Categoría: Administración

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) desempeñan un papel fundamental en la economía de la Unión Europea (en adelante UE). Tal y como expone la «Estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» (COM (2020) 103 final), adoptada el 10 de marzo de 2020, más del 99 % de las empresas de la UE son pymes, que dan empleo a unos 100 millones de personas y generan más del 50 % del PIB de la UE; su papel es clave al aportar valor añadido a todos los sectores de la economía.
Por otro lado, según datos de la Seguridad Social recogidos en «Cifras PYME», el número de empresas en abril de 2021 era de 2.893.005 de las cuales sólo el 0,16 % son grandes empresas y sólo el 0,84 % tiene más de 50 empleados. El 99,83 % está constituido por pymes (menos de 250 asalariados).
Estas cifras indican el peso importante de las pymes, con una menor productividad y menores márgenes de ajuste ante cambios en los mercados. Estas debilidades han hecho que las pymes y los trabajadores autónomos se hayan visto especialmente castigados por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19.
La «Estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital», ya citada, de la Comisión Europea, recoge el siguiente párrafo: «las pymes todavía no se benefician plenamente de los datos, la savia de la economía digital. Muchas de ellas no son conscientes del valor de los datos que generan y no están lo bastante protegidas ni preparadas para la economía ágil en el manejo de los datos que se avecina. Solo el 17 % de las pymes han integrado con éxito las tecnologías digitales en su negocio, frente al 54 % de las grandes empresas. Las pymes tradicionales suelen tener dudas al elegir su estrategia empresarial digital, tienen problemas para aprovechar grandes repositorios de datos que empresas más grandes tienen a su disposición y evitan las herramientas y aplicaciones avanzadas basadas en la Inteligencia Artificial (IA). Simultáneamente, son muy vulnerables a las ciberamenazas».
No cabe duda de que la digitalización se traduce en un incremento importante de la productividad en las pymes, siendo una de las condiciones necesarias para esa digitalización la capacitación digital de las personas como base para construir procesos de transformación digital en las mismas.
La Comisión Europea supervisa desde 2014 los avances digitales de los Estados miembros a través del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), compuesto por cinco dimensiones: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales.
España, que presenta una evolución positiva del DESI en los últimos años, con valores muy positivos en conectividad y servicios públicos digitales, por segundo año consecutivo ha perdido puntuación en la dimensión de Integración de Tecnología Digital por parte de las empresas, pasando a ocupar el decimotercer lugar del «ranking» europeo en 2020 y situándose por debajo de la media de la UE. Por otro lado, este mismo índice nos dice que, en lo que respecta a capital humano, España ocupa el puesto número 16, estando su puntuación por debajo de la media de la UE.
Consciente de esta necesidad de digitalización de las pymes, el Gobierno ha diseñado un Plan de Digitalización de las PYMES 2021-2025, siendo una de las medidas, la formación en competencias digitales de los agentes del cambio, una nueva figura encargada de llevar a cabo la transformación digital de la pequeña y mediana empresa española. En concreto, con el Programa de Formación para Experto/as en Transformación Digital de la pyme.
Por otro lado, la pandemia de COVID-19 ha obligado a los Estados miembros de la Unión Europea a adoptar con rapidez medidas coordinadas para proteger, en primer lugar, la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía al tiempo que se potencia la recuperación teniendo como vectores de crecimiento la doble transición: sostenibilidad y digitalización.
El Consejo Europeo, acordó el 21 de julio de 2020 un paquete de medidas de gran alcance, las cuales aúnan el marco financiero plurianual para 2021-2027 e incorporan un instrumento europeo para la recuperación (Next Generation EU), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para acceder a los recursos financieros de este mecanismo, los Estados miembros deben elaborar un plan orientado a la recuperación. España presentó a la Comisión Europea su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación), que fue aprobado por Decisión de Ejecución del Consejo el pasado 13 de julio de 2021. El Plan de Recuperación contempla diez políticas palanca y treinta componentes, recogiendo un conjunto coherente de inversiones y reformas orientadas a la recuperación y a impulsar un cambio de modelo económico, productivo y social para abordar de forma equilibrada los retos futuros: hacia una España más sostenible, digitalizada, en igualdad y con mayor cohesión social.
El Plan de Recuperación se estructura en torno a diez políticas palanca urgentes por su alta capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo para la modernización de nuestra economía y sociedad: (i) agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación; (ii) infraestructuras y ecosistemas resilientes; (iii) transición energética justa e inclusiva; (iv) Administración para el siglo XXI; (v) modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora; (vi) pacto por la ciencia y la innovación; refuerzo de la capacidad del Sistema Nacional de Salud; (vii) educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades; (viii) nueva economía de los cuidados y políticas de empleo; (ix) impulso de la industria de la cultura y el deporte; (x) modernización del sistema fiscal para un crecimiento sostenible e inclusivo.
De las diez políticas palanca, la séptima, «Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades», se centra esencialmente en el refuerzo del capital humano para que el Plan de Recuperación tenga el impacto deseado, tanto en la generación de actividad a corto plazo, como en el refuerzo estructural de la economía y las nuevas oportunidades laborales a medio y largo plazo. En dicha política se incluye el Componente 19 del Plan de Recuperación, denominado «Plan Nacional de Capacidades Digitales» cuyo objetivo es garantizar la formación e inclusión digital de la ciudadanía y los trabajadores, no dejando a nadie atrás en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía.
En concreto, este componente 19 se estructura en una reforma y cuatro inversiones, en el que se incluye la inversión número 3, C19.I3 «Competencias digitales para el empleo» en el que se incluyen actuaciones específicas de cualificación y recualificación dirigidas a personas empleadas y desempleadas, un Programa de capacitación Digital de las Administraciones públicas, y un Programa para la transformación digital de pymes y formación en competencias digitales para pymes.
La presente línea de ayudas se integra en el Programa para la transformación digital de las pymes, y formación en competencias digitales para pymes. Para el conjunto de la inversión 3 del Componente 19, al menos 450.000 personas deberán haber completado los programas de capacitación de competencias digitales antes del cuarto trimestre de 2025, conforme al objetivo 292 de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
De estas, 33.000 corresponden a expertos en transformación digital que serán objeto de esta orden de bases, fijando un objetivo parcial en cada una de las convocatorias.
En enero de 2021, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Competencias Digitales (en adelante, PNCD), una estrategia integral que pretende aumentar el nivel de competencias digitales de los distintos colectivos que forman la sociedad española en función de sus necesidades, desde la ciudadanía en general hasta especialistas digitales, pasando por el ámbito educativo y laboral (ocupados, personas desempleadas, personal funcionario, etc.), todo ello prestando especial atención a la reducción de las brechas digitales existentes.
El PNCD parte del índice DESI (índice de Economía y Sociedad Digital) para ponerse como objetivo una mejora general del mismo en el ámbito relativo al capital humano.
Para ello, el PNCD se articula en un conjunto de líneas de actuación agrupadas en cuatro ejes:
I. Competencias digitales transversales.
II. Transformación Digital de la Educación.
III. Competencias digitales para el empleo.
IV. Profesionales digitales.
El PNCD se financia en su práctica totalidad a través del componente 19 del Plan de Recuperación. Este componente tiene una dotación de algo más de 3.500 millones de euros y en el mismo participan 13 Ministerios y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
El Plan de Digitalización de PYMES 2021-2025 identifica dos medidas relacionadas con la formación en competencias digitales de las pymes y la línea 6 del PNCD. Estos programas se ejecutarán mediante el desarrollo de actuaciones de formación vinculadas al Plan de Recuperación.
El Componente 19 «Plan Nacional de Capacidades Digitales», en concreto en su inversión 3, presenta el Programa para la transformación digital de las pymes, y formación en competencias digitales para pymes. Dicho programa incluye:
Programa de Formación para Jóvenes Expertos en Transformación Digital de la Pyme. Este programa tiene por objeto la formación de jóvenes expertos en digitalización de las pymes como agentes del cambio en los procesos de transformación digital de éstas, siendo por tanto los destinatarios finales del programa de formación, jóvenes hasta 35 años, preferentemente mujeres, tanto desempleados en el momento de la solicitud como trabajadores, y en ambos casos, con un perfil de estudios y experiencia profesional previos que les posibilite tras el programa, incorporarse al mercado laboral como agentes de transformación digital de una pyme.
Los programas referidos en esta orden están asociados, en la Decisión de Ejecución del Consejo del pasado 13 de julio de 2021, al cumplimiento del objetivo CID número 292, consistente en que, antes del 31 de diciembre de 2025 al menos 450.000 personas, deberán haber participado en cursos de formación sobre competencias digitales. Cada formación deberá tener un mínimo de 15 ECTS. Se han establecido como objetivos intermedios la participación para el cuarto trimestre de 2022 de 90.000 personas y de 180.000 para el cuarto trimestre de 2023, correspondiente a los objetivos OA 292.1 y 292.2, respectivamente.
La Fundación EOI, F.S.P. verificará el cumplimiento del objetivo CID mediante un documento resumen en el que se incluya como anexo una hoja de cálculo con pruebas documentales, así como las referencias oficiales de los certificados que acrediten que las acciones formativas han sido terminadas. Además, para cada programa, el número de cursos completados, número de candidatos inscritos y el número de ECTS y el número de personas formadas. Por último, sobre la base de una muestra se presentarán las pruebas documentales de cada uno de los beneficiarios en los que se contenga pruebas de la finalización de la formación realizada, el tipo de formación impartida, la zona y el detalle de su contenido.
Por otro lado, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 de 12 de febrero de 2021, por el que se regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en cumplimiento de la presente orden, deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas prevista en el componente 19, inversión 3, en el que se enmarca.
La inversión C19.I3, además, tiene asignado un etiquetado digital con la etiqueta 108, correspondiente a un porcentaje del 100 %, que implica que las actividades financiadas deben corresponder a la categoría de «Competencias digitales para el empleo».
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es el Departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de asuntos económicos y transformación digital, según lo dispuesto en el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en su artículo 9 bis, apartado s), la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (en adelante, SEDIA), a través de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial, tiene como una de sus funciones «el impulso, coordinación y apoyo a las iniciativas destinadas a la creación de contenidos digitales, y demás iniciativas que promuevan el desarrollo de empresas tecnológicas en sectores estratégicos para la transformación e inclusión digital en colaboración con otros departamentos, órganos u organismos».
La SEDIA es responsable de la implementación de varias inversiones que se integran en el Componente 19 «Plan Nacional de Capacidades Digitales» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
Por otro lado, la Fundación EOI es una fundación del sector público estatal adscrita a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), que se dedica a formar profesionales, producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y Administraciones, en los valores de una economía abierta, social, verde y digital.
La Fundación EOI, en línea con su ámbito de actuación general en materia de «Promover la formación de empresarios, personas directivas y técnicos como herramienta estratégica de la empresa especialmente en el campo de las tecnologías», desarrolla desde el año 1996 actuaciones en beneficio de la formación de personas y en particular del impulso de sus capacidades digitales como Organismo Intermedio de Fondos Europeos.
Dichas actuaciones, que recaen en el ámbito de su actividad ordinaria, consisten en la formación y asesoramiento de jóvenes desempleados, empresarios y personas directivas para la adopción y el uso de nuevas tecnologías ante los retos de un mundo cada vez más competitivo, que se ha visto afectado por la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de COVID-19.
La SEDIA ha transferido los fondos correspondientes a la Fundación EOI para el desarrollo de actuaciones de formación vinculadas al Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto, al Componente 19 «Plan nacional de capacidades digitales».
La Fundación EOI desarrollará las actuaciones en materia de «Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades» vinculadas al Componente 19 «Plan nacional de capacidades digitales» concretadas en formación a personas expertas, agentes del cambio en transformación digital.
La Fundación EOI forma parte de las entidades ejecutoras del componente 19 del Plan de Recuperación. SEDIA y la Fundación EOI realizarán de forma conjunta la planificación y diseño de los programas e iniciativas a desarrollar.
Por último, la Entidad Pública Empresarial Red.es M.P., adscrita al Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es un actor principal en la ejecución de la citada Agenda Digital 2025 y colaborará en dichos programas de formación en la fase de preinscripción de solicitantes interesados en los mismos, a través de su plataforma acelerapyme (https://www.acelerapyme.gob.es/), donde dichos interesados deberán, además, realizar el test de madurez digital previamente a la preinscripción.
Las líneas de subvenciones reguladas en esta orden de bases se encuentran acogidas al Componente 19, Plan Nacional de Capacidades Digitales (digital skills), en su inversión C19.I3 Competencias digitales para el empleo y, en concreto, en el Programa de Transformación Digital de Pymes.
Conforme a lo señalado en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la entidad decisora será el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como entidad con dotación presupuestaria en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siendo la Fundación EOI la entidad ejecutora de las actuaciones anteriormente indicadas.
El ámbito de aplicación del Programa de Transformación Digital de Pymes es todo el territorio nacional.
La competencia del Estado para dictar esta orden se justifica en el artículo 149.1. 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que «exige decisiones unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de determinados problemas en orden a la consecución de dichos objetivos [de política económica global o sectorial] y evite que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en las distintas partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores» (STC 186/1988, F.J. II; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5). El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza y forma de instrumentación, orientadas a garantizar la «unidad de mercado» (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la «unidad económica» (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).
Específicamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero (FJ 8), cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas competencias exclusivas sobre la materia en que recaen las subvenciones, éstas pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada de las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado». No obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas circunstancias y para valorar la participación en ese proceso de las comunidades autónomas (STC 31/10, FJ 62).
Dado que el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en beneficio de su efectividad y operatividad, es conveniente la concentración de fondos que los financian.
Esta orden se dicta de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Para ello, de acuerdo con los artículos 9.2 y 17 y con la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante esta orden se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la formación de personas con objeto de impulsar la trasformación digital de las pymes a través de la iniciativa «Programa de Transformación Digital de Pymes» de la Fundación EOI, así como la convocatoria correspondiente a 2022.
La disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que, las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la Administración a la que la fundación esté adscrita y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2. Asimismo, establece que la aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por los órganos de la Administración que financien en mayor proporción la subvención correspondiente; en caso de que no sea posible identificar tal Administración, las funciones serán ejercidas por los órganos de la Administración que ejerza el Protectorado de la fundación.
Teniendo en cuenta que la Fundación EOI se encuentra adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, será la persona titular del Ministerio, la competente para establecer estas bases reguladoras. El procedimiento de concesión es el de concurrencia competitiva.
Por su parte, la competencia para realizar las convocatorias y la concesión de las subvenciones que se realicen a futuro recaerá en la Dirección General de la Fundación EOI, en virtud de lo dispuesto en la citada disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en la Orden ICT/1291/2018, de 27 de noviembre, por la que se autoriza a la Fundación EOI, F.S.P., a conceder subvenciones.
La presente orden se estructura en tres capítulos que, de conformidad con el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, contienen tanto las bases reguladoras (los dos primeros), como una convocatoria de subvenciones (el tercero) este último con rango no reglamentario. Por último, se incluyen tres disposiciones finales, sobre el título competencial, el rango no reglamentario de la convocatoria y la entrada en vigor.
Esta orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Así, se atiende a los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa normativa justificada en el marco de la transformación digital de las pymes, contribuyendo a la mejora de la competitividad y productividad de la economía española. De la misma manera, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, la norma se limita a la regulación imprescindible para el establecimiento de las bases reguladoras y la convocatoria.
En virtud del principio de seguridad jurídica, esta orden es coherente con el conjunto del ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación. Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de transparencia, definiéndose el objeto y ámbito de aplicación, así como la participación de los organismos competentes en su proceso de tramitación.
En aplicación del principio de eficiencia, esta orden, estableciendo criterios objetivos y claros sobre el ciclo completo de gestión de la tramitación de las subvenciones, persigue una correcta utilización de los recursos públicos.
Desde el punto de vista de ayudas de Estado, teniendo en cuenta que se trata de una convocatoria de subvenciones a entidades formadoras orientada a personas, no constituiría una ayuda de Estado en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esta interpretación está en línea con la recomendación de la Comisión Europea establecida en el documento «Template RFF Upgrading education and training» publicado en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia (apartado III punto 13 del documento).
Para el cálculo del coste unitario de la formación se ha utilizado lo recogido en el Reglamento Delegado (UE) 2019/379 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo que respecta a la definición de baremos estándar de costes unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados miembros por parte de la Comisión, en concreto el apartado 3.2.1 - de la página 33.
Por último, se ha de tener en cuenta que el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, establece la posible tramitación de las bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones financiables con fondos europeos de forma conjunta. Considerando que el Programa de Transformación Digital de Pymes se financia, como ya se ha señalado, con cargo al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, estas Bases Reguladoras incorporan una convocatoria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, esta orden ha sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En su virtud, dispongo:
1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras, así como la primera convocatoria, que se aplicarán para la financiación de la oferta formativa incluida dentro del Programa de Transformación Digital de Pymes, para formación de agentes del cambio en transformación digital.
Las ayudas reguladas por estas bases pretenden ofrecer una formación que atienda a los requerimientos del entorno digital y al cambio de los modelos de negocio que se está produciendo en el entorno de las pequeñas y medianas empresas («pymes»). Las ayudas serán gestionadas por las entidades beneficiarias que serán entidades de formación, a través de programas de formación en el ámbito de la Economía Digital.
Serán acciones formativas que podrán adoptar el formato de microcredenciales y que serán susceptibles de ser acreditadas posteriormente en el marco de la normativa autonómica reguladora de la acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación.
La oferta formativa irá dirigida a personas que ya desarrollan su actividad profesional en pymes o tengan intención de hacerlo, con el fin de incorporarse al mercado laboral como agentes del cambio, según se desarrolle en la correspondiente convocatoria.
2. La definición de pequeña y mediana empresa (PYME) es la establecida en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. En particular, se entenderán incluidas en esta categoría las empresas que empleen a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros, o su balance general anual no exceda de 43 millones de euros. El cómputo de los efectivos, formas de cálculo y límites en el caso de empresas asociadas o vinculadas se efectuará según disponen los artículos 3 a 6 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
3. Las subvenciones otorgadas con base en el Programa de Transformación Digital de Pymes se enmarcan en la inversión C19.I3 Competencias digitales para el empleo, del Componente 19, Plan Nacional de Capacidades Digitales (digital skills), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación) del Gobierno de España, y contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados a esta medida, de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
1. Las subvenciones previstas en esta orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como, a las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo que resulte de aplicación y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónico. Será de aplicación también la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley.
2. Las subvenciones se sujetarán, también, a la normativa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular, al Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021; al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las demás disposiciones que resulten aplicables.
3. La ejecución de las actividades subvencionadas se sujetará a la normativa medioambiental aplicable, y en particular al principio de «no causar un perjuicio significativo» de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental. Asimismo, resulta aplicable a estas subvenciones el Reglamento (UE) n.º 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la pandemia de COVID-19, así como toda la normativa de desarrollo europea y nacional relativa al Plan de Recuperación y al mecanismo de recuperación y resiliencia.
El ámbito material comprende el desarrollo de programas de formación dirigidos a jóvenes expertos en transformación digital que desarrollarán su actividad profesional en el entorno de las pymes.
El ámbito de aplicación del Programa «Generación Digital» es todo el territorio nacional, si bien, en cada convocatoria se podrá particularizar el ámbito geográfico de la subvención.
Las convocatorias que se acojan a esta orden de bases se financiarán con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia resultantes de la aplicación presupuestaria de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, conforme a lo establecido en la «Resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial por la que se materializa la ejecución de la partida presupuestaria 27.50.460C.443 a favor de la Fundación EOI FSP» que serán incorporados al presupuesto de la Fundación EOI, F.S.P (en adelante, la Fundación EOI).
1. Los beneficiarios de la subvención serán las entidades de formación.
Podrán tener la condición de beneficiarios en las correspondientes convocatorias, efectuadas al amparo de esta orden, en los términos que las mismas establezcan y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, las entidades de formación siempre que estén válidamente constituidas desde, al menos, tres años antes de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto de la convocatoria (evidenciado con escrituras de constitución, vida laboral de empresa en el que se indique CNAE número 85 o cualquier otro documento válido en derecho que acredite que es entidad de formación), tengan personalidad jurídica propia y domicilio fiscal o social en España. En todo caso, las entidades solicitantes habrán de tener al menos un establecimiento o sucursal en España en el momento de presentación de la solicitud.
Además, deberán:
a) Disponer de la acreditación para la impartición de los programas que se concrete en cada convocatoria.
b) Disponer de experiencia en formación a jóvenes en el ámbito de la transformación digital o en aquella específica que se establezca en cada convocatoria.
c) Disponer de recursos económicos y materiales suficientes para ejecutar la ayuda solicitada, conforme al porcentaje que se indique en cada convocatoria, referido al importe de la ayuda total solicitada.
d) Disponer de recursos humanos suficientes para ejecutar la ayuda solicitada, conforme a la previsión que se establezca en cada convocatoria.
Conforme a lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, si así se establece en la correspondiente convocatoria, podrán tener la condición de beneficiario las agrupaciones de personas jurídicas que puedan llevar a cabo actividades de formación en cooperación. Se deberán cumplir, en estos casos, con las obligaciones establecidas en los citados artículos.
2. Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En cada convocatoria, en el marco de la normativa aplicable, se establecerá la forma de acreditación de los requisitos establecidos para ser beneficiario. Los beneficiarios deberán acreditar que disponen de la experiencia en formación a jóvenes en el ámbito de la transformación digital y disponen de los recursos humanos y materiales mínimos de acuerdo con lo establecido en la correspondiente convocatoria.
No podrán ser beneficiarias aquellas entidades que se hallen en situación de crisis, según se define en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de acuerdo con las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01 de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
Tampoco podrán ser beneficiarias las entidades que tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
3. Deberán, además, estar inscritos en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, y tener la antigüedad mínima que se establezca en cada convocatoria.
1. El beneficiario debe cumplir las obligaciones del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como registrar la subvención que perciba en los libros contables que correspondan.
Asimismo, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Poner a disposición del programa de formación los medios necesarios para su correcto desarrollo y cooperar en todo momento con la Fundación EOI.
b) Comunicar a la Fundación EOI cualquier alteración o incidencia que afecte a las condiciones bajo las cuales se concedió la subvención.
c) Cumplir con sus obligaciones incluidas en estas bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria.
d) Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y obligaciones tributarias, así como no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de acuerdo con los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) Conservar todos los documentos acreditativos de las actividades objeto de subvención y tenerlas a disposición para posibles comprobaciones durante un periodo de cuatro años a contar desde el fin del período de justificación.
f) Dar la adecuada publicidad del origen de la subvención otorgada a través de la difusión en la forma o foros solicitada por la Fundación EOI, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y del artículo 33 de esta orden, así como las establecidas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
g) Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados en España.
h) Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional.
i) Garantizar la gratuidad de las actividades a los alumnos, quedando expresamente prohibida la exigencia de cualquier tipo de prestación, aval o pago de cantidad alguna por ningún concepto.
j) Seleccionar a los alumnos en condiciones de igualdad, transparencia y objetividad, formalizando su relación con la suscripción de un condicionado, en el que se recoja el alcance de la formación.
k) Cumplir con la obligación de identificación del perceptor final de las ayudas, entendidos como las personas que reciben la formación, conforme a lo establecido en los modelos de declaración responsables del anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
l) Cumplir con los requerimientos realizados por la Fundación EOI, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, u otros órganos competentes, en su caso, relativos a las actuaciones de control y comprobación.
m) Aportar los datos que sean necesarios para la elaboración de indicadores y los que, a efectos estadísticos, se puedan emplear para estudios relativos a los aspectos técnicos, económicos, laborales y sociales, cuando sean requeridos por la Fundación EOI, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, o cualquier otro órgano competente.
n) Facilitar información y responsabilizarse del seguimiento, del control, de la calidad y de la evaluación de los alumnos. Asimismo, debe colaborar y suministrar información para la evaluación y seguimiento tanto del Programa de formación como de la eficacia de la aplicación de los fondos. Esta información y los formatos en que debe ser suministrada será establecida por la Fundación EOI, siempre en cumplimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Igualmente, la Fundación EOI podrá establecer la obligatoriedad para los beneficiarios de administrar y recoger los resultados de los cuestionarios a cumplimentar por alumnos, profesores y otros que la Fundación EOI estime necesarios para desarrollar las tareas de evaluación y seguimiento.
o) Cumplir las obligaciones en relación con la prohibición de divulgar información, o datos de carácter personal o individual. En todo caso, esta información estará sujeta a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). El beneficiario deberá informar a los solicitantes del programa de formación, que deberán aceptar la cesión de datos entre la entidad donde se registren y las Administraciones Públicas implicadas y entidades como Red.es, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa aplicable en el ámbito de protección de datos, según modelo recogido en la convocatoria.
2. Al financiarse las convocatorias mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los beneficiarios deberán cumplir, además, con las obligaciones, europeas y nacionales aplicables. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) En el diseño y ejecución de los programas de formación, los beneficiarios garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo», conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo, de 13 de julio de 2021.
b) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
c) Proporcionarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
d) Serán responsables de la fiabilidad y del seguimiento de la ejecución de las actividades subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
e) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actividades a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
f) Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
g) Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
h) Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
i) Contribuir al objetivo autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte del desarrollo de las actividades, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
3. En el caso de agrupaciones de personas jurídicas, el representante de la agrupación será el interlocutor ante la Fundación EOI y canalizará con ésta las relaciones correspondientes en la forma que se determine en las convocatorias en cada una de las fases del procedimiento de concesión. El interlocutor deberá trasladar al resto de participantes todas las notificaciones o comunicaciones que el órgano concedente notifique a través de los medios electrónicos establecidos en la convocatoria. Los miembros de la agrupación deberán suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento, sin que sea necesario que se constituyan en forma jurídica alguna para ello. En el acuerdo se deberá incluir, al menos, los aspectos que se indican en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones dará lugar al reintegro total de la ayuda concedida a esta entidad.
Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarios, siendo responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por la agrupación.
1. Las entidades beneficiarias garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» (principio Do No Significant Harm –DNSH–), recogido en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, en todas las fases del diseño y ejecución de cada actuación de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2. No serán subvencionables aquellas actuaciones que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020. A fin de garantizar que la medida se ajusta a lo dispuesto en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1), se excluirán de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos:
a) Las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos; excepto los proyectos en el marco de esta medida relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1).
b) Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión en relación con las actividades que se inscriben en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, según lo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión, de 12 de marzo de 2021, por el que se determinan los valores revisados de los parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión en el período comprendido entre 2021 y 2025 con arreglo al artículo 10 bis, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
c) Las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecánico-biológico. La exclusión sobre incineradoras no se aplica a las acciones emprendidas en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil. Asimismo, no se aplica la exclusión sobre plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su rea