Categoría: Judicial

encomienda (por todas, STC 31/2018, de 10 de abril, FJ 7). Sin perjuicio de ello, hemos indicado también que ninguna reserva constitucional a la ley ha de entenderse en términos tales que impidiera, sin matices, toda remisión a ulteriores ordenaciones sobre asuntos de marcado carácter técnico [SSTC 160/2013, de 26 de septiembre, FJ 7 b), y 51/2019, de 11 de abril, FJ 7]. Y, en cuanto a la reserva de ley orgánica prevista en el art. 81.1 CE, hemos reiterado que ha de ser interpretada restrictivamente [así, desde la STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 21 a)]. Adicionalmente, y aunque el presente bloque de impugnaciones no se refiere a la habilitación a la administración para aprobar reglamentos, este tribunal ha señalado que, respecto de materias no constitutivas del núcleo de las asignadas a las leyes orgánicas por el art. 81.1 CE, pero conexas con él, es factible el desarrollo no solo por leyes ordinarias, sino incluso por normas reglamentarias, siempre que no se trate del desarrollo directo de un derecho fundamental y que las remisiones al reglamento no desvirtúen la finalidad que se persigue con aquellas reservas (SSTC 6/1982, de 22 de febrero; 131/2013, de 5 de junio, y 134/2013, de 6 de junio).
b) La queja relativa a la aprobación administrativa de protocolos de actuación para la valoración de la situación de incapacidad de hecho (párrafo segundo del art. 5.2 y disposición adicional sextain fine), que reitera en parte la realizada por los recurrentes en el bloque de impugnaciones específicas anterior, ha de ser desestimada por las razones que han quedado expuestas al examinar este último.
Como hemos indicado, los arts. 3 h) y 5.2 LORE definen con suficiente precisión el concepto de «situación de incapacidad de hecho»; situación que, a diferencia de lo que afirman los recurrentes, no lleva a prescindir del consentimiento de la persona, sino a constatar la imposibilidad actual de prestarlo. Los «protocolos de actuación» a que aluden los preceptos impugnados se refieren no a la definición de la situación de incapacidad de hecho, sino a la «valoración» de su concurrencia en el caso concreto por parte del médico responsable. Dicha valoración es una cuestión fáctica que requiere un examen técnico caso a caso y no una mayor concreción que la que hace aquí la Ley Orgánica, sin que sea tampoco concebible que el legislador, orgánico u ordinario, estuviera en condiciones de fijar pautas específicas de valoración técnica en este punto. No existe, por tanto, insuficiente determinación legislativa que pudiera llevar a constatar un vicio de falta de calidad de la ley, ni remisión en blanco alguna a la administración para regular elementos centrales de la prestación eutanásica.
c) Tampoco puede prosperar la impugnación de los preceptos que atribuyen a instancias administrativas la «homogeneiza[ción de] criterios e intercambi[o de] buenas prácticas en el desarrollo de la prestación de eutanasia en el Sistema Nacional de Salud» (art. 17.5) y la «elabora[ción de] un manual de buenas prácticas que sirva para orientar la correcta puesta en práctica de esta Ley» con la finalidad de «asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación de ayuda para morir» (primer párrafo de la disposición adicional sexta).
Al igual que sucede con el art. 5.2 LORE y con su disposición adicional sextain fine, es evidente que ninguno de estos preceptos encomienda a órganos administrativos la regulación de aspectos cubiertos por la reserva de ley (ni ordinaria ni orgánica), ni implica que la regulación contenida en la Ley Orgánica incurra en el vicio de «falta de calidad de la ley» que denuncia la demanda. Tanto el art. 17.5 LORE como el párrafo primero de su disposición adicional sexta se refieren a la aplicación del marco normativo previsto por el legislador orgánico: procuran, en «línea directa de ejecución» de la Ley Orgánica [STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 C) a)], que su aplicación se realice de manera armónica o concorde en todo el territorio nacional y no habilitan para el desarrollo, complemento o integración de la LORE en un plano normativo, lo que sería presupuesto para el examen de si, como se dice, la reserva de ley pudiera haber sufrido menoscabo. Siendo este el objeto de la disposición adicional sexta, es claro que no se encuentra cubierto por la reserva de ley orgánica del art. 81.1 CE –cosa sobre la que, además, nada argumenta la demanda–, lo que hace decaer la queja que se formula en este punto a la disposición final tercera de la LORE.
Basta con lo constatado para desestimar la censura de la que son objeto estos preceptos legales.
10. Impugnaciones específicas relativas al régimen de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
A) Preceptos impugnados.
El último bloque de pretensiones subsidiarias que formula la demanda se dirige contra la disposición final tercera (en relación con el art. 16.1) y contra el art. 16.2 LORE. Tales preceptos establecen lo siguiente:
La presente Ley tiene carácter de ley orgánica a excepción de los artículos 12, 16.1, 17 y 18, de las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, y de la disposición transitoria única, que revisten el carácter de ley ordinaria».
[…]
2. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal.»
Aunque no han sido objeto de impugnación específica, para examinar esta queja es necesario también tener en cuenta lo dispuesto en los arts. 3 f) y 16.1 LORE, como alegan respectivamente el abogado del Estado y los recurrentes. Su tenor literal es el siguiente:
A los efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por:
[…]
f) "Objeción de conciencia sanitaria": derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones.»
1. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia.
El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito.»
B) Posiciones de las partes.
a) Entiende la demanda, por una parte, que el rango de ley ordinaria que la disposición final tercera atribuye al art. 16.1 LORE es «manifiestamente inconstitucional por constituir la objeción de conciencia a la práctica de la eutanasia una parte esencial del ejercicio del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa» (art. 16.1 CE), lo que conllevaría «la preceptiva aplicación de todas las garantías […] que la Constitución establece para el desarrollo normativo de los derechos y libertades fundamentales, entre ellas, en lo que aquí interesa, que su contenido esencial y sus condiciones básicas se regulen mediante una ley orgánica» (art. 81.1 CE).
Frente a ello alega el abogado del Estado que el derecho a la objeción de conciencia deriva directamente de la Constitución (STC 53/1985) y viene enunciado en el art. 3 f) LORE, que tiene rango de ley orgánica, mientras que el art. 16.1 LORE no determina «elementos esenciales» para el ejercicio del derecho, sino que establece un «deber meramente formal» en orden a formular anticipadamente y por escrito la «intención» de objetar, pero «sin exigir una determinada anticipación que de no cumplirse implique una pérdida del derecho», por lo que «no entra dentro del alcance de la reserva de ley orgánica».
b) Por lo que se refiere, de otro lado, al art. 16.2 LORE, estiman los recurrentes que la regulación que establece del registro de objetores de conciencia es contraria a la Constitución porque: (i) condicionar la objeción a la inscripción registral supone «señalar a quienes objeten a la colaboración en la muerte de una persona», lo que no «es absolutamente ajeno al riesgo de discriminación y estigmatización»; (ii) la posición objetora no es definitiva («ya que puede cambiarse a lo largo del ejercicio profesional») ni absoluta («pues puede depender de casos concretos que motivan este planteamiento, mientras que otros casos no lo motivarían»), de modo que un registro de «concepción monolítica […] no se muestra como un instrumento realista en el que se acomode tan complejo tema profesional»; (iii) en todo caso, la obligatoriedad que impone a los profesionales sanitarios el art. 16.2 en orden a declarar previamente su condición «se opone» al art. 16.2 CE, que exime a cualquier persona de declarar sobre sus creencias; y (iv), en particular, el registro conculca el principio de proporcionalidad, pues no es adecuado (no habría «relación causal» entre la garantía de la prestación y la objeción de conciencia) ni necesario (pues existen otras medidas menos intensas, como pudiera ser un archivo interno, sin que tampoco se aprecie que exista una «necesidad extrema» de implantarlo, que «genera más impedimentos para el interés general que beneficios para los afectados y para la prestación del servicio de salud»). Ello con independencia de que «la objeción anticipada debe constar necesariamente en un registro existente a efectos organizativos de la administración sanitaria».
Alega de contrario el abogado del Estado que el «objetivo final» del registro (art. 16.2 LORE) es el de asegurar la prestación efectiva de la ayuda para morir, con la «única salvedad» respecto del apartado 1 de que «aquí está directamente implicada la protección del derecho fundamental a la intimidad y a la protección de datos personales» (art. 18 CE), lo que justificaría que el legislador le haya atribuido rango orgánico. Sin perjuicio de ello señala, en referencia a la queja relativa a la disposición final tercera, que el registro, en cuanto tal, no requiere ley orgánica (STC 151/2014), por lo que menos aún la exigiría la mera comunicación previa y por escrito para ejercer la objeción de conciencia. En todo caso, sostiene que estos requisitos no son desproporcionados, máxime cuando el ejercicio del derecho no se condiciona a que la declaración de objeción se haya inscrito antes en el registro, lo que se habría reconocido por elManual de buenas prácticas en eutanasiaaprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (en el que se indicaría que las administraciones sanitarias deben aceptar las objeciones no inscritas y se admitiría tanto la objeción «sobrevenida» como la reversibilidad de la decisión).
C) Enjuiciamiento.
a) El examen de este último bloque de impugnaciones ha de partir de la configuración constitucional de la objeción de conciencia.
La Constitución se refiere de manera expresa a ella únicamente como exención a las «obligaciones militares de los españoles» y al cumplimiento del posible «servicio militar obligatorio» (art. 30.2 CE), ámbitos estos en los que se muestra en conexión, según tempranamente advirtió este tribunal, con la libertad ideológica que garantiza el art. 16.1 CE (STC 15/1982, de 23 de abril, FJ 6). Más allá de lo prescrito en aquel primer precepto constitucional, el art. 16.1 CE «por sí mismo, no sería suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales o "subconstitucionales" por motivos de conciencia, con el riesgo anejo de relativizar los mandatos jurídicos» (SSTC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 3; 321/1994, de 28 de noviembre, FJ 4, y 55/1996, de 28 de marzo, FJ 5, así como el ATC 135/2000, de 8 de junio, FJ 2).
No obstante, el legislador no debe ignorar o desdeñar, a la hora de regular determinadas materias, la posibilidad de que la imposición incondicionada de ciertas obligaciones pudiera llegar a comprometer gravemente la libertad de conciencia de algunas de las personas concernidas, al colocarlas ante la encrucijada excepcional de renunciar a convicciones morales racionalmente argumentables, aunque no compartidas por la mayoría, o sufrir, por ser con ellas consecuentes, la sanción que fuera aparejada al incumplimiento de un deber legal. En este sentido, y solo en él, se ha de entender la apreciación que el Tribunal hizo en su día, ante el silencio de una regulación legal concreta, en orden a que la objeción de conciencia «forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa» (STC 53/1985, FJ 14).
De lo anterior se sigue que en modo alguno existe en nuestro ordenamiento, sobre la base del art. 16.1 CE, un genérico derecho fundamental a sustraerse, alegando imperativos de conciencia, a cualesquiera deberes jurídicos, lo que constituiría un inconcebible, por absurdo, poder de veto individual frente a la legislación y «la negación misma de la idea del Estado» (STC 161/1987, de 27 de octubre, FJ 3). Cuestión distinta es que el legislador pueda o, incluso en algunos casos deba, reconocer el carácter moralmente controvertido de ciertas decisiones normativas sobre asuntos vitales y permitir entonces, con las debidas garantías para el interés general, que el individuo inicialmente obligado llegue a quedar exento de cumplir con un mandato no conciliable con sus más arraigadas convicciones. En tales hipótesis, la libertad de conciencia podría quedar comprometida si el legislador hubiera desconsiderado por entero, contra toda razón, tales situaciones de conflicto o compromiso personal extremo, siempre que tuvieran suficiente arraigo cultural y si las garantías que al efecto hubiera predispuesto fueran ignoradas mediante actos o resoluciones singulares, eventualidades ante las que los remedios jurisdiccionales en protección del derecho fundamental enunciado en el art. 16.1 CE quedarían sin duda plenamente abiertos. No existe, en suma, tal derecho general o indeterminado a la objeción de conciencia, pero son concebibles casos en que proceda la defensa jurisdiccional de la libertad de conciencia ante la plena ignorancia por la ley de una objeción que debió haberse considerado por el legislador o frente a quien aplicó la legalidad sin respetar sus disposiciones en garantía de quien pudiera llegar a declarase objetor.
b) El Tribunal no comparte la censura de inconstitucionalidad formulada contra el carácter de ley ordinaria que al art. 16.1 de la Ley Orgánica atribuye la disposición final tercera de la LORE.
Que la objeción de conciencia a realizar la prestación eutanásica (art. 16.1, segundo párrafo) pudiera llegar a ser invocada en juicio, al amparo del derecho enunciado en el art. 16.1 CE, no supone que sea en sí misma un derecho fundamental para cuyo desarrollo, en los términos del art. 81.1 CE, se exija ley orgánica. Una cosa es la cuestión del régimen de garantías procesales cuando determinado argumento objetor entronque en la libertad de conciencia y otra, distinta, la del tipo de fuente normativa llamada, en su caso, a prever y regular una concreta objeción cuando concurran las hipótesis recién consideradas. Ante la confusión de ambos planos en que la demanda incurre basta con remitirse a la reiterada jurisprudencia constitucional que ha negado, incluso, tal reserva de ley para la regulación de la única forma de objeción constitucionalmente prevista, la contemplada en el art. 30.2 CE, y ello sobre la base, junto a otras consideraciones, de que el desarrollo al que se refiere el art. 81.1 CE es, estrictamente, el de los derechos comprendidos en la sección primera del capítulo segundo del título I de la propia Constitución (SSTC 160/1987 y 161/1987, FJ 2 de una y otra). No obstante, cabe añadir que la definición de la «objeción de conciencia sanitaria» como derecho individual de los profesionales a no atender aquellas demandas de actuación eutanásicas que resulten incompatibles con sus propias convicciones tiene carácter de ley orgánica en el art. 3 f) LORE.
c) Tampoco la previsión de que las administraciones sanitarias habrán de crear un registro de profesionales sanitarios objetores merece los reproches de inconstitucionalidad que los recurrentes formulan.
Hay que aclarar que la inscripción en el registro no condiciona el ejercicio de la objeción de conciencia, pues para que sea eficaz basta con que se manifieste «anticipadamente y por escrito» (párrafo segundo del art. 16.1 LORE). Tampoco puede el Tribunal discutir las calificaciones del registro como «de concepción monolítica» o de «instrumento [no] realista», crítica que viene a ser más propia de un debate parlamentario.
La previsión de estos registros tiene una finalidad objetiva en absoluto reprobable en derecho, como es la de «facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir» (art. 16.2), garantía que se encomienda a los servicios públicos de salud (art. 13.2), sin que el acceso y la calidad asistencial puedan resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria (art. 14). No carece de sentido, a estos efectos, el que las administraciones sanitarias deban conocer con qué profesionales no se cuenta, de principio, para implicarse directamente en la realización de la prestación (art. 16.1, párrafo primero). Vale recordar que la LORE, como era obligado, se ha cuidado de asegurar que «[e]l registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal» (último inciso del art. 16.2).
No puede compartirse, en fin, la afirmación de los recurrentes de que el registro y la inscripción en el mismo de las declaraciones de objeción no se compadecen con la previsión constitucional de que «[n]adie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias» (art. 16.2 CE), reproche que, si se estuviera a la tesis de la demanda, también cabría oponer –con igual falta de razón– contra la inexcusable manifestación por escrito de la decisión de objetar (párrafo segundo del art. 16.1, no impugnado). El ejercicio de la objeción de conciencia «no puede, por definición, permanecer en "a esfera íntima del sujeto, pues trae causa [de] la exención del cumplimiento de un deber y, en consecuencia, el objetor ‘ha de prestar la necesaria colaboración si quiere que su derecho sea efectivo para facilitar la tarea de los poderes públicos en ese sentido […], colaboración que ya comienza, en principio, por la renuncia del titular del derecho a mantenerlo –frente a la coacción externa– en la intimidad personal, en cuanto nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias (art. 16.2 CE)"» (STC 160/1987, FJ 4, en pasaje reiterado por la STC 151/2014, FJ 5). Cabe trasladar aquí alguna de las conclusiones sentadas por la última de las sentencias citadas ante controversia distinta aunque en este punto análoga a la actual: «La creación de un registro autonómico de profesionales […] con la finalidad de que la administración autonómica conozca, a efectos organizativos y para una adecuada gestión de dicha prestación sanitaria, quiénes en ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia rechazan realizar tal práctica […] no implica,per se,un límite al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia […] ni un sacrificio desproporcionado e injustificado de los derechos a la libertad ideológica e intimidad, sin que pueda afirmarse […] que con el mismo se persigue disponer de una lista de objetores con la finalidad de discriminarlos y represaliarlos [«riesgo de discriminación y estigmatización», en expresión menos extrema de la actual demanda], pues esta es una afirmación sin base jurídica alguna y en la que no se puede fundar una queja de inconstitucionalidad».
Es por lo que se desestiman estas últimas pretensiones de inconstitucionalidad.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de inconstitucionalidad formulado contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Inmaculada Ferrer Gutiérrez.–Ricardo Enríquez Cruz.–María Luisa Pastor Fernández Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Castillo Espejel Jorquera.–María Rivera Moreno Astaburuaga.–César Castro Mendoza.–Juan Carlos Campo Moreno.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.
Con el mayor respeto al criterio reflejado en la sentencia a que se refiere el encabezamiento, creo necesario formular este voto, en ejercicio de la facultad prevista en el art. 90.2 LOTC, para dejar constancia de algunos de los argumentos que expuse en la deliberación del Pleno y que no encuentran desarrollo suficiente en la fundamentación jurídica que conduce a la desestimación del recurso de inconstitucionalidad, fallo desestimatorio con el que estoy completamente de acuerdo.
La duda esencial de constitucionalidad que se alza frente a la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, confronta esta norma con el derecho a la vida consagrado en el art. 15 CE y con los deberes de protección de la vida exigidos al Estado y derivados de los arts. 43, 49 y 50 CE. Para superar la oposición denunciada, la sentencia desarrolla su argumento principal en dos niveles. El primero niega el valor absoluto de la vida como derecho, tal y como venía sosteniendo la jurisprudencia previa, y rechaza que se pueda derivar del art. 15 CE la prohibición de regular el tipo de eutanasia activa directa y de suicidio médicamente asistido, que regula la Ley Orgánica 3/2021. El segundo nivel construye el soporte constitucional de la concreta opción legislativa recurrida, vinculando el derecho subjetivo a la eutanasia pasiva y al suicidio médicamente asistido en los supuestos previstos en la ley, con el derecho fundamental a la integridad física y moral, que también se recoge en el art. 15 CE. Por tanto, la fundamentación jurídica de la sentencia gira, principalmente, en torno a la reconstrucción interpretativa del alcance del art. 15 de la Constitución, sirviéndose auxiliarmente para formular esa reconstrucción de los arts. 1.1 y 10.1 CE, y muy tangencialmente del art. 18 CE.
A mi juicio, la sentencia debería haber optado por centrar el debate no tanto en torno al contenido y alcance del art. 15 CE, o a la cuestión de si ese precepto contiene o no un derecho fundamental a la muerte digna, sino en relación con el contenido que debe atribuirse, en el momento constitucional presente, a la noción de dignidad humana que contempla el art. 10.1 CE. Dicho de otro modo, la sentencia podría haber contextualizado el doble argumento que conduce a la desestimación del recurso de inconstitucionalidad asumiendo que la capacidad de decidir sobre el modo en que una persona adulta, libre, consciente y suficientemente informada pone fin a su proceso vital, deriva de manera directa de la proclamación de la dignidad de la persona como fundamento del orden político en el que se enmarca el reconocimiento, promoción y garantía de los derechos de la persona. Una construcción dogmática con ese vínculo constitucional hubiera facilitado al futuro intérprete y al legislador futuro un sustento más sólido para conformar un derecho a la muerte digna de perfiles más amplios que los que ahora contempla la ley, y que limita la eutanasia y la asistencia al suicidio en los denominados «contextos eutanásicos», que ni mucho menos comprenden todas las situaciones vitales en que una persona puede decidir poner fin a su vida en condiciones dignas y no violentas o degradantes.
El esfuerzo argumental de la sentencia se centra en negar que la vida, entendida como valor absoluto y como bien constitucional objetivo, pueda ser un límite infranqueable a la decisión legislativa de despenalizar el apoyo a la eutanasia o al suicidio asistido. Este esfuerzo se justifica desde el análisis de los planteamientos de la demanda, a los que, sin duda, el Tribunal debe dar respuesta. Pero la sentencia también podría haber respondido identificando de forma expresa el sesgo ético y moral que sostiene el planteamiento de parte y que también sustenta en buena medida los precedentes jurisprudenciales que se citan, aunque sea para terminar apartándose de ellos porque no resultan adecuados para la resolución de las dudas de constitucionalidad que en este proceso se plantean. Ese sesgo fundamenta los conceptos de vida, persona y dignidad en la conexión de estos con realidades trascendentes y, por tanto, externas al propio ser humano. Unas realidades que condicionan la visión sobre la capacidad de autodeterminar el principio y el fin de la vida, porque asumen que esa capacidad viene limitada por condiciones previas, naturales, intangibles y fuera del control humano. Pero el proceso de secularización que se inicia con la modernidad tiene como uno de sus objetivos fundamentar los conceptos de vida, dignidad y persona en las ideas genéricas de racionalidad y humanidad, siendo estas dos condiciones las que determinan la pertenencia a la comunidad política y la condición de titularidad de los derechos.
La aproximación a los arts. 10.1 y 15 CE, hasta este momento, se ha visto marcada por una secularización interpretativa inacabada, y esta sentencia daba la ocasión al Tribunal para culminar ese proceso, desvinculándose de la idea de que la disponibilidad de la propia vida queda fuera del ámbito jurídico; de la negativa rotunda a entender que la muerte puede formar parte del reconocimiento del derecho a la vida; o de la concepción de la vida como presupuesto indiscutido del ejercicio de derechos, sin completar esta afirmación con la certeza de que la existencia biológica sin existencia racional y consciente no puede ser explicada como condición del pleno ejercicio de derechos humanos.
Cuando Michel Foucault acuñó el concepto de biopoder, hace más de cuarenta años, intentaba explicar cómo el Estado, a partir del siglo XVIII racionaliza los problemas que plantean fenómenos como la salud, la higiene, la natalidad, la longevidad, la raza, etc., en la práctica gubernamental (Naissance de la biopolitique, 1979). Foucault nos explica cómo el Estado, en un momento dado, comienza a enfrentarse a problemas como los del hábitat, las condiciones de vida en una ciudad, la higiene pública, la modificación de la relación entre la natalidad y la mortalidad, y surgen entonces un buen número de cuestiones políticas sobre cómo regular los flujos de población o los movimientos de población, siendo que la respuesta a estas cuestiones, desde el poder, supone que la vida, y el cuerpo que le da sustento, se convierten en un objeto sobre el que se ejerce poder, esto es, en objeto político.
Por tanto, el Estado ejerce poder sobre los ciudadanos y ciudadanas, entendidos no solo como sujetos de derecho, sino como seres vivos, con una serie de condicionantes biológicos, a través de la capacidad del derecho y de las instituciones para gestionar la vida de las personas, y la forma en que esa vida surge, crece, se organiza, produce y termina. El sistema jurídico define la norma como patrón de comportamiento y como regla de conducta obligada, y la persona se adapta a la norma o queda extramuros del sistema.
La cuestión adicional, a la que no se refiere expresamente Foucault pero que identificamos claramente en los ordenamientos jurídicos occidentales, incluso a día de hoy, es que en la definición de la norma patrón se identifican con facilidad sesgos morales, éticos y, esencialmente, religiosos cuando nos referimos al control de lo material, de la vida humana entendida biológicamente.
En las últimas décadas, muchos Estados occidentales, entre ellos el nuestro, han optado por reducir el ámbito del biopoder que ejercen sobre la ciudadanía, siendo el instrumento más eficaz la despenalización de conductas que traducían diversas formas de control sobre el cuerpo, desde la despenalización de distintas formas de anticoncepción, pasando por la despenalización progresiva de la interrupción voluntaria del embarazo, para llegar a la despenalización de conductas relacionadas con el acompañamiento en el proceso de finalización de la vida, primero con la regulación de los cuidados paliativos, para avanzar sucesivamente hacia la despenalización de la eutanasia activa directa y la asistencia al suicidio en determinados contextos. Esta liberación de espacios ha ido en paralelo al progresivo refuerzo de la laicidad del Estado que, en el contexto español, no se proclama de forma expresa en la Constitución, limitándose esta a negar carácter estatal a ninguna confesión (art. 16.3 CE).
El principio que permite sostener la pérdida de espacios de poder estatal en este contexto es el reconocimiento de la dignidad humana, que sobrepone la capacidad de determinación individual sobre la propia vida a la facultad del Estado para ejercer control sobre concretas opciones vitales. Un principio de dignidad que, además, va liberándose de condicionantes religiosos para asumir un contenido cada vez más laico.
Si bien la sentencia describe la evolución normativa y jurisprudencial en torno a la despenalización de la asistencia al final de la vida, para concluir que una interpretación contextual, evolutiva y contemporánea del derecho a la vida debe contemplar también las decisiones sobre cómo, en determinados contextos y solo en esos contextos, la vida debe llegar a su fin, echo en falta una reflexión sobre el cambio de paradigma que sustenta esa evolución normativa y jurisprudencial. Y ese cambio, que nos permite formular la interpretación que la sentencia contiene, vinculando el derecho a una muerte digna con el derecho a una vida digna, a la autodeterminación sobre el propio cuerpo, y a la garantía de la integridad física y moral, pasa por comprender cómo la racionalidad política contemporánea va cediendo el poder sobre los cuerpos de los individuos a la autonomía individual, que se construye, cada vez más, sobre parámetros alejados de los límites y condicionantes dados por la religión y la moral tradicionales.
Por eso, cuando la sentencia reproduce jurisprudencia previa, en la que se definía la dignidad como «valor espiritual y moral inherente a la persona» (con cita de la STC 53/1985), no está asumiendo de forma total ni el cambio de paradigma normativo, ni el cambio de paradigma analítico que debiera permitir definir de forma más completa y consecuente el concepto de dignidad que recoge el art. 10.1 CE.
La sentencia acude a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad como principios de mención recurrente, casi como criterio de autoridad constitucional, afirmando que el art. 15 CE comprende un derecho a la autodeterminación relativa a la propia vida, que incluye la decisión de terminar con ella cuando se dan unas circunstancias muy precisas, porque así se deriva del reconocimiento del principio de dignidad (art. 10.1 CE) en conjunción con el principio de libertad (art. 1.1 CE).
Pero la insistente mención no termina de dar contenido a la noción de dignidad que realmente sostiene el derecho a una muerte digna. El salto lógico que va entre negar que el art. 15 CE comprenda un derecho a morir, y reconocer el derecho a recibir ayuda del Estado, a través del sistema sanitario, para poner fin a la vida cuando ello supone expresión del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), no puede hacerse sin asumir que es la dignidad el elemento determinante del reconocimiento de esa dimensión del derecho fundamental que, hasta ahora, no había recibido reconocimiento jurisprudencial expreso.
La noción constitucionalizada del principio de dignidad podría servir tanto para negar la intervención del Estado en la decisión de poner fin a la vida propia, como para sostener la necesaria intervención del Estado en la materialización de esa decisión. Una idea de dignidad de contenido abierto no es bastante para dar cobertura a la construcción teórica formulada por la sentencia. Por eso hubiera sido necesario concretar el contenido del principio del que es posible derivar obligaciones positivas del Estado, de contenido asistencial o prestacional, así como la prohibición de introducir límites desproporcionados a la plena efectividad del principio. Un ejemplo de ese tipo de límites viene dado por la fijación de los plazos para hacer efectiva la decisión de morir. A este respecto creo que cabe hacer hincapié en que cuando una persona ha decidido que quiere poner fin a su vida (con todo lo que eso significa) alargar en exceso los plazos supone una contravención del propio art. 15 CE, y de los arts. 2 y 3 CEDH, por cuanto puede ser entendida como un trato degradante o un padecimiento inhumano.
La dignidad es reconocida como un concepto constitucional determinante que incorporan, junto con la noción de autonomía, todas las Constituciones de la segunda posguerra mundial para superar el binomio liberal libertad-propiedad que no había sido capaz de evitar las graves lesiones de derechos acaecidas en toda Europa en la primera mitad del siglo XX. Pero a pesar de esa innovación fundamental, no se le ha dado hasta la fecha el alcance que podría haber asumido, porque se le ha considerado como un principio meramente instrumental. De hecho, así funciona en la sentencia, como principio instrumental a la hora de interpretar el alcance del derecho a la integridad física y moral.
Ahora bien, si entendemos la noción de dignidad como un principio jurídico autónomo vinculado a la necesidad de hacer intangible a la persona humana, siempre y en todo caso, frente a quienes detentan el poder, es posible inscribir esta noción dentro de la deconstrucción progresiva del biopoder, y es posible justificar que el Estado debe dejar de tener un control sobre las decisiones vitales de las personas que afectan a la capacidad de autodeterminación sobre el propio cuerpo. Esa intangibilidad también supone que el Estado, y el ordenamiento jurídico, deben dejar de ser correa de transmisión de formas morales de control sobre las decisiones vitales del ser humano. La protección de la vida, como valor y como derecho no se entiende sin el reconocimiento de la autonomía individual para tomar decisiones esenciales sobre el desarrollo de la propia vida, lo que incluye la voluntad consciente y libremente adoptada, con la información precisa, acerca del momento en que la muerte ponga fin al proyecto vital. Y no solo en contextos eutanásicos, sino allí donde la autodeterminación de la voluntad se produzca y exprese en condiciones de pleno reconocimiento de la autonomía y libertad personales.
La sentencia no consigue desprenderse de una cierta moral, que asociamos a la idea de dignidad, de modo que la argumentación no permite imaginar un escenario de progresión normativa en el reconocimiento de la autodeterminación plena del individuo en relación con la finalización de la vida. Pero si desligamos la noción de dignidad de cualquier concepción religiosa que la asocie a la trascendencia, o a consideraciones morales, la mera condición humana que integra razón y materia corporal es el presupuesto de la concurrencia de la dignidad, que no procede de ningún reconocimiento externo al propio ser humano. Y la no injerencia del Estado sobre la razón ni sobre el cuerpo, es el mandato que se deriva del reconocimiento de la dignidad.
Esta noción de dignidad, íntimamente vinculada con la adopción de decisiones autónomas, debe ser completada con la definición de las obligaciones del Estado que se derivan del respeto a la autonomía individual. No se trata solo de limitar el control del Estado sobre el individuo, sino de reconocer que existen obligaciones de hacer por parte del Estado para asegurar el pleno ejercicio de la autonomía, sobre todo allí donde la autodeterminación respecto de ciertas opciones vitales suponga la intervención de un determinado servicio público, como por ejemplo el servicio público sanitario. Dicho en otros términos, no se trata solo de despenalizar el aborto o la asistencia al suicidio, haciendo desaparecer el control represivo. Se trata también de asegurar que quien toma esa decisión pueda contar con la asistencia del servicio público que garantiza las prestaciones médico sanitarias, para que dicha opción se materialice en condiciones de seguridad, salud, respeto a la integridad física, respeto a la integridad moral de las personas, y a la exclusión de cualquier tipo de trato degradante.
Entender la dignidad de este modo exige verla como principio fundamental, de carácter universal y abstracto, del que se derivan límites a la intervención estatal, y como mandato de actuación específica al poder público, que debe atender a las situaciones particulares que exijan de su intervención activa para garantizar la plena eficacia de las decisiones individuales de autodeterminación sobre la propia vida.
Por último, la dignidad humana no debe ser entendida como un principio de proyección exclusivamente individual. Si bien supone reconocer un ámbito de autonomía al individuo frente al ejercicio del poder de control del Estado sobre sus decisiones vitales, también supone admitir que el Estado debe garantizar, en determinados supuestos y respecto de determinadas personas, la posibilidad de que las decisiones adoptadas se materialicen de forma eficaz y plena. Y ello debe asumirse, en determinados supuestos, como condición de la participación del individuo en la sucesiva formación de la comunidad política. Si la garantía de unas condiciones materiales de vida digna, o una educación suficiente se plantea como precondición de participación en la comunidad política, se habrá conformado la dignidad como principio estructural de la construcción del espacio público y la comunidad política. La mejora en la capacidad para tomar decisiones autónomas individuales supondrá a la larga una mejora en la capacidad de las personas para tomar decisiones por sus comunidades políticas, de modo que el refuerzo de la autonomía a la que se agrega la intervención pública para garantizarla, redunda en el refuerzo de lo colectivo.
Dicho todo lo anterior, debe reconocerse la relevancia de que la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, y el texto de esta sentencia pongan de manifiesto que el derecho a morir de una forma digna debe tener anclaje constitucional o, más explícitamente, debe ser reconocida como una nueva faceta del derecho a la vida como elemento indisociable de la dignidad humana. Y ello porque, como se ha dicho, nuestra Constitución no concibe la dignidad como un derecho fundamental pero nunca hay que olvidar que sí es la fuente y razón de ser de los derechos y libertades constitucionales. En este sentido, otorgar naturaleza subjetiva y fundamental al derecho a morir dignamente, en el marco de las condiciones establecidas en la ley, supone dotar a la persona de una posición más garantista frente a los posibles obstáculos que, en su caso, pudiera encontrarse en este tan tremendo proceso de la toma de decisión de dejar de vivir por haberse convertido la vida, valga la redundancia, en invivible para el sujeto afectado. Convertir al derecho a la muerte digna en una faceta más de los derechos derivados del artículo 15 de la Constitución supone reconocerle las garantías propias de los derechos fundamentales frente a la actuación de los poderes públicos (art. 53.2 CE); por tanto, una garantía reforzada de tutela jurisdiccional a través del procedimiento contencioso-administrativo de protección de los derechos y libertades fundamentales, siendo, pues, objeto de un procedimiento preferente y sumario, en las condiciones previstas en la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, artículos 114 y siguientes. Además, en caso de que la garantía judicial ordinaria no tutele adecuadamente los derechos de la persona afectada podría llegarse incluso en amparo ante este tribunal.
De esta forma se protege tanto a la persona que decida acabar con su vida voluntaria y autónomamente, esencialmente, por haber llegado a un punto de deterioro físico y/o psicológico que convierte para ella su existencia en inhumana. Pero también, a aquellas otras personas que, por las circunstancias del que desea morir, necesitan de la ayuda de otra persona para su proceso hacia una muerte digna. Así, más allá de la posible comisión de ilícitos penales, parece que se evitarán situaciones de desprotección de facultativos y otros legitimados a participar en el proceso de muerte digna, que podían generar un efecto desaliento en su actuación, dejando desatendidos las angustias y padecimientos indignos de la persona enferma. Pero además se pondrá fin a un fenómeno que desafortunadamente se produce en el ámbito sanitario de tener que instar otros procedimientos, como el de responsabilidad patrimonial, que tienen mal encaje en los procesos específicos de la tutela de derechos fundamentales ante la actividad anormal de las administraciones públicas y sus profesionales.
Por último, me gustaría apuntar que la extensión de la sentencia, justificada en parte por la importancia de los temas constitucionales que plantean los recurrentes y resuelve el Pleno, provoca en el lector una sensación de inabarcabilidad de las cuestiones suscitadas, que va en detrimento del cada vez más necesario carácter pedagógico que debiera tener la jurisprudencia constitucional. Los problemas complejos requieren argumentos resolutivos complejos pero expresados del modo más sencillo posible cuando los destinatarios últimos no son solo quienes integramos las profesiones jurídicas, sino el común de la ciudadanía. Por eso, creo que debería haberse evitado la repetición innecesaria de algunas alegaciones de parte en los fundamentos jurídicos, así como la descripción lineal de la jurisprudencia constitucional precedente, de la jurisprudencia comparada o de los pronunciamientos de tribunales internacionales innecesarios a la construcción de la base argumental principal de la sentencia.
Madrid, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Con el debido respeto a la opinión de mis compañeros y compañeras que han conformado la mayoría del Pleno y en uso de la facultad que me confiere el art. 90.2 LOTC, expreso mi discrepancia tanto con el fallo como con la fundamentación jurídica de la sentencia que resuelve el recurso de inconstitucionalidad, por las razones ya defendidas en su momento durante la deliberación y que expongo a continuación.
1. La sentencia de la que discrepo desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados contra el conjunto de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, y subsidiariamente contra trece preceptos concretos de dicha ley.
Las razones de mi discrepancia son esencialmente dos, a las que añadiré una tercera, de carácter metodológico, vinculada a la forma de razonar de la sentencia.
En primer lugar, no puedo compartir las razones por las que la sentencia desestima la queja principal de los recurrentes, y que se basan en el alumbramiento de un pretendido «nuevo» derecho fundamental a la autodeterminación respecto de la propia muerte en contextos eutanásicos, que se correspondería con un correlativo deber de los poderes públicos (singularmente del poder legislativo) de contribuir a su efectividad. Como luego desarrollaré, aunque se admitiera que la queja de los recurrentes debía desestimarse, pues cabe sostener que no existe una prohibición constitucional incondicional de regular la eutanasia, estimo que era de todo punto innecesario acometer una construcción dogmática como la que realiza la sentencia de la que discrepo, que incurre en el claro exceso de pretender limitar las legítimas opciones del legislador en esta delicada cuestión. La pluralidad de opciones que la Constitución abre al legislador derivan de la concepción de la misma como un marco de coincidencias lo suficientemente amplio como para permitir alternativas diversas, sin que necesariamente se imponga una de modo exclusivo y excluyente salvo en aquellos puntos en que la Constitución de modo inequívoco e incondicionado lo establezca. En fin, la pluralidad de opciones abiertas por la Constitución no es, en definitiva, más que la expresión del pluralismo político como valor superior del ordenamiento (art. 1.1 CE).
En segundo lugar, discrepo de la manera en la que la sentencia ha abordado el enjuiciamiento de concretas impugnaciones en materia de procedimiento y garantías necesarias para asegurar la expresión de la libre y consciente voluntad de una persona que, en un contexto tan extremo como en el que regula la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, solicita su propia muerte mediante la ayuda de terceros.
Por último, tampoco comparto el método de enjuiciamiento empleado por la sentencia, ya que incurre en una cierta incoherencia lógica, en el sentido de que los presupuestos de los que se parte para resolver las impugnaciones formuladas por los recurrentes se ven luego superados por la forma de razonar de la sentencia, de modo que sus conclusiones no son consecuentes con las premisas del enjuiciamiento que previamente se han sentado. Esos saltos lógicos en el razonamiento son apreciables tanto al resolver la queja principal, pues la Constitución como marco de opciones posibles acaba convertida en una fuente de obligaciones para el poder público en el sentido y la dirección que expresa una determinada mayoría parlamentaria coyuntural, como a la hora de desestimar las tachas vinculadas al régimen de garantías y procedimiento previsto en la Ley Orgánica 3/2021, por cuanto la exigencia previa de las máximas medidas de protección de los derechos, principios y bienes constitucionales que puedan verse afectados por el ejercicio del derecho de autodeterminación respecto de la propia muerte en situaciones eutanásicas se ve luego desplazada por una deferencia al legislador sumamente laxa, que me resulta difícil de entender en un contexto tan delicado como este.
2. En el fundamento jurídico 2 de la sentencia, al explicar el alcance del control de constitucionalidad que a este tribunal le corresponde, se recuerdan los clásicos pronunciamientos de la doctrina constitucional, en los que se señala, con unas u otras palabras, que la Constitución no es un programa cerrado, sino –como recordábamos– un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo, de lo que lógicamente se sigue que el Tribunal Constitucional al realizar su juicio de constitucionalidad debe limitarse a analizar si la concreta opción regulatoria plasmada por el legislador en el texto legal sujeto a enjuiciamiento respeta o desborda los límites constitucionales. No podríamos estar más de acuerdo.
Sin embargo, esta inexcusable premisa sobre el alcance del control de constitucionalidad que a este tribunal le compete entra luego en contradicción con los razonamientos que se contienen en el capital fundamento jurídico 6 de la sentencia para desestimar la impugnación del conjunto de la Ley Orgánica 3/2021 por motivos sustantivos. En efecto, pese a que afirme que «[e]l núcleo de la cuestión que hemos de dirimir es si la Constitución permite o no al legislador regular como actividad lícita lo que la LORE califica como "eutanasia activa directa"», la sentencia no se limita a examinar –como debió haber hecho– si la concreta opción legislativa plasmada en esa norma respeta o contradice la Constitución, sino que, excediendo el alcance y los límites del control de constitucionalidad que corresponde a este tribunal, viene a reconocer un nuevo derecho fundamental, que garantiza como «derecho fundamental a la autodeterminación de la propia muerte en situaciones eutanásicas», que hace derivar en último término del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) y al que anuda la naturaleza de derecho prestacional. De este modo, la sentencia cierra el paso a otras posibles opciones legislativas en relación con el problema suscitado (la intervención del legislador en un ámbito tan extremadamente delicado como el de la finalización de la vida de una persona con ayuda de terceros en contextos de sufrimiento extremo), imponiendo precisamente la opción de la Ley Orgánica 3/2021 como el único modelo constitucional posible. Con ello, la ponencia se sitúa fuera de los márgenes del control de constitucionalidad que a este tribunal corresponden, pues reconocer derechos fundamentales es una potestad del Poder Constituyente, no de los poderes constituidos y, por tanto, no lo es del Tribunal Constitucional.
Para alumbrar este nuevo derecho fundamental a la autodeterminación de la propia muerte en situaciones o contextos eutanásicos, la sentencia comienza apelando a la discutible doctrina sobre el entendimiento de la Constitución como un «árbol vivo» (plasmada en la STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 9) para, seguidamente, al referirse al principio de unidad de la Constitución como parámetro hermenéutico, afirmar que en el caso de la intervención del legislador en el ámbito de la finalización de la vida de una persona con ayuda de terceros en contextos de sufrimiento extremo nos hallamos ante una situación de tensión entre la libertad y la dignidad de la persona y su vida.
En cuanto a lo primero, cabe señalar que, como bien se ha dicho por autorizadas voces, «la Constitución no es una hoja en blanco que pueda reescribir el legislador a su capricho», así como «tampoco es una hoja en blanco que pueda reescribir, sin límites, su supremo intérprete». La realidad social puede conducir a que se m