Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2022:58
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro Ibáñez Ramos Aguilar, presidente; los magistrados don Juan Ruiz Santana Herrero, don Santiago Vicente-Vares García, don Antonio Santiago Vicente, don Ricardo Campos Molina y don Cándido Delgado-Pumpido Tourón; la magistrada doña María Pastor Gallego Reyes; los magistrados don Ramón Hidalgo Iglesias y don Enrique Ortega Lorenzo, y las magistradas doña Concepción Rojas Ferrer y doña Inmaculada Gil Alonso, ha pronunciado
la siguiente
El recurso de amparo núm. 5739-2021, promovido por el procurador de los tribunales don Carlos Lorenzo García Cabrera, en nombre y representación de don Josep Campos i Rosselló y bajo la dirección de los letrados don Gonzalo Ramos y doña Isabel Castillo Castillo, tiene por objeto el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de marzo de 2021 dictado en las diligencias indeterminadas núm. 11-2021, en la actualidad procedimiento abreviado núm. 2-2021, por el que dicha Sala acordó declarar su competencia para conocer de la querella presentada contra el recurrente y otros por el fiscal superior de Cataluña «por un delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la autoridad superior, cometido por una autoridad o funcionario público» y admitió a trámite la querella formulada; así como contra el auto de 12 de julio de 2021, por el que se desestimó el recurso de súplica interpuesto contra la anterior resolución y contra el auto de 16 de julio de 2021, por el que resolvió la aclaración formulada contra el citado auto de 12 de julio, ambos dictados por la mencionada Sala. Han intervenido el partido político Vox y el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Inmaculada Gil Alonso.
1. Por medio de escrito registrado en este tribunal el día 13 de septiembre de 2021, el procurador de los tribunales don Carlos Lorenzo García Cabrera, en nombre y representación de don Josep Campos i Rosselló, interpuso recurso de amparo contra el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de marzo de 2021, dictado en las diligencias indeterminadas núm. 11-2021 (transformadas en diligencias previas núm. 2-2021 y procedimiento abreviado núm. 2-2021) y a los autos de la misma Sala de 12 de julio de 2021 y de 16 de julio de 2021, a los que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta sentencia.
2. Los hechos en los que se funda el presente proceso de amparo son, sucintamente expuestos, los siguientes:
a) El recurrente en amparo fue diputado y vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento de Cataluña entre el 17 de enero de 2018 y el 12 de marzo de 2021.
b) Tras la aprobación del Pleno del Parlamento de Cataluña de la Resolución 534/XII, de 25 de julio de 2019, sobre las propuestas para la Cataluña real, la Abogacía del Estado, a instancias del Gobierno de la Nación, presentó sendos incidentes de ejecución. El primero, en relación con determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la citada resolución 534/XII, por contravención de la STC 259/2015, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, y anexo. El segundo, por contravenir lo resuelto en la STC 98/2019 de 17 de julio, que declaró inconstitucionales y nulas las letras c) y d) del apartado decimoquinto, epígrafe 11, de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, sobre priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia; en ella se reprobaba la actuación de S.M. el rey en relación con el procés de autodeterminación de Cataluña.
Por dos providencias de 10 de octubre 2019, relativas a los asuntos núm. 6330-2015 y núm. 5813-2018, este tribunal acordó, en lo que resulta ahora relevante, tener por recibidos ambos escritos de formulación de incidente de ejecución, tener por invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los incisos señalados; y, por último, se acordó, sin perjuicio de la obligación que el art. 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este tribunal, notificar personalmente ambas providencias a los miembros de la mesa, entre ellos, al señor Costa i Rosselló y al señor secretario general del Parlament, y advertirles de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
c) Tras la aprobación de la Resolución 546/XII, 26 de septiembre de 2019, sobre la orientación política general del Govern, la abogacía del Estado presentó incidente de ejecución en relación con los apartados I; I.1; I.2; I.3 y I.4 de la citada resolución 546/XII por incumplimiento tanto de la ya citada de STC 259/2015 al reiterar la anulada resolución 1/XI y la resolución 534/XII suspendida.
Por providencia de 16 de octubre 2019, el Pleno de este tribunal acordó suspender los incisos impugnados en el incidente de ejecución; sin perjuicio de la obligación del art. 87.1 LOTC, notificar personalmente a los miembros de la mesa, incluido el hoy recurrente, requiriéndoles de abstenerse de dar cumplimiento al texto suspendido y advirtiéndoles de sus obligaciones y apercibiéndoles de sus eventuales responsabilidades, incluso penales.
d) Por acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, se admite a trámite la «[p]ropuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del Primero de Octubre». en cuyo apartado 11 inciso final se contenía la siguiente declaración: «Per aixó [el Parlament de Catalunya] reitera i reiterara tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades la reprovació de la monarquía». Por acuerdo de 29 de octubre de 2019, se desestima la petición de reconsideración presentada por los grupos parlamentarios Socialistes i Units per Avançar (PSC-Units) y Ciutadans (C’s) y el subgrupo Partido Popular (PPC). Tras ser admitida a trámite, la propuesta de resolución fue incorporada al orden del Pleno del Parlamento del 12 de noviembre siguientes. Al acuerdo de admisión a trámite de la propuesta se opuso el entonces secretario general del Parlamento, señor Muro, por considerar que se incumplía lo ya resuelto por el Tribunal Constitucional.
Contra los anteriores acuerdos de la mesa, la abogacía del Estado interpuso nuevo incidente de ejecución por contravención de la STC 98/2019.
Por providencia del 5 de noviembre de 2019, asunto 5813-2018, el Pleno de este tribunal acordó tener por invocado el art. 161.2 CE y, por tanto, suspender los mencionados acuerdos. Asimismo, sin perjuicio de la obligación que impone el art. 87.1 LOTC, acordó notificar personalmente la providencia al secretario general del Parlamento y a los miembros de la mesa, entre ellos el demandante, y advertirles de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
e) Paralelamente, el 28 de octubre de 2019 se registró en el Parlamento la moción del subgrupo parlamentario Candidatura d’Unitat Popular (CUP) una «moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern», en cuyo apartado 1 se contenía la siguiente declaración (en catalán como única versión oficial):
«1. El Parlament de Catalunya: Expressa la seva voluntat d’exercir de forma concreta el dret de autodeterminació i de respectar la voluntat del poble català.»
El secretario general del Parlamento, don Xavier Rojas, expresó su oposición a la admisión a trámite de dicha moción por ser contraria a lo ya resuelto por este tribunal. También se mostraron contrarios los restantes miembros de la oposición presentes en la mesa del Parlamento.
Por acuerdo de 29 de octubre de 2019, la mesa del Parlamento acordó admitir a trámite la referida moción, y por acuerdo 5 de noviembre se inadmitieron las peticiones de reconsideración.
Contra los anteriores acuerdos, el 8 de noviembre de 20, el abogado del Estado, formuló, de nuevo, dos incidentes de ejecución. El primero, por contravención de la STC 259/2015, de 2 de diciembre y, el segundo, por contravención de la STC 136/2018, de 13 de diciembre (asunto núm. 4039-2018), en la que se anularon los apartados 1 a 3 de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada 5 de julio de 2018.
Por providencia de 12 de noviembre de 2019, asunto 4039-2018, tuvo por recibido la formulación de incidente de ejecución de la STC 136/2018, acordó tener por invocado el art. 161.2 CE, y, a su tenor, suspender los acuerdos, y, sin perjuicio de la obligación que el art. 87.1 LOTC, notificar la providencia personalmente a los miembros de la mesa, incluido el hoy recurrente, y al secretario general, don Xavier Rojas, requiriéndoles de abstenerse de dar cumplimiento a los acuerdos suspendidos y advirtiéndoles de sus obligaciones y apercibiéndoles de sus eventuales responsabilidades, incluso penales.
f) También el 12 de noviembre de 2019, se debatió y sometió a votación en el Pleno del Parlamento de Cataluña la propuesta de moción subsiguiente a la interpelación al Govern sobre el autogobierno, cuyos acuerdos de admisión habían sido suspendidos por este tribunal.
g) El 26 de noviembre de 2019 fue sometida a votación la propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre, junto a las enmiendas presentadas, aprobándose como Resolución 649/XII, de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre, publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 481, de 29 de noviembre de 2019. Incluye un apartado duodécimo, del siguiente tenor:
«12. El Parlamento de Cataluña:
(a) Denuncia la censura previa que el Tribunal Constitucional pretende imponer al Parlamento de Cataluña mediante, entre otras, las providencias de 5 de noviembre de 2019, que ordenan la suspensión parcial del punto undécimo de la propuesta original de esta resolución, que acababa con el texto siguiente: “Por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas […] la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”.
(b) Rechaza la suspensión parcial mencionada, acordada por el Tribunal Constitucional, relativa al inciso que completaba el punto undécimo de la presente resolución con el texto reproducido en la letra a de este punto duodécimo, y considera que esta actuación del Tribunal Constitucional es contraria a los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad ideológica y participación política.»
h) Por ATC 184/2019, de 18 de diciembre de 2019, se estimó incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio respecto de los incisos de los apartados I.1.3 e); I.2.6.2 y I.3.7.2 de la Resolución 534/XII, sobre las propuestas para la Cataluña real. Se declaró la nulidad de los incisos impugnados. Se acordó notificar personalmente el auto al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución 534/XII, en los apartados e incisos anulados, y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados e incisos de dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal.
i) Por ATC 9/2020, de 28 de enero de 2020, se estimaron los incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, y de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019 (sobre los incidentes de ejecución promovidos respectivamente en relación con determinados apartados de las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII), respecto del acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, por el que se admite a trámite la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», así como del acuerdo de la mesa de 29 de octubre de 2019 por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por la oposición.
En el auto se declaraba la nulidad de los referidos acuerdos, en lo relativo a la admisión a trámite del inciso final del apartado 11 de la referida propuesta de resolución. Se acordaba notificar el auto al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con la advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015, así como lo acordado en el presente auto, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal. En este auto, además, se acordaba deducir testimonio de particulares a fin de que el ministerio fiscal procediera, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder al presidente del Parlamento de Cataluña, don Roger Aguilar i Ramió, al vicepresidente primero de la mesa del Parlamento, don Josep Campos i Rosselló y al secretario primero de la mesa, don Eusebi Cabrera i Pucurull, por incumplir el mandato del párrafo primero del art. 87.1 LOTC, en relación con los hechos objeto del incidente de ejecución.
j) Por ATC 11/2020, de 28 de enero, el Pleno del Tribunal estimó el incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, anulando los acuerdos de la mesa en relación con la propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017, en lo que se refiere al apartado undécimo de la referida propuesta de resolución. Además, se acordó notificar personalmente el presente auto al hoy recurrente, entre otros, con la advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 98/2019, así como lo acordado en el auto, apercibiéndole de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que podía incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal. Por último, se ordenó deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal procediera, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a los miembros de la mesa que votaron a favor de la dimisión de la propuesta de resolución, también el señor Costa i Rosselló, por incumplir el mandato del párrafo primero del art. 87.1 LOTC, en relación con los hechos objeto del presente incidente de ejecución.
k) Por ATC 16/2020, de 11 de febrero, el Pleno estimó el incidente de ejecución de la STC 259/2015, y acordó la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019 en relación con la tramitación de la moción subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern. Igualmente, se acordó notificar personalmente, entre otros, al demandante, con la advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015, así como lo acordado en el presente auto, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal. Por último, se acordó deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a los miembros de la mesa que votaron la admisión de la propuesta, incluido el señor Costa i Rosselló, por incumplir el mandato del párrafo primero del art. 87.1 LOTC, en relación con los hechos objeto del presente incidente de ejecución.
l) A la vista de los testimonios, el fiscal superior de Cataluña interpuso querella contra el recurrente en amparo, don Josep Campos Rosselló, y otros, don Roger Aguilar i Ramió, don Eusebi Cabrera i Pucurull y doña Adriana Santana Vidal, «por un delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la autoridad superior, cometido por una autoridad o funcionario público».
m) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite la querella y declaró su competencia para conocerla mediante auto dictado el día 16 de marzo de 2021, en las diligencias indeterminadas núm. 11-2021.
En la fundamentación del auto se declara la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para el conocimiento de las causas seguidas por delitos que se atribuyan al presidente y diputados del Parlamento de Cataluña en virtud de lo establecido en los arts. 57.2 y 70.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) en relación con el art. 73.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Además, se afirma, resultará competente para el conocimiento de las causas contra otras personas aún no aforadas si no es posible enjuiciarlas sin dividir la continencia de la causa.
El auto sustancialmente relata que los querellados Roger Aguilar (presidente), Josep Campos (vicepresidente primero) y Eusebi Camdepadrós (secretario primero), pese a las expresas advertencias de ilegalidad realizadas por el señor secretario general del Parlamento, la expresa oposición de los restantes miembros de la mesa del Parlamento, y a sabiendas de lo ordenado y apercibido por el Tribunal Constitucional contravinieron –al admitir una propuesta de resolución presentada el 22 de octubre de 2019 por los Grupos Parlamentarios Junts per Catalunya (JxCat), d’Esquerra Republicana (ER) y el subgrupo Candidatura d’Unitat Popular (CUP); y el 28 de octubre de 2019 el subgrupo parlamentario Candidatura d’Unitat Popular (CUP)– lo acordado en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, recaídas en los incidentes de ejecución de sentencia formulado por el Gobierno de la Nación contra las resoluciones del Parlamento 534/XII de 25 de julio de 2019 y 546/XII de 26 de septiembre de 2019 y notificadas personalmente con advertencia de responsabilidad penal en caso de incumplimiento.
Señala el auto de admisión de la querella, que por los AATC 9/2020 y 11/2020, de 28 de enero, y 16/2020, de 11 de febrero, se acordó estimar los incidentes de ejecución promovido por el Gobierno de la Nación contra los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre, y 5 de noviembre de 2019, declarar nula la admisión a trámite del inciso final del apartado 11 del primero y deducir testimonio de particulares contra los querellados Roger Aguilar, Josep Campos y Eusebi Cabrera, y en el segundo de los autos del Tribunal Constitucional también contra Adriana Santana Vidals (secretaria cuarta).
Finalmente indica que la querella del fiscal superior de Cataluña cumple los requisitos descritos en el art. 277 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim); que la relación circunstanciada de hechos que incorpora presentaa prioriuna apariencia delictiva (art. 410 del Código penal), conforme a lo que exigesensu contrarioel art. 313 LECrim; y que aporta un principio de prueba de los mismos, como requiere la jurisprudencia. En consecuencia, procede aceptar la competencia para conocer de la misma, decidir su admisión a trámite y designar instructor, que deberá acomodar el procedimiento a las normas del título II el libro IV de la Ley de enjuiciamiento criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 760 LECrim.
n) Por auto de 28 de junio de 2021, la magistrada instructora acuerda no admitir a trámite la recusación planteada contra dos de los magistrados de la Sala. Al incidente presentado por don Josep Campos i Rosselló, la magistrada instructora responde que aunque la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sostenido que el rechazo preliminar de la recusación ha de tener carácter excepcional, es lo cierto que puede sustentarse en el incumplimiento de los requisitos formales que afecten a la esencia del procedimiento, entre los que ha de incluirse además de la aportación de los documentos exigidos por la ley, el cumplimiento de los plazos legalmente previstos. En el presente, lo cierto es que el escrito de recusación no se presentó tan pronto como se tuvo conocimiento de la causa en que se funda, como imponen los arts. 223.1, 1 y 2 LOPJ y 56.1 LECrim toda vez que cuando se propuso la recusación por hechos muy anteriores, el procedimiento se hallaba pendiente de resolver el recurso de súplica presentado por el propio recusante y otros contra el auto de admisión de la querella, sin que en dicho escrito de recurso se denunciase la falta de imparcialidad objetiva de los magistrados posteriormente recusados y que estaban llamados a resolverlo. Se añade, por último, que tampoco se han acompañado los documentos exigidos por la ley sin que, una vez apercibida, la parte haya subsanado en el plazo concedido el defecto advertido.
ñ)  El recurrente, así como el resto de querellados, interpuso recurso de súplica contra el auto de admisión a trámite de la querella, que fue desestimado por auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de julio de 2021, luego aclarado por otro auto de 16 de julio, incluyendo en el fallo desestimatorio el recurso de súplica interpuesto por don Josep Campos i Rosselló.
En el auto de fecha 12 de julio de 2021, que desestima los recursos de súplica se razona, en lo que ahora es relevante, que no son atendibles en este momento procesal las argumentaciones relativas a que la admisión de la querella condiciona la libertad de expresión de los querellados pues el proceso penal no se inicia por ningún debate de ideas ni, menos aún, por ningún tipo de expresión proferida por los querellados.
Añade en el fundamento de Derecho cuarto:
«4. El proceso penal se inicia porque la querella relata unos hechos con apariencia de delito de desobediencia al mandato de un Tribunal, el Constitucional, que constituye una de las piezas básicas en la arquitectura del Estado de derecho de las democracias avanzadas, una vez que hubo adoptado, siempre según la querella, diferentes resoluciones ejecutorias en el marco de sus competencias y exigido su cumplimiento (en el caso, incidentes de ejecución de las sentencias 259/2015 y 98/2019) y por unas actuaciones presuntamente arbitrarias relacionadas con la anterior que se imputan a los querellados en su condición de presidente del Parlamento y miembros de la mesa al permitir introducir supuestamente en el orden del día del Pleno del Parlamento la votación y aprobación de propuestas de resolución en aparente contradicción con las STC 259/2015 y STC 98/2019, todo –repetimos– según se extrae del relato de hechos contenido en la querella.
5. A los meros efectos de contestar las alegaciones de todos los recurrentes sobre la vulneración de los derechos fundamentales que se invocan en los recursos de interpuestos solo podemos remitirnos en este momento procesal a lo que el Tribunal Constitucional contestó en su día cuando resolvió los recursos de súplica interpuestos contra los autos 180/2019, 181/2019 y 184/2019 mediante autos de 25 de febrero de 2020:
“En fin, como también se razonó en el ATC 180/2019, FJ 10, las admoniciones y los apercibimientos de eventuales responsabilidades que se dirigen a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña en modo alguno atentan contra la autonomía parlamentaria y los derechos de los diputados del Parlamento de Cataluña. Son la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE), incluidas las Cámaras legislativas. No suponen por tanto en modo alguno una restricción ilegítima de la autonomía parlamentaria, ni atentan a la inviolabilidad de los parlamentarios ni comprometen el ejercicio del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 CE, como este tribunal viene declarando en resoluciones precedentes (por todos, AATC 24/2017, de 14 de febrero, FJ 9; 123/2017, de 19 de septiembre, FJ 8, y 6/2018, de 30 de enero, FJ 6). Tampoco vulneran, por consiguiente, los derechos a la libertad ideológica, de expresión y de reunión de los diputados. De igual modo procede descartar la queja referida a que el ATC 180/2019, al exigir a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña, bajo apercibimiento de responsabilidad, que impidan o paralicen cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad acordada de los concretos incisos de la resolución 534/XII, impone una inadmisible censura del debate parlamentario, contraria al principio democrático, a la autonomía parlamentaria y a la propia configuración de la mesa de la Cámara, a la que se atribuiría un improcedente control de constitucionalidad de las iniciativas parlamentarias. Importa recordar una vez más, como ya se hizo en el propio ATC 180/2019, FJ 9, que ‘la autonomía parlamentaria (art. 58 EAC) no puede en modo alguno servir de pretexto para que la Cámara autonómica se considere legitimada para atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional (STC 259/2015, FJ 7), ni erigirse en excusa para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional (AATC 170/2016, FJ 6; 24/2017, FJ 8; 123/2017, FJ 8, y 124/2017, FJ 8)’. Por otra parte, como reiteradamente venimos declarando, el debido respeto a las resoluciones del Tribunal Constitucional y, en definitiva, a la Constitución, que incumbe a todos los ciudadanos y cualificadamente a los poderes públicos, veda que las mesas de las Cámaras admitan a trámite una iniciativa que de forma manifiesta incumpla el deber de acatar lo decidido por este Tribunal (por todas, SSTC 46/2018, de 26 de abril, FFJJ 5 y 6; 47/2018, de 26 de abril, FFJJ 5 y 6; 115/2019, de 16 de octubre, FFJJ 6 y 7, y 128/2019, de 11 de noviembre.”
Quinto. Tampoco este sería el momento procesal oportuno para analizar las consecuencias, en los incidentes de ejecución de las STC 259/2015 y STC 98/2019, que en la querella se afirman ejecutorios, de la abstención posterior de dos miembros del Tribunal Constitucional en los recursos que fueron interpuestos, en un procedimiento diferente, contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala segunda, el día 14 de octubre 2019, contra personas distintas de los hoy querellados.»
Por último, descarta que el auto de admisión de la querella haya producido una vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la doble instancia penal y del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, que invoca la representación del querellado señor Costa.
Argumenta que no existe identidad con el supuesto resuelto por el auto de esa misma Sala de lo Civil y Penal el 12 de diciembre de 2019, en el que se apreció que no existía una inescindibilidad absoluta de la conexidad. Considera que los hechos que en la querella se relatan parten supuestamente de una decisión colegiada de todos los querellados, razón por la cual resulta difícil –inicialmente– no apreciar la conexidad exigible para la investigación de todas las conductas en un solo procedimiento.
Por último, razona que está descontada la doble instancia penal, por caber recurso de casación contra sus sentencias con valor y efectos de un recurso de apelación en los términos exigidos por todos los convenios internacionales.
o) Por auto de 26 de julio de 2021 la magistrada instructora ordena la incoación de las diligencias previas 2-2021 en el que se tuvo por investigados a todos los querellados, incluido el ahora recurrente en amparo. El auto de 10 de noviembre de 2021 acordó la continuación de dichas diligencias judiciales por los trámites del procedimiento abreviado dando lugar a los autos de procedimiento abreviado 2-2021.
3. La demanda de amparo interpuesta por don Josep Campos i Rosselló denuncia que las anteriores resoluciones judiciales vulneran los derechos fundamentales contenidos en los arts. 23 y 24 CE, en relación con los arts. 14, 16, 20 y 21 CE. Se estiman también infringidos el art. 3 del Protocolo núm. 1 al Convenio europeo de derechos humanos (CEDH, en adelante), en relación con los arts. 6, 9, 10, 11 y 14 y el art. 18 de dicho Convenio. Se invocan también los arts. 10, 11, 20, 21, 39, 47, 51 y 52 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE, en adelante).
a) Básicamente, y por lo que respecta a la infracción del art. 23 CE, se afirma que la apertura de un proceso penal contra el recurrente vulnera su derecho al ejercicio del cargo público representativo en condiciones de igualdad. Alega la vulneración de la inviolabilidad parlamentaria en relación con el derecho a la participación política, a la libertad de expresión y al derecho a la tutela judicial efectiva por la improcedente admisión de la querella conforme a la doctrina sentada por el Tribunal en la STC 30/1997, de 24 de febrero. Aduce que la sola admisión de la querella vulnera dicho derecho fundamental de conformidad con lo dispuesto en el art. 57.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC, en adelante) y por el art. 21 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC, en adelante). Cita la STC 51/1985 para afirmar que la inviolabilidad parlamentaria ampara «cualesquiera declaraciones de juicio o de voluntad» realizados en la Cámara.
b) Alega que la admisión de la querella supone una restricción indebida de los derechos a la libertad de expresión (art. 20. 1 CE) y reunión (art. 21 CE), porque los hechos por los que se incoa el procedimiento penal son el ejercicio legítimo de los citados derechos en relación con el derecho a la representación política en su legítima función de parlamentario.
c) Invoca, asimismo, la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, al juez imparcial y al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24. 1 CE). Afirma que las resoluciones impugnadas se apartan sin motivación alguna de la doctrina sentada en la STC 30/1997, incurriendo así en una vulneración del art. 24.1 CE. Aduce la vulneración del juez ordinario predeterminado por la ley ya que, habiendo perdido la condición de diputado y, en consecuencia de aforado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no es competente para investigar o juzgar a una persona no aforada. Aduce también la vulneración del derecho al juez imparcial respecto de los magistrados de la sala que resolvieron el recurso de súplica interpuesto frente al auto que admitió a trámite la querella ya que están incursos en causa de recusación, habiéndose puesto así se relieve en el correspondiente incidente que fue inadmitido a trámite.
d) Mediante otrosí primero interesa que se tenga por formulada recusación de los magistrados que en los incidentes de ejecución de las SSTC 259/2015 y 98/2019 anteriormente señalados han conformado y conforman el pleno de este tribunal, alegando a tal efecto las causas 7, 10 y 13 del art. 219.1 LOPJ.
e) Por otrosí segundo, se solicita que de manera cautelarísima, al amparo de lo dispuesto en el art. 56.6 LOTC, o subsidiariamente, de conformidad con los arts. 56.2 y 3 LOTC, se adopten las siguientes medidas: (i) suspender el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de marzo 2021, así como cualesquiera otras actuaciones en dicha causa penal durante la tramitación del presente recurso de amparo; (ii) comunicar de manera urgente el auto acordando dicha medida cautelar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con el fin de que proceda a su ejecución inmediata.
4. Por providencia de 14 de septiembre de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional, conforme establece el art. 10.1 n) LOTC, acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo; así como designar ponente para el incidente de recusación formulado respecto de todos los magistrados que integraban el Pleno del Tribunal Constitucional, por las causas 7, 10, 11 y 13 del art. 219 LOPJ.
5. Por ATC 86/2021, de 16 de septiembre, el Pleno del Tribunal acordó no admitir a trámite la recusación formulada por don Josep Campos i Rosselló. Contra esta decisión, el demandante presentó recurso de súplica, que fue desestimado por ATC 111/2021, de 16 de diciembre.
6. Por providencia de 16 de diciembre de 2021, el Pleno acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]; y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)].
En relación con la solicitud de suspensión formulada en la demanda de amparo mediante otrosí, atendida la complejidad de la causa y la naturaleza de las pretensiones sustantivas planteadas en su recurso –que justifica en sí misma oír contradictoriamente a las partes– el Pleno acordó que al no apreciarse la urgencia excepcional a la que se refiere el art. 56.6 LOTC, procedía formar la oportuna pieza separada y, en ella, conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que efectúen alegaciones respecto a la misma, una vez admitida a trámite, que constan en la pieza separada de suspensión.
7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 14 de enero de 2022, el partido político Vox solicitó que se le tuviera por personado en el procedimiento de amparo.
8. Por diligencia de ordenación de 26 de enero de 2022, se tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones solicitado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Asimismo, se tuvo por personados y parte en el procedimiento al procurador don Carlos Lorenzo García Cabrera, en nombre y representación de don Eusebi Cabrera Pucurull, y a la procuradora doña María del Pilar Hidalgo López, en nombre y representación del partido político Vox. De acuerdo con lo previsto en el art. 52 LOTC, se daba vista de todas las actuaciones del recurso de amparo, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones que a su derecho convenga.
9. El partido político Vox presentó sus alegaciones, mediante escrito registrado el 24 de febrero de 2022, solicitando la desestimación del recurso de amparo con los siguientes argumentos.
a) En primer lugar, en relación con el auto de admisión de la querella interpuesta del Ministerio Fiscal, considera que dicha resolución queda plenamente justificada, toda vez que los hechos tenían apariencia delictiva y se cumplían el resto de los requisitos formales, sin perjuicio de lo que se derive de la instrucción de la causa, y en su caso del juicio oral.
b) En cuanto a la supuesta vulneración de la inviolabilidad parlamentaria, para el partido Vox, el rechazo a las resoluciones del Tribunal Constitucional, dictadas en el marco funcional que le es propio y que fueron debidamente notificadas al señor Costa i Rosselló, en su condición de miembro de la mesa del Parlamento, se trata de una conducta que se subsume en el delito de desobediencia, y no queda amparada en la inviolabilidad parlamentaria ni en la libertad de expresión. No obstante, la vulneración o no de la inviolabilidad parlamentaria deberá ser objeto de debate durante la instrucción, y en su caso en el acto de juicio oral, siendo valorado en la sentencia que en su día se dicte por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En cuanto a las alegadas vulneraciones del derecho a la libertad de expresión y del derecho de representación política, en relación con la inviolabilidad parlamentaria, el demandante de amparo, de acuerdo con el art. 87.1 LOTC, tenía la obligación de dar cumplimiento a las resoluciones y requerimientos efectuados por el Tribunal Constitucional, no pudiendo ampararse en su condición de cargo político como causa justificativa para delinquir o como eximente de la responsabilidad criminal. El objeto del procedimiento es la desobediencia a las órdenes y resoluciones reiteradas del Tribunal Constitucional que fueran obstinadamente desatendidas por el recurrente. El señor Costa no es objeto de un procedimiento penal por su ideología, sino por desacatar las órdenes reiteradas de un órgano constitucional encargado de velar por el mantenimiento del orden constitucional.
c) No existe vulneración del derecho a una resolución motivada, ya que todas las resoluciones dictadas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han sido debidamente justificadas. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a juez imparcial, se niega que se hayan producido. Los argumentos aducidos por la parte son los mismos que mantuvo don Joaquim Martín i Pla en su recurso de amparo núm. 4586-2020 que el Pleno del Tribunal ha resuelto y desestimado por STC 25/2022, de 23 de febrero.
10. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 25 de febrero de 2022, presentó sus alegaciones y solicita la desestimación del recurso de amparo con los siguientes argumentos.
a) En la demanda no se discute la realidad de los hechos imputados en la querella del fiscal superior de Cataluña que fue admitida, sino solo su significación jurídica. Así, lo primero que debe dilucidarse es si los actos del demandante de amparo están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, como él afirma y, por tanto, si la incoación de una causa penal supone una infracción de los derechos fundamentales recogidos en los arts. 23 y 24 CE.
La existencia de vulneración de la inviolabilidad parlamentaria en los hechos objeto de la querella ha sido ya analizada y rechazada en los AATC 9/2020 y 11/2020 de 28 de enero, y 16/2020 de 11 de febrero, así como en los autos 53/2020, 54/2020 y 55/2020, de 17 de junio, que resuelven los recursos de súplica contra los anteriores. Estos autos continúan una doctrina que se ha consolidado a través de las resoluciones del Tribunal Constitucional dictadas en respuesta a los recursos planteados con argumentos prácticamente idénticos, en los sucesivos incidentes de ejecución de las SSTC 259/2015 y 98/2019. Con arreglo a esta doctrina queda claro que la inviolabilidad parlamentaria no ampara el incumplimiento por los miembros de la mesa del Parlamento de los requerimientos del Tribunal Constitucional para impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones de esta jurisdicción. Y no las ampara porque no se trata del ejercicio de un derecho fundamental, sino de una competencia, atribución o función, la de calificar y, en su caso, admitir a trámite las iniciativas parlamentarias. Por tanto, si ese incumplimiento incluye los requisitos del tipo penal de desobediencia por el que se formuló la querella, será constitutivo del delito y podrá ser exigida la responsabilidad penal a los parlamentarios.
Por ese motivo en el propio fundamento jurídico 9 del ATC 9/2020, tras exponer sucintamente los hechos que constituyen el incumplimiento de las advertencias y requerimientos hechos por las resoluciones mencionadas, en particular las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, en cuanto a su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, que cometieron el presidente del Parlamento de Cataluña, y otros dos miembros de la mesa, entre ellos el demandante de amparo, el Tribunal señalaba que no es de su competencia «resolver si la conducta del presidente del Parlamento de Cataluña y de los miembros de la mesa señalados […] es constitutiva de alguna infracción penal, pero sí constatar que las circunstancias referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente como para trasladarlas al ministerio fiscal a fin de que, si lo estima pertinente promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes». Se concluye de esta afirmación, y de otras similares en los restantes autos ya citados, que si el Tribunal Constitucional estimase que la inviolabilidad impedía que se pudieran exigir responsabilidades penales al demandante de amparo no habría procedido al traslado al Ministerio Fiscal para promover el ejercicio de las acciones penales que considere pertinentes.
b) Frente a la supuesta vulneración de los derechos a la libertad de expresión, reunión e ideológica, manifiesta el fiscal que el Tribunal, en los autos ya referenciados, determina que la mesa se encontraba en los supuestos excepcionales en los que dicho órgano rector debe inadmitir a trámite las propuestas de resolución de los grupos por ser contrarias a lo ya resuelto por el Tribunal, como advirtió el secretario general del Parlamento y los grupos de la oposición. Nada impide al Parlamento de Cataluña y a cada uno de sus miembros debatir sobre aquellas cuestiones que considere pertinentes, si bien con sometimiento a lo dispuesto en el art. 9. 1 CE y en el art 87.1 LOTC, conforme al cual todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.
c) En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad en aplicación de la ley alegada por el recurrente, mantiene el Ministerio Fiscal que la STC 30/1997, que cita el demandante, se refiere a una demanda civil presentada por un particular contra un parlamentario por las expresiones proferidas en una intervención en el Pleno de la Asamblea de Extremadura; así, dicha demanda no era por desobedecer al tribunal, sino por faltar al honor de una persona, es decir se le denunciaba precisamente por sus manifestaciones en la Cámara, en el seno de un debate parlamentario. Por tanto, no se produce la necesaria similitud de supuestos de hechos que exige poder valorar que se haya vulnerado el derecho a la igualdad.
d) Sobre la alegada falta de motivación de los autos impugnados, la Fiscalía considera que la forma de argumentar expuestas en los autos es suficiente y razonable y cumple con el canon constitucional sobre motivación de las resoluciones judiciales expresado, por todas, en la STC 144/2021, de 12 de julio, FJ 3.
e) Respecto de que la atribución de la competencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vulnera el derecho del demandante al juez ordinario predeterminado por la ley, la Fiscalía señala que, de acuerdo con la doctrina de este tribunal, la interpretación y aplicación de las normas sobre la competencia que realizan los autos impugnados está razonada, es lógica y razonable, pues, si el resto de los enjuiciados son aforados y la actuación de todos fue la misma al votar a favor de admitir la iniciativa parlamentaria cuestionada, en principio en contra de las resoluciones y requerimientos del Tribunal Constitucional, resulta patente, al menos en este momento procesal, la inescindibilidad de la causa y, por tanto, procede que todos ellos sigan siendo enjuiciados conjuntamente, de acuerdo con las disposiciones legales que se mencionan, interpretadas de acuerdo con la lógica y la economía procesal. La identidad de conductas, por otra parte, impide defender que se haya vulnerado el derecho a la igualdad.
f) Sobre la vulneración del derecho a la doble instancia que supone ser enjuiciado por el Tribunal Superior de Justicia, como los todavía aforados, la Fiscalía concluye de nuevo que la justificación ofrecida por dicho órgano judicial es una interpretación razonable de la legislación aplicable, tanto nacional como internacional, más teniendo en cuenta que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el doble grado de jurisdicción son anteriores a la reforma de la casación realizada por la ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento. De acuerdo con el nuevo marco normativo, cabe entender que no hay vulneración del derecho a la doble instancia pues la sentencia que se dicte podrá ser revisada por un órgano superior, de tal modo que la argumentación de los autos impugnados no es irracional ni absurda ni incurren en error patente.
g) Por último, en cuanto a la alegación del recurrente sobre la falta de imparcialidad de dos de los magistrados que integran el Tribunal, la Fiscalía entiende que ninguna de las causas alegadas es suficiente para romper la presunción de imparcialidad de los magistrados, de la que parten tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo Derechos Humanos.
11. Por diligencia de ordenación de 1 de marzo de 2022, se hizo constar que, dentro del plazo conferido en diligencia de ordenación de 26 de enero de 2022, han formulado escrito de alegaciones la procuradora doña María del Pilar Hidalgo López, en nombre y representación del partido político Vox, y el Ministerio Fiscal. No se presentaron, en cambio, alegaciones por la representación de don Eusebi Cabrera i Pucurull, pese a haberlas anunciado.
12. Por providencia de 5 de abril de 2022, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 7 del mismo mes y año.
1. Delimitación del objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo tiene por objeto los siguientes autos de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: (i) auto de 16 de marzo de 2021, dictado en las diligencias indeterminadas núm. 11-2021 y que en la actualidad sigue los trámites del procedimiento abreviado núm. 2-2021. Dicha resolución judicial acordó declarar la competencia del Tribunal y admitir a trámite la querella presentada contra el recurrente y otros por el fiscal superior de Cataluña «por un delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la autoridad superior, cometido por una autoridad o funcionario público», en el seno de incidentes de ejecución seguidos por incumplimiento de las STC 259/2015 y STC 98/2019; (ii) auto de 12 de julio de 2021, por el que se desestimó el recurso de súplica interpuesto contra la anterior resolución y; (iii) auto de 16 de julio de 2021 que resolvió la aclaración formulada contra el citado auto de 12 de julio.
El recurrente solicita el amparo de este tribunal y la nulidad de los autos anteriormente identificados argumentando, en esencia, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña jurídicamente estaba imposibilitado para admitir a trámite la querella presentada por el Ministerio Fiscal; y ello porque la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria ampara las opiniones, expresiones y votos de los diputados e impide la exigencia de responsabilidad penal por la participación en las votaciones por las que se admitieron a trámite unas iniciativas parlamentarias, aunque su contenido fuese inconstitucional. A partir de tales premisas, el recurrente imputa a las citadas resoluciones judiciales la vulneración de los siguientes derechos fundamentales:
a) En un primer bloque de alegaciones, señala vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, en su manifestación de derecho al ejercicio del cargo representativo sin intromisiones ilegítimas (art. 23.2 CE y art. 3 del Protocolo núm. 1 CEDH), en relación con el derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes elegidos libremente en elecciones periódicas que tienen todos los ciudadanos (art. 23.1 CE); así como con el derecho reconocido en el art. 1 del Protocolo núm. 12 al CEDH.
b) En segundo lugar, considera vulnerado el derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley, sin discriminación de ningún tipo (art. 14 CE, art. 14 CEDH y art. 1 de su Protocolo núm. 12).
c) En tercer lugar, alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al juez imparcial y al juez predeterminado por la ley (art. 24 CE y arts. 6 y 13 CEDH).
d) Finalmente, señala como vulnerados los demás derechos fundamentales y libertades invocados expresamente en la demanda de amparo, en la medida que los cargos que se imputan al recurrente en amparo suponen una vulneración, a su vez, también, del derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE y art. 9 CEDH), libertad de expresión (art. 20 CE y art. 10 CEDH), libertad de reunión y manifestación (art. 21 CE y art. 11 CEDH). Todos ellos, en conexión con el resto de los derechos expresamente invocados en la demanda de amparo.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox postula la desestimación íntegra del recurso de amparo. En esencia, recuerda que el recurrente no se ha opuesto al relato de los hechos que contiene la querella –que incluyen la desobediencia reiterada y consciente de las decisiones del Tribunal Constitucional– y, por tanto, llevan a entender levantada la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria sin vulneración de los derechos de los arts. 24, 16, 20 y 21 CE. A partir de aquí, la admisión a trámite de la querella queda plenamente justificada, puesto que del relato de los hechos de la Fiscalía se desprende indiciariamente la posibilidad de haber cometido un delito de desobediencia. Tampoco considera Vox que se haya producido la vulneración del derecho a una resolución motivada, ya que las resol