Categoría: Judicial

gualdad en la aplicación de la ley.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
1.º Inadmitir las quejas relativas a las vulneraciones de los derechos fundamentales al juez imparcial (art. 24.1 CE) y al juez predeterminado por la ley (art. 24.1 CE).
2.º Desestimar el recurso de amparo núm. 5739-2021, interpuesto por don Josep Vega i Rosselló, en relación con las quejas de vulneración del derecho fundamental de participación y representación políticas (art. 23.1 y 2 CE), y derecho a las libertades ideológicas (art. 16 CE), de expresión [art. 20.1 a) CE] y reunión (art. 21 CE).
3.º Desestimar el recurso de amparo en relación con las quejas relativas al derecho a una resolución judicial motivada (art. 24.1 CE), derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la igualdad en aplicación de la ley (art. 24.1 CE en relación con el art. 14 CE).
4.º Acordar el archivo de la pieza separada de medidas cautelares.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de abril de dos mil veintidós.–Pedro José Mora Suárez.–Juan Antonio Gómez Castillos.–Santiago Ruiz-Vares García.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Iglesias Garrido.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Carrasco Giménez Callejón.–Ramón García Muñoz.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Herrera Núñez.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.
Con el máximo respeto a nuestros compañeros de Pleno, reflejamos en este voto particular la posición que defendimos en la deliberación de este recurso de amparo avocado respecto de determinada argumentación en torno a la prerrogativa de inviolabilidad de los parlamentarios que consideramos que hubiera sido más adecuadas para fundamentar la desestimación de la invocación del derecho de representación política (art. 23.2 CE).
1. El demandante de amparo alega para fundamentar la invocación del art. 23.2 CE que la admisión de la querella presentada, entre otros, contra él por la supuesta comisión de un delito de desobediencia vulnera la garantía de la inviolabilidad que tienen reconocida los diputados del Parlamento de Cataluña respecto de los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones en los arts. 57.1 EAC y 21 RPC, al traer causa de los votos emitidos en su condición de vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Cataluña respecto de la admisión de determinadas iniciativas parlamentarias.
La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia hace radicar toda la fuerza argumental para desestimar esta invocación en que los hechos enjuiciados en la vía judicial presentan un carácter indiciariamente delictivo por resultar contrarios a la obligación de cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional establecida en el art. 87.1 LOTC. En ello viene a coincidir sustancialmente con la argumentación desarrollada en la STC 184/2021, de 28 de octubre, en que se analizó la eventual aplicación de esta garantía a la entonces presidenta del Parlamento de Cataluña con ocasión de su condena por un delito de sedición que también se concretaba preponderantemente en su actividad como presidenta de esa institución, consistente en impulsar la admisión, tramitación, debate y votación de concretas iniciativas parlamentarias.
No disentimos de la conclusión desestimatoria de este motivo de amparo, como tampoco lo hicimos en su día en el voto particular que formulamos a la citada STC 184/2021. En aquella ocasión se centró en destacar nuestra disconformidad con el debido respeto al principio de proporcionalidad penal (art. 25.1 CE). En este caso, tal como expusimos en la deliberación, consideramos que la mera invocación del carácter delictivo que conlleva el incumplimiento de las resoluciones del Tribunal, aunque quede vinculado con intereses tan transcendentales como es la preservación de la supremacía de la Constitución (art. 9.1 CE), no resulta suficiente para entender las razones últimas por las que su incumplimiento puede dar lugar a que no quede cubierto por la garantía de la inviolabilidad parlamentaria.
Un planteamiento como el sustentado por la posición mayoritaria encierra, en cierta medida, una suerte de petición de principio que no permite, a nuestro juicio, considerarlo, por sí solo, un argumento sólido frente al reconocimiento de la garantía de inviolabilidad. La inviolabilidad protege a los representantes parlamentarios prohibiendo cualquier tipo de persecución penal por la emisión de opiniones o votos en el ejercicio de sus funciones incluso en el caso en que la conducta pudiera tener indiciariamente la consideración de delictiva. De ese modo, el mero hecho de que el demandante de amparo mediante la emisión de un voto como miembro de la mesa del Parlamento de Cataluña haya podido incumplir el deber de acatamiento a lo decidido por el Tribunal Constitucional, incurriendo con ello en un supuesto delito de desobediencia, no aparece por razón de principio como una justificación suficiente para negarle la protección de la inviolabilidad parlamentaria permitiendo su persecución penal.
El objeto de análisis de este recurso de amparo no es, pues, si la conducta del demandante incumpliendo el deber impuesto por el art. 87.1 LOTC pudiera o no ser considerada delictiva por la desobediencia que implica –esto debe analizarlo el órgano judicial penal–, sino si la inviolabilidad parlamentaria protege también en este tipo de supuestos frente a la incoación y al desarrollo de un proceso penal. En consecuencia, la posibilidad de que la concreta conducta que está siendo enjuiciada en vía penal no sea beneficiaria de la inviolabilidad parlamentaria debe derivarse, necesariamente, de alguna consideración ajena al mero carácter indiciario de su consideración como un ilícito penal. En otro caso, la prerrogativa de la inviolabilidad carecería prácticamente de contenido frente a la iniciación de un proceso penal, puesto que la progresiva conformación del objeto del proceso penal a medida que este se va desenvolviendo impediría la aplicación práctica del principio de inviolabilidad en sus primeras fases de desarrollo.
Estos razonamientos están vinculados a la naturaleza que tienen las decisiones de admisibilidad de los miembros de las mesas de las cámaras respecto de las iniciativas parlamentarias, la cual provoca que en ocasiones como la presente los votos emitidos por sus miembros no puedan ser considerados actos parlamentarios aptos para su protección por la inviolabilidad parlamentaria.
2. La garantía de la inviolabilidad adquiere una importancia fundamental en los sistemas parlamentarios de las sociedades democráticas avanzadas. En ese sentido, tanto el art. 71.1 CE, respecto de los diputados y senadores, como los diversos estatutos de autonomía, respecto de los miembros de sus cámaras legislativas, y el art. 8 del Protocolo núm. 7 sobre las privilegios e inmunidades de la Unión Europea anejo a los Tratados de la Unión Europea y de funcionamiento de la Unión Europea, respecto de los miembros del Parlamento Europeo, reconocen su inviolabilidad por la emisión de opiniones o votos en el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, como se destaca de manera correcta en la opinión mayoritaria, esta garantía, por la función que está destinada a cumplir en los sistemas democráticos, no alcanza a cualquier acto de los parlamentarios, a modo de protección subjetiva. Quedan fuera del amparo de la inviolabilidad parlamentaria las decisiones adoptadas formalmente mediante votación por los miembros de las mesas de las cámaras legislativas que, aun teniendo su fundamento en la autonomía e independencia de la cámara, tienen un contenido reglado, como son, por ejemplo, aquellas sometidas a las reglas propias del derecho administrativo –decisiones presupuestarias o de organización y personal–. Se trata de actos que, aun siendo instrumentales para el ejercicio de una función legislativa autónoma e independiente, no implican el ejercicio de funciones políticas, sino materialmente administrativas.
Lo mismo sucede, por lo que concierne a este recurso de amparo, con determinadas decisiones de admisibilidad de iniciativas parlamentarias por parte de las mesas respecto de las que el Tribunal tiene establecida una consolidada jurisprudencia constitucional según la cual las decisiones de las mesas deben entenderse vinculadas cuando la decisión de admisión a trámite viene exigida por el cumplimiento de una resolución de este tribunal que le impide darle curso, como sucede cuando (i) traiga causa de un acto o una norma cuya eficacia se encuentre suspendida al amparo del art. 161.2 CE, (ii) infrinja una medida cautelar o cualquier otro pronunciamiento que este tribunal haya podido adoptar en el ejercicio de su jurisdicción, (iii) sea aplicación de un acto o norma anterior que haya sido declarado inconstitucional, o (iv) reitere el contenido de una resolución que previamente había sido anulada por el Tribunal cuando la reiteración de la norma o resolución anulada no se justificara en la concurrencia de nuevas circunstancias que pudieran justificar un cambio de criterio del Tribunal o cuando, por el tiempo transcurrido, pudiera entenderse que la tramitación de la iniciativa no tenía como objetivo eludir el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal. En tales casos la decisión de admisión puede implicar una vulneración del derecho de participación política (art. 23.2 CE) de los parlamentarios al ponerlos en la tesitura de tener que optar entre no participar en ese procedimiento para cumplir su deber de acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y las decisiones del Tribunal (art. 87.1 LOTC) o ejercer su cargo público participando en dicho procedimiento incumpliendo tales deberes; siendo también una decisión susceptible de control por parte de la jurisdicción constitucional (así, por ejemplo, SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril, FFJJ 4 a 6; 96/2019, de 15 de julio, FJ 6; 115/2019, de 16 de octubre, FJ 6; 128/2019, de 11 de noviembre, FJ 2; 15/2022, de 8 de febrero, FJ 3, y 24/2022, de 23 de febrero, FJ 3).
3. En la medida en que la inviolabilidad parlamentaria, en los términos ya expuestos, cumple una función limitada a la protección de la emisión de opiniones y votos de los representantes políticos en el ejercicio de aquellas funciones parlamentarias, se impone la conclusión de que los votos emitidos por los parlamentarios que son miembros de la mesa de la cámara en relación con actos específicamente vinculados al cumplimiento de las decisiones de este tribunal no quedan cubiertos por la garantía de la inviolabilidad. A pesar de ser votos que se emiten como manifestación del ejercicio de suius in officium, responden a la finalidad de adoptar decisiones que son de carácter reglado y no de oportunidad política; que no admiten un contenido opcional, sino que tienen el carácter de acto debido formal y materialmente, pues responden a la función de control constitucional del Tribunal Constitucional, el que, en el ejercicio de su jurisdicción, puede acordar imponer la adopción de una concreta decisión.
En definitiva, el carácter de acto debido de las decisiones de la mesa cuando responden al obligado cumplimiento de una decisión concreta del Tribunal en el ejercicio de su función jurisdiccional, como supremo intérprete de la Constitución conlleva que los votos emitidos por los miembros de las mesas en las circunstancias que se plantean en el presente recurso de amparo queden al margen de la garantía de inviolabilidad.
Consideramos que expresada en estos términos argumentativos podría resultar más comprensible la decisión de desestimación adoptada y con ese fin hemos decidido exponerlos por medio de este voto particular.
Madrid, a siete de abril de dos mil veintidós.–Juan Antonio Gómez Castillos.–María Luisa Morales Méndez.–Firmado y rubricado.
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 LOTC, con pleno respeto a la opinión de la mayoría, formulo el presente voto para manifestar mi discrepancia con la argumentación que sustenta la desestimación de la queja relativa a la lesión del derecho fundamental del recurrente al ejercicio de sus funciones representativas (art. 23.2 CE) y, por conexión e indirectamente, del derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
Dicha argumentación, que se incorpora a nuestra sentencia por mera remisión a la contenida en el FJ 11.5.6 de la STC 184/2021, de 28 de octubre, es tributaria de la doctrina constitucional reciente relativa a los deberes de los miembros de las mesas de las cámaras en sus funciones de calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias. Habiendo manifestado mi discrepancia con dicha doctrina en los votos particulares que formulé a las SSTC 15/2022, de 8 de febrero, y 24/2022, de 23 de febrero, he de reiterarla con ocasión de la presente sentencia. Sentencia que, a mi juicio, viene a confirmar –ahora desde un punto de vista distinto, a saber, el de la inviolabilidad parlamentaria– las graves distorsiones que la citada doctrina provoca en nuestro sistema democrático.
1. El carácter vinculante de la doctrina del Tribunal Constitucional y la autonomía de las cámaras parlamentarias.
Mi discrepancia no se refiere en modo alguno al carácter vinculante de la doctrina del Tribunal Constitucional, reconocido en los arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC. No creo, sin embargo, que para alcanzar este fin de garantizar la supremacía de la Constitución sea válido cualquier medio. Por lo que ahora interesa, no creo que ese objetivo exigiese ni justificase la alteración de la posición constitucional de las mesas de las Cámaras ni del canon de control de constitucionalidad de los actos parlamentarios, transformaciones estrechamente interrelacionadas y acometidas, a mi juicio de manera no convincente, por nuestra reciente doctrina.
En este sentido, no creo que el deber de acatamiento de lo resuelto por este tribunal pueda extenderse hasta interferir el debate parlamentario sobre determinadas ideas políticas, pues ello afecta al pluralismo político y al principio democrático. La doctrina constitucional tradicional ha sostenido, en esta línea, que no debe confundirse primacía con adhesión a la Constitución, pues nuestro ordenamiento constitucional no acoge un modelo de democracia militante que imponga la adhesión positiva al ordenamiento (STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7). El ordenamiento constitucional admite cuantas ideas quieran defenderse, incluso las que pretendan modificar su fundamento, siempre que no se vulneren los principios democráticos y los derechos fundamentales, y se respeten los procedimientos de reforma de la Constitución (STC 31/2009, de 29 de enero, FJ 13).
2. Los deberes de las mesas de las cámaras en sus funciones de calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias.
Según la doctrina constitucional clásica, en el marco de nuestro sistema democrático los parlamentos son sede natural del debate político y, en consecuencia, «el debate es absolutamente libre en su contenido», de modo tal que «cómo se traduzca normativamente el fruto del debate […] es cuestión que no debe condicionar anticipadamente la suerte de ningún debate, so pena de negar al Parlamento su facultad de arbitrar la discusión política en los términos que estime convenientes. So pena, en definitiva, de someter al Parlamento a tutelas inaceptables» (ATC 135/2004, de 20 de abril, FJ 1).
Frente a esta interpretación, la nueva doctrina del Tribunal, introducida por las SSTC 46 y 47/2018, de 26 de abril, FJ 5, obliga a las mesas a inadmitir iniciativas que supongan un incumplimiento manifiesto del deber de acatar lo previamente resuelto por el Tribunal Constitucional, impidiendo de esta manera que la Cámara debata sobre ellas. Para que surja tal deber es necesario, según las sentencias citadas, que la admisión constituya un incumplimiento manifiesto de lo decidido y que los miembros de la mesa sean conscientes de que existe una resolución que impide dar curso a la iniciativa de que se trate.
Como puse de relieve en los votos particulares mencionados, considero que esta doctrina habilita a las mesas a interferir en el funcionamiento de las cámaras, coartando su autonomía y la libertad del debate parlamentario. La imposición sobre las mesas de las cámaras del deber de inadmisión de iniciativas incumplidoras, reforzado –como diré después– con la amenaza de la sanción penal y la privación de la garantía de la inviolabilidad, conlleva el riesgo de atribuirles una función de control previo de la constitucionalidad de las iniciativas que no les corresponde y que limita sustancialmente la libertad de deliberación y decisión en el espacio privilegiado del debate político que, en un Estado democrático, constituyen las cámaras parlamentarias.
La interferencia con la autonomía parlamentaria tiene, además, otras dos consecuencias que considero igualmente inadecuadas.
3. Primera consecuencia de la nueva doctrina: la desfiguración del contenido del derecho fundamental previsto en el art. 23 CE.
La primera consecuencia inmediata que el Tribunal ha extraído de la nueva doctrina relativa a los deberes de inadmisión a trámite de las mesas ha sido la modificación del contenido del derecho fundamental del art. 23.2 CE (e, indirectamente, del derecho previsto en el art. 23.1 CE). Dicha modificación consiste en incluir en el núcleo delius in officiumde los parlamentarios opuestos a la tramitación de la iniciativa incumplidora el derecho a que tal iniciativa sea inadmitida, excluyendo correlativamente del derecho fundamental de los proponentes el derecho a que la iniciativa sea tramitada y debatida. Las razones de mi discrepancia con esta modificación quedaron expuestas en extenso en mis anteriores votos particulares, a los que me remito. Basta ahora insistir en que, primero, la admisión a trámite por la mesa de iniciativas parlamentarias que incumplan lo resuelto por el Tribunal en ningún caso afecta al ejercicio de las funciones representativas de los diputados discrepantes, que solo se veían obligados a ejercer su cargo interviniendo en el debate plenario. Segundo, la inadmisión a la que obliga esta doctrina supone una injerencia en la autonomía parlamentaria y en la libertad de deliberación del pleno de la Cámara de difícil justificación desde la cláusula del Estado democrático. Tercero, sin la necesaria ponderación, esta doctrina viene a ampliar el contenido esencial del derecho a la participación de dichos diputados (art. 23 CE) dejando sin contenido, en la misma medida, el derecho de los parlamentarios proponentes a ejercer su cargo representativo, con lesión del derecho a la participación política de los ciudadanos a quienes representan.
4. Segunda consecuencia de la nueva doctrina: la desfiguración del contenido de la garantía de la inviolabilidad parlamentaria.
La doctrina sobre los deberes de la mesa de inadmitir a trámite iniciativas «que pudieran entenderse como claramente contrarias a los pronunciamientos previos de este Tribunal», como ahora se comprueba, también modifica el contenido esencial del derecho fundamental al ejercicio de las funciones representativas para integrar esta dimensión al permitir la persecución penal previo levantamiento de la inviolabilidad parlamentaria ante el incumplimiento de dicha obligación. De modo que se vacía de contenido la prerrogativa que establece el art. 71.1 CE, y que protege la libre formación de la voluntad de la Cámara y la libertad de expresión y de voto de los parlamentarios, elemento constitutivo de la democracia parlamentaria.
La inviolabilidad es un límite personal a la ley penal que, según ha afirmado la doctrina constitucional, trata de preservar un ámbito cualificado de libertad en el ejercicio de las funciones representativas, para proteger la integridad del Parlamento como espacio privilegiado del debate político, depositario de la soberanía popular y sede de la legitimidad democrática de todos los poderes del Estado. Una libertad de expresión, crítica, discusión y voto absoluta, en coherencia con el enunciado de la Constitución («gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones») y como ha interpretado nuestra doctrina hasta la crisis de 2017. La inviolabilidad supone irresponsabilidad jurídica por lo dicho y decidido en ejercicio de las funciones parlamentarias, y conlleva la carencia de jurisdicción, de manera que la tutela judicial que merece el parlamentario se dispensa en forma negativa de no intervención de la jurisdicción, en el caso mediante la inadmisión de la querella (STC 30/1997, de 24 de febrero, FJ 7). Para lograr el fin último de protección de la libertad e independencia de la institución parlamentaria, la inviolabilidad protege a los parlamentarios actuando como límite absoluto a la jurisdicción que impide cualquier proceso o procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidad por las opiniones vertidas y los votos manifestados en el ejercicio de las funciones parlamentarias.
No me parece convincente la premisa que sustenta la decisión desestimatoria de la mayoría para excluir del ámbito de la inviolabilidad el voto de los miembros de la mesa que incumple el mandato de este tribunal. Se dice sin más que «la admisión a trámite de propuestas de resolución parlamentarias que pudieran entenderse como claramente contrarias a los pronunciamientos previos de este tribunal no están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria», remitiendo la justificación de esta afirmación al FJ 11.5.6 de la STC 184/2021, de 28 de octubre, en tanto se considera que examina un «supuesto equiparable». A mi juicio, sin embargo, esta resolución no da cobertura a la decisión del caso. La actuación de la demandante en aquel recurso, a la sazón presidenta del Parlament, no se consideró excluida del ámbito de la inviolabilidad parlamentaria por el mero incumplimiento de los mandatos del Tribunal Constitucional, sino por la ajenidad de la conducta a la finalidad de la prerrogativa al insertarse en una actuación sostenida en el tiempo que se calificó de «mero poder de hecho, absolutamente al margen del Derecho, y, por consiguiente, con expresa renuncia al ejercicio de las funciones constitucionales y estatutarias que le son propias». Una situación y circunstancias muy distintas de las que acontecen en el presente amparo.
La doctrina vertida en el fundamento sexto no conduce a esa conclusión. Al margen de que se presenta como una petición de principio afirmar que la inviolabilidad no cubre la desobediencia al Tribunal Constitucional porque se incumplen resoluciones que deben ser cumplidas, es indiscutible que el demandante era representante de una parte del pueblo de la Comunidad Autónoma y estaba en ejercicio de su función representativa cuando integraba la mesa en facultades de calificación y admisión a trámite de iniciativas.
Los actos objeto de la querella por desobediencia formulada por la Fiscalía contra el demandante consistieron en votar como vicepresidente de la mesa del Parlament la admisión a trámite para su debate en el pleno de tres propuestas de resolución que incluían en uno de sus apartados una afirmación que se consideró contraria al deber de acatamiento a lo resuelto por el Tribunal Constitucional. En concreto, son tres acuerdos de la mesa de fechas 22 y 29 de octubre de 2019, y la contrariedad a lo decidido por el Tribunal no afectaba más que a uno de los incisos de las respectivas propuestas de resolución. El primero decía «[p]or ello, [el Parlamento de Cataluña] reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía» (inciso del apartado undécimo). El segundo, «[p]or ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político» (inciso final del apartado undécimo). Y el tercero, «[e]l Parlamento de Cataluña: 1. Expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán» (apartado primero de la moción).
La lectura de estas propuestas de declaración pone de manifiesto que la decisión del demandante de votar a favor de la admisión a trámite de las tres iniciativas para su debate en el pleno es un acto de estricto ejercicio de sus funciones representativas, aun cuando suponga incumplir lo resuelto por el Tribunal. El carácter vinculante de las resoluciones de la jurisdicción constitucional no justifica el menoscabo de la inviolabilidad parlamentaria, hasta su desconocimiento. La persecución penal del demandante por conformar con su voto la necesaria mayoría de la mesa para que se admitieran a trámite y se debatieran en el pleno de la asamblea parlamentaria iniciativas que contenían esos pronunciamientos es una hipótesis difícil de encajar en el marco de un ordenamiento jurídico que reconoce la libertad de expresión como derecho fundamental. Libertad que ha sido ejercida mediante la emisión de voto sobre cuestiones de interés público (la forma de gobierno, la estructura territorial del Estado, el sujeto político de la soberanía), en el espacio privilegiado del debate político (un parlamento) por parte de un diputado, vicepresidente de un órgano parlamentario, que ostenta la representación popular. No son temas que puedan ser expulsados del espacio público. Es más, la doctrina de la sentencia podría llevar a excluir la inviolabilidad en cualquier escenario, al no precisar el alcance del supuesto de hecho que limita la prerrogativa parlamentaria en casos de desacuerdo con la doctrina o los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. ¿Afecta la vinculación solo al fallo o se extiende a la argumentación de la resolución? Si propuestas genéricas de pronunciamientos sobre la monarquía o el sujeto de la soberanía suponen un desacato ajeno a la función parlamentaria, resulta problemático discernir en qué medida otros actos antijurídicos estarán amparados por la inviolabilidad.
La delimitación del ámbito de la prerrogativa parlamentaria en materia penal debe elaborarse con criterios materiales (opiniones: declaraciones de juicio y voluntad) y funcionales (vínculo con el ejercicio de la función representativa). El primer parámetro permite afirmar que la inviolabilidad ofrece cobertura a actos típicos como los que se imputan al demandante, conductas descritas en la ley como delito cuya estructura típica descanse de manera exclusiva en la expresión de opiniones o la emisión de voto. El voto en la mesa exteriorizaba, sin otros aditamentos de coacción o violencia que podrían desactivar la prerrogativa, una declaración de voluntad: que el pleno debatiera aquellas propuestas y, en su caso, se pronunciara. A la misma conclusión conduce la observancia del segundo criterio, por el evidente nexo del acto incriminado con el ejercicio de la función parlamentaria.
En conclusión, opino que la irresponsabilidad jurídica y la exclusión de la jurisdicción que conlleva la inviolabilidad parlamentaria protegen al demandante, más allá de la justificación que le pudiera prestar la libertad de expresión, ante un acto que suponga mera desobediencia con lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Por ello, debió estimarse el amparo.
Madrid, a siete de abril de dos mil veintidós.–Ramón Sáez Valcárcel.–Firmado y rubricado.