Categoría: Administración

El artículo 38, número 1, letra d), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, encomienda el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de evaluar su grado de aplicación por los sujetos obligados. Para ello, elaborará anualmente una Memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
Por su parte el artículo 40 establece que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno habrá de elevar anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley.
El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, señala en el artículo 6 que, en el ejercicio de sus funciones, el Consejo deberá regirse por los principios de transparencia y participación ciudadana, que se concretan, entre otras, en la siguiente disposición: «b) Tras su aprobación, un resumen de la memoria anual del Consejo será publicado en el “Boletín Oficial del Estado”. Se prestará especial atención a que resulte claramente identificable el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos, entidades y órganos obligados de las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre».
Finalmente, en el artículo 12, letra c), señala el Estatuto que corresponde a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno el ejercicio, entre otras, de la siguiente función: «c) Aprobar la memoria anual en la que se analice el grado de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y se proporcione información detallada sobre el cumplimiento de las obligaciones en ella previstas».
En su virtud, resuelve:
Remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación el resumen, que se adjunta como anexo único a la presente, de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante el ejercicio 2022, aprobada por la II Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del citado Consejo en su 11.ª reunión, celebrada en Madrid a las 12.00 horas del día 25 de abril de 2023.
Madrid, 2 de octubre de 2023.–El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Santiago Ferrer Garrido.
La Memoria de 2022, en lo que atañe a su configuración formal, se adapta a los ejes que integran el Plan Estratégico 2022-2025 –PE 2022/2025–. Esta opción metodológica ya fue empleada para elaborar las Memorias correspondientes al quinquenio 2015-2019, coincidentes con la vigencia del anterior Plan Estratégico 2015-2019, y su mantenimiento exige adecuarla a los cambios introducidos en los mencionados ejes. De este modo, la exposición de la actividad del Consejo se realiza en torno a siete ámbitos de actuación, predefinidos por el PE 2022/2025: Institucional, Tramitación, Evaluación, Asesoramiento, Impulso, Formación y Cooperación. En cada uno de ellos se detallan las actividades realizadas y los hitos más importantes alcanzados. Sin perjuicio de esa pretensión de exhaustividad, como no puede ser de otro modo, el mayor espacio lo ocupan las actuaciones relacionadas con la tramitación y resolución de las reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información –artículo 24 LTAIBG– y la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por los distintos sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley –artículo 9 LTAIBG–, en correspondencia con el peso específico que tales actuaciones tienen en la actividad de esta Autoridad Administrativa Independiente.
La versión íntegra de Memoria del CTBG correspondiente al ejercicio 2021 puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/memorias_planes/memoria2022.html.
En el ámbito de los asuntos generales, las principales actividades desarrolladas en 2022 por el Consejo son las reflejadas en los diferentes apartados de este epígrafe.
Desde la perspectiva subjetiva, cabe recordar que la representación del Tribunal de Cuentas en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno quedó vacante en noviembre de 2021 como consecuencia de la renovación de los Consejeros de dicho órgano constitucional, pues la pérdida de la condición de Consejero es causa de cese de la condición de vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. La nueva representante del Tribunal de Cuentas fue designada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022, de manera que la composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno quedó configurada con los siguientes miembros:
a) don Odón Ruiz Calvo, diputado, a propuesta del Congreso de los Diputados;
b) doña María Román Suárez-Sillero Bernal, senadora, a propuesta del Senado;
c) doña Isabel Herrero Campos, consejera del Tribunal de Cuentas, a propuesta del Tribunal de Cuentas;
d) don José Castillo Torres Torres, secretario general del Defensor del Pueblo, a propuesta del Defensor del Pueblo;
e) don David Rubio Ruiz Márquez, abogado del Estado-Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta de dicha Agencia;
f) doña Eloísa Cortés Cabrera, subdirectora general de Transparencia y Atención al Ciudadano en la Dirección General de Gobernanza Pública, a propuesta de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública;
g) don Diego Peña Santiago, director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a propuesta de la citada Autoridad Administrativa Independiente.
A lo largo de 2022 se celebraron cinco reuniones formales de la Comisión, los días 22 de febrero, 29 de marzo, 31 de mayo, 11 de octubre y 29 de noviembre, respectivamente. A los asuntos vinculados con mandatos derivados de la ley de transparencia, como la aprobación de la Memoria de 2021, en aquéllas se abordaron asuntos de distinto orden como los resultados del Plan de Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia para 2021 y las líneas generales del Plan diseñado para 2022, la evaluación realizada sobre el índice de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de diez órganos constitucionales y de relevancia constitucional o el borrador de nuevo Estatuto del Consejo.
B.1 Organización.
En 2022 el Presidente de esta AAI mantuvo varias reuniones de trabajo con los órganos superiores de los Ministerios de Hacienda y Función Pública para tratar la reforma de la configuración orgánica del Consejo y el problema de la escasez de recursos humanos y materiales con el fin de lograr un incremento de la dotación presupuestaria y reforzar la posición institucional del Consejo. En esta misma línea, mantuvo diversos contactos con el Secretario General de Administración Digital para tratar el proceso de digitalización del Consejo y la interoperabilidad de la nueva plataforma de gestión y tramitación con los servicios digitales de la Administración General del Estado.
Por otra parte, varios miembros del equipo directivo han mantenido con responsables de otros organismos y entidades diversas reuniones de trabajo relacionadas con las tareas correspondientes al funcionamiento ordinario y el régimen interno del Consejo. Así, por ejemplo, a lo largo del año, se celebraron reuniones con miembros de la Abogacía del Estado, para tratar asuntos relacionados con la asesoría jurídica y la defensa letrada del Consejo, así como numerosos contactos con la jefa del Gabinete Técnico y el subdirector general de Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano de la Secretaría General de Administración Digital (en adelante, SGAD) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (en adelante, MAEyTD) para abordar asuntos relacionados con la prestación de servicios digitales al Consejo y el correspondiente convenio de colaboración.
Igualmente, en 2022 se han celebrado veintisiete reuniones del comité de dirección, grupo de trabajo del equipo directivo de la institución, con el fin de poner en común las actividades en curso, formular y debatir propuestas de mejora, coordinar las actuaciones, y evaluar el seguimiento de todas las actividades del Consejo.
B.2 Recursos humanos.
– Dotación de efectivos.
A 31 de diciembre de 2022 el CTBG contaba con 25 efectivos, todos ellos funcionarios de carrera por expresa disposición estatutaria, con excepción del Presidente.
Hasta 2022, la plantilla del CTBG ha sido prácticamente idéntica con la asignada por las Resoluciones de 2 de febrero y 26 de marzo de 2015 de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) y que constituyó la dotación inicial de recursos del Consejo. Ante el incremento sostenido de la carga de trabajo en todos los ámbitos funcionales de actividad del Consejo y, especialmente, en lo relativo a las funciones de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información, resultaba imprescindible incrementar su plantilla, para lo cual se realizaron diversas gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública a lo largo de los años 2021 y 2022, que han tenido un resultado positivo.
Tras alcanzarse un incremento del presupuesto para el ejercicio 2022 del 26 % en relación con el presupuesto de 2021, pasando de 2,39 millones a 3 millones de euros, aquél se destinó, prácticamente en su totalidad, al capítulo 1 lo que permitió que pudiera iniciarse un expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario del Consejo, que concluyó con su aprobación por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, en su reunión del día 31 de marzo de 2022. Dicha modificación consistió en la creación de 7 nuevos puestos:
● Un puesto de Subdirector Adjunto/Subdirectora Adjunta en la Subdirección General de Reclamaciones.
● Dos puestos de Jefe/Jefa de Área, uno de ellos en la Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno y el otro con destino en la Oficina de Reclamaciones Territoriales.
● Dos puestos de Jefe/Jefa de Servicio, uno de ellos en la Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno, y el otro en la Subdirección General de Reclamaciones.
● Dos puestos de Jefe/Jefa de Sección, uno de ellos en la Unidad de Apoyo, y el otro en la Subdirección General de Reclamaciones.
Tras los correspondientes procesos selectivos, los nuevos funcionarios se incorporaron al Consejo a finales del último trimestre del año 2022 y a lo largo del primer trimestre de 2023.
– Gestión.
Para concluir este apartado de recursos humanos, hay que señalar que el CTBG ha realizado y tramitado durante 2022 las distintas actuaciones y procedimientos relacionados con la administración de su plantilla de efectivos, así como elaborado y aprobado las resoluciones e instrucciones correlativas a horario, condiciones de trabajo, acción social, etc.
B.3 Presupuesto y gestión presupuestaria.
– Presupuesto para el ejercicio 2022.
El CTBG ha contado con un presupuesto inicial para 2022 de 3 millones de euros. El crédito para este ejercicio se incrementó en un 26 % en relación con el presupuesto de 2021, que había sido de 2,39 millones de euros.
En el Presupuesto inicial del Consejo para 2022, el 69,66 % del total se han destinado a gastos de personal (capítulo 1), destinándose el 27 % del total a gastos corrientes (capítulo 2). El restante 3,34 % del total se han dedicado a transferencias corrientes (capítulo 4) y a financiar posibles inversiones necesarias para el funcionamiento operativo de los servicios (capítulo 6) y otras operaciones financieras (capítulo 8).
– Ejecución del presupuesto.
La ejecución del PG 2022 del CTBG asciende a 2.008.024,40 (el 66,86 % del total), produciéndose un remanente de 995.085,60 euros (el 33,14 % del total). El nivel de ejecución es inferior al del ejercicio 2021, en el que la tasa de ejecución fue del 79,72 %.
La razón de que la ejecución haya sido inferior a la del ejercicio anterior se encuentra en que la dotación del capítulo I se incrementó en el ejercicio 2022 en un 28 % con la finalidad de reforzar la plantilla del Consejo. Sin embargo, como el expediente de modificación de la RPT no puede iniciarse hasta contar con la financiación necesaria, los tiempos requeridos para su tramitación y aprobación primero, y los después exigidos por los procedimientos de selección de personal han llevado a que la provisión efectiva de las plazas no se haya realizado hasta finales del año 2022 y comienzos de 2023. Como consecuencia de ello, del nuevo crédito disponible en el capítulo de gastos de personal sólo se ha podido ejecutar una pequeña cuantía al no haberse incorporado aún los nuevos funcionarios.
B.4 Gestión económica.
– Contratos.
En lo que se refiere a la actividad desarrollada en 2022 por el CTBG en materia de contratación hay que destacar la licitación de un nuevo contrato del servicio de defensa y representación jurídica del CTBG, que sustituye al que concluyó el 21 de julio de 2022. La nueva contratación concluyó el 18 de julio, fecha en que el Presidente del Consejo acordó la adjudicación del contrato, a través de un procedimiento abierto simplificado y con un año de vigencia, a G Cueto Legal, SL.
Conviene también destacar la licitación por procedimiento abierto simplificado del nuevo contrato de servicios bancarios, adjudicado al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria por un periodo de tres años y con coste cero para el Consejo.
Además de la conclusión de estos contratos, la actividad contractual del CTBG durante 2022 se extendió a las acciones vinculadas a la ejecución de los distintos contratos de arrendamiento, suministros y servicios (arrendamiento del inmueble en que radica su sede, limpieza integral, suministro de electricidad, etc.)
Todos estos contratos pueden consultarse en el portal de transparencia de esta Autoridad.
– Convenios.
El CTBG ha realizado diversas actividades en este ámbito. En primer lugar cabe aludir al seguimiento de los convenios de colaboración suscritos con diversas CC. AA. para el traslado al Consejo del ejercicio de la competencia para resolver las reclamaciones promovidas al amparo del artículo 24 de la LTAIBG, dado que se prorrogó el celebrado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En segundo lugar pueden mencionarse otros convenios suscritos por el organismo, señaladamente el nuevo convenio de asistencia jurídica con la Abogacía del Estado suscrito por dos años, prorrogables por dos años más, así como un nuevo convenio para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE (aplicaciones SOROLLA2 y CANOA) por un periodo de cuatro años.
Todos los convenios suscritos por el CTBG pueden consultarse en su portal de transparencia.
– Gastos.
Entre los gastos directos realizados por el CTBG durante el año 2022 destacan por su cuantía los derivados del pago de costas en procedimientos judiciales en los que el Consejo ha sido condenado, así como los gastos de edición, maquetación e impresión de la Memoria anual 2021 del Consejo.
El resto de los gastos directos superiores a 1.000 euros, incluidos los derivados del pago de las contribuciones económicas de los convenios de suministro de servicios electrónicos por parte de la SGAD, de adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE y de asistencia jurídica con la Abogacía General del Estado pueden consultarse en el portal de transparencia del Consejo.
En 2022 se han presentado 2.369 iniciativas por la ciudadanía y otros sujetos interesados.
El 88,13 % de ellas (2.088) fueron reclamaciones planteadas al amparo del artículo 24 de la LTAIBG, tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico y local. El resto de las iniciativas, por orden decreciente, presenta naturaleza dispar: 146 denuncias sobre la aplicación de la ley de transparencia, 89 solicitudes de acceso a información pública (SAIP) y, finalmente, 47 recursos contencioso-administrativos frente a reclamaciones del CTBG dictadas al amparo del art. 24 LTAIBG.
En este epígrafe se desarrollan los aspectos relacionados con distintas iniciativas promovidas por la ciudadanía: (i) las solicitudes de acceso a la información presentadas ante esta AAI en virtud del artículo 17 LTAIBG; (ii) las reclamaciones interpuestas al amparo del artículo 24 de la LTAIBG, que constituyen el grueso de la actividad tramitadora del Consejo, así como su seguimiento y los procedimientos judiciales a que han dado lugar; y, finalmente, (iii) las denuncias de incumplimiento de la LTAIBG de los distintos sujetos incluidos en su ámbito de aplicación planteadas por la ciudadanía.
La cifra de solicitudes de acceso a la información recibidas durante 2022 en el CTBG, como se ha indicado, asciende a 89. No obstante, desde una perspectiva material ese número se reduce notablemente, puesto que, en sentido estricto, únicamente 14 de ellos contenían solicitudes de información cuyo objeto se incluía en la esfera de competencias del CTBG. Otros 13 eran consultas sobre distintos aspectos relacionados con la actividad del Consejo; mientras que en el caso de otros 59 escritos su objeto incumbía a otros órganos y entidades incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTAIBG, de modo que el Consejo procedió a trasladar la solicitud al respectivo órgano concernido en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 19.1 LTAIBG; y, finalmente, 3 escritos materialmente contenían reclamaciones en aplicación del artículo 24 LTAIBG y fueron tramitadas como tales.
Los ámbitos materiales sobre los que versaron las 14 solicitudes pueden sistematizarse en las siguientes categorías genéricas: diversas informaciones sobre las resoluciones del CTBG, como las cifras de reclamaciones presentadas y resueltas, las relativas al cumplimiento de las mismas o a las resoluciones que fueron objeto de posterior recurso contencioso-administrativo (7); información sobre la organización del Consejo (2); petición de informes (2); y otros asuntos (3).
De las solicitudes de acceso recibidas, una se ha desestimado, una se ha archivado y en un caso se estimó parcialmente. En el resto de supuestos se facilitó la información solicitada.
C.1 Reclamaciones recibidas.
A lo largo de 2022, según se ha indicado ya, se recibieron en el CTBG 2.088 reclamaciones interpuestas al amparo del artículo 24 de la LTAIBG. De ellas, 1.119 –el 53,59 %– corresponden a organismos y entidades de ámbito estatal, mientras que 969 –el 46,40 %– estaban dirigidas a organismos y entidades de ámbito autonómico y local.
De este modo, en 2022 se han presentado un 8,40 % menos de reclamaciones que en el año 2021. Ello supone que, por primera vez desde la puesta en funcionamiento de esta Autoridad Administrativa Independiente, se interrumpe la tendencia ascendente del número de reclamaciones recibidas.
Sin embargo, el cambio de tendencia no afecta por igual a los dos órdenes de sujetos obligados sobre los que el CTBG ejerce la función de tutela del derecho de acceso a la información pública. En el caso de las reclamaciones frente a órganos o entidades del ámbito estatal, no se ha verificado un descenso sino un ligero incremento del 1,45 % en relación con las presentadas en 2021 (1.086). En cambio, el descenso más acusado se produce en las reclamaciones del ámbito autonómico y local, pues en 2022 su número se ha reducido en un 19,60 % respecto de las presentadas en 2021 (1.159). Entre los motivos que explican ese descenso ocupa un lugar destacado la puesta en funcionamiento del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid y, como consecuencia de ello, la extinción del convenio suscrito por esa Comunidad Autónoma y el CTBG para atribuirle la tramitación y resolución de las reclamaciones de su ámbito territorial.
C.2 Reclamaciones resueltas.
Durante el año 2022 el CTBG resolvió 1.652 reclamaciones, de las cuales 997 correspondieron al ámbito estatal y 655 al ámbito autonómico y local. Ello supone un descenso del 17 % sobre los 1.932 expedientes resueltos en el año 2021. En realidad el descenso se ha producido únicamente en el bloque autonómico y local, pues en el ámbito estatal el número de resoluciones pasó de 911 en 2021 a 997 en 2021, lo que supone un incremento del 9,4 %. La reducción del número de resoluciones emitidas en el ámbito autonómico y local se debe a que el único puesto de técnico existente en la Oficina de Reclamaciones Territoriales ha estado vacante durante varios meses, quedando por tanto su composición limitada al Director y un administrativo.
C.3 Reclamaciones de ámbito estatal.
El CTBG, según se ha indicado, ha tramitado y resuelto 997 reclamaciones de ámbito estatal en 2022. De ellas, 445 son reclamaciones que tuvieron entrada en la Institución en 2021 y se han resuelto en 2022, mientras que en el caso de las restantes 552 se trata de reclamaciones que se plantearon a lo largo de 2022.
Resultados de la tramitación:
De las 997 reclamaciones referidas a órganos de la AGE o del sector público institucional estatal resueltas en 2022, 933 –el 93,6 % del total– fueron admitidas a trámite, mientras que únicamente 64 –el 6,4 % del total– se inadmitieron por no reunir los requisitos legales de procedibilidad.
El sentido de las resoluciones adoptadas sobre las 933 reclamaciones admitidas a trámite fue el siguiente:
– el 65,2 % del total fueron estimadas, es decir, se resolvieron acogiendo, total o parcialmente, con las pretensiones planteadas;
– el 28,9 % del total fueron desestimadas, esto es, no se acogieron las pretensiones formuladas;
– el 5,5 % del total fueron archivadas (la mayoría por desistir expresamente el interesado de la reclamación, y algunas por no atender al requerimiento de subsanación de defectos esenciales en la reclamación presentada); y, finalmente,
– el 0,4 % del total fueron suspendidas en espera de una resolución judicial a un recurso contencioso-administrativo sobre el mismo objeto material.
Canal de entrada:
De las 997 reclamaciones de ámbito estatal resueltas por esta AAI en 2022, 909 –el 91,1 % del total– tuvieron entrada a través de la sede electrónica del CTBG. Las restantes 88 reclamaciones –el 8,9 % del total– fueron presentadas por otros medios.
Organismos o entidades reclamadas:
Los departamentos ministeriales son los principales destinatarios de las reclamaciones planteadas al amparo del art. 24 ante el CTBG: 720 reclamaciones, que representan el 71,2 % del total. El Ministerio del Interior es el destinatario del mayor número de reclamaciones –203, un 20,3 % del total– seguido del Ministerio de Sanidad –con 72 reclamaciones, el 7,2 % del total– y el Ministerio de Hacienda y Función Pública –con 65 reclamaciones, el 6,5 % del total–.
Motivos:
En cuanto a la causa que suscita las reclamaciones del artículo 24 de la LTAIBG, el primer dato a destacar es el elevado número de ellas que se presentan frente a SAIP que se han considerado desestimadas por aplicación de la regla del silencio administrativo, esto es, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución expresa en el plazo legalmente establecido. En el conjunto de las 997 reclamaciones tramitadas, 336 –el 33,7 % del total– se han planteado al amparo de este motivo, de modo que quien insta la reclamación desconoce los motivos por los que la Administración ha desestimado su SAIP.
Ámbito material:
Como en ocasiones precedentes, los ámbitos materiales de las reclamaciones resueltas por el Consejo a lo largo de 2022 han sido heterogéneos. A falta de un estudio detallado de las materias a que han afectado, que implicaría prácticamente un análisis caso por caso, esta Autoridad ha establecido un modelo de descriptores que permite ofrecer información agregada.
En cualquier caso, a partir del modelo existente, cabe destacar que, a diferencia de los sucedido en los años 2019, 2020 y 2021 –y se refleja en las Memorias correspondientes–, la materia predominante en 2022 ha sido la información de tipo estadístico, con 175 reclamaciones, que representan el 17,54 %. En segundo término, se sitúa el empleo público, con 165 reclamaciones, comprendiendo una pluralidad de aspectos (44 relativas a procesos selectivos, 56 referentes a retribuciones de altos cargos y empleados públicos, 63 relacionadas con cuestiones diversas como concursos de traslados, libres designaciones, etc. y 2 con el régimen de incompatibilidades) que representan un 16,6 % del total.
Reclamantes:
En último término, en lo que atañe a quiénes han formulado la reclamación, hay que advertir que el hecho de que el artículo 17.3 de la LTAIBG establezca expresamente que no existe obligación de motivar la solicitud de acceso no facilita elaborar una estadística fiable de los tipos o categorías personales o profesionales en que pueden clasificarse las solicitudes. Así, a mero título de ejemplo, si bien hay quienes se identifican expresamente como periodistas o representantes sindicales, y en este sentido se han categorizado, la ausencia de la obligación de motivar la solicitud de acceso induce a suponer que no todos los pertenecientes a estos grupos pueden haberse acreditado como tales al formalizar la reclamación y, en consecuencia, quedarían encuadrados en la categoría «personas físicas sin especificar».
Al igual que sucedió en 2020 y 2021, se detecta que la categoría más frecuente (542, un 54,4 % del total) de reclamantes ante el Consejo ha sido durante 2022 la correspondiente a las personas físicas sin determinar su pertenencia a un colectivo específico, por lo que, como se ha indicado, puede incluir también un número indeterminado de periodistas, representantes sindicales o integrantes de las otras categorías individualizadas. A continuación figura la categoría «periodistas», que concurre en 305 reclamaciones –el 30,6 % del total– y, finalmente, la categoría de quienes actúan como representantes de personas jurídicas sin especificar, que se da en 61 casos, un 6,1 % del total.
Respecto de la distribución por género, se observa, como también sucedía en 2018, 2019, 2020 y 2021, una acusada desigualdad entre el número de reclamaciones presentadas por hombres (817, el 82 % del total) y el de las presentadas por mujeres (178, el 17,9 %).
C.4 Reclamaciones de ámbito autonómico y local.
El CTBG ha tramitado y resuelto 655 reclamaciones de ámbito autonómico y local a lo largo de 2022. De ellas, 360 corresponden a reclamaciones que tuvieron entrada en el año 2021 y que se han resuelto en 2022, mientras que 295 se trata de reclamaciones que se sustanciaron ante el CTBG a lo largo de 2022.
Resultado de la tramitación:
De las 655 reclamaciones de ámbito autonómico y local resueltas en 2022, 613 –el 93,58 % del total– fueron admitidas a trámite, mientras que 42 –el 6,41 %– fueron inadmitidas por diferentes defectos de procedibilidad.
Los resultados de la tramitación de las 613 resoluciones admitidas son los siguientes:
– el 70,14 % del total fueron estimadas, resolviéndose de acuerdo, total o parcialmente, con las pretensiones suscitadas;
– el 13,37 % del total fueron desestimadas, es decir, resultaron contrarias a las pretensiones planteadas;
– el 13,21 % del total fueron archivadas al desistir el interesado de la reclamación; y, finalmente,
– el 3,26 % del total se decretó la retroacción de actuaciones.
Canal de entrada:
De las 655 reclamaciones de ámbito territorial resueltas en 2022, 599 –el 91,45 % del total– tuvieron entrada en el Consejo mediante un correo electrónico de la persona que planteaba la reclamación; 43 –el 6,56 % del total– lo hicieron a través del sistema de intercambio de registros de las Administraciones Públicas; 11 –el 1,67 % del total– accedieron mediante la comparecencia de la entidad reclamada o de la persona reclamante en la sede electrónica de esta Autoridad; y, por último, 2 –el 0,3 % del total– se presentaron mediante correo postal.
Organismos o entidades reclamadas:
La Comunidad Autónoma de la que proceden el mayor número de reclamaciones es Castilla-La Mancha, con 191 –el 29,2 % del total–, seguida por Extremadura con 174 –26,6 % del total–. Esta es la primera ocasión en la que, desde 2016, el mayor número de reclamaciones no procede de la Comunidad de Madrid, circunstancia que se justifica en el hecho de que en noviembre de 2021 comenzó su andadura el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad, extinguiéndose, en consecuencia, el convenio suscrito por aquélla con el CTBG. De este modo, en 2022 se han resuelto 63 reclamaciones pendientes de 2021 de la Comunidad de Madrid.
Respecto de la naturaleza jurídico-organizativa de los organismos o entidades frente a los que se dirigen las reclamaciones de ámbito territorial tramitadas y resueltas durante 2022 por esta AAI, 430 –el 69,34 %– se corresponden con entidades locales, seguida de las 179 de Comunidades Autónomas.
Motivos:
En cuanto a los motivos que han originado la interposición de las reclamaciones de ámbito territorial resueltas durante 2022, el primer dato a destacar, al igual que sucede en el ámbito estatal, es el elevado número de reclamaciones que se presentan frente a SAIP resueltas por silencio administrativo. En el conjunto de las 655 reclamaciones de ámbito territorial, 492 de ellas –el 75,11 % del total– se han planteado en casos en que las solicitudes han sido desestimadas por aplicación de las reglas del silencio administrativo.
Desde este Consejo se viene insistiendo sobre esta cuestión. Como sucede en otras áreas funcionales del régimen local español, estas entidades cuentan con escasos recursos para gestionar adecuadamente las SAIP y dictar en plazo las oportunas resoluciones, lo que representa un grave lastre para el despliegue de la transparencia y el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. Tal y como se ha advertido por este CTBG en anteriores ocasiones, debe insistirse en que esta situación debería corregirse, al menos, tanto a través de la potenciación de las fórmulas de colaboración y cooperación de las Diputaciones provinciales y otras entidades intermedias titulares de competencias de cooperación con los municipios de su respectivo ámbito territorial, como de la toma de conciencia efectiva de responsables políticos y empleados públicos del valor intrínseco de la transparencia para el robustecimiento democrático de las instituciones.
Ámbito material:
En cuanto al asunto o materia de las reclamaciones, y teniendo en cuenta que la casuística territorial es diferente de la estatal, se hace uso de una tabla diferente de descriptores.
La materia principal de las reclamaciones en el año 2022 ha sido la de acceso a información presupuestaria y contable, con un porcentaje del 21,67 % del total, seguida por la del acceso a expedientes de distinta naturaleza, con un porcentaje del 13,43 % del total, a la que le sigue, muy de cerca la materia de empleo público, con un 12,36 %.
Reclamantes:
En el ámbito territorial, la categoría más frecuente de reclamantes ante el Consejo ha sido durante 2022 la de las personas físicas, el 71,01 % del total. El restante 28,99 % corresponde a las reclamaciones presentadas por personas jurídicas.
Respecto de la distribución por género, se sigue observando una acusada desigualdad entre el número de reclamaciones presentadas por hombres (el 83,05 % del total) y el de reclamaciones presentadas por mujeres (el 16,79 % del total), con un 0,15 %, de reclamaciones en que el dato de género no se ha facilitado.
C.5 Seguimiento.
La estimación de una reclamación lleva aparejada la realización por esta Autoridad Administrativa Independiente del seguimiento de su cumplimiento por los órganos y entidades concernidos. Entre las actuaciones de seguimiento se incluye la publicación de los resultados de esta labor de monitorización en el portal web del CTBG, dejando constancia de los órganos o entidades que persisten en el incumplimiento después de haber sido requeridos.
Ámbito estatal:
De las 606 resoluciones estimatorias, 425 –el 70,3 %– requerían para su efectivo cumplimiento la realización de una actuación material del organismo o entidad concernida destinada a suministrar la información objeto de la controversia. En los casos restantes, o bien la información se facilitó en el curso del procedimiento, o bien la resolución se refería exclusivamente a cuestiones procesales o formales.
A 31 de diciembre de 2022, de las resoluciones que requerían una actuación de ejecución, el 68,94 % del total –293– había sido cumplida por el órgano responsable; el 3,53 % se encontraban en trámite de resolución; el 7,53 % se hallaban suspendidas por haber sido objeto de recurso contencioso-administrativo y haberse dictado la medida cautelar de suspensión; y, por último, respecto del 19, 76 % no constaba en el Consejo el cumplimiento.
A diferencia de lo que sucedió en el ejercicio 2021, en el que la tasa de resoluciones ejecutadas se había incrementado respecto al 2020 –pues del 71,96 % pasó a 78,68 %–, debe llamarse la atención sobre el hecho de que en el ejercicio 2022 la tasa de resoluciones cuya ejecución se había cumplido a 31 de diciembre de dicho año (68,94 %) era inferior a la existente a 31 de diciembre de 2021 para las resoluciones de la misma naturaleza (78,68 %).
Ámbito autonómico y local:
De las 450 resoluciones estimatorias, el 90,22 % del total requerían para su ejecución una actuación positiva por parte del órgano, organismo o entidad responsable de la resolución impugnada, que debía facilitar el acceso a la información solicitada. De las resoluciones que requerían ejecución, a 31 de diciembre de 2022, se hallaban ejecutadas el 57,88 % del total; el 0,5 % había sido suspendida por la interposición de un recurso contencioso-administrativo y la adopción de la oportuna medida cautelar; y, finalmente, en el 41,87 % no existía en este Consejo constancia de su cumplimiento.
En el caso de las reclamaciones de ámbito autonómico y local, la tasa de resoluciones correspondientes a 2022 ejecutadas a 31 de diciembre de dicho año es sensiblemente inferior (57,88 %) a la tasa de cumplimiento correspondiente a los años 2021 (69,39 %) y 2020 (67,37 %).
C.6 Procedimientos judiciales.
En 2022 se han interpuesto 47 recursos contencioso-administrativos frente a resoluciones dictadas al amparo del artículo 24 de la LTAIBG. En el ámbito estatal el número de recursos ha sido de 43, correspondiendo 21 de ellos a resoluciones de 2021 y 22 de 2022. En el ámbito territorial los recursos planteados han sido 4, de los cuales se han interpuesto 3 frente a resoluciones de 2021, mientras que 1 de ellos se plantea frente a una resolución de 2022. El número de recursos interpuestos en 2022 supone un incremento del 64 % respecto a la cifra de los planteados en 2021 –28–, equiparándose a la media de los ejercicios anteriores.
En cuanto al número de sentencias, en 2022 se han dictado 26 en primera instancia, de las cuales 19 enjuician resoluciones de ámbito estatal. En total, 14 fueron favorables al CTBG, 10 se dictaron en contra del criterio de esta Autoridad Administrativa Independiente, en 1 de ellas se procedió al archivo del recurso y, finalmente, 1 sentencia inadmite el recurso planteado. El número de sentencias en segunda instancia ha sido de 18, correspondiendo 16 a resoluciones de ámbito estatal. En conjunto, 9 han sido favorables al Consejo, 4 son estimatorias parciales, 5 en contra y, por último, una de ellas declara el archivo del recurso. En último término ha habido 10 sentencias dictadas en casación, todas ellas en procesos instados frente a resoluciones de ámbito estatal. En 2 casos se inadmitió el recurso de casación interpuesto, 4 sentencias fueron favorables al Consejo, hubo 1 estimación parcial y 3 sentencias en contra.
El CTBG ha recibido 146 denuncias durante el ejercicio 2022 relacionadas, en general, con la transparencia de la actividad pública y, en particular, con distintos incumplimientos e infracciones de la LTAIBG, además de otras cuestiones de diversa índole ajenas a su ámbito competencial. El número de denuncias se ha incrementado un 11,64 % respecto de 2021, cuando se presentaron 129.
El Consejo ha llevado a cabo una actuación positiva en todas ellas, aunque en ocasiones su objeto se refería a cuestiones ajenas a la LTAIBG o a las competencias del CTBG, motivo por el que en tales ocasiones se ha dado respuesta a quienes denunciaban indicando bien el cauce procedimental que se estimaba más adecuado para satisfacer la pretensión, o bien identificando a los órganos a los que podían dirigirse para ver atendidas sus pretensiones y, a la vez, comunicando la denuncia al organismo o entidad denunciada, adjuntando un recordatorio de sus obligaciones de publicidad activa cuando fue procedente.
Analizado su contenido, se consideró que 61 de los 146 escritos presentados como denuncias eran cuestiones atinentes a reclamaciones. En concreto, se estimó que 45 debían ser tramitados como reclamaciones, por lo que se trasladaron a la Subdirección General de Reclamaciones (28), a la Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales (8) y a las Comunidades Autónomas con órgano garante propio (9). Las 16 restantes se referían a incidencias en la tramitación de reclamaciones o en el seguimiento del cumplimiento de las resoluciones de reclamaciones
A.1 Entidades incluidas en el Plan de Evaluación 2022.
Las entidades evaluadas en 2022 ascienden a 188, sistematizadas en seis grupos de sujetos obligados: (i) Órganos constitucionales y de relevancia constitucional (10); (ii) Órganos Supervisores, Reguladores y Autoridades Administrativas Independientes (6); (iii) Portal de Trasparencia de la Administración General del Estado (1); (iv) Entidades integrantes del Sector Público Estatal (75); (v) Consejos Generales de Colegios Estatales y Colegios Profesionales de ámbito nacional (20); (vi) Entidades Privadas (76).
A.2 Delimitación de las obligaciones de publicidad activa aplicables.
El alcance de la evaluación se ha definido en función de las obligaciones de publicidad activa que resultan aplicables a cada grupo de sujetos obligados. La LTAIBG establece diferentes obligaciones según la naturaleza de las entidades incluidas en su ámbito subjetivo de aplicación. Así, en el caso de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional o de las Corporaciones de Derecho Público, la obligación de publicar se circunscribe a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, no a aquellas otras que desarrollen en cumplimiento de las funciones que constitucional o legalmente tengan encomendadas. En otros casos, por ejemplo la publicación de información relativa a planificación o la información estadística sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios que prestan, solo resultan aplicables a aquellas entidades que tienen la consideración de administraciones públicas a efectos de aplicación de la LTAIBG –la entidades contempladas en las letras a) a d) del artículo 2.1–.
En último término, hay que recordar que pueden existir ámbitos en los que un organismo o entidad no disponga de competencias para desarrollar las actividades a las que se refiere una determinada obligación de publicidad activa. Y también puede suceder que en un ámbito concreto no haya existido actividad –por ejemplo, que no se haya celebrado ningún convenio– o que la publicación de la información no resulte posible al existir algún tipo de restricción legal.
En la memoria se relacionan, específicamente, las obligaciones no aplicables a los distintos tipos de sujetos obligados (págs. 47-48).
B.1 Aplicación de recomendaciones de la evaluación realizada en 2021.
La primera cuestión analizada ha sido el grado de cumplimiento de las recomendaciones de publicidad activa formuladas en 2021. Recordemos que se efectuaron un total de 1.792 recomendaciones a las 138 entidades evaluadas ese año, efectuándose, en promedio, 13 recomendaciones por entidad.
De ellas, 562 se han aplicado en 2022, lo que supone un 31,4 % del total. Un tercio de las entidades evaluadas no aplicó ninguna de las recomendaciones, mientras que un 21 % aplicó al menos el 80 %. Entre estas últimas entidades el incremento del Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria es de 36 puntos porcentuales.
B.2 Localización y estructuración de la información.
El 63,7 % de las entidades evaluadas dispone de un espacio específico en suwebinstitucional para la publicación de las informaciones sujetas a obligaciones de publicidad activa. En un 30,3 % de ellas este espacio se localiza a través de un enlace situado en uno de los accesos principales de su web institucional. En los restantes casos elbannerde acceso al Portal de Transparencia se localiza en un lugar visible de la web. Un 36,4 % de las entidades evaluadas no dispone de un portal de transparencia, lo que obliga a recorrer los distintos apartados de suswebspara localizar las informaciones obligatorias.
En un tercio de los Portales revisados la información se estructura conforme a los bloques de obligaciones en materia de publicidad activa que establece la LTAIBG. Un 24 % adicional publica la información organizada, pero no conforme a los bloques de obligaciones que establece la Ley. Y, por último, la situación más frecuente, un 43,3 % de los casos, consiste en que la información se publica de manera desorganizada y dispersa en lawebdel sujeto obligado.
Por último, debe resaltarse que el 53,8 % de las entidades que disponen de Portal de Transparencia, publican informaciones sujetas a obligaciones de publicidad activa en otros apartados de suwebinstitucional.
B.3 Cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Información institucional, organizativa y de planificación.
En promedio se publica el 68,3 % de las informaciones obligatorias de este bloque que son aplicables a los distintos tipos de sujetos obligados, con un rango de variación de entre el 51,3 %, correspondiente a las entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas, y el 98,7 % alcanzado por los Órganos Supervisores, Reguladores y Autoridades Administrativas Independientes.
El principal déficit de publicación de contenidos obligatorios se localiza en el grupo de obligaciones relativas a planificación y en el Registro de Actividades de Tratamiento: el 29,5 % de las entidades a las que resulta aplicable esta obligación no publican sus planes y programas, el 58,7 % no publica los informes de seguimiento y evaluación de los planes y programas y el 46,8 % no publica los indicadores de medida y valoración del cumplimiento de objetivos. Mientras que en el caso del Registro de Actividades de Tratamiento, el 44,3 % o bien no lo publica, o bien la publicación no cumple los requisitos de contenido establecidos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Respecto del cumplimiento de los requisitos de calidad de la información que establece la LTAIBG, el principal déficit se localiza en la carencia de referencias que permitan conocer si la información publicada está vigente. Solo el 39,5 % de las informaciones de este bloque de obligaciones está datada o contiene alguna información sobre la última fecha en que se revisó o actualizó.
El grado de cumplimiento medio de este bloque de obligaciones es del 65,51 % con un rango de variación que oscila entre el 47,2 % –entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas– y el 95,4 % –Órganos Supervisores, Reguladores y Autoridades Administrativas Independientes–.
Información de relevancia jurídica.
La proporción de entidades evaluadas que publican las informaciones de este grupo de obligaciones que les son aplicables se sitúa en el 57,9 %, con un rango que oscila entre el 15 %, alcanzado por el Portal de Transparencia de la AGE, y el 100 % obtenido por los Órganos Supervisores, Reguladores y Autoridades Administrativas Independientes.
En cuanto a los atributos de calidad, el de la actualización es el que presenta un menor nivel de cumplimiento –un 43,6 %– dado que, aunque se trata de información que por regla general está datada, no existen en los portales de transparencia referencias a la fecha de la última revisión o actualización de la información publicada.
El cumplimiento global de este bloque de obligaciones se sitúa en el 59,9 %, con un rango de variación que oscila entre el 40 %, obtenido por el Portal de Transparencia de la AGE y el 98,6 %, alcanzado por los órganos supervisores, reguladores y Autoridades Administrativas Independientes.
Información económica, presupuestaria y estadística.
La proporción de informaciones obligatorias publicadas en este grupo alcanza el 39,6 % en promedio, con un rango de variación entre el 14,4 % –correspondiente a los Colegios Profesionales– y el 92,6 % –alcanzado por los órganos constitucionales y de relevancia constitucional–.
La mayor parte de los incumplimientos de la obligación de publicar se localizan en el grupo de obligaciones relativas a contratos –datos estadísticos sobre contratación, modificaciones y desistimientos y renuncias–, información económica relativa a altos cargos y máximos responsables y a la información sobre subvenciones concedidas o percibidas –según la naturaleza de la entidad evaluada– e información sobre las autorizaciones de compatibilidad a empleados públicos.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos de calidad de la información, además de las dificultades para conocer si la información está actualizada, el principal problema es el uso de fuentes centralizadas para publicarla por parte de las entidades públicas. En muchos casos se deriva a la Plataforma de Contratación del Sector Público o a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Mientras que en otras ocasiones se redirige al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, lo que obliga a efectuar una nueva búsqueda para localizar la información.
El índice medio de cumplimiento de este bloque de obligaciones es del 38,4 %, con un rango de variación que oscila entre el 15,1 %, alcanzado por los Colegios Profesionales, y el 92,1 %, obtenido por los órganos constitucionales y de relevancia constitucional.
Información patrimonial.
El 51,2 % de las entidades a las que resulta de aplicación esta obligación publica información sobre sus bienes patrimoniales o sobre los que ostentan algún derecho real. De nuevo, el principal déficit que presenta este bloque de obligaciones es la falta de referencias a la última fecha en que se revisó o actualizó la información: solo un 31,4 % de las entidades publican la datación o la fecha de la última revisión o actualización.
El índice de cumplimiento global se sitúa en el 50 %, con una variabilidad entre el 44,5 % de las entidades integrantes del Sector Público Estatal y el 93 % alcanzado por el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
B.4 Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO).
El ICIO medio obtenido por el conjunto de entidades evaluadas en 2022 alcanza el 49,8 % de cumplimiento. La falta de publicación de informaciones obligatorias –no se publica un 48,4 % de ellas– el recurso a fuentes centralizadas o la derivación al Portal de Transparencia de la AGE y, sobre todo, la carencia de referencias que permitan conocer a los usuarios el grado de actualización de la información publicada, son los factores que explican el bajo nivel de cumplimiento global alcanzado.
B.5 Transparencia voluntaria y buenas prácticas.
Además de la información sujeta a obligaciones de publicidad activa, muchos de los organismos evaluados publican de manera voluntaria información complementaria, relevante desde el punto de vista de la rendición de cuentas, práctica que merece una valoración positiva en cuanto manifestación del interés de aquéllos por hacer más transparente su gestión. En algunas ocasiones se trata de informaciones adicionales nuevas, mientras que en otros supuestos se trata de informaciones cuya publicación obligatoria está prevista para otro tipo de sujetos pero no para el grupo de sujetos obligados al que pertenece la entidad correspondiente.
Las informaciones de transparencia voluntaria que se publican, ordenadas en función de la frecuencia de publicación, así como otras informaciones complementarias menos frecuentes, pero significativas respecto de la rendición de cuentas, se detallan en el anexo III de la Memoria. Asimismo, las organizaciones evaluadas por primera vez en 2022 también acreditan buenas prácticas en relación con el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que podrían ser aplicadas por otros sujetos obligados, según se detalla en el anexo IV de la Memoria.
C.1 Recursos humanos disponibles para la tramitación de las solicitudes de acceso a información pública.
El 80 % de las entidades evaluadas que han remitido la información solicitada ha asignado a una unidad específica la gestión de las solicitudes de acceso a información pública. Cuatro de estas entidades cuentan con unidades de transparencia. En promedio, comunican que 2,40 personas se dedican a la gestión de las solicitudes de acceso, tarea que compatibilizan con otras actividades.
C.2 Actividad generada en 2021 por las solicitudes de acceso a información pública.
Solicitudes gestionadas en 2021.
Los organismos evaluados que han remitido información, recibieron durante 2021 un total de 120 solicitudes de acceso a la información pública, a las que hay que añadir otras 3 que quedaron pendientes de tramitación a 31 de diciembre de 2020. En promedio cada una de aquéllos recibió 12 solicitudes. El rango de variación oscila entre 0 y 57.
Según la información aportada, se resolvieron 111 solicitudes a lo largo de 2021, quedando pendientes, a 31 de diciembre de ese año, 12 solicitudes. De las 111 solicitudes resueltas se admitieron a trámite 89 y se inadmitieron 22.
La causa de inadmisión más frecuente fue que la información solicitada no estaba en poder del destinatario, desconociéndose el órgano competente para resolver –45,5 %. Situándose en segundo término la de tratarse de solicitudes abusivas o repetitivas –3 1,8 %.
Indicadores de tramitación en 202