Categoría: Administración

rma preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento.
III. Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje.
A fin de acreditar el complimiento de estos tres requisitos en materia de gestión de los residuos generados en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de los materiales de construcción deberá aportar un informe firmado por la dirección facultativa de la obra y que y que deberá contener la acreditación documental de que los residuos se han destinado a preparación para la reutilización, reciclado o valorización en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70 %. Este hecho se acreditará a través de los certificados de los gestores de residuos, que además incluirá el código LER de los residuos entregados para que se pueda comprobar la separación realizada en la obra. También se incluirá el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque no computen para el objetivo del 70 %.
1. Serán actuaciones elegibles con carácter principal las siguientes:
Actuaciones tipo A.
Las intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos, con coeficiente de contribución climática del 100 % (de acuerdo con lo previsto en el anexo VI del Reglamento (UE) n.º 2021/241).
Quedarán expresamente excluidas de este grupo aquellas actuaciones que supongan la sustitución, uso o instalación de equipos térmicos que utilicen combustible de origen fósil.
Actuaciones tipo B.
Las intervenciones destinadas a mejorar la sostenibilidad ambiental en materia de agua, uso de materiales, gestión de residuos, adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad, con coeficiente de contribución climática del 40 %.
Actuaciones tipo C.
Las intervenciones orientadas a mejorar la accesibilidad. Aquéllas que eliminen barreras y mejoren la accesibilidad física, cognitiva y sensorial.
Actuaciones tipo D.
Las intervenciones destinadas a mejorar la habitabilidad.
Actuaciones tipo E.
Las intervenciones encaminadas a la mejora en la conservación de los edificios.
2. Con carácter complementario a las actuaciones del punto anterior, serán también actuaciones elegibles las siguientes:
Actuaciones tipo A bis. Redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para la realización de las obras incluidas en el grupo A. Coeficiente de contribución climática del 100 % (de acuerdo con lo previsto en el anexo VI del Reglamento (UE) n.º 2021/241).
Actuaciones tipo B bis, C bis, D bis, y E bis. Redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para la realización de las actuaciones incluidas, según corresponda, en los grupos B, C, D y E.
3. Las actuaciones que estén sujetas a etiqueta climática (submedida C2.I5a del PRTR) se deberán corresponder con el campo de intervención 026 bis del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Renovación de la eficiencia energética o medidas de eficiencia energética relativas a infraestructuras públicas, proyectos de demostración y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energética, con el objetivo de:
a) lograr, por término medio, una renovación de al menos un grado de profundidad intermedia, tal como se define en la Recomendación (UE) 2019/786 de la Comisión, relativa a la renovación de edificios, o
b) lograr, por término medio, una reducción de al menos un 30 % de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero en comparación con las emisionesex ante.
1. En los términos establecidos en el artículo 1, en la presente convocatoria se articulan las siguientes Líneas de desarrollo de las actuaciones:
a) Línea 1. Edificio a rehabilitar cuya recepción de obra, sin observaciones ni reparos, tenga lugar como máximo el 30 de septiembre de 2024.
b) Línea 2. Edificio a rehabilitar cuya recepción de obra, sin observaciones ni reparos, tenga lugar como máximo el 31 de marzo de 2026.
2. Las actuaciones de la Línea 2 deberán cumplir al menos dos de los siguientes parámetros:
– Que el coste total de la obra proyectada (entendido como la suma del coste de las actuaciones tipo A, B, C, D y E), sin impuestos, sea igual o superior a 500.000 euros.
– Que la superficie, medida en m2construidos, en la que se va a intervenir supere los 1.000 m2. En el caso de que la intervención afecte solo a las fachadas, deberá computarse únicamente la superficie sobre rasante. Del mismo modo, en el caso de sustitución de carpinterías, aislamiento de cubierta, sustitución o mejora de los sistemas de climatización, etc., se deberá computar la superficie afectada por tales obras.
– Que el grado de intervención de la actuación sea igual o superior a 500 euros/m2,considerando el coste total de la obra sin impuestos respecto de la superficie total rehabilitada.
3. Además, con el fin de verificar el cumplimiento de las líneas anteriormente descritas, el anexo II del anexo a la Decisión de la Comisión que aprueba los «Acuerdos Operativos» («Operational Arrangements» OA, por sus siglas en inglés) entre la Comisión y España establece los indicadores de monitorización, codificados como números 36.1 y 37.1, sin perjuicio de que puedan determinarse adicionalmente otros indicadores de monitorización o hitos y objetivos de gestión adicionales.
1. Se inicia su tramitación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 por una cuantía máxima de seiscientos millones de euros que se financiará con cargo a los créditos consignados en la partida presupuestaria 17.50.26BE.760 relativa al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución.
2. El crédito inicialmente previsto se distribuirá de la siguiente forma:
3. En el supuesto de que la cantidad consignada en los PGE para 2022, pueda resultar ampliada, el importe de la ampliación se distribuirá proporcionalmente entre ambas líneas.
4. Asimismo, las dos líneas de la convocatoria estarán vinculadas entre sí y, si las condiciones de las solicitudes presentadas así lo requieren, podrán traspasarse las cantidades establecidas entre ambas de manera indistinta, incluida la posible ampliación de crédito a la que hacen referencia los apartados 2 y 3 de este artículo.
1. Se consideran gastos elegibles aquellos que resulten estrictamente necesarios para llevar a cabo las actuaciones previstas por el artículo 7 de esta Orden y la consecución del objeto de este Programa.
2. Se consideran asimismo gastos elegibles los trabajos de carácter técnico que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad, tales como los honorarios de los proyectos, la dirección facultativa, las certificaciones energéticas, auditorías energéticas o los relativos a la publicidad de la financiación de la rehabilitación por fondos europeos (coste del cartel o lona de obra así como el coste de su instalación) y adaptaciones de proyectos anteriores a los requisitos del Programa.
3. No tendrán la consideración de gastos elegibles las labores de demolición, cimentación o estructura, así como la construcción de nuevos edificios, aun en los casos en los que se conserve las fachadas exteriores, ni la ampliación de las construcciones objeto de rehabilitación. Igualmente, no se incluyen como conceptos elegibles los gastos de personal, asistencias técnicas, impuestos, tasas o tributos.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos elegibles podrá ser superior al valor de mercado.
1. La cuantía se establece de la siguiente forma:
a) En las actuaciones tipo A y A bis se subvencionará el 100 % sobre el precio (artículo 102 LCSP) detrayendo el IVA o impuesto equivalente.
b) En las actuaciones tipo B, B bis, C, C bis, D, D bis, E y E bis se subvencionará el 85 % del precio (artículo 102 LCSP) detrayendo el IVA o impuesto equivalente, si bien el importe sobre el que se aplica este porcentaje no podrá superar el 50 % del importe de las actuaciones energéticas tipo A + A bis.
2. Con independencia del importe total de la actuación, la cuantía objeto de financiación no podrá superar los 3.000.000 euros (impuestos no incluidos) en cada solicitud.
3. El importe relativo al conjunto de tributos (impuestos como el IVA, IGIC o IPSI, ICIO o tasas urbanísticas) de todas las actuaciones no será un gasto subvencionable, por lo que deberá ser objeto de financiación por la Entidad Local beneficiaria, bien a través de recursos propios o bien con cargo a financiación obtenida en virtud de colaboración público-privada.
1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión (Reglamento Financiero), las ayudas otorgadas en el ámbito de esta Orden de bases serán compatibles con cualquier otra ayuda de otros programas o instrumentos de cualesquiera administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, particularmente de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos costes y que, de forma acumulada, no se superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.
2. El régimen de ayudas de Estado viene delimitado por los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en su normativa de desarrollo. El Considerando 8 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, señala que las inversiones privadas también podrían incentivarse a través de programas de inversión pública, en particular, instrumentos financieros, subvenciones y otros instrumentos, siempre que se respeten las normas en materia de ayudas estatales.
El Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, mencionado el apartado 1, establece en el marco de la Estrategia Europa 2020, un objetivo de incremento del 20 % en eficiencia energética, persiguiendo el objetivo general de ahorrar al menos un 20 % del consumo de energía primaria de la Unión. Para facilitar la consecución de esos objetivos, las medidas de apoyo a la eficiencia energética y a la cogeneración de alta eficiencia energética y a sistemas urbanos de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes deben incluirse en la exención por categorías.
3. Respecto a la doble financiación, el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión (Reglamento Financiero), establece expresamente en su artículo 188 la prohibición de la doble financiación como principio general aplicable a las subvenciones, señalando en el artículo 191 que en ningún caso podrán ser financiados dos veces por el presupuesto los mismos gastos.
En el caso concreto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el considerando 62 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, establece que las acciones previstas en dicho Reglamento deben ser coherentes con los programas de la Unión en curso y complementarlos, así como evitar la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión de los mismos gastos. Asimismo, el artículo 9 del citado Reglamento dispone que las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
4. Las entidades que participen en la ejecución del PRTR deben aplicar procedimientos que permitan asegurar en todo momento el pleno respeto a la normativa relativa a las Ayudas de Estado, así como garantizar la ausencia de doble financiación.
1. Las solicitudes se presentarán de conformidad con el contenido previsto en el anexo de la presente orden, en el plazo máximo de:
– Cuarenta y cinco días naturales para las actuaciones de la línea 1, y
– Noventa días naturales para las actuaciones de la línea 2.
El plazo se comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria, y estarán firmadas electrónicamente por la persona titular de la Alcaldía o Presidencia de la Entidad local correspondiente o persona representante en la que se delegue en cada caso.
2. Las solicitudes, junto con la documentación que incorporen, deberán presentarse únicamente a través de la plataforma creada a tal efecto disponible en el enlace: http://sede.mitma.gob.es//, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Aclarar que la firma electrónica de los documentos debe hacerse en formato PAdES y que cada archivo que se incorpore a la solicitud no podrá ocupar más de 10 MB.
3. Cada entidad local podrá presentar un número de máximo de solicitudes teniendo en cuenta los umbrales de población según las cifras oficiales del Padrón referidas a 1 de enero de 2020 y a la Línea de actuaciones de que se trate, según lo dispuesto en el artículo 8 y de la siguiente manera:
En caso de incorporar un número mayor de solicitudes que las permitidas, se tendrán en cuenta en el orden en que han sido presentadas hasta el máximo establecido según el cuadro arriba indicado.
1. Solicitud cumplimentada de acuerdo con el anexo de la presente Orden, dirigida a la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, y firmada por quien ostente la representación legal de la entidad solicitante. La solicitud se completará a través de la plataforma indicada en el artículo anterior.
2. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos recogidos en esta Orden, relativos al beneficiario, titularidad y uso del inmueble, y compromiso de cofinanciación por parte de la entidad solicitante. Todos los documentos deberán tener una vigencia mínima de seis meses. En concreto, se deberán acreditar los siguientes aspectos:
a) Titularidad del edificio a rehabilitar: Certificación registral o nota simple informativa del Registro de la Propiedad.
Para casos en los que exista un régimen de cotitularidad sobre el edificio entre distintas Administraciones Públicas, se exigirá que la Entidad local beneficiaria ostente al menos el 51 % de la propiedad, aportándose en tal caso, además de la acreditación de la titularidad, una declaración responsable que justifique el consentimiento de todas las Administraciones concurrentes.
Para caso de inmuebles que, aun no siendo de titularidad de las Entidades Locales, tengan atribuido, en virtud del instrumento jurídico que corresponda, el mantenimiento integral, la gestión, la reparación y la rehabilitación de los edificios transferidos, será imprescindible adjuntar el correspondiente instrumento jurídico en el que esté incluido el edificio, la certificación en la que conste esta circunstancia de manera detallada, junto con el régimen jurídico previsto para el edificio en cuestión y una declaración responsable firmada por el órgano transferente titular registral en el que manifieste la autorización para llevar a cabo la actuación propuesta.
b) Uso del edificio a rehabilitar: El solicitante deberá aportar una declaración responsable que identifique el uso actual y futuro del inmueble, así como su compromiso de destinar dicho inmueble a un uso público al menos por un período de 20 años.
c) Certificación catastral descriptiva y gráfica en la que conste el año de construcción del edificio (anterior a 2009).
d) Compromiso de financiación: El solicitante deberá precisar el importe de la actuación que no es elegible, de acuerdo con lo dispuesto en esta orden, en un documento firmado por quien ostente la representación legal máxima de la entidad solicitante.
e) El cumplimiento de los requisitos del apartado 13.2.e) de la Ley General de Subvenciones se acreditará mediante los correspondientes certificados administrativos expedidos por los órganos competentes. De conformidad con lo establecido por el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 de este Real Decreto a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en ese caso la certificación correspondiente. El solicitante deberá acreditar también que la entidad beneficiaria no es deudora por resolución de procedencia de reintegro, de conformidad con lo establecido por el artículo 34.5 de la Ley de subvenciones. Así como, declaración no estar incurso en prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones.
f) La entidad beneficiaria de los fondos deberá requerir a los terceros con los que contrate la acreditación a su vez, de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, así como del cumplimiento de los requisitos del apartado 13.2.e) de la Ley General de Subvenciones, mediante los correspondientes certificados administrativos expedidos por los órganos competentes. De conformidad con lo establecido por el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
g) Declaración responsable de cumplir con los requisitos del programa de Impulso y Rehabilitación de Edificios Públicos y de «no causar perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH), y de aplicación de las condiciones del etiquetado climático y digital, conforme a lo establecido en el artículo 4.4 de estas bases.
3. Documentación descriptiva de la intervención solicitada, a modo de Anteproyecto energéticamente definido, que conformará el dossier en base al cual se evaluarán las solicitudes y constará de una parte gráfica (paneles) y una parte informativa (ficha).
I. La parte gráfica se recogerá en dos paneles en formato DIN A3 en vertical que contendrán:
a) Carátula identificativa del inmueble con su localización, uso actual y previsto.
b) Memoria descriptiva de las obras a desarrollar con un máximo de 500 palabras que incluya, información relativa a los criterios de evaluación de Calidad, Enfoque Integral e Innovación, de acuerdo con el artículo 16. Contendrá, la menos, descripción del inmueble, relación con su entorno y descripción de las obras a acometer, detallando las actuaciones de mejora energética (Tipo A).
c) Plano de situación a una escala que permita visualizar el entorno en un radio de 1 km.
d) Planos del estado actual.
e) Planos del estado previsto tras las obras de rehabilitación.
f) Al menos, cinco fotografías del estado actual que permitan una descripción completa del inmueble.
g) Infografías que muestren la imagen del inmueble tras la rehabilitación.
II. La parte de información se recogerá en una ficha en formato DIN A4 en vertical que contendrá una memoria descriptiva de las obras a desarrollar con un máximo de 500 palabras que incluya, información relativa a los criterios de evaluación de Oportunidad, Gobernanza y Solidez de acuerdo con el artículo 16.
4. Presupuesto total de la actuación, diferenciando la parte correspondiente a cada tipo de actuación (A, B, C, D, E, A bis, B bis, C bis, D bis y E bis), todos ellos sin impuestos.
5. Cronograma de las obras en el que se indique fecha prevista para las siguientes etapas:
a) Redacción de proyecto básico.
b) Obtención de licencia urbanística o autorización necesaria.
c) Aprobación del Proyecto de Ejecución por el órgano competente.
d) Adjudicación de la obra.
e) Acta de replanteo y comienzo de la obra.
f) Certificado Final de Obra (CFO).
g) Acta de recepción de la obra sin observaciones.
6. Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado inicial, con el contenido mínimo que establece el artículo 8 del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma. No será considerada válida la sola presentación de la etiqueta de eficiencia energética.
Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma, denominado certificado energético de proyecto según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente.
Además, en los casos en los que se produce la reubicación de un servicio existente, se aportara el certificado o certificados de eficiencia energética del edificio o edificios en los que se ubica el servicio en la actualidad, firmado por técnico competente.
7. En el caso de disponer de él, Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Española en el que se encuentre recogida la actuación o, si éste no está aprobado, Declaración Responsable de que la misma se encuentra entre las actuaciones identificadas por él, durante el proceso de elaboración.
8. Documentación justificativa del cumplimiento de las medidas dirigidas a evitar la doble financiación, la incompatibilidad con el régimen de ayudas de estado, el fraude y la corrupción, así como el conflicto de intereses.
9. Declaración sobre la correspondiente afección patrimonial de los edificios.
10. Con independencia de lo establecido en este artículo, se podrá requerir en cualquier momento a los solicitantes la incorporación de cualquier información adicional cuando la misma se considere imprescindible o necesaria para la correcta valoración de la solicitud.
1. Para el control de cumplimiento de los objetivos e indicadores de monitorización, se comunicará el estado de ejecución de cada una de las actuaciones cada vez que supere una de las siguientes etapas, o cada 3 meses si la duración de las mismas fuese superior a dicho plazo, y se remitirá la documentación señalada:
a) Proyecto básico: Actualización del cronograma, de la superficie y del resumen de presupuesto por tipos de actuaciones.
b) Autorización o licencia urbanística. Obtención de la autorización.
c) Proyecto de ejecución: Actualización del cronograma, de la superficie, del resumen de presupuesto por tipos de actuaciones y del ahorro energético. Certificados energéticos.
d) Licitación de la obra: Comunicación de la publicación de la licitación.
e) Adjudicación de la obra: Comunicación de la formalización.
f) Acta de comprobación del replanteo e inicio: Comunicación de la firma. En caso de que la obra ya esté iniciada, conforme a lo previsto en el artículo 5.3 de esta Orden, se deberá aportar el acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras y un certificado expedido por la dirección facultativa en el que haga constar que a fecha de publicación de esta orden las obras no se encuentran suspendidas.
g) Certificación trimestral de la dirección facultativa, de la obra ejecutada: Se comunicará el importe desglosado por tipo de actuación.
h) Declaración responsable del compromiso de creación de empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional.
2. Una vez finalizada cada actuación, se presentará la justificación final de las mismas que comprenderá la siguiente documentación, sin perjuicio de que tras su análisis se pueda solicitar documentación complementaria:
a) Certificado final obra. Comunicación de la firma.
b) Acta de Recepción de la obra, sin reservas: incluyendo los m2de superficie efectivamente rehabilitada.
c) Liquidación final. Comunicación de la firma y su importe.
d) Cuadro resumen del seguimiento de las actuaciones ejecutadas.
e) Cuadro resumen con la relación certificada de gastos.
f) Memoria final de la obra ejecutada y objetivos alcanzados.
g) Certificados energéticos según lo especificado en el artículo 6.
h) Formularios de autoevaluación y evaluación del principio del DNSH según la documentación del Ministerio de Hacienda.
i) Informe que detalle las actuaciones de control financiero realizadas. Contendrá los controles realizados en relación con las Actuaciones financiadas por el PIREP, informando de los objetivos y alcance de estos, así como de las irregularidades detectadas y de las medidas adoptadas para su corrección.
j) Declaración de otras ayudas solicitadas.
k) Declaración de gestión.
l) Contabilidad separada. Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad diferenciada que permita la trazabilidad de todas las transacciones relacionadas.
m) Justificantes de gasto y pagos bancarios de pago de las actuaciones.
n) Fotografías tanto del estado previo del inmueble como del actual, así como de la publicidad del MRR.
o) Declaración de aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas.
p) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR.
q) Requerimiento de identificación de contratistas y subcontratistas y su acreditación la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral en el caso de desarrollar actividad económica y cesión datos contratista.
3. Se podrá requerir al beneficiario la aportación de cualquier documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando el beneficiario obligado a su entrega en un plazo máximo de quince días hábiles desde la recepción de la comunicación que se le efectúe por parte de aquél.
4. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o cualquier organismo fiscalizador, nacional o de la Unión Europea, podrá solicitar en cualquier momento, durante el plazo previsto de cinco años a contar desde la fecha de finalización del plazo establecido para la ejecución del proyecto objeto de ayuda, la exhibición de cualquiera de los documentos originales que hayan servido para el otorgamiento de la ayuda, o para justificar la realización de las inversiones y gastos elegibles necesarios para la ejecución del proyecto correspondiente (incluyendo facturas y justificantes de pago de las mismas).
Procederá, en su caso, exigencia de reintegro de la ayuda o la pérdida del derecho a su percepción, de no facilitarse la exhibición de tales originales en un plazo máximo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento, considerándose tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada.
5. Adicionalmente a los apartados previos, resultará también de obligado cumplimiento cualquier otro mecanismo de justificación de la realización de los proyectos que en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pudieran ser desarrollados tanto a nivel nacional como europeo.
Las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 8 de esta Orden de bases, se valorarán de conformidad con los siguientes criterios, para lo cual será imprescindible que la propuesta contenga la información y documentación necesaria (justificada y garantizada expresamente cuando sea preciso):
1. Calidad (20 puntos):
Para la valoración de la calidad se considerará el valor arquitectónico de la propuesta, el interés conceptual para mejorar técnica, estética y funcionalmente el edificio existente, la racionalidad, flexibilidad y funcionalidad de la intervención y la integración armoniosa en el tejido urbano y en el paisaje. De igual forma, se tendrá en cuenta la adecuación al coste de la actuación; que suponga la adaptación de los espacios a los estándares de eficiencia, el rigor de la justificación aportada, la sencillez y los menores costes potenciales de mantenimiento.
2. Solidez (15 puntos):
Para la valoración se considerará la coherencia, credibilidad y precisión de la planificación temporal de toda la actuación, prevista por el cronograma que acompaña a la actuación, así como la metodología de trabajo propuesta para garantizar el cumplimiento de los objetivos exigidos.
3. Gobernanza (15 puntos):
Para la valoración de la gobernanza se tendrá en cuenta que la selección y elaboración del proyecto sea el resultado de concursos de proyectos con intervención de jurado (u otro procedimiento en el que se haya tenido en cuenta únicamente la calidad de la propuesta), de procesos participativos, comités de expertos, participación ciudadana, colaboración entre administraciones, o cualquier otro procedimiento orientado hacia el equilibrio económico, social e institucional y de planes de actuación o estrategia similar en el marco de lo dispuesto en las medidas de implementación de la ERESEE.
4. Enfoque integral (15 puntos):
Para la valoración del enfoque integral se atenderá a la capacidad de la actuación para incorporar, además de una reducción de, al menos, un 30 % del consumo de energía primaria no renovable, mejoras en la habitabilidad, la accesibilidad, la conservación, la seguridad de utilización y la digitalización de los edificios.
5. Innovación (15 puntos):
Para la valoración de la innovación se considerarán tres ámbitos. El ámbito de la innovación energética, que tendrá en cuenta el alcance de las actuaciones previstas en términos de eficiencia energética, de manera que, más allá del ahorro mínimo exigido del 30 %, se valoren aquellos proyectos orientados a transformar el edificio en uno de consumo nulo, casi nulo, o con una reducción más ambiciosa de su consumo energético respecto de la mínima determinada en estas bases. El ámbito de la innovación constructiva, atendiendo a la elección de materiales y el diseño de soluciones constructivas, sin pasar por alto la higiene, la salubridad, el confort (o bienestar) y la sostenibilidad. Y el de la innovación tipológica, considerando la innovación y modernización de la Administración Pública, mediante la optimización y/o transformación de espacios, tanto a nivel físico como conceptual, alcanzando carácter ejemplarizante.
6. Oportunidad (20 puntos):
Para la valoración de la oportunidad y relevancia de la actuación, se tendrá en cuenta que su proyecto haya sido identificado como una de las actuaciones integradas en un Plan de acción Local de la Agenda Urbana o Estrategia de ciudad y respondiendo al carácter integrado que reclama la agenda por tener impacto en la Entidad Local o en su entorno, tanto desde la perspectiva medioambiental, como económica y social, para lo que se tendrá en cuenta la población que potencialmente puede resultar beneficiaria por el uso público al que se destine el inmueble, que sea idónea para lograr unos espacios inclusivos y accesibles, que incorporen soluciones sostenibles que respondan a necesidades más allá de la dimensión material, en la línea de lo que propone la Nueva Bauhaus Europea, que posibilite la recuperación de edificios en desuso, que genere impacto en su entorno, ya sea por el uso y utilidad del inmueble, el número de usuarios que se beneficiará de la intervención y/o la idoneidad de la misma en el contexto COVID y que contribuya a las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y al conjunto de la sociedad, se complemente con otras solicitudes financiadas por el Plan y/o genere un valor añadido comparativo de la propuesta en relación con otras presentadas.
El procedimiento de concurrencia competitiva regulado por estas bases y por la presente convocatoria pública se desarrollará de acuerdo con las siguientes reglas:
1. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a instancia de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura publicará en el «Boletín Oficial del Estado» esta Orden de bases y convocatoria para propiciar la presentación de solicitudes. Dicha publicación se realizará también en la Sede Electrónica del Ministerio y en la web de la Agenda Urbana Española.
2. Las solicitudes de participación que se presenten se ajustarán, en todo caso, a lo establecido en el artículo 14.
3. La instrucción del procedimiento de concesión y la evaluación técnica previa de las solicitudes presentadas corresponde a la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura.
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procederá a su evaluación de conformidad con los criterios de valoración y selección establecidos en las presentes bases.
2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que subsane o acompañe los documentos preceptivos, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de la misma.
3. Tras la evaluación de las solicitudes, se elevará la propuesta de valoración a un órgano colegiado creado al efecto que emitirá un informe en el que se concretará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada de conformidad con los criterios recogidos en el artículo 16, incluyendo el importe asignable a cada actuación.
El citado órgano colegiado contará en su composición con el titular de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, que actuará en calidad de presidente, con el Director General de Agenda Urbana y Arquitectura, que hará las veces de Secretario, y con tres vocales designados por la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
4. La propuesta de resolución provisional de concesión de las ayudas será publicada en el Portal de Ayudas de la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dentro del cual se informará del otorgamiento de un plazo de diez días para que se formulen las alegaciones que consideren oportunas o comuniquen su aceptación.
5. Examinadas las alegaciones, la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura formulará propuesta de resolución definitiva en la que se incluirá al solicitante para el que se propone la concesión de la subvención y su cuantía. Los beneficiarios serán notificados de manera individual para que, en un plazo de quince días naturales, comuniquen su aceptación en caso de que no lo hayan hecho anteriormente.
La no aceptación expresa en plazo implicará, a todos los efectos, que se tenga por desistida la solicitud y podrá extenderse la propuesta de financiación a los siguientes solicitantes, por orden de valoración, hasta el límite del crédito disponible.
6. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la Subdirección General de Arquitectura y Edificación informará acerca de la documentación recibida en relación con cada una de las solicitudes presentadas y de que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. Posteriormente, el Director General de Agenda Urbana y Arquitectura aprobará cada una de las propuestas de resolución definitiva, sujeta a condición resolutoria de entrega de documentación prevista en el artículo 15.
7. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado la resolución de concesión definitiva.
1. Aprobada cada una de las propuestas de resolución definitiva, la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o la persona en quien delegue, resolverá el procedimiento.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la totalidad de las resoluciones definitivas del procedimiento no podrá exceder de seis meses, computándose a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de la línea 2.
3. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución definitiva correspondiente, legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud de concesión de la ayuda, por silencio administrativo.
4. En la resolución, que habrá de ser motivada y deberá hacer referencia expresa al deber de respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente y cumplir con las condiciones del etiquetado climático previstas por apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, se acordará para cada caso tanto el otorgamiento de las ayudas, como la desestimación y la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
5. La resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnada directamente ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos.
Cuando se haya interpuesto recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses desde que el primero sea desestimado expresamente o desde que se entienda desestimado por silencio administrativo por haber transcurrido el plazo de un mes para dictar y notificar su resolución.
6. La resolución de concesión se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para su publicación en dicho portal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
1. Las condiciones iniciales objeto de la resolución de concesión podrán ser modificadas, siempre que los cambios no afecten a los objetivos perseguidos por la presente orden o a los aspectos fundamentales de las actuaciones propuestas para la ejecución de los proyectos objeto de ayuda, y que estén motivadas por causas técnicas o de otra índole que impidan o comprometan la formalización de la contratación de los servicios y/o adquisición de los bienes correspondientes, así como la ejecución del proyecto en el plazo establecido, todo ello por motivos ajenos o sobrevenidos al beneficiario debidamente justificados, y pese a haberse adoptado las medidas técnicas y de planificación que resultasen exigibles.
No podrán admitirse sustituciones o modificaciones sustanciales del proyecto objeto de ayuda (ampliación del alcance, tipología de actuación, ubicación) ni modificaciones que no obedezcan a una causa técnica o de contratación o ejecución debidamente justificadas.
La variación de la inversión prevista que produzca un reajuste a la baja tras el proceso de contratación de las actuaciones sin modificación del alcance ni de la actuación prevista no constituiráper seuna modificación de la resolución, ajustándose en ese caso la ayuda a otorgar en la fase de verificación del proyecto. En ningún caso, la modificación de la resolución podrá modificar el importe de ayuda concedida superando el importe de la subvención original correspondiente al proyecto inicialmente seleccionado.
2. La modificación de la resolución habrá de ser solicitada, en su caso, por el beneficiario antes de que concluya el plazo para la ejecución del proyecto objeto de ayuda y la decisión sobre la aceptación o no de dicha solicitud de modificación corresponderá al órgano concedente, que dictará la correspondiente resolución estimando o desestimando la modificación solicitada.
1. Dada la naturaleza de estas subvenciones el abono de la ayuda se realizará mediante un pago único de forma anticipada.
2. Los plazos en los que se formalizará el pago anticipado se determinarán en la resolución definitiva.
1. La justificación de los gastos se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Subvenciones y, en concreto, se deberá presentar a la Subdirección General de Arquitectura y Edificación de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio la documentación recogida en el artículo 15.
2. El plazo máximo y la forma de justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención, de acuerdo con el artículo 17.3.i) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se fijará en la resolución definitiva y en ningún caso podrá ser superior a tres meses desde la firma del acta de recepción de obra (sin observaciones ni reparos).
El órgano instructor podrá realizar a través de sus servicios técnicos cuantas inspecciones estime necesarias para comprobar la efectiva realización de las actuaciones subvencionables y el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta convocatoria.
1. El artículo 7 Regla Séptima, de la Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del Estado, señala que en los organismos públicos, las Corporaciones Locales y sus entidades dependientes, los ingresos por transferencias recibidas de la Administración General del Estado, procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU, están legalmente afectados a financiar los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el grado de detalle especificado en el mismo. En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las citadas entidades deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público. El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda.
2. En los casos en que la entidad beneficiaria haya obtenido la ayuda sin reunir las condiciones exigidas conforme a lo previsto en esta orden de bases y demás normas aplicables, deberá reintegrar el total de las cantidades percibidas, o parte de ellas cuando no pueda justificar el gasto, más el interés de demora que corresponda en ambos casos, desde la fecha en que haya recibido los fondos. Todo ello, sin perjuicio de las restantes responsabilidades a que pudiera haber lugar de conformidad con las previsiones de la Ley General de Subvenciones.
3. Asimismo, proceden otros supuestos de reintegro de fondos por sus especiales condiciones:
a) En caso de incumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo», del etiquetado digital o ambiental o de las condiciones recogidas en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
b) En caso de en caso de no cumplir los hitos y objetivos previstos, irregularidades, no justificación o falta de fiabilidad de indicadores o hitos reportados. así como los principios y obligaciones o cualquier otro aspecto derivado del Reglamento UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en el resto de normativa de la Unión Europea que sea de aplicación.
4. El destino de los reintegros de los fondos se regulará de conformidad con la previsión establecida por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las entidades beneficiarias de las ayudas quedarán sometidas a lo establecido en materia de reintegros, control financiero e infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y a lo previsto por las disposiciones nacionales y comunitarias en relación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y normativa de desarrollo.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de febrero de 2022.–La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Mendoza Jiménez.
Este anexo tiene efectos meramente informativos sobre el contenido específico que se requiere para solicitar las ayudas. Deberá acompañarse del resto de documentación a la que se hace referencia en esta orden de bases y convocatoria.