Categoría: Judicial

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 17 de septiembre de 2024, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2021, acuerda:
1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas del Informe de fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2021.
2. Aprobar el Informe de fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2021, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, que limitan y afectan a su representatividad.
3. Instar al Gobierno a:
– Solicitar a las comunidades autónomas y ciudades autónomas que forman el ámbito subjetivo de este informe que presenten en los plazos legalmente establecidos, la información sobre la contratación de su sector público.
– Solicitar a las comunidades autónomas y ciudades autónomas que forman el ámbito subjetivo de este informe, que reduzcan a casos excepcionales el uso de la contratación de emergencia.
– Mejorar y controlar los procedimientos de elaboración y supervisión de proyectos, evitando dilaciones o encarecimientos en la ejecución de los contratos, así como una contratación ineficiente.
– Que resulte preceptiva la creación de comités de expertos o la encomienda a un organismo técnico especializado ajeno a la entidad, para aquellos casos en que la valoración por fases sujetas a umbrales afecte a la valoración de criterios mediante juicios de valor.
– Adoptar las medidas necesarias e incrementar los controles para la remisión en plazo de las relaciones anuales certificadas al Tribunal de Cuentas.
– Limitar el uso genérico del informe sobre insuficiencia de medios en los contratos de servicios.
– Incrementar los controles necesarios para que todo procedimiento de contratación contenga, correctamente designada, la figura de responsable del contrato.
– No emplear la tramitación de emergencia en contratos cuyo plazo de ejecución sea lo suficientemente largo como para no corresponderse con la naturaleza de esta modalidad contractual.
– Evitar las generalidades en los modelos de pliegos de cláusulas particulares.
– Justificar adecuadamente la necesidad, evitando eludir aquellas que dieron lugar a la tramitación del expediente concreto.
– Establecer un sistema de control y seguimiento efectivo en la ejecución de los contratos, evitando paralizaciones y dilaciones indebidas.
– Establecer sistemas, para la correcta motivación y acreditación de las eventuales modificaciones contractuales, que eviten los cambios de criterio sobrevenidos, desviados injustificadamente de las necesidades inicialmente previstas.
– Incorporar al portal de transparencia de cada Administración a todas las entidades del sector público pertenecientes a cada comunidad autónoma o ciudad autónoma, sin perjuicio de la existencia de portales de transparencia propios para cada entidad.
– Considerar la inclusión de condiciones especiales de ejecución de carácter social y medioambiental en los pliegos de cláusulas administrativas.
4. Instar a los respectivos gobiernos de la comunidades y ciudades autónomas a que el portal de transparencia de la Administración incorpore a todas las entidades del sector público de la comunidad o ciudad autónoma, sin perjuicio de la existencia de portales de transparencia propios.
5. Instar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a:
– Controlar los plazos de ejecución de obras y la emisión de certificaciones.
– Que la Fundación Impulsa no celebre contratos a través de procedimiento negociado sin publicidad cuando no se den los requisitos establecidos por el artículo 168 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
– Introducir los elementos de control necesarios para la correcta tramitación de contratos.
– No emplear la contratación por el procedimiento de urgencia en aquellos casos que no concurran los requisitos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
6. Instar a la Comunidad de Extremadura, la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Ciudad Autónoma de Ceuta a:
– Incrementar los elementos de control en la preparación y planificación de los contratos para evitar modificaciones que alteren, entre otras cosas, los plazos de ejecución.
7. Instar a la Comunidad Autónoma de Extremadura y a la Comunidad Autónoma de La Rioja a diseñar los procedimientos necesarios para evitar el uso abusivo de los modelos de pliegos de cláusulas particulares de carácter excesivamente genérico.
8. Instar a las Administraciones regionales y ciudades autónomas fiscalizadas a que sus órganos de contratación:
– Adopten las medidas necesarias para garantizar el envío al Tribunal de Cuentas de la información requerida.
– Determinen con mayor precisión la necesidad de celebración de todos los contratos, así corno la insuficiencia de medios en los contratos de servicios, poniendo de relieve y concretando la carencia de los medios personales y materiales de los que dispone la entidad y las razones por las que la contratación resulta más eficiente que la prestación directa.
– Establezcan los mecanismos necesarios que permitan precisar con mayor grado de concreción, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la prestación a realizar, la definición del presupuesto, el valor estimado de los contratos, los criterios de adjudicación y el establecimiento de controles adecuados para la correcta ejecución de los contratos.
9. Instar a los órganos de contratación de las comunidades y ciudades autónomas fiscalizadas a:
– Adoptar las medidas necesarias para garantizar que el envío al Tribunal de Cuentas de la información sobre la contratación celebrada se realice en los términos establecidos en la legislación aplicable y en la forma que determina la Instrucción aprobada por Acuerdo del pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de junio de 2018.
– Determinar con mayor precisión la necesidad de celebración de todos los contratos, así como la insuficiencia de medios en los contratos de servicios, poniendo de relieve y concretando la carencia de los medios personales y materiales de los que dispone la entidad y las razones por la que la contratación resulta más eficiente que la prestación directa.
– Establecer los mecanismos necesarios que permitan precisar con mayor grado de concreción, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la prestación a realizar, la definición del presupuesto, el valor estimado de los contratos, los criterios de adjudicación y el establecimiento de controles adecuados para la correcta ejecución de los contratos.
– Mejorar el contenido de los proyectos y su supervisión, de modo que comprendan todos y cada uno de los elementos necesarios para la ejecución de los contratos, evitando en lo posible modificaciones, dilaciones y encarecimientos de los contratos debidos a circunstancias que hubieran podido preverse con anterioridad.
– Motivar las declaraciones de urgencia y de emergencia, de forma que su contenido responda de manera precisa a las exigencias normativamente establecidas para la aplicación de estas formas excepcionales de tramitación contractual.
– Concretar en los pliegos de cláusulas administrativas las formas de constitución de las garantías y realizar el adecuado seguimiento de su prestación, asegurando su reajuste en caso de modificación del contrato.
– Llevar a cabo un control y seguimiento efectivo de la ejecución de los contratos, con el fin de evitar paralizaciones y dilaciones indebidas en su ejecución.
– Motivar y acreditar debidamente las eventuales modificaciones contractuales, sin que obedezcan a cambios de criterio sobrevenidos que se desvíen injustificadamente de las necesidades previstas inicialmente.
10. Instar a las consejerías competentes de las comunidades y ciudades autónomas fiscalizadas a que se elaboren normas o instrucciones internas, dirigidas a todos los órganos de contratación de la comunidad o ciudad autónoma, que establezcan criterios para asegurar la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas, siempre que fuera posible, de condiciones especiales de ejecución de carácter social y de sostenibilidad ambiental.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2024.–El Presidente de la Comisión, Juan Iglesias Diez Garrido.–El Ibáñez Primero de la Comisión, Salvador de Foronda Vaquero.