Categoría: Judicial

strumento de ratificación, aprobación o adhesi.ón a los Convenios de la Conferencia de La Haya, remitiendo la cuestión a los Estados Signatarios de cada Convenio. En el caso de la supuesta adhesión del territorio de Kosovo al Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (el «Convenio de la Apostilla»), la cuestión aún no se ha comunicado a los Estados Signatarios del mismo. Por consiguiente, en modo alguno han podido éstos adoptar una decisión al respecto. Teniendo todo ello en cuenta, la postura del Reino de España sigue siendo que la recepción del instrumento de adhesión del territorio de Kosovo al Convenio de la Apostilla carece de validez jurídica, porque el Depositario no puede reconocer, ni explícita ni implícitamente, a una entidad la condición de Estado. En suma, el Reino de España solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos que inadmita la petición de adhesión del territorio de Kosovo al Convenio de la Apostilla. El Reino de España desea subrayar la contrariedad provocada por la evidente falta de imparcialidad del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos en una materia que trasciende con mucho sus funciones como Depositario. El Reino de España recuerda su derecho a emprender las acciones legales oportunas, ya que estima que la actuación del Ministerio supone una vulneración del Derecho Internacional, en concreto de la neutralidad exigida al Estado Depositario de cualquier Tratado internacional en el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 76(2) de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. El Reino de España agradecería sobre manera que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos trasladase la presente Nota Verbal a los demás Estados Signatarios del Convenio de la Apostilla, y aprovecha esta oportunidad para renovarle el testimonio de su más alta consideración.»
22-04-2016 DECLARACIÓN SOBRE LA ADHESIÓN DE KOSOVO.
DECLARACIÓN:
«La Embajada de España presenta sus saludos al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos y, en relación con la Nota Verbal MINBUZA-2016.213921, de 14 de abril de 2016 de este último, en respuesta a la Nota Verbal de esta Embajada 25/16, de 1 de abril de 2016, desea formular las siguientes aclaraciones y peticiones:
Como se señaló en las recientes sesiones de la Corte Permanente de Arbitraje, en opinión de España, así como de muchos otros Estados, la cuestión de Palestina y la de Kosovo son diferentes.
La Embajada de España desea recordar al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos que, en la 193.ª sesión del Consejo Administrativo de la Corte Permanente de Arbitraje, celebrada el 4 de enero de 2016, la Presidencia de dicho Consejo, así como la Oficina Permanente de la Conferencia, acordaron someter a revisión el instrumento de adhesión de Palestina y del territorio de Kosovo conforme a la Convención de 1907 para la resolución pacífica de controversias internacionales hasta que los Estados Parte pudieran adoptar una decisión apropiada sobre la cuestión.
La Embajada de España agradece la remisión por escrito de la declaración emitida por el Depositario en el curso de la 194.ª sesión del Consejo Administrativo de la Corte Permanente de Arbitraje y conviene plenamente con el contenido del último párrafo, según el cual «los Países Bajos, en su calidad de Depositario, no manifiesta postura alguna en cuanto a la condición de Estado». Por consiguiente, los Países Bajos tienen razón al afirmar que «corresponde a los Estados Signatarios de la Convención de 1907 decidir sobre cuestiones de condición de Estado, cumplimiento de requisitos y adhesión». Esta es precisamente la razón por la que España ha reiterado ante el Depositario que compete a los Estados Signatarios, y no al Depositario, adoptar una decisión antes de aceptar el instrumento de adhesión de un territorio, especialmente si su condición de Estado resulta controvertida.
En consecuencia, España pone de manifiesto el hecho de que el Consejo de Asuntos Generales y Política de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en su reunión de 15-17 de marzo de 2016 (apartado 4 de las Conclusiones y Recomendaciones) decidió poner en conocimiento de todas las Partes Signatarios del Convenio de que se tratase cualesquiera cuestiones, incluida la consideración o no como Estado, que se suscitasen a raíz del depósito de un instrumento de ratificación, aprobación o adhesión, siempre que el Depositario reciba una objeción de un Estado Contratante, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la doctrina de las Naciones Unidas y la práctica en materia de depósito de otras organizaciones internacionales en situaciones análogas, y a tenor de la decisión previamente adoptada por el Consejo Administrativo de la Corte Permanente de Arbitraje antes mencionado.
En esta misma línea, y en relación con el Convenio de la Apostilla, España ha pedido reiteradamente al Depositario que adopte la misma decisión que la de la Corte Permanente de Arbitraje.
Dado que en la última reunión del Consejo de Asuntos Generales y Política de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado no pudo adoptarse una decisión definitiva sobre el territorio de Kosovo, España solicita que se convoque una reunión de todas las Partes Signatarios antes del 15 de mayo de 2016, fecha en la que expira el plazo para formular objeciones conforme al artículo 12 del Convenio de la Apostilla, a fin de ofrecer a todas ellas la posibilidad de adoptar la pertinente decisión.
De otra forma, y teniendo en cuenta el tiempo limitado de que se dispone y las dificultades que entrañaría convocar una reunión en tan breve plazo, la Embajada de España solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos que suspenda el instrumento de adhesión del territorio de Kosovo al Convenio de la Apostilla hasta que las Partes Signatarios hayan resuelto al respecto.
En caso contrario, a juicio de España, ese Ministerio se estaría extralimitando en el ejercicio de sus funciones técnicas como Depositario y estaría vulnerando las decisiones adoptadas por otras organizaciones internacionales y Estados depositarios para situaciones análogas. Además de la decisión del Consejo Administrativo de la Corte Permanente de Arbitraje, es importante tener en cuenta la adoptada por la Conferencia General de la UNESCO para desestimar la solicitud de admisión del territorio de Kosovo y, más recientemente, la decisión del Comité Ejecutivo de la Organización Internacional de la Viña y el Vino adoptada por consenso el 16 de abril de 2016 en el sentido de posponer el proceso de adhesión del territorio de Kosovo «en espera de una decisión de las Naciones Unidas».
La Embajada de España agradecería en grado sumo que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos pusiera esta Nota Verbal en conocimiento de los demás Estados Signatarios del Convenio de la Apostilla.
La Embajada del Reino de España aprovecha esta oportunidad para expresar al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos el testimonio de su mayor consideración.»
12-05-2016 OBJECIÓN POR PARTE DE ESPAÑA A LA ADHESIÓN DE KOSOVO.
OBJECIÓN:
«El Reino de España, como muchos otros Estados Signatarios, no reconoce la declaración unilateral de independencia del territorio de Kosovo, ni su condición de Estado.
El territorio de Kosovo no cumple los requisitos de Estado establecidos por el Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (el «Convenio de la Apostilla») y, en consecuencia, el depósito de un instrumento de adhesión carece de efectos jurídicos o cualesquiera otros. Por consiguiente, las disposiciones del Convenio de la Apostilla sobre el procedimiento de entrada en vigor no son aplicables y el Reino de España no considera este territorio Parte Signataria del Convenio de la Apostilla.
Teniendo en cuenta todo ello, el Reino de España no se considera vinculado, directa o implícitamente, por el Convenio de la Apostilla en lo que respecta a dicha entidad. Es más, el Reino de España no aceptará bajo circunstancia alguna la validez de los documentos emitidos por dicho territorio, aun cuando hayan sido reconocidos como válidos por otro Estado Signatario del mencionado Convenio.»
PAKISTÁN.
08-07-2022 ADHESIÓN.
09-03-2023 ENTRADA EN VIGOR.
08-07-2022 DECLARACIÓN.
DECLARACIÓN:
«La participación de la República Islámica de Pakistán en el Convenio por el que se suprime la exigencia de legalización de los documentos extranjeros no implicará en modo alguno el reconocimiento de entidades que no reconoce fuera del ámbito de aplicación del presente Convenio y no dará lugar a la celebración de acuerdos con dichas entidades en virtud del Convenio. Por otra parte, el Convenio no será de aplicación a la India y/o a otras entidades no reconocidas por la República Islámica de Pakistán.»
08-07-2022 AUTORIDAD.
Autoridad competente: Director General de Auditoría y Asuntos Consulares, Ministerio de Asuntos Exteriores.
SENEGAL.
13-07-2022 ADHESIÓN.
23-03-2022 ENTRADA EN VIGOR.
13-07-2022 AUTORIDADES.
«[...]a continuación, se indican los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los Senegaleses del Exterior de la República de Senegal habilitados para expedir la Apostilla a que se refiere el primer párrafo del artículo 3.
Son:
– el Director de Asuntos Jurídicos y Consulares;
– el Jefe de la División de la Cancillería;
– el Jefe de la Oficina del Registro Civil.»
PAÍSES BAJOS.
04-10-2022 OBJECIÓN A LA ADHESIÓN DE INDONESIA.
OBJECIÓN:
«El Gobierno del Reino de los Países Bajos tiene el honor de referirse a la declaración efectuada por el Gobierno de la República de Indonesia el 5 de octubre de 2021 en el momento de su adhesión al Convenio por el que se suprime la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros (en adelante, «el Convenio»).
El Gobierno del Reino de los Países Bajos ha examinado la declaración en la que el Gobierno de Indonesia declara que los documentos dimanantes de la Fiscalía General, como órgano de acusación en ese país, no se incluirán en los documentos públicos respecto de los cuales el Convenio ha suprimido el requisito de legalización.
El artículo 1 del Convenio establece que los documentos públicos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a un órgano jurisdiccional del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, se considerarán como documentos públicos. Puesto que la declaración limita el efecto jurídico del artículo 1 del Convenio en relación con los documentos públicos, la declaración efectuada por el Gobierno de la República de Indonesia constituye una reserva.
El Gobierno del Reino de los Países Bajos considera que, a falta de una aclaración más completa, dicha reserva es incompatible con el objeto y fin del Convenio, de conformidad con el Derecho internacional consuetudinario codificado en el apartado c) del artículo 19 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
En consecuencia, el Gobierno del Reino de los Países Bajos objeta a la reserva formulada por el Gobierno de la República de Indonesia.
Dicha objeción no impedirá la entrada en vigor del Convenio entre el Reino de los Países Bajos y la República de Indonesia».
FRANCIA.
05-10-2022 OBJECIÓN A LA ADHESIÓN DE INDONESIA.
OBJECIÓN:
«El Gobierno de la República Francesa ha examinado atentamente la declaración realizada por el Gobierno de la República de Indonesia, con fecha de 5 de octubre de 2021, en el momento de su adhesión al Convenio de 5 de octubre de 1961 por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros (en adelante, «el Convenio»).
La declaración de que el Gobierno de la República de Indonesia está vinculado por las disposiciones del artículo 1 relativas a la definición de los documentos públicos a los efectos del Convenio, siempre que los documentos dimanantes de la Fiscalía en su condición de órgano acusador en la República de Indonesia no se encuentren entre los documentos públicos cuya exigencia de legalización suprime el Convenio, constituye una reserva, pues pretende limitar el efecto jurídico del artículo 1 del Convenio en relación con la República de Indonesia.
Según el segundo párrafo del artículo 1 del Convenio, se consideran públicos los documentos dimanantes de un ministerio público, salvo los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares o los documentos vinculados a documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.
El fiscal es una autoridad o un funcionario que depende de un órgano judicial del Estado; en consecuencia, los documentos que expide en dicha condición se deben considerar documentos públicos a los que se refiere el Convenio en virtud del artículo 1. Toda reserva que excluya dichos documentos de la exención de legalización restringe sustancialmente el ámbito material del Convenio y, por esa razón, no es compatible con el objeto y los fines del Convenio.
En consecuencia, la República Francesa formula una objeción a la reserva realizada por la República de Indonesia. Esta objeción no impide la entrada en vigor del Convenio entre la República Francesa y la República de Indonesia.»
ALEMANIA.
24-10-2022 OBJECIÓN A LA ADHESIÓN DE PAKISTÁN.
OBJECIÓN:
«[…] la República Federal de Alemania formula una objeción a la adhesión de la República Islámica de Pakistán de conformidad con el artículo 12(2) de la Convención.»
REPÚBLICA CHECA.
23-11-2022 OBJECIÓN A LA ADHESIÓN DE PAKISTÁN.
OBJECIÓN:
«La República Checa plantea una objeción a la adhesión de la República Islámica de Pakistán a la Convención […].»
CHINA.
24-11-2022 NOTIFICACIÓN DE AUTORIDADES.
AUTORIDADES:
«La República Popular China modifica las autoridades de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, con competencia para expedir la apostilla mencionada en el primer párrafo del artículo 3 del Convenio, y designa al Secretario Administrativo, el Secretario Judicial del Tribunal Supremo, el Secretario Judicial Superior Adjunto del Tribunal Supremo y el Secretario Judicial Adjunto del Tribunal Supremo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.
La República Popular China modifica las autoridades de la Región Administrativa Especial de Macao, con competencia para expedir la apostilla mencionada en el primer párrafo del artículo 3 del Convenio, y designa al Secretario de Administración y Justicia, y el Director y Vicedirectores del Departamento de Asuntos de Justicia de la Región Administrativa Especial de Macao»
POLONIA.
30-11-2022 OBJECIÓN A LA ADHESIÓN DE PAKISTÁN.
OBJECIÓN:
«De conformidad con el artículo 12, párrafo 2, del Convenio por el que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, la República de Polonia plantea una objeción a la adhesión de la República Islámica de Pakistán al mencionado Convenio.»
FINLANDIA.
12-12-2022 OBJECIÓN A LA ADHESIÓN DE PAKISTÁN.
OBJECIÓN:
«De conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, de este Convenio, Finlandia presenta una Objeción a la adhesión de la República Islámica de Pakistán.»
AUSTRIA.
12-12-2022 OBJECIÓN A LA ADHESIÓN DE PAKISTÁN.
OBJECIÓN:
«La República de Austria plantea una objeción a la adhesión de la República Islámica de Pakistán con referencia al Artículo 12, párrafo 2 del Convenio.»
PAÍSES BAJOS.
15-12-2022 OBJECIÓN A LA ADHESIÓN DE PAKISTÁN.
OBJECIÓN:
«De conformidad con el artículo 12, párrafo segundo, del Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, el Reino de los Países Bajos (Países Bajos, Aruba, Curazao e Isla de San Martín) por la presente formula una objeción a la adhesión de la República Islámica de Pakistán al mencionado Convenio.»
DINAMARCA.
02-01-2023 OBJECIÓN A LA ADHESIÓN DE PAKISTÁN.
OBJECIÓN:
«De conformidad con el Artículo 12(2) del Convenio mencionado, el Reino de Dinamarca plantea una objeción a la adhesión de la República Islámica de Pakistán al Convenio.»
– NITI 19930529200.
CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL.
La Haya, 29-05-1993. BOE: 01-08-1995, N.º 182.
AUSTRALIA.
14-11-2022 DECLARACIÓN DE AUTORIDADES.
«Autoridad central de conformidad con el artículo 6 y Autoridad competente de conformidad con el artículo 23 para el Estado de Tasmania (modificación):
Gerente estatal, Servicios de cuidado, adopción y permanencia fuera del hogar, Departamento de Educación, Infancia y Juventud»
– NITI 20011116200.
CONVENIO RELATIVO A GARANTÍAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL.
Ciudad del Cabo, 16 de noviembre de 2001. BOE: 04-10-2013, n.º 238; 21-02-2015, n.º 45; 31-07-2015, n.º 182.
NÍGER.
17-11-2022 ADHESIÓN.
01-03-2023 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración:
DECLARACIÓN:
«Declaración obligatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 54.2:
La República de Níger declara que todo recurso de que disponga el acreedor de conformidad con cualquiera de las disposiciones del presente Convenio, y cuyo ejercicio no esté subordinado en virtud de dichas disposiciones a una petición al tribunal, podrá ejercerse sin autorización del tribunal u otra acción judicial.»
– NITI 20011116201.
PROTOCOLO SOBRE CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LOS ELEMENTOS DE EQUIPO AERONÁUTICO, DEL CONVENIO RELATIVO A GARANTÍAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL.
Ciudad del Cabo, 16 de noviembre de 2001. BOE: 01-02-2016, n.º 27.
NÍGER.
17-11-2022 ADHESIÓN.
01-03-2023 ENTRADA EN VIGOR.
E.D Derecho Penal y Procesal.
– NITI 19580610200.
CONVENCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS.
Nueva York, 10 de junio de 1958. BOE: 11-07-1977, N.º 164 y 17-10-1986, N.º 249.
SURINAM.
10-11-2022 ADHESIÓN.
08-02-2023 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración:
DECLARACIÓN:
«[Surinam declara que]... sobre la base de la reciprocidad... solo aplicará la Convención al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado Contratante. [También declara] que solo aplicará la Convención a los litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas comerciales por el Derecho interno [de Surinam]».
– NITI 19701216200.
CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DEL APODERAMIENTO ILÍCITO DE AERONAVES.
La Haya, 16 de diciembre de 1970. BOE: 15-01-1973, N.º 13.
UCRANIA.
20-12-2022 RETIRADA DE RESERVA HECHA AL ARTÍCULO 12 PÁRRAFO PRIMERO EN LA FIRMA DEL CONVENIO.
– NITI 19710923200.
CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL.
Montreal, 23 de septiembre de 1971. BOE: 10-01-1974 N.º 9.
UCRANIA.
20-12-2022 RETIRADA DE RESERVA HECHA AL ARTÍCULO 14 PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO EN LA FIRMA DEL CONVENIO.
– NITI 19770127200.
CONVENIO EUROPEO PARA LA REPRESIÓN DEL TERRORISMO.
Estrasburgo, 27 de enero de 1977. BOE: 08-10-1980, N.º 242 y 31-08-1982.
ANDORRA.
18-10-2022 RATIFICACIÓN.
19-01-2023 ENTRADA EN VIGOR.
– NITI 19990127200.
CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN.
Estrasburgo, 27 de enero de 1999. BOE: 28-07-2010 N.º 182.
ITALIA.
09-09-2022 NOTIFICACIÓN DE RENOVACIÓN DE UNA RESERVA DURANTE TRES AÑOS CON EFECTOS DESDE EL 01-10-2022.
RESERVA:
«De conformidad con el apartado 2 del artículo 38 del Convenio, Italia declara que renueva la reserva efectuada en virtud del artículo 37 del Convenio, que debería expirar el 1 de octubre de 2022, por un periodo adicional de tres años:
Nota de la Secretaría General del Consejo de Europa: La reserva dice lo siguiente:
«De conformidad con las disposiciones del apartado 1 del artículo 37 del Convenio, Italia declara que se reserva el derecho a no tipificar como delito los delitos de corrupción pasiva de agentes públicos extranjeros y de miembros de asambleas públicas extranjeras a que se refieren los artículos 5 y 6 del Convenio, excepto cuando se trate de personas pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea; de delitos cometidos, incluso parcialmente, en Italia, según el artículo 6 del Código Penal; de delitos cometidos por agentes públicos al servicio del Estado italiano, abusando de su autoridad o infringiendo los deberes inherentes a sus funciones (artículo 7 del Código Penal)».»
REINO UNIDO.
30-09-2022 NOTIFICACIÓN DE RENOVACIÓN DE RESERVAS DURANTE TRES AÑOS CON EFECTOS DESDE EL 01-04-2022.
RESERVA:
«De conformidad con el apartado 2 del artículo 38 del Convenio, el Reino Unido declara que renueva en su totalidad las reservas efectuadas en virtud de su artículo 37, por el periodo adicional de tres años previsto en el apartado 1 de su artículo 38:
Nota de la Secretaría General del Consejo de Europa: Las reservas dicen lo siguiente:
«El artículo 109 de la Ley 2001 sobre la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y la seguridad (así como el artículo 69 de la Ley 2003 sobre la Jurisdicción Penal [Escocia]) extiende la competencia normal de los tribunales del Reino Unido a todo delito de corrupción de derecho común o previsto en la Ley de 1989 sobre las prácticas de corrupción de los organismos públicos o en la Ley de 1906 sobre la Prevención de la Corrupción («la Ley de 1906»), para cubrir los delitos de los ciudadanos del Reino Unido cometidos fuera del territorio del Reino Unido. El Reino Unido aplica, pues, la regla de competencia establecida en el apartado 1 (b) del artículo 17, con la salvedad de que la jurisdicción del Reino Unido está limitada a los ciudadanos del Reino Unido, y, en consecuencia, no se extiende a los funcionarios o a los miembros de las asambleas públicas nacionales excepto en el caso de que sean ciudadanos del Reino Unido. El Reino Unido formula, en consecuencia, una declaración en virtud del apartado 2 del artículo 17 en el sentido de que se reserva el derecho a aplicar la regla de competencia establecida en el apartado 1.b únicamente cuando el autor del delito sea un ciudadano del Reino Unido. Además, el Reino Unido formula una declaración en virtud del apartado 2 del artículo 17, reservándose el derecho de no aplicar en absoluto la regla de competencia establecida en el apartado 1.c. Dado que el Reino Unido no pone obstáculos a la extradición de los ciudadanos del Reino Unido, el Reino Unido no tiene necesidad de modificar la ley para satisfacer las condiciones del apartado 3 del artículo 17.
Los actos contemplados por el artículo 12 están cubiertos por el derecho del Reino Unido en la medida en que exista una relación de representación (an agency relationship) entre la persona que ejerce su influencia y la persona objeto de la misma. Sin embargo, en ningún caso los actos a que se refiere el artículo 12 son delictivos según la ley del Reino Unido. En consecuencia, conforme al apartado 1 del artículo 37, el Reino Unido se reserva el derecho de no tipificar como delito todos los actos a que se refiere el artículo 12.»
– NITI 20001115200.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.
Nueva York, 15 de noviembre de 2000. BOE: 29-09-2003, N.º 233.
UNIÓN EUROPEA.
05-10-2022 NOTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN.
DECLARACIÓN:
«Declaración sobre la modificación de las competencias de la Unión Europea con respecto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos(2)tras el Tratado de Lisboa.
La presente declaración se refiere a la modificación de las competencias de la Unión Europea («UE» o «Unión») con respecto de las cuestiones regidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional («UNTOC», por sus siglas en inglés) y sus Protocolos desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa(3).
«Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las facultades de la Unión Europea, que sucedió a la Comunidad Europea, han cambiado. Dicho cambio genera la obligación jurídica de informar al depositario de las nuevas competencias de la CE (ahora UE) y especificar su ámbito y alcance, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 36 del UNTOC, el párrafo 3 del artículo 21 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, y el párrafo 3 del artículo 16 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. La información siguiente complementa la incluida en la notificación de 8 de marzo de 2010 remitida al Secretario General de las Naciones Unidas, en su condición de depositario de las convenciones de la ONU(4).
Concretamente, la UNTOC y sus Protocolos son acuerdos de competencia mixta. Contienen disposiciones que recaen tanto en el ámbito de competencia exclusiva de la UE como en el de competencia mixta conjunta con sus Estados miembros.
La UE adquirió nuevas competencias en virtud del Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 82 y 83 del TFUE). Dichas nuevas competencias abarcan aspectos importantes de cooperación judicial en materia penal (incluido el reconocimiento mutuo entre todos los Estados miembros de la Unión de las sentencias y resoluciones judiciales) y la cooperación policial (apartados 2 y 3 del artículo 87 y artículo 89 del TFUE). En lo que respecta al Derecho Penal sustantivo, las competencias en virtud del apartado 1 del artículo 83 del TFUE abarcan delitos especialmente graves con dimensiones transfronterizas, entre otros, el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada. La UE ha ejercido sus competencias legislando en la mayor parte de estos ámbitos normativos, pero también en otros que son pertinentes para el Convenio y sus Protocolos, entre otros, en relación con el tráfico ilícito de migrantes, los delitos medioambientales y la congelación y confiscación de activos. Además, la UE ha establecido organismos responsables de la investigación y procesamiento de delitos contra los intereses financieros de la Unión.
La Unión señala que también tiene competencia para combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros (artículo 325 del TFUE y, en materia penal, el apartado 2 del artículo 83 del TFUE), incluidas las cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción, Ha ejercido sus competencias en este ámbito, particularmente, mediante la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, y la adopción de unas normas detalladas sobre aspectos de la lucha contra las actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión.
La Unión también ha adquirido la competencia para establecer la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) (artículo 86 del TFUE). Creada mediante el Reglamento (UE) 2017/1939(5), la Fiscalía Europea tiene competencia para investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos contra los intereses financieros de la Unión, en particular, el blanqueo de capitales relacionado con bienes procedentes de dichos delitos, el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, la corrupción que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión y la apropiación ilícita que perjudique dichos intereses(6). La Fiscalía Europea también tiene competencia sobre los delitos de delincuencia organizada, definida en la Decisión Marco 2008/841/JAI(7), e incorporada al Derecho nacional, si el objetivo de dicha actividad delictiva es la comisión de alguno de los delitos anteriores que afectan a los intereses financieros de la Unión.
En los ámbitos antes mencionados, únicamente la Unión podrá celebrar acuerdos internacionales con otros países u organizaciones internacionales competentes si dichos compromisos afectan a las normas comunes o alteran su alcance.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, la Unión Europea tiene competencia para realizar actividades y gestionar una política común. Esto incluye el apoyo a los países socios en la ratificación y ejecución de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y la aplicación de disposiciones para combatir los delitos transfronterizos en acuerdos con países socios. El ejercicio de esta competencia no impedirá que los Estados miembros ejerzan las suyas. La política de cooperación al desarrollo de la Unión y de los Estados miembros se complementan y refuerzan mutuamente».
– NITI 20001115201.
PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLETA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.
Nueva York, 15 de noviembre de 2000. BOE: 11-12-2003, N.º 296.
ANDORRA.
21-09-2022 ADHESIÓN.
21-10-2022 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración:
DECLARACIÓN:
«El Principado de Andorra considera que toda controversia [relativa a la aplicación del Protocolo] se podrá someter al arbitraje de la Corte Internacional de Justicia únicamente con el consentimiento de todas las partes en la controversia.»
UNIÓN EUROPEA.
05-10-2022 NOTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN.
DECLARACIÓN:
«Declaración sobre la modificación de las competencias de la Unión Europea con respecto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos(8)tras el Tratado de Lisboa.
La presente declaración se refiere a la modificación de las competencias de la Unión Europea («UE» o «Unión») con respecto de las cuestiones regidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional («UNTOC», por sus siglas en inglés) y sus Protocolos desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa(9).
«Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las facultades de la Unión Europea, que sucedió a la Comunidad Europea, han cambiado. Dicho cambio genera la obligación jurídica de informar al depositario de las nuevas competencias de la CE (ahora UE) y especificar su ámbito y alcance, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 36 del UNTOC, el párrafo 3 del artículo 21 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, y el párrafo 3 del artículo 16 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. La información siguiente complementa la incluida en la notificación de 8 de marzo de 2010 remitida al Secretario General de las Naciones Unidas, en su condición de depositario de las convenciones de la ONU(10).
Concretamente, la UNTOC y sus Protocolos son acuerdos de competencia mixta. Contienen disposiciones que recaen tanto en el ámbito de competencia exclusiva de la UE como en el de competencia mixta conjunta con sus Estados miembros.
La UE adquirió nuevas competencias en virtud del Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 82 y 83 del TFUE). Dichas nuevas competencias abarcan aspectos importantes de cooperación judicial en materia penal (incluido el reconocimiento mutuo entre todos los Estados miembros de la Unión de las sentencias y resoluciones judiciales) y la cooperación policial (apartados 2 y 3 del artículo 87 y artículo 89 del TFUE). En lo que respecta al Derecho Penal sustantivo, las competencias en virtud del apartado 1 del artículo 83 del TFUE abarcan delitos especialmente graves con dimensiones transfronterizas, entre otros, el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada. La UE ha ejercido sus competencias legislando en la mayor parte de estos ámbitos normativos, pero también en otros que son pertinentes para el Convenio y sus Protocolos, entre otros, en relación con el tráfico ilícito de migrantes, los delitos medioambientales y la congelación y confiscación de activos. Además, la UE ha establecido organismos responsables de la investigación y procesamiento de delitos contra los intereses financieros de la Unión.
La Unión señala que también tiene competencia para combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros (artículo 325 del TFUE y, en materia penal, el apartado 2 del artículo 83 del TFUE), incluidas las cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción, Ha ejercido sus competencias en este ámbito, particularmente, mediante la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, y la adopción de unas normas detalladas sobre aspectos de la lucha contra las actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión.
La Unión también ha adquirido la competencia para establecer la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) (artículo 86 del TFUE). Creada mediante el Reglamento (UE) 2017/1939(11), la Fiscalía Europea tiene competencia para investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos contra los intereses financieros de la Unión, en particular, el blanqueo de capitales relacionado con bienes procedentes de dichos delitos, el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, la corrupción que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión y la apropiación ilícita que perjudique dichos intereses(12). La Fiscalía Europea también tiene competencia sobre los delitos de delincuencia organizada, definida en la Decisión Marco 2008/841/JAI(13), e incorporada al Derecho nacional, si el objetivo de dicha actividad delictiva es la comisión de alguno de los delitos anteriores que afectan a los intereses financieros de la Unión.
En los ámbitos antes mencionados, únicamente la Unión podrá celebrar acuerdos internacionales con otros países u organizaciones internacionales competentes si dichos compromisos afectan a las normas comunes o alteran su alcance.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, la Unión Europea tiene competencia para realizar actividades y gestionar una política común. Esto incluye el apoyo a los países socios en la ratificación y ejecución de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y la aplicación de disposiciones para combatir los delitos transfronterizos en acuerdos con países socios. El ejercicio de esta competencia no impedirá que los Estados miembros ejerzan las suyas. La política de cooperación al desarrollo de la Unión y de los Estados miembros se complementan y refuerzan mutuamente».
PAKISTÁN.
04-11-2022 ADHESIÓN.
04-12-2022 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente reserva:
RESERVA:
«1. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 15, el Gobierno de la República Islámica de Pakistán declara que no se considera vinculado por el párrafo 2 de dicho artículo.
2. El Gobierno de la República Islámica de Pakistán declara, por la presente que nada de lo dispuesto en el Protocolo se entenderá como una imposición a su país de la obligación de admitir o retener en sus fronteras a personas a las que Pakistán no tendría obligación de admitir o retener en otras circunstancias».
– NITI 20001115202.
PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.
Nueva York, 15 de noviembre de 2000. BOE: 10-12-2003, N.º 295.
UNIÓN EUROPEA.
05-10-2022 NOTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN.
DECLARACIÓN:
«Declaración sobre la modificación de las competencias de la Unión Europea con respecto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos(14)tras el Tratado de Lisboa.
La presente declaración se refiere a la modificación de las competencias de la Unión Europea («UE» o «Unión») con respecto de las cuestiones regidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional («UNTOC», por sus siglas en inglés) y sus Protocolos desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa(15).
«Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las facultades de la Unión Europea, que sucedió a la Comunidad Europea, han cambiado. Dicho cambio genera la obligación jurídica de informar al depositario de las nuevas competencias de la CE (ahora UE) y especificar su ámbito y alcance, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 36 del UNTOC, el párrafo 3 del artículo 21 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, y el párrafo 3 del artículo 16 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. La información siguiente complementa la incluida en la notificación de 8 de marzo de 2010 remitida al Secretario General de las Naciones Unidas, en su condición de depositario de las convenciones de la ONU(16).
Concretamente, la UNTOC y sus Protocolos son acuerdos de competencia mixta. Contienen disposiciones que recaen tanto en el ámbito de competencia exclusiva de la UE como en el de competencia mixta conjunta con sus Estados miembros.
La UE adquirió nuevas competencias en virtud del Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 82 y 83 del TFUE). Dichas nuevas competencias abarcan aspectos importantes de cooperación judicial en materia penal (incluido el reconocimiento mutuo entre todos los Estados miembros de la Unión de las sentencias y resoluciones judiciales) y la cooperación policial (apartados 2 y 3 del artículo 87 y artículo 89 del TFUE). En lo que respecta al Derecho Penal sustantivo, las competencias en virtud del apartado 1 del artículo 83 del TFUE abarcan delitos especialmente graves con dimensiones transfronterizas, entre otros, el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada. La UE ha ejercido sus competencias legislando en la mayor parte de estos ámbitos normativos, pero también en otros que son pertinentes para el Convenio y sus Protocolos, entre otros, en relación con el tráfico ilícito de migrantes, los delitos medioambientales y la congelación y confiscación de activos. Además, la UE ha establecido organismos responsables de la investigación y procesamiento de delitos contra los intereses financieros de la Unión.
La Unión señala que también tiene competencia para combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros (artículo 325 del TFUE y, en materia penal, el apartado 2 del artículo 83 del TFUE), incluidas las cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción, Ha ejercido sus competencias en este ámbito, particularmente, mediante la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, y la adopción de unas normas detalladas sobre aspectos de la lucha contra las actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión.
La Unión también ha adquirido la competencia para establecer la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) (artículo 86 del TFUE). Creada mediante el Reglamento (UE) 2017/1939(17), la Fiscalía Europea tiene competencia para investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos contra los intereses financieros de la Unión, en particular, el blanqueo de capitales relacionado con bienes procedentes de dichos delitos, el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, la corrupción que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión y la apropiación ilícita que perjudique dichos intereses(18). La Fiscalía Europea también tiene competencia sobre los delitos de delincuencia organizada, definida en la Decisión Marco 2008/841/JAI(19), e incorporada al Derecho nacional, si el objetivo de dicha actividad delictiva es la comisión de alguno de los delitos anteriores que afectan a los intereses financieros de la Unión.
En los ámbitos antes mencionados, únicamente la Unión podrá celebrar acuerdos internacionales con otros países u organizaciones internacionales competentes si dichos compromisos afectan a las normas comunes o alteran su alcance.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, la Unión Europea tiene competencia para realizar actividades y gestionar una política común. Esto incluye el apoyo a los países socios en la ratificación y ejecución de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y la aplicación de disposiciones para combatir los delitos transfronterizos en acuerdos con países socios. El ejercicio de esta competencia no impedirá que los Estados miembros ejerzan las suyas. La política de cooperación al desarrollo de la Unión y de los Estados miembros se complementan y refuerzan mutuamente».
– NITI 20011123200.
CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA.
Budapest, 23 de noviembre de 2001. BOE: 17-09-2010, N.º 216 y 14-10-2010, N.º 249 (c.e.).
BRASIL.
30-11-2022 ADHESIÓN.
01-03-2023 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones:
DECLARACIONES:
«De conformidad con el apartado 7.a del artículo 24 y con el apartado 2.c del artículo 27, del Convenio, la República Federativa de Brasil declara que la autoridad responsable del envío de las solicitudes de extradición y de detención provisional, y para el ejercicio de las funciones de autoridad central competente es:
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Judicial Internacional.
Esplanada dos Ministérios.
Bloco T, Ed. Sede, Sala 414.
Brasilia-DF 70064-900.
De conformidad con el artículo 35 del Convenio, la República Federativa de Brasil declara que la Policía Federal desempeñará la función de punto de contacto de la red 24/7.
De conformidad con el artículo 40 del Convenio, la República Federativa de Brasil declara que no se ha decidido presentar ninguna declaración en el proceso legislativo de aprobación.»
– NITI 20031031200.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.
Nueva York, 31 de octubre de 2003. BOE: 19-07-2006, N.º 171.
UNIÓN EUROPEA.
05-10-2022 NOTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN.
DECLARACIÓN:
«Declaración sobre la modificación de la competencia de la Unión Europea con respecto de las cuestiones regidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción («UNCAC», por sus siglas en inglés) tras el Tratado de Lisboa.
La presente declaración se refiere a las modificaciones de la competencia de la Unión Europea con respecto de las cuestiones regidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las facultades de la Unión Europea, que sucedió a la Comunidad Europea(20), han cambiado. La siguiente información complementa la incluida en la notificación de 8 de marzo de 2010.
La UE adquirió nuevas competencias en materia de derecho penal en virtud del Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 82 y 83 del TFUE). La UE ha ejercido dichas competencias legislando en varios ámbitos normativos pertinentes para la Convención (p. ej., el blanqueo de capitales, la integridad de los mercados financieros, la congelación, gestión y confiscación de activos vinculados a la corrupción, la lucha contra la corrupción en el sector privado por medio del derecho penal, la lucha contra delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, la prevención de la corrupción que implique a funcionarios de la Unión Europea o de sus Estados miembros, y la protección de los denunciantes («informadores»).
La Unión señala que también tiene competencia para combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión (artículo 325 del TFUE), incluidas las cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción, Ha ejercido sus competencias en este ámbito, particularmente, mediante la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, y la adopción de unas normas detalladas sobre aspectos de la lucha contra las actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión.
La Unión también ha adquirido la competencia para establecer la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) (artículo 86 del TFUE). Creada mediante el Reglamento (UE) 2017/1939(21), la Fiscalía Europea tiene competencia para investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión. Conforme al Reglamento, esto incluye el blanqueo de capitales relacionado con propiedad derivada de dichos delitos, la corrupción que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión y la apropiación ilícita que perjudique dichos intereses(22). En los ámbitos antes mencionados, únicamente la Unión podrá celebrar acuerdos internacionales con otros países u organizaciones internacionales competentes si dichos compromisos afectan a las normas comunes o alteran su alcance.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, la Unión Europea tiene competencia para realizar actividades y gestionar una política común. Esto incluye el apoyo a los países socios en la ratificación y ejecución de la Convención de las Naciones Unidas contra corrupción y la aplicación de disposiciones para combatir los delitos transfronterizos en acuerdos con países socios. El ejercicio de esta competencia no impedirá que los Estados miembros ejerzan las suyas. La política de cooperación al desarrollo de la Unión y de los Estados miembros se complementan y refuerzan mutuamente».
BUTÁN.
27-10-2022 DENUNCIA.
27-10-2023 EFECTOS.
– NITI 20050413200.
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR.
Nueva York, 13 de abril de 2005. BOE: 19-06-2007, N.º 146.
OMÁN.
21-10-2022 ADHESIÓN.
20-11-2022 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente reserva:
RESERVA:
«…con una reserva al artículo 23 (1) ».
– NITI 20050516201.
CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PREVENCIÓN DEL TERRORISMO.
Varsovia, 16 de mayo de 2005. BOE: 16-10-2009, N.º 250.
SUECIA.
16-09-2022 NOTIFICACIÓN DE RENOVACIÓN DE UNA RESERVA CON EFECTOS DURANTE TRES AÑOS DESDE EL 01-12-2022.
RENOVACIÓN:
«Por la presente y de conformidad con el apartado 5 del artículo 20 del Convenio, se renueva la reserva incluida en el instrumento de ratificación depositado por Suecia el 30 de agosto de 2010.
Suecia desea mantener la reserva en su totalidad, puesto que las razones que la motivaron siguen siendo válidas.
_____
Nota de la Secretaría General del Consejo de Europa: La reserva dice lo siguiente:
«Con respecto a otros Estados que no sean los Estados miembros de la Unión Europea, Noruega e Islandia, Suecia se reserva el derecho a alegar, como motivo para denegar una solicitud de extradición, que el delito contemplado en la solicitud atañe a un delito de naturaleza política, un delito conexo a un delito político, o un delito inspirado por consideraciones políticas (artículo 20, apartados 1 y 2).»
– NITI 20050516202.
CONVENIO RELATIVO AL BLANQUEO, SEGUIMIENTO, EMBARGO Y COMISO DE LOS PRODUCTOS DEL DELITO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Varsovia, 16 de mayo de 2005. BOE: 26-06-2010, N.º 155.
MARRUECOS.
25-11-2022 NOTIFICACIÓN DE UNA DECLARACIÓN CON EFECTOS DESDE EL 23-11-2022.
DECLARACIÓN:
«De conformidad con el artículo 33 del Convenio, el Reino de Marruecos ha designado a la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) del Ministerio de Hacienda como autoridad central encargada de la cooperación en el sector financiero.
A estos efectos, procede destacar que cualquier intercambio en virtud de esta designación se realizará con arreglo a las funciones de la ANRF y seguirá siendo un intercambio de información financiera relativa a la financiación del terrorismo y a las operaciones de blanqueo de capitales o a los delitos subyacentes relacionados con los mismos, con autoridades extranjeras dotadas de competencias similares, en este caso, las Unidades de Inteligencia Financiera.»
– NITI 20110511200.
CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.
Estambul, 11 de mayo de 2011. BOE: N.º 137 de 06-06-2014.
SUIZA.
18-11-2022 NOTIFICACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE RESERVAS CON EFECTOS DESDE EL 01-04-2023 POR UN PERIODO DE 5 AÑOS.
RENOVACIÓN DE RESERVAS:
«En aplicación del apartado 2 del artículo 79 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, Suiza declara que mantiene íntegramente sus reservas.
Los motivos de las reservas formuladas por Suiza se especifican en el Mensaje del Consejo Federal relativo a la aprobación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Feuille fédérale 2017 163, p. 222s, 232ss, 239ss; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/76/fr) y se resumen también en el primer informe estatal de Suiza, de 18 de junio de 2021, relativo a la aplicación del Convenio (p. 86, 93, 95). Los motivos por los que se realizaron las reservas no han cambiado desde la ratificación del Convenio el 14 de diciembre de 2017.
Nota de la Secretaría General del Consejo de Europa: Las reservas realizadas en el momento de la ratificación son las siguientes:
«Con arreglo al apartado 2 del artículo 78 del Convenio, Suiza se reserva el derecho de:
– no aplicar el apartado 1.e del artículo 44;
– no aplicar el apartado 3 del artículo 44, en relación con la violencia sexual contra adultos (artículo 36 del Convenio) y el aborto y la esterilización forzosos (artículo 39 del Convenio);
– no aplicar, o aplicar únicamente en casos o condiciones específicos, las disposiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 55 en lo que respecta a las infracciones de menor importancia (artículo 35 del Convenio);
– no aplicar, o aplicar únicamente en casos o condiciones específicos, las disposiciones establecidas en el artículo 59.»
FB. Específicos.
– NITI 19470711200
CONVENIO N.º 81 DE LA OIT, RELATIVO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO.
Ginebra, 11 de