Categoría: Judicial

ejercicio de sus cargos representativos.
b) Descarta, en primer lugar, que pueda apreciarse que los recurrentes han sufrido diferencia de trato por parte de la JEC en relación con el otorgado a la candidata señora Durá Ferrandis, cuya elección fue comunicada al presidente del Parlamento Europeo como diputada sustituta de otro candidato electo que renunció al puesto que le correspondía. Tras analizar los acuerdos y comunicaciones de la JEC relativos a dicha sustitución, concluye el Ministerio Fiscal que en todos los casos la comunicación se refirió única e inicialmente a la sustitución y, en todo caso, fue simultánea y supeditada siempre al cumplimiento de la exigencia de acatamiento de la CE (art. 224.2 LOREG).
c) En relación con el cuestionamiento de las resoluciones y comunicaciones adoptadas por la JEC, el fiscal realiza una consideración previa. Según la misma, la referencia al Derecho de la Unión Europea tiene como objeto propugnar la inaplicación de la obligación nacional de acatamiento de la Constitución Española, legalmente establecida. En esa medida, añade, los recurrentes parecen sostener que el art. 39.2 CDFUE desplazaría como parámetro constitucional al art. 23 CE, salvo que se concluya que este impide ya en sí mismo exigir el acatamiento de la Constitución.
No aprecia el fiscal que la actuación de la JEC haya vulnerado el derecho de los recurrentes a acceder en condiciones de igualdad al cargo representativo para el que fueron elegidos (art. 23.1 CE). Apoyándose en la idea de que se trata de un derecho de configuración legal, que se integra con las leyes que lo desarrollan, concluye señalando que la caracterización constitucional del derecho invocado no puede completarse integrando las normas del Derecho de la Unión que se citan, por cuanto no existe norma específica ni pronunciamiento alguno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, dado que no lo sería el que tantas veces invocan los recurrentes, esto es la STJUE de 19 de diciembre de 2019 dictada en el asuntoJunqueras Vies(C-502/19), centrada en el momento de adquisición de la inmunidad parlamentaria, pero no en la posibilidad de establecimiento de requisitos previos nacionales para acceder al cargo para el que han sido elegidos los demandantes. Defiende el Ministerio Fiscal la tesis sostenida en las sentencias impugnadas, según la cual la negativa a prestar acatamiento a la Constitución conlleva la suspensión en el ejercicio del cargo obtenido por elección representativa. Según su criterio, esta conclusión y efecto deriva directamente de la ley aplicada, y no se opone a ninguna de las reglas del acervo jurídico de la Unión Europea, ni contradice ninguna de sus disposiciones aplicables al caso. Concluye el fiscal su alegato en este aspecto señalando que «la infracción del Derecho europeo que los demandantes denuncian no es más que la consecuencia de su propia negativa a cumplir un trámite –como lo ha denominado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea– impuesto por una norma de Derecho interno (que, como subraya el Tribunal Supremo, nunca había sido cuestionada, y que, como es público y notorio, la propia Presidencia del Parlamento Europeo había aceptado y aplicado antes) única y exclusivamente porque su cumplimiento podía comprometer su estatus de prófugos de la justicia penal española».
d) En cuanto a las resoluciones judiciales que ratificaron los acuerdos de la JEC, tampoco aprecia el Ministerio Fiscal que en la resolución de su recurso jurisdiccional hayan sido vulnerados los derechos de los recurrentes a un juez imparcial, a un proceso con todas las garantías, como consecuencia de la negativa a plantear cuestión prejudicial, al juez predeterminado por la ley, o a recibir una respuesta fundada en Derecho sobre las pretensiones planteadas.
(i) Afirma que no ha sido debidamente agotada la vía judicial previa para cuestionar la imparcialidad de los magistrados de la Sala, dado que los recurrentes no han acudido al procedimiento exigible de recusación dando así oportunidad de reparar la supuesta vulneración de su derecho.
(ii) Considera que la negativa fundada a plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de reenvío prejudicial sobre la materia tampoco vulnera los derechos fundamentales alegados, pues vino apoyada, en su opinión, en una exégesis racional de la legalidad ordinaria aplicada, puesta en relación con las normas europeas alegadas, tal y como ha exigido este tribunal en la STC 37/2019. El fiscal comparte plenamente los argumentos expuestos por la Sala Tercera del Tribunal Supremo para rechazar la necesidad de plantear el reenvío prejudicial solicitado. Según estos, la cuestión prejudicial no era relevante para la resolución de la pretensión planteada en la vía judicial «una vez que los recurrentes ya han sido admitidos como diputados del Parlamento Europeo, dado que la respuesta no llevaría, cualquiera que fuera, a que la sentencia a dictar modificara tal hecho: en caso de considerarlo incompatible, porque ya tienen lo que querían y en el supuesto de que concluyera lo contrario porque el Tribunal Supremo carece de jurisdicción para modificar la situación que les ha reconocido el Parlamento Europeo».
(iii) En plena conexión con lo expresado, descarta el Ministerio Fiscal que la motivación ofrecida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo al desestimar la alegada vulneración de derechos fundamentales que se imputa a la JEC pueda ser calificada como arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente de hecho que derive de las actuaciones. Comparte el fiscal el criterio del tribunal enjuiciador, según el cual (i) no existen motivos reales para albergar una duda fundada sobre la compatibilidad del artículo 224.2 LOREG y el Derecho Europeo (en particular, el artículo 8 del Acta europea); y (ii) el planteamiento de la cuestión prejudicial no era necesario, en la medida en que no podría producir ningún efecto útil sobre el resultado del proceso, cualquiera que fuera la respuesta recibida.
En este sentido, considera decisiva la incorporaciónde factode los demandantes al pleno ejercicio de la función parlamentaria ante la cámara europea, pues, como entendió el Tribunal Supremo «en el momento de adoptarse dichas resoluciones nada podía justificar la inaplicación del artículo 224.2 LOREG (…), de modo que no hay razones objetivas suficientes para considerar lesionado el derecho de los demandantes. Desde ese punto de vista, el argumento de que un fallo estimatorio de la demanda debido al eventual pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tendría en realidad ninguna relevancia para las pretensiones "sustantivas" deducidas en el proceso contencioso puede arrojar luz sobre el verdadero sentido del razonamiento judicial, en cuanto la mera anulación formal de los actos impugnados en nada serviría ya para la reparación del derecho supuestamente lesionado».
En tal medida, las alegaciones concluyen señalando que «el indudable interés en obtener una interpretación cierta procedente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del ámbito de aplicación del art. 8 del Acta electoral europea de 1976, e incluso el desacuerdo con la concepción de la tutela efectiva del derecho que se desprende de la sentencia recurrida, basada en la inviabilidad material de su reparación, no aportan a juicio de esta Fiscalía sustento bastante para una imputación de irracionalidad, arbitrariedad o error patente al razonamiento del Tribunal Supremo».
10. Por providencia de 15 de noviembre de 2022, se señaló ese mismo día para deliberación y votación de la presente sentencia.
1. Determinación del objeto de la pretensión de amparo.
El recurso de amparo se dirige contra el acuerdo de 13 de junio de 2019 de la Junta Electoral Central que desestimó la petición de que fuera comunicada inmediatamente al Parlamento Europeo el acta de proclamación de candidatos electos, y se entregara a los demandantes la credencial acreditativa de tal condición, así como una copia certificada del acta de su proclamación y del escrutinio general de las elecciones europeas celebradas el 26 de mayo de 2019. Se quejan también de que, como consecuencia de no haber prestado presencialmente acatamiento a la Constitución, como exige el art. 224.2 LOREG, la Junta Electoral no les incluyera en la relación de diputados electos comunicada al Parlamento Europeo el 17 de junio siguiente.
Como con más detalle ha quedado expuesto en los antecedentes, el objeto principal del presente recurso de amparo consiste en determinar si las decisiones de la Junta Electoral, ratificadas judicialmente, constituyen una limitación ilegítima de su derecho a acceder y ejercer conforme a la ley, en condiciones de igualdad, el cargo público representativo a cuya elección concurrieron (art. 23.2 CE), y del correlativo derecho de los ciudadanos a participar en las funciones públicas a través de sus representantes (art. 23.1 CE). La finalidad declarada de la impugnación de los acuerdos de la Junta Electoral Central no era sino acceder plenamente al ejercicio del cargo electivo de europarlamentarios a pesar de no haber dado cumplimiento presencial al citado requisito, recogido en la Ley Orgánica del régimen electoral general como condición previa para hacer posible tal asunción.
A esta pretensión nuclear son funcionales el resto de los motivos de amparo que justifican la demanda de forma derivada, complementaria o subsidiaria. Con ellos se denuncia también que, como consecuencia de no haber accedido al cargo electivo obtenido –con las prerrogativas parlamentarias que conlleva, singularmente la inmunidad de desplazamiento y de jurisdicción–, se habrían vulnerado sus derechos a la libertad personal y de circulación, reconocidos en los arts. 17 y 19 CE. Por último, se reclama de este tribunal la declaración de que, al revisar la actuación de la Junta Electoral Central, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha vulnerado sus derechos a un tribunal imparcial, a la tutela judicial efectiva mediante una resolución fundada en Derecho, así como a un proceso con todas las garantías y al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24 CE). Las dos últimas vulneraciones aducidas se vinculan a la decisión judicial de no aceptar la solicitud de que fuera planteada una petición de reenvío prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el fondo de su impugnación.
El representante de la Junta Electoral Central aduce, en primer lugar, la pérdida de objeto del recurso de amparo por la inexistencia de una lesión real, efectiva y cierta en los derechos fundamentales invocados, pues, tal y como se recoge en las resoluciones judiciales impugnadas, el 13 de enero de 2020 ambos recurrentes fueron reconocidos por el Parlamento Europeo como miembros de la cámara representativa, manteniendo desde entonces esa condición, lo que les ha permitido el ejercicio pleno de todas las prerrogativas del cargo.
Subsidiariamente, entiende que no ha sido vulnerado el derecho de los recurrentes a acceder en condiciones de igualdad y conforme a la ley al cargo representativo para el que fueron elegidos, dado que a todos los candidatos electos se les exigió por igual el previo acatamiento de la Constitución. Considera que la Ley Orgánica del régimen electoral general es la ley aplicable, dado que, para el procedimiento electoral, las normas europeas alegadas remiten a las leyes nacionales de cada Estado miembro de la Unión Europea. Añade, finalmente, que las resoluciones judiciales que ratificaron los acuerdos de la Junta Electoral son plenamente fundadas en Derecho, tanto al denegar el planteamiento de cuestión prejudicial como al desestimar la impugnación judicial presentada.
Por último, el Ministerio Fiscal plantea un óbice procesal y solicita la desestimación del recurso de amparo. Considera que no ha sido debidamente agotada la vía judicial previa para cuestionar la imparcialidad de los magistrados de la Sala, dado que los recurrentes no han acudido al procedimiento exigible de recusación dando así oportunidad de reparar la supuesta vulneración de su derecho alegado. Y, en lo demás, propugna la desestimación del amparo pretendido al considerar que no se han producido las vulneraciones de derechos fundamentales aducidas. Singularmente, en cuanto a la pretensión principal, considera que ni la actuación de la Junta Electoral que ha sido impugnada, ni las resoluciones judiciales que la han ratificado, han vulnerado el derecho de los recurrentes a acceder en condiciones de igualdad al cargo representativo para el que fueron elegidos, dado que se trata de un derecho de configuración legal, que se integra con las leyes que lo desarrollan, que no son en este caso las normas del Derecho de la Unión Europea que se citan en la demanda, por cuanto no existe norma específica ni pronunciamiento alguno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. En tal medida, aprecia que no era relevante plantear cuestión prejudicial, al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas con una resolución fundada en Derecho que, razonadamente descartó tal solicitud.
2. Óbice procesal: los magistrados que integraron el tribunal de enjuiciamiento no fueron recusados.
Respecto de la invocación del derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE), el fiscal ante el Tribunal Constitucional aduce que concurre un óbice procesal fundamentado en el principio de subsidiariedad que caracteriza al recurso de amparo constitucional; se trata de la falta de denuncia formal y agotamiento en el proceso a través del cauce legal correspondiente de la vulneración del derecho constitucional alegado tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello (art. 44.1 LOTC).
De lo expuesto en los antecedentes [3 c), apartado (i)] se deduce que el fundamento de la queja se apoya en la participación de varios magistrados y una magistrada en la resolución por auto de 16 de abril de 2019 de una pretensión cautelar planteada en otro proceso judicial con objeto similar al presente. Pero, como señalaron las resoluciones judiciales recurridas y pone de manifiesto el fiscal en sus alegaciones, en ningún momento fue solicitada en la vía judicial previa la exigible recusación de los magistrados y magistrada de cuya apariencia de imparcialidad se duda, una vez fue conocida la causa que ahora justifica su pretensión. Siendo esto así –como ya expresamos en la STC 26/2022, de 24 de febrero, FJ único–, el Tribunal Constitucional no puede entrar a valorar si existió en la instancia la vulneración denunciada, porque no se ha dado cumplimiento a la exigencia procesal de admisibilidad que ha sido aducida.
Cabe recordar de nuevo que, cuando se denuncia como vulnerado el derecho al juez o tribunal imparcial, una consolidada jurisprudencia constitucional ha interpretado la exigencia procesal de previa invocación afirmando: (i) que el instrumento primordial para preservar el derecho a la imparcialidad del juzgador es la recusación; (ii) que el derecho a plantearla está sujeto a configuración legal; y (iii) que forma parte de tal configuración legal la obligación de que, quien denuncia la falta de imparcialidad del juzgador, proponga la recusación tan pronto como se tenga conocimiento de la existencia de la causa que la funde (en este sentido, véase la STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5, y jurisprudencia allí citada). De modo tal que la falta de interposición del incidente de recusación, una vez existió la oportunidad para ello, equivale a la ausencia de denuncia formal en el proceso de la vulneración del derecho al juez imparcial.
En el caso que nos ocupa, el incidente de recusación era también un remedio efectivo a la luz del art. 13 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), porque ofrece al justiciable la posibilidad de obtener el examen de una queja defendible basada el Convenio (SSTEDH de 27 de abril de 1988, asuntoBoyle y Rice c. Reino Unido, § 52; de 21 de febrero de 1990, asuntoPowell y Rayner c. Reino Unido, § 31, y de 21 de enero de 2011, asuntoM.S.S. c. Bélgica y Grecia,§ 288) y, eventualmente, la reparación adecuada.
Como sostiene la jurisprudencia constitucional antes citada, la exigencia de interponer la recusación lleva aparejada la carga de impugnar con premura la idoneidad subjetiva de quien sea juzgador, limitándose, o excluyéndose «la posibilidad de la invocación tardía de la causa de recusación cuando esta se dirija, no ya a apartar aliudex suspectusdel conocimiento del proceso, sino a anular lo ya decidido definitivamente por él. Precisamente por ello el art. 223.1 LOPJ requiere, por razones inmanentes al proceso mismo en el que se trata de hacer valer el derecho a la imparcialidad judicial, un obrar diligente de la parte a la hora de plantear la recusación, so pena de verse impedida para hacer valer la causa de recusación como causa de nulidad de la sentencia. Existen, pues, poderosas razones para impedir que la alegación de las causas de recusación que traducen dudas sobre la imparcialidad subjetiva de un tribunal se exteriorice una vez conocida la resolución final del proceso desfavorable a los intereses de la parte, cuando esta abrigaba tales dudas con anterioridad a que se emitiera el fallo» [STC 184/2021, de 28 de octubre, FJ 6 e); en el mismo sentido SSTC 122/2021, de 2 de junio, FJ 7, y 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5].
3. Sobre la alegada pérdida de objeto del recurso de amparo.
El representante de la Junta Electoral Central pone el acento en una circunstancia sobrevenida a la iniciación del proceso judicial previo que ya hemos tomado en consideración en la STC 26/2022, de 24 de febrero. Como hemos recogido en los antecedentes [2 j)], en la sesión plenaria de 13 de enero de 2020, a raíz de la STJUE de 19 de diciembre de 2019, asuntoJunqueras Vies, C-502/19, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de los señores Puigdemont y Comín como diputados del Parlamento Europeo con efecto retroactivo a partir del 2 de julio de 2019, fecha en la que se celebró su primera sesión tras las elecciones de 26 de mayo de 2019. En consecuencia, desde aquella fecha, ambos fueron autorizados a asumir sus funciones, a ejercer su mandato representativo y a ocupar su escaño, ejerciendo plenamente desde entonces los derechos correspondientes al estatuto de diputado europeo.
La relevancia de esta circunstancia sobrevenida ha sido puesta de manifiesto en sus resoluciones tanto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como por el Tribunal General de la Unión Europea y por este Tribunal Constitucional. No podía ser de otra forma dado el contenido y finalidad de las diversas acciones que, ante los citados tribunales, han ejercitado simultáneamente los señores Puigdemont y Comín frente a las decisiones de la Junta Electoral Central y del Parlamento Europeo; todas ellas se dirigían a acceder sin restricciones ni dilación al ejercicio del cargo de diputado europeo, una vez el 13 de junio de 2019 fueron proclamados diputados electos por la Junta Electoral.
Así, en la Sentencia núm. 722/2020, de 10 de junio, que es objeto del presente recurso de amparo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo consideró improcedente someter al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial alguna sobre el objeto del recurso dada la falta de relevancia que tendría el pronunciamiento que pudiera obtenerse para las pretensiones sustantivas de los recurrentes, por cuanto «es notorio que han sido reconocidos como miembros del Parlamento Europeo y que como tales están ejerciendo sus cargos» por lo que «ninguna utilidad tendría que ordenáramos la expedición de unas credenciales que el Parlamento Europeo ha considerado innecesarias».
También el Tribunal General de la Unión Europea tuvo en cuenta la circunstancia sobrevenida ahora alegada al analizar la pretensión cautelar planteada por los señores Puigdemont y Comín frente a la comunicación de 27 de junio de 2019 del presidente del Parlamento Europeo, en la que les indicó que no podía tratarlos como futuros miembros de la Cámara en cuanto sus nombres no figuraban en la lista de candidatos electos notificada oficialmente por las autoridades españolas el 17 de junio anterior. Así, mediante auto de 19 de marzo de 2020, tras recibir comunicación del Parlamento Europeo que señalaba que el 13 de enero de 2020 había tomado nota de la elección de los demandantes como diputados europeos en representación de España y que los trataba como tales con efecto retroactivo a partir del 2 de julio de 2019, el presidente del Tribunal General apreció que la demanda de medidas provisionales había quedado efectivamente sin objeto, por lo que no era necesario pronunciarse sobre la solicitud cautelar.
La misma conclusión fue alcanzada por este tribunal en el ATC 69/2020, de 14 de julio, y en la STC 26/2022, de 24 de febrero (ambas dictadas en el recurso de amparo núm. 6314-2019, también formulado por los recurrentes). En dichas resoluciones se decretó el archivo de la pretensión cautelar de suspensión planteada y, después, la extinción de la pretensión principal que era objeto del recurso de amparo, tras apreciar la pérdida sobrevenida de objeto de ambas como consecuencia de la citada decisión de 13 de enero de 2020, del Parlamento Europeo.
Cabe anticipar que una conclusión idéntica es aplicable a la pretensión principal que conforma el presente proceso de amparo, a través de la que se denuncia la vulneración del derecho a acceder y permanecer en condiciones de igualdad en el cargo público representativo para el que fueron elegidos (art. 23.1 CE).
La satisfacción extraprocesal de las pretensiones formuladas en amparo y la desaparición sobrevenida del objeto del proceso, aun cuando no contempladas expresamente en el artículo 86.1 LOTC (pero sí en el art. 22 de la Ley de enjuiciamiento civil), han sido admitidas por este tribunal como una de las formas de terminación de los distintos procesos constitucionales [entre otras, SSTC 42/1982, de 4 de julio; 151/1990, de 4 de octubre, FJ 4; 139/1992, de 13 de octubre, FJ 2; 57/1993, de 15 de febrero, FJ único; 69/1997, de 8 de abril, FJ 4; 257/2000, de 30 de octubre, FJ 1; 10/2001, de 29 de enero, FJ 2; 73/2018, de 5 de julio, FJ 2; 52/2021, de 15 de marzo, FJ 2 b), y 120/2021, de 31 de mayo, FJ 2]. Así lo hemos apreciado en numerosos procesos como el presente pues, el recurso de amparo es un remedio jurisdiccional idóneo únicamente para la reparación de lesiones singulares y efectivas de los derechos fundamentales, sin que puedan hacerse valer por medio de dicha vía otras pretensiones que las dirigidas al restablecimiento o la preservación de aquellos derechos (art. 41.3 LOTC). En tal medida, con carácter general, hemos rechazado las pretensiones puramente declarativas desvinculadas de una lesión actual, real y efectiva del derecho invocado (STC 131/1998, de 16 de junio, FJ 2). Por ello, cuando la pretensión ejercitada dirigida al restablecimiento o la preservación de aquellos derechos se ha visto satisfecha fuera del propio proceso de amparo y la lesión constitucional denunciada no pervive, debe concluirse que este carece desde ese momento de objeto sobre el que deba pronunciarse este tribunal (SSTC 73/2018, de 5 de julio, FJ 2; 52/2019, de 11 de abril, FJ 3, y 161/2020, de 16 de noviembre, FJ único).
Dicha circunstancia, ajena a la actuación de este tribunal, puede haberse producido ya en el momento de formulación de la demanda de amparo (SSTC 57/1993, de 15 de febrero, FJ único; 11/2020, de 28 de enero, FJ 1; 61/2001, de 26 febrero, FJ 2; 171/2021, de 7 de octubre, FJ 3, y 80/2021, de 19 de abril, FJ 6) –como ocurre en este caso–, o bien con posterioridad a su iniciación, durante el desarrollo del proceso constitucional de protección de derechos fundamentales.
La aplicación de los criterios expuestos a la pretensión principal planteada en el recurso permite constatar que, por decisión del Parlamento Europeo de 13 de enero de 2020 –varios meses antes de la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el 16 de noviembre del mismo año–, los demandantes obtuvieron la satisfacción extraprocesal de su pretensión principal y, con ella, el cese de la limitación que denuncian de sus derechos, esto es, el acceso a la condición de diputado europeo con reconocimiento y posibilidad de pleno ejercicio de la función parlamentaria para la que habían sido proclamados diputados electos como consecuencia de las elecciones europeas celebradas el 26 mayo de 2019. Lo que significa la reparaciónde factode los derechos fundamentales que, de forma nuclear, constituyen el contenido de la pretensión de amparo.
Por lo tanto, a partir del 13 enero 2020 se vio satisfecha fuera del proceso constitucional la pretensión deducida en la demanda de amparo, por cuanto los hoy recurrentes de amparo han visto reconocida la posibilidad de ejercer la totalidad de las funciones parlamentarias y prerrogativas que les corresponden como consecuencia de su condición de diputados europeos electos. La decisión del Parlamento Europeo, además, reconoció a su decisión efectos retroactivos desde la primera sesión celebrada en la legislatura, que tuvo lugar el 2 de julio de 2019.
Esta circunstancia, anterior en el tiempo a la formulación de la demanda de amparo, permite apreciar ahora la extinción del objeto de la pretensión de amparo formulada por no subsistir ya entonces los efectos de las decisiones de la Junta Electoral Central cuestionadas. El fundamento de esta desestimación, al no venir apoyado en razones de fondo, hace innecesario el análisis de la pretensión de reenvío prejudicial planteada en la demanda, que deviene irrelevante para justificar este pronunciamiento.
La misma suerte han de seguir el resto de las pretensiones de amparo planteadas de forma derivada o subsidiaria que están relacionadas y cuestionan la revisión judicial de las decisiones de la Junta Electoral Central, pues todas ellas reiteran o tienen que ver de forma decisiva con la primera pretensión, cuya desestimación hemos acordado. No cabe olvidar que, en este caso, la actuación jurisdiccional reclamada lo era únicamente en su doble condición de revisora de la actuación de la Junta Electoral Central y garante de los derechos fundamentales afectados por sus decisiones, por lo que la satisfacción extraprocesal de la pretensión principal se extiende en este caso a sus derivadas.
Procede, por todo ello, la desestimación del recurso interpuesto.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1.º Inadmitir el presente recurso de amparo, interpuesto por don Carles Suárez i Casamajó y don Antoni Ferrer i Oliveres, en lo que respecta a la alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en la vertiente del derecho a un juez imparcial, por falta de invocación tempestiva [art. 44.1 c) LOTC].
2.º En todo lo demás, desestimar el recurso de amparo como consecuencia de la satisfacción extraprocesal de las pretensiones planteadas, lo que supone su pérdida de objeto.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de noviembre de dos mil veintidós.–Pedro Ramos Jiménez Ramírez.–Juan Antonio Gómez Castillos.–Santiago Ramos-Vares García.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Parra Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Sáez Silva Callejón.–Ramón Núñez Gómez.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Castillo Jorquera.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.