Categoría: Economía y Empleo

Los servicios públicos constituyen una garantía para la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Para poder prestar unos servicios públicos de calidad, se hace necesario contar con el capital humano que, gracias a su compromiso y vocación de servicio público, satisface las demandas y expectativas de la ciudadanía.
Disponer de empleadas y empleados públicos profesionalizados es una condición necesaria para dar respuesta a las necesidades de la población, para impulsar la actividad económica y para promover la cohesión territorial y social. Además, en el momento actual, son el motor que hace posible la transformación de la Administración, impulsando la innovación y contribuyendo de forma decisiva a la transformación del conjunto de sectores del tejido productivo.
Partiendo de este reconocimiento a su profesionalidad, las Administraciones Públicas deben continuar incorporando personas cualificadas, motivadas y comprometidas con el servicio público. Un conjunto de empleadas y empleados públicos, con capacidad para dar soluciones rápidas a los nuevos desafíos y que contribuyan a prestar el servicio público, siempre orientado a la ciudadanía.
Y todo ello, en el marco de una adecuada planificación de recursos humanos que asegure un dimensionamiento suficiente de efectivos. La Administración del Estado ha iniciado en los últimos años el camino de creación de empleo neto que permita recuperar empleo público, mediante la aprobación de ofertas de empleo público con un importante volumen de plazas.
La planificación estratégica se configura como uno de los pilares que va a permitir alinear los objetivos estratégicos de la Administración con la política de recursos humanos, de forma que las necesidades de personal, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, tengan que venir determinadas por las propias políticas públicas.
En una sociedad como la actual, innovadora, abierta, plural e inclusiva, la oferta de empleo público se configura como la expresión de la planificación de efectivos en un marco plurianual para promover una adecuada prestación y atención de las necesidades de la ciudadanía.
La oferta de empleo público constituye un valioso instrumento para favorecer la entrada de nuevo talento a la Administración, puesto que, además de establecer el número de plazas a convocar y los perfiles necesarios, sirve para orientar el desarrollo y actualización de los procesos selectivos que de ella se deriven.
En este contexto, resulta fundamental dotar a las administraciones públicas de instrumentos potentes, capaces de atraer personas, actualizando y modernizando los procedimientos de selección y de captación de talento para reforzar y diversificar nuevas incorporaciones al servicio público.
Con estas premisas, la oferta de empleo público para 2022 se caracterizó, además de por su importante número de plazas, por la introducción de importantes medidas dirigidas a agilizar los procesos selectivos, a avanzar en la profesionalización de los órganos de selección, a democratizar el acceso al empleo público y a potenciar la promoción interna.
En este proceso, cabe destacar que una de las principales medidas ha sido la de acumular a las convocatorias derivadas de la oferta de empleo público 2022 todas las anteriores que no hubieran sido objeto de publicación. Esto ha permitido que el empleo público en la Administración del Estado contribuya al mercado de trabajo con la oferta, hasta este momento, de 28.814 plazas de turno libre, de distintos perfiles correspondientes a los ámbitos de administración general, docente no universitario, estatutario sanitario y de habilitación de carácter nacional. Un dato, sin duda, de relevancia fundamental para impulsar y potenciar el empleo público y generar una opción profesional para la ciudadanía.
En relación con la promoción interna, la acumulación de procesos ha permitido, por su parte y hasta el momento, ofrecer a las empleadas y empleados públicos 21.710 plazas, lo que constituye un apoyo para su desarrollo profesional.
Con respecto a los órganos de selección, hay que tener en cuenta la modificación de la Comisión Permanente de Selección por Orden HFP/266/2023, de 12 de marzo. Esta orden dota de nueva estructura al órgano, con el objetivo de proveerle de los medios personales adecuados para poder gestionar los procesos con mayor agilidad y eficacia, potenciando su labor como órgano central de selección y atracción de talento de la Administración.
La oferta de empleo público para 2023 continúa por la misma senda iniciada el año anterior, consolidando y profundizando las medidas ya adoptadas en orden a seguir potenciando la agilidad a los procesos selectivos, a recuperar el empleo público perdido, a rejuvenecer las plantillas, así como a atender las demandas de urgencia en sectores que son, en estos momentos, deficitarios.
Cobra importancia, en este sentido, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, suscrito por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT y CCOO, el 19 de octubre de 2022. En virtud de este Acuerdo, ambas partes convienen que las ofertas de empleo público para 2023 fomentarán la creación de empleo neto en el ámbito de las administraciones públicas, basándose para su elaboración en criterios relacionados con la edad y la proyección de jubilación de la plantilla, en la puesta en marcha de nuevos servicios o ampliación de los existentes, así como en la internalización de los mismos.
En cuanto al rejuvenecimiento de las plantillas, se ha profundizado en el análisis de la edad actual de las plantillas y en la proyección de las próximas jubilaciones. De acuerdo con el último estudio de noviembre de 2022 sobre el «Envejecimiento de las plantillas de la Administración General del Estado en 2022 y la proyección futura a 2023», la edad media del personal se sitúa en los 51,32 años, con más del 64% del personal por encima de los 50 años y con una estimación de jubilaciones a 10 años del 58,61 de la plantilla actual.
Los datos de este estudio plantean la necesidad urgente e inaplazable de incorporar nuevo personal a la Administración General del Estado, con el fin de posibilitar una adecuada prestación de los servicios públicos, facilitando una adecuada transferencia de conocimiento y de relevo generacional.
En consecuencia, el rejuvenecimiento de las plantillas requiere indudablemente de una planificación estratégica de los recursos humanos, centrada sobre todo en aquellos sectores considerados críticos para la organización.
Para la elaboración de esta oferta de empleo público se ha tenido también en cuenta como objetivo principal la necesidad de atender demandas de urgencia en plantillas deficitarias, fundamentalmente en los servicios públicos ubicados en el territorio, encargados de la prestación de servicios de atención a la ciudadanía, de forma que se permita potenciar la calidad de la atención directa.
La administración pública está inmersa en un proceso de transformación digital de los servicios públicos para mejorar la eficacia y la eficiencia en su actuación, proceso que tiene que realizarse en condiciones adecuadas para garantizar los derechos de la ciudadanía y sobre todo tener en cuenta el lado humanista de la digitalización, poniendo a la persona en el centro, de forma que permita avanzar a la sociedad, potenciando al mismo tiempo los valores de la democracia y la igualdad. Para la construcción de este modelo humanista y digital se requieren distintos perfiles profesionales y en número suficiente.
Asimismo, esta oferta prevé, en los términos establecidos por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 2023, plazas que derivan de la determinación de nuevos servicios que servirán para impulsar y fortalecer el sector público. Cabe destacar en este sentido los siguientes ámbitos cuyas plazas tienen reflejo en la disposición adicional cuarta de este real decreto:
Para el ámbito de los sistemas y tecnologías de la información se requiere dotar de recursos humanos para el cumplimiento e implementación de los objetivos estratégicos «digitalización de la Administración y procesos», «modernización de las Administraciones Públicas» y «refuerzo de las capacidades administrativas», del Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En el caso de las entidades gestoras de la Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social) el proyecto iniciado el año anterior continúa en su proyección plurianual, con el fin de garantizar la implementación de las modificaciones normativas operadas y facilitar la atención y asistencia a la ciudadanía, en materias propias de la Seguridad Social, tal y como la prestación del Ingreso Mínimo Vital, previsto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, así como la potenciación del control del fraude en materia de cotizaciones, empresas ficticias y prestaciones.
En el caso de los organismos reguladores: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Museo Nacional del Prado y el Sistema Portuario estatal las nuevas competencias o funciones exigen dotar de un refuerzo orientado a afrontar los nuevos servicios encomendados.
Adicionalmente, en la elaboración de esta oferta de empleo público se ha tenido en cuenta en relación con la cuantificación de plazas, la previsión contenida en el artículo 20.Dos.4 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que permite a cada Administración autorizar una tasa específica para dar cumplimiento al objetivo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de temporalidad en el empleo público para que la temporalidad no supere el 8 %.
En este marco, se incluyen entre otras las plazas correspondientes al programa de gestión del Ingreso Mínimo Vital, que ha devenido estructural con el trascurso del tiempo desde su implementación, o las correspondientes a la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional como refuerzo y reducción de temporalidad en el ejercicio de esa actividad.
Otra de las novedades de la oferta de empleo público 2023 lo constituye la apuesta de forma decidida por la promoción interna, siguiendo el espíritu del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado de 3 de noviembre de 2022, sobre los criterios generales que deben regir la selección de personal a través de los procesos de promoción interna. Esta modalidad de acceso se concibe como un derecho individual del empleado o empleada pública que redunda en beneficio de la propia organización y, por tanto, en una prestación más eficiente de los servicios públicos.
Además, la oferta de empleo público para 2023 recoge el testigo de la oferta del año anterior, en relación con las previsiones para avanzar en la profesionalización de los órganos de selección, para favorecer una mayor agilidad y celeridad en las convocatorias y ejecución de los procesos selectivos, para promover la igualdad en el acceso al empleo público y, en definitiva, para consolidar un modelo de planificación de recursos humanos, con un enfoque de gestión de personas a largo plazo, sistemático y estratégico.
Por otra parte, la oferta de empleo público se encuentra ligada a la ley de presupuestos generales del Estado de cada año y ha de estar alineada con ella en la consecución de los grandes retos de país. La política de recursos humanos de la Administración General del Estado persigue un objetivo: garantizar la prestación de unos servicios públicos en condiciones de excelencia y capaces de garantizar derechos y prestaciones de tercera generación.
En este sentido, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 presenta importantes novedades en cuanto a la oferta de empleo público.
En primer lugar, se consolida la tasa de reposición de efectivos, que para 2023 alcanza el 110 % como norma general; el 120 % para los considerados como sectores prioritarios, que son contemplados en la ley del año anterior, a los que suma la seguridad y operaciones portuarias; y un 125 % para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas y locales.
En segundo lugar, se consolidan otras reglas como son la posibilidad de incorporar, sin computar en tasa, las plazas derivadas de la asunción de nuevos servicios cuyo establecimiento venga impuesto en virtud de una norma estatal, autonómica o local o de la internalización de servicios.
En tercer lugar y con el fin de permitir una mayor cobertura de las plazas, se permite que las plazas que hubieran quedado desiertas en los procesos de los tres años anteriores puedan incorporarse a las convocatorias, de manera diferenciada para facilitar su trazabilidad.
En cuarto lugar, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 prevé la inclusión de las plazas de personal funcionario interino por vacante y personal laboral sustituto que haya sido nombrado ese año, en la oferta de empleo público del 2023 y, si no fuera posible, en la del 2024.
En quinto lugar, se ha tenido en cuenta en el desarrollo de la oferta la tasa específica prevista en el artículo 20. Dos. 4 LPGE 2023, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, y evitar que la temporalidad supere el 8 % en las administraciones públicas.
A través de la acción conjunta de todos estos elementos, las administraciones públicas deben procurar una adecuada prestación de los servicios respetando la estabilidad en el empleo público.
Este real decreto de aprobación de la oferta de empleo público para 2023 se adopta por el Gobierno en virtud de las normas siguientes:
El artículo 20. Seis de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, indica que la oferta de empleo público de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, a iniciativa de los departamentos ministeriales u organismos competentes y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, señala que corresponde al Estado la aprobación de la oferta de empleo público de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
En el ámbito de la Administración de Justicia, el artículo 482 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Los principios orientadores a los que responde el real decreto de oferta de empleo público para 2023 son los siguientes:
En primer lugar, responde al principio de necesidad, con el objetivo de incorporar las plazas que deben ser objeto de reposición previa petición y análisis de las necesidades, con proyección plurianual, de cada departamento ministerial, organismo o entidad, así como de la Administración de Justicia.
También responde a una finalidad básica como es la garantía de transparencia y publicidad a la ciudadanía en relación con las posibilidades de acceso a la función pública, configurándose como un instrumento de gestión y de difusión.
En este sentido, la oferta de empleo público aporta certeza y transparencia de cara a los futuros procesos selectivos, de modo que la ciudadanía puede conocer no sólo las plazas a convocar, sino también en qué áreas de actividad, así como cuáles son las reglas básicas del desarrollo de los procesos.
Las convocatorias derivadas de esta oferta de empleo público velarán por garantizar el principio de eficacia consagrado en el artículo 103.1 de la Constitución Española, buscando la celeridad, agilización y modernización de los procesos selectivos, evitando su dilatación excesiva en el tiempo y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, contemplados en el apartado 3 del mismo artículo del texto constitucional.
En las bases de convocatoria se tendrá en cuenta la necesaria minoración de las cargas administrativas, garantizando los derechos de los particulares, de acuerdo con la legislación vigente y sin que en ningún caso esta regulación pueda conllevar una restricción de sus derechos.
Por último, se avanza en la democratización en el acceso al empleo público ya que se posibilita la realización de las pruebas selectivas de forma descentralizada en el territorio.
El desarrollo de la oferta de empleo público ha de tener en cuenta el avance de la digitalización. Por este motivo, en relación con la presentación de solicitudes para participar en los procesos selectivos, el presente real decreto incorpora la previsión de la disposición adicional primera del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, referida a la obligatoriedad de uso de medios electrónicos en los procesos selectivos para el acceso al empleo público en el ámbito de la Administración General del Estado.
El 10 de julio de 2023, la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, previa negociación en el seno de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo de la Administración General del Estado, acuerda que se tramite de manera inmediata el real decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público 2023. Asimismo, la Comisión Superior de Personal, fue informada en la reunión celebrada por este órgano colegiado el día 5 de julio de 2023.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de julio de 2023,
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, se aprueba la oferta de empleo público para 2023 en los términos que se establecen en este real decreto.
2. Igualmente, se incluyen las plazas que se autorizan por el procedimiento de promoción interna en cuerpos o escalas de personal funcionario, así como las correspondientes al personal laboral, de acuerdo con el convenio colectivo de aplicación.
3. Por último, se aprueba, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la oferta de empleo público de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
1. La oferta de empleo público para 2023 contiene las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. La distribución y cuantificación de estas plazas es la que figura en el articulado y en los anexos de este real decreto.
2. En el anexo I se incluyen las plazas que se autorizan en la Administración General del Estado para ingreso de nuevo personal con especificación de los cuerpos y escalas de personal funcionario o convenio colectivo en el caso de personal laboral, distribuyendo el número de plazas para cada uno de los colectivos mencionados.
Igualmente, se incluyen en este anexo las plazas de nuevo ingreso de los entes públicos, tanto de personal funcionario como de personal laboral.
3. En el anexo II se autorizan las plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia, tanto de ingreso libre como de promoción interna, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
4. En el anexo III se contemplan las plazas de cuerpos de personal funcionario docente no universitario en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.
5. En el anexo IV se incluyen las plazas de las Escalas de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, especificando las que se convocan por acceso libre y por promoción interna.
6. En el anexo V se relacionan las plazas de personal estatutario tanto de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa como del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
7. En el anexo VI se incluyen las plazas a convocar por promoción interna en la Administración General del Estado y entes públicos, detallando su distribución.
8. Por último, en el anexo VII se incluyen las plazas a convocar en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con lo indicado en la disposición transitoria segunda de la citada Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
9. Las plazas no cubiertas durante la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta de empleo público que las hubiera autorizado.
La nueva convocatoria deberá identificar las plazas que proceden de convocatorias anteriores y la oferta a la que corresponden. Esta previsión será aplicable a las convocatorias de procesos selectivos derivadas de ofertas de ejercicios anteriores a 2023, incluidas las que ya hayan sido publicadas.
1. Los procesos selectivos de personal funcionario de carrera de cuerpos y escalas de la Administración General del Estado, derivados de esta oferta de empleo público, se realizarán de conformidad con la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado.
2. Las convocatorias que se publiquen derivadas de esta oferta de empleo público se adecuarán a lo establecido por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público.
3. Las convocatorias deberán ser informadas favorablemente por la Dirección General de la Función Pública.
Cuando el órgano convocante remita a la Dirección General de la Función Pública las respectivas convocatorias a efectos de que, por esta se emita el informe indicado anteriormente, las mismas deberán contener una referencia a la composición numérica, distribuida por sexo, de los cuerpos y escalas o grupos de titulación objeto de la correspondiente convocatoria.
Asimismo, deberán contener una previsión sobre la duración máxima de la fase de oposición del proceso selectivo que, salvo causa justificada, no podrá ser superior a nueve meses y contemplará que la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición tenga lugar en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
En las convocatorias se podrá especificar la distribución territorial de las plazas, especialmente en el caso de las autorizadas en la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que se hará de forma proporcional al número de puestos vacantes en cada comunidad autónoma. Esta proporcionalidad vendrá referida a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto.
4. El desarrollo de los diferentes procesos selectivos podrá ser coincidente en el tiempo, en cualquiera de sus fases, incluida la realización o lectura de ejercicios, desarrollo de cursos selectivos, períodos de prácticas o cualquier otra fase previa al nombramiento como personal funcionario de carrera.
5. Las convocatorias deberán prever que los órganos de selección hagan público un cronograma orientativo con las fechas de realización de las distintas pruebas de los procesos selectivos.
En todo caso, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, el plazo máximo a transcurrir será de cuarenta y cinco días naturales, conforme al artículo 16. j) del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Para asegurar la agilización de los procesos se tratará de que la fase de oposición tenga un máximo de cuatro pruebas. Asimismo, se incluirán pruebas de tipo práctico.
6. Los departamentos ministeriales utilizarán los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las convocatorias y el desarrollo de los procesos selectivos y adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas.
Igualmente, los departamentos ministeriales garantizarán que la información se realiza en formatos adecuados siguiendo los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, definidos en el artículo 2 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
7. Las convocatorias contendrán una habilitación para que los tribunales calificadores adopten las medidas, instrucciones o resoluciones necesarias para descentralizar al máximo posible la realización de las pruebas selectivas y la lectura de los ejercicios.
De igual forma, las convocatorias podrán establecer la forma y procedimiento a seguir en el uso de los medios electrónicos o telemáticos, incluidos los audiovisuales, para posibilitar el desarrollo descentralizado de las pruebas selectivas o de algunas de sus fases.
Para el desarrollo descentralizado de los procesos selectivos, los órganos de selección contarán con las estructuras y mecanismos de apoyo que resulten necesarios. A tal efecto, por parte del Instituto Nacional de Administración Pública se prestará la asistencia que resulte necesaria y se establecerán mecanismos de coordinación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
8. Las convocatorias de personal laboral se regirán por su normativa específica y les será de aplicación las reglas de celeridad y agilidad en el desarrollo de los procesos selectivos previstas en este real decreto.
9. En aquellos procesos selectivos en los que existan pruebas físicas, se establecerán baremos diferentes para mujeres y hombres, cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera o exista alguna justificación legítima y proporcionada del diferente trato. Todo ello, en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
10. Si a causa de una situación debidamente acreditada de embarazo de riesgo o de parto, alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo en cualquiera de sus fases o realizar algún ejercicio del mismo, su situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas. La realización de estas pruebas no podrá conllevar una demora que menoscabe el derecho del resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal. En todo caso, la realización de las citadas pruebas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
11. Con carácter general, las bases de las convocatorias de los procesos selectivos derivados de esta oferta de empleo público podrán establecer la conservación de la nota de los ejercicios, siempre que supere el 60 por ciento de la calificación máxima prevista para el correspondiente ejercicio. La validez de esta medida será aplicable a la convocatoria inmediata siguiente, cuando el contenido del temario y su forma de calificación sean análogos.
Esta medida será siempre de aplicación a las personas que participen por el turno de reserva para personas con discapacidad, debiendo figurar este extremo en las bases de la convocatoria.
12. En los procesos selectivos en los que exista una fase de concurso se contemplará específicamente, entre otros méritos, la valoración gradual y diferenciada de la experiencia acreditada por las personas candidatas que, con carácter interino o temporal, hubieran desempeñado funciones idénticas o análogas a las de la respectiva convocatoria.
Asimismo, en la fase de concurso de estos procesos selectivos se valorará, cuando proceda, la experiencia laboral y el conocimiento de idiomas acreditados por las personas candidatas que hubieran prestado servicios en el sector público en el extranjero.
13. Los órganos calificadores actuarán de acuerdo con el principio de transparencia. En las actas de sus reuniones y de los ejercicios celebrados deberá dejarse constancia de todo acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas a cada ejercicio.
Se deberán difundir, con anterioridad a la realización de cada prueba, los criterios generales y aspectos a considerar en la valoración que no estén expresamente establecidos en las bases, y en el caso de los ejercicios con respuestas alternativas, la penalización que suponga cada respuesta errónea.
Se harán públicas, en el plazo máximo de dos días, a contar desde la finalización de la prueba específica, las plantillas correctoras de aquellos procesos selectivos que incluyan la realización de pruebas con respuestas alternativas.
14. La composición de los órganos de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tenderá a la paridad entre mujeres y hombres. En todo caso, deberá respetar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, previsto en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Esta medida se tendrá en cuenta a la hora de nombrar los miembros que ostentarán las presidencias y secretarías de aquéllos.
Se promoverá la participación en tribunales y órganos de selección de personas con discapacidad, en particular en aquellos procesos en los que exista turno de reserva para este colectivo.
Los departamentos ministeriales y organismos públicos convocantes deberán publicar un breve currículum profesional de las personas que formen parte de los órganos de selección.
No podrán formar parte de órganos de selección, para ingreso en cuerpos o escalas de personal funcionario o en categorías de personal laboral, quienes tengan la consideración de alto cargo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, ni el personal eventual.
Asimismo, en aplicación del Real Decreto 364/1995, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, no podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios que hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.
Los órganos de selección aplicarán en su actuación principios de agilidad y eficiencia a la hora de ordenar el desarrollo de los procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Asimismo, las convocatorias deberán prever un número suficiente de personas integrantes de los órganos de selección de forma que se permita la existencia de varias configuraciones de un mismo tribunal en un mismo proceso selectivo con actuaciones simultáneas, en función del número de plazas convocadas, entre otros.
15. Las convocatorias de los procesos selectivos de personal funcionario, juntamente con sus bases, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
De las convocatorias de personal laboral de la Administración General del Estado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» una reseña que contendrá, al menos, el número de plazas por grupo y especialidad, su descripción y el lugar o lugares en que figuren expuestas las bases completas de las convocatorias.
El anuncio de los procedimientos de contratación de los entes públicos se publicará en sus portales de internet y en el punto de acceso general, administración.gob.es, e incluirá, como mínimo, el número de plazas y su descripción objeto de la convocatoria, así como el lugar y lugares en que se encuentren expuestas las bases completas y la dirección web en que la ciudadanía pueda inscribirse de modo electrónico.
16. Las convocatorias establecerán que las personas participantes deberán realizar la presentación de las solicitudes y documentación y, en su caso, la subsanación y los procedimientos de impugnación de las actuaciones de estos procesos selectivos a través de medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Los departamentos ministeriales y los organismos públicos podrán establecer encomiendas de gestión con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para facilitar que la presentación de instancias se realice a través del servicio de inscripción en pruebas selectivas del punto de acceso general, administracion.gob.es/PAG/ips
El tratamiento de la información por medios electrónicos se ajustará a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos Personales), y en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Las convocatorias de procesos selectivos podrán establecer la obligatoriedad de que las personas aspirantes que superen dichas pruebas soliciten destino utilizando exclusivamente medios electrónicos cuando se den las condiciones pertinentes, de acuerdo con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
17. Las convocatorias de los procesos selectivos y sus bases, así como todas las informaciones que afecten a las convocatorias y al desarrollo de todos los procesos selectivos, cualquiera que sea el carácter de la relación vinculante con la Administración, serán remitidas al buzón empleopublico@correo.gob.es por el órgano convocante, con el fin de permitir el mayor seguimiento posible a través de los canales de atención a la ciudadanía.
Del mismo modo, se deberá publicar en el punto de acceso general, administracion.gob.es, la información relativa a las convocatorias y sus bases, así como cualquier otra información relacionada con los procesos selectivos, para que las personas participantes puedan seguir el desarrollo de los mismos.
Los procesos de promoción interna también se publicarán y difundirán su desarrollo en el Portal Funciona.
18. En las bases de convocatoria se tendrá en cuenta la necesaria minoración de cargas administrativas a la ciudadanía, facilitando y simplificando las relaciones entre la Administración convocante y las personas aspirantes, sin que quepa exigir documentación a la que pueda acceder la Administración a través de la plataforma de intermediación de datos.
Las convocatorias deberán articular mecanismos que permitan ofrecer a las personas admitidas al proceso selectivo acceder a la información sobre el desarrollo del mismo.
19. Los departamentos ministeriales podrán implantar medidas de carácter económico para facilitar la preparación de las pruebas selectivas, tales como ayudas o becas, así como otro tipo de medidas similares que se arbitrarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
20. Con objeto de reducir los plazos de incorporación del personal funcionario interino o laboral temporal y hacer efectiva la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección de este personal, así como los de objetividad, profesionalidad e imparcialidad en su ejercicio, las convocatorias determinarán que el órgano de selección del proceso selectivo elaborará, a la finalización del mismo, una relación de posibles personas candidatas para el nombramiento, en su caso, como personal funcionario interino o personal laboral temporal del cuerpo, escala o categoría al que corresponda la convocatoria, con la duración, características y funcionamiento que establezca en su caso el órgano convocante, y previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.
En el caso de los cuerpos de cuya selección se encarga la Comisión Permanente de Selección, se aplicará en todos los casos lo previsto en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 7 de mayo de 2014, por la que se establece el procedimiento de aprobación y gestión de listas de personas candidatas a personal funcionario interino.
21. Las convocatorias de los procesos selectivos preverán que la Secretaría de Estado de Función Pública nombrará funcionarios de carrera y asignará destino inicial a las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. Los nombramientos y la asignación de destino inicial se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se reservará un 7 por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
2. La reserva del 7 por ciento indicado en el apartado anterior se realizará de manera que el 2 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el 5 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
3. En el ámbito de la Administración de Justicia, al tratarse de personal con legislación específica propia de acuerdo con lo indicado en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se reserva un cupo del 7 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las correspondientes tareas, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 482.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
4. Al contenido de este artículo le será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
5. En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos selectivos o periodos de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad anteriormente definidas que lo soliciten las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. Se permitirá el uso de prótesis, incluidas las auditivas, durante la realización de los procesos selectivos por quienes las precisen y lo acrediten.
6. Las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán convocarse juntamente con las plazas ordinarias o mediante convocatoria independiente a la de los procesos para la cobertura de plazas por turno libre, garantizándose, en todo caso, el carácter individual de los procesos.
Las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual se realizarán en convocatoria independiente, excepto las de promoción interna, que se convocarán juntamente con el resto de la misma.
7. En el supuesto de que alguna de las personas aspirantes con discapacidad que se hubiera presentado por el cupo de reserva superase los ejercicios y no obtuviese plaza en el citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida por otras personas aspirantes del sistema de acceso general, esta será incluida por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.
8. En los anexos de este real decreto figura la reserva de plazas en cuerpos, escalas o grupos y especialidades cuyas actividades o funciones son compatibles, en mayor medida, con la posible existencia de una discapacidad. El número de plazas reservadas quedará recogido en las correspondientes bases específicas de las convocatorias.
9. Las plazas reservadas para las personas con discapacidad que queden desiertas en los procesos de acceso libre no se podrán acumular al turno general. En los procesos de promoción interna, las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas se acumularán a las del turno general de estos procesos.
1. En el marco de la legislación reguladora de los procesos de promoción interna se convocan plazas para los distintos grupos y subgrupos de clasificación profesional de personal funcionario y de personal laboral.
2. Estos procesos selectivos de promoción interna podrán ser convocados juntamente con las convocatorias ordinarias de nuevo ingreso o preferentemente mediante convocatoria independiente. En cualquier caso, la gestión de estos procesos contará con la aplicación de criterios propios.
Asimismo, en la fase de concurso, se evaluarán los méritos que pongan en valor y guarden mayor relación con la carrera profesional desarrollada por las empleadas y empleados públicos
3. En las convocatorias de los procesos selectivos por promoción interna se establecerá la exención de las pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se haya acreditado suficientemente en las de ingreso al cuerpo o escala de origen.
Asimismo, los temarios se adaptarán y se procurará la realización de ejercicios eminentemente prácticos y de respuesta alternativa o razonada para evaluación de conocimientos y competencias.
4. De acuerdo con la disposición transitoria segunda del texto refundido por el que se aprueba el Estatuto Básico del empleado público, el personal laboral fijo que a la entrada en vigor del mismo esté desempeñando funciones de personal funcionario, podrá seguir desempeñándolas. Asimismo, podrá participar, de forma conjunta con el personal funcionario, en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, en aquellos cuerpos y escalas a los que figuren adscritos las funciones o puestos que desempeñe y cuyo nivel de titulación se corresponda con el del grupo desde el que se promociona.
Tanto el personal laboral como el funcionario deberá estar en posesión de la titulación exigida, tener una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el grupo profesional o subgrupo desde el que se promociona, cumplir el resto de los requisitos que se exijan y superar las correspondientes pruebas selectivas.
Serán las bases específicas de cada convocatoria las que determinarán los colectivos que podrán participar en cada proceso y las características y condiciones del mismo.
5. Al personal laboral fijo que participe en estos procesos se le valorará como mérito en la fase de concurso los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo, así como las pruebas selectivas superadas para acceder a esa condición.
6. La promoción interna de las plazas que se autorizan en el ámbito del Convenio Único vigente para el personal laboral de la Administración General del Estado se regirá por lo dispuesto en el mismo.
7. En los planes de formación de la Administración del Estado se impulsará el desarrollo de acciones formativas para la preparación de los procesos selectivos de promoción interna. Asimismo, se procurará que dispongan de información y de recopilatorios de normativa relacionada con los temarios de acceso.
Los departamentos ministeriales podrán implantar medidas de carácter económico para facilitar la preparación de la promoción interna, tales como ayudas o becas u otro tipo de medidas, que se adoptarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
1. La competencia para la convocatoria y resolución de pruebas selectivas para personal laboral fijo, por los procedimientos de promoción interna y acceso libre, en el ámbito del Convenio Único vigente para el personal laboral de la Administración General del Estado, podrá ser objeto de encomienda de gestión entre los distintos departamentos ministeriales u organismos públicos, de conformidad con lo establecido en el citado convenio.
2. La gestión material que se encomiende se concretará en las siguientes actividades: recepción de solicitudes de participación en las pruebas selectivas; propuesta de las resoluciones por las que se declaren aprobadas las listas de personas admitidas y excluidas y se señale el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, así como la relación de personas aspirantes excluidas, con indicación de las causas de exclusión; propuesta de los miembros que han de formar los tribunales calificadores de las pruebas; gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de los ejercicios; recepción de los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las convocatorias a las que hace referencia el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y cualquier otro trámite relacionado con las actividades del proceso selectivo cuya gestión se encomiende, siempre que no suponga alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
3. Los gastos originados por la gestión material objeto de estas encomiendas correrán a cargo de la sección presupuestaria del departamento ministerial u organismo público al que se encomiende la gestión.
4. El plazo de vigencia de las encomiendas de gestión deberá constar en el instrumento de formalización de las mismas.
5. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Es responsabilidad del órgano competente, o en quien este haya delegado, dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la encomienda de gestión.
6. Este mismo procedimiento de encomienda de gestión podrá utilizarse para la gestión material de pruebas selectivas de personal funcionario interino, en el supuesto de que no existieran listas de personas candidatas procedentes de los procesos selectivos ordinarios, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.
Las corporaciones locales que aprueben su oferta de empleo público deberán remitir los acuerdos aprobatorios de la misma a la Administración General del Estado, a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, a los efectos de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El sistema selectivo para ingreso en las plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial, que se incluyen en el anexo VII, se realizará de conformidad con lo indicado en el artículo 621 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el Acuerdo de 29 de mayo de 2014, del Pleno del citado Consejo General, por el que se aprueban los criterios del concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial, dictados de conformidad con lo establecido en el artículo 621.3 de la ley orgánica antes mencionada.
1. Se podrán convocar, sin que computen a efectos de tasa de reposición, las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial.
2. Estas convocatorias deberán realizarse en el plazo establecido en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para la ejecución de las ofertas de empleo público, previa negociación colectiva.
3. La articulación de estos procesos garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad y les serán de aplicación los criterios generales establecidos en este real decreto.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20. Tres.4, letra f), de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, se prevén las siguientes plazas:
– En el ámbito de los sistemas y las tecnologías de la información:
• Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado: 200 plazas.
• Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado: 100 plazas.
• Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado: 300 plazas.
– En el ámbito del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la T