Categoría: Administración

ueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a la abstención, y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación.
6.º El artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, sobre el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Adicionalmente, serán de aplicación los Planes de Medidas Antifraude en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobados tanto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), así como los procedimientos contemplados en dichos Planes.
g) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
3. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley.
4. Asimismo, será de aplicación la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en lo que se refiere a la vinculación legal a finalidad de los fondos recibidos por transferencia al IDAE procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como el tipo de concurrencia, la publicación de las bases, las obligaciones de control, el seguimiento de la ejecución y el reintegro de fondos.
1. Las ayudas reguladas en esta orden podrán financiar actuaciones innovadoras encaminadas a desarrollar nuevos modelos de negocio en la transición energética en las áreas de actividad contempladas en el anexo I.
Sin perjuicio de que las respectivas convocatorias limiten la tipología de proyectos elegibles, en todo caso las actuaciones deberán aportar soluciones innovadoras para resolver los retos que se presentan en el contexto de la transición energética. Para demostrar esto, deberán contribuir al logro de, al menos, alguno de los objetivos de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo o del resto de estrategias y hojas de ruta que emanan del Marco Estratégico de Energía y Clima, así como a los objetivos del componente 8 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de energía.
Adicionalmente, esta orden se ha desarrollado en el contexto de incorporación de nuevos servicios, agentes y participantes en el sistema energético, y en particular los incluidos en el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad, y la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE. Los avances en innovación podrán estar asociados a la inclusión de estos nuevos agentes en el sector energético, contribuyendo asimismo a resolver retos para la transición energética.
Estas contribuciones deberán quedar reflejadas en la documentación presentada en el momento de la solicitud, según se especifique en la convocatoria de ayudas.
2. Las actuaciones objeto de las ayudas estarán estructuradas en las siguientes líneas de ayudas:
a) Innovación en la transición energética. Se podrán financiar actuaciones relacionadas con productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, que promuevan soluciones innovadoras que sirvan como palanca para la consecución de la transición energética.
b) Descarbonización del sector energético y mejora de la integración de energías renovables. Se podrán financiar en esta línea de ayudas las actuaciones que permitan a la entidad beneficiaria aportar soluciones que incrementen el nivel de protección del medio ambiente. Para ello, las actuaciones deberán favorecer la integración de energías renovables, y, por tanto, la reducción de emisiones. Esto podría realizarse a través de mecanismos que incrementen la provisión de servicios de flexibilidad al sistema energético; o bien ofrecer soluciones que avancen en la economía circular en el ámbito del almacenamiento energético.
c) Startups para la transición energética. Se podrán financiar actuaciones que supongan la puesta en marcha o impulso de nuevos proyectos empresariales que contribuyan a los objetivos de la transición energética, que se desarrollen en las áreas de actividad descritas en el anexo I, en los términos que determinen las convocatorias. Solo podrán ser entidades beneficiarias de esta línea de ayudas las contempladas en el artículo 4.2.
3. Dentro de las líneas de ayuda a) y b) contempladas en el apartado anterior, se podrán financiar proyectos de innovación regulatoria vinculados a las iniciativas desarrolladas en el marco del Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, por el que se establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para dichas líneas en esta orden y en las correspondientes convocatorias. Asimismo, las convocatorias podrán exigir que las actuaciones objeto de estas ayudas se encuentren en una fase concreta del proceso de acceso al banco de pruebas regulatorio.
4. Las actuaciones propuestas deberán probar que sin el apoyo público solicitado no sería posible la viabilidad económica, mediante la provisión de una memoria económica que haga patente la necesidad de la subvención pública. Los documentos que deban aportarse se determinarán en la respectiva convocatoria.
5. Los proyectos deberán cumplir todos los trámites medioambientales que sean de aplicación conforme a la normativa aplicable. Los proyectos financiados atenderán al principio de «no causar un perjuicio significativo» a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020. Los beneficiarios garantizarán el respeto al principio de DNSH y el etiquetado climático, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
6. En ningún caso podrán financiarse las siguientes actividades:
a) Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida cualquier solución tecnológica que pueda dar respaldo a tecnologías basadas en combustibles fósiles.
b) Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea en las cuales se prevean emisiones equivalentes de CO2que no sean sustancialmente inferiores a los parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos.
c) Actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento biológico mecánico que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil.
d) Actividades en las que la eliminación de desechos puede causar daños a largo plazo al medio ambiente.
7. Sin perjuicio de que las convocatorias puedan establecer restricciones adicionales, en cumplimiento de la exigencia de que el régimen de ayudas tenga «efecto incentivador» establecida en el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, y en el artículo 13.9 de esta orden de bases, para las actuaciones relacionadas con las líneas de ayuda a) y b) descritas en el apartado 2 de este artículo, solo serán subvencionables los proyectos que contemplen actuaciones cuya ejecución se inicie en fecha posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda, entendida la fecha de inicio de los trabajos según la definición del apartado f) del anexo II, y de acuerdo con las especificidades que se puedan establecer en la correspondiente convocatoria.
En el caso de las actuaciones sobre nuevos proyectos empresariales incluidos en la línea de ayudas del apartado 2.c) de este artículo, los límites temporales de ejecución de los planes de negocio anuales o plurianuales que se financien se determinarán en las convocatorias y, en todo caso, deberán cumplir con la fecha de finalización máxima citada en el apartado siguiente.
8. Para poder acceder a las ayudas, la fecha de finalización de las actuaciones presentadas debe ser anterior al 30 de junio de 2026, sin perjuicio de que las correspondientes convocatorias establezcan requisitos o plazos más estrictos.
9. Solo se admitirán solicitudes de ayuda que se acojan a una sola línea de ayudas de las tres propuestas en el apartado 2, no siendo admisibles divisiones artificiales de proyectos acogidos a diferentes líneas de ayuda.
1. Podrán obtener la condición de entidades beneficiarias en las convocatorias que se celebren al amparo de esta orden, siempre que realicen la actividad que fundamenta su concesión, en los términos establecidos por las mismas, y cumplan todos los requisitos exigidos, las siguientes personas jurídicas, públicas o privadas, legal y válidamente constituidas, que tengan su domicilio fiscal en España, así como personas físicas que realicen actividades económicas:
a) Empresas, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Administraciones Públicas, según el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, excluida la Administración General del Estado.
c) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
d) Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que estén inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
e) Otros centros públicos de I+D: organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, y los dependientes o vinculados a las administraciones públicas territoriales y sus organismos, o participados mayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea su forma jurídica.
f) Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D, generen conocimiento científico o tecnológico, faciliten su aplicación y transferencia o proporcionen servicios de apoyo a la innovación a las empresas.
g) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros.
h) Otros centros privados de I+D+i que tengan definida en sus estatutos la I+D+i como actividad principal.
i) Otras organizaciones que presten apoyo a la transferencia tecnológica o desarrollo normativo que integre los nuevos modelos de negocio, o realicen difusión y divulgación tecnológica, científica o regulatoria.
j) Comunidades energéticas, según la definición incluida en el anexo II, apartado j).
2. Para el caso concreto de entidades solicitantes de la línea de ayudas establecida en el artículo 3.2.c), «Startups para la transición energética», las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser consideradas pequeñas empresas, según la definición del anexo II, apartado c), siempre que estén válidamente constituidas, tengan personalidad jurídica propia y residencia fiscal en España.
b) No estar cotizadas en una bolsa de valores.
c) Estar registradas como máximo desde hace cinco años a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes de ayuda que se determine en las convocatorias, a contar desde la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución de la empresa.
En el caso de empresas subvencionables que no estén obligadas a registrarse, podrá considerarse que el período de cinco años empieza a contar desde el momento en que la empresa inicie su actividad económica o bien esté sujeta a impuesto por su actividad económica.
d) No haber distribuido beneficios ni surgir de una operación de concentración, según definición del artículo 7 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
3. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria:
a) Aquellos solicitantes en quienes concurra algunas de las circunstancias que prohíben el acceso a dicha condición, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Aquellos solicitantes que se encuentren sujetos a una orden de recuperación pendiente como consecuencia de una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda a la entidad beneficiaria ilegal e incompatible con el mercado interior.
c) Aquellos solicitantes que puedan considerarse como empresas en crisis según lo definido en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).
d) Aquellos solicitantes que no reúnan todos los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
4. En aplicación del artículo 61, apartados 1 y 2, del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, para poder ser entidades beneficiarias de las ayudas, aquellos solicitantes que dentro de los requisitos de concesión de la ayuda deban llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses potencial, deberán aportar una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).
1. Conforme al artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se podrá aplicar la condición de entidad beneficiaria a los miembros asociados de la entidad beneficiaria que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamenten la concesión de la ayuda en nombre y por cuenta de la entidad beneficiaria, en el supuesto de que se trate de una persona jurídica. Se consideran miembros asociados aquellos que tengan con la entidad beneficiaria una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual que se encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o en documento análogo de constitución. Se considerarán igualmente miembros asociados de una entidad beneficiaria aquellas empresas que pertenezcan a un mismo grupo empresarial en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.
2. Conforme al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, podrán tener la condición de entidad beneficiaria las agrupaciones de personas jurídicas, tanto públicas como privadas que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos, o que se encuentren en la situación que motiva la concesión, en la medida en la que cumplan las condiciones recogidas en las presentes bases y la correspondiente convocatoria.
3. Podrán ser beneficiarias agrupaciones incluidas en las siguientes categorías:
a) Agrupaciones o asociaciones empresariales, siempre que por su objeto o finalidad puedan ser beneficiarias de estas ayudas.
b) Agrupaciones empresariales innovadoras activas en sectores y regiones concretos, cuyo objetivo sea contribuir con eficacia a la transferencia tecnológica y a la divulgación de información entre las empresas integrantes de la agrupación, que estén inscritas en el registro correspondiente.
c) Las Uniones Temporales de Empresas (UTE).
d) Cualquier otra forma de agrupación o asociación de personas jurídicas que cumpla con el resto de requisitos establecidos en la presente orden.
4. Quienes formen parte de alguna de las formas de pluralidad o agrupación a que se refiere este artículo deberán cumplir los requisitos que se establezcan para las entidades beneficiarias.
5. En el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica, uno de los participantes actuará como entidad coordinadora o representante de la misma. La entidad coordinadora de la agrupación actuará como representante o apoderado único de la agrupación, con poderes suficientes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación. La entidad coordinadora será el interlocutor y representante de la agrupación ante el IDAE y canalizará las relaciones correspondientes entre este y los miembros de la agrupación. La entidad coordinadora será la única con acceso a las notificaciones y comunicaciones del IDAE y deberá trasladar las mismas al resto de miembros de la agrupación, tanto en el procedimiento de concesión como en la fase de seguimiento y justificación de las ayudas. Asimismo, quien represente a la agrupación recibirá el pago de la ayuda concedida y será responsable de su distribución entre los miembros de la agrupación, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión.
6. De conformidad con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la condición de entidades beneficiarias.
7. En cuanto a las relaciones de la agrupación, en su caso, además de aquellas disposiciones previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los miembros de la agrupación deberán suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento, sin que sea necesario que se constituyan en forma jurídica alguna para ello. El acuerdo de agrupación debería incluir, al menos, los aspectos recogidos en el citado artículo 67.2.
Adicionalmente, en virtud del artículo 67.5 del referido Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, no podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en el caso de que la subvención sea en forma de préstamo, hasta que se produzca su amortización total.
8. Las actividades dentro de la agrupación deberán estar equilibradas, de modo que la participación, en términos presupuestarios, de un participante, no sea superior al 70 %. Los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro deberán constar en la solicitud y en la resolución de concesión.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes de su reglamento de desarrollo, así como las contenidas en estas bases reguladoras, las que se determinen en cada convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de las presentes bases y las respectivas convocatorias, comunique el órgano competente en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
Tanto en la fase de solicitud como en la fase de verificación, deberá presentarse al IDAE toda la información necesaria para verificar el cumplimiento del objetivo 128 del anexo I de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021. Para el cumplimiento de esta obligación, prestarán especial atención a la información contenida en la columna denominada Mecanismo de verificación.
2. Las entidades beneficiarias deberán encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La solicitud correspondiente contemplará la autorización expresa por parte del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación correspondiente a través de certificados telemáticos. En caso de no otorgarse dicha autorización, las entidades beneficiarias deberán aportar los certificados correspondientes. Cuando no estén habilitados los medios técnicos necesarios para realizar dichas consultas, el órgano concedente requerirá a la entidad beneficiaria la presentación de los correspondientes certificados emitidos por la Hacienda estatal o autonómica, según proceda, y por la Seguridad Social, justificativos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del citado Reglamento.
3. Las entidades beneficiarias deberán aceptar los términos que se establezcan en la resolución de concesión, y realizar el proyecto en el plazo de ejecución o de realización de las correspondientes actuaciones establecido por la correspondiente convocatoria y la resolución de concesión de ayuda, y conforme a los objetivos y al plan de trabajo de la solicitud de ayuda, que tendrá carácter vinculante, y a lo establecido en la resolución de concesión y sus eventuales modificaciones.
4. Las entidades beneficiarias, conforme al artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, tendrán que cumplir los plazos de pago previstos en la citada ley, acreditando que no han incurrido en morosidad, conforme a las definiciones establecidas en la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Estas circunstancias se acreditarán por parte de las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de esta ley. Para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se establece la necesidad de acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago mediante certificación, emitida por auditor o empresa de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora.
5. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las siguientes obligaciones, europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. La concesión de ayudas estará condicionada al compromiso escrito, por parte de la entidad beneficiaria, de la concesión de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) del citado reglamento.
b) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
c) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones que se desarrollen por terceros contribuyan al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para evaluar los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
d) Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
e) Tendrán la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación. Los solicitantes deberán adoptar todas aquellas medidas que eviten un conflicto de intereses potencial entre sus propios intereses y los de la Unión Europea, estableciendo, asimismo, las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses.
f) Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018.
g) En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020. En concreto, en aquellas actuaciones que contemplen obras, las entidades beneficiarias garantizarán, en función de las características de la misma, que no se perjudique a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos en dicho reglamento. Adicionalmente, se comprometerán a que:
1.º Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición generados en los proyectos de infraestructura (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la Unión Europea.
2.º Los operadores limiten la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la Unión Europea y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
3.º En aquellas actuaciones que impliquen demolición, practicarán una demolición selectiva.
4.º Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyen la circularidad en lo referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.
5.º Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de las actuaciones previstas en esta medida no contengan amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
6.º Adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra, y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida cumpliendo la normativa vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
6. Adicionalmente, en cuanto a la atención de los objetivos medioambientales, se deberá cumplir, en particular, lo siguiente:
a) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: se seguirán las recomendaciones ambientales del Estudio Ambiental Estratégico del PNIEC 2021-2030 para mitigar los efectos de las actuaciones que, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, pudieran suponer un perjuicio sobre la biodiversidad y los ecosistemas de modo que no se produzca daño significativo sobre los ecosistemas ni pérdida de biodiversidad, reduciendo la fragmentación del territorio y su degradación, con especial atención a los corredores verdes y otras medidas de conectividad de los hábitats, así como a la protección de las especies animales. En su caso, los proyectos asociados a esta línea de inversión estarán sujetos a Evaluación de Impacto ambiental según la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
7. Las entidades beneficiarias estarán obligados a comunicar de inmediato al órgano competente, incluso durante la tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud. La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la revocación de la ayuda de acuerdo con lo previsto en los artículos 33 y 34.
8. Las entidades beneficiarias deberán proporcionar al órgano competente la documentación necesaria ex post con el contenido mínimo que figure en la correspondiente convocatoria, de justificación de la realización del proyecto.
9. El organismo gestor transmitirá a las entidades beneficiarias cuantas instrucciones considere necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente orden y en la respectiva convocatoria, siendo obligación de dar cumplimiento a lo solicitado.
10. Se ha de identificar a los perceptores finales de fondos (entidades beneficiarias últimas de las ayudas, contratistas y subcontratistas que resulten adjudicatarios), incluyendo su inscripción en el Censo de empresarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o equivalente que refleje la actividad económica que desarrollan, así como la declaración de los mismos de cesión y tratamiento de los datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A efectos de auditoría y control del uso de los fondos, y con base en lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos. Se deberá permitir a la Administración General del Estado, al órgano instructor de las presentes ayudas, a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea, el acceso a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales o base de datos similar, así como la cesión de información entre los sistemas de información de las ayudas y el Sistema de Fondos Europeos.
11. Asimismo, las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular:
a) Toda referencia en cualquier medio de difusión al proyecto subvencionado, cualquiera que sea el canal elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos a tal efecto en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que figuran en el Manual de Imagen disponible en la web del IDAE, www.idae.es.
b) Los perceptores de fondos de la Unión Europea deberán mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público, añadiendo, cuando proceda, el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», de conformidad con el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
c) Las entidades beneficiarias informarán al público del apoyo obtenido de los fondos haciendo en su sitio de Internet, en caso de que dispongan de uno, una breve descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.
12. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados anteriores, podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda concedida según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
13. Cuando las entidades, además de actividades no económicas, desempeñen actividades de carácter económico, deberán disponer de una contabilidad que permita distinguir con claridad entre los dos tipos de actividades y entre sus respectivos costes, financiación e ingresos, de manera que se evite efectivamente la subvención indirecta de la actividad económica.
14. Respecto al proceso de adjudicación de los contratos vinculados a la actuación subvencionada, se deberá cumplir con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, cuando esta ley resulte de aplicación. En particular, se deberá cumplir con lo previsto en el artículo 23 de dicha ley cuando concurran las características de los contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada.
En los supuestos en los que la entidad beneficiaria no esté sujeta al cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en la tramitación de los contratos que se suscriban para llevar a cabo las actuaciones incentivadas, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Se dispondrá de suficiente concurrencia de ofertas (al menos tres, cuando ello sea posible), conforme al artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.
b) No se podrán incluir, para la valoración de ofertas, criterios de valoración discriminatorios o que alteren la concurrencia, pudiendo establecerse requisitos mínimos para los ofertantes siempre y cuando estos no puedan utilizarse para valorar favorablemente unas ofertas frente a otras.
c) Se deberá disponer de la documentación del proceso de contratación, incluida la justificación de la selección de la oferta más favorable y de las comunicaciones con los ofertantes.
d) Las obras, servicios o prestación del servicio contratado deben ser demostrables y tienen que estar verificadas y aceptadas de forma previa a la certificación del pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato.
15. Se deberá acreditar ante el IDAE la realización de la actividad, facilitando además las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o acción objeto de la ayuda, aportando a tal efecto cuanta documentación le fuera requerida, así como los valores de los indicadores que fueran solicitados para reportar los resultados del proyecto en el marco de la normativa europea y nacional aplicable.
16. Las entidades beneficiarias deberán declarar su compromiso con la igualdad de género mediante la incorporación de los elementos necesarios para lograr una representación equilibrada entre mujeres y hombres e impulsar la plena igualdad de oportunidades entre ambos.
17. Las convocatorias podrán establecer obligaciones adicionales, en particular, aquellas obligaciones establecidas por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, en lo relativo a la prevención de los conflictos de intereses.
1. Cuando una entidad beneficiaria sufriera una modificación estructural, de acuerdo con las normas jurídicas por las que se regule, deberá solicitar la modificación de la resolución de concesión por cambio de la entidad beneficiaria, que habrá de ser autorizada de forma expresa por el órgano concedente, siempre que se den las siguientes condiciones:
a) Que la nueva entidad asuma todas las obligaciones de la entidad beneficiaria, establecidas en el artículo 6, incluido, en su caso, el reintegro de la ayuda que no haya sido debidamente justificada.
b) Que la nueva entidad cumpla los requisitos para la obtención de la ayuda referidos en estas bases reguladoras, y los demás establecidos en las correspondientes convocatorias.
2. La autorización anterior podrá quedar condicionada a la constitución de garantías adicionales, que permitan asegurar convenientemente el cumplimiento de las obligaciones que la nueva entidad asume y que podrán alcanzar, en su caso, el 100 % del importe de la subvención concedida.
3. Cuando el solicitante de un cambio de entidad beneficiaria por modificación estructural sea la entidad coordinadora y el órgano concedente de la ayuda deniegue dicha solicitud o, aun habiéndola autorizado, la nueva entidad beneficiaria no constituya las garantías adicionales que, en su caso, se le requieran, la agrupación deberá proponer una nueva entidad coordinadora, según el procedimiento y requisitos que se establezcan en la correspondiente convocatoria. Las garantías constituidas por la entidad coordinadora original no podrán ser canceladas hasta que se hayan constituido unas nuevas que las sustituyan, de acuerdo con la calificación financiera de la nueva entidad coordinadora. En el caso de que la agrupación no proponga una nueva entidad coordinadora, se iniciará un procedimiento de revocación y reintegro que podrá ser total o parcial.
4. Cuando el solicitante de un cambio de entidad beneficiaria por modificación estructural sea participante de un proyecto y el órgano concedente de la ayuda deniegue dicha solicitud, la agrupación, a través de su representante, deberá proponer la sustitución de dicha entidad por otra o, en su caso, la reasignación de actividades, de acuerdo con el artículo 27 y según el procedimiento y requisitos que se establezcan en las correspondientes convocatorias.
1. Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de las ayudas respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su reglamento de desarrollo.
2. Se podrá subcontratar con terceros hasta el 60 % de la actividad incentivada, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de subcontratar parte de la actividad objeto de estas ayudas, se habrán de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo» al medioambiente y el resto de condiciones establecidas en las bases y en la convocatoria correspondiente, garantizándose que la subcontratación no desvirtúe el papel de la entidad beneficiaria.
3. Las convocatorias establecerán los requisitos relativos a la prevención de los conflictos de interés en subcontratistas, de conformidad con la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a la Administración.
5. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los subcontratistas al órgano concedente de la subvención dando cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
6. En virtud del artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando los solicitantes consideren que la actividad concertada con terceros excederá del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, informarán de ello en los términos que establezca la convocatoria, de manera que la entidad concedente pudiera proceder a autorizar la celebración del contrato.
1. Las ayudas que se otorguen consistirán en una subvención a fondo perdido que el órgano concedente, en los términos que se concretan en el artículo 14, podrá adelantar a la entidad beneficiaria al objeto de facilitar la financiación de los proyectos.
El anticipo consistirá en el abono de una parte de la ayuda concedida, previo depósito, si fuera procedente, de la oportuna garantía de acuerdo a lo ordenado por el artículo 30.
2. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de dicha ley.
3. El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su reglamento de desarrollo, con las características determinadas en estas bases reguladoras y en las respectivas convocatorias.
4. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria efectuada por el órgano competente, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y un extracto del mismo, en el «Boletín Oficial del Estado».
5. Las convocatorias serán centralizadas correspondiendo la gestión de las ayudas al IDAE.
6. Las ayudas concedidas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, cuando se otorguen a entidades beneficiarias que realicen actividad económica.
1. El importe de la ayuda concedida para los proyectos que resulten seleccionados se establecerá de acuerdo con la solicitud en función de los costes subvencionables de las actuaciones objeto de los mismos, según los límites de intensidad de ayuda establecidos en este artículo y otros factores limitantes que se especificarán en la convocatoria, así como la disponibilidad financiera.
2. El importe de las ayudas que se concedan se determinará en las convocatorias. En el caso de ayudas acogidas al Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, las cuantías de las ayudas no podrán superar los umbrales establecidos en el artículo 4 de dicho reglamento. En concreto:
a) para las actuaciones de la línea de ayudas «Innovación en la transición energética», atendiendo a lo indicado en el apartado i) punto iii) de dicho artículo, 15 millones de euros por empresa y por proyecto;
b) para las actuaciones de la línea de ayudas «Descarbonización del sector energético y mejora de la integración de energías renovables», atendiendo a lo indicado en el s) de dicho artículo, 15 millones de euros por empresa y por proyecto de inversión;
c) para las actuaciones de la línea de ayudas «Startups para la transición energética» la cuantía de la ayuda no podrá superar los umbrales del apartado h) de dicho artículo, siendo los importes establecidos por empresa los siguientes:
1.º hasta 0,4 millones de euros, para las empresas establecidas en zonas no asistidas.
2.º hasta 0,6 millones de euros en el caso de empresas establecidas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según se definen en el anexo II;
3.º hasta 0,8 millones de euros en el caso de empresas establecidas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), de dicho Tratado.
En el caso de que las empresas tengan la condición de empresas innovadoras, según la definición del anexo II, las cuantías máximas de las ayudas no podrán superar los siguientes importes máximos por empresa:
1.º hasta 0,8 millones de euros, para las empresas establecidas en zonas no asistidas.
2.º hasta 1,2 millones de euros en el caso de empresas establecidas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea según se definen en el anexo II;
3.º hasta 1,6 millones de euros en el caso de empresas establecidas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), de dicho Tratado.
3. Asimismo, para las actuaciones acogidas a las líneas de ayudas contempladas en el artículo 3.2 a) «Innovación para la transición energética» y 3.2.b) «Descarbonización del sector energético y mejora de la integración de energías renovables», las intensidades máximas de las ayudas que se podrán conceder, expresadas en términos porcentuales en relación con los costes subvencionables de cada actuación, serán las que se establecen a continuación:
a) Las intensidades máximas de ayuda para las actuaciones acogidas a la línea de ayudas a) «Innovación en la transición energética», según lo estipulado en los apartados 5.c) y 6 del artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, serán las siguientes:
Se entiende por «colaboración efectiva» el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones de participación en el proyecto en cooperación:
i) entre empresas independientes entre sí, al menos una de las cuales sea una pyme, o que la actuación se desarrolle en al menos dos Estados miembros, o en un Estado miembro y en una parte contratante en el Acuerdo Espacio Económico Europeo, y que ninguna empresa corra por sí sola con más del 70 % de los costes subvencionables de la actuación.
ii) una empresa y uno o varios organismos de investigación y difusión de conocimientos, asumiendo estos como mínimo el 10 % de los costes subvencionables de la actuación y teniendo derecho a publicar los resultados de su propia investigación.
A efectos de este artículo, la subcontratación no se considera «colaboración efectiva».
La «amplia difusión de los resultados» supone que los resultados del proyecto se difundan ampliamente por medio de conferencias, publicaciones, bases de libre acceso o programas informáticos gratuitos o de fuente abierta. En relación con las actuaciones que se acojan al Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, los requisitos de información requerida para la evaluación de dichos proyectos según los artículos 19 y 24 de dicho real decreto, no tendrá la consideración de «amplia difusión de los resultados».
b) Las intensidades de las ayudas para las actuaciones acogidas a la línea de ayudas b) «Descarbonización del sector energético y mejora de la integración de energías renovables», según lo estipulado en los apartados 6 y 7 del artículo 36 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, serán las siguientes:
4. La intensidad de ayuda deberá determinarse para cada entidad beneficiaria, incluso si se trata de proyectos de colaboración.
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuando las ayudas se otorguen en virtud de esta orden a entidades públicas sin ánimo de lucro, en tanto no son entidades empresariales, no tendrán consideración de ayudas de Estado, pudiendo subvencionarse hasta el 100 % de los gastos subvencionables que se relacionan en el artículo 13 de esta orden ministerial.
6. Las convocatorias podrán establecer un límite o porcentaje máximo de ayuda para cada tipo de actuación y/o entidad beneficiaria, siempre que se respete lo establecido en los apartados anteriores. Las cantidades concedidas podrán cubrir total o parcialmente la actividad que se incentiva sin que, en ningún caso, se supere el coste real de la actividad financiada.
7. Así mismo, aplicará lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
1. Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por esta orden se realizan con cargo al presupuesto del IDAE, previamente transferido de los presupuestos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, partida 23.50.42HC-748 «Al IDAE. Nuevos modelos de negocio para la transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre. Esta cuantía inicialmente prevista en la Ley de Presupuestos Generales para el presente ejercicio podrá verse incrementada en ejercicios futuros con cargo a los créditos aprobados para su transferencia a IDAE en el Servicio 50 para la consecución de las finalidades previstas en el mencionado componente 8, así como con cualesquiera otros que pudieran h