Categoría: Administración

La política de cooperación internacional para el desarrollo constituye un aspecto fundamental de la acción exterior de los Estados democráticos en relación con aquellos países que no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo, tal y como se recoge en la exposición de motivos la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el desempeño de esta labor, señala, además, la necesidad de alcanzar la adecuada colaboración, complementariedad y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas y los distintos actores de la cooperación, capaz de asegurar y garantizar la mayor eficacia y coherencia del propio programa de ayuda.
En este mismo sentido, con la finalidad de atender las prioridades sectoriales de la cooperación internacional para el desarrollo, definidas en sus artículos 6 y 7, la Ley 23/1998, de 7 de julio, incorpora en su artículo 31 el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, así como el apoyo a otros agentes que actúen en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, como universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y otros agentes sociales, lo que se garantizará a través de los instrumentos recogidos en el artículo 34, mediante formas estables de colaboración, como son las ayudas y subvenciones, de acuerdo con las condiciones y régimen jurídico aplicables que garantizarán el carácter no lucrativo.
El V Plan Director de la Cooperación Española (2018-2020), de acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 17 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas adoptada en 2015 (Agenda 2030), con la voluntad de avanzar de forma más estratégica hacia alianzas y coaliciones con los diferentes actores involucrados en el desarrollo sostenible, basadas en la confianza, el diálogo y el conocimiento mutuo, la creación de alianzas entre diferentes actores y, en particular, con la sociedad civil, plantea la necesidad de maximizar sinergias, complementar recursos, enriquecer aprendizajes y conseguir un mayor alcance de las intervenciones. En particular, en su capítulo 3, incorpora una descripción de los principales actores y alianzas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, destacando el papel de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), pues son agentes que presentan condiciones óptimas para atender a las necesidades y derechos de los grupos de población en situación de vulnerabilidad y han sabido canalizar la solidaridad ciudadana, tanto en la esfera de lo privado, capitalizando los aportes de sus socios, voluntarios y simpatizantes, como en la pública. En este sentido, en las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE (https://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee-members-and-civil-society-51eb6df1-en.htm) se reconoce y hace efectivo el rol diferenciado de las ONGD como agentes prioritarios en desarrollo, acción humanitaria, educación para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible y seguimiento de las políticas públicas y promoción de los derechos humanos y de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
En atención a lo anterior, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), como órgano principal de gestión y órgano ejecutivo de las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, destina una parte de sus fondos a la financiación de intervenciones llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil y por otros agentes reconocidos en la Ley 23/1998, de 7 de julio, y en el V Plan Director, como actores clave para favorecer la complementariedad y la generación de sinergias en la cooperación internacional para el desarrollo.
La voluntad de la Cooperación Española de favorecer el diálogo y la creación de alianzas deriva en el compromiso de formalizar procesos de consulta con los principales actores de la cooperación, públicos y privados, con especial atención al diálogo con la sociedad civil, para la definición de los objetivos y prioridades de las distintas convocatorias, a realizar con carácter previo a su publicación y, especialmente, de aquellas de mayor alcance, derivadas del periodo de ejecución de las mismas, así como el establecimiento de una planificación anual de éstas.
Las subvenciones se financiarán con cargo a los programas presupuestarios de Ayuda Oficial al Desarrollo de los presupuestos de la AECID, incluidos los fondos procedentes de la cooperación delegada, así como los que se puedan asignar de la recaudación de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Sociedades, en concepto de «otros fines de interés social».
Con la finalidad de contribuir al establecimiento de alianzas con diferentes actores en el ámbito específico de la cooperación para el desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, y de acuerdo con la disposición adicional decimoctava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que habilita al establecimiento de un régimen especial aplicable a las subvenciones de cooperación internacional concedidas en desarrollo de la política exterior del Gobierno, fue aprobado el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional. Este real decreto constituye el marco jurídico general de las subvenciones que se conceden a los distintos agentes de la cooperación internacional para el desarrollo. El título II del citado real decreto contempla el marco común a los procedimientos de concurrencia competitiva, como bases reguladoras generales, previendo la exposición de motivos de la norma la posibilidad de aprobar bases reguladoras específicas que complementen las citadas bases reguladoras generales. En su artículo 23.2 el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, prevé que se adopten bases reguladoras de desarrollo de las previsiones que en él se contienen. En virtud de todo ello, se aprobó la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo, desarrollando y concretando algunos de los aspectos relativos a las subvenciones de concurrencia competitiva.
Los avances producidos en los últimos años justifican la oportunidad de aprobar nuevas bases reguladoras específicas, adecuadas al nuevo marco conceptual y estratégico de la cooperación internacional para el desarrollo, que permita continuar avanzando en la actividad de fomento. En particular, la aprobación de esta orden se fundamenta en el compromiso de la AECID con los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030, así como en la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiación del Desarrollo de 2015, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, de 2015, la Agenda de Eficacia de la Ayuda, de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y en la Agenda para la Humanidad y elGrand Bargainsurgidos tras la Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul en 2016.
En el contexto europeo, esta orden se alinea con el Consenso Europeo para el Desarrollo, adoptado por la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo en 2017, que dota de especial relevancia a la coherencia de políticas para el desarrollo de la Unión Europea y de los Estados miembros, buscando armonizar procedimientos y metodologías.
Igualmente, en el ámbito nacional, esta orden permite incorporar los principios transversales de la Cooperación Española, recogidos en el V Plan Director 2018-2021, así como los principios de la Acción Exterior de España recogidos en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, las prioridades de la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española 2019-2026.
Por lo demás, esta orden de bases reguladoras se sustenta en la necesaria actualización y adecuación a la legislación vigente, abordando la revisión de los procedimientos administrativos para garantizar su simplificación, así como la adecuación a las características de la administración electrónica y la máxima armonización de los procedimientos de convocatoria, seguimiento y justificación de las subvenciones, con la finalidad de favorecer su comprensión por los potenciales beneficiarios de las mismas, al tiempo que pretende mejorar la planificación para así potenciar el valor añadido que los diversos actores aportan a la cooperación internacional para el desarrollo.
Así, sin perjuicio de la aplicación de la normativa específica reguladora de las subvenciones, es precisa la adecuación de las bases reguladoras a las novedades introducidas en materia de procedimiento administrativo por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, especialmente en lo que respecta a la utilización de medios electrónicos; y a las novedades introducidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación a la composición y funcionamiento de los órganos colegiados. Igualmente, necesaria es la incorporación de aspectos recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Al igual que la orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, esta orden de bases recoge, en un único cuerpo normativo, la regulación de los procedimientos relativos a todas las subvenciones públicas en el ámbito de la cooperación internacional sometidas a los principios de publicidad y concurrencia, con la finalidad principal de dotar de coherencia y facilitar la comprensión de las convocatorias de subvenciones específicas a todos los actores susceptibles de concurrir a ellas. Esta norma introduce las siguientes novedades:
La distinción de cuatro grandes ámbitos de actuación: la cooperación internacional para el desarrollo, la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible y la innovación para el desarrollo.
La incorporación de los principios transversales de la Cooperación Española, la Acción Exterior Española, los principios que fundamentan la acción humanitaria de la Cooperación Española y la incorporación del respeto a todos estos principios, incluyendo el enfoque feminista y de derechos humanos, como requisito de los solicitantes de subvenciones.
La identificación de los ODS y marcos internacionales de Derechos Humanos a los cuales las entidades subvencionadas contribuirán a través de la financiación recibida.
La revisión de los criterios objetivos de valoración y la regulación de la participación entre las unidades valoradoras.
El establecimiento de previsiones comunes para los distintos agentes de la cooperación.
La previsión de un mecanismo para la participación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales que deseen sumar esfuerzos.
La adecuación a las obligaciones en materia de administración electrónica, órganos colegiados, transparencia y la publicidad activa.
Además de incorporar las mejoras identificadas, las presentes bases reflejan el compromiso con el mantenimiento de los aspectos positivos y las fortalezas de la regulación anterior. Así, se mantiene el reconocimiento del papel fundamental de las ONGD entre los actores de la cooperación internacional. Como ya se ponía de relieve en la anterior regulación están en condiciones óptimas para el desarrollo de determinadas intervenciones, debido a su flexibilidad y agilidad operativa, su capacidad para movilizar a la sociedad y sus posibilidades de acceso directo a ciertas poblaciones civiles y espacios humanitarios.
Del mismo modo, esta regulación conserva la tipología de subvenciones, distinguiendo entre convenios, proyectos y acciones. Como novedad, incorpora una nueva modalidad, los programas y deja, asimismo, la puerta abierta a nuevas tipologías que puedan ser implementadas en convocatorias futuras.
En consonancia con todo lo anterior, estas bases reguladoras específicas complementan las generales contenidas en el título II del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, y se dictan de conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Al igual que la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, estas bases reguladoras pasan a integrarse en el Plan de Subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 2021-2023, apareciendo las subvenciones que regula la presente orden en el apartado 7 del citado Plan, relativo a las Líneas de Subvención.
Cumple, asimismo, con los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En relación a los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, la concurrencia competitiva es el instrumento más adecuado para garantizar la efectiva igualdad de oportunidades entre las diferentes organizaciones implicadas. Y, en relación a los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad, esta norma es coherente con el ordenamiento jurídico y es el instrumento previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se ajusta a su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Durante la tramitación de esta norma se ha recabado informe favorable de la Asesoría Jurídica de la AECID y de la Intervención General de la Administración del Estado en la AECID. La aprobación de la nueva norma supone la derogación expresa de la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre.
En virtud de todo lo anterior, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y teniendo en cuenta el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispongo:
1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras por las que se regirán las convocatorias de subvenciones públicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para la realización de las actuaciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo a las que se refiere el artículo 22 del Real Decreto 794/2010, de 16 de julio, por el que se regulan las subvenciones en el ámbito de la cooperación internacional, conforme a los principios de publicidad y concurrencia competitiva, destinadas a la financiación de actuaciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
2. Las bases reguladoras contenidas en esta orden serán de aplicación a las subvenciones que, en el ámbito de la Administración General del Estado, convoque la AECID con el objeto al que se refiere el artículo 1 de esta orden, de acuerdo con el cual, son actuaciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo:
a) Las realizadas en países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo relativas a acción humanitaria, cooperación internacional para el desarrollo o acciones vinculadas al codesarrollo.
b) Las realizadas en España cuando los beneficiarios últimos procedan de países receptores de ayuda oficial al desarrollo y se encuentren insertos en algún programa o proyecto para el impulso del desarrollo de sus países de origen.
c) Las actividades de sensibilización y educación para el desarrollo investigación y estudios para el desarrollo que se ejecuten en España.
3. La acción humanitaria, entendida como las actuaciones no discriminatorias en favor de las poblaciones, en particular, aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, de otros países y territorios, especialmente en vías de desarrollo comprenderá las intervenciones desarrolladas al amparo del artículo 2.i) del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio.
4. La cooperación para el desarrollo incluirá las acciones de innovación para el desarrollo: aquellas actuaciones que impulsen soluciones innovadoras, ya desarrolladas y testadas exitosamente a nivel piloto, con el fin de aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a mayor escala para lograr un desarrollo humano sostenible, equitativo, y respetuoso con los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el medio ambiente y la diversidad cultural, basado en el conocimiento, el incremento de la productividad, la competitividad y la cohesión social.
5. Las actuaciones recogidas en el apartado 1.c) de este artículo se referirán a la Educación para el desarrollo y la ciudadanía global: son las actividades dirigidas a favorecer una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activas con los mismos, por la vía de campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos, apoyo a las iniciativas en favor de un comercio justo y consumo responsable respecto de los productos procedentes de los países en desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
6. Cualquier otra actuación recogida en la legislación vigente en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
7. Las bases reguladoras establecidas en esta orden no serán de aplicación a la concesión de las siguientes subvenciones de la AECID:
a) Las subvenciones para cursar estudios regulares de cualquier nivel educativo.
b) Las subvenciones para formación, intercambio o investigación que sean objeto de convocatorias específicas o regulares de la AECID.
c) Las subvenciones que sean objeto de convocatorias específicas o regulares de la AECID, para las que se disponga de bases reguladoras propias.
La concesión de las subvenciones reguladas en esta orden se realizará de acuerdo con los siguientes principios:
a) Los establecidos en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante, y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
b) Los principios transversales de la Cooperación Española:
1.º Enfoque basado en los derechos humanos y libertades fundamentales.
2.º Igualdad de género.
3.º Respeto a la diversidad cultural.
4.º Sostenibilidad medioambiental y lucha contra el cambio climático.
c) Los principios de la Acción Exterior del Estado enumerados en el artículo 3 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior, de:
1.º Unidad de acción en el exterior.
2.º Lealtad institucional, coordinación y cooperación.
3.º Planificación.
4.º Eficiencia.
5.º Eficacia y especialización.
6.º Transparencia.
7.º Servicio al interés general.
d) En el caso de las convocatorias que tengan por objeto, en todo o en parte, apoyar intervenciones en el ámbito de la acción humanitaria, se contemplarán los principios universales de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad observando de forma específica las desigualdades y situaciones de especial vulnerabilidad.
e) Las convocatorias deberán contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así como las Agendas y Acuerdos de Desarrollo mencionados en el preámbulo, y en ellas se recogerán las prioridades establecidas por el Plan Director de la Cooperación Española vigente en cada momento, los Planes Anuales y los documentos estratégicos geográficos y sectoriales de la Cooperación Española, en especial los establecidos en los Marcos de Asociación País, en los Planes Sectoriales de la AECID, en la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española 2019-2026 y en las Estrategias humanitarias de contexto.
f) En las convocatorias se podrán establecer prioridades geográficas y temáticas, así como reservar fondos para ámbitos o actividades específicas de la cooperación para el desarrollo que, por su naturaleza, requieran un tratamiento diferenciado.
1. Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas mediante esta orden de bases, las siguientes entidades:
a) Las personas jurídicas, públicas o privadas, españolas o extranjeras, legalmente constituidas, que por razón de sus fines, objeto o ámbito de actividad puedan llevar a cabo actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo que fundamentan el otorgamiento de la subvención.
b) Las agrupaciones sin personalidad jurídica compuestas por personas jurídicas públicas o privadas, españolas o extranjeras, legalmente constituidas, que cumplan las obligaciones que para las mismas establece el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que se detallan en el siguiente apartado.
2. Con carácter general, las entidades que concurran a las convocatorias de subvenciones en el ámbito de esta orden de bases deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas, de acuerdo a su naturaleza jurídica, y tener capacidad de obrar.
b) Respetar los principios de la Cooperación Española y de la Acción Exterior de España.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social del país en que tengan su residencia fiscal y, en su caso, del país o países en los que vaya a ejecutarse la subvención.
La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias de estar al corriente de las obligaciones tributarias a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
d) Estar al corriente, en el caso de haber recibido subvenciones de la AECID con anterioridad, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la obtención de las mismas.
e) Haber cumplido, en su caso, con las obligaciones recogidas en el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes.
f) En el caso de entidades adheridas al seguro colectivo de vida y salud de cooperantes, suscrito por la AECID, estar al corriente de los pagos de las liquidaciones emitidas por este Organismo referentes a los derechos por importes de primas no subvencionados.
g) No concurrir en las entidades solicitantes ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Además de lo anterior, cuando se trate de agrupaciones de entidades sin personalidad jurídica, estas deberán acreditar, adicionalmente, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Cada uno de sus miembros debe reunir, por sí mismo, los requisitos exigidos para su concurrencia de modo individual, sin perjuicio de las particularidades establecidas en esta orden de bases en relación a cada instrumento de financiación.
2.º Debe designarse una entidad líder, que deberá cumplir con todos los requisitos generales y específicos a los que hace referencia esta orden para cada tipo de convocatoria, y será única y plenamente responsable de la agrupación ante la AECID, sin perjuicio de la responsabilidad de los otros miembros de la agrupación, tal y como establecen los artículos 11 y 53 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.º La agrupación debe nombrar un/a representante único/a, que deberá ser una persona física explícitamente elegida por todos los miembros de la agrupación, quien deberá ostentar poderes bastantes para cumplir las obligaciones de representación legal de la agrupación.
4.º Los miembros de la agrupación deben suscribir en documento privado un acuerdo de colaboración para la realización conjunta de la actividad subvencionada. En el documento constarán, entre otras estipulaciones, la voluntad de las partes de concurrir conjuntamente a la convocatoria, la identificación del/a representante legal, el nombre de la entidad líder, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación y el importe de la subvención a ejecutar por cada uno de los beneficiarios. Igualmente constará expresamente el compromiso de todas las entidades participantes, de mantener la unión temporal hasta el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Todos los beneficiarios de subvenciones reguladas por esta orden de bases deberán cumplir criterios robustos de transparencia, buen gobierno y debida diligencia con el establecimiento de salvaguardas específicas en el respeto a la igualdad de las mujeres, la erradicación del trabajo infantil, el respeto a los derechos laborales, el medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Se instará a cumplir los estándares más elevados de diligencia debida en el cumplimiento de los derechos humanos, siguiendo los criterios de la OCDE en la materia, con especial foco en garantizar procesos de desarrollo endógeno y participativos que cumplan con los requisitos de consulta del Convenio 169 de la OIT. En todo caso no se aceptarán propuestas de entidades que hayan estado condenadas en casos de violación de derechos humanos, destrucción del medio ambiente, fraude o evasión fiscal y corrupción en los últimos 10 años.
5. Cada convocatoria deberá prever expresamente la tipología de entidades que puedan concurrir a la misma.
1. A los efectos de estas bases reguladoras, las entidades sucesoras de otras como consecuencia de procesos de fusión o absorción legalmente regulados o como consecuencia de la creación de una fundación por parte de una asociación, se considerará que cumplen con los requisitos del apartado 2 del artículo anterior, siempre que:
a) Quede acreditada la disolución de las entidades preexistentes, salvo la de aquella que permanezca, en su caso.
b) Quede acreditada la transferencia de todos los derechos y obligaciones de las entidades preexistentes a la nueva entidad, o a la que permanezca, en su caso.
c) Se acredite expresamente esta sucesión en los estatutos de la nueva entidad, o en la de aquella que permanezca, en su caso, mediante la oportuna modificación.
2. A los efectos del cumplimiento de los requisitos para acceder a la financiación a través de los instrumentos recogidos en el artículo 6, respecto a la participación de entidades que acrediten ser sucesoras de otras, se atendrá a lo siguiente:
a) Antigüedad: en los supuestos de fusión en los que se cree una nueva entidad a partir de otras, a la entidad resultante se le reconocerá la misma antigüedad que acredite la entidad más antigua que interviene en la fusión. En los supuestos de absorción se considerará la antigüedad que por sí misma acredite la entidad absorbente. En los supuestos de fundaciones creadas por una asociación, le será reconocida la antigüedad de la asociación, una vez superado el procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este artículo.
b) Número de proyectos de cooperación previamente ejecutados: en los supuestos de fusión y absorción, se considerará la suma de los ejecutados por cada una de las entidades preexistentes. En los supuestos de fundaciones creadas por una asociación, se reconocerán los proyectos ejecutados por la asociación, una vez superado el procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este artículo.
c) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la obtención de subvenciones en anteriores convocatorias de la AECID y de las recogidas en el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, así como la de estar al corriente de los pagos de las liquidaciones emitidas por la AECID para las entidades adheridas al seguro de cooperantes. Todas y cada una de las entidades preexistentes, deberán estar al corriente del cumplimiento de dichas obligaciones.
d) Volumen de fondos gestionados: en aquellos procedimientos en los que se requiera un mínimo, en los supuestos de fusión y absorción, se considerará la suma de los gestionados por cada una de las entidades preexistentes. En los supuestos de fundaciones creadas por una asociación, se reconocerán los fondos gestionados por la asociación, una vez superado el procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este artículo.
3. En aplicación de las presentes bases reguladoras, respecto de las entidades sucesoras de otras como consecuencia de procesos de escisión, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Antigüedad: el número de proyectos de cooperación ejecutados, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la obtención de subvenciones en anteriores convocatorias de la AECID y de las recogidas en el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, así como la de estar al corriente de los pagos de las liquidaciones emitidas por la AECID para las entidades adheridas al seguro de cooperantes, y los volúmenes de fondos gestionados, serán reconocidos a la entidad que conserve la personalidad jurídica preexistente.
b) Si ninguna de las entidades resultantes de la escisión conservara la personalidad jurídica de la entidad preexistente, todas ellas serán consideradas como entidades de nueva creación a los efectos de la participación en las convocatorias de subvenciones indicadas de acuerdo con las características recogidas en el artículo 6.
1. Las subvenciones reguladas en las presentes bases podrán adoptar la siguiente tipología, según su objetivo, alcance y duración:
a) Convenios. Responderán a estrategias a más largo plazo y de mayor impacto y tendrán por finalidad la consecución de un objetivo general en cooperación para el desarrollo o acción humanitaria, pudiendo contemplar la actuación en varios países, así como en varias áreas o sectores. Tendrán carácter plurianual, con una duración máxima de su período de ejecución de cuatro años y cuyo pago se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de estas bases reguladoras, sin que el número de ejercicios a los que podrán aplicarse los pagos pueda ser superior a cuatro años.
La subvención otorgable por la AECID para un convenio será de un mínimo de 1 millón de euros para el caso de convenios de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, y de 2,5 millones de euros para el resto de los convenios, para el total de los cuatro años.
Podrán acceder a la condición de beneficiarios de las convocatorias de convenios los actores de la cooperación que previamente hayan obtenido una acreditación de la AECID como agente calificado, acreditación que se obtendrá mediante el análisis, por la unidad de la AECID competente para ello, del cumplimiento de los requisitos establecidos por resolución de la Dirección de la AECID.
b) Programas. Responderán a la consecución de un objetivo estratégico a medio o largo plazo en un sector determinado para uno o varios países, o bien en un país concreto abarcando diferentes sectores. Tendrán carácter plurianual, con una duración máxima de su período de ejecución de tres años, y cuyo pago se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de estas bases reguladoras, sin que el número de ejercicios a los que podrán aplicarse los pagos pueda ser superior a tres años.
La subvención otorgable por la AECID para un programa será como mínimo de 300.000 euros para el caso de programas de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, y de 1,5 millón de euros para el resto de los programas, para el total de los tres años.
A los programas podrán concurrir aquellos agentes de cooperación que, o bien hayan obtenido una acreditación por parte de la AECID como agente calificado, o bien cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3.4 de estas bases reguladoras.
c) Otras intervenciones bajo la fórmula de proyectos y acciones. Tendrán por finalidad la consecución de un objetivo específico, pudiendo alcanzar la actuación a las áreas o sectores priorizados en la convocatoria que sean necesarios para la consecución de ese objetivo. La financiación será anual, aplicando el monto total subvencionado al presupuesto del ejercicio correspondiente a la aprobación. La duración máxima de su ejecución será de dos años. A estas subvenciones podrán concurrir aquellos agentes de cooperación que, o bien hayan obtenido una acreditación por parte de la AECID como agente calificado, o bien cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3.4 de estas bases reguladoras.
2. En las convocatorias anuales o plurianuales que se realicen por la AECID se fijarán las áreas, prioridades e instrumento o tipo de intervención que serán financiadas.
3. Las convocatorias de subvenciones podrán establecer limitaciones al número de solicitudes que podrán presentar las entidades a una misma convocatoria, bien como solicitante o miembro de una agrupación, así como limitar su participación o exclusiones para la concurrencia a otras convocatorias de la AECID en el caso de entidades que hayan sido beneficiarias de subvenciones a las que, por sus condiciones específicas, hayan tenido acceso preferente.
4. La AECID establecerá, mediante resolución de su Director, basado en consultas previas con actores relevantes de la cooperación, un procedimiento de programación de las convocatorias a realizar dentro de un mismo periodo presupuestario, que deberá publicarse en su página web dentro de los dos primeros meses del año, con indicación de la previsión de convocatorias a realizar, el calendario, instrumento de financiación, prioridades, requisitos de los beneficiarios, así como cualquier otra cuestión que facilite la concurrencia por parte de potenciales beneficiarios.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la dirección de la AECID que tenga atribuida la competencia específica en relación con el objeto y líneas prioritarias de cada convocatoria, lo que se especificará en la convocatoria.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, corresponde al órgano instructor realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución. En particular, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Verificar el cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las entidades que concurran a las convocatorias de subvenciones.
b) Solicitar cuantos informes considere necesarios para resolver y aquellos que sean exigidos por las normas que regulan la subvención.
c) Formular la propuesta de resolución a la vista de la propuesta del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, cuya composición viene dispuesta por el artículo 7 de esta orden.
3. El informe de la Comisión de Valoración se fundamentará en los informes técnicos realizados por las unidades designadas de entre los órganos administrativos dependientes de la AECID, tanto en sede como en el exterior, y constituidas en grupos de trabajo. Dicha designación atenderá a las prioridades señaladas en cada convocatoria y las competencias que corresponden a dichos órganos administrativos.
En todo caso, la unidad responsable de la tramitación administrativa deberá estar siempre incluida entre las unidades que forman parte de los grupos de trabajo encargados de los informes técnicos, de acuerdo con los criterios objetivos de valoración recogidos en el artículo 12 de estas bases reguladoras.
4. El peso en la valoración de cada una de estas unidades se definirá en la correspondiente convocatoria, en atención a su ámbito de competencias y en relación al tipo de subvención convocada. Cuando una unidad sea designada exclusivamente para la valoración determinados aspectos de las propuestas, las convocatorias deberán expresar la forma de participación de dicha unidad, la cual deberá remitir a la unidad gestora, un informe o ficha por cada solicitud analizada, en el que se exprese el cumplimiento por la entidad solicitante de los criterios analizados.
5. Para la elaboración de los informes técnicos a los que se refiere el apartado 4, los grupos de trabajo se establecerán con la composición y peso que se determine en la resolución de convocatoria.
En el caso de que la valoración de las solicitudes requiera conocimientos especializados que no fuera posible aportar por parte del personal de la AECID, se podrá recurrir a medios externos para la obtención de la valoración, que podrán ser proporcionados por otras entidades públicas o privadas. Será incompatible el asesoramiento en la valoración con la participación como solicitante en la propia convocatoria.
6. Una vez valoradas las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se concretará la puntuación obtenida para cada solicitud admitida, así como la propuesta económica para cada una de ellas. El informe de la Comisión de Valoración se fundamentará en los informes técnicos emitidos por los grupos de trabajo y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en esta orden de bases y, en su caso, en la resolución de convocatoria.
Para superar la fase de valoración, será necesario haber obtenido la puntuación mínima que se exprese en cada convocatoria.
7. Emitido el correspondiente informe por la Comisión de Valoración, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones.
1. La Comisión de Valoración estará constituida por los siguientes miembros:
Presidencia: la persona titular de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la Presidencia será sustituido/a según lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Vicepresidencia: la persona adscrita a la AECID, con rango de Director, que se determine en la convocatoria de acuerdo a las características específicas de la misma.
Vocales: cinco personas, con rango de Director o Secretario General de la AECID.
Adicionalmente, en cada convocatoria específica se podrá designar como vocal a los jefes o las jefas de las unidades de la AECID con competencias en alguno de los ámbitos prioritarios geográficos y/o sectoriales incluidos en ella, así como a las personas titulares de las Direcciones correspondientes.
Secretaría: un funcionario o una funcionaria adscrita al órgano instructor del procedimiento que no tendrá la consideración de miembro de la Comisión de Valoración, y que por tanto, tendrá voz pero no voto conforme a lo establecido en el artículo 19.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros del órgano colegiado serán suplidos por una persona con nivel inmediatamente inferior dentro de órgano administrativo correspondiente.
Los miembros de la Comisión de Valoración deberán guardar el deber de sigilo de la información que conozcan como consecuencia de la participación en sus reuniones, así como garantizar el derecho de las entidades solicitantes a la confidencialidad de los datos aportados.
Cuando la persona titular de la Presidencia de la Comisión de Valoración o la vocalía que ostente la dirección que actúa como órgano instructor de la convocatoria estime necesario su asesoramiento, podrá asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, personal adscrito a las unidades de la Dirección o Departamento con competencias en las áreas prioritarias a las que esté referida la convocatoria.
2. La Comisión de Valoración será atendida con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la AECID.
3. La Comisión de Valoración se reunirá en los plazos marcados en cada convocatoria y analizará los informes técnicos emitidos por el personal adscrito a las unidades que se indican en el artículo siguiente.
4. En lo no recogido expresamente en estas bases o en las convocatorias, el funcionamiento de la Comisión de Valoración se ajustará a lo previsto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo al régimen jurídico por el que se rigen los órganos colegiados.
1. La concesión de las subvenciones previstas en esta orden se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria, por resolución del/a Director/a de la AECID, con el contenido que se recoge en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El texto completo de la convocatoria se comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y se publicará un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. El procedimiento de concesión estará accesible en la sede electrónica de la AECID (www.aecid.gob.es).
1. Las solicitudes se formalizarán exclusivamente a través de medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se establecerán formularios electrónicos específicos de presentación de solicitudes por medios electrónicos que serán de uso obligatorio. Los sistemas de identificación y firma electrónicas se establecerán de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para formular solicitudes deberá acreditarse la representación suficiente de la entidad mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. El incumplimiento de esta obligación, si no se subsanase, dará lugar a que se le tenga por desistido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles.
4. Cuando así se disponga en la convocatoria, se podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable.
5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicando que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Para la concesión de las subvenciones, además de la cuantía del crédito que condiciona las obligaciones que se contraigan con cargo al mismo, se tendrán en cuenta los criterios objetivos de valoración y la ponderación de los mismos que a continuación se detalla:
1. Valoración de las entidades solicitantes, entre 10 y 30%:
a) Estructura y capacidad de la entidad solicitante.
b) Calidad en la gestión de la entidad.
c) Experiencia y especialización de la entidad en relación al objeto de la convocatoria.
d) Valor añadido de la participación de entidades agrupadas y de socios locales, así como otras entidades públicas o privadas en apoyo a la intervención, si procede.
e) Aportación de cofinanciación de al menos un 10% del coste total de la intervención propuesta.
2. Valoración del contenido de la intervención propuesta, entre 40 y 60%:
a) Análisis de contexto y diagnóstico de las necesidades de la población meta.
b) Participación del colectivo meta y calidad de la identificación.
c) Calidad de la formulación y coherencia de la propuesta en su conjunto.
d) Viabilidad y sostenibilidad (nexo y transferencia en el ámbito de la acción humanitaria) de la propuesta.
e) Calidad de los indicadores y fuentes de verificación, y del sistema previsto para el seguimiento y la evaluación.
3. Valoración de la coherencia con los objetivos y prioridades de la cooperación española, entre 10 y 40%.
4. Calidad y Eficacia de la propuesta, entre 10 y 40%:
a) Apropiación y alineamiento, entendido como el liderazgo y participación de la población meta y las autoridades públicas y la utilización de recursos locales, con especial atención a la creación de sinergias.
b) Armonización, trabajo en red y complementariedad.
c) Gestión de los resultados de desarrollo formulación orientada a aliviar el sufrimiento de las poblaciones meta en coherencia con los principios humanitarios.
d) Contribución a la difusión e implementación de los principios de calidad y eficacia de la propuesta.
5. En el caso de circunstancias excepcionales debidamente acreditadas, y especialmente en el ámbito de la acción humanitaria, las convocatorias dirigidas a dar respuesta a estas situaciones, podrán definir con mayor concreción cómo se valorarán estos criterios, con el fin de adaptarlos a la excepcionalidad y garantizar la eficacia en la respuesta.
1. Las subvenciones reguladas en esta orden se financiarán con cargo a los programas presupuestarios de Ayuda Oficial al Desarrollo de los presupuestos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
2. Las convocatorias determinarán los créditos presupuestarios a los que deben imputarse las correspondientes subvenciones.
3. Las convocatorias expresarán la cuantía máxima estimada de las subvenciones. Dichas subvenciones podrán alcanzar el 100 por 100 del coste total del presupuesto de las intervenciones propuestas, sin perjuicio de lo que cada convocatoria establezca en relación a la obligatoriedad de la cofinanciación. La aportación de cofinanciación deberá ser dineraria y se aplicará íntegramente a la financiación de costes directos.
1. Para la determinación de la cuantía individualizada de la subvención, se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en la valoración, así como las prioridades geográficas y sectoriales marcadas en la convocatoria. Asimismo, se tendrá en cuenta el conjunto del crédito disponible para cada convocatoria en el año de la misma.
2. Con carácter general, en las correspondientes convocatorias se limitará a 80.000 euros el importe de la financiación a percibir por aquellas entidades que obtengan la condición de beneficiarias, ya sea directamente o mediante su participación en una agrupación de entidades sin personalidad jurídica, cuando no hubieran obtenido con anterioridad financiación por parte de la AECID, sin perjuicio de la posibilidad de ampliación de la cuantía en la convocatoria de acuerdo con el incremento del interés legal del dinero.
Las subvenciones reguladas en estas bases serán compatibles con otras ayudas que tengan la misma finalidad, siempre que el importe de la subvención no sea en ningún caso de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, que superen el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria, dará lugar a la modificación de la subvención otorgada, mediante el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
3. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las entidades beneficiarias de las subvenciones incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán a la actividad subvencionada con las mismas condiciones que aquella, pudiendo aplicarse a los mismos el porcentaje de costes indirectos establecido en el artículo 20. Estos rendimientos deberán acreditarse mediante certificación bancaria.
El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión, con la subsiguiente concesión o denegación de las subvenciones, es la Presidencia de la AECID, previa autorización del Consejo de Ministros cuando proceda en virtud del artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El Órgano Instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4, párrafo tercero, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberá contener, al menos, el solicitante o la relación de entidades solicitantes que se propone para la concesión de subvenciones y la cuantía correspondiente, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
2. La propuesta de resolución provisional será publicada en sede electrónica por el Órgano Instructor para que las entidades propuestas como beneficiarias, comuniquen por escrito a la AECID, su aceptación o renuncia, en el plazo máximo de 10 días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, reformulen su solicitud para ajustar los compromisos y las condiciones a la propuesta de resolución, cuando el importe de la subvención propuesta sea inferior al que figura en la solicitud presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En caso de no recibirse la aceptación dentro del plazo señalado se entenderá la renuncia de la entidad.
Para la reformulación de las solicitudes se utilizará el modelo facilitado por la AECID. Dicha reformulación incluirá, entre otras cuestiones que procedan, la adaptación del presupuesto presentado a la cuantía de la subvención propuesta. La reformulación podrá implicar una reducción de la cofinanciación prevista en las mismas proporciones que la reducción en la subvención solicitada. La reformulación de la solicitud vinculará en todos sus extremos a la entidad solicitante y no podrá incluir contenidos ni actuaciones no previst