Categoría: Administración

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“si en la constitución de una Fundación por acto mortis causa el testador se hubiera limitado a establecer su voluntad de crear una Fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en que se contengan los demás requisitos exigidos por la presente ley será otorgada por el albacea.”
La Fundación Manuel Sáez Pose se constituyó en una Fundación benéfico asistencial desde el mismo momento del fallecimiento del testador, hecho ratificado y corroborado por dos actos jurídicos provenientes de órganos distintos (uno administrativo –Orden de 4/8/1952–, otro judicial –STS 23/6/1956–), y en la actualidad consta adscrita al protectorado de la Consellería de Política Social, figurando inscrita en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Así, en el ámbito administrativo, la Orden del M.º de la Gobernación de 4/8/1952 indica claramente que D. M. en su testamento dispuso que se creara una Fundación, con un fin determinado (mejorar el tratamiento científico y la alimentación de los enfermos y convalecientes pobres del Hospital municipal de La Coruña) bajo una organización determinada (el Patronato y una administración de una Junta), como se dice literalmente:
“Resultando que D. M. P. P., en su testamento otorgado ante el Notario de La Coruña, don Ildefonso Bravo Reyes, en 21 de noviembre de 1938, dispuso, entre otras cláusulas, que se creara la fundación que tendría por objeto mejorar el tratamiento científico y la alimentación de los enfermos y convalecientes pobres del Hospital municipal de La Coruña; bajo el Patronato y administración de una Junta compuesta del Presiden [sic]”
Y a esa Fundación se le asignan unos bienes, sus bienes dotacionales determinados, que la propia Orden recoge en el segundo resultando:
“Resultando que los bienes con que cuenta la fundación consisten en una finca urbana señalada con el número (…) de la calle (…) de La Coruña, valorada en 1.314.027 pesetas y otra casa sita en la calle de (…), valorada en 834.898 pesetas, cuyas fincas producen una renta total –una vez descontadas las 70.000 pesetas que en el valor de cada una de ellas se reserva el testador con destino a sufragios por su alma– de 41.046,40 pesetas aproximadamente, después de deducir los gastos de contribución, arbitrios, administración, etc.”
Así, los bienes dotacionales son los recogidos en la Escritura notarial de 30/11/2022 que se pretenden inscribir.
Y ello era conforme en su momento (y lo es a día de hoy) con la normativa de fundaciones: Artículos 7 y 8 del Real Decreto de 14/3/1899, que son concordantes con los Artículos 37 y 38 del Código Civil sobre capacidad para adquirir y poseer bienes, ejercitar acciones y contraer obligaciones, las personas jurídicas en general y, en particular, las fundaciones.
Sin embargo, la Calificación no recoge estos hechos fundamentales de la Orden de 04/08/1952, y se limita a indicar que el punto tercero de la misma fue revocado por la Sentencia del Alto Tribunal de 23/6/1956.
Pues bien, entrando en dicho procedimiento y, por tanto, en dicha Sentencia, hemos de indicar que el mismo fue promovido por los albaceas existentes en ese momento, puesto que los mismos no estaban conformes con la calificación como beneficencia particular acordada por el M.º de la Gobernación, ya que ello conllevaba la aplicación del Artículo 11 del Real Decreto de 14/03/1899, y por tanto la institución de un Protectorado gubernativo.
De aquí nace el segundo acto jurídico que ratifica y corrobora la existencia de una Fundación, con sus fines, bienes dotacionales y organización: la Sentencia del Tribunal Supremo de 23/06/1956, que mantiene incólumes tanto la parte fáctica como la parte dispositiva de la Orden de 04/08/1952, llegando a manifestar textualmente: “quedando como subsistentes como válidos en derecho los apartados primero, segundo y cuarto de la mencionada Orden”. Por tanto, la Sentencia del Tribunal Supremo considera que la Fundación fue creada por D. M. en virtud de su testamento y que los bienes –las casas objeto de inscripción– son sus bienes dotacionales.
Y es que la Sentencia de 23/06/1956 revocó única y exclusivamente el mandato de inscripción íntegra de los inmuebles a favor de la Fundación establecida en la Orden de 04/08/1952, puesto que en ese momento, y tal y como manifiesta la meritada Sentencia, y se desprende del testamento, los legados monetarios sobre el producto de las casas estaban segregados entre los fines benéficos del Hospital municipal y los sufragios por el alma del fundador, lo que a día de hoy no ocurre al haber desaparecido el Hospital, cumpliendo la Fundación los fines benéficos, y habiéndose aportado a la Fundación la parte del alma.
Es decir, la Sentencia del Alto Tribunal únicamente viene a decir que la pretensión de los albaceas:
“(...) en nada mengua las garantías establecidas por la Ley para la seguridad de los bienes fundacionales, inscribibles con las limitaciones y modalidades propias de su caso en el Registro de la Propiedad, por mandato del artículo 8.º del Real Decreto de 1899 tantas veces citado, sin necesidad de requerimiento ni reiteración expresa.”
Es decir: los bienes dotacionales están amparados en el Artículo 8 del Real Decreto de 14/3/1899, y podrían haber sido inscritos en el Registro de la propiedad.
Precisamente, por ello, ahora los albaceas universales con facultades de disponer subsanan la segregación entre los fines y los sufragios por su alma, con la Autorización de 19/04/2022 del Arzobispado de Santiago (que manifiesta bien a las claras que cuando los albaceas no tienen la más mínima duda de que interpretan la voluntad real del testador, lo realizan no solo sin ningún interés espurio, sino además cediendo parte de sufragios para el alma en beneficio de los más necesitados), y por mandato del Artículo 8 del Real Decreto de 14/03/1899, sin necesidad de requerimiento ni reiteración, otorgan la Escritura pública de 30/11/2022, subsanan dicha imposibilidad y solicitan dicha inscripción, con el siguiente tenor:
“(...) los albaceas han acordado (...)
1.º) Que la propiedad de los bienes inmuebles número (…) de la calle (…) y número (…) de la calle (…) de esta ciudad de A Coruña pase toda ella a la Fundación: en la participación legada al cumplimiento de los fines benéfico asistenciales determinados, como dotación inicial por el fundador de la Fundación; y en la participación legada al alma al cumplimiento de los fines concretos determinados por el testador, en cumplimiento de la disposición decimosexta del testamento, como aportación voluntaria a la Fundación vinculada al cumplimiento de sus fines con reversión a la herencia en caso de incumplimiento de estos fines. (...)”
No existe Fundación sin bienes.
La Calificación negativa vulnera la normativa vigente en materia de fundaciones puesto que no puede existir una Fundación sin bienes dotacionales. Es más, colocaría a la Fundación en el absurdo de haber estado funcionando durante 80 años sin un bien dotacional.
La nota característica de las Fundaciones, aparte de la gratuidad, radica en la creación o dotación con bienes particulares y en la soberanía del fundador para la determinación del fin asistencial querido y del gobierno o régimen de la propia Fundación, que resulta así claramente del Artículo 4 del Real Decreto de 14/3/1899.
De ahí que el patrimonio, como elemento esencial de la Fundación y atribución del fundador que ha de respetar la ley, y, con él, la dotación, entendida no ya como acto sino como conjunto de bienes afectos de forma permanente y duradera al desarrollo de los fines generales que constituyen el objeto de la Fundación, aparecen de este modo íntimamente ligados a la creación de la persona jurídica, razón por la cual ha de mantenerse la unidad del negocio jurídico fundacional.
Por lo que el patrimonio de la Fundación aparece así, junto con los fines de interés general perseguidos por ella, y la organización de la propia entidad fundacional, como elemento básico integrante del contenido esencial del derecho de Fundación, tal como se consagra en el Artículo 34 de la Constitución Española.
En definitiva: Toda Fundación nace de la adscripción de unos bienes a un determinado fin.
La propiedad de la Fundación Legado D. M. P. P. con respecto a los inmuebles cuya inscripción registral se pretende se advera desde el momento en que consta como titular en la Dirección General del Catastro, siendo a la Fundación a quien se expide los recibos anuales del IBI y quien los abona, pago del IBI que viene siendo realizado de manera pacífica y continuada en el tiempo por la Fundación, por lo que según la normativa vigente (Artículos 61 y 63 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y Artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) es quien ostenta la titularidad del derecho constitutivo del hecho imponible (derecho de propiedad).
El Hospital Municipal de La Coruña ha desaparecido.
Como ya indicamos, en el último párrafo de la Calificación objeto de recurso, se afirma que: “según la cláusula 16, parece que la intención del fallecido era disponer en favor del Hospital de la Coruña y, si este no existiera o hubiese desaparecido, corresponde a sus sucesores jurídicos.”
Con todos los respetos, si ni siquiera el Registrador es capaz de discernir la voluntad del causante, más aventurado es elucubrar sin ningún fundamento, y menos sin ninguna motivación jurídica, sobre una disposición que no es tal, pues ya hemos indicado que es una mera “recomendación”.
Pero más allá de ello, indicar que el antiguo hospital municipal nada tiene que ver con el Hospital de Caridad que venía existiendo a la fecha del otorgamiento del testamento. El Hospital municipal (ubicado en la Clínica Labaca) cesa totalmente las actividades asistenciales que venía dispensando a personas sin recursos, hasta tal punto que en la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de A Coruña de 14 de mayo de 1986, entre otros acuerdos aprobados, se acuerda el cese de la gestión municipal del Hospital Labaca, en los siguientes términos:
“Primero. Acordar el cese de la gestión municipal del Hospital Labaca. (...)
Quinto.  Comunicar a la Consellería de Sanidad y Consumo de la Xunta de Galicia, el cese de la gestión municipal del Hospital Labaca, a fin de que adopte las decisiones que sean precedentes en orden al destino de los funcionarios de Asistencia Pública Domiciliaria que prestaba sus servicios en el Hospital Labaca.”
(AMC - Archivo Municipal A Coruña. Libro de actas de acuerdos municipales. Pleno 1986. C-3812, p. 221-230)
Debemos recordar que la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, señala que las competencias en las materias de sanidad y salud corresponden al Estado y a las Comunidades Autónomas, y solamente se podrán delegar dichas competencias a los municipios en cuestiones de conservación y mantenimiento de centros sanitarios asistenciales, por lo que ni desde el punto de vista jurídico ni por el mantenimiento de sus fines, puede pensarse en un sucesor, máxime cuando los albaceas universales con facultades de disponer y asimismo contadores-partidores consideran que, en virtud del Artículo 798 del Código Civil, y no pudiendo tener efecto la institución o el legado “en los mismos términos que haya ordenado el testador, deberá cumplirse en otros, los más análogos y conformes a su voluntad”, que es lo que realizan los albaceas/contadores-partidores al otorgar la Escritura pública de 30/11/2022.
Fines análogos (art. 798 Código Civil).
La voluntad del finado, como sucede en muchas ocasiones, a veces no puede cumplirse fielmente, por lo que en virtud del Artículo 798 del Código Civil, debe realizarse en la forma más parecida posible (Cf. STS, Sala Primera, de lo Civil, de 21 de Julio de 2003, Ponente: García Varela, Román - N.º de Sentencia: 736/2003 - N.º de Recurso: 3448/1997, Ref. CJ 128193/2003). En 1938 no existía una sanidad pública universal y gratuita como la entendemos en el siglo XXI en nuestro país, de ahí la relevancia dada por el testador a una institución público-privada como el Hospital de Caridad de La Coruña.
Pero tanto la normativa (Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local) como la propia actuación del Ayuntamiento de A Coruña, quien acuerda el cese de la gestión municipal del que hasta 1986 era Hospital Municipal, provoca que no pueda tener efecto el legado. Hablar de sucesores jurídicos resulta cuando menos aventurado, puesto que el mismo Ayuntamiento, desde la aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, carece de competencias en el ámbito sociosanitario.
Y es precisamente por ello, por lo que los albaceas universales con facultades de disponer y contadores-partidores de la herencia, ya desde el año 1986, efectúan la consideración de que la institución más similar en la que depositar el legado es la fundada por el propio D. M.
Se trata, en definitiva, de un caso similar al planteado por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 3 de Septiembre de 2014, Ponente: Orduña Moreno, Francisco Javier, n.º de Sentencia: 254/2014, n.º de Recurso: 1085/2012:
“(...) el presente caso se encuadra, técnicamente, en los supuestos de ineficacia derivada de la extinción de un legado, válido ab initio, pero ineficaz por no darse las circunstancias o condiciones prevista a tal efecto.”
Considerando el vacío dejado por el Hospital de Caridad (denominado desde los años 50 de forma oficial como Municipal de La Coruña), los albaceas universales son los únicos legitimados para interpretar la ausencia del hospital, teniendo en consideración que si fuese voluntad del causante nombrar, por poner un ejemplo, al Ayuntamiento de A Coruña, podría haberlo hecho perfectamente, cosa que no hizo.
En cambio, no instituyó ningún tipo de legado al Ayuntamiento de A Coruña de forma consciente y deliberadamente, puesto que precisamente instituyó al Hospital de la Caridad porque esta institución, y no el Ayuntamiento, cumplía unos fines específicos y determinados, es decir, atendía a los enfermos pobres. Es más, el Ayuntamiento no fue y no ha sido jamás legatario en la herencia del Sr. P. P., siendo los depositarios del legado los enfermos pobres y convalecientes de esta ciudad.
Y hablamos del Ayuntamiento porque no es otra la institución a la que sibilinamente se refiere en la Calificación cuando recoge que debe corresponder el legado a los “sucesores jurídicos” del Hospital Municipal, y desde hace más de 35 años no existe el Hospital Municipal, ni el Ayuntamiento ejerce las funciones de aquél, por prohibición legal, y difícilmente se puede suceder a alguien sin suceder en sus funciones.
En definitiva, es un aforismo jurídico por todos conocido que qui potest plus, potest minus, por lo que si los albaceas universales con facultades de disponer pueden inscribir inmuebles a su nombre ex Artículo 20 de la Ley Hipotecaria cuanto más podrán hacerlo a favor de una institución creada por el testador y que cumple los fines ordenados por el mismo en su testamento.
De todo lo expuesto concluimos que:
a) el otorgamiento de la escritura pública notarial se presume dictado conforme a derecho, por cuanto dichos documentos se otorgan de acuerdo con las previsiones de la legislación;
b) la escritura otorgada es título válido para producir los efectos jurídicos contenidos en la misma, desplegando el negocio jurídico todos sus efectos genéticos: eficacia legitimadora constitutiva, recognoscitiva, ejecutiva y sustantiva;
c) la calificación del Sr. Registrador no puede extenderse al contenido material del protocolo notarial, aspecto sujeto sólo al control jurisdiccional por la presunción de validez, veracidad e integridad de la escritura;
d) la interpretación de la voluntad del causante es responsabilidad exclusiva de los albaceas universales con facultades de disponer, que además en este caso son contadores partidores y, por tanto, no entra en el ámbito de la calificación registral, existiendo una presunción de legitimación y veracidad;
e) no forma parte de las funciones del Sr. Registrador la interpretación de la voluntad del causante;
f) la organización, bienes dotacionales y fines de la Fundación creada por D. M. en su testamento han sido ratificados administrativa y judicialmente, y son inscribibles por los albaceas/contadores-partidores en el Registro de la propiedad.
Por lo expuesto: Solicitamos a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que habiendo presentado este escrito, con los documentos que se adjuntan, se sirva admitirlo y tenga por presentado recurso contra la calificación negativa de fecha 29/12/2022 notificada el 24/01/2023 en el Asiento n.º 540 del Diario 223 y, previos los trámites legales oportunos, de conformidad con los Artículos 66, 324 y ss de la Ley Hipotecaria, con estimación de su contenido, se acuerde la inscripción en el Registro de la Propiedad n.º 1 de A Coruña de los bienes inmuebles sitos en la calle (…) y (…) de A Coruña a nombre de la Fundación Manuel Piñeiro Pose, todo ello de conformidad con la Escritura pública otorgada en fecha 30/11/2022 ante la Notario de A Coruña, D.ª M.ª Mercedes Bermejo Pumar, con n.º 1340 de su protocolo.»
Dado traslado del recurso interpuesto a la notaria de A Coruña, doña María Cruz Lozano Martín, como autorizante del título calificado, realizó, el día 7 de marzo de 2023, las siguientes alegaciones:
«Hechos.
En escritura del día treinta de Noviembre de dos mil veintidós bajo el número 1340 de Protocolo, ante mí, los albaceas contadores-partidores nombrados por razón de su cargo en testamento otorgado por Don M. P. P. el día 21 de noviembre de 1938 ante el que fue Notario de Coruña Don Ildefonso Torres Cortés (“como expresión de su última y deliberada voluntad y redactado con arreglo a minuta que el testador presenta”) cumpliendo el encargo que en él se les encomendó con carácter mancomunado y universal, con facultades de representar la herencia, administrar y disponer (“invirtiendo el líquido resultante en los fines que se indican en este testamento... por el plazo de noventa años prorrogables por el tiempo que fuese necesario para llevar a cumplido efecto la voluntad del testador” cláusula decimocuarta del testamento) formalizaron la entrega de legado fundacional y aportación voluntaria a favor de la fundación Manuel Santos Fernández (inscripción 2/1952 en RFIG, número de identificación fiscal […]) de conformidad con lo ordenado en la disposición tercera y las demás de su testamento, en la ley, y de acuerdo con la Orden Ministerial de 4 de agosto 1952 y la STS de 23 de junio de 1956 en las que se parte de la existencia de una fundación por voluntad del testador. Los bienes, como se hace constar en esta escritura, están poseídos y catastrados a nombre de la fundación desde hace varios lustros. En esta misma escritura, los albaceas aseguran la voluntad del testador al cumplimiento de los sufragios a favor de su alma. Y como patronos nombrados por el testador por razón de su cargo, adaptaron, de acuerdo con las indicaciones del Registro de Fundaciones de Galicia, los Estatutos de la fundación inscrita desde su aprobación por Orden del Ministro de la Gobernación de 4 de agosto de 1952.
A la solicitud de la inscripción del legado y la aportación voluntaria se recibió la calificación siguiente del Registrador titular del Registro de la propiedad número uno de A Coruña que se limita estrictamente a los puntos que, literalmente transcritos, se reproducen a continuación: (…)
La calificación se puede resumir en dos puntos: los albaceas no están legitimados para actuar como lo hacen, porque crean una fundación por sí a la que entregan los bienes y no cumplen la disposición decimosexta del testamento (1) y el Hospital municipal tiene un sucesor (2).
Esta calificación fue objeto de recurso gubernativo interpuesto por los albaceas universales de la sucesión de Don M. P. P. y patronos de la Fundación que lleva el nombre del fundador. En el recurso gubernativo, del que acuso recibo de su traslado, se recogen lo que se tuvo en cuenta a la hora de otorgar la escritura: competencia, legitimación y facultades de los albaceas universales de la sucesión de Don M. P. P. y patronos de la fundación, el contenido del testamento, de la ley (arts. 749, 798, 675 del Código civil), el de la Orden de 4 de agosto de 1952, la inscripción de la fundación en el Registro competente en 1952, lo que dice la STS de 23 de junio de 1956, la posesión a título de dueño de los bienes desde entonces, catastrados a nombre de la fundación desde hace más de veinticinco años, así como lo actuado por los albaceas y los patronos desde el fallecimiento del testador hasta la fecha, de acuerdo con el testamento, la Orden Ministerial de 1952 y la STS citada por el Registrador de 23 de Junio de 1956, en las que no se pone en duda que en su testamento, Don M. P. P., dispuso la carta fundacional de la que se aprobó como fundación con su nombre.
La interpretación que el Registrador de la propiedad hace del testamento es opuesta a la de los albaceas universales en uso de las facultades que le corresponden, que son todas aquéllas atribuidas por el testador, a la voluntad del testador entendida por lo que suenan sus palabras literalmente y tal y como fueron interpretadas por, las sucesivas personas que desde el fallecimiento del testador fueron ocupando por razón de su cargo la posición de patronos (incluido el miembro del patronato director del hospital municipal) y de albaceas testamentarios universales, por el Ministro de la Gobernación en la OM de 4 de agosto de 1952 y por el Tribunal Supremo en la STS de 23 de junio de 1956, como pasamos a exponer.
Razones y fundamentos jurídicos por lo que no podemos estar de acuerdo con la calificación.
El Registrador dice que los albaceas, nombrados universales, deben cumplir la voluntad del testador y que el albacea es la persona encargada de hacer cumplir la última voluntad de un difunto y de custodiar sus bienes hasta que se repartan entre los herederos. De los puntos siguientes se colige que el Registrador interpreta que no es voluntad del testador crear una fundación y que es obligación de los albaceas transmitir al Ayuntamiento de Coruña las dos casas que el testador vincula a fines.
No es necesario insistir en que los albaceas tienen esas facultades que dice el Registrador y, además y sobre todo, las otras que no dice y les atribuyó el testador (“tendrán la total y completa representación de la herencia judicial y extrajudicialmente, pudiendo cobrar y pagar créditos, cancelar hipotecas y ejecutar toda clase de actos de administración y de riguroso dominio, invirtiendo el líquido resultante en los fines que se indican en este testamento. Podrán además pagar los legados y como comisarios practicar el inventario, avalúo, liquidación y división de la herencia, con las facultades que en Derecho sean precisas. También podrán... exigir cuentas de toda clase de personas y entidades y tomar todos las garantías para asegurar el eficaz cumplimiento de la voluntad del testador, en particular, de lo que respecto o lo inversión de lo que el otorgante lega al Hospital Municipal de La Coruña, o los obras o sufragios piadosos de que dispone o favor de su alma y al pago de tributos y conservación y limpieza de lo sepultura en que reposen sus restos mortales y los de sus familiares...”, cláusula decimocuarta), y la implícita en éstas de interpretar para ejecutar el encargo, que es el cumplimiento global de la voluntad del testador (“llevar a cumplido efecto la voluntad del testador”, cláusula decimocuarta) para lo que éste excluyó a los tribunales (“Prohíbo toda intervención judicial en mi herencia, y privo de toda participación en la misma, al legatario que la origina, sea cual fuere el motivo que para dicho intervención se invoque”, cláusula decimoséptima). Porque a los albaceas los nombra con el carácter de universales, facultados para el cumplimiento total del testamento hasta dejar ultimada la sucesión (“por el plazo de noventa años prorrogables por el tiempo que fuese necesario para llevar a cumplido efecto la voluntad del testador”, cláusula decimocuarta). Y el testador les atribuyó de forma expresa facultades de representación, administración, disposición, decisión y control del cumplimiento de su última voluntad con exclusión de intervención judicial.
Es a los albaceas mancomunados que restan a quienes compete llevar a cabo la formalización pendiente de la testamentaría. Lo que hacen en uso de su [sic] facultades explícitas e implícita de interpretar la voluntad del testador que se le reconoce a los albaceas contadores partidores en el cumplimiento del encargo. Y al ser albaceas universales, en la medida en la que deben cumplir el encargo en los términos tan amplios en los que se les confió, estas facultades atribuidas a los albaceas excluyen cualquier otra interpretación.
Según la unánime doctrina científica (por citar algunos, el Notario Cámara Álvarez –Compendio de Derecho Sucesorio, pág 373–; el Registrador Rivas Martínez –Derecho de Sucesiones Común y Foral, Tomo II 2– de pág 593; el Notario Roca Ferrer –Instituciones de Derecho Privado Tomo V, vol 2.º, pág 152, 153; el profesor Llegó Yagüe en Sistema de Derecho de Sucesiones civil pág 81, siendo conocida la defensa de V. G., A...) y de la DGRN en resoluciones tanto anteriores y próximas al momento en que el testador expresó su voluntad como ahora (RR de la DGRN de 4 y 17 de Diciembre de 1905,12 de diciembre de 1912, 11 de diciembre de 1929, 29 de enero de 1930,14 de septiembre de 1934,1 de diciembre de 1984, RDGSJyFP 15 de noviembre de 2022) y del Tribunal Supremo (por ej. en SSTS de 28 de junio de 1956, 18 de Abril de 1955, 28 de Abril de 1985) el albacea contador está facultado para interpretar el testamento en ejecución de su encargo, y lo actuado por ellos en cumplimiento de su encargo crea un estado de derecho mientras no se interponga reclamación judicial; el Registrador debe pasar por lo efectuado por los albaceas contadores al ejecutar lo que se les encomendó en tanto no se impugne por quien esté legitimado para ello ante los Tribunales.
En este caso, los albaceas tienen el carácter de universales con elefantiásicas facultades y el testador prohibió la intervención judicial. La interpretación de los albaceas prevalece mientras no sea declarada judicialmente como claramente contraria a la ley (art 675 Código civil). Lo que no sucede, como pasamos a examinar, ya que los albaceas formalizaron en la escritura el cumplimiento de la voluntad del testador que resulta de la literalidad de su testamento, a lo actuado por los sucesivos en el cargo que les convirtió en albaceas o en patronos, además del texto de la Orden Ministerial de 4 de agosto de 1952 y de la STS de 23 ele junio de 1956.
Los albaceas formalizan en la escritura lo que no generó duda y está confirmado desde el mismo fallecimiento del testador: en la disposición tercera y decimoquinta del testamento, el testador dota una fundación cuando vincula a unos fines benéfico asistenciales a favor de un colectivo indeterminado, unos bienes que pone en manos de una Junta de administración.
El testador es el fundador. Es él quien, con sus bienes, crea la fundación.
La interpretación del Registrador de que son los albaceas quienes crean una fundación no prevista por el testador es contraria al Resultando primero de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 4 de agosto de 1952 que aprueba la fundación de acuerdo con las normas aplicables, las vigentes entonces de beneficencia particular, es decir, el Real Decreto de 14 de marzo de 1899 y la Instrucción de la misma fecha (“Resultando que D M. P. P., en su testamento otorgado ante dispuso, entre otras cláusulas, que se creara una fundación que tendría por objeto mejorar el tratamiento científico y la alimentación de los enfermos y convalecientes pobres del Hospital Municipal de La Coruña; bajo el Patronato y administración de una Junto compuesta...”) En esta orden el Ministro de la Gobernación (art 7.º de la Instrucción de 14 de Marzo de 1899) reconoce que el testador dispuso que se creará una fundación. En su Considerando primero la Orden Ministerial de 1952 reconoce que la dotación es particular y el fundador es el testador (“considerando que la fundación de que se trata tiene por objeto la satisfacción gratuita con carácter permanente de necesidades físicas y espirituales ajenas, por cuanto se destina a mejorar el tratamiento científico y la alimentación de, los enfermos y convalecientes pobres del Hospital municipal de La Coruña, fines que cumple con el producto de sus propios bienes y bajo el Patronato de una Junta expresamente designada por el fundador, por la que es indudable que reúne las condiciones exigidas por los artículos 2.º y 4.º del R.D. de 14 de marzo de 1899, en relación con el artículo 58 de la vigente Instrucción del Ramo de igual fecha”).
La fundación se clasificó de beneficencia particular en el punto 1.º de la Orden Ministerial de 1952, confirmado por STS de 23 de junio de 1956. De acuerdo con el art 4.º del RD de 14 de marzo de 1899, la fundación es de beneficencia particular (art 4.º “La Beneficencia particular comprende todas las instituciones benéficas creadas y dotadas con bienes particulares y cuyo patronazgo y administración fueron reglamentados por Los respectivos fundadores, o en nombre de éstos, y confiados en igual forma a Corporaciones, Autoridades o personas determinadas”) al estar dotada por el testador-fundador, es decir, con bienes de un particular, quien reglamentó la administración de los bienes con los que dota la fundación, y ser los beneficiados de forma permanente por las disposiciones del testamento, un colectivo indeterminado, a quienes directamente afecta e interesa (art 1.º de la Instrucción de 14 de Marzo de 1899: “El Protectorado de las instituciones de Beneficencia comprenderá las facultades necesarias para lograr que sea cumplida la voluntad de los fundadores en lo que interese á colectividades indeterminadas”).
La STS de 23 de junio de 1956, que el Registrador de la propiedad cita, deja meridianamente claro que nunca fue objeto de controversia, al interpretar la cláusula tercera del testamento de Don M. P. P., que uno de los dos legados que el testador dispuso en ella con cargo al producto de unos mismos bienes y sujetos a una misma administración, es un legado fundacional.
La pretensión principal que recoge la demanda que da lugar a esta sentencia del TS de 23 de junio de 1956 tiene por objeto la clasificación como fundación de beneficencia particular que la OM de 1952 atribuyó a la fundación (cuya existencia nadie puso en duda). La sentencia, en contra de lo que se pretende en la demanda, ratifica que la fundación es de beneficencia particular (cumple todos los elementos de la definición del art 42 del RD de 14 de Marzo de 1899) y no de beneficencia pública (dotación pública).
La sentencia del TS de 23 de junio de 1956 parte de un hecho que nadie niega, que la fundación existe porque hay, por parte del testador, la voluntad expresa de vincular unos bienes de su herencia de forma permanente a los fines benéfico asistenciales a favor de un colectivo indeterminado y los administradores de los bienes dotacionales están reglamentados por el testador fundador (art 42 del RD de 14 de Marzo de 1899). Reconoce la sentencia del TS de 23 de junio de 1956 que la fundación es la forma de asegurar de forma permanente el cumplimiento de los fines que el testador expresa y declara solemnemente, y que los beneficiados directos del legado, es decir quiénes son los afectados e interesados directos en él, son los enfermos y convalecientes pobres de la ciudad de A Coruña (colectivo indeterminado) entonces asistidos en el hospital de la caridad gestionado por el municipio.
Esta STS de 23 de junio de 1956 deja claro que nadie ponía en duda que el testador en la disposición tercera de su testamento había ordenado un legado fundacional por lo que se refiere al destino al que vincula el producto de las casas en beneficio de los enfermos pobres de la ciudad de A Coruña a través del Hospital de la Caridad que estaba siendo gestionado por el Ayuntamiento. Expresamente la sentencia dice: “que la Junta de la Coruña no incurrió en extralimitación legal alguna al limitarse a poner en conocimiento del Ministerio la existencia del legado, que por sus caracteres de permanencia y su finalidad reviste los atributos de una fundación... toda vez que ninguna de las autoridades que actuaron en la vía gubernativa, discrepó de la afirmación de los albaceas y administradores de que se trataba de un legado fundacional de carácter benéfico particular... al resultado que se llegó con la decisión clasificatoria en el expediente fue el mismo que pretendían los interesados”.
La STS razona que es una fundación de beneficencia particular y no pública (no es de dotación pública) de manera que, al ser particular debe presentar cuentas al Protectorado. La STS lo expresa así: “la administración se atuvo estrictamente a lo dispuesto en el artículo seis del Real Decreto de catorce de Marzo de mil ochocientos noventa y nueve, y en los séptimo y treinta y tres de la Instrucción anexa, sin infringir precepto alguno ni vulnerar los subsiguientes derechos particulares; declaración que debe reiterarse respecto del pronunciamiento relativo a la obligación de formular presupuesto y rendir cuentas al Protectorado, ya que la pretensión de eximir a la Junta de Administración del legado de su sumisión a la autoridad de aquél chocaría con lo prevenido por el artículo once del Real Decreto de mil ochocientos noventa y nueve y por el primero de la Instrucción anexa, puesto que si bien la entidad que recibe el legado es el Hospital Municipal de La Coruña –perteneciente al Ayuntamiento de dicha ciudad, como encarnación de su Municipio– los fines institucionales señalados en los cláusulas tercera y décimo quinta del testamento otorgado por Don M. P. el cinco de agosto de mil novecientos cuarenta (así en el texto de la sentencia), afectan e interesan a una colectividad o conjunto de personas indeterminadas, como son los que necesiten de la asistencia hospitalaria prestado en el establecimiento citado”.
En esta misma sentencia se dice que la distribución del producto obtenido con las casas por la Junta de administración que el fundador designa es a distintos fines. Expresamente lo dice así cuando estima la petición de que se anule el punto tercero de la Orden Ministerial de 1952 que imponía inscribir los bienes a nombre de la fundación. La STS recuerda que no todo el producto de estos bienes se deja a fines benéfico asistenciales y que los albaceas tienen facultades de disponer. Por estas razones la STS dice, en relación al punto tercero de la orden que: “la forma pura y simple del mandato que en ella se contiene –obligación de inscribir en el Registro de la Propiedad los inmuebles que le pertenecen– excede de las limitaciones y condiciones establecidas por el fundador, que ni aplicó íntegramente los productos de los dos inmuebles trasmitidos al fin benéfico –aunque confiera su total administración a la Junta– ni ordenó su conservación perpetúa, toda vez que previo expresamente su futura enajenación”.
Cuando esta sentencia revoca el punto 3.º de la Orden del Ministerio de la Gobernación que aprueba la fundación (de acuerdo con el artículo 72 de la Instrucción para el ejercicio del protectorado del gobierno de la beneficencia particular de 14 de Marzo de 1899), no estaba hecha la testamentaría por los albaceas con facultades de disponer, como recuerda el texto de la sentencia.
En la sentencia el TS revoca el punto 3.º de la Orden del Ministerio porque si estima que en este punto se produce una extralimitación de facultades al ordenar la inscripción de los bienes a nombre de la fundación sin tener en cuenta que el legado fundacional no afecta a la integridad del producto de las dos casas (el testador distribuyó este producto a dos fines diferentes, particular uno, y público o general otro) y sin tener en cuenta que los albaceas tienen facultades de disposición sobre ellas. En el texto de la sentencia se recuerda que la testamentaría no estaba hecha.
Del texto de la Orden Ministerial resulta el tanto del producto que corresponde a la disposición a favor de los fines benéficos en relación a lo que el testador destina de ellos en el testamento a los fines de la disposición a favor del alma: “Resultando que los bienes con los que cuenta la fundación consisten en una finca urbana señalada con el número (…) de La Coruña, valorada en 1.314.027 pesetas y otra casa sita en la calle (…), valorada en 834.898 pesetas, cuyas fincas producen una renta total –unas vez descontadas las 70.000 pesetas que en el valor de cada una de ellas se reserva el testador con destino a sufragios por su alma– de 41.046,40 pesetas aproximadamente, después de deducir los gastos de contribución, arbitrios, administración, etc.”
Hay fundación porque hay dotación para el logro de unos fines (considerando de la Orden de 4 de agosto de 1952: “… la fundación de que se trata... fines que cumple con el producto de sus propios bienes y bajo el Patronato de una Junta expresamente designada por el fundador, por la que es indudable que reúne las condiciones exigidas por los artículos 2.º y 4.º del R.D. de 14 de marzo de 1899, en relación con el artículo 58 de la vigente Instrucción del Ramo de igual fecha”) a favor de un colectivo indeterminado.
Tal y como resulta configurado en el testamento el derecho del hospital no tiene el carácter de transmisible. El testador no encomienda al hospital municipal la administración (que confía a una Junta) ni la disposición (que confía a los albaceas) de las casas. Los miembros de la Junta por razón del cargo (4 religiosos, el director de la Caja de ahorros de la ciudad, el decano del Colegio notarial y el director del hospital) coinciden con los nombrados albaceas, por razón del mismo cargo, salvo uno; el testador no incluye entre los albaceas al director del hospital municipal. El legado fundacional convierte al Hospital municipal de A Coruña en el perceptor de la participación del producto que las casas generasen administradas por la Junta al logro de los fines benéfico asistenciales en favor de un colectivo indeterminado bajo el control de los albaceas. La fundación de beneficencia particular también queda bajo control del Protectorado.
El testador establece un legado fundacional, tal y como fue interpretado por todos quienes intervinieron en la sucesión, por tanto a favor de un colectivo indeterminado. Los beneficiados directos son los enfermos y convalecientes pobres de la ciudad de A Coruña entonces asistidos en ese hospital de caridad, y no es el beneficiario el Hospital municipal, aunque éste sea el perceptor del producto, tal y como expresamente reconoce la STS de 23 de junio de 1956 citada (“si bien la entidad que recibe el legado es el Hospital Municipal de La Coruña –perteneciente al Ayuntamiento de dicha ciudad, como encarnación de su Municipio– los fines institucionales señalados en las cláusulas tercera y décimo quinta del testamento otorgado por Don M. P. el cinco de agosto de mil novecientos cuarenta (así en el texto de la sentencia), afectan e interesan a una colectividad o conjunto de personas indeterminadas, como son los que necesiten de la asistencia hospitalaria prestado en el establecimiento citado”).
El legado tiene como beneficiados directos a los enfermos y convalecientes sin recursos de La Coruña, y consiste en la participación resto (que fija la Orden Ministerial por resultado de la especificada por el testador a favor del alma en relación al total) del producto de unas casas que el propio testador vincula a unos fines y somete a la administración de una Junta designada por él, que es la que tiene la encomienda de distribuir el producto que generan las dos casas y que debe rendir cuentas a los albaceas testamentarios universales (“También podrán... exigir cuentas de toda clase de personas y entidades y tomar todas las garantías para asegurar el eficaz cumplimiento de la voluntad del testador, en particular, de lo que respecta a la inversión de lo que el otorgante lega al Hospital Municipal de La Coruña, a las obras o sufragios piadosos de que dispone a favor de su alma y al pago de tributos y conservación y limpieza de la sepultura en que reposen sus restos mortales y los de sus familiares...”, cláusula decimocuarta”) a los que es a quienes atribuyó las facultades de disposición al logro de los fines ordenados por él “solemnemente” en la cláusula decimoquinta.
No puede entenderse beneficiario de una fundación un sujeto concreto. La desaparición del Hospital Municipal no conllevó la de la fundación, porque los destinatarios directos de los beneficios del legado fundacional son los enfermos y convalecientes pobres que forman el colectivo indeterminado. La patronos de la fundación hacen constar en la escritura que los fines benéfico asistenciales, al no poder satisfacerlos a través del hospital, los cumple, desde la desaparición de esta entidad, a través de otras entidades de beneficencia de acuerdo con lo previsto en los artículos 798 (Cuando, sin culpa o hecho propio del heredero o legatario, no pueda tener efecto la institución o el legado de que trata el artículo precedente en los mismos términos que haya ordenado el testador, deberá cumplirse en otros, los más análogos y conformes a su voluntad) y 749 (“Las disposiciones hechas a favor de los pobres en general, sin designación de personas ni de población, se entenderán limitadas a los del domicilio del testador en la época de su muerte, si no constare claramente haber sido otra su voluntad. La calificación de los pobres y la distribución de los bienes se harán por la persona que haya designado el testador, en su defecto por los albaceas, y, si no los hubiere, por el Párroco, el Alcalde y el Juez municipal, los cuales resolverán, por mayoría de votos, las dudas que ocurran) del Código Civil.
El testador previo medidas de control del cumplimiento de los fines. A los albaceas es a quienes el testador encomendó el control del cumplimiento de los fines a los que solemnemente vinculó el legado benéfico asistencial “Recomienda el testador a los albaceas que velen principalmente por mejorar el tratamiento científico y la alimentación de los enfermos y convalecientes pobres del Hospital Municipal de La Coruña, al aplicar a este institución los bienes que el testador dispone a favor de ella, declara solemnemente que el legado que hace en este testamento al Hospital Municipal de La Coruña, lo efectúa para que se aplique a los fines benéficos de dicha institución”.
Además de esta garantía (control por parte de los albaceas por el tiempo que sea necesario del cumplimiento de los fines) en el testamento el testador recoge el expreso deseo de que no se enajenen las casas vinculadas a los fines para asegurar su cumplimiento permanente. La cláusula quinta del testamento expresamente dice: “no serán enajenadas durante el máximo del plazo que tenga validez legal esta prohibición, que hoy es el de treinta años, pues el propósito del testador era prohibir perpetuamente la enajenación, no consignándose en este testamento esta prohibición por no tener validez legal”.
Y en este punto hay que distinguir los dos tipos de fines a los que el testador vinculó el producto de las casas (…) de la calle (…) y (…) de la calle (…) de la ciudad de La Coruña.
La vinculación perpetua de unos bienes a unos fines quedó proscrita por las leyes desvinculadoras. Pero estas leyes no se aplicaban ya a los fines benéfico asistenciales al tiempo en el que el testador dispuso su última voluntad. Tampoco ahora. La ley de 20 de junio de 1849, General de Beneficencia constituye el punto de partida de la regulación moderna de las fundaciones; lo principal en ella es que a las fundaciones se las excluye de la aplicación de las leyes desvinculadoras y desamortizadoras en atención a los fines asistenciales o de beneficencia.
Por lo que se refiere a la participación en las casas que se vinculó a los fines benéfico asistenciales, el plazo legal para la prohibición de enajenar es innecesario desde que se constituye la fundación (RDGRN de 15 de noviembre de 1952). La permanencia deseada por el testador está garantizada con la fundación en beneficio del colectivo indeterminado. De ahí que la STS de 23 de Junio de 1956 diga: “la existencia del legado, que por sus caracteres de permanencia y su finalidad reviste las atributos de una fundación”. Otra interpretación no lograría el cumplimiento de la voluntad de permanencia del testador (Reglamento de bienes de entidades locales).
Respecto a cuál puede ser el plazo legal a la prohibición de enajenar aplicable a la participación en las casas que corresponde a la disposición a favor del alma para el cumplimiento de los fines determinados y lícitos ordenados por el testador, éste fija la causa y remite al legal el plazo de la prohibición. Pero la ley no fija un plazo concreto para la prohibición de enajenar. La temporalidad está en función de los intereses dignos a los que responda la prohibición (teniendo en cuenta la finalidad perseguida por quien establece tal limitación –RDGRN de 30 de Julio de 2018 que cita la STS 13 de diciembre de 1991–). El plazo que en la disposición quinta expresa el propio testador como el aplicable al tiempo en que ordena el testamento, el de 30 años, es el legal del usufructo (art 515). Pero el testador fija como plazo, el legal de la prohibición de enajenar, tanto en la disposición quinta como en la decimosexta. Cláusula quinta “durante el máximo del plazo que tenga validez legal esta prohibición”. Idea que repite en la cláusula decimosexta: “cuando legalmente deje de tener eficacia la prohibición de enajenar”.
A las disposiciones testamentarias a favor de las personas físicas (mortales) que conlleven prohibición de disponer se les aplica el límite temporal del artículo 781 C.c. (“instituciones fideicomisarias en cuya virtud se encarga al heredero que transmita a un tercero el todo o parte de la herencia, serán válidas y roto siempre que no pasen del segundo grado, o que se hagan en favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador”) por remisión del 785 C.c. (no surtirán efecto... las disposiciones que contengan prohibición perpetua de enajenar; y aun la temporal, fuera del límite señalado en el artículo 781...”) Este límite temporal no es aplicable al caso. La carga que representa velar por las sepulturas del fundador y sus familiares y celebrar misas por su alma, la cumple una persona jurídica (parroquia […]), que es la que percibe la participación en el producto vinculado al cumplimiento de la carga. La causa de la prohibición, los fines, no son temporales tampoco (sufragios a favor del alma). Los fines particulares que el testador desea que se garanticen de forma permanente con la vinculación de las casas a ellos sin que se puedan enajenar, tiene cabida en el artículo 788 C.c. (“si la carga fuere perpetua, el heredero podrá capitalizarla e imponer capital a interés con primera y suficiente hipoteca). La redención de la carga perpetua se deja a petición del legatario afectado o del heredero, que en este caso también es una disposición a favor del alma con determinación de fines que actúan los propios albaceas (“En el remanente de mis demás bienes, derechos, acciones, presentes y futuras, instituyo heredera a mi alma, ordenando que mis bienes se inviertan por los albaceas que designaré en misas y actos fúnebres, que se celebrarán en el bien de mi alma en la Iglesia de […] de esta ciudad e [sic] La Coruña”, cláusula decimotercera).
Por lo que se recoge más arriba, la transcripción y consecuente interpretación que el Registrador vierte de la cláusula decimosexta del testamento, no es ajustada a la letra ni a la voluntad expresada por el testador. Porque esta cláusula recoge lo que el testador expresamente califica el mismo de recomendación. Por tanto no obliga. Es una previsión para el futuro, de darse un supuesto y con un propósito, que con el tiempo, en la forma prevista por el testador –a través del hospital de la caridad gestionado por el ayuntamiento–, devino imposible.
El testador hizo esta recomendación de futuro para el caso de que no pueda tener lugar su expresa voluntad que manifiesta de forma clara en la cláusula quinta del testamento de que se mantenga el cumplimiento del destino del producto de las casas previsto en la disposición tercera de forma permanente (“pues el propósito del testador era prohibir perpetuamente la enajenación”), o por lo menos “durante el máximo del plazo que tenga validez legal esta prohibición”, que es a lo que se conforma. Prohíbe la enajenación de estas casas, ya que, como expresamente manifiesta en el testamento, es su deseo de que no se enajenen y permanezcan vinculadas al cumplimiento de los destinos que determinó. Pero, parece que le dicen que esta prohibición de enajenar no puede ser indefinida. Y así como suena, en el testamento consta que, en contra del deseo del testador de la perpetuidad de la prohibición de enajenar, queda en que ésta se mantenga por el plazo legal, que dice él en este momento es el de treinta años. Pero este tiempo, no es el que expresa la ley para la prohibición de enajenar, ni es el límite que quiere el testador. Y no es el plazo que expresa en la recomendación de la cláusula decimosexta. Se limita a decir en la cláusula decimosexta que para “cuando deje de tener eficacia jurídica la prohibición de enajenar” recomienda a los albaceas (ya que son quienes pueden disponer) se pongan de acuerdo con el ayuntamiento para que el producto de las casas vaya a los fines benéficos de la cláusula tercera a cambio de que se aseguren los fines particulares que estableció en el legado a favor de su alma (“Recomiendo igualmente a mis albaceas que cuando legalmente deje de tener eficacia jurídica la prohibición de ena