Categoría: Administración

n, Trasformación y Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
Para facilitar el seguimiento en su conjunto las Comunidades Autónomas deberán enviar, al menos trimestralmente, información sobre el estado de tramitación de los expedientes, donde se incluya entre otros, información sobre la ejecución, cumplimiento de hitos y objetivos, coste real esperado respecto del inicialmente estimado, coste individualizado por inversión y coste individualizado por medida, manera de implementación y mecanismos de control para su correcta ejecución. Además, deberán presentar un informe justificativo final, a efectos de la liquidación donde se evalúen los anteriores datos, así como otros que sean solicitados por las autoridades nacionales y comunitarias.
Los créditos transferidos quedan legalmente afectados a la financiación de las actuaciones descritas, de forma que posibiliten el cumplimiento de los objetivos comunitarios en la materia y de los hitos u objetivos del Componente 26 del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, previéndose el reintegro total o parcial de los mismos en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos (Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 y artículo 37.4 del Real Decreto-Ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
La Comunidad Autónoma/Ciudad con Estatuto de Autonomía asume la responsabilidad en cuanto al seguimiento de la ejecución del coste estimado a través del seguimiento de la ejecución contable de los gastos imputados a proyectos o iniciativas del PRR (artículo 46 RD-L 36/2020).
En la ejecución de las inversiones las CCAA y cualquier otro perceptor final tendrán que cumplir con la normativa europea y nacional que les resulte aplicable, y en particular, con las obligaciones que se derivan del Reglamento del MRR y su normativa de desarrollo, especialmente en materia de etiquetado digital y verde, principio de no causar daño significativo, la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento Anexo. Todas las actuaciones que las Comunidades Autónomas lleven a cabo en cumplimiento del presente Acuerdo deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en la Componente 26, así como en la medida I2 en la que se enmarcan dichas actuaciones, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan y en el Anexo a la CID.
Así mismo las CCAA tendrán que cumplir con la normativa europea y nacional que les resulte aplicable, y en particular, con las obligaciones que se derivan del Reglamento del MRR relativas a conflictos de intereses, fraude, corrupción, no concurrencia de doble financiación, cumplimiento de la normativa en materia de ayudas de Estado, comunicación, publicación obligatoria, cuando corresponda, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones («BDNS») y/o en la Plataforma de Contratos del Sector Público («PLACSP»), transferencia de datos, entre otros.
Las CCAA deberán ajustarse a lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las CCAA tendrán en consideración la creación de empleo en el desarrollo de sus actuaciones como objetivo clave de la ejecución del plan.
Asimismo, deberán tenerse en consideración los objetivos de soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro.
Las CCAA tendrán que informar a los beneficiarios últimos, contratistas y/o subcontratistas en los instrumentos jurídicos que formalicen en ejecución de la inversión de las obligaciones que se derivan de la normativa del MRR y del PRTR.
Las Comunidades Autónomas/Ciudades con Estatuto de Autonomía y el Ministerio de Cultura y Deporte, adoptarán los siguientes compromisos financieros a los efectos de ejecución de las líneas de financiación:
a. Los ingresos de las Comunidades Autónomas/Ciudades con Estatuto de Autonomía procedentes de las líneas de financiación estarán legalmente afectados a financiar medidas previstas, previéndose el reintegro total o parcial de los mismos en caso de no ejecutarse materialmente el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.4 del R.D Ley 36/2020.
b. Las Comunidades Autónomas/Ciudades con Estatuto de Autonomía serán responsables del seguimiento de las inversiones a través del seguimiento contable de los gastos imputados a las medidas financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (art.46 RD-Ley 36/2020).
c. Las Comunidades Autónomas/Ciudades con Estatuto de Autonomía deberán ejecutar y mantener una adecuada pista de auditoría de la ejecución del gasto, los respectivos objetivos, hitos e indicadores que se vayan fijando para la correcta ejecución de los créditos.
d. Las Comunidades Autónomas/Ciudades con Estatuto de Autonomía tendrán la obligación de suministro y publicación periódica relativa a la ejecución del gasto, hitos, objetivos/indicadores, en los términos que se establezcan por el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y comunitaria.
e. En el caso de cualquier incumplimiento de la Comunidad Autónoma/Ciudades con Estatuto de Autonomía puesto de manifiesto en el desarrollo de las actuaciones de control de la autoridad nacional o de instituciones comunitarias que dé lugar a una merma en el retorno de fondos, ésta se trasladará a la Comunidades Autónoma/Ciudades con Estatuto de Autonomía en aplicación de lo señalado en el artículo 7 de la Ley General de Subvenciones, relativa a la responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea.
Procederá el reintegro total o parcial de los fondos recibidos por parte de las Comunidades Autónomas/Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuando:
1. No se puedan cumplir los objetivos, metas e indicadores fijados en el desarrollo de ejecución de los créditos por causa imputable a la Comunidad Autónoma/Ciudades con Estatuto de Autonomía, en la parte de los mismos no cumplidos.
2. Cualquier irregularidad que afecte a medidas bajo la responsabilidad de la Comunidad Autónoma/Ciudad con Estatuto de Autonomía determinada en cualquier control desarrollado por autoridades nacionales o comunitarias que recaiga sobre aquellas.
3. La no utilización de las cantidades recibidas para las medidas para las que se transfirieron.
4. En caso de incumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo», del etiquetado climático o de las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del Componente 26 o en el Anexo a la Decisión de Ejecución del Consejo, las Comunidades Autónomas deberán reintegrar las cuantías percibidas.
Tanto las Comunidades Autónomas/Ciudades con Estatuto de Autonomía como el Ministerio de Cultura y Deporte, tienen la obligación de adoptar las medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
Adicionalmente las Comunidades Autónomas/Ciudades con Estatuto de Autonomía y el Ministerio de Cultura y Deporte tienen la obligación de sometimiento a las actuaciones de la autoridad de control o de las entidades que actúen bajo su coordinación o responsabilidad.