Categoría: Judicial

isma sobre la pertinencia de practicar diligencias, juicio que corresponde al órgano judicial. Se queja de que, de las más de ochenta diligencias solicitadas por las defensas, solo se admitieron veinte, mientras que las casi doscientas actuaciones de investigación propuestas por el Ministerio Fiscal fueron admitidas; de que se hizo acopio únicamente de material probatorio desfavorable y de que la representación procesal de los encausados, pese a estar ya judicializada la causa, no pudo intervenir en los interrogatorios practicados en otros procedimientos o en sede policial, quebrantándose con ello su derecho de defensa, la igualdad procesal de las partes y las exigencias del proceso justo. Se refiere específicamente a los testimonios que se recabaron de las actuaciones obrantes en las diligencias previas núm. 11-2017 seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, describiendo su contenido y subrayando su naturaleza prospectiva y que incluían únicamente elementos incriminatorios favorables a la tesis de la acusación. Repasa también el contenido de algunos oficios dirigidos al grupo de policía judicial, para destacar que en ellos se confería a dicho grupo la decisión sobre las diligencias a practicar para confirmar, únicamente, la existencia de los indicios incriminatorios y, en algún caso, se pidió información sobre el posicionamiento ideológico de los investigados, concluyendo que, de este modo, la policía ocupó el espacio procesal propio del juez de instrucción. Finalmente, denuncia la posición ventajosa del Ministerio Fiscal al conocer el contenido de las citadas diligencias previas, lo que le permitió recabar las actuaciones que podían ser útiles para su tesis acusatoria, lo que no pudo hacer la defensa, por desconocerlas. La representación de la recurrente solicitó desde el inicio el acceso a ese procedimiento, lo que fue rechazado, causando indefensión a la señora Bassa.
b) Falta de tiempo y de medios para preparar adecuadamente la defensa. Según la demanda, la instrucción fue inusualmente breve para la envergadura de la causa, lo que se hizo con sacrificio del derecho de defensa. Pone como ejemplos que se concedieron dos horas para conocer el contenido del auto de procesamiento antes de celebrar la comparecencia prevista en el art. 505 LECrim y no se dio traslado de la documentación aportada por el resto de las defensas como anexa a sus escritos de conclusiones provisionales ni de la prueba documental de incorporación anticipada, admitida por auto de 1 de febrero de 2019, hasta escasos días antes del inicio de las sesiones del juicio oral.
c) Otras vulneraciones de derechos fundamentales durante la instrucción de la causa. En este apartado de la demanda se incluye un listado de los recursos empleados por la parte para denunciar irregularidades acaecidas en la fase instructora y las solicitudes de diligencias de investigación y de acceso a documentación. Se limita la recurrente a citar las fechas, enunciar los derechos fundamentales que fueron invocados y, solo en algunos casos, indica sucintamente el contenido de sus quejas.
El abogado del Estado, en relación con las diligencias de investigación practicadas fuera del procedimiento por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y la Guardia Civil, señala que en el desarrollo de la investigación policial puede existir una fase preprocesal y otra procesal. Y en esta segunda, el instructor puede encomendar a la policía la práctica de algunas diligencias que esta lleva a cabo observando estrictamente las formalidades legales y que luego quedan reflejadas en el correspondiente atestado, aunque el control sobre las mismas y la valoración de su posible significado, incriminatorio o exculpatorio, sigue correspondiendo al instructor. No se trata, pues, de que la unidad policial sustituya las funciones del instructor en la determinación de los indicios de criminalidad, sino que, en esos casos, actúa a la orden o por delegación de aquel. En esta materia se remite al auto de admisión de pruebas, a las cuestiones previas y al fundamento 8.2 de la sentencia. Respecto del alegato sobre la falta de tiempo para preparar adecuadamente la defensa, reproduce las palabras de la sentencia cuando dice que la queja «silencia que la Sala ha permitido, durante el tiempo de estancia en las dependencias del Tribunal Supremo en las que se ha desarrollado el juicio, el ilimitado contacto entre los letrados y sus patrocinados».
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox aduce que los extremos manifestados por la recurrente no son más que «minucias procesales, cuando no interpretaciones interesadas respecto al alegado trato desfavorable, pero que al final no han supuesto anular al condenado la posibilidad de proponer y practicar los elementos de prueba propuestos por el mismo ni tampoco afectan al sentido del fallo», amén de que la demandante no ha argumentado nada sobre esta relevante cuestión.
Por último, el Ministerio Fiscal, sintéticamente, señala que las manifestaciones de la recurrente carecen de adecuado soporte acreditativo. Destaca que la existencia de diversos procedimientos no implica la necesidad de la intervención en todos ellos ni que su ausencia comporte la indefensión que se denuncia. Como dice la propia sentencia impugnada: «lo que la defensa ha interesado como prueba y […] ha sido denegado por esta sala, no es la incorporación a la causa de uno u otro documento, sino el testimonio íntegro de todo el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona»; y, en todo caso: «[e]l bloque probatorio sobre el que se ha construido la apreciación de esta sala se ha generado, de forma única y exclusiva, en el plenario». Subraya también que la policía judicial, por su propia naturaleza, no podía ser autónoma en su investigación, sino que estaba vinculada por las instrucciones judiciales de las que dependía. Además, la relevancia del principio de contradicción e igualdad de armas se hizo patente en el desarrollo del juicio oral, de donde derivan, como reiteradamente insiste la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, las pruebas determinantes de la decisión final. En cuanto a la breve alusión que se hace a la libertad ideológica (art. 16 CE), la alegación no se sustenta en la realidad verificable ni tiene sostén en la causa. En nuestro sistema jurídico no existe ninguna prohibición o limitación para sostener tesis independentistas, ni para constituir partidos políticos que acojan dicho ideario, ni para su expresión pública, «lo que resulta de toda evidencia, dada la ideología del partido político a que pertenece la demandante y con el que ha concurrido a las elecciones al Parlamento Catalán con reiteración, partido que despliega su actividad sin ningún tipo de cortapisa».
8.2 Respuestas del órgano judicial.
Las quejas que la parte recurrente agrupa en este motivo de amparo recibieron respuesta a lo largo de la causa en diversas ocasiones. Interesa aquí reseñar únicamente las contenidas en la sentencia condenatoria impugnada, pues solo estas tienen relevancia para la resolución del motivo, como veremos.
Dentro del fundamento de Derecho A), el apartado 7.2 ofrece una respuesta al alegato común de las defensas de haber sufrido indefensión en las fases de investigación e intermedia, al no habérseles dado traslado de las pruebas documentales que habían sido requeridas por el auto de esta 1 de febrero de 2019. Razona al respecto el Tribunal Supremo lo que sigue:
«Tampoco en este caso la Sala detecta indefensión alguna.
El auto de admisión de pruebas ordenó la práctica de los actos de requerimiento que fueran precisos para incorporar a esta causa los documentos interesados por las partes. La práctica totalidad de esos documentos, una vez constatada su existencia y disponibilidad, fueron debidamente remitidos por las entidades públicas y privadas requeridas. De hecho, la queja formulada entonces no ha tenido continuidad en el plenario, de suerte que ni las acusaciones ni las defensas han incluido en sus informes alegación alguna sobre la inexistencia o falta de incorporación a la causa de un documento que fuera considerado clave para el adecuado ejercicio del derecho de defensa.
El Tribunal concedió, en el momento de resolver sobre las cuestiones previas planteadas al inicio del juicio oral, la posibilidad de un segundo turno de interrogatorio de los procesados o examen de los testigos, si las partes consideraran necesario contrastar lo ya declarado con alguno de los documentos reclamados y todavía pendientes en el momento del inicio del plenario.
Ninguna de las partes ejerció esta facultad. La indefensión, por tanto, no existió.»
En el mismo fundamento de Derecho A), la sala de enjuiciamiento dedicó el apartado 8 a dar respuesta al planteamiento efectuado por otra de las defensas a propósito de la petición de incorporación de testimonio íntegro de las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y de participación en las citadas diligencias. Según la sentencia, el argumento empleado por la defensa «[p]arte de un equívoco». Y continúa razonando lo que sigue:
«De un lado, se protesta por no haber sido llamado a declarar en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, al que se califica de «instrucción paralela». Da la impresión de que lo que se reivindica es el derecho a ser imputado en un procedimiento distinto para, de esa forma, tener acceso a fuentes de prueba cuyo contenido, sin embargo, se desconoce. Si bien se mira, lo que se está reivindicando es una suerte de imputación preventiva, paralela a la que afecta a los acusados en este procedimiento. Se trataría así de estar en condiciones de ejercer una defensaad cautelampor si algo de lo que pueda haber allí, pudiera servir aquí.
Es evidente que los acusados «[…] nunca han sido llamados a prestar declaración en ninguna condición procesal». Y no lo han sido porque el objeto de las diligencias de investigación seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona no es coincidente con el que aquí ha sido objeto de investigación y enjuiciamiento.
[…], nuestro sistema procesal no conoce la figura de la imputación paralela, solo encaminada a lograr presencia en un proceso en el que no se es parte, por si algo de lo que allí se discute –cuyo contenido no se conoce– pudiera servir de base como elemento de descargo. Nótese que lo que la defensa ha interesado como prueba y que ha sido denegado por esta sala, no es la incorporación a la causa de uno u otro documento, sino el testimonio íntegro de todo el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona.
[…] Se olvida, además, que ninguno de los documentos o informes que el fiscal o las demás acusaciones han podido señalar para su aportación probatoria, ha irrumpido en la presente causa sin posibilidad de contradicción para las defensas. El bloque probatorio sobre el que se ha construido la apreciación de esta sala se ha generado, de forma única y exclusiva, en el plenario. Nada de lo que aquí se razona para respaldar el juicio de autoría ha sido ajeno a la contradicción de las partes […].
Ya en nuestro auto de fecha 1 febrero 2019, al dar respuesta a esta petición, a la que se sumaba la solicitud de incorporación a la causa de otros dos procedimientos que se seguían en el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona, razonábamos en los siguientes términos: «carece de sentido y es contrario a las más elementales reglas de competencia y conexión en el proceso penal acordar la incorporación íntegra de un sumario que se sigue en un Juzgado Central de Instrucción por hechos que el Excmo. Sr. magistrado instructor y la sala de recursos no han considerado conectados, en términos procesales, a la presente causa. […] La declaración de impertinencia también alcanza, por las mismas razones, a la prueba documental propuesta en el apartado 3, consistente en que "[…] se recabe, de forma anticipada al acto del juicio oral, testimonio íntegro de las diligencias previas 1439/2017 del juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona para su incorporación a las actuaciones"». Añadíamos que «…en la misma justificación expuesta por la defensa para respaldar la procedencia de la incorporación de esas diligencias previas a la presente causa, pueden hallarse las claves que justifican nuestra denegación. Razona la defensa en los siguientes términos: "[…] en dicho procedimiento se investigan los hechos sucedidos durante la jornada del referéndum de autodeterminación tanto en lo relativo a las imputaciones efectuadas contra agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por actuaciones lesivas no justificadas por el cumplimiento del deber ni cobertura legal ni basada en mandato judicial, como frente a ciudadanos, por lo que su objeto engloba informaciones directamente relacionadas con el objeto del proceso".
En efecto, no son las informaciones sino los hechos los que determinan la conexión procesal. En aquel procedimiento se investigan hechos sucedidos durante la celebración del referéndum que habrán de ser valorados y, en su caso, enjuiciados en el marco procesal en el que se está desarrollando la investigación. No es, por tanto, la conexión informativa, sino la genuina conexión procesal la que justifica el tratamiento unitario de unas u otras conductas».
La respuesta entonces ofrecida por la Sala, referida a la improcedencia de incorporar el testimonio íntegro de otros procedimientos, seguidos ante distintos órganos jurisdiccionales, con una delimitación objetiva y subjetiva distinta a la que define la presente causa, fue proclamada como una regla general para filtrar la propuesta probatoria de las partes. Y esta regla estaba concebida, precisamente, para garantía de las partes y para hacer realidad el principio de contradicción y el efectivo derecho de defensa.
En el FJ 2.1.4 del ya mencionado auto de fecha 1 de febrero de 2019, señalábamos lo siguiente: «[…] la lectura de la prueba documental propuesta por el fiscal, la abogacía del Estado, la acusación popular y las defensas pone de manifiesto que en su descripción, en no pocos casos, se mezclan documentos, diligencias que no tienen ese carácter –pero que han sido documentadas– y piezas de convicción. La Sala no admite la indiscriminada cita de folios, incorporados a esta u otra causa, con la pretensión de que puedan servir de respaldo a argumentos de inculpación. Por esta misma razón, tampoco admite la reclamación preventiva e indiscriminada de testimonio de todas las actuaciones seguidas ante otros órganos jurisdiccionales.
La Sala anticipa que solo formará convicción probatoria a partir de documentos en sentido estricto y piezas de convicción. En consecuencia, rechaza la cita genérica o la reclamación para su unión a la presente causa de atestados policiales, diligencias preprocesales del Ministerio Fiscal o actos procesales documentados que se hayan generado en otros procedimientos con distinto objeto y tramitados por otros órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de la posibilidad al alcance de las acusaciones y las defensas de solicitar en el plenario la lectura de aquellos documentos o el examen de las piezas de convicción que, filtrados entonces por el principio de contradicción, podrán integrar la apreciación probatoria. De ahí que solo estos documentos y aquellos susceptibles de valoración a los exclusivos efectos previstos en los arts. 714 y 730 de la LECrim y, por tanto, sometidos durante el plenario al principio de contradicción y al derecho de defensa, serán integrados en la prueba documental. Del mismo modo, conforme previene el art. 726 de la LECrim, el Tribunal examinará por sí mismo y someterá a contradicción, los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos».
En definitiva, las razones que fueron apuntadas en el auto de pertinencia de las pruebas propuestas para el plenario han desplegado una función saneadora que ha beneficiado de modo especial a las defensas. Con esa finalidad fueron filtradas las propuestas probatorias de las acusaciones y de las defensas. No ha habido, por tanto, vulneración del derecho a un proceso justo […]»
8.3 Encuadramiento de la queja y doctrina constitucional.
Como se ha anticipado, las quejas agrupadas en este motivo de amparo, con cita nominal de varios derechos fundamentales y vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva con prohibición de indefensión (art. 24 CE), tienen en común versar sobre irregularidades procesales acaecidas durante la fase de instrucción del proceso penal. Por esta razón, todas ellas se reconducen al derecho de defensa que, en la citada fase del proceso penal, tiene una singular caracterización. A continuación sintetizamos la doctrina constitucional fijada en esta materia.
a) Como señaló la STC 186/1990, de 15 de noviembre, FJ 5, «entre las garantías que incluye el art. 24 de la Constitución para todo proceso penal destacan, por ser principios consustanciales al proceso, los principios de contradicción y de igualdad. Según constante y reiterada doctrina de este tribunal –entre otras muchas, SSTC 76/1982, 118/1984, 27/1985, 109/1985, 47/1987, 155/1988 y 66/1989–, el art. 24 de la Constitución, en cuanto reconoce los derechos a la tutela judicial efectiva con interdicción de la indefensión, a un proceso con todas las garantías y a la defensa, ha consagrado, entre otros, los citados principios de contradicción e igualdad, garantizando el libre acceso de las partes al proceso en defensa de derechos e intereses legítimos. Ello impone la necesidad, en primer término, de que se garantice el acceso al proceso de toda persona a quien se le atribuya, más o menos, fundadamente un acto punible y que dicho acceso lo sea en condición de imputada, para garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ella, aun en la fase de instrucción judicial, situaciones de indefensión (SSTC 44/1985 y 135/1989). Por ello, tan pronto como el Juez instructor, tras efectuar una provisional ponderación de la verosimilitud de la imputación de un hecho punible contra persona determinada, cualquiera que sea la procedencia de esta, deberá considerarla imputada con ilustración expresa del hecho punible cuya participación se le atribuye para permitir su autodefensa, ya que el conocimiento de la imputación forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la defensa en la fase de instrucción. En segundo término, exige también la necesidad de que todo proceso penal esté presidido por la posibilidad de una efectiva y equilibrada contradicción entre las partes a fin de que puedan defender sus derechos, así como la obligación de que los órganos judiciales promuevan el debate procesal en condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre acusación y defensa. En el proceso penal, además, la necesidad de la contradicción y equilibrio entre las partes está reforzada por la vigencia del principio acusatorio –que también forma parte de las garantías sustanciales del proceso– que, entre otras exigencias, impone la necesidad de que la función de la acusación sea acometida por un sujeto distinto al órgano decisor (nemo iudex sine acusatore) y de que el objeto procesal sea resuelto por un órgano judicial independiente e imparcial, para lo cual es imprescindible disponer de la posibilidad de conocer los argumentos de la otra parte y manifestar ante el juez los propios, así como poder acreditar los elementos fácticos y jurídicos que fundamentan las respectivas pretensiones. Del principio de "igualdad de armas", lógico corolario de la contradicción, se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y de defensa, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación –por todas SSTC 47/1987 y 66/1989–, sin que sean admisibles limitaciones a dicho principio, fuera de las modulaciones o excepciones que puedan establecerse en la fase de instrucción (o sumarial) por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla, encaminada a asegurar el éxito de la investigación y, en definitiva, la protección del valor constitucional de la justicia (SSTC 13/1985, 176/1988 y 66/1989)». En mismo sentido, entre otras, STC 178/2001, de 17 de septiembre, FJ 3.
b) En línea con lo anterior hemos declarado que «el derecho constitucional de defensa contradictoria surge desde el momento en que se imputa a una persona un acto punible, pero no es posible trasladar a la fase de investigación las garantías de contradicción exigibles en el acto del juicio oral, pues "si las leyes procesales han reconocido, y este tribunal recordado, la necesidad de dar entrada en el proceso al imputado desde su fase preliminar de investigación, lo es solo a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho de defensa y evitar que puedan producirse contra él, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión (SSTC 44/1985, 135/1989, 273/1993). Pero la materialidad de esa indefensión […] exige una relevante y definitiva privación de las facultades de alegación, prueba y contradicción que desequilibre la posición del imputado" (SSTC 14/1999, de 22 de febrero, FJ 6; 87/2001, de 1 de mayo, FJ 3)» (STC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4).
Constituye jurisprudencia reiterada de este tribunal que «el art. 24 de la Constitución prohíbe que el inculpado no haya podido participar en la tramitación de las diligencias de investigación judiciales o que la acusación se "haya fraguado a sus espaldas". Reiterando esta doctrina y extractando la anterior, en la STC 14/1999, de 22 de febrero, FJ 6 (igualmente, SSTC 19/2000, de 31 de enero, FJ 5; 68/2001, de 17 de marzo, FJ 3, y 87/2001, de 2 de abril, FJ 3), hemos sostenido que la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa contradictoria ha sido concretada por este tribunal en tres reglas ya clásicas (STC 273/1993, de 20 de septiembre): a) nadie puede ser acusado sin haber sido, con anterioridad, declarado judicialmente imputado; b) como consecuencia de lo anterior, nadie puede ser acusado sin haber sido oído con anterioridad a la conclusión de la investigación; y c) no se debe someter al imputado al régimen de las declaraciones testificales, cuando de las diligencias practicadas pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible, ya que la imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario. Ahora bien, si las leyes procesales han reconocido, y este tribunal recordado, la necesidad de dar entrada en el proceso al imputado desde su fase preliminar de investigación, lo es solo a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra él, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión» (STC 126/2011, de 18 de julio, FJ 12).
c) La doctrina constitucional ha venido insistiendo en la exclusiva relevancia de la «indefensión material»: «la indefensión, que se concibe constitucionalmente como una negación de [l]a garantía [de la tutela judicial] y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24 CE, ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo. Por ello hemos hablado siempre de una indefensión "material" y no formal para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de esta, cuando se produce de hecho y como consecuencia de aquella. No basta, pues, la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías "en relación con algún interés" de quien lo invoca (STC 90/1988)» (STC 181/1994, de 20 de junio, FJ 2). «Para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado» (SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 164/2005, de 20 de junio, FJ 2, y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
8.4 Resolución de la queja.
La aplicación de la doctrina expuesta determina la desestimación del motivo de amparo a partir de la constatación de que la parte recurrente, más allá de la invocación de las irregularidades procedimentales acaecidas en la fase instructora, no ha justificado la causación de un perjuicio real y efectivo para sus propios intereses. El denunciado menoscabo de las posibilidades de defensa durante la instrucción carece de relevancia constitucional.
a) En relación con el primer bloque de quejas, no nos ofrece la demandante de amparo razonamiento alguno para demostrar que la denominada fragmentación de la causa y la delegación de diligencias de instrucción en la policía judicial le haya causado efectiva indefensión. Es cierto que los hechos objeto de la causa especial fueron inicialmente investigados en distintos procedimientos, especialmente en las citadas diligencias previas núm. 11-2017 seguidas por Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona. En ese procedimiento se desarrollaron gran parte de las diligencias de investigación, incluidos interrogatorios, cumplió un papel importante la Guardia Civil en funciones de policía judicial y se recabó toda clase de documentación que fue considerara de interés para la causa, perjudicara o favoreciera a los intereses de quienes a la postre fueron procesados. Lógicamente, en esa fase inicial, como reitera el Tribunal Supremo, no solo no es posible adquirir un conocimiento completo y acabado de los hechos, que, por definición, solo aparecen como provisionalmente delimitados, sino que tampoco es exigible un juicio sobre la pertinencia y utilidad de las diligencias de investigación a practicar equivalente al que ha de preceder a la práctica de la prueba en el juicio oral, una vez que el objeto del proceso penal ha quedado definido. Lo relevante, como hemos dicho, es que esa actividad de indagación no se haga a espaladas del inculpado causándole indefensión, de lo que la demanda no da razón alguna. Decae por ello la crítica efectuada sobre el hecho de no haber sido parte y tomado conocimiento del contenido de dicho procedimiento seguido por ese otro órgano judicial y sobre el modo en que el instructor encomendó la práctica de determinadas actividades de investigación.
Concretamente, en lo que concierne a la problemática que plantea respecto de las diligencias seguidas por Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, cabe añadir que ni tan siguiera considera la parte recurrente la respuesta dada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la sentencia, antes trascrita, ni, por consiguiente, desarrolla discurso alguno tendente a refutarla. A lo largo de la argumentación contenida en la demanda no se justifica la realidad de la aducida «fragmentación de la continencia de la causa», que la sala enjuiciadora niega; tampoco se atiende a la distinción efectuada por el tribunal sentenciador entre documentos en sentido estricto, piezas de convicción y actuaciones procesales documentadas; ni se alude a la introducción en el plenario, bajo la vigencia del principio de contradicción, de dichos documentos y piezas de convicción, así como de las informaciones que, documentadas en diligencias policiales y judiciales, habrían de introducirse por medio de las declaraciones de las personas que las hubieran suministrado.
No puede sustentarse el alegato de infracción del principio de igualdad en el solo dato del número de diligencias de investigación admitidas o denegadas a uno u otro de los sujetos intervinientes durante la investigación sumarial. Además, la naturaleza y el fin de la fase de instrucción del proceso penal (art. 299 LECrim) explica el gran número de actuaciones practicadas a instancia del ministerio público, lo que no supone quebranto de la igualdad de partes ni merma del derecho de defensa en cuanto se desarrolle con plenitud en la fase de juicio oral, como aconteció en el caso examinado.
Tampoco es atendible la insinuada vulneración del derecho a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) por el hecho de que, de entre las diligencias de investigación, se solicitara del grupo de policía judicial información sobre el posicionamiento de los investigados frente a determinados hechos. La demanda no llega a afirmar expresamente dicha lesión ni desarrolla esta queja, pero lo cierto es que cita ese derecho fundamental en la rúbrica del motivo de amparo. Indica la recurrente en su escrito que el objetivo de esas diligencias era «confirmar el elemento ideológico, esto es, el deseo de lograr la independencia de Cataluña, que es atípico». Baste señalar al respecto que las referidas diligencias no tenían por objeto indagar en la ideología de los investigados, lo que es irrelevante para la causa, sino recabar información sobre la existencia de un concierto delictivo, al que apuntaban los indicios entonces existentes, en que podrían haber participado los entonces encausados y los demás integrantes del «supuesto Comité Estratégico definido en el documento Enfocats».
b) En cuanto a la queja de insuficiencia de tiempo para preparar adecuadamente la defensa, tampoco la parte recurrente expresa el perjuicio real y concreto que dicha circunstancia le causó para ese fin. No expone la razón por la que, lo que califica como instrucción «inusitadamente rápida», supuso un sacrificio para su defensa, y las eventualidades con las que, a modo de ejemplo, pretende justificar su queja, no son sino genéricas referencias de las que no es posible deducir el menoscabo concreto en que la indefensión consiste. Así, no dice en qué afectó a su facultad para someter a contradicción la tesis de la acusación el tiempo concedido para la lectura del auto de procesamiento antes de celebrar la comparecencia prevista en el art. 505 LECrim, a fin resolver sobre su situación personal. Tampoco indica la demanda por qué el traslado de la documentación aportada por el resto de las defensas y de la recabada de modo anticipado «escasos días» antes del inicio de las sesiones del juicio oral mermó sus posibilidades de alegación. Teniendo en cuenta que dichas sesiones se prolongaron durante varios meses, al evacuarse los informes finales las defensas habían dispuesto de un periodo de tiempo razonable.
En cualquier caso, lo relevante es que la parte no menciona ninguna diligencia de investigación o medio de prueba que no haya podido incorporar a la causa, ni alegación alguna que no hubiera podido efectuar por tal razón. Con la excepción de una prueba admitida y no practicada, con protesta por parte de defensa de la recurrente, materia que examinamos en el fundamento siguiente, no consta denuncia de merma de facultades en cuanto a concretas actuaciones de alegación o prueba a lo largo de toda la causa.
c) Finalmente, como hemos anticipado, la demanda incluye un listado de los recursos empleados por la parte para denunciar irregularidades acaecidas en la fase instructora y las solicitudes de diligencias de investigación y de acceso a documentación.
En cuanto la recurrente en amparo se limita a dar testimonio de su discrepancia respecto de determinadas decisiones interlocutorias adoptadas en la fase de instrucción, el alegato no exige mayor atención por parte de este tribunal. Su rechazo es consecuencia de que no se razona en qué medida tales decisiones le han privado de sus facultades de alegación y prueba en el proceso y, por ello, le han causado indefensión.
En síntesis, la parte recurrente no especifica qué concreta facultad procesal se resintió o fue mermada por las anteriores circunstancias, una vez que el proceso penal se abrió a la defensa contradictoria plena, lo que nos lleva a concluir que las irregularidades denunciadas en la demanda de amparo no han causado a la parte indefensión material.
Procede, en consecuencia, desestimar también este motivo del recurso de amparo.
9. El derecho a la prueba.
9.1 Posiciones de las partes.
La demanda de amparo se queja de la falta de práctica de una prueba consistente en el informe de un órgano público sobre el servicio «Crides de voluntariat», prueba propuesta en el escrito de defensa y admitida como documental anticipada por el auto de 1 de febrero de 2019. Por error, el órgano judicial dirigió el oficio solicitando tal informe a un órgano distinto del competente (concretamente se remitió a la secretaria general del Departamento de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat de Cataluña, en lugar de a la Direcció General d"Acció Cívica i Comunitaria). En fecha 9 de mayo de 2019 se subsanó el error y se envió la comunicación al organismo adecuado para que informase sobre los extremos concretos acordados. Sin embargo, en la sesión del 29 de mayo de 2019, sin haberse recibido el documento, el tribunal consideró que no era necesaria tal prueba, sin mayor motivación, formulándose protesta por el letrado de la señora Bassa.
La recurrente argumenta que esta prueba hubiera sido esencial para su defensa. Se trataba de acreditar que las denominadas «Crides» de voluntarios no se constituyeron con la finalidad de ofrecer soporte a la celebración del referéndum de 1 de octubre de 2017, sino que estaban constituidas con anterioridad y para fines diversos. Al no aportarse esta documental, el tribunal sentenciador ha dado por probado que las «Crides» tuvieron esa finalidad, y que la competencia para su captación era de la consejería dirigida por la recurrente, lo que determinó su condena por sedición.
El abogado del Estado aduce que la prueba indicada carece de aptitud para alterar el fallo condenatorio y, de hecho, ni siquiera aparece recogida en el juicio de autoría de la señora Bassa, mientras que el partido político Vox señala que el motivo de amparo debe desestimarse en aplicación de la doctrina constitucional sobre el derecho a la prueba.
El Ministerio Fiscal, tras reproducir el fragmento del auto de 29 de enero de 2020 destinado a rechazar la nulidad de actuaciones promovida por la representación procesal de la recurrente por tal motivo, considera que la apreciación del delito de sedición en modo alguno pivota sobre lo que se pretendía aportar con la prueba documental anticipada solicitada, pues no es tan relevante el origen del sistema «Crides» como su utilización para los objetivos perseguidos. La motivación para rechazar la prueba propuesta no puede considerarse, a su juicio, arbitraria o irrazonable, pues, en síntesis, refleja la falta de utilidad de esta a la hora de valorar la apreciación del delito y la participación de la recurrente, por más que pudiera aportar una información adicional pero no sustantiva, ni susceptible, por sí misma, de alterar el sentido de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
9.2 Respuesta del órgano judicial.
En el auto de 1 de febrero de 2019 que resolvió sobre la proposición de prueba, la sala de enjuiciamiento declaró «la pertinencia de la incorporación de los siguientes documentos:
– En relación con el proyecto tecnológico "Connecta't al Voluntariat", informe sobre: a) su activación; b) los objetivos generales y específicos que motivaban su implementación; c) qué era el servicio "Crides de voluntariat".
– En relación con el "Cens d'Entitats de Voluntariat de Catalunya", informe sobre: a) qué personas jurídicas pueden ser inscritas y cuáles son los requisitos que han de cumplir; b) la relación de entidades que estaban inscritas en el año 2017.
Dicho medio de prueba tiene corno finalidad acreditar que tanto el proyecto tecnológico "Connecta't al Voluntariat", como el "Cens d'Entitats de Voluntariat de Catalunya" nada tienen que ver con el referéndum del día 1 de octubre de 2017, ni con el denominado "proceso soberanista catalán", siendo anterior, en contra de lo que sostienen las acusaciones».
En la sesión del juicio oral de 29 de mayo de 2019, al término de la práctica de la prueba, la presidencia del tribunal declaró «la falta de necesidad de aquello que se planteó como prueba anticipada y que no ha sido incorporada hasta hoy a las diligencias». El letrado de la parte ahora recurrente formuló protesta.
El auto de 29 de enero de 2020, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la sentencia, contesta a esta queja en el apartado 5.2.1, al dar respuesta a lo alegado en dicho incidente por la recurrente. Dice así:
«La prueba cuya denegación se denuncia no evidencia, por su contenido y alcance que, de haberse practicado, la decisión final de esta sala hubiera sido distinta, lo que impide la estimación de la vulneración denunciada (STC 128/2017, de 13 de noviembre, entre otras muchas). El análisis que la sentencia realiza de la actuación de la señora Bassa y de las pruebas que con respecto a ella han sido practicadas va sin duda mucho más allá del alcance de la prueba documental a la que se refieren sus alegaciones.
Como se deriva precisamente de las pruebas valoradas por la Sala, la señora Bassa se concertó con los demás miembros del Govern para ejecutar la estrategia sediciosa por la que ha sido condenados, asumiendo los actos en los que se materializó dicha estrategia; sin perjuicio de que existiera un "reparto de papeles" en función del lugar concreto que cada uno de ellos ocupara en el Govern. Concretamente, y así lo declara la sentencia: "la decisión por parte de la señora Bassa de participar en ese pulso al orden constitucional, que incluía la movilización de la ciudadanía alentada a impedir el normal desenvolvimiento de la actuación judicial –como ocurrió los días 20, 21 y 22 de septiembre–, o a incumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que prohibía la celebración de la consulta del día 1 de octubre, fue inequívoca y deliberada. Y lo fue aun a riesgo de propiciar un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado".»
9.3 Doctrina constitucional.
En íntima conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho de defensa (art. 24.2 CE), del que es inseparable, el derecho a la prueba «se integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto objeto del proceso» (STC 37/2000, de 14 de febrero, FJ 3, reproducida, entre otras, en las SSTC 19/2001, de 29 de enero, FJ 4; 133/2003, de 30 de junio, FJ 3, y 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4).
La doctrina de este tribunal sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE), puede sintetizarse, de acuerdo con la STC 165/2001, de 16 de julio, en los siguientes puntos:
«a) Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes (SSTC 168/1991, de 19 de julio; 211/1991, de 11 de noviembre; 233/1992, de 14 de diciembre; 351/1993, de 29 de noviembre; 131/1995, de 11 de septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de junio; 190/1997, de 10 de noviembre; 198/1997, de 24 de noviembre; 205/1998, de 26 de octubre; 232/1998, de 1 de diciembre; 96/2000, de 10 de abril, FJ 2), entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y elthema decidendi(STC 26/2000, de 31 de enero, FJ 2).
b) Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 de diciembre; 87/1992, de 8 de junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 190/1997; 52/1998, de 3 de marzo; 26/2000, FJ 2), siendo solo admisibles los medios de prueba autorizados por el ordenamiento (SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de diciembre; 89/1995, de 6 de junio; 131/1995; 164/1996, de 28 de octubre; 189/1996, de 25 de noviembre; 89/1997, de 10 de noviembre; 190/1997; 96/2000, FJ 2).
c) Corresponde a los jueces y tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el contrario, este tribunal solo es competente para controlar las decisiones judiciales dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable al órgano judicial (SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 351/1993, de 29 de noviembre, FJ 2; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 35/1997, de 25 de febrero, FJ 5; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 3; 236/1999, de 20 de diciembre, FJ 5; 237/1999, de 20 de diciembre, FJ 3; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2; 78/2001, de 26 de marzo, FJ 3).
d) Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa" (SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 26/2000, FJ 2; 45/2000, FJ 2). El ámbito material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una real y efectiva indefensión (SSTC 185/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 258/2007, de 18 de diciembre, FJ 2). A tal efecto, hemos señalado que la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente relevante, lejos de poder ser emprendida por este tribunal mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los solicitantes de amparo (SSTC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre; 218/1997, de 4 de diciembre; y 45/2000, FJ 2).
e) La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el recurrente ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2), y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del procesoa quopodría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 147/1987, de 25 de septiembre, FJ 2; 50/1988, de 2 de marzo, FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que solo en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo busca amparo (SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, FJ 3; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2; 45/2000, FJ 2; 69/2001, de 17 de marzo, FJ 28)» (STC 165/2001, FJ 2).
La doctrina anterior se extiende a los supuestos de falta de práctica de una prueba admitida. Cuando, habiéndose admitido la prueba, finalmente no hubiera podido practicarse por causas imputables al propio órgano judicial, para que este tribunal pueda apreciar una vulneración del derecho a la prueba también se exige que el recurrente demuestre la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas admitidas y no practicadas, y, por otro, que argumente de modo convincente que, si se hubiera practicado la prueba admitida, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta (SSTC 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2, y 142/2012, de 2 de julio, FJ 6, entre otras muchas).
9.4 Resolución de la queja.
Hemos reproducido la respuesta dada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la queja planteada por la recurrente. Sin embargo, por imperativo de la doctrina constitucional expuesta, nuestro análisis no puede detenerse en la valoración de la razonabilidad de dicha respuesta, sino que es preciso que se extienda a la relación entre la prueba admitida y no practicada y la decisión de condena objeto del recurso de amparo.
El examen de la relevancia de la prueba de que se trata supone tomar como punto de partida el hecho que la parte recurrente pretendía acreditar con ella y contrastar el mismo con el fundamento fáctico de la condena. Seguidamente efectuamos este análisis.
Según hemos visto, lo que se pretendía acreditar con la prueba no practicada es que las denominadas «Crides de voluntariat» no se constituyeron con la finalidad de ofrecer soporte a la celebración del referéndum de 1 de octubre de 2017, sino que estaban constituidas con anterioridad y para fines diversos.
La sentencia se refiere a estos «Crides de voluntariat» en un apartado de los hechos probados y en el juicio de autoría.
En el apartado 13.2 d) de los hechos probados, a propósito de la enumeración de los «gastos del referéndum», que se califican como «expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos» y como «previsibles a partir del acuerdo plasmado por escrito el 6 de septiembre de 2017 y que fue la diáfana expresión de su consorcio delictivo», se dice:
«d) Por medio del Departamento de Presidencia se lideró: (i) la puesta en marcha a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (en adelante, CTTI), de la web referéndum.cat y los diversos aplicativos incorporados a la misma, relacionados directamente con el referéndum del 1 de octubre, tales como el referido a la crida extra: https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66, además de la actualización del registre.catalans.exteriors.gencat.cat. Estos servicios, pese a la propia normativa del CTTI y la intervención externa de DXC y T-Systems, no han sido cuantificados […].»
En el apartado C) de los fundamentos jurídicos, subapartado 1.6.3, comprensivo del juicio de autoría respecto de doña Dolors Lozano por el delito de sedición, se expresa lo que sigue:
«En este contexto, además de la cesión de locales para la consulta, desde la Consejería de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales se asumió parte del coste derivado de los gastos generados por las comunicaciones postales encargadas a la empresaUniposty se gestionó, por recaer dentro de su ámbito de competencia, el registro de voluntarios.
En la logística del referéndum […] jugó un papel fundamental la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información CTTI, adscrito al Departamento de Presidencia. Para favorecer la ejecución de la consulta ilegal, se crearon dentro de la actividad del CTTI distintas páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos, que fueron utilizados para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre, dando soporte digital a la difusión de información, registro, publicidad, recuento de votos y operativa concreta del referéndum. Pues bien, el mismo día que se convocó el referéndum, el 6 de septiembre, se abrió la página web referendum.cat. Dentro de este dominio se creó la aplicación denominada "Cridas". Una de ellas, cuya dirección en la web era https://connectat,voluntariat.gencat.catcrida/66, fue usada para la captación de hasta 47 498 voluntarios, competencia correspondiente y asumida también en este caso por la Consejería de Trabajo, cuya titularidad encarnaba la acusada señora Bassa. Los reclutados fueron utilizados para cubrir las necesidades que presentaba la realización del referéndum.»
En el apartado 2.1 de ese mismo fundamento jurídico C), referido al juicio de autoría del delito de malversación de caudales públicos respecto de la recurrente y otros procesados, la sala sentenciadora describe, de entre las «diversas páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos, destinados a la preparación y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre», «la aplicación a la que se aludía como cridas, tendente a conseguir un registro de voluntarios» (subapartado 2.1.5). No se reproduce el contenido de este apartado en cuanto que, como hemos señalado, la queja de la parte recurrente se circunscribe a la condena por el delito de sedición.
De acuerdo con la anterior, convenimos con la sala de enjuiciamiento en que la prueba cuya falta de práctica se denuncia no evidencia, por su contenido y alcance, que de haberse practicado la decisión final de condena por un delito de sedición hubiera sido distinta. Como puede observarse, el hecho de que el servicio denominado «Crides de voluntarios» se hubiera constituido con la finalidad de ofrecer soporte a la celebración del referéndum o lo hubiera sido con anterioridad y para otros fines carece de relevancia, pues lo que se valora es la utilización por la recurrente de esa plataforma para posibilitar dicha celebración, y ello en el contexto del reparto de papeles entre los distintos partícipes c