Categoría: Administración

rencia, el coste de las acciones formativas subvencionadas.
2. Las ayudas previstas en esta orden ministerial son incompatibles con la percepción de otras ayudas, que cubran el mismo coste, procedentes de otros programas e instrumentos de la Unión Europea, en aplicación del artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y del artículo 191 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
1. El período de ejecución de cada acción formativa subvencionada se determinará en la resolución de concesión y, en todo caso, finalizará antes del 30 de junio de 2025.
2. Las inversiones y gastos efectuados por la entidad beneficiaria podrán realizarse durante todo el periodo de ejecución para el que se conceda la ayuda, con las particularidades que establezcan, en su caso, la correspondiente convocatoria y la resolución de concesión.
3. Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de ejecución, y cuyo abono sea efectivo durante dicho periodo o el de justificación posterior.
1. Los beneficiarios habrán de desarrollar acciones formativas de calidad orientadas a adquirir y mejorar las competencias profesionales relacionadas con la capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad, así como la logística, la operación y el mantenimiento de las infraestructuras vinculadas.
2. Las acciones formativas solicitadas deberán adaptarse a los contenidos formativos recogidos en el anexo I de esta orden ministerial y/o presentar un documento acreditativo de alguna autoridad, asociación empresarial, organismo público empresarial, o empresa avalando los contenidos formativos, de manera que reconozca que dichos contenidos son adecuados para su desarrollo en materia de digitalización y sostenibilidad, en el ámbito del transporte y la movilidad, así como la logística, la operación y el mantenimiento de las infraestructuras vinculadas.
3. Los contenidos formativos recogidos en el anexo I de la presente orden ministerial podrán actualizarse y/o ampliarse en la correspondiente convocatoria.
4. Las acciones formativas solicitadas podrán enmarcarse en las enseñanzas de formación permanente descritas en el artículo 37 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, pudiendo requerir o no titulación universitaria previa en función de su naturaleza.
5. Todas las acciones formativas programadas contarán con un mínimo de 15 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos), siendo el número de horas mínimas por crédito de 25 horas y el número máximo de 30, según lo recogido en el artículo 4.5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
6. En la asignación de créditos a cada una de las materias que configuren la acción formativa se computará el número de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los participantes de la acción formativa, de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes. En esta asignación, las horas lectivas deberán alcanzar al menos un tercio del total de horas del curso.
7. Las acciones formativas podrán impartirse en modalidad presencial, a distancia, o mixta.
8. Se considerará como metodología aceptable para la formación a distancia los sistemas de aprendizaje basados en el modelo de formación síncrona (Aula Virtual).
A tal efecto, se considera aula virtual al entorno de aprendizaje donde el tutor-formador y alumnado interactúan, de forma concurrente y en tiempo real, a través de un sistema de comunicación telemático de carácter síncrono que permita llevar a cabo un proceso de intercambio de conocimientos, a fin de posibilitar un aprendizaje de las personas que participan en el aula. La impartición de la formación mediante aula virtual se ha de estructurar y organizar de forma que se garantice en todo momento que exista conectividad sincronizada entre las personas formadoras y el alumnado participante, así como bidireccionalidad en las comunicaciones.
Cuando la formación se desarrolle mediante aula virtual, ésta deberá contar con un registro de conexiones generado por la aplicación del aula virtual en el que se identifique, para cada acción formativa desarrollada a través de este medio, las personas participantes en el aula, así como sus fechas y tiempos de conexión. Cuando ello no sea posible, la participación se podrá constatar mediante declaración responsable de la persona participante. Esta declaración solamente se podrá utilizar en casos puntuales de problemas técnicos, debidamente acreditados y que, en todo caso, deberán ser limitados en el tiempo.
9. Se considerará modalidad mixta aquella metodología que combine las herramientas de aprendizaje de las otras dos modalidades.
10. La modalidad mixta también podrá llevarse a cabo utilizando un sistema de impartición bimodal que permita al docente impartir la formación de forma presencial a una parte de los asistentes, mientras que otra la realiza de forma virtual; de tal manera que una parte de ellos puedan estar en un aula y, simultáneamente, otra parte de los asistentes pueda participar en la formación en ubicaciones distintas, de forma compartida, mediante aula virtual.
11. El número de horas lectivas semanales por participante no podrá ser superior a cuarenta horas, con un límite diario de ocho horas, independientemente del tipo de modalidad de formación.
12. Las acciones formativas podrán componerse de una o varias ediciones. Asimismo, en cada una de las ediciones de las acciones formativas que se impartan se podrá establecer uno o más grupos de participantes, disponiendo cada grupo, como máximo, de una ratio de 50 participantes por profesor.
13. Deberá entregarse a cada participante que haya completado la formación con éxito un diploma acreditativo o título propio, en el que como mínimo se hará constar la siguiente información:
a) Referencia oficial del certificado que demuestre que la acción formativa se ha completado.
b) Denominación de la acción formativa.
c) Número de créditos ECTS.
d) Objetivos.
e) Resultados de aprendizaje.
f) Modalidad de impartición, duración y período de impartición de la acción.
1. Los participantes de las acciones formativas subvencionadas deberán ser ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza, así como sus familiares recogidos en el artículo 2 y 2 bis del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, o tener autorización para permanecer o residir en territorio español.
2. No podrá limitarse el acceso a las acciones formativas únicamente a personal que forme parte de una empresa determinada, debiéndose garantizar el libre acceso a cualquier persona que cumpla el perfil establecido por la entidad de formación.
3. La selección de las personas participantes será realizada por la entidad beneficiaria que será la responsable de comprobar que los participantes disponen de los requisitos de acceso para realizar la acción formativa en función de los requerimientos de la misma.
Las acciones formativas que se financien al amparo de esta orden ministerial se podrán ejecutar desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la subvención a los beneficiarios hasta el 30 de junio de 2025, según el periodo de impartición que se determine en la resolución de concesión, de acuerdo con la propuesta realizada por el beneficiario en la solicitud de la subvención.
1. El procedimiento de concesión se tramitará, de conformidad con los artículos 22.1 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en régimen de concurrencia competitiva, y se iniciará de oficio mediante convocatoria pública.
2. El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con las características que establece esta orden ministerial.
3. La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es la Secretaría General de Transportes y Movilidad.
2. El órgano competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en esta orden ministerial es la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana u órgano en quien delegue conforme a la Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, o la norma que la sustituya, en su caso.
3. El órgano responsable del seguimiento de las actuaciones subvencionadas es la Secretaría General de Transportes y Movilidad.
4. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a las acciones formativas que concurran a este apoyo financiero, serán presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, la lengua de los procedimientos tramitados será el castellano, conforme a lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a la sede electrónica del ministerio, donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
3. La práctica de notificaciones electrónicas se ajustará a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se declara la aplicación de la tramitación de urgencia y el despacho prioritario, en los términos previstos en los artículos 33 y 71 respectivamente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
5. La propuesta de resolución provisional, así como la resolución de concesión y sus posibles modificaciones, se notificarán a los interesados mediante publicación de un extracto en el «Boletín Oficial del Estado», surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, el contenido íntegro de los actos anteriores se pondrá a disposición en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
6. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán disponibles en la sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando proceda.
8. En aquellas fases del procedimiento en las que, en aras de la simplificación administrativa, se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de una determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
9. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por los artículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del expediente que le fue comunicado entonces, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento por parte del ministerio, de los datos incluidos en el cuestionario por el beneficiario.
10. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o cuando el interesado manifestara la negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
1. Las personas físicas que realicen la firma o la presentación electrónica de documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias, deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. El firmante de la solicitud deberá acreditar que, en el momento de la presentación de la misma, ostenta poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación de la persona jurídica solicitante. En caso de que se produzca el incumplimiento de esta obligación, se requerirá al interesado para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos que se consideran preceptivos, con la advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de la solicitud previa resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Las solicitudes para la obtención de ayuda se dirigirán a la Secretaría General de Transportes y Movilidad, órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento. Los formularios de solicitud estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
2. Cada entidad solicitante deberá presentar una única solicitud, pudiendo incluir en la misma todas aquellas acciones formativas para las cuales solicita financiación.
3. Cada solicitud deberá acompañarse de la documentación que se determine en la correspondiente convocatoria.
1. Cada una de las acciones formativas incluidas en la solicitud se evaluará individualmente con el fin de comprobar su idoneidad técnica, aplicando los siguientes criterios y puntuaciones:
a) Adecuación y ámbito del contenido de la oferta formativa:
Con una puntuación máxima de 50 puntos, que se distribuirán atendiendo a los siguientes parámetros:
a.1) Adecuación de la oferta formativa a contenidos formativos incluidos en el anexo I de esta orden ministerial, con una puntuación máxima de 25 puntos.
a.2) Presentación de un documento acreditativo de alguna autoridad, asociación empresarial, organismo público empresarial, o empresa avalando los contenidos formativos, de manera que reconozca que dichos contenidos son necesarios para su desarrollo en materia de digitalización y sostenibilidad, en el ámbito del transporte y la movilidad, así como la logística, la operación y el mantenimiento de las infraestructuras vinculadas, con una puntuación máxima de 25 puntos:
a.2.1) Se otorgarán 25 puntos si el documento acreditativo proviene de:
– Un organismo público o una empresa del sector público o,
– Una asociación del ámbito del transporte que congregue a:
• Más de 100 empresas si la asociación es del ámbito del transporte por carretera.
• Más de 50 empresas si la asociación es del ámbito de la logística.
• Más de 25 empresas si la asociación es del ámbito del transporte marítimo.
• Más de 20 empresas si la asociación es del ámbito del transporte aéreo.
• Más de 4 empresas si la asociación es del ámbito del transporte por ferrocarril.
– Una empresa de más de 1000 trabajadores.
a.2.2) Se otorgarán 10 puntos si el documento acreditativo proviene de una organización o empresa no contemplada en el punto anterior, que pertenezca al sector del transporte, la movilidad, la logística o las infraestructuras vinculadas.
a.3) La acción formativa abarca contenidos formativos de los incluidos en el anexo I de esta orden ministerial, que no han sido incluidos en, al menos, el 10 % de otras acciones formativas presentadas en el conjunto de las solicitudes, con una puntuación de 10 puntos.
a.4) La acción formativa incluye clases prácticas con el objetivo de desarrollar las capacidades y destrezas correspondientes, con una puntuación de 5 puntos.
b) Adecuada extensión territorial de la formación:
Para garantizar una adecuada extensión territorial de la formación y la accesibilidad de los participantes a las acciones formativas presenciales y mixtas, se valorarán:
– 15 puntos para acciones formativas que se desarrollan en una comunidad autónoma o ciudad autónoma donde se han propuesto menos del 25 % del conjunto de las solicitudes presentadas.
– 10 puntos para acciones formativas que se desarrollan en una comunidad autónoma o ciudad autónoma donde se han propuesto entre el 25 % y el 50 % del conjunto de las solicitudes presentadas.
– 5 puntos para acciones formativas que se desarrollan en una comunidad autónoma o ciudad autónoma donde se han propuesto entre el 50 % y el 75 % del conjunto de las solicitudes presentadas.
c) Número de ediciones de la acción formativa:
Con una puntuación máxima de 15 puntos, que se distribuirán atendiendo a los siguientes parámetros:
c.1) Si se programan dos ediciones de una misma acción formativa, con una puntuación de 5 puntos.
c.2) Si se programan tres ediciones de una misma acción formativa, con una puntuación de 10 puntos.
c.3) Si se programan más de tres ediciones de una misma acción formativa, con una puntuación de 15 puntos.
d) Fecha de finalización de primera edición de la acción formativa:
Con una puntuación máxima de 10 puntos, que se distribuirán atendiendo a los siguientes parámetros:
d.1) La acción formativa se imparte antes de finalizar el primer semestre del año 2023, con una puntuación de 10 puntos, o
d.2) Si la acción formativa se imparte antes de finalizar el segundo semestre del año 2023, con una puntuación de 5 puntos.
e) Participantes de las acciones formativas:
La formación está dirigida a todo tipo de participantes, sin imponer requisitos de formación mínima (EBAU), con una puntuación de 10 puntos.
En la correspondiente convocatoria se podrán modificar los criterios de valoración, el alcance de los mismos y sus puntuaciones, con el fin de evaluar cada una de las acciones formativas y, en su caso, establecer el orden de prelación entre las mismas. No obstante, no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
2. En la correspondiente convocatoria se determinará la forma de acreditar los aspectos objeto de valoración, con arreglo a criterios de objetividad, rigor, proporcionalidad, adecuación a los objetivos, motivación, publicidad y transparencia, en coherencia con los fines perseguidos.
3. La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de ésta.
La relación de los solicitantes que no hayan resultado beneficiarios de la subvención por tener una puntuación inferior a los seleccionados hasta agotar la cuantía total disponible de la correspondiente convocatoria se denominará lista de reserva, y estará ordenada de mayor a menor según la puntuación atribuida a cada acción formativa incluida en las solicitudes.
En el caso de que alguno de los seleccionados no adquiera la condición de beneficiario o se produzca otra circunstancia que libere crédito destinado a la subvención, el órgano competente para resolver podrá otorgar la subvención a las acciones formativas de los candidatos incluidos en la lista de reserva, respetando el orden de prelación, sin necesidad de una nueva convocatoria, siempre que el crédito liberado sea suficiente para la financiación de las acciones formativas de su proyecto de formación y siempre que se produzca de forma previa a la resolución y notificación del procedimiento de concesión de las ayudas.
El órgano competente para resolver comunicará esta opción a los interesados, a fin de que acepten la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de cinco (5) días hábiles. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, se dictará el acto de concesión y se procederá a su notificación.
1. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. El órgano instructor, para la evaluación y selección técnica de las solicitudes, estará asistido de una Comisión de evaluación que tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: La persona titular de la Secretaría General de Transportes y Movilidad del MITMA.
b) Vocales:
i. Dos representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
ii. Un representante del Ministerio de Universidades.
iii. Un representante del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO).
c) Secretario: con voz, pero sin voto, que será un funcionario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
3. La Comisión de evaluación se podrá apoyar en la evaluación técnica realizada por expertos independientes, que manifestarán de forma expresa la ausencia de conflictos de intereses en su evaluación.
Estos expertos, bajo la dirección del órgano instructor y conforme a lo establecido en el artículo 24.3.b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizarán un análisis de las acciones formativas propuestas, la comprobación de su adecuación a los requisitos de las bases reguladoras y de la correspondiente convocatoria, su evaluación en base a los criterios de valoración aprobados y trasladarán las propuestas al órgano instructor.
Las propuestas así evaluadas serán finalmente valoradas en su conjunto en el marco de la Comisión de evaluación. La Comisión de evaluación deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
4. El funcionamiento de la Comisión de evaluación se ajustará al régimen establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
5. Los miembros de la Comisión de evaluación no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones en el mismo.
6. De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los miembros de la Comisión de evaluación y los expertos independientes reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, pasando a cesar como miembros.
7. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, elaborará la propuesta de resolución provisional, que deberá contener una lista de solicitantes y las acciones formativas para los que se propone la ayuda, y su cuantía, especificando la puntuación alcanzada, así como otra lista de los solicitantes desestimados o excluidos, especificando el motivo de dicha exclusión.
8. La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados para que en el plazo de cinco (5) días hábiles formulen las alegaciones que estimen convenientes.
9. Si en el trámite de alegaciones algún solicitante renuncia a la ayuda propuesta provisionalmente, se podrá incluir en la propuesta de resolución definitiva la siguiente solicitud no estimada por agotamiento de crédito, según el orden de prelación establecido en la lista de reserva por el órgano instructor y los criterios establecidos en el artículo 23 de la presente orden ministerial, en caso de liberarse crédito suficiente. Esta nueva asignación será notificada al solicitante o solicitantes afectados.
10. Las alegaciones y documentación presentadas serán examinadas por la Comisión de evaluación que emitirá un informe definitivo de evaluación que analizará las alegaciones y, en su caso, podrá reordenar la clasificación de las solicitudes admitidas y formular una nueva propuesta al órgano instructor. Con base en esta propuesta, el órgano instructor elevará una propuesta de resolución definitiva. Dicha propuesta deberá expresar la relación de solicitantes y las acciones formativas para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando la puntuación alcanzada, así como las condiciones de concesión y aceptación de la ayuda.
11. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el órgano competente para resolver el procedimiento será el que determine la Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, o la norma que la sustituya, en su caso. En un plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dictará la resolución definitiva de concesión de las subvenciones, resolviendo de este modo el procedimiento.
2. La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se concede la ayuda y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
3. La resolución de concesión se notificará a los interesados en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada, mediante la publicación de un extracto en el «Boletín Oficial del Estado», surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, en los términos establecidos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la remisión de la información correspondiente a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
4. El beneficiario deberá presentar, en un plazo máximo de un (1) mes desde la notificación de la resolución de concesión, el justificante de aportación de garantías a las que se refiere el artículo 11 de esta orden ministerial, salvo que la resolución de concesión establezca otro plazo diferente.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.
6. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la obligación legal de resolver.
1. Las condiciones establecidas en la resolución, incluyendo las modificaciones en los costes inicialmente presupuestados, podrán ser modificadas, a solicitud del beneficiario, siempre que los cambios no alteren la naturaleza u objetivos de la subvención ni supongan un cambio sustancial en el conjunto de actuaciones subvencionadas, por alguno de estos motivos:
a) Alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención debidamente justificada.
b) Obtención concurrente de otras aportaciones en los supuestos afectados por incompatibilidades.
2. La modificación de las condiciones establecidas en la resolución habrá de ser solicitada por el beneficiario, en su caso, quince (15) días hábiles antes de que finalice el plazo inicialmente previsto para la realización de la actividad objeto de la subvención y deberá ser aceptado de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado.
3. La modificación del plazo de ejecución únicamente podrá autorizarse por circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento del plazo, pese a haberse adoptado, por parte de los beneficiarios, las medidas técnicas y de planificación mínimas que les resultaban exigibles. En todo caso deberán cumplirse estos requisitos:
a) Identificación de las causas que justifican la modificación del plazo de ejecución.
b) Elaboración de un Plan de Acciones Correctivas para aquellas causas que pueden originar una prórroga del plazo de ejecución.
4. En ningún caso se podrá autorizar una ampliación del plazo para la realización de la actuación objeto de ayuda que supere el plazo máximo establecido en el artículo 13.1 de la presente orden ministerial.
5. La modificación de las condiciones establecidas en la resolución se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero, tal y como exige el artículo 64 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
6. La estimación o desestimación de la solicitud de modificación se realizará mediante resolución expresa que deberá dictarse y notificarse al interesado el plazo máximo de diez (10) días hábiles.
El transcurso de dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, legitima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
La desestimación expresa deberá ser motivada.
En el caso de estimarse la solicitud, la resolución incluirá el contenido mínimo establecido en el artículo 25 de la presente orden ministerial.
1. El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado por el 100 por ciento de la ayuda concedida, tramitándose de oficio por el órgano instructor, tras la notificación de la concesión de la subvención.
Conforme al artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los beneficiarios deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado. Corresponde a la Secretaría General de Transportes y Movilidad comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago.
2. En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018) la percepción de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. estará condicionada a que se presente compromiso por escrito para conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control.
3. La justificación documental de la realización de las actuaciones financiadas se realizará ante el órgano concedente mediante cuenta justificativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 69, 72 y 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, se tendrán en cuenta las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos previstas en el capítulo V del título IV del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
4. El plazo de presentación de la justificación documental se realizará antes de que transcurran tres (3) meses desde la finalización de cada edición de la acción formativa subvencionada.
5. Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la justificación documental ante el órgano competente, este requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince (15) días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión Europea y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
7. Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
La presentación electrónica de la documentación justificativa se entenderá que comprende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como las posibles subsanaciones que sean solicitadas por el órgano instructor a los beneficiarios.
La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, u otros, por si les fueran requeridos posteriormente por el órgano instructor y responsable del seguimiento o, al realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
8. La justificación documental de las ayudas deberá contener la siguiente documentación:
a) Acreditación sobre el número de personas que hayan finalizado la formación con éxito en las acciones formativas subvencionadas, identificándolas mediante:
i) Nombre completo.
ii) Fecha de nacimiento.
iii) Sexo.
iv) Número de su Documento Nacional de Identidad (DNI), número de Identidad de Extranjero (NIE) o número de pasaporte para aquellos ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza.
b) Diploma acreditativo o título propio, en el que como mínimo se hará constar la información incluida en el artículo 14.13 de esta orden ministerial.
c) Documentación de la cuenta justificativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
d) Cualquier otra documentación justificativa o informes que, de acuerdo con la normativa nacional o europea, resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
9. Para subvenciones concedidas por importe inferior a 100.000 euros, la justificación documental de la realización de las actuaciones financiadas se realizará mediante cuenta justificativa simplificada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones y conforme al artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. La justificación documental de las ayudas en ese caso deberá contener la siguiente documentación:
a) La documentación e información solicitada en el apartado 8, letras a) y b) del presente artículo.
b) Documentación de la cuenta justificativa simplificada de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
c) Cualquier otra documentación justificativa o informes que, de acuerdo con la normativa nacional o europea, resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
10. No obstante, se podrá requerir documentación justificativa complementaria para la justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la financiación y los objetivos.
11. La documentación e información que incluya la justificación documental deberá acreditarse en la forma y con los medios que se determinen en la correspondiente convocatoria.
12. Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano concedente emitirá un informe de liquidación. Dicho informe determinará, en su caso, el acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas o con posterioridad a este, el órgano concedente, así como los órganos de control competentes, incluidos los recogidos en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos aquellos controles e inspecciones que consideren convenientes, con el objeto de asegurar el buen fin de la ayuda concedida, estando los solicitantes obligados a prestar colaboración y a proporcionar cualquier otra documentación e información que se estime necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente orden ministerial. Asimismo, los beneficiarios se comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, la administración concedente efectúe. La oposición a la realización de estas comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
2. El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación. En particular, se aplicarán las medidas de control del riesgo de fraude, corrupción o conflicto de intereses en la gestión de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecidas en el «Plan de medidas antifraude» del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, creado en cumplimiento de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
En todo caso las actuaciones que se lleven a cabo en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberán garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión, especialmente en materia de conflicto de intereses, fraude o corrupción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento 241/2021 y artículo 6 de la Orden HFP 1030/2021.
3. La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a la información contenida en el Registros de Titularidades Reyes, así como a cualquier otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los titulares reales.
4. A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los Sistemas de los Fondos Europeos.
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden ministerial y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente convocatoria y en la resolución de concesión, darán lugar a la obligación de devolver la ayuda percibida más los intereses de demora correspondientes, en el momento de detectarse el incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. Se considerará incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden ministerial, y generará el correspondiente reintegro, la exigencia del interés de demora y el derecho a incautar garantías ante impago del beneficiario en caso de que estas estén efectivas, cualquiera de los siguientes casos:
a) Las previstas en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) El incumplimiento de las condiciones asociadas al principio «no causar un perjuicio significativo» por parte de las entidades beneficiarias de la ayuda.
También supondrá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, si el importe de la subvención supera el coste de la actividad subvencionada, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las entidades beneficiarias deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público de manera total o parcial, en cada caso. El procedimiento de reintegro deberá ajustarse a lo contenido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
5. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano concedente, conforme a lo establecido en los artículos 41 y 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda afectada. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de quince (15) días hábiles desde dicha notificación.
7. Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente, debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce (12) meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. La resolución indicará quién es la persona obligada al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en el apartado segundo de este artículo y el importe a reintegrar junto a los intereses de demora.
8. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, modificada por la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria, la fecha límite en la que la efectuará y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro total del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
2. El incumplimiento parcial de los compromisos establecidos en materia de número de personas a formar por cada edición de la acción formativa subvencionada, entendiendo como personas formadas aquellas que completen la formación con éxito, dará lugar al reintegro parcial del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
Este reintegro se efectuará sin perjuicio del preceptivo procedimiento posterior de justificación de la ayuda percibida. Tanto el órgano instructor como el órgano concedente podrán acumular la tramitación de ambos procedimientos para determinar la cuantía global de reintegro que deberá practicar el beneficiario, en su caso.
3. En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficiario que hayan servido de base para la concesión.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c) La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el desarrollo de la actividad financiada.
4. En el caso de incumplimiento parcial motivado por la inobservancia de las obligaciones en materia de publicidad, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la presente orden ministerial o en el caso de ausencia de las tres ofertas requeridas en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el importe a reintegrar queda fijado en el 10 % de la ayuda concedida.
1. Los actos dictados en el procedimiento de concesión de las ayudas podrán ser impugnados en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Contra la resolución expresa, o en su caso, la desestimación presunta de la solicitud, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un (1) mes, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, computados desde el día siguiente al de su notificación en el caso de que haya dictado un acto expreso, y en el segundo caso, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto; sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.
3. La interposición de recursos de reposición deberá realizarse ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del Registro Electrónico del mismo.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de julio de 2022.–La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Ibáñez Torres.
1. Conceptos generales.
a) Digitalización y Transformación Digital en el sector del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras vinculadas.
b) Industria 4.0 y su aplicación en el sector del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras vinculadas.
c) NAP (Punto de Acceso Nacional de información).
d) Interoperabilidad y tecnologías digitales y su aplicación en el sector del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras vinculadas.
e) Reducción de los riesgos de seguridad derivados de la digitalización y la automatización y su aplicación en el sector del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras vinculadas.
2. Metodologías de gestión y desarrollo de proyectos aplicadas al sector del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras vinculadas.
a) Agile.
b) Kanban.
c) Lean.
d) Scrum.
3. Tecnologías, herramientas y habilitadores claves para la transformación digital y su aplicación en el sector del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras vinculadas.
a)Business Intelligence.
b)Business Analytics.
c)Big Data.
d)Internet of Things(IoT).
e) Nanotecnología.
f) Inteligencia artificial.
g)Machine learning.
h) Computación en la nube(Cloud).
i) Realidad Virtual y realidad aumentada: aplicación de la tecnología para la formación.
j) Robótica.
k)Blockchain:TradeLens, Global Shipping Business Network, Insurwave, Cargo X Smart Bill of Landing TM, etc.
l) «Smart Contract».
m) Ciberseguridad.
n) Sistemas de posicionamiento y geolocalización.
o) Sistema de aeronave no tripulada (UAS).
p) 5G.
q) Gemelos digitales y virtualización.
4. Digitalización documental y su aplicación en el sector del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras vinculadas.
a) Ventanilla única digital.
b) Los documentos de transporte electrónicos («E-Transport Documents»).
c)Softwarede gestión empresarial o ERP (recursos humanos, contabilidad, facturación, transmisión de la información interna, etc.).
d) Carta de porte digital (eCMR).
e) Bolsas de carga digitales.
f) Sistemas de etiquetado digital.
g) Tacógrafo digital.
h) EDI (Intercambio electrónico de datos).
5.  Automatización y su aplicación en el sector del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras vinculadas.
a) Aplicación a la optimización de las operaciones y la logística:
i.Smart Porto puerto 4.0.
ii. Automatización de terminales de contenedores:
1) Digitalización de los subsistemas de carga y descarga de buques(double-trolley, spreader,sistemas de automatización de grúas, etc.).
2) Digitalización de los subsistemas de a