (págs. 48-49).
B) Evaluación del cumplimiento de obligaciones de publicidad activa.
B.1 Aplicación de recomendaciones de la evaluación realizada en 2020.
La primera cuestión analizada ha sido el grado de cumplimiento de las recomendaciones de publicidad activa formuladas en 2020. Recordemos que se efectuaron un total de 1.100 recomendaciones a las 102 entidades evaluadas ese año, efectuándose, en promedio, casi 11 recomendaciones por entidad.
De ellas, 342 se han aplicado en 2021, lo que supone un 31,1 % del total. Un tercio de las entidades evaluadas no aplicó ninguna de las recomendaciones, mientras que un 19,6 % aplicó al menos el 80 %. Entre estas últimas entidades el incremento del Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria es de 43,2 puntos porcentuales.
B.2 Localización y estructuración de la información.
El 66 % de las entidades evaluadas dispone de un espacio específico en su web institucional para la publicación de las informaciones sujetas a obligaciones de publicidad activa. En un 22,3 % de ellas este espacio se localiza a través de un enlace situado en uno de los accesos principales de su web institucional. En los restantes casos elbannerde acceso al Portal de Transparencia se localiza en un lugar visible de la web. Un 34 % de las entidades evaluadas no dispone de un portal de transparencia, lo que obliga a recorrer los distintos apartados de sus webs para localizar las informaciones obligatorias.
En un tercio de los Portales revisados la información se estructura conforme a los bloques de obligaciones en materia de publicidad activa que establece la LTAIBG. Un 25 % adicional publica la información organizada, pero no conforme a los bloques de obligaciones que establece la Ley. Y, por último, la situación más frecuente, un 41,6 % de los casos, consiste en que la información se publica de manera desorganizada y dispersa en la web del sujeto obligado.
Por último, debe resaltarse que el 47,1 % de las entidades que disponen de Portal de Transparencia, publican informaciones sujetas a obligaciones de publicidad activa en otros apartados de su web institucional.
B.3 Cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Información institucional, organizativa y de planificación:
En promedio se publica el 66,1 % de las informaciones obligatorias de este bloque que son aplicables a los distintos tipos de sujetos obligados, con un rango de variación de entre el 58,3 %, correspondiente a las entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas, y el 91,7 % alcanzado por los Órganos Supervisores, Reguladores y Autoridades Administrativas Independientes.
El principal déficit de publicación de contenidos obligatorios se localiza en el grupo de obligaciones relativas a planificación y en el Registro de Actividades de Tratamiento: el 75 % de las entidades a las que resulta aplicable esta obligación no publican los informes de seguimiento y evaluación de los planes y programas, mientras que en el caso del Registro de Actividades de Tratamiento, el 54,2 % o bien no lo publican, o bien la publicación no cumple los requisitos de contenido establecidos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Respecto del cumplimiento de los requisitos de calidad de la información que establece la LTAIBG, el principal déficit se localiza en la carencia de referencias que permitan conocer si la información publicada está vigente. Solo el 35,8 % de las informaciones de este bloque de obligaciones está datada o contiene alguna información sobre la última fecha en que se revisó o actualizó.
El grado de cumplimiento medio de este bloque de obligaciones es del 64,1 % con un rango de variación que oscila entre el 53,1 % –entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas– y el 85,6 % –Órganos supervisores, reguladores y autoridades administrativas independientes–.
Información de relevancia jurídica:
La proporción de entidades evaluadas que publica las informaciones de este grupo de obligaciones que les son aplicables se sitúa en el 47,5 %, con un rango que oscila entre el 13,3 %, alcanzado por el Portal de Transparencia de la AGE, y el 100 % obtenido por los Órganos Supervisores, Reguladores y Autoridades Administrativas Independientes.
Las informaciones obligatorias que no publican una mayor proporción de entidades a las que resulta de aplicación dicha obligación son las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos, seguidas de los proyectos de Reglamentos y de los Proyectos de Decretos Legislativos.
En cuanto a los atributos de calidad, el de la actualización es el que presenta un menor nivel de cumplimiento –un 42 %– dado que, aunque se trata de información que por regla general está datada, no existen en los portales de transparencia referencias a la fecha de la última revisión o actualización de la información publicada.
El cumplimiento global de este bloque de obligaciones se sitúa en el 47,5 %, con un rango de variación que oscila entre el 28 %, obtenido por las entidades del Sector Público Institucional a las que resulta de aplicación alguna o algunas de aquellas, y el 98,6 %, alcanzado por los Órganos Supervisores, Reguladores y Autoridades Administrativas Independientes.
Información económica, presupuestaria y estadística:
La proporción de informaciones obligatorias publicadas en este grupo supera ligeramente el 50 % en promedio, con un rango de variación de entre el 24,8–correspondiente a las entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas– y el 90 % –alcanzado por el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado–.
La mayor parte de los incumplimientos de la obligación de publicar se localizan en el grupo de obligaciones relativas a contratos –datos estadísticos sobre contratación, modificaciones y desistimientos y renuncias–, información económica relativa a altos cargos y máximos responsables y a la información sobre subvenciones concedidas o percibidas –según la naturaleza de la entidad evaluada– e información sobre las autorizaciones de compatibilidad a empleados públicos.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos de calidad de la información, además de las dificultades para conocer si la información está actualizada, el principal problema es el uso de fuentes centralizadas para publicarla por parte de las entidades públicas. En muchos casos se deriva a la Plataforma de Contratación del Sector Público o a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Mientras que en otras ocasiones se redirige al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, lo que obliga a efectuar una nueva búsqueda para localizar la información.
El índice medio de cumplimiento de este bloque de obligaciones es del 41,8 %, con un rango de variación que oscila entre el 24 %, alcanzado por las entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas, y el 85,9 %, obtenido por el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
Información patrimonial:
El 57 % de las entidades a las que resulta de aplicación esta obligación publica información sobre sus bienes patrimoniales o sobre los que ostentan algún derecho real. De nuevo, el principal déficit que presenta este bloque de obligaciones es la falta de referencias a la última fecha en que se revisó o actualizó la información.
El índice de cumplimiento global se sitúa en el 53,7 %, con una variabilidad entre el 26,3 % de las entidades integrantes del Sector Público Estatal y el 92,9 % alcanzado por el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
B.4 Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO).
El ICIO medio obtenido por el conjunto de entidades evaluadas en 2021 alcanza el 54,8 % de cumplimiento. La falta de publicación de informaciones obligatorias –no se publica un 41,3 % de ellas– el recurso a fuentes centralizadas o la derivación al Portal de Transparencia de la AGE y, sobre todo, la carencia de referencias que permitan conocer a los usuarios el grado de actualización de la información publicada, son los factores que explican el bajo nivel de cumplimiento global alcanzado.
B.5 Transparencia voluntaria y buenas prácticas.
Además de la información sujeta a obligaciones de publicidad activa, todos los organismos evaluados publican de manera voluntaria información complementaria, relevante desde el punto de vista de la rendición de cuentas, práctica que merece una valoración positiva en cuanto muestra su interés por hacer más transparente su gestión. En algunas ocasiones se trata de informaciones adicionales nuevas, mientras que en otros supuestos se trata de informaciones cuya publicación obligatoria está prevista para otro tipo de sujetos pero no para el grupo de sujetos obligados al que pertenece la entidad correspondiente.
Las informaciones de transparencia voluntaria que se publican, ordenadas en función de la frecuencia de publicación, así como otras informaciones complementarias menos frecuentes, pero significativas respecto de la rendición de cuentas, se detallan en el Anexo III de la Memoria. Asimismo, las organizaciones evaluadas también acreditan buenas prácticas en relación con el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que podrían ser aplicadas por otros sujetos obligados, según se detalla en el anexo IV de la Memoria.
C) Evaluación de la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública.
C.1 Recursos humanos disponibles para la tramitación de las solicitudes de acceso a información pública.
El 75 % de las entidades evaluadas que han remitido la información solicitada –66, lo que representa el 51,2 % del total– ha asignado a una unidad específica la gestión de las solicitudes de acceso a información pública. Cuatro de estas entidades cuentan con unidades de transparencia. En promedio, comun