Categoría: Salud

e la actividad física y reducción del sedentarismo y prevención de la enfermedad cardiovascular.
– Se promoverá la difusión y asesoramiento para la aplicación del Código Europeo contra el Cáncer en la empresa.
6. Acción especial en salud mental.
– Se desarrollarán acciones dirigidas a conocer las posibles causas de origen laboral en pacientes en edad laboral con diagnóstico de depresión-ansiedad que causan incapacidad laboral tanto temporal como permanente y a diseñar una intervención preventiva en función de los factores laborales identificados.
– Se identificará y reconocerá a aquellas empresas que acrediten buenas prácticas en el manejo de la salud emocional y prevención de enfermedades mentales.
– Se pondrá a disposición de las empresas un procedimiento que facilite la empleabilidad y el retorno al trabajo tras padecer una enfermedad mental.
– La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo se alineará con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud en las áreas de conocimiento y salud mental del personal sanitario, sociosanitario y de otros trabajos esenciales, con el objetivo de «cuidar a quien cuida».
– Se estudiará específicamente la influencia de los factores psicosociales en el riesgo para la salud mental. Para ello, se constituirá un grupo de trabajo de la CNSST que, partiendo de un diagnóstico de situación, elabore una guía para la identificación, evaluación y prevención de los riesgos psicosociales y vigilancia de la salud, pudiendo abordarse de manera genérica o por actividades con mayor prevalencia de enfermedades mentales.
7. Trabajo, COVID-19 y condición post-COVID-19.
– Continuará la aplicación y seguimiento en las empresas de medidas preventivas y protectoras frente a la COVID-19, incluyendo la vigilancia de la exposición a SARS-CoV-2 y la vigilancia específica de las personas trabajadoras expuestas, mientras dure la situación de la pandemia.
– Se desarrollarán acciones que permitan identificar la repercusión en la actividad laboral y las necesidades de adaptación de los puestos de trabajo, debidas a posibles secuelas post-COVID. En dichas acciones se considerarán la actividad, el sexo y la edad al objeto de favorecer la inclusión laboral y el retorno al trabajo. Se fomentará, en todo caso, que la persona trabajadora que se reincorpora tenga una adaptación del puesto de trabajo idónea para sus nuevas condiciones de salud.
– De conformidad con la Recomendación (UE) 2022/2337 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2022, relativa a la lista europea de enfermedades profesionales, se incluirá la COVID-19 como enfermedad profesional en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
Es prioridad de esta Estrategia ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de un liderazgo activo de todos los agentes.
Un compromiso firme de la dirección de la empresa con la prevención de riesgos laborales, que fomente la participación directa de las personas trabajadoras en la actividad preventiva, favorecerá la integración de la prevención y el arraigo de la cultura de la seguridad y salud en la empresa.
El 97  % de las empresas españolas cuenta con menos de 50 personas trabajadoras y el 95  % menos de 26. Por tanto, las pequeñas empresas constituyen una parte fundamental para el desarrollo productivo de nuestro país en todos los sectores de actividad económica. Esta atomización en pequeñas empresas no es ajena a su proyección en términos de siniestralidad, pues el 60  % de los accidentes graves y de los accidentes mortales se materializan en empresas de hasta 25 trabajadores.
La atomización del tejido empresarial podría verse acentuada por los cambios del mercado laboral y las nuevas formas de organización del trabajo, influenciadas por una economía cada vez más digital y global.
En cuanto a la modalidad de organización de la prevención, y según datos de la Encuesta Anual Laboral del MITES, prácticamente nueve de cada diez empresas pequeñas recurren a un servicio de prevención ajeno, siendo el grupo de empresas de menor tamaño donde es más frecuente combinar un servicio de prevención ajeno con la asunción por el/la propio/a empresario/a o con personas trabajadoras designadas.
Por otra parte, y en relación con las actividades preventivas desarrolladas, la información a las personas trabajadoras en materia de riesgos laborales es una práctica bastante extendida. Atendiendo al tamaño de la empresa este porcentaje experimenta ciertas variaciones, pasando del 98 % en empresas entre 50 y 249 trabajadores/as al 91,4 % en aquellas microempresas de hasta 9 trabajadores/as.
Las empresas de mayor tamaño se asocian a una mayor disponibilidad de recursos y medios propios, lo que incide positivamente en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por el contrario, las empresas más pequeñas se encuentran a menudo con los siguientes retos:
– Limitación económica y menor estructura organizativa.
– Multiplicidad de funciones o tareas desarrolladas por una misma persona.
– Falta de vínculo funcional entre la empresa y los servicios externos contratados para la ejecución de actividades preventivas.
– Dificultades en la aplicación de la normativa.
– Insuficiente adecuación de la acción preventiva a los riesgos y a la necesidad de gestión.
– Excesiva carga administrativa y/o documental.
Se trata de retos complejos que requieren el apoyo de todos. Es necesario acercar la prevención de riesgos laborales a las pequeñas empresas; que el trabajo seguro, con tolerancia cero hacia los accidentes de trabajo, se perciba como un elemento impulsor del bienestar y el crecimiento económico, generando a su vez el compromiso en la plantilla.
También es preciso eliminar, en la medida de lo posible, las barreras que impiden la integración de la prevención en la política de la empresa y favorecer una gestión de los riesgos proporcionada y eficiente.
Una mayor integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión repercutirá en una mejor planificación, ejecución y control de la actividad preventiva, entendiendo que dicha integración puede ser efectiva tanto en modelos preventivos internalizados como externalizados, causando un impacto directo en la reducción de la siniestralidad laboral.
Asimismo, la formación y capacitación de la dirección y de las personas trabajadoras, especialmente de las que asumen funciones preventivas, es crítica para impulsar líderes que sean capaces de identificar y gestionar los riesgos, así como promover el proceso de integración de la prevención a todos los niveles de la empresa.
En el marco de este objetivo:
– Analizaremos y modificaremos la normativa a fin de facilitar su aplicación en las pymes, especialmente en las pequeñas empresas, con el objetivo de mejorar y favorecer la integración de la prevención, a través de un equilibrio adecuado entre recursos propios y ajenos en la organización preventiva.
– Promoveremos que las obligaciones documentales de las pequeñas empresas respondan a su realidad y tengan utilidad preventiva.
– Mejoraremos las herramientas de apoyo a las pequeñas empresas para llevar a cabo una gestión de los riesgos de manera eficaz en función de la naturaleza de su actividad y riesgos, respetando el marco normativo que les sea de aplicación en cuanto a la organización y obligaciones preventivas.
– Mejoraremos la formación y capacitación de empresarios/as y trabajadores/as para gestionar eficazmente la seguridad y salud de sus organizaciones.
– Promoveremos, desde las administraciones públicas y contando con la participación de los interlocutores sociales, la mejora de las condiciones de trabajo en las pequeñas empresas, impulsando una prevención eficaz, el cumplimiento de la legislación y la transferencia de conocimiento y de buenas prácticas sectoriales.
Líneas de actuación:
1. Revisión del marco normativo con el objetivo de mejorar su aplicación y favorecer la integración de la prevención.
– Se analizarán y, en su caso, modificarán la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios Prevención, con el fin de clarificar aquellas disposiciones que resultan de difícil interpretación o aplicación, especialmente para las pequeñas empresas, teniendo en cuenta sus nuevas realidades y para conseguir una mayor integración de la prevención, mejorando la formación y potenciando la utilización de recursos propios para el desempeño de la actividad preventiva.
– Se revisará y, en su caso, se modificará la legislación sobre coordinación de actividades empresariales para mejorar su aplicación a las pymes.
2. Mejora de la gestión de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas.
– Se analizarán y potenciarán fórmulas de compatibilidad con el recurso a un servicio de prevención ajeno, en el marco de sus actuales competencias, para mejorar la gestión de la prevención en las empresas.
– Se impulsará una mejora en la calidad de la documentación preventiva, que debe ser práctica, adaptada, sencilla y efectiva acorde con los riesgos reales de la empresa.
– Se pondrá en valor la importancia de la planificación preventiva como herramienta para gestionar correctamente los riesgos. La empresa debe contar con un documento que tenga utilidad preventiva y que sea fácilmente comprensible para acometer eficazmente los cambios que resulten necesarios.
– Se potenciarán actuaciones de asistencia técnica, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones concertadas por los servicios de prevención, en aras de reforzar la calidad de las evaluaciones de riesgos, de la documentación preventiva y de la vigilancia de la salud.
– Se constituirá un grupo de trabajo DGT-ITSS-INSST para el establecimiento de criterios uniformes de aplicación de la normativa en las pequeñas empresas, en aquellos aspectos donde no sea necesaria una modificación legal.
3. Medidas para potenciar la formación y los recursos propios en las pymes.
– Se promoverá la formación y capacitación en prevención de riesgos laborales de empresarias y empresarios, para favorecer la integración de la prevención en la gestión de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones preventivas.
– Se promoverá una información y formación de calidad para las personas trabajadoras, que sea adecuada a los riesgos presentes en el puesto de trabajo, y que garantice el cumplimiento de los aspectos prácticos de la misma, así como una participación más activa que permita mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo impidiendo un cumplimiento meramente formal de la obligación.
– Se potenciará la formación de la persona designada por la empresa para el desarrollo de la actividad preventiva, potenciando sus capacidades y habilidades requeridas para el ejercicio de las funciones encomendadas y mejorando sus conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales.
– Se promoverá la integración de la prevención a través de acciones que mejoren la capacidad de liderazgo de los empresarios/as, directivos/as y mandos intermedios en prevención de riesgos laborales, también se promoverá la consulta y participación de las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud.
– Se evaluará y, en su caso, adaptará la herramienta Prevencion10.es para facilitar el desarrollo de la actividad preventiva con recursos propios, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas.
4. Apoyo a las pymes, con especial atención a las pequeñas empresas, para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
– Las organizaciones empresariales y sindicales realizarán actuaciones dirigidas a promover la mejora de la integración de la prevención de riesgos laborales en las pymes, con especial atención a las pequeñas empresas, poniendo en valor la importancia del compromiso y liderazgo de los/as empresarios/as para mejorar las condiciones de trabajo, así como del papel proactivo de las personas trabajadoras para una actividad preventiva eficiente.
– Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en aplicación del plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, incorporarán en sus programas actuaciones que mejoren la seguridad y salud en las pequeñas empresas y en las y los trabajadores autónomos a través de herramientas que faciliten el desarrollo de la gestión preventiva, impulsando las ya existentes como Prevencion10.es y explorando otras nuevas. Se impulsará la necesidad de realizar una adecuada coordinación de actividades empresariales basándose en la realidad de los factores de riesgo existentes en el puesto de trabajo, promoviendo instrumentos de coordinación eficaces, ágiles y sencillos de usar y acciones de control para su cumplimiento efectivo.
– Se desarrollarán fórmulas de preventivas adoptadas por las pequeñas empresas.
Las características de nuestra población, cada vez más envejecida y diversa, y la existencia de colectivos de personas trabajadoras en situación de mayor riesgo que requieren una especial atención para garantizar su protección, forman parte de los retos que las políticas preventivas deben afrontar en el futuro del trabajo.
El envejecimiento de la población acentuará, inevitable y significativamente, el incremento de actividades relacionadas con el cuidado y la asistencia de personas, que por otra parte son ya la tercera sección de actividad que ocupa el mayor número de población afiliada, rondando una de cada diez personas trabajadoras. Estas actividades pueden prestarse en establecimientos de asistencia residencial o en los hogares familiares, además de la propia actividad sanitaria en centros de salud y hospitales.
Desde hace una década los informes de siniestralidad elaborados por el INSST destacan la actividad «asistencia en establecimientos residenciales» como máxima prioridad por su elevada siniestralidad. Cabe subrayar, por otra parte, que el índice de incidencia de la actividad «asistencia en centros residenciales» triplica al observado en «asistencia sanitaria».
Los análisis en este sector plantean la hipótesis de patrones de asociación entre la siniestralidad y aspectos muy concretos ligados a las condiciones de trabajo y determinantes sociodemográficos. Así, los partes cerrados de enfermedades profesionales correspondientes al periodo 2017-2021 en la Asistencia en establecimientos residenciales, indican que, si bien las enfermedades más prevalentes pertenecerían al grupo de agentes físicos (37  % del total, representadas fundamentalmente por el síndrome del túnel carpiano y tendinitis de codo y muñeca),las enfermedades por agentes biológicos alcanzarían un peso porcentual del 28 %, siendo enfermedades vehiculizadas a través del contacto físico cercano y con enorme propensión a materializarse como brotes epidémicos. Todo parece indicar que la vulnerabilidad ante el riesgo biológico, los factores sociodemográficos y aquellos ligados a las características de los puestos de trabajo y las condiciones de trabajo y su organización han jugado, desafortunadamente, un importante papel en el impacto de la pandemia sobre el sector.
También es relevante considerar un ámbito asociado a la actividad de servicios sociales, donde la gestión de la prevención resulta especialmente compleja. Mientras que, en 2021, el 3  % del total de accidentes de trabajo tuvo lugar en domicilios particulares, en la actividad de Servicios Sociales esta proporción ascendió al 20  %. En particular, en la Actividad de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad, los accidentes en domicilio llegaron a representar el 42  % de los accidentes. En la actividad de Servicios Sociales sin alojamiento, las mujeres representaron el 80  % de la población accidentada del sector. Todo ello lleva a destacar la importancia de seguir profundizando en el análisis de los riesgos y en la adopción de medidas que mejoren las condiciones de seguridad y salud en el sector sociosanitario y asistencial, teniendo en cuenta la perspectiva de género y otros determinantes sociodemográficos.
Entre esos determinantes sociodemográficos la Estrategia considerará aquellos que pudieran constituir otros posibles escenarios de inequidad. Las personas trabajadoras migrantes representan un 12  % de la población ocupada y un 12  % de los casos de accidente de trabajo. Entre la población asalariada de origen extranjero destacan con mayor proporción de personas asalariadas las siguientes secciones de actividad: la hostelería (15,9  %), el comercio al por mayor y al por menor (13,3  %) y la industria manufacturera (11,3  %). Al considerar el sexo en este análisis, cabe destacar que el 23,3  % de las mujeres asalariadas de nacionalidad extranjera realiza actividades de servicios del hogar como empleadas domésticas y el 17,9  % se dedica a la hostelería.
Otra de las prioridades de esta Estrategia son las personas trabajadoras autónomas, más de un millón de mujeres y cerca de dos millones de hombres, siendo en un 70 % empresarias y empresarios sin personal asalariado. Dentro de este último grupo, los hombres desarrollan sus negocios sobre todo en el comercio al por menor (12 % de autónomos sin asalariados) seguido de las actividades de construcción especializada (11,6 %), sector primario (11 %) y transporte terrestre (8 %). Por su parte, las mujeres autónomas tienen una mayor representatividad en el comercio al por menor (22 % de autónomas sin asalariados), seguido por otros servicios personales (11 %) y servicios de comidas y bebidas (8 %).
Al colectivo de personas trabajadoras autónomas se les aplica solo la normativa preventiva en determinados supuestos, pudiendo ser necesario un mayor alcance de las obligaciones que eleven su nivel de protección, especialmente frente a los riesgos graves. Además de los riesgos tradicionales, las nuevas formas de organización del trabajo (plataformas digitales, trabajo en remoto, trabajo en red, etc.) y de empleo (flexibilidad, trabajos a tiempo parcial), sumadas a la elevación de la edad para acceder a la jubilación, al incremento de actividades relacionadas con la prestación de servicios y a una mayor movilidad de personas, posibilitarán un aumento de este colectivo como fuerza de trabajo, lo que supone un desafío para las políticas públicas.
Debemos poner en valor la diversidad en las empresas, contribuir a la integración de todos los colectivos luchando contra cualquier forma de discriminación, acoso y violencia en el ámbito laboral, y promover lugares de trabajo inclusivos que garanticen la salud de las personas trabajadoras.
Con el objetivo de mejorar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad:
– Mejoraremos la protección de las personas trabajadoras autónomas.
– Identificaremos colectivos de personas trabajadoras que presentan peores datos de salud y analizaremos los factores que les hacen vulnerables para incorporar la prevención de riesgos laborales de manera transversal en otras políticas públicas (educación, sanidad, empleo, etc.).
– Desarrollaremos acciones para elevar el nivel de protección de colectivos específicos, especialmente en actividades de mayor riesgo, entre otros, trabajadores y trabajadoras del sector sanitario y sociosanitario y servicios de asistencia a domicilio, personas trabajadoras del servicio del hogar y migrantes, atendiendo en todo caso tanto a la diversidad como a la convivencia intergeneracional.
– Impulsaremos protocolos para la reincorporación al puesto de trabajo de las personas trabajadoras que hayan sufrido un daño en la salud.
Líneas de actuación:
1. Mejora de la protección de las personas trabajadoras jóvenes y menores de edad.
– Se analizará la normativa aplicable al trabajo de las y los menores de edad y se desarrollará el artículo 27.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para garantizar una protección adecuada de los trabajadores y las trabajadoras menores acorde con la situación actual.
– Se realizarán actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de seguridad y salud, dirigidas, prioritariamente, a personas trabajadoras jóvenes.
– Se impulsará la mejora del conocimiento de los factores de riesgo que contribuyen a la siniestralidad laboral de los jóvenes entre 18 y 30 años, así como acciones que promuevan una adecuada gestión de los mismos.
2. Mejora de la protección de las personas trabajadoras autónomas.
– Se analizarán y modificarán, si procede, las disposiciones legales aplicables a las personas trabajadoras autónomas tanto en la LPRL como en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo en lo que se refiere a la coordinación de actividades empresariales para mejorar el desigual marco de la coordinación entre las personas trabajadoras por cuenta ajena y propia, teniendo en cuenta las diferentes tipologías de estos últimos (con o sin trabajadores/as a su cargo, autónomos económicamente dependientes, etc.). Asimismo, y con el objetivo de lograr una protección de la salud equiparable a la de las personas trabajadoras por cuenta ajena, se analizará la conveniencia de modificación de la LPRL y del Estatuto del Trabajo Autónomo en cuestiones clave, como la formación, la vigilancia de la salud, e incluso la identificación y evaluación de los riesgos laborales, documentos preventivos que pudieran ser equivalentes y equipos de trabajo en determinados sectores de actividad, para que esta normativa sea de aplicación a las personas autónomas.
– Se apoyarán las actuaciones de promoción de la coordinación en prevención de riesgos laborales con materiales y actividades de educación dirigidos al colectivo de personas trabajadoras autónomas.
– Se revisará el régimen jurídico de aplicación a las personas trabajadoras autónomas con el propósito de mejorar la protección de su salud, y la de terceras personas, frente a los trabajos con riesgo de exposición a fibras de amianto, teniendo en cuenta para ello el informe elaborado por el subgrupo de trabajo amianto-autónomos de la CNSST.
– Se profundizará en el estudio de las enfermedades de origen profesional de las personas trabajadoras autónomas, analizando las causas de las mismas y las medidas preventivas necesarias, teniendo en cuenta la perspectiva de género y la diversidad generacional en el análisis de las causas. En el caso de las mujeres, se prestará especial atención a las enfermedades sufridas con motivo de la exposición a doble presencia de trabajo. Igualmente, se tendrán en consideración las enfermedades derivadas de la exposición a riesgos psicosociales, fomentando acciones de formación e información sobre ello.
– Se promoverán actividades de formación orientadas a la gestión de los riesgos teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de este colectivo, con especial mención a las enfermedades sufridas por las mujeres autónomas, incorporando las nuevas realidades (laborales, tecnológicas, sanitarias, etc.) bajo las cuales las personas autónomas llevan a cabo su actividad profesional, incluyendo las contingencias derivadas de embarazos de riesgo, riesgos para mujeres embarazadas y tratamientos de fertilidad.
3. Mejora de la protección de los trabajadores y las trabajadoras del sector sanitario y sociosanitario, y del sector asistencial.
– Se promoverá la generación de conocimiento de los factores psicosociales, poniendo especial énfasis en el burnout y estrés postraumático, así como de los riesgos ergonómicos y biológicos a los que está expuesto este colectivo. Se trabajará en la elaboración y difusión de procedimientos de trabajo seguros, aportando propuestas de mejora sobre la gestión preventiva.
Asimismo, se profundizará en el conocimiento de los patrones de siniestralidad y las patologías relacionadas con el trabajo y de las condiciones de trabajo existentes en el sector sociosanitario, y se difundirá dicho conocimiento con informes específicos del sector.
– Se impulsarán acciones para identificar situaciones de deterioro de la salud mental de las personas trabajadoras de los sectores sanitario y sociosanitario asociadas al desarrollo de la pandemia (estrés, ansiedad, depresión,burn-out,estrés postraumático), para garantizar un seguimiento psicológico y/o tratamiento adecuados.
– Se promoverá la colaboración entre administraciones públicas laborales, sanitarias y de políticas sociales para mejorar la gestión de la prevención y, específicamente, potenciar la formación en prevención de riesgos laborales, tanto de la dirección como de la plantilla de estos centros, teniendo en cuenta la perspectiva de género.
– Las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el sector sanitario y sociosanitario incorporarán la realización de funciones de asistencia técnica sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género, con carácter transversal, en las políticas preventivas de las empresas e incidirán igualmente sobre la exposición a riesgos de origen psicosocial y organizativo.
– El INSST elaborará documentos técnicos sobre la prevención de riesgos en estos sectores, identificando metodologías de evaluación específicas. Se prestará una especial atención a los riesgos de carácter psicosocial y ergonómico que afecten a las personas con responsabilidades de cuidado.
4. Aprobación de criterios orientativos para gestión de los riesgos en los servicios de asistencia a domicilio y personas trabajadoras del servicio del hogar, especialmente en lo relativo a los aspectos ergonómicos y psicosociales.
– Se desarrollarán actuaciones en consonancia con el Convenio 189 de la OIT para mejorar la protección de las personas trabajadoras del servicio del hogar.
– Se elaborarán criterios prácticos que orienten a los empleadores sobre la gestión de los riesgos a los que pueden estar expuestos sus trabajadoras y trabajadores, especialmente ergonómicos y psicosociales, teniendo en cuenta las particularidades del lugar de trabajo y las dificultades de vigilancia y control al tratarse de un domicilio particular.
– El INSST realizará actuaciones de promoción de la prevención de riesgos laborales en el ámbito del servicio del hogar. Asimismo, desarrollará herramientas de apoyo a la gestión de la prevención en dicho ámbito, adaptando las ya existentes o creando herramientas nuevas.
– Se promoverá la colaboración de las Administraciones Públicas laborales, sanitarias y de políticas sociales para la elaboración de un procedimiento de gestión de la actividad preventiva para las actividades de asistencia domiciliaria, que tendrá en cuenta aspectos como el grado de dependencia de los usuarios/as, las condiciones ergonómicas, psicosociales, etc.
– Las administraciones públicas competentes en materia de seguridad y salud apoyarán la integración de la gestión preventiva en las entidades y empresas de esta actividad.
5. Retorno al trabajo tras un periodo prolongado de baja.
– Se investigarán los factores facilitadores y las barreras para el retorno al trabajo de personas tras una incapacidad temporal, en función de las necesidades especiales que se hayan derivado, con especial atención a las personas con enfermedades crónicas y personas que han superado un cáncer.
– Se elaborarán guías basadas en la evidencia que contribuyan a la empleabilidad y faciliten el retorno al trabajo tras una incapacidad temporal en función de las necesidades especiales que se hayan derivado, con especial atención a enfermedades crónicas y cáncer.
– Se estudiarán las posibilidades de reincorporación paulatina o parcial de las personas al trabajo tras baja prolongada.
– El INSS, el INSST y las CCAA colaborarán en el diseño de protocolos de actuación para la reincorporación que favorezcan la puesta en marcha de programas factibles de adaptación del puesto del trabajo, acompañado de programas formativos dirigidos a empresarios/as y personas trabajadoras.
Se llevarán a cabo actuaciones de asesoramiento y asistencia técnica a las organizaciones, a los servicios de prevención y a la representación de las personas trabajadoras, para la aplicación de las guías de adaptación de los puestos de trabajo considerando las características de la empresa para la adecuada reincorporación de trabajadores/ras con patologías de origen profesional.
6. Mejora de la protección de las personas trabajadoras con discapacidad.
– Se llevarán a cabo actuaciones de sensibilización para garantizar niveles de protección adecuados para las personas trabajadoras con diversidad funcional, poniendo el foco en la orientación de actuaciones preventivas en los Centros Especiales de Empleo.
– La ITSS desarrollará actuaciones de asistencia técnica, vigilancia y control en Centros Especiales de Empleo.
– Se elaborarán guías o criterios orientativos para ayudar a las empresas a integrar la diversidad funcional en la gestión de riesgos, en especial en las evaluaciones de riesgos y adopción de medidas preventivas específicas adaptadas para este colectivo.
7. Mejora de la protección de las personas trabajadoras móviles y migrantes, incluidas las temporeras.
– Se analizarán los datos de accidentes de trabajo por nacionalidad y sector de actividad con el fin de impulsar actuaciones en los colectivos de mayor incidencia.
– Se estudiará la situación en prevención de riesgos laborales en el colectivo de personas trabajadoras transfronterizas.
– Se elaborarán guías o criterios orientativos para ayudar a las empresas a integrar a la población trabajadora migrante en la gestión de riesgos, especialmente aspectos de formación e información de los trabajadores y las trabajadoras de distinta nacionalidad, así como la incorporación de la prevención de riesgos laborales en los planes de acogida.
– Se llevará a cabo actuaciones de sensibilización en materia de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a las personas trabajadoras en empleos atípicos.
Nos encontramos en una sociedad cada vez más sensibilizada con la necesidad de eliminar las brechas de género y el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo no es ajeno a esta realidad. Es necesario avanzar en el conocimiento de los riesgos y daños en la salud teniendo en cuenta el enfoque de género, visibilizar riesgos que pudieran no valorarse lo suficiente e incluso no ser tenidos en cuenta, tanto en actividades feminizadas como masculinizadas. Un mejor conocimiento de los riesgos desde la perspectiva de género, que permita conocer en qué medida pueden afectar, de manera diferente, a mujeres y hombres, facilitará la adopción de medidas preventivas más eficaces, acordes con las personas trabajadoras expuestas.
En los últimos años se viene produciendo una significativa incorporación de la mujer en prácticamente todos los sectores de actividad. En el año 2000, la mujer representaba el 38  % de la población ocupada, situándose en 2020 en el 46 %.
El análisis global de los accidentes de trabajo pone de manifiesto que los hombres se accidentan más que las mujeres, duplicando los índices de incidencia. En concreto en 2020, los varones presentaron un índice de incidencia de accidentes de trabajo 2,2 veces superior al de las mujeres.
Sin embargo, existen evidencias que reflejan que la incidencia de accidentes de trabajo es superior en las mujeres que en los hombres en determinadas ocupaciones o actividades, y que tienen mayor riesgo de sufrir determinados daños en la salud asociados a condiciones de trabajo concretas. Entre estas actividades se encuentran los servicios financieros, seguros, industria del tabaco, asistencia en establecimientos residenciales, educación y actividades de servicios sociales sin alojamiento.
Por lo que se refiere a las enfermedades profesionales, también las tasas de incidencia brutas son superiores en los hombres. Pero, al ajustar estas tasas por la actividad de la empresa, la ocupación y la edad de la persona trabajadora, los riesgos relativos pasan a ser un 50  % superiores en las mujeres que en los hombres.
Aunque se observan diferencias desagregando los datos por género, poco se ha avanzado en el conocimiento de las causas que las motivan (diferencia de roles en cuanto a la asignación de puestos de trabajo, mayor o menor concienciación sobre los riesgos, factores biológicos, desequilibrios en el trabajo doméstico, etc.).
Por otra parte, los cambios en los modelos de organización del trabajo, así como la evolución demográfica, pueden derivar en nuevos sesgos en cuanto a las actividades realizadas preferentemente por hombres y mujeres, así como en los riesgos a los que están expuestos, pudiendo verse exacerbados estos, en algunas ocasiones, por la influencia de otros factores más vinculados a la esfera familiar o privada de las personas.
Esta Estrategia tiene como prioridad promover la integración de la perspectiva de género, desde un enfoque transversal e integral en el conjunto de políticas preventivas, implicando para ello a todos los agentes involucrados en la mejora de la prevención de riesgos laborales, tanto en el ámbito institucional como en la empresa, poniendo el foco especialmente en la protección de los colectivos más vulnerables.
Para conseguir una plena integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva:
– Actualizaremos el marco normativo para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones preventivas, promoviendo la eliminación de desigualdades entre hombres y mujeres en el conjunto de políticas públicas.
– Impulsaremos la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de toma y análisis de información, así como en los estudios de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para mejorar el conocimiento de la exposición a riesgos laborales y daños a la salud de las mujeres.
– Promoveremos la integración de la perspectiva de género en todas las disciplinas preventivas, al evaluar los riesgos y establecer prioridades de actuación.
– Impulsaremos la acción sobre los riesgos específicos de género, con especial atención a las actividades feminizadas.
– Sensibilizaremos sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género de forma real y eficaz.
Líneas de actuación:
1. Revisión del marco normativo para integrar la perspectiva de género.
– Se revisará y actualizará el marco normativo con el fin de integrar la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales, y garantizar la protección de todas las personas trabajadoras, hombres y mujeres, por igual. Se realizarán, entre otras, las siguientes actuaciones:
• Se revisará la LPRL y su normativa de desarrollo para integrar la perspectiva de género en el conjunto de principios de la acción preventiva, explicitando además la obligación de su integración en el plan de prevención, identificación y evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, formación, vigilancia de la salud y en cuantas actuaciones preventivas y disposiciones se consideren necesarias.
• Se modificarán los contenidos formativos del Reglamento de los Servicios de Prevención (anexos IV, V y VI) incorporando temas específicos sobre perspectiva de género y prevención de riesgos laborales.
• Se actualizarán los anexos VII y VIII del Reglamento de los Servicios de Prevención referentes a los listados no exhaustivos de riesgos durante el embarazo y la lactancia natural conforme con las directrices publicadas por el INSST sobre la prevención durante el embarazo y la lactancia, en consonancia con los avances que se produzcan en la legislación en la Unión Europea.
• En el marco del Convenio 190 de la OIT se impulsará la adopción y desarrollo de la Recomendación 206 de la OIT sobre violencia y acoso en el ámbito laboral.
• Se revisará y actualizará el cuadro de enfermedades profesionales para incorporar la perspectiva de género.
• Se revisarán los procedimientos para mejorar la protección de las mujeres embarazadas o durante la lactancia, con el objetivo de homogeneizar los criterios preventivos (directrices del INSST) y los criterios para la gestión de la prestación (guía INSS).
– Se mejorará la protección de las mujeres trabajadoras, especialmente en los sectores feminizados.
2. Diferenciación de género en los procesos de toma de datos y análisis de la información de las condiciones de trabajo y salud y en los estudios en esta materia
– Se mejorará la incorporación de la perspectiva de género en las fuentes de información proveedoras de indicadores, así como en las encuestas, para un conocimiento mejor de la exposición a riesgos de las mujeres y del impacto en sus condiciones de trabajo y salud.
– Se promoverá la consideración de género en las políticas de investigación, en el diseño y elaboración de estudios y documentos en materia de prevención de riesgos laborales, y se impulsará el desarrollo de indicadores y acciones con perspectiva de género.
– Se promoverá la investigación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales teniendo en cuenta la perspectiva de género.
– Las Administraciones Públicas tendrán en cuenta los datos desagregados por sexo para el diseño de intervenciones.
3. Incorporación de manera transversal de la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales.
– Se promoverá la acción sobre los riesgos específicos de género (definidos por su elevada prevalencia entre las mujeres): doble presencia o conflicto trabajo-familia, violencia, acoso o discriminación por razón de sexo, etc.
– Se mejorará la formación de los profesionales en prevención de riesgos laborales, de las personas trabajadoras y de todos los agentes implicados en la mejora de las condiciones de trabajo para lograr una plena integración de la perspectiva de género en la actividad preventiva. En particular, se desarrollarán programas de formación sobre violencia, acoso sexual y por razón de sexo, con atención al uso de las nuevas tecnologías.
– Se desarrollarán criterios, guías o herramientas para ayudar a las empresas a integrar la perspectiva de género en la gestión de los riesgos, en especial en las evaluaciones y medidas preventivas, incluyendo la violencia sexual de conformidad con la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, así como la incorporación de la prevención de riesgos laborales en los planes de igualdad.
4. Actuaciones de sensibilización sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género de manera transversal en las políticas preventivas.
– Se promoverá la realización de actuaciones de sensibilización sobre la importancia de la integración de la perspectiva de género en la cultura de la prevención de la empresa y en la gestión preventiva.
– Se actuará de manera específica en actividades feminizadas que la pandemia ha destacado como esenciales, y que en ocasiones cuentan con mayor precarización de las condiciones de empleo y trabajo.
5. Actuaciones de vigilancia y control.
– Se integrará la perspectiva de género con carácter transversal en la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de seguridad y salud.
– Se planificarán campañas de inspección en sectores y actividades especialmente feminizadas, prestando especial atención a aquellas en las que se presentan con mayor intensidad riesgos psicosociales y riesgos musculoesqueléticos, así como exposición a reprotóxicos, cancerígenos y mutágenos.
– Se realizarán también actuaciones de asistencia técnica, vigilancia y control, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en sectores con reducida presencia femenina.
– Se elaborará una instrucción de actuación para la integración de la perspectiva de género en las actividades preventivas y se promoverán actuaciones de formación y sensibilización a este respecto.
– Se potenciarán actuaciones dirigidas a la vigilancia y control de la obligación de que todas las empresas dispongan de protocolos de prevención y abordaje del acoso sexual y por razón de sexo.
Avanzar hacia una sociedad en la que el trabajo no suponga un riesgo para la salud es tarea de todos y todas. El trabajo forma una parte esencial de la vida de las personas y, por tanto, debe contribuir a nuestro bienestar físico y mental.
Es necesario contar con un Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo dotado de instituciones fuertes y mecanismos de coordinación e intervención ágiles y eficientes, que sean capaces de gestionar con éxito el cambiante mundo del trabajo y las posibles situaciones de amenaza para la salud de las personas trabajadoras.
La crisis sanitaria COVID-19 ha puesto de relieve el papel clave del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la respuesta a las emergencias de salud pública. La Organización Internacional de Trabajo, en sus informes, subraya la importancia y necesidad de contar con un sistema sólido y resiliente, que pueda hacer frente a situaciones de emergencias, protegiendo la seguridad y la salud de los trabajadores/as al tiempo que apoye la supervivencia y continuidad de las empresas.
Debemos aprender de lo que nos ha enseñado la pandemia de COVID-19 y potenciar la preparación frente a las posibles crisis sanitarias del futuro, así como la reanudación del trabajo después de la pandemia. Deben seguir desarrollándose sinergias entre la salud y la seguridad en el trabajo y la salud pública.
El fortalecimiento del sistema preventivo debe responder a un análisis interno de las instituciones, contando con la participación de los interlocutores sociales, en el que se identifiquen áreas de mejora y oportunidades para reactivar un descenso progresivo y paulatino de la siniestralidad laboral, cuyos índices han permanecido prácticamente estancados en los últimos años.
Tanto los poderes públicos como los interlocutores sociales podemos y debemos tomar conciencia de nuestro rol y actuar para:
– Poner en valor la prevención de riesgos laborales como un elemento clave del progreso económico y social.
– Profundizar en los mecanismos de coordinación entre las autoridades de salud pública y las de seguridad y salud en el trabajo.
– Integrar la seguridad y salud laboral en las políticas públicas y en la gestión de las organizaciones, fijando objetivos e indicadores de resultado medibles.
– Potenciar y optimizar los recursos humanos disponibles para un desarrollo adecuado de competencias y funciones.
– Reforzar la colaboración y participación, y establecer alianzas para alcanzar objetivos comunes.
– Modernizar el marco normativo para ajustarlo a la realidad de los entornos de trabajo y que sea aplicable por todas las empresas, garantizando la protección de todas las personas trabajadoras por igual.
– Velar por el efectivo cumplimiento de las normas, brindando apoyo y asistencia técnica especialmente a las empresas y personas trabajadoras que más lo necesitan.
– Aprovechar el desarrollo y la innovación tecnológica para hacer una mejor prevención de riesgos laborales, impulsando una gestión de los riesgos proactiva y participativa.
– Actualizar y mejorar la formación y capacitación de las personas con implicación en prevención, y una cultura preventiva desde etapas tempranas.
– Potenciar el diálogo y la negociación, impulsando acuerdos que mejoren las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
– Impulsar en la negociación colectiva acuerdos que desarrollen específicamente la normativa preventiva adaptada a cada sector o empresa, en función de los riesgos identificados.
Esta Estrategia pone en el centro del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a las personas.
El liderazgo del gobierno, administraciones públicas, organizaciones empresariales y sindicales, empresarios/as, servicios de prevención, mutuas, trabajadores/ras y delegados/as de prevención, y el compromiso, la coordinación y participación de todas y todos ellos, así como la formación e información, son los ejes sobre los que pivota el sistema. Su fortalecimiento permitirá lograr entornos de trabajo más seguros y saludables.
La formación de profesionales expertos y de la prevención y el aprendizaje continuo es esencial para una adecuada gestión de la prevención. Requiere una apuesta firme de las instituciones por una formación especializada, continua y de calidad, y la colaboración de los servicios de prevención en el ámbito de las empresas. Asimismo, es fundamental iniciar la formación en prevención de riesgos laborales en las etapas tempranas de la educación y consolidar la integración de la misma en los diferentes niveles educativos, siendo necesaria la colaboración de autoridades educativas y laborales para reforzar y mejorar la calidad formativa.
Con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo e impulsar políticas orientadas a la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
– Impulsaremos la consideración de los efectos en la salud de las personas trabajadoras en todas las políticas públicas, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
– Promoveremos el liderazgo en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de todos los agentes y en todos los ámbitos, como el principal motor dinamizador para alcanzar una auténtica cultura de la salud.
– Reforzaremos y desarrollaremos mecanismos de coordinación y estrategias conjuntas entre administraciones públicas con competencia en seguridad y salud en el trabajo.
– Reforzaremos la coordinación y cooperación establecidas entre las autoridades sanitarias y laborales para la vigilancia y control de la pandemia COVID-19 en los lugares de trabajo, y se desarrollarán instrumentos de coordinación en caso de pandemias u otras crisis sanitarias.
– Mejoraremos la resiliencia del sistema poniendo el foco en la formación y capacitación de personas expertas y profesionales, de los/as empresarios/as y recursos preventivos de las empresas, de los delegados/as de prevención y de los propios trabajadores y trabajadoras para una adecuada gestión de los riesgos.
– Promoveremos el incremento de profesionales con competencia en prevención, prestando especial atención al personal especialista en medicina del trabajo.
– Reforzaremos el papel de los interlocutores sociales y de los órganos de participación institucional, para implementar políticas preventivas eficaces y consolidar avances en prevención de riesgos que se materialicen en entornos de trabajo seguros y saludables.
Líneas de actuación:
1. Establecimiento de mecanismos de coordinación institucional ante futuras crisis.
– En el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se constituirá una Comisión de Coordinación en la que participarán todos los departamentos ministeriales representados en el Pleno a través de sus vocales. Es competencia de esta Comisión de Coordinación mejorar la coordinación entre ministerios, informar e identificar temas u objetivos en los que haya competencias compartidas o sean de interés general para el tratamiento homogéneo en la totalidad del Estado.
Esta Comisión de Coordinación elaborará un protocolo interno de coordinación para afrontar futuras situaciones adversas en el ámbito laboral o que puedan trascender el mismo, como la reciente crisis COVID-19.
Se garantizará la efectiva participación de las administraciones autonómicas con competencia en seguridad y salud en el trabajo y de los interlocutores sociales a través de la propia Comisión Nacional, elevando al pleno cuantas propuestas considere oportunas para el desarrollo de políticas preventivas.
Se establecerán mecanismos de colaboración entre las estructuras de salud pública y de prevención de riesgos laborales que permitan incluir en las acciones de salud comunitaria los aspectos del trabajo como un determinante importante de salud y dar respuesta conjunta ante situaciones de crisis o alerta sanitaria.
– Las administraciones públicas velarán por la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras, en su condición de empleador. Se promoverá el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales y la mejora de la actividad preventiva, especialmente en aquellas actividades y colectivos de mayor riesgo. Se mejorará, con carácter general, la formación y capacitación de las personas trabajadoras, fortaleciendo asimismo los mecanismos de consulta y participación.
– Se establecerán mecanismos de coordinación ágiles y estables entre las Autoridades Sanitarias, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Órganos Técnicos de seguridad y salud autonómicos, para hacer frente a las eventuales crisis sanitarias.
– Se mejorará la coordinación entre la Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas para garantizar la mayor eficacia posible en las actuaciones en los distintos ámbitos.
2. Desarrollo y reforzamiento de mecanismos de coordinación con el fin de aprobar criterios de aplicación uniforme y optimizar el uso de recursos públicos.
2.1 Ministerio de Sanidad-CCAA.
– Se potenciará la Ponencia de Salud Laboral, órgano de coordinación técnica de las administraciones sanitarias, que reporta a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En ella participan representantes de las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas, y persigue la coordinación general de las actividades, programas y planes de Salud Laboral de estas administraciones.
– La CNSST podrá proponer a la Ponencia de Salud Laboral la elaboración de criterios uniformes sobre los aspectos sanitarios de la prevención de riesgos laborales que considere de especial relevancia en cumplimiento de esta Estrategia.
2.2 INSST-CCAA.
– Se sentarán las bases de un órgano de coordinación y participación entre el INSST y las Administraciones Autonómicas competentes en seguridad y salud en el trabajo, sin perjuicio de las funciones y competencias de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Será un órgano de intercambio de infor