Categoría: Energía y Medio Ambiente

opuestas; proporcionar información acerca de su eficiencia y redimensionar las medidas propuestas o adoptar otras nuevas, si se detectaran desviaciones sobre los efectos previstos.
Antes de iniciar el PVA, el promotor designará un responsable. El coste de las tareas de vigilancia quedará a cargo del promotor.
Los controles más importantes propuestos se resumen a continuación:
Protección de suelos: control de jalonamiento y ocupación de suelos; ubicación de áreas auxiliares; acopio y conservación de la tierra fértil; vigilancia de la contaminación de suelos; gestión de residuos y sustancias peligrosas; erosión de superficies descubiertas.
Protección de hidrología: control de la contaminación de las aguas subterráneas y de los materiales en las proximidades de los cauces naturales o artificiales con riesgo de ser arrastrados.
Protección de la vegetación: realización de prospección en la zona de actuación; presencia de polvo en la vegetación próxima a las obras; daños apreciables (ramas rotas, daño en troncos, etc.) ocasionados por el paso de maquinaria, acopio de materiales, etc.
Protección de fauna: realización de prospección de la zona de actuación a fin de localizar nidos y/o refugios de especies clave o de interés; seguimiento de la avifauna para evaluar los posibles impactos por molestias e incremento del ruido ambiental derivados del funcionamiento de la base (el documento ambiental detalla un protocolo específico para realizar dicho seguimiento).
Protección de calidad del aire: control de la presencia de polvo en el aire; correcto mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria; cubrición de acopios y camiones; realización de riegos y correcta velocidad de la maquinaria.
Protección de calidad acústica: control de niveles de ruido durante las fases de obras y funcionamiento.
Durante el plazo de ejecución del proyecto y el primer año desde su puesta en funcionamiento, se remitirán al órgano sustantivo los siguientes informes:
En fase de obra: un informe previo al inicio de la obra; cada tres meses durante las obras y un informe de finalización de obras.
En la fase de explotación: tres informes anuales de seguimiento de la avifauna e informes extraordinarios cuando exista alguna afección o impacto no previsto.
La Dirección General Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León indica que se debe realizar un plan de seguimiento de la avifauna tanto en la fase de obras como durante la fase de funcionamiento del helipuerto, tal y como se establece en el programa de vigilancia ambiental recogido en el documento ambiental del proyecto. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en dicho plan se establecerán y aplicarán, en su caso, las medidas ambientales necesarias para minimizar la afección a las especies de avifauna presentes en la zona. El promotor indica que esta medida se encuentra recogida en el punto 9.2.7.del PVA del documento ambiental. De los resultados, se informará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia de Ávila.
Teniendo en cuenta lo anterior, este órgano ambiental añade una prescripción al apartado d sobre el PVA a la presente resolución.
Con carácter general, el promotor habrá de respetar las buenas prácticas ambientales para la realización del proyecto, pudiendo servir de orientación los «Manuales de Buenas Prácticas Ambientales en las Familias Profesionales», que se encuentran publicados en la página web de este Ministerio, para cada una de las actuaciones previstas.
Asimismo, el promotor deberá cumplir todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental y demás documentación complementaria generada, en lo que no resulten contrarias a la presente resolución. Todas ellas deberán estar definidas y presupuestadas por el promotor en el proyecto.
Además, el promotor deberá cumplir las prescripciones adicionales especificadas en este apartado, las cuales se derivan del análisis técnico realizado por el órgano ambiental, así como de los informes recibidos de los organismos consultados.
Las prescripciones que se enumeran a continuación no eximen al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones ambientales o sectoriales que resulten legalmente exigibles ni del cumplimiento de la legislación ambiental que sea de aplicación.
1. Debe asegurarse el cumplimiento de la normativa en materia de ruido, concretamente, de los valores límite de inmisión señalados en los artículos 23 y 25 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
2. Si, en el inicio o transcurso de la actividad, se comprobara la vulneración de los límites de inmisión de ruido fijados en la normativa, se adoptarán todas las medidas que sean necesarias para alcanzarlos, como la modificación de los perfiles teóricos de operación, tanto de ascenso como de descenso, el diseño de rutas o limitaciones al sobrevuelo, entre otras.
3. Deberá realizarse una adecuada gestión de las aguas de escorrentía pluvial para evitar que contaminen las aguas continentales u otro elemento del dominio público hidráulico. Las aguas pluviales de las zonas previamente aisladas donde se realiza el repostaje, el estacionamiento de aeronaves y la instalación de combustible, se conducirán hasta un separador de hidrocarburos antes de su vertido directo al terreno.
4. Tras la fase de obras, el hábitat prioritario 6230* afectado por el área de ocupación temporal deberá ser restaurado en su totalidad, así como las zonas colindantes que pudieran afectarse durante la ejecución del proyecto.
5. Previo a la ejecución de las obras, el promotor deberá realizar la prospección arqueológica de la zona del proyecto por un técnico con competencia profesional en la materia y deberá someterse a informe del órgano competente de la Consejería con competencia en materia de Cultura.
6. Se definirá un sistema de registro y seguimiento de los incidentes con la fauna durante la vida útil de la instalación que deberá estar operativo en el momento en que el centro entre en funcionamiento. Este sistema deberá incluir un protocolo para el registro de los incidentes en el que se identifique, al menos, la especie o especies afectadas, el número de ejemplares, la maniobra en la que se ha producido el accidente, las causas y las consecuencias del incidente, así como la zona y la altitud en la que se ha producido. Se determinarán las acciones a adoptar, en caso de que se detecten colisiones reiteradas con especies protegidas. Los incidentes registrados serán comunicados a la AESA y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia de Ávila.
La presente resolución no ampara posibles modificaciones, estructurales o funcionales, que se realicen con posterioridad, en cuyo caso será de aplicación lo establecido en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece, en el apartado segundo del artículo 7, los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada, de conformidad con el procedimiento previsto en la sección 2.ª del capítulo II del título II de la ley.
Este procedimiento se desarrolla en los artículos 45 y siguientes de la Ley de evaluación ambiental, y así, el artículo 47 dispone que, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, el órgano ambiental determinará, mediante la emisión del informe de impacto ambiental, si el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente, o si por el contrario no es necesario dicho procedimiento en base a la ausencia de esos efectos, de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo III de la citada norma.
El proyecto «Helipuerto de Puerto el Pico (Ávila)» se encuentra encuadrado en el artículo 7.2, apartado a) los proyectos comprendidos en el anexo II, concretamente, en el grupo 7. d) de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.
Corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos de competencia estatal, de acuerdo con el artículo 7.1 c) del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
En virtud de lo expuesto, y a la vista de la propuesta de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, esta Dirección General resuelve:
De acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho alegados y como resultado de la evaluación de impacto ambiental practicada, que no es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto «Helipuerto de Puerto el Pico (Ávila)», ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución.
Esta resolución se hará pública en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (www.miteco.es), sin perjuicio de la obligación del promotor de obtener las autorizaciones ambientales que resulten legalmente exigibles.
De conformidad con el apartado 5, del artículo 47 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto.
Madrid, 17 de noviembre de 2023.–La Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Pérez Carmona.