Categoría: Judicial

a por conformidad del condenado, el mismo día se dictó auto de suspensión de la pena de prisión condicionada a la no comisión de otros delitos ni a incumplir la prohibición de aproximación durante dos años.
2. El 18 de junio de 2019, don DSO incumplió la prohibición de aproximación. El 19 de junio de 2019, el mismo Juzgado de Violencia sobre la Mujer volvió a condenarlo, esta vez por la comisión de un delito de quebrantamiento de condena, a la pena de cuatro meses de prisión. La sentencia devino firme el mismo día de su dictado por la conformidad del acusado. También el mismo día, con la conformidad de la recurrente, se dictó auto de suspensión de la condena, que se sometió a las mismas condiciones que el auto de 5 de junio de 2019.
3. El 25 de julio de 2019, don DSO llevó a su hijo de once años al que había sido el domicilio familiar y, presuntamente, lo mató a puñaladas para, seguidamente, suicidarse.
4. El 23 de octubre de 2019, la recurrente planteó demanda para la declaración de error judicial imputable a la resolución de suspensión de la condena de 19 de junio de 2019 del juzgado de violencia citado. En la demanda, la recurrente consideró que el plazo de tres meses para la solicitud de declaración de error judicial previsto en el art. 293 LOPJ debía empezar a correr desde el 25 de julio de 2019, esto es, desde la muerte de su hijo.
5. El 25 de junio de 2020, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó auto que inadmitió la demanda de error judicial por extemporánea al considerar, en aplicación del mismo precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el plazo debía computarse desde el dictado de la resolución de 19 de junio de 2019 que se reputa errónea.
6. Frente al auto de 25 de junio de 2020 se ha presentado recurso de amparo sin plantear previo incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ.
II. La exigencia de interposición del incidente de nulidad para agotar la vía judicial.
Entendemos, como lo entienden también el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, que el recurso de amparo era inadmisible y que lo era de manera evidente, por incumplimiento del requisito de agotar todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC]. En este caso, el incidente de nulidad de actuaciones previsto y regulado en el art. 241 LOPJ, que ha cobrado especial relevancia, como es sabido, tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Debió, en consecuencia, acogerse este óbice, alegado, repetimos, por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
No está en cuestión que el recurso de amparo es un remedio estrictamente subsidiario y que ello exige agotar los recursos (y remedios) judiciales ordinarios (y extraordinarios) disponibles según las normas procesales antes de acudir al amparo. No está tampoco en cuestión que cuando la infracción de un derecho fundamental se imputa de manera precisa a una resolución frente la que no cabe recurso, como sucedía precisamente en el presente caso, el cumplimiento del principio de subsidiariedad aplicable al amparo exige que la vía judicial se agote mediante el planteamiento de un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ. Esta es nuestra doctrina constante, cuyo incumplimiento determina la inadmisión cotidiana de numerosos recursos de amparo.
No estando en cuestión nada de lo anterior, la sentencia de la que discrepamos ha considerado, sin embargo, que el cumplimiento del requisito del agotamiento de los recursos o remedios disponibles en la vía judicial era dispensable en el presente caso porque podía ser «dudoso» que fuese exigible la interposición del incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ. Entendemos que el supuesto en modo alguno es «dudoso», por las razones que pasamos a exponer.
Según el argumento de la sentencia, la «duda» radicaría en que la argumentación de la recurrente relativa al objeto del recurso en sí mismo ya incluía que el daño se correspondía con el momento de la muerte de su hijo. Al ser rechazado ese argumento que, al parecer, y por haber sido ya cuestión discutida, podría ser considerado una suerte de «denuncia previa», ello excluiría la necesidad de plantear el incidente de nulidad.
Insistimos en que, a nuestro juicio, ese argumento no es aceptable. El objeto y objetivo del recurso o del incidente de nulidad contra la resolución que se reputa lesiva de un derecho fundamental es dar la oportunidad de que la lesión se repare en la propia vía judicial, incluso por el propio juez o tribunal que se considera infractor cuando es él precisamente el autor de la supuesta infracción (así sucede con el incidente de nulidad).
Tan gráfico es en este punto el art. 241.1 LOPJ, que allí se alude literalmente como objeto de incidente de nulidad a infracciones «que no haya[n] podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso». Es secuencial o estructuralmente ilógico pretender que la denuncia de la infracción se ha producido antes que la propia infracción y por ello no puede admitirse que hubiese espacio alguno para la duda: la infracción se imputa a una única resolución dictada por el Tribunal Supremo, por lo que ante el Tribunal Supremo no se remediaban infracciones procesales producidas con anterioridad; la resolución no era recurrible; y no siéndolo, e imputándose la infracción a esa precisa resolución, el incidente de nulidad era ineludible para acudir al amparo. Como se razonó en los AATC 10/2010, de 25 de enero, y 41/2010, de 9 de abril, «la eventual vulneración del derecho de acceso al recurso tiene su origen inmediato y directo en dicho auto y no en otra resolución anterior, por lo que es indubitada la necesidad de interposición del incidente de nulidad de actuaciones para un correcto agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo».
En realidad, el argumento para eludir el debido incidente de nulidad ni tan siquiera se corresponde con el contenido de la demanda sobre la cuestión deldies a quo.La demandante se limita a indicar que: «conceptúa la fecha en que tuvieron lugar “las lamentables consecuencias, de lo que por esta parte se consideran (sic) un grave error judicial”, esto es la del día 25 de julio de 2019, en que tuvieron lugar los luctuosos hechos anteriormente descritos, como la deldies a quodel cómputo del plazo para el ejercicio de la acción». Nada dijo ni razonó en su demanda de error judicial ante el Tribunal Supremo acerca de que la inadmisión de su demanda le vulneraría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ni se hizo ninguna invocación anticipada relativa a la vulneración de un derecho fundamental.
En definitiva, el argumento de la sentencia de la que discrepamos confunde de manera clara e insalvable el objeto y objetivo de la demanda de error (examinar y declarar si ha habido error, qué error y desde cuándo puedo accionarse para que fuese declarado) con el del incidente de nulidad (dar la oportunidad al órgano judicial para reparar una supuesta infracción constitucional que es obvio que no podía existir cuando se formuló la demanda).
Cabe señalar también que, al margen de que el criterio aplicado en el presente caso en la sentencia para descartar el óbice de falta de agotamiento de la vía judicial se aparte de la doctrina que se dice aplicar y de que consideremos que su justificación no resulta aceptable, entendemos que es igualmente inconveniente por contraproducente. Ello es algo que, a nuestro juicio, hace no solo posible, sino necesario, este voto particular.
Ciertamente, el caso es especialmente doloroso, de un dramatismo innegable, y sin duda ello puede explicar la singularidad de la decisión adoptada, obviando la exigencia de agotamiento de la vía previa. Consideramos que ello puede comportar la confusión de los operadores jurídicos. Entendemos que es preferible que se tome nota de que la sentencia de la que discrepamos constituye un caso singular que no genera una nueva doctrina en relación con la exigencia de formular incidente de nulidad, en su caso, para agotar la vía judicial antes de acudir al amparo constitucional. Dicho de una manera más sintética, no cabe esperar que este tribunal, en situaciones en las que el recurrente «anticipe la denuncia» ante infracciones no producidas (una suerte de «denuncia preventiva»), vuelva a considerar que la situación es «dudosa» y exima a los recurrentes de la carga de agotar los recursos y remedios procesales una vez que la supuesta infracción del derecho fundamental sí se haya producido realmente.
III. Inexistencia de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en el auto impugnado en amparo.
Nuestra discrepancia con el indicado punto de la sentencia, que debió conducir a su inadmisión en un inicio, y ahora a su desestimación, sería suficiente para relevarnos de la necesidad de expresar igualmente nuestro reparo respecto de la respuesta que se da al fondo de la cuestión planteada en el recurso de amparo. Quede indicado, ello no obstante, que aún en la hipótesis de que, en atención a las singulares circunstancias del caso, hubiera sido posible salvar la exigencia de interposición del incidente de nulidad para entender correctamente agotada la vía judicial, la conclusión no podría haber sido otra, a nuestro parecer, que la desestimación del recurso de amparo, pues no cabe apreciar que exista la pretendida lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente de acceso a la jurisdicción, que se imputa al auto impugnado.
La sentencia de la que discrepamos, apelando insistentemente a las ciertamente tristes circunstancias del caso, afirma, para estimar la queja de la recurrente y otorgarle el amparo, que el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo impugnado «incurrió en una interpretación excesivamente formalista» de lo dispuesto en el art. 293.1 a) LOPJ sobre el inicio del cómputo del plazo de caducidad de tres meses para la presentación de la demanda por error judicial, vulnerando con ello el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de acceso a la jurisdicción.
No podemos compartir esta conclusión, que no se acomoda al canon de control constitucional que impone nuestra consolidada doctrina, de la que la sentencia se aparta.
Como es sobradamente sabido, el núcleo principal del derecho fundamental a la tutela judicial proclamado por el art. 24.1 CE consiste en el acceso a la jurisdicción, vale decir a la obtención de una primera respuesta de los órganos judiciales, siendo precisamente en este supuesto donde el principio hermenéuticopro actione(interpretación en el sentido más favorable de las normas procesales que rigen el acceso a la justicia) presenta relevancia constitucional (entre otras muchas, SSTC 207/1998, de 26 de octubre, FJ 3; 205/1999, de 8 de noviembre, FJ 7; SSTC 61/2000, de 13 de marzo, FJ 3; 260/2000, de 30 de octubre, FJ 2, y 3/2001, de 15 de enero, FJ 5). De esta forma, cuando del acceso a la jurisdicción se trata, el art. 24.1 CE no solo excluye resoluciones judiciales arbitrarias, irrazonables o viciadas de error patente, sino que también excluye la interpretación judicial de las causas legales de inadmisión de las demandas de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que esas causas legales preservan y los intereses que se sacrifican (por todas, SSTC 158/2000, de 12 de junio, FJ 5; 160/2000, de 12 de junio, FJ 2, y 224/2001, de 26 de noviembre, FJ 3).
Pues bien, ninguno de esos vicios puede ser imputado al auto del Tribunal Supremo recurrido en amparo. El derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de acceso a la jurisdicción, no excluye una respuesta judicial de inadmisión, como ha advertido la misma jurisprudencia constitucional citada. Este derecho exige una interpretaciónpro actionede los requisitos procesales, pero no que estos se interpreten necesariamente en favor de la tesis del justiciable, forzando la literalidad y el sentido propio del precepto legal.
La determinación deldies a quodel cómputo del plazo de caducidad para el ejercicio de una acción es una cuestión de estricta legalidad ordinaria y así lo ha expresado la doctrina de este tribunal cuando ha afirmado que «constituye reiterada doctrina de este tribunal que el cómputo de los plazos procesales es cuestión de mera legalidad ordinaria, atribuida, en principio, a los órganos judiciales en el ejercicio de la exclusiva potestad jurisdiccional que les atribuye el art. 117.3 CE. No obstante el tema adquiere dimensión constitucional cuando la decisión judicial sobre los plazos y su prescripción suponga la inadmisión, como en este caso, de un recurso, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un cómputo del plazo procesal en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria» (ATC 260/2000, de 13 de noviembre, con cita de las SSTC 1/1989, de 16 de enero; 32/1989, de 13 de febrero; 65/1989, de 7 de abril; 201/1992, de 19 de noviembre; 220/1993, de 30 de junio; 322/1993, de 8 de noviembre; 191/1997, de 10 de noviembre; 215/1997, de 27 de noviembre; 89/1999, de 26 de mayo, y 133/2000, de 16 de mayo, entre otras muchas).
Esa misma doctrina es la que este tribunal considera de manera específica en relación con los requisitos procesales de la acción de declaración de error judicial, incluidos los aspectos relativos a los plazos de caducidad (por todos, ATC 240/2001, de 26 de julio).
Siendo esto así, el auto impugnado en amparo interpreta el precepto legal aplicable («la acción judicial […] deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses a partir del día en que pudo ejercitarse»), en el sentido que viene haciéndolo la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo (Sala del art. 61 LOPJ y Sala Primera), que en este caso sería el auto de 19 de junio de 2019 del juzgado de violencia sobre la mujer que suspendió la sentencia de la misma fecha, de conformidad con las partes, quedando así suspendida la pena de prisión de cuatro meses impuesta a quien fuera cónyuge de la recurrente. No estamos ante una interpretación «excesivamente formalista» o rigorista de lo dispuesto en el art. 293.1 a) LOPJ sobre el inicio del cómputo del plazo de caducidad de tres meses para la presentación de la demanda por error judicial, como afirma la sentencia de la que discrepamos (tampoco es una interpretación arbitraria, irrazonable o viciada de error patente), sino acomodada al entendimiento que de ese precepto viene haciendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El auto impugnado en amparo se ha limitado a aplicar un criterio constante (que se evidencia con la cita de precedentes que en él se contiene) en interpretación del art. 293.1 a) LOPJ, y lo que hace la sentencia de la que discrepamos es arrogarse una función casacional que no le corresponde a este tribunal, y que los arts. 117.3 y 123.1 CE han reservado al Tribunal Supremo.
Esta conclusión se hace tanto más evidente cuando se considera que la sentencia de la que discrepamos confunde la causa del error con su posibles efectos o contingencias futuras. La causa del error judicial se manifiesta en la resolución que lo comete y no cabe identificarla con sus eventuales consecuencias dañosas. Si la parte considera que la decisión judicial es intrínsecamente errónea, debe plantearlo tras conocerla en el plazo legal. El error no puede sobrevenir por circunstancias posteriores extrínsecas a la decisión judicial, que no tienen como causa eficiente directa la resolución a la que se atribuye el error y, derivadamente, el daño producido. Más allá, sin embargo, de que consideremos que efectivamente se produce esta confusión, lo cierto es que se trata de una confusión en interpretación de la legislación ordinaria que ninguna relación guarda con las previsiones constitucionales, lo que vuelve a confirmar que la sentencia se adentra y posesiona del terreno propio de la jurisdicción ordinaria.
A nuestro juicio, el criterio de fondo que se ha aplicado en la sentencia corre parejo al que se ha utilizado para dar respuesta al óbice procesal que se ha descartado en primer lugar: de la misma forma que, para desechar el óbice procesal, se ha incurrido en un tratamiento singular que ha dispensado a la recurrente del cumplimiento de los requisitos procesales de acceso al recurso de amparo comúnmente exigidos, ese mismo tratamiento singular se ha trasladado a la admisión de la demanda de error judicial, para la que la recurrente se verá también singularmente dispensada de cumplir con los requisitos procesales que, de manera general, resultan de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para el común de los reclamantes.
Madrid, a veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.–Enrique Arnaldo Vargas.–Concepción Espejel Jorquera.–José María Macias Castaño.–Firmado y rubricado.
Con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el presente voto particular para exponer las razones de mi discrepancia con la fundamentación y el fallo de la sentencia recaída en el recurso de amparo núm. 3835-2020, el cual a mi juicio debió ser inadmitido por falta de agotamiento de la vía judicial al no haber promovido la actora el preceptivo incidente extraordinario de nulidad de actuaciones contra el auto de 25 de junio de 2020 [arts. 44.1 a) LOTC y 241.1 LOPJ].
Sobre la exigencia del incidente de nulidad de actuaciones:
1. La sentencia sostiene que en tanto la demanda de error judicial consideró que el momento inicial del plazo de caducidad de tres meses que prevé el art. 293.1 a) LOPJ era la fecha en que se produjo el hecho luctuoso que describe y, como dicha tesis fue desestimada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no era exigencia inexcusable la presentación del incidente de nulidad.
2. De la lectura de los antecedentes del caso debe extraerse la conclusión que no existió un debate –anticipado– que cuestionara la consolidada interpretación deldies a quopara la interposición de la demanda de error judicial que venían efectuando las diferentes salas del Tribunal Supremo, menos aún si dicha interpretación vulneraba el derecho de acceso a la jurisdicción de la recurrente. Ninguna referencia existe en los fundamentos de derecho de la demanda al plazo de interposición de la misma. Tampoco el Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado argumentaron sobre ello.
3. Por otra parte, aunque ese debate sí hubiera existido –que no existió–, conforme a la finalidad de la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007 del art. 241.1 LOPJ y nuestra aquilatada doctrina –que debe preservarse por evidentes razones de seguridad jurídica pese a la realidad trágica que subyace a la interposición de la demanda de error judicial– hubiera seguido siendo exigible el incidente de nulidad de actuaciones, salvo que se incurra en una confusión conceptual entre el objeto de la demanda de error judicial y el objeto de cognición propio y autónomo del incidente de nulidad de actuaciones.
4. Tras la reforma de la Ley Orgánica 6/2007 del art. 241 LOPJ, la doctrina constitucional estableció que debía interponerse el citado incidente frente a las resoluciones que causan la vulneración del derecho fundamental por primera vez, con independencia de que se hubiera podido alegar y debatir previamente la existencia de la vulneración del derecho (AATC 10/2010, 41/2010 y 200/2010).
5. La reforma citada articula el incidente de nulidad de actuaciones como un mecanismo impugnatorio especial, dotado de un objeto de cognición propio, autónomo y limitado: «Lo que se le pide en estos casos al órgano judicial autor de la resolución cuestionada, es que examine y resuelva sobre la vulneración del derecho fundamental que se achaca a esta última (no a ninguna otra resolución), a la luz de los concretos razonamientos contenidos en sostén de la decisión adoptada, y para dar así respuesta en el auto resolutorio a los motivos de impugnación específicos que haya vertido el afectado en su escrito de solicitud de nulidad.» (ATC 200/2010, de 21 de diciembre, FJ 2).
6. La finalidad del legislador orgánico fue reforzar el carácter subsidiario del proceso constitucional de amparo, así lo indicó en la exposición de motivos al señalar: «De este modo se introduce una configuración del incidente de nulidad de actuaciones mucho más amplia, porque se permite su solicitud con base en cualquier vulneración de alguno de los derechos fundamentales referidos en el artículo 53.2 de la Constitución en lugar de la alegación de indefensión o incongruencia prevista hasta el momento. Esta ampliación del incidente de nulidad de actuaciones previo al amparo busca otorgar a los Tribunales ordinarios el papel de primeros garantes de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico».
7. Es por ello que tras el art. 241 LOPJ este tribunal indicó que, a efectos de la adecuada formalización de la demanda de amparo, «es necesario para un correcto agotamiento de la vía judicial previa la interposición del incidente de nulidad para denunciar cualquier derecho fundamental que se considere vulnerado siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer la resolución que ponga fin al proceso y que dicha resolución no sea susceptible de recurso» (ATC 41/2010, de 9 de abril, FJ único), y ciertamente, en este caso, la supuesta vulneración no pudo ser denunciada hasta que se dictó el auto de 25 de junio de 2020 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
8. La sentencia de la que discrepo se aparta de la doctrina del Tribunal e introduce una situación de incertidumbre sobre la propia exigencia del incidente de nulidad de actuaciones, pues de interpretarse del modo en que lo hace la sentencia nunca se cumpliría con el presupuesto legal para la procedencia del incidente, esto es, que la lesión «no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso», por lo que devendría inaplicable el art. 241 LOPJ e inalcanzable el propósito introducido por la Ley Orgánica 6/2007.
Por lo expuesto, debió inadmitirse el presente recurso.
Y en este sentido emito el presente voto particular.
Madrid, a veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.–César Tolosa Tribiño.–Firmado y rubricado.