Categoría: Economía y Empleo

Unos mercados de valores adecuadamente regulados y supervisados pueden realizar una importante contribución al conjunto de la economía, asignando eficientemente recursos financieros y fomentando la internacionalización de las empresas y de la economía. Pero al mismo tiempo, las anteriores crisis financieras han demostrado que los mercados de capitales tienen un potencial destructivo significativo, y que las crisis originadas en los mercados financieros pueden contagiar con rapidez y gran virulencia a las economías y los demás sectores productivos.
Para garantizar un correcto y ordenado funcionamiento de los mercados de valores es fundamental que estos sean regulados por un marco jurídico lo más claro, estable y coherente posible. Pero además de un marco jurídico de calidad, es indispensable que el cumplimiento de dicho marco sea supervisado por una autoridad administrativa independiente que esté dotada de las potestades administrativas y los recursos humanos y materiales necesarios para ello. Esta función la cumple en nuestro ordenamiento la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV) desde 1988.
En efecto, la CNMV supervisa el correcto funcionamiento de los mercados de valores, según establece la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Estos mercados se caracterizan por su elevada complejidad técnica, sofisticación y creciente integración en los mercados financieros europeos e internacionales. De ahí que la CNMV deba guiarse en su funcionamiento y sus actividades de supervisión por los más altos estándares de profesionalidad, competencia técnica e independencia; y que deba estar dotada de las técnicas de supervisión y facultades administrativas más modernas y amplias posibles, para poder cumplir sus objetivos con la mayor eficacia.
Pero al mismo tiempo, como autoridad administrativa que cumple un interés público esencial, su actuación debe estar presidida en todo momento por el cumplimento de los principios de legalidad, transparencia y proporcionalidad.
En este sentido, este real decreto pretende desarrollar de forma unitaria y coherente las potestades y facultades administrativas de supervisión que la Ley atribuye a la CNMV. Concretamente, la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión atribuye a la CNMV de forma expresa pero genérica determinadas potestades y facultades de inspección, comprobación, investigación, etc. que son complementadas y desarrolladas en sus aspectos de detalle por este real decreto. Este desarrollo reglamentario es congruente además con el artículo 4.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que reconoce a las administraciones públicas un amplio elenco de facultades de inspección y comprobación. Sigue así la sistemática de otros reglamentos similares que desarrollan potestades de supervisión e inspección, como por ejemplo el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito o el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria.
Al desarrollar y sistematizar en un único reglamento estas facultades de supervisión, se facilita el conocimiento y aplicación de estas potestades y facultades de supervisión, y su ejercicio de la forma más coherente y predecible. Además, el reglamento desarrolla las obligaciones de registro y las relaciones interadministrativas de la CNMV que la Ley 6/2023, de 17 de marzo, establece en sus elementos esenciales.
Asimismo, este real decreto regula numerosas cuestiones que estaban recogidas en el anterior texto refundido de 2015 de la Ley del Mercado de Valores. Tal y como había observado el Consejo de Estado en diversos dictámenes, dicha Ley adolecía de un excesivo carácter reglamentista. Por ello, la nueva ley contiene únicamente los elementos configuradores básicos del régimen jurídico de supervisión e intervención de la CNMV, un régimen jurídico que es completado y desarrollado por este real decreto ejecutivo. Así se alcanzan a su vez dos importantes objetivos: por un lado, se descarga a la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de aquellas cuestiones técnicas de detalle no pertinentes en el texto de una ley marco, reduciendo de esta forma no solo su extensión sino también su complejidad. Y, por otro lado, se permite que esas cuestiones de detalle se adapten en un futuro de forma mucho más ágil y rápida a las posibles modificaciones normativas derivadas del Derecho de la Unión Europea mediante la adaptación de esta norma reglamentaria.
El contenido de este real decreto se corresponde fundamentalmente con el desarrollo de las potestades y facultades administrativas de supervisión que la Ley atribuye a la CNMV para el cumplimiento de sus fines.
En primer lugar, este real decreto incluye el detalle de los registros oficiales que la CNMV deberá establecer y mantener, y que constituyen una pieza esencial de la transparencia que debe guiar el funcionamiento de los mercados de valores. La Ley 6/2023, de 17 de marzo, hace referencia a numerosos registros en diversas materias (folletos, entidades encomendadas para llevar el registro contable, empresas de asesoramiento financiero nacional) que se especifican en el artículo 2 de este real decreto. Se hace, por tanto, en listado exhaustivo de los registros públicos oficiales que mantendrá la CNMV.
En segundo lugar, el reglamento regula con detalle las relaciones de cooperación interadministrativa que deben guiar la actuación de la CNMV cuando ejerza competencias que pueden afectar a las competencias de otras autoridades supervisoras nacionales, europeas o de terceros estados. Así, se dedican preceptos específicos a las relaciones de cooperación con el Banco de España, las autoridades de supervisión de otros Estados miembros de la UE, la Autoridad Europea de los Mercados y Valores y las autoridades supervisoras de terceros Estados.
En este sentido, se regula la cooperación con otras autoridades nacionales. En el artículo 3, se fijan los criterios para cooperar con otras autoridades supervisoras nacionales, esto es, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, estableciendo requisitos de intercambio de información entre ellas. Asimismo, se fijan las situaciones en las cuales la CNMV deberá pedir a ambas entidades informe previo. El artículo 5, por su parte, fija las relaciones de cooperación con otra serie de entidades o autoridades nacionales, en relación con la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y con los derivados sobre materias primas agrícolas.
Igualmente, se fijan las situaciones en que la CNMV o el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, cooperarán, garantizando el intercambio de información con otras autoridades competentes de la Unión Europea, con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (en adelante, JERS) y con otros integrantes del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 6/2017, de 17 de marzo. Se fijan también los criterios para el intercambio de información entre la CNMV y las autoridades europeas. Igualmente se establecen las situaciones excepcionales en que la CNMV podrá negarse a dar curso a una solicitud de cooperación en una investigación, una verificaciónin situo una supervisión en el artículo 10.
Un aspecto importante regulado en este real decreto es el relativo a las disposiciones específicas sobre supervisión de empresas de servicios de inversión, y es donde se contiene principalmente la transposición parcial de la Directiva 2019/2034. Las empresas de servicios de inversión constituyen una de las categorías de intermediarios financieros de los mercados de valores más relevantes en cuanto a su número e importancia. Por ello, la normativa prevé algunas especialidades en cuanto al ejercicio de potestades y facultades de supervisión sobre ellas. En buena medida, estas facultades tienen su origen en el Derecho de la Unión Europea, y muy especialmente en la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican las Directivas 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE.
El real decreto consta de una parte expositiva, 31 artículos organizados en cuatro capítulos, y 4 disposiciones finales.
El capítulo I contiene las disposiciones generales relativas al objeto del real decreto.
El capítulo II es el relativo a los registros públicos, en el que destaca la relación de los registros oficiales cuya llevanza corre a cargo de la CNMV.
El capítulo III regula las relaciones de cooperación de la CNMV con otras autoridades supervisoras, tanto nacionales como de la UE o de terceros Estados. También se incluye en este capítulo lo relativo a los intercambios de información entre autoridades competentes.
El capítulo IV contiene las disposiciones específicas sobre la supervisión de las empresas de servicios de inversión, y es donde se contiene principalmente la transposición parcial de la Directiva 2019/2034.
Por ello, el capítulo IV se divide en tres secciones. La primera de ellas determina el ámbito objetivo y subjetivo de esta función supervisora. Se establecen los elementos que serán objeto de la evaluación supervisora. También marca en un máximo de tres años la revisión de la observancia por las empresas de servicios de inversión de los requisitos exigibles a los modelos cuya utilización para el cálculo de los requerimientos de recursos propios requiere la autorización previa.
La segunda de ellas desarrolla como la CNMV colaborará con otras autoridades supervisoras de otros Estados Miembros. De forma específica, el artículo 17 señala la información que la CNMV deberá remitir a la ABE y también en las situaciones de emergencia, esto último en cumplimiento del artículo 262 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo. Además, se desarrolla de forma concreta la supervisión en base consolidable y de grupos consolidados. También se desarrolla el funcionamiento de los colegios supervisores, en desarrollo del artículo 264 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo.
Por último, la sección tercera regula las obligaciones de divulgación e información. El artículo 30 marca la información que la CNMV debe publicar en materia de solvencia en su página web, además de desarrollar de forma específica como se aplicarán los artículos 6 y 7 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013. Por su parte, el artículo 31 indica la información, en materia de solvencia, que las empresas de servicios de inversión deben publicar, integrada en un solo documento denominado «Información sobre solvencia». Este informe debe tener una naturaleza, al menos, anual.
Por último, se regulan 4 disposiciones finales, relativas a la entrada en vigor, el derecho de la Unión que se traspone, los títulos competenciales para dictar el real decreto y la habilitación para el desarrollo de esta norma.
La disposición final primera enuncia los títulos competenciales del Estado habilitantes, mientras que la disposición final segunda identifica la Directivas de la Unión europea que son objeto de transposición. Por último, la disposición final tercera habilita a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y, con habilitación expresa de esta, a la CNMV, a poder dictar las disposiciones precisas para la debida ejecución del presente real decreto, mientras que la disposición final cuarta ordena la entrada en vigor de la norma al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Este real decreto responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, que se prevén en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, es el instrumento óptimo para llevar a cabo la transposición parcial de la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, y dar así cumplimiento a las obligaciones del Reino de España en relación con la incorporación de normas de derecho europeo a nuestro ordenamiento jurídico. Además, es el instrumento óptimo y necesario para reducir las materias que hasta ahora venían siendo reguladas en sede legal en el ámbito de los mercados de valores y que tienen una ubicación más idónea en una norma de rango reglamentario.
En cuanto al principio de proporcionalidad, la transposición parcial de la Directiva 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, guarda el necesario equilibrio entre la necesidad de mitigar los riesgos derivados de la actividad de las entidades del sector financiero y el impulso normativo a su competitividad y rentabilidad. Asimismo, también es respetuosa con el principio de proporcionalidad la regulación por este real decreto de las distintas potestades administrativas, los registros oficiales y las relaciones interadministrativas que mantenga la CNMV y que se prevén en este real decreto. En todos esos aspectos, este real decreto cumple con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El principio de seguridad jurídica queda reforzado de forma muy significativa, en la medida en que este real decreto sistematiza y reordena cuestiones que hasta ahora estaban reguladas en el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. De esta forma se ahonda en diversos subprincipios derivados del de seguridad jurídica, como son el de cognoscibilidad de las normas y el de calidad normativa. La distribución entre ley y reglamento avanzada mediante la nueva Ley 6/2023, de 17 de marzo, y este real decreto mejora así el conocimiento y comprensión de las normas por parte de sus destinatarios, facilitando su interpretación y aplicación y permitirá que en este ámbito el ordenamiento jurídico pueda ir adaptándose sin efectuar constantes modificaciones legislativas o efectuando las menos posibles.
En aplicación del principio de transparencia, tanto en la fase de consulta pública como en la de audiencia pública, los interesados tuvieron acceso al borrador de este real decreto y otros documentos (Anteproyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Proyecto de Real Decreto de instrumentos, registros e infraestructuras, Proyecto de Real Decreto de Empresas de Servicios de Inversión) en la página web del Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital.
En este sentido, se han realizado dos procesos de audiencia pública. El primero de ellos tuvo lugar del 5 al 25 de mayo de 2021, mientras que el segundo se realizó del 21 al 28 de septiembre de 2023. En la primera de estas audiencias, las entidades que participaron apenas realizaron observaciones a este real decreto, con la salvedad de la CNMV. Lo mismo sucedió en la segunda audiencia, donde las aportaciones más relevantes se recibieron por parte de la CNMV y el Banco de España.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto no impone carga administrativa alguna adicional que no sea estrictamente necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Directiva 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión.
Ha sido sometido a los trámites de consulta y audiencia públicas, y durante su tramitación se ha recabado informes de las Secretarías Generales Técnicas del Ministerio de Justicia, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, a la vez que se recibían informes de la CNMV, el Banco de España, la Agencia Española de Protección de Datos y del Consejo de Estado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de noviembre de 2023,
Este real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, en concreto el régimen jurídico de las potestades y facultades administrativas de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (en adelante CNMV).
La CNMV mantendrá los siguientes registros públicos oficiales, a los que el público tendrá libre acceso:
a) Un registro de las entidades que tengan encomendada la llevanza del registro contable correspondiente a cada una de las emisiones de valores representados mediante anotaciones en cuenta.
b) Un registro de las entidades responsables de la administración de la inscripción y registro de valores negociables representados mediante sistemas basados en tecnología de registros distribuidos correspondientes a una emisión.
c) Un registro que contendrá los folletos aprobados por la CNMV en virtud de lo previsto en la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
d) Un registro de los documentos a que se refiere el artículo 37.1 a) y b) de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, cuando en el caso de la admisión a negociación, la CNMV sea la encargada de verificar los requisitos de admisión a negociación conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo. Para las ofertas públicas de venta o suscripción de valores negociables no exceptuadas de la obligación de publicar un folleto, un registro de los documentos a que se refiere el artículo 37.1. a) de la Ley 6/2023, de 17 de marzo.
e) Un registro de las empresas de servicios de inversión que operen en España y, en su caso, de sus administradores, directivos y asimilados.
f) Un registro de las empresas de asesoramiento financiero nacional (EAFN) y, en su caso, de sus administradores, directivos y asimilados.
g) Un registro de los agentes o apoderados que actúen con carácter habitual por cuenta de las empresas de servicios de inversión, y de las empresas de asesoramiento financiero nacional (EAFN) que sean personas jurídicas.
h) Un registro de información regulada, que deberá incluir la información señalada en los artículos 99, 100, 103, 105, 106 y 228 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo. También se incluirán los requerimientos oficiales de la CNMV para la remisión, ampliación o revisión del contenido de la información a la que hacen referencia los artículos 99 a 102 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo. Este registro tendrá la consideración de mecanismo central para el almacenamiento de la información.
i) Un registro de las sociedades cotizadas previstas en el artículo 495 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
j) Un registro en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, se harán constar las sanciones impuestas en los últimos cinco años por la comisión de infracciones graves y muy graves a las personas físicas y jurídicas sujetas al ámbito de supervisión, inspección y sanción previsto en el título IX de la citada ley.
k) Un registro de los mercados regulados, de cuyo contenido y modificaciones se informará a los organismos supervisores de los demás Estados miembros de la Unión Europea y a la AEVM.
l) Un registro de los sistemas multilaterales de negociación españoles.
m) Un registro de los sistemas organizados de contratación españoles (SOC).
n) Un registro de las entidades de crédito y de las empresas de servicios de inversión que realicen la actividad regulada de internalización sistemática.
ñ) Un registro de los depositarios centrales de valores y las entidades de contrapartida central a las que se refieren el artículo 83 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo.
o) Un registro de fondos de activos bancarios a los que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en el que se inscribirán los hechos y actos sujetos a registro en la CNMV conforme a la normativa aplicable.
p) Un registro de las plataformas de financiación participativa.
q) Un registro de fondos de titulización, en el que se inscribirán los hechos y actos sujetos a registro en la CNMV conforme a la normativa aplicable.
r) Un registro de información privilegiada relativa a emisores de instrumentos financieros que hayan sido admitidos a negociación en mercados regulados o para los que se haya solicitado la admisión a un mercado regulado.
s) Un registro de los proveedores de servicios de suministro de datos.
t) Un registro de información de gobierno corporativo y de otras informaciones que las sociedades emisoras deban remitir a la CNMV en cumplimiento de disposiciones normativas y que no estén definidas en los registros anteriores.
u) Un registro de los folletos de ofertas públicas de adquisición de acciones aprobados por la CNMV en virtud de lo previsto en la Ley 6/2023, de 17 de marzo, así como de las excepciones a la formulación de ofertas públicas de adquisición de acciones.
1. El Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dentro de sus respectivas competencias legales sobre el control e inspección de las entidades financieras, cooperarán estrechamente con la finalidad de armonizar en lo que resulte conveniente y mejorar, con base en su experiencia mutua, los criterios y programas que amparen las técnicas y prácticas de supervisión que utilicen en el ejercicio de aquellas competencias.
2. A tal efecto, intercambiarán periódicamente las informaciones que sean relevantes, en especial, las referidas a asegurar la mayor calidad de las técnicas empleadas, y podrán celebrar uno o varios convenios que tengan por objeto la normalización de dichos intercambios, la homogeneización de procedimientos o prácticas concretos y, en su caso, articular los instrumentos que permitan el seguimiento de los objetivos mencionados.
Asimismo, intercambiarán sin demora toda la información pertinente para el ejercicio de sus funciones y deberes.
3. En particular el Banco de España y la CNMV colaborarán estrechamente para garantizar una adecuada supervisión de aquellas empresas de servicios de inversión a las que se les aplique el marco prudencial de las entidades de crédito conforme al artículo 124 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo. Esta colaboración permitirá la transferencia de conocimientos en técnicas y prácticas supervisoras del régimen prudencial de las entidades de crédito por parte del Banco de España a la CNMV.
4. En el ejercicio de sus funciones, la CNMV tomará debidamente en consideración la posible incidencia de sus decisiones en la estabilidad del sistema financiero de otros Estados miembros de la Unión Europea afectados y de la Unión en su conjunto, en particular en situaciones de urgencia, basándose en la información disponible en el momento de que se trate.
1. La CNMV deberá solicitar informe previo al Banco de España o a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, según corresponda, para la adopción de cualquiera de las siguientes decisiones en relación con las contrapartes sometidas a su respectiva supervisión prudencial:
a) Las decisiones relativas a la existencia de procedimientos de gestión del riesgo y a la suficiencia del capital de las contrapartes financieras a los efectos de lo previsto en el artículo 11.3 y 4 del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones, o en el artículo 6.3 del proyecto respecto del Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia).
b) La aplicación de las exenciones a las operaciones intragrupo a las que se refiere el artículo 4.2 y el artículo 11.5 y siguientes del citado Reglamento.
2. Las decisiones que pueda adoptar la CNMV a las que se refiere la letra a) anterior deberán basarse, en todo caso, en el informe que emita la autoridad responsable de la supervisión prudencial de la correspondiente entidad.
3. La CNMV podrá requerir al Banco de España y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuanta información resulte necesaria para el ejercicio de las competencias de supervisión, inspección y sanción relativas a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012.
1. En relación con los derechos de emisión, la CNMV cooperará con la Oficina Española de Cambio Climático, los organismos públicos competentes en materia de supervisión de los mercados de contado y de subastas, el Registro Nacional de Derechos de Emisión y otros organismos públicos responsables de la supervisión de conformidad con la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con el fin de garantizar la obtención de una visión de conjunto de los mercados de los derechos de emisión.
2. En relación con los derivados sobre materias primas agrícolas, la CNMV informará y cooperará con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los organismos públicos autonómicos competentes en materia de supervisión, gestión y regulación de los mercados agrícolas físicos a tenor del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 y (CE) n ° 1234/2007.
1. La supervisión prudencial de una empresa de servicios de inversión española estará a cargo de la CNMV, sin perjuicio de las disposiciones de Derecho europeo que atribuyan competencia a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.
2. La CNMV y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dentro de sus respectivas competencias, cooperarán, garantizando el intercambio de información con otras autoridades competentes de la Unión Europea, con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (en adelante, JERS) y con otros integrantes del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, siempre que sea necesario para llevar a cabo las funciones establecidas en la Ley 6/2023, de 17 de marzo, su desarrollo reglamentario y en la normativa europea. A su vez participarán en las actividades de la Autoridad Bancaria Europea (en adelante, ABE) y de los colegios de supervisores que se puedan crear según lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo.
3. La CNMV cooperará con otras autoridades competentes de la Unión Europea siempre que sea necesario para llevar a cabo las funciones establecidas en la Ley 6/2023, de 17 de marzo, y en el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, haciendo uso a tal fin de todas las facultades que la misma le atribuye y las establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1060/2009, de 16 de septiembre de 2009.
4. Asimismo, la CNMV prestará ayuda a otras autoridades competentes de la Unión Europea. En particular, intercambiará información, colaborará en actividades de investigación o supervisión y cooperará a la hora de facilitar el cobro de sanciones pecuniarias.
5. La CNMV cooperará con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (en adelante, AEVM). En particular, le proporcionará sin demora toda la información que requiera para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión.
6. Al ejercer sus facultades sancionadoras y de investigación, la CNMV cooperará con otras autoridades competentes de la Unión Europea para garantizar que las sanciones o medidas produzcan los resultados deseados y coordinará su actuación con otras autoridades cuando se trate de casos transfronterizos.
La CNMV podrá ejercer sus potestades para fines de cooperación, incluso en casos en que el comportamiento investigado no constituya una infracción de la normativa vigente en España.
7. En ejercicio de su función supervisora, la CNMV solicitará a las autoridades competentes de otros Estados miembros aquella información relativa a la aplicación de métodos y metodologías establecidos en la Ley 6/2023, de 17 de marzo y su normativa de desarrollo que resulten de la transposición de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE; o en el Reglamento (UE) n. º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n. º 648/2012, que pueda estar previamente a disposición del supervisor en otro Estado miembro.
8. En el caso de que en el ejercicio de su función supervisora sobre cualquier persona a la que se refiere el artículo 232 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, la CNMV tuviera conocimiento de información que, aun no correspondiendo con su ámbito de supervisión, pudiera ser de interés para el ejercicio de la función supervisora de una autoridad supervisora de un Estado miembro de la Unión Europea, comunicará inmediatamente dicha información a la autoridad del Estado miembro correspondiente sin que esto pudiera en ningún caso entenderse como ejercicio de la función supervisora por parte de la CNMV.
9. En el ejercicio de sus funciones, la CNMV y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tendrán en cuenta la convergencia de los instrumentos y las prácticas de supervisión a nivel europeo en la aplicación de las disposiciones legales adoptadas en el desarrollo de la normativa europea.
En particular velarán por el cumplimiento de las directrices y recomendaciones que formule la ABE de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión, y la AEVM de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión.
También se atendrán a los avisos y recomendaciones que formule la JERS con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico.
1. La CNMV facilitará sin demora a la AEVM, a la ABE, a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, y a las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea la información necesaria para el desempeño de sus funciones que estas le requieran.
2. La CNMV no transmitirá la información recibida de autoridades competentes de otros países a otros organismos o personas físicas y jurídicas sin el consentimiento expreso de las autoridades competentes.
En tal caso, la información recibida por la CNMV o transmitida por esta únicamente podrá utilizarse para los fines para los que dichas autoridades hayan dado su consentimiento en el ejercicio de sus funciones, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 233.3 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo.
3. Asimismo, la CNMV podrá transmitir la información recibida de otras autoridades competentes al Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, en circunstancias debidamente justificadas la CNMV podrá transmitir la información a otros organismos o personas físicas y jurídicas sin el consentimiento expreso de las autoridades competentes. En este caso, la CNMV informará inmediatamente de ello a la autoridad competente del Estado que envió la información.
5. La CNMV utilizará la información confidencial recopilada, intercambiada o transmitida en el marco de la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, en virtud de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, su desarrollo reglamentario y del Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 806/2014; exclusivamente para desempeñar sus funciones y, en particular, para los fines siguientes:
a) Verificar el cumplimiento de las condiciones que regulan el acceso a la actividad de las empresas de servicios de inversión y facilitar la supervisión, sobre una base individual o consolidada, del ejercicio de dicha actividad, especialmente en lo que respecta a las exigencias de adecuación del capital impuestas por la normativa aplicable, a los procedimientos administrativos y contables y a los mecanismos de control interno.
b) El seguimiento de las normas prudenciales.
c) La imposición de sanciones.
d) En el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la autoridad competente.
e) En el marco de un procedimiento judicial.
f) En mecanismos extrajudiciales para resolver las denuncias de los inversores.
g) Supervisar el funcionamiento apropiado de los centros de negociación.
La CNMV podrá intercambiar información confidencial a efectos de lo dispuesto en este apartado, indicar expresamente el modo en que dicha información debe tratarse y restringir expresamente cualquier otra transmisión de esa información.
1. La CNMV notificará a la AEVM y demás autoridades competentes los datos pormenorizados de:
a) Toda exigencia de reducir el volumen de una posición o exposición con arreglo al artículo 234.3.m) de la Ley 6/2023, de 17 de marzo; y
b) Todo límite impuesto a la capacidad de las personas de contratar un instrumento con arreglo al artículo 234.3.ñ) de la Ley 6/2023, de 17 de marzo.
2. La notificación incluirá, cuando proceda, datos pormenorizados del requerimiento o de la solicitud a tenor del artículo 234.3.h) de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, incluida la identidad de la persona o personas a las que se haya dirigido y las razones correspondientes, así como el alcance de los límites impuestos con arreglo al artículo 234.3.ñ) de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, incluidas la persona afectada, los instrumentos financieros de que se trate, los umbrales sobre el volumen de las posiciones que la persona podrá suscribir en todo momento, y las excepciones aplicables de conformidad con el artículo 77 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, así como las razones correspondientes.
3. La CNMV notificará las acciones o medidas adoptadas, como mínimo 24 horas antes de su fecha prevista de entrada en vigor. Si, por circunstancias excepcionales, la CNMV no puede efectuar la notificación en ese plazo, podrá hacerlo con una antelación inferior.
4. Cuando la CNMV reciba una notificación como la prevista en este artículo de otra autoridad competente, podrá adoptar medidas con arreglo al artículo 234.3.m) y ñ) de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, cuando tenga constancia de que la medida es necesaria para la consecución del objetivo de la otra autoridad competente. La CNMV procederá también a la notificación de conformidad con este apartado si se propone adoptar medidas.
5. Cuando una acción adoptada con arreglo al apartado 1 se refiera a productos energéticos al por mayor, la CNMV remitirá también la notificación a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía establecida con arreglo al Reglamento (CE) n. º 713/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía.
1. La CNMV, con carácter previo a la adopción de decisiones que puedan afectar al ejercicio de las funciones de supervisión por parte de las autoridades competentes interesadas de otro Estado miembro de la Unión Europea, consultará con dichas autoridades, facilitando la información que resulte esencial o pertinente, en atención a la importancia de la materia de que se trate.
En particular, se deberá realizar la oportuna consulta, antes de adoptar las siguientes decisiones:
a) Las contempladas en el título V, capítulo IV, de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, en relación con la adquisición de participaciones significativas, con independencia del alcance del cambio en el accionariado que se vea afectado por la decisión correspondiente.
b) Los informes que se deban emitir en las operaciones de fusión, escisión o cualquier otra modificación relevante en la organización o en la gestión de una empresa de servicios de inversión.
c) Las sanciones por la comisión de infracciones muy graves y graves que, a juicio de la CNMV, se consideren de especial relevancia.
d) Las medidas de intervención y sustitución, a las que se refiere el artículo 330 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo.
e) La solicitud de recursos propios adicionales, con arreglo a lo previsto en el artículo 258.2 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, así como la imposición de limitaciones al uso de métodos internos de medición del riesgo operacional.
En los supuestos recogidos en las letras c), d) y e), se deberá consultar en todo caso a la autoridad de la Unión Europea responsable de la supervisión consolidada del grupo eventualmente afectado por la decisión.
2. Con carácter excepcional, la CNMV, podrá omitir la consulta previa a la autoridad competente interesada de otro Estado miembro de la Unión Europea, cuando concurran circunstancias de urgencia o cuando dicha consulta pudiera comprometer la eficacia de las decisiones a adoptar. No obstante, la CNMV deberá informar sin demora a las citadas autoridades, en cuanto la decisión se haya adoptado.
La CNMV podrá negarse a dar curso a una solicitud de cooperación en una investigación, una verificaciónin situo una supervisión conforme al artículo 12.4 a 12.6 o a intercambiar información conforme al artículo 7.1 a 7.5, y 12.1, solamente en caso de que:
a) Se haya incoado un procedimiento judicial por los mismos hechos y contra las mismas personas.
b) Se haya dictado ya una resolución judicial firme con respecto a las mismas personas y los mismos hechos.
En caso de denegación, la CNMV lo notificará debidamente a la autoridad competente solicitante y a la AEVM, facilitando la mayor información posible al respecto.
1. La CNMV establecerá mecanismos de cooperación proporcionados con la autoridad competente del Estado miembro de acogida cuando los centros de negociación establezcan mecanismos en otros Estados miembros de la Unión Europea para permitir el acceso remoto y las operaciones de ese centro y cuando, dada la situación de los mercados de valores en el Estado miembro de acogida, los centros de negociación hayan cobrado una importancia sustancial para el funcionamiento de los mercados y la protección de los inversores en ese Estado.
2. Asimismo, la CNMV y la autoridad competente de un centro de negociación de otro Estado miembro de la Unión Europea establecerán mecanismos de cooperación proporcionados cuando dicho centro haya establecido en territorio español mecanismos para garantizar el acceso remoto, y las operaciones realizadas en España y cuando, dada la situación de los mercados de valores españoles, hayan cobrado una importancia sustancial para el funcionamiento de los mercados y la protección de los inversores en España.
3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que las operaciones revisten una importancia sustancial cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios y actividades de inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva.
1. La CNMV podrá comunicar a las autoridades competentes de otros Estados Miembros de la Unión Europea información relacionada con las materias reguladas en las normas nacionales que traspongan la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE, y en el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.
En tales casos, la CNMV deberá indicar si la información sólo puede divulgarse con su consentimiento expreso.
Asimismo, cuando la CNMV reciba información de las autoridades competentes de otros Estados miembros y dichas autoridades hayan indicado que la información sólo puede divulgarse con su consentimiento expreso, la CNMV deberá utilizar esa información exclusivamente para los fines que haya autorizado esa autoridad.
Cuando una petición de información de la CNMV a otras autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea haya sido rechazada o no haya sido atendida, la CNMV lo pondrá en conocimiento de la AEVM, que podrá actuar de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010; sin perjuicio de las posibilidades de rechazar una solicitud de información previstas en el artículo 83 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014; y de la facultad de la AEVM de tomar las medidas previstas en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010.
2. Cuando la CNMV tenga motivos fundados para sospechar que entidades no sujetas a su supervisión están realizando o han realizado en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea actividades contrarias a las disposiciones nacionales por las que se haya transpuesto la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014; o al Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, lo notificará de manera tan específica como sea posible a la autoridad competente de dicho Estado miembro y a la AEVM. Esta comunicación se entenderá sin perjuicio de las competencias que pueda ejercer la CNMV.
3. Asimismo, cuando la CNMV reciba una notificación de la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea que tenga motivos fundados para sospechar qué entidades no sujetas a su supervisión están realizando o han realizado en territorio español actividades contrarias a la Ley 6/2023, de 17 de marzo, y a sus disposiciones de desarrollo, deberá adoptar las medidas oportunas para corregir esta situación. Además, comunicará a la autoridad competente notificante y a la AEVM el resultado de su intervención y, en la medida de lo posible, los avances intermedios significativos.
4. La CNMV podrá pedir la cooperación de otras autoridades competentes de la Unión Europea en una actividad de supervisión, para una verificaciónin situo una investigación relacionada con las materias reguladas en las normas nacionales que traspongan la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, así como con las materias relacionadas con el Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009.
Cuando esta petición de cooperación haya sido rechazada o no haya sido atendida, la CNMV lo pondrá en conocimiento de la AEVM, que podrá actuar de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sin perjuicio de las posibilidades de rechazar una solicitud de información previstas en el artículo 83 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014; y de la facultad de la AEVM de tomar las medidas previstas en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.
5. Cuando se trate de empresas de servicios y actividades de inversión, autorizadas en otro Estado miembro, que sean miembros remotos de un mercado regulado, la CNMV podrá optar por dirigirse a ellas directamente, en cuyo caso informará debidamente a la autoridad competente del Estado miembro de origen del miembro remoto.
6. En caso de que la CNMV reciba una solicitud relativa a una verificaciónin situo a una investigación, en el marco de sus competencias:
a) Realizará por sí misma la verificación o investigación,
b) Permitirá que la realicen las autoridades que hayan presentado la solicitud; o
c) Permitirá que la realicen auditores o expertos.
Lo dispuesto en este capítulo no se aplica a las empresas de servicios de inversión a que se refiere el artículo 1, apartados 2 y 5, del Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, que se supervisarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, párrafo segundo del mismo Reglamento y siendo, por tanto, de aplicación los requisitos prudenciales establecidos en el Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 y en la transposición de los títulos VII y VIII de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 contenidos en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y su desarrollo reglamentario.
1. De acuerdo con el Título V del Real Decreto 813/2023, de 8 de noviembre, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y, teniendo en cuenta los criterios técnicos contemplados en el artículo 240 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, la CNMV someterá a revisión los sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos aplicados por las empresas de servicios de inversión a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019; y en las normas de solvencia contenidas en la Ley 6/2023, de 17 de marzo, y en este real decreto, y evaluará los siguientes elementos:
a) Los riesgos a los cuales las empresas de servicios de inversión y sus grupos consolidables están o podrían estar expuestas, en concreto los mencionados en el artículo 104 del Real Decreto 813/2023, de 8 de noviembre, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión.
b) La evaluación del riesgo sistémico, teniendo en cuenta la determinación y medición del riesgo sistémico con arreglo al artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 de 24 de noviembre o a las recomendaciones de la JERS;
c) La ubicación geográfica de las exposiciones de la empresa de servicios de inversión;
d) El modelo de negocio de la empresa de servicios de inversión;
e) Los riesgos para la seguridad de sus redes y sistemas de información, de los usuarios de tales sistemas y de otras personas afectadas por las ciber amenazas, con el fin de garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sus procesos, datos y activos;
f) La exposición de las empresas de servicios de inversión al riesgo de tipo de interés derivado de actividades ajenas a la cartera de negociación;
g) Los sistemas de gobernanza de las empresas de servicios de inversión y la capacidad de los miembros del órgano de dirección para desempeñar sus funciones.
A partir de esta revisión y evaluación, la CNMV determinará si los sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos empleados por las entidades y los fondos propios y la liquidez mantenidos por ellas garantizan una gestión y cobertura sólida de sus riesgos.
La CNMV deberá tener en cuenta si las empresas de servicios de inversión han suscrito un seguro de responsabilidad civil o, en caso de no existir esta cobertura en el sector asegurador, un aval u otra garantía financiera con los mismos fines.
A efectos de este párrafo se tendrá en cuenta el artículo 76.2 del Real Decreto 813/2023, de 8 de noviembre, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión, sobre segregación aplicable al dinero de clientes en depósito.
2. La CNMV establecerá la frecuencia e intensidad de la revisión y la evaluación contempladas en el apartado 1 tomando en consideración el tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de las empresas de servicios de inversión en cuestión y, cuando proceda, su importancia sistémica, y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.
La CNMV decidirá caso por caso si la revisión y la evaluación han de realizarse, y de qué modo, en rel