Categoría: Administración

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022, en el marco de la Componente 5, Inversión 1 [«Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)»] e Inversión 3 [«Transición digital en el sector del agua (“Enforcement Digital Medioambiental”)»] del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene como objetivo la modernización del ciclo de agua para con ello producir una mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, reduciendo las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua y mejorando las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales. Se persigue que gestión del agua sea eficiente y sostenible, cumpliendo así con el mandato de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, todo ello de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
Esta orden forma parte de la tercera línea de actuación del PERTE de digitalización del ciclo del agua, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2022 y que responde al objetivo último de contribuir a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso del agua y con ello fomentar la adaptación al cambio climático y el cumplimiento de los objetivos ambientales de la planificación hidrológica.
Este objetivo general se concreta en cuatro objetivos específicos: mejorar el conocimiento de los usos del agua para consolidar una gestión integrada de los recursos hídricos y la eficiencia del uso del agua en España, minimizando el impacto del cambio climático; incrementar la transparencia en la gestión del agua en España y de la información disponible por las administraciones, personas usuarias, consumidores, asociaciones en general de forma que se establezcan las bases para concienciar a la población y a los personas usuarias del agua del uso responsable y sostenible del agua, fortaleciendo y desarrollando las capacidades de las entidades gestoras del ciclo integral del agua; contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica en las distintas masas de agua, a la lucha frente a la contaminación de las aguas, al cumplimiento de los caudales ecológicos y en general, al impulso a la gestión del dominio público hidráulico y la protección de las aguas; y generar empleo de alta cualificación técnica, invirtiendo en innovación y tecnología.
Para alcanzar sus objetivos, este PERTE establece las siguientes cuatro líneas de actuación que abarcan de forma íntegra la gestión del ciclo hidrológico:
1. Mejora de la gobernanza en materia de gestión de los usos del agua.
2. Impulso a la digitalización de los organismos de cuenca.
3. Desarrollo de programas de ayudas para el impulso a la mejora de la eficiencia y digitalización a los distintos usuarios del agua en España.
4. Fomento de la formación e innovación en competencias digitales en la administración y gestión del agua.
Este PERTE establece distintos mecanismos de apoyo a los sectores económicos asociados a la gestión del agua, a través de convocatorias de subvenciones, tanto en concurrencia competitiva como no competitiva, centrados en el ciclo urbano del agua, regadío y uso industrial, así como repartos en Conferencia Sectorial o la contratación directa a través de la Administración General del Estado.
La presente orden se enmarca en el desarrollo de las actuaciones del PERTE y la Componente 5 del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia centrados en el ciclo urbano del agua, apoyándose en la mejora de digitalización de las infraestructuras hidráulicas a nivel municipal y el desarrollo de actuaciones de mejora complementarias, tanto para mejorar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE a través de mejoras en el funcionamiento de las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales, como para mejorar el cumplimiento de los criterios de eficiencia energética o mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua, siempre y cuando se trate de uno o varios términos municipales que, de forma aislada o en su conjunto, superen los 20.000 habitantes de forma permanente.
Esta orden, de acuerdo con los principios de gestión específicos del PRTR, se enmarca en la Inversión 1 de la Componente 5 del PRTR, en concreto recoge actuaciones incluidas tanto en la submedida 1.a, relativa a actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización del agua como también en la submedida 1.b relativa a actuaciones para la mejora de la eficiencia y reducción de pérdidas en el uso del agua, puesto que tal y como se gestiona el ciclo urbano del agua en España, la gestión integral de este ciclo urbano puede mejorar ambos aspectos, tanto saneamiento, depuración y reutilización, como la eficiencia y reducción de pérdidas asociadas al abastecimiento.
La mejora de la eficiencia a través, entre otras herramientas, de la digitalización es una medida transversal a esta mejora en general de la gestión del ciclo urbano del agua, complementando y apoyando al cumplimiento del objetivo CID #76 del anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España, Componente 5: Preservación del litoral y recursos hídricos, denominado, «Infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales mejoradas» establece la puesta en funcionamiento de infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales que presten servicio al equivalente de un mínimo de 175.000 habitantes, con el fin de garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia energética, o de mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua.Las actuaciones derivadas de la implantación de esta orden ministerial complementarán este cumplimiento, junto con otras actuaciones ya en ejecución con cargo a esta Componente iniciadas con anterioridad.
Dado que las inversiones objeto de la presente orden se enmarcan en la submedida C5.I1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las actuaciones a realizar se corresponderán con el campo de intervención 041 bis-«Recogida y tratamiento de aguas residuales de acuerdo con los criterios de eficiencia energética» del anexo VI «Metodología de seguimiento para la acción por el clima» del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Para el desarrollo de esta línea de actuación en el ámbito concreto del ciclo urbano del agua, el PERTE prevé realizar diferentes convocatorias de subvenciones, la primera de las cuales, cuyas bases y convocatoria son objeto de la presente orden, tiene por finalidad impulsar programas singulares de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, seleccionándose una serie de actuaciones que serán apoyadas por ayudas que comprenden un rango de entre 3 a 10 millones de euros hasta un total de 200 millones de euros de presupuesto de esta convocatoria. Posteriormente, se irán desarrollando el resto de órdenes y convocatorias incluidas en el PERTE de digitalización del ciclo del agua.
La financiación y pago de las ayudas se hará con cargo al Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, FCPJ regulado por el Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, a partir de la financiación prevista en la inversión 1 del Componente 5 del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia. En todo caso, será el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el órgano responsable en la gestión, el seguimiento de los hitos y objetivos, la rendición de cuentas en relación con su cumplimiento y la información a proporcionar al sistema de gestión, así como el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos que derivan de la normativa aplicable asumiendo y siguiendo el régimen jurídico que les resulta de aplicación con carácter general a los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 13.6 del Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto.
El capítulo II del título I describe los requisitos generales que deben cumplir las actuaciones subvencionables, entre los que destaca la obligación de contribuir a alguno de los seis objetivos medioambientales definidos por el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, en relación con el principio de no causar un daño significativo al medio ambiente consagrado en el artículo 17 del citado reglamento. También puede destacarse la obligación de que los beneficiarios mantengan la actuación objeto de la subvención durante al menos los cinco años siguientes a su puesta en servicio y la remisión de parte de la información generada al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico conforme a los objetivos del PERTE de fomentar la transparencia en la gestión del agua, lo que sin duda refuerza el efecto transformador que estas ayudas tendrán en la metodología de gestión y control del ciclo urbano del agua.
Asimismo, el artículo 6 define como beneficiarios potenciales de las ayudas a los operadores de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas en uno o varios términos municipales, tanto en el supuesto de la prestación de dichos servicios en régimen de gestión directa, como en régimen de gestión indirecta. En este último supuesto se habilita la posibilidad de que sean beneficiarios los ayuntamientos, mancomunidades y demás entes locales de ámbito supramunicipal titulares de los servicios de abastecimiento, saneamiento o depuración de aguas residuales urbanas.
Asimismo, también se prevé que las diputaciones provinciales o comunidades autónomas uniprovinciales, cabildos o consejos insulares puedan ser beneficiarias potenciales de las ayudas.
El apartado 2 del citado precepto exige dos requisitos a los potenciales beneficiarios: (i) que el proyecto incluya uno o varios términos municipales, de forma que, de manera individual o conjunta, se atienda como mínimo a una población de derecho no inferior a 20.000 habitantes de forma permanente o estacional en casos excepcionales; y (ii) que la propuesta solicitada cuente previamente con la aprobación por parte del órgano de gobierno del operador en el supuesto de prestación de los servicios de abastecimiento de agua urbana, saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas en régimen de gestión directa, y con la aprobación por parte del órgano competente de la Administración pública titular de los mencionados servicios en el supuesto de prestación en régimen de gestión indirecta.
Los potenciales beneficiarios podrán serlo de manera individual o de manera colectiva, a través de la figura de la agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El capítulo IV del título I describe el procedimiento de concesión de las subvenciones, el cual se ajustará a los principios consagrados en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El otorgamiento de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, pudiendo en cada convocatoria, un mismo solicitante presentar una o más solicitudes para uno o varios términos municipales o para varias agrupaciones de términos municipales, individualmente o en agrupación con otros solicitantes.
El órgano instructor del procedimiento será la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el artículo 11.3 de la presente orden prevé la creación de un comité de valoración de las solicitudes, el cual se podrá apoyar en la evaluación técnica realizada por personas expertas independientes, y podrá recabar la opinión de las distintas comunidades autónomas, confederaciones hidrográficas y organismos de cuenca intracomunitarios. Los criterios de valoración de las propuestas presentadas se describen en el capítulo V, y se desarrollan más detalladamente en el anexo II. En virtud de ellos, se otorgará una puntuación a cada una de ellas en la propuesta de resolución final dictada por el órgano instructor, que será definitivamente aprobada por el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Las cuestiones relativas al pago de la subvención se desglosan en el capítulo VI del título I, previéndose a tal efecto en el artículo 14.1 que el pago se realice conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También se prevé la posibilidad de que los beneficiarios soliciten un anticipo del 80 % del importe total otorgado y, con la excepción prevista en el artículo 14.3, se les exonera de constituir una garantía financiera. Finalmente se establece que las subvenciones objeto de la presente orden son compatibles con cualquier otra ayuda que las entidades nacionales, públicas o privadas, pudieran otorgar para la misma finalidad, siempre que no cubran los mismos costes.
El artículo 17 describe las obligaciones generales de los beneficiarios, cuyo incumplimiento, entre otros supuestos, podrá dar lugar al reintegro de la subvención, de conformidad con el procedimiento y los criterios de graduación previstos en el artículo 24 de la presente orden.
El artículo 19.1 prevé la posibilidad de prórroga del plazo máximo para ejecutar la actuación subvencionada por un periodo máximo de doce meses. Por su parte, el artículo 20 habilita al beneficiario a subcontratar hasta el 90 % de las actuaciones subvencionables, debiendo cumplir la entidad subcontratista el principio de no causar un daño significativo al medio ambiente. En todo caso, el responsable frente a la Administración otorgante de la ayuda será siempre el beneficiario.
El capítulo VIII del título I detalla las obligaciones impuestas sobre los beneficiarios en materia de justificación y control de la ejecución de las actuaciones subvencionables, debiendo evaluarse el grado de ejecución y el cumplimiento de los objetivos específicos del programa en función de los indicadores definidos en el artículo 21 y el anexo III de la presente orden. A este respecto, el artículo 22 impone a los beneficiarios la presentación de una memoria técnica acreditativa de la ejecución de las actuaciones subvencionables en el plazo de tres meses desde su finalización, sin perjuicio de la facultad que el apartado 10 de dicho precepto otorga al órgano instructor para requerir del beneficiario la aportación de cualquier documentación justificativa adicional.
Por último, el capítulo IX regula las obligaciones en materia de información y publicidad que se imponen a los beneficiarios, donde puede destacarse la obligación de aportar un resumen ejecutivo de carácter divulgativo de su proyecto en la fase de justificación, junto con las memorias descritas en el párrafo anterior. Dicho resumen ejecutivo podrá ser utilizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la comunicación y difusión de los resultados de las actuaciones subvencionables.
El título II regula la convocatoria de las ayudas objeto de la presente orden para el año 2022. La cuantía total presupuestaria destinada asciende a 200 millones de euros, previéndose una reserva de 60 millones de euros para propuestas presentadas que engloben a más de cinco términos municipales o para agrupaciones de solicitantes La cuantía mínima de la ayuda se fija en 3 millones de euros, mientras que la cuantía máxima a otorgar no podrá superar los 10 millones de euros. De manera paralela, en el anexo I se establece con carácter general una intensidad máxima de la ayuda del 60 % de los gastos subvencionables para aquellas actuaciones financiables implementadas en el ciclo urbano de abastecimiento de agua, y del 80 % de los gastos subvencionables en el caso de las actuaciones financiables implementadas en el ciclo urbano de saneamiento y depuración de aguas residuales y para los municipios de menos de 5.000 habitantes. Se recogen mecanismos de apoyo a la agrupación de beneficiarios o que incluyan a más de cinco términos municipales y a los proyectos integrales de gestión del agua con un 5 % adicional en cada caso.
En cuanto a la exigencia impuesta a los beneficiarios en el artículo 6.2 de la presente orden relativa a la población de derecho mínima de los términos municipales en los que los beneficiarios presten sus servicios de abastecimiento de aguas y saneamiento y depuración de aguas residuales, el artículo 32.6 fija como elemento de referencia el Padrón municipal vigente y aprobado oficialmente por el Gobierno en la fecha de presentación de su solicitud, así como el censo oficial proporcionado por el INE correspondiente al año 2021, permitiendo en casos excepcionales incluir la población estacional.
El artículo 33 detalla el listado de las distintas tipologías de las actuaciones financiables, mientras que en el artículo 34 se desglosan los gastos subvencionables de las actuaciones anteriores. Se otorga a los beneficiarios la posibilidad de solicitar un anticipo del 80 % de cada anualidad de la subvención otorgada, debiendo justificar que han adjudicado un mínimo del 60 % del importe del anticipo ya percibido en el momento de solicitar el anticipo correspondiente a la siguiente anualidad.
El capítulo II del título II regula el procedimiento de solicitud de las ayudas, detallándose en el artículo 37.2 la documentación a aportar por los potenciales beneficiarios al formalizar la solicitud. En este sentido destaca la declaración responsable relativa al cumplimiento de la normativa ambiental nacional y comunitaria, cuyo objetivo es garantizar el respeto por el beneficiario del principio antes citado de no causar un daño significativo al medio ambiente.
El plazo de ejecución de las actuaciones financiables comienza el 1 de febrero de 2020 y finaliza como máximo el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad contemplada en el artículo 19.2 de su prórroga por un periodo adicional de doce meses hasta el máximo del 1 de junio de 2026. En cuanto a la justificación de la ejecución de las actuaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica publicará en su portal web el modelo oficial de la memoria técnica acreditativa de la ejecución de las actuaciones según se indica en los artículos 36 y 37 de la presente orden.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR), así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA), todas las actuaciones que se lleven a cabo en el marco del PRTR en cumplimiento de la presente orden deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en el componente 5, Inversión 1 en la que se enmarcan dichas actuaciones, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan y en el anexo a la CID y el OA. En concreto, se dará cumplimiento a los objetivos climáticos y ambientales, 40 % y 100 % respectivamente, de la Unión Europea según su asignación al campo de intervención 041bis definido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y de Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Esta orden se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª, 15.ª, 22.ª, 23.ª y 24.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, legislación básica sobre protección de medio ambiente, obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma, respectivamente. En este caso, en especial, el correcto funcionamiento del ciclo urbano del agua afecta al cumplimiento de los objetivos ambientales relativos a la calidad y el estado de las masas de agua fijados en la planificación hidrológica, lo que pone de manifiesto adicionalmente el amparo del artículo 149.1.22.ª de la Constitución Española, puesto que, de forma significativa, todo el fomento de las actuaciones definidas en esta orden ministerial (principalmente el uso de herramientas digitales para controlar y monitorizar la captación de aguas y el vertido de aguas residuales) contribuirá sin duda al cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, que además, es uno de los pilares de la convocatoria y uno de los criterios esenciales en la selección de los proyectos, no obstante, las comunidades autónomas, tal y como se recoge en las bases, participarán activamente en la valoración de los proyectos y en el seguimiento de su implantación.
En su virtud, dispongo:
Mediante esta orden ministerial se aprueban las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para el Programa de ayudas para la mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También se aprueba la primera convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 relativa al ciclo urbano del agua, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
1. El programa de ayudas descrito en estas bases tiene por objeto subvencionar aquellos proyectos que contribuyan a la consecución de objetivos específicos, vinculados a los objetivos generales del Componente 5, Inversión 1 (C5.I1) «Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional, en concreto, con estas bases se van a realizar actuaciones que pueden enmarcarse tanto en la submedida 1.a, relativa a actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización del agua como también a la submedida 1.b relativa a actuaciones para la mejora de la eficiencia y reducción de pérdidas en el uso del agua, puesto que es la gestión integral de ciclo urbano del agua la mejor forma de fomentar la eficiencia en el uso del agua y energía, mejorando, tanto el saneamiento, la depuración y reutilización (submedida 1.a) como la eficiencia y reducción de pérdidas asociadas al abastecimiento (submedida 1.b), siendo la digitalización, por lo tanto, una medida transversal de mejora de la eficiencia en general de la gestión del ciclo urbano del agua, complementando y apoyando al cumplimiento, conforme está diseñado el PRTR, del objetivo CID #76, denominado, «Infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales mejoradas», con el fin de garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia energética, o de mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua.
2. Serán objeto de financiación, conforme a las convocatorias asociadas, aquellos proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua que se conformen con los siguientes tipos de actuaciones: de planificación (tipo A), de implementación de acciones de mejora de la eficiencia y digitalización (tipo B) o de gestión de la información (tipo C), conforme a la siguiente descripción de la tipología de actuaciones:
a) Tipo A. Elaboración/actualización de estrategias, planes, proyectos constructivos o estudios que promuevan la mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en cualquier ámbito territorial de los términos municipales incluidos en la propuesta presentada y que incluyan, entre otros elementos, labores de caracterización digital, modelos numéricos, diagnóstico de los sistemas de captación, abastecimiento, saneamiento, vertidos y depuración existentes, gestión de la calidad del agua en general y riesgos ambientales.
b) Tipo B. Intervenciones específicas de mejora de la eficiencia y digitalización del ciclo urbano del agua, tanto centradas en las infraestructuras de captación del agua o puntos de entrega para el uso público, tanto superficiales como subterráneas, como en el sistema de abastecimiento, saneamiento y depuración que en conjunto fomenten a su vez la telegestión y la telelectura del sistema, pudiendo incluir, en su caso, actuaciones en los puntos de vertido de aguas residuales, tanto si el vertido se efectúa en tiempo seco como si se efectúan exclusivamente durante episodios de precipitación. Se podrán incluir las actuaciones necesarias para la implantación de las actuaciones de mejora de la eficiencia proyectadas, incluyendo reparaciones e implantación de mejoras técnicas en los sistemas de abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas, que permitan, entre otras actuaciones, la correcta sensorización de los elementos anteriormente citados, el incremento de volúmenes tratados, la disminución de pérdidas, así como todas las herramientas de comunicaciones necesarias para el desarrollo de las mismas, y en especial, aquellas destinadas a la implantación de tecnologías de la informaciónInternet of Things(IoT).
c) Tipo C. Elaboración/actualización o mejora de plataformas o sistemas de información y herramientas digitales en relación con el tratamiento, la reutilización de datos obtenidos de las actuaciones tipo B y la puesta en valor de toda la información generada de forma que permita una mejor gestión interna del ciclo urbano del agua, fomentando la mejora de la eficiencia, la disminución de las pérdidas de agua, la mejora en la gestión de las infraestructuras de tratamiento y la transparencia en la gestión y la ciberseguridad.
3. La lista de actuaciones financiables en el marco de estos proyectos se detalla en la correspondiente convocatoria de ayudas.
A los efectos de estas bases, se aplicarán las siguientes definiciones:
1. Proyecto: Propuesta conjunta presentada por uno o varios beneficiarios para la financiación de un conjunto de actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización en un ámbito territorial compuesto por uno o varios municipios, que se centre en diversas fases del ciclo de gestión del agua urbana que se realizan con un objetivo común dentro de unos límites de tiempo y presupuesto, para las cuales se solicita una subvención.
2. Actuación: Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan en el marco de un proyecto.
3. Solicitud: Documento en el que se pide formalmente una subvención para acometer un proyecto que dispondrá por lo tanto de varias actuaciones. Deberá ajustarse a los requisitos que establezca la convocatoria en cuanto al modelo de formulario a emplear, el modo de presentarla y la información y documentación que debe acompañarse a la solicitud.
4. Solicitante: Cada persona física o jurídica que presenta, individualmente o de forma conjunta, una solicitud de subvención.
5. Beneficiario: La persona física o jurídica que ha de realizar la actividad que fundamentó el otorgamiento de la subvención o que se encuentre en la situación que legitima su concesión, así como cada uno de los miembros de una agrupación de solicitantes, por cumplir los requisitos previstos en las bases y en la convocatoria, que serán los responsables de llevar a cabo las actividades que fundamentaron el otorgamiento de dicha subvención, así como de presentar la justificación correspondiente, en tiempo y forma, de acuerdo con lo establecido en las bases y en la convocatoria.
6. Agrupación de solicitantes: Unión de solicitantes que individualmente puedan tener la condición de beneficiarios, que se agrupan para presentar una solicitud conjunta de un proyecto. En la solicitud y en la resolución de concesión se determinarán los compromisos asumidos por cada miembro y el importe de la subvención aplicado a cada uno. Deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación.
El régimen jurídico aplicable a estas ayudas y a las actuaciones financiadas con cargo a ellas será el establecido en las siguientes normas, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.
2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley.
4. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principalmente en lo relativo a las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos establecidas en los artículos 48, 60 a 65 y a los instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establecidos en los artículos 67 a 69.
5. Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
6. Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
7. Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
8. Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
9. Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
10. Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
11. Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias.
12. Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.
13. Real Decreto 927/1988, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.
14. Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
15. Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.
16. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.
17. Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
18. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
19. Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
20. Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, en cuanto que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
21. Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, «Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives» («Actos Delegados de Taxonomía»).
22. La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guía Técnica de la Comisión Europea»).
23. El Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, y la restante normativa de la Unión Europea en vigor en este ámbito.
24. El Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
25. El Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, FCPJ.
26. El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
27. Orden TED/423/2022, de 10 de mayo, sobre delegación de competencias en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia transferidos al Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia.
28. Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
29. Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. Solo podrán obtener ayudas los proyectos que cumplan todos los requisitos que se indican a continuación:
a) Que contribuyan a la consecución de los objetivos generales y específicos establecidos en estas bases y en el Componente 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
b) Que se inicien después de la publicación de la convocatoria y finalicen en el plazo previsto y con las condiciones determinadas en la convocatoria correspondiente.
No obstante, también podrán obtener ayudas las actuaciones cuya ejecución se haya iniciado después del 1 de febrero de 2020, siempre que cumplan los requisitos del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que no hayan culminado a fecha de inicio de la convocatoria.
De manera excepcional, podrán obtener ayudas aquellas modificaciones de contratos destinados a actuaciones de inversión que se hayan aprobado con posterioridad al 1 de febrero de 2020, siempre que tengan entidad y funcionalidad propia y cumplan lo exigido en las presentes bases y en la convocatoria. En estos casos, la subvención no alcanzará a la parte del coste de ejecución que hubiera sido ya recuperado por el solicitante con cargo a tarifas o precios públicos abonados por las personas usuarias del servicio público al que estuviera asociado el proyecto.
c) Que sean actuaciones de ejecución inmediata según los términos y condiciones establecidos en la convocatoria correspondiente.
d) Que cumplan con la normativa sectorial vigente que les sea aplicable, en especial, solo podrán seleccionarse aquellas actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y europea de aplicación.
e) Que incluyan actuaciones completas con utilidad propia, concretas, que estén bien definidas y cuenten con un plan de implantación que garantice su finalización en el plazo previsto en la convocatoria.
2. Se deberá garantizar el mantenimiento y operación de la actuación subvencionada durante al menos cinco años después de finalización del proyecto y enviar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico durante el citado periodo de tiempo un resumen de la información obtenida con la implantación del proyecto de mejora de la eficiencia y digitalización, de acuerdo con lo previsto en el apartado d) del artículo 33.3, todo ello de forma complementaria a los requisitos de remisión de información que se establezcan en la normativa sobre dominio público hidráulico indicada en el artículo 4 y en la que se desarrolle conforme a la línea de actuación de mejora de la gobernanza del PERTE de digitalización del ciclo del agua.
A tal fin, los solicitantes deberán acreditar, a través de la documentación justificativa descrita en el artículo 37, que disponen de los recursos técnicos y financieros necesarios para garantizar esa continuidad.
3. No podrán obtener ayudas las actuaciones que no garanticen el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» (principioDo No Significant Harm-DNSH) establecido en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación, y de acuerdo a la guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), así como la «Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guía técnica de la Comisión Europea») y la adaptación a la misma realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En concreto, se dará cumplimiento a los objetivos climáticos y ambientales, 40 % y 100 % respectivamente, de la Unión Europea según su asignación al campo de intervención 041bis definido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y de Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Para ello, preverán mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su implementación y se asegurarán del reintegro de las cuantías percibidas por las personas o entidades beneficiarias en el caso de incumplimiento del principio DNSH y el etiquetado climático, cumpliendo, entre otras, las siguientes condiciones:
i. En la ejecución de las actuaciones se garantizará que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo a los materiales de origen natural referidos en la categoría 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos establecida por la Decisión 2000/532/CE) generados en las obras de construcción se reutilizará, reciclará o recuperará, incluyendo actuaciones de relleno con residuos en sustitución de otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la UE.
ii. Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos de construcción y demolición, de acuerdo con el Protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la UE, contemplando las mejores técnicas disponibles y empleando demoliciones selectivas que permitan separar y manipular de forma segura las sustancias peligrosas y que faciliten la reutilización y reciclado de alta calidad mediante la separación selectiva de los materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para los residuos de construcción y demolición.
iii. El proyecto y las técnicas de construcción serán compatibles con la circularidad y mostrarán, con referencia a la ISO 20887 u otras normas de evaluación de la adaptabilidad de las construcciones, cómo se han diseñado para ser más eficientes con los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclado.
iv. Las emisiones a la atmosfera por cogeneración serán iguales o menores a los niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles.
v. Los lodos de depuradora se gestionarán o utilizarán, incluida la digestión anaeróbica y la aplicación a la tierra, de conformidad con la Directiva del Consejo 86/278/CEE y la legislación nacional.
3. Igualmente, no podrán obtener estas ayudas las actuaciones que no garanticen el pleno cumplimiento del principio de igualdad de género y resto de los pilares en los que se fundamenta el PRTR.
1. Podrán ser beneficiarias, para las actuaciones incluidas en los proyectos que se desarrollen en su ámbito territorial:
a) Las personas físicas o jurídicas que sean operadores, en cualquier tipo de modalidad de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, de los servicios de abastecimiento, saneamiento o depuración de aguas residuales urbanas en uno o varios términos municipales, tanto en el supuesto de la prestación de dichos servicios en régimen de gestión directa, con expresa inclusión de los consorcios públicos y cualquier otra corporación de derecho público relacionada con la gestión del ciclo del agua, como en el supuesto de la prestación de dichos servicios en régimen de gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas en la normativa aplicable. En este último supuesto podrán ser también beneficiarios, además de los operadores de los servicios de abastecimiento, saneamiento o depuración de aguas residuales urbanas, los ayuntamientos, mancomunidades y demás entes locales de ámbito supramunicipal titulares de los citados servicios.
b) Agrupaciones de solicitantes, según se definen en el artículo 3.6 de la presente orden, formadas por dos o más sujetos descritos en el apartado a) que se constituyan conforme al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
La agrupación de solicitantes se ajustará a las siguientes reglas:
i. Antes de presentar la solicitud, los miembros de la agrupación deberán suscribir un acuerdo interno en la forma y con los requisitos y contenido establecidos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Conforme a este precepto, el acuerdo de agrupación podrá condicionarse a ser declarado beneficiario de la ayuda por la resolución de concesión definitiva.
ii. En la solicitud que presente, la agrupación deberá justificar que la actuación obedece a intereses comunes o crea sinergias entre ellos.
iii. Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarios de la subvención y serán responsables solidariamente, en proporción a sus respectivas participaciones, respecto del conjunto de actuaciones subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro y las responsabilidades por infracciones.
iv. Conforme al artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la agrupación deberá nombrar un representante o apoderado único, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a aquella y, en particular, las siguientes:
Presentar la solicitud de la ayuda, que deberá diferenciar los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, el importe de la subvención que se aplicará a cada uno de ellos, así como las actuaciones y el presupuesto correspondiente a cada uno.
Actuar como interlocutor único entre la agrupación y el órgano concedente.
Recabar de cada miembro toda la información exigible o requerida por el órgano concedente, y en particular la relativa a la justificación de la subvención.
Recibir el pago de la subvención y distribuirlo entre los miembros de la agrupación, de acuerdo con su grado de participación.
v. La agrupación no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en los artículos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) Las diputaciones provinciales o aquellas Administraciones que, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tengan asumidas sus competencias propias, así como los cabildos y consejos insulares.
2. Para optar a estas ayudas, cada proyecto deberá incluir uno o varios términos municipales, de forma que, de manera individual o conjunta, incluyendo en este caso las entidades supramunicipales con personalidad jurídica, el proyecto seleccionado atienda, como mínimo a una población de forma permanente no inferior a 20.000 habitantes.
Sin perjuicio de lo anterior, la convocatoria podrá establecer mecanismos para que los solicitantes puedan complementar la población de derecho permanente de los términos municipales incluidos en el ámbito del proyecto con su población estacional, siempre que dicha población estacional se justifique debidamente.
Asimismo, el solicitante, en el supuesto de que sea un operador que preste los servicios de abastecimiento, saneamiento o depuración de aguas residuales urbanas en régimen de gestión indirecta, deberá contar previamente con la aprobación de su propuesta por parte del órgano competente de cada uno de los municipios en los que preste los mencionados servicios. En los supuestos de entidades locales y entidades supramunicipales con personalidad jurídica propia, y en los de gestión directa a través de organismo, entidad pública empresarial o sociedad mercantil pública, dicha aprobación será formulada por el órgano de gobierno de estas, según proceda.
3. La convocatoria podrá restringir las ayudas a solo alguno de los grupos mencionados en el apartado anterior, o podrá reservar una cuantía determinada del presupuesto total de la convocatoria para subvencionar actuaciones propuestas por solicitantes que cumplan los requisitos para ser considerados beneficiarios descritos en el apartado 1, pero que no reúnan la exigencia descrita en el apartado 2.
4. Salvo que la convocatoria lo regule de otro modo, cuando para la aplicación de estas ayudas sea necesario calcular el número de habitantes, se tomará el padrón municipal vigente y aprobado por el real decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal al año anterior al de la fecha de presentación de su solicitud, así como el censo oficial proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año 2021. En este sentido, el solicitante individual o la agrupación de solicitantes deberá cumplir el requisito descrito en el apartado 2 del presente artículo, al menos, de acuerdo con la información proporcionada por alguna de las dos referencias descritas. En los casos en que se considere la población estacional para el otorgamiento de la ayuda, se atenderá a lo que se establezca al respecto en la convocatoria.
5. Asimismo, los beneficiarios deberán acreditar, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En el caso de agrupaciones, esta exigencia se aplicará a cada uno de sus componentes. El cumplimiento de los requisitos del apartado 13.2.e) se acreditará mediante los correspondientes certificados administrativos expedidos por los órganos competentes. La presentación de solicitudes conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente pueda obtener de forma directa dichos certificados de manera telemática, en su caso. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
b) No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas p