Categoría: Administración

como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso prestación del servicio o suministro, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Dado que el importe de la ayuda es objeto de pago anticipado y a tenor del artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente al proyecto subvencionado, respetando en todo caso los límites de financiación establecidos en esta convocatoria.
El plazo de ejecución del proyecto o actividad subvencionada será de seis meses, como máximo, a contar desde la publicación de la concesión de las ayudas.
1. Esta convocatoria está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión Europea mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Dicha financiación queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas y a las medidas integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
2. La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria es de 750.000 euros, importe que se imputará a la aplicación presupuestaria 24.5005.33XC.483 de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, distribuidos de la siguiente forma:
a) Descripción, digitalización, conservación y restauración: 500.000 euros.
b) Infraestructuras y equipamiento: 150.000 euros.
c) Formación y proyectos de difusión de información descriptiva y documental: 100.000 euros.
Total: 750.000 euros.
1. La concesión de estas ayudas se iniciará por convocatoria pública, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad.
2. El órgano competente para la iniciación y resolución del procedimiento será la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, de acuerdo con el artículo 7 de esta orden.
3. El órgano instructor será la Subdirección General de los Archivos Estatales, como se indica en el artículo 10.
1. La solicitud se encontrará disponible en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte:
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/sc/becas-ayudas-subvenciones.html.
Deberá ser cumplimentada en castellano en su totalidad. Los datos no aportados, total o parcialmente, no serán tenidos en cuenta a efectos de su valoración.
Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:
https://cultura.sede.gob.es/ Apartado «procedimientos y ayudas».
2. Las solicitudes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Las solicitudes se cumplimentarán por la persona que actúe en nombre o representación de la persona jurídica solicitante, mediante certificado electrónico de persona física a nombre del representante legal de la entidad, o bien, certificado electrónico de persona jurídica a nombre de la entidad solicitante. En ambos casos, el certificado electrónico deberá estar emitido por alguna de las autoridades de certificación reconocidas por la Administración General del Estado.
3. Las solicitudes se presentarán con la documentación que se detalla a continuación:
1.º Copia digitalizada de la tarjeta del número de identificación fiscal de la entidad (NIF).
2.º Copia digitalizada del acta fundacional de la entidad con sus correspondientes modificaciones.
3.º Copia digitalizada de los estatutos vigentes de la entidad, así como de las modificaciones que haya habido.
4.º Copia digitalizada de la certificación de inscripción en el registro público correspondiente. La entidad debe estar inscrita en el registro correspondiente en la fecha de presentación de la solicitud.
5.º Copia de las cuentas aprobadas en los dos ejercicios anteriores a esta convocatoria.
6.º Memoria del proyecto de la entidad (según modelo normalizado que se encuentra en la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte. Anexo I).
7.º Presupuesto de ingresos y gastos (según modelo normalizado que se encuentra en la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte. Anexo II).
8.º Memoria de actividades de la entidad de los dos últimos años (según modelo normalizado que se encuentra en la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte. Anexo III).
9.º Declaración responsable firmada por el representante legal de las subvenciones o ayudas que se han solicitado para esta misma finalidad a cualesquiera Administración Pública o institución pública o privada, indicando cuáles se han concedido y cuáles no, así como las cuantías solicitadas. Anexo IV.
10.º Declaración referente al personal asalariado a cargo de la entidad. Anexo V.
11.º Para poder percibir fondos procedentes del Programa de ayudas públicas para la descripción y digitalización de archivos con patrimonio documental con una antigüedad superior a los cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o religioso, universidades públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y educativas (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) las entidades solicitantes deberán aportar las siguientes declaraciones responsables, que se cumplimentarán en los anexos VI, VII, VIII, IX y X.
a) Declaración responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) en relación con la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses establece la normativa española y europea y los pronunciamientos que al respecto de la protección de los intereses financieros de la Unión hayan realizado o puedan realizar las instituciones de la Unión Europea, conforme al modelo contenido en el anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
b) Declaración responsable de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), establecida en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, para la identificación del perceptor final de fondos conforme al modelo contenido en el Anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
c) Declaración responsable de compromiso con la ejecución de actuaciones del PRTR, entre las que se encuentran los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) y lo recogido en el apartado 2 de la norma cuarta conforme al modelo contenido en el Anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
d) Declaración responsable, en el caso de entidades que hayan resultado beneficiarias de préstamos o anticipos con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia en ejercicios anteriores, de estar al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado.
e) Autorización para el acceso de las entidades de control financiero de la Unión Europea para el ejercicio de las funciones que les son atribuidas por el reglamento financiero en relación con el otorgamiento de ayudas económicas incluidas en el plan de recuperación y resiliencia.
El solicitante podrá autorizar expresamente al órgano gestor para que recabe el certificado acreditativo del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
En el caso de las instituciones de carácter religioso y en cuanto a los documentos exigidos en los apartados 2.º, 3.º y 4.º se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre la presentación de las solicitudes se realizará a través de la sede electrónica.
https://cultura.sede.gob.es/Apartado «procedimientos y ayudas».
La sede electrónica estará disponible a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las 14:00 horas del último día de presentación.
2. Podrán presentarse un máximo de tres solicitudes por titular, una por cada una de las tres áreas o modalidades señaladas en el artículo 28 de esta convocatoria. En el supuesto de que el mismo titular supere el límite señalado, se evaluarán la primera de cada una de las áreas que haya presentado correctamente cumplimentadas, según fecha de registro, considerándose excluidas las restantes. Cada solicitud solo contemplará un proyecto.
Se podrá solicitar la información complementaria que se estime necesaria. Aquella otra documentación que se adjunte a la solicitud sin petición previa por parte de la Administración eximirá a ésta de la obligación de proceder a su custodia.
3. La solicitud de la ayuda implicará la conformidad con lo dispuesto en las bases de esta convocatoria, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su Reglamento. Con carácter supletorio, regirá la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
Las solicitudes se cumplimentarán por la persona que actúe en nombre o representación de la persona jurídica solicitante, mediante el empleo de alguno de los sistemas de acreditación admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas.
4. El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Último día hasta las 14:00 h.
5. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en esta convocatoria o no aportase la documentación a que se refiere el apartado anterior, se requerirá a la entidad o solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para que, en un plazo máximo de diez días desde la publicación en la página web del listado de solicitudes recibidas, bien subsane las faltas, bien acompañe los documentos preceptivos, o presente alegaciones, en el caso de los excluidos, con indicación de que, si así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Finalizado el plazo de subsanación, el órgano instructor verificará si se acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de beneficiario, y emitirá una resolución en que se aprobarán de forma definitiva las listas de admitidos, desistidos y excluidos a la convocatoria.
Los proyectos propuestos se valorarán hasta 100 puntos según los criterios de valoración establecidos en el artículo 11:
1. La adecuación de la actividad proyectada al logro de los objetivos y finalidades previstas en la convocatoria (hasta 40 puntos).
– Favorecer la recuperación y modernización de los archivos de entidades públicas y privadas que custodian fondos de interés social a través de la transformación digital (máximo 20 puntos).
– Incentivar el empleo y el desarrollo de las capacidades digitales en el sector laboral de los profesionales de archivos (máximo 10 puntos).
– El fomento del empleo de mujeres y menores de 35 años (máximo 5 puntos).
– El fortalecimiento de las PYMES dedicadas a los servicios documentales (máximo 5 puntos).
2. La viabilidad y calidad del proyecto (hasta 30 puntos).
– Adecuación del presupuesto presentado a los objetivos de la actividad, al contenido propuesto y a precios reales de mercado (máximo 10 puntos).
– Capacidad económica y organizativa de la entidad para desarrollar y consolidar el proyecto de acuerdo con el nivel de actividad de la entidad (máximo 10 puntos).
– Plan de operaciones que incluya la planificación para el desarrollo del proyecto y la progresión del cronograma de actividades concretas que se pretenden realizar (máximo 10 puntos).
3. Incidencia del proyecto en el sector (hasta 30 puntos).
– Impacto en los servicios que presta el archivo (máximo 10 puntos).
– Impacto en la difusión y el acceso de los ciudadanos al patrimonio documental (máximo 10 puntos).
– Impacto en la preservación y conservación del patrimonio documental (máximo 10 puntos).
1. La ayuda tendrá un importe máximo de 18.000 euros por cada proyecto y en ningún caso superará el 80 % del coste de la actividad. El 20 % restante deberá financiarse con cargo a los fondos propios de la entidad solicitante.
2. La determinación de la cuantía individual de la ayuda correspondiente a cada proyecto se realizará de la siguiente manera:
a) Si la cuantía total solicitada por los proyectos seleccionados con un mínimo de 50 puntos no supera el crédito máximo disponible, el órgano instructor propondrá otorgar la ayuda solicitada a todos los proyectos seleccionados.
b) Si la cuantía total solicitada por los proyectos seleccionados con un mínimo de 50 puntos supera el crédito máximo disponible, el órgano instructor aumentará a 60 el mínimo de puntos necesarios para ser incluidos en la propuesta de resolución provisional. La cuantía individual de cada proyecto seleccionado se calculará multiplicando la puntuación obtenida por el valor económico atribuido al punto. El valor económico del punto será el resultado de dividir el crédito disponible entre la suma de puntos de todos los proyectos que hayan superado la nota de corte.
c) Si aún existiera un remanente de crédito después del reparto inicial, dicho remanente se distribuirá entre los proyectos seleccionados a los que se les hubiera asignado una ayuda inferior a la solicitada, aplicando la metodología antes descrita para el cálculo de la cuantía de la ayuda, hasta que la totalidad del crédito disponible quede repartido.
d) Serán suplentes el resto de los proyectos que obtengan una calificación de 50 puntos o superior, los cuales podrán recibir ayuda siempre y cuando se produzca la renuncia de algún proyecto beneficiario que se encuentre por encima de la note de corte.
3. En caso de empate, tendrá prioridad, por este orden, el proyecto que obtenga mayor puntuación en el primer criterio, posteriormente en el segundo y, por último, el tercero.
Las solicitudes serán informadas por una Comisión de Valoración, que estará integrada por los siguientes miembros:
– Presidencia: La persona titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, quien podrá delegar en el titular de la Vicepresidencia de la Comisión.
– Vicepresidencia: La persona titular de la Subdirección General de los Archivos Estatales.
– Vocales: Cinco funcionarios/as de carrera del Ministerio de Cultura y Deporte.
– Secretario: Un funcionario/a de carrera de la Subdirección General de los Archivos Estatales, con voz, pero sin voto.
Todos los Vocales y quien ocupe la Secretaría serán nombrados por la persona titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.
Para conformar la Comisión de Valoración se promoverá la paridad y la presencia equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El funcionamiento de la Comisión de Valoración se ajustará al régimen general de los órganos colegiados, establecido en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
1. Corresponde al órgano instructor del procedimiento realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución. En particular, tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Examinar las solicitudes y la documentación presentada.
b) Formular las propuestas de resolución provisional y definitiva.
2. A fin de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes podrá recabarse información complementaria de los interesados, así como de otros servicios del Ministerio o de profesionales y expertos.
3. Completados los expedientes y a la vista de los informes recabados, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional, que se publicará de acuerdo con lo establecido en esta orden y se concederá un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones.
4. Asimismo, se emplazará a los interesados para que en el plazo de diez días aporten la aceptación por escrito de la ayuda. También deberán acreditar, en ese mismo plazo estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social aportando las certificaciones positivas y en vigor expedidas a efectos de ayudas y subvenciones por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, salvo que al realizar la solicitud haya dado su consentimiento a la Dirección General de Bellas Artes para recabar esta información. De acuerdo con el artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, se eleva hasta 10.000 euros el límite para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social contemplado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En tal caso, será suficiente una declaración responsable acreditativa del cumplimiento de este requisito.
5. Si el interesado no presenta la documentación requerida en el plazo fijado se le tendrá por desistido en su petición, con las previsiones del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Finalizado el plazo, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá contener la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía. No será necesaria la aceptación por parte de los beneficiarios.
7. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
1. Cumplido lo dispuesto en el artículo anterior y conforme al apartado 5.e) de la orden CUD/990/2020, de 16 de octubre, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes aprobará la resolución de concesión que deberá dictarse en el plazo máximo de seis meses a contar desde la publicación de la presente convocatoria.
2. La resolución será motivada y determinará los beneficiarios, la cuantía de la ayuda y una desestimación expresa del resto de las solicitudes, así como una relación ordenada de aquellas que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
3. En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios en el plazo de un mes desde la publicación de la resolución de concesión, el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito adecuado y suficiente para atender al menos una de las solicitudes desestimadas. El órgano concedente comunicará esta opción a los interesados, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la propuesta por el solicitante, la persona titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes dictará acto de concesión y procederá a su notificación en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento.
4. La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de su notificación.
5. Asimismo, dicha resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La presentación del mencionado recurso de reposición podrá efectuarse, además de en los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a través del Registro Electrónico del Ministerio de Cultura y Deporte (https://cultura.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/488), siempre que se posea certificado válido.
6. Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión de ayudas sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que las solicitudes quedan desestimadas por silencio administrativo.
1. El pago de las ayudas se hará efectivo a partir de la fecha de la resolución de concesión sin que sea necesaria la constitución de garantías y de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la presente orden.
2. Conforme al artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
1. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a justificar la totalidad de los gastos del proyecto, no sólo la parte correspondiente a la ayuda recibida.
2. La justificación de la subvención concedida se realizará por el mismo medio en que se hizo la presentación de la solicitud.
3. El plazo de justificación será de tres meses como máximo, desde la finalización del proyecto o actividad subvencionada.
4. La justificación se realizará mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada de acuerdo con el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con las singularidades introducidas por el artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020 en los siguientes términos: Se eleva el umbral económico previsto para la presentación de la cuenta justificativa simplificada hasta los 100.000 euros; en cuanto al contenido de la cuenta justificativa se exime de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros y se eleva hasta 10.000 euros el límite para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social contemplado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. La cuenta justificativa contendrá los siguientes documentos:
a) Certificado de veracidad. Certificación (original) emitida por el representante legal de la entidad en la que conste la realización íntegra de la actividad subvencionada (o de la parte de la actividad prevista para ese año según lo declarado en la memoria del proyecto) y la veracidad de toda la documentación aportada.
b) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, así como las incidencias habidas en su realización. Cualquier modificación producida en el desarrollo del proyecto deberá señalarse en la memoria de actividades. Si la modificación es de carácter sustancial ésta debió ser solicitada por escrito al menos un mes antes de la finalización del periodo de ejecución del proyecto y autorizada por el órgano concedente. Habrá que adjuntar a la Memoria la petición por la que se solicitó el cambio y la resolución por la que fue autorizada.
c) Memoria económica, que incluya una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
d) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
e) Carta de pago o documento justificativo del reintegro en el caso de remanentes no aplicados y de sus intereses.
6. Como resultado de los proyectos de descripción y digitalización las entidades beneficiarias se entregarán según se menciona en el artículo 28 de esta convocatoria. De los proyectos de digitalización entregarán las imágenes maestras en color formato TIFF según la siguiente tabla y una copia JPG de un mínimo 150 ppp.
7. La entidad beneficiaria, mediante la aceptación de la ayuda propuesta, cederá formalmente al Ministerio de Cultura y Deporte los derechos de reproducción, comunicación pública y transformación en el medio de Internet de todos los elementos que constituyen el resultado del proyecto realizado, se entregue dicho resultado en el soporte que fuere (digital, o cualquier otro). Así mismo autoriza al Ministerio de Cultura y Deporte a la difusión de dichas reproducciones para la consecución de sus fines.
8. Será obligación de la entidad beneficiaria responder legal y económicamente de las reclamaciones, demandas o cualquier otra pretensión contenciosa ejercitada por terceros en relación con el objeto de la ayuda, en especial sobre las referidas a los derechos de propiedad intelectual. Para mayor difusión de los resultados obtenidos, se facilitará a las Comunidades Autónomas que lo soliciten copia del resultado de los proyectos archivísticos subvencionados a entidades de su ámbito territorial.
9. De acuerdo con lo que se señala en el artículo 16 de esa Orden, el órgano instructor, mediante la técnica de muestreo estratificado, requerirá a los beneficiarios los justificantes que estime oportunos a fin de obtener evidencia razonable de la adecuada aplicación de la subvención (el importe de estos justificantes será, al menos, el 25 % de la cuantía de la subvención.
10. Si vencido el plazo de justificación no se presenta la correspondiente cuenta justificativa o esta es insuficiente, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Son subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido para la realización de la actividad. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención.
2. Con carácter enunciativo y no limitativo quedan incluidos los siguientes gastos:
I. Descripción, digitalización, conservación y/o restauración.
a) Gastos de personal para la realización del proyecto de descripción y digitalización, conservación o restauración.
b) Contratación de personal específicamente para la realización del proyecto.
c) Contratación de servicios externos para la realización del proyecto objeto de subvención.
d) Personal propio de la entidad. Solo se admitirá la remuneración del personal técnico del archivo de la entidad beneficiaria que se haya dedicado en exclusividad a la realización del proyecto. No se admitirá la remuneración del personal fijo de la entidad beneficiaria que no realice tareas específicas de archivo.
e) Adquisición de bienes fungibles.
f) Dietas de viaje, siempre que sea inexcusable la realización del viaje para el desarrollo del proyecto. Para estos gastos se tomarán como referencia los límites fijados por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
II. Inversión en Infraestructuras y equipamiento del archivo.
a) Equipamiento informático (hardware y software) y técnico.
b) Mobiliario de archivo.
c) Materiales de conservación.
d) Adquisición de bienes fungibles.
III. Formación y proyectos de difusión de información descriptiva y documental.
a) Honorarios por participación en cursos, jornadas formativas, conferencias, congresos, mesas redondas y seminarios. La remuneración de los participantes se atendrá al baremo retributivo establecido por la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte de 5 de marzo de 2020, recogido en el anexo II.
b) Retransmisión en línea (vía «streaming»).
c) Dietas de viaje, siempre que sea inexcusable la realización del viaje para el desarrollo del proyecto. Para estos gastos se tomarán como referencia los límites fijados por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
d) Gastos derivados de actividades para la realización de sitios y páginas web para la difusión de repositorios con información documental.
e) Gastos derivados para la creación de proyectos archivísticos de «crowdsourcing» para jubilados o mayores de sesenta años con conocimientos y experiencia de trabajo e investigación en archivos.
f) Gastos de difusión, publicidad y propaganda.
3. De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre si el importe subvencionable supera las cuantías establecidas para el contrato menor el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, prestación de servicios o entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta más ventajosa.
Son gastos no subvencionables:
– Los gastos corrientes generales de funcionamiento de los archivos, tales como agua, luz, teléfono, etc.
– Los gastos de mantenimiento del equipamiento técnico e informático ya existente o el pago de cuotas por el uso de plataformas.
– Los gastos protocolarios y de representación.
– Los gastos financieros, de amortización, o por tributos.
– Inversiones en adquisición de locales u otras de carácter inmobiliario.
– Gastos de personal fijo de la entidad beneficiaria que no realice tareas específicas de archivo.
1. El importe de estas ayudas no podrá, en ningún caso, ser de tal cuantía que supere el 80 % del coste total del proyecto. Por tanto, la obtención concurrente de otras ayudas, ingresos o recursos deberán respetar el artículo 5 según el cual la ayuda otorgada por el Ministerio de Cultura y Deporte en esta convocatoria financiará como máximo el 80 % del proyecto. Cualquier alteración podrá dar lugar al reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas.
2. Esta ayuda en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o patrocinios de cualquier entidad pública o privada no podrá superar el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario.
3. En el supuesto de incumplimiento se aplicarán los criterios de graduación previstos en el artículo 21.
1. El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, y por el título III de su Reglamento.
2. El beneficiario podrá, conforme a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin previo requerimiento de la Administración efectuar la devolución voluntaria. En este caso, la devolución se realizará mediante el modelo 069, que se obtendrá en la Subdirección General de Gestión Económica y Asuntos Generales del Ministerio de Cultura y Deporte, indicando en la carta de pago los datos de identificación del beneficiario y de la ayuda concedida. Se hará llegar, antes de la finalización del plazo de justificación, a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.
Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma y en la resolución de concesión, por cuantas normas vigentes resulten de aplicación, y, en particular, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, así como en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Lo indicado en el párrafo anterior, se entenderá sin perjuicio de la normativa de la Unión Europea que resulte de aplicación.
Esta orden extenderá su aplicación a las ayudas concedidas conforme a la misma hasta tanto finalicen su periodo de ejecución, seguimiento, justificación y control, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
Contra esta orden de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Sin perjuicio de lo anterior, contra esta orden de convocatoria, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto la Ley 29/1998, de 13 de julio.
De conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la tramitación de la convocatoria mediante orden ministerial requiere la avocación de la competencia a la que se hace referencia en el apartado 5.e) de la Orden CUD/990/2020.
Esta disposición se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 44.1 de la Constitución Española que establece que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, del artículo 46, que establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, y del artículo 149.2, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 6 de julio de 2022.–El Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Octavi Iceta i Llorens.
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de Ayudas para la descripción y digitalización de archivos con patrimonio documental con una antigüedad superior a los cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o religioso, universidades públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y educativas, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara:
Primero. Estar informado de lo siguiente:
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE), establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo estas:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación.
Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y judiciales que establezca la normativa de aplicación.
Firmado electrónicamente por:
Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y domicilio fiscal en ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «………………………», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
i. El nombre del perceptor final de los fondos;
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo. …………………………………………….
Cargo: …………………………………………
Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y domicilio fiscal en ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «………………………», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo. …………………………………………….
Cargo: …………………………………………
Don/Doña:
En calidad de:
Con NIF:
En representación de:
Con NIF:
Declaro que la entidad a la que represento no tiene deudas por reintegro de ayudas, préstamos o anticipos con la Administración, ni estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
Asimismo, declaro que la entidad a la que represento está al corriente de pago de otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado.
(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
Datos del/de la representante legal de la entidad solicitante:
Don/doña:
DNI:
Cargo:
Entidad:
NIF de la entidad:
La entidad solicitante autoriza y concede los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo así como a las autoridades nacionales competentes que ejerzan sus competencias de control y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el artículo 129, apartado 1, del Reglamento sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, como receptor de los fondos desembolsados para las medidas de aplicación de las reformas y los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia, de acuerdo a lo dispuesto en la letra e) del apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.