Categoría: Normativas

Con fecha 4 de mayo de 2023, se ha suscrito el Convenio entre el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y la Universidad Rey Juan Gil para prácticas académicas externas.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 8 de mayo de 2023.–La Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, María Dolores Menéndez Company.
En Madrid, a la fecha que aparece en las firmas electrónicas.
De una parte, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (en adelante, CAPN), Organismo Público regulado por la Ley 23/1982, de 16 de junio, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, con domicilio en el Palacio Real de Madrid, calle Bailén, s/n, 28071 Madrid (España); con NIF ES2801002C; representado en este acto por doña Ana de la Cueva Fernández, en su condición de Presidenta del CAPN, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 597/2021, de 20 de julio, en el ejercicio de la función de representar al Consejo de Administración en los documentos públicos y privados que otorgue, domiciliada a efectos del presente Acuerdo en Madrid, Palacio Real, calle Bailén, s/n, 28071 Madrid (España).
De otra parte, la Universidad Rey Juan Carlos (en adelante, URJC), representada en este acto por don Javier Santiago González Crespo magnífico de la Universidad Rey Juan Carlos, nombrado mediante Decreto 59/2021, de 7 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM de 8 de abril de 2021), en nombre y representación de la misma, según las competencias que tiene atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por los Estatutos de la citada Universidad, aprobados por Decreto 22/2003, de 27 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM número 54, de 5 de marzo de 2003), y modificados por Decreto 28/2010, de 20 de mayo, del citado Consejo de Gobierno (BOCM núm. 8, de 10 de junio de 2010), con NIF Q28030011B, con domicilio a efectos del presente Acuerdo en Móstoles (Madrid), calle Tulipán, s/n, 28933 Madrid (España).
Las partes comparecientes, con la representación en que actúan, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio, y
I. Fines del CAPN.
El CAPN es un organismo público estatal, regulado por la Ley 23/1982 del Patrimonio Nacional, que tiene como fines principales el apoyo a la Jefatura del Estado para la alta representación que la Constitución y las Leyes le atribuyen, así como la gestión del patrimonio histórico-artístico legado por la Corona Española que constituye el Patrimonio Nacional, a través de su conservación y su uso con fines culturales, científicos y docentes.
II. Funciones de la URJC.
La URJC tiene entre sus fines la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico; así como la difusión del conocimiento y de la cultura a través de la extensión universitaria y de la formación continuada. Asimismo, asume su compromiso de acercar la formación universitaria a la realidad social y profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de relaciones con otras entidades que permitan completar el proceso formativo de sus estudiantes con una puesta en práctica de los conocimientos teóricos adquiridos.
III. Declaración de intenciones.
Considerando ambas entidades que tienen unos objetivos en parte coincidentes y complementarios, desean suscribir el presente convenio. Ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración en el desarrollo de un programa de prácticas para universitarios, que les permita aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que preparen para el ejercicio de actividades profesionales y faciliten la búsqueda de empleo.
El presente convenio de cooperación educativa se formaliza al amparo de lo previsto en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad; el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas universitarias; el Reglamento de Prácticas Académicas Universitarias de la URJC, aprobado por su Consejo de Gobierno, y demás legislación vigente al momento de celebración del presente convenio, de aplicación y concordante con la mencionada.
En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes deciden formalizar el presente convenio, que se regirá con arreglo a las siguientes
El presente convenio tiene por objeto establecer la mutua cooperación entre las partes, posibilitando la realización de prácticas académicas externas, de cualquier enseñanza impartida por la URJC tanto oficiales como propias, según las condiciones particulares de cada modalidad establecidas en el correspondiente programa formativo. Las prácticas se desarrollarán en dependencias del CAPN, en las condiciones que determina la legislación vigente en materia de prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios (Real Decreto 592/2014, de 11 de julio).
La finalidad de las prácticas a realizar por los estudiantes es contribuir a una formación integral de los mismos, complementando los conocimientos adquiridos en su formación académica y favoreciendo la adquisición de competencias que los preparen para el ejercicio de actividades profesionales, a través del conocimiento del funcionamiento de una empresa o institución, de sus métodos de trabajo y de su organización.
De acuerdo con lo anterior, la relación del CAPN con los alumnos en prácticas es absolutamente formativa, no existiendo, por tanto, ninguna relación contractual de clase mercantil, civil o laboral, al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Por tanto, el CAPN no está obligado a devengar contraprestación económica alguna. En consecuencia, la realización de las prácticas no supondrá en ningún caso la percepción de emolumentos por parte del interesado, así como tampoco un derecho al ejercicio de la función pública.
De la realización de las prácticas no se derivarán obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.
Por último, las prácticas académicas externas no constituirán ni mérito ni derecho para el acceso a la función pública, ni serán computadas a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos.
Se establecen las siguientes condiciones generales para la realización de las prácticas:
a) Oferta. El CAPN podrá ofrecer plazas de prácticas con la periodicidad o cuantía que desee, e indicar la oferta específica para cada plaza de prácticas.
b) Modalidades. Se establecen, al menos, dos modalidades de prácticas que pueden ser concurrentes:
a. Prácticas curriculares: se configuran como actividades académicas integrantes del plan de estudios de que se trate.
b. Prácticas extracurriculares: son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente plan de estudios. No obstante, y cuando corresponda, serán contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente.
En caso de concurrencia de prácticas curriculares y extracurriculares en un mismo curso académico, la duración total de ambas, sumadas conjuntamente, no podrá exceder las 900 horas. Asimismo, la permanencia de un estudiante en prácticas en Patrimonio Nacional no podrá prolongarse por más de 900 horas, aun en cursos académicos diferentes, entendiéndose en ese punto agotado el proyecto formativo que el estudiante podía desarrollar en dicha entidad.
c) Selección de los alumnos. Para cada plaza de prácticas ofertada, la URJC, a través del Centro correspondiente, propondrá al CAPN un mínimo de tres alumnos y un máximo de seis. Remitirá sus CV al CAPN con una antelación de al menos tres meses al inicio de las prácticas. El CAPN designará finalmente al alumno adjudicatario de la plaza, reservándose la posibilidad de realización de una entrevista personal previa a los distintos candidatos a la misma.
d) Régimen jurídico. La participación del CAPN en el programa de prácticas no supone la adquisición de más compromisos que los estipulados en el presente convenio y, en ningún caso, se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral.
e) Desarrollo de las prácticas y del TFG/TFM. El desarrollo de las prácticas o del TFG/TFM en el CAPN estará sujeto al régimen que se establece en el presente convenio.
f) Duración y horarios. Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios correspondiente, en los términos estipulados en el artículo 14.5 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad. En el caso de las prácticas de titulaciones propias de la URJC, la duración de estas vendrá determinada en la propuesta de la actividad formativa aprobada por la correspondiente comisión.
a. Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración preferentemente no superior al cincuenta por ciento del curso académico, sin perjuicio de lo que fijen las universidades, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y seguimiento de las actividades académicas del estudiante.
b. Los horarios de realización de las prácticas o del TFG/TFM se establecerán de acuerdo con las características de las mismas y las disponibilidades del CAPN. Los horarios serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en la URJC. Se establece un máximo de cinco horas diarias en período lectivo, y de siete horas en vacaciones de verano. El período inicial de la práctica no será inferior a tres meses, ni superior a seis, si bien se pueden contemplar períodos inferiores y prórrogas.
g) Contenidos. Los contenidos formativos de dichas prácticas serán definidos de común acuerdo entre la URJC y el CAPN.
h) Normas de régimen interno. Los estudiantes deberán cumplir las normas de régimen interno del CAPN y seguirán las instrucciones que reciban de su tutor responsable. Deberán aplicarse con diligencia a las tareas que se les encomienden, de las cuales guardarán secreto profesional durante su estancia y una vez finalizada esta.
i) Permisos y ausencias. En caso de ausencia será necesario comunicarlo y justificarlo al Centro responsable de la URJC. El régimen de permisos del estudiante será consensuado entre el tutor de la URJC y el tutor del CAPN.
j) Interrupción de las prácticas. Por causas debidamente justificadas, cualquiera de las partes podrá rescindir el período de prácticas de uno o la totalidad de los alumnos. Si el CAPN lo considera conveniente, la URJC gestionará la incorporación de un nuevo o nuevos estudiantes que iniciarán su período de formación a la mayor brevedad posible.
k) Renuncia. En caso de que el alumno seleccionado renuncie a las prácticas sin causa justificada, el CAPN se reservará el derecho de contar con él como candidato a las siguientes convocatorias.
l) Difusión, publicación y patentes. Si alguna de las partes firmantes de este convenio o los estudiantes deseara utilizar los resultados parciales o finales de su actividad en el CAPN, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, tesis, memoria, etc., deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, quien, a su vez, se obliga a responder en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta se entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión o publicación.
En todo caso, tanto en las publicaciones como en las patentes, se respetará siempre la mención a los autores del trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores.
m) Propiedad intelectual. En aplicación de lo previsto en el artículo 49, apartado c, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el caso de que en el marco de estas prácticas o derivadas de éstas se generen productos susceptibles de propiedad intelectual, la titularidad de éstos corresponderá a los estudiantes que los hayan realizado, teniendo en cuenta en todo caso el régimen establecido por la URJC. Será esta última a la que le corresponderá decidir sobre la posible difusión de estos productos.
n) Seguros. Todos los estudiantes de la URJC que estén matriculados en alguna de sus enseñanzas están cubiertos por un Seguro de Responsabilidad Civil.
El Seguro Escolar cubre a los menores de veintiocho años, matriculados en los respectivos centros y que se encuentren al corriente de la cuota correspondiente. El ámbito temporal de cobertura es el año escolar. El marco de aplicación es el territorio nacional, de acuerdo con el principio de territorialidad recogido en la Ley General de la Seguridad Social.
En el caso de los estudiantes mayores de veintiocho años o de aquellos matriculados en enseñanzas propias de la URJC, corresponderá al órgano responsable de la titulación asegurarse de que el estudiante esté cubierto por el correspondiente seguro de accidentes y cuantos puedan resultar obligatorios.
El seguro escolar protege a los estudiantes incluidos en su ámbito de aplicación, de todas aquellas contingencias expresamente reconocidas, siempre y cuando los gastos sanitarios ocasionados se produzcan dentro del territorio nacional, de acuerdo con el principio de territorialidad recogido en la Ley General de la Seguridad Social.
El CAPN queda eximido de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la suscripción obligatoria de dichas pólizas por parte de la URJC.
o) Seguridad Social. En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes se comprometen a firmar una adenda en el momento en que dicho desarrollo reglamentario entre en vigor, en la que se contemplen las obligaciones de las partes para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado Real Decreto-ley.
La URJC, a través del Centro correspondiente, tomará bajo su responsabilidad y a su cargo, con vistas al adecuado desarrollo de las prácticas, las siguientes actuaciones:
a) Elaborar una ficha para cada estudiante en prácticas donde se consignará la siguiente información: datos del estudiante, titulación, fecha de incorporación y finalización de la práctica, entidad donde se realizará la práctica, el calendario y el horario, así como el nombre del tutor académico y del tutor de la entidad colaboradora. Además, en la misma deberá incorporarse el proyecto formativo en el que se harán constar los objetivos educativos y las competencias que debe adquirir el estudiante, así como las actividades formativas que desarrollará. El órgano responsable de la titulación resolverá cuantas dudas pudieran surgir durante el desarrollo de las prácticas o del TFG/TFM.
b) Las partes firmantes acordarán en el seno de la Comisión de Seguimiento el contenido de la citada ficha, conforme el formulario normalizado de uso común en la URJC.
c) El órgano responsable de la titulación nombrará un tutor que se responsabilizará de la tutoría de cada uno de los estudiantes participantes en las prácticas o el TFG/TFM y de la supervisión de su realización.
d) Los tutores designados por el CAPN podrán recibir el nombramiento honorífico de Colaborador en Prácticas Externas, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Consejo de Gobierno de la URJC. Los trámites necesarios para la obtención del reconocimiento serán realizados por el responsable del Centro, que elevará al Vicerrectorado competente la propuesta del nombramiento.
El CAPN, tomará bajo su responsabilidad y a su cargo, con vistas al adecuado desarrollo de las prácticas, las siguientes actuaciones:
a) En tanto que colabora en un programa de formación universitaria, facilitará al estudiante la realización de sus exámenes y el resto de actividad académica, formativa y de representación y participación, que sea comunicada con suficiente antelación.
De acuerdo con el órgano responsable de la titulación, nombrará a un tutor que se responsabilizará de la formación de cada estudiante y de la valoración de su estancia, facilitando a la URJC, al responsable de prácticas o TFG/TFM del Centro en donde esté matriculado el estudiante, el informe de aprovechamiento de las prácticas a su finalización. El informe hará constar, con el visto bueno del CAPN, el tiempo de prácticas realizado, horas totales y su contenido. Este tutor también participará en el proceso de Garantía de Calidad del Programa de Prácticas, mediante la contestación de un cuestionario sobre su desarrollo.
b) En el caso de las estancias para el desarrollo del TFG/TFM, podrán actuar como cotutores, investigadores o profesionales de la plantilla del CAPN, en colaboración con los profesores de la URJC.
c) El CAPN manifiesta que posee los medios materiales y servicios disponibles que permiten garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (BOE de 3 de diciembre), por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
d) Comunicar toda modificación posterior de las condiciones recogidas en la oferta inicial a la Unidad de Prácticas Externas de la URJC y a la persona que ejerza la tutela académica para su aceptación, así como informar de cualquier incidencia que pueda producirse durante las prácticas.
e) El CAPN observará y hará observar las medidas de Seguridad y Salud establecidas en el Centro de trabajo asignado. El CAPN informará, formará y hará cumplir y respetar al alumnado dichas medidas.
Las actuaciones previstas en este convenio no darán lugar a contraprestación económica alguna entre las partes firmantes y no supondrán incremento del gasto para el CAPN.
De conformidad con el Real Decreto 1493/2011 (BOE de 27 de octubre de 2011), los estudiantes universitarios que realicen prácticas remuneradas quedarán comprendidos en el Régimen General de la Seguridad Social si bien el Real Decreto-ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 17 de octubre de 2014) establece una bonificación del cien por cien de las cuotas de la Seguridad Social para los estudiantes que realicen prácticas curriculares remuneradas (disposición adicional vigesimosexta).
Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza que obtengan como consecuencia del desarrollo del presente convenio. Ambas partes consienten que los datos personales del presente convenio puedan incorporarse a ficheros de titularidad de cada una de ellas con la única finalidad de proceder a la gestión adecuada del mismo.
La URJC será la responsable de los tratamientos de datos personales efectuados en el marco de la relación convenida. Los datos personales que se recojan derivados del presente convenio serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el presente convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de seguridad y la firma del correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del tratamiento y encargado del mismo, donde se detallarán los aspectos concretos relacionados con el tratamiento de datos efectuado por el encargado del tratamiento.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente convenio, pudiendo aplicarlas y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos personales nacional y comunitaria.
Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes firmantes responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente convenio en materia de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito.
Las obligaciones en materia de protección de dichos datos tendrán validez durante la vigencia del presente convenio y una vez terminado éste.
Se informa a las partes de que en relación con la firma de este convenio los datos contenidos en el mismo se incorporarán a la actividad de tratamiento «asesoramiento en convenios» del que es responsable la URJC. La finalidad es el análisis y tratamiento de datos identificativos y cuya base legal es la prevista en el artículo 6.1.b) del RGPD: «el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales»; y la prevista en el artículo 6.1.e) del RGPD: «el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento». Los datos personales podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas y autoridades que establezca la ley y serán conservados el tiempo necesario para la ejecución del presente convenio.
Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad ante cualquiera de los responsables del tratamiento de los datos personales mediante escrito dirigido a las direcciones que constan en el encabezamiento del presente convenio, en los términos previstos en la legislación de protección de datos, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, o en las direcciones de correo electrónico habilitadas a tales efectos.
Este convenio se somete a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Conforme lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO). Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años. Las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de cuatro años adicionales (artículo 49.h, Ley 40/2015). Dicha prórroga se acordará mediante una adenda que deberá formalizarse al menos tres meses antes de la finalización del plazo de vigencia del convenio.
Si por cualesquiera causas, a la finalización del plazo de vigencia del presente convenio hubiera actividades formativas en curso, dichas actividades seguirán amparadas por lo dispuesto en el presente documento, y se desarrollarán con normalidad hasta su término en las condiciones convenidas.
La modificación de los términos del presente convenio requerirá la suscripción entre las partes de la correspondiente adenda, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 49, apartado g, de la Ley 40/2015.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Serán causas de resolución de este convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga de este.
b) El acuerdo unánime de las partes firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de tres meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, siendo por cuenta de la parte responsable la indemnización por los perjuicios causados que se establecerá en el seno de la Comisión de Seguimiento.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
f) La decisión unilateral de cualquiera de las partes firmantes, originada en causas excepcionales debidamente justificadas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los compromisos, previa comunicación escrita, con al menos, tres meses de antelación a la fecha de finalización del mismo o, en su caso, de su prórroga.
El cumplimiento y la resolución del convenio dará lugar a la liquidación de este, con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La denuncia del convenio no afectará a la realización de las actividades formativas en curso de en el momento de dicha denuncia. En tal caso, las citadas actividades formativas seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones convenidas.
Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento en régimen de paridad que velará por el control, vigilancia y ejecución de las obligaciones adquiridas por los firmantes, y expresamente se hará cargo de la interpretación, de los posibles litigios y del cumplimiento de las cuestiones que pudieran plantearse. Constará de cuatro miembros, dos de ellos nombrados por el Rector de la UAM y los otros dos por la Presidenta del CAPN.
Actuará como presidente uno de los miembros designados por el CAPN y como secretario uno de los representantes de la URJC. Será requisito para su constitución la presencia del presidente y del secretario. Los acuerdos de la Comisión de adoptarán por mayoría simple. En caso de empate decidirá el voto de calidad del presidente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, estando sometido a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por sus propios términos y condiciones, aplicándose los principios del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, para cualquier duda que pueda suscitarse.
Las partes firmantes colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. Igualmente, las partes se esforzarán por resolver de forma amistosa, en el seno de la Comisión de Seguimiento, cualquier controversia que pudiera surgir con ocasión de la ejecución del presente convenio. De no ser posible una solución amistosa, las partes se someterán a la intervención de los Juzgados y Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo que resulten competentes, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE de 14 julio), reguladora de dicha jurisdicción.
Conformes ambas partes con el contenido y condiciones del presente convenio, lo firman por duplicado en todas sus hojas, con reserva de un ejemplar en poder de cada una de las partes intervinientes.
En Madrid, a las fechas que aparecen en las firmas electrónicas.–Por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, la Presidenta, Ana de la Cueva Fernández.–Por la Universidad Rey Juan Carlos, por delegación del Rector (Resolución de fecha 7 de septiembre de 2022), el Vicerrector de Innovación, Rojas Núñez Ruiz Muiña.