Categoría: Administración

El Sistema Nacional de Empleo es el conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo, y está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.
El conjunto de servicios y programas que desarrollan las políticas activas de empleo tiene como finalidad mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas desempleadas y la adaptación de la formación y su recualificación para el empleo, así como aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social.
El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece que uno de los tres instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo será la Estrategia Española de Activación para el Empleo, junto con los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de dicho texto legal, se articulará en torno a seis ejes (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional) en los que se integrarán los objetivos en materia de políticas de activación para el empleo y el conjunto de los servicios y programas desarrollados por los servicios públicos de empleo.
Una vez finalizado el período de vigencia de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, el Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, aprobó la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 (EEAAE), que ha tenido en cuenta las áreas de mejora detectadas de la Estrategia anterior. La Estrategia se elaboró siguiendo un importante proceso participativo en el seno del Sistema Nacional de Empleo y con la colaboración de los interlocutores sociales lo que es un factor clave para el éxito de esta nueva Estrategia.
La nueva Estrategia es un documento programático que determina el marco conceptual y organizativo al que deberán referirse todas las actuaciones que se lleven a cabo en el seno del Sistema Nacional de Empleo en materia de políticas de apoyo activo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, los principios, los objetivos comunes, los instrumentos a utilizar, la planificación estratégica de las actuaciones a desarrollar y los recursos financieros, tanto estatales como los de las comunidades autónomas, con los que se prevé contar para el cumplimiento de los citados objetivos y actuaciones. Asimismo, la Estrategia contiene el análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo, los principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar en materia de políticas de activación para el empleo, incluyendo políticas activas de empleo y de intermediación laboral, para el conjunto del estado y el marco presupuestario, fuentes de financiación y los criterios de gestión de los fondos.
Partiendo de la «visión estratégica» que, a su vez, es resultado de la reflexión sobre el impulso de las políticas activas de empleo, desde la experiencia del Sistema Nacional de Empleo y las referencias internacionales, se han identificado cinco ejes diferenciados y complementarios: Enfoque centrado en las personas y en las empresas; Coherencia con la transformación productiva; Orientación hacia resultados; Mejora de las capacidades de los servicios públicos de empleo; y, Gobernanza y cohesión del Sistema Nacional de Empleo. Teniendo en cuenta lo anterior, se han establecido objetivos estratégicos que incluyen objetivos específicos que se desarrollarán a través de unas medidas concretas.
La Estrategia fue informada por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 28 de abril de 2021 con el apoyo unánime de las comunidades autónomas. Asimismo, ha sido informada, en la misma fecha por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
El Plan Anual de Política de Empleo para 2022, según lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo, concreta los objetivos de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, a alcanzar a lo largo de este año, en el conjunto de España y en cada una de las distintas comunidades autónomas, así como los indicadores que se van a utilizar para conocer y evaluar su grado de cumplimiento.
A su vez, el citado Plan contiene el conjunto de los servicios y programas que cada comunidad autónoma llevará a cabo, comprendiendo tanto los que establezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial, como los servicios y programas de ámbito estatal que son de aplicación en todo el Estado, con independencia del ámbito territorial en el que vivan las personas destinatarias. En concreto se ha creado un servicio común destinado a reforzar la red de personal dedicado a labores de orientación profesional para el empleo y prospección del mercado de trabajo, para mantener de forma temporal el programa creado en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 que perdió su vigencia a finales de 2021. Por su parte, el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 5 de abril de 2019, que aprueba el Plan Reincorpora-T2019-2021, recoge sesenta y tres medidas cuya vigencia ha finalizado en el primer trimestre de 2022.
Con cargo a los fondos asignados en base a esta orden ministerial, se podrán financiar los costes de la atención a las personas que sean beneficiarias del Programa de Activación para el Empleo. A partir del 30 de abril de 2018, este programa pierde su vigencia en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo, pero en 2022 pueden todavía seguir existiendo personas beneficiarias del mismo, si bien con carácter muy residual.
Los ingresos derivados de la cuota de formación profesional se encuentran afectados a la ejecución de iniciativas del Sistema de Formación profesional para el empleo en el ámbito laboral de forma análoga a lo sucedido en 2021, después de la desafectación extraordinaria realizada en el año 2020 debido a las medidas adoptadas para enfrentarse al COVID-19.
De igual manera, las cantidades asignadas para la ejecución de iniciativas de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral con cargo a esta orden se deben utilizar en iniciativas vinculadas al Catálogo de Especialidades Formativas del ámbito laboral y no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, y para la ejecución de programas que combinen empleo y formación, debido a la aplicación de la modificación de competencias en la formación profesional en el trabajo derivada de la reestructuración ministerial realizada en 2020.
El artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de acuerdo a la redacción dada por la disposición final décima séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, establece que los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico.
Asimismo, dicho precepto añade que cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 millones de euros, deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial.
La aprobación del gasto deberá realizarse por el órgano competente con carácter previo a la celebración de la Conferencia Sectorial.
Además, la propuesta de distribución del crédito que se someta a la Conferencia Sectorial habrá de supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por lo que con carácter previo a la formalización de los correspondientes compromisos financieros por parte de la Administración General del Estado, se podrán establecer en los casos en que ello resulte justificado, reservas generales de créditos no distribuidos en el origen con el fin de cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de la ejecución del presupuesto.
Acordada la distribución de los créditos por la Conferencia Sectorial, corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del Estado u organismos de ella dependientes la suscripción o aprobación de los instrumentos jurídicos, convenios o resoluciones, a través de los cuales se formalicen los compromisos financieros.
En cualquier caso, la distribución de fondos que se derive de la Conferencia Sectorial deberá supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2013, por el que se aprueban las instrucciones de aplicación del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, publicado mediante Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
Asimismo, con fecha 21 de marzo de 2022 el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha emitido con carácter favorable el informe preceptivo y vinculante establecido en la disposición adicional primera de la Ley 22/2021, 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
El Consejo de Ministros, en su reunión del 29 de marzo de 2022, autorizó los criterios de distribución de fondos para el ejercicio presupuestario 2022, no financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan Reincorpora-T 2019-2021, de créditos gestionados por las comunidades autónomas con competencias, mediante el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de créditos gestionados por las comunidades autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito de políticas activas de empleo, con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, para el ejercicio presupuestario 2022, no financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por un importe de 2.415.153.580 euros.
A su vez, con fecha 31 de marzo de 2022, se ha autorizado, previa fiscalización, el gasto en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para los programas y servicios de políticas activas de empleo financiados con cargo al presupuesto del organismo antes citado.
Finalmente, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la reunión celebrada el 6 de abril 2022, de conformidad con lo establecido en los artículos 21 del texto refundido de la Ley de Empleo y 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, aprobó los criterios de distribución territorial de los créditos del ejercicio 2022 destinados a la ejecución de los servicios y programas incluidos en los distintos ejes de políticas activas de empleo establecidos en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo, así como el programa de modernización de los servicios públicos de empleo, cuya competencia corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal.
Por todo ello, debe procederse a la distribución de las cantidades asignadas a cada comunidad autónoma para la ejecución de las acciones antes descritas.
En su virtud, dispongo:
1. El objeto de esta orden es dar publicidad a los criterios objetivos de la distribución territorial para el ejercicio económico 2022, entre las distintas comunidades autónomas con competencias de gestión asumidas, de los créditos no financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, correspondientes a servicios y programas del ámbito laboral, que se recogen en el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, y que cubren los ejes mencionados en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan Reincorpora-T 2019-2021, en los términos recogidos en el anexo I, en el que aparecen también las cantidades correspondientes a cada una de las comunidades autónomas. En esta orden, se incluyen también las cantidades destinadas a financiar, en su caso, la atención a las personas beneficiarias del Programa de Activación para el Empleo durante 2022.
2. Asimismo, se establecen las condiciones de gestión de los créditos que se conceden en base a esta orden en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
1. Finalizado el ejercicio económico 2022, y no más tarde del 31 de marzo de 2023, las comunidades autónomas remitirán la información relativa a la totalidad de los compromisos de créditos, de las obligaciones reconocidas y de los pagos realizados, relativos a los créditos recogidos en esta orden, financiados con cargo a los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal de 2022.
Los documentos justificativos se ajustarán a los modelos que aparecen en el anexo II y serán firmados por el titular del centro gestor de los importes al que, en su caso, dará su conformidad el interventor o el responsable económico-financiero. Si la conformidad fuere dada por el responsable económico-financiero, por no disponer el centro gestor del órgano fiscalizador que ejerza la función interventora, en los anexos de esta orden ministerial, en que ha de insertar dicha conformidad, se hará constar la disposición normativa de la comunidad autónoma que así lo determine, con referencia expresa al diario oficial de su publicación. Dichos documentos justificativos deberán acompañarse de los soportes informáticos y demás documentación que se determinen en las resoluciones correspondientes.
La documentación recogida en los anexos II.1 y II.2 debe enviarse al Servicio Público de Empleo Estatal.
La ejecución de los créditos subvencionados por las comunidades autónomas, como compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados, de conformidad con su legislación presupuestaria, se imputará al ejercicio para el que se hayan distribuido territorialmente dichos importes.
2. Las comunidades autónomas aportarán la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y estructurales, así como para el seguimiento detallado y evaluación de los servicios y programas que desarrollen de cara al cumplimiento de los citados objetivos, en los términos que se recogen en el Plan Anual de Política de Empleo para 2022.
Las comunidades autónomas presentarán informes de seguimiento, en los que se incluirán los programas o servicios realizados, del Plan Anual de Política de Empleo, según aplicación presupuestaria y eje en el formato recogido en el anexo II.3. El primero se presentará en el mes de enero de 2023, con la información referida a la ejecución durante 2022, con la situación a fecha 31 de diciembre de 2022, de los programas y servicios realizados. Un segundo informe se presentará junto con la justificación señalada en el artículo 2.1, con la situación de ejecución a 31 de marzo de 2023, o a la fecha máxima en que se permitan justificar los compromisos de créditos asignados en un ejercicio, según lo contemplado en la disposición adicional sexta.
El seguimiento de los servicios y programas, incluidos los relativos al Plan Reincorpora-T 2019-2021, así como de las personas que participen en ellos, se efectuará en el marco del Sistema Nacional de Empleo, considerando el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo y teniendo en cuenta los respectivos planes anuales de actuación que sean de aplicación.
3. Los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar cada ejercicio, que se encuentren en poder de las comunidades autónomas, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio, como situación de tesorería en el origen. Estos remanentes serán descontados de la cantidad que corresponda transferir a cada comunidad autónoma, tal como establece la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, para la ejecución de acciones y medidas de políticas activas de empleo.
4. El Servicio Público de Empleo Estatal descontará en los siguientes libramientos que deba realizar a favor de cada comunidad autónoma las cantidades que se hubieran comprometido en los ejercicios 2012 y 2013 que no se hubieran abonado efectivamente a los beneficiarios o proveedores en los términos establecidos en el apartado 8.1 de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada por Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, según lo dispuesto en la disposición transitoria única del Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016.
El Servicio Público de Empleo Estatal descontará en los siguientes libramientos que deba realizar a favor de cada comunidad autónoma las cantidades que se hubieran comprometido en los ejercicios 2014 a 2016, y se hubiera justificado la imposibilidad de proceder a su pago antes de 31 de marzo del año siguiente que corresponda, cuando dicha causa hubiera desaparecido durante el ejercicio 2022 y no se hubiera procedido al citado pago con anterioridad a 31 de marzo de 2023.
Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal descontará en los siguientes libramientos que deba realizar a favor de cada comunidad autónoma, las cantidades que se hubieran comprometido en los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, se hubiera justificado la imposibilidad de proceder al pago durante 2018, 2019, 2020 y 2021 y dicha causa hubiera desaparecido durante 2022, así como no se hubiera abonado el importe correspondiente durante el citado ejercicio 2022, salvo que se justifique la imposibilidad de proceder al abono efectivo dentro del propio ejercicio.
En todo caso, se entenderá como causa justificada de no haber procedido al pago en el plazo estipulado, el que haya dejado de existir la causa que impedía el pago en un momento muy avanzado del ejercicio, impidiendo así realizar los trámites para el pago antes de finalizar el ejercicio.
El Servicio Público de Empleo Estatal descontará en los siguientes libramientos que deba realizar a favor de cada comunidad autónoma, las cantidades comprometidas y no pagadas a 31 de diciembre de 2021, cuando el abono efectivo a las personas o entidades que realizan la acción o colaboran en la prestación del servicio, o bien llevan a cabo el respectivo programa, no se hubiera producido durante 2022, salvo que exista causa justificada para ello.
Para ello, las comunidades autónomas deberán remitir correctamente cumplimentado antes del 31 de marzo de 2023, o en la fecha que corresponda si sucediera lo recogido en la disposición adicional sexta, el anexo III, teniendo en cuenta lo indicado en la disposición adicional segunda, en lo referido al concepto de reintegro utilizado en esta orden y la posibilidad de reutilización de los fondos distribuidos.
1. En los contratos y demás documentación necesaria para la realización de servicios y programas que se financien con cargo a los fondos distribuidos en esta orden ministerial, así como en la señalización exterior existente en los lugares en los que se realicen estos servicios y programas, y en todo caso, en las actividades de difusión que cada comunidad autónoma pueda desarrollar en relación con las mismas, deberá constar expresamente, en lugar visible, que se han financiado con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal, incorporando junto a los elementos identificativos de la comunidad autónoma respectiva, los elementos establecidos en el anexo IV.
2. El incumplimiento de estas obligaciones supondrá el inicio del procedimiento regulado en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en su caso, del procedimiento de reintegro regulado en los artículos 41 y siguientes de la mencionada ley.
1. Las medidas recogidas en el Plan Reincorpora-T 2019-2021, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, se podrán financiar con cargo a los fondos asignados mediante esta orden ministerial, atendiendo a la finalidad concreta de cada medida.
2. El diseño, asignación y seguimiento del itinerario individual y personalizado de empleo, así como las acciones de inserción del Programa de Activación para el Empleo, regulado por el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, y por el Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas, se financiarán con cargo a la aplicación 19.101.241-A.454.00.
Con cargo a los fondos distribuidos en esta orden se podrán financiar los gastos destinados a garantizar que todo beneficiario del Programa de Activación para el Empleo disponga de un tutor que elaborará el itinerario individual y personalizado de empleo, realizará el seguimiento de dicho itinerario, controlará las obligaciones adquiridas por el beneficiario en el compromiso de actividad y propondrá las medidas de activación necesarias para posibilitar la inserción laboral del trabajador, en los términos previstos en el artículo 6 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre.
La asignación de un tutor a cada beneficiario del Programa de Activación para el Empleo se podrá realizar mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho.
A los efectos de este programa, se considerará gestión directa exclusivamente el incremento de los medios humanos del servicio público de empleo de la comunidad autónoma, que sólo podrán incluir personal especializado en actuaciones incluidas en el Eje 1 de orientación, de acuerdo a la definición que se recoge en el artículo 10.4.a) del texto refundido de la Ley de Empleo. En ningún caso el incremento de medios humanos podrá suponer un incremento de plantilla con carácter indefinido ni con vocación de permanencia.
Asimismo, los servicios públicos de empleo u órgano con competencias en la ejecución del Programa de Activación para el Empleo de las comunidades autónomas podrán utilizar agencias de colocación para garantizar la asignación de un tutor a cada beneficiario del mencionado programa, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación.
3. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, las comunidades autónomas podrán, con cargo a los fondos distribuidos mediante esta orden, realizar los servicios y programas regulados en la normativa estatal recogida en el anexo I, así como desarrollar programas y servicios de políticas de activación para el empleo, distintos de los anteriores, adaptados a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial.
4. Las comunidades autónomas utilizarán los fondos estatales distribuidos mediante esta orden para la ejecución de los programas mencionados en los apartados anteriores, siempre que éstos se hubieran incluido en el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, se dirijan al cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo y se integren en alguno de los ejes regulados en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo.
5. En la aplicación presupuestaria 19.101.241-A.454.09 se incluyen fondos destinados a financiar programas recogidos en el eje de formación que no se encuentran financiados con cargo a la cuota de formación profesional.
6. En la aplicación presupuestaria 19.101.241-A.454.03, se estima que las cantidades recogidas en el anexo V se destinarán a la financiación de medidas destinadas a facilitar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, en los términos recogidos en los artículos 10 y 11 del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género.
Las becas derivadas de la participación de las mujeres víctimas de violencia de género en acciones formativas de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, previstas en el artículo 7 del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, se abonarán con cargo a los fondos asignados desde la aplicación 19.101.241-B.452.45.
7. Las cantidades incluidas en la aplicación 19.101.241-B.452.60 se utilizarán para la realización de programas de formación en alternancia con el empleo. Se podrá financiar con cargo a estos importes cualquier programa que combine empleo y formación siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Se haya recogido en el Plan Anual de Política de Empleo para 2022.
b) Se dirija prioritariamente a personas jóvenes y/o personas en desempleo de larga duración, salvo en el caso en el que con anterioridad a la publicación de esta orden ya se hubieran adquirido autorizaciones de gasto (o fases de ejecución presupuestaria posteriores), con el consiguiente documento contable, referidos a procedimientos en los que constara que se iban a financiar con cargo a este crédito.
8. Con los créditos consignados en la aplicación 19.101.241-A.454.90, se financiará la medida común incluida en el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, destinada a reforzar los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas mediante la contratación por tiempo determinado de nuevas personas dedicadas a labores de orientación de personas desempleadas para favorecer su inserción, así como llevar a cabo labores de prospección de empleo.
En el anexo VI de esta orden se recoge un desglose indicativo del número de personas destinadas a las labores antes mencionadas que deben prestar sus servicios en cada comunidad autónoma, por lo que las comunidades autónomas pueden no financiar la totalidad de las personas indicadas en el anexo o pueden superar esa cifra.
En 2022, el personal contratado no podrá tener carácter indefinido ni tener vocación de permanencia, sin perjuicio de que se pueda estudiar su posible consolidación futura, aplicando la normativa aplicable.
Para poder participar en los procesos selectivos de este personal será necesario reunir los siguientes requisitos generales:
1.º Cumplir los requisitos del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, TREBEP).
2.º Respecto a la nacionalidad: tener la nacionalidad española; ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea; cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, también, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge que vivan a su cargo, menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
3.º Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
4.º Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
5.º No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso a la función pública.
6.º Estar en posesión del título universitario de grado exigido para el subgrupo A1, así como diplomatura exigida para el subgrupo A2 de conformidad a lo establecido en el artículo 76 del TREBEP.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que gocen de dos lenguas oficiales.
En cuanto al cumplimiento de requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar, las personas que formen parte de la red de orientadores, deberán contar con formación en orientación laboral e información del mercado de trabajo y experiencia en orientación laboral y/o gestión de empleo.
Este personal debe suponer al menos el mantenimiento de la plantilla del servicio público de empleo respectivo. A estos efectos se considera que se ha producido el citado mantenimiento de plantilla cuando el número de efectivos que realiza labores de orientación y prospección en la respectiva comunidad autónoma se mantiene en 2022 con respecto a 31 de diciembre de 2021. En todo caso, se consideran incluidos en este concepto las personas que sustituyan a las contratadas para esta finalidad durante 2019, 2020 y 2021 y que hubieran causado baja durante 2022.
A estos efectos, el «número de efectivos» se refiere a personas trabajadoras que realmente estén desempeñando funciones de orientación o prospección con independencia del número de puestos que puedan existir para ejercitar éstas en el respectivo servicio público de empleo autonómico. Quedan excluidos de este concepto las vacantes o puestos sin cobertura.
9. Con cargo a los fondos asignados desde las aplicaciones 19.101.241-B.452.45 y 19.101.241-B.452.55 sólo se puede financiar iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas cuya gestión corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, sin perjuicio de las posibilidades de distribuir fondos (y por tanto destinarlos a otra finalidad diferente) que se indican en el artículo siguiente.
10. Con el fin de tener un soporte que permita recoger adecuadamente la información necesaria de las cantidades y resultados obtenidos por los programas y servicios financiados con cargo a los fondos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal distribuidos por esta orden, las comunidades autónomas deberán cumplimentar además del anexo II.1, el estado justificativo correspondiente al anexo II.2.
11. Las comunidades autónomas deberán proporcionar al Servicio Público de Empleo Estatal la información necesaria para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los Planes Anuales de Política de Empleo, en los términos previstos en el artículo 2.2:
a) Por una parte, se facilitará la información precisa para la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, de acuerdo con los indicadores recogidos en el mismo, que se efectuará en la forma que se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal, en colaboración con las comunidades autónomas.
b) Por otra parte, se deberá proporcionar al Servicio Público de Empleo Estatal los resultados obtenidos en cada uno de los programas y servicios incluidos en el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, con la información que se especifica en el aplicativo correspondiente, en el plazo establecido en el artículo 2.1.
Las comunidades autónomas presentarán informes de seguimiento, en el formato recogido en el anexo II.3, en los términos contemplados en el artículo 2.2.
12. Las comunidades autónomas deberán proporcionar al Servicio Público de Empleo Estatal los datos estadísticos necesarios de su gestión, en los términos y condiciones que se establezcan con el fin de que quede garantizada su integración en la estadística estatal. Para realizar esta función el Servicio Público de Empleo Estatal contará con la colaboración de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
1. Las comunidades autónomas podrán ordenar y, en su caso, redistribuir según sus necesidades de gestión y en función de las especificidades de los colectivos a atender, las cantidades inicialmente asignadas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 19.101.241-B.452.45 y 19.101.241-B.452.55 del anexo I.
2. Las comunidades autónomas podrán ordenar transferencias y, en su caso, redistribuir según sus necesidades de gestión y en función de las especificidades de los colectivos a atender, las cantidades inicialmente asignadas con cargo al concepto 454 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (servicios y programas de políticas activas de empleo de fomento del empleo y de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral no financiadas con cargo a la cuota de formación profesional) que incluye las aplicaciones presupuestarias 19.101.241-A.454.00;19.101.241-A.454.02; 19.101.241-A.454.03; 19.101.241-A.454.06; 19.101.241-A.454.09 del anexo I.
3. Las cantidades asignadas a cada comunidad autónoma desde la aplicación 19.101.241-A.454.09 se pueden utilizar tanto para financiar servicios y programas de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, sin necesidad de redistribución o transferencia alguna, sin perjuicio de que las comunidades autónomas que así lo decidan puedan realizar éstas, como para financiar servicios y programas de fomento del empleo, mediante su transferencia a la aplicación que corresponda dentro del concepto 454, en función del programa o servicio concreto que se pretenda realizar.
4. Por no estar financiadas necesariamente con cargo a la cuota de formación profesional se permite la redistribución del 50 por ciento de las cantidades asignadas desde la aplicación del concepto 19.101.241-B.452.45 y la totalidad de las cantidades asignadas en la aplicación 19.101.241-B.452.55 a las asignadas a las aplicaciones del concepto 19.101.241-A.454 mencionadas en el apartado 2 del presente artículo. La utilización de fondos destinados a financiar programas de fomento del empleo en la ejecución de iniciativas de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral recogidas en el Catálogo de Especialidades Formativas cuya gestión corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal o en la ejecución de programas que combinen empleo y formación se puede realizar a través de la aplicación 19.101.241-A.454.09 según se indica en el apartado anterior.
En lo que respecta a los créditos consignados en la aplicación 19.101.241-B.452.90, financiados con cargo a la cuota de formación profesional, se deben utilizar para financiar las acciones de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral relacionadas con la negociación colectiva y con el diálogo social, en los términos recogidos en la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. Una vez tramitada la respectiva convocatoria si hubiera algún importe que no se hubiera comprometido como consecuencia de la misma, éste podrá ser objeto de redistribución o transferencia a otras iniciativas dentro de la aplicación 19.101.241-B.452.
Asimismo, los créditos consignados en la aplicación 19.101.241-B.452.60, que se encuentran financiados con cargo a la cuota de formación profesional, deben utilizarse para financiar programas de formación en alternancia con el empleo en los términos indicados en el artículo anterior sin que quepa su reasignación o transferencia a otros créditos, salvo en los siguientes supuestos:
a) Cuando los importes asignados a una comunidad autónoma en las aplicaciones 19.101.241-B.452.45 y 19.101.241-B.452.55 sean insuficientes para atender los compromisos plurianuales adquiridos y los trámites anticipados realizados en ejercicios anteriores a 2022. A estos efectos, la consideración de compromiso plurianual adquirido o trámite anticipado realizado implica la existencia del correspondiente documento contable de compromiso de crédito o de autorización de crédito en un ejercicio anterior a 2022.
b) Cuando los importes asignados a una comunidad autónoma en las aplicaciones 19.101.241-B.452.45 y 19.101.241-B.452.55 sean insuficientes para atender las autorizaciones de gastos realizadas o compromisos de gastos adquiridos con anterioridad a la publicación de esta orden, derivados de procedimientos tramitados en el propio ejercicio 2022.
En todo caso cabe la redistribución o transferencia de créditos desde las aplicaciones 19.101.241-B.452.45 y 19.101.241-B.452.55 a la aplicación 19.101.241-B.452.60, así como utilizar créditos de la aplicación 19.101.241-A.454 mencionadas en el apartado 2 de este artículo, para la ejecución de programas y servicios que combinen formación en alternancia con el empleo competencia del Servicio Público de Empleo Estatal a través de la aplicación 19.101.241-A.454.09, en los términos indicados en el apartado 3 de este artículo.
5. Las comunidades autónomas podrán destinar hasta un máximo del 6 por ciento de las cantidades asignadas a cada uno de los programas y servicios incluidos en las agrupaciones de aplicaciones mencionadas en los apartados 1 y 2 de este artículo, así como de la aplicación 19.101.241-B.452.60, para financiar los gastos de gestión, seguimiento, evaluación, control y publicidad necesarios para la aplicación de esta orden, así como para financiar dichos gastos para la realización de programas financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro de los componentes 19 y 23 cuyos créditos se hubieran asignado el año 2021 o se asignen en 2022 y en su caso 2023 con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal. Las cantidades utilizadas para la gestión, seguimiento, evaluación, control y publicidad de los programas financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro de los componentes 19 y 23 en los términos indicados en este apartado no son financiables con cargo al citado Mecanismo.
En todo caso, estos gastos de gestión, seguimiento, evaluación, control y publicidad no serán adicionales al crédito total de cada programa, sino que forman parte del mismo.
En el caso de la aplicación 19.101.241-B.452.55, la aplicación del porcentaje del 6 por ciento a que se refiere el párrafo anterior, por parte de las comunidades autónomas que hayan asumido o asuman, durante el año 2022, la ampliación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados en materia de gestión de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral (formación de oferta para trabajadores ocupados), únicamente se computará sobre el incremento de los créditos de «subvenciones gestionadas» para financiar iniciativas de formación de oferta dirigida a trabajadores ocupados territorializados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para el presente ejercicio económico (subconcepto 452.55), que exceda de la asignación efectuada en el ejercicio de 2021, consolidada a 31 de octubre de dicho año, y actualizada a euros corrientes de 2022.
Asimismo, se debe tener en cuenta que el 6 por ciento aplicable a las aplicaciones del concepto 19.101.241-B.452, debe atender a lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, de forma que los importes destinados a las labores de seguimiento y control no pueden superar el 5 por ciento de los importes asignados.
La utilización de estos gastos de gestión, evaluación, control, seguimiento y publicidad en ningún caso podrán financiar gastos que supongan un incremento de medios humanos con carácter indefinido o vocación de permanencia en el respectivo organismo o administración.
1. Las cantidades asignadas para este programa se incluyen en la aplicación 19.101.241-A.458.00 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal recogidos en el anexo I y podrán financiar exclusivamente los siguientes gastos:
a) Modificación de la red de oficinas de empleo, incluyendo entre otros los gastos de apertura y cierre de oficinas o las obras de acondicionamiento de las mismas, siempre que se trate de oficinas de empleo en las que presten sus servicios empleados públicos adscritos al Servicio Público de Empleo Estatal. En todo caso, se podrán utilizar estos fondos para adaptar las oficinas de empleo, para la adecuada prestación de servicios del refuerzo de las plantillas de las personas dedicadas a tareas de orientación y prospección de empleo que se financiarán con cargo a los fondos asignados a cada comunidad autónoma desde los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal. En ningún caso, se podrán financiar con cargo a los fondos de modernización de los servicios públicos de empleo la apertura o cierre de oficinas de empleo sin el acuerdo previo con el Servicio Público de Empleo Estatal.
Estos fondos no podrán utilizarse para financiar gastos de arrendamientos o alquileres, reparación, mantenimiento, funcionamiento y reposición de oficinas que fueron objeto del respectivo traspaso de medios materiales a las comunidades autónomas.
b) La adquisición de mobiliario, archivos, material de oficinas o informático y el establecimiento de equipos de seguridad y vigilancia, como mejora del equipamiento de las oficinas de empleo, en las que presten sus servicios empleados públicos adscritos al Servicio Público de Empleo Estatal. En esta medida se incluyen gastos para la mejora de las oficinas de empleo en su integridad, por lo que se incluye tanto el mobiliario, archivos, material o equipos o servicios, utilizado por el personal que preste sus servicios en el Servicio Público de Empleo Estatal, como el utilizado por el personal que preste sus servicios en los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. En todo caso, se podrán utilizar estos fondos para la adquisición de material a utilizar por las plantillas de las personas dedicadas a tareas de orientación y prospección de empleo que se financiarán con cargo a los fondos asignados a cada comunidad autónoma desde los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Estos fondos no podrán utilizarse para financiar gastos de reparación, mantenimiento o funcionamiento.
c) El coste de los servicios de vigilancia y seguridad necesarios para la protección de bienes, trabajadores y usuarios y controles de identidad en accesos a las oficinas de empleo, en las que presten sus servicios empleados públicos adscritos al Servicio Público de Empleo Estatal.
d) Implantación y desarrollo del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo de cara a garantizar la integridad de la información contenida en el mismo.
e) El desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas, adquisición y mantenimiento de equipos informáticos y la adquisición de productos y herramientas informáticas de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, siempre que se trate de aplicaciones, equipos o herramientas que se utilicen en la red de oficinas de empleo con presencia de personal adscrito al Servicio Público de Empleo Estatal, y que tenga por finalidad mejorar el servicio ofrecido a la ciudadanía. En todo caso, se podrán utilizar estos fondos para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas o equipos informáticos y adquisición de productos a utilizar por el refuerzo de las plantillas de las personas dedicadas a tareas de orientación y prospección de empleo que se financiarán con cargo a los fondos asignados a cada comunidad autónoma desde los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.
f) Nuevas utilidades para la mejora del servicio, incluyendo entre otros gastos el establecimiento de sistemas de espera inteligente, centros de información telefónica, sistemas de auto información, así como cualquier tipo de gasto dirigido a la simplificación de procedimientos administrativos o a incrementar la eficacia y eficiencia de los procedimientos existentes, exclusivamente, en el ámbito de las políticas activas de empleo.
g) El coste de la prestación de los servicios de control de accesos o recepción, comprobación de usuarios y orientación de los mismos en puntos de información y auto información, el control de entradas y flujos de público e información general sobre el funcionamiento de las oficinas de empleo, en las que presten sus servicios empleados públicos adscritos al Servicio Público de Empleo Estatal, siempre que el mismo se realice por personal ajeno al servicio público correspondiente.
h) Mejora de los medios humanos existentes mediante incremento de los mismos o mediante la impartición de acciones formativas en materias relacionadas con los servicios que vayan a desarrollar.
En ningún caso el incremento de medios humanos podrá suponer un incremento de plantilla con carácter indefinido ni con vocación de permanencia.
2. No resulta de aplicación lo previsto en el artículo 5 en cuanto a las posibilidades de reasignación y transferencia de fondos a los créditos incluidos en la aplicación presupuestaria 19.101.241-A.458.00.
3. El Servicio Público de Empleo Estatal podrá instar a las comunidades autónomas la utilización de las cantidades recogidas en la aplicación presupuestaria 19.101.241-A.458.00 para la realización de los gastos mencionados en las letras a), b), c) y g) del apartado 1.
Para ello, el coordinador territorial dirigirá una solicitud motivada de ejecución de gasto a la comunidad autónoma respectiva, incluyendo en todo caso un importe indicativo del gasto a realizar, el cual no podrá nunca superar el 50 por ciento de los fondos asignados para modernizar el respectivo servicio público de empleo autonómico.
La comunidad autónoma receptora de esta solicitud podrá acometer el gasto solicitado con cargo a los fondos librados para realizar este tipo de acciones y medidas o justificar la falta de necesidad de la mejora indicada en el plazo de quince días desde la recepción de la citada solicitud. En este segundo supuesto, el Servicio Público de Empleo Estatal podrá aceptar la justificación de la comunidad autónoma o bien mantener su intención inicial. Si la comunidad autónoma no acomete las acciones indicadas, con cargo a los fondos asignados para modernizar el servicio público de empleo autonómico, no se considerará adecuadamente justificado el importe indicado en el escrito de solicitud, procediendo al descuento del citado importe con cargo a los fondos que se libren en el ejercicio 2022, de tal forma que esta cantidad indebidamente justificada incrementará las cantidades de los remanentes no comprometidos con los efectos previstos en el apartado cuarto del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
4. La comunidad autónoma respectiva informará en la primera reunión celebrada por la Subcomisión de Coordinación del Convenio de Colaboración para la gestión del empleo y de las prestaciones por desempleo, de los importes y medidas en los que pretende utilizar los fondos mencionados en este artículo que afecten a su ámbito territorial. Si no estuviera aún suscrito el citado convenio de colaboración, se efectuará dicha comunicación en una reunión entre los representantes que determinen la comunidad autónoma y el Servicio Público de Empleo Estatal, siendo uno de estos últimos el correspondiente coordinador territorial.
Asimismo, esta subcomisión de coordinación u órgano equivalente debe ser informada tan pronto como sea conocida y, en todo caso, en la última reunión celebrada de cualquier variación que se produzca en las previsiones iniciales de utilización de los fondos.
5. La justificación de los fondos asignados a cada comunidad autónoma deberá incluir en todo caso las actas de las dos reuniones de la subcomisión de coordinación u órgano equivalente, referidas en el apartado anterior, con mención expresa de la fecha de celebración, los asistentes y los asuntos tratados.
En caso de no aportarse estos documentos los fondos mencionados en este artículo no se podrán considerar adecuadamente justificados a efectos de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, las actuaciones que se desarrollen en cada uno de los programas contemplados en esta orden tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.
1. Resultando aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por disposición expresa de su artículo 3.4.a), a los importes territorializados por esta orden en favor de las comunidades autónomas, con competencias de gestión estatutariamente asumidas en materias sobre las que el Estado ostenta la regulación legislativa plena, habida cuenta asimismo el carácter de fondos de empleo de ámbito nacional, a que se refiere el artículo 21 del texto refundido de la Ley de Empleo, al amparo de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, las comunidades autónomas cumplimentarán los anexos II.2 y III de esta orden, a efectos de considerar adec