Categoría: Administración

l beneficiario deberá prever mecanismos específicos de acreditación del cumplimiento del principio DNSH que aborden los riesgos específicos de la inversión, así como la obligatoriedad de presentar esa acreditación o tenerla a disposición de la Administración durante un plazo de cinco años.
Se considerará excluido el proyecto en caso de incumplir el principio de «no causar un perjuicio significativo» y, en concreto, se excluirán las actividades que se enumeran a continuación:
a) Las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos, excepto los proyectos en el marco de esta medida relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía Técnica de la Comisión Europea sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1).
b) Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (en adelante, RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes en 2026. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión en relación con las actividades que se inscriben en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, según lo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión, de 12 de marzo de 2021, por el que se determinan los valores revisados de los parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión en el periodo comprendido entre 2021 y 2025 con arreglo al artículo 10 bis, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
c) La compensación de los costes indirectos del RCDE.
d) Las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecánico-biológico. La exclusión sobre incineradoras no se aplica a las acciones emprendidas en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil. Asimismo, no se aplica la exclusión sobre plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil. Todos estos pormenores deberán explicarse motivadamente y documentalmente en cada planta.
e) Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente. Asimismo, se exigirá que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que cumplan con la legislación medioambiental nacional y europea pertinente.
Sin perjuicio de lo anterior, se considerará que el proyecto cumple con lo dispuesto en la Guía Técnica de la Comisión Europea sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» si es un proyecto exclusivamente dedicado a aumentar sustancialmente la sostenibilidad medioambiental de la empresa, como la descarbonización, la reducción de la contaminación y la economía circular, y, asimismo, el objetivo principal de las acciones de investigación, desarrollo o innovación, en el marco de ese proyecto, es desarrollar o adaptar alternativas con el menor impacto medioambiental posible en el sector, y que deberán ir más allá de replicar o adaptar productos o procesos de negocio ya disponibles desde/hacia otras empresas u organizaciones del sector, sin o con muy pocos cambios adicionales por parte del beneficiario.
16. El beneficiario se asegurará de que el hidrógeno utilizado en el proyecto para el funcionamiento de la planta de reducción directa es producido a partir de fuentes de energía renovable, y de que sea considerado como hidrógeno renovable por cumplir con las metodologías establecidas para los combustibles líquidos y gaseosos renovables para el transporte de origen no biológico en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y sus actos de ejecución o delegados, así como en la Orden TED/1026/2022, de 28 de octubre, por la que se aprueba el procedimiento de gestión del sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables.
17. El beneficiario garantizará el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático, con un porcentaje del 40 por ciento, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. De acuerdo con lo señalado en el CID, este programa tiene asociado etiquetado verde, así, para cumplir con los objetivos establecidos, el proyecto objeto de estas ayudas, deberá garantizar un coeficiente climático de al menos el 40 por ciento, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. En consecuencia, se espera que la mayoría de las actuaciones se encuadren bajo la etiqueta 022 y tengan un coeficiente climático del 100 por ciento, si bien pueden existir actuaciones con las etiquetas 023, 024, 024bis y 024ter, dentro de la solicitud que contribuyan a la reducción de emisiones.
18. Con objeto de que el órgano concedente, como órgano encargado de la gestión de los fondos relativos a las subvenciones aprobadas por este real decreto, en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pueda certificar o acreditar la debida ejecución de los mismos ante las autoridades competentes, el beneficiario deberá, además de cumplir con las obligaciones de información y seguimiento previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, remitir cuanta información y documentos pudiera requerirle el órgano concedente para el seguimiento del programa, así como cumplir puntualmente con lo que pudiera disponerse por cualquier norma o reglamentación aplicable.
19. El beneficiario está obligado a cumplir las instrucciones que les dirija el órgano concedente, así como cualquier otro órgano o autoridad competente, en aplicación de cualquier normativa, tanto europea como nacional, que pudiera aprobarse, particularmente la relativa a la ejecución o gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. Las garantías se constituirán por el beneficiario, a disposición del órgano concedente, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, y por el importe que determina el apartado 3 de este artículo.
En el caso de que el beneficiario no constituya y acredite la garantía ante el órgano competente, tendrá como efecto el desistimiento de su solicitud.
2. El plazo de presentación de las garantías será de quince días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la propuesta de resolución definitiva, tal y como se indica en el artículo 14.3, y exclusivamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
3. El importe por el que debe constituirse la garantía se establece en un 20 por ciento de la ayuda propuesta en la propuesta de resolución definitiva.
4. Las garantías serán liberadas una vez que tenga lugar la acreditación de que se haya realizado la actividad del proyecto objeto de la ayuda, según establece el artículo 17 de este real decreto, y se haya realizado el ingreso del reintegro que proceda en su caso. El régimen de cancelación de las garantías se ajustará a lo establecido en la normativa de la Caja General de Depósitos.
5. Se procederá a la incautación de las garantías cuando así proceda por incumplimiento de cualquier condición impuesta al beneficiario en Real Decreto o en la propia resolución de concesión.
1. A los efectos de esta subvención, se entiende que el beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
2. El beneficiario podrá subcontratar la realización de la actividad para la que se solicita la subvención con terceros, siempre y cuando se cumplan las disposiciones recogidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en los términos establecidos en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, en concordancia con el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Se aplicará lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley.
4. El coste global de la subcontratación por el beneficiario no podrá ser superior al 60 por ciento del presupuesto total del proyecto para el que se solicita la subvención.
5. En ningún caso podrá fraccionarse el gasto correspondiente a un mismo gasto y a un mismo proveedor.
6. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el caso de que la actividad subcontratada supere el 20 por ciento del importe de la subvención, y dicho importe sea superior a 60.000 euros, el contrato de subcontratación deberá celebrarse por escrito y autorizarse previamente por el órgano concedente. En este supuesto la solicitud irá acompañada de una memoria justificativa de la necesidad de la subcontratación para la consecución de los objetivos de la actuación objeto de subvención.
7. En caso de que la subcontratación se realice con entidades vinculadas a la entidad beneficiaria, deberá solicitarse previa autorización al órgano concedente y acreditar que se realiza de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
8. El beneficiario preverá mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH), y el resto de las condiciones establecidas en el presente real decreto y en la normativa general de subvenciones.
9. Las personas o entidades subcontratadas deberán estar al corriente en el momento de la contratación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de intereses.
10. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y subcontratistas al órgano instructor de la subvención.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento, siendo de aplicación lo previsto en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
2. Tanto la presentación de la documentación exigida como el acceso a las publicaciones y notificaciones relacionadas con estas ayudas, se realizará a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo asociada a la Sede Electrónica de la Administración General del Estado (https://sede.serviciosmin.gob.es/). El acceso a los trámites posteriores de cada fase del procedimiento se realizará también a través de la citada sede electrónica.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, carece de validez y eficacia la presentación de solicitudes y la realización de cualquier acto efectuado a través de medios distintos al indicado en el apartado anterior.
4. En todos los formularios electrónicos que se remitan, el declarante y el firmante de la declaración debe ser la misma persona y tener poder suficiente para obligar a la entidad a la que representa. En caso de que el firmante fuera persona distinta de la que firmó la solicitud de la ayuda, se deberá aportar copia en formato PDF («portable document format») del poder que acredite que puede ejercer dicha representación.
5. Se podrán utilizar herramientas como Autofirma (https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.htm) o Valide (https://valide.redsara.es/valide/) por terceros para la firma electrónica de los documentos que emitan al beneficiario y que vayan a formar parte del expediente, tales como contratos y demás documentos que deban ser firmados por su emisor con firma electrónica avanzada basada en un certificado cualificado. Los documentos electrónicos a firmar deberán tener el formato PDF y los documentos firmados deberán estar, preferentemente, en formato XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) o en cualquiera de los dispuestos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración (XAdES, CAdES, PAdES, OOXML y ODF). El firmante del documento hará llegar al beneficiario el documento generado al firmar.
6. Todas las notificaciones se dirigirán al representante designado por el beneficiario, que será el responsable de recibir todas las notificaciones y comunicaciones, mediante comparecencia en sede electrónica, según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
1. La cuantía total máxima destinada a financiar la subvención regulada por este real decreto es de 450.000.000 de euros para el proyecto «Hidrógeno circular DRI», estando previsto que se conceda en el año 2023.
2. La subvención regulada en este real decreto se financiará con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se realizará con cargo al crédito que al efecto se habilite en Sección 20, Servicio 50 (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), Programa 46LB (774). Para la anualidad 2023, aplicación presupuestaria 20.50.46LB.774.
1. Las ayudas reguladas en este real decreto podrán acumularse con cualquier otra ayuda, siempre que se refiera a costes subvencionables identificables diferentes. Dado que las ayudas reguladas en este real decreto se financian con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los proyectos solo podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, de conformidad con el artículo 9 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
2. En todo caso, el beneficiario de la subvención deberá comunicar al órgano concedente la obtención de cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso que financie las actividades subvencionadas tan pronto esté en conocimiento de dicha obtención, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, tal y como establece el artículo 14.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El órgano gestor competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de las ayudas es la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (órgano instructor).
2. El órgano concedente es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de las delegaciones vigentes. La concesión de esta subvención se instrumentará mediante resolución de la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de las delegaciones vigentes.
3. A efectos de lo previsto en el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas concedidas es la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, como órgano instructor.
4. Con carácter general, y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento. A estos efectos, se utilizará la metodología y los modelos previstos en los anexos I y II de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Tanto en la fase de evaluación de solicitudes como en la de resolución, los órganos implicados realizarán el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés de conformidad con dicha Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.
1. El procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas será el de concesión directa, regulado en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo III del título I del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. El procedimiento de concesión se ajustará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 67 de su Reglamento.
1. El procedimiento de concesión de la subvención previsto en este real decreto se iniciará desde la entrada en vigor de este real decreto.
A tal efecto, la entidad beneficiaria deberá aportar toda la documentación final ya proporcionada durante la notificación del proyecto, junto con la versión traducida al español, una propuesta de hitos intermedios, incluyendo indicadores, que permita verificar anualmente y de forma clara el adecuado avance del proyecto, así como un cronograma orientativo de actuaciones y costes elegibles asociados a cada una de ellos. Se incluirá al menos un hito intermedio, junto con sus indicadores, por año natural.
Adicionalmente, deberán aportar la decisión final de inversión del proyecto (i.e.Final Investment Decision) emitida por el correspondiente órgano de gobierno de la entidad beneficiaria con competencia para ello de acuerdo con sus estatutos y la ley aplicable (Consejo de Administración o equivalente). A tal efecto, se aportará la certificación del acuerdo adoptado por el órgano competente, así como la referencia concreta en los estatutos de la organización y/o en la ley aplicable en la que se establece que ese es el órgano competente para adoptar una decisión de este tipo.
Asimismo, se deberá aportar:
a) Ficha resumen del proyecto.
b) Tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF, así como el DNI, NIE o documento equivalente que acredite la identidad de su representante. No será necesaria su aportación si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados por el órgano instructor mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad. No obstante, conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se eximirá a los interesados de la presentación de documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o que haya sido ya aportada anteriormente por los mismos, siempre que el interesado no se oponga a que la administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos. Por su parte, la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, reconoce la potestad de verificación de las administraciones públicas, en relación con los datos personales que obren en su poder, para comprobar su exactitud.
c) Documentación acreditativa de las facultades de representación de la persona que formule la solicitud de ayuda como su representante, en la forma de poder notarial debidamente inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil, en cuyo caso se aportará certificación expedida por este último. La intervención por medio de representante de las entidades beneficiarias de las ayudas exige la acreditación de la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d) Certificado del Registro Mercantil que acredite la constitución y existencia de la sociedad, su denominación, objeto, capital social, domicilio social, duración, órgano de gobierno o administración y personas que lo componen.
e) Acreditación, mediante certificación del Libro Registro de Socios de la entidad o el mecanismo legalmente pertinente, de la identidad de los socios y sus respectivos porcentajes de participación en el capital social. Igualmente, se presentará el certificado de inscripción en el registro correspondiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
f) Documentación que acredite el alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la AEAT o equivalente. En su defecto se deberá autorizar expresamente al órgano administrativo concedente para que pueda consultar directamente dicha información de forma directa con la AEAT o equivalente.
g) Documentación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, lo que deberá verificarse conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y teniendo presente lo establecido por la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización por la entidad beneficiaria para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso no deberán aportar las correspondientes certificaciones. No obstante, la entidad beneficiaria podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
h) Cuentas anuales registradas en el Registro Mercantil de los dos ejercicios anteriores y, si está obligado a ello, Informes de Auditoría de las mismas.
i) Hitos y Objetivos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a los que contribuye el proyecto beneficiario. Se debe indicar la confirmación de a qué Hitos y Objetivos CID contribuye el proyecto (i.e. #184, #185, #186), así como el detalle de cómo y por qué contribuye a ese objetivo, en línea con los mecanismos de verificación y cumplimiento de los Hitos y Objetivos CID. Será condición indispensable para poder ser beneficiario de la ayuda la contribución de los objetivos. El listado definitivo de Hitos y Objetivos CID a los que contribuye el proyecto y su justificación se incluirá en la resolución de concesión.
j) Memoria de evaluación sustantiva de las actividades del proyecto, que determine el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo», con la estructura y contenido que se especifican en el anexo I.
k) Último informe verificado de las emisiones de gases de efecto invernadero de la instalación en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la Unión Europea.
l) Acreditación del cumplimiento con el límite de plazo máximo de pago de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, y del artículo 13.3.bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante certificación emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa beneficiaria.
m) Aceptación expresa de las condiciones de la subvención que se establecen en el presente real decreto.
2. Adicionalmente, la solicitud deberá incluir la siguiente documentación:
a) Aceptación de la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, conforme al modelo establecido en el anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, según el anexo II.
b) Declaración de ausencia de conflicto de interés, según la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, conforme con el modelo establecido en el anexo III.
c) Relación de ayudas que haya solicitado o percibido por parte de otras administraciones o entidades para la misma finalidad y objeto, tanto en el momento de la presentación de la solicitud, como durante la tramitación del procedimiento, conforme al anexo IV.
d) Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias, según el anexo V.
3. La solicitud de ayuda se acompañará de las siguientes declaraciones responsables, recogidas en el anexo VI.
a) Que la entidad beneficiaria no incurre en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13.2, 13.3 y 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) No tener pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente, tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
c) No causar perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020.
d) Declaración responsable de cumplimiento del resto de condiciones para el acceso a la ayuda.
4. La presentación de la solicitud y de toda la documentación asociada a la misma se realizará a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo asociada a la sede electrónica de la Administración General del Estado (https://sede.serviciosmin.gob.es). El plazo de presentación será de 3 meses, contados a partir del día de la entrada en vigor del presente real decreto.
5. En caso de no cumplimentarse debidamente el trámite de presentación del proyecto correspondiente así como de su documentación complementaria, o si cualquiera de los documentos no reuniese los requisitos exigidos, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.1 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de lo estipulado en este real decreto y la declaración de la veracidad de toda la información que se presente.
7. Si se advirtiera algún incumplimiento de los requisitos se procederá a la denegación de la subvención o, en su caso, al reintegro de la misma.
8. En el caso de que el solicitante altere o falsifique la documentación adjunta a la solicitud, se aplicará la normativa prevista para estos supuestos y que se establece en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a las previsiones del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades que puedan corresponder.
1. A la vista de la solicitud y del resto de la documentación, el órgano instructor redactará el correspondiente informe de evaluación, y formulará la propuesta de resolución provisional de concesión de ayuda, debidamente motivada, que notificará al interesado, y concederá un plazo de diez días para presentar alegaciones. El interesado deberá remitir, al mismo tiempo, la documentación que se le haya requerido en la propuesta provisional, así como la actualización, en su caso, de la información aportada en el momento de la solicitud que acredite el cumplimiento de la condición de beneficiario. En la fase de evaluación se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. Una vez examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por el interesado, el órgano instructor elevará la propuesta de resolución definitiva de concesión de ayuda al órgano competente, que emitirá dicha propuesta, que será notificada al solicitante para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, comunique la aceptación de la ayuda propuesta. Se entenderá que el beneficiario desiste de la ayuda si en dicho plazo no ha comunicado la aceptación expresa. Posteriormente, el órgano competente dictará la correspondiente resolución definitiva.
3. Además de la aceptación, el beneficiario deberá presentar, exclusivamente a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en un plazo máximo de quince días hábiles desde la propuesta de resolución definitiva:
a) Justificante de constitución de garantías ante la Caja General de Depósitos.
b) Dictamen emitido por una entidad de validación acreditada por ENAC en el «Esquema de Acreditación de organismos de verificación y validación para el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» (DNSH)» (RDE-31), en el que se acredite que dicho proyecto cumple con dicho principio.
La no presentación de dicha documentación en el plazo establecido para ello, tendrá como efecto la consideración del proyecto como desistido.
Los modelos de aceptación se facilitarán al beneficiario, junto con la propuesta de resolución definitiva.
La aceptación de la ayuda propuesta implicará el consentimiento de la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea, y en cumplimiento del artículo 8.1.d) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración. No podrá concederse ayuda al solicitante si no es aportada la documentación completa exigida en la propuesta de concesión.
5. La resolución será motivada, quedando acreditados sus fundamentos. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud.
6. Se podrá entender desestimada la solicitud si, transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar, no se hubiera dictado resolución expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. La resolución de concesión incluirá al menos la siguiente información:
a) Identificación del beneficiario.
b) Título del proyecto.
c) Localización donde se realizará la actuación (municipio/s).
d) Presupuesto total del proyecto.
e) Actuaciones subvencionables.
f) Costes subvencionables.
g) Ayuda concedida y forma de pago.
h) Fecha límite de ejecución.
i) Hitos intermedios comprometidos, con los indicadores correspondientes, para verificar de forma anual el adecuado avance del proyecto.
j) Hitos y Objetivos CID del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia a los que contribuye y breve explicación de su contribución.
k) Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las actuaciones objeto del proyecto subvencionado que pudieran haberse requerido por la normativa de aplicación o la convocatoria correspondiente.
8. La concesión de la subvención se efectuará mediante resolución de la persona titular del órgano concedente, sin perjuicio de las delegaciones vigentes, a la que corresponderá ordenar el pago de estas.
9. La concesión de la subvención será objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los términos dispuestos por el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
1. Se abonará a la entidad beneficiaria la cuantía de 450.000.000 de euros en un único pago en 2023 y con carácter anticipado, de acuerdo con lo que se establezca en la resolución de concesión.
2. El pago de la subvención se realizará, una vez realizadas las oportunas verificaciones por el órgano gestor, de acuerdo con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Con carácter previo al pago de la subvención, deberá constar acreditado que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5, y que no se halla incursa en ninguno de los supuestos de prohibición establecidos en el artículo 13.2, 13.3 y 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
A estos efectos, la aceptación expresa de la resolución de concesión definitiva por la entidad beneficiaria conllevará la autorización de la misma para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos.
No obstante, la beneficiaria podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación correspondiente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que el beneficiario haya indicado en la solicitud.
1. Al objeto de realizar un seguimiento de las actuaciones subvencionadas, anualmente, a partir de 2024 inclusive, y antes del 30 de junio del año en curso, el beneficiario deberá presentar:
a) Una memoria técnica de actuación que justifique el cumplimiento de los hitos intermedios definidos según lo establecido en el artículo 13.1 correspondientes al año inmediatamente anterior, con indicación de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos y del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos, como indicadores y cronogramas, y en particular, de la previsión del cumplimiento de los Hitos y Objetivos CID, acompañado de un informe o valoración de esta memoria técnica realizada por un auditor técnico independiente. Este auditor técnico deberá acreditar haber realizado al menos una visita al sitio de ejecución del proyecto en el último mes del periodo analizado.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, acompañada de un informe de una persona auditora o empresa de auditoría inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Para emitir su informe el beneficiario garantizará que el auditor independiente pueda acceder a facturas, justificantes de pago y contratos según corresponda en el periodo. Deberá incluir una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y, en su caso, fecha de pago. Se indicarán las desviaciones acaecidas respecto a la distribución de costes incluida en la documentación entregada para cumplir lo establecido en el artículo 13. En el anexo VIII se detalla el procedimiento de auditoría.
c) La entidad beneficiaria deberá aportar la documentación necesaria para establecer las condiciones de seguimiento de evolución del proyecto, incluyendo la propuesta de las empresas que van a actuar como auditor técnico y como auditor contable en los seguimientos anuales. El órgano instructor podrá rechazar las empresas propuestas si considera que no reúnen la solvencia necesaria, por lo que la propuesta de estas empresas deberá venir acompañada de las referencias en trabajos que acrediten dicha solvencia.
El órgano concedente podrá requerir cualquier otra documentación para el seguimiento de las actuaciones, solicitar reuniones de control y realizar visitas al emplazamiento según estime oportuno, y podrá requerir toda aquella documentación que sea necesaria para acreditar el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medioambiente, como complemento a la documentación presentada a la Comisión Europea a este respecto durante el proceso de selección.
2. Cada uno de los plazos incluidos en el cronograma para el cumplimiento de los hitos intermedios, definidos según lo establecido en el artículo 13, serán computados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución de concesión. En caso de que se incumpla un hito intermedio o se produzcan desviaciones significativas que afecten a la trayectoria o a los objetivos anuales, o a la consecución de la eliminación total planificada del gas natural, el beneficiario de la ayuda deberá justificarlo adecuadamente, estableciendo medidas correctivas y una reprogramación coherente con la finalización del proyecto en la fecha establecida en la resolución de concesión. El órgano concedente determinará si la reprogramación permite de manera realista la finalización del proyecto en los plazos establecidos y evaluará el efecto de esa desviación en los flujos de caja del proyecto, en cuyo caso procederá una modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18. En caso de que el órgano concedente determine que la reprogramación no permite la finalización del proyecto en los plazos establecidos, o que dicha desviación da lugar a flujos de caja superiores a los flujos de caja previstos, se podrá considerar un incumplimiento que implique el reintegro total o parcial de la subvención, de manera proporcional a la desviación producida.
1. La entidad beneficiaria deberá justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente o designado para tal fin.
En la justificación se verificará que los fondos concedidos se han utilizado para los fines previstos y se han gestionado de conformidad a todas las normas aplicables y, en particular, a las normas relativas a la prevención de conflicto de interés, de fraude, de corrupción y de la doble financiación procedente del Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia. En particular, se atenderá a lo previsto en el anexo a la Decisión de la Comisión que aprueba los Acuerdos Operacionales (OA) entre la Comisión Europea y España conforme al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
2. La justificación de las ayudas se realizará en la modalidad de cuenta justificativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título II, capítulo II, de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en la normativa aplicable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Fondo REACT-EU de la Unión Europea, así como lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
El Informe de Auditoría se ajustará a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siendo su objeto tanto la validación de la correcta justificación de los gastos vinculados al proyecto, como la verificación del cumplimiento de otras condiciones requeridas por la normativa aplicable, en especial este real decreto. En el anexo VIII se detalla el procedimiento de auditoría.
El auditor verificará la adecuación de la memoria de actuación técnica y la memoria económica, indicadas en el apartado 4 del presente artículo, elaboradas por el beneficiario, comprobando la suficiencia y veracidad de los documentos y la subvencionalidad de los gastos y pagos, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión o posteriores modificaciones o, en su caso, con los requerimientos adicionales realizados durante la ejecución de las actividades.
El auditor debe revisar la exactitud de la totalidad de la información recogida en dichas memorias, y pronunciarse expresamente en su informe sobre todos los extremos revisados, incluyendo un informe de valoración de los gastos, en el que, a juicio del auditor, puedan ser considerados subvencionables o no.
3. La justificación por parte de la entidad beneficiaria de la realización de las actuaciones que conformen el proyecto incentivable, deberá realizarse ante el órgano concedente en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha en que expire el plazo máximo otorgado para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda.
4. La justificación documental por parte de la entidad beneficiaria de la ejecución y pago de las actuaciones objeto del proyecto incentivable, se realizará telemáticamente, a través de la Sede Electrónica del órgano concedente, mediante escrito dirigido al órgano concedente, junto al que se aportará, con carácter general, la siguiente documentación:
a) Una memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos y del grado de cumplimiento de los indicadores y de los compromisos asumidos, entre ellos también los de difusión y colaboración recogidos en la Decisión de la Comisión SA.104904 (2023/N), de 17 de febrero de 2023, así como la contribución a los Hitos y Objetivos CID. La documentación que acompañe a la Memoria técnica de actuación justificativa deberá incluir una declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Esta memoria deberá ir acompañada de un informe realizado por un auditor técnico independiente, el cual deberá acreditar haber realizado al menos una visita al sitio de ejecución del proyecto en el último mes del periodo analizado.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, acompañada de un informe de una persona auditora o empresa de auditoría inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), a través del cual se llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales, este mismo auditor será el encargado de revisar la cuenta justificativa. Esta memoria económica incluirá:
1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
2.º Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. El informe de auditoría hará constar la existencia o no de morosidad y hará referencia al cumplimiento de los plazos legales de pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.º Los contratos o pedidos relativos a las actuaciones realizadas.
4.º En su caso, sistema auditable de imputación y control de horas para la justificación de los costes de personal.
5.º En su caso, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que se hayan destinado a financiar la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
6.º Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba haber solicitado, en su caso, el beneficiario, o justificación según lo establecido en el citado artículo.
7.º Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.
8.º Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales e indirectos incorporados, excepto en aquellos casos en que las bases reguladoras de la subvención hayan previsto su compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación.
c) Identificación del perceptor final de fondos (entidad beneficiaria última de la ayuda, contratistas y subcontratistas), mediante: NIF, Nombre, Fecha de nacimiento, Domicilio, Inscripción en el Censo de empresarios de la AEAT o equivalente (si desarrollan actividad económica), y la Aceptación de la cesión de estos datos entre las administraciones públicas implicadas.
d) Documentación justificativa del cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad impuestas a la entidad beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el presente real decreto.
e) Documentación justificativa de que la entidad beneficiaria es titular del número o números de cuenta indicados en la solicitud y desde las que se hayan realizado pagos de facturas y, en su caso, el ingreso de ayudas.
f) Los informes anuales de verificación en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la Unión Europea, desde la fecha de la concesión de la ayuda, incluido el último informe antes del inicio de las obras, así como los informes anuales de verificación durante los cinco años posteriores a la finalización del proyecto.
5. El órgano concedente podrá otorgar, a solicitud del interesado, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación cuando existan causas justificadas. El plazo para resolver esta solicitud de ampliación será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud. El vencimiento del plazo sin pronunciamiento expreso legitima al solicitante para entender desestimada su solicitud debiendo presentarse la justificación en el plazo indicado anteriormente en el apartado 3 de este artículo.
6. Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la documentación justificativa ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. En todo caso, el beneficiario deberá establecer los procedimientos para garantizar que se dispone de la documentación sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con una pista de auditoría apropiada, así como custodiar y conservar la documentación de la actividad financiada, incluidas todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento Financiero [Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018], el cual establece la obligación de los perceptores de conservar los documentos justificativos, en formato electrónico, durante un período de cinco años a contar desde la fecha de finalización del plazo establecido para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda. Esta documentación quedará a disposición del Ministerio de Industria, Comercio o Turismo, o cualquier organismo fiscalizador, nacional o de la Unión Europea, que podrá requerirla para su comprobación en