Categoría: Judicial

decoroso» o lo contrario. Los presidentes de la Cámara (o quienes circunstancialmente los sustituyan: art. 33 RCD) cuentan en este extremo, por tanto, con una genuina prerrogativa de apreciación, prerrogativa que, con todo, no queda libre de límites jurídico-constitucionales, por más que no le corresponda a esta jurisdicción, al hacerlos valer, superponer su criterio, sin más, al que hubiera llevado a adoptar una decisión como la que se impugna ahora (véase, aunque para supuesto muy distinto, la STC 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 7). Ha de quedar fijado, sobre uno y otro aspecto, lo que sigue.
b) Se ha alegado por la representación del Congreso de los Diputados, con invocación de la doctrina de losinterna corporis acta, que «no cabe la sustitución» del criterio presidencial que llevó, en este caso, a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 104.3, juicio que –se añade– «no parece controlable» en un recurso como el presente. La primera apreciación es, como se dirá después, del todo correcta. No así la segunda que de ella se pretende inferir:
(i) La construcción doctrinal a la que así apela la parte demandada se acuñó históricamente al servicio de la preservación de un ámbito inmune a todo control jurisdiccional para cuanto tuviera que ver con el desenvolvimiento interno, sin trascendencia exterior, de la vida de las asambleas parlamentarias, pero es jurisprudencia constitucional muy consolidada que no resulta posible aducir tal opacidad frente a la preeminencia del Derecho cuando, en lo que aquí interesa, aparecen comprometidos por las decisiones de los órganos de gobierno de las cámaras derechos fundamentales de sus miembros y en particular, como se invoca ahora, el derecho al pleno ejercicio del cargo representativo, integrado en el que se enuncia por el artículo 23.2 CE [SSTC 118/1988, de 20 de junio, FJ 2, y 38/2022, de 14 de marzo, FJ 3 c), por todas las múltiples resoluciones en este sentido]. A través del cauce procesal del artículo 42 LOTC no cabe, desde luego, supervisar o fiscalizar la conformidad al respectivo reglamento de cualesquiera acuerdos de aquellos órganos de gobierno, pero sí, con igual claridad, examinar si tales actos respetaron los derechos fundamentales de los representantes políticos, ello sin perjuicio de que ese eventual control constitucional tenga a su vez, como se dirá, límites estrictos.
(ii) No es posible de principio excluir, recordado lo anterior, que el ejercicio presidencial de la potestad atribuida por el artículo 104.3, en relación con lo prescrito en el artículo 103.1, pueda llegar a afectar, en alguna hipótesis, al derecho fundamental de referencia. La aplicación incorrecta de normas de este género podría llegar a restringir o mediatizar, no meramente a acotar, la libre expresión de los miembros de las cámaras (ATC 147/1982, de 22 de abril, FJ 5), libertad de palabra que, cuando se esté en su uso conforme al Reglamento (STC 301/2005, de 21 de noviembre, FJ 5), es parte medular del derecho al desempeño del cargo representativo, de tal modo que su constricción o perturbación indebidas –a la luz de las pautas que se dirán– no solo dañaría ese derecho para el diputado en el caso afectado, sino que sería inconciliable también, sin mayores precisiones por ahora, con la naturaleza misma de la representación política. Este último criterio de enjuiciamiento, de continuo presente en la jurisprudencia constitucional (SSTC 361/2006, de 18 de diciembre, FJ 4, y 96/2022, FJ 3, por todas), podría llegar a ser de muy relevante consideración, en especial, si el parlamentario que fuera objeto de las medidas en controversia estuviera en el ejercicio de su función de control del Ejecutivo, uno de cuyos instrumentos –aquí activado por la actora– es el planteamiento de interpelaciones al Gobierno (SSTC 200/2014, FJ 9, y 201/2014, FJ 5, ambas de 15 de diciembre, así como, entre otras, STC 124/2018, de 14 de noviembre, FJ 7). No es cosa dudosa, por todo ello, que un ejercicio patentemente arbitrario o discriminatorio de la potestad presidencial que se considera redundaría en el menoscabo del derecho del parlamentario a desempeñar sus funciones propias, al padecer, en tal hipótesis, unas inmerecidas correcciones o reprobaciones públicas, en el propio hemiciclo y en el «Diario de Sesiones», que conllevarían, de presente, un cierto desdoro, mácula o descrédito ante sus iguales y sus representados (al ser tachadas sus palabras de indecorosas) y acaso también, para lo sucesivo, su propia e injustificada inhibición a la hora de intervenir en las deliberaciones. Basta con constatarlo así para concluir en que medidas presidenciales del tipo de las impugnadas pueden no ser inocuas, en supuestos extremos, para el derecho fundamental que en el recurso se defiende. El enjuiciamiento constitucional, en definitiva, ha de seguir su curso.
c) Este enjuiciamiento, sin embargo, tiene en este caso límites especialmente rigurosos. Más intensos, incluso, que los que en otras ocasiones enmarcan la jurisdicción de amparo sobre resoluciones de los órganos de gobierno de las cámaras que pudieran afectar a facultades parlamentarias distintas, también de principio integradas, a través de otro tipo de normas reglamentarias, en el derecho fundamental que hoy se invoca (art. 23.2 CE):
(i) Desde luego que un primer límite para el control constitucional es el que viene impuesto, con carácter general, por la atención y respeto a la vertiente normativa de la autonomía parlamentaria, en virtud de la cual las cámaras establecen sus propios reglamentos (art. 72.1 CE), reglas del juego que institucionalizan el debate político y a cuya aplicación solo de manera excepcional puede extenderse la jurisdicción de amparo [en parecidos términos, SSTC 226 y 227/2004, ya citadas, FJ 6 de una y otra; asimismo, SSTC 97/2020, FJ 6 B) b); 38/2022, FJ 3, y 96/2022, FJ 4 A)], tanto más si se trata, como en este caso, de normas inscritas en el régimen de la genérica potestad del presidente de una Cámara representativa en orden a la dirección de los debates (arts. 32.1 y conexos RCD), potestad sin la que ningún órgano colegiado podría funcionar y que no siempre admitirá, por la naturaleza de las cosas, ser configurada en términos taxativos o como facultad reglada. Es en todo caso el propio Congreso de los Diputados el que, al dotarse de su Reglamento, ha prescrito para sí mismo –para todos y cada uno de sus miembros– lo que establecen los artículos 103.1 y 104.3 de este cuerpo normativo, preceptos sobre los que la demanda no arroja duda alguna de invalidez y mediante los que la Cámara confía a su Presidencia, solo a ella, la apreciación de lo que pueda resultar ofensivo para el decoro en las intervenciones de los representantes y oradores, con las consecuencias ya conocidas si así ocurriera. Expreso apoderamiento reglamentario que impide, también aquí, un escrutinio pleno o exhaustivo, en vía de amparo, sobre los actos aplicativos de aquellas disposiciones.
(ii) Lo que queda dicho ha sido de continuo sintetizado por este tribunal mediante la referencia al margen de interpretación con que cuentan los órganos rectores de las asambleas a la hora de aplicar, y en qué términos, unas disposiciones u otras del correspondiente reglamento [SSTC 66/2021, de 15 de marzo, FJ 3 b), y 96/2022, FJ 4 A) a), entre otras muchas]. Ocurre, sin embargo, que en un supuesto como el actual no se está, en rigor, ante una cuestión de interpretación, en abstracto, de cierta prescripción normativa a fin de determinar –preservado aquel «margen de interpretación»– si su entendimiento, y la consiguiente subsunción en la norma del supuesto litigioso, fue el correcto o no. La estimación de cuándo unas palabras pronunciadas en el debate, o con ocasión del mismo, ofenden al decoro o no lo hacen es asunto de valoración, no de hermenéutica de enunciados, y para ello cuenta la Presidencia, según se anticipó, con una prerrogativa de apreciación cuyo inexcusable reconocimiento estrecha aún más, en deferencia a la autonomía parlamentaria, los límites dentro de los que pueda ejercerse el enjuiciamiento constitucional. Se trata, en definitiva, y sencillamente, de que este tribunal no podría, so pena de alterar equilibrios institucionales básicos, sustituir con su criterio propio el expresado por la Presidencia de la Cámara al valorar de contrarias al debido decoro unas determinadas manifestaciones. Muy clara está, por ello, la improcedencia de proyectar sobre este singular caso unos criterios de enjuiciamiento a los que la demanda apela (interpretación restrictiva de las normas que puedan suponer limitación del ejercicio de los derechos de los representantes y proporcionalidad), criterios que son en general pertinentes ante otro tipo de impugnaciones de actos parlamentarios [SSTC 142/2002, de 23 de julio, FJ 1; 224/2016, de 19 de diciembre, FJ 2; 4/2020, de 15 de enero, FJ 3 c), y 159/2019, FFJJ 5 e) y 7 d), por todas], pero cuyo empleo ahora consumaría, sin más, la inaceptable subrogación del Tribunal en la posición que es propia a la Presidencia del Congreso de los Diputados.
Todo ello no es óbice para que esta jurisdicción ejerza, por las razones ya expuestas, el control constitucional que se ha impetrado.
d) El control que así procede no ha de ser, sin embargo, sino externo (STC 4/2018, de 22 de enero, FJ 7) o negativo (STC 35/2022, de 9 de marzo, FJ 5), pues el Tribunal ha de limitarse a examinar, con arreglo a la expuesto, si la resolución impugnada aparece,prima facie, como ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria conferida a la Presidencia, fueran o no concebibles otras opciones igualmente aceptables y menos gravosas para quien demanda. Desde esta limitada perspectiva son dos los criterios o pautas a tener en cuenta:
(i) Se ha de considerar, en primer lugar, si la decisión adoptada por la presidenta de la Cámara fue –como la demanda denuncia– irrazonable o arbitraria a la vista de las expresiones de las que en el caso se sirvió la actora, pues si así hubiera sido no habría sino que constatar que su libertad de palabra resultó irregularmente perturbada por unos reproches o reprobaciones públicos que en absoluto mereciera, algo inconciliable, en esa hipótesis, con la naturaleza misma de la representación, a la que es inherente lo que el Tribunal ha llamado –ante supuestos distintos– un «vivo» y hasta «ardiente debate político» [SSTC 148/2011, de 27 de junio, FJ 5, y 65/2015, FJ 4 c)], siendo como son los parlamentos, ante todo, «escenarios privilegiados del debate público» (STC 226/2004, de 29 de noviembre, FJ 6). Bien sabido es que este criterio de juicio, excluyente de lo manifiestamente irrazonable o arbitrario, tiene carta de naturaleza en la jurisprudencia constitucional relativa a la eventual conculcación de los derechos de los parlamentarios para el ejercicio en plenitud de su mandato (SSTC 143/2016, de 19 de septiembre, FJ 5; 68/2020, de 29 de junio, FJ 2, y 53/2021, de 15 de marzo, entre otras).
(ii) Si la resolución recurrida no fuera acreedora de la anterior censura constitucional no quedaría, en fin, sino examinar –porque así lo aduce asimismo la demanda– su hipotético carácter discriminatorio, censura esta cuya consideración habría de hacerse no tanto por referencia a hipotéticos usos arraigados en la Cámara en orden al empleo de unas u otras expresiones más o menos acres, o incluso oprobiosas u ofensivas, según vienen a decir aquí las partes, sino en atención, más bien, a eventuales precedentes en los que la misma Presidencia hubiera pasado por alto o consentido, sin reprobación alguna, manifestaciones de igual cariz, en lo esencial, a las que fueron aquí consideradas ofensivas al decoro, con abandono acaso, en tal hipótesis, de la neutralidad política a observar en el desempeño del cargo. Es claro que esta comparación entre supuestos no habría de partir del aislado cotejo entre expresiones más o menos análogas o susceptibles en abstracto de parangón, sino de la precisa identificación –a efectos de tal eventual contraste– de lo que singularizó en el caso, por su contenido y contexto, a las palabras de la actora. También lo es que corresponde a quien aduzca semejante desigualdad de trato, prohibida por el 23.2 CE [SSTC 44/1995, de 13 de febrero, FFJJ 5 y 6, y 66/2021, FJ 3 b), por todas], la carga procesal de aportar lo que a su juicio constituyan precedentes a estos efectos [SSTC 4/1992, de 13 de enero, FJ 4; 64/1992, de 11 de marzo, FJ 7; 78/2016, de 25 de abril, FJ 6, y 38/2022, FJ 7 d)].
4. El derecho fundamental de la recurrente a la libertad de palabra en el ejercicio de la función de control del Ejecutivo no resultó vulnerado
A) La demanda, es de recordar, aduce que la lesión del derecho fundamental derivaría no solo de lo irrazonable, arbitrario y discriminatorio del criterio aplicado por la presidenta para tachar sus palabras de ofensivas al decoro (con las consecuencias ya vistas), sino, en primer lugar, de la ausencia, en el caso, de dos condiciones para el ejercicio de la potestad presidencial (art. 104.3), potestad –se dice– que quedaría ante todo supeditada a que el diputado hubiera sido previamente llamado al orden (primer inciso del artículo 103), llamamiento al que no se acudió aquí por la presidenta, y a que la decisión de requerir la retirada de las palabras reputadas de ofensivas y de retirarlas de oficio estuviera –de otra parte– debidamente motivada, exigencia, esta segunda, que se considera incumplida.
El Tribunal no puede compartir ninguno de estos reproches.
a) Se basa el primero de ellos en un entendimiento de la relación entre los preceptos que aquí llevaron a la decisión presidencial (arts. 104.3 y 103.1) que ni desde luego es la única posible ni resulta ser, siquiera, la más adecuada para una flexible utilización del Reglamento, según las variadas circunstancias que pudieran llegar a darse. Sostiene la demanda que no cabe adoptar las medidas previstas en el primero de los preceptos citados si antes no ha habido un llamamiento al orden dirigido al diputado que hubiere empleado expresiones consideradas contrarias al decoro, pero es lo cierto que el repetido artículo 104.3 remite al «supuesto previsto en el número 1 del artículo anterior», supuesto que no es otro que el de haberse proferido palabras o vertido conceptos así calificables, ello con independencia de que, si se incurriera en tal cosa, se pudiera asimismo proceder a sucesivas llamadas al orden, con los posibles efectos, algunos sancionadores, previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 104 (véase, a título de ejemplo, «Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», núm. 225, correspondiente a la sesión de 24 de noviembre de 2022, p. 7). Sea como fuere, la interpretación que subyace a la resolución presidencial no podría en absoluto censurarse como arbitraria o irrazonable y basta con advertirlo así, y con recordar el notable margen interpretativo con que al efecto cuentan los órganos parlamentarios, para desechar este concreto reproche.
b) Es cierto –ya en otro orden de cosas– que una constante jurisprudencia constitucional establece, que las decisiones de los órganos de las asambleas que restrinjan facultades reglamentarias de sus miembros han de estar debidamente motivadas y que, si así no fuera, podría resultar violado el derecho enunciado en el artículo 23.2 CE (por todas, SSTC 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4; 89/2005, de 18 de abril, FJ 2; 361/2006, FFJJ 2 y 4; 190/2009, de 28 de septiembre, FJ 2; 33/2010, de 19 de julio, FJ 4, y 4/2018, FJ 7), pero esta doctrina no conduce, en el caso actual, a compartir la censura que la actora dirige a la decisión presidencial –calificada de inmotivada– que en la sesión de 27 de mayo de 2020 ordenó retirar del «Diario de Sesiones», al no aceptar hacerlo la diputada, las palabras estimadas ofensivas. No se trata solo –aunque con ello bastaría– de que en el «Diario de Sesiones» correspondiente a aquella sesión se hiciera constar, según ya quedó dicho, el fundamento normativo de la decisión impugnada («Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara», se lee en la nota al pie de la página 46), siendo así que este tribunal ya ha tenido ocasión de advertir que la motivación, a estos efectos, de un determinado acto parlamentario puede aportarse tras su adopción inicial [por ejemplo, al resolver una solicitud de reconsideración: STC 137/2021, de 29 de junio, FJ 4 e)]. Se trata, sobre todo, de que la parlamentaria no podía en modo alguno ignorar que el requerimiento que le dirigió la presidenta entonces y la orden adoptada acto seguido traían causa, inequívocamente, del recurso a lo dispuesto en los artículos 103.1 y 104.3 RCD, preceptos, como cualesquiera otros del Reglamento, cuyo conocimiento por todo diputado, en tanto que carga propia, se presume siempre (SSTC 129/2006, de 24 de abril, FJ 6, y 192/2011, de 12 de diciembre, FJ 2) y sin que, a partir de ello, fuera exigible una motivación adicional o más pormenorizada, al tratarse, vale reiterar, del ejercicio de una potestad discrecional mediante la que la Presidencia valoraba como ofensivas al decoro las palabras cuya retirada requirió a la diputada.
B) Tampoco la resolución recurrida merece, en fin, reproche alguno con arreglo a las pautas de juicio ya enunciadas [apartado B) d) del fundamento jurídico que antecede], pues no puede calificarse de no razonable o arbitraria ni tildarse de discriminatoria para con la diputada demandante. Importa en todo caso, antes de razonar estas conclusiones, descartar el criterio de enjuiciamiento que la demanda aduce por referencia a la condición que ostentaba la actora como miembro de una minoría parlamentaria. Este tribunal ha puesto siempre especial celo en la debida protección de la posición y derechos de las minorías en las asambleas [entre otras, SSTC 203/2001, de 15 de octubre, FJ 3; 110/2019, de 2 de octubre, FJ 3, y 183/2021, de 27 de octubre, FJ 8 B)], pero parece claro que esa condición minoritaria no puede invocarse para sustraerse a normas reglamentarias que obligan a todos o para pedir su más benevolente aplicación.
a) No cabe calificar de irrazonable o arbitraria la decisión de la presidenta. La palabra «terrorista» posee una denotación peyorativa de la máxima intensidad y la atribución de esa condición al padre del interpelado conllevaba objetivamente un inequívoco descrédito para quien, sin embargo, era del todo ajeno al debate, al margen como estaba del anunciado objeto de la interpelación «cómo van a influir en la acción de gobierno los acuerdos políticos con el nacionalismo radical» y de su desarrollo y defensa por parte de quien recurre, sin que tal ajenidad quedara en modo alguno empañada, desde luego, por las referencias que en esa defensa hizo la parlamentaria al terrorismo (a «usted el terrorismo nunca le ha causado la repugnancia que causa a un demócrata» o usted «considera que el asesinato político es un derecho derivado del derecho de autodeterminación»), pues reproches tales –seguramente no extravagantes, como tantos otros, al tono desabrido que adquiere a veces la disputa partidaria– nada tienen que ver con la traída a colación, en pretendido desdoro para los interlocutores del momento, de unos u otros extremos –irrelevantes, en todo caso, para la contienda ideológica– supuestamente atinentes al pasado o circunstancias de familiares de cualesquiera adversarios políticos. Ante el apóstrofe de la diputada en su réplica a la contestación del interpelado «es el hijo de un terrorista», la presidenta estimó que las disputas dialécticas en el Congreso de los Diputados no deben, por ásperas que fueren, involucrar a parientes de quien en cada caso sea el adversario político cuando –como aquí era de ver– esas personas ninguna relación tuvieran con la controversia parlamentaria de que se trate ni, en concreto, con la responsabilidad gubernamental que en la ocasión se quiso hacer valer, una apreciación que llevó a la aplicación de los artículos 103.1 y 104.3 RCD y que –más no es necesario decir– ningún observador razonable podría tachar de arbitrariamente desmedida o de carente por entero de sentido. La demanda sostiene, cierto es, que mediante aquellas palabras finales la diputada quiso incoar, precisamente, un debate de interés político a propósito de la ostentación –viene a decirse– que el interpelado habría hecho, en su día, de la aseverada integración del propio padre en la organización FRAP, pero tal conjetura sobre el ánimo que habría llevado a pronunciar la frase considerada contraria al «decoro» no es, atendido el contexto en que se pronunció, argumento válido para considerar violado el derecho que se invoca: en orden a aquel concreto debate que así se afirma haber querido suscitar nada se dijo en la defensa inicial de la interpelación –cuando acaso hubiera podido tener algún sentido hacerlo–, en tanto que las palabras reprobadas como ofensivas por la Presidencia (referidas no a la posición del interpelado sobre el terrorismo, sino –cosa bien distinta– a la condición atribuida a su padre) se pronunciaron en el turno de réplica de la actora, última intervención que le correspondía, y como reacción explícita, más bien, a las reiteradas menciones que el miembro del Gobierno hizo, en su contestación, al linaje nobiliario de la interpelante [véanse, al respecto, el apartado 1 A) c) de los antecedentes de esta sentencia y el ya citado «Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», correspondiente a la sesión que ahora importa, núm. 24, p. 46].
Desde esta perspectiva, en suma, ni la libertad de palabra de la actora ni su facultad de participar en el control del Gobierno (plenamente consumada, en la ocasión) sufrieron mengua alguna. La Presidencia aplicó de un modo que no puede censurarse como arbitrario o irrazonable la norma que, en preservación del «decoro», la Cámara se había impuesto a sí misma.
b) El reproche por discriminación que aduce la representación actora con cita de otras manifestaciones –ciertamente abruptas– frente a las que no habría reaccionado, sin embargo, la presidenta es también, en fin, inconsistente. Es muy cierto que la quiebra inmotivada del propio precedente puede llegar a suponer, cuando afecta a las condiciones de ejercicio del cargo representativo, una infracción del derecho enunciado en el artículo 23.2 CE (STC 110/2019, FJ 3), pero ya ha quedado dicho que la invocación de precedentes no es eficaz, a estos efectos, si se limita a la simple selección y cita de unas u otras invectivas cruzadas entre representantes, o entre estos y miembros del Gobierno, que no coincidan mínimamente, por su contexto y contenido, con lo que fue propio y distintivo de las palabras en este caso reprobadas por la Presidencia, singularidad que –vale reiterar– vino aquí dada por la mención de un familiar del interpelado, por esa sola condición, en términos que la presidenta, en ejercicio de su prerrogativa de apreciación, consideró hirientes u ofensivos al «decoro». Era carga de quien recurre, como también se dijo, identificar –de ser ello factible– supuestos de análogo tenor que hubieran pasado sin corrección presidencial. No se ha hecho así.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido denegar el amparo solicitado por doña Cayetana Soto de Toledo Peralta-Ramos.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés.–Inmaculada Montalbán Hidalgo.–María Luisa Rivera Hidalgo Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–César Velasco Tribiño.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.