Categoría: Normativas

Habiéndose suscrito el 17 de abril de 2023 el Convenio en materia de gestión electoral entre el Ministerio del Interior y la Diputación Foral de Álava, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta Resolución,
Madrid, 19 de abril de 2023.–El Secretario General Técnico, Juan Diez Ruiz Román Silva, a 17 de abril de 2023.
De una parte, la Subsecretaria del Interior, doña Isabel Prieto Iglesias, nombrada por Real Decreto 505/2018, de 18 de junio, actuando en representación del Ministerio del Interior, y con competencia para firmar Convenios, según la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades.
Y, de otra, el Diputado General de Álava, don Ramiro Velasco Jiménez, nombrado por Acuerdo de las Juntas Generales de Álava en su Sesión Plenaria celebrada el día 4 de julio de 2019, actuando en representación de la Diputación Foral de Álava, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava.
Las partes se reconocen mutuamente, en la calidad en que cada una interviene, la capacidad legal para la firma del presente convenio y, a tal efecto
Que el principio de cooperación consagrado implícitamente en la Constitución Española, así como el principio de colaboración recogido en los principios generales y de actuación establecidos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico (LRJSP) son principios informadores que deben presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas.
Que de conformidad con el artículo 3 de la LRJSP, las Administraciones públicas deberán respetar en su actuación y relaciones, entre otros, los principios de buena fe, confianza legítima, y lealtad institucional, responsabilidad por la gestión pública, y cooperación, colaboración y coordinación.
Que la celebración de procesos electorales en casos de concurrencia electoral, justifica la necesidad de adoptar determinadas soluciones comunes que en virtud de la colaboración y coordinación que ha de primar entre Administraciones Publicas, faciliten la gestión electoral y permitan llevar a cabo el complejo operativo electoral con eficacia y eficiencia.
Que el Estado interviene en todos los procesos electorales por su competencia exclusiva en determinadas materias, y con independencia de quién sea el poder público convocante por lo que asume los gastos derivados de estas actuaciones, entre las que se incluyen sin ánimo de ser exhaustivos, las desarrolladas por la Oficina del Censo Electoral, que no son objeto del presente convenio. Del mismo modo, y en aplicación de la competencia en materia del servicio postal universal, el Estado es el encargado de imponer las obligaciones postales en materia electoral al operador del servicio postal universal y asumir la correspondiente compensación.
Que cada una de las Administraciones es responsable de la gestión de su proceso electoral y ostenta la competencia de anunciar los avances y datos de participación, y los resultados provisionales respectivos. No obstante, ambas partes reconocen la conveniencia y ventajas del uso compartido de los recursos necesarios de una manera eficiente, previendo el préstamo de estos cuando fuera necesario y facilitando una gestión electoral coordinada en aquellos elementos que resulten comunes a los procesos electorales que se celebren de manera concurrente. Todo ello con la finalidad de contribuir a una gestión más eficaz del presupuesto electoral de ambas Administraciones Públicas.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley 1/1987, de 27 de marzo, de elecciones para las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa (BOPV n.º 72, de 10 de abril de 1987), las elecciones a las Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava coinciden con la fecha en la que se celebran las elecciones locales.
Que la concurrencia electoral que se produce con ocasión de la celebración de elecciones locales (de competencia estatal), y elecciones a Juntas Generales de Territorios Históricos(de competencia foral), es una oportunidad para establecer criterios concretos de colaboración entre los poderes públicos convocantes en el ámbito de las actuaciones de las que cada uno es responsable con el objeto de realizar una gestión electoral coordinada y contribuir a la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la asignación de recursos públicos, en un escenario de estricta disciplina presupuestaria.
Que el Tribunal de Cuentas ha señalado que es necesario profundizar en el reparto de cargas y costes entre las Administraciones en casos de concurrencia electoral, en su Informe de 19 de diciembre de 2019, de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017, apartado IV Recomendaciones.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes:
Dentro de las diferentes tipologías de Convenios regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, nos encontramos ante un convenio interadministrativo, suscrito por la Administración General del Estado (Ministerio del Interior), y la Diputación Foral de Álava.
El presente convenio tiene por objeto concretar la colaboración de la Administración General del Estado y la Diputación Foral de Álava en la gestión de las elecciones que se celebren de manera concurrente.
Esta colaboración está determinada por la existencia de una Mesa electoral común para los casos de concurrencia electoral, prevista en el artículo 25.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, y por la conveniencia, por razones de eficacia y eficiencia, del uso compartido de determinados recursos e infraestructuras.
1. Mesas electorales.
1.1 Dieta. Las personas que integran las Mesas electorales tienen derecho a una dieta, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, y la Orden INT282/2019, de 7 de marzo, de regulación de la dieta de los miembros de las Mesas Electorales.
Aun cuando la Mesa electoral es común para todos los procesos que se celebren de manera concurrente, y ambas Administraciones son responsables de dotarlas de los medios necesarios y deben asumir de manera conjunta los costes correspondientes, en aras a garantizar una mayor eficacia en la gestión, el Ministerio del Interior asumirá íntegramente el gasto derivado del pago de las dietas.
Con la finalidad de que no se produzcan agravios comparativos por razón del territorio, esta cantidad no será incrementada en ningún caso por la Diputación Foral, sin perjuicio de que ésta pueda prever algún tipo de avituallamiento o aprovisionamiento para las personas que integran las Mesas electorales, como agua o comida. Al finalizar el proceso, y en el plazo del mes siguiente a las elecciones, la Diputación Foral informará al Ministerio del Interior de si ha adoptado alguna medida en este sentido y de su coste.
1.2 Desplazamiento de miembros de Mesa. La Diputación Foral de Álava asumirá el gasto extraordinario que pueda suponer el desplazamiento de la presidencia de la Mesa para la entrega de la documentación electoral al finalizar la jornada electoral. A estos efectos, desde la Delegación/Subdelegación del Gobierno se comunicará a la Diputación Foral de Álava la cuantía correspondiente.
1.3 Seguridad Social para las personas que integran las Mesas electorales. De conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales, toda persona designada para desempeñar funciones en una Mesa electoral debe estar protegida por el sistema de la Seguridad Social de todos los riesgos que se deriven de su condición, tanto de titular como de suplente, y tengan relación directa con el desempeño de sus funciones.
El Ministerio del Interior asume las gestiones necesarias para realizar el alta correspondiente, así como el coste que de ello se derive.
1.4 Accesibilidad del proceso electoral para las personas que integran las Mesas electorales.
La Administración encargada de la gestión electoral debe atender a la diversidad funcional de las personas que integran las Mesas electorales prestando los apoyos necesarios.
a) Personas con discapacidad auditiva.
Las personas con algún tipo de discapacidad auditiva que sean designadas para integrar las Mesas electorales podrán solicitar los apoyos que necesiten a la Junta Electoral de Zona, según lo dispuesto en el Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. Este apoyo consistirá en intérprete de lengua de signos o bucle magnético y su coste será asumido por el Ministerio del Interior.
b) Personas ciegas o con grave discapacidad visual, sordociegos y personas con discapacidad intelectual.
El coste de los apoyos que la Administración electoral, a solicitud de las personas interesadas, decida que deben ser puestos a su disposición, será asumido por el Ministerio del Interior.
Asimismo, las partes progresivamente pondrán a disposición de las personas que integran las Mesas, documentación de lectura fácil e introducirán una cartelería compatible con la accesibilidad cognitiva, asumiendo el coste que de ello se derive. Ambas administraciones intercambiarán información relativa a las concretas medidas adoptadas que se dirigirán a tal fin.
2. Material Electoral.
2.1 Urnas, cabinas y soportes señalizadores. El Ministerio del Interior adquirirá y prestará las urnas necesarias para el proceso electoral foral, previa solicitud de la Diputación Foral de Álava. Esta solicitud deberá incorporar una previsión de necesidades y habrá de comunicarse directamente a la Delegación / Subdelegación del Gobierno
El Ministerio del Interior suministrará cabinas y soportes señalizadores de locales, cuyo uso es común.
2.2 Impresos y sobres electorales. La fabricación y distribución del material electoral impreso que debe ser común a los procesos concurrentes según lo previsto en el artículo 5.4 y el anexo 11 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales, es asumida por el Ministerio del Interior, así como el gasto correspondiente.
2.3 Manual de instrucciones para las personas que integran las Mesas electorales. El Ministerio del Interior asume la elaboración, fabricación, distribución y gasto del Manual de Instrucciones para las personas que integran las Mesas Electorales que incorporará las especialidades correspondientes a las elecciones forales y aquellas observaciones formuladas por la Diputación Foral y que, una vez supervisado por la Junta Electoral Central, será aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros y por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava.
2.4 Distribución del material. Al objeto de agilizar y optimizar la gestión electoral, la Delegación/Subdelegación del Gobierno coordinará con la Diputación Foral la distribución del material electoral.
3. Accesibilidad de los procesos electorales.
El Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. Tal y como establece la Disposición Adicional Primera, ambas Administraciones se comprometen a colaborar para garantizar que las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales concurrentes se cumplan de manera homogénea, eficaz y eficiente.
Ambas administraciones intercambiarán información relativa a las medidas que en materia de accesibilidad se adopten. Asimismo, se comprometen a la utilización progresiva de material que cumpla los estándares de accesibilidad, principalmente en lo que se refiere a la cartelería, así como a implementar progresivamente material en lectura fácil.
4. Acondicionamiento de locales.
La Delegación/Subdelegación del Gobierno coordinará con la Diputación Foral el acondicionamiento de los locales, asumiendo la Diputación Foral de Álava el coste derivado del mismo.
5. Transporte para el electorado.
La Delegación/Subdelegación del Gobierno coordinará con la Diputación Foral de Álava el transporte gratuito para el electorado, asumiendo su coste la Diputación Foral de Álava. Las medidas adoptadas y su coste se recogerán en el informe al que se refiere la cláusula quinta de este convenio.
6. Campaña Institucional.
El Ministerio del Interior asumirá el coste de las campañas institucionales de las elecciones que se celebrarán de manera concurrente. Además, el Ministerio del Interior cede estas campañas institucionales para su difusión por la Diputación Foral en un soporte tal que permita la inclusión, por parte de esta, de sus símbolos de identidad institucional al final de los mensajes.
7. Apoyo a Juntas Electorales: locales y medios.
1. Ambas Administraciones se comprometen a instar a los Ayuntamientos el cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 5/1985 de conformidad con el cual la dotación de medios a las Juntas Electorales de Zona corresponde a éstos. Si los Ayuntamientos justificaran su incapacidad para asumir dicha dotación de medios, el Ministerio del Interior asumirá el coste de los medios complementarios necesarios.
2. En todo caso, el Ministerio del Interior pone a disposición de la Diputación Foral sus aplicaciones informáticas de apoyo a las Juntas tanto para la gestión de las candidaturas, como para la realización del escrutinio general o definitivo.
8. Representantes de la Administración.
Teniendo en cuenta que no existe una normativa reguladora sobre esta materia, las partes acuerdan:
8.1 Selección y nombramiento. La persona que ejerza esta función será la misma para todos los procesos concurrentes. Su designación y nombramiento deberá ser consensuado entre la Delegación / Subdelegación del Gobierno y la Diputación Foral, cuando sea posible a través de los Ayuntamientos, y procurando que sean preferentemente empleadas y empleados públicos, salvo en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas.
8.2 Retribución. Las dos Administraciones asumirán el coste de las retribuciones al 50%, de forma que la cantidad que perciba cada una de estas personas no podrá superar, en ningún caso, el tope máximo establecido en las Instrucciones Económico Administrativas del Ministerio del Interior.
8.3 Seguro. Ambas Administraciones cubrirán a aquellos de sus empleados públicos que ejerzan las funciones de representante de la Administración por el sistema de seguridad social durante el tiempo y las jornadas en las que desempeñen dichas funciones, entendiéndose las mismas como servicios extraordinarios de su puesto de trabajo habitual. El Ministerio del Interior asumirá el coste del seguro de los representantes de la Administración que no sean empleadas y empleados públicos.
8.4 Formación. La Diputación Foral colaborará con la Delegación / Subdelegación del Gobierno en la organización de las sesiones de formación necesarias para las personas que ejerzan la función de representantes de la Administración, asumiendo los costes que pudieran derivarse por aspectos no comunes a los procesos concurrentes, y proporcionará los locales adecuados cuando fuera necesario en coordinación con la Delegación / Subdelegación del Gobierno.
9. Concreción de otros aspectos de la colaboración.
9.1 Intercambio de datos de resultados. Cada una de las Administraciones responsable de su proceso electoral ostenta la competencia de anunciar los avances de participación, los datos de participación y los resultados provisionales respectivos. Ambas Administraciones se facilitarán los datos de participación y los resultados provisionales propios en tiempo real, en formato electrónico y donde cada una de ellas determine para su recepción.
9.2 Papel de la Delegación/Subdelegación del Gobierno.
El desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente convenio se realizará de forma coordinada por la Diputación Foral y la Delegación/Subdelegación del Gobierno. Respetando los compromisos recogidos en el convenio en cuanto a la asunción de costes, ambas podrán llegar a los acuerdos que consideren oportunos para concretar las gestiones que correspondan, así como las cantidades a abonar por las mismas.
Del presente convenio no se derivan obligaciones ni compromisos económicos para ninguna de las partes.
Las obligaciones financieras que conlleva la gestión de los procesos electorales derivan de la Constitución, Estatutos de Autonomía y normativa electoral, tanto estatal como autonómica o foral: Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, Ley 1/1987, de 27 de marzo, de Elecciones para las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y demás normativa de desarrollo.
Los gastos que derivan de la gestión electoral se financiarán con cargo a los presupuestos ordinarios de las partes en función de sus disponibilidades presupuestarias, teniendo en cuenta que las medidas previstas, al tener como finalidad el uso compartido, eficaz y eficiente de los recursos necesarios para el desarrollo y la gestión de los procesos electorales, no suponen incremento de gasto para ninguna de las partes con respecto a los que se producirían de no suscribirse el convenio.
Ambas Administraciones, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, se comprometen a realizar un reparto equitativo de los gastos.
En aquellos casos en los que la Diputación Foral deba reintegrar al Estado una cantidad en aplicación de lo previsto en este convenio, este reintegro se realizará mediante Ingreso en el Tesoro, mediante el modelo 069. El Estado realizará la totalidad de los gastos, y posteriormente la Diputación Foral, realizará el ingreso en el Tesoro mediante el modelo 069, por el importe de los gastos realizados.
1. Se crea la Comisión de Seguimiento del presente convenio, será paritaria y en la que se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres, y sus integrantes serán:
Por el Ministerio del Interior:
– La persona titular de la Dirección General de Política Interior.
– La persona o personas designadas por ésta de entre el personal técnico de esta y de la Delegación / Subdelegación del Gobierno, para asistir a las reuniones de la Comisión.
Por la Diputación Foral de Álava:
– La persona representante del Departamento con competencias en materia de gestión de procesos electorales designada por la Diputación Foral, o persona en quien delegue.
– El personal técnico que la persona titular del Departamento correspondiente de la Diputación Foral decida designar para asistir a las reuniones de la Comisión.
2. La Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las partes y adecuará su actuación a lo previsto en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre el funcionamiento de los órganos colegiados.
3. Entre las funciones que corresponden a la Comisión de Seguimiento se incluyen:
a) Articular la colaboración entre la Administración General del Estado y la Diputación Foral de Álava a través de la homogeneización de criterios técnicos, de la optimización de recursos, así como del intercambio de información sobre los procesos electorales;
b) Solventar las dudas de interpretación que pudieran surgir en la aplicación del convenio.
Ambas Administraciones elaborarán un informe en un plazo de seis meses desde la celebración de procesos electorales concurrentes, sobre la coordinación de actuaciones prevista en el presente convenio. Este informe incluirá en todo caso una valoración económica de la colaboración recogida en el convenio.
Las partes incluirán las medidas adoptadas en materia de transporte de electores y, en general, en materia de accesibilidad del proceso electoral.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza administrativa. Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación o resolución del mismo que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión de Seguimiento, serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, las partes prestan su consentimiento a dar publicidad al convenio en los términos exigidos por el artículo 8.1b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Este convenio, de conformidad con el apartado h) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Publico, una vigencia de cuatro años, sin perjuicio de su prórroga por igual plazo. La modificación y prórroga del presente convenio requerirá acuerdo unánime de las partes y estará sometida a los mismos trámites que para su celebración.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente convenio no generará indemnización entre las partes al tratarse de un acuerdo que no genera obligación económica alguna, pero podrá dar lugar a la resolución del convenio, sin perjuicio de la continuación de actuaciones necesarias para la celebración de los procesos electorales por ambas partes.
1. Las partes se comprometen a mantener el máximo nivel de reserva y de sigilo profesional entorno a todos los datos e informaciones facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio y del saber hacer resultante de la ejecución del mismo. En particular, será considerado como información confidencial la referida a las infraestructuras electorales digitales, debiendo las partes mantener dicha información en reserva y no revelarla de ninguna forma, total o parcialmente, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del convenio.
2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
A estos efectos, las partes tendrán la consideración de responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter personal respectivamente recabados para la ejecución del presente convenio. El acceso a los datos por una de las partes al tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento el Ministerio del Interior y la Diputación Foral.
4. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5. Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento.–La Subsecretaria del Interior, Isabel Hidalgo Serrano Ortiz Jiménez de Álava, Ramiro Velasco Jiménez.