Categoría: Administración

Con fecha de 21 de julio de 2020 el Consejo Europeo aprobó el instrumento financiero «Next Generation EU», y como elemento central, un Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión.
Así mismo, el Consejo, mediante el Reglamento (UE) 2020/2094 de 14 de diciembre por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, creó el elemento central de la respuesta de la Unión Europea (UE) a esta crisis, destinado a apoyar la recuperación y crear un futuro más ecológico, digital y resiliente, en particular para revitalizar el potencial de crecimiento sostenible y de empleo con objeto de apoyar la transición de los Estados miembros de la UE hacia una economía más ecológica y digital.
Al objeto de tener acceso a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el 7 de octubre de 2020 el Gobierno presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo. El Plan incluye diversas medidas de reforma e inversión, agrupadas en torno a treinta proyectos o componentes, correspondientes a diez áreas políticas.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia definitivo, presentado por el Gobierno el 21 de abril de 2021, fue aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021 y ratificado por el Consejo, está compuesto por treinta componentes, entre los que específicamente, el Componente 16, Reforma 1, se refiere a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA). En el eje estratégico número 4 de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, «Integrar la IA en las cadenas de valor para transformar el tejido económico», se encuadra la medida 17: «Lanzamiento de programas de ayudas para empresas para la incorporación de IA en los procesos productivos de las cadenas de valor».
Desde la publicación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial ha habido un notable salto de la capacidad computacional y se vislumbra la evolución tecnológica vertiginosa en áreas como la supercomputación y la inteligencia artificial generativa. Esta evolución pone de manifiesto la conveniencia de acelerar la adopción de estas tecnologías a la Administración General del Estado como efecto tractor de adopción por parte del tejido empresarial español.
En este contexto, el 14 de mayo de 2024, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, que se articula en torno a tres ejes fundamentales: i) reforzar las palancas clave para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, ii) facilitar la expansión de la Inteligencia Artificial en el sector público y privado fomentando la innovación y la ciberseguridad y iii) desarrollar una Inteligencia Artificial transparente, responsable y humanística.
Las bases reguladoras por las que se convoca la concesión de ayudas recogidas en la presente Orden se enmarcan, además, en el Plan de Acción por la Democracia aprobado por Consejo de ministros el 17 de septiembre de 2024, en su Línea de acción 2.4. «Promoción de una mayor calidad del debate público», y concretamente en su línea 2.4.4, con la puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación a través de la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa, así como el refuerzo de la ciberseguridad.
Tal y como se recoge en dicho Plan, el sector de medios de comunicación en España está atravesando un profundo cambio derivado de los profundos efectos que ha producido la digitalización del sector, redefiniendo las bases del periodismo profesional y de la distribución de la información. A pesar de la gran cantidad de oportunidades que la digitalización ofrece al sector, ésta no está exenta de desafíos que afectan a su sostenibilidad económica y a la preservación de la calidad de los contenidos y de la información. Resolver estos desafíos es una tarea crítica para asegurar una democracia plural y transparente.
La inteligencia artificial es una tecnología que proporciona una enorme capacidad de transformación y optimización de los sectores económicos y sociales. En el marco de los medios de comunicación tiene una gran capacidad para conseguir la generación de contenidos de gran calidad y de la verificación de fuentes de información, la distribución personalizada y plural de contenidos o la mejora del retorno económico a través de la publicidad, entre otras aplicaciones. A través de la convocatoria de ayudas de integración de inteligencia artificial en medios de comunicación se persigue la adopción de estas tecnologías con el fin de contribuir a la generación de modelos económicos sostenibles que favorezcan la generación de información de calidad y plural en beneficio de la sociedad.
La convocatoria de ayudas financia proyectos de desarrollo experimental de amplia difusión, de acuerdo al artículo 25 del Reglamento (UE) 651/2014 de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
Se trata, por tanto, de ayudas compatibles con el mercado interior y exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado de funcionamiento de la UE. La financiación de proyectos en esos niveles de madurez tecnológica representa un apoyo a los productos y servicios que podrían estar cercanos a ser adoptados por el mercado y, por tanto, transferidos a la cadena de valor, en este caso dentro del sector de medios de comunicación y de generación de contenidos de información.
Los proyectos financiados deberán tener como instrumento fundamental de su desarrollo la aplicación de la inteligencia artificial, o ser habilitadores para ella, de modo que tengan encaje en la financiación prevista en el Componente 16 Reforma 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Estas ayudas se aprueban a la luz del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como el resto de las normas de la Unión Europea sobre la materia y estatales de desarrollo o transposición de aquellas. Son ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D+i de desarrollo experimental consideradas exentas en virtud del Reglamento (UE) 651/2014 de 17 de junio. La forma en la que se articulará la subvención será la de concurrencia competitiva, mediante un único pago anticipado por el total de la ayuda.
Las ayudas contribuyen en un 100 % al etiquetado digital asignado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia según el anexo VII del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (etiqueta 09bis) y contribuyen al hito 251 de la reforma con código C16.R1. del Council Implementation Decision (CID): «Apoyo a proyectos sobre la inteligencia artificial». También contribuyen al hito 253 (de la C16.R1) «Finalización de proyectos sobre inteligencia artificial. Esta medida no tiene asociada una etiqueta verde en los términos previstos por los anexos VI y VII del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo, así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA), todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del presente la Orden deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»).
Respecto a la prevención, detección, corrección y persecución del fraude, corrupción y conflicto de intereses, la presente orden cumple con lo establecido Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y las instrucciones definidas por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
A efectos de lograr la detección y prevención de conflictos de intereses por parte del órgano gestor se ha realizado una autoevaluación previa para detectar las potenciales áreas de mejora en materia de prevención de conflicto de intereses, y se han establecido sesiones de formación al personal responsable de la elaboración, tramitación y seguimiento de las ayudas amparadas por la presente orden con objeto de poder definir e identificar situaciones de potencial conflicto de intereses como resultado de dicha autoevaluación.
Así mismo, todo personal, propio o externo, que participe en la gestión de estas ayudas deberá firmar un Documento de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y se han establecido procedimientos internos para la notificación, evaluación y en su caso recusación de personas con conflicto de intereses en la gestión de las ayudas. Todas estas medidas se añaden a los mecanismos de prevención de conflicto de intereses con respecto a los beneficiarios de las ayudas.
Los medios de comunicación se conciben como un sector estratégico fundamental para la sociedad, ya que garantizan el derecho a la información, promueven la transparencia y fortalecen la democracia. En este contexto, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, otorga estas ayudas específicas para implementar la inteligencia artificial en la cadena de valor de este sector.
En el artículo 149, apartado 1, párrafo 15 de la Constitución Española otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. En el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en relación con el componente 16, esta competencia se justifica por la necesidad de impulsar la innovación y la digitalización en el sector de los medios de comunicación, facilitando su transición hacia modelos más sostenibles y eficientes.
La SEDIA, de acuerdo la letra l), del apartado primero, del artículo 2 del Real Decreto 1185/2024, de 28 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, tiene competencia para realizar «el diseño, liderazgo y coordinación de proyectos estratégicos clave para la transformación digital de España, en coordinación y con el apoyo de la Dirección competente, así como la interlocución con actores estratégicos, incluyendo industriales, académicos, del sector público y de la sociedad civil.» Por su parte, la Dirección General de Inteligencia Artificial, atendiendo a las letras d) y e), apartado 1, del artículo 4 del citado real decreto tiene la competencia para la definición y gestión coordinada de los programas y actuaciones, impulso y fomento de la I+D+i en el ámbito de la inteligencia artificial; así como, para el impulso y fomento de programas orientados a fomentar la adopción de la inteligencia artificial y tecnologías habilitadoras digitales en los sectores productivos de la economía y sociedad.
En este marco, en particular, la SEDIA tiene la responsabilidad de apoyar la introducción de la inteligencia artificial en las cadenas de valor de los medios de comunicación para poder aprovechar las ventajas que estas tecnologías ofrecen en materia de optimización de procesos y generación de información de elevada calidad, y continuar así desempeñando su papel esencial en la sociedad. Para ello, se realizó una manifestación de interés, el 13 de septiembre de 2023 para impulsar la transformación digital y ciberseguridad de los medios de comunicación.
La prensa está experimentando una segunda transición, pasando del formato papel al formato digital. Este cambio es necesario para que los medios se adapten a un entorno cada vez más digitalizado. El objetivo de estas bases reguladoras es facilitar esta transición, asegurando que los medios puedan adoptar e implementar las nuevas tecnologías y, en concreto, la inteligencia artificial en sus cadenas de valor. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la difusión de información y en la formación de la opinión pública, lo que los convierte en pilares fundamentales para el funcionamiento democrático y la cohesión social. La digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial en este sector no solo mejorarán la eficiencia y la calidad de los contenidos, sino que también permitirán una mayor personalización y accesibilidad de la información. No obstante, es fundamental que estas ayudas se enfoquen, además, en la prensa en papel, ya que este medio ha sufrido las consecuencias de la transición del formato papel al formato digital.
La prensa en papel, a diferencia de otros medios, ha enfrentado desafíos significativos debido a la disminución de la circulación de ejemplares impresos y la reducción de ingresos por publicidad. Esta situación ha llevado a muchos periódicos y revistas a reducir su personal, cerrar oficinas y, en algunos casos, cesar sus operaciones.
Además, la prensa en papel sigue siendo una fuente vital de información verificada y de calidad. A pesar del auge de los medios digitales, existe un público significativo que prefiere el formato impreso por su forma tangible, facilidad de lectura y la percepción de mayor credibilidad. La prensa en papel ofrece una experiencia de lectura diferente, que muchos consideran más profunda y reflexiva en comparación con la lectura digital.
Asimismo, en un mundo donde la información digital puede ser fácilmente manipulada o distorsionada, la prensa en papel suele incluir un mayor nivel de comprobación y verificación de los hechos, lo que se traduce en mayor fiabilidad, ayudando a combatir la propagación de noticias falsas y manipuladas.
Por lo tanto, es crucial que el objeto de esta orden de bases también reconozca y mitigue los desafíos específicos que enfrenta la prensa en papel. Al hacerlo, se garantizará que este medio continúe desempeñando su papel indispensable en la sociedad, proporcionando información precisa y de alta calidad, y contribuyendo al debate público y la formación de opiniones informadas.
Además, la Carta de Derechos Digitales establece un marco de referencia para garantizar los derechos de los ciudadanos en el entorno digital. Apoyar a los medios de comunicación en su digitalización es fundamental para asegurar que estos derechos se respeten y se promueva un entorno informativo libre, plural y accesible para todos.
Todo esto lleva a considerar que son los medios de comunicación los que tienen la capacidad para conocer sus necesidades reales, fomentando que cada uno de ellos desarrolle las aplicaciones de IA que les sean de mayor utilidad, adaptadas a su público y enfoque editorial, lo que impulsará la innovación dentro del sector. De manera contraria, si se ampliara a todos los sectores empresariales se correría el riesgo de dispersar recursos de un sector clave en plena transformación digital que, particularmente, es uno de los más vulnerables debido a la creciente competencia a bajo coste de plataformas globales y a los cambios en el consumo de contenido.
Los medios deberán dotarse, sin embargo, de capacidad de computación y licencias software de modelos de IA sobre los que tendrán que trabajar, entrenándoles para adecuarse a sus necesidades. La adquisición de infraestructura tan compleja y elevado coste para el desarrollo de estos proyectos, requiere contemplar un mayor límite de subcontratación del marcado por defecto en la Ley General de Subvenciones para la contratación de servicios externos que permitan dotar a los medios de estas infraestructuras y licencias para el desarrollo del proyecto.
Por otro lado, es importante destacar que estas ayudas se dirigen hacia medios de comunicación que operan a nivel supraautonómico. En España, las competencias en materia de medios de comunicación pueden estar divididas entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Las ayudas, sin embargo, se circunscriben a la definición y gestión coordinada de una actuación de impulso y fomento de la I+D+i en el ámbito de la inteligencia artificial, aplicada en este caso al sector de los medios de comunicación, competencia de Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
A través de la convocatoria de ayudas gestionada desde la Administración General del Estado se consigue un alto grado de homogenización.
Las ayudas a los medios de comunicación se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que busca impulsar la recuperación económica y social tras la pandemia de COVID-19. Este plan incluye medidas específicas para apoyar la digitalización y la innovación en sectores estratégicos, como los medios de comunicación, asegurando su sostenibilidad y capacidad de adaptación a los retos futuros. Este sector se ha identificado como estratégico en las actuaciones que promueve el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Nueva Economía de la Lengua, en el que se recoge la labor innegable de los medios de comunicación como agentes de difusión del español a nivel global es y, por ende, pueden contribuir a la generación del corpus del español para el entrenamiento de la inteligencia artificial.
Asimismo, este carácter estratégico del sector de los medios de comunicación está alineado con las políticas y prioridades de la UE y, en particular, con la «Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021» de la Comisión Europea, que llama a prestar especial apoyo a aquellos sectores que desempeñan un papel clave para nuestras democracias, especialmente al sector de los medios de información, prensa en papel y digital, sector que, en nuestro país, está en la actualidad acometiendo un profundo proceso de transformación digital. Igualmente, se encuentra ligado al Plan de Acción por la Democracia, presentada el 17 de septiembre de 2024, que tiene como objetivo reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación con el fin de garantizar una información veraz, y está en línea con el Plan de Acción para la Democracia Europea.
Esta orden se estructura en este preámbulo, dos capítulos, treinta y siete artículos, dos disposiciones finales y un anexo. El primer capítulo recoge las disposiciones generales de aplicación en relación con el objeto y ámbito de la ayuda y los/las beneficiarios/as, destacando sus requisitos y obligaciones; también regula características de las ayudas en relación con la modalidad de ayudas, gastos subvencionables, financiación y establece las disposiciones de carácter general que se aplican a subcontrataciones.
El segundo capítulo recoge los aspectos relacionados con el procedimiento de gestión; órganos competentes, iniciación, instrucción, resolución, órganos y criterios de evaluación y condiciones para las modificaciones de la resolución, así como los procedimientos de justificación, comprobación y seguimiento de los proyectos y de reintegro de las ayudas. El anexo incluye la convocatoria.
Esta orden se ha aprobado de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en todo lo no regulado por el citado Real Decreto-ley, por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Dicho artículo prevé que, en el ámbito de la Administración General del Estado, así como de los organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquella, los ministros correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión de subvenciones. La concesión de dichas subvenciones se instrumentará como una ayuda a fondo perdido a abonar por adelantado a los beneficiarios de la ayuda.
Así mismo, según se recoge en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se han recabado los preceptivos informes de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
La presente orden es coherente con los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En relación con los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, se ha recurrido a la concurrencia competitiva, pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar la efectiva ejecución de las políticas públicas del Gobierno en la materia, asegurando la igualdad de oportunidades. Por último, en relación con los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad, esta norma es coherente con el ordenamiento jurídico y el instrumento es el más adecuado de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Por ello, las bases reguladoras de las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y, en particular, en su artículo 17.3, quedando sometidas todas las solicitudes de ayuda al régimen general de concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento definidas para él en dicha normativa.
Así mismo, según el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en la citada ley. Se establecen, igualmente, las obligaciones de publicidad y comunicación por parte de los beneficiarios definidas por los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003 y los artículos 30 y 31 de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como todas las derivadas de la legislación europea que sea de aplicación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En su virtud, dispongo:
Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar proyectos de desarrollo experimental con amplia difusión de resultados.
Las ayudas tendrán foco en el despliegue de inteligencia artificial en medios de comunicación cuya cobertura sea supraautonómica, tal y como se recoge en el artículo 9 de la presente orden.
Los proyectos deberán, por tanto, tener como instrumento fundamental de desarrollo la inteligencia artificial, de acuerdo con los hitos asociados al Componente 16 Reforma 1 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
1. Las ayudas objeto de estas bases reguladoras se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en estas bases, en la convocatoria correspondiente y en la resolución de concesión, por lo previsto por la siguiente normativa:
a) Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 (en adelante Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre);
b) Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia;
c) Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01), por lo que se considera compatible con el marco jurídico de ayudas de estado;
d) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
e) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones;
f) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
g) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; así como toda la normativa europea y nacional relativa al Plan de Recuperación y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y demás disposiciones que resulten de aplicación;
h) Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
i) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
j) Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial)
k) La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, así como el Reglamento (UE) n.º 2021/241, que regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
l) La Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. Asimismo, serán de aplicación el resto de las normas de la Unión Europea sobre la materia y estatales de desarrollo o transposición de aquellas. En su conjunto, toda la regulación de las ayudas reguladas en esta Orden respeta lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común. No les será de aplicación, por lo tanto, lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
3. En aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» (principio «do no significant harm»-DNSH), y de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, se respetará la normativa medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente». En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
El ámbito material de estas bases reguladoras se circunscribe al establecimiento de un procedimiento administrativo, que permita articular la selección y financiación de proyectos de integración de inteligencia artificial en las cadenas de valor de medios de comunicación con un ámbito de cobertura supraautonómico, así como los procedimientos de justificación y control asociados.
La presente orden extenderá su aplicación a las ayudas concedidas conforme a la misma hasta tanto finalice su periodo de ejecución, seguimiento, justificación y control, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
Los proyectos sujetos a estas ayudas deberán ser ejecutados en territorio español.
1. Las actuaciones que se financien con las ayudas reguladas en esta orden de bases tendrán como finalidad la integración de inteligencia artificial en las cadenas de valor de medios de comunicación y de generación de información, en línea con el impulso y fomento de la I+D+i en el ámbito de la inteligencia artificial.
2. Los planes de actuación deberán ejecutarse de manera individual, existiendo un único beneficiario por proyecto.
Las convocatorias detallarán al menos el contenido mínimo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de dicha ley. Su publicación se realizará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de las mismas en el «Boletín Oficial del Estado». También se publicará en la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
El Anexo I de la presente orden de bases recoge la convocatoria 2024 de ayudas para la integración de inteligencia artificial en cadenas de valor de medios de comunicación.
Sucesivas convocatorias amparadas en la presente orden de bases no podrán, en ningún caso, superar el límite de gasto anual medio en ayudas estatales establecido en el art.1.2.a) del Reglamento (UE) 651/2014.
Las ayudas que financien el proyecto se cubrirán con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con cargo a la reforma 1 del componente 16 de dicho Plan.
El plazo de ejecución se especificará en la convocatoria y como máximo se extenderá hasta el fin del Hito del Council Implementation Decision (CID) 253 del Componente 16 Reforma 1 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1. Podrán tener la condición de beneficiarias las empresas privadas de medios de comunicación, siempre que estén válidamente constituidas, tengan personalidad jurídica propia, tengan un ámbito de cobertura supraautonómico y un establecimiento válidamente constituido en España en el momento en que se hagan efectivas las ayudas, de acuerdo con autorización establecida en el artículo 1.2.a) del Reglamento (UE) 651/2014, exceptuando los siguientes supuestos:
a) Asociaciones profesionales y las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro.
b) Uniones Temporales de Empresas (UTE).
c) Agrupación de Interés Económico, formada por empresas o empresas con otras entidades (AIE).
2. Podrán tener también la condición de beneficiarios aquellos grupos empresariales vinculados al sector de medios de comunicación, siempre que estén válidamente constituidos, tengan personalidad jurídica propia, tengan un ámbito de cobertura supraautonómico y un establecimiento válidamente constituido en España en el momento en que se hagan efectivas las ayudas, de acuerdo con autorización establecida en el artículo 1.2.a) del Reglamento (UE) 651/2014, en España.
3. La definición de empresa se ajustará a lo indicado en el artículo 1 del anexo I del Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 (Reglamento General de Exención por Categorías).
4. Se considerarán grupos empresariales, a los efectos de esta orden y las convocatorias que se definan a su amparo, a aquellas empresas que tengan la consideración de sociedad dominante de un grupo de sociedades, de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
5. Las condiciones exigidas a los solicitantes, tanto en la orden de bases como en la convocatoria, para poder participar, se han de cumplir en la fecha de publicación de esta orden, salvo aquellas para las que la convocatoria establezca una fecha de cumplimiento anterior.
6. Los requisitos para obtener la condición de beneficiario serán los establecidos en el artículo 10 de esta orden de bases.
7. Las obligaciones de los beneficiarios serán las establecidas en el artículo 11 de esta orden de bases.
1. Los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos para obtener las ayudas que se convoquen en el marco de estas bases reguladoras:
a) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) número 651/2014, de 17 de junio de 2014 y en virtud de lo dispuesto en la convocatoria en lo que se refiere al cumplimiento del criterio de solvencia financiera.
b) No encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
c) Acorde al artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, las personas físicas y jurídicas, distintas de las entidades de derecho público, con ánimo de lucro, deberán demostrar hallarse al corriente en el cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración.
d) Cumplir con lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las órdenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, así como todos los requisitos requeridos para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que establezcan las normas nacionales y europeas.
e) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado común.
f) Encontrarse al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado.
g) Cualquier otro que requiera la convocatoria.
2. El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos anteriores podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda concedida según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
3. Los requisitos exigidos a los solicitantes para poder participar en esta convocatoria de ayudas se han de cumplir a la fecha de publicación de la presente orden.
1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y las concordantes incluidas en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las que se establezcan en la convocatoria y en la resolución de concesión.
2. Asimismo, se establece la obligación de los beneficiarios de cumplir con los objetivos definidos por los Council Implementing Decision (CID) 251 «Apoyo a los proyectos de IA» y 253 «Finalización de proyectos de IA» a través de las actuaciones financiadas, así como a los hitos operacionales (OA) asociados.
3. Los beneficiarios están obligados a aceptar la ayuda en los términos que se establezcan en el procedimiento de concesión y a realizar la actividad objeto de la ayuda conforme a los objetivos y al plan de trabajo acordado como parte de la resolución de concesión, que tiene carácter vinculante, así como el resto del contenido de la resolución de concesión y a sus eventuales modificaciones.
4. Deberán acreditar la aportación de las garantías económicas que se exijan en las convocatorias.
5. Asimismo, deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad detalladas en el artículo 31 de esta orden de bases.
6. Conservar todos los libros contables, registros diligenciados y demás evidencias y documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, así como las evidencias del cumplimiento de objetivos y de la aplicación de fondos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. Las convocatorias podrán determinar los procedimientos para la conservación y custodia.
7. Mantener un sistema de contabilidad que permita el registro diferenciado de todas las transacciones relacionadas con el proyecto, mediante la utilización de un código contable específico dedicado a tal efecto.
8. Los beneficiarios estarán obligados a conceder los derechos y el acceso necesarios para que las autoridades competentes, la Fiscalía Europea respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, la OLAF, el Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, las autoridades nacionales competentes, ejerzan plenamente sus respectivas competencias en cuanto a la fiscalización de las ayudas. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones, europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea recogidas en Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero. A este efecto, el beneficiario deberá proporcionar un compromiso escrito del sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar los órganos responsables del seguimiento, tanto nacionales como comunitarios, debiendo aportar para ello cuanta información le sea requerida.
b) Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
c) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
d) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
e) Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea, así como las instrucciones establecidas en esta orden y las convocatorias.
f) Asegurarán la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación. Para ello en aquellos supuestos en que deban llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses potencial, deberán aportar una DACI de todas aquellas personas que pudieran incurrir en el conflicto. Además, el beneficiario estará obligado a aportar evidencias de la imputación de horas a través de la confección de partes horarios firmados por los propios empleados. Las convocatorias podrán detallar medios alternativos previstos en la regulación europea de acreditación de la imputación de horas.
g) Custodiarán y conservarán durante el periodo en el que sean susceptibles de revisión, la documentación del proyecto financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
h) En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Comunicación de la Comisión 2021/C 58/01), la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su documento anexo, así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos. El beneficiario garantizará el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principioDo No Significant Harm –DNSH–) en todas las fases del diseño y ejecución de cada actuación. No serán subvencionables aquellas actuaciones que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el cumplimiento del principio DNSH.
9. A efectos de auditoría y control y en virtud de lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos, por ello se establece la obligación del beneficiario de proporcionar la siguiente información al efecto de su identificación:
a) Número de identificación fiscal del beneficiario.
b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica responsable.
c) Domicilio fiscal de la persona física o jurídica responsable.
d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021).
e) Declaraciones relativas al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Modelo anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021).
A fin de garantizar el conocimiento y cumplimiento de estas obligaciones, se habrán de aportar firmados, junto a la solicitud, las declaraciones responsables que se determinen en las convocatorias.
10. A efectos de acreditar la amplia difusión que se asume en el artículo 16 de la presente orden de bases a efectos de cálculo de la intensidad de la ayuda, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de publicidad establecidas en el artículo 31 de la presente orden, se establecerán en la convocatoria los requisitos mínimos a cumplir por el beneficiario.
11. Todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del presente la orden deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»), así como aquellos condicionantes específicos en materia de DNSH establecidos en el Componente 16 Reforma 1.
12. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a facilitar la información de su titularidad real, siempre que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de la información de titularidades reales de la entidad, previa solicitud por parte del órgano instructor en los términos establecidos en el artículo 7 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La evaluación de las solicitudes se basará en los criterios que se especifican en el artículo 23 y en las convocatorias.
De acuerdo con el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación estará vinculada al compromiso de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a la estimación de costes vinculada a los mismos. Será de aplicación también el régimen de incumplimientos contemplados en el citado artículo 37.
Las convocatorias recogerán los criterios de evaluación y sus umbrales de valoración.
1. De acuerdo con lo establecido en la sección 7.ª del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, procederá la constitución de garantías para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios.
2. La cuantía de las garantías vendrá determinada en las convocatorias.
3. Las garantías se constituirán ante la Caja General de Depósitos, bajo alguna de las modalidades recogidas en el artículo 12 del Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y según lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
4. Las convocatorias establecerán el importe de la garantía como un porcentaje de la ayuda concedida, así como el plazo para la constitución de las garantías y la forma de acreditación de las mismas.
5. El órgano competente para la instrucción del pago será la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a través de la División de Planificación y Ejecución de Programas.
6. Condicionado a la viabilidad técnica de su gestión y a la disponibilidad presupuestaria, se realizará un único pago anticipado por el total de la ayuda. Este pago se abonará tras firma de la resolución de concesión y constitución, en su caso, de las garantías exigidas.
7. El pago quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano competente de que el beneficiario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones, lo establecido en la presente orden regulatoria y todo aquello que sea de aplicación en las convocatorias.
8. En el caso de que no esté acreditado el cumplimiento de alguna de estas condiciones, se le requerirá al beneficiario para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos documentos acreditativos. La no aportación o aportación fuera de plazo de los mismos, conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda. La pérdida del derecho a dicho cobro implicará la pérdida del derecho a la ayuda.
9. Para poder realizarse el pago de la ayuda es necesario que el beneficiario haya dado de alta previamente, ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la cuenta bancaria en la que desee recibirlo.
10. Asimismo, en caso de inicio de un expediente de reintegro, el pago se podrá suspender conforme al artículo 35 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
11. La utilización de la figura del pago anticipado se ajustará al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos contemplado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
12. En las convocatorias se podrán establecer garantías económicas adicionales para asegurar el cumplimiento por parte de los beneficiarios de los requisitos esenciales para la obtención de la ayuda.
1. En caso de que se subcontraten las actuaciones objeto de la ayuda, se habrán de respetar los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo.
2. Las convocatorias podrán establecer un porcentaje máximo de subcontratación, que no excederá el 65 % del presupuesto financiable.
3. Cualquier entidad subcontratada estará sometida a las obligaciones derivadas de la normativa europea y nacional aplicable a las medidas financiadas con cargo al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, al pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio Do No Significant Harm –DNSH–), recogido en el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Con