Categoría: Normativas

Con fecha 11 de diciembre de 2024 y previa tramitación del oportuno procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, se firmó el Convenio entre el Cabildo de Fuerteventura, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Cámara de comercio, industria y navegación de Fuerteventura para la gestión conjunta del puesto de control en frontera (PCF) del puerto de Puerto del Rosario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la citada ley, la eficacia del convenio se condiciona a su inscripción en el Registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación del sector público estatal (REOICO). Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», por lo que por medio de la presente se acuerda:
La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Cabildo de Fuerteventura, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Cámara de comercio, industria y navegación de Fuerteventura para la gestión conjunta del puesto de control en frontera (PCF) del puerto de Puerto del Rosario.
Las Palmas, 11 de diciembre de 2024.–La Presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada Ojeda.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre de 2024.
De una parte, doña Beatriz Calzada Ojeda, Presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, CIF Q-3567002-E, y domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Tomás Quevedo Ramírez, s/n; CP 35008; Las Palmas de Gran Canaria. Nombrada por Decreto 328/2023, de 1 de agosto del Gobierno de Canarias y publicado su nombramiento por Orden TMA/981/2023, de 9 de agosto, en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 195, el 16 de agosto de 2023. Actúa en nombre y representación del citado Organismo Público, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en adelante, TRLPEMM).
De otra parte, doña Nuria Sanz Jiménez actuando como Consejera de Área Insular de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible del Excmo. Cabildo de Fuerteventura, con CIF P-3500003C, en nombre y representación de la Institución, de conformidad con el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 27 de febrero de 2024, del artículo 48 del Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura, aprobado en sesión plenaria el 25 de Octubre de 2019 y del Decreto de la Presidencia número 885/2024, de 23 de febrero de 2024, de desconcentración de competencias.
De otra parte, don Juan Jesús Rodríguez Marichal, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Fuerteventura, por designación del Pleno en sesión celebrada el 27 de junio de 2022. Actúa en nombre de la citada Entidad de Derecho Público, en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 7.1.c) de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España y el artículo 12.1 de la Ley 18/2003, de 11 de abril, de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias.
Los intervinientes que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para obligarse y
El Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, regula lo relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.
Por su parte, el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1014 de la Comisión, de 12 de junio de 2019, establece normas detalladas sobre los requisitos mínimos para los puestos de control fronterizos, incluidos los centros de inspección, y para el formato, las categorías y las abreviaturas que se han de utilizar para elaborar listas de puestos de control fronterizos y puntos de control.
Por otro lado, el artículo 58 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales administrativas y de orden social, en su apartado 1, señala que «los titulares o concesionarios de los aeropuertos, puertos, estaciones de transporte de mercancías por carretera que cuenten con instalaciones dotadas de medios para recibir, almacenar o expedir las mercancías, estaciones de transporte multimodal, puertos secos, estaciones ferroviarias, zonas francas, depósitos francos y depósitos aduaneros públicos facilitarán, a su cargo, locales apropiados y suficientes para prestar en los mismos, en su caso, los servicios aduaneros y fiscales que correspondan, así como los Servicios de Inspección SOIVRE de las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio. Igualmente facilitarán a dichos servicios el acceso a los sistemas de vigilancia y control que tengan establecidos».
Y en el artículo 1 de la Orden de 10 de diciembre de 1998, por la que se establecen las condiciones necesarias para la realización de controles fitosanitarios en los Puestos de Inspección Fronterizos, aplicados a vegetales, productos vegetales u otros objetos procedentes de terceros países, dispone que «los Puestos de Inspección Fronterizos autorizados para los controles fitosanitarios aplicados a vegetales, productos vegetales u otros objetos procedentes de terceros países enumerados en la parte B del anexo V del Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación o tránsito hacia países terceros, deberán satisfacer, al menos, las condiciones contempladas en el anexo de la presente orden».
Finalmente, con fecha 17 de abril de 2006 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia de 11 de abril de 2006 por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2006, por el que se establece un Plan de Medidas para la Mejora de los Servicios de Sanidad Exterior.
En dicha resolución en primer lugar se justifica adecuadamente la adopción de un Plan de Medidas para la Mejora de los Servicios de Sanidad Exterior para potenciar la actividad de los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF) con el fin de mejorar los servicios prestados por la Administración General del Estado en materia de control sanitario exterior asegurando el cumplimiento de los objetivos asignados y desarrollando la capacidad de respuesta a las necesidades y demandas de las empresas cuyas mercancías son objeto de inspección sanitaria.
El objeto de este Plan es mejorar la calidad de los servicios prestados por los Puestos de Inspección Fronteriza y reforzar los controles sanitarios en las fronteras.
Con esta finalidad, el Plan establece medidas de carácter organizativo y de mejora de la coordinación, así como medidas para el desarrollo de nuevas actividades relacionadas con los procedimientos de inspección.
Por aplicación de las normas citadas, la Autoridad Portuaria, como titular de los puertos de Las Palmas, puso en funcionamiento un Puesto de Control en Frontera (PCF) en el puerto de Puerto del Rosario, en el año 2014, que cumple con los estándares de calidad y con las exigencias de la legislación europea. En estas Instalaciones se desarrollan todas aquellas labores de inspección de mercancías de importación, según las exigencias de la Unión Europea referidas anteriormente.
Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de carácter organizativo y de coordinación necesarios en este tipo de instalaciones, y mejorar la eficiencia de la gestión, la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) suscribió previamente un Convenio de colaboración con el Cabildo de Fuerteventura y la Cámara de Comercio de Fuerteventura, el 8 de abril de 2013, bajo el régimen jurídico de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículo 6) para la gestión conjunta del PIF y el RAH del puerto de Puerto del Rosario. La duración del convenio quedó estipulada en un máximo de 6 años, por lo que se extinguió el 8 de abril de 2019.
El 27 de abril de 2020 las partes suscribieron un nuevo convenio con el mismo objeto. El convenio entró en vigor el 17 de julio de 2020, con su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», además de su inscripción en el Registro Electrónico estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.
De conformidad con lo establecido en la cláusula Octava, el convenio tenía una vigencia de cuatro años, por lo tanto, venció el pasado 17 de julio de 2024.
El Cabildo de Fuerteventura, como órgano de gobierno, administración y representación insular, ejerce, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares (LCI) «las competencias propias que corresponden a las islas y las que le sean delegadas por otras administraciones públicas de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local y en su legislación específica», estableciendo el artículo 8.1 de la LCI que, «(…) son competencias propias de los cabildos insulares: […] d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio insular, de acuerdo con las competencias de las demás administraciones públicas en este ámbito […]».
Visto que el Cabildo de Fuerteventura, en materia de promoción económica y fomento del empleo, desarrolla un conjunto de estrategias, políticas y acciones orientadas a estimular el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la creación de empleo y la mejora del bienestar de la isla de Fuerteventura, centradas en fortalecer los pilares fundamentales de la economía, como la inversión, la innovación, el emprendimiento, la competitividad y la productividad, en las que la colaboración público-privada, a través de la que desarrollar proyectos conjuntos que aprovechen los recursos y capacidades para impulsar el progreso económico y social de la isla, resulta una herramienta esencial, y en el que la habilitación, funcionamiento y gestión del Puesto de Control en Frontera supone un instrumento fundamental para el despliegue de la actividad comercial y el económico.
La Cámara de Comercio de Fuerteventura es una Corporación de Derecho Público que tiene como misión fundamental la defensa de los intereses generales del Comercio, la Industria y la Navegación. Actúa como órgano consultivo de la Administración en todos los asuntos de carácter económico, defendiendo los intereses generales de los sectores que integra. Además de los servicios que presta a las empresas, también promueve la ejecución de proyectos de interés general para el empresariado de la demarcación de Fuerteventura, como son la promoción y dinamización del comercio exterior y la colaboración con la administración competente en la realización de acciones en materia de transporte y comunicaciones, contando con la experiencia e infraestructura necesaria para dar apoyo a la actividad empresarial.
Visto que las partes comparten el objetivo común de una adecuada gestión y funcionamiento del Puesto de Control en Frontera (PCF) del Puerto del Puerto del Rosario, que contribuya garantizar la seguridad de las importaciones, y a la promoción y dinamización de la actividad comercial y económica de la isla de Fuerteventura.
Que debido a los buenos resultados obtenidos durante la vigencia del convenio, Cabildo de Fuerteventura, APLP y Cámara de Comercio consideran importante suscribir un nuevo convenio interadministrativo cuyo objeto sea la gestión conjunta de las instalaciones del Puesto de Control en Frontera (PCF) del puerto de Puerto del Rosario, facilitando la utilización conjunta de medios y servicios.
Con el objeto de regular la colaboración entre las Partes, suscriben el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con arreglo a las siguientes,
El objeto del presente convenio es establecer el marco de colaboración y coordinación entre el Cabildo de Fuerteventura, APLP, y Cámara de Comercio de Fuerteventura para la gestión conjunta de las instalaciones del Puesto de Control en Frontera (PCF) del puerto de Puerto del Rosario, descritas a continuación, dada la confluencia de intereses y objetivos comunes de las partes intervinientes y con la finalidad de mejorar la gestión pública y contribuir a la realización de actividades de utilidad pública, compartiendo los medios y recursos disponibles.
Las instalaciones se componen de:
– Muelle de descarga 1 - PIF.
Zona operativa:
● Zona de carga y descarga (zona de presentación): 101,83 m2.
● Cámara de congelación: 24,85 m2.
● Cámara de refrigeración: 24,85 m2.
● Cámara ambiente: 24,85 m2.
Zona administrativa:
● Oficinas con una superficie de 54,70 m2.
● Sala de inspección de 18,74 m2.
● Vestuarios: 11,11 m2.
● Aseos de 9,28 m2.
● Cuarto de limpieza: 4,87 m2.
● Acceso usuario autorizado: 6 m2.
● Vestíbulo distribuidor: 24,49 m2.
– Muelle de descarga 2 - RAH:
Zona operativa:
● Zona de carga y descarga (zona de presentación): 50,70 m2.
● Cámara bitémpera: 24,70 m2.
● Cámara ambiente: 28,13 m2.
Zona administrativa:
● Sala de inspección de 18,27 m2.
● Vestuarios: 15,92 m2.
● Acceso salas de inspección: 7,42 m2.
● Vestíbulo distribuidor: 31,62 m2.
– Muelle de descarga 3 - PIF Fitosanitario:
Zona operativa:
● Zona de carga y descarga (zona de presentación): 64,85 m2.
● Cámara ambiente: 28,13 m2.
Zona administrativa:
● Sala de inspección de 10,40 m2.
● Vestuarios: 9,92 m2.
● Acceso usuario autorizado: 9,78 m2.
Área de oficinas comunes al RAH y PIF Fitosanitario:
● Oficinas: 66,85 m2.
● Aseos: 9,19 m2.
● Aseo 2: 3,58 m2.
Las instalaciones están destinadas al reconocimiento físico de mercancías que los Servicios de Inspección competentes decidan que sean objeto de inspección, con la prohibición absoluta de su dedicación a otros fines y/o al desarrollo de otras actividades. Se entiende por Servicios de Inspección toda aquella entidad pública competente para efectuar los controles e inspecciones necesarios para la importación, exportación o tránsito de mercancías (Aduanas, Sanidad Exterior, Soivre, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal, etc.).
Para optimizar los recursos tanto de las instalaciones como de los organismos inspectores, se podrán inspeccionar a petición de algún organismo oficial, aquellas otras mercancías que no siendo de origen animal o vegetal no necesiten de ningún equipamiento o utensilio distinto a los que se dispongan en estas instalaciones y sean compatibles con las inspecciones que se realizan en las mismas. En caso de divergencias decidirá la Dirección de la APLP, previa consulta con el responsable de Sanidad Animal o Exterior que la Administración competente designe.
La APLP como titular de las instalaciones aporta el equipamiento necesario para el desarrollo de los servicios de inspección, sufragará los gastos correspondientes a los suministros de electricidad, agua y comunicaciones, así como los gastos correspondientes a las labores de limpieza y mantenimiento de las instalaciones, con el siguiente detalle:
1. Equipamiento.
La APLP se obliga a mantener a disposición de las instalaciones, y en correctas condiciones, el equipo de manipulación y el material aportados para el desarrollo de las labores de carga, descarga e inspección de las mercancías (1 carretilla elevadora, precintos de calidad, mesas de apoyo, cizallas para romper los precintos, sierras y pallets). El equipamiento deberá cumplir la reglamentación vigente sobre seguridad en su funcionamiento, así como tener toda la documentación que exija la legislación vigente en cada momento.
2. Servicios y suministros.
La APLP seguirá abonando los servicios y suministros de electricidad, agua y comunicaciones, necesarios para la utilización de las instalaciones siendo de su cuenta los requerimientos que le impongan las empresas con las que contrate, así como los gastos de la contratación de los correspondientes servicios.
Los consumos de energía eléctrica y de agua de la zona de uso común continuarán a cargo de la APLP, mientras que los consumos de telefonía y datos del puesto de trabajo del personal de la Cámara de Fuerteventura correrán a cargo de este último.
Respecto a los consumos de electricidad y agua en las zonas de uso exclusivo y privativo de los Organismos de Inspección competentes, correrá a cargo de éstos, no siendo objeto del presente convenio. En cualquier caso, se considera zona de uso exclusivo y privativo el área administrativa de las instalaciones, integrada por las oficinas y locales utilizados por los servicios de inspección sanitaria en frontera tales como salas de inspección, vestuarios y aseos. Las restantes dependencias de las instalaciones se considerará zona de uso común.
3. Infraestructura de telecomunicaciones.
La APLP será responsable de la infraestructura de red local (cableado y elementos activos de red) y de telecomunicaciones, quedando excluidos los equipos informáticos.
4. Mejora de las infraestructuras según la normativa UE.
La APLP deberá efectuar las obras necesarias para la adecuación de las instalaciones a la normativa comunitaria o nacional, siempre que la necesidad de la misma venga motivada por la promulgación de nuevas normativas o por observaciones a las instalaciones derivadas de las inspecciones nacionales o comunitarias a las mismas.
5. Limpieza, desinfección, tratamiento de residuos y control de plagas de las instalaciones.
La APLP deberá garantizar una perfecta limpieza en las instalaciones. Así mismo es responsable de la eliminación y control de roedores en las instalaciones, y de realizar los tratamientos necesarios para disminuir la presencia de plagas, en exteriores y canalizaciones.
Los servicios de inspección se encargarán, en coordinación con la APLP, del tratamiento de los residuos que se generan en la actividad diaria de las instalaciones.
Para todo esto, se seguirán los planes aprobados por los responsables de los servicios de inspección y por la APLP.
6. Mantenimiento de las instalaciones.
Según el plan de mantenimiento aprobado, los trabajos de conservación y reparaciones tanto ordinarias como extraordinarias serán por cuenta de la APLP siendo responsable de la conservación de todos los elementos que constituyen las instalaciones, tales como puertas, ventanas, pinturas de edificios tanto interior como exterior, etc.
Además, la APLP estará obligada al mantenimiento de la instalación de climatización del edificio de oficinas y frío de las cámaras, con una empresa autorizada o con su propio personal, siguiendo las indicaciones de la empresa instaladora. Además realizará todas las reparaciones y sustituciones en las instalaciones de frío/climatización necesarias para que siempre se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.
La Cámara velará por el buen uso de todas las instalaciones, y notificará a la APLP cualquier incidencia con el fin de que pueda ser solucionada a la mayor brevedad.
La Cámara contribuirá en la gestión de las instalaciones, realizando las siguientes actividades administrativas:
1. Gestionar las solicitudes de utilización de las instalaciones:
Las solicitudes serán atendidas y gestionadas en los medios habilitados (teléfono, correo electrónico y web) por parte de la Cámara de Fuerteventura, en horario de 8:00 a 14:30 horas. El teléfono figurará en sitio visible de las instalaciones del PIF y RAH. También se informará sobre los canales de comunicación del Servicio de Sugerencias y Reclamaciones (SyR) de la APLP.
2. Apertura/cierre de las instalaciones y control de accesos:
Las instalaciones deberán abrirse el tiempo necesario para realizar todos los servicios de inspección concertados. Cuando no haya prevista ninguna inspección, los servicios de atención y consulta se centralizan en las instalaciones propias de la Cámara de Fuerteventura.
Si a requerimiento de algún Organismo Oficial y para prestar un servicio de inspección, fuese necesaria la presencia del personal en horas distintas a las concertadas, se tendrá obligación de atender dicha petición, aplicando la correspondiente tarifa.
Si cuando comience la actividad de inspección en las instalaciones, y en función del volumen de operaciones, se detectara la necesidad de ampliar y establecer un horario de apertura continuo, se mantendría el personal de la Cámara de manera permanente en las instalaciones durante dicho horario. Si esta situación requiriera una mayor presencia del personal, éste deberá adaptarse a dicha modificación.
La Cámara de Fuerteventura será responsable del debido control de entradas y salidas de personas y mercancías relacionadas con la actividad autorizada.
3. Facturación y recaudación de las tarifas.
La utilización de las instalaciones y la prestación de los servicios de inspección de mercancías devengan las correspondientes tarifas, aprobadas por la APLP.
La Cámara de Fuerteventura realizará las tareas de facturación y recaudación del importe de las tarifas e ingresará los importes totales en una cuenta bancaria independiente y de su titularidad a utilizar exclusivamente para estos fines.
Para ello, la Cámara aplicará las tarifas aprobadas por el Consejo de Administración de la APLP. Dichas tarifas podrán ser actualizadas cuando así lo establezca la APLP. Además, el adjudicatario deberá exponerlas en un lugar visible para el usuario de las instalaciones a efectos de información.
Estas facturas serán expedidas obligatoriamente por la Cámara en su propio nombre y deberá conservar los duplicados de la facturación efectuada. Asimismo, con el fin de reducir la morosidad del usuario final, el impago de los servicios producirá la inmediata suspensión del servicio de inspección hasta que el receptor final pague las facturas que correspondan.
La Cámara de Fuerteventura presentará durante los cinco primeros días laborables de cada mes, a la Dirección de la APLP, un informe de facturación como resumen a los informes diarios, referido al mes precedente, especificando la siguiente información:
Facturación bruta total, debiendo figurar el IGIC como partida independiente. Esta información irá acompañada por la facturación por día, desglosado por tipo de tipo de elemento de transporte, tipo de operación realizada, servicios de inspección que han actuado, toneladas manipuladas y hora de inicio y fin de la operación.
Al finalizar cada año se realizará un análisis de los gastos realizados por cada una de las partes, así como de los ingresos recibidos por los servicios realizados. El importe de los ingresos será distribuido entre las partes en base al porcentaje de gastos de funcionamiento soportados.
En el momento de realizar el análisis de los gastos sufragados por cada una de las partes, cada parte deberá aportar la documentación relativa a los contratos formalizados, las facturas recibidas y comprobante de las transferencias realizadas para hacer frente al pago de las facturas. No se incluirán como objeto de estudio para calcular los gastos de cada una de las partes aquellos gastos que no vengan incluidos en el presente convenio a excepción de otros gastos que puedan surgir sobre el funcionamiento de la operativa si éstos están debidamente justificados. Se excluirán los gastos que vengan recogidos, pero no sean justificables, mediante la documentación requerida en el presente párrafo o cuyo importe o concepto no venga suficientemente especificado e individualizado.
Para la realización de las tareas administrativas, la Cámara pone a disposición personal que desarrolle las mismas y personal de coordinación en el ámbito de este convenio.
En cualquier caso, las actividades que realice esta persona en las instalaciones no le confiere la condición de empleado de la APLP, no creándose por lo tanto, vínculo laboral alguno, ni de cualquier otro carácter entre dicho personal y la APLP; por lo que dependerá exclusivamente de la Cámara de Comercio, que estará obligada al pago de sus retribuciones y de todas las cargas sociales derivadas de lo dispuesto en la legislación laboral vigente, así como por la Seguridad Social y, en particular, asume la responsabilidad de garantizar el estricto cumplimiento de la legislación laboral y social.
La Cámara será responsable de que esta persona reciba las informaciones relativas a los riesgos y medios preventivos. Así mismo, cumplirá la normativa de prevención de riesgos laborales que se encuentre en vigor, incluida la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa que la desarrolla.
Deberá contratar un seguro de responsabilidad civil de explotación para la actividad a desarrollar, así como de responsabilidad civil patronal con un límite no inferior a 300.000 euros por siniestro y sublímite máximo de responsabilidad civil patronal de 150.000 euros por víctima. La Cámara aportará, asimismo, justificación del aseguramiento de accidentes, de acuerdo con el convenio colectivo aplicable, para el personal que se obliga a aportar.
El Cabildo contribuirá en la gestión de las instalaciones, realizando las siguientes tareas de apoyo a los servicios de inspección:
– Manipulación de puertas y rampas de los muelles de carga y colaboración para el correcto posicionamiento de los contenedores en dichos muelles.
– Desprecintado del contenedor, para inspección, apertura y posterior cierre y precintado del mismo. Durante este proceso deberán estar siempre presentes los Servicios de Inspección. Además, el personal que realice este servicio deberá seguir las indicaciones de los mismos.
– Descarga total o parcial (vaciados o pasillos) de las mercancías objeto de control o inspección, y posterior carga de esas mercancías en el equipamiento de transporte.
– Entrada y salida de las mercancías de las cámaras frigoríficas, de refrigeración o de temperatura ambiente, siguiendo en todo momento las instrucciones de los Servicios de Inspección competentes.
– Traslado de muestras a inspeccionar a la sala de inspección para su control y posterior retorno a contenedor, en su caso.
– Colocación de los residuos resultantes de las inspecciones (precintos, bolsas, etc.) en los contenedores de residuos habilitados al efecto.
– Cumplimentación del documento de control de muestras y elaboración y suministro de datos sobre las inspecciones realizadas a la Autoridad Portuaria.
– Otras actividades de apoyo a los Servicios de Inspección (pesaje, recuento o empaquetado, etc.).
Para la realización de estas tareas, el Cabildo pone a disposición un (1) trabajador con categoría profesional de maquinista, con conocimiento de los elementos y maquinaria que emplee, y que utilizará con sujeción a normas estrictas de seguridad.
En el caso de mercancía no paletizada que necesite de personal de apoyo para la manipulación de la misma, la Cámara de Fuerteventura coordinará la contratación del personal cualificado necesario.
Se seguirá en todo momento las indicaciones de los Servicios de Inspección.
En cualquier caso, las actividades que realice el citado personal en la zona de servicio no le confiere la condición de empleado de la APLP, no creándose por lo tanto, vínculo laboral alguno, ni de cualquier otro carácter entre dicho personal y la APLP; por lo que dependerá exclusivamente del titular de la autorización que le haya contratado, que estará obligado al pago de sus retribuciones y de todas las cargas sociales derivadas de lo dispuesto en la legislación laboral vigente, así como por la Seguridad Social y, en particular, asume la responsabilidad de garantizar el estricto cumplimiento de la legislación laboral y social. El Cabildo de Fuerteventura declara conocer las normas aplicables, con la firma de este convenio.
El Cabildo de Fuerteventura será responsable de que sus propios trabajadores, así como los de las empresas arrendatarias, auxiliares o subcontratistas, reciban las informaciones relativas a los riesgos y medios preventivos. Así mismo, cumplirá la normativa de prevención de riesgos laborales que se encuentre en vigor, incluida la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa que la desarrolla.
El Cabildo será responsable de que el personal reciba las informaciones relativas a los riesgos y medios preventivos. Así mismo, cumplirá la normativa de prevención de riesgos laborales que se encuentre en vigor, incluida la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa que la desarrolla.
Deberá contratar un seguro de responsabilidad civil de explotación para la actividad a desarrollar, así como de responsabilidad civil patronal con un límite no inferior a 300.000 euros por siniestro y sublímite máximo de responsabilidad civil patronal de 150.000 euros por víctima. La Cámara aportará, asimismo, justificación del aseguramiento de accidentes, de acuerdo con el convenio colectivo aplicable, para el personal que se obliga a aportar.
Cada Parte asumirá los costes que le corresponda derivados de las obligaciones adquiridas en el convenio.
El gasto anual estimado en que incurrirá cada una de las partes es el siguiente:
– Autoridad Portuaria de Las Palmas: 7.000 euros.
– Cámara de Fuerteventura: 7.000 euros.
– Cabildo de Fuerteventura: 1.200 euros.
Para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de la ejecución de los compromisos adquiridos, se constituirá una Comisión mixta de Seguimiento, de composición paritaria, que se reunirá a petición de cada una de las partes intervinientes y estará compuesta por un representante de cada una de ellas.
El funcionamiento de este órgano, en lo no contemplado en este convenio, se regirá de acuerdo con lo previsto para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La duración del presente convenio será de cuatro (4) años.
El presente convenio se perfecciona con la firma de las partes y tendrá validez y eficacia desde la fecha de su inscripción en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO). Además, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Antes de la finalización del plazo previsto, podrá ser objeto de prórroga, por acuerdo unánime de los firmantes y por un periodo que no podrá ser superior al establecido en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público mediante la tramitación de la adenda de conformidad con los requisitos previstos legalmente y ésta surtirá efectos con su inscripción en REOICO antes de la fecha extinción del convenio. Asimismo, será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado, asimismo, a la Comisión de Seguimiento.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
En caso de resolución anticipada corresponde a la Comisión de Seguimiento determinar la forma en que habrán de concluirse las actuaciones en curso.
Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de estas.
La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes adoptado en el seno de la Comisión de Seguimiento. Cualquier modificación se formalizará mediante la correspondiente adenda al convenio.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen a la Comisión de Seguimiento, las cuestiones litigiosas que puedan plantearse respecto a la aplicación, interpretación y cumplimiento de su contenido serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y para que así conste y en prueba de conformidad, las partes firman y rubrican el presente documento, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–Por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Presidenta, Beatriz Calzada Ojeda.–Por el Cabildo de Fuerteventura, la Consejera de Área Insular de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible, Nuria Herrero Bravo la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Fuerteventura, el Presidente, Juan Jesús Rodríguez Marichal.