Categoría: Administración

lujo de pagos a la FB por parte de las autoridades competentes del FEMPA.
11. En aplicación del artículo 10.1 del Reglamento (UE) número 2021/1139, de 7 de julio de 2021, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo, serán aplicables los artículos 107, 108 y 109 del TFUE a las ayudas concedidas por los Estados miembros a las empresas del sector pesquero y del sector de la acuicultura.
12. Las actividades presentadas para la obtención de ayudas requerirán cofinanciación del 30% del importe total concedido por parte del beneficiario.
13. No se realizará ningún pago en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea entidad deudora por resolución de procedencia de reintegro.
14. El pago se realizará, previa solicitud de la entidad beneficiaria, en su caso a partir de la liquidación definitiva, a través del formato habilitado por la FB, en un plazo inferior a 80 días, tal y como establece el artículo 74 del Reglamento (EU) n.º 2021/1060, de 24 de junio de 2021. En el caso de las agrupaciones de entidades beneficiarias, cada una de las integrantes de la agrupación deberá solicitar el pago de manera individual, aportando la documentación requerida para ello.
1. El importe de la ayuda que se conceda desde la FB será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados nacionales o de organismos internacionales distintos de la Comisión Europea, pero en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste total de la actividad objeto de la ayuda, incluida la posible cofinanciación.
1. En el caso de las subvenciones de proyectos, las entidades beneficiarias podrán solicitar un anticipo de la ayuda, para la ejecución de las actividades aprobadas. El porcentaje de este no supondrá, en ningún caso, más del 50% del total del importe concedido como subvención.
2. En el caso de que se solicite este anticipo, la entidad beneficiaria queda obligada a constituir una garantía de importe igual al concedido como anticipo. En ningún caso operarán las exenciones recogidas en el artículo 42 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en alguna de las modalidades de la Caja General de Depósitos, y en todo caso a través de esta, a favor de la FB por el importe solicitado. La vigencia de las garantías será la prevista en cada caso en el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos. En cualquier caso, la garantía estará en vigor hasta que la FB autorice su cancelación o devolución.
3. La garantía se liberará una vez liquidada la subvención concedida y previa petición expresa por parte de la entidad beneficiaria. En caso de que se acuerde el reintegro por el órgano competente y, a instancias de este, la FB ejecutará las garantías constituidas a su favor.
4. En el caso de las agrupaciones, cada integrante de forma individual podrá solicitar anticipo, si así se determina en cada convocatoria y en la forma que esta concrete en su caso. A la solicitud de anticipo deberá acompañarse de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos, en especial, la referida a la constitución de garantía.
1. El régimen de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva, mediante los procedimientos de selección que se establecen en estas bases reguladoras, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Se podrá exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes, una vez finalizado el plazo de presentación.
3. El procedimiento de concesión se regulará por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con su disposición final decimosexta; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por estas bases.
4. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, que se publicará en la web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es), así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante BDNS) y un extracto de esta en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El órgano competente para aprobar la convocatoria del procedimiento será la persona titular de la Dirección de la FB.
2. La instrucción y ordenación del procedimiento corresponde a la persona titular de la Subdirección Jurídica, Financiera y de Capital Humano de la FB, denominado órgano instructor.
3. El Comité de Evaluación es el órgano colegiado encargado de la evaluación de cada una de las solicitudes, conforme a lo dispuesto en estas bases y en la correspondiente convocatoria.
4. El Comité de Evaluación estará integrado por una presidencia, siete vocalías y una secretaría, con voz, pero sin voto, que corresponderá a la persona titular de la coordinación de Calidad y Estudios.
5. La presidencia la ejercerá la persona titular de la Subdirección para la Transición Verde, en la que, en ningún caso, podrán concurrir las funciones de órgano instructor.
6. Las vocalías corresponderán a la persona titular de la Subdirección de Biodiversidad y Cambio Climático y de la coordinación del área de economía azul sostenible. El resto de las vocalías serán ejercidas por la persona titular de las siguientes subdirecciones generales o la persona en quien delegue:
Subdirección general para la protección del Mar de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Subdirección general de biodiversidad marina y terrestre de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Subdirección general de investigación científica y reservas marinas, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Subdirección General de Caladero Nacional y Aguas de la Unión Europea, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Subdirección General de Acuicultura, Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
7. Al Comité de Evaluación podrán ser invitados a participar en calidad de expertas, personas de los ámbitos jurídico/administrativo, sectorial, científico y/o ambiental, relacionadas con las temáticas de actuación del Programa Pleamar. Contarán con voz en el Comité, pero no con voto.
8. Se establece un régimen de suplencias de las vocalías, secretaría y órgano instructor, por motivos de vacantes, ausencias, enfermedad u otra causa, que consiste en la sustitución de éstas por otra persona titular de otra subdirección y/o coordinación de la FB, y por otro funcionario/a de la misma categoría y del mismo servicio o área, en el caso de personas designadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
9. El régimen de funcionamiento será el previsto para los órganos colegiados en la sección tercera del capítulo segundo del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
10. Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la persona titular de la Dirección de la FB, previa autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conforme a lo dispuesto por la disposición adicional decimosexta, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
11. Todas las personas involucradas en alguna de las fases vinculadas al proceso de gestión del fondo, junto aquellas que participen en la evaluación, incluyendo el órgano instructor de la convocatoria, firmarán una declaración de no conflicto de intereses (DACI) de forma previa a la actividad que se trate a fin de garantizar su independencia.
1. Las comunicaciones y notificaciones a las entidades interesadas de las actuaciones que se realicen por los órganos competentes en el procedimiento de concesión, en el desarrollo de su ejecución y en su justificación, se llevarán a cabo a través de medios electrónicos.
2. Se entenderá rechazada la notificación cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido y se entenderá cumplida la obligación de notificar con la puesta a disposición de la notificación en la dirección electrónica facilitada por las entidades interesadas. Todo ello en los términos establecidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Los actos integrantes del procedimiento de concesión serán objeto de publicación en la forma que se determine en las convocatorias, surtiendo tales publicaciones los efectos de notificación practicada.
4. La notificación de los actos administrativos que pudieran proceder como consecuencia del ejercicio de las potestades relativas a la exigencia del reintegro, la imposición de sanciones y las funciones de control que corresponderán al órgano que resulte competente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se regirán por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y podrán realizarse mediante comparecencia en su sede electrónica, conforme al artículo 43 de la dicha ley.
5. En el caso de las agrupaciones las comunicaciones se realizarán con la entidad y persona representante designada como coordinadora de la agrupación.
1. Las solicitudes se dirigirán a la FB de forma telemática mediante el formulario correspondiente, junto con la documentación que se especifique en la convocatoria como parte integrante de la solicitud.
2. Las entidades solicitantes deberán aportar declaración expresa que incluya relación exhaustiva y detallada de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos concedidos para financiar las mismas actuaciones objeto de la subvención. Esta declaración expresa deberá llevarse a cabo en el momento de presentar la solicitud y en cualquier otro momento, tan pronto como sea conocida la mencionada concurrencia.
3. El plazo para la presentación de solicitudes será como mínimo de veinte días hábiles, pudiendo ser ampliado por la convocatoria, desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». La convocatoria podrá ampliar este plazo.
4. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la entidad interesada, para que, en el plazo máximo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, y previa resolución, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Las solicitantes se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
1. La instrucción del procedimiento de concesión se efectuará de acuerdo con las actividades definidas en el artículo 24.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Se establece una fase de preevaluación, en la que se verificará el cumplimiento de los requisitos de carácter administrativo, para adquirir la condición de beneficiaria de la subvención. En caso de no subsanarse, la entidad será excluida del proceso de evaluación. En el caso de las agrupaciones, éstas podrán subsanar incorporando una entidad que cumpla las condiciones para ser beneficiaria. El Órgano Instructor será el encargado de emitir informe que contendrá, al menos, las entidades que son admitidas y aquellas que no pueden alcanzar la condición de admitidas por desistimiento en su intención o cualquier otra razón que imposibilite su admisión. Dicho informe será publicado en la página web de la FB.
3. El Comité de Evaluación valorará las solicitudes de acuerdo con los criterios objetivos a que se refiere el artículo 16.
4. Para realizar la valoración, el Comité de Evaluación podrá recabar los informes que estime oportunos de las áreas técnicas de la FB y la opinión de personas expertas, especialmente en el ámbito científico-técnico, que se consideren convenientes en función de la convocatoria de que se trate.
5. Tras la evaluación de las solicitudes presentadas, el Comité de Evaluación emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la valoración.
6. El Órgano Instructor, a la vista del informe del Comité de Evaluación, formulará propuesta de resolución provisional. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará en su caso a la entidad propuesta como beneficiaria a reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando en cualquier caso el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. Esta propuesta de resolución provisional se notificará a las entidades propuestas como beneficiarias para que, en el plazo de diez días hábiles, aporten los documentos exigidos para cumplimentar en este acto. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la entidad interesada para que en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución en los términos previstos en los artículos 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8. Si alguna de las entidades propuestas como beneficiarias no aceptase la subvención o se compruebe que no cumplen con los requisitos para serlo a la vista de la documentación facilitada, se podrá optar bien por completar, en su caso, el importe concedido a la entidad propuesta como beneficiaria que haya visto reducido su presupuesto para ajustar el importe de la propuesta de resolución al importe máximo a comprometer, o proponer la concesión de la misma a las siguientes a aquella en orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de las entidades beneficiarias se haya liberado presupuesto suficiente, al menos el 70% del importe solicitado, para atenderla/s.
9. Transcurrido el plazo sin que se hayan aportado los documentos exigidos, se entenderá que la entidad propuesta como beneficiaria renuncia a la concesión de la subvención.
10. El Órgano Instructor formulará una propuesta de resolución definitiva, con el listado de solicitantes a las que se les concede la subvención y la cuantía de esta. Además, la propuesta de resolución hará constar de manera expresa la desestimación del resto de las solicitudes.
11. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria propuesta frente a la FB, mientras no haya sido notificada o publicada la resolución de concesión.
12. La propuesta de resolución será sometida a la autorización previa del órgano competente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Para la baremación de las solicitudes se podrán utilizar las siguientes categorías de criterios de selección:
Criterios generales, relacionados con la vinculación de las propuestas al Programa Operativo del FEMPA y otros planes y programas. Determinarán si la solicitud es o no apta para su cofinanciación por parte del FEMPA. Estos criterios tendrán un peso del 30% en la valoración y se valorarán sobre 10 puntos, quedando excluidas aquellas solicitudes que obtengan menor o igual a 4 puntos de valoración, sin que pueda aprobar una solicitud que obtenga un 0 en alguno de los criterios generales.
Criterios horizontales ambientales y sociales. Estos criterios tendrán un peso del 20% en la valoración y supondrán 4 puntos de valoración.
Criterios de viabilidad técnica y/o económicos. Estos criterios tendrán un peso del 20% en la valoración y supondrán 2 puntos de valoración.
Criterios específicos del tipo de actividad. Estos criterios tendrán un peso del 30% en la valoración y supondrán 5 puntos de valoración. En el caso de que no existan criterios específicos predefinidos para un tipo de actividad en el documento de Criterios para la selección de operaciones aprobado por el comité de seguimiento del FEMPA, se seleccionará, al menos un criterio de los descritos en los bloques de criterios horizontales ambientales y sociales o específicos de viabilidad técnica y/o económicos distintos a los utilizados en sus bloques pertinentes.
2. La máxima puntuación que podrá obtener una propuesta en el proceso de evaluación será de 100 puntos.
3. La puntuación mínima exigida para poder constituirse en beneficiaria será de 50 puntos.
4. En caso de que dos o más propuestas obtengan la misma puntuación y no haya crédito suficiente para atender a todas ellas, se priorizará la propuesta de acuerdo con el siguiente orden de desempate:
Aquella que haya obtenido mayor puntuación en los criterios generales.
Aquella que haya obtenido mayor puntuación en los criterios horizontales ambientales y sociales.
Aquella que haya obtenido mayor puntuación en los criterios de viabilidad técnica y/o económicos.
Aquella que haya obtenido mayor puntuación en los criterios específicos de tipo de actividad.
Si aún persistiera el empate se dará prioridad a las solicitudes por orden de entrada en el registro.
1. Una vez elevada la propuesta de resolución al órgano competente para resolver, este dictará la resolución del procedimiento, que deberá ser motivada.
2. Las resoluciones contendrán, como mínimo, la relación de aquellas entidades beneficiarias de la subvención, el título del proyecto, en su caso, la puntuación obtenida y el importe concedido. Constará igualmente de manera expresa la desestimación del resto de las solicitudes, así como aquellas entidades solicitantes que, habiendo alcanzado la puntuación mínima para ser consideradas entidades beneficiarias, pero que no pudieron obtenerla por insuficiencia de crédito presupuestario.
3. Estas se publicarán en la página web de la FB y se remitirán a la BDNS. Además, en cada convocatoria podrán fijarse medios de difusión adicionales. Esta publicación de las resoluciones será válida a efectos de notificación.
4. Asimismo, se publicará un listado de aquellos beneficiarios cuyas solicitudes no hayan sido admitidas o no alcancen la valoración suficiente para ser beneficiarios.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El plazo se computará a partir de la publicación del extracto de la respectiva convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos para una fecha posterior, en cuyo caso se computará desde dicha fecha.
6. El citado plazo para dictar la resolución de concesión podrá ser suspendido conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 24.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. Cuando la evaluación del número de solicitudes presentadas pudiera suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta motivada del órgano instructor, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación.
8. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones que se susciten en relación con el acto de concesión de estas subvenciones, en tanto que son otorgadas por una fundación del sector público. Sin perjuicio de lo anterior, quedan sujetas al control de la jurisdicción contencioso-administrativa las potestades administrativas ejercidas por los órganos de la administración pública correspondiente, respecto de las actuaciones previas y posteriores a este acto recogidas en la disposición adicional 16.ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. En el caso de las subvenciones de proyectos, las condiciones por las que ha sido concedida la ayuda podrán ser modificadas por la alteración de las condiciones de partida tenidas en cuenta en el momento de presentación del proyecto.
2. Estos nuevos condicionantes deberán comunicarse de forma fehaciente a la FB, con carácter previo a la finalización del proyecto. Las convocatorias podrán establecer distintas tipologías de modificaciones permitidas.
3. La obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos otorgados por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales para la misma actividad deberán ser comunicadas a la FB en el momento de su concesión. En todo caso, dichas cantidades serán sumadas a las concedidas por la FB, y en el supuesto de que superen el coste total de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria se procederá a la liquidación de subvención en la forma prevista en el artículo 34 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
1. Finalizada la ejecución de los proyectos, la entidad beneficiaria o, en su caso, la persona responsable de la agrupación de entidades beneficiarias deberá presentar la documentación técnica y económica acreditativa de la realización del objeto de la subvención. La entidad beneficiaria deberá presentar una memoria técnica de ejecución de acuerdo con el modelo de Informe facilitado por la FB, así como la documentación acreditativa que muestre las acciones relacionadas con la adecuada publicidad del origen de la financiación de la actividad subvencionada.
2. Así mismo, la entidad beneficiaria deberá presentar una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, mediante la aportación de justificantes de gasto o con la aportación de informe de auditor, conforme a lo establecido en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. La documentación a presentar en el caso de la memoria económica con aportación de justificantes de gasto será la siguiente:
Autoliquidación económica, cuyo modelo será remitido por la FB, consistente en un listado pormenorizado de todos los documentos probatorios del gasto ejecutado.
Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior, así como la documentación acreditativa del pago.
Declaración responsable de coste total y de mantenimiento de un sistema de contabilidad aparte y especifico en relación con el proyecto subvencionado, o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con el proyecto, firmada por el representante legal, conforme al modelo facilitado.
Declaración responsable firmada por el representante legal, conforme modelo facilitado, con una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad beneficiaria de la ayuda con indicación del importe y su procedencia.
Cualquier otra documentación técnica o económica que la FB u otro organismo público implicado en la gestión, control y certificación del FEMPA pueda entender como necesaria para comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas.
4. Las entidades que opten por la justificación de los proyectos por medio de informe de auditor, deberán presentar la siguiente documentación:
Memoria económica abreviada que contendrá los aspectos que se detallan en el punto 6 anterior, incluyendo una copia de la documentación indicada en el apartado b). En el caso de la autoliquidación deberá presentarse firmada y sellada tanto por el auditor como por el representante legal.
Un informe de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la adecuada contabilización y correcta expedición de los justificantes de los pagos efectuados con los fondos de esta ayuda y de los ingresos generados por el programa, en su caso, y el destino dado a los mismos, según las normas de estas bases y la contabilidad de la entidad.
El alcance del informe será la validación de la correcta justificación del 100% de los gastos vinculados al presupuesto ejecutado del proyecto y la verificación del cumplimiento de otras condiciones requeridas por la normativa aplicable de la concesión de la ayuda.
En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor. En el supuesto en que el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales o se trate de una agrupación, deberá designar un único auditor para la realización de las actuaciones correspondientes a la justificación de los proyectos.
El beneficiario estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la ley.
5. Las entidades podrán contar con una desviación del 15% entre partidas presupuestarias justificadas respecto a la información presentada en la solicitud. De esta forma, el menor gasto total en una partida puede quedar compensado con un mayor gasto en otra hasta el límite máximo del 15% y siempre que el importe de las mismas lo permita.
6. El plazo de presentación de los documentos anteriores será de dos meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
7. Transcurrido el plazo establecido de justificación, sin que se haya presentado la misma, se requerirá a la entidad beneficiaria, para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentado. Si transcurrido este último plazo no se recibe documentación, se procederá a la liquidación del proyecto.
8. La FB se reserva la capacidad de exigir, en general, la comprobación de la correcta aplicación de la ayuda y la de requerir la presentación de los documentos justificativos adicionales que se consideren precisos, con independencia de la modalidad que adopte la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, sin perjuicio de las facultades de comprobación que las normas vigentes atribuyen a la Intervención General de la Administración del Estado, al Tribunal de Cuentas o a otros órganos, incluidos la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas europeo o la Oficina Europea de Lucha contra el fraude.
Asimismo, se podrá comprobar el valor de mercado de los gastos objeto de la ayuda.
9. En todos los casos, la entidad beneficiaria o agrupación deberá justificar el 100% del gasto del proyecto, independientemente de la ayuda concedida.
10. Se podrán realizar, cuando así lo prevea la convocatoria, liquidaciones parciales de aquellos proyectos cuyo plazo de ejecución sea superior a doce meses, una vez alcanzada la mitad del periodo de ejecución. Estas liquidaciones requerirán la documentación y condiciones exigidas en este artículo. En el caso de entidades que hayan recibido un anticipo, en el importe resultante a pagar de la liquidación parcial, se tendrá en cuenta dicho anticipo.
11. La entidad beneficiaria custodiará toda la documentación técnica y económica justificativa del proyecto o actividad ejecutado durante un periodo de 5 años a partir del 31 de diciembre del año en que la autoridad de gestión efectúe el último pago al beneficiario, para ser puestos a disposición de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas si así lo solicitaran, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.1 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060, de 24 de junio de 2021. Asimismo, dicho plazo podrá quedar interrumpido si se iniciase un procedimiento judicial o a petición debidamente justificada de la Comisión Europea.
12. La justificación de la subvención se realizará por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, siendo de carácter excepcional, la presentación de justificación en soportes diferentes a estos.
13. Las entidades públicas estatales no podrán justificar la subvención mediante cuenta justificativa simplificada.
14. Lo establecido en estas bases se entiende sin perjuicio del control financiero previsto en artículos 141 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha que la entidad deudora ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Se ejercerá por el órgano que corresponda del Ministerio de adscripción de la FB de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La entidad beneficiaria podrá efectuar de manera voluntaria, la devolución de los importes recibidos sin previo requerimiento de la administración, al que se añadirán los intereses de demora correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. Se podrá producir la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda o, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, cuando se ponga de manifiesto el incumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario, estableciendo, según el principio de proporcionalidad, la siguiente graduación:
Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: 100%.
Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: 100%.
Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: proporcional a los objetivos no cumplidos, en los términos que establezca la correspondiente convocatoria.
Incumplimiento de las medidas de difusión: hasta el 3% en caso de ausencia de logotipo de la FB y resto de logotipos obligatorios que se indiquen en la convocatoria, ausencia de mención, no respeto de la imagen corporativa o colocación del logotipo en lugar no preferente. Hasta el mismo porcentaje en caso de inclusión de logotipos o menciones incorrectas como entidades organizadoras, patrocinadoras o colaboradoras a entidades que cobran por sus servicios en el proyecto o entidades no colaboradoras.
Incumplimiento del plazo o forma de presentación de la documentación técnica y económica suficiente para la justificación de la ayuda: hasta el 100% de los gastos, tal y como establece el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Justificación insuficiente: proporcional a la parte no justificada adecuadamente.
Incumplimiento parcial de otras condiciones impuestas como beneficiario: proporcional a las condiciones no cumplidas.
Incumplimientos relativos a posibles modificaciones de proyectos: 100% del gasto concreto presentado para su ejecución en el caso de realización de modificaciones no autorizadas.
Incumplimientos en productos o entregables cuya calidad sea inferior a la esperada: hasta el 100% de los gastos asociados.
Cualquier otro incumplimiento establecido en la convocatoria por consideraciones inherentes a la misma.
1. Toda la información técnica y material audiovisual derivada de los proyectos financiados por la FB podrá ser empleada por la misma para ser difundida a través de sus canales (página web, redes sociales, otros) al objeto de garantizar su difusión, general conocimiento y puesta en valor.
2. En el caso de los resultados generados por la actividad investigadora de los proyectos financiados, los resultados publicados en publicaciones de investigación seriadas o periódicas deberán hacerse públicos en repositorios de acceso abierto, en los términos y condiciones previstos en el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En cumplimiento de esta obligación, dichos datos podrán incorporarse al Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y al Banco de Datos de la Naturaleza, siendo facilitados a la FB con las características, formatos y especificidades técnicas para tal fin.
3. Las entidades beneficiarias, así como las personas autoras de los resultados obtenido en los proyectos, se declaran responsables de no infringir en el momento de comunicación, ni en cualquier otro momento futuro, los derechos de terceros en general, y en particular, los derechos de propiedad intelectual, moral, de explotación de terceros, derecho de propia imagen. Así mismo, se hacen responsables de haber obtenido cuantas licencias y autorizaciones fueran necesarias para la cesión de los derechos de publicación y difusión de las investigaciones subvencionadas a la FB.
1. La FB considera la lucha contra el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación, un elemento clave en la gestión de los Fondos Estructurales e Inversión Europeos, con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión Europea. En consecuencia, y en el papel de Organismo Intermedio de Gestión del FEMPA, la FB asume una política de tolerancia cero, adoptando medidas de prevención, detección, corrección y persecución del fraude, aprobando la Declaración Institucional mediante Resolución de la Dirección de la Fundación Biodiversidad con fecha 18 de febrero de 2022.
2. Como medidas de detección la FB, a tenor de lo dispuesto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pone a disposición de todas las personas un canal de denuncia interno, para poner en conocimiento cualquier hecho sospecho de fraude o irregularidad. Dicho canal está disponible en la página web de la Fundación. Así mismo, se dispone de dos canales externos, radicados en el Servicio Nacional de Control Antifraude y en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
3. De acuerdo con el artículo 69 del RDC, la FB emprenderá acciones para la prevención de situaciones irregulares o de fraude, con el fin de detectarlas, corregir y perseguir las mismas. En este sentido, la FB llevará a cabo la recogida de información sobre los titulares reales de los perceptores finales, donde se recogerán al menos los siguientes datos: Nombre y apellidos; fecha o fecha de nacimiento; número o números de identificación fiscal.
También podrá cumplirse este requisito con la utilización de los datos almacenados en los registros referidos en el artículo 30 de la Directiva (UE) 2015/849, siempre que se incluya un número de identificación único, así como, en cualquier otro registro público.
1. El texto completo de las presentes bases reguladoras se podrá consultar en la página web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es), en el «Boletín Oficial del Estado» y en la BDNS.
2. Las entidades beneficiarias deberán dar publicidad de las ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
3. Con el fin de garantizar la transparencia relativa a las subvenciones concedidas, la aceptación de la financiación por parte de la entidad beneficiaria implicará su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad con el artículo 49.3 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060, de 24 de junio de 2021.
1. Estas ayudas estarán sujetas a la normativa vigente en materia de protección de datos actuando en este sentido conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
1. La concesión de estas subvenciones se regirá por lo dispuesto en esta orden, en las correspondientes convocatorias, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En defecto de lo previsto en esta normativa se aplicarán las normas de derecho administrativo y, en último término, de derecho privado. Para el proceso de aprobación de la presente orden se han seguido lo previsto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública según su título IV, capítulo V.
2. Las solicitudes que resulten seleccionadas en el marco de estas bases reguladoras serán cofinanciadas por el FEMPA, a través de su correspondiente Programa Operativo y deberán adaptarse a la normativa comunitaria de aplicación a estos fondos estructurales y a las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas.
3. Con carácter general:
Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.
4. Con dependencia de cada una de las convocatorias:
Reglamento (UE) n.º 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004.
Reglamento (UE) n.º 2022/2473 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda a las empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Reglamento (UE) n° 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura.
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, Criterios de selección de operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento del Programa Operativo, así como, en su caso, el Plan de Información y Publicidad.
A los procedimientos de concesión iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden le será de aplicación la normativa por la que se convocaron las correspondientes subvenciones.
Queda sin efecto la Orden TED/550/2021, de 1 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, FSP, en régimen de concurrencia competitiva, cofinanciadas por Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
Esta orden se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1. 15.ª y 23.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y legislación básica sobre protección de medio ambiente, respectivamente.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de julio de 2023.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.