Categoría: Administración

El Pacto Verde Europeo establece la hoja de ruta para lograr el objetivo de la Unión Europea para el año 2050 de alcanzar la neutralidad climática, en línea con el compromiso de aumentar la acción climática global del Acuerdo de París, y de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Con este fin, La Ley Europea del Clima establece el objetivo climático vinculante de la Unión para 2030 consistente en una reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de, al menos, un 55 % con respecto a los niveles de 1990. La transición hacia la neutralidad climática supone una profunda transformación del sistema energético, que pasará a estar alimentado, fundamentalmente, por recursos renovables. El carácter variable y estocástico de algunas de estas fuentes energéticas hace necesario contar con diversas herramientas que confieran flexibilidad al sistema, entre las que se encuentra el almacenamiento energético.
Dentro del paquete de «Energía limpia para todos los europeos», la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, y el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad, ponen de manifiesto la relevancia del almacenamiento para la consecución de la transición energética, definiendo las actividades e instalaciones de almacenamiento energético, así como estipulando la necesidad de facilitar el acceso del almacenamiento a las redes y los mercados del sistema eléctrico. En el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, se resalta que, para integrar el porcentaje creciente de energías renovables, el futuro sistema eléctrico debe hacer uso de todas las fuentes disponibles de flexibilidad, en particular de las soluciones del lado de la demanda y el almacenamiento de energía. A escala nacional, dichas regulaciones europeas han quedado reflejadas en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, donde se definen nuevos agentes del sector eléctrico como los titulares de instalaciones de almacenamiento, modificando la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
En este dinámico contexto, la Comisión Europea presentó en julio de 2021 un conjunto de propuestas legislativas que son necesarias para alcanzar el nuevo objetivo de la Unión Europea para 2030 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55 % con respecto a 1990. En el marco del paquete de medidas denominadas «Objetivo 55», la UE está revisando su legislación en materia de clima, energía y transporte con el fin de adaptar las normas vigentes a sus ambiciones para 2030 y 2050.
El Plan REPowerEU aprobado en mayo de 2022, pone de manifiesto la existencia de una doble urgencia para transformar el sistema energético europeo: por un lado, se trata de poner fin a la dependencia de la Unión Europea con respecto a los combustibles fósiles rusos, y, por otro, de hacer frente a la crisis climática. Para ello, se contempla que los activos de almacenamiento de energía sean de interés público superior y se facilite su despliegue, señalando su importante papel a la hora de garantizar la flexibilidad y la seguridad del suministro en el sistema energético, facilitando la integración de la generación de energía renovable, alimentando la red y conservando la energía para utilizarla cuando más se necesita.
Esta necesidad de incorporar el almacenamiento se refuerza en la Recomendación de la Comisión, de 14 de marzo de 2023, relativa al almacenamiento de energía y para respaldar un sistema energético de la UE descarbonizado y seguro (2023/C 103/01). En dicha Comunicación, sin perder la referencia del Pacto Verde Europeo y el plan REpowerEU, se enfatiza en que la transformación del sistema energético requiere de una mayor flexibilidad, entendida como la capacidad del sistema para adaptarse a las necesidades cambiantes de la red y gestionar la variabilidad y la incertidumbre de la demanda y la oferta, mientras se logran los objetivos de descarbonización del sistema energético. Las diferentes tecnologías de almacenamiento de energía (entre ellas, la mecánica, térmica, eléctrica, electroquímica y química) pueden prestar diversos servicios a diferentes escalas y para diferentes marcos temporales y pueden ser una solución técnica para proporcionar estabilidad y fiabilidad.
En particular y al margen del sistema eléctrico, el almacenamiento de energía, como el almacenamiento térmico, puede contribuir al sistema energético en muchos sentidos. Por ejemplo, el almacenamiento térmico, en particular, el almacenamiento térmico de gran capacidad en los sistemas de calefacción urbana, puede proporcionar servicios de flexibilidad y de balance a la red eléctrica y, por tanto, ofrece una solución rentable de integración del sistema al absorber la producción variable de electricidad renovable (como la energía eólica o la energía solar).
En consonancia con las políticas de energía y clima europeas, el Gobierno de España ha desarrollado el Marco Estratégico de Energía y Clima, que contiene diversos elementos estratégicos y legislativos cuyo objeto es marcar las principales líneas de acción en la senda hacia la neutralidad climática. Como una de las piezas fundamentales de este Marco cabe citar la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que establece el marco normativo para asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía y promover un modelo de desarrollo sostenible. En particular, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, establece los siguientes objetivos mínimos para el año 2030, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por España: Un 23 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, una cuota del 42 % de renovables sobre el uso final de la energía, una mejora de la eficiencia energética de un 39,5 % y 74 % de generación eléctrica procedente de energía renovable; estableciendo asimismo el objetivo de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, consolidando en la legislación nacional las herramientas de planificación energética incluidas en el Reglamento (UE) 2018/1999, de 11 de diciembre, sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, proporciona el marco director del programa de inversiones y reformas para una transición ecológica justa que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde, y define las medidas que permitirán alcanzar los objetivos recogidos en la citada Ley 7/2021, de 20 de mayo, así como el resto de objetivos sectoriales contemplados en este Plan.
Para dotar de mayor firmeza a las redes eléctricas en este escenario de mayor penetración de las renovables, se hace necesario introducir elementos que doten flexibilidad y gestionabilidad a la red, donde el almacenamiento constituye uno de los pilares y elementos habilitadores. El almacenamiento es aún más importante si se tiene en cuenta que España es una isla energética, dadas las limitadas conexiones eléctricas con los países vecinos. Específicamente, el PNIEC incluye la «Medida 1.2 Gestión de la demanda, almacenamiento y flexibilidad», que tiene como objetivo el desarrollo del marco regulatorio del almacenamiento energético para contribuir a su despliegue. En concreto, en lo referente al almacenamiento, el PNIEC prevé una potencia adicional de 6 GW en el sector eléctrico, que aportará una mayor capacidad de gestión a la generación.
De manera complementaria, la Estrategia de Almacenamiento Energético, aprobada por el Gobierno el 9 de febrero de 2021, profundiza en las necesidades de almacenamiento establecidas en el PNIEC, cuantificándolas en, al menos, 20 GW de almacenamiento disponible en 2030 y aborda, entre otras cuestiones, las distintas alternativas disponibles y las líneas de acción prioritarias que permitan un efectivo despliegue del almacenamiento energético y su efectiva integración en el sistema, de manera que se aporte flexibilidad a la generación eléctrica renovable, lo cual, junto con el impulso de la gestión de la demanda, permitirá una mayor integración de la generación renovable en el sistema, contribuyendo a la seguridad, fiabilidad y calidad del suministro. Las actuaciones promovidas por el presente régimen de ayudas están alineadas con la Estrategia de Almacenamiento Energético y contribuyen a su desarrollo, según se detalla en dicha estrategia en la línea de acción 2, y en particular en la medida 2.6, para proporcionar señales de inversión en almacenamiento coherentes con las necesidades de la red; así como la medida 3.2 Fortalecer y promover la industria nacional de almacenamiento para su uso en todas las aplicaciones posibles.
Por su parte, y partiendo del PNIEC, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP) dibuja la trayectoria de transformación del sistema energético para los años 2030 a 2050, trazando la evolución hacia la neutralidad climática antes de ese último año. La ELP incluye la necesidad de almacenamiento diario, semanal y estacional para el período considerado. Es de especial relevancia la necesidad de almacenamiento para el sector eléctrico, que será 100 % renovable para el año 2050.
Por otro lado, el almacenamiento supone una oportunidad para reactivar las zonas de transición justa. La creación de empleo impulsada por este despliegue, dado el carácter deslocalizado del mismo, tendrá un importante efecto en las regiones dependientes económicamente de las tecnologías basadas en combustibles fósiles, mitigando el posible impacto que pudiera ocasionar el abandono de este tipo de tecnologías para dar paso a otras soluciones limpias, necesarias para la descarbonización del sistema. Está por ello alineado con la Estrategia de Transición Justa.
La importancia del almacenamiento queda reflejado, a su vez, en las medidas recogidas en diversas normas, como el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, el Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles, el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad y la Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de energía eléctrica para su adaptación al régimen económico de energías renovables y evolución del comité de agentes del mercado.
Según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y se crea el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, corresponde a éste la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia climática, de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial.
Las ayudas incluidas en estas bases reguladoras se encuadran en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del gobierno español, que permitirá la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, con el objeto de acometer un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la crisis económica, social y sanitaria desencadenada a raíz de la pandemia de COVID-19. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea, coordinada por la Comisión Europea, mediante la puesta en marcha de un Fondo de Recuperación y Resiliencia, que contribuirá al proceso de reconstrucción de las economías europeas.
El Plan de Recuperación para Europa, NextGenerationEU, permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes. En este contexto, el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que financia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, establece un marco para hacer frente a los efectos sin precedentes de la crisis ocasionada por la COVID-19 así como los impactos económicos asociados.
El PRTR, aprobado por la Comisión Europea, es un proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Los instrumentos incluidos en el PRTR, permitirán la realización de reformas estructurales durante los próximos años, mediante la implementación de cambios normativos e inversiones. El objeto de estas modificaciones es orientar un cambio del modelo productivo hacia la profundización en la transición ecológica, que sirva de guía para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19. Adicionalmente, la aplicación de estos fondos orientará la transformación de la estructura económica, contribuyendo a que sea más resiliente e inclusiva.
Este Plan tiene entre sus objetivos que España apueste por la «descarbonización» de la economía, invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se produzca una profunda transformación del sistema energético para eliminar la dependencia de las energías fósiles y transformarlo hacia un sistema energético limpio, siendo, por ello, la transición ecológica uno de los cuatro ejes transversales del Plan.
Las prioridades del PRTR están completamente alineadas con las siete iniciativas bandera europeas («flagship initiatives») presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Entre estas iniciativas destacan el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable.
Entre las diez políticas palanca que contempla el PRTR, se incluye la «Transición energética justa e inclusiva», donde se encuentra la componente 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento. Esta componente incluye, entre otros, el desarrollo de los sistemas de almacenamiento.
Por ello, en el marco de la inversión 1 de la componente 8, y con objeto de promover el despliegue del almacenamiento energético, se aprueba la orden de bases de la presente orden ministerial, para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para los proyectos innovadores de almacenamiento energético. Esta orden de bases contribuye a la consecución de los objetivos 125 y 126 del anexo I de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021, ambos objetivos referentes a disponer de cinco proyectos de almacenamiento innovadores adjudicados y operativos en el cuarto trimestre de 2023 y segundo trimestre de 2026, respectivamente, para una potencia instalada agregada de al menos 600 MW o un suministro de energía total equivalente (MWh). Adicionalmente, esta orden contribuye al cumplimiento de los indicadores de seguimiento de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación acordadas por el Gobierno de España y la Comisión Europea, en particular, al indicador de seguimiento 126.1, relativo al desarrollo de al menos dos proyectos innovadores de almacenamiento energético.
De manera complementaria, las inversiones en almacenamiento de la componente 8 del PRTR, contribuyen a los objetivos de la componente 7 del PRTR, en tanto en cuanto el almacenamiento actúa como elemento habilitador para la integración en el sistema energético de la energía procedente de fuentes renovables.
Las ayudas de la presente orden de bases se corresponden con la tipología de inversión contempladas en la inversión 1 (C8.I1), «Despliegue del almacenamiento energético», de su componente 8. El objetivo de dicha Inversión 1 es desplegar el almacenamiento energético mediante la puesta en marcha de iniciativas de apoyo e inversión en tres ámbitos principales, entre los que se encuentra el objeto de esta orden: el desarrollo del almacenamiento a gran escala. Adicionalmente, las inversiones de la C8.I1, al estar vinculadas al almacenamiento energético, se clasifican en el campo de intervención «033. Sistemas de energía inteligentes (incluidos las redes inteligentes y los sistemas de TIC) y su almacenamiento», según el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Cuentan, por ello, con un 100 % de aportación al etiquetado verde, contribuyendo significativamente a la transición ecológica y un 40 % de ponderación en el etiquetado digital.
Además, con fecha 14 de diciembre de 2021, mediante acuerdo del Consejo de Ministros se aprobó el «Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento». Los proyectos de despliegue de almacenamiento energético constituyen la medida transformadora 10 de dicho PERTE, perteneciente a la fase III: Despliegue.
Por otro lado, con la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, por el que se establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico, cuyo objeto es desarrollar reglamentariamente el marco general del banco de pruebas regulatorio concebido como un entorno controlado para llevar a cabo ensayos que permitan el desarrollo de proyectos piloto, se facilita la investigación, la innovación y la mejora regulatoria en el ámbito del sector eléctrico, en virtud de lo previsto en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Esta herramienta supone una oportunidad para la participación de proyectos de almacenamiento energético, pudiendo disponer de entornos controlados de pruebas que permitan testear innovaciones regulatorias.
Las ayudas reguladas por esta orden serán financiadas con cargo al presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), una vez transferidos de los presupuestos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los fondos sujetos a la finalidad prevista en el Servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia». Así, tanto la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 como la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 establecen crédito presupuestario en la aplicación presupuestaria 23.50.42HA.748.08 «Al IDAE. para el despliegue del almacenamiento energético. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» para su financiación. Este crédito podrá verse incrementado en ejercicios futuros con cargo a los créditos aprobados para su transferencia al IDAE en el Servicio 50 para la consecución de las finalidades previstas en el mencionado componente 8, así como con cualesquiera otros que pudieran habilitarse, independientemente de su origen, siempre y cuando se hubieran transferido al IDAE a tal fin o se hubiera aprobado su disposición conforme a los procedimientos estatuariamente previstos para la disposición de fondos propios del IDAE.
Por último y de conformidad con el anexo I de Decisión de la Comisión aprobatoria de los Acuerdos Operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 (OA), de noviembre de 2021, como mecanismo de verificación, en la fase de justificación se deberá adjuntar un documento de síntesis que justifique debidamente cómo se cumplieron satisfactoriamente los objetivos (incluidos los elementos pertinentes de los mismos, enumerados en la descripción de los mismos y de la medida correspondiente en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo).
Esta norma aprueba las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la inversión en proyectos innovadores de almacenamiento energético en su modalidad independiente («standalone»), conectados a las redes de transporte y distribución, proyectos hibridados con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, proyectos de bombeo reversible y, por último, proyectos innovadores de almacenamiento térmico. Estas instalaciones contribuirán a la transición energética proporcionando flexibilidad al sector energético y, por ello, mejorando la integración de las energías renovables. Para adecuarse a este doble objeto, la orden ministerial contiene una parte expositiva inicial, una parte dispositiva con 32 artículos y que se estructura en cinco capítulos y dos disposiciones finales.
En lo que respecta a las tecnologías de almacenamiento que puedan optar a esta línea de ayudas, las instalaciones de almacenamiento que emplean tecnología química, en particular aquellos proyectos que empleen hidrógeno, no serán elegibles. Con esta salvedad, serán elegibles los proyectos de almacenamiento energético que posibiliten el despliegue comercial a gran escala, sin estar restringida ninguna tecnología en términos de nivel de madurez tecnológica (TRL).
En el caso de que los proyectos de almacenamiento se hibriden con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, dado que algunas de estas instalaciones están acogidas a su vez a otras ayudas o participan en otros mecanismos retributivos, la entidad promotora será responsable de garantizar que la incorporación del almacenamiento no altera la adecuada retribución de los demás regímenes. En particular, con relación a la hibridación con instalaciones de producción de energía eléctrica acogidas al régimen retributivo específico, los artículos 27.5 y 28.3 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establecen determinados requisitos relativos a los equipos de medida, con la finalidad de poder determinar la energía generada por la instalación de producción de energía eléctrica y la correspondiente al almacenamiento y llevar a cabo una adecuada retribución de dicho régimen. Para garantizar la compatibilidad de las ayudas convocadas mediante esta orden con el mismo, las instalaciones deberán, o bien cumplir dichos requisitos, o bien renunciar a la percepción del régimen retributivo específico. Será necesario garantizar que aquellas instalaciones que percibieran un sistema de apoyo por la generación de energía renovable dispongan de los equipos de medida que permitan determinar fehacientemente qué parte de esta energía proviene de fuentes renovables y cuál podría tener otro origen, al haberse adquirido de la red eléctrica para cargar el sistema de almacenamiento.
Adicionalmente y con relación a las instalaciones a las que se les haya otorgado el régimen económico de energías renovables, al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025, el artículo 2.5.b) de dicha orden establece que el sistema de almacenamiento correspondiente a las instalaciones acogidas a este régimen económico debe ser empleado para el almacenamiento exclusivo de la energía producida por la instalación. No obstante lo anterior, las actuaciones que pretendan acogerse a las ayudas reguladas mediante esta orden podrán hibridarse con instalaciones acogidas al régimen económico de energías renovables, siempre que constituyan una unidad retributiva independiente de acuerdo con la definición del artículo 3 de la citada orden. A estos efectos, deberán disponer de los equipos de medida necesarios para la determinación de la energía generada por cada unidad retributiva: Por una parte, la acogida al régimen económico de energías renovables y, por otra parte, la correspondiente al almacenamiento que recibe las ayudas reguladas mediante esta orden. Adicionalmente, la unidad retributiva acogida al régimen económico de energías renovables deberá constituirse como una unidad de oferta independiente.
Por otra parte, en los escenarios marcados en el PNIEC, se establecen las necesidades mínimas de almacenamiento energético previstas para los períodos temporales considerados. En dichos escenarios, los sistemas de bombeo, por sus características de almacenamiento a largo plazo, serán clave para alcanzar los objetivos previstos en el PNIEC. Ahora bien, la construcción de nuevos proyectos de bombeo puede tener impactos significativos en el medio ambiente por la alteración del régimen hídrico y del paisaje y, por ello, están sujetos a la legislación medioambiental, cuyo objeto es garantizar un elevado nivel de protección ambiental, asegurando alternativas medioambientalmente viables y previniendo, corrigiendo y, en su caso, compensando, los efectos adversos.
Esta sujeción, necesaria, a la normativa ambiental, unido a la singularidad de esta tipología de proyectos, bien sea en cauces fluviales existentes o empleando agua marina, conlleva unos plazos de desarrollo superiores al resto de sistemas de almacenamiento.
Teniendo en cuenta, por tanto, las premisas anteriores, podrán ser objeto de ayudas enmarcadas en esta orden de bases aquellos proyectos que incorporen bombeo reversible, tanto a instalaciones nuevas como existentes, ampliándose su marco temporal de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2030, una vez se haya obtenido el beneplácito de la Comisión Europea en el marco del PRTR.
Adicionalmente, las actuaciones financiadas por esta orden de bases, atenderán al principio de «no causar un perjuicio significativo» a ninguno de los objetivos medioambientales y contribuirán sustancialmente a la mitigación del cambio climático según se define en los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 y desarrollados en dicho Reglamento.
Asimismo, el desarrollo de estas ayudas favorecerá la generación de empleo y la actividad económica, en un contexto de recuperación económica tras la pandemia, inducida por las distintas líneas de ayuda. Cabe destacar el beneficio derivado de la reducción de las importaciones de combustibles fósiles y la mejora de la competitividad de las empresas, contribuyendo al desarrollo de una base industrial en España y Europa.
Por último, los proyectos atenderán al principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y deberán garantizar el pleno cumplimiento de los principios de los pilares y ejes transversales en los que se fundamenta el PRTR, que son la transición ecológica y digital y la cohesión social y territorial.
En la competencia exclusiva del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, tienen cobijo normas básicas y asimismo previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, FJ 2). Entre estas acciones o medidas singulares se encuentran el objeto perseguido con esta orden, que es incentivar proyectos de almacenamiento energético, con un volumen de inversión significativo, que ofrezcan soluciones a los retos planteados por la transición energética.
El marco regulador de estas ayudas resulta conforme con la jurisprudencia constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones que comenzó a articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62/2018, de 7 de junio.
Para garantizar la plena efectividad de las medidas y garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales entidades beneficiarias en todo el territorio nacional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y sobre las bases del régimen minero y energético se justifica la gestión centralizada de estas ayudas. De este modo, la recepción de solicitudes, instrucción, selección, gestión, resolución, verificación y control y, en su caso, publicación de las convocatorias de estas ayudas serán realizados por el IDAE de manera centralizada.
La sentencia del Tribunal Constitucional 18/2011, de 3 de marzo, mantiene que la competencia atribuida por el artículo 149.1.13.ª al Estado incluye «no sólo las genéricas competencias relativas a las bases y coordinación de la planificación general económica, sino también las más específicas de ordenación del sector energético, referentes a las bases del régimen del mismo». Ello es así debido a que «el sector eléctrico no sólo constituye un sector estratégico para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna, representando por sí mismo un conjunto muy importante dentro del conjunto de la economía nacional, sino que es clave como factor de producción esencial para la práctica totalidad de los sectores económicos, condicionando de manera determinante en muchos casos su competitividad […]. Estas circunstancias justifican que el Estado pueda intervenir en la ordenación del sector eléctrico tanto a través del título general relativo a la planificación general de la economía (artículo 149.13.ª CE) como mediante el más específico relativo al sector energético (artículo 149.1.25.ª CE), …».
La noción de «bases» que corresponde determinar al Estado de acuerdo con las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 comprende, no solo las normas básicas con rango legal sobre la ordenación del sector eléctrico, sino también, excepcionalmente y de acuerdo con la doctrina constitucional sobre el concepto material de bases, normas reglamentarias e incluso ciertos actos de ejecución (STC 197/1996, de 28 de noviembre). Las facultades que al Estado reconocen los títulos competenciales de los artículos 149.1.13.ª y 25.ª alcanzan, pues, considerable amplitud, de modo que permiten configurar un sistema eléctrico único para todo el territorio.
La orden tiene como objetivo incentivar proyectos de gran impacto en el sistema energético nacional, con un volumen de inversión significativo, que permitan un avance más notable en el despliegue del almacenamiento energético. Para asegurar la plena efectividad de los objetivos en los que se enmarcan y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, resulta necesario que estas ayudas se gestionen de forma centralizada, estableciendo una articulación simultánea y uniforme en toda España. La selección de los proyectos a subvencionar requiere de una valoración técnica que no garantizaría la igualdad de acceso si las valoraciones no las realizara la misma entidad. Tanto más cuanto la diversidad de los proyectos subvencionables hace altamente complejo el establecimiento de criterios reglados para la distribución de los fondos entre las comunidades autónomas sin riesgo de que proyectos merecedores de un mayor impulso pudieran quedar excluidos por razón de las singularidades territoriales. En caso de territorializarse la gestión de estas ayudas, la finalidad y operatividad de las mismas podrían verse amenazadas con riesgo para la eficiencia de la inversión estatal.
A mayor abundamiento, la gestión centralizada y uniforme de esta actuación financiada con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia agilizará el cumplimiento de los compromisos asumidos por España y recogidos en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. La actuación está asociada a un objetivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que debe cumplirse antes del final de 2023, consistente en la adjudicación de, al menos, cinco proyectos de almacenamiento innovadores, equivalentes a una capacidad instalada agregada de al menos 600 MW o un suministro de energía total equivalente (MWh).
En relación con esta cuestión debe señalarse que esta línea de ayudas fue presentada en la Comisión Consultiva de Eficiencia Energética, celebrada el 29 de abril de 2022, con los representantes de todas las comunidades autónomas.
El procedimiento de concesión de las ayudas será mediante concurrencia competitiva, conforme a los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con los criterios de evaluación y selección establecidos en esta orden.
Las ayudas reguladas en esta orden tienen como potenciales entidades beneficiarias, entre otras, a entidades con personalidad jurídica que realicen actividad económica, por lo que podrían considerarse ayudas de Estado.
Para ello, y para que estas ayudas sean compatibles con el mercado interior, se someten a los requisitos y límites establecidos en diversas disposiciones en función de la naturaleza de los proyectos financiados.
En primer lugar, en lo que refiere a ayudas que se otorguen a proyectos de almacenamiento energético independiente («standalone»), proyectos de almacenamiento se hibriden con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables o proyectos de almacenamiento de energía mediante bombeo reversible, el régimen de ayudas ha sido notificado por España de conformidad con el artículo 108.3 del TFUE y evaluado por la Comisión Europea, de acuerdo con las condiciones y criterios de compatibilidad, siendo conforme con la sección 4.9 «Ayudas para infraestructuras energéticas» de la Comunicación de la Comisión «Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022» (en adelante, las «Directrices»). Con fecha 7 de julio de 2023, la Comisión Europea adoptó la Decisión «SA.103068 (2023/N) –RRF– Spain: Support for innovative electricity storage projects», considerando que el régimen de ayudas notificado es compatible con el mercado interior con arreglo a lo establecido en el artículo 107.3.c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dictándose las ayudas para los proyectos mencionados de acuerdo con los requisitos establecidos en dicha Decisión.
En particular, para las ayudas establecidas en este programa para proyectos de almacenamiento hibridado con instalaciones de energía renovable, será posible la financiación de proyectos de adición de capacidad de almacenamiento tanto a instalaciones existentes como nuevas. En este último caso, será indispensable que la planta renovable esté operativa y finalizada al finalizar el proyecto de adición de almacenamiento para que éste sea financiable.
En segundo lugar, para las ayudas que se otorguen a proyectos de almacenamiento térmico, el régimen de ayudas se lanza al amparo del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la exención por categoría de ayudas para la protección del medio ambiente (sección 7). El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, establece que las ayudas a proyectos para la protección del medio ambiente serán compatibles con el mercado interior siempre que cumplan las condiciones previstas en su artículo 41.
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece una serie de medidas que van a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con fondos europeos. Entre ellas, se suprime la necesidad de exigir la autorización del Consejo de Ministros prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Esta orden ministerial se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
Cumple con los principios de necesidad y eficacia en el sentido enunciado en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su aprobación, que son la necesidad de descarbonizar los distintos sectores de la economía, al actuar el almacenamiento energético como un habilitador de la integración de renovables que provee flexibilidad a la producción de energías renovables así como reactivar la actividad económica del país, en el marco de los objetivos del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, del PNIEC y de la Estrategia de Almacenamiento Energético. El dictado de esta norma es, por tanto, el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa vigente en materia de energías renovables y establece estímulos económicos que facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia, ya que han participado en la elaboración de la misma los potenciales destinatarios en el marco del trámite de audiencia e información pública a la que se sometió la propuesta de orden entre el 19 de mayo y el 9 de junio de 2023, sin que dicha participación suponga ninguna ventaja de cara a la debida realización del proceso de gestión de las ayudas reguladas por la presente orden. Adicionalmente, el Gobierno lanzó una Expresión de Interés relativa a la flexibilidad del sistema energético, infraestructura eléctrica y redes inteligentes y despliegue del almacenamiento energético, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para identificar la existencia de potenciales proyectos en dicho ámbito del sector energético, valorar su impacto en la cadena de valor, en el desarrollo industrial y en el empleo, y, con ello, definir y concretar el ámbito objetivo de las ayudas. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Asimismo, se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, con la finalidad de acometer un proceso de modernización de la Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de esta orden ministerial se han aplicado las previsiones de los artículos 47, 60 y 61 del Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre, habiéndose solicitado los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las bases reguladoras que se aprueban mediante esta orden ministerial se han elaborado atendiendo a estándares exigidos para cada uno de los principios y criterios establecidos en relación con la planificación y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre las bases del régimen minero y energético.
En su virtud, dispongo:
1. El objeto de estas bases es la regulación de la concesión de ayudas públicas para proyectos innovadores de almacenamiento energético en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de la componente 8, inversión 1, para el despliegue del almacenamiento energético, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
2. Al amparo de esta orden, y tal y como determinen las convocatorias, será posible la financiación de las siguientes tipologías de proyectos:
a) Proyectos innovadores de almacenamiento de energía independientes («standalone»), conectados a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
b) Proyectos innovadores de almacenamiento de energía hibridados con instalaciones de generación de energía a partir de fuentes de energía renovables.
c) Proyectos innovadores de almacenamiento mediante bombeo reversible (centrales hidráulicas reversibles).
d) Proyectos innovadores de almacenamiento térmico.
3. No será posible la financiación de proyectos de almacenamiento basados en hidrógeno, u otros tipos de almacenamiento químico.
4. El desarrollo de los proyectos financiados por estas ayudas contribuirá a la consecución de los objetivos 125 y 126 del anexo I de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021, en relación al despliegue de, al menos, cinco proyectos de instalaciones de almacenamiento energético innovador, que supondrán la instalación de, al menos, 600 MW, o un suministro de energía total equivalente (MWh).
5. Los proyectos objeto de ayuda contribuirán a los objetivos de descarbonización incluidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, y recogidos en el PNIEC, y las hojas de ruta y estrategias que emanan del mismo, en particular, la Estrategia de almacenamiento.
6. La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
7. El ámbito temporal de vigencia de estas bases reguladoras se extenderá desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. No obstante, las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella y por las convocatorias dictadas al amparo de la misma hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
8. El ámbito geográfico de los proyectos que opten a las ayudas que se concedan al amparo de esta orden es la totalidad del territorio nacional. Debido a las características singulares de los territorios insulares y de sus sistemas eléctricos, podrá adaptarse la evaluación de los proyectos, objeto de estas ayudas según este artículo, a los retos específicos de integración de renovables de los mismos, pudiéndose dedicar una parte específica del presupuesto a la financiación de los proyectos situados en dichos territorios.
1. Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma, en las respectivas convocatorias y resolución de concesión, por cuantas normas vigentes que, por su naturaleza, pudieran resultar de aplicación y, en particular, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. También serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a) La Comunicación de la Comisión Europea (2022/C 80/01) sobre Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022.
b) El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
c) La Decisión «SA.103068 (2023/N) –RRF– Spain: Support for innovative electricity storage projects» por la que la Comisión Europea declara compatibles con el mercado interior las ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético independientes, hibridados con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y bombeo reversible (en adelante, la «Decisión»).
d) Las normas que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en particular:
1.º Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
2.º El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
3.º El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.º La Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021.
5.º Las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia acordadas por el Gobierno de España y la Comisión Europea.
e) La normativa que regula la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente:
1.º El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (Reglamento de Taxonomía).
2.º La Comunicación de la Comisión referente a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01) (Guía Técnica de la Comisión Europea).
3.º Los Actos Delegados derivados del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 (Reglamento de Taxonomía).
En todo caso, las actuaciones llevarán a cabo los procedimientos de evaluación ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
f) El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
g) La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y su normativa de desarrollo, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
h) El Real Decreto 314/2023, de 25 de abril, por el que se desarrolla el procedimiento y los requisitos para el otorgamiento de la autorización administrativa de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas.
i) El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
j) En todo lo no previsto en esta orden será de aplicación lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de