Categoría: Administración

Las comunicaciones de muy alta velocidad dan acceso a oportunidades económicas, culturales, sociales y personales, fomentan el surgimiento de nuevos modelos de negocio y de prosperidad y bienestar, siendo uno de los factores que ayudan a fijar la población, contribuyendo a vertebrar el territorio venciendo las distancias. Además, como se ha puesto de manifiesto durante la crisis de la COVID-19, la falta de acceso a estos servicios puede llegar a impedir la continuación de la actividad económica, las labores de enseñanza o el acceso a servicios médicos o sociales, entre otros, convirtiéndose en un nuevo factor de desigualdad.
A través de los distintos programas de ayudas para la extensión de la banda ancha se han realizado importantes progresos en la reducción de la brecha digital en España. Sin embargo, siguen existiendo determinadas zonas rurales remotas, dispersas y de baja densidad de población, que aún no disfrutan de una cobertura adecuada de servicios terrestres de banda ancha de alta velocidad, como pueda ser la población en diseminado, o zonas concretas de determinados núcleos donde los operadores no han realizado los despliegues de sus redes y no disponen de ofertas de servicios de banda ancha comparables a los que contrata la mayoría de la población.
En estas zonas los ciudadanos y empresas solo pueden acceder a servicios de acceso a banda de alta velocidad con un sobrecoste sobre los precios que abonan la mayoría de los usuarios. Adicionalmente, la disponibilidad por el usuario de servicios de acceso de banda ancha en estas ubicaciones tiene la barrera de entrada de tener que soportar costes asociados al alta tales como los vinculados a la adquisición de equipamiento de usuario, su instalación y puesta en funcionamiento, que son superiores a los de las ofertas que habitualmente contrata la mayoría de los usuarios en otras ubicaciones.
La mejor forma de superar estas barreras de entrada es ayudar a reducir el coste de estos servicios, financiando al tiempo los costes asociados al alta, permitiendo que los ciudadanos y empresas de estas zonas no se vean perjudicados por tener que afrontar costes superiores a los habituales en ofertas disponibles para la mayoría de los usuarios de otras zonas.
La Agenda España Digital 2025 plantea un objetivo transversal fuertemente alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030: el uso de la conectividad y la digitalización como herramientas que contribuyan de forma considerable a cerrar las diferentes brechas digitales existentes. El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios (en adelante, Plan para la Conectividad), aprobado por el Consejo de Ministros el día 1 de diciembre de 2020, da respuesta al primero de los objetivos de la estrategia «España Digital 2025»: garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, fijándose como meta para el año 2025 que el 100 por ciento de la población tenga cobertura de al menos 100 Mbps.
La magnitud de la crisis económica, social y sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 ha exigido una respuesta común a escala europea que se ha materializado con la puesta en marcha del nuevo Fondo de Recuperación «Next Generation EU», cuyo objeto es contribuir al proceso de recuperación de las economías de la Unión a partir de 2021. Dentro de este Fondo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes.
Con el fin de canalizar estas inversiones, contribuyendo a una recuperación sólida y sostenible de la economía española, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021, traza la agenda para la modernización de la economía española haciendo uso de los recursos económicos que provendrán de este Fondo.
Con el objeto facilitar el diseño y la ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, así como la implementación del Plan, mediante Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se han aprobado medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
Dentro de las diez políticas palanca que contempla el PRTR, una de las treinta líneas de acción que se identifican es la componente 15 (Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G), que tiene entre sus objetivos el impulso a la trasformación digital, apostando porque el 100 por ciento de la población disponga de una conectividad adecuada, promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.
En línea con el citado Plan para la Conectividad, la componente 15 del PRTR contempla la inversión C15.I1 «Favorecer la vertebración territorial mediante el despliegue de redes: Extensión de banda ancha ultrarrápida», dentro de la que se prevé como una de las actuaciones del #Hito CID 236 (Council Implementing Decision) el establecimiento de proyectos específicos para zonas rurales remotas, en las que se garantizará al menos una velocidad de 100 Mbps y contribuye al.#Hito CID 237 que corresponde a la finalización de los proyectos anteriormente citados.
Por último, la disposición adicional trigésima de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, relativa a la universalización del acceso a internet a una velocidad mínima de 100 Mbit por segundo, establece que el Gobierno desarrollará las medidas adecuadas que tengan como objetivo lograr en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley la universalización del acceso a internet de banda ancha a una velocidad mínima de 100 Mbit por segundo en sentido descendente y, adicionalmente, que dicho acceso se produzca a unos precios asequibles para los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica, en aras de impulsar la cohesión social y territorial mediante el despliegue de las más modernas redes de telecomunicaciones que posibilite el acceso de los ciudadanos a los más diversos y necesarios servicios, cada vez más básicos y esenciales, que se prestan a través de estas redes, como el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, y con ello fortalecer la vertebración social y territorial, coadyuvando al objetivo de afrontar el reto demográfico y de ayudar a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la despoblación rural.
Por todo ello, esta Orden tiene por objetivo contribuir al cumplimiento de la meta de alcanzar al 100 por ciento de la población con capacidades de transmisión de al menos 100 Mbps mediante la regulación y convocatoria de subvenciones destinadas a proporcionar en el período 2023 a 2027 un servicio asequible de al menos 100 Mbps en sentido descendente a clientes ubicados en zonas geográficas de todo el territorio nacional en las que aún no exista cobertura con tecnología terrestre fija a 50 Mbps. Estas zonas se revisarán con una frecuencia anual mínima, de modo que a medida que avance el despliegue de redes el número de zonas elegibles se irá reduciendo progresivamente.
Por ello, el objeto de esta orden consiste en el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la prestación al usuario final de un servicio asequible de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija, principalmente en zonas rurales remotas, dispersas y de baja densidad de población, así como para cubrir los gastos directamente relacionados con el alta de usuarios finales para acceder a dicho servicio, que comprende la adquisición de equipamiento de usuario, su instalación y puesta en funcionamiento, a partir de la configuración de un servicio de capacidad de transmisión.
A tal efecto, se subvencionan, con fondos provenientes del PRTR, la prestación de un servicio de capacidad de transmisión mediante la configuración de una plataforma con recursos de red y con las condiciones técnicas requeridas y a un precio máximo fijado, y por otro, los costes adicionales vinculados al alta del servicio de acceso a banda ancha, como el coste de instalación.
Los criterios de valoración para la elección del beneficiario se centran, entre otros, en la mayor velocidad de transmisión ofrecida o en la menor cuantía de ayuda, y son plenamente respetuosos con el principio de neutralidad tecnológica, sin excluir ninguna tecnología potencial, siendo posible presentar solicitudes con propuestas híbridas en términos de tecnologías y/o número de proveedores involucrados.
Por su parte, la subvención de los costes vinculados al alta del servicio estará asociada a la firma del contrato de cada usuario final con el operador que preste servicios al usuario final de que se trate.
Las subvenciones a otorgar mediante la presente orden se califican como ayuda de estado al concurrir los cuatro requisitos previstos en el artículo 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: la medida (i) supone una transferencia de recursos públicos (en el marco del PRTR) que (ii) confiere una ventaja a empresas (iii) de manera discrecional disponible para un número limitado de operadores de telecomunicaciones y que (iv) afecta a la competencia en el mercado interior en este sector.
En la elaboración y tramitación de esta orden se ha tenido en cuenta que deberá asegurarse el cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio Do No Significant Harm–DNSH), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De acuerdo con dicha normativa, la inversión C15.I1 tiene un coeficiente de contribución digital del 100 % y un 0 % de contribución climática.
También la norma atiende a la obligación del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 de evitar el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación. En particular, resulta de aplicación el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ámbito del PRTR, elaborado siguiendo el documento de Orientaciones para el refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Asimismo, en la elaboración y tramitación de esta orden, que se dicta de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su desarrollo por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, respecto al principio de necesidad, las ayudas resultan imprescindibles para garantizar una conectividad adecuada a ciudadanos y empresas ubicados en zonas rurales remotas donde no existe otra alternativa asequible, favoreciendo con ello la cohesión social y territorial del Estado. En referencia al principio de proporcionalidad, debe señalarse que las ayudas se otorgan como solución temporal de último recurso realizándose una revisión de zonas con una frecuencia anual mínima, en función de la cobertura que se alcance progresivamente con otras tecnologías.
Esta orden garantiza la seguridad jurídica, ya que resulta acorde con el resto de normativa nacional y con el marco normativo comunitario en la materia. La norma ha sido pre notificada a la Comisión Europea el día 28 de abril de 2022. Tras la fase de pre- notificación, se ha procedido a la notificación a la Comisión Europea el día 4 de agosto de 2022, de modo que las ayudas no serán concedidas hasta que no se reciba la declaración de conformidad o de no formulación de observaciones por parte de la Comisión Europea, como establece el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La norma cumple con el principio de transparencia y con el principio de asociación y gobernanza en varios niveles, ya que en su elaboración se ha facilitado la participación a operadores, empresas, industrias, asociaciones sectoriales, administraciones públicas, fabricantes, ciudadanos y agentes interesados, a través de la pertinente consulta pública. Además, define claramente sus objetivos y establece su régimen de publicación. Asimismo, la información relativa a esta actuación se pone a disposición de los interesados en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Se encuentra asimismo acreditado el principio de eficiencia dado que esta iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. La utilización de un mecanismo de asignación basado en un proceso competitivo maximiza asimismo la eficiencia de la medida, haciendo uso para ello del mínimo de recursos públicos.
En atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los fondos europeos «Next Generation EU» y de conformidad con el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta orden incorpora la convocatoria de las ayudas financiadas con dicho Plan.
Por último, se señala que el presente programa de ayudas UNICO Demanda Rural está incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para el periodo 2022-2023.
En la tramitación de esta orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se ha recabado el informe de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado prevista por el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones.
En su virtud, dispongo:
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de cuatro ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la prestación al usuario final de un servicio asequible de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija, principalmente en zonas rurales remotas, dispersas y de baja densidad de población, así como para cubrir los gastos directamente relacionados con el alta de usuarios finales para acceder a dicho servicio, que comprende la adquisición de equipamiento de usuario, su instalación y puesta en funcionamiento, a partir de la configuración de un servicio de capacidad de transmisión (Programa ÚNICO Demanda Rural).
2. Las actuaciones contempladas en esta orden están destinadas a las zonas geográficas a las que se refiere el artículo 6 en las que se ha identificado que no existe cobertura de conexión de banda ancha adecuada con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija, que son principalmente las correspondientes a zonas rurales remotas, dispersas y de baja densidad de población.
3. Las cuatro subvenciones a conceder tienen como finalidad permitir la contratación por parte de los usuarios finales, principalmente ubicados en las zonas rurales, remotas, dispersas y de baja densidad de población a las que se refiere el apartado anterior, de un servicio de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija a un precio asequible, cubriendo, en su caso, los gastos directamente relacionados con el alta de usuarios finales para acceder a dicho servicio, que comprende la adquisición de equipamiento de usuario, su instalación y puesta en funcionamiento, con independencia de la tecnología empleada.
4. Las actuaciones contempladas en la presente Orden respetan el principio de neutralidad tecnológica, de manera que no se favorece a ninguna tecnología en particular.
5. Las ayudas reguladas por la presente orden serán objeto de financiación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y tienen por finalidad la ejecución parcial de la inversión C15.I1 «Extensión de la banda ancha ultrarrápida» de la componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incluye la ejecución de acciones destinadas a proporcionar conectividad ultrarrápida de banda ancha en zonas rurales remotas de al menos 100 Mbps (Programa UNICO-Demanda Rural).
1. En todo lo no expresamente previsto en esta orden, serán de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley. Igualmente será de aplicación lo previsto en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
También será de aplicación la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.
2. Será también de aplicación la normativa correspondiente a la gestión, seguimiento y control de las actuaciones incluidas en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera otras disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y el PRTR. En particular, será de aplicación el Reglamento Delegado (UE) 2021/2106 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante el establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia. Asimismo, también será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. En la aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principio Do No Significant Harm–DNSH), se estará a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y se respetará la normativa medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio de «no causar daño significativo». En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
4. Con respecto al etiquetado verde y digital, conforme con el anexo VII del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la actuación regulada en esta Orden, englobada en la inversión I1 del componente C15, contribuye en un 100 por ciento a la consecución del objetivo global para la transición digital del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y en un 0 por ciento al objetivo de transición verde.
1. El ámbito material de las ayudas se circunscribe a la prestación al usuario final de un servicio de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija, en zonas geográficas de todo el territorio nacional en las que se ha identificado que no existe cobertura adecuada de conexión con tecnología terrestre fija de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente.
2. De acuerdo con lo anterior, serán susceptibles de obtener subvención todas las actuaciones necesarias para:
a) Configurar una plataforma de recursos de red necesarios para garantizar la prestación de un servicio de capacidad de transmisión que permita a los operadores que presten servicios a los usuarios finales ofrecer a los usuarios finales velocidades mínimas de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente en las zonas a las que se refiere el artículo 6, que permite disponer, entre otros aspectos, tanto de la capacidad de transmisión, los puntos de interconexión y la provisión de servicios y facturación.
b) Llevar a cabo el alta de usuarios finales para acceder al servicio de acceso de conexión a banda ancha, según se prevé en el artículo 12, cubriendo los gastos directamente relacionados con la adquisición de equipamiento de usuario, su instalación y puesta en funcionamiento, con independencia de la tecnología empleada.
1. El ámbito temporal de los gastos financiables de ayudas reguladas en la presente orden será hasta el 31 de diciembre de 2025.
2. Las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por estas bases y por la convocatoria incluida en el capítulo II, hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes.
El ámbito geográfico de las actuaciones subvencionables al amparo de esta orden es la totalidad del territorio nacional, de acuerdo con la identificación de zonas elegibles que se regula en el artículo 6.
1. Tras la elaboración de un mapa detallado de cobertura y la realización de una consulta pública, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales identificará y publicará las zonas elegibles para la convocatoria de ayudas incluida en el capítulo II, que se corresponderán con zonas que no dispongan de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente.
2. La relación de zonas elegibles será revisada y actualizada con una frecuencia anual mínima, excluyéndose como zonas elegibles las siguientes zonas:
a) zonas en las que, en virtud de la consulta pública y el mapa detallado de cobertura a que se refiere el apartado anterior, se constate que disponen de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente,
b) zonas en las que, en virtud de la consulta pública y el mapa detallado de cobertura a que se refiere el apartado anterior, se constate que disponen de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente,
c) zonas en las que se constate que se comercializan con tecnología terrestre fija servicios de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija. Los operadores podrán comunicar en cualquier momento a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales que en una zona comercializan con tecnología terrestre fija servicios de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija a efecto de su exclusión como zona elegible.
En el supuesto de la letra a), no se excluirá la zona como elegible respecto del usuario final que ha celebrado un contrato y viene recibiendo el servicio de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija conforme a este programa de ayudas. En los supuestos de las letras b) y c), las zonas se excluirán como zonas eligibles, aun cuando exista un usuario final que ha celebrado un contrato y viene recibiendo el servicio de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde una ubicación fija conforme a este programa de ayudas, en cuyo caso, deberá procederse a modificar o resolver el contrato conforme a lo indicado en el artículo 12.12.
Una vez determinadas las zonas que se excluyen como zonas elegibles, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales se las comunicarán a los beneficiarios de estas ayudas para que, a su vez, se las puedan comunicar con carácter inmediato a los operadores que presten servicios de banda ancha a usuarios finales en virtud de este programa de ayudas con los que han llegado a acuerdos en virtud de lo establecido en el artículo 10.14. Esta comunicación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales se efectuará una vez realizada la consulta pública y el mapa detallado de cobertura en los supuestos de las letras a) y b), y cada tres meses en el supuesto de la letra c).
3. Las zonas elegibles se identificarán y publicarán como capas de zonas geográficas en formatos de ficheros de información geográfica abiertos, interoperables y de uso ampliamente extendido. Esta información se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
4. En el caso de que, una vez concedidas las ayudas, exista una discrepancia en la determinación de las zonas elegibles, dicha discrepancia será resuelta mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
5. Hasta que no se tenga disponible un listado de zonas que no dispongan de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente, las zonas elegibles son las zonas que no dispongan de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 30 Mbps en sentido descendente.
1. El importe máximo global de las ayudas a otorgar al amparo de esta Orden alcanzará la cuantía de 84.800.000 euros, con la siguiente distribución:
a) 44.800.000 euros con cargo íntegramente a fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, destinados para la financiación de una actuación plurianual consistente en la configuración de una plataforma de recursos de red que permita la prestación del servicio capacidad de transmisión al que se refiere el artículo 3.2.a), conforme a la siguiente distribución:
i. Importe de la ayuda que se libre en 2022: hasta un máximo de 23.700.000 euros, que financiarán los gastos del presupuesto del programa de 2022.
ii. Importe de la ayuda que se libre en 2023: hasta un máximo de 21.100.000 euros, que financiarán los gastos de presupuesto del programa de 2023, 2024 y 2025.
b) 40.000.000 euros destinados a sufragar el 100 por ciento del coste de alta de usuario final al que se refiere el artículo 3.2.b) con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, conforme a la siguiente distribución:
i. Importe de la ayuda que se libre en 2022: hasta un máximo de 15.000.000 euros, que financiarán los gastos del presupuesto del programa de 2022.
ii. Importe de la ayuda que se libre en 2023: hasta un máximo de 25.000.000 euros que financiarán los gastos del presupuesto del programa de 2023, 2024 y 2025.
2. Al preverse otorgar cuatro ayudas, los importes contemplados en el apartado anterior se reparten proporcionalmente entre las cuatro ayudas, de forma que el importe máximo a percibir por cada ayuda al amparo de esta Orden alcanzará la cuantía de 21.200.000 euros, con la siguiente distribución:
a) 11.200.000 euros con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y al capítulo 7, servicio 50, de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, destinados a la configuración de una plataforma de recursos de red que permita la prestación del servicio capacidad de transmisión al que se refiere el artículo 3.2.a), conforme a la siguiente distribución:
i. Importe de la ayuda que se libre en 2022: hasta un máximo de 5.925.000 euros, que financiarán los gastos del presupuesto del programa de 2022.
ii. Importe de la ayuda que se libre en 2023: hasta un máximo de 5.275.000 euros que financiarán los gastos del presupuesto del programa de 2023, 2024 y 2025.
b) 10.000.000 destinados a sufragar el 100 por ciento del coste de alta de usuario final al que se refiere el artículo 3.2.b) con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, conforme a la siguiente distribución:
i. Importe de la ayuda que se libre en 2022: hasta un máximo de 3.750.000 euros, para financiar los gastos del presupuesto del programa de 2022.
ii. Importe de la ayuda que se libre en 2023: hasta un máximo de 6.250.000 euros que financiarán los gastos del presupuesto del programa de 2023, 2024 y 2025.
3. Al no existir límite en el número de ayudas a solicitar y obtener por beneficiario, el importe máximo a percibir por cada ayuda es acumulable a las restantes ayudas reguladas en esta orden y, por tanto, el importe máximo global a percibir por cada beneficiario estará en función de las ayudas solicitadas conforme a las cuantías indicadas en los apartados anteriores.
4. La parte de la ayuda dirigida a financiar la configuración de la plataforma de recursos de red necesarios a la que se refiere el artículo 3.2.a) es una ayuda plurianual consistente en dos anualidades, una en el ejercicio corriente y otra en el inmediatamente siguiente, de pago por anticipado, sin necesidad de aportación de garantías, para permitir al beneficiario afrontar los gastos relativos a dicha plataforma. En concreto, se librará al beneficiario de manera anticipada tras la resolución de la convocatoria respecto a los gastos del presupuesto del programa de 2022 y en el ejercicio 2023 respecto a los gastos del presupuesto del programa de 2023, 2024 y 2025.
5. La parte de la ayuda dirigida a financiar el coste del alta de usuario final al que se refiere el artículo 3.2.b) es una ayuda plurianual consistente en dos anualidades, una en el ejercicio corriente y otra en el inmediatamente siguiente, de pago por anticipado, sin necesidad de aportación de garantías, para permitir al beneficiario afrontar los gastos relativos a estos costes. En concreto, se librará al beneficiario de manera anticipada tras la resolución de la convocatoria respecto a los gastos del presupuesto del programa de 2022 y en el ejercicio de 2023 respecto a los gastos del presupuesto del programa de 2023, 2024 y 2025.
6. En todo caso, no podrá realizarse el pago de la subvención cuando el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Para poder realizar el pago de la ayuda es necesario que el beneficiario haya dado de alta previamente, ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la cuenta bancaria en la que desee recibirlo. En caso de tener ya dado de alta varias cuentas, el pago de la ayuda se efectuará en una de las cuentas que la entidad beneficiaria tiene designadas en el Tesoro.
7. La cuantía de la subvención no podrá ser superior, en ningún caso, al coste de las actuaciones subvencionables a las que se refiere el artículo 3.2.
8. Las ayudas que se otorguen al amparo de esta orden no son compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.
1. Las ayudas se destinarán a financiar inversiones y gastos que estén directamente relacionados y sean necesarios para la realización de las actuaciones subvencionables previstas en el artículo 3.2, de acuerdo con la distribución prevista en el artículo 7, y que se materialicen en el período que se extiende desde la presentación de la solicitud de ayuda por parte del beneficiario hasta el 31 de diciembre de 2025.
2. Respecto de las inversiones y costes necesarios para la configuración de la plataforma a la que se refiere el artículo 3.2.a), se consideran inversiones y gastos susceptibles de ayuda, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 83 de su reglamento de desarrollo, los siguientes conceptos asociados al proyecto:
a) Contratación de la capacidad de transmisión.
b) Gastos vinculados a los puntos de interconexión, la prestación de servicios y la facturación.
c) Infraestructuras y obra civil, excluidos los bienes inmuebles.
d) Equipamiento y otros materiales.
e) Gastos comerciales, de marketing y publicidad para la captación de operadores que presten servicio a los usuarios finales y la comunicación general de las ayudas.
f) Coste directo vinculado a la gestión de las ayudas al alta de usuario final
g) Gastos de personal.
h) Gastos derivados de la elaboración del informe de auditor, mencionado en el artículo 27 de esta orden, y el de cualquier otro documento justificativo exigido, hasta el límite del uno por ciento del presupuesto financiable total, sin exceder los 10.000 euros.
3. Respecto de las inversiones y costes necesarios para el alta de usuarios finales a los que se refiere el artículo 3.2.b), es susceptible de ayuda el coste unitario máximo de 600 euros, incluyendo impuestos indirectos, con independencia de la tecnología empleada. Este coste incluye los gastos directamente relacionados con el alta de usuarios finales para acceder al servicio que comprende la adquisición de equipamiento de usuario, su instalación y puesta en funcionamiento, con independencia de la tecnología empleada. El equipamiento de usuario y los elementos accesorios que se instalen o desplieguen para facilitar su funcionamiento y operatividad son propiedad del usuario final, incluso una vez finalizado el programa de ayudas.
4. En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos (IVA e IGIC) cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
1. Podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. Asimismo, podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas las agrupaciones de empresas en las que al menos una de las empresas ostente dicha condición de operador y siempre que nombren a un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. En este caso, será de aplicación lo establecido en los artículos 11 y 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, supletoriamente, lo establecido en la normativa sobre contratación del sector público. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Cuando el operador que solicite las ayudas no disponga de la capacidad necesaria para la configuración de la plataforma de recursos de red a que hace referencia el artículo 3.2.a), deberá acreditar la suscripción de un acuerdo de intenciones o contrato con al menos un operador que disponga de dicha capacidad, a fin de dotarse de la capacidad de transmisión necesaria al efecto.
3. Los solicitantes deberán acreditar la suscripción de un acuerdo comercial con al menos uno de los operadores que quieran prestar el servicio al usuario final, debiendo dicho acuerdo contemplar los requisitos y condiciones que para la prestación del servicio al usuario final vienen establecidos en el artículo 12, considerándose que, en caso contrario, dicho acuerdo no es válido.
4. Los solicitantes deberán acreditar su solvencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 18, en los términos previstos en la convocatoria.
5. No podrán obtener la condición de beneficiario los solicitantes que se encontrasen incursos en alguna de las circunstancias que prohíben el acceso a dicha condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dichas prohibiciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
6. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, o las empresas que se encuentren en situación de crisis con arreglo a lo que establecen las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).
1. El beneficiario deberá cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las contenidas en esta orden, las que se determinen en la convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de la presente orden y de la convocatoria, dicte el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
De acuerdo con lo anterior, el beneficiario deberá cumplir con la normativa europea y nacional que les resulte aplicable, y en particular, con las obligaciones que se derivan del Reglamento del MRR, especialmente en materia de etiquetado climático y digital, principio de no causar daño significativo, evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción, no concurrencia de doble financiación, cumplimiento de la normativa en materia de ayudas de Estado, comunicación, publicación obligatoria, cuando corresponda, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones («BDNS») y/o en la Plataforma de Contratos del Sector Público («PLACSP») y transferencia de datos, entre otros.
En particular, el beneficiario garantizará el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio Do No Significant Harm–DNSH), definido en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación. En la convocatoria incluida en el capítulo II y en el anexo 3 se especifican los objetivos medioambientales y los requisitos que deberá garantizar el beneficiario. En base a ello, el beneficiario deberá prever mecanismos específicos de acreditación del cumplimiento del principio DNSH que aborden los riesgos específicos de la inversión, así como la obligatoriedad de presentar esa acreditación en caso de ser requerida y conservar la misma durante un plazo de diez años para su puesta a disposición de la Administración, en su caso.
2. El beneficiario deberá aceptar la concesión de la ayuda en los términos previstos en esta orden y en la convocatoria.
3. El beneficiario deberá asegurar que el servicio de capacidad de transmisión mediante la configuración de una plataforma de recursos de red necesarios a las que se refiere el artículo 3.2.a) garantiza el cumplimiento de las siguientes características respecto de cada contrato de servicio al usuario final que se contrate:
a) Velocidad mínima de transmisión de datos: 100 Mbps en sentido descendente y 5 Mbps en sentido ascendente.
b) Latencia media total: máximo 690 ms.
c) Precio máximo: 16,68 euros al mes por cada servicio al usuario final contratado, sin impuestos indirectos.
d) Garantía de continuidad del servicio del 95 por ciento en cualquier mes natural.
e) Prestación del servicio hasta el 31 de diciembre de 2027.
4. El beneficiario deberá publicar una oferta de referencia de prestación del servicio de capacidad de transmisión mediante la configuración de una plataforma de recursos de red necesarios a las que se refiere el artículo 3.2.a) en el plazo de un mes antes de su puesta en servicio.
La oferta de referencia deberá respetar las características establecidas en el apartado anterior e incluir, como mínimo, la descripción del servicio, el contrato tipo, los procedimientos de contratación y mantenimiento, los precios del servicio, acuerdos de nivel de servicio (ANS), requisitos de los equipos de cliente, relaciones del operador beneficiario con los operadores que prestan el servicio al usuario final, los puntos de interconexión con los operadores que prestan el servicio al usuario final, la capacidad de transmisión disponible y los plazos de provisión.
5. El beneficiario deberá iniciar la prestación del servicio de capacidad de transmisión mediante la configuración de una plataforma de recursos de red necesarios a las que se refiere el artículo 3.2.a) para cualquier operador que quiera prestar el servicio al usuario final en el plazo de seis meses a contar desde la resolución de la convocatoria.
6. El beneficiario deberá garantizar la prestación del servicio de capacidad de transmisión, para lo cual deberá tener dimensionada al afecto en cada momento la capacidad de la plataforma de recursos de red a la que se refiere el artículo 3.2.a) para que dicho servicio pueda ser provisto y todos los contratos suscritos por los operadores con los usuarios finales puedan ser cumplidos.
7. El beneficiario, con respeto a los principios de publicidad, igualdad, objetividad y no discriminación deberá aplicar la oferta de referencia y suscribir acuerdos con cualquier operador que quiera prestar el servicio a usuarios finales bajo las condiciones establecidas en la presente orden. Los acuerdos suscritos entre el beneficiario y los operadores que quieran prestar el servicio al usuario final deberán contemplar los requisitos y condiciones que para la prestación del servicio al usuario final vienen establecidos en el artículo 12, considerándose que, en caso contrario, no son válidos.
El operador beneficiario de la ayuda también podrá actuar como operador que presta servicios a usuarios finales, cumpliendo los requisitos y condiciones que para la prestación del servicio al usuario final vienen establecidos en el artículo 12, y, adicionalmente, bajo principios de estricta separación contable entre el servicio de capacidad de transmisión y el servicio al usuario final. El operador beneficiario de la ayuda únicamente podrá actuar como operador que presta servicios a usuarios finales transcurrido el plazo de un mes a contar desde que se inicie la prestación del servicio de capacidad de transmisión.
Los conflictos que surjan entre el beneficiario y los operadores que presten servicio al usuario final sobre la oferta de referencia, sobre los acuerdos suscritos o, en general, sobre cualquier asunto que derive de la aplicación directa de los términos establecidos en esta orden, serán resueltos por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
8. El beneficiario deberá mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable diferenciado que recoja adecuadamente todas las transacciones relacionadas con el proyecto. Asimismo, deberá disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como conservar las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago y de la aplicación de los fondos recibidos. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad del beneficiario y deberá conservarse en formato electrónico durante un plazo mínimo de diez años, de conformidad con el artículo 22.2.f) del Reglamento 2021/241, y con el artículo 132 del Reglamento Financiero de la UE. El beneficiario de la subvención tiene la obligación de someterse a los controles del Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea, la Comisión Europea y la Oficina Europea Anti-Fraude (OLAF).
9. El beneficiario deberá abonar al operador que preste servicios al usuario final el 100 por ciento de los costes asociados al alta de usuario final a la que se refiere el artículo 3.2.b), cuando los mismos hayan sido objeto de contratación por el usuario final y se haya aplicado por el operador la correspondiente deducción en la factura girada al usuario final, si bien estos costes no podrán ser superiores al coste unitario máximo de 600 euros, incluyendo impuestos indirectos, establecido en el artículo 8.3.
10. La aceptación de la ayuda conllevará el compromiso por parte del beneficiario de aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su propio ámbito de gestión, evitar doble financiación, falsificaciones de documentos, entre otras, así como la obligación de proporcionar información para la detección de posibles prácticas fraudulentas.
11. El beneficiario deberá cumplir con las siguientes obligaciones en materia de sede y de empleo:
a) Ejecutar la actividad o las actividades objeto de la subvención en centros de trabajo, tal y como se definen éstos en el artículo 1.5 de Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, situados en España.
b) Crear en España todo el empleo que sea necesario para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en España.
12. El beneficiario deberá contribuir a los objetivos de soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
13. Asimismo, el beneficiario deberá cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el artículo 27 y cualquier otra que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En concreto, la publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás normativa aplicable, así como también será de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada a los fondos «Next Generation EU».
14. El beneficiario deberá comunicar con carácter inmediato a los operadores que presten servicios de banda ancha a usuarios finales en virtud de este programa de ayudas con los que han llegado a acuerdos la relación de zonas que dejan de ser elegibles en los términos indicados en el artículo 6.2.b), porque en ellas, en virtud de la consulta pública y el mapa detallado de cobertura a que se refiere el citado artículo 6, se constate que disponen de cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 1