Categoría: Administración

de 2016, 4 de julio 2019, 19 de julio de 2022.
Se practicarán las notificaciones prevenidas en el art. 322 de la Ley Hipotecaria, prorrogándose el asiento de presentación por plazo de 60 días, contados desde la última notificación de conformidad con el art. 323 de la Ley Hipotecaria.
Alicante a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.–La registradora, Fdo. María Mora Santos Sáez.
Contra esta decisión (…).»
Contra la anterior nota de calificación, don J. A. M. interpuso recurso el día 9 de noviembre de 2022 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Alegaciones.
Primera. El art. 9.ter del Real Reglamento de Dominio Público Hidráulico dispone así: Obras y Construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación básica de suelo urbanizado “1. En el suelo que se encuentre en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado de acuerdo con el artículo 21.3 y 4 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se podrán realizar nuevas edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie, siempre que se reúnan los siguientes requisitos y sin perjuicio de las normas adicionales que establezcan las comunidades autónomas:
a) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos.
b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato ni aguas abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona urbana. Se considera que se produce un incremento significativo de la inundabilidad cuando a partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario sean requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la actuación prevista y después de la misma, no se deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables.
c) Que no se traten de nuevas instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, en particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión.
d) Que no se trate de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población.
e) Que no se trate de nuevos parques de bomberos, centros penitenciarios o instalaciones de los servicios de Protección Civil.
f) Las edificaciones de carácter residencial se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, y que se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada y que además dispongan de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta, en la medida de lo posible, su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
2. Además de lo exigido en el artículo 9 bis.3, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona de flujo preferente.
3. Para los supuestos excepcionales anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas”.
Es decir, en el apartado tercero del art. 9.3.º del Reglamento de Dominio Público Hidráulico ya se hace referencia expresa a que las edificaciones ya existentes en administraciones competentes fomentaron la adopción de medidas en orden a la protección de dichas edificaciones, de forma que procedería inscribir la ampliación de la vivienda llevada a cabo por el recurrente al no infringir la normativa aplicable.
Y en este sentido el art. 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico dispone que: “Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, y sin perjuicio de las normas complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas, se establecen las siguientes limitaciones en los usos del suelo en la zona inundable:
1. Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación básica de suelo rural en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables.
En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su caso, las normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones,
2. En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado, podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido en las letras a) y b) del apartado 1.
3. Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya estado incluida en un expediente de autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad.
4. Además de lo establecido en el apartado anterior, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.
5. En relación con las zonas inundables, se distinguirá entre aquéllas que están incluidas dentro de la zona de policía que define el artículo 6.1.b) del TRLA, en la que la ejecución de cualquier obra o trabajo precisará autorización administrativa de los organismos de cuenca de acuerdo con el artículo 9.4, de aquellas otras zonas inundables situadas fuera de dicha zona de policía, en las que las actividades serán autorizadas por la administración competente con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se establecen en este artículo, y al informe que emitirá con carácter previo la Administración hidráulica de conformidad con el artículo 25.4 del TRLA, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto”.
Que aunque este precepto es introducido por la reforma establecida por el art. 1.8.º, del Real Decreto 638/2016, de 9 de Diciembre posterior varios años a las obras ejecutadas por el recurrente, no es óbice a la inscripción de dicha ampliación legalizada con posterioridad a las obras de ampliación ejecutadas por el Sr. A. M., (momento en que dicha autorización administrativa previa no era necesaria).
Segunda. Que aunque el Real Decreto 638/2016 de 9 de Diciembre exige autorización administrativa previa para la ampliación es de reseñar que como concluye la Confederación Hidrológica del Júcar visto el informe de fecha 13.02.22 formulado por el Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico “que aunque el recurrente no solicitó autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar para llevar a cabo las ampliaciones de edificaciones o construcciones en la zona de policía de la Rambla (...) y el otro cauce (sin denominación), afluente de aquel y aunque es preceptivo obtener previamente la autorización de esta Confederación Hidrográfica del Júcar a tenor de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, las edificaciones realizadas por don J. A. M. en la zona de policía tanto de la Rambla (…) como de otro cauce sin denominación afluente de aquél, respetarían la zona de servidumbre de los mismos al encontrarse a más de cinco metros del margen más próximo, además de que dicha parcela no se encuentra en una zona inundable según el plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana, de forma que aunque el recurrente no obtuvo el preceptivo permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la realización de dichas obras, las mismas habrían obtenido la preceptiva licencia según la normativa de aguas de aplicación actual, a tenor de lo dispuesto en el art. 14 y 14 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849) 1.986, de 11 de Abril, modificado por el Real Decreto 638/2016 de 9 de diciembre.
Tercera. Que por tanto, las ampliaciones llevadas a cabo por el Sr. A. M. respetan la normativa de aguas de aplicación actual, según la Confederación Hidrográfica del Júcar, no pudiendo este organismo otorgar autorización para unas obras ejecutadas hace años por cuanto las autorizaciones administrativas no se conceden con efectos retroactivos, por tanto y aun careciendo de autorización administrativa expresa al no infringir la normativa y condiciones exigidas en la actualidad por la Confederación Hidrológica del Júcar procede inscribir dichas ampliaciones al cumplir con la legislación vigente, aunque sean anteriores a la misma, según consta acreditado en el expediente administrativo.
Evidentemente la Confederación Hidrográfica del Júcar como ha manifestado reiteradamente al recurrente no puede dar autorización para la realización de unas obras ya ejecutadas, las cuales respetan la normativa establecida por el art. 14 y 14 bis del Reglamento del Dominio Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, modificado por el Real Decreto 638/2016 de 9 de Diciembre, debiendo por tanto inscribir las ampliaciones de obra nueva dada la legalidad de las mismas (…)
Por lo expuesto,
Suplico a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que tenga por presentado este escrito con su copia y documentos acompañados, se sirva admitirlo y a su virtud tenga por interpuesto en tiempo y forma Recurso Gubernativo frente a la calificación con registro de entrada 7142, protocolo 2167/2019 por la que se deniega la inscripción de una ampliación de obra nueva por antigüedad que supone un aumento de ocupación en planta o del volumen de las edificaciones existentes en relación con la que consta en el registro por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y 9 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico para inscribir la ampliación de obra nueva por antigüedad será necesario acreditar la correspondiente autorización administrativa a que se refiere el art. 9 del Reglamento del dominio público hidráulico y en su día y tras los trámites de rigor se dicte resolución estimando el presente recurso y acordando que procede inscribir la ampliación de obra nueva por antigüedad presentada por don J. A. M. y recogido en protocolo 2167/2019, con entrada n.º 7142 al no infringir la normativa exigida por la Confederación Hidrográfica del Júcar.»
Mediante escrito, de fecha 15 de noviembre de 2022, la registradora de la Propiedad se ratificó en su calificación, emitió informe y remitió el expediente a este Centro Directivo.
Vistos los artículos 9, 10, 199 y 202 de la Ley Hipotecaria; 28 y 35 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; 9, 14 y 14 bis del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de febrero y 19 de abril de 2016 y 25 de julio de 2019, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 27 de julio de 2022.
1. Mediante sucesivas escrituras y diligencias que se complementan y rectifican entre sí, y tras las vicisitudes procedimentales y los informes técnicos y administrativos que han quedado reseñadas en los complejos antecedentes de hecho, la registradora rechaza inscribir una declaración de ampliación de obra constando que la edificación está en zona de policía de determinado cauce de dominio público hidráulico, porque (único defecto ahora recurrido) «de conformidad con el artículo 28 del texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana, y 9 del reglamento del dominio público hidráulico para inscribir la ampliación de obra nueva por antigüedad será necesario acreditar la correspondiente autorización administrativa, a que se refiere el artículo 9 del reglamento del dominio público hidráulico».
El recurrente alega en esencia que en el propio informe de la Confederación Hidrográfica competente que consta en el procedimiento ya se hace constar que aunque las edificaciones no solicitaron ni obtuvieron autorización, y se encuentran en la zona de policía, sí que «respetaría la zona de servidumbre al encontrarse a más de cinco metros del margen más próximo», y además, «no se encuentra en zona inundable», por lo que dichas edificaciones «habrían obtenido la preceptiva licencia según la normativa de aguas de aplicación actual» y cita al efecto los artículo 14 y 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
2. El artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, expresamente invocado por la registradora, señala que «en el caso de construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes (…) el Registrador comprobará [entre otros extremos] (…) que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general».
En el presente caso, consta acreditado por el informe de la Confederación Hidrográfica que el suelo ocupado no tiene carácter demanial ni está afectado por la zona de servidumbre del dominio público hidráulico, sino sólo ubicado en la zona de policía.
3. Procede analizar, a la vista de la normativa aplicable, la fundamentación jurídica o defecto de que «para inscribir la ampliación de obra nueva por antigüedad será necesario acreditar la correspondiente autorización administrativa, a que se refiere el artículo 9 del reglamento del dominio público hidráulico».
El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, establece en sus artículos 9 (invocado por la registradora) y 14 y 14 bis (invocados por el recurrente), lo que, en extracto, se transcribe a continuación:
Artículo 9: «1. En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo: (…) c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional (…) 4. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa previa del organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en este Reglamento. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas».
Artículo 14: «1. Se considera zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años (…) La calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad dominical que dichos terrenos tuviesen. 2. Los organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo, y en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables (…)».
Artículo 14 bis: «Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, y sin perjuicio de las normas complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas, se establecen las siguientes limitaciones en los usos del suelo en la zona inundable: 1. Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación básica de suelo rural en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables. En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su caso, las normativas de las comunidades autónomas (…) 2. En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado, podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido en las letras a) y b) del apartado 1. 3. Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya estado incluida en un expediente de autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad. 4. Además de lo establecido en el apartado anterior, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable».
4. De la aplicación de la normativa reseñada al concreto supuesto de hecho que nos ocupa resulta acreditado que estamos ante una edificación situada fuera de la zona de servidumbre del dominio público hidráulico, y fuera de la zona inundable, que sí está incluida en la zona de policía, y que, según el certificado técnico que figura entre la titulación presentada constan terminadas al menos desde el año 2009.
En consecuencia, para inscribir en el Registro de la Propiedad tales edificaciones por la vía del artículo 28 (apartados 1, 2 y 3) del texto refundido de la Ley de Suelo, sería preciso aportar, por exigencia específica de artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la «autorización administrativa previa del organismo de cuenca» que «será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas».
En cambio, para inscribir tales edificaciones por la vía que ofrece el artículo 28 en su apartado 4, del texto refundido de la Ley de Suelo (que es la vía solicitada por el interesado en el presente supuesto), no es necesario aportar tal autorización administrativa, sino acreditar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en ese apartado 4.
En particular, el citado precepto exige que el registrador compruebe, entre otros elementos, que «el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general» que es lo que ha hecho la registradora en el presente caso requiriendo, con buen criterio, la intervención de la Administración competente en materia de dominio público hidráulico. Pues debe ser el órgano competente en cada caso quien determine si la edificación cuya existencia se declara resulta conforme con la normativa sectorial y, en su caso, en tipo de intervención administrativa requerida.
Como señala la Resolución de este Centro Directivo de 19 de febrero de 2016, si bien relativa a la normativa de carreteras, «aunque se reconozca expresamente la posibilidad de edificaciones en fuera de ordenación o asimilado, con su consiguiente régimen limitativo, en zonas de colindancia con carretera, bajo un régimen transitorio acorde con el respeto a los derechos adquiridos o situaciones consolidadas, la propia norma estatal sobre requisitos de inscripción de las edificaciones consolidadas por antigüedad –artículo 20.4, actual 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana–, dispone que el registrador comprobará que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general. Es lo que ocurre en el presente supuesto, en el que resulta con claridad la afección de la finca a las limitaciones de la normativa especial de carreteras (…) Por todo ello, la declaración de la concreta situación administrativa de la edificación conforme a ese estatuto particular derivado de su colindancia con carretera, requerirá la oportuna resolución administrativa del órgano que tenga atribuida la competencia sobre la misma, pues sólo así podrá cumplirse el requisito impuesto por el artículo 28.4 de la Ley de Suelo, esto es, no afectar a servidumbre de uso público general».
En el presente expediente, el propio informe suscrito por el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar hace constar que «en relación a las construcciones existentes en la parcela 3076411YH1537N0001SJ, localizada en CL (…) Alicante/Alacant (Alicante), no precisa de autorización de este Organismo de cuenca, en tanto no pretenda llevar a cabo actuaciones que afecten al Dominio Público Hidráulico y/o a la zona de policía de un cauce público, en cuyo caso el titular de la misma deberá dirigirse a este Organismo de Cuenca, solicitando la correspondiente autorización», aclarando que las construcciones declaradas no precisan de autorización alguna, aunque serían autorizables y, por tanto, conformes a la normativa especial de dominio público hidráulico.
Por lo que de este modo queda acreditado en el presente caso que no existe obstáculo para la inscripción por la vía del artículo 28.4 de la Ley de Suelo desde el punto de vista de la normativa sectorial en materia de dominio público hidráulico.
Por tanto, el recurso ha de ser estimado y revocada la calificación registral.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 8 de febrero de 2023.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.