Categoría: Administración

El Sistema Nacional de Empleo es el conjunto de las estructuras administrativas, recursos materiales y humanos, estrategias, planes, programas e información dirigidos a implementar políticas de empleo, y está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.
El conjunto de servicios y programas que desarrollan las políticas activas de empleo tiene como finalidad impulsar la creación de empleo y mejorar las posibilidades de acceso a un empleo digno, de las personas demandantes de los servicios de empleo, al mantenimiento y mejora de su empleabilidad y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.
La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, establece como instrumentos de planificación y coordinación del Sistema Nacional de Empleo, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, los Planes Anuales de Fomento del Empleo Digno y el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo.
La Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, ha sido aprobada mediante el Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre. Un factor clave para el éxito de esta nueva Estrategia es la colaboración y el consenso del Sistema Nacional de Empleo y de los Interlocutores Sociales.
La Estrategia es un documento programático que determina el marco conceptual y organizativo al que deberán referirse todas las actuaciones que se lleven a cabo en el seno del Sistema Nacional de Empleo en materia de políticas activas de empleo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, los principios, los objetivos comunes, los instrumentos a utilizar, la planificación estratégica de las actuaciones a desarrollar y los recursos financieros, tanto estatales como los de las comunidades autónomas, con los que se prevé contar para el cumplimiento de los citados objetivos y actuaciones. Asimismo, la Estrategia contiene diagnóstico de la situación y tendencias del mercado de trabajo; el diseño de un plan integral de políticas activas de empleo y su relación con las prestaciones, subsidios y otras rentas; el análisis de la labor de las oficinas de empleo de tutorización continuada, acompañamiento y asesoramiento de las personas y entidades usuarias; el seguimiento y evaluación de los resultados a través de un sistema de indicadores globales; la identificación, intercambio y difusión de buenas prácticas a través; y la previsión de un modelo financiero que integre la cobertura del gasto necesario para ejecutar políticas activas plurianuales y que permita establecer un sistema único de imputación presupuestaria.
Partiendo de la «visión estratégica» que, a su vez, es resultado de la reflexión sobre el impulso de las políticas activas de empleo, desde la experiencia del Sistema Nacional de Empleo y las referencias internacionales, se han identificado cinco objetivos estratégicos diferenciados y complementarios: Enfoque centrado en las personas y en las empresas; Coherencia con la transformación productiva; Orientación hacia resultados; Mejora de las capacidades de los servicios público de empleo; y, Gobernanza y cohesión del Sistema Nacional de Empleo. Teniendo en cuenta lo anterior, se han establecido objetivos estratégicos que incluyen objetivos específicos que se desarrollarán a través de unas medidas concretas.
Tanto la Estrategia como los Planes Anuales de Fomento del Empleo Digno se configuran como el marco para la planificación y coordinación de las políticas activas de empleo en toda España, siendo una referencia compartida, a partir del cual los servicios públicos de empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, los Planes Anuales de Fomento del Empleo Digno se articularán en torno a seis Ejes (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional) en los que se integrarán los objetivos en materia de políticas activas de empleo y el conjunto de los servicios y programas desarrollados por los servicios públicos de empleo.
El Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023 (PAFED 2023), según lo previsto en el citado artículo 13, concretará las directrices necesarias para alcanzar a lo largo de este año en el conjunto del Estado y en cada una de las distintas comunidades autónomas los objetivos de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, así como los indicadores que se van a utilizar para conocer y evaluar su grado de cumplimiento.
De esta forma, el PAFED 2023 adquiere un carácter vertebrador en la gestión de las políticas activas de empleo e incorpora un enfoque integrado de su planificación, ejecución y evaluación. De esta manera, se consolidan los cambios introducidos en planes anteriores con respecto a los indicadores, que han sido objeto de una notable simplificación, y que en este ejercicio continúan experimentando una mejora de la claridad y transparencia en el proceso de evaluación.
A su vez, el PAFED 2023 contendrá el conjunto de los servicios y programas que cada comunidad autónoma llevará a cabo, comprendiendo tanto los servicios y programas propios que establezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial, como los servicios y programas comunes de ámbito estatal que son de aplicación en todo el Estado, con independencia del ámbito territorial en el que vivan las personas destinatarias.
Cabe destacar el servicio común creado de «Red de orientadores para el proceso de acompañamiento», destinado a reforzar la red de personal dedicado a labores de orientación profesional para el empleo y prospección del mercado de trabajo. Así, se mantiene de forma temporal el programa de contratación de personas orientadoras creado con ocasión del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, que perdió su vigencia a finales de 2021 y del Plan Reincorpora-T, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021, cuya vigencia finalizó en el primer trimestre de 2022.
Asimismo, como novedad en el PAFED 2023, se ha de destacar el programa común (PC00038) de «Integración de la transversalidad de la igualdad de género en las políticas activas de empleo», dentro del Eje 6. Mejora del marco institucional, con el fin de impulsar la integración de la transversalidad de la igualdad de género en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas activas de empleo que desarrollan los servicios públicos de empleo. Este programa promueve el cumplimiento de uno de los objetivos de la política de empleo establecidos en el artículo 4 de la Ley 3/2023, de 28 febrero, el de favorecer las condiciones para la generación de mercados de trabajo inclusivos en que se garantice la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso al empleo y en las acciones orientadas a conseguirlo. Asimismo, facilita la materialización del Objetivo Estratégico 1, «Enfoque centrado en las personas y en las empresas» de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, incorporando la perspectiva de género en el acompañamiento personalizado a las personas usuarias del Sistema Nacional de Empleo.
Con cargo a los fondos asignados en base a esta orden ministerial, se podrán financiar los costes de la atención a las personas que sean beneficiarias del Programa de Activación para el Empleo. Este programa perdió su vigencia en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo, pero en 2023 pueden todavía seguir existiendo personas beneficiarias del mismo, si bien con carácter muy residual.
Las cantidades asignadas para la ejecución de iniciativas de formación profesional para el empleo con cargo a esta orden se deben utilizar en iniciativas vinculadas al Catálogo de Especialidades Formativas del ámbito laboral y no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, a excepción de los programas formativos con compromiso de contratación, dentro de las iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados, que sí podrán incluir acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, y para la ejecución de programas que combinen empleo y formación, debido a la modificación de competencias en materia de formación profesional para el empleo derivada de la reestructuración ministerial realizada en 2020. Así, las competencias en la distribución de estos fondos presupuestarios, se enmarcan en lo establecido en el Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social y en la disposición final primera de esta norma, que modifica la letra h) del artículo 2 del Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal.
Por otra parte, el artículo 86.2, regla segunda, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece que los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico.
Añadiendo que cuando el importe total a distribuir fuera superior a doce millones de euros, deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial.
La aprobación del gasto deberá realizarse por el órgano competente con carácter previo a la celebración de la Conferencia Sectorial.
Además, de acuerdo con la regla tercera del citado artículo, la propuesta de distribución del crédito que se someta a la Conferencia Sectorial habrá de supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por ello, con carácter previo a la formalización de los correspondientes compromisos financieros por parte de la Administración General del Estado, se podrán establecer en los casos en que ello resulte justificado, reservas generales de créditos no distribuidos en el origen con el fin de cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de la ejecución del presupuesto.
Por último, señala la regla cuarta que, acordada la distribución de los créditos por la Conferencia Sectorial, corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del Estado u organismos de ella dependientes la suscripción o aprobación de los instrumentos jurídicos, convenios o resoluciones, a través de los cuales se formalicen los compromisos financieros.
Por otra parte, el artículo 62.2 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, con el fin de posibilitar la realización de una gestión a medio plazo por parte de las Comunidades Autónomas, permite que por Acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se puedan acordar los criterios de distribución de carácter plurianual y distribución de los fondos para ejercicios futuros, siempre que no superen los límites y las anualidades fijadas en el artículo 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. En este caso, no será aplicable la excepción a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, regulada en el artículo 62.3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero.
Con fecha 29 de marzo de 2023, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha emitido con carácter favorable el informe preceptivo y vinculante establecido en la disposición adicional primera de la Ley 31/2022, 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
El Consejo de Ministros, en su reunión del 11 de abril de 2023, autorizó los criterios de distribución de fondos para el ejercicio presupuestario 2023, no financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de créditos gestionados por las comunidades autónomas con competencias estatutariamente asumidas, en el ámbito de las políticas activas de empleo con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, por importe de 2.571.961.030 euros. Asimismo, autorizó criterios de distribución de fondos aplicables al ejercicio 2024, de acuerdo con la posibilidad prevista en el artículo 62.2 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero.
A su vez, con fecha de 14 abril de 2023, se autorizó, previa fiscalización, el gasto en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para los programas y servicios de políticas activas de empleo financiados con cargo al presupuesto del organismo.
Finalmente, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la reunión celebrada el 28 de abril 2023, de conformidad con los artículos 62 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, y 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, aprobó los criterios de distribución territorial de los créditos del ejercicio 2023, así como criterios de distribución de fondos de carácter plurianual aplicables al ejercicio 2024, destinados a la ejecución de los servicios y programas incluidos en los distintos ejes de políticas activas de empleo establecidos en el artículo 13 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero.
Por todo ello, debe procederse a la distribución de las cantidades asignadas a cada comunidad autónoma para la ejecución de las acciones antes descritas.
En su virtud, dispongo:
1. El objeto de esta orden es dar publicidad a los criterios objetivos de la distribución territorial para el ejercicio económico 2023, entre las distintas comunidades autónomas con competencias de gestión asumidas, de los créditos, no financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, correspondientes a servicios y programas del ámbito laboral, que se recogerán en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023 y que cubren los ejes mencionados en el artículo 13 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, en los términos recogidos en el anexo I, en el que aparecen también las cantidades correspondientes a cada una de las comunidades autónomas. En esta orden, se incluyen, también las cantidades destinadas a financiar, en su caso, la atención a las personas beneficiarias del Programa de Activación para el Empleo durante 2023.
2. Asimismo, se establecen las condiciones de gestión de los créditos que se conceden en base a esta orden, en aplicación del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
1. Finalizado el ejercicio económico 2023, y no más tarde del 31 de marzo de 2024, las comunidades autónomas remitirán la información relativa a la totalidad de los compromisos de créditos, de las obligaciones reconocidas y de los pagos realizados, relativos a los créditos recogidos en esta orden, financiadas con cargo a los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal de 2023.
La fecha de referencia del estado de ejecución a estos efectos es el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, no resultando de aplicación la excepción a lo dispuesto en dicho artículo, regulada en el artículo 62.3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, al haberse autorizado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de abril de 2023 los criterios de distribución de fondos de carácter plurianual aplicables al ejercicio 2024.
Los documentos justificativos se ajustarán a los modelos recogidos en el anexo II y serán firmados por el titular del centro gestor de los importes al que, en su caso, dará su conformidad el interventor o el responsable económico-financiero. Si la conformidad fuere dada por el responsable económico-financiero, por no disponer el centro gestor del órgano fiscalizador que ejerza la función interventora, en los anexos de esta orden ministerial, en que ha de insertar dicha conformidad, se hará constar la disposición normativa de la comunidad autónoma que así lo determine, con referencia expresa al diario oficial de su publicación. Dichos documentos justificativos deberán acompañarse de los soportes informáticos y demás documentación que se determinen en las resoluciones correspondientes.
La documentación recogida en los anexos II.1 y II.2 debe enviarse al Servicio Público de Empleo Estatal.
La ejecución de los créditos subvencionados por las comunidades autónomas, como compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados, de conformidad con la legislación presupuestaria, se imputará al ejercicio para el que se hayan distribuido territorialmente dichos importes.
2. Las comunidades autónomas aportarán la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y estructurales, así como para el seguimiento detallado y evaluación de los servicios y programas que desarrollen de cara al cumplimiento de los citados objetivos, en los términos que recogerá el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023.
Asimismo, las comunidades autónomas presentarán informes de seguimiento, en los que se incluirán los programas o servicios realizados, del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023, según aplicación presupuestaria y eje en el formato recogido en el anexo II.3. El primero se presentará en el mes de enero de 2024, con la información referida a la ejecución durante 2023, con la situación a fecha 31 de diciembre de 2023, de los programas y servicios realizados. Un segundo informe se presentará junto con la justificación señalada en el artículo 2.1, con la situación de ejecución a 31 de marzo de 2024.
3. Los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar cada ejercicio, que se encuentren en poder de las comunidades autónomas, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio, como situación de tesorería en el origen. Estos remanentes serán descontados de la cantidad que corresponda transferir a cada comunidad autónoma, tal como establece la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, para la ejecución de acciones y medidas de políticas activas de empleo.
4. El Servicio Público de Empleo Estatal descontará en los siguientes libramientos que deba realizar a favor de cada comunidad autónoma las cantidades que se hubieran comprometido en los ejercicios 2012 y 2013 que no se hubieran abonado efectivamente a los beneficiarios o proveedores en los términos establecidos en el apartado 8.1 de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada por el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, de acuerdo con la disposición transitoria única del Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.
El Servicio Público de Empleo Estatal descontará en los siguientes libramientos que deba realizar a favor de cada comunidad autónoma las cantidades que se hubieran comprometido en los ejercicios 2014 a 2016, y se hubiera justificado la imposibilidad de proceder a su pago antes de 31 de marzo del año siguiente que corresponda, cuando dicha causa hubiera desaparecido durante el ejercicio 2023 y no se hubiera procedido al citado pago con anterioridad a 31 de marzo de 2024.
Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal descontará en los siguientes libramientos que deba realizar a favor de cada comunidad autónoma las cantidades que se hubieran comprometido en los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, cuando se hubiera justificado la imposibilidad de proceder al pago durante 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 y dicha causa hubiera desaparecido durante 2023, y no se hubiera abonado el importe correspondiente durante el citado ejercicio 2023, salvo que se justifique la imposibilidad de proceder al abono efectivo dentro del propio ejercicio. En todo caso, se entenderá como causa justificada de no haber procedido al pago mencionado en el plazo estipulado, el haber desaparecido la causa que impedía el pago muy avanzado el ejercicio, lo que ha impedido realizar los trámites para el pago antes de finalizar éste.
El Servicio Público de Empleo Estatal descontará en los siguientes libramientos que deba realizar a favor de cada comunidad autónoma, las cantidades comprometidas y no pagadas a 31 de diciembre de 2022, cuando el abono efectivo a las personas o entidades que realizan la acción o colaboran en la prestación del servicio, o bien llevan a cabo el respectivo programa, no se hubiera producido durante 2023, salvo que exista causa justificada para ello.
Para ello, las comunidades autónomas deberán remitir correctamente cumplimentado, antes del 31 de marzo de 2024, el anexo III, teniendo en cuenta lo indicado en la disposición adicional segunda, en lo referido al concepto de reintegro utilizado en la presente orden y la posibilidad de reutilización de los fondos distribuidos.
1. En los contratos y demás documentación necesaria para la realización de servicios y programas que se financien con cargo a los fondos distribuidos en esta orden ministerial, así como en la señalización exterior existente en los lugares en los que se realicen estos servicios y programas, y, en todo caso, en las actividades de difusión que cada comunidad autónoma pueda desarrollar en relación con las mismas, deberá constar expresamente, en lugar visible, que se han financiado con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal, incorporando junto a los elementos identificativos de la comunidad autónoma respectiva, los elementos establecidos en el anexo IV.
2. El incumplimiento de estas obligaciones supondrá el inicio del procedimiento regulado en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y, en su caso, del procedimiento de reintegro regulado en los artículos 41 y siguientes de la mencionada ley.
1. El diseño, asignación y seguimiento del itinerario individual y personalizado de empleo, así como las acciones de inserción del Programa de Activación para el Empleo, regulado por el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, y por el Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas, se financiarán con cargo a la aplicación 19.101.241-A.454.00.
Con cargo a los fondos distribuidos en esta orden se podrán financiar los gastos destinados a garantizar que todo beneficiario del Programa de Activación para el Empleo disponga de un tutor que elaborará el itinerario individual y personalizado de empleo, realizará el seguimiento de dicho itinerario y de los compromisos adquiridos por el beneficiario en el Acuerdo de actividad y propondrá las medidas de activación necesarias para posibilitar la inserción laboral del trabajador, en los términos previstos en el artículo 6 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre.
La asignación de un tutor a cada beneficiario del Programa de Activación para el Empleo se podrá realizar mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho.
A los efectos de este programa, se considerará gestión directa exclusivamente el incremento de los medios humanos del servicio público de empleo de la comunidad autónoma, que sólo podrán incluir personal especializado en actuaciones incluidas en el Eje 1. Orientación, de acuerdo con la definición que se recoge en el artículo 13.3.a) de la Ley 3/2023, de 28 de febrero.
Asimismo, los servicios públicos de empleo u órgano con competencias en la ejecución del Programa de Activación para el Empleo de las comunidades autónomas podrán utilizar agencias de colocación para garantizar la asignación de un tutor a cada beneficiario del mencionado Programa, de acuerdo con el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023, las comunidades autónomas podrán, con cargo a los fondos distribuidos mediante esta orden, realizar los servicios y programas regulados en la normativa estatal recogida en el anexo I, así como desarrollar programas y servicios de políticas de activación para el empleo, distintos de los anteriores, adaptados a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial.
3. Las comunidades autónomas utilizarán los fondos estatales distribuidos mediante esta orden para la ejecución de los programas mencionados en los apartados anteriores, siempre que éstos se hubieran incluido en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023, se dirijan al cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo y se integren en alguno de los ejes regulados en el artículo 13.3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero.
4. En la aplicación presupuestaria 19.101.241-A.454.09 se incluyen fondos destinados a financiar programas recogidos en el Eje 2 Formación que no se encuentran financiados con cargo a la cuota de formación profesional para el empleo.
5. En la aplicación presupuestaria 19.101.241-A.454.03, se estima que las cantidades recogidas en el anexo V se destinarán a la financiación de medidas destinadas a facilitar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, en los términos recogidos en los artículos 10 y 11 del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género.
Las becas derivadas de la participación de las mujeres víctimas de violencia de género en acciones formativas de formación profesional para el empleo, previstas en el artículo 7 del citado real decreto, se abonarán con cargo a los fondos asignados desde la aplicación 19.101.241-B.452.45.
6. Las cantidades incluidas en la aplicación 19.101.241-B.452.60 se utilizarán para la realización de programas de formación en alternancia con el empleo. Se podrá financiar con cargo a estos importes cualquier programa que combine empleo y formación siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Se haya recogido en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023.
b) Se dirija prioritariamente a personas paradas de larga duración, salvo en el caso en el que con anterioridad a la publicación de esta orden ya se hubieran adquirido autorizaciones de gasto (o fases de ejecución presupuestaria posteriores), con el consiguiente documento contable, referidos a procedimientos en los que constara que se iban a financiar con cargo a este crédito.
7. Con los créditos consignados en la aplicación 19.101.241-A.454.90, se financiará el programa común de «Red de orientadores para el proceso de acompañamiento» incluido en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023, destinado a reforzar los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas mediante la contratación de personas dedicadas a labores de orientación de personas desempleadas para favorecer su inserción, así como llevar a cabo labores de prospección de empleo.
En el anexo VI se recoge un desglose indicativo del número de personas destinadas a las labores antes mencionadas que deben prestar sus servicios en cada comunidad autónoma, por lo que las mismas pueden no financiar la totalidad de las personas indicadas en el citado anexo o pueden superar esa cifra.
Para poder participar en los procesos selectivos de este personal será necesario reunir los siguientes requisitos generales:
a) Cumplir los requisitos del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Tener nacionalidad española; o, en el supuesto de nacionalidad de otros Estados, cumplir los requisitos del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
c) Estar en posesión de los títulos universitarios exigidos para el acceso a los subgrupos A1 y A2, de conformidad con el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que gocen de dos lenguas oficiales.
En cuanto al cumplimiento de requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar, las personas que formen parte de la red de orientadores, deberán contar con formación en orientación laboral e información del mercado de trabajo y experiencia en orientación laboral y/o gestión de empleo.
Este personal debe suponer al menos el mantenimiento de la plantilla del servicio público de empleo respectivo. A estos efectos, se considera que se ha producido mantenimiento de la plantilla cuando el número de efectivos que realiza labores de orientación y prospección en la respectiva comunidad autónoma se mantiene en 2023 respecto a 31 de diciembre de 2022. En todo caso, se consideran incluidos en este concepto las personas que sustituyan a las contratadas para esta finalidad durante 2019, 2020, 2021 y 2022 y que hubieran causado baja durante 2023.
A estos efectos, se entiende por «número de efectivos», las personas trabajadoras que realmente estén desempeñando funciones de orientación o prospección con independencia del número de puestos que puedan existir para ejercitar éstas en el respectivo servicio público de empleo autonómico. Quedan excluidos de este concepto las vacantes o puestos sin cobertura.
8. Con el fin de tener un soporte que permita recoger adecuadamente la información necesaria de las cantidades y resultados obtenidos por los programas y servicios financiados con cargo a los fondos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal distribuidos por esta orden, las comunidades autónomas deberán cumplimentar además del anexo II.1, el estado justificativo correspondiente al anexo II.2.
9. Las comunidades autónomas deberán proporcionar al Servicio Público de Empleo Estatal la información necesaria para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los Planes Anuales para el Fomento del Empleo Digno, en los términos previstos en el artículo 2.2:
a) Por una parte, se facilitará la información precisa para la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023, de acuerdo con los indicadores recogidos en el mismo, que se efectuará en la forma que se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal, en colaboración con las comunidades autónomas.
b) Por otra parte, se deberán proporcionar al Servicio Público de Empleo Estatal los resultados obtenidos en cada uno de los programas y servicios incluidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023, con la información que se especifica en el aplicativo correspondiente, en el plazo establecido en el artículo 2.1.
Asimismo, las comunidades autónomas presentarán informes de seguimiento, en el formato recogido en el anexo II.3, en los términos contemplados en el artículo 2.2.
10. Las comunidades autónomas deberán proporcionar al Servicio Público de Empleo Estatal los datos estadísticos necesarios de su gestión, en los términos y condiciones que se establezcan con el fin de que quede garantizada su integración en la estadística estatal. Para realizar esta función el Servicio Público de Empleo Estatal contará con la colaboración de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
11. Con cargo a los fondos asignados desde las aplicaciones 19.101.241-B.452.45 y 19.101.241-B.452.55 sólo se podrán financiar iniciativas de formación profesional para el empleo incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas cuya gestión corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, que no correspondan con certificados de profesionalidad, sin perjuicio de las posibilidades de distribuir fondos (y, por tanto, destinarlos a otra finalidad diferente) que se indican en el artículo siguiente. Se excepcionan los programas formativos con compromiso de contratación, dentro de las iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados, financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 19.101.241-B.452.45, que podrán incluir acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad.
1. Las comunidades autónomas podrán ordenar y, en su caso, redistribuir según sus necesidades de gestión y en función de las especificidades de los colectivos a atender, las cantidades inicialmente asignadas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 19.101.241-B.452.45 y 19.101.241-B.452.55 del anexo I.
2. Las comunidades autónomas podrán ordenar transferencias y, en su caso, redistribuir según sus necesidades de gestión y en función de las especificidades de los colectivos a atender, las cantidades inicialmente asignadas con cargo al concepto 454 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (servicios y programas de políticas activas de empleo de fomento del empleo y de formación profesional para el empleo no financiadas con cargo a la cuota de formación profesional) que incluye las aplicaciones presupuestarias 19.101.241-A.454.00; 19.101.241-A.454.02; 19.101.241-A.454.03; 19.101.241-A.454.06; y 19.101.241-A.454.09 del anexo I.
3. Las cantidades asignadas a cada comunidad autónoma desde la aplicación 19.101.241-A.454.09 se podrán utilizar tanto para financiar servicios y programas de formación profesional para el empleo, sin necesidad de redistribución o transferencia alguna, sin perjuicio de que las comunidades autónomas que así lo decidan puedan realizar éstas, como para financiar servicios y programas de fomento del empleo, mediante su transferencia a la aplicación que corresponda dentro del concepto 454, en función del programa o servicio concreto que se pretenda realizar.
4. Por no estar financiadas necesariamente con cargo a la cuota de formación profesional para el empleo, se permite la redistribución del 60 por ciento de las cantidades asignadas desde la aplicación del concepto 19.101.241-B.452.45 y la totalidad de las cantidades asignadas en la aplicación 19.101.241-B.452.55 a las asignadas a las aplicaciones del concepto 10.101.241-A.454 mencionadas en el apartado 2. La utilización de fondos destinados a financiar programas de fomento del empleo en la ejecución de iniciativas de formación profesional para el empleo recogidas en el Catálogo de Especialidades Formativas cuya gestión corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, que no correspondan con certificados de profesionalidad, o en la ejecución de programas formativos con compromiso de contratación y programas que combinen empleo y formación se podrá realizar a través de la aplicación 19.101.241-A.454.09, según se indica en el apartado anterior.
En lo que respecta a los créditos consignados en la aplicación 19.101.241-B.452.90, financiados con cargo a la cuota de formación profesional para el empleo, se deben utilizar para financiar las acciones de formación profesional para el empleo relacionadas con la negociación colectiva y con el diálogo social, en los términos recogidos en la Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal, para la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. Una vez tramitada la respectiva convocatoria, si hubiera algún importe que no se hubiera comprometido como consecuencia de la misma, éste podrá ser objeto de redistribución o transferencia a otras iniciativas dentro de la aplicación 19.101.241-B.452.
Asimismo, los créditos consignados en la aplicación 19.101.241-B.452.60, que se encuentran financiados con cargo a la cuota de formación profesional para el empleo, deberán utilizarse para financiar programas de formación en alternancia con el empleo, en los términos indicados en el artículo anterior, sin que quepa su reasignación o transferencia a otros créditos, salvo en los siguientes supuestos:
a) Cuando los importes asignados a una comunidad autónoma en las aplicaciones 19.101.241-B.452.45 y 19.101.241-B.452.55 sean insuficientes para atender los compromisos plurianuales adquiridos y los trámites anticipados realizados en ejercicios anteriores a 2023. A estos efectos, la consideración de compromiso plurianual adquirido o trámite anticipado realizado implica la existencia del correspondiente documento contable de compromiso de crédito o de autorización de crédito en un ejercicio anterior a 2023.
b) Cuando los importes asignados a una comunidad autónoma en las aplicaciones 19.101.241-B.452.45 y 19.101.241-B.452.55 sean insuficientes para atender las autorizaciones de gastos realizadas o compromisos de gastos adquiridos con anterioridad a la publicación de esta orden, derivados de procedimientos tramitados en el propio ejercicio 2023.
En todo caso, cabe la redistribución o transferencia de créditos desde las aplicaciones 19.101.241-B.452.45 y 19.101.241-B.452.55 a la aplicación 19.101.241-B.452.60, así como la utilización de créditos de la aplicación 19.101.241-A.454 mencionados en el apartado 2 de este artículo, para la ejecución de programas y servicios que combinen formación en alternancia con el empleo competencia del Servicio Público de Empleo Estatal a través de la aplicación 19.101.241-A.454.09, en los términos indicados en el apartado 3 de este artículo.
5. Las comunidades autónomas podrán destinar hasta un máximo del 6 por ciento de las cantidades asignadas a cada uno de los programas y servicios incluidos en las agrupaciones de aplicaciones mencionadas en los apartados 1 y 2 de este artículo, así como de la aplicación 19.101.241-B.452.60, para financiar los gastos de gestión, seguimiento, evaluación, control y publicidad necesarios para la aplicación de esta orden, así como para financiar dichos gastos para la realización de programas financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro de los componentes 19 y 23 cuyos créditos se hubieran asignado en el período 2021 a 2023 con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal. Las cantidades utilizadas para la gestión, seguimiento, evaluación, control y publicidad de los programas financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro de los componentes 19 y 23 en los términos indicados en este apartado no son financiables con cargo al citado Mecanismo.
En todo caso, los gastos de gestión, seguimiento, evaluación, control y publicidad forman parte del crédito total de cada programa.
En el caso de la aplicación 19.101.241-B.452.55, la utilización del porcentaje del 6 por ciento, por parte de las comunidades autónomas que hayan asumido o asuman, durante el año 2023, la ampliación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados en materia de gestión de la formación profesional para el empleo (formación de oferta para trabajadores ocupados), únicamente se computará sobre el incremento de los créditos de «subvenciones gestionadas» para financiar iniciativas de formación de oferta dirigida a trabajadores ocupados territorializados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para el presente ejercicio económico (subconcepto 452.55), que exceda de la asignación efectuada en el ejercicio de 2022, consolidada a 31 de octubre de dicho año, y actualizada a euros corrientes de 2023.
Asimismo, se debe tener en cuenta que el 6 por ciento aplicable a las aplicaciones del concepto 19.101.241-B.452, debe atender a lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, de forma que los importes destinados a las labores de seguimiento y control no pueden superar el 5 por ciento de los importes asignados.
1. Las cantidades asignadas para este programa se incluyen en la aplicación 19.101.241-A.458.00 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal recogidos en el anexo I y podrán financiar exclusivamente los siguientes gastos:
a) Modificación de la red de oficinas de empleo, incluyendo entre otros los gastos de apertura y cierre de oficinas o las obras de acondicionamiento, siempre que se trate de oficinas de empleo en las que presten sus servicios empleados públicos adscritos al Servicio Público de Empleo Estatal.
En todo caso, se podrán utilizar estos fondos para adaptar las oficinas de empleo, para la adecuada prestación de servicios del refuerzo de las plantillas de las personas dedicadas a tareas de orientación y prospección de empleo que se financiarán con cargo a los fondos asignados a cada comunidad autónoma desde los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.
En ningún caso, se podrá financiar con cargo a los fondos de modernización de los servicios públicos de empleo la apertura o cierre de oficinas de empleo sin el acuerdo previo con el Servicio Público de Empleo Estatal.
Estos fondos no podrán utilizarse para financiar gastos de arrendamientos o alquileres, reparación, mantenimiento, funcionamiento y reposición de oficinas que fueron objeto del respectivo traspaso de medios materiales a las comunidades autónomas.
b) La adquisición de mobiliario, archivos, material de oficinas o informático y el establecimiento de equipos de seguridad y vigilancia, como mejora del equipamiento de las oficinas de empleo, en las que presten sus servicios empleados públicos adscritos al Servicio Público de Empleo Estatal. En esta medida se incluyen gastos para la mejora de las oficinas de empleo en su integridad, por lo que se incluye tanto el mobiliario, archivos, material o equipos o servicios, utilizado por el personal que preste sus servicios en el Servicio Público de Empleo Estatal, como el utilizado por el personal que preste sus servicios en los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. En todo caso, se podrán utilizar estos fondos para la adquisición de material a utilizar por las plantillas de las personas dedicadas a tareas de orientación y prospección de empleo que se financiarán con cargo a los fondos asignados a cada comunidad autónoma desde los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Estos fondos no podrán utilizarse para financiar gastos de reparación, mantenimiento o funcionamiento.
c) El coste de los servicios de vigilancia y seguridad necesarios para la protección de bienes, trabajadores y usuarios y controles de identidad en accesos a las oficinas de empleo, en las que presten sus servicios empleados públicos adscritos al Servicio Público de Empleo Estatal.
d) Implantación y desarrollo del Sistema de Información de los servicios públicos de empleo de cara a garantizar la integridad de la información contenida en el mismo.
e) El desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas, adquisición y mantenimiento de equipos informáticos y la adquisición de productos y herramientas informáticas de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, siempre que se trate de aplicaciones, equipos o herramientas que se utilicen en la red de oficinas de empleo con presencia de personal adscrito al Servicio Público de Empleo Estatal, y que tenga por finalidad mejorar el servicio ofrecido a la ciudadanía. En todo caso, se podrán utilizar estos fondos para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones o equipos informáticos y adquisición de productos a utilizar por el refuerzo de las plantillas de las personas dedicadas a tareas de orientación y prospección de empleo que se financiarán con cargo a los fondos asignados a cada comunidad autónoma desde los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.
f) Nuevas utilidades para la mejora del servicio, incluyendo, entre otros, el establecimiento de sistemas de espera inteligente, centros de información telefónica, sistemas de auto información, así como cualquier tipo de gasto dirigido a la simplificación de procedimientos administrativos o a incrementar la eficacia y eficiencia de los procedimientos existentes, exclusivamente, en el ámbito de las políticas activas de empleo.
g) El coste de la prestación de los servicios de control de accesos o recepción, comprobación de usuarios y orientación de los mismos en puntos de información y auto información, el control de entradas y flujos de público e información general sobre el funcionamiento de las oficinas de empleo, en las que presten sus servicios empleados públicos adscritos al Servicio Público de Empleo Estatal, siempre que el mismo se realice por personal ajeno al servicio público correspondiente.
h) Mejora de los medios humanos existentes mediante incremento de los mismos o mediante la impartición de acciones formativas en materias relacionadas con los servicios que vayan a desarrollar.
2. No resulta de aplicación lo previsto en el artículo 5 en cuanto a las posibilidades de reasignación y transferencia de fondos a los créditos incluidos en la aplicación presupuestaria 19.101.241-A.458.00.
3. El Servicio Público de Empleo Estatal podrá instar a las comunidades autónomas a la utilización de las cantidades recogidas en la aplicación presupuestaria 19.101.241-A.458.00 para la realización de los gastos mencionados en las letras a), b), c) y g) del apartado 1.
Para ello, el coordinador o coordinadora territorial del Servicio Público de Empleo Estatal dirigirá una solicitud motivada de ejecución de gasto a la comunidad autónoma respectiva, incluyendo en todo caso un importe indicativo del gasto a realizar, el cual no podrá nunca superar el 50 por ciento de los fondos asignados para modernizar el respectivo servicio público de empleo autonómico.
La comunidad autónoma receptora de esta solicitud podrá acometer el gasto solicitado con cargo a los fondos librados para realizar este tipo de acciones y medidas o justificar la falta de necesidad de la mejora indicada en el plazo de quince días desde la recepción de la citada solicitud. En este segundo supuesto, el Servicio Público de Empleo Estatal podrá aceptar la justificación de la comunidad autónoma o bien mantener su intención inicial.
Si la comunidad autónoma no acomete las acciones indicadas no se considerarán adecuadamente justificados, con cargo a los fondos asignados para modernizar el servicio público de empleo autonómico, el importe igual al indicado en su escrito de solicitud, procediendo al descuento del citado importe con cargo a los fondos que se libren en el ejercicio 2024, de tal forma que esta cantidad indebidamente justificada incrementará las cantidades de los remanentes no comprometidos con los efectos previstos en la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
4. La comunidad autónoma respectiva informará en la primera reunión del órgano encargado de la coordinación de la gestión del empleo y de las prestaciones por desempleo, de los importes y medidas en los que pretende utilizar los fondos mencionados en este artículo que afecten a su ámbito territorial. Si no estuviera aún suscrito o vigente el citado convenio de colaboración, se efectuará dicha comunicación en una reunión entre los representantes que determinen la comunidad autónoma y el Servicio Público de Empleo Estatal, siendo uno de estos últimos el correspondiente coordinador o coordinadora territorial.
Asimismo, el citado órgano debe ser informado tan pronto como sea conocida y, en todo caso, en la última reunión celebrada de cualquier variación que se produzca en las previsiones iniciales de utilización de los fondos.
5. La justificación de los fondos asignados a cada comunidad autónoma deberá incluir en todo caso las actas de las reuniones, referidas en el apartado anterior, con mención expresa de la fecha de celebración, los asistentes y los asuntos tratados.
En caso de no aportarse estos documentos, los fondos mencionados en este artículo no se considerarán adecuadamente justificados, a efectos de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. Los importes de este programa se incluyen dentro del Eje 6. «Mejora del marco institucional» del artículo 13 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero.
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las actuaciones que se desarrollen en cada uno de los programas contemplados en esta orden tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.
Asimismo, en las actuaciones por las que se desarrollen los servicios y programas contemplados en esta orden será de aplicación el artículo 51 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero.
A estos efectos, será de aplicación el programa común (PC00038) incluido en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023 de «Integración de la transversalidad de la igualdad de género en las políticas activas de empleo», dentro del Eje 6. Mejora del marco institucional, con el fin de impulsar la integración de la transversalidad de la igualdad de género en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas activas de empleo que desarrollan los servicios públicos de empleo.
1. De acuerdo con el artículo 3.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a los importes territorializados por esta orden en favor de las comunidades au