Categoría: Administración

ífico-tecnológica de la Agencia y/o experta del ámbito área, subárea o prioridad temática correspondiente.
c) Vocalía: Un panel compuesto por personas expertas nombradas por el órgano concedente, seleccionadas según el ámbito, área, subárea o prioridad temática correspondiente.
La secretaría de las comisiones técnicas será ejercida por una persona funcionaria de la Agencia, que actuará con voz, pero sin voto.
6. Las comisiones que puedan conformarse al amparo de este artículo procurarán el equilibrio de género, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
7. Las personas que intervengan en las comisiones técnicas y en la comisión de selección manifestarán de forma expresa la ausencia de conflictos de intereses, no pudiendo participar en las comisiones personas en la que exista dicho conflicto.
8. En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, el funcionamiento de las comisiones se regirá por lo establecido en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
9. El funcionamiento de las comisiones técnicas y de las comisiones de selección será atendido con los medios personales, técnicos o presupuestarios asignados al órgano convocante.
Los criterios de valoración y su ponderación para los distintos tipos de actuaciones que se convoquen al amparo de la presente orden son los especificados en el anexo III, con las concreciones que se determinen en las convocatorias.
1. La comisión de selección emitirá un informe motivado que contenga una relación priorizada de las actuaciones o proyectos que se consideren subvencionables, ordenándolas individualmente o por categorías, siempre que, en este último caso, proporcionen un juicio inequívoco para su selección, detallando para cada solicitud, cuando proceda, la financiación propuesta. No obstante, no será necesario fijar dicho orden de priorización cuando el crédito consignado sea suficiente para atender todas las solicitudes presentadas que satisfagan los requisitos exigidos. En el caso de que la convocatoria prevea la concesión de acreditaciones, incluirá una propuesta al respecto.
2. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de selección, emitirá una propuesta de resolución provisional motivada y la notificará a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles, formulen alegaciones si lo estiman oportuno. Este plazo podrá ser superior, si así se establece expresamente en función de las características de la actuación. Dicha propuesta incluirá, como mínimo:
a) La persona o personas o entidad o entidades solicitantes para las que se propone la concesión de la ayuda, junto con la cuantía y condiciones de la misma.
b) Cuando corresponda, la relación de las solicitudes de reserva, ordenadas según su prelación, en los términos y a los efectos establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) El carácter deminimisde la ayuda, cuando sea procedente, haciendo referencia completa al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas deminimis(en adelante, Reglamento deminimis).
d) En su caso, el equivalente en subvención bruta de la ayuda propuesta.
3. Cuando el importe de la ayuda contemplada en la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar al beneficiario, si así se establece en las convocatorias, a la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la ayuda otorgable, en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 61 de su Reglamento de desarrollo.
4. Con ocasión del trámite de audiencia, y cuando así lo prevea la convocatoria, podrá recabarse en el mismo acto la aceptación de la ayuda por los solicitantes seleccionados. En este caso y cuando las ayudas estén cofinanciadas con Fondos FEDER y FSE+, la notificación incluirá, para cada ayuda, la información prevista en la normativa específica de dichos Fondos que sea de aplicación.
Asimismo, se podrá recabar la presentación de los justificantes o documentos requeridos que son de obligado cumplimiento para poder adquirir la condición de beneficiario. Dichos documentos serán especificados en cada convocatoria junto con los plazos para su presentación.
A falta de respuesta del solicitante, la ayuda se entenderá aceptada, salvo que no se aporten los justificantes y documentos requeridos en los plazos establecidos, en cuyo caso se tendrá al solicitante por desistido de su solicitud.
5. Se podrá prescindir del trámite de audiencia en los casos previstos en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. Finalizado, en su caso, el trámite de audiencia, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará el solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la concesión de ayudas y su cuantía.
7. Cuando resulte procedente y así lo disponga la convocatoria, el órgano instructor notificará a los solicitantes que hayan sido propuestos como beneficiarios la propuesta de resolución definitiva para que, en el plazo de diez días hábiles, comuniquen la aceptación o desistimiento de la ayuda propuesta y aporten los justificantes o documentos requeridos, si no lo hubieran hecho con anterioridad. Será de aplicación lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado 4 de este artículo.
En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos FEDER y FSE+, la citada notificación incluirá, para cada ayuda, la información prevista en la normativa específica que sea de aplicación a dichos fondos.
8. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no le haya sido notificada la resolución de concesión.
9. En caso de ayudas cofinanciadas con Fondos FEDER y FSE+, la aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo establecido en la normativa específica que sea de aplicación a dichos fondos.
1. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver, éste dictará la resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía administrativa. Contra la resolución del procedimiento cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo máximo de dos meses desde su notificación o publicación, si la resolución fuera expresa, o en cualquier momento a partir del día siguiente al que se produzca el acto presunto o bien recurso de reposición, con carácter previo y potestativo, ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes o en cualquier momento a partir del día siguiente al que se produzca el acto presunto, sin que puedan simultanearse ambas vías de impugnación.
2. La resolución del procedimiento estará debidamente motivada, con referencias a la presente orden y a la correspondiente convocatoria, a los informes del órgano instructor, así como al proceso de evaluación. En el caso de las solicitudes desestimadas se indicará el motivo de desestimación, y, en su caso, se mencionará si no se ha alcanzado alguno de los umbrales.
La resolución de concesión deberá contener, al menos:
a) El importe global concedido en la convocatoria o resolución parcial, en su caso, así como su distribución por aplicaciones presupuestarias, anualidades y modalidades de ayuda; indicación de la forma de pago de las ayudas.
b) La relación de solicitantes a quienes se concede la ayuda, en la que figure la identificación de la actuación o actuaciones, así como el presupuesto financiable y la cantidad y modalidad de la ayuda concedida a cada solicitante, incluyendo, en su caso, su distribución por anualidades.
c) La desestimación expresa de las restantes solicitudes.
d) Las condiciones generales y las condiciones particulares establecidas para cada ayuda.
e) El régimen de recursos.
f) Cuando proceda, se hará mención a la financiación con Fondos FEDER y FSE+.
g) Cuando proceda, la obtención de la acreditación y las normas por las que se regirá.
h) Cuando proceda, la cita del Reglamento deminimis.
i) En su caso, el equivalente de subvención bruta de la ayuda.
j) Tratándose de anticipos reembolsables y préstamos, las condiciones de concesión y devolución de los mismos.
3. La resolución del procedimiento será dictada y notificada en el plazo máximo de seis meses contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que la convocatoria difiera sus efectos a una fecha posterior.
El citado plazo para dictar la resolución de concesión podrá ser suspendido en los casos previstos en el artículo 22.1 y 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 24.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El plazo máximo para resolver podrá ampliarse por un periodo máximo de seis meses en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La falta de resolución expresa en el plazo indicado legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la ayuda.
4. Asegurando la observancia del principio de igualdad en el otorgamiento, el órgano concedente podrá dictar resoluciones de concesión parciales y sucesivas, sobre la totalidad de solicitudes presentadas, a medida que el órgano correspondiente formule las correspondientes propuestas de resolución provisionales y definitivas parciales. En este caso, la convocatoria deberá establecer las medidas que garanticen dicho principio de igualdad en el otorgamiento.
Solo será posible dictar resoluciones de concesión parciales y sucesivas si el reparto de la subvención no se hace depender del número de beneficiarios que cumplan los requisitos o bien del orden que ocupen en la clasificación resultante de la aplicación de los criterios de adjudicación.
5. La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en esta orden para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano concedente dictará el acto de concesión y procederá a su notificación al beneficiario en la forma indicada en los apartados 2 y 3 del artículo 16.
1. Las actuaciones deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determine en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión en la forma que se establezca en las mismas.
Cualquier cambio en el contenido de la resolución requerirá simultáneamente:
a) Que el mismo sea solicitado antes de que finalice el plazo de ejecución de la actuación o, en su caso, la anualidad correspondiente, y sea autorizado expresamente por el órgano concedente.
b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, incluidos los de desarrollo regional, no afecte a sus aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda, no afecte a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos de terceros.
En este sentido, para actuaciones cofinanciadas con Fondos FEDER y FSE+, se ha de tener en cuenta lo dispuesto en la normativa específica de dichos Fondos que sea de aplicación, relativo a la durabilidad de las operaciones cofinanciadas, así como a la localización geográfica de las actuaciones.
2. Las circunstancias sobrevenidas, debidamente justificadas, que pueden dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y siempre que lo prevean las convocatorias, son las siguientes:
a) Cambio de beneficiario, pudiéndose autorizar:
1.º Las relacionadas con la fusión, absorción y escisión de entidades y las que sean consecuencia de que uno de los beneficiarios de un proyecto en colaboración lo abandone por una causa sobrevenida.
2.º El cambio de beneficiario de la ayuda, siempre que el nuevo cumpla los requisitos establecidos en los artículos 3, 4 y 5 de esta orden y se comprometa a mantener la actividad objeto de la ayuda en los mismos términos en que fue solicitada y aprobada y no se alteren los principios de igualdad y concurrencia, garantizándose que el nuevo beneficiario reúne los requisitos que le hubieran permitido obtener la ayuda, y, en su caso, cumple con la normativa específica de Fondos FEDER y FSE+ que sea de aplicación. La autorización requerirá, al menos, de un informe técnico en el que se constate la idoneidad del nuevo beneficiario para garantizar la viabilidad de la actuación y se podrá exigir un informe de un auditor de cuentas externo a la propia entidad, que certifique el estado económico de la ayuda concedida en la fecha de la solicitud de cambio.
En este caso, el remanente de ayuda no gastado por la entidad beneficiaria originaria deberá ser transferido directamente a la nueva entidad, que adquirirá la condición de beneficiaria desde la fecha de la modificación de la resolución. Las convocatorias podrán establecer que dicho cambio sólo se pueda solicitar para anualidades completas.
b) Prórroga del plazo de ejecución de actividades de I+D+i objeto de ayuda, cuando se den circunstancias debidamente acreditadas, que hayan impedido la ejecución de la actividad en el plazo inicialmente previsto. No se autorizarán ampliaciones que excedan de la mitad de la duración inicial de la actuación. En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos FEDER y FSE+, la prórroga deberá estar incluida dentro del periodo de elegibilidad del correspondiente programa operativo. No obstante, las convocatorias podrán incluir un límite temporal inferior a efectos de garantizar los plazos de certificación establecidos en la normativa de dicho programa operativo.
c) Cambios en el investigador/a principal o responsable científico-técnico de la actuación objeto de ayuda, siempre que lo prevean las convocatorias y que los propuestos cumplan los requisitos establecidos en las mismas y posean la suficiente capacidad científico-técnica para ser investigador/a principal o responsable científico de la actuación.
d) Cambios en las características del equipamiento financiado, debido a la necesidad de introducir mejoras tecnológicas o de la funcionalidad o por otras causas debidamente justificadas. Los cambios no podrán suponer una modificación sustancial del objetivo principal de la actuación.
e) Específicamente para las convocatorias en las que se financien actuaciones de recursos humanos para la I+D+i:
1.º La prórroga del plazo de presentación de contratos e incorporación de los contratados. En casos excepcionales, debidamente acreditados, se podrá autorizar la ampliación de los plazos establecidos en las convocatorias para la formalización y presentación de los contratos y para la incorporación de los contratados a los organismos de investigación.
2.º La interrupción y prórroga del plazo de ejecución de los contratos. Las entidades beneficiarias podrán solicitar la interrupción y la prórroga del plazo de ejecución de los contratos de trabajo financiados durante el tiempo en que esos contratos sean suspendidos, por las siguientes causas que afecten a las personas contratadas objeto de las ayudas:
i. Permiso de maternidad o paternidad.
ii. Adopción.
iii. Guardia con fines de adopción o acogimiento.
iv. Riesgo durante el embarazo.
v. Riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses.
vi. Incapacidad temporal durante el embarazo por causas vinculadas con el mismo.
vii. Incapacidad temporal por causas distintas a las del punto anterior por un periodo de al menos 2 meses consecutivos.
viii.  Otras circunstancias en las que legalmente proceda la suspensión de los contratos.
3.º Cambio del investigador/a o técnico/a contratado, cuando la naturaleza de la actuación financiada lo permita.
3. Con carácter general, la cuantía aprobada en el concepto de costes directos de ejecución se podrá destinar a cualquiera de los gastos elegibles establecidos en el artículo 8, de acuerdo con las necesidades de la actuación financiada, siempre que se acredite la vinculación con la misma.
En el caso de que en la resolución de concesión se distingan distintas partidas separadas en el concepto de costes directos, no será necesaria autorización para los incrementos de hasta un 30 % en dichas partidas que se compensen con disminución de otras, y siempre que no se altere el importe total de la ayuda.
4. No se admitirán compensaciones entre los conceptos de costes directos y costes indirectos reflejados en la resolución de concesión.
5. La solicitud de modificación de la resolución de concesión se acompañará, al menos, de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento de los requisitos expuestos en los apartados anteriores de este artículo.
6. En el marco de lo establecido en este artículo, las convocatorias podrán concretar las condiciones específicas de cada modificación, así como la documentación necesaria que deberá presentarse en cada caso. Se podrá establecer una antelación mínima a la finalización de las ayudas para la presentación de las solicitudes de modificación, que no podrá exceder de dos meses, salvo que concurran circunstancias de fuerza mayor.
1. Las ayudas que se concedan podrán tener una dotación económica fija o variable y el pago podrá hacerse en forma de pago único o fraccionado, anual o plurianual, y de forma anticipada, a cuenta, con posterioridad a la realización de la actividad objeto de ayuda, o en una combinación de las formas anteriormente citadas.
Los pagos a cuenta deberán estar adaptados al ritmo de ejecución de la actuación, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada anualmente por el beneficiario, que podrá consistir en una relación de gastos.
2. Cada pago quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano gestor de que el beneficiario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Así mismo, los pagos podrán condicionarse a la presentación de la documentación que se exija en la convocatoria o en las resoluciones de concesión, a la constitución de las garantías previstas en el artículo 10, en su caso, o, cuando los pagos se realicen en varias anualidades, si procediera, a la presentación de la documentación requerida para la justificación de la actuación, o, eventualmente, a su evaluación positiva, en la forma y circunstancias que se especifiquen en la convocatoria.
3. El órgano concedente de las ayudas podrá condicionar un último pago, hasta un porcentaje máximo del 10 % del importe total de concesión, a la justificación de las ayudas y su comprobación.
4. En el caso de las actuaciones en colaboración, si así lo prevé la convocatoria, el pago de la ayuda se podrá realizar al representante de la agrupación, quien se responsabilizará de la transferencia a cada entidad beneficiaria de los fondos que les correspondan según el reparto establecido en la resolución de concesión. En todo caso, la convocatoria podrá establecer un plazo máximo en el que el representante de la agrupación tenga que transferir los fondos al resto de la agrupación.
5. El órgano concedente de la ayuda podrá acordar, como medida cautelar a raíz de la intervención de las autoridades de control competentes, nacionales o europeas, la retención del pago a la que se alude en el artículo 88.3 c) de Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dicha retención se realizará sobre las cantidades pendientes de abonar al beneficiario en el supuesto de indicios racionales de fraude y/o de la incorrecta obtención, destino o justificación de la ayuda percibida.
La retención se levantará cuando desaparezcan las circunstancias que la originaron o cuando el interesado proponga la sustitución de esta medida cautelar por la constitución de una garantía por el importe de la retención.
Se perderá el derecho al cobro del importe retenido si pasados doce meses desde que se practicó la retención, no hubiera desaparecido la causa que la originó.
6. La utilización de la figura del pago anticipado se ajustará al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos contemplado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de las ayudas reguladas en esta orden se realizará mediante los procedimientos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su Reglamento de desarrollo y, en su caso, en la normativa aplicable de la Unión Europea.
Los beneficiarios estarán obligados a la presentación de memorias de justificación científico-técnica y económica, en los términos que se detallan a continuación.
2. La justificación científico-técnica consistirá en la presentación de una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación como mínimo de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos, y del grado de cumplimiento de la obligación del acceso abierto a las publicaciones y datos de investigación a las que dé lugar la actuación financiada y justificación de los gastos realizados, cuando sea de aplicación.
Las convocatorias podrán concretar el contenido de la memoria justificativa científico-técnica, así como la documentación adicional que deberá presentarse en cada caso.
Se realizará una justificación científico-técnica final en el plazo de tres a seis meses, según se determine en las convocatorias, que comenzará en el primer semestre del año inmediato siguiente a aquel en que finalice la ejecución de la actuación.
En los casos en que esté justificado, las convocatorias podrán establecer que el plazo para la justificación a que se refiere el párrafo anterior comience inmediatamente después de la finalización del periodo de ejecución.
En el caso de actuaciones plurianuales se podrá establecer en las convocatorias la presentación de informes de justificación científico-técnicos intermedios, cuya presentación y valoración podrá condicionar el último pago.
3. La justificación económica adoptará con carácter general la modalidad de cuenta justificativa simplificada a que se refiere el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando la naturaleza de las actuaciones financiadas permita su seguimiento y control a través del seguimiento de indicadores de ejecución y/o de resultados.
En los demás casos, se optará por la cuenta justificativa ordinaria prevista en el artículo 72 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o bien por la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. Esta última se regirá por lo previsto en el artículo 74 del referido reglamento, y contendrá una memoria económica abreviada con el contenido de los apartados a), d), e) y g) del artículo 72.2 del mismo.
En su caso, el informe del auditor se ajustará a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Cuando el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, o por otro, siempre que esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
En las actuaciones cofinanciadas con Fondos FEDER y FSE+ se seguirá la normativa específica que resulte de aplicación.
Se realizará una justificación económica final en el plazo de tres a seis meses, según se determine en las convocatorias, que comenzará en el primer semestre del año inmediato siguiente a aquel en que finalice la ejecución de la actuación.
En los casos en que esté justificado, las convocatorias podrán establecer que el plazo para la justificación a que se refiere el párrafo anterior comience inmediatamente después de la finalización del periodo de ejecución.
En el procedimiento de revisión, se podrá exigir a las entidades colaboradoras, conforme a lo establecido en el artículo 15.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, justificar la entrega a los beneficiarios de los fondos recibidos.
Cuando el libramiento de la ayuda se realice en varias anualidades las convocatorias podrán establecer que el beneficiario deba presentar la documentación justificativa de los gastos realizados hasta el momento, antes del libramiento de las anualidades posteriores a la primera. En este caso, la comprobación sobre la documentación justificativa presentada tendrá carácter provisional, en tanto no se justifique totalmente la actividad subvencionada.
4. En cualquier caso, tanto los beneficiarios como, en su caso, las entidades colaboradoras, deberán disponer de los libros y registros exigidos por la normativa contable, así como conservar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, y quedarán a disposición del órgano concedente, que podrá requerirlas para su comprobación en cualquier momento. Dicha obligación se mantendrá al menos hasta que venza el derecho de la administración a reconocer o liquidar eventuales reintegros, conforme al artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o durante el periodo que resulte de la normativa aplicable a los Fondos FEDER y FSE+.
5. Los beneficiarios deberán confeccionar y custodiar los partes horarios del personal que, en su caso, se pueda contratar con cargo a la actividad financiada a efectos de evitar la doble financiación. Los partes horarios deberán identificar todos los proyectos y/o actividades en que ha participado esa persona, con la dedicación horaria a cada proyecto, de modo que la suma de las horas de dedicación de todos los proyectos dé como resultado la jornada laboral semanal según convenio o normativa aplicable. Deberá estar firmado por el/la trabajador/a y la persona responsable del mismo.
6. En el caso de que, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2.a) de esta orden, se hubiera producido una sustitución del beneficiario, cada uno de ellos será el beneficiario de la ayuda en el periodo y por la cuantía que determinen, consideradas conjuntamente, las resoluciones de concesión y de modificación de la concesión, a la vista del presupuesto aprobado y de la actividad realizada en el momento de la sustitución. Cada beneficiario será responsable de la ejecución y justificación de la parte de la ayuda que le corresponda.
1. El órgano concedente llevará a cabo el seguimiento y comprobación del cumplimiento de los objetivos científico-técnicos de las actuaciones según lo contemplado al efecto en el PEICTI.
El seguimiento y comprobación deberá basarse en la revisión y valoración de la memoria justificativa científico-técnica final y, en su caso, las de avance intermedio a las que se alude en el artículo 27.2, incluyendo además, en el caso de actuaciones del Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, los informes que deban elaborar las personas cuya formación, incorporación o movilidad se financia, así como, en su caso, sus directores de tesis, autoridades académicas o responsables de los proyectos de investigación de los que formen parte. También podrá basarse en indicadores objetivos establecidos al efecto y públicamente conocidos; en presentaciones presenciales, que podrán desarrollarse en lengua inglesa; o en visitas a las entidades beneficiarias.
El resultado de la revisión científico-técnica se concretará en informes o memorias de seguimiento que, entre otros aspectos, harán constar la adecuación de los gastos contenidos en la justificación científico-técnica y/o económica a los objetivos previstos en la ayuda.
2. Las valoraciones negativas de los seguimientos o comprobaciones de las actuaciones financiadas podrán ser tenidas en consideración cuando el interesado solicite una nueva ayuda del PEICTI, en la valoración de los criterios de evaluación relativos al equipo de investigación y a la trayectoria académica o profesional del candidato/a.
3. Con la información aportada por los beneficiarios, a la que se alude anteriormente, y la agregada de cada convocatoria, se realizará un análisisex postdel impacto de las actuaciones financiadas. A tal efecto, se podrá solicitar información adicional a los beneficiarios en cualquier momento, incluso después de finalizada la justificación de las actuaciones.
4. El órgano concedente, encargado de la comprobación científico-técnica y del análisisex postpodrá contar con la colaboración de expertos individualmente o en comisiones técnicas.
1. El beneficiario y, en su caso, las entidades colaboradoras estarán sometidos a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control por la Intervención General de la Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas y, en su caso, por las autoridades nacionales correspondientes, Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, en virtud de lo establecido en la normativa relativa a la gestión de las ayudas financiadas con los Fondos FEDER y FSE+.
2. El órgano concedente o, en su caso, el que se determine en la normativa aplicable podrá realizar las acciones de comprobación necesarias para verificar el cumplimiento de las condiciones económicas exigidas al beneficiario.
3. La comprobación formal para la liquidación de la ayuda se realizará sobre las cuentas justificativas presentadas. Las facturas y justificantes de pago o documentos de valor probatorio análogo que sustenten dichos informes serán objeto de comprobación en el plazo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o en la normativa específica aplicable cuando se trate de ayudas financiadas con Fondos FEDER y FSE+, sobre la base de una muestra representativa, a cuyo fin el órgano gestor podrá requerir a los beneficiarios la remisión de los justificantes que compongan dicha muestra. Se podrá completar la comprobación mediante la realización de visitas a las instalaciones del beneficiario.
El órgano concedente de la subvención tendrá la obligación de elaborar anualmente un plan anual de actuación para comprobar la realización adecuada del gasto por parte de los beneficiarios de las actividades subvencionadas. El citado plan deberá indicar si la obligación de comprobación alcanza a la totalidad de las subvenciones o bien a una muestra de las concedidas y, en este último caso, su forma de selección. También deberá contener los principales aspectos a comprobar y el momento de su realización.
1. Procederá el reintegro de la ayuda percibida, así como los intereses de demora correspondientes, en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y éste se regirá por lo dispuesto en el título II de la misma, y en el título III de su Reglamento de desarrollo, previo el oportuno expediente de incumplimiento.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda y el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas cuando se ponga de manifiesto el incumplimiento, desde el momento de la concesión o de forma sobrevenida, de los requisitos para obtener la condición de beneficiario establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o cuando proceda lo establecido en los artículos 18 y siguientes del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En estos casos se requerirá al beneficiario para que aporte la documentación en el plazo de quince días hábiles desde el día siguiente a la notificación del requerimiento. La no aportación conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda.
Adicionalmente, la entidad beneficiaria deberá reintegrar los fondos recibidos cuando el incumplimiento impida el retorno de fondos europeos, por el importe del retorno no percibido en relación con las actuaciones subvencionadas. Además, cualquier irregularidad que afecte a medidas bajo responsabilidad determinada en cualquier control desarrollado por autoridades nacionales o comunitarias que impida el retorno de fondos, implicará el reintegro por la entidad beneficiaria del importe del retorno no percibido en relación con las actuaciones subvencionadas. De no utilizar la entidad beneficiaria las cantidades recibidas para las actuaciones subvencionadas, deberá reintegrar los fondos por el importe indebidamente utilizado.
1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en la orden de bases, en las resoluciones de convocatoria, en la normativa europea, en su caso, y demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en las correspondientes resoluciones de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y a la obligación de reintegrar ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.
2. Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:
a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la ayuda, determinado a través de los mecanismos de seguimiento, comprobación, control y comprobación, será causa de reintegro total de la ayuda, y en su caso de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas determinado a través de los mecanismos de seguimiento, comprobación y control, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a las mismas y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir. Las convocatorias podrán establecer indicadores que determinen el grado de incumplimiento por el beneficiario y la pérdida parcial o total del derecho al cobro en función de ellos.
c) En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones del presupuesto financiable, el incumplimiento de la exigencia de autorización supondrá la devolución de las cantidades desviadas.
d) La falta de presentación de las memorias justificativas intermedias o finales, conllevará la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
e) La no aportación de las tres ofertas en los casos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, significará el reintegro parcial de la ayuda en un importe igual al coste del bien o servicio adquirido sin que conste la existencia de las mencionadas ofertas y sin perjuicio de lo previsto por la normativa europea en aquellos casos que resulte de aplicación.
f) El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida, en los términos del artículo 31.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de lo establecido en el artículo 5.3 de esta orden, será causa del reintegro parcial de hasta el 2 % del importe asociado a dicho incumplimiento.
No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa europea y de las sanciones que en su caso puedan imponerse, si se produjera el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta letra y si fuera aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, o pudieran realizarse acciones correctoras de la falta de publicidad, el órgano concedente requerirá al beneficiario para que adopte las medidas de difusión pertinentes en un plazo no superior a quince días hábiles, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g) En el caso de que en los proyectos en colaboración el representante de la agrupación no cumpliese con lo establecido en el artículo 5.5.a) de esta orden, se procederá al reintegro total de la ayuda concedida a esta entidad, sin que dicho reintegro pueda suponer un perjuicio para el resto de participantes.
De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los interesados podrán realizar la devolución voluntaria de remanentes no aplicados al fin para el que se concedió la ayuda. Procederá la exigencia de interés de demora desde la fecha de pago de la subvención hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario. El interés de demora aplicable será el interés legal del dinero incrementado en un 25 %, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma y en las respectivas convocatorias y resoluciones de concesión, por cuantas normas vigentes resulten de aplicación, y, en particular, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley 14/2011, de 1 de junio.
Cuando las ayudas se financien, en todo o en parte, con fondos estructurales, estas se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso, según establece el artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones regulados en dicha ley y en esta orden tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea. En cualquier caso, será de aplicación lo dispuesto en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o normativa que la modifique o sustituya.
Las ayudas financiadas total o parcialmente con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea se regirán por sus propias bases reguladoras.
1. Los préstamos son una modalidad de ayuda consistente en la entrega al beneficiario de una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un período de tiempo determinado, adquiriendo aquel la obligación de devolución del capital más los intereses que se determinen en un plazo de tiempo y según un calendario de amortización establecidos.
2. Los beneficiarios de ayudas en forma de préstamos deberán tener capacidad de endeudarse, conforme a la normativa que les resulte de aplicación.
Igualmente, los beneficiarios deberán acreditar que se encuentran al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El órgano concedente comprobará el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable del beneficiario o certificación del órgano competente si este fuese una administración pública.
3. Las convocatorias establecerán las condiciones de los préstamos en cuanto a plazos de amortización, periodo de carencia, interés y condiciones de reembolso, teniendo en cuenta lo que prevean las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
4. La concesión de los préstamos estará condicionada a la constitución de las correspondientes garantías, en los términos regulados en el artículo 10.
5. En aplicación de lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las ayudas en forma de préstamos, en ausencia de otra normativa específica distinta de la indicada en los apartados anteriores, se regirán, en cuanto a su concesión, justificación, comprobación y control, por las prescripciones de la citada ley, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y de esta orden que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones.
1. Los anticipos reembolsables son una modalidad de ayuda consistente en la concesión de un préstamo que se cancelará a la recepción por el órgano concedente de la subvención procedente de Fondos FEDER y FSE+. De este modo, se permite al beneficiario la obtención de recursos anticipados para la realización de su actuación, toda vez que la subvención proveniente de dichos fondos se librará una vez justificada la realización de la actividad, en los términos exigidos por la normativa comunitaria.
2. Los beneficiarios de ayudas en forma de anticipos reembolsables deberán tener capacidad de endeudarse, conforme a la normativa que les resulte de aplicación.
Igualmente, los beneficiarios deberán acreditar que se encuentran al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El órgano concedente comprobará el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable del beneficiario o certificación del órgano competente si este fuese una administración pública.
3. Las convocatorias establecerán las condiciones de los anticipos reembolsables en cuanto a plazos de amortización, periodo de carencia, interés y condiciones de reembolso, teniendo en cuenta lo que prevean las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
4. En las ayudas concedidas en forma de anticipo reembolsable, el libramiento de la ayuda proveniente de los Fondos FEDER y FSE+ se realizará en formalización, sin salida física de fondos, aplicándose a la cancelación de la deuda del anticipo reembolsable.
Si los Fondos FEDER y FSE+ percibidos no fueran suficientes para cancelar la deuda del anticipo reembolsable, el beneficiario ingresará la diferencia en el Tesoro Público, en el plazo de un mes desde que sea informado de que se han recibido dichos fondos.
5. Los organismos o entidades perceptores de anticipo reembolsable, en el caso de disponer de presupuesto de carácter limitativo, deben registrar el ingreso de la parte del anticipo garantizada por Fondos FEDER y FSE+, aplicado al capítulo 9 «Pasivos financieros» de su presupuesto. Las entidades perceptoras con presupuesto estimativo, registrarán de acuerdo con los principios contables que les resulten de aplicación, el ingreso de los fondos cuya contrapartida es una deuda.
6. Cuando el beneficiario de un anticipo reembolsable garantizado con Fondos FEDER y FSE+ sea informado de que se han recibido dichos fondos, deberá reconocer la subvención recibida de la Unión Europea de la siguiente forma:
a) En el caso de que se trate de una entidad sometida a régimen presupuestario público, mediante un ingreso en el concepto que corresponda en el artículo 79 «Transferencias de capital del exterior», lo que a su vez permitirá la formalización de la cancelación de la deuda que quedó registrada en el momento del anticipo de fondos por parte del Estado, mediante el correspondiente pago en el capítulo 9 de su presupuesto de gastos.
b) En el caso de que se trate de una entidad no sometida a régimen presupuestario público, mediante el registro de la subvención de acuerdo con los principios contables que le sean de aplicación, lo que, a su vez, permitirá cancelar la correspondiente deuda.
7. La concesión de anticipos reembolsables cumplirá, además, lo dispuesto en la Orden CIN/3050/2011, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la normativa reguladora de las ayudas concedidas por el Ministerio de Ciencia e Innovación en forma de anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
8. En aplicación de lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las ayudas en forma de anticipos reembolsables, en ausencia de otra normativa específica distinta de la indicada en los apartados anteriores, se regirán, en cuanto a su concesión, justificación, comprobación y control, por las prescripciones de la citada ley, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y de esta orden que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones.
Las convocatorias podrán prever para el caso de que una misma actuación a realizar por un beneficiario requiera solicitar varias ayudas de uno o más subprogramas en el mismo año o en años sucesivos, mecanismos de coordinación, cuando el órgano concedente de todos ellos sea el Ministerio de Ciencia e Innovación y/o sus entes dependientes.
Una vez sea aprobado el PEICTI que sustituya al vigente y hasta tanto se aprueben las bases reguladoras del nuevo plan, la presente orden se aplicará a las nuevas convocatorias de aquellos programas y subprogramas que mantengan continuidad o equivalencia.
Esta disposición se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Extenderá su aplicación a las ayudas concedidas conforme a la misma hasta tanto acaben su periodo de ejecución, justificación, comprobación y control, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
Madrid, 27 de octubre de 2022.–La Ministra de Ciencia e Innovación,Diana Márquez Muñoz.
1. La Comunicación de la Comisión Europea (2014/C 198/01) relativa al «Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación» define tanto los «organismo de investigación y difusión de conocimientos» como las «infraestructuras de investigación»:
a) «Organismo de investigación y difusión de conocimientos» (en adelante, organismo de investigación) es toda entidad (universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación, etc.) independientemente de su personalidad jurídica (de derecho público o privado) o de su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos.
b) «Infraestructura de investigación» se refiere a las instalaciones, los recursos y los servicios afines utilizados por la comunidad científica para llevar a cabo investigaciones en su sector respectivo; esta definición abarca los bienes de equipo o instrumental científicos, los recursos basados en el conocimiento, como colecciones, archivos o información científica estructurada, infraestructuras de carácter instrumental basadas en tecnologías de la información y la comunicación, como computación, programas informáticos y comunicaciones, o cualquier otra entidad de carácter único necesaria para llevar a cabo la investigación; estas infraestructuras podrán encontrarse en un solo lugar o estar descentralizadas («red organizada de recursos»).
2. Tanto los «organismos de investigación» como las «infraestructuras de investigación» deberán cumplir las siguientes condiciones para ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta orden:
a) Cuando una entidad de este tipo lleve a cabo tanto actividades económicas como actividades no económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse por separado.
b) Las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en dichas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no podrán gozar de acceso preferente a los resultados que genere.
3. Teniendo en cuenta que las ayudas reguladas en esta