Categoría: Administración

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, establece en su artículo 37 que las Administraciones Públicas competentes subvencionarán con cargo a sus dotaciones presupuestarias la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y Procuradores. El importe de la subvención se aplicará a compensar las actuaciones profesionales previstas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de dicha ley, cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, se destinará a sufragar los gastos devengados por la tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, así como, en su caso, el asesoramiento y la orientación previos al proceso.
Con fecha 24 de diciembre de 2022 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
En el presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia se recoge una subvención al Consejo General de la Abogacía Española, en la aplicación presupuestaria 13.02.112A.483, en concepto de «Aportación del Estado para indemnizar a los abogados en los asuntos de asistencia jurídica gratuita», de conformidad con la prestación de dicho servicio de asistencia jurídica gratuita en los términos señalados por la Ley 1/1996, de 10 de enero.
Acreditado que el Consejo General de la Abogacía Española cumple con los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la subvención, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y no es deudor por procedimiento de reintegro, esta Ministra de Justicia, a propuesta de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, resuelve:
Conceder al Consejo General de la Abogacía Española una subvención nominativa de acuerdo con el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por importe de 46.418.990 euros, con cargo al crédito disponible en la aplicación presupuestaria 13.02.112A.483 del presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia de 2023, para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de otras Administraciones o entes públicos o privados, si bien, en ningún caso, el importe de los fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por ser la cuantía de la subvención superior a 12 millones de euros, el Consejo de Ministros en su reunión de fecha 7 de febrero de 2023 acordó autorizar la concesión de la subvención.
La subvención concedida tiene por objeto:
1. Indemnizar las actuaciones profesionales que realicen los abogados o las abogadas descritas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia, siempre que tengan por personas destinatarias a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
2. Sufragar el coste que genere al Consejo General de la Abogacía Española el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso, a la ciudadanía, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
3. Sufragar los gastos devengados por la tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
No se requiere la constitución de ninguna garantía.
El Consejo General de la Abogacía Española deberá destinar la cantidad subvencionada a financiar las siguientes actuaciones:
a) De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia:
1.º El asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
No será necesario que la persona detenida, presa o imputada acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado o abogada los honorarios devengados por su intervención.
Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, la asistencia jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella.
2.º Asistencia de abogado o abogada a la persona detenida, presa o imputada que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y la persona detenida, presa o imputada no hubiere designado abogado o abogada en el lugar donde se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención europea que no hubiera designado abogado o abogada.
3.º Defensa gratuita por abogado o abogada en el procedimiento judicial, cuando la intervención del abogado o la abogada sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
b) De conformidad con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y su reglamento de desarrollo, en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia:
1.º La puesta en funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a la ciudadanía.
2.º La tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y su normativa de desarrollo.
El libramiento de pago de la subvención se efectuará de conformidad con lo previsto en los artículos 42 y 47 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.
En el plazo y con respecto al periodo correspondiente establecidos en el artículo 47.1 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, el Consejo General de la Abogacía Española remitirá al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos a las actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del periodo anterior, junto con la justificación del coste económico asociado a aquéllas.
En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará los libramientos que correspondan, pudiendo llevar a cabo libramientos parciales por colegios si así lo requiriera el proceso de comprobación de la certificación presentada por el Consejo General de la Abogacía Española, y sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan, una vez cumplimentada en su totalidad la justificación anual regulada en los números siguientes.
El primer libramiento a efectuar corresponderá al trimestre que comprende las certificaciones de los meses de noviembre y diciembre de 2022, así como enero de 2023.
1. El Consejo General de la Abogacía Española deberá cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en la presente orden de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones por la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, en el formato establecido por esta dirección general para tal fin.
b) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
c) Distribuir, entre sus respectivos colegios, el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por éstos ante el Consejo General de la Abogacía Española, así como de los expedientes tramitados, de conformidad con lo aprobado por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita durante el mes inmediatamente anterior al de cada libramiento.
d) Remitir al Ministerio de Justicia, dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada periodo, una certificación que contenga los datos relativos a las actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del periodo anterior, junto con la justificación del coste económico asociado a aquéllas.
e) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante el procedimiento establecido por la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y a la evaluación continua y final por parte de la misma, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
f) Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control.
El Consejo General de la Abogacía Española, justificará, dentro del primer cuatrimestre de cada año, ante el Ministerio de Justicia la aplicación de la subvención percibida durante todo el ejercicio inmediatamente anterior y presentará una memoria y una cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del objeto de la subvención.
La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el contenido definido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y a los dispuesto en el artículo 49 del Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u omisión de algún Colegio de Abogados y Abogadas, se detraerá de los libramientos posteriores una cantidad igual a la última distribuida por el Consejo General de la Abogacía española a dichos colegios.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Capítulo II del Título III del Reglamento de la citada Ley.
El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la Ministra de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad.
La presente orden podrá modificarse como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la citada concesión.
La modificación de la orden de concesión se dictará por la Ministra de Justicia y deberá ser motivada.
Atribuir a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia la gestión de la subvención que se concede por la presente orden.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones la presente orden.
Esta orden pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante la Ministra de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 23 de febrero de 2023.–La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.