Categoría: Administración

ano delegante y para su validez no será necesaria su publicación, pero en las resoluciones y actuaciones firmadas por delegación, se debe expresar a quién corresponde la competencia.
5. En las resoluciones sancionadoras no cabe la firma delegada.
1. Las personas titulares de altos cargos podrán ser suplidas temporalmente en el ejercicio de sus funciones, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal, permiso por paternidad o maternidad, en los términos que se establezcan en el decreto de estructura orgánica del departamento.
2. La suplencia de quienes sean titulares de los órganos administrativos que no tengan la condición de alto cargo se regirá por lo dispuesto en las normas generales que dispone la legislación básica.
1. Los órganos de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a un órgano administrativo dependiente, cuando haya circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.
2. Cuando se hubiese producido delegación del ejercicio de competencias entre órganos no dependientes jerárquicamente, la avocación sólo podrá ser acordada por el órgano delegante.
3. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado, del que se hará mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación, y que deberá ser notificado a las personas interesadas en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte. La avocación, salvo que sea acordada por un consejero o consejera, deberá ser puesta también en conocimiento de la persona superior jerárquica del órgano avocante.
4. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque la posible ilegalidad de la avocación podrá hacerse valer, en su caso, en el recurso que se interponga contra la resolución del procedimiento.
1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de las entidades institucionales dependientes de ella, podrá ser encomendada a otros órganos distintos de la misma administración o entidad, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios idóneos para su desempeño.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio y será responsabilidad del órgano encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte a la concreta actividad material objeto de encomienda o aquellos en los que esta se integre.
3. La encomienda de gestión a órganos pertenecientes al mismo departamento deberá ser autorizada por la persona titular del mismo. Para la encomienda de gestión a órganos pertenecientes o dependientes de otro departamento será precisa la autorización del Consejo de Gobierno.
4. La encomienda de gestión intrasubjetiva se formalizará por medio de la resolución de autorización y de los acuerdos que se firmen entre los órganos correspondientes una vez autorizada la encomienda de gestión, y deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco», con el contenido mínimo siguiente:
a) Actividad o actividades a que se refiera.
b) Naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
c) Plazo de vigencia y supuestos en que proceda la finalización anticipada de la encomienda o su prórroga.
Asimismo, en los términos descritos en este apartado, también deberán ser publicadas las sucesivas prórrogas de la encomienda que, en su caso, se acuerden.
5. La encomienda de gestión se publicará, de forma permanente y accesible, en la página web de los órganos intervinientes, a efectos informativos.
1. Los centros de gestión unificada son órganos administrativos que se pueden crear para la gestión unificada de aquellos procesos complejos en su tramitación o de gran incidencia económica o social, y que van más allá de la distribución administrativa funcional común y posibilitan la adecuación a las necesidades de las personas receptoras y usuarias de los servicios públicos, ofreciendo una atención rápida, por medio de un único punto de contacto y con un plazo de respuesta más breve.
2. A los efectos de este artículo, se entiende por proceso la secuencia ordenada de trámites administrativos interrelacionados que son necesarios para dar respuesta o prestar servicios a los ciudadanos y ciudadanas, en los que, de acuerdo con la normativa reguladora, deban intervenir órganos o unidades administrativas de uno o varios departamentos.
3. La creación de los centros de gestión unificada se llevará a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, en el que se determinará su organización y las normas de funcionamiento que aseguren la coordinación y agilización de las actuaciones concurrentes de los órganos y unidades que deban intervenir en el proceso.
4. Los centros de gestión unificada de procesos ejercen todas o algunas de las siguientes funciones:
a) Información a la ciudadanía sobre los trámites que deban seguirse de conformidad con la normativa aplicable.
b) Función de registro.
c) Seguimiento de expedientes e información a las personas interesadas sobre el estado de su tramitación.
d) Administración electrónica, presencia en internet o redes sociales.
e) Contratación pública.
5. A través del correspondiente convenio de colaboración, los centros de gestión unificada pueden cumplir funciones correspondientes a otra administración pública, sin cambiar en ningún caso la titularidad.
La Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi actúa de conformidad con el deber de colaboración entre administraciones públicas y con los principios de cooperación y de lealtad institucional, utilizando para ello los instrumentos y las técnicas de colaboración, coordinación y cooperación previstas en las leyes.
1. La cooperación económica, técnica y administrativa de la Administración general e institucional con las entidades del sector público, con los órganos forales, las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y otras administraciones, en asuntos de interés común, se desarrollará, bajo las formas y en los términos previstos en esta ley y las demás que resulten de aplicación, a través de consorcios, planes de actuación conjunta, delegaciones, encomiendas de gestión o convenios administrativos. Los acuerdos de cooperación serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».
2. Se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas que las administraciones interesadas estimen más adecuadas, como pueden ser:
a) La participación en órganos de cooperación con el fin de deliberar y, en su caso, acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes administraciones públicas.
b) La participación en órganos consultivos de otras administraciones públicas.
c) La participación de una administración pública en entidades u organismos públicos dependientes o vinculados a otra administración diferente.
d) La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras administraciones públicas.
e) La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia.
f) La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias.
g) Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación patrimonial.
3. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben.
4. Se mantendrá actualizado un registro electrónico de los órganos de cooperación en los que se participe y de convenios que se hayan suscrito.
1. La Administración general de la Comunidad Autónoma podrá suscribir convenios de colaboración con las demás administraciones públicas, actuando cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de su autorización o aprobación por el Consejo de Gobierno.
2. Las entidades de la Administración institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán asimismo suscribir los convenios de colaboración con otras administraciones públicas a los que se refiere el presente artículo, actuando en tal caso conforme al régimen jurídico que les corresponda. En todo caso, las razones por las que se suscribe el convenio, así como los indicadores y criterios de evaluación establecidos en el mismo, deberán ser objeto de publicidad activa.
3. Los convenios que se limiten a establecer pautas de orientación sobre la actuación de cada administración pública en cuestiones de interés común o a fijar el marco general y la metodología para el desarrollo de la cooperación en un área de interrelación competencial o en un asunto de mutuo interés se denominarán protocolos generales.
4. Los instrumentos de formalización de los convenios deben especificar, cuando proceda en cada caso:
a) Los órganos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes.
b) La competencia que ejerce cada administración.
c) Su financiación.
d) Las actuaciones que se acuerde desarrollar.
e) La necesidad o no de establecer una organización personificada para su gestión.
f) El plazo de vigencia y, en su caso, la posibilidad y régimen de prórroga que se establezca.
g) La extinción por causa distinta al agotamiento del plazo de vigencia, así como la forma de determinar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.
5. En dichos convenios se podrán crear órganos mixtos de vigilancia y control, encargados de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios de colaboración.
6. Los convenios de colaboración se publicarán en el registro de convenios en vigor y, de forma permanente y accesible, en la página web de los órganos intervinientes, a efectos informativos.
1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá concertar planes de actuación conjunta con otras administraciones cuando concurran intereses comunes en un determinado sector administrativo.
2. Los planes de actuación conjunta fijan, mediante programas anuales, el desarrollo que cada administración debe acometer para alcanzar las finalidades propuestas, así como los compromisos asumidos y los medios que se vayan a emplear y la manera en que se ha de efectuar el seguimiento, la evaluación y la modificación del propio plan.
3. Los planes de actuación conjunta se han de publicar en el «Boletín Oficial del País Vasco» una vez aprobados por los órganos competentes de las administraciones que los concierten.
4. En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi los planes de actuación conjunta se formalizarán en un convenio.
5. Los planes de actuación conjunta se han de publicar, una vez aprobados por los órganos competentes de las administraciones que los concierten, en el «Boletín Oficial del País Vasco» y en la página web de los órganos intervinientes.
1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y los entes institucionales vinculados o dependientes de la misma podrán delegar funciones, por razones de eficacia o de una mejor gestión, en las diputaciones forales y en las entidades locales, para la realización de obras, ejecución de servicios y, en general, actividades de la competencia de aquellos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Territorios Históricos y en la legislación de régimen local.
2. La delegación se realizará por convenio, en el que se determinarán, entre otros extremos de mención obligatoria, las facultades de dirección y fiscalización que se reserve la Administración general o el ente de la Administración institucional de que se trate, y la aceptación expresa de la delegación por parte de la entidad que la recibe.
3. La delegación de competencias a la que se refiere este artículo y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del País Vasco» y deberán estar disponibles siempre en la página web del departamento que delegue tales competencias.
1. No obstante lo establecido en la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno y la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, podrá delegar funciones en otro ente del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en las corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, sin perjuicio de la aplicación de otras técnicas de colaboración.
2. La delegación a la que se refiere este artículo no comportará el ejercicio de potestades públicas y debe realizarse mediante convenio específico, que deberá ser autorizado por el Consejo de Gobierno.
3. La delegación contendrá el régimen jurídico del ejercicio de las funciones por la entidad delegada y hará mención especial de las formas de dirección del ejercicio de la competencia delegada que se reserve la Administración general.
4. Las resoluciones que dicte la entidad en uso de la delegación acordada no agotarán la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de alzada ante el consejero o consejera al que corresponda por razón de la materia.
5. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del País Vasco» y figurar de forma permanente y accesible en la página web del departamento u órgano delegante.
1. La encomienda de gestión también se podrá llevar a cabo entre órganos pertenecientes a distintas administraciones y entidades públicas con la condición de que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el órgano que realice la actividad encomendada lo haga a título gratuito.
b) Que la entidad que vaya a desarrollar la actividad encomendada pueda ser considerada, en el uso de esta técnica administrativa, como medio propio o servicio técnico de la entidad encomendante.
c) Que, por su objeto, su causa u otra circunstancia jurídicamente relevante, no tenga la naturaleza de contrato sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público.
2. La encomienda de gestión intersubjetiva se articulará por medio de convenios interadministrativos de colaboración que requieren la aceptación previa del Consejo de Gobierno y que, para su efectividad, deben ser publicados en el «Boletín Oficial del País Vasco», sin perjuicio de su publicación asimismo en la página web de los órganos que han suscrito el convenio, con el contenido mínimo correspondiente. No obstante, en el caso de que la entidad a que pertenece el órgano que vaya a realizar la encomienda tenga la consideración de medio propio y servicio técnico de la entidad a que pertenece el encomendante, la encomienda se instrumentará por medio de resolución de la consejería de adscripción de la entidad.
3. El convenio en el que se formalice la encomienda de gestión contendrá el régimen jurídico de la misma, con mención expresa de la actividad o actividades a las que afecte, plazo de vigencia, naturaleza y alcance de la gestión encomendada y obligaciones que asuman el órgano o la entidad encomendados y, en su caso, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
1. Los organismos autónomos son aquellos entes institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de naturaleza pública y personalidad jurídica diferenciada de la Administración general, que desempeñan en régimen de descentralización las funciones y servicios públicos que se les asignen, rigiéndose por el derecho administrativo.
2. Los organismos autónomos desarrollan las funciones y servicios atribuidos con autonomía de gestión, pudiendo ejercer potestades administrativas, excepto la expropiatoria. Disponen de los ingresos propios que tengan autorizados así como de los que les sean asignados en los presupuestos generales.
1. Los entes públicos de derecho privado son aquellos entes institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi de naturaleza pública, a los que se encomienda la prestación o gestión de servicios públicos o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Pueden ejercer potestades administrativas, excepto la expropiatoria, cuando les sean encomendadas en su norma de creación, en la que deberán identificarse los órganos del ente a los que les son atribuidas.
2. Los entes públicos de derecho privado se rigen en sus relaciones con terceros y en el desarrollo de su actividad por el derecho privado. Se rigen por el derecho administrativo en el ejercicio de potestades administrativas, en su funcionamiento interno y en la formación de la voluntad de sus órganos, en las obligaciones derivadas en materia de transparencia y participación ciudadana, así como en las demás materias establecidas en esta u otras leyes que les sean de aplicación.
3. Los entes públicos de derecho privado tienen personalidad jurídica pública diferenciada de la Administración general. Disponen de los ingresos propios que obtengan en el desarrollo de su actividad y de los que les sean asignados en los presupuestos generales. Y desarrollan las funciones que tienen atribuidas con autonomía de gestión y empleando criterios de gestión empresarial y de gestión por objetivos orientados al bien común y al interés general conforme a los principios de sostenibilidad social y ambiental, conforme a lo establecido en esta ley.
4. Las potestades administrativas atribuidas a los entes públicos de derecho privado sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de estos a los que los estatutos les asignen expresamente esta facultad. No obstante, a los efectos de esta ley, los órganos de los entes públicos de derecho privado no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.
1. La intervención del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la actividad económica mediante la producción de bienes o la prestación de servicios y su tráfico en el mercado en términos equivalentes a la iniciativa privada se instrumentará por la constitución o participación en sociedades de capital.
2. Son sociedades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi las sociedades de capital en las que sea mayoritaria la participación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de los entes de su Administración institucional o de sus otros entes instrumentales, ya se rijan estos por el derecho público o por el derecho privado. Para la determinación de dicha participación mayoritaria en una sociedad, se tendrán en cuenta de forma conjunta todas las participaciones o acciones representativas del capital titularidad de las entidades referidas.
3. Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación las disposiciones contenidas en la presente ley a las sociedades que, sin tener la naturaleza de sociedades públicas, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Que la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi o las demás entidades de su sector público reguladas en la presente ley dispongan de la mayoría de los derechos de voto en la sociedad, bien directamente o bien mediante acuerdos con otros socios de naturaleza pública.
b) Que la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi o las demás entidades reguladas en la presente ley tengan derecho a nombrar o a separar a la mayoría de las personas miembros de los órganos de gobierno de la sociedad, bien directamente o bien mediante acuerdos con otros socios de naturaleza pública.
4. La constitución o toma de participación en sociedades de capital por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o cualquiera de los entes de su sector público tendrá carácter excepcional, y habrá de motivarse, entre otras causas que procedan, en razones estratégicas determinantes para el sector económico en que actúe la sociedad o en su actuación como medio para garantizar la igualdad de la ciudadanía en el acceso a bienes y servicios en los que, por diversas causas, no exista oferta suficiente o adecuada de la iniciativa privada.
5. Las sociedades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi habrán de ser constituidas preferentemente como sociedad anónima y su constitución será en todo caso simultánea a la aprobación de la norma por la que se autoriza su creación. Estarán sometidas a las mismas normas reguladoras de la transparencia que el resto de las administraciones públicas.
6. Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las sociedades públicas se regirán, en relación con las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, por las disposiciones referentes a las mismas que les sean de expresa aplicación y, en lo que no las contradigan, por el ordenamiento jurídico privado. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.
1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las entidades de su Administración institucional podrán constituir fundaciones o incorporarse como fundadoras para promover la colaboración con la iniciativa privada en actividades de interés general que se encuentren en el ámbito de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. No podrá darse la participación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en una fundación sin que en la misma participen o colaboren personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que no pertenezcan a sector público alguno, por medio de una aportación económica añadida a la dotación de la fundación.
2. Las fundaciones a que se refiere este artículo únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa. Estarán sometidas a las mismas normas reguladoras de la transparencia que el resto de las administraciones públicas.
3. Se entenderán integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi las fundaciones en las que, correspondiendo a dicho sector la designación de la mayoría de quienes sean miembros de su órgano de gobierno, concurre además alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la dotación sea aportada en más del cincuenta por ciento de su valor por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) Que su patrimonio fundacional esté formado con un carácter de permanencia en más de un cincuenta por ciento de su valor por bienes o derechos aportados por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
No podrán darse en una fundación dichas circunstancias sin que se haya garantizado el derecho de designación por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi de la mayoría de miembros de su órgano de gobierno.
4. Al efecto de determinar el carácter de permanencia referido en la letra b) del apartado anterior, cuando el inventario correspondiente a un ejercicio presente un resultado según el cual el porcentaje del patrimonio fundacional de origen público sea inferior al cincuenta por ciento del total, las personas que representan al sector público en el órgano de gobierno de la fundación lo pondrán en conocimiento del órgano de la Administración general al que la fundación se encuentre adscrita y del departamento responsable en materia de hacienda a efecto de promover su exclusión del sector público conforme al procedimiento establecido en la presente ley.
Cuando el inventario correspondiente a un ejercicio de una fundación no integrada en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi presenten una valoración del patrimonio fundacional en la que más de su cincuenta por ciento tenga origen en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las personas que representan al sector público en el órgano de gobierno de la fundación, si las hubiera, o, en su defecto, el protectorado lo pondrán en conocimiento del departamento responsable en materia de hacienda a los efectos de su integración en el sector público y de la garantía de cumplimiento de este artículo.
5. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o las entidades de su Administración institucional podrán incorporarse a los órganos de gobierno de fundaciones ya constituidas, sin incorporarlas al sector público, cuando dicha incorporación tenga por objeto articular un cauce de colaboración con la fundación existente, sin que pueda implicar una posición mayoritaria de los sujetos públicos en el patronato de la fundación.
6. La actuación del sector público a través de fundaciones sólo podrá tener lugar cuando la finalidad e interés general perseguido no pueda garantizarse mediante otras personificaciones jurídicas de las previstas en la tipología establecida en la presente ley.
7. Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las fundaciones integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se regirán, en relación con las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, por las disposiciones referentes a las mismas que les sean de expresa aplicación, y, en lo que no las contradigan, por la normativa en materia de fundaciones, y, en general, por el ordenamiento jurídico privado. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de potestades públicas ni tener por finalidad la prestación de servicios públicos de carácter obligatorio.
1. Los consorcios constituidos o participados por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi son entidades de derecho público dotadas de personalidad jurídica propia, con o sin participación privada, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias, que cumplen las finalidades y los requisitos previstos en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas o en la de régimen local.
2. El Gobierno Vasco podrá acordar la creación de consorcios entre la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o las entidades integradas en su sector público y otras administraciones públicas, entidades y corporaciones de derecho público, para fines de interés común; así como con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los de las administraciones públicas. También podrá acordar la participación de la Administración general o de sus organismos públicos en consorcios ya creados, siempre que persigan los mismos fines de interés público y sus componentes reúnan los requisitos exigidos para los de nueva creación.
3. Sin perjuicio del régimen jurídico que resulte de aplicación a los consorcios que resulten adscritos a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi conforme a lo previsto en la normativa vigente, solamente se entenderán integrados en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi los consorcios que reúnan alguna de las siguientes condiciones:
a) Que las personas que sean miembros de sus órganos de gobierno sean designadas mayoritariamente por dicho sector público.
b) Que dicho sector público aporte bienes que supongan la mayoría del valor patrimonial inventariado o de la infraestructura material sobre la que se preste el servicio o se desarrolle la actividad encomendada al consorcio.
c) Que en el instrumento de cooperación previo a la constitución o participación, dicho sector público haya asumido la financiación mayoritaria del consorcio.
4. Si se dan en un consorcio las circunstancias previstas en las letras b) o c) del número anterior, el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá tener garantizado el derecho de designación de la mayoría de miembros de su órgano de gobierno.
5. La constitución o la participación en consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi tendrá por objeto exclusivo la cooperación con los agentes citados en el punto 2 de este artículo para la prestación de servicios y siempre que la satisfacción de los intereses concurrentes no sea posible mediante la suscripción de convenios de colaboración de los que no se derive la creación de nuevas organizaciones o estructuras administrativas. En cualquier caso, la constitución o participación de dicho sector público en un consorcio requerirá que exista aportación económica –en especie o en dinero– de todas las administraciones consorciadas.
6. La constitución o participación en un consorcio requerirá la previa suscripción de un convenio entre todas las administraciones interesadas, incluidos en su caso los particulares participantes, en el que se fijará, además del objeto de la colaboración interadministrativa, el régimen de financiación y el número de representantes que cada una de ellas dispondrá en su órgano de gobierno.
7. Los consorcios se rigen por el derecho administrativo y podrán ejercer las potestades administrativas que, derivadas del objeto del convenio, les sean encomendadas en su norma de creación, en la que se indicarán los respectivos órganos responsables de su ejecución.
8. La Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi o el resto de las entidades integradas en su sector público, miembros de un consorcio, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio. Cuando el consorcio tenga una duración determinada, podrán separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio. La Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi o las entidades integradas en su sector público requerirán acuerdo previo del Gobierno Vasco para separarse del consorcio en el que participen.
9. Sin perjuicio del régimen jurídico que les resulte de aplicación, los consorcios que resulten adscritos a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi estarán sujetos a las mismas obligaciones derivadas de la legislación de transparencia y participación ciudadana vigente para la administración de adscripción.
1. La constitución de entidades distintas de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi requerirá la aprobación de una ley del Parlamento Vasco o de un decreto del Gobierno Vasco conforme a lo establecido en los artículos siguientes para cada tipo de entidad, que será en cada caso promovido como de tramitación conjunta entre el departamento de la Administración general al que se prevea su adscripción y el departamento competente en materia de hacienda.
2. En el procedimiento de tramitación del proyecto de ley o de decreto será imprescindible acreditar:
a) La necesidad de constituir un nuevo ente para el cumplimiento de las finalidades públicas pretendidas.
b) La adecuación del nuevo ente desde la perspectiva de la organización institucional del conjunto del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, garantizando la inexistencia de reiteraciones orgánicas o funcionales así como, en su caso, la adopción de las medidas de reestructuración y extinción de entidades preexistentes.
c) La idoneidad de la forma de personificación jurídica elegida de entre la tipología establecida en esta ley, a la luz de las funciones o actividad que vaya a desarrollar la nueva entidad y de conformidad con los criterios establecidos en esta ley para cada una de ellas.
d) El procedimiento y las técnicas de control que ejecutará la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre la nueva entidad.
e) La viabilidad económico financiera de la nueva entidad.
3. La creación y constitución de cualquiera de los entes a que se refiere este artículo deben ir precedidas de la elaboración de un plan de actuación inicial que ha de incluir, al menos, los siguientes aspectos:
a) Declaración expresa del objeto o la finalidad del ente, con referencia expresa a las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, y de los objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores para medirlos, y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos especificando los medios económicos y personales que dedicará, concretando en este último caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar la actividad del organismo. Asimismo, se incluirán las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento.
b) Memoria acreditativa de la conveniencia y oportunidad de su creación, por no poder asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de que la creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad preexistente.
c) Forma jurídico-organizativa propuesta y análisis valorativo de las demás formas jurídicas alternativas de organización que se han descartado, así como de su incidencia en la organización de la Comunidad Autónoma.
d) Fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando los órganos de gobierno o directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento.
e) Plan estratégico, en el que se detallen los objetivos concretos y las líneas de actuación.
f) Previsiones sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, con el informe vinculante de la persona titular de la consejería competente en materia de función pública.
g) Previsiones sobre recursos de tecnologías de la información necesarios para su funcionamiento.
h) Estudio económico-financiero, que ha de justificar la suficiencia de la dotación prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y de los futuros compromisos para garantizar la continuidad durante un período, al menos, y con carácter general, de cinco años, y que ha de hacer referencia expresa a las fuentes de financiación de los gastos y las inversiones, así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
4. El plan de actuación inicial y el estudio económico-financiero mencionados en los apartados anteriores han de contar con el informe preceptivo de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, que puede solicitar los informes adicionales que considere oportunos.
5. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular del departamento al cual haya de adscribirse el ente, la adopción del acuerdo mediante el cual se apruebe el plan de actuación inicial, el estudio económico-financiero del ente y el presupuesto correspondiente al primer ejercicio. Este acuerdo debe adoptarse simultáneamente al acuerdo que apruebe el proyecto de la norma de creación del organismo público o que autorice la creación del resto de entes.
6. El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se harán públicos en la página web del organismo público al que corresponda.
1. La constitución de organismos autónomos y de entes públicos de derecho privado se realizará mediante ley.
2. Una vez satisfecho lo previsto en relación al procedimiento general para la constitución de entidades, el proyecto de ley de constitución de la entidad correspondiente tendrá el siguiente contenido mínimo:
a) La expresión de su personificación, naturaleza jurídica e identificación del departamento de la Administración general al que se adscribe.
b) La denominación de la entidad y su sede.
c) La finalidad e interés general al que obedece su creación y las funciones que se le encomiendan, con indicación expresa de las potestades administrativas que pueda ejercer.
d) Sus órganos de gobierno y, si los hubiere, los que tengan encomendadas funciones consultivas, con expresión de su naturaleza unipersonal o colegiada, su composición, el procedimiento de designación de sus miembros y la distribución de funciones correspondientes a cada uno de los existentes.
e) Las bases de su estructura orgánica y administrativa, así como los puestos directivos de la entidad, especificando las funciones que les sean encomendadas, con expresión del valor jurídico de sus actos o resoluciones e indicación, en su caso, de cuáles de ellos agotan la vía administrativa.
f) La identificación del régimen jurídico concreto que le resulte de aplicación en su caso en las materias relativas a su régimen económico-financiero y a sus recursos humanos.
g) El personal y patrimonio que se adscribe a la entidad así como los recursos económicos con que cuenta para el desarrollo de sus funciones.
h) El procedimiento de extinción y liquidación de la entidad.
3. Deberá tramitarse posteriormente a la ley de constitución un proyecto de decreto que apruebe los estatutos o norma de organización y funcionamiento de la entidad. Los estatutos de la entidad tendrán por finalidad exclusiva desarrollar, en cuanto a la organización y funcionamiento de la entidad, los contenidos referidos en el apartado anterior y los demás previstos por la ley de constitución.
4. Cuando la ley de constitución prevea la existencia en la entidad de un órgano de gobierno o de uno consultivo, siendo estos de carácter colegiado, se someterá el anteproyecto de estatutos, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno, a información y consulta en la primera sesión que celebre el referido órgano.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, mediante decreto del Gobierno Vasco se podrán acometer todas aquellas reestructuraciones de la entidad, organismo autónomo o ente público de derecho privado que no alteren la naturaleza y finalidades legales establecidas en la ley de constitución, que recogerá expresamente esta posibilidad.
6. Sin perjuicio de la extinción por ley, podrá realizarse por decreto del Gobierno Vasco la extinción de la entidad siempre que se acredite que la misma ha cumplido la finalidad de su creación o que concurre cualquier otra causa tasada y así prevista expresamente en la ley.
1. La constitución de sociedades públicas requerirá que el Gobierno autorice mediante decreto su creación y la adquisición de participaciones por la Administración general o por alguna de las entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
2. El decreto de autorización deberá reunir los requisitos establecidos en la legislación mercantil para la formación de la voluntad constitutiva del tipo de sociedad de que se trate. Asimismo, deberá reunir los requisitos establecidos en la normativa reguladora del patrimonio de Euskadi y, en lo que no la contradiga, determinará:
a) La denominación, forma societaria y sede de la entidad.
b) La existencia e identificación en el momento constitutivo de un socio o socia única o de los varios partícipes que concurran.
c) El objeto social.
d) El capital social, con expresión del número y valor de las participaciones existentes, y el órgano o entidad del sector público a quien corresponda el ejercicio de los derechos de socio o socia.
e) La adscripción de la sociedad a un departamento de la Administración general.
f) Los órganos de gobierno, el sistema de administración y los puestos directivos de la sociedad que, en todo caso, se ajustarán a lo previsto en esta ley.
g) Los bienes y derechos que le sean adscritos para la consecución de su objeto social.
h) La identificación del régimen jurídico concreto que le resulte de aplicación en su caso en las materias relativas a su régimen económico-financiero y a sus recursos humanos.
i) El órgano o entidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi facultado para la realización de los actos constitutivos y para la ejecución del decreto de autorización, según resulte de la legislación reguladora del tipo de sociedad.
3. En el procedimiento de elaboración se tramitará conjuntamente con el proyecto de decreto de autorización el proyecto de los estatutos de la sociedad con el contenido, aprobación y formalización que corresponda conforme a la legislación mercantil.
4. Requerirán autorización del Gobierno las modificaciones societarias que se promuevan con posterioridad a la constitución y que afecten a alguno de los contenidos establecidos en el número 2 de este artículo.
5. La modificación, fusión, escisión y disolución de las sociedades mercantiles a las que se refiere este artículo requieren autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de hacienda, previa iniciativa de la consejería o entidad interesada, con carácter previo a la aprobación de los acuerdos sociales que deben adoptarse según la legislación mercantil. En caso de disolución, el Consejo de Gobierno determinará, en su caso, el destino del haber social. En los estatutos de las sociedades mercantiles públicas debe constar expresamente que en los casos de modificación, fusión, escisión y disolución se requiere autorización previa del Consejo de Gobierno.
6. En todo caso, las modificaciones de la escritura de constitución que afecten sustancialmente a aspectos propios del plan de actuación inicial requieren la elaboración de un nuevo plan de actuación.
7. La liquidación de una sociedad mercantil pública recaerá en un órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en una entidad integrante del sector público de la misma.
8. Sin perjuicio del régimen jurídico que les resulte de aplicación, las sociedades mercantiles públicas adscritas a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi estarán sujetas a las mismas obligaciones derivadas de la legislación de transparencia y participación ciudadana vigente para la administración de adscripción.
1. La constitución de una fundación que conforme a los requisitos establecidos en esta ley se integre en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi requerirá autorización del Gobierno, que se otorgará mediante decreto.
2. El decreto de autorización cumplirá los requisitos que la legislación sobre fundaciones establezca para la válida formación de la voluntad fundacional y dispondrá los contenidos que en la misma se establezcan para su necesaria elevación a escritura pública de constitución.
3. Además de tales contenidos determinará:
a) La adscripción de la fundación a un departamento de la Administración general.
b) La identificación del régimen jurídico concreto que le resulte de aplicación en su caso en las materias relativas a su régimen económico-financiero y a sus recursos humanos.
c) El órgano o entidad perteneciente al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi facultado para la realización de los actos constitutivos y para la ejecución del decreto de autorización según resulte de la legislación en materia de fundaciones.
4. En el procedimiento de elaboración se tramitará conjuntamente con el proyecto de decreto de autorización el proyecto de estatutos de la fundación con el contenido, aprobación y formalización que corresponda conforme a la legislación en materia de fundaciones.
5. Requerirán autorización del Gobierno las modificaciones que se promuevan con posterioridad a la constitución y que afecten a alguno de los contenidos establecidos en este artículo.
6. En caso de extinción, el Consejo de Gobierno determinará, en su caso, el destino del haber fundacional, sea mediante la reversión de los bienes a la Administración, sea mediante su destino a otras obras de interés público en la forma que determina la legislación sobre fundaciones.
7. Sin perjuicio del régimen jurídico que les resulte de aplicación, las fundaciones públicas adscritas a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi estarán sujetos a las mismas obligaciones derivadas de la legislación de transparencia y participación ciudadana vigente para la administración de adscripción.
1. La suscripción por cualquier órgano de la Administración general u otra entidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi de un convenio del que se derive la obligación de constituir una administración consorciada que, conforme a lo establecido en esta ley, vaya a integrarse en dicho sector público requerirá con carácter previo la autorización del Gobierno, que se otorgará mediante decreto.
2. Para recibir la autorización del Gobierno, el proyecto de convenio habrá de contener una regulación de la administración consorciada con el contenido mínimo establecido en esta ley.
3. El convenio identificará, también, al resto de administraciones que vayan a participar en el consorcio, con expresión de sus aportaciones iniciales y compromisos económicos y de financiación posteriores a la constitución, así como el número de representantes que cada una de ellas dispondrá en su órgano de gobierno.
4. En el procedimiento de autorización del convenio se tramitará, igualmente, el proyecto de estatutos o norma de organización y funcionamiento del consorcio que vaya a ser propuesto para su aprobación definitiva al órgano de gobierno de la entidad. Los estatutos de cada consorcio determinarán la administración pública a la que estará adscrita, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en esta ley, y, al menos, los siguientes aspectos:
a) Sede, objeto, fines y funciones.
b) Identificación de participantes en el consorcio, así como las aportaciones de sus miembros. A estos efectos, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas.
c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación de los acuerdos cuando las administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiación de las actividades del mismo.
d) Causas de disolución.
5. El convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».
6. La no suscripción del convenio por alguna de las administraciones previstas o la modificación de sus elementos esenciales obligará al órgano o entidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi autorizado para su firma a requerir nueva autorización respecto a la composición última del consorcio y distribución definitiva de los compromisos asumidos.
7. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos.
8. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador, que será un órgano o entidad vinculada o dependiente del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la que el consorcio esté adscrito.
9. La responsabilidad que le corresponda al personal empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda, cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
10. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos.
11. A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.
12. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que esta resulte positiva.
13. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos o, a falta de previsión estatutaria, por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida.
14. La entidad creada estará sujeta a las mismas obligaciones derivadas de la legislación de transparencia y participación ciudadana vigente para la administración de adscripción.
Las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se regirán por la presente ley, por las normas que les resulten de aplicación conforme a su naturaleza jurídica y por el conjunto normativo que forma el bloque de la legalidad que integra la hacienda general del País