Categoría: Judicial

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:
Título preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Principios generales.
Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación.
Artículo 4. Otros sujetos obligados.
Artículo 5. Obligación de suministrar información.
Artículo 6. Consideración de alto cargo.
Título I. Transparencia de la actividad pública.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 7. Transparencia de la actividad pública.
Artículo 8. Gestión documental y archivos.
Artículo 9. Protección de datos personales.
Capítulo II. Publicidad activa.
Sección primera. Normas generales.
Artículo 10. Obligaciones de publicidad activa de los sujetos obligados.
Artículo 11. Criterios generales de publicación.
Artículo 12. Portal de Transparencia.
Artículo 13. Control.
Sección segunda. Información sujeta a publicidad.
Artículo 14. Información institucional, organizativa y de planificación.
Artículo 15. Información sobre altos cargos y asimilados.
Artículo 16. Información de relevancia jurídica.
Artículo 17. Información de carácter presupuestario, financiero y contable.
Artículo 18. Información sobre endeudamiento.
Artículo 19. Información patrimonial.
Artículo 20. Información sobre contratación pública.
Artículo 21. Información relativa a convenios de colaboración, encargos de gestión, encargos de ejecución a medios propios y acción concertada.
Artículo 22. Información sobre publicidad y promoción institucional.
Artículo 23. Información sobre subvenciones.
Artículo 24. Información relativa a ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
Artículo 25. Información sobre estudios, estadísticas y cartografía.
Artículo 26. Información solicitada por la ciudadanía.
Capítulo III. Derecho de acceso a la información pública.
Sección primera. Normas generales.
Artículo 27. Derecho de acceso a la información pública.
Artículo 28. Límites al derecho de acceso a la información pública.
Artículo 29. Acceso parcial.
Sección segunda. Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Artículo 30. Procedimiento para el acceso a la información pública.
Artículo 31. Solicitud de acceso a la información pública.
Artículo 32. Causas de inadmisión.
Artículo 33. Tramitación.
Artículo 34. Resolución.
Artículo 35. Órganos competentes para la resolución del procedimiento de solicitud de acceso a la información pública.
Artículo 36. Formalización del acceso a la información.
Artículo 37. Asistencia y colaboración.
Capítulo IV. Régimen de impugnaciones.
Artículo 38. Procedimiento ordinario de reclamaciones.
Artículo 39. Procedimiento de mediación.
Capítulo V. Datos abiertos y reutilización de la información.
Artículo 40. Apertura de datos.
Artículo 41. Reutilización de la información pública.
Artículo 42. Catálogos y estrategia de datos abiertos.
Artículo 43. Información producto de la investigación científica y técnica.
Capítulo VI. Planificación y organización administrativa de la Generalitat en materia de transparencia.
Artículo 44. Comisión Interdepartamental para la Transparencia.
Artículo 45. Unidades y comisiones de transparencia.
Artículo 46. Planificación estratégica y seguimiento en materia de transparencia.
Título II. Consejo Valenciano de Transparencia.
Artículo 47. Naturaleza y actuación.
Artículo 48. Funciones del Consejo Valenciano de Transparencia.
Artículo 49. Composición y estatuto personal.
Artículo 50. Estructura y funcionamiento.
Artículo 51. Asistencia jurídica.
Artículo 52. Colaboración e información.
Artículo 53. Presupuesto.
Título III. Buen gobierno e integridad pública.
Artículo 54. Principios de actuación.
Artículo 55. Códigos éticos y de conducta.
Artículo 56. Sistema de integridad institucional.
Título IV. Planificación y evaluación.
Capítulo I. Rendición de cuentas de la acción de gobierno.
Artículo 57. Plan de gobierno.
Artículo 58. Seguimiento del plan de gobierno.
Capítulo II. Calidad normativa.
Artículo 59. Principios de buena regulación normativa.
Artículo 60. Simplificación normativa.
Artículo 61. Evaluación del impacto normativo y de resultados de las normas.
Artículo 62. Planificación normativa.
Capítulo III. Planificación y evaluación de las políticas y los servicios.
Artículo 63. Fomento de la cultura de la planificación y la evaluación.
Artículo 64. Evaluación de los planes y programas.
Título V. Régimen sancionador.
Artículo 65. Régimen jurídico.
Artículo 66. Regímenes específicos.
Artículo 67. Responsabilidad.
Artículo 68. Infracciones imputables a altos cargos y asimilados o de carácter disciplinario.
Artículo 69. Infracciones de otras entidades sujetas a obligaciones de publicidad activa.
Artículo 70. Infracciones de las personas obligadas al suministro de información.
Artículo 71. Sanciones aplicables a altos cargos y asimilados y al personal al servicio de las administraciones públicas.
Artículo 72. Sanciones a otras entidades.
Artículo 73. Proporcionalidad y publicidad de las sanciones.
Artículo 74. Procedimiento.
Artículo 75. Competencias sancionadoras en materia de transparencia.
Artículo 76. Competencias sancionadoras en materia de buen gobierno.
Disposición adicional primera. Aplicación a los regímenes especiales del derecho de acceso a la información pública.
Disposición adicional segunda. Medidas generales de aplicación de la ley.
Disposición adicional tercera. Adaptaciones organizativas y de funcionamiento.
Disposición adicional cuarta. Corts Valencianes e instituciones estatutarias.
Disposición adicional quinta. Plan de formación de la Generalitat.
Disposición adicional sexta. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Disposición adicional séptima. Habilitación de créditos.
Disposición adicional octava. Remisiones normativas.
Disposición transitoria primera. Mandato de los miembros del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio en materia de publicidad activa.
Disposición transitoria tercera. Aplicación de las disposiciones relativas al plan de gobierno.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Modificación del título de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana.
Disposición final segunda. Desarrollo y marco legal.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta ley tiene por objeto:
1. Regular y garantizar la transparencia de la actividad pública en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, promover la reutilización de la información y regular el Consejo Valenciano de Transparencia.
2. Establecer los principios básicos de integridad y buen gobierno que deben cumplir las administraciones públicas valencianas mediante la adopción de códigos éticos y de conducta y el desarrollo de marcos de integridad pública.
3. Impulsar y garantizar la rendición de cuentas en la acción de gobierno y la actividad administrativa a través de la planificación y la evaluación de la normativa y de las políticas públicas en el ámbito de la administración autonómica.
4. Regular el régimen de garantías y de responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y obligaciones que establece esta ley.
Sin perjuicio del resto de obligaciones legales, la interpretación y la aplicación de esta ley se articulan en torno a los siguientes principios generales:
1. Transparencia máxima: que garantiza una actividad pública que facilite el acceso a los contenidos informativos que genera o custodia la administración pública y la excepcionalidad de las restricciones, que deben estar motivadas en las razones estrictamente tasadas en la ley, tras considerar los diferentes intereses que puedan concurrir.
2. Transparencia desde el diseño: garantiza que los requisitos de transparencia, apertura, reutilización y protección de datos se tienen en cuenta desde el momento en que se planifican, diseñan o rediseñan sistemas, procesos o procedimientos administrativos, con el objetivo de alinear el ciclo de vida de los documentos y otros recursos informativos con la transparencia.
3. Publicidad: principio en virtud del cual la administración debe proporcionar y difundir de forma constante, veraz y objetiva la información relativa a su actuación y funcionamiento.
4. Comprensibilidad y claridad: se facilitará el acceso de la ciudadanía a la información pública de la manera más sencilla que sea posible, dada la naturaleza de la información, procurando que sea fácilmente comprensible. Se utilizará un lenguaje claro y se incluirá la descripción y el contexto que sean necesarios para facilitar la comprensión e interpretación de la información.
5. Veracidad: la información difundida debe ser cierta, exacta y objetiva, y debe mantenerse actualizada. Además, se garantizará que se debe verificar su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad.
6. Reutilización de la información: la información se debe publicar y difundir en formatos abiertos que posibiliten y favorezcan su reutilización, para facilitar que la ciudadanía pueda aprovechar para sus actividades los datos y los documentos publicados y crear valor añadido.
7. Accesibilidad tecnológica universal: la información, los instrumentos y las herramientas que se usen en su difusión deben ser comprensibles, utilizables y localizables por todas las personas en condiciones de seguridad.
8. No discriminación: la administración pública debe establecer los medios necesarios para poner a disposición de la ciudadanía la información pública a través del medio de acceso que esta elija.
9. Orientación a la ciudadanía y continuidad en el tiempo: la actividad pública se articula en torno a la ciudadanía, como eje y referencia de su estrategia, y debe enmarcarse en una perspectiva de continuidad y sostenimiento en el tiempo.
10. Gobierno abierto: las administraciones públicas deben promover un marco de relación y diálogo permanentes y bidireccionales con la ciudadanía que garantice la transparencia y la rendición de cuentas de la actividad pública y facilite la participación y colaboración de la ciudadanía en las políticas públicas y la gestión.
11. Modernización y neutralidad tecnológica: se debe promover el uso de las tecnologías para diseñar procesos más eficientes y próximos a la ciudadanía, y este se debe articular mediante la adopción de estándares tecnológicos abiertos y neutrales.
12. Responsabilidad y rendición de cuentas: los gobiernos, las administraciones públicas y sus servidores deben asumir la responsabilidad de sus actuaciones y decisiones, y deben promover la cultura de la evaluación y el ejercicio de la rendición de cuentas en la actividad pública.
13. Integridad: las personas al servicio de la administración, ocupen o no un cargo público, deben generar confianza y velar por la calidad democrática de las instituciones públicas y su reputación ante la ciudadanía. El ejercicio de sus funciones se debe caracterizar por la imparcialidad, la objetividad, la honestidad, el respeto al marco jurídico y la observancia de un comportamiento ético ausente de arbitrariedad, orientado al cumplimiento y la satisfacción de los intereses generales.
14. Buen gobierno: los principios, obligaciones y reglas para la mejora de la calidad en los servicios y el funcionamiento de la administración y los principios éticos y de actuación de acuerdo con los cuales deben actuar las autoridades y el personal al servicio de la administración para que esta funcione con transparencia, eficacia, eficiencia, calidad y equidad, garantizando la rendición de cuentas y la buena administración.
15. Planificación y evaluación de políticas y servicios: la administración pública debe instaurar procesos e instrumentos que permitan la planificación y la evaluación ordenada y constante de las políticas y los servicios que garanticen la mejora continua.
16. Buena regulación: en el ejercicio de su función normativa, la administración pública debe actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
17. Protección de datos: se debe garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal en el ámbito que regula esta ley, prestando especial atención a aquellos tratamientos que puedan afectar a categorías especiales de datos, menores de edad, víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social o de vulnerabilidad y supuestos equiparables, y también a aquellos que impliquen riesgos para la seguridad personal.
1. Las disposiciones de esta ley se aplican a:
a) La administración de la Generalitat.
b) El sector público instrumental de la Generalitat, en los términos definidos en el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.
c) Las Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu y cualquier otra institución estatutaria análoga que se pueda crear en el futuro, en relación con su actividad administrativa y presupuestaria, y también la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción y cualesquiera otras entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o adscritas a estas.
d) Las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana y las entidades de su sector público vinculadas o dependientes.
e) Las universidades públicas valencianas y las entidades de su sector público vinculadas o dependientes.
f) Las corporaciones de derecho público y federaciones deportivas, en cuanto a sus actividades sujetas a derecho administrativo.
g) Las asociaciones constituidas por las administraciones públicas, organismos y entidades mencionados en este artículo.
h) Cualquier otra entidad de derecho público con personalidad jurídica vinculada a las administraciones públicas o dependiente de estas.
2. A efectos de lo establecido en esta ley, se consideran administraciones públicas: la administración de la Generalitat y sus organismos públicos vinculados o dependientes, las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana, las universidades públicas valencianas, y los consorcios constituidos íntegramente por administraciones públicas territoriales.
1. Tendrán que cumplir las obligaciones de publicidad activa que establece el capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (de ahora en adelante, Ley 19/2013, de 9 de diciembre), en los mismos términos que los sujetos recogidos en el artículo 3 de la mencionada ley y respetando su naturaleza privada y las finalidades que tienen reconocidas, los siguientes sujetos:
a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales que desarrollen su actividad en la Comunitat Valenciana.
b) Las entidades privadas que perciben durante el periodo de un año natural ayudas o subvenciones de las entidades recogidas en el artículo 3 de la presente ley en una cuantía superior a 50.000 euros, o cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
2. El cumplimiento de estas obligaciones se realizará a través del portal web de la entidad, o bien utilizando los medios electrónicos de la organización, asociación o agrupación a la que pueda pertenecer. En el caso de las entidades recogidas en el apartado 1.b, también podrán cumplir sus obligaciones a través del portal web que ponga a su disposición la Generalitat.
3. Las entidades recogidas en el apartado 1.b tendrán que publicar la información a partir del año siguiente a aquel en el que se hayan superado los umbrales establecidos, y tendrá que mantenerse publicada durante cuatro años naturales.
4. La obligación que establece este artículo se incluirá en las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en las resoluciones de concesión o en los convenios que instrumenten la concesión de subvenciones.
1. Las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos, que ejerzan funciones delegadas de control u otro tipo de funciones administrativas o lleven a cabo actividades cualificadas como servicios de interés económico general están obligadas a suministrar a los sujetos del artículo 3 a los que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones previstas en esta ley.
Esta obligación se extiende a todas las partes adjudicatarias de contratos del sector público y a las personas beneficiarias de las subvenciones, en los términos que se prevé en el respectivo contrato y las bases reguladoras de las subvenciones y la resolución de concesión de estas, sin perjuicio de las obligaciones de publicidad activa previstas en el artículo 4 de esta ley.
2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, o documento contractual equivalente, y las bases reguladoras de las convocatorias, los convenios y las resoluciones de concesión de ayudas y subvenciones deben recoger de forma expresa esta obligación, así como los medios para su cumplimiento y los mecanismos de control y seguimiento. Sin perjuicio de ello, la no inclusión de esta obligación en estos instrumentos no exime de su cumplimiento.
3. Las administraciones públicas pueden acordar, previa advertencia y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa, de 100 a 1.000 euros, será reiterada por periodos de quince días hasta su cumplimiento. El total de la multa no puede exceder del 5 % del importe del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de los servicios y, si en este instrumento no figurara una cuantía concreta, la multa no excederá de 3.000 euros. Para la determinación del importe se debe atender a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad, entre otros. La competencia para imponer la multa coercitiva corresponde al órgano que ha realizado el requerimiento de suministro de información.
A efectos de lo establecido en esta ley, se consideran altos cargos:
1. En el ámbito de la administración de la Generalitat y su sector público instrumental:
a) Las personas integrantes del Consell.
b) Las personas titulares de las secretarías autonómicas, las subsecretarías, las direcciones generales y los órganos o centros directivos cuyo nombramiento sea competencia del Consell.
c) Las personas que ocupen cargos directivos como la presidencia, la dirección general, la gerencia, el cargo de consejero delegado o consejera delegada y otros cargos directivos asimilables que ejerzan funciones ejecutivas de máximo nivel con sujeción directa al órgano de gobierno en las entidades del sector público instrumental de la Generalitat a que se refiere el artículo 3.1.b de esta ley.
d) Cualquier persona que haya suscrito un contrato laboral especial de alta dirección.
e) Las personas que tengan la consideración de alto cargo de acuerdo con las leyes.
2. En el ámbito de la administración local, las personas integrantes de las corporaciones locales, las titulares de los órganos superiores y directivos y el personal directivo de su sector público vinculado o dependiente, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de las entidades de régimen local.
3. En el resto de entidades y de organismos incluidos en el artículo 3, las personas que tienen la titularidad o forman parte de órganos de gobierno y quienes ejerzan cargos directivos, como por ejemplo la presidencia, las direcciones generales, las gerencias, los consejeros delegados y las consejeras delegadas, y funciones ejecutivas asimilables en las entidades de su sector público vinculadas o dependientes.
1. Las organizaciones comprendidas en el artículo 3 deben actuar con transparencia, y la deben promover mediante la publicidad y difusión de la información sobre su actividad pública, especialmente a través de internet, en los términos que establecen esta ley y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2. El principio de transparencia debe aplicarse de forma preferente. Cualquier excepción o limitación se debe derivar de una norma con rango de ley.
3. Los sujetos incluidos en el artículo 3 promoverán la cultura de la transparencia entre la ciudadanía y entre los diferentes sectores sociales, a fin de favorecer el ejercicio del derecho de acceso a la información, impulsar la rendición de cuentas y la creación de valor añadido por medio de la reutilización de la información y promover la asunción del principio de transparencia por parte de las entidades privadas, tanto en la sociedad civil como en las estrategias de responsabilidad social corporativa de las empresas.
Para fomentar la cultura de la transparencia, se llevarán a cabo campañas informativas, cursos y acciones de formación y medidas para la sensibilización y divulgación entre la ciudadanía, y se fomentará entre la población infantil y juvenil mediante proyectos de educación en gobierno abierto, formación a profesorado, recursos didácticos o educación no formal.
4. Se entiende por información pública el conjunto de documentos o contenidos, cualquier que sea su formato o apoyo, que estén en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el artículo 3 y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, independientemente del momento en que hayan sido elaborados o adquiridos.
5. La publicidad y la puesta a disposición de la información pública se debe ajustar a los límites establecidos en la legislación estatal básica y en la propia de la Generalitat en materia de transparencia, sin perjuicio de lo que se pueda derivar de la normativa de protección de datos de carácter personal, y de la normativa específica que le sea aplicable.
1. A fin de garantizar la difusión y la transparencia de una información pública objetiva, veraz, comprensible y actualizada, las administraciones públicas comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley deben adoptar políticas de gestión integral de los documentos, tanto en apoyo analógico como electrónico, y deben diseñar e implementar los sistemas y las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la interoperabilidad, la seguridad, la integridad, la conservación, la accesibilidad y la recuperación de la información, así como la integración de conjuntos de datos públicos para su reutilización. Así mismo, deben adaptar sus sistemas de gestión de la información para que la información y documentación que generen o reciban en el ejercicio de sus competencias se conserve y difunda de acuerdo con las premisas de transparencia y reutilización. Estas entidades deben publicar las características y criterios de su política de gestión documental.
2. Los archivos públicos que forman parte del Sistema Archivístico Valenciano están sujetos a los principios establecidos en esta ley para asegurar el acceso a sus fondos y la transparencia en su funcionamiento, en las condiciones establecidas en esta y en la normativa reguladora de los archivos de la Comunitat Valenciana, todo ello sin perjuicio de lo que establezca la legislación sobre secretos oficiales y la normativa que regula el acceso a archivos o bienes de valor histórico o cultural.
3. Las tablas de valoración documental que apruebe la Junta Calificadora de Documentos Administrativos, deben establecer el régimen de conservación y acceso en las series documentales sujetas a publicidad activa y solicitadas a través del derecho de acceso.
1. Atendiendo a su naturaleza y finalidad, en la elaboración de información pública y antes de facilitarla o publicarla se deben tener en cuenta los aspectos siguientes:
a) Se deben cumplir los principios de protección de datos, especialmente los referidos a proporcionalidad del tratamiento de datos personales y la limitación del plazo de conservación.
b) Se deben adoptar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con la normativa de protección de datos en relación al cumplimiento de esta ley.
c) Se debe cumplir con los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto.
d) Cuando se publiquen datos o información en que se hayan disociado los datos que identifiquen personas, se deben realizar análisis para comprobar que no es posible revertir el proceso de disociación o que requeriría esfuerzos desproporcionados teniendo en cuenta el estado de la técnica.
e) Se debe realizar una evaluación de impacto en relación a la protección de datos personales y, en su caso, se debe solicitar un informe al delegado o delegada de protección de datos de la Generalitat cuando el tratamiento de datos esté referido a categorías especiales de datos, menores de edad, víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social o de vulnerabilidad y supuestos equiparables, y también a aquellos que impliquen riesgos para la seguridad personal.
f) Se deben aplicar los criterios contenidos en la normativa de protección de datos personales sobre la forma en que se deben identificar las personas interesadas en las notificaciones de anuncios y publicaciones de actos administrativos.
2. En el portal de transparencia se debe proporcionar información sobre protección de datos en un apartado visible, que debe contener, al menos, la política de protección de datos del portal, los datos de contacto del delegado o delegada de protección de datos de la Generalitat y los procedimientos para el ejercicio de los derechos regulados por la normativa sobre protección de datos, especialmente, el derecho a la supresión de datos o derecho al olvido.
3. Aquellas personas o entidades que recopilen datos e información publicada en el portal de transparencia, o facilitada en virtud de solicitudes del derecho de acceso a la información pública, son responsables del uso o tratamiento que realicen y responderán de las infracciones de la normativa sobre protección de datos que puedan cometer.
4. Cuando se publique información en la cual se identifique a personas en virtud de lo establecido en esta ley, no se debe incluir en ningún caso el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
5. Cuando se solicite información pública que contenga datos de carácter personal, el régimen aplicable es el previsto en la normativa aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública y supletoriamente en la normativa general de protección de datos.
En el supuesto de que el órgano o entidad al cual se haya solicitado la información lo estime conveniente por tener dudas razonables sobre la procedencia de facilitar la información por la posible afectación del derecho de protección de datos, puede solicitar un informe al respecto al delegado o delegada de protección de datos, siempre que la entidad disponga de esta figura en virtud de la normativa aplicable.
6. Lo dispuesto en este artículo es aplicable a los tratamientos y las publicaciones que se realicen en cumplimiento de esta ley.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 3 de esta ley deben publicar, de manera proactiva y en las condiciones que prevé esta ley, los datos e información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, con el fin de permitir a la ciudadanía la participación y el control de los asuntos públicos.
En todo caso, deben publicar, como mínimo, la información recogida en la sección segunda de este capítulo, a excepción de las entidades que se incluyen en el ámbito de la administración local, que se regirán por lo que establece el apartado 2 de este artículo.
2. Las obligaciones de publicidad activa aplicables a las entidades que forman la administración local de la Comunitat Valenciana son las previstas en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la normativa reguladora de los gobiernos locales y en las normas y ordenanzas que ellas mismas aprueben haciendo uso de su autonomía.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero de la disposición adicional segunda, los municipios pueden cumplir estas obligaciones de manera asociada o por medio de fórmulas de cooperación con otras administraciones, si por razones de capacidad o eficacia no las pueden cumplir directamente.
3. Las obligaciones de publicidad activa aplicables a los sujetos obligados de naturaleza privada recogidos en el artículo 4 se tienen que limitar a lo previsto en dicho artículo.
4. Son aplicables a la publicidad activa los límites al derecho de acceso a la información pública referidos en el artículo 27 y, especialmente, lo que se deriva de la protección de datos de carácter personal. En este sentido, junto con los criterios y obligaciones de protección de datos que prevé el artículo 9 se tiene que atender lo establecido en el apartado 7 del artículo 11.
5. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo tienen carácter de mínimas y generales y se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. Los sujetos obligados deben fomentar la publicidad de cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía.
6. Los sujetos incluidos en el artículo 3 deben adaptar las obligaciones de publicidad activa contenidas en este capítulo a sus particularidades organizativas.
1. La información objeto de publicidad activa será veraz, objetiva y actualizada, y además, se publicará de forma clara, estructurada, comprensible, con formatos reutilizables y fácilmente localizable. A tal efecto, se hará uso de buscadores que faciliten la localización de la información. Esta se acompañará de las descripciones adicionales necesarias para su interpretación (texto, mesas, gráficos o diagramas interactivos) y se elaborarán representaciones gráficas o versiones específicas más sencillas de la información que, por su naturaleza o contenido, resulte más compleja. Además, se prestará especial atención en cuanto a la utilización de lenguaje no sexista ni discriminatorio.
2. Toda la información se difundirá por medios o en formatos adecuados para que resulten accesibles y comprensibles para garantizar el acceso en condiciones de igualdad y la no discriminación tecnológica, de acuerdo con el principio de accesibilidad y diseño universal. En este sentido, se tendrá en cuenta de manera especial los colectivos de personas con diversidad funcional, en situación de mayor desigualdad o alejados tradicionalmente de las instituciones públicas, y se elaborarán versiones en lectura fácil que faciliten el acceso a la infancia y a la adolescencia. Respecto a la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles se atenderá a la normativa básica en la materia.
3. Se tiene que indicar el órgano que ha generado la información publicada y la fecha de su última actualización. Así mismo, hay que habilitar la posibilidad de acceder a series históricas de información que, habiendo sido objeto de publicidad activa, haya sido sustituida por cambios o actualizaciones. Reglamentariamente hay que establecer la periodicidad de actualización y el tiempo mínimo que hay que mantener publicada la información objeto de publicidad activa.
4. La información sometida a las obligaciones de publicidad activa se tiene que obtener, cuando sea posible, de los sistemas de información existentes en cada materia, a fin de evitar duplicidades innecesarias en la obtención de la información y favorecer su actualización constante e inmediata. A tal efecto, los centros directivos responsables deben planificar la creación o la adaptación de los sistemas de información para cumplir con las obligaciones de esta ley, y es necesario que apliquen, desde el diseño y por defecto, los principios contenidos en el Reglamento general de protección de datos.
5. De acuerdo con los principios de transparencia y protección de datos desde el diseño, los sistemas de gestión documental deben disponer de los medios técnicos necesarios que permitan la identificación y el etiquetado de aquellos contenidos informativos sujetos a la aplicación de determinadas limitaciones desde su creación, para que de manera predeterminada queden ocultos o se anonimicen convenientemente y se impida la divulgación involuntaria de estos datos, sin obstaculizar la apertura y la reutilización social del resto de contenidos.
6. Se tiene que facilitar la indexación de los contenidos informativos objeto de publicidad activa por parte de los buscadores de internet para facilitar su recuperación y localización por la ciudadanía, así como su preservación digital. Así mismo, se tienen que facilitar, en un lugar fácilmente accesible del Portal de Transparencia, procedimientos para que las personas afectadas puedan ejercer sus derechos en materia de protección de datos, especialmente el derecho a la supresión o el derecho al olvido.
7. Cuando la información objeto de publicidad activa contenga datos personales de categorías especiales o datos relativos a personas menores de edad o en situaciones de especial vulnerabilidad, la publicidad solo se llevará a cabo una vez se hayan anonimizado estos datos de forma que no se pueda identificar a las personas afectadas, sin perjuicio de todo lo previsto en el artículo 9.
8. En aquellos casos en los cuales esta ley indique la necesidad de identificación de las personas afectadas por la publicidad activa, esta identificación se tiene que realizar de la forma siguiente:
a) Si se trata de personas físicas, se las debe identificar mediante nombre y apellidos.
b) Si se trata de personas jurídicas, se las debe identificar con la denominación social.
9. Los datos que se publican se presentarán, siempre que sea posible, desagregados por sexo cuando se trate de datos estadísticos, encuestas o aquellos que sean relevantes para la visualización del impacto diferenciado de las políticas públicas y los servicios en hombres y en mujeres.
1. En el ámbito de la administración de la Generalitat y de sus organismos autónomos, la publicación de la información detallada en este capítulo se realizará a través del portal de transparencia de la Generalitat. Este portal estará adscrito orgánica y funcionalmente al centro directivo competente en materia de transparencia, y sus requerimientos técnicos y organizativos se desarrollarán reglamentariamente.
2. Los entes del sector público instrumental de la Generalitat no incluidos en el apartado 1 deben articular mecanismos de colaboración o sindicación de contenidos para cumplir con las previsiones de esta ley.
3. El resto de entidades comprendidas en el artículo 3 deben garantizar la publicación de la información detallada en este capítulo por medio de sus sedes electrónicas, portales o páginas web, sin perjuicio de las medidas de colaboración interadministrativa que puedan acordar. La administración de la Generalitat tiene que promover la interoperabilidad y el acceso desde el Portal de Transparencia de la Generalitat.
1. El cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que regula esta ley por parte de los sujetos recogidos en los artículos 3 y 4 tiene que ser objeto de control por el Consejo Valenciano de Transparencia.
2. En el ejercicio de esta facultad de control, el Consejo Valenciano de Transparencia puede efectuar, por iniciativa propia o como consecuencia de denuncia, requerimientos para la enmienda de los incumplimientos que puedan producirse de las obligaciones de publicidad activa que establece esta ley.
En el supuesto de que se constate un incumplimiento, la resolución tiene que incluir una advertencia y tiene que determinar las medidas que se tengan que adoptar para enmendar el incumplimiento y el plazo para llevarlas a cabo, que tiene que ser adecuado a la naturaleza de las medidas y que en ningún caso puede ser inferior a veinte días. La entidad afectada tiene que comunicar las actuaciones realizadas para cumplir el requerimiento.
3. La desatención de los requerimientos del Consejo Valenciano de Transparencia para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con el que prevé el título V de esta ley. El Consejo Valenciano de Transparencia puede instar la incoación del procedimiento sancionador de acuerdo con lo que prevé el apartado 3 del artículo 74 de esta ley.
1. Información institucional y organizativa.
a) Los sujetos obligados incluidos en el artículo 3 deben publicar:
1.º La estructura organizativa. A estos efectos, hay que incluir un organigrama actualizado que identifique las personas responsables de los diferentes órganos, las funciones que desarrolla, la sede, la dirección institucional, los distintos medios de contacto y el horario de atención al público.
2.º Los códigos éticos, de conducta o de buen gobierno aprobados, así como los estándares de buenas prácticas y responsabilidad social que se aplican.
b) Además, las administraciones públicas del artículo 3.2 deben publicar:
1.º La relación actualizada de sus entidades del sector público vinculadas o dependientes, con indicación de su organigrama y del régimen jurídico, económico, patrimonial, de recursos humanos y de contratación.
2.º La relación de los órganos colegiados o de participación adscritos, con su composición, las normas por las cuales se regulan, su régimen de organización y funcionamiento y las actas de sus acuerdos.
c) Además, en el ámbito de la administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, hay que publicar:
1.º Una relación de las competencias y traspasos de funciones y servicios asumidos por la Generalitat.
2.º Los acuerdos adoptados por el Consell sin perjuicio del carácter secreto de las deliberaciones y votos y, con carácter previo, el orden del día previsto de las sesiones.
Los acuerdos tienen que poder consultarse como mínimo por título, tipo de acuerdo, área o temática, departamento proponente, legislatura y fecha de aprobación; en las condiciones y con los límites que se establezcan reglamentariamente y de acuerdo con los criterios de coordinación que establezca la Comisión de Secretarías Autonómicas y Subsecretarías para preservar el respecto a los límites aplicables a la publicidad activa.
3.º Los acuerdos adoptados por los órganos colegiados superiores de gobierno y administración de las entidades del sector público instrumental, a excepción de los órganos de las entidades cuya actividad sea la prestación de servicios financieros en régimen de mercado. Esta información tiene que publicarse previa disociación de los datos de carácter personal y respetando los límites aplicables a la publicidad activa.
2. Información referente al personal.
a) Los sujetos obligados incluidos en el artículo 3 deben publicar:
1.º La plantilla orgánica de plazas, la relación de puestos de trabajo o instrumento análogo de planificación de los recursos humanos y la retribución económica anual, así como información estadística sobre las variaciones ocurridas anualmente en la plantilla.
2.º Información estadística del personal, que incluirá al menos la edad, el género, así como el porcentaje de las personas con diversidad funcional.
3.º Los acuerdos o los pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes.
4.º La relación del personal eventual existente, con indicación exprés de su identificación, las labores de confianza o asesoramiento especial que tiene encomendadas y el órgano para el cual las realiza y su perfil y trayectoria profesional, así como sus retribuciones íntegras anuales e indemnizaciones por razón del servicio.
5.º Las ofertas de empleo público y la información relativa a todos los procesos de selección y provisión de lugares mediante concurso de méritos, que tiene que incluir las listas que se generen en los procesos mencionados, a fin de permitir a cada aspirante conocer el lugar que ocupa en cada momento.
6.º Las convocatorias de selección temporal, las bolsas de trabajo temporal y las listas de personas que las integran, a fin de que permitan a cada aspirante conocer el lugar que ocupa en cada momento.
7.º Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a su personal. Necesariamente, hay que publicar la identificación de la persona, el lugar que ocupa y la actividad autorizada.
8.º Información estadística desagregada sobre el número –y la distribución por organizaciones y órganos o entidades– de representantes sindicales y unitarios del personal empleado público, detallando el crédito horario anual del que disponen, así como el número de personas que disfrutan de la dispensa total de asistencia al trabajo y la causa, clasificado por cada organización sindical.
b) Además, en el ámbito de la administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, hay que publicar la relación de los puestos de trabajo y la categoría profesional del personal de las empresas adjudicatarias de contratos que realizan una actividad, servicio u obra con carácter permanente en una dependencia o establecimiento público, así como el régimen de dedicación, el régimen retributivo y las tareas realizadas.
3. Información sobre servicios públicos, procedimientos y planificación.
a) Los sujetos obligados incluidos en el artículo 3 deben publicar:
1.º La cartera de servicios.
2.º Las cartas de servicios y el grado de cumplimiento de sus compromisos.
3.º El procedimiento para la presentación de quejas, sugerencias y, si procede, agradecimientos o felicitaciones, y los informes de evaluación que se realicen.
4.º Los informes sobre la calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración.
5.º La relación actualizada de los procedimientos administrativos, con indicación de su objeto, los trámites, los plazos, el sentido del silencio administrativo, los recursos que puedan interponerse con relación a las resoluciones que finalizan y los formularios asociados, así como los que están disponibles en formato electrónico y las vías y sedes de los registros en los que puedan presentarse escritos y comunicaciones.
6.º Los planes y programas anuales y plurianuales en los cuales se fijan los objetivos concretos, las actividades, los medios necesarios para ejecutarlos, el tiempo previsto para su consecución, los órganos responsables de su ejecución y los indicadores que permitan su seguimiento y evaluación. También hay que publicar su grado de cumplimiento y los resultados, que tienen que ser objeto de evaluación y publicación periódica.
b) Además, en el ámbito de la administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, se publicará:
1.º Información sobre las listas de espera de acceso a los servicios públicos esenciales, incluyendo el tiempo medio de espera.
2.º Las convocatorias y la adjudicación de plazas en centros educativos públicos y concertados, sin que en ningún caso se puedan identificar a personas menores de edad.
3.º Las convocatorias y la adjudicación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y el resultado de estas, sin que en ningún caso se puedan identificar a personas que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.
4.º Información sobre las prestaciones, el impacto, la planificación y la evaluación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
5.º Los estudios e informes de evaluación de las políticas públicas y de calidad de los servicios públicos, con especial atención a aquellos que tengan más impacto en la ciudadanía.
6.º Los planes e informes anuales de la Inspección General de Servicios de la Generalitat.
7.º El plan estratégico o de gobierno que determine su programa de actuación durante la correspondiente legislatura, y el grado de cumplimiento de compromisos.
8.º El seguimiento del grado de cumplimiento de las resoluciones aprobadas por las Corts Valencianes que afecten al Consell.
4. En situaciones de emergencia o grave riesgo colectivo, en el ámbito de la administración de la Generalitat y su sector público instrumental hay que publicar el protocolo de actuación y hay que difundir sin demora la información de la que disponga en caso de amenazas inminentes para la salud humana o el medio ambiente, teniendo en cuenta lo que prevé la normativa que regula la gestión de la información en estas situaciones.
Los sujetos recogidos en el artículo 3 tienen que publicar, respecto a sus altos cargos, la información que se detalla a continuación:
1. La información relativa a las funciones atribuidas por razón de su cargo o función, así como su perfil y trayectoria profesional, incluyendo la reproducción gráfica acreditativa de los principales méritos académicos de su currículum.
2. Los obsequios recibidos por razón del cargo, con indicación de su descripción, la persona o la entidad que los realizó, la fecha y el destino que se les ha dado. Así mismo, es necesario que se publiquen los obsequios realizados por razón del cargo, que deben incluir al menos su descripción, la persona que los realizó y la que los recibió, así como la fecha.
3. Las declaraciones de actividades, bienes, derechos y obligaciones patrimoniales presentadas al nombramiento y al cese, así como sus modificaciones, según lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos.
4. Las resoluciones que determinen la compatibilidad o incompatibilidad, según lo que dispone la normativa reguladora del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos.
5. Los viajes y desplazamientos fuera de la Comunitat Valenciana realizados en el ejercicio de su función, indicando el objeto, el destino, el medio de transporte, la fecha, el número de acompañantes y el coste total detallado, incluyendo dietas y el resto de gastos asociados al viaje del alto cargo.
6. Las agendas institucionales y de trabajo, que deben contener, al menos, la fecha, la descripción y la ubicación del acto o reunión, teniendo que publicarse con la suficiente antelación. En el supuesto de que no pueda hacerse pública la agenda con carácter previo, la publicidad se tiene que hacer a posteriori, salvo que existan causas justificadas que lo impidan.
7. Las retribuciones brutas percibidas anualmente, identificando desglosados los conceptos retributivos que perciba, como por ejemplo trienios o indemnización por residencia. Esta información tiene que ir referida al ejercicio corriente y tiene que ser actualizada ante cualquier modificación.
8. Las indemnizaciones percibidas, si procede, al dejar de ejercer su cargo o por resolución del contrato.
1. Las administraciones públicas del artículo 3.2 deben publicar:
a) La normativa vigente en su ámbito de aplicación, incluyendo la versión consolidada de la norma.
b) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares y respuestas a consultas planteadas que tengan incidencia sobre la interpretación y la aplicación de las normas.
c) Los informes de evaluación de la normativa vigente.
d) El plan anual normativo.
e) La relación actualizada de los proyectos normativos que estén en proceso de elaboración, con indicación del objeto, los trámites exigibles y el estado de estos, así como los procedimientos de participación ciudadana previstos.
f) El resultado de las consultas y audiencias públicas planteadas durante la elaboración de normas, incluyendo la valoración de las alegaciones formuladas.
g) Los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y proyectos de reglamento que se encuentren en tramitación, así como las memorias, informes y dictámenes que conforman el expediente de elaboración de las normas. El texto de los proyectos normativos se tiene que publicar desde el momento en que se soliciten informes preceptivos.
h) Las memorias, informes y dictámenes que conforman el expediente de elaboración de las normas a las que hace referencia el apartado anterior que han sido aprobadas una vez finalizada su tramitación.
i) Los documentos que se sometan a consulta pública o en un periodo de información pública durante su tramitación, así como las alegaciones que se realicen durante este trámite y el informe de valoración de las alegaciones formuladas.
j) Las resoluciones administrativas y judiciales que puedan tener relevancia pública y las resoluciones judiciales definitivas que afecten a los sujetos del artículo 3, por razón del ejercicio de las funciones y las responsabilidades que tengan atribuidas.
k) El inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
l) La relación de sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial que tengan impacto en los procedimientos administrativos o la prestación de los servicios públicos con la descripción de manera comprensible de su diseño y funcionamiento, el nivel de riesgo que implican y el punto de contacto al que poder dirigirse en cada caso, de acuerdo con los principios de transparencia y explicabilidad.
2. Además, la administración de la Generalitat y su sector público instrumental tienen que publicar la información siguiente, adaptada a sus particularidades organizativas:
a) Aquellos informes jurídicos de la Abogacía General de la Generalitat que den respuesta a consultas planteadas, en la medida que