Categoría: Administración

29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad financiada.
La actividad que constituye el objeto de la ayuda es la extensión de la cobertura de la banda ancha ultrarrápida de al menos 300 Mbps, tanto en sentido descendente como ascendente, a través del despliegue de las infraestructuras fijas de redes de acceso y la asunción por el beneficiario de la obligación de su explotación por un periodo de al menos cinco años, tal como establece el artículo 14.6 de esta orden, para la prestación de servicios de banda ancha ultrarrápida.
No tendrá la consideración de subcontratación la contratación por parte del beneficiario de aquellas actividades, ajenas a su actividad típica, que se limiten a la construcción de redes siempre y cuando el beneficiario ostente la titularidad de las mismas y sea el responsable de su explotación. Éstas tendrán la consideración de gastos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el artículo 14 de esta orden.
2. El beneficiario podrá subcontratar con terceros la ejecución de parte de la actividad subvencionada, siempre y cuando el coste de la subcontratación no supere el 50 por ciento del importe total de la misma.
La subcontratación se ajustará a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 68 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en cualquier disposición tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudiera resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
3. Cuando la subcontratación exceda del 20 por ciento del importe de la ayuda y dicho importe sea superior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y su celebración se entenderá autorizada por el órgano concedente de la ayuda, cuando se publique la resolución de la concesión. En cualquier caso, en los contratos se mencionará si existe o no vinculación entre las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, para salvaguardar el efecto incentivador, el contrato no podrá haber sido firmado antes de la presentación de la solicitud.
4. Cuando la subcontratación no vaya a iniciarse en el año de concesión de la ayuda y en el momento de aceptación de la misma el beneficiario no haya seleccionado el contratista, la resolución de concesión condicionará la autorización de la subcontratación que supere las cifras señaladas en el apartado anterior a que en el contrato a firmar se respete lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. A tal efecto, el beneficiario presentará una declaración responsable en el momento de aceptación de la ayuda propuesta. El contrato y las ofertas preceptivas se remitirán en el momento de la justificación de la ayuda.
5. El subcontratista deberá cumplir los mismos requisitos que se exigen para ser beneficiario de la ayuda. No podrá realizarse la subcontratación del proyecto con personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 29.7 de la referida Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las entidades subcontratadas estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el artículo 10 en lo que se refiere a la actividad subcontratada, debiendo los subcontratistas presentar las declaraciones responsables sobre el cumplimiento de los principios transversales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se establezcan en las convocatorias. Asimismo, el beneficiario deberá prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar daño significativo» (principioDo No Significant Harm-DNSH).
1. Las ayudas que se otorguen al amparo de esta orden consistirán en una subvención con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y al capítulo 7, servicio 50, de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. Las ayudas que se otorguen al amparo de esta orden no son compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.
3. La cuantía de la subvención no podrá ser superior, en ningún caso, al coste de las inversiones y gastos subvencionables a las que se refiere el artículo 14.
4. En todo caso, no podrá realizarse el pago de la subvención cuando el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
1. Las subvenciones que se concedan se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se determinen en las correspondientes convocatorias.
2. Se entiende por intensidad de ayuda el importe bruto de la ayuda, expresado en un porcentaje del presupuesto financiable del proyecto. Todas las cifras empleadas se entenderán antes de deducciones fiscales o de otro tipo.
3. La intensidad máxima de las ayudas previstas en esta orden no podrá superar el 95 por ciento del coste de todos los conceptos subvencionables ni las previsiones de déficit comercial del proyecto a largo plazo en ausencia de ayuda. En las convocatorias se establecerán los importes máximos de intensidad de ayuda en cada ámbito de concurrencia en función de los objetivos mínimos fijados y de las mayores o menores necesidades de intensidad de ayuda.
4. En aplicación de lo previsto en el artículo 2.a) del RGEC, el presupuesto anual de la subvención no superará el límite de 150 millones de euros. La cuantía individualizada para cada ámbito de concurrencia se determinará en función de las unidades inmobiliarias que se hayan identificado como serviciables en ese ámbito. Ambos importes se definirán en cada convocatoria de ayudas.
5. Para evitar una sobrecompensación posterior, las resoluciones de otorgamiento de las ayudas podrán incluir una cláusula de revisión del importe de la ayuda en la que se contemple la devolución de la parte causante de dicha sobre compensación, en función del tipo de proyecto y de las incertidumbres de previsión de la demanda. Cuando el importe de la ayuda supere los 10 millones de euros, esta cláusula será preceptiva.
1. Las ayudas se destinarán a cofinanciar inversiones y gastos que estén directamente relacionados y sean necesarios para la realización de los proyectos que resulten seleccionados, que se materialicen en el período que va desde la presentación de la solicitud hasta la fecha de finalización del proyecto, que exista constancia documental sobre su realización y que sean conformes con la normativa nacional y comunitaria aplicable. En ningún caso serán elegibles las inversiones y gastos que se hubieran comprometido o realizado con anterioridad a la presentación de la solicitud.
Se consideran inversiones y gastos elegibles los siguientes conceptos asociados al proyecto:
1) Infraestructuras pasivas y obra civil.
2) Equipamiento activo.
3) Gastos de personal propio.
4) Costes indirectos imputables al proyecto.
2. En las convocatorias se podrán incluir instrucciones u orientaciones detalladas sobre inversiones y gastos financiables y no financiables.
3. En la resolución de concesión se determinará el presupuesto financiable asociado a cada concepto susceptible de ayuda.
En aplicación de lo previsto en el artículo 7.1 del RGEC así como del párrafo 18 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, en relación con la posibilidad de aplicación de las normas en materia de simplificación relativas a la financiación no vinculada a los costes a que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo:
– En la convocatoria se podrán establecer opciones de costes simplificados para los conceptos de «infraestructuras pasivas y obra civil» y »equipamiento activo», pudiendo aplicarse el sistema de costes simplificados de baremos estándar de costes unitarios;
– adicionalmente, por tratarse de una actuación encuadrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Consejo en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, en aplicación de lo previsto en el párrafo 7.1 del RGEC, los importes de los costes subvencionables correspondientes a los gastos de personal propio y a los costes indirectos imputables al proyecto se calcularán con arreglo a opciones de costes simplificados que figuran en el Reglamento (UE) 1303/2013. En concreto, se aplica la modalidad de costes simplificados de financiación a tipo fijo, para los gastos de personal propio se establece un máximo de un veinte por ciento de los costes directos y para los costes indirectos se establece un máximo de un quince por ciento de los gastos de personal propio.
4. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.
La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo existir justificación cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
5. En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
6. Las infraestructuras y equipos que sean objeto de ayuda deberán permanecer afectos al fin concreto del proyecto durante un periodo mínimo de cinco años, contados a partir de la finalización del mismo, o hasta el final de su vida útil si esta fuera menor de cinco años. En cualquier caso, debe respetarse lo establecido en el artículo 7.3 en relación con la duración de las obligaciones de acceso mayorista.
1. El órgano competente para convocar las ayudas referidas en esta orden será la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, sin perjuicio de que la convocatoria para el ejercicio 2023 se apruebe conjuntamente con las propias bases, de conformidad con previsto en el artículo 61.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban las medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. El órgano competente para instruir el procedimiento de concesión de las ayudas será la Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
3. El órgano competente para resolver será la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
4. El órgano competente de seguimiento de ayudas dentro de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual será el órgano gestor y encargado del seguimiento de las ayudas.
5. La Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será la encargada de la gestión económica-presupuestaria de los gastos e ingresos correspondientes a los créditos presupuestarios destinados a la financiación del programa y del seguimiento de las obligaciones financieras contraídas por los beneficiarios de las ayudas.
6. La orden de incoación de expediente sancionador por incumplimiento de lo previsto en esta orden, en la correspondiente convocatoria o en la normativa en materia de subvenciones será dictada por el Subdirector General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales. La resolución del expediente sancionador será dictada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
7. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones, en la concesión de subvención, así como el personal que haya redactado estas bases deberán firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales dispone de un procedimiento en materia de conflicto de interés aplicable, de acuerdo con lo establecido en Orden HFP/1030/2021 y en la Orden HFP/55/2023, que incluye de forma expresa, los mecanismos para abordar y corregir los conflictos de interés que puedan plantearse.
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y se iniciará de oficio por el órgano competente para convocar las ayudas.
2. Las convocatorias detallarán al menos el contenido mínimo previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Su publicación se realizará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, el anuncio de la convocatoria se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
3. De conformidad con el artículo 6.6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, el procedimiento de otorgamiento de subvenciones será objeto de suspensión inmediata en el caso de que, en su transcurso, se detecte un posible fraude o sospecha fundada del mismo. Todo ello a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de notificación, comunicación, denuncia y demás medidas previstas en el citado precepto, así como en el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ámbito del PRTR y el plan de control interno aprobado por el Comité Antifraude previsto en el citado Plan.
La suspensión del procedimiento que, en su caso, se acuerde, se decidirá con sujeción y al amparo de la Ley General de Subvenciones y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y será notificada a todos los interesados y al Comité Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para su evaluación y, en su caso, remisión a las autoridades competentes para la exigencia de las responsabilidades administrativas, patrimoniales, contables o penales que procedan.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación electrónica de este procedimiento será obligatoria en todas sus fases.
Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a estas ayudas deberán presentarse en el registro electrónico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
2. Los sistemas de firma electrónica que se podrán utilizar serán los que estén disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
3. El solicitante podrá acceder, con el mismo sistema de firma con el que presentó la solicitud, a la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
4. La publicación de las resoluciones provisionales y definitivas, así como de las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores y de los demás actos del procedimiento, en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La publicación deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, exige respecto de las notificaciones. Sera también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo.
Adicionalmente a la publicación, se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario de avisos a la dirección de correo electrónico que este haya comunicado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. En aquellos casos en los que, como resultado de las fases de justificación y comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7. Los formularios y los modelos para las declaraciones responsables y demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, así como las herramientas a utilizar para los sistemas de identificación de los interesados y de firma electrónica admitidos, estarán disponibles en la mencionada sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando proceda.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
Los solicitantes no estarán obligados a presentar datos o documentos que hubieran aportado anteriormente a cualquier administración o documentos que hubieran sido elaborados por estas, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8. La validez y eficacia de las copias de los documentos originales que deban aportar se regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Las personas físicas que actúen en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de las ayudas deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. El firmante de la solicitud de ayuda deberá acreditar que en el momento de la presentación de la solicitud tiene representación suficiente por cualquier medio válido en derecho que deje constancia de su existencia, entre otros, los previstos en el artículo 32.3 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
También deberá acreditarse la representación para la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones, la interposición de recursos, el desistimiento de acciones y la renuncia a derechos. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de cinco días hábiles. La no subsanación, dará lugar a que al interesado se le dé por desistido de su solicitud, mediante resolución.
3. La capacidad de representación podrá acreditarse también mediante certificado electrónico cualificado de representante, de conformidad con lo previsto en el artículo 32.4 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
4. El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento la acreditación de la representación que ostenten.
1. Las fechas de inicio y finalización del plazo de presentación de solicitudes se señalarán en cada convocatoria.
2. La presentación de solicitudes fuera del plazo establecido darán lugar a su inadmisión.
1. El formulario de solicitud, los modelos de declaraciones responsables y demás documentos electrónicos necesarios para cumplimentar y presentar las solicitudes de ayuda, estarán disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
2. La solicitud consta de dos elementos indisociables: la solicitud-cuestionario de ayuda y la memoria del proyecto. La solicitud-cuestionario se cumplimentará necesariamente con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la mencionada la sede electrónica, de acuerdo con las instrucciones publicadas a tal efecto en el mismo. La memoria del proyecto deberá ajustarse al contenido mínimo que, en su caso, se establezca en la convocatoria.
3. Tal y como se establece en el artículo 17.1, las solicitudes de ayuda serán presentadas en el registro electrónico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
4. Las solicitudes se presentarán mediante los sistemas de firma electrónica previstos en el artículo 17.2. La firma electrónica con la que se firme la solicitud deberá corresponder con la de la persona que asuma la representación de la entidad que solicita la ayuda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.
5. A la solicitud citada, se acompañará acreditación válida del poder de representación del firmante de la solicitud, según lo señalado en el artículo 18. En el caso de representación mancomunada, deberá aportarse asimismo una copia digitalizada de la solicitud firmada electrónicamente por cada uno de los representantes mancomunados, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en las respectivas convocatorias.
6. La solicitud incluirá los datos de la entidad solicitante y las declaraciones responsables sobre el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, necesarios para ser beneficiario de las ayudas.
Asimismo, se adjuntarán a cada solicitud las declaraciones responsables correspondientes al cumplimiento de los compromisos y obligaciones transversales establecidos en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en la normativa de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia según los modelos que se incluyan en la correspondiente convocatoria.
7. Asimismo, junto con la solicitud se deberá aportar la acreditación de que el solicitante reúne la condición de operador debidamente habilitado. Para ello, bastará con indicar el nombre, servicio y fecha de resolución que figura en el correspondiente Registro de Operadores, para su comprobación por el órgano instructor.
8. También se deberá adjuntar con la solicitud la información o los documentos que permitan acreditar la solvencia económica y la solvencia técnica o profesional del solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.b) de esta orden.
9. De conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la presentación de la solicitud para la obtención de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la actividad desarrollada, así como del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados electrónicos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.
10. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder del órgano competente para la instrucción del procedimiento, debiéndose indicar en la solicitud-cuestionario el número del expediente en el que fueron aportados.
11. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de cinco días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. La composición de la Comisión de evaluación será la siguiente:
a) Presidente: El Subdirector General de Ordenación de las Telecomunicaciones.
b) Vicepresidente primero: El Subdirector General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
c) Vicepresidente segundo: El Subdirector General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico.
d) Vocales: Un representante, con rango mínimo de Subdirector General Adjunto o equivalente, designado por cada uno de los siguientes órganos directivos:
1.º La Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital
2.º La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
3.º La Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
e) Secretario: Un funcionario de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, nombrado por el Presidente, con voz, pero sin voto.
2. La comisión de evaluación regirá su funcionamiento por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Los componentes de la Comisión de evaluación aportarán declaración de ausencia de conflicto de intereses en la reunión de constitución de la citada Comisión, conforme al modelo DACI previsto en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. Todo empleado público que considere que en su labor de gestión de fondos públicos «NextGenerationEU» se pueda plantear un conflicto de interés, deberá abstenerse de continuar, de conformidad con el artículo 53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y con el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
1. En esta fase el órgano instructor verificará el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) El solicitante acredita reunir la condición de operador debidamente habilitado.
b) El solicitante acredita la solvencia técnica y económica necesaria para el desarrollo del proyecto.
Para un determinado proyecto se considerará acreditada la solvencia económica del solicitante cuando el presupuesto financiable del proyecto para el que se solicita la ayuda sea menor que el volumen de las inversiones anuales de los últimos tres ejercicios o inferior al patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. Cuando, en una determinada convocatoria, un mismo operador presente solicitudes para varios proyectos, la solvencia económica del solicitante en relación con cada proyecto se considerará acreditada cuando la suma de los presupuestos financiables de todos sus proyectos no supere el volumen de las inversiones anuales de los últimos tres ejercicios o el patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. En caso de que se superen ambas cantidades, se podrá considerar no acreditada la solvencia económica del solicitante en relación con cada uno de los proyectos presentados, sin perjuicio de que, en el oportuno trámite de audiencia, este pueda renunciar a una o varias de sus solicitudes a fin de cumplir con dicha condición.
Como alternativa a lo establecido en el párrafo anterior, un solicitante también podrá acreditar la solvencia económica en relación con el proyecto o proyectos presentados, aportando el resguardo de una garantía depositada en la Caja General de Depósitos por el cincuenta por ciento de la ayuda total solicitada, en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja (Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos), a excepción de la modalidad de constitución de la garantía en efectivo y con los requisitos establecidos para las mismas. Dicha garantía responderá de la aceptación de la ayuda en caso de concederse, siendo independiente de la que se constituya como garantía del pago anticipado, según lo establecido en el artículo 27 de esta orden. Su liberación se practicará de oficio una vez notificada la resolución del procedimiento de concesión.
Asimismo, el solicitante podrá también optar por acreditar el requisito de solvencia económica utilizando una combinación de las opciones arriba mencionadas. Esta posibilidad se dará únicamente en caso de que el solicitante presente más de una solicitud a la convocatoria y teniendo en cuenta que cada solicitud deberá acogerse exclusivamente a una de las dos categorías de criterios de solvencia económica establecidos, siendo también aplicable en este caso la condición establecida para la suma de solicitudes y debiendo por tanto tener en cuenta que, a objeto de acreditar la solvencia económica con cada modalidad, el importe que se tendrá en cuenta será el de la suma de solicitudes que se acojan a cada criterio.
Se considerará acreditada la solvencia técnica cuando se hayan realizado previamente proyectos de similares o superiores características en los últimos cinco años, o se disponga de personal suficiente, en capacitación y número, para la realización del proyecto.
Una vez adoptada una decisión sobre el cumplimiento de las condiciones previstas para la fase de preevaluación, la Comisión de evaluación entrará en la fase de evaluación, en la que se valorarán los proyectos que hayan superado la fase de preevaluación.
2. En caso de que en esta fase se hubiera producido la exclusión de alguna solicitud, se formulará propuesta de resolución provisional de desestimación, que se notificará al interesado en la forma que determine la convocatoria. Las solicitudes que no superen esta fase de preevaluación quedarán excluidas de la valoración de los criterios de evaluación.
1. Los proyectos que hayan superado la fase de preevaluación regulada en el artículo anterior, serán valorados conforme a los siguientes requisitos y criterios de valoración de proyectos contenidos en la convocatoria, de acuerdo con la tabla siguiente:
La puntuación total sobre 100 asignada a cada proyecto se dividirá por 10 para normalizarla al rango de 0 a 10 puntos.
La puntuación total obtenida por cada proyecto, normalizada al rango de 0 a 10 puntos, deberá alcanzar al menos el valor de 5 puntos. Toda puntuación inferior a este mínimo supondrá la desestimación de la solicitud presentada.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los proyectos que no tengan por objetivo el despliegue de infraestructuras que proporcionen cobertura de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de al menos 300 Mbps, tanto en sentido descendente como ascendente, en la totalidad o parte de las zonas elegibles pertenecientes a un ámbito de concurrencia de los incluidos en la correspondiente convocatoria, con los requisitos y condiciones que se establecen en estas bases reguladoras, podrán ser desestimados directamente sin que sea necesaria su valoración. Asimismo, los proyectos que no superen los objetivos mínimos de cobertura en su ámbito de concurrencia también serán desestimados directamente.
3. La evaluación se realizará sobre la información aportada en la solicitud-cuestionario y la memoria del proyecto. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. En caso de discrepancia entre la información aportada en la solicitud-cuestionario y la que figure en la memoria, prevalecerá la aportada en la solicitud-cuestionario.
4. Para cada ámbito de concurrencia convocado, se efectuará un listado con los proyectos que hayan superado la puntuación mínima, ordenados de mayor a menor puntuación global obtenida. Se propondrá la concesión de las ayudas al proyecto mejor valorado de cada ámbito de concurrencia. En los casos de solicitudes con igualdad de puntuación, se tendrá en cuenta, a efectos de resolver el empate, la puntuación obtenida criterio a criterio, siguiendo el orden en el que figuran en la tabla anterior, empezando por el primero hasta que se produzca el desempate. En caso de haber agotado los criterios y mantenerse el empate, tendrá preferencia la solicitud que se haya presentado antes.
5. La Comisión de evaluación realizará un informe concretando el resultado de la evaluación efectuada que contendrá, al menos, lo siguiente:
a) Relación de solicitudes con propuesta de ayuda en los ámbitos de concurrencia convocados, especificando para cada una de ellas el solicitante, la puntuación alcanzada, los objetivos de cobertura asociados, el presupuesto financiable, la cuantía de la ayuda y, en su caso, las condiciones técnico-económicas particulares asociadas.
b) Relación de solicitudes a las que no se propone el otorgamiento de las ayudas, ordenadas de mayor a menor puntuación en los ámbitos de concurrencia convocados, especificando para cada una de ellas, el solicitante, la puntuación alcanzada y los motivos de desestimación cuando proceda.
1. El órgano competente para la instrucción está facultado para comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario, consultando sus sistemas de información, pudiendo realizarse esta comprobación con anterioridad o con posterioridad a la concesión de la subvención. Asimismo, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión de evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional. Dicha propuesta se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y constará de:
a) Relación de proyectos que se propone estimar en los ámbitos de concurrencia convocados, especificando para cada una de ellas: el solicitante, la puntuación alcanzada, los objetivos de cobertura asociados, el presupuesto financiable, la cuantía de la ayuda propuesta y, en su caso, las condiciones técnico-económicas particulares asociadas.
b) Relación de proyectos cuya solicitud de ayuda se propone desestimar, ordenados de mayor a menor puntuación en cada uno de los ámbitos de concurrencia convocados, especificando para cada uno de ellos, el solicitante, la puntuación alcanzada y los motivos de desestimación.
De acuerdo con el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la propuesta de resolución provisional se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En aplicación del artículo 48 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, relativo a la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la citada publicación. Cuando no se hubiera presentado ninguna alegación en dicho plazo, la resolución provisional se convertirá, automáticamente, en resolución definitiva.
3. Antes de formular la propuesta de resolución definitiva, el órgano instructor deberá requerir a los posibles beneficiarios para que presenten, salvo que ya se hubiera presentado en una fase anterior del procedimiento, la documentación acreditativa de los siguientes requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
b) No tener deudas por reintegro de ayudas con la Administración.
c) Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
d) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
e) En aplicación de lo previsto en el artículo 13.3 bis de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no incumplir los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
f) No tener concedidas otras ayudas, ingresos o recursos para los conceptos incluidos en el proyecto para el que se propone la ayuda, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.
g) Cuando esté prevista la subcontratación con terceros de una parte del despliegue objeto del proyecto, y se den los supuestos referidos en el artículo 11.4 de esta orden, se deberá aportar la declaración responsable prevista en dicho artículo.
En caso de que el posible beneficiario no acredite el cumplimiento de los requisitos anteriores, se le desestimará su solicitud y se procederá de la forma prevista en el apartado siguiente. Si el cumplimiento de estas condiciones ya le constara al órgano instructor, no habría que acreditarlas de nuevo.
4. Examinadas las alegaciones a la propuesta de resolución provisional y analizada la documentación presentada conforme al apartado anterior, de acuerdo con los artículos 24.4 y 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el órgano instructor formulará propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de ayuda y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla y será publicada en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, los interesados comuniquen su aceptación.
De no producirse la aceptación de alguna solicitud contenida en la propuesta en dicho plazo, se desestimará la solicitud mediante resolución, publicándose en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital una nueva propuesta de resolución definitiva en la que se identifique como beneficiario propuesto al solicitante cuyo proyecto haya obtenido la siguiente mejor puntuación, superior a 5 puntos, en la fase de evaluación en el ámbito de concurrencia correspondiente a la solicitud desestimada.
5. De acuerdo con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno frente a la Administración a favor del beneficiario propuesto, mientras no se le haya publicado la resolución de concesión.
1. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 24, el órgano instructor remitirá el expediente al órgano competente para resolver, quien, a la vista de la propuesta de resolución definitiva, dictará la resolución de concesión en el plazo de siete días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución.
2. La resolución deberá identificar a los solicitantes y proyectos a los que se concede la ayuda y la desestimación expresa de las solicitudes y proyectos a los que no se concede ayuda.
3. Dicha resolución de concesión será motivada, conforme a lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y contendrá todos aquellos aspectos incluidos en el proyecto presentado por el beneficiario que resulten relevantes para la correcta ejecución de las actuaciones subvencionadas.
4. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 17.4 de esta orden, la resolución del procedimiento se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Las ayudas concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. La resolución de concesión se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el plazo máximo de seis meses contados desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». El vencimiento del mencionado plazo sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud de ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. De acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la resolución del procedimiento de concesión de ayudas, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes desde su publicación en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ante el mismo órgano que la ha dictado. Sin perjuicio de lo anterior, contra la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación. En caso de interposición de recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que el mismo sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
1. Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión ante el titular del órgano competente para resolver. Cualquier cambio en el proyecto requerirá simultáneamente:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales o a otros aspectos que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda, ni dañe derechos de terceros.
b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c) Que el cambio sea solicitado al menos tres meses antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto (excepto en el caso de ampliación de los plazos de justificación) y que sea aceptado expresamente.
d) Que no suponga un incremento de la ayuda concedida.
e) Que la modificación permita seguir garantizando el cumplimiento del principio DNSH.
f) En el caso de solicitudes de ampliación de plazo, que ésta sea compatible con los plazos permitidos para el cumplimiento y la justificación de los hitos asociados a la Inversión 1 del Componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la que se enmarca esta actuación.
2. La solicitud de modificación, que se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta orden, se acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 1 anterior.
3. El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación será el titular del órgano competente para resolver. No obstante, modificaciones menores podrán ser autorizadas o, en su caso, denegadas por el órgano encargado del seguimiento de la ayuda. Se entenderán por modificaciones menores las relativas a:
a) La ampliación de los plazos de ejecución por un periodo no superior al 25 por ciento del inicialmente concedido.
b) La ampliación de los plazos de justificación por un periodo que no exceda la mitad del inicialmente concedido.
c) Cuando en la convocatoria se opte por la opción de costes reales, la redistribución entre partidas del presupuesto financiable aprobado que no afecten a más del 20 por ciento de dicho presupuesto
4. El plazo máximo de resolución y notificación será de tres meses, sin que se pueda rebasar la fecha de finalización del plazo vigente de ejecución del proyecto objeto de la ayuda. En caso de no dictarse resolución antes de la fecha de finalización del proyecto, la resolución que se dicte sólo podrá ser denegatoria.
1. El importe total de la ayuda será abonado con carácter anticipado una vez dictada la resolución de concesión de la ayuda y tras haberse acreditado por el beneficiario el cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no se considera que el pago anticipado de la ayuda genere ingresos financieros que deban ser contabilizados como un incremento del importe de la ayuda concedida debido a la tipología de proyectos que involucran actuaciones en múltiples zonas requiriendo importantes inversiones desde el inicio del plazo de ejecución del proyecto.
2. En las correspondientes convocatorias se podrá exigir al beneficiario la constitución de garantías, ante la Caja General de Depósitos, en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja (Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos), a excepción de la modalidad de constitución de la garantía en efectivo, y con los requisitos establecidos para las mismas.
En su caso, el importe de las garantías será del 100 por cien de la ayuda y responderá del cumplimiento de las actuaciones subvencionadas y, en especial, del mantenimiento de las obligaciones del beneficiario en los términos fijados en la presente Orden y el resto de normativa aplicable.
3. El pago de la ayuda quedará condicionado a la presentación de los resguardos de constitución de las garantías que, en su caso, se hayan establecido y a que exista constancia por el órgano instructor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en el artículo 24.3 de esta orden, los señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a los demás requisitos que, en su caso, se establezcan en la correspondiente convocatoria.
En el caso de que no esté acreditado el cumplimiento de alguna de estas condiciones, se le requerirá al beneficiario para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos documentos acreditativos. La no aportación o aportación fuera de plazo de los mismos, conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda. La pérdida del derecho a dicho cobro implicará la pérdida del derecho a la ayuda.
4. Para poder realizarse el pago de la ayuda es necesario que el beneficiario haya dado de alta previamente, ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la cuenta bancaria en la que desee recibirlo. En caso de tener ya dadas de alta varias cuentas, el pago de la ayuda se efectuará en una de las cuentas que la entidad beneficiaria tiene designadas en el Tesoro.
5. La aportación de los resguardos de constitución de garantías, ante la Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, a través del registro electrónico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, deberá realizarse dentro de un plazo de diez días naturales, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión. Dicha resolución de concesión tendrá efectos de requerimiento de cara a la presentación de los resguardos de constitución de garantías.
6. La falta de presentación de dichos resguardos de constitución de garantías dentro del plazo fijado tendrá como efecto la pérdida del derecho al cobro de la ayuda, cuando se trate de libramientos posteriores a la concesión de la ayuda. La pérdida del derecho al cobro implicará la pérdida del derecho a la ayuda.
7. Las garantías sobre la ayuda se liberarán tras la certificación final del proyecto, si en la justificación se acredita el cumplimiento total