Categoría: Administración

inado grupo «ampliado» definido en la Norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) 13.ª «Empresas del grupo, multigrupo y asociadas» del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
Asimismo, con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable respecto del cumplimiento de las condiciones específicas a respetar en relación con el principio de no causar daño significativo (DNSH).
Finalmente, deberá disponerse para su aportación a la Administración en caso de ser requerido de los partes horarios firmados por los propios empleados con respecto a la dedicación de los mismos al proyecto.
4. El informe de auditor vendrá realizado por un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, salvo que exista una imposibilidad material y se acredite.
Dicho informe se ajustará a lo dispuesto en la «Norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio» aprobada por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, así como a lo que adicionalmente se establezca a tal efecto en la convocatoria y en la resolución de concesión de la ayuda.
El objeto del mismo será verificar la adecuación de la cuenta justificativa del beneficiario, comprobando la suficiencia y veracidad de los documentos y la susceptibilidad de ayuda de los gastos y pagos en ellos contenidos, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión y, en su caso, con los requerimientos adicionales realizados por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas durante la ejecución del proyecto.
El informe de auditor deberá presentarse en formato electrónico preferentemente firmado electrónicamente por el auditor utilizando los medios y herramientas que para ello establezca la convocatoria.
5. Toda la documentación necesaria para la justificación de la realización del proyecto, referida en los apartados anteriores, será presentada a través de los medios señalados en el artículo 15, por el representante del beneficiario, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha de finalización del proyecto que figure en la resolución de concesión, salvo que en ella se establezca un plazo más corto.
6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, durante la fase de ejecución, el beneficiario presentará informes de seguimiento sobre el avance técnico y económico del proyecto, con el calendario y contenido que se especifique en la resolución de concesión y en todo caso, con carácter mínimo anual. Asimismo, deberá facilitar cuanta información adicional sobre el desarrollo del proyecto le sea expresamente solicitada por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda. También deberá proporcionar la información necesaria para la aplicación de los mecanismos de verificación y las especificaciones adicionales contenidas en el anexo I de las Decisión de las Comisión que aprueba las Disposiciones Operativas (OA) entre la Comisión Europea y España conforme al Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, que incluye la referencia y el enlace a la publicación de la concesión de las ayudas, las especificaciones sobre su concesión, los beneficiarios, la cuantía de la subvención (IVA excluido) y la acreditación del pago, la localización y tipo de áreas objeto de las ayudas, el incremento de cobertura esperado en hogares y la certificación de la realización de la actuación.
7. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes desde el momento de pago de la subvención, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. El órgano encargado del seguimiento de las ayudas realizará actuaciones de comprobación que incluirán:
a) Verificaciones administrativas de la acreditación de los gastos imputados al proyecto y del cumplimiento de las demás condiciones impuestas en la resolución de concesión.
b) Verificaciones sobre el terreno, que incluyen, si es aplicable, la visita al lugar o emplazamiento físico donde se ejecuta el proyecto, con objeto de comprobar su realidad y grado de ejecución, así como el cumplimiento de las medidas de información y publicidad y demás requisitos exigidos. Estas comprobaciones se realizarán siguiendo un método de muestreo. Para la determinación del tamaño de la muestra, su composición y el tipo de verificaciones, se tendrá debidamente en cuenta el nivel de riesgo identificado.
2. Si se dedujera que la inversión acreditada ha sido inferior a la financiable o que se han incumplido, total o parcialmente, las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se notificará tal circunstancia al interesado junto a los demás resultados de la comprobación efectuada a efectos de evacuación del trámite de audiencia.
3. Realizado el trámite de audiencia, el órgano encargado del seguimiento de la ayuda concedida, emitirá una certificación final acreditativa del grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión de la ayuda, con las modificaciones de dicha resolución que, en su caso, se hubieran aprobado.
4. La certificación final será notificada al interesado y servirá para el inicio del procedimiento de reintegro, si procede.
5. Cuando proceda el reintegro total o parcial de la ayuda anticipada, este se iniciará de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El procedimiento de reintegro incluirá el trámite de audiencia al interesado.
6. El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar las comprobaciones del órgano encargado del seguimiento de las ayudas encaminadas a comprobar la realización de las actividades objeto de la ayuda, conforme a lo establecido en la resolución de concesión de la misma. Asimismo, en relación con el proyecto objeto de ayuda, el beneficiario estará sometido a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea, u otros órganos o autoridades de control competentes, tanto nacionales, como de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas financiadas con fondos europeos MRR, aportando para ello cuanta información le sea requerida y cooperando plenamente en la protección de los intereses financieros, tanto nacionales, como de la Unión Europea, concediendo los derechos y el acceso necesarios a tales órganos o autoridades.
A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del citado Reglamento podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales (disposición adicional tercera de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo), o el acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales. También será posible la cesión de información entre estos sistemas y los sistemas de información utilizados en la gestión de fondos europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
7. El beneficiario se asegurará de que los originales de los documentos justificativos presentados, estén a disposición de los organismos encargados del control, referidos en el punto anterior, durante un período de al menos diez años, a partir de la certificación a la que se refieren los apartados 3 y 4 anteriores, salvo que en la resolución de concesión se especifique un plazo mayor.
8. El órgano encargado del seguimiento de las ayudas realizará una revisión de las condiciones de otorgamiento de la ayuda a partir de los datos reportados por el beneficiario. En caso de que se produjera una sobrecompensación con el otorgamiento de esta ayuda, el beneficiario estará obligado a devolver la parte causante de dicha sobrecompensación.
Se producirá sobrecompensación en caso de que, en relación al servicio de capacidad de transmisión al que se refiere el artículo 3.2.a), la ayuda concedida por este concepto más los ingresos obtenidos por el beneficiario de la ayuda por la explotación de dicha plataforma de recursos de red sume una cuantía superior al 7 % a los costes incurridos en la configuración de la plataforma de recursos de red.
La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás normativa aplicable. Asimismo, será también de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada a los fondos de «Next Generation EU».
En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados,, equipos, material inventariable, actividades de difusión, páginas Web y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto) deberá mencionarse al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Unión Europea-NextGenerationEU como entidades financiadoras y se deberá incluir el logotipo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual, además del emblema de la Unión Europea acompañado del texto «Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU».
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver la totalidad o parte de las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título III de su Reglamento.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en la regla séptima del artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, el beneficiario deberá reintegrar los fondos recibidos. El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
2. Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.
3. Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La potestad sancionadora por incumplimiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de dicha Ley.
1. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una acción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
a) El incumplimiento parcial, ya sea de los objetivos para los que se concedió la ayuda, de la realización de los gastos financiables o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje correspondiente a los objetivos no alcanzados, o al gasto no efectuado o no justificado, o al mayor de ellos en caso de concurrir más de uno. En todo caso, para apreciar incumplimiento parcial, el grado de cumplimiento de los objetivos para los que se concedió la ayuda deberá superar el cincuenta por ciento
b) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, supondrá la devolución de la ayuda correspondiente a las cantidades desviadas.
c) Si siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.3, éstas no se aportaran o la adjudicación hubiera recaído, sin adecuada justificación, en una que no fuera la más favorable económicamente, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, de acuerdo con lo con lo previsto en el artículo 83 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio, siendo de cuenta del beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la ayuda se calculará tomando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el beneficiario o el resultante de la tasación.
2. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda o de la obligación de justificación, la no consecución de los hitos CID del PRTR vinculados a este programa de ayudas, así como el incumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo 3 para considerar que el proyecto no causa daño significativo al medioambiente (DNSH) dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda concedida.
3. Transcurrido el plazo establecido de justificación más, en su caso, la ampliación concedida sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles dicha justificación sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este artículo llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda no justificada y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Procederá el reintegro parcial, conforme a un criterio de proporcionalidad, por incumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública recibida cuando el beneficiario no adopte las medidas a las que se refiere el artículo 27.
1. Se convocan cuatro ayudas, en los términos establecidos en las bases reguladoras incluidas en el capítulo I de esta orden, destinadas a la prestación al usuario final de un servicio asequible de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija, principalmente en zonas rurales remotas, dispersas y de baja densidad de población, así como para cubrir los gastos directamente relacionados con el alta de usuarios finales para acceder a dicho servicio, que comprende la adquisición de equipamiento de usuario, su instalación y puesta en funcionamiento, a partir de la configuración de un servicio de capacidad de transmisión.
2. Las ayudas reguladas por la presente orden serán objeto de financiación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y tienen por finalidad la ejecución parcial de la inversión C15.I1 «Extensión de la banda ancha ultrarrápida» de la componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incluye la ejecución de acciones destinadas a proporcionar conectividad ultrarrápida de banda ancha en zonas rurales remotas de al menos 100 Mbps (Programa UNICO-Demanda Rural).
1. Serán elegibles las zonas que no dispongan de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente.
Hasta que no se tenga disponible un listado de zonas que no dispongan de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente, las zonas elegibles son las zonas que no dispongan de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 30 Mbps en sentido descendente.
2. El listado de zonas elegibles se encuentra publicado en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital https://portalayudas.mineco.gob.es/InfraestructurasDigitales-DemandaRural/
3. La relación de zonas elegibles será revisada y actualizada con una frecuencia anual mínima, excluyéndose como zonas elegibles las siguientes zonas:
a) zonas en las que, en virtud de la consulta pública y el mapa detallado de cobertura a que se refiere el apartado anterior, se constate que disponen de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente,
b) zonas en las que, en virtud de la consulta pública y el mapa detallado de cobertura a que se refiere el apartado anterior, se constate que disponen de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente,
c) zonas en las que se constate que se comercializan con tecnología terrestre fija servicios de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija. Los operadores podrán comunicar en cualquier momento a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales que en una zona comercializan con tecnología terrestre fija servicios de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija a efecto de su exclusión como zona elegible.
En el supuesto de la letra a), no se excluirá la zona como elegible respecto del usuario final que ha celebrado un contrato y viene recibiendo el servicio de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija conforme a este programa de ayudas. En los supuestos de las letras b) y c), las zonas se excluirán como zonas eligibles, aun cuando exista un usuario final que ha celebrado un contrato y viene recibiendo el servicio de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija conforme a este programa de ayudas, en cuyo caso, deberá procederse a modificar o resolver el contrato conforme a lo indicado en el artículo 12.12.
Una vez determinadas las zonas que se excluyen como zonas elegibles, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales se las comunicarán a los beneficiarios de estas ayudas para que, a su vez, se las puedan comunicar con carácter inmediato a los operadores que presten servicios de banda ancha a usuarios finales en virtud de este programa de ayudas con los que han llegado a acuerdos en virtud de lo establecido en el artículo 10.14. Esta comunicación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales se efectuará una vez realizada la consulta pública y el mapa detallado de cobertura en los supuestos de las letras a) y b), y cada tres meses en el supuesto de la letra c).
4. Las zonas elegibles se identificarán y publicarán como capas de zonas geográficas en formatos de ficheros de información geográfica abiertos, interoperables y de uso ampliamente extendido. Esta información se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
5. En el caso de que, una vez concedidas las ayudas, exista una discrepancia en la determinación de las zonas elegibles, dicha discrepancia será resuelta mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
1. Las ayudas otorgadas al amparo de esta convocatoria son en la modalidad de subvención.
2. El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva, tal como señala el artículo 14 de las bases reguladoras.
3. La cuantía de la subvención no podrá ser superior, en ningún caso, al coste de las actuaciones subvencionables a las que se refiere el artículo 3.2.
4. Las ayudas reguladas por la presente orden serán objeto de financiación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y tienen por finalidad la ejecución parcial de la inversión C15.I1 «Extensión de la banda ancha ultrarrápida» de la componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incluye la ejecución de acciones destinadas a proporcionar conectividad ultrarrápida de banda ancha en zonas rurales remotas de al menos 100 Mbps (Programa UNICO-Demanda Rural).
1. Cada solicitante sólo podrá presentar una única solicitud por cada ayuda convocada y, por tanto, podrá presentar hasta un máximo de cuatro solicitudes, si a través de cada una de ellas se solicita una ayuda diferente dentro de las convocadas. No podrá, por lo tanto, suscribir o participar en ninguna otra solicitud para una ayuda que ya haya solicitado. La presentación o participación por un solicitante en más de una solicitud por cada ayuda convocada dará lugar a que ninguna de ellas sea admitida.
2. La solicitud de cada ayuda deberá indicar el importe de la ayuda solicitada, desagregado entre la ayuda destinada a la prestación del servicio de capacidad de transmisión mediante la configuración de una plataforma de recursos de red a la que se refiere el artículo 3.2.a) y la destinada sufragar el coste de alta de usuario final a la que se refiere el artículo 3.2.b). Estos importes no podrán ser superiores a los importes máximos establecidos en el artículo 7.2 de 11.200.000 euros de la ayuda destinada a la configuración de una plataforma de recursos de red que permita la prestación del servicio capacidad de transmisión a la que se refiere el artículo 3.2.a), y de 10.000.000 euros de la ayuda destinada a sufragar el coste de alta de usuario final al que se refiere el artículo 3.2.b).
3. En el caso de que un mismo solicitante solicite las cuatro ayudas convocadas, los importes acumulados globales solicitados no podrán ser superiores a los importes máximos globales establecidos en el artículo 7.1 de 44.800.000 euros de la ayuda destinada a la configuración de una plataforma de recursos de red que permita la prestación del servicio capacidad de transmisión a la que se refiere el artículo 3.2.a), y de 40.000.000 euros de la ayuda destinada a sufragar el coste de alta de usuario final al que se refiere el artículo 3.2.b).
4. No serán admitidas las solicitudes que de cualquier modo condicione la presentación de las propias solicitudes, las características de los proyectos o la aceptación de las ayudas al otorgamiento u obtención de un número mínimo de las ayudas reguladas en esta orden.
1. El importe máximo global de las ayudas a otorgar al amparo de esta Orden alcanzará la cuantía de 84.800.000 euros, con la siguiente distribución:
a) 44.800.000 euros con cargo íntegramente a fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y a la aplicación presupuestaria 27.50.46OA.77015 del presupuesto de gastos de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para el año 2022 y equivalentes de ejercicios posteriores, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias destinados para la financiación de una actuación plurianual consistente en la configuración de una plataforma de recursos de red que permita la prestación del servicio capacidad de transmisión al que se refiere el artículo 3.2.a), conforme a la siguiente distribución:
i. Importe de la ayuda que se libre en 2022: hasta un máximo de 23.700.000 euros, que financiarán los gastos del presupuesto del programa de 2022.
ii. Importe de la ayuda que se libre en 2023: hasta un máximo de 21.100.000 euros, que financiarán los gastos de presupuesto del programa de 2023, 2024 y 2025.
b) 40.000.000 euros destinados a sufragar el 100 por ciento del coste de alta de usuario final al que se refiere el artículo 3.2.b) con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y a la aplicación presupuestaria 27.50.46OA.77015 del presupuesto de gastos de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para el año 2022 y su equivalentes en 2023, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, conforme a la siguiente distribución:
i. Importe de la ayuda que se libre en 2022: hasta un máximo de 15.000.000 euros, que financiarán los gastos del presupuesto del programa de 2022.
ii. Importe de la ayuda que se libre en 2023: hasta un máximo de 25.000.000 euros que financiarán los gastos del presupuesto del programa de 2023, 2024 y 2025.
2. Al preverse otorgar cuatro ayudas, los importes contemplados en el apartado anterior se reparten proporcionalmente entre las cuatro ayudas, de forma que el importe máximo a percibir por cada ayuda al amparo de esta Orden alcanzará la cuantía de 21.200.000 euros, con la siguiente distribución:
a) 11.200.000 euros con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y al capítulo 7, servicio 50, de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, destinados a la configuración de una plataforma de recursos de red que permita la prestación del servicio capacidad de transmisión al que se refiere el artículo 3.2.a), conforme a la siguiente distribución:
i. Importe de la ayuda que se libre en 2022: hasta un máximo de 5.925.000 euros, que financiarán los gastos del presupuesto del programa de 2022.
ii. Importe de la ayuda que se libre en 2023: hasta un máximo de 5.275.000 euros que financiarán los gastos del presupuesto del programa de 2023, 2024 y 2025.
b) 10.000.000 destinados a sufragar el 100 por ciento del coste de alta de usuario final al que se refiere el artículo 3.2.b) con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, conforme a la siguiente distribución:
i. Importe de la ayuda que se libre en 2022: hasta un máximo de 3.750.000 euros, para financiar los gastos del presupuesto del programa de 2022.
ii. Importe de la ayuda que se libre en 2023: hasta un máximo de 6.250.000 euros que financiarán los gastos del presupuesto del programa de 2023, 2024 y 2025.
3. Al no existir límite en el número de ayudas a solicitar y obtener por beneficiario, el importe máximo a percibir por cada ayuda es acumulable a las restantes ayudas reguladas en esta orden y, por tanto, el importe máximo global a percibir por cada beneficiario estará en función de las ayudas solicitadas conforme a las cuantías indicadas en los apartados anteriores.
4. La cuantía de la subvención no podrá ser superior, en ningún caso, al coste de las actuaciones subvencionables a las que se refiere el artículo 3.2.
1. Serán susceptibles de ayuda las inversiones y gastos, a los que se refiere el artículo 8 de las bases reguladoras, necesarios para la realización de las siguientes actuaciones subvencionadas a las que se refiere el artículo 3.2 de las bases reguladoras:
a) configurar una plataforma de recursos de red necesarios para garantizar la prestación de un servicio de capacidad de transmisión que permita a los operadores que presten servicio a los usuarios finales ofrecer velocidades mínimas de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente en las zonas a las que se refiere el artículo 6.
b) llevar a cabo el alta de los usuarios finales del servicio de acceso de conexión a banda ancha, según se prevé en el artículo 12, cubriendo los gastos asociados a la adquisición de equipamiento de usuario, su instalación y puesta en funcionamiento, con independencia de la tecnología empleada.
2. Las subcontrataciones serán admitidas cuando se cumpla con lo establecido en el artículo 11 de las bases reguladoras.
1. Serán beneficiarias de las ayudas las personas físicas o jurídicas que, cumpliendo los requisitos a los que se refiere el artículo 9 de las bases reguladoras, sus proyectos obtengan las mayores puntuaciones en la fase de evaluación a la que se refiere el artículo 21. En los casos de propuestas con igualdad de puntuación entre proyectos de distintos solicitantes, se tendrá en cuenta, a efectos de resolver el empate, la puntuación obtenida criterio a criterio, siguiendo el orden en el que figuran en la tabla a la que se refiere el artículo 21 empezando por el primero hasta que se produzca el desempate. En caso de haber agotado los criterios y mantenerse el empate, tendrá preferencia los proyectos de la solicitud que se haya presentado antes.
2. Podrá obtener la condición de beneficiario de las ayudas las agrupaciones de empresas en las que al menos una de las empresas ostente dicha condición de operador y nombren a un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
3. Las obligaciones del beneficiario se recogen en el artículo 10 de las bases reguladoras.
1. El órgano competente para instruir el procedimiento de concesión de las ayudas será la Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
2. El órgano competente para resolver la concesión de las ayudas será el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
3. El órgano competente de seguimiento de ayudas dentro de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual será el órgano gestor y encargado del seguimiento de las ayudas.
4. La División de Programación Económica y Contratación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será la encargada de la gestión económica-presupuestaria de los gastos e ingresos correspondientes a los créditos presupuestarios destinados a la financiación del programa y del seguimiento de las obligaciones financieras contraídas por el beneficiario de las ayudas.
5. La orden de incoación de expediente sancionador por incumplimiento de lo previsto en esta orden, en la convocatoria incluida en el capítulo II o en la normativa en materia de subvenciones será dictada por el Subdirector General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales. La resolución del expediente sancionador será dictada por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
El plazo para la presentación de las solicitudes y la documentación a la que se refiere el artículo 17 de las bases reguladoras se inicia el día siguiente a la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará a las 13 horas del día 5 de diciembre de 2022.
1. La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento, según lo establecido en el artículo 15 de las bases reguladoras. Las solicitudes y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a estas ayudas deberán presentarse en el registro electrónico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
2. Las instrucciones para la tramitación electrónica en las diferentes fases del procedimiento estarán disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (https://sede.mineco.gob.es/).
3. Para realizar la firma electrónica de las declaraciones responsables y de otros documentos en las distintas fases del procedimiento, se deberá utilizar la aplicación Autofirma, que se puede descargar en el siguiente enlace: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.
El firmante de la solicitud presentará el documento generado en formato XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) con extensión xsig. En caso de firma mancomunada, el archivo de extensión xsig contendrá la firma de ambos representantes.
4. La aplicación Autofirma también podrá ser utilizada por terceros para la firma electrónica de los documentos que emitan a los beneficiarios y que vayan a formar parte del expediente, tales como informes de auditoría, contratos y demás documentos que deban ser firmados por su emisor. Los documentos electrónicos a firmar deberán tener el formato PDF (Portable Document Format) y los documentos firmados deberán estar en formato XAdES. El firmante del documento hará llegar al beneficiario el documento con extensión xsig generado al firmar.
5. Las copias digitalizadas de documentos originales en papel, se presentarán utilizando el formato PDF (Portable Document Format) de forma que permita, siempre que sea posible, hacer búsquedas de texto sobre su contenido, bien por haber sido generados directamente desde aplicaciones informáticas, bien por incorporar la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres en el proceso de escaneado de documentos en papel.
La validez y eficacia de las copias de los documentos originales que deban aportar se regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. El solicitante podrá acceder en cualquier momento, con el mismo sistema de firma con el que presentó la solicitud, a la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (https://sede.mineco.gob.es/), donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
7. Las notificaciones relacionadas con el procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Adicionalmente, se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario de avisos a la dirección de correo electrónico o dispositivo electrónico que este haya comunicado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8. La representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de las ayudas por personas físicas que realicen la firma o la presentación electrónica de documentos, deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de las bases reguladoras. La firma electrónica con la que se firme la solicitud deberá corresponder con la de la persona que asuma la representación de la entidad que solicita la ayuda. La acreditación de la representación que ostenta el firmante de la solicitud, se realizará en los términos previstos en el artículo 16.2 y 17.3 de las bases reguladoras.
9. A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación de los interesados informar a los órganos competentes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.
1. La solvencia económica se acreditará, conforme a lo previsto en el artículo 18.1 de las bases reguladoras.
2. La solvencia técnica se acreditará, conforme a lo previsto en el artículo 18.2 de las bases reguladoras.
En la fase de pre-evaluación la Comisión de evaluación valorará el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) El solicitante ostenta la condición de operador debidamente habilitado.
b) El solicitante acredita el cumplimiento de las condiciones de solvencia económica y técnica a las que se refiere el artículo 18.
Una vez adoptada una decisión sobre el cumplimiento de las condiciones previstas para la fase de preevaluación, la Comisión de evaluación entrará en la fase de evaluación, en la que se valorarán los proyectos que hayan superado la fase de preevaluación.
1. Los proyectos que hayan superado la fase de pre-evaluación regulada en el artículo 20, serán valorados, conforme a los siguientes requisitos y criterios de valoración de proyectos contenidos en la convocatoria incluida en el capítulo II, de acuerdo con la tabla siguiente:
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los proyectos que no tengan por objetivo permitir la contratación por el usuario final de un servicio asequible de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija mediante la configuración de un servicio de capacidad de transmisión, podrán ser desestimados directamente sin que sea necesaria su valoración
3. La evaluación se realizará proyecto a proyecto, sobre la información aportada en la memoria de cada uno de los proyectos presentados, aunque sean proyectos presentados por el mismo solicitante.
4. Se efectuará un listado con los proyectos que hayan sido objeto de valoración, ordenados de mayor a menor puntuación global obtenida.
5. Se propondrá la concesión de las ayudas a los proyectos mejor valorados. En los casos de propuestas con igualdad de puntuación entre proyectos, se tendrá en cuenta, a efectos de resolver el empate, la puntuación obtenida criterio a criterio, siguiendo el orden en el que figuran en la tabla del apartado 1, empezando por el primero hasta que se produzca el desempate. En caso de haber agotado los criterios y mantenerse el empate, tendrán preferencia los proyectos de la solicitud que se haya presentado antes.
6. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva no se admitirán mejoras voluntarias diferentes a las previstas en los criterios de valoración.
7. La Comisión de evaluación realizará un informe concretando el resultado de la evaluación efectuada que contendrá, al menos, lo siguiente:
a) Identificación de los proyectos a los que se propone la concesión de las ayudas, ordenados de mayor a menor puntuación, especificando para cada uno de ellos el solicitante, la puntuación alcanzada, la cuantía de ayuda propuesta y, en su caso, las condiciones técnico-económicas particulares asociadas.
b) Relación de proyectos a los que no se propone el otorgamiento de las ayudas, ordenados de mayor a menor puntuación, especificando para cada uno de ellos el solicitante, la puntuación alcanzada y los motivos de desestimación.
8. No se admite la reformulación de solicitudes.
1. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 22, el órgano instructor remitirá el expediente al órgano competente para resolver, quien a la vista de la propuesta de resolución definitiva, dictará la resolución de concesión en un plazo no superior a siete días hábiles.
2. La resolución de concesión deberá identificar a los solicitantes y proyectos a los que se concede la ayuda y la desestimación expresa de las solicitudes y proyectos a las que no se concede ayuda.
3. La resolución de concesión será motivada conforme a lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y contendrá todos aquellos extremos contenidos en el proyecto presentado por el beneficiario que resulten relevantes para la correcta ejecución de las actuaciones subvencionadas
4. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 15.4, la resolución del procedimiento se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Las ayudas concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. La resolución de concesión se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el plazo máximo de seis meses contados desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». El vencimiento del mencionado plazo sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud de ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. De acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la resolución del procedimiento de concesión de ayudas, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes desde su publicación en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ante el mismo órgano que la ha dictado. Sin perjuicio de lo anterior, contra la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación. En caso de interposición de recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que el mismo sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
1. De conformidad con el artículo 7 de las bases reguladoras, la parte de la ayuda dirigida a financiar la configuración de la plataforma de recursos de red necesarios a la que se refiere el artículo 3.2.a) es una ayuda plurianual consistente en dos anualidades, una en el ejercicio corriente y otra en el inmediatamente siguiente, de pago por anticipado, sin necesidad de aportación de garantías, para permitir al beneficiario afrontar los gastos relativos a dicha plataforma. En concreto, se librará al beneficiario de manera anticipada tras la resolución de la convocatoria el mayor importe posible de la ayuda respecto a los gastos del presupuesto del programa de 2022 y el resto de la ayuda en el ejercicio 2023 respecto a los gastos del presupuesto del programa de 2023, 2024 y 2025.
2. La parte de la ayuda dirigida a financiar el coste del alta de usuario final al que se refiere el artículo 3.2.b) es una ayuda plurianual consistente en dos anualidades, una en el ejercicio corriente y otra en el inmediatamente siguiente, de pago por anticipado, sin necesidad de aportación de garantías, para permitir al beneficiario afrontar los gastos relativos a estos costes. En concreto, se librará al beneficiario de manera anticipada tras la resolución de la convocatoria el mayor importe posible de la ayuda respecto a los gastos del presupuesto del programa de 2022 y el resto de la ayuda en el ejercicio de 2023 respecto a los gastos del presupuesto del programa de 2023, 2024 y 2025.
3. El pago de la ayuda estará supeditado a que exista constancia por parte del órgano instructor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en las bases reguladoras, así como los señalados en el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en el artículo 25.4 de las bases reguladoras y en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre ellos, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no hallarse en ninguna de las situaciones concursales previstas en dicho artículo.
El pago de la ayuda también estará supeditado a que el beneficiario esté al corriente del cumplimiento de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ya sea en concepto de devoluciones de las cuotas de amortización o bien por haber incurrido en alguna causa de reintegro del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. La declaración responsable de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro y la de encontrarse al corriente del pago en concepto de reembolsos de préstamos formarán parte del propio documento de aceptación de la ayuda.
5. Para poder realizarse el pago de la ayuda es necesario que el beneficiario haya dado de alta previamente ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera la cuenta bancaria en la que desee recibir el pago.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que permite a los beneficiarios de las ayudas proceder a la devolución voluntaria del importe de ayuda no aplicado sin el previo requerimiento de la Administración, en cualquier momento podrá solicitarse dicha devolución a través del trámite disponible a tal efecto en la Sede Electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Una vez tramitada la solicitud, se le remitirá el correspondiente modelo para que haga el ingreso incluyendo los intereses de demora.
1. La justificación de las ayudas se realizará por el beneficiario de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV, artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en el título II, capítulo II, del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y con lo establecido en la normativa aplicable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
2. La modalidad de justificación adoptada para la acreditación de la realización del proyecto, el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión, será la de cuenta justificativa con aportación de los justificantes de gasto y de pago, junto con el informe de auditor.
3. La cuenta justificativa contendrá una memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, y una memoria económica, justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá una relación clasificada de todos los costes directos con identificación del acreedor y del documento, su importe, fechas de emisión y fecha de pago, con indicación, en su caso, de las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto aprobado. Con dicha relación se adjuntarán las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y la documentación acreditativa del pago, con la excepción, de las facturas y documentos de pago asociados de importe inferior a 3.000 euros, sin perjuicio de su aportación en cualquier momento posterior, previo requerimiento.
Se podrán incluir opciones de costes simplificados en relación con los costes de personal propio, de manera que los costes directos de personal se calcularán a un tipo fijo de hasta el 20 % de los costes directos de la operación que no sean costes de personal,
Con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable del cumplimiento de lo establecido en el artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con la prohibición de subcontratación con personas o entidades vinculadas con el beneficiario, indicando expresamente en su caso la concurrencia de las excepciones a las que se refiere el citado artículo. A estos efectos se entenderá por personas físicas o jurídicas vinculadas, las del denominado grupo «ampliado» definido en la Norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) 13.ª «Empresas del grupo, multigrupo y asociadas» del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
Asimismo, con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable respecto del cumplimiento de las condiciones específicas a respetar en relación con el principio de no causar daño significativo (DNSH).
Finalmente, deberá disponerse para su aportación a la Administración en caso de ser requerido de los partes horarios firmados por los propios empleados con respecto a la dedicación de los mismos al proyecto.
4. El informe de auditor vendrá realizado por un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, salvo que exista una imposibilidad material y se acredite.
Dicho informe se ajustará a lo dispuesto en la «Norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio» aprobada por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, así como a lo que adicionalmente se establezca a tal e