Categoría: Administración

sulta complementaria a la coordinación más amplia del GruS. La coyuntura de la pandemia ha constituido un verdadero reto para el equipo Europa que ha reforzado su respuesta con un articulación reforzada -Team Europe Global COVID-19 Response-. España lidera el grupo de Violencia de Género y Fortalecimiento Institucional en el sector de Gobernanza y el de Agua y Saneamiento en el de Medioambiente y Cambio Climático. Participa en 5 grupos más: Lucha contra el Narcotráfico, Cultura y Turismo, Educación, Democracia y Derechos Humanos y Justicia.
La Estrategia Conjunta toma en cuenta los distintos marcos de cooperación de los Estados Miembros vigentes para el ciclo 2021-2025 y los concentra en torno a tres objetivos, alineados con los objetivos de la Agenda Patriótica, del PDES 2021-2025 y de la Agenda 2030.
La participación de la Cooperación Española en la Estrategia Conjunta se concentra en ocho componentes de los tres objetivos mencionados:
1.3 Situación de la Cooperación Española.
La negociación y firma entre Bolivia y España del anterior Marco de Asociación País (MAP) 2018-2021 supuso un importante avance en la coordinación de la cooperación entre ambos países con compromisos concretos. Tras la firma, se pusieron los medios para avanzar en la implementación de este y se avanzó significativamente durante 2018 y primer semestre de 2019. Sin embargo, la crisis política en Bolivia ralentizó en unos casos e interrumpió en otros la interlocución sobre cooperación. Por otra parte, en 2020 la pandemia de la COVID-19 paralizó la ejecución de algunos importantes programas y proyectos, como los vinculados al agua y saneamiento, y obligó a transformar otros. No obstante, es destacable que, en algunos casos, la pandemia aceleró la ejecución de intervenciones que se habían orientado a mitigar su impacto. Este hecho resultó evidente en el sector salud, pero también en programas de educación, igualdad de género y gobernanza democrática.
En términos generales, se considera que las prioridades establecidas y los resultados planificados en el MAP anterior fueron pertinentes y continúan siendo vigentes de cara a la negociación del nuevo marco estratégico, aunque la baja actividad en algunos de ellos y la financiación discontinua marcan un esfuerzo por concentrar más los resultados que, en todo caso, se desarrollarán más precisamente en resultados intermedios. Los datos confirman que la Cooperación Española ha realizado las gestiones oportunas y un esfuerzo financiero coherente en los últimos 3 años para comprometer en firme en torno a 130M€, a los que hay que sumar 32M€ de cooperación delegada de la UE apalancados e implementados por la AECID. Estas cifras están muy por encima de los 100M€ originalmente previstos en el MAP.
A pesar de que se han movilizado recursos financieros conforme a lo previsto, la ejecución final de las intervenciones de la Cooperación Española asociadas al MAP anterior ha sido baja. Un 40% del monto transferido para intervenciones bilaterales de la AECID hacia la administración central no ha sido aún ejecutado. Además, una parte importante de la cooperación delegada ha sido pospuesta para implementarse a partir de 2022. También, la ejecución de proyectos del programa de conversión de deuda se ha atrasado. Este hecho está directamente ligado a la crisis política y a la pandemia de la COVID-19. En lo que se refiere a la cooperación descentralizada, sin embargo, se ha mantenido la actividad y la inversión ha ascendido entre los años 2018-2020.
Adicionalmente quedan en torno a 22M€ por ejecutar del programa de conversión de deuda.
En lo que se refiere a la cooperación financiera reembolsable, se ha comprometido un crédito FONPRODE por 30 MUSD para agua y saneamiento. Este crédito se integra en el programa de Gestión Integral de Agua en Áreas Urbanas ya en ejecución.
El total de los fondos asignados a proyectos de cooperación delegada de la UE durante el periodo 2018-2021 es de 41,1 M€. De esta cifra, 32,8 M€ son fondos de la UE canalizados a través de la AECID y 8,9 M€ son fondos propios de la AECID, que incluye recursos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS). De esta cifra total hay aproximadamente 13M€ ya ejecutados o comprometidos hasta 2021, y quedan por ejecutar a partir de 2022, en el próximo periodo del nuevo MAP 2022-2025, los 28 M€ restantes.
En lo que se refiere específicamente a fondos propios no reembolsables de todos los actores de la Cooperación Española, en el periodo MAP 2018-2021 se ha realizado en Bolivia una inversión ya comprometida de 73 M€, de los cuales 34,6M€ corresponden a la AECID y 38,4M€ a la cooperación descentralizada de 2018 a 2020, ya que no se dispone todavía de los datos de 2021.
La cooperación descentralizada no solo ha sido muy activa, sino que ha desempeñado un papel fundamental, generando importantes contribuciones en los diferentes sectores de desarrollo en el país. Respecto a los principales actores en este ámbito, cabe destacar que el 22% corresponde a la cooperación valenciana, el 20% a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD) y casi el 10% a la cooperación navarra. Respecto a la cooperación realizada por entes locales destacan, entre otros actores, los Ayuntamientos de Valencia, Zaragoza y Bilbao, con cifras superiores al 0,5M€ cada uno en el periodo analizado.
Respecto a la vía de canalización de la ayuda, la principal han sido las ONGD con 45,5M€, y a continuación la cooperación bilateral directa con administraciones públicas bolivianas por un importe de 27,5M€.
El análisis temático de las intervenciones financiadas para el periodo 2018-2021 muestra que los enfoques de éstas han trascendido los habituales sectores de actuación, por lo que la presentación de los rasgos más representativos de la Cooperación Española y de las intervenciones más significativas para este periodo se realizará siguiendo la estructura de 9 resultados de desarrollo del anterior MAP.
Tomando en consideración los fondos no reembolsables de todos los actores de la Cooperación Española en el periodo MAP 2018-2021, la foto general por cada uno de los anteriores resultados muestra que los resultados de desarrollo vinculados a agua y saneamiento (RD2), democracia participativa y paritaria (RD8), soberanía alimentaria (RD7) y lucha contra violencias machistas (RD1) acumularon gran parte de los fondos propios aportados por los actores de la Cooperación Española. Los resultados vinculados a cultura y patrimonio (RD9), empleabilidad (RD6) y energía e infraestructuras (RD3) han quedado comparativamente muy por debajo del resto.
Con relación a las prioridades horizontales, se identifica una fuerte acción especialmente en igualdad de género (género y desarrollo) y diversidad cultural (cultura y desarrollo), mientras que se puede mejorar la transversalización del enfoque de sostenibilidad medioambiental y de cambio climático.
1.4 Análisis de la estrategia nacional de desarrollo 2021-2025 en base a las 5 P para no dejar a nadie atrás.
El compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia para alcanzar los objetivos de desarrollo planteados en la Agenda 2030 se ve plasmado en la Agenda Patriótica o del Bicentenario 2025, con sus 13 pilares que se encuentran vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta Agenda se constituye en una política de Estado a mediano y largo plazo con una visión integral de desarrollo del país; implementada en una primera fase mediante la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y con continuidad en el nuevo Plan de Desarrollo 2021-2025, con objetivos, metas y resultados definidos para el año 2025 y que constituye la base para el nuevo MAP 2022 2025
El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021 – 2025 toma en cuenta la necesidad de avanzar en los desafíos pendientes relacionados con el fortalecimiento de la calidad del sistema educativo y de la salud, la reforma de la justicia, la innovación en ciencia y tecnología, el comercio justo y el ahorro interno, etc. Se señalan a continuación en este análisis aquellos lineamientos del PDES que resultan estratégicos para la Cooperación Española, tanto por su trayectoria de trabajo en el país como por su proyección hacia en nuevo MAP, considerando las dimensiones de la agenda 2030 y los ODS asociados.
Prosperidad.
Esta dimensión como ya se mencionó, aglutina las prioridades del PDES y el 44% de las intervenciones ejecutadas de 2018 a 2021 y comprometidas a corto plazo por la Cooperación Española(3). Especialmente significativas son las intervenciones relacionadas con la universalización de los servicios básicos, especialmente el acceso al agua, la reducción de las desigualdades sociales y económicas y el aseguramiento de la producción agropecuaria. Destaca en el PDES la voluntad del Estado Boliviano de fortalecer sus infraestructuras, su capacidad productiva y económica para robustecer su autonomía y el bienestar de su ciudadanía.
Personas.
En esta dimensión están involucrados dos ejes del PDES que cuentan con un apoyo del 20% de las intervenciones ejecutadas desde 2018 y comprometidas a partir de 2021 por la Cooperación Española, centradas en la formación profesional y la investigación con enfoque productivo y para la consolidación del sistema nacional de salud.
Paz.
En este eje del PDES se incluyen iniciativas muy ambiciosas de la cooperación internacional para apoyar la reforma del sistema de justicia en el país y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y supervivientes de violencias, especialmente las mujeres. El 12% de las intervenciones ejecutadas desde 2018 y comprometidas a partir 2021 por la Cooperación Española están dedicadas a esta dimensión clave también recogida en el concepto del ODS 16, como objetivo habilitante para el cumplimiento del resto de la Agenda 2030.
Planeta.
Se consideran en esta dimensión las intervenciones de la Cooperación Española dirigidas a mitigar los efectos adversos del cambio climático, incluso aquellas relacionadas con la gestión hídrica, que suponen el 5,2% de las intervenciones ejecutadas desde 2018 y comprometidas a partir de 2021 por la Cooperación Española.
Alianzas. (Partnerships).
La acción se realizará en estrecha asociación con el gobierno nacional y los gobiernos locales del Estado Plurinacional de Bolivia y bajo su liderazgo. La red de alianzas incluirá a otros socios bilaterales y multilaterales de cooperación para el desarrollo, así como de cooperación descentralizada, a la sociedad civil y a la empresa privada.
1.5 Conclusiones.
De cara a la toma de decisiones estratégica en el siguiente apartado, considerando el análisis del contexto, la posición de la cooperación europea y española y la planificación del Estado Plurinacional de Bolivia para el nuevo periodo, se identifican los siguientes parámetros como guía:
– El nuevo MAP 2022-2025 renovará el compromiso de la Cooperación Española con el alineamiento en torno a las prioridades marcadas por Bolivia. El nuevo MAP se alineará estratégicamente con el PDES 2021-2025, que se tomará como referencia principal para desarrollar la fase deDecisiones Estratégicas, específicamente en relación con los alineamientos del PDES previamente identificados y vinculados con las fortalezas y capacidades de la Cooperación Española, tanto por su trayectoria de trabajo en el país como por su proyección hacia el futuro.
– El nuevo MAP 2022-2025 se armonizará con la acción de la Unión Europea a través de la Estrategia Conjunta de Cooperación, en la que España ha concentrado su potencial contribución futura en el desarrollo de 5 subobjetivos en coordinación con otros actores de la UE.
– Por la vigencia de los principales resultados propuestos en el anterior MAP, así como por la amplia cartera abierta de proyectos en ejecución de presupuesto 2018-2021 y los compromisos firmes de ese mismo periodo pendientes de ser transferidos, el nuevo MAP 2022-2025 se plantea como un acuerdo de continuidad. De hecho, se desarrollarán estrategias para acelerar la ejecución de los compromisos pendientes de ejecución.
– Se construirá sobre lo construido, especialmente en lo relativo a la gobernanza democrática, igualdad de género y lucha contra violencias, enfoque de derechos, especialmente el derecho humano al agua, y enfoque de fortalecimiento de políticas públicas.
– Para alinearse con el PDES, se fortalecerá el enfoque de transición ecológica justa considerando el cambio climático y se promoverá más el desarrollo productivo sostenible centrado en las personas, especialmente los colectivos más vulnerables como los pueblos indígenas.
– En el desarrollo del nuevo MAP se continuará priorizando la apropiación, recabando la posición de los actores locales y la visión a medio/largo plazo, gestionando adecuadamente la relación de esta visión con las coyunturas políticas, sociales y económicas.
– Se considerará, en todo caso, el valor añadido que la Cooperación Española pueda tener en nichos específicos de vulnerabilidad que requieran de políticas públicas específicas con cooperación internacional para el desarrollo. Este valor se analizará considerando aspectos cuantitativos y cualitativos con especial consideración de los diferentes instrumentos y modalidades, incluyendo la cooperación descentralizada y la cooperación con la sociedad civil.
2. Resultados de desarrollo sostenible.
2.1 Contribución a la Agenda 2030 Nacional.
Para la elaboración de este Marco de Asociación País, la Cooperación Española se alinea con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones.
Tanto el Plan de Desarrollo Económico y Social como la Estrategia Conjunta están enmarcados en la Agenda 2030 y establecen su correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para alcanzar los ODS en el año 2030, Bolivia ha establecido la Agenda Patriótica 2025 que contiene 13 pilares con el objetivo de lograr instituciones y políticas públicas más incluyentes, participativas y democráticas y una sociedad libre de discriminación y de racismo. La ejecución de la Agenda Patriótica —que ya tuvo una primera fase de implementación a través del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 y tiene continuación con el PDES 2021-2025— es una responsabilidad compartida de todos los niveles de gobierno. La sociedad civil (organizaciones sociales y sector privado) pueden desempeñar un rol fundamental en la implementación efectiva de esta agenda de desarrollo.
La Agenda Patriótica 2025 y los ODS para 2030 contemplan una visión compartida a través de los 13 pilares. No obstante, las intervenciones de la Cooperación Española en su conjunto afectarán en su contribución a siete de los trece pilares del PDES: Pilar 1: Erradicar la Pobreza Extrema; Pilar 2: Universalización de los Servicios Básicos; Pilar 3: Salud, Educación y Deporte; Pilar 6: Soberanía Productiva con Diversificación; Pilar 8: Soberanía Alimentaria; Pilar 11: Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública; Pilar 12: Disfrute y Felicidad.
Así también, la Cooperación Española contribuirá, a través de los distintos instrumentos y modalidades de los que se dispone, a las diferentes metas y líneas de acción de los ODS en el marco de cinco dimensiones de la Agenda 2030: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Alianzas.
El Informe Nacional Voluntario de Bolivia 2021 contempla los principales indicadores de los ámbitos económico, social y medio ambiental de catorce (14) ODS que se encuentran vinculados al Plan de Desarrollo, y muestran el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de las metas de los ODS. Dicho informe refleja los logros alcanzados hasta el año 2020 en los ámbitos económico, social y medio ambiental. Se evidencian progresos en reducción de la pobreza y la desigualdad, en la nutrición de los niños y la producción de alimentos, acceso a servicios de salud y educación, a servicios básicos, participación de las mujeres en las decisiones políticas del Estado, así como avances en la generación de energías renovables, entre otros. Aun así, el informe señala que persisten importantes desafíos por afrontar.
El desafío hacia el Bicentenario del país es revertir la afectación en la actividad económica del país que llevó a una reducción en los niveles de ocupación y por ende a disminuciones en los ingresos de los hogares, lo que repercutió en un incremento en el número de hogares que no podían cubrir sus necesidades básicas alimentarias con los recursos que disponían. La Agenda Patriótica 2025 ha establecido que para el Bicentenario del país la pobreza extrema debe reducirse al 5%.
Derecho al agua.
El año 2019, el 45% de los puntos de monitoreo presenta calidad hídrica buena, registrando una reducción de 9 puntos porcentuales respecto a la línea de base del año 2015. La variabilidad del indicador se debe a la dinámica propia del área, es decir, al desarrollo de nuevas actividades productivas, las cuales podrían generar nuevos impactos, o por el contrario, las actividades instaladas a la fecha podrían implementar acciones que mejoren anualmente la calidad hídrica. Además, para la implementación de la red de monitoreo se priorizaron cuerpos de agua con problemas de deterioro en su calidad debido a presiones antrópicas de origen minero, industrial y urbano. La meta a 2030 es que al menos el 60% del total de puntos de monitoreo estén en los rangos mínimos aceptables de los parámetros básicos de calidad del agua, definidos en la norma de contaminación hídrica.
Derecho a la educación.
En marzo de 2020, debido a la propagación de la COVID-19, se suspendieron las labores educativas presenciales y en agosto se clausuró el año escolar, promoviendo de manera automática al siguiente curso a todo el alumnado de los niveles inicial, primaria y secundaria. Estas medidas tuvieron efectos adversos en la educación; muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes interrumpieron su formación, lo que representó un retroceso en el logro de las metas como país planteadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y de desarrollo sostenible en los plazos establecidos. Por ello, y con el objeto de retomar el rumbo trazado, se acordó realizar acciones orientadas a recuperar el derecho a la educación para todas las personas en Bolivia y declarar el año 2021 como el «Año por la Recuperación del Derecho a la Educación».
Derecho a la salud.
El Programa Nacional y los 11 Programas Regionales de Malaria se han fortalecido institucionalmente para realizar diferentes acciones a fin de controlar la enfermedad y eliminar la malaria, entre las principales acciones que se ha venido implementando destacan: i) los puntos de diagnóstico y tratamiento de base comunitaria; ii) distribución de mosquiteras impregnados con insecticida; y iii) visitas domiciliarias para enseñar cómo combatir la enfermedad en el domicilio. Estas acciones, si bien permitieron mantener el IPA por debajo de 2,0 por mil habitantes entre 2015 y 2018, han sido insuficientes para evitar el incremento constante que este índice reportó en el año 2020 con un IPA de 2,68 por mil habitantes, incremento explicado principalmente por la pandemia de la COVID-19 y la restricción de actividades.
Derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y nutrición.
La meta nacional planteada al año 2030 es reducir la proporción de niños y niñas menores de cinco años con desnutrición crónica al 6,4%, por lo que la combinación de políticas y acciones integrales contempladas por el país serán importantes para lograr este desafío.
Acceso a la justicia.
El Estado Plurinacional de Bolivia emitió la Ley N° 1173 de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la lucha integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con la finalidad de agilizar los procedimientos en materia penal. Esta acción entre otras permitió que entre 2015 y 2019, el porcentaje de causas resueltas en la vía judicial se reduzcan en 4,4 puntos porcentuales. En 2021, el Órgano Judicial habría resuelto un poco menos de la mitad (49,2%) del total de causas en tramitación en ese año. La meta al año 2030 para este indicador incrementar su valor hasta situarse en 75%.
Derechos culturales.
La cultura es una herramienta clave en los procesos de gobernanza democrática y participación individual y colectiva para el ejercicio efectivo de la ciudadanía y de la libertad de expresión. La incorporación de la cultura de manera transversal en ámbitos como la sostenibilidad ambiental, el emprendimiento empresarial, la habitabilidad básica, la igualdad de género, la educación para la ciudadanía global, la gobernanza democrática y la inclusión, entre otros, contribuye a avanzar en resultados de desarrollo sostenible y en mejorar la apropiación de las actuaciones. En este sentido, el Programa de Patrimonio profundizará en su alineamiento con la Agenda 2030 orientada a lograr ciudades seguras, inclusivas y accesibles.
2.2 Alcance territorial.
La Cooperación Española se concentrará en la población más vulnerable allá donde se encuentre, conforme al principio de «no dejar a nadie atrás». Por tanto, se trabajará en función de las oportunidades de transformación de la vulnerabilidad de personas, comunidades y pueblos víctimas del cambio climático y las dinámicas demográficas por él provocadas; por el crecimiento demográfico; víctimas de todo tipo de violencias; o de la falta de acceso a justicia.
Este enfoque conlleva el apoyo estratégico a políticas nacionales y, en lo que se refiere a la localización de la cooperación, se priorizarán las iniciativas donde confluye la vulnerabilidad medioambiental y social, específicamente los territorios de pueblos indígenas, considerando también las zonas de recepción de migración interna tanto en las zonas rurales como en las áreas periurbanas.
La Cooperación Española buscará sinergias con las políticas nacionales y locales, así como entre todos los actores de la Cooperación Española y otros socios de cooperación internacional, para confluir en espacios sociales o territoriales guiada por la eficacia y eficiencia en la consecución de los resultados y la capacidad de seguimiento.
2.3 Marco de resultados.
Tomando en consideración el análisis y la reflexión realizada en durante la fase de Análisis, se llevaron a cabo una serie de talleres participativos que contaron con la asistencia de los principales agentes de cooperación aliados de las Cooperación en el país. Como resultado se ha establecido la estrategia de asociación con el país, definiendo los resultados a los que la Cooperación Española va a contribuir y los socios con los que se trabajará en el marco de la Agenda 2030.
El Marco de Resultados que se presenta a continuación refleja el marco de trabajo entre la Cooperación Española y Bolivia en línea con la Agenda 2030, el cual permitirá realizar el seguimiento de los resultados definidos, incentivando a los actores participantes a la colaboración y a la creación de alianzas, para ser colectivamente más eficaces.
El marco de resultados asociado a este MAP representa una cadena lógica de resultados con dos niveles, estando el primero, a su vez dividido en dos subniveles:
– Resultados de Desarrollo (Nivel 1.0), definidos por el propio gobierno boliviano en base a su Plan de Desarrollo y con un impacto y efecto a largo plazo. Tres resultados de desarrollo relativos otros tantos ámbitos de actuación (nivel 1.1) definidos de forma agregada sobre los resultados del anterior nivel para mayor claridad en la gestión y seguimiento; y
– Resultados Intermedios (Nivel 2) definidos por los actores de la Cooperación Española junto con los socios bolivianos y que representa las prioridades estratégicas de la cooperación española para los próximos 4 años.
El Marco de Resultados se adjunta en el Anexo 01 en formato tabla Excel.
Los resultados incluidos en el presente MAP responden también a dos grandes objetivos o fines estratégicos en el país que suponen un compromiso de respaldo por parte de la Cooperación Española a las prioridades del Plan de Desarrollo Nacional y al fortalecimiento de capacidades de los actores bolivianos en su desarrollo, incluyendo el enfoque de derechos humanos:
1. Objetivo Estratégico 1 en el país: Los grupos de población en situación de vulnerabilidad en Bolivia mejoran su acceso a servicios básicos con resultados positivos en términos de cohesión social y del ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales (salud, educación, igualdad, justicia, hábitat saludable y cultura).
2. Objetivo Estratégico 2 en el país: Los actores públicos y de las OSC mejoran sus capacidades y medios para ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos e implantar medidas de política pública en línea con el PDES que reduzcan las desigualdades económicas, sociales y de género y preserven el patrimonio cultural y natural.
Todos los resultados intermedios que guiarán las actuaciones y esfuerzos de la Cooperación Española en Bolivia en los próximos años se orientan en alguno de sus aspectos a contribuir a alguno o a ambos de esos dos grandes propósitos.
Se presentan a continuación los Resultados Intermedios de la Cooperación Española agrupados por tres ámbitos que responden a los resultados de desarrollo agregados del marco de resultados: transición ecológica justa, cohesión social y gobernanza democrática y género.
En el ámbito de la transición ecológica justa, las prioridades de la Cooperación Española se articulan en torno a tres resultados intermedios centrados en aspectos como la mejora del acceso al agua y al saneamiento, la producción sostenible de alimentos y la adaptación y mitigación del cambio climático.
Resultado de Desarrollo agregado 1: La población boliviana accede en condiciones de igualdad a sus derechos al agua y al saneamiento, a la alimentación y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
Si bien en Bolivia existe un Plan Nacional de Cuencas, este no es un plan acabado, sino una propuesta y un marco orientador para la acción en construcción social y participativa al que la Cooperación Española pretende contribuir. Este marco parte de la gestión de cuencas desde el nivel local y regional, en un esquema donde la gestión es interinstitucional y multiactor. En este ámbito, existen muchos retos a nivel técnico y social para abordar la problemática de una forma integral, como el de integrar los sectores de medio ambiente y desarrollo rural para tender a una agricultura sostenible, climáticamente amigable y eficiente.
El país se encuentra entre los 20 países con mayor disponibilidad de agua, pero la distribución desigual del agua y su deficiente gestión provocan frecuentes desastres naturales y conflictos sociales relacionados con cuestiones ambientales. Además, la falta de manejo de residuos sólidos aumenta la posibilidad de contaminación del agua ya sea para consumo o riego.
Bolivia es el 10 país más vulnerable al cambio climático (Germanwatch, Global Climate Risk 2021). A pesar de las importantes tasas de deforestación y tala ilegales, éstas han tenido un comportamiento decreciente en los últimos tres años (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra). Bolivia todavía alberga aproximadamente el 3,5% de los bosques del mundo, incluida la Amazonía y, desde la perspectiva de la biodiversidad, tiene tres de los cinco ecosistemas regionales más importantes. En cuanto a biodiversidad, Bolivia cuenta con una importante riqueza tanto en cuanto a especies animales como de plantas, de tal manera que tiene la calificación de país megadiverso, situado entre los 17 países considerados como tales en el mundo.
La contribución de la Cooperación Española va dirigida a fortalecer a los actores públicos y las OSC en sus acciones y en su capacidad de previsión para mitigar el cambio climático con un aprovechamiento del agua que se traduzca en un aseguramiento de los servicios del agua potable, saneamiento e higiene a nivel comunitario.
Esta transición ecológica de acuerdo al PDES debe ir acompañada de un incremento sostenible de la producción y productividad agropecuaria de las comunidades y un mejor acceso a los alimentos. En este sentido, cabe señalar que la agricultura familiar y comunitaria constituye una parte importante de la actual estructura productiva agropecuaria nacional, sobre todo en el altiplano y los valles del país, con una contribución significativa a la producción de alimentos para el consumo local y la generación de ingresos por la venta de esta producción en los mercados locales de productos. No obstante, y según un estudio del BID, por la relación entre biodiversidad y el ingreso/consumo a nivel municipal, se estima que las poblaciones locales tendrán pérdidas en el orden del 0,9% del PIB para el año 2100 a nivel nacional, pero de hasta el 4,8% en el departamento de Potosí.
En este sentido, la Cooperación Española planea apoyar a las comunidades indígenas y campesinas para que participen de la gestión y conservación del medioambiente como actores protagónicos.
El país cuenta con 22 áreas protegidas de carácter nacional, además de las departamentales y municipales que, en total, cubren una superficie de 25,6 millones de hectáreas, que representa aproximadamente el 23% de la superficie total del país. La mayor parte de las áreas protegidas nacionales sufren impactos provocados por diversos tipos de actividades, y las departamentales o municipales tienen una incipiente gestión o carecen de ella. La explotación de hidrocarburos y la actividad minera, además de la ampliación de la frontera agrícola, son los principales problemas que afectan la biodiversidad que estas áreas pretenden proteger.
En el ámbito de la cohesión social, las prioridades de la Cooperación Española se articulan en torno a tres resultados intermedios centrados en la mejora del acceso a la educación, la salud o la cultura en el país.
Resultado de Desarrollo agregado 2: Reforzada la cohesión social boliviana a través del ejercicio de los derechos a la educación, la salud y culturales por parte de la población.
En primer lugar, es claro el impulso que en el ámbito del acceso a la educación se ha dado en Bolivia en los últimos años. La intención del Estado Boliviano de garantizar el acceso a una educación básica integral para toda la población se recoge en el eje 5 del PDES, donde se pone de manifiesto un objetivo claro por mejorar la calidad de la educación y se da continuidad a la puesta nacional por el fomento de la formación técnica profesional recogida en la Ley Educativa 070, promulgada en 2010. Aún estando pendiente la actualización del Plan sectorial de Desarrollo Integral de Educación para el Vivir Bien para los próximos años, los desafíos en este ámbito orientan las actuaciones de forma clara hacia la mejora de los contenidos y calidad de la educación, donde la Cooperación Española viene desempeñando un rol relevante en el conjunto de países socios donantes.
Continuando con las acciones implementadas en los últimos años, se pretende fortalecer las capacidades del personal docente en una educación integral, intercultural y plurilingüe a través de varias líneas de actuación prioritarias como son la formación de postgrado de maestros y maestras, el refuerzo de las capacidades tecnológicas del personal docente, el apoyo a la introducción de mejoras en la currícula especializada y la innovación educativa; así como el soporte a la gestión del conocimiento, investigación y generación de evidencias para la mejora de la calidad y el incremento de la cobertura educativa.
Al mismo tiempo, la apuesta clara de la Cooperación Española por ampliar el acceso a una educación pública gratuita, equitativa, inclusiva y de calidad a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad se materializará en el apoyo a la educación técnica productiva de jóvenes y mujeres, principal y particularmente en la consolidación del sistema de formación técnica orientado a la inserción laboral en ámbitos relacionados con la conservación y restauración de bienes patrimoniales.
Con respecto a la salud, el Gobierno de Bolivia tienen como objetivo garantizar el derecho y acceso a la salud de todos los bolivianos y bolivianas por lo que continúa impulsando un modelo de cobertura universal de salud a través del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito-SUS. La escasez de recursos nacionales asignados y la presión que la pandemia de la COVID-19 ha ejercido sobre el sistema sanitario boliviano hacen que la extensión del sistema SUS continúe siendo uno de los objetivos destacados en el eje 6 del PDES 2021-2025. Alineada con este marco estratégico, la CE dará continuidad a las líneas de actuación llevadas a cabo hasta el momento orientándolas hacia tres resultados concretos. En primer lugar, se apoyarán los esfuerzos del estado boliviano en la implementación de sus políticas sectoriales de salud, de forma particular en el desarrollo de la Política Nacional de Donación de órganos, la implementación de la Política nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI en los tres niveles de la atención sanitaria, así como la ya mencionada extensión del sistema SUS. En segundo lugar, se pretende reforzar las capacidades de los profesionales sanitarios mediante el apoyo a la currícula educativa sanitaria especializada y la formación de especialistas y subespecialistas; al mismo tiempo que se pondrá atención a la recuperación de la medicina tradicional /rural y el reconocimiento y certificación de dichas capacidades. Por último, desde la Cooperación Española se tiene particular interés en promover que grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas y supervivientes de trata y de violencia de género, indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTI+, personas con VIH, personas migrantes, etc.) accedan a servicios de salud especializados, inclusivos y de calidad, a través del fortalecimiento de la Atención Integral de Primera Infancia y los Servicios sanitarios en salud sexual y reproductiva; de la mejora de la atención sanitaria a enfermedades transmisibles (malaria, VIH, Chagas, tuberculosis, COVID); de la integración del enfoque de género y la atención a la violencia de género en los servicios de salud; y del fortalecimiento de la sociedad civil para la defensa y promoción del derecho a la salud.
Por último, Bolivia ha dado pasos relevantes en el reconocimiento de su diversidad cultural y riqueza natural, y así se ve reflejado en el Eje 10 del PDS 2021-2025, que establece como tarea primordial para los próximos años la protección, restauración, recuperación, conservación, revitalización y difusión del patrimonio material e inmaterial del país. Sin duda la Cooperación Española, con su enfoque innovador en la vinculación de cultura y desarrollo, es hasta el momento un referente para Bolivia en este ámbito, siendo claro el esfuerzo que desde la misma se va a seguir haciendo para continuar con este rol clave en la protección y gestión del patrimonio material e inmaterial como elemento generador de desarrollo sostenible. Para ello se establecen dos resultados intermedios claros que enmarcarán las actuaciones en los próximos años en asuntos culturales y de patrimonio. El primero está orientado a la protección y promoción de los derechos culturales de grupos en situación de vulnerabilidad, participando activamente en la preservación y reconocimiento de su propio patrimonio cultural, especialmente en sectores rurales y periurbanos, y facilitando el acceso a bienes culturales a niños, niñas y adolescentes. Otra línea de actuación pondrá el énfasis en la recuperación (investigación y catalogación) y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de los pueblos indígenas. Igualmente, se continuará con la formación permanente de nuevos profesionales en oficios relacionados con la salvaguarda del patrimonio y la recuperación de los oficios tradicionales y sus conocimientos, así como la capacitación de profesionales restauradores y expertos en museología. En un segundo resultado se pone el foco en los actores públicos y de la sociedad civil organizada y se orienta a la mejora de sus capacidades de desarrollo de políticas culturales públicas y la gestión sostenible del patrimonio cultural material e inmaterial. Para ello, se han identificado las siguientes líneas de actuación: apoyo para el fortalecimiento de políticas culturales públicas y coordinación con los distintos estamentos del estado boliviano; asistencias técnicas a municipios urbanos y rurales para que salvaguarden su patrimonio cultural y natural; colaboración con Unidades de Patrimonio de gobiernos autónomos municipal y gubernamental y organizaciones sociales relacionadas con las manifestaciones culturales; y apuesta por el turismo y gestión sostenible del patrimonio cultural en clave de preservación y autosostenibilidad.
En el ámbito de la gobernanza democrática y género, las prioridades de la Cooperación Española se articulan en torno a otros tres resultados intermedios centrados en aspectos como la reforma de la justicia, el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad y la participación política de las mujeres.
Resultado de Desarrollo agregado 3: La población boliviana accede a la justicia y la igualdad, incrementando su participación social y política en un marco de gobernanza democrática y protección de los derechos humanos.
En primer lugar, el acceso limitado a la justicia es una de las debilidades históricas del sistema de justicia boliviano, que enfrenta procedimientos prolongados, un excesivo formalismo y una cobertura geográfica desigual de tribunales y servicios legales. Durante décadas, la cooperación internacional ha acompañado la consolidación de las instituciones de justicia penal. Sin embargo, persisten los desafíos de (i) cobertura limitada y restringida a ciudades más grandes e intermedias; (ii) financiamiento inadecuado; (iii) necesidades de personal y equipo (incluyendo la alta rotación); y (iv) coordinación insuficiente y superposición de mandatos. La Cooperación Española se propone seguir apoyando la extensión de la cobertura de los servicios que facilitan el acceso a la justicia de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, mujeres, menores y víctimas del delito, principalmente.
En las últimas décadas, Bolivia ha dado importantes muestras de voluntad política para disminuir las brechas de género. Desde la promulgación de la nueva Constitución de 2009, que establece en más de una veintena de artículos los derechos de las mujeres a desenvolverse libres de presión y toda forma discriminación en cualesquiera de los diferentes ámbitos, se ha ido acelerando el desarrollo legislativo y la elaboración de políticas enfocadas a la protección de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Respecto de la participación política de mujeres, Bolivia está a la vanguardia de la legislación, con normas que favorecen una paridad política real. Actualmente Bolivia es el tercer país del mundo (después de Ruanda y Cuba) con mayores índices de participación de las mujeres en instituciones representativas. Sin embargo, pese una legislación explicita, la cuestión de la violencia política es preocupante y en nueve años de vigencia de la Ley 243, las dos primeras condenas se han dictaminado solo en 2020. Los principales desafíos para la implementación de estas leyes son la falta de implementación efectiva de políticas, los presupuestos inadecuados, la falta de coordinación interinstitucional, cobertura limitada del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SIPPASE) y los servicios de atención a nivel municipal y la ineficacia del sistema de justicia.
Pese a que el Estado boliviano ha ratificado los principales tratados y convenciones internacionales en esta materia y cuenta con significativos avances normativos, es preciso reforzar los mecanismos de participación y exigibilidad de derechos de las mujeres y las niñas a través del fortalecimiento del mecanismo de igualdad y de los liderazgos y organizaciones feministas y de mujeres campesinas e indígenas, compromiso adquirido desde hace años por la Cooperación Española.
Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo una reforma integral y decisiva del sector de la justicia y las reformas parciales aparecen insuficientes para abordar desafíos estructurales clave, que incluyen: independencia judicial limitada, derivada de un alto nivel de politización del sistema judicial, que se ha hecho explícito en repetidas ocasiones; falta de coordinación interinstitucional; corrupción y falta de transparencia (40% de las denuncias de corrupción están relacionadas a la justicia); ejecución limitada de la carrera judicial; excesiva duración de los procedimientos (tasas de atraso de más del 50% en la mayoría de los departamentos); presencia territorial débil y distribución inadecuada de recursos; y limitaciones en la prestación de servicios y la asistencia jurídica. Estos desafíos se agravan en lo que respecta a la justicia penal, que enfrenta una crisis de larga data, incluyendo el uso extensivo de la prisión preventiva (64% en agosto de 2020) y una sobrepoblación carcelaria del 289% (la quinta peor tasa en América Latina). La Cooperación Española se propone apoyar este proceso de reforma y modernización a través de la especialización de los operadores del sistema de justicia y el apoyo junto con sus socios de la UE al despliegue de medios materiales, especialmente los tecnológicos que permitan una efectiva interoperabilidad del sistema de justicia.
Relacionado con la transparencia del desempeño del poder judicial, una de las cuestiones a abordar es el desarrollo de las estadísticas judiciales también como insumo para el desarrollo de las políticas públicas sectoriales. Este aspecto, junto al fortalecimiento del Órgano Electoral Plurinacional y el desarrollo de un modelo de gobierno abierto e inteligente a nivel municipal, son las vías elegidas por la Cooperación Española para mejorar la participación social y política paritaria y el diálogo intercultural.
Finalmente, en relación con la violencia de género, el marco normativo para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas es especialmente innovador en Bolivia, destacando dos leyes: la 'Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia' (348/2013), que es uno de los escasos ejemplos latinoamericanos de leyes integrales contra la violencia basada en género; y la Ley contra el acoso y violencia política (243/2012), la primera de este tipo en la región. Sin embargo, la implementación ha sido lenta y los niveles de violencia e impunidad siguen siendo extremadamente altos: Según el documento de rendición de cuentas 2021 del Tribunal Supremo de Justicia, el porcentaje de causas resueltas en Juzgados de sentencia de violencia contra las mujeres en ciudades y provincias alcanza a 18%, mientras que las resueltas en Tribunales de sentencia de violencia contra la mujer en ciudades y provincias alcanza al 29,1%. Bolivia es el cuarto país con mayor tasa relativa de feminicidios en Latinoamérica y el primero en Sudamérica. En el caso de la Ley 263 sobre el tráfico y trata de personas, cabe señalar que se han detectado falencias en su diseño e implementación que parecen aconsejar una eventual reforma para tratar de revertir el bajo nivel de enjuiciamiento de estos delitos.
Por abordar el déficit en la aplicación de este marco normativo contra las violencias, se hace necesario seguir apoyando la especialización de la cadena de justicia en violencia de género, trata y tráfico de personas; el apoyo a servicios de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias machistas; promoción de la coordinación y articulación interinstitucional y con sociedad civil en materia de violencias por razón de género, trata de personas y no discriminación hacia las personas indígenas y LGTBI; y la generación de información y evidencia sobre estas violencias. Estas líneas serán los puntales de actuación de la Cooperación Española en los próximos 4 años en este ámbito.
Prioridades Transversales.
La cooperación entre España y Bolivia considerará las siguientes prioridades transversales que, en todos los casos, están insertas también en los resultados intermedios de desarrollo definidos para el MAP.
Gobernanza democrática.
Todas las intervenciones considerarán en su identificación el aporte a las políticas públicas del ámbito de que se trate, describiendo la estrategia de apoyo en cada caso. Se valorará también, en todos los casos, el impacto que la intervención pueda tener en el fortalecimiento de las administraciones públicas locales o nacionales de manera que se asegure una sinergia positiva y se eviten fardos administrativos que dificulten el normal funcionamiento de las instituciones. Se promoverá la armonización con otros actores con este mismo fin.
Se pondrá un muy especial énfasis en la localización de la acción en alianza con gobiernos departamentales y municipales, promoviendo siempre la gobernabilidad y la gobernanza locales. Se desarrollarán estrategias compartidas en intervención en el ámbito local entre actores de la cooperación descentralizada y de la Administración General del Estado.
Derechos humanos.
Este Marco de Asociación, a través de sus objetivos estratégicos, aplica en todos los resultados un enfoque de derechos humanos, trabajando con titulares de derechos y con quienes detenten obligaciones de protección efectiva de forma diferenciada.
En todos los ámbitos de intervención se considerará el aporte al cumplimiento y promoción de la agenda de derechos humanos (incluidos el derecho humano al agua, a la educación, a la salud…), con especial atención a la protección de los derechos de grupos en especial situación de vulnerabilidad o tradicionalmente discriminados y excluidos (mujeres, infancia, pueblos indígenas, personas LGTBI+, personas con discapacidad, entre otros).
Siguiendo la recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas al Estado español en abril de 2019, y como consecuencia del mandato contenido en el artículo 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que España es parte, en todas las acciones que se desarrollen en el marco del presente MAP, se incorporarán de manera transversal los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, cuando sea posible, las organizaciones representativas de personas con discapacidad serán consultadas y participarán en la aplicación de los planes programas y proyectos que se desarrollen.
Igualdad de género.
La igualdad de género y la lucha contra la discriminación y las violencias por razón de género se plantean como una prioridad transversal en el conjunto de resultados intermedios del MAP, además de como un área específica de intervención dentro de la gobernanza democrática. En la identificación de las intervenciones, se describirá y valorará el impacto en la promoción de la igualdad de género.
Sostenibilidad ambiental.
Además de las intervenciones para conseguir los resultados intermedios identificados directamente relacionados con la sostenibilidad ambiental, se considerará el impacto positivo o negativo que las demás intervenciones puedan tener en la sostenibilidad medioambiental. Se desarrollarán estrategias en cada caso para maximizar los impactos positivos y reducir los negativos.
Diversidad cultural.
Se considerará la diversidad cultural en los procesos de identificación y de implementación de las intervenciones como elemento imprescindible para el éxito de éstas y para la defensa de los derechos culturales de todas las personas, con especial atención a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Se promoverá el diálogo intercultural en todos los ámbitos como fuente de desarrollo sostenible, cohesión social y paz.
Se promoverá la redacción de estrategias específicas en cada caso para facilitar la eficacia de las transversalizaciones, así como el seguimiento de su aplicación.
3. Alianzas para la estrategia.
3.1 Red de alianzas.
Para la promoción de políticas de desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia que permitan el alcance de los resultados previstos en este Marco de Asociación País se establecerán alianzas institucionales a varios niveles.
Bajo el liderazgo en cada caso del Ministerio de Planificación del Desarrollo y de los ministerios bolivianos responsables de las respectivas políticas y sectores de actuación, así como de las autoridades locales respectivas de las zonas de actuación, se establecerán diálogos y asociaciones estratégicas con los siguientes actores:
– Entidades públicas españolas.
– Otros socios de cooperación bilateral y, especialmente, con la Unión Europea y sus Estados miembros, con los que se trabaja en el marco de la Estrategia Europea Conjunta de Cooperación para el Desarrollo.
– El sistema de Naciones Unidas y organismos internacionales, con especial mención al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) con sede en La Paz.
– Otros socios de cooperación multilateral financiera que permitan expandir el impacto de la cooperación financiera conjunta o paralela.
– Actores de la sociedad civil, organizaciones y movimientos sociales y entidades del sector privado tanto bolivianos como españoles, que actuarán como promotores de la participación en las políticas públicas de desarrollo ya sea a través del diálogo con otros actores como de la implementación de intervenciones de desarrollo en alianza o asociación con otros actores.
Entre las alianzas previstas caben destacar las ya establecidas en los siguientes ámbitos de actuación:
Transición ecológica justa:
En agua y saneamiento está establecida una alianza entre el MMAYA, la AECID, la UE y el BID que integra la ejecución tanto de la cooperación financiera como la no reembol