Categoría: Energía y Medio Ambiente

en desarrollo de la legislación básica del Estado y en virtud de las competencias asumidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Esta ley y las medidas adoptadas en su desarrollo y para su ejecución son de aplicación a todos los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, las personas físicas y jurídicas, sean del sector público o privado, y a las actividades que se desarrollen en el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. La presente ley tiene las siguientes finalidades:
a) Desarrollo e implementación del conjunto de medidas que garanticen un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero en las islas, teniendo presente el hecho insular y la situación ultraperiférica de Canarias.
b) La reducción progresiva de la utilización y el consumo de combustibles fósiles.
c) El establecimiento de un modelo energético basado en el uso racional de la energía, el incremento planificado y ordenado de las energías renovables y su capacidad de gestión a través del almacenamiento energético y la gestión de la demanda en todos los sectores de la economía de Canarias.
d) La mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático para la reducción de la vulnerabilidad de las personas y sus bienes, los recursos naturales, las infraestructuras, los servicios públicos y los ecosistemas terrestres, costeros y marinos.
e) El fomento de la resiliencia de los sectores sociales y económicos frente a los efectos del cambio climático.
f) La promoción de la educación, la formación, la innovación, la investigación, el desarrollo, la competitividad, la transferencia tecnológica, así como la difusión del conocimiento en materia de mitigación, adaptación y gobernanza de la acción climática.
g) La integración de la salud pública y del bienestar social en las políticas de acción climática como mecanismo para la prevención y gestión de riesgos.
h) La promoción de las políticas de transición ecológica, cohesión social y acción climática que atiendan las peculiaridades de las regiones ultraperiféricas y otros territorios.
i) El apoyo al fomento, mejora y perdurabilidad de las infraestructuras verdes.
j) La adquisición del objetivo de la neutralidad en emisiones de carbono.
2. Las finalidades enumeradas en el apartado anterior deberán cumplirse en el contexto de un proceso de transición justa.
A los efectos previstos en esta ley, los conceptos utilizados tienen el significado y el alcance siguiente:
1. Absorción de CO2: la captación de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera por parte de sumideros naturales o artificiales.
2. Acción climática: la adopción de medidas para combatir el cambio climático y sus efectos.
3. Adaptación al cambio climático: proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, con el fin de moderar o evitar los daños producidos por el cambio climático o aprovechar las oportunidades beneficiosas que genere.
4. Almacenamiento de energía: todo procedimiento por el que, en el sistema eléctrico, se consiga:
a) Diferir el uso final de electricidad a un momento posterior al de generación;
b) Convertir energía eléctrica en una forma de energía que se pueda almacenar;
c) Almacenar esa energía para su subsiguiente reconversión en energía eléctrica o su uso como otro vector energético.
5. Bienes básicos: aquellos alimentos y bienes imprescindibles para poder satisfacer las necesidades básicas de la población.
6.Bunkeringmarítimo: procedimiento mediante el cual se suministra combustible a un buque en un puerto determinado.
7. Cambio climático: cambio del clima atribuible directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.
8. Comercio de derechos de emisiones: instrumento de mercado mediante el que se crea un incentivo o desincentivo económico que persigue un beneficio medioambiental.
9. Compensación de emisiones: la adquisición de una determinada cantidad equivalente de CO2que procede de los proyectos de absorción de CO2o de los proyectos de reducciones de emisiones realizados por terceras personas.
10. Desarrollo sostenible: desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
11. Descarbonización: proceso mediante el cual los países u otras entidades tratan de lograr una economía con bajas emisiones de carbono o mediante el cual las personas tratan de reducir su consumo de carbono.
12. Economía circular: economía en la que se maximizan los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. La economía circular aspira a reducir todo lo posible la generación de residuos y a aprovechar al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar.
13. Economía social: la que engloba a una pluralidad de empresas y entidades, como las cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones, empresas sociales e instituciones paritarias de protección social, que comparten principios, valores y características y, en particular, la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, una gobernanza democrática o la reinversión de la mayoría de los excedentes/beneficios, que se destinan a objetivos de desarrollo sostenible, de interés para sus miembros y de interés general.
14. Edificio de consumo de energía casi nulo: edificio que cumple con las exigencias básicas de calidad para satisfacer los requisitos básicos en materia de ahorro de energía y aislamiento térmico establecidos reglamentariamente en desarrollo de la legislación básica de ordenación de la edificación.
15. Eficiencia energética: principio por el cual en las decisiones de planificación, estrategia e inversión en materia de energía se deben tener plenamente en cuenta medidas alternativas que sean eficientes en costes y que permitan dotar de mayor eficiencia a la demanda y el suministro de energía, en particular mediante ahorros de energía en el uso final eficientes, iniciativas para la respuesta de la demanda y una transformación, transmisión y distribución más eficiente de la energía, y que permitan alcanzar aun así los objetivos de dichas decisiones.
16. Emisiones: las emisiones de gases de efecto invernadero y gases contaminantes de la atmósfera.
17. Emisiones difusas: emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes a sectores y actividades no sujetas al comercio de derechos de emisiones.
18. Emisiones no difusas: emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes a sectores y actividades sujetas al comercio de derechos de emisiones regulado por la Ley estatal 1/2005, del 9 de marzo.
19. Gases de efecto invernadero (GEI): los gases reconocidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como contribuyentes al cambio climático.
20. Gobernanza: modelo de acción de gobierno basado en la interacción y coordinación entre distintos actores institucionales, económicos y sociales que busca alcanzar acuerdos y corresponsabilidad para el logro de metas acordadas de interés público, mediante fórmulas de gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración.
21. Grandes centros generadores de movilidad: los que se definan en la normativa sectorial. En todo caso tendrán dicha consideración:
a) Establecimientos comerciales con superficie superior a 5.000 metros cuadrados.
b) Edificios de oficinas con superficie superior a los 10.000 metros cuadrados.
c) Instalaciones deportivas, culturales y de ocio con aforos superiores a 2.000 personas.
d) Edificios, centros de trabajo y complejos donde trabajan más de 500 personas.
e) Establecimientos de alojamiento turístico con capacidad superior a 1.000 plazas.
22. Huella de carbono: la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera por efecto directo o indirecto de la actividad que lleva a cabo una organización, un individuo o a causa de la prestación de un servicio o provisión de un producto.
23. Infraestructura verde: red de espacios naturales, seminaturales y otros elementos ambientales, diseñada y gestionada para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. Incluye espacios verdes y otros elementos físicos en áreas terrestres y marinas.
24. Instalaciones de distribución de energía térmica: aquellos sistemas de calefacción o de refrigeración constituidos por generadores térmicos y por redes de distribución que permitan evacuar su energía mediante canalizaciones hasta los consumidores finales, sin perjuicio de las actividades reguladas como monopolio natural en las legislaciones sectoriales de electricidad y de hidrocarburos, que quedarán excluidas de las previsiones de este precepto.
25. Justicia climática: justicia que se vincula a los derechos humanos de modo que se logre un enfoque centrado en el ser humano para hacer frente al cambio climático, proteger los derechos de las personas más vulnerables y repartir las cargas y los beneficios del cambio climático y sus impactos de forma equitativa e imparcial.
26. Mitigación del cambio climático: conjunto de objetivos, planes y acciones de cualquier tipo tendentes a reducir el impacto que la actividad humana tiene sobre la alteración del sistema climático global. Su ámbito principal de acción es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero teniendo en cuenta, también, otros ámbitos de acción como, sin limitarse a ellos, la alimentación, la planificación del transporte o la reforestación.
27. Movilidad compartida: todo servicio consistente en el uso de un vehículo compartido como un automóvil, una motocicleta, una bicicleta, un patinete u otro modo de transporte que otorga acceso de corto plazo y según las necesidades del usuario, incluyendo el alquiler de vehículos.
28. Neutralidad climática: la referida idea de que las emisiones netas de gases de efecto invernadero se equilibren y sean iguales (o menores) a las que se eliminan a través de la absorción natural del planeta.
29. Perspectiva climática: la consideración del impacto directo e indirecto de planes, programas, proyectos o iniciativas sobre el consumo energético, las emisiones de gases o la vulnerabilidad al cambio climático.
30. Pobreza energética: pobreza en el hogar familiar cuando este es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. Supone una combinación de ingresos bajos de las personas integrantes de las familias y de otras unidades de convivencia, precio de la energía doméstica en aumento y deficientes niveles de eficiencia energética de las viviendas.
31. Producto (relacionado con la energía): todo bien cuya utilización tiene una incidencia en el consumo de energía.
32. Productos de proximidad: principio de producción alimentaria de proximidad, extendiéndose a otros productos y servicios. Hace referencia a un indicador de distancia entre el lugar de producción y el lugar donde se consume, que coincide con el ámbito territorial de las islas Canarias, para reducir la contaminación en el transporte y reforzar la economía local.
33. Regiones ultraperiféricas: conforme el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son aquellas regiones que forman parte de la Unión Europea caracterizadas por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve, clima adverso y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo. Para las que el Consejo adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la aplicación de los tratados en dichas regiones, incluidas las políticas comunes. Las medidas se referirán, en particular, a las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión.
34. Resiliencia: capacidad de un sistema socioecológico de afrontar un suceso o perturbación peligrosos, respondiendo o reorganizándose de modo que mantenga su función esencial, su identidad y su estructura y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación.
35. Servicios ambientales o ecosistémicos: aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas.
36. Transición justa: modelo de cambio social y energético vinculado al cambio climático que tiene en cuenta la equitativa redistribución de los costes y cargas derivadas del mismo.
37. UE ETS: régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea.
38. Responsabilidad social compartida: principio cuyo objetivo parte de compartir responsabilidades entre autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil, familias e individuos. Busca generar compromiso, pertenencia y confianza.
39. I+D+i+C: Investigación, desarrollo e innovación y competitividad.
40. Balance neto: consistente en una compensación ofrecida quien sea propietario de una instalación de autoconsumo fotovoltaico por verter a la red eléctrica el excedente de energía que le sobra.
41. Autoconsumo fotovoltaico: autogeneración de electricidad para el consumo propio mediante paneles solares fotovoltaicos.
42. Captura y almacenamiento de carbono (CCS): propuesta técnica para retirar dióxido de carbono de la atmósfera, consistente en separar el CO₂ emitido por la industria y la generación de energía en los procesos de combustión y transportarlo a un lugar de almacenamiento geológico para aislarlo de la atmósfera a largo plazo.
43. Análisis de ciclo de vida (ACV): herramienta de gestión medioambiental cuya finalidad es analizar de forma objetiva, metódica, sistemática y científica el impacto ambiental originado por un producto, obra o servicio durante todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se suceden durante su existencia y, en todo caso, la investigación y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la fabricación o producción, la comercialización y las condiciones en que esta tenga lugar, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de las materias primas necesarias y la generación de recursos; todo ello hasta que se produzca la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización.
1. En virtud de las prescripciones contenidas en la presente ley, todas las administraciones públicas, el resto del sector público y el conjunto de las entidades sociales y económicas del archipiélago asumen una responsabilidad compartida en relación con la acción climática. En aplicación de este principio, todas las personas están obligadas a colaborar en las políticas públicas referentes a la acción climática y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de la legislación estatal básica y de los instrumentos de planificación previstos en esta ley.
2. El Gobierno de Canarias debe impulsar la reducción de emisiones en el ámbito de todas las administraciones públicas canarias y su sector público institucional e incentivarla en todos los sectores de la actividad económica.
El diseño y la implementación de las medidas que se adopten conforme a esta ley deberán responder a los principios reconocidos en el derecho internacional, comunitario, de la Unión Europea y estatal de aplicación en materia de acción climática, así como, en particular, a los principios siguientes:
1. Prevención en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente y a la ciudadanía, así como a los riesgos y daños derivados de acontecimientos naturales inducidos por el cambio climático.
2. Evaluación y seguimiento de los objetivos y contribuciones de esta ley, teniendo presente el hecho insular y la situación ultraperiférica de Canarias.
3. Promoción de la participación y la conciencia ciudadana, así como de la responsabilidad compartida de todos los agentes sociales y económicos.
4. Promoción e implementación de las buenas prácticas de las entidades públicas, agentes económicos y sociales.
5. Transparencia, consulta y acceso a la información.
6. Promoción de la economía circular, de la economía social y la responsabilidad social corporativa como mecanismos de articulación de las políticas climáticas.
7. Fomento de la eficiencia y seguridad energéticas.
8. Priorización de la producción de energía renovable, almacenamiento y autoconsumo.
9. Fomento y planificación de la movilidad sostenible.
10. Colaboración pública y privada para alcanzar los objetivos de esta ley.
11. Cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas.
12. Igualdad entre mujeres y hombres.
13. Protección de colectivos vulnerables, con especial consideración a la infancia y a las personas mayores.
14. Utilización de las mejores tecnologías disponibles en cada momento a precios razonables.
15. Corresponsabilidad de todos los agentes sociales en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
16. Resiliencia.
17. Protección y promoción de la salud pública.
18. Precaución.
19. No regresión.
20. Justicia climática.
21. Transición justa.
22. Fomento de la eficiencia y seguridad hídrica.
23. Un enfoque integrado en el análisis del impacto ambiental de los ciclos de vida de bienes, productos y servicios.
La gobernanza para la acción climática define el modelo de organización que debe sustentar la transición ecológica siguiendo los principios generales de esta ley y estructurándose en las instituciones que se desarrollan en los artículos de este título.
1. Las administraciones públicas de Canarias y su sector público institucional ejercerán las funciones previstas en esta ley con arreglo a la distribución de competencias y funciones recogidas en la normativa que les sea de aplicación.
2. Las administraciones públicas de Canarias y su sector público institucional integrarán la acción climática en el ejercicio de sus funciones, tanto desde la perspectiva de la mitigación como de la adaptación.
3. El Gobierno de Canarias velará, mediante la aplicación de los mecanismos de colaboración adecuados, por el desarrollo de los objetivos de la presente ley.
Corresponde al Gobierno de Canarias:
1. La planificación de las políticas de acción climática dirigida a la mitigación de gases de efecto invernadero de todos los sectores generadores y la adaptación a los impactos del cambio climático sobre los sistemas naturales, los sectores socioeconómicos, los territorios y la población, así como a fortalecer el sistema de gobernanza en los distintos niveles territoriales e intersectoriales.
2. El establecimiento de los objetivos, así como su periódica actualización, relativos al ahorro, eficiencia y consumo de energía renovable en las instalaciones públicas que sean titularidad de la Administración de la comunidad autónoma y de las entidades de su sector público institucional, los sistemas de movilidad y en aquellos otros en las que figuren como arrendatarios, siempre y cuando las condiciones contractuales permitan el cumplimiento de estos objetivos.
3. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, previa solicitud de la Administración afectada, podrá prestar cooperación y asistencia técnica y jurídica a cabildos insulares y ayuntamientos para el ejercicio por estos de sus competencias en materia de cambio climático y transición energética y, de modo especial, con medios personales, materiales y económicos para la elaboración de los planes que les competen.
Dicha cooperación y asistencia atenderá a las singularidades organizativas de la Administración local y a la estructura socioeconómica de los territorios.
4. La subrogación en las competencias de elaboración y tramitación de los planes insulares de acción climática. Tras la comprobación por el Gobierno de Canarias de la inacción o retraso injustificado del cabildo en la elaboración de su plan insular de Acción Climática, conllevará, previo requerimiento, la fijación de un instrumento de colaboración institucional técnico y presupuestario con el cabildo insular correspondiente, para llevar a cabo dicha elaboración y tramitación. Una vez iniciado el procedimiento para establecer este instrumento de colaboración, si se comprobara que se mantiene la inacción por parte del cabildo insular correspondiente, previo nuevo requerimiento del Gobierno de Canarias, se realizará la subrogación del ejercicio de estas competencias atribuidas al cabildo.
1. Se crea la Comisión Interadministrativa de Acción Climática, Energía y Agua como órgano colegiado adscrito a la consejería competente en materia de cambio climático, cuya función será la coordinación y colaboración entre las diferentes administraciones del Gobierno en la aplicación y seguimiento de lo dispuesto en la presente ley.
2. La comisión estará presidida por la persona que ostente la Presidencia del Gobierno de Canarias o por la persona en la que delegue. Su composición y funcionamiento se regularán reglamentariamente, garantizando la presencia de todos los departamentos.
1. Se crea la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua como entidad de naturaleza pública con personalidad jurídica y autonomía administrativa y económica, encargada de las acciones de mitigación, adaptación, gobernanza y comunicación reguladas en esta ley. La agencia estará adscrita a la consejería competente en materia de cambio climático.
Su organización y funcionamiento se desarrollará por medio de una norma de rango reglamentario.
2. La Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua contará con una dirección ejecutiva, nombrada y cesada por el Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejería competente en acción climática. A dicha dirección ejecutiva le corresponderá la representación ordinaria, la dirección de todos sus servicios y la jefatura de su personal, disponiendo de las facultades que se establezcan reglamentariamente.
3. La agencia coordinará a las Administraciones públicas, al sector público institucional, a la ciudadanía, a las empresas y a las organizaciones sociales y del tercer sector para impulsar las políticas de transición ecológica.
4. La Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua tendrá las siguientes funciones, pudiendo las mismas ser ampliadas en su norma de organización y funcionamiento:
a) Elaborar la Estrategia Canaria de Acción Climática, de la que dependerán los planes de acción climática y transición energética, impulsando su aprobación, implementación, evaluación y supervisión de su cumplimiento.
b) Elaborar la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática.
c) Implementar los procedimientos y las metodologías adoptados internacionalmente dirigidos a:
1.º Realizar los inventarios de emisiones y las proyecciones en esta materia, con el fin de fijar los objetivos de reducción de emisiones, a través de un registro que disponga de una metodología digital, sencilla e intuitiva que facilite su uso.
2.º Diseñar los escenarios climáticos en Canarias para varios horizontes temporales.
3.º Evaluar la vulnerabilidad y los riesgos a consecuencia del cambio climático en Canarias, con el fin de identificar los ámbitos de acción prioritaria para la mitigación y adaptación al cambio climático.
4.º Definir los indicadores cuantitativos y cualitativos de mitigación, descarbonización, adaptación al cambio climático, gobernanza e impacto en la economía y establecer su seguimiento.
d) Otorgar las autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero a las actividades sujetas a la normativa sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, valorar los informes verificados correspondientes a dichas emisiones.
e) Gestionar el Registro Canario de Huella de Carbono.
f) Coordinar con las administraciones locales e insulares las medidas en materia de acción climática y dotarles de mecanismos y herramientas para hacer frente a los retos que les impone la presente ley.
g) Asesorar a las entidades locales en la elaboración de sus instrumentos de planeamiento para que incluyan la perspectiva climática.
h) Coordinar e impulsar el seguimiento y evaluación científica de los programas de acción climática, así como la participación social.
i) Promover e impulsar la I+D+i+C sobre el cambio climático.
j) Articular las relaciones con las instituciones de la Unión Europea y las regiones ultraperiféricas en materia de acción climática, en coordinación con el departamento competente.
k) Integrar y coordinar el modelo de participación ciudadana.
l) Crear y mantener actualizado un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero generados por los inmuebles, las instalaciones y los servicios que prestan, así como el inventario de las emisiones del conjunto de las actividades socioeconómicas que se desarrollan en Canarias.
m) Realizar las auditorías que verifiquen el cumplimiento de la obligación recogida en el apartado anterior.
n) Asesorar a empresas, autónomos y sociedad civil en materia de acción climática.
En el marco de las competencias y de las funciones atribuidas por el Estatuto de Autonomía y la legislación aplicable, son atribuciones de los cabildos insulares en materia de acción climática:
a) Elaborar, tramitar y aprobar los planes insulares de acción climática, en el marco de las determinaciones de la Estrategia Canaria de Acción Climática.
b) Elaborar los planes municipales de acción climática (también llamados planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible Paces) a los municipios de menos de 20.000 habitantes.
c) Cooperar con los ayuntamientos en el ejercicio de competencias que les son propias, incluyendo la asistencia técnica, de información, el asesoramiento, la realización de estudios, la formación y el apoyo tecnológico para el cumplimiento de la presente ley. La cooperación y la asistencia serán voluntarias, previa solicitud del ayuntamiento interesado y de acuerdo con los términos que se pacten.
d) Subrogarse en la competencia municipal para la elaboración y tramitación de los planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (Paces) en caso de inactividad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, en los términos previstos en la legislación de régimen local y con las siguientes garantías. La subrogación se llevará a cabo previa audiencia al ayuntamiento, retomando y activando las actuaciones en el estado en que se encuentren.
e) Las demás que les atribuya esta ley.
En el marco de sus competencias, es función de los ayuntamientos en materia de acción climática la elaboración y aprobación de los planes municipales de acción climática, en el marco de las determinaciones de la Estrategia Canaria de Acción Climática, así como las demás que les atribuya esta ley.
1. La planificación en materia de acción climática se llevará a cabo a través de dos estrategias:
a) La Estrategia Canaria de Acción Climática.
b) La Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática.
2. La Estrategia Canaria de Acción Climática se desarrollará a través de los siguientes instrumentos:
a) El Plan Canario de Acción Climática.
b) Planes de acción insulares y municipales para el clima y la energía.
c) El Plan de Transición Energética de Canarias.
1. La Estrategia Canaria de Acción Climática es el instrumento marco de planificación regional en materia de acción climática de la Comunidad Autónoma de Canarias, del cual dependen los instrumentos de planificación señalados en el artículo anterior.
2. Dicha estrategia tiene por objeto establecer, a largo plazo, el conjunto de medidas en que se concretará la contribución de Canarias al cumplimiento de los compromisos en materia de acción climática; y por finalidad establecer las determinaciones a las cuales deberá ajustarse el conjunto de planes, programas y políticas sectoriales en orden a la consecución de los objetivos de la presente ley.
3. La Estrategia Canaria de Acción Climática tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
a) La fijación de los siguientes objetivos, en el marco de los compromisos asumidos:
1.º Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y mejora de la captación de carbono, estableciendo objetivos quinquenales.
2.º Mejora de eficiencia energética que permita la reducción del consumo de energía en el conjunto del archipiélago.
3.º Implantación de energías de origen renovable en el conjunto del archipiélago, tanto en fase de generación como de consumo final.
4.º Movilidad sostenible.
b) La identificación de los riesgos, vulnerabilidades e impactos del cambio climático.
c) La fijación de los objetivos de adaptación y resiliencia al cambio climático.
d) La identificación de las necesidades de investigación, innovación, desarrollo y competitividad en materia de acción climática.
e) La definición del sistema de evaluación y seguimiento de la estrategia.
4. La estrategia tendrá una vigencia de veinte años a partir de su publicación, pudiendo ser prorrogada por el Gobierno de Canarias. Sin perjuicio de lo anterior, dicha estrategia podrá ser revisada cada diez años para actualizar los escenarios y objetivos.
5. El procedimiento de aprobación de la Estrategia Canaria de Acción Climática deberá respetar en todo caso las siguientes reglas, que podrán ser desarrolladas y completadas reglamentariamente:
a) La competencia para acordar el inicio del procedimiento, así como para su elaboración y tramitación, corresponderá a la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua.
b) Cuando esté ultimada su elaboración, deberá someterse a información pública por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles.
c) Su aprobación definitiva corresponderá al Gobierno de Canarias por decreto.
d) Se procederá a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de Canarias».
6. Una vez publicada en el «Boletín Oficial de Canarias», las determinaciones de esta estrategia serán de obligado cumplimiento.
1. La Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática es el instrumento regional de adaptación socioeconómica derivada del cambio de modelo económico y social resultante de la transición ecológica. Tiene por objeto la identificación de áreas, sectores, colectivos o territorios que resulten sensiblemente afectados en términos de vulnerabilidad, teniendo en todo momento presente el principio de justicia climática y las situaciones de pobreza energética.
2. La Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática será elaborada por la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua, en coordinación con los departamentos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Tendrá como mínimo el siguiente contenido:
a) Identificación de riesgos y vulnerabilidades por territorios insulares, sectores y personas.
b) Propuestas de acción para minimizar las vulnerabilidades detectadas.
c) Definición de sistemas continuos de gobernanza, evaluación y seguimiento.
d) Identificación y fomento de donantes de servicios ecosistémicos con incidencia climática positiva.
4. La Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática tendrá la misma vigencia temporal que la Estrategia Canaria de Acción Climática, sometida al mismo sistema de revisiones.
5. El procedimiento de aprobación de la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática deberá respetar en todo caso las siguientes reglas, que podrán ser desarrolladas y completadas reglamentariamente:
a) La competencia para acordar el inicio del procedimiento, así como su elaboración y tramitación, corresponderá a la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua.
b) Cuando esté ultimada su elaboración, deberá someterse a información pública por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles.
c) Su aprobación definitiva corresponderá al Gobierno de Canarias por decreto.
d) Se procederá a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de Canarias».
6. Una vez publicada en el «Boletín Oficial de Canarias», las determinaciones de esta estrategia serán de obligado cumplimiento.
1. El Plan Canario de Acción Climática contendrá el conjunto de acciones dirigidas a la consecución en plazo de los objetivos fijados en la Estrategia Canaria de Acción Climática. También formarán parte del mismo el conjunto de acciones dirigidas a la minimización o absorción de los impactos, riesgos y vulnerabilidades, reales y potenciales, identificados en la estrategia.
2. Para la consecución en plazo de estos objetivos, su contenido se dividirá en una parte informativa y de diagnóstico y otra normativa.
3. La parte informativa y de diagnóstico contendrá, como mínimo:
a) La elaboración de los escenarios climáticos presentes y futuros del archipiélago.
b) La identificación y evaluación de los impactos y los riesgos previsibles en función de estos escenarios.
c) La evaluación de la vulnerabilidad de los recursos naturales, del territorio y de la población frente a los impactos y riesgos identificados.
4. La parte normativa comprenderá, como mínimo:
a) Los objetivos concretos de mitigación, adaptación y resiliencia a alcanzar.
b) El conjunto de medidas específicas de mitigación y adaptación a los impactos y riesgos detectados.
c) El establecimiento de un sistema de indicadores que facilite el seguimiento de la consecución de los objetivos a través de las medidas adoptadas.
d) Mecanismos para garantizar la gobernanza.
e) En su caso, las medidas temporales de competencia insular o municipal que procedan de conformidad con la disposición adicional primera de la presente ley.
5. El Plan Canario de Acción Climática tendrá una vigencia de diez años a partir de su publicación, pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de Canarias. Sin perjuicio de lo anterior, dicho plan podrá ser revisado cada cinco años para actualizar los escenarios y objetivos.
6. El procedimiento de aprobación del Plan Canario de Acción Climática deberá respetar en todo caso las siguientes reglas, que podrán ser desarrolladas y completadas reglamentariamente:
a) El Plan Canario de Acción Climática será elaborado por la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua en coordinación con los departamentos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Corresponderá a dicha agencia, asimismo, el inicio y tramitación del procedimiento de aprobación del plan.
c) Su tramitación se acompasará a la tramitación del procedimiento instrumental de evaluación ambiental estratégica.
d) Cuando esté ultimada su elaboración, deberá someterse a información pública por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles.
e) Los departamentos autonómicos con competencia en materia de energía e industria deberán ser consultados preceptivamente de forma simultánea a los periodos de información pública que se celebren, sin perjuicio de la oportunidad de consulta del resto de departamentos autonómicos y otras administraciones públicas.
f) Igualmente, deberán ser preceptivamente consultados de forma simultánea a los periodos de información pública que se celebren los ayuntamientos y cabildos insulares.
g) Su aprobación definitiva corresponderá al Gobierno de Canarias por decreto.
h) Se procederá a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de Canarias».
7. Una vez publicado, las determinaciones de este plan serán de obligado cumplimiento.
1. El Plan de Transición Energética de Canarias contendrá el conjunto de acciones dirigidas a la consecución en plazo de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este conjunto de acciones deberá ser desarrollo de las directrices que, al efecto, haya establecido la Estrategia Canaria de Acción Climática y se dividirá en los siguientes tipos:
a) Acciones dirigidas específicamente a una disminución del montante total de emisiones difusas y emisiones sometidas al comercio internacional (UE ETS) del conjunto del archipiélago, así como al aumento de la capacidad de absorción en la medida de lo posible y en función de la tecnología analizada.
b) Acciones destinadas a la reducción de emisiones mediante el fomento de la eficiencia energética a todos los niveles, implantación de energía renovable, aumento de la seguridad de abastecimiento energético, movilidad sostenible, almacenamiento y edificaciones e infraestructuras en las materias competenciales de la Administración pública, y cualesquiera otras que contribuyan a esta reducción.
2. El Plan de Transición Energética de Canarias establecerá los criterios de localización de las instalaciones de energía renovable conforme a las previsiones que al respecto se prevean.
3. Para la consecución en plazo del objetivo previsto, el Plan de Transición Energética de Canarias deberá como mínimo:
a) Repartir la responsabilidad en su consecución mediante la asignación de cuotas de emisiones entre los distintos sectores de actividad, islas y municipios.
b) Incorporar en sus previsiones los objetivos de reducción de emisiones que establezca la normativa básica estatal.
c) Valorar, en el conjunto del archipiélago y por islas, los impactos reales y potenciales en los distintos sectores, en función del conocimiento científico y el estado de la técnica, de la política energética, la afectación a las circunstancias de competitividad, la localización de los centros emisores y cualesquiera otras variables que resulten relevantes a tales efectos.
d) Establecer la programación temporal de la implantación de fuentes de generación de energía de origen renovable en el sistema eléctrico regional.
e) Tener en cuenta las circunstancias reales y potenciales de penetración de las fuentes de generación de energía renovable y la capacidad de soporte de cada sistema eléctrico insular.
4. El Plan de Transición Energética de Canarias tendrá una vigencia de diez años a partir de su publicación, pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de Canarias. Sin perjuicio de lo anterior, dicho plan podrá ser revisado cada cinco años para actualizar los escenarios y objetivos.
5. El procedimiento de aprobación del Plan de Transición Energética de Canarias deberá respetar en todo caso las siguientes reglas, que podrán ser desarrolladas y completadas reglamentariamente:
a) El plan será elaborado por la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua en coordinación con los departamentos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Asimismo, corresponderá a dicha agencia el inicio y tramitación del procedimiento de aprobación del plan.
c) Su tramitación se acompasará a la tramitación del procedimiento instrumental de evaluación ambiental estratégica.
d) Cuando esté ultimada su elaboración, deberá someterse a información pública por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles.
e) Los departamentos autonómicos con competencia en materia de energía e industria deberán ser consultados preceptivamente de forma simultánea a los periodos de información pública que se celebren, sin perjuicio de la oportunidad de consulta del resto de departamentos autonómicos y otras administraciones públicas.
f) Igualmente, deberán ser preceptivamente consultados, de forma simultánea a los periodos de información pública que se celebren, los ayuntamientos y cabildos insulares.
g) Su aprobación definitiva corresponderá al Gobierno de Canarias por decreto.
h) Se procederá a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de Canarias».
6. Una vez publicado, las determinaciones de este plan serán de obligado cumplimiento.
1. En el marco de las directrices establecidas en la Estrategia Canaria de Acción Climática, cada cabildo y ayuntamiento de Canarias deberán desarrollar su propio plan de acción para el clima y la energía, que aborde las medidas de mitigación y adaptación que sean necesarias, en su ámbito competencial, para la consecución de los objetivos y el desarrollo de las directrices fijadas.
2. En todo caso, deberán concretar las medidas de política sectorial establecidas en la presente ley que recaigan en su ámbito competencial y deberán incluir un plan de movilidad urbana sostenible, aunque mantendrá su autonomía respecto de aquel.
3. El conjunto de las medidas propuestas deberá acompañarse de su cronograma de implantación y ejecución. Este cronograma deberá estar justificado en función del orden de prioridad de las medidas, así como del resultado del estudio económico y financiero de cada una de ellas de forma que garantice su previsión financiera y presupuestaria.
4. Previa justificación de su necesidad en relación con los objetivos de la presente ley, los planes insulares y municipales de acción para el clima y la energía podrán disponer medidas que impliquen la modificación o derogación de otras normas de carácter insular o municipal que dificulten su efectividad, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que la normativa básica o sectorial aplicable pueda establecer en función del contenido de la alteración.
En ningún caso, las propuestas de modificación o derogación de ámbito municipal podrán ser incompatibles con el planeamiento insular vigente de aplicación.
5. El procedimiento de aprobación de los planes insulares y municipales de acción para el clima y la energía deberá respetar en todo caso las siguientes reglas, que podrán ser desarrolladas y completadas reglamentariamente:
a) Su tramitación se acompasará a la tramitación del procedimiento instrumental de evaluación ambiental estratégica.
b) Cuando esté ultimada su elaboración, deberá someterse a información pública por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles.
c) Los departamentos autonómicos con competencia en materia de medio ambiente y acción climática, energía e industria, así como los ayuntamientos colindantes y el respectivo cabildo insular deberán ser consultados preceptivamente de forma simultánea a los periodos de información pública que se celebren, sin perjuicio de la oportunidad de consulta al resto de departamentos autonómicos y otras administraciones públicas.
6. Una vez aprobado por el pleno de la corporación local correspondiente, el Plan Insular o Municipal de Acción para el Clima y la Energía se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente y en el «Boletín Oficial de Canarias» y sus determinaciones serán de obligado cumplimiento para todas las personas, tanto públicas como privadas.
7. Los planes insulares y municipales de acción para el clima y la energía tendrán una vigencia de diez años a partir de su publicación, pudiendo ser prorrogados por el pleno de la corporación local correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, dichos planes podrán ser revisados cada cinco años para actualizar los escenarios y objetivos.
8. En el caso de los planes municipales de acción para el clima y la energía, estos se aprobarán de acuerdo con la metodología adoptada en el ámbito de la Unión Europea.
Estos planes tendrán el siguiente contenido mínimo:
a) El análisis y la evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero.
b) La identificación y la caracterización de los elementos vulnerables.
c) Los objetivos y las estrategias para la mitigación y la adaptación al cambio climático e incluirán las posibles modificaciones adecuadas del planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales.
d) Las acciones de sensibilización y formación.
e) Las reglas para la evaluación y seguimiento del plan.
1. En los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación ambiental, de ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística y sectorial que promuevan o aprueben las administraciones públicas de Canarias en esta materia, se deberá incorporar la perspectiva climática, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, en la Estrategia Canaria de Acción Climática y su Plan Canario de Acción Climática.
2. Asimismo, deberán contener un diagnóstico territorial, ambiental y económico, con especial referencia a los recursos naturales, a la población, con atención particular a la igualdad de género y el bienestar de las familias, el planeamiento vigente y la situación socioeconómica.
3. Los instrumentos de ordenación ambiental, de los recursos naturales, territorial y urbanística de ámbito municipal o superior, así como los sectoriales sometidos preceptivamente al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, deberán tener en cuenta los aspectos relacionados con los efectos del cambio climático y las causas que lo motivan, en especial el aumento de densidades urbanas, conservación de masas forestales, conservación de suelos y limitación de crecimientos urbanos.
A tal efecto, las memorias de dichos instrumentos deberán relacionar y justificar las medidas adoptadas con arreglo al párrafo anterior.
4. Las administraciones públicas de Canarias competentes:
a) Impulsarán la incorporación de principios bioclimáticos y de eficiencia energética en el diseño urbano y arquitectónico, la densidad urbanística adecuada, la minimización de la artificialización del suelo, el aumento de zonas permeables e infraestructuras verdes y la concentración de la población en áreas dotadas de todos los servicios de modo que se minimicen los desplazamientos, y se cuente con una red eficaz y de bajas emisiones de transporte público.
b) Favorecerán la consideración, en la redacción y actualización del planeamiento urbanístico, de los impactos asociados al cambio climático, tales como las inundaciones, las lluvias puntuales y escorrentías por cauces naturales intervenidos por el hombre, el ascenso del nivel del mar, las olas de calor y la pérdida de biodiversidad.
c) Velarán por que las dependencias y los servicios de las administraciones públicas, especialmente los de carácter educativo, sanitario, social, cultural y deportivo, sean fácilmente accesibles desde las redes de transporte público.
1. Las administraciones públicas de Canarias promoverán un cambio de modelo territorial y urbanístico dirigido a la consecución de los objetivos establecidos en la presente ley. A tales efectos, los correspondientes instrumentos de ordenación ambiental, de los recursos naturales, territorial y urbanística deberán motivar las concretas determinaciones de ordenación que se dirijan a la satisfacción de tales objetivos.
2. Las determinaciones de ordenación de las nuevas áreas residenciales que se propongan en los diferentes instrumentos de ordenación deberán responder al principio de máxima autosuficiencia energética.
3. Igualmente, los instrumentos de ordenación ambiental, de los recursos naturales, territorial y urbanística deberán:
a) Desarrollar modelos compactos de ocupación del territorio y unos usos más eficientes e intensivos de terrenos ya urbanizados.
b) Seleccionar y clasificar aquellos espacios ya urbanizados u ocupados por infraestructuras y servicios que ofrezcan mayor potencialidad para situar o compartir superficies susceptibles de utilización para infraestructuras de energías renovables.
c) Garantizar, en los nuevos desarrollos urbanísticos, una provisión energética con fuentes de energía renovables.
d) Asumir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la superficie de verde urbano por habitante, sin perjuicio del cumplimiento del estándar previsto en la legislación urbanística.
1. Las administraciones públicas de Canarias promoverán políticas que reorienten las actividades de construcción y edificación hacia la consecución de los objetivos de eficiencia energética en el sector. Entre estas políticas, deberán impulsar:
a) La introducción de criterios bioclimáticos en el diseño, la proyección y la construcción de las nuevas edificaciones.
b) La incentivación de soluciones constructivas de alta eficiencia energética.
c) La previsión de puntos de recarga de vehículos eléctricos en las nuevas edificaciones, así como su introducción en las existentes.
2. En concreto, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá:
a) Promover la consecución de la máxima certificación energética posible en su parque público de viviendas en régimen de alquiler.
b) Colaborar con los propietarios de viviendas sometidas a algún régimen público de protección para hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley.
c) Contemplar las medidas señaladas en el presente artículo en los correspondientes planes de vivienda.
d) La creación de incentivos para edificaciones (viviendas, promociones públicas, promociones privadas…) de consumo energético casi nulo.
1. Se deberá incorporar la perspectiva climática en el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. A tal efecto, los departamentos del Gobierno valorarán en las correspondientes memorias el impacto de los respectivos programas presupuestarios en los objetivos marcados por esta ley para la acción climática.
2. Las administraciones públicas de Canarias y su sector público institucional destinarán en sus presupuestos los programas necesarios para materializar la acción climática.
Se establece como objetivo a alcanzar en 2025 un indicador del 2 % de inversión anual del PIB de Canarias dedicado a medidas de acción climática en el conjunto de la economía canaria, entendiendo como tal la aportación del conjunto del sector público y del sector privado, de acuerdo con la evaluación de impacto económico correspondiente. Desde la perspectiva económica, la Administración canaria deberá priorizar en sus presupuestos los proyectos que ofrezcan un mayor potencial y vincularlos con el cambio climático y la transición energética, siendo los principales ámbitos sobre los que impactarán en las energías renovables, el transporte, la ordenación del uso del suelo, la eficiencia energética de edificios y viviendas, los residuos sólidos e infraestructura natural, en evitación de desastres naturales. Todo ello lleva aparejado repercusiones en el gasto, en el ámbito tribu