Categoría: Judicial

s constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2)». Límites que, como recordamos en la STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 7, y en todas las que allí se citan, han de ser necesarios «para conseguir el fin perseguido, debiendo atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en la que se halla aquel a quien se impone […] y, en todo caso, respetar su contenido esencial».
Así lo prevé expresamente también el Convenio europeo de derechos humanos cuando, en el párrafo segundo de su artículo 11, admite y advierte que «el ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos».
12.2.4 Resolución de las quejas.
12.2.4.1 Interpretación judicial del delito de sedición.
Como ha quedado reflejado al exponer la doctrina constitucional relativa al derecho fundamental reconocido en el art. 25.1 CE, el mandato de taxatividad también opera en el ámbito aplicativo. Aquí, la garantía de tipicidad conlleva la interdicción de una subsunción irrazonable, bien por conferir al precepto un alcance semántico que traspasa su sentido literal y vulnerar la prohibición de la analogíain malam partem, bien porque, aun no desbordándose el significado posible de los términos legales, se incurre en irrazonabilidad metodológica o axiológica en tanto la exégesis y la aplicación de la norma cae en quiebras lógicas o discordancias con los modelos de argumentación aceptados por la comunidad jurídica o se aparta de las pautas valorativas que informan el ordenamiento constitucional. Antes de abordar estos aspectos, resulta oportuno advertir que, de acuerdo con el parámetro de valoración que nos concierne, nuestro enjuiciamiento no implicará la asunción de una tesis propia acerca del contenido y alcance del tipo penal aplicado, como si fuéramos un órgano jurisdiccional que cumple su función de interpretar y aplicar la legalidad ordinaria. Desde una perspectiva más modesta, nos limitaremos a pronunciarnos sobre si la exégesis realizada por el órgano de enjuiciamiento conculca la garantía referida, pero sin que ello suponga, para el caso de rechazar la censura, proclamar que la tesis judicial es la única adecuada desde el prisma de la legalidad constitucional ni, por supuesto, que sea la más correcta, oportuna o adecuada desde la perspectiva infraconstitucional.
La demandante considera que la interpretación del tipo de sedición que maneja la sala sentenciadora no respeta el tenor literal del art. 544 CP en su entendimiento del elemento «alzamiento» en tanto abarca conductas pasivas no violentas. Pero, sobre todo, que esa inclusión de conductas pasivas junto con la no exigencia de que el alzamiento comporte cierta hostilidad, cuando no violencia, impide una delimitación del ámbito típico respetuoso del derecho de reunión, las libertades ideológica y de expresión y el derecho a la participación política, en línea, afirma, con lo defendido por la doctrina científica.
Se trata de denuncias y argumentos coincidentes con los planteados en sus recursos de amparo por otros condenados en la sentencia impugnada de 14 de octubre de 2019, que ya han sido descartados por este tribunal en resoluciones anteriores –singularmente en la STC 122/2021, de 2 de junio, FJ 10.2.3.1– como acreditativos de la vulneración del art. 25.1 CE alegada, a cuyos razonamientos debemos acudir ahora.
a) Previsibilidad semántica: interpretación dentro del tenor literal del art. 544 CP.
Para elucidar la pertinencia de la censura inicial que se dirige contra el órgano sentenciador procede esclarecer si, en efecto, su interpretación de la conducta típica definida como «alzamiento tumultuario» excede de su significado gramatical por no incluir la exigencia de violencia activa. La respuesta inmediata es negativa. En los términos empleados en la STC 122/2021, FJ 10.2.3.1:
«[N]inguna de las acepciones que el diccionario de la Real Academia Española asocia a las voces "alzar" o "alzarse" vincula tal verbo de modo exclusivo al empleo de violencia y tampoco el uso común del lenguaje identifica de forma necesaria el adjetivo "tumultuario" con la utilización de esa forma de comisión. Sobre ese particular, hemos de convenir con el órgano judicial que los términos indicados del tipo penal no se anudan exclusivamente al ejercicio de la violencia, pues si bien ambos vocablos no excluyen las eventuales agresiones o acometimientos que los partícipes puedan llevar a cabo, estas formas de actuación no constituyen, sin embargo, un requisito necesario para conformar la infracción penal objeto de análisis. Esta aserción no solo se sustenta en el argumento dado por la sentencia. La dicción del precepto, que, junto con el empleo de la fuerza, admite alternativamente que se actúe "fuera de las vías legales", corrobora con solidez la referida interpretación, pues aunque se pretendiera asimilar el término "por la fuerza" al uso de lavis physica, necesariamente habrá que aceptar que la acepción "fuera de las vías legales" admite la utilización de medios no violentos. Ni el sentido usual de los términos legales "alzamiento" y "tumultuario" ni su examen en el contexto íntegro de definición de la conducta típica conducen a la exigencia de violencia como requisito del delito de sedición» (STC 122/2021, FJ 10.2.3.1).
A ello debe añadirse que las reiteradas afirmaciones de la demandante sobre una comprensión analógica del término alzamiento que incluye conductas pasivas resultan insostenibles si se enfrentan a lo expresamente indicado en la sentencia impugnada, singularmente al delimitar el delito de sedición del ilícito de desobediencia: «Ya hemos apuntado supra que la sedición es mucho más, es unaliudy no solo un plus. Implica conductas activas, alzamiento colectivo, vías de hecho, despliegue de resistencia» [fundamento de Derecho B) 4.3]. En verdad, las aseveraciones de la demanda en tal sentido, más que objetar la interpretación judicial, cuestionan la calificación de los hechos desde una visión de lo acontecido el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 que, como luego insistiremos, dista de lo reflejado en el relato de hechos probados.
b) Razonabilidad metodológica y axiológica: interpretación restrictiva fruto de una reducción teleológica y sistemática del ámbito típico.
La recurrente defiende la necesidad de exigir violencia o, cuando menos, hostilidad como requisito del delito de sedición por la vecindad de las conductas típicas con el ejercicio de derechos fundamentales, en especial, con el derecho de reunión y a efectos de articular una interpretación del tipo conforme con los valores constitucionales. Una interpretación restrictiva en tal sentido vendría exigida también, a su entender, por el lugar sistemático que ocupa el delito de sedición dentro de los delitos contra el orden público y la coordinación con la tutela administrativa de ese bien jurídico. Además, coincidiría con lo sostenido por la comunidad jurídica.
De nuevo debemos hacer referencia a lo ya expresado en la STC 122/121, de 2 de junio, tanto en relación con el derecho de reunión y sus límites como en el aspecto concreto de la razonabilidad de la interpretación del delito de sedición efectuada por el órgano judicial.
En el fundamento 9.4.3 de la STC 122/2021 y tras exponer nuestra doctrina y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho de reunión y sus límites, advertimos que este derecho admite limitaciones, en particular cuando su ejercicio adopta formas injerentes en otros derechos o valores constitucionales, no necesariamente violentas. De modo más específico, antes de concluir que «la necesidad en una sociedad democrática de proteger la efectividad de las resoluciones de los órganos judiciales y de este tribunal como último garante de la Constitución no puede ser razonadamente puesta en entredicho», razonábamos como sigue.
«Hemos destacado en anteriores resoluciones, singularmente en la SSTC 136/1999, de 20 de julio, FJ 15, y 112/2016, de 20 de junio, FJ 2, que la libertad de expresión –de la que el derecho de reunión es una manifestación colectiva–, en cuanto es garantía del disentimiento razonado, otorga a los ciudadanos el derecho a expresar sus juicios de valor sin sufrir intromisiones por parte de los poderes públicos que no estén apoyadas en leyes que impongan límites constitucionalmente admisibles. Cuando la opinión es instrumento de participación política o se refiere a asuntos de interés general, su protección adquiere una extensa amplitud ya que el bien jurídico tutelado por ella es la formación de una opinión pública libre. Sin embargo, en atención a tal fundamento, no cabe considerar ejercicio legítimo de la libertad de expresión, reunión o manifestación a aquellos mensajes o conductas que, por su contenido o por la forma de desarrollarse, persigan una finalidad ilícita o sean causa de efectos prohibidos por la ley, es decir, aquellos casos en que los derechos se ejercitan de forma desmesurada y exorbitante en atención al fin al cual la Constitución le concede su protección preferente (STC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 6).
Como ha señalado el Tribunal Europeo Derechos Humanos, en las sociedades democráticas modernas, durante el ejercicio del derecho de reunión y manifestación en las vías públicas, no son infrecuentes las conductas físicas obstructivas que afectan al tráfico rodado o a la libre circulación de personas, de manera que quedan perturbadas de forma relevante las actividades que llevan a cabo los demás, e incluso las de los agentes encargados de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público (SSTC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 8, y 193/2011, antes citada). No obstante, se trata de conductas que no forman parte del núcleo de facultades de actuación que define la libertad que reconoce el artículo 11 del CEDH; esto es, si bien –como hemos ya expuesto– no están excluidas del ámbito general de protección que el reconocimiento de tal derecho conlleva, no son el objeto principal de protección de esta libertad pública, por hallarse alejadas de su fundamento (STEDH de 15 de octubre de 2015, asuntoKudrevičius y otros c. Lituania, § 97).
Se trata de conductas que admiten limitaciones, precisamente, en garantía de la seguridad y el orden público o la prevención de delitos. Dichas restricciones, en protección de estos bienes constitucionalmente relevantes, pueden tener carácter penal cuando, como en este caso, así lo prevé la ley con una respuesta proporcionada al fin de protección.
Por ello, no podemos compartir la concepción del derecho de reunión pacífica expresada por el recurrente según la cual, cuando la convocatoria no tiene intenciones violentas, su ejercicio no admite límite alguno que no derive de la idea de control del orden público o paz pública que el recurrente propugna, es decir, únicamente cuando "se impide de forma duradera el ejercicio de los derechos fundamentales a los ciudadanos". Como acabamos de exponer, al margen del contenido de los derechos fundamentales con los que debe coexistir en concordancia práctica, es posible confrontar las pretensiones de expresión, reunión o manifestación con otros bienes constitucionalmente relevantes que justifiquen su restricción, bien para impedir el desarrollo de la reunión, bien para exigir responsabilidades a quienes las promuevan o participen en ellas. Y desde luego, es posible tomar en consideración los efectos materiales que, sobre dichos bienes, pueden ocasionar dichas concentraciones convocadas en espacios públicos.»
De otro lado y con apoyo en lo reseñado en el fundamento jurídico 10.2.3.1 de la STC 122/2021, concluimos que el Tribunal Supremo efectúa una interpretación restrictiva del art. 544 CP atenta a delimitar su ámbito típico del ejercicio de derechos, singularmente del derecho de reunión, a poner en relación el significado lesivo de la conducta típica con la gravedad de las penas previstas y a definir su aplicación en armonía sistemática con otros delitos, destacadamente, con el delito de rebelión y otros tipos contra el orden público.
Para ello recordábamos los aspectos esenciales de la interpretación del Tribunal Supremo cuestionada en el motivo. En el apartado cuatro del fundamento de Derecho B), el órgano judicial primero (i) singulariza el delito, respecto del delito de rebelión y otros ilícitos contemplados bajo la rúbrica «Delitos contra el orden público» y, en atención a su estructura típica y su gravedad, sienta la necesidad de una afección severa al bien jurídico para apreciarlo como condición de respeto del principio de proporcionalidad. Fijado ese entendimiento exigente, (ii) desgrana los elementos objetivos y subjetivos del delito a partir del tenor literal del precepto y la reducción teleológica reseñada.
(i) La Sala efectúa un análisis del objeto de protección desde la conciencia de la similitud de la estructura típica del delito de sedición con el delito de rebelión, pero también del diverso lugar sistemático que, sin embargo, ocupan ambos ilícitos –bajo los títulos XXII «Delitos contra el orden público» y XXI «Delitos contra la Constitución», respectivamente–, así como atento a la pluralidad de tipos incluidos en el título XXII y la notable gravedad de algunos de ellos, que «desbordan los reducidos límites del concepto de orden público concebido como bien jurídico autónomo». Opta por el concepto de paz pública, más amplio que el de orden público, como bien jurídico tutelado, sin perjuicio de delimitar en cada caso el interés protegido. En línea con pronunciamientos anteriores del propio tribunal, identifica ese objeto de protección «con el interés de la sociedad en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales». La especificidad del delito de sedición radica, a juicio de la Sala, en los rasgos que, conforme a su estructura típica, lo cualifican frente a otros delitos contra el orden público, de modo que no alcanza a toda turbación de la paz o tranquilidad pública. Subraya que no solo constituye un supuesto cualificado por «la entidad de la lesión o el riesgo generado para el bien jurídico», respecto a los tipos de atentado o mero desorden, sino también unaliudrespecto a la desobediencia, dados los requisitos típicos de «conductas activas, alzamiento colectivo, vías de hecho, despliegue de resistencia». Desde tal conciencia de un desvalor cualificado, que ancla asimismo en el principio de proporcionalidad penal, la Sala requiere que la conducta «afecte a la colectividad interesada en la efectividad de las funciones [ejercidas por las autoridades gubernativas y judiciales]» así como la valoración de «si el tumulto imputado a los autores pone efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de derecho».
(ii) Sentado tal punto de partida, el órgano judicial fija los elementos típicos del delito:
Primero, se trata de un delito compuesto, que se comete por la sucesión o acumulación de actos, y un delito plurisubjetivo de convergencia, que requiere una unión o concierto de voluntades.
Segundo, el medio comisivo es el alzamiento tumultuario, lo que implica que la mera reunión de una colectividad de sujetos no es, sin más delictiva, sino que el delito surge cuando, además de ser tumultuaria y pública, acude como medios comisivos a actos de fuerza o fuera de las vías legales. Advierte aquí la Sala que, a diferencia del delito de rebelión, la descripción típica no exige que el alzamiento, que sí ha de ser público y puede responder a patrones organizativos, sea además violento, como ya constató en su sentencia de 10 de octubre de 1980, si bien al analizar el art. 218 del Código penal entonces vigente, dado que, junto a los modos violentos, absolutos o compulsivos, sobre las personas o las cosas, se contemplan los modos fuera de las vías legales. No obstante, el Tribunal Supremo hace suya aquí una interpretación restrictiva defendida por la doctrina en orden a deslindar la sedición de la pacífica oposición colectiva a la ejecución de las leyes o al ejercicio de la función pública. Se considera que la expresión "tumultuaria" significa abierta hostilidad, "y adiciona un contenido de hostilidad y violencia que no tiene por qué ser física ni entrañar el uso de la fuerza, como expresa la alternativa modal entre esta y "fuera de las vías legales", pero que ha de vivificarse necesariamente en actitudes intimidatorias, amedrentadoras, injuriosas, etc. Matiza de este modo su entendimiento de 1980 con la exigencia de medios más incisivos.
Tercero, la actuación del grupo debe tener la finalidad de derogar de hecho la efectividad de las leyes o el cumplimiento de órdenes o resoluciones de funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones. Este requisito típico precisa, de un lado, funcionalidad objetiva respecto a la obstaculización del cumplimiento de las leyes o la efectividad de las resoluciones administrativas o judiciales. Pero, además, incorpora un elemento subjetivo de tendencia, sin que el impedimento tipificado tenga que ser logrado efectivamente. En tal medida se caracteriza como delito de resultado cortado, que se consuma con la realización de la conducta típica animada con tal finalidad.
A la luz de la interpretación expuesta, hemos considerado que el Tribunal Supremo se muestra consciente de la gravedad del tipo y de la necesidad de delimitarlo respecto a otros delitos –rebelión, atentado, desórdenes públicos y desobediencia–, pero también respecto a conductas que suponen el ejercicio de derechos. Procede la Sala, por ello, a una interpretación correctora o restrictiva, que tras identificar un bien jurídico protegido que trasciende el orden público, persigue expresamente excluir la posibilidad de que cualquier perturbación de la tranquilidad pública, incluso fruto de una actuación colectiva pacífica al margen de la vías legales, sea subsumible en el tipo con tal de perseguir una finalidad impeditiva cualquiera y, en general, dotar a la conducta típica de un desvalor congruente con la gravedad de la penas, en términos absolutos y en términos comparativos con otros ilícitos. Para tal fin, la interpretación incide en la necesidad de una pluralidad de actos; en la característica de convergencia subjetiva, que precisa la concurrencia no solo de varias personas, sino de un número considerable; acoge la interpretación del término «tumultuario» como abierta hostilidad, correctora del amplio campo de aplicación que dibuja la dualidad de medios fijada por el legislador –“por la fuerza o fuera de las vías legales»– al tiempo que la respeta, como no puede ser de otro modo; y cualifica la finalidad impeditiva con un efectivo cuestionamiento del funcionamiento del Estado democrático de Derecho.
La relevancia penal de las conductas sancionadas en este tipo penal, que, evidentemente, no solo es susceptible de ser cometido mediante manifestaciones o protestas, no radica en llamar o participar en movilizaciones ciudadanas ni en el contenido reivindicativo de la protesta, sino en la instrumentalización simultánea para incitar y procurar el incumplimiento de la Constitución, la ley y los mandatos judiciales emitidos para tutelarla. Como ya subrayamos antes, la necesidad en una sociedad democrática de proteger la aplicación de las leyes y la efectividad de las resoluciones de los órganos judiciales y de este tribunal como último garante de la Constitución no puede ser razonadamente puesta en entredicho. Tampoco la necesidad de hacerlo, en concreto, frente a acciones especialmente idóneas para lograr la inaplicación de las leyes y el impedimento de las funciones administrativas y judiciales por su dimensión colectiva y su carácter violento o abiertamente hostil.
La comprensión del delito de sedición que dibuja la sentencia impugnada conduce a que no todo acto ilegal que intente impedir la aplicación de las leyes, el ejercicio de las funciones judicial o administrativa o la ejecución de cualquier resolución integre el tipo penal, sino que será la trascendencia de esas normas, actos y resoluciones, así como los medios que se empleen para intentar dejarlos sin efecto los que de forma determinante aporten el desvalor que requiere el delito. Es más, de forma en gran medida coincidente con lo defendido por la recurrente, la Sala requiere una afectación severa a un bien jurídico –paz pública– que define como presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales y la presencia de abierta hostilidad para evitar la punición de protestas pacíficas frente a la actuación pública. Solo la exigencia adicional de violencia que la recurrente plantea como garantía extrema no se recoge en esa interpretación restrictiva, con el argumento sistemático razonable de su no exigencia en el precepto, a diferencia de lo que ocurre en el delito de rebelión. Se trata de una interpretación sistemática y teleológicamente consistente que encuentra eco en la doctrina, sin perjuicio de opciones interpretativas distintas.
A la luz de lo expuesto y del parámetro de enjuiciamiento constitucional aplicable –adverar que se trata de una interpretación posible, en cuanto razonable y por ello previsible–, la vulneración del derecho a la legalidad penal aducida por la recurrente debe descartarse. La comprensión del delito cuestionada como una interpretación extensiva no extravasa el tenor literal de la norma ni utiliza métodos no aceptados en los medios jurídicos ni se sustenta en una base axiológica inconstitucional.
12.2.4.2 Subsunción en sentido estricto.
Desde su particular comprensión de cuáles son los hechos que determinan la condena por delito de sedición, la recurrente mantiene que es fruto de una aplicación analógica o extensivain malam partem, que obedece a una interpretación novedosa del tipo penal que se le aplica retroactivamente. En concreto, sostiene que no consta acreditado el elemento subjetivo del delito de sedición, que su actuación tuviera «la finalidad de impedir mediante un alzamiento tumultuario la práctica de una diligencia judicial», lo que pone en relación con la ausencia de una conducta activa materializada de forma generalizada, que entiende precisa para apreciar el alzamiento. No lo son, advierte, las manifestaciones públicas contra el orden constitucional, ciertas decisiones judiciales o la actuación policial, o acudir a votar como manifestación de los derechos a la libertad ideológica y de expresión y de participación política. Añade a esa denuncia la alegación de que se vulnera su libertad de expresión e ideológica cuando se concede relevancia típica a un tuit.
Antes de analizar la sostenibilidad de lo argumentado, conviene puntualizar que, si bien la recurrente no cuestiona aquí la interpretación del delito, sino la concreta subsunción de los hechos y su conducta en el delito de sedición, lo hace insistiendo implícitamente en la necesidad de apreciar violencia activa generalizada como elemento típico delimitador del delito de sedición en relación con el derecho de reunión. La respuesta a estas alegaciones debe partir de las consideraciones anteriormente efectuadas sobre la compatibilidad con los derechos de reunión y a la legalidad penal (arts. 21 y 25.1 CE) de la interpretación del delito de sedición efectuada por el Tribunal Supremo, que no requiere dicha violencia. Resulta descartable desde un principio que el entendimiento del que parte el órgano judicial de la conducta típica «alzamiento tumultuario» y del medio comisivo de actuación «fuera de las vías legales» como exigentes de una abierta hostilidad resulte un concepto sorpresivo por imprevisible. Decae así la premisa sobre la que en gran medida se construye la queja sobre la imprevisibilidad de la subsunción, esto es, un entendimiento distinto del tipo penal aplicado que exige violencia.
A esta inicial consideración general, hay que añadir las siguientes sobre los concretos aspectos de la subsunción cuestionados, sin olvidar que la garantía de tipicidad se quiebra cuando la conducta enjuiciada, la ya delimitada como probada en la resolución judicial y no la que considera acreditada la demandante, es subsumida de un modo irrazonable en el tipo penal que resulta aplicado.
a) Elemento subjetivo: actuación orientada a impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El órgano judicial afirma la decisión inequívoca y deliberada de la recurrente de participar en el pulso al orden constitucional, que incluía la movilización de la ciudadanía alentada a impedir el normal desenvolvimiento de la actuación judicial o el incumplimiento de la orden que prohibía la celebración del referéndum, «aun a riesgo de propiciar un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad el Estado». Y lo hace desde el hecho probado de su inclusión en una estrategia común en la que los miembros del Govern, la presidenta del Parlament y los líderes de las organizaciones civiles asumen roles distintos, todos ellos orientados a conseguir la efectiva celebración el referéndum, frustrando la prohibición acordada, y en relación con diversos hechos extraídos del relato fáctico, que se desgranan en el tantas veces citado apartado 1.6 del fundamento de Derecho C), que constituyen su particular aportación al delito. Asimismo, en las consideraciones previas a la realización de los juicios individualizados de autoría, la Sala sostiene expresamente que los comportamientos lesivos para el orden público eran de previsibilidad adecuada a la falta de una estrategia mínimamente prudente para evitarlos, existiendo, además, contundentes informes técnicos de los responsables policiales.
Hay que recordar que la demandante fue condenada en virtud del art. 545 CP, que castiga a quienes «hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores»; siéndole apreciado, además, el subtipo agravado que en la norma citada se recoge, por tratarse de una «persona constituida en autoridad». Como ya hemos manifestado frente a alegaciones de análogo significado planteadas por otros miembros del Govern condenados como autores de un delito de sedición, la sentencia impugnada anuda su responsabilidad «a una actuación realizada de consuno por varios acusados que, con su proceder respectivo, generaron o incrementaron el riesgo de inaplicación de las leyes y el incumplimiento de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, de suerte que a todos los acusados mencionados les son imputables los actos hostiles y episódicamente violentos que se desencadenaron, dada la relación existente entre estos incidentes y la actuación precedente de aquellos» (SSTC 91/2021, FJ 11.4.3.1, y 106/2021, FJ 11.4.3.1). La vinculación de la demandante con esos eventos se funda en la existencia de una acción concertada en la que participó, conforme a una estrategia de favorecimiento de la movilización de los ciudadanos, que fue diseñada a modo de instrumento efectivo de oposición a la vigencia de las leyes y al cumplimiento de los mandatos judiciales, con la finalidad de organizar un referéndum que fue declarado contrario a la Constitución por este tribunal. En el individualizado «juicio de autoría» relativo a la demandante [fundamento de Derecho C) 1.6], se detallan las circunstancias por las que se la considera autora del delito de sedición, que reflejan la activa promoción que llevó a cabo del referéndum y su contumaz oposición, como miembro del Govern, a que la normativa vigente fuera efectivamente aplicada.
Frente a la razonabilidad de la apreciación del elemento subjetivo que muestran esos argumentos, la recurrente se limita a defender que no puede concluirse que su conducta se encaminara a impedir mediante un alzamiento tumultuario la práctica de una diligencia judicial, pues solo consta su voluntad de celebrar el referéndum. Exposición que obvia, hay que insistir, su concierto con el resto de acusados para llevar adelante su programa político, en el que el referéndum se presenta como hito fundamental y, por ello, como objetivo que se persigue tanto mediante la producción normativa y el apoyo financiero y logístico como mediante la movilización social, su conocimiento de la prohibición de tal celebración y del efecto promotor de la desobediencia a tal prohibición que incorpora y anima su conducta de activa promoción (también organizativa) del referéndum, con previsibilidad del acaecimiento de comportamientos lesivos, a lo que no obsta que su actuación estuviera también orientada a facilitar el voto.
b) Elemento objetivo: existencia de un alzamiento tumultuario.
Con mayor extensión rechaza la recurrente que existiera un alzamiento tumultuario, pues, según expone, no lo eran las manifestaciones del 20 de septiembre, con incidentes menores que no pueden atribuírsele y que no impidieron la actuación judicial, ni la convocatoria a votar el 1 de octubre, donde solo hubo resistencia pasiva, situando esas concentraciones como ejercicio del derecho de reunión en relación con las libertades de expresión e ideológica y el derecho de participación política. De nuevo debemos pronunciarnos en el mismo sentido que en ocasiones anteriores frente a argumentos equivalentes o, incluso, idénticos (SSTC 91/2021, FFJJ 11.4.3.1.2 y 11.4.3.2; 106/2021, FFJJ 11.4.3.1.2 y 11.4.3.2; 121/2021, FJ 12.4.3, y 122/2021, FJ 10.2.3.2).
a) Sobre lo ocurrido el 20 de septiembre de 2017, coincidimos con la recurrente cuando afirma que no todos los que acudieron a las inmediaciones de la sede de Consellería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda (unas 40 000 personas) actuaron para impedir el desarrollo de la diligencia judicialmente acordada. Tampoco dice lo contrario la sentencia, puesto que en el apartado 9 del relato fáctico no se afirma que la totalidad de los allí reunidos tratara de impedir el cumplimiento de la resolución judicial (se relata que «coexistían gritos reivindicativos, contrarios a la presencia de la comisión judicial y actos lúdicos, algunos espontáneos, otros promovidos por los organizadores»). Sin embargo, en ese apartado sí se refleja con nitidez que esa movilización perturbó el normal desenvolvimiento de la diligencia judicial que debía ser realizada, hasta el extremo de que se impidió la introducción de los detenidos en el edificio a registrar y de que la letrada de la administración de justicia solo pudo abandonar el lugar del registro «infiltrándola entre los espectadores que abandonaban el teatro sito en el inmueble colindante al que hubo que acceder desde la azotea de los edificios», mientras que la fuerza actuante, (miembros de la Guardia Civil) «solo pudieron salir cuando la manifestación ya se hubo disuelto, haciéndolo concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 de la madrugada del día 21 de septiembre y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha». Así como queda reflejado en la sentencia cuál era el propósito perseguido con la convocatoria, el preeminente papel desempeñado por dos de los acusados, el señor Sànchez y el señor Cuixart, quienes claramente exteriorizaron la finalidad que perseguían, tanto al promover la movilización como al ejercitar funciones de dirección. Asimismo, en el relato histórico se describen los incidentes que se produjeron con ocasión de los registros en el domicilio de don José García Fuentes, en la sede del departamento de Exteriores y en las naves sitas en la urbanización «Can Barris», que también perturbaron y entorpecieron su normal desarrollo.
La secuencia de acontecimientos a que se ha hecho mención denota que, en contra de lo sostenido, el día 20 de septiembre no solo tuvo lugar una manifestación de personas que ejercieron un derecho fundamental. Es perfectamente posible, hemos de insistir en ello, que muchos de los allí presentes se limitaran a participar en un acto de protesta. Pero, con sujeción a lo narrado en la sentencia, otros individuos realizaron actos idóneos para impedir el normal desenvolvimiento de la diligencia judicial, a los que la demandante alude como «incidentes aislados relativos a los vehículos policiales»; aunque, como se explica en la sentencia, su comportamiento no solo produjo esos desperfectos. El tipo penal de sedición no requiere la implicación de un elevado número de alzados, siempre que sea considerable, ni que estos últimos actúen en un contexto absolutamente desvinculado de manifestaciones o reuniones cuyo propósito sea reivindicativo o de protesta. Por ello, es perfectamente posible que en una congregación multitudinaria algunos de los intervinientes lleven a cabo actos constitutivos del referido delito, que es lo que la Sala pone de manifiesto, aunque no se pueda discriminar quiénes o cuántos de los participantes actuaron de ese modo, lo cual resulta comprensible si se tienen en cuenta las circunstancias acontecidas.
A la vista de lo expuesto, hemos de indicar que, pese a los esfuerzos dialécticos de la recurrente para restar valor incriminatorio a lo ocurrido durante la realización de los registros acordados judicialmente, el relato histórico es concluyente al reflejar los incidentes acontecidos durante la realización de esas diligencias. Y teniendo en cuenta el tenor del precepto aplicado (art. 544 CP) y la naturaleza jurídica de «delito de resultado cortado» que le atribuye el órgano sentenciador, desde la perspectiva en que se sitúa este tribunal, debemos colegir que la consideración de que esos incidentes constituyen un alzamiento tumultuario, dada la hostil obstaculización por los congregados, y fueron ejecutados para impedir el desarrollo de lo acordado judicialmente, en consonancia con una estrategia previamente concordada, no incurre en ninguno de los déficits que conforme a nuestra doctrina supondrían una quiebra del principio de taxatividad en la aplicación de la norma penal.
b) En relación con la jornada del 1 de octubre, la parquedad con que se describen los hechos acaecidos en el apartado 12 de los hechos probados no implica que se haya omitido la consignación de los datos imprescindibles para poder calificar los hechos como un delito de sedición. La sentencia de la que trae causa el presente recurso contempla la activa promoción del referéndum, por parte de la demandante y otros acusados, y el llamamiento a la ciudadanía para que participara en la consulta. También refleja el contenido esencial del auto dictado por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 27 de septiembre de 2017, que ordenaba a las fuerzas policiales que llevaran a cabo una serie de actuaciones para impedir que la votación programada para el 1 de octubre de 2017 tuviera lugar. Asimismo, detalla el comportamiento desplegado, en concreto, por la demandante en relación con lo ordenado por la referida resolución judicial.
Tal y como se indica en el reiterado apartado, hubo dos escenarios diferenciados. En la mayoría de los casos, «la actuación de grupos compactados de personas que protegían el centro y que se negaban de forma rotunda a acatar la orden judicial de la que eran informados por los binomios de los Mossos comisionados», dio lugar a que estos desistieran de cumplir la referida orden, ante la imposibilidad de vencer la resistencia de esas personas agrupadas. En relación con la intervención de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se describe otra secuencia distinta: «[a]nte la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a la entrada de los centros, los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista. El enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la autoridad derivó en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa». Finalmente, se afirma que «a primeras horas de la tarde, dado que el uso de la fuerza podría devenir desproporcionado, los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil recibieron órdenes y se vieron irremediablemente forzados a declinar su propósito inicial».
Los acontecimientos narrados reflejan que, desde el poder público autonómico, se había promovido la celebración del referéndum y facilitado que el mismo pudiera llevarse a cabo, con una participación, estimada por el entonces jefe policial de los Mossos d"Esquadra, de unos dos millones de personas. Así pues, teniendo en cuenta los acontecimientos precedentes y la naturaleza del delito de sedición, cabe colegir que, pese a la brevedad de detalles que la sentencia ofrece respecto de los enfrentamientos producidos, el relato histórico consignado en la sentencia alcanza el umbral exigido para considerar adecuada, desde la perspectiva del art. 25.1 CE, la subsunción de los hechos en la norma penal de aplicación.
El alegato de que solo se emplearon técnicas de resistencia no violenta, que no pueden configurar un «alzamiento», debe decaer, pues ignora que el escenario descrito en los hechos probados dista de ser un simple ejercicio de no violencia o, incluso, un simple enfrentamiento con la policía. La sentencia impugnada refleja que la multitud de personas a la que alude asumió un protagonismo activo para que la votación pudiera llevarse a cabo en los centros habilitados para ello; y ese protagonismo se exteriorizó de dos maneras diferentes: haciendo ostensible la inutilidad de emplear la fuerza para cumplimentar la orden judicial, ante el decidido empeño de persistir en el designio de no acatar lo ordenado; o bien mediante el enfrentamiento directo con los policías nacionales y guardias civiles.
No se pone en cuestión lo afirmado por la demandante, cuando refiere que el propósito de los que participaron en la movilización ciudadana fue votar, máxime si se tiene en cuenta que un número elevado de ciudadanos consiguió su objetivo. Sin embargo, vistos los factores concurrentes que el relato de hechos probados recoge, ese propósito se antoja perfectamente compatible con los fines del delito de sedición. Debe advertirse que para el tribunal sentenciador ese dato no ha sido el único elemento determinante de la apreciación de ese delito. Para dicho órgano, las decisiones del Tribunal Constitucional que privaron de soporte jurídico al desarrollo del denominado «referéndum», lo ordenado en la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia ya mencionado y el despliegue de las fuerzas policiales para garantizar el cumplimiento del mandato judicial, datos estos conocidos por la demandante, constituyen un cúmulo de factores que convergen con la efectiva movilización ciudadana para votar, de manera que los enfrentamientos y actos de oposición a que se refiere la sentencia no resultan ajenos al «alzamiento público y tumultuario» y al empleo de fuerza o utilización de vías extralegales para, precisamente, impedir la eficacia de lo acordado por los tribunales.
De acuerdo con lo expuesto, cabe concluir que la recurrente sustenta la denuncia de aplicación analógica peyorativa en gran medida en su particular entendimiento de las exigencias típicas del delito de sedición y de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para subsumir su conducta en tal delito, que, sin embargo, tanto en uno como en otro caso, distan de ser las que el tribunal sentenciador refleja en sus resoluciones. Por el contrario, en la sentencia impugnada no existe una interpretación del delito de sedición ni una subsunción de la conducta de la recurrente en ese tipo penal irrazonable y, por ello, determinante de una condena imprevisible, de modo que la conclusión no puede ser otra que la de desestimar la denuncia de vulneración del derecho a la legalidad penal en este punto.
c) Desestimación de las alegaciones de vulneración de la libertad de expresión e ideológica y de aplicación retroactiva de un cambio jurisprudencial.
Dos consideraciones finales abundan asimismo en el rechazo de la pretendida vulneración del art. 25.1 CE por la calificación de la conducta de la demandante como delito de sedición.
(i) La condena de la recurrente no se debe a la emisión de un tuit, manifestación de sus libertades de expresión e ideológica, como denuncia de forma extremadamente parcial respecto al relato global de los hechos. No es objeto de castigo penal la manifestación que realiza en él: «¡defendamos la democracia! Defendamos la libertad y el mandato de los catalanes. ¡Ahora hacia el departamento a trabajar como siempre! afersssocialscat», ni la ideología que anima tal llamamiento. La referencia a ese tuit no lo es como actuación típica de sedición, como sostiene la demandante; se trata de un dato indiciario de su compromiso y contribución al plan global tantas veces descrito y su acción de aliento a la participación y la movilización social. Considerar que sobre él se asienta la condena como elemento típico resulta inaceptable a la vista de los razonamientos repetidos del tribunal sentenciador, que insiste en separar la legitimidad de la defensa de una opción política o la discrepancia con las leyes y las decisiones judiciales, también cuando se exterioriza mediante la protesta, actuaciones que no pueden ser objeto de reacción penal, del «ataque concertado a las bases constitucionales del sistema, valiéndose para ello de una multitud de personas convocadas para obstaculizar el ejercicio de la función jurisdiccional y que son movilizadas para hacer posible una votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
Como declaramos en la STC 122 /2021, de 2 de junio, FJ 11.4.2.2, «ni en nuestro sistema constitucional ni en nuestro ordenamiento jurídico existe prohibición o limitación alguna para sostener tesis independentistas en los distintos territorios del Estado, ni para constituir partidos políticos que acojan un ideario independentista y concurran a las elecciones, ni para su expresión pública individual o colectiva. Así lo atestigua la propia existencia de un movimiento independentista catalán apoyado por sectores amplios de la sociedad catalana y vinculado a los partidos políticos que detentan el gobierno autonómico, que ejerce su libertad de expresión y de reunión en defensa de sus postulados ideológicos sin cortapisas, evidenciando que tal ideología no es objeto de persecución ni de trato discriminatorio de ninguna índole, ni por el Tribunal Supremo ni por ninguna otra instancia judicial o poder público del Estado».
(ii) Debe desecharse asimismo la apelación de la demandante a un cambio interpretativo sorpresivo como origen de la consideración de los hechos como delito de sedición que, con anterioridad, no serían considerados típicos. Más allá de esa afirmación, no se ofrece dato alguno sobre ese alegado cambio de criterio jurisprudencial, hasta el punto de que ni siquiera se identifica el pretendido contenido cambiante. No puede acogerse esa alegación en tanto que vacía, sin necesidad de mayores disquisiciones sobre la aplicación o no a los cambios interpretativos peyorativos de las garantías del art. 25.1 CE y con el solo recordatorio de que la Sala descarta específica y razonadamente que los hechos enjuiciados relativos al referéndum de 2017 sean comparables con los atinentes a la consulta del 9 de noviembre de 2014, que fueron calificados como desobediencia.
Debe aclararse, por último, que no es cierta la afirmación vertida en el recurso de que la sentencia prescinde del concepto de alzamiento acuñado por su propia jurisprudencia y lo sustituye por el concepto de «desobediencia tumultuaria, colectiva y acompañada de resistencia o fuerza», pues la resolución, en el punto indicado en la demanda (pág. 396), se limita a recordar que «la sedición no es otra cosa que una desobediencia tumultuaria, colectiva y acompañada de resistencia o fuerza». La queja transmuta así la definición del tipo con una interpretación que prescinde del elemento de alzamiento, desconociendo, por lo demás, la admisibilidad de considerar que ese tipo de desobediencia reúne las notas de un alzamiento sedicioso.
12.3 Proporcionalidad de las penas y ejercicio de derechos fundamentales.
12.3.1 Posiciones de las partes.
Todavía como queja atinente a la condena de la demandante por sedición se afirma en el motivo decimoquinto el atentado contra el principio de proporcionalidad fruto de la pena impuesta, lesivo del derecho a la legalidad penal en relación con el derecho a la libertad (arts. 25.1 y 17 CE).
Se cuestiona en primer lugar la concreta desproporción de la pena que se le ha impuesto, doce años de prisión, que no refleja la menor gravedad de la conducta, como pondría de manifiesto que es la pena prevista para un homicidio y, en el caso, «no hubo violencia, ni se produjeron lesiones graves ni daños, ni, por supuesto, se esgrimieron armas, y cuando pudo darse cumplimiento al mandato judicial de incautar el material electoral del referéndum del 1 de octubre».
Pero también se aduce que la pena impuesta es desproporcionada en sentido amplio, porque de ella se derivan más perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto que beneficios, en particular, sobre los derechos fundamentales de reunión y de manifestación. A ello se une, según la demandante, que la pena no era necesaria por existir otros instrumentos menos gravosos, como es la previsión del art. 36.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de seguridad ciudadana, que atiende a formas de obstrucción no encajables en el art. 544 CP, o la modalidad delictiva atenuada del art. 547 CP, dado que se dio cumplimiento al mandato judicial. El carácter desproporcionado de la pena impuesta vendría confirmado por el examen de las previsiones análogas en derecho comparado, que prevén penas muy inferiores a la impuesta a la recurrente.
Es en el motivo decimosexto, cuando denuncia la contradicción con los derechos fundamentales de reunión, libertad de expresión, libertad ideológica y participación política de la interpretación del tipo penal de sedición y de su aplicación a los hechos probados por parte del Tribunal Supremo, que provoca una vulneración del principio de legalidad penal, donde argumenta que la condena resulta desproporcionada desde la perspectiva de la afectación a tales derechos. A su juicio, aun cuando se entendiera que los hechos enjuiciados supusieron alguna extralimitación en el ejercicio del derecho de reunión, resultaría igualmente contraria al principio de legalidad penal por desproporcionada la aplicación de una sanción penal cuyo mínimo penológico en el caso de autoridades es de diez años de prisión, dado que la movilización fue un ejercicio del derecho fundamental de reunión, que también abarca otros derechos como el de libertad de expresión, libertad ideológica y de participación política y los supuestos excesos no alcanzarían a desnaturalizarlo o desfigurarlo. En la medida en que los actos de protesta se enmarcaron en una movilización que pretendía presionar a los poderes públicos para hacer posible un cambio político, concluye, la imposición de una sanción penal por un tipo que lleva aparejada una pena mínima de diez años de prisión para quienes ostenten la condición de autoridad y que adolece de indeterminación provoca, en este caso, un claro efecto disuasorio del ejercicio del derecho de reunión y las libertades de expresión, ideológica y de participación en la actividad pública, vulnerando el principio de proporcionalidad en línea con lo sostenido en la STC 136/1999, de 20 de julio.
Sobre la proporcionalidad de la pena en abstracto, tras citar la STC 60/2010, el abogado del Estado opone que «[e]l "patente derroche de coacción" se alega por los condenados acudiendo a la comparación de la pena del delito de sedición con la de otros delitos contra el orden público pero no realiza sin embargo una comparación válida en la medida en que no se proyecta sobre las conductas concretas enjuiciadas ni la dimensión y alcance de las mismas, limitándose en consecuencia a un análisis teórico a espaldas de la realidad». Añade que, sobre esta cuestión, la propia sentencia razona las diferencias con otras figuras delictivas a las que se hace referencia en la demanda. De igual manera excluye la falta de proporcionalidad de la pena impuesta en concreto en tanto la pena del delito del artículo 545.1 CP es de diez a quince años, y la de malversación agravada, de seis a doce años, habiéndose podido imponer una pena privativa de libertad muy superior en aplicación de la regla para determinar la pena en el concurso medial del art. 77.3 CP.
El partido político Vox, tras una amplia cita de la STC 136/1999, de 20 de julio, rechaza que se haya impuesto a la demandante una pena desproporcionada, pues es autora de uno de los delitos más graves que recoge el Código penal contra el Estado, que afectaba a su unidad territorial, y lo es en tanto que miembro de un gobierno, sin que una pena inferior hubiera sido suficientemente desmotivadora a su entender.
También el fiscal niega la falta de proporcionalidad de la pena, tras recordar que, conforme a la jurisprudencia constitucional, solo cabrá considerar una norma penal como estrictamente desproporcionada cuando concurra un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa. Razona que «la norma persigue la preservación de bienes o intereses que no están constitucionalmente proscritos ni son socialmente irrelevantes, ni puede descartarse, dada la gran relevancia de los bienes jurídicos protegidos y los intereses a preservar que la pena no sea instrumentalmente apta para dicha persecución». Y destaca que la concreta condena no se debe solo a la autoría de la demandante, sino a su condición de autoridad. Apela también a la gravedad y trascendencia de las conductas que se sancionan, tanto en cuanto a la aplicación de la ley que se soslayaba como en cuanto al desprecio de las