Categoría: Judicial

, aunque no tienen efecto directo sobre la demanda de amparo, esta parte no considera correctos.
a) Por lo que hace a la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a la justicia cautelar (art. 24.1 CE), esta parte rechaza que la misma se haya producido. Sustenta esta afirmación en la cita de la jurisprudencia constitucional (SSTC 66/1984, 76/1992, 341/1993, 78/1996 y 259/2007, así como los AATC 265/1985, 116/1995 y 95/2000), de la que deduce que: (i) el derecho a la tutela se satisface facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un tribunal y que este con la información y contradicción que resulte menester resuelva sobre la suspensión; (ii) no se impone en todos los casos la suspensión del acto administrativo recurrido pues dicho precepto lo que garantiza es la regular y adecuada prestación jurisdiccional, en un proceso con todas las garantías, por parte de los órganos judiciales; (iii) existe un margen de apreciación del juzgador para conceder o negar, ponderadas las circunstancias del caso, la suspensión pedida; iv) la simple discrepancia del justiciable con respecto a la decisión o decisiones judiciales impugnadas en amparo, que en este caso se han adoptado con todas las garantías procesales, no puede subsumirse en absoluto en la hipótesis de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Aplicando esta doctrina al caso concreto esta parte constata que: (i) la parte actora ha podido formular sus solicitudes cautelares con todas las garantías; (ii) la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha actuado conforme a lo que dispone la legislación vigente en esta materia (art. 130 LJCA); (iii) en los autos impugnados se ha examinado elpericulum in mora, y se ha distinguido entre el perjuicio para los recurrentes y la irreversibilidad del perjuicio causado a los recurrentes por la actuación de la Junta Electoral Central, que es lo que debe examinarse, concluyendo que no se da la nota de irreversibilidad, lo que es patente si se tiene en cuenta que han sido reconocidos como diputados por los órganos de gobierno del Parlamento Europeo; (iv) se ha resuelto de forma razonable y motivada, sin atisbo alguno de arbitrariedad, conforme a la legislación vigente, sobre los intereses en conflicto, dando cumplimiento efectivo del derecho a la tutela judicial efectiva. Insiste esta parte en que no puede tacharse de inmotivada lo que es una mera discrepancia de los razonamientos del órgano judicial y que las exigencias de la Junta Electoral Central a los recurrentes en nada difieren de la práctica habitual y constante desde el año 1986 en relación con los candidatos electos al Parlamento Europeo.
b) También se rechaza la denunciada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por alteración del sistema de fuentes (art. 24.1 CE).
Se argumenta, en este caso, que el art. 8 del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo de 1976, en su redacción dada por la Decisión del Consejo de 25 de junio y 23 de septiembre de 2002, establece que el procedimiento para elección de diputados al Parlamento Europeo se rige por el Derecho nacional, salvo alguna disposición especial que recoja dicha acta electoral, no habiendo precepto alguno en dicha acta que prohíba establecer un requisito como el del acatamiento a la norma fundamental de un Estado miembro, previsto en el art. 224.2 LOREG. En este mismo sentido se pronuncia la STS 723/2020, confirmando que era de aplicación el derecho nacional. En este mismo sentido, se rechaza la aplicación al caso de la doctrina del asuntoFactortame(STJUE de 19 de junio de 1990), ya que esta se refiere a la eficacia del Derecho comunitario y en esta materia es el Derecho nacional el aplicable.
En cualquier caso, el letrado de las Cortes Generales actuante en nombre y representación de la Junta Electoral Central apunta que las consideraciones relativas al derecho aplicable se refieren a la cuestión de fondo y no al proceso cautelar objeto del recurso de amparo. En relación con este último no cabe duda alguna de que resulta aplicable el derecho nacional, y concretamente la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa respecto a la pieza de medidas cautelares impugnada y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional respecto al recurso de amparo (con cita de las SSTC 84/1989 y 28/1991).
Por último, la negativa al planteamiento de las cuestiones prejudiciales solicitadas por la parte demandante, tampoco se considera lesiva del derecho al debido proceso por alteración del sistema de fuentes, invocándose en este sentido la STC 137/2019. Así, para que la exigencia de plantear cuestión prejudicial tenga efecto es preciso que el órgano nacional estime necesaria una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como elemento previo a la emisión de fallo del órgano nacional y, en este caso, esa apreciación no concurre porque el órgano judicial ni siquiera ha podido analizar el fondo del asunto. Además, entiende esta parte que nos encontramos ante decisiones en un proceso cautelar, que, por su propia naturaleza, tiene un carácter sumario y exigen una resolución inmediata, que resulta escasamente compatible con el planteamiento de una cuestión prejudicial europea. Este mismo criterio debería proyectarse a la solicitud de cuestiones prejudiciales que se realiza al Pleno del Tribunal Constitucional.
c) La tercera queja, relativa a la vulneración del «derecho al juez imparcial» en aplicación el artículo 44.1 c) LOTC, es considerada inadmisible por esta parte. Se entiende que esta queja debe ser inadmitida a trámite dado el carácter subsidiario que tiene el proceso de amparo, y habida cuenta de que los interesados no solicitaron la recusación de este magistrado durante el proceso contencioso-administrativo, tal y como se reconoce expresamente en el propio escrito de demanda.
14. El fiscal ante el Tribunal Constitucional, mediante escrito presentado el 5 de octubre de 2020, presenta sus alegaciones tras exponer detalladamente los antecedentes fácticos del caso, identificando el objeto preciso del recurso de amparo.
En las alegaciones previas, el Ministerio Fiscal sostiene que, tras el reconocimiento de la condición de diputados al Parlamento Europeo de los dos recurrentes en amparo, y su toma de posesión el 13 de enero de 2020 se ha producido una solución extraprocesal de la pretensión principal de los recurrentes en el proceso de origen, que deriva en que la adopción de medidas cautelares habría perdido objeto, tal y como se pone de manifiesto en el ATC 69/2020, de 14 de julio. Junto a ello se entiende que han perdido virtualidad las medidas cautelares que fueron en su momento denegadas por el Tribunal Supremo en cuanto que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia desestimatoria núm. 723/2010, de 10 de junio. A pesar de estas consideraciones, entiende la fiscalía que el recurso de amparo no ha perdido su objeto porque las resoluciones impugnadas surtieron efectos durante un periodo anterior a que la denegación de dichas medidas cautelares perdiera toda virtualidad que subsiste la necesidad de un pronunciamiento de fondo del Tribunal Constitucional sobre la pretensión deducida por los recurrentes en amparo de que los autos denegatorios de las medidas cautelares vulneraron su derecho a la tutela judicial cautelar, en conexión con el derecho al ejercicio del cargo parlamentario, sin perjuicio del alcance que pudiera tener ese pronunciamiento, en el caso de estimación del recurso, que quedaría limitado a efectos declarativos.
a) Por lo que hace a la denuncia de la vulneración del derecho a la tutela cautelar, el Ministerio Fiscal descarta su concurrencia partiendo de lo contenido en la STC 38/2018 y de la afirmación de que el control sobre la garantía de tutela cautelar es un control externo de las resoluciones judiciales en cuestión, limitado a comprobar que se trata de resoluciones correctamente fundadas en derecho. Siendo el canon de control de constitucionalidad el de ser resoluciones debidamente motivadas, se trata de un canon reforzado en cuanto que el pronunciamiento afecta a derechos fundamentales sustantivos, como son los de representación política de los recurrentes (por todas, STC 11/2020, de 28 de enero, FJ 1).
La proyección de este canon reforzado a las resoluciones impugnadas, permite asegurar que los autos dictados el 16 de julio y el 25 de septiembre de 2019 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, son resoluciones judiciales debidamente motivadas, que han dado respuesta a las pretensión de los recurrentes respecto de la suspensión cautelar de las resoluciones objeto principal del recurso núm. 278/2019. La Sala ha expuesto en sus autos las razones legales por las que no podía considerar justificada la adopción de las medidas cautelares solicitadas, dando una respuesta exhaustiva a los argumentos con los que los recurrentes trataban de sustentarlas, descartando que concurran los presupuestos de garantía de la finalidad legítima del recursopericulum in moray de apariencia de buen derechofumus boni iuris.
Entiende el Ministerio Fiscal que el Tribunal Supremo no ha desconocido la afectación del derecho de sufragio de los recurrentes, sino que ha realizado una ponderación de los intereses legítimos concurrentes en el juicio cautelar de acuerdo con lo previsto en el art 130 LJCA. En virtud de esa ponderación la Sala de lo Contencioso ha considerado que, no teniendo el perjuicio de los recurrentes carácter irreparable o irreversible, puesto que los acuerdos de la Junta Electoral Central no les privaban de su escaño definitivamente, y no pudiendo considerarse que el perjuicio fuera desproporcionado, en atención a la duración del mandato de los diputados al Parlamento Europeo y el tiempo previsible en el que el proceso contencioso de derechos fundamentales debía tener resolución, se había de otorgar preferencia al interés general concurrente relativo al cumplimiento de las normas legales que regulan el procedimiento electoral de las elecciones al Parlamento Europeo y, en particular, el art. 224.2 LOREG, que ha venido siendo aplicado sin controversias y de manera uniforme a todos los candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo, cuya vigencia quedaría suspendida temporalmente de aceptarse la adopción de las medidas cautelares.
Las decisiones impugnadas, además, se ajustan a la jurisprudencia constitucional en relación con la tutela cautelar, teniendo en cuenta que esa jurisprudencia sostiene que, en ningún caso, el examen cautelar puede entrar al análisis de la concurrencia de apariencia de buen derecho de la pretensión ejercitada, ni suponer una anticipación de la resolución que deba dictarse en el recurso (entre otros, AATC 57/2010, 16/2019, 26/2019 y 65/2019). En el supuesto del que trae causa el presente recurso de amparo las medidas cautelares solicitadas, así como los argumentos en que se sustentaba su procedencia, suponían una anticipación de la resolución que debía dictarse por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el fondo de la cuestión suscitada, al pretender a través de las medidas obtener la remoción de la situación jurídica creada por los acuerdos de la Junta Electoral Central de 20 de junio de 2019.
b) La fiscalía ante el Tribunal Constitucional descarta, asimismo, la denunciada vulneración del derecho fundamental al proceso debido, vinculado a la alteración del sistema de fuentes. Los recurrentes sustentan esta denuncia en la consideración de que las resoluciones impugnadas han prescindido del Derecho de la Unión que era aplicable, debiendo haberse planteado además una serie de cuestiones prejudiciales.
En lo relativo a la alteración del sistema de prelación de fuentes, el Ministerio Fiscal sostiene que la cuestión de la aplicación prioritaria del Derecho de la Unión es el problema de fondo controvertido, por lo que no corresponde al trámite del juicio cautelar entrar en la concurrencia de apariencia de buen derecho para fundar la adopción de medidas cautelares, ni anticipar la resolución sobre el fondo. Y en lo que hace a la obligación de plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acudiendo a la doctrina contenida en el STC 37/2019, FJ 4, la fiscalía concluye que la negativa del Tribunal Supremo a plantear en el incidente de medidas cautelares, la cuestión prejudicial de conformidad con el art 267 TFUE, no puede considerarse una respuesta carente de racionalidad o arbitraria, que vulnere las garantías del proceso debido por no acudir al interprete auténtico del derecho europeo elevando el incidente prejudicial, puesto que lo que se planteaba era la necesidad de elevar cuestión prejudicial sobre el tema de fondo, no pudiendo ser resuelto esto de manera anticipada en el incidente cautelar.
c) Por último, la denuncia relativa a la vulneración del derecho al juez imparcial del art. 24.2 CE, incurre en causa de inadmisibilidad al ser prematura, porque se acude en amparo constitucional alegando dicha vulneración del juez imparcial, tras dictarse resolución en el incidente cautelar, cuando aún está abierto y en tramitación el pleito principal, en el que puede hacerse valer la falta de imparcialidad de uno de los componentes de la Sala (en este sentido, AATC 38/2019 y 23/2020). Además la no utilización voluntaria de los mecanismos legalmente procedentes para denunciar posibles vulneraciones de derechos fundamentales ante los órganos judiciales, a quienes corresponde su protección primaria, no permite acudirper saltumante el Tribunal Constitucional para denunciar en amparo las lesiones de derechos fundamentales que no se denunciaron en sede judicial.
15. Por providencia de 22 de febrero de 2022, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 24 del mismo mes y año.
Único. El recurso de amparo tiene por objeto dos autos, de 16 de julio y de 25 de septiembre de 2019, dictados por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la pieza separada de medidas cautelares abierta en el marco del recurso núm. 278-2019. Los autos rechazan adoptar las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes esto es: (i) la suspensión cautelar de los dos acuerdos de la Junta Electoral Central de 20 de junio de 2019 impugnados en el procedimiento principal (expedientes núms. 561-72 y 561-73); (ii) la declaración cautelar de que la no realización del acto de acatamiento de la Constitución (exart. 224.2 LOREG), no constituye un impedimento legal para la toma de posesión de los escaños al Parlamento Europeo; (iii) el tener por efectuado, subsidiaria y provisionalmente, el acto de acatamiento de la Constitución ante la Junta Electoral Central realizado en su momento. Al recurrir en reposición el auto de 16 de julio, se añadieron a las peticiones iniciales dos más: (i) el planteamiento de ocho cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con la compatibilidad entre el art. 224 LOREG y el Derecho de la Unión; (ii) la petición de abstención de uno de los magistrados de la Sección por concurrir las causas contempladas en el art. 219.1.9 LOPJ. Todas las pretensiones, incluidas las dos adicionales, fueron desestimadas por auto de 25 de septiembre de 2019. En la demanda los recurrentes imputan a los dos autos objeto del recurso la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión del derecho a la tutela cautelar (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a obtener una resolución fundada en derecho (art. 24.1 CE), ambos infringidos por la decisión de la instancia de no estimar las pretensiones cautelares, sin tener en cuenta la necesidad de priorizar el Derecho de la Unión en la concesión de las medidas. Asimismo, se aduce que el auto de 25 de septiembre vulnera el derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE), vulneración asociada a la intervención en el procedimiento de un magistrado incurso en causas de abstención, al que no se ha apartado de la causa, no habiéndose reconocido la lesión cuando se invoca al presentar el recurso de reposición.
Respecto de la invocación del derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE), tanto el letrado de la Junta Electoral Central, como el fiscal ante el Tribunal Constitucional formulan la concurrencia de óbices procesales relacionados con la falta de respeto del principio de subsidiaridad que caracteriza al recurso de amparo constitucional, si bien las alegaciones de cada una de estas partes no son absolutamente idénticas.
De lo expuesto en los antecedentes [2 j)] se deduce, y así se reconoce incluso en el escrito de demanda [antecedente 3 B)], que la denuncia relativa a la falta de imparcialidad del magistrado señor Requero Ibáñez se plantea por primera y única vez cuando se eleva el recurso de reposición frente al auto de 16 de julio de 2019, que desestimó la solicitud de medidas cautelares, sin que en ningún momento se formalizara el oportuno escrito de recusación. Siendo esto así, el Tribunal Constitucional no puede entrar a valorar si existió en la instancia la vulneración denunciada, porque no se ha dado cumplimiento a la exigencia procesal de admisibilidad contenida en el art. 44 c) LOTC, consistente en «que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello».
Cuando se denuncia como vulnerado el derecho al juez imparcial, contemplado en el art. 24.2 CE, la jurisprudencia constitucional consolidada interpreta la exigencia procesal de previa invocación, afirmando que: (i) el instrumento primordial para preservar el derecho a la imparcialidad del juzgador es la recusación; (ii) que el derecho a plantearla está sujeto a configuración legal; (iii) y que forma parte de tal configuración legal la obligación de que, quien denuncia la falta de imparcialidad del juzgador, proponga la recusación tan pronto como se tenga conocimiento de la existencia de la causa que la funde (en este sentido, véase la STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5, y jurisprudencia allí citada). De modo tal que la falta de interposición del incidente de recusación, equivale a la ausencia de denuncia formal en el proceso, una vez existió la oportunidad para ello, de la vulneración del derecho al juez imparcial.
Los recurrentes alegan que el incidente de recusación es un recurso inefectivo en este caso, en el sentido de lo previsto en el art. 13 CEDH, por lo que su interposición no era necesaria para considerar invocado en tiempo y forma el derecho fundamental. Pero esta consideración, formulada con un alto grado de abstracción en la demanda, no tiene en cuenta el alcance completo de la jurisprudencia de Estrasburgo, y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos razona que un recurso interno efectivo debe permitir a la autoridad competente tratar el fondo de la petición y otorgar una reparación apropiada, sin que ello deba garantizar necesariamente un resultado favorable para el peticionario (STEDH de 25 de marzo de 1983, asuntoSilver y otros c.el Reino Unido, § 113). De hecho la sospecha de que el incidente en cuestión no tenga visos de ser estimado, a la vista de las circunstancias particulares, en nada le priva de efectividad en el sentido del art. 13 CEDH (en este sentido, STEDH de 28 de octubre de 1994, asuntoMurray c. Reino Unido, § 100).
En el caso que nos ocupa, el incidente de recusación era un remedio efectivo a la luz del art. 13 CEDH, porque se trata de un recurso ante una instancia competente, que ofrece al justiciable la posibilidad de obtener el examen de una queja defendible basada en la Convención (SSTEDH de 27 de abril de 1988, asuntoBoyle y Rice c. Reino Unido, § 52; de 21 de febrero de 1990, asuntoPowell y Rayner c. Reino Unido, § 31; de 21 de enero de 2011, asuntoM.S.S. c. Bélgica y Grecia, § 288) y, eventualmente, la reparación adecuada. Que no tiene que pasar, debe insistirse en ello ante los argumentos contenidos en la demanda, por la estimación de la pretensión defendida por quien hace uso del recurso (STEDH de 6 de marzo de 2001, asuntoHilal c. Reino Unido, § 78).
Por lo demás, la definición legal del incidente de recusación encaja en la noción de recurso efectivo a la luz del Convenio europeo de derechos humanos, al tener por finalidad lograr el adecuado desarrollo de un procedimiento judicial interno, sobre el que no se cierna la duda de la ausencia de garantías suficientes. Como sostiene la jurisprudencia constitucional, la exigencia de interponer la recusación lleva aparejada la carga de impugnar la idoneidad subjetiva del juzgador con premura, limitándose, o excluyéndose «la posibilidad de la invocación tardía de la causa de recusación cuando esta se dirija, no ya a apartar aliudex suspectusdel conocimiento del proceso, sino a anular lo ya decidido definitivamente por él. Precisamente por ello el art. 223.1 LOPJ requiere, por razones inmanentes al proceso mismo en el que se trata de hacer valer el derecho a la imparcialidad judicial, un obrar diligente de la parte a la hora de plantear la recusación, so pena de verse impedida para hacer valer la causa de recusación como causa de nulidad de la sentencia. Existen, pues, muy poderosas razones para impedir que la alegación de las causas de recusación que traducen dudas sobre la imparcialidad subjetiva de un tribunal se exteriorice una vez conocida la resolución final del proceso desfavorable a los intereses de la parte, cuando esta abrigaba tales dudas con anterioridad a que se emitiera el fallo. Resulta, en consecuencia, constitucionalmente lícita la aplicación de un criterio riguroso a la hora de enjuiciar tanto si la parte obró con diligencia para hacer valer la recusación en un momento anterior a la sentencia, como la realidad de la concurrencia de la causa de recusación que eventualmente se invoque» [STC 184/2021, de 28 de octubre, FJ 6 e), en el mismo sentido SSTC 122/2021, de 2 de junio, FJ 7, y 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5].
En suma, el motivo de amparo expuesto incurre en causa de inadmisibilidad por no haber denunciado «formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello» [art. 44.1 c) LOTC], siendo el instrumento para esa denuncia formal relativa a la falta de imparcialidad judicial el incidente de recusación previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (SSTC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4; 28/2007, de 12 de febrero, FJ 3; 44/2009, de 12 de febrero, FJ 3, o 178/2014, de 3 de noviembre, FJ 2). Un incidente que integra las condiciones necesarias para ser considerado como recurso efectivo desde la perspectiva del art. 13 CEDH y que los recurrentes tuvieron ocasión de interponer, decidiendo no hacerlo. Y no solo se trata de que el incidente de recusación sea el cauce adecuado, es que además es el cauce necesario, en tanto que deviene «presupuesto procesal de un posterior recurso de amparo en defensa del derecho fundamental al juez imparcial, pues normalmente ese incidente es el que permite invocar el derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida la vulneración hubiese lugar para ello y simultáneamente agotar los recursos utilizables dentro de la vía judicial» (SSTC 384/1993, de 21 de diciembre, FJ 2, y 210/2001, de 29 de octubre, FJ 3).
Por lo que hace a la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión del derecho a la tutela cautelar (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a obtener una resolución fundada en derecho (art. 24.1 CE), ambos infringidos por la decisión de la instancia de no estimar las pretensiones cautelares, este tribunal aprecia la desaparición sobrevenida del objeto del recurso de amparo.
Las medidas cautelares denegadas en la instancia, como hemos recordado en el fundamento jurídico primero, son, por lo que ahora nos interesa: (i) la suspensión cautelar de los dos acuerdos de la Junta Electoral Central de 20 de junio de 2019 impugnados (expedientes núms. 561-72 y 561-73); (ii) la declaración cautelar de que la no realización del acto de acatamiento de la Constitución (exart. 224.2 LOREG), no constituye un impedimento legal para la toma de posesión de los escaños al Parlamento Europeo; (iii) el tener por efectuado, subsidiaria y provisionalmente, el acto de acatamiento de la Constitución ante la Junta Electoral Central realizado en su momento. La finalidad declarada de todas esas medidas era permitir a los recurrentes en amparo, señores Carles Vega y Antoni Comí, tomar posesión de sus actas como diputados europeos y acceder al ejercicio del cargo electivo de europarlamentarios, a pesar de no haber dado cumplimiento al trámite previsto en la legislación interna para hacer posible tal asunción.
Tal y como se relata en el antecedente 2 m), el 13 de enero de 2020, el Parlamento Europeo, de conformidad con lo contenido en la previa STJUE 19 de diciembre de 2019, asuntoJunqueras Vies(C-502/19), toma en consideración la elección de los señores Puigdemont y Comín como diputados del Parlamento Europeo, con efectos a partir del 2 de julio de 2019. En ese momento ya se había planteado la demanda de amparo que da origen al presente procedimiento, en cuya tramitación ya se puso de manifiesto, como se refleja en el antecedente 5, que la petición de suspensión interesada en la demanda se hacía innecesaria a resulta de las consecuencias derivadas de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 y 20 de diciembre de 2019, y de la sucesiva integración de los recurrentes en su puesto de europarlamentarios. Si bien estas consideraciones se referían a la suspensión cautelar solicitada en la oportuna pieza separada del recurso de amparo, las mismas son obviamente predicables de la pieza de medidas cautelares abierta en la instancia y de la que trae causa el presente procedimiento de amparo.
Por tanto, las medidas cautelares solicitadas han encontrado satisfacción en la decisión del Parlamento Europeo, fechada el 13 de enero de 2020, de tomar en consideración la elección de los Sres. Puigdemont y Comín como diputados del Parlamento Europeo, con efectos a partir del 2 de julio de 2019. Esto significa que la pieza de cautelares de la instancia perdió su objeto en el mismo instante en que se reconoció la condición de europarlamentarios a los recurrentes en amparo.
Y, en el caso concreto que ahora nos ocupa, la satisfacción extraprocesal de la pretensión de cautelares en la instancia, que hace perder el objeto a este procedimiento incidental, se comunica también al recurso de amparo.
La jurisprudencia constante de este tribunal en materia de tutela cautelar, sostiene que «no toda vulneración de normas y derechos procesales producida en los procesos relativos a la adopción y ejecución de medidas cautelares es susceptible de convertirse en objeto del recurso de amparo» (STC 159/2008, de 12 de diciembre, FJ 2 y jurisprudencia allí citada). Así la denuncia de la vulneración de la tutela cautelar será objeto del amparo cuando «lo que se recurre es ‘un acto u omisión judicial que venga a negar decisivamente la protección procesal de los derechos e intereses legítimos cuya tutela se pretende ante los Tribunales’ (STC 237/1991, FJ 2), o, en otras palabras, cuando afecta a una medida cautelar que pretenda evitar un daño sobre los derechos e intereses controvertidos en el proceso principal que de producirse llevaría a que el objeto de esos derechos o intereses desapareciera o resultara tan gravemente afectado que sus titulares, aunque obtuviesen una resolución de fondo favorable, no podrían ejercerlo o, cuando menos, no podrían desarrollar todas las facultades que lo conformaban inicialmente» (STC 159/2008, FJ 2). Esa limitación en la conformación del objeto del recurso de amparo deriva del hecho de que, desde la perspectiva de esta garantía constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, «la finalidad constitucionalmente protegida de las medidas cautelares no es otra, como ya se ha dicho, que la de asegurar la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial relativo precisamente a los derechos e intereses legítimos llevados ante los jueces y tribunales en el proceso principal» (STC 159/2008, FJ 2).
En el concreto supuesto que constituye la base fáctica del presente recurso de amparo, el reconocimiento de la condición de eurodiputados de los recurrentes, producida el 13 de enero de 2020, pero con efectos retroactivos a contar desde el 2 de julio de 2019, teniendo en cuenta que la primera resolución impugnada data de 16 de julio de 2019, se traduce en que la efectividad del pronunciamiento de fondo en materia de protección de los derechos invocados, no dependía de la estimación o no de las medidas cautelares. De hecho la sentencia de fondo se emite el 10 de junio de 2020 (procedimiento ordinario núm. 271-2020), cuando los recurrentes ya estaban ejerciendo sus labores como eurodiputados.
Esta circunstancia determina la extinción del presente recurso de amparo por pérdida sobrevenida de objeto debida a una satisfacción extraprocesal de las pretensiones contenidas en la pieza separada de medidas provisionales. Satisfacción dada por la decisión del Parlamento Europeo de 13 de enero de 2020.
A esos efectos, es preciso recordar que es reiterada la jurisprudencia constitucional sobre que (i) la desaparición sobrevenida del objeto del proceso, aun cuando no contemplada expresamente en el artículo 86.1 LOTC, es una de las formas de terminación de los distintos procesos constitucionales, y (ii) que el recurso de amparo se configura como un remedio jurisdiccional idóneo únicamente para la reparación de lesiones singulares y efectivas de los derechos fundamentales, por lo que cuando la pretensión dirigida al restablecimiento o la preservación de aquellos derechos se ha visto satisfecha fuera del propio proceso de amparo, debe concluirse que este carece desde ese momento de objeto sobre el que deba pronunciarse este tribunal (así, por ejemplo, STC 52/2019, de 11 de abril, FJ 2, posteriormente reiterada en la STC 161/2020, de 16 de noviembre, FJ único).
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
1.º Inadmitir el presente recurso de amparo en lo que respecta a la alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en la vertiente del derecho a un juez imparcial, por falta de invocación tempestiva [art. 44.1 c) LOTC].
2.º Declarar la extinción del recurso de amparo interpuesto por don Carles Vega i Casamajó y don Antoni Caballero i Oliveres, por pérdida sobrevenida de objeto, respecto de la invocación del derecho a la tutela cautelar (art. 24.1 CE) y a la obtención de una resolución motivada (art. 24.1 CE).
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.–Pedro José Castro Márquez Antonio Gómez Castillos.–Santiago Muñoz García.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Gutiérrez-Pumpido Carmona.–María Luisa Balaguer Cabrera Sáez Valcárcel.–Enrique Pascual Vázquez.–Concepción Espejel Bravo García Moya.–Firmado y rubricado.