Categoría: Administración

La Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la modernización y diversificación del ecosistema naval español (PERTE NAVAL), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fija las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a agrupaciones sin personalidad jurídica propia para la realización de proyectos con carácter tractor dentro de la cadena de valor del PERTE NAVAL.
Según se recoge en la Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, las ayudas al PERTE NAVAL se financiarán en su componente de subvención, con créditos dotados en el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2022, y en el artículo 37 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su financiación estará vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Recuperación, así como a la estimación de costes vinculada al mismo.
Asimismo, dicha Orden recoge que, en su componente de préstamo, se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, en el componente de préstamo, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 prevé que la partida de «Préstamos fuera del Sector Público» pueda estar imputada al servicio 50 vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esto hace que haya que contemplar las exigencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a la hora de conceder ayudas en forma de préstamo, por lo que es necesario introducir cambios a través de esta modificación en la Orden ICT/739/2022, de 28 de julio.
Esta previsión supone que, además de que los proyectos primarios deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021 y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, se considera necesario modificar el procedimiento de evaluación para cumplir con la contribución climática admitiendo a todos aquellos proyectos primarios que permitan que el proyecto tractor esté por encima del 40 por ciento ponderando con la financiación, entendiéndose como tal, subvención más préstamo, y no sólo ponderando a la subvención.
Asimismo, se considera preciso modificar algunos aspectos de la orden de bases, entre otros, se adecúa a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre el alcance de la responsabilidad solidaria y se modulan las excepciones a la exclusión de empresas en crisis conforme a la normativa UE, se elimina la exigencia de innovación en los proyectos primarios de eficiencia energética, se elimina el concepto «inventariable» para ajustarlo al Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, la documentación a presentar y se han matizado algunos conceptos.
En cuanto a la línea de ayudas regionales a la inversión, no serán éstas objeto de ayuda para la convocatoria anticipada de 2023, al no haberse publicado una modificación del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o el de sus posibles modificaciones posteriores que las permita para el sector naval.
Finalmente, para la convocatoria anticipada de 2023, se ha considerado flexibilizar el régimen de garantías, teniendo en cuenta la dificultad surgida en otros proyectos estratégicos de este Ministerio en la obtención de garantías debida a la situación económica por la que pasan los mercados financieros, el incremento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, y teniendo en cuenta la exigencia de responsabilidad solidaria a las agrupaciones que desarrollen un proyecto tractor, la cual es en sí misma una garantía frente a la administración.
En atención a la especificidad de la modificación y su alcance, así como a la necesidad de efectuar la convocatoria anticipada para el año 2023 en plazo que garantice la ejecución presupuestaria prevista para el PERTE NAVAL y la contribución de la misma a los objetivos comprometidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se acumula la modificación de la orden de bases y la tramitación anticipada de la convocatoria para el año 2023 en este mismo acto normativo, conforme a lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Por lo tanto, a través de la presente orden se modifica la Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la modernización y diversificación del ecosistema naval español (PERTE NAVAL), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, orden de bases) y se efectúa la convocatoria anticipada al amparo de la misma.
La orden de bases incentiva el desarrollo e implementación de actuaciones que tengan un efecto tractor en la economía y que impacten de forma integral sobre la cadena de valor industrial del sector naval, estableciendo un esquema colaborativo y coordinado que permita una sinergia en el desarrollo de las áreas del ecosistema naval favoreciendo así la cooperación entre empresas que desarrollen su actividad en ámbitos diferenciados de la cadena de valor. Para ello, concurrirán agrupaciones de, al menos, seis empresas, con presencia relevante de PYME y en un ámbito geográfico que abarque, al menos, dos comunidades autónomas. Además, la agrupación deberá contar con la colaboración de, al menos, una entidad con la capacidad técnica y organizativa suficiente para la realización de las actividades de I+D+i que incorpore el proyecto tractor, en el caso de que ninguna de las entidades participantes de la agrupación adquiera el rol de proveedor de tecnología o conocimiento.
En este contexto, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tiene como objetivo que el tejido industrial de la cadena de valor del sector naval español posea las capacidades e infraestructuras necesarias para que se puedan desarrollar todas las actividades que permitan su diversificación, digitalización y sostenibilidad, teniendo en cuenta tanto el contexto de salida de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, como la necesidad de una recuperación en clave ecológica, sobre la base de la neutralidad climática y la protección ambiental.
El 13 de julio de 2021, el Consejo de Asuntos Económicos y Financiero (ECOFIN) aprobó, entre otros, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, siendo la presente convocatoria parte de la estrategia para la transformación y digitalización de la industria.
La presente convocatoria se cofinancia con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se inserta específicamente en la Inversión 2 «Programa de Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial» del Componente 12 «Política Industrial España 2030». Además, contribuirá al cumplimiento de los objetivos 185 y 186 aprobados en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España del pasado 13 de julio de 2021 («CID») y al indicador de seguimiento 186.1 establecidos en las Disposiciones Operativas («OA»).
Esta convocatoria se imputará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 20.50.42LB.774, 20.50.46LB.744, 20.09.467C.837 del Ministerio de Industria Comercio y Turismo del presupuesto vigente en 2022 que estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la convocatoria puede aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se produce la concesión y se cumpla alguna de las circunstancias concretadas en el artículo 56.1 del citado Reglamento.
En este sentido, la referencia artículo 56.1 b) del Reglamento se cumple con la previsión de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que está siendo sometido a la aprobación de las Cortes Generales correspondiente al ejercicio 2023, en el cual se adquirirá el compromiso de gasto como consecuencia de la aprobación de la resolución de concesión de la convocatoria de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la modernización y diversificación del ecosistema naval español (PERTE NAVAL), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que irán con cargo a las partidas 20.50.46LB.774.00, 20.50.46LB.744, 20.50.42LB.836 o las que las sustituyan una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa, de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, de política comercial y de apoyo a la empresa, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. La gestión que la Administración General del Estado realiza de estas ayudas, permite introducir un adecuado nivel de competencia, así como una planificación racional y eficaz de las mismas.
El artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
El ajuste de la norma propuesta al principio de necesidad y eficacia viene dado por la importancia que tiene para España el poseer un sector industrial potente, ya que las naciones que lo tienen son capaces de afrontar las crisis en mejores condiciones, con empleos más estables y mejores salarios.
En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, muchos de los cuales son de cálculo automático, de forma que se deje el menor peso de la evaluación al criterio del evaluador.
El principio de eficiencia se cumple al realizar convocatorias a nivel nacional, de modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce, pudiendo efectuar economías de escala y asegurando que los criterios utilizados son los mismos, independientemente del origen de la solicitud.
Esta norma no supone una vulneración del principio de seguridad jurídica y para asegurarlo, se dispone de los informes necesarios de los Servicios Jurídicos del Estado.
La orden se estructura en veinticuatro artículos, una disposición transitoria dos disposiciones finales y nueve anexos.
En la elaboración de esta orden han emitido informe el Servicio Jurídico y la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En virtud de todo lo expuesto, dispongo:
La presente orden tiene por objeto la modificación de la Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la modernización y diversificación del ecosistema naval español (PERTE NAVAL) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como proceder a la tramitación anticipada de la convocatoria correspondiente al año 2023.
La Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la modernización y diversificación del ecosistema naval español (PERTE NAVAL), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, queda modificada como sigue:
Uno. Se elimina el apartado 5, se modifica el apartado 4, y se renumeran y modifican los apartados 5 y 6 del artículo 4, que quedan redactados de la siguiente manera:
«4. Las ayudas reguladas por esta orden de bases se asignarán a los proyectos tractores siguiendo la clasificación realizada a los mismos, según la puntuación obtenida de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25 y anexo VI de esta orden de bases, y hasta agotar el crédito disponible en la partida presupuestaria correspondiente.
Para asegurar el alcance del 40 por ciento en la contribución climática de cada proyecto tractor, se etiquetará a cada uno de los proyectos primarios que lo compongan con una etiqueta de contribución climática del 100 por cien, 40 por ciento o 0 por ciento, según su caso, y se admitirán aquellos proyectos primarios que aseguren, ponderando al préstamo y a la subvención, el alcance de dicho 40 por ciento hasta agotar el presupuesto disponible correspondiente tanto a préstamo como a subvención.
Se dará prioridad a aquellos proyectos tractores con mayor puntuación y, dentro de cada proyecto tractor, a los proyectos primarios mejor puntuados con una etiqueta de contribución climática del 100 por cien y del 40 por ciento, y a aquellos que garanticen la estructura obligatoria del proyecto tractor. En el caso de que haya varias entidades participantes en un proyecto primario, dichas entidades se ordenarán en función de su puntuación de viabilidad económica, de mayor a menor, y se dará prioridad a aquellas con mayor puntuación.
A efectos de contribución climática, durante el proceso de evaluación los proyectos primarios serán etiquetados en alguna de las etiquetas del anexo VI del Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, entre las que se encuentran:
a) 022 Procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación entre empresas, con especial hincapié en la economía con bajas emisiones de carbono, la resiliencia y la adaptación al cambio climático.
b) 023 Procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación entre empresas, con especial hincapié en la economía circular.
c) 024 Eficiencia energética y proyectos de demostración en pymes y medidas de apoyo.
d) 024 bis Eficiencia energética y proyectos de demostración en grandes empresas y medidas de apoyo.
5. A los proyectos primarios comprendidos en el bloque de "Digitalización" les corresponde, de conformidad con el Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, entre otras, la etiqueta 010 y 010 bis.1 "Digitalización de pymes" y "Digitalización de grandes empresas", con un coeficiente del 0 por ciento en los objetivos climáticos y medioambientales, y del 100 por cien en los objetivos digitales.
6. Las correspondientes convocatorias podrán establecer la forma específica de la ayuda y el importe máximo de préstamo y de subvención a conceder en cada anualidad, en función de la disponibilidad presupuestaria, y podrá estar ligado al tamaño de la empresa, la tipología de proyecto, la línea de actuación o el tipo de gasto financiable. En todo caso, se respetarán los umbrales sobre el presupuesto financiable, previstos en el artículo 18 de esta orden de bases, y de conformidad con el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, o el de sus posibles modificaciones posteriores, o sus posibles modificaciones vigentes en el momento de las convocatorias. Se entiende por presupuesto financiable la suma de costes financiables previstos en el artículo 13 de esta orden de bases.»
Dos. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:
«1. Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2022, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Su financiación estará vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Recuperación, así como a la estimación de costes vinculada al mismo.
Las aplicaciones presupuestarias se determinarán en las correspondientes convocatorias y, dentro del ámbito del Plan de Recuperación, en la Inversión 2 "Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial" del Componente 12, contribuyendo al cumplimiento de los hitos y objetivos que se asocien a la misma en el Plan de Recuperación.»
Tres. Se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 6, y quedan redactados de la siguiente manera:
«1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden de bases las agrupaciones sin personalidad jurídica propia que cumplan con los requisitos del anexo I de la misma.
Podrán ser participantes de la agrupación las sociedades mercantiles privadas, con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con independencia de su forma jurídica y su tamaño, y las sociedades mercantiles estatales, según la definición del artículo 111 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda.
Todos los miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios de la ayuda, y serán responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro y las responsabilidades por infracciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 30.6, 40.2 primer párrafo y letra a) del artículo 53 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las entidades participantes serán solidariamente responsables hasta un límite, constituido por las cantidades recibidas en razón de ese proyecto tractor, que será la suma de la subvención bruta equivalente del préstamo más la subvención, y en proporción a las cantidades asignadas a cada una, en consonancia con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a efectuar.»
«5. Asimismo, tampoco podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas empresas que se encuentren en crisis, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.4.c) y 2.18 del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o sus posibles modificaciones posteriores que pudieran producirse. En particular, el Reglamento (UE) 2020/972 de la Comisión, de 2 de julio de 2020, que prorroga la vigencia del Reglamento (UE) número 651/2014, de 17 de junio de 2014, hasta el 31 de diciembre de 2023. Y posteriormente, en virtud del Reglamento (UE) 2021/1237 de la Comisión, de 23 de julio de 2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) número 651/2014, que regula que las empresas que no se encontraban en crisis el 31 de diciembre de 2019 pero, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, pasaron a ser empresas en crisis durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, deben poder seguir optando a las ayudas con arreglo al Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
Tampoco podrán ser beneficiarias, para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dicha circunstancia se acreditará conforme a los procedimientos recogidos en el citado artículo13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En el caso de que, en el momento de presentación de la solicitud, no dispusiera de dicha documentación, ésta se presentará una vez notificada la propuesta de resolución provisional, durante su periodo de alegaciones.»
Cuatro. Se modifica el apartado 4 al artículo 9, por lo que queda redactado de la siguiente manera:
«4. La entidad participante de la agrupación deberá, en todo caso, informar en la solicitud sobre las actividades a subcontratar y el presupuesto de contratación, de conformidad con los artículos 29.3 y 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.»
Cinco. La letra b) del apartado 2 del artículo 12 queda redactada de la siguiente manera:
«b) Inversiones en medidas de ahorro energético o eficiencia energética. Se considerarán aquellas inversiones destinadas a mejoras que permitan lograr un nivel más elevado de eficiencia energética en los procesos de producción de la entidad.»
Seis. Se modifican la letra b) del apartado 3 y las letras g) y h) del apartado 8, y se añade la letra k) al apartado 8 del artículo 13, que quedan redactadas de la siguiente manera:
«b) Gastos de instrumental y material. En la medida y durante el periodo en que se utilicen para el proyecto. En caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán subvencionables los gastos de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados, y dentro de los límites marcados por la resolución de concesión. Los materiales deberán estar vinculados directamente a la producción y a los objetivos del proyecto.
Para ser financiables, los gastos de instrumental y material deberán ir asociados a un proyecto primario en cuyo presupuesto financiable se incluyan otras partidas de las indicadas en este apartado. Los gastos de instrumental y material no superarán el 60 por ciento del presupuesto financiable del proyecto primario.»
«g) Cuando el importe del gasto supere las cuantías que se establezcan en cada momento en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se estará a lo dispuesto en el artículo 9 de esta orden de bases.
h) Respecto a los bienes inventariables, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 31.4, 31.5 y 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En particular, la entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la ayuda al menos cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, y dos años para el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la ayuda concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.»
«k) Cuando el beneficiario de la subvención sea una empresa, los gastos subvencionables en los que haya incurrido en sus operaciones comerciales deberán haber sido abonados en los plazos de pago previstos en la normativa sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.»
Siete. La letra a) del apartado 1 del artículo 17 queda redactada de la siguiente manera:
«a) Importe del préstamo. El que resulte de la aplicación de los porcentajes y límites establecidos en el artículo 18 de esta orden de bases. Además, el importe nominal del préstamo a conceder estará acotado, de acuerdo al riesgo vivo acumulado de la entidad con la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (en adelante, DGIPYME) que no podrá superar en 5 veces los fondos propios de la entidad participante en el ejercicio 2021. Si los fondos propios de la entidad participante no fueran positivos, no se concederá préstamo. Para las empresas de nueva creación que no dispongan, en el momento de presentación de la solicitud, de cuentas anuales depositadas en el registro correspondientes al ejercicio 2021, el importe de los fondos propios se tomará de un informe emitido por un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de fecha anterior a la presentación de la solicitud.»
Ocho. Se modifican los apartados 5.h), 6 y 7 del artículo 18, que quedan redactados de la siguiente manera:
«h) La financiación total a conceder para un grupo empresarial en el conjunto de proyectos primarios y tractores en los que participe en esta convocatoria, no podrá superar el 25 por ciento de la cuantía total máxima convocada. Para el cómputo de esta financiación total, se sumará el préstamo nominal más subvención de cada entidad.»
«6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) número 651/2014, de la Comisión de 17 de junio de 2014, cuando la ayuda se conceda en una forma que no sea la de subvención deberá calcularse su equivalente de subvención bruta.
Para el cálculo de ese equivalente, se debe tener en cuenta lo establecido en la consideración (23) del citado Reglamento.
La intensidad de la ayuda, correspondiente a los préstamos concedidos por empresa y proyecto primario, deberá expresarse en términos de su equivalente en subvención bruta. El tipo de interés que debe emplearse a efectos, tanto del cálculo del coeficiente de actualización como del cálculo del importe de las ayudas en sí mismo, debe ser, respectivamente, el tipo de actualización y el tipo de referencia aplicables en el momento de la concesión, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión (2008/C 14/02) relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización. La metodología de cálculo a seguir para la obtención del importe de la ayuda, en la que entran como factores los tipos de interés anteriores, será la indicada en la Comunicación de la Comisión (2008/C 14/02) o en la normativa que pudiera sucederle y de conformidad con el anexo I de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (98/C 74/06), y utilizando los criterios de calificación financiera establecidos en el anexo VI de esta orden de bases.
7. Según los tipos de proyectos, las intensidades brutas máximas por proyecto primario y entidad beneficiaria serán las siguientes:
En el caso de I+D, la intensidad bruta de la ayuda podrá aumentarse en 15 puntos porcentuales, hasta un máximo del 80 por ciento, si se cumple alguna de las condiciones establecidas en el artículo 25.6.b) del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
La intensidad bruta de ayuda podrá incrementarse en 15 puntos porcentuales en el caso de las inversiones para medioambiente y eficiencia energética situadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado, y en 5 puntos porcentuales en el caso de las situadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado.»
Nueve. Las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 24 quedan redactadas de la siguiente manera:
«a) Documentación del proyecto tractor:
1.º Formulario de solicitud de ayuda para el proyecto tractor y cuestionario electrónico. Conforme al modelo que se establezca en la convocatoria correspondiente, el fichero será firmado electrónicamente y cumplimentado necesariamente con los medios electrónicos disponibles en el Portal de ayudas y la sede electrónica. La entidad designada como interlocutor de la agrupación presentará, en nombre de ésta, la solicitud de ayuda con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante la firma electrónica de la solicitud se garantizará la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
2.º Acuerdo de agrupación que contenga los requisitos indicados en el anexo I de la orden de bases.
3.º Memoria descriptiva del proyecto tractor, según la estructura y contenido que se establece en la convocatoria, firmada electrónicamente.
4.º Plan de formación y reciclaje profesional. Debe englobar a cada entidad participante de la agrupación, con los compromisos de formación de cada una de ellas.
5.º Acreditación válida del poder de la persona física representante de la entidad designada como interlocutora con la Administración, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, para los trámites que, en nombre de la agrupación, haya que realizar durante la solicitud, así como durante la instrucción del procedimiento.
6.º En el caso de que ningún participante de la agrupación adquiera el rol de proveedor de tecnología o conocimiento, acreditación de la capacidad técnica y organizativa suficiente para la realización de actividades de I+D+i de la empresa subcontratada.
b) Documentación de la entidad participante:
1.º Acreditación de la inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda, para aquellas entidades que desarrollen actividades económicas.
2.º Acreditación válida del poder del firmante, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia para la presentación de la solicitud en nombre de cada entidad que suscribe el Acuerdo de la agrupación.
3.º Informe de riesgos de la Central de información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) agregado de la deuda financiera en el momento de la solicitud, o con una antigüedad máxima de tres meses contados desde la emisión de la CIRBE hasta la fecha de presentación de la solicitud.
4.º Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de cada entidad que forme parte de la agrupación, solo en el caso en el que ésta no autorice que el órgano concedente obtenga de forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos, conforme a lo establecido en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
5.º Memoria de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios que se indiquen en la convocatoria, si procede, correctamente depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro de cuentas anuales del sector público, junto con el justificante de depósito y, si está obligado a ello, informe de auditoría de las mismas.
Para empresas de nueva creación que no dispongan, en el momento de presentación de la solicitud, de cuentas anuales depositadas en el registro correspondientes al ejercicio 2021, un informe emitido por un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de fecha anterior a la presentación de la solicitud, donde figure el importe de los fondos propios y la deuda financiera total.
Para el resto de empresas se considerarán los fondos propios acreditados en las cuentas correspondientes al ejercicio depositadas en el registro correspondiente.
6.º Acreditación de la declaración y liquidación del Impuesto de Sociedades, si procede, en la forma que se especifique en la convocatoria.
7.º Declaración responsable, según el modelo que se detalla en el anexo IV de esta orden de bases. No obstante, en el caso de que pudieran ser necesarias otras declaraciones responsables conforme a la normativa nacional y europea, que den cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación, el modelo se detallará en la convocatoria.
8.º Declaración responsable, según el modelo establecido en el anexo IV de esta orden de bases, que detalle cualquier tipo de fondos públicos que haya obtenido o solicitado para financiar las actividades para las que solicita ayuda. Además, deberá actualizar esta declaración si en cualquier momento ulterior de la instrucción se produce una modificación de lo inicialmente declarado.
9.º Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, conforme al modelo establecido en el anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
10.º Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según se detalle en la convocatoria.
11.º Información relativa al importe y condiciones de los préstamos vivos que hubiera obtenido de cualquier Administración o ente público, así como una breve descripción del objeto financiado.
12.º Justificación de que la cantidad de ayuda requerida se limita a la cantidad mínima necesaria para estimularla a llevar a cabo los proyectos primarios en los que interviene y, como consecuencia, participar en el proyecto tractor; y que las ayudas en dichos proyectos no conducirán a la creación de sobrecapacidades ni reforzarán sobrecapacidades existentes en mercados en declive absoluto.
13.º Plan Específico de Eficiencia y Transición Energética, con la estructura y contenido y en los términos que se indiquen en las correspondientes convocatorias.
14.º Modelo de declaración previsto en la Comunicación de la Comisión 2003/C 118/03 (o el de sus modificaciones o sustituciones posteriores) de los dos últimos ejercicios contables cerrados. Especificar si se trata de una microempresa, pequeña, mediana o gran empresa.
15.º Consumo anual de energía primaria en MWh, relativo al año 2022, y previsión de su reducción de consumo como consecuencia de las inversiones realizadas. Se tendrán en cuenta los conceptos consumo de energía total, consumo de energía por unidad de producción, ahorro energético estimado (total y por unidad de producción), y posible variación de la producción. Se hará un desglose por cada proyecto primario en el que participe.
16.º Para cada uno de los proyectos primarios en los que participe, enmarcados en el bloque de digitalización, indicar si el proyecto corresponde a "el desarrollo de tecnologías y soluciones digitales", "la adopción de soluciones digitales para transformar sus servicios, productos o procesos" u "otros". Especificar si, con anterioridad, ha recibido ayuda para desarrollar o adaptar productos, servicios o procesos de aplicación digitales.
17.º Para cada uno de los proyectos primarios en los que participe, enmarcados en el bloque de sostenibilidad, indicar las emisiones de gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2022, en kilogramos de dióxido de carbono equivalente, y previsión de su reducción como consecuencia de la inversión.
18.º Declaración de ausencia de conflicto de intereses, conforme al modelo facilitado en el anexo VIII de esta orden de bases, y que será actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, hasta la remisión de la propuesta de resolución definitiva.
19.º Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, se establece la necesidad de acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago mediante certificación, emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora.
20.º Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
c) Documentación del proyecto primario:
1.º Memoria descriptiva de cada proyecto primario, según la estructura y contenido que se establezca en la convocatoria.
Para proyectos de la línea de sostenibilidad y eficiencia energética, la convocatoria determinará la documentación adicional que deberá acompañar a estas memorias descriptivas, y que deberán presentarse para justificar la adicionalidad de los gastos imputados al proyecto, que podrá incluir ofertas en firme de diferentes proveedores, referencias a estudios o informes de terceros, entre otros.
2.º Calendario de ejecución con el formato y contenido que se facilite en el Portal de Ayudas.
3.º Ficha con las tablas del presupuesto según los modelos disponibles en el Portal de Ayudas y con el formato y contenido que se facilite en el mismo.
4.º Informe de calificación de las actividades del proyecto emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC, o entidad equivalente de otro Estado miembro de la Unión Europea, en el caso de proyectos primarios de investigación industrial y desarrollo experimental. El informe determinará la naturaleza tecnológica de las actividades del proyecto, conforme a lo establecido en esta orden de bases. En caso de no presentar dicho informe, el órgano competente estudiará si el proyecto primario se puede considerar de innovación y, en caso de no serlo, el proyecto no será subvencionable.
5.º Memoria de evaluación sustantiva de las actividades del proyecto, que determine el cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio significativo". La evaluación sustantiva se realizará siguiendo las directrices y modelos establecidos por la Comunicación de la Comisión Europea (2021/C 58/01), relativa a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de "no causar un perjuicio significativo", en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Adicionalmente, se solicitará la acreditación de dicho cumplimiento, tal y como se determina en el artículo 27 de esta orden de bases.
6.º Para cada una de las entidades participantes, para las instalaciones afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero según se define en el anexo III de esta orden de bases, informe de emisiones del último periodo disponible verificado por entidad acreditada, y memoria en la que se expliquen los cálculos que han llevado a realizar una previsión favorable que justifique que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar, se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes en el año 2026.
7.º En el caso de que, en un proyecto primario de I+D se prevea un incremento de la intensidad de ayuda por el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en el artículo 25.6.b) del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o se trate de un proyecto primario correspondiente a una inversión para medioambiente y eficiencia energética situadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a) o c), del Tratado, dicha circunstancia deberá indicarse en la memoria del proyecto y justificarse.»
Diez. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 25, que quedan redactados de la siguiente manera:
«2. La evaluación de cada solicitud, estructurada en un único proyecto tractor, se realizará basándose en los criterios que se especifican en este artículo. La puntuación total de la evaluación estará normalizada en el rango entre 0 y 70 puntos, y se obtendrá de la suma de las puntuaciones de los criterios C), D) y E) indicados en el punto 4. En los casos en los que se establezcan umbrales de puntuación, será necesario alcanzarlos para poder optar a la ayuda. En ningún caso se podrá conceder ayuda a aquellas inversiones cuya puntuación, en los correspondientes criterios, no alcance los referidos umbrales.»
«4. Para la evaluación de la solicitud del proyecto tractor serán de aplicación los siguientes criterios:
En la aplicación de los criterios indicados, se tomará en consideración lo establecido en el anexo VI de esta orden de bases.
Por otro lado, para asegurar la viabilidad económica de la agrupación, se realizará el análisis de la viabilidad económica de todas las entidades participantes de la misma, de conformidad con el anexo VI de esta orden de bases, y se asignará a cada una de ellas una puntuación distribuida en el rango entre 0 y 30 puntos. Para que la agrupación pueda optar a ayuda, su puntuación media deberá alcanzar 15 puntos, que es el umbral mínimo establecido. Esta puntuación es independiente y no se sumará a la obtenida en el apartado 2 de este artículo.»
Once. Se modifican los apartados 2, 3 y 6 del artículo 27 por lo que quedan redactados de la siguiente manera:
«2. Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En dicha propuesta de resolución provisional se recogerá la propuesta de financiación de cada uno de los proyectos primarios, desagregados a su vez para cada uno de sus participantes.
La propuesta de resolución provisional se notificará al interlocutor con la Administración para que, en el plazo de diez días hábiles, las entidades que formen parte de la agrupación que hayan sido propuestas como beneficiarias formulen las alegaciones que estimen convenientes y actualicen, en su caso, a través del interlocutor, la información aportada en el momento de la solicitud de las siguientes condiciones de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario:
a) Cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de que alguno de los interesados haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento, en los términos previstos en el artículo 24.2.b) 4.º de esta orden de bases.
b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por resolución de procedencia de reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, y no estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
c) Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
d) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 y 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Los apartados b), c) y d) anteriores, podrán acreditarse mediante una declaración responsable del solicitante, salvo en lo relativo al requisito previsto en la letra e) del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cuyo caso se tendrá en cuenta lo previsto en el apartado a) anterior.
Si una entidad de la agrupación no hubiera aportado, junto con la solicitud, la documentación acreditativa del cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, deberá aportarla en el periodo de alegaciones. En caso contrario, dicha entidad no podrá ser beneficiaria.
Asimismo, para cada proyecto primario deberá presentarse a través del interlocutor, y en caso de no haberlo hecho previamente, el informe de calificación de actividades emitido por una entidad de validación acreditada por ENAC, conforme al RDE-31 "Esquema de Acreditación de organismos de verificación" y validación para el cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio significativo al medioambiente" (DNSH), en el que se acredite que dicho proyecto primario cumple con el principio de "no causar un perjuicio significativo". Además, deberá adjuntarse, a dicho informe de calificación de actividades, el informe previo utilizado para la emisión del mismo. La no presentación de dicho informe implicará que el proyecto primario se tendrá por desistido.
3. Una vez examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, que será notificada al interlocutor para que, en el plazo de diez días hábiles, y de nuevo a través del interlocutor, los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios comuniquen su aceptación a la ayuda propuesta, y acrediten el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento, en los términos previstos en el artículo 24.2.b) 4.º de esta orden de bases.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa por parte de cada entidad miembro de la agrupación que haya sido propuesta como beneficiaria, se entenderá que la agrupación en su conjunto desiste de la solicitud de ayuda del proyecto tractor.
La aceptación de la ayuda propuesta implicará el consentimiento de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea, y en cumplimiento del artículo 8.1.d) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Además de la aceptación, cada entidad que forme parte de la agrupación y haya sido propuesta como beneficiaria en un proyecto primario, deberá presentar a través del interlocutor, en un plazo máximo de veinticinco días hábiles desde la publicación de la propuesta de resolución definitiva, el justificante de constitución de garantías ante la Caja General de Depósitos. La no presentación de alguno de los resguardos de constitución de garantías correspondientes a cualquier modalidad y cuantía de la ayuda propuesta en el plazo establecido para ello, por cualquier entidad miembro de la agrupación solicitante, tendrá como efecto que dicha entidad desiste de la solicitud de ayuda para la realización del proyecto primario y, por una sola vez, se solicitará de nuevo a la agrupación la aceptación expresa, sin que las entidades participantes tengan que presentar garantías adicionales. En el caso de que el desistimiento afectase al cumplimiento de alguna de las exigencias establecidas al proyecto tractor, se tendrá por desistida la solicitud completa del proyecto tractor.»
«6. Durante todo el procedimiento se comprobará el cumplimiento de los criterios de evaluación del proyecto tractor y los requisitos para que la agrupación sea beneficiaria. Su incumplimiento podría suponer la denegación de la solicitud presentada por la agrupación.»
Doce. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 29 y quedan redactados como sigue:
«1. Las garantías se constituirán para cada proyecto primario y entidad beneficiaria dentro de la agrupación, a disposición del órgano concedente, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, en las modalidades y con las características y requisitos que se determinen en las convocatorias de los establecidos en el Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, y por el importe que determine la convocatoria.»
«3. Las diferentes convocatorias podrán exigir a las empresas el mantenimiento de las garantías correspondientes al importe de la ayuda en forma de préstamo hasta la devolución total del mismo, liberándose por tramos según se produzcan los reembolsos de principal, una vez que el importe de capital pendiente de devolución sea igual o inferior al importe garantizado. El régimen de cancelación de las garantías se ajustará a lo establecido en la normativa de la Caja General de Depósitos.»
Trece. Los apartados 3 y 7.a) del artículo 30 quedan redactados de la siguiente manera:
«3. Asimismo, el órgano concedente podrá acordar una prórroga del plazo de ejecución de los proyectos primarios con carácter justificado y de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, sin que vaya más allá del 30 de junio de 2025, salvo que la Comisión Europea permita la extensión del plazo para ejecutar las actuaciones.»
«7. No podrán autorizarse modificaciones que conlleven:
a) Prórrogas del plazo de justificación de los proyectos primarios más allá del 30 de septiem