Categoría: Economía y Empleo

ea municipal de impulso comercial tendrá por desestimada su solicitud.
2. En el caso de que el pleno acuerde la constitución del área municipal de impulso comercial, se celebrará una asamblea constituyente de su entidad gestora. A tal efecto, la comisión promotora deberá notificar la fecha y el lugar en los cuales tendrá lugar el acto de constitución a quienes tengan la obligación de satisfacer la aportación prevista en el apartado 1 del artículo 29 de esta ley, haciéndoles saber que tienen derecho, si así lo desean, a formar parte de la entidad gestora. El acuerdo de constitución de la entidad gestora se formalizará en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la notificación del acuerdo favorable del pleno, mediante escritura pública otorgada por las personas designadas por la asamblea constituyente, que será objeto de inscripción en el correspondiente registro, y habrá de incluir en todo caso:
a) La denominación del área municipal de impulso comercial y su domicilio.
b) La identidad de las y los miembros que constituyen el área municipal de impulso comercial, que incluirá a quienes tengan la obligación de pagar la aportación para financiar el presupuesto de la entidad que manifiesten su voluntad de formar parte de ella.
c) La ratificación de la voluntad de constituir un área municipal de impulso comercial.
d) Los estatutos de la entidad, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo 15 de esta ley.
e) La designación de las personas encargadas inicial y provisionalmente del gobierno y de la representación de la entidad.
f) El patrimonio fundacional.
g) El lugar y la fecha de otorgamiento del acta fundacional, y firma de las personas designadas en la letra e) anterior.
3. El acuerdo de autorización, una vez presentada el acta de constitución, será publicado por el ayuntamiento en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» en el plazo máximo de quince días desde la presentación del acta de constitución. Desde la publicación en el BOIB de la autorización, todas las personas titulares del derecho de posesión y las propietarias de los locales de la zona geográfica delimitada estarán vinculadas por la AMIC. Las personas titulares del derecho de posesión y las propietarias de los locales de la zona geográficamente delimitada quedarán sujetas a las obligaciones derivadas de la AMIC durante todo el periodo de su vigencia.
4. Los cambios de titularidad en el derecho de posesión que se produzcan durante la vigencia de la AMIC implicarán la subrogación de la nueva persona titular en los derechos y las obligaciones inherentes a la pertenencia a la AMIC. Con antelación a la formalización de los cambios de titularidad en el derecho de posesión de los locales deberá informarse al aspirante a titular de los derechos y las obligaciones inherentes a su pertenencia a la AMIC.
El plan de actuación es la herramienta que proyecta las metas de la AMIC y describe los instrumentos, las funciones y las medidas que lleva a cabo para alcanzarlas. Deberá respetar en toda su extensión las finalidades de interés general enumeradas en el artículo 3 de esta ley. El plan de actuación comprenderá como mínimo:
a) Una memoria justificativa de las funciones básicas que se pretenden desarrollar con la creación de la AMIC, de acuerdo con el artículo 7 de esta ley.
b) Un programa de actuaciones que detalle las implicaciones y los problemas que se desea abordar, las metas perseguidas y la justificación de las medidas propuestas, con inclusión de las encaminadas a favorecer la igualdad en el ámbito de la actividad económica. El programa de actuaciones deberá describir de manera exhaustiva, pormenorizada y según las distintas y sucesivas fases en que se subdivida, aquellos servicios, mejoras y acciones de gestión y modernización que se propongan y hará lo propio con los beneficios que deban suponer dichas actuaciones en relación con los servicios existentes o los de nueva creación.
c) Un proyecto de presupuesto del gasto necesario para su desarrollo, precisando e individualizando las partidas para la materialización o la implantación de los servicios, las acciones, las medidas y las mejoras sugeridas en función de las fases previstas, así como los costes imputables a la gestión del proceso de constitución de la AMIC, incluidos los derivados del ejercicio del cobro de las cuotas de concierto con la hacienda local pertinente. Asimismo, el proyecto de presupuesto deberá indicar la reserva financiera destinada a compensar los incrementos imprevisibles de costes de las actuaciones proyectadas y la provisión por pérdidas de ingresos provocados por la morosidad en el pago de las cuotas.
d) Una relación detallada y exhaustiva de las fuentes de financiación de la AMIC.
e) Las reglas a seguir para el cobro de las cuotas de conformidad con el artículo 35 de esta ley, junto con la indicación de la forma y los términos de abono de las cuotas.
f) El periodo de duración de las medidas contenidas en el proyecto, que no puede ser inferior a tres años ni superior a cinco, así como un cronograma para la implantación de los servicios, las mejoras, las medidas o las acciones propuestas.
g) La descripción de los mecanismos y criterios de evaluación de los resultados obtenidos y de la consecución de las metas del plan de actuación en relación con los beneficios y las mejoras previstos.
1. Los estatutos de la entidad de gestión de la AMIC deberán respetar los términos de esta ley y contener al menos las siguientes disposiciones:
a) La denominación de la entidad, que no podrá coincidir ni inducir a confusión con la de otra ya existente. En su denominación deberá figurar necesariamente la expresión «Área Municipal de Impulso Comercial».
b) El domicilio social.
c) El objeto social, que incluirá la promoción del desarrollo, el atractivo y la competitividad económica y la cohesión social del ámbito territorial de actuación.
d) La duración de la AMIC.
e) El ámbito territorial de actuación y mecanismos para la ampliación o reducción del área municipal de impulso comercial.
f) Los derechos y las obligaciones de las personas que integren la entidad de gestión.
g) El procedimiento de adhesión y separación de las personas titulares del derecho de posesión de los locales comprendidos en el ámbito geográfico de la AMIC, que en todo caso deberá garantizar la no discriminación entre unos titulares y otros en relación con las condiciones y los costes de pertenencia o de separación.
h) El régimen de los órganos de gobierno del área de impulso comercial deberá garantizar la presencialidad equilibrada de mujeres y hombres, y deberá responder a un funcionamiento democrático, en el que se concreten la composición, las funciones, la duración, los procedimientos de actuación, las mayorías en acuerdos, el derecho de voto y las garantías de sus miembros. Los estatutos deberán prever al menos un órgano colegiado de gobierno, la asamblea general, de la que formarán parte todos los miembros; así como la presidencia, la secretaría y una gerencia como órgano de administración.
i) El procedimiento para la modificación de los estatutos.
j) El procedimiento para modificar y prorrogar el convenio con el ayuntamiento.
k) Una relación de las fuentes de financiación de la entidad.
l) Las causas y el procedimiento de disolución y liquidación del área municipal de impulso comercial, así como una previsión del destino del patrimonio sobrante en caso de disolución de la entidad de gestión.
2. Los estatutos podrán ser objeto de desarrollo mediante reglamentos de régimen interno.
1. Constituida el área municipal de impulso comercial y su entidad gestora, el ayuntamiento formalizará el convenio de colaboración con la entidad en el plazo máximo de treinta días hábiles.
2. El convenio suscrito entre el ayuntamiento y el área municipal de impulso comercial tendrá naturaleza de convenio de colaboración en los términos del artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público; de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears; y del Decreto 49/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el Registro de convenios y acuerdos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
3. Incluirá, como mínimo, las materias que señala el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y especificará, al menos, los siguientes extremos:
a) La identificación de las partes que suscriben el convenio y de las personas físicas que actúan en su representación.
b) Las actuaciones que el área municipal de impulso comercial se compromete a ejecutar, así como las modalidades de colaboración con el ayuntamiento, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación presupuestaria.
c) Las formas de financiación y las reglas para determinar las cuotas, y también los periodos de liquidación de las cuotas de acuerdo con la presente ley y el plan de actuación. Se preverán la aprobación de una ordenanza municipal y los gastos que este servicio de cobro suponga al ayuntamiento.
d) Las obligaciones y los compromisos económicos que, en su caso, asume el ayuntamiento.
e) La forma de participación del ayuntamiento en los órganos del área de impulso comercial.
f) Las fórmulas de control municipal sobre los acuerdos, las cuentas anuales y las actuaciones realizadas por el área de impulso comercial, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas al ayuntamiento por la legislación de régimen local aplicable.
g) Las consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y los compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
h) Los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control tanto de la ejecución del convenio como de los compromisos adquiridos por las partes, en cuyo seno se resolverán los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse, sin perjuicio de la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones litigiosas.
i) El régimen de modificación del convenio.
j) El criterio de equilibrio entre mujeres y hombres, como principio de participación, también deberá quedar reflejado en los convenios.
4. En el convenio se acompañarán, como anexos:
a) El acuerdo municipal por el que se aprueba la constitución del área municipal de impulso comercial. En el caso de áreas municipales de impulso comercial que se extiendan por más de un término municipal, los acuerdos municipales aprobatorios de todos los ayuntamientos afectados.
b) El acta fundacional del área municipal de impulso comercial, que incluirá los estatutos de la entidad.
c) El plan de actuación del área municipal de impulso comercial.
d) El presupuesto del área municipal de impulso comercial para todo su período de vigencia autorizado.
1. El convenio podrá prorrogarse antes de que finalice su plazo de vigencia, por acuerdo unánime de las partes y por un periodo no superior a cuatro años, siempre que la parte interesada en la prórroga lo solicite a la otra durante el primer trimestre del último año de vigencia.
2. En ningún supuesto podrá prorrogarse el convenio de manera tácita.
1. El acuerdo municipal de autorización, así como el convenio de colaboración firmado, serán notificados a quienes tengan la obligación de pago de la aportación obligatoria para financiar el área municipal de impulso comercial, siendo válida la notificación por edictos en caso de no ser posible la notificación personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Además, dichos documentos se mantendrán publicados durante seis meses en el portal electrónico del ayuntamiento, quedando permanentemente a disposición de todas las personas interesadas en la sede de la entidad constituida y en las dependencias municipales.
En la notificación se hará constar expresamente que quienes tengan la obligación de pago de la aportación tienen el derecho, pero no el deber, de ser miembros de la entidad de gestión del área municipal de impulso comercial.
2. A su vez, en el plazo de un mes desde la firma del convenio entre el ayuntamiento y la entidad de gestión de la AMIC, ésta deberá notificar a la dirección general competente en materia de comercio del Gobierno de las Illes Balears, a través del registro electrónico general, la siguiente documentación:
a) Un ejemplar del convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la entidad de gestión de la AMIC.
b) Un ejemplar de los estatutos y del acta de constitución de la entidad gestora de la AMIC.
c) Un ejemplar del plan de actuación.
d) Certificado del acuerdo de aprobación definitiva de la constitución de la AMIC adoptado por el ayuntamiento.
e) Plano a escala en el que se resalte la delimitación de la AMIC, se señalen los locales implicados con indicación de la superficie construida de cada uno, y se identifiquen las personas titulares del derecho de posesión de los locales, con indicación de su nombre o razón social, NIF y domicilio del establecimiento de cuyo derecho de posesión es titular en la zona delimitada.
3. Igualmente, la entidad de gestión de la AMIC deberá notificar a la dirección general competente en materia de comercio del Gobierno de las Illes Balears, por la misma vía y en el plazo de un mes desde su acaecimiento, los nombramientos y las modificaciones de los titulares de los órganos de gobierno, así como los ceses, previa notificación al interesado.
4. Con el fin de garantizar la transparencia, el área municipal de impulso comercial publicará en su portal electrónico los presupuestos anuales de la entidad, la memoria anual de actividades, así como la composición de los órganos gestores, sin perjuicio de que reglamentariamente puedan ampliarse estas obligaciones.
1. En el supuesto de que la zona geográfica prevista para la constitución del área municipal de impulso comercial comprenda más de un municipio, la comisión promotora presentará su solicitud ante el ayuntamiento del municipio de mayor población, que se encargará de coordinar con los restantes la adopción de las actuaciones previas al inicio del procedimiento previstas en el artículo 9 de esta ley.
2. La propuesta de plan de actuación, de presupuesto del área municipal de impulso comercial y de convenio de colaboración presentada por la comisión promotora o la patronal promotora será sometida a la autorización del pleno de cada uno de los ayuntamientos. Todos deberán pronunciarse positivamente sobre la constitución del área municipal de impulso comercial. Si alguno de ellos no lo hiciera, la comisión promotora o la patronal promotora podrá volver a presentar la solicitud ante los ayuntamientos que se hayan pronunciado favorablemente, cumpliendo en todo caso los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de esta ley y excluyendo del área municipal de impulso comercial la zona geográfica correspondiente al ayuntamiento que se haya pronunciado negativamente. En todo caso, se firmará un único convenio entre las entidades locales afectadas y la entidad de gestión de la AMIC.
1. La asamblea general es el órgano supremo y de control de la entidad, de la que forman parte:
a) Quienes tengan la obligación de satisfacer las cuotas previstas en el apartado 1 del artículo 29 de esta ley, que decidan voluntariamente ser miembros de la entidad. Cada miembro participa en la asamblea general en proporción a la superficie construida ponderada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de esta ley.
b) Las personas representantes de las administraciones públicas afectadas, en el número y con las facultades que determine el convenio.
c) Las asociaciones de vecinos y vecinas afectadas por el área municipal de impulso comercial.
d) Las asociaciones de comerciantes más representativas de la isla donde se encuentra la AMIC constituyente.
2. Las reuniones de la asamblea general serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez al año para aprobar los presupuestos y las cuentas anuales de la entidad en los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio de la presidencia, cuando la junta directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los miembros de la entidad.
3. Los estatutos de la entidad determinarán las normas para la celebración de las asambleas, los plazos y la publicidad de la convocatoria, las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos y cualquier otro extremo necesario para su normal funcionamiento.
4. No obstante lo establecido en el apartado 3 de este artículo, la modificación del ámbito de la AMIC, la modificación de los estatutos de la entidad gestora, la modificación o prórroga del convenio, y la disolución de la entidad gestora o de la AMIC, requerirán la asistencia de un mínimo de tres cuartas partes de sus miembros, que representen al menos las tres cuartas partes de la superficie construida ponderada de los locales representados por los titulares del derecho de posesión adheridos a la entidad de gestión.
5. La asamblea general tendrá atribuidas las siguientes facultades:
a) Elegir y revocar a los miembros de la junta directiva.
b) Aprobar la gestión de la junta directiva.
c) Examinar y aprobar los presupuestos y las cuentas anuales.
d) Aprobar, en su caso, la constitución de un fondo de reserva para atender posibles contingencias extraordinarias, de acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del artículo 37 de esta ley.
e) Modificar los estatutos.
f) Disponer o enajenar los bienes.
g) Aprobar la propuesta de renovación de la entidad.
h) Disolver la entidad.
i) Cualquier otra competencia que le atribuyan los estatutos o las normas de desarrollo de esta ley.
6. Con carácter general, siempre que los estatutos o el convenio no prevean otro extremo, los acuerdos de la asamblea general se adoptarán por mayoría simple de los votos que representen la mayoría simple de la superficie ponderada construida de los locales, salvo en los supuestos descritos en el apartado 4 de este artículo, cuya aprobación sólo se producirá con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que representen, además, la mayoría absoluta de la superficie construida ponderada de los locales.
7. Una vez constituida la AMIC y con la presencia de las patronales del sector más representativas de la isla donde se encuentra la AMIC constituyente, la asamblea será el máximo órgano de representación, donde todos los miembros de la AMIC podrán ejercer el derecho de voto, tanto de manera directa como por delegación. El derecho de voto será proporcional a la cuantía de las cuotas a pagar por cada uno de los establecimientos afectados.
1. La junta directiva es el órgano colegiado de gobierno al que corresponde la alta gestión del área municipal de impulso comercial. Los estatutos establecerán su composición, debiendo existir, en todo caso:
a) Una presidencia y una secretaría.
b) Una vicepresidencia.
c) Una tesorería.
d) Los y las vocales que determinen los estatutos en representación de quienes tengan la obligación de pago de las aportaciones obligatorias. Se establecerá un máximo y un mínimo de vocales para que el número total de miembros de la junta directiva sea un número impar.
e) Al menos una persona representante de las administraciones públicas afectadas, de acuerdo con lo que se determine en el convenio, que velará por los intereses públicos.
2. Todos los cargos que componen la junta directiva serán gratuitos, sin perjuicio de la compensación por los gastos que pueda ocasionar el ejercicio de sus funciones. Serán designados y revocados por la asamblea general y la duración de su mandato será establecida en los estatutos.
3. La junta directiva se reunirá cuantas veces determine la presidencia y a iniciativa o petición de la tercera parte de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y, para que sus acuerdos sean válidos, deberán ser tomados por mayoría de votos, salvo que los estatutos o el convenio establezcan mayorías absolutas para la adopción de determinados acuerdos. En caso de empate, el voto de la presidencia será de calidad.
4. Las facultades de la junta directiva se extenderán, con carácter general, a todos los actos propios de las finalidades del área municipal de impulso comercial, siempre que no requieran, según sus estatutos, autorización expresa de la asamblea general. Son facultades particulares de la junta directiva:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la entidad, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
b) Ejecutar los acuerdos de la asamblea general.
c) Designar a la gerencia de la entidad.
d) Formular y someter a la aprobación de la asamblea general los presupuestos y las cuentas anuales.
e) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la asamblea general.
1. La presidencia será elegida por la asamblea general mediante sufragio universal entre los y las titulares de actividades económicas situadas en el área municipal de impulso comercial y la duración de su mandato será la establecida en los estatutos.
2. Son atribuciones de la presidencia las siguientes:
a) Representar legalmente al área municipal de impulso comercial ante toda clase de organismos públicos o privados.
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebren la asamblea general y la junta directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra.
c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, las actas y la correspondencia.
d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la entidad aconseje o que en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente. En este caso la presidencia informará de la medida urgente adoptada en la siguiente junta directiva ordinaria que se celebre.
e) Todas aquellas que sean inherentes a la condición de presidente o presidenta.
El secretario o la secretaria custodiará la documentación de la asociación, levantará y firmará las actas de las reuniones de la asamblea general y de la junta directiva, redactará y autorizará los certificados que deban entregarse, y también llevará el libro de registro de asociados.
El vicepresidente o la vicepresidenta substituirá al presidente o a la presidenta en caso de ausencia o enfermedad.
El tesorero o la tesorera tendrá la función de custodiar y controlar los recursos de la asociación, así como de elaborar el presupuesto, el balance y la liquidación de cuentas. Llevará un libro de caja. Firmará los recibos de cuotas y otros documentos de tesorería. Pagará las facturas que apruebe la junta directiva, que previamente visará el presidente o la presidenta. El secretario o la secretaria podrá asumir las funciones del tesorero o la tesorera.
1. La gerencia es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos de la asamblea y la junta directiva y ejerce las funciones de normal administración de la entidad.
2. La gerencia podrá encomendarse a una persona física o jurídica, en todo caso con profesionalidad y experiencia acreditadas.
3. La gerencia estará presente en las sesiones de la asamblea general y de la junta directiva, con voz, pero sin voto.
4. Son funciones de la gerencia:
a) Elaborar el presupuesto anual y las cuentas anuales de la entidad.
b) Elaborar una memoria anual de gestión de la entidad.
c) Implementar el plan de actuación y proponer planes y programas de actuación de interés para el área municipal de impulso comercial.
d) Dirigir al personal contratado por la entidad de gestión.
e) El resto de las tareas y funciones que la asamblea general o la junta directiva le encomienden o deleguen.
El área municipal de impulso comercial tendrá la posibilidad de constituir un foro consultivo para promover la participación de todos aquellos afectados por las actuaciones y la gestión del área. Su funcionamiento y composición se desarrollará en el convenio e incluirá a representantes de las organizaciones empresariales y sindicales que ostenten la condición de más representativas, de quienes tengan la propiedad de bienes inmuebles y de las organizaciones vecinales de la zona comprendida por la AMIC.
1. Los recursos de la AMIC serán administrados por la entidad de gestión, y sus fuentes son las siguientes:
a) Las cuotas reguladas en los artículos 29 a 36 de esta ley, que tendrán la naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.
b) Subvenciones y ayudas públicas.
c) Aportaciones extraordinarias y donaciones.
d) Rendimientos derivados de los servicios que puedan prestar tanto a sus miembros como a terceras personas.
e) Rendimientos derivados de la explotación de su propio patrimonio.
2. Los ingresos procedentes de los recursos recogidos en el apartado anterior deberán destinarse a cubrir los gastos en que incurran en la realización de las actividades que les son propias. Queda prohibida su distribución entre sus miembros. En particular, los ingresos procedentes de las aportaciones referidas en la letra a) del apartado anterior deberán cubrir, como mínimo, el 50% del total de los gastos previstos en el presupuesto para toda la vigencia del área municipal de impulso comercial. El área municipal de impulso comercial deberá contabilizar y gestionar los ingresos procedentes de estas aportaciones obligatorias de forma diferenciada respecto a sus restantes ingresos. Estas cantidades deberán destinarse necesariamente a los fines establecidos en el plan de actuación de cada área municipal de impulso comercial y a sus gastos de funcionamiento conforme al presupuesto recogido en el convenio con el ayuntamiento.
1. Todos los o las titulares de actividades económicas que se ejerzan en un local determinado comprendidas en el ámbito geográfico de una área municipal de impulso comercial quedarán obligados a contribuir a la financiación de su presupuesto.
2. El convenio subscrito entre la entidad gestora y el ayuntamiento establecerá los criterios a partir de los cuales se determina la cuantía de las cuotas, de acuerdo con el artículo 32 de la presente ley y el plan de actuación.
3. La exacción de la aportación obligatoria se aprobará mediante ordenanza municipal en los términos establecidos en el capítulo III del título V de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears. La ordenanza municipal se regirá por los parámetros establecidos por esta ley y el convenio previsto en el artículo 16 anterior.
4. La obligación del pago de las cuotas nace con la publicación de la ordenanza municipal reguladora de la creación de cuotas y de la gestión aplicable para el cobro.
5. Según lo que se establece en el artículo 35.1 de esta ley solo el ayuntamiento gestionará y recaudará las cuotas obligatorias por cuenta del área municipal de impulso comercial.
1. Quedarán sujetos al pago de la cuota las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, beneficiadas por las actuaciones del área municipal de impulso comercial.
Se considerarán personas o entidades beneficiadas:
a) Quienes ejerzan una actividad económica en local determinado situado en el área geográfica de una área municipal de impulso comercial, sean propietarios o no del inmueble.
b) Quienes ostenten la propiedad sobre inmuebles desocupados aptos para alojar actividades económicas terciarias según el planeamiento urbano municipal vigente situados en dicha área.
c) Quienes ostenten la propiedad sobre inmuebles que alojen actividades económicas terciarias siempre que, habiendo recibido requerimiento de identificación del titular de la actividad económica, no haya procedido a su identificación.
2. A efectos de esta ley, se consideran actividades económicas todas aquellas actividades empresariales, profesionales o artísticas que se ejerzan o no en un local determinado siempre que se ejerzan en el ámbito de la AMIC y sean actividades terciarias.
3. En el supuesto de concurrencia de varios titulares de la actividad económica o de varios copropietarios de un local desocupado, todos ellos quedarán solidariamente obligados al pago de la cuota.
4. En el caso de que un mismo titular de una actividad económica disponga de más de un establecimiento, deberá satisfacer cuotas diferentes por cada uno de los establecimientos, con independencia de que se dediquen a la misma actividad o de si forman una misma unidad empresarial.
5. En casos de baja por cese del ejercicio de la actividad, de cambio de titularidad, de alta en el ejercicio de la actividad y de ocupación o desocupación del local, el nuevo titular de la actividad o quien ostente la propiedad del inmueble desocupado se subrogará en la posición del anterior obligado al pago de la cuota, en proporción al tiempo que reste del año natural.
6. La obligación del pago de las cuotas para la financiación del área municipal de impulso comercial no supone por sí misma la condición de miembro de esta. Quienes tengan la obligación de pagar la cuota y deseen ser miembros del área municipal de impulso comercial deberán formalizar su alta, bien en el momento de su constitución prevista en el artículo 11 de esta ley, bien en un momento posterior, en la forma prevista en los estatutos.
Están exentos de satisfacer la cuota obligatoria el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como sus organismos autónomos y las entidades del sector público.
1. El importe de las cuotas obligatorias y aportaciones extraordinarias voluntarias deberá responder a los principios de equidad y suficiencia presupuestaria y basarse en criterios objetivos para satisfacer la financiación de la materialización del plan de actuación durante toda la vigencia de la AMIC.
2. Las cuotas se fijarán en función de la superficie catastral del local, escalonadas en tramos de superficie a los que se aplicará los coeficientes siguientes:
Superficie construida catastral (scc) Coeficiente.
scc < 300 m21
300 m2< scc < 800 m21,5
800 m2< scc < 1.300 m22
1.300 m2< scc < 2.500 m23
2.500 m2 < scc < 10.000 m24
scc >10.000 m25
1. El importe total de la cuota calculada de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de esta ley se prorrateará en cuotas anuales correspondientes a los años naturales de vigencia temporal del área municipal de impulso comercial. El pago de cada cuota será exigible semestralmente.
2. El ayuntamiento podrá establecer mediante ordenanza la exigencia del pago de las cuotas semestrales a quien ostente la titularidad de la actividad económica ejercida en el local y a quienes ostenten la titularidad de los inmuebles aptos para alojar actividades económicas terciarias según el planeamiento urbano municipal vigente situados en el área geográfica de la AMIC.
Los ayuntamientos podrán establecer bonificaciones:
a) De hasta el 80% respecto a actividades que persigan finalidades benéficas o de interés general.
b) De hasta el 20% a los inmuebles desocupados aptos para alojar actividades económicas.
c) De hasta el 50% durante el primer año de ejercicio de una actividad y de hasta el 25% durante el segundo año, en concepto de apoyo al emprendimiento.
1. El ayuntamiento gestionará y recaudará las cuotas obligatorias por cuenta del área municipal de impulso comercial en los términos establecidos en la ordenanza municipal.
2. El ayuntamiento entregará el importe de las aportaciones recaudadas en el área municipal de impulso comercial y podrá reservarse una cantidad en compensación por los gastos de gestión y recaudación en que incurra. Esta cantidad no podrá superar el 5% del importe total de las cantidades recaudadas.
3. En el supuesto de que al expirar su vigencia el área municipal de impulso comercial no haya gastado el importe total de las cantidades recibidas por este concepto deberá devolver el excedente al ayuntamiento, que a su vez deberá reintegrar estas cantidades a quienes tengan la obligación en proporción a las cuotas que abonaron en su momento.
4. Las cuotas anuales y las aportaciones extraordinarias se gestionarán a partir del censo que formará el área municipal de impulso comercial y que remitirá al ayuntamiento, con actualizaciones trimestrales, siguiendo los términos del artículo 90 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
5. La gestión y la recaudación de las cuotas obligatorias para financiar las áreas municipales de impulso comercial se ajustará a lo dispuesto en la ordenanza municipal que las establezca y, en su caso, a las normas relativas a la gestión de los ingresos no tributarios de derecho público en el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, y resultará aplicable el régimen jurídico dispuesto para los derechos de naturaleza pública en la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
6. Los actos de gestión y recaudación de esta aportación podrán ser impugnados en la forma prevista en el título V de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears.
Las deudas por estas cuotas obligatorias podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio que dará lugar, en su caso, al devengo de los intereses de demora y a los recargos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el Reglamento general de recaudación, aprobado por el Real decreto 939/2005, de 29 de julio, de acuerdo con su artículo 2. El importe de los intereses de demora percibidos, en su caso, será entregado al área municipal de impulso comercial.
1. Las áreas municipales de impulso comercial deberán ajustar su actividad al presupuesto aprobado en el momento de su constitución para todo el período de su vigencia.
2. El estado de gastos del presupuesto deberá especificar la totalidad de gastos que pretende realizar el área municipal de impulso comercial convenientemente desglosados. Deberán constar los gastos que se cubrirán mediante las aportaciones obligatorias, los presupuestos propuestos, si procede, por los diferentes proveedores de bienes y servicios, así como los costes imputables a la gestión del proceso de constitución de la AMIC en los que haya podido incurrir el organismo público local competente y los imputables a la gestión del cobro de las cuotas en los términos concertados con la hacienda local.
3. El estado de ingresos del presupuesto deberá especificar la totalidad de los ingresos que se prevén para cubrir los gastos del área municipal de impulso comercial desglosados, incluidos la cuantía de las cuotas obligatorias, las aportaciones voluntarias y las donaciones, así como las subvenciones y las ayudas públicas comprometidas por las distintas administraciones públicas.
4. El plan de actuación del área municipal de impulso comercial deberá exponer con claridad cómo se financiarán los gastos que no se vayan a cubrir mediante las cuotas obligatorias y las alternativas si finalmente no se obtienen las subvenciones o las ayudas públicas previstas.
5. Para atender a posibles contingencias extraordinarias, previo acuerdo de la asamblea general, podrá constituirse un fondo de reserva al que contribuirán proporcionalmente quienes tengan la obligación de satisfacer las cuotas previstas en el apartado 1 del artículo 29 de esta ley. En ningún caso el fondo de reserva podrá ser superior al 15% de su último presupuesto anual.
6. El estado de gastos del presupuesto del área municipal de impulso comercial podrá incluir una reserva destinada a compensar los incrementos no previsibles de costes de las medidas incluidas en el plan de actuación y los ingresos previstos procedentes de las cuotas obligatorias que no se produzcan si se diera la circunstancia de retraso en el pago, pago incompleto o impago de cuotas por parte de los obligados.
7. El presupuesto puede prever modificaciones de las acciones previstas en el plan de actuación, tanto en lo relativo al plazo de ejecución como al tipo de acción. Dichas modificaciones en ningún caso podrán alterar el importe total presupuestado por dicho plan durante todo el periodo de vigencia de la AMIC, sin perjuicio de lo previsto en los estatutos en relación con el procedimiento para la modificación del ámbito de la AMIC, la modificación del plan de actuación, la modificación o la prórroga del convenio, o con el procedimiento para la extinción de la AMIC.
1. La asamblea general del área municipal de impulso comercial deberá aprobar anualmente el presupuesto para cada ejercicio económico propuesto por la junta directiva. El área municipal de impulso comercial deberá ajustar su actividad al presupuesto aprobado para cada ejercicio. Reglamentariamente se establecerá la documentación presupuestaria y contable que la junta directiva deberá someter anualmente a la aprobación de la asamblea general.
2. Las áreas municipales de impulso comercial quedarán sometidas a las obligaciones de contabilidad, auditoría y presupuestarias previstas en el artículo 11 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
3. Las AMIC serán igualmente objeto de supervisión a través de una auditoría anual.
La vigencia de las áreas municipales de impulso comercial será de cinco años, salvo que en el convenio se establezca una duración inferior. Transcurrido dicho plazo, el área municipal de impulso comercial podrá ser prorrogada siempre que, después de someterlo a consulta de la asamblea general, así se ratifique posteriormente por el mismo procedimiento exigido para su constitución, correspondiendo a la junta directiva las facultades previstas para la comisión promotora en el artículo 9 de esta ley. El convenio no podrá prorrogar su vigencia por el procedimiento tácito.
1. El área municipal de impulso comercial se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la asamblea general extraordinaria convocada al efecto, por la mayoría cualificada de las personas presentes o representadas.
2. La disolución tendrá lugar automáticamente cuando se produzca la apertura de la fase de liquidación, una vez declarada en concurso la entidad.
3. El ayuntamiento, por acuerdo del pleno previa audiencia a la entidad, declarará su disolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:
a) Realización del plan de actuación aprobado o imposibilidad manifiesta de concluirlo.
b) Finalización del período de vigencia de la entidad sin haberse iniciado el proceso para su renovación o haber transcurrido de más de seis meses desde su inicio sin haberse producido su conclusión.
c) Incumplimiento grave y reiterado, debidamente justificado, de los compromisos o de los fines en el convenio de colaboración.
d) Cualquier otra causa establecida en los estatutos o en el ordenamiento jurídico.
1. Declarada la disolución, una comisión liquidadora designada según lo establecido en los estatutos deberá ejecutar la liquidación de la entidad conforme al procedimiento establecido en la legislación vigente. Una vez extinguidas las deudas, el sobrante líquido, excluidas las cantidades procedentes de las cuotas obligatorias, se destinará para fines que no desvirtúen la naturaleza no lucrativa de la entidad.
2. La disolución y la liquidación del área municipal de impulso comercial supondrá la extinción de la obligación de realizar la aportación económica recogida en los artículos 4.4 y 29 de esta ley.
3. En el plazo de un mes desde la disolución, el ayuntamiento deberá notificar a la dirección general autonómica competente en materia de comercio la extinción de la AMIC.
Todas las menciones y disposiciones efectuadas en esta norma referidas a ayuntamientos u órganos de una corporación municipal se entenderán aplicables, con carácter general, al Consejo Insular de Formentera en el ámbito territorial y competencial del mismo, por cuanto que los órganos del Ayuntamiento de Formentera han quedado integrados en la estructura institucional, política y administrativa del consejo insular, que actúa también, y simultáneamente, como institución de gobierno, administración y representación del municipio de Formentera. Las atribuciones y obligaciones reconocidas por esta ley a los plenos de los ayuntamientos se entenderán reconocidas, también, al Pleno del Consejo Insular de Formentera.
De acuerdo con la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, la consecución de la igualdad efectiva es un objetivo asumido por el Gobierno de las Illes Balears para toda la sociedad balear. En consecuencia, en aras a contribuir a esa igualdad efectiva, esta ley ha procurado utilizar un lenguaje no discriminatorio por razón de género, utilizando un lenguaje inclusivo en todas aquellas nomenclaturas en que sea posible utilizar tanto el femenino como el masculino. Asimismo, se ha asegurado la participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de representación, gestión o dirección de las áreas municipales de impulso comercial que deberán garantizar, en todo caso, a través de sus estatutos, la presencialidad y la toma de decisiones real y efectiva de las mujeres integrantes de dichos órganos, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes al respecto.
El departamento competente en materia de comercio e industria creará un fondo adicional en los tres primeros ejercicios de vigencia de esta ley para facilitar la creación de las AMIC y en concreto creará una línea de ayudas para la sensibilización, el impulso, la asistencia técnica y la realización del plan de actuación para la mejora y la modernización de las áreas municipales de impulso comercial, destinado a las entidades promotoras.
A efectos de la realización de la publicidad comercial regulada en el artículo 36 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, no tendrán la consideración de publicidad prohibida las vallas o la publicidad comercial que se ubiquen en:
a) Las carreteras de las redes primaria y secundaria, que discurran por suelo urbano, urbanizable programado o apto para la urbanización en ambos márgenes. Quedan excluidas de esta consideración las autopistas, autovías y vías rápidas.
b) Los polígonos industriales, siempre y cuando la publicidad no sea visible desde las autopistas, autovías o vías rápidas.
En todo caso, la publicidad quedará sometida a las ordenanzas municipales con la autorización del organismo titular o gestor de la carretera, en lo relativo a seguridad vial y paisaje, debiendo situarse fuera de la zona de dominio público y no afectar a la señalización, el alumbrado y las balizas de la carretera. Esta prohibición no dará lugar a ningún tipo de indemnización.
Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo que dispone esta ley, que la contradigan o que sean incompatibles.
Se faculta al Gobierno de las Illes Balears para dictar cuantas disposiciones reglamentarias requieran el desarrollo y la ejecución de esta ley. Los ayuntamientos determinarán, en su caso, cuantos aspectos sustantivos y procedimentales resulten necesarios; particularmente, el procedimiento de constitución, el proceso de ratificación, la formación del censo, la publicidad y el acuerdo municipal de autorización de las áreas municipales de impulso comercial. Asimismo, establecerán las previsiones normativas necesarias para cuantificar el importe de las aportaciones obligatorias para la financiación de las áreas municipales de impulso comercial.
El artículo 20 de la Ley 2/2003, de 20 de marzo, de organización institucional del sistema universitario de las Illes Balears, queda modificado de la manera siguiente:
«El máximo órgano de gobierno de la Agencia de Calidad Universitaria de las Illes Balears será el consejo de dirección, con la participación de representantes del Gobierno de las Illes Balears, de la Universitat de les Illes Balears, del Consejo Social de la Universitat de les Illes Balears, de la comunidad universitaria, nacional o internacional, así como de la sociedad, de conformidad con la composición que se determine en sus estatutos.»
Se modifica el apartado tercero del artículo 16 de la Ley 5/2022, de 8 de julio, de políticas de juventud de las Illes Balears, que queda redactado de la forma siguiente:
«3. Las potestades administrativas atribuidas a la IBJOVE las tienen que ejercer las personas que ocupan su presidencia y su vicepresidencia, y también el consejo de administración de la entidad, de acuerdo con los estatutos.»
1. Se modifica el contenido de la letra b) del apartado 2 del artículo 15 de la Ley 3/2007, de 26 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balearas, que pasa a tener la redacción siguiente:
«b) Sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.»
2. Se suprimen el apartado 1 del artículo 95, la disposición adicional decimoquinta y la disposición transitoria séptima, referida a la permanencia en el puesto de trabajo de las personas que logran la condición de personal funcionario de carrera por sistema de estabilización, de la Ley 3/2007, de 26 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
1. Se añade un segundo párrafo al artículo 3 del Decreto ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes para la reducción del déficit público en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears y otras instituciones autonómicas, con la redacción siguiente:
«No obstante lo anterior, con la negociación colectiva previa correspondiente y con la ratificación del Consejo de Gobierno de los acuerdos respectivos, se pueden establecer otras jornadas ordinarias de trabajo, siempre que esto no afecte al cumplimiento del objetivo de que la temporalidad en la ocupación pública no ultrapase el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de los ámbitos respectivos, con el límite en todo caso de treinta y cinco horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.»
2. El artículo 4 del Decreto ley 5/2012 mencionado queda modificado de la manera siguiente:
El Consejo de Gobierno o el órgano competente de la entidad tiene que determinar, de conformidad con lo que establece el artículo anterior, los horarios general y especiales de cada colectivo, con la negociación previa con los órganos respectivos, cuando sea preceptiva.»
3. Se añade un nuevo apartado, el apartado 5, al artículo 9 del Decreto ley 5/2012 mencionado, con la redacción siguiente:
«5. Asimismo, desde la entrada en vigor del Real decreto ley 8/2021, de 4 de mayo, por el cual se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, y hasta la fecha máxima que establezca la legislación vigente, se puede acordar y mantener la prolongación en el servicio activo de los profesionales estatutarios del Servicio de Salud de las Illes Balears, incluida la reincorporación al servicio activo de los profesionales mencionados que ya habían accedido a la jubilación, en el marco del artículo 14 del Real decreto ley 8/2021 mencionado, modificado por el Real decreto ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el cual se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y en el marco de la disposición transitoria trigésimo quinta del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y el resto de la normativa aplicable.»
1. La letra d) del apartado 1 del artículo 12 de la Ley 11/2022, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2023, queda modificada de la manera siguiente:
«d) No se pueden subscribir acuerdos, convenios, pactos u otros instrumentos jurídicos que, en los términos de homogeneidad para el año 2023 respecto al año 2022 a que se refiere el primer párrafo de la letra a) anterior, impliquen necesariamente una variación retributiva interanual superior a la establecida en el artículo 12.1 o a la que, en su caso, resulte de lo que prevé el artículo 12.4, ambos de esta ley. En consecuencia, las eventuales cláusulas o normas de estos que se opongan son nulas e inaplicables a todos los efectos.»
2. El apartado 3 del artículo 12 de la Ley 11/2022 mencionada queda modificado de la manera siguiente:
«3. La aprobación por parte de los entes integrantes del sector público instrumental autonómico distintos de los organismos autónomos de cualquier acuerdo, convenio, pacto o instrumento jurídico relativo a su personal laboral que pueda suponer incrementos de gasto en el ejercicio corriente o en los ejercicios futuros superiores a lo que dispone este artículo requiere que, antes de que se emita el resto de informes preceptivos que prevea la normativa aplicable, la Dirección General de Presupuestos emita un informe previo y favorable, que se tiene que pronunciar únicamente sobre la disponibilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del gasto que se derive.
Los acuerdos que impliquen la dotación u otras modificaciones de la relación de puestos de trabajo estructurales vacantes que supongan incrementos de gasto también requieren el informe previo y favorable de la Dirección General de Presupuestos sobre la disponibilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del gasto que se derive, antes de la solicitud del informe que tiene que emitir la Comisión Interdepartamental de Retribuciones y después del informe favorable o la validación de la propuesta