Categoría: Judicial

privación de libertad». Resulta determinante la utilidad del acceso para impugnar la prisión provisional, bien antes de decidirse sobre su pertinencia, bien con posterioridad a su adopción, a través de los recursos legalmente previstos frente al auto de prisión provisional o de solicitudes de revisión de la medida. En buena lógica tanto los arts. 520.2 d) y 505.3 LECrim, como el art. 7.1 de la Directiva objeto de transposición, establecen el acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del investigado o encausado sin limitaciones temporales, como corresponde, además, al principio de modificabilidad de la medida cautelar de prisión.
Las medidas cautelares personales se adoptan y desenvuelven en un contexto de provisionalidad, y por tanto mutable [SSTC 29/2019 y 30/2019, FJ 3 a) (iv)]. Ni la situación de prisión preventiva, ni la de libertad provisional, ni la cuantía de la fianza que permite acceder a la misma constituyen situaciones jurídicas intangibles o consolidadas y por ello inmodificables, de modo tal que los autos de prisión y libertad provisionales son reformables, tal y como prevé la legislación vigente, durante todo el curso de la causa (por todas, SSTC 65/2008 y 66/2008, de 29 de mayo, ambas FJ 3) para reconsiderar las circunstancias tenidas en cuenta, acomodarse a las cambiantes del proceso o atender a alegaciones nuevas (STC 180/2020, FJ 7). En concreto, el mantenimiento de la prisión provisional como injerencia legítima en el derecho a la libertad va actualizando sus bases y pautas de control, de modo que lo que fue suficiente en un inicio para acordar la medida puede no serlo posteriormente (STC 65/2008, FFJJ 3 y 4) y así debe de poderlo hacer valer el investigado preso.
En esta línea, la particularidad de la solicitud de acceso denegada en el procesoa quoestriba en que se produce más de siete meses después de acordarse la prisión en una causa que ha permanecido secreta continuamente, por lo que resulta particularmente aplicable como directriz para interpretar la nueva regulación la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la que se hace eco la STC 83/2019, FJ 6 c), referida a situaciones en las que, transcurrido el tiempo, se mantiene el secreto y se niega toda toma de conocimiento directo del expediente. Decíamos entonces que «[e]s significativo el periodo durante el cual el investigado, privado de libertad, haya estado a su vez privado de acceso íntegro al procedimiento (SSTEDH de 25 de junio de 2002, asuntoMigoń contra Polonia, § 81, y de 18 de septiembre de 2012, asuntoDochnal contra Polonia, § 87 y 88). […] El transcurso del tiempo provoca, pues, efectos tanto en la privación provisional o preventiva de libertad como en la declaración sumarial de secreto, operando como indudable factor a ponderar en su convivencia con el interés del investigado en conocer el contenido íntegro de las actuaciones, de modo que a medida que avance el periodo de investigación los intereses del investigado irán sobreponiéndose al interés en el mantenimiento del secreto».
En suma, la finalidad del acceso reconocido legalmente y la modificabilidad de la prisión provisional, en consonancia con la evolución de las circunstancias procesales y el transcurso del tiempo, determinan que el privado de libertad pueda solicitar la entrega de los materiales en que se apoye la medida en cualquier momento del procedimiento en orden a contar con la información contrastada que le permita evaluar la cobertura fáctico-legal de la prisión provisional y, si así lo estima conveniente, cuestionar su legalidad, sea al tiempo de acordarse, sea ulteriormente haciendo uso de los recursos legales y de la posibilidad de instar la modificación de la medida.
Así sucedió en el presente caso, donde se solicita el acceso a los elementos esenciales para «para poder ejercitar una defensa efectiva» frente a la prisión provisional, acordada más de siete meses atrás en una causa que ha permanecido secreta en todo momento, con ocasión de una cuarta petición de puesta en libertad, antes de resolver el órgano judicial al respecto y antes de formular recurso de apelación frente a la denegación de la revisión instada (mutatis mutandis, STC 180/2020, FJ 7). Este contexto avala la utilidad del acceso a efectos de garantizar la posibilidad de defenderse frente a la privación cautelar de libertad en igualdad de armas, que es el propósito de la Directiva cuya trasposición impulsa la reforma, (STC 83/2019, FJ 5). Por el contrario, una estricta limitación temporal de la activación del derecho de acceso vinculado a una medida cautelar privativa de libertad desconoce la aspiración última de las reformas legales en este punto, que no es otra que promover el derecho a la libertad y el derecho de defensa (considerando 41 de la Directiva y apartado IV del preámbulo de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril).
5. Conclusión y efectos.
Los razonamientos precedentes conducen a apreciar que no se ha respetado la garantía legal de acceso a los elementos esenciales de las actuaciones parar impugnar la prisión provisional imprescindible para una defensa frente a la privación cautelar de libertad. Solicitado el acceso en tales términos acotado y en un contexto de solicitud de modificación de la medida de prisión provisional, se denegó, de modo que ni el recurrente ni su letrado han tenido oportunidad de tomar conocimiento de las actuaciones en que se asienta la medida cautelar personal para alegar eficazmente sobre la legalidad de su mantenimiento ante el juez instructor o al formular el recurso de apelación. Se ha vulnerado el derecho a la libertad personal por mantenerse la prisión sin observancia de la forma prevista en el ordenamiento (art. 17.1 CE) y el derecho de defensa (art. 24.2 CE) por falta del debido acceso.
Procede por tanto el otorgamiento del amparo solicitado, con nulidad de los autos impugnados, el auto del juez instructor denegatorio del acceso y el auto por el que la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación y confirmó el anterior auto sin reparar la lesión. Dado que el recurrente fue puesto en libertad por auto de 7 de febrero de 2019, incluso con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el que se otorga queda limitado al reconocimiento de la vulneración de los indicados derechos fundamentales, sin necesidad de acordarse la retroacción solicitada por el demandante al momento anterior al dictado del auto del juzgado de instrucción de 18 de enero de 2019. Ese pronunciamiento declarativo constituye en sí mismo la reparación del derecho fundamental invocado (STC 83/2019, FJ 8).
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por don Francisco Suárez Gallego y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la libertad personal y su derecho de defensa (arts. 17.1 y 24.2 CE).
2.º Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto del Juzgado de Instrucción núm. 8 de Valencia de 18 de enero de 2019, por el que se denegó el acceso a las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la prisión provisional del recurrente en las diligencias previas núm. 3568-2015, así como del auto de 19 de febrero de 2019 de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Quinta), que lo confirmó en apelación (rollo núm. 187-2019).
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinte de febrero de dos mil veintitrés.–Cándido Conde-Pumpido Román Enríquez Sancho.–Concepción Espejel Jorquera.–María Parra Segoviano Lorenzo Herrero Campo Moreno.–Firmado y rubricado.