Categoría: Economía y Empleo

re que aquel cumpla los requisitos exigidos en las bases de la licitación basada en un procedimiento de concurrencia competitiva pública que dio lugar a la concesión, así como los dispuestos en el artículo 6.
1. Los bienes del Patrimonio Agrario adjudicados en propiedad en el marco de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, y legislaciones anteriores, quedarán desafectados de obligaciones y autorizaciones de la Administración autonómica a efectos del propio patrimonio agrario en el momento en que estos se hallen completamente pagados y dispongan de escritura de propiedad, pasando en ese momento a regularse por el tráfico jurídico habitual para cualquier propiedad. En tanto no cumplan dichos criterios, se regularán según lo previsto en la referida Ley de Reforma y Desarrollo Agrario o en su legislación anterior correspondiente.
2. Los bienes del Patrimonio Agrario adjudicados en propiedad en el marco de la Ley 6/1991, de 25 de abril, y de la Ley 14/1992, de 28 de diciembre, ambas de patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, quedarán sujetos a las limitaciones que se establecen en los artículos siguientes.
1. Toda enajenación por actosinter vivos, arrendamiento, segregación o constitución de derechos reales en bienes procedentes del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón requerirá de los interesados una declaración responsable, que remitirán al departamento competente en materia de agricultura, y cuyo modelo será establecido por orden de la persona titular de dicho departamento.
2. La enajenación por actosinter vivoso el arrendamiento resultarán admisibles, exclusivamente, cuando el adquirente o, en su caso, el arrendatario cumpla los criterios del modelo de agricultura social y familiar del artículo 6 y las superficies así adquiridas o arrendadas, juntamente con aquellas de las que ya pudiera ostentar la propiedad, no superen las 100 hectáreas de regadío equivalentes. En dicho cómputo, cada hectárea de regadío equivaldrá a 6 de secano.
3. En los actos de enajenacióninter vivosse establecerán en la escritura de propiedad las garantías hipotecarias y condiciones resolutorias que sean necesarias para garantizar el pago de la parte aplazada del precio, de las cantidades que correspondan al propietario en concepto de reintegro por obras y, en general, cualquier otra obligación de contenido económico que deba satisfacer a la Administración por actuaciones en materia de reforma y desarrollo agrario.
4. La constitución de derechos reales será admisible cuando los bienes en cuestión dispongan de escritura de propiedad y en la constitución del referido derecho real se hayan contemplado las limitaciones derivadas del pago de la parte aplazada del precio, de las cantidades que correspondan al propietario en concepto de reintegro por obras y, en general, cualquier otra obligación de contenido económico que deba satisfacer a la Administración por actuaciones en materia de reforma y desarrollo agrario.
5. La segregación de parte de la superficie de una parcela, siempre que siga destinándose a fines agrícolas, agropecuarios o agroalimentarios, será admisible cuando la superficie de ocupación de la nueva instalación suponga hasta el 20 % de la superficie útil de una parcela. Además, se establece una ratio máxima de 6 entre la superficie máxima de ocupación a segregar y la superficie de las edificaciones a implantar.
6. Los actos realizados que no cumplan los referidos requisitos serán nulos de pleno derecho.
1. Todo acto de agrupación, división, agregación de bienes procedentes del patrimonio agrario, así como su transformación o cambio de destino o de naturaleza no prevista en el artículo 48, requerirá de la previa autorización por parte del departamento competente en materia de agricultura, previa solicitud formulada por el interesado.
2. Los actos realizados que no cumplan los referidos requisitos serán nulos de pleno derecho.
En todo documento público en el que se describan o relacionen bienes procedentes en su origen del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón, el notario o funcionario autorizante deberá hacer una expresa referencia al hecho de que tales bienes están sujetos a cuanto dispone la presente ley. Igual referencia corresponde hacer a los registradores de la propiedad y mercantiles en los asientos que practiquen referentes a cualesquiera actos o contratos en los que se incluyan bienes de tal naturaleza.
1. El departamento competente en materia de agricultura podrá establecer líneas de subvención a fin de contribuir a paliar los daños producidos por eventos naturales anormales de especial intensidad en un ámbito geográfico concreto que será establecido por orden de la persona titular del referido departamento.
2. También podrá subvencionar la reparación de infraestructuras públicas o colectivas de riego afectadas por las citadas circunstancias anormales.
3. Serán beneficiarios de las líneas de subvención del apartado 1 los titulares de explotaciones agrarias que cumplan los requisitos especificados en el artículo 6 con relación a la definición del modelo de agricultura familiar.
4. Serán beneficiarios de los apoyos previstos en el apartado 2 las comunidades de regantes.
El apoyo previsto en el artículo anterior se articulará a través de las bases reguladoras y convocatorias que resulten necesarias, en las condiciones del marco europeo de subvenciones que esté vigente para estos fines.
1. En el caso de daños en infraestructuras públicas de regadío, además de las ayudas previstas en los artículos anteriores, el departamento competente en materia de agricultura podrá ejecutar de forma directa las actuaciones de reparación, procediendo posteriormente a la entrega de las mismas a una comunidad de regantes beneficiaria.
2. Previo acuerdo adoptado por el órgano de contratación conforme a lo establecido en la normativa básica del Estado, las actuaciones ejecutadas de forma directa podrán tener la consideración de contratos de emergencia.
No podrán implantarse plantas solares fotovoltaicas o proyectos de parques eólicos en zonas en las que la Administración haya iniciado un procedimiento de concentración parcelaria, habiendo sido declarada la utilidad pública a través de la publicación de un decreto. Dicha limitación finalizará con la toma de posesión de las fincas de reemplazo a nivel de subperímetro de la concentración si así se ha definido.
Tampoco podrán implantarse plantas solares fotovoltaicas o parques eólicos en zonas en las que las administraciones, estatal o autonómica, hayan iniciado proyectos de creación o de modernización de regadíos, habiendo sido declarado su interés general, salvo que se trate de plantas destinadas al autoconsumo.
De un modo general en cualquier zona agraria de la Comunidad Autónoma, en el diseño del emplazamiento de las plantas solares fotovoltaicas o proyectos de parques eólicos deberá preverse el mantenimiento o la no modificación significativa de los trazados de los caminos, sistemas de riego y drenaje preexistentes, así como los acuerdos con los propietarios de dichas infraestructuras que aseguren la continuación de la normal explotación de las mismas.
En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, publicará los criterios que permitan identificar el suelo agrario de Aragón, en los que constarán aquellos suelos fértiles, productivos y cultivables sobre los que no podrá autorizarse la implantación de plantas de generación eléctrica, y serán actualizados anualmente.
A propuesta del departamento competente en materia de agricultura, por decreto del Gobierno de Aragón podrá establecerse la caducidad de declaraciones de utilidad pública, en el caso de concentraciones parcelarias, o de interés general, en el caso de Regadíos Sociales o del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, que hubieran sido declaradas en su día por decreto de la Administración autonómica y que afecten a zonas en las que en los diez últimos años no se hubieran realizado actuaciones por parte de dicha Administración.
En tanto se proceda a constituir y regularizar el registro de personas que ejercen actividades agrícolas y ganaderas de Aragón previsto en el artículo 10, y en la medida en que sus prescripciones sean compatibles con lo dispuesto en esta ley, seguirá en funcionamiento con los fines de aquel el Registro de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Autónoma de Aragón, creado por Decreto 85/2018, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón.
1. Cuando en un mismo sector o sectores de riego enmarcados en un plan coordinado de obras de una zona de interés nacional, según la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, confluyan obras o actuaciones ya ejecutadas directamente por la Administración, y se hallen pendientes de liquidar, con otras obras financiadas total o parcialmente por los regantes con base en el artículo 18 o en la disposición adicional octava de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, la liquidación que practique el departamento competente en materia de agricultura sobre las obras de interés común ejecutadas por la Administración deducirá los montantes aportados por los regantes para financiar las obras que en el plan coordinado de obras original estuvieran clasificadas como de interés general o de infraestructura hidráulica, con independencia de que, para el cumplimiento de lo previsto en el apartado 2 del artículo 18 o de la referida disposición adicional octava de la Ley 2/2016, de 28 de enero, el mencionado plan coordinado de obras se hubiera modificado y dichas obras se hubieran reclasificado como de interés común. En ningún caso la compensación así efectuada podrá suponer nuevas aportaciones financieras de la Administración hacia los propietarios o concesionarios.
2. Para efectuar lo previsto en el apartado anterior, a la liquidación que se practique a cada propietario o concesionario según la referida Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, le serán descontados los montantes que a cada propietario o concesionario como comunero le correspondan en función de su superficie por la financiación aportada por la comunidad de regantes.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) La Ley 14/1992, de 28 de diciembre, de patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y de medidas específicas de reforma y desarrollo agrario.
b) La Ley 6/1994, de 30 de junio, de financiación agraria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
c) La Ley 6/2004, de 9 de diciembre, por la que se establecen medidas en materia de expropiación forzosa para actuaciones de mejora y creación de regadíos.
d) La disposición adicional octava de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Aquellos decretos de declaración de utilidad pública y urgente ejecución de zonas de concentración parcelaria anteriores al 1 de enero de 2000, con la excepción de los que constan en el anexo I, en los que están los trabajos iniciados.
2. Quedan derogadas otras disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente ley.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta ley.
En todo lo no previsto en la presente ley en materia de concentración parcelaria será de aplicación lo dispuesto por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero.
Se modifica el apartado 1 del artículo 47 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, que queda redactado del siguiente modo:
«1. La autorización ambiental integrada incluirá todas las actividades enumeradas en el anexo IV que se realicen en la instalación, así como las explotaciones de ganadería intensiva cuya capacidad supere las 360 unidades de ganado mayor (UGM), y aquellas otras actividades que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Que se desarrollen en el lugar del emplazamiento de la instalación que realiza una actividad sometida a autorización ambiental integrada.
b) Que guarden una relación de índole técnica con dicha actividad.
c) Que puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación que se vaya a ocasionar.»
En un plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de Aragón tramitará la aprobación de una modificación del Código del Derecho Foral de Aragón, Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, introduciendo una regulación de los contratos de integración ganadera con objeto de dar seguridad jurídica y estabilidad al sector, y garantizar un adecuado reparto de beneficios y obligaciones entre las partes.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.
Zaragoza, 23 de febrero de 2023.–El Presidente de Aragón, Javier Ramos Pascual.