Categoría: Energía y Medio Ambiente

abiertamente negativo, sobre el factor agua, y en el caso del tomate de uso industrial también para el factor suelo.
La Oficina Española de Cambio Climático advierte de que la intensificación asociada a estas ayudas supone un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero (tomate industrial, engorde de terneros, leche de vaca), y requiere que se reformule el análisis y su diseño para que el efecto de la intensificación se compense con otras medidas mitigadoras. También plantea la necesidad de incluir medidas de adaptación al cambio climático. Solo reconoce impacto positivo para las ayudas a productores frutos secos en secano en áreas con riesgo de desertificación y las ayudas a ganaderos de ovino y caprino.
La Comisión Balear de Medio Ambiente requiere sujetar las ayudas a estos cultivos intensivos en el uso de recursos y agroquímicos a condiciones para evitar impactos e intensificar la vigilancia sobre su cumplimiento. Para el tomate para transformación plantea condicionar la ayuda a que se logre una reducción en el consumo de agua y en la contaminación difusa generada, aplicación obligatoria de buenas prácticas uso fertilizantes y plaguicidas y gestión integrada de plagas. Para la producción de uva pasa plantea condicionar a control efectivo el uso de fertilizantes y fitosanitarios, el desperdicio generado en la explotación y los residuos en secado de la uva. Para el arroz, cultivos para obtención de proteínas y remolacha azucarera plantea condicionar el otorgamiento de la ayuda a una reducción en el consumo de agua y de la contaminación difusa, la adopción obligatoria de buenas prácticas uso fertilizantes y plaguicidas y rotación obligatoria de cultivos (en cultivos para proteína vegetal).
WWF, Nueva Cultura del Agua, SEO/Birdlife, SEAE, Por otra PAC y la Fundación Global Nature señalan que los cultivos de remolacha, arroz y tomate para industria son muy demandantes de agua y en agroquímicos, y para evitar que el otorgamiento de estas ayudas incremente los impactos ambientales que estos cultivos vienen causando considera conveniente suprimir estas ayudas, o alternativamente limitar el empleo de fertilizantes y fitosanitarios (plan de control) y requerir como condición para el otorgamiento el acreditar uso legal del agua y reducir las extracciones y la contaminación difusa producida. Para el arroz, consideran que no debería establecerse esta ayuda en demarcaciones hidrográficas con índice de explotación del recurso WEI+ superior al 40% por su elevado consumo de agua, o alternativamente condicionar ayuda a lograr una reducción del consumo evapotranspirativo y de la contaminación difusa (reducción 20% y límites máximos fertilización nitrogenada), añadiendo la prohibición de herbicidas y de la quema de rastrojos, acreditar en todos los casos disponer de permiso para uso agua, limitar los tratamientos contra Chilo supressalis a los biológicos o químicos con materias activas AAA o AAB, mantener los elementos de retención de agua, hacer un riego intermitente en lugar de inundación permanente para reducir las emisiones de metano, e incluso limitar las ayudas a los cultivos en los deltas y desembocaduras. Proponen similares limitaciones de agroquímicos, acreditación de derechos de agua, la exclusión de ayudas en demarcaciones con WEI+ superior al 40% o rotaciones obligatorias para cultivos de producción de proteínas de origen vegetal, tomate para industria, remolacha azucarera, uva pasa y frutos secos en secano. También requieren acompañar estas ayudas con formación dirigida a reducir sus impactos ambientales.
Para que las ayudas previstas para engorde sostenible de terneros, vacuno extensivo, engorde en explotación de nacimiento y producción sostenible leche de vaca no incrementen dichas producciones y los importantes impactos ambientales que vienen causando, también requiere establecer objetivos cuantitativos de reducción de la cabaña ganadera en intensivo y una moratoria a las nuevas instalaciones o a la ampliación de existentes, y un seguimiento de la contaminación que provocan.
Tras la participación pública, el estudio ambiental estratégico incluye la exclusión de las ayudas de los solicitantes sancionados en firme por uso ilegal de agua, la necesidad de georreferenciar las intervenciones para permitir apreciar su impacto sobre zonas con limitaciones ambientales, y requerir a los beneficiarios disponer de un plan de uso de insumos.
Muchas de estas producciones son intensivas en el uso de agua, fertilizantes y fitosanitarios, provocando impactos ambientales desfavorables, que no deberían por provocar las ayudas un incremento de la superficie de cultivo o de la intensificación. En todo caso, aparte de no haber sido sancionados en firme por uso ilegal del agua, los beneficiarios deberían acreditar disponer de derecho al uso del agua y encontrarse cumpliendo las condiciones establecidas por la administración competente para reducir la contaminación difusa provocada por la aplicación de fertilizantes o sustancias activas de fitosanitarios. También deberían penalizarse estas ayudas a la producción sostenible de estos cultivos en los casos en que dicha producción no puede calificarse como sostenible, como por ejemplo en superficies donde el cultivo viene generando una presión significativa por extracciones o por contaminación difusa por fertilizantes o pesticidas o sobre alguna masa de agua o zona protegida que por dicho motivo no cumple sus objetivos medioambientales (masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, masas de agua subterránea en mal estado químico por exceso de fertilizantes o sustancias activas de pesticidas agrarios). El grado de penalización debe ser progresivamente superior en los casos en los que la presión provocada por el cultivo impide alcanzar el buen estado en 2027, debiéndose prorrogar el logro de los objetivos medioambientales a 2033, a 2039 o incluso posteriormente.
5.2 Intervenciones sectoriales.
Frutas y hortalizas 1IS501801V1 Programas operativos del sector de frutas y hortalizas. Inversiones en activos materiales e inmateriales, investigación y métodos de producción experimentales e innovadores. CLIMA(47(1)(i)) Acciones para mitigar el cambio climático y adaptarse a él. INVVO(47(2)(b)) Inversiones en activos materiales e inmateriales que permitan que la gestión de los volúmenes comercializados sea más eficiente, también en el caso del almacenamiento colectivo.
Vino: RESTRVINEY(58(1)(a)) Reestructuración y reconversión de viñedos. INVWINE(58(1)(b)) Inversiones en activos materiales e inmateriales en sistemas agrícolas vitícolas, excluidas las operaciones relacionadas con el tipo de intervención previsto en la letra a), en instalaciones de transformación y en infraestructuras vinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización.
El estudio ambiental estratégico, para el sector vino, considera todos los impactos de estas medidas como positivos excepto para la medida 4 (destilación) que provoca efectos negativos sobre varios factores, y para el sector frutas y hortalizas prevé impactos de signo variable o negativos en algunas intervenciones.
La Subdirección General de Economía Circular del MITERD requiere aplicar a las inversiones en estos ámbitos como criterios de selección de operaciones el grado de cumplimiento del principio de jerarquía de residuos y la contribución a una economía circular.
La Oficina Española de Cambio Climático requiere reformular el análisis del que se han deducido las intervenciones incluidas en el Plan, ya que algunas no fomentan la retención de carbono en el suelo.
La Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de Andalucía requiere que estas ayudas se diseñen de manera que no aumenten o perpetúen el estrés hídrico o la contaminación de las masas de agua afectadas por los cultivos objeto de subvención.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura señala que la implantación de cultivos leñosos con estructuras fijas (viñedos en espaldera) puede causar efectos negativos sobre las aves esteparias, y hace mención de lo que indica al respecto la Estrategia de conservación de aves esteparias amenazadas del MITERD.
En relación con estas intervenciones, WWF, Por otra PAC, SEO/Birdlife y la Fundación Global Nature plantean la necesidad de introducir cautelas para impedir que las ayudas fomenten el uso ilegal del agua (inversiones frutas y hortalizas y vino), y condicionarlas a que se demuestre su contribución a la mitigación y adaptación climática, a la reducción del consumo de agua y energía, a reducir la pérdida de suelo y su fertilidad y la reducir la contaminación del aire y agua. En lo relativo a la reestructuración y reconversión de viñeros plantean como condición elegibilidad el implementar expresamente medidas de ahorro de agua, de eficiencia energética y de reducción de emisiones, y penalizar la reconversión a espaldera. También requieren que para las ayudas a la cosecha en verde de uva, frutas y hortalizas se establezca la prohibición de aplicación de agroquímicos, y que donde se aplique no se apliquen ayudas a la implantación de los correspondientes cultivos en regadío o su transformación en regadío. Para el programa nacional de apicultura plantea incluir ayudas a la prevención de daños de oso.
A consecuencia de la participación pública, para el sector del vino el estudio ambiental estratégico incorpora como condición de elegibilidad que el solicitante no haya sido sancionado en firme por uso ilegal del agua, que solo se autoricen inversiones de reestructuración o reconversión de viñedos en regadío si se dispone de derecho al uso del agua, y priorizar ayudas al secano y a las producciones ecológica e integrada. Para el sector de frutas y hortalizas, para actuaciones en regadío prevé requerir contadores de agua, aplicar en masas que no alcanzan el buen estado por presión por extracciones los ahorros efectivos mínimos que se contemplen en los planes hidrológicos, excluir a solicitantes sancionados por uso ilegal del agua, y requerir disponer de derecho al uso del agua, entre otras.
Revisada la naturaleza de estas ayudas en el Plan, se aprecia que incluye varios tipos de muy distinta naturaleza, de los que algunos tipos son inversiones. En estos casos debe dárseles un tratamiento equivalente al que se indica en esta resolución para las inversiones financiadas por el FEADER, en particular aplicar las mismas condiciones medioambientales de elegibilidad y criterios medioambientales de selección de operaciones.
En el caso de explotaciones que van a solicitar ayudas para cosecha en verde, no resulta ambientalmente admisible que provoquen los mismos impactos medioambientales por empleo de insumos, en particular fertilizantes y fitosanitarios, que las explotaciones cuyas cosechas sí se ponen en el mercado, considerándose necesario incluir al menos el no empleo de agroquímicos potencialmente contaminantes como condición de elegibilidad.
5.3 Intervenciones sobre el desarrollo rural.
La Oficina Española de Cambio climático indica que el MITECO no ha participado ni ha tenido interacción con las comunidades autónomas previo al establecimiento de las prioridades para la programación de las intervenciones de Desarrollo Rural. Varios otros informes y alegaciones advierten de que en el estudio ambiental estratégico no se ha evaluado el impacto sobre los factores ambientales de las medidas que implantará cada comunidad autónoma, considerando que la evaluación debía haber descendido a dicho nivel.
ENVCLIM(70) Compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión.
El Documento de alcance del estudio ambiental estratégico consideraba que estas medidas, claramente dirigidas a objetivos medioambientales o climáticos, podían no obstante producir impactos estratégicos negativos en algunos casos: ayudas agro/ silvoambientales diseñadas para dar apoyo económico a determinado sector, ayudas que no responde a prioridades de la planificación ambiental o climática pertinente, ayudas que carecen de objetivos ambientales o climáticos cuantitativos que permitan determinar su idoneidad y su efectividad, ayudas no coherentes con el principio «quien contamina paga», o ayudas de aplicación plana en el conjunto del territorio sin diferenciar dónde son y donde no son necesarias y efectivas, entre otras.
El estudio ambiental estratégico considera que todos los compromisos incluidos en este amplio epígrafe producen impactos positivos sobre el conjunto de factores ambientales.
WWF y SEO/Birdlife plantean mejorar el modelo conceptual que se ha venido dando a estos compromisos, incorporar la figura de pagos por resultados, la figura de los contratos territoriales de explotación, de los bancos de tierras, y posibilitar una acogida asociativa o colectiva.
No se aprecia qué contribución cuantitativa se espera que tenga cada uno de los compromisos medioambientales o climático identificados en el Plan sobre las principales políticas, planes y objetivos medioambientales y climáticos a las que se supone se encuentran dirigidos, lo que resulta incoherente con el hecho de su programación dentro de tres objetivos específicos medioambientales y climáticos. Para cada compromiso enmarcado en dichos objetivos se debe cuantificar su contribución esperada al logro de dichas políticas medioambientales y climáticas.
Esta medida tiene potencial aplicación en los Sistemas de Alto Valor Natural, pero una de las dificultades puestas de manifiesto en varios informes y alegaciones es el reducido alcance que tienen en España los Sistemas de Alto Valor Natural, reconocidos en una minoría de comunidades autónomas. WWF plantea caracterizarlos con metodología sencilla, homogénea y replicable (Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha) basada en las indicadores de la IEEP a nivel europeo.
Compromisos agroambientales en superficies agrarias.
La Confederación Hidrográfica del Duero indica haber incluido en el plan hidrológico de la demarcación una medida para creación de bandas de protección frente a la contaminación difusa, que cuando se extiendan más allá de la anchura de banda de la BCAM4 podría perfectamente estar soportada por una ayuda agroambiental específica, si bien no encuentra encaje entre las que se han incluido en el plan.
La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITERD plantea la necesidad de incluir en el plan una medida agroambiental supraautonómica para favorecer la convivencia entre la ganadería extensiva y la conservación de los grandes carnívoros, que puede combinarse con inversiones en el mismo sentido, para entre ambas incorporar un servicio de pastoreo y vigilancia; adquisición y mantenimiento de perros pastores y guardianes de ganado; construcción, mantenimiento y uso de estructuras para pernoctación y agrupamiento de ganado y puntos de agua selectivos para ganado extensivo; sistemas de geo-localización de ganado bovino extensivo; selección de razas y sementales con comportamiento defensivo anti predador y cercados de colmenas, entre otras acciones y compromisos.
La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del País Vasco aprecia la ausencia en esta programación de medidas para favorecer la coexistencia de la ganadería extensiva y los grandes carnívoros, de medidas específicas orientadas al mantenimiento en estado conservación favorable de hábitats y especies objeto de protección en espacios de la Red Natura 2000 y también fuera de dichos espacios, de medidas de lucha efectiva contra la erosión, salinización y otros procesos degradativos del suelo, y de ampliación de la superficie dedicada a la creación de elementos no productivos con valor para la biodiversidad y el paisaje por encima de la BCAM8, rogando que se haga un esfuerzo por encajar las necesidades de inversión de los Marcos de Acción Prioritaria Red Natura 2000 en el conjunto de medias y mecanismos de intervención del Plan y que se maximicen los fondos a ello dedicados.
La Dirección General de Medio Natural de la Xunta de Galicia señala que las ayudas agroambientales no se concentran en espacios de la Red Natura 2000, por lo que su impacto positivo sobre dicha red será muy reducido.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura manifiesta su interés en incorporar al Plan para Extremadura algunas medidas agroambientales que no han sido planteadas por esta comunidad autónoma en la elaboración del programa (intervenciones 6501.3, 6501.5, 6501.6 y 6504), solicitando dejar abierta la posibilidad de ponerlas en marcha en la comunidad si se consideran relevantes para los objetivos ambientales del Plan.
WWF recalca la necesidad de dar coherencia al Plan con los Marcos de Acción Prioritaria Red Natura 2000 y de contribuir de manera efectiva a las estrategias de la Unión Europea en materia de biodiversidad. También propone una medida de fomento del control natural de plagas y enfermedades en agricultura por predadores naturales.
La Real Federación Española de Caza propone varias medidas agroambientales susceptibles de mejorar el hábitat para la biodiversidad en general y para las especies cinegéticas en particular, incluyendo compromisos sobre la cosecha (retraso en la recolección del cereal, dejar una altura de siega de al menos 20 cm, prohibición de cosecha nocturna, trayectoria de cosechado en parcela de dentro afuera, recogida de las pajas o entrada del ganado al menos 1 mes tras cosecha, mantenimiento de rodales sin cosechar y prohibición de semillas blindadas), compromisos sobre los barbechos (mantenimiento desde la recolección al 1 septiembre del siguiente año, sin entrada de ganado hasta 15 agosto ni labores hasta 1 octubre; creación de bandas de vegetación en parcela y lindes (márgenes multifuncionales), creación de fajas de vegetación en cultivos leñosos en pendiente, creación de caballones según curvas de nivel) y compromisos sobre las prácticas ganaderas (limitación de cargas, regeneración de la dehesa mediante protección del regenerado).
De los informes y alegaciones recibidos y del análisis técnico se deduce la necesidad de ampliar la programación de medidas agroambientales al menos para los objetivos de ampliación de las bandas de protección frente a contaminación difusa de origen agrario por fertilizantes y fitosanitarios de ríos, arroyos, humedales y turberas sobre las contempladas en la BCAM 4 y en su caso la ampliación planteada en la BCAM 8; recuperación de riberas, humedales, criptohumedales y de turberas deterioradas o desaparecidas en el pasado por la expansión de la agricultura incluyendo la anulación de drenajes y restauración morfológica y el abandono del cultivo agrícola sobre las superficies potencialmente recuperables; compromisos específicos para para conservar, maximizar su valor y en su caso ampliar la superficie de Sistemas de Alto Valor Natural (en comunidades autónomas que los tienen identificados), y compromisos agroambientales específicos de espacios protegidos Red Natura 2000 para mantener en un estado de conservación favorable sus hábitats y especies objeto de protección.
6501.1 Producción integrada.
WWF, Brinzal, SEO/Birdlife, SEAE y Por otra PAC sugieren eliminar esta ayuda por su mínima contribución ambiental, la falta de ambición de sus compromisos y la actual incorporación obligatoria como línea base de la Directiva de Uso Sostenible de Fitosanitarios en la condicionalidad reforzada. Consideran que la producción integrada no contribuye a los compromisos del Pacto Verde.
Tras las consultas, el estudio ambiental estratégico prevé requerir análisis de suelo o foliares para ajustar las recomendaciones de abonado, y requerir mantener en el compromiso al menos el 80% de la superficie inicialmente acogida.
Se sugiere reconsiderar la inclusión de este compromiso en el plan por su reducida ambición ambiental, por mantener el uso de fitosanitarios y por su reducida contribución a los objetivos medioambientales y climáticos y al Pacto Verde y a la estrategia De la Granja a la Mesa, absorbiendo un presupuesto que podría dedicarse a otras prácticas con mayor contribución a los objetivos medioambientales y climáticos, como puede ser la agricultura ecológica, para la que dichas estrategias sí hay establecido un importante objetivo.
6501.2 Compromisos de cultivos sostenibles.
WWF sugiere eliminar este agroambiental por solaparse con la condicionalidad y los ecoesquemas (rotación cultivos, empleo cubiertas vegetales), por la falta de ambición de los compromisos, e incorporación como línea base de la Directiva de Uso Sostenible de Fitosanitarios en la condicionalidad reforzada. Considera que esta línea de ayudas se programa para mantener artificialmente el apoyo público a cultivos intensivos en uso de agua y agroquímicos como la remolacha, tabaco y algodón. SEO/Birdlife también considera esta ayuda como carente de ambición medioambiental, requiriendo establecer como criterios de acceso que el índice de explotación del agua WEI no supere el 40% y que se produzca una reducción verificable del uso de fertilizantes y fitosanitarios.
Como consecuencia de la participación pública, el estudio ambiental justifica en términos imprecisos la finalidad de esta medida y requiere su mantenimiento en años sucesivos por al menos el 80% de la superficie de acogida inicial.
Se sugiere reconsiderar la inclusión de esta medida en el programa por su reducida ambición ambiental, reducida contribución a los objetivos medioambientales y climáticos y enfoque heterogéneo y dispar entre comunidades autónomas, consumiendo un presupuesto que podía dedicarse a otros compromisos agro/silvoambientales mejor orientados al logro de dichos objetivos.
6501.3 Compromisos de fomento y gestión sostenible de pastos.
La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del País Vasco aprecia que en estos compromisos sobre pastizales que sean hábitat de interés comunitario no se menciona su orientación al logro de un estado de conservación favorable, lo que siempre debería ser una condición, resultando imprescindible en caso de encontrarse el pastizal en el interior de zonas de especial protección ZEC. No se deduce que la programación de esta medida esté bien alineada con la Directiva 92/43/CEE de Hábitats.
WWF plantea limitar las cargas y periodos, limitar el agroambiental a ganado ovino y caprino, extenderlo a superficies forestales pastables, barbechos y rastrojeras, utilizar la gradación del documento Propuesta de Caracterización de Grados de Extensividad (Urivelarrea et al, 2020), y añadir medidas de coexistencia de la ganadería extensiva con grandes carnívoros y de apoyo a la trashumancia.
Por otra PAC, SEAE y SEO/Birdlife requieren diferenciar el tratamiento de los prados de siega que son hábitats de interés comunitario (HIC 6510 y 6520) de los cultivos comerciales genéricos de forrajes, centrando la ayuda en los primeros; conservar los márgenes y setos perimetrales en un buen estado de conservación y prohibir el desbrozado mecánico en los márgenes perimetrales; dar más apoyo al pastoreo extensivo rotacional, definir umbrales de densidad adecuados a cada tipo de pastizal y establecer medidas adicionales para la coexistencia de la ganadería extensiva con grandes carnívoros.
La Fundación SAVIA por el compromiso y los valores reconoce que la protección y desarrollo de la ganadería extensiva es una necesidad imperiosa, dada la actual ausencia de un proyecto de futuro para los pastos y la ganadería extensiva, y manifiesta la necesidad urgente de reconstruir lo que denomina «trípode pastos-dehesa-ganadería extensiva» y de abordar un plan de protección y restauración de la dehesa, cuya capacidad de absorción de CO2es muy superior a la de cualquier cultivo.
Tras la participación pública, el estudio plantea de forma inconcreta diversificar esta práctica, establecer criterios de selección de operaciones medioambientales y climáticos, limitar, que no prohibir, el uso de fertilizantes y plaguicidas, y mantener al menos un 80% de la superficie acogida los años sucesivos.
Esta medida requiere limitar el tipo de ganado, las cargas y los periodos de pastoreo a escala de cada comunidad autónoma y de cada zona de pastos, de conformidad con las indicaciones que haga la administración de biodiversidad del territorio para alinear la medida con el mantenimiento en un estado de conservación favorable de los pastizales que sean hábitats de interés comunitario, entre los que se encuentran varios tipos de pastizales que deben seguir modelos de gestión propios y diferentes (praderas y prados de diente, dehesas de quercíneas, prados de siega). Esta regulación debe ser objeto de un seguimiento adaptativo en el que participe dicha administración para permitir verificar si la regulación en cada caso adoptada verdaderamente contribuye a dicho estado de conservación favorable, y en su caso realizar los ajustes que procedan. En pastos que también sean hábitats de interés comunitario deben prohibirse todas las actuaciones que puedan deteriorar su estado de conservación o impedir que alcancen un estado de conservación favorable, y extenderse a la conservación los elementos que completan su caracterización y funcionalidad (setos, arbolado disperso, cerramientos de piedra), así como a la recuperación de superficies perdidas en el pasado por roturaciones de fines agrarios. Particular importancia y financiación debe prestarse en esta medida a la regeneración de las dehesas.
Este compromiso orientado a la ganadería debería igualmente incorporar medidas complementarias que favorezcan la coexistencia de la ganadería extensiva con los grandes carnívoros en las zonas donde existen, así como medidas complementarias de apoyo a la práctica ganadera milenaria de la trashumancia.
El diseño territorial y la programación de esta medida debe incorporar las previsiones que contengan al respecto los Marcos de Acción Prioritaria a Natura 2000.
6501.4 Apicultura para la biodiversidad.
WWF, SEO/Birdlife y Por otra PAC plantean no limitar la ayuda a la abeja Apis mellifera y extenderla a todos los demás polinizadores, desincentivar el uso de neonicotinoides, vincular la ayuda a la Estrategia nacional para conservación de polinizadores, incluir la creación de barreras naturales contra la deriva de aplicación de fitosanitarios y añadir medidas preventivas de ataques de oso en zonas con presencia de esta especie.
Tras las alegaciones, el estudio únicamente plantea establecer criterios de selección de operaciones que den valor añadidos, sin concretarlos, y requerir mantener acogida al menos el 80% de la superficie acogida el primer año.
Se considera que esta medida, además de dirigirse a la apicultura, debe dirigirse al conjunto de especies polinizadoras silvestres, siguiendo las directrices de la Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y en zonas con oso debe incorporar actuaciones para prevenir daños a colmenas.
6501.5 Protección de la avifauna.
WWF plantea añadir fechas límite para la siega. Brinzal plantea prohibición de fitosanitarios. SEO/Birdlife pide que se aclare la forma en que cada comunidad autónoma va a aplicar esta medida, que se prioricen Zonas de EspecialProtección para las Aves y zonas de importancia para especies prioritarias, y que se siga la Estrategia nacional de conservación de aves esteparias.
Tras la participación pública, el estudio decide incorporar la prohibición del uso de fertilizantes y fitosanitarios y menciona otros posibles ajustes de esta medida (calendarios, mantenimiento de barbechos, criterios de selección de operaciones, etc.), sin concretarlos.
No se aprecia coherencia entre la forma heterogénea en que este compromiso se ha programado en las comunidades autónomas y las necesidades señaladas en los Marcos de Acción Prioritaria Natura 2000, considerándose necesario que se reprograme dando respuesta a las necesidades indicadas por dichos Marcos. Tampoco se ha reflejado su contribución cuantitativa al logro de los objetivos medioambientales a los que se indica que va dirigida. La medida debería diferenciarse y desagregarse según el tipo de avifauna a la que va dirigido (incluir al menos aves esteparias, aves acuáticas en arrozales y grulla), concretando su ámbito territorial de aplicación, la superficie de implantación esperada y el objetivo de la medida en términos de ampliación del hábitat (ha) o de la población (n.º individuos) de las especies de aves en que se centra. Su aplicación debe centrarse en las áreas de cada comunidad autónoma efectivamente ocupadas por las especies o comunidades de aves objetivo, y ser prioritaria sobre las Zonas de Especial Protección para las Aves y las áreas críticas contempladas en planes para la conservación de aves protegidas. Por el contrario, debe evitarse una aplicación plana de estas medidas en el conjunto del territorio de cada comunidad. En la definición de las zonas de aplicación y de los compromisos de cada medida debe intervenir con carácter preceptivo y determinante la administración competente en biodiversidad y en Red Natura 2000 de la comunidad autónoma, y deben tenerse en cuenta las orientaciones, necesidades y prioridades expresadas en los planes de gestión y Marcos de Acción Prioritaria Red Natura 2000. El diseño de este compromiso debe ser específico para cada Zona de Especial Protección para las Aves en que vaya a aplicarse en función de lo que indique su plan de gestión, o en su caso para grupos de ZEPAs con objetivos de conservación similares. También deben tenerse en cuenta las prioridades y orientaciones de la Estrategia de conservación de aves amenazadas ligadas a medios agrarios y esteparios de España aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 20 de junio de 2022, y las estrategias y planes de conservación o recuperación autonómicos aprobados. Finalmente, estas medidas deben incluir un mecanismo de flexibilidad que permita su adaptación a la fenología reproductiva de las aves y del cultivo de cada año, y un seguimiento adaptativo que permita su redefinición en caso de apreciarse que no cumple los objetivos previstos. En ambos aspectos debe participar de manera preceptiva y determinante la administración competente en biodiversidad y Red Natura 2000.
6501.6 Mantenimiento o mejora de hábitats y de actividades agrarias tradicionales que preserven la biodiversidad.
Tras la participación pública, el estudio menciona de forma inconcreta la incorporación de algunos elementos a esta medida (criterios de selección, conservación de elementos tradicionales, dejar sin cosechar parte del cultivo, retrasar cosechas, etc.).
Tampoco se aprecia coherencia entre la forma heterogénea y dispar con que se ha programado este compromiso en las diferentes comunidades autónomas y las necesidades señaladas en los Marcos de Acción Prioritaria Natura 2000. Se sugiere dirigir esta medida a la mejora del estado de conservación de hábitats de interés comunitario más vulnerables frente a la intensificación agrícola o ganadera. Este compromiso debe reprogramarse dando respuesta a las necesidades indicadas por dichos Marcos. A esta medida se hacen las mismas apreciaciones anteriormente indicadas para la medida de protección de la avifauna, incluida la necesidad de que su definición se realice con la participación preceptiva y determinante de la administración competente en biodiversidad y Red Natura 2000.
6501.7  Lucha alternativa a la lucha química.
En espacios Natura 2000, previamente debe verificarse que la forma en que se prevea aplicar esta medida no produzca impactos apreciables sobre las especies o hábitats objeto de conservación, mediante conformidad expresa de la administración competente para su conservación y gestión.
6501.8 Prácticas para la mejora del suelo y lucha contra la erosión.
WWF y SEO/Birdllife plantean para esta medida la prohibición del uso de herbicidas y el control de la vegetación mediante pastoreo o mecánico.
El estudio incorpora tras la información pública algunos compromisos (islas de vegetación espontánea, linderos. Mantenimiento de rastrojos, incorporación de restos de podas, conservación de muros, diversificación del cultivo con leguminosas, empleo de estiércol, etc.) sin renunciar a la aplicación de herbicidas (categoría 3 del Reglamento (CE) 1272/2008).
La principal necesidad que debería abordar esta intervención es «Reducir la erosión y desertificación», que debería aparecer en el diagnóstico con la mayor prioridad (+++) junto con las de «Mejorar la calidad de los suelos» y «Proteger el suelo agrícola». La aplicación de esta medida debe concentrarse en las superficies con mayor pendiente y nivel erosivo, e incluir compromisos que contribuyan de una forma efectiva a reducir la erosión: laboreo por curvas de nivel, cultivo en fajas, no laboreo con protección de cubiertas vegetales, abandono del cultivo durante el periodo de acogida (cultivos herbáceos anuales), conservación de terrazas y bancales tradicionales, etc. requiriendo adicionalmente la prohibición del uso de herbicidas para no provocar impactos sobre la biodiversidad, el suelo y el agua, y posibilitando en su caso el control de la vegetación por pastoreo controlado o medios mecánicos o manuales.
6502.1 Compromisos forestales de gestión.
Tampoco se aprecia coherencia entre la forma con que se ha programado este compromiso, ausente en muchas comunidades autónomas, y las necesidades señaladas en los Marcos de Acción Prioritaria Natura 2000. Este compromiso debe igualmente reprogramarse dando respuesta a las necesidades indicadas por dichos Marcos. Se extienden a este compromiso las mismas observaciones generales dadas para los compromisos de protección de la avifauna. Incluido el objetivo esperado en términos de superficie de ampliación o de mejora del estado de conservación de cada tipo de hábitat afectado. Entre los ámbitos de intervención que deberían contemplarse en esta medida, se considera necesario incluir la mejora del estado de conservación de hábitats de interés comunitario o del hábitat forestal de especies de interés comunitario que resultan vulnerables frente a la intensificación forestal, ganadera o agrícola, la prevención del riesgo de incendios en bosques mediante el mantenimiento de una red de áreas cortafuego con ganadería extensiva dirigida, y el establecimiento de áreas de bosque libres de explotación para la protección y conservación de enclaves de bosque maduro.
6503 Compromisos de gestión agroambientales en agricultura ecológica.
Tras la información pública, el estudio plantea establecer criterios de selección de operaciones medioambientales y climáticos (que no concreta) y mantener en años sucesivos al menos el 80% de la superficie inicial de acogida.
El plan debe promover sinergias entre esta medida de apoyo a la agricultura ecológica y las demás políticas medioambientales, incentivándola especialmente donde mayores impactos positivos provoque la agricultura ecológica: parcelas en el inmediato entorno de humedales, sobre zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, sobre masas de agua subterránea en mal estado químico por nutrientes o contaminantes agrarios, en el inmediato entorno de masas de agua superficial que no cumplen sus objetivos medioambientales y presentan presión significativa por contaminación difusa de origen agrario, entre otros.
6505.1 Compromisos de conservación de recursos genéticos.
6505.2 Actividades de conservación de recursos genéticos.
La Oficina Española de Cambio Climático plantea que estas ayudas se orienten a los mejor adaptados al cambio climático.
Los recursos genéticos sobre los que se aplica financiación deben ser prioritariamente los autóctonos, especialmente si forman parte tradicional de Sistemas de Alto Valor Natural y si están bien adaptados al cambio climático (para el caso de cultivos en regadío, variedades con menos necesidades de agua).
ASD(72) Desventajas específicas resultantes de determinados requisitos obligatorios. Pagos por desventajas específicas resultantes de la aplicación de la directiva marco del agua y la red natura 2000.
La Dirección General de Biodiversidad de La Rioja indica que para esa comunidad no se ha incorporado al Plan una intervención específica para compensar las limitaciones de la Red Natura 2000.
WWF y SEO/Birdlife reclaman que este tipo de ayudas, contempladas desde hace varios periodos de programación en los reglamentos, se pongan realmente en práctica, en función de las limitaciones establecidas en los Planes Hidrológicos y en los planes de gestión de espacios Red Natura 2000. En todos estos casos ha de revisarse que se respeta el principio de que «quien contamina paga».
Tras la participación pública, el estudio ambiental estratégico únicamente plantea aplicar a esta medida criterios de selección de operaciones no discriminatorios y fáciles de aplicar que le den valor añadido.
En lo relativo a las ayudas por limitaciones específicas asociadas a la Red Natura 2000, debe realizarse un esfuerzo adicional, con participación preceptiva y determinante de todas las administraciones regionales competentes en la gestión de los espacios de esta Red, para incluir en esta intervención las compensaciones que en su caso procedan por el establecimiento en los planes de gestión de estos espacios de requisitos específicos, adicionales a las prohibiciones de carácter general y obligatorios, dirigidos a mejorar el estado de conservación de determinados hábitats o especies. En cada caso se deberá especificar el espacio Red Natura 2000 al que se aplica la ayuda y la limitación específica contenida en su plan de gestión que es objeto de compensación. No se incluirán en esta medida pagos por compromisos diferentes de las limitaciones establecidas en dichos planes.
INVEST(73-74) Inversiones, incluidas las inversiones en infraestructuras de riego.
El Documento de alcance del estudio ambiental estratégico daba criterios en sus anexos 1 y 2 para evaluar los posibles impactos estratégicos, positivos o negativos, de los diferentes tipos de inversiones contemplados en el plan.
Para el amplio grupo de las inversiones, el estudio ambiental estratégico considera la posibilidad de provocar efectos ambientales de signo variable en la mayor parte de los tipos, destacando en su análisis en los extremos, por su capacidad de provocar efectos mayoritariamente negativos las Ayudas a inversiones para diversificación agraria, y por sus efectos mayoritariamente positivos las Ayudas a inversiones productivas en explotaciones agrarias vinculadas a contribuir a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y bienestar animal, las Ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación/adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad, las Inversiones forestales no productivas en repoblación forestal y sistemas agroforestales y las Inversiones forestales no productivas en actuaciones selvícolas con objetivos ambientales.
Las Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil y del Duero ponen de manifiesto la necesidad de avanzar en la resolución de la problemática asociada a las presiones por extracciones y por contaminación difusa provocadas por las actividades agrarias, que impiden que muchas masas de agua y zonas protegidas cumplan sus objetivos medioambientales. En particular, insisten en que para las operaciones de modernización de regadíos se incluyan los requisitos necesarios para asegurar que contribuyen realmente a reducir dichas presiones por extracciones y por contaminación difusa. En este sentido, hay que recordar que 2027 es el último horizonte contemplado por la Directiva Marco del Agua para las prórrogas que los estados miembros vienen otorgando para que las masas de agua cumplan sus objetivos medioambientales, de manera que en 2027 todas ellas deben cumplirlos, y que en los planes hidrológicos españoles la principal actuación incluida en los programas de medidas de los planes hidrológicos para reducir las presiones por extracciones o por contaminación difusa de las masas de agua que no cumplen sus objetivos son precisamente las modernizaciones de regadíos, de manera que en este periodo de programación resulta trascendental aplicar condicione de elegibilidad y criterios de selección de operaciones que garanticen que las ayudas del FEAGA y FEADER otorgadas a este tipo de proyectos realmente consiguen los objetivos que se declara que persiguen. La Confederación del Duero recalca la necesidad de que todas estas operaciones vengan acompañadas de una reducción en los volúmenes concesionales acorde con el nivel de reducción de las extracciones declarado para cada proyecto.
La Subdirección General de Economía Circular del MITERD plantea aplicación a las inversiones criterios de selección de operaciones basados en el grado de cumplimiento del principio de jerarquía de residuos y en su contribución a una economía circular. En las inversiones no productivas de servicios básicos en las zonas rurales sugiere incluir el adecuado tratamiento de residuos, incluyendo infraestructuras para la recogida separada de residuos agrarios y silvícolas, creación de puntos limpios agrarios, instalaciones de compostaje comunitario de la fracción orgánica de residuos en el ámbito del desarrollo local, o en el ámbito de la cooperativa agraria o las organizaciones de productores. Para las intervenciones de desarrollo rural plantea aplicar los criterios del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles para determinar si las actividades se pueden considerar medioambientalmente sostenibles. Entre ellos se destaca su contribución a los objetivos medioambientales de su artículo 9 y el no causar ningún perjuicio significativo a dichos objetivos de conformidad con su art. 17 (principio DNSH). También plantea numerosos tipos de intervenciones en el ámbito de la gestión de residuos y la economía circular en la agricultura y el medio rural que deberían tener cabida en las ayudas a las inversiones para diversificación agraria (uso de residuos y subproductos), inversiones forestales productivas (priorizar producción de biomateriales frente a portadores energéticos) y puesta en marcha de nuevas empresas rurales (incorporación de la economía circular en su conjunto). La dirección General de la Costa y el Mar del MITERD, ante la problemática de contaminación del mar por residuos de origen agrícola, plantea igualmente considerar en todos los tipos de inversiones como criterio de selección de operaciones el grado de reducción y de reutilización de los residuos generados.
La Oficina Española de Cambio Climático plantea para las ayudas a inversiones en modernización y/o mejora de explotaciones agrarias el priorizar o requerir adquisición de maquinaria con menores niveles de emisión. Para las ayudas a inversiones en infraestructuras agrarias para el fomento de la competitividad no considera admisible que se admitan inversiones que aumenten la presión sobre el recurso agua, pudiendo comprometer la capacidad de adaptación de algunas explotaciones, y considerando que, en esos casos, la inversión no debería financiarse. Para inversiones para la diversificación agraria e inversiones no productivas en servicios básicos en zonas rurales plantea que dichas inversiones no puedan suponer un incremento neto de las emisiones de GEI, incluyendo la posibilidad de dotar de mecanismos de absorción que eviten este impacto.
La Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, para las inversiones que contemplen modernización de regadíos, señala que tras estas operaciones la concentración de contaminantes en los retornos del riego suele aumentar, siendo necesario que el volumen de agua liberado por el proyecto no se dedique a la ampliación de nuevos regadíos y permita dicha dilución, y que se intensifique el asesoramiento y los controles para reducir la cantidad de fertilizantes y fitosanitarios que se aportan. Considera que en estos proyectos deben incluirse estudios completos de balances hídricos y de calidad de las aguas, considerar el efecto de reducción de las aportaciones por efecto del cambio climático y, en su caso, establecer requisitos para asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, la no afección a espacios protegidos, y una reducción significativa del uso de fertilizantes y fitosanitarios. En estos casos, debería priorizarse la financiación de instalaciones renovables en riegos en los que el balance hídrico y de la calidad de las aguas se consideren sostenibles, pero sin promocionar riegos en cotas altas que supongan una penalización energética, con los límites que se consideren adecuados. No se deberían financiar las instalaciones de energías renovables en regadíos ya modernizados que además no disminuyan sus consumos de agua, fertilizantes y fitosanitarios. En relación con la financiación para ampliación de regadíos, indica que solo se deberían promover allí donde no haya problemas de cantidad y de calidad del agua, así como prever su evolución en el escenario futuro del cambio climático, de conformidad con lo estimado en los Planes Hidrológicos y denegando cualquier ampliación de regadío que afecte a espacios protegidos. Se estima también que se deberían incorporar limitaciones de cota para regadíos con objeto de disminuir el consumo energético.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura plantea la necesidad de que todas las actuaciones financiadas por el Plan que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000 cuenten con una evaluación de afecciones. También plantea que para la medida 6841.2 de ayudas a inversiones en modernización y/o mejora de explotaciones agrarias, se tengan en cuenta los planes de gestión de espacios Natura 2000 a la hora de diseñar la línea de ayuda y en la definición de las inversiones elegibles, para evitar incoherencias tales como subvencionar la implantación de cultivo leñosos en formaciones en setos en zonas de importancia y presencia de aves esteparias.
WWF España señala que las inversiones en mejora de regadíos no han provocado el efecto de reducción de la presión por extracciones que se esperaba de ellas. Indica la importancia de diferenciar en este ámbito entre uso de agua y consumo de agua, considerando el efecto real de las modernizaciones sobre los retornos del riego además de sobre las extracciones, ya que todo lo que aumente la eficiencia de los sistemas distribución y aplicación del agua en el regadío suponen una paralela reducción de los retornos del riego. Efectivamente, los retornos del riego son volúmenes de agua que se reincorporan al sistema de explotación y son susceptibles de ser aprovechados aguas abajo por otros usuarios o de incrementar los caudales de soporte de los ecosistemas acuáticos. En rigor, desde el punto de vista de la cuenca hidrográfica el principal parámetro a considerar es el consumo de agua que realiza la zona de riego, que es el volumen que se evapotranspira y que en consecuencia sale del sistema de explotación. En términos generales, el volumen evapotranspirado viene a equivaler al volumen extraído de las masas de agua para la zona de riego menos el volumen de los retornos del riego a las masas de agua. WWF considera el caso encuadrable en la denominada Paradoja de Jevons, y que los efectos netos de los proyectos solo serán positivos sobre el balance de agua si permiten reducir las dotaciones originales al menos en un 50%. Además de requerir considerar el efecto combinado de los proyectos de modernización sobre las extracciones y sobre los retornos, esta organización considera imprescindible acompañar las inversiones en modernización de regadíos de una revisión de los volúmenes concesionales a la baja, y pone de manifiesto la necesidad de que estos proyectos consigan verdaderas reducciones de la presión (neta) por extracciones para no dificultar la adaptación de la cuenca hidrográfica al cambio climático. En concreto, plantea suprimir intervenciones para creación de nuevos regadíos y construcción de balsas, o en su defecto requerir acreditación de la autorización para uso del agua; en demarcaciones con índice de explotación del agua WEI>20% requiere que las inversiones reduzcan efectivamente el consumo neto de agua (extracción-retorno); instalar obligatoriamente contadores y medidores en tomas y en retornos; no realizar modernizaciones en espacios Red Natura 2000; realizar posteriormente un seguimiento del consumo real de agua y de la calidad en los retornos. Para el caso de proyectos que solo incluyan la dotación de energías renovables en regadíos, plantea requerir acciones adicionales para reducir las extracciones netas y contaminación difusa si las masas de agua afectadas por las extracciones o retornos de la zona de riego no cumplen sus objetivos ambientales por estos motivos. También recomienda no utilizar el confuso concepto de «ahorros potenciales» por posibilitar intensificación o extensión del regadío. En el caso de ayudas a inversiones en infraestructuras de regadíos con objetivos ambientales, plantea no conceder la ayuda si no está clara su contribución a la reducción de la presión neta por extracciones, requerir un ahorro real de al menos el 50% de las extracciones originales íntegramente destinado a mejora de las masas de agua (liberación del recurso) y sin dedicarlo a extender la superficie de regadío o a aumentar las dotaciones, acompañar el proyecto de una revisión concesional y priorizar la retirada de superficie de riego. Para las inversiones en infraestructuras agrarias para el fomento de la competitividad e inversiones de mejora de explotaciones agrarias, si éstas incluyen actuaciones en regadíos, plantea darles el mismo tratamiento que a los primeros.
Esta organización también plantea eliminar ayudas a la agricultura de c