Categoría: Economía y Empleo

miento potencial de la economía española por encima del 2 % a largo plazo. Estructurado en torno a diez políticas palanca, caracterizadas por su alta capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo, y donde se combinan tanto objetivos estructurales para la modernización de nuestra economía y sociedad como objetivos sectoriales.
Los treinta componentes o líneas de acción en los que se articulan estas diez políticas a desarrollar en el período 2021-2023, permiten identificar actividades y sectores de futuro y que concentraran la generación de empleo en el corto y medio plazo, principalmente entre otras, en las actividades económicas relacionadas con la movilidad sostenible, el despliegue de energías renovables, la logística, la digitalización, la eficiencia energética, la sanidad, la formación profesional y modernización del sistema educativo, sistema agroalimentario y pesquero, recursos naturales y ecosistemas, la alimentación, el ocio, la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, el sector turístico, el desarrollo de las actividades científicas y de innovación, los cuidados a las personas o la industria cultural.
2.4 Análisis de contexto: Situación del mercado de trabajo.
El Plan Anual de Política de Empleo de 2022 se enmarca en un período de recuperación de todos los sectores de actividad económica y del avance en los principales elementos del mercado de trabajo desde el inicio de la crisis de 2020, cuando la pandemia COVID-19 trastocó todos los indicadores y se registraron los peores datos de ocupación y desempleo desde 2012.
Se ha producido un incremento de la población activa, de la ocupación, una reducción del paro y un descenso del número de hogares con todos los miembros en paro. Se trata de una recuperación integral que ha permitido aumentar las contrataciones y reducir el paro registrado en prácticamente todas las comunidades autónomas.
Así, la economía española en el conjunto del año 2021 creció un 5 %, el mayor aumento en 21 años según los datos provisionales del Producto Interior Bruto (PIB). De igual forma, como se dicho se recuperan las cifras de afiliación, las de la EPA, las relativas a paro registrado y contratos que muestran con claridad una evolución positiva de los principales índices respecto del año anterior. En resumen, se mantienen de forma continuada el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, la reducción del número de personas en paro registrado y el incremento del número de contrataciones comunicadas.
De esta forma, a la Seguridad Social se han sumado 776.478 personas afiliadas que han producido un incremento del 4,1 % en los últimos doce meses, cerrando diciembre en su mayor nivel desde que hay registros, con cerca de 20 millones de afiliados.
Este proceso ha sido paralelo también a la incorporación a sus puestos de trabajo de las personas que estaban en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
En cuanto a los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (4.º trimestre de 2021) se muestra un crecimiento interanual de las personas activas (224.700), también de las personas ocupadas (840.600) y una disminución del número de personas paradas estimadas (-616.000). La tasa de actividad se situó en del 58,6 %.
La ocupación mantuvo un elevado dinamismo en el cuarto trimestre del año, con un aumento interanual del 4,3 %. Esta evolución situó el número total de personas ocupadas en 20.184.900, se contabilizaron 840.700 personas trabajadoras más que en el mismo trimestre de 2020, de esta forma recupera lo perdido en la pandemia.
Por género, las mujeres (479.600; el 5,40 %) fueron las que obtuvieron, frente a los hombres (361.100; el 3,45 %), los mejores crecimientos tanto en valores absolutos como relativos.
Por grupos de edad, quienes obtuvieron el mayor incremento interanual de la tasa de empleo fueron las personas menores de 25 años con un 3,65 %, frente al 2,02 % de la población de 16 y más años. No obstante, y a pesar de este ascenso interanual la tasa de las personas más jóvenes se situó, en el último trimestre de 2021, en el 23,49 % y la general en un 50,83 %.
En variación anual, último trimestre de 2020 y el mismo de 2021, se observa un aumento generalizado de la ocupación en todos los sectores económicos, como muestra el siguiente gráfico.
En Servicios se incrementó el número de personas empleadas en 705.400 (4,84  %), en Industria, en 71.500 (2,66  %), en Agricultura 58.000 (7,42  %) y en Construcción 5.700 (0,45  %).
En cuanto a la situación profesional, las personas asalariadas obtuvieron un avance interanual del 4,3 % frente a las no asalariadas, que presentaron una subida del 3,5 %.
La trayectoria del empleo asalariado por tiempo de duración de contrato ha sido positiva, tanto para la duración indefinida como la temporal. Las personas trabajadoras con contrato indefinido, en términos absolutos contabilizaron 425.000 personas ocupadas más, mientras que el repunte de los nuevos temporales fue de 307.700. No obstante, en términos relativos creció más el empleo temporal (7,69 %) que el indefinido (3,47 %).
Desde el año 2008, la EPA mostró un fuerte incremento en las tasas de paro como consecuencia de la de la crisis económica iniciada a finales de 2007, alcanzando en 2013 su nivel más desfavorable. A continuación, se produjo una la tendencia a la baja que se interrumpe en 2020 cuando se vuelven a elevar las tasas en todas las clasificaciones.
Pero en 2021, la tendencia descrita se invierte y el número de personas paradas estimadas obtuvo la cifra más baja en un último trimestre desde 2008. Con un total de 3.103.800 personas desempleadas, obtuvo una reducción de 616.000 personas paradas con respecto al año anterior y una caída, de casi tres puntos, en la tasa de paro desde el 16,13 % al 13,33 %, la más baja desde 2008.
Igualmente, las tasas desglosadas por género, grupos de edad, sectores económicos, etc. presentan una trayectoria claramente descendente y en prácticamente todos los grupos.
La evolución por género, aun siendo positiva en 2021, tanto para hombres (11,8 %) como para mujeres (15,0 %), sigue manteniendo como reto de nuestro mercado de trabajo la reducción de la brecha.
Según el grupo de edad, sólo el intervalo de 55 años y más creció interanualmente. Las personas más jóvenes obtuvieron una tasa de paro que se situó en un 30,7 % y aunque consiguió un fuerte descenso, casi nueve puntos en relación a 2020 (40,1 %), sigue situándose muy por encima de la media comunitaria. Las personas jóvenes que no trabajan ni estudian (la población NEET entre 16 y 19 años) contabilizaron en el cuarto trimestre de 2021 912.500 personas. En el conjunto del año 2021, su número se redujo en 184.600.
Por sectores de actividad económica y en términos interanuales, el paro estimado por la EPA en el cuarto trimestre de 2021 muestra disminuciones de personas desempleadas en todos ellos.
El número de hogares con al menos una persona activa se incrementó en 196.000 durante el año 2021.
El paro registrado se redujo en 782.232 personas en 2021, un 20,1 %. Supone el mayor descenso interanual del número de personas en paro registrado.
Por género, el paro descendió en 2021 en ambos sexos: el desempleo femenino lo hizo en mayor medida en valores absolutos (401.089) que el masculino (381.143) aunque en valores relativos los hombres obtuvieron una caída del 22,9 % y las mujeres del 18,0 %.
En el análisis por edades, el paro bajó en 2021 en todos los intervalos. Entre las personas jóvenes menores de 25 años se produjo una caía de 140.403, una disminución del 38,7 %, proporcionalmente mayor que la del cualquier otro grupo de edad.
El paro registrado se redujo en 2021 en todos los sectores de actividad. Destaca la variación absoluta que se produjo en los Servicios, donde se recortó la cifra en 532.670 personas. La variación relativa más acusada la experimentó el grupo Sin Empleo Anterior con un -27,3 %.
Referente a los contratos comunicados, en diciembre de 2021 se comunican un total de 1.681.550, que suponen una subida de 326.403 (24,09 %) sobre el mismo mes del año 2020. Por su parte, la contratación acumulada en el año 2021 ha alcanzado la cifra de 19.384.359, lo que significa que se registran 3.441.298 contratos más (21,58 %) que un año antes.
También en el último mes de 2021, se han registrado 173.784 contratos de trabajo de carácter indefinido. Representan el 10,33 % de todos los contratos. Supone un incremento de 61.962 (55,41 %) sobre el mismo mes del año anterior y en magnitudes acumuladas, se han realizado 2.113.341 contratos en los doce meses de 2021. Representan un incremento de 567.731 (36,73 %) sobre el mismo periodo del año 2020.
El resto de contratos, hasta completar el total de 1.681.550 en diciembre de 2021, son 8.823 de carácter formativo y 1.498.943 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo destacan: Eventuales por Circunstancia de la Producción –de jornada a tiempo completo– con el 29,10% seguido de Obra o Servicio Determinado –de jornada a tiempo completo– con el 25,87 % del total de todos los contratos. Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 29,59 %.
Los contratos indefinidos del mes de diciembre se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 109.933 a tiempo completo y 63.851 a tiempo parcial. Los primeros han tenido una subida, respecto a diciembre de 2020, de 39.445 (55,96  %) y los segundos se han incrementado en 22.517 (54,48 %).
En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan entre enero y diciembre de este ejercicio, un total de 1.292.923, un 39,16 % más que en igual periodo del año 2020. Los contratos indefinidos a tiempo parcial, que suponen un total de 820.418, registran un incremento del 33,07 % en relación a igual periodo del año anterior.
El presente Plan 2022, se enmarca dentro del escenario macroeconómico y la política económica del Gobierno, dando cumplimiento a las obligaciones europeas de coordinación de las políticas económicas nacionales y de cumplimiento de los objetivos fijados para la Unión Europea en su conjunto.
Por un lado, hay que referirse necesariamente a la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, en el que se concilian la necesidad de abordar medidas que hagan frente a la coyuntura económica marcada por la pandemia con el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. En el Programa se incluye el escenario macroeconómico previsto para el periodo 2021-2024, apoyado en la última información económica disponible, las previsiones de la evolución sanitaria, así como el impacto del Plan de Recuperación. La economía española recuperará la senda de crecimiento en 2021, un crecimiento que se prolongará hasta 2024 y que será especialmente robusto este año y el próximo.
El impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la dinamización del consumo interno y la normalización de la actividad turística permitirán recuperar a finales de 2022 los niveles de actividad previos a la pandemia. Para los años siguientes la economía española mantendrá una senda expansiva, convergiendo progresivamente a su crecimiento potencial, con un incremento previsto del PIB del 3,5 % en 2023 y del 2,1 % en 2024.
En este mismo sentido, el Programa Nacional de Reformas 2022, al igual que ya ocurriese en años anteriores, se enmarca evidentemente dentro de la situación generada por la irrupción del COVID-19, que ha arrojado un amplio y decidido paquete de medidas destinadas a la reactivación económica y al mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial. En dicho Plan, el planteamiento estratégico trazado se ve condicionado por la incertidumbre de la evolución sanitaria y sus repercusiones en el ámbito económico y laboral, si bien apunta a una tendencia clara de recuperación económica y de reactivación del mercado laboral.
El Programa Nacional de Reformas fija las prioridades de política económica del Gobierno, alineadas con el marco estratégico de inversiones y reformas contenido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España(Council Implementing Decision-CID),de 13 de julio de 2021. Este Plan acelera y refuerza la agenda de reformas e inversiones que se viene impulsando en los últimos años, sobre la que existe un fuerte consenso social y de administraciones públicas, estando igualmente alineada con las recomendaciones de los expertos y organismos nacionales e internacionales.
Así, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con un importante volumen de inversión, articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por instituciones europeas, el Gobierno español y los principales agentes económicos y sociales. Este Plan cuenta con cuatro ejes transversales (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género), que vertebran el conjunto de inversiones y reformas. Estos ejes se articulan a través de diez políticas palanca, de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo, que a su vez se despliegan en treinta componentes, donde se combinan de forma coherente inversiones y reformas en los distintos ámbitos de actividad.
En este marco estratégico, el mercado de trabajo, dentro de la política palanca octava «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» es un ámbito clave de actuación para el impulso de la productividad y el crecimiento potencial en el largo plazo, que resulte en un proceso de creación de calidad. Principalmente a través del Componente 23, de «nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», se prevé un programa coherente de reformas, que serán abordados en el marco del Diálogo Social, junto a un amplio abanico de inversiones, encaminadas a la mejora de la empleabilidad y a la mejora de la inclusión social de las personas trabajadoras, así como al refuerzo de la modernización y transformación digital de los servicios públicos de empleo que integran el Sistema Nacional de Empleo.
Por otra parte, el documento «España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo» prevé que, en las próximas décadas, el cambio tecnológico hará que desaparezcan muchas ocupaciones, que surjan otras nuevas y que se transformen el resto, siendo fundamental conseguir que esta transición sea lo más rápida y beneficiosa posible para nuestra población trabajadora.
En este sentido, España deberá llevar a cabo reformas profundas destinadas a corregir las carencias estructurales de su mercado laboral, adaptándolo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas, y preparándolo para los cambios que estas traerán en el futuro, aumentando significativamente la capacidad de nuestras instituciones laborales para recualificar, orientar y ayudar a las personas que buscan empleo y reducir la segregación horizontal por sexo.
Todo ello con el objeto de incrementar progresivamente su tasa de empleo hasta alcanzar los niveles actuales de algunas de las economías más avanzadas de Europa. Tendrá que hacerlo mejorando la inserción laboral de todos los colectivos y, en particular, de las personas jóvenes, las mujeres, y las personas mayores de 55 años.
Para ello, nuestro país tendrá que modernizar su tejido productivo; actualizar y reforzar sus políticas activas de empleo; adecuar su marco normativo a las nuevas realidades económicas y laborales; actualizar sus mecanismos de negociación colectiva; incorporar la perspectiva de género de manera efectiva; y mejorar las condiciones de trabajo hasta hacer de este una experiencia más satisfactoria para el conjunto de la ciudadanía.
En este sentido, se antoja necesario llevar a cabo medidas tales como mejorar la eficiencia de la adecuación entre la oferta y la demanda y aumentar la competencia y la productividad de la economía, unido esto a la mejora de los servicios de orientación para personas desempleadas, con tal de proporcionar una orientación de calidad y personalizada, con especial foco en la inserción de mujeres, personas jóvenes y paradas de larga duración.
Por otra parte, se considera vital la coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal, los servicios de empleo autonómicos, los sindicatos, las patronales empresariales y las entidades educativas para vertebrar respuestas público-privadas coherentes e integradas a escala nacional.
Además, el documento considera de gran importancia la creación de un sistema de evaluación y monitorización de las políticas activas eficaz mediante una sistematización de toda la información y la inclusión de criterios clave como el éxito de inserción laboral o la calidad del empleo conseguido.
Por tanto, este Plan 2022 se inserta dentro de un planteamiento estratégico que pretende articular el nuevo marco de actuación que se va a poner en marcha, notablemente a través de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, junto a los instrumentos en ejecución en este ejercicio 2022, como, es el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 en línea con las reformas e inversiones del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
De esta manera, como documento programático básico, conviene aludir a la Estrategia Española de Apoyo Activo el Empleo para el periodo 2021-2024, que establece el nuevo marco general de políticas activas de empleo y de intermediación laboral a desplegar de forma conjunta por el Estado y las Comunidades Autónomas.
En esta Estrategia, que se gestó con un proceso altamente valioso de participación y consenso en el seno del Sistema Nacional de Empleo, se establecen una serie de principios inspiradores, que se proyectan en objetivos estratégicos, objetivos específicos y en medidas, de forma totalmente alineada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en coherencia con las actuaciones en marcha en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo y la Garantía Juvenil plus.
Así, en consonancia con el Pilar Social Europeo, se fomenta la promoción del acceso a los servicios de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional del Empleo, al tiempo que se asientan las actuaciones para el fomento de la estabilidad y la calidad en el empleo en condiciones dignas. Partiendo de una concepción de las políticas activas de empleo como una palanca esencial para la transformación productiva, se incide en la necesidad de reforzar el acompañamiento personalizado a personas y a empresas, así como a la mejora de las capacidades de los Servicios Públicos de Empleo.
De la misma manera, se fijan actuaciones para la mejora de la planificación, la gestión y la evaluación de las Políticas Activas de Empleo, que redunden en una mejor gobernanza y una mayor cohesión en el seno del Sistema Nacional de Empleo, orientándolo a resultados evaluables, coherentes con la innovación y la sostenibilidad, y apoyados en la transformación digital de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos.
Este marco estratégico general debe por tanto analizarse de forma conjunta con los instrumentos estratégicos que ya orientan la actuación en materia de política de empleo, y que están vigentes en este ejercicio 2022.
Por Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes.
Este plan tiene como meta ser un referente de innovación y eficacia en las políticas activas de empleo juvenil en territorio nacional, en combinación con otras áreas como la educación, la inclusión social, la participación juvenil, la economía circular, o la economía del conocimiento. Igualmente, persigue ofrecer respuestas integrales a las personas jóvenes en su acceso al mercado de trabajo desde una perspectiva de desarrollo sostenible y de búsqueda de la excelencia en la gestión de los servicios ofrecidos, con el objetivo de favorecer la integración socio-económica y el desarrollo personal y social de las personas jóvenes.
Las características generales del Plan son las siguientes:
1. Luchar de manera efectiva contra la precariedad laboral. Las políticas activas de empleo juvenil deben estar alineadas con el objetivo prioritario de la lucha contra la precariedad y temporalidad laboral.
2. Evitar a toda costa el uso abusivo y fraudulento de becas y prácticas no laborales.
3. Incorporar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, particularmente en materia de lucha contra la segregación laboral, que debe formar parte de la actuación de los Servicios Públicos de Empleo a todos los niveles, tanto en el ámbito de la intermediación, como en el de la formación o el diseño y aplicación de los programas.
4. Integrar el principio antidiscriminatorio en todas las acciones, no solo por razón de género, sino también por edad, ideología o convicciones, religión o creencias, origen racial o étnico, salud, discapacidad, orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
5. Otorgar prioridad o tratamientos específicos a los colectivos más vulnerables o con especiales dificultades en el mundo laboral. Por ello, contempla el refuerzo de las políticas para alcanzar a la población juvenil más vulnerable y en riesgo de exclusión, así como a los que viven en zonas aisladas o menos pobladas, como las áreas rurales.
6. Situar a las personas jóvenes como protagonistas de su trayectoria hacia el empleo digno por medio de itinerarios personalizados integrados en un sistema de orientación para el empleo cualificado y estable, configurando itinerarios individualizados que se prolongarán tanto en las etapas de empleo como de eventual desempleo.
7. Crear oportunidades de acceso a nuevos empleos en nuevos sectores, tomando como referencia la transformación hacia un contexto verde, sostenible, colaborativo y digital, impulsando el acceso al empleo de calidad de las personas jóvenes en sectores emergentes como la economía digital, economía verde, o del cuidado.
8. Incrementar la cualificación de las personas jóvenes dotándolas de las competencias profesionales requeridas por el mercado de trabajo, incrementando sustancialmente el número de personas jóvenes con las competencias necesarias, técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
9. La crisis sanitaria ha incidido en la situación del empleo de las personas y requiere acciones específicas para ofrecer soluciones integrales que den respuesta a las consecuencias adversas a medio y largo plazo en los planos educativo, formativo y profesional de las personas jóvenes. La pandemia también anticipa cambios que pueden ser estructurales en el funcionamiento del mercado de trabajo y a los que debe ser capaz de dar respuesta Garantía Juvenil Plus.
10. Introducir mayor flexibilidad en su funcionamiento y gestión. La flexibilización y aumento en la agilidad de la inscripción en el fichero de GJ resulta esencial para aumentar el volumen de personas inscritas y, consiguientemente, también la relevancia del Plan.
11. Potenciar el desarrollo de una comunidad de cooperación horizontal y vertical, para lo cual establecerá los pilares para el trabajo conjunto con los interlocutores económicos y sociales, organismos intermedios del Fondo Social Europeo y sus entidades beneficiarias, así como con el tejido asociativo juvenil y las distintas administraciones y organismos públicos que intervienen en las políticas activas de empleo juvenil.
12. Establecer los mecanismos para mejorar el diálogo y la colaboración con las empresas a fin de lograr la mejor adaptación de las capacidades de las personas jóvenes a las necesidades de las mismas. A tales efectos se facilita la conexión escuela-empresa y se favorece una transición suave de los ciclos formativos al mercado laboral. La actuación conjunta con los interlocutores sociales y con las empresas resulta fundamental para identificar las necesidades formativas y para vincular los proyectos empresariales a plantillas estables en cuya formación haya tenido parte activa la empresa.
13. Reforzar la dimensión local de las políticas activas de empleo dirigidas a las personas jóvenes. La dimensión local es la más adecuada para asegurar la cercanía imprescindible a los interlocutores sociales.
14. Fomentar su difusión con la máxima claridad y transparencia. Se pretende llegar a todas las personas que podrían beneficiarse de sus medidas o participar en ellas, así como fomentar las buenas prácticas y corregir posibles desviaciones.
15. Mejorar los procesos y optimizar los recursos. Garantía Juvenil Plus fomenta el intercambio de información y experiencias entre los distintos actores sociales. Igualmente se abren vías de participación para los distintos entes implicados. Asimismo, se apoya a las personas profesionales vinculadas al Plan para que refuercen las competencias necesarias para desarrollar de manera eficaz sus funciones. En tal sentido, el Plan prevé su monitorización continua para asegurar el seguimiento y medición del impacto de todo el sistema, así como la evaluación, e incorporación de mejoras.
16. La digitalización integral del servicio de formación para el empleo de las personas jóvenes resulta esencial, tanto en la relación con las personas usuarias, como en el ámbito de la formación y en la generación de un sistema de datos compartido y accesible en el marco de la ley de protección de datos. Igualmente, la digitalización supone un principio transversal de Garantía Juvenil Plus.
La recuperación económica y la evolución del mercado laboral en el contexto de transformación y recuperación de la actividad económica arroja un elemento de incertidumbre en la evolución de la política de empleo en 2022, que deberá atender al impacto de las medidas puestas en marcha ante la pandemia, así como a la corrección de los desequilibrios arrastrados del pasado y a los desafíos de futuro que se vienen haciendo frente en el amplio y decidido programa de reformas e inversiones en marcha.
El Plan 2022 es un instrumento esencial, con el que la puesta en marcha de las políticas activas de empleo, mejorarán la empleabilidad de las personas y contribuirá a responder mejor a las necesidades de empleo y formación de las empresas, contribuyendo a la recuperación económica.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2, del artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo se elaborarán por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se informarán por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, regulado en el artículo 8.b), y se aprobarán por el Consejo de Ministros.
En la elaboración de este Plan anual 2022 se han tenido en cuenta los objetivos estratégicos y específicos establecidos en el Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024. Seguidamente se enumeran dichos objetivos:
1) Objetivo estratégico 1: Enfoque centrado en las personas y en las empresas.
Objetivo específico 1: Acompañamiento personalizado a demandantes de empleo impulsando la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo desde la perspectiva de la persona.
Objetivo específico 2: Servicio personalizado a empleadores/as impulsando un nuevo modelo de relación, reforzando la colaboración y la comunicación entre los servicios públicos de empleo y las empresas.
Objetivo específico 3: Políticas Activas de Empleo en los nuevos Servicios Públicos de Empleo.
2) Objetivo estratégico 2: Coherencia con la transformación productiva.
Objetivo específico 1: Acompañar, con el conjunto de políticas activas de empleo, las estrategias públicas dirigidas al cambio de modelo productivo, su modernización y digitalización.
Objetivo específico 2: Aprovechar el potencial del empleo hacia la consecución de un crecimiento sostenible y para la transición ecológica y digital, así como en sectores no tradicionales como las industrias creativas, culturales, de cuidados y de innovación; con especial atención a la actividad económica y el emprendimiento en territorios en situación de despoblación o transición productiva.
3) Objetivo estratégico 3: Crear un Espacio Técnico Colaborativo de Conocimiento, Trabajo e Innovación de los Servicios Públicos de Empleo.
Objetivo específico 1: Consolidar un modelo integrado de evaluación de las Políticas Activas de Empleo.
Objetivo específico 2: Valorar la atención de las personas y las empresas a través de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
Objetivo Específico 3: Crear un Espacio Técnico Colaborativo de Conocimiento, Trabajo e Innovación de los Servicios Públicos de Empleo.
4) Objetivo estratégico 4: Mejora de las capacidades de los servicios públicos de empleo.
Objetivo específico 1: Diversificar los canales de prestación de los servicios del Sistema Nacional de Empleo, impulsando la accesibilidad a estos para asegurar se provisión continua, personalizada e inclusiva.
Objetivo específico 2: Impulsar la transformación digital y la modernización de los servicios públicos de empleo mediante el desarrollo de procesos, recursos digitales de activación y mejora de la empleabilidad, más eficientes, seguros, fáciles de utilizar y de calidad.
Objetivo específico 3: Planificar, actualizar y asegurar el acceso a la Formación Profesional para el Empleo, para fortalecer su prestación personalizada en base a las demandas del sistema productivo.
Objetivo específico 4: Fortalecer el Sistema Nacional de Empleo a través de la interoperabilidad de los sistemas, la mejora de la calidad de sus datos, el intercambio de conocimiento en su seno y con otros organismos y entidades colaboradoras.
5) Objetivo estratégico 5: Gobernanza y cohesión del Sistema Nacional de Empleo.
Objetivo específico 1: Impulso financiero de las políticas activas de empleo: un marco financiero para ganar en mayor eficacia y cohesión en el Sistema Nacional de Empleo, y lograr una mejor asignación y optimización de todos los recursos económicos disponibles.
Objetivo específico 2: Promover la mejora del sistema de Gobernanza existente con la finalidad de establecer un modelo más eficaz y eficiente que refuerce la Cohesión del Sistema Nacional de Empleo.
Objetivo Específico 3: Mejorar la coordinación operativa de los distintos niveles administrativos que intervienen en las políticas activas de empleo y de la mejoría de la imagen de los servicios públicos de empleo.
Los servicios y programas de este Plan 2022 se han incluido de acuerdo con los seis Ejes definidos en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Empleo, esto es:
Eje 1. Orientación:
Comprende las actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas beneficiarias.
Eje 2. Formación:
Incluye las actuaciones de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas públicos de empleo y formación, que permitan a la persona beneficiaria adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral.
Eje 3. Oportunidades de Empleo:
Comprende las acciones, actuaciones o actividades que tienen por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas con discapacidad, de las personas en situación de exclusión social, de las personas con responsabilidades familiares –en particular, las cabezas de familia monoparentales–, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de violencia de género.
Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo:
Comprende las acciones, actuaciones o actividades dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. También incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o promover la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente.
Eje 5. Emprendimiento:
Comprende las acciones, actuaciones o actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local.
Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo:
Comprende las acciones, medidas y actuaciones que van dirigidas a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional de Empleo y el impulso a su modernización.
El Plan 2022 que se presenta, contiene el conjunto de los servicios y programas que cada Comunidad Autónoma llevará a cabo, comprendiendo tanto los que establezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas trabajadoras y del tejido productivo de su ámbito territorial, como los servicios y programas de ámbito estatal que son de aplicación en todo el Estado, con independencia del ámbito territorial en el que vivan las personas destinatarias de las mismas.
La coherencia interna del Plan 2022 se refuerza utilizando el marco conceptual que diferencia entre los servicios y los programas y, a su vez, diferencia entre aquellos servicios y programas que son comunes o de aplicación para todo el Estado, y los que son propios de cada Comunidad Autónoma y del Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con las siguientes definiciones:
– Servicio. Conjunto coordinado de actividades (que debería estar específicamente identificado como tal en la cartera de servicios de un Servicio Público de Empleo a que hace referencia el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Empleo y en el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo), que se prestan de forma continuada y sostenida en el tiempo, y que buscan atender derechos o responder a las necesidades de personas desempleadas, ocupadas y empresas, con objeto de facilitar el empleo o mejorar la empleabilidad de sus destinatarios.
– Programa. Conjunto coordinado de actuaciones dirigidas a un colectivo, sector o ámbito territorial, a realizar durante un período de tiempo predeterminado, Planificado y gestionado a través de un instrumento jurídico o técnico concreto (concesión de una subvención, contratación administrativa, suscripción de convenio, gestión directa, etc.), con coste identificado o identificable, dirigido a la consecución de unos objetivos de empleo preestablecidos.
– Servicio Común. Servicio común o de aplicación en todo el Estado. Se incluyen las actividades diferenciadas en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
– Servicio Propio. Servicio prestado por uno de los integrantes del Sistema Nacional de Empleo en su ámbito propio.
– Programa Común. Programa cuyos aspectos esenciales han sido determinados a través de un instrumento jurídico de aplicación a todo el conjunto del Estado, y que puede ser aplicado, y en su caso desarrollado en sus aspectos no esenciales, por todos los integrantes del Sistema Nacional de Empleo.
– Programa Propio. Programa definido mediante un instrumento jurídico aplicable en una Comunidad Autónoma y dirigido a su ámbito propio de actuación.
Asimismo, se mantienen en el Plan 2022 los criterios de idoneidad definidos en las ediciones anteriores, que deben cumplir los servicios y programas para su inclusión en el Plan, y que son los siguientes:
1) Tratarse de servicios y programas de Políticas Activas de Empleo o intermediación laboral a desarrollar en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
2) Gestionarse mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otro instrumento ajustado a derecho.
3) Al menos una parte del servicio o programa se ejecutará durante el 2022, de forma que puedan identificarse beneficiarios en este año, sin perjuicio de que el servicio o programa pueda continuar desarrollándose en años posteriores.
4) Relevancia: Dar respuesta a problemas del mercado laboral previamente diagnosticados e identificados adecuadamente.
5) Pertinencia: Estar dotados de los elementos que permitan valorar metas, fines y resultados con claridad y concreción.
6) Coherencia interna: Consistencia con el resto de elementos que integran el Plan 2022.
Con el fin de recoger de forma sistematizada y homogénea los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral a incluir en el mismo, tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, han proporcionado para su análisis y consideración, la relación y descripción de cada uno de los servicios y programas que se prevé realizar durante 2022, y cuya inclusión final ha dado lugar a los servicios y programas de este Plan 2022.
En la descripción se ha recogido para cada uno de los servicios y programas incluidos, la información necesaria para conocer en qué consiste su instrumentalización, incidencia y los costes que se financian, así como la fuente de financiación, ya sea por financiación propia, por fondos estatales distribuidos a las Comunidades Autónomas de acuerdo con los criterios objetivos acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por financiación mixta o por otras fuentes de financiación.
En un contexto de colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo, las Comunidades Autónomas han podido optar por realizar servicios y programas propios, con cargo a los fondos distribuidos por el Servicio Público de Empleo Estatal en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Empleo, el Plan 2022 recoge también la información correspondiente a los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que las Comunidades Autónomas prevean realizar con recursos económicos propios.
Además, hay que señalar que en el Plan 2022, también se recogen los servicios y programas de políticas activas de empleo que desarrollará el Servicio Público de Empleo Estatal dentro de su ámbito de gestión, en el que se incluyen tanto los servicios y programas en territorio no transferido (Ceuta y Melilla), como los gestionados con cargo a la reserva de gestión establecida en el artículo 18.h) del texto refundido de la Ley de Empleo, como los programas que no son objeto de traspaso a las Comunidades Autónomas, como son el Programa de Fomento de Empleo Agrario, los incentivos de fomento de empleo mediante bonificaciones a la contratación y la formación programada por las empresas.
En la selección de servicios y programas por parte de los distintos agentes que conforman el Sistema Nacional de Empleo se han tomado en consideración los siguientes principios:
I. Priorizar los servicios y programas de los servicios públicos de empleo para que se adecuen a los nuevos objetivos del contexto laboral para 2022.
II. Focalizar los esfuerzos en aquellos colectivos en los que las medidas establecidas resulten de mayor eficiencia y eficacia.
III. Flexibilizar los instrumentos operativos de los servicios públicos de empleo para que puedan actuar de forma ágil e inmediata ante los cambios del mercado de trabajo.
Los servicios y programas de políticas de activación para el empleo incluidos en este Plan 2022 son aquellos que no se financian con cargo al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR).
Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han propuesto para su inclusión en el Plan 2022 un total de 729 servicios y programas distintos, de los cuales 59 son comunes y 670 propios, para el conjunto de los 6 Ejes, tal y como se muestra en el anexo I.
Los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán en el marco de este Plan 2022, se recogen de manera resumida en el anexo II y de forma detallada en el anexo III, que lo acompañan.
Con el fin de facilitar la identificación y diferenciación de los servicios y programas comunes o de aplicación en todo el Estado, de aquellos que no son comunes, y por ende propios de una Comunidad Autónoma, se ha establecido un sistema de codificación que permite diferenciar entre un tipo y otro de acuerdo con los siguientes códigos:
SC: Servicio Común.
PC: Programa Común.
SP: Servicio Propio.
PP: Programa Propio.
De manera resumida, se muestran los servicios y programas según Eje:
Eje 1. Orientación:
Se encuentra integrado por un total de 109 servicios y programas, de los cuales 13 son comunes y 96 propios.
Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:
Eje 2. Formación:
Se encuentra integrado por un total de 180 servicios y programas, de los cuales 14 son comunes y 166 propios.
Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:
Eje 3. Oportunidades de Empleo:
Se encuentra integrado por un total de 192 servicios y programas, de los cuales ocho son comunes y 184 propios.
Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:
Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo:
Se encuentra integrado por un total de 43 servicios y programas, de los cuales 6 son comunes y 37 propios.
Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:
Eje 5. Emprendimiento:
Se encuentra integrado por un total de 137 servicios y programas, de los cuales 11 son comunes y 126 propios.
Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:
Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo:
Se encuentra integrado por un total de 68 servicios y programas, de los cuales 7 son comunes y 61 propios.
Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:
La Ley 22/2021, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, aprueba la dotación financiera que se ha tenido en cuenta en la elaboración del Plan Anual de Política de Empleo para el año 2022.
La dotación recogida en la citada norma para financiar programas o reforzar servicios que faciliten la ejecución de políticas de activación para el empleo con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, asciende a 6.463.121,30 miles de euros que se financiarán con cargo a la cuota de formación profesional para el empleo (1.404.601,85 miles de euros);a las aportaciones procedentes del FSE (250.000,00 miles de euros); las aportaciones procedentes del MRR (646.917,30 miles de euros); aportaciones del Estado (1.021.546,47 miles de euros); otros ingresos(458.310,00 miles de euros) y cuota de desempleo (2.681.745,68 miles de euros). Por lo tanto, la dotación destinada a financiar los programas y servicios recogidos en el Plan Anual de Política de Empleo para el año 2022, que no recoge los programas financiados con cargo al MRR, es de 5.816.204,00 miles de euros, siendo la dotación para las vinculadas al MRR, las cuales no se recogen en este plan, de 646.917,30 miles de euros.
De esta cifra, se podrán distribuir entre las Comunidades Autónomas, para la ejecución de políticas activas de empleo, un total de 2.415.153,58 miles de euros, lo que supone un aumento del 14,42 % respecto a la cifra distribuida en 2021. En este sentido se debe tener en cuenta que el 2021 se distribuyeron en total un total de 2.798.577,03 miles de euros, de los cuales 687.750,00 miles de euros se financiaron con el MRR. En 2022 se distribuirá en total una cifra equivalente, esto es 2.798.577,03 miles de euros, pero el MRR aporta 383.423,45 miles de euros, de forma que la menor aportación procedente del MRR en 2022 se compensa con un aumento en la aportación de fondos del Estado, para con ello mantener la cifra total a gestionar por las comunidades autónomas en la ejecución de las políticas activas de empleo.
En 2022, de forma análoga a lo sucedido en 2021, en los presupuestos del SEPE sólo se recoge la parte de la cuota de Formación Profesional para el Empleo que corresponde ingresar a dicho organismo, ya que con motivo de la reestructuración de diversos Departamentos Ministeriales aprobada en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, determinadas competencias en el ámbito del Sistema de Formación Profesional para el Empleo que hasta dicho ejercicio se desarrollaban por el Servicio Público de Empleo Estatal, pasaban a ser competencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En este sentido, la disposición adicional 102.ª de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, establece que la parte de la cuota de formación profesional para el empleo que se vaya a utilizar para financiar las competencias de ejecución del Sistema de Formación Profesional para el Empleo que asumirá el Ministerio de Educación y Formación Profesional se ingresará en el Tesoro Público.
En el anexo IV se incluye la dotación presupuestaria destinada a financiar los programas y servicios recogidos en el Plan Anual de Política de Empleo para el año 2022 por ejes.
En consecuencia, cabe señalar que los servicios y programas de políticas de activación para el empleo incluidos en este Plan 2022 recogidos en los anexos I, II y III no se financian con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), pues encuentran su financiación en la dotación de 5.816.204,00 miles de euros, como se ha expuesto anteriormente.
La evaluación de las estrategias, planes y medidas de política pública constituye un elemento esencial desde el mismo momento de la planificación y el diseño de las actuaciones. La nueva propuesta de Ley de Empleo establecerá en un Título específico los principios básicos para el seguimiento y evaluación de las Estrategias de Empleo vigentes en cada momento y de sus Planes Anuales de desarrollo, así como para desempeño del conjunto de Servicios Públicos de Empleo y de la calidad del servicio de empleo. De esta forma, establecerá el primer nivel de la evaluación de la actuación del Sistema Nacional de Empleo, que actualmente se concreta en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.
La evaluación implica determinar de manera objetiva y acreditable mediante evidencias el mérito y valor de las actuaciones (servicios y programas en el caso de las PAE), orientándose siempre hacia la mejora continua y, por tanto, hacia la puesta en valor e identificación de las mejoras prácticas y la puesta en marcha de nuevas líneas de actuación.
La evaluación de los Planes Anuales ya contempla de manera precisa y detallada el grado de cumplimiento de sus objetivos mediante la definición y el cálculo de los Índices de Cumplimiento de Objetivos (ICO), definidos en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y que enmarcan la labor del conjunto de los Servicios Públicos de Empleo de España.
Los resultados cuantitativos de esos Índices dan una idea de en qué medida la actuación de nuestros Servicios Públicos de Empleo está impactando en la mejora de la empleabilidad de las personas, estimada principalmente en términos de su participación e inserción en el mercado laboral.
Esos mismos resultados se aplican directamente al cálculo de la distribución de los fondos que anualmente se distribuyen para su ejecución por las CC. AA., vinculados al cumplimiento de los objetivos establecidos en un porcentaje fijado anualmente por el Gobierno, y que para este año 2022 se situó en el 45 %.
Si bien este aspecto es relevante desde el punto de vista de la equidad territorial, es mejorable en tanto en cuanto permite una evaluación parcial de la planificación de las PAE, y en la contribución directa del impacto y el resultado de cada uno de los servicios y programas que se realizan. En este sentido cumple su papel como evaluación de la gobernanza del sistema.
Su información parte de los datos de gestión (actuaciones ejecutadas, gasto realizado, personas beneficiarias atendidas), pero aún no permite abarcar la evaluación de una secuencia completa entre los procesos de intervención y su relación con los resultados. Este último aspecto es relevante, puesto que estas secuencias permiten observar y analizar otros resultados de mejora de la empleabilidad distintos de la inserción, que resultan esenciales en la mayor parte de las actuaciones y, en particular, para las que afectan a los colectivos más vulnerables.
Por todo ello en el año 2022, período de vigencia del presente Plan Anual, se procederá a la licitación y contratación de una evaluación de la Estrategia Espa