Categoría: Administración

La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha por parte de la Comisión Europea un ambicioso Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías en el mundo post-COVID-19, a partir de 2021.
El nuevo Fondo de Recuperación NextGenerationEU permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes y en este contexto el Gobierno ha aprobado el 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. Este Plan ha sido aprobado por la Comisión Europea el pasado 16 de junio de 2021, y por el Consejo de la Unión Europea el 13 de julio de 2021.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea –NextGenerationEU– es un proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Las componentes que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva, de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.
Este Plan tiene entre sus objetivos que nuestro país apueste por la descarbonización, invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta un sistema energético limpio, siendo la transición ecológica uno de sus cuatro ejes transversales.
La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables dicta en su artículo 3 que los Estados Miembros velarán conjuntamente porque la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de, al menos, el 32 % del consumo final bruto de energía de la Unión Europea en 2030.
Por otra parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (en adelante, PNIEC) 2021-2030, proporciona el marco director del programa de inversiones y reformas para una transición medioambiental justa que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde.
Este plan incluye, entre sus objetivos energéticos, lograr en 2030 una presencia de las energías renovables sobre el uso final de energía del 42 %, donde la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable deberá representar el 74 % de la generación eléctrica, conllevando una importante reducción del nivel de emisiones de CO2y favoreciendo el paso a una economía baja en carbono.
Por la naturaleza del recurso, la geotermia presenta una doble contribución a los objetivos renovables, por un lado, para usos térmicos y por otro para generación eléctrica en el caso de temperaturas superiores a 100º. Para contribuir al desarrollo de la geotermia, el PNIEC contempla las siguientes medidas:
– Para usos térmicos, la medida 1.6 «Marco para el desarrollo de las energías renovables térmicas» del PNIEC prevé el establecimiento de incentivos y programas de ayudas en los diferentes sectores de la economía.
– Para generación eléctrica, la medida 1.1 «Desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica con renovables» establece los mecanismos de actuación previstos para las tecnologías que pueden conseguir contribuciones energéticas elevadas, así como la necesidad de programas específicos de ayuda para tecnologías en desarrollo o para territorios extrapeninsulares y también la medida 1.12 «Proyectos singulares y estrategia para la energía sostenible en las islas» que establece la necesidad de desarrollar las tecnologías más innovadoras. En este sentido, se menciona la singularidad de la geotermia profunda, de media y alta temperatura, cuyo carácter innovador se justifica al no disponer de mercado en España. Concretamente, el PNIEC establece un objetivo de potencia a instalar de geotermia para producción de electricidad de 15 MW eléctricos para el año 2025 y un total de 30 MW eléctricos para el año 2030.
Las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están completamente alineadas con las siete iniciativas bandera europeas (flagship initiatives) presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Entre estas iniciativas destaca el desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en diferentes sectores de la economía.
En este contexto, deben llevarse a cabo actuaciones en el marco del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que financiará el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de hacer frente a los efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19, así como los impactos económicos que conlleva. Estos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones (en adelante, PES) para el período 2022-2024. Este plan recoge las líneas de subvención gestionadas por el Ministerio, que responden a objetivos estratégicos inspirados en las políticas palanca definidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y vinculados a los objetivos de los programas de los Presupuestos Generales del Estado, según lo establecido en el artículo 12.1 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, así como, en su caso, de los programas operativos de los fondos europeos que son fuente de financiación.
Dentro de las diez políticas palanca que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una de las líneas de acción es el componente 7: Despliegue e integración de las energías renovables; incluyen, entre otros, el impulso a la presencia de las energías renovables en el consumo energético nacional fomentando la inversión privada, eliminando barreras al despliegue de renovables y mejorando la integración de la generación renovable en el entorno y el desarrollo de los sistemas de almacenamiento vinculados a instalaciones de energías renovables; y el impulso al despliegue de la economía circular en España.
Por otro lado, aunque actualmente la línea de ayudas regulada por la presente orden no está incluida dentro de los Objetivos estratégicos recogidos en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES), las actuaciones apoyadas por ella contribuirán al logro del objetivo 2 «Transición energética y climática justa, inclusiva y sostenible».
La geotermia de origen profundo, por su carácter renovable y como energía de base por su capacidad de suministro permanente y su elevado potencial, se plantea como una opción a futuro de gran importancia y elevadas garantías. En general, los recursos geotérmicos de alta temperatura son aquellos cuya temperatura es superior a los 150 °C y los de media temperatura los que se encuentran entre los 100 °C y 150 °C.
El territorio español cuenta con una estructura geológica propicia para la presencia en el subsuelo de recursos geotérmicos, sin embargo, las características particulares de esta tecnología, por la fuerte barrera de entrada que suponen los elevados costes y riesgos asociados a la definición, localización y disponibilidad del recurso geotérmico, que ha impedido hasta el momento su implantación en España. Por tanto, para poder disponer de los primeros proyectos de geotermia en el territorio nacional, se considera necesario apoyar la realización de los estudios de viabilidad, para la evaluación y análisis del potencial de cada emplazamiento, con el objetivo de apoyar el proceso de toma de decisiones de forma objetiva y racional, determinar los recursos necesarios para llevarlo a cabo y, en última instancia, sus perspectivas de éxito.
En este contexto, se implementa el programa de incentivos objeto de las ayudas reguladas por esta orden, dirigidas a la realización de estudios de viabilidad de proyectos, de carácter innovador, para el aprovechamiento de energía geotérmica profunda.
En cuanto al campo de intervención de esta Orden de Bases se ha seleccionado el campo 032 conforme a la Metodología de seguimiento del anexo VI para la acción por el clima establecida en el Reglamento (UE) n.º 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que prevé una reducción de las emisiones de CO2. Esta Orden de Bases cumple con los requisitos necesarios para computarse con un «coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos» del 100 % y con un «coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos medioambientales» del 40 %, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Las ayudas reguladas por esta Orden de Bases serán financiadas con los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas ayudas impulsarán la realización de estudios de viabilidad en todo el territorio nacional mediante presupuesto procedente del Componente C7, línea de Inversión 1 (Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en procesos productivos) y, adicionalmente, la Comunidad Autónoma de Canarias contará con presupuesto del Componente C7, línea de inversión 2 «energía sostenible en las islas», que fomentan el despliegue e integración de energías renovables en los territorios insulares, concretamente la que se refiere a la promoción de proyectos de demostración con diversidad geográfica, tecnológica y social para eliminar barreras de entrada al mercado y validación de modelos de negocio mediante la implementación de dicho programa.
Además, se tiene en cuenta en todo momento el principio de «no causar un perjuicio significativo» («do no significant harm», en adelante «DNSH») a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 a la hora de diseñar los requisitos de valoración y elegibilidad de las actuaciones.
En este contexto, se prevé que las ayudas reguladas por esta orden son necesarias para el futuro desarrollo prioritario de los primeros proyectos de geotermia profunda en España que contribuirán a la generación de electricidad y/o térmica para uso directo, con el consiguiente aumento del suministro de energía renovable, así como la mejor integración de la misma en el sistema, conllevando una disminución de las emisiones de CO2, una menor dependencia energética de los combustibles fósiles y un aumento de beneficios locales a nivel económico y social.
Las ayudas reguladas por esta orden serán financiadas con el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. A tal efecto, se ha previsto en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en la aplicación presupuestaria 23.50.42GA.748 «Al IDAE. Para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» y en la aplicación presupuestaria 23.50.42GB.74806 «Al IDAE para energía sostenible en las islas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», crédito presupuestario para el libramiento de los correspondientes fondos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).
Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha procedido a su ejecución conforme a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y demás normativa reguladora, habiéndose reconocido la obligación e instrumentado la correspondiente propuesta de pago con fecha 23 de julio de 2021, integrándose el mismo en el patrimonio neto del IDAE, conforme a su normativa contable reguladora.
Con cargo a la aplicación presupuestaria mencionada anteriormente, están legalmente afectados a financiar proyectos o líneas de actuación integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En caso de no realizarse el gasto, el IDAE deberá proceder a reintegrar al Tesoro Público los fondos recibidos que no vayan a destinarse a la finalidad asignada. Asimismo, con la finalidad de permitir su seguimiento, en la formulación de las cuentas anuales, en el remanente de tesorería afectado, IDAE distinguirá la parte afectada destinada a cubrir estas actuaciones.
Además, con fecha 14 de diciembre de 2021, mediante acuerdo del Consejo de Ministros se aprobó el «Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento». Las actuaciones incluidas en esta orden de bases se encuentran dentro de los instrumentos y medidas previstos en el componente 7 que forman parte del PERTE ERHA, concretamente forma parte del Bloque «Innovación y Cadena de valor en la generación renovable», que contempla como Actuación 1 «Proyectos singulares y de innovación en renovables», entre los que se encuentran la «Investigación y aprovechamiento de geotermia de media y alta temperatura», en la línea de impulsar la necesaria innovación, que permita mantener una posición de competitividad y autonomía estratégica en el ámbito de las renovables, tanto a nivel de tecnologías, como su adecuada integración en el territorio.
El desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a cada reforma e inversión, aprobados en el marco del mismo. Las actuaciones promovidas por esta Orden contribuyen al objetivo CID 119 «Finalización de proyectos de apoyo a la transición energética en las islas» y al indicador de seguimiento 119.1 de acuerdo con el anexo II de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación (Operational Arrangements, o simplemente OA por su denominación en inglés).
Estos estudios de viabilidad constituyen un paso previo y necesario para los futuros potenciales proyectos de aprovechamiento de la energía geotérmica profunda, cuyo desarrollo permitirá también contribuir a la consecución de los objetivos CID 117 «Capacidad adicional de producción de energías renovables innovadoras o de valor añadido» de la inversión 1 del Componente 7 y a los objetivos del CID 120 «Capacidad adicional de producción de energía renovable en las islas», de la inversión 2 del mismo Componente 7.
La recepción de solicitudes, instrucción, selección, gestión, resolución, verificación y control y, en su caso, publicación de las convocatorias de estas ayudas serán realizados por E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., de manera centralizada.
El marco regulador de estas ayudas resulta conforme con la jurisprudencia constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones que comenzó a articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62/2018, de 7 de junio.
Estas ayudas se tramitan de forma centralizada por IDAE para optimizar la gestión de los fondos públicos limitados e incentivar un volumen de inversión significativo en la ejecución de estudios de viabilidad, de gran relevancia para el conocimiento, localización y disponibilidad de los recursos geotérmicos, necesarios para identificar las ubicaciones con mejor recurso a nivel nacional. Estos estudios constituirán la base para desarrollar los primeros proyectos de geotermia profunda que podrán considerarse ejemplarizantes, y permitirán desarrollar el mercado de la tecnología geotérmica profunda en nuestro país. Una de las principales características de estas ayudas es la indeterminación de los beneficiarios en el universo de quienes reúnen los requisitos previstos en la orden, lo que impide la previa distribución de los recursos entre las distintas Comunidades Autónomas y su gestión descentralizada. No es posible definir un criterio para la pre-asignación de fondos y la gestión territorial de estas subvenciones, pues la existencia de los recursos geotérmicos en el subsuelo no se conoce a priori, y éstos se descubren, precisamente, mediante los estudios de viabilidad que se subvencionan con estas ayudas, por lo que sólo la gestión centralizada se revela idónea para alcanzar el objetivo perseguido por el Estado al ejercitar su poder de gasto en atenciones para las que tiene competencia básica.
Asimismo, la centralización de la gestión de estas ayudas implica que, en la valoración técnica de la selección de los estudios a subvencionar se garantice mejor una igualdad de acceso si las valoraciones las realiza la misma entidad. La territorialización del presupuesto podría suponer que, en ciertas regiones con potencial recurso geotérmico, no se podrían incentivar determinados estudios por superar el importe de la ayuda a la partida territorializada correspondiente o bien que, al afectar a varias comunidades autónomas, no pudiera realizarse en su totalidad.
Atendiendo a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, recursos de inconstitucionalidad 542/1988 y 573/1989 (acumulados), promovidos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación con determinados preceptos y partidas presupuestarias de las Leyes 33/1987, de 23 de diciembre y 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 y 1989, respectivamente, la gestión centralizada de estas subvenciones resulta imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector y optimizando la aplicación del presupuesto disponible.
El procedimiento de concesión de las ayudas será mediante concurrencia competitiva, conforme a los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, otorgándose las ayudas a los solicitantes con mejor valoración según los criterios establecidos en las bases reguladoras contenidas en esta orden.
Estas ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la exención por categoría de ayudas para la protección del medio ambiente (Sección 7), sin perjuicio del resto de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La sección 7 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, sobre ayudas para la protección del medio ambiente incluye, concretamente en su artículo 49 «Ayudas para estudios medioambientales», que las ayudas para estudios, directamente vinculados a las inversiones contempladas en la presente sección serán compatibles con el mercado interior.
Se mantiene el efecto incentivador de las ayudas, por lo que solo se admitirán solicitudes de estudios de viabilidad cuya realización no se haya iniciado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
Por otra parte, esta orden se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de acometer un proceso de modernización de la Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del PRTR y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado; estableciendo una serie de medidas que van a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con estos Fondos Europeos. Entre ellas, se suprime la necesidad de exigir la autorización del Consejo de Ministros prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Por ello, en la tramitación de esta orden de bases, adoptada para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han aplicado las previsiones de los artículos 47, 60 y 61 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose solicitado los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Del mismo modo, resulta conforme a los estándares exigidos por la Orden HFP/1030/2021 y la Orden HFP/1031/2021 de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR. Asimismo, esta orden se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, que constituyen la base del desarrollo futuro de proyectos innovadores, que contribuirán a una reducción del consumo de energía final, una menor dependencia energética y unas menores emisiones de CO2.
Esta orden también se adecúa al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo solo las condiciones que establece la normativa europea y la española.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con el derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, en particular con los planes y normativa vigente en materia de energías renovables.
La norma cumple con el principio de transparencia, ya que en su elaboración se han seguido todos los procesos de participación y audiencia que establece la normativa, habiéndose realizado el trámite de participación pública. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
Asimismo, el programa de incentivos de estudios de viabilidad de proyectos, de carácter innovador, para el aprovechamiento de energía geotérmica profunda también se fundamenta en criterios de oportunidad, que implican la exigencia de establecer actuaciones más idóneas para contribuir a alcanzar los objetivos de descarbonización previstos.
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en los apartados 13.ª, 15.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sobre fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y sobre bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su virtud, dispongo:
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras (en adelante «Orden de Bases») para la selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas correspondientes al programa de incentivos a estudios de viabilidad de proyectos, de carácter innovador, para el aprovechamiento de energía geotérmica profunda (Programa Geotermia Profunda), que se aprueba y establece por la misma, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
2. Las ayudas reguladas por esta orden impulsarán la realización de estudios de viabilidad en todo el territorio nacional mediante presupuesto procedente del Componente C7, línea de Inversión 1 (Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en procesos productivos) y, adicionalmente, la Comunidad Autónoma de Canarias contará con presupuesto del Componente C7, línea de inversión 2 «energía sostenible en las islas».
3. En el contexto de esta Orden de Bases, se entenderá por estudio de viabilidad la evaluación técnica, análisis y cuantificación del recurso geotérmico en un área determinada, incluyendo la realización de las actuaciones exploratorias y de investigación necesarias para dicha evaluación, así como la valoración técnico-económica para llevar a cabo un proyecto de geotermia profunda, prioritariamente de media y alta temperatura para generación eléctrica o para usos térmicos directos, y determinar, en última instancia, sus perspectivas de éxito. Este estudio de viabilidad se regirá por lo establecido en Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, así como cualquier otra normativa de obligado cumplimiento.
4. Las ayudas reguladas en esta Orden de Bases tendrán como finalidad promover actuaciones que serán la base de futuros proyectos, de carácter innovador, para el aprovechamiento de energía geotérmica profunda, contribuyendo al objetivo CID 119 «Finalización de proyectos de apoyo a la transición energética en las islas» y al indicador de seguimiento 119.1 de acuerdo con el anexo II de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación, así como a la consecución del objetivo estratégico 2 del PES.
Estos estudios de viabilidad constituyen un paso previo y necesario para los futuros potenciales proyectos de aprovechamiento de la energía geotérmica profunda, cuyo desarrollo permitirá también contribuir a la consecución de los objetivos CID 117 «Capacidad adicional de producción de energías renovables innovadoras o de valor añadido» de la inversión 1 del Componente 7 y a los objetivos del CID 120 «Capacidad adicional de producción de energía renovable en las islas», de la inversión 2 del mismo Componente 7.
5. Se pretende impulsar el conocimiento, localización y disponibilidad del recurso geotérmico en el territorio nacional y, en particular, en las Islas Canarias para favorecer el desarrollo de los primeros proyectos para el aprovechamiento de energía geotérmica profunda en España.
6. Para el cumplimiento de esta finalidad se dispondrá de financiación por parte del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU». La entidad beneficiaria estará obligada a cumplir las responsabilidades en materia de información y publicidad establecidas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR y en los demás instrumentos jurídicos que regulen el MRR.
1. Lo dispuesto en esta Orden de Bases será de aplicación en todo el territorio nacional.
2. La vigencia de las bases reguladoras aprobadas por esta Orden de Bases se extenderá desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 31 de enero de 2026. No obstante, las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella, y por las convocatorias dictadas al amparo de la misma, hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
3. Podrán ser objeto de ayuda los estudios de viabilidad de proyectos, de carácter innovador, para el aprovechamiento de energía geotérmica profunda, que serán aquellos que contemplen las actuaciones descritas en el anexo I de la presente Orden de Bases.
4. Las ayudas se concederán solo a aquellas entidades beneficiarias cuyos estudios se desarrollen en territorio nacional.
1. Las ayudas que se regulan en esta Orden de Bases se regirán, además de por lo dispuesto en la misma y en las respectivas convocatorias y resoluciones de concesión, por cuantas normas vigentes que por su naturaleza jurídica pudieran resultar de aplicación, y, en particular, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En defecto de lo previsto en esta normativa, se aplicarán las normas de derecho administrativo y, en último término, el derecho privado.
2. También serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a) El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
b) Las normas que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en particular:
i. Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
ii. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
iii. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
iv. La Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
v. Las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
c) La normativa medioambiental que regula la aplicación del principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH):
i. La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guía Técnica de la Comisión Europea»).
ii. El «Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088», («Reglamento de Taxonomía»).
iii. Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, «Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives», («Actos Delegados de Taxonomía»).
iv. En su caso, las actuaciones llevarán a cabo los procedimientos de evaluación ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
d) El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
e) En materia de fraude, corrupción y conflicto de intereses, esta Orden de Bases se encuentra en el ámbito de aplicación del Plan de medidas antifraude, de prevención de conflicto de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de Estado aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021. Este Plan recoge los mecanismos y procedimientos necesarios que deberán cumplir todos los proyectos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y resiliencia. Adicionalmente, la normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:
i. En aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para transponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
ii. El Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/1995 del consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas;
iii. El artículo 61 del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
iv. El artículo 53 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a la abstención, y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación.
v. La Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación en relación con la DA 112.ª de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. En este sentido, el artículo 7 de esta Orden establece que se solicitará la información de la titularidad real a los participantes en los procedimientos, siempre que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación de que se trate. Esta información deberá aportarse al órgano de contratación o de concesión de subvenciones en el plazo de 5 días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento en el que esté participando.
f) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
3. Asimismo, será de aplicación la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en lo que se refiere a la vinculación legal a finalidad de los fondos recibidos por transferencia a IDAE procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como el tipo de concurrencia, la publicación de las bases, las obligaciones de control, el seguimiento de la ejecución y el reingreso de fondos.
4. En todo lo no previsto en esta Orden de Bases o en las respectivas convocatorias, será de aplicación lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, posteriores modificaciones y su normativa de desarrollo así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se aprueban por esta Orden de Bases, siempre que realicen la actividad que fundamenta su concesión en los términos que la misma establezca y cumpla todos los requisitos exigidos, las siguientes entidades beneficiarias que estén válidamente constituidas:
a) Las entidades con personalidad jurídica propia, pública o privada.
b) Consorcios o agrupaciones empresariales de personas jurídicas, públicas o privadas, con o sin personalidad jurídica propia que deberán adoptar cualquiera de las formas previstas en Derecho. Se podrá incluir en las distintas convocatorias dentro de los criterios de valoración una puntuación adicional en caso de que participe un organismo o entidad pública o centro tecnológico público en el ámbito estatal, autonómico, provincial, insular, regional o local. En caso de no contar con personalidad jurídica propia, deberá cumplirse con lo establecido por el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2. En el caso de agrupaciones empresariales de personas jurídicas, públicas o privadas, uno de los participantes actuará como coordinador o representante de la misma. El coordinador de la agrupación actuará como representante o apoderado único de la agrupación, con poderes suficientes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. El coordinador será el interlocutor y representante de la agrupación ante el IDAE y canalizará las relaciones correspondientes entre éste y los miembros de la agrupación. El coordinador será el único con acceso a las notificaciones y comunicaciones de IDAE y deberá trasladar las mismas al resto de miembros de la agrupación, tanto en el procedimiento de concesión como en la fase de seguimiento y justificación de las ayudas. Asimismo, el representante de la agrupación recibirá el pago de la ayuda concedida y será responsable de su distribución entre los miembros de la agrupación, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión.
3. Las entidades beneficiarias, o al menos una de las entidades participantes en el caso de agrupaciones empresariales, deberán ser solicitantes o titulares del dominio público minero, o bien impulsores o participantes del concurso público al que se refiere el artículo 10 de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial atención a los recursos minerales energéticos, de los recursos geotérmicos de la sección D) objeto del estudio.
1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las contenidas en esta Orden de Bases, las que se determinen en cada convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de las presentes bases, comunique el IDAE en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. En este contexto, el beneficiario suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaración responsable que acredite no tener pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas, o en su caso el cumplimiento de las mismas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, cuando los solicitantes sean únicamente sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la citada ley. En este contexto, el beneficiario suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaración responsable y, en su caso, aportará certificado del auditor que permita acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago. Los beneficiarios deberán encontrarse también al corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas por dicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
3. Los beneficiarios deberán aceptar los términos que se establezcan en la resolución de concesión, y realizar el estudio de viabilidad conforme a los objetivos de la solicitud de ayuda, que tiene carácter vinculante, y a lo establecido en la resolución de concesión y sus eventuales modificaciones.
4. Los beneficiarios deberán declarar su compromiso con la igualdad de género mediante la incorporación de los elementos necesarios con el objetivo de lograr una representación, en número y responsabilidad, equilibrada entre mujeres y hombres e impulsar la plena igualdad de oportunidades entre ambos.
5. Los beneficiarios estarán obligados a comunicar de inmediato al IDAE, incluso durante la tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud.
6. El beneficiario que no obtuviera el derecho minero asociado a su solicitud de ayuda estará obligado a comunicar a IDAE su renuncia al derecho a la misma, en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde la fecha de notificación de la resolución de la Autoridad competente en minería donde se ponga de manifiesto que no ha obtenido el derecho minero solicitado. Esta misma obligación afectará a los solicitantes de ayuda que quedaran en la lista de espera, en el caso de resultar finalmente beneficiarios por desistimiento o renuncia a la subvención por alguno de los iniciales adjudicatarios.
7. La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro de la ayuda o la exigencia del reintegro de la misma.
8. En aplicación del artículo 61 del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, para poder ser beneficiarios de las ayudas, de acuerdo con lo que se establezca en la resolución de concesión, los solicitantes deberán adoptar todas aquellas medidas que eviten un conflicto de intereses potencial entre sus propios intereses y los de la Unión Europea, estableciendo, asimismo, las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses.
9. Además, se consideran obligaciones esenciales de los beneficiarios, las siguientes:
a) Ejecutar el estudio cumpliendo el programa de actuaciones y de ejecución establecido en el plan de trabajo correspondiente que deberá acompañar junto con su solicitud de ayuda, conforme al contenido que se especificará en la convocatoria correspondiente.
b) Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente o designado para tal fin, así como garantizar el mantenimiento de la propiedad de las actuaciones subvencionadas, al menos, durante cinco (5) años desde la fecha del pago final de la ayuda al beneficiario.
c) Los beneficiarios deberán llevar a cabo las actuaciones previstas en la memoria en la forma y el plazo establecido en esta Orden de Bases y en la convocatoria correspondiente.
d) Los beneficiarios deberán comunicar sus resultados a la Autoridad competente en Minería dentro de los planes de labores anuales según se recoge en el artículo 75.3 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería. El C.N. Instituto Geológico y Minero de España (C.N. IGME-CSIC) podrá requerir a los beneficiarios que le comuniquen los datos geológicos y mineros obtenidos, así como la entrega de muestras o testigos recuperados en el estudio de viabilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y en el artículo 8 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.
e) Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda, contando, al menos, con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
f) En su caso, cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, respecto al proceso de adjudicación de los contratos vinculados a la actuación subvencionada, siempre que resulte de aplicación por razón de la categoría del contrato y de su valor estimado.
Para el resto de los supuestos, en la tramitación de los contratos a realizar para llevar a cabo las actuaciones subvencionables, se tendrá en cuenta:
1. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En el caso de beneficiarios que no se encuentren sujetos al cumplimiento de esta ley, deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y disponer como mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación de las actuaciones y/o servicios correspondientes incluidos en los estudios de viabilidad, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.
2. Los beneficiarios deberán disponer, para su posible verificación, de toda la documentación del procedimiento de contratación, especialmente, de los criterios de valoración, la justificación de la selección de la oferta económicamente más ventajosa y las comunicaciones con los ofertantes.
3. En los documentos (pliegos, anuncios, etc.) que sustenten la contratación de alguna de las actuaciones y/o servicio correspondiente, deberá hacerse constar expresamente la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como referencia a la denominación de los programas de ayudas establecidos por estas bases reguladoras.
4. No será admisible la inclusión de criterios de valoración discriminatorios o que alteren la concurrencia.
5. La ejecución de las actuaciones o prestación de servicios contratados incluidos en los estudios de viabilidad deben ser demostrable y tendrá que estar verificada y aceptada de forma previa a la certificación del pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato
g) Acreditar ante el IDAE la realización del estudio de viabilidad en los términos expuestos en esta Orden de Bases, facilitando además las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del estudio objeto de la ayuda, aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, particularmente la que se establezca en cuanto a la gestión y ejecución del MRR y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este contexto, IDAE podrá diseñar un procedimiento de control que permita verificar y validar documentalmente el 100 % del gasto declarado por los beneficiarios, así como verificar sobre el terreno las actuaciones realizadas.
h) Cumplir, además, con las siguientes obligaciones, europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
i. Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero. Para ello, se deberá cumplimentar una declaración responsable cuyo modelo se concretará en las correspondientes convocatorias, contemplando que el beneficiario se comprometa a conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de contr