Categoría: Judicial

utela cautelar, ya que dicho recurso fue presentado ante el Tribunal Constitucional, siendo debidamente sustanciado en sus piezas de suspensión y principal. Se destaca, además, que el ATC 146/2020 no tuvo como único fundamento para desestimar la medida cautelar el hecho de que ya se hubiera ejecutado la condena sino también otros.
No podemos compartir (i) ni la apreciación que parece negar el presupuesto del que parte el recurrente de que este tribunal desestimó la posibilidad de suspensión de la pena de inhabilitación especial para cargo público con fundamento principal en que ya se había iniciado su ejecución en la vía judicial ordinaria (ii) ni la circunstancia de que, a pesar de la actual regulación legal en la materia, no hubiera sido necesario hacer una interpretación por parte del órgano judicial respetuosa con el art. 24.1 CE que posibilitara la tutela cautelar en la jurisdicción de amparo.
II. El fundamento de la denegación de la suspensión de la pena de inhabilitación especial para cargo público del recurrente en la jurisdicción de amparo y la frustración de la tutela cautelar efectiva en dicha jurisdicción.
3. La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, en los términos ya expuestos, sostiene que no se ha vulnerado el derecho a la tutela cautelar del recurrente en la jurisdicción de amparo haciendo una especial incidencia, por una parte, en que el recurrente pudo solicitar la suspensión de la pena de inhabilitación especial para cargo público que le había sido impuesta obteniendo un pronunciamiento de este tribunal al respecto; y, por otra, en negar que la razón principal para que este tribunal hubiera rechazado la suspensión de aquella pena fuera que ya se hubiera iniciado su ejecución en la vía judicial.
Discrepamos de ambas apreciaciones. La tutela cautelar, como una de las dimensiones del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), no se satisface solo con la posibilidad meramente formal de que en una concreta vía jurisdiccional pueda sustanciarse una petición de suspensión de la decisión objeto de impugnación y que sea objeto de pronunciamiento. Los derechos fundamentales tienen una dimensión material que, en lo que se refiere a la tutela cautelar, implica, tal como ha sido destacado por la jurisprudencia constitucional, que no baste con que pueda sustanciarse la pieza de suspensión y que haya un pronunciamiento sobre la tutela cautelar solicitada sino que exista una posibilidad real de que ese pronunciamiento permita asegurar el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso a través de la adopción de las medidas cautelares que resulten adecuadas (así, por ejemplo, STC 259/2007, de 19 de diciembre, FJ 8).
4. Por lo que se refiere al fundamento de la denegación de la suspensión en el ATC 146/2020, en el voto particular formulado a dicho auto ya se destacaba que los dos aspectos esenciales en que se sustentaba la denegación de la suspensión de la pena de inhabilitación especial para cargo público del recurrente de amparo eran que (i) la suspensión solicitada no podía evitar el prejuicio irreparable que para el recurrente tenía la pérdida del cargo de presidente de la Generalitat de Cataluña, que había ya adquirido el carácter de definitiva mediante la declaración de la firmeza de la sentencia y su consiguiente ejecución, y (ii) la jurisprudencia establecida en los precedentes AATC 167/1995, de 5 de junio, y 247/2004, de 12 de julio, en la que se sostiene que la pérdida de finalidad del amparo está vinculada a la duración inferior a cinco años de la pena impuesta, no resulta aplicable a este caso por no tratarse de asuntos idénticos.
Ambos argumentos están directamente conectados con la decisión judicial de acordar el efecto inmediato de la pena de inhabilitación especial para cargo público o, al menos, de no suspender su ejecución a la espera de lo que pudiera decidir el Tribunal Constitucional en la vía jurisdiccional de amparo. El primer argumento, en el sentido criticado en el citado voto particular, partía de la base de que la conjunción de la naturaleza de la pena de inhabilitación especial para cargo público –en la medida en que tiene como un primer efecto la perdida instantánea del cargo que se ostenta– con el hecho de que hubiera sido acordada su ejecución con efecto inmediato el día 28 de septiembre de 2020, era determinante de que el Tribunal Constitucional ya no pudiera adoptar una decisión de suspensión que había agotado sus efectos de pérdida del cargo de manera irreversible. El segundo argumento, también en el sentido criticado en el citado voto particular, fundamentado en que no había existido una apartamiento de la jurisprudencia constitucional precedente establecida en los AATC 167/1995 y 247/2004, partía de la base de que no se daba la necesaria identidad de supuestos, haciéndose referencia a la circunstancia de que ya se hubiera iniciado su ejecución, aunque se utilizaran, además, otros supuestos criterios diferenciadores. Por tanto, ambos argumentos usados en el ATC 146/2020 evidencian que la decisión de denegación de la suspensión adoptada por este tribunal estaba vinculada con la decisión judicial impugnada de dar un efecto inmediato a la pena de inhabilitación especial para cargo público.
5. De ese modo, el fundamento en el que se basa la posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia no puede compartirse porque parece entrar en contradicción insalvable con los argumentos sustentados en el citado ATC 146/2020.
Esto es, si en dicho auto lo que sustentaba buena parte de la decisión de este tribunal de no suspender la pena impuesta al recurrente era la irreversibilidad de efectos que tenía sobre la pérdida del cargo por el carácter inmediato de la ejecución ya acordada mediante la resolución judicial ahora impugnada en este recurso de amparo; entonces, no parece lógicamente consistente con aquella decisión de este tribunal el sustentar ahora como argumento principal de la desestimación de la vulneración del art. 24.1 CE que la decisión judicial impugnada no fue un elemento determinante para frustrar la posibilidad de que en la vía jurisdiccional de amparo este tribunal tuviera la oportunidad de otorgar una tutela cautelar efectiva.
Por tanto, entendemos que, partiendo de la base argumental utilizada por este tribunal en el ATC 146/2020, no cabe razonablemente concluir que las decisiones judiciales impugnadas de acordar la inmediata ejecución de esa pena o, al menos, de no suspenderlas hasta que el Tribunal Constitucional pudiera pronunciarse sobre el eventual otorgamiento de una tutela cautelar no supusieron un obstáculo jurídico insalvable para que el recurrente tuviera una tutela cautelar efectiva en la vía jurisdiccional de amparo.
III. La posibilidad de una interpretación alternativa respetuosa con el art. 24.1 CE.
6. La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia también ha puesto de manifiesto para rechazar la invocación de los arts. 24.1 y 23.2 CE que la decisión judicial impugnada de iniciar la ejecución de la pena de inhabilitación especial para cargo público se fundamenta en un mandato legal categórico previsto en los arts. 794 y 988 LECrim, al igual que sucede con la decisión de no suspensión por ser este un pronunciamiento competencia del Tribunal Constitucional dentro del procedimiento de amparo de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC.
No cabe negar ninguno de los dos extremos. Debe reconocerse que la actual regulación de la tutela cautelar en la jurisdicción de amparo constitucional plantea ciertos problemas estructurales que impide en ciertas circunstancias que resulte efectiva. Las leyes procesales y la LOTC no contemplan, una vez declarada la firmeza de una resolución judicial, la posibilidad de que los órganos judiciales en el plazo que existe para interponer un recurso de amparo o el indispensable para que este tribunal se pronuncie sobre la petición de una medida cautelar puedan adoptar una decisión para demorar la ejecución o, en su caso, para suspenderla a la espera de un eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional ante una petición de medidas cautelares. No obstante, como tampoco ninguna norma lo impide, en muchas ocasiones depende del órgano judicial demorar la ejecución o suspenderla para dar tiempo a que el recurrente pueda agotar el plazo de interposición del recurso de amparo y que este tribunal se pronuncie sobre una eventual petición de medida cautelar.
Por lo que respecta al presente recurso de amparo, la LECrim no impone, ni impide, una inmediata ejecución de la pena de inhabilitación especial para cargo público ni tampoco impone, o impide, una suspensión a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional ante una eventual petición de suspensión en un recurso de amparo. En estas concretas circunstancias normativas, la posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia ha puesto el acento en que la LECrim no impide una inmediata ejecución como la acordada en la resolución impugnada ni impone que el órgano judicial la suspenda a la espera de una eventual tutela cautelar en la jurisdicción de amparo, negando con ello que haya existido una vulneración del art. 24.1 CE y también la necesidad del planteamiento de una cuestión interna de inconstitucionalidad respecto de esta situación normativa.
7. Consideramos que todavía hubiera sido preciso valorar si en ese contexto normativo el órgano judicial debiera haber hecho una interpretación y aplicación de la legalidad que, incidiendo en la circunstancia de que tampoco la actual regulación impide adoptar esas decisiones de demora o suspensión, hubiera posibilitado hacer efectiva la tutela cautelar en la jurisdicción de amparo. Entendemos que, ante la omisión de una regulación legislativa sobre el particular, hubiera resultado posible hacer una lectura respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la que se pusiera de manifiesto que, a pesar del silencio legislativo, al incluir el art. 24.1 CE el derecho a la tutela cautelar en la jurisdicción de amparo, el órgano judicial no puede tomar ninguna decisión que frustre esa posibilidad, que es lo que ha sucedido en este caso al dar efecto inmediato a la inhabilitación y negarse a suspenderla a la espera de lo que decidiera el Tribunal Constitucional.
Un razonamiento de estas características ya fue utilizado por la jurisprudencia constitucional en las SSTC 178/2001, de 17 de septiembre, FJ 4, y 179/2002, de 14 de octubre, FJ 4, en relación con la omisión legislativa de dar traslado a la contraparte en los supuestos de recurso de queja, en que se consideró que su interpretación debía integrarse con las garantías constitucionales de contradicción e igualdad de armas imponiendo la participación del resto de partes personadas en el procedimiento.
Por tanto, al margen de nuestra discrepancia con la posición mayoritaria respecto de las razones por las que en su día se denegó al recurrente la suspensión de la pena de inhabilitación especial para cargo público que le había sido impuesta, tampoco nos parece adecuado que no se hubiera valorado la posibilidad de haber realizado una interpretación constitucional de esta omisión legislativa que no frustrara la tutela cautelar en la jurisdicción de amparo.
Una interpretación, además, que hubiera resultado especialmente apropiada en un supuesto como el presente en el que el demandante de amparo mostró una especial diligencia pues actuó con extrema celeridad –renunciando de manera clara a la integridad del plazo para interponer el recurso de amparo– con el fin de posibilitar una eventual tutela cautelar en el recurso de amparo contra la condena de inhabilitación. No solo se impugnó en amparo dicha condena el 29 de septiembre de 2020, que era el día siguiente a que se dictaran la sentencia de casación desestimando el recurso contra la sentencia condenatoria y el auto de ejecución de la pena de inhabilitación, sino que incluso en ese momento ni siquiera era firme dicho auto de ejecución por ser susceptible de recurso de súplica, que fue resuelto el 13 de octubre de 2020. Esto es, contando con un plazo de recurso de amparo de treinta días (art. 44.2 LOTC), el recurrente agotó solo un día de ese plazo para su impugnación en amparo pidiendo la suspensión de una pena cuya ejecución no era todavía firme.
8. En definitiva, por las razones señaladas consideramos que, si el tribunal se mantiene en la decisión mayoritaria de que en ocasiones como la presente la iniciación de la ejecución de una pena imposibilita de manera irreversible su suspensión cautelar en el procedimiento de amparo constitucional, hubiera sido necesario establecer una interpretación de la actual normativa procesal que posibilitara su compatibilidad con el art. 24.1 CE, en garantía de la tutela cautelar a dispensar en el recurso de amparo.
Madrid, a diez de mayo de dos mil veintidós.–Juan Antonio Arias Vicente.–Ramón Sáez Valcárcel.–Firmado y rubricado.