Categoría: Administración

sarrollo de las comunidades autónomas, o con éstas en su caso, los preceptivos convenios en los términos legales establecidos en el artículo 16 de dicha ley, que deberán regular las condiciones y obligaciones asumidas en su calidad de entidades colaboradoras, y contendrá (cuando sean aplicables), los siguientes extremos, sin perjuicio de que las funciones y requisitos establecidos en el apartado e) puedan diferir entre entidades colaboradoras:
a) Definición del objeto de la colaboración.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser gestionadas por la entidad colaboradora (en caso de ser aplicable).
c) Plazo de duración del convenio.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación (en caso de ser aplicable).
e) Funciones y requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones. Entre éstos, deberán recogerse, al menos, las funciones, y plazos en su caso, destinados a:
1.º La comprobación del cumplimiento del requisito exigido a los proyectos relativo al grado de realización de la inversión, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 de esta orden.
2.º La emisión de un informe de propuesta de valoración de las solicitudes de concesión de ayudas para proyectos empresariales que se vayan a ejecutar en su ámbito territorial, sobre el grado de cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las bases reguladoras, conforme a los criterios generales para la modulación de ayudas y priorización de los proyectos que se establecen en el artículo 19 de esta orden.
3.º La emisión de un informe de evaluación de viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto, con carácter previo a la resolución de la solicitud de la ayuda, tal y como se establece en el artículo 18 de esta orden.
4.º La certificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución de la inversión subvencionable y del cumplimiento del compromiso de creación de empleo establecidos en la resolución de concesión de la ayuda o posteriores modificatorias, que deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde que el beneficiario realice la petición de liquidación de la inversión.
5.º La certificación del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de la inversión subvencionable y del cumplimiento del compromiso de mantenimiento de empleo establecidos en la resolución de concesión de la ayuda o posteriores modificatorias, que deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde que el beneficiario o el Instituto para la Transición Justa, O.A., realicen la petición de efectuar dicha certificación.
6.º El control y seguimiento de los proyectos incluidos en su ámbito territorial y la elaboración de informes, cuando así lo solicite el Instituto para la Transición Justa, O.A., a partir de la fecha de resolución de la concesión de la ayuda, que permitan comprobar el grado de ejecución de los mismos.
7.º La elaboración de informes sobre cualquier aspecto que sea planteado en relación con los proyectos para los que se hayan solicitado ayudas y estén incluidos en su ámbito territorial. Estos informes habrán de remitirse al Instituto para la Transición Justa, O.A., en el plazo que se fije en cada caso.
8.º La colaboración con el Instituto para la Transición Justa, O.A., en la realización de estudios del impacto que tienen las ayudas concedidas a la iniciativa empresarial sobre la economía de estas zonas, dentro de su ámbito territorial.
f) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de las mismas.
g) Plazo y forma para la presentación de la justificación de las subvenciones que deben aportar los beneficiarios.
h) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas (cuando sea aplicable)
i) Plazo para la emisión de los informes de propuesta de valoración, de evaluación, y los correspondientes al cumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de la inversión subvencionable y de la creación del empleo comprometido, así como los de mantenimiento de ambos compromisos.
j) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación y control previstas en el artículo 15.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
k) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora, exclusivamente para cubrir el coste de la actividad que realice (cuando sea aplicable).
1. El procedimiento de concesión de estas ayudas se iniciará por resolución de la persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., mediante las correspondientes convocatorias, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación exigida se establecerá en cada convocatoria, el cual podrá ser como máximo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
3. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su inadmisión.
1. La tramitación electrónica será obligatoria en todas sus fases de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a este apoyo financiero, serán presentadas a través de la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. (https://sede.transicionjusta.gob.es/).
Alternativamente, podrá presentarse a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, o a través de alguno de los previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las notificaciones a los interesados se realizarán mediante comparecencia en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A., en los términos recogidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. El solicitante y el representante, en su caso, podrán acceder a sus expedientes y a las comunicaciones electrónicas asociadas, mediante certificado de persona física o con DNI electrónico. Asimismo, dispondrán de un usuario y contraseña, asociado a cada expediente, que se les facilitará por correo electrónico con la primera notificación. En el enlace «notificaciones y tramitación» habilitado para cada línea de ayuda, podrán consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
La presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad del solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones de la tramitación del expediente electrónico a través de dicho registro electrónico accesible por medio de la sede electrónica.
Adicionalmente a la puesta a disposición del interesado de las comunicaciones y notificaciones a través del registro electrónico, existe un sistema complementario de alertas por medio de correo electrónico, de carácter meramente informativo, por lo que carece de efectos jurídicos respecto a su contenido y fecha de realización. En este mismo registro, los interesados, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, en relación con la información a suministrar a la BDNS, se publicarán en la página web del Instituto para la Transición Justa, O.A. (https://www.transicionjusta.gob.es/) las propuestas de resolución, las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos del procedimiento.
4. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica.
5. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán disponibles en la mencionada sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando proceda.
6. En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder de las administraciones públicas, de conformidad con lo previsto por los artículos 28.2 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose aportar junto con la solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del expediente que le fue comunicado en aquella ocasión.
En cumplimento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento, por parte del Instituto para la Transición Justa, O.A., de los datos incluidos en el cuestionario por el beneficiario. Cuando el interesado manifestase la negativa para la consulta de sus datos de carácter personal y en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, y la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, respectivamente.
1. Las solicitudes de ayuda se dirigirán a la persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., y estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. (https://sede.transicionjusta.gob.es).
2. La solicitud de ayuda se formulará de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y conllevará la autorización al Instituto para la Transición Justa, O.A., para que obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, a través de certificados electrónicos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, en cuyo caso deberá aportar dicha justificación.
3. No se admitirán solicitudes de ayuda para los mismos proyectos que hayan sido subvencionados anteriormente por el Instituto para la Transición Justa, O.A., sobre los que ya esté en vigor una resolución de concesión, salvo que se presente la renuncia expresa a dicha ayuda.
4. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Formulario de solicitud de ayuda, que incluirá los datos básicos del proyecto, así como otras ayudas concurrentes con la inversión presentada. Este fichero deberá ser firmado electrónicamente.
b) Memoria descriptiva del proyecto de inversión de acuerdo con el modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria, y firmado electrónicamente.
c) Acreditación válida del poder firmante de la solicitud.
d) Documentación acreditativa de las circunstancias personales del solicitante, de las registrales, en el caso de una sociedad constituida, o proyecto de estatutos y datos del promotor, si se trata de una sociedad en fase de constitución. En este supuesto, la aceptación de la propuesta de resolución aprobando la concesión de la ayuda solicitada deberá ir acompañada de los documentos acreditativos de la constitución de la sociedad y de sus circunstancias registrales.
En cualquier caso, las empresas deberán aportar una copia de la escritura de constitución de la sociedad, que deberá estar inscrita en el Registro Mercantil.
e) Cuentas anuales del último ejercicio de registro obligatorio depositadas en el Registro Mercantil. Las entidades sin obligación legal de depósito y registro presentarán la última declaración del impuesto de sociedades o, en su caso, certificado de exención.
f) Documentación acreditativa de los puestos de trabajo de la empresa a la fecha de solicitud de la ayuda: Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta, así como informe de vida laboral de un código cuenta de cotización expedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, referidos a los doce meses anteriores a dicha fecha, en la que figuren relacionadas todas las cuentas de cotización correspondientes a los diferentes centros de trabajo de la empresa. En el caso de autónomos, será necesaria la vida laboral completa emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social. Podrá requerirse al beneficiario una nueva remisión de esta documentación cuando haya transcurrido su plazo de validez.
g) Las siguientes declaraciones responsables, de acuerdo con los modelos establecidos en la sede electrónica, de:
1.º No inicio de los trabajos relativos a las inversiones con una anterioridad mayor a un año desde la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.
2.º Otras ayudas solicitadas o recibidas, tanto de carácter público como privado, para financiar las actividades para las que solicita la ayuda, indicando si alguna de dichas ayudas ostenta la condición deminimis.Además, deberá actualizar esta declaración si en cualquier momento ulterior de la instrucción se produce una modificación de lo inicialmente declarado. En cualquier caso, deberá presentarse nueva declaración junto con la solicitud del pago de la ayuda.
3.º Declaración sobre el tamaño de la empresa.
4.º Declaración sobre la necesidad de la ayuda y su impacto esperado.
5.º No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la ley, 38/2003, de 17 de noviembre, en la forma que se determina en su apartado 7.
Dicha justificación, a excepción de lo establecido en el artículo 13.2.e) de la citada ley, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados electrónicos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en la normativa de desarrollo que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos. Y, cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituida mediante la presentación de declaración responsable.
6.º Que la empresa no está en crisis, y que tampoco esté sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
5. Los interesados presentarán la solicitud de ayuda y el resto de la documentación con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante la firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
En el caso de representación mancomunada, deberá aportarse, asimismo, una copia digitalizada de la solicitud firmada electrónicamente por cada uno de los representantes mancomunados.
6. A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.
Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo improrrogable de diez días hábiles desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
A esos efectos, se tendrá por subsanada la omisión documental cuando se presenten documentos cuya existencia, antes de expirar el plazo de presentación de las solicitudes, resulte acreditada, pero no así en el supuesto de aportación de documentos de fecha posterior a dicho vencimiento. En este sentido, las declaraciones responsables que se presenten a posteriori se considerarán válidas si declaran que su contenido se cumple desde, como mínimo, la fecha límite del plazo de presentación de las solicitudes.
Se establece una fase de preevaluación dirigida a la verificación, por parte del órgano instructor, de que los proyectos cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras para su concesión en los artículos 4, 7, 8, y 10, y, por tanto, cumplen los requisitos para ser beneficiarios de las mismas. Aquellos promotores cuyas solicitudes se considere que no cumplen alguna, o algunas, de dichas condiciones, deberán ser notificados mediante la correspondiente propuesta de resolución provisional para denegar la ayuda, que deberá expresar con claridad cuál es la condición que no se cumple y que constituye la causa de la misma.
Con la notificación de la propuesta se abrirá el trámite de audiencia para que los interesados puedan efectuar sus alegaciones en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al día en el que el beneficiario acceda al contenido de la notificación a través de la sede electrónica. Una vez resueltas el órgano instructor formulará la correspondiente propuesta de resolución definitiva. En el caso de que no se produjesen alegaciones, el órgano instructor elevará a definitiva la propuesta provisional y se notificará la resolución correspondiente emitida por el órgano concedente.
1. Los proyectos que hayan superado la fase de preevaluación serán objeto de un informe en el que se analice su viabilidad técnica, económica y financiera. A solicitud del órgano instructor, la realización de este informe podrá ser efectuada por las entidades colaboradoras.
En los casos en que proceda la denegación de la ayuda por no poder verificarse dicha viabilidad o no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, el órgano instructor dictará la correspondiente propuesta de resolución denegatoria de la ayuda.
De los restantes proyectos, el comité de evaluación emitirá un informe final de evaluación, en el que se recogerá la puntuación obtenida por cada uno de los proyectos evaluados, aplicando los criterios de priorización que se establecen en el artículo siguiente; así como la propuesta de cuantificación de las ayudas a conceder para cada uno de los proyectos, en función del presupuesto aprobado para cada convocatoria, del número de proyectos presentados, así como de otros criterios que pueda fijar la convocatoria.
2. Los proyectos se clasificarán por orden de prelación, de mayor a menor puntuación y se seleccionarán en sentido descendente de puntuación hasta el límite presupuestario establecido en la convocatoria.
A igualdad de puntuación, cuando no haya crédito suficiente para atender todas las solicitudes, tendrá prioridad la solicitud de acuerdo al siguiente orden de desempate:
a) Aquella relativa a una inversión localizada en alguno de los municipios en los que se hubiera procedido al cierre de central térmica, nuclear o mina de carbón.
b) Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración del criterio relativo a los efectos inducidos y externalidades.
c) Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración del criterio relativo a la capacidad de generación de empleo.
d) Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración del criterio relativo a la localización del proyecto.
Si pese a la aplicación de los anteriores criterios de desempate aún persistiera el empate, se ordenarán las solicitudes según la fecha y hora de su presentación.
3. Si el presupuesto de la convocatoria no fuera suficiente para cubrir la totalidad de la ayuda de la última solicitud, en su caso, quedará a decisión del solicitante el aceptar o renunciar a esta ayuda parcial. En caso de ser aceptada, se considerará que el solicitante renuncia a acceder al resto de la ayuda, salvo que, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2 de esta orden, la cuantía liberada por una renuncia pueda ofrecerse al último solicitante para complementar dicha ayuda parcial.
1. Los criterios de puntuación y ponderación para la priorización de los proyectos de cara a la selección de los mismos en función del presupuesto existente en cada convocatoria y, por tanto, para la aplicación de la concurrencia competitiva, se establecen en la siguiente tabla:
2. La ponderación específica de todos estos criterios se determinará en cada convocatoria, sin poder superar la suma de todos ellos el 100 %, y se recogerá en el informe de propuesta de valoración que se integrará en el expediente administrativo, en el que deberá figurar el desglose de la puntuación otorgada a cada proyecto, en aplicación de los mismos.
La valoración se realizará sobre un total de 100 puntos.
3. La convocatoria podrá establecer una puntuación mínima por debajo de la cual los proyectos no serán seleccionados. Este umbral podrá determinarse sobre la puntuación global y/o sobre la puntuación de alguno de los criterios específicos contemplados en este artículo.
El Comité de Evaluación, como órgano colegiado al que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será presidido por la persona titular de la Gerencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., ejercerá las funciones de secretario la persona titular de la Secretaría General del Instituto para la Transición Justa, O.A. y formarán parte de él una persona de la Subdirección General del Estrategia y Planificación del Instituto para la Transición Justa, O.A., que ejercerá funciones consultivas con voz pero sin voto; dos personas designadas por la Dirección del Instituto para la Transición Justa, O.A.; y un vocal en representación del Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, ejercerá la presidencia la persona titular de la Secretaría General del Instituto para la Transición Justa, O.A., en cuyo caso las funciones de secretario las llevará a cabo uno de los vocales que designe la Secretaría General entre los no pertenecientes a la Subdirección General de Estrategia y Planificación. Los vocales no natos tendrán un nivel mínimo de Jefe de servicio. No obstante lo anterior, el funcionamiento del comité de evaluación será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios del órgano en el que se encuentre integrado.
Podrán asistir a sus reuniones, en calidad de invitados con voz, pero sin voto, aquellas personas que designe el Presidente del comité de evaluación.
2. El régimen jurídico del comité de evaluación será el establecido en la sección tercera del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3. El Comité de Evaluación emitirá el informe final en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada recogido en el artículo 18, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional.
2. Si como consecuencia de la evaluación de la solicitud, la propuesta de resolución provisional fuese denegatoria, por falta de viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto, o por efectos de la modulación de ayudas y priorización de proyectos señalada en el artículo 19, o por no estar el solicitante al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, el Instituto para la Transición Justa, O.A., la notificará a los interesados a través de su sede electrónica, siguiéndose igual trámite que el establecido en el artículo 17 para las denegaciones de las solicitudes de ayuda que no superen la fase de preevaluación.
3. Si como consecuencia de la evaluación de la solicitud la propuesta de resolución provisional fuera aprobatoria, el Instituto para la Transición Justa, O.A., la notificará a los interesados a través de la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A.
4. Las notificaciones, para los supuestos señalados en el apartado anterior, darán inicio al trámite de audiencia, a fin de que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha en la que se produzca el acceso al contenido de la notificación en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A., se formulen las alegaciones que se estimen oportunas, y se presenten, cuando sea necesario, los documentos o justificantes pertinentes. La falta de alegaciones o de aceptación expresa, en el plazo establecido, se entenderá como una aceptación tácita de la propuesta de resolución provisional notificada.
5. El órgano instructor resolverá con relación a las alegaciones planteadas y formulará la propuesta de resolución definitiva.
6. La propuesta de resolución definitiva para la concesión de la ayuda será notificada, a través de la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A., a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios, debiendo éstos manifestar ante el Instituto para la Transición Justa, O.A., la aceptación de la misma, entendiéndose que se renuncia a la ayuda solicitada si no se hubiere manifestado de forma expresa y fehaciente dicha aceptación, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha en que el beneficiario acceda al contenido de la notificación en la sede electrónica.
1. La resolución, debidamente motivada, concediendo o denegando la ayuda solicitada, se dictará por la persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A.
La resolución de concesión contendrá los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes que aun habiendo sido informadas favorablemente no obtengan finalmente la subvención por falta de aceptación de la propuesta definitiva, o bien por renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida. Asimismo, la resolución de concesión incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
2. Si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el Instituto para la Transición Justa, O.A., podrá acordar, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes no seleccionadas. Los créditos que eventualmente se liberen como consecuencia de las renuncias efectuadas, en el plazo de dos meses desde la notificación de las propuestas definitivas, no podrán financiar las cuantías adicionales que en otras convocatorias se hayan podido contemplar al amparo del artículo 58 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El Instituto para la Transición Justa, O.A., comunicará esta opción a los interesados, a fin de que acepten la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes se dictará resolución de concesión.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, en relación con la información a suministrar a la BDNS, y de la publicación en la página web del Instituto para la Transición Justa, O.A., la resolución que resuelve el procedimiento de concesión se notificará a través de la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A.
4. Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este organismo en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación en la página web del Instituto para la Transición Justa, O.A., o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación en la página web del Instituto para la Transición Justa, O.A., de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
5. En la publicación y en la notificación individual se hará constar el nombre del beneficiario, el proyecto o actuación a realizar, la localización del mismo, el importe de la inversión subvencionable a justificar, el empleo nuevo a crear y/o mantener, la cuantía máxima de la subvención concedida, la cuantía de las dos componentes de la subvención concedida, las fechas máximas para cumplir los requisitos de inversión y creación del empleo y su mantenimiento, y cualquier otra condición que el órgano concedente pueda establecer.
En la resolución de concesión que se notifique individualmente a los beneficiarios se podrán establecer condiciones técnicas, económicas y de creación de empleo de observancia obligatoria para la realización del proyecto o actuación subvencionable, así como la exigencia, en su caso, de presentación de informes periódicos sobre los resultados obtenidos, previsiones de explotación o cualquier otra información que se estime necesaria.
6. La concesión de subvenciones con distribución plurianual estará condicionada, para los ejercicios posteriores al que se dicta la resolución, a la existencia de las correspondientes consignaciones presupuestarias y respetará lo establecido en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
7. El plazo máximo para dictar y publicar la resolución de los expedientes será de seis meses a partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, de acuerdo con la disposición adicional novena de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
1. Una vez recaída la resolución de concesión, considerando que los proyectos presentados pueden plantear la necesidad de realizar cambios a lo largo de su ejecución, que puedan afectar a las condiciones establecidas, los beneficiarios podrán solicitar al Instituto para la Transición Justa, O.A., modificaciones de las mismas, en los siguientes términos:
a) Compromiso de plazos. Se podrán modificar los plazos establecidos para la finalización de la inversión o para la creación del empleo en los siguientes supuestos:
1.º Si se trata de ampliaciones de los plazos, las solicitudes deberán ser formalizadas antes del vencimiento del plazo que se pretenda modificar. En estos casos, el Instituto para la Transición Justa, O.A. revisará, si es preciso, las cuantías de las cantidades garantizadas mediante el depósito del aval en la Caja General de Depósitos, al objeto de requerir la aportación de una nueva garantía complementaria que cubra la posible ampliación del plazo establecido.
2.º Las solicitudes de adelanto de los plazos establecidos no podrán ser por un período inferior a seis meses e igualmente deberán ser formalizadas antes del vencimiento del plazo que se pretende modificar.
3.º No será admisible una nueva modificación de los plazos, cuando ya se hubiese otorgado una ampliación de dos años respecto del plazo inicial, o cuando se estime la falta de viabilidad del proyecto.
Toda modificación de plazos deberá ser autorizada previamente por el Instituto para la Transición Justa, O.A.
b) Composición de las partidas de la inversión subvencionable. Podrá modificarse la composición de las partidas de inversión subvencionable siempre que las modificaciones de los diversos capítulos no superen el 30 por ciento en los capítulos incrementados y que, en su conjunto, no incrementen la inversión subvencionable total aprobada. Excepcionalmente, este porcentaje podrá ser superior siempre que esté adecuadamente justificado y la modificación permita la consecución del objeto previsto de la inversión.
En aquellos supuestos en que las modificaciones de los diversos capítulos no superen el 10 por ciento en los capítulos incrementados y que, en su conjunto, no incrementen la inversión subvencionable total aprobada, no será necesaria la autorización del órgano instructor, aunque sí una comunicación al mismo, y las entidades colaboradoras deberán recogerlo en sus certificados de cumplimiento de condiciones. En todo caso, deberán respetarse las normas establecidas para la determinación de la inversión subvencionable. En el resto de supuestos, las solicitudes deberán ser expresamente autorizadas por el órgano concedente de las ayudas.
c) Compromiso de empleo. Se podrá modificar el compromiso del empleo a crear solo en los siguientes supuestos:
1.º Si se trata de modificaciones a la baja del empleo a crear comprometido por el proyecto, se revisará a la baja la cuantía correspondiente al componente de empleo de la ayuda aprobada de manera proporcional. En el caso de que concurra la circunstancia excepcional de recesión económica, entendida como la tasa de variación del PIB negativa durante dos trimestres consecutivos, podrá mantenerse el importe correspondiente a dicho componente de empleo de la ayuda, previa aprobación por el Instituto para la Transición Justa, O.A. En todo caso, dicha modificación a la baja no podrá suponer un compromiso inferior al requisito mínimo de empleo.
2.º Si se trata de modificaciones al alza del empleo a crear o de su clasificación comprometido por el proyecto, no se revisará al alza la cuantía de la ayuda máxima correspondiente.
3.º Si se trata de modificaciones en la cualificación del empleo, se minorará la ayuda en función de la bonificación obtenida por esta circunstancia, salvo que se compense con un mayor compromiso del empleo que sea equivalente en términos de ayuda. No será necesaria la autorización del órgano concedente en aquellos supuestos en los que no se hubiera aprobado una bonificación adicional por esta circunstancia, aunque sí una comunicación al mismo.
Las entidades colaboradoras deberán recoger dicha variación en sus certificados de cumplimiento de condiciones. En el resto de supuestos, las solicitudes deberán ser expresamente autorizadas por el órgano concedente de las ayudas.
2. Cualquier otra modificación de condiciones, o de la titularidad de los beneficiarios o modificaciones que consistan en la ampliación de la actividad objeto de la ayuda, o cambio de ubicación del proyecto, deberán ser autorizadas por el Instituto para la Transición Justa, O.A., previa solicitud del interesado. En ningún caso, como consecuencia de modificaciones aprobadas, se podrá autorizar una inversión subvencionable y una ayuda superior a las inicialmente aprobadas.
3. Una vez firmada el acta de comprobación de los proyectos sólo serán susceptibles de modificación la titularidad de los beneficiarios y las fechas de finalización del compromiso de mantenimiento del empleo o de las inversiones subvencionables, sobre la base de la existencia de circunstancias que justifiquen la modificación del período establecido, para facilitar su cumplimiento y asegurar la continuidad del proyecto.
4. El Instituto para la Transición Justa, O.A., podrá establecer, en la resolución de convocatoria, un periodo específico dentro del ejercicio para solicitar la modificación de los plazos establecidos.
5. Las modificaciones previstas en este artículo se podrán autorizar siempre que no dañen derechos de tercero y se presenten antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad, comprendiendo en la realización de la actividad también el mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
6. El plazo máximo para autorizar la modificación de las condiciones será de seis meses desde la presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de modificación de la ayuda. Las solicitudes serán dirigidas, a través de la sede electrónica del Instituto, a la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., órgano competente para adoptar la resolución.
7. Contra esta resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este organismo en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de acceso a la notificación de la resolución en la sede electrónica de su notificación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de acceso a la notificación de la resolución en la sede electrónica de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
1. El beneficiario de la subvención estará obligado a justificar el cumplimiento de las condiciones establecidas, así como la realización de la actividad que determinó la concesión de la ayuda, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo establecido para la realización de dicha actividad.
La justificación se realizará mediante cuenta justificativa, ajustándose a lo establecido en los artículos 72 y 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, debiendo aportarse los documentos acreditativos en el plazo de tres meses señalado.
El beneficiario quedará, asimismo, sometido a las actividades de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y, en su caso, a las que corresponden a las unidades de auditoría y control de la Comisión Europea y al Tribunal de Cuentas Europeo.
En el caso de que el beneficiario opte por la presentación de un informe realizado por un auditor externo, dicho informe habrá de realizarse de conformidad con lo previsto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio., el Instituto para la Transición Justa, O.A., o las entidades colaboradoras llevarán a cabo la comprobación de toda la documentación que los beneficiarios deban aportar para justificar la subvención. En el caso de que las comprobaciones sean realizadas por las entidades colaboradoras, el Instituto para la Transición Justa, O.A., elaborará en los tres primeros meses de cada año, un plan anual de actuación en el que se recojan los controles que se realizarán desde el mismo, incluyendo plazos de realización, y metodología de determinación de los expedientes a examinar.
2. La ejecución de los proyectos deberá ajustarse a las condiciones, prescripciones y plazos que se establezcan en la resolución de concesión y modificatorias, en su caso. La justificación de los gastos subvencionables deberá adecuarse a lo establecido en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de bienes inscribibles en un registro público dicha inscripción deberá aportarse junto con la documentación justificativa acreditativa de la ejecución de la inversión subvencionable.
3. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención, o la justificación insuficiente de la misma, llevará aparejada la pérdida del derecho al cobro y/o el reintegro, si procede, en las condiciones previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. La obligación de conservación de los documentos contables, registros y resto de documentación justificativa relacionada con el cumplimiento de las condiciones de la subvención a que se refiere el artículo 14.1.f) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se extenderá por un periodo de diez ejercicios fiscales a partir de la fecha de concesión de la ayuda o durante un plazo de cinco años a partir del 31 de diciembre del año en que la autoridad de gestión efectúe el último pago al beneficiario, de acuerdo con el artículo 82 del Reglamento (UE) 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, si este último venciera posteriormente al anterior.
5. En el caso de que las convocatorias sean cofinanciadas por el Fondo de Transición Justa, se establecerá, para la certificación de los gastos a la Comisión Europea, un sistema de costes simplificados para operaciones cuyo coste total sea menor o igual de 200.000 euros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.
6. El beneficiario quedará obligado a aportar la documentación que le sea requerida, en su caso, por el Instituto para la Transición Justa, O.A., en relación con la normativa de aplicación del Fondo de Transición Justa.
1. El beneficiario queda obligado a expresar mediante un cartel, que deberá ser ubicado en el lugar de realización del mismo, que el proyecto ha sido subvencionado con cargo al Programa de reactivación económica de las zonas de Transición Justa, desarrollado por el Instituto para la Transición Justa, O.A. Asimismo, cuando el beneficiario haga referencia al proyecto subvencionado en cualquier forma o medio de difusión, deberá incluir la imagen institucional del organismo concedente. En todas las menciones anteriores deberá aparecer el logotipo del Instituto para la Transición Justa, O.A., y el del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En el caso de que las ayudas sean cofinanciadas por el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, la publicidad de las mismas reflejará tal circunstancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.
En el supuesto de que el beneficiario disfrutara de otras ayudas y viniera obligado a dar publicidad de esta circunstancia, los medios de difusión, así como su relevancia deberán ser análogos a los empleados para las otras fuentes de financiación.
2. La publicidad de la financiación del proyecto deberá mantenerse hasta la finalización de la verificación del mantenimiento del empleo y de la inversión.
3. En caso de incumplimiento de esta obligación, se deberán aplicar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen corresponder en aplicación del título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las reglas contenidas en el artículo 31.3 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
1. El pago de las subvenciones objeto de esta orden deberá solicitarse por el beneficiario mediante solicitud dirigida a la persona titular de la Subdirección General de Estrategia y Planificación del Instituto para la Transición Justa, O.A. En dicha solicitud se informará de la finalización del proyecto dentro del período de tiempo determinado para su realización. Para tramitar el pago de la subvención deberán entregarse los documentos acreditativos de que la actividad objeto de la subvención ha sido efectivamente realizada en las condiciones que imponga la resolución, incluyendo los justificantes de gasto, con el fin de facilitar la certificación del cumplimiento de las mismas. El pago final de la ayuda no podrá realizarse hasta la plena justificación del total de las inversiones y gastos, y de la creación, o mantenimiento en su caso, del empleo comprometido.
2. No obstante lo anterior, para aquellos proyectos de inversión cuya ejecución exceda de un período de doce meses, los beneficiarios podrán solicitar pagos a cuenta de hasta el 40 al 80 por ciento sobre las inversiones subvencionables, teniendo en cuenta los pagos que, en su caso, se hayan podido realizar, que serán atendidos en función de la disponibilidad presupuestaria, pudiendo determinarse de oficio su importe.
Cuando se solicite un pago a cuenta, se presentará además una certificación parcial acreditativa del valor de las inversiones ejecutadas, extendida por el Instituto para la Transición Justa, O.A., o, en su defecto, por la entidad colaboradora que haya firmado el convenio a que se refiere el artículo 12, siendo, no obstante, válida la certificación que haya sido utilizada para la percepción de otros incentivos de la Administración General del Estado o de la Administración de la Comunidad Autónoma para el mismo proyecto.
A efectos de liquidación de pago a cuenta, se entenderá como coste el valor de la inversión subvencionable ejecutada hasta la fecha de liquidación, que no se haya tomado en consideración en anteriores pagos a cuenta, según la programación aprobada.
3. El Instituto para la Transición Justa, O.A., verificará el cumplimiento de la actuación subvencionada, comprobará que el importe de la subvención se ha aplicado a la concreta finalidad para la que fue concedida y que se ha cumplido el compromiso de empleo en las condiciones establecidas en la resolución. Para ello contará con las correspondientes certificaciones de cumplimiento de condiciones emitidas por las entidades colaboradoras.
4. Una vez realizada la correspondiente verificación técnico-económica del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión, se extenderá el acta de comprobación de realización del proyecto, que se podrá firmar por un representante del Instituto para la Transición Justa, O.A., o un representante de la entidad colaboradora y otro del beneficiario de la subvención. Con dicha acta se dará cumplimiento a la obligación de comprobación de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la subvención, tal y como se recoge en el artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
5. Firmada el acta de comprobación de realización del proyecto, deberá acreditarse que el beneficiario se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y que no es deudor por resolución de procedencia de reintegro, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. Igualmente habrá de aportarse una nueva declaración de otras ayudas, junto con la documentación acreditativa de la solicitud o concesión de las mismas, a los efectos de que el Instituto para la Transición Justa, O.A., realice la actividad de control sobre límites de intensidad máxima de las ayudas previsto en el artículo 9 de esta orden.
7. El Instituto para la Transición Justa, O.A., con objeto de realizar el seguimiento de los empleos generados, podrá solicitar las certificaciones de abono a la Seguridad Social con las cotizaciones de los trabajadores empleados por las empresas objeto de la subvención.
8. En las resoluciones de convocatoria de los ejercicios correspondientes podrá establecerse un periodo específico dentro de cada anualidad para solicitar el pago anticipado, pagos a cuenta o la liquidación de las ayudas concedidas.
1. Las cantidades pendientes de pago de las ayudas aprobadas de conformidad con esta orden podrán ser anticipadas hasta un máximo del 80 por ciento del importe de la ayuda concedida, mediante resolución de la persona titular de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., en función de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, previa petición de los interesados que no se encuentren en los casos en que el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, prohíbe su realización.
2. En el supuesto de concesión del pago anticipado, el beneficiario deberá presentar el original del resguardo de constitución de una garantía en la Caja General de Depósitos, bajo la modalidad de aval prestado por entidad de crédito o Sociedad de Garantía Recíproca conforme a la normativa de la citada Caja (Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, y demás normativa de aplicación), y con los requisitos establecidos para las mismas, suficiente a juicio del Instituto para la Transición Justa, O.A., por el importe de la ayuda co