Categoría: Administración

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, atribuye en su artículo 7 al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de infraestructuras, de transporte terrestre de competencia estatal, aéreo y marítimo, a fin de garantizar una movilidad justa y sostenible, así como de Agenda Urbana, vivienda, calidad de la edificación y suelo.
Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.1 del Real Decreto 495/2021, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del mismo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tiene como funciones «la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en los ámbitos de las infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de competencia estatal; de control, ordenación y regulación administrativa de los servicios de transporte correspondientes, a fin de garantizar una movilidad segura y sostenible, basada en criterios de justicia social; de impulso de la movilidad sostenible, en su dimensión social, económica y medioambiental, incluyendo el impulso a la movilidad activa; de acceso a la vivienda, de políticas urbanas y de suelo y de arquitectura, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado; de ordenación normativa de los servicios postales; de impulso y dirección de los servicios estatales relativos a astronomía, geodesia, geofísica y cartografía; y de planificación y programación de las inversiones relativas a las infraestructuras, materias y servicios mencionados».
Para el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, resulta indispensable la colaboración de los profesionales de los distintos sectores administrativos sobre los que tiene competencia, colaboración que se canaliza institucionalmente a través de los distintos Colegios Profesionales constituidos en el ámbito sectorial del Ministerio. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos tiene la consideración de Corporación de Derecho Público conforme a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, configurándose como organización profesional constituida al amparo del artículo 52 de la Constitución Española, que tiene, entre sus fines «contribuir al progreso de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, promover las competencias de esta profesión y cooperar en la conservación de su legado histórico, todo ello con espíritu de servicio a la sociedad», conforme a lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1271/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Por otro lado, el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, posibilita la concesión de forma directa de subvenciones, entre otros, cuando con carácter excepcional, se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
El sector de la ingeniería civil y la obra pública, en el que se desarrolla la profesión de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, es uno de los que más contribuye a la riqueza y progreso del país. La ingeniería civil tiene un papel relevante en el desarrollo de los objetivos y acciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España y en una estrategia nacional en diferentes ámbitos:
– La ingeniería civil en el empleo. Existe un desajuste notable entre las titulaciones más demandadas por el alumnado y las más solicitadas por los empleadores. En España, las carreras más demandadas son aquellas de la rama de ingeniería, industria y construcción, con casi un 25 % del total de las ofertas de trabajo. Sin embargo, tan solo las cursan el 15 % de la población titulada. La demanda laboral en ciencia e Ingeniería va a ser mayor, necesitándose más especialistas en energías renovables, reciclaje, gestión de agua, rehabilitación de edificios e infraestructuras sostenibles. De hecho, se estima que la transformación del sistema energético y el desarrollo de la Economía Circular generarán un aumento neto en el empleo en nuestro país de en torno a 250.000 personas, en media al año.
– La ingeniería civil en la sostenibilidad. Juega un papel fundamental en el desarrollo de la estrategia verde del PRTR y de los próximos treinta años de nuestro país y dentro de lo establecido por la Unión Europea. No solo en lo referente a las infraestructuras presentes, a través de su adaptación a la Economía Circular, sino también en las futuras, que se construirán en torno a las condiciones de envejecimiento de población, de desarrollo urbano y de sostenibilidad. Las medidas de sostenibilidad y eficiencia energética requieren profesionales cualificados en el diseño, construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras, siendo los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos los llamados a cumplir esta función.
– La ingeniería civil en preservación de costas y el tratamiento de aguas. La preservación de la costa y el abastecimiento de aguas es uno puntos importantes en el desarrollo del PRTR. Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos tienen un papel relevante en el reto de incrementar la resiliencia de nuestras infraestructuras costeras y marinas y de los asentamientos humanos situados en la costa, utilizando infraestructuras, nuevas tecnologías y soluciones basadas en la naturaleza, como la regeneración o restauración de marismas, praderas de posidonia, sistemas dunares o playas, así como en el de mejorar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento urbano, riego agrario y tratamiento de agua potable y aguas residuales mediante la modernización de infraestructuras y la introducción de nuevas tecnologías como los sensores y el big data, que permiten detectar fugas y abusos de manera casi inmediata, seguir a tiempo real la necesidad hídrica de los cultivos, controlar el uso de fertilizantes y pesticidas, y medir la calidad de las aguas.
– La ingeniería civil en las ciudades. Las ciudades son uno de los grandes elementos que transformar de cara al desarrollo social más inmediato y en la ejecución del PRTR. Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos tienen un papel relevante en el reto de conseguir que las ciudades españolas sean más verdes, ampliando y rediseñando los parques y jardines para que tengan especies más resilientes y menos demandantes de agua; creando espacios sin ruido; impulsando la construcción de fachadas y azoteas vegetales y potenciando la reutilización de aguas grises y la captación de aguas pluviales para el riego. Al hacerlo, las ciudades aumentarán su papel como sumideros de carbono y reducirán su consumo de recursos, mejorando además su autosuficiencia en el suministro de alimentos, fomentando la biodiversidad y aumentando su resiliencia al cambio climático.
– La ingeniería civil en las infraestructuras del transporte. Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos están llamados a asegurar una mejor conectividad física entre las ciudades, con independencia de su tamaño, y el resto del territorio, a través de la incorporación de un nuevo paradigma de modernización y sostenibilidad ambiental en las infraestructuras, el impulso del ferrocarril y el desarrollo de los nodos de transporte intermodal.
En resumen, la necesaria contribución de la ingeniería civil a los grandes retos del país y a la Estrategia Nacional de Largo Plazo acredita la existencia de razones de interés público, social y económico para la realización de actividades de promoción de la ingeniería civil, con los fines de aumentar vocaciones de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, poner de relieve el trascendental papel de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al servicio de la sociedad y consolidar el tejido empresarial en este sector.
Afrontar los retos referidos, con la promoción de la ingeniería civil y en el ámbito de la profesión de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, durante el año 2022, con las actividades contempladas en el real decreto, es aún más necesario con la situación que atraviesa Europa y España por la invasión de Ucrania por Rusia que ha motivado una situación excepcional de crisis social, energética y económica que puede conducir a una recesión en nuestro país.
Para 2022, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana considera necesario realizar actuaciones de promoción de la ingeniería civil dedicada a la obra pública, en el ámbito de la profesión de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por razones de interés público, social y económico, dada la importancia que este sector económico tiene en el desarrollo de las competencias atribuidas al mismo, particularmente en la planificación, programación, proyección, construcción, conservación y explotación de la obra pública de interés general. Las actuaciones programadas para 2022 como fomento de la actividad de la ingeniería civil española quedan en peligro de su realización, por lo que debe considerarse el carácter excepcional de la ayuda, que coadyuvaría a paliar el peligro de recesión en el sector.
Asimismo, la importancia de abordar la reconstrucción de Ucrania que, según los últimos informes del Banco Mundial, la Comisión Europea y el Gobierno de Ucrania asciende a 346 mil millones de euros, va a generar un esfuerzo de formación en el ámbito de la ingeniería civil.
Para realizar estas actividades de promoción, resulta indispensable la colaboración del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por lo que se hace necesario acudir al supuesto que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, contempla en su artículo 22.2.c).
La convocatoria en concurrencia pública de una subvención con las finalidades pretendidas y para desarrollar los ámbitos pretendidos, es imposible, dado que, en el sector de la ingeniería civil y en el ámbito de la profesión de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, no hay una entidad con las atribuciones legales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ni con los instrumentos operativos de los que éste dispone:
i. Por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, tiene otorgada la representación institucional exclusiva de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y de sus colegiados (más de 25.000), así como la función de colaborar con la Administración mediante la realización de estudios, emisión de informes y cuantas actividades estén relacionadas con sus fines. Por ello, los ámbitos expuestos se desarrollan a través de actividades como exposiciones, jornadas, visitas guiadas y eventos en todo el ámbito nacional, a través de las dieciocho demarcaciones del Colegio, poniendo en valor las obras públicas en el ámbito de la ingeniería civil y de la ingeniería de caminos, canales y puertos, impulsando la actividad profesional al servicio de la sociedad y del desarrollo de los objetivos del PRTR.
ii. Cuenta el Observatorio de la Inversión en Obra Pública, en el que participan el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico así como las asociaciones del sector más representativas, que le permite afrontar los retos señalados para el cumplimiento de los objetivos del PRTR con el análisis de la situación, la propuesta de soluciones y la realización de las actividades objeto de subvención.
iii. Colabora en la organización y difusión del Foro Global de la Obra Pública de 2022, en el que participa la Administración, los profesionales y las empresas de ingeniería, construcción, energía y servicios para, en este año, analizar la financiación y gestión de las infraestructuras, y proponer las mejores soluciones para que las acciones del PRTR y las ayudas europeas en el ámbito de la ingeniería civil sean lo mejor aprovechadas y contribuyan a la ingente tarea de modernización que tiene ante sí el país, que se ve obligado a recuperarse de dos crisis casi consecutivas, incluida la derivada de la invasión rusa.
Por todo ello, se regula mediante este real decreto una subvención al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, al darse las circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que justifican que la opción más adecuada sea la concesión directa por su interés público, social y económico.
El real decreto prevé que se proceda a iniciar el correspondiente expediente de modificación presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias que atribuye al Estado la Constitución Española en el artículo 149.1.13.ª, 18.ª, 21.ª y 24.ª, cuando hace referencia a la competencia exclusiva del estado sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, y las obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma, al tratarse de una norma que regula la concesión directa de una subvención a un colegio profesional, para realizar una actividad de interés público en el sector económico de la ingeniería civil dedicada a la obra pública de interés general.
El real decreto es conforme con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para poder desarrollar la referida actuación pública y se justifica por las expresadas razones de interés público, identificando claramente los fines perseguidos y resultando ser el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de sus objetivos. Resulta proporcional porque es el instrumento necesario para la ejecución de la acción a la que se refiere y garantiza el principio de seguridad jurídica ya que la norma establece de manera clara las bases reguladoras de la concesión de la subvención, incluyendo además los extremos exigidos por la legislación general de subvenciones respecto de este tipo de subvenciones de concesión directa. En aplicación del principio de transparencia se han definido claramente el alcance y objetivo, no solo de esta norma, sino de la propia dotación presupuestaria con la que se financia la aportación del Estado y atiende al principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas accesorias y contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos existentes.
En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los informes de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada, conforme lo previsto en el artículo 17.1 de dicha disposición legal.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de noviembre de 2022,
Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, para la financiación de actividades de promoción de la ingeniería civil dedicada a la obra pública de interés general, en el ámbito de la profesión de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el año 2022, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley, y el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Esta subvención se regirá, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia; por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por lo previsto en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación.
1. Corresponde a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acordar el inicio del procedimiento y dictar la resolución del mismo. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
2. Toda la tramitación del procedimiento de concesión de la subvención se realizará por medios electrónicos. Las notificaciones por medios electrónicos se realizarán mediante comparecencia en la sede electrónica asociada del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. El inicio del procedimiento se producirá con la entrada en vigor del presente real decreto. Dicho inicio se notificará electrónicamente a la entidad beneficiaria prevista en el artículo 4, y se le otorgará un plazo, que no será inferior a diez días hábiles, para que presente una solicitud de otorgamiento de la subvención, acompañada de un proyecto detallado de las actividades a desarrollar bajo la subvención, con una previsión de resultados esperados, junto con un presupuesto estimativo de las mismas, que incluya la cofinanciación aportada con sus propios recursos, en su caso.
La Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana examinará la solicitud y la documentación presentada por la entidad beneficiaria, para comprobar que reúne los requisitos exigidos para el otorgamiento de la subvención. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, requerirá al beneficiario para que la subsane en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano instructor, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales, conforme a lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. La acreditación del cumplimiento de obligaciones de reintegro de subvenciones prevista en el artículo 25 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se acreditará mediante declaración responsable.
La presentación electrónica de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos. En dicho caso, el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado real decreto.
5. Las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, en los casos previstos en el artículo 27 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se apreciarán directamente por el órgano instructor, y subsistirán mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinen o durante el tiempo que se haya dispuesto en la sentencia o resolución firme.
6. La Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como órgano instructor, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
Se solicitarán cuantos informes se consideren necesarios para resolver, que serán emitidos en un plazo de diez días, salvo que, atendiendo a las características del informe solicitado, se requiera su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses.
Se otorgará, cuando proceda, trámite de audiencia al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Será necesaria la fiscalización previa de la propuesta de resolución, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
7. En la resolución de concesión se determinará, de acuerdo con lo establecido en este real decreto, el beneficiario, el objeto y los compromisos asumidos por el beneficiario, el crédito presupuestario y la cuantía, el pago y el plazo y forma de la justificación, así como el órgano del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana competente para realizar un seguimiento de las actividades objeto de la subvención.
8. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución a la entidad beneficiaria será de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima al interesado para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
9. Contra la resolución del órgano concedente, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá interponerse recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
10. La resolución de concesión será remitida a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Asimismo, se publicará en el portal de internet del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
1. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos será la entidad beneficiaria de la subvención.
2. La entidad beneficiaria deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y no ser deudora por procedimiento de reintegro.
1. Las actuaciones a desarrollar por la entidad beneficiaria comprenderán:
a) Celebración del VIII Foro global de la Ingeniería y la obra pública.
b) Celebración de talleres participativos, exposiciones y visitas guiadas en jornadas o semanas de la ingeniería.
c) Programa de exposiciones sobre proyectos y obras nacionales e internacionales de las empresas españolas, en las comunidades autónomas donde está implantado a través de sus demarcaciones el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
d) Realización de informes y jornadas del Observatorio de la Inversión en Obra Pública.
2. Serán gastos a financiar los gastos corrientes relativos a la realización de estos trabajos y a la organización de estos eventos. Se considerarán como gastos corrientes los gastos de personal relativos a la realización de los trabajos, organización y coordinación y gestión, pagos a ponentes, pagos por alquiler de espacios, gastos en comunicación y difusión, gastos de retransmisión, y gastos de transporte, o equivalentes.
Solo serán financiables los gastos que:
a) De manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada.
b) Se realicen en el plazo establecido.
c) Tengan un coste que no sea superior al coste de mercado.
d) Se hayan pagado con anterioridad a la fecha de inicio del plazo de justificación.
3. El plazo de realización de las actividades subvencionadas será entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
1. El importe máximo de la subvención será de doscientos mil euros (200.000 €), sin perjuicio de que la entidad beneficiaria pueda cofinanciar parte de la actividad subvencionada con sus propios recursos.
2. La subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para una finalidad similar, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos Internacionales, debiendo el beneficiario comunicar al órgano concedente la obtención de los citados recursos con indicación del importe y su procedencia, no pudiendo nunca el importe de todas ellas superar, aisladamente o en concurrencia, el coste de las acciones subvencionadas.
3. La subvención se financiará con cargo al programa presupuestario 451N del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El pago de la subvención se hará efectivo en un único pago a cuenta, que se efectuará de forma anticipada tras la notificación de la resolución de concesión de la subvención. El pago de la subvención se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Con carácter previo al cobro de la subvención, la entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.4.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y los artículos 69 y 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la entidad beneficiaria deberá justificar la aplicación de la subvención mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto.
En dicha cuenta justificativa, se deberá acreditar que la totalidad de la subvención ha sido destinada a la ejecución de las actividades objeto de la subvención reguladas en este real decreto o, en su caso, a determinar que la cantidad no gastada ha sido objeto de su reintegro al Tesoro Público.
2. Así mismo, conforme a lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, deberá acompañar una Memoria de actuación justificativa, que contendrá la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, así como una Memoria económica abreviada del coste de las actividades realizadas. La Memoria económica abreviada contendrá una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, y en su caso, fecha de pago, así como las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia administrativa incorporados en la relación anterior y en su caso, la documentación acreditativa del pago.
3. El plazo para la presentación de la cuenta justificativa será de un mes, a partir del término del plazo concedido para la realización de la actividad.
1. A instancia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, podrá modificarse la resolución de concesión cuando aparezcan circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulten el cumplimiento de la misma o bien concurran circunstancias que supongan una alteración relevante de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que dicha modificación no implique un aumento del importe de la subvención, ni altere el objeto y finalidad de la subvención.
2. La solicitud de modificación, que deberá estar suficientemente fundamentada, deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad, en el registro electrónico, accesible a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
3. La modificación de la resolución de concesión se dictará por la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o, en su caso, en quien delegue, y se notificará en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de aquella.
4. En todo caso, el presente procedimiento se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 7 de noviembre, General de Subvenciones.
1. Con carácter general, la entidad beneficiaria deberá cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, y realizar la actividad que fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Entre dichos datos, se facilitará, como mínimo, el número de asistentes al VIII Foro Global de la Ingeniería y la obra pública (diferenciando hombres y mujeres), número de personas participantes en el programa de talleres participativos, exposiciones y visitas guiadas en la celebración de la Semana de la Ingeniería de Caminos, y número de personas asistentes al programa de exposiciones sobre proyectos y obras nacionales e internacionales de las empresas españolas en cada una de las diecisiete comunidades autónomas donde está implantado el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
b) Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control.
Cuando sea necesario que el beneficiario subcontrate los gastos que por su propia naturaleza puedan serlo, se atendrá a lo dispuesto en el artículo 29 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no se establece límite para la subcontratación de la actividad. Si se superan los límites establecidos en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será precisa la autorización expresa de la subcontratación por el órgano concedente, previa solicitud por el beneficiario acompañada de memoria justificativa y del proyecto de contrato a celebrar.
La entidad beneficiaria de las ayudas se someterá a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. En el supuesto de cumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4. El órgano concedente será el competente para exigir el reintegro de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las posibles infracciones en materia de subvenciones que pudiesen ser cometidas por la entidad beneficiaria se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV, capítulos I y II, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La entidad beneficiaria, en todo el material que, en su caso, deba ser impreso, así como en la difusión que se haga por cualquier soporte de las actividades derivadas de la subvención concedida, deberá hacer constar la colaboración del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y hacer figurar expresamente su logotipo, a partir de la fecha de concesión, según el formato que le indique el órgano concedente.
Para habilitar los créditos destinados al pago de estas subvenciones, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana promoverá las modificaciones presupuestarias que correspondan de conformidad con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Las modificaciones presupuestarias que se tramiten deberán financiarse con baja en otros créditos del presupuesto de gastos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.13.ª, 18.ª, 21.ª y 24.ª de la Constitución Española cuando hace referencia a la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, y las obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma.
Se faculta a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de noviembre de 2022.