Categoría: Administración

sponsable del contrato, la sección dota de carácter conminatorio al uso de estas herramientas jurídicas, en contraposición al carácter eminentemente facultativo que caracteriza su regulación dentro de la ley estatal.
Entre las principales novedades, debe destacarse la obligación de fijar, en los pliegos, un sistema de penalidades para los supuestos de cumplimiento defectuoso del contrato. Se reconoce expresamente la posibilidad de que recaigan sobre más de una persona física las funciones de responsable del contrato. Asimismo, se refuerza la figura con la introducción de una unidad de apoyo de composición multidisciplinar, a los efectos de realizar actividades de comprobación material, gestión y asesoramiento. Estos dos ajustes sobre el responsable del contrato derivan de la mayor complejidad que ha adquirido, en el contexto actual, la contratación, que exige atender a la vez consideraciones de tipo técnico, medioambiental, laboral o social. Los conocimientos requeridos para afrontar de manera adecuada estas tareas de control hacen conveniente facilitar la cooperación entre distintos perfiles profesionales. La ley articula varios sistemas, tales como auditorías, encuestas de satisfacción o inspecciones con distinto alcance, para conocer los resultados obtenidos en el marco de la ejecución de los contratos.
Dentro de la arquitectura de la ley, el Título III, destinado a la regulación de la contratación electrónica en el sector público aragonés, representa uno de sus ejes cardinales. A pesar de que el contenido se refiere exclusivamente a la contratación pública, su trascendencia rebasa los límites de este campo al engarzar con un proceso más amplio en el que están involucrados el derecho administrativo y el sector público, nacional, autonómico y municipal, de manera global. Aun comportando evidentes ventajas el empleo de medios electrónicos en la contratación pública, lo cierto es que su implantación ha acarreado algunas dificultades en el desarrollo de la infraestructura y el ecosistema electrónicos precisos para darles soporte. De igual manera, el acopio de experiencias reales acumulado durante estos años ha puesto de manifiesto la conveniencia de regular aspectos adicionales acerca de la licitación electrónica, con el fin de aclarar conceptos y evitar problemas interpretativos, además de unificar criterios de actuación que ayuden a los usuarios a afrontar situaciones con las que enfrentarse en la práctica. Por consiguiente, la pretensión de este Título III es múltiple: en primer lugar, definir una regulación que complete aquellos aspectos que ofrecen dudas en la aplicación de la contratación electrónica y, en segundo lugar, ahondar en el potencial estratégico que poseen los instrumentos electrónicos de apoyo a la contratación pública, entre los que destaca la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón, como elemento vertebrador e integrador de todos ellos.
Como se ha avanzado al describir este título, el Capítulo I, denominado «Tramitación electrónica», trata de clarificar conceptos tales como la contratación pública electrónica y su alcance o las características de los sistemas de licitación electrónica, haciendo mención especial a las tecnologías de registro distribuido, por los beneficios que entrañan en relación con la integridad y la transparencia de los procedimientos de contratación. Como parte del capítulo, se recogen también pautas para la tramitación electrónica de los procedimientos y la presentación electrónica de ofertas, orientándose a fortalecer la seguridad jurídica y la agilidad de la actuación de las mesas de contratación y, en general, de las unidades de contratación que intervienen en el proceso de compra pública.
El Capítulo II, bajo el nombre de «Instrumentos electrónicos de apoyo a la contratación pública», regula la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Catálogo de Contratación Centralizada. En el caso de los registros y el catálogo, existiendo con anterioridad estos instrumentos, se les dota de rango legal y se aprovecha para ajustar su regulación a la digitalización, ampliando sus funcionalidades. La regulación acoge el mandado previsto en la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa, que dispuso la necesidad de habilitar un asiento en el que se hiciera constar, a los efectos de comprobar la solvencia económica de los licitadores, el volumen anual de negocios y el patrimonio neto o la ratio entre activos y pasivos de los tres últimos ejercicios corrientes.
Asimismo, otro de los objetivos que subyace a estos preceptos es profundizar en el modelo que prevé la Orden HAP/188/2018, de 1 de febrero, por la que se creó la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón, el cual añadía a la plataforma aragonesa importantes funcionalidades complementarias, además de ejercer como fuente de entrada de información sobre las licitaciones, en sentido análogo a la plataforma de ámbito estatal. Lejos de considerar la plataforma de contratación aragonesa como un mero servicio de información, a los efectos de actuar como garante de la transparencia, la intención de la ley es canalizar, a través de ella, todas las actuaciones que queden englobadas dentro de los procedimientos de licitación, integrándose con instrumentos de cariz complementario, como el gestor de licitaciones, el gestor de expedientes, el registro de contratos, el registro de licitadores, el catálogo de contratación centralizada o la aplicación de la subasta electrónica, así como cualquier otro que pueda surgir en un futuro. Al mismo tiempo que se acomete esta tarea, se pretende aprovechar el potencial que supondrá la plataforma como base de datos para, mediante el tratamiento de los mismos, extraer conclusiones que permitan mejorar la actividad de contratación y fundamentar propuestas de regulación, dentro de un proceso de mejora continua de los poderes públicos.
Finalmente, el Capítulo III, titulado «Subasta electrónica», partiendo del artículo 143 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, comprende una serie de disposiciones que deben entenderse como desarrollo de la legislación básica estatal, y en las que se amplían y desarrollan nuevos conceptos y funcionalidades no mencionados en la ley estatal, como pueden ser la definición e implantación de la puja anormalmente baja o la generación automática de registros temporales con sello de tiempo para acrecentar la seguridad del procedimiento.
El último título de la ley se dedica a la «Gobernanza en materia de contratación pública», considerada ésta como un pilar fundamental del uso estratégico de la contratación pública. En este Título IV convergen disposiciones no solo de carácter organizativo, sino también de aspectos esenciales como la integridad y transparencia, la supervisión y el control de la contratación pública. A diferencia de otros títulos de la ley, los mecanismos de transparencia que se recogen en este título se refieren, específicamente, a la vertiente de rendición de cuentas ante la ciudadanía, debiendo diferenciarse de aquellos que orientan la publicidad hacia los licitadores como operadores económicos.
El primer capítulo se refiere a la organización, asistencia y participación en la contratación pública, regulando los órganos de contratación y las unidades de apoyo a estos; la asistencia a los órganos de contratación a través de las mesas de contratación, auxiliadas o no por unidades técnicas, y del comité de expertos; la Junta de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma, como órgano consultivo en la materia, y diversos órganos de coordinación y participación, tales como la Comisión de Contratación Centralizada, el Comité para el fomento de la innovación en la compra pública y el Foro de contratación pública. Ninguno de estos órganos es nuevo, puesto que ya habían sido creados por normas de distinto rango reglamentario. Se ha considerado conveniente elevar su regulación a rango legal con un doble objetivo: en primer lugar, porque la ley actúa como compiladora de todos los órganos e instrumentos de gestión de la contratación pública y, en segundo término, con el fin de dotarles de la relevancia que verdaderamente tienen, puesto que son órganos que, por su composición o por las competencias asumidas, coadyuvan al objetivo último perseguido por la norma, la utilización de la contratación pública de manera estratégica para la consecución de objetivos sociales, medioambientales o de innovación, involucrando en este propósito a órganos de contratación, gestores y actores sociales.
Como parte esencial de la gobernanza en materia de contratación pública, el Capítulo II del Título IV reconoce la integridad y la transparencia y regula el conflicto de intereses, el fomento y la defensa de la competencia, los protocolos de legalidad para los licitadores, las prohibiciones de contratar y las medidas de cumplimiento voluntario. En materia de transparencia, la ley se detiene en la regulación de las diversas formas de publicidad de la información sobre contratación pública, bien mediante la solicitud de información en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, bien a través del acceso directo a un portal público o por medio de un perfil público.
El Capítulo III regula un mecanismo de supervisión de la contratación pública que residencia en la Junta de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, a quien se atribuyen funciones, además de las consultivas, de promoción de la concurrencia, verificación del cumplimiento de buenas prácticas, así como velar por la correcta aplicación de la normativa vigente. Su informe de supervisión asume el compromiso de emitir recomendaciones o instrucciones y, en su caso, hacer partícipes de las conclusiones a los organismos de defensa de la competencia en caso de detección de prácticas colusorias.
Por último, cierra el sistema de gobernanza el control de la contratación pública, con la incorporación de un mecanismo de resolución de conflictos que, en desarrollo de la legislación básica estatal, comprende al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, de ámbito autonómico, y admite la posibilidad de crear órganos locales de resolución de conflictos. El Tribunal autonómico se perfila como el máximo órgano administrativo de resolución de conflictos en materia de contratación pública de la Comunidad Autónoma, al que se atribuyen las competencias previstas en la legislación básica, además de las propias de unificación de doctrina en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Asimismo, en desarrollo de lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 4 del artículo 46 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, cuya constitucionalidad confirmó el Alto Tribunal en la sentencia núm. 68/2021, de 18 de marzo, se ha considerado pertinente regular el régimen jurídico de los órganos locales de resolución de conflictos en los términos previstos en la legislación básica estatal.
La parte final de la ley está integrada por doce disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y cinco finales.
En las disposiciones adicionales, se identifica el régimen de contratación de las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón, la composición de las mesas de contratación y los comités de expertos en la contratación del sistema universitario público de Aragón; conceptos básicos como las prestaciones de carácter intelectual, el cómputo de plazos, la declaración responsable única, el concepto de gasto menor, el desglose de presupuesto en los contratos de suministro, la formación especializada en materia de contratación, la contratación electrónica de los entes locales y el acceso electrónico al Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma.
En las disposiciones transitorias, se regula, entre otras cuestiones, el régimen de los expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, la operatividad de la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón y la resolución del recurso especial en los municipios de gran población y en las diputaciones provinciales de Aragón.
Por último, se insertan una disposición derogatoria, con referencia específica a la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, y cinco disposiciones finales, relativas a las referencias de género, la habilitación para proceder al desarrollo reglamentario, instrucciones de aplicación de la normativa contractual, la justificación de los títulos competenciales para aprobar la ley y su entrada en vigor. A este respecto, se prevé un plazo devacatio legisde un mes, con el fin de facilitar la inmediata aplicación de las medidas previstas en esta ley.
Dentro del contexto descrito, esta ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Aragón en el artículo 75.11.ª y 12.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, que aluden al desarrollo de las bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución para las Administraciones públicas aragonesas, incluidas las entidades locales, así como al régimen jurídico, procedimiento, contratación y responsabilidad de la Administración pública de la Comunidad Autónoma. También da cobertura a esta ley el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que configura como competencia del Estado la determinación de la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas, teniendo como efecto reflejo la atribución a las Comunidades Autónomas, si así lo establecen sus estatutos, de la competencia de desarrollo de dicha legislación básica. En menor grado, dan soporte a esta ley los títulos competenciales que recogen los apartados 1.ª, 22.ª, 32.ª y 34.ª del artículo 71 y el 75.3.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón.
1. Esta ley tiene por objeto regular el uso estratégico de la contratación del sector público en Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Aragón con los fines siguientes:
a) Fomentar una contratación pública planificada, profesionalizada, tecnológica y transparente.
b) Promover una contratación pública ecológica, socialmente responsable e innovadora.
c) Alcanzar un desarrollo sostenible, que redunde en la creación de un tejido empresarial sólido y responsable, con especial atención a la pequeña y mediana empresa, a las empresas y entidades de la economía social y a las personas profesionales autónomas.
d) Garantizar una prestación de servicios públicos de calidad.
2. Es igualmente objeto de esta ley la definición de un sistema de gobernanza en materia de contratación pública en el sector público autonómico, que coadyuve a alcanzar los fines anteriores y garantice la asistencia a la contratación pública, la participación, el control y la supervisión de la actividad contractual, todo ello en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por los organismos internacionales.
Esta ley será de aplicación, en los términos y con el alcance que en la misma se determina, al sector público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Constituyen principios rectores de esta ley los que se relacionan a continuación:
a) Preservar el derecho a una buena administración contractual con respeto al principio de integridad. Se entenderá por integridad el uso de los fondos, los recursos, los activos y las autorizaciones conforme a los objetivos establecidos.
b) Garantizar la libertad de acceso a las licitaciones mediante una publicidad y transparencia eficaz de los procedimientos.
c) Garantizar la no discriminación e igualdad de trato entre profesionales y empresas licitadoras.
d) Proporcionar entornos de contratación accesibles y abiertos para todos los operadores económicos, en especial las pequeñas y medianas empresas, las entidades y empresas de la economía social y los profesionales que integran el tejido económico de la Comunidad Autónoma.
e) Utilizar eficientemente los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta que presente una mejor relación calidad-precio.
f) Cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto.
g) Racionalizar la contratación pública, a través de las técnicas previstas en esta ley o promoviendo la compra conjunta, especialmente en el ámbito de la innovación.
h) Garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados.
i) Respetar los principios de acceso y diseño universal.
2. En la contratación pública se incorporarán, de manera transversal y preceptiva, criterios sociales y medioambientales con el fin de proporcionar una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual y conseguir una mayor eficiencia en la inversión de los fondos públicos, atendiendo al conjunto de las políticas públicas y a los objetivos de desarrollo sostenible.
3. Igualmente, se facilitará el acceso a la contratación pública de la pequeña y mediana empresa, de las personas profesionales autónomas, de las empresas de economía social y, en particular, de los centros especiales de empleo y empresas de inserción, impulsando el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible que permita a las personas con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad el pleno desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía.
4. Con el fin de garantizar la competencia efectiva en los mercados, la actuación de los poderes públicos no obstaculizará, restringirá o falseará la competencia, velando especialmente por el respeto de la legislación en materia de competencia cuando pueda verse comprometido el interés público.
1. La interpretación y aplicación de las disposiciones incluidas en esta ley se realizará de acuerdo con los principios rectores de la contratación pública y, en todo caso, de conformidad con lo previsto en la normativa europea de contratación pública y la legislación básica estatal, así como con la jurisprudencia y la doctrina que establezcan la Junta de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
2. Las resoluciones emanadas del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón crearán doctrina administrativa, con respeto a la fijada por la jurisprudencia.
1. Se entiende por uso estratégico de la contratación pública la implantación de medidas que garanticen el cumplimiento de los principios rectores de la contratación pública, recogidos en el artículo 3 de esta ley, desde una perspectiva medioambiental, socialmente responsable y de innovación, que favorezcan la gestión eficiente de la inversión pública, así como la promoción y consolidación de un desarrollo sostenible del territorio y su población.
2. El uso estratégico de la contratación pública comprende el impulso de acciones públicas que garanticen la planificación y profesionalización, así como un sistema de gobernanza que estimule la participación pública, la transparencia, el control, la supervisión y la rendición de cuentas dentro de la contratación pública.
1. Es obligación del sector público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Aragón impulsar la planificación de la contratación, entendida como:
a) Planificación y programación de la actividad contractual de cada uno de los órganos de contratación, definiendo sus objetivos, funciones y necesidades a cubrir, justificando la eficiencia en el control del gasto, la garantía de calidad y otras cuestiones conexas.
b) Planificación de los recursos humanos y materiales disponibles, dentro de un enfoque interdisciplinar y de profesionalización.
2. La planificación de la actividad contractual se realizará a través del Plan General de Contratación y de los programas anuales de licitación. En función de los objetivos estratégicos perseguidos por los órganos de contratación, la planificación podrá ser anual o plurianual.
3. En la planificación de los objetivos estratégicos y de las políticas en materia de contratación pública, se tendrá en cuenta la aportación de todas las partes implicadas directa e indirectamente, incluidos los agentes sociales, canalizadas a través de los órganos de participación previstos en esta ley.
1. El Gobierno de Aragón, dentro del marco del Plan de Gobierno que prevé la normativa autonómica en materia de transparencia, aprobará un Plan General de Contratación, con la finalidad de trazar los ejes vertebradores, las líneas estratégicas y las prioridades de su actividad esencial, que puedan ser objeto de contratación pública.
El Plan General de Contratación incluirá, en su caso, una relación indicativa de la actividad contractual que se prevea realizar a lo largo de la legislatura, su estimación económica, duración y otras circunstancias de especial relevancia.
2. El Plan General de Contratación tendrá carácter orientativo y se desarrollará a través de los programas anuales.
3. Una vez aprobado, el plan se publicará en el Portal de Transparencia y en la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón. De su aprobación, se dará cuenta a las Cortes de Aragón.
4. El Gobierno presentará, en un plazo no superior a cuatro meses antes de la finalización de la legislatura, un informe de evaluación y análisis de las principales actuaciones realizadas con relación a dicho plan.
5. La planificación de la contratación pública de las entidades locales aragonesas se regirá por lo dispuesto en la legislación básica en materia de contratos y en la normativa básica de régimen local.
1. Cada departamento del Gobierno de Aragón y las entidades del sector público autonómico aprobarán un programa anual de licitación en el mes siguiente a la entrada en vigor de la ley de presupuestos del ejercicio correspondiente, previa evaluación del grado de ejecución de los contratos en vigor y atendiendo especialmente a la de aquellos que persigan la satisfacción de necesidades recurrentes, al objeto de incrementar su eficacia, eficiencia y sostenibilidad, social y medioambiental. De esta programación, se excluyen los contratos menores.
2. El programa anual tendrá carácter orientativo, pero la información incluirá como mínimo los siguientes datos:
a) El objeto de los contratos y los objetivos estratégicos que se incorporan,
b) el tipo de contrato,
c) su valor estimado,
d) el procedimiento de adjudicación que se prevea utilizar,
e) la fecha estimada de la licitación,
f) los contratos o lotes reservados a los centros especiales de empleo o a empresas de inserción,
g) la indicación del carácter anual o plurianual de los contratos,
h) una referencia de aquellos contratos que, por sus características, resulten más apropiados a la estructura de la pequeña y mediana empresa o de las personas profesionales autónomas.
Asimismo, el programa anual de licitación incluirá la previsión de encargos a medios propios, así como una evaluación del grado de desarrollo del programa del ejercicio anterior, con indicación de la fase procedimental en la que se encuentren los contratos.
3. El programa anual de licitación indicará expresamente aquellas necesidades que puedan ser satisfechas a través de soluciones o procesos de carácter innovador, así como la previsión de los contratos especialmente idóneos para la aplicación de soluciones innovadoras.
4. El programa anual de licitación será objeto de publicación en el Portal de Transparencia y en la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Serán objeto de planificación estratégica conforme a los objetivos de esta ley los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la actividad de los órganos de contratación en el ejercicio de sus funciones.
2. La delimitación de medios humanos y la definición de perfiles laborales atenderá a los principios de profesionalización, transversalidad y carácter multidisciplinar de la contratación. A estos efectos, se fomentará la creación de equipos especializados en materia de contratación, con formación en las áreas jurídico-administrativa, técnica, informática y económica, que actuarán de manera coordinada con la organización administrativa.
Dentro del plan anual de formación, para la planificación de los recursos humanos y la profesionalización de la contratación pública, el departamento competente en materia de función pública tendrá las competencias siguientes:
a) Impulsar de manera continuada la formación general en materia de contratación pública destinada al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y del resto del sector público autonómico, pudiendo extender el plan de formación al sector público local mediante la formalización de los convenios correspondientes.
b) Programar formación especializada que comprenderá, como mínimo, las competencias específicas horizontales, previas y posteriores a la adjudicación.
A estos efectos, se entiende por:
1.º Competencias horizontales: las relativas al estudio sobre planificación y ciclo de vida, contratación electrónica y otras herramientas informáticas, contratación pública ecológica, socialmente responsable y de innovación, conocimiento especializado de obras, servicios y suministros, gestión empresarial y negociación.
2.º Competencias previas a la contratación: las relativas a la evaluación de necesidades, estudios y estrategia de mercado, especificaciones técnicas, pliegos de contratación y evaluación de ofertas.
3.º Competencias posteriores a la adjudicación: las relativas al control de la ejecución del contrato, certificaciones y pagos, informes y evaluación de resultados, resolución y mediación de conflictos.
Esta formación distinguirá los niveles básico, intermedio, avanzado y experto.
En todo caso, se reforzará la formación en materias tales como la subrogación laboral, la integración de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social en el mercado de trabajo, el acceso a los servicios públicos desde un punto de vista social, la contratación pública circular, el coste del ciclo de vida de un bien o servicio, el cálculo de la huella de carbono, la huella hídrica, el ecodiseño y cualquier otro mecanismo que permita retener el valor de los materiales en la economía durante el mayor tiempo posible, tanto por la reducción del uso de materias primas no renovables y la producción de residuos como por el uso de energías renovables.
c) Diseñar, en colaboración con las direcciones generales competentes por razón de la materia, un programa específico para la formación de personal al servicio de la Administración pública para promover la investigación y la innovación tecnológica, medioambiental y social en la redacción de la documentación técnica de los pliegos, así como para la formación y sensibilización que permitan la incorporación de cláusulas en los pliegos administrativos que desarrollen los objetivos estratégicos.
d) Proceder a la adecuación de los perfiles profesionales del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para integrar las unidades de apoyo a la contratación pública previstas en el artículo 90 de esta ley.
1. La racionalización de la contratación pública se constituye como uno de los principios básicos inspiradores de la eficiencia en la adquisición de obras, bienes y servicios.
2. Todos los poderes públicos aragoneses actuarán bajo el principio de racionalización en la contratación pública, organizando los medios personales y materiales a su disposición, con el objetivo de obtener unas mejores condiciones, según la referencia de mercado, en la adquisición de bienes y servicios, y optimizar el rendimiento de los recursos públicos a través de la reducción de costes y de plazos de tramitación, garantizando la satisfacción de los intereses públicos demandados y contribuyendo asimismo al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y eficiencia del gasto público.
3. Las técnicas de racionalización de la contratación previstas en la legislación vigente en materia de contratación pública serán de preferente utilización para la tramitación de licitaciones de obras, servicios y suministros que, de manera habitual, requiera la prestación de servicios públicos, incluyendo contratos de tracto sucesivo o que satisfagan necesidades reiteradas a lo largo de varios ejercicios presupuestarios.
4. Son técnicas de racionalización de la contratación pública los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de adquisición y la contratación centralizada.
1. Los órganos de contratación promoverán la compra centralizada o cualquier otro sistema de racionalización técnica de la contratación, así como la compra conjunta en aquellos supuestos en los que, de acuerdo con los programas anuales de licitación, se aprecie la coincidencia de necesidades.
2. Se impulsará la cooperación de los poderes adjudicadores del sector público en las áreas donde se detecte la existencia de necesidades compartidas, con el fin de programar y evaluar la aplicación de distintos sistemas de contratación para optimizar recursos y obtener mejores condiciones en mercado.
1. Los acuerdos marco son una técnica de racionalización de la contratación pública que se utiliza para la licitación de contratos de obras, suministros y servicios, en los que se fijan las condiciones que habrán de regir la adjudicación de los contratos derivados de los mencionados acuerdos durante su período de vigencia, que no podrá exceder de cuatro años, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga excepcional cuando concurran razones de interés público o cuando se trate de servicios o suministros esenciales para garantizar la continuidad de la prestación.
2. Los acuerdos marco podrán adjudicarse a una o varias empresas, sin que pueda limitarse la concurrencia ni el número de contratistas, salvo justificación adecuada en el expediente.
3. La adjudicación de un acuerdo marco a una única empresa supondrá también la adjudicación de los contratos derivados que se celebren en los términos previstos en aquel, al no requerir una segunda licitación. En todo caso, se tramitará el expediente contable que corresponda por razón de la cuantía.
4. Los acuerdos marco se podrán tramitar bien con presupuesto base de licitación o únicamente con valor estimado, de carácter orientativo y no vinculante. En este último caso, el presupuesto de licitación se realizará con la aprobación de gasto en cada contrato derivado.
1. Los sistemas dinámicos de adquisición son una técnica de racionalización de la contratación pública para la adquisición de obras, suministros y servicios de uso corriente y generalmente existentes en el mercado, a través de un proceso totalmente electrónico en el que se fijan los requisitos técnicos de los productos o prestaciones a realizar, así como las condiciones de solvencia y demás criterios de selección para la admisión de empresas interesadas en participar y mantenerse en el sistema durante el período que se determine.
2. En la adjudicación de los contratos derivados de los sistemas dinámicos de adquisición, sólo podrán utilizarse criterios objetivos sometidos a evaluación posterior.
3. Los sistemas dinámicos de adquisición no podrán formalizarse con una única empresa exclusivamente, ni restringir su participación a un número determinado, debiendo estar abierto durante todo el período de vigencia a cualquier empresa interesada que cumpla los criterios de selección.
4. La admisión de empresas licitadoras al sistema dinámico de adquisición se realizará para todo su período de vigencia, incluidas las prórrogas, sin necesidad en este caso de cumplimentar trámites adicionales por las contratistas ya admitidas al sistema, salvo nuevas solicitudes de participación para nuevos productos.
1. El contrato derivado de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición se ajustará, en su tramitación, a las siguientes normas:
a) Cuando el acuerdo marco o el sistema dinámico requiera una segunda licitación por haberse adjudicado a dos o más empresas, se tramitará de manera electrónica a través del Catálogo de Contratación Centralizada.
b) Cuando el acuerdo marco se adjudique a varias empresas y los pliegos establezcan todos los términos de forma que no se requiera una segunda licitación, dichos pliegos deberán determinar las condiciones objetivas de carácter técnico o de calidad que permitan seleccionar a la empresa adjudicataria.
c) Cuando el acuerdo marco se adjudique a una única empresa, el contrato derivado quedará perfeccionado con la adjudicación de aquél, siendo tan sólo necesaria la aprobación de gasto correspondiente.
d) El plazo máximo de presentación de ofertas en los contratos derivados será de diez días naturales, pudiendo ampliarse o reducirse a la mitad aplicando la tramitación de urgencia, debidamente justificada en el expediente, o bien por acuerdo entre el órgano de contratación del contrato derivado y las empresas adjudicatarias del acuerdo marco o sistema dinámico.
e) No será necesaria la formalización del contrato derivado salvo que los pliegos del acuerdo marco o del sistema dinámico establezcan la necesidad de este trámite u otras previsiones específicas sobre la forma de dejar constancia de la voluntad de las partes.
f) No estarán sometidos a fiscalización previa los contratos derivados de obras, servicios y suministros de valor estimado inferior al umbral previsto para el contrato menor o aquellos cuya adjudicación esté prevista en los pliegos.
2. Corresponderá a los órganos de contratación de los contratos derivados adjudicados en ejecución de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición la responsabilidad de velar por su correcta ejecución, ejerciendo las prerrogativas legalmente previstas y de conformidad con lo establecido en los pliegos.
3. Trimestralmente, se publicará una relación de los contratos derivados del acuerdo marco o del sistema dinámico de adquisición adjudicados por cada órgano de contratación, en la forma que se determine reglamentariamente.
1. Se entiende por contratación centralizada la que realiza un órgano de contratación para otros que comparten necesidades comunes o esencialmente homogéneas, con el fin de obtener mejores condiciones en la adquisición de obras, servicios y suministros, optimizando recursos públicos bajo los principios de eficacia y eficiencia en la gestión e inversión públicas.
Son instrumentos de la contratación centralizada los contratos de compra centralizada y los contratos de adquisición de bienes y servicios homologados.
2. En los contratos de compra centralizada, un órgano de contratación licita para otros, concentrando las obras, servicios o suministros de uso generalizado, común o idéntico, que necesitan diferentes órganos de contratación, con el fin de optimizar recursos y obtener mejores condiciones de adquisición.
3. Son contratos de adquisición de bienes y servicios homologados aquellos que celebra un órgano de contratación a través de un acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición, para seleccionar a una o varias empresas, determinar características y particularidades de las prestaciones y suministros o, en su caso, fijar otras condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos derivados que liciten los diferentes órganos de contratación durante un período determinado.
El establecimiento de las condiciones necesarias para adjudicar los contratos derivados, el control de ejecución, así como la recepción y el pago de bienes y servicios serán efectuados por el órgano de contratación del contrato derivado de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición, según dispongan los respectivos pliegos.
4. La Central General de Compras de Aragón licitará los contratos centralizados y de homologación para todos los órganos y entes de la Administración de la Comunidad Autónoma y del sector público autonómico según se determine reglamentariamente.
5. Las categorías de obras, servicios y suministros susceptibles de centralización y homologación se determinarán por orden de la persona titular del departamento competente en materia de contratación, a propuesta de la Comisión de Contratación Centralizada.
1. La Central General de Compras de Aragón se constituye como el órgano administrativo especializado encargado de la gestión de los procesos de licitación de obras, suministros o servicios de naturaleza transversal y necesaria para el funcionamiento de los servicios públicos que sean declarados objeto de homologación o de adquisición centralizada, destinados a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos públicos, así como el resto de entes del sector público autonómico y local que se adhieran.
2. La Central General de Compras de Aragón tendrá las siguientes funciones:
a) Licitar la adquisición de obras, suministros o servicios declarados objeto de centralización u homologación, mediante cualquiera de las técnicas de racionalización de la contratación.
b) Autorizar, excepcionalmente, la adquisición de servicios y suministros o de obras declarados objeto de homologación o de adquisición centralizada fuera del sistema de contratación centralizada, previa justificación de la causa que lo motiva y de su adecuación a los objetivos de racionalización de la contratación pública.
c) Tramitar los contratos distintos de los previstos en el apartado a) que se le atribuyan.
d) Estudiar, analizar y, en su caso, proponer la implantación de cualesquiera técnicas de racionalización de la contratación que redunden en un uso más eficiente de los recursos públicos.
e) Coordinar la actuación de las centrales sectoriales de compras, a través de instrucciones, directrices y circulares relativas a cualesquiera materias relacionadas con la contratación pública centralizada.
f) Gestionar el Catálogo de Contratación Centralizada y controlar todos los procesos de contratación derivada de contratos de homologación tramitados por la Central que realicen los diferentes órganos de contratación del sector público.
3. La Central General de Compras de Aragón dependerá del departamento competente en materia de contratación pública del Gobierno de Aragón y estará adscrita, orgánica y funcionalmente, a la dirección general competente en materia de contratación. Su estructura y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente.
1. El Gobierno de Aragón podrá crear, a propuesta de los departamentos, centrales sectoriales de compra cuando, por razón de la materia o por causa de la organización territorial, resulte justificado unificar la competencia para contratar en aras de una mayor eficiencia en la gestión y adquisición de determinados bienes o servicios.
2. Su creación y modificación, debidamente motivadas, se efectuarán por decreto del Gobierno de Aragón y requerirán informe preceptivo de la Comisión de Contratación Centralizada, una vez que quede acreditada la disponibilidad de recursos propios personales y materiales adecuados a su naturaleza.
3. Los organismos públicos podrán promover, a través de su departamento de adscripción, la creación de centrales sectoriales de compra por razón de la materia, previa justificación de las circunstancias que motivan su creación, en atención a su respectivo ámbito competencial y las funciones atribuidas, así como de la dotación de recursos propios personales y materiales adecuados para el desarrollo de sus funciones.
4. Las centrales sectoriales de compra autonómicas quedarán adscritas, orgánica y funcionalmente, al departamento que proponga su creación, sin perjuicio de las funciones de coordinación atribuidas a la Central General de Compras de Aragón.
5. Se promoverá la creación de centrales sectoriales en las diputaciones provinciales y las comarcas para la adquisición de determinados bienes o servicios cuando, por razón de la materia o del ámbito territorial, existan intereses locales compartidos, bajo los principios de eficiencia y estabilidad presupuestaria. Su creación y modificación, así como la declaración de prestaciones de interés local, deberán estar debidamente motivadas y requerirán aprobación del pleno de la corporación.
1. Los entes de los sectores públicos autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán adherirse al sistema de contratación centralizada encomendado a la Central General de Compras de Aragón o a las centrales sectoriales que se creen, así como solicitar la declaración de centralización u homologación de nuevas categorías a las mismas conforme se determine reglamentariamente. En ningún caso se podrá estar adherido a varias centrales de compra para la adquisición de los mismos bienes o servicios.
2. Las adhesiones podrán tener carácter general o específico. La adhesión general comprenderá la totalidad de los suministros, servicios y obras cuya contratación resulte necesaria para el ente público. La adhesión de carácter específico se extiende únicamente a determinadas categorías de bienes, servicios y obras conforme a lo previsto en el documento de adhesión.
3. También podrán adherirse al sistema de contratación centralizada otros entes públicos de ámbito estatal, autonómico o local, mediante la suscripción del correspondiente convenio con el Gobierno de Aragón. En este caso, la adhesión requerirá, además, acuerdo del órgano competente de la entidad.
4. Los entes adheridos a la Central General de Compras de Aragón o a las centrales sectoriales mantendrán su compromiso durante la vigencia de los acuerdos marco o los sistemas dinámicos de adquisición a los que se hayan adherido, incluidas las prórrogas, mientras estén en ejecución.
5. Los entes adheridos podrán causar baja en la adhesión, ya sea general o especial, previa comunicación expresa. La baja en la adhesión se hará efectiva en las posteriores licitaciones.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y los restantes entes del sector público autonómico, así como las entidades locales de la Comunidad Autónoma, podrán adherirse a sistemas externos de contratación centralizada de otras administraciones o entes del sector público. Cuando se trate de entes del sector público autonómico, la adhesión se efectuará por acuerdo del Gobierno de Aragón conforme a lo previsto en la normativa aplicable y requerirá, con carácter preceptivo, el informe de la Comisión de Contratación Centralizada.
1. Sin perjuicio de la utilización preferente de las técnicas de racionalización previstas en el artículo 11, así como la adhesión a sistemas de contratación centralizada autonómicos, locales o estatales, los entes del sector público podrán acudir al sistema de contratación conjunta.
2. Se entiende por contratación conjunta el acuerdo entre dos o más entes del sector público, que gozan de plena autonomía e independencia, en virtud del cual se confía a uno de ellos la gestión del procedimiento de contratación de obras, servicios o suministros, o alguna fase del mismo, en nombre del resto, cuando existan intereses o necesidades comunes. En todo caso, la responsabilidad derivada de todas las fases de contratación será conjunta, salvo que el acuerdo prevea expresamente el reparto de aquella.
3. Los órganos de contratación formalizarán un acuerdo de contratación conjunta con el siguiente contenido:
a) Reparto de competencias en la gestión de cada fase del procedimiento de licitación y ejecución del contrato, identificando a la entidad o entidades que asumen las funciones de órgano de contratación; la elaboración de los pliegos en su caso, así como la tramitación del procedimiento hasta la adjudicación y formalización del contrato; la responsabilidad en la ejecución y liquidación del contrato.
b) El procedimiento de contratación elegido.
c) El sistema de seguimiento de cada una de las fases de la licitación y el control de la ejecución de la contratación.
d) La forma de financiación de la licitación conjunta y el sistema de pago al contratista.
e) En su caso, la titularidad de las obras o suministros resultantes.
4. Con el fin de promover la utilización de los acuerdos de contratación conjunta, el departamento competente en materia de contratación pública aprobará modelos de acuerdo, con el contenido mínimo expresado en el apartado tercero de este artículo. La tramitación de los convenios de contratación conjunta gozará de preferencia en su despacho, reduciéndose a la mitad los plazos de evacuación de informes preceptivos.
1. Los entes del sector público autonómico y local promoverán en su contratación, de manera transversal, la adopción de medidas sociales, medioambientales y de innovación. A estos efectos, en los contratos se incorporarán cláusulas de carácter social, ambiental e innovador, de tal forma que permitan a los entes del sector público la consecución de objetivos adicionales a los perseguidos en ausencia de estas cláusulas. No se considerarán estratégicas las cláusulas que se limiten a recordar el cumplimiento de la normativa vigente.
2. Para garantizar la finalidad prevista en el apartado anterior, se mantendrá actualizada la documentación que rija la licitación ante cambios técnicos y normativos, con el fin de mejorar el contenido y la ejecución de los contratos.
El Gobierno de Aragón, a propuesta del departamento competente en materia de contratación pública, y los entes locales, por acuerdo del pleno de la corporación, podrán aprobar directrices en materia de contratación pública ecológica, socialmente responsable y de innovación para su incorporación en los pliegos de contratación. El acuerdo de aprobación señalará el grado de vinculación de las mismas, indicando expresamente los sectores a los que deban resultar de aplicación.
1. La dirección general competente en materia de contratación pública o el órgano que tenga atribuida la competencia en materia de contratación pública en los entes locales elaborarán catálogos de cláusulas sociales, ambientales, innovadoras o acerca de cualquier de otra cuestión que resulte de interés, que incluirán instrucciones para su adecuada incorporación en los pliegos, como guía y apoyo al órgano de contratación.
2. El catálogo de cláusulas de contratación pública ecológica, socialmente responsable o de innovación constará, como mínimo, de un listado que las agrupe por razón de la materia, así como de una propuesta motivada de ubicación más adecuada de cada una de ellas dentro del proceso de contratación, bien sea en el pliego de prescripciones técnicas, bien como criterios de adjudicación, bien como condiciones especiales de ejecución del contrato. También incluirá un mecanismo de control de su aplicación.
3. En la elaboración y revisión de estas cláusulas, podrán recabarse los informes que resulten pertinentes por razón de la materia.
1. El grado de cumplimiento de las directrices y cláusulas de contratación pública ecológica, socialmente responsable y de innovación será evaluado y controlado, finalizada la ejecución del contrato, por el responsable del contrato y deberá constar en el acta de recepción o documento equivalente.
2. Igualmente, procederá el examen del grado de cumplimiento de estas directrices y cláusulas como parte de la información recabada para la elaboración del informe de supervisión a que se refiere el artículo 115 de esta ley.
En este caso, la dirección general competente en materia de contratación pública solicitará informe de los órganos de contratación acerca de las directrices y cláusulas utilizadas durante un período de tiempo determinado y analizará las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón que afecten a esta materia, así como los sistemas de control utilizados y las incidencias surgidas durante la ejecución de los contratos y cualquier otra información de interés.
1. Salvo justificación motivada, en los contratos cuyo objeto requiera evaluación de impacto ambiental ordinaria, el porcentaje de la ponderación asignado a criterios de adjudicación de carácter medioambiental será, al menos, del treinta por ciento. Cuando el objeto del contrato resulte susceptible de someterse a una evaluación de impacto ambiental simplificada, ese porcentaje será, al menos, de un veinte por ciento.
2. En el caso de los contratos que hayan sido objeto de evaluación de impacto ambiental, los criterios de adjudicación medioambientales tomarán en consideración en su diseño las principales afecciones detectadas durante la evaluación.
1. La comparación de la huella de carbono asociada de manera estimada a cada una de las ofertas podrá configurarse como criterio de adjudicación con independencia de la tipología del contrato, considerándose tanto las emisiones directas como las indirectas. Si los pliegos así lo prevén, a efectos del cálculo de la huella de carbono, se admitirá la compensación, en todo o en parte, de las emisiones de efecto invernadero generadas a causa de la ejecución del contrato a través de proyectos de absorción de CO2. En este último caso, se comunicará al órgano de contratación el estado de estos proyectos y, particularmente, una vez transcurridos tres años desde su inicio.
En las licitaciones en las que se contemple este criterio, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán recoger, como condición especial de ejecución, el compromiso vinculante por parte de la empresa adjudicataria de mantener o compensar la huella de carbono vinculada a la oferta.
2. En los contratos del sector público de valor estimado igual o superior a dos millones de euros que utilicen el criterio de adjudicación descrito en el apartado anterior, la empresa adjudicataria deberá someterse, como condición especial de ejecución, a una auditoría con la periodicidad que se señale en los pliegos y, en todo caso, al finalizar el co