Categoría: Administración

o con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, vendrán obligadas a cumplir las siguientes obligaciones:
1. Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención en la forma, condiciones y plazo establecidos en esta orden y en la resolución de convocatoria.
2. Incorporar de forma visible, en cuantos materiales se utilicen o editen para la difusión de los proyectos o actividades subvencionadas, el logotipo del Ministerio de Igualdad, que se proporcionará desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género con el fin de poder identificar el origen de la subvención.
Las medidas de difusión deberán adecuarse al proyecto subvencionado, tanto en su forma como en su duración. El logotipo del Ministerio, así como leyendas relativas a la financiación pública, únicamente podrá aparecer en los materiales que se utilicen o editen para la información y la difusión de aquellos proyectos o actuaciones que constituyen el objeto para el cual se ha concedido la subvención, y en ningún caso, en material publicitario.
Las entidades beneficiarias deberán publicar las subvenciones percibidas en los términos y condiciones determinados en la Lay 19/2013, de Transparencia, acceso a la Información y Buen Gobierno.
3. Presentar la documentación justificativa de acuerdo con lo previsto en la Guía para la justificación de las subvenciones públicas destinadas a destinadas a programas y proyectos de concienciación y prevención de las distintas formas de violencia contra las mujeres, dirigidos a jóvenes con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres y difundir los valores de igualdad, diversidad y tolerancia, estando la misma disponible en la página web del Ministerio.
4. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación de la aplicación de la subvención a efectuar por el órgano concedente, de acuerdo con el plan anual de seguimiento elaborado a tal efecto, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.
5. Acreditar, mediante la presentación de la correspondiente declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social. La acreditación de que la entidad beneficiaria se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias se realizará conforme a lo establecido en el artículo 3.2.
6. Conservar los documentos justificativos originales de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control por el órgano concedente, y en su caso, de las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y de las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas en relación con las subvenciones concedidas.
7. Tener suscrita póliza de seguro de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil a favor del personal voluntario que participe en los programas subvencionados, conforme a lo exigido por los artículos 10 y 14 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado.
8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos recogidos en el artículo 11 de esta orden.
9. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su Reglamento de aplicación, las entidades u organizaciones subvencionadas quedan obligadas a justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, de conformidad con la guía para la justificación de las subvenciones públicas, correspondiente a cada convocatoria, elaborada a tal efecto, por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Las modalidades de justificación de la subvención serán las establecidas en la sección segunda del capítulo II del título II del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La documentación justificativa se presentará en el plazo de tres meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución de la actividad subvencionada. En el supuesto de que haya proyectos subvencionados que terminen antes, la presentación de la justificación de los gastos se realizará como máximo en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de su actividad.
No obstante lo anterior, cuando se solicite una modificación de la resolución a la que se refiere el artículo 10 de esta orden que afecte al plazo de ejecución de las actuaciones del proyecto concedido, ésta deberá indicar expresamente el plazo de presentación de la justificación que, en todo caso, no podrá exceder de tres meses a contar desde la finalización del plazo concedido para la realización de las actividades.
3. La cuenta justificativa, de acuerdo con lo establecido en la sección segunda del capítulo II del título II del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, contendrá, en todo caso, la siguiente documentación:
a) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá los siguientes documentos, en función de la modalidad escogida:
1) Modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto (art. 72 del reglamento de la LGS):
i) Una relación clasificada por conceptos, de los gastos realizados durante el periodo de ejecución, con identificación del acreedor y del tipo de documento, su importe, porcentaje imputado al proyecto, fecha de emisión y fecha de pago, que en ningún caso podrá ser superior a la fecha de presentación de la documentación justificativa.
ii) Las facturas electrónicas o documentos electrónicos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con la eficacia administrativa incorporados en la relación que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación electrónica acreditativa del pago.
iii) Relación certificada del personal voluntario que ha participado en la ejecución del proyecto subvencionado, con expresión de los costes derivados de su aseguramiento obligatorio.
iv) Documento que recoja, en su caso, los criterios de imputación de los costes generales o indirectos incorporados en la relación de justificantes a que se hace referencia en el apartado a).
v) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
vi) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
vii) En el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, debiendo aportar los tres presupuestos previstos en el mismo.
viii) En su caso, documentación explicativa de las desviaciones económicas producidas durante la ejecución del presupuesto aprobado.
2) Modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor (art. 74 del reglamento de la LGS):
i) Informe de auditor, inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en los términos previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
ii) Una memoria económica abreviada del coste de las actividades realizadas, que contendrá una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha de pago e importe imputado.
iii) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
iv) Adicionalmente, la entidad beneficiaria deberá aportar, debidamente cumplimentados, los documentos que específicamente se establezcan para cada subvención en la resolución de concesión.
La verificación a realizar por el auditor de cuentas tendrá el alcance de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la normativa de aplicación. La verificación a realizar por el auditor de cuentas, en todo caso, tendrá el siguiente alcance:
1.º El cumplimiento por parte de las entidades beneficiarias de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.
2.º La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de las entidades beneficiarias, atendiendo al correspondiente manual de instrucciones de justificación.
3.º La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por las entidades beneficiarias, han sido financiadas con la subvención.
4.º La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En esta modalidad de justificación, el beneficiario no está obligado a aportar justificantes de gasto en la rendición de la cuenta, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que pueda realizar el órgano concedente, la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus competencias, quedando el beneficiario obligado a conservar los justificantes de gasto y documentos de pago de la subvención concedida, al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3) Modalidad de cuenta justificativa simplificada (sólo para subvenciones concedidas por importe informe a 60.000 euros, de conformidad con el art. 75 del reglamento de la LGS):
i) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
ii) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
iii) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
Mediante la técnica de muestreo simple aleatorio, el órgano concedente requerirá los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.
b) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, acorde con el modelo recogido en la guía para la justificación de las subvenciones públicas, correspondiente a cada convocatoria, elaborada a tal efecto por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En particular, deberá acreditarse que se ha incorporado de forma visible en el material que se utilice para la difusión de los programas subvencionados el logotipo del Ministerio, con el fin de poder identificar el origen de la subvención.
c) Las memorias, tanto de actuación justificativa, como económica, deberán estar firmadas por la persona que ostente la representación legal.
d) La justificación de las subvenciones deberá efectuarse por el coste total del proyecto, cien por cien de la cantidad concedida y parte cofinanciada, en su caso, mediante la presentación de facturas o cualquier otro documento probatorio válido en derecho, debidamente cumplimentado.
e) El órgano instructor podrá requerir a la entidad beneficiaria para que aporte cualquier otra documentación que se considere necesaria para la justificación de la subvención.
4. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones a la que hace referencia el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente de la subvención.
5. Si vencido el plazo de justificación no se presentaran los correspondientes documentos o se presentaran incompletos, se requerirá a la entidad beneficiaria para que, en un plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos previstos en este artículo, tal y como se recoge en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 11 de esta orden.
6. Las entidades beneficiarias podrán ingresar voluntariamente en el Tesoro Público el remanente no aplicado de la subvención recibida antes de la finalización del período de justificación.
Las entidades beneficiarias deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Las entidades y organizaciones beneficiarias de subvenciones quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas, en materia de subvenciones, establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las medidas y actuaciones incluidas o derivadas de esta norma serán atendidas con las disposiciones presupuestarias existentes en cada ejercicio y no podrán suponer un aumento neto de los gastos de personal al servicio de la administración.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª y 29.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y sobre la seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica, respectivamente.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 25 de marzo de 2022.–La Ministra de Igualdad, Irene Castro Santos Pascual.