Categoría: Economía y Empleo

Con fecha 29 de marzo, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 6/2022 (publicado en BOE de 30 de marzo), por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de repuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Entre las medidas previstas se encuentra un incremento del importe del ingreso mínimo vital correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2022, mediante la aplicación de un porcentaje del 15 % al importe reconocido en cada caso.
No obstante, el referido incremento deja fuera de su ámbito de aplicación a las personas que no pueden acogerse al IMV pero que tienen derecho a la prestación complementaria que se establece en nuestra Comunidad Autónoma mediante Ley 3/2021, de 20 de mayo. Por ello, es necesario contemplar un incremento del importe de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2022 mediante la aplicación de un porcentaje del 15 % al importe reconocido en cada caso. La finalidad de esta medida es evitar que las personas perceptoras de esta prestación, que pertenecen a los colectivos más vulnerables en términos económicos y sociales, puedan verse más afectadas aún en su precaria situación por las consecuencias que la invasión de Ucrania por Rusia está generando en toda Europa. En este contexto se ha producido un alza extraordinaria de los precios dentro de una coyuntura en la que el IPC estaba ya en máximos, por lo que urge adoptar medidas que amortigüen el impacto de esta subida en la población, y especialmente en los colectivos cuya situación es más complicada, como es el caso de los perceptores de la Prestación Aragonesa Complementaria.
Con este mismo objeto de amortiguar el impacto de la subida de precios, se introduce un incremento extraordinario para los meses de mayo, junio y julio de la cuantía máxima del complemento para gastos de vivienda que tienen reconocido tanto los titulares de la Prestación Aragonesa Complementaria como del Ingreso Mínimo Vital, así como un incremento de la cuantía máxima anual para el año 2022 de la ayuda de urgencia para el consumo energético destinada a personas en situación de vulnerabilidad o especial vulnerabilidad.
La adopción de medidas mediante Decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura de crisis actual exige una rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio–. El Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ. 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ. 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ. 3 y 189/2005, de 7 julio, FJ. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha agravado el choque de oferta que viene sufriendo la economía europea desde el verano de 2021 a causa de la escalada del precio del gas natural y ha añadido además una elevada incertidumbre respecto a su duración e intensidad, lo que tiene un importante impacto sobre las personas en situación de vulnerabilidad que hace especialmente urgente la adopción de las medidas previstas. Por todo ello queda acreditada la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas adoptadas en el Decreto-ley.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad número 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, este Decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que este Decreto-ley no afecta al ámbito de aplicación delimitado por el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Además, responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exigen la normativa básica estatal y aragonesa de procedimiento administrativo y régimen jurídico. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el Decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y aprobación de normas de urgencia. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este Decreto-ley no impone carga administrativa alguna adicional a las existentes con anterioridad.
El Decreto-ley se estructura en tres artículos y una disposición final.
En virtud de lo que antecede, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, ejerciendo las competencias establecidas en el artículo 71.34.ª del Estatuto de Autonomía, y en aplicación de los principios rectores de las políticas públicas recogidos en los artículos 23 y 24 del mismo, a propuesta de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 4 de mayo de 2022, dispongo:
1. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales reconocerá un incremento extraordinario en la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital vigente a la entrada en vigor de este Decreto-ley, respecto de las mensualidades de mayo, junio y julio de 2022, que consistirá en la aplicación de un porcentaje del 15 por cien al importe mensual reconocido para los citados meses, y excluyendo los importes correspondientes a periodos previos, así como a otros conceptos de periodicidad no mensual que hubieran podido acumularse.
2. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor de este Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de julio de 2022.
3. En todo caso, el incremento será de aplicación únicamente a las personas beneficiarias de la prestación que no sean titulares del Ingreso Mínimo Vital.
La cuantía máxima aplicable a cada titular de la Prestación Aragonesa Complementaria o del Ingreso Mínimo Vital para el complemento para gastos de vivienda establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 3/2021, de 20 de mayo, se incrementa, respecto de las mensualidades del mayo, junio y julio de 2022, hasta el 10 % del importe anual de la renta garantizada a efectos del IMV para la correspondiente unidad de convivencia.
La cuantía máxima de la ayuda de urgencia para el pago del consumo energético regulada en el artículo 4 de la Ley 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón, y en el Decreto 191/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, se incrementará hasta 300 euros anuales durante el año 2022.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el 1 de mayo de 2022.
Zaragoza, 4 de mayo de 2022.–El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lorenzo Bravo.–La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto Cosculluela.