Categoría: Judicial

solviera si procede que los antecedentes correctamente incorporados sean cancelados, sino que decidiera si la integración «automática» de esos antecedentes fue o no conforme a derecho.
En segundo lugar, la sentencia recurrida, tampoco dice nada sobre esta alegación principal cuando resuelve que «el Registro central de delincuentes sexuales no hace sino recoger la información que ya obra en otros registros». Se trata, una vez más, de una consideración relativa a la justificación del sistema general de integración del nuevo registro a sus fines, que en ningún momento el recurrente cuestiona.
De lo anteriormente expuesto se desprende que lo que en realidad se cuestionaba, con la alegación principal del recurrente, es que sus antecedentes obrasen de modo legal en el registro central de penados. Si como sostiene aquel, sus antecedentes estaban conservados en el registro central de penados de un modo ilegítimo, estos deberían haber sido excluidos de la incorporación automática al nuevo registro central de delincuentes sexuales. En este sentido, como destaca el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, la sentencia impugnada deja completamente sin abordar esta cuestión. Se limita a afirmar la regla general de que, como derecho transitorio, el nuevo registro se integraría mediante la transmisión automática de los antecedentes obrantes en el registro central de penados, cuando la alegación sustancial que tenía que resolver se enmarcaba en una perspectiva abiertamente distinta. Lo que suscitaba es si, aun admitiendo esa transmisión automática prevista en la norma reglamentaria, dicha transmisión podía alcanzar a los antecedentes que, aunque constaban en el registro central de penados, ya no estaban en vigor.
c) La resolución de la cuestión verdaderamente suscitada por el recurso contencioso-administrativo, de la que como ya se ha dicho el órgano judicial era consciente, hacía necesario examinar si el registro y conservación de antecedentes en el registro central de penados y en el nuevo registro central de delincuentes sexuales merecían o no el calificativo de tratamiento de datos personales. Y en caso afirmativo, lo que parece desprenderse de un modo tácito del examen que la sentencia impugnada realiza de los considerandos de la Directiva 2011/93/UE, habría sido procedente verificar si tales tratamientos de datos personales respetaban la legislación de protección de datos personales, en particular, dado el tiempo en que se manifestó el litigio, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y su transposición mediante la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD).
La pretensión principal que el recurrente había planteado ante la Audiencia Nacional en su recurso contencioso-administrativo no era otra que considerar el mantenimiento de la inscripción de sus antecedentes penales como un incumplimiento de los principios legales que rigen el tratamiento de los datos personales. A juicio del recurrente, los citados antecedentes penales reunían la condición de cancelables, recayendo sobre el encargado del registro la obligación de proceder, de oficio, a elevar propuesta de cancelación de la inscripción cuando concurrieran los requisitos legalmente establecidos, de conformidad con el art. 136.1 del Código penal y con lo dispuesto en los arts. 18.5 y 19.1 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. En este concreto caso, el recurrente alegó que tenía derecho a obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de oficio de sus antecedentes desde el 21 de mayo de 2011 –dos años después de que se produjera, por su cumplimiento, la extinción de la responsabilidad penal [art. 136.1 b) del Código penal, en relación con el art. 130.1.2]–, y ello con independencia de la eventual solicitud del interesado o la comunicación del órgano judicial.
Este tribunal solo podría admitir que la sentencia impugnada había dado una respuesta a esta alegación principal del recurrente si el órgano judicial hubiera examinado el cumplimiento de tales principios legales, en especial el denominado «calidad de los datos», que en la dimensión que aquí interesa exige, según el art. 4.3 LOPD, que «[l]os datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado»; y, por tanto, si el tratamiento de datos consistente en su transmisión automática al nuevo registro central de delincuentes sexuales resultaba conforme con los referidos principios de la legislación de protección de datos personales.
d) En conclusión, sobre esta controversia, que era la verdaderamente suscitada en la demanda contencioso-administrativa, la sentencia impugnada no resuelve nada en absoluto, ni siquiera de manera tácita, de modo que, a juicio de este tribunal, procede declarar que ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente y, en consecuencia, estimar el presente recurso de amparo y retrotraer las actuaciones al momento anterior al pronunciamiento de la sentencia, a fin de que se dicte una nueva que resuelva acerca de esta alegación principal teniendo presentes las consideraciones que este tribunal ha realizado en esta resolución.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de don J.L.L., a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de fecha 31 de enero de 2019, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 635-2017.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la citada sentencia, a fin de que, en los términos establecidos en el fundamento jurídico quinto de esta sentencia, el órgano judicial dicte una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a nueve de mayo de dos mil veintidós.–Juan Antonio Santana Durán.–Antonio Narváez Crespo.–Cándido Conde-Pumpido Cruz.–Ramón Marín Hernándeznrique Arnaldo López.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.