Categoría: Normativas

La Presidenta del Tribunal de Cuentas, el Presidente de la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, el Director General del Instituto de Estudios Fiscales y la Directora General del Instituto Nacional de Administración Pública, han suscrito un Convenio para la organización y el desarrollo de formación en materia de evaluación de políticas y programas públicos.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la presente resolución.
Madrid, 6 de abril de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto León Reyes.
11 de marzo de 2022.
De una parte, doña Enriqueta Arias Castillo, Presidenta del Tribunal de Cuentas (en adelante TCu), con CIF S2826020F, por su nombramiento según el Real Decreto 1037/2021, de 19 de noviembre (BOE número 278, de 20 de noviembre de 2021).
De otra, don Vicent Ortega Morales, Presidente de la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (en adelante ASOCEX), con CIF G87307765, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de sus Estatutos, y en virtud de su nombramiento mediante Acuerdo de la Conferencia de Presidentes de ASOCEX, adoptado en Madrid el 7 de julio de 2021.
De otra, don Alain Fernández Rivera, Director General del Instituto de Estudios Fiscales (en adelante IEF), con CIF S-2826046A, por su nombramiento mediante Real Decreto 924/2018, de 20 de julio de 2018 (BOE de 21 de julio), y en virtud de las atribuciones que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Fiscales.
Y de otra, doña Consuelo Pastor Díaz, Directora General del Instituto Nacional de Administración Pública (en adelante, INAP), con CIF Q2811002A, nombrada mediante Real Decreto 164/2021, de 16 de marzo (BOE número 65, de 17 de marzo), facultada para este acto por el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.f) del Estatuto del INAP, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, plena competencia y capacidad para firmar el presente Convenio y a tal efecto, realizan la siguiente
1.º El TCu, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, tiene competencia exclusiva para todo lo concerniente al gobierno y régimen interior del mismo y al personal a su servicio y considera de utilidad para el cumplimiento de sus fines institucionales la realización de actividades de especialización de dicho personal, en colaboración con las instituciones que suscriben el presente Convenio.
2.º La ASOCEX se constituye, de acuerdo con el artículo 1 de sus Estatutos, como una asociación al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de cualquier finalidad de lucro.
La ASOCEX tiene entre su fines (artículo 2 de sus Estatutos), entre otros el fomento de la cooperación entre los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX) y establecer líneas de coordinación en todas aquellas materias de interés común. Para ello, de acuerdo con el artículo 3.d podrá organizar toda clase de actividades formativas conjuntas como cursos, seminarios, así como congresos, jornadas o encuentros técnicos.
3.º El IEF, es un Organismo Autónomo, de los regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Hacienda.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba su Estatuto, tiene atribuidas, entre otras, la formación de los funcionarios y otro personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las demás actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y largo plazo; y el desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros, institutos, escuelas de administración pública, universidades, instituciones, organismos y otras administraciones financieras, nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre temas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de personal con funciones administrativas en estas materias.
De acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Dirección de la Escuela de Hacienda Pública debe atender una amplia demanda de formación superior de funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y financieras.
4.º El INAP es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, según dispone el Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública (BOE número 185, de 4 de agosto de 2021).
De acuerdo con su estatuto, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, son fines esenciales del INAP, sin perjuicio de las competencias específicas que se reconozcan sobre estas materias a otros centros, institutos o escuelas de la Administración General del Estado, desarrollar y ejecutar las políticas de selección y de formación de los empleados públicos en el ámbito de sus competencias.
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente documento, con sujeción a las siguientes
Este Convenio tiene por objeto regular la forma en que las partes cooperarán en la organización, ejecución e impartición de las Ediciones III a VI del curso «Evaluación de políticas y programas públicos» (cursos 2022, 2023, 2024 y 2025), cuyo objetivo es facilitar, al personal al servicio de las Instituciones de Control Externo que lo suscriben, la especialización adecuada en materia de evaluación, sus diversas metodologías, enfoques técnicos y herramientas, necesarias para contribuir al logro de un sistema de gestión pública más moderno y eficaz.
Las partes se obligan específicamente a colaborar conjuntamente en la organización y gestión del curso asumiendo para ello los compromisos contenidos en el presente Convenio.
El contenido y la metodología del curso, en cada una de sus ediciones, quedan especificados en el anexo I al presente Convenio.
El TCu y la ASOCEX realizarán las gestiones necesarias para la designación, participación y desplazamiento, en su caso, de los asistentes al curso, para participar en las sesiones presenciales y financiar el gasto necesario correspondiente a la dirección y secretaría, remuneración a docentes y otros gastos derivados de tareas de evaluación y tutorización de los participantes.
El IEF se compromete a colaborar en la dirección y coordinación del curso, la gestión económica y administrativa derivada del mismo y a aportar los recursos personales y materiales necesarios para el desarrollo de la fase virtual del presente curso a través de su plataforma, incluida la puesta a disposición de los materiales didácticos necesarios para dicha fase.
El INAP se compromete a poner a disposición todos los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de la fase presencial del curso, así como cualquier otro gasto imprevisto pero necesario para el desarrollo del mismo. Se compromete igualmente a crear y dinamizar una comunidad de evaluación de políticas y programas públicos en su red social.
1. El presupuesto para financiar todas las actuaciones derivadas del desarrollo del presente Convenio asciende a un máximo de veinticinco mil setecientos euros (25.700 €) para cada una de las cuatro ediciones objeto del presente convenio, con lo que el coste total asciende a 102.800 euros.
El desglose por anualidades y actuaciones se recoge en el anexo II, en función del organismo financiador.
2. El TCu financiará, en cada una de las cuatro ediciones, la cantidad de tres mil ciento noventa y ocho euros (3.198 €) de acuerdo con el desglose del anexo II, que será ingresada en la cuenta corriente del IEF indicada en el punto 6 de esta cláusula.
3. La ASOCEX financiará, en cada una de las cuatro ediciones, la cantidad de diez mil seiscientos sesenta y dos euros (10.662 €) de acuerdo con el desglose del anexo II, que será ingresada en la cuenta corriente del IEF indicada en el punto 6 de esta cláusula.
4. El INAP financiará, con cargo a la partida 22.101.921O.226.06, para cada una de las cuatro ediciones, de conformidad con los compromisos adquiridos en la cláusula anterior y de acuerdo con la distribución por anualidades y el desglose que se recoge en el anexo II, la cantidad máxima de seis mil doscientos euros (6.200 €).
5. El IEF financiará, para cada una de las cuatro ediciones del curso, la cantidad máxima de cinco mil seiscientos cuarenta (5.640 €), que se imputará al capítulo 2 de los Presupuestos de Gastos de conformidad con la distribución por anualidades y el desglose que se recoge en el anexo II, siempre que para ello exista crédito adecuado y suficiente. Esta cantidad se abonará mediante el sistema de pago de Caja Fija.
6. Para la gestión económica del curso, las aportaciones a las que se refieren los puntos 2 y 3 de esta cláusula, así como la aportación del INAP para los gastos de desplazamientos de los ponentes, serán ingresadas en la cuenta corriente que el IEF designe al efecto, de conformidad con el siguiente calendario:
– Para la edición III, correspondiente al curso 2022, dentro del plazo de un mes desde la fecha de eficacia del convenio.
– Para las ediciones IV; V y VI, correspondientes a los cursos 2023, 2024 y 2025, los ingresos se realizarán en el mes de marzo de los años 2023, 2024 y 2025, respectivamente.
Los equipos técnicos, los responsables de las instituciones y el director académico del Curso estarán en estrecho contacto, comunicándose o reuniéndose siempre que lo consideren conveniente para la buena coordinación de las acciones y el óptimo desarrollo de las mismas. Dichos equipos serán los encargados del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.
Los equipos responsables estarán conformados por los siguientes representantes de cada una de las partes: por parte del TCu, la Presidenta de la Sección de Fiscalización; por parte de la ASOCEX, su Presidente o persona en quien delegue; por parte del IEF, el Director de la Escuela de Hacienda Pública y el Jefe de Estudios de Formación responsable del Programa; y por parte del INAP, el Subdirector de Aprendizaje.
Para la celebración de estas reuniones cada una de las partes asumirá los gastos en que pudieran incurrir sus representantes.
Los resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo de la presente actividad serán compartidos entre las instituciones firmantes del presente convenio.
En todas las acciones de desarrollo del presente Convenio se hará mención expresa de la colaboración de las partes, figurando de forma destacada el nombre y logo de dichas entidades en todos los elementos de promoción y difusión (inserciones en prensa, folletos, comunicaciones, etc.) y en cuanta documentación se genere.
A tales efectos, el TCu, la ASOCEX, el IEF y el INAP se facilitarán mutuamente los elementos gráficos y de imagen correspondientes a su identidad corporativa, que sólo podrán ser utilizados con tal exclusiva finalidad, siguiendo las directrices de imagen externa de cada entidad, sin que puedan ser empleados por ninguna de las partes fuera del ámbito de la colaboración que desarrollen al amparo del presente Convenio.
En relación con la seguridad de la información y la protección de datos de carácter personal, las partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos:
1. En el tratamiento de los datos de carácter personal, las partes tendrán la consideración de «Corresponsables del tratamiento» y asumen de mutuo acuerdo sus respectivas responsabilidades especificadas en la presente cláusula, en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
2. Los datos derivados de este Convenio serán de carácter identificativo y financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto establecido en el Convenio.
Los alumnos deberán prestar para ello su consentimiento informado, expreso y por escrito, así como para la difusión de grabaciones que contengan su imagen y/o voz. Los alumnos podrán ejercer los derechos que les reconoce el RGPD ante cualquiera de las partes.
Las partes, en el momento de la obtención de los datos, facilitarán a los alumnos la información indicada en el artículo 13 del RGPD, como corresponsables del tratamiento.
3. La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada; por un lado por los fines del Convenio; y por otro, de la legitimación de las partes dada su naturaleza.
El Tribunal de Cuentas está legitimado por la Ley Orgánica 2/1982 que le otorga competencia exclusiva para todo lo concerniente al gobierno y régimen interior del mismo y al personal a su servicio.
La ASOCEX está legitimada por lo previsto en los artículos 2.a) y 3.d) de sus Estatutos y por las previsiones de los correspondientes artículos de las respectivas leyes reguladoras de los OCEX asociados que la forman, que les otorgan, respectivamente, competencia exclusiva para todo lo concerniente al gobierno y régimen interior de los mismos y del personal a su servicio.
El IEF está legitimado tanto por el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el que se crea, como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo, entre cuyas funciones se encuentra la cooperación y coordinación con otros centros, universidades, etc., en materia de estudios e investigación.
El INAP viene legitimado por el artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos; por la Ley 931/1961, de 23 de diciembre, por la que se dispuso su creación; por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y por su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, que incluye entre sus fines tanto la formación y perfeccionamiento de los empleados públicos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, así como del resto de entidades del sector público estatal, salvo en los supuestos en que otras disposiciones encomienden estas funciones a otros centros especializados; como la coordinación, colaboración y cooperación con los demás centros, institutos o escuelas de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos que realicen tareas de selección, formación y perfeccionamiento de empleados públicos.
4. En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los sistemas objeto de este Convenio, las partes se comprometen a informarse mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el incidente es susceptible de comunicación a la autoridad de control (la Agencia Española de Protección de Datos) y a las personas concernidas, sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas, según establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar para resolver el incidente y poner los medios para que no se vuelvan a producir incidentes similares.
5. Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y a la protección de datos personales, que se encargarán de comunicar y coordinar el tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.
6. Durante la vigencia del Convenio, cuando para el ejercicio de la función educativa, cuyo fundamento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD, fuese necesaria la grabación y retrasmisión de las sesiones de cursos o seminarios, esta se realizará utilizando las herramientas oficiales de una de las partes e informará a las demás de dicha circunstancia. Así mismo, los interesados, alumnos y profesores serán informados de sus derechos, contemplados en los artículos 13 y 14 del RGPD.
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sean de aplicación, lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como el RGPD, y demás normativa vigente.
Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material proporcionado y relacionado con la ejecución del presente Convenio tendrá el carácter de confidencial y será tratado como tal, empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia documentación confidencial durante toda la vigencia del Convenio y de forma indefinida desde su terminación.
Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud de los derechos y compromisos derivados del presente Convenio. En este caso se requerirá autorización por escrito de la otra parte, además de obligarse a poner en marcha los procedimientos necesarios para prohibir la revelación, la duplicación sin autorización, el uso fraudulento o la eliminación de dicha información confidencial.
El presente convenio podrá ser modificado mediante acuerdo expreso y unánime de las partes, que deberá formalizase mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El presente Convenio se perfecciona con la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto dentro del plazo previsto, o por incurrir en causa de resolución.
Serán causas de resolución del presente Convenio las establecidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que producirán los efectos señalados en el artículo 52 de dicha norma.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, la parte que detectara dicho incumplimiento grave lo notificará a la parte que incumpla, mediante carta certificada con acuse de recibo. En el transcurso de los quince días siguientes a su recepción, la situación deberá ser regularizada o, en su caso, la parte que ha incumplido deberá alegar las causas y razones que impiden el correcto cumplimiento. A la vista de las mismas, la parte que haya denunciado el incumplimiento comunicará su decisión de resolver o no el Convenio, teniendo efecto dicha resolución a los diez días de dicha comunicación.
Cada una de las partes se compromete a hacer llegar a tiempo a las otras partes toda dificultad, de cualquier naturaleza que ésta sea, que encuentre en el desarrollo de la ejecución, y, en general, de toda información susceptible de afectar a su buena ejecución, con el fin de permitir a las otras partes tomar las medidas que consideren más apropiadas.
En el caso de resolución, y en cuanto a la liquidación de obligaciones pendientes, cada parte asumirá la parte que le corresponda en virtud de la distribución de partidas y gastos recogida en el anexo II. La resolución del Convenio no dará lugar a indemnización alguna. Las partes deberán finalizar las actividades iniciadas, en el plazo improrrogable de vigencia de este convenio, transcurrido dicho plazo el convenio deberá liquidarse, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula por lo dispuesto en el capítulo VI, título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las partes se comprometen a intentar resolver cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, extinción y efectos del presente Convenio, a través del mecanismo establecido en la cláusula cuarta. En caso de no ser posible y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio. Todo ello sin perjuicio de la aplicación, en lo que proceda, de lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley 52/1997, de 26 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado e Instituciones Públicas y 10 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.
Y en prueba de conformidad con lo que antecede se suscribe, en el lugar y fecha indicados, el presente Convenio quedando un ejemplar del mismo en poder de cada una de las partes.–La Presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Guerrero Muñoz Ruiz de la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, Vicent Ortega Morales Gil Santos del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Fernández Rivera.–La Directora General del Instituto Nacional de Administración Pública, Consuelo Pastor Díaz.
El curso, en cada una de las ediciones contempladas en el presente convenio, se desarrollará a través de los siguientes componentes:
Nueve semanas virtuales, que se incorporarán de forma gradual en la plataforma virtual correspondiente al curso. Cada una de ellas contará con el plazo de una o dos semanas para su estudio por los participantes.
Seis sesiones presenciales, de cuatro horas de duración cada una, que se desarrollarán en el momento en que las condiciones sanitarias lo permitan y, en caso necesario, podrían adaptarse para su desarrollo en modalidad no presencial. Dichas sesiones mostrarán un enfoque eminentemente práctico y de experiencias.
Un trabajo final consensuado con la dirección del curso, desarrollado por cinco equipos de trabajo, formados por los integrantes del curso, sobre distintos aspectos esencialmente prácticos vinculados a tareas propias de las Instituciones de Control Externo participantes.