Categoría: Judicial

Ministerio de Justicia. El curso tendrá lugar una vez efectuada la publicación de los nombramientos en el «Boletín Oficial del Estado» y la superación del mismo será certificada por el Centro de Estudios Jurídicos.
1. Cuando por circunstancias extraordinarias derivadas de renuncias de abogados o abogadas fiscales sustitutos designados o cuando el incremento de plantilla lo aconseje, se podrán efectuar nombramientos de nuevos abogados o abogadas fiscales sustitutos para lo que reste del año judicial entre las personas participantes que presentaron solicitud para tomar parte en la convocatoria y que no pudieron ser nombrados por la limitación de plazas. Dichas personas aspirantes integrarán una lista de reserva, común a todas las Fiscalías, ordenada conforme a la puntuación obtenida y a las fiscalías seleccionadas por los abogados o abogadas fiscales sustitutos.
2. La Fiscalía General del Estado gestionará y dará publicidad suficiente a esta lista de reserva.
3. Los abogados o abogadas fiscales sustitutos que no hayan desempeñado con anterioridad funciones de sustitución en una fiscalía y que formen parte de la lista de reserva habrán de realizar el curso de formación al que se refiere el apartado 3 del artículo 25 desde el momento de su llamamiento y haberlo superado con carácter previo a su nombramiento y toma de posesión.
1. La persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal, podrá realizar propuesta motivada a la persona titular del Ministerio de Justicia de los abogados o abogadas fiscales sustitutos que pueden ser prorrogados en cada fiscalía, por una sola vez, para el siguiente año judicial. En ningún caso serán prorrogados en sus funciones los abogados o abogadas fiscales sustitutos que hayan sido cesados o cesadas de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI del título II.
2. A la vista de la propuesta de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, la persona titular del Ministerio de Justicia efectuará o denegará motivadamente la prórroga del nombramiento.
3. La resolución de prórroga de los nombramientos de los abogados o abogadas fiscales sustitutos se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» con indicación expresa de los recursos que quepan contra dicha resolución. La prórroga se hará extensiva también a los abogados o abogadas fiscales sustitutos incluidos en la lista de reserva general referida en el artículo anterior y en la lista de reserva de cada fiscalía a la que se refiere el artículo siguiente.
1. El llamamiento de los abogados o abogadas fiscales sustitutos se efectuará por riguroso orden de puntuación entre los nombrados para cada fiscalía. El o la fiscal jefe, antes de proceder al llamamiento conforme a lo dispuesto en el presente real decreto, lo someterá a la aprobación de la Fiscalía General del Estado que comprobará que concurren los requisitos establecidos en el presente real decreto y, en particular, que existe crédito presupuestario suficiente para proceder al llamamiento.
2. La notificación a quien hubiera sido llamado es competencia, en todo caso, del fiscal jefe de la fiscalía en la que se vayan a prestar los servicios, quien lo documentará en el correspondiente expediente. En la notificación del llamamiento se hará constar que el abogado fiscal sustituto puede cesar en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 38.
3. Los abogados o abogadas fiscales sustitutos dentro del plazo posesorio podrán rechazar el llamamiento por causas debidamente justificadas, en cuyo caso pasarán a ocupar el último lugar de la lista de personas seleccionadas, pero siempre con preferencia a los abogados o abogadas fiscales sustitutos incorporados a la lista de reserva. Sin embargo, una vez producida la segunda renuncia consecutiva, siempre que no obedezca a la misma causa, se entenderá que renuncian a futuros llamamientos durante la vigencia del nombramiento y, en su caso, de la prórroga, y no podrán participar en el siguiente proceso de selección que se convoque.
Cuando la renuncia obedezca a enfermedad acreditada, riesgo por embarazo, o situaciones de nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija, o lactancia en los plazos a los que se refieren los correspondientes permisos para tales situaciones, el abogado o abogada fiscal que renuncie mantendrá su puesto en la lista sin relegación, por tanto, al final de la misma.
4. Cuando los abogados o abogadas fiscales sustitutos no justifiquen el rechazo de forma fehaciente se entenderá que renuncian a futuros llamamientos durante la vigencia del nombramiento y, en su caso, de la prórroga y no podrán participar en el siguiente proceso de selección que se convoque.
5. El abogado o abogada fiscal sustituto que haya renunciado al llamamiento por causa justificada habrá de comunicar al fiscal jefe de la fiscalía correspondiente el cese de la causa que le impidió acceder al llamamiento y su disponibilidad para ser llamado de nuevo. En otro caso, cuando deba hacer un nuevo llamamiento, el o la fiscal jefe no llamará al abogado o abogada fiscal sustituto que haya renunciado, aunque le correspondiera por turno de orden, hasta transcurrido el plazo de dos meses desde su renuncia justificada.
6. Agotada la lista de personas nombradas publicada en el «Boletín Oficial del Estado», el fiscal jefe se dirigirá a la Fiscalía General del Estado para que se le autorice el llamamiento de un abogado o abogada fiscal sustituto de los que integran la lista de reserva general. Efectuado el llamamiento como abogado o abogada fiscal sustituto de una fiscalía, si la persona llamada nombrada o renuncia justificadamente, quedará adscrito a la misma para lo que reste del año judicial y de la prórroga en su caso, integrándose en la lista de reserva de dicha fiscalía para nuevos llamamientos, si procedieran, por lo que no podrá ser llamada para desempeñar sus funciones en otra fiscalía distinta.
7. Sólo se acudirá para un nuevo llamamiento a la lista de reserva de cada fiscalía cuando no sea posible que realice la sustitución o la medida de apoyo o refuerzo ninguno de los que hayan sido nombrados en la lista publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos cuyo llamamiento haya sido autorizado por la Fiscalía General del Estado tomarán posesión, dentro de los tres días siguientes a la recepción de la notificación, ante el o la fiscal jefe correspondiente, quien comprobará que no concurre en ellos ninguna de las situaciones previstas en los artículos 57 a 59 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En caso de estar incursos o incursas en alguna causa de incompatibilidad o prohibición, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de este real decreto. En todo caso, los abogados o abogadas fiscales sustitutos deberán hacer manifestación veraz de que no concurre en ellos causas de incompatibilidad.
En el mismo acto prestarán juramento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y desempeñar fielmente las funciones fiscales, si no lo hubieran hecho con anterioridad.
1. Los abogados o abogadas fiscales sustitutos, durante el ejercicio efectivo de sus funciones, estarán sujetos al régimen de incompatibilidades y prohibiciones reguladas en el capítulo VI del título III de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
2. Los que en el momento de ser llamados o llamadas a prestar servicios en una fiscalía vinieren ejerciendo empleo, cargo o profesión incompatible, deberán optar, en el acto de toma de posesión, por uno u otro cargo y cesar en la actividad incompatible, siempre que, por la naturaleza de esta, puedan ejercer como abogados o abogadas fiscales sustitutos en el territorio donde hayan sido nombrados.
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos que desempeñen alguna de las actividades descritas en el artículo 57 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, susceptibles de ser compatibles deberán solicitar la compatibilidad en el momento de ser publicada la lista para prestar servicios en la fiscalía, aportando la documentación justificativa de la misma de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
3. Los abogados o abogadas fiscales sustitutos que hayan emitido declaración formal de haber desempeñado actividad, cargo o profesión incompatible conforme a lo dispuesto en el apartado d) del artículo 18.1, prestarán especial observancia al deber de abstención, comunicando con carácter inmediato al fiscal jefe respectivo toda aquella circunstancia que pueda constituir una causa de abstención de conformidad con la normativa aplicable.
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos cumplirán fielmente las tareas que les encomienden, con prontitud y eficacia, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad y guardarán el debido secreto de los asuntos reservados de que conozcan por razón de cargo.
Asimismo, tendrán la obligación de asistir a las Juntas cuando sean convocados por el o la fiscal jefe, con voz, pero sin voto.
1. Los abogados o abogadas fiscales sustitutos podrán disfrutar de los siguientes permisos y licencias, debidamente adaptados a las particularidades de la naturaleza temporal y transitoria de su relación de servicios:
a) De unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles durante cada año natural, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fuere menor, salvo que las necesidades del servicio lo impidan.
b) De una licencia de quince días por razón de matrimonio.
c) De licencia en caso de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, con la duración y condiciones que establezca la legislación general en esta materia.
d) Por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, el progenitor o la progenitora distinto de la madre biológica tendrá una licencia de dieciséis semanas de duración.
e) Derecho a una reducción de jornada de una hora por lactancia de un hijo o hija menor de doce meses.
f) Derecho a reducir la jornada hasta un máximo de dos horas por nacimiento de hijos e hijas prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto.
g) Las abogadas fiscales sustitutas embarazadas tendrán derecho a la concesión de permiso para la realización de exámenes prenatales y de técnicas de preparación al parto.
h) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge, de persona a la que estuvieran unidos por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, derecho a una licencia de tres días, cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cinco días hábiles, si se produce en localidad distinta.
Estos permisos quedarán reducidos a dos y cuatro días hábiles, respectivamente, cuando el fallecimiento y las otras circunstancias señaladas afecten a familiares en segundo grado de afinidad o consanguinidad.
i) De licencia por enfermedad, habiéndose de comunicar y acreditar esta por el abogado o abogada fiscal sustituto al fiscal jefe del que dependa.
2. El régimen retributivo por licencia será el previsto para los miembros de la carrera fiscal de conformidad con la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Además de la formación inicial a la que se refiere el artículo 25.3, los abogados o abogadas fiscales sustitutos podrán participar en cursos o programas formativos relacionados con sus funciones, impartidos por el Centro de Estudios Jurídicos, en su modalidad a distancia uonline.
Una vez efectuada la toma de posesión, se procederá a su inmediata comunicación al Ministerio de Justicia, quien procederá a dar de alta al abogado o abogada fiscal sustituto en el Régimen General de la Seguridad Social y a los efectos de su inclusión en la nómina correspondiente.
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos podrán constituir y formar parte de asociaciones propias para la defensa de sus intereses profesionales en todos los aspectos y de forma análoga al régimen previsto en el artículo 54 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para las asociaciones profesionales de fiscales.
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos tendrán derecho a las retribuciones que reglamentariamente se determinen, en la parte proporcional al tiempo de sustitución o de medida de apoyo o refuerzo desempeñada.
También tendrán derecho a las retribuciones variables previstas en el artículo 13.2 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, siempre que hubiesen realizado sustituciones o medidas de apoyo o refuerzo durante todo el semestre al que se refiera dicha retribución.
1. Los y las fiscales superiores y los o las fiscales jefes respectivos ejercerán respecto de los abogados o abogadas fiscales sustitutos las competencias de inspección y dirección previstas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuidando de que su actuación se realice con la debida atención y diligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo y adoptando en cada caso las medidas que resulten oportunas.
2. Si a lo largo del año judicial el o la fiscal jefe comprobara que concurre alguna de las circunstancias previstas como causa de cese del abogado o abogada fiscal sustituto en los apartados d), e) y f) del artículo siguiente, lo pondrá en conocimiento de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado mediante un informe motivado, al que acompañará toda la documentación en la que se funde.
3. De la misma manera, si el o la fiscal jefe comprobara que el abogado o abogada fiscal sustituto pudiera haber cometido alguna de las faltas disciplinarias tipificadas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo comunicará inmediatamente a la Inspección Fiscal. De idéntica manera procederán los o las fiscales superiores en el ejercicio de sus funciones inspectoras ordinarias.
4. Sin perjuicio de lo anterior, los o las fiscales jefes remitirán a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, dentro de los treinta primeros días del año natural, un informe preciso y detallado sobre la actividad desarrollada por los abogados o abogadas fiscales sustitutos que hayan sido llamados a desempeñar sus funciones en la fiscalía.
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos cesarán por alguna de las siguientes causas:
a) Por transcurso del plazo para el que fueron nombrados o nombradas.
b) Por desaparición de las necesidades que motivaron su nombramiento. Se entenderá como tal desaparición de necesidades su cobertura mediante una sustitución profesional, siempre que esta no se hubiera podido desempeñar en el momento del llamamiento del abogado o abogada fiscal sustituto.
c) Por renuncia al cargo aceptada por el o la fiscal jefe respectivo.
d) Por pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos, una vez sea firme.
e) Por resolución motivada de la persona titular del Ministerio de Justicia que declare la concurrencia de alguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición establecidas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
f) Por resolución motivada de la persona titular del Ministerio de Justicia cuando se advierta en ellos falta de aptitud o idoneidad, bien por dejar de atender diligentemente los deberes del cargo o, por el incumplimiento consciente de las funciones propias del cargo, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en la que hubieran podido incurrir.
g) Por el cumplimiento de la edad de jubilación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
1. En los tres primeros supuestos, la causa de cese se documentará en el correspondiente expediente por el o la fiscal jefe, poniendo el mismo en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. De la misma forma procederá con antelación suficiente a la fecha de jubilación para que por la Fiscalía General del Estado se dé traslado al Ministerio de Justicia.
2. Cuando se den las causas previstas en los apartados d), e) y f) del artículo anterior, por la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, a instancia del fiscal superior o del fiscal jefe respectivo, se incoará una información sumaria con el informe de estos y la documentación en la que se funde la causa de cese.
3. Incoada la información sumaria y practicadas las diligencias que se consideren oportunas, si se estima que pudiera estar justificado el cese, se concederá un plazo de ocho días al abogado o abogada fiscal sustituto para que formule las alegaciones que estime oportunas y, formuladas estas o transcurrido el plazo concedido sin efectuarlas, se oirá al respecto al Consejo Fiscal.
4. La información sumaria concluirá con una resolución motivada de archivo o propuesta de cese dirigida por la persona titular de la Fiscalía General del Estado a la persona titular del Ministerio de Justicia.
5. La persona titular del Ministerio de Justicia resolverá sobre el cese propuesto y, si lo acordara, la resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», con indicación expresa de los recursos que puedan interponerse contra la misma.
6. La tramitación de la información sumaria no se prolongará en ningún caso más de seis meses y estará sometida a las normas de procedimiento de las administraciones públicas.
Los abogados o abogadas fiscales sustitutos estarán sujetos, en todo lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, a las mismas responsabilidades penales, patrimoniales y disciplinarias que los miembros del Ministerio Fiscal.
1. Los abogados o abogadas fiscales sustitutos estarán sometidos al mismo régimen de responsabilidad disciplinaria que los fiscales de carrera en la medida en que las infracciones tipificadas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal les sean de aplicación, sin perjuicio de la responsabilidad penal o patrimonial que pueda derivar de tales infracciones.
2. Por razón de las faltas cometidas se podrán imponer al abogado o abogada fiscal sustituto las sanciones previstas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con las siguientes particularidades:
a) La separación comportará la revocación de su nombramiento, a cuyo fin la persona titular de la Fiscalía General del Estado remitirá a la persona titular del Ministerio de Justicia la correspondiente propuesta.
b) La sanción de advertencia podrá ser impuesta por el fiscal jefe respectivo, previa información sumaria con audiencia del interesado.
3. El tiempo máximo para la tramitación del expediente disciplinario será de un año y se aplicará el mismo procedimiento y las mismas garantías que al de los o las fiscales de carrera.
Ante la gravedad de los hechos que den lugar a la incoación de una información sumaria de cese por los supuestos contemplados en los apartados d), e) y f) del artículo 38 o a la incoación de un expediente disciplinario a un abogado o abogada fiscal sustituto, la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta de quien lo instruya en cada caso, podrá acordar la suspensión cautelar de funciones que no podrá ser superior a seis meses.
La resolución por la que se acuerde la suspensión cautelar de funciones será notificada inmediatamente al Ministerio de Justicia.
La persona titular de la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en este real decreto y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, podrá dictar instrucciones de carácter general en relación con la organización y gestión de las sustituciones, los criterios de actuación de las fiscalías, así como con el contenido de las propuestas de adopción de medidas de apoyo o refuerzo.
Las listas de abogados o abogadas fiscales sustitutos que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente real decreto conservarán su validez hasta la finalización del año judicial al que se refiera su vigencia. Los llamamientos, funciones y el estatuto de los abogados o abogadas fiscales sustitutos incluidos en dicha lista se regirán por lo establecido en este real decreto desde la fecha de su entrada en vigor.
La superación del curso de formación al que se refiere el artículo 25.3 sólo será exigible a aquellos abogados o abogadas fiscales sustitutos que sean nombrados de acuerdo a los procesos de selección que se convoquen con arreglo a las disposiciones de este real decreto.
Queda derogado el Real Decreto 634/2014, de 25 de julio, por el que se regula el régimen de sustituciones de la carrera fiscal.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
Será de aplicación, en lo no previsto en este real decreto, con carácter supletorio y en lo que resulte procedente, lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen de sustituciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Justicia para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente real decreto.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2022.