Categoría: Transporte

prestadora presentará un Plan de Prevención de Riesgos conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en la normativa complementaria antes del inicio de la prestación del servicio, donde se indiquen las medidas de protección, así como los EPI a adoptar y a emplear por parte de los trabajadores.
2. Durante las maniobras de transbordo de práctico, tanto éste como el marinero que le asiste, estarán equipados con un dispositivo de flotación que no entorpezca sus movimientos. Tal dispositivo podrá consistir en un chaleco salvavidas de inflado automático SOLAS o ropa especial que asegure la flotabilidad, en cualquier caso, dotado de material reflectante. El marinero, además, estará equipado con un arnés de seguridad que podrá afirmar a la embarcación.
3. La empresa prestadora deberá presentar un Plan de Autoprotección (PAU) con el fin de que la Autoridad Portuaria lo integre en su correspondiente Plan de Autoprotección, conforme a lo establecido en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
4. Los titulares de licencia se comprometerán a cumplir las obligaciones o atender las indicaciones relativas a la coordinación de las actividades empresariales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65.1 del TRLPEMM.
5. Los desechos generados por las embarcaciones podrán ser entregados a las instalaciones portuarias de recepción, para lo que será necesario presentar el correspondiente Plan de entrega de desechos.
f. Riesgo y ventura. Impuestos y gastos derivados de la prestación del servicio. Responsabilidad. Seguro de responsabilidad civil.
1. El servicio se realizará por el titular de la licencia, bajo su exclusivo riesgo y ventura.
2. Serán por cuenta del titular de la licencia todos los impuestos, arbitrios o tasas derivadas de la prestación del servicio, con arreglo a la legislación vigente en cada momento; los consumos de combustible, agua y electricidad; así como cualquier otro servicio que pueda utilizar en el puerto y todos los demás gastos que ocasione la prestación y que sean necesarios para el funcionamiento del servicio.
3. La Autoridad Portuaria no será responsable, en ningún caso, de los daños producidos a terceros como consecuencia de la prestación del servicio, siendo, en su caso, responsabilidad del titular de la licencia los daños y perjuicios que éste pueda producir durante el desarrollo de la actividad. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En el caso de que las embarcaciones sean fletadas, el licenciatario será igualmente responsable frente a terceros de los daños ocasionados por las embarcaciones.
4. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113.8 del TRLPEMM, se incluirán expresamente en las licencias del servicio que se otorguen las siguientes cláusulas:
«La Autoridad Portuaria no responderá en ningún caso de las obligaciones de cualquier naturaleza que correspondan al prestador del servicio frente a sus trabajadores, especialmente las que se refieran a relaciones laborales, salario, prevención de riesgos o seguridad social.»
«Será obligación del prestador indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, como consecuencia de la prestación del servicio objeto de la licencia. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites señalados en las leyes.»
5. Antes de comenzar la actividad, la empresa prestadora deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños causados durante la prestación del servicio portuario cuya responsabilidad recaiga sobre el prestador, así como las indemnizaciones por riesgos profesionales. La cuantía de dicho seguro debe ser igual o superior a la que garantice la responsabilidad máxima de cada práctico conforme a lo establecido en el artículo 281 del TRLPEMM y en todo caso igual o superior a 1.000.000 euros. Esta cantidad se actualizará cada cinco años por la Autoridad Portuaria conforme a la variación del IPC.
g. Adaptación al progreso.
1. El prestador del servicio deberá incorporar durante el plazo de la licencia las innovaciones tecnológicas básicas que, a juicio de la Autoridad Portuaria, puedan contribuir a una mejora en la calidad de la prestación del servicio, en línea con lo establecido por el paquete de medidas de la UE «FIT for 55» y el Marco Estratégico del sistema portuario en vigor.
2. El prestador del servicio adquirirá el compromiso de participar en cualquier iniciativa que la Autoridad Portuaria promueva para la mejora de la calidad de los servicios y tendrá la obligación de colaborar con la Autoridad Portuaria en el estudio de mejoras en la prestación del servicio y en la planificación de acciones futuras.
3. El prestador podrá, por propia iniciativa, proponer cambios que, en ningún caso, podrán implicar deterioro o pérdida de calidad en la prestación del servicio. Cualquier cambio será debidamente justificado y precisará de su preliminar aprobación por la Autoridad Portuaria, y previa experimentación de su puesta en uso.
h. Inicio de la prestación del servicio.
1. El servicio comenzará a prestarse a partir de la fecha de notificación del otorgamiento de la licencia, salvo que exista causa justificada debidamente acreditada por el licenciatario y no imputable al mismo, siempre a juicio de la Autoridad Portuaria que podrá acordar una prórroga del plazo el inicio.
2. Previamente al inicio de la prestación del servicio, la Autoridad Portuaria procederá a verificar que, tanto todos los medios materiales comprometidos por el prestador como los medios humanos adscritos al servicio, cumplen la totalidad de los requisitos exigidos en el presente Pliego de Prescripciones Particulares.
1. La prestación del servicio se realizará con la debida diligencia evitando retrasos en el inicio y observando las buenas prácticas del oficio. El prestador del servicio deberá desarrollar las operaciones de practicaje en un tiempo razonable acorde con las características del buque, las condiciones operativas, las condiciones de clima marítimo y los puntos de inicio y fin de la prestación del servicio.
2. El prestador mantendrá los estándares de calidad establecidos por la Autoridad Portuaria en este PPP, y los respetará, con carácter de mínimos, durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la prestación del servicio.
3. Los indicadores de productividad, rendimiento y calidad relacionados a continuación se computarán en periodos anuales, siendo excluidas a efectos de valoración todas aquellas situaciones de incumplimiento que no fuesen imputables al prestador.
a. Disponibilidad: se calculará como el cociente entre el tiempo acumulado (en horas) en el que los medios materiales mínimosestán en disposición de ser utilizadosy el tiempo total del periodo de evaluación. El indicador de disponibilidad (D) debe ser superior al 95 %.
dondetes el periodo de evaluación (en días) ynes el número de medios materiales.
b. Impuntualidad: se calculará como el cociente entre los servicios iniciados con retraso y el total de los servicios prestados, teniendo para ello en cuenta los tiempos de respuesta establecidos. El indicador de Impuntualidad debe ser inferior al 3 %.
c. Tiempo de retraso medio: se medirá el tiempo de retraso medio como el promedio de los retrasos que se produzcan. El tiempo de retraso medio no podrá ser superior a 15 minutos.
d. Accidentalidad: porcentaje de servicios con accidente. El indicador será el cociente entre el número de servicios con accidentes respecto al número de servicios prestados. El porcentaje máximo admisible será del 0,1 %.
e. Incidentalidad: porcentaje de servicios con incidente. El indicador será el cociente entre el número de servicios con incidentes y el número de servicios prestados. El porcentaje máximo admisible será del 2 %.
f. Tiempo medio de respuesta a reclamaciones: promedio entre la diferencia de la fecha de presentación de la reclamación y la fecha de respuesta a la misma. El Indicador de Tiempo medio de respuesta a reclamaciones debe ser inferior a 15 días laborales.
4. Los indicadores anteriores se evaluarán para cada prestador de forma independiente.
5. El incumplimiento de los indicadores anteriores dará lugar a la aplicación de las penalizaciones establecidas en el presente PPP. Su reiterado incumplimiento podría dar lugar a la extinción de la licencia, sin perjuicio de los efectos que pudieran derivarse de dichos incumplimientos.
6. Se registrará adicionalmente el indicador correspondiente a la Congestión. El indicador de Congestión debe ser inferior al 1 %. El prestador no será penalizado por el incumplimiento de este indicador.
7. En caso de que durante la prestación del servicio se produzca una demora en el inicio del servicio o se reciban reclamaciones o quejas por la prestación insuficiente, se deberán registrar las causas que han provocado las desviaciones, para conocimiento de la Autoridad Portuaria.
a. Información general.
1. El prestador del servicio deberá facilitar a la Autoridad Portuaria toda la información detallada que ésta precise para ejercer su responsabilidad de control sobre la correcta prestación del servicio, de forma que pueda verificar el cumplimiento del TRLPEMM y de este PPP. Esta información deberá facilitarse en el formato y por los medios establecidos por la Autoridad Portuaria. Los prestadores aportarán la información que se solicite a través de los sistemas que se pongan a disposición para el envío de dicha información, SIGEIN o el que lo sustituya.
2. El prestador del servicio presentará, con frecuencia anual y antes del día 30 de septiembre de cada año que esté en vigor la licencia, un informe detallado, en soporte digital, sobre la prestación del servicio, que contendrá, como mínimo:
a) Las cuentas anuales de la empresa, presentadas conforme a lo indicado en el apartado c. posterior, referido a la separación contable.
b) Certificación de vigencia de los seguros.
c) Certificaciones de estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social
3. La Autoridad Portuaria respetará el carácter confidencial de la información suministrada, siendo esta solicitada a los prestadores de forma transparente y no discriminatoria conforme a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
b. Información detallada sobre los servicios prestados.
1. El prestador deberá aportar en tiempo real toda la información relativa al servicio prestado a través del acceso a sus sistemas de información que se habilitará a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a tal efecto. Para ello, el prestador deberá facilitar información normalizada con todos los datos de los servicios que presta a los buques y ponerla a disposición de la Autoridad Portuaria de manera continua en tiempo real, entendiéndose como tal el acceso permanente a su sistema de información por parte de la Autoridad Portuaria, al objeto de obtener de forma automatizada los datos requeridos debiendo ser tratables electrónicamente e integrables con los sistemas de la APLP sin intervención de un operador humano.
Esta funcionalidad debe estar operativa en un plazo de máximo de tres meses a contar a partir del día siguiente al otorgamiento de la licencia.
2. Hasta que se habilite el acceso a la información de los servicios en los términos definidos en el punto anterior, la información se facilitará con frecuencia mensual. Este Registro deberá contener, al menos, los siguientes datos:
a) Número de escala asignado por la Autoridad Portuaria.
b) Tipo de servicio (entrada, salida, movimiento interior…).
c) Fecha y hora de solicitud del servicio.
d) Fecha y hora para la que se solicita el servicio.
e) Fecha y hora de embarque del práctico (inicio del servicio con carácter general, de acuerdo con el contenido de la prescripción 15.ª).
f) Fecha, hora y lugar de finalización del servicio (finalización del servicio con carácter general, de acuerdo con el contenido de la prescripción 15.ª).
g) Nombre, bandera, tipo y tamaño (GT) del buque.
h) Número e identificación de las embarcaciones empleadas en el servicio.
i) Incidencias acaecidas durante la prestación del servicio.
j) Cantidad que correspondería facturar por aplicación de las tarifas publicadas del prestador.
k) Cualquier otra información que el prestador considere relevante indicar, tal es el caso de quejas o reclamaciones.
3. Con frecuencia anual, antes del 31 de marzo de cada año que esté en vigor la licencia, se deberá presentar un informe con toda la información anterior correspondiente al ejercicio anterior, que permita evaluar el cumplimiento de los indicadores de calidad y productividad.
c. Separación contable.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 del TRLPEMM, las cuentas anuales de la empresa deberán contar con una estricta separación contable entre el servicio de practicaje en el puerto y otras actividades que pudiera desarrollar el prestador.
2. La Memoria de las cuentas anuales deberá reflejar por separado la contabilidad de la actividad del servicio portuario de practicaje en el puerto, incluyendo en dicha Memoria una cuenta de pérdidas y ganancias y un estado del capital empleado correspondientes a esta actividad de forma separada a la de otras actividades de la empresa prestadora. Adicionalmente, se deberá facilitar a la Autoridad Portuaria la información relativa a la estructura de costes del servicio, con suficiente separación conceptual.
d. Otro tipo de información.
1. Se deberán presentar las certificaciones de servicios relacionadas con el servicio portuario de practicaje emitidas por una sociedad debidamente acreditada conforme a la Norma ISO/IEC 17065 y la certificación ISO 14000 o EMAS, en el momento de la primera certificación y en cada renovación.
2. El prestador del servicio pondrá a disposición de la Autoridad Portuaria los informes anuales de las auditorías externas realizados sobre sus sistemas de gestión ambiental y de calidad. Dichos informes deberán incluir, entre otros, las posibles no conformidades detectadas en el cumplimiento de la normativa ambiental y estándares de calidad que le sean de aplicación.
3. Cualquier modificación en la composición accionarial o de socios del titular de la licencia deberá ser notificada a la Autoridad Portuaria en cuanto esta se produzca o se tenga conocimiento de que se va a producir, a efectos de poder comprobar el cumplimiento de lo establecido en este PPP y demás legislación vigente de aplicación.
4. Cualquier inversión de capital en otras sociedades titulares de licencias de este mismo servicio en esta Autoridad Portuaria deberá ser notificada de forma inmediata.
5. Cualquier modificación que afecte a cualquiera de los siguientes planes propios del prestador o a los planes de la Autoridad Portuaria en los que se integra deberá ser notificada en cuanto se produzca:
a) Plan de organización de los servicios
b) Plan de Autoprotección (PAU), conforme a lo establecido en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
c) Plan de prevención de riesgos laborales
d) Plan de entrega de desechos de las embarcaciones.
e. Facultad de control e inspección.
1. La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar en todo momento los medios adscritos a la prestación del servicio, así como comprobar su correcto funcionamiento y podrá verificar el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones de la licencia otorgada.
2. A tal fin, el prestador facilitará el acceso al registro contemplado en el apartado b) de esta Prescripción a la Autoridad Portuaria en cualquier momento que esta lo requiera.
f. Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios.
1. Toda la información suministrada por el prestador ha de ser remitida en soporte digital a Puertos del Estado para que sirva de base en la elaboración del Informe Anual de Competitividad a partir del análisis y las conclusiones del Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios con arreglo a lo previsto en el artículo 123 del TRLPEMM.
1. A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de estas Prescripciones Particulares, de las sanciones que pudieran imponerse y de los daños y perjuicios que pudieran producirse, así como el cumplimiento de la cláusula de preaviso definida en caso de renuncia a la licencia o en caso de abandono indebido del servicio, el prestador deberá constituir, antes de iniciar su actividad, una garantía a favor del Presidente de la Autoridad Portuaria, cuya cuantía será de al menos 100.000 euros.
2. La garantía se constituirá mediante transferencia bancaria a una de las cuentas bancarias de las que sea titular la Autoridad Portuaria de Las Palmas, o mediante aval bancario o de compañía de seguros, conforme al modelo que apruebe la Autoridad Portuaria. La garantía, que será solidaria, podrá ser otorgada por persona o entidad distinta del titular de la licencia, entendiéndose, en todo caso, que la garantía queda sujeta a las mismas responsabilidades que si fuese constituida por él mismo y sin que puedan utilizarse los beneficios de excusión, división y orden.
3. Las garantías anteriores se actualizarán cada cinco años por la Autoridad Portuaria, conforme a la evolución acumulada del IPC general.
4. La constitución de la garantía no supone en ningún caso que la responsabilidad del titular de la licencia quede limitada a su importe.
5. Extinguida la licencia, conforme a los supuestos previstos en estas Prescripciones Particulares, se llevará a cabo la devolución de la garantía o su cancelación, una vez satisfecho el pago de las obligaciones pendientes con la Autoridad Portuaria y siempre que no proceda la pérdida total o parcial de la misma por responsabilidades en que hubiera incurrido el prestador del servicio o las penalizaciones o sanciones que le hubieran sido impuestas y no hayan sido abonadas.
6. El incumplimiento de las obligaciones económicas y de las condiciones establecidas en este PPP por parte del prestador permitirá la ejecución o disposición inmediata de la garantía constituida.
7. Cuando, por aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Autoridad Portuaria tuviese que hacer uso de la garantía, total o parcialmente, el prestador vendrá obligado a reponerla o complementarla en el plazo de 1 mes, contado desde el acto de disposición. Si el interesado no restituyese o completase la garantía en el referido plazo, la Autoridad Portuaria podrá extinguir la licencia, así como emprender las acciones legales que considere oportunas.
a. Penalizaciones.
1. Para garantizar un correcto cumplimiento de estas Prescripciones y, sin perjuicio de la sanción o de la reclamación de daños y perjuicios a que hubiere lugar y de otros derechos y acciones que correspondan a la Autoridad Portuaria, esta podrá imponer penalizaciones por incumplimiento de las condiciones establecidas en este PPP y de los indicadores de productividad, rendimiento y calidad expuestos en el presente PPP, siempre que tal incumplimiento no sea sancionado como infracción conforme al régimen sancionador del TRLPEMM.
2. A continuación, se detallan las penalizaciones que se aplicarán como consecuencia del incumplimiento de los siguientes indicadores:
a) Disponibilidad de los medios: penalización de 3.000 euros por cada periodo de incumplimiento.
b) Tiempo de retraso medio: penalización de 1.000 euros por cada periodo de incumplimiento.
c) Impuntualidad: penalización de 3.000 euros por cada periodo de incumplimiento.
d) Incidentalidad: penalización de 2.000 euros por cada periodo de incumplimiento.
e) Tiempo medio de respuesta a reclamaciones: penalización de 2.000 euros por cada periodo de incumplimiento.
3. Por el incumplimiento de los plazos señalados en los distintos apartados del presente PPP se establecerá una penalización de 200 euros por cada día de retraso en cada uno de los documentos que el prestador está obligado a suministrar a la Autoridad Portuaria.
4. Además, se establece una penalización de 3.000 euros anuales por no incorporar en la Memoria de las cuentas anuales debidamente auditadas con la debida separación contable.
5. Estas penalizaciones solo serán de aplicación cuando los incumplimientos sean imputables al prestador del servicio, previa audiencia al mismo y mediante la correspondiente resolución motivada, y darán derecho a la Autoridad Portuaria a la incautación de la cantidad correspondiente de la garantía, la cual deberá ser repuesta por el prestador en el plazo indicado en este PPP.
6. Las penalizaciones referidas no excluyen las indemnizaciones a las que puedan tener derecho la Autoridad Portuaria, los usuarios o terceros, por los daños o perjuicios ocasionados por el prestador del servicio, ni la revocación de la licencia de acuerdo con lo establecido en las prescripciones de este PPP.
b. Régimen sancionador.
1. Se estará, en materia de infracciones y sanciones, a lo dispuesto en el TRLPEMM, así como a lo establecido en el Capítulo VII del Reglamento General de Practicaje y en el artículo 19 del Reglamento UE 2017/352.
2. A efectos de imposición de sanciones, recurso y suspensiones cautelares de las posibles sanciones, se regirá por las reglas de procedimiento administrativo común, siendo susceptibles de ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente.
a. Ejercicio de la potestad tarifaria.
El ejercicio de la potestad tarifaria requiere la previa acreditación de que se dan los requisitos habilitantes para ello, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/352. A mayor abundamiento, para los supuestos en los que no hay competencia efectiva en la prestación de servicios portuarios, el Reglamento UE 2017/352 impone la transparencia, objetividad y no discriminación de las tarifas y su proporcionalidad al coste del servicio (art. 12).
En el supuesto del servicio portuario de practicaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126.3 del TRLPEMM, el número de prestadores quedará limitado, por razones de seguridad, a un único prestador en cada área portuaria. Conforme a los artículos 111 y 114 del TRLPEMM, la licencia no será renovable y deberá adjudicarse mediante concurso, justificando todo ello el establecimiento de la estructura tarifaria, las tarifas máximas, los criterios de actualización y de revisión extraordinaria que se establecen a continuación:
b. Estructura tarifaria.
1. Las tarifas, devengadas por la prestación efectiva del servicio de practicaje portuario, comprenderán los gastos o costes necesarios para la prestación del servicio. Dichas tarifas serán transparentes, equitativas y no discriminatorias, teniendo la consideración de máximas. El prestador publicará sus tarifas oficiales y pondrá a disposición de los usuarios del puerto información adecuada sobre la naturaleza y nivel conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Reglamento UE 2017/352.
2. Las tarifas tendrán, con carácter general, como base el sistema de medición del buque utilizado en los Convenios Internacionales de Arqueo, actualmente el arqueo bruto o «GT», con las correcciones establecidas legalmente. El arqueo de los buques se medirá con arreglo al Convenio de Londres de 1969.
3. Asimismo, deberá garantizarse que, en el ejercicio de esa potestad tarifaria, las tarifas por servicios portuarios se fijen de manera transparente, objetiva y no discriminatoria y de forma que sean proporcionales al coste del servicio realmente prestado.
4. El cliente (usuario del puerto) ha de conocer de manera accesible, sencilla, transparente y predeterminada la tarifa aplicable, así como los criterios para su cuantificación y fijación.
5. No serán admisibles sobrecostes o costes diferenciados en función del día o la hora en que tiene lugar la prestación, de acuerdo con lo previsto en el apartado h) del artículo 113.4 del TRLPEMM.
6. Esta estructura tarifaria será de aplicación obligatoria y se sustentará en un estudio económico financiero, debidamente fundamentado y detallado, que permitirá definir las tarifas máximas del PPP.
7. Los diferentes tipos de servicio a prestar son los siguientes, como se establece en la prescripción 2.ª de este pliego:
Practicaje de entrada: el servicio de asesoramiento que presta el práctico para dirigir con seguridad un buque o artefacto flotante de acuerdo con las disposiciones particulares de cada puerto, hasta su destino en zona portuaria, bien sea debidamente fondeado o amarrado a un muelle, boya, dique, pantalán, dique seco, o varadero, pasando por canales o esclusas si fuera necesario.
Practicaje de salida: el servicio de asesoramiento que presta el práctico para dirigir con seguridad un buque o artefacto flotante desde su lugar de atraque, fondeo, boya, dique, pantalán, dique seco o varadero, hasta los límites geográficos de la zona de practicaje, de acuerdo con las disposiciones particulares de cada puerto o hasta el punto donde deje el buque en franquía, previa indicación de su capitán, pasando por canales o esclusas si fuera necesario.
Practicaje para movimientos interiores: el servicio de asesoramiento que prestan los prácticos para trasladar un buque o artefacto flotante desde un lugar a otro dentro de los límites del servicio de practicaje.
Practicaje voluntario: es el servicio de asesoramiento prestado por el práctico a buques o artefactos flotantes, a solicitud del capitán de estos, fuera de la zona de practicaje del puerto, o el que se presta en las aguas del puerto cuando no fuera obligatoria la utilización de este servicio.
8. Se establecerán dos tipos de tarifas aplicables al servicio de practicaje y se conceptúan de la manera siguiente:
Tarifas generales en función del GT del buque, aplicables a todos los buques del puerto de Las Palmas, que incluye el puerto de Salinetas y el de Arinaga y para los todos los tipos de servicios de practicaje, a excepción de los buques adscritos al «servicio marítimo regular», conforme al contenido del siguiente párrafo.
Tarifas aplicables exclusivamente a los buques de transporte de pasajeros y vehículos entre islas del Archipiélago canario y que reúnan la condición de "servicio marítimo regular» (en adelante, SMR) establecida en el TRLPEMM, y no estén exentos de practicaje.
9. Partiendo de las tarifas generales, se aplicarán al usuario los recargos o bonificaciones correspondientes, en los siguientes tipos o circunstancias de prestación del servicio, sin que exista la posibilidad de acumulación o de establecimiento de recargos adicionales por parte del prestador:
9.1 Movimientos interiores: se aplicará un recargo del 50 % sobre la tarifa que corresponda respecto a una sola maniobra y buque, con independencia del número de prácticos que intervengan.
9.2 Maniobras consideradas especiales, conforme a los siguientes criterios:
9.2.1 Maniobras que requieren por seguridad más de un práctico, en cuyo caso, se aplicará la tarifa general que corresponda respecto a la maniobra y buque, por la intervención de cada uno de los Prácticos que participen en ella, de manera individualizada.
9.2.2 Maniobras, que, desde el inicio de la prestación del servicio hasta su finalización tengan una duración superior a 70 minutos: se aplicará un recargo de 689,00 euros por hora (o parte proporcional a prorrata) que supere los 70 minutos considerados como habituales, sobre la tarifa general que corresponda respecto a una sola maniobra y buque, con independencia del número de prácticos que intervinieran.
9.2.3 Maniobras en buques sin tripulación y/o sin máquina: se aplicará un recargo del 100 % sobre la tarifa que le corresponda de una sola maniobra y buque, con independencia del número de prácticos que intervinieran.
9.3 Retraso en el inicio de la prestación del servicio imputable al buque: Cuando se hayan movilizado los medios materiales y humanos para la realización de cualquier tipo de servicio (entrada, salida o movimiento interior) en cualesquiera de los puertos, y se produzca un retraso injustificado imputable al buque en el inicio de la prestación superior a 45 minutos desde la solicitud del servicio, se aplicará un recargo del 50 % sobre la tarifa base a aplicar. Además de lo anterior, perderá el turno, y deberá solicitar un nuevo servicio, facturándole un nuevo servicio completo.
9.4 Cancelación de un servicio solicitado por parte del buque sin preaviso de cualquier tipo de servicio (entrada, salida o movimientos interiores): se debe dar por cancelado tras el transcurso de al menos una hora en el Puerto de Las Palmas, de dos horas en el puerto de Salinetas y de cuatro horas en Arinaga desde la solicitud del servicio, considerándose un falso servicio, y facturándose el 50 % de la tarifa general que correspondiese, siempre que los medios humanos y materiales requeridos hubieran sido movilizados.
9.5 Por los servicios prestados en los Puertos de Salinetas y Arinaga: se cobrará en concepto de transporte la cantidad de 92,54 euros, que cubrirá el traslado por carretera a dichos puertos de los prácticos y las tripulaciones.
9.6 Retraso en el inicio de la prestación del servicio imputable al prestador: cuando se produzca un retraso injustificado imputable al prestador en el inicio de la prestación superior a 45 minutos desde la solicitud del servicio, se aplicará una bonificación del 50 % sobre la tarifa base a aplicar. Además, la APLP podrá considerar, teniendo en cuenta las circunstancias que concurran, que se ha dado una prestación incompleta o inadecuada del servicio de practicaje portuario, tal y como establece el artículo 26.a.2) del Real Decreto 393/96, de 1 de marzo, a los efectos de consideración de falta leve.
10. Finalmente, cabe tomar en consideración que, para el practicaje, las tarifas a aplicar por la prestación efectiva del servicio serán las ofertadas por el prestador en el concurso, y serán siempre inferiores o iguales a las máximas establecidas en estas Prescripciones Particulares.
c. Tarifas máximas.
1. Las tarifas para aplicar serán las ofertadas por el prestador en el concurso, y serán siempre inferiores o iguales a las máximas establecidas en estas Prescripciones Particulares.
2. La Autoridad Portuaria controlará la transparencia de las tarifas y los conceptos que se facturen.
3. Se establecen un cuadro de tarifas máximas T0, correspondiente a un tramo de arqueo acumulado del año anterior, siendo el arqueo acumulado la suma del arqueo, medido en GT, de todos los buques a los que se ha prestado servicio el año natural anterior, considerando cada maniobra individualmente e incluyendo todos los tipos de tráfico.
4. Durante los doce primeros meses de vigencia de este PPP y hasta el primer quince de febrero siguiente a dicho período, se aplicará la tarifa T0. A partir de dicho plazo, cada quince de febrero la Autoridad Portuaria podrá actualizar las tarifas máximas vigentes, tal como se describe en el punto d) de esta prescripción 20.
5. Tarifas máximas:
a) Tarifas máximas aplicables a las maniobras de entrada, salida y movimientos interiores, sea el practicaje obligatorio o voluntario, conforme se detalla en las tablas que siguen:
b) Para la interpretación de las tablas se debe estar a la siguiente fórmula:
GT, es el arqueo bruto del buque asistido;
Parte fija: la que corresponde en función del GT y la tabla siguiente.
Parte variable: la que corresponde en función del GT y la tabla que se contiene en este apartado.
6. Estas tarifas máximas no podrán ser de aplicación por el prestador hasta que se haya otorgado la nueva licencia, previa la tramitación del correspondiente concurso de adjudicación, conforme a lo establecido en la prescripción 2.ª.
d. Criterios de actualización de tarifas.
1. La Autoridad Portuaria actualizará las tarifas máximas vigentes en cada momento, a iniciativa propia o a petición del prestador, de conformidad con los siguientes criterios y mecanismos.
2. En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 55/2017, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de Desindexación de la economía española, el expediente de actualización de tarifas máximas deberá incluir una memoria justificativa de la necesidad de actualización, para cuya elaboración los prestadores deberán aportar a la Autoridad Portuaria la información necesaria.
3. La memoria justificativa a la que se refiere el párrafo anterior contendrá, al menos, lo exigido en el artículo 12 del Real Decreto 55/2017 y/o en su Disposición adicional primera, especificando si se trata de una actualización motivada por variación de costes, o por variación de la demanda acumulada, o motivada por ambas, e incluyendo el estudio económico financiero que justifique el incremento o decremento de las tarifas que se pretende llevar a cabo.
4. Para incoar el procedimiento de actualización, el prestador presentará, en la Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria, solicitud motivada antes del 30 de septiembre del ejercicio, de modo que la Autoridad Portuaria disponga de tiempo suficiente para su análisis, consulta al Comité de Servicios Portuarios (art. 124 TRLPEMM) y elaboración de propuesta de elevación al Consejo de Administración para su aprobación. Dicha actualización de tarifas máximas será aplicable a partir de la fecha en la que se determine en el Consejo de Administración.
5. Para la elaboración de la memoria justificativa se tendrán en cuenta los siguientes índices de variación de precios objetivos y públicos de los elementos de coste más significativos del servicio:
a) Índice de variación del precio del coste laboral:
i. Con base en los datos publicados por el INE en su apartado «50. Transporte Marítimo y por vías navegables interiores» considerando la media de los últimos 4 trimestres respecto de la media de los trimestres 5 a 8 anteriores.
El enlace directo a la página en el momento de aprobación del presente pliego es:
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6033.
ii. El incremento repercutible por los costes de mano de obra no podrá ser mayor del incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público, conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
iii. El peso de este factor de coste laboral respecto del coste total que ha resultado de la estructura de costes analizada para la determinación de las tarifas es de 82,28  %.
b) Índice de variación del precio del combustible utilizado por las embarcaciones:
i. Se tomará como referencia el índice de variación del precio del gasóleo de automoción publicado por el Ministerio competente en materias de Energía en sus informes anuales denominados «Precios carburantes. Comparación 20XX-20XX» o informe similar que lo sustituya.
El enlace directo a la página en el momento de aprobación del presente Pliego es:
https://energia.gob.es/petroleo/Informes/InformesAnuales/Paginas/InformesAnuales.aspx.
ii. El peso del coste del combustible en la estructura de costes del servicio es de 5,45 %.
c) Índice de variación del precio de las operaciones de mantenimiento y reparaciones en el sector naval:
i. Se obtendrá de la variación anual del índice «3315: Reparación y mantenimiento naval» publicado por el INE en el apartado «Índice de precios industriales».
El enlace directo a la página en el momento de aprobación del presente pliego es:
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=27069
ii. El peso de los costes de mantenimiento y reparaciones respecto de los costes totales de la estructura de costes del servicio es de 1,44 %.
d) Índice de variación anual del precio de los seguros:
i. Se obtendrá de la variación anual del índice «Seguros relacionados con el transporte» publicado por el INE en el apartado «Índice de precios de consumo».
El enlace directo a la página en el momento de aprobación del presente pliego es:
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=22555
ii. El peso del coste de los seguros respecto de los costes totales de la estructura de costes del servicio es de 1,37 %.
6. En el caso de que no se emplee esta metodología de actualización basada en la normativa vigente en materia de desindexación, la actualización de las tarifas máximas se considerará revisión extraordinaria, realizándose con idénticos trámites que los seguidos para la aprobación de este PPP.
e. Revisión extraordinaria.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 113.2 del TRLPEMM, la revisión extraordinaria de la estructura tarifaria o de las tarifas máximas previstas en el apartado c. de esta Prescripción, se realizará en el caso de que se produzcan modificaciones sustanciales que alteren de forma significativa las condiciones de prestación del servicio.
2. Al tratarse de una modificación de las condiciones establecidas en estas Prescripciones Particulares, ésta se realizará con idénticos trámites que los seguidos para su aprobación.
1. Las intervenciones directas en respuesta a solicitudes de la autoridad competente en situaciones de emergencias, operaciones de salvamento, extinción de incendios o lucha contra la contaminación, que ocasionen costes puntuales identificables, darán lugar al devengo de las tarifas indicadas a continuación:
i. por el práctico 470 (euros/hora).
ii. por la embarcación, incluida su tripulación, 213 (euros/hora).
2. A estos efectos, se considerará como inicio de servicio el posicionamiento de los medios materiales al costado del buque o en el punto de intervención en la emergencia y como fin del servicio, la orden dada por la autoridad competente de fin de la operación.
3. Todo ello sin perjuicio de lo que fuese aplicable en virtud de lo señalado en el capítulo III (Del Salvamento) de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, sin que se pueda producir el cobro duplicado de las intervenciones
4. A esta tarifa se le aplicará la misma actualización que se aplique a las tarifas máximas por concepto de variación de costes, en su caso.
5. No se considera incluido el coste de los productos consumibles que se pudieran utilizar, los cuales se abonarán al precio de reposición, debidamente justificado por el prestador, ni los costes de limpieza de las embarcaciones y de eliminación de residuos recogidos en el caso de lucha contra la contaminación, que serán igualmente acreditados fehacientemente por el prestador.
6. Los servicios podrán ser ordenados por la Autoridad Marítima, por la Autoridad Portuaria o por el buque o instalación auxiliada, e irán con cargo a estos últimos. También irá con cargo al buque o instalación auxiliada la reposición de los consumibles utilizados en el transcurso de la intervención, así como los costes de eliminación de los residuos recogidos o generados en la intervención. A estos efectos serán solidariamente responsables el naviero, el propietario, el asegurador de la responsabilidad civil y el Capitán del buque; y, en el caso de instalaciones, el propietario de esta, el titular de la actividad empresarial, en su caso, y el asegurador de la actividad.
1. Los titulares de licencias para la prestación del servicio de practicaje portuario están obligados a la satisfacción de las siguientes tasas:
a. Tasa de actividad.
1. La cuota íntegra de la tasa se calculará aplicando a la base imponible el tipo de gravamen de acuerdo con lo siguiente:
a) La base imponible será el número de servicios prestados.
b) El tipo de gravamen, de acuerdo con los criterios y límites establecidos en el artículo 188.b) del TRLPEMM, será de 4,13 euros por servicio prestado, con independencia del número de embarcaciones empleadas.
c) El tipo de gravamen se actualizará anualmente conforme a lo establecido en el artículo 190 del TRLPEMM
d) La base imponible y el tipo de gravamen asociado a la misma se establecerá en la licencia y no será revisable salvo por lo indicado en el punto c) anterior o por modificación de este PPP
2. El abono de las tasas se realizará de forma anual.
3. El importe de la cuota íntegra anual devengada por la Autoridad Portuaria por este concepto tendrá los límites establecidos en el artículo 188.b) del TRLPEMM.
b. Otras tasas que sean de aplicación conforme a lo establecido en el TRLPEMM (Tasa del buque, ayudas a la navegación)
c. Tasa de ocupación.
En caso de que existiera una concesión o autorización vinculada al servicio otorgada al prestador, este deberá abonar la tasa de ocupación de dominio público correspondiente de acuerdo con lo establecido en el título de dicha concesión o autorización y en los artículos 173 a 182 del TRLPEMM.
1. El prestador del servicio podrá suspender temporalmente la prestación a un usuario cuando haya transcurrido al menos un mes desde que se le haya requerido el pago de las tarifas, sin que este se haya hecho efectivo o haya sido garantizado específica y suficientemente. El requerimiento se practicará por parte del prestador acreedor por cualquier medio que permita tener constancia por parte del usuario del acto y fecha de recepción.
2. La suspensión del servicio por impago solo podrá ejercerse previa autorización de la Autoridad Portuaria y siempre que no lo impidan razones de seguridad.
3. La Autoridad Portuaria iniciará el correspondiente procedimiento sobre la suspensión en el plazo máximo de 15 días desde la solicitud del prestador y podrá acordar, hasta la resolución que dictamine la suspensión del servicio, la constitución por el usuario de un depósito previo y específico que garantice la cuantía de las tarifas a devengar.
4. La posibilidad de suspensión deberá ser objeto de publicidad, de modo que el usuario haya podido tener acceso a esta información.
5. Una vez realizado el pago de lo adeudado por el usuario suspendido del servicio, este se reanudará en condiciones de normalidad.
Este pliego de prescripciones particulares será de aplicación a los 20 días de su completa publicación en el BOE.
1. Cualquier interesado podrá presentar las reclamaciones que considere, conforme al procedimiento de tramitación de reclamaciones que se determine.
2. Contra el presente Pliego se podrán interponer las acciones legales oportunas de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Si el órgano al que se recurre no tiene carácter jurisdiccional, éste motivará por escrito sus decisiones.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 16.7 del Reglamento UE 2017/352, el procedimiento para la tramitación de las reclamaciones y recursos por supuestos incumplimientos de dicho Reglamento será el procedimiento contencioso-administrativo regulado por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Las autoridades competentes para resolver dichas reclamaciones son los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo.
Accidente: se entiende por accidente todo suceso o acontecimiento repentino y sobrevenido por causa u ocasión de la actividad propia del prestador que causa lesiones corporales o la muerte a personas, o daños a equipos, materiales, otros buques o infraestructuras portuarias.
Área portuaria: a los efectos de la limitación del número de prestadores del servicio de practicaje, se entiende como área portuaria aquella que sea susceptible de explotación totalmente independiente incluyendo su accesibilidad marítima y, por tanto, que los límites geográficos de prestación del servicio de practicaje correspondientes a cada una de dichas áreas sean totalmente independientes.
Base de operaciones: se entiende por base de operaciones, el lugar donde deberá el prestador tener disponible y en condiciones todos los medios materiales suficientes para realizar la prestación del servicio. (embarcación, y pantalán, etc).
Buque sin máquina o sin gobierno: embarcación que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar con normalidad y, por consiguiente, no tiene la capacidad necesaria para realizar la maniobra. Se entiende buque sin maquina o sin gobierno cuando se produce un fallo de la maquina principal o del timón.
Capitán: La persona que ostenta el mando y la dirección del buque, así como la jefatura de su dotación y representa a bordo la autoridad pública, tal y como se define en el artículo 171 de la Ley 14/2014 de Navegación Marítima
Congestión: porcentaje de servicios no prestados o iniciados con retraso por estar todos los medios ocupados en la prestación de otros servicios de practicaje o no haber suficientes medios libres de servicio para la maniobra solicitada.
Cuota de mercado: porcentaje que representa la actividad realizada por el titular de la licencia de servicio de que se trate sobre el total de actividad del servicio portuario en el ámbito geográfico afectado por este PPP medido en GT.
Entrada: es la operación náutica de entrada a puerto y atraque, amarre o fondeo de un buque, incluyendo los reviros y resto de maniobras necesarias.
Estar en disposición de ser utilizado: situación en la cual los medios adscritos al servicio se encuentren en puerto y estén en condiciones técnicas y operativas de prestar servicio, libres de averías o de cualquier otra limitación.
Fuerza mayor: todo acontecimiento imprevisible y excepcional, independiente de la voluntad del prestador del servicio y de la Autoridad Portuaria, que no es imputable a una falta o negligencia del prestador y que no hubiera podido evitarse aplicando la mayor diligencia posible, y que impide llevar a cabo la prestación del servicio.
Impuntualidad: grado de incumplimiento del prestador respecto de la hora en que debería comenzar la prestación del servicio, de acuerdo con las previsiones del PPP.
Incidente: todo suceso o acontecimiento repentino y sobrevenido por causa u ocasión de la actividad propia del prestador, con potencial de ser un accidente, pero que no causa daños a personas, equipos, materiales, otros buques o infraestructuras portuarias.
Movimiento interior: es la operación náutica de desatraque, desamarre o leva de un buque, desplazamiento y posterior atraque, amarre o fondeo, incluyendo los reviros y cualquier otra maniobra necesaria.
Patrimonio neto: aquel definido como tal en el Plan General Contable aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
Período de incumplimiento (a los efectos del contenido de la prescripción 19.ª): se entiende por período de incumplimiento cada período de hasta 45 minutos que transcurra pasado el tiempo de respuesta inicial fijado para cada puerto, según prescripción 15.ª d. 1. a) y b).
Retraso: tiempo transcurrido desde el tiempo máximo de respuesta permitido hasta que da inicio el servicio de practicaje.
Salida: es la operación náutica de desatraque, desamarre o leva y salida de puerto de un buque, incluyendo los reviros y cualquier otra maniobra necesaria.
Tiempo de respuesta: tiempo transcurrido desde que se realiza la confirmación de la petición del servicio por el mando del buque o el Centro de Control hasta que el práctico se encuentre a bordo del buque, de manera que quede constancia fehaciente de este momento.
Tiempo de maniobra: tiempo transcurrido desde el inicio de la prestación del servicio cuando el práctico se encuentra a bordo del buque hasta la finalización de la misma cuando el práctico desembarque del buque.
Tiempo de retraso medio: promedio de los retrasos producidos en el inicio de los servicios por causas imputables al prestador.
Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre el otorgamiento de una licencia para la prestación del servicio objeto de este PPP, el interesado deberá presentar su oferta al concurso o, en el caso de aplicación de la disposición transitoria segunda, formular una solicitud. En ambos casos, deberá aportarse los datos señalados en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e irá acompañada de la documentación indicada a continuación.
En el caso de convocatoria de concurso, el pliego de bases del concurso establecerá los requisitos que deberán acreditarse y la documentación que se deberá presentar en la oferta y los que se presentarán por parte del adjudicatario una vez adjudicado el concurso.
A. De carácter administrativo.
1. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del solicitante:
Si se trata de una persona física, documento nacional de identidad o, en el supuesto de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.
Las personas jurídicas mediante la presentación de la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que conste su objeto social, las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan en la normativa de desarrollo de la legislación de contratos del sector público. Los demás empresarios extranjeros, deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Si los documentos aportados no están otorgados en España (por ser documentos que acrediten la existencia y personalidad de una entidad extranjera, su inscripción en el registro procede