Categoría: Administración

bles, dotó de derechos la unión de dos personas que, con independencia de su orientación sexual, compartían su vida en una relación afectiva análoga a la conyugal.
Se reconocía un tipo de unión distinta al matrimonio cada vez más presente en la sociedad, y permitió a las parejas del mismo sexo, privadas hasta aquel momento de la protección que ofrecía el sistema jurídico o el aparato estatal, equiparar los derechos y deberes a los de las parejas heterosexuales, entre otros, el derecho sucesorio, el derecho de cobrar una pensión de viudedad, etc.
El objetivo de la Ley, que era reconocer la unión de dos personas que conviven de forma libre, pública y notoria en una relación de afectividad análoga a la conyugal ha sido sustituido en más del 80% de las solicitudes por la regularización de la situación administrativa de los solicitantes en materia de extranjería, lo cual ha hecho cada vez más difícil la constatación de la existencia de una relación de afectividad análoga a la conyugal, objeto de la Ley, tal y como se define en el artículo 1.
Al mismo tiempo, en la legislación autonómica comparada se ha ido pidiendo la acreditación de esta convivencia por un periodo de hasta dos años, mientras que la Ley 18/2001 no exigía ningún requisito de temporalidad, y hasta el año 2019 ni siquiera que los dos miembros de la pareja tuvieran su residencia en las Illes Balears.
Dada la evolución tanto del número como del perfil de los solicitantes, la mínima modificación que se propone en el sentido de exigir la acreditación de un año de previa convivencia, refuerza la presunción de veracidad de la unión de las personas, su convivencia, y la relación de afectividad análoga a la conyugal, y evita lo posible la constatación cada vez más frecuente de la utilización del reconocimiento en las condiciones actuales de la pareja de hecho para otras finalidades no previstas en la norma. Esto constituye por un lado un fraude de ley de acuerdo con el apartado 4 del artículo 6 del Código civil, al utilizar la ley que ahora se pretende reformar para conseguir otras finalidades que no se prevén, es decir, en muchas ocasiones, no hay ningún vínculo afectivo entre las partes, y estas por su conveniencia intentan aparentar una relación afectiva y de convivencia inexistentes, que por otro lado llega a ser el sustrato de actuaciones delictivas, como ha quedado evidenciado a través de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Con la reforma que se lleva a cabo mediante la disposición final quincena de este decreto ley, que modifica la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables, se refuerza el espíritu de la ley exigiendo la acreditación de un año de convivencia previa, al mismo tiempo que se dota de más herramientas al órgano instructor para comprobar y mantener la veracidad de las inscripciones en el Registro de Parejas Estables.
Además de lo expuesto, para apoyar a las mujeres víctimas de maltrato en la disolución de la pareja estable que formaban con el agresor, se exime de la comunicación efectiva a la otra parte de la voluntad de extinguir la pareja y cancelar la inscripción en el Registro.
Así mismo, y para facilitar una mejor y más eficaz aplicación de la Ley garantizando el principio de jerarquía normativa, mediante la disposición final decimosexta de este decreto ley se modifican los preceptos del Decreto 112/2002, de 30 de agosto, por el que se crea el Registro de Parejas Estables de las Illes Balears y se regulan su organización y gestión, afectados por la modificación de la Ley 18/2001 mencionada.
La disposición final decimoséptima contiene una deslegalización de las normas que contienen las disposiciones adicionales cuarta y quinta y finales sexta, séptima, octava y decimosexta de este decreto ley, que podrán ser modificadas mediante un decreto del Consejo de Gobierno, así como el contenido de la disposición adicional séptima de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que se tienen que financiar con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se modifica mediante el apartado 2 de la disposición final novena de este decreto ley.
Para terminar, la disposición final decimoctava se ocupa de la entrada vigor y también difiere la producción de efectos de las normas relacionadas en las disposiciones adicionales cuarta y quinta y las finales quinta, sexta, séptima y octava, al momento de la creación, la dotación presupuestaria y la efectiva ocupación de los puestos de trabajo de la Comisión Permanente de Selección y Provisión, respecto de la cual la disposición transitoria segunda establece el plazo máximo de tres meses.
Ciertamente, el decreto ley, regulado en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears a imagen de lo que prevé el artículo 86 del texto constitucional, constituye un instrumento en manos del Gobierno de la Comunidad Autónoma para hacer frente a situaciones de necesidad extraordinaria y urgente, aunque con el límite de no poder afectar determinadas materias. Como disposición legislativa de carácter provisional que es, la permanencia del decreto ley en el ordenamiento jurídico está condicionada a la ratificación parlamentaria correspondiente, mediante la denominada convalidación. Pues bien, de acuerdo con lo que se ha expuesto antes, y en este difícil contexto de crisis sanitaria, social y económica a la que están haciendo frente todas las administraciones públicas, el Gobierno de las Illes Balears considera adecuado el uso del decreto ley para asegurar el cumplimiento de los contratos de obra que se encuentran actualmente en ejecución, cuya paralización podría generar graves perjuicios al interés público.
En efecto, el decreto ley autonómico constituye una figura inspirada en la que prevé el artículo 86 de la Constitución respecto del Gobierno del Estado, cuyo uso ha producido una jurisprudencia extensa del Tribunal Constitucional. Así, este alto tribunal ha declarado que la definición, por los órganos políticos, de una situación de extraordinaria y urgente necesidad requiere ser explícita y razonada, y que tiene que haber una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, las cuales tienen que ser idóneas, concretas y de eficacia inmediata; todo esto en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o por los procedimientos de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, teniendo en cuenta que la aplicación en cada caso de estos procedimientos legislativos no depende del Gobierno. Así mismo, el Tribunal Constitucional ha dicho que no se tiene que confundir la eficacia inmediata de la norma provisional con su ejecución instantánea, y, por lo tanto, se tiene que permitir que las medidas adoptadas con carácter de urgencia incluyan posteriores desarrollos reglamentarios o actuaciones administrativas de ejecución de estas medidas o normas de rango legal.
En el supuesto que nos ocupa, la declaración de guerra y la invasión rusa en Ucrania, con las derivadas humanitarias y económicas que ha provocado el conflicto bélico, justifican sobradamente la adopción del decreto ley para paliar los efectos negativos de esta situación que afecta a la ciudadanía de las Illes Balears, así como al resto de ciudadanos españoles y europeos.
En cuanto a los principios de buena regulación del artículo 49 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, este decreto ley se justifica por razones de interés general, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, en los términos expuestos a lo largo de este preámbulo. En virtud del principio de proporcionalidad, en este decreto ley se prevé la regulación imprescindible para asegurar el mantenimiento del equilibrio económico de los contratos administrativos de obras. De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, este decreto ley respeta la normativa autonómica, estatal y de la Unión Europea, y se integra en ellas, como no puede ser de otro modo. Así mismo, en cumplimiento del principio de transparencia, se han definido con claridad los objetivos de la norma. Y, en cuanto al principio de eficiencia, no se ha previsto ninguna carga administrativa innecesaria.
Para acabar, y desde el punto de vista de las competencias por razón de la materia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, hay que añadir que este decreto ley encuentra anclaje, desde este punto de vista sustantivo, en los artículos 12, 20, puntos 5, 6, 15, 21, 28, 39, y 49 del artículo 30 y puntos 5, 6 y 13 del artículo 31, del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de Autonomía, a propuesta del vicepresidente y consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática; de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad; de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores; de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes; del consejero de Educación y Formación Profesional, y de consejero de Movilidad y Vivienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 30 de marzo de 2021, se aprueba el siguiente Decreto-ley:
1. El objeto de este decreto ley es establecer medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la acogida en las Illes Balears de personas afectadas por el conflicto en Ucrania, así como las consecuencias socio-económicas derivadas en la población de las Illes Balears, en especial de la socialmente más vulnerable, fijando las especialidades organizativas y de procedimiento necesarias para simplificar y agilizar los procedimientos de subvenciones y de ayudas, el arrendamiento temporal de espacios de acogida y, en general, cualesquier actuaciones y procedimientos destinados al mismo objetivo.
2. Se pretende, así mismo, establecer medidas de contención ante los daños que se producen para el consumo y la reactivación económica a consecuencia del incremento de precios de la energía y de las materias primeras, como también medidas para rebajar la dependencia energética de Rusia a través del impulso del hidrógeno verde y de las energías renovables.
3. En atención a la concurrencia de razones de interés general, mediante este decreto ley se prevé también establecer medidas para garantizar la viabilidad económica de los contratos del sector público, medidas de agilización de la actividad subvencional, así como medidas de agilización para la selección de empleados públicos.
Las actuaciones y los procedimientos de ejecución de medidas directamente relacionadas con el objeto de este decreto ley se tienen que tramitar de acuerdo con los principios de prioridad, preferencia y celeridad.
A los efectos de las actuaciones previstas en este decreto ley, se consideran personas afectadas por el conflicto en Ucrania las que han solicitado la protección temporal regulada por la Orden ministerial PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento de reconocimiento para la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania.
1. De forma excepcional, los procedimientos de arrendamiento de inmuebles a favor de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que tengan como destino la acogida de personas afectadas por el conflicto en Ucrania se tienen que tramitar por el procedimiento de concertación directa establecido en el artículo 65.2.a) de la Ley 6/2001, de 11 de abril, de patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
2. Los contratos a los que se refiere el apartado anterior tienen que tener una duración máxima de un año, con una posible prórroga de seis meses.
3. La tramitación de estos expedientes de arrendamiento por parte de la consejería competente en materia de patrimonio solo requiere la documentación siguiente:
a) Informe justificativo de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de la urgencia y la oportunidad de disponer del inmueble, así como una descripción de la ubicación y las características físicas y jurídicas de este.
b) Borrador del contrato de arrendamiento.
c) Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad.
d) Identificación del titular del inmueble y, en su caso, de sus representantes.
e) Declaración responsable del titular del inmueble en la que se incluyan las manifestaciones siguientes:
e.1) Que no está incluido en las prohibiciones para contratar con la Administración conforme al artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, con la mención expresa de que no se encuentra en ninguno de los supuestos a los que se refieren la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 250/1999, de 3 de diciembre.
e.2) Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad Social, con la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y con el municipio en el que se encuentra situado el inmueble en cuanto al impuesto sobre bienes inmuebles, impuestas por las disposiciones vigentes.
e.3) Que no existe ningún arrendamiento, carga o gravamen más que los que, en su caso, consten en la nota simple actualizada del Registro de la Propiedad.
e.4) Que se compromete a responder de todas las reclamaciones de terceros que se puedan plantear sobre el inmueble ofrecido, y que se encuentra al corriente del pago de los diferentes servicios de suministros.
e.5) Que está al corriente del pago de las deudas con la comunidad de propietarios, si el inmueble está bajo el régimen de propiedad horizontal, y que cuenta con la conformidad de la entidad financiera para llevar a cabo el arrendamiento, en caso de que el inmueble tenga cargas hipotecarias u otras derivadas de deudas bancarias.
e.6) Que el inmueble cumple las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, de acuerdo con la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears.
e.7) Que el inmueble dispone del certificado de eficiencia energética de acuerdo con la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, y que está inscrito en el registro correspondiente; con la cédula de habitabilidad pertinente y, si procede, con el informe de evaluación del edificio de acuerdo con la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
f) Informe de un técnico del órgano competente de la Comunidad Autónoma sobre la adecuación de la renta al precio de mercado que se pretende contratar y de las características técnicas del inmueble. Este informe se tiene que emitir en el plazo máximo de cinco días desde la recepción de la solicitud de emisión.
g) Certificado de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente y el resto de documentación contable prevista por la normativa aplicable.
1. Para atender la situación de emergencia humanitaria, mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno se tiene que aprobar una convocatoria de ayudas económicas de emergencia destinada a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania, de acuerdo con la definición del artículo 2 de este decreto ley, y a las personas que acojan niños que se encuentren sometidos al marco de los desplazamientos temporales regulados en los artículos 187 y 188 del Reglamento de extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 55/2011, de 20 de abril, a sus domicilios particulares o entidades sociales que ofrezcan acogida a instalaciones de alojamiento colectivo.
Esta convocatoria se enmarca en la regulación de las ayudas económicas de emergencia del título IV del Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears.
2. Se habilita a la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes para que tramite la ampliación de la dotación de las líneas de subvención vigentes para entidades de distribución de alimentos o de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética.
1. Los contratos de arrendamientos de inmuebles a los que se refiere el artículo 4 de este decreto ley y las ayudas económicas de emergencia que prevé el apartado 1 del artículo 5 se tienen que tramitar con cargo al subprograma 232A04 «Cooperación internacional: emergencia humanitaria conflicto de Ucrania».
2. Los créditos que se imputen a este subprograma tienen el carácter de ampliables a los efectos del artículo 57 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
1. Dada la necesidad urgente de personal de carácter técnico para la gestión de los expedientes de contratación y de subvenciones a que hacen referencia los artículos 4 a 6 anteriores, se pueden aprobar programas temporales, con una duración máxima de dos años, siempre que no se puedan asumir los objetivos asignados al proyecto mediante la estructura orgánica y funcional de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
2. Estos programas temporales los tienen que aprobar los consejeros competentes por razón de la materia, con los informes preceptivos, previos y vinculantes de la Dirección general de Presupuestos y de la Dirección General de Función Pública, cuando prevean el nombramiento de personal funcionario interino, los cuales se tienen que pronunciar sobre los aspectos presupuestarios y de sostenibilidad financiera y sobre los aspectos de legalidad aplicables, respectivamente, a solicitud del órgano directivo correspondiente, motivada por la referencia a las necesidades de recursos humanos inherentes al contenido del programa temporal y a la imposibilidad o la dificultad de cubrir estas necesidades con personal preexistente.
Los informes de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Función Pública mencionados sustituyen los informes a que hace referencia el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2022.
En los casos en los que se verifiquen los supuestos de los apartados 3, 4, 5 o 6 del artículo 19 de la Ley 5/2021 mencionada, se tendrán que emitir los informes previstos en estos apartados o las normas equivalentes de las sucesivas leyes anuales de presupuestos generales, con referencia al proyecto temporal correspondiente.
El programa temporal puede prever el nombramiento de personal funcionario interino de programa y el gasto se puede imputar al capítulo de gastos de personal o al capítulo de gastos de inversiones, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
En todo caso, se tiene que rendir cuenta al Consejo de Gobierno de la aprobación de estos programas temporales.
3. Para obtener el informe de la Dirección General de Presupuestos a que hace referencia el apartado anterior, se tiene que enviar la documentación siguiente:
a) Una memoria del programa temporal en la que se tienen que consignar el objeto y la finalidad, las tareas que se derivan de este, las necesidades de personal vinculadas, haciendo mención expresa a la imposibilidad de asumirlas con medios propios, y sus características, la necesidad urgente inaplazable de los nombramientos de personal vinculados, la dirección de las actuaciones, la adscripción orgánica, la duración del proyecto, que no puede exceder de dos años, y el coste y la partida presupuestaria con la que se atenderá el gasto.
b) Un cuadro resumen con el coste previsto para cada ejercicio para todo el personal funcionario interino adscrito en el programa temporal, en que se especifique cada puesto de trabajo, con detalle del coste de las retribuciones y separadamente del coste de la seguridad social y, en su caso, previsión de otros gastos.
c) Un certificado de suficiencia presupuestaria, con referencia a todos los ejercicios de la duración del programa.
d) En caso de nombramiento de personal funcionario interino de programa vinculado a un proyecto de inversión con cargo al capítulo 6 de gastos, también se tiene que adjuntar el proyecto de inversión afectado. Cuando el proyecto de inversión solo prevea gastos de personal y el importe coincida con el del programa temporal, el proyecto de inversión se puede entender sustituido por el programa temporal, siempre que se justifique la capacidad de producir efectos futuros de acuerdo con el artículo 48.1 del Decreto 75/2004, de 22 de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
4. Con independencia del personal interino de programa, también se puede nombrar personal funcionario interino por acumulación de tareas o contratar personal laboral de duración determinada, de acuerdo con la normativa de función pública y laboral vigente. En estos casos, a la solicitud de informe de la Dirección General de Presupuestos también se tiene que adjuntar:
a) Una memoria justificativa sobre la acumulación de tareas sobrevenida, con el coste y la fuente de financiación con cargo a la cual se atenderá el gasto.
b) Un cuadro resumen con el coste previsto para cada puesto de trabajo, con detalle del coste de las retribuciones y separadamente del coste de la seguridad social y, en su caso, previsión de otros gastos.
c) Un certificado de suficiencia presupuestaria, con referencia a todos los ejercicios de la duración del proyecto.
5. La documentación necesaria para la tramitación de los informes de la Dirección General de Función Pública relativos al nombramiento o a la contratación de personal interino de programa temporal o por acumulación de tareas se tiene que determinar mediante una resolución de la directora general de Función Pública.
1. Se reconoce a los concesionarios de los servicios de transporte interurbano regular de viajeros en autobús de Mallorca la posibilidad de una revisión excepcional del precio del contrato de concesión, que recoja el incremento del coste del consumo de gas natural comprimido. La vigencia de la referida revisión excepcional del precio será hasta que se apruebe una fórmula tipo de aplicación a los contratos de transporte regular interurbano de viajeros por carretera con vehículos propulsados por motor de combustión interna alimentado con gas natural comprimido, y una vez modificadas las concesiones correspondientes.
2. La revisión extraordinaria del precio del contrato se llevará a cabo durante su periodo de vigencia en cada liquidación mensual a partir del 1 de marzo del 2022. Esta revisión se efectuará aplicando los siguientes coeficientes de actualización extraordinarios en el momento t sobre el coste ofrecido del servicio con microbuses, Ktme, y con autobuses, Ktae:
– Para los servicios que se prestan con microbuses y vehículos de pequeña capacidad:
– Para el resto de servicios prestados con autocar:
GAt es el precio del gas natural comprimido (GNC) del último informe mensual de precios de carburantes y combustibles publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
GAo es el precio del gas natural comprimido (GNC) del informe mensual de precios de carburantes y combustibles publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondiente al mes en que acabó el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas.
3. Cuando se efectúe la revisión ordinaria del precio del contrato así como establece el Pliego de cláusulas administrativas en una liquidación mensual que previamente se haya revisado de forma extraordinaria, habrá que suprimir de la fórmula para la obtención de los coeficientes de revisión periódica Ktm y Kta el elemento de coste del gasóleo de automoción (G). De este modo habrá que incrementar el término fijo que representa la fracción no revisable del precio del contrato, en el valor del coeficiente del término de coste supreso (G), de forma que la suma de todos los coeficientes mantenidos más el término fijo sea la unidad. Concretamente, la expresión de las fórmulas para la obtención de estos coeficientes serían las siguientes:
– Para los servicios que se prestan con microbuses y vehículos de pequeña capacidad:
– Para el resto de servicios prestados con autocar:
Se establecen las bonificaciones temporales siguientes sobre la cuota tributaria de las tasas portuarias, meritadas en el primer trimestre del año 2022 y reguladas en la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico de las tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:
a) El 50 % de la cuota de las tasas portuarias (G-1 y G-3) de las que sean sujetos pasivos las navieras de los barcos de transporte de mercancías que presten servicio de línea regular con destino a puertos de competencia autonómica, cuyo hecho imponible se regula en los artículos 227 y 246 de la Ley 11/1998.
b) El 100 % de la cuota de la tasa por suministro de agua y de energía eléctrica (tasa E-3) de las que sean sujetos pasivos las embarcaciones de pesca profesional que tengan puesto base en puertos de competencia autonómica, cuyo hecho imponible se regula en el artículo 299 de la Ley 11/1998.
c) El 100 % de la cuota de la tasa por almacenamiento (tasa E-2) de las que sean sujetos pasivos las embarcaciones profesionales de pesca que tengan puesto base en puertos de competencia autonómica, cuyo hecho imponible se regula en el artículo 291 de la Ley 11/1998.
d) El 50 % de la cuota de la tasa portuaria (G-4) de las que sean sujetos pasivos las embarcaciones profesionales de pesca que tengan puesto base en puertos de competencia autonómica, cuyo hecho imponible se regula en el artículo 262 de la Ley 11/1998.
Las personas beneficiarias del régimen de protección temporal regulado en el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas de zonas de conflicto, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, residentes en Mallorca, tienen derecho a viajar gratuitamente en la red de servicios regulares de transporte interurbano por carretera y tren de Mallorca, con la expedición previa de la tarjeta intermodal y la inscripción en el sistema.
1. El régimen especial regulado en este capítulo es aplicable a la actividad de fomento que lleven a cabo la Administración de la Comunidad Autónoma y los entes públicos de carácter instrumental dependientes, para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los incrementos de precios de la energía y de la crisis provocada por la guerra de Ucrania. También lo es respecto de los consejos insulares, los ayuntamientos y los entes públicos de carácter instrumental que dependan de alguna de estas administraciones o estén vinculados a ellas, siempre que este régimen no entre en contradicción con la legislación básica del Estado en materia de subvenciones aplicable a los entes locales.
2. Este régimen especial tiene vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2022, fecha a partir de la cual no se pueden aprobar bases reguladoras ni iniciar procedimientos de concesión de subvenciones al amparo de este capítulo, que sí que es aplicable, no obstante y si procede, a las actuaciones de los procedimientos en tramitación que se hayan iniciado con anterioridad a la fecha mencionada.
1. Para la aprobación de las bases reguladoras no son aplicables las previsiones del capítulo II del título IV de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, sino únicamente los siguientes trámites: resolución de inicio, información pública por un periodo de siete días, informe de los servicios jurídicos y, si procede, fiscalización previa de la Intervención General.
2. La elaboración, la aprobación y la publicación oficial de las bases reguladoras puede incluir la de las convocatorias correspondientes.
3. Las bases reguladoras y las convocatorias pueden:
a) Exigir que la participación en el procedimiento de concesión de la subvención, así como en las actuaciones de justificación y comprobación, se haga exclusivamente por vía telemática.
b) Prescribir, cuando proceda, que sea un órgano de carácter unipersonal el encargado de ejercer las funciones legalmente atribuidas en las comisiones evaluadoras.
c) Prever la concesión de anticipos hasta el 100 % del importe máximo de la subvención, con la autorización previa de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores.
d) Dispensar totalmente o parcialmente la constitución de garantías en función de la capacidad económica del futuro beneficiario.
e) Permitir la acreditación de requisitos para la concesión de las ayudas y la justificación de los gastos correspondientes a subvenciones de importe igual o inferior a doce mil euros mediante una declaración responsable de la persona o la entidad beneficiaria, sin perjuicio de las actuaciones posteriores de comprobación y control.
f) Poner a disposición de las personas y entidades beneficiarias un modelo simplificado de cuenta justificativa.
Las reglas previstas en el artículo anterior son igualmente aplicables a los procedimientos de concesión de subvenciones que se inicien de oficio o a solicitud de persona interesada en los que no sea legalmente necesaria la aprobación previa de bases reguladoras o de convocatoria, o no sea exigible la concurrencia.
1. Las bases reguladoras y las convocatorias pueden establecer que la comprobación económica se haga mediante un sistema de muestreo de las facturas o de los documentos acreditativos de la realización y, si procede, del pago de los gastos, siempre que se trate de gastos de carácter sucesivo o recurrente vinculados a la actividad subvencionada.
2. En el caso de subvenciones cofinanciadas por dos o más administraciones públicas, las bases reguladoras pueden establecer un sistema simplificado de justificación de la cuantía total de la subvención con el fin de que la persona beneficiaria tenga que presentar la cuenta justificativa solo a una de las administraciones.
1. Los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de su sector público instrumental quedan habilitadas para adoptar las medidas que prevé este capítulo en los supuestos en que se haya producido una alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales tenidos en cuenta en la formalización del contrato o, si procede, en las modificaciones posteriores.
2. Este capítulo se tiene que aplicar exclusivamente a los contratos administrativos y privados que, en fecha 1 de enero de 2021, se encuentren en ejecución o bien cuya ejecución se haya iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2021, siempre que se hayan licitado antes de la entrada en vigor de este decreto ley, y únicamente respecto de las variaciones en el coste de los materiales efectivamente soportadas que se hayan producido en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de la solicitud del restablecimiento del equilibrio económico por parte del contratista.
3. Se excluyen de la aplicación de esta norma los contratos menores.
4. Las medidas que establece este capítulo son incompatibles entre sí y con las medidas excepcionales de revisión de precios previstas en el Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan las normas específicas respecto de la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.
1. A efectos de este capítulo, se entiende por alteración extraordinaria e imprevisible una variación en los costes de los materiales, considerados individualmente o conjuntamente, superior al 6% respecto de los costes de estos materiales previstos en el contrato, siempre que, aisladamente o conjuntamente, suponga un incremento de coste para el contratista superior al 6% del importe de licitación del contrato o, si procede, de la modificación posterior.
2. A tal efecto, se deben tener en cuenta los materiales que se incluyan en el índice de costes del sector de la construcción que elabora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y también de la energía.
Así mismo, se pueden tener en cuenta los materiales de construcción de bajo impacto ambiental que sean de obtención local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de cambio climático.
1. Las medidas que se pueden adoptar en los casos previstos en este capítulo consisten en alguna de estas opciones:
a) En el caso de contratos de obras, una compensación económica al contratista consistente en la diferencia entre el coste de los materiales justificado por el contratista en su solicitud y el precio de los materiales previstos en el presupuesto de ejecución material del proyecto licitado.
b) En el caso de cualquier tipo de contrato, una modificación del contrato para restablecer el equilibrio económico, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
2. Cualquiera de estas medidas se tiene que acordar necesariamente dentro de los límites de las dotaciones consignadas cada año en el presupuesto de cada órgano de contratación.
1. El procedimiento para aplicar la compensación extraordinaria al que hace referencia la letra a) del apartado 1 del artículo anterior se tiene que iniciar mediante una solicitud del contratista dirigida al órgano de contratación.
2. El plazo de presentación de las solicitudes empezará al día siguiente de la entrada en vigor de este decreto ley y, en todo caso, antes de que se emita el certificado de final de obra.
3. El contratista tiene que adjuntar a la solicitud mencionada la siguiente documentación:
a) La documentación justificativa que acredite, de forma fidedigna, la existencia de una alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales tenidos en cuenta para la formalización del contrato.
b) El cálculo de la compensación que considere procedente y el desglose. Para ello, se debe tener en cuenta el índice de costes del sector de la construcción que elabora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que actuará como límite máximo para el concepto «coste de los materiales justificado por el contratista en su solicitud».
c) En el caso de materiales de construcción de bajo impacto ambiental que sean de obtención local, se debe tener en cuenta el Libro de Precios de la Construcción publicado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca, que actuará como límite máximo para el concepto «coste de los materiales justificado por el contratista en su solicitud» del cálculo de la compensación y el desglose a que se refiere la letra b) anterior.
4. Una vez recibida la solicitud, el órgano de contratación la tiene que analizar teniendo en cuenta las certificaciones de obra emitidas desde el 1 de enero de 2021, y puede realizar cualquier otro acto de instrucción que considere necesario.
Una vez examinada la solicitud y realizados, en su caso, los trámites a que se refiere el párrafo anterior, el órgano de contratación tiene que elaborar una propuesta de resolución de la que tiene que dar audiencia al contratista por un plazo de diez días hábiles.
5. Una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano de contratación, con el informe previo de los servicios jurídicos competentes y de la Intervención General, si procede, tiene que dictar una resolución.
6. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de tres meses desde la presentación de la solicitud.
El transcurso del plazo máximo para resolver el procedimiento sin que se haya notificado ninguna resolución expresa legitima al contratista para entender desestimada por silencio la solicitud presentada.
7. La cuantía de las compensaciones que se puedan aprobar, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto ley, no puede superar aisladamente o conjuntamente el 20 % del precio primitivo del contrato, excluido el impuesto sobre el valor añadido.
1. La compensación extraordinaria prevista en la letra a) del artículo 16.1 se aplica sin perjuicio de la regulación que establezca la legislación básica para estos supuestos y de acuerdo con la regla de incompatibilidad a que se refiere el artículo 15.4 de este decreto ley.
En todo caso, las cantidades percibidas al amparo de este capítulo se tienen que computar y tener en consideración en cualquier otra resolución o medida que se pueda acordar orientada a garantizar la viabilidad económica del contrato, de forma que no se pueda obtener una doble compensación por la misma causa.
2. El pago de la compensación extraordinaria a la que hace referencia la letra a) del artículo 16 está supeditado al hecho de que el contratista renuncie a cualquier reclamación administrativa o judicial derivada del incremento del coste de los materiales.
Las normas que se aprueban mediante el capítulo V de este decreto ley son aplicables, sin perjuicio de la legislación de carácter básico y de la autonomía local e insular, a los contratos de los consejos insulares y de las entidades locales, y a los contratos de su sector público instrumental, siempre que así lo acuerde el órgano competente de la administración pública insular o local correspondiente.
También pueden aplicar, si lo acuerda el órgano competente de la administración pública insular o local correspondiente, las normas de agilización de la actividad subvencional que contiene este decreto ley.
Así mismo, siempre que lo acuerde el órgano competente de la administración pública insular o local correspondiente, estas entidades también pueden adoptar las normas que contienen las disposiciones adicionales cuarta y quinta de este decreto ley, para agilizar los procesos selectivos que tienen que ejecutar las ofertas de empleo público y la provisión de puestos de trabajo, además de facilitar el llamamiento de personal funcionario interino, así como las normas legales y reglamentarias de Función Pública, que se modifican mediante las disposiciones finales quinta, sexta, séptima y octava de este decreto ley.
1. Los créditos que, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 de este decreto ley, se imputen al subprograma 232A04 «Cooperación internacional: emergencia humanitaria conflicto de Ucrania» quedan vinculados entre sí a nivel de sección presupuestaria y de subprograma.
2. A efectos de poder hacer un seguimiento diferenciado, las otras medidas económicas que se implanten para paliar las consecuencias del conflicto de Ucrania se tienen que codificar en el programa de la clasificación funcional adecuado por razón del tipo de actuación y en el subprograma UK.
1. El régimen de ayudas previstas en el Decreto 29/2011, de 1 de abril, de medidas urgentes en materia de financiación de inversiones productivas y liquidez de las pymes en las Illes Balears, se puede aplicar a determinadas grandes empresas elegibles de acuerdo con lo que prevean las convocatorias respectivas, las cuales también pueden adaptar los requisitos y la documentación exigible a las características propias de estas empresas.
2. De acuerdo con esto, el Gobierno de las Illes Balears podrá reafianzar, también, las garantías crediticias que las sociedades de garantía recíproca conceden a determinadas grandes empresas que sean socios partícipes con actividad efectiva en el territorio de las Illes Balears, con las condiciones que se establecen reglamentariamente.
1. Se crea la Comisión Permanente de Selección y Provisión de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, adscrita orgánicamente a la Escuela Balear de Administración Pública, la cual tiene dar apoyo técnico a la Comisión Permanente.
2. La Comisión Permanente de Selección y Provisión es el órgano colegiado encargado, como regla general, de la realización de los procesos selectivos de acceso a la función pública como personal funcionario de carrera o interino y de la comprobación de los méritos en los procedimientos ordinarios de provisión de puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración autonómica de las Illes Balears.
3. La Comisión Permanente está integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario titular, un secretario suplente, que puede actuar también como vocal, y dos vocales más. Los puestos de trabajo de presidente y vicepresidente tienen que ser de libre designación, y el resto de puestos, singularizados. El acceso a los puestos de trabajo de la Comisión Permanente implica la situación de servicios especiales respecto del lugar de origen.
El plazo máximo de ocupación de los puestos de trabajo de la Comisión Permanente es de nueve años y se tiene que renovar por terceras partes cada tres años. La primera renovación tiene que ser del presidente y del secretario titular, y la segunda, del vicepresidente y del secretario suplente.
3. En caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal, el presidente será suplido por el vicepresidente y en defecto de este, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
En caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal, el secretario titular será suplido por el secretario suplente, y, en defecto de este, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
Todos sus miembros tienen que ser funcionarios de carrera del subgrupo A1 de la Administración autonómica de las Illes Balears.
4. Corresponden a la Comisión Permanente las siguientes funciones:
a) Formar parte de los tribunales, las comisiones técnicas de valoración y el resto de órganos colegiados de los procedimientos de selección de ingreso, promoción, constitución de bolsas extraordinarias de personal funcionario interino, así como de los procedimientos ordinarios de provisión.
b) Desarrollar las funciones correspondientes a los órganos de selección y a las comisiones técnicas de valoración, en conformidad con la normativa aplicable.
c) Informar a la dirección gerencia de la EBAP del desarrollo de los procedimientos y proponerle las actuaciones pertinentes para mejorarlos.
d) Analizar, debatir y proponer, si procede, todas las medidas que puedan resultar convenientes para la mejora de los procesos selectivos y de provisión y velar por la adecuación de estos a los puestos de trabajo que se tengan que ejercer.
e) Fijar los criterios de actuación que tienen que regir el desarrollo de los procedimientos de selección y de provisión.
f) Elaborar una memoria final al acabar los procedimientos selectivos y de provisión y evaluar los resultados.
g) Otras que, relacionadas con sus funciones, le pueda encomendar la dirección gerencia de la EBAP.
5. Los miembros de la Comisión Permanente no pueden realizar tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso. Así mismo, no pueden haber hecho estas tareas en los tres años anteriores a su nombramiento.
6. La Comisión Permanente se rige por lo que dispone esta disposición, sin perjuicio de las reglas específicas sobre su funcionamiento interno. En todo aquello que no prevé esta disposición es aplicable la normativa sobre órganos colegiados de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuando, en conformidad con el régimen jurídico aplicable a cada uno de los órganos, no se pueda completar el nombramiento de los miembros de los tribunales, órganos de selección o comisiones técnicas de valoración por la existencia de causa de abstención, vacante, enfermedad, u otra causa legal, en los miembros de la Comisión Permanente de Selección y Provisión, la consejera competente en materia de función pública tiene que designar libremente a los miembros necesarios para formar el órgano de entre personas que sean o hayan sido personal funcionario de carrera de la Administración autonómica de las Illes Balears, con experiencia reconocida, y siempre que cumplan los requisitos exigidos por la normativa correspondiente.
1. De forma excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2023, se autoriza a los servicios acreditados para los servicios de diagnóstico y atención temprana para la realización del servicio de promoción de autonomía personal para niños de entre 6 y 11 años.
2. Del mismo modo, y con el mismo periodo excepcional de vigencia, se autoriza a los servicios acreditados para prestar el servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia para la prestación del servicio de promoción de autonomía personal para personas mayores.
Las consejeras competentes en materia de función pública y de hacienda tienen que adoptar las medidas necesarias para la creación, la dotación y la ocupación de los puestos de trabajo que tienen que integrar la composición de la Comisión Permanente de Selección y Provisión, en el plazo máximo de tres meses.
El régimen especial de llamamiento colectivo para el nombramiento de personal funcionario interino, que regula la disposición adicional séptima de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que se tienen que financiar con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se tiene que realizar de forma telefónica y presencial, hasta que esté en funcionamiento el proceso telemático previsto.
Durante este periodo transitorio la publicación de los puestos de trabajo desocupados objeto de oferta se tiene que realizar cada lunes o el día hábil inmediatamente posterior, y las persones aspirantes de la bolsa en situación de disponible pueden realizar la opción hasta las 14.00 h del miércoles o del día hábil inmediatamente posterior.
Quedan derogadas las normas de rango igual o inferior que se opongan a lo que dispone este decreto ley y, en particular:
a) El apartado 2 del artículo 59 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética.
b) El apartado 6 del artículo 13 del Decreto 27/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
c) El artículo 22 del Decreto 33/1994, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Se añade un nuevo artículo, el artículo 83 bis, en la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
1. Cuando por circunstancias sobrevenidas, relacionadas con situaciones de crisis sanitaria, humanitaria o socioeconómica, que requieren la puesta en funcionamiento de servicios esenciales de atención a la población que no constan en la Cartera de Servicios Sociales o para los que no existen entidades concertadas, la consejera de Asuntos Sociales y Deportes podrá dictar una resolución de declaración de servicio prioritario de nueva creación. Esta resolución se publicará en el "Boletín Oficial de las Illes Balears", con los requisitos básicos del servicio prioritario de nueva creación, la habilitación de un periodo de autorización excepcional de prestación de servicios y el establecimiento de un plazo de presentación de solicitudes por parte de las entidades interesadas.
2. Las solicitudes de autorización excepcional se acompañarán de una declaración jurada de que cumplen los requisitos básicos para llevar a cabo el servicio considerado prioritario.
3. El director general competente en planificación social, una vez comprobada esta documentación, resolverá la concesión de una autorización excepcional para la puesta en marcha del servicio prioritario de nueva creación. La autorización tendrá una duración máxima de 18 meses, sin posibilidad de ampliación o prórroga del plazo.
4. Las entidades así autorizadas se obligan, desde el mismo momento en que se dicte resolución, a presentar, ante la administración que corresponda, la solicitud de autorización o acreditación del servicio, por el procedimiento ordinario.»
1. El apartado 4 del artículo 3 del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, queda modificado de la siguiente manera:
«4. Para poder aplicar esta deducción, la base imponible total del contribuyente no podrá superar el importe de 33.000 euros en el caso de tributación individual, ni el importe de 52.800 euros en el caso de tributación conjunta.»
2. El apartado 2 del artículo 3 bis del mencionado Texto Refundido queda modificado de la siguiente manera:
«2. En todo caso, la aplicación de esta deducción exige que la base imponible total del contribuyente no supere el importe de 37.400 euros en el caso de tributación conjunta y de 22.000 euros en el de tributación individual. En caso de tributación conjunta, solo podrán beneficiarse de esta deducción los contribuyentes integrados en la unidad familiar que cumplan las condiciones establecidas en el apartado anterior y por el importe de las cuantías efectivamente satisfechas por estos.
No obstante, en el caso de cualesquiera de las familias numerosas o monoparentales a que hacen referencia los artículos 6 y 7.7 de la Ley 8/2018, mencionada en el apartado anterior, los límites cuantitativos a que se refiere el párrafo anterior son de 44.000 euros para el caso de tributación conjunta y de 28.600 euros para el caso de tributación individual.»
3. El apartado 3 del artículo 4 del mencionado Texto Refundido queda modificado de la siguiente manera:
«En todo caso, la aplicación de esta deducción exige que la base imponible total no supere el importe de 27.500 euros en el caso de tributación conjunta y de 13.750 euros en el de tributación indi