Categoría: Judicial

cumplir con la obligación prevista en la letra f) del apartado 1 de este artículo. Asimismo, y mientras el perro se encuentre en su posesión, deberá cumplir además las obligaciones de las letras a), b), c), e), i) y j) del apartado 1 de este artículo.
3. Las personas adiestradoras y educadoras de cachorros son las responsables de cumplir las obligaciones de las letras a), b), c), e), i) y j) del apartado 1 respecto a los perros en formación que estén adiestrando o tengan en su posesión por encontrarse en fase de socialización, adiestramiento, adaptación final con la persona usuaria o reeducación.
1. La persona responsable del perro de asistencia es responsable de los daños, perjuicios o molestias que ocasione a personas, otros animales, bienes, vías y espacios públicos o al medio natural en general, de acuerdo con lo establecido por la legislación civil aplicable.
2. La póliza del seguro de responsabilidad civil del perro de asistencia deberá tener un límite mínimo de cobertura por siniestro de 300.000 euros.
3. Mientras esté vigente la cobertura de la póliza de seguro de responsabilidad civil contratada por la persona responsable, no será necesario que los centros de adiestramiento suscriban ninguna otra para el mismo perro. Si el centro de adiestramiento es el responsable del perro, será el centro el que suscriba la póliza de seguro.
Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que vulneren derechos reconocidos o incumplan obligaciones impuestas por la presente ley, tipificadas y sancionadas como tales en este capítulo.
1. Podrán ser sancionadas las personas, físicas o jurídicas, que lleven a cabo, directa o indirectamente por medio de otra de la que se sirvan como instrumento, acciones u omisiones tipificadas como infracciones en este capítulo.
2. Cuando el cumplimiento de una obligación corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando sea posible, la sanción se individualizará en función del grado de participación de cada responsable.
3. De conformidad con el artículo 28.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, serán responsables, por culpain vigilando, aquellas personas que incumplan la obligación de prevenir la comisión de cualesquiera de las infracciones previstas en esta ley por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, el padre, la madre, quien ejerza la patria potestad, autoridad familiar, tutela u otras instituciones análogas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellos dependan o estén vinculados.
4. En cualquier caso, la imposición de una sanción no excluye la responsabilidad civil o penal ni la eventual indemnización por daños y perjuicios.
1. Las infracciones establecidas en la presente ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Constituyen infracciones leves:
a) La exigencia de la exhibición de documentación distinta de la acreditativa de la unidad de vinculación o del distintivo del perro de asistencia, así como la exigencia de condiciones adicionales a las señaladas en esta norma.
b) La exigencia de abono de cantidades por el acceso de los perros de asistencia a los lugares permitidos por esta ley.
c) El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones establecidas en esta ley no tipificado como infracción grave o muy grave.
d) Dificultar o entorpecer el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley, sin llegar a vulnerarlos, siempre que tales acciones no estén tipificadas como infracción grave.
3. Constituyen infracciones graves:
a) Impedir el acceso, deambulación o permanencia de la persona usuaria de un perro de asistencia que vaya acompañada de él en cualesquiera de los espacios, lugares, establecimientos o transportes previstos en esta ley cuando sean de titularidad privada sin que concurra ninguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 20.
b) Obligar a la persona usuaria a aportar garantías, prestar fianzas o contratar seguros para permitirle el acceso a los lugares permitidos por esta ley.
c) Utilizar de forma fraudulenta el distintivo de identificación de perro de asistencia para un perro distinto de aquel que integra la unidad de vinculación de que se trate.
d) Utilizar de forma fraudulenta el perro de asistencia, o el perro en formación para la asistencia, sin ser la persona usuaria que forma la unidad de vinculación con el perro, ni su adiestrador o educador.
e) Utilizar el perro de asistencia después de que el órgano competente haya notificado a la persona usuaria la suspensión del ejercicio del derecho de acceso o la extinción de la unidad de vinculación.
f) Vulnerar las obligaciones establecidas por la normativa vigente en materia de protección de animales de compañía, siempre que no se sancione de acuerdo con aquella.
g) Incumplir el deber de garantizar la adecuación del perro a las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en el artículo 5 y, en general, en la normativa aplicable.
h) No mantener suscrita una póliza de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños a terceros ocasionados por el perro de asistencia.
i) Adiestrar al perro sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para ejercer de adiestrador o adiestradora.
j) Reincidir en infracciones leves.
4. Constituyen infracciones muy graves:
a) Impedir el acceso, deambulación o permanencia de la persona usuaria de un perro de asistencia que vaya acompañada de él en cualesquiera de los espacios, lugares, establecimientos o transportes previstos en esta ley cuando sean de titularidad pública o en los que se preste un servicio público sin que concurra ninguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 20.
b) Privar de forma intencionada a una persona usuaria de su perro, siempre y cuando este hecho no sea constitutivo de infracción penal.
c) Incumplir la entidad de adiestramiento, de forma grave y reiterada, los requisitos y las condiciones reglamentariamente previstos para el desarrollo de su actividad.
d) Reincidir en infracciones graves.
1. Las infracciones tipificadas en la presente ley se sancionarán de la siguiente manera:
a) Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 300 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multa de 301 a 2.000 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 2.001 hasta 10.000 euros.
2. En las infracciones muy graves previstas en la letra c) del artículo 25.4 también podrán acumularse las siguientes sanciones:
a) La suspensión temporal, total o parcial, del servicio que preste la entidad de adiestramiento por un período máximo de un año.
b) El cese definitivo, total o parcial, del servicio que preste la entidad de adiestramiento.
3. La graduación de las sanciones se producirá conforme al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta especialmente el grado de culpabilidad, la existencia de intencionalidad o negligencia, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza y la magnitud de los perjuicios causados, el riesgo generado, la trascendencia social de la infracción, el grado de conocimiento que de la actuación infractora tenga el sujeto responsable de la misma según su experiencia y actividad profesional, y el hecho de que exista un requerimiento previo.
4. La imposición de cualquier sanción prevista en esta ley no excluye la responsabilidad civil o penal y la eventual indemnización de daños y perjuicios que puedan derivarse de la conducta sancionada, con arreglo a la legislación vigente. Si la Administración, durante la tramitación del procedimiento sancionador, apreciara indicios de ilícito penal, pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y suspenderá el procedimiento en los términos establecidos en la legislación de procedimiento administrativo común, pudiendo reanudarlo de conformidad con esta última y con vinculación a los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme.
Se produce reincidencia a los efectos de esta ley por la comisión en el plazo de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por resolución administrativa firme. La apreciación de la reincidencia no implicará, en ningún caso, la imposición de dos sanciones por un mismo hecho
1. El plazo de prescripción para las infracciones leves será de un año; para las graves, de dos años, y para las muy graves, de tres años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
1. Las sanciones reguladas en esta ley prescribirán una vez transcurrido el período de tiempo que para cada una de ellas se señala a continuación, a contar desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción, o haya transcurrido el plazo para recurrirla:
a) Al año, las impuestas por infracciones leves.
b) A los dos años, las impuestas por infracciones graves.
c) A los tres años, las impuestas por infracciones muy graves.
2. Interrumpirá la prescripción de las sanciones la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al sancionado.
El ejercicio de la potestad sancionadora regulada en la presente ley se llevará a cabo de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
1. La competencia para incoar los procedimientos sancionadores por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley corresponderá a la persona titular de la dirección provincial correspondiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. No obstante lo anterior, la incoación de los expedientes sancionadores siempre podrá realizarse por la persona titular del departamento competente en materia de servicios sociales.
2. Los órganos competentes para la resolución de los expedientes sancionadores, así como para la imposición de las sanciones previstas en esta ley, son los siguientes:
a) La persona titular de la dirección provincial correspondiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para las sanciones correspondientes a infracciones leves.
b) La persona que ostente la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para las sanciones correspondientes a infracciones graves y muy graves.
El Gobierno de Aragón podrá suscribir convenios o acuerdos con entidades u organizaciones de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito específico del adiestramiento y educación de perros, tanto de compañía como de asistencia, así como con colegios profesionales cuya actividad pueda estar relacionada con perros de asistencia, siempre que se consideren necesarios para el adecuado desarrollo y aplicación de la presente ley.
El Gobierno de Aragón realizará campañas informativas, divulgativas y educativas dirigidas a la población en general, y con carácter especial a los centros educativos de todos los niveles, hostelería, comercio, transportes y servicios públicos, con objeto de conseguir que la integración social de las personas usuarias de los perros de asistencia sea real y efectiva.
El perro de asistencia jubilado, una vez reconocida esta condición en la resolución que se dicte, mantendrá los derechos de acceso al transporte previstos en el artículo 17 siempre que continúe la convivencia con la unidad de vinculación previa a su jubilación.
En aquellos supuestos en los que se extinga la unidad de vinculación, será objeto de especial protección por parte de la Administración pública autonómica. A tal fin, por el órgano competente en este ámbito, se elaborarán programas específicos y se concluirán instrumentos jurídicos de colaboración con entidades públicas o privadas que garanticen el óptimo acogimiento de estos perros en el caso de que su propietario o beneficiario mientras estuvo dicho perro en activo, no pudiera hacerse cargo de su cuidado y mantenimiento.
1. En los supuestos de estancia temporal de usuarios de perros de asistencia no residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, pero que dispongan de un reconocimiento otorgado por la Administración autonómica con competencia en la materia o por países con legislación específica, tendrán los mismos derechos y obligaciones previstos en esta ley.
2. Dispondrán igualmente de los mismos derechos y obligaciones previstos en esta ley los usuarios de perros de asistencia procedentes de otras Comunidades Autónomas o países sin legislación en la materia siempre que dispongan de acreditaciones expedidas por entidades de adiestramiento de perros de asistencia que pertenezcan a la federación internacional.
Las Administraciones públicas y órganos directivos con competencias en materia de defensa y protección de los animales de compañía colaborarán con los órganos competentes en materia de servicios sociales, debiendo prestarse mutuamente la asistencia y colaboración requerida para garantizar el cumplimiento y la eficacia de lo dispuesto en esta ley.
En especial, se deberá garantizar esta colaboración y coordinación para el reconocimiento de la condición de perro de asistencia y de los centros de adiestramiento.
Asimismo, se promoverá la colaboración con los órganos competentes en materia de formación, reconocimiento y acreditación de las cualificaciones profesionales previstas en esta ley para apoyar e impulsar el adiestramiento de perros de asistencia.
1. En tanto no sean objeto de desarrollo reglamentario los distintivos regulados en el artículo 6.1, los perros de asistencia seguirán siendo identificados como lo fueran hasta la entrada en vigor de esta ley.
2. Hasta que se produzca el desarrollo reglamentario mencionado en el artículo 10.1, los adiestradores, centros de adiestramiento y espacios donde aquellos ejerzan su trabajo no requerirán ser reconocidos oficialmente.
3. Las obligaciones relativas al registro no serán exigibles en tanto no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario correspondiente.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones sean contrarias a lo establecido en la presente ley.
2. Asimismo, quedan expresamente derogados los artículos 36 a 40 del Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación.
El artículo 31.3 del texto refundido de la Ley de Turismo de Aragón queda redactado como sigue:
«3. Las personas usuarias de perros de asistencia ostentarán derecho de libre acceso, deambulación y permanencia en los establecimientos turísticos en compañía de ellos en los términos previstos en su normativa reguladora.»
Se modifica la letra g) del apartado 1 del artículo 5 de la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi, quedando redactada como sigue:
«g) Poder ir acompañados de un perro de asistencia en el caso de las personas que sean usuarias de estos de conformidad con su normativa específica. Quedan exentos de esta obligación aquellos conductores que puedan acreditar, mediante certificado médico, alguna patología que les impida poder conducir con seguridad con un animal dentro de su vehículo.»
Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 19, en los siguientes términos:
«5. Respecto a los perros de asistencia para personas con discapacidad u otras enfermedades susceptibles de ayuda mediante ellos, así como en relación con otros animales de compañía que pudieren auxiliarlas, siempre que vayan acompañados de quienes se valgan de ellos, se estará a lo dispuesto en su legislación específica.»
Dos. Se modifica el apartado 19 del artículo 68, que queda redactado como sigue:
«19. Impedir el acceso a perros de asistencia a las instalaciones o establecimientos autorizados por su normativa específica.»
Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 44, quedando redactada como sigue:
«f) Introducir en los vehículos animales de cualquier clase, excepto perros de asistencia autorizados de conformidad con su legislación específica.»
1. A los efectos de lo establecido en esta ley, se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de derechos sociales para reconocer otras enfermedades que justifiquen la posibilidad de optar al uso de un perro de asistencia.
2. Asimismo, se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de derechos sociales para ampliar los tipos de perros de asistencia que se establecen en el artículo 4 cuando tenga constancia de que el adiestramiento en nuevas variantes de asistencia ha logrado resultados positivos.
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de Aragón aprobará las disposiciones reglamentarias previstas en ella relativas al distintivo de perros de asistencia, al procedimiento para el reconocimiento de la condición de perro de asistencia y de la unidad de vinculación, al sistema de reconocimiento y funcionamiento de los centros de adiestramiento, así como al Registro de perros de asistencia y de unidades de vinculación de Aragón, y al Registro de centros de adiestramiento de perros de asistencia de Aragón.
Se autoriza asimismo al Gobierno de Aragón para aprobar el resto de disposiciones reglamentarias que resulten precisas para el cumplimiento de esta ley, sin perjuicio de la competencia de desarrollo reglamentario atribuida, de acuerdo con lo previsto en ella, a la persona titular del departamento competente en materia de servicios sociales o a la persona titular del departamento competente en materia de ganadería, según los casos.
Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales para actualizar la cuantía del límite mínimo de cobertura de la póliza de seguro de responsabilidad civil que se regula en esta ley.
Las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adaptarán sus ordenanzas municipales sobre la materia a las normas contenidas en esta ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.
Zaragoza, 30 de marzo de 2023.–El Presidente de Aragón,Javier Molina Carrasco.