Categoría: Administración

dependientes hasta el segundo grado, salvo cuando justificadamente no sea viable con la adecuada gestión del proyecto.
5. Las entidades beneficiarias podrán subcontratar, en los términos previstos en la convocatoria, hasta el cien por cien, o de forma parcial, hasta el porcentaje que se determine en la convocatoria, la ejecución de la actividad que constituye el objeto de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento que desarrolla dicha ley.
1. Las personas, empresas y demás entidades beneficiarias deberán someterse, durante o después de la realización de la actividad subvencionada, a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Administración General del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, así como a las que puedan efectuar la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas u otras instituciones comunitarias en el supuesto de subvenciones cofinanciadas con fondos europeos.
2. El seguimiento y evaluación de los resultados, eficacia e impacto de las actuaciones subvencionadas en el marco de esta orden se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, y, en su caso, a lo establecido específicamente para cada programa en la respectiva convocatoria.
Asimismo, cuando se haya valorado la perspectiva de género en los proyectos o actuaciones objeto de subvención, la memoria final en que se justifique su realización deberá incorporar una evaluación sobre el impacto de género, con indicadores y datos desglosados por sexo de las personas beneficiarias y explicativo de la eficacia de las medidas de igualdad aplicadas.
1. La persona, empresa o entidad beneficiaria deberá justificar la realización de la actuación o actuaciones subvencionadas, así como los gastos generados por ello. A estos efectos, deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los costes subvencionables y, en su caso, los criterios de imputación establecidos en esta orden o, en su defecto, en las respectivas convocatorias.
En todo caso, cuando las actuaciones subvencionables contemplen la financiación de gastos de personal, se requerirá de las personas, empresas o entidades beneficiarias la confección de partes horarios firmados por las propias personas empleadas.
2. La modalidad de justificación será mediante la presentación de cuenta justificativa, que deberá aportarse en el plazo máximo de tres meses tras la finalización de la actividad subvencionada, sin perjuicio de la posibilidad de ampliación del plazo de justificación prevista en el artículo 70 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la persona, empresa o entidad beneficiaria deberá presentar ante el órgano que otorgó la subvención y conforme a las instrucciones y formularios normalizados que se establezcan en las mismas:
a) La documentación justificativa de la realización de la actuación subvencionada.
b) La cuenta justificativa con la estructura y alcance que corresponda en función de la forma que se determine en las convocatorias de entre las previstas en la sección 2.ª del capítulo II del título II del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Si la cuenta justificativa adoptara la forma prevista en la subsección 2.ª de la citada sección 2.ª «Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos», las convocatorias podrán prever la manera de garantizar la autenticidad de los justificantes aportados. Asimismo, podrán establecer el método con arreglo al cual el órgano concedente de la subvención llevará a cabo la comprobación de la justificación documental de la subvención, incluyendo la comprobación formal para la liquidación de la subvención, conforme a lo previsto en el artículo 84.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
c) La acreditación de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la recibida, en su caso, en concepto de anticipo, que tendrá la consideración de devolución voluntaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando se hayan fijado módulos específicos por el Servicio Público de Empleo Estatal, y así se establezca en la correspondiente convocatoria, la concesión de las subvenciones, así como su justificación, se podrá realizar a través de módulos, de acuerdo con lo previsto en los artículos 69 y 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. La concreción de los módulos, así como en su caso la forma de actualización o revisión de los mismos, se realizará en la propia convocatoria, en base al correspondiente informe técnico realizado a estos efectos, teniendo en cuenta para ello lo establecido en el artículo 5.3 de esta orden sobre determinación de las cuantías de subvenciones aplicables.
La documentación a presentar en este supuesto, sin perjuicio de cualquier otra prevista en la convocatoria, que habrá de aportarse en el plazo indicado en el apartado 2, será la siguiente, de acuerdo con el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, incluidos los indicadores sobre el impacto de género a que se refiere el párrafo segundo del artículo 16.2. La memoria incluirá, si así se requiere en la convocatoria, certificación acreditativa de tales extremos.
b) Una memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo, los siguientes extremos:
1.º Acreditación por la persona, empresa o entidad beneficiaria del número de unidades físicas consideradas como módulos.
2.º Cuantía global de la subvención justificada, según el sistema de cálculo y cuantificación que se establezca en la convocatoria, de acuerdo con lo que conste en la memoria de actuación presentada y los módulos contemplados en la convocatoria. Este sistema podrá atender a sistemas de coste unitario por persona destinataria o participante, o bien de otros que se consideren medibles y fiables de acuerdo con el sistema que se haya establecido. En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente concedida.
3.º Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, así como la acreditación de haber ingresado, en su caso, el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la recibida en concepto de anticipo.
No obstante, según lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las personas, empresas y demás entidades beneficiarias estarán dispensadas de la obligación de presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil o cualquier otra documentación justificativa de los gastos realizados, sin perjuicio de la obligación de la persona, empresa o entidad beneficiaria de conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las correspondientes actuaciones de comprobación y control, según dispone el artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. A fin de que el órgano concedente realice un seguimiento adecuado de la actividad subvencionada, en el caso de convocatorias plurianuales, en el plazo de dos meses desde la finalización de cada anualidad la persona, empresa o entidad beneficiaria deberá presentar una justificación con el resultado de las actuaciones realizadas hasta dicha fecha. Esta justificación anual, y su comprobación, tendrán carácter provisional, a cuenta de la liquidación final del proyecto, en tanto no se justifiquen totalmente dichas actuaciones.
5. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la documentación a que se refieren los apartados anteriores, el órgano competente requerirá a la persona, empresa o entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará aparejada la pérdida del derecho al cobro de la subvención o el inicio del procedimiento de reintegro previsto en el artículo 19.
En las convocatorias se podrá prever que, si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente justificada la subvención concedida, el órgano competente pondrá en conocimiento de las personas, empresas y demás entidades beneficiarias las insuficiencias observadas para que en el plazo de diez días sean subsanadas.
6. Cuando la actuación o actuaciones subvencionadas hayan sido financiadas, además de con la subvención concedida, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las citadas actuaciones.
7. La persona, empresa o entidad beneficiaria de la subvención estará obligada a conservar, al menos durante un plazo de cuatro años, los justificantes de la realización de la actuación o actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos, a efectos de las actividades de comprobación y control. El citado plazo se computará a partir del momento en que finalice el período establecido para presentar la citada justificación por parte de la persona, empresa o entidad beneficiaria. En el supuesto de acciones cofinanciadas con fondos comunitarios, se aplicará a este respecto lo que establezca la normativa comunitaria.
Las entidades que, sin haber transcurrido el citado período, decidan suspender su actividad o disolverse, deberán remitir copia de la citada documentación al órgano competente, sin perjuicio de la obligación de presentar la documentación justificativa de la subvención.
1. Una vez presentada la documentación señalada en los apartados 2 y 3 del artículo anterior, se realizará por el órgano que establezcan las convocatorias la correspondiente comprobación de la misma. Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención concedida o que se han incumplido, total o parcialmente, requisitos establecidos en la normativa aplicable para la justificación de la subvención o los fines para los que fue concedida la misma, se comunicará tal circunstancia a la parte interesada junto a los resultados de la comprobación realizada y se iniciará el procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención y/o, en su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención previsto en el artículo 19.
2. En aquellos supuestos en los que el pago de la subvención se realice previa aportación de la cuenta justificativa, y en la convocatoria se hubiera establecido la comprobación de la justificación documental de la subvención a través de la comprobación formal para la liquidación de la subvención, según lo previsto en el artículo 84.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la revisión de las facturas o documentos de valor probatorio que, en su caso, formen parte de la cuenta justificativa, deberán ser objeto de comprobación en los cuatro años siguientes, de acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo.
1. El incumplimiento por parte de la persona, empresa o entidad beneficiaria de lo establecido en la convocatoria y resolución de concesión, así como en esta orden y demás disposiciones aplicables en materia de subvenciones, en particular el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, darán lugar, a la vista de la naturaleza y causas del incumplimiento, a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma.
En el caso de incumplimientos parciales el órgano competente determinará la cantidad a reintegrar por la persona, empresa o entidad beneficiaria respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, de conformidad con el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con el artículo 17.3.n) de dicha ley, salvo que pueda constituir causa de reintegro total.
En todo caso, en el supuesto de que la subvención percibida se destinase a fines distintos para los que fue concedida, procederá el reintegro total de la subvención.
2. El procedimiento de reintegro garantizará a la persona, empresa o entidad interesada el derecho de audiencia y se ajustará a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en la Resolución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre el procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas por el Organismo y las actuaciones administrativas derivadas de la recaudación en período voluntario de los ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria derivados de los reintegros.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como, en su caso, lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
1. Cuando las actuaciones subvencionables tengan por objeto la financiación de costes salariales, ya sea por la contratación de personas participantes en los programas como del personal necesario para su ejecución, las cuantías de las respectivas subvenciones se establecerán por contrato a tiempo completo y año, e incluirán los costes originados por las cuotas empresariales a la Seguridad Social por todos los conceptos, incluyendo desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.
2. Tomando como referencia dichas cuantías, la subvención a conceder se calculará en función del período subvencionable previsto para cada actuación, sin que pueda superar el salario que corresponda a la persona trabajadora según el convenio o la normativa laboral de aplicación, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias más las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social. En todo caso, se garantizará por cada contrato subvencionado un importe mensual equivalente al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, considerando 14 pagas anuales.
3. Cuando el contrato se concierte a tiempo parcial, dicha subvención se reducirá proporcionalmente en función de la jornada realizada, aplicándose para ello el coeficiente de parcialidad señalado por la empresa al dar de alta a la persona trabajadora en la Seguridad Social, sin que pueda ser inferior al cincuenta por ciento de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable. Este límite mínimo de duración de la jornada a tiempo parcial a los efectos de la concesión de estas subvenciones, no resultará de aplicación en relación con el colectivo de personas con discapacidad, como medida de adecuación del empleo a sus capacidades.
4. A las cuantías de las subvenciones a que se refiere este artículo, incluidas las que resulten en su caso del incremento señalado en el artículo 5.1 y 2, se sumará, en el ámbito territorial de las ciudades de Ceuta y Melilla, las comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias y otros territorios donde sea aplicable la indemnización por residencia, el importe de la indemnización por residencia que perciban las personas trabajadoras contratadas, siempre que el organismo contratante venga obligado a su abono por disposición legal o convencional.
1. En las actuaciones subvencionables que tengan por objeto incentivar la contratación laboral, la cuantía de la subvención se establece por cada contrato suscrito a tiempo completo. En los supuestos de contratación a tiempo parcial, se aplicará lo dispuesto en el artículo 20.3.
2. La persona, empresa o entidad beneficiaria estará obligada a incrementar con la nueva contratación el nivel de empleo total de su plantilla fija y mantener el nuevo nivel alcanzado durante el periodo mínimo previsto en la correspondiente convocatoria. Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia la plantilla media de personas trabajadoras en alta durante los treinta días naturales anteriores a la celebración del contrato.
A efectos del cumplimiento de la obligación anterior, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan sido declarados o reconocidos como improcedentes, los despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a derecho, así como las extinciones causadas por dimisión, jubilación, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de las personas trabajadoras, o por resolución del período de prueba. Asimismo, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo causadas por jubilación, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del empresario, por expiración del tiempo convenido en caso de contratos formativos o de duración determinada bonificados en esta norma, o por fin del llamamiento de personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo, así como, en el caso de subrogaciones, por las causas legales estipuladas. También quedarán excluidas las extinciones de contratos a personas trabajadoras con discapacidad de centros especiales de empleo que pasen de prestar sus servicios en centros especiales de empleo a la empresa ordinaria.
3. Asimismo, la persona, empresa o entidad beneficiaria deberá mantener en el empleo a la persona trabajadora contratada al menos durante el tiempo previsto en la convocatoria, sin que pueda ser inferior al período mínimo de tres años establecido en el artículo 9 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, o bien proceder a su sustitución en cualquiera de los casos señalados en el apartado anterior por otra persona con la que se suscriba un contrato de idénticas características.
1. Cuando se incentive la inserción laboral conseguida de personas participantes en programas comunes de activación para el empleo, las subvenciones que se concedan tendrán como límite la disponibilidad presupuestaria prevista para este concepto en la correspondiente convocatoria, cuya cuantía de financiación podrá determinarse en función de un objetivo mínimo de inserción del veinte por ciento de las personas participantes.
2. Se considerará que la inserción laboral se ha conseguido cuando el contrato suscrito tenga una duración igual o superior a la duración prevista en el anexo para las respectivas actuaciones subvencionables.
3. En los supuestos en que la inserción conlleve la realización de un contrato a tiempo parcial, se aplicará lo dispuesto para los incentivos a la contratación laboral en el artículo 20.3.
4. La inserción deberá producirse dentro del plazo que se determine en la convocatoria y, en todo caso, antes de que finalice el plazo de justificación de la subvención previsto en el artículo 17.
1. Los servicios de orientación laboral que presten las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta orden deberán ajustarse para su realización a lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo, con arreglo a los protocolos del anexo de la Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia para el desarrollo de los citados protocolos, así como las especificaciones técnicas y las actividades que se concreten en las convocatorias.
2. En todo caso, los servicios de orientación laboral a que se refiere el apartado anterior incluirán el diseño del itinerario personalizado para el empleo, el cual deberá incorporar, al menos:
a) La identificación de alternativas profesionales a partir del análisis motivado de oportunidades de empleo para la persona demandante a las que pueda acceder de acuerdo con sus competencias y habilidades personales, con su disponibilidad personal para acceder al empleo y con el potencial existente en su ámbito de búsqueda.
b) La identificación de un itinerario formativo accesible, cuando se precise de acuerdo con el perfil de la persona usuaria, mediante la propuesta de las acciones de formación y/o acreditación de la experiencia profesional que resulten adecuadas para la mejora de competencias y cualificación profesional de la persona usuaria.
c) La identificación de las actuaciones de búsqueda activa de empleo que, de acuerdo con su perfil, la persona usuaria se compromete a realizar, así como el seguimiento previsto para las mismas.
d) La consideración de la distinta situación y posición de partida (distinta disponibilidad según reparto del trabajo de cuidado, segregación de opciones profesionales por el rol de género, entre otros aspectos) de mujeres y hombres a la hora de elaborar los perfiles profesionales y el diseño de itinerario, así como el refuerzo de los itinerarios de las mujeres con acciones positivas que compensen dicha situación y posición diferencial.
3. Las entidades que colaboren en la ejecución de las acciones de este programa, lo harán con sus medios propios y en las instalaciones habilitadas por cada entidad para su desarrollo. En caso de que dichas entidades prevean la realización de las acciones de manera temporal o parcial en instalaciones distintas a las autorizadas, deberán someter las mismas a la aprobación previa del órgano convocante, con el fin de garantizar las condiciones mínimas de atención para los demandantes, todo ello sin perjuicio de las circunstancias y normativa de carácter general aplicables por circunstancias excepcionales.
4. El órgano convocante autorizará el acceso a los medios y herramientas informáticas disponibles en el servicio público de empleo para la gestión y el seguimiento de los servicios de orientación, así como para la actualización continua de las competencias del personal orientador y la coordinación de su trabajo en red con el resto de profesionales de la orientación laboral. A tal efecto, las entidades beneficiarias mecanizarán, en las aplicaciones informáticas que se pongan a su disposición, los servicios prestados a las personas demandantes correspondientes a las tareas de orientación y elaboración de itinerarios, de acuerdo con el catálogo y código de acciones de orientación. En todo caso, se garantizará la variable sexo en el registro de la información, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
1. Las personas beneficiarias de las subvenciones para el fomento del empleo autónomo, según lo señalado en el anexo, deberán darse de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar por Cuenta Propia o Autónomos, en el régimen especial o en la Mutualidad del colegio profesional que corresponda, con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. La fecha de alta será considerada como fecha de inicio de actividad.
Asimismo, deberán darse de alta en el censo de obligados tributarios y en el impuesto sobre actividades económicas.
2. Además de las personas en quienes concurran alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 6.3, no podrán obtener la condición de personas beneficiarias de las subvenciones a que se refiere este artículo:
a) Los socios de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales. En cambio, podrán ser beneficiarias las personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia cuando formen parte de comunidades de bienes o sociedades civiles, siempre que las subvenciones se soliciten a título personal.
b) Quienes se hayan beneficiado de las subvenciones previstas en esta orden, en los dos años previos al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el Régimen Especial por cuenta propia que corresponda o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente que da lugar a la solicitud de la subvención.
c) Quienes hubiesen realizado la misma actividad o similar como personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia en los seis meses anteriores al inicio de la actividad que da lugar a la solicitud de la subvención. No será de aplicación esta exclusión en el caso de que la persona solicitante sea mujer víctima de violencia de género, debidamente acreditada, que hubiese realizado actividades por cuenta propia como familiar colaborador de su agresor y se constituya como trabajadora por cuenta propia en una actividad similar a la que venía realizando.
d) Quienes causen alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, como familiar colaborador de otra persona trabajadora por cuenta propia
3. Las personas beneficiarias de las subvenciones a que se refiere este artículo, además de estar obligadas a realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda o subvención, deberán mantener su actividad empresarial y su alta en Seguridad Social o equivalente durante al menos tres años. En caso de incumplimiento, y siempre que se haya mantenido la actividad al menos dos años y se acredite por la persona beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, procederá el reintegro de las subvenciones percibidas de forma proporcional al tiempo que reste para el cumplimiento de los tres años indicados anteriormente.
La concesión de las subvenciones queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico.
Las subvenciones que se concedan al amparo de esta orden se regirán, además de por lo previsto en estas bases reguladoras y en las correspondientes convocatorias, por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el reglamento que la desarrolla; la Ley 3/2023, de 28 de febrero; en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre; y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Igualmente será de aplicación el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero; y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en lo que concierne a la transversalización de la igualdad de género en las políticas activas de empleo.
Asimismo, en el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo u otros fondos estructurales de la Unión Europea o supranacionales, será de aplicación lo previsto en la normativa comunitaria o supranacional y española correspondiente.
1. Los centros públicos de orientación, emprendimiento, acompañamiento e innovación para el empleo constituyen el soporte especializado del Sistema Nacional de Empleo dirigido a reforzar la dinamización y planificación en materia de orientación, emprendimiento e innovación para el empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero. La Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo, Red COE, constituida en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene por objeto reforzar los servicios públicos de empleo y mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo, conforme al programa de orientación, emprendimiento e innovación para el empleo regulado en el artículo 88 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre.
2. La Red COE constará de veinte centros de orientación, emprendimiento, acompañamiento e innovación para el empleo distribuidos por todo el país: un centro a nivel estatal y otro en cada comunidad autónoma, incluidas las ciudades de Ceuta y Melilla. La gestión de los centros ubicados en dichas ciudades corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 3/2023, de 28 de febrero.
3. Los cambios o modificaciones de emplazamiento de los centros que integran la Red, conllevará la modificación de las resoluciones de calificación por las que cada centro fue constituido, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Protocolo para la creación de los centros de orientación, emprendimiento, acompañamiento e innovación para el empleo, aprobado por la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, en la reunión celebrada en Madrid el día 28 de abril de 2021.
Las resoluciones de modificación se comunicarán, una vez aprobadas por la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, a los órganos de coordinación y participación señalados en el párrafo anterior. Esta comunicación se efectuará en la siguiente reunión que los órganos indicados celebren con posterioridad a dicha aprobación.
4. Para dar cumplimiento al protocolo referido en el apartado anterior, los centros que integran la Red COE deberán crear un consejo social como órgano de planificación y participación social de los agentes sociales de los sectores productivos.
5. Los centros que integran la Red COE deberán elaborar un programa anual de trabajo que, previo a su aprobación por el servicio público de empleo competente, requerirá del informe favorable de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal a efectos de verificar si se mantienen los requisitos básicos para la calificación del centro, que garanticen la adecuada ejecución del citado programa. Este programa anual de trabajo se comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal, en los plazos que se establezcan, a través de los medios electrónicos que se pongan a disposición para tal fin.
Al finalizar cada ejercicio, los centros de la Red COE deberán comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal, a través de los medios electrónicos puestos a disposición, la ejecución del programa anual de trabajo aprobado, mediante una memoria que detallará las actividades desarrolladas por el centro que figuran incluidas en el citado programa, incluida una memoria específica de impacto de género de las actividades desarrolladas, así como los gastos de funcionamiento e inversión derivados de la realización de dicho programa anual que hayan sido específicamente financiados con los fondos de modernización, de acuerdo con las condiciones que se determinen en la correspondiente orden ministerial de distribución de fondos.
En virtud de lo previsto en la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, las bases reguladoras establecidas en esta orden tendrán la consideración de bases reguladoras comunes cuando los servicios públicos de empleo autonómicos opten por su aplicación en cualquiera de las convocatorias de subvenciones que realicen para la financiación de programas comunes de activación para el empleo, en cuyo caso se aplicarán las siguientes previsiones:
a) Las referencias contenidas en esta orden a órganos y competencias estatales se entenderán realizadas a los correspondientes órganos y competencias de los servicios públicos de empleo autonómicos.
b) No será de obligada aplicación a los incentivos a la contratación laboral otorgados por los servicios públicos de empleo autonómicos el límite del sesenta por ciento previsto en el artículo 5.4, párrafo segundo, para los supuestos de concurrencia de ayudas públicas, así como el período mínimo de tres años a que hace referencia el artículo 21.3 respecto de la obligación de mantenimiento en el empleo de la persona trabajadora contratada.
En estos casos no serán de obligatoria aplicación las previsiones del artículo 2.2.
c) A la financiación de las actuaciones subvencionables en el ámbito autonómico se destinarán los fondos de empleo de ámbito nacional que resulten de la distribución realizada conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre y en el artículo 62.1 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, sin perjuicio de los fondos propios que las comunidades autónomas pudieran destinar a dicha financiación y de los fondos que, en su caso, pudieran estar cofinanciados por la Unión Europea.
d) Contra las resoluciones de concesión de subvenciones de los servicios públicos de empleo autonómicos cabrá interponer los recursos que se determinen en cada convocatoria, de acuerdo con la normativa de aplicación por la administración pública competente.
e) Sin perjuicio de la legislación básica del Estado en materia de subvenciones, la normativa reguladora de las subvenciones, incluyendo la referida a la publicidad de las convocatorias, y los órganos competentes para su control serán los correspondientes de cada administración autonómica.
1. En lo no previsto en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación al programa de fomento de empleo agrario de créditos para inversiones de las administraciones públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, y en los términos establecidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, serán de aplicación a la concesión de dichas subvenciones las disposiciones contenidas en esta orden y en los apartados siguientes de esta disposición adicional, así como las que establezcan las normas de convocatoria que se aprueben conforme a lo previsto en el apartado 4 y las instrucciones que, en su caso, se dicten por la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
2. Mediante la concesión de las subvenciones a que se refiere esta disposición adicional se fomentará la realización de los siguientes proyectos, compatibles entre sí:
a) Proyectos previstos en el artículo 5.a) del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, consistentes en actuaciones tanto de obras como de servicios de interés general y social y de garantía de rentas a ejecutar por las corporaciones locales en el ámbito de su competencia, por sí mismas o en régimen de adjudicación, financiándose la contratación de personas desempleadas, preferentemente trabajadoras por cuenta ajena eventuales del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social, en los términos de la normativa que establezca el programa. Estos proyectos complementarán el mantenimiento de las rentas de esas personas trabajadoras en épocas de mayor paro estacional a través de la distribución de empleo en estos proyectos que cumplan los requisitos para estar afectos al programa.
b) Proyectos previstos en el artículo 5.b) del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, consistentes en actuaciones tanto de inversión en obras como de servicios de interés general y social generadores de nuevos empleos estables en actividades respetuosas con el medio rural, a ejecutar por las corporaciones locales de Andalucía y Extremadura en el ámbito de su competencia, por sí mismas o en régimen de adjudicación, financiándose la contratación de personas trabajadoras desempleadas, preferentemente eventuales agrarias por cuenta ajena en los términos de la normativa que establezca el programa.
Los proyectos de las letras a) y b) podrán modularse en fases consecutivas, que puedan ejecutarse con financiación subvencionable o de la propia corporación en otros momentos temporales, siempre que la fase anterior esté terminada y justificada debidamente.
Podrán participar en el programa las personas trabajadoras con contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo, inscritas como demandantes de servicios en las oficinas de empleo, durante los períodos de no actividad.
3. Las cuantías de las subvenciones destinadas a financiar los conceptos señalados en el apartado anterior serán las previstas en el anexo de esta orden para el Programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social (P05), respecto de la financiación de los costes salariales y de Seguridad Social derivados de los contratos que se suscriban con las personas trabajadoras participantes.
4. El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará:
a) A instancia de parte, mediante solicitud de la corporación local interesada dirigida a la respectiva Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal competente para resolver sobre el otorgamiento de estas subvenciones, en régimen de concesión directa para los Proyectos de Garantía de Rentas. La presentación de las solicitudes podrá ser precedida de un acto de convocatoria por parte del órgano competente para resolver a fin de abrir el plazo de presentación de solicitudes y que tendrá carácter de presupuesto de los distintos procedimientos que se inicien posteriormente.
b) De oficio, en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria pública de subvención para los proyectos generadores de empleo estable, donde se establecerá el plazo de presentación de solicitudes.
En ambos casos se dará comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la apertura del procedimiento. En la convocatoria para Proyectos Generadores de Empleo Estable se publicará extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mientras que para los Proyectos de Garantía de Rentas se publicará en el diario oficial de la provincia.
1. Conforme a la disposición adicional tercera del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, se aplicarán las bases reguladoras contenidas en esta orden a las subvenciones que se concedan a personas trabajadoras autónomas, sociedades laborales y cooperativas que contraten por tiempo indefinido a personas con capacidad intelectual límite, si bien:
a) La cuantía de la subvención será de 2.000 euros por cada contrato indefinido celebrado a tiempo completo;
b) la citada subvención será compatible con la subvención destinada a la adaptación de los puestos de trabajo o dotación de equipos de protección personal necesarios para evitar accidentes laborales o para eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de las personas trabajadoras.
2. Asimismo, conforme a la disposición adicional primera del Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, serán también destinatarias finales del programa de empleo con apoyo del programa de inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, las personas con capacidad intelectual límite según se definen en el artículo 2 del Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite, que sean contratadas por las empresas, personas trabajadoras autónomas o entidades empleadoras a que se refiere el artículo 3 del citado Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, con las siguientes particularidades:
a) El tiempo mínimo de atención exigido, será una doceava parte de la jornada de trabajo de la persona trabajadora con capacidad intelectual límite.
b) La cuantía de las subvenciones establecidas será de 1.625 euros anuales por cada persona trabajadora.
Cuando los beneficiarios de las subvenciones sean Departamentos ministeriales de la Administración General del Estado será de aplicación lo dispuesto en la Orden TAS/210/2004, de 28 de enero, relativa a la justificación por los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, de anticipos de pago de subvenciones no nominativas concedidas con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, por lo que no procederá, en estos supuestos, la tramitación del procedimiento de reintegro ni la exigencia de intereses de demora.
Los procedimientos iniciados por solicitudes de subvención presentadas en el marco de convocatorias publicadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta orden, se regirán por la normativa aplicable a las citadas convocatorias en el momento de su publicación.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, y la competencia exclusiva para regular las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal a dictar las resoluciones o instrucciones necesarias para la aplicación de esta orden.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de septiembre de 2023.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social,Yolanda Morales Ferrer.