Categoría: Administración

carece totalmente de sentido que no se inscriba este bien inmueble a favor de la heredera, sin perjuicio de que, en un futuro, aquellos legatarios que puedan verse perjudicados impugnen la partición, pidan la nulidad de la misma o ejerzan los derechos que quieran o piensen que les corresponde, algo que, ni es decisión de la Sra. Santiago, ni mucho menos de los Sres. Registradores.
También los Sres. Registradores han fundamentado su decisión de calificación negativa en base a otra Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1951, que también debemos analizar y cuyo tenor literal dice en sus fundamentos de derecho:
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1951.
Fundamentos de Derecho: “... pero prescindiendo de esta tacha, que por sí sola hace inoperante el motivo, no es inoportuno examinar el razonamiento del recurrente, que, al tratar esta cuestión, la encamina a plantear otra que sin duda es la que le interesa, por cuanto, al denunciar la violación de los preceptos sustantivos aludidos antes, lo hace en relación con el artículo 1214, referente a la carga de la prueba, que, en efecto, al amparo del número 1.º del artículo, 1692 de la Ley procesal, puede ser incluido en el ámbito de la casación, concretando su argumentación en que supuesto que, con arreglo a los artículos 817, 818, 819 y 820 del Código Civil donaciones y legados inoficiosos han de ser reducidos, debe determinarse a quién corresponde probar la existencia de bienes hereditarios y probada su existencia a quién corresponde su valoración, para que pueda procederse a la reducción debida afirmando que en su opinión, esta prueba compete al legatario y como la sala lo atribuye al heredero, incurre en las infracciones que denuncia, pero el recurrente olvida en su razonamiento que en la interpretación de los artículos que se dicen infringidos tiene con reiteración declarado la jurisprudencia que la reducción de las mandas o legados ordenada en el artículo 820 del Código Civil se encuentra subordinada a la demostración de su necesidad para que pueda cubrirse íntegramente la legítima, cuestión de hecho cuya prueba incumbe en todo caso al que afirma la inoficiosidad o exceso de aquellas disposiciones (en el caso presente el demandado), cuya apreciación corresponde a la Sala sentenciadora, la que determinará si debe estimarse o no necesaria la reducción y su cuantía, confirmando así el principio general sobre carga de la prueba, que también enseña repetidamente la doctrina de esta Sala, desarrollando la teoría moderna sobre la carga material de la prueba, en armonía con la prescripción del artículo 1.214 del Código Civil, que al demandado incumbe la prueba de los hechos constitutivos del derecho que reclama, o sea los necesarios para justificar la acción ejercitada, mientras que el demandado ha de alegar y probar los hechos impeditivos o los extintivos, así como los que formen el supuesto de las excepciones en sentido previo, lo que, aplicado al caso presente, revela que la actora probó el derecho que reclamaba con el testamento ológrafo protocolizado del causante, D.Ignacio Carmona Delgado, pero el demandado no probó ninguna de las excepciones que alegaba, y como la Sala dictó la resolución recurrida teniendo presente la doctrina expuesta, es evidente que no cometió las infracciones de que se le acusa, y esto hace ineludible la desestimación del cuarto y último motivo del recurso formulado”.
Esta Sentencia se limita a poner en valor ante un órgano judicial a quien le corresponde la carga de la prueba, algo que, está más que consolidado, y que es previsible para ponerlo en práctica ante un Juzgado, no ante un registro de la propiedad, y ello porque, ante un Registro de la Propiedad no existen demandantes ni demandados, sino justificantes documentales para la inscripción y protección de bienes inmuebles a favor de un individuo o ente con personalidad jurídica propia, además de que los Sres. Registradores no son titulares de ningún Juzgado. Es decir, esta sentencia, ratifica aún más, si cabe, lo que esta parte ha venido diciendo desde el principio, precisamente que la Sra. C. ha justificado y realizado con todos los documentos aportados y establecidos en derecho y al amparo de la ley, en su cualidad de única heredera, la existencia de un reparto y adjudicación, la inexistencia de bienes suficientes para cubrir su legítima, y la necesidad de la reducción del legado por inoficioso, absorbiéndose en la masa hereditaria. En todo caso, volvemos a repetir que, los legatarios si no están de acuerdo podrán acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos, pero nadie se lo puede imponer, así como nadie le puede imponer a la heredera que acuda a los tribunales tampoco.
No es de recibo dicho todo con los debidos respetos solo en términos de defensa, que los Sres. Registradores suspendan la inscripción y la calificación en base nuevamente a la esperanza de que exista un juicio donde un Juez dictamine la inoficiosidad del legado, ya que, no existe impugnación de la partición, no existe pleito en marcha alguno, no existe demandantes ni demandados por el contrario existe un justo título, existe una titular heredera única legitimada, existe prueba contundente de la inoficiosidad que le ha sido presentada, efectuada bajo todos las exigencias y requisitos legales, lo que ya ha aceptado y admitido a tenor de esta nueva calificación que subsanó la anterior calificación negativa por otros motivos, uno de ellos, negando la condición de heredera única y presuponiendo que podrían existir más herederos legitimarios.
Carecen los Sres. Registradores, a nuestro entender, de legitimación alguna para dictaminar lo que le está solamente atribuido a un Juez, algo que también ha manifestado siempre la jurisprudencia y también lo ha admitido ahora el Sr. Registrador Sustituto. Por poner un ejemplo, transcribimos aquí los Fundamentos de Derecho de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de marzo de 2001, donde específicamente, en un caso sobre una calificación negativa, se dicta expresamente que “... sólo los Tribunales de Justicia son competentes para declarar la disconformidad del proceder de los contadores con lo querido por el testador, debiendo estarse a la partición realizada por los contadores...”:
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de marzo de 2001.
Fundamentos de Derecho:
Vistos los artículos 815 y 1057 del Código Civil y 81 del Reglamento Hipotecario.
1. Se presenta en el Registro un testamento, acompañado de la partición realizada por los albaceas contadores-partidores, que presenta las siguientes particularidades.
El testamento se otorga afirmando el testador hallarse separado judicialmente de su esposa, conteniéndose en él, como disposiciones relevantes, las siguientes:
a) Lega a doña F. R. V., con cargo al tercio libre de su herencia, la quinta parte de todos sus bienes en pleno dominio.
b) Lega también a dicha señora, “sometido a la condición resolutoria de que permanezca en estado de soltera sin convivir maritalmente con persona alguna, el usufructo vitalicio de la casa X (que constituye el domicilio del testador), para su uso personal sin que quepa en ningún supuesto su cesión ni gratuita ni onerosa, debiendo ser ocupada por ella misma un plazo mínimo de seis meses ininterrumpidos al año”.
c) Instituye herederos por cuartas partes a sus cuatro hijos, nombra dos albaceas contadores-partidores solidarios y prohíbe la intervención judicial en la partición.
Los albaceas contadores partidores realizan la partición, en la que cabe resaltar:
a) Se adjudican a la viuda determinados bienes en los siguientes conceptos: por su cuota legal usufructuaria, por el legado de la casa, y por el legado de la quinta parte.
b) Se adjudican a la legataria y a los herederos bienes inscritos a favor de algunos de éstos.
c) La casa que constituía el domicilio del testador se adjudica a la viuda en nuda propiedad por su legado de parte alícuota y en usufructo por el legado segundo del testador, sin establecer condición ni restricción alguna.
2. Presentados los anteriores documentos en el Registro, en unión de los complementarios, el Registrador califica con la nota siguiente: “Se suspende la inscripción del precedente documento por no comparecer los legitimarios, ni prestar consentimiento en la presente partición”.
Recurrida la calificación, el Presidente del Tribunal Superior estima el recurso entendiendo que sólo los Tribunales de Justicia son competentes para declarar la disconformidad de lo ordenado por el testador y lo realizado por los contadores-partidores. El Registrador recurre el Auto presidencial.
3. No hay que entrar en la adjudicación de bienes inscritos a favor de los herederos pues, afirmando el Auto presidencial que dichos bienes para su inscripción a favor de éstos necesitan el consentimiento del titular registral, y no habiendo sido apelado el Auto por la recurrente, en este punto dicho Auto ha devenido firme.
4. La nota de calificación del Registrador no puede mantenerse. La partición realizada por el contador-partidor es válida mientras no se impugne judicialmente, de forma que. como dice el Auto recurrido sólo los Tribunales de Justicia son competentes para declarar la disconformidad del proceder de los contadores con lo querido por el testador debiendo estarse a la partición realizada por los contadores tanto en la interpretación a la que llegaron respecto del legado de usufructo, como a la de que el otro legado no es de cosa determinada, sino de parte alícuota.
Y volviendo a la Sentencia que refieren los Sres. Registradores (STS 13/02/1951), en ella, nada se dice, ni nada obliga a que los herederos tengan que llamar a los legatarios que no son de parte alícuota para que estén presentes en la partición, precisamente dice todo lo contrario, simplemente, apostilla sobre a quien le corresponde la carga de la prueba en un juicio, por ello, es incomprensible para esta parte que se fundamente el motivo de la calificación negativa en base a esta Sentencia, pues nada tiene que ver con la exigencia legal de llamar a los legatarios que no son de parte alícuota.
Junto con el análisis efectuado de las anteriores Sentencias debemos acudir a lo que realmente ha establecido la doctrina, tanto en la Jurisprudencia como en distintas y reiteradas Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, como la que a continuación exponemos:
Resolución de 19 de septiembre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
“1. El primero de los defectos por los que la nota recurrida rechaza la inscripción, y además de un modo absoluto pues se califica nada menos que como insubsanable, es la falta de constancia de la aceptación por parte de los legatarios de la disposición en su favor, que se considera requisito necesario para la adquisición y consiguiente inscripción a su favor de los derechos legados.
Alega el recurrente que, tratándose, como se trata, de legados de fincas concretas propias del testador, les es aplicable el principio recogido en los artículos 881 y 882 del Código Civil de donde se deduce que la adquisición se produceipso iure,por el sólo hecho de la muerte del causante, y en cuanto al título formal idóneo para inscribir esa adquisición el artículo 81.b) del Reglamento Hipotecario ha habilitado la asignación hecha al respecto por el contador-partidor de forma unilateral.
2. Sorprende hasta qué punto se ha venido aceptando que aquellas primeras normas consagran una a modo de adquisición automática del legatario por el sólo hecho de la muerte del testador cuando, amén de esa necesidad de pedir la entrega, nos encontramos con la supeditación de los legados al orden que impone el artículo 887 del mismo Código, la reductibilidad por inoficiosidad que establece el 817, o la paralización de su demanda en tanto no transcurra el plazo para la formación del inventario y el término para deliberar del 1025. Y es que, por más que dichas normas parezcan erigir al legatario en propietario desde el mismo instante de la muerte del testador, difícilmente puede saberse en ese momento si desean adquirir esa propiedad y, aún más, si se les puede entregar la misma sin perjudicar los derechos de acreedores y legitimarios.
La incompatibilidad entre los artículo 882 y el 888, al regular éste las consecuencias que se producen ‘cuando el legatario no quiera o no pueda admitir el legado’ ha de salvarse interpretando aquél en el sentido de que lo que realmente quiere decir es que la propiedad de la cosa legada ‘se entiende adquirida’ por el legatario desde la muerte del testador, con la consiguiente transmisibilidad que proclama el 881, como contrapuesto a lo que dispone el 1068 en orden a remarcar las diferencias entre la adquisición a título universal del heredero, que sólo se concreta en bienes determinados mediante la liquidación y, en su caso, partición de la herencia, y la del legatario como beneficiario de una acto de disposición a título singular. En otro caso, resultarían difícilmente explicables las normas del Código que se refieren a la aceptación o repudiación del legado (cfr. Artículos 863, y 888 a 890), o las que repetidamente hacen referencia al pago de los legados (cfr. artículos 902 y 1025 a 1032), a la ineficacia del mismo si la cosa perece después de la muerte del testador sin culpa del heredero (artículo 869.3.0), o las que prevén la intervención del legatario en el acuerdo de prórroga del albaceazgo (art. 906) o en el nombramiento de contador-partidor dativo y la confirmación de lo por él actuado (art. 1057).
Es más, si se parte de un examen del conjunto de nuestro Ordenamiento encontramos que, salvo para aquellos que consideran la accesión como un modo de adquirir que encontrarían excepciones, la adquisición de derechos patrimoniales exige el consentimiento del interesado, con lo que podría llegar a afirmarse que tal requisito constituye un principio general del Derecho del que no queda excluida la adquisición de los legados de cosa específica propia del testador. Otra cosa sería que el legislador hubiera establecido unas presunciones de que esa voluntad existe si no se da una manifestación en contra. Esta, que es una de las soluciones que se propugnan para la interpretación del citado artículo 882, no es convincente pues para ello sería preciso que se hubieran fijado los presupuestos –conocimiento del hecho o intimación, transcurso de un plazo, etc.–que determinaran la entrada en juego tal presunción, de suerte que entender que la adquisición se produce automáticamente con la posibilidad de una repudiación que produjera efectos resolutorios de la adquisición previamente consumada sería tanto como sumar una ficción sobre otra.
3. Siendo así es evidente que la inscripción de la adquisición por el legatario, en cuanto de ella derivaría la presunción de existencia y pertenencia del derecho inscrito (artículo 38 de la Ley Hipotecaria), exige que en la calificación a que su práctica está sujeta (artículo 18 de la misma Ley) se aprecie si existe aceptación por el adquirente. Es cierto que si, como regla general, el legatario precisa la entrega por parte del heredero o albacea o, excepcionalmente, puede estar legitimado para tomar posesión por sí mismo de la cosa legada, el título en que se formalice esa entrega o toma de posesión acreditará una aceptación expresa o tácita. El problema surge cuando en una partición de herencia practicada por contador-partidor, como acto unilateral del mismo que es, y tras la liquidación de la herencia, procede el mismo a asignar los bienes legados a los respectivos beneficiarios de la disposición testamentaria, posibilidad de actuación que en la calificación recurrida no se cuestiona. En realidad, el mismo problema se plantea con los herederos cuya adquisición está igualmente sujeta a la aceptación de la herencia (cfr. artículos 988 y siguientes del Código) pero cuya intervención no siempre es necesaria en la partición de la misma.
Y la conclusión en principio ha de ser que contra lo que pudiera dar a entender el apartado b) del artículo 81 del Reglamento Hipotecario, la asignación de bienes a los legatarios hecha en una partición de herencia practicada por contador partidor, al igual que la adjudicación de bienes que en tal caso hiciera a favor de los herederos, no puede determinar la inscripción de unos u otros con carácter definitivo sin que conste la aceptación del legatario o heredero, entendida ésta como referida al llamamiento hereditario, no a la partición en la que ni es necesaria su intervención ni aprobación al margen de la posibilidad de impugnarla.
4. No obstante, la doctrina de esta Dirección General se ha mostrado siempre favorable a facilitar en estos casos la inscripción a favor de los herederos o legatarios y así, ya desde la resolución de 7 de enero de 1875 se admitió la posibilidad de inscribir adquisiciones hereditarias sin que constase la aceptación de los favorecidos con base en el argumento de que aquella constituye jurídicamente una condición suspensiva de la transmisión dominical y son inscribibles los títulos traslativos del dominio sujeto a condición suspensiva, razonamiento que se aplicó a la inscripción de los legados en la de 30 de abril de 1878. Tal construcción fue matizada posteriormente, tras haber sido reiterada en varias ocasiones, en la resolución de 6 de marzo de 1923 al señalar que esas inscripciones si bien eran independientes de la aceptación de la herencia, no prejuzgaban la existencia de esta última ‘condición jurídica’ o momento esencial de la adquisición mortis causa, para cambiar de argumento en la de 12 de diciembre de 1927, que tras apuntar que esa analogía con la condición suspensiva parece discutible, encontró apoyo para seguir en la misma línea en el principio que permite la inscripción de bienes o derechos a favor de personas que no han consentido de un modo explícito la adquisición, doctrina posteriormente reiterada y en la que parece confundirse la legitimación para pedir la inscripción a que se refiere el artículo 6 de la Ley Hipotecaria por parte de persona distinta de aquella a cuyo favor ha de practicarse la inscripción con la necesidad del consentimiento de ésta para la adquisición del derecho a inscribir. Más acorde con el planteamiento de la cuestión que antes se ha hecho, la resolución de 3 de febrero de 1997 estableció que para la inscripción a favor del legatario era imprescindible que constase su aceptación en cuanto requisito necesario para la adquisición, si bien no puede desconocerse la peculiaridad que presentaba el legado en aquella ocasión.
Y lo cierto es que no hay dificultad alguna en seguir manteniendo la misma línea. Acreditada la aceptación, la inscripción a favor del heredero o legatario puede practicarse como firme, sin condicionamiento alguno a la concurrencia de un requisito a existente. Es más, las reglas relativas a la aceptación tácita de la herencia en concreto los artículos 999 y 1000 del Código civil, aplicables también a los legatarios de bienes concretos, facilitan considerablemente esa acreditación por medio de cualquier actuación que implique la voluntad de aceptar, y como tal ha de tenerse, por ejemplo, la simple solicitud de inscripción de los bienes adjudicados o asignados que a su favor hagan herederos o legatarios, o como ocurre en el caso aquí contemplado a través del requerimiento dirigido al albacea contador-partidor para que procediese a la partición de la herencia y entrega de los legados o al desempeño de su función, que al menos en cuanto a tres de los coherederos prelegatarios resulta de las correspondientes actas testimoniadas en el documento calificado.”
Esta resolución exactamente establece todo lo contrario de lo que los Sres. registradores pretenden fundamentar para calificar negativamente la inscripción y en consecuencia no inscribirla.
Conforme a lo establecido por la dirección general de los registros y del notariado no existe impedimento alguno para inscribir la finca de la Sra. C. Sin la necesidad de presencia y aceptación de los legatarios pues es la única heredera y tiene el justo título para hacer dicha inscripción siendo totalmente irrelevante para ello la personación de los legatarios en la división de la herencia y mucho menos su necesidad de aceptación.
Cuarto. En cuarto lugar, y para un mayor abundamiento, y con carácter probatorio, aún más si cabe, tal y como ya dijimos en nuestros anteriores escritos, existió un procedimiento de testamentaria, cuyo último Decreto ya aportamos y volvemos a aportar, donde se decretaba que la Sra. C. es la única heredera y al mismo tiempo, los legatarios, entonces herederos, solicitaron autorización judicial para renunciar en nombre de sus hijos menores de edad a la herencia de su abuelo, Sr. A., y a la vista de esta nueva calificación negativa, así como su fundamentación referente a la necesidad del cálculo del haber hereditario y a la declaración de inoficiosidad del legado que exigen los Sres. Registradores para llevar a cabo la inscripción del inmueble, hemos aportado nuevamente ahora, el escrito de solicitud al que nos referimos. presentado por la representación procesal de los legatarios, y que por su importancia y claridad, para la demostración de la inoficiosidad del legado, lo transcribo a continuación:
“Quinto. Que habiendo renunciado don A. A. V. y don J. V. A. V. a la herencia de su padre don A. A. N., son llamados a suceder los hijos de éstos y nietos del causante: A. B. A. O.; J. A. Cabrera Diez. A. L., y V. A. L. Adjunto fotocopias de los libros de familia como documento n.º catorce donde consta el matrimonio de mis representados y el nacimiento de los hijos.
Que mis representados son titulares de la patria potestad de los menores A. B. Pascual Pastor. A. Campos Velasco. A. L., y V. A. L. y que tras una deliberación intima sobre la cuestión y las relaciones que en los últimos tiempos han mantenido con el causante, cónyuge y hoy legataria, los solicitantes han llegado a la conclusión de que lo más apropiado es repudiar la expresada herencia.
Los motivos que llevan a renunciar a la herencia son los siguientes:
– Las deterioradas relaciones de mis representados y doña M. D. C. C.
– El reparto de los bienes hereditarios dispuesto en el testamento mediante legados según se desprende del documento n.º 3 acompañado a esta demanda, dejando la herencia sin bienes con los préstamos deudas adquiridos por el causante.
– La indeterminación e incertidumbre en la composición del activo y pasivo de la sociedad de gananciales.
– Las nulas relaciones de los nietos con el causante.
– Las deudas que el causante ha dejado, a saber:
a) Préstamo de la entidad 'Banco de Sabadell' con un saldo pendiente de 44.252,43 euros.
b) Préstamo de la entidad 'Bankia' con un saldo pendiente de 168.408,32 euros siendo dos los titulares.
c) Préstamo de la entidad 'Bankia' con un saldo pendiente de 23.998,14 siendo dos los titulares.
– La situación de proindiviso que generaría aceptar la herencia como consecuencia del legado del tercio de libre disposición del legado de la cuota legal usufructuaria.
– El escaso valor de los bienes conocidos del causante consistentes básicamente en el 5 % de la vivienda sita Aldaia (…) el 5 % de una plaza de aparcamiento n.º: 14 con trastero n.º: 5 del mismo edificio; y una mitad indivisa de vivienda sita en Valencia en la Calle (…).
– Y finalmente otras deudas no conocidas que se podrían derivar.”
El citado escrito, dio paso al procedimiento de Jurisdicción Voluntaria 1257/2021 seguido por el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Torrente que otorgó la autorización judicial para que los padres (legatarios) de los menores de edad renunciaran a la herencia en nombre y representación de sus hijos (nietos del difunto Sr. A.).
Dicho escrito, lo aportamos ahora también para que se pueda comprobar con claridad que, hasta los mismos legatarios ya son conocedores de que la herencia tiene deudas y de que no es posible la adjudicación del legado, pues no va a cubrir la legítima de la única heredera, siendo éste el principal motivo por el que los herederos y también legatarios, renunciaron a la herencia, tal y como expresaron con este escrito ante el Juzgado. Y aquí sí que hay que aplicar la doctrina de los Actos Propios.
Quinto. En quinto lugar, continúa diciendo la calificación negativa que: “Además, hay que tener en cuenta que los legados de cosa cierta y determinada el legatario adquiere la propiedad desde el momento del fallecimiento del causante (art. 882 del Código Civil) aunque el legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o al albacea, cuando éste se halle autorizado para darla, como dispone el artículo 885 del mismo cuerpo legal”.
Vuelven a reiterar los Sres. Registradores, mal interpretando nuevamente este artículo, según nuestro parecer, y sobre todo según la doctrina y jurisprudencia ya consolidada sobre el derecho del legatario de adquisición de la propiedad desde el momento del fallecimiento del causante, habiendo quedado resuelto en infinidad de resoluciones, como la que citamos y reproducimos a continuación:
SAP Cáceres 344/2013, 19 de diciembre de 2013:
“Efectivamente, el legado de cosa específica y determinada propia del testador hoy se denomina también legado de eficacia real, directa o inmediata, en contraposición a los legados de eficacia diferida con un componente meramente obligatorio que son todos los demás. A esa figura responde el art. 882. 1.º del Cc cuando señala que ‘Cuando el legado es de cosa específica y determinada, propia del testador, el legatario adquiere su propiedad desde que aquél muere’. Por tanto, en estos supuestos, la titularidad del bien o derecho legado pasaría directamente del causante al legatario, en un supuesto de sucesión directa si mediación del heredero. Esta idea también se encuentra plasmada en el artículo 885 del cc, al reservar sólo la posesión, no la propiedad, al heredero o albacea.
El artículo 882 del Cc, expresa que este legado puede tener por objeto cualquier clase de cosas, siempre que se trate de cosas específicas y determinadas y que pertenezcan al testador al momento de su muerte. En definitiva, en atención al contenido del precepto y a sus antecedentes históricos, podría afirmarse que el legatario adquiere directa e inmediatamente la propiedad de lo legado desde la apertura de la sucesión, no entrando el bien objeto del legado a formar parte del caudal hereditario en sentido estricto y sobre ellos no deben versar, por tanto, las operaciones particionales.
Sin embargo, a pesar de la literalidad del artículo 882 del Cc, el carácter real del legado de cosa concreta, reminiscencia del régimen histórico de la llamada donatio mortis causa, aparece hoy muy debilitada en sus efectos reales más drásticos a partir de otras reglas legales que cuestionan la pretendida adquisición automática de la propiedad o al menos la condicionan o atenúan. Así, el legatario que no pueda ocupar la cosa alegada y necesite pedir la entrega de la posesión al heredero o albacea, a pesar de pertenecerle el bien, tiene la propiedad el mismo pero carece de la posesión de aquel. Igualmente la pretendida eficacia real aparece condicionada por la eventual reducción o incluso ineficacia del legado por no alcanzar los restantes bienes de la herencia para pagar a los acreedores, dada la inequívoca supeditación de los legados a la liquidación de la herencia, que determinará si quedan bienes suficientes para aplicar a su pago (art. 1207 Cc). Otra limitación deriva de la reducción del legado por inoficioso cuando su atribución ponga en peligro la legítima, lo que condiciona la adquisición de la propiedad del legado a que el mismo quepa en la parte de bienes de que el testador pudo disponer libremente (art. 817 Cc). Igualmente, la propia prelación en el pago de los legados (art. 887 Cc) puede conllevar la posibilidad de que el legado de cosa cierta y propia del testador no llegue a entregarse al debe aplicarse la cosa al pago de un legado remuneratorio preferente.
En definitiva, es evidente que la pretendida adquisición automática de la propiedad del legado en virtud de lo dispuesto en artículo 882 del cc, aparece muy debilitada por las reglas sobre el pago de las deudas hereditarias, el respeto a las legítimas y la orden de preferencia entre los propios legados. Esto ha llevado a algún sector doctrinal (D. C.) a considerar que el derecho que sobre el bien legado atribuye el artículo 882 del Cc no es el de propiedad, sino el de un dominio especial sujeto a condiciones y con consecuencias que lo hacen diferente de la verdadera propiedad, llegando hablar de una ‘propiedad legataria’, como una propiedad diferenciada y especial. Se ha dicho (A. C.) que la distinción histórica entre legados de eficacia real y de eficacia personal, ha dejado de tener sentido a partir de la preferente afección del caudal al pago de deudas y cargas, por lo que legatario no adquiere en ningún caso la propiedad de la cosa alegada en el momento de la apertura, sino que adquiere mediante la entrega. Por último, se ha firmado que sólo desde la más absoluta ficción puede aceptarse que de verdad, siempre y en todos los casos, en legatario en el supuesto del artículo 882 del Cc adquiera la propiedad con sólo la muerte del causante, pues sería tanto como permitir que alguien pueda ser propietario de algo sin quererlo ni saberlo (M. C.).
Por otra parte, la jurisprudencia se ha visto en ocasiones forzada a flexibilizar los rígidos términos del artículo 882 del Cc, armonizándolos con el resto de reglas legales y, en particular, con la ‘circunstancia de que quepa en la parte de bienes de que el testador pueda disponer libremente’ (ya desde la STS de 6 de noviembre de 1934) 'o al orden que establece el artículo 887 CC (STS 8 de abril de 1902), llegando a afirmar que el derecho concedido al legatario en artículo 882 del cc está subordinado a la liquidación de la masa hereditaria'.
La sentencia de la AP de Córdoba de 4 de marzo de 2013 o la de Orense de 12 de diciembre del 2003 señala que el legado mismo está subordinado, o puede estarlo, al pago de las deudas (aunque no lo esté al abono de las legítimas), y la dispersión de los bienes, si se permitiese sin más la entrega de las cosas específicas y determinadas legadas (con mayor motivo del usufructo universal de la herencia), perjudicaría la integridad de la masa hereditaria que, como ocurría en vida del causante, supone especial garantía, conforme a lo previsto en el artículo 1911 del Código Civil, de los acreedores y por esta razón la Dirección General de los Registros y del Notariado sostiene, de forma prácticamente constante, que debe preceder a la entrega del legado, de cualquier clase que sea, la liquidación y partición de herencia, pues ésa es la única forma de saber si se encuentran dentro de la cuota de la que puede disponer el testador. Y señalan que el derecho conferido por el artículo 882 ‘está subordinado a la liquidación de la masa hereditaria’ (Sentencia de 24 de mayo de 1930), pues su vigencia depende de ‘que quepa en la parte de bienes de que el testador puede disponer libremente’ (Sentencias de 6 de noviembre de 1934 y 25 de mayo de 1971).
En palabras de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de septiembre de 2.011 la petición de entrega del legado exige que se ha formado inventario y haya transcurrido el tiempo para deliberar, pues mientras no se liquide la herencia y se sepa si ha bienes suficientes para aplicar al pago de los legados y su aceptación por el heredero, no se puede asegurar que no sea necesaria la reducción o hasta la insuficiencia de los mismos, de ahí que el artículo 1025 del Código Civil disponga que ‘durante la formación de inventario y término para deliberar no podrán los legatarios demandar el pago de sus legados’. Así se pronuncia el Tribunal Supremo en sentencias de 11 enero 1950, 24 enero 1963 y constantemente las Audiencias Provinciales como en las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de junio de 2008, Oviedo de 14 de abril de 2008 y 29 de abril de 2002, Santander de 4 de julio de 2008, Palma de Mallorca de 27 febrero de 2007, Pontevedra de 7 noviembre de 2007, Zaragoza de 5 abril de 2006, La Coruña de 31 de enero de 2005, 22 de abril de 2004 y 28 de octubre de 1997, Palencia de 6 de mayo de 2002, Granada de 27 diciembre de 2000 y Santa Cruz de 30 de octubre de 1997, entre otras muchas. En el mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25.ª) en su sentencia de 14 de octubre de 2009.”
En conclusión, carece también ahora de sentido, la exposición de este artículo 882 del Código Civil, utilizado para la fundamentación efectuada por los Sres. Registradores, ya que, conforme se ha expuesto, el cumplimiento del mismo, viene condicionado precisamente a la posible existencia de reducción de los legados por inoficiosidad, debido al posible perjuicio de la legítima, y que es precisamente el caso que nos ocupa, así que, este artículo, una vez más, nos otorga la razón de todo lo que ya estamos manteniendo desde el inicio.
Sexto. En sexto lugar, la Sra. Registradora sustituida y ahora también el Sr. Registrador del Registro de la Propiedad de Chiva Uno al confirmar la calificación, también dice en su calificación negativa que: “Y que el artículo 817 del Código Civil dispone que las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán a petición de éstos en lo que fueren inoficiosas o excesivas”. Este artículo atribuye al legitimario acción para reducir los legados en lo que fueren inoficiosos con el fin de que obtenga completa su porción legitimaria es una acción personal que se dirige contra el legatario o contra el tercer poseedor en su caso, legitimado pasivamente en cuanto quedan obligados a restituir aquella porción del legitimario que resulte inoficiosa. De ello resulta que lo procedente sería esta acción y no la de división de herencia que se ha ejercitada y de la que se ha desistido como resulta del Auto de 30 de septiembre de 2022 que se ha aportado.”
Entonces, a tenor de lo que dice ese artículo, el cual da la posibilidad de emprender una acción personal judicial contra quien considere, según los Sres. Registradores, la Sra. C. ha de realizar esa demanda o esa reclamación, sí o sí. Con los debidos respetos, prácticamente todos los artículos de nuestro ordenamiento jurídico están hechos precisamente para otorgar el derecho a los ciudadanos de reclamar lo que en derecho les corresponda, la puerta siempre está abierta para, si cualquier persona lo decide, demandar por cualquier derecho que se tenga, pero eso no quiere decir que se tenga la obligación de ejercerlo, eso es una decisión personal, y a nadie se le puede imponer, ni exigir que presente una demanda para resolver un conflicto civil. Nos da la impresión de que esta argumentación, más que una valoración fundamentada en derecho, es una especie de condicionante que ambos Sres. Registradores imponen a la Sra. C. con obligación de demandar para inscribir el inmueble a su favor, y en caso contrario, seguir con la imposibilidad de inscripción. Esto no tiene ningún sentido, no puede ser motivo para suspender la inscripción, pues es totalmente contrario a la ley y a los derechos de la heredera. Reiteramos que toda esta argumentación se vierte con el máximo respeto a los Sres. Registradores y solo es en términos de defensa.
Es importante que se entienda que la atribución de un derecho, no significa que la persona que lo tiene deba obligatoriamente iniciar una acción personal ante los Juzgados para ejercerlo o defenderlo como tal, se trata de la autonomía de la voluntad de cada individuo, y si eso fuera así, y tuviéramos la obligación de demandar cuando ocurre una vulneración de nuestros derechos o percibimos que así ha sido, todos los ciudadanos estaríamos inmersos en infinitos procedimientos judiciales. Como es sobradamente conocido, la defensa de nuestros derechos en materia civil no es de oficio ni es imperativa, sino que es, a instancia de parte siempre.
El citado artículo 817 dice que; “las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán a petición de éstos en lo que fueren inoficiosas o excesivas”, y los Sres. Registradores dan por hecho también que los herederos han de pedir a los legatarios la reducción, pero no es así, lo que este artículo dice es que los herederos pedirán la reducción de las disposiciones testamentarias que mengüen la legitima a “los que la pueden repartir”, es decir, a los otros coherederos y legitimarios, al contador-partidor o al albacea testamentario, pero, no tiene ningún sentido pedirle a los legatarios que no son de parte alícuota y que no han de estar en la división y partición de la herencia, que hagan ninguna reducción ni operación particional, ya que no están legitimados para ello. Por lo tanto, es totalmente errónea la interpretación que los Sres. Registradores hacen sobre este artículo, atribuyendo a los herederos forzosos la obligación de petición de la reducción por inoficiosas a personas no legitimarias de la herencia y sin ningún tipo de poder ni legitimidad de realizar ningún tipo de reducción, división o partición.
Para mayor abundamiento, el Sr. Registrador sustituto dice los siguiente: “Lo anterior resulta también de la doctrina más autorizada, debiendo resaltarse a L. B. y S. R., en cuyo manual de Derecho de Sucesiones, página 533 if, se señala que ‘(…) La reducción de disposiciones testamentarias no es necesariamente una acción rescisoria puesto que (ni cuando no se hayan entregado los legados o hecho la partición) prescinde un desplazamiento antecedente, ni siquiera ha de proponerse siempre en forma de acción, bastando al heredero legitimario para negarse a la entrega de los bienes oponer la excepción de perjuicio a su legítima cuando el legatario reclama un legado que no cabe en el tercio libre (...).’ Y asensu contrario,en la página siguiente, cuando señala que '(...) su aspecto rescisorio cobra mayor relieve cuando la reducción se practica una vez satisfechos los le legados (...)'''.
Cita precisamente el Manual de Derecho de Sucesiones de L. B. y S. R. que expresamente nos otorga la razón, interpretando justo lo contrario de lo que ambos autores declaran en su doctrina, pues precisamente dice que; en el caso de que el legatario reclame el legitimario puede oponer la excepción de perjuicio de la legítima, es decir, dice claramente que la reducción de disposiciones testamentarias no es necesariamente una acción rescisoria, ni siquiera ha de proponerse siempre en forma de acción, bastando al heredero legitimario negarse a la entrega de bienes..., lo que deja claro que, no es el heredero quien tiene que ejercer ninguna acción contra el legatario, sino que es libre y autónomo para negarse a entregar o repartir los legados, en caso de que le sean reclamados, entendiéndose entonces que puede hacer la partición y adjudicación de la herencia por sí mismo y bajo sus premisas, y sin ninguna necesidad de llamar a los legatarios, y mucho menos, estar obligado a entablar una acción contra los mismos para la reducción de los legados. Incidimos en que esta doctrina habla precisamente de los derechos que tiene el/los heredero/s legitimo/s para contestar una acción efectuada por los legatarios por una reducción inoficiosa de un legado, no una obligación del legitimario de ejercer una acción contra los legatarios para efectuar la partición y la reducción de un legado, es más, aquí deja claro que el legitimario no ha de emprender ninguna acción para llevar a cabo la reducción de un legado.
Séptimo. En cuanto a que la Sra. C. es la única heredera, ha quedado más que sobradamente acreditado, y entendemos, que el último escollo expuesto por los Sres. Registradores no es un defecto que imposibilita la inscripción, sino simplemente una mera opinión o suposición sin fundamento alguno, ya que, decir gratuitamente que “en el caso de que la Sra. C. no sea la única interesada en la herencia, cuando es la única heredera, habiendo quedado demostrado, y pretender utilizar esa afirmación como un posible defecto, ocasionaría un colapso y un sin sentido en la normativa de sucesiones, pues, es imposible saber, cuando se reparte una herencia, si los herederos, legatarios, y/o acreedores conocidos son los únicos interesados en la herencia, nunca se puede saber si el testador tenía otros herederos no reconocidos, otros acreedores, etc.''
Como hemos dicho, la Sra. Registradora, menciona la posibilidad de que la Sra. C. no sea la única heredera, sin ningún tipo de rigor o fundamentación, pues, como ya hemos acreditado hasta en un Juzgado, ella es la única heredera, por eso se llevó a cabo ante el Sr. Notario D. Rafael Núñez Fernández el Acta de Requerimiento para Declaración de HerederosAb Intestatoy el Acta Complementaria de Notoriedad para Declaración de HerederosAb Intestatode fecha 27 de abril de 2022 y 26 de mayo de 2022 respectivamente, cumpliendo con ellos todos los requisitos legalmente establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Así pues, no comprendemos por que la Sra. Registradora manifiesta el correlativo fundamento presuponiendo cosas que han quedado acreditadas con la documentación obrante en este expediente.
No puede ser que la Sra. Registradora especule con una situación que no existe en este caso, y menos aún, cuando se ha demostrado ya lo contrario. Esto sería como si cada herencia, haya un heredero o varios, a la hora de registrar los inmuebles aportando el título hereditario, el Registrador de la Propiedad, para inscribirlos, les pidiera a los herederos nuevamente que busquen a ver si hay más herederos que no figuran en dichos títulos, sería no solo imposible, pues los herederos son los que son y están los que están, sino que además de irracional, la ley exige el documento notarial de declaración de herederos que se le aporta al Registrador y no otro, teniendo que ceñirse a dichos documentos y no a “supuestos” que no se contemplan, ni en la Ley, ni en el procedimiento.
En nuestro caso, como ya hemos dicho, carece de todo rigor esta suposición efectuada por la Sra. Registradora, la cual, se ha de limitar a comprobar la existencia de la documentación legal necesaria para inscribir el bien a favor de la única heredera, que ya ha sido legalmente designada como tal, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos para ser dicha heredera única, sin que tenga ninguna obligación de buscar otros “supuestos” herederos, que ni existen, ni se les espera.
Y ello también viene regulado, precisamente para que no se den estos casos, en el artículo 7 del Código Civil, puesto que la posición de la Registradora es, en el presente caso, puramente especulativa. Todo esto dicho con el máximo de los respetos a la Sra. Registradora y solo en términos de defensa de este expediente.
Añadir igualmente que el Sr. Registrador sustituto nada ha manifestado sobre este extremo en su calificación, por lo que, entendemos que no es ningún defecto que haya que subsanar, pues no existe, ni se ha planteado, ni fundamentado dicho argumento como defecto que imposibilite la inscripción.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho:
– Artículos 322, 323, 324, 326 y 327 de la Ley Hipotecaria.
– Artículo 325. a) de la Ley Hipotecaria.
– Artículos 6 de la Ley Hipotecaria.
– Artículos 19 bis de la Ley Hipotecaria.
– Artículos 14, 16 y siguientes de la Ley Hipotecaria.
– Artículos 912, 913, 924, 925 y concordantes del Código Civil.
– Artículo 42.7.º de la Ley Hipotecaria.
– Artículos 7, 675. 885, 881, 882, 887, 817, 768, 782, 660, 988, 990, 930, 392, 999, 1000, 1025, 1207, 1058 del Código Civil.
– Real Decreto 1039/2003 de 1 de agosto, por el que se regula el derecho de los interesados para instar la intervención de registrador sustituto.
– Artículos 275 bis y 19 bis de la Ley Hipotecaria.
Sentencias y Resoluciones.
– Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres 344/2013 19 de diciembre de 2013.
– Sentencia del Tribunal Supremo 196/2020 26 de mayo de 2020.
– Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 6 de junio de 2006.
– Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres 344/2013 19 de diciembre de 2013.
– Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 17 de febrero de 2015.
– Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de septiembre de 2011.
– Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 30 de enero de 2004.
– Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de A Coruña n.º 2 a inscribir una escritura de entrega de legado.
– Resolución de 13 de abril de 2009 de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto por don Francisco Márquez Santana, notario de Madrid, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 36, por la que se suspende la inscripción de una escritura de protocolización de operaciones particionales.
– Resolución de 25 de enero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Zaragoza n.º 5 por la que se deniega la inscripción de una escritura de liquidación de sociedad conyugal y partición de herencia.
– Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de marzo de 2001.
– Resolución de 19 de septiembre de 2002 de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Por todo ello, se solicita que se tenga a bien admitir este y ordenar. si procediera. que por la Sra. Registradora de la Propiedad número Cinco de Valencia se inscriba la escritura del Acta de Requerimiento para Declaración de HerederosAb-intestatoy escritura de Acta Complementaria de Notoriedad para Declaración de HerederosAb-intestatoy la instancia privada de aceptación de la herencia de mi difunto esposo D. A. A. N. y por consiguiente, se acuerde que lo procedente es llevar a cabo la inscripción solicitada del inmueble sito en Valencia, C/ (…), inscrita en el Registro de la Propiedad Número 5 de Valencia al Tomo 596, Libro 354, Folio 39, Finca 26963 a favor de Dña. M. D. C. C. conforme a toda la documentación aportada y que justifica el título suficiente para llevar a cabo dicha inscripción.»
Mediante escrito, de fecha 30 de enero de 2023, la registradora de la Propiedad de Valencia número 5, doña María de las Mercedes del Álamo Arroyo emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
En el citado informe, se daba cuenta de las siguientes cuestiones procedimentales:
«1. (…)
8. Dentro del plazo de los cinco día hábiles siguientes a la entrada en el Registro del escrito del Recurso Gubernativo se examina la documentación presentada y la Registradora que suscribe realiza con fecha 12 de enero de 2023 un requerimiento a la recurrente de conformidad con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que fue enviada por correo certificado con fecha 13 de enero de 2023 para que aportara la siguiente documentación: 1) Original de la nota de calificación efectuada por la Registradora que suscribe con fecha 28 de noviembre de 2022, ya que lo aportado son fotocopias. 2) Original de la nota de calificación efectuada por la Registradora que suscribe con fecha 12 de septiembre de 2022. 3) Instancia de Doña M. D. C. C. de fecha 13 de octubre de 2022 dirigido al Titular del Registro de la Propiedad de Chelva, y que se cita en la calificación efectuada por la Registradora que suscribe el día 28 de noviembre de 2022.
9. El requerimiento para que la recurrente aportarse la documentación fue enviada por correo certificado con acuse de recibo el día 13 de enero de 2023 a la dirección fijada por ella misma en el escrito del Recurso Gubernativo para la realización de las notificaciones.
Con fecha 20 de enero de 2023 y tras haber efectuado consulta de la situación del envío en la oficina de correos y habiéndose observado que se devolvía por desconocido, se detectó por parte del Registro que podía existir un error en la designación por parte de la recurrente del domicilio para notificaciones.
Para evitar la indefensión de la recurrente y la dilación en los tramites que podía producirse, si se enviaba de nuevo otro correo certificado con acuse de recibo de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas al domicilio que no era correcto, ya que se nos volvería a devolver, nos pusimos en contacto telefónico con la interesada que nos confirmó el error en la designación por ella del domicilio para notificaciones.
Con fecha 23 de enero de 2023 la interesada se personó en el Registro y se le requirió personalmente para la aportación de la documentación. Con esta misma fecha y con posterioridad se devolvió al Registro el envío de la carta certificada con el requerimiento de la que resulta “DES 12:33, 16/01”.
Con fecha 25 de enero de 2023 la recurrente ha aportado al Registro dos escritos: uno modificando su domicilio para notificaciones y designando el correcto y otro en contestación al requerimiento de documentación acompañada de copias de la primera calificación efectuada y del escrito de fecha 13 de octubre de 2022 dirigido al Registro del Chelva.
10. En cuanto al requerimiento de documentación efectuado hay que señalar lo siguiente:
En el momento de presentar el Recurso Gubernativo no se procede por parte del Registro al examen de la documentación entregada, sino que lo que se hace es admitir y dar entrada al mismo sin que pueda no admitirse por el hecho de que la documentación aportada sea original o no, puesto que hay previsto en la Ley un trámite con concesión de un plazo para la aportación de la documentación necesaria para el Recur